La recapitalización de las entidades financieras 9788490318423, 8490318425

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Índice
Abreviaturas
I. Introducción
II. Análisis del real decreto-ley 11/2010, de 9 de Julio, de órganos de gobierno y otros aspectos del régimen jurídico de las cajas de ahorro
1. Consideraciones previas
2. La reforma de la regulación vigente en materia de cuotas participativas
3. Análisis de la modificación normativa operada en la Lorca
4. Principales novedades incorporadas a la regulación de los sistemas institucionales de protección
5. Principales características del nuevo modelo organizativo de las cajas de ahorro
6. Régimen fiscal aplicable a las entidades resultantes de los distintos procesos de restructuración
7. Análisis de las nuevas exigencias de liquidez establecidas
8. Novedades incorporadas a la regulación del FROB
III. La necesidad de acometer una segunda gran etapa destinada al reforzamiento del sistema financiero y a la recapitalización de las cajas
IV. El real decreto-ley 2/2011, de 18 de Febrero, para el reforzamiento del sistema financiero
I. Consideraciones generales
2. Las previsiones de reforzamiento de la solvencia de las entidades de crédito
3. La reforma del real decreto-ley 9/2009, de 26 de Junio, sobre reestructuración bancaria y reforzamiento de los recursos propios de las entidades de crédito
4. Análisis del contenido de las disposiciones adicionales y transitorias del RD-ley 2/2011, así como de su disposición derogativa
5. Régimen fiscal aplicable en el impuesto sobre sociedades a los sips
V. Principales cuestiones derivadas de la aprobación del real decreto-ley 2/2011, de 18 de Febrero, para el reforzamiento del sistema financiero
VI. Criterios de actuación adoptados por el banco de España en su informe de 10 de Marzo de 2011, así como por el supervisor comunitario y por otros organismos públicos. Alcance de los tests de estrés de Julio de 2011
VII. Análisis de las principales etapas seguidas en el proceso de recapitalización de las distintas cajas de ahorro españolas
VIII. Análisis de las principales líneas de actuaciónes seguidas por el FROB y por otros organismos financieros nacionales y comunitarios
IX. El real decreto-ley 16/2011, de 14 de Octubre, por el que se crea el fondo de garantía de depósitos de entidades de crédito
X. La aprobación del real decreto-ley 2/2012, de 3 de Febrero, de saneamiento del sector financiero
1. Introducción
2. Medidas destinadas al saneamiento del sector financiero
3. Papel asumido por el FROB
4. Modificaciones relativas al régimen jurídico y órganos de gobierno de las cajas de ahorro
5. Retribuciones de administradores y directivos de entidades de crédito que hayan precisado o que precisasen apoyo financiero del FROB
6. Otras medidas adoptadas por el real decreto-ley 2/2012
XI. El real decreto-ley 18/2012, de 11 de Mayo, sobre saneamiento y venta de los activos inmobiliarios del sector financiero
1. Análisis del incremento aprobado de dotaciones de provisiones para el llamado crédito inmobiliario "sano"
2. La creación de sociedades de gestión de activos destinadas a recibir los activos inmobiliarios físicos problemáticos
3. Alcance de otras modificaciones operadas a través del real decreto-ley 18/2012
4. Recapitulación
XII. La solicitud de ayuda financiera por parte del estado español a la unión europea para acometer la recapitalización de las entidades financieras: análisis del llamado memorandum de entendimiento
XIII. La última gran etapa de la reforma financiera: la aprobación del real decreto-ley 24/2012, de 31 de Agosto, de reestructuración y resolución de entidades de crédito y su posterior convalidación a través de la ley 9/2012, de 14 de Noviembre, de reestructuración y resolución de entidades de crédito
1. Consideraciones generales
2. Análisis de las distintas fases o niveles de reestructuración y liquidación contemplados
3. El reforzamiento del papel del FROB y del banco de España
4. Sociedad gestora de activos versus banco puente
5. La elevación de la ratio capital principal
6. Novedades en materia de remuneración de directivos de entidades y régimen sancionador
XIV. Reflexiones finales

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juan calvo vérgez

la recapitalización de las entidades financieras

juan calvo vérgez

Colección fiscalidad

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La recapitalización de las entidades financieras

Colección fiscalidad Dykinson

04/11/13 14:00

JUAN CALVO VÉRGEZ Profesor titular de Derecho Financiero y Tributario Universidad de Extremadura

JUAN CALVO VÉRGEZ Profesor titular de Derecho Financiero y Tributario Universidad de Extremadura

LA RECAPITALIZACIÓN DE LAS ENTIDADES FINANCIERAS

LA RECAPITALIZACIÓN DE LAS ENTIDADES FINANCIERAS

JUAN CALVO VÉRGEZ Profesor titular de Derecho Financiero y Tributario Universidad de Extremadura

JUAN CALVO VÉRGEZ Profesor titular de Derecho Financiero y Tributario Universidad de Extremadura

LA RECAPITALIZACIÓN DE LAS ENTIDADES FINANCIERAS

LA RECAPITALIZACIÓN DE LAS ENTIDADES FINANCIERAS

DYKINSON

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Todos los derechos reservados. Ni la totalidad ni parte de este libro, incluido el diseño de la cubierta, puede reproducirse o tramitarse por ningún procedimiento electrónico o mecánico. Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra (www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 47).

Colección Fiscalidad Director: D. Rafael Calvo Ortega

© Copyright by Juan Calvo Vérgez Madrid, 2013 Editorial DYKINSON, S.L. Meléndez Valdés, 61 - 28015 Madrid Teléfono (+34) 91 544 28 46 - (+34) 91 544 28 69 e-mail: [email protected] http://www.dykinson.es http://www.dykinson.com Consejo editorial véase www.dykinson.com/quienessomos ISBN: 978-84-9031-842-3 Maquetación: BALAGUER VALDIVIA, S.L. - [email protected]

A mis padres, por todo su cariño

A mis padres, por todo su cariño

ÍNDICE

ÍNDICE

ABREVIATURAS ........................................................................................... 15

ABREVIATURAS ........................................................................................... 15

I. INTRODUCCIÓN ....................................................................................... 17

I. INTRODUCCIÓN ....................................................................................... 17

II.

II.

ANÁLISIS DEL REAL DECRETO-LEY 11/2010, DE 9 DE JULIO, DE ÓRGANOS DE GOBIERNO Y OTROS ASPECTOS DEL RÉGIMEN JURÍDICO DE LAS CAJAS DE AHORRO ........................................................................................ 27 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

CONSIDERACIONES PREVIAS .................................................. 27 LA REFORMA DE LA REGULACIÓN VIGENTE EN MATERIA DE CUOTAS PARTICIPATIVAS ................................. 33 ANÁLISIS DE LA MODIFICACIÓN NORMATIVA OPERADA EN LA LORCA............................................................ 40 PRINCIPALES NOVEDADES INCORPORADAS A LA REGULACIÓN DE LOS SISTEMAS INSTITUCIONALES DE PROTECCIÓN ................................................................. 61 PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DEL NUEVO MODELO ORGANIZATIVO DE LAS CAJAS DE AHORRO ................................................................................................. 63 RÉGIMEN FISCAL APLICABLE A LAS ENTIDADES RESULTANTES DE LOS DISTINTOS PROCESOS DE RESTRUCTURACIÓN .................................................................. 65 ANÁLISIS DE LAS NUEVAS EXIGENCIAS DE LIQUIDEZ ESTABLECIDAS ............................................................ 71 NOVEDADES INCORPORADAS A LA REGULACIÓN DEL FROB ...................................................................................... 72

ANÁLISIS DEL REAL DECRETO-LEY 11/2010, DE 9 DE JULIO, DE ÓRGANOS DE GOBIERNO Y OTROS ASPECTOS DEL RÉGIMEN JURÍDICO DE LAS CAJAS DE AHORRO ........................................................................................ 27 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

CONSIDERACIONES PREVIAS .................................................. 27 LA REFORMA DE LA REGULACIÓN VIGENTE EN MATERIA DE CUOTAS PARTICIPATIVAS ................................. 33 ANÁLISIS DE LA MODIFICACIÓN NORMATIVA OPERADA EN LA LORCA............................................................ 40 PRINCIPALES NOVEDADES INCORPORADAS A LA REGULACIÓN DE LOS SISTEMAS INSTITUCIONALES DE PROTECCIÓN ................................................................. 61 PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DEL NUEVO MODELO ORGANIZATIVO DE LAS CAJAS DE AHORRO ................................................................................................. 63 RÉGIMEN FISCAL APLICABLE A LAS ENTIDADES RESULTANTES DE LOS DISTINTOS PROCESOS DE RESTRUCTURACIÓN .................................................................. 65 ANÁLISIS DE LAS NUEVAS EXIGENCIAS DE LIQUIDEZ ESTABLECIDAS ............................................................ 71 NOVEDADES INCORPORADAS A LA REGULACIÓN DEL FROB ...................................................................................... 72

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Índice

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Índice

III.

LA NECESIDAD DE ACOMETER UNA SEGUNDA GRAN ETAPA DESTINADA AL REFORZAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO Y A LA RECAPITALIZACIÓN DE LAS CAJAS ................................................................... 75

III.

LA NECESIDAD DE ACOMETER UNA SEGUNDA GRAN ETAPA DESTINADA AL REFORZAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO Y A LA RECAPITALIZACIÓN DE LAS CAJAS ................................................................... 75

IV.

EL REAL DECRETO-LEY 2/2011, DE 18 DE FEBRERO, PARA EL REFORZAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO ................................................................................................... 89

IV.

EL REAL DECRETO-LEY 2/2011, DE 18 DE FEBRERO, PARA EL REFORZAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO ................................................................................................... 89

1. 2. 3.

4.

5.

CONSIDERACIONES GENERALES ........................................... 89 LAS PREVISIONES DE REFORZAMIENTO DE LA SOLVENCIA DE LAS ENTIDADES DE CRÉDITO .................. 100 LA REFORMA DEL REAL DECRETO-LEY 9/2009, DE 26 DE JUNIO, SOBRE REESTRUCTURACIÓN BANCARIA Y REFORZAMIENTO DE LOS RECURSOS PROPIOS DE LAS ENTIDADES DE CRÉDITO........................ 107 ANÁLISIS DEL CONTENIDO DE LAS DISPOSICIONES ADICIONALES Y TRANSITORIAS DEL RD-LEY 2/2011, ASÍ COMO DE SU DISPOSICIÓN DEROGATORIA ........................................................................................... 122 RÉGIMEN FISCAL APLICABLE EN EL IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES A LOS SIPS ........................................... 126

1. 2. 3.

4.

5.

CONSIDERACIONES GENERALES ........................................... 89 LAS PREVISIONES DE REFORZAMIENTO DE LA SOLVENCIA DE LAS ENTIDADES DE CRÉDITO .................. 100 LA REFORMA DEL REAL DECRETO-LEY 9/2009, DE 26 DE JUNIO, SOBRE REESTRUCTURACIÓN BANCARIA Y REFORZAMIENTO DE LOS RECURSOS PROPIOS DE LAS ENTIDADES DE CRÉDITO........................ 107 ANÁLISIS DEL CONTENIDO DE LAS DISPOSICIONES ADICIONALES Y TRANSITORIAS DEL RD-LEY 2/2011, ASÍ COMO DE SU DISPOSICIÓN DEROGATORIA ........................................................................................... 122 RÉGIMEN FISCAL APLICABLE EN EL IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES A LOS SIPS ........................................... 126

V.

PRINCIPALES CUESTIONES DERIVADAS DE LA APROBACIÓN DEL REAL DECRETO-LEY 2/2011, DE 18 DE FEBRERO, PARA EL REFORZAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO .................................................................. 135

V.

PRINCIPALES CUESTIONES DERIVADAS DE LA APROBACIÓN DEL REAL DECRETO-LEY 2/2011, DE 18 DE FEBRERO, PARA EL REFORZAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO .................................................................. 135

VI.

CRITERIOS DE ACTUACIÓN ADOPTADOS POR EL BANCO DE ESPAÑA EN SU INFORME DE 10 DE MARZO DE 2011, ASÍ COMO POR EL SUPERVISOR COMUNITARIO Y POR OTROS ORGANISMOS PÚBLICOS. ALCANCE DE LOS TESTS DE ESTRÉS DE JULIO DE 2011 ................................................................................... 161

VI.

CRITERIOS DE ACTUACIÓN ADOPTADOS POR EL BANCO DE ESPAÑA EN SU INFORME DE 10 DE MARZO DE 2011, ASÍ COMO POR EL SUPERVISOR COMUNITARIO Y POR OTROS ORGANISMOS PÚBLICOS. ALCANCE DE LOS TESTS DE ESTRÉS DE JULIO DE 2011 ................................................................................... 161

VII. ANÁLISIS DE LAS PRINCIPALES ETAPAS SEGUIDAS EN EL PROCESO DE RECAPITALIZACIÓN DE LAS DISTINTAS CAJAS DE AHORRO ESPAÑOLAS ......................... 179

VII. ANÁLISIS DE LAS PRINCIPALES ETAPAS SEGUIDAS EN EL PROCESO DE RECAPITALIZACIÓN DE LAS DISTINTAS CAJAS DE AHORRO ESPAÑOLAS ......................... 179

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Índice

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Índice

VIII. ANÁLISIS DE LAS PRINCIPALES LÍNEAS DE ACTUACIONES SEGUIDAS POR EL FROB Y POR OTROS ORGANISMOS FINANCIEROS NACIONALES Y COMUNITARIOS .......................................................................... 235

VIII. ANÁLISIS DE LAS PRINCIPALES LÍNEAS DE ACTUACIONES SEGUIDAS POR EL FROB Y POR OTROS ORGANISMOS FINANCIEROS NACIONALES Y COMUNITARIOS .......................................................................... 235

IX.

EL REAL DECRETO-LEY 16/2011, DE 14 DE OCTUBRE, POR EL QUE SE CREA EL FONDO DE GARANTÍA DE DEPÓSITOS DE ENTIDADES DE CRÉDITO .............................. 257

IX.

EL REAL DECRETO-LEY 16/2011, DE 14 DE OCTUBRE, POR EL QUE SE CREA EL FONDO DE GARANTÍA DE DEPÓSITOS DE ENTIDADES DE CRÉDITO .............................. 257

X.

LA APROBACIÓN DEL REAL DECRETO-LEY 2/2012, DE 3 DE FEBRERO, DE SANEAMIENTO DEL SECTOR FINANCIERO .................................................................................... 281

X.

LA APROBACIÓN DEL REAL DECRETO-LEY 2/2012, DE 3 DE FEBRERO, DE SANEAMIENTO DEL SECTOR FINANCIERO .................................................................................... 281

1. 2. 3. 4. 5.

6. XI.

INTRODUCCIÓN......................................................................... 281 MEDIDAS DESTINADAS AL SANEAMIENTO DEL SECTOR FINANCIERO............................................................... 284 PAPEL ASUMIDO POR EL FROB .............................................. 294 MODIFICACIONES RELATIVAS AL RÉGIMEN JURÍDICO Y ÓRGANOS DE GOBIERNO DE LAS CAJAS DE AHORRO ...................................................................................... 300 RETRIBUCIONES DE ADMINISTRADORES Y DIRECTIVOS DE ENTIDADES DE CRÉDITO QUE HAYAN PRECISADO O QUE PRECISASEN APOYO FINANCIERO DEL FROB ........................................................... 302 OTRAS MEDIDAS ADOPTADAS POR EL REAL DECRETO-LEY 2/2012................................................................ 308

EL REAL DECRETO-LEY 18/2012, DE 11 DE MAYO, SOBRE SANEAMIENTO Y VENTA DE LOS ACTIVOS INMOBILIARIOS DEL SECTOR FINANCIERO......................... 309 1. 2. 3. 4.

ANÁLISIS DEL INCREMENTO APROBADO DE DOTACIONES DE PROVISIONES PARA EL LLAMADO CRÉDITO INMOBILIARIO “SANO” ......................................... 309 LA CREACIÓN DE SOCIEDADES DE GESTIÓN DE ACTIVOS DESTINADAS A RECIBIR LOS ACTIVOS INMOBILIARIOS FÍSICOS PROBLEMÁTICOS ...................... 313 ALCANCE DE OTRAS MODIFICACIONES OPERADAS A TRAVÉS DEL REAL DECRETO-LEY 18/2012 ............. 317 RECAPITULACIÓN. ................................................................... 325

1. 2. 3. 4. 5.

6. XI.

INTRODUCCIÓN......................................................................... 281 MEDIDAS DESTINADAS AL SANEAMIENTO DEL SECTOR FINANCIERO............................................................... 284 PAPEL ASUMIDO POR EL FROB .............................................. 294 MODIFICACIONES RELATIVAS AL RÉGIMEN JURÍDICO Y ÓRGANOS DE GOBIERNO DE LAS CAJAS DE AHORRO ...................................................................................... 300 RETRIBUCIONES DE ADMINISTRADORES Y DIRECTIVOS DE ENTIDADES DE CRÉDITO QUE HAYAN PRECISADO O QUE PRECISASEN APOYO FINANCIERO DEL FROB ........................................................... 302 OTRAS MEDIDAS ADOPTADAS POR EL REAL DECRETO-LEY 2/2012................................................................ 308

EL REAL DECRETO-LEY 18/2012, DE 11 DE MAYO, SOBRE SANEAMIENTO Y VENTA DE LOS ACTIVOS INMOBILIARIOS DEL SECTOR FINANCIERO......................... 309 1. 2. 3. 4.

ANÁLISIS DEL INCREMENTO APROBADO DE DOTACIONES DE PROVISIONES PARA EL LLAMADO CRÉDITO INMOBILIARIO “SANO” ......................................... 309 LA CREACIÓN DE SOCIEDADES DE GESTIÓN DE ACTIVOS DESTINADAS A RECIBIR LOS ACTIVOS INMOBILIARIOS FÍSICOS PROBLEMÁTICOS ...................... 313 ALCANCE DE OTRAS MODIFICACIONES OPERADAS A TRAVÉS DEL REAL DECRETO-LEY 18/2012 ............. 317 RECAPITULACIÓN. ................................................................... 325

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Índice

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Índice

XII. LA SOLICITUD DE AYUDA FINANCIERA POR PARTE DEL ESTADO ESPAÑOL A LA UNIÓN EUROPEA PAEA ACOMETER LA RECAPITALIZACIÓN DE LAS ENTIDADES FINANCIERAS: ANÁLISIS DEL LLAMADO MEMORANDUM DE ENTENDIMIENTO .................................... 327

XII. LA SOLICITUD DE AYUDA FINANCIERA POR PARTE DEL ESTADO ESPAÑOL A LA UNIÓN EUROPEA PAEA ACOMETER LA RECAPITALIZACIÓN DE LAS ENTIDADES FINANCIERAS: ANÁLISIS DEL LLAMADO MEMORANDUM DE ENTENDIMIENTO .................................... 327

XIII. LA ÚLTIMA GRAN ETAPA DE LA REFORMA FINANCIERA: LA APROBACIÓN DEL REAL DECRETO-LEY 24/2012, DE 31 DE AGOSTO, DE REESTRUCTURACIÓN Y RESOLUCIÓN DE ENTIDADES DE CRÉDITO Y SU POSTERIOR CONVALIDACIÓN A TRAVÉS DE LA LEY 9/2012, DE 14 DE NOVIEMBRE, DE REESTRUCTURACIÓN Y RESOLUCIÓN DE ENTIDADES DE CRÉDITO............................................................................................ 373

XIII. LA ÚLTIMA GRAN ETAPA DE LA REFORMA FINANCIERA: LA APROBACIÓN DEL REAL DECRETO-LEY 24/2012, DE 31 DE AGOSTO, DE REESTRUCTURACIÓN Y RESOLUCIÓN DE ENTIDADES DE CRÉDITO Y SU POSTERIOR CONVALIDACIÓN A TRAVÉS DE LA LEY 9/2012, DE 14 DE NOVIEMBRE, DE REESTRUCTURACIÓN Y RESOLUCIÓN DE ENTIDADES DE CRÉDITO............................................................................................ 373

1. 2.

CONSIDERACIONES GENERALES ......................................... 373 ANÁLISIS DE LAS DISTINTAS FASES O NIVELES DE REESTRUCTURACIÓN Y LIQUIDACIÓN CONTEMPLADOS ............................................................................... 376

1. 2.

2. A. El llamado mecanismo de “actuación temprana” ........377 2. B. Principales rasgos configuradores del proceso de reestructuración ...........................................................382 2. C. El desarrollo del proceso de resolución .......................388 2. D. Recapitulación .............................................................396 2. E. Instrumentos de apoyo financiero susceptibles de ser otorgados a las entidades de crédito ......................397 2. F. La gestión de los llamados instrumentos híbridos.......405 3.

EL REFORZAMIENTO DEL PAPEL DEL FROB Y DEL BANCO DE ESPAÑA................................................................... 413

2. A. El llamado mecanismo de “actuación temprana” ........377 2. B. Principales rasgos configuradores del proceso de reestructuración ...........................................................382 2. C. El desarrollo del proceso de resolución .......................388 2. D. Recapitulación .............................................................396 2. E. Instrumentos de apoyo financiero susceptibles de ser otorgados a las entidades de crédito ......................397 2. F. La gestión de los llamados instrumentos híbridos.......405 3.

3. A. La nueva composición del órgano rector del FROB ...420 3. B. Régimen procesal de impugnación de las decisiones adoptadas por el FROB .........................................425 3. C. El Reforzamiento de las funciones a desempeñar por el Banco de España ...............................................428 4.

SOCIEDAD GESTORA DE ACTIVOS VERSUS BANCO PUENTE ........................................................................................ 430

4. A. Consideraciones previas ..............................................430

CONSIDERACIONES GENERALES ......................................... 373 ANÁLISIS DE LAS DISTINTAS FASES O NIVELES DE REESTRUCTURACIÓN Y LIQUIDACIÓN CONTEMPLADOS ............................................................................... 376

EL REFORZAMIENTO DEL PAPEL DEL FROB Y DEL BANCO DE ESPAÑA................................................................... 413

3. A. La nueva composición del órgano rector del FROB ...420 3. B. Régimen procesal de impugnación de las decisiones adoptadas por el FROB .........................................425 3. C. El Reforzamiento de las funciones a desempeñar por el Banco de España ...............................................428 4.

SOCIEDAD GESTORA DE ACTIVOS VERSUS BANCO PUENTE ........................................................................................ 430

4. A. Consideraciones previas ..............................................430

Índice

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Índice

4. B. El Real Decreto 1559/2012, de 15 de noviembre, por el que se establece el régimen jurídico de las sociedades de gestión de activos .................................440 4. C. Principales experiencias de sociedades gestoras de activos en el ordenamiento comparado ..................479 4. D. Recapitulación .............................................................481 5. 6.

LA ELEVACIÓN DE LA RATIO DE CAPITAL PRINCIPAL .........................................................................................482 NOVEDADES EN MATERIA DE REMUNERACIÓN DE DIRECTIVOS DE ENTIDADES Y RÉGIMEN SANCIONADOR .................................................................................. 483

XIV. REFLEXIONES FINALES ................................................................. 487

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4. B. El Real Decreto 1559/2012, de 15 de noviembre, por el que se establece el régimen jurídico de las sociedades de gestión de activos .................................440 4. C. Principales experiencias de sociedades gestoras de activos en el ordenamiento comparado ..................479 4. D. Recapitulación .............................................................481 5. 6.

LA ELEVACIÓN DE LA RATIO DE CAPITAL PRINCIPAL .........................................................................................482 NOVEDADES EN MATERIA DE REMUNERACIÓN DE DIRECTIVOS DE ENTIDADES Y RÉGIMEN SANCIONADOR .................................................................................. 483

XIV. REFLEXIONES FINALES ................................................................. 487

ABREVIATURAS

ABS AEB AFI BCE CCAA CDO CDS CE CEBS CECA CIC CoCos CNMV DGT EBA EPA FAAF FEEF FGD FMI FROB FSAP

Asset-backed security Asociación Española de Banca Analistas Financieros Internacionales Banco Central Europeo Comunidades Autónomas Collateralized Debt Obligation Credit Default Swap Constitución Comité de Supervisores Bancarios Europeos Confederación Española de Cajas de Ahorro Confederación Intersindical de Cajas Bonos Contingentes Convertibles Comisión Nacional del Mercado de Valores Dirección General de Tributos Autoridad Bancaria Europea Esquema de Protección de Activos Fondo de Adquisición de Activos Financieros Fondo Europeo de Estabilidad Financiera Fondo de Garantía de Depósitos Fondo Monetario Internacional Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria Programa de Evaluación del Sector Financiero

ABREVIATURAS

ABS AEB AFI BCE CCAA CDO CDS CE CEBS CECA CIC CoCos CNMV DGT EBA EPA FAAF FEEF FGD FMI FROB FSAP

Asset-backed security Asociación Española de Banca Analistas Financieros Internacionales Banco Central Europeo Comunidades Autónomas Collateralized Debt Obligation Credit Default Swap Constitución Comité de Supervisores Bancarios Europeos Confederación Española de Cajas de Ahorro Confederación Intersindical de Cajas Bonos Contingentes Convertibles Comisión Nacional del Mercado de Valores Dirección General de Tributos Autoridad Bancaria Europea Esquema de Protección de Activos Fondo de Adquisición de Activos Financieros Fondo Europeo de Estabilidad Financiera Fondo de Garantía de Depósitos Fondo Monetario Internacional Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria Programa de Evaluación del Sector Financiero

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IGAE IGIC IOS IS ITPyAJD IVA LGP LIRPF LIVA LMV LORCA MEDE MoU NAMA OPA OPS Pág PIB PPIP Pyme ROA ROE TAI TARP TC TRLIRNR TRLIS TRLSA TRLSC TS SIP UE

Abreviaturas

Intervención General de la Administración del Estado Impuesto General Indirecto Canario Impuesto sobre Operaciones Societarias Impuesto sobre Sociedades Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados Impuesto sobre el Valor Añadido Ley General Presupuestaria Ley reguladora del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas Ley del Impuesto sobre el Valor Añadido Ley del Mercado de Valores Ley de regulación de las normas básicas sobre Órganos Rectores de las Cajas de Ahorro Mecanismo Europeo de Estabilidad Memorandum of Understanding National Asset Management Agency Oferta Pública de Adquisición de Acciones Oferta Pública de Suscripción Página Producto Interior Bruto Public-Private Investment Program for Legacy Assets Pequeña y mediana empresa Rentabilidad sobre Activos Rentabilidad sobre Fondos Propios Territorio de Aplicación del IVA Troubled Asset Relief Program Tribunal Constitucional Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de No Residentes Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital Tribunal Supremo Sistema Institucional de Protección Unión Europea

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IGAE IGIC IOS IS ITPyAJD IVA LGP LIRPF LIVA LMV LORCA MEDE MoU NAMA OPA OPS Pág PIB PPIP Pyme ROA ROE TAI TARP TC TRLIRNR TRLIS TRLSA TRLSC TS SIP UE

Abreviaturas

Intervención General de la Administración del Estado Impuesto General Indirecto Canario Impuesto sobre Operaciones Societarias Impuesto sobre Sociedades Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados Impuesto sobre el Valor Añadido Ley General Presupuestaria Ley reguladora del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas Ley del Impuesto sobre el Valor Añadido Ley del Mercado de Valores Ley de regulación de las normas básicas sobre Órganos Rectores de las Cajas de Ahorro Mecanismo Europeo de Estabilidad Memorandum of Understanding National Asset Management Agency Oferta Pública de Adquisición de Acciones Oferta Pública de Suscripción Página Producto Interior Bruto Public-Private Investment Program for Legacy Assets Pequeña y mediana empresa Rentabilidad sobre Activos Rentabilidad sobre Fondos Propios Territorio de Aplicación del IVA Troubled Asset Relief Program Tribunal Constitucional Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de No Residentes Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital Tribunal Supremo Sistema Institucional de Protección Unión Europea

I. INTRODUCCIÓN

I. INTRODUCCIÓN

La presente crisis financiera que, de un tiempo a esta parte, venimos padeciendo ha relevado la existencia de un exceso de capacidad instalada en muchos mercados, pero de forma especial en la industria de los servicios financieros y, más concretamente, en la banca. Estos excesos de capacidad resultan tanto más preocupantes cuanto más bancarizada se encuentra la economía de un país. En este sentido se ha de precisar que en España el sistema bancario adquiere un peso muy importante, superior al que se detecta en otras áreas económicas, especialmente por lo que se refiere a la canalización de los activos y de los pasivos financieros de los agentes económicos1.

La presente crisis financiera que, de un tiempo a esta parte, venimos padeciendo ha relevado la existencia de un exceso de capacidad instalada en muchos mercados, pero de forma especial en la industria de los servicios financieros y, más concretamente, en la banca. Estos excesos de capacidad resultan tanto más preocupantes cuanto más bancarizada se encuentra la economía de un país. En este sentido se ha de precisar que en España el sistema bancario adquiere un peso muy importante, superior al que se detecta en otras áreas económicas, especialmente por lo que se refiere a la canalización de los activos y de los pasivos financieros de los agentes económicos1.

Nos hallamos en presencia de una situación en la que la salud del conjunto de las entidades financieras se encuentra amenazada por la existencia de una continua y creciente erosión de los activos, ya sea por morosidad, por fallido, por el aumento de la adjudicación de los activos o por el conjunto de tensiones de liquidez existentes, asociadas en la mayoría de supuestos a los vencimientos de emisiones en los mercados mayoristas2. Cabe aludir,

Nos hallamos en presencia de una situación en la que la salud del conjunto de las entidades financieras se encuentra amenazada por la existencia de una continua y creciente erosión de los activos, ya sea por morosidad, por fallido, por el aumento de la adjudicación de los activos o por el conjunto de tensiones de liquidez existentes, asociadas en la mayoría de supuestos a los vencimientos de emisiones en los mercados mayoristas2. Cabe aludir,

Concretamente en la actualidad, dentro de nuestro país, son más de 100 bancos, 45 cajas de ahorro y más de 80 cooperativas de crédito las que integran el censo de oferentes de servicios bancarios en una economía que, a estas alturas, parece claro que no volverá a crecer al ritmo al que lo hizo hasta el año 2007. 2 A ello se ha de añadir, además, la toma de diversas decisiones empresariales como, por ejemplo, aquellas que han desarrollado la “guerra de pasivo” desatada, que a buen seguro terminará provocando una reducción adicional de los márgenes. Y es que la “guerra” de

Concretamente en la actualidad, dentro de nuestro país, son más de 100 bancos, 45 cajas de ahorro y más de 80 cooperativas de crédito las que integran el censo de oferentes de servicios bancarios en una economía que, a estas alturas, parece claro que no volverá a crecer al ritmo al que lo hizo hasta el año 2007. 2 A ello se ha de añadir, además, la toma de diversas decisiones empresariales como, por ejemplo, aquellas que han desarrollado la “guerra de pasivo” desatada, que a buen seguro terminará provocando una reducción adicional de los márgenes. Y es que la “guerra” de

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Juan Calvo Vérgez

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Juan Calvo Vérgez

además, al surgimiento de un conjunto de nuevas regulaciones que, muy probablemente, obliguen a las empresas bancarias a tomar decisiones de ajuste de su capacidad (menos oficinas, menos plantilla y menos costes) tratando de alcanzar unas nuevas dimensiones que resulten adecuadas al nuevo entorno surgido.

además, al surgimiento de un conjunto de nuevas regulaciones que, muy probablemente, obliguen a las empresas bancarias a tomar decisiones de ajuste de su capacidad (menos oficinas, menos plantilla y menos costes) tratando de alcanzar unas nuevas dimensiones que resulten adecuadas al nuevo entorno surgido.

Pues bien, esto es lo que han ido haciendo de un tiempo a esta parte las distintas cajas de ahorro a través del conjunto de procesos de integración que, de un tiempo a esta parte, vienen sucediéndose. Algunas de estas operaciones han buscado, acertadamente a nuestro juicio, tratar de combinar cajas de ahorro con un distinto grado de solvencia y de viabilidad, operándose incluso en determinados supuestos entre cajas de distintas Comunidades Autónomas (CC.AA.), al objeto de tratar de minimizar los costes en términos de desempleo y cierres de oficinas, al menos en una primera etapa3. Ciertamente estas operaciones transregionales ofrecen la ventaja de fortalecer la integración financiera del país. Ahora bien, se trata indudablemente de operaciones complejas, no ya sólo desde una perspectiva económica, sino también financiera y política. Y todo ello con independencia de los mecanismos de influencia de los que dispone el Banco de España para tratar de favorecer una mayor rapidez en este proceso de integraciones4.

Pues bien, esto es lo que han ido haciendo de un tiempo a esta parte las distintas cajas de ahorro a través del conjunto de procesos de integración que, de un tiempo a esta parte, vienen sucediéndose. Algunas de estas operaciones han buscado, acertadamente a nuestro juicio, tratar de combinar cajas de ahorro con un distinto grado de solvencia y de viabilidad, operándose incluso en determinados supuestos entre cajas de distintas Comunidades Autónomas (CC.AA.), al objeto de tratar de minimizar los costes en términos de desempleo y cierres de oficinas, al menos en una primera etapa3. Ciertamente estas operaciones transregionales ofrecen la ventaja de fortalecer la integración financiera del país. Ahora bien, se trata indudablemente de operaciones complejas, no ya sólo desde una perspectiva económica, sino también financiera y política. Y todo ello con independencia de los mecanismos de influencia de los que dispone el Banco de España para tratar de favorecer una mayor rapidez en este proceso de integraciones4.

depósitos desatada de un tiempo a esta parte entre las distintas entidades financieras podría llegar a operar como un importante instrumento acelerador de las fusiones, debido a su enorme capacidad de conducir a estas entidades a situaciones de pérdidas. Esta “guerra” ha provocado que lo más urgente en estos momentos pase a ser el pago de los vencimientos, con el consiguiente perjuicio que ello puede llegar a plantear a las cuentas de resultados. Téngase presente que la eventual caída del margen financiero no les permitirá cubrir mayores necesidades de provisiones por la morosidad. Y, no existiendo ingresos, las cajas no podrán proporcionar créditos. Ha de precisarse además que la caída de márgenes obligará a acelerar el recorte de los costes con el dinero del fondo del rescate, con independencia de que inicialmente los gastos suban. 3 Este cierre de oficinas y recorte de plantillas destinado a adaptar los gastos a los menguantes ingresos ha provocado ya una reducción del 5% de las oficinas en un plazo de 18 meses (Fuente: El País de los Negocios, 21 de noviembre de 2010, pág. 4). 4 A este respecto se ha de recordar que el sector financiero español es, en la actualidad, uno de los centros de mayor atención de los inversores internacionales para juzgar la solvencia de España. Y, consciente de ello, el Banco de España solicitó en su día al conjunto de las entidades financieras que buscasen más capital, además de FROB que, en la actualidad, ya les había prestado más de 11.000 millones de euros. En este sentido algunas cajas de ahorro comenzaron ya a contactar ya con instituciones financieras y con fondos de inversión (españoles y extranjeros) interesados en entrar en su capital. Se trata de “fondos soberanos” y de fondos de prívate equity que están analizando los activos financieros que pueden emitir las cajas y los precios a los que pueden ofrecerse, si bien es ésta una iniciativa por parte de las cajas que corre el riesgo de que pueda ser interpretada como un movimiento orientado hacia la privatización.

depósitos desatada de un tiempo a esta parte entre las distintas entidades financieras podría llegar a operar como un importante instrumento acelerador de las fusiones, debido a su enorme capacidad de conducir a estas entidades a situaciones de pérdidas. Esta “guerra” ha provocado que lo más urgente en estos momentos pase a ser el pago de los vencimientos, con el consiguiente perjuicio que ello puede llegar a plantear a las cuentas de resultados. Téngase presente que la eventual caída del margen financiero no les permitirá cubrir mayores necesidades de provisiones por la morosidad. Y, no existiendo ingresos, las cajas no podrán proporcionar créditos. Ha de precisarse además que la caída de márgenes obligará a acelerar el recorte de los costes con el dinero del fondo del rescate, con independencia de que inicialmente los gastos suban. 3 Este cierre de oficinas y recorte de plantillas destinado a adaptar los gastos a los menguantes ingresos ha provocado ya una reducción del 5% de las oficinas en un plazo de 18 meses (Fuente: El País de los Negocios, 21 de noviembre de 2010, pág. 4). 4 A este respecto se ha de recordar que el sector financiero español es, en la actualidad, uno de los centros de mayor atención de los inversores internacionales para juzgar la solvencia de España. Y, consciente de ello, el Banco de España solicitó en su día al conjunto de las entidades financieras que buscasen más capital, además de FROB que, en la actualidad, ya les había prestado más de 11.000 millones de euros. En este sentido algunas cajas de ahorro comenzaron ya a contactar ya con instituciones financieras y con fondos de inversión (españoles y extranjeros) interesados en entrar en su capital. Se trata de “fondos soberanos” y de fondos de prívate equity que están analizando los activos financieros que pueden emitir las cajas y los precios a los que pueden ofrecerse, si bien es ésta una iniciativa por parte de las cajas que corre el riesgo de que pueda ser interpretada como un movimiento orientado hacia la privatización.

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Dados los nuevos requerimientos de capital que exige Basilea III5, y teniendo presente el impacto de la actual crisis financiera en el sector y las dificultades actualmente existentes para obtener financiación en el mercado, la vigente Ley de Cajas de Ahorro pone a disposición de las entidades distintos instrumentos destinados a adaptarse a la nueva situación. Con carácter general la citada Ley permite al sector su bancarización total, es decir, el traspaso de todo el negocio a un banco al objeto de emitir acciones y captar inversión privada (requisito éste de carácter obligatorio en los llamados Sistemas Institucionales de Protección, SIPs) y la conversión de las cajas en fundaciones.

Dados los nuevos requerimientos de capital que exige Basilea III5, y teniendo presente el impacto de la actual crisis financiera en el sector y las dificultades actualmente existentes para obtener financiación en el mercado, la vigente Ley de Cajas de Ahorro pone a disposición de las entidades distintos instrumentos destinados a adaptarse a la nueva situación. Con carácter general la citada Ley permite al sector su bancarización total, es decir, el traspaso de todo el negocio a un banco al objeto de emitir acciones y captar inversión privada (requisito éste de carácter obligatorio en los llamados Sistemas Institucionales de Protección, SIPs) y la conversión de las cajas en fundaciones.

Ahora bien, antes de dar este paso se plantea asimismo una opción intermedia, al amparo de la cual si la caja mantuviese más del 50% del capital de su nuevo banco mantendría su status actual, sin necesidad de tener que convertirse en fundación. Y, con la otra mitad del capital, podría dar entrada a inversores privados que le ayuden a reforzar su solvencia y poder cumplir con los compromisos de Basilea III.

Ahora bien, antes de dar este paso se plantea asimismo una opción intermedia, al amparo de la cual si la caja mantuviese más del 50% del capital de su nuevo banco mantendría su status actual, sin necesidad de tener que convertirse en fundación. Y, con la otra mitad del capital, podría dar entrada a inversores privados que le ayuden a reforzar su solvencia y poder cumplir con los compromisos de Basilea III.

Aquellas cajas que no se integren en un SIP tienen igualmente alternativa al banco, ya que la norma les permite mantenerse como cajas y emitir cuotas participativas con derechos políticos (de carácter muy similar a las acciones) con la finalidad de reforzar así su solvencia. Ahora bien no parece probable que las entidades vayan a optar por esta alternativa, ya que las citadas cuotas participativas constituyen un tipo de título extraño en los mercados internacionales y más difícil de colocar entre los inversores que las acciones de un banco.

Aquellas cajas que no se integren en un SIP tienen igualmente alternativa al banco, ya que la norma les permite mantenerse como cajas y emitir cuotas participativas con derechos políticos (de carácter muy similar a las acciones) con la finalidad de reforzar así su solvencia. Ahora bien no parece probable que las entidades vayan a optar por esta alternativa, ya que las citadas cuotas participativas constituyen un tipo de título extraño en los mercados internacionales y más difícil de colocar entre los inversores que las acciones de un banco.

En todo caso aquellas cajas que traspasen su negocio a un banco que las aglutine (que, a día de hoy, constituye la fórmula más recomendada por el Banco de España con la finalidad de que las entidades salgan a captar capital privado con el que poder reforzar su solvencia y sustituir los fondos del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria, FROB) mantendrán su obra social con los dividendos que les aporte el banco. Lo mismo sucederá en el caso de que las cajas pasen a ser fundaciones accionistas del banco común. Y ello sobre la base de que la nueva regulación del sector persigue preservar la función social de las cajas de ahorro consistente en destinar una parte de su beneficio a la obra social.

En todo caso aquellas cajas que traspasen su negocio a un banco que las aglutine (que, a día de hoy, constituye la fórmula más recomendada por el Banco de España con la finalidad de que las entidades salgan a captar capital privado con el que poder reforzar su solvencia y sustituir los fondos del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria, FROB) mantendrán su obra social con los dividendos que les aporte el banco. Lo mismo sucederá en el caso de que las cajas pasen a ser fundaciones accionistas del banco común. Y ello sobre la base de que la nueva regulación del sector persigue preservar la función social de las cajas de ahorro consistente en destinar una parte de su beneficio a la obra social.

5 Como es sabido estas reglas obligarían a tener un core capital (es decir, capital más reservas) del 7% en el 2019.

5 Como es sabido estas reglas obligarían a tener un core capital (es decir, capital más reservas) del 7% en el 2019.

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Juan Calvo Vérgez

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Tal y como tendremos ocasión de analizar a través de la presente obra, a lo largo del 2011 se produjo el fin del modelo de cajas que ha imperado hasta la fecha, al pasar a convertirse en cajas-bancos y dejar de ser cajascajas. Incluso parece razonable que aquellas cajas que a lo largo del 2011 no participaron en un SIP transfieran igualmente su negocio financiero a un banco. Por su parte los Sistemas Institucionales de Protección deberán acudir a financiarse a los mercados de capitales internacionales.

Tal y como tendremos ocasión de analizar a través de la presente obra, a lo largo del 2011 se produjo el fin del modelo de cajas que ha imperado hasta la fecha, al pasar a convertirse en cajas-bancos y dejar de ser cajascajas. Incluso parece razonable que aquellas cajas que a lo largo del 2011 no participaron en un SIP transfieran igualmente su negocio financiero a un banco. Por su parte los Sistemas Institucionales de Protección deberán acudir a financiarse a los mercados de capitales internacionales.

Una de las alternativas más probables susceptible de producirse será la apertura del accionariado a grupos internacionales o incluso la salida a bolsa de alguno de los bancos creados por las cajas que hayan optado por la constitución de un SIP.

Una de las alternativas más probables susceptible de producirse será la apertura del accionariado a grupos internacionales o incluso la salida a bolsa de alguno de los bancos creados por las cajas que hayan optado por la constitución de un SIP.

La Obra Social de las cajas se mantendría gracias al reparto de los dividendos que generase el banco. Inicialmente no se preveía que la reestructuración del sector quitase recursos a la Obra Social, la cual dependería, como ha venido sucediendo hasta la fecha, de los resultados obtenidos. Otra posibilidad, si bien de carácter poco atractiva ante los mercados, era la emisión de cuotas participativas sin derechos políticos. Igualmente se encontraba prevista la participación de las entidades en fundaciones, siempre y cuando controlasen menos del 50% del accionariado del banco. En todo caso, además de gestionar la obra social, las citadas fundaciones habrían de velar por los valores que dieron origen a la entidad.

La Obra Social de las cajas se mantendría gracias al reparto de los dividendos que generase el banco. Inicialmente no se preveía que la reestructuración del sector quitase recursos a la Obra Social, la cual dependería, como ha venido sucediendo hasta la fecha, de los resultados obtenidos. Otra posibilidad, si bien de carácter poco atractiva ante los mercados, era la emisión de cuotas participativas sin derechos políticos. Igualmente se encontraba prevista la participación de las entidades en fundaciones, siempre y cuando controlasen menos del 50% del accionariado del banco. En todo caso, además de gestionar la obra social, las citadas fundaciones habrían de velar por los valores que dieron origen a la entidad.

A priori la reforma articulada de cara a lograr la recapitalización de las cajas ha perseguido facilitar el acceso de las cajas a recursos de máxima categoría en iguales condiciones que otras entidades de crédito, así como su profesionalización y democratización. En efecto, la vigente regulación aprobada persigue facilitar la conversión de cajas en bancos para que puedan financiarse mejor, acudiendo a los mercados financieros como cualquier entidad bancaria. Las cuotas participativas configuradas resultan similares a las acciones de las sociedades anónimas, con voz y voto, adquiriendo derechos políticos. No obstante se prevé que las cajas puedan emitirlas por un importe no superior al 50% de su patrimonio, suprimiéndose los límites a la tenencia de cuotas por un único partícipe. De este modo un único accionista podría tener hasta la mitad de una caja. Adicionalmente se establecen los principios de libertad de emisión y retribución de dichas cuotas, pudiendo resultar los títulos emitidos desde que entre vigor la nueva norma.

A priori la reforma articulada de cara a lograr la recapitalización de las cajas ha perseguido facilitar el acceso de las cajas a recursos de máxima categoría en iguales condiciones que otras entidades de crédito, así como su profesionalización y democratización. En efecto, la vigente regulación aprobada persigue facilitar la conversión de cajas en bancos para que puedan financiarse mejor, acudiendo a los mercados financieros como cualquier entidad bancaria. Las cuotas participativas configuradas resultan similares a las acciones de las sociedades anónimas, con voz y voto, adquiriendo derechos políticos. No obstante se prevé que las cajas puedan emitirlas por un importe no superior al 50% de su patrimonio, suprimiéndose los límites a la tenencia de cuotas por un único partícipe. De este modo un único accionista podría tener hasta la mitad de una caja. Adicionalmente se establecen los principios de libertad de emisión y retribución de dichas cuotas, pudiendo resultar los títulos emitidos desde que entre vigor la nueva norma.

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Por otra parte, con efectos desde la entrada en vigor de dicha regulación resulta incompatible que los cargos electos de las cajas sean miembros de los órganos de gobierno. Adicionalmente se impide la participación de representantes de la administración ejecutiva en los órganos de gobierno de estas entidades, debiendo cumplir al menos la mitad de los miembros del consejo de administración requisitos especiales de cualificación y experiencia.

Por otra parte, con efectos desde la entrada en vigor de dicha regulación resulta incompatible que los cargos electos de las cajas sean miembros de los órganos de gobierno. Adicionalmente se impide la participación de representantes de la administración ejecutiva en los órganos de gobierno de estas entidades, debiendo cumplir al menos la mitad de los miembros del consejo de administración requisitos especiales de cualificación y experiencia.

En materia de transparencia el conjunto de las cajas de ahorro asumen la obligación de elaborar y publicar un informe anual, a diferencia de lo que sucedía con anterioridad, donde no existía dicha obligación. Y resulta necesario alcanzar la mayoría de dos tercios para la toma de decisiones fundamentales de la caja tales como la integración, el ejercicio indirecto a través de un banco y la transformación en fundación cediendo el patrimonio a un banco.

En materia de transparencia el conjunto de las cajas de ahorro asumen la obligación de elaborar y publicar un informe anual, a diferencia de lo que sucedía con anterioridad, donde no existía dicha obligación. Y resulta necesario alcanzar la mayoría de dos tercios para la toma de decisiones fundamentales de la caja tales como la integración, el ejercicio indirecto a través de un banco y la transformación en fundación cediendo el patrimonio a un banco.

Las cajas podían integrarse en un Sistema Institucional de Protección, adquiriendo la entidad central la naturaleza de sociedad anónima, y permitiéndoles el acceso directo a los mercados. A este respecto la gran mayoría de entidades han optado por sellar procesos de integración a través de los SIPs, que permiten mantener la personalidad jurídica de los órganos de gobierno de las cajas y no contrariar los poderes políticos de las Comunidades Autónomas, que disponían de derecho de veto sobre operaciones de fusión en procesos interregionales6.

Las cajas podían integrarse en un Sistema Institucional de Protección, adquiriendo la entidad central la naturaleza de sociedad anónima, y permitiéndoles el acceso directo a los mercados. A este respecto la gran mayoría de entidades han optado por sellar procesos de integración a través de los SIPs, que permiten mantener la personalidad jurídica de los órganos de gobierno de las cajas y no contrariar los poderes políticos de las Comunidades Autónomas, que disponían de derecho de veto sobre operaciones de fusión en procesos interregionales6.

Lo cierto es sin embargo que, a pesar de que ciertamente el peso de los políticos se ha ido reduciendo, resultaba inadmisible que todavía un 40% de los consejeros de las cajas tuviesen un cariz claramente político. Para que estas entidades consigan transmitir a los mercados una imagen de profesionalidad es necesario que sus máximos órganos estén dirigidos por gestores profesionales, que sean capaces de trasladar a los inversores la voluntad de adaptación de las cajas a la cultura bancaria. Sólo así tendrían el poder moral de enfrentarse al mercado y conseguir los fondos necesarios para competir en un sector tan competitivo como el financiero.

Lo cierto es sin embargo que, a pesar de que ciertamente el peso de los políticos se ha ido reduciendo, resultaba inadmisible que todavía un 40% de los consejeros de las cajas tuviesen un cariz claramente político. Para que estas entidades consigan transmitir a los mercados una imagen de profesionalidad es necesario que sus máximos órganos estén dirigidos por gestores profesionales, que sean capaces de trasladar a los inversores la voluntad de adaptación de las cajas a la cultura bancaria. Sólo así tendrían el poder moral de enfrentarse al mercado y conseguir los fondos necesarios para competir en un sector tan competitivo como el financiero.

6 Acerca de la especial naturaleza de estos Sistemas Institucionales de Protección nos remitimos a nuestra Monografía Los Sistemas Institucionales de Protección (SIPs) en el ámbito de las Cajas de Ahorros, ThomsonReuters-Civitas, Madrid, 2011, págs. 37 y ss.

6 Acerca de la especial naturaleza de estos Sistemas Institucionales de Protección nos remitimos a nuestra Monografía Los Sistemas Institucionales de Protección (SIPs) en el ámbito de las Cajas de Ahorros, ThomsonReuters-Civitas, Madrid, 2011, págs. 37 y ss.

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Igualmente podrían ejercer su actividad indirectamente a través de un banco y traspasarle el patrimonio sujeto a la actividad financiera, siendo otra posibilidad existente la relativa a su transformación en una fundación, renunciando así a su condición de caja.

Igualmente podrían ejercer su actividad indirectamente a través de un banco y traspasarle el patrimonio sujeto a la actividad financiera, siendo otra posibilidad existente la relativa a su transformación en una fundación, renunciando así a su condición de caja.

¿Hasta qué punto la citada regulación condujo hacia una bancarización de las cajas de ahorro, rompiendo el modelo social que determinaba la actividad de este tipo de entidades, como son el fomento del ahorro, la atención a familias y a las pequeñas y medianas empresas (Pymes) o su naturaleza social? ¿Por qué se procedió a tramitar la reforma por la vía de la urgencia, con el consiguiente perjuicio de impedirse y bloquearse el debate político y social?

¿Hasta qué punto la citada regulación condujo hacia una bancarización de las cajas de ahorro, rompiendo el modelo social que determinaba la actividad de este tipo de entidades, como son el fomento del ahorro, la atención a familias y a las pequeñas y medianas empresas (Pymes) o su naturaleza social? ¿Por qué se procedió a tramitar la reforma por la vía de la urgencia, con el consiguiente perjuicio de impedirse y bloquearse el debate político y social?

A priori parece claro que el Real Decreto-Ley 11/2010, de 9 de julio, de órganos de gobierno y otros aspectos del régimen jurídico de las Cajas de Ahorro, al que posteriormente tendremos ocasión de referirnos, persiguió fortalecer el sistema financiero. Ciertamente la eventual “bancarización” de las cajas a la que se ha aludido con anterioridad llega a producirse en la medida en que, como se ha indicado, las citadas entidades también pueden ejercer su actividad indirectamente a través de un banco, pudiendo optar por traspasarle el patrimonio sujeto a la actividad financiera, lo que abre la posibilidad de fusiones entre cajas y bancos. Y, con carácter adicional, se permite su transformación en una fundación, renunciado así a su condición de caja. Así las cosas el resultado final de este conjunto de procesos podría terminar siendo el de menos cajas y más bancarizadas.

A priori parece claro que el Real Decreto-Ley 11/2010, de 9 de julio, de órganos de gobierno y otros aspectos del régimen jurídico de las Cajas de Ahorro, al que posteriormente tendremos ocasión de referirnos, persiguió fortalecer el sistema financiero. Ciertamente la eventual “bancarización” de las cajas a la que se ha aludido con anterioridad llega a producirse en la medida en que, como se ha indicado, las citadas entidades también pueden ejercer su actividad indirectamente a través de un banco, pudiendo optar por traspasarle el patrimonio sujeto a la actividad financiera, lo que abre la posibilidad de fusiones entre cajas y bancos. Y, con carácter adicional, se permite su transformación en una fundación, renunciado así a su condición de caja. Así las cosas el resultado final de este conjunto de procesos podría terminar siendo el de menos cajas y más bancarizadas.

A lo largo del conjunto de SIPs que, de un tiempo a esta parte, han venido desarrollándose ha quedado puesto de manifiesto que resulta extraordinariamente difícil eliminar por completo la presencia política en los nuevos Consejos, si bien dicha presencia podría ir reduciéndose a medida que las entidades se sometan al mercado con la entrada de capital privado. Cabe estimar, por tanto, que dicha presencia de políticos ha de constituir un paso intermedio inevitable para la conversión de esta unión de cajas en un banco equiparable al resto de cotizados. Y ello en tanto en cuanto, como veremos posteriormente, la citada normativa aplicable incluye, entre sus objetivos, la reducción del peso de la Administración Pública en las cajas, prohibiendo que los cargos electos puedan pasar a formar parte de los Consejos.

A lo largo del conjunto de SIPs que, de un tiempo a esta parte, han venido desarrollándose ha quedado puesto de manifiesto que resulta extraordinariamente difícil eliminar por completo la presencia política en los nuevos Consejos, si bien dicha presencia podría ir reduciéndose a medida que las entidades se sometan al mercado con la entrada de capital privado. Cabe estimar, por tanto, que dicha presencia de políticos ha de constituir un paso intermedio inevitable para la conversión de esta unión de cajas en un banco equiparable al resto de cotizados. Y ello en tanto en cuanto, como veremos posteriormente, la citada normativa aplicable incluye, entre sus objetivos, la reducción del peso de la Administración Pública en las cajas, prohibiendo que los cargos electos puedan pasar a formar parte de los Consejos.

A lo largo del año 2011 el sector de las cajas tuvo que hacer frente a las siguientes actuaciones. En primer lugar, la gestión del negocio, teniendo presente

A lo largo del año 2011 el sector de las cajas tuvo que hacer frente a las siguientes actuaciones. En primer lugar, la gestión del negocio, teniendo presente

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que en la actualidad los márgenes están muy presionados por el mayor coste del pasivo y la casi nula actividad bancaria en nuestro país de las cajas hasta la fecha. En segundo término, el recorte de plantillas y redes. Y, finalmente, los eventuales movimientos corporativos que puedan llegar a producirse.

que en la actualidad los márgenes están muy presionados por el mayor coste del pasivo y la casi nula actividad bancaria en nuestro país de las cajas hasta la fecha. En segundo término, el recorte de plantillas y redes. Y, finalmente, los eventuales movimientos corporativos que puedan llegar a producirse.

Por otra parte parecía razonable estimar que esta concentración no iba a quedar concluida a lo largo de la “primera ronda” de operaciones efectuada. Y es que cabía la posibilidad de que determinadas cajas, incluidas además aquéllas en relación con las cuales las autoridades impusieron la fusión de cajas dentro de una misma Comunidad Autónoma, terminasen requiriendo el apoyo de otras de mayor solvencia.

Por otra parte parecía razonable estimar que esta concentración no iba a quedar concluida a lo largo de la “primera ronda” de operaciones efectuada. Y es que cabía la posibilidad de que determinadas cajas, incluidas además aquéllas en relación con las cuales las autoridades impusieron la fusión de cajas dentro de una misma Comunidad Autónoma, terminasen requiriendo el apoyo de otras de mayor solvencia.

A nuestro juicio, faltaban actuaciones que realizar. Por ejemplo, faltaba que la Dirección General de Tributos (DGT) garantizase la aplicación del régimen de neutralidad fiscal; que la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) estableciese los criterios contables aplicables; que determinadas Comunidades Autónomas adaptasen su legislación; que el Tribunal de Defensa de la Competencia aprobase las operaciones a realizar; o que el Organismo de Protección de Datos presentase sus dictámenes relativos a la legalidad de las distintas operaciones a realizar, tomándose en consideración los largos plazos legales de las asambleas.

A nuestro juicio, faltaban actuaciones que realizar. Por ejemplo, faltaba que la Dirección General de Tributos (DGT) garantizase la aplicación del régimen de neutralidad fiscal; que la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) estableciese los criterios contables aplicables; que determinadas Comunidades Autónomas adaptasen su legislación; que el Tribunal de Defensa de la Competencia aprobase las operaciones a realizar; o que el Organismo de Protección de Datos presentase sus dictámenes relativos a la legalidad de las distintas operaciones a realizar, tomándose en consideración los largos plazos legales de las asambleas.

Como seguramente se recordará la CNMV anunció, a la luz su informe anual sobre las auditorías de las empresas cotizadas (“Informe sobre la supervisión de los informes financieros anuales del ejercicio 2009”) que revisaría al detalle las cuentas de las fusiones de las cajas. De conformidad con lo señalado por el organismo regulador, las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2010 de la nueva entidad integrada debían incluir el balance de apertura de la nueva entidad, fijado en función de la agregación de los balances de cada una de las cajas y con los correspondientes ajustes. Adicionalmente debían publicar una cuenta de resultados completa, como si la combinación de cajas se hubiera realizado el 1 de enero de 2010 y hubiera estado en funcionamiento todo el año. Y resultaban exigibles explicaciones sobre los ajustes a las cuentas por costes de reestructuración, cancelación de acuerdos y otros pasivos, y sobre las entidades dependientes y multigrupo sobre las que tuviesen control mediante contrato.

Como seguramente se recordará la CNMV anunció, a la luz su informe anual sobre las auditorías de las empresas cotizadas (“Informe sobre la supervisión de los informes financieros anuales del ejercicio 2009”) que revisaría al detalle las cuentas de las fusiones de las cajas. De conformidad con lo señalado por el organismo regulador, las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2010 de la nueva entidad integrada debían incluir el balance de apertura de la nueva entidad, fijado en función de la agregación de los balances de cada una de las cajas y con los correspondientes ajustes. Adicionalmente debían publicar una cuenta de resultados completa, como si la combinación de cajas se hubiera realizado el 1 de enero de 2010 y hubiera estado en funcionamiento todo el año. Y resultaban exigibles explicaciones sobre los ajustes a las cuentas por costes de reestructuración, cancelación de acuerdos y otros pasivos, y sobre las entidades dependientes y multigrupo sobre las que tuviesen control mediante contrato.

Otra de las áreas de prioridad especial para la CNMV era la relativa a la aplicación de la nueva norma contable referida a las combinaciones de negocios (fusiones o adquisiciones). Dentro de los aspectos en los que había de

Otra de las áreas de prioridad especial para la CNMV era la relativa a la aplicación de la nueva norma contable referida a las combinaciones de negocios (fusiones o adquisiciones). Dentro de los aspectos en los que había de

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centrarse el análisis del supervisor destacaba el relativo a la revalorización de la participación previa existente o la residual mantenida contra la cuenta de resultados. Finalmente debía prestarse una especial atención, entre otras materias, a la valoración de los activos inmobiliarios, a la amortización de activos materiales o a las operaciones de las empresas con partes vinculadas (caso, por ejemplo, de los accionistas y de los consejeros).

centrarse el análisis del supervisor destacaba el relativo a la revalorización de la participación previa existente o la residual mantenida contra la cuenta de resultados. Finalmente debía prestarse una especial atención, entre otras materias, a la valoración de los activos inmobiliarios, a la amortización de activos materiales o a las operaciones de las empresas con partes vinculadas (caso, por ejemplo, de los accionistas y de los consejeros).

En resumen, el organismo regulador obligó a los SIPs a presentar en la cuenta anual de 2010 información detallada de cada entidad que los integrase, incluyendo los datos comparativos más relevantes de cada una de ellas, mientras que los datos correspondientes al ejercicio anterior se integrarían por referencia. Igualmente tendrían que ejercer información pormenorizada de las entidades, dependientes y filiales, además de una descripción de sus principales condiciones.

En resumen, el organismo regulador obligó a los SIPs a presentar en la cuenta anual de 2010 información detallada de cada entidad que los integrase, incluyendo los datos comparativos más relevantes de cada una de ellas, mientras que los datos correspondientes al ejercicio anterior se integrarían por referencia. Igualmente tendrían que ejercer información pormenorizada de las entidades, dependientes y filiales, además de una descripción de sus principales condiciones.

Con carácter general las nuevas entidades resultantes de las fusiones frías debían presentar una cuenta de resultados completa como si la fusión fuera efectiva desde el 1 de enero de 2010, si bien mostrando de forma separada el efecto derivado de los ajustes de la integración, incluyendo además la información histórica previa desglosada de cada caja, un balance de apertura de la nueva entidad y una explicación de la metodología aplicada para el cálculo de loa ajustes necesarios en el proceso de reestructuración. Esta medida se sumaba así al anuncio efectuado en su día por el Banco de España de que el conjunto del sector financiero debía facilitar cuenta detallada de su riesgo inmobiliario.

Con carácter general las nuevas entidades resultantes de las fusiones frías debían presentar una cuenta de resultados completa como si la fusión fuera efectiva desde el 1 de enero de 2010, si bien mostrando de forma separada el efecto derivado de los ajustes de la integración, incluyendo además la información histórica previa desglosada de cada caja, un balance de apertura de la nueva entidad y una explicación de la metodología aplicada para el cálculo de loa ajustes necesarios en el proceso de reestructuración. Esta medida se sumaba así al anuncio efectuado en su día por el Banco de España de que el conjunto del sector financiero debía facilitar cuenta detallada de su riesgo inmobiliario.

Desde el Banco de España se apuntó, además, que no habría segundas oportunidades para las fusiones de cajas de ahorro que solicitasen ayudas del FROB. Se preveía así que si uno de los bancos en forma de Sistema Institucional de Protección creado por cajas no fuese capaz de devolver las ayudas recibidas en el plazo máximo de cinco años, las participaciones preferentes otorgadas al FROB se convirtiesen en acciones mediante un canje que otorgaría al Banco de España la mayoría accionarial, lo que supondría su nacionalización en la práctica. Ello obligaría al conjunto de las cajas a poner todo su empeño en devolver al FROB el dinero prestado (hasta ahora unos 11.000 millones) más el interés anual del 7,75%.

Desde el Banco de España se apuntó, además, que no habría segundas oportunidades para las fusiones de cajas de ahorro que solicitasen ayudas del FROB. Se preveía así que si uno de los bancos en forma de Sistema Institucional de Protección creado por cajas no fuese capaz de devolver las ayudas recibidas en el plazo máximo de cinco años, las participaciones preferentes otorgadas al FROB se convirtiesen en acciones mediante un canje que otorgaría al Banco de España la mayoría accionarial, lo que supondría su nacionalización en la práctica. Ello obligaría al conjunto de las cajas a poner todo su empeño en devolver al FROB el dinero prestado (hasta ahora unos 11.000 millones) más el interés anual del 7,75%.

Se trataba por tanto de un nuevo mecanismo del regulador, junto con la presión a las cajas para que se integrasen al 100% desde este año (y no de

Se trataba por tanto de un nuevo mecanismo del regulador, junto con la presión a las cajas para que se integrasen al 100% desde este año (y no de

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manera progresiva, como acordaron muchas al inicio de las fusiones), con la finalidad de hacer irreversible el proceso de concentración del sistema financiero. Un gesto encaminado a inspirar confianza en los inversores extranjeros a los que, seguramente, debían acudir los bancos de las cajas para captar nuevo capital y reforzar sus balances.

manera progresiva, como acordaron muchas al inicio de las fusiones), con la finalidad de hacer irreversible el proceso de concentración del sistema financiero. Un gesto encaminado a inspirar confianza en los inversores extranjeros a los que, seguramente, debían acudir los bancos de las cajas para captar nuevo capital y reforzar sus balances.

En suma, la presión sobre los SIPs se elevó considerablemente ya que, como ya se ha señalado, también deben soportar el examen trimestral que les realizará el Banco de España para comprobar sus progresos. La remuneración de los productos de las cajas no podría superar la media de la que ofrezcan sus principales adversarios (aquellos que no han percibido fondos), salvo en casos excepcionales en los que, de manera individual, la entidad trate de evitar la fuga de clientes. Téngase presente que una cosa es que las entidades “sanas” que no hayan solicitado dinero público eleven sus apuestas comerciales con la finalidad de captar liquidez o ganar cuota de mercado (aun así, deberían medir muy bien los riesgos de una práctica que no es en absoluto inocua para sus márgenes), y otra muy distinta que las entidades con problemas empleen el dinero del contribuyente para no ceder terreno comercial siendo aún más agresivas que las demás.

En suma, la presión sobre los SIPs se elevó considerablemente ya que, como ya se ha señalado, también deben soportar el examen trimestral que les realizará el Banco de España para comprobar sus progresos. La remuneración de los productos de las cajas no podría superar la media de la que ofrezcan sus principales adversarios (aquellos que no han percibido fondos), salvo en casos excepcionales en los que, de manera individual, la entidad trate de evitar la fuga de clientes. Téngase presente que una cosa es que las entidades “sanas” que no hayan solicitado dinero público eleven sus apuestas comerciales con la finalidad de captar liquidez o ganar cuota de mercado (aun así, deberían medir muy bien los riesgos de una práctica que no es en absoluto inocua para sus márgenes), y otra muy distinta que las entidades con problemas empleen el dinero del contribuyente para no ceder terreno comercial siendo aún más agresivas que las demás.

El supervisor debe extremar la vigilancia y adoptar las medidas que considere oportunas, para evitar que un uso inadecuado del FROB altere el marco competitivo del sector, ponga en peligro el proceso de reestructuración emprendido y en riesgo la recuperación de los miles de millones de euros concedidos hasta ahora a las entidades7.

El supervisor debe extremar la vigilancia y adoptar las medidas que considere oportunas, para evitar que un uso inadecuado del FROB altere el marco competitivo del sector, ponga en peligro el proceso de reestructuración emprendido y en riesgo la recuperación de los miles de millones de euros concedidos hasta ahora a las entidades7.

7 A tal efecto con fecha de 30 de diciembre de 2010 el Banco de España remitió una carta a las patronales bancarias Confederación Española de Cajas de Ahorro (CECA) y Asociación Española de Banca (AEB) detallando los criterios que tendrían que cumplir las estrategias de las entidades para que pudieran considerarse como no agresiva, Entre las limitaciones establecidas se indicó que el tipo de interés de los productos que ofertasen no podría superar el máximo que publiciten, de media, los cinco principales competidores que no hubiesen recibido ayudas del FROB. Este tope podría no obstante traspasarse en casos excepcionales y por motivos puramente defensivos, es decir, cuando un cliente tuviese intención de retirar su dinero para llevarlo a otro banco o caja. Aquellas políticas que no se ajustasen a estos criterios requerirían la evaluación previa del FROB, que, llegado el caso, podría incluso consultar a la Comisión Europea. Este marco de actuación fue aprobado el día 22 de diciembre de 2010 por la Comisión Rectora del citado Fondo. La mayor vigilancia sobre las políticas comerciales de las entidades que han solicitado apoyo persigue que todo el sector compita en igualdad de condiciones. El propio reglamento del FROB, pactado entre el Gobierno y la Comisión Europea, incide en este punto y en controlar las prácticas agresivas para evitar distorsiones en la competencia. La agresividad mostrada por determinadas entidades, junto a las persistentes

7 A tal efecto con fecha de 30 de diciembre de 2010 el Banco de España remitió una carta a las patronales bancarias Confederación Española de Cajas de Ahorro (CECA) y Asociación Española de Banca (AEB) detallando los criterios que tendrían que cumplir las estrategias de las entidades para que pudieran considerarse como no agresiva, Entre las limitaciones establecidas se indicó que el tipo de interés de los productos que ofertasen no podría superar el máximo que publiciten, de media, los cinco principales competidores que no hubiesen recibido ayudas del FROB. Este tope podría no obstante traspasarse en casos excepcionales y por motivos puramente defensivos, es decir, cuando un cliente tuviese intención de retirar su dinero para llevarlo a otro banco o caja. Aquellas políticas que no se ajustasen a estos criterios requerirían la evaluación previa del FROB, que, llegado el caso, podría incluso consultar a la Comisión Europea. Este marco de actuación fue aprobado el día 22 de diciembre de 2010 por la Comisión Rectora del citado Fondo. La mayor vigilancia sobre las políticas comerciales de las entidades que han solicitado apoyo persigue que todo el sector compita en igualdad de condiciones. El propio reglamento del FROB, pactado entre el Gobierno y la Comisión Europea, incide en este punto y en controlar las prácticas agresivas para evitar distorsiones en la competencia. La agresividad mostrada por determinadas entidades, junto a las persistentes

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Juan Calvo Vérgez

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En todo caso desde nuestro punto de vista ha de saludarse con satisfacción el hecho de que, a la luz de la reforma operada, los políticos electos ya no puedan formar parte de los órganos de dirección, con independencia de que su salida se articule a través de un periodo de transición8. Igualmente estimamos beneficioso el dato relativo a la limitación de la influencia política en las cajas declarándose la incompatibilidad de los cargos electos para ser miembros de los órganos de gobierno de aquéllas, así como el reforzamiento llevado a cabo de los requisitos de profesionalidad de los órganos de gobierno a través de exigencias especiales de cualificación y experiencia para, al menos, la mitad de los miembros del Consejo de Administración. Y es que, como veremos a continuación, tras la reforma articulada se establecen mayorías reforzadas en los órganos de gobierno para las decisiones fundamentales de la caja, requiriéndose una mayoría de dos tercios de los presentes.

En todo caso desde nuestro punto de vista ha de saludarse con satisfacción el hecho de que, a la luz de la reforma operada, los políticos electos ya no puedan formar parte de los órganos de dirección, con independencia de que su salida se articule a través de un periodo de transición8. Igualmente estimamos beneficioso el dato relativo a la limitación de la influencia política en las cajas declarándose la incompatibilidad de los cargos electos para ser miembros de los órganos de gobierno de aquéllas, así como el reforzamiento llevado a cabo de los requisitos de profesionalidad de los órganos de gobierno a través de exigencias especiales de cualificación y experiencia para, al menos, la mitad de los miembros del Consejo de Administración. Y es que, como veremos a continuación, tras la reforma articulada se establecen mayorías reforzadas en los órganos de gobierno para las decisiones fundamentales de la caja, requiriéndose una mayoría de dos tercios de los presentes.

En resumen, estimamos que esta nueva reforma de la regulación de las cajas de ahorro ha de contribuir a facilitar el acceso de estas entidades a instrumentos de capital de la máxima calidad y a mejorar su gobierno corporativo y el grado de profesionalización de su gestión. Ello resulta además ineludible en un nuevo contexto en el que las cajas van a tener que hacer frente a unos requerimientos de capital mucho más exigentes como consecuencia de los cambios en la regulación global. Debido a ello creemos que debe perseverarse en el desarrollo de estos procesos de integración que se están llevando a cabo, ya que los avances registrados hasta la fecha han resultado, desde nuestro punto de vista, significativos, habiéndose cumplido hasta la fecha los plazos por parte de las distintas entidades. Creemos por tanto que se ha de continuar ahondando en esta línea.

En resumen, estimamos que esta nueva reforma de la regulación de las cajas de ahorro ha de contribuir a facilitar el acceso de estas entidades a instrumentos de capital de la máxima calidad y a mejorar su gobierno corporativo y el grado de profesionalización de su gestión. Ello resulta además ineludible en un nuevo contexto en el que las cajas van a tener que hacer frente a unos requerimientos de capital mucho más exigentes como consecuencia de los cambios en la regulación global. Debido a ello creemos que debe perseverarse en el desarrollo de estos procesos de integración que se están llevando a cabo, ya que los avances registrados hasta la fecha han resultado, desde nuestro punto de vista, significativos, habiéndose cumplido hasta la fecha los plazos por parte de las distintas entidades. Creemos por tanto que se ha de continuar ahondando en esta línea.

dificultades para acceder a la financiación mayorista, han provocado de un tiempo a esta parte una importante lucha por los depósitos de clientes. Sobre sus consecuencias han advertido los propios bancos y cajas, pero también el Banco de España, consciente del impacto que esta batalla puede llegar a tener sobre la rentabilidad del sector, sometida ya a una fuerte presión por la crisis económica. Esta cautela estuvo además muy presente en las pautas adoptadas por el Banco de España, al amparo de las cuales aquellas cajas que hubiesen acudido al FROB no podrían hacer ofertas comerciales que tuviesen un impacto negativo en la cuenta de resultados y que se desviasen de los objetivos fijados en los planes de integración. 8 Téngase presente además a este respecto que los representantes de las Comunidades Autónomas seguirían presentes en una comisión de obra social sin influencia sobre la actividad financiera. De este modo se permitía un tamaño del Consejo de Administración que, con carácter transitorio, pudiera ser mayor a efectos de poder llevar a cabo una transición ordenada.

dificultades para acceder a la financiación mayorista, han provocado de un tiempo a esta parte una importante lucha por los depósitos de clientes. Sobre sus consecuencias han advertido los propios bancos y cajas, pero también el Banco de España, consciente del impacto que esta batalla puede llegar a tener sobre la rentabilidad del sector, sometida ya a una fuerte presión por la crisis económica. Esta cautela estuvo además muy presente en las pautas adoptadas por el Banco de España, al amparo de las cuales aquellas cajas que hubiesen acudido al FROB no podrían hacer ofertas comerciales que tuviesen un impacto negativo en la cuenta de resultados y que se desviasen de los objetivos fijados en los planes de integración. 8 Téngase presente además a este respecto que los representantes de las Comunidades Autónomas seguirían presentes en una comisión de obra social sin influencia sobre la actividad financiera. De este modo se permitía un tamaño del Consejo de Administración que, con carácter transitorio, pudiera ser mayor a efectos de poder llevar a cabo una transición ordenada.

II. ANÁLISIS DEL REAL DECRETO-LEY 11/2010, DE 9 DE JULIO, DE ÓRGANOS DE GOBIERNO Y OTROS ASPECTOS DEL RÉGIMEN JURÍDICO DE LAS CAJAS DE AHORRO

1.

CONSIDERACIONES PREVIAS

II. ANÁLISIS DEL REAL DECRETO-LEY 11/2010, DE 9 DE JULIO, DE ÓRGANOS DE GOBIERNO Y OTROS ASPECTOS DEL RÉGIMEN JURÍDICO DE LAS CAJAS DE AHORRO

1.

CONSIDERACIONES PREVIAS

Como es sabido las cajas de ahorro cumplen con una función esencial dentro de nuestro sistema financiero y de nuestro entramado social. Así, por ejemplo, desde un punto de vista económico dichas instituciones desarrollan una importante labor orientada al fomento del ahorro, la movilización de recursos y la inclusión financiera del conjunto de los ciudadanos. Igualmente se trata de un elemento determinante en el acceso al crédito de familias y empresas, actuando en beneficio del interés general a través del cumplimiento de su función social, dada la consabida dedicación de sus excedentes a la dotación de bienes y servicios sociales en aquellos territorios en los que actúan resulta un complemento indispensable dentro de nuestro Estado de bienestar.

Como es sabido las cajas de ahorro cumplen con una función esencial dentro de nuestro sistema financiero y de nuestro entramado social. Así, por ejemplo, desde un punto de vista económico dichas instituciones desarrollan una importante labor orientada al fomento del ahorro, la movilización de recursos y la inclusión financiera del conjunto de los ciudadanos. Igualmente se trata de un elemento determinante en el acceso al crédito de familias y empresas, actuando en beneficio del interés general a través del cumplimiento de su función social, dada la consabida dedicación de sus excedentes a la dotación de bienes y servicios sociales en aquellos territorios en los que actúan resulta un complemento indispensable dentro de nuestro Estado de bienestar.

Como seguramente se recordará, y al margen de las primeras normas aprobadas durante el siglo XIX, fueron los Estatutos de 1929 y, muy especialmente, el de 1933 y el comúnmente conocido como “Decreto Largo Caballero”, promulgado ese mismo año, los encargados de contribuir a la actual definición institucional de las cajas de ahorro y a su consolidación como entidades financieras de marcado carácter social. Sin embargo, fue a

Como seguramente se recordará, y al margen de las primeras normas aprobadas durante el siglo XIX, fueron los Estatutos de 1929 y, muy especialmente, el de 1933 y el comúnmente conocido como “Decreto Largo Caballero”, promulgado ese mismo año, los encargados de contribuir a la actual definición institucional de las cajas de ahorro y a su consolidación como entidades financieras de marcado carácter social. Sin embargo, fue a

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comienzos del año 1977 cuando las cajas de ahorro vieron más reforzada su presencia y llevaron a cabo transformaciones más profundas.

comienzos del año 1977 cuando las cajas de ahorro vieron más reforzada su presencia y llevaron a cabo transformaciones más profundas.

Así, hacia el citado año 1977 se emprendió una reforma liberalizadora del sistema financiero destinada a alcanzar una equiparación funcional entre bancos y cajas de ahorro, lográndose además un incremento de la libertad operativa de éstas últimas y la apertura del sistema financiero español al mercado internacional de capitales. Con posterioridad, tras la aprobación de la Ley 31/1985, de 2 de agosto, de regulación de las normas básicas sobre Órganos Rectores de las Cajas de Ahorro (LORCA), se llevó a cabo la adaptación de la regulación de las cajas a la nueva organización territorial del Estado, una vez aprobada la Constitución Española de 1978 y los respectivos Estatutos de Autonomía, que atribuían a las Comunidades Autónomas competencias en la materia. Al mismo tiempo se acometió el diseño institucional común de las cajas de ahorro, garantizando que dispusiesen de órganos rectores adecuados a su doble naturaleza como entidades de crédito y entes de naturaleza fundacional y fin social.

Así, hacia el citado año 1977 se emprendió una reforma liberalizadora del sistema financiero destinada a alcanzar una equiparación funcional entre bancos y cajas de ahorro, lográndose además un incremento de la libertad operativa de éstas últimas y la apertura del sistema financiero español al mercado internacional de capitales. Con posterioridad, tras la aprobación de la Ley 31/1985, de 2 de agosto, de regulación de las normas básicas sobre Órganos Rectores de las Cajas de Ahorro (LORCA), se llevó a cabo la adaptación de la regulación de las cajas a la nueva organización territorial del Estado, una vez aprobada la Constitución Española de 1978 y los respectivos Estatutos de Autonomía, que atribuían a las Comunidades Autónomas competencias en la materia. Al mismo tiempo se acometió el diseño institucional común de las cajas de ahorro, garantizando que dispusiesen de órganos rectores adecuados a su doble naturaleza como entidades de crédito y entes de naturaleza fundacional y fin social.

La citada Ley 31/1985 y, muy especialmente, la posterior jurisprudencia constitucional, contribuyeron a configurar las cajas de ahorro como entidades de naturaleza fundacional de carácter muy peculiar en las que domina su condición de entidades de crédito, confiriéndoles su fisonomía actual. En este sentido el propio Tribunal Constitucional (TC) calificó a dichas entidades como “intermediarios financieros”, reconociendo su naturaleza privada al señalar que en la regulación de los aspectos básicos de la actividad de los distintos tipos de intermediarios financieros hay que insertar las normas que imponen determinadas obligaciones a las entidades financieras privadas (bancos y cajas de ahorro).

La citada Ley 31/1985 y, muy especialmente, la posterior jurisprudencia constitucional, contribuyeron a configurar las cajas de ahorro como entidades de naturaleza fundacional de carácter muy peculiar en las que domina su condición de entidades de crédito, confiriéndoles su fisonomía actual. En este sentido el propio Tribunal Constitucional (TC) calificó a dichas entidades como “intermediarios financieros”, reconociendo su naturaleza privada al señalar que en la regulación de los aspectos básicos de la actividad de los distintos tipos de intermediarios financieros hay que insertar las normas que imponen determinadas obligaciones a las entidades financieras privadas (bancos y cajas de ahorro).

De un tiempo a esta parte las cajas de ahorro, así como el resto del sistema bancario español, han tenido que hacer frente a una importante crisis financiera, iniciada en agosto de 2007, lo que indudablemente ha afectado a sus posiciones de rentabilidad, eficiencia, volumen de provisiones y niveles de capital. La persistencia de la citada crisis financiera, junto a la consiguiente grave crisis económica, generó un entorno complicado para dichas cajas que terminó por afectar a sus niveles de actividad, produciéndose igualmente recortes de márgenes, dificultades para obtener financiación en los mercados mayoristas y aumento de la morosidad, con especial incidencia

De un tiempo a esta parte las cajas de ahorro, así como el resto del sistema bancario español, han tenido que hacer frente a una importante crisis financiera, iniciada en agosto de 2007, lo que indudablemente ha afectado a sus posiciones de rentabilidad, eficiencia, volumen de provisiones y niveles de capital. La persistencia de la citada crisis financiera, junto a la consiguiente grave crisis económica, generó un entorno complicado para dichas cajas que terminó por afectar a sus niveles de actividad, produciéndose igualmente recortes de márgenes, dificultades para obtener financiación en los mercados mayoristas y aumento de la morosidad, con especial incidencia

La recapitalización de las entidades financieras

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en los préstamos concedidos a los sectores inmobiliario y construcción, en los que el sistema bancario español tiene una exposición relevante.

en los préstamos concedidos a los sectores inmobiliario y construcción, en los que el sistema bancario español tiene una exposición relevante.

En líneas generales las entidades españolas han reaccionado a este entorno de dificultad conteniendo los costes operativos, intensificando la captación de depósitos e intentando reforzar los recursos propios de máxima calidad. No obstante, por lo que a las cajas de ahorro se refiere, la reciente crisis financiera ha venido a poner de manifiesto, de una parte, un exceso de capacidad y, de otra, la necesidad de una mayor flexibilidad para captar recursos básicos de capital y para ajustar sus estructuras operativas.

En líneas generales las entidades españolas han reaccionado a este entorno de dificultad conteniendo los costes operativos, intensificando la captación de depósitos e intentando reforzar los recursos propios de máxima calidad. No obstante, por lo que a las cajas de ahorro se refiere, la reciente crisis financiera ha venido a poner de manifiesto, de una parte, un exceso de capacidad y, de otra, la necesidad de una mayor flexibilidad para captar recursos básicos de capital y para ajustar sus estructuras operativas.

Debido precisamente a ello, y tal y como hemos puesto de manifiesto, las cajas han emprendido a lo largo de estos últimos años un importante proceso de restructuración que afecta ya a tres cuartas partes del sector y que, a priori, ha de derivar en una sustancial reducción del número de entidades en el sector en beneficio de la eficiencia del mismo y su solidez para el futuro. Una buena parte de dichos procesos ha contado con apoyo financiero del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria y se han materializado a través de la creación de Sistemas Institucionales de Protección. Se hacía pues necesario entrar a clarificar diversos aspectos de la regulación de estos SIPs, y, en especial, su régimen fiscal, una vez que en el proceso de restructuración se ha utilizado preferentemente esta vía. A tal efecto, y como tendremos ocasión de analizar, se optó por garantizar la neutralidad fiscal de los diferentes modelos, adoptándose una serie de medidas adicionales de solvencia destinadas a fortalecer el conjunto de nuestro sector financiero.

Debido precisamente a ello, y tal y como hemos puesto de manifiesto, las cajas han emprendido a lo largo de estos últimos años un importante proceso de restructuración que afecta ya a tres cuartas partes del sector y que, a priori, ha de derivar en una sustancial reducción del número de entidades en el sector en beneficio de la eficiencia del mismo y su solidez para el futuro. Una buena parte de dichos procesos ha contado con apoyo financiero del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria y se han materializado a través de la creación de Sistemas Institucionales de Protección. Se hacía pues necesario entrar a clarificar diversos aspectos de la regulación de estos SIPs, y, en especial, su régimen fiscal, una vez que en el proceso de restructuración se ha utilizado preferentemente esta vía. A tal efecto, y como tendremos ocasión de analizar, se optó por garantizar la neutralidad fiscal de los diferentes modelos, adoptándose una serie de medidas adicionales de solvencia destinadas a fortalecer el conjunto de nuestro sector financiero.

Por otro lado, y al margen de este proceso de reestructuración al que nos referimos, constituye una cuestión de vital importancia la preparación de las entidades de crédito de nuestro país para afrontar los retos ante los que se enfrenta la reforma del sistema financiero internacional, que requiere más y mejor capital de las instituciones financieras. Así, podría llegar a suceder a corto plazo que dichas entidades de crédito necesitasen en el futuro acudir a los mercados privados de capital con la finalidad de reforzar sus niveles de capital.

Por otro lado, y al margen de este proceso de reestructuración al que nos referimos, constituye una cuestión de vital importancia la preparación de las entidades de crédito de nuestro país para afrontar los retos ante los que se enfrenta la reforma del sistema financiero internacional, que requiere más y mejor capital de las instituciones financieras. Así, podría llegar a suceder a corto plazo que dichas entidades de crédito necesitasen en el futuro acudir a los mercados privados de capital con la finalidad de reforzar sus niveles de capital.

En resumen, todo ello demandaba con urgencia acometer una reforma del marco jurídico de las cajas de ahorro a la luz de la cual se facilitase a ésta diferentes alternativas de organización institucional, todas ellas con acceso a los mercados en las mejores condiciones posibles, reforzándose igualmente su capacidad para atraer capital exterior. En otras palabras, se hacía necesario

En resumen, todo ello demandaba con urgencia acometer una reforma del marco jurídico de las cajas de ahorro a la luz de la cual se facilitase a ésta diferentes alternativas de organización institucional, todas ellas con acceso a los mercados en las mejores condiciones posibles, reforzándose igualmente su capacidad para atraer capital exterior. En otras palabras, se hacía necesario

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Juan Calvo Vérgez

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reformar el modelo de cajas con la finalidad de garantizar su permanencia y las considerables ventajas que aporta a nuestro sistema financiero, introduciendo a tal efecto un conjunto de modificaciones destinadas a fortalecer a las cajas de ahorro, al conjunto del sector financiero español y al conjunto de la economía productiva, facilitando el flujo de crédito. Ello posibilitaría incrementar la solidez y competitividad de nuestro sistema financiero, generándose además una mayor contribución al conjunto de la sociedad.

reformar el modelo de cajas con la finalidad de garantizar su permanencia y las considerables ventajas que aporta a nuestro sistema financiero, introduciendo a tal efecto un conjunto de modificaciones destinadas a fortalecer a las cajas de ahorro, al conjunto del sector financiero español y al conjunto de la economía productiva, facilitando el flujo de crédito. Ello posibilitaría incrementar la solidez y competitividad de nuestro sistema financiero, generándose además una mayor contribución al conjunto de la sociedad.

Pues bien, a través de la presente regulación (a la cual hubieron de adaptarse las legislaciones de las Comunidades Autónomas sobre cajas de ahorro en el plazo de seis meses) se pretendió fortalecer el sector financiero español actuándose en dos direcciones distintas. En primer lugar, facilitándose su acceso a recursos de máxima categoría en iguales condiciones que otras entidades de crédito. Y, en segundo término, procediéndose a la profesionalización de sus órganos de gobierno.

Pues bien, a través de la presente regulación (a la cual hubieron de adaptarse las legislaciones de las Comunidades Autónomas sobre cajas de ahorro en el plazo de seis meses) se pretendió fortalecer el sector financiero español actuándose en dos direcciones distintas. En primer lugar, facilitándose su acceso a recursos de máxima categoría en iguales condiciones que otras entidades de crédito. Y, en segundo término, procediéndose a la profesionalización de sus órganos de gobierno.

El Real Decreto-ley 11/2010, de 9 de julio, de órganos de gobierno y otros aspectos del régimen jurídico de las cajas de ahorro, posteriormente modificado en determinados puntos por la Ley 36/2010, de 22 de octubre, del Fondo para la Promoción del Desarrollo, se dirigió, en primer lugar, a reforzar las posibilidades de captación de recursos de las cajas de nuestro país. Téngase presente que, tal y como fueron reguladas en 2002, las cuotas participativas habían venido poniendo de manifiesto importantes limitaciones como instrumento atractivo para los inversores, dada su escasa liquidez y la imposibilidad de atribuirles derechos políticos. Tras la reforma operada a través del citado Real Decreto, a los actuales derechos económicos de los cuotapartícipes se les podrían añadir derechos políticos de manera directamente proporcional al porcentaje que las cuotas supongan sobre el patrimonio. Adicionalmente en relación con las citadas cuotas se diseñó un régimen transitorio a resultas del cual en el plazo de seis meses a contar desde la fecha de entrada en vigor del Real Decreto-Ley 11/2010 aquellas cajas que hubieran emitido cuotas participativas con anterioridad debían presentar a aprobación del Banco de España un plan específico de mantenimiento, adaptación, canje o, en su caso, amortización de las mismas. E igualmente, con efectos desde la entrada en vigor del citado Real Decreto-Ley, y en los términos establecidos en él y en el correspondiente folleto de emisión, las cajas de ahorro podrán emitir cuotas participativas

El Real Decreto-ley 11/2010, de 9 de julio, de órganos de gobierno y otros aspectos del régimen jurídico de las cajas de ahorro, posteriormente modificado en determinados puntos por la Ley 36/2010, de 22 de octubre, del Fondo para la Promoción del Desarrollo, se dirigió, en primer lugar, a reforzar las posibilidades de captación de recursos de las cajas de nuestro país. Téngase presente que, tal y como fueron reguladas en 2002, las cuotas participativas habían venido poniendo de manifiesto importantes limitaciones como instrumento atractivo para los inversores, dada su escasa liquidez y la imposibilidad de atribuirles derechos políticos. Tras la reforma operada a través del citado Real Decreto, a los actuales derechos económicos de los cuotapartícipes se les podrían añadir derechos políticos de manera directamente proporcional al porcentaje que las cuotas supongan sobre el patrimonio. Adicionalmente en relación con las citadas cuotas se diseñó un régimen transitorio a resultas del cual en el plazo de seis meses a contar desde la fecha de entrada en vigor del Real Decreto-Ley 11/2010 aquellas cajas que hubieran emitido cuotas participativas con anterioridad debían presentar a aprobación del Banco de España un plan específico de mantenimiento, adaptación, canje o, en su caso, amortización de las mismas. E igualmente, con efectos desde la entrada en vigor del citado Real Decreto-Ley, y en los términos establecidos en él y en el correspondiente folleto de emisión, las cajas de ahorro podrán emitir cuotas participativas

La recapitalización de las entidades financieras

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incorporando a sus actuales órganos de gobierno, en su caso, a los nuevos representantes de los cuotapartícipes.

incorporando a sus actuales órganos de gobierno, en su caso, a los nuevos representantes de los cuotapartícipes.

En segundo término el Real Decreto-Ley 11/2010, de 9 de julio, acometió una importante reforma de aquellos aspectos del gobierno de las cajas que se hallaban más directamente relacionados con su actividad, con la finalidad de tratar de impulsar la profesionalización de los órganos de gobierno, en línea con las demás entidades de crédito. Adicionalmente se llevaron a cabo en la vigente regulación una serie de ajustes necesarios para fortalecer a los actuales Sistemas Institucionales de Protección como instrumentos de la máxima eficiencia, de cara a que puedan acceder a la financiación más fácilmente, de la misma manera que viene sucediendo con tales sistemas en algunos países de nuestro entorno europeo.

En segundo término el Real Decreto-Ley 11/2010, de 9 de julio, acometió una importante reforma de aquellos aspectos del gobierno de las cajas que se hallaban más directamente relacionados con su actividad, con la finalidad de tratar de impulsar la profesionalización de los órganos de gobierno, en línea con las demás entidades de crédito. Adicionalmente se llevaron a cabo en la vigente regulación una serie de ajustes necesarios para fortalecer a los actuales Sistemas Institucionales de Protección como instrumentos de la máxima eficiencia, de cara a que puedan acceder a la financiación más fácilmente, de la misma manera que viene sucediendo con tales sistemas en algunos países de nuestro entorno europeo.

La presente reforma introdujo diversas alternativas orientadas, en primer lugar, a fortalecer el ejercicio de toda la actividad financiera de la caja mediante un banco controlado por aquélla, al tener al menos el 50% de su capital. No obstante, una segunda opción igualmente contemplada posibilitaría la transformación de la caja en una fundación de carácter especial, conservando la obra social y el traspaso de todo su negocio financiero a un banco.

La presente reforma introdujo diversas alternativas orientadas, en primer lugar, a fortalecer el ejercicio de toda la actividad financiera de la caja mediante un banco controlado por aquélla, al tener al menos el 50% de su capital. No obstante, una segunda opción igualmente contemplada posibilitaría la transformación de la caja en una fundación de carácter especial, conservando la obra social y el traspaso de todo su negocio financiero a un banco.

En definitiva, el objeto del citado Real Decreto-Ley 11/2010 no fue otro que la reforma del régimen jurídico de las cajas de ahorro, procediéndose a modificar la normativa básica relativa a los órganos de gobierno de aquéllas y el régimen jurídico de sus cuotas participativas. Asimismo se adaptaron determinados aspectos de los Sistemas Institucionales de Protección integrados por cajas de ahorro, diseñándose un nuevo régimen de ejercicio indirecto de la actividad financiera de las cajas e incluyéndose algunas disposiciones destinadas a reforzar la solvencia de las entidades de crédito.

En definitiva, el objeto del citado Real Decreto-Ley 11/2010 no fue otro que la reforma del régimen jurídico de las cajas de ahorro, procediéndose a modificar la normativa básica relativa a los órganos de gobierno de aquéllas y el régimen jurídico de sus cuotas participativas. Asimismo se adaptaron determinados aspectos de los Sistemas Institucionales de Protección integrados por cajas de ahorro, diseñándose un nuevo régimen de ejercicio indirecto de la actividad financiera de las cajas e incluyéndose algunas disposiciones destinadas a reforzar la solvencia de las entidades de crédito.

Dicho Real Decreto-Ley 11/2010 derogó la Disposición Adicional Segunda de la Ley 26/2003, de 17 de julio, por la que se modificaban la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores (LMV), y el antiguo Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas (TRLSA), aprobado mediante Real Decreto Legislativo 1564/1989, de 22 de diciembre, con el objetivo de reforzar la transparencia de las sociedades anónimas cotizadas9.

Dicho Real Decreto-Ley 11/2010 derogó la Disposición Adicional Segunda de la Ley 26/2003, de 17 de julio, por la que se modificaban la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores (LMV), y el antiguo Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas (TRLSA), aprobado mediante Real Decreto Legislativo 1564/1989, de 22 de diciembre, con el objetivo de reforzar la transparencia de las sociedades anónimas cotizadas9.

9 Recuérdese que el citado Texto Refundido fue derogado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital (TRLSC).

9 Recuérdese que el citado Texto Refundido fue derogado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital (TRLSC).

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Juan Calvo Vérgez

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Con carácter general su aprobación tuvo lugar al amparo de lo previsto en el art. 149.1.6.ª,11.ª y 13.ª de la Constitución (CE), que atribuye al Estado la competencia sobre legislación mercantil, bases de la ordenación del crédito, banca y seguros y bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica, respectivamente. Y, por lo que respecta a su Título V, fue dictado al amparo de lo dispuesto en el art. 149.1.14.ª CE, que atribuye al Estado la competencia exclusiva sobre Hacienda General y Deuda del Estado.

Con carácter general su aprobación tuvo lugar al amparo de lo previsto en el art. 149.1.6.ª,11.ª y 13.ª de la Constitución (CE), que atribuye al Estado la competencia sobre legislación mercantil, bases de la ordenación del crédito, banca y seguros y bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica, respectivamente. Y, por lo que respecta a su Título V, fue dictado al amparo de lo dispuesto en el art. 149.1.14.ª CE, que atribuye al Estado la competencia exclusiva sobre Hacienda General y Deuda del Estado.

En cambio, y de acuerdo con lo establecido en la Ley 31/1985, de 2 de agosto, no tuvieron el carácter de norma básica los siguientes preceptos del RDLey 11/2010: el apartado dos del art. Tres, en lo que se refiere al número de miembros de la Asamblea General10; el apartado nueve del art. Tres, relativo al número mínimo y máximo de vocales del Consejo de Administración; el apartado dieciocho de dicho art. 3, en lo que se refiere a la

En cambio, y de acuerdo con lo establecido en la Ley 31/1985, de 2 de agosto, no tuvieron el carácter de norma básica los siguientes preceptos del RDLey 11/2010: el apartado dos del art. Tres, en lo que se refiere al número de miembros de la Asamblea General10; el apartado nueve del art. Tres, relativo al número mínimo y máximo de vocales del Consejo de Administración; el apartado dieciocho de dicho art. 3, en lo que se refiere a la

Téngase presente a este respecto que, tras la reforma operada por la Ley 36/2010, de 22 de octubre, del Fondo para la Promoción del Desarrollo, el art. 12.Dos de la Ley 13/1985 pasó a disponer lo siguiente: “Dos. Los acuerdos de la asamblea general se adoptarán como regla general por mayoría simple de votos de los concurrentes. La aprobación y modificación de los estatutos y el reglamento de la caja, la disolución y liquidación de la entidad, su fusión o integración con otras entidades, su transformación en una fundación de carácter especial y la decisión de desarrollar su actividad de manera indirecta conforme a lo previsto en el Real Decreto-ley 11/2010, de 9 de julio, de órganos de gobierno y otros aspectos del régimen jurídico de las cajas de ahorros, requerirán en todo caso la asistencia de consejeros generales y, en su caso, cuotapartícipes, que representen la mayoría de los derechos de voto. Será necesario, además, el voto favorable de, como mínimo, dos tercios de los derechos de voto de los asistentes. Sin perjuicio de lo previsto en el Capítulo IV de este título, cada Consejero general tendrá derecho a un voto, otorgándose a quien presida la reunión voto de calidad. Los acuerdos válidamente adoptados obligan a todos los Consejeros generales, incluidos los disidentes y ausentes. Asistirá a las Asambleas generales con voz, pero sin voto, el Director General de la Entidad”. La adaptación de la Asamblea General y de los demás órganos de las cajas a las normas contenidas en el Real Decreto-Ley 11/2010 debía tener lugar dentro de los dos meses siguientes al de la aprobación de los Estatutos y Reglamentos de las cajas de ahorro. No obstante, en tanto en cuanto no se produjese la adaptación de la Asamblea general a lo previsto en el Real Decreto-Ley 11/2010, y sin perjuicio de lo previsto en su Disposición Transitoria Sexta, el gobierno, representación y administración de las cajas de ahorro debían continuar siendo atribuidos a sus órganos de gobierno en su composición actual, quienes, en consecuencia, habrían de adoptar los acuerdos necesarios para la debida ejecución y cumplimiento de las normas contenidas en el citado Real Decreto-Ley.

Téngase presente a este respecto que, tras la reforma operada por la Ley 36/2010, de 22 de octubre, del Fondo para la Promoción del Desarrollo, el art. 12.Dos de la Ley 13/1985 pasó a disponer lo siguiente: “Dos. Los acuerdos de la asamblea general se adoptarán como regla general por mayoría simple de votos de los concurrentes. La aprobación y modificación de los estatutos y el reglamento de la caja, la disolución y liquidación de la entidad, su fusión o integración con otras entidades, su transformación en una fundación de carácter especial y la decisión de desarrollar su actividad de manera indirecta conforme a lo previsto en el Real Decreto-ley 11/2010, de 9 de julio, de órganos de gobierno y otros aspectos del régimen jurídico de las cajas de ahorros, requerirán en todo caso la asistencia de consejeros generales y, en su caso, cuotapartícipes, que representen la mayoría de los derechos de voto. Será necesario, además, el voto favorable de, como mínimo, dos tercios de los derechos de voto de los asistentes. Sin perjuicio de lo previsto en el Capítulo IV de este título, cada Consejero general tendrá derecho a un voto, otorgándose a quien presida la reunión voto de calidad. Los acuerdos válidamente adoptados obligan a todos los Consejeros generales, incluidos los disidentes y ausentes. Asistirá a las Asambleas generales con voz, pero sin voto, el Director General de la Entidad”. La adaptación de la Asamblea General y de los demás órganos de las cajas a las normas contenidas en el Real Decreto-Ley 11/2010 debía tener lugar dentro de los dos meses siguientes al de la aprobación de los Estatutos y Reglamentos de las cajas de ahorro. No obstante, en tanto en cuanto no se produjese la adaptación de la Asamblea general a lo previsto en el Real Decreto-Ley 11/2010, y sin perjuicio de lo previsto en su Disposición Transitoria Sexta, el gobierno, representación y administración de las cajas de ahorro debían continuar siendo atribuidos a sus órganos de gobierno en su composición actual, quienes, en consecuencia, habrían de adoptar los acuerdos necesarios para la debida ejecución y cumplimiento de las normas contenidas en el citado Real Decreto-Ley.

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La recapitalización de las entidades financieras

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edad de jubilación del Director general11; el art. 12 de la Ley 31/1985, en su redacción otorgada por el apartado ocho del art. tres del Real DecretoLey, salvo los párrafos primero, cuarto y quinto en lo relativo al tratamiento de las cuotas participativas; y el apartado veintiuno del art. tres del Real Decreto-Ley, por el que se añade un nuevo art. 27.ter a la Ley 31/1985.

edad de jubilación del Director general11; el art. 12 de la Ley 31/1985, en su redacción otorgada por el apartado ocho del art. tres del Real DecretoLey, salvo los párrafos primero, cuarto y quinto en lo relativo al tratamiento de las cuotas participativas; y el apartado veintiuno del art. tres del Real Decreto-Ley, por el que se añade un nuevo art. 27.ter a la Ley 31/1985.

2.

2.

LA REFORMA DE LA REGULACIÓN VIGENTE EN MATERIA DE CUOTAS PARTICIPATIVAS

LA REFORMA DE LA REGULACIÓN VIGENTE EN MATERIA DE CUOTAS PARTICIPATIVAS

Como es sabido, con anterioridad a la reforma articulada a través del Real Decreto-ley 11/2010, de 9 de julio, no cabía la posibilidad de dotar a las cajas de un instrumento eficaz de capitalización que lograse, de un lado, acompañar el fuerte crecimiento del sector en los últimos años y, de otro, financiar parte de las necesidades de capitalización más recientes derivadas de la crisis económica y financiera. Se hacía imprescindible, pues, la transformación del régimen jurídico de las cuotas participativas, al objeto de hacerlas más atractivas a los emisores (y, especialmente, a potenciales inversores), y con el objetivo de afianzar su consideración como recursos propios de máxima calidad regulatoria.

Como es sabido, con anterioridad a la reforma articulada a través del Real Decreto-ley 11/2010, de 9 de julio, no cabía la posibilidad de dotar a las cajas de un instrumento eficaz de capitalización que lograse, de un lado, acompañar el fuerte crecimiento del sector en los últimos años y, de otro, financiar parte de las necesidades de capitalización más recientes derivadas de la crisis económica y financiera. Se hacía imprescindible, pues, la transformación del régimen jurídico de las cuotas participativas, al objeto de hacerlas más atractivas a los emisores (y, especialmente, a potenciales inversores), y con el objetivo de afianzar su consideración como recursos propios de máxima calidad regulatoria.

Así las cosas a través del Real Decreto-ley 11/2010 se modificaron diversos apartados del art. 7 de la Ley 13/1985, de 25 de mayo, de Coeficientes de Inversión, Recursos Propios y Obligaciones de Información de los Intermediarios Financieros, disponiéndose expresamente la posible incorporación a las cuotas de derechos políticos proporcionales al porcentaje que las mismas suponen sobre el patrimonio de la caja, con el límite máximo del 50% del citado patrimonio12. De este modo se persiguió la consecución

Así las cosas a través del Real Decreto-ley 11/2010 se modificaron diversos apartados del art. 7 de la Ley 13/1985, de 25 de mayo, de Coeficientes de Inversión, Recursos Propios y Obligaciones de Información de los Intermediarios Financieros, disponiéndose expresamente la posible incorporación a las cuotas de derechos políticos proporcionales al porcentaje que las mismas suponen sobre el patrimonio de la caja, con el límite máximo del 50% del citado patrimonio12. De este modo se persiguió la consecución

Señala concretamente el art. 27 de la Ley 31/1985, en su vigente redacción otorgada por la Ley 36/2010, de 22 de octubre, del Fondo para la Promoción del Desarrollo, que “El ejercicio del cargo de director general o asimilado y el de presidente ejecutivo del consejo de administración de una Caja de Ahorros requiere dedicación exclusiva y será, por tanto, incompatible con cualquier actividad retribuida tanto de carácter público como privado, salvo la administración del propio patrimonio y aquellas actividades que ejerza en representación de la caja. En este último caso los ingresos que obtengan, distintos a dietas de asistencia a consejos de administración o similares, deberán cederse a la caja por cuya cuenta realiza dicha actividad o representación”. 12 La citada Ley 13/1985 sería posteriormente modificada a través de la Ley 6/2011, de 11 de abril, aprobada a la luz de lo dispuesto en su día en la Directiva 2009/111/CE del

Señala concretamente el art. 27 de la Ley 31/1985, en su vigente redacción otorgada por la Ley 36/2010, de 22 de octubre, del Fondo para la Promoción del Desarrollo, que “El ejercicio del cargo de director general o asimilado y el de presidente ejecutivo del consejo de administración de una Caja de Ahorros requiere dedicación exclusiva y será, por tanto, incompatible con cualquier actividad retribuida tanto de carácter público como privado, salvo la administración del propio patrimonio y aquellas actividades que ejerza en representación de la caja. En este último caso los ingresos que obtengan, distintos a dietas de asistencia a consejos de administración o similares, deberán cederse a la caja por cuya cuenta realiza dicha actividad o representación”. 12 La citada Ley 13/1985 sería posteriormente modificada a través de la Ley 6/2011, de 11 de abril, aprobada a la luz de lo dispuesto en su día en la Directiva 2009/111/CE del

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Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de septiembre de 2009, por la que se modificaron las Directivas 2006/48/CE, 2006/49/CE y 2007/64/CE, en lo que respecta a los bancos afiliados a un organismo central, a determinados elementos de los fondos propios, a los grandes riesgos, al régimen de supervisión y a la gestión de crisis, constituye la primera fase de este proceso. Como seguramente se recordará, a raíz de la aprobación de la Directiva 2009/111/CE se abordaron una serie de reformas fundamentales entre las que se incluyeron: el establecimiento de condiciones para la admisibilidad de los instrumentos de capital híbridos como recursos propios; la mejora de la cooperación entre supervisores para afianzar el marco de la Unión Europea sobre gestión de crisis; y la determinación de una serie de requisitos para permitir la exposición a posiciones de titulización. Pues bien la Ley 6/2011 tuvo como principal objeto iniciar la trasposición de dicha Directiva. A tal efecto fueron objeto de modificación, de una parte, la Ley 13/1985, de 25 de mayo, de coeficientes de inversión, recursos propios y obligaciones de información de los intermediarios financieros. Y, de otra, la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores. Asimismo, y dados los cambios que introdujo la mencionada Directiva en el intercambio de información entre las autoridades supervisoras y el Banco Central Europeo, se procedió a modificar el Real Decreto Legislativo 1298/1986, de 28 de junio, sobre adaptación del Derecho vigente en materia de Entidades de Crédito al de las Comunidades Europeas. A través del conjunto de modificaciones introducidas por la citada Ley 6/2011 en la Ley 13/1985, de 25 de mayo, y en la Ley 24/1988, de 28 de julio (articuladas a través de sus artículos primero.uno y segundo.uno, respectivamente) se pretendió la alineación de ambos incentivos introduciendo la obligación a las entidades de cumplir con determinados requisitos que se desarrollarían mediante reglamento para permitir la exposición a posiciones de titulización y para iniciar una titulización. La Ley 6/2011 introdujo, además, varias medidas en esta dirección como son la obligación del Banco de España y de la CNMV de tener en cuenta las repercusiones de sus decisiones sobre la estabilidad financiera de otros Estados miembros, la regulación de los colegios de supervisores y de las decisiones conjuntas en el marco de la supervisión de grupos transfronterizos o la posibilidad de declarar sucursales como significativas. En relación con los citados colegios de supervisores la Ley 6/2011 añadió un nuevo art. 10.quáter a la Ley 13/1985 con la siguiente redacción: “1. El Banco de España establecerá, como supervisor en base consolidada, colegios de supervisores con el objeto de facilitar el ejercicio de las tareas a que se refieren las letras a) a d) y f) del artículo 10 bis.2 y, de conformidad con los requisitos de confidencialidad previstos en la legislación aplicable y con el Derecho de la Unión Europea, velará, en su caso, por establecer una coordinación y una cooperación adecuadas con las autoridades competentes de terceros países. Los colegios de supervisores constituirán el marco en el que se desarrollen las siguientes tareas: a) Intercambiar información; b) Acordar la atribución voluntaria de tareas y delegación voluntaria de responsabilidades si procede; c) Establecer programas de examen prudencial basados en una evaluación de riesgos del grupo, con arreglo al artículo 10 bis.1; d) Aumentar la eficiencia de la supervisión, eliminando toda duplicación de requisitos prudenciales innecesarios, concretamente en relación con las solicitudes de información a la que se refieren los apartados 1 y 1 bis del artículo 6 del Real Decreto Legislativo 1298/1986, de 28 de junio, sobre adaptación del derecho vigente en materia de entidades de crédito al de las Comunidades Europeas; e) Aplicar de manera coherente los requisitos prudenciales previstos en la Directiva 2006/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2006, relativa al acceso a la actividad de las entidades de crédito y a su ejercicio en todas las entidades de un grupo bancario, sin perjuicio de las opciones y facultades que ofrece la legislación de la Unión

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Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de septiembre de 2009, por la que se modificaron las Directivas 2006/48/CE, 2006/49/CE y 2007/64/CE, en lo que respecta a los bancos afiliados a un organismo central, a determinados elementos de los fondos propios, a los grandes riesgos, al régimen de supervisión y a la gestión de crisis, constituye la primera fase de este proceso. Como seguramente se recordará, a raíz de la aprobación de la Directiva 2009/111/CE se abordaron una serie de reformas fundamentales entre las que se incluyeron: el establecimiento de condiciones para la admisibilidad de los instrumentos de capital híbridos como recursos propios; la mejora de la cooperación entre supervisores para afianzar el marco de la Unión Europea sobre gestión de crisis; y la determinación de una serie de requisitos para permitir la exposición a posiciones de titulización. Pues bien la Ley 6/2011 tuvo como principal objeto iniciar la trasposición de dicha Directiva. A tal efecto fueron objeto de modificación, de una parte, la Ley 13/1985, de 25 de mayo, de coeficientes de inversión, recursos propios y obligaciones de información de los intermediarios financieros. Y, de otra, la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores. Asimismo, y dados los cambios que introdujo la mencionada Directiva en el intercambio de información entre las autoridades supervisoras y el Banco Central Europeo, se procedió a modificar el Real Decreto Legislativo 1298/1986, de 28 de junio, sobre adaptación del Derecho vigente en materia de Entidades de Crédito al de las Comunidades Europeas. A través del conjunto de modificaciones introducidas por la citada Ley 6/2011 en la Ley 13/1985, de 25 de mayo, y en la Ley 24/1988, de 28 de julio (articuladas a través de sus artículos primero.uno y segundo.uno, respectivamente) se pretendió la alineación de ambos incentivos introduciendo la obligación a las entidades de cumplir con determinados requisitos que se desarrollarían mediante reglamento para permitir la exposición a posiciones de titulización y para iniciar una titulización. La Ley 6/2011 introdujo, además, varias medidas en esta dirección como son la obligación del Banco de España y de la CNMV de tener en cuenta las repercusiones de sus decisiones sobre la estabilidad financiera de otros Estados miembros, la regulación de los colegios de supervisores y de las decisiones conjuntas en el marco de la supervisión de grupos transfronterizos o la posibilidad de declarar sucursales como significativas. En relación con los citados colegios de supervisores la Ley 6/2011 añadió un nuevo art. 10.quáter a la Ley 13/1985 con la siguiente redacción: “1. El Banco de España establecerá, como supervisor en base consolidada, colegios de supervisores con el objeto de facilitar el ejercicio de las tareas a que se refieren las letras a) a d) y f) del artículo 10 bis.2 y, de conformidad con los requisitos de confidencialidad previstos en la legislación aplicable y con el Derecho de la Unión Europea, velará, en su caso, por establecer una coordinación y una cooperación adecuadas con las autoridades competentes de terceros países. Los colegios de supervisores constituirán el marco en el que se desarrollen las siguientes tareas: a) Intercambiar información; b) Acordar la atribución voluntaria de tareas y delegación voluntaria de responsabilidades si procede; c) Establecer programas de examen prudencial basados en una evaluación de riesgos del grupo, con arreglo al artículo 10 bis.1; d) Aumentar la eficiencia de la supervisión, eliminando toda duplicación de requisitos prudenciales innecesarios, concretamente en relación con las solicitudes de información a la que se refieren los apartados 1 y 1 bis del artículo 6 del Real Decreto Legislativo 1298/1986, de 28 de junio, sobre adaptación del derecho vigente en materia de entidades de crédito al de las Comunidades Europeas; e) Aplicar de manera coherente los requisitos prudenciales previstos en la Directiva 2006/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2006, relativa al acceso a la actividad de las entidades de crédito y a su ejercicio en todas las entidades de un grupo bancario, sin perjuicio de las opciones y facultades que ofrece la legislación de la Unión

La recapitalización de las entidades financieras

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de un mayor incentivo a la eficiencia de las cajas derivado de la transparencia que supone la presencia de inversores en el capital y la referencia de valoración de estos títulos en los mercados financieros.

de un mayor incentivo a la eficiencia de las cajas derivado de la transparencia que supone la presencia de inversores en el capital y la referencia de valoración de estos títulos en los mercados financieros.

Este nuevo régimen se configuró en el art. 2 del Real Decreto-Ley. Así, a través de su apartado primero se incluyó la facultad de agregar a las cuotas derechos de representación de los intereses de los cuotapartícipes en los órganos de gobierno de las cajas, reconociéndose la emisión de cuotas

Este nuevo régimen se configuró en el art. 2 del Real Decreto-Ley. Así, a través de su apartado primero se incluyó la facultad de agregar a las cuotas derechos de representación de los intereses de los cuotapartícipes en los órganos de gobierno de las cajas, reconociéndose la emisión de cuotas

Europea; f) Aplicar el artículo 10 bis.2.c) atendiendo a la labor realizada en otros foros que puedan constituirse en este ámbito. 2. Cuando el Banco de España ostente la condición de supervisor de una entidad de crédito con sucursales consideradas como significativas de acuerdo con los criterios del artículo 10 bis.2.g), también establecerá y presidirá un colegio de supervisores para facilitar el intercambio de información al que se refiere el artículo 6.1 del Real Decreto Legislativo 1298/1986, de 28 de junio. 3. El establecimiento y el funcionamiento de los colegios se basarán en disposiciones consignadas por escrito y determinadas, previa consulta a las autoridades competentes afectadas, por el Banco de España como autoridad responsable de la supervisión en base consolidada o como autoridad competente del Estado miembro de origen. El Banco de España mantendrá a todos los miembros del colegio plenamente informados, por anticipado, de la organización de las reuniones de los colegios, de las principales cuestiones que se van a tratar y de las cuestiones que se han de considerar. También informará plenamente a todos los miembros del colegio respecto de las acciones adoptadas en las reuniones o de las medidas ejecutadas. Reglamentariamente podrán desarrollarse las características que deben reunir dichos colegios, cuya composición será determinada por el Banco de España. 4. El Banco de España, como miembro de un colegio de supervisores, colaborará estrechamente con el resto de autoridades competentes que lo formen. Las exigencias en materia de confidencialidad previstas en el artículo 6, apartados 2 a 6, del Real Decreto Legislativo 1298/1986, de 28 de junio, sobre adaptación del derecho vigente en materia de entidades de crédito al de las Comunidades Europeas, no impedirán el intercambio de información confidencial entre el Banco de España y el resto de autoridades competentes en el seno de los colegios de supervisores. El establecimiento y el funcionamiento de colegios de supervisores no afectarán a los derechos y deberes del Banco de España recogidos en la presente Ley, en la Ley 26/1988, de 29 de julio, sobre Disciplina e Intervención de las Entidades de Crédito, y en sus respectivos desarrollos reglamentarios”. Por otra parte fue objeto de modificación el régimen para la computabilidad de las participaciones preferentes como recursos propios establecido en la Disposición Adicional Segunda de la Ley 13/1985, de 25 de mayo, adecuándose dicho instrumento a los requerimientos internacionales que permiten garantizar que este tipo de instrumentos sea un instrumento efectivo para cumplir con los requisitos de solvencia de las entidades. No obstante, la propia norma incluyó un régimen transitorio para las emitidas con anterioridad a la entrada en vigor. Finalmente, en el art. tercero de la Ley 6/2011 se abordó la reforma del intercambio de información del Banco de España con el Banco Central Europeo mediante la modificación del Real Decreto Legislativo 1298/1986, de 28 de junio.

Europea; f) Aplicar el artículo 10 bis.2.c) atendiendo a la labor realizada en otros foros que puedan constituirse en este ámbito. 2. Cuando el Banco de España ostente la condición de supervisor de una entidad de crédito con sucursales consideradas como significativas de acuerdo con los criterios del artículo 10 bis.2.g), también establecerá y presidirá un colegio de supervisores para facilitar el intercambio de información al que se refiere el artículo 6.1 del Real Decreto Legislativo 1298/1986, de 28 de junio. 3. El establecimiento y el funcionamiento de los colegios se basarán en disposiciones consignadas por escrito y determinadas, previa consulta a las autoridades competentes afectadas, por el Banco de España como autoridad responsable de la supervisión en base consolidada o como autoridad competente del Estado miembro de origen. El Banco de España mantendrá a todos los miembros del colegio plenamente informados, por anticipado, de la organización de las reuniones de los colegios, de las principales cuestiones que se van a tratar y de las cuestiones que se han de considerar. También informará plenamente a todos los miembros del colegio respecto de las acciones adoptadas en las reuniones o de las medidas ejecutadas. Reglamentariamente podrán desarrollarse las características que deben reunir dichos colegios, cuya composición será determinada por el Banco de España. 4. El Banco de España, como miembro de un colegio de supervisores, colaborará estrechamente con el resto de autoridades competentes que lo formen. Las exigencias en materia de confidencialidad previstas en el artículo 6, apartados 2 a 6, del Real Decreto Legislativo 1298/1986, de 28 de junio, sobre adaptación del derecho vigente en materia de entidades de crédito al de las Comunidades Europeas, no impedirán el intercambio de información confidencial entre el Banco de España y el resto de autoridades competentes en el seno de los colegios de supervisores. El establecimiento y el funcionamiento de colegios de supervisores no afectarán a los derechos y deberes del Banco de España recogidos en la presente Ley, en la Ley 26/1988, de 29 de julio, sobre Disciplina e Intervención de las Entidades de Crédito, y en sus respectivos desarrollos reglamentarios”. Por otra parte fue objeto de modificación el régimen para la computabilidad de las participaciones preferentes como recursos propios establecido en la Disposición Adicional Segunda de la Ley 13/1985, de 25 de mayo, adecuándose dicho instrumento a los requerimientos internacionales que permiten garantizar que este tipo de instrumentos sea un instrumento efectivo para cumplir con los requisitos de solvencia de las entidades. No obstante, la propia norma incluyó un régimen transitorio para las emitidas con anterioridad a la entrada en vigor. Finalmente, en el art. tercero de la Ley 6/2011 se abordó la reforma del intercambio de información del Banco de España con el Banco Central Europeo mediante la modificación del Real Decreto Legislativo 1298/1986, de 28 de junio.

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con derechos políticos como una alternativa voluntaria compatible con la emisión sin tales derechos13.

con derechos políticos como una alternativa voluntaria compatible con la emisión sin tales derechos13.

Con carácter general se dispuso que las cuotas participativas confiriesen a sus titulares, en todo caso, los siguientes derechos. En primer lugar, la participación en el reparto del excedente de libre disposición de la caja en la proporción que el volumen de cuotas en circulación supusiese sobre el patrimonio de aquélla más el volumen de cuotas en circulación, entendiéndose a este respecto por volumen de cuotas en circulación la suma del Fondo de Participación y el Fondo de Reserva de Cuotapartícipes y el Fondo de Estabilización de las emisiones de cuotas participativas en circulación, y

Con carácter general se dispuso que las cuotas participativas confiriesen a sus titulares, en todo caso, los siguientes derechos. En primer lugar, la participación en el reparto del excedente de libre disposición de la caja en la proporción que el volumen de cuotas en circulación supusiese sobre el patrimonio de aquélla más el volumen de cuotas en circulación, entendiéndose a este respecto por volumen de cuotas en circulación la suma del Fondo de Participación y el Fondo de Reserva de Cuotapartícipes y el Fondo de Estabilización de las emisiones de cuotas participativas en circulación, y

En el caso concreto del SIP liderado por Caja Madrid, la cesión del conjunto de los derechos políticos en todas las sociedades participadas por las cajas integradas en el citado SIP dejó pendiente un paquete del 8% del Banco de Valencia el cual, a mediados de noviembre de 2011, se hallaba pendiente de ser intervenido por el Banco de España, produciéndose así un supuesto de nacionalización si el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (que acudiría al rescate para cubrir sus necesidades de saneamiento) se hiciese con la mayoría del capital, a no ser que el citado Banco lograse alcanzar una ampliación de capital que le permitiese obtener liquidez suficiente para cumplir con los requerimientos de las autoridades comunitarias. Bancaja controlaba desde hace más de 16 años los derechos económicos de una participación que alcanza el 38,4% del Banco de Valencia, manteniendo inicialmente los derechos económicos si bien los derechos políticos han sido cedidos al Banco Financiero y de Ahorros, liderado por Caja Madrid y Bancaja. La cesión de una participación superior al 30% a una nueva sociedad obligaba a lanzar una oferta pública de acciones (OPA) sobre el 100% del capital de la misma, lo que finalmente no se produjo. Con fecha de 30 de diciembre de 2010 el Banco Financiero y de Ahorros comunicó a la Comisión Nacional del Mercado de Valores como hecho relevante que la reducción de su participación en el Banco de Valencia se efectuaría una vez analizadas las posibles alternativas existentes, con el objetivo de causar el menor impacto posible en el mercado. A tal efecto la CNMV disponía de un plazo de tres meses prorrogables por otros tres para decidir acerca de la participación del SIP en el Banco de Valencia. Bancaja controlaba un paquete mayoritario del Banco de Valencia, y un total de 47.000 accionistas (en sus tres cuartas partes de la Comunidad Valenciana) se repartían el 62% restante del capital. Por su parte el Banco de Valencia manejaba unos activos superiores a los 23.000 millones de euros al cierre del primer semestre de 2010, cuando el volumen de negocio de la entidad superó ligeramente los 36.000 millones de euros. (Fuente. Diario El País, 31 de diciembre de 2010, pág. 28). Finalmente con fecha de 21 de noviembre de 2011 el Banco de Valencia fue intervenido por el Banco de España, tras haber detectado una necesidad de saneamiento de mil millones, por lo que suscribió capital por ese importe y abrió una línea de crédito de 2.000 millones de euros para asegurar su liquidez. De este modo el FROB pasó a administrar el banco valenciano con el objetivo de estabilizarlo y de recapitalizarlo, y así hacer posible una posterior enajenación a otra entidad mediante un proceso competitivo. El Banco de España cifró en, al menos, 562 millones de euros las provisiones que necesitaba el Banco de Valencia para cubrir los riesgos de impago y los activos ejecutados a morosos.

En el caso concreto del SIP liderado por Caja Madrid, la cesión del conjunto de los derechos políticos en todas las sociedades participadas por las cajas integradas en el citado SIP dejó pendiente un paquete del 8% del Banco de Valencia el cual, a mediados de noviembre de 2011, se hallaba pendiente de ser intervenido por el Banco de España, produciéndose así un supuesto de nacionalización si el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (que acudiría al rescate para cubrir sus necesidades de saneamiento) se hiciese con la mayoría del capital, a no ser que el citado Banco lograse alcanzar una ampliación de capital que le permitiese obtener liquidez suficiente para cumplir con los requerimientos de las autoridades comunitarias. Bancaja controlaba desde hace más de 16 años los derechos económicos de una participación que alcanza el 38,4% del Banco de Valencia, manteniendo inicialmente los derechos económicos si bien los derechos políticos han sido cedidos al Banco Financiero y de Ahorros, liderado por Caja Madrid y Bancaja. La cesión de una participación superior al 30% a una nueva sociedad obligaba a lanzar una oferta pública de acciones (OPA) sobre el 100% del capital de la misma, lo que finalmente no se produjo. Con fecha de 30 de diciembre de 2010 el Banco Financiero y de Ahorros comunicó a la Comisión Nacional del Mercado de Valores como hecho relevante que la reducción de su participación en el Banco de Valencia se efectuaría una vez analizadas las posibles alternativas existentes, con el objetivo de causar el menor impacto posible en el mercado. A tal efecto la CNMV disponía de un plazo de tres meses prorrogables por otros tres para decidir acerca de la participación del SIP en el Banco de Valencia. Bancaja controlaba un paquete mayoritario del Banco de Valencia, y un total de 47.000 accionistas (en sus tres cuartas partes de la Comunidad Valenciana) se repartían el 62% restante del capital. Por su parte el Banco de Valencia manejaba unos activos superiores a los 23.000 millones de euros al cierre del primer semestre de 2010, cuando el volumen de negocio de la entidad superó ligeramente los 36.000 millones de euros. (Fuente. Diario El País, 31 de diciembre de 2010, pág. 28). Finalmente con fecha de 21 de noviembre de 2011 el Banco de Valencia fue intervenido por el Banco de España, tras haber detectado una necesidad de saneamiento de mil millones, por lo que suscribió capital por ese importe y abrió una línea de crédito de 2.000 millones de euros para asegurar su liquidez. De este modo el FROB pasó a administrar el banco valenciano con el objetivo de estabilizarlo y de recapitalizarlo, y así hacer posible una posterior enajenación a otra entidad mediante un proceso competitivo. El Banco de España cifró en, al menos, 562 millones de euros las provisiones que necesitaba el Banco de Valencia para cubrir los riesgos de impago y los activos ejecutados a morosos.

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por patrimonio el Fondo Fundacional las reservas generales de la caja y el Fondo para riesgos bancarios generales.

por patrimonio el Fondo Fundacional las reservas generales de la caja y el Fondo para riesgos bancarios generales.

Otros derechos que confieren dichas cuotas participativas a sus titulares son, concretamente, los siguientes: suscripción preferente de cuotas participativas en nuevas emisiones, sin perjuicio de su supresión en los términos legalmente previstos; obtención de su valor liquidativo en el caso de liquidación; canje de las cuotas en los términos que establece el apartado Nueve del art. 2 del Real Decreto-Ley 11/2010; y percepción de una retribución de carácter variable con cargo a la parte del excedente de libre disposición que les corresponda o, en su caso, al Fondo de Estabilización. Adicionalmente las cuotas participativas podrían conferir a sus titulares la representación de sus intereses en los órganos de gobierno de la entidad emisora, en los términos previstos en la Ley 31/1985, de 2 de agosto, de regulación de las normas básicas sobre Órganos Rectores de las Cajas de Ahorro.

Otros derechos que confieren dichas cuotas participativas a sus titulares son, concretamente, los siguientes: suscripción preferente de cuotas participativas en nuevas emisiones, sin perjuicio de su supresión en los términos legalmente previstos; obtención de su valor liquidativo en el caso de liquidación; canje de las cuotas en los términos que establece el apartado Nueve del art. 2 del Real Decreto-Ley 11/2010; y percepción de una retribución de carácter variable con cargo a la parte del excedente de libre disposición que les corresponda o, en su caso, al Fondo de Estabilización. Adicionalmente las cuotas participativas podrían conferir a sus titulares la representación de sus intereses en los órganos de gobierno de la entidad emisora, en los términos previstos en la Ley 31/1985, de 2 de agosto, de regulación de las normas básicas sobre Órganos Rectores de las Cajas de Ahorro.

¿Qué ha de entenderse a este respecto por “valor liquidativo de cada cuota”? Desde nuestro punto de vista, a través de dicha expresión se está aludiendo a la parte que corresponda a cada cuota del Fondo de Participación, del Fondo de Reserva de Cuotapartícipes y del Fondo de Estabilización, minorada o incrementada por la parte que le sea atribuible de la pérdida o beneficio del balance de liquidación no distribuido anteriormente.

¿Qué ha de entenderse a este respecto por “valor liquidativo de cada cuota”? Desde nuestro punto de vista, a través de dicha expresión se está aludiendo a la parte que corresponda a cada cuota del Fondo de Participación, del Fondo de Reserva de Cuotapartícipes y del Fondo de Estabilización, minorada o incrementada por la parte que le sea atribuible de la pérdida o beneficio del balance de liquidación no distribuido anteriormente.

Por otro lado se entiende por valor de mercado la media de la cotización en mercado secundario de las últimas 30 sesiones previas a la determinación del hecho que conlleva la operación de amortización. No obstante, en el hipotético caso de que no resultase posible dicha determinación el referido valor vendría determinado por la valoración efectuada por un auditor independiente elegido por sorteo de entre los auditores de cuentas y sociedades de auditoría inscritos como ejercientes en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas, que hubiesen auditado entidades de crédito excluyendo al propio auditor de cuentas de la caja.

Por otro lado se entiende por valor de mercado la media de la cotización en mercado secundario de las últimas 30 sesiones previas a la determinación del hecho que conlleva la operación de amortización. No obstante, en el hipotético caso de que no resultase posible dicha determinación el referido valor vendría determinado por la valoración efectuada por un auditor independiente elegido por sorteo de entre los auditores de cuentas y sociedades de auditoría inscritos como ejercientes en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas, que hubiesen auditado entidades de crédito excluyendo al propio auditor de cuentas de la caja.

Por su parte el apartado Dos del citado precepto confirió una nueva redacción al apartado 7 del art. 7 de la citada Ley 13/1985, de 25 de mayo, previéndose la cotización en mercados secundarios como una obligación para aquellas emisiones que se dirijan al público en general. Al mismo tiempo se suprimió cualquier límite a la tenencia de cuotas por una única persona o grupo, procediéndose a flexibilizar su adquisición. Tal y como

Por su parte el apartado Dos del citado precepto confirió una nueva redacción al apartado 7 del art. 7 de la citada Ley 13/1985, de 25 de mayo, previéndose la cotización en mercados secundarios como una obligación para aquellas emisiones que se dirijan al público en general. Al mismo tiempo se suprimió cualquier límite a la tenencia de cuotas por una única persona o grupo, procediéndose a flexibilizar su adquisición. Tal y como

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Juan Calvo Vérgez

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pasó a disponer el citado precepto “Las cuotas participativas cotizarán necesariamente en mercados secundarios organizados siempre y cuando su emisión se dirija al público en general. Siempre que coticen en tales mercados resultarán de aplicación las obligaciones previstas en la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, para los accionistas y emisores de acciones. Asimismo será de aplicación a los titulares de cuotas participativas el régimen de control de participaciones significativas en entidades de crédito previsto en el Título VI de la Ley 26/1988, de 29 de julio, de Disciplina e Intervención de las Entidades de Crédito. No será de aplicación a las cuotas participativas el régimen de las ofertas públicas de adquisición de valores”.

pasó a disponer el citado precepto “Las cuotas participativas cotizarán necesariamente en mercados secundarios organizados siempre y cuando su emisión se dirija al público en general. Siempre que coticen en tales mercados resultarán de aplicación las obligaciones previstas en la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, para los accionistas y emisores de acciones. Asimismo será de aplicación a los titulares de cuotas participativas el régimen de control de participaciones significativas en entidades de crédito previsto en el Título VI de la Ley 26/1988, de 29 de julio, de Disciplina e Intervención de las Entidades de Crédito. No será de aplicación a las cuotas participativas el régimen de las ofertas públicas de adquisición de valores”.

Los cambios introducidos en el apartado 8 del art. 7 de la Ley 13/1985 (articulados a través del apartado tres del art. 2 del Real Decreto-ley 11/2010) implicaron esencialmente la introducción de tres novedades. La primera de ellas se refirió al principio de libertad de emisión de las cuotas, sin que deba mediar autorización administrativa previa, conforme a lo ya previsto en el art. 25.1 de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores.

Los cambios introducidos en el apartado 8 del art. 7 de la Ley 13/1985 (articulados a través del apartado tres del art. 2 del Real Decreto-ley 11/2010) implicaron esencialmente la introducción de tres novedades. La primera de ellas se refirió al principio de libertad de emisión de las cuotas, sin que deba mediar autorización administrativa previa, conforme a lo ya previsto en el art. 25.1 de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores.

De conformidad con la redacción otorgada al apartado 8 del citado art. 7, el órgano competente para acordar cada emisión de cuotas participativas es la Asamblea General, que podría delegar esta competencia en el Consejo de Administración de la caja, estimándose la citada competencia delegada, en todo caso, en los administradores provisionales designados por el Banco de España al amparo de lo dispuesto en el Título III de la Ley 26/1988, de 29 de julio, sobre Disciplina e Intervención de las Entidades de Crédito.

De conformidad con la redacción otorgada al apartado 8 del citado art. 7, el órgano competente para acordar cada emisión de cuotas participativas es la Asamblea General, que podría delegar esta competencia en el Consejo de Administración de la caja, estimándose la citada competencia delegada, en todo caso, en los administradores provisionales designados por el Banco de España al amparo de lo dispuesto en el Título III de la Ley 26/1988, de 29 de julio, sobre Disciplina e Intervención de las Entidades de Crédito.

La segunda novedad aludió al mecanismo mediante el cual una caja debe retornar al cumplimiento del límite del 5% de adquisición derivativa de sus propias cuotas, en caso de incumplimiento. De acuerdo con lo dispuesto por el art. 25.1 de la Ley 24/1988, de 28 de julio, la emisión de cuotas participativas no requeriría autorización administrativa previa, quedando prohibida, además, la adquisición originaria de cuotas participativas por parte de la caja o de su grupo económico. Ahora bien, sí que podría realizarse una adquisición derivativa, siempre que el valor nominal de las cuotas que obrasen en poder de la entidad o su grupo económico no excediese del 5 por 100 de las cuotas totales en circulación. Y, en caso de superar dicho límite, la caja debería proceder a la enajenación o amortización del exceso en el plazo

La segunda novedad aludió al mecanismo mediante el cual una caja debe retornar al cumplimiento del límite del 5% de adquisición derivativa de sus propias cuotas, en caso de incumplimiento. De acuerdo con lo dispuesto por el art. 25.1 de la Ley 24/1988, de 28 de julio, la emisión de cuotas participativas no requeriría autorización administrativa previa, quedando prohibida, además, la adquisición originaria de cuotas participativas por parte de la caja o de su grupo económico. Ahora bien, sí que podría realizarse una adquisición derivativa, siempre que el valor nominal de las cuotas que obrasen en poder de la entidad o su grupo económico no excediese del 5 por 100 de las cuotas totales en circulación. Y, en caso de superar dicho límite, la caja debería proceder a la enajenación o amortización del exceso en el plazo

La recapitalización de las entidades financieras

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máximo de tres meses. Debe precisarse no obstante que dicha prohibición y el límite anteriormente indicado no serían de aplicación cuando las cuotas participativas fuesen adquiridas por la entidad central del sistema institucional de protección al que perteneciera la caja emisora. En efecto, se previó la no aplicación de este límite y la provisión a la autocartera de cuotas para las entidades centrales de un SIP al que perteneciese la propia caja emisora.

máximo de tres meses. Debe precisarse no obstante que dicha prohibición y el límite anteriormente indicado no serían de aplicación cuando las cuotas participativas fuesen adquiridas por la entidad central del sistema institucional de protección al que perteneciera la caja emisora. En efecto, se previó la no aplicación de este límite y la provisión a la autocartera de cuotas para las entidades centrales de un SIP al que perteneciese la propia caja emisora.

Asimismo el apartado cuatro de este art. 2 del Real Decreto-Ley 11/2010 equiparó el tratamiento de las cuotas participativas en el caso de una fusión a aquel que opera en los mismos casos para las acciones de las sociedades anónimas, esto es, el canje por cuotas de la entidad resultante de la fusión sin alterar el valor económico de las mismas. De este modo en los casos de fusión, las cuotas participativas de las cajas que se extinguiesen habrían de canjearse por cuotas de la caja resultante de la fusión, de forma que el valor económico de sus derechos no sufriera alteración.

Asimismo el apartado cuatro de este art. 2 del Real Decreto-Ley 11/2010 equiparó el tratamiento de las cuotas participativas en el caso de una fusión a aquel que opera en los mismos casos para las acciones de las sociedades anónimas, esto es, el canje por cuotas de la entidad resultante de la fusión sin alterar el valor económico de las mismas. De este modo en los casos de fusión, las cuotas participativas de las cajas que se extinguiesen habrían de canjearse por cuotas de la caja resultante de la fusión, de forma que el valor económico de sus derechos no sufriera alteración.

Finalmente, a la redacción del apartado 10 del art. 7 de Ley 13/1985 se le añadió una previsión en virtud de la cual se garantizó que la retribución de las cuotas no podrá estar sujeta a ninguna autorización administrativa, salvo la que le pueda corresponder al Banco de España en el ejercicio de sus funciones. De este modo, y en línea con el principio de flexibilidad de pagos previsto en la normativa de solvencia, se garantizó la desvinculación de la retribución de las cuotas de autorizaciones administrativas diferentes de las que correspondan al Banco de España.

Finalmente, a la redacción del apartado 10 del art. 7 de Ley 13/1985 se le añadió una previsión en virtud de la cual se garantizó que la retribución de las cuotas no podrá estar sujeta a ninguna autorización administrativa, salvo la que le pueda corresponder al Banco de España en el ejercicio de sus funciones. De este modo, y en línea con el principio de flexibilidad de pagos previsto en la normativa de solvencia, se garantizó la desvinculación de la retribución de las cuotas de autorizaciones administrativas diferentes de las que correspondan al Banco de España.

Al amparo de la redacción otorgada al citado apartado 10 del art. 7, el excedente de libre disposición que, de acuerdo con lo establecido por el apartado cuarto, correspondiera a las cuotas participativas, se distribuiría entre los siguientes destinos: fondo de Reserva de los cuotapartícipes; retribución efectiva de los cuotapartícipes; y fondo de estabilización, en su caso. La retribución anual de las cuotas y su distribución habría de ser aprobada por la Asamblea General, quien habría de tener en cuenta el coeficiente de solvencia de la caja a la hora de realizar tal distribución, no requiriendo dicha distribución, sin perjuicio de las atribuciones del Banco de España, ninguna autorización administrativa en el ámbito de la ordenación del crédito. Y, cuando la caja o el grupo consolidado al que perteneciese presentara un déficit de recursos propios sobre el mínimo legalmente exigido, se destinaría al fondo de reserva de cuotapartícipes el 100% del excedente anual correspondiente a las cuotas y la retribución de los cuotapartícipes

Al amparo de la redacción otorgada al citado apartado 10 del art. 7, el excedente de libre disposición que, de acuerdo con lo establecido por el apartado cuarto, correspondiera a las cuotas participativas, se distribuiría entre los siguientes destinos: fondo de Reserva de los cuotapartícipes; retribución efectiva de los cuotapartícipes; y fondo de estabilización, en su caso. La retribución anual de las cuotas y su distribución habría de ser aprobada por la Asamblea General, quien habría de tener en cuenta el coeficiente de solvencia de la caja a la hora de realizar tal distribución, no requiriendo dicha distribución, sin perjuicio de las atribuciones del Banco de España, ninguna autorización administrativa en el ámbito de la ordenación del crédito. Y, cuando la caja o el grupo consolidado al que perteneciese presentara un déficit de recursos propios sobre el mínimo legalmente exigido, se destinaría al fondo de reserva de cuotapartícipes el 100% del excedente anual correspondiente a las cuotas y la retribución de los cuotapartícipes

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con cargo al fondo de estabilización requerirá previa autorización del Banco de España.

con cargo al fondo de estabilización requerirá previa autorización del Banco de España.

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ANÁLISIS DE LA MODIFICACIÓN NORMATIVA OPERADA EN LA LORCA

ANÁLISIS DE LA MODIFICACIÓN NORMATIVA OPERADA EN LA LORCA

Fue el Título II del Real Decreto-ley 11/2010 el encargado de articular la modificación de la Ley 31/1985, de 2 de agosto, de regulación de las normas básicas sobre Órganos Rectores de las Cajas de Ahorro, con el objetivo fundamental de impulsar la profesionalización de los órganos de gobierno de las cajas e incluir los ajustes necesarios para incorporar los derechos políticos de los cuotapartícipes en los mismos.

Fue el Título II del Real Decreto-ley 11/2010 el encargado de articular la modificación de la Ley 31/1985, de 2 de agosto, de regulación de las normas básicas sobre Órganos Rectores de las Cajas de Ahorro, con el objetivo fundamental de impulsar la profesionalización de los órganos de gobierno de las cajas e incluir los ajustes necesarios para incorporar los derechos políticos de los cuotapartícipes en los mismos.

En relación con la profesionalización se ha de señalar que, sin lugar a dudas, la complejidad creciente de la actividad financiera alcanzó también a las cajas de ahorro, tradicionalmente centradas en un modelo de negocio más orientado al cliente minorista, resultando a tal efecto indispensable acometer una selección de los equipos gestores entre los mejores profesionales de todas las áreas. Al mismo tiempo se ha de garantizar la dedicación de los miembros de los órganos de gobierno en representación de sus respectivos grupos y en beneficio exclusivo de los intereses de la caja y de su función social.

En relación con la profesionalización se ha de señalar que, sin lugar a dudas, la complejidad creciente de la actividad financiera alcanzó también a las cajas de ahorro, tradicionalmente centradas en un modelo de negocio más orientado al cliente minorista, resultando a tal efecto indispensable acometer una selección de los equipos gestores entre los mejores profesionales de todas las áreas. Al mismo tiempo se ha de garantizar la dedicación de los miembros de los órganos de gobierno en representación de sus respectivos grupos y en beneficio exclusivo de los intereses de la caja y de su función social.

Ya con anterioridad la necesaria consecución de este conjunto de objetivos había estado presente en las últimas modificaciones de la LORCA, articuladas a través de las Leyes 44/2002, de 22 de noviembre, de Medidas de Reforma del Sistema Financiero, y 26/2003, de 17 de julio, por la que se modificaron la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, y el extinto Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, aprobado en su día mediante Real Decreto Legislativo 1564/1989, de 22 de diciembre. No obstante, resultaba necesario incorporarlo con más claridad en la regulación básica estatal de los órganos de gobierno con medidas que garanticen su cualificación y autonomía.

Ya con anterioridad la necesaria consecución de este conjunto de objetivos había estado presente en las últimas modificaciones de la LORCA, articuladas a través de las Leyes 44/2002, de 22 de noviembre, de Medidas de Reforma del Sistema Financiero, y 26/2003, de 17 de julio, por la que se modificaron la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, y el extinto Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, aprobado en su día mediante Real Decreto Legislativo 1564/1989, de 22 de diciembre. No obstante, resultaba necesario incorporarlo con más claridad en la regulación básica estatal de los órganos de gobierno con medidas que garanticen su cualificación y autonomía.

De este modo, a través de su art. 3, el Real Decreto-Ley 11/2010 articuló diversas modificaciones de la LORCA que pasamos a analizar. En primer lugar, se calificaron como órganos de las cajas de ahorro al Director General

De este modo, a través de su art. 3, el Real Decreto-Ley 11/2010 articuló diversas modificaciones de la LORCA que pasamos a analizar. En primer lugar, se calificaron como órganos de las cajas de ahorro al Director General

La recapitalización de las entidades financieras

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y a las diferentes Comisiones, entre las que se incluyeron novedosamente la de Retribuciones y Nombramientos (antes de Retribuciones) y la de Obra Benéfico Social.

y a las diferentes Comisiones, entre las que se incluyeron novedosamente la de Retribuciones y Nombramientos (antes de Retribuciones) y la de Obra Benéfico Social.

La administración, gestión, representación y control de las cajas de ahorro corresponde a los siguientes órganos de gobierno: Asamblea General; Consejo de Administración; y Comisión de Control. Con carácter adicional adquieren la consideración de órganos de las cajas de ahorro el Director General y las Comisiones de Inversiones, Retribuciones y Nombramientos y Obra Benéfico Social14.

La administración, gestión, representación y control de las cajas de ahorro corresponde a los siguientes órganos de gobierno: Asamblea General; Consejo de Administración; y Comisión de Control. Con carácter adicional adquieren la consideración de órganos de las cajas de ahorro el Director General y las Comisiones de Inversiones, Retribuciones y Nombramientos y Obra Benéfico Social14.

A aquellas cajas que desarrollasen su actividad indirectamente de acuerdo con lo previsto en el art. 5 del Real Decreto-Ley 11/2010, de 9 de julio, les serían de aplicación las siguientes especialidades. En primer lugar, los órganos de gobierno de la caja son, exclusivamente, la Asamblea General, el Consejo de Administración y la Comisión de Control. La representación de los intereses colectivos de los impositores, de las Corporaciones Locales que no tuviesen la condición de entidad fundadora de la caja y de los trabajadores en sus órganos de gobierno se establece de la siguiente manera: la representación de las Corporaciones municipales ha de llevarse a cabo sobre la base de aquellas en cuyo término tenga abierta oficina la entidad bancaria a través de la que la caja de ahorro desarrolle su actividad financiera; y la representación de los grupos de impositores y trabajadores habrá de efectuarse sobre la base de los correspondientes colectivos de la entidad bancaria a través de la que la caja desarrolle su actividad financiera,

A aquellas cajas que desarrollasen su actividad indirectamente de acuerdo con lo previsto en el art. 5 del Real Decreto-Ley 11/2010, de 9 de julio, les serían de aplicación las siguientes especialidades. En primer lugar, los órganos de gobierno de la caja son, exclusivamente, la Asamblea General, el Consejo de Administración y la Comisión de Control. La representación de los intereses colectivos de los impositores, de las Corporaciones Locales que no tuviesen la condición de entidad fundadora de la caja y de los trabajadores en sus órganos de gobierno se establece de la siguiente manera: la representación de las Corporaciones municipales ha de llevarse a cabo sobre la base de aquellas en cuyo término tenga abierta oficina la entidad bancaria a través de la que la caja de ahorro desarrolle su actividad financiera; y la representación de los grupos de impositores y trabajadores habrá de efectuarse sobre la base de los correspondientes colectivos de la entidad bancaria a través de la que la caja desarrolle su actividad financiera,

14 Téngase presente a este respecto que, de conformidad con lo establecido en la Disposición Transitoria Cuarta del Real Decreto-Ley, la constitución de la Asamblea General y de los demás órganos de las cajas según las normas contenidas en el mismo ha de realizarse dentro de los dos meses siguientes al de la aprobación de los Estatutos y Reglamentos de las cajas de ahorro, sin perjuicio de lo previsto en la Disposición Transitoria Sexta, referente al régimen transitorio para determinados miembros de órganos de gobierno, y de conformidad con la cual los miembros de los órganos de gobierno que deban cesar en el ejercicio de su cargo como consecuencia de lo dispuesto en el apartado tres del art. 3 del Real Decreto-Ley lo harán cuando concluya el mandato que ostenten a la entrada en vigor del mismo y, en todo caso, antes de transcurridos tres años desde dicha entrada en vigor, sin que en ningún caso sea posible su renovación. No obstante, y a tenor de lo establecido en la Disposición Transitoria Quinta, relativa a la continuidad de actuales órganos de gobierno, mientras no tenga lugar la constitución de la nueva Asamblea General, y sin perjuicio de lo previsto en la citada Disposición Transitoria Sexta, el gobierno, representación y administración de las cajas de ahorro, seguirían atribuidos a sus actuales órganos de gobierno, quienes, en consecuencia, habrán de adoptar los acuerdos necesarios para la debida ejecución y cumplimiento de las normas contenidas en el Real Decreto-Ley.

14 Téngase presente a este respecto que, de conformidad con lo establecido en la Disposición Transitoria Cuarta del Real Decreto-Ley, la constitución de la Asamblea General y de los demás órganos de las cajas según las normas contenidas en el mismo ha de realizarse dentro de los dos meses siguientes al de la aprobación de los Estatutos y Reglamentos de las cajas de ahorro, sin perjuicio de lo previsto en la Disposición Transitoria Sexta, referente al régimen transitorio para determinados miembros de órganos de gobierno, y de conformidad con la cual los miembros de los órganos de gobierno que deban cesar en el ejercicio de su cargo como consecuencia de lo dispuesto en el apartado tres del art. 3 del Real Decreto-Ley lo harán cuando concluya el mandato que ostenten a la entrada en vigor del mismo y, en todo caso, antes de transcurridos tres años desde dicha entrada en vigor, sin que en ningún caso sea posible su renovación. No obstante, y a tenor de lo establecido en la Disposición Transitoria Quinta, relativa a la continuidad de actuales órganos de gobierno, mientras no tenga lugar la constitución de la nueva Asamblea General, y sin perjuicio de lo previsto en la citada Disposición Transitoria Sexta, el gobierno, representación y administración de las cajas de ahorro, seguirían atribuidos a sus actuales órganos de gobierno, quienes, en consecuencia, habrán de adoptar los acuerdos necesarios para la debida ejecución y cumplimiento de las normas contenidas en el Real Decreto-Ley.

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incluyendo la representación de los trabajadores en los órganos de gobierno asimismo a los empleados de la caja15.

incluyendo la representación de los trabajadores en los órganos de gobierno asimismo a los empleados de la caja15.

Los componentes de los órganos de gobierno han de ejercer sus funciones en beneficio exclusivo de los intereses de la caja a que pertenezcan y del cumplimiento de su función social, debiendo reunir, sin perjuicio de lo dispuesto en el art. 8, los requisitos de honorabilidad comercial y profesional que determinen las normas de desarrollo de esta ley. A tal efecto se estima que concurre honorabilidad comercial y profesional en quienes hayan venido observando una trayectoria personal de respeto a las leyes mercantiles u otras que regulan la actividad económica y la vida de los negocios, así como las buenas prácticas comerciales y financieras. Y, por el contrario, se entiende que adolecen de dicha honorabilidad quienes, en España o en el extranjero, tengan antecedentes penales por delitos dolosos, estén inhabilitados para ejercer cargos públicos o de administración o dirección de entidades financieras o se encuentren inhabilitados conforme a lo dispuesto en la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal16, mientras no haya concluido el período de inhabilitación fijado en la sentencia de calificación del concurso y los quebrados y concursados no rehabilitados en procedimientos concursales anteriores a la entrada en vigor de la referida ley.

Los componentes de los órganos de gobierno han de ejercer sus funciones en beneficio exclusivo de los intereses de la caja a que pertenezcan y del cumplimiento de su función social, debiendo reunir, sin perjuicio de lo dispuesto en el art. 8, los requisitos de honorabilidad comercial y profesional que determinen las normas de desarrollo de esta ley. A tal efecto se estima que concurre honorabilidad comercial y profesional en quienes hayan venido observando una trayectoria personal de respeto a las leyes mercantiles u otras que regulan la actividad económica y la vida de los negocios, así como las buenas prácticas comerciales y financieras. Y, por el contrario, se entiende que adolecen de dicha honorabilidad quienes, en España o en el extranjero, tengan antecedentes penales por delitos dolosos, estén inhabilitados para ejercer cargos públicos o de administración o dirección de entidades financieras o se encuentren inhabilitados conforme a lo dispuesto en la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal16, mientras no haya concluido el período de inhabilitación fijado en la sentencia de calificación del concurso y los quebrados y concursados no rehabilitados en procedimientos concursales anteriores a la entrada en vigor de la referida ley.

El ejercicio del cargo de miembro de los órganos de gobierno de una caja es incompatible con el de todo cargo político electo, así como con el de alto cargo de la Administración General del Estado, la Administración de las Comunidades Autónomas y la Administración Local, de las Entidades del Sector Público, de Derecho Público o Privado, vinculadas o dependientes de aquéllas. Dicha incompatibilidad se extiende durante los dos años siguientes a la fecha del cese de los altos cargos anteriormente indicados, siempre y cuando se den cualquiera de los siguientes supuestos de hecho: que los altos cargos, sus superiores a propuesta de ellos o los titulares de sus órganos dependientes, por delegación o sustitución, hubieran dictado resoluciones en relación con cajas de ahorro; y que hubieran intervenido en sesiones de órganos colegiados en las que se hubiera adoptado algún acuerdo o resolución en relación con cajas de ahorro.

El ejercicio del cargo de miembro de los órganos de gobierno de una caja es incompatible con el de todo cargo político electo, así como con el de alto cargo de la Administración General del Estado, la Administración de las Comunidades Autónomas y la Administración Local, de las Entidades del Sector Público, de Derecho Público o Privado, vinculadas o dependientes de aquéllas. Dicha incompatibilidad se extiende durante los dos años siguientes a la fecha del cese de los altos cargos anteriormente indicados, siempre y cuando se den cualquiera de los siguientes supuestos de hecho: que los altos cargos, sus superiores a propuesta de ellos o los titulares de sus órganos dependientes, por delegación o sustitución, hubieran dictado resoluciones en relación con cajas de ahorro; y que hubieran intervenido en sesiones de órganos colegiados en las que se hubiera adoptado algún acuerdo o resolución en relación con cajas de ahorro.

A tal efecto habrá de designar la caja a sus representantes en el Consejo de Administración de la entidad bancaria a través de la cual realice su actividad teniendo en cuenta la representación de los grupos en dicho Consejo de Administración. 16 Como es sabido la citada Ley fue objeto de modificación por la Ley 38/2011, de 10 de octubre.

A tal efecto habrá de designar la caja a sus representantes en el Consejo de Administración de la entidad bancaria a través de la cual realice su actividad teniendo en cuenta la representación de los grupos en dicho Consejo de Administración. 16 Como es sabido la citada Ley fue objeto de modificación por la Ley 38/2011, de 10 de octubre.

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En segundo término, se establecieron las especificidades necesarias para ajustar los órganos de gobierno y los mecanismos de representación de intereses a aquellos casos en los que las cajas desarrollen su actividad de manera indirecta a través de una entidad bancaria, previéndose expresamente que la caja designe a sus representantes en el Consejo de Administración de la entidad bancaria, valorando a esos efectos la representación de los diferentes grupos en su propio Consejo.

En segundo término, se establecieron las especificidades necesarias para ajustar los órganos de gobierno y los mecanismos de representación de intereses a aquellos casos en los que las cajas desarrollen su actividad de manera indirecta a través de una entidad bancaria, previéndose expresamente que la caja designe a sus representantes en el Consejo de Administración de la entidad bancaria, valorando a esos efectos la representación de los diferentes grupos en su propio Consejo.

La representación de los intereses colectivos en la Asamblea General se ha de llevar a efecto mediante la participación de los grupos siguientes: las Corporaciones Municipales en cuyo término tengan abierta oficina la entidad; los impositores de la caja; las personas o entidades fundadoras de la caja, facultadas para asignar una parte de su representación a Corporaciones Locales que, a su vez, no sean fundadoras de otras cajas de ahorro en su ámbito de actuación; los empleados de la caja; y las entidades representativas de intereses colectivos en el ámbito de actuación de una Caja o de reconocido arraigo en el mismo17.

La representación de los intereses colectivos en la Asamblea General se ha de llevar a efecto mediante la participación de los grupos siguientes: las Corporaciones Municipales en cuyo término tengan abierta oficina la entidad; los impositores de la caja; las personas o entidades fundadoras de la caja, facultadas para asignar una parte de su representación a Corporaciones Locales que, a su vez, no sean fundadoras de otras cajas de ahorro en su ámbito de actuación; los empleados de la caja; y las entidades representativas de intereses colectivos en el ámbito de actuación de una Caja o de reconocido arraigo en el mismo17.

El número de miembros de la Asamblea General ha de ser fijado por los estatutos de cada caja en función de su dimensión económica entre un mínimo de 60 y un máximo de 16018. Y, sin perjuicio de la representación atribuida a los cuotapartícipes, los demás miembros de la Asamblea general ostentan la denominación de Consejeros generales. Asimismo se reforzó el concepto de honorabilidad comercial y profesional, excluyendo expresamente de tal condición, entre otros, a aquellos que tuvieran antecedentes penales por delito doloso o que estuvieran inhabilitados para ejercer cargos públicos o de dirección de entidades financieras. Y se afirmó la incompatibilidad del ejercicio del cargo de miembro del órgano de gobierno de una caja con el de todo cargo político-electo y con el de alto cargo de las

El número de miembros de la Asamblea General ha de ser fijado por los estatutos de cada caja en función de su dimensión económica entre un mínimo de 60 y un máximo de 16018. Y, sin perjuicio de la representación atribuida a los cuotapartícipes, los demás miembros de la Asamblea general ostentan la denominación de Consejeros generales. Asimismo se reforzó el concepto de honorabilidad comercial y profesional, excluyendo expresamente de tal condición, entre otros, a aquellos que tuvieran antecedentes penales por delito doloso o que estuvieran inhabilitados para ejercer cargos públicos o de dirección de entidades financieras. Y se afirmó la incompatibilidad del ejercicio del cargo de miembro del órgano de gobierno de una caja con el de todo cargo político-electo y con el de alto cargo de las

En su caso, la participación de las Comunidades Autónomas se llevará a cabo a través de miembros designados por la Asamblea autonómica que posean reconocido prestigio y profesionalidad. 18 Ha de precisarse ya de entrada que, de conformidad con lo establecido en la Disposición Transitoria Tercera del RDLey 11/2010, relativa a la adaptación de los Estatutos de las cajas de ahorro, en el plazo máximo de tres meses a contar desde la publicación del desarrollo legislativo por las Comunidades Autónomas de las normas básicas del citado Real Decreto-Ley, y, en todo caso dentro del término de los ocho meses desde la publicación del mismo, las cajas debían proceder a la adaptación de sus Estatutos y Reglamentos a las disposiciones que en la misma se contienen, elevándolos al Ministerio de Economía y Hacienda o a la Comunidad Autónoma respectiva para su aprobación en el plazo de un mes.

En su caso, la participación de las Comunidades Autónomas se llevará a cabo a través de miembros designados por la Asamblea autonómica que posean reconocido prestigio y profesionalidad. 18 Ha de precisarse ya de entrada que, de conformidad con lo establecido en la Disposición Transitoria Tercera del RDLey 11/2010, relativa a la adaptación de los Estatutos de las cajas de ahorro, en el plazo máximo de tres meses a contar desde la publicación del desarrollo legislativo por las Comunidades Autónomas de las normas básicas del citado Real Decreto-Ley, y, en todo caso dentro del término de los ocho meses desde la publicación del mismo, las cajas debían proceder a la adaptación de sus Estatutos y Reglamentos a las disposiciones que en la misma se contienen, elevándolos al Ministerio de Economía y Hacienda o a la Comunidad Autónoma respectiva para su aprobación en el plazo de un mes.

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Administraciones Públicas. Con estos preceptos se pretendió dotar a los miembros de los órganos de gobierno del máximo nivel de profesionalización y dedicación a los intereses de la caja.

Administraciones Públicas. Con estos preceptos se pretendió dotar a los miembros de los órganos de gobierno del máximo nivel de profesionalización y dedicación a los intereses de la caja.

No pueden ostentar el cargo de compromisario o Consejero General, en primer lugar, los quebrados y los concursados no rehabilitados, los condenados a penas que lleven anejas la inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos y los que hubieran sido sancionados por infracciones graves, debiendo calificarse como tales aquellas que el ordenamiento jurídico las confiera expresamente tal carácter y que hayan sido apreciadas por los tribunales y organismos administrativos competentes.

No pueden ostentar el cargo de compromisario o Consejero General, en primer lugar, los quebrados y los concursados no rehabilitados, los condenados a penas que lleven anejas la inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos y los que hubieran sido sancionados por infracciones graves, debiendo calificarse como tales aquellas que el ordenamiento jurídico las confiera expresamente tal carácter y que hayan sido apreciadas por los tribunales y organismos administrativos competentes.

En segundo término, no pueden asumir el cargo de compromisario o Consejero General los Presidentes, Consejeros, administradores, directores, gerentes, asesores o asimilados de otra entidad de crédito o de Corporaciones o entidades que propugnen, sostengan o garanticen instituciones o establecimientos de crédito o financieros, así como las personas al servicio de la Administración del Estado o las Comunidades Autónomas con funciones a su cargo que se relacionen directamente con las actividades propias de las cajas de ahorro, a excepción de quienes ostenten cargos en otras entidades de crédito en representación de la caja o promovidos por ella.

En segundo término, no pueden asumir el cargo de compromisario o Consejero General los Presidentes, Consejeros, administradores, directores, gerentes, asesores o asimilados de otra entidad de crédito o de Corporaciones o entidades que propugnen, sostengan o garanticen instituciones o establecimientos de crédito o financieros, así como las personas al servicio de la Administración del Estado o las Comunidades Autónomas con funciones a su cargo que se relacionen directamente con las actividades propias de las cajas de ahorro, a excepción de quienes ostenten cargos en otras entidades de crédito en representación de la caja o promovidos por ella.

Tampoco pueden ostentar el cargo de compromisario o Consejero General quienes se hallen ligados a la caja o a la sociedad en cuyo capital participen aquellos en la forma en que se determine en las normas de desarrollo de la Ley por contratos de obras, servicios, suministros o trabajos retribuidos por el período en el que ostenten tal condición y dos años después, como mínimo, contados a partir del cese de tal relación, salvo la relación laboral de los empleados de la caja. E idéntico criterio habrá de observarse en relación con aquellos sujetos que, por sí mismos o en representación de otras personas o entidades, mantengan en el momento de ser elegidos los cargos, deudas vencidas y exigibles de cualquier clase frente a la entidad, así como con aquellos otros que durante el ejercicio del cargo de consejero hubieran incurrido en el cumplimiento de las obligaciones contraídas con la caja con motivo de créditos o préstamos o por impago de deudas de cualquier clase frente a la entidad.

Tampoco pueden ostentar el cargo de compromisario o Consejero General quienes se hallen ligados a la caja o a la sociedad en cuyo capital participen aquellos en la forma en que se determine en las normas de desarrollo de la Ley por contratos de obras, servicios, suministros o trabajos retribuidos por el período en el que ostenten tal condición y dos años después, como mínimo, contados a partir del cese de tal relación, salvo la relación laboral de los empleados de la caja. E idéntico criterio habrá de observarse en relación con aquellos sujetos que, por sí mismos o en representación de otras personas o entidades, mantengan en el momento de ser elegidos los cargos, deudas vencidas y exigibles de cualquier clase frente a la entidad, así como con aquellos otros que durante el ejercicio del cargo de consejero hubieran incurrido en el cumplimiento de las obligaciones contraídas con la caja con motivo de créditos o préstamos o por impago de deudas de cualquier clase frente a la entidad.

Por su parte el apartado Dos de este art. 3 del Real Decreto-Ley 11/2010 previó, de una parte, la limitación de la representación de las Administracio-

Por su parte el apartado Dos de este art. 3 del Real Decreto-Ley 11/2010 previó, de una parte, la limitación de la representación de las Administracio-

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nes Públicas al 40% (desde el 50% anterior); y, de otra, reguló el requisito relativo a que la posible participación de las Comunidades Autónomas en los órganos de gobierno se lleve a cabo a través de miembros designados exclusivamente por su Cámara legislativa y que, al tiempo, gocen de reconocido prestigio y profesionalidad.

nes Públicas al 40% (desde el 50% anterior); y, de otra, reguló el requisito relativo a que la posible participación de las Comunidades Autónomas en los órganos de gobierno se lleve a cabo a través de miembros designados exclusivamente por su Cámara legislativa y que, al tiempo, gocen de reconocido prestigio y profesionalidad.

De este modo la representación de las Administraciones Públicas y de las entidades y Corporaciones de Derecho Público en los órganos de gobierno de las cajas no podrá superar en su conjunto el 40% del total de los derechos de voto en cada uno de tales órganos, teniendo que estar representadas todas las entidades y corporaciones. A los efectos de su representación en los órganos rectores de las cajas de ahorro, el porcentaje de representación asignado al grupo de impositores pasó a oscilar entre un mínimo del 25% y un máximo del 50% del total de los derechos de voto en cada uno de los órganos de gobierno. Por lo que respecta al porcentaje de representación del grupo de empleados, quedó fijado entre un mínimo de un 5% y un máximo de un 15% de los derechos de voto en cada órgano. Y, en cuanto al porcentaje de representación de las entidades representativas de intereses colectivos, pasó a ser, como máximo, del 10% de los derechos de voto en cada órgano.

De este modo la representación de las Administraciones Públicas y de las entidades y Corporaciones de Derecho Público en los órganos de gobierno de las cajas no podrá superar en su conjunto el 40% del total de los derechos de voto en cada uno de tales órganos, teniendo que estar representadas todas las entidades y corporaciones. A los efectos de su representación en los órganos rectores de las cajas de ahorro, el porcentaje de representación asignado al grupo de impositores pasó a oscilar entre un mínimo del 25% y un máximo del 50% del total de los derechos de voto en cada uno de los órganos de gobierno. Por lo que respecta al porcentaje de representación del grupo de empleados, quedó fijado entre un mínimo de un 5% y un máximo de un 15% de los derechos de voto en cada órgano. Y, en cuanto al porcentaje de representación de las entidades representativas de intereses colectivos, pasó a ser, como máximo, del 10% de los derechos de voto en cada órgano.

Por otra parte, en el supuesto de que las cajas de ahorro tuviesen abiertas oficinas en más de una Comunidad Autónoma, la representación en la Asamblea General de los distintos grupos, con excepción de los que, en su caso, representen a las Comunidades Autónomas y los previstos en el apartado 1 c) y d) del art. 2. Tres de la Ley, habría de ser, en observancia del principio de igualdad, proporcional a la cifra de depósitos entre las diferentes Comunidades Autónomas en que tengan abiertas oficinas, dentro del porcentaje atribuido a cada uno de ellos. El límite de representación de las Administraciones Públicas, así como los porcentajes de representación por grupos previstos al efecto, han de cumplirse respecto de los derechos de voto resultantes, una vez deducidos del total los que hayan correspondido, en su caso, a los cuotapartícipes.

Por otra parte, en el supuesto de que las cajas de ahorro tuviesen abiertas oficinas en más de una Comunidad Autónoma, la representación en la Asamblea General de los distintos grupos, con excepción de los que, en su caso, representen a las Comunidades Autónomas y los previstos en el apartado 1 c) y d) del art. 2. Tres de la Ley, habría de ser, en observancia del principio de igualdad, proporcional a la cifra de depósitos entre las diferentes Comunidades Autónomas en que tengan abiertas oficinas, dentro del porcentaje atribuido a cada uno de ellos. El límite de representación de las Administraciones Públicas, así como los porcentajes de representación por grupos previstos al efecto, han de cumplirse respecto de los derechos de voto resultantes, una vez deducidos del total los que hayan correspondido, en su caso, a los cuotapartícipes.

Igualmente fueron objeto de clarificación los requisitos exigibles para los Consejeros Generales elegidos en representación del grupo de los impositores. Y se habilitó para que los cargos en otras entidades de crédito que ejerzan tales cargos en representación de la caja pudieran ser nombrados Consejeros Generales. Esta previsión trae su causa de la necesidad de per-

Igualmente fueron objeto de clarificación los requisitos exigibles para los Consejeros Generales elegidos en representación del grupo de los impositores. Y se habilitó para que los cargos en otras entidades de crédito que ejerzan tales cargos en representación de la caja pudieran ser nombrados Consejeros Generales. Esta previsión trae su causa de la necesidad de per-

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mitir la compatibilidad de cargos ante supuestos en los que la caja opere de manera indirecta a través de un banco, o bien esté integrada en un sistema institucional de protección.

mitir la compatibilidad de cargos ante supuestos en los que la caja opere de manera indirecta a través de un banco, o bien esté integrada en un sistema institucional de protección.

Ha de presidir la Asamblea General el Presidente del Consejo de Administración, actuando de de Vicepresidente o Vicepresidentes, en su caso, quienes lo sean del Consejo, cuyo Secretario ejercerá las correspondientes funciones también en ambos órganos. En ausencia del Presidente y Vicepresidentes, la Asamblea habría de nombrar a uno de sus miembros Presidente en funciones para dirigir la sesión de que se trate.

Ha de presidir la Asamblea General el Presidente del Consejo de Administración, actuando de de Vicepresidente o Vicepresidentes, en su caso, quienes lo sean del Consejo, cuyo Secretario ejercerá las correspondientes funciones también en ambos órganos. En ausencia del Presidente y Vicepresidentes, la Asamblea habría de nombrar a uno de sus miembros Presidente en funciones para dirigir la sesión de que se trate.

A través del apartado Seis de este art. 3 del Real Decreto-Ley 11/2010 se clarificó cómo se hace posteriormente para los vocales del Consejo, el concepto de renovación total de la Asamblea ampliándolo a aquellos supuestos en que, bajo la apariencia de renovaciones parciales, se articule una renovación de tal magnitud que deba asimilarse a la total. En este sentido se clarificó un precepto que había suscitado cierta conflictividad constitucional. Al amparo de la redacción otorgada quedó claro que los Consejeros Generales debían ser nombrados por un período que sería el señalado en los Estatutos, sin que pudiera resultar inferior a cuatro años ni superior a seis. No obstante dichos Estatutos, de conformidad con lo dispuesto en la normativa de desarrollo de la Ley, podrán prever la posibilidad de reelección por otro período igual, si continuasen cumpliendo los requisitos establecidos en el art. 7 y de acuerdo con lo señalado en el apartado Tres del citado precepto.

A través del apartado Seis de este art. 3 del Real Decreto-Ley 11/2010 se clarificó cómo se hace posteriormente para los vocales del Consejo, el concepto de renovación total de la Asamblea ampliándolo a aquellos supuestos en que, bajo la apariencia de renovaciones parciales, se articule una renovación de tal magnitud que deba asimilarse a la total. En este sentido se clarificó un precepto que había suscitado cierta conflictividad constitucional. Al amparo de la redacción otorgada quedó claro que los Consejeros Generales debían ser nombrados por un período que sería el señalado en los Estatutos, sin que pudiera resultar inferior a cuatro años ni superior a seis. No obstante dichos Estatutos, de conformidad con lo dispuesto en la normativa de desarrollo de la Ley, podrán prever la posibilidad de reelección por otro período igual, si continuasen cumpliendo los requisitos establecidos en el art. 7 y de acuerdo con lo señalado en el apartado Tres del citado precepto.

El cómputo del período de reelección ha de ser aplicado aun cuando entre el cese y el nuevo nombramiento hubiesen transcurrido varios años, no pudiendo superar la duración del mandato los doce años, sea cual sea la representación que ostente. Una vez cumplido el mandato de doce años de forma continuada o interrumpida, y transcurridos ocho años a contar desde dicha fecha, podrá volver a ser elegido en las condiciones establecidas en la Ley.

El cómputo del período de reelección ha de ser aplicado aun cuando entre el cese y el nuevo nombramiento hubiesen transcurrido varios años, no pudiendo superar la duración del mandato los doce años, sea cual sea la representación que ostente. Una vez cumplido el mandato de doce años de forma continuada o interrumpida, y transcurridos ocho años a contar desde dicha fecha, podrá volver a ser elegido en las condiciones establecidas en la Ley.

De cara a este cómputo total del mandato de los miembros de los órganos de gobierno de las cajas de ahorro ha de tenerse en cuenta que, en el supuesto de que se hubiese ostentado el cargo con anterioridad a la entrada en vigor del Real Decreto-Ley y resultara nuevamente elegido en la misma entidad, el cómputo total de su mandato no podría superar en ningún caso los doce años, teniéndose en cuenta el tiempo que hubiese desempeñado

De cara a este cómputo total del mandato de los miembros de los órganos de gobierno de las cajas de ahorro ha de tenerse en cuenta que, en el supuesto de que se hubiese ostentado el cargo con anterioridad a la entrada en vigor del Real Decreto-Ley y resultara nuevamente elegido en la misma entidad, el cómputo total de su mandato no podría superar en ningún caso los doce años, teniéndose en cuenta el tiempo que hubiese desempeñado

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el cargo con anterioridad. Y, en el hipotético caso de que fuese elegido en una entidad resultante de un proceso de fusión quien hubiese ostentado el cargo con anterioridad a la entrada en vigor del Real Decreto-Ley en una de las entidades fusionadas, podría superar el límite de doce años computado conforme a lo anteriormente indicado hasta el cumplimiento de su primer mandato en la entidad fusionada19.

el cargo con anterioridad. Y, en el hipotético caso de que fuese elegido en una entidad resultante de un proceso de fusión quien hubiese ostentado el cargo con anterioridad a la entrada en vigor del Real Decreto-Ley en una de las entidades fusionadas, podría superar el límite de doce años computado conforme a lo anteriormente indicado hasta el cumplimiento de su primer mandato en la entidad fusionada19.

En todo caso a los miembros de los órganos de gobierno que inicien mandato en las entidades fusionadas se les ha de aplicar lo previsto en el apartado tres del art. 3 del Real Decreto-Ley. La renovación de los Consejeros generales no podrá suponer una renovación total o una renovación parcial que pueda asimilarse a la total dado el porcentaje renovado o la proximidad temporal entre renovaciones, debiendo efectuarse respetando la proporcionalidad de las representaciones que integran la Asamblea general. Y, tanto el procedimiento y las condiciones para la renovación como la reelección y la provisión de vacantes de Consejeros generales, habrá de determinarse en las normas que desarrollen la Ley.

En todo caso a los miembros de los órganos de gobierno que inicien mandato en las entidades fusionadas se les ha de aplicar lo previsto en el apartado tres del art. 3 del Real Decreto-Ley. La renovación de los Consejeros generales no podrá suponer una renovación total o una renovación parcial que pueda asimilarse a la total dado el porcentaje renovado o la proximidad temporal entre renovaciones, debiendo efectuarse respetando la proporcionalidad de las representaciones que integran la Asamblea general. Y, tanto el procedimiento y las condiciones para la renovación como la reelección y la provisión de vacantes de Consejeros generales, habrá de determinarse en las normas que desarrollen la Ley.

Estos Consejeros generales representantes de Corporaciones Municipales en cuyo término tenga abierta oficina la entidad serán designados directamente por las propias Corporaciones, de acuerdo con lo previsto en su normativa reguladora, no pudiendo aquellas Corporaciones Locales que sean fundadoras de cajas de ahorro que operen total o parcialmente en el

Estos Consejeros generales representantes de Corporaciones Municipales en cuyo término tenga abierta oficina la entidad serán designados directamente por las propias Corporaciones, de acuerdo con lo previsto en su normativa reguladora, no pudiendo aquellas Corporaciones Locales que sean fundadoras de cajas de ahorro que operen total o parcialmente en el

Tal y como se precisa en la Disp. Transit. Séptima del Real Decreto-Ley 11/2010, en su actual redacción otorgada por la Ley 36/2010, de 22 de octubre, del Fondo para la Promoción del Desarrollo, y relativa al cómputo total del mandato en determinados supuestos, “Para el cómputo total de mandatos de los miembros de los órganos de gobierno de las cajas de ahorros se tendrán en cuenta las siguientes normas: a) Si se hubiese ostentado el cargo con anterioridad a la entrada en vigor de este Real Decreto-ley y resultara nuevamente elegido en la misma entidad, el cómputo total de su mandato no podrá superar en ningún caso los doce años, teniéndose en cuenta el tiempo que haya desempeñado el cargo con anterioridad. Sin perjuicio de lo anterior, en caso de Cajas de Ahorros que acuerden su integración con otras entidades o el ejercicio indirecto de su actividad financiera en cuanto a los cargos en vigor a la entrada en vigor de este Real Decreto-ley, podrá superarse el límite de doce años hasta el cumplimiento del mandato en curso en la entidad de que se trate. b) Si resultara elegido en una entidad resultante de un proceso de fusión quien hubiese ostentado el cargo con anterioridad a la entrada en vigor de este Real Decreto-ley en una de las entidades fusionadas, podrá superar el límite de doce años computado conforme a la letra anterior hasta el cumplimiento de su primer mandato en la entidad fusionada. En todo caso, a los miembros de los órganos de gobierno que inicien mandato en las entidades fusionadas, se les aplicará lo previsto en el apartado tres del artículo 1 de la Ley 31/1985, de 2 de agosto”.

Tal y como se precisa en la Disp. Transit. Séptima del Real Decreto-Ley 11/2010, en su actual redacción otorgada por la Ley 36/2010, de 22 de octubre, del Fondo para la Promoción del Desarrollo, y relativa al cómputo total del mandato en determinados supuestos, “Para el cómputo total de mandatos de los miembros de los órganos de gobierno de las cajas de ahorros se tendrán en cuenta las siguientes normas: a) Si se hubiese ostentado el cargo con anterioridad a la entrada en vigor de este Real Decreto-ley y resultara nuevamente elegido en la misma entidad, el cómputo total de su mandato no podrá superar en ningún caso los doce años, teniéndose en cuenta el tiempo que haya desempeñado el cargo con anterioridad. Sin perjuicio de lo anterior, en caso de Cajas de Ahorros que acuerden su integración con otras entidades o el ejercicio indirecto de su actividad financiera en cuanto a los cargos en vigor a la entrada en vigor de este Real Decreto-ley, podrá superarse el límite de doce años hasta el cumplimiento del mandato en curso en la entidad de que se trate. b) Si resultara elegido en una entidad resultante de un proceso de fusión quien hubiese ostentado el cargo con anterioridad a la entrada en vigor de este Real Decreto-ley en una de las entidades fusionadas, podrá superar el límite de doce años computado conforme a la letra anterior hasta el cumplimiento de su primer mandato en la entidad fusionada. En todo caso, a los miembros de los órganos de gobierno que inicien mandato en las entidades fusionadas, se les aplicará lo previsto en el apartado tres del artículo 1 de la Ley 31/1985, de 2 de agosto”.

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mismo ámbito de actuación que otra caja nombrar representantes en esta última.

mismo ámbito de actuación que otra caja nombrar representantes en esta última.

Los Consejeros generales deben reunir, además, los siguientes requisitos: ser persona física, con residencia habitual en la región o zona de actividad de la caja; ser mayor de edad y no estar incapacitado; hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones que hubieran contraído con la caja por sí mismos o en representación de otras personas o entidades; y no estar incurso en las incompatibilidades reguladas en el art. 8 de la Ley. Adicionalmente, en el supuesto de que resultasen elegidos en representación del grupo de los impositores, los Consejeros habrían de tener la condición de impositor de la caja a que se refiera la designación con una antigüedad superior a dos años en el momento de la elección, así como un movimiento o un saldo medio en cuentas no inferior a lo que se determine en las normas que desarrollen la Ley.

Los Consejeros generales deben reunir, además, los siguientes requisitos: ser persona física, con residencia habitual en la región o zona de actividad de la caja; ser mayor de edad y no estar incapacitado; hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones que hubieran contraído con la caja por sí mismos o en representación de otras personas o entidades; y no estar incurso en las incompatibilidades reguladas en el art. 8 de la Ley. Adicionalmente, en el supuesto de que resultasen elegidos en representación del grupo de los impositores, los Consejeros habrían de tener la condición de impositor de la caja a que se refiera la designación con una antigüedad superior a dos años en el momento de la elección, así como un movimiento o un saldo medio en cuentas no inferior a lo que se determine en las normas que desarrollen la Ley.

Los apartados Siete y Ocho del citado art. 3 del Real Decreto-Ley 11/2010 incluyeron entre las funciones de la Asamblea General que, por su especial trascendencia, requieren un quórum y una mayoría reforzados los supuestos de integración de cajas, su transformación en una fundación de carácter especial y la decisión de desarrollar su actividad de manera indirecta.

Los apartados Siete y Ocho del citado art. 3 del Real Decreto-Ley 11/2010 incluyeron entre las funciones de la Asamblea General que, por su especial trascendencia, requieren un quórum y una mayoría reforzados los supuestos de integración de cajas, su transformación en una fundación de carácter especial y la decisión de desarrollar su actividad de manera indirecta.

Concretamente, y sin perjuicio de las facultades generales de gobierno, competen de forma especial a la citada Asamblea General las siguientes funciones: el nombramiento de los vocales del Consejo de Administración y de los miembros de la Comisión de Control de su competencia, así como la adopción de los acuerdos de separación del cargo que correspondan de conformidad con lo establecido en el art. 18 de la Ley; la aprobación y modificación de los Estatutos y Reglamento; la disolución y liquidación de la entidad, su fusión o integración con otras, su transformación en una fundación de carácter especial y la decisión de desarrollar su actividad de manera indirecta conforme a lo previsto en el Real Decreto-Ley 11/2010, de 9 de julio, de órganos de gobierno y otros aspectos del régimen jurídico de las cajas de ahorro; la definición anual de las líneas generales del Plan de actuación de la entidad, para que pueda servir de base a la labor del Consejo de administración y de la Comisión de control; la aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración, memoria, balance anual y cuenta de resultados, así como de la aplicación de estos a los fines propios

Concretamente, y sin perjuicio de las facultades generales de gobierno, competen de forma especial a la citada Asamblea General las siguientes funciones: el nombramiento de los vocales del Consejo de Administración y de los miembros de la Comisión de Control de su competencia, así como la adopción de los acuerdos de separación del cargo que correspondan de conformidad con lo establecido en el art. 18 de la Ley; la aprobación y modificación de los Estatutos y Reglamento; la disolución y liquidación de la entidad, su fusión o integración con otras, su transformación en una fundación de carácter especial y la decisión de desarrollar su actividad de manera indirecta conforme a lo previsto en el Real Decreto-Ley 11/2010, de 9 de julio, de órganos de gobierno y otros aspectos del régimen jurídico de las cajas de ahorro; la definición anual de las líneas generales del Plan de actuación de la entidad, para que pueda servir de base a la labor del Consejo de administración y de la Comisión de control; la aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración, memoria, balance anual y cuenta de resultados, así como de la aplicación de estos a los fines propios

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de la caja; la creación y disolución de obras benéfico-sociales, así como la aprobación de sus presupuestos anuales y de la gestión y liquidación de los mismos; y cualesquiera otros asuntos que se sometan a su consideración por los órganos facultados al efecto.

de la caja; la creación y disolución de obras benéfico-sociales, así como la aprobación de sus presupuestos anuales y de la gestión y liquidación de los mismos; y cualesquiera otros asuntos que se sometan a su consideración por los órganos facultados al efecto.

Las Asambleas Generales podrán ser ordinarias o extraordinarias. Tratándose de las primeras, esto es, de las ordinarias, su celebración habrá de tener lugar dos veces al año, dentro de cada semestre natural, respectivamente. Por su parte las Asambleas extraordinarias han de celebrarse tantas veces cuantas sean expresamente convocadas, si bien únicamente podrá tratarse en ellas del objeto para el cual hayan sido reunidas.

Las Asambleas Generales podrán ser ordinarias o extraordinarias. Tratándose de las primeras, esto es, de las ordinarias, su celebración habrá de tener lugar dos veces al año, dentro de cada semestre natural, respectivamente. Por su parte las Asambleas extraordinarias han de celebrarse tantas veces cuantas sean expresamente convocadas, si bien únicamente podrá tratarse en ellas del objeto para el cual hayan sido reunidas.

La convocatoria de la Asamblea General ha de efectuarse por el Consejo de Administración, debiendo publicarse en el Boletín Oficial del Estado y en el de la Comunidad Autónoma donde radique la sede social de la caja, así como en los periódicos de mayor circulación del mismo territorio, con quince días, al menos, de antelación. Dicha convocatoria habrá de expresar la fecha, lugar y orden del día, así como la fecha y hora de reunión en segunda convocatoria. La Asamblea General quedará válidamente constituida en primera convocatoria cuando los Consejeros generales presentes y, en su caso, los cuotapartícipes presentes o representados posean, al menos, el cincuenta por ciento de los derechos de voto. Por su parte la constitución en segunda convocatoria será válida cualquiera que sea el número de asistentes, no pudiendo estar representados los Consejeros generales por otro Consejero o por tercera persona, sea física o jurídica.

La convocatoria de la Asamblea General ha de efectuarse por el Consejo de Administración, debiendo publicarse en el Boletín Oficial del Estado y en el de la Comunidad Autónoma donde radique la sede social de la caja, así como en los periódicos de mayor circulación del mismo territorio, con quince días, al menos, de antelación. Dicha convocatoria habrá de expresar la fecha, lugar y orden del día, así como la fecha y hora de reunión en segunda convocatoria. La Asamblea General quedará válidamente constituida en primera convocatoria cuando los Consejeros generales presentes y, en su caso, los cuotapartícipes presentes o representados posean, al menos, el cincuenta por ciento de los derechos de voto. Por su parte la constitución en segunda convocatoria será válida cualquiera que sea el número de asistentes, no pudiendo estar representados los Consejeros generales por otro Consejero o por tercera persona, sea física o jurídica.

Los acuerdos de la Asamblea General han de adoptarse, como regla general, por mayoría simple. Y la aprobación y modificación de los Estatutos y del Reglamento de la caja, así como la disolución y liquidación de la entidad, su fusión o integración con otras entidades, su transformación en una fundación de carácter especial y la decisión de desarrollar su actividad de manera indirecta conforme a lo previsto en el Real Decreto-Ley 11/2010, de 9 de julio, requerirá en todo caso la asistencia de Consejeros generales y, en su caso, cuotapartícipes, que representen la mayoría de los derechos de voto, siendo necesario además el voto favorable de, como mínimo, dos tercios de los derechos de voto de los asistentes. Cada Consejero general tiene derecho a un voto, otorgándose a quien presida la reunión voto de calidad, y obligando los acuerdos válidamente adoptados a todos los Consejeros generales, incluidos los disidentes y ausentes. El Director General

Los acuerdos de la Asamblea General han de adoptarse, como regla general, por mayoría simple. Y la aprobación y modificación de los Estatutos y del Reglamento de la caja, así como la disolución y liquidación de la entidad, su fusión o integración con otras entidades, su transformación en una fundación de carácter especial y la decisión de desarrollar su actividad de manera indirecta conforme a lo previsto en el Real Decreto-Ley 11/2010, de 9 de julio, requerirá en todo caso la asistencia de Consejeros generales y, en su caso, cuotapartícipes, que representen la mayoría de los derechos de voto, siendo necesario además el voto favorable de, como mínimo, dos tercios de los derechos de voto de los asistentes. Cada Consejero general tiene derecho a un voto, otorgándose a quien presida la reunión voto de calidad, y obligando los acuerdos válidamente adoptados a todos los Consejeros generales, incluidos los disidentes y ausentes. El Director General

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de la entidad se halla facultado para asistir a las Asambleas Generales con voz, pero sin voto.

de la entidad se halla facultado para asistir a las Asambleas Generales con voz, pero sin voto.

Por su parte los apartados Nueve a Doce del citado precepto se destinan a regular un conjunto de modificaciones referidas al Consejo de Administración, justificándose algunas de ellas en la necesidad de incluir entre sus miembros a los representantes de los intereses de los cuotapartícipes que correspondan. Éste es el caso, por ejemplo, del incremento del número de miembros del Consejo hasta un máximo de 20 y del carácter ilimitado del mandato de los citados representantes. Todo ello sin perjuicio del considerable refuerzo llevado a cabo en relación con la profesionalidad de los miembros del Consejo de Administración y de la Comisión de control, exigiéndoseles (en el caso del Consejo a la mayoría de sus miembros) un nivel de conocimientos y experiencia adecuados para las funciones que van a desempañar. Este mismo nivel de cualificación se extiende después al Director General en el apartado dieciocho de este art. 3.

Por su parte los apartados Nueve a Doce del citado precepto se destinan a regular un conjunto de modificaciones referidas al Consejo de Administración, justificándose algunas de ellas en la necesidad de incluir entre sus miembros a los representantes de los intereses de los cuotapartícipes que correspondan. Éste es el caso, por ejemplo, del incremento del número de miembros del Consejo hasta un máximo de 20 y del carácter ilimitado del mandato de los citados representantes. Todo ello sin perjuicio del considerable refuerzo llevado a cabo en relación con la profesionalidad de los miembros del Consejo de Administración y de la Comisión de control, exigiéndoseles (en el caso del Consejo a la mayoría de sus miembros) un nivel de conocimientos y experiencia adecuados para las funciones que van a desempañar. Este mismo nivel de cualificación se extiende después al Director General en el apartado dieciocho de este art. 3.

El Consejo de Administración representa el órgano que tiene encomendada la administración y gestión financiera, así como la de la obra benéfico social de la caja de ahorro para el cumplimiento de sus fines. Dicho Consejo ha de establecer normas de funcionamiento y procedimientos adecuados para facilitar que la totalidad de sus miembros puedan cumplir en todo momento sus obligaciones y asumir las responsabilidades que les correspondan de acuerdo con las normas de ordenación y disciplina de las entidades de crédito y las restantes disposiciones que sean de aplicación a las cajas de ahorro.

El Consejo de Administración representa el órgano que tiene encomendada la administración y gestión financiera, así como la de la obra benéfico social de la caja de ahorro para el cumplimiento de sus fines. Dicho Consejo ha de establecer normas de funcionamiento y procedimientos adecuados para facilitar que la totalidad de sus miembros puedan cumplir en todo momento sus obligaciones y asumir las responsabilidades que les correspondan de acuerdo con las normas de ordenación y disciplina de las entidades de crédito y las restantes disposiciones que sean de aplicación a las cajas de ahorro.

Al amparo de la vigente regulación el número de vocales del Consejo de Administración no podrá ser inferior a trece ni superior a diecisiete, debiendo existir en el mismo representantes de Corporaciones Municipales, impositores, personas o entidades fundadoras y personal de la caja. Y, en el supuesto de que la caja mantuviese cuotas participativas en circulación, los límites anteriores podrán ser rebasados sin que, en ningún caso, y como se ha indicado, el Consejo de Administración pueda tener más de 20 vocales. A efectos de cumplir con este límite la representación de los intereses colectivos en el Consejo habrá de disminuirse proporcionalmente, si fuera necesario, al objeto de respetar la representación de los intereses de los cuotapartícipes. No obstante, de manera transitoria, y mientras se produce la siguiente renovación de los órganos de gobierno, el número de miembros

Al amparo de la vigente regulación el número de vocales del Consejo de Administración no podrá ser inferior a trece ni superior a diecisiete, debiendo existir en el mismo representantes de Corporaciones Municipales, impositores, personas o entidades fundadoras y personal de la caja. Y, en el supuesto de que la caja mantuviese cuotas participativas en circulación, los límites anteriores podrán ser rebasados sin que, en ningún caso, y como se ha indicado, el Consejo de Administración pueda tener más de 20 vocales. A efectos de cumplir con este límite la representación de los intereses colectivos en el Consejo habrá de disminuirse proporcionalmente, si fuera necesario, al objeto de respetar la representación de los intereses de los cuotapartícipes. No obstante, de manera transitoria, y mientras se produce la siguiente renovación de los órganos de gobierno, el número de miembros

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del Consejo de Administración podrá superar hasta en un 10% el límite máximo anteriormente indicado. En el hipotético caso de que se produjese el cese o la revocación de un vocal antes del término de su mandato, dicho vocal habría de ser sustituido durante el período restante por el correspondiente suplente siendo nombrados, por cada grupo de representación, y a estos solos efectos, tantos suplentes como vocales y por igual procedimiento que éstos.

del Consejo de Administración podrá superar hasta en un 10% el límite máximo anteriormente indicado. En el hipotético caso de que se produjese el cese o la revocación de un vocal antes del término de su mandato, dicho vocal habría de ser sustituido durante el período restante por el correspondiente suplente siendo nombrados, por cada grupo de representación, y a estos solos efectos, tantos suplentes como vocales y por igual procedimiento que éstos.

En líneas generales la representación de los intereses colectivos en el Consejo de Administración ha de llevarse a cabo mediante la participación de los mismos grupos y con igual proporción y características que las establecidas para los miembros de la Asamblea general, si bien con determinadas peculiaridades. Por ejemplo, el nombramiento de los Consejeros de Administración representantes de las Corporaciones Municipales que no tengan la condición de Entidad pública fundadora de la caja ha de efectuarse por la Asamblea General a propuesta de los Consejeros generales representantes de estas Corporaciones, pudiendo proponer candidatos un número de Consejeros generales representantes de este grupo no inferior a la décima parte del total del mismo, y pudiendo recaer la designación entre los propios Consejeros generales de representación de Corporaciones Municipales o de terceras personas.

En líneas generales la representación de los intereses colectivos en el Consejo de Administración ha de llevarse a cabo mediante la participación de los mismos grupos y con igual proporción y características que las establecidas para los miembros de la Asamblea general, si bien con determinadas peculiaridades. Por ejemplo, el nombramiento de los Consejeros de Administración representantes de las Corporaciones Municipales que no tengan la condición de Entidad pública fundadora de la caja ha de efectuarse por la Asamblea General a propuesta de los Consejeros generales representantes de estas Corporaciones, pudiendo proponer candidatos un número de Consejeros generales representantes de este grupo no inferior a la décima parte del total del mismo, y pudiendo recaer la designación entre los propios Consejeros generales de representación de Corporaciones Municipales o de terceras personas.

El nombramiento de los miembros representantes de los impositores ha de efectuarse por la Asamblea General y de entre los mismos, si bien se prevé la posibilidad de designar hasta un máximo de dos personas que reúnan los adecuados requisitos de profesionalidad y que no sean Consejeros Generales. Por su parte el nombramiento de los miembros representantes de los empleados de la caja ha de realizarse por la Asamblea General a propuesta de los Consejeros generales de este grupo y de entre los mismos. Y, por lo que respecta al nombramiento de los miembros representantes de las personas o Entidades fundadoras, dicho nombramiento deberá llevarse a cabo por la Asamblea general a propuesta de los Consejeros generales de este grupo de entre los mismos20.

El nombramiento de los miembros representantes de los impositores ha de efectuarse por la Asamblea General y de entre los mismos, si bien se prevé la posibilidad de designar hasta un máximo de dos personas que reúnan los adecuados requisitos de profesionalidad y que no sean Consejeros Generales. Por su parte el nombramiento de los miembros representantes de los empleados de la caja ha de realizarse por la Asamblea General a propuesta de los Consejeros generales de este grupo y de entre los mismos. Y, por lo que respecta al nombramiento de los miembros representantes de las personas o Entidades fundadoras, dicho nombramiento deberá llevarse a cabo por la Asamblea general a propuesta de los Consejeros generales de este grupo de entre los mismos20.

El conjunto de los vocales del Consejo de Administración han de reunir unos requisitos idénticos a los previstos respecto de los Consejeros

El conjunto de los vocales del Consejo de Administración han de reunir unos requisitos idénticos a los previstos respecto de los Consejeros

20 Téngase presente además que, en el supuesto de que la caja mantuviese cuotas participativas en circulación, junto con los intereses anteriores, estarían representados en el Consejo de Administración los intereses de los cuotapartícipes.

20 Téngase presente además que, en el supuesto de que la caja mantuviese cuotas participativas en circulación, junto con los intereses anteriores, estarían representados en el Consejo de Administración los intereses de los cuotapartícipes.

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Generales, debiendo ser en consecuencia menores de setenta años en el momento de la toma de posesión, salvo que la legislación de desarrollo de la Ley establezca un límite de edad distinto. Al menos la mayoría de los vocales del Consejo de Administración deben poseer los conocimientos y experiencia específicos para el ejercicio de sus funciones. Y, a tal efecto, se considera que poseen conocimientos y experiencia específicos para ejercer sus funciones en el Consejo de Administración de una caja quienes hayan desempeñado, durante un plazo no inferior a cinco años, funciones de alta administración, dirección, control o asesoramiento de entidades financieras o funciones de similar responsabilidad en otras entidades públicas o privadas de, al menos, análoga dimensión.

Generales, debiendo ser en consecuencia menores de setenta años en el momento de la toma de posesión, salvo que la legislación de desarrollo de la Ley establezca un límite de edad distinto. Al menos la mayoría de los vocales del Consejo de Administración deben poseer los conocimientos y experiencia específicos para el ejercicio de sus funciones. Y, a tal efecto, se considera que poseen conocimientos y experiencia específicos para ejercer sus funciones en el Consejo de Administración de una caja quienes hayan desempeñado, durante un plazo no inferior a cinco años, funciones de alta administración, dirección, control o asesoramiento de entidades financieras o funciones de similar responsabilidad en otras entidades públicas o privadas de, al menos, análoga dimensión.

La duración del ejercicio del cargo de vocal del Consejo de Administración será la señalada en los Estatutos, sin que pueda resultar inferior a cuatro años ni superior a seis. No obstante los referidos Estatutos podrán prever la posibilidad de reelección, de conformidad con lo dispuesto en la normativa de desarrollo de la Ley, siempre que se cumplan las mismas condiciones, requisitos y trámites que en el nombramiento.

La duración del ejercicio del cargo de vocal del Consejo de Administración será la señalada en los Estatutos, sin que pueda resultar inferior a cuatro años ni superior a seis. No obstante los referidos Estatutos podrán prever la posibilidad de reelección, de conformidad con lo dispuesto en la normativa de desarrollo de la Ley, siempre que se cumplan las mismas condiciones, requisitos y trámites que en el nombramiento.

El cómputo de dicho período de reelección ha de ser aplicado aun cuando entre el cese y el nuevo nombramiento hubiesen transcurrido varios años, no pudiendo superar en ningún caso la duración del mandato los doce años, salvo respecto de los vocales designados por titulares de cuotas participativas, para los que no se fija límite máximo. Así, una vez cumplido el referido mandato de doce años de forma continuada o interrumpida, y transcurridos ocho años a contar desde dicha fecha, podría volver a ser elegido en las condiciones establecidas en la Ley. Por su parte la renovación de los vocales del Consejo de Administración no puede llegar a suponer una renovación total del Consejo o una renovación parcial que pueda asimilarse a la total dado el porcentaje renovado o la proximidad temporal entre renovaciones. En todo caso habrá de respetarse la proporcionalidad de las representaciones que componen dicho Consejo21.

El cómputo de dicho período de reelección ha de ser aplicado aun cuando entre el cese y el nuevo nombramiento hubiesen transcurrido varios años, no pudiendo superar en ningún caso la duración del mandato los doce años, salvo respecto de los vocales designados por titulares de cuotas participativas, para los que no se fija límite máximo. Así, una vez cumplido el referido mandato de doce años de forma continuada o interrumpida, y transcurridos ocho años a contar desde dicha fecha, podría volver a ser elegido en las condiciones establecidas en la Ley. Por su parte la renovación de los vocales del Consejo de Administración no puede llegar a suponer una renovación total del Consejo o una renovación parcial que pueda asimilarse a la total dado el porcentaje renovado o la proximidad temporal entre renovaciones. En todo caso habrá de respetarse la proporcionalidad de las representaciones que componen dicho Consejo21.

Este procedimiento así como las condiciones para la renovación, la reelección y la provisión de vacantes de Consejeros de administración habrá de determinarse en las normas que desarrollen la Ley, sin que puedan efectuarse nombramientos provisionales. Y, en todo caso, el nombramiento y la reelección de vocales debe comunicarse al Ministerio de Economía y Hacienda a través del Banco de España, o bien a la Comunidad Autónoma, según proceda, para su conocimiento y constancia.

Este procedimiento así como las condiciones para la renovación, la reelección y la provisión de vacantes de Consejeros de administración habrá de determinarse en las normas que desarrollen la Ley, sin que puedan efectuarse nombramientos provisionales. Y, en todo caso, el nombramiento y la reelección de vocales debe comunicarse al Ministerio de Economía y Hacienda a través del Banco de España, o bien a la Comunidad Autónoma, según proceda, para su conocimiento y constancia.

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A través de los apartados Catorce y siguientes del referido precepto se incrementaron las exigencias de los miembros de la Comisión de Control. Como principal novedad se suprimió el representante elegido por la Comunidad Autónoma de modo que, en coherencia con otras medidas similares de la norma, se redujeron posibles fuentes de injerencia directa en la gestión y gobierno de las cajas.

A través de los apartados Catorce y siguientes del referido precepto se incrementaron las exigencias de los miembros de la Comisión de Control. Como principal novedad se suprimió el representante elegido por la Comunidad Autónoma de modo que, en coherencia con otras medidas similares de la norma, se redujeron posibles fuentes de injerencia directa en la gestión y gobierno de las cajas.

Tal y como se señala en el art. 22 de la Ley en su actual redacción, los miembros de la Comisión de Control han de ser elegidos por la Asamblea General de entre aquellos Consejeros generales que, reuniendo los conocimientos y experiencia adecuados a los que se refiere el art. 15.2, no ostenten la condición de vocales del Consejo de Administración. En dicha Comisión de Control han de existir representantes de los mismos grupos o sectores que compongan el Consejo de Administración, en idéntica proporción. En el supuesto de que la caja mantuviese cuotas participativas en circulación, en la Comisión de Control habrían de existir representantes de los cuotapartícipes, en idéntica proporción que en la Asamblea General22. Y, produciéndose el cese o la revocación de un vocal antes del término de su mandato, dicho vocal habría de ser sustituido durante el período remanente por su correspondiente suplente. En todo caso por cada grupo de representación y, a los solos efectos de lo anteriormente indicado, deben nombrarse tantos suplentes como vocales y por igual procedimiento que estos.

Tal y como se señala en el art. 22 de la Ley en su actual redacción, los miembros de la Comisión de Control han de ser elegidos por la Asamblea General de entre aquellos Consejeros generales que, reuniendo los conocimientos y experiencia adecuados a los que se refiere el art. 15.2, no ostenten la condición de vocales del Consejo de Administración. En dicha Comisión de Control han de existir representantes de los mismos grupos o sectores que compongan el Consejo de Administración, en idéntica proporción. En el supuesto de que la caja mantuviese cuotas participativas en circulación, en la Comisión de Control habrían de existir representantes de los cuotapartícipes, en idéntica proporción que en la Asamblea General22. Y, produciéndose el cese o la revocación de un vocal antes del término de su mandato, dicho vocal habría de ser sustituido durante el período remanente por su correspondiente suplente. En todo caso por cada grupo de representación y, a los solos efectos de lo anteriormente indicado, deben nombrarse tantos suplentes como vocales y por igual procedimiento que estos.

El Presidente habrá de ser nombrado por la Comisión de control entre sus miembros, teniendo presente a tal efecto que, siempre que aquélla lo requiera, el Director general asistirá a las reuniones con voz y sin voto. Por su parte, y al amparo de lo dispuesto por el art. 23 de la Ley, los comisionados han de reunir los mismos requisitos y presentar las mismas incompatibilidades y limitaciones que los vocales del Consejo de Administración23.

El Presidente habrá de ser nombrado por la Comisión de control entre sus miembros, teniendo presente a tal efecto que, siempre que aquélla lo requiera, el Director general asistirá a las reuniones con voz y sin voto. Por su parte, y al amparo de lo dispuesto por el art. 23 de la Ley, los comisionados han de reunir los mismos requisitos y presentar las mismas incompatibilidades y limitaciones que los vocales del Consejo de Administración23.

Por lo que respecta al apartado Dieciocho de este art. 3, a través del mismo se incorporó un nuevo Capítulo IV a la Ley 31/1985, al objeto de reconocer y dotar de la máxima seguridad jurídica a los derechos de repre-

Por lo que respecta al apartado Dieciocho de este art. 3, a través del mismo se incorporó un nuevo Capítulo IV a la Ley 31/1985, al objeto de reconocer y dotar de la máxima seguridad jurídica a los derechos de repre-

A este respecto la presentación de candidaturas se ha de realizar conforme a lo dispuesto para los vocales del Consejo de Administración. 23 Téngase presente, además, que el ejercicio de las funciones de los miembros de los Órganos de Gobierno de las cajas de ahorro diferentes de las de consejeros generales de la Asamblea podrá ser retribuido, correspondiendo a la Asamblea General la determinación de dicha remuneración.

A este respecto la presentación de candidaturas se ha de realizar conforme a lo dispuesto para los vocales del Consejo de Administración. 23 Téngase presente, además, que el ejercicio de las funciones de los miembros de los Órganos de Gobierno de las cajas de ahorro diferentes de las de consejeros generales de la Asamblea podrá ser retribuido, correspondiendo a la Asamblea General la determinación de dicha remuneración.

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sentación de los cuotapartícipes en los órganos de gobierno de la caja. En este sentido, y de manera paralela a lo que sucede con los derechos políticos reconocidos por la legislación común de sociedades de capital, se regularon los derechos de voto, la asistencia a la Asamblea, la representación en el Consejo de Administración y en la Comisión de Control, la impugnación de acuerdos y el derecho general de información.

sentación de los cuotapartícipes en los órganos de gobierno de la caja. En este sentido, y de manera paralela a lo que sucede con los derechos políticos reconocidos por la legislación común de sociedades de capital, se regularon los derechos de voto, la asistencia a la Asamblea, la representación en el Consejo de Administración y en la Comisión de Control, la impugnación de acuerdos y el derecho general de información.

Tal y como se ha apuntado con anterioridad, el apartado Dieciocho modificó el art. 26 de la Ley 31/1985 en lo que se refiere a la regulación de la figura del Director General estableciendo, sin carácter básico, la edad de jubilación a los setenta años. En todos aquellos casos en los que una caja emita cuotas participativas los cuotapartícipes dispondrán en la Asamblea General de un número de votos proporcional al porcentaje que supongan sus cuotas participativas sobre el patrimonio neto total de la caja, el cual habrá de computarse tanto a efectos de adopción de acuerdos como de quórum de asistencia para la válida constitución de la Asamblea General.

Tal y como se ha apuntado con anterioridad, el apartado Dieciocho modificó el art. 26 de la Ley 31/1985 en lo que se refiere a la regulación de la figura del Director General estableciendo, sin carácter básico, la edad de jubilación a los setenta años. En todos aquellos casos en los que una caja emita cuotas participativas los cuotapartícipes dispondrán en la Asamblea General de un número de votos proporcional al porcentaje que supongan sus cuotas participativas sobre el patrimonio neto total de la caja, el cual habrá de computarse tanto a efectos de adopción de acuerdos como de quórum de asistencia para la válida constitución de la Asamblea General.

Los porcentajes de representación por grupos han de cumplirse respecto de los derechos de voto resultantes, una vez deducidos del total los que hayan de corresponder a los cuotapartícipes, los cuales adquieren el derecho a asistir a las Asambleas Generales que celebre la caja emisora y a votar para formar la voluntad necesaria para la válida adopción de acuerdos en los términos previstos en la Ley. Eventualmente los Estatutos podrían exigir la posesión de un número mínimo de cuotas para asistir a la Asamblea General sin que, en ningún caso, el número exigido pueda ser superior al uno por mil del total de cuotas emitidas con derechos de representación que se encuentren en circulación. En todo caso, de cara al derecho de asistencia y de voto en las Asambleas Generales resulta lícita la agrupación de cuotas.

Los porcentajes de representación por grupos han de cumplirse respecto de los derechos de voto resultantes, una vez deducidos del total los que hayan de corresponder a los cuotapartícipes, los cuales adquieren el derecho a asistir a las Asambleas Generales que celebre la caja emisora y a votar para formar la voluntad necesaria para la válida adopción de acuerdos en los términos previstos en la Ley. Eventualmente los Estatutos podrían exigir la posesión de un número mínimo de cuotas para asistir a la Asamblea General sin que, en ningún caso, el número exigido pueda ser superior al uno por mil del total de cuotas emitidas con derechos de representación que se encuentren en circulación. En todo caso, de cara al derecho de asistencia y de voto en las Asambleas Generales resulta lícita la agrupación de cuotas.

Todo cuotapartícipe que tenga derecho de asistencia podría hacerse representar en la Asamblea General por medio de otra persona, a pesar de que ésta no resultase ser titular de cuotas participativas. Ahora bien los estatutos podrían limitar esta facultad, siendo de aplicación supletoria, y en tanto no se oponga a lo previsto en la Ley, la normativa reguladora de la representación de los accionistas en las sociedades anónimas.

Todo cuotapartícipe que tenga derecho de asistencia podría hacerse representar en la Asamblea General por medio de otra persona, a pesar de que ésta no resultase ser titular de cuotas participativas. Ahora bien los estatutos podrían limitar esta facultad, siendo de aplicación supletoria, y en tanto no se oponga a lo previsto en la Ley, la normativa reguladora de la representación de los accionistas en las sociedades anónimas.

De cualquier manera, y con independencia de lo anterior, la participación de los cuotapartícipes en la Asamblea General no puede incidir sobre el

De cualquier manera, y con independencia de lo anterior, la participación de los cuotapartícipes en la Asamblea General no puede incidir sobre el

La recapitalización de las entidades financieras

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número de Consejeros Generales que, de acuerdo con la normativa vigente, corresponda a los distintos grupos representativos de intereses colectivos.

número de Consejeros Generales que, de acuerdo con la normativa vigente, corresponda a los distintos grupos representativos de intereses colectivos.

Los derechos políticos derivados de la suscripción de cuotas participativas por entidades públicas computan a los efectos del cálculo de los límites a la representación de las Administraciones públicas y entidades y Corporaciones de Derecho Público, previstos, pudiendo incluso los cuotapartícipes en el Consejo de Administración proponer a la Asamblea General candidatos para ser miembros del citado Consejo. A estos efectos, y con carácter simultáneo a cada emisión, habrán de modificarse los Estatutos de la entidad al objeto de incorporar al Consejo de Administración el número de vocales que sea necesario para que, a la luz de la nueva composición, el porcentaje de vocales propuestos por los cuotapartícipes sea igual al porcentaje que el volumen de cuotas a emitir suponga sobre el patrimonio de la caja.

Los derechos políticos derivados de la suscripción de cuotas participativas por entidades públicas computan a los efectos del cálculo de los límites a la representación de las Administraciones públicas y entidades y Corporaciones de Derecho Público, previstos, pudiendo incluso los cuotapartícipes en el Consejo de Administración proponer a la Asamblea General candidatos para ser miembros del citado Consejo. A estos efectos, y con carácter simultáneo a cada emisión, habrán de modificarse los Estatutos de la entidad al objeto de incorporar al Consejo de Administración el número de vocales que sea necesario para que, a la luz de la nueva composición, el porcentaje de vocales propuestos por los cuotapartícipes sea igual al porcentaje que el volumen de cuotas a emitir suponga sobre el patrimonio de la caja.

Aquellas cuotas que voluntariamente se agrupen hasta constituir un porcentaje del total de cuotas emitidas en circulación igual o superior al resultante de dividir el valor total de cuotas emitidas en circulación por el número de vocales del Consejo de Administración, cuya propuesta corresponde a los cuotapartícipes, adquieren el derecho a designar los que, superando fracciones enteras, se deduzcan de la correspondiente proporción. Y, en el supuesto de que se hiciese uso de dicha facultad, los titulares de cuotas así agrupadas no intervendrían en la votación de los restantes vocales del Consejo de Administración.

Aquellas cuotas que voluntariamente se agrupen hasta constituir un porcentaje del total de cuotas emitidas en circulación igual o superior al resultante de dividir el valor total de cuotas emitidas en circulación por el número de vocales del Consejo de Administración, cuya propuesta corresponde a los cuotapartícipes, adquieren el derecho a designar los que, superando fracciones enteras, se deduzcan de la correspondiente proporción. Y, en el supuesto de que se hiciese uso de dicha facultad, los titulares de cuotas así agrupadas no intervendrían en la votación de los restantes vocales del Consejo de Administración.

La designación de vocales del Consejo de Administración por los cuotapartícipes es susceptible de recaer sobre éstos o sobre terceras personas. En todo caso aquellas personas que resulten designadas han de reunir los adecuados requisitos de profesionalidad y honorabilidad, no resultando de aplicación, a efectos de su elegibilidad, las causas de incompatibilidad establecidas en los apartados b) y c) del art. 8 de la Ley. Por lo que respecta a los derechos de representación de los cuotapartícipes en la Comisión de Control, dichos cuotapartícipes podrán proponer a la Asamblea General candidatos para ser miembros de la citada Comisión de la entidad emisora, teniendo derecho a su designación con arreglo a las mismas reglas establecidas para los vocales del Consejo de Administración. Asimismo los cuotapartícipes adquieren el derecho a impugnar los acuerdos adoptados por la Asamblea General o por el Consejo de Administración de la entidad emisora en los mismos términos y condiciones que los accionistas respecto

La designación de vocales del Consejo de Administración por los cuotapartícipes es susceptible de recaer sobre éstos o sobre terceras personas. En todo caso aquellas personas que resulten designadas han de reunir los adecuados requisitos de profesionalidad y honorabilidad, no resultando de aplicación, a efectos de su elegibilidad, las causas de incompatibilidad establecidas en los apartados b) y c) del art. 8 de la Ley. Por lo que respecta a los derechos de representación de los cuotapartícipes en la Comisión de Control, dichos cuotapartícipes podrán proponer a la Asamblea General candidatos para ser miembros de la citada Comisión de la entidad emisora, teniendo derecho a su designación con arreglo a las mismas reglas establecidas para los vocales del Consejo de Administración. Asimismo los cuotapartícipes adquieren el derecho a impugnar los acuerdos adoptados por la Asamblea General o por el Consejo de Administración de la entidad emisora en los mismos términos y condiciones que los accionistas respecto

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de los acuerdos sociales de las Juntas y del órgano de administración de la sociedad anónima de la que son socios, resultando de aplicación supletoria, en tanto no se oponga a lo previsto en la Ley, la normativa reguladora de la impugnación de acuerdos en las sociedades anónimas.

de los acuerdos sociales de las Juntas y del órgano de administración de la sociedad anónima de la que son socios, resultando de aplicación supletoria, en tanto no se oponga a lo previsto en la Ley, la normativa reguladora de la impugnación de acuerdos en las sociedades anónimas.

En cuanto al ejercicio del denominado derecho de información, aquellos titulares de cuotas participativas en, al menos, un porcentaje del total de cuotas emitidas en circulación que resulte igual o superior al 5%, podrán solicitar de la entidad informaciones o aclaraciones, o bien formular preguntas por escrito acerca de cualesquiera asuntos que sean de su interés, resultando la entidad en cuestión obligada a facilitársela, salvo que perjudique los intereses de la caja de ahorros o el cumplimiento de su función social.

En cuanto al ejercicio del denominado derecho de información, aquellos titulares de cuotas participativas en, al menos, un porcentaje del total de cuotas emitidas en circulación que resulte igual o superior al 5%, podrán solicitar de la entidad informaciones o aclaraciones, o bien formular preguntas por escrito acerca de cualesquiera asuntos que sean de su interés, resultando la entidad en cuestión obligada a facilitársela, salvo que perjudique los intereses de la caja de ahorros o el cumplimiento de su función social.

¿Cómo ha de producirse el nombramiento del Director General? De conformidad con lo dispuesto por el art. 26 de la Ley en su vigente redacción, el Director general o asimilado ha de ser designado por el Consejo de Administración de la caja entre personas con capacidad, preparación técnica y experiencia suficiente para desarrollar las funciones propias de este cargo, debiendo proceder la Asamblea General convocada al efecto a confirmar el nombramiento. A tal efecto se considera que posee preparación técnica y experiencia adecuadas para ejercer sus funciones como Director General de una caja de ahorros quien haya desempeñado, durante un plazo no inferior a cinco años, funciones de alta administración, dirección, control o asesoramiento de entidades financieras o funciones de similar responsabilidad en otras entidades públicas o privadas de, al menos, análoga dimensión24. En todo caso el ejercicio del cargo de Director general o asimilado y el de Presidente del Consejo de Administración de una caja de ahorros requiere dedicación exclusiva, resultando incompatible con cualquier actividad retribuida tanto de carácter público como privado, salvo la administración del propio patrimonio y aquellas actividades que ejerza en representación de la caja. En este último supuesto los ingresos que obtuviesen, distintos a dietas de asistencia a Consejos de Administración o similares, habrían de cederse a la caja por cuya cuenta realizase dicha actividad o representación.

¿Cómo ha de producirse el nombramiento del Director General? De conformidad con lo dispuesto por el art. 26 de la Ley en su vigente redacción, el Director general o asimilado ha de ser designado por el Consejo de Administración de la caja entre personas con capacidad, preparación técnica y experiencia suficiente para desarrollar las funciones propias de este cargo, debiendo proceder la Asamblea General convocada al efecto a confirmar el nombramiento. A tal efecto se considera que posee preparación técnica y experiencia adecuadas para ejercer sus funciones como Director General de una caja de ahorros quien haya desempeñado, durante un plazo no inferior a cinco años, funciones de alta administración, dirección, control o asesoramiento de entidades financieras o funciones de similar responsabilidad en otras entidades públicas o privadas de, al menos, análoga dimensión24. En todo caso el ejercicio del cargo de Director general o asimilado y el de Presidente del Consejo de Administración de una caja de ahorros requiere dedicación exclusiva, resultando incompatible con cualquier actividad retribuida tanto de carácter público como privado, salvo la administración del propio patrimonio y aquellas actividades que ejerza en representación de la caja. En este último supuesto los ingresos que obtuviesen, distintos a dietas de asistencia a Consejos de Administración o similares, habrían de cederse a la caja por cuya cuenta realizase dicha actividad o representación.

Este Director General a que nos referimos cesará en su cargo por jubilación a la edad de setenta años, pudiendo asimismo ser removido de su cargo por acuerdo del Consejo de Administración (del que habría de darse traslado al órgano de la Administración Central o de la Comunidad Autónoma, según proceda, para su conocimiento), o bien en virtud de expediente disciplinario instruido por el Banco de España o la Comunidad Autónoma, debiendo elevarse en el primer supuesto, junto con el expediente, propuesta de resolución a la autoridad competente.

Este Director General a que nos referimos cesará en su cargo por jubilación a la edad de setenta años, pudiendo asimismo ser removido de su cargo por acuerdo del Consejo de Administración (del que habría de darse traslado al órgano de la Administración Central o de la Comunidad Autónoma, según proceda, para su conocimiento), o bien en virtud de expediente disciplinario instruido por el Banco de España o la Comunidad Autónoma, debiendo elevarse en el primer supuesto, junto con el expediente, propuesta de resolución a la autoridad competente.

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Por su parte los dos siguientes apartados añadieron sendos Capítulos a la citada norma referidos, respectivamente, a dos nuevas Comisiones: la de Retribuciones y Nombramientos y la de Obra Social. La primera supuso la ampliación de la anterior Comisión de Retribuciones hacia otras funciones relativas al control de los nombramientos, quedando integrada dicha Comisión por cinco vocales del Consejo de Administración elegidos por la Asamblea.

Por su parte los dos siguientes apartados añadieron sendos Capítulos a la citada norma referidos, respectivamente, a dos nuevas Comisiones: la de Retribuciones y Nombramientos y la de Obra Social. La primera supuso la ampliación de la anterior Comisión de Retribuciones hacia otras funciones relativas al control de los nombramientos, quedando integrada dicha Comisión por cinco vocales del Consejo de Administración elegidos por la Asamblea.

Tal y como se establece en el art. 27.bis de la Ley, el Consejo de Administración de las cajas de ahorro ha de constituir en su seno una Comisión de Retribuciones y Nombramientos que asuma las siguientes funciones: informar la política general de retribuciones e incentivos para los miembros del Consejo de Administración y de la Comisión de Control y personal directivo y velar por la observancia de dicha política; y garantizar el cumplimiento de los requisitos previstos en la Ley para el ejercicio del cargo de miembro del Consejo de Administración y de la Comisión de Control, así como para los previstos en el caso del Director General.

Tal y como se establece en el art. 27.bis de la Ley, el Consejo de Administración de las cajas de ahorro ha de constituir en su seno una Comisión de Retribuciones y Nombramientos que asuma las siguientes funciones: informar la política general de retribuciones e incentivos para los miembros del Consejo de Administración y de la Comisión de Control y personal directivo y velar por la observancia de dicha política; y garantizar el cumplimiento de los requisitos previstos en la Ley para el ejercicio del cargo de miembro del Consejo de Administración y de la Comisión de Control, así como para los previstos en el caso del Director General.

Dicha Comisión ha de quedar integrada por un máximo de cinco personas, elegidas por la Asamblea General de entre los Consejeros Generales que ostenten la condición de vocales del Consejo de Administración, hallándose su régimen de funcionamiento establecido por los Estatutos de la caja y por su propio reglamento interno, que podrían atribuir las funciones anteriormente reseñadas a una Comisión de Retribuciones y otra de Nombramientos respectivamente, a las que les resultaría de aplicación lo anteriormente indicado, excepto lo relativo a su número de miembros, que sería en el presente caso de tres para cada una de ellas.

Dicha Comisión ha de quedar integrada por un máximo de cinco personas, elegidas por la Asamblea General de entre los Consejeros Generales que ostenten la condición de vocales del Consejo de Administración, hallándose su régimen de funcionamiento establecido por los Estatutos de la caja y por su propio reglamento interno, que podrían atribuir las funciones anteriormente reseñadas a una Comisión de Retribuciones y otra de Nombramientos respectivamente, a las que les resultaría de aplicación lo anteriormente indicado, excepto lo relativo a su número de miembros, que sería en el presente caso de tres para cada una de ellas.

Por lo que respecta a la segunda Comisión, la de Obra Social, responde a la necesidad de crear un órgano que vele por el correcto cumplimiento de la obra benéfico-social, cualquiera que sea el modelo de actividad de la caja, quedando integrada por los Consejeros Generales que nombre la Asamblea y pudiendo incorporarse a ella representantes de las Comunidades Autónomas en las que la caja tenga su sede social y en las que haya captado, al menos, el 10% del total de sus depósitos. En efecto, con la finalidad de garantizar el cumplimiento de la obra benéfico-social de la caja de ahorros se creó esta Comisión de Obra Social, integrada por los Consejeros Generales que nombre la Asamblea General sin tener en cuenta los derechos de voto de los cuotapartícipes, si los hubiere, y de la que pueden formar parte

Por lo que respecta a la segunda Comisión, la de Obra Social, responde a la necesidad de crear un órgano que vele por el correcto cumplimiento de la obra benéfico-social, cualquiera que sea el modelo de actividad de la caja, quedando integrada por los Consejeros Generales que nombre la Asamblea y pudiendo incorporarse a ella representantes de las Comunidades Autónomas en las que la caja tenga su sede social y en las que haya captado, al menos, el 10% del total de sus depósitos. En efecto, con la finalidad de garantizar el cumplimiento de la obra benéfico-social de la caja de ahorros se creó esta Comisión de Obra Social, integrada por los Consejeros Generales que nombre la Asamblea General sin tener en cuenta los derechos de voto de los cuotapartícipes, si los hubiere, y de la que pueden formar parte

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igualmente un representante de la Comunidad Autónoma donde la caja tenga su domicilio social y otro representante de cada Comunidad Autónoma en la que la caja de ahorros haya captado más de un 10% del total de sus depósitos.

igualmente un representante de la Comunidad Autónoma donde la caja tenga su domicilio social y otro representante de cada Comunidad Autónoma en la que la caja de ahorros haya captado más de un 10% del total de sus depósitos.

Mediante el apartado Veintiuno de este art. 3 del Real Decreto-Ley 11/2010 se añadió un nuevo Capítulo referido al Gobierno Corporativo de las cajas de ahorro, incorporando el primero de sus preceptos, el art. 31.bis, la publicación anual obligatoria del informe de gobierno corporativo para todas las cajas, al objeto de reforzar su transparencia y la disciplina de mercado.

Mediante el apartado Veintiuno de este art. 3 del Real Decreto-Ley 11/2010 se añadió un nuevo Capítulo referido al Gobierno Corporativo de las cajas de ahorro, incorporando el primero de sus preceptos, el art. 31.bis, la publicación anual obligatoria del informe de gobierno corporativo para todas las cajas, al objeto de reforzar su transparencia y la disciplina de mercado.

Las cajas de ahorro deben hacer público con carácter anual un informe de gobierno corporativo que ha de ser objeto de comunicación a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, acompañando copia del documento en que conste. Por su parte la CNMV debe remitir copia del informe comunicado al Banco de España y a los órganos competentes de las Comunidades Autónomas. Tratándose de aquellas cajas que emitan valores admitidos a negociación en mercados organizados, el informe habrá de publicarse como hecho relevante. En todo caso dicho informe ha de ser publicado por medios telemáticos por la citada entidad.

Las cajas de ahorro deben hacer público con carácter anual un informe de gobierno corporativo que ha de ser objeto de comunicación a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, acompañando copia del documento en que conste. Por su parte la CNMV debe remitir copia del informe comunicado al Banco de España y a los órganos competentes de las Comunidades Autónomas. Tratándose de aquellas cajas que emitan valores admitidos a negociación en mercados organizados, el informe habrá de publicarse como hecho relevante. En todo caso dicho informe ha de ser publicado por medios telemáticos por la citada entidad.

El contenido y estructura del informe anual de gobierno corporativo de las cajas, teniendo en cuenta la naturaleza jurídica de dichas entidades, a la que ya hemos tenido ocasión de referirnos, ha de ofrecer una explicación detallada de la estructura del sistema de gobierno de la entidad y de su funcionamiento en la práctica. En todo caso este informe del gobierno corporativo ha de presentar el siguiente contenido mínimo: estructura de administración de la entidad, con información de las remuneraciones percibidas por el Consejo de Administración25, la Comisión de Control, la

El contenido y estructura del informe anual de gobierno corporativo de las cajas, teniendo en cuenta la naturaleza jurídica de dichas entidades, a la que ya hemos tenido ocasión de referirnos, ha de ofrecer una explicación detallada de la estructura del sistema de gobierno de la entidad y de su funcionamiento en la práctica. En todo caso este informe del gobierno corporativo ha de presentar el siguiente contenido mínimo: estructura de administración de la entidad, con información de las remuneraciones percibidas por el Consejo de Administración25, la Comisión de Control, la

25 Téngase presente a este respecto que, tras la reforma operada por la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible, se introdujo un nuevo art. 61.ter en la Ley 24/1988, relativo al informe anual sobre remuneraciones de los miembros del Consejo de Administración, y en cuyo apartado tercero se estableció que las cajas de ahorro han de elaborar un informe anual sobre las remuneraciones de los miembros del Consejo de administración y de la Comisión de Control, que incluirá información completa, clara y comprensible sobre la política de remuneraciones de la entidad aprobada por el Consejo para el año en curso, así como, en su caso, la prevista para años futuros, incluyendo además un resumen global de cómo se aplicó la política de retribuciones durante el ejercicio, así como el detalle de las retribuciones individuales devengadas por cada uno de los consejeros y miembros de la Comisión de Control. Dicho

25 Téngase presente a este respecto que, tras la reforma operada por la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible, se introdujo un nuevo art. 61.ter en la Ley 24/1988, relativo al informe anual sobre remuneraciones de los miembros del Consejo de Administración, y en cuyo apartado tercero se estableció que las cajas de ahorro han de elaborar un informe anual sobre las remuneraciones de los miembros del Consejo de administración y de la Comisión de Control, que incluirá información completa, clara y comprensible sobre la política de remuneraciones de la entidad aprobada por el Consejo para el año en curso, así como, en su caso, la prevista para años futuros, incluyendo además un resumen global de cómo se aplicó la política de retribuciones durante el ejercicio, así como el detalle de las retribuciones individuales devengadas por cada uno de los consejeros y miembros de la Comisión de Control. Dicho

La recapitalización de las entidades financieras

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Comisión de Retribuciones, la Comisión de Inversiones, la Comisión de Retribuciones y Nombramientos, Comisión de Obra Social y la Comisión ejecutiva, en su caso26; operaciones de crédito aval o garantía efectuadas, ya sea directamente o a través de entidades dotadas, adscritas o participadas, con descripción de sus condiciones (incluidas las financieras) con los miembros del Consejo de Administración y de la comisión de control de las cajas de ahorro y familiares de primer grado y con empresas o entidades en relación con las que los anteriores se encuentren en alguna de las situaciones previstas en el art. 4 de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores; operaciones de crédito aval o garantía efectuadas, ya sea directamente o a través de entidades dotadas (adscritas o participadas) con descripción de sus condiciones, incluidas las financieras, con los grupos políticos que tengan representación en las Corporaciones Locales y en las Asambleas parlamentarias autonómicas que hayan participado en el proceso electoral, debiendo explicitarse además, en caso de crédito, la situación del mismo; operaciones crediticias con instituciones públicas (incluidos Entes Públicos territoriales) que hayan designado consejeros generales; remuneraciones percibidas por la prestación de servicios a la caja o a las entidades controladas por la misma de los miembros del Consejo de Administración y de la Comisión de control de las cajas de ahorro y del personal directivo; estructura de negocio y de las relaciones dentro de su grupo económico,

Comisión de Retribuciones, la Comisión de Inversiones, la Comisión de Retribuciones y Nombramientos, Comisión de Obra Social y la Comisión ejecutiva, en su caso26; operaciones de crédito aval o garantía efectuadas, ya sea directamente o a través de entidades dotadas, adscritas o participadas, con descripción de sus condiciones (incluidas las financieras) con los miembros del Consejo de Administración y de la comisión de control de las cajas de ahorro y familiares de primer grado y con empresas o entidades en relación con las que los anteriores se encuentren en alguna de las situaciones previstas en el art. 4 de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores; operaciones de crédito aval o garantía efectuadas, ya sea directamente o a través de entidades dotadas (adscritas o participadas) con descripción de sus condiciones, incluidas las financieras, con los grupos políticos que tengan representación en las Corporaciones Locales y en las Asambleas parlamentarias autonómicas que hayan participado en el proceso electoral, debiendo explicitarse además, en caso de crédito, la situación del mismo; operaciones crediticias con instituciones públicas (incluidos Entes Públicos territoriales) que hayan designado consejeros generales; remuneraciones percibidas por la prestación de servicios a la caja o a las entidades controladas por la misma de los miembros del Consejo de Administración y de la Comisión de control de las cajas de ahorro y del personal directivo; estructura de negocio y de las relaciones dentro de su grupo económico,

informe anual sobre las remuneraciones de los miembros del Consejo de administración, la política de remuneraciones de la sociedad aprobada por el Consejo para el año en curso, la prevista para años futuros, el resumen global de cómo se aplicó la política de retribuciones durante el ejercicio, así como el detalle de las retribuciones individuales devengadas por cada uno de los consejeros ha de difundirse y someterse, con carácter consultivo y como punto separado del orden del día, a la Asamblea General. Añade además el apartado quinto del citado art. 61.ter de la LMV que “El Ministro de Economía y Hacienda o, con su habilitación expresa, la Comisión Nacional del Mercado de Valores, determinará el contenido y estructura del informe de remuneraciones que podrá contener información, entre otras cuestiones, sobre: el importe de los componentes fijos, los conceptos retributivos de carácter variable y los criterios de rendimientos elegidos para su diseño, así como el papel desempeñado, en su caso, por la Comisión de Retribuciones”. 26 Concretamente deberán computarse tanto las dietas por asistencia a los citados órganos como los sueldos que se perciban por el desempeño de sus funciones, así como las remuneraciones análogas a las anteriores y las obligaciones contraídas en materia de pensiones o de pago de primas de seguros de vida. Asimismo han de incluirse toda clase de remuneraciones percibidas por los miembros de los órganos de gobierno y personal directivo derivadas de la participación en representación de las cajas en sociedades cotizadas o en otras entidades en las que la caja tenga una presencia o representación significativa, en representación de la caja de ahorros.

informe anual sobre las remuneraciones de los miembros del Consejo de administración, la política de remuneraciones de la sociedad aprobada por el Consejo para el año en curso, la prevista para años futuros, el resumen global de cómo se aplicó la política de retribuciones durante el ejercicio, así como el detalle de las retribuciones individuales devengadas por cada uno de los consejeros ha de difundirse y someterse, con carácter consultivo y como punto separado del orden del día, a la Asamblea General. Añade además el apartado quinto del citado art. 61.ter de la LMV que “El Ministro de Economía y Hacienda o, con su habilitación expresa, la Comisión Nacional del Mercado de Valores, determinará el contenido y estructura del informe de remuneraciones que podrá contener información, entre otras cuestiones, sobre: el importe de los componentes fijos, los conceptos retributivos de carácter variable y los criterios de rendimientos elegidos para su diseño, así como el papel desempeñado, en su caso, por la Comisión de Retribuciones”. 26 Concretamente deberán computarse tanto las dietas por asistencia a los citados órganos como los sueldos que se perciban por el desempeño de sus funciones, así como las remuneraciones análogas a las anteriores y las obligaciones contraídas en materia de pensiones o de pago de primas de seguros de vida. Asimismo han de incluirse toda clase de remuneraciones percibidas por los miembros de los órganos de gobierno y personal directivo derivadas de la participación en representación de las cajas en sociedades cotizadas o en otras entidades en las que la caja tenga una presencia o representación significativa, en representación de la caja de ahorros.

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con referencia a las operaciones vinculadas de la entidad con los miembros del Consejo de Administración, Comisión de Control, omisión de retribuciones y nombramientos y comisión de inversiones y personal directivo y operaciones intragrupo; sistemas de control de riesgo; funcionamiento de órganos de gobierno, con explicación detallada del sistema de gobierno y administración de la entidad, en especial en relación con la toma de participaciones empresariales, ya sea directamente o a través de entidades dotadas, adscritas o participadas; y conflictos de interés existentes entre los miembros de los órganos de gobierno o, si los hubiere, cuotapartícipes de las cajas de ahorro y la función social de la caja.

con referencia a las operaciones vinculadas de la entidad con los miembros del Consejo de Administración, Comisión de Control, omisión de retribuciones y nombramientos y comisión de inversiones y personal directivo y operaciones intragrupo; sistemas de control de riesgo; funcionamiento de órganos de gobierno, con explicación detallada del sistema de gobierno y administración de la entidad, en especial en relación con la toma de participaciones empresariales, ya sea directamente o a través de entidades dotadas, adscritas o participadas; y conflictos de interés existentes entre los miembros de los órganos de gobierno o, si los hubiere, cuotapartícipes de las cajas de ahorro y la función social de la caja.

Adicionalmente se facultó al Ministerio de Economía para determinar, con observancia del mínimo al que anteriormente se ha hecho referencia, el contenido y estructura del informe anual de gobierno corporativo de las cajas de ahorro, y, con su habilitación expresa, a la Comisión Nacional del Mercado de Valores en el supuesto de que se tratase de cajas que emitan valores admitidos a negociación en mercados oficiales de valores.

Adicionalmente se facultó al Ministerio de Economía para determinar, con observancia del mínimo al que anteriormente se ha hecho referencia, el contenido y estructura del informe anual de gobierno corporativo de las cajas de ahorro, y, con su habilitación expresa, a la Comisión Nacional del Mercado de Valores en el supuesto de que se tratase de cajas que emitan valores admitidos a negociación en mercados oficiales de valores.

Sin perjuicio de aquellas sanciones que pudieran imponerse debido a la falta de remisión de la documentación o de los informes que debieran remitirse, corresponde a la CNMV, en el ámbito de sus competencias, el seguimiento de las reglas de gobierno corporativo de las cajas de ahorro que emitan valores admitidos a negociación en mercados oficiales de valores, a cuyo efecto podrá recabar cuanta información precise al respecto, así como hacer pública la información que considere relevante sobre el grado efectivo de cumplimiento de las reglas de gobierno corporativo de la entidad27.

Sin perjuicio de aquellas sanciones que pudieran imponerse debido a la falta de remisión de la documentación o de los informes que debieran remitirse, corresponde a la CNMV, en el ámbito de sus competencias, el seguimiento de las reglas de gobierno corporativo de las cajas de ahorro que emitan valores admitidos a negociación en mercados oficiales de valores, a cuyo efecto podrá recabar cuanta información precise al respecto, así como hacer pública la información que considere relevante sobre el grado efectivo de cumplimiento de las reglas de gobierno corporativo de la entidad27.

Por su parte el 31.ter incluyó una referencia a los eventuales conflictos de interés entre los miembros de los órganos de gobierno y los intereses de la caja, a resultas de la cual cualquier miembro de los órganos de gobierno ha de comunicar a la Comisión de Retribuciones y Nombramientos cualquier situación de conflicto, directo o indirecto, que pudieran tener con los intereses de la caja y con el cumplimiento de su función social28.

Por su parte el 31.ter incluyó una referencia a los eventuales conflictos de interés entre los miembros de los órganos de gobierno y los intereses de la caja, a resultas de la cual cualquier miembro de los órganos de gobierno ha de comunicar a la Comisión de Retribuciones y Nombramientos cualquier situación de conflicto, directo o indirecto, que pudieran tener con los intereses de la caja y con el cumplimiento de su función social28.

A tal efecto la falta de elaboración o de publicación del informe anual de gobierno corporativo de las cajas de ahorro, así como la existencia en dicho informe de omisiones o datos falsos o engañosos, adquiere la consideración de infracción grave a los efectos previstos en el art. 100.b bis de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores. 28 Como es lógico, en caso de conflicto el afectado por el mismo habrá de abstenerse de intervenir en la operación de que se trate.

A tal efecto la falta de elaboración o de publicación del informe anual de gobierno corporativo de las cajas de ahorro, así como la existencia en dicho informe de omisiones o datos falsos o engañosos, adquiere la consideración de infracción grave a los efectos previstos en el art. 100.b bis de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores. 28 Como es lógico, en caso de conflicto el afectado por el mismo habrá de abstenerse de intervenir en la operación de que se trate.

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Finalmente, el Apartado Veintitrés del art. 3 del Real Decreto-Ley 11/2010 modificó la anterior regulación relativa a las fusiones de cajas de ahorro con la finalidad de que éstas sólo puedan ser denegadas mediante resolución motivada y sobre la base de requisitos objetivos previstos en la normativa autonómica. Téngase presente que estas fusiones efectuadas entre cajas se encuentran sometidas al procedimiento de autorización previsto en la normativa autonómica de desarrollo. Y, en base a ello, la denegación de la autorización únicamente podrá producirse mediante resolución motivada cuando la entidad resultante pudiera incumplir cualquiera de los requisitos objetivos previstos en la citada normativa.

Finalmente, el Apartado Veintitrés del art. 3 del Real Decreto-Ley 11/2010 modificó la anterior regulación relativa a las fusiones de cajas de ahorro con la finalidad de que éstas sólo puedan ser denegadas mediante resolución motivada y sobre la base de requisitos objetivos previstos en la normativa autonómica. Téngase presente que estas fusiones efectuadas entre cajas se encuentran sometidas al procedimiento de autorización previsto en la normativa autonómica de desarrollo. Y, en base a ello, la denegación de la autorización únicamente podrá producirse mediante resolución motivada cuando la entidad resultante pudiera incumplir cualquiera de los requisitos objetivos previstos en la citada normativa.

4.

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PRINCIPALES NOVEDADES INCORPORADAS A LA REGULACIÓN DE LOS SISTEMAS INSTITUCIONALES DE PROTECCIÓN

PRINCIPALES NOVEDADES INCORPORADAS A LA REGULACIÓN DE LOS SISTEMAS INSTITUCIONALES DE PROTECCIÓN

Fue el Título III del Real Decreto-Ley 11/2010 el encargado de regular los ajustes referidos a los Sistemas Institucionales de Protección. Como ya sabemos estos sistemas, regulados en la Ley 13/1985, de 25 de mayo, de coeficientes de inversión, recursos propios y obligaciones de información de los intermediarios financieros, ofrecen en la práctica una herramienta eficaz para la agrupación de entidades de crédito, en general, y de cajas de ahorro, en particular.

Fue el Título III del Real Decreto-Ley 11/2010 el encargado de regular los ajustes referidos a los Sistemas Institucionales de Protección. Como ya sabemos estos sistemas, regulados en la Ley 13/1985, de 25 de mayo, de coeficientes de inversión, recursos propios y obligaciones de información de los intermediarios financieros, ofrecen en la práctica una herramienta eficaz para la agrupación de entidades de crédito, en general, y de cajas de ahorro, en particular.

Pues bien, a través de la redacción adoptada se llevaron a cabo los ajustes necesarios para dotar de mayor consistencia y seguridad jurídica a los actuales SIPs. En este sentido, se reforzó aún más el compromiso de permanencia y estabilidad de las entidades integradas, facultándose al Banco de España a realizar una valoración previa al abandono de una entidad, referida tanto a la viabilidad individual de la misma como al conjunto del sistema. Asimismo se mantuvo la regulación ya vigente para el conjunto de entidades de crédito, sobre la base de la sólida mutualización de resultados y solvencia, y la articulación del SIP en torno a una entidad de crédito central que constituye una unidad de decisión del conjunto.

Pues bien, a través de la redacción adoptada se llevaron a cabo los ajustes necesarios para dotar de mayor consistencia y seguridad jurídica a los actuales SIPs. En este sentido, se reforzó aún más el compromiso de permanencia y estabilidad de las entidades integradas, facultándose al Banco de España a realizar una valoración previa al abandono de una entidad, referida tanto a la viabilidad individual de la misma como al conjunto del sistema. Asimismo se mantuvo la regulación ya vigente para el conjunto de entidades de crédito, sobre la base de la sólida mutualización de resultados y solvencia, y la articulación del SIP en torno a una entidad de crédito central que constituye una unidad de decisión del conjunto.

¿Cuáles fueron los aspectos más significativos incorporados? Las novedades más significativas se refirieron, con carácter general, a los SIPs compuestos por cajas de ahorro. Para ellos se estableció que la entidad

¿Cuáles fueron los aspectos más significativos incorporados? Las novedades más significativas se refirieron, con carácter general, a los SIPs compuestos por cajas de ahorro. Para ellos se estableció que la entidad

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Juan Calvo Vérgez

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central debe quedar necesariamente participada por las cajas integrantes en, al menos, un 50% de su accionariado, teniendo naturaleza de sociedad anónima. De este modo se logró garantizar que el conjunto de las cajas integradas mediante un SIP no desvirtúen su naturaleza jurídica de manera indirecta al perder el control de su entidad central. A estos mismos efectos se señaló también que en aquellos casos en los que las cajas integrantes del SIP pudieran perder el mencionado control reforzado de la entidad central, aquéllas habrían de transformarse en fundación de carácter especial y ceder su negocio bancario.

central debe quedar necesariamente participada por las cajas integrantes en, al menos, un 50% de su accionariado, teniendo naturaleza de sociedad anónima. De este modo se logró garantizar que el conjunto de las cajas integradas mediante un SIP no desvirtúen su naturaleza jurídica de manera indirecta al perder el control de su entidad central. A estos mismos efectos se señaló también que en aquellos casos en los que las cajas integrantes del SIP pudieran perder el mencionado control reforzado de la entidad central, aquéllas habrían de transformarse en fundación de carácter especial y ceder su negocio bancario.

Cuando, a través de un acuerdo contractual, varias entidades de crédito integren un Sistema Institucional de Protección será necesario, en primer término, la existencia de una entidad central que determine con carácter vinculante sus políticas y estrategias de negocio, así como los niveles y medidas de control interno y de gestión de riesgos. Dicha entidad central ha de ser la responsable de cumplir los requerimientos regulatorios en base consolidada del Sistema Institucional de Protección, debiendo tratarse de una de las entidades de crédito integrantes del SIP o de otra entidad de crédito participada por todas ellas y que forme asimismo parte del sistema.

Cuando, a través de un acuerdo contractual, varias entidades de crédito integren un Sistema Institucional de Protección será necesario, en primer término, la existencia de una entidad central que determine con carácter vinculante sus políticas y estrategias de negocio, así como los niveles y medidas de control interno y de gestión de riesgos. Dicha entidad central ha de ser la responsable de cumplir los requerimientos regulatorios en base consolidada del Sistema Institucional de Protección, debiendo tratarse de una de las entidades de crédito integrantes del SIP o de otra entidad de crédito participada por todas ellas y que forme asimismo parte del sistema.

El acuerdo contractual que constituya el Sistema Institucional de Protección ha de contener un compromiso mutuo de solvencia y liquidez entre las entidades integrantes del sistema que alcance, como mínimo, el 40% de los recursos propios computables de cada una de ellas, en lo que se refiere al apoyo de solvencia. Dicho compromiso de apoyo mutuo ha de incluir las previsiones necesarias para que el apoyo entre sus integrantes se lleve a cabo a través de fondos inmediatamente disponibles.

El acuerdo contractual que constituya el Sistema Institucional de Protección ha de contener un compromiso mutuo de solvencia y liquidez entre las entidades integrantes del sistema que alcance, como mínimo, el 40% de los recursos propios computables de cada una de ellas, en lo que se refiere al apoyo de solvencia. Dicho compromiso de apoyo mutuo ha de incluir las previsiones necesarias para que el apoyo entre sus integrantes se lleve a cabo a través de fondos inmediatamente disponibles.

Igualmente se requiere que las entidades integrantes del SIP pongan en común una parte significativa de sus resultados que suponga, al menos, el 40% de los mismos y que ha de ser objeto de distribución de manera proporcional a la participación de cada una de ellas en el sistema. El acuerdo contractual que se alcance ha de establecer que las entidades permanezcan en el sistema durante un periodo mínimo de 10 años, debiendo preavisar con, al menos, 2 años de antelación su deseo de abandonar el mismo transcurrido aquel período. Dicho acuerdo debe incluir, además, un régimen de penalizaciones por baja destinado a reforzar la permanencia y estabilidad de las entidades en el Sistema Institucional de Protección.

Igualmente se requiere que las entidades integrantes del SIP pongan en común una parte significativa de sus resultados que suponga, al menos, el 40% de los mismos y que ha de ser objeto de distribución de manera proporcional a la participación de cada una de ellas en el sistema. El acuerdo contractual que se alcance ha de establecer que las entidades permanezcan en el sistema durante un periodo mínimo de 10 años, debiendo preavisar con, al menos, 2 años de antelación su deseo de abandonar el mismo transcurrido aquel período. Dicho acuerdo debe incluir, además, un régimen de penalizaciones por baja destinado a reforzar la permanencia y estabilidad de las entidades en el Sistema Institucional de Protección.

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Por último se requiere que, a juicio del Banco de España, se cumplan los requisitos previstos en la normativa vigente sobre recursos propios de las entidades financieras para asignar una ponderación de riesgo del 0% a las exposiciones que tengan entre si los integrantes del SIP, correspondiendo al Banco de España la comprobación del cumplimiento de los requisitos anteriores.

Por último se requiere que, a juicio del Banco de España, se cumplan los requisitos previstos en la normativa vigente sobre recursos propios de las entidades financieras para asignar una ponderación de riesgo del 0% a las exposiciones que tengan entre si los integrantes del SIP, correspondiendo al Banco de España la comprobación del cumplimiento de los requisitos anteriores.

Por otro lado, con carácter previo al abandono de un Sistema Institucional de Protección por cualquiera de las entidades integrantes del mismo el Banco de España ha de entrar a valorar tanto la viabilidad individual de la entidad que pretenda abandonar el SIP como la de este último y la del resto de las entidades participantes tras la pretendida desvinculación. En el supuesto de que la entidad de crédito que tuviese la consideración de entidad central dentro de un SIP fuese de naturaleza distinta al resto de las entidades integradas en el mismo y se encontrase participada por todas ellas, se adheriría al Fondo de Garantía de Depósitos al que perteneciesen estas últimas. Y si las entidades integradas conforme a lo anteriormente indicado fuesen cajas de ahorro, la entidad central tendría la naturaleza de sociedad anónima y habría de estar participada por las cajas integrantes en al menos un 50% de su accionariado.

Por otro lado, con carácter previo al abandono de un Sistema Institucional de Protección por cualquiera de las entidades integrantes del mismo el Banco de España ha de entrar a valorar tanto la viabilidad individual de la entidad que pretenda abandonar el SIP como la de este último y la del resto de las entidades participantes tras la pretendida desvinculación. En el supuesto de que la entidad de crédito que tuviese la consideración de entidad central dentro de un SIP fuese de naturaleza distinta al resto de las entidades integradas en el mismo y se encontrase participada por todas ellas, se adheriría al Fondo de Garantía de Depósitos al que perteneciesen estas últimas. Y si las entidades integradas conforme a lo anteriormente indicado fuesen cajas de ahorro, la entidad central tendría la naturaleza de sociedad anónima y habría de estar participada por las cajas integrantes en al menos un 50% de su accionariado.

5.

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PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DEL NUEVO MODELO ORGANIZATIVO DE LAS CAJAS DE AHORRO

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DEL NUEVO MODELO ORGANIZATIVO DE LAS CAJAS DE AHORRO

El actual modelo organizativo de las cajas de ahorro, diseñado a través del Título IV del Real Decreto-Ley 11/2009, se estructura sobre la base de la concurrencia de una doble alternativa: el ejercicio indirecto de la actividad financiera de la caja a través de una entidad bancaria o la transformación de la misma en una fundación de carácter especial, traspasando su negocio a otra entidad de crédito.

El actual modelo organizativo de las cajas de ahorro, diseñado a través del Título IV del Real Decreto-Ley 11/2009, se estructura sobre la base de la concurrencia de una doble alternativa: el ejercicio indirecto de la actividad financiera de la caja a través de una entidad bancaria o la transformación de la misma en una fundación de carácter especial, traspasando su negocio a otra entidad de crédito.

El primero de los modelos indicados quedó regulado en el art. 5 del Real Decreto-Ley. A la luz del mismo la caja de ahorros, manteniendo su naturaleza jurídica, desarrolla su actividad financiera a través de una entidad bancaria. Esta entidad, que podrá utilizar en su denominación expresiones que la identifiquen con la caja de la que dependa, ha de quedar controlada

El primero de los modelos indicados quedó regulado en el art. 5 del Real Decreto-Ley. A la luz del mismo la caja de ahorros, manteniendo su naturaleza jurídica, desarrolla su actividad financiera a través de una entidad bancaria. Esta entidad, que podrá utilizar en su denominación expresiones que la identifiquen con la caja de la que dependa, ha de quedar controlada

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en, al menos, un 50% de los derechos de voto. De no ser así la caja se vería obligada a renunciar a su condición de entidad de crédito y transformarse en fundación de carácter especial, en los términos que establece el art. 6. Este mismo ejercicio de actividad indirecta a través de un banco resulta igualmente permitido a aquellas cajas de ahorro que, de forma concertada, ejerzan en exclusiva su actividad financiera a través de la entidad central de un SIP.

en, al menos, un 50% de los derechos de voto. De no ser así la caja se vería obligada a renunciar a su condición de entidad de crédito y transformarse en fundación de carácter especial, en los términos que establece el art. 6. Este mismo ejercicio de actividad indirecta a través de un banco resulta igualmente permitido a aquellas cajas de ahorro que, de forma concertada, ejerzan en exclusiva su actividad financiera a través de la entidad central de un SIP.

En consecuencia las cajas de ahorro quedaron facultadas para desarrollar su objeto propio como entidad de crédito a través de una entidad bancaria a la que aporten todo su negocio financiero, pudiendo igualmente aportar todos o parte de sus activos no financieros adscritos al mismo. La entidad bancaria a través de la cual la caja de ahorros ejerza su actividad como entidad de crédito podrá utilizar en su denominación social y en su actividad expresiones que permitan identificar su carácter instrumental, incluidas las denominaciones propias de la caja de ahorros de la que dependa. Dicha entidad ha de adherirse además al Fondo de Garantía de Depósitos de las cajas de ahorro. Y, en el hipotético caso de que una caja de ahorros redujese su participación de manera que no alcanzase el 50% de los derechos de voto de la entidad de crédito, habría de renunciar a la autorización para actuar como entidad de crédito según lo previsto en la Ley de Ordenación Bancaria y proceder a su transformación en fundación especial con arreglo a lo previsto en el artículo siguiente29.

En consecuencia las cajas de ahorro quedaron facultadas para desarrollar su objeto propio como entidad de crédito a través de una entidad bancaria a la que aporten todo su negocio financiero, pudiendo igualmente aportar todos o parte de sus activos no financieros adscritos al mismo. La entidad bancaria a través de la cual la caja de ahorros ejerza su actividad como entidad de crédito podrá utilizar en su denominación social y en su actividad expresiones que permitan identificar su carácter instrumental, incluidas las denominaciones propias de la caja de ahorros de la que dependa. Dicha entidad ha de adherirse además al Fondo de Garantía de Depósitos de las cajas de ahorro. Y, en el hipotético caso de que una caja de ahorros redujese su participación de manera que no alcanzase el 50% de los derechos de voto de la entidad de crédito, habría de renunciar a la autorización para actuar como entidad de crédito según lo previsto en la Ley de Ordenación Bancaria y proceder a su transformación en fundación especial con arreglo a lo previsto en el artículo siguiente29.

Por su parte el art. 6 del Real Decreto-Ley 11/2010 reguló la transformación de las cajas de ahorro en fundaciones de carácter especial a través de la segregación de su actividad financiera y benéfico-social, traspasando la primera a otra entidad de crédito a cambio de acciones y manteniendo la segunda como actividad central de la propia fundación.

Por su parte el art. 6 del Real Decreto-Ley 11/2010 reguló la transformación de las cajas de ahorro en fundaciones de carácter especial a través de la segregación de su actividad financiera y benéfico-social, traspasando la primera a otra entidad de crédito a cambio de acciones y manteniendo la segunda como actividad central de la propia fundación.

Al amparo de lo establecido por el citado precepto las cajas de ahorro podrán acordar la segregación de sus actividades financiera y benéficosocial en los siguientes supuestos: en el supuesto anteriormente indicado en el que una caja de ahorros redujese su participación de manera que no

Al amparo de lo establecido por el citado precepto las cajas de ahorro podrán acordar la segregación de sus actividades financiera y benéficosocial en los siguientes supuestos: en el supuesto anteriormente indicado en el que una caja de ahorros redujese su participación de manera que no

Idéntico criterio habría de observarse, además, respecto de aquellas cajas de ahorro que, de forma concertada, ejerzan en exclusiva su objeto como entidades de crédito a través de una entidad de crédito controlada conjuntamente por todas ellas conforme a lo dispuesto en el art. 8.3 de la Ley 13/1985, de 25 de mayo, de Coeficientes de Inversión, Recursos Propios y Obligaciones de Información de los Intermediarios Financieros.

Idéntico criterio habría de observarse, además, respecto de aquellas cajas de ahorro que, de forma concertada, ejerzan en exclusiva su objeto como entidades de crédito a través de una entidad de crédito controlada conjuntamente por todas ellas conforme a lo dispuesto en el art. 8.3 de la Ley 13/1985, de 25 de mayo, de Coeficientes de Inversión, Recursos Propios y Obligaciones de Información de los Intermediarios Financieros.

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alcanzase el 50% de los derechos de voto de la entidad de crédito; como consecuencia de la renuncia a la autorización para actuar como entidad de crédito y en los demás supuestos de revocación; y a resultas de la intervención de la entidad de crédito en los supuestos previstos en la Ley 26/1988, de 29 de julio, de Disciplina e Intervención de las Entidades de Crédito. A tal efecto las cajas habrán de traspasar todo el patrimonio afecto a su actividad financiera a otra entidad de crédito a cambio de acciones de esta última, transformándose en una fundación de carácter especial y perdiendo su condición de entidad de crédito. Dicha fundación centraría el desempeño de su actividad en la atención y desarrollo de su obra benéfico social, para lo cual podría llevar a cabo la gestión de su cartera de valores, destinando a su finalidad benéfico social el producto de los fondos, participaciones e inversiones que integren su patrimonio y pudiendo llevar a cabo, con carácter auxiliar, la actividad de fomento de la educación financiera.

alcanzase el 50% de los derechos de voto de la entidad de crédito; como consecuencia de la renuncia a la autorización para actuar como entidad de crédito y en los demás supuestos de revocación; y a resultas de la intervención de la entidad de crédito en los supuestos previstos en la Ley 26/1988, de 29 de julio, de Disciplina e Intervención de las Entidades de Crédito. A tal efecto las cajas habrán de traspasar todo el patrimonio afecto a su actividad financiera a otra entidad de crédito a cambio de acciones de esta última, transformándose en una fundación de carácter especial y perdiendo su condición de entidad de crédito. Dicha fundación centraría el desempeño de su actividad en la atención y desarrollo de su obra benéfico social, para lo cual podría llevar a cabo la gestión de su cartera de valores, destinando a su finalidad benéfico social el producto de los fondos, participaciones e inversiones que integren su patrimonio y pudiendo llevar a cabo, con carácter auxiliar, la actividad de fomento de la educación financiera.

De cualquier manera la celebración de dicho acuerdo queda sujeta al cumplimiento de los requisitos previstos para la constitución de fundaciones, suponiendo la transformación de la caja en una fundación de carácter especial y rigiéndose la segregación de la actividad financiera por lo establecido en la Ley 3/2009, de 3 de abril, sobre Modificaciones Estructurales de las Sociedades Mercantiles.

De cualquier manera la celebración de dicho acuerdo queda sujeta al cumplimiento de los requisitos previstos para la constitución de fundaciones, suponiendo la transformación de la caja en una fundación de carácter especial y rigiéndose la segregación de la actividad financiera por lo establecido en la Ley 3/2009, de 3 de abril, sobre Modificaciones Estructurales de las Sociedades Mercantiles.

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RÉGIMEN FISCAL APLICABLE A LAS ENTIDADES RESULTANTES DE LOS DISTINTOS PROCESOS DE RESTRUCTURACIÓN

RÉGIMEN FISCAL APLICABLE A LAS ENTIDADES RESULTANTES DE LOS DISTINTOS PROCESOS DE RESTRUCTURACIÓN

La normativa fiscal especial aplicable a las entidades resultantes de los procesos de reestructuración ya iniciados quedó inicialmente regulada en el Título V del Real Decreto-Ley 11/2010, recogiéndose además en el citado Título la normativa fiscal especial derivada de los nuevos modelos jurídicos contemplados en dicho Real Decreto-Ley.

La normativa fiscal especial aplicable a las entidades resultantes de los procesos de reestructuración ya iniciados quedó inicialmente regulada en el Título V del Real Decreto-Ley 11/2010, recogiéndose además en el citado Título la normativa fiscal especial derivada de los nuevos modelos jurídicos contemplados en dicho Real Decreto-Ley.

En primer lugar, y por lo que al ámbito del Impuesto sobre Sociedades (IS) se refiere, se estableció la aplicación del régimen fiscal especial contenido en el Capítulo VIII del Título VII del Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades (TRLIS) para aquellas transmisiones de

En primer lugar, y por lo que al ámbito del Impuesto sobre Sociedades (IS) se refiere, se estableció la aplicación del régimen fiscal especial contenido en el Capítulo VIII del Título VII del Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades (TRLIS) para aquellas transmisiones de

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Juan Calvo Vérgez

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activos y pasivos que se realicen en el marco de esas reestructuraciones. Ello permitiría, entre otros efectos, diferir la tributación de aquellas rentas que se pusiesen de manifiesto en esas transmisiones por aplicación de dicho régimen fiscal especial, aun cuando las operaciones realizadas no se correspondan con las tipificadas en dicho régimen siempre que produzcan unos resultados económicos equivalentes.

activos y pasivos que se realicen en el marco de esas reestructuraciones. Ello permitiría, entre otros efectos, diferir la tributación de aquellas rentas que se pusiesen de manifiesto en esas transmisiones por aplicación de dicho régimen fiscal especial, aun cuando las operaciones realizadas no se correspondan con las tipificadas en dicho régimen siempre que produzcan unos resultados económicos equivalentes.

Concretamente el citado régimen fiscal especial establecido en el Capítulo VIII del Título VII del TRLIS, incluidos sus efectos en los demás tributos que se remiten a tal régimen fiscal, resulta de aplicación a las siguientes transmisiones de activos y pasivos, aun cuando no se correspondan con las operaciones mencionadas en los arts. 83 y 94 de dicha Ley, siempre que produzcan resultados económicos equivalentes: las realizadas para la constitución y ampliación de un Sistema Institucional de Protección a que se refiere la letra d) del apartado 3 del art. 8 de la Ley 13/1985, de 25 de mayo; y las realizadas en procesos de reestructuración de entidades de crédito con intervención del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria, a que se refiere el art. 7 del Real Decreto-Ley 9/2009, de 26 de julio, sobre reestructuración bancaria y reforzamiento de los recursos propios de las entidades de crédito30.

Concretamente el citado régimen fiscal especial establecido en el Capítulo VIII del Título VII del TRLIS, incluidos sus efectos en los demás tributos que se remiten a tal régimen fiscal, resulta de aplicación a las siguientes transmisiones de activos y pasivos, aun cuando no se correspondan con las operaciones mencionadas en los arts. 83 y 94 de dicha Ley, siempre que produzcan resultados económicos equivalentes: las realizadas para la constitución y ampliación de un Sistema Institucional de Protección a que se refiere la letra d) del apartado 3 del art. 8 de la Ley 13/1985, de 25 de mayo; y las realizadas en procesos de reestructuración de entidades de crédito con intervención del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria, a que se refiere el art. 7 del Real Decreto-Ley 9/2009, de 26 de julio, sobre reestructuración bancaria y reforzamiento de los recursos propios de las entidades de crédito30.

Asimismo se extendió el régimen de diferimiento previsto en dicho Impuesto a las rentas que se generasen en las transmisiones de activos y pasivos realizadas en el marco del cumplimiento de los acuerdos de un Sistema Institucional de Protección, mediante el intercambio de dichos activos o pasivos entre las entidades de crédito integrantes de cada SIP, a condición de que cada entidad adquirente valore, a efectos fiscales, los elementos adquiridos por el mismo valor que estos últimos tuviesen en la entidad transmitente con anterioridad a la realización de la transmisión, teniéndose en cuenta dicha valoración para determinar las rentas que los citados elementos puedan generar con posterioridad.

Asimismo se extendió el régimen de diferimiento previsto en dicho Impuesto a las rentas que se generasen en las transmisiones de activos y pasivos realizadas en el marco del cumplimiento de los acuerdos de un Sistema Institucional de Protección, mediante el intercambio de dichos activos o pasivos entre las entidades de crédito integrantes de cada SIP, a condición de que cada entidad adquirente valore, a efectos fiscales, los elementos adquiridos por el mismo valor que estos últimos tuviesen en la entidad transmitente con anterioridad a la realización de la transmisión, teniéndose en cuenta dicha valoración para determinar las rentas que los citados elementos puedan generar con posterioridad.

En consecuencia podrían no integrarse en la base imponible del IS las rentas generadas en las transmisiones de elementos patrimoniales consecuencia de un intercambio de activos y pasivos realizadas entre entidades de

En consecuencia podrían no integrarse en la base imponible del IS las rentas generadas en las transmisiones de elementos patrimoniales consecuencia de un intercambio de activos y pasivos realizadas entre entidades de

Debe precisarse no obstante que, tras la aprobación del Real Decreto-Ley 24/2012, de 31 de agosto, sobre reestructuración y resolución de entidades de crédito, todas las referencias efectuadas al citado Real Decreto-ley 9/2009 han de entenderse realizadas al Real Decreto-Ley 24/2012, que deroga el anterior texto normativo.

Debe precisarse no obstante que, tras la aprobación del Real Decreto-Ley 24/2012, de 31 de agosto, sobre reestructuración y resolución de entidades de crédito, todas las referencias efectuadas al citado Real Decreto-ley 9/2009 han de entenderse realizadas al Real Decreto-Ley 24/2012, que deroga el anterior texto normativo.

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crédito en cumplimiento de los acuerdos de un SIP, a condición de que cada entidad adquirente valorase, a efectos fiscales, los elementos adquiridos por el mismo valor que estos últimos tuviesen en la entidad transmitente con anterioridad a la realización de la transmisión, teniéndose en cuenta dicha valoración para determinar las rentas asociadas a esos elementos que se generen con posterioridad.

crédito en cumplimiento de los acuerdos de un SIP, a condición de que cada entidad adquirente valorase, a efectos fiscales, los elementos adquiridos por el mismo valor que estos últimos tuviesen en la entidad transmitente con anterioridad a la realización de la transmisión, teniéndose en cuenta dicha valoración para determinar las rentas asociadas a esos elementos que se generen con posterioridad.

Por otro lado, en caso de ejercicio indirecto de la actividad financiera de las cajas de ahorro de acuerdo con lo previsto en el art. 5 del Real DecretoLey 11/2010, la caja y la entidad de crédito a la que aquélla aportase todo su negocio financiero podrían aplicar este régimen de consolidación fiscal regulado en el Capítulo VII del Título VII del TRLIS siempre y cuando se cumpliesen los requisitos establecidos para ello en el art. 67 de dicha Ley. Y, en caso de no aplicar dicho régimen de consolidación fiscal, las entidades aplicarían el régimen general del Impuesto, sin perjuicio de que la dotación a la obra social realizada por las Cajas acogidas al SIP pudiera reducir la base imponible del banco en el caso de ejercicio indirecto de la actividad financiera sin aplicar el régimen de consolidación o de la entidad central del Sistema Institucional de Protección, en la proporción que los dividendos percibidos del citado banco o entidad central representen sobre los ingresos totales de la caja, en los términos previstos en el art. 24 del RDLeg. 4/2004, hasta el límite máximo del importe de los citados dividendos. Para ello la caja habría de comunicar al banco o entidad central que hubiese satisfecho los dividendos el importe de la reducción así calculada y su renuncia a aplicar lo dispuesto en el citado art. 24 por el importe de la mencionada reducción, sin perjuicio de que la caja continuase estando obligada a aplicar las cantidades asignadas a la obra benéfico-social en las condiciones establecidas en dicho artículo, cuyo incumplimiento, en su caso, debería también comunicarse al banco o entidad central al objeto de que se realice la regularización de las cantidades deducidas en los términos establecidos en el art. 137.3 del TRLIS31.

Por otro lado, en caso de ejercicio indirecto de la actividad financiera de las cajas de ahorro de acuerdo con lo previsto en el art. 5 del Real DecretoLey 11/2010, la caja y la entidad de crédito a la que aquélla aportase todo su negocio financiero podrían aplicar este régimen de consolidación fiscal regulado en el Capítulo VII del Título VII del TRLIS siempre y cuando se cumpliesen los requisitos establecidos para ello en el art. 67 de dicha Ley. Y, en caso de no aplicar dicho régimen de consolidación fiscal, las entidades aplicarían el régimen general del Impuesto, sin perjuicio de que la dotación a la obra social realizada por las Cajas acogidas al SIP pudiera reducir la base imponible del banco en el caso de ejercicio indirecto de la actividad financiera sin aplicar el régimen de consolidación o de la entidad central del Sistema Institucional de Protección, en la proporción que los dividendos percibidos del citado banco o entidad central representen sobre los ingresos totales de la caja, en los términos previstos en el art. 24 del RDLeg. 4/2004, hasta el límite máximo del importe de los citados dividendos. Para ello la caja habría de comunicar al banco o entidad central que hubiese satisfecho los dividendos el importe de la reducción así calculada y su renuncia a aplicar lo dispuesto en el citado art. 24 por el importe de la mencionada reducción, sin perjuicio de que la caja continuase estando obligada a aplicar las cantidades asignadas a la obra benéfico-social en las condiciones establecidas en dicho artículo, cuyo incumplimiento, en su caso, debería también comunicarse al banco o entidad central al objeto de que se realice la regularización de las cantidades deducidas en los términos establecidos en el art. 137.3 del TRLIS31.

En relación con el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (ITPyAJD), al preverse en el Real Decreto-Ley

En relación con el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (ITPyAJD), al preverse en el Real Decreto-Ley

Como es lógico ello ha de entenderse sin perjuicio de lo dispuesto en los regímenes tributarios forales de Concierto y de Convenio económico en vigor, respectivamente, en los territorios históricos de la Comunidad Autónoma del País Vasco y en la Comunidad Foral de Navarra.

Como es lógico ello ha de entenderse sin perjuicio de lo dispuesto en los regímenes tributarios forales de Concierto y de Convenio económico en vigor, respectivamente, en los territorios históricos de la Comunidad Autónoma del País Vasco y en la Comunidad Foral de Navarra.

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11/2010 la aplicación del citado régimen fiscal especial establecido en el Capítulo VIII del Título VII del TRLIS (incluidos sus efectos en los demás tributos que se remiten en su normativa a dicho régimen fiscal), tanto a los procedimientos de reestructuración financiera realizados mediante la constitución de sistemas de protección integral como a los gestionados por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (siempre que se produzcan efectos económicos equivalentes a las reestructuraciones empresariales expresamente reguladas en dicho Capítulo), el mencionado régimen especial surtiría igualmente efectos con carácter general en relación al citado ITPyAJD.

11/2010 la aplicación del citado régimen fiscal especial establecido en el Capítulo VIII del Título VII del TRLIS (incluidos sus efectos en los demás tributos que se remiten en su normativa a dicho régimen fiscal), tanto a los procedimientos de reestructuración financiera realizados mediante la constitución de sistemas de protección integral como a los gestionados por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (siempre que se produzcan efectos económicos equivalentes a las reestructuraciones empresariales expresamente reguladas en dicho Capítulo), el mencionado régimen especial surtiría igualmente efectos con carácter general en relación al citado ITPyAJD.

Por tanto, aquella entidad de crédito a través de la cual se articulase un Sistema Institucional de Protección con las condiciones establecidas en la letra d) del art. 8.3 de la Ley 13/1985 quedaría exenta por la constitución de sociedades, así como por los aumentos de su capital social y aportaciones, suscritos o realizadas por las entidades agrupadas, siempre que estuviesen previstos en el acuerdo contractual de integración del Sistema Institucional de Protección y, en su caso, en el plan de integración, de la Modalidad de Operaciones Societarias (OS) del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, así como para los actos y documentos necesarios para la formalización de dichas operaciones. Y, de igual modo, quedarían exentas de la Modalidad de Operaciones Societarias aquellas operaciones que se realizasen como consecuencia de los procesos de reestructuración con intervención del FROB a que se refiere el art. 7 del Real Decreto-Ley 9/2009, de 26 de junio, sobre reestructuración bancaria y reforzamiento de los recursos propios de las entidades de crédito.

Por tanto, aquella entidad de crédito a través de la cual se articulase un Sistema Institucional de Protección con las condiciones establecidas en la letra d) del art. 8.3 de la Ley 13/1985 quedaría exenta por la constitución de sociedades, así como por los aumentos de su capital social y aportaciones, suscritos o realizadas por las entidades agrupadas, siempre que estuviesen previstos en el acuerdo contractual de integración del Sistema Institucional de Protección y, en su caso, en el plan de integración, de la Modalidad de Operaciones Societarias (OS) del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, así como para los actos y documentos necesarios para la formalización de dichas operaciones. Y, de igual modo, quedarían exentas de la Modalidad de Operaciones Societarias aquellas operaciones que se realizasen como consecuencia de los procesos de reestructuración con intervención del FROB a que se refiere el art. 7 del Real Decreto-Ley 9/2009, de 26 de junio, sobre reestructuración bancaria y reforzamiento de los recursos propios de las entidades de crédito.

Asimismo quedarían exentos del ITPyAJD los acuerdos contractuales a través de los cuales se estableciesen entre las entidades integrantes del Sistema Institucional de Protección los compromisos mutuos de solvencia, liquidez y puesta en común de resultados a los que se refiere la mencionada letra d) del art. 8.3 de la Ley 13/1985. Y, de cara a reforzar la seguridad jurídica derivada de las operaciones de reestructuración, se estableció la posibilidad de solicitar informe a la Dirección General de Tributos sobre el cumplimiento de la equivalencia de los resultados económicos de las operaciones realizadas respecto de las tipificadas en dicho Capítulo VIII del Título VII del TRLIS, así como sobre las consecuencias tributarias de dichas operaciones, con el objetivo de asegurar la neutralidad fiscal de

Asimismo quedarían exentos del ITPyAJD los acuerdos contractuales a través de los cuales se estableciesen entre las entidades integrantes del Sistema Institucional de Protección los compromisos mutuos de solvencia, liquidez y puesta en común de resultados a los que se refiere la mencionada letra d) del art. 8.3 de la Ley 13/1985. Y, de cara a reforzar la seguridad jurídica derivada de las operaciones de reestructuración, se estableció la posibilidad de solicitar informe a la Dirección General de Tributos sobre el cumplimiento de la equivalencia de los resultados económicos de las operaciones realizadas respecto de las tipificadas en dicho Capítulo VIII del Título VII del TRLIS, así como sobre las consecuencias tributarias de dichas operaciones, con el objetivo de asegurar la neutralidad fiscal de

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las mismas. En efecto, aquellas entidades de crédito que participasen en esta clase de operaciones podrían instar al Banco de España o al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria que solicitase informe a la Dirección General de Tributos del Ministerio de Economía y Hacienda, en el ámbito de interpretación de la normativa tributaria estatal, sobre la concurrencia del requisito de equivalencia de los resultados económicos anteriormente indicados, así como sobre cualesquiera otras consecuencias tributarias que se deriven de dichas operaciones. Dicho informe habría de emitirse en el plazo máximo de un mes, teniendo efectos vinculantes para los órganos y entidades de la Administración tributaria encargados de la aplicación de los tributos.

las mismas. En efecto, aquellas entidades de crédito que participasen en esta clase de operaciones podrían instar al Banco de España o al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria que solicitase informe a la Dirección General de Tributos del Ministerio de Economía y Hacienda, en el ámbito de interpretación de la normativa tributaria estatal, sobre la concurrencia del requisito de equivalencia de los resultados económicos anteriormente indicados, así como sobre cualesquiera otras consecuencias tributarias que se deriven de dichas operaciones. Dicho informe habría de emitirse en el plazo máximo de un mes, teniendo efectos vinculantes para los órganos y entidades de la Administración tributaria encargados de la aplicación de los tributos.

En este sentido desde sectores tales como el Banco de España o la Confederación Española de Cajas de Ahorro se había venido proponiendo que se otorgase a los SIPs un marco fiscal idéntico al aplicable en los procesos de fusión, al objeto de que estos procesos de integración entre cajas no se viesen penalizados, y al margen del grado de integración al que puedan llegar tales uniones.

En este sentido desde sectores tales como el Banco de España o la Confederación Española de Cajas de Ahorro se había venido proponiendo que se otorgase a los SIPs un marco fiscal idéntico al aplicable en los procesos de fusión, al objeto de que estos procesos de integración entre cajas no se viesen penalizados, y al margen del grado de integración al que puedan llegar tales uniones.

Por lo que respecta al ámbito del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) y del Impuesto General Indirecto Canario (IGIC), dado que el régimen especial del grupo de entidades, en vigor desde el 1 de enero de 2008, no resultaba aplicable tal y como se encontraba definido por aquel entonces a aquellas entidades estructuradas en torno a la creación de un Sistema Institucional de Protección, al no existir una relación de intercapitalización que permitiese la formación del perímetro subjetivo del grupo, se dispuso que para que este régimen resultase de aplicación habrían de adaptarse los requerimientos legales que, a efectos de ambos tributos, permitiesen definir a la entidad dominante y a sus dependientes en el seno del sistema, procediendo a tal efecto el Real Decreto-Ley 11/2010 a fijar los plazos para la opción por el referido régimen especial. E igualmente se llevaron a cabo las modificaciones legales oportunas destinadas a garantizar la neutralidad fiscal en el tratamiento tributario de la obra social, con independencia del modelo de organización que se adopte por las cajas de ahorro.

Por lo que respecta al ámbito del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) y del Impuesto General Indirecto Canario (IGIC), dado que el régimen especial del grupo de entidades, en vigor desde el 1 de enero de 2008, no resultaba aplicable tal y como se encontraba definido por aquel entonces a aquellas entidades estructuradas en torno a la creación de un Sistema Institucional de Protección, al no existir una relación de intercapitalización que permitiese la formación del perímetro subjetivo del grupo, se dispuso que para que este régimen resultase de aplicación habrían de adaptarse los requerimientos legales que, a efectos de ambos tributos, permitiesen definir a la entidad dominante y a sus dependientes en el seno del sistema, procediendo a tal efecto el Real Decreto-Ley 11/2010 a fijar los plazos para la opción por el referido régimen especial. E igualmente se llevaron a cabo las modificaciones legales oportunas destinadas a garantizar la neutralidad fiscal en el tratamiento tributario de la obra social, con independencia del modelo de organización que se adopte por las cajas de ahorro.

De este modo el régimen especial del grupo de entidades regulado en el Capítulo IX del Título IX de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, reguladora del IVA (LIVA), así como el recogido en el Capítulo VIII del Título III de la Ley 20/1991, de 7 de junio, de modificación de los aspectos fiscales del

De este modo el régimen especial del grupo de entidades regulado en el Capítulo IX del Título IX de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, reguladora del IVA (LIVA), así como el recogido en el Capítulo VIII del Título III de la Ley 20/1991, de 7 de junio, de modificación de los aspectos fiscales del

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Régimen Económico Fiscal de Canarias, podría ser aplicado por los empresarios y profesionales que integrasen un Sistema Institucional de Protección en las condiciones establecidas en la letra d) del apartado 3 del art. 8 de la Ley 13/1985, de 25 de mayo, de Coeficientes de Inversión, Recursos Propios y Obligaciones de Información de los Intermediarios Financieros.

Régimen Económico Fiscal de Canarias, podría ser aplicado por los empresarios y profesionales que integrasen un Sistema Institucional de Protección en las condiciones establecidas en la letra d) del apartado 3 del art. 8 de la Ley 13/1985, de 25 de mayo, de Coeficientes de Inversión, Recursos Propios y Obligaciones de Información de los Intermediarios Financieros.

A estos efectos habría de considerarse como dominante la entidad central que determinase con carácter vinculante las políticas y estrategias de negocio así como los niveles y medidas de control interno y de gestión de riesgos del sistema institucional de protección. Y, como dependientes, se considerarían las entidades que perteneciesen a dicho Sistema Institucional de Protección, así como aquéllas en las que las mismas mantuviesen una participación, directa o indirecta, de más del 50 por ciento de su capital.

A estos efectos habría de considerarse como dominante la entidad central que determinase con carácter vinculante las políticas y estrategias de negocio así como los niveles y medidas de control interno y de gestión de riesgos del sistema institucional de protección. Y, como dependientes, se considerarían las entidades que perteneciesen a dicho Sistema Institucional de Protección, así como aquéllas en las que las mismas mantuviesen una participación, directa o indirecta, de más del 50 por ciento de su capital.

Tanto la entidad dominante como sus dependientes han de hallarse establecidas en el Territorio de Aplicación del Impuesto (TAI), pudiendo ejercitarse la opción por la aplicación del presente régimen especial en el plazo de los tres meses posteriores a la comprobación por el Banco de España a que se refiere la letra d) del apartado 3 del art. 8 de la Ley 13/1985, de 25 de mayo. No obstante, si la comprobación por el Banco de España ya se hubiera realizado a la entrada en vigor de dicho precepto, la opción por la aplicación del régimen especial podría ejercitarse en el plazo de los tres meses siguientes a dicha entrada en vigor.

Tanto la entidad dominante como sus dependientes han de hallarse establecidas en el Territorio de Aplicación del Impuesto (TAI), pudiendo ejercitarse la opción por la aplicación del presente régimen especial en el plazo de los tres meses posteriores a la comprobación por el Banco de España a que se refiere la letra d) del apartado 3 del art. 8 de la Ley 13/1985, de 25 de mayo. No obstante, si la comprobación por el Banco de España ya se hubiera realizado a la entrada en vigor de dicho precepto, la opción por la aplicación del régimen especial podría ejercitarse en el plazo de los tres meses siguientes a dicha entrada en vigor.

En todo caso, una vez ejercitada la opción, el régimen especial tendría efectos desde el periodo de liquidación del Impuesto correspondiente a la fecha en que la misma fuese comunicada a la Administración tributaria, no siéndoles de aplicación a estos grupos de entidades los requisitos establecidos en el art. 163 quinquies de la Ley 37/1992.

En todo caso, una vez ejercitada la opción, el régimen especial tendría efectos desde el periodo de liquidación del Impuesto correspondiente a la fecha en que la misma fuese comunicada a la Administración tributaria, no siéndoles de aplicación a estos grupos de entidades los requisitos establecidos en el art. 163 quinquies de la Ley 37/1992.

Téngase presente, para finalizar, que el presente régimen fiscal de los SIPs de entidades de crédito resultaba asimismo aplicable a los Sistemas Institucionales de Protección de entidades de crédito que estuviesen ya constituidas a la fecha de entrada en vigor de la misma por las operaciones y actos ya realizados. Y, a efectos del IS, el régimen fiscal establecido en el art. 7 del Real Decreto-Ley resultaba de aplicación en los períodos impositivos en los que se hubiesen realizado las correspondientes operaciones, con independencia de que estas últimas se hubiesen realizado en fechas anteriores o posteriores a la entrada en vigor de dicha norma.

Téngase presente, para finalizar, que el presente régimen fiscal de los SIPs de entidades de crédito resultaba asimismo aplicable a los Sistemas Institucionales de Protección de entidades de crédito que estuviesen ya constituidas a la fecha de entrada en vigor de la misma por las operaciones y actos ya realizados. Y, a efectos del IS, el régimen fiscal establecido en el art. 7 del Real Decreto-Ley resultaba de aplicación en los períodos impositivos en los que se hubiesen realizado las correspondientes operaciones, con independencia de que estas últimas se hubiesen realizado en fechas anteriores o posteriores a la entrada en vigor de dicha norma.

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ANÁLISIS DE LAS NUEVAS EXIGENCIAS DE LIQUIDEZ ESTABLECIDAS

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ANÁLISIS DE LAS NUEVAS EXIGENCIAS DE LIQUIDEZ ESTABLECIDAS

El Título VI del Real Decreto-Ley 11/2010 incluyó, en línea con los trabajos desarrollados en materia de solvencia a nivel internacional, nuevas exigencias de liquidez y un límite al apalancamiento. Como es lógico, dichas exigencias debían ser objeto del correspondiente desarrollo posterior.

El Título VI del Real Decreto-Ley 11/2010 incluyó, en línea con los trabajos desarrollados en materia de solvencia a nivel internacional, nuevas exigencias de liquidez y un límite al apalancamiento. Como es lógico, dichas exigencias debían ser objeto del correspondiente desarrollo posterior.

Al amparo de la redacción otorgada al art. 6.3 de la Ley 13/1985, de 25 de mayo, de coeficientes de inversión, recursos propios y obligaciones de información de los intermediarios financieros, a través del citado procedimiento reglamentario debían imponerse límites máximos a: las inversiones en inmuebles u otros inmovilizados; las acciones y participaciones; los activos, pasivos o posiciones en moneda extranjera; los riesgos que puedan contraerse con una misma persona, entidad o grupo económico; y, en general, a aquellas operaciones o posiciones que impliquen riesgos elevados para la solvencia de las entidades. Dichos límites podrían además graduarse atendiendo a las características de los diferentes tipos de entidades de crédito32.

Al amparo de la redacción otorgada al art. 6.3 de la Ley 13/1985, de 25 de mayo, de coeficientes de inversión, recursos propios y obligaciones de información de los intermediarios financieros, a través del citado procedimiento reglamentario debían imponerse límites máximos a: las inversiones en inmuebles u otros inmovilizados; las acciones y participaciones; los activos, pasivos o posiciones en moneda extranjera; los riesgos que puedan contraerse con una misma persona, entidad o grupo económico; y, en general, a aquellas operaciones o posiciones que impliquen riesgos elevados para la solvencia de las entidades. Dichos límites podrían además graduarse atendiendo a las características de los diferentes tipos de entidades de crédito32.

Igualmente debía configurarse la obligación de disponer de una cantidad mínima de activos líquidos que permitiesen hacer frente a las potenciales salidas de fondos derivadas de pasivos y compromisos (incluso en caso de estrés) y la de mantener una estructura adecuada de fuentes de financiación y de vencimientos en sus activos, pasivos y compromisos con el fin de evitar potenciales desequilibrios o tensiones de liquidez que pudieran dañar o poner en riesgo la situación financiera de la entidad, estableciéndose

Igualmente debía configurarse la obligación de disponer de una cantidad mínima de activos líquidos que permitiesen hacer frente a las potenciales salidas de fondos derivadas de pasivos y compromisos (incluso en caso de estrés) y la de mantener una estructura adecuada de fuentes de financiación y de vencimientos en sus activos, pasivos y compromisos con el fin de evitar potenciales desequilibrios o tensiones de liquidez que pudieran dañar o poner en riesgo la situación financiera de la entidad, estableciéndose

Por su parte la Ley 6/2011, de 11 de abril, por la que se modifican la Ley 13/1985, de 25 de mayo, de coeficientes de inversión, recursos propios y obligaciones de información de los intermediarios financieros, la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores y el Real Decreto Legislativo 1298/1986, de 28 de junio, sobre adaptación del derecho vigente en materia de entidades de crédito al de las Comunidades Europeas, añadió al art. 6.3 de la Ley 13/1985 una nueva letra d) con la siguiente redacción: “d) Las condiciones en las que una entidad de crédito podrá exponerse al riesgo de una posición de titulización, o mantener dichas exposiciones, así como las condiciones que deberán aplicar las entidades de crédito originadoras o patrocinadoras a las exposiciones que vayan a titulizar. A estos efectos, una entidad de crédito que no sea originadora, patrocinadora o acreedora original se considerará expuesta al riesgo de crédito de una posición de titulización en su cartera de negociación o fuera de ella solamente si la entidad originadora, patrocinadora o acreedora original ha revelado de manera explícita a la entidad de crédito que se dispone a retener, de manera constante, un interés económico neto significativo que, en cualquier caso, no podrá ser inferior al 5 por ciento”.

Por su parte la Ley 6/2011, de 11 de abril, por la que se modifican la Ley 13/1985, de 25 de mayo, de coeficientes de inversión, recursos propios y obligaciones de información de los intermediarios financieros, la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores y el Real Decreto Legislativo 1298/1986, de 28 de junio, sobre adaptación del derecho vigente en materia de entidades de crédito al de las Comunidades Europeas, añadió al art. 6.3 de la Ley 13/1985 una nueva letra d) con la siguiente redacción: “d) Las condiciones en las que una entidad de crédito podrá exponerse al riesgo de una posición de titulización, o mantener dichas exposiciones, así como las condiciones que deberán aplicar las entidades de crédito originadoras o patrocinadoras a las exposiciones que vayan a titulizar. A estos efectos, una entidad de crédito que no sea originadora, patrocinadora o acreedora original se considerará expuesta al riesgo de crédito de una posición de titulización en su cartera de negociación o fuera de ella solamente si la entidad originadora, patrocinadora o acreedora original ha revelado de manera explícita a la entidad de crédito que se dispone a retener, de manera constante, un interés económico neto significativo que, en cualquier caso, no podrá ser inferior al 5 por ciento”.

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Juan Calvo Vérgez

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un límite máximo a la relación entre los recursos propios de la entidad y el valor total de sus exposiciones a los riesgos derivados de su actividad. Estas obligaciones podrían incluso resultar más estrictas en función de la capacidad de cada entidad de crédito para obtener recursos propios básicos.

un límite máximo a la relación entre los recursos propios de la entidad y el valor total de sus exposiciones a los riesgos derivados de su actividad. Estas obligaciones podrían incluso resultar más estrictas en función de la capacidad de cada entidad de crédito para obtener recursos propios básicos.

Asimismo se reguló la posibilidad de aplicar estos nuevos requerimientos en función de la capacidad de cada entidad de crédito para obtener recursos propios básicos, los cuales quedaron reforzados mediante la introducción en el Real Decreto-Ley 9/2009, de 26 de junio, de un nuevo art. 10, relativo a la recapitalización de entidades individuales, con la siguiente redacción: “Excepcionalmente, el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria podrá también adquirir títulos emitidos por entidades individuales que, sin incurrir en las circunstancias establecidas en el artículo 6, precisen, a juicio del Banco de España, de un reforzamiento de sus recursos propios. Dichas adquisiciones se regirán por lo dispuesto en el artículo 9 de este Real Decreto-Ley, y se entenderán condicionadas a la elaboración de un plan de recapitalización cuyos objetivos, medidas y compromisos deberán coincidir con los previstos en dicho artículo respecto de los planes de integración. El citado plan deberá ser aprobado por el Banco de España, que valorará especialmente la capacidad de la entidad para lograr los citados objetivos sin necesidad de acometer un proceso de integración con otras entidades”.

Asimismo se reguló la posibilidad de aplicar estos nuevos requerimientos en función de la capacidad de cada entidad de crédito para obtener recursos propios básicos, los cuales quedaron reforzados mediante la introducción en el Real Decreto-Ley 9/2009, de 26 de junio, de un nuevo art. 10, relativo a la recapitalización de entidades individuales, con la siguiente redacción: “Excepcionalmente, el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria podrá también adquirir títulos emitidos por entidades individuales que, sin incurrir en las circunstancias establecidas en el artículo 6, precisen, a juicio del Banco de España, de un reforzamiento de sus recursos propios. Dichas adquisiciones se regirán por lo dispuesto en el artículo 9 de este Real Decreto-Ley, y se entenderán condicionadas a la elaboración de un plan de recapitalización cuyos objetivos, medidas y compromisos deberán coincidir con los previstos en dicho artículo respecto de los planes de integración. El citado plan deberá ser aprobado por el Banco de España, que valorará especialmente la capacidad de la entidad para lograr los citados objetivos sin necesidad de acometer un proceso de integración con otras entidades”.

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NOVEDADES INCORPORADAS A LA REGULACIÓN DEL FROB

Tal y como señaló la Disposición Adicional del Real Decreto-Ley 11/2010, con carácter excepcional el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria podría adquirir títulos emitidos por entidades individuales que, aún siendo solventes y viables, pudieran no ser suficientemente resistentes en contextos significativamente más adversos que el actual, lo que pudiera aconsejar un reforzamiento urgente de su capital con objeto de incrementar la confianza del mercado en dichas entidades. En todo caso estas adquisiciones quedaban condicionadas a la elaboración de un plan de recapitalización cuyos objetivos, medidas y compromisos debían coincidir con los previstos en el art. 9 del Real Decreto Ley 9/2009, de 26 de junio, sobre reestructu-

NOVEDADES INCORPORADAS A LA REGULACIÓN DEL FROB

Tal y como señaló la Disposición Adicional del Real Decreto-Ley 11/2010, con carácter excepcional el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria podría adquirir títulos emitidos por entidades individuales que, aún siendo solventes y viables, pudieran no ser suficientemente resistentes en contextos significativamente más adversos que el actual, lo que pudiera aconsejar un reforzamiento urgente de su capital con objeto de incrementar la confianza del mercado en dichas entidades. En todo caso estas adquisiciones quedaban condicionadas a la elaboración de un plan de recapitalización cuyos objetivos, medidas y compromisos debían coincidir con los previstos en el art. 9 del Real Decreto Ley 9/2009, de 26 de junio, sobre reestructu-

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ración bancaria y reforzamiento de los recursos propios de las entidades de crédito, respecto de los planes de integración a los que se refería dicho precepto. Como ya se ha señalado, dicho texto legal sería posteriormente objeto de derogación tras la aprobación del Real Decreto-ley 24/2012, de 31 de agosto, de reestructuración y resolución de entidades de crédito.

ración bancaria y reforzamiento de los recursos propios de las entidades de crédito, respecto de los planes de integración a los que se refería dicho precepto. Como ya se ha señalado, dicho texto legal sería posteriormente objeto de derogación tras la aprobación del Real Decreto-ley 24/2012, de 31 de agosto, de reestructuración y resolución de entidades de crédito.

El citado plan debía ser aprobado por el Banco de España, que habría de valorar especialmente la capacidad de la entidad para lograr los citados objetivos, sin necesidad de acometer un proceso de integración con otras entidades.

El citado plan debía ser aprobado por el Banco de España, que habría de valorar especialmente la capacidad de la entidad para lograr los citados objetivos, sin necesidad de acometer un proceso de integración con otras entidades.

Por otra parte ya en su día señaló el Banco de España que procedería a la nacionalización de aquellas cajas que no pudieran hacer frente a la devolución de la financiación otorgada por el FROB. En un primer momento dicho instrumento suscribió con los distintos grupos bancarios más de 11.000 millones de participaciones preferentes para apoyarles en su reconversión, lo que les dejó bajo la tutela del Estado. Las cajas debían devolver estos créditos públicos en cinco años, a un interés anual del 7,75%. Y, en el hipotético caso de que alguno de los citados grupos no pudiera hacer frente a los pagos, estos títulos se convertirían en acciones, proceso en el que el supervisor introdujo una novedad técnica que le aseguraba que, tras este paso, sería el principal accionista.

Por otra parte ya en su día señaló el Banco de España que procedería a la nacionalización de aquellas cajas que no pudieran hacer frente a la devolución de la financiación otorgada por el FROB. En un primer momento dicho instrumento suscribió con los distintos grupos bancarios más de 11.000 millones de participaciones preferentes para apoyarles en su reconversión, lo que les dejó bajo la tutela del Estado. Las cajas debían devolver estos créditos públicos en cinco años, a un interés anual del 7,75%. Y, en el hipotético caso de que alguno de los citados grupos no pudiera hacer frente a los pagos, estos títulos se convertirían en acciones, proceso en el que el supervisor introdujo una novedad técnica que le aseguraba que, tras este paso, sería el principal accionista.

La conversión en acciones no se realizaría de acuerdo a un valor prefijado (es decir, cada preferente correspondería a un número determinado de nuevos títulos, la fórmula más habitual), sino que se fijaría a posteriori tomando como referencia el valor de mercado de la caja. De este modo, teniendo presente que una entidad que no puede devolver el FROB debe tener a la fuerza una valoración de mercado baja, el Banco de España se haría mediante este tecnicismo con el control de las entidades que tuviesen problemas.

La conversión en acciones no se realizaría de acuerdo a un valor prefijado (es decir, cada preferente correspondería a un número determinado de nuevos títulos, la fórmula más habitual), sino que se fijaría a posteriori tomando como referencia el valor de mercado de la caja. De este modo, teniendo presente que una entidad que no puede devolver el FROB debe tener a la fuerza una valoración de mercado baja, el Banco de España se haría mediante este tecnicismo con el control de las entidades que tuviesen problemas.

En todo caso aquellas entidades que hubiesen recibido esta ayuda contaban con un margen para cumplir con sus obligaciones y llevar a cabo con éxito sus procesos de integración. Esta devolución debía iniciarse en un entorno muy complejo de mercado: la actividad de crédito estaba paralizada y los costes de financiación se estaban elevando, lo que dificultaba la generación de beneficios con los que devolver las ayudas. A ello se ha de añadir que, como ya se ha señalado, el Banco de España iba a vigilar estre-

En todo caso aquellas entidades que hubiesen recibido esta ayuda contaban con un margen para cumplir con sus obligaciones y llevar a cabo con éxito sus procesos de integración. Esta devolución debía iniciarse en un entorno muy complejo de mercado: la actividad de crédito estaba paralizada y los costes de financiación se estaban elevando, lo que dificultaba la generación de beneficios con los que devolver las ayudas. A ello se ha de añadir que, como ya se ha señalado, el Banco de España iba a vigilar estre-

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chamente a las cajas con exámenes trimestrales en los que debía asegurarse si estaban llevando a cabo sus planes de reorganización, y en los que debía evaluar si podían cumplir con los pagos del FROB. Para las entidades, esta tutela estatal resultaba incómoda, por lo que trabajaron para sustituir cuanto antes estos fondos con capital privado. Ahora bien, en caso de que se originasen problemas de solvencia de una caja cabría un paso previo antes de su nacionalización: la venta de su negocio a otra entidad.

chamente a las cajas con exámenes trimestrales en los que debía asegurarse si estaban llevando a cabo sus planes de reorganización, y en los que debía evaluar si podían cumplir con los pagos del FROB. Para las entidades, esta tutela estatal resultaba incómoda, por lo que trabajaron para sustituir cuanto antes estos fondos con capital privado. Ahora bien, en caso de que se originasen problemas de solvencia de una caja cabría un paso previo antes de su nacionalización: la venta de su negocio a otra entidad.

De cara al año 2011 desde el Banco de España se había señalado que no se preveía que el sector fuese a necesitar más fondos públicos, aunque el FROB tenía capacidad para aportarlos. Y ello al margen de lo que pudiera suceder con aquellas entidades que suspendieron las primeras pruebas de resistencia o test de estrés celebradas en julio de 2010 (Catalunya Caixa, Caja España-Duero, Banca Cívica y Unnim)33.

De cara al año 2011 desde el Banco de España se había señalado que no se preveía que el sector fuese a necesitar más fondos públicos, aunque el FROB tenía capacidad para aportarlos. Y ello al margen de lo que pudiera suceder con aquellas entidades que suspendieron las primeras pruebas de resistencia o test de estrés celebradas en julio de 2010 (Catalunya Caixa, Caja España-Duero, Banca Cívica y Unnim)33.

Recuérdese que, ya a mediados de 2009, el Gobierno sentó las bases del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria, dotado hasta con 99.000 millones. Este instrumento de recapitalización es válido tanto para sanear una caja intervenida como para apoyar procesos de integración entre entidades. El Banco de España presionó en 2010 para que las cajas redujesen su capacidad y se integrasen con apoyo de este fondo. Y los cuatro grupos bancarios españoles que suspendieron los test de estrés de 2010 tenían derecho a suscribir más capital del FROB para cubrir sus necesidades.

Recuérdese que, ya a mediados de 2009, el Gobierno sentó las bases del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria, dotado hasta con 99.000 millones. Este instrumento de recapitalización es válido tanto para sanear una caja intervenida como para apoyar procesos de integración entre entidades. El Banco de España presionó en 2010 para que las cajas redujesen su capacidad y se integrasen con apoyo de este fondo. Y los cuatro grupos bancarios españoles que suspendieron los test de estrés de 2010 tenían derecho a suscribir más capital del FROB para cubrir sus necesidades.

33 Estos grupos podían tomar el déficit de capital al que llegarían si se produjese un shock de deuda soberana, el escenario más adverso contemplado en los test de solvencia efectuados a la banca durante el pasado mes de julio de 2010. La fusión realizada en Castilla y León ya renunció en su día a estos fondos. Unnim, por su parte, tomaría entre 100 millones y 150 millones de euros adicionales, de los 250 millones a los que tendría acceso. Banca Cívica había recibido 977 millones, tras la inclusión en el grupo de Cajasol. Por último, Catalunya Caixa estaba decidida a tomar parte de los 1.032 millones adicionales que podía obtener del FROB. Las entidades utilizaron los fondos del FROB, fundamentalmente, para llevar a cabo las prejubilaciones de más de 11.000 empleados y anticipar provisiones ante posibles deterioros adicionales de su cartera crediticia.

33 Estos grupos podían tomar el déficit de capital al que llegarían si se produjese un shock de deuda soberana, el escenario más adverso contemplado en los test de solvencia efectuados a la banca durante el pasado mes de julio de 2010. La fusión realizada en Castilla y León ya renunció en su día a estos fondos. Unnim, por su parte, tomaría entre 100 millones y 150 millones de euros adicionales, de los 250 millones a los que tendría acceso. Banca Cívica había recibido 977 millones, tras la inclusión en el grupo de Cajasol. Por último, Catalunya Caixa estaba decidida a tomar parte de los 1.032 millones adicionales que podía obtener del FROB. Las entidades utilizaron los fondos del FROB, fundamentalmente, para llevar a cabo las prejubilaciones de más de 11.000 empleados y anticipar provisiones ante posibles deterioros adicionales de su cartera crediticia.

III. LA NECESIDAD DE ACOMETER UNA SEGUNDA GRAN ETAPA DESTINADA AL REFORZAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO Y A LA RECAPITALIZACIÓN DE LAS CAJAS

III. LA NECESIDAD DE ACOMETER UNA SEGUNDA GRAN ETAPA DESTINADA AL REFORZAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO Y A LA RECAPITALIZACIÓN DE LAS CAJAS

Dada la situación a la que se ha venido aludiendo a lo largo de los Capítulos precedentes de la presente obra resultaba necesario tratar de hallar nuevas vías para que el conjunto de las cajas de ahorro pudieran, en un futuro, superar los test de estrés, acelerando así el proceso de reordenación del sector y estudiando fórmulas orientadas a potenciar la recapitalización de dichas entidades. Y ello con la finalidad de hacer frente a la persistente desconfianza de los mercados hacia España, estimándose que uno de los principales focos de incertidumbre era el relativo a la solvencia de las cajas.

Dada la situación a la que se ha venido aludiendo a lo largo de los Capítulos precedentes de la presente obra resultaba necesario tratar de hallar nuevas vías para que el conjunto de las cajas de ahorro pudieran, en un futuro, superar los test de estrés, acelerando así el proceso de reordenación del sector y estudiando fórmulas orientadas a potenciar la recapitalización de dichas entidades. Y ello con la finalidad de hacer frente a la persistente desconfianza de los mercados hacia España, estimándose que uno de los principales focos de incertidumbre era el relativo a la solvencia de las cajas.

A tal efecto de un tiempo a esta parte venía estudiándose la necesidad de acometer una segunda ronda de ayudas públicas destinadas a que, como se ha indicado, el conjunto de las entidades superasen los nuevos test de solvencia a la banca a realizar en el mes de julio de 2011. Igualmente se pretendía acelerar la transformación de las cajas en bancos, al objeto de facilitar su financiación por la vía privada. Se estimaba así que debía llevarse a cabo una recapitalización, al objeto de poder superar los citados tests de estrés y mejorar las ratio de capital.

A tal efecto de un tiempo a esta parte venía estudiándose la necesidad de acometer una segunda ronda de ayudas públicas destinadas a que, como se ha indicado, el conjunto de las entidades superasen los nuevos test de solvencia a la banca a realizar en el mes de julio de 2011. Igualmente se pretendía acelerar la transformación de las cajas en bancos, al objeto de facilitar su financiación por la vía privada. Se estimaba así que debía llevarse a cabo una recapitalización, al objeto de poder superar los citados tests de estrés y mejorar las ratio de capital.

Pues bien, con la finalidad de acometer este reforzamiento con fondos públicos del capital de las cajas, los cinco grupos que suspendieron en su día los test de estrés celebrados en el mes de julio de 2010 comenzaron a negociar con el Banco de España la obtención del nuevo capital que iban a

Pues bien, con la finalidad de acometer este reforzamiento con fondos públicos del capital de las cajas, los cinco grupos que suspendieron en su día los test de estrés celebrados en el mes de julio de 2010 comenzaron a negociar con el Banco de España la obtención del nuevo capital que iban a

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necesitar. En aquel momento se calculó que requerían en total unos 1.835 millones de euros distribuidos de la siguiente manera: Catalunya Caixa (1.032 millones); Banca Cívica, sin Cajasol (406 millones); Unnim (270 millones); Caja España-Duero (127 millones); y Cajasur (208 millones), ya integrada en BBK. Pero todo indicaba que dicha cifra iba a ser insuficiente, al requerirse que se solicitase al FROB unas cantidades superiores a dichos mínimos necesarios34.

necesitar. En aquel momento se calculó que requerían en total unos 1.835 millones de euros distribuidos de la siguiente manera: Catalunya Caixa (1.032 millones); Banca Cívica, sin Cajasol (406 millones); Unnim (270 millones); Caja España-Duero (127 millones); y Cajasur (208 millones), ya integrada en BBK. Pero todo indicaba que dicha cifra iba a ser insuficiente, al requerirse que se solicitase al FROB unas cantidades superiores a dichos mínimos necesarios34.

Una alternativa que llegó a plantearse al respecto era que dicho capital lo aportasen sobre todo los inversores privados, siendo imprescindible a tal efecto acelerar el proceso de bancarización de las cajas. Ahora bien, en el supuesto de que el Gobierno acometiese el desarrollo de dicha labor legislativa mediante Real Decreto dicha actuación podía llegar a vulnerar el poder que aún conservaban directa e indirectamente las Comunidades Autónomas. Por otra parte debía reconocerse que el hecho de operar como banco no garantizaba tener el crédito de los inversores, y menos aun dadas las tensiones existentes en los mercados de financiación mayoristas. En todo caso el Ejecutivo se preparó para volver a reforzar con fondos públicos el capital de las cajas de ahorro, procediéndose así a acometer si recapitalización con la finalidad de obtener una estructura adecuada para participar en los mercados.

Una alternativa que llegó a plantearse al respecto era que dicho capital lo aportasen sobre todo los inversores privados, siendo imprescindible a tal efecto acelerar el proceso de bancarización de las cajas. Ahora bien, en el supuesto de que el Gobierno acometiese el desarrollo de dicha labor legislativa mediante Real Decreto dicha actuación podía llegar a vulnerar el poder que aún conservaban directa e indirectamente las Comunidades Autónomas. Por otra parte debía reconocerse que el hecho de operar como banco no garantizaba tener el crédito de los inversores, y menos aun dadas las tensiones existentes en los mercados de financiación mayoristas. En todo caso el Ejecutivo se preparó para volver a reforzar con fondos públicos el capital de las cajas de ahorro, procediéndose así a acometer si recapitalización con la finalidad de obtener una estructura adecuada para participar en los mercados.

A tal efecto fueron varias las opciones barajadas: desde la posibilidad de que el Fondo procediese a colocar en los mercados una emisión de, al menos, 1.000 millones de euros hasta la opción de que el FROB entrase de forma directa en el capital de las entidades, mediante la adquisición de cuotas o acciones. El modelo aplicable se fundamentaba en préstamos temporales a través de la compra de participaciones preferentes. En todo caso se estimaba que la recapitalización debía llegar por la vía privada.

A tal efecto fueron varias las opciones barajadas: desde la posibilidad de que el Fondo procediese a colocar en los mercados una emisión de, al menos, 1.000 millones de euros hasta la opción de que el FROB entrase de forma directa en el capital de las entidades, mediante la adquisición de cuotas o acciones. El modelo aplicable se fundamentaba en préstamos temporales a través de la compra de participaciones preferentes. En todo caso se estimaba que la recapitalización debía llegar por la vía privada.

34 Recuérdese que, hasta dicha fecha, el FROB había destinado al sector 11.200 millones de euros, a pesar de lo cual las cajas reconocían que ese dinero era insuficiente. De este modo la posibilidad de que otros grupos que, en su día, superaron las primeras pruebas pudieran necesitar más fondos para enfrentarse al nuevo examen se había planteado. A ello debía añadirse que ya no servían las previsiones de recuperación económica con las que se trabajaba a principios de 2010, habiendo incrementado dicho escenario la presión sobre las ya deterioradas cuentas de resultados, con importantes caídas de márgenes y altas exigencias de provisiones por morosidad. Por aquel entonces el FROB podía poner a disposición de las entidades hasta 99.000 millones de euros mediante emisiones de deuda. Sin embargo cabía la posibilidad de que dicha cifra llegase a ser insuficiente.

34 Recuérdese que, hasta dicha fecha, el FROB había destinado al sector 11.200 millones de euros, a pesar de lo cual las cajas reconocían que ese dinero era insuficiente. De este modo la posibilidad de que otros grupos que, en su día, superaron las primeras pruebas pudieran necesitar más fondos para enfrentarse al nuevo examen se había planteado. A ello debía añadirse que ya no servían las previsiones de recuperación económica con las que se trabajaba a principios de 2010, habiendo incrementado dicho escenario la presión sobre las ya deterioradas cuentas de resultados, con importantes caídas de márgenes y altas exigencias de provisiones por morosidad. Por aquel entonces el FROB podía poner a disposición de las entidades hasta 99.000 millones de euros mediante emisiones de deuda. Sin embargo cabía la posibilidad de que dicha cifra llegase a ser insuficiente.

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En relación con la primera de las posibilidades apuntadas, se preveía que el FROB emitiese próximamente hasta 3.000 millones de euros en bonos, preparándose así para reforzar el capital de las cajas, si bien el Gobierno venía insistiendo igualmente en la vía privada. Se trataría, en el presente caso, de una captación de fondos con vistas a la nueva ronda de recapitalización con dinero público de las cajas de ahorro. Como ya se ha señalado, el FROB nació con un capital de 9.000 millones de euros en junio de 2009, procediendo a reforzarse con posterioridad a través de una emisión de bonos a cinco años de 3.000 millones hasta los 12.000 millones con los que contaba por aquel entonces.

En relación con la primera de las posibilidades apuntadas, se preveía que el FROB emitiese próximamente hasta 3.000 millones de euros en bonos, preparándose así para reforzar el capital de las cajas, si bien el Gobierno venía insistiendo igualmente en la vía privada. Se trataría, en el presente caso, de una captación de fondos con vistas a la nueva ronda de recapitalización con dinero público de las cajas de ahorro. Como ya se ha señalado, el FROB nació con un capital de 9.000 millones de euros en junio de 2009, procediendo a reforzarse con posterioridad a través de una emisión de bonos a cinco años de 3.000 millones hasta los 12.000 millones con los que contaba por aquel entonces.

Esta nueva emisión del Fondo se enmarcaba en los preparativos del Gobierno para volver a reforzar la solvencia del sector financiero de cara a las nuevas pruebas de resistencia a la banca que el Comité de Supervisores Bancarios Europeos (CEBS) tenía previsto en el primer semestre de 2011. Ahora bien, mientras que el Ejecutivo defendía una recapitalización de mayor calado, el organismo supervisor (Banco de España) se mostraba partidario de minimizar el coste para el contribuyente, mediante un apoyo de menor cuantía. A esta circunstancia se ha de añadir el ejercicio de transparencia que el Banco de España había forzado a efectuar a las cajas, a resultas del cual éstas últimas quedaban obligadas a detallar su exposición al sector constructor e inmobiliario, al objeto de contribuir a clarificar nuevas necesidades de capital.

Esta nueva emisión del Fondo se enmarcaba en los preparativos del Gobierno para volver a reforzar la solvencia del sector financiero de cara a las nuevas pruebas de resistencia a la banca que el Comité de Supervisores Bancarios Europeos (CEBS) tenía previsto en el primer semestre de 2011. Ahora bien, mientras que el Ejecutivo defendía una recapitalización de mayor calado, el organismo supervisor (Banco de España) se mostraba partidario de minimizar el coste para el contribuyente, mediante un apoyo de menor cuantía. A esta circunstancia se ha de añadir el ejercicio de transparencia que el Banco de España había forzado a efectuar a las cajas, a resultas del cual éstas últimas quedaban obligadas a detallar su exposición al sector constructor e inmobiliario, al objeto de contribuir a clarificar nuevas necesidades de capital.

De cualquier manera, como se ha señalado con anterioridad, eran varias las posibilidades existentes de cara a lograr el apoyo necesario: a través del modelo actual (préstamos temporales en forma de participaciones preferentes), o bien mediante una entrada directa en el capital, a través de cuotas o acciones. Y, precisamente con la finalidad de tratar de acelerar la captación de fondos en el mercado el Ejecutivo venía persiguiendo de un tiempo a esta parte forzar la conversión de las cajas en bancos, lo que podía plantearse mediante una modificación de la Ley de Cajas.

De cualquier manera, como se ha señalado con anterioridad, eran varias las posibilidades existentes de cara a lograr el apoyo necesario: a través del modelo actual (préstamos temporales en forma de participaciones preferentes), o bien mediante una entrada directa en el capital, a través de cuotas o acciones. Y, precisamente con la finalidad de tratar de acelerar la captación de fondos en el mercado el Ejecutivo venía persiguiendo de un tiempo a esta parte forzar la conversión de las cajas en bancos, lo que podía plantearse mediante una modificación de la Ley de Cajas.

Se estimaba así que las cajas de ahorro necesitaban proceder a efectuar la venta de sus participaciones industriales, dadas las elevadas pérdidas crediticias derivadas de los impagos del sector inmobiliario que presentaban, originadas por su desproporcionada exposición a los promotores. De este modo la previsión existente era que las cajas abandonasen sus participaciones industriales y regresaran a su negocio tradicional, aprovechando

Se estimaba así que las cajas de ahorro necesitaban proceder a efectuar la venta de sus participaciones industriales, dadas las elevadas pérdidas crediticias derivadas de los impagos del sector inmobiliario que presentaban, originadas por su desproporcionada exposición a los promotores. De este modo la previsión existente era que las cajas abandonasen sus participaciones industriales y regresaran a su negocio tradicional, aprovechando

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la reforma estructural que encaró el sistema financiero en España. De este modo utilizarían dichas participaciones como colchón de capital, pudiendo apostar por los mercados35.

la reforma estructural que encaró el sistema financiero en España. De este modo utilizarían dichas participaciones como colchón de capital, pudiendo apostar por los mercados35.

Se hacía pues necesaria la introducción de un conjunto de modificaciones normativas susceptibles de ponerse en marcha con la finalidad de mejorar el acceso al capital privado y acelerar la bancarización del sector. Dichos cambios normativos habían sido previstos, además, por el Banco de España, al objeto de culminar el proceso de reestructuración de las cajas de ahorro y su capitalización. El último recurso, para el supervisor, podía pasar por la entrada directa del FROB en el capital de las entidades. No obstante, plantea vías intermedias.

Se hacía pues necesaria la introducción de un conjunto de modificaciones normativas susceptibles de ponerse en marcha con la finalidad de mejorar el acceso al capital privado y acelerar la bancarización del sector. Dichos cambios normativos habían sido previstos, además, por el Banco de España, al objeto de culminar el proceso de reestructuración de las cajas de ahorro y su capitalización. El último recurso, para el supervisor, podía pasar por la entrada directa del FROB en el capital de las entidades. No obstante, plantea vías intermedias.

Dos eran las principales vías susceptibles de ser tomadas en consideración: cambios en el marco normativo de las cajas destinados a eliminar aquellos obstáculos que pudieran dificultar su acceso a los mercados de

Dos eran las principales vías susceptibles de ser tomadas en consideración: cambios en el marco normativo de las cajas destinados a eliminar aquellos obstáculos que pudieran dificultar su acceso a los mercados de

Concretamente la fuerte exigencia de dotaciones representaba una de las principales facturas que debía pagar el sector. Bancos y cajas acumulaban inmuebles por valor de 70.000 millones de euros como consecuencia de los impagos de empresas y familias. Dicho activo inmobiliario representaba en torno al 2% de su activo consolidado. Para cubrir su deterioro, el sector ya había provisionado 17.000 millones de euros, el equivalente a los beneficios del último año. Como es sabido la reforma aprobada por el Banco de España durante el año 2010 fijó una cobertura del 30% del valor del activo transcurridos dos años de su entrada en balance. Una parte relevante de los inmuebles (fundamentalmente, el suelo) iba a permanecer en balance durante largo tiempo y había que cubrir el riesgo de mayores depreciaciones. A la factura en provisiones se sumaba, además, el alto coste en capital. A efectos del cálculo de las ratio de solvencia los inmuebles adjudicados o adquiridos tenían una ponderación de riesgo del 150%, la misma que los créditos morosos. Considerando una exigencia mínima de capital principal del 8% de los activos por riesgo, el consumo de recursos de la cartera de inmuebles se acercaba a 8.500 millones de euros. Bancos y cajas tenían 170.000 millones de fondos de máxima calidad (capital principal).El impacto en la rentabilidad era, precisamente, otra de las grandes derivadas de la crisis inmobiliaria. El inversor buscaba entidades potentes que, más allá de poder soportar las necesidades del negocio financiero e inmobiliario, tradujesen su potencia en rendimiento. En definitiva, los activos inmobiliarios estaban lastrando la rentabilidad y en el futuro iban a seguir afectando al ROE (Rentabilidad sobre Fondos Propios) y al ROA (Rentabilidad sobre Activos). Piénsese que constituía un hándicap para retener al accionista y para lanzarse a la búsqueda de nuevos inversores. El ROE de la banca había caído en un año del 9% al 7,9%. La rentabilidad del activo había mermado en 7 puntos básicos, hasta el 0,47%, según Informe de Estabilidad Financiera del Banco de España. Las provisiones por inmuebles resultaban clave en este recorte, junto a las dotaciones por créditos y a la caída del margen de intereses. En términos generales, las entidades estaban vendiendo las viviendas (el suelo seguía siendo ilíquido) con pérdidas de entre el 20% y el 30%, porcentaje que solía coincidir con la provisión constituida.

Concretamente la fuerte exigencia de dotaciones representaba una de las principales facturas que debía pagar el sector. Bancos y cajas acumulaban inmuebles por valor de 70.000 millones de euros como consecuencia de los impagos de empresas y familias. Dicho activo inmobiliario representaba en torno al 2% de su activo consolidado. Para cubrir su deterioro, el sector ya había provisionado 17.000 millones de euros, el equivalente a los beneficios del último año. Como es sabido la reforma aprobada por el Banco de España durante el año 2010 fijó una cobertura del 30% del valor del activo transcurridos dos años de su entrada en balance. Una parte relevante de los inmuebles (fundamentalmente, el suelo) iba a permanecer en balance durante largo tiempo y había que cubrir el riesgo de mayores depreciaciones. A la factura en provisiones se sumaba, además, el alto coste en capital. A efectos del cálculo de las ratio de solvencia los inmuebles adjudicados o adquiridos tenían una ponderación de riesgo del 150%, la misma que los créditos morosos. Considerando una exigencia mínima de capital principal del 8% de los activos por riesgo, el consumo de recursos de la cartera de inmuebles se acercaba a 8.500 millones de euros. Bancos y cajas tenían 170.000 millones de fondos de máxima calidad (capital principal).El impacto en la rentabilidad era, precisamente, otra de las grandes derivadas de la crisis inmobiliaria. El inversor buscaba entidades potentes que, más allá de poder soportar las necesidades del negocio financiero e inmobiliario, tradujesen su potencia en rendimiento. En definitiva, los activos inmobiliarios estaban lastrando la rentabilidad y en el futuro iban a seguir afectando al ROE (Rentabilidad sobre Fondos Propios) y al ROA (Rentabilidad sobre Activos). Piénsese que constituía un hándicap para retener al accionista y para lanzarse a la búsqueda de nuevos inversores. El ROE de la banca había caído en un año del 9% al 7,9%. La rentabilidad del activo había mermado en 7 puntos básicos, hasta el 0,47%, según Informe de Estabilidad Financiera del Banco de España. Las provisiones por inmuebles resultaban clave en este recorte, junto a las dotaciones por créditos y a la caída del margen de intereses. En términos generales, las entidades estaban vendiendo las viviendas (el suelo seguía siendo ilíquido) con pérdidas de entre el 20% y el 30%, porcentaje que solía coincidir con la provisión constituida.

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capitales y medidas orientadas a facilitar la entrada de inversores privados. En todo caso, y de conformidad con lo manifestado por el Banco de España, en el actual contexto de presión sobre la solvencia de España existente resultaba muy complicado el acceso al capital privado. Dicha circunstancia abría la posibilidad de que el FROB pudiera llegar a aportar financiación adicional a las cajas en forma de préstamos temporales mediante participaciones preferentes, pudiendo incluso llegar a producirse la entrada directa del Estado en el capital de las entidades de forma temporal, lo que supondría una nacionalización parcial.

capitales y medidas orientadas a facilitar la entrada de inversores privados. En todo caso, y de conformidad con lo manifestado por el Banco de España, en el actual contexto de presión sobre la solvencia de España existente resultaba muy complicado el acceso al capital privado. Dicha circunstancia abría la posibilidad de que el FROB pudiera llegar a aportar financiación adicional a las cajas en forma de préstamos temporales mediante participaciones preferentes, pudiendo incluso llegar a producirse la entrada directa del Estado en el capital de las entidades de forma temporal, lo que supondría una nacionalización parcial.

Con carácter adicional podían llegar a adoptarse medidas regulatorias destinadas a acelerar la separación del negocio financiero de las cajas (que se traspasaría íntegramente a un banco) del de la obra social (que quedaría en las cajas originales, convertidas en fundaciones), con el objetivo de mejorar la gestión de este tipo de firmas.

Con carácter adicional podían llegar a adoptarse medidas regulatorias destinadas a acelerar la separación del negocio financiero de las cajas (que se traspasaría íntegramente a un banco) del de la obra social (que quedaría en las cajas originales, convertidas en fundaciones), con el objetivo de mejorar la gestión de este tipo de firmas.

Otra alternativa susceptible de llegar a plantearse era aquella en virtud de la cual, frente a la vía del Real Decreto, la separación del negocio financiero de las cajas se llevase a cabo mediante incentivos fiscales. A tal efecto debía entrar a precisarse si los SIPs o “fusiones frías” tenían el mismo tratamiento fiscal que una fusión o no. A este respecto desde Hacienda se llegó a barajar la posibilidad de que el citado régimen de neutralidad impositiva sólo se diese en aquellos SIPs que integrasen todo su negocio en el nuevo banco, una posición que, por aquel entonces, únicamente habían alcanzado Cajastur y CAM.

Otra alternativa susceptible de llegar a plantearse era aquella en virtud de la cual, frente a la vía del Real Decreto, la separación del negocio financiero de las cajas se llevase a cabo mediante incentivos fiscales. A tal efecto debía entrar a precisarse si los SIPs o “fusiones frías” tenían el mismo tratamiento fiscal que una fusión o no. A este respecto desde Hacienda se llegó a barajar la posibilidad de que el citado régimen de neutralidad impositiva sólo se diese en aquellos SIPs que integrasen todo su negocio en el nuevo banco, una posición que, por aquel entonces, únicamente habían alcanzado Cajastur y CAM.

El primer paso a este respecto era acometer una nueva emisión de bonos a un plazo de tres años por un importe de hasta 3.000 millones de euros. Dicha cantidad se sumaría a los 9.000 millones con los que nació el FROB, a los que posteriormente se añadieron 3.000 millones de euros procedentes de otra emisión de bonos realizada en noviembre de 2009 y un crédito firmado con la banca por un importe de 3.000 millones de euros. Téngase presente a este respecto que, si no se reforzaba el capital, las cajas tendrían dificultad para entrar en los mercados.

El primer paso a este respecto era acometer una nueva emisión de bonos a un plazo de tres años por un importe de hasta 3.000 millones de euros. Dicha cantidad se sumaría a los 9.000 millones con los que nació el FROB, a los que posteriormente se añadieron 3.000 millones de euros procedentes de otra emisión de bonos realizada en noviembre de 2009 y un crédito firmado con la banca por un importe de 3.000 millones de euros. Téngase presente a este respecto que, si no se reforzaba el capital, las cajas tendrían dificultad para entrar en los mercados.

En resumen, desde el Ejecutivo se preparaba una segunda fase de reestructuración y recapitalización de las cajas articulada mediante la adopción de un conjunto de reformas legales destinadas a permitir que el Estado tomase participaciones en las entidades más vulnerables y allanase el camino

En resumen, desde el Ejecutivo se preparaba una segunda fase de reestructuración y recapitalización de las cajas articulada mediante la adopción de un conjunto de reformas legales destinadas a permitir que el Estado tomase participaciones en las entidades más vulnerables y allanase el camino

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Juan Calvo Vérgez

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para su transformación en bancos. Dicha toma de participación pública en las entidades se produciría en aquellos casos en los que no existiese interés privado.

para su transformación en bancos. Dicha toma de participación pública en las entidades se produciría en aquellos casos en los que no existiese interés privado.

Cabe plantearse, por otro lado, hasta qué punto la adopción de dicha medida podía terminar conduciendo a un incremento de la influencia política actualmente existente sobre estas entidades. Piénsese que, al traspasar las cajas el conjunto de su negocio financiero a un banco y quedar como meras fundaciones accionistas, encargadas sólo de la Obra Social, podía llegar a producirse un incremento del poder de los gobiernos regionales en los futuros bancos.

Cabe plantearse, por otro lado, hasta qué punto la adopción de dicha medida podía terminar conduciendo a un incremento de la influencia política actualmente existente sobre estas entidades. Piénsese que, al traspasar las cajas el conjunto de su negocio financiero a un banco y quedar como meras fundaciones accionistas, encargadas sólo de la Obra Social, podía llegar a producirse un incremento del poder de los gobiernos regionales en los futuros bancos.

Como ya hemos tenido ocasión de analizar, tradicionalmente el reparto de poder en los órganos de gobierno de las cajas ha estado distribuido entre las distintas Administraciones regionales, Ayuntamientos y otras entidades sociales con interés en la caja. Sin embargo, las fundaciones son competencia exclusiva de los gobiernos autonómicos. Así las cosas, en la práctica los Consejos de Administración y los gestores de los nuevos bancos estarían controlados por las fundaciones en manos de las Comunidades Autónomas, como accionistas mayoritarios. Ahora bien, sin perjuicio de lo anterior también cabría la posibilidad de estimar que la presencia de inversores privados (que resultaría creciente con el tiempo) podría terminar imponiendo de forma gradual la disciplina de mercado en la caja, lo que forzaría un cambio en la gestión alejada de criterios políticos, máxime si se tiene en cuenta, además, que los Gobiernos autonómicos son los primeros interesados en la buena marcha del banco, que les proporcionará los dividendos para financiar la Obra Social, por lo que no les interesaría una diminución del valor de mercado del banco ni una disminución fuerte del beneficio.

Como ya hemos tenido ocasión de analizar, tradicionalmente el reparto de poder en los órganos de gobierno de las cajas ha estado distribuido entre las distintas Administraciones regionales, Ayuntamientos y otras entidades sociales con interés en la caja. Sin embargo, las fundaciones son competencia exclusiva de los gobiernos autonómicos. Así las cosas, en la práctica los Consejos de Administración y los gestores de los nuevos bancos estarían controlados por las fundaciones en manos de las Comunidades Autónomas, como accionistas mayoritarios. Ahora bien, sin perjuicio de lo anterior también cabría la posibilidad de estimar que la presencia de inversores privados (que resultaría creciente con el tiempo) podría terminar imponiendo de forma gradual la disciplina de mercado en la caja, lo que forzaría un cambio en la gestión alejada de criterios políticos, máxime si se tiene en cuenta, además, que los Gobiernos autonómicos son los primeros interesados en la buena marcha del banco, que les proporcionará los dividendos para financiar la Obra Social, por lo que no les interesaría una diminución del valor de mercado del banco ni una disminución fuerte del beneficio.

Igualmente se llegó a apuntar la posibilidad de que, a resultas del hecho de que las cajas pudieran terminar reconvertidas en bancos, aquéllas tuviesen un período de transición bajo la influencia directa de los Gobiernos regionales, reduciéndose así el valor de la entidad de cara a la entrada en su capital de nuevos inversores, lo que las podría colocar en el punto de mira de posibles operaciones hostiles por parte de la competencia. De hecho, en la práctica, aquellas entidades que ya por aquel entonces comenzaron a traspasar su negocio financiero a un banco central abogaban por que las cajas mantuviesen su actual naturaleza jurídica, a pesar de que estuviesen

Igualmente se llegó a apuntar la posibilidad de que, a resultas del hecho de que las cajas pudieran terminar reconvertidas en bancos, aquéllas tuviesen un período de transición bajo la influencia directa de los Gobiernos regionales, reduciéndose así el valor de la entidad de cara a la entrada en su capital de nuevos inversores, lo que las podría colocar en el punto de mira de posibles operaciones hostiles por parte de la competencia. De hecho, en la práctica, aquellas entidades que ya por aquel entonces comenzaron a traspasar su negocio financiero a un banco central abogaban por que las cajas mantuviesen su actual naturaleza jurídica, a pesar de que estuviesen

La recapitalización de las entidades financieras

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vacías de activos financieros, al estimarse que se trataba de un valor añadido por conservar la ficha bancaria de la caja.

vacías de activos financieros, al estimarse que se trataba de un valor añadido por conservar la ficha bancaria de la caja.

Produciéndose la entrada directa del Estado en el capital de los nuevos grupos mediante cuotas participativas o acciones, y confiriéndose puestos en los Consejos de Administración de las cajas o de sus nuevos bancos a funcionarios públicos, ¿hasta qué punto podía llegar a producirse la nacionalización parcial y temporal de estas entidades, al objeto de dotarles de mayor solvencia? Desde nuestro punto de vista lo que parecía claro era que esta actuación consistente en el otorgamiento de un conjunto de apoyos públicos al sector era consecuencia de la falta de presencia de un inversor de calidad en las cajas, debido al riesgo que se observa en el sector financiero español. Por aquel entonces parecía que la opción más rentable (más incluso que la opción de salir a bolsa, desaconsejable a nuestro juicio dado el actual contexto de los mercados) era la consistente en tomar préstamos públicos del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria.

Produciéndose la entrada directa del Estado en el capital de los nuevos grupos mediante cuotas participativas o acciones, y confiriéndose puestos en los Consejos de Administración de las cajas o de sus nuevos bancos a funcionarios públicos, ¿hasta qué punto podía llegar a producirse la nacionalización parcial y temporal de estas entidades, al objeto de dotarles de mayor solvencia? Desde nuestro punto de vista lo que parecía claro era que esta actuación consistente en el otorgamiento de un conjunto de apoyos públicos al sector era consecuencia de la falta de presencia de un inversor de calidad en las cajas, debido al riesgo que se observa en el sector financiero español. Por aquel entonces parecía que la opción más rentable (más incluso que la opción de salir a bolsa, desaconsejable a nuestro juicio dado el actual contexto de los mercados) era la consistente en tomar préstamos públicos del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria.

Dentro del conjunto de medidas presentadas por el Ejecutivo en su “Plan de Fortalecimiento del Sector Financiero”, que representó un nuevo paso en la reestructuración de los bancos y cajas de ahorro españoles fundamentado en una mayor exigencia de capital, destacó aquella consistente en aumentar el requisito de core capital36 respecto a los activos ponderados de riesgo, que se elevaría al ratio del 8% para el conjunto de las entidades financieras, si bien dicho ratio resultaría superior tratándose de aquellas entidades que no cotizasen, que no tuviesen una presencia de inversores privadas o que tuviesen una dependencia de financiación de los mercados mayoristas superior al 20% de sus activos. Esta necesidad de capital entraría en vigor en 2013 cuando, como es sabido, los criterios de Basilea III establecen el 7% para 2019.

Dentro del conjunto de medidas presentadas por el Ejecutivo en su “Plan de Fortalecimiento del Sector Financiero”, que representó un nuevo paso en la reestructuración de los bancos y cajas de ahorro españoles fundamentado en una mayor exigencia de capital, destacó aquella consistente en aumentar el requisito de core capital36 respecto a los activos ponderados de riesgo, que se elevaría al ratio del 8% para el conjunto de las entidades financieras, si bien dicho ratio resultaría superior tratándose de aquellas entidades que no cotizasen, que no tuviesen una presencia de inversores privadas o que tuviesen una dependencia de financiación de los mercados mayoristas superior al 20% de sus activos. Esta necesidad de capital entraría en vigor en 2013 cuando, como es sabido, los criterios de Basilea III establecen el 7% para 2019.

A lo largo del mes de septiembre de 2011 se preveía que el Banco de España entrase a evaluar la recapitalización del conjunto de las entidades determinando qué bancos o cajas no podrían lograr en los mercados el capital requerido, careciendo además de una perspectiva razonable de lograrlo en el plazo previsto. En caso de no conseguirlo el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria podría inyectar capital a cambio de un plan de viabilidad que tendría que aprobar el Ministerio de Economía y Hacienda y, en el caso

A lo largo del mes de septiembre de 2011 se preveía que el Banco de España entrase a evaluar la recapitalización del conjunto de las entidades determinando qué bancos o cajas no podrían lograr en los mercados el capital requerido, careciendo además de una perspectiva razonable de lograrlo en el plazo previsto. En caso de no conseguirlo el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria podría inyectar capital a cambio de un plan de viabilidad que tendría que aprobar el Ministerio de Economía y Hacienda y, en el caso

36 Recuérdese que este core capital representa la ratio de fondos propios de la compañía (capital más reservas) de los que puede disponer libremente y sin peligro.

36 Recuérdese que este core capital representa la ratio de fondos propios de la compañía (capital más reservas) de los que puede disponer libremente y sin peligro.

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Juan Calvo Vérgez

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específico de los bancos, el FROB. Igualmente el Ejecutivo estudiaría la posibilidad de retirar la ficha bancaria de aquellas cajas de ahorro que no se convirtiesen en bancos en un tiempo prudencial, perdiendo así su permiso para mantener sus actividades financieras, captar depósitos para conceder préstamos.

específico de los bancos, el FROB. Igualmente el Ejecutivo estudiaría la posibilidad de retirar la ficha bancaria de aquellas cajas de ahorro que no se convirtiesen en bancos en un tiempo prudencial, perdiendo así su permiso para mantener sus actividades financieras, captar depósitos para conceder préstamos.

En consecuencia los bancos y cajas de ahorro tenían hasta septiembre de 2011 para alcanzar un core capital mínimo del 8%. El FROB sólo adquiriría de manera temporal acciones de un banco, lo cual significaba que aquellas cajas que no cumpliesen con el requisito del 8% habrían de convertirse en bancos para recibir la ayuda pública. El principal objetivo perseguido era eliminar cualquier duda que pudiera recaer sobre el sistema financiero español.

En consecuencia los bancos y cajas de ahorro tenían hasta septiembre de 2011 para alcanzar un core capital mínimo del 8%. El FROB sólo adquiriría de manera temporal acciones de un banco, lo cual significaba que aquellas cajas que no cumpliesen con el requisito del 8% habrían de convertirse en bancos para recibir la ayuda pública. El principal objetivo perseguido era eliminar cualquier duda que pudiera recaer sobre el sistema financiero español.

Ciertamente no estaba claro si, tras la recapitalización del sistema financiero, el Ejecutivo podría seguir cumpliendo con el límite de déficit del 6% del PIB en 2011. Y ello sobre la base de que dicha aportación del Estado computaría como déficit y, en consecuencia, haría necesario emitir más deuda y a un mayor coste, por la menor confianza que se trasladaría a los mercados. Así las cosas la necesidad de compensar el déficit y la deuda que generaría podría llegar a requerir ajustes en forma de recortes y de aumento de impuestos.

Ciertamente no estaba claro si, tras la recapitalización del sistema financiero, el Ejecutivo podría seguir cumpliendo con el límite de déficit del 6% del PIB en 2011. Y ello sobre la base de que dicha aportación del Estado computaría como déficit y, en consecuencia, haría necesario emitir más deuda y a un mayor coste, por la menor confianza que se trasladaría a los mercados. Así las cosas la necesidad de compensar el déficit y la deuda que generaría podría llegar a requerir ajustes en forma de recortes y de aumento de impuestos.

A este respecto se ha de tener presente además que, con fecha de 11 de octubre de 2011 se conoció que el regulador bancario europeo (EBA) quedaría facultado para demandar a aquellas entidades financieras de la Unión Europea (UE) que alcanzasen una posición de capital significativamente más sólida en una nueva serie de pruebas de solvencia. Concretamente la EBA pretendía que los bancos tuviesen un ratio de capital estructural (Tier 1) de, al menos, un 9% bajo un escenario de recesión, así como que aquellas entidades financieras que suspendiesen dicha prueba hubieran de reforzar su capital. Aquellas entidades que no alcanzasen este nivel tendrían que vender activos o buscar los recursos necesarios en el mercado. Se pretendía así que, al amparo de esta nueva prueba, quedase valorada la deuda de la periferia de la Zona Euro a precios de mercado. De este modo, usando una barrera mínima de un 9% así como los datos previos de las pruebas de tensión y los actuales precios de mercado de los bonos soberanos, cerca de 48 bancos reprobarían y necesitarían recaudar 99.000 millones de euros.

A este respecto se ha de tener presente además que, con fecha de 11 de octubre de 2011 se conoció que el regulador bancario europeo (EBA) quedaría facultado para demandar a aquellas entidades financieras de la Unión Europea (UE) que alcanzasen una posición de capital significativamente más sólida en una nueva serie de pruebas de solvencia. Concretamente la EBA pretendía que los bancos tuviesen un ratio de capital estructural (Tier 1) de, al menos, un 9% bajo un escenario de recesión, así como que aquellas entidades financieras que suspendiesen dicha prueba hubieran de reforzar su capital. Aquellas entidades que no alcanzasen este nivel tendrían que vender activos o buscar los recursos necesarios en el mercado. Se pretendía así que, al amparo de esta nueva prueba, quedase valorada la deuda de la periferia de la Zona Euro a precios de mercado. De este modo, usando una barrera mínima de un 9% así como los datos previos de las pruebas de tensión y los actuales precios de mercado de los bonos soberanos, cerca de 48 bancos reprobarían y necesitarían recaudar 99.000 millones de euros.

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En definitiva la EBA estudiaba fijar el nuevo umbral en el 9%, en lugar del 5% de Core Tier 1 (capital de calidad) utilizado en las pruebas de resistencia de julio de 2011. Ciertamente se trataría de un nivel muy elevado, pero habría que cotejarlo con el resto de condiciones exigidas, como por ejemplo, la exposición a deuda soberana.

En definitiva la EBA estudiaba fijar el nuevo umbral en el 9%, en lugar del 5% de Core Tier 1 (capital de calidad) utilizado en las pruebas de resistencia de julio de 2011. Ciertamente se trataría de un nivel muy elevado, pero habría que cotejarlo con el resto de condiciones exigidas, como por ejemplo, la exposición a deuda soberana.

De cualquier manera no quedaba claro bajo qué circunstancias se iba a exigir contar con ese capital mínimo. Una hipótesis barajada era que se realizase un nuevo test de solvencia estresando variables macroeconómicas y financieras e incorporando importantes recortes de valoración a los bonos soberanos periféricos. La EBA, sin embargo, había declarado que no estaba trabajando en un nuevo test de estrés, habiéndose limitado únicamente a solicitar datos a los bancos sobre su exposición a la deuda soberana para hacer el cálculo de las necesidades de capital. Resultaba necesario, además, que la EBA otorgase a las entidades un plazo de entre seis y nueve meses para captar los fondos que necesitan. El objetivo era que se reforzasen acudiendo al mercado. Si no lo lograsen, se recurriría a capital público.

De cualquier manera no quedaba claro bajo qué circunstancias se iba a exigir contar con ese capital mínimo. Una hipótesis barajada era que se realizase un nuevo test de solvencia estresando variables macroeconómicas y financieras e incorporando importantes recortes de valoración a los bonos soberanos periféricos. La EBA, sin embargo, había declarado que no estaba trabajando en un nuevo test de estrés, habiéndose limitado únicamente a solicitar datos a los bancos sobre su exposición a la deuda soberana para hacer el cálculo de las necesidades de capital. Resultaba necesario, además, que la EBA otorgase a las entidades un plazo de entre seis y nueve meses para captar los fondos que necesitan. El objetivo era que se reforzasen acudiendo al mercado. Si no lo lograsen, se recurriría a capital público.

A priori, si los requisitos de capital mínimo se elevaran y, además, se impusieran recortes en la valoración de la deuda pública de los países periféricos (entre ellos España e Italia) las entidades financieras de la Unión Europea necesitarían importantes cantidades de nuevo capital que resultaría difícil de obtener privadamente cuando, además, se amenazaba con prohibir la distribución de dividendos si la entidad ha percibido o percibe alguna ayuda pública. Como es lógico, si el nuevo capital tuviera que ser suministrado por las autoridades nacionales o comunitarias, ello implicaría una nacionalización total o parcial de las entidades financieras.

A priori, si los requisitos de capital mínimo se elevaran y, además, se impusieran recortes en la valoración de la deuda pública de los países periféricos (entre ellos España e Italia) las entidades financieras de la Unión Europea necesitarían importantes cantidades de nuevo capital que resultaría difícil de obtener privadamente cuando, además, se amenazaba con prohibir la distribución de dividendos si la entidad ha percibido o percibe alguna ayuda pública. Como es lógico, si el nuevo capital tuviera que ser suministrado por las autoridades nacionales o comunitarias, ello implicaría una nacionalización total o parcial de las entidades financieras.

Sucede no obstante que, en el presente caso la principal cuestión conflictiva se centraba en la valoración preventiva de una deuda pública que, de hecho, los bancos habían tenido que adquirir casi obligadamente para ayudar a sus Estados emisores. Cabe preguntarse, en consecuencia, si resultaba necesario en el presente caso exigir más capital para compensar posibles pérdidas de esa deuda aún no realizadas. Y es que el hecho de continuar solicitando mayores requisitos de capital a los bancos podría terminar obstaculizándose el crecimiento económico.

Sucede no obstante que, en el presente caso la principal cuestión conflictiva se centraba en la valoración preventiva de una deuda pública que, de hecho, los bancos habían tenido que adquirir casi obligadamente para ayudar a sus Estados emisores. Cabe preguntarse, en consecuencia, si resultaba necesario en el presente caso exigir más capital para compensar posibles pérdidas de esa deuda aún no realizadas. Y es que el hecho de continuar solicitando mayores requisitos de capital a los bancos podría terminar obstaculizándose el crecimiento económico.

En definitiva, la desconfianza generada por la crisis de la deuda soberana cerraba los mercados de financiación lo que, a su vez, impedía que los

En definitiva, la desconfianza generada por la crisis de la deuda soberana cerraba los mercados de financiación lo que, a su vez, impedía que los

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Juan Calvo Vérgez

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bancos se financiasen a precios razonables y que, en consecuencia, puedan dar crédito a las economías.

bancos se financiasen a precios razonables y que, en consecuencia, puedan dar crédito a las economías.

En este sentido una alternativa podía ser reducir el valor de la deuda pública en los balances bancarios en el supuesto de que finalmente se produjese el default del Estado emisor y por la cuantía en que no fuera a reembolsarse su deuda, y no con carácter preventivo. En otras palabras, debía reflexionarse acerca de la necesidad de acumular más capital por encima de ciertos límites. Y, en todo caso, aquellas entidades que no resultasen viables habrían de poder salir del mercado sin necesidad de generar riesgo sistémico y evitando la necesidad de recurrir a dinero público.

En este sentido una alternativa podía ser reducir el valor de la deuda pública en los balances bancarios en el supuesto de que finalmente se produjese el default del Estado emisor y por la cuantía en que no fuera a reembolsarse su deuda, y no con carácter preventivo. En otras palabras, debía reflexionarse acerca de la necesidad de acumular más capital por encima de ciertos límites. Y, en todo caso, aquellas entidades que no resultasen viables habrían de poder salir del mercado sin necesidad de generar riesgo sistémico y evitando la necesidad de recurrir a dinero público.

En consecuencia, sin perjuicio de que resultase exigible un mayor ratio de capital de alta calidad a los bancos, debía procederse al mismo tiempo a llevar a cabo una valoración prudente de toda la deuda soberana en poder de las entidades financieras. En este sentido, de cara a reforzarse los bancos podrían reducir su balance y el flujo de crédito, o bien ampliar capital con fuertes descuentos de precio, dilución para los accionistas y recorte de dividendos, siendo la nacionalización la última vía a considerar.

En consecuencia, sin perjuicio de que resultase exigible un mayor ratio de capital de alta calidad a los bancos, debía procederse al mismo tiempo a llevar a cabo una valoración prudente de toda la deuda soberana en poder de las entidades financieras. En este sentido, de cara a reforzarse los bancos podrían reducir su balance y el flujo de crédito, o bien ampliar capital con fuertes descuentos de precio, dilución para los accionistas y recorte de dividendos, siendo la nacionalización la última vía a considerar.

Por lo que respecta a nuestras entidades financieras, la mayor parte de ellas mantenían en sus balances activos inmobiliarios que, a medio plazo, no parecía que fuesen a ser liquidados, existiendo además préstamos de alto interés concedidos por organismos públicos (FROB y otros similares) para dotarles de liquidez. Se trata de una masa inmobiliaria que no puede fluir de manera inmediata en el mercado y que no debe ser objeto de operaciones de venta precipitada que terminen deteriorando la solvencia de dichas entidades. Tales activos (y sus consiguientes préstamos) habrían ser objeto de liquidación deberán ser objeto de liquidación a lo largo de prolongados períodos.

Por lo que respecta a nuestras entidades financieras, la mayor parte de ellas mantenían en sus balances activos inmobiliarios que, a medio plazo, no parecía que fuesen a ser liquidados, existiendo además préstamos de alto interés concedidos por organismos públicos (FROB y otros similares) para dotarles de liquidez. Se trata de una masa inmobiliaria que no puede fluir de manera inmediata en el mercado y que no debe ser objeto de operaciones de venta precipitada que terminen deteriorando la solvencia de dichas entidades. Tales activos (y sus consiguientes préstamos) habrían ser objeto de liquidación deberán ser objeto de liquidación a lo largo de prolongados períodos.

¿Debía valorar la banca europea su cartera de deuda pública a precios de mercado? Adviértase que ello supondría, por lo que a nuestras entidades financieras se refiere, una depreciación de hasta un 5 por ciento. Desde el Ejecutivo español se defendía la necesidad de mantener intacta la valoración de nuestra deuda (de la que los bancos nacionales poseen una cartera de unos 230.000 millones de euros), aceptándose una depreciación de este tipo si se limita de manera extraordinaria a este año. A este respecto se ha de precisar que nuestra banca ya valoraba una parte de su cartera a precios de

¿Debía valorar la banca europea su cartera de deuda pública a precios de mercado? Adviértase que ello supondría, por lo que a nuestras entidades financieras se refiere, una depreciación de hasta un 5 por ciento. Desde el Ejecutivo español se defendía la necesidad de mantener intacta la valoración de nuestra deuda (de la que los bancos nacionales poseen una cartera de unos 230.000 millones de euros), aceptándose una depreciación de este tipo si se limita de manera extraordinaria a este año. A este respecto se ha de precisar que nuestra banca ya valoraba una parte de su cartera a precios de

La recapitalización de las entidades financieras

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mercado, a saber, la que dedica a operar en los mercados y la que mantiene como inversión. No sucedía lo mismo, en cambio, con la cartera de deuda que guarda hasta su vencimiento, y que sí se vería afectada por este recorte.

mercado, a saber, la que dedica a operar en los mercados y la que mantiene como inversión. No sucedía lo mismo, en cambio, con la cartera de deuda que guarda hasta su vencimiento, y que sí se vería afectada por este recorte.

Finalmente en la cumbre del Eurogrupo celebrada el 23 de octubre de 2011 se acordó acometer un plan de recapitalización a la banca que ascendería a 100.000 millones de euros. A ello se ha de sumar el dato de que los tests de estrés obligarían a las entidades a contabilizar una potencial pérdida de en torno al 2% del valor nominal de la deuda pública española. Asimismo se acordó que la emisión de bonos convertibles, en la que es muy activa la banca española, contabilizase como capital de calidad bajo las nuevas exigencias de Bruselas.

Finalmente en la cumbre del Eurogrupo celebrada el 23 de octubre de 2011 se acordó acometer un plan de recapitalización a la banca que ascendería a 100.000 millones de euros. A ello se ha de sumar el dato de que los tests de estrés obligarían a las entidades a contabilizar una potencial pérdida de en torno al 2% del valor nominal de la deuda pública española. Asimismo se acordó que la emisión de bonos convertibles, en la que es muy activa la banca española, contabilizase como capital de calidad bajo las nuevas exigencias de Bruselas.

No obstante otras de las alternativas que se barajaba era la relativa a que nuestras entidades financieras hubieran de asumir igualmente la depreciación de los créditos concedidos al Sector público, la mayoría de ellos, a las Comunidades Autónomas y Entes Locales. Concretamente lo que se pretendería en este caso desde la EBA sería que la valoración de la deuda y los créditos a precio de mercado se efectuase de forma recurrente y dinámica, de manera que fuera actualizándose periódicamente el valor de la deuda en manos de la banca a los precios que marca el mercado. Ciertamente ello podría llegar a estigmatizar la deuda española, ya que cada colocación de deuda llevaría implícita la posibilidad de nuevas depreciaciones, lo que podría ahuyentar a los inversores.

No obstante otras de las alternativas que se barajaba era la relativa a que nuestras entidades financieras hubieran de asumir igualmente la depreciación de los créditos concedidos al Sector público, la mayoría de ellos, a las Comunidades Autónomas y Entes Locales. Concretamente lo que se pretendería en este caso desde la EBA sería que la valoración de la deuda y los créditos a precio de mercado se efectuase de forma recurrente y dinámica, de manera que fuera actualizándose periódicamente el valor de la deuda en manos de la banca a los precios que marca el mercado. Ciertamente ello podría llegar a estigmatizar la deuda española, ya que cada colocación de deuda llevaría implícita la posibilidad de nuevas depreciaciones, lo que podría ahuyentar a los inversores.

Téngase presente a este respecto que los créditos otorgados al Sector público que, hasta fechas relativamente recientes, se consideraban de menos riesgo que los concedidos al sector privado, se han visto seriamente depreciados. Así, para calcular la necesidad de capital de la banca la EBA impuso a nuestras entidades financieras la obligación de valorar a mercado, con la correspondiente quita, no sólo la exposición a la deuda soberana de los países, sino también la financiación pública. Una novedad que quizás llevaría a invertir la tendencia al alza que este crédito acumulaba desde que empezó la crisis.

Téngase presente a este respecto que los créditos otorgados al Sector público que, hasta fechas relativamente recientes, se consideraban de menos riesgo que los concedidos al sector privado, se han visto seriamente depreciados. Así, para calcular la necesidad de capital de la banca la EBA impuso a nuestras entidades financieras la obligación de valorar a mercado, con la correspondiente quita, no sólo la exposición a la deuda soberana de los países, sino también la financiación pública. Una novedad que quizás llevaría a invertir la tendencia al alza que este crédito acumulaba desde que empezó la crisis.

En la posterior Cumbre del 26 de octubre de 2011 se acordó que los grandes bancos de la Unión Europea tuviesen hasta el 30 de junio de 2012 para recapitalizarse y lograr un ratio de capital de calidad del 9% tras valorar a precio de mercado su exposición a la deuda pública. En el caso de

En la posterior Cumbre del 26 de octubre de 2011 se acordó que los grandes bancos de la Unión Europea tuviesen hasta el 30 de junio de 2012 para recapitalizarse y lograr un ratio de capital de calidad del 9% tras valorar a precio de mercado su exposición a la deuda pública. En el caso de

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España ello supondría una depreciación de menos del 2% en sus bonos soberanos. Hasta que no lograsen el capital exigido las citadas entidades estarían sujetas a limitaciones por lo que se refiere al pago de dividendos y bonus. Para poder alcanzar el umbral exigido los bancos habrían de usar primero fuentes privadas de capital, incluyendo la reestructuración y conversión de instrumentos de deuda en capital. Y, en el supuesto de que fuese necesario, los Gobiernos nacionales habrían de prestar ayuda. Finalmente, no hallándose dicho apoyo disponible, la recapitalización habría de financiarse vía un préstamo del Fondo Europeo de Estabilidad Financiera (FEEF).

España ello supondría una depreciación de menos del 2% en sus bonos soberanos. Hasta que no lograsen el capital exigido las citadas entidades estarían sujetas a limitaciones por lo que se refiere al pago de dividendos y bonus. Para poder alcanzar el umbral exigido los bancos habrían de usar primero fuentes privadas de capital, incluyendo la reestructuración y conversión de instrumentos de deuda en capital. Y, en el supuesto de que fuese necesario, los Gobiernos nacionales habrían de prestar ayuda. Finalmente, no hallándose dicho apoyo disponible, la recapitalización habría de financiarse vía un préstamo del Fondo Europeo de Estabilidad Financiera (FEEF).

De este modo se acordó un nuevo programa de recapitalización de los 70 mayores bancos europeos por un importe total de 106.000 millones de euros. De ellos casi una cuarta parte (26.161 millones) corresponderían a las necesidades de capital adicional de las cinco mayores entidades españolas (Santander, BBVA, CaixaBank, Bankia y Banco Popular). Dichas entidades debían buscar estos nuevos fondos por su cuenta en el mercado, debiendo hacerlo además antes del 30 de junio de 2012, bajo la amenaza de que se prohibiese el reparto de dividendos y bonus a quien no lo consiga. Y únicamente en el supuesto de que no fuesen capaces de lograr el dinero con aportaciones privadas, podrían recurrir al Estado en busca de fondos público. En última instancia se permitiría que el Fondo de rescate concediese préstamos a quienes necesitasen dinero y no pudieran conseguirlo por sus propios medios ni a través de sus Estados. Por otro lado las nuevas pruebas de solvencia a realizar incluirían, no ya sólo una obligación de apuntar un descuento sobre la deuda pública, sino también sobre los créditos que conceden los bancos a las Administraciones Públicas.

De este modo se acordó un nuevo programa de recapitalización de los 70 mayores bancos europeos por un importe total de 106.000 millones de euros. De ellos casi una cuarta parte (26.161 millones) corresponderían a las necesidades de capital adicional de las cinco mayores entidades españolas (Santander, BBVA, CaixaBank, Bankia y Banco Popular). Dichas entidades debían buscar estos nuevos fondos por su cuenta en el mercado, debiendo hacerlo además antes del 30 de junio de 2012, bajo la amenaza de que se prohibiese el reparto de dividendos y bonus a quien no lo consiga. Y únicamente en el supuesto de que no fuesen capaces de lograr el dinero con aportaciones privadas, podrían recurrir al Estado en busca de fondos público. En última instancia se permitiría que el Fondo de rescate concediese préstamos a quienes necesitasen dinero y no pudieran conseguirlo por sus propios medios ni a través de sus Estados. Por otro lado las nuevas pruebas de solvencia a realizar incluirían, no ya sólo una obligación de apuntar un descuento sobre la deuda pública, sino también sobre los créditos que conceden los bancos a las Administraciones Públicas.

En resumen, las reservas debían ser de la máxima calidad. Y la deuda pública debía ser contabilizada a precios de mercado con fecha de 30 de septiembre de 2011, si bien únicamente como medida puntual y excepcional, debido a la crisis de deuda soberana. Asimismo se acordó ayudar a la financiación de la banca aportando garantías a sus emisiones de deuda al objeto de evitar una restricción de la liquidez y, en última instancia, garantizar que los bancos cuenten con dinero para ponerlo después en circulación a través de créditos a empresas y ciudadanos.

En resumen, las reservas debían ser de la máxima calidad. Y la deuda pública debía ser contabilizada a precios de mercado con fecha de 30 de septiembre de 2011, si bien únicamente como medida puntual y excepcional, debido a la crisis de deuda soberana. Asimismo se acordó ayudar a la financiación de la banca aportando garantías a sus emisiones de deuda al objeto de evitar una restricción de la liquidez y, en última instancia, garantizar que los bancos cuenten con dinero para ponerlo después en circulación a través de créditos a empresas y ciudadanos.

El sector bancario tendría la posibilidad de captar liquidez en los mercados con garantías de la UE, lo que permitirá a las entidades financiarse a mejores precios. Además, podría contabilizar sus emisiones de bonos con-

El sector bancario tendría la posibilidad de captar liquidez en los mercados con garantías de la UE, lo que permitirá a las entidades financiarse a mejores precios. Además, podría contabilizar sus emisiones de bonos con-

La recapitalización de las entidades financieras

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vertibles como capital de máxima calidad, tal y como reclamaba la banca española. Al objeto de recapitalizarse, y además de recurrir a los mercados, la EBA recordó que las entidades podrían también recurrir a la venta de activos. Por otro lado el Gobierno español logró que las obligaciones convertibles en acciones que vencían en octubre de 2012 computasen como capital de máxima calidad.

vertibles como capital de máxima calidad, tal y como reclamaba la banca española. Al objeto de recapitalizarse, y además de recurrir a los mercados, la EBA recordó que las entidades podrían también recurrir a la venta de activos. Por otro lado el Gobierno español logró que las obligaciones convertibles en acciones que vencían en octubre de 2012 computasen como capital de máxima calidad.

La Autoridad Bancaria Europea tomó así en cuenta los mismos requisitos que en los tests de estrés de julio de 2011, que estuvieron en la línea de la normativa internacional de Basilea. Además, como se ha indicado, se acordó permitir computar como capital las obligaciones convertibles, un tipo de deuda que al cabo de un tiempo se transforma en acciones. Esta novedad permitiría a la banca española reducir el importe de su factura en unos 9.000 millones de euros.

La Autoridad Bancaria Europea tomó así en cuenta los mismos requisitos que en los tests de estrés de julio de 2011, que estuvieron en la línea de la normativa internacional de Basilea. Además, como se ha indicado, se acordó permitir computar como capital las obligaciones convertibles, un tipo de deuda que al cabo de un tiempo se transforma en acciones. Esta novedad permitiría a la banca española reducir el importe de su factura en unos 9.000 millones de euros.

IV. EL REAL DECRETO-LEY 2/2011, DE 18 DE FEBRERO, PARA EL REFORZAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO

1.

CONSIDERACIONES GENERALES

IV. EL REAL DECRETO-LEY 2/2011, DE 18 DE FEBRERO, PARA EL REFORZAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO

1.

CONSIDERACIONES GENERALES

El Real Decreto-Ley 2/2011, de 18 de febrero, para el Reforzamiento del Sistema Financiero, se aprobó a la luz de las tensiones a las que se había enfrentado el sistema financiero internacional desde el comienzo de la actual crisis financiera, las cuales dificultaron enormemente el cumplimiento de su función esencial como canalizador del crédito a la economía. El incremento del coste y la disponibilidad de financiación habían afectado seriamente al desarrollo del conjunto de la economía real, limitando las posibilidades de crecimiento económico. Y las dificultades existentes dentro del sistema financiero para poder cumplir esa función principal de canalización del ahorro a las necesidades de gasto de los agentes económicos habían terminado alcanzando tanto a los presupuestos familiares, como, muy especialmente, a la financiación de las pequeñas y medianas empresas, auténtico elemento nuclear de nuestro tejido empresarial.

El Real Decreto-Ley 2/2011, de 18 de febrero, para el Reforzamiento del Sistema Financiero, se aprobó a la luz de las tensiones a las que se había enfrentado el sistema financiero internacional desde el comienzo de la actual crisis financiera, las cuales dificultaron enormemente el cumplimiento de su función esencial como canalizador del crédito a la economía. El incremento del coste y la disponibilidad de financiación habían afectado seriamente al desarrollo del conjunto de la economía real, limitando las posibilidades de crecimiento económico. Y las dificultades existentes dentro del sistema financiero para poder cumplir esa función principal de canalización del ahorro a las necesidades de gasto de los agentes económicos habían terminado alcanzando tanto a los presupuestos familiares, como, muy especialmente, a la financiación de las pequeñas y medianas empresas, auténtico elemento nuclear de nuestro tejido empresarial.

Se trataba de una situación a resultas de la cual el conjunto de las entidades de crédito se había enfrentado, además de a severas restricciones al acceso a la financiación, a un deterioro relativo de sus activos, especialmente de aquellos relacionados con el sector inmobiliario, produciéndose un aumento notable de los préstamos calificados como dudosos así como una significativa disminución de su negocio como consecuencia, tanto de

Se trataba de una situación a resultas de la cual el conjunto de las entidades de crédito se había enfrentado, además de a severas restricciones al acceso a la financiación, a un deterioro relativo de sus activos, especialmente de aquellos relacionados con el sector inmobiliario, produciéndose un aumento notable de los préstamos calificados como dudosos así como una significativa disminución de su negocio como consecuencia, tanto de

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la duración, intensidad y extensión de la crisis, como de la fuerte caída de la actividad económica provocada por la misma.

la duración, intensidad y extensión de la crisis, como de la fuerte caída de la actividad económica provocada por la misma.

Surgía así la necesidad de garantizar por parte de los poderes públicos las bases para la existencia de un sistema financiero competitivo y sólido que facilitase la intermediación entre los poseedores de recursos financieros y quienes tenían necesidades de inversión. En efecto, se hacía necesaria la configuración de un sistema financiero bien estructurado que actuasen como garantía de que la economía productiva de un país pudiera disponer de la financiación que requería para desarrollarse al máximo de su capacidad, generando riqueza y creación de empleo. Y ello teniendo en cuenta que nos hallamos en presencia de un proceso basado en la confianza, en la integridad de las instituciones y en el buen funcionamiento de los mercados.

Surgía así la necesidad de garantizar por parte de los poderes públicos las bases para la existencia de un sistema financiero competitivo y sólido que facilitase la intermediación entre los poseedores de recursos financieros y quienes tenían necesidades de inversión. En efecto, se hacía necesaria la configuración de un sistema financiero bien estructurado que actuasen como garantía de que la economía productiva de un país pudiera disponer de la financiación que requería para desarrollarse al máximo de su capacidad, generando riqueza y creación de empleo. Y ello teniendo en cuenta que nos hallamos en presencia de un proceso basado en la confianza, en la integridad de las instituciones y en el buen funcionamiento de los mercados.

Pues bien, fue precisamente esta importancia del sistema financiero la que justificó el carácter prioritario e ineludible de la intervención del Estado para asegurar su correcto funcionamiento. En ese sentido, desde el comienzo de la crisis dos tipos de intervenciones se habían venido produciendo en el contexto internacional. De una parte, aquellas medidas destinadas, si no a evitar, sí al menos a limitar las consecuencias de crisis futuras del sistema financiero en el conjunto de la economía, las cuales se concretaron en las siguientes: el refuerzo de la arquitectura financiera internacional; el fortalecimiento de la supervisión; y la adopción de nuevas y mucho más exigentes normas de capital para las entidades financieras son ejemplos de ello.

Pues bien, fue precisamente esta importancia del sistema financiero la que justificó el carácter prioritario e ineludible de la intervención del Estado para asegurar su correcto funcionamiento. En ese sentido, desde el comienzo de la crisis dos tipos de intervenciones se habían venido produciendo en el contexto internacional. De una parte, aquellas medidas destinadas, si no a evitar, sí al menos a limitar las consecuencias de crisis futuras del sistema financiero en el conjunto de la economía, las cuales se concretaron en las siguientes: el refuerzo de la arquitectura financiera internacional; el fortalecimiento de la supervisión; y la adopción de nuevas y mucho más exigentes normas de capital para las entidades financieras son ejemplos de ello.

Y, de otra, la adopción de un conjunto de medidas de apoyo al sector financiero que los Estados individual o conjuntamente habían adoptado con la finalidad de tratar de recuperar la confianza y mitigar las presiones de liquidez. Así, por ejemplo, se ampliaron las coberturas de los sistemas de garantía correspondientes. Dada la contracción y casi desaparición de los mercados de financiación mayorista, algunos Estados, en paralelo al Banco Central Europeo, articularon mecanismos de fomento de liquidez.

Y, de otra, la adopción de un conjunto de medidas de apoyo al sector financiero que los Estados individual o conjuntamente habían adoptado con la finalidad de tratar de recuperar la confianza y mitigar las presiones de liquidez. Así, por ejemplo, se ampliaron las coberturas de los sistemas de garantía correspondientes. Dada la contracción y casi desaparición de los mercados de financiación mayorista, algunos Estados, en paralelo al Banco Central Europeo, articularon mecanismos de fomento de liquidez.

En tercer lugar, con la finalidad de hacer frente al deterioro de los recursos propios de los bancos, se llevaron a cabo inyecciones de capital público en entidades, con distintos grados de dificultades. Y, por último, al objeto de aclarar el valor de los activos dañados de los bancos y facilitar la reestructuración de las entidades, algunos Estados aprobaron ayudas para

En tercer lugar, con la finalidad de hacer frente al deterioro de los recursos propios de los bancos, se llevaron a cabo inyecciones de capital público en entidades, con distintos grados de dificultades. Y, por último, al objeto de aclarar el valor de los activos dañados de los bancos y facilitar la reestructuración de las entidades, algunos Estados aprobaron ayudas para

La recapitalización de las entidades financieras

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sanear sus balances y se realizaron pruebas de resistencia a un conjunto amplio de entidades financieras.

sanear sus balances y se realizaron pruebas de resistencia a un conjunto amplio de entidades financieras.

En el caso específico del Estado español, se optó por impulsar desde el principio de la crisis una serie de medida (las cuales se vieron completadas mediante la adopción del Real Decreto-Ley 2/2011) destinadas a facilitar el acceso a la financiación de las entidades de crédito, salvaguardar la estabilidad del sistema, fomentar su restructuración y eficiencia y velar, en último extremo, por la adecuada canalización del crédito hacia la economía real.

En el caso específico del Estado español, se optó por impulsar desde el principio de la crisis una serie de medida (las cuales se vieron completadas mediante la adopción del Real Decreto-Ley 2/2011) destinadas a facilitar el acceso a la financiación de las entidades de crédito, salvaguardar la estabilidad del sistema, fomentar su restructuración y eficiencia y velar, en último extremo, por la adecuada canalización del crédito hacia la economía real.

Como seguramente se recordará la adopción de dichas medidas se inició con el reforzamiento de la garantía de los depósitos bancarios en sintonía con el conjunto de Estados miembros de la Unión Europea, seguido del apoyo a la liquidez de las entidades de crédito que se produjo mediante la compra de activos financieros de alta calidad a través del Fondo de Adquisición de Activos Financieros (FAAF) y la prestación de garantías públicas a sus emisiones de deuda.

Como seguramente se recordará la adopción de dichas medidas se inició con el reforzamiento de la garantía de los depósitos bancarios en sintonía con el conjunto de Estados miembros de la Unión Europea, seguido del apoyo a la liquidez de las entidades de crédito que se produjo mediante la compra de activos financieros de alta calidad a través del Fondo de Adquisición de Activos Financieros (FAAF) y la prestación de garantías públicas a sus emisiones de deuda.

Con posterioridad se produjo el fortalecimiento de los procedimientos de intervención, disciplina y solución de entidades inviables a través del Real Decreto-ley 9/2009, por el que se creó el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria, entendido como complemento a aquellas actuaciones que puedan llevar a cabo los Fondos de Garantía de Depósitos, posteriormente derogado por el Real Decreto-Ley 24/2012, de 31 de agosto, de reestructuración y resolución de entidades de crédito. Adicionalmente, y como forma de incentivar el necesario reajuste de capacidad de nuestro sistema financiero hacia el tamaño requerido en el medio y largo plazo, fue necesario articular un apoyo temporal a la recapitalización de entidades solventes, a través de la adquisición de participaciones preferentes por parte del FROB, condicionada a la reestructuración de las entidades de crédito solicitantes. Finalmente, se produjo el endurecimiento de las normas contables de estimación y reconocimiento del deterioro de los créditos dudosos y, especialmente, de las garantías hipotecarias e inmuebles adjudicados en dación de pagos, fortaleciéndose la transparencia a través del establecimiento de un régimen de información sobre la situación de balance de las entidades, detallando sus exposiciones y provisiones por tipología de préstamos, así como de su plan de negocio y su situación de solvencia.

Con posterioridad se produjo el fortalecimiento de los procedimientos de intervención, disciplina y solución de entidades inviables a través del Real Decreto-ley 9/2009, por el que se creó el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria, entendido como complemento a aquellas actuaciones que puedan llevar a cabo los Fondos de Garantía de Depósitos, posteriormente derogado por el Real Decreto-Ley 24/2012, de 31 de agosto, de reestructuración y resolución de entidades de crédito. Adicionalmente, y como forma de incentivar el necesario reajuste de capacidad de nuestro sistema financiero hacia el tamaño requerido en el medio y largo plazo, fue necesario articular un apoyo temporal a la recapitalización de entidades solventes, a través de la adquisición de participaciones preferentes por parte del FROB, condicionada a la reestructuración de las entidades de crédito solicitantes. Finalmente, se produjo el endurecimiento de las normas contables de estimación y reconocimiento del deterioro de los créditos dudosos y, especialmente, de las garantías hipotecarias e inmuebles adjudicados en dación de pagos, fortaleciéndose la transparencia a través del establecimiento de un régimen de información sobre la situación de balance de las entidades, detallando sus exposiciones y provisiones por tipología de préstamos, así como de su plan de negocio y su situación de solvencia.

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En el ámbito específico de las cajas de ahorro tuvo lugar la reforma de su régimen jurídico aprobada mediante el Real Decreto-Ley 11/2010. A través de la articulación de la citada reforma se pretendió alcanzar una mayor profesionalización de su administración y dirección, dotándolas de capacidad para poder tomar formas organizativas que posibilitasen el acceso a los mercados de capital básico. El marco jurídico creado resultó así indispensable para afrontar los retos actuales y futuros de nuestro sistema financiero y, más concretamente, para poner en práctica inmediatamente las medidas contenidas en el Real Decreto-Ley 2/2011.

En el ámbito específico de las cajas de ahorro tuvo lugar la reforma de su régimen jurídico aprobada mediante el Real Decreto-Ley 11/2010. A través de la articulación de la citada reforma se pretendió alcanzar una mayor profesionalización de su administración y dirección, dotándolas de capacidad para poder tomar formas organizativas que posibilitasen el acceso a los mercados de capital básico. El marco jurídico creado resultó así indispensable para afrontar los retos actuales y futuros de nuestro sistema financiero y, más concretamente, para poner en práctica inmediatamente las medidas contenidas en el Real Decreto-Ley 2/2011.

Aparentemente el citado Real Decreto efectuó implícitamente un llamamiento a la calificación económica. Concretamente su Título V (art. 7) previó, por lo que respecta a la materia estrictamente tributaria, que el régimen fiscal especial establecido en el Capítulo VIII del Título VII del TRLIS (incluidos sus efectos en los demás tributos que se remiten a tal régimen fiscal) se aplicaría a las siguientes transmisiones de activos y pasivos, aun cuando no se correspondiesen con las operaciones mencionadas en el art. 83 y 94 del citado Texto Refundido, siempre que produjesen resultados económicos equivalentes: las realizadas para la constitución y ampliación de un SIP a que se refiere la letra d) del apartado 3 del art. 8 de la Ley 13/1985, de 25 de mayo, de Coeficientes de Inversión, recursos propios y obligaciones de Información de los intermediarios financieros; y las realizadas en procesos de reestructuración de entidades de crédito con intervención del FROB a que se refiere el art. 7 del Real Decreto-Ley 9/2009, de 26 de julio, sobre reestructuración bancaria y reforzamiento de los recursos propios de las entidades de crédito.

Aparentemente el citado Real Decreto efectuó implícitamente un llamamiento a la calificación económica. Concretamente su Título V (art. 7) previó, por lo que respecta a la materia estrictamente tributaria, que el régimen fiscal especial establecido en el Capítulo VIII del Título VII del TRLIS (incluidos sus efectos en los demás tributos que se remiten a tal régimen fiscal) se aplicaría a las siguientes transmisiones de activos y pasivos, aun cuando no se correspondiesen con las operaciones mencionadas en el art. 83 y 94 del citado Texto Refundido, siempre que produjesen resultados económicos equivalentes: las realizadas para la constitución y ampliación de un SIP a que se refiere la letra d) del apartado 3 del art. 8 de la Ley 13/1985, de 25 de mayo, de Coeficientes de Inversión, recursos propios y obligaciones de Información de los intermediarios financieros; y las realizadas en procesos de reestructuración de entidades de crédito con intervención del FROB a que se refiere el art. 7 del Real Decreto-Ley 9/2009, de 26 de julio, sobre reestructuración bancaria y reforzamiento de los recursos propios de las entidades de crédito.

En líneas generales, se trató de facilitar la creación de los SIPs descargando el proceso de implicaciones tributarias inmediatas. Como ya sabemos denominadas “fusiones frías” representan un acuerdo contractual, es decir, una fórmula de integración de entidades que, sin llegar a tener el alcance jurídico y económico de una fusión, permite la centralización de elementos esenciales del funcionamiento de las entidades de crédito tales como la gestión de riesgos, lo que debe suponer la aparición de unas sinergias netas positivas. En dichos acuerdos se preservan las personalidades jurídicas diferenciadas, si bien obligan a la centralización de políticas estratégicas.

En líneas generales, se trató de facilitar la creación de los SIPs descargando el proceso de implicaciones tributarias inmediatas. Como ya sabemos denominadas “fusiones frías” representan un acuerdo contractual, es decir, una fórmula de integración de entidades que, sin llegar a tener el alcance jurídico y económico de una fusión, permite la centralización de elementos esenciales del funcionamiento de las entidades de crédito tales como la gestión de riesgos, lo que debe suponer la aparición de unas sinergias netas positivas. En dichos acuerdos se preservan las personalidades jurídicas diferenciadas, si bien obligan a la centralización de políticas estratégicas.

Al amparo de lo establecido en el art. 7 del Real Decreto-Ley 2/2011 la extensión del régimen se extrapoló a las transmisiones de activos y pasivos

Al amparo de lo establecido en el art. 7 del Real Decreto-Ley 2/2011 la extensión del régimen se extrapoló a las transmisiones de activos y pasivos

La recapitalización de las entidades financieras

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enumeradas en el citado precepto, aun cuando no se correspondiesen con las operaciones mencionadas en los arts. 83 y 94 TRLIS. Al objeto de caracterizar las transmisiones de activos y pasivos merecedoras de acogida, no se recurrió al encasillamiento jurídico del cauce negocial que impulsó la transmisión, sino que atendió simplemente a la funcionalidad que la operación pudiera cubrir. Y el apartado b) del referido precepto mencionó las efectuadas en procesos de reestructuración de entidades de crédito con intervención del FROB, sin especificar qué negocios traslativos pueden culminar tal proceso37.

enumeradas en el citado precepto, aun cuando no se correspondiesen con las operaciones mencionadas en los arts. 83 y 94 TRLIS. Al objeto de caracterizar las transmisiones de activos y pasivos merecedoras de acogida, no se recurrió al encasillamiento jurídico del cauce negocial que impulsó la transmisión, sino que atendió simplemente a la funcionalidad que la operación pudiera cubrir. Y el apartado b) del referido precepto mencionó las efectuadas en procesos de reestructuración de entidades de crédito con intervención del FROB, sin especificar qué negocios traslativos pueden culminar tal proceso37.

De conformidad con lo dispuesto en el citado Real Decreto aparentemente la creación de un SIP adquiriría la consideración de motivo económico válido a efectos de lo dispuesto en el art. 96.2 del TRLIS (precepto que introdujo la cláusula antifraude). Procedió además el legislador a extender el citado régimen considerado como un todo o bloque único, suscitándose no obstante diversas dudas en relación con la no sujeción en el IVA o en el ITPyAJD.

De conformidad con lo dispuesto en el citado Real Decreto aparentemente la creación de un SIP adquiriría la consideración de motivo económico válido a efectos de lo dispuesto en el art. 96.2 del TRLIS (precepto que introdujo la cláusula antifraude). Procedió además el legislador a extender el citado régimen considerado como un todo o bloque único, suscitándose no obstante diversas dudas en relación con la no sujeción en el IVA o en el ITPyAJD.

Previó además el legislador que aquellas entidades de crédito que participasen en las operaciones reguladas en el Real Decreto Ley pudieran instar al Banco de España o al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria que solicitase informe a la Dirección General de Tributos, en el ámbito de interpretación de la normativa tributaria estatal, sobre la concurrencia del requisito de equivalencia de los resultados económicos, así como cualesquiera otras consecuencias tributarias que se deriven de dichas operaciones, informe que vinculará a los órganos administrativos.

Previó además el legislador que aquellas entidades de crédito que participasen en las operaciones reguladas en el Real Decreto Ley pudieran instar al Banco de España o al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria que solicitase informe a la Dirección General de Tributos, en el ámbito de interpretación de la normativa tributaria estatal, sobre la concurrencia del requisito de equivalencia de los resultados económicos, así como cualesquiera otras consecuencias tributarias que se deriven de dichas operaciones, informe que vinculará a los órganos administrativos.

Se trató, en definitiva, de un conjunto de medidas con cuya adopción se perseguía minimizar el impacto de la crisis global sobre el sistema financiero español y, muy especialmente, sobre el erario público, propiciándose el desarrollo de un proceso de reestructuración del sector financiero. Ni que decir tiene que este proceso de reestructuración ha sido especialmente intenso en el sector de las cajas de ahorro, que en menos de un año pasó de contar con 45 entidades individuales (con un tamaño medio de 28.504 millones de euros) a quedar integrado por 17 entidades o grupos de entidades, con un volumen medio de activos de 75.452 millones. Esta reducción en el número de entidades supuso el inicio de un proceso de reducción en

Se trató, en definitiva, de un conjunto de medidas con cuya adopción se perseguía minimizar el impacto de la crisis global sobre el sistema financiero español y, muy especialmente, sobre el erario público, propiciándose el desarrollo de un proceso de reestructuración del sector financiero. Ni que decir tiene que este proceso de reestructuración ha sido especialmente intenso en el sector de las cajas de ahorro, que en menos de un año pasó de contar con 45 entidades individuales (con un tamaño medio de 28.504 millones de euros) a quedar integrado por 17 entidades o grupos de entidades, con un volumen medio de activos de 75.452 millones. Esta reducción en el número de entidades supuso el inicio de un proceso de reducción en

37 No obstante el traspaso de negocios comunes y activos a la entidad central, haciendo abstracción del cauce jurídico, habrá de gozar de la neutralidad fiscal.

37 No obstante el traspaso de negocios comunes y activos a la entidad central, haciendo abstracción del cauce jurídico, habrá de gozar de la neutralidad fiscal.

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el número de sucursales y costes de estructura, promoviendo un sistema financiero más eficiente y competitivo.

el número de sucursales y costes de estructura, promoviendo un sistema financiero más eficiente y competitivo.

Por otro lado, y con carácter adicional a la implantación de este conjunto de medidas, como ya se ha señalado las entidades españolas se sometieron, en el mes de julio de 2010, a unas primeras pruebas de resistencias extensas (abarcaban a la totalidad de entidades integradas en nuestro sistema financiero) e intensas, contemplándose un conjunto de situaciones muy diversas tales como la evolución del crédito al sector inmobiliario y la construcción. La publicación de estos ejercicios, con detalle exhaustivo por tipología de activos, evidenció la situación de solidez y resistencia de nuestro sistema financiero, mostrando que las entidades de crédito españolas, con muy pocas excepciones (y poco significativas para el conjunto del sistema) se encontraban en una buena posición para afrontar situaciones muy adversas y poco probables.

Por otro lado, y con carácter adicional a la implantación de este conjunto de medidas, como ya se ha señalado las entidades españolas se sometieron, en el mes de julio de 2010, a unas primeras pruebas de resistencias extensas (abarcaban a la totalidad de entidades integradas en nuestro sistema financiero) e intensas, contemplándose un conjunto de situaciones muy diversas tales como la evolución del crédito al sector inmobiliario y la construcción. La publicación de estos ejercicios, con detalle exhaustivo por tipología de activos, evidenció la situación de solidez y resistencia de nuestro sistema financiero, mostrando que las entidades de crédito españolas, con muy pocas excepciones (y poco significativas para el conjunto del sistema) se encontraban en una buena posición para afrontar situaciones muy adversas y poco probables.

Dichas entidades tuvieron además que hacer frente a las dificultades que presentaba (y que presenta) el entorno actual, adoptando medidas tales como el incremento de su base de depósitos minoristas, la racionalización de sus costes de estructura, el reforzamiento de su capital y el saneamiento de sus activos. Ello provocó que, con efectos desde enero de 2008 y hasta el cierre de 2010, el conjunto de nuestro sistema financiero reconociera y asumiese perdidas en el valor de los activos por un importe equivalente al 9% del Producto Interior Bruto (PIB) mediante la dotación de provisiones específicas netas, que lógicamente contribuyeron a minorar sus resultados, la utilización del fondo de provisión genérica y por reconocimiento de “valor razonable” contra reservas en los procesos de integración de cajas de ahorro, produciéndose además una recapitalización por un importe aproximado del 3% del PIB, siendo a día de hoy el nivel de solvencia del conjunto de nuestro sistema muy notable, con un nivel de tier 1 del 9,6% de los activos ponderados por riesgo, según los últimos datos disponibles.

Dichas entidades tuvieron además que hacer frente a las dificultades que presentaba (y que presenta) el entorno actual, adoptando medidas tales como el incremento de su base de depósitos minoristas, la racionalización de sus costes de estructura, el reforzamiento de su capital y el saneamiento de sus activos. Ello provocó que, con efectos desde enero de 2008 y hasta el cierre de 2010, el conjunto de nuestro sistema financiero reconociera y asumiese perdidas en el valor de los activos por un importe equivalente al 9% del Producto Interior Bruto (PIB) mediante la dotación de provisiones específicas netas, que lógicamente contribuyeron a minorar sus resultados, la utilización del fondo de provisión genérica y por reconocimiento de “valor razonable” contra reservas en los procesos de integración de cajas de ahorro, produciéndose además una recapitalización por un importe aproximado del 3% del PIB, siendo a día de hoy el nivel de solvencia del conjunto de nuestro sistema muy notable, con un nivel de tier 1 del 9,6% de los activos ponderados por riesgo, según los últimos datos disponibles.

Pues bien, dada esta situación de nuestro sistema financiero, y teniendo presente la evolución de las tensiones financieras en el entorno de la Zona Euro (las cuales habían generado diversas dudas sobre la capacidad del sistema financiero español), a través de la aprobación del Real Decreto-Ley 2/2011, de 18 de febrero, para el Reforzamiento del Sistema Financiero, se pretendió evitar el surgimiento de una dinámica indeseable en tanto en cuanto estos elementos de incertidumbre podían llegar a dificultar aún más

Pues bien, dada esta situación de nuestro sistema financiero, y teniendo presente la evolución de las tensiones financieras en el entorno de la Zona Euro (las cuales habían generado diversas dudas sobre la capacidad del sistema financiero español), a través de la aprobación del Real Decreto-Ley 2/2011, de 18 de febrero, para el Reforzamiento del Sistema Financiero, se pretendió evitar el surgimiento de una dinámica indeseable en tanto en cuanto estos elementos de incertidumbre podían llegar a dificultar aún más

La recapitalización de las entidades financieras

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el acceso a la financiación por parte de las entidades, lo que contribuiría a incrementar la percepción de riesgo dificultando el flujo de crédito hacia la economía, erosionando la capacidad de crecimiento, en un proceso de negativa retroalimentación.

el acceso a la financiación por parte de las entidades, lo que contribuiría a incrementar la percepción de riesgo dificultando el flujo de crédito hacia la economía, erosionando la capacidad de crecimiento, en un proceso de negativa retroalimentación.

Con carácter general debía tratar de eliminarse el surgimiento de toda clase de incertidumbre en relación con nuestro sistema financiero, procediéndose a garantizar que cada una de las entidades que componen dicho sistema financiero presenten unos niveles de capital de máxima calidad suficientes para disipar cualquier duda, no ya solo sobre su solvencia actual, sino también sobre su solidez frente a todo tipo de escenarios, incluidos aquellos poco favorables aún cuando tengan una probabilidad de materialización remota. Sólo así se lograría afianzar la confianza en el sistema bancario español, facilitándose el acceso a la financiación a todas las entidades y contribuyéndose con ello al logro del objetivo fundamental de cualquier sistema bancario, esto es, la fluida canalización del ahorro hacia la inversión.

Con carácter general debía tratar de eliminarse el surgimiento de toda clase de incertidumbre en relación con nuestro sistema financiero, procediéndose a garantizar que cada una de las entidades que componen dicho sistema financiero presenten unos niveles de capital de máxima calidad suficientes para disipar cualquier duda, no ya solo sobre su solvencia actual, sino también sobre su solidez frente a todo tipo de escenarios, incluidos aquellos poco favorables aún cuando tengan una probabilidad de materialización remota. Sólo así se lograría afianzar la confianza en el sistema bancario español, facilitándose el acceso a la financiación a todas las entidades y contribuyéndose con ello al logro del objetivo fundamental de cualquier sistema bancario, esto es, la fluida canalización del ahorro hacia la inversión.

En líneas generales dos fueron los principales objetivos que persiguió la aprobación del citado Real Decreto-Ley 2/2011. En primer lugar, reforzar el nivel de solvencia de todas las entidades de crédito mediante el establecimiento de un nivel elevado de exigencia con relación al capital de máxima calidad, al objeto de tratar de disipar cualquier duda sobre su solvencia. Y, en segundo término, acelerar la fase final de los procesos de reestructuración de las entidades, a través del marco indispensable creado por el Real Decretoley 11/2010. Ambos objetivos debían contribuir a garantizar la función del sector financiero de canalizar el crédito a la economía, circunstancia ésta que, en el caso concreto de las cajas de ahorro, se compaginaba con el objetivo indispensable del mantenimiento de su obra social.

En líneas generales dos fueron los principales objetivos que persiguió la aprobación del citado Real Decreto-Ley 2/2011. En primer lugar, reforzar el nivel de solvencia de todas las entidades de crédito mediante el establecimiento de un nivel elevado de exigencia con relación al capital de máxima calidad, al objeto de tratar de disipar cualquier duda sobre su solvencia. Y, en segundo término, acelerar la fase final de los procesos de reestructuración de las entidades, a través del marco indispensable creado por el Real Decretoley 11/2010. Ambos objetivos debían contribuir a garantizar la función del sector financiero de canalizar el crédito a la economía, circunstancia ésta que, en el caso concreto de las cajas de ahorro, se compaginaba con el objetivo indispensable del mantenimiento de su obra social.

El conjunto de medidas adoptadas a través del Real Decreto-Ley 2/2011 se articularon en torno a dos grandes bloques, a saber: el reforzamiento del capital de las entidades y la adaptación del FROB como instrumento público para facilitar la nueva capitalización exigida.

El conjunto de medidas adoptadas a través del Real Decreto-Ley 2/2011 se articularon en torno a dos grandes bloques, a saber: el reforzamiento del capital de las entidades y la adaptación del FROB como instrumento público para facilitar la nueva capitalización exigida.

En relación con el primero de ellos, el relativo al reforzamiento de la solvencia, se estableció una aplicación adelantada y exigente de los nuevos estándares internacionales de capital, Basilea III, procediéndose a la adopción inmediata de un mínimo de capital principal, con relación a los

En relación con el primero de ellos, el relativo al reforzamiento de la solvencia, se estableció una aplicación adelantada y exigente de los nuevos estándares internacionales de capital, Basilea III, procediéndose a la adopción inmediata de un mínimo de capital principal, con relación a los

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activos ponderados por riesgo, siguiendo básicamente la definición que Basilea III establece cumplir en 2013. Este nivel mínimo de la ratio de capital principal se situó en el 8%, siendo del 10% para aquellas entidades que no hubiesen colocado títulos representativos de su capital a terceros por al menos un 20% y que, además, presentaran una ratio de financiación mayorista superior al 20%. Se trataba así de que las entidades se dotasen un capital, de la máxima calidad, suficiente para garantizar una elevada solidez, siendo la exigencia más alta para aquellas entidades que tuviesen menor agilidad para captar capital básico en caso necesario. Con carácter adicional el Banco de España podría requerir a una entidad individual un nivel superior de capital principal en función de los resultados de ejercicios de resistencia que puedan hacerse para el conjunto del sistema.

activos ponderados por riesgo, siguiendo básicamente la definición que Basilea III establece cumplir en 2013. Este nivel mínimo de la ratio de capital principal se situó en el 8%, siendo del 10% para aquellas entidades que no hubiesen colocado títulos representativos de su capital a terceros por al menos un 20% y que, además, presentaran una ratio de financiación mayorista superior al 20%. Se trataba así de que las entidades se dotasen un capital, de la máxima calidad, suficiente para garantizar una elevada solidez, siendo la exigencia más alta para aquellas entidades que tuviesen menor agilidad para captar capital básico en caso necesario. Con carácter adicional el Banco de España podría requerir a una entidad individual un nivel superior de capital principal en función de los resultados de ejercicios de resistencia que puedan hacerse para el conjunto del sistema.

A tal efecto los elementos que integran el capital principal quedaron concretados, en línea con lo establecido en Basilea III para 2013, en los siguientes: el capital, las reservas, las primas de emisión, los ajustes positivos por valoración y los intereses minoritarios. Asimismo, y con carácter adicional, debían incluirse los instrumentos suscritos por el FROB. Y, de manera transitoria, debían formar parte del mismo los instrumentos obligatoriamente convertibles en acciones antes de 2014 y que cumpliesen ciertos requisitos que garantizasen una alta capacidad de absorción de pérdidas. Estos elementos habrían de ser minorados por los resultados negativos y pérdidas, los ajustes negativos por valoración y los activos inmateriales.

A tal efecto los elementos que integran el capital principal quedaron concretados, en línea con lo establecido en Basilea III para 2013, en los siguientes: el capital, las reservas, las primas de emisión, los ajustes positivos por valoración y los intereses minoritarios. Asimismo, y con carácter adicional, debían incluirse los instrumentos suscritos por el FROB. Y, de manera transitoria, debían formar parte del mismo los instrumentos obligatoriamente convertibles en acciones antes de 2014 y que cumpliesen ciertos requisitos que garantizasen una alta capacidad de absorción de pérdidas. Estos elementos habrían de ser minorados por los resultados negativos y pérdidas, los ajustes negativos por valoración y los activos inmateriales.

Estos nuevos requerimientos entraron en vigor el 10 de marzo de 2011 si bien, ante la evidencia de que habría algunas entidades con dificultad para alcanzar este nuevo requisito de manera inminente, a través del Real Decreto-Ley 2/2011 se diseñó la siguiente estrategia progresiva de cumplimiento. Con carácter general, aquellas entidades que a 10 de marzo no alcanzasen el nivel requerido de capital principal tenían 15 días hábiles para comunicar al Banco de España la estrategia y calendario con el que garantizarían el cumplimiento de los nuevos requisitos del 8% o 10%, de capital principal, según correspondiese, antes del 30 de septiembre de 2011. Esta estrategia (que podría contemplar la captación de recursos de terceros y la salida a bolsa de las entidades) debía ser aprobada por el Banco de España quien podría, asimismo, exigir modificaciones o medidas adicionales.

Estos nuevos requerimientos entraron en vigor el 10 de marzo de 2011 si bien, ante la evidencia de que habría algunas entidades con dificultad para alcanzar este nuevo requisito de manera inminente, a través del Real Decreto-Ley 2/2011 se diseñó la siguiente estrategia progresiva de cumplimiento. Con carácter general, aquellas entidades que a 10 de marzo no alcanzasen el nivel requerido de capital principal tenían 15 días hábiles para comunicar al Banco de España la estrategia y calendario con el que garantizarían el cumplimiento de los nuevos requisitos del 8% o 10%, de capital principal, según correspondiese, antes del 30 de septiembre de 2011. Esta estrategia (que podría contemplar la captación de recursos de terceros y la salida a bolsa de las entidades) debía ser aprobada por el Banco de España quien podría, asimismo, exigir modificaciones o medidas adicionales.

Ahora bien, en tanto en cuanto podrían llegar a suscitarse algunas cuestiones susceptibles de retrasar dicho cumplimiento, relacionadas bási-

Ahora bien, en tanto en cuanto podrían llegar a suscitarse algunas cuestiones susceptibles de retrasar dicho cumplimiento, relacionadas bási-

La recapitalización de las entidades financieras

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camente con las operaciones o trámites que pudieran que tener que llevar a cabo las entidades (los cuales en determinados supuestos podrían llegar a ser bastante numerosos) se previó que el Banco de España pudiera autorizar un aplazamiento de hasta un máximo de 3 meses sobre la fecha anterior y, con carácter excepcional, en casos de salidas a bolsa, y siempre y cuando se hubiesen cumplido un conjunto de hitos que generasen certeza sobre la decisión y la cuantía de la emisión, prorrogar la ejecución hasta el primer trimestre de 2012.

camente con las operaciones o trámites que pudieran que tener que llevar a cabo las entidades (los cuales en determinados supuestos podrían llegar a ser bastante numerosos) se previó que el Banco de España pudiera autorizar un aplazamiento de hasta un máximo de 3 meses sobre la fecha anterior y, con carácter excepcional, en casos de salidas a bolsa, y siempre y cuando se hubiesen cumplido un conjunto de hitos que generasen certeza sobre la decisión y la cuantía de la emisión, prorrogar la ejecución hasta el primer trimestre de 2012.

En todo caso, una vez completado el período transitorio y cuando las entidades hubiesen alcanzado las nuevas exigencias de capital principal, siguiendo la estructura conceptual de Basilea III (que, como es sabido, establece un colchón de capital de conservación), el incumplimiento coyuntural de hasta un 20% de la ratio de capital principal exigido podría llegar a determinar la imposición por parte del Banco de España de restricciones susceptibles de afectar al reparto de dividendos, la dotación a la obra benéfico social, la retribución de las participaciones preferentes, las retribuciones variables de administradores y directivos y la recompra de acciones.

En todo caso, una vez completado el período transitorio y cuando las entidades hubiesen alcanzado las nuevas exigencias de capital principal, siguiendo la estructura conceptual de Basilea III (que, como es sabido, establece un colchón de capital de conservación), el incumplimiento coyuntural de hasta un 20% de la ratio de capital principal exigido podría llegar a determinar la imposición por parte del Banco de España de restricciones susceptibles de afectar al reparto de dividendos, la dotación a la obra benéfico social, la retribución de las participaciones preferentes, las retribuciones variables de administradores y directivos y la recompra de acciones.

A tal efecto, y previéndose la posibilidad de que no todas las entidades pudieran captar capital en los mercados de capital básico, el segundo gran bloque del Real Decreto-Ley 2/2011 persiguió modificar el régimen jurídico del FROB, con la finalidad de que la proporción de apoyos se realizase mediante la adquisición temporal de acciones ordinarias en condiciones de mercado, de aquellas entidades que no cumplan con los niveles de recursos propios exigidos y que así lo soliciten, ya sea de forma inmediata o una vez que acudiendo al mercado no hayan captado todos los recursos necesarios. Se trataba de la adopción de una medida que, como es lógico, podría llegar a suponer la entrada del Sector público en el capital social de entidades de crédito, diseñándose a tal efecto un marco de estricto cumplimiento de la normativa aplicable de la Unión Europea y de máxima protección de los recursos públicos.

A tal efecto, y previéndose la posibilidad de que no todas las entidades pudieran captar capital en los mercados de capital básico, el segundo gran bloque del Real Decreto-Ley 2/2011 persiguió modificar el régimen jurídico del FROB, con la finalidad de que la proporción de apoyos se realizase mediante la adquisición temporal de acciones ordinarias en condiciones de mercado, de aquellas entidades que no cumplan con los niveles de recursos propios exigidos y que así lo soliciten, ya sea de forma inmediata o una vez que acudiendo al mercado no hayan captado todos los recursos necesarios. Se trataba de la adopción de una medida que, como es lógico, podría llegar a suponer la entrada del Sector público en el capital social de entidades de crédito, diseñándose a tal efecto un marco de estricto cumplimiento de la normativa aplicable de la Unión Europea y de máxima protección de los recursos públicos.

Concretamente, y en primer término, el precio de adquisición de las acciones o aportaciones al capital social habría de fijarse conforme al valor económico de la entidad, que sería determinado por uno o varios expertos independientes a designar por el FROB, a través de un procedimiento que desarrollaría el citado Fondo, basado en las metodologías comúnmente aceptadas y atendiendo al valor de mercado.

Concretamente, y en primer término, el precio de adquisición de las acciones o aportaciones al capital social habría de fijarse conforme al valor económico de la entidad, que sería determinado por uno o varios expertos independientes a designar por el FROB, a través de un procedimiento que desarrollaría el citado Fondo, basado en las metodologías comúnmente aceptadas y atendiendo al valor de mercado.

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En segundo término, y por lo que respecta a la desinversión, se estableció que la presencia del FROB en el capital de las entidades fuese temporal, siendo el plazo máximo de tenencia de cinco años. La enajenación a realizar habría de llevarse a cabo mediante procedimientos que asegurasen la competencia. No obstante se preveía que el FROB pudiera, en el momento de adquisición de los títulos, establecer los términos en que, en el plazo máximo de un año a contar desde la fecha de suscripción o adquisición, revendería dichos títulos a las entidades emisoras de los mismos o a terceros inversores propuestos por la entidad beneficiaria de su actuación. Este plazo máximo podría ser de dos años, en cuyo caso se podría exigir a las entidades solicitantes compromisos adicionales a los previstos dentro de su plan de recapitalización. En todo caso las condiciones de dicha reventa debían asegurar un uso eficiente de los recursos públicos, debiendo acometerse en condiciones de mercado cumpliendo con la normativa española y de la Unión Europea en materia de competencia y ayudas de Estado.

En segundo término, y por lo que respecta a la desinversión, se estableció que la presencia del FROB en el capital de las entidades fuese temporal, siendo el plazo máximo de tenencia de cinco años. La enajenación a realizar habría de llevarse a cabo mediante procedimientos que asegurasen la competencia. No obstante se preveía que el FROB pudiera, en el momento de adquisición de los títulos, establecer los términos en que, en el plazo máximo de un año a contar desde la fecha de suscripción o adquisición, revendería dichos títulos a las entidades emisoras de los mismos o a terceros inversores propuestos por la entidad beneficiaria de su actuación. Este plazo máximo podría ser de dos años, en cuyo caso se podría exigir a las entidades solicitantes compromisos adicionales a los previstos dentro de su plan de recapitalización. En todo caso las condiciones de dicha reventa debían asegurar un uso eficiente de los recursos públicos, debiendo acometerse en condiciones de mercado cumpliendo con la normativa española y de la Unión Europea en materia de competencia y ayudas de Estado.

Téngase presente además a este respecto que la vocación temporal del apoyo del FROB en la aportación de capital básico determina que la inversión se realice mediante la adquisición de acciones ordinarias, con la finalidad de que, llegado el momento, el citado Fondo pueda deshacerse fácilmente y en condiciones de mercado de las mismas. Dicho requerimiento determina, a su vez, que la entidad beneficiaria del apoyo sea un banco, motivo por el cual se estableció que si la entidad de crédito que solicitase el apoyo financiero fuese una caja de ahorros, ésta habría de disponer de un plazo de tres meses para el traspaso de la totalidad de su actividad financiera, bien a un banco a través del cual pasasen a ejercer indirectamente su actividad financiera manteniendo su figura jurídica de caja, bien transformándose en fundación o bien al banco que actuase como entidad central del sistema institucional de protección del que en su caso formen parte.

Téngase presente además a este respecto que la vocación temporal del apoyo del FROB en la aportación de capital básico determina que la inversión se realice mediante la adquisición de acciones ordinarias, con la finalidad de que, llegado el momento, el citado Fondo pueda deshacerse fácilmente y en condiciones de mercado de las mismas. Dicho requerimiento determina, a su vez, que la entidad beneficiaria del apoyo sea un banco, motivo por el cual se estableció que si la entidad de crédito que solicitase el apoyo financiero fuese una caja de ahorros, ésta habría de disponer de un plazo de tres meses para el traspaso de la totalidad de su actividad financiera, bien a un banco a través del cual pasasen a ejercer indirectamente su actividad financiera manteniendo su figura jurídica de caja, bien transformándose en fundación o bien al banco que actuase como entidad central del sistema institucional de protección del que en su caso formen parte.

Con carácter adicional la adquisición de títulos por parte del FROB quedó condicionada a la elaboración por la entidad de un Plan de Recapitalización en el que, además de presentar un plan de negocio, se asumían ciertos compromisos relacionados, por ejemplo, con la reducción de sus costes estructurales, la mejora de su gobierno corporativo o la evolución de su actividad de crédito. En todo caso la adquisición de títulos por parte del FROB debía implicar, a su vez, su incorporación al Consejo de Administra-

Con carácter adicional la adquisición de títulos por parte del FROB quedó condicionada a la elaboración por la entidad de un Plan de Recapitalización en el que, además de presentar un plan de negocio, se asumían ciertos compromisos relacionados, por ejemplo, con la reducción de sus costes estructurales, la mejora de su gobierno corporativo o la evolución de su actividad de crédito. En todo caso la adquisición de títulos por parte del FROB debía implicar, a su vez, su incorporación al Consejo de Administra-

La recapitalización de las entidades financieras

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ción de la entidad emisora de los títulos en proporción estricta al porcentaje de participación de la entidad.

ción de la entidad emisora de los títulos en proporción estricta al porcentaje de participación de la entidad.

El Real Decreto-Ley 2/2011 también contempló la posibilidad de adquisiciones por el FROB de participaciones preferentes convertibles en aportaciones al capital social de las cooperativas de crédito, en un régimen que reprodujo el previsto hasta la entrada en vigor de aquél, contemplando asimismo una serie de medidas de carácter fiscal dirigidas a asegurar la neutralidad en los procesos de reestructuración del sistema financiero.

El Real Decreto-Ley 2/2011 también contempló la posibilidad de adquisiciones por el FROB de participaciones preferentes convertibles en aportaciones al capital social de las cooperativas de crédito, en un régimen que reprodujo el previsto hasta la entrada en vigor de aquél, contemplando asimismo una serie de medidas de carácter fiscal dirigidas a asegurar la neutralidad en los procesos de reestructuración del sistema financiero.

Por lo que respecta a las principales cuestiones fiscales abordadas en el citado Real Decreto-Ley 2/2011, a las que posteriormente tendremos ocasión de referirnos con detenimiento, se concretaron en la inclusión de las entidades de crédito integradas en un SIP en el grupo de consolidación fiscal de la entidad central, la aplicación de créditos fiscales anteriores a la constitución del grupo fiscal, la segregación de todo el negocio financiero realizado por las cajas a favor de un banco y, finalmente, las operaciones intragrupo cuando la entidad bancaria deja de pertenecer al grupo fiscal.

Por lo que respecta a las principales cuestiones fiscales abordadas en el citado Real Decreto-Ley 2/2011, a las que posteriormente tendremos ocasión de referirnos con detenimiento, se concretaron en la inclusión de las entidades de crédito integradas en un SIP en el grupo de consolidación fiscal de la entidad central, la aplicación de créditos fiscales anteriores a la constitución del grupo fiscal, la segregación de todo el negocio financiero realizado por las cajas a favor de un banco y, finalmente, las operaciones intragrupo cuando la entidad bancaria deja de pertenecer al grupo fiscal.

Se trató pues de un conjunto de modificaciones orientadas a garantizar que el proceso de reestructuración del sector financiero se realizase sin costes fiscales asociados al propio proceso derivados de la imposibilidad de aplicar los créditos fiscales generados o por generar por las entidades de crédito integrantes del proceso y que serían plenamente aplicables en un proceso de fusión tradicional o derivados de la incorporación a la base imponible de los resultados intragrupo pendientes de tributación cuando se produce la salida del grupo fiscal de las entidades bancarias.

Se trató pues de un conjunto de modificaciones orientadas a garantizar que el proceso de reestructuración del sector financiero se realizase sin costes fiscales asociados al propio proceso derivados de la imposibilidad de aplicar los créditos fiscales generados o por generar por las entidades de crédito integrantes del proceso y que serían plenamente aplicables en un proceso de fusión tradicional o derivados de la incorporación a la base imponible de los resultados intragrupo pendientes de tributación cuando se produce la salida del grupo fiscal de las entidades bancarias.

En todo caso la regulación introducida a través del Real Decreto-Ley 2/2011 mantuvo el status jurídico de la Ley 31/1985, de 2 de agosto, de regulación de las normas básicas sobre Órganos Rectores de las Cajas de Ahorro, no siendo objeto de modificación la regulación contenida en la citada Ley y manteniéndose las distintas alternativas institucionales previstas en la misma.

En todo caso la regulación introducida a través del Real Decreto-Ley 2/2011 mantuvo el status jurídico de la Ley 31/1985, de 2 de agosto, de regulación de las normas básicas sobre Órganos Rectores de las Cajas de Ahorro, no siendo objeto de modificación la regulación contenida en la citada Ley y manteniéndose las distintas alternativas institucionales previstas en la misma.

En resumen, el conjunto de medidas contempladas se dirigieron, como objetivo último, a garantizar la eficiencia de nuestro sistema financiero asegurando la canalización del crédito a la economía real y, con ello, posibilitando al máximo las posibilidades de crecimiento y creación de empleo. De este modo si ya en su día, con los Reales Decretos-Ley de creación del

En resumen, el conjunto de medidas contempladas se dirigieron, como objetivo último, a garantizar la eficiencia de nuestro sistema financiero asegurando la canalización del crédito a la economía real y, con ello, posibilitando al máximo las posibilidades de crecimiento y creación de empleo. De este modo si ya en su día, con los Reales Decretos-Ley de creación del

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Juan Calvo Vérgez

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FROB y de reforma del régimen jurídico de las cajas de ahorro, se crearon la estructura y los instrumentos necesarios para la reestructuración de nuestro sistema financiero, en plena coherencia con ambos, a través de la presente regulación se impulsó la utilización inmediata de tales estructuras e instrumentos para concluir la fase final de dicho proceso de reestructuración, persiguiéndose alcanzar un sistema financiero más solvente, más transparente y con mayores facilidades de capitalización.

FROB y de reforma del régimen jurídico de las cajas de ahorro, se crearon la estructura y los instrumentos necesarios para la reestructuración de nuestro sistema financiero, en plena coherencia con ambos, a través de la presente regulación se impulsó la utilización inmediata de tales estructuras e instrumentos para concluir la fase final de dicho proceso de reestructuración, persiguiéndose alcanzar un sistema financiero más solvente, más transparente y con mayores facilidades de capitalización.

2.

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LAS PREVISIONES DE REFORZAMIENTO DE LA SOLVENCIA DE LAS ENTIDADES DE CRÉDITO

LAS PREVISIONES DE REFORZAMIENTO DE LA SOLVENCIA DE LAS ENTIDADES DE CRÉDITO

El Título I del Real Decreto-Ley 2/2011, de 18 de febrero, para el Reforzamiento del Sistema Financiero, se dedicó a las previsiones de reforzamiento de la solvencia de las entidades de crédito. Su art. 1 estableció las nuevas exigencias de capital principal de las entidades de crédito, señalándose que dichas entidades habrían de contar con un capital principal de, al menos, el 8% de sus exposiciones totales ponderadas por riesgo, calculadas de conformidad con lo previsto en la Ley 13/1985, de 25 de mayo, de coeficientes de inversión, recursos propios y obligaciones de información de los intermediarios financieros y en su normativa de desarrollo.

El Título I del Real Decreto-Ley 2/2011, de 18 de febrero, para el Reforzamiento del Sistema Financiero, se dedicó a las previsiones de reforzamiento de la solvencia de las entidades de crédito. Su art. 1 estableció las nuevas exigencias de capital principal de las entidades de crédito, señalándose que dichas entidades habrían de contar con un capital principal de, al menos, el 8% de sus exposiciones totales ponderadas por riesgo, calculadas de conformidad con lo previsto en la Ley 13/1985, de 25 de mayo, de coeficientes de inversión, recursos propios y obligaciones de información de los intermediarios financieros y en su normativa de desarrollo.

Asimismo se fijó un requerimiento superior del 10% para aquellas entidades que superen el 20% de financiación mayorista y que no hayan colocado títulos representativos de su capital social o derechos de voto por, al menos, un porcentaje igual o superior al 20% del mismo a terceros. Dicho superior requerimiento se justificó en la mayor dificultad que las entidades que reúnan ambos requisitos disponen para captar capital privado.

Asimismo se fijó un requerimiento superior del 10% para aquellas entidades que superen el 20% de financiación mayorista y que no hayan colocado títulos representativos de su capital social o derechos de voto por, al menos, un porcentaje igual o superior al 20% del mismo a terceros. Dicho superior requerimiento se justificó en la mayor dificultad que las entidades que reúnan ambos requisitos disponen para captar capital privado.

En tercer lugar, se especificó que el incumplimiento coyuntural de hasta un 20% de la ratio de capital principal exigido determinaría que el Banco de España impusiese restricciones en la distribución de beneficios en forma de reparto de dividendos, de retribuciones variables para los empleados o de recompra de acciones.

En tercer lugar, se especificó que el incumplimiento coyuntural de hasta un 20% de la ratio de capital principal exigido determinaría que el Banco de España impusiese restricciones en la distribución de beneficios en forma de reparto de dividendos, de retribuciones variables para los empleados o de recompra de acciones.

Por último se previó que el Banco de España pudiera exigir el cumplimiento de un nivel de capital principal superior si la entidad no alcanzase

Por último se previó que el Banco de España pudiera exigir el cumplimiento de un nivel de capital principal superior si la entidad no alcanzase

La recapitalización de las entidades financieras

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en el escenario más adverso de una prueba de resistencia del conjunto del sistema el nivel de recursos propios mínimos exigido en dicha prueba.

en el escenario más adverso de una prueba de resistencia del conjunto del sistema el nivel de recursos propios mínimos exigido en dicha prueba.

En todo caso, como se ha indicado, la fijación de estas nuevas exigencias de capital (las cuales serían posteriormente modificadas por el Real Decreto-Ley 24/2012, de 31 de agosto, de reestructuración y resolución de entidades de crédito) no afectó a la plena vigencia de la Ley 13/1985, de 25 de mayo, y su normativa de desarrollo, lo que resulta especialmente relevante en materia de posibles incumplimientos de las nuevas exigencias, en cuyo caso sería de aplicación lo dispuesto en el art. 11 de dicha Ley en materia de insuficiencia de recursos propios.

En todo caso, como se ha indicado, la fijación de estas nuevas exigencias de capital (las cuales serían posteriormente modificadas por el Real Decreto-Ley 24/2012, de 31 de agosto, de reestructuración y resolución de entidades de crédito) no afectó a la plena vigencia de la Ley 13/1985, de 25 de mayo, y su normativa de desarrollo, lo que resulta especialmente relevante en materia de posibles incumplimientos de las nuevas exigencias, en cuyo caso sería de aplicación lo dispuesto en el art. 11 de dicha Ley en materia de insuficiencia de recursos propios.

Quedaba claro, en consecuencia, que los grupos consolidables de entidades de crédito, así como las entidades de crédito no integradas en un grupo consolidable de entidades de crédito, que pueden captar fondos reembolsables del público, debían contar con un capital principal de, al menos, el 8% de sus exposiciones totales ponderadas por riesgo y calculadas de conformidad con lo previsto en la Ley 13/1985, de 25 de mayo, de coeficientes de inversión, recursos propios y obligaciones de información de los intermediarios financieros y en su normativa de desarrollo38.

Quedaba claro, en consecuencia, que los grupos consolidables de entidades de crédito, así como las entidades de crédito no integradas en un grupo consolidable de entidades de crédito, que pueden captar fondos reembolsables del público, debían contar con un capital principal de, al menos, el 8% de sus exposiciones totales ponderadas por riesgo y calculadas de conformidad con lo previsto en la Ley 13/1985, de 25 de mayo, de coeficientes de inversión, recursos propios y obligaciones de información de los intermediarios financieros y en su normativa de desarrollo38.

Dicho porcentaje sería no obstante del 10% para los grupos consolidables de entidades de crédito y las entidades de crédito individuales que

Dicho porcentaje sería no obstante del 10% para los grupos consolidables de entidades de crédito y las entidades de crédito individuales que

Dispone el art. 6.1 de la Ley 13/1985, en su vigente redacción otorgada por la Ley 6/2011, de 11 de abril, lo siguiente: “1. Los grupos consolidables de entidades de crédito, así como las entidades de crédito integradas o no en un grupo consolidable de entidades de crédito, deberán mantener en todo momento un volumen suficiente de recursos propios en relación con las inversiones realizadas y los riesgos asumidos. En especial, dispondrán en todo momento de fondos superiores o iguales a la suma de las siguientes exigencias de recursos propios mínimos: a) Respecto de todas sus actividades con excepción de las de cartera de negociación, las exigencias de recursos propios determinadas con arreglo al método de cálculo establecido reglamentariamente para el riesgo de crédito y el riesgo de dilución; b) Respecto de sus actividades de cartera de negociación, las exigencias de recursos propios determinadas con arreglo al método de cálculo establecido reglamentariamente para el riesgo de posición y el riesgo de contraparte y, en la medida en que se autorice, para los grandes riesgos que superen los límites establecidos reglamentariamente; c) Respecto de todas sus actividades, las exigencias de recursos propios determinadas con arreglo al método de cálculo establecido reglamentariamente para el riesgo de tipo de cambio, el riesgo de liquidación y el riesgo sobre materias primas; d) Respecto de todas sus actividades, las exigencias de recursos propios determinadas con arreglo al método de cálculo establecido reglamentariamente para el riesgo operacional”.

Dispone el art. 6.1 de la Ley 13/1985, en su vigente redacción otorgada por la Ley 6/2011, de 11 de abril, lo siguiente: “1. Los grupos consolidables de entidades de crédito, así como las entidades de crédito integradas o no en un grupo consolidable de entidades de crédito, deberán mantener en todo momento un volumen suficiente de recursos propios en relación con las inversiones realizadas y los riesgos asumidos. En especial, dispondrán en todo momento de fondos superiores o iguales a la suma de las siguientes exigencias de recursos propios mínimos: a) Respecto de todas sus actividades con excepción de las de cartera de negociación, las exigencias de recursos propios determinadas con arreglo al método de cálculo establecido reglamentariamente para el riesgo de crédito y el riesgo de dilución; b) Respecto de sus actividades de cartera de negociación, las exigencias de recursos propios determinadas con arreglo al método de cálculo establecido reglamentariamente para el riesgo de posición y el riesgo de contraparte y, en la medida en que se autorice, para los grandes riesgos que superen los límites establecidos reglamentariamente; c) Respecto de todas sus actividades, las exigencias de recursos propios determinadas con arreglo al método de cálculo establecido reglamentariamente para el riesgo de tipo de cambio, el riesgo de liquidación y el riesgo sobre materias primas; d) Respecto de todas sus actividades, las exigencias de recursos propios determinadas con arreglo al método de cálculo establecido reglamentariamente para el riesgo operacional”.

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reuniesen las dos condiciones siguientes. En primer lugar, que tuviesen un coeficiente de financiación mayorista superior al 20% conforme a la definición establecida por el Banco de España. Y, en segundo término, que no tuviesen distribuidos títulos representativos de su capital social o derechos de voto por, al menos, un porcentaje igual o superior al 20% del mismo a terceros, incluidos accionistas o socios. A estos efectos no se tendría en cuenta las participaciones mantenidas por las cajas de ahorro que hubiesen aportado su negocio financiero a un banco para desarrollar su objeto propio como entidad de crédito, las de las fundaciones originadas por trasformación de cajas de ahorro o la participación en el capital social del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria. En caso de grupos consolidables de entidades de crédito en el que se incluyesen una o más cajas de ahorro que hubieran optado por desarrollar su objeto propio como entidad de crédito de forma indirecta, esta condición se verificaría sobre el banco al que hubiesen aportado su negocio financiero.

reuniesen las dos condiciones siguientes. En primer lugar, que tuviesen un coeficiente de financiación mayorista superior al 20% conforme a la definición establecida por el Banco de España. Y, en segundo término, que no tuviesen distribuidos títulos representativos de su capital social o derechos de voto por, al menos, un porcentaje igual o superior al 20% del mismo a terceros, incluidos accionistas o socios. A estos efectos no se tendría en cuenta las participaciones mantenidas por las cajas de ahorro que hubiesen aportado su negocio financiero a un banco para desarrollar su objeto propio como entidad de crédito, las de las fundaciones originadas por trasformación de cajas de ahorro o la participación en el capital social del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria. En caso de grupos consolidables de entidades de crédito en el que se incluyesen una o más cajas de ahorro que hubieran optado por desarrollar su objeto propio como entidad de crédito de forma indirecta, esta condición se verificaría sobre el banco al que hubiesen aportado su negocio financiero.

Una vez cumplido lo establecido en la Disposición Transitoria Primera del Real Decreto-Ley 2/2011, cuando coyunturalmente una entidad presentara un nivel de capital principal inferior al mínimo establecido y este nivel de insuficiencia fuese menor a un 20% del mínimo exigido, el Banco de España impondría restricciones que podrían afectar al reparto de dividendos, la dotación a la obra benéfico-social, las remuneraciones variables de administradores y directivos, la retribución de las participaciones preferentes y la recompra de acciones. Las citadas restricciones dejarían de ser de aplicación a partir de la incoación de un expediente sancionador.

Una vez cumplido lo establecido en la Disposición Transitoria Primera del Real Decreto-Ley 2/2011, cuando coyunturalmente una entidad presentara un nivel de capital principal inferior al mínimo establecido y este nivel de insuficiencia fuese menor a un 20% del mínimo exigido, el Banco de España impondría restricciones que podrían afectar al reparto de dividendos, la dotación a la obra benéfico-social, las remuneraciones variables de administradores y directivos, la retribución de las participaciones preferentes y la recompra de acciones. Las citadas restricciones dejarían de ser de aplicación a partir de la incoación de un expediente sancionador.

Debe precisarse no obstante a este respecto que, tras la aprobación del RDLey 24/2012, de 31 de agosto, que, tal y como tendremos ocasión de analizar, elevó con efectos desde el 1 de enero de 2013 la ratio de capital principal que deben cumplir los grupos consolidables de entidades de crédito así como las entidades no integradas en un grupo consolidable que establece el RD-Ley 2/2011, y de conformidad con lo establecido en su Disp. Transit. Sexta, hasta el 31 de diciembre de 2012 los grupos y entidades de crédito referidos cumplirán con los anteriores requerimientos de capital principal conforme a las exigencias y procedimientos de cálculo vigentes antes de la entrada en vigor de dicho RDLey 24/2012.

Debe precisarse no obstante a este respecto que, tras la aprobación del RDLey 24/2012, de 31 de agosto, que, tal y como tendremos ocasión de analizar, elevó con efectos desde el 1 de enero de 2013 la ratio de capital principal que deben cumplir los grupos consolidables de entidades de crédito así como las entidades no integradas en un grupo consolidable que establece el RD-Ley 2/2011, y de conformidad con lo establecido en su Disp. Transit. Sexta, hasta el 31 de diciembre de 2012 los grupos y entidades de crédito referidos cumplirán con los anteriores requerimientos de capital principal conforme a las exigencias y procedimientos de cálculo vigentes antes de la entrada en vigor de dicho RDLey 24/2012.

La recapitalización de las entidades financieras

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Y es, tal y como analizaremos más detenidamente con posterioridad, el citado RDLey 24/2012 otorgó una nueva redacción al art. 1 del RDLey 2/2011, en virtud de la cual con efectos desde el 1 de enero de 2013 los grupos consolidables de entidades de crédito así como las entidades de crédito no integradas en un grupo consolidable de entidades de crédito que puedan captar fondos reembolsables del público, excluidas las sucursales en España de entidades de crédito autorizadas en otros países, deberán contar con un capital principal de, al menos, el 9% de sus exposiciones totales ponderadas por riesgo y calculadas de conformidad con la normativa general sobre recursos propios prevista en la Ley 13/1985, de 25 de mayo, de coeficientes de inversión, recursos propios y obligaciones de información de los intermediarios financieros, y en su normativa de desarrollo, y sin perjuicio del cumplimiento de los requerimientos de recursos propios exigidos por dicha normativa.

Y es, tal y como analizaremos más detenidamente con posterioridad, el citado RDLey 24/2012 otorgó una nueva redacción al art. 1 del RDLey 2/2011, en virtud de la cual con efectos desde el 1 de enero de 2013 los grupos consolidables de entidades de crédito así como las entidades de crédito no integradas en un grupo consolidable de entidades de crédito que puedan captar fondos reembolsables del público, excluidas las sucursales en España de entidades de crédito autorizadas en otros países, deberán contar con un capital principal de, al menos, el 9% de sus exposiciones totales ponderadas por riesgo y calculadas de conformidad con la normativa general sobre recursos propios prevista en la Ley 13/1985, de 25 de mayo, de coeficientes de inversión, recursos propios y obligaciones de información de los intermediarios financieros, y en su normativa de desarrollo, y sin perjuicio del cumplimiento de los requerimientos de recursos propios exigidos por dicha normativa.

En todo caso, como se ha señalado el Banco de España podría exigir a las entidades o grupos citados el cumplimiento de un nivel de capital principal superior al anteriormente indicado si la entidad no alcanza, en el escenario más adverso de una prueba de resistencia del conjunto del sistema, el nivel de recursos propios mínimos exigido en dicha prueba y hasta el límite de dicha exigencia. Y ello sin perjuicio de la aplicación de lo previsto en la Ley 13/1985, de 25 de mayo, de coeficientes de inversión, recursos propios y obligaciones de información de los intermediarios financieros y en su normativa de desarrollo, y especialmente de lo previsto en el art. 11 de dicha ley en materia de insuficiencia de recursos propios. Dichos grupos consolidables de entidades de crédito, así como las entidades de crédito no integradas en un grupo consolidable de entidades de crédito sujetas a la exigencia de capital principal no podrán además, sin la previa autorización del Banco de España, reducir los componentes del capital principal por debajo de la cifra correspondiente a 31 de diciembre de 2012 cuando esa reducción fuera como consecuencia de la distribución, reembolso o remuneración de los componentes del capital principal o de cualquier otra actuación que tenga por objeto el menoscabo del compromiso de los tenedores de los respectivos instrumentos para con la entidad emisora.

En todo caso, como se ha señalado el Banco de España podría exigir a las entidades o grupos citados el cumplimiento de un nivel de capital principal superior al anteriormente indicado si la entidad no alcanza, en el escenario más adverso de una prueba de resistencia del conjunto del sistema, el nivel de recursos propios mínimos exigido en dicha prueba y hasta el límite de dicha exigencia. Y ello sin perjuicio de la aplicación de lo previsto en la Ley 13/1985, de 25 de mayo, de coeficientes de inversión, recursos propios y obligaciones de información de los intermediarios financieros y en su normativa de desarrollo, y especialmente de lo previsto en el art. 11 de dicha ley en materia de insuficiencia de recursos propios. Dichos grupos consolidables de entidades de crédito, así como las entidades de crédito no integradas en un grupo consolidable de entidades de crédito sujetas a la exigencia de capital principal no podrán además, sin la previa autorización del Banco de España, reducir los componentes del capital principal por debajo de la cifra correspondiente a 31 de diciembre de 2012 cuando esa reducción fuera como consecuencia de la distribución, reembolso o remuneración de los componentes del capital principal o de cualquier otra actuación que tenga por objeto el menoscabo del compromiso de los tenedores de los respectivos instrumentos para con la entidad emisora.

El art. 2 del Real Decreto-Ley 2/2011 (en su actual redacción que otorgaría con posterioridad el anteriormente citado RDLey 24/2012) estableció la definición de capital principal en línea con el contenido del

El art. 2 del Real Decreto-Ley 2/2011 (en su actual redacción que otorgaría con posterioridad el anteriormente citado RDLey 24/2012) estableció la definición de capital principal en línea con el contenido del

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Juan Calvo Vérgez

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Juan Calvo Vérgez

llamado common equity Tier 1 previsto en el Acuerdo de Basilea III. Los elementos que componen el capital principal son, esencialmente, como ya se ha señalado, los previstos en Basilea III (2013): capital, reservas, primas de emisión, ajustes positivos por valoración, intereses minoritarios; más los instrumentos suscritos por el FROB y, transitoriamente, instrumentos obligatoriamente convertibles en acciones antes de 2014. Minorados por resultados negativos y pérdidas, ajustes negativos por valoración y activos inmateriales.

llamado common equity Tier 1 previsto en el Acuerdo de Basilea III. Los elementos que componen el capital principal son, esencialmente, como ya se ha señalado, los previstos en Basilea III (2013): capital, reservas, primas de emisión, ajustes positivos por valoración, intereses minoritarios; más los instrumentos suscritos por el FROB y, transitoriamente, instrumentos obligatoriamente convertibles en acciones antes de 2014. Minorados por resultados negativos y pérdidas, ajustes negativos por valoración y activos inmateriales.

De conformidad con lo dispuesto por el citado precepto se entiende por capital principal de una entidad de crédito el resultado de sumar los siguientes elementos de sus recursos propios. En primer lugar, el capital social de las sociedades anónimas, excluidas, en su caso, las acciones rescatables y sin voto; los fondos fundacionales y las cuotas participativas de las cajas de ahorro y las cuotas participativas de asociación emitidas por la Confederación Española de Cajas de Ahorro; y las aportaciones al capital social de las cooperativas de crédito. En todo caso han de excluirse del cálculo las acciones o valores computables mencionados que se hallen en poder de la entidad o de cualquier entidad consolidable y los que hubiesen sido objeto de cualquier operación o compromiso que perjudique su eficacia para cubrir pérdidas de la entidad o del grupo.

De conformidad con lo dispuesto por el citado precepto se entiende por capital principal de una entidad de crédito el resultado de sumar los siguientes elementos de sus recursos propios. En primer lugar, el capital social de las sociedades anónimas, excluidas, en su caso, las acciones rescatables y sin voto; los fondos fundacionales y las cuotas participativas de las cajas de ahorro y las cuotas participativas de asociación emitidas por la Confederación Española de Cajas de Ahorro; y las aportaciones al capital social de las cooperativas de crédito. En todo caso han de excluirse del cálculo las acciones o valores computables mencionados que se hallen en poder de la entidad o de cualquier entidad consolidable y los que hubiesen sido objeto de cualquier operación o compromiso que perjudique su eficacia para cubrir pérdidas de la entidad o del grupo.

En segundo término, se han de añadir las primas de emisión desembolsadas en la suscripción de acciones ordinarias o de otros instrumentos señalados con anterioridad, así como las reservas efectivas y expresas, los elementos que se clasifican como reservas de acuerdo con la normativa sobre recursos propios de las entidades de crédito y los resultados positivos del ejercicio computables de conformidad con dicha normativa.

En segundo término, se han de añadir las primas de emisión desembolsadas en la suscripción de acciones ordinarias o de otros instrumentos señalados con anterioridad, así como las reservas efectivas y expresas, los elementos que se clasifican como reservas de acuerdo con la normativa sobre recursos propios de las entidades de crédito y los resultados positivos del ejercicio computables de conformidad con dicha normativa.

Igualmente han de ser tomados en consideración a este respecto las participaciones representativas de los intereses minoritarios que correspondan a acciones ordinarias de las sociedades del grupo consolidable, de acuerdo con la normativa general sobre recursos propios, los instrumentos computables suscritos por el FROB en el marco de su normativa reguladora, que sean asimismo computables como recursos propios básicos por la normativa sobre requerimientos de recursos propios aplicable y los instrumentos convertibles en acciones ordinarias, cuotas participativas o aportaciones

Igualmente han de ser tomados en consideración a este respecto las participaciones representativas de los intereses minoritarios que correspondan a acciones ordinarias de las sociedades del grupo consolidable, de acuerdo con la normativa general sobre recursos propios, los instrumentos computables suscritos por el FROB en el marco de su normativa reguladora, que sean asimismo computables como recursos propios básicos por la normativa sobre requerimientos de recursos propios aplicable y los instrumentos convertibles en acciones ordinarias, cuotas participativas o aportaciones

La recapitalización de las entidades financieras

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al capital de las cooperativas de crédito que el Banco de España califique de computables como capital principal. Los contratos o folletos de emisión, así como cualquier modificación de sus características, deberán ser previamente remitidos al Banco de España, a fin de que este califique su computabilidad como capital principal.

al capital de las cooperativas de crédito que el Banco de España califique de computables como capital principal. Los contratos o folletos de emisión, así como cualquier modificación de sus características, deberán ser previamente remitidos al Banco de España, a fin de que este califique su computabilidad como capital principal.

En cambio, del resultado de la suma anterior habrían de deducirse, en primer lugar, los resultados negativos de ejercicios anteriores, que se contabilizarían como saldo deudor de la cuenta de reservas (pérdidas) acumuladas, y las pérdidas del ejercicio corriente, incluido el importe de los resultados de ejercicio (pérdida) atribuidos a la minoría, así como los saldos deudores de las cuentas del patrimonio neto. Asimismo habrían de restarse los activos inmateriales, incluido el fondo de comercio procedente de combinaciones de negocio, de consolidación o de la aplicación del método de la participación39.

En cambio, del resultado de la suma anterior habrían de deducirse, en primer lugar, los resultados negativos de ejercicios anteriores, que se contabilizarían como saldo deudor de la cuenta de reservas (pérdidas) acumuladas, y las pérdidas del ejercicio corriente, incluido el importe de los resultados de ejercicio (pérdida) atribuidos a la minoría, así como los saldos deudores de las cuentas del patrimonio neto. Asimismo habrían de restarse los activos inmateriales, incluido el fondo de comercio procedente de combinaciones de negocio, de consolidación o de la aplicación del método de la participación39.

Finalmente habría de deducirse el 50% del importe de los siguientes activos: las participaciones en entidades financieras consolidables por su actividad pero no integradas en el grupo consolidable, cuando la participación sea superior al 10% del capital de la participada; las participaciones en entidades aseguradoras, de reaseguros, o en entidades cuya actividad principal consista en tener participaciones en entidades aseguradoras, en el sentido indicado en el primer párrafo del apartado 3 del art. 47 del Código de Comercio, o cuando, de manera directa o indirecta, se disponga del 20% o más de los derechos de voto o del capital de la participada; las financiaciones subordinadas u otros valores computables como recursos propios emitidos por las entidades participadas y adquiridos por la entidad o grupo que ostente las participaciones; las participaciones iguales o inferiores al 10% del capital de entidades financieras consolidables por su actividad, pero no integradas en el grupo consolidable, y las financiaciones subordinadas u otros valores computables como recursos propios emitidos por entidades de ese carácter, participadas o no, y adquiridas por la entidad o grupo que ostente las participaciones, en la parte que la suma de todas ellas exceda del 10% de los elementos de recursos netos de las deducciones indicadas

Finalmente habría de deducirse el 50% del importe de los siguientes activos: las participaciones en entidades financieras consolidables por su actividad pero no integradas en el grupo consolidable, cuando la participación sea superior al 10% del capital de la participada; las participaciones en entidades aseguradoras, de reaseguros, o en entidades cuya actividad principal consista en tener participaciones en entidades aseguradoras, en el sentido indicado en el primer párrafo del apartado 3 del art. 47 del Código de Comercio, o cuando, de manera directa o indirecta, se disponga del 20% o más de los derechos de voto o del capital de la participada; las financiaciones subordinadas u otros valores computables como recursos propios emitidos por las entidades participadas y adquiridos por la entidad o grupo que ostente las participaciones; las participaciones iguales o inferiores al 10% del capital de entidades financieras consolidables por su actividad, pero no integradas en el grupo consolidable, y las financiaciones subordinadas u otros valores computables como recursos propios emitidos por entidades de ese carácter, participadas o no, y adquiridas por la entidad o grupo que ostente las participaciones, en la parte que la suma de todas ellas exceda del 10% de los elementos de recursos netos de las deducciones indicadas

39 El valor de estos activos deberá calcularse conforme a lo que disponga el Banco de España.

39 El valor de estos activos deberá calcularse conforme a lo que disponga el Banco de España.

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Juan Calvo Vérgez

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Juan Calvo Vérgez

con anterioridad; el importe de las exposiciones en titulizaciones que reciban una ponderación de riesgo del 1.250% conforme a la normativa aplicable sobre requerimientos de recursos propios, salvo cuando dicho importe haya sido incluido en el cálculo de los riesgos ponderados para el cálculo de los requerimientos de recursos propios por activos titulizados, se encuentren o no dentro de la cartera de negociación; y, tratándose de aquellas entidades que calculen las posiciones ponderadas por riesgo con arreglo al método basado en calificaciones internas el saldo negativo que surja de restar las correcciones de valor por deterioro y las provisiones por los riesgos, las pérdidas esperadas; y los importes de las pérdidas esperadas de los riesgos de renta variable cuyas exposiciones se calculen por el método basado en la probabilidad de incumplimiento y la pérdida en caso de incumplimiento (método PD/LGD) o por el método simple para la cartera de disponibles para la venta.

con anterioridad; el importe de las exposiciones en titulizaciones que reciban una ponderación de riesgo del 1.250% conforme a la normativa aplicable sobre requerimientos de recursos propios, salvo cuando dicho importe haya sido incluido en el cálculo de los riesgos ponderados para el cálculo de los requerimientos de recursos propios por activos titulizados, se encuentren o no dentro de la cartera de negociación; y, tratándose de aquellas entidades que calculen las posiciones ponderadas por riesgo con arreglo al método basado en calificaciones internas el saldo negativo que surja de restar las correcciones de valor por deterioro y las provisiones por los riesgos, las pérdidas esperadas; y los importes de las pérdidas esperadas de los riesgos de renta variable cuyas exposiciones se calculen por el método basado en la probabilidad de incumplimiento y la pérdida en caso de incumplimiento (método PD/LGD) o por el método simple para la cartera de disponibles para la venta.

El art. 3 del Real Decreto-Ley 2/2011, que igualmente sería con posterioridad objeto de nueva redacción otorgada por el RDLey 24/2012, incluyó el régimen sancionador derivado del incumplimiento de las nuevas exigencias de capital, estableciendo por referencia el régimen previsto en la Ley 26/1988, de 29 de julio, de Disciplina e Intervención de las Entidades de Crédito, para los incumplimientos de la normativa de recursos propios. Y ello en tanto en cuanto las obligaciones previstas en el citado RDLey 2/2011 se consideran normas de ordenación y disciplina, incurriendo las entidades y personas que las incumplan en responsabilidad administrativa sancionable con arreglo a lo dispuesto en el Título I de la citada Ley 26/1988. Dicho régimen considera infracción muy grave una insuficiencia de capital durante más de seis meses por debajo del 80% de lo exigido y grave si tal insuficiencia se produce entre el 80% y el 100%.

El art. 3 del Real Decreto-Ley 2/2011, que igualmente sería con posterioridad objeto de nueva redacción otorgada por el RDLey 24/2012, incluyó el régimen sancionador derivado del incumplimiento de las nuevas exigencias de capital, estableciendo por referencia el régimen previsto en la Ley 26/1988, de 29 de julio, de Disciplina e Intervención de las Entidades de Crédito, para los incumplimientos de la normativa de recursos propios. Y ello en tanto en cuanto las obligaciones previstas en el citado RDLey 2/2011 se consideran normas de ordenación y disciplina, incurriendo las entidades y personas que las incumplan en responsabilidad administrativa sancionable con arreglo a lo dispuesto en el Título I de la citada Ley 26/1988. Dicho régimen considera infracción muy grave una insuficiencia de capital durante más de seis meses por debajo del 80% de lo exigido y grave si tal insuficiencia se produce entre el 80% y el 100%.

Concretamente al amparo de dicho régimen sancionador, y sin perjuicio de lo previsto en la Disposición Transitoria Primera del citado Real DecretoLey, relativa a la estrategia de cumplimiento de los requerimientos de capital, el incumplimiento de lo previsto en el art. 1 se considera infracción muy grave o grave de acuerdo con lo previsto en la letra c) del artículo 4 y en la letra h) del art. 5 de la Ley 26/1988, de 29 de julio, de Disciplina e Intervención de las Entidades de Crédito.

Concretamente al amparo de dicho régimen sancionador, y sin perjuicio de lo previsto en la Disposición Transitoria Primera del citado Real DecretoLey, relativa a la estrategia de cumplimiento de los requerimientos de capital, el incumplimiento de lo previsto en el art. 1 se considera infracción muy grave o grave de acuerdo con lo previsto en la letra c) del artículo 4 y en la letra h) del art. 5 de la Ley 26/1988, de 29 de julio, de Disciplina e Intervención de las Entidades de Crédito.

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3.

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LA REFORMA DEL REAL DECRETO-LEY 9/2009, DE 26 DE JUNIO, SOBRE REESTRUCTURACIÓN BANCARIA Y REFORZAMIENTO DE LOS RECURSOS PROPIOS DE LAS ENTIDADES DE CRÉDITO

La recapitalización de las entidades financieras

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LA REFORMA DEL REAL DECRETO-LEY 9/2009, DE 26 DE JUNIO, SOBRE REESTRUCTURACIÓN BANCARIA Y REFORZAMIENTO DE LOS RECURSOS PROPIOS DE LAS ENTIDADES DE CRÉDITO

El Título II del Real Decreto-Ley 2/2011 se destinó a la modificación de varios preceptos del Real Decreto-ley 9/2009, de 26 de junio, sobre reestructuración bancaria y reforzamiento de los recursos propios de las entidades de crédito.

El Título II del Real Decreto-Ley 2/2011 se destinó a la modificación de varios preceptos del Real Decreto-ley 9/2009, de 26 de junio, sobre reestructuración bancaria y reforzamiento de los recursos propios de las entidades de crédito.

En primer lugar, y a través del apartado primero del único precepto integrado en este Título, se modificó el art. 3 del citado Real Decreto-Ley referido al Gobierno del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria. La principal modificación fue la relativa a la composición de la Comisión Rectora, que pasó a estar integrada por nueve miembros nombrados por el Ministerio de Economía y Hacienda, de los cuales dos lo serían en representación del citado Ministerio, uno de ellos de la Secretaría de Estado de Hacienda y Presupuestos y otro de la Secretaría de Estado de Economía. Por su parte cuatro lo serian a propuesta del Banco de España y tres en representación de los Fondos de Garantía de Depósitos. Se adaptaron el resto de apartados, en materia de nombramientos, ceses y suplencias, a la entrada en la Comisión Rectora de dos representantes del Ministerio de Economía y Hacienda.

En primer lugar, y a través del apartado primero del único precepto integrado en este Título, se modificó el art. 3 del citado Real Decreto-Ley referido al Gobierno del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria. La principal modificación fue la relativa a la composición de la Comisión Rectora, que pasó a estar integrada por nueve miembros nombrados por el Ministerio de Economía y Hacienda, de los cuales dos lo serían en representación del citado Ministerio, uno de ellos de la Secretaría de Estado de Hacienda y Presupuestos y otro de la Secretaría de Estado de Economía. Por su parte cuatro lo serian a propuesta del Banco de España y tres en representación de los Fondos de Garantía de Depósitos. Se adaptaron el resto de apartados, en materia de nombramientos, ceses y suplencias, a la entrada en la Comisión Rectora de dos representantes del Ministerio de Economía y Hacienda.

En efecto, a resultas de la modificación operada en el art. 3 del Real Decreto-Ley 9/2009, de 26 de junio, sobre reestructuración bancaria y reforzamiento de los recursos propios de las entidades de crédito, relativo al gobierno del FROB, el citado Fondo debía ser regido y administrado por una Comisión Rectora integrada por nueve miembros nombrados por la Ministra de Economía y Hacienda, de los cuales dos lo serían en representación del Ministerio de Economía y Hacienda, uno de ellos de la Secretaría de Estado de Hacienda y Presupuestos y otro de la Secretaría de Estado de Economía, cuatro lo serían a propuesta del Banco de España y tres en representación de los Fondos de Garantía de Depósitos. A las sesiones de la Comisión Rectora asistiría asimismo, con voz pero sin voto, un representante de la Intervención General de la Administración del Estado designado por la Ministra de Economía y Hacienda a propuesta del Interventor General.

En efecto, a resultas de la modificación operada en el art. 3 del Real Decreto-Ley 9/2009, de 26 de junio, sobre reestructuración bancaria y reforzamiento de los recursos propios de las entidades de crédito, relativo al gobierno del FROB, el citado Fondo debía ser regido y administrado por una Comisión Rectora integrada por nueve miembros nombrados por la Ministra de Economía y Hacienda, de los cuales dos lo serían en representación del Ministerio de Economía y Hacienda, uno de ellos de la Secretaría de Estado de Hacienda y Presupuestos y otro de la Secretaría de Estado de Economía, cuatro lo serían a propuesta del Banco de España y tres en representación de los Fondos de Garantía de Depósitos. A las sesiones de la Comisión Rectora asistiría asimismo, con voz pero sin voto, un representante de la Intervención General de la Administración del Estado designado por la Ministra de Economía y Hacienda a propuesta del Interventor General.

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Juan Calvo Vérgez

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Uno de los miembros nombrados a propuesta del Banco de España sería su Subgobernador, que ostentaría la Presidencia de la Comisión Rectora. En caso de ausencia del Presidente, sería sustituido por otro de los miembros designados a propuesta del Banco de España elegido por mayoría entre los miembros de la Comisión Rectora asistentes a la sesión. Los miembros de la Comisión Rectora habrían de designan de entre los que lo fuesen a propuesta del Banco de España a quien fuese a desempeñar las funciones de secretario de la Comisión Rectora.

Uno de los miembros nombrados a propuesta del Banco de España sería su Subgobernador, que ostentaría la Presidencia de la Comisión Rectora. En caso de ausencia del Presidente, sería sustituido por otro de los miembros designados a propuesta del Banco de España elegido por mayoría entre los miembros de la Comisión Rectora asistentes a la sesión. Los miembros de la Comisión Rectora habrían de designan de entre los que lo fuesen a propuesta del Banco de España a quien fuese a desempeñar las funciones de secretario de la Comisión Rectora.

Por su parte los representantes de los Fondos de Garantía de Depósitos habrían de designarse entre los miembros de su comisión gestora que tuviesen la condición de representantes de las entidades de crédito adheridas, por acuerdo mayoritario de éstos. De los tres representantes de los Fondos de Garantía de Depósitos uno lo sería en representación de las entidades bancarias, otro de las cajas de ahorro y otro de las cooperativas de crédito.

Por su parte los representantes de los Fondos de Garantía de Depósitos habrían de designarse entre los miembros de su comisión gestora que tuviesen la condición de representantes de las entidades de crédito adheridas, por acuerdo mayoritario de éstos. De los tres representantes de los Fondos de Garantía de Depósitos uno lo sería en representación de las entidades bancarias, otro de las cajas de ahorro y otro de las cooperativas de crédito.

A través del mismo procedimiento debían nombrarse además dos representantes suplentes de los designados en representación del Ministerio de Economía y Hacienda, dos representantes suplentes de los propuestos por el Banco de España, y un representante suplente por cada uno de los propuestos por los Fondos de Garantía de Depósitos, que sustituirían a los titulares en caso de vacante, ausencia o enfermedad. En el caso de los representantes de los Fondos de Garantía de Depósitos, éstos también habrían de ser sustituidos cuando la Comisión Rectora fuese a tratar cuestiones que afectasen directamente a una entidad o grupo de entidades con los que estuviese vinculado como administrador, directivo o en virtud de un contrato laboral, civil o mercantil o cualquier otra relación que pudiese menoscabar la objetividad de sus decisiones.

A través del mismo procedimiento debían nombrarse además dos representantes suplentes de los designados en representación del Ministerio de Economía y Hacienda, dos representantes suplentes de los propuestos por el Banco de España, y un representante suplente por cada uno de los propuestos por los Fondos de Garantía de Depósitos, que sustituirían a los titulares en caso de vacante, ausencia o enfermedad. En el caso de los representantes de los Fondos de Garantía de Depósitos, éstos también habrían de ser sustituidos cuando la Comisión Rectora fuese a tratar cuestiones que afectasen directamente a una entidad o grupo de entidades con los que estuviese vinculado como administrador, directivo o en virtud de un contrato laboral, civil o mercantil o cualquier otra relación que pudiese menoscabar la objetividad de sus decisiones.

La duración del mandato de los miembros de la Comisión Rectora sería de cuatro años siendo tal mandato renovable una sola vez por idéntico período de tiempo. Dichos miembros cesarían en su cargo por las causas siguientes: expiración del término de su mandato como miembro de la Comisión Rectora; cese en el cargo que ostente en caso de los representantes del Ministerio de Economía y Hacienda y del Banco de España; renuncia aceptada por la Ministra de Economía y Hacienda; separación acordada por la Ministra de Economía y Hacienda por incompatibilidad, incumplimiento grave de sus obligaciones, incapacidad permanente para el ejercicio de su función o condena por delito doloso; y expiración del término de su

La duración del mandato de los miembros de la Comisión Rectora sería de cuatro años siendo tal mandato renovable una sola vez por idéntico período de tiempo. Dichos miembros cesarían en su cargo por las causas siguientes: expiración del término de su mandato como miembro de la Comisión Rectora; cese en el cargo que ostente en caso de los representantes del Ministerio de Economía y Hacienda y del Banco de España; renuncia aceptada por la Ministra de Economía y Hacienda; separación acordada por la Ministra de Economía y Hacienda por incompatibilidad, incumplimiento grave de sus obligaciones, incapacidad permanente para el ejercicio de su función o condena por delito doloso; y expiración del término de su

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mandato como miembro de la comisión gestora de los Fondos de Garantía de Depósitos.

mandato como miembro de la comisión gestora de los Fondos de Garantía de Depósitos.

El acuerdo de cese habría de ser adoptado por la Ministra de Economía y Hacienda. Y, en el caso de los representantes del Banco de España o de los Fondos de Garantía de Depósitos, dicho acuerdo habría de ser adoptado a propuesta del Banco de España. Cuando el cese afectase a un miembro de la Comisión Rectora que lo fuese en representación de los Fondos de Garantía de Depósitos habría de oírse, previamente, a su comisión gestora la cual, a estos efectos, formaría su voluntad por acuerdo mayoritario de los representantes de las entidades de crédito adheridas, sin intervención de los representantes del Banco de España.

El acuerdo de cese habría de ser adoptado por la Ministra de Economía y Hacienda. Y, en el caso de los representantes del Banco de España o de los Fondos de Garantía de Depósitos, dicho acuerdo habría de ser adoptado a propuesta del Banco de España. Cuando el cese afectase a un miembro de la Comisión Rectora que lo fuese en representación de los Fondos de Garantía de Depósitos habría de oírse, previamente, a su comisión gestora la cual, a estos efectos, formaría su voluntad por acuerdo mayoritario de los representantes de las entidades de crédito adheridas, sin intervención de los representantes del Banco de España.

La Comisión Rectora habría de reunirse cada vez que sea convocada por su Presidente, por propia iniciativa o a instancia de cualquiera de sus miembros, quedando asimismo facultada para establecer su propio régimen de convocatorias. Dicha Comisión habría de determinar las normas de su propio funcionamiento, pudiendo acordar las delegaciones o apoderamientos que considerase convenientes para el debido ejercicio de sus funciones y teniendo, además de las funciones que se contemplan en la regulación del Real Decreto-Ley, las siguientes: aprobación de la realización de las operaciones de financiación previstas en el art. 2.5 del Real Decreto-Ley 2/2011; aprobación de las cuentas que el FROB deba rendir anualmente a la Ministra de Economía y Hacienda, así como del informe que, con arreglo al art. 4 del RDLey, deba elevarse a la Ministra de Economía y Hacienda para su remisión a la Comisión de Economía y Hacienda del Congreso de los Diputados; adopción de las medidas preventivas y de saneamiento previstas en los arts. 6 y 7 del RDLey; y adopción de las medidas de reforzamiento de los recursos propios previstas en su art. 9.

La Comisión Rectora habría de reunirse cada vez que sea convocada por su Presidente, por propia iniciativa o a instancia de cualquiera de sus miembros, quedando asimismo facultada para establecer su propio régimen de convocatorias. Dicha Comisión habría de determinar las normas de su propio funcionamiento, pudiendo acordar las delegaciones o apoderamientos que considerase convenientes para el debido ejercicio de sus funciones y teniendo, además de las funciones que se contemplan en la regulación del Real Decreto-Ley, las siguientes: aprobación de la realización de las operaciones de financiación previstas en el art. 2.5 del Real Decreto-Ley 2/2011; aprobación de las cuentas que el FROB deba rendir anualmente a la Ministra de Economía y Hacienda, así como del informe que, con arreglo al art. 4 del RDLey, deba elevarse a la Ministra de Economía y Hacienda para su remisión a la Comisión de Economía y Hacienda del Congreso de los Diputados; adopción de las medidas preventivas y de saneamiento previstas en los arts. 6 y 7 del RDLey; y adopción de las medidas de reforzamiento de los recursos propios previstas en su art. 9.

De cara a la válida constitución de la Comisión Rectora del FROB a efectos de la celebración de sesiones, deliberaciones y adopción de acuerdos, se hacía necesaria la asistencia, al menos, de la mitad de sus miembros con derecho de voto, adoptándose sus acuerdos por mayoría de sus miembros, teniendo voto de calidad el presidente en caso de empate en el número de votos. En todo caso los miembros de la Comisión Rectora quedaban obligados a guardar secreto de cuanta información conociesen en virtud de su participación en las tareas del Fondo, no pudiendo hacer uso

De cara a la válida constitución de la Comisión Rectora del FROB a efectos de la celebración de sesiones, deliberaciones y adopción de acuerdos, se hacía necesaria la asistencia, al menos, de la mitad de sus miembros con derecho de voto, adoptándose sus acuerdos por mayoría de sus miembros, teniendo voto de calidad el presidente en caso de empate en el número de votos. En todo caso los miembros de la Comisión Rectora quedaban obligados a guardar secreto de cuanta información conociesen en virtud de su participación en las tareas del Fondo, no pudiendo hacer uso

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Juan Calvo Vérgez

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de la misma para finalidades distintas del cumplimiento de las funciones encomendadas al FROB.

de la misma para finalidades distintas del cumplimiento de las funciones encomendadas al FROB.

Dentro del conjunto de modificaciones operadas en el Real Decreto-Ley 9/2009, de 26 de junio, destacó la relativa a su Título II, integrado por cinco artículos. En su art. 9 se establecieron los instrumentos de que dispondría el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria para el reforzamiento de los recursos propios de las entidades de crédito. Tal y como señaló el citado precepto el FROB podría adoptar medidas de apoyo financiero tales como la adquisición de acciones ordinarias representativas del capital social o aportaciones al capital social de las entidades, que, sin incurrir en las circunstancias establecidas en el art. 6 del Real Decreto-Ley, necesiten reforzar sus recursos propios y así lo soliciten. La suscripción de dichos títulos quedó condicionada a la elaboración por la entidad solicitante de un plan de recapitalización, con el contenido precisado en el Capítulo II del RDLey. Dicho plan habría de ser aprobado por el Banco de España, que habría de suministrar la información del mismo al Ministerio de Economía y Hacienda a través de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera.

Dentro del conjunto de modificaciones operadas en el Real Decreto-Ley 9/2009, de 26 de junio, destacó la relativa a su Título II, integrado por cinco artículos. En su art. 9 se establecieron los instrumentos de que dispondría el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria para el reforzamiento de los recursos propios de las entidades de crédito. Tal y como señaló el citado precepto el FROB podría adoptar medidas de apoyo financiero tales como la adquisición de acciones ordinarias representativas del capital social o aportaciones al capital social de las entidades, que, sin incurrir en las circunstancias establecidas en el art. 6 del Real Decreto-Ley, necesiten reforzar sus recursos propios y así lo soliciten. La suscripción de dichos títulos quedó condicionada a la elaboración por la entidad solicitante de un plan de recapitalización, con el contenido precisado en el Capítulo II del RDLey. Dicho plan habría de ser aprobado por el Banco de España, que habría de suministrar la información del mismo al Ministerio de Economía y Hacienda a través de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera.

Con carácter previo a la decisión sobre la suscripción de títulos el FROB habría de elevar a la Ministra de Economía y Hacienda una memoria económica en la que se detallase el impacto financiero de esa adquisición sobre los fondos aportados con cargo a los Presupuestos Generales del Estado. En base a dicho informe y al emitido por la Intervención General de la Administración del Estado la Ministra de Economía y Hacienda podría oponerse, motivadamente, en el plazo de 5 días hábiles desde que le sea elevada dicha memoria.

Con carácter previo a la decisión sobre la suscripción de títulos el FROB habría de elevar a la Ministra de Economía y Hacienda una memoria económica en la que se detallase el impacto financiero de esa adquisición sobre los fondos aportados con cargo a los Presupuestos Generales del Estado. En base a dicho informe y al emitido por la Intervención General de la Administración del Estado la Ministra de Economía y Hacienda podría oponerse, motivadamente, en el plazo de 5 días hábiles desde que le sea elevada dicha memoria.

Aquellas aportaciones comprometidas por el FROB podrían realizarse en efectivo o mediante la entrega de valores representativos de deuda pública o valores emitidos por el propio Fondo, que podría satisfacer las aportaciones comprometidas mediante compensación de créditos que ostente frente a las entidades solicitantes. El precio de adquisición o suscripción habría de de fijarse de acuerdo con el valor económico de la entidad de crédito, que sería determinado por uno o varios expertos independientes a designar por el FROB. La valoración se llevaría a cabo a través de un procedimiento que desarrollaría el Fondo siguiendo las metodologías comúnmente aceptadas. Entre otros factores, esta valoración habría de tener en cuenta, en su caso,

Aquellas aportaciones comprometidas por el FROB podrían realizarse en efectivo o mediante la entrega de valores representativos de deuda pública o valores emitidos por el propio Fondo, que podría satisfacer las aportaciones comprometidas mediante compensación de créditos que ostente frente a las entidades solicitantes. El precio de adquisición o suscripción habría de de fijarse de acuerdo con el valor económico de la entidad de crédito, que sería determinado por uno o varios expertos independientes a designar por el FROB. La valoración se llevaría a cabo a través de un procedimiento que desarrollaría el Fondo siguiendo las metodologías comúnmente aceptadas. Entre otros factores, esta valoración habría de tener en cuenta, en su caso,

La recapitalización de las entidades financieras

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las operaciones de saneamiento de carácter extraordinario acometidas por las entidades.

las operaciones de saneamiento de carácter extraordinario acometidas por las entidades.

En el supuesto de que, durante los cinco meses anteriores a la suscripción, se hubiera colocado entre terceros inversores un porcentaje de capital significativo, a los efectos de poder considerar el precio pagado como valor de mercado, y dicho porcentaje fuera superior al que adquiriese el FROB, el precio de suscripción sería el mismo al que se hubiese realizado la citada colocación. Y si, tratándose de un porcentaje de capital significativo, dicho porcentaje fuera inferior al adquirido por el Fondo, el precio de suscripción tendría como referencia el precio de la citada colocación. En todo caso la adquisición o suscripción se habría de realizar de conformidad con la normativa española y de la Unión Europea en materia de competencia y ayudas de Estado.

En el supuesto de que, durante los cinco meses anteriores a la suscripción, se hubiera colocado entre terceros inversores un porcentaje de capital significativo, a los efectos de poder considerar el precio pagado como valor de mercado, y dicho porcentaje fuera superior al que adquiriese el FROB, el precio de suscripción sería el mismo al que se hubiese realizado la citada colocación. Y si, tratándose de un porcentaje de capital significativo, dicho porcentaje fuera inferior al adquirido por el Fondo, el precio de suscripción tendría como referencia el precio de la citada colocación. En todo caso la adquisición o suscripción se habría de realizar de conformidad con la normativa española y de la Unión Europea en materia de competencia y ayudas de Estado.

La fijación del precio de suscripción debía producirse previo informe de la IGAE. Y la suscripción de acciones y aportaciones al capital social por el FROB determinaría, en todo caso, por sí misma y sin necesidad de ningún otro acto o acuerdo, su incorporación al órgano de administración de la entidad emisora al objeto de garantizar el cumplimiento adecuado del Plan de Recapitalización. El citado Fondo habría de nombrar a la persona o personas físicas que ostentasen su representación a tal efecto, disponiendo en el órgano de administración de tantos votos como los que resultaran de aplicar al número total de votos su porcentaje de participación en la entidad.

La fijación del precio de suscripción debía producirse previo informe de la IGAE. Y la suscripción de acciones y aportaciones al capital social por el FROB determinaría, en todo caso, por sí misma y sin necesidad de ningún otro acto o acuerdo, su incorporación al órgano de administración de la entidad emisora al objeto de garantizar el cumplimiento adecuado del Plan de Recapitalización. El citado Fondo habría de nombrar a la persona o personas físicas que ostentasen su representación a tal efecto, disponiendo en el órgano de administración de tantos votos como los que resultaran de aplicar al número total de votos su porcentaje de participación en la entidad.

A los efectos de lo previsto en el párrafo tercero del art. 5 del Real Decreto-ley 11/2010, de 9 de julio, de órganos de gobierno y otros aspectos del régimen jurídico de las Cajas de Ahorro, no se tuvo en cuenta la participación del FROB en el capital social de una entidad, siendo de aplicación a los títulos suscritos por el Fondo en ejercicio de las funciones que se le encomiendan lo dispuesto en los apartados 6 y 9 del art. 7 del RDLey.

A los efectos de lo previsto en el párrafo tercero del art. 5 del Real Decreto-ley 11/2010, de 9 de julio, de órganos de gobierno y otros aspectos del régimen jurídico de las Cajas de Ahorro, no se tuvo en cuenta la participación del FROB en el capital social de una entidad, siendo de aplicación a los títulos suscritos por el Fondo en ejercicio de las funciones que se le encomiendan lo dispuesto en los apartados 6 y 9 del art. 7 del RDLey.

Por otro lado, y con la finalidad de asegurar una mayor eficiencia en el uso de los recursos públicos, la desinversión por el Fondo de los títulos suscritos en ejercicio de las funciones que se le encomendasen habría de realizarse mediante su enajenación a través de procedimientos que aseguren la competencia y dentro de un plazo no superior a los cinco años a contar desde la fecha de su suscripción. Ahora bien, sin perjuicio de lo anterior el FROB podría concurrir junto con alguno o algunos de los demás socios o

Por otro lado, y con la finalidad de asegurar una mayor eficiencia en el uso de los recursos públicos, la desinversión por el Fondo de los títulos suscritos en ejercicio de las funciones que se le encomendasen habría de realizarse mediante su enajenación a través de procedimientos que aseguren la competencia y dentro de un plazo no superior a los cinco años a contar desde la fecha de su suscripción. Ahora bien, sin perjuicio de lo anterior el FROB podría concurrir junto con alguno o algunos de los demás socios o

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Juan Calvo Vérgez

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Juan Calvo Vérgez

accionistas de la entidad de crédito en cuestión a los eventuales procesos de venta de títulos en los mismos términos que estos pudieran concertar. A mayor abundamiento, el citado Fondo podría suscribir o adquirir los títulos indicados con anterioridad así como establecer los términos en que, en el plazo máximo de un año a contar desde la fecha de suscripción o adquisición, revendería dichos títulos a las entidades emisoras de los mismos o a terceros inversores propuestos por la entidad beneficiaria de su actuación. Las condiciones de dicha reventa habrían de asegurar un uso eficiente de los recursos públicos y llevarse a cabo en condiciones de mercado, cumpliendo en todo caso con la normativa española y de la Unión Europea en materia de competencia y ayudas de Estado.

accionistas de la entidad de crédito en cuestión a los eventuales procesos de venta de títulos en los mismos términos que estos pudieran concertar. A mayor abundamiento, el citado Fondo podría suscribir o adquirir los títulos indicados con anterioridad así como establecer los términos en que, en el plazo máximo de un año a contar desde la fecha de suscripción o adquisición, revendería dichos títulos a las entidades emisoras de los mismos o a terceros inversores propuestos por la entidad beneficiaria de su actuación. Las condiciones de dicha reventa habrían de asegurar un uso eficiente de los recursos públicos y llevarse a cabo en condiciones de mercado, cumpliendo en todo caso con la normativa española y de la Unión Europea en materia de competencia y ayudas de Estado.

El plazo máximo previsto señalado con anterioridad sería de dos años a contar desde la fecha de suscripción o adquisición, en cuyo caso el FROB podría exigir a las entidades solicitantes compromisos adicionales a los previstos el art. 12.1 del RDLey dentro de su plan de recapitalización. Con una periodicidad trimestral, la entidad solicitante habría de remitir al FROB un informe sobre el grado de cumplimiento de las medidas contempladas en el plan de recapitalización aprobado. El Fondo, a la vista del contenido de ese informe, podría requerir la adopción de las acciones que fuesen necesarias para asegurar que el plan de recapitalización se lleva efectivamente a término. En todo caso la enajenación habría de producirse previo informe de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE). Y todo ello al margen del cumplimiento de la legislación aplicable en materia de defensa de la competencia.

El plazo máximo previsto señalado con anterioridad sería de dos años a contar desde la fecha de suscripción o adquisición, en cuyo caso el FROB podría exigir a las entidades solicitantes compromisos adicionales a los previstos el art. 12.1 del RDLey dentro de su plan de recapitalización. Con una periodicidad trimestral, la entidad solicitante habría de remitir al FROB un informe sobre el grado de cumplimiento de las medidas contempladas en el plan de recapitalización aprobado. El Fondo, a la vista del contenido de ese informe, podría requerir la adopción de las acciones que fuesen necesarias para asegurar que el plan de recapitalización se lleva efectivamente a término. En todo caso la enajenación habría de producirse previo informe de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE). Y todo ello al margen del cumplimiento de la legislación aplicable en materia de defensa de la competencia.

En resumen, al amparo de la regulación introducida por aquel entonces se estableció que el Fondo podría adoptar medidas de apoyo financiero tales como la adquisición de acciones ordinarias representativas del capital social o aportaciones al capital social de las entidades que emitan bancos y cooperativas de crédito que necesiten reforzar sus recursos propios y así lo soliciten. Para ello no sería necesario que se hallasen en una situación de dificultad económico-financiera que pudiera afectar a su viabilidad prevista en el art. 6 del Real Decreto-ley 9/2009, de 26 de junio.

En resumen, al amparo de la regulación introducida por aquel entonces se estableció que el Fondo podría adoptar medidas de apoyo financiero tales como la adquisición de acciones ordinarias representativas del capital social o aportaciones al capital social de las entidades que emitan bancos y cooperativas de crédito que necesiten reforzar sus recursos propios y así lo soliciten. Para ello no sería necesario que se hallasen en una situación de dificultad económico-financiera que pudiera afectar a su viabilidad prevista en el art. 6 del Real Decreto-ley 9/2009, de 26 de junio.

En todo caso se señaló que la suscripción de los títulos quedaba condicionada a la elaboración por la entidad solicitante de un plan de recapitalización que habría de ser aprobado por el Banco de España, manteniéndose la exigencia prevista con anterioridad para los apoyos del Fondo en virtud

En todo caso se señaló que la suscripción de los títulos quedaba condicionada a la elaboración por la entidad solicitante de un plan de recapitalización que habría de ser aprobado por el Banco de España, manteniéndose la exigencia prevista con anterioridad para los apoyos del Fondo en virtud

La recapitalización de las entidades financieras

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de la cual, con carácter previo a la decisión sobre la suscripción de títulos, habría de elevarse al titular del Ministerio de Economía y Hacienda una memoria económica en la que se detallara el impacto financiero de esa adquisición sobre los fondos aportados con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, pudiendo este oponerse, motivadamente, en el plazo de 5 días hábiles desde que le sea elevada dicha memoria.

de la cual, con carácter previo a la decisión sobre la suscripción de títulos, habría de elevarse al titular del Ministerio de Economía y Hacienda una memoria económica en la que se detallara el impacto financiero de esa adquisición sobre los fondos aportados con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, pudiendo este oponerse, motivadamente, en el plazo de 5 días hábiles desde que le sea elevada dicha memoria.

Las aportaciones comprometidas por el FROB podrían realizarse en efectivo o mediante la entrega de valores representativos de deuda pública o valores emitidos por el propio Fondo. Igualmente se estableció que el FROB pudiera satisfacer las aportaciones comprometidas mediante compensación de créditos que ostente frente a las entidades beneficiarias.

Las aportaciones comprometidas por el FROB podrían realizarse en efectivo o mediante la entrega de valores representativos de deuda pública o valores emitidos por el propio Fondo. Igualmente se estableció que el FROB pudiera satisfacer las aportaciones comprometidas mediante compensación de créditos que ostente frente a las entidades beneficiarias.

Dentro del apartado quinto de este art. 9 del Real Decreto-Ley 9/2009 en su redacción otorgada por el Real Decreto-Ley 2/2011 se regularon las normas de valoración que han de regir la adquisición o suscripción de títulos por parte del Fondo, disponiéndose que el precio se fijase de acuerdo con el valor económico de la entidad de crédito, que sería determinado por uno o varios expertos independientes a designar por el Fondo a través de un procedimiento que desarrollaría el propio FROB siguiendo las metodologías comúnmente aceptadas y atendiendo al valor de mercado. La suscripción de acciones por el FROB determinaría inmediatamente su incorporación al órgano de administración de la entidad emisora en la proporción que resultase de su participación en la entidad al objeto de garantizar el cumplimiento adecuado del plan de recapitalización.

Dentro del apartado quinto de este art. 9 del Real Decreto-Ley 9/2009 en su redacción otorgada por el Real Decreto-Ley 2/2011 se regularon las normas de valoración que han de regir la adquisición o suscripción de títulos por parte del Fondo, disponiéndose que el precio se fijase de acuerdo con el valor económico de la entidad de crédito, que sería determinado por uno o varios expertos independientes a designar por el Fondo a través de un procedimiento que desarrollaría el propio FROB siguiendo las metodologías comúnmente aceptadas y atendiendo al valor de mercado. La suscripción de acciones por el FROB determinaría inmediatamente su incorporación al órgano de administración de la entidad emisora en la proporción que resultase de su participación en la entidad al objeto de garantizar el cumplimiento adecuado del plan de recapitalización.

En relación con la desinversión por parte del Fondo se señaló que ésta se realizaría mediante su enajenación a través de procedimientos que aseguren la competencia y dentro de un plazo no superior a los cinco años a contar desde la fecha de su suscripción. En todo caso el FROB podría concurrir junto con alguno o algunos de los demás socios o accionistas de la entidad de crédito en cuestión a los eventuales procesos de venta de títulos en los mismos términos que estos puedan concertar. Y, en el plazo máximo de un año a contar desde la fecha de suscripción o adquisición, el FROB podría revender los títulos suscritos o adquiridos a las entidades que los hubieren emitido o a terceros propuestos por estas, según condiciones de mercado y siempre que el precio de venta proporcionase una rentabilidad de mercado apropiada a la inversión realizada. Este plazo máximo podría ser de dos años, en cuyo caso se podría exigir a las entidades solicitantes compromisos

En relación con la desinversión por parte del Fondo se señaló que ésta se realizaría mediante su enajenación a través de procedimientos que aseguren la competencia y dentro de un plazo no superior a los cinco años a contar desde la fecha de su suscripción. En todo caso el FROB podría concurrir junto con alguno o algunos de los demás socios o accionistas de la entidad de crédito en cuestión a los eventuales procesos de venta de títulos en los mismos términos que estos puedan concertar. Y, en el plazo máximo de un año a contar desde la fecha de suscripción o adquisición, el FROB podría revender los títulos suscritos o adquiridos a las entidades que los hubieren emitido o a terceros propuestos por estas, según condiciones de mercado y siempre que el precio de venta proporcionase una rentabilidad de mercado apropiada a la inversión realizada. Este plazo máximo podría ser de dos años, en cuyo caso se podría exigir a las entidades solicitantes compromisos

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Juan Calvo Vérgez

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adicionales a los previstos dentro de su plan de recapitalización. Tanto para la fijación del precio de suscripción como para la enajenación se exigiría previo informe de la Intervención General de la Administración del Estado.

adicionales a los previstos dentro de su plan de recapitalización. Tanto para la fijación del precio de suscripción como para la enajenación se exigiría previo informe de la Intervención General de la Administración del Estado.

El art. 10 del Real Decreto-Ley 9/2009, relativo a la adquisición de títulos obligatoriamente convertibles, en su redacción otorgada por el Real Decreto-Ley 2/2011, contempló el régimen de adquisición por el FROB de participaciones preferentes convertibles en aportaciones al capital social de las cooperativas de crédito, régimen que reprodujo el previsto hasta la entrada en vigor del citado Real Decreto-Ley.

El art. 10 del Real Decreto-Ley 9/2009, relativo a la adquisición de títulos obligatoriamente convertibles, en su redacción otorgada por el Real Decreto-Ley 2/2011, contempló el régimen de adquisición por el FROB de participaciones preferentes convertibles en aportaciones al capital social de las cooperativas de crédito, régimen que reprodujo el previsto hasta la entrada en vigor del citado Real Decreto-Ley.

De conformidad con lo establecido en el citado precepto el FROB podría adquirir títulos que consistiesen en participaciones preferentes convertibles en aportaciones al capital social de las cooperativas de crédito, emitidos por aquellas entidades que, sin incurrir en las circunstancias establecidas en el art. 6 del RDLey, necesitaran reforzar sus recursos propios con el fin exclusivo de llevar a cabo entre sí procesos de integración y así lo soliciten.

De conformidad con lo establecido en el citado precepto el FROB podría adquirir títulos que consistiesen en participaciones preferentes convertibles en aportaciones al capital social de las cooperativas de crédito, emitidos por aquellas entidades que, sin incurrir en las circunstancias establecidas en el art. 6 del RDLey, necesitaran reforzar sus recursos propios con el fin exclusivo de llevar a cabo entre sí procesos de integración y así lo soliciten.

La suscripción de tales títulos por el FROB quedaba condicionada por la elaboración por las entidades de un plan de integración que detallase las medidas y compromisos específicos dirigidos a conseguir dicho objetivo, el cual habría de ser aprobado por el Banco de España, bajo el principio de la utilización más eficiente de los recursos públicos. La citada adquisición habría de llevarse a efecto teniendo en cuenta, en todo caso, el plazo y riesgo de la operación, la necesidad de evitar el riesgo de una distorsión competitiva así como que tal adquisición facilitase la ejecución y cumplimiento del plan de integración y quedara presidida por el principio de la utilización más eficiente de los recursos públicos. El citado plan de integración debía comportar entre otros, una mejora de su eficiencia, la racionalización de su administración y gerencia así como un redimensionamiento de su capacidad productiva y todo ello con la finalidad de mejorar sus perspectivas futuras.

La suscripción de tales títulos por el FROB quedaba condicionada por la elaboración por las entidades de un plan de integración que detallase las medidas y compromisos específicos dirigidos a conseguir dicho objetivo, el cual habría de ser aprobado por el Banco de España, bajo el principio de la utilización más eficiente de los recursos públicos. La citada adquisición habría de llevarse a efecto teniendo en cuenta, en todo caso, el plazo y riesgo de la operación, la necesidad de evitar el riesgo de una distorsión competitiva así como que tal adquisición facilitase la ejecución y cumplimiento del plan de integración y quedara presidida por el principio de la utilización más eficiente de los recursos públicos. El citado plan de integración debía comportar entre otros, una mejora de su eficiencia, la racionalización de su administración y gerencia así como un redimensionamiento de su capacidad productiva y todo ello con la finalidad de mejorar sus perspectivas futuras.

Los títulos en cuestión debían regirse por las disposiciones contenidas en la Disposición Adicional Segunda de la Ley 13/1985, de 25 de mayo, sobre coeficientes de inversión, recursos propios y obligaciones de información de los intermediarios financieros, con las siguientes especialidades, la cual fue objeto de una nueva redacción por la Ley 6/2011, de 11 de abril40.

Los títulos en cuestión debían regirse por las disposiciones contenidas en la Disposición Adicional Segunda de la Ley 13/1985, de 25 de mayo, sobre coeficientes de inversión, recursos propios y obligaciones de información de los intermediarios financieros, con las siguientes especialidades, la cual fue objeto de una nueva redacción por la Ley 6/2011, de 11 de abril40.

40 Señaló concretamente el apartado primero de la citada Disp. Adic. 2ª de la Ley 13/1985 en su redacción otorgada por la citada Ley 6/2011, relativa a los requisitos para la computabilidad

40 Señaló concretamente el apartado primero de la citada Disp. Adic. 2ª de la Ley 13/1985 en su redacción otorgada por la citada Ley 6/2011, relativa a los requisitos para la computabilidad

La recapitalización de las entidades financieras

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de las participaciones preferentes como recursos propios, lo siguiente: “1. Las participaciones preferentes a que se refiere el artículo séptimo de esta Ley tendrán que cumplir los siguientes requisitos: a) Ser emitidas por una entidad de crédito española o por una sociedad anónima residente en España o en un territorio de la Unión Europea, que no tenga la condición de paraíso fiscal, y cuyos derechos de voto correspondan en su totalidad directa o indirectamente a una entidad de crédito española y cuya actividad u objeto exclusivos sea la emisión de participaciones preferentes. b) En los supuestos de emisiones realizadas por una sociedad filial de las previstas en la letra a), los recursos obtenidos deberán estar invertidos en su totalidad, descontando gastos de emisión y gestión, y de forma permanente, en la entidad de crédito dominante de la filial emisora, de manera que queden directamente afectos a los riesgos y situación financiera de dicha entidad de crédito dominante y de la de su grupo o subgrupo consolidable al que pertenece, de acuerdo con lo que se indica en las letras siguientes. c) Las condiciones de la emisión fijarán la remuneración que tendrán derecho a percibir los tenedores de las participaciones preferentes, si bien: i) El consejo de administración, u órgano equivalente, de la entidad de crédito emisora o matriz podrá cancelar, discrecionalmente, cuando lo considere necesario, el pago de la remuneración durante un período ilimitado, sin efecto acumulativo; ii) Se deberá cancelar dicho pago si la entidad de crédito emisora o matriz, o su grupo o subgrupo consolidable, no cumplen con los requerimientos de recursos propios establecidos en el apartado 1 del artículo sexto. En todo caso, el pago de esta remuneración estará condicionado a la existencia de beneficios o reservas distribuibles en la entidad de crédito emisora o dominante. El Banco de España podrá exigir la cancelación del pago de la remuneración basándose en la situación financiera y de solvencia de la entidad de crédito emisora o matriz, o en la de su grupo o subgrupo consolidable. La cancelación del pago de la remuneración acordada por el emisor o exigida por el Banco de España no se considerarán obligaciones a los efectos de determinar el estado de insolvencia del deudor o de sobreseimiento en el pago de sus obligaciones, de acuerdo con lo previsto en la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal. No obstante, el pago de la remuneración podrá ser sustituido, si así lo establecen las condiciones de la emisión, y con las limitaciones que se establezcan reglamentariamente, por la entrega de acciones ordinarias, cuotas participativas o aportaciones al capital de las cooperativas de crédito, de la entidad de crédito emisora o matriz. d) No otorgar a sus titulares derechos políticos, salvo en los supuestos excepcionales que se establezcan en las respectivas condiciones de emisión. e) No otorgar derechos de suscripción preferente respecto de futuras nuevas emisiones. f) Tener carácter perpetuo, aunque el emisor podrá acordar la amortización anticipada a partir del quinto año desde su fecha de desembolso, previa autorización del Banco de España, que sólo la concederá si no se ve afectada la situación financiera ni la solvencia de la entidad de crédito, o de su grupo o subgrupo consolidable. A estos efectos, el Banco de España podrá condicionar su autorización a que la entidad sustituya las participaciones preferentes amortizadas por elementos de capital computables de igual o superior calidad. g) Cotizar en mercados secundarios organizados. h) En los supuestos de liquidación o disolución, u otros que den lugar a la aplicación de las prioridades contempladas en el Código de Comercio, de la entidad de crédito emisora o de la dominante, las participaciones preferentes darán derecho a obtener exclusivamente el reembolso de su valor nominal junto con la remuneración devengada y no satisfecha, que

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de las participaciones preferentes como recursos propios, lo siguiente: “1. Las participaciones preferentes a que se refiere el artículo séptimo de esta Ley tendrán que cumplir los siguientes requisitos: a) Ser emitidas por una entidad de crédito española o por una sociedad anónima residente en España o en un territorio de la Unión Europea, que no tenga la condición de paraíso fiscal, y cuyos derechos de voto correspondan en su totalidad directa o indirectamente a una entidad de crédito española y cuya actividad u objeto exclusivos sea la emisión de participaciones preferentes. b) En los supuestos de emisiones realizadas por una sociedad filial de las previstas en la letra a), los recursos obtenidos deberán estar invertidos en su totalidad, descontando gastos de emisión y gestión, y de forma permanente, en la entidad de crédito dominante de la filial emisora, de manera que queden directamente afectos a los riesgos y situación financiera de dicha entidad de crédito dominante y de la de su grupo o subgrupo consolidable al que pertenece, de acuerdo con lo que se indica en las letras siguientes. c) Las condiciones de la emisión fijarán la remuneración que tendrán derecho a percibir los tenedores de las participaciones preferentes, si bien: i) El consejo de administración, u órgano equivalente, de la entidad de crédito emisora o matriz podrá cancelar, discrecionalmente, cuando lo considere necesario, el pago de la remuneración durante un período ilimitado, sin efecto acumulativo; ii) Se deberá cancelar dicho pago si la entidad de crédito emisora o matriz, o su grupo o subgrupo consolidable, no cumplen con los requerimientos de recursos propios establecidos en el apartado 1 del artículo sexto. En todo caso, el pago de esta remuneración estará condicionado a la existencia de beneficios o reservas distribuibles en la entidad de crédito emisora o dominante. El Banco de España podrá exigir la cancelación del pago de la remuneración basándose en la situación financiera y de solvencia de la entidad de crédito emisora o matriz, o en la de su grupo o subgrupo consolidable. La cancelación del pago de la remuneración acordada por el emisor o exigida por el Banco de España no se considerarán obligaciones a los efectos de determinar el estado de insolvencia del deudor o de sobreseimiento en el pago de sus obligaciones, de acuerdo con lo previsto en la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal. No obstante, el pago de la remuneración podrá ser sustituido, si así lo establecen las condiciones de la emisión, y con las limitaciones que se establezcan reglamentariamente, por la entrega de acciones ordinarias, cuotas participativas o aportaciones al capital de las cooperativas de crédito, de la entidad de crédito emisora o matriz. d) No otorgar a sus titulares derechos políticos, salvo en los supuestos excepcionales que se establezcan en las respectivas condiciones de emisión. e) No otorgar derechos de suscripción preferente respecto de futuras nuevas emisiones. f) Tener carácter perpetuo, aunque el emisor podrá acordar la amortización anticipada a partir del quinto año desde su fecha de desembolso, previa autorización del Banco de España, que sólo la concederá si no se ve afectada la situación financiera ni la solvencia de la entidad de crédito, o de su grupo o subgrupo consolidable. A estos efectos, el Banco de España podrá condicionar su autorización a que la entidad sustituya las participaciones preferentes amortizadas por elementos de capital computables de igual o superior calidad. g) Cotizar en mercados secundarios organizados. h) En los supuestos de liquidación o disolución, u otros que den lugar a la aplicación de las prioridades contempladas en el Código de Comercio, de la entidad de crédito emisora o de la dominante, las participaciones preferentes darán derecho a obtener exclusivamente el reembolso de su valor nominal junto con la remuneración devengada y no satisfecha, que

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Juan Calvo Vérgez

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Juan Calvo Vérgez

En primer lugar, la emisión debía tener carácter excepcional, de manera que sólo podría acordarse al amparo y a efectos de lo dispuesto en el RDLey. Las entidades emisoras debían aprobar, en el momento de la adopción del acuerdo de emisión de las participaciones preferentes, los acuerdos necesarios para la suscripción de aportaciones al capital en la cuantía necesaria. Los términos y condiciones de la retribución de las participaciones preferentes debían tener en cuenta, en todo caso, los principios que se establezcan por la Comisión Europea.

En primer lugar, la emisión debía tener carácter excepcional, de manera que sólo podría acordarse al amparo y a efectos de lo dispuesto en el RDLey. Las entidades emisoras debían aprobar, en el momento de la adopción del acuerdo de emisión de las participaciones preferentes, los acuerdos necesarios para la suscripción de aportaciones al capital en la cuantía necesaria. Los términos y condiciones de la retribución de las participaciones preferentes debían tener en cuenta, en todo caso, los principios que se establezcan por la Comisión Europea.

En segundo término, las entidades emisoras habrían de comprometerse a recomprar los títulos suscritos por el FROB tan pronto como estén en condiciones de hacerlo en los términos comprometidos en el plan de integración. Transcurridos cinco años a contar desde el desembolso sin que las participaciones preferentes hubiesen sido recompradas por la entidad, el FROB podría solicitar su conversión en aportaciones sociales del emisor. El ejercicio de esta facultad debía realizarse, en su caso, en el plazo máximo de 6 meses contados a partir de la finalización del quinto año desde que se produjo el desembolso de las participaciones preferentes. No obstante lo anterior, el acuerdo de emisión debía contemplar asimismo la convertibi-

En segundo término, las entidades emisoras habrían de comprometerse a recomprar los títulos suscritos por el FROB tan pronto como estén en condiciones de hacerlo en los términos comprometidos en el plan de integración. Transcurridos cinco años a contar desde el desembolso sin que las participaciones preferentes hubiesen sido recompradas por la entidad, el FROB podría solicitar su conversión en aportaciones sociales del emisor. El ejercicio de esta facultad debía realizarse, en su caso, en el plazo máximo de 6 meses contados a partir de la finalización del quinto año desde que se produjo el desembolso de las participaciones preferentes. No obstante lo anterior, el acuerdo de emisión debía contemplar asimismo la convertibi-

no hubiera sido objeto de cancelación de acuerdo con la letra c) anterior, y se situarán, a efectos del orden de prelación de créditos, inmediatamente detrás de todos los acreedores, subordinados o no, de la entidad de crédito emisora o de la dominante del grupo o subgrupo consolidable de entidades de crédito y delante de los accionistas ordinarios y, en su caso, de los cuotapartícipes. i) En los supuestos en los que la entidad emisora o matriz, o su grupo o subgrupo consolidable, presente pérdidas contables significativas o una caída relevante en las ratios indicadoras del cumplimiento de los requerimientos de recursos propios, las condiciones de emisión de las participaciones preferentes deberán establecer un mecanismo que asegure la participación de sus tenedores en la absorción de las pérdidas corrientes o futuras, y que no menoscabe eventuales procesos de recapitalización, ya sea mediante la conversión de las participaciones en acciones ordinarias, cuotas participativas o aportaciones al capital de las cooperativas de crédito, de la entidad de crédito emisora o matriz, ya mediante la reducción de su valor nominal. Reglamentariamente se precisarán los supuestos desencadenantes de tales mecanismos y las condiciones específicas de los mismos. j) En el momento de realizar una emisión, el importe nominal en circulación no podrá ser superior al 30 por ciento de los recursos propios básicos del grupo o subgrupo consolidable al que pertenece la entidad dominante de la filial emisora, incluido el importe de la propia emisión, sin perjuicio de las limitaciones adicionales que puedan establecerse a efectos de solvencia. Si dicho porcentaje se sobrepasara una vez realizada la emisión, la entidad de crédito deberá presentar ante el Banco de España para su autorización un plan para retornar al cumplimiento de dicho porcentaje. El Banco de España podrá modificar el indicado porcentaje, si bien no podrá ser nunca mayor del 35 por ciento”.

no hubiera sido objeto de cancelación de acuerdo con la letra c) anterior, y se situarán, a efectos del orden de prelación de créditos, inmediatamente detrás de todos los acreedores, subordinados o no, de la entidad de crédito emisora o de la dominante del grupo o subgrupo consolidable de entidades de crédito y delante de los accionistas ordinarios y, en su caso, de los cuotapartícipes. i) En los supuestos en los que la entidad emisora o matriz, o su grupo o subgrupo consolidable, presente pérdidas contables significativas o una caída relevante en las ratios indicadoras del cumplimiento de los requerimientos de recursos propios, las condiciones de emisión de las participaciones preferentes deberán establecer un mecanismo que asegure la participación de sus tenedores en la absorción de las pérdidas corrientes o futuras, y que no menoscabe eventuales procesos de recapitalización, ya sea mediante la conversión de las participaciones en acciones ordinarias, cuotas participativas o aportaciones al capital de las cooperativas de crédito, de la entidad de crédito emisora o matriz, ya mediante la reducción de su valor nominal. Reglamentariamente se precisarán los supuestos desencadenantes de tales mecanismos y las condiciones específicas de los mismos. j) En el momento de realizar una emisión, el importe nominal en circulación no podrá ser superior al 30 por ciento de los recursos propios básicos del grupo o subgrupo consolidable al que pertenece la entidad dominante de la filial emisora, incluido el importe de la propia emisión, sin perjuicio de las limitaciones adicionales que puedan establecerse a efectos de solvencia. Si dicho porcentaje se sobrepasara una vez realizada la emisión, la entidad de crédito deberá presentar ante el Banco de España para su autorización un plan para retornar al cumplimiento de dicho porcentaje. El Banco de España podrá modificar el indicado porcentaje, si bien no podrá ser nunca mayor del 35 por ciento”.

La recapitalización de las entidades financieras

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lidad de las participaciones preferentes a instancias del Fondo si, antes del transcurso del plazo de cinco años, el Banco de España considerase improbable, a la vista de la situación de la entidad o su grupo, que la recompra de las participaciones preferentes pudiera llevarse a cabo en ese plazo.

lidad de las participaciones preferentes a instancias del Fondo si, antes del transcurso del plazo de cinco años, el Banco de España considerase improbable, a la vista de la situación de la entidad o su grupo, que la recompra de las participaciones preferentes pudiera llevarse a cabo en ese plazo.

Las participaciones preferentes emitidas al efecto habían de ser computables como recursos propios básicos, sin que para ello fuese obligatorio que cotizasen en un mercado secundario organizado, no siéndoles de aplicación a este respecto las limitaciones que la ley establece para la computabilidad de los recursos propios.

Las participaciones preferentes emitidas al efecto habían de ser computables como recursos propios básicos, sin que para ello fuese obligatorio que cotizasen en un mercado secundario organizado, no siéndoles de aplicación a este respecto las limitaciones que la ley establece para la computabilidad de los recursos propios.

El acuerdo de emisión de estos títulos debía ajustarse, asimismo, a las restantes condiciones comprometidas en el plan de integración. Con carácter previo a la efectiva adquisición de estos títulos el FROB habría de elevar al Ministro de Economía y Hacienda una memoria económica en la que se detallase el impacto financiero de esa adquisición sobre los fondos aportados con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, pudiendo oponerse el citado Ministerio de manera motivada en el plazo de 5 días hábiles desde que le sea elevada dicha memoria.

El acuerdo de emisión de estos títulos debía ajustarse, asimismo, a las restantes condiciones comprometidas en el plan de integración. Con carácter previo a la efectiva adquisición de estos títulos el FROB habría de elevar al Ministro de Economía y Hacienda una memoria económica en la que se detallase el impacto financiero de esa adquisición sobre los fondos aportados con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, pudiendo oponerse el citado Ministerio de manera motivada en el plazo de 5 días hábiles desde que le sea elevada dicha memoria.

La desinversión por el FROB había de realizarse mediante su recompra de los títulos por la entidad emisora o su enajenación a terceros. Cuando la desinversión de dichos títulos o de los resultantes de su conversión se realizara mediante su enajenación a terceros, ésta habría de llevarse a cabo a través de procedimientos que asegurasen la competencia y dentro de un plazo no superior a los cinco años a contar desde la fecha de cumplimiento del plan de integración, plazo que no sería de aplicación en el caso de que a la entidad le fuese de aplicación lo dispuesto en el art. 10.8 del RDLey. La desinversión de aportaciones al capital social no quedaría sujeta a ninguna limitación legal o estatutaria.

La desinversión por el FROB había de realizarse mediante su recompra de los títulos por la entidad emisora o su enajenación a terceros. Cuando la desinversión de dichos títulos o de los resultantes de su conversión se realizara mediante su enajenación a terceros, ésta habría de llevarse a cabo a través de procedimientos que asegurasen la competencia y dentro de un plazo no superior a los cinco años a contar desde la fecha de cumplimiento del plan de integración, plazo que no sería de aplicación en el caso de que a la entidad le fuese de aplicación lo dispuesto en el art. 10.8 del RDLey. La desinversión de aportaciones al capital social no quedaría sujeta a ninguna limitación legal o estatutaria.

A la conversión de las participaciones preferentes en aportaciones al capital se aplicaría aquello que establecían los apartados 6 y 9 del art. 7 del RDLey. Con una periodicidad trimestral la entidad designada por las entidades involucradas en el proceso de integración o, en su caso, la entidad resultante del mismo, habría de remitir al Banco de España un informe sobre el grado de cumplimiento de las medidas contempladas en el plan de integración aprobado. El órgano supervisor, a la vista del contenido de dicho

A la conversión de las participaciones preferentes en aportaciones al capital se aplicaría aquello que establecían los apartados 6 y 9 del art. 7 del RDLey. Con una periodicidad trimestral la entidad designada por las entidades involucradas en el proceso de integración o, en su caso, la entidad resultante del mismo, habría de remitir al Banco de España un informe sobre el grado de cumplimiento de las medidas contempladas en el plan de integración aprobado. El órgano supervisor, a la vista del contenido de dicho

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Juan Calvo Vérgez

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informe, podría requerir la adopción de las acciones que fuesen necesarias para asegurar que el plan de integración se lleva efectivamente a término.

informe, podría requerir la adopción de las acciones que fuesen necesarias para asegurar que el plan de integración se lleva efectivamente a término.

En el supuesto de que, como consecuencia de la evolución de la situación económico-financiera de la entidad resultante del proceso de integración o del desenvolvimiento de las condiciones de los mercados, se advirtiera que el plan de integración no puede cumplirse en los términos en que fue aprobado, la entidad podría solicitar al FROB una modificación de dichos términos, que podría incluir, entre otros aspectos, una extensión del plazo de recompra de los títulos suscritos por el Fondo hasta dos años más. En todo caso la modificación del plan de integración acordada con el FROB ha de ser aprobada por el Banco de España.

En el supuesto de que, como consecuencia de la evolución de la situación económico-financiera de la entidad resultante del proceso de integración o del desenvolvimiento de las condiciones de los mercados, se advirtiera que el plan de integración no puede cumplirse en los términos en que fue aprobado, la entidad podría solicitar al FROB una modificación de dichos términos, que podría incluir, entre otros aspectos, una extensión del plazo de recompra de los títulos suscritos por el Fondo hasta dos años más. En todo caso la modificación del plan de integración acordada con el FROB ha de ser aprobada por el Banco de España.

Por otro lado si, como consecuencia de la evolución de la situación económico-financiera de la entidad resultante del proceso de integración o del desenvolvimiento de las condiciones de los mercados, el plan de integración no pudiera llevarse a cabo y la entidad se encontrase en la situación prevista en el art. 6 del RDLey, se aplicaría a dicha entidad lo dispuesto en el art. 7 del citado Real Decreto, debiendo preverse en los planes que, con arreglo a ese artículo, se aprobase lo que procediera respecto de los títulos suscritos por el FROB.

Por otro lado si, como consecuencia de la evolución de la situación económico-financiera de la entidad resultante del proceso de integración o del desenvolvimiento de las condiciones de los mercados, el plan de integración no pudiera llevarse a cabo y la entidad se encontrase en la situación prevista en el art. 6 del RDLey, se aplicaría a dicha entidad lo dispuesto en el art. 7 del citado Real Decreto, debiendo preverse en los planes que, con arreglo a ese artículo, se aprobase lo que procediera respecto de los títulos suscritos por el FROB.

El art. 11 del RDLey, encargado de regular el traspaso de la actividad financiera en determinados supuestos, estableció un plazo de tres meses para el traspaso de la totalidad de la actividad financiera de aquellas cajas que solicitasen los apoyos del art. 9, bien al banco a través del cual ejerciesen indirectamente su actividad, bien al banco pertinente en su proceso de transformación en fundación, bien al banco que actúe como entidad central del sistema institucional de protección del que en su caso formen parte.

El art. 11 del RDLey, encargado de regular el traspaso de la actividad financiera en determinados supuestos, estableció un plazo de tres meses para el traspaso de la totalidad de la actividad financiera de aquellas cajas que solicitasen los apoyos del art. 9, bien al banco a través del cual ejerciesen indirectamente su actividad, bien al banco pertinente en su proceso de transformación en fundación, bien al banco que actúe como entidad central del sistema institucional de protección del que en su caso formen parte.

Con carácter general las cajas de ahorro podrían solicitar la actuación del FROB prevista en el art. 9.1 del RDLey. A tal efecto deben traspasar su actividad financiera a un banco con arreglo a lo dispuesto en los arts. 5 o 6 del Real Decreto-ley 11/2010, de 9 de julio, en el plazo máximo de tres meses desde la fecha en la que se les notifique la aprobación del plan de recapitalización. Y si la entidad solicitante de la actuación del FROB fuera un banco participado conjuntamente por cajas de ahorro conforme a lo dispuesto en el art. 8.3 de la Ley 13/1985 de 25 de mayo, de Coeficientes de Inversión, Recursos Propios y Obligaciones de Información de los

Con carácter general las cajas de ahorro podrían solicitar la actuación del FROB prevista en el art. 9.1 del RDLey. A tal efecto deben traspasar su actividad financiera a un banco con arreglo a lo dispuesto en los arts. 5 o 6 del Real Decreto-ley 11/2010, de 9 de julio, en el plazo máximo de tres meses desde la fecha en la que se les notifique la aprobación del plan de recapitalización. Y si la entidad solicitante de la actuación del FROB fuera un banco participado conjuntamente por cajas de ahorro conforme a lo dispuesto en el art. 8.3 de la Ley 13/1985 de 25 de mayo, de Coeficientes de Inversión, Recursos Propios y Obligaciones de Información de los

La recapitalización de las entidades financieras

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Intermediarios Financieros, aquellas habrían de traspasar toda su actividad financiera al banco y ejercer su actividad con arreglo a lo dispuesto en los arts. 5 o 6 del Real Decreto-ley 11/2010, de 9 de julio, de órganos de gobierno y otros aspectos del régimen jurídico de las cajas de ahorro en el plazo máximo de tres meses a contar desde la fecha en la que se les notifique la aprobación del plan de recapitalización.

Intermediarios Financieros, aquellas habrían de traspasar toda su actividad financiera al banco y ejercer su actividad con arreglo a lo dispuesto en los arts. 5 o 6 del Real Decreto-ley 11/2010, de 9 de julio, de órganos de gobierno y otros aspectos del régimen jurídico de las cajas de ahorro en el plazo máximo de tres meses a contar desde la fecha en la que se les notifique la aprobación del plan de recapitalización.

El art. 12 del RDLey se encargó de regular el contenido del necesario plan de recapitalización que la entidad habría de elaborar para que el Fondo suscribiese los correspondientes títulos de su capital social. Tal y como precisó el citado precepto el plan de recapitalización previsto en el art. 9.2 del RDLey habría de incluir un plan de negocio en el que se fijen objetivos relativos a la eficiencia, rentabilidad, niveles de apalancamiento y liquidez. Asimismo las entidades solicitantes deberían asumir los siguientes compromisos. En primer lugar, las entidades solicitantes habrían de asumir, en el supuesto de que así lo solicitase el FROB, el compromiso de reducir los costes de estructura respecto a su cuantía total en el momento de suscripción de los títulos por el citado Fondo.

El art. 12 del RDLey se encargó de regular el contenido del necesario plan de recapitalización que la entidad habría de elaborar para que el Fondo suscribiese los correspondientes títulos de su capital social. Tal y como precisó el citado precepto el plan de recapitalización previsto en el art. 9.2 del RDLey habría de incluir un plan de negocio en el que se fijen objetivos relativos a la eficiencia, rentabilidad, niveles de apalancamiento y liquidez. Asimismo las entidades solicitantes deberían asumir los siguientes compromisos. En primer lugar, las entidades solicitantes habrían de asumir, en el supuesto de que así lo solicitase el FROB, el compromiso de reducir los costes de estructura respecto a su cuantía total en el momento de suscripción de los títulos por el citado Fondo.

En segundo término, las entidades solicitantes habrían de adoptar medidas tendentes a la mejora de su gobierno corporativo, adaptándose a lo dispuesto en los estándares de buen gobierno corporativo de las sociedades cotizadas y, en particular, cumpliendo con lo señalado en el art. 13 del RDLey. Por su parte las entidades solicitantes habrían de asumir el compromiso de incrementar la financiación a pequeñas y medianas empresas en términos compatibles con los objetivos establecidos en su plan de negocio.

En segundo término, las entidades solicitantes habrían de adoptar medidas tendentes a la mejora de su gobierno corporativo, adaptándose a lo dispuesto en los estándares de buen gobierno corporativo de las sociedades cotizadas y, en particular, cumpliendo con lo señalado en el art. 13 del RDLey. Por su parte las entidades solicitantes habrían de asumir el compromiso de incrementar la financiación a pequeñas y medianas empresas en términos compatibles con los objetivos establecidos en su plan de negocio.

En el hipotético caso de que dichas entidades solicitantes hubieran emitido previamente participaciones preferentes convertibles que hubieran sido suscritas por el FROB podrían proceder, si así lo solicitase dicho Fondo y de común acuerdo con él, a su inmediata conversión en acciones ordinarias o aportaciones al capital social en los términos previstos en las correspondientes escrituras públicas de emisión. Y, en caso de que las entidades solicitantes fuesen cajas de ahorro, habrían de adoptar necesariamente el régimen previsto en la Disposición Adicional Quinta del Real Decreto-ley 2/2011 en materia de acuerdos relativos a su participación en el banco a través del cual desarrollen, en su caso, su actividad como entidad de crédito. Por su parte el FROB podría exigir a las entidades solicitantes compromisos adicionales a los anteriormente reseñados con la finalidad de preservar una utilización

En el hipotético caso de que dichas entidades solicitantes hubieran emitido previamente participaciones preferentes convertibles que hubieran sido suscritas por el FROB podrían proceder, si así lo solicitase dicho Fondo y de común acuerdo con él, a su inmediata conversión en acciones ordinarias o aportaciones al capital social en los términos previstos en las correspondientes escrituras públicas de emisión. Y, en caso de que las entidades solicitantes fuesen cajas de ahorro, habrían de adoptar necesariamente el régimen previsto en la Disposición Adicional Quinta del Real Decreto-ley 2/2011 en materia de acuerdos relativos a su participación en el banco a través del cual desarrollen, en su caso, su actividad como entidad de crédito. Por su parte el FROB podría exigir a las entidades solicitantes compromisos adicionales a los anteriormente reseñados con la finalidad de preservar una utilización

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eficiente de los recursos públicos. Asimismo el citado Fondo podría exigir a las entidades solicitantes compromisos adicionales de suministro de información periódica a fin de cumplir con sus obligaciones de información a las autoridades competentes de la Unión Europea41.

eficiente de los recursos públicos. Asimismo el citado Fondo podría exigir a las entidades solicitantes compromisos adicionales de suministro de información periódica a fin de cumplir con sus obligaciones de información a las autoridades competentes de la Unión Europea41.

¿Cuál fue el régimen fiscal al que quedaron sujetas estas participaciones preferentes emitidas al efecto? De conformidad con lo establecido en la Disp. Adic. 2ª de la Ley 13/1985 en su actual redacción otorgada por la Ley 6/2011, de 11 de abril, la remuneración obtenida adquiere la consideración de gasto deducible para la entidad emisora. Por su parte las rentas derivadas de las participaciones preferentes han de calificarse como rendimientos obtenidos por la cesión a terceros de capitales propios de acuerdo con lo establecido en el apartado 2 del art. 25 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, reguladora del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (LIRPF). Tratándose de emisiones realizadas por una sociedad filial no quedan sometidos a retención alguna los rendimientos generados por el depósito de los recursos obtenidos en la entidad de crédito dominante, siendo de aplicación en su caso, la exención establecida en la letra f) del art. 14.1 del Real Decreto Legislativo 5/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de no Residentes (TRLIRNR). En cuanto a las rentas derivadas de las participaciones preferentes obtenidas por sujetos pasivos del IRNR sin establecimiento permanente, las mismas quedan exentas del citado Impuesto en los mismos términos establecidos para los rendimientos derivados de la deuda pública en el art. 14 del TRLIRNR. Y, en cuanto a las operaciones derivadas de la emisión de participaciones preferentes, dichas operaciones se encuentran exentas de la Modalidad de Operaciones Societarias del ITPyAJD. En todo caso la entidad de crédito dominante de un grupo o subgrupo consolidable de entidades de crédito adquiere la obligación de informar a la Administración tributaria y a las instituciones encargadas de la supervisión financiera, en la forma en que reglamentariamente se establezca, de las actividades realizadas por las filiales a que se refiere la letra a) del apartado 1 de la citada Disp. Adic. 2ª de la Ley 13/1985, así como de de la identidad de los contribuyentes del IRPF y de los sujetos pasivos del IS que sean titulares de los valores emitidos por aquéllas y de los contribuyentes del IRNR que obtengan rentas procedentes de tales valores mediante establecimiento permanente situado en territorio español. Idéntico criterio deberá adoptarse en el supuesto de que la entidad dominante sea una entidad que se rija por el derecho de otro Estado. Por otra parte el régimen fiscal indicado con anterioridad resultará igualmente aplicable a aquellas emisiones de instrumentos de deuda realizadas por entidades que cumplan los requisitos exigidos al efecto y que coticen en mercados organizados. Con carácter adicional, tratándose de emisiones realizadas por una entidad filial su actividad u objeto exclusivo será la emisión de participaciones preferentes y/u otros instrumentos financieros, debiendo cumplirse los requisitos de cotización en mercados organizados y de inversión en la entidad dominante previstos al efecto. Igualmente es de aplicación el presente régimen a los valores cotizados en mercados organizados y emitidos con cargo a fondos de titulización hipotecaria regulados por la Ley 19/1992, de 7 de julio, sobre régimen de sociedades y fondos de inversión inmobiliaria y sobre fondos de titulización hipotecaria y a fondos de titulización de activos regulados por la Disposición Adicional Quinta de la Ley 3/1994, de 14 de abril. Y la proyección del presente régimen resulta igualmente admisible sobre las participaciones preferentes u otros instrumentos de deuda emitidos por entidades cotizadas que no sean de crédito o por una sociedad residente en España o en un territorio de la Unión Europea que no tenga la consideración de paraíso fiscal y cuyos derechos

¿Cuál fue el régimen fiscal al que quedaron sujetas estas participaciones preferentes emitidas al efecto? De conformidad con lo establecido en la Disp. Adic. 2ª de la Ley 13/1985 en su actual redacción otorgada por la Ley 6/2011, de 11 de abril, la remuneración obtenida adquiere la consideración de gasto deducible para la entidad emisora. Por su parte las rentas derivadas de las participaciones preferentes han de calificarse como rendimientos obtenidos por la cesión a terceros de capitales propios de acuerdo con lo establecido en el apartado 2 del art. 25 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, reguladora del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (LIRPF). Tratándose de emisiones realizadas por una sociedad filial no quedan sometidos a retención alguna los rendimientos generados por el depósito de los recursos obtenidos en la entidad de crédito dominante, siendo de aplicación en su caso, la exención establecida en la letra f) del art. 14.1 del Real Decreto Legislativo 5/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de no Residentes (TRLIRNR). En cuanto a las rentas derivadas de las participaciones preferentes obtenidas por sujetos pasivos del IRNR sin establecimiento permanente, las mismas quedan exentas del citado Impuesto en los mismos términos establecidos para los rendimientos derivados de la deuda pública en el art. 14 del TRLIRNR. Y, en cuanto a las operaciones derivadas de la emisión de participaciones preferentes, dichas operaciones se encuentran exentas de la Modalidad de Operaciones Societarias del ITPyAJD. En todo caso la entidad de crédito dominante de un grupo o subgrupo consolidable de entidades de crédito adquiere la obligación de informar a la Administración tributaria y a las instituciones encargadas de la supervisión financiera, en la forma en que reglamentariamente se establezca, de las actividades realizadas por las filiales a que se refiere la letra a) del apartado 1 de la citada Disp. Adic. 2ª de la Ley 13/1985, así como de de la identidad de los contribuyentes del IRPF y de los sujetos pasivos del IS que sean titulares de los valores emitidos por aquéllas y de los contribuyentes del IRNR que obtengan rentas procedentes de tales valores mediante establecimiento permanente situado en territorio español. Idéntico criterio deberá adoptarse en el supuesto de que la entidad dominante sea una entidad que se rija por el derecho de otro Estado. Por otra parte el régimen fiscal indicado con anterioridad resultará igualmente aplicable a aquellas emisiones de instrumentos de deuda realizadas por entidades que cumplan los requisitos exigidos al efecto y que coticen en mercados organizados. Con carácter adicional, tratándose de emisiones realizadas por una entidad filial su actividad u objeto exclusivo será la emisión de participaciones preferentes y/u otros instrumentos financieros, debiendo cumplirse los requisitos de cotización en mercados organizados y de inversión en la entidad dominante previstos al efecto. Igualmente es de aplicación el presente régimen a los valores cotizados en mercados organizados y emitidos con cargo a fondos de titulización hipotecaria regulados por la Ley 19/1992, de 7 de julio, sobre régimen de sociedades y fondos de inversión inmobiliaria y sobre fondos de titulización hipotecaria y a fondos de titulización de activos regulados por la Disposición Adicional Quinta de la Ley 3/1994, de 14 de abril. Y la proyección del presente régimen resulta igualmente admisible sobre las participaciones preferentes u otros instrumentos de deuda emitidos por entidades cotizadas que no sean de crédito o por una sociedad residente en España o en un territorio de la Unión Europea que no tenga la consideración de paraíso fiscal y cuyos derechos

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La recapitalización de las entidades financieras

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En conclusión, al amparo de lo dispuesto en el citado precepto dicho plan habría de incluir un plan de negocio en el que se fijen objetivos relativos a la eficiencia, rentabilidad, niveles de apalancamiento y liquidez. Asimismo se dispuso que las entidades solicitantes asumiesen compromisos de reducción de costes de estructura, medidas tendentes a la mejora de su gobierno corporativo y compromisos de incrementar la financiación a pequeñas y medianas empresas, en términos que sean compatibles con los objetivos establecidos en su plan de negocio. Por su parte el FROB podría exigir a las entidades solicitantes compromisos adicionales destinados a preservar una utilización eficiente de los recursos públicos, así como el suministro de información periódica a fin de cumplir con sus obligaciones de información a las autoridades europeas.

En conclusión, al amparo de lo dispuesto en el citado precepto dicho plan habría de incluir un plan de negocio en el que se fijen objetivos relativos a la eficiencia, rentabilidad, niveles de apalancamiento y liquidez. Asimismo se dispuso que las entidades solicitantes asumiesen compromisos de reducción de costes de estructura, medidas tendentes a la mejora de su gobierno corporativo y compromisos de incrementar la financiación a pequeñas y medianas empresas, en términos que sean compatibles con los objetivos establecidos en su plan de negocio. Por su parte el FROB podría exigir a las entidades solicitantes compromisos adicionales destinados a preservar una utilización eficiente de los recursos públicos, así como el suministro de información periódica a fin de cumplir con sus obligaciones de información a las autoridades europeas.

El art. 13 del RDLey estableció para las entidades solicitantes la obligación de cumplimiento de normas de buen gobierno de las sociedades cotizadas. ¿Cuáles fueron, a grandes rasgos, estas normas? En primer lugar, el número de miembros del órgano de administración no sería inferior a cinco ni superior a quince miembros, de los cuales al menos un tercio, serían consejeros independientes. Los consejeros externos, dominicales e independientes, constituirían la mayoría del órgano de administración, siendo el número de consejeros ejecutivos el mínimo necesario, en función de la complejidad del grupo societario y del porcentaje de participación de los consejeros ejecutivos en el capital de la entidad.

El art. 13 del RDLey estableció para las entidades solicitantes la obligación de cumplimiento de normas de buen gobierno de las sociedades cotizadas. ¿Cuáles fueron, a grandes rasgos, estas normas? En primer lugar, el número de miembros del órgano de administración no sería inferior a cinco ni superior a quince miembros, de los cuales al menos un tercio, serían consejeros independientes. Los consejeros externos, dominicales e independientes, constituirían la mayoría del órgano de administración, siendo el número de consejeros ejecutivos el mínimo necesario, en función de la complejidad del grupo societario y del porcentaje de participación de los consejeros ejecutivos en el capital de la entidad.

El órgano de administración habría de explicar ante la Junta o Asamblea General que deba efectuar su nombramiento el carácter de cada consejero, procediendo a revisar anualmente en el Informe Anual de Gobierno Corporativo, previa verificación por la Comisión de Nombramientos que deberá constituirse en la entidad.

El órgano de administración habría de explicar ante la Junta o Asamblea General que deba efectuar su nombramiento el carácter de cada consejero, procediendo a revisar anualmente en el Informe Anual de Gobierno Corporativo, previa verificación por la Comisión de Nombramientos que deberá constituirse en la entidad.

Los consejeros independientes no podrían permanecer como tales durante un período continuado superior a doce años. Y las entidades quedarían obligadas a hacer pública a través de su página web, así como a mantener

Los consejeros independientes no podrían permanecer como tales durante un período continuado superior a doce años. Y las entidades quedarían obligadas a hacer pública a través de su página web, así como a mantener

de voto correspondan en su totalidad, directa o indirectamente, a entidades cotizadas que no sean de crédito. A mayor abundamiento a dichas emisiones de instrumentos de deuda no les es de aplicación la limitación impuesta, por razones de capital y de reservas, en los arts. 405 y 411 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, ni en relación con la sociedad emisora ni con la sociedad dominante del grupo.

de voto correspondan en su totalidad, directa o indirectamente, a entidades cotizadas que no sean de crédito. A mayor abundamiento a dichas emisiones de instrumentos de deuda no les es de aplicación la limitación impuesta, por razones de capital y de reservas, en los arts. 405 y 411 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, ni en relación con la sociedad emisora ni con la sociedad dominante del grupo.

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actualizada, información sobre sus consejeros. El órgano de administración habría de constituir en su seno, una Comisión, o dos Comisiones separadas, de Nombramientos y Retribuciones. A la Comisión de Nombramientos le correspondería, entre otras funciones, así como la evaluación de las competencias, conocimientos y experiencia necesarios en el Consejo, la definición, en consecuencia, de las funciones y aptitudes necesarias en los candidatos que hubieran de cubrir cada vacante y la evaluación de la dedicación precisa para el buen desempeño de su cometido. En cuanto a la Comisión de Retribuciones, sus funciones se concretarían en las siguientes: velar por la observancia de la política retributiva establecida por la sociedad, así como la propuesta al órgano de administración de la política de retribución de los consejeros y altos directivos, la retribución individual de los consejeros ejecutivos y las demás condiciones de sus contratos y las condiciones básicas de los contratos de los altos directivos.

actualizada, información sobre sus consejeros. El órgano de administración habría de constituir en su seno, una Comisión, o dos Comisiones separadas, de Nombramientos y Retribuciones. A la Comisión de Nombramientos le correspondería, entre otras funciones, así como la evaluación de las competencias, conocimientos y experiencia necesarios en el Consejo, la definición, en consecuencia, de las funciones y aptitudes necesarias en los candidatos que hubieran de cubrir cada vacante y la evaluación de la dedicación precisa para el buen desempeño de su cometido. En cuanto a la Comisión de Retribuciones, sus funciones se concretarían en las siguientes: velar por la observancia de la política retributiva establecida por la sociedad, así como la propuesta al órgano de administración de la política de retribución de los consejeros y altos directivos, la retribución individual de los consejeros ejecutivos y las demás condiciones de sus contratos y las condiciones básicas de los contratos de los altos directivos.

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ANÁLISIS DEL CONTENIDO DE LAS DISPOSICIONES ADICIONALES Y TRANSITORIAS DEL RD-LEY 2/2011, ASÍ COMO DE SU DISPOSICIÓN DEROGATORIA

A través de la Disposición Adicional Primera del Real Decreto-ley 2/2011 se reguló la excepción a la obligación de formular una oferta pública de adquisición en procesos de reestructuración o integración, señalándose que quien alcance el control de una sociedad cotizada como consecuencia de procesos de reestructuración o integración en el marco del Real DecretoLey 9/2009, de 26 de junio, sobre reestructuración bancaria y reforzamiento de los recursos propios de las entidades de crédito, o de la intervención directa de un Fondo de Garantía de Depósitos de las entidades de crédito, no quedaría obligado a formular una oferta pública de adquisición en los términos previstos en el art. 60 de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, y su normativa de desarrollo, cuando dichas actuaciones se realizasen con apoyo financiero del FROB o del Fondo de Garantía de Depósitos. Ello habría de aplicarse igualmente a las tomas de control en sociedades cotizadas derivadas del cumplimiento de acuerdos de reestructuración o integración celebrados con posterioridad a la entrada en vigor del citado RDLey 9/2009.

ANÁLISIS DEL CONTENIDO DE LAS DISPOSICIONES ADICIONALES Y TRANSITORIAS DEL RD-LEY 2/2011, ASÍ COMO DE SU DISPOSICIÓN DEROGATORIA

A través de la Disposición Adicional Primera del Real Decreto-ley 2/2011 se reguló la excepción a la obligación de formular una oferta pública de adquisición en procesos de reestructuración o integración, señalándose que quien alcance el control de una sociedad cotizada como consecuencia de procesos de reestructuración o integración en el marco del Real DecretoLey 9/2009, de 26 de junio, sobre reestructuración bancaria y reforzamiento de los recursos propios de las entidades de crédito, o de la intervención directa de un Fondo de Garantía de Depósitos de las entidades de crédito, no quedaría obligado a formular una oferta pública de adquisición en los términos previstos en el art. 60 de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, y su normativa de desarrollo, cuando dichas actuaciones se realizasen con apoyo financiero del FROB o del Fondo de Garantía de Depósitos. Ello habría de aplicarse igualmente a las tomas de control en sociedades cotizadas derivadas del cumplimiento de acuerdos de reestructuración o integración celebrados con posterioridad a la entrada en vigor del citado RDLey 9/2009.

La recapitalización de las entidades financieras

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Su Disposición Adicional Segunda delimitó determinados supuestos de no sujeción a las limitaciones temporales para la actividad de entidades de crédito de nueva creación. Señala concretamente la citada Disposición que aquellos bancos de nueva creación filiales de una entidad de crédito domiciliada en la Unión Europea no están sujetos a las limitaciones temporales que se establezcan a la actividad de nuevos bancos. E idéntico criterio habría de aplicarse respecto de las cooperativas de crédito y bancos de nueva creación constituidos por una o varias entidades de crédito a fin de traspasarles su actividad financiera en el marco de la constitución de un SIP o en el previsto en los arts. 5 y 6 del RDLey 11/2010, de 9 de julio, de órganos de gobierno y otros aspectos del régimen jurídico de las Cajas de Ahorro.

Su Disposición Adicional Segunda delimitó determinados supuestos de no sujeción a las limitaciones temporales para la actividad de entidades de crédito de nueva creación. Señala concretamente la citada Disposición que aquellos bancos de nueva creación filiales de una entidad de crédito domiciliada en la Unión Europea no están sujetos a las limitaciones temporales que se establezcan a la actividad de nuevos bancos. E idéntico criterio habría de aplicarse respecto de las cooperativas de crédito y bancos de nueva creación constituidos por una o varias entidades de crédito a fin de traspasarles su actividad financiera en el marco de la constitución de un SIP o en el previsto en los arts. 5 y 6 del RDLey 11/2010, de 9 de julio, de órganos de gobierno y otros aspectos del régimen jurídico de las Cajas de Ahorro.

Al amparo de lo establecido por la Disposición Adicional Tercera del RDLey 2/2011, en aquellos SIPs previstos en la letra d) del apartado tres del art. 8 de la Ley 13/1985, de 25 de mayo, en los que se hubiese aportado a la entidad central la titularidad de todos los activos y pasivos afectos al respectivo negocio bancario de las cajas de ahorro integrantes o en los que, a través de su entidad central, varias de forma concertada ejerciesen en exclusiva su objeto como entidades de crédito, conforme se dispone en el art. 5.4 del Real Decreto-ley 11/2010, de 9 de julio, habría de entenderse cumplido lo previsto en los puntos iii) y iv) de la letra d) del apartado 3 del art. 8 de dicha Ley.

Al amparo de lo establecido por la Disposición Adicional Tercera del RDLey 2/2011, en aquellos SIPs previstos en la letra d) del apartado tres del art. 8 de la Ley 13/1985, de 25 de mayo, en los que se hubiese aportado a la entidad central la titularidad de todos los activos y pasivos afectos al respectivo negocio bancario de las cajas de ahorro integrantes o en los que, a través de su entidad central, varias de forma concertada ejerciesen en exclusiva su objeto como entidades de crédito, conforme se dispone en el art. 5.4 del Real Decreto-ley 11/2010, de 9 de julio, habría de entenderse cumplido lo previsto en los puntos iii) y iv) de la letra d) del apartado 3 del art. 8 de dicha Ley.

La Disposición Adicional Cuarta del RDLey 2/2011 se encargó de regular, con efectos desde el 31 de diciembre de 2010, determinados supuestos de adhesión a los Fondos de Garantía de Depósitos, señalando que las entidades de crédito participadas mayoritariamente por otra entidad de crédito de distinta naturaleza jurídica han de adherirse al Fondo de Garantía de Depósitos al que pertenezca esta última desde el momento en que el patrimonio afecto a su actividad financiera proceda mayoritariamente de una previa cesión de activos y pasivos de una entidad integrada en ese mismo fondo de garantía de depósitos. Con carácter adicional el Ministerio de Economía y Hacienda podría establecer otros supuestos en los que, por razón de sus características específicas o por su dependencia económica una entidad de crédito, hubiera de adherirse a un fondo de garantía de depósitos distinto al que le corresponda por su naturaleza jurídica.

La Disposición Adicional Cuarta del RDLey 2/2011 se encargó de regular, con efectos desde el 31 de diciembre de 2010, determinados supuestos de adhesión a los Fondos de Garantía de Depósitos, señalando que las entidades de crédito participadas mayoritariamente por otra entidad de crédito de distinta naturaleza jurídica han de adherirse al Fondo de Garantía de Depósitos al que pertenezca esta última desde el momento en que el patrimonio afecto a su actividad financiera proceda mayoritariamente de una previa cesión de activos y pasivos de una entidad integrada en ese mismo fondo de garantía de depósitos. Con carácter adicional el Ministerio de Economía y Hacienda podría establecer otros supuestos en los que, por razón de sus características específicas o por su dependencia económica una entidad de crédito, hubiera de adherirse a un fondo de garantía de depósitos distinto al que le corresponda por su naturaleza jurídica.

Finalmente, de conformidad con lo señalado en la Disposición Adicional Quinta del RDLey 2/2011, sin perjuicio de las competencias legal y esta-

Finalmente, de conformidad con lo señalado en la Disposición Adicional Quinta del RDLey 2/2011, sin perjuicio de las competencias legal y esta-

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Juan Calvo Vérgez

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tutariamente atribuidas a la Asamblea General los estatutos sociales de las cajas de ahorro podrían determinar que el Consejo de Administración (como órgano que, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 13 de la Ley 31/1985, tiene encomendada la administración y gestión financiera de la entidad para el cumplimiento de sus fines) fuese el competente para aprobar, en su caso, los acuerdos de la caja relativos a su participación en el banco a través del cual desarrolle, en su caso, su actividad como entidad de crédito.

tutariamente atribuidas a la Asamblea General los estatutos sociales de las cajas de ahorro podrían determinar que el Consejo de Administración (como órgano que, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 13 de la Ley 31/1985, tiene encomendada la administración y gestión financiera de la entidad para el cumplimiento de sus fines) fuese el competente para aprobar, en su caso, los acuerdos de la caja relativos a su participación en el banco a través del cual desarrolle, en su caso, su actividad como entidad de crédito.

La Disposición Transitoria Primera del RDLey 2/2011 estableció la estrategia de cumplimiento de las nuevas exigencias de capital. No obstante dicha Disposición sería posteriormente objeto de nueva redacción otorgada por el Real Decreto-Ley 24/2012. En la actualidad, de conformidad con las líneas maestras de dicha estrategia los grupos consolidables de entidades de crédito, así como las entidades de crédito no integradas en un grupo consolidable de entidades de crédito, habrían de cumplir con lo dispuesto por el RDLey 24/2012 en materia de requisitos de capital principal con efectos desde el 1 de enero de 2013. Aquellas entidades o grupos consolidables de entidades de crédito que el 1 de enero de 2013 no contasen con la cifra de capital principal que les resultase exigible habrían de presentar ante el Banco de España, en el plazo de 20 días hábiles, la estrategia y el calendario para su cumplimiento antes del 30 de junio de 2013. Dentro del plazo de 15 días hábiles dichas medidas habrían de ser aprobadas por el Banco de España, quien podría exigir la inclusión de las modificaciones o medidas adicionales que considerase necesarias para garantizar el cumplimiento de la cifra de capital principal exigible. No obstante aquellas entidades o grupos consolidables de entidades de crédito que previesen incumplir el requisito de capital principal a 1 de enero de 2013 habrían de comunicar dicha previsión al Banco de España, quien debería aprobar la estrategia y calendario de cumplimiento tentativos presentados por la entidad para el caso de que se confirmase dicho incumplimiento, excepto si se tratase de entidades que hubiesen presentado con anterioridad planes en el marco del Real Decreto-Ley 24/2012, de 31 de agosto, de reestructuración y resolución de entidades de crédito, los cuales contemplaran el cumplimiento de los requisitos de capital principal establecidos al efecto.

La Disposición Transitoria Primera del RDLey 2/2011 estableció la estrategia de cumplimiento de las nuevas exigencias de capital. No obstante dicha Disposición sería posteriormente objeto de nueva redacción otorgada por el Real Decreto-Ley 24/2012. En la actualidad, de conformidad con las líneas maestras de dicha estrategia los grupos consolidables de entidades de crédito, así como las entidades de crédito no integradas en un grupo consolidable de entidades de crédito, habrían de cumplir con lo dispuesto por el RDLey 24/2012 en materia de requisitos de capital principal con efectos desde el 1 de enero de 2013. Aquellas entidades o grupos consolidables de entidades de crédito que el 1 de enero de 2013 no contasen con la cifra de capital principal que les resultase exigible habrían de presentar ante el Banco de España, en el plazo de 20 días hábiles, la estrategia y el calendario para su cumplimiento antes del 30 de junio de 2013. Dentro del plazo de 15 días hábiles dichas medidas habrían de ser aprobadas por el Banco de España, quien podría exigir la inclusión de las modificaciones o medidas adicionales que considerase necesarias para garantizar el cumplimiento de la cifra de capital principal exigible. No obstante aquellas entidades o grupos consolidables de entidades de crédito que previesen incumplir el requisito de capital principal a 1 de enero de 2013 habrían de comunicar dicha previsión al Banco de España, quien debería aprobar la estrategia y calendario de cumplimiento tentativos presentados por la entidad para el caso de que se confirmase dicho incumplimiento, excepto si se tratase de entidades que hubiesen presentado con anterioridad planes en el marco del Real Decreto-Ley 24/2012, de 31 de agosto, de reestructuración y resolución de entidades de crédito, los cuales contemplaran el cumplimiento de los requisitos de capital principal establecidos al efecto.

El régimen sancionador recogido en el art. 3 del RDLey 2/2011, al que nos hemos referido con anterioridad, no sería de aplicación a las entidades hasta que hubiesen transcurrido los plazos de cumplimiento de los reque-

El régimen sancionador recogido en el art. 3 del RDLey 2/2011, al que nos hemos referido con anterioridad, no sería de aplicación a las entidades hasta que hubiesen transcurrido los plazos de cumplimiento de los reque-

La recapitalización de las entidades financieras

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rimientos de capital principal previstos en esta disposición. Y, en el caso de aquellas entidades que se hallasen integradas en un SIP con arreglo a lo dispuesto en el art. 8.3.d) de la Ley 13/1985, de 25 de mayo, de coeficientes de inversión, recursos propios y obligaciones de información de los intermediarios financieros, dichas entidades habrían de adoptar, a nivel individual, los acuerdos que requiriese el cumplimiento de la estrategia y el calendario de recapitalización.

rimientos de capital principal previstos en esta disposición. Y, en el caso de aquellas entidades que se hallasen integradas en un SIP con arreglo a lo dispuesto en el art. 8.3.d) de la Ley 13/1985, de 25 de mayo, de coeficientes de inversión, recursos propios y obligaciones de información de los intermediarios financieros, dichas entidades habrían de adoptar, a nivel individual, los acuerdos que requiriese el cumplimiento de la estrategia y el calendario de recapitalización.

La Disposición Transitoria Segunda del RD-Ley 2/2011 se encargó de regular el régimen de preferentes en circulación, señalando que aquellas participaciones preferentes cuya suscripción hubiera sido acordada por el FROB con anterioridad a la entrada en vigor del citado RDLey habrían de regirse según el régimen vigente en el momento de su suscripción o en la fecha en que dicha suscripción hubiese sido acordada por el Fondo, así como por las condiciones y compromisos de la correspondiente escritura de emisión.

La Disposición Transitoria Segunda del RD-Ley 2/2011 se encargó de regular el régimen de preferentes en circulación, señalando que aquellas participaciones preferentes cuya suscripción hubiera sido acordada por el FROB con anterioridad a la entrada en vigor del citado RDLey habrían de regirse según el régimen vigente en el momento de su suscripción o en la fecha en que dicha suscripción hubiese sido acordada por el Fondo, así como por las condiciones y compromisos de la correspondiente escritura de emisión.

En el supuesto de que dichas participaciones hubieran sido emitidas directamente por una caja de ahorros y ésta, con posterioridad, traspasase su actividad financiera a un banco de conformidad con lo previsto en los arts. 5 ó 6 del RDLey 11/2010, la convertibilidad de las mismas se entendería referida a acciones del banco al que aquella traspasase su actividad financiera.

En el supuesto de que dichas participaciones hubieran sido emitidas directamente por una caja de ahorros y ésta, con posterioridad, traspasase su actividad financiera a un banco de conformidad con lo previsto en los arts. 5 ó 6 del RDLey 11/2010, la convertibilidad de las mismas se entendería referida a acciones del banco al que aquella traspasase su actividad financiera.

Refiriéndose a la computabilidad como capital principal de determinados instrumentos de deuda obligatoriamente convertibles señaló la Disposición Transitoria Tercera del RDLey 2/2011 que aquellos instrumentos de deuda emitidos con anterioridad a la entrada en vigor del citado RDLey que contasen con cláusulas en virtud de las cuales fuesen obligatoriamente convertibles en acciones ordinarias antes del 31 de diciembre de 2014 habrían de integrar el capital principal previsto en su art. 2. Y, por lo que respecta a aquellos instrumentos de deuda emitidos con posterioridad a la entrada en vigor del citado RDLey que contasen con cláusulas en virtud de las cuales fuesen obligatoriamente convertibles en acciones ordinarias, habrían de integrar el capital principal previsto en su art. 2, siempre que cumpliesen las siguientes condiciones: que previesen su obligatoria conversión a más tardar el 31 de diciembre de 2014 o, antes de dicha fecha, en caso de saneamiento o reestructuración de la entidad o de su grupo; que la relación de conversión estuviese determinada en el momento de la emisión de los instrumentos de deuda; que el emisor pudiera, discrecionalmente, decidir

Refiriéndose a la computabilidad como capital principal de determinados instrumentos de deuda obligatoriamente convertibles señaló la Disposición Transitoria Tercera del RDLey 2/2011 que aquellos instrumentos de deuda emitidos con anterioridad a la entrada en vigor del citado RDLey que contasen con cláusulas en virtud de las cuales fuesen obligatoriamente convertibles en acciones ordinarias antes del 31 de diciembre de 2014 habrían de integrar el capital principal previsto en su art. 2. Y, por lo que respecta a aquellos instrumentos de deuda emitidos con posterioridad a la entrada en vigor del citado RDLey que contasen con cláusulas en virtud de las cuales fuesen obligatoriamente convertibles en acciones ordinarias, habrían de integrar el capital principal previsto en su art. 2, siempre que cumpliesen las siguientes condiciones: que previesen su obligatoria conversión a más tardar el 31 de diciembre de 2014 o, antes de dicha fecha, en caso de saneamiento o reestructuración de la entidad o de su grupo; que la relación de conversión estuviese determinada en el momento de la emisión de los instrumentos de deuda; que el emisor pudiera, discrecionalmente, decidir

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en cualquier momento el impago del cupón devengado siempre que su situación de solvencia o la de su grupo así lo requiriese; que no contuvieran ninguna característica que impidiese su registro como instrumento de capital dentro del patrimonio neto de la entidad; y que su comercialización se realizase de acuerdo con los criterios que establezca la CNMV para asegurar la adecuada protección de los inversores y, en concreto, la efectividad de la relación de conversión que se proponga a los inversores42.

en cualquier momento el impago del cupón devengado siempre que su situación de solvencia o la de su grupo así lo requiriese; que no contuvieran ninguna característica que impidiese su registro como instrumento de capital dentro del patrimonio neto de la entidad; y que su comercialización se realizase de acuerdo con los criterios que establezca la CNMV para asegurar la adecuada protección de los inversores y, en concreto, la efectividad de la relación de conversión que se proponga a los inversores42.

Los contratos o folletos de emisión correspondientes, así como cualquier modificación de sus características, habrían de remitirse al Banco de España a fin de calificar su computabilidad como capital principal. Y, a los exclusivos efectos del cumplimiento de los requerimientos de capital principal exigidos en el RDLey 2/2011, los instrumentos a los que se refiere esta disposición no podrían representar más del 25% del capital principal, tal y como se define en el artículo 2.

Los contratos o folletos de emisión correspondientes, así como cualquier modificación de sus características, habrían de remitirse al Banco de España a fin de calificar su computabilidad como capital principal. Y, a los exclusivos efectos del cumplimiento de los requerimientos de capital principal exigidos en el RDLey 2/2011, los instrumentos a los que se refiere esta disposición no podrían representar más del 25% del capital principal, tal y como se define en el artículo 2.

Finalmente, en relación con el régimen transitorio de las operaciones de recapitalización de entidades, señaló la Disposición Transitoria Cuarta del RDLey 2/2011 que el FROB podría adquirir los títulos emitidos por las entidades de crédito que, a la entrada en vigor de aquél, y sin incurrir en las circunstancias del art. 6 del RDLey 9/2009, hubiesen iniciado la negociación al efecto de solicitar al Fondo su adquisición para el reforzamiento de sus recursos propios. Dichas adquisiciones podrían referirse a participaciones preferentes convertibles en acciones o cuotas participativas, siéndoles igualmente de aplicación el régimen previsto en el art. 10 del RDLey 9/2009.

Finalmente, en relación con el régimen transitorio de las operaciones de recapitalización de entidades, señaló la Disposición Transitoria Cuarta del RDLey 2/2011 que el FROB podría adquirir los títulos emitidos por las entidades de crédito que, a la entrada en vigor de aquél, y sin incurrir en las circunstancias del art. 6 del RDLey 9/2009, hubiesen iniciado la negociación al efecto de solicitar al Fondo su adquisición para el reforzamiento de sus recursos propios. Dichas adquisiciones podrían referirse a participaciones preferentes convertibles en acciones o cuotas participativas, siéndoles igualmente de aplicación el régimen previsto en el art. 10 del RDLey 9/2009.

5.

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RÉGIMEN FISCAL APLICABLE EN EL IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES A LOS SIPS

RÉGIMEN FISCAL APLICABLE EN EL IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES A LOS SIPS

El Real Decreto-Ley 2/2011, de 18 de febrero, para el Reforzamiento del Sistema Financiero, incluyó, a través de sus Disposiciones Finales, la modificación de varios preceptos del Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Impuesto

El Real Decreto-Ley 2/2011, de 18 de febrero, para el Reforzamiento del Sistema Financiero, incluyó, a través de sus Disposiciones Finales, la modificación de varios preceptos del Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Impuesto

42 Con carácter adicional, en el supuesto de que una parte de la emisión se comercializase entre la clientela minorista, se requerirá la solicitud de admisión a negociación, tanto del instrumento de deuda como del título de capital, en un mercado secundario oficial.

42 Con carácter adicional, en el supuesto de que una parte de la emisión se comercializase entre la clientela minorista, se requerirá la solicitud de admisión a negociación, tanto del instrumento de deuda como del título de capital, en un mercado secundario oficial.

La recapitalización de las entidades financieras

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La recapitalización de las entidades financieras

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sobre Sociedades, así como una habilitación para el desarrollo inmediato por parte del Banco de España de la definición de financiación mayorista prevista en el art. 1 del Real Decreto-Ley la referencia a los títulos competenciales y la cláusula de entrada en vigor al día siguiente de su publicación.

sobre Sociedades, así como una habilitación para el desarrollo inmediato por parte del Banco de España de la definición de financiación mayorista prevista en el art. 1 del Real Decreto-Ley la referencia a los títulos competenciales y la cláusula de entrada en vigor al día siguiente de su publicación.

Fue concretamente la Disposición Final Primera del Real Decreto-Ley 2/2011 la encargada de llevar a cabo una modificación del RDLeg. 4/2004, de 5 de marzo. Con efectos para aquellos períodos impositivos iniciados a partir de 1 de enero de 2011, se modificó el art. 67 del citado TRLIS43.

Fue concretamente la Disposición Final Primera del Real Decreto-Ley 2/2011 la encargada de llevar a cabo una modificación del RDLeg. 4/2004, de 5 de marzo. Con efectos para aquellos períodos impositivos iniciados a partir de 1 de enero de 2011, se modificó el art. 67 del citado TRLIS43.

Concretamente el referido precepto pasó a quedar redactado de la siguiente forma:“Artículo 67. Definición del grupo fiscal. Sociedad dominante. Sociedades dependientes. 1. Se entenderá por grupo fiscal el conjunto de sociedades anónimas, limitadas y comanditarias por acciones, así como las entidades de crédito a que se refiere el apartado 3 de este artículo, residentes en territorio español formado por una sociedad dominante y todas las sociedades dependientes de ésta. 2. Se entenderá por sociedad dominante aquella que cumpla los requisitos siguientes: a) Tener alguna de las formas jurídicas establecidas en el apartado anterior o, en su defecto, tener personalidad jurídica y estar sujeta y no exenta al Impuesto sobre Sociedades. Los establecimientos permanentes de entidades no residentes situados en territorio español podrán ser considerados sociedades dominantes respecto de las sociedades cuyas participaciones estén afectas al mismo. b) Que tenga una participación, directa o indirecta, al menos, del 75 por 100 del capital social de otra u otras sociedades el primer día del período impositivo en que sea de aplicación este régimen de tributación, o de, al menos, el 70 por 100 del capital social, si se trata de sociedades cuyas acciones estén admitidas a negociación en un mercado regulado. Este último porcentaje también será aplicable cuando se tengan participaciones indirectas en otras sociedades siempre que se alcance dicho porcentaje a través de sociedades dependientes cuyas acciones estén admitidas a negociación en un mercado regulado. c) Que dicha participación se mantenga durante todo el período impositivo. El requisito de mantenimiento de la participación durante todo el período impositivo no será exigible en el supuesto de disolución de la entidad participada. d) Que no sea dependiente de ninguna otra residente en territorio español, que reúna los requisitos para ser considerada como dominante. e) Que no esté sometida al régimen especial de las agrupaciones de interés económico, españolas y europeas, y de uniones temporales de empresas. f) Que, tratándose de establecimientos permanentes de entidades no residentes en territorio español, dichas entidades no sean dependientes de ninguna otra residente en territorio español que reúna los requisitos para ser considerada como dominante y residan en un país o territorio con el que España tenga suscrito un convenio para evitar la doble imposición internacional que contenga cláusula de intercambio de información. 3. Se entenderá por sociedad dependiente aquella sobre la que la sociedad dominante posea una participación que reúna los requisitos contenidos en los párrafos b) y c) del apartado anterior.

Concretamente el referido precepto pasó a quedar redactado de la siguiente forma:“Artículo 67. Definición del grupo fiscal. Sociedad dominante. Sociedades dependientes. 1. Se entenderá por grupo fiscal el conjunto de sociedades anónimas, limitadas y comanditarias por acciones, así como las entidades de crédito a que se refiere el apartado 3 de este artículo, residentes en territorio español formado por una sociedad dominante y todas las sociedades dependientes de ésta. 2. Se entenderá por sociedad dominante aquella que cumpla los requisitos siguientes: a) Tener alguna de las formas jurídicas establecidas en el apartado anterior o, en su defecto, tener personalidad jurídica y estar sujeta y no exenta al Impuesto sobre Sociedades. Los establecimientos permanentes de entidades no residentes situados en territorio español podrán ser considerados sociedades dominantes respecto de las sociedades cuyas participaciones estén afectas al mismo. b) Que tenga una participación, directa o indirecta, al menos, del 75 por 100 del capital social de otra u otras sociedades el primer día del período impositivo en que sea de aplicación este régimen de tributación, o de, al menos, el 70 por 100 del capital social, si se trata de sociedades cuyas acciones estén admitidas a negociación en un mercado regulado. Este último porcentaje también será aplicable cuando se tengan participaciones indirectas en otras sociedades siempre que se alcance dicho porcentaje a través de sociedades dependientes cuyas acciones estén admitidas a negociación en un mercado regulado. c) Que dicha participación se mantenga durante todo el período impositivo. El requisito de mantenimiento de la participación durante todo el período impositivo no será exigible en el supuesto de disolución de la entidad participada. d) Que no sea dependiente de ninguna otra residente en territorio español, que reúna los requisitos para ser considerada como dominante. e) Que no esté sometida al régimen especial de las agrupaciones de interés económico, españolas y europeas, y de uniones temporales de empresas. f) Que, tratándose de establecimientos permanentes de entidades no residentes en territorio español, dichas entidades no sean dependientes de ninguna otra residente en territorio español que reúna los requisitos para ser considerada como dominante y residan en un país o territorio con el que España tenga suscrito un convenio para evitar la doble imposición internacional que contenga cláusula de intercambio de información. 3. Se entenderá por sociedad dependiente aquella sobre la que la sociedad dominante posea una participación que reúna los requisitos contenidos en los párrafos b) y c) del apartado anterior.

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Igualmente con efectos para los períodos impositivos iniciados a partir de 1 de enero de 2011 se añadió la Disposición Transitoria Trigésimo Tercera al TRLIS, relativa al régimen de consolidación fiscal de los grupos formados por entidades de crédito integrantes de un SIP y de los grupos resultantes del ejercicio indirecto de la actividad financiera de las cajas de ahorro. A resultas de lo señalado en la citada Disposición, y a efectos de la aplicación del régimen de consolidación fiscal establecido en el Capítulo VII del Título VII del RDLeg. 4/2004, en la constitución de grupos cuya sociedad dominante sea la entidad central de un SIP a que se refiere la letra d) del art. 8.3 de la Ley 13/1985, han de tenerse en cuenta las siguientes especialidades.

Igualmente con efectos para los períodos impositivos iniciados a partir de 1 de enero de 2011 se añadió la Disposición Transitoria Trigésimo Tercera al TRLIS, relativa al régimen de consolidación fiscal de los grupos formados por entidades de crédito integrantes de un SIP y de los grupos resultantes del ejercicio indirecto de la actividad financiera de las cajas de ahorro. A resultas de lo señalado en la citada Disposición, y a efectos de la aplicación del régimen de consolidación fiscal establecido en el Capítulo VII del Título VII del RDLeg. 4/2004, en la constitución de grupos cuya sociedad dominante sea la entidad central de un SIP a que se refiere la letra d) del art. 8.3 de la Ley 13/1985, han de tenerse en cuenta las siguientes especialidades.

En primer lugar, podrá aplicarse dicho régimen desde el inicio del período impositivo correspondiente al ejercicio 2011 o, de ser posterior, desde el inicio del período impositivo en que se constituya el SIP. La opción y

En primer lugar, podrá aplicarse dicho régimen desde el inicio del período impositivo correspondiente al ejercicio 2011 o, de ser posterior, desde el inicio del período impositivo en que se constituya el SIP. La opción y

También tendrán esta misma consideración las entidades de crédito integradas en un sistema institucional de protección a que se refiere la letra d) del apartado 3 del artículo 8 de la Ley 13/1985, de 25 de mayo, de Coeficientes de Inversión, Recursos propios y obligaciones de información de los Intermediarios Financieros, siempre que la entidad central del sistema forme parte del grupo fiscal y sea del 100 por ciento la puesta en común de los resultados de las entidades integrantes del sistema y que el compromiso mutuo de solvencia y liquidez entre dichas entidades alcance el 100 por ciento de los recursos propios computables de cada una de ellas. Se considerarán cumplidos tales requisitos en aquellos sistemas institucionales de protección a través de cuya entidad central, de manera directa o indirecta, varias cajas de ahorros de forma concertada ejerzan en exclusiva su objeto como entidades de crédito, conforme se dispone en el apartado 4 del artículo 5 del Real Decreto-ley 11/2010, de 9 de julio, de órganos de gobierno y otros aspectos del régimen jurídico de las Cajas de Ahorros. 4. No podrán formar parte de los grupos fiscales las entidades en las que concurra alguna de las siguientes circunstancias: a) Que estén exentas de este impuesto. b) Que al cierre del período impositivo se encuentren en situación de concurso, o incursas en la situación patrimonial prevista en el artículo 260.1.4.º del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1564/1989, de 22 de diciembre, aun cuando no tuvieran la forma de sociedades anónimas, a menos que con anterioridad a la conclusión del ejercicio en el que se aprueban las cuentas anuales esta última situación hubiese sido superada. c) Las sociedades dependientes que estén sujetas al Impuesto sobre Sociedades a un tipo de gravamen diferente al de la sociedad dominante. d) Las sociedades dependientes cuya participación se alcance a través de otra sociedad que no reúna los requisitos establecidos para formar parte del grupo fiscal. e) Las sociedades dependientes cuyo ejercicio social, determinado por imperativo legal, no pueda adaptarse al de la sociedad dominante. 5. El grupo fiscal se extinguirá cuando la sociedad dominante pierda dicho carácter”.

También tendrán esta misma consideración las entidades de crédito integradas en un sistema institucional de protección a que se refiere la letra d) del apartado 3 del artículo 8 de la Ley 13/1985, de 25 de mayo, de Coeficientes de Inversión, Recursos propios y obligaciones de información de los Intermediarios Financieros, siempre que la entidad central del sistema forme parte del grupo fiscal y sea del 100 por ciento la puesta en común de los resultados de las entidades integrantes del sistema y que el compromiso mutuo de solvencia y liquidez entre dichas entidades alcance el 100 por ciento de los recursos propios computables de cada una de ellas. Se considerarán cumplidos tales requisitos en aquellos sistemas institucionales de protección a través de cuya entidad central, de manera directa o indirecta, varias cajas de ahorros de forma concertada ejerzan en exclusiva su objeto como entidades de crédito, conforme se dispone en el apartado 4 del artículo 5 del Real Decreto-ley 11/2010, de 9 de julio, de órganos de gobierno y otros aspectos del régimen jurídico de las Cajas de Ahorros. 4. No podrán formar parte de los grupos fiscales las entidades en las que concurra alguna de las siguientes circunstancias: a) Que estén exentas de este impuesto. b) Que al cierre del período impositivo se encuentren en situación de concurso, o incursas en la situación patrimonial prevista en el artículo 260.1.4.º del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1564/1989, de 22 de diciembre, aun cuando no tuvieran la forma de sociedades anónimas, a menos que con anterioridad a la conclusión del ejercicio en el que se aprueban las cuentas anuales esta última situación hubiese sido superada. c) Las sociedades dependientes que estén sujetas al Impuesto sobre Sociedades a un tipo de gravamen diferente al de la sociedad dominante. d) Las sociedades dependientes cuya participación se alcance a través de otra sociedad que no reúna los requisitos establecidos para formar parte del grupo fiscal. e) Las sociedades dependientes cuyo ejercicio social, determinado por imperativo legal, no pueda adaptarse al de la sociedad dominante. 5. El grupo fiscal se extinguirá cuando la sociedad dominante pierda dicho carácter”.

La recapitalización de las entidades financieras

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comunicación por la aplicación de dicho régimen ha de tener lugar dentro del plazo que finaliza el día en que concluya dicho período impositivo. A tal efecto han de incluirse en el grupo en ese mismo período impositivo las sociedades que cumplan las condiciones establecidas en el art. 67.2.a) del TRLIS cuyas participaciones representativas de su capital social se hubiesen aportado a la entidad central en cumplimiento del plan de integración del sistema, manteniendo dicha entidad la participación hasta la conclusión de ese período impositivo, a través de operaciones acogidas al citado régimen fiscal especial o al régimen establecido en el art. 7.1 del RDLey 11/2010, de 9 de julio, y que tuviesen la consideración de sociedades dependientes de la entidad de crédito aportante, como consecuencia de que esta última entidad tributaba en este régimen especial como sociedad dominante.

comunicación por la aplicación de dicho régimen ha de tener lugar dentro del plazo que finaliza el día en que concluya dicho período impositivo. A tal efecto han de incluirse en el grupo en ese mismo período impositivo las sociedades que cumplan las condiciones establecidas en el art. 67.2.a) del TRLIS cuyas participaciones representativas de su capital social se hubiesen aportado a la entidad central en cumplimiento del plan de integración del sistema, manteniendo dicha entidad la participación hasta la conclusión de ese período impositivo, a través de operaciones acogidas al citado régimen fiscal especial o al régimen establecido en el art. 7.1 del RDLey 11/2010, de 9 de julio, y que tuviesen la consideración de sociedades dependientes de la entidad de crédito aportante, como consecuencia de que esta última entidad tributaba en este régimen especial como sociedad dominante.

En el supuesto de que las entidades de crédito integradas como sociedades dependientes en el grupo fiscal cuya dominante lo fuese la entidad central estuviesen tributando en el régimen de consolidación fiscal como dominantes, aun cuando se extingan esos grupos, no se incorporarían las eliminaciones a que se refiere la letra a) del art. 81.1 del TRLIS que se correspondan con operaciones realizadas por entidades que se integran en aquél otro grupo fiscal como sociedades dependientes. Los resultados eliminados habrían de incorporarse a la base imponible de ese otro grupo fiscal en los términos establecidos en el art. 73 del TRLIS.

En el supuesto de que las entidades de crédito integradas como sociedades dependientes en el grupo fiscal cuya dominante lo fuese la entidad central estuviesen tributando en el régimen de consolidación fiscal como dominantes, aun cuando se extingan esos grupos, no se incorporarían las eliminaciones a que se refiere la letra a) del art. 81.1 del TRLIS que se correspondan con operaciones realizadas por entidades que se integran en aquél otro grupo fiscal como sociedades dependientes. Los resultados eliminados habrían de incorporarse a la base imponible de ese otro grupo fiscal en los términos establecidos en el art. 73 del TRLIS.

Por su parte las bases imponibles negativas pendientes de compensar por las entidades de crédito que cumplan las condiciones establecidas en el segundo párrafo del art. 67.3 del TRLIS y que se integren como sociedades dependientes en el grupo fiscal cuya dominante lo sea la entidad central podrán ser compensadas en la base imponible del grupo, en los términos establecidos en el art. 74.2 del TRLIS, con el límite de la base imponible individual de la entidad central o de la entidad bancaria a la que, a su vez, la entidad central haya aportado todo su negocio financiero, a condición de que las cajas de ahorro y, en su caso, la entidad central, con posterioridad a la aportación, no desarrollen actividades económicas y sus rentas se limiten a los rendimientos procedentes de las participaciones en el capital de otras entidades en las que participen. Dicho tratamiento no se vería afectado por el hecho de que la aportación del negocio financiero no incluya determinados activos y pasivos como consecuencia de la existencia de alguna condición que imposibilite la aportación. Lo anterior se aplicará aun en el caso de que

Por su parte las bases imponibles negativas pendientes de compensar por las entidades de crédito que cumplan las condiciones establecidas en el segundo párrafo del art. 67.3 del TRLIS y que se integren como sociedades dependientes en el grupo fiscal cuya dominante lo sea la entidad central podrán ser compensadas en la base imponible del grupo, en los términos establecidos en el art. 74.2 del TRLIS, con el límite de la base imponible individual de la entidad central o de la entidad bancaria a la que, a su vez, la entidad central haya aportado todo su negocio financiero, a condición de que las cajas de ahorro y, en su caso, la entidad central, con posterioridad a la aportación, no desarrollen actividades económicas y sus rentas se limiten a los rendimientos procedentes de las participaciones en el capital de otras entidades en las que participen. Dicho tratamiento no se vería afectado por el hecho de que la aportación del negocio financiero no incluya determinados activos y pasivos como consecuencia de la existencia de alguna condición que imposibilite la aportación. Lo anterior se aplicará aun en el caso de que

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la entidad bancaria quede excluida del grupo en el que la dominante es la entidad central, incluso en el supuesto de extinción del mismo.

la entidad bancaria quede excluida del grupo en el que la dominante es la entidad central, incluso en el supuesto de extinción del mismo.

En cuanto a las deducciones en la cuota pendientes de aplicar por las entidades de crédito que cumplan las condiciones establecidas en el párrafo segundo del art. 67.3 del TRLIS, que se integren como sociedades dependientes en el grupo fiscal cuya dominante sea la entidad central, podrán deducirse en la cuota íntegra de ese grupo fiscal con el límite que hubiese correspondido en el régimen individual de tributación a la entidad central o a la entidad bancaria a la que, a su vez, la entidad central haya aportado todo su negocio financiero, a condición de que las cajas de ahorro y, en su caso, la entidad central, con posterioridad a la aportación, no desarrollen actividades económicas y sus rentas se limiten a los rendimientos procedentes de las participaciones en el capital de otras entidades en las que participen.

En cuanto a las deducciones en la cuota pendientes de aplicar por las entidades de crédito que cumplan las condiciones establecidas en el párrafo segundo del art. 67.3 del TRLIS, que se integren como sociedades dependientes en el grupo fiscal cuya dominante sea la entidad central, podrán deducirse en la cuota íntegra de ese grupo fiscal con el límite que hubiese correspondido en el régimen individual de tributación a la entidad central o a la entidad bancaria a la que, a su vez, la entidad central haya aportado todo su negocio financiero, a condición de que las cajas de ahorro y, en su caso, la entidad central, con posterioridad a la aportación, no desarrollen actividades económicas y sus rentas se limiten a los rendimientos procedentes de las participaciones en el capital de otras entidades en las que participen.

Este tratamiento no se va a ver afectado por el hecho de que la aportación del negocio financiero no incluya determinados activos y pasivos como consecuencia de la existencia de alguna condición que imposibilite la aportación. Y ello con independencia de que la entidad bancaria quede excluida del grupo en el que la dominante lo sea la entidad central, incluso en el supuesto de extinción del mismo.

Este tratamiento no se va a ver afectado por el hecho de que la aportación del negocio financiero no incluya determinados activos y pasivos como consecuencia de la existencia de alguna condición que imposibilite la aportación. Y ello con independencia de que la entidad bancaria quede excluida del grupo en el que la dominante lo sea la entidad central, incluso en el supuesto de extinción del mismo.

Por otro lado, en aquellos casos en los que se transmitan activos y pasivos a la entidad central por parte de las entidades de crédito como sociedades dependientes del grupo cuya dominante lo sea la entidad central, como consecuencia de la constitución y ampliación del SIP, habiéndose realizado esa transmisión mediante operaciones acogidas al régimen fiscal especial regulado en el Capítulo VIII del Título VII del TRLIS o al régimen establecido en el art. 7.1 del RDLey 11/2010, de 9 de julio, las rentas generadas con anterioridad a dicha transmisión imputables a esos activos y pasivos habrán de imputarse a la entidad central de acuerdo con lo previsto en las normas mercantiles. Lo señalado con anterioridad resulta asimismo de aplicación en el supuesto de que, con posterioridad a la constitución del SIP, la entidad central pasase a tener la consideración de dependiente de otro grupo que tribute en el régimen de consolidación fiscal.

Por otro lado, en aquellos casos en los que se transmitan activos y pasivos a la entidad central por parte de las entidades de crédito como sociedades dependientes del grupo cuya dominante lo sea la entidad central, como consecuencia de la constitución y ampliación del SIP, habiéndose realizado esa transmisión mediante operaciones acogidas al régimen fiscal especial regulado en el Capítulo VIII del Título VII del TRLIS o al régimen establecido en el art. 7.1 del RDLey 11/2010, de 9 de julio, las rentas generadas con anterioridad a dicha transmisión imputables a esos activos y pasivos habrán de imputarse a la entidad central de acuerdo con lo previsto en las normas mercantiles. Lo señalado con anterioridad resulta asimismo de aplicación en el supuesto de que, con posterioridad a la constitución del SIP, la entidad central pasase a tener la consideración de dependiente de otro grupo que tribute en el régimen de consolidación fiscal.

En todo caso, a efectos de la aplicación tanto del régimen fiscal establecido en el art. 7.2 del RDLey 11/2010 como del régimen fiscal establecido en el Capítulo VIII del Título VII del TRLIS al que se hayan acogido

En todo caso, a efectos de la aplicación tanto del régimen fiscal establecido en el art. 7.2 del RDLey 11/2010 como del régimen fiscal establecido en el Capítulo VIII del Título VII del TRLIS al que se hayan acogido

La recapitalización de las entidades financieras

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transmisiones de activos y pasivos realizadas entre entidades de crédito en cumplimiento de los acuerdos de un SIP, la no integración de rentas a que se refieren ambos regímenes fiscales incluirá, en su caso, las eliminaciones que tuviesen que ser incorporadas en la base imponible del grupo fiscal consecuencia de aquellas transmisiones, en el supuesto de que esos activos y pasivos formen parte del patrimonio de entidades integrantes de un grupo que estuviese tributando según el régimen de consolidación fiscal.

transmisiones de activos y pasivos realizadas entre entidades de crédito en cumplimiento de los acuerdos de un SIP, la no integración de rentas a que se refieren ambos regímenes fiscales incluirá, en su caso, las eliminaciones que tuviesen que ser incorporadas en la base imponible del grupo fiscal consecuencia de aquellas transmisiones, en el supuesto de que esos activos y pasivos formen parte del patrimonio de entidades integrantes de un grupo que estuviese tributando según el régimen de consolidación fiscal.

¿Qué criterio se ha de adoptar en el supuesto de que tuviese lugar un ejercicio indirecto de la actividad financiera de las cajas de ahorro de acuerdo con lo previsto en el art. 5 del RDLey 11/2010? En dicho caso tanto la caja de ahorros como la entidad bancaria a la que aquella aporte todo su negocio financiero podrían aplicar el régimen de consolidación fiscal regulado en el Capítulo VII del Título VII del TRLIS desde el inicio del período impositivo correspondiente al ejercicio en el que se realizase dicha aportación, siempre que se cumplan los requisitos establecidos para ello en el art. 67 del TRLIS, teniendo presente a tal efecto que la opción y comunicación por la aplicación de dicho régimen, a que se refiere el art. 70 del citado Texto Refundido, habrá de realizarse dentro del plazo que finaliza el día en que concluya dicho período impositivo.

¿Qué criterio se ha de adoptar en el supuesto de que tuviese lugar un ejercicio indirecto de la actividad financiera de las cajas de ahorro de acuerdo con lo previsto en el art. 5 del RDLey 11/2010? En dicho caso tanto la caja de ahorros como la entidad bancaria a la que aquella aporte todo su negocio financiero podrían aplicar el régimen de consolidación fiscal regulado en el Capítulo VII del Título VII del TRLIS desde el inicio del período impositivo correspondiente al ejercicio en el que se realizase dicha aportación, siempre que se cumplan los requisitos establecidos para ello en el art. 67 del TRLIS, teniendo presente a tal efecto que la opción y comunicación por la aplicación de dicho régimen, a que se refiere el art. 70 del citado Texto Refundido, habrá de realizarse dentro del plazo que finaliza el día en que concluya dicho período impositivo.

En todo caso, de cara a la aplicación de dicho régimen han de tomarse en consideración las siguientes especialidades. En primer lugar, se incluyen en el grupo en ese mismo período impositivo las sociedades que cumplan las condiciones establecidas en el art. 67.2.a) del TRLIS cuyas participaciones representativas de su capital social se hubiesen aportado a la entidad bancaria, manteniendo esta entidad la participación hasta la conclusión de ese período impositivo, a través de operaciones acogidas al régimen fiscal especial, y siempre y cuando tuviesen la consideración de sociedades dependientes de la caja de ahorros aportante, como consecuencia de que esta última entidad tributase en dicho régimen especial como sociedad dominante.

En todo caso, de cara a la aplicación de dicho régimen han de tomarse en consideración las siguientes especialidades. En primer lugar, se incluyen en el grupo en ese mismo período impositivo las sociedades que cumplan las condiciones establecidas en el art. 67.2.a) del TRLIS cuyas participaciones representativas de su capital social se hubiesen aportado a la entidad bancaria, manteniendo esta entidad la participación hasta la conclusión de ese período impositivo, a través de operaciones acogidas al régimen fiscal especial, y siempre y cuando tuviesen la consideración de sociedades dependientes de la caja de ahorros aportante, como consecuencia de que esta última entidad tributase en dicho régimen especial como sociedad dominante.

En segundo término, las bases imponibles negativas pendientes de compensar por la caja de ahorros aportante, estuviese o no tributando en el régimen de consolidación fiscal como dominante, podrán ser compensadas en la base imponible del grupo, con el límite de la base imponible individual de la entidad bancaria, en los términos establecidos en el art. 74.2 TRLIS, a condición de que dicha caja, con posterioridad a la aportación, no desarrolle actividades económicas y sus rentas se limiten a los rendimientos

En segundo término, las bases imponibles negativas pendientes de compensar por la caja de ahorros aportante, estuviese o no tributando en el régimen de consolidación fiscal como dominante, podrán ser compensadas en la base imponible del grupo, con el límite de la base imponible individual de la entidad bancaria, en los términos establecidos en el art. 74.2 TRLIS, a condición de que dicha caja, con posterioridad a la aportación, no desarrolle actividades económicas y sus rentas se limiten a los rendimientos

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procedentes de las participaciones en el capital de otras entidades en las que participen. Dicho tratamiento no se verá afectado además por el hecho de que la aportación del negocio financiero no incluya determinados activos y pasivos como consecuencia de la existencia de alguna condición que imposibilite la aportación. Y ello sin perjuicio de que la entidad bancaria quede excluida del grupo en el que la dominante sea la caja de ahorros, incluso en el supuesto de extinción del mismo.

procedentes de las participaciones en el capital de otras entidades en las que participen. Dicho tratamiento no se verá afectado además por el hecho de que la aportación del negocio financiero no incluya determinados activos y pasivos como consecuencia de la existencia de alguna condición que imposibilite la aportación. Y ello sin perjuicio de que la entidad bancaria quede excluida del grupo en el que la dominante sea la caja de ahorros, incluso en el supuesto de extinción del mismo.

En tercer lugar, por lo que respecta a las deducciones en la cuota pendientes de aplicar por la caja aportante (estuviese o no tributando en el régimen de consolidación fiscal como dominante), podrán deducirse en la cuota íntegra de ese grupo fiscal con el límite que hubiese correspondido a la entidad bancaria en el régimen individual de tributación, a condición de que la caja de ahorros, con posterioridad a la aportación, no desarrolle actividades económicas y sus rentas se limiten a los rendimientos procedentes de las participaciones en el capital de otras entidades en las que participen. Dicho tratamiento no resulta afectado por el hecho de que la aportación del negocio financiero no incluya determinados activos y pasivos como consecuencia de la existencia de alguna condición que imposibilite la aportación. Y ello con independencia de que la entidad bancaria quede excluida del grupo en el que la dominante sea la caja, incluso en el supuesto de extinción del mismo.

En tercer lugar, por lo que respecta a las deducciones en la cuota pendientes de aplicar por la caja aportante (estuviese o no tributando en el régimen de consolidación fiscal como dominante), podrán deducirse en la cuota íntegra de ese grupo fiscal con el límite que hubiese correspondido a la entidad bancaria en el régimen individual de tributación, a condición de que la caja de ahorros, con posterioridad a la aportación, no desarrolle actividades económicas y sus rentas se limiten a los rendimientos procedentes de las participaciones en el capital de otras entidades en las que participen. Dicho tratamiento no resulta afectado por el hecho de que la aportación del negocio financiero no incluya determinados activos y pasivos como consecuencia de la existencia de alguna condición que imposibilite la aportación. Y ello con independencia de que la entidad bancaria quede excluida del grupo en el que la dominante sea la caja, incluso en el supuesto de extinción del mismo.

Cuando la aportación de la totalidad del negocio financiero se realice mediante operaciones acogidas al régimen fiscal especial, las rentas generadas con anterioridad a dicha aportación imputables a esos activos y pasivos habrán de imputarse a la entidad bancaria de acuerdo con lo previsto en las normas mercantiles. Y cuando, tratándose de los grupos indicados con anterioridad que estuviesen tributando en el régimen de consolidación fiscal, quedase excluida de los mismos la entidad bancaria mediante la cual las cajas de ahorro realizasen el ejercicio indirecto de su actividad financiera o a la que hubiesen aportado todo su negocio financiero, incluso en los supuestos de extinción del referido grupo fiscal, lo establecido en la letra a) del art. 81.1 TRLIS resultará de aplicación si bien de acuerdo con las siguientes especialidades.

Cuando la aportación de la totalidad del negocio financiero se realice mediante operaciones acogidas al régimen fiscal especial, las rentas generadas con anterioridad a dicha aportación imputables a esos activos y pasivos habrán de imputarse a la entidad bancaria de acuerdo con lo previsto en las normas mercantiles. Y cuando, tratándose de los grupos indicados con anterioridad que estuviesen tributando en el régimen de consolidación fiscal, quedase excluida de los mismos la entidad bancaria mediante la cual las cajas de ahorro realizasen el ejercicio indirecto de su actividad financiera o a la que hubiesen aportado todo su negocio financiero, incluso en los supuestos de extinción del referido grupo fiscal, lo establecido en la letra a) del art. 81.1 TRLIS resultará de aplicación si bien de acuerdo con las siguientes especialidades.

En primer lugar, en el supuesto de que la entidad bancaria a través de la cual las cajas de ahorro realizasen el ejercicio indirecto de su actividad fi-

En primer lugar, en el supuesto de que la entidad bancaria a través de la cual las cajas de ahorro realizasen el ejercicio indirecto de su actividad fi-

La recapitalización de las entidades financieras

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nanciera o a la que hubiesen aportado todo su negocio financiero mantuviera participaciones en entidades que cumpliesen las condiciones establecidas en el art. 67.3 TRLIS, dicha entidad bancaria y sus participadas que reunieran los requisitos para ello podrían aplicar el régimen de consolidación fiscal desde el inicio del período impositivo en que tuviese lugar dicha exclusión. En dicho caso la opción y comunicación por la aplicación de dicho régimen, a que se refiere el art. 70 del TRLIS, habría de realizarse dentro del plazo que finaliza el día en que concluya dicho período impositivo, procediéndose a incorporar los resultados eliminados a la base imponible de ese otro grupo fiscal en los términos establecidos en el art. 73 del TRLIS, siempre y cuando se integren en dicho grupo las entidades que hayan intervenido en las operaciones que hayan generado tales resultados.

nanciera o a la que hubiesen aportado todo su negocio financiero mantuviera participaciones en entidades que cumpliesen las condiciones establecidas en el art. 67.3 TRLIS, dicha entidad bancaria y sus participadas que reunieran los requisitos para ello podrían aplicar el régimen de consolidación fiscal desde el inicio del período impositivo en que tuviese lugar dicha exclusión. En dicho caso la opción y comunicación por la aplicación de dicho régimen, a que se refiere el art. 70 del TRLIS, habría de realizarse dentro del plazo que finaliza el día en que concluya dicho período impositivo, procediéndose a incorporar los resultados eliminados a la base imponible de ese otro grupo fiscal en los términos establecidos en el art. 73 del TRLIS, siempre y cuando se integren en dicho grupo las entidades que hayan intervenido en las operaciones que hayan generado tales resultados.

Ahora bien si, concurriendo la anterior circunstancia, no se integrasen en dicho grupo alguna de las entidades que hubiesen intervenido en las operaciones que hayan generado los resultados eliminados, tales resultados se incorporarían en los términos establecidos en el art. 73 del TRLIS en la base imponible del grupo persistente en el que se generó la renta que fue, en su momento, objeto de la eliminación, a condición de que tanto la otra entidad que no forma parte del grupo fiscal al que pertenezca la entidad bancaria como esta última entidad formen parte de un mismo grupo a que se refiere el art. 42 del Código de Comercio y en el que la dominante adquiera la consideración de entidad central de un SIP o, en su caso, la caja de ahorros que, en ambos casos, hayan aportado todo su negocio financiero a la entidad bancaria.

Ahora bien si, concurriendo la anterior circunstancia, no se integrasen en dicho grupo alguna de las entidades que hubiesen intervenido en las operaciones que hayan generado los resultados eliminados, tales resultados se incorporarían en los términos establecidos en el art. 73 del TRLIS en la base imponible del grupo persistente en el que se generó la renta que fue, en su momento, objeto de la eliminación, a condición de que tanto la otra entidad que no forma parte del grupo fiscal al que pertenezca la entidad bancaria como esta última entidad formen parte de un mismo grupo a que se refiere el art. 42 del Código de Comercio y en el que la dominante adquiera la consideración de entidad central de un SIP o, en su caso, la caja de ahorros que, en ambos casos, hayan aportado todo su negocio financiero a la entidad bancaria.

Finalmente, con efectos para los períodos impositivos iniciados a partir de 1 de enero de 2010 se añadió una Disposición Transitoria Trigésimo Cuarta al TRLIS, relativa al régimen fiscal en el ejercicio 2010 de las entidades de crédito integrantes de un SIP, y a resultas de la cual a los solos efectos de determinar la base imponible del período impositivo correspondiente al ejercicio 2010 de las cajas de ahorro y de la entidad central integrantes de un SIP que se haya constituido en dicho ejercicio, en los términos establecidos en la letra d) del art. 8.3 de la Ley 13/1985, siempre que sea del 100 por ciento la puesta en común de los resultados de las entidades integrantes del sistema y que el compromiso mutuo de solvencia y liquidez entre dichas entidades alcance el 100 por ciento de los recursos propios computables de

Finalmente, con efectos para los períodos impositivos iniciados a partir de 1 de enero de 2010 se añadió una Disposición Transitoria Trigésimo Cuarta al TRLIS, relativa al régimen fiscal en el ejercicio 2010 de las entidades de crédito integrantes de un SIP, y a resultas de la cual a los solos efectos de determinar la base imponible del período impositivo correspondiente al ejercicio 2010 de las cajas de ahorro y de la entidad central integrantes de un SIP que se haya constituido en dicho ejercicio, en los términos establecidos en la letra d) del art. 8.3 de la Ley 13/1985, siempre que sea del 100 por ciento la puesta en común de los resultados de las entidades integrantes del sistema y que el compromiso mutuo de solvencia y liquidez entre dichas entidades alcance el 100 por ciento de los recursos propios computables de

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cada una de ellas, no adquieren la consideración de gasto deducible y de ingreso computable, según proceda, en las cajas de ahorro y en la entidad central, aquellos gastos e ingresos contabilizados por esas entidades como consecuencia de la puesta en común de los resultados de las entidades integrantes del sistema.

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cada una de ellas, no adquieren la consideración de gasto deducible y de ingreso computable, según proceda, en las cajas de ahorro y en la entidad central, aquellos gastos e ingresos contabilizados por esas entidades como consecuencia de la puesta en común de los resultados de las entidades integrantes del sistema.

V. PRINCIPALES CUESTIONES DERIVADAS DE LA APROBACIÓN DEL REAL DECRETOLEY 2/2011, DE 18 DE FEBRERO, PARA EL REFORZAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO

V. PRINCIPALES CUESTIONES DERIVADAS DE LA APROBACIÓN DEL REAL DECRETOLEY 2/2011, DE 18 DE FEBRERO, PARA EL REFORZAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO

La primera gran cuestión que planteó la aprobación del Real Decreto 2/2011, de 18 de febrero, para el reforzamiento del sistema financiero, fue la relativa a si nos hallábamos en presencia de una verdadera “nacionalización”. Tal y como hemos puesto de manifiesto en otra parte de la presente obra, el Plan que pretendía aprobar el Ejecutivo contemplaba que aquellas entidades que no superasen el límite mínimo de capital básico de un 8% de sus activos pudieran buscar dinero privado. Ahora bien, en el supuesto de que no lo lograsen antes del mes de septiembre de 2010, el Estado inyectaría dinero a cambio de una participación en su capital.

La primera gran cuestión que planteó la aprobación del Real Decreto 2/2011, de 18 de febrero, para el reforzamiento del sistema financiero, fue la relativa a si nos hallábamos en presencia de una verdadera “nacionalización”. Tal y como hemos puesto de manifiesto en otra parte de la presente obra, el Plan que pretendía aprobar el Ejecutivo contemplaba que aquellas entidades que no superasen el límite mínimo de capital básico de un 8% de sus activos pudieran buscar dinero privado. Ahora bien, en el supuesto de que no lo lograsen antes del mes de septiembre de 2010, el Estado inyectaría dinero a cambio de una participación en su capital.

A priori, en el supuesto de que la entrada de capital resultase ser temporal (no efectuándose por un plazo superior a cinco años, a diferencia de lo que sucedió, por ejemplo, en otros países como EEUU, Reino Unido o Irlanda) estimamos que no cabría hablar de la existencia de nacionalización. Ahora bien sin perjuicio de lo anterior debe reconocerse que se trataba de la introducción de un cambio sustancial, tanto en su composición como en su gestión. Como se ha señalado hasta fechas recientes las cajas de ahorro se han constituido bajo la forma jurídica de fundaciones de naturaleza privada con finalidad social. No han actuado al ciento por ciento bajo criterios mercantiles, a diferencia de lo que sucede con los bancos, ya que un porcentaje significativo de sus beneficios revierten en su obra social. Además, han tenido prohibido acudir a los mercados de capitales para aumentar sus

A priori, en el supuesto de que la entrada de capital resultase ser temporal (no efectuándose por un plazo superior a cinco años, a diferencia de lo que sucedió, por ejemplo, en otros países como EEUU, Reino Unido o Irlanda) estimamos que no cabría hablar de la existencia de nacionalización. Ahora bien sin perjuicio de lo anterior debe reconocerse que se trataba de la introducción de un cambio sustancial, tanto en su composición como en su gestión. Como se ha señalado hasta fechas recientes las cajas de ahorro se han constituido bajo la forma jurídica de fundaciones de naturaleza privada con finalidad social. No han actuado al ciento por ciento bajo criterios mercantiles, a diferencia de lo que sucede con los bancos, ya que un porcentaje significativo de sus beneficios revierten en su obra social. Además, han tenido prohibido acudir a los mercados de capitales para aumentar sus

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recursos propios, a pesar de lo cual presentan una fuerte implantación local derivada, en parte, de la participación de representantes de los Ayuntamientos y Comunidades Autónomas en sus órganos de administración.

recursos propios, a pesar de lo cual presentan una fuerte implantación local derivada, en parte, de la participación de representantes de los Ayuntamientos y Comunidades Autónomas en sus órganos de administración.

Es la Asamblea General de las cajas el órgano que asume el supremo gobierno y decisión de la entidad, hallándose integrada esencialmente por cargos políticos. En dicha Asamblea participan los consejeros, que son designados en un mínimo de 60 y máximo de 160 siguiendo los siguientes criterios: 40% por las Corporaciones Municipales en cuyo término tenga abierta oficina la entidad; 44% por los impositores de la caja; 11% por las personas o entidades fundadoras de la caja y 5% por los representantes de los empleados trabajadores en la caja. Asimismo presentan un Consejo de Administración, si bien generalmente éste último lo copan ex políticos no expertos en el ámbito financiero.

Es la Asamblea General de las cajas el órgano que asume el supremo gobierno y decisión de la entidad, hallándose integrada esencialmente por cargos políticos. En dicha Asamblea participan los consejeros, que son designados en un mínimo de 60 y máximo de 160 siguiendo los siguientes criterios: 40% por las Corporaciones Municipales en cuyo término tenga abierta oficina la entidad; 44% por los impositores de la caja; 11% por las personas o entidades fundadoras de la caja y 5% por los representantes de los empleados trabajadores en la caja. Asimismo presentan un Consejo de Administración, si bien generalmente éste último lo copan ex políticos no expertos en el ámbito financiero.

Como hemos tenido ocasión de analizar a lo largo de la presente obra, ya con efectos desde la reforma operada durante el mes de julio de 2010 se adoptó el criterio de profesionalizar la gestión de las cajas, declarándose incompatible con la normativa aplicable que los cargos electos de aquéllas pudieran ser miembros de los órganos de gobierno. Adicionalmente se impidió la participación de representantes de la Administración ejecutiva en los órganos de gobierno de las entidades, debiendo cumplir al menos la mitad de los miembros del Consejo de Administración unos requisitos especiales de cualificación y experiencia.

Como hemos tenido ocasión de analizar a lo largo de la presente obra, ya con efectos desde la reforma operada durante el mes de julio de 2010 se adoptó el criterio de profesionalizar la gestión de las cajas, declarándose incompatible con la normativa aplicable que los cargos electos de aquéllas pudieran ser miembros de los órganos de gobierno. Adicionalmente se impidió la participación de representantes de la Administración ejecutiva en los órganos de gobierno de las entidades, debiendo cumplir al menos la mitad de los miembros del Consejo de Administración unos requisitos especiales de cualificación y experiencia.

Las cajas (y los bancos) tenían de plazo hasta septiembre de 2010 para alcanzar un nivel de capital básico de un 8% de sus activos. Esa exigencia resultaba mayor para las cajas, disponiendo de la oportunidad de captar capital privado para aumentar su nivel de solvencia. Ahora bien, en el supuesto de que no lo lograsen el Estado les dejaría dinero a cambio de una participación en su capital. El mínimo exigido era del 2%. Y, tratándose de aquellas cajas que no cotizasen, que tuviesen una dependencia excesiva de los mercados mayoristas para financiarse o que no tuviesen “una participación significativa” de capital privado, dicha cifra sería más elevada44.

Las cajas (y los bancos) tenían de plazo hasta septiembre de 2010 para alcanzar un nivel de capital básico de un 8% de sus activos. Esa exigencia resultaba mayor para las cajas, disponiendo de la oportunidad de captar capital privado para aumentar su nivel de solvencia. Ahora bien, en el supuesto de que no lo lograsen el Estado les dejaría dinero a cambio de una participación en su capital. El mínimo exigido era del 2%. Y, tratándose de aquellas cajas que no cotizasen, que tuviesen una dependencia excesiva de los mercados mayoristas para financiarse o que no tuviesen “una participación significativa” de capital privado, dicha cifra sería más elevada44.

Por aquellas fechas, al menos nueve entidades estaban por debajo de estos niveles de manera que, si no lograban dichos fondos de inversores privados, el Estado les daría apoyo a través de la entrada en su capital de forma temporal (durante un período máximo de cinco años). No obstante el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria sólo compraría acciones

Por aquellas fechas, al menos nueve entidades estaban por debajo de estos niveles de manera que, si no lograban dichos fondos de inversores privados, el Estado les daría apoyo a través de la entrada en su capital de forma temporal (durante un período máximo de cinco años). No obstante el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria sólo compraría acciones

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Desde nuestro punto de vista, al menos de facto la adopción de la citada medida suponía una bancarización forzada de las cajas más débiles y la nacionalización parcial de parte del sector bancario en España. Téngase presente que con la adquisición de acciones de bancos y cajas el Estado podría designar consejeros en estas entidades y participar de la gestión. Como alternativa el FROB podía aportarles financiación a través de la compra de participaciones preferentes a un tipo del 10%. En todo caso, de cara a la adquisición de acciones de estas entidades se requería que se hubiesen convertido en bancos45.

Desde nuestro punto de vista, al menos de facto la adopción de la citada medida suponía una bancarización forzada de las cajas más débiles y la nacionalización parcial de parte del sector bancario en España. Téngase presente que con la adquisición de acciones de bancos y cajas el Estado podría designar consejeros en estas entidades y participar de la gestión. Como alternativa el FROB podía aportarles financiación a través de la compra de participaciones preferentes a un tipo del 10%. En todo caso, de cara a la adquisición de acciones de estas entidades se requería que se hubiesen convertido en bancos45.

Por otro lado, al cotizar en bolsa, los nuevos bancos podían recapitalizarse emitiendo deuda en el mercado mayorista de financiación para elevar, de este modo, su solvencia. De cualquier manera las cajas iban a poder seguir optando por las distintas posibilidades que, como hemos tenido oportunidad de analizar, les ofrecía la LORCA. Recuérdese que dichas opciones pasaban desde permanecer como cajas de ahorro hasta pasar a ser sociedades anónimas.

Por otro lado, al cotizar en bolsa, los nuevos bancos podían recapitalizarse emitiendo deuda en el mercado mayorista de financiación para elevar, de este modo, su solvencia. De cualquier manera las cajas iban a poder seguir optando por las distintas posibilidades que, como hemos tenido oportunidad de analizar, les ofrecía la LORCA. Recuérdese que dichas opciones pasaban desde permanecer como cajas de ahorro hasta pasar a ser sociedades anónimas.

Pues bien, finalmente el Ejecutivo modificó la normativa sobre recursos propios de las entidades y la Ley del FROB para poner en marcha la segunda recapitalización del sector. A resultas de esta reforma las cajas de ahorro podrían continuar con el sistema de préstamos a través del citado Fondo, si bien se contempló igualmente la posibilidad de que el Ejecutivo pudiera tomar una participación del capital en las entidades por un máximo de cinco años.

Pues bien, finalmente el Ejecutivo modificó la normativa sobre recursos propios de las entidades y la Ley del FROB para poner en marcha la segunda recapitalización del sector. A resultas de esta reforma las cajas de ahorro podrían continuar con el sistema de préstamos a través del citado Fondo, si bien se contempló igualmente la posibilidad de que el Ejecutivo pudiera tomar una participación del capital en las entidades por un máximo de cinco años.

Por lo que respecta a la ratio de capital básico exigido a aquellas entidades financieras que no cotizasen, la misma se situó entre el 9% y el 10%. De este modo aquellas entidades que no contasen con inversores privados en su capital por no cotizar tendrían que satisfacer exigencias más elevadas de solvencia. Y es que el requerimiento de core capital (capital básico y reservas sobre activos ponderados por riesgo) para los bancos cotizados

Por lo que respecta a la ratio de capital básico exigido a aquellas entidades financieras que no cotizasen, la misma se situó entre el 9% y el 10%. De este modo aquellas entidades que no contasen con inversores privados en su capital por no cotizar tendrían que satisfacer exigencias más elevadas de solvencia. Y es que el requerimiento de core capital (capital básico y reservas sobre activos ponderados por riesgo) para los bancos cotizados

de bancos. Este paso obligaba a las cajas que no tuviesen un banco a constituirlo y traspasarle el 100% de su negocio bancario para recibir las ayudas. 45 Recuérdese a este respecto que, como ya se ha señalado, el FROB nació con un capital inicial de 9.000 millones de euros, procedentes de los Presupuestos Generales del Estado así como del Fondo de Garantía de Depósitos. Con la emisión de noviembre de 2009, amplió el importe hasta los 12.000 millones de euros, y, además, firmó una línea de crédito con la banca de otros 3.000 millones para posibles contingencias.

de bancos. Este paso obligaba a las cajas que no tuviesen un banco a constituirlo y traspasarle el 100% de su negocio bancario para recibir las ayudas. 45 Recuérdese a este respecto que, como ya se ha señalado, el FROB nació con un capital inicial de 9.000 millones de euros, procedentes de los Presupuestos Generales del Estado así como del Fondo de Garantía de Depósitos. Con la emisión de noviembre de 2009, amplió el importe hasta los 12.000 millones de euros, y, además, firmó una línea de crédito con la banca de otros 3.000 millones para posibles contingencias.

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quedó fijado en el 8%. En cambio tratándose de entidades no cotizadas estaría entre el 9% y el 10%46.

quedó fijado en el 8%. En cambio tratándose de entidades no cotizadas estaría entre el 9% y el 10%46.

Otra de las principales cuestiones suscitadas fue la relativa a qué debía entenderse por core capital. Con carácter general el core capital, o capital básico, está constituido por el capital y las reservas de un banco. La ratio se calcula relacionando estos recursos con los activos de la entidad, medidos en función del riesgo que conllevan, siendo la única forma de conseguir core capital mediante la retención de beneficios o la emisión de nuevas acciones.

Otra de las principales cuestiones suscitadas fue la relativa a qué debía entenderse por core capital. Con carácter general el core capital, o capital básico, está constituido por el capital y las reservas de un banco. La ratio se calcula relacionando estos recursos con los activos de la entidad, medidos en función del riesgo que conllevan, siendo la única forma de conseguir core capital mediante la retención de beneficios o la emisión de nuevas acciones.

¿Debía entenderse el citado término en el sentido de Tier 1, esto es, sin participaciones preferentes o, por el contrario, debía ser considerado sobre la base del capital básico, tal y como se calcula en Basilea III? Piénsese que, en este último supuesto, habría que aplicar deducciones diferentes a las aplicadas en la actualidad, siendo los resultados distintos. A priori no quedaba claro si el Ejecutivo perseguía adelantar el requisito mínimo de Basilea III o también las formas de cálculo. A nuestro juicio el core capital (que en Basilea III se denomina common equity Tier 1) es igual a capital puro, esto es, a fondos que garantizan la viabilidad de una entidad en escenarios de máxima tensión. Basilea III establece que los recursos que cumplen estos requisitos son las acciones emitidas por un banco, así como las reservas, es decir, el porcentaje de los beneficios que las entidades no reparten entre sus inversores y destinan cada año a reforzar sus recursos propios. También se incluyen las acciones emitidas por filiales que cumplen determinados criterios.

¿Debía entenderse el citado término en el sentido de Tier 1, esto es, sin participaciones preferentes o, por el contrario, debía ser considerado sobre la base del capital básico, tal y como se calcula en Basilea III? Piénsese que, en este último supuesto, habría que aplicar deducciones diferentes a las aplicadas en la actualidad, siendo los resultados distintos. A priori no quedaba claro si el Ejecutivo perseguía adelantar el requisito mínimo de Basilea III o también las formas de cálculo. A nuestro juicio el core capital (que en Basilea III se denomina common equity Tier 1) es igual a capital puro, esto es, a fondos que garantizan la viabilidad de una entidad en escenarios de máxima tensión. Basilea III establece que los recursos que cumplen estos requisitos son las acciones emitidas por un banco, así como las reservas, es decir, el porcentaje de los beneficios que las entidades no reparten entre sus inversores y destinan cada año a reforzar sus recursos propios. También se incluyen las acciones emitidas por filiales que cumplen determinados criterios.

Los reguladores han acordado que la base de capital de bancos y cajas tiene que estar formada, en su mayor parte, por estos recursos, máxime teniendo en cuenta que la actual crisis financiera ha terminado poniendo de manifiesto que en los fondos propios del sector había muchos instrumentos híbridos (títulos de peor calidad) que resultaron ser insuficientes para impedir el colapso de las entidades financieras. Los fondos de máxima calidad puedan absorber pérdidas y son perpetuos, lo que da estabilidad al capital de las entidades. Son de disponibilidad inmediata y no implican ninguna obligación en términos de remuneración.

Los reguladores han acordado que la base de capital de bancos y cajas tiene que estar formada, en su mayor parte, por estos recursos, máxime teniendo en cuenta que la actual crisis financiera ha terminado poniendo de manifiesto que en los fondos propios del sector había muchos instrumentos híbridos (títulos de peor calidad) que resultaron ser insuficientes para impedir el colapso de las entidades financieras. Los fondos de máxima calidad puedan absorber pérdidas y son perpetuos, lo que da estabilidad al capital de las entidades. Son de disponibilidad inmediata y no implican ninguna obligación en términos de remuneración.

En este sentido el Banco de España procedió a recabar hasta finales de febrero de 2011 los datos de solvencia de las entidades con la finalidad de efectuar un cálculo ajustado de las necesidades de capital, comprometiéndose a revisar en el mes de septiembre de dicho año qué entidades requerirían de ayudas públicas para seguir operando con normalidad.

En este sentido el Banco de España procedió a recabar hasta finales de febrero de 2011 los datos de solvencia de las entidades con la finalidad de efectuar un cálculo ajustado de las necesidades de capital, comprometiéndose a revisar en el mes de septiembre de dicho año qué entidades requerirían de ayudas públicas para seguir operando con normalidad.

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La recapitalización de las entidades financieras

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Por otra parte Basilea III (que, como ya se ha apuntado, entrará plenamente en vigor en 2019) es mucho más exigente con las deducciones que se aplican a estos recursos. Una vez computados los fondos propios, las entidades deben pasar un segundo filtro cuyo objetivo último es evitar una generación ficticia de capital en el sistema, es decir, que dos entidades puedan computar, cada una por separado, los mismos fondos. Las citadas deducciones restan un determinado importe de capital a los recursos propios de las entidades en función de ciertos riesgos asumidos. Con Basilea III el importe de ciertas deducciones se aplica en su totalidad sobre el core capital. Esta situación contrasta, sin embargo, con aquella otra que se producía durante la vigencia de Basilea II, donde esta ratio no se veía tan castigada, ya que una parte de las deducciones se restaba del Tier 1, que constituye un indicador de solvencia menos relevante incluyendo, además del capital y de las reservas, las participaciones preferentes.

Por otra parte Basilea III (que, como ya se ha apuntado, entrará plenamente en vigor en 2019) es mucho más exigente con las deducciones que se aplican a estos recursos. Una vez computados los fondos propios, las entidades deben pasar un segundo filtro cuyo objetivo último es evitar una generación ficticia de capital en el sistema, es decir, que dos entidades puedan computar, cada una por separado, los mismos fondos. Las citadas deducciones restan un determinado importe de capital a los recursos propios de las entidades en función de ciertos riesgos asumidos. Con Basilea III el importe de ciertas deducciones se aplica en su totalidad sobre el core capital. Esta situación contrasta, sin embargo, con aquella otra que se producía durante la vigencia de Basilea II, donde esta ratio no se veía tan castigada, ya que una parte de las deducciones se restaba del Tier 1, que constituye un indicador de solvencia menos relevante incluyendo, además del capital y de las reservas, las participaciones preferentes.

De este modo, en el supuesto de que se aplicase la regulación de Basilea III, los bancos y cajas que tienen participaciones en otras entidades financieras y en aseguradores se verían muy penalizadas, ya que las participaciones financieras están asociadas a importantes deducciones. El sector se encontraba además pendiente del tratamiento que habría de otorgarse a las nuevas participaciones preferentes (susceptibles de absorber pérdidas) y de las suscritas por el FROB, que podrían ser consideradas core capital.

De este modo, en el supuesto de que se aplicase la regulación de Basilea III, los bancos y cajas que tienen participaciones en otras entidades financieras y en aseguradores se verían muy penalizadas, ya que las participaciones financieras están asociadas a importantes deducciones. El sector se encontraba además pendiente del tratamiento que habría de otorgarse a las nuevas participaciones preferentes (susceptibles de absorber pérdidas) y de las suscritas por el FROB, que podrían ser consideradas core capital.

Por otro lado se suscitaba la duda referente a si, dentro de la cifra de 20.000 millones de euros aportada por el Ejecutivo, habrían de incluirse las posibles depreciaciones de los activos problemáticos que las entidades tienen en balance, especialmente los relacionado al sector inmobiliario. Al amparo de la actual regulación aplicable, al objeto de que las cajas puedan transformarse en banco, se requeriría que aquellas desplazasen su negocio financiero a un banco y que colocasen en bolsa más del 50% de éste. Así, la caja perdería su identidad de tal y pasaría a ser una fundación. En el caso de los SIPs ello se produciría en el supuesto de que las cajas integradas vendiesen más del 50% de las acciones del banco. De este modo, en el supuesto de que una caja optase por vender menos de la mitad de su banco, tendría bancos filiales y seguiría siendo una caja.

Por otro lado se suscitaba la duda referente a si, dentro de la cifra de 20.000 millones de euros aportada por el Ejecutivo, habrían de incluirse las posibles depreciaciones de los activos problemáticos que las entidades tienen en balance, especialmente los relacionado al sector inmobiliario. Al amparo de la actual regulación aplicable, al objeto de que las cajas puedan transformarse en banco, se requeriría que aquellas desplazasen su negocio financiero a un banco y que colocasen en bolsa más del 50% de éste. Así, la caja perdería su identidad de tal y pasaría a ser una fundación. En el caso de los SIPs ello se produciría en el supuesto de que las cajas integradas vendiesen más del 50% de las acciones del banco. De este modo, en el supuesto de que una caja optase por vender menos de la mitad de su banco, tendría bancos filiales y seguiría siendo una caja.

En nuestra opinión, al margen de la adopción de este conjunto de medidas, otras posibles actuaciones a realizar con la finalidad de fortalecer a las cajas eran, en primer lugar, limitar su exposición a los 99.000 millones de

En nuestra opinión, al margen de la adopción de este conjunto de medidas, otras posibles actuaciones a realizar con la finalidad de fortalecer a las cajas eran, en primer lugar, limitar su exposición a los 99.000 millones de

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euros que el Fondo de Rescate Bancario había fijado como máximo cantidad límite. En segundo término, el establecimiento por parte del Ejecutivo de un mecanismo legal destinado a que el conjunto de deudas de las cajas de ahorro fuesen asumidas por sus acreedores. Y, finalmente, la realización de unas pruebas de estrés serias que permitiesen conocer la verdadera solvencia de las cajas. Sólo cuando los mercados tuviesen claro que el conjunto de las pérdidas se hubiesen llevado a cabo, estarían dispuestos a ayudar para que las cajas de ahorro dejasen de recibir ayudas del Estado.

euros que el Fondo de Rescate Bancario había fijado como máximo cantidad límite. En segundo término, el establecimiento por parte del Ejecutivo de un mecanismo legal destinado a que el conjunto de deudas de las cajas de ahorro fuesen asumidas por sus acreedores. Y, finalmente, la realización de unas pruebas de estrés serias que permitiesen conocer la verdadera solvencia de las cajas. Sólo cuando los mercados tuviesen claro que el conjunto de las pérdidas se hubiesen llevado a cabo, estarían dispuestos a ayudar para que las cajas de ahorro dejasen de recibir ayudas del Estado.

En definitiva, el abanico de posibilidades que se abría ante las cajas al objeto de acometer su recapitalización pasaba por actuaciones tales como vender sus participaciones industriales y su patrimonio inmobiliario, la desinversión de negocios no estratégicos o la recompra de deuda. Y ello de cara a poder alcanzar una ratio de core capital (capital y reservas sobre activos ponderados por riesgo) de entre el 9% y el 10% en otoño de 201147. En efecto, con la finalidad de poder alcanzar estos niveles de solvencia tan exigentes las cajas podían pedir fondos a los inversores (una opción poco viable dadas las dudas del mercado hacia el sector) o acelerar la generación de plusvalías por varías vías. En primer lugar, mediante la venta de la cartera industrial, máxime si tenemos en cuenta que, en la actualidad, las cajas tienen participaciones en más de 50 empresas cotizadas en la bolsa española. En conjunto, sus inversiones alcanzaban un valor de mercado de unos 30.000 millones de euros. No obstante, las principales entidades en las que están presentes las cajas pertenecen a sectores estratégicos y en cualquier decisión sobre su futuro deberían confluir más intereses que los de las propias cajas.

En definitiva, el abanico de posibilidades que se abría ante las cajas al objeto de acometer su recapitalización pasaba por actuaciones tales como vender sus participaciones industriales y su patrimonio inmobiliario, la desinversión de negocios no estratégicos o la recompra de deuda. Y ello de cara a poder alcanzar una ratio de core capital (capital y reservas sobre activos ponderados por riesgo) de entre el 9% y el 10% en otoño de 201147. En efecto, con la finalidad de poder alcanzar estos niveles de solvencia tan exigentes las cajas podían pedir fondos a los inversores (una opción poco viable dadas las dudas del mercado hacia el sector) o acelerar la generación de plusvalías por varías vías. En primer lugar, mediante la venta de la cartera industrial, máxime si tenemos en cuenta que, en la actualidad, las cajas tienen participaciones en más de 50 empresas cotizadas en la bolsa española. En conjunto, sus inversiones alcanzaban un valor de mercado de unos 30.000 millones de euros. No obstante, las principales entidades en las que están presentes las cajas pertenecen a sectores estratégicos y en cualquier decisión sobre su futuro deberían confluir más intereses que los de las propias cajas.

Como se ha indicado, una segunda alternativa sería llevar a cabo una desinversión del patrimonio inmobiliario. El sector también podría hacer caja con la venta de sus inmuebles. La venta de inmuebles mejoraría la ratio de solvencia por partida doble. De una parte, generaría ganancias extraordinarias que aumentarían los recursos propios. Y, de otra, los inmuebles serían exigentes en capital. Su venta, por tanto, provocaría una reducción de los activos ponderados por riesgo y, en consecuencia, una mejora de la ratio de solvencia con el mismo volumen de fondos propios.

Como se ha indicado, una segunda alternativa sería llevar a cabo una desinversión del patrimonio inmobiliario. El sector también podría hacer caja con la venta de sus inmuebles. La venta de inmuebles mejoraría la ratio de solvencia por partida doble. De una parte, generaría ganancias extraordinarias que aumentarían los recursos propios. Y, de otra, los inmuebles serían exigentes en capital. Su venta, por tanto, provocaría una reducción de los activos ponderados por riesgo y, en consecuencia, una mejora de la ratio de solvencia con el mismo volumen de fondos propios.

47 En el caso concreto del supervisor suizo se ha de señalar que éste ha impuesto voluntariamente un mínimo del 10% para las entidades del citado país.

47 En el caso concreto del supervisor suizo se ha de señalar que éste ha impuesto voluntariamente un mínimo del 10% para las entidades del citado país.

La recapitalización de las entidades financieras

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La tercera posibilidad planteada era la relativa a la venta de negocios no estratégicos. El sector podría desprenderse de negocios no estratégicos como el seguro o las gestoras de fondos. Esta vía presentaba como principal inconveniente el nuevo hándicap que podía suponer para la cuenta de resultados. Para sostener la caída de ingresos del negocio típico bancario muchas entidades estaban poniendo el foco en divisiones que aportaban mayor valor añadido (caso, como se ha señalado, de los sectores del seguro o de la gestión de activos). Finalmente cabía la posibilidad de acometer una recompra de deuda. La banca había obtenido desde el inicio de la crisis más de 3.100 millones de euros en plusvalías con la recompra de deuda propia. Las entidades adquirían los títulos por encima de su precio de mercado, pero por debajo de su precio de emisión, embolsándose como plusvalía la diferencia. En todo caso el sector debía captar 20.000 millones de euros en siete meses para cumplir los nuevos requisitos, lo que representaba prácticamente la mitad de los 40.316 millones de euros que toda la banca europea logró en el mercado en 2010.

La tercera posibilidad planteada era la relativa a la venta de negocios no estratégicos. El sector podría desprenderse de negocios no estratégicos como el seguro o las gestoras de fondos. Esta vía presentaba como principal inconveniente el nuevo hándicap que podía suponer para la cuenta de resultados. Para sostener la caída de ingresos del negocio típico bancario muchas entidades estaban poniendo el foco en divisiones que aportaban mayor valor añadido (caso, como se ha señalado, de los sectores del seguro o de la gestión de activos). Finalmente cabía la posibilidad de acometer una recompra de deuda. La banca había obtenido desde el inicio de la crisis más de 3.100 millones de euros en plusvalías con la recompra de deuda propia. Las entidades adquirían los títulos por encima de su precio de mercado, pero por debajo de su precio de emisión, embolsándose como plusvalía la diferencia. En todo caso el sector debía captar 20.000 millones de euros en siete meses para cumplir los nuevos requisitos, lo que representaba prácticamente la mitad de los 40.316 millones de euros que toda la banca europea logró en el mercado en 2010.

Con fecha de 27 de enero de 2011 el FROB lanzó 3.000 millones de euros en bonos para el rescate de las cajas, al objeto de financiar este proceso, emitiendo bonos a tres años. Este lanzamiento estuvo precedido de una búsqueda de inversores en Europa. Las peticiones alcanzaron los 4.500 millones de euros, por encima ya de los 3.000 millones de euros con los que se cerró la operación.

Con fecha de 27 de enero de 2011 el FROB lanzó 3.000 millones de euros en bonos para el rescate de las cajas, al objeto de financiar este proceso, emitiendo bonos a tres años. Este lanzamiento estuvo precedido de una búsqueda de inversores en Europa. Las peticiones alcanzaron los 4.500 millones de euros, por encima ya de los 3.000 millones de euros con los que se cerró la operación.

A nivel europeo, la primera de las emisiones de bonos por parte del fondo de rescates se saldó con un éxito de demanda. Las peticiones superaron los 40.000 millones de euros, desbordando todas las previsiones. Como se ha señalado, los planes iniciales del FROB pasaban por colocar un importe próximo a los 3.000 millones de euros. Éste fue el volumen final. El precio de los bonos a tres años se situó entre los 220 y los 225 puntos básicos, por encima del índice de referencia para las emisiones de renta fija o midswap48.

A nivel europeo, la primera de las emisiones de bonos por parte del fondo de rescates se saldó con un éxito de demanda. Las peticiones superaron los 40.000 millones de euros, desbordando todas las previsiones. Como se ha señalado, los planes iniciales del FROB pasaban por colocar un importe próximo a los 3.000 millones de euros. Éste fue el volumen final. El precio de los bonos a tres años se situó entre los 220 y los 225 puntos básicos, por encima del índice de referencia para las emisiones de renta fija o midswap48.

Desde nuestro punto de vista estos mayores requerimientos de capital para la banca española resultaban positivos, debido especialmente a que

Desde nuestro punto de vista estos mayores requerimientos de capital para la banca española resultaban positivos, debido especialmente a que

Recuérdese que el último contacto que había tenido el FROB con el mercado fue en noviembre de 2009, cuando lanzó una emisión de deuda de 3.000 millones de euros a un plazo de cinco años. La emisión puesta en marcha por aquel entonces debía servir para financiar el proceso de reestructuración de las cajas.

Recuérdese que el último contacto que había tenido el FROB con el mercado fue en noviembre de 2009, cuando lanzó una emisión de deuda de 3.000 millones de euros a un plazo de cinco años. La emisión puesta en marcha por aquel entonces debía servir para financiar el proceso de reestructuración de las cajas.

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obligarían a las cajas a buscar fusiones reales, más transparentes y efectivas que los SIPs. Ahora bien al mismo tiempo se ha de reconocer que esta exigencia de mayores niveles de capital contribuía a incrementar la presión sobre las Administraciones Regionales, que continuaban siendo las principales propietarias de las cajas, al objeto de que aumenten el capital o abandonen sus actuales estructuras corporativas.

obligarían a las cajas a buscar fusiones reales, más transparentes y efectivas que los SIPs. Ahora bien al mismo tiempo se ha de reconocer que esta exigencia de mayores niveles de capital contribuía a incrementar la presión sobre las Administraciones Regionales, que continuaban siendo las principales propietarias de las cajas, al objeto de que aumenten el capital o abandonen sus actuales estructuras corporativas.

Sin lugar a dudas, con la finalidad de poder alcanzar las cotas de solvencia requeridas se hacía imprescindible que las cajas se transformasen en banco cotizado49. Y ello a pesar de que aquellas otras entidades que no alcanzasen dichas cotas de solvencia hubieran de transformarse igualmente en bancos, ya que el FROB tenía previsto entrar en su capital mediante la toma de acciones. Salir a cotizar era también la única forma que tenían para captar dinero de inversores privados50.

Sin lugar a dudas, con la finalidad de poder alcanzar las cotas de solvencia requeridas se hacía imprescindible que las cajas se transformasen en banco cotizado49. Y ello a pesar de que aquellas otras entidades que no alcanzasen dichas cotas de solvencia hubieran de transformarse igualmente en bancos, ya que el FROB tenía previsto entrar en su capital mediante la toma de acciones. Salir a cotizar era también la única forma que tenían para captar dinero de inversores privados50.

En todo caso, de cara a precisar qué recursos podrían computar a la hora de calcular las nuevas ratio de solvencia parecía razonable estimar que las ayudas públicas del FROB ya recibidas en forma de préstamos temporales a través de participaciones preferentes (más de 11.000 millones de euros) no debían ser consideradas capital de máxima calidad. Estimamos en consecuencia que dichas nuevas reglas de capital deben contribuir a impulsar nuevos movimientos de consolidación entre las cajas. Y todo ello en aras de lograr una mejora de la solvencia que operase a modo de garantía, con la finalidad de que el Banco Central Europeo pudiera seguir prestando a la banca española la liquidez que necesite, al margen de lo que suceda en el ámbito de los mercados privados.

En todo caso, de cara a precisar qué recursos podrían computar a la hora de calcular las nuevas ratio de solvencia parecía razonable estimar que las ayudas públicas del FROB ya recibidas en forma de préstamos temporales a través de participaciones preferentes (más de 11.000 millones de euros) no debían ser consideradas capital de máxima calidad. Estimamos en consecuencia que dichas nuevas reglas de capital deben contribuir a impulsar nuevos movimientos de consolidación entre las cajas. Y todo ello en aras de lograr una mejora de la solvencia que operase a modo de garantía, con la finalidad de que el Banco Central Europeo pudiera seguir prestando a la banca española la liquidez que necesite, al margen de lo que suceda en el ámbito de los mercados privados.

A este respecto resulta esencial que las entidades atraigan a inversores institucionales y, principalmente, a extranjeros ya que, si únicamente levantasen capital a través de la red, estarían compitiendo con su base de depósitos. Piénsese además que no solo la presión estaba viniendo por el capital, sino también por el lado de la liquidez, ya que el sector debía hacer

A este respecto resulta esencial que las entidades atraigan a inversores institucionales y, principalmente, a extranjeros ya que, si únicamente levantasen capital a través de la red, estarían compitiendo con su base de depósitos. Piénsese además que no solo la presión estaba viniendo por el capital, sino también por el lado de la liquidez, ya que el sector debía hacer

A este respecto conviene tener presente que aquellas cajas que quieran salir a bolsa deberán colocar al menos el 25% del capital. 50 Recuérdese a este respecto que, tras la reforma operada durante el mes de junio de 2010, se contempló la posibilidad de que las cajas traspasasen su negocio a un banco y se convirtiesen en fundaciones destinadas a gestionar la obra social, permitiéndose igualmente dotar que las cuotas participativas –valores similares a las acciones– tuviesen derechos de representación.

A este respecto conviene tener presente que aquellas cajas que quieran salir a bolsa deberán colocar al menos el 25% del capital. 50 Recuérdese a este respecto que, tras la reforma operada durante el mes de junio de 2010, se contempló la posibilidad de que las cajas traspasasen su negocio a un banco y se convirtiesen en fundaciones destinadas a gestionar la obra social, permitiéndose igualmente dotar que las cuotas participativas –valores similares a las acciones– tuviesen derechos de representación.

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frente a unos elevados vencimientos de deuda durante el año 2011 en un entorno difícil, superando los 90.000 millones de euros.

frente a unos elevados vencimientos de deuda durante el año 2011 en un entorno difícil, superando los 90.000 millones de euros.

Por otra parte cabe estimar que la transformación de las cajas en bancos representa una noticia positiva para los tenedores de cédulas hipotecarias de estas entidades, al incrementarse la fortaleza de los emisores, aumentar la transparencia y mejorar el gobierno corporativo, gracias a la entrada de inversores privados en el consejo y al escrutinio del mercado. Y el hecho de que se integren cajas de diferentes Comunidades Autónomas ha de permitir diversificar el riesgo de las emisiones. Con carácter adicional, en caso de quiebra de una de las entidades los tenedores de cédulas podrían acceder al exceso de colateral de las otras cajas.

Por otra parte cabe estimar que la transformación de las cajas en bancos representa una noticia positiva para los tenedores de cédulas hipotecarias de estas entidades, al incrementarse la fortaleza de los emisores, aumentar la transparencia y mejorar el gobierno corporativo, gracias a la entrada de inversores privados en el consejo y al escrutinio del mercado. Y el hecho de que se integren cajas de diferentes Comunidades Autónomas ha de permitir diversificar el riesgo de las emisiones. Con carácter adicional, en caso de quiebra de una de las entidades los tenedores de cédulas podrían acceder al exceso de colateral de las otras cajas.

En la actualidad las cajas necesitan aligerar sus carteras industriales, ya que éstas consumen mucho capital bajo las nuevas normas de solvencia establecidas por Basilea III. En este sentido, el incremento de las exigencias de capital impuestas por el Ejecutivo a las entidades españolas podría actuar como un acelerador de las ventas de participaciones ya que, además de obtener plusvalías que ayudan a reforzar los recursos propios, las cajas reducirían los activos de riesgo.

En la actualidad las cajas necesitan aligerar sus carteras industriales, ya que éstas consumen mucho capital bajo las nuevas normas de solvencia establecidas por Basilea III. En este sentido, el incremento de las exigencias de capital impuestas por el Ejecutivo a las entidades españolas podría actuar como un acelerador de las ventas de participaciones ya que, además de obtener plusvalías que ayudan a reforzar los recursos propios, las cajas reducirían los activos de riesgo.

Aquellas cajas que no cotizasen en bolsa debían tener un capital básico del 10%, un requisito mayor que el que debían de tener los bancos, que quedó establecido inicialmente en el 8% (posteriormente elevado al 9%, como hemos tenido ocasión de precisar). No obstante el Ejecutivo permitió que las ayudas públicas del Fondo de Reordenación Ordenada Bancaria computasen como capital. El nivel mínimo de requisitos de capital básico se situó en el 8% con carácter general y en el 10% para aquellas entidades que no cotizasen o que tuviesen presencia en su capital de, al menos, el 20% de inversores privados y que, además, hubiesen presentado durante el trimestre anterior una dependencia media superior al 20% de su crédito a la clientela en financiación mayorista neta de activos líquidos, es decir, cuya liquidez dependiese en más de un 20 % de los mercados mayoristas.

Aquellas cajas que no cotizasen en bolsa debían tener un capital básico del 10%, un requisito mayor que el que debían de tener los bancos, que quedó establecido inicialmente en el 8% (posteriormente elevado al 9%, como hemos tenido ocasión de precisar). No obstante el Ejecutivo permitió que las ayudas públicas del Fondo de Reordenación Ordenada Bancaria computasen como capital. El nivel mínimo de requisitos de capital básico se situó en el 8% con carácter general y en el 10% para aquellas entidades que no cotizasen o que tuviesen presencia en su capital de, al menos, el 20% de inversores privados y que, además, hubiesen presentado durante el trimestre anterior una dependencia media superior al 20% de su crédito a la clientela en financiación mayorista neta de activos líquidos, es decir, cuya liquidez dependiese en más de un 20 % de los mercados mayoristas.

A priori, con esta subida del ratio de solvencia se pretendía ayudar a que este tipo de entidades mantuviesen la confianza plena de sus inversores a la hora de acceder a la financiación mayorista, incluso en circunstancias adversas. Con carácter general los elementos que han de incluirse en el concepto de capital principal son los de capital, reservas, primas de emisión

A priori, con esta subida del ratio de solvencia se pretendía ayudar a que este tipo de entidades mantuviesen la confianza plena de sus inversores a la hora de acceder a la financiación mayorista, incluso en circunstancias adversas. Con carácter general los elementos que han de incluirse en el concepto de capital principal son los de capital, reservas, primas de emisión

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e intereses minoritarios, además de los instrumentos suscritos por el FROB y, transitoriamente, instrumentos obligatoriamente convertibles en acciones, minorados por resultados negativos y pérdidas, activos inmateriales y ajustes por valoración.

e intereses minoritarios, además de los instrumentos suscritos por el FROB y, transitoriamente, instrumentos obligatoriamente convertibles en acciones, minorados por resultados negativos y pérdidas, activos inmateriales y ajustes por valoración.

En todo caso insistimos en que ha de ser el Banco de España el encargado de determinar, una vez que estos requisitos sean aprobados, la situación de capitalización de acuerdo con la nueva norma a partir de las cuentas de estas entidades al cierre de 2010 y, en su caso, las cantidades máximas de recapitalización previstas para cada una de ellas. Durante el mes de septiembre de 2011 el regulador debía entrar a evaluar el cumplimiento de dicho plan por cada entidad. Y, en el supuesto de que las pruebas de resistencia elaboradas por el Banco de España o las coordinadas por las instituciones financieras reflejasen carencias potenciales de capital, el regulador bancario español podría exigir a las entidades o grupos el cumplimiento de un nivel de recursos propios mínimos superior a los establecidos. En suma, lo que se perseguía no era sino establecer con carácter inmediato, y con el fin de despejar cualquier duda que pudieran albergar aún los inversores, un requerimiento mínimo de capital principal que adelantase los requisitos esenciales de capital establecidos en Basilea III.

En todo caso insistimos en que ha de ser el Banco de España el encargado de determinar, una vez que estos requisitos sean aprobados, la situación de capitalización de acuerdo con la nueva norma a partir de las cuentas de estas entidades al cierre de 2010 y, en su caso, las cantidades máximas de recapitalización previstas para cada una de ellas. Durante el mes de septiembre de 2011 el regulador debía entrar a evaluar el cumplimiento de dicho plan por cada entidad. Y, en el supuesto de que las pruebas de resistencia elaboradas por el Banco de España o las coordinadas por las instituciones financieras reflejasen carencias potenciales de capital, el regulador bancario español podría exigir a las entidades o grupos el cumplimiento de un nivel de recursos propios mínimos superior a los establecidos. En suma, lo que se perseguía no era sino establecer con carácter inmediato, y con el fin de despejar cualquier duda que pudieran albergar aún los inversores, un requerimiento mínimo de capital principal que adelantase los requisitos esenciales de capital establecidos en Basilea III.

Aquellas entidades financieras que recibiesen recursos públicos con el fin de fortalecer su capital debían asumir compromisos de concesión de créditos a familias y empresas. Aquellas entidades financieras que no cumpliesen los requisitos de capital básico del 8% para bancos y de entre el 9% y el 10% para cajas de ahorro en un plazo de quince días tras la publicación del Real Decreto-Ley 2/2011 debían comunicar un plan de cumplimiento al Banco de España. Dicho plan podía contemplar la captación de recursos necesarios de terceros privados, y en caso de involucrar la solicitud de apoyo del FROB, debía ir aparejado de un plan de reestructuración en el plazo de un mes. En todo caso las entidades sin inversores privados y con una dependencia de los mercados mayoristas tendrían que tener en octubre de 2011 una proporción de capital principal respecto a activos de riesgos del 10 por ciento.

Aquellas entidades financieras que recibiesen recursos públicos con el fin de fortalecer su capital debían asumir compromisos de concesión de créditos a familias y empresas. Aquellas entidades financieras que no cumpliesen los requisitos de capital básico del 8% para bancos y de entre el 9% y el 10% para cajas de ahorro en un plazo de quince días tras la publicación del Real Decreto-Ley 2/2011 debían comunicar un plan de cumplimiento al Banco de España. Dicho plan podía contemplar la captación de recursos necesarios de terceros privados, y en caso de involucrar la solicitud de apoyo del FROB, debía ir aparejado de un plan de reestructuración en el plazo de un mes. En todo caso las entidades sin inversores privados y con una dependencia de los mercados mayoristas tendrían que tener en octubre de 2011 una proporción de capital principal respecto a activos de riesgos del 10 por ciento.

El Banco de España analizaría en septiembre de 2011 el estado de ejecución de las medidas que integran el plan de cumplimiento y determinaría si las entidades pueden cumplir con los requisitos de capital, teniendo presente que no alcanzar los mismos se consideraría infracción muy grave.

El Banco de España analizaría en septiembre de 2011 el estado de ejecución de las medidas que integran el plan de cumplimiento y determinaría si las entidades pueden cumplir con los requisitos de capital, teniendo presente que no alcanzar los mismos se consideraría infracción muy grave.

La recapitalización de las entidades financieras

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La recapitalización de las entidades financieras

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De conformidad con lo previsto al efecto la Comisión Rectora del FROB habría de incluir a representantes del Gobierno. Asimismo el FROB no se vería obligado a lanzar una OPA sobre una entidad y habría de deshacerse de la propiedad en un plazo máximo de cinco años51.

De conformidad con lo previsto al efecto la Comisión Rectora del FROB habría de incluir a representantes del Gobierno. Asimismo el FROB no se vería obligado a lanzar una OPA sobre una entidad y habría de deshacerse de la propiedad en un plazo máximo de cinco años51.

El Plan de refinanciación aprobado admitía como core capital los 11.000 millones aportados por el FROB como parte de la solvencia. Dichos fondos no forman parte de la ratio de recursos propios básicos, ya que no se trata de capital, sino de créditos en forma de suscripción de participaciones preferentes. Dicho de otro modo, no se trata de un activo, sino de un pasivo de las entidades, por lo que no podría ser core capital52.

El Plan de refinanciación aprobado admitía como core capital los 11.000 millones aportados por el FROB como parte de la solvencia. Dichos fondos no forman parte de la ratio de recursos propios básicos, ya que no se trata de capital, sino de créditos en forma de suscripción de participaciones preferentes. Dicho de otro modo, no se trata de un activo, sino de un pasivo de las entidades, por lo que no podría ser core capital52.

Ciertamente aquellas cajas que terminasen acudiendo al FROB por no cumplir los requisitos de capital básico (10%) no estarían en condiciones de dar de créditos en el corto plazo. En efecto, dichas entidades no podrían asumir los compromisos de concesión de créditos a familias y a empresas exigidos por el Ejecutivo a cambio de la aportación pública, dada la necesaria existencia de fluidez en el crédito exigida. No obstante, en el supuesto de que los resultados de este proceso fuesen positivos, con total probabilidad la prima de riesgo caería y las entidades se podrían financiar más barato, lo que podría ayudar a que el flujo de crédito mejore en 201253.

Ciertamente aquellas cajas que terminasen acudiendo al FROB por no cumplir los requisitos de capital básico (10%) no estarían en condiciones de dar de créditos en el corto plazo. En efecto, dichas entidades no podrían asumir los compromisos de concesión de créditos a familias y a empresas exigidos por el Ejecutivo a cambio de la aportación pública, dada la necesaria existencia de fluidez en el crédito exigida. No obstante, en el supuesto de que los resultados de este proceso fuesen positivos, con total probabilidad la prima de riesgo caería y las entidades se podrían financiar más barato, lo que podría ayudar a que el flujo de crédito mejore en 201253.

Como es sabido con anterioridad a la aprobación del Real Decreto 2/2011 se incluía como capital principal las reservas de una entidad, las primas de emisión, los intereses minoritarios, los préstamos del FROB y, transitoriamente, bonos convertibles en acciones, activos inmateriales y ajustes por valoración. De cualquier manera, en el supuesto de que el Plan de recapitalización de las cajas funcionase correctamente una de las principales consecuencias sería, probablemente, que bajasen las primas de

Como es sabido con anterioridad a la aprobación del Real Decreto 2/2011 se incluía como capital principal las reservas de una entidad, las primas de emisión, los intereses minoritarios, los préstamos del FROB y, transitoriamente, bonos convertibles en acciones, activos inmateriales y ajustes por valoración. De cualquier manera, en el supuesto de que el Plan de recapitalización de las cajas funcionase correctamente una de las principales consecuencias sería, probablemente, que bajasen las primas de

Recuérdese que, como ya se ha señalado, una de las alternativas planteadas en su día por el Ejecutivo para la recapitalización de las cajas fue la consistente en participaciones preferentes adaptadas a Basilea III con capacidad para absorber pérdidas como las acciones. En sentido estricto, estos títulos no forman parte del core capital, lo que podría servir para introducir una cierta flexibilidad. 52 Por su parte el Ministerio de Economía venía defendiendo que las ayudas públicas a la banca en otros países se contabilizasen como capital hasta 2018. 53 A este respecto se ha de señalar que, según datos de la AEB y de CECA, entre noviembre de 2009 y el mismo mes de 2010 bancos y cajas otorgaron préstamos por valor de 47 millones de euros al día, en contraste con los 624 millones diarios que concedían antes del inicio de la crisis, en 2007.

Recuérdese que, como ya se ha señalado, una de las alternativas planteadas en su día por el Ejecutivo para la recapitalización de las cajas fue la consistente en participaciones preferentes adaptadas a Basilea III con capacidad para absorber pérdidas como las acciones. En sentido estricto, estos títulos no forman parte del core capital, lo que podría servir para introducir una cierta flexibilidad. 52 Por su parte el Ministerio de Economía venía defendiendo que las ayudas públicas a la banca en otros países se contabilizasen como capital hasta 2018. 53 A este respecto se ha de señalar que, según datos de la AEB y de CECA, entre noviembre de 2009 y el mismo mes de 2010 bancos y cajas otorgaron préstamos por valor de 47 millones de euros al día, en contraste con los 624 millones diarios que concedían antes del inicio de la crisis, en 2007.

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riesgo, con lo que el sistema financiero podría financiarse más barato. Ello se traduciría en más préstamos y se impulsaría el sector productivo.

riesgo, con lo que el sistema financiero podría financiarse más barato. Ello se traduciría en más préstamos y se impulsaría el sector productivo.

En resumen, al amparo de la citada regulación (que no diferenciaba entre los distintos tipos de entidades, destacando el dato de que la diferencia existente entre los requisitos de capital exigidos a unas y a otras depende de condiciones objetivas) las cajas dispusieron de seis meses más (hasta marzo de 2012) para poder salir a Bolsa y recapitalizarse en los mercados financieros. El Real Decreto 2/2011destinado a reforzar la solvencia, credibilidad y sostenibilidad del sector fijó las nuevas exigencias de capital, con un mínimo del 8% y del 10% sobre los activos considerados de riesgo para aquellas que no coticen, superen el 20% de financiación mayorista y que no hayan colocado al menos un 20% de sus acciones entre terceros. Igualmente se pide el 10% a aquellas entidades que en los test de estrés demuestren tener más necesidad de capital.

En resumen, al amparo de la citada regulación (que no diferenciaba entre los distintos tipos de entidades, destacando el dato de que la diferencia existente entre los requisitos de capital exigidos a unas y a otras depende de condiciones objetivas) las cajas dispusieron de seis meses más (hasta marzo de 2012) para poder salir a Bolsa y recapitalizarse en los mercados financieros. El Real Decreto 2/2011destinado a reforzar la solvencia, credibilidad y sostenibilidad del sector fijó las nuevas exigencias de capital, con un mínimo del 8% y del 10% sobre los activos considerados de riesgo para aquellas que no coticen, superen el 20% de financiación mayorista y que no hayan colocado al menos un 20% de sus acciones entre terceros. Igualmente se pide el 10% a aquellas entidades que en los test de estrés demuestren tener más necesidad de capital.

Las entidades debían cumplir estos requisitos de capital en septiembre de 2011. No obstante se preveía que el Banco de España pudiera prorrogar el plazo de ejecución de salida a Bolsa, con carácter excepcional, hasta el primer trimestre de 2012. La finalidad última del presente marco regulador, a través del cual se adelantaban las exigencias de Basilea III no era otra que reforzar la solvencia y la credibilidad del sector financiero, al objeto de que resultase más sencillo la obtención de financiación y la obtención de beneficios.

Las entidades debían cumplir estos requisitos de capital en septiembre de 2011. No obstante se preveía que el Banco de España pudiera prorrogar el plazo de ejecución de salida a Bolsa, con carácter excepcional, hasta el primer trimestre de 2012. La finalidad última del presente marco regulador, a través del cual se adelantaban las exigencias de Basilea III no era otra que reforzar la solvencia y la credibilidad del sector financiero, al objeto de que resultase más sencillo la obtención de financiación y la obtención de beneficios.

A través de la citada regulación se reiteró que las entidades deben detallar al Banco de España cómo piensan cumplir con los requisitos. La norma entró en vigor el 10 de marzo de 2011 y las entidades tuvieron hasta septiembre del citado año para cumplir las exigencias, fecha en la que el Banco de España comunicaría a las entidades su situación y las necesidades de capital. Aquellas entidades que a 10 de marzo de 2011 no hubiesen alcanzado el nivel requerido por el Ejecutivo tuvieron 15 días para comunicar al Banco de España la estrategia y el calendario con el que fuesen a garantizar el cumplimiento de éste. Dicha estrategia debía incluir la forma en la que se captarían los recursos de terceros y la salida a bolsa de las entidades. En el supuesto de que la citada estrategia de la entidad incluyese además la solicitud de apoyo del FROB, dicha entidad habría de presentar, igualmente en el plazo de un mes, un plan de recapitalización. Aquellas entidades que no cumpliesen estos requisitos habrían de presentar un plan al Banco de

A través de la citada regulación se reiteró que las entidades deben detallar al Banco de España cómo piensan cumplir con los requisitos. La norma entró en vigor el 10 de marzo de 2011 y las entidades tuvieron hasta septiembre del citado año para cumplir las exigencias, fecha en la que el Banco de España comunicaría a las entidades su situación y las necesidades de capital. Aquellas entidades que a 10 de marzo de 2011 no hubiesen alcanzado el nivel requerido por el Ejecutivo tuvieron 15 días para comunicar al Banco de España la estrategia y el calendario con el que fuesen a garantizar el cumplimiento de éste. Dicha estrategia debía incluir la forma en la que se captarían los recursos de terceros y la salida a bolsa de las entidades. En el supuesto de que la citada estrategia de la entidad incluyese además la solicitud de apoyo del FROB, dicha entidad habría de presentar, igualmente en el plazo de un mes, un plan de recapitalización. Aquellas entidades que no cumpliesen estos requisitos habrían de presentar un plan al Banco de

La recapitalización de las entidades financieras

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España para explicar cómo pensaban cumplirlas, debiendo entrar a valorar el regulador a 30 de septiembre de 2011 cómo se estuviese desarrollando dicha estrategia y el referido calendario.

España para explicar cómo pensaban cumplirlas, debiendo entrar a valorar el regulador a 30 de septiembre de 2011 cómo se estuviese desarrollando dicha estrategia y el referido calendario.

En efecto aquellas entidades que a 10 de marzo de 2011 no alcanzasen el nivel requerido por el Ejecutivo tuvieron 15 días para comunicar al Banco de España la estrategia y el calendario con que fuesen a garantizar el cumplimiento. Dicha estrategia debía incluir la forma en la que se hubiesen de captar los recursos de terceros y la salida a Bolsa de las entidades. Y, en el supuesto de que la referida estrategia de la entidad incluyese igualmente la solicitud de apoyo del FROB, la entidad habría de presentar igualmente en el plazo de un mes un plan de recapitalización.

En efecto aquellas entidades que a 10 de marzo de 2011 no alcanzasen el nivel requerido por el Ejecutivo tuvieron 15 días para comunicar al Banco de España la estrategia y el calendario con que fuesen a garantizar el cumplimiento. Dicha estrategia debía incluir la forma en la que se hubiesen de captar los recursos de terceros y la salida a Bolsa de las entidades. Y, en el supuesto de que la referida estrategia de la entidad incluyese igualmente la solicitud de apoyo del FROB, la entidad habría de presentar igualmente en el plazo de un mes un plan de recapitalización.

Dentro de la definición de “capital básico” se incluye aquello que define Basilea III para 2013, incluyendo los recursos ofrecidos por el FROB, así como los bonos convertibles obligatoriamente en acciones antes del año 2014. A través de la citada regulación se dispuso que aquellas medidas que fuesen adoptadas por las entidades con la finalidad de cumplir las nuevas exigencias de capital habrían de ejecutarse antes del 30 de septiembre de 2011, fecha en la que el Banco de España evaluaría el cumplimiento del acuerdo. Y, en el supuesto de que alguna entidad anticipase que no podría hacer frente al citado plan en las fechas marcadas, habría de comunicarlo al Banco de España 20 días antes del vencimiento del mismo.

Dentro de la definición de “capital básico” se incluye aquello que define Basilea III para 2013, incluyendo los recursos ofrecidos por el FROB, así como los bonos convertibles obligatoriamente en acciones antes del año 2014. A través de la citada regulación se dispuso que aquellas medidas que fuesen adoptadas por las entidades con la finalidad de cumplir las nuevas exigencias de capital habrían de ejecutarse antes del 30 de septiembre de 2011, fecha en la que el Banco de España evaluaría el cumplimiento del acuerdo. Y, en el supuesto de que alguna entidad anticipase que no podría hacer frente al citado plan en las fechas marcadas, habría de comunicarlo al Banco de España 20 días antes del vencimiento del mismo.

Igualmente pudiera llegar a suceder que en el instante de la evaluación faltase por cumplir un determinado trámite administrativo por presentar, a pesar de lo cual se estuviese cumpliendo con lo esencial de la estrategia, en cuyo caso el Banco de España podría acordar, caso por caso, un plazo adicional que no sería mayor a tres meses para finalizar la recapitalización. En efecto, si la entidad previese alcanzar el capital mediante la salida a bolsa, el regulador podría concederle de plazo hasta el primer trimestre de 2012. Sin embargo, si una entidad desease solicitar capital del FROB podría hacerlo antes.

Igualmente pudiera llegar a suceder que en el instante de la evaluación faltase por cumplir un determinado trámite administrativo por presentar, a pesar de lo cual se estuviese cumpliendo con lo esencial de la estrategia, en cuyo caso el Banco de España podría acordar, caso por caso, un plazo adicional que no sería mayor a tres meses para finalizar la recapitalización. En efecto, si la entidad previese alcanzar el capital mediante la salida a bolsa, el regulador podría concederle de plazo hasta el primer trimestre de 2012. Sin embargo, si una entidad desease solicitar capital del FROB podría hacerlo antes.

Tal y como ya se ha señalado, aquellos bancos y cajas que necesitasen elevar sus niveles de capital principal podrían incluir limitaciones en la retribución de sus responsables en los planes de recapitalización. Ahora bien dichas limitaciones pasaron a ser obligatorias a partir del 30 de septiembre de 2011, existiendo entidades financieras que incumplían “coyunturalmen-

Tal y como ya se ha señalado, aquellos bancos y cajas que necesitasen elevar sus niveles de capital principal podrían incluir limitaciones en la retribución de sus responsables en los planes de recapitalización. Ahora bien dichas limitaciones pasaron a ser obligatorias a partir del 30 de septiembre de 2011, existiendo entidades financieras que incumplían “coyunturalmen-

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Juan Calvo Vérgez

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te” los requisitos de capital que, como ya se ha señalado, pasaron a ser del 8% con carácter general y del 10% para aquellos bancos o cajas que no cotizasen y que tuviesen gran dependencia de la financiación mayorista.

te” los requisitos de capital que, como ya se ha señalado, pasaron a ser del 8% con carácter general y del 10% para aquellos bancos o cajas que no cotizasen y que tuviesen gran dependencia de la financiación mayorista.

Estos requisitos de capital quedaron establecidos de manera permanente, a pesar de lo cual, en el supuesto de que el incumplimiento de los ratios fuese inferior al 20%, las entidades no sólo habrían de limitar la remuneración de sus gestores, sino también restringir el reparto de dividendos y la recompra de acciones. Así las cosas, si bien dichas bajadas no se podrán producir durante la citada primera etapa, sí que podrían llegar a producirse en un futuro coyunturalmente54.

Estos requisitos de capital quedaron establecidos de manera permanente, a pesar de lo cual, en el supuesto de que el incumplimiento de los ratios fuese inferior al 20%, las entidades no sólo habrían de limitar la remuneración de sus gestores, sino también restringir el reparto de dividendos y la recompra de acciones. Así las cosas, si bien dichas bajadas no se podrán producir durante la citada primera etapa, sí que podrían llegar a producirse en un futuro coyunturalmente54.

Adviértase que nada se señaló en la presente regulación acerca de la posibilidad de que los planes de recapitalización de las entidades financieras incluyesen obligatoriamente la venta de participaciones en empresas. Al amparo de la citada regulación ninguna entidad debía vender sus participaciones industriales, pudiendo adoptar la estrategia y el calendario que estimen oportuno. Con carácter adicional, y con la finalidad de poder obtener ayuda pública, las cajas tendrían que traspasar todo su negocio financiero a un banco en un plazo máximo de tres meses, ya que el FROB entraría en el capital mediante la compra de acciones a valor de mercado. Téngase presente además que, como ya se ha indicado, el FROB no puede permanecer en el capital de la entidad rescatada durante más de cinco años. De este modo, durante el transcurso del primer año la entidad intervenida podría comunicar al citado Fondo la existencia de inversores interesados en comprar la participación pública, siempre dentro del marco regulador establecido en la legislación europea.

Adviértase que nada se señaló en la presente regulación acerca de la posibilidad de que los planes de recapitalización de las entidades financieras incluyesen obligatoriamente la venta de participaciones en empresas. Al amparo de la citada regulación ninguna entidad debía vender sus participaciones industriales, pudiendo adoptar la estrategia y el calendario que estimen oportuno. Con carácter adicional, y con la finalidad de poder obtener ayuda pública, las cajas tendrían que traspasar todo su negocio financiero a un banco en un plazo máximo de tres meses, ya que el FROB entraría en el capital mediante la compra de acciones a valor de mercado. Téngase presente además que, como ya se ha indicado, el FROB no puede permanecer en el capital de la entidad rescatada durante más de cinco años. De este modo, durante el transcurso del primer año la entidad intervenida podría comunicar al citado Fondo la existencia de inversores interesados en comprar la participación pública, siempre dentro del marco regulador establecido en la legislación europea.

Repárese especialmente en el dato de que la entrada del Sector público en el capital de las entidades de crédito que lo necesitasen sería temporal ya que, como venimos reiterando, el FROB tendría que vender las acciones en un plazo máximo de cinco años, si bien las propias entidades podrían recomprar estos títulos a precios de mercado en un año o como máximo en

Repárese especialmente en el dato de que la entrada del Sector público en el capital de las entidades de crédito que lo necesitasen sería temporal ya que, como venimos reiterando, el FROB tendría que vender las acciones en un plazo máximo de cinco años, si bien las propias entidades podrían recomprar estos títulos a precios de mercado en un año o como máximo en

Recuérdese en relación con esta cuestión que las restricciones impuestas a las remuneraciones de los altos directivos de la banca se regularon en Europa a raíz de la aprobación de la Directiva 2010/76, todavía no transpuesta a la legislación y surgida tras los escándalos provocados por el pago de primas multimillonarias en entidades que habían recibido ayudas públicas.

Recuérdese en relación con esta cuestión que las restricciones impuestas a las remuneraciones de los altos directivos de la banca se regularon en Europa a raíz de la aprobación de la Directiva 2010/76, todavía no transpuesta a la legislación y surgida tras los escándalos provocados por el pago de primas multimillonarias en entidades que habían recibido ayudas públicas.

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dos. En este último caso las entidades tendrían que reforzar sus planes de recapitalización.

dos. En este último caso las entidades tendrían que reforzar sus planes de recapitalización.

El precio que hubiera de satisfacer el FROB por estas acciones o aportaciones al capital social de las mencionadas entidades se fijaría según el valor económico de la entidad, el cual habría de ser determinado por un grupo de expertos designados por el propio Fondo. Adicionalmente la ayuda del FROB quedaría condicionada a la elaboración por parte de la entidad solicitante de un plan de recapitalización que incluyese un plan de reorganización de sus órganos directivos, asumiendo ciertos compromisos tales como la reducción de costes, la mejora del gobierno corporativo o el incremento de la financiación a pequeñas y medianas empresas.

El precio que hubiera de satisfacer el FROB por estas acciones o aportaciones al capital social de las mencionadas entidades se fijaría según el valor económico de la entidad, el cual habría de ser determinado por un grupo de expertos designados por el propio Fondo. Adicionalmente la ayuda del FROB quedaría condicionada a la elaboración por parte de la entidad solicitante de un plan de recapitalización que incluyese un plan de reorganización de sus órganos directivos, asumiendo ciertos compromisos tales como la reducción de costes, la mejora del gobierno corporativo o el incremento de la financiación a pequeñas y medianas empresas.

Por otro lado a través de la presente regulación se articuló un cambio en la composición de la Comisión Rectora del FROB, que pasó a quedar integrada por nueve miembros: dos del Ministerio de Economía; cuatro del Banco de España y tres de los Fondos de Garantía de Depósitos (FGD). La presidencia continuó en manos del subgobernador del Banco de España. Aquellos Consejeros que fuesen nombrados por el FROB habrían de entrar en las cajas en el mismo momento en que el Fondo subscribiese las acciones, siendo su tarea vigilar y controlar que el plan de recapitalización se desarrolle según lo previsto. En definitiva, aquellos consejeros que nombrase el FROB en los órganos de gobierno de las entidades a las que se apoyara con dinero público no entrarían en la gestión, teniendo la consideración de profesionales y asumiendo la función de vigilar y controlar que los planes de reestructuración se desarrollen de acuerdo a lo previsto55.

Por otro lado a través de la presente regulación se articuló un cambio en la composición de la Comisión Rectora del FROB, que pasó a quedar integrada por nueve miembros: dos del Ministerio de Economía; cuatro del Banco de España y tres de los Fondos de Garantía de Depósitos (FGD). La presidencia continuó en manos del subgobernador del Banco de España. Aquellos Consejeros que fuesen nombrados por el FROB habrían de entrar en las cajas en el mismo momento en que el Fondo subscribiese las acciones, siendo su tarea vigilar y controlar que el plan de recapitalización se desarrolle según lo previsto. En definitiva, aquellos consejeros que nombrase el FROB en los órganos de gobierno de las entidades a las que se apoyara con dinero público no entrarían en la gestión, teniendo la consideración de profesionales y asumiendo la función de vigilar y controlar que los planes de reestructuración se desarrollen de acuerdo a lo previsto55.

55 El FROB ha pretendido limitar la retribución variable de los directivos de las cajas de ahorro que hayan recibido financiación pública. En este sentido el supervisor bancario empezó ya durante el ejercicio 2010 a aplicar las competencias que le otorga la normativa española y europea en los sueldos de las cúpulas ejecutivas de las cajas. El Banco de España, a través de la comisión gestora del FROB, dictó unos principios generales y defendió que la retribución variable debía ser prudente y austera. El supervisor tenía además intención de revisar los bonus, caso a caso, en función de la situación financiera de cada entidad, de sus recursos propios y de su solvencia. En todo caso todas las cajas comparten una exigencia común: diferir el variable de los directivos a medio y largo plazo, mientras no devuelvan los préstamos del FROB, y evitar el pago en metálico siempre que sea posible. Ciertamente a tal efecto se hace necesario concretar qué se ha de entender por sueldo variable “prudente y austero”, al objeto de evitar que pueda llegar a producirse la discrecionalidad del supervisor, que podrá variarlos en función de la coyuntura, máxime si tenemos en cuenta que las competencias a este respecto corresponden más a la Comisión gestora del FROB y del Tesoro que al propio Banco de España. Lo cierto es que el FROB puede, desde el 27 de julio de 2010, exigirles

55 El FROB ha pretendido limitar la retribución variable de los directivos de las cajas de ahorro que hayan recibido financiación pública. En este sentido el supervisor bancario empezó ya durante el ejercicio 2010 a aplicar las competencias que le otorga la normativa española y europea en los sueldos de las cúpulas ejecutivas de las cajas. El Banco de España, a través de la comisión gestora del FROB, dictó unos principios generales y defendió que la retribución variable debía ser prudente y austera. El supervisor tenía además intención de revisar los bonus, caso a caso, en función de la situación financiera de cada entidad, de sus recursos propios y de su solvencia. En todo caso todas las cajas comparten una exigencia común: diferir el variable de los directivos a medio y largo plazo, mientras no devuelvan los préstamos del FROB, y evitar el pago en metálico siempre que sea posible. Ciertamente a tal efecto se hace necesario concretar qué se ha de entender por sueldo variable “prudente y austero”, al objeto de evitar que pueda llegar a producirse la discrecionalidad del supervisor, que podrá variarlos en función de la coyuntura, máxime si tenemos en cuenta que las competencias a este respecto corresponden más a la Comisión gestora del FROB y del Tesoro que al propio Banco de España. Lo cierto es que el FROB puede, desde el 27 de julio de 2010, exigirles

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Básicamente se pretendía en el presente caso que formasen parte del citado Consejo Rector profesionales que conociesen a fondo el sistema financiero y que fueran a vigilar y a controlar que se llevase a cabo el plan de recapitalización conforme a lo previsto.

Básicamente se pretendía en el presente caso que formasen parte del citado Consejo Rector profesionales que conociesen a fondo el sistema financiero y que fueran a vigilar y a controlar que se llevase a cabo el plan de recapitalización conforme a lo previsto.

Por otra parte los 20.000 millones de euros previstos como necesarios para recapitalizar el sector continuaron establecidos como cifra máxima, si bien el importe exacto de dicha cifra sólo se conoció el 10 de marzo de 2011, cuando el Banco de España revisó las necesidades de capital de todas las entidades56. En todo caso tuvo lugar la creación de una nueva ratio de solvencia ad hoc para nuestro sector bancario. A la definición de core capital (capital y reservas sobre activos ponderados por riesgo) de Basilea III, las entidades añadieron los más de 11.000 millones de euros aportados por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria e instrumentos convertibles en acciones que venzan antes de 2014.

Por otra parte los 20.000 millones de euros previstos como necesarios para recapitalizar el sector continuaron establecidos como cifra máxima, si bien el importe exacto de dicha cifra sólo se conoció el 10 de marzo de 2011, cuando el Banco de España revisó las necesidades de capital de todas las entidades56. En todo caso tuvo lugar la creación de una nueva ratio de solvencia ad hoc para nuestro sector bancario. A la definición de core capital (capital y reservas sobre activos ponderados por riesgo) de Basilea III, las entidades añadieron los más de 11.000 millones de euros aportados por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria e instrumentos convertibles en acciones que venzan antes de 2014.

Aquellas entidades que no cumpliesen con los requisitos establecidos al efecto debían buscar, bien un inversor privado que reforzase su solvencia (la opción prioritaria), bien recibir una inyección de dinero público. El Estado podría permanecer hasta cinco años en el capital de las cajas que requiriesen su apoyo. Ahora bien el Ejecutivo ofreció a aquellas entidades que recibiesen ayudas del FROB la posibilidad de buscar un inversor que sustituyese al

Aquellas entidades que no cumpliesen con los requisitos establecidos al efecto debían buscar, bien un inversor privado que reforzase su solvencia (la opción prioritaria), bien recibir una inyección de dinero público. El Estado podría permanecer hasta cinco años en el capital de las cajas que requiriesen su apoyo. Ahora bien el Ejecutivo ofreció a aquellas entidades que recibiesen ayudas del FROB la posibilidad de buscar un inversor que sustituyese al

que ajusten las políticas salariales de sus principales ejecutivos a lo previsto en la legislación comunitaria (Directiva 2010/76 del Parlamento Europeo). Por su parte el Banco de España tiene potestad para aplicar la Directiva en sentido amplio, ya que se dejan muchos aspectos específicos pendientes de desarrollos posteriores y de su transposición a la legislación nacional. No obstante la citada Directiva otorga margen al Banco de España para exigir que entre el 30% y el 40% del variable se aplace en el tiempo entre tres y cinco años. Dicho componente ha de significar, además, una proporción equilibrada sobre el salario total, si bien el establecimiento de los ratios “apropiados” entre fijo y variable corresponde a cada entidad. En el caso de las firmas que hayan recibido financiación pública excepcional y cuando su solvencia se halle en peligro, el bonus podrá limitarse. Así, únicamente podrá representar un porcentaje fijo sobre los ingresos netos totales de las firmas afectadas. Con carácter adicional la remuneración variable habrá de contraerse, según la Directiva, de forma considerable cuando la entidad obtenga resultados financieros “poco brillantes” o negativos. En cuanto al Banco de España, éste habrá de recabar información sobre el número exacto de personas de cada entidad que cobran al año más de un millón de euros, contemplando a este respecto la legislación que las autoridades nacionales queden facultadas para imponer multas. 56 Hay que recordar a este respecto que, según datos del Ministerio de Economía facilitados con fecha de 18 febrero de 2011, el ratio del conjunto del sector estaba en el 8,5%, por encima de las exigencias legales, de la media europea y de los requisitos de las pruebas de estrés practicadas durante el mes de julio del pasado año 2010.

que ajusten las políticas salariales de sus principales ejecutivos a lo previsto en la legislación comunitaria (Directiva 2010/76 del Parlamento Europeo). Por su parte el Banco de España tiene potestad para aplicar la Directiva en sentido amplio, ya que se dejan muchos aspectos específicos pendientes de desarrollos posteriores y de su transposición a la legislación nacional. No obstante la citada Directiva otorga margen al Banco de España para exigir que entre el 30% y el 40% del variable se aplace en el tiempo entre tres y cinco años. Dicho componente ha de significar, además, una proporción equilibrada sobre el salario total, si bien el establecimiento de los ratios “apropiados” entre fijo y variable corresponde a cada entidad. En el caso de las firmas que hayan recibido financiación pública excepcional y cuando su solvencia se halle en peligro, el bonus podrá limitarse. Así, únicamente podrá representar un porcentaje fijo sobre los ingresos netos totales de las firmas afectadas. Con carácter adicional la remuneración variable habrá de contraerse, según la Directiva, de forma considerable cuando la entidad obtenga resultados financieros “poco brillantes” o negativos. En cuanto al Banco de España, éste habrá de recabar información sobre el número exacto de personas de cada entidad que cobran al año más de un millón de euros, contemplando a este respecto la legislación que las autoridades nacionales queden facultadas para imponer multas. 56 Hay que recordar a este respecto que, según datos del Ministerio de Economía facilitados con fecha de 18 febrero de 2011, el ratio del conjunto del sector estaba en el 8,5%, por encima de las exigencias legales, de la media europea y de los requisitos de las pruebas de estrés practicadas durante el mes de julio del pasado año 2010.

La recapitalización de las entidades financieras

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Estado, o bien de recomprar esa participación, en los dos primeros años tras la entrada del citado Fondo. Este aspecto resultaba especialmente relevante para el sector, ya que le permitía tener un socio adecuado y evitar que esas participaciones cayesen en manos de inversores cortoplacistas.

Estado, o bien de recomprar esa participación, en los dos primeros años tras la entrada del citado Fondo. Este aspecto resultaba especialmente relevante para el sector, ya que le permitía tener un socio adecuado y evitar que esas participaciones cayesen en manos de inversores cortoplacistas.

Inicialmente el Ejecutivo había anunciado que dicho período de preferencia sería sólo de un año. Sin embargo, con posterioridad accedió a ampliarlo tras negociar el apoyo parlamentario de la norma. Se trató de un cambio que, desde nuestro punto de vista, podría favorecer la concentración bancaria a través de una segunda ronda de fusiones. La entrada en el capital del Sector público se realizaría a precios de mercado, con valoraciones realizadas con profesionales. Y, una vez transcurrido el blindaje de los dos primeros años contra eventuales especuladores financieros, el Estado subastaría en el mercado sus participaciones.

Inicialmente el Ejecutivo había anunciado que dicho período de preferencia sería sólo de un año. Sin embargo, con posterioridad accedió a ampliarlo tras negociar el apoyo parlamentario de la norma. Se trató de un cambio que, desde nuestro punto de vista, podría favorecer la concentración bancaria a través de una segunda ronda de fusiones. La entrada en el capital del Sector público se realizaría a precios de mercado, con valoraciones realizadas con profesionales. Y, una vez transcurrido el blindaje de los dos primeros años contra eventuales especuladores financieros, el Estado subastaría en el mercado sus participaciones.

El Real Decreto-Ley entró en vigor el 10 de marzo de 2011, fecha en la que el Banco de España anunció las necesidades de capital de todas las entidades. A partir de ese momento las cajas afectadas contaron con el varias veces referido ya plazo de quince días para presentar un plan estratégico. De este modo, en el supuesto de que los gestores estimasen que necesitasen dinero público, contarían con un mes para preparar un plan de recapitalización, pudiendo solicitar su nacionalización parcial en cualquier momento. Los planes de recapitalización tendrían que estar completados el 30 de septiembre de 2011, si bien el supervisor bancario podría alargar este plazo hasta tres meses.

El Real Decreto-Ley entró en vigor el 10 de marzo de 2011, fecha en la que el Banco de España anunció las necesidades de capital de todas las entidades. A partir de ese momento las cajas afectadas contaron con el varias veces referido ya plazo de quince días para presentar un plan estratégico. De este modo, en el supuesto de que los gestores estimasen que necesitasen dinero público, contarían con un mes para preparar un plan de recapitalización, pudiendo solicitar su nacionalización parcial en cualquier momento. Los planes de recapitalización tendrían que estar completados el 30 de septiembre de 2011, si bien el supervisor bancario podría alargar este plazo hasta tres meses.

Tratándose de entidades que hubiesen optado por captar recursos privados, el Banco de España podría conceder un aplazamiento, siempre que el mismo estuviese debidamente justificado. Dicho aplazamiento podría llegar hasta finales de 2011 para las recapitalizaciones que se efectuasen al margen de la Bolsa, y hasta marzo de 2012 para el caso de los procesos de admisión de negociación de acciones, siempre que existiese un acuerdo del órgano de administración competente y un calendario detallado de ejecución. Conviene no olvidar además que el FROB tiene el compromiso de suscribir los importes de capital que sean necesarios en aquellas entidades que lo soliciten. Y, en el supuesto de que las cajas deseasen salir a bolsa, podría alargarse hasta marzo de 201257. No obstante, tal y como ha sido

Tratándose de entidades que hubiesen optado por captar recursos privados, el Banco de España podría conceder un aplazamiento, siempre que el mismo estuviese debidamente justificado. Dicho aplazamiento podría llegar hasta finales de 2011 para las recapitalizaciones que se efectuasen al margen de la Bolsa, y hasta marzo de 2012 para el caso de los procesos de admisión de negociación de acciones, siempre que existiese un acuerdo del órgano de administración competente y un calendario detallado de ejecución. Conviene no olvidar además que el FROB tiene el compromiso de suscribir los importes de capital que sean necesarios en aquellas entidades que lo soliciten. Y, en el supuesto de que las cajas deseasen salir a bolsa, podría alargarse hasta marzo de 201257. No obstante, tal y como ha sido

57 Sin lugar a dudas ésta fue una de las principales reivindicaciones de la patronal de las Cajas (Ceca).

57 Sin lugar a dudas ésta fue una de las principales reivindicaciones de la patronal de las Cajas (Ceca).

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Juan Calvo Vérgez

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Juan Calvo Vérgez

diseñado el plan de refuerzo, aquellas cajas de ahorro que reciban ayudas públicas tendrán que convertirse en bancos, al que traspasarán todo su negocio bancario. Y aquellas cajas que no necesiten reforzar su capital ni la ayuda del Estado podrán mantener su actual estatus jurídico.

diseñado el plan de refuerzo, aquellas cajas de ahorro que reciban ayudas públicas tendrán que convertirse en bancos, al que traspasarán todo su negocio bancario. Y aquellas cajas que no necesiten reforzar su capital ni la ayuda del Estado podrán mantener su actual estatus jurídico.

¿Qué repercusión podría tener sobre los clientes de las entidades este Plan? Desde nuestro punto de vista, en la medida en que el conjunto de las entidades bancarias españolas resulten solventes y se incremente la confianza de los mercados mayoristas en el sector bancario español, ninguna. Dada la citada situación se aumentará el crédito que fluye a familias y empresas.

¿Qué repercusión podría tener sobre los clientes de las entidades este Plan? Desde nuestro punto de vista, en la medida en que el conjunto de las entidades bancarias españolas resulten solventes y se incremente la confianza de los mercados mayoristas en el sector bancario español, ninguna. Dada la citada situación se aumentará el crédito que fluye a familias y empresas.

¿Podrán computar las entidades como capital la financiación pública del FROB? A nuestro juicio, sí. Como ya se ha analizado la actual regulación permite que las cajas de ahorro computen la financiación pública otorgada por el FROB para las integraciones de entidades como capital. No obstante respecto de los bancos la adopción del citado criterio representa una cierta incongruencia, ya que estas ayudas públicas son un pasivo y no forman parte del patrimonio de las entidades. Téngase presente además que, hasta la fecha, el Estado únicamente ha concedido préstamos a las cajas y no inyecciones de capital, lo que refrenda la tesis de los bancos.

¿Podrán computar las entidades como capital la financiación pública del FROB? A nuestro juicio, sí. Como ya se ha analizado la actual regulación permite que las cajas de ahorro computen la financiación pública otorgada por el FROB para las integraciones de entidades como capital. No obstante respecto de los bancos la adopción del citado criterio representa una cierta incongruencia, ya que estas ayudas públicas son un pasivo y no forman parte del patrimonio de las entidades. Téngase presente además que, hasta la fecha, el Estado únicamente ha concedido préstamos a las cajas y no inyecciones de capital, lo que refrenda la tesis de los bancos.

¿Qué entidades debían cumplir con el baremo de solvencia del 10%? Con carácter general aquellas cajas de ahorro o cooperativas de crédito cuya estructura de financiación dependiese en más de un 20% de los mercados mayoristas o que no tuviesen inversión privada serán las que deban tener un nivel de capital principal del 10%. El resto, del 8%. Finalmente, bastaría para que las entidades sólo tuvieran que alcanzar el umbral inferior con que cumpliesen con sólo una de estas condiciones. A nuestro juicio, el hecho de que finalmente sólo se exija la concurrencia de uno de los dos requisitos representa un alivio para las cajas y cooperativas que se financian con los depósitos de sus clientes y no en los mercados58.

¿Qué entidades debían cumplir con el baremo de solvencia del 10%? Con carácter general aquellas cajas de ahorro o cooperativas de crédito cuya estructura de financiación dependiese en más de un 20% de los mercados mayoristas o que no tuviesen inversión privada serán las que deban tener un nivel de capital principal del 10%. El resto, del 8%. Finalmente, bastaría para que las entidades sólo tuvieran que alcanzar el umbral inferior con que cumpliesen con sólo una de estas condiciones. A nuestro juicio, el hecho de que finalmente sólo se exija la concurrencia de uno de los dos requisitos representa un alivio para las cajas y cooperativas que se financian con los depósitos de sus clientes y no en los mercados58.

Por lo que respecta a la neutralidad fiscal reclamada para los SIPs, el RDLey 2/2011 estableció que las integraciones de cajas de ahorro a través

Por lo que respecta a la neutralidad fiscal reclamada para los SIPs, el RDLey 2/2011 estableció que las integraciones de cajas de ahorro a través

Como se ha señalado, a lo largo del mes de septiembre de 2011 el Banco de España debía decidir cuáles son las necesidades de capital de las entidades. Y, antes de que finalizase el citado año, todo el sector debería de haberse adaptado, bien con capital privado o dinero público. Con anterioridad las entidades podrían solicitar el auxilio del Estado. La única excepción la constituirían aquellas cajas que fuesen a salir a bolsa, las cuales podrían extender su plazo hasta marzo de 2012.

Como se ha señalado, a lo largo del mes de septiembre de 2011 el Banco de España debía decidir cuáles son las necesidades de capital de las entidades. Y, antes de que finalizase el citado año, todo el sector debería de haberse adaptado, bien con capital privado o dinero público. Con anterioridad las entidades podrían solicitar el auxilio del Estado. La única excepción la constituirían aquellas cajas que fuesen a salir a bolsa, las cuales podrían extender su plazo hasta marzo de 2012.

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La recapitalización de las entidades financieras

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de Sistemas Institucionales de Protección tributasen como las fusiones clásicas, asegurando así la neutralidad fiscal en estas operaciones. Se otorgó así a los SIPs la posibilidad de acogerse al régimen de consolidación, permitiéndose a las entidades en reestructuración beneficiarse de un tratamiento equivalente al de una fusión en sentido propio. A nuestro juicio se trata de una medida positiva que ha de representar un ahorro fiscal para el conjunto de las entidades.

de Sistemas Institucionales de Protección tributasen como las fusiones clásicas, asegurando así la neutralidad fiscal en estas operaciones. Se otorgó así a los SIPs la posibilidad de acogerse al régimen de consolidación, permitiéndose a las entidades en reestructuración beneficiarse de un tratamiento equivalente al de una fusión en sentido propio. A nuestro juicio se trata de una medida positiva que ha de representar un ahorro fiscal para el conjunto de las entidades.

Uno de los aspectos más significativos de la presente reforma fue el relativo al hecho de que los baremos exigidos, con un core capital mínimo del 8%, sean más exigentes que los incluidos en Basilea III. Ello representó un reflejo claro del importante esfuerzo de capitalización que se planteó, si bien es cierto que los requisitos mínimos de capital adoptados resultaron acompañados de alguna flexibilidad, permitiéndose computar nuevos activos no contemplados por Basilea.

Uno de los aspectos más significativos de la presente reforma fue el relativo al hecho de que los baremos exigidos, con un core capital mínimo del 8%, sean más exigentes que los incluidos en Basilea III. Ello representó un reflejo claro del importante esfuerzo de capitalización que se planteó, si bien es cierto que los requisitos mínimos de capital adoptados resultaron acompañados de alguna flexibilidad, permitiéndose computar nuevos activos no contemplados por Basilea.

Desde nuestro punto de vista a tenor de la presente regulación, cuya principal finalidad no ha sido otra que evitar un colapso de crédito y acelerar el proceso de integración de las cajas, parecía bastante difícil que éstas últimas estuviesen en condiciones de rechazar la invitación abierta a transformarse en bancos. En efecto, con plazos de adaptación tan perentorios no parecía muy realista que los casos de fuerte déficit de recursos propios pudieran ser compensados con capital privado, no ya sólo por el efecto desmotivador en los inversores que introducen las persistentes dudas sobre los balances de esas entidades (de hecho, el problema de falta de transparencia sigue sin resolverse), sino porque coincidirá en el tiempo el aluvión de emisiones de las entidades mejor y peor capitalizadas. Así las cosas parecía razonable estimar que más de una caja se vería forzada a solicitar el apoyo financiero del FROB. Y, en aquellos supuestos en los que resultase necesario (es decir, tratándose de aquellas entidades que no lograsen reforzar su solvencia por sus propios medios teniendo que recurrir al respaldo público en el plazo establecido), el FROB proporcionaría los fondos para alcanzar los requerimientos de capital de la norma, lo que constituiría, a nuestro juicio, una actuación poco recomendable, debido al coste que acarrearía para el contribuyente la emisión de deuda pública y para la propia imagen exterior del país59.

Desde nuestro punto de vista a tenor de la presente regulación, cuya principal finalidad no ha sido otra que evitar un colapso de crédito y acelerar el proceso de integración de las cajas, parecía bastante difícil que éstas últimas estuviesen en condiciones de rechazar la invitación abierta a transformarse en bancos. En efecto, con plazos de adaptación tan perentorios no parecía muy realista que los casos de fuerte déficit de recursos propios pudieran ser compensados con capital privado, no ya sólo por el efecto desmotivador en los inversores que introducen las persistentes dudas sobre los balances de esas entidades (de hecho, el problema de falta de transparencia sigue sin resolverse), sino porque coincidirá en el tiempo el aluvión de emisiones de las entidades mejor y peor capitalizadas. Así las cosas parecía razonable estimar que más de una caja se vería forzada a solicitar el apoyo financiero del FROB. Y, en aquellos supuestos en los que resultase necesario (es decir, tratándose de aquellas entidades que no lograsen reforzar su solvencia por sus propios medios teniendo que recurrir al respaldo público en el plazo establecido), el FROB proporcionaría los fondos para alcanzar los requerimientos de capital de la norma, lo que constituiría, a nuestro juicio, una actuación poco recomendable, debido al coste que acarrearía para el contribuyente la emisión de deuda pública y para la propia imagen exterior del país59.

59 Por aquel entonces el FROB contaba con fondos por valor de 7.500 millones de euros (4.500 millones de tesorería y 3.000 millones de una línea de crédito). Y ello sin perjuicio de que el citado pudiera salir a emitir deuda en cualquier momento.

59 Por aquel entonces el FROB contaba con fondos por valor de 7.500 millones de euros (4.500 millones de tesorería y 3.000 millones de una línea de crédito). Y ello sin perjuicio de que el citado pudiera salir a emitir deuda en cualquier momento.

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Juan Calvo Vérgez

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En todo caso parece claro que únicamente profesionalizando la gestión de los bancos que se creen e introduciendo una auténtica cultura de creación de valor y rendición de cuentas podrá aspirarse a una progresiva homologación por los mercados, máxime si se tiene en cuenta las actuales dificultades que atraviesan las entidades para captar fondos en los mercados. Y es que el actual problema de liquidez que padecen dichas entidades procede, en última instancia, de las dudas existentes sobre la solvencia, por injustificadas que las mismas puedan parecer. Asimismo cabe plantearse la conveniencia de adoptar una norma de transparencia destinada a garantizar que los inversores cuentan con la máxima información posible, sobre todo la relativa al riesgo inmobiliario de las cajas de ahorro, así como en relación su exposición a las Administraciones Públicas y a las Comunidades Autónomas.

En todo caso parece claro que únicamente profesionalizando la gestión de los bancos que se creen e introduciendo una auténtica cultura de creación de valor y rendición de cuentas podrá aspirarse a una progresiva homologación por los mercados, máxime si se tiene en cuenta las actuales dificultades que atraviesan las entidades para captar fondos en los mercados. Y es que el actual problema de liquidez que padecen dichas entidades procede, en última instancia, de las dudas existentes sobre la solvencia, por injustificadas que las mismas puedan parecer. Asimismo cabe plantearse la conveniencia de adoptar una norma de transparencia destinada a garantizar que los inversores cuentan con la máxima información posible, sobre todo la relativa al riesgo inmobiliario de las cajas de ahorro, así como en relación su exposición a las Administraciones Públicas y a las Comunidades Autónomas.

Una de las principales consecuencias de la presente regulación podría ser, sin embargo, el endurecimiento de las condiciones crediticias, ante la menor capacidad de apalancamiento de las entidades y su lógica reacción a limitar la exposición de la cartera, rehuyendo invertir en los activos que consuman más capital regulatorio, como los créditos a las actividades productivas. Ello implicaría el surgimiento de un coste en términos de crecimiento potencial.

Una de las principales consecuencias de la presente regulación podría ser, sin embargo, el endurecimiento de las condiciones crediticias, ante la menor capacidad de apalancamiento de las entidades y su lógica reacción a limitar la exposición de la cartera, rehuyendo invertir en los activos que consuman más capital regulatorio, como los créditos a las actividades productivas. Ello implicaría el surgimiento de un coste en términos de crecimiento potencial.

Por otro lado, a resultas de la citada regulación el Ministerio de Economía y Hacienda impuso límites a la recapitalización de las cajas a través de su red de sucursales. Las nuevas exigencias de solvencia adoptadas por el Ejecutivo obligaron a las cajas a salir al mercado a obtener en escasamente un año hasta 20.000 millones de euros. Las entidades necesitaban captar en el plazo de tiempo fijado al efecto la mitad de los fondos obtenidos por toda la banca europea en 2010, con un doble lastre de partida: la desconfianza de los inversores hacia las cajas y las pobres perspectivas de crecimiento del mercado bancario español a corto plazo.

Por otro lado, a resultas de la citada regulación el Ministerio de Economía y Hacienda impuso límites a la recapitalización de las cajas a través de su red de sucursales. Las nuevas exigencias de solvencia adoptadas por el Ejecutivo obligaron a las cajas a salir al mercado a obtener en escasamente un año hasta 20.000 millones de euros. Las entidades necesitaban captar en el plazo de tiempo fijado al efecto la mitad de los fondos obtenidos por toda la banca europea en 2010, con un doble lastre de partida: la desconfianza de los inversores hacia las cajas y las pobres perspectivas de crecimiento del mercado bancario español a corto plazo.

Desde el mercado se puso en duda que las cajas fuesen a contar con un respaldo claro de los grandes inversores, lo que abría la puerta a una apelación masiva al ahorrador minorista. Los grupos que contemplaban esta vía ya tenían sobre la mesa las primeras pautas a seguir. Como es sabido el RDLey 2/2011 establece a este respecto que cualquier operación de venta de acciones habrá de realizarse de conformidad con los criterios de la CNMV para asegurar la adecuada protección de los inversores. Y, con carácter adi-

Desde el mercado se puso en duda que las cajas fuesen a contar con un respaldo claro de los grandes inversores, lo que abría la puerta a una apelación masiva al ahorrador minorista. Los grupos que contemplaban esta vía ya tenían sobre la mesa las primeras pautas a seguir. Como es sabido el RDLey 2/2011 establece a este respecto que cualquier operación de venta de acciones habrá de realizarse de conformidad con los criterios de la CNMV para asegurar la adecuada protección de los inversores. Y, con carácter adi-

La recapitalización de las entidades financieras

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cional, en el supuesto de que una parte de la emisión se comercialice entre la clientela minorista, se requerirá la solicitud de admisión a negociación en un mercado secundario oficial. Esta vigilancia no sólo se estrecha sobre la venta de acciones, sino también sobre los títulos convertibles en acciones, instrumento igualmente incluido en su definición de capital principal. Téngase presente que las cajas podrían optar ahora por replicar esta estrategia con bonos convertibles.

cional, en el supuesto de que una parte de la emisión se comercialice entre la clientela minorista, se requerirá la solicitud de admisión a negociación en un mercado secundario oficial. Esta vigilancia no sólo se estrecha sobre la venta de acciones, sino también sobre los títulos convertibles en acciones, instrumento igualmente incluido en su definición de capital principal. Téngase presente que las cajas podrían optar ahora por replicar esta estrategia con bonos convertibles.

Estos títulos, sin embargo, han de cumplir una serie de exigencias para que puedan computar como capital principal. En primer lugar, su volumen. Con carácter general los valores convertibles no podrán representar más del 25% del capital principal, lo que significa que si algún grupo tuviese una laguna de solvencia superior a este importe, no podría resolverlo mediante una apelación agresiva a sus clientes. En el supuesto de que se optase por la venta de dichos títulos, habría que tomar en consideración el conjunto de condiciones a cumplir, no pudiendo efectuarse dicha conversión en acciones con posterioridad al 31 de diciembre de 2014. El banco o caja de que se trate podrá decidir en cualquier momento el impacto del cupón que pagan estos títulos como retribución, debiendo efectuarse su comercialización de acuerdo con los criterios de la CNMV para asegurar la efectividad de la relación de conversión que se proponga a los inversores. Y, con carácter adicional, en el supuesto de que una parte de la emisión se comercializase entre la clientela minorista, se requeriría solicitud de admisión a negociación, tanto del instrumento de deuda como del título de capital, en un mercado secundario oficial.

Estos títulos, sin embargo, han de cumplir una serie de exigencias para que puedan computar como capital principal. En primer lugar, su volumen. Con carácter general los valores convertibles no podrán representar más del 25% del capital principal, lo que significa que si algún grupo tuviese una laguna de solvencia superior a este importe, no podría resolverlo mediante una apelación agresiva a sus clientes. En el supuesto de que se optase por la venta de dichos títulos, habría que tomar en consideración el conjunto de condiciones a cumplir, no pudiendo efectuarse dicha conversión en acciones con posterioridad al 31 de diciembre de 2014. El banco o caja de que se trate podrá decidir en cualquier momento el impacto del cupón que pagan estos títulos como retribución, debiendo efectuarse su comercialización de acuerdo con los criterios de la CNMV para asegurar la efectividad de la relación de conversión que se proponga a los inversores. Y, con carácter adicional, en el supuesto de que una parte de la emisión se comercializase entre la clientela minorista, se requeriría solicitud de admisión a negociación, tanto del instrumento de deuda como del título de capital, en un mercado secundario oficial.

Por otra parte estos planes de recapitalización debían contar con el visto bueno de la CNMV, que ha de precisar qué parte de la colocación podrá venderse entre pequeños inversores. Las cajas defienden la comercialización en las sucursales, al igual que los bancos colocan sus ampliaciones en la red, pudiendo incluso llegar a financiar la compra de acciones por parte de sus clientes, una práctica que permite la legislación vigente. A este respecto cabe estimar que resultaría lícito vender la mayor parte de la colocación en la red, siempre que un porcentaje de la operación (incluso de carácter minoritario) fuera adquirido por institucionales que fijasen un precio de referencia. Ahora bien también podría estimarse como dudoso que se vaya a permitir que el pequeño inversor financie el grueso de la recapitalización.

Por otra parte estos planes de recapitalización debían contar con el visto bueno de la CNMV, que ha de precisar qué parte de la colocación podrá venderse entre pequeños inversores. Las cajas defienden la comercialización en las sucursales, al igual que los bancos colocan sus ampliaciones en la red, pudiendo incluso llegar a financiar la compra de acciones por parte de sus clientes, una práctica que permite la legislación vigente. A este respecto cabe estimar que resultaría lícito vender la mayor parte de la colocación en la red, siempre que un porcentaje de la operación (incluso de carácter minoritario) fuera adquirido por institucionales que fijasen un precio de referencia. Ahora bien también podría estimarse como dudoso que se vaya a permitir que el pequeño inversor financie el grueso de la recapitalización.

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Juan Calvo Vérgez

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Juan Calvo Vérgez

Dentro del ámbito de nuestro sistema financiero las ayudas públicas otorgadas a las cajas han superado los 11.500 millones de euros en dos años. En efecto, el balance de la reforma de nuestro sistema financiero arroja unos datos en cuanto a ayudas públicas se refiere a resultas de los cuales la reestructuración de las cajas había consumido ya, a 21 de febrero de 2011, la cifra de 11.559 millones de euros en ayudas públicas. Las ayudas se canalizaron a través del FROB cuya financiación, como es sabido, se articula con cargo a los Presupuestos Generales del Estado y, en menor medida, con las aportaciones de los Fondos de Garantía de Depósitos en Establecimientos Bancarios, Cajas de Ahorro y Cooperativas de Crédito.

Dentro del ámbito de nuestro sistema financiero las ayudas públicas otorgadas a las cajas han superado los 11.500 millones de euros en dos años. En efecto, el balance de la reforma de nuestro sistema financiero arroja unos datos en cuanto a ayudas públicas se refiere a resultas de los cuales la reestructuración de las cajas había consumido ya, a 21 de febrero de 2011, la cifra de 11.559 millones de euros en ayudas públicas. Las ayudas se canalizaron a través del FROB cuya financiación, como es sabido, se articula con cargo a los Presupuestos Generales del Estado y, en menor medida, con las aportaciones de los Fondos de Garantía de Depósitos en Establecimientos Bancarios, Cajas de Ahorro y Cooperativas de Crédito.

Según datos facilitados por el Banco de España la exposición de las cajas de ahorro al sector de la construcción y promoción inmobiliaria fue en 2010 de 217.000 millones de euros, de los que el 46% resultó ser “potencialmente problemática”. Los préstamos dudosos ascendieron a 28.000 millones de euros, y los inmuebles adjudicados se elevaron a 44.000 millones de euros. No obstante las pérdidas ya incurridas estaban cubiertas al 100% con provisiones. Y ni por su volumen (que representa el 9% del Producto Interior Bruto) ni por su cómputo (que es transparente, reglado y prudente) se puede sostener que exista un déficit en el reconocimiento de pérdidas incurridas.

Según datos facilitados por el Banco de España la exposición de las cajas de ahorro al sector de la construcción y promoción inmobiliaria fue en 2010 de 217.000 millones de euros, de los que el 46% resultó ser “potencialmente problemática”. Los préstamos dudosos ascendieron a 28.000 millones de euros, y los inmuebles adjudicados se elevaron a 44.000 millones de euros. No obstante las pérdidas ya incurridas estaban cubiertas al 100% con provisiones. Y ni por su volumen (que representa el 9% del Producto Interior Bruto) ni por su cómputo (que es transparente, reglado y prudente) se puede sostener que exista un déficit en el reconocimiento de pérdidas incurridas.

La exposición de las cajas al sector inmobiliario alcanzó los 217.000 millones de euros. Los activos problemáticos sumaron 100.000 millones. De estos, 28.000 millones fueron créditos en situación normal pero mantenidos bajo vigilancia; otros 28.000 millones fueron préstamos dudosos y 44.000 millones de euros fueron activos adjudicados. Las coberturas específicas para los créditos inmobiliarios representaron un 31% de la exposición potencialmente problemática. Si se suman las provisiones genéricas, el porcentaje llegaba al 38%. Y, en tanto en cuanto, como se señaló en el Informe del Banco de España de 21 de febrero de 2011, las cajas tienen provisionadas todas las pérdidas ya incurridas, cabía afirmar que ni por su volumen (que representaba cerca del 9% del PIB) ni por su cómputo (transparente, reglado y prudente) podía sostenerse que existiese un déficit en el reconocimiento de las pérdidas incurridas.

La exposición de las cajas al sector inmobiliario alcanzó los 217.000 millones de euros. Los activos problemáticos sumaron 100.000 millones. De estos, 28.000 millones fueron créditos en situación normal pero mantenidos bajo vigilancia; otros 28.000 millones fueron préstamos dudosos y 44.000 millones de euros fueron activos adjudicados. Las coberturas específicas para los créditos inmobiliarios representaron un 31% de la exposición potencialmente problemática. Si se suman las provisiones genéricas, el porcentaje llegaba al 38%. Y, en tanto en cuanto, como se señaló en el Informe del Banco de España de 21 de febrero de 2011, las cajas tienen provisionadas todas las pérdidas ya incurridas, cabía afirmar que ni por su volumen (que representaba cerca del 9% del PIB) ni por su cómputo (transparente, reglado y prudente) podía sostenerse que existiese un déficit en el reconocimiento de las pérdidas incurridas.

En el caso de las coberturas específicas constituidas, dichas coberturas representaron un 31% de la exposición potencialmente problemática y, sumando las provisiones genéricas, la cobertura se elevaba al 38%. En este sentido la información ya publicada por las cajas de ahorro respecto

En el caso de las coberturas específicas constituidas, dichas coberturas representaron un 31% de la exposición potencialmente problemática y, sumando las provisiones genéricas, la cobertura se elevaba al 38%. En este sentido la información ya publicada por las cajas de ahorro respecto

La recapitalización de las entidades financieras

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a su exposición al sector de la construcción resultaba, a juicio del Banco de España, muy detallada, estimándose que el sistema de valoración de los activos inmobiliarios ha sido el adecuado.

a su exposición al sector de la construcción resultaba, a juicio del Banco de España, muy detallada, estimándose que el sistema de valoración de los activos inmobiliarios ha sido el adecuado.

Desde el Banco de España, y a través de su Informe de 21 de febrero de 2011 al que se viene aludiendo, se señaló que, a pesar de que se registrase una depreciación del suelo del 70%, las cajas no tendrían problemas, estimándose a tal efecto que el reconocimiento de las pérdidas potenciales de las entidades españolas, debidas principalmente a los créditos a los sectores de la construcción y la promoción, se ajustaba a la realidad, tal y como reflejan tanto los niveles de reconocimiento como el cálculo realizado.

Desde el Banco de España, y a través de su Informe de 21 de febrero de 2011 al que se viene aludiendo, se señaló que, a pesar de que se registrase una depreciación del suelo del 70%, las cajas no tendrían problemas, estimándose a tal efecto que el reconocimiento de las pérdidas potenciales de las entidades españolas, debidas principalmente a los créditos a los sectores de la construcción y la promoción, se ajustaba a la realidad, tal y como reflejan tanto los niveles de reconocimiento como el cálculo realizado.

El 40% de los créditos problemáticos fue destinado a la financiación de suelo, los activos que más valor han perdido durante la crisis. Los 100.000 millones de euros en créditos y activos vinculados a la promoción inmobiliaria potencialmente problemáticos representaron el 46% de la exposición total que tienen las cajas al ladrillo, que ascendía a 217.000 millones, según datos ajustados del supervisor al cierre de 2010.

El 40% de los créditos problemáticos fue destinado a la financiación de suelo, los activos que más valor han perdido durante la crisis. Los 100.000 millones de euros en créditos y activos vinculados a la promoción inmobiliaria potencialmente problemáticos representaron el 46% de la exposición total que tienen las cajas al ladrillo, que ascendía a 217.000 millones, según datos ajustados del supervisor al cierre de 2010.

Los activos tóxicos vinculados a la financiación de suelo, que son los que más incertidumbre presentan en su valoración debido al parón total en la compraventa en este segmento, representaron unos 40.000 millones de euros, es decir, el 40% del problema. Con fecha de diciembre de 2010 el supervisor valoró los activos tóxicos del conjunto del sistema en 180.000 millones (con datos a junio de 2010), indicándose que las cajas tenían constituidas provisiones por importe de 38.000 millones de euros, a las que cabría sumarle las garantías de estos activos. El Banco de España calculó que, ante un escenario de estrés máximo, con estas dotaciones se cubriría un 77% de la pérdida esperada. El supervisor excluyó de la cifra total de exposición inmobiliaria 66.000 millones de euros que no estaban vinculados directamente con promotores, sino que constituían créditos dedicados a las grandes empresas y a la construcción civil, cuya pérdida esperada era mucho menor.

Los activos tóxicos vinculados a la financiación de suelo, que son los que más incertidumbre presentan en su valoración debido al parón total en la compraventa en este segmento, representaron unos 40.000 millones de euros, es decir, el 40% del problema. Con fecha de diciembre de 2010 el supervisor valoró los activos tóxicos del conjunto del sistema en 180.000 millones (con datos a junio de 2010), indicándose que las cajas tenían constituidas provisiones por importe de 38.000 millones de euros, a las que cabría sumarle las garantías de estos activos. El Banco de España calculó que, ante un escenario de estrés máximo, con estas dotaciones se cubriría un 77% de la pérdida esperada. El supervisor excluyó de la cifra total de exposición inmobiliaria 66.000 millones de euros que no estaban vinculados directamente con promotores, sino que constituían créditos dedicados a las grandes empresas y a la construcción civil, cuya pérdida esperada era mucho menor.

Desde nuestro punto de vista, de cara al futuro, los principales retos a los que deberían de enfrentarse las cajas se concretaban en los relativos a la capacidad de implementar el plan de negocio, en un entorno macro complicado, así como la puesta en marcha de la integración y la capacidad de alcanzar las sinergias de costes previstas. Piénsese que, las cajas disponen

Desde nuestro punto de vista, de cara al futuro, los principales retos a los que deberían de enfrentarse las cajas se concretaban en los relativos a la capacidad de implementar el plan de negocio, en un entorno macro complicado, así como la puesta en marcha de la integración y la capacidad de alcanzar las sinergias de costes previstas. Piénsese que, las cajas disponen

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Juan Calvo Vérgez

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de varias formas para elevar sus recursos, que van desde la venta de sus participaciones industriales hasta la entrada de fondos de capital riesgo, pasando por la venta de acciones a inversores institucionales o entre sus propios clientes. Así, en el supuesto de que una determinada caja necesitase, al no alcanzar la ratio de solvencia requerida, dar entrada en su capital al FROB, habría de evitarse que la presencia pública en el capital de las entidades financieras terminara distorsionando el mercado.

de varias formas para elevar sus recursos, que van desde la venta de sus participaciones industriales hasta la entrada de fondos de capital riesgo, pasando por la venta de acciones a inversores institucionales o entre sus propios clientes. Así, en el supuesto de que una determinada caja necesitase, al no alcanzar la ratio de solvencia requerida, dar entrada en su capital al FROB, habría de evitarse que la presencia pública en el capital de las entidades financieras terminara distorsionando el mercado.

De cara a la implantación de la presente reforma las principales dudas de los inversores podrían suscitarse en cuestiones tales como la solvencia del sector financiero (al elevarse los mínimos de capital de bancos y cajas) y la calidad de los balances bancarios. A este respecto cabe plantearse si la reforma contribuirá a elevar el saneamiento de los balances. Téngase presente que la exigencia de una mayor estructura de recursos propios supone un incentivo a dotar menos provisiones y generar más reservas, lo que representa el componente principal del capital. Por otro lado, y a la espera de que el resto de Estados de la UE implementen la normativa de Basilea III para poner en marcha los nuevos umbrales de solvencia, las entidades financieras de nuestro país han de hacer frente a unos niveles más elevados que podrían llegar a colocar a dichas entidades ante una situación de desventaja competitiva.

De cara a la implantación de la presente reforma las principales dudas de los inversores podrían suscitarse en cuestiones tales como la solvencia del sector financiero (al elevarse los mínimos de capital de bancos y cajas) y la calidad de los balances bancarios. A este respecto cabe plantearse si la reforma contribuirá a elevar el saneamiento de los balances. Téngase presente que la exigencia de una mayor estructura de recursos propios supone un incentivo a dotar menos provisiones y generar más reservas, lo que representa el componente principal del capital. Por otro lado, y a la espera de que el resto de Estados de la UE implementen la normativa de Basilea III para poner en marcha los nuevos umbrales de solvencia, las entidades financieras de nuestro país han de hacer frente a unos niveles más elevados que podrían llegar a colocar a dichas entidades ante una situación de desventaja competitiva.

Por lo que respecta al proceso de conversión de cajas en bancos cabe plantearse hasta qué punto la simple bancarización de esta parte del sector financiero resulta suficiente para lograr más recursos propios. A tal efecto podría llegar a ser necesario acometer una verdadera reestructuración de las entidades: más eficientes, sin excesos de capital, con modelos de negocio viables y balances solventes. De este modo aquellas entidades que se hallasen peor capitalizadas habrían de solicitar una inyección inmediata del FROB que implicaría, en cierta medida, la nacionalización parcial de las entidades que pidan ayudas.

Por lo que respecta al proceso de conversión de cajas en bancos cabe plantearse hasta qué punto la simple bancarización de esta parte del sector financiero resulta suficiente para lograr más recursos propios. A tal efecto podría llegar a ser necesario acometer una verdadera reestructuración de las entidades: más eficientes, sin excesos de capital, con modelos de negocio viables y balances solventes. De este modo aquellas entidades que se hallasen peor capitalizadas habrían de solicitar una inyección inmediata del FROB que implicaría, en cierta medida, la nacionalización parcial de las entidades que pidan ayudas.

Con fecha de 1 de marzo de 2011 la Confederación Intersindical de Cajas (CIC) interpuso un recurso ante el Tribunal Supremo (TS) contra el Real Decreto-Ley de Reforzamiento del Sistema Financiero, al considerar que colocaba a las cajas en situación de desventaja frente a los bancos, no habiéndose consultado su elaboración a clientes y trabajadores de estas entidades. A juicio de la citada Confederación la norma vulneraba de modo flagrante los principios fundamentales del Derecho de la Competencia, del

Con fecha de 1 de marzo de 2011 la Confederación Intersindical de Cajas (CIC) interpuso un recurso ante el Tribunal Supremo (TS) contra el Real Decreto-Ley de Reforzamiento del Sistema Financiero, al considerar que colocaba a las cajas en situación de desventaja frente a los bancos, no habiéndose consultado su elaboración a clientes y trabajadores de estas entidades. A juicio de la citada Confederación la norma vulneraba de modo flagrante los principios fundamentales del Derecho de la Competencia, del

La recapitalización de las entidades financieras

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Derecho Comunitario y del libre mercado en la UE, ya que concedía a las cajas un plazo inminente para captar capital y les conducía a su conversión en bancos, al adelantar los requisitos del acuerdo de Basilea III, incurriendo así en los mismos defectos de procedimiento que la Ley de Cajas aprobada en junio de 2010, al no haberse dado audiencia previa a los clientes de las cajas, que representan al 40% en sus asambleas, así como tampoco a las Comunidades Autónomas ni a la Federación de Municipios (que representan otro 40%) y tampoco a los trabajadores ni a las entidades fundadoras, que representan al resto de sectores en los órganos de las cajas. Y, en tanto en cuanto tanto el Banco de España como el Ministerio de Economía han asumido la totalidad de competencias sobre regulación y supervisión de las cajas, se estimó que resultaban vulnerados el conjunto de los Estatutos de Autonomía, eliminándose además por completo el poder de los ayuntamientos en las cajas. Finalmente se argumentó, en clara referencia a los consumidores y a la Obra Social de las cajas, que los mismos pasaban a formar un plano totalmente secundario en este nuevo escenario financiero, ya que la bancarización obligatoria de las cajas provocaría, a su juicio, la exclusión de acceso al crédito de amplios sectores de la sociedad60.

Derecho Comunitario y del libre mercado en la UE, ya que concedía a las cajas un plazo inminente para captar capital y les conducía a su conversión en bancos, al adelantar los requisitos del acuerdo de Basilea III, incurriendo así en los mismos defectos de procedimiento que la Ley de Cajas aprobada en junio de 2010, al no haberse dado audiencia previa a los clientes de las cajas, que representan al 40% en sus asambleas, así como tampoco a las Comunidades Autónomas ni a la Federación de Municipios (que representan otro 40%) y tampoco a los trabajadores ni a las entidades fundadoras, que representan al resto de sectores en los órganos de las cajas. Y, en tanto en cuanto tanto el Banco de España como el Ministerio de Economía han asumido la totalidad de competencias sobre regulación y supervisión de las cajas, se estimó que resultaban vulnerados el conjunto de los Estatutos de Autonomía, eliminándose además por completo el poder de los ayuntamientos en las cajas. Finalmente se argumentó, en clara referencia a los consumidores y a la Obra Social de las cajas, que los mismos pasaban a formar un plano totalmente secundario en este nuevo escenario financiero, ya que la bancarización obligatoria de las cajas provocaría, a su juicio, la exclusión de acceso al crédito de amplios sectores de la sociedad60.

60 Téngase presente además que, con fecha de 10 de marzo de 2011, la Agencia Moody’s rebajó un peldaño la deuda de España, con perspectiva negativa. Se rebajó así el rating de solvencia de nuestro país por segunda vez en seis meses ante el estancamiento de la economía y los argumentos relativos a que ni el coste de la recapitalización de bancos y cajas para las arcas públicas españolas ni la capacidad del Ejecutivo central en forzar un ajuste del déficit (especialmente de las Comunidades Autónomas) habían contribuido a reforzar la marcha de la economía española. La nota de España quedó así en AA2 “con perspectiva negativa” de un nuevo recorte, lo que suponía ya dos peldaños menos que la Triple A de que disfrutó el país durante la pasada década tras el ingreso en el euro. Y ello sin perjuicio de reconocer la citada Agencia que el Gobierno español había emprendido reformas, no previendo que el Estado español llegara al extremo de necesitar el fondo europeo de rescate si no se deteriora más la situación. Según la Agencia Moody’s el Decreto Ley de Reforzamiento del sector financiero supondría un coste para el Estado de, al menos, entre 40.000 y 50.000 millones de euros, frente a la previsión máxima efectuada por el Gobierno, que cifraba dicho coste en 20.000 millones de euros. Incluso se estimó desde la citada Agencia de calificación de solvencia que en un escenario extremo el citado coste podría superar los 110.000 millones de euros, lo que equivaldría a la cifra de activos inmobiliarios que el Banco de España consideraba “dudosos”. A juicio de la Agencia la definición de los instrumentos elegibles como capital había sido endurecida y los requerimientos de capital habían sido elevados hasta una ratio de capital principal del 10% para aquellas entidades que tienen una base limitada de capital privado y una elevada dependencia de la financiación mayorista. Y, con estos presupuestos, se afirmó que en un escenario de estrés la falta de capital de la banca española se situaría entre 110.000 y 120.000 millones de euros. Asimismo destacó la Agencia el hecho de que ni el Gobierno ni

60 Téngase presente además que, con fecha de 10 de marzo de 2011, la Agencia Moody’s rebajó un peldaño la deuda de España, con perspectiva negativa. Se rebajó así el rating de solvencia de nuestro país por segunda vez en seis meses ante el estancamiento de la economía y los argumentos relativos a que ni el coste de la recapitalización de bancos y cajas para las arcas públicas españolas ni la capacidad del Ejecutivo central en forzar un ajuste del déficit (especialmente de las Comunidades Autónomas) habían contribuido a reforzar la marcha de la economía española. La nota de España quedó así en AA2 “con perspectiva negativa” de un nuevo recorte, lo que suponía ya dos peldaños menos que la Triple A de que disfrutó el país durante la pasada década tras el ingreso en el euro. Y ello sin perjuicio de reconocer la citada Agencia que el Gobierno español había emprendido reformas, no previendo que el Estado español llegara al extremo de necesitar el fondo europeo de rescate si no se deteriora más la situación. Según la Agencia Moody’s el Decreto Ley de Reforzamiento del sector financiero supondría un coste para el Estado de, al menos, entre 40.000 y 50.000 millones de euros, frente a la previsión máxima efectuada por el Gobierno, que cifraba dicho coste en 20.000 millones de euros. Incluso se estimó desde la citada Agencia de calificación de solvencia que en un escenario extremo el citado coste podría superar los 110.000 millones de euros, lo que equivaldría a la cifra de activos inmobiliarios que el Banco de España consideraba “dudosos”. A juicio de la Agencia la definición de los instrumentos elegibles como capital había sido endurecida y los requerimientos de capital habían sido elevados hasta una ratio de capital principal del 10% para aquellas entidades que tienen una base limitada de capital privado y una elevada dependencia de la financiación mayorista. Y, con estos presupuestos, se afirmó que en un escenario de estrés la falta de capital de la banca española se situaría entre 110.000 y 120.000 millones de euros. Asimismo destacó la Agencia el hecho de que ni el Gobierno ni

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las Comunidades Autónomas hubiesen tomado las medidas necesarias para reducir el déficit, lo que contribuyó a incrementar la preocupación acerca de la capacidad del Gobierno de conseguir la necesaria mejorar sostenible y estructural de las finanzas públicas, dado su limitado control sobre las cuentas de los gobiernos regionales y de las perspectivas de un crecimiento moderado a corto y medio plazo. Se apostó porque nuestro país apenas crecería hasta 2014 a una media del 1,5%. Todo ello hacía, a su juicio, que el Estado español mantuviese una “vulnerabilidad elevada” a cualquier temporal en los mercados financieros. Al objeto de poder hacer frente a esta situación se estimó que el Estado español debía alcanzar un crecimiento mucho más rápido de la economía española, reclamándose un impulso a la exportación así como la adopción de políticas efectivas destinadas a afrontar las presiones estructurales de gasto de las Comunidades Autónomas, combinado con un control más estricto por parte del Gobierno central. Asimismo se otorgó trascendencia a una reforma de la negociación colectiva de los salarios. En resumen, la decisión de la Agencia quedó sustentada en la preocupación de Moody’s sobre la sostenibilidad de las finanzas públicas en España y en el coste de la reestructuración de su sistema financiero. La vulnerabilidad del Estado español resultaba elevada debido a sus necesidades de financiación, no sólo del Ejecutivo central, sino también de los Ejecutivos regionales y los bancos, sin perjuicio de reconocerse los esfuerzos llevados a cabo solucionar los problemas existentes, habiéndose alcanzado por parte del Gobierno el objetivo previsto de recorte del déficit y habiéndose reducido los gastos de la Administración por encima de lo previsto. Incluso se reconoció que su ratio de deuda pública era inferior al de países como Alemania, Francia, Reino Unido, Bélgica e Italia. El rating de España estaba situado al nivel de naciones como Italia y Eslovenia. A pesar de ello se estimó que la consolidación fiscal resultaba incierta para algunos Gobiernos regionales, recordándose que nueve de las diecisiete Comunidades Autónomas cerraron el año por encima del objetivo de déficit del 2,4%, algunas por un “amplio margen”. Por otro lado la citada Agencia de calificación rebajó igualmente el rating del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria de ‘Aa1’ a ‘Aa2’, también con perspectiva negativa. Y es que, en tanto en cuanto el FROB está respaldado completamente por el Estado español, la rebaja de la calificación de la deuda soberana había implicado la reducción de su calificación. Los cálculos de la Agencia sobre las necesidades de capital de la banca fueron inicialmente formulados asumiendo que todas las cajas iban a tener que alcanzar un 10% de core capital. Sin embargo, la mayoría de las cajas ya habían anunciado la creación de bancos, lo que finalmente le permitiría quedarse con una ratio del 8%.

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las Comunidades Autónomas hubiesen tomado las medidas necesarias para reducir el déficit, lo que contribuyó a incrementar la preocupación acerca de la capacidad del Gobierno de conseguir la necesaria mejorar sostenible y estructural de las finanzas públicas, dado su limitado control sobre las cuentas de los gobiernos regionales y de las perspectivas de un crecimiento moderado a corto y medio plazo. Se apostó porque nuestro país apenas crecería hasta 2014 a una media del 1,5%. Todo ello hacía, a su juicio, que el Estado español mantuviese una “vulnerabilidad elevada” a cualquier temporal en los mercados financieros. Al objeto de poder hacer frente a esta situación se estimó que el Estado español debía alcanzar un crecimiento mucho más rápido de la economía española, reclamándose un impulso a la exportación así como la adopción de políticas efectivas destinadas a afrontar las presiones estructurales de gasto de las Comunidades Autónomas, combinado con un control más estricto por parte del Gobierno central. Asimismo se otorgó trascendencia a una reforma de la negociación colectiva de los salarios. En resumen, la decisión de la Agencia quedó sustentada en la preocupación de Moody’s sobre la sostenibilidad de las finanzas públicas en España y en el coste de la reestructuración de su sistema financiero. La vulnerabilidad del Estado español resultaba elevada debido a sus necesidades de financiación, no sólo del Ejecutivo central, sino también de los Ejecutivos regionales y los bancos, sin perjuicio de reconocerse los esfuerzos llevados a cabo solucionar los problemas existentes, habiéndose alcanzado por parte del Gobierno el objetivo previsto de recorte del déficit y habiéndose reducido los gastos de la Administración por encima de lo previsto. Incluso se reconoció que su ratio de deuda pública era inferior al de países como Alemania, Francia, Reino Unido, Bélgica e Italia. El rating de España estaba situado al nivel de naciones como Italia y Eslovenia. A pesar de ello se estimó que la consolidación fiscal resultaba incierta para algunos Gobiernos regionales, recordándose que nueve de las diecisiete Comunidades Autónomas cerraron el año por encima del objetivo de déficit del 2,4%, algunas por un “amplio margen”. Por otro lado la citada Agencia de calificación rebajó igualmente el rating del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria de ‘Aa1’ a ‘Aa2’, también con perspectiva negativa. Y es que, en tanto en cuanto el FROB está respaldado completamente por el Estado español, la rebaja de la calificación de la deuda soberana había implicado la reducción de su calificación. Los cálculos de la Agencia sobre las necesidades de capital de la banca fueron inicialmente formulados asumiendo que todas las cajas iban a tener que alcanzar un 10% de core capital. Sin embargo, la mayoría de las cajas ya habían anunciado la creación de bancos, lo que finalmente le permitiría quedarse con una ratio del 8%.

VI. CRITERIOS DE ACTUACIÓN ADOPTADOS POR EL BANCO DE ESPAÑA EN SU INFORME DE 10 DE MARZO DE 2011, ASÍ COMO POR EL SUPERVISOR COMUNITARIO Y POR OTROS ORGANISMOS PÚBLICOS. ALCANCE DE LOS TESTS DE ESTRÉS DE JULIO DE 2011

VI. CRITERIOS DE ACTUACIÓN ADOPTADOS POR EL BANCO DE ESPAÑA EN SU INFORME DE 10 DE MARZO DE 2011, ASÍ COMO POR EL SUPERVISOR COMUNITARIO Y POR OTROS ORGANISMOS PÚBLICOS. ALCANCE DE LOS TESTS DE ESTRÉS DE JULIO DE 2011

Con fecha de 10 de marzo de 2011 el Banco de España determinó las necesidades de capital adicional correspondientes a aquellas entidades que presentaban una ratio de solvencia inferior a la fijada por el Ejecutivo (el 8% de capital principal para los bancos y el 10% para las cajas que no coticen)61.

Con fecha de 10 de marzo de 2011 el Banco de España determinó las necesidades de capital adicional correspondientes a aquellas entidades que presentaban una ratio de solvencia inferior a la fijada por el Ejecutivo (el 8% de capital principal para los bancos y el 10% para las cajas que no coticen)61.

Téngase presente que, tal y como se señala en el apartado primero del art. 10.bis de la Ley 13/1985, en su actual redacción otorgada por la Ley 6/2011, de 11 de abril, corresponde al Banco de España, en su condición de autoridad responsable de la supervisión de las entidades de crédito y sus grupos consolidables, la realización de las siguientes funciones: revisar los sistemas, sean acuerdos, estrategias, procedimientos o mecanismos de cualquier tipo, aplicados para dar cumplimiento a la normativa de solvencia contenida en esta Ley y en las disposiciones que la desarrollen; evaluar los riesgos a los cuales están o pueden estar expuestos; a partir de la revisión y evaluación anteriores, determinar si los sistemas y los fondos propios mantenidos garantizan una gestión y cobertura sólidas de sus riesgos; exigir a cada entidad de crédito que posea normas de gobierno que incluyan políticas y prácticas de remuneración coherentes con la promoción de una gestión del riesgo sólida y efectiva para dar cumplimiento a la normativa sobre políticas y prácticas de remuneración que reglamentariamente se establezca; elaborar y publicar guías, dirigidas a las entidades y grupos supervisados, indicando los criterios, prácticas o procedimientos, que considere adecuados para favorecer una adecuada evaluación de los riesgos a que están o puedan estar expuestos así como el mejor cumplimiento de las normas de ordenación y disciplina de los sujetos supervisados; elaborar y publicar guías, dirigidas a las entidades y grupos supervisados, indicando los criterios, prácticas o procedimientos que considere adecuados para garantizar que las prácticas de remuneración derivan en unos incentivos de asunción de riesgos compatibles con una adecuada gestión del riesgo; utilizar la información recopilada de conformidad con los criterios de divulgación establecidos en el

Téngase presente que, tal y como se señala en el apartado primero del art. 10.bis de la Ley 13/1985, en su actual redacción otorgada por la Ley 6/2011, de 11 de abril, corresponde al Banco de España, en su condición de autoridad responsable de la supervisión de las entidades de crédito y sus grupos consolidables, la realización de las siguientes funciones: revisar los sistemas, sean acuerdos, estrategias, procedimientos o mecanismos de cualquier tipo, aplicados para dar cumplimiento a la normativa de solvencia contenida en esta Ley y en las disposiciones que la desarrollen; evaluar los riesgos a los cuales están o pueden estar expuestos; a partir de la revisión y evaluación anteriores, determinar si los sistemas y los fondos propios mantenidos garantizan una gestión y cobertura sólidas de sus riesgos; exigir a cada entidad de crédito que posea normas de gobierno que incluyan políticas y prácticas de remuneración coherentes con la promoción de una gestión del riesgo sólida y efectiva para dar cumplimiento a la normativa sobre políticas y prácticas de remuneración que reglamentariamente se establezca; elaborar y publicar guías, dirigidas a las entidades y grupos supervisados, indicando los criterios, prácticas o procedimientos, que considere adecuados para favorecer una adecuada evaluación de los riesgos a que están o puedan estar expuestos así como el mejor cumplimiento de las normas de ordenación y disciplina de los sujetos supervisados; elaborar y publicar guías, dirigidas a las entidades y grupos supervisados, indicando los criterios, prácticas o procedimientos que considere adecuados para garantizar que las prácticas de remuneración derivan en unos incentivos de asunción de riesgos compatibles con una adecuada gestión del riesgo; utilizar la información recopilada de conformidad con los criterios de divulgación establecidos en el

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En su Informe de 10 de marzo de 2011 el Banco de España cifró en 15.152 millones de euros las necesidades de solvencia del sector financiero español para cumplir así con los nuevos mínimos de capital. En concreto, de conformidad con lo señalado por el supervisor, 12 entidades necesitaban reforzar sus recursos propios. Se trataba de ocho cajas, dos bancos y dos filiales de entidades extranjeras. Las necesidades se repartían en 341 millones para los bancos españoles, 14.077 para las cajas y 734 para las filiales62.

En su Informe de 10 de marzo de 2011 el Banco de España cifró en 15.152 millones de euros las necesidades de solvencia del sector financiero español para cumplir así con los nuevos mínimos de capital. En concreto, de conformidad con lo señalado por el supervisor, 12 entidades necesitaban reforzar sus recursos propios. Se trataba de ocho cajas, dos bancos y dos filiales de entidades extranjeras. Las necesidades se repartían en 341 millones para los bancos españoles, 14.077 para las cajas y 734 para las filiales62.

apartado 1 del art. 10.ter de la Ley 13/1985 para comparar las tendencias y prácticas en materia de remuneración; y recopilar información sobre el número de personas, en cada entidad de crédito, con remuneraciones de al menos 1 millón de euros, incluido el ámbito de negocio implicado y los principales componentes del sueldo, los incentivos, las primas a largo plazo y la contribución a la pensión. La citada Ley 6/2011 añadió además un apartado 4 al citado art. 10.bis de la Ley 13/1985, de conformidad con el cual “El Banco de España, en el desarrollo de sus funciones como autoridad responsable de la supervisión de las entidades de crédito y sus grupos consolidables: a) Tomará debidamente en consideración la posible incidencia de sus decisiones en la estabilidad del sistema financiero de todos los demás Estados miembros afectados, en particular, en situaciones de urgencia, basándose en la información disponible en el momento; b) Tendrá en cuenta en la aplicación de esta Ley la convergencia de instrumentos y prácticas de supervisión en el ámbito de la Unión Europea”. 62 Concretamente los bancos afectados fueron: Bankinter (que ya había anunciado cómo reforzaría su solvencia); Bankpyme (que necesitaba ocho millones y que ya había acordado una ampliación de capital por 18,6 millones); y las filiales de Deutsche Bank y Barclays (la primera requería de 182 millones y la segunda de 552 millones de euros). Todas estas entidades debían llevar su capital básico al 8%. De este modo dentro de los bancos sólo cuatro no cumplieron los requisitos de solvencia: Bankinter, Barclays Bank, Deutsche Bank y Bankpyme, que necesitaban, en conjunto, 1.075 millones de euros. Todos ellos tenían ya prevista una estrategia para captar el capital necesario y cubrir un 8% de su core. Bankinter y Bankpyme fueron los únicos bancos españoles de la lista. El primero, con un core capital del 6,9%, necesitando 333 millones de euros, mientras que el segundo necesitando 8 millones. De cara a su obtención acordó emitir obligaciones convertibles en acciones por 406 millones. Barclays fue el que quedó más lejos del objetivo de core capital (estaba en el 5,2%), necesitando 552 millones de euros). Deutsche Bank, con un core capital del 6,4%, hubo de captar 182 millones de euros. En cuanto a las cajas, las necesidades se repartieron de la siguiente manera: Bankia [Caja Madrid, Bancaja, etc.] (5.775 millones de euros); Banco Base [(CajAstur, CAM, etc.] (1.447 millones); Banca Cívica (847 millones); Mare Nostrum [Caja Murcia, Granada, etc.] (637 millones); CatalunyaCaixa (1.718 millones); Novacaixagalicia (2.622 millones); Caja España-Duero (463 millones), y Unnim (568 millones de euros). La mayor exigencia de capital obligó a las cajas de ahorro a convertirse en bancos cotizados, lo que debía permitir la entrada de capital privado. La Caixa, por ejemplo, ya había emprendido este proceso al transferir sus activos bancarios a Criteria, dando lugar a Caixabank; y otros grupos de cajas, como el liderado por Caja Madrid y Bancaja (Bankia), dio por aquel entonces los primeros pasos para hacerlo en el futuro. En relación con este último grupo el Banco de España cifró en 5.775 millones de euros las necesidades de capital de Bankia, debido a que aún no había iniciado sus trámites para ser un banco, por lo que su core capital exigido era del 10%. No obstante el ‘colchón de capital’

apartado 1 del art. 10.ter de la Ley 13/1985 para comparar las tendencias y prácticas en materia de remuneración; y recopilar información sobre el número de personas, en cada entidad de crédito, con remuneraciones de al menos 1 millón de euros, incluido el ámbito de negocio implicado y los principales componentes del sueldo, los incentivos, las primas a largo plazo y la contribución a la pensión. La citada Ley 6/2011 añadió además un apartado 4 al citado art. 10.bis de la Ley 13/1985, de conformidad con el cual “El Banco de España, en el desarrollo de sus funciones como autoridad responsable de la supervisión de las entidades de crédito y sus grupos consolidables: a) Tomará debidamente en consideración la posible incidencia de sus decisiones en la estabilidad del sistema financiero de todos los demás Estados miembros afectados, en particular, en situaciones de urgencia, basándose en la información disponible en el momento; b) Tendrá en cuenta en la aplicación de esta Ley la convergencia de instrumentos y prácticas de supervisión en el ámbito de la Unión Europea”. 62 Concretamente los bancos afectados fueron: Bankinter (que ya había anunciado cómo reforzaría su solvencia); Bankpyme (que necesitaba ocho millones y que ya había acordado una ampliación de capital por 18,6 millones); y las filiales de Deutsche Bank y Barclays (la primera requería de 182 millones y la segunda de 552 millones de euros). Todas estas entidades debían llevar su capital básico al 8%. De este modo dentro de los bancos sólo cuatro no cumplieron los requisitos de solvencia: Bankinter, Barclays Bank, Deutsche Bank y Bankpyme, que necesitaban, en conjunto, 1.075 millones de euros. Todos ellos tenían ya prevista una estrategia para captar el capital necesario y cubrir un 8% de su core. Bankinter y Bankpyme fueron los únicos bancos españoles de la lista. El primero, con un core capital del 6,9%, necesitando 333 millones de euros, mientras que el segundo necesitando 8 millones. De cara a su obtención acordó emitir obligaciones convertibles en acciones por 406 millones. Barclays fue el que quedó más lejos del objetivo de core capital (estaba en el 5,2%), necesitando 552 millones de euros). Deutsche Bank, con un core capital del 6,4%, hubo de captar 182 millones de euros. En cuanto a las cajas, las necesidades se repartieron de la siguiente manera: Bankia [Caja Madrid, Bancaja, etc.] (5.775 millones de euros); Banco Base [(CajAstur, CAM, etc.] (1.447 millones); Banca Cívica (847 millones); Mare Nostrum [Caja Murcia, Granada, etc.] (637 millones); CatalunyaCaixa (1.718 millones); Novacaixagalicia (2.622 millones); Caja España-Duero (463 millones), y Unnim (568 millones de euros). La mayor exigencia de capital obligó a las cajas de ahorro a convertirse en bancos cotizados, lo que debía permitir la entrada de capital privado. La Caixa, por ejemplo, ya había emprendido este proceso al transferir sus activos bancarios a Criteria, dando lugar a Caixabank; y otros grupos de cajas, como el liderado por Caja Madrid y Bancaja (Bankia), dio por aquel entonces los primeros pasos para hacerlo en el futuro. En relación con este último grupo el Banco de España cifró en 5.775 millones de euros las necesidades de capital de Bankia, debido a que aún no había iniciado sus trámites para ser un banco, por lo que su core capital exigido era del 10%. No obstante el ‘colchón de capital’

La recapitalización de las entidades financieras

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El resto de cajas ya cumplían con los requisitos de solvencia, bien porque tenían más de un 10% de capital básico, bien porque tenían una dependencia de los mercados mayoristas inferior al 20% que les llevó a que su requerimiento fuese del 8%. Y, por lo que respecta a las Cajas rurales, todas ellas tuvieron un capital básico superior al 8% exigido por el Gobierno.

El resto de cajas ya cumplían con los requisitos de solvencia, bien porque tenían más de un 10% de capital básico, bien porque tenían una dependencia de los mercados mayoristas inferior al 20% que les llevó a que su requerimiento fuese del 8%. Y, por lo que respecta a las Cajas rurales, todas ellas tuvieron un capital básico superior al 8% exigido por el Gobierno.

Destacó a este respecto el hecho de que el Banco de España no tuviese en cuenta a la hora de calcular las necesidades de capital de las cajas de ahorro sus planes de salida a Bolsa en el futuro. De este modo, el supervisor situó en el 10% (y no en el 8%) de los activos de riesgo el capital básico que debían tener las cajas y los bancos de las cajas, siempre y cuando tuviesen, además, una exposición a los mercados de financiación mayoristas superior al 20%. La principal consecuencia de lo anterior era que las necesidades de capital podrían rebajarse si las entidades captaban inversores privados, por ejemplo, con una salida a Bolsa como la anunciada por varios grupos,

Destacó a este respecto el hecho de que el Banco de España no tuviese en cuenta a la hora de calcular las necesidades de capital de las cajas de ahorro sus planes de salida a Bolsa en el futuro. De este modo, el supervisor situó en el 10% (y no en el 8%) de los activos de riesgo el capital básico que debían tener las cajas y los bancos de las cajas, siempre y cuando tuviesen, además, una exposición a los mercados de financiación mayoristas superior al 20%. La principal consecuencia de lo anterior era que las necesidades de capital podrían rebajarse si las entidades captaban inversores privados, por ejemplo, con una salida a Bolsa como la anunciada por varios grupos,

exigido era del 8%, por lo que ‘sólo’ tendría que captar 1.795 millones de euros. Su ratio por aquel entonces era del 7,1%. Algunas cajas catalanas y gallegas, pese a sus elevadas necesidades de capital para cumplir con las exigencias de solvencia del Gobierno, descartaron salir a Bolsa y valoraron la entrada del FROB en su capital. Novacaixagalicia (resultante de la fusión de Caixanova y Caixa Galicia) partía con 2.851 millones de capital principal y necesitaba otros 2.622 millones más para alcanzar un 10% de core capital. Su colchón en aquel momento apenas cubría el 5,2%. Su capital principal se situaba en el 5,38%, uno de los más bajos del sector. El Banco de España no valoró finalmente los cerca de 3.000 millones de euros en saneamientos que Novacaixagalicia efectuó con su integración. Por su parte Catalunyacaixa (nacida de la fusión de Caixa Catalunya, Manresa y Tarragona) partió con un fondo de 3.148 millones de euros, un 6,5% de core capital, necesitando 1.718 millones más para llegar al mínimo exigido por el Gobierno, y pasando sus planes por pedir dinero al FROB. La entidad catalana fue la tercera caja que más capital necesitó captar para cumplir los nuevos requisitos de solvencia: 1.718 millones. Su capital principal era del 6,9%. Le seguían el por aquel entonces todavía existente (y recién creado) Banco Base (CAM, Cajastur, Caja Extremadura y Caja Cantabria) con 1.447 millones de euros y Banca Cívica (Caja Navarra, Cajasol, CajaCanarias y Caja Burgos), que hubo de captar 847 millones de euros. Posteriormente figuraban Banco Mare Nostrum (Caja Murcia, Caja Granada, Penedés y Sa Nostra) con 637 millones, Unnim (Caixa Terrasa, Sabadell y Manlleu) con 568 millones. En el caso de este último grupo (Unnim), formado por Caixa Girona, Caixa Sabadell, Caixa Terrassa y Caixa Manlleu) descartó salir a Bolsa a pesar de contar con 1.150 millones de capital en estos momentos. Así, con un ratio de solvencia del 6,2%, tendría que recaudar otros 568 millones más para alcanzar el 10%. Este grupo contempló varias opciones como que la caja de ahorros ostentase la mayoría de capital del banco que fuese a formar, la transformación en fundación de la caja de ahorros sin mayoría en el capital del banco y la entrada del FROB con carácter temporal como inversor externo. Por su parte Caja España-Duero fue la entidad que menos capital necesitó: 463 millones de euros. Según los datos del Banco de España, la tasa de solvencia de la Caja fue del 8,2%, una cifra “ligeramente mejor” a la prevista por Caja España Duero.

exigido era del 8%, por lo que ‘sólo’ tendría que captar 1.795 millones de euros. Su ratio por aquel entonces era del 7,1%. Algunas cajas catalanas y gallegas, pese a sus elevadas necesidades de capital para cumplir con las exigencias de solvencia del Gobierno, descartaron salir a Bolsa y valoraron la entrada del FROB en su capital. Novacaixagalicia (resultante de la fusión de Caixanova y Caixa Galicia) partía con 2.851 millones de capital principal y necesitaba otros 2.622 millones más para alcanzar un 10% de core capital. Su colchón en aquel momento apenas cubría el 5,2%. Su capital principal se situaba en el 5,38%, uno de los más bajos del sector. El Banco de España no valoró finalmente los cerca de 3.000 millones de euros en saneamientos que Novacaixagalicia efectuó con su integración. Por su parte Catalunyacaixa (nacida de la fusión de Caixa Catalunya, Manresa y Tarragona) partió con un fondo de 3.148 millones de euros, un 6,5% de core capital, necesitando 1.718 millones más para llegar al mínimo exigido por el Gobierno, y pasando sus planes por pedir dinero al FROB. La entidad catalana fue la tercera caja que más capital necesitó captar para cumplir los nuevos requisitos de solvencia: 1.718 millones. Su capital principal era del 6,9%. Le seguían el por aquel entonces todavía existente (y recién creado) Banco Base (CAM, Cajastur, Caja Extremadura y Caja Cantabria) con 1.447 millones de euros y Banca Cívica (Caja Navarra, Cajasol, CajaCanarias y Caja Burgos), que hubo de captar 847 millones de euros. Posteriormente figuraban Banco Mare Nostrum (Caja Murcia, Caja Granada, Penedés y Sa Nostra) con 637 millones, Unnim (Caixa Terrasa, Sabadell y Manlleu) con 568 millones. En el caso de este último grupo (Unnim), formado por Caixa Girona, Caixa Sabadell, Caixa Terrassa y Caixa Manlleu) descartó salir a Bolsa a pesar de contar con 1.150 millones de capital en estos momentos. Así, con un ratio de solvencia del 6,2%, tendría que recaudar otros 568 millones más para alcanzar el 10%. Este grupo contempló varias opciones como que la caja de ahorros ostentase la mayoría de capital del banco que fuese a formar, la transformación en fundación de la caja de ahorros sin mayoría en el capital del banco y la entrada del FROB con carácter temporal como inversor externo. Por su parte Caja España-Duero fue la entidad que menos capital necesitó: 463 millones de euros. Según los datos del Banco de España, la tasa de solvencia de la Caja fue del 8,2%, una cifra “ligeramente mejor” a la prevista por Caja España Duero.

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Juan Calvo Vérgez

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que permitiría reducir las exigencias de capital al 8%, al igual que en los bancos cotizados63.

que permitiría reducir las exigencias de capital al 8%, al igual que en los bancos cotizados63.

Por otra parte el supervisor tuvo en cuenta sus perspectivas de negocio y generación de capital, valorando en su Informe por encima de las expectativas iniciales de las cajas de ahorro los terrenos y viviendas a la venta, lo que hizo que el capital necesario para alcanzar este porcentaje fuese menor.

Por otra parte el supervisor tuvo en cuenta sus perspectivas de negocio y generación de capital, valorando en su Informe por encima de las expectativas iniciales de las cajas de ahorro los terrenos y viviendas a la venta, lo que hizo que el capital necesario para alcanzar este porcentaje fuese menor.

Como ya se ha analizado convenientemente, a través de la regulación contenida en el Real Decreto-Ley sobre Reforzamiento del Sistema Financiero España se adelantó ocho años a los requerimientos de Basilea III. En todo caso persistían las dudas relativas a las valoraciones de los activos inmobiliarios que tenían en balance bancos y cajas. Frente a estas dudas en Banco de España puso de manifiesto, en primer lugar que, si bien la exposición potencialmente problemática a la construcción de bancos y cajas fue de 100.000 millones, de ellos el 38% ya estaban cubiertos con provisiones ante eventuales pérdidas, a las que hay que sumar las garantías. Esta es la principal debilidad de la banca española. Las hipotecas de particulares representarían así una fortaleza, ya que presentan tasas históricamente bajas de impagos.

Como ya se ha analizado convenientemente, a través de la regulación contenida en el Real Decreto-Ley sobre Reforzamiento del Sistema Financiero España se adelantó ocho años a los requerimientos de Basilea III. En todo caso persistían las dudas relativas a las valoraciones de los activos inmobiliarios que tenían en balance bancos y cajas. Frente a estas dudas en Banco de España puso de manifiesto, en primer lugar que, si bien la exposición potencialmente problemática a la construcción de bancos y cajas fue de 100.000 millones, de ellos el 38% ya estaban cubiertos con provisiones ante eventuales pérdidas, a las que hay que sumar las garantías. Esta es la principal debilidad de la banca española. Las hipotecas de particulares representarían así una fortaleza, ya que presentan tasas históricamente bajas de impagos.

El Banco de España optó pues por la transparencia total y obligó a cajas y bancos a publicar su exposición inmobiliario de forma detallada. A pesar de ello (y aunque la banca destinó el 9% del PIB, es decir, 91.000 millones, a sanear sus balances) persistieron las dudas en los mercados, por estimarse que el problema inmobiliario era mayor del que se declara y que serán necesarios nuevos saneamientos.

El Banco de España optó pues por la transparencia total y obligó a cajas y bancos a publicar su exposición inmobiliario de forma detallada. A pesar de ello (y aunque la banca destinó el 9% del PIB, es decir, 91.000 millones, a sanear sus balances) persistieron las dudas en los mercados, por estimarse que el problema inmobiliario era mayor del que se declara y que serán necesarios nuevos saneamientos.

Desde nuestro punto de vista parecía claro que la actual normativa reguladora del sector de las cajas incentivaba su conversión en bancos, su

Desde nuestro punto de vista parecía claro que la actual normativa reguladora del sector de las cajas incentivaba su conversión en bancos, su

Así, por ejemplo, Bankia (el grupo liderado por Caja Madrid y Bancaja) cifró en 1.795 millones de euros sus necesidades de capital, previendo lograrlos con su salida Bolsa, de manera que bastaría con alcanzar una proporción de capital de máxima calidad respecto a activos de riesgo del 8% y no del 10% exigido a aquellas cajas sin inversores privados. Concretamente a la citada entidad le bastaría con captar 1.795 millones y no los 5.775 millones que facilitó el Banco de España. La entidad manifestó en su día su intención de cotizar en el mercado, por lo que sólo necesitaría alcanzar una proporción de capital de máxima calidad respecto a activos de riesgo del 8%. El informe del Banco de España reflejó que Bankia fue el primer banco por volumen de negocio en España a cierre de 2010, con un nivel de capital principal del 7,1% correspondiente a 14.125 millones. La entidad presentó al efecto un plan de capitalización detallando su estrategia para captar capital, así como el calendario de operaciones.

Así, por ejemplo, Bankia (el grupo liderado por Caja Madrid y Bancaja) cifró en 1.795 millones de euros sus necesidades de capital, previendo lograrlos con su salida Bolsa, de manera que bastaría con alcanzar una proporción de capital de máxima calidad respecto a activos de riesgo del 8% y no del 10% exigido a aquellas cajas sin inversores privados. Concretamente a la citada entidad le bastaría con captar 1.795 millones y no los 5.775 millones que facilitó el Banco de España. La entidad manifestó en su día su intención de cotizar en el mercado, por lo que sólo necesitaría alcanzar una proporción de capital de máxima calidad respecto a activos de riesgo del 8%. El informe del Banco de España reflejó que Bankia fue el primer banco por volumen de negocio en España a cierre de 2010, con un nivel de capital principal del 7,1% correspondiente a 14.125 millones. La entidad presentó al efecto un plan de capitalización detallando su estrategia para captar capital, así como el calendario de operaciones.

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acercamiento a los grandes inversores y su sometimiento a la disciplina del mercado. El Banco de España señaló, refiriéndose a las valoraciones de los activos inmobiliarios de bancos y cajas, que el riesgo al ladrillo debía quedar cifrado en 100.000 millones, de los que el 38% estaban dotados.

acercamiento a los grandes inversores y su sometimiento a la disciplina del mercado. El Banco de España señaló, refiriéndose a las valoraciones de los activos inmobiliarios de bancos y cajas, que el riesgo al ladrillo debía quedar cifrado en 100.000 millones, de los que el 38% estaban dotados.

Sin lugar a dudas la publicación de esta lista relativa a aquellas entidades que no cumplían la nueva ratio de solvencia exigida y el importe de los fondos que necesitaban para alcanzarla debía contribuir a clarificar el futuro de las distintas entidades y aquéllas con más riesgo de nacionalización. Téngase presente que aquellos bancos y cajas que no alcanzasen el listón disponían de un plazo de quince días hábiles para presentar al regulador su plan de recapitalización. Y, en el supuesto de que a septiembre de 2011 no lo hubiesen cumplido, el Estado entraría en su capital.

Sin lugar a dudas la publicación de esta lista relativa a aquellas entidades que no cumplían la nueva ratio de solvencia exigida y el importe de los fondos que necesitaban para alcanzarla debía contribuir a clarificar el futuro de las distintas entidades y aquéllas con más riesgo de nacionalización. Téngase presente que aquellos bancos y cajas que no alcanzasen el listón disponían de un plazo de quince días hábiles para presentar al regulador su plan de recapitalización. Y, en el supuesto de que a septiembre de 2011 no lo hubiesen cumplido, el Estado entraría en su capital.

Como ya se ha indicado este “capital principal” de las entidades representa la nueva ratio de solvencia impuesta por el supervisor en el marco del plan de reforzamiento del sector financiero del Ejecutivo. Con independencia de ciertos ajustes técnicos, esta ratio era equiparable al core capital, la referencia internacional de capital de máxima calidad, relacionando capital y reservas sobre activos de riesgo. Igualmente se detallaron aquellos grupos que no cumplían la ratio exigida, que oscilaba entre el 8% y el 10%, en función del perfil de la entidad. Aquellas que presentasen una dependencia superior al 20% de la financiación mayorista y que no tuviesen inversores privados en su capital debían alcanzar el 10%. El resto, el 8%. Y, en el caso de aquellas cajas que ya habían anunciado su próxima salida a bolsa, las mismas tenían que alcanzar igualmente el 10% (la referencia se fijó en función de la fotografía a cierre de 2010) siempre que su dependencia de los mercados de deuda resultase elevada.

Como ya se ha indicado este “capital principal” de las entidades representa la nueva ratio de solvencia impuesta por el supervisor en el marco del plan de reforzamiento del sector financiero del Ejecutivo. Con independencia de ciertos ajustes técnicos, esta ratio era equiparable al core capital, la referencia internacional de capital de máxima calidad, relacionando capital y reservas sobre activos de riesgo. Igualmente se detallaron aquellos grupos que no cumplían la ratio exigida, que oscilaba entre el 8% y el 10%, en función del perfil de la entidad. Aquellas que presentasen una dependencia superior al 20% de la financiación mayorista y que no tuviesen inversores privados en su capital debían alcanzar el 10%. El resto, el 8%. Y, en el caso de aquellas cajas que ya habían anunciado su próxima salida a bolsa, las mismas tenían que alcanzar igualmente el 10% (la referencia se fijó en función de la fotografía a cierre de 2010) siempre que su dependencia de los mercados de deuda resultase elevada.

Tal y como se ha señalado con anterioridad las entidades que necesitaran reforzarse disponían de quince días hábiles para detallar al supervisor cómo iban a obtener los fondos que precisaban. En el supuesto de que previesen acudir al FROB tendrían dos semanas más para presentar su proyecto. Dicha entrada del FROB permitiría que los gestores de las cajas tuviesen dos años más para buscar a los inversores privados que más idóneos le parezcan, lo que les permitiría negociar con más holgura que ahora, obteniendo mejor precio.

Tal y como se ha señalado con anterioridad las entidades que necesitaran reforzarse disponían de quince días hábiles para detallar al supervisor cómo iban a obtener los fondos que precisaban. En el supuesto de que previesen acudir al FROB tendrían dos semanas más para presentar su proyecto. Dicha entrada del FROB permitiría que los gestores de las cajas tuviesen dos años más para buscar a los inversores privados que más idóneos le parezcan, lo que les permitiría negociar con más holgura que ahora, obteniendo mejor precio.

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Juan Calvo Vérgez

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Como veremos en el epígrafe siguiente de nuestra obra los planes de recapitalización se desarrollaron hasta el 30 de septiembre de 2011, que fue cuando el supervisor entró a valorar si se habían cumplido los requisitos fijados al efecto, así como si las entidades alcanzaban el listón exigido. En el supuesto de que no lo cumpliesen recibirían una inyección de fondos públicos. En todo caso el objetivo último de este conjunto de actuaciones no era otro que disipar las eventuales dudas existentes en el mercado sobre las cajas y, por extensión, sobre los bancos y sobre la propia economía española. En el supuesto de que dichas dudas se solventasen, volvería el flujo de financiación del exterior.

Como veremos en el epígrafe siguiente de nuestra obra los planes de recapitalización se desarrollaron hasta el 30 de septiembre de 2011, que fue cuando el supervisor entró a valorar si se habían cumplido los requisitos fijados al efecto, así como si las entidades alcanzaban el listón exigido. En el supuesto de que no lo cumpliesen recibirían una inyección de fondos públicos. En todo caso el objetivo último de este conjunto de actuaciones no era otro que disipar las eventuales dudas existentes en el mercado sobre las cajas y, por extensión, sobre los bancos y sobre la propia economía española. En el supuesto de que dichas dudas se solventasen, volvería el flujo de financiación del exterior.

Con carácter previo el supervisor ya había comunicado a las entidades su ratio de solvencia principal, certificada por técnicos del regulador y auditores, procediendo éstos a revisar en los últimos días las cifras de cierre de año remitidas por las entidades, lo que arrojó ciertas divergencias de criterio. En algunos casos, el supervisor dio por buena la opinión del auditor. En otros, respaldó el enfoque de la entidad.

Con carácter previo el supervisor ya había comunicado a las entidades su ratio de solvencia principal, certificada por técnicos del regulador y auditores, procediendo éstos a revisar en los últimos días las cifras de cierre de año remitidas por las entidades, lo que arrojó ciertas divergencias de criterio. En algunos casos, el supervisor dio por buena la opinión del auditor. En otros, respaldó el enfoque de la entidad.

Los porcentajes de capital calculados según la nueva normativa del Banco de España y del Ejecutivo no arrojaban grandes diferencias respecto de la ratio internacional de capital de máxima calidad (core capital o capital y reservas sobre activos por riesgo), si bien no se descartaba que en determinadas entidades se hubiesen identificado divergencias de mayor calado.

Los porcentajes de capital calculados según la nueva normativa del Banco de España y del Ejecutivo no arrojaban grandes diferencias respecto de la ratio internacional de capital de máxima calidad (core capital o capital y reservas sobre activos por riesgo), si bien no se descartaba que en determinadas entidades se hubiesen identificado divergencias de mayor calado.

Por otro lado el sector de las cajas ya había recibido un borrador con la plantilla del entorno macroeconómico que se iba a aplicar en la nueva prueba de estrés a practicar por la Autoridad Bancaria Europea (EBA). Se trataba de un escenario muy exigente, con mayor depreciación de activos y más morosidad en el que se endurecían las variables para dar consistencia y credibilidad al examen, produciéndose, como ya se ha indicado, un aumento de la depreciación que se aplique a los activos inmobiliarios.

Por otro lado el sector de las cajas ya había recibido un borrador con la plantilla del entorno macroeconómico que se iba a aplicar en la nueva prueba de estrés a practicar por la Autoridad Bancaria Europea (EBA). Se trataba de un escenario muy exigente, con mayor depreciación de activos y más morosidad en el que se endurecían las variables para dar consistencia y credibilidad al examen, produciéndose, como ya se ha indicado, un aumento de la depreciación que se aplique a los activos inmobiliarios.

Como seguramente se recordará con motivo de las pruebas celebradas durante el mes de julio de 2010 se consideró un desplome del precio del suelo del 62% y del 28% en la vivienda. La llamada provisión genérica (que representa el colchón que las entidades españolas acumulan en los tiempos de bonanza) computaba en esta ocasión como capital Tier 1 (la ratio de solvencia que se toma como referencia en los test de estrés, incluyendo

Como seguramente se recordará con motivo de las pruebas celebradas durante el mes de julio de 2010 se consideró un desplome del precio del suelo del 62% y del 28% en la vivienda. La llamada provisión genérica (que representa el colchón que las entidades españolas acumulan en los tiempos de bonanza) computaba en esta ocasión como capital Tier 1 (la ratio de solvencia que se toma como referencia en los test de estrés, incluyendo

La recapitalización de las entidades financieras

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capital, reservas y preferentes sobre activos de riesgo, en cumplimiento de lo dispuesto por Basilea III)64.

capital, reservas y preferentes sobre activos de riesgo, en cumplimiento de lo dispuesto por Basilea III)64.

Con fecha de 10 de marzo de 2011 el Banco Central Europeo hizo público un Informe emitido a petición del Gobierno español en relación con su opinión sobre el Real Decreto de recapitalización del sistema financiero convalidado por el Parlamento en esa misma fecha y en el que el supervisor europeo valoró positivamente el citado Decreto Ley destinado a la recapitalización de la banca, si bien advirtió que podía cortar el flujo del crédito. Así las cosas, a pesar de considerar positiva la medida adoptada por el Ejecutivo español como garantía de una mayor solvencia de la banca, advirtió el supervisor comunitario que las nuevas exigencias de capital podían frenar el flujo crediticio, dañando en consecuencia a la economía. En palabras del supervisor “Adelantar el calendario para la implementación de Basilea III para los niveles de capital de las entidades financieras puede ser ambicioso para estas instituciones y puede aumentar el riesgo de efectos temporales adversos en el flujo de créditos destinados a la economía”.

Con fecha de 10 de marzo de 2011 el Banco Central Europeo hizo público un Informe emitido a petición del Gobierno español en relación con su opinión sobre el Real Decreto de recapitalización del sistema financiero convalidado por el Parlamento en esa misma fecha y en el que el supervisor europeo valoró positivamente el citado Decreto Ley destinado a la recapitalización de la banca, si bien advirtió que podía cortar el flujo del crédito. Así las cosas, a pesar de considerar positiva la medida adoptada por el Ejecutivo español como garantía de una mayor solvencia de la banca, advirtió el supervisor comunitario que las nuevas exigencias de capital podían frenar el flujo crediticio, dañando en consecuencia a la economía. En palabras del supervisor “Adelantar el calendario para la implementación de Basilea III para los niveles de capital de las entidades financieras puede ser ambicioso para estas instituciones y puede aumentar el riesgo de efectos temporales adversos en el flujo de créditos destinados a la economía”.

En cambio desde el Banco de España se señaló en su día que con la adopción de este conjunto de medidas, no sólo se recuperaría la confianza de los mercados en la banca española, sino que también se contribuiría a restablecer el flujo del crédito, ya que se sanearían las entidades. Por otro lado a través del citado Informe el organismo emisor europeo criticó igualmente que la nueva regulación introdujese elementos de politización en el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria. Recuérdese que, en su primera versión, en el Consejo Rector del FROB tan sólo había un miembro del Gobierno y sin voto. Ahora hay dos que pueden votar. Y, aunque la presidencia del Fondo siga en manos del Banco de España (en concreto, del subgobernador), el Ejecutivo vio incrementado su poder.

En cambio desde el Banco de España se señaló en su día que con la adopción de este conjunto de medidas, no sólo se recuperaría la confianza de los mercados en la banca española, sino que también se contribuiría a restablecer el flujo del crédito, ya que se sanearían las entidades. Por otro lado a través del citado Informe el organismo emisor europeo criticó igualmente que la nueva regulación introdujese elementos de politización en el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria. Recuérdese que, en su primera versión, en el Consejo Rector del FROB tan sólo había un miembro del Gobierno y sin voto. Ahora hay dos que pueden votar. Y, aunque la presidencia del Fondo siga en manos del Banco de España (en concreto, del subgobernador), el Ejecutivo vio incrementado su poder.

El BCE destacó finalmente la importancia de que la nueva regulación contribuyese a eliminar cualquier duda sobre la valoración de los activos inmobiliarios de la banca española, señalando que los métodos exactos para la capitalización de la banca requieren una valoración crítica de los activos contenidos en los balances en la actual fase bajista del ciclo. A tal efecto se solicitó al regulador español que, de cara a la valoración de dichos activos,

El BCE destacó finalmente la importancia de que la nueva regulación contribuyese a eliminar cualquier duda sobre la valoración de los activos inmobiliarios de la banca española, señalando que los métodos exactos para la capitalización de la banca requieren una valoración crítica de los activos contenidos en los balances en la actual fase bajista del ciclo. A tal efecto se solicitó al regulador español que, de cara a la valoración de dichos activos,

64 Con carácter general la Banca española ya había consumido gran parte de este colchón desde el inicio de la crisis financiera, de manera que la genérica sólo podría sumar algunas décimas a la ratio.

64 Con carácter general la Banca española ya había consumido gran parte de este colchón desde el inicio de la crisis financiera, de manera que la genérica sólo podría sumar algunas décimas a la ratio.

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Juan Calvo Vérgez

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utilizase la nueva normativa para cancelar las dudas que quedan sobre los mismos.

utilizase la nueva normativa para cancelar las dudas que quedan sobre los mismos.

Sin lugar a dudas en la actualidad el riesgo inmobiliario representa la mayor amenaza que se cierne sobre el sector financiero, y en particular, sobre las cajas de ahorro, si bien no se trata de la única. De un tiempo a esta parte las cajas han venido acumulando casi 26.000 millones de euros en préstamos a Comunidades Autónomas y Ayuntamientos. Y, a pesar de que dicho importe no está provisionado, se trata de una cuestión conflictiva dados los serios problemas de liquidez y de mengua de ingresos que en la actualidad padecen las Administraciones Locales. Téngase presente que los balances de las cajas presentan en la actualidad activos poco productivos por culpa de la crisis que afecta especialmente al sector inmobiliario. Se origina así una fuga de rentabilidad que debilita las cuentas de las entidades y detrae recursos para nuevos créditos.

Sin lugar a dudas en la actualidad el riesgo inmobiliario representa la mayor amenaza que se cierne sobre el sector financiero, y en particular, sobre las cajas de ahorro, si bien no se trata de la única. De un tiempo a esta parte las cajas han venido acumulando casi 26.000 millones de euros en préstamos a Comunidades Autónomas y Ayuntamientos. Y, a pesar de que dicho importe no está provisionado, se trata de una cuestión conflictiva dados los serios problemas de liquidez y de mengua de ingresos que en la actualidad padecen las Administraciones Locales. Téngase presente que los balances de las cajas presentan en la actualidad activos poco productivos por culpa de la crisis que afecta especialmente al sector inmobiliario. Se origina así una fuga de rentabilidad que debilita las cuentas de las entidades y detrae recursos para nuevos créditos.

Ciertamente la citada exposición de las cajas al sector inmobiliario de 217.000 millones de euros (de los que 100.000 millones son créditos problemáticos) representa un factor negativo para el ráting de estas entidades. Y ello sin perjuicio de reconocer que el hecho de que el Banco de España revelase públicamente estos datos representaba un paso adelante para recuperar la confianza de los inversores. Piénsese que la confianza en las cajas españolas únicamente se recuperará plenamente cuando los créditos problemáticos al sector inmobiliario sean trasladados a las pérdidas y la capacidad de aguante del capital haya sido testada.

Ciertamente la citada exposición de las cajas al sector inmobiliario de 217.000 millones de euros (de los que 100.000 millones son créditos problemáticos) representa un factor negativo para el ráting de estas entidades. Y ello sin perjuicio de reconocer que el hecho de que el Banco de España revelase públicamente estos datos representaba un paso adelante para recuperar la confianza de los inversores. Piénsese que la confianza en las cajas españolas únicamente se recuperará plenamente cuando los créditos problemáticos al sector inmobiliario sean trasladados a las pérdidas y la capacidad de aguante del capital haya sido testada.

Desde nuestro punto de vista no debe confundirse el proceso de reforma que las cajas están llevando a cabo con su privatización ya que, en cierta medida, éstas siempre han sido privadas. Y, sin perjuicio de que las cajas puedan buscar en estos tiempos la consecución de financiación extranjera que se añada a la española, parece razonable estimar que la combinación idónea de capital deberá decidirla cada caja. Todo ello en aras de la consecución de un sector financiero más capitalizado. Recuérdese que, al objeto de poder cumplir con los requisitos establecidos en el Real Decreto sobre reforzamiento del sector financiero, las cajas habrán de captar en los próximos doce meses hasta 20.000 millones de euros en el mercado.

Desde nuestro punto de vista no debe confundirse el proceso de reforma que las cajas están llevando a cabo con su privatización ya que, en cierta medida, éstas siempre han sido privadas. Y, sin perjuicio de que las cajas puedan buscar en estos tiempos la consecución de financiación extranjera que se añada a la española, parece razonable estimar que la combinación idónea de capital deberá decidirla cada caja. Todo ello en aras de la consecución de un sector financiero más capitalizado. Recuérdese que, al objeto de poder cumplir con los requisitos establecidos en el Real Decreto sobre reforzamiento del sector financiero, las cajas habrán de captar en los próximos doce meses hasta 20.000 millones de euros en el mercado.

Por otro lado se ha de señalar que, en la actualidad, las entidades ya no dependen tanto de las subastas de liquidez del Banco Central Europeo, al

Por otro lado se ha de señalar que, en la actualidad, las entidades ya no dependen tanto de las subastas de liquidez del Banco Central Europeo, al

La recapitalización de las entidades financieras

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haber obtenido financiación por otras vías alternativas. Según datos publicados por el Banco de España con fecha de 14 de marzo de 2011, la deuda de bancos y cajas con la institución monetaria se redujo hasta los 49.177 millones en febrero de 2011, mínimos desde septiembre de 2008. El dinero recibido supuso un 13,13% del total prestado a los bancos de la eurozona (374,289 millones de euros), frente al 29% que llegó a representar en julio de 2010.

haber obtenido financiación por otras vías alternativas. Según datos publicados por el Banco de España con fecha de 14 de marzo de 2011, la deuda de bancos y cajas con la institución monetaria se redujo hasta los 49.177 millones en febrero de 2011, mínimos desde septiembre de 2008. El dinero recibido supuso un 13,13% del total prestado a los bancos de la eurozona (374,289 millones de euros), frente al 29% que llegó a representar en julio de 2010.

Paralelamente el BCE ha ido engrosando sus beneficios al aumentar sus préstamos a la banca de los países periféricos, entre los que se encuentra España. En un año, la deuda de las entidades españolas con el banco emisor se mantuvo en una media de 83.132 millones de euros. El BCE prestó el dinero a un plazo de entre una semana y tres meses a cambio de un tipo de interés del 1%, con lo que se ingresó en torno a 831 millones de euros desde febrero de 2010. A este importe hay que restarle el dinero que deja la banca en la institución en la facilidad de depósito durante todos los meses. Se trata de una especie de “hucha” que facilita el BCE para que la banca deje la liquidez a buen recaudo, a cambio de una remuneración del 0,25%. Pues bien, el importe medio depositado en los últimos doces meses se situó en 8.027 millones de euros, por los que la institución pagó alrededor de 20 millones.

Paralelamente el BCE ha ido engrosando sus beneficios al aumentar sus préstamos a la banca de los países periféricos, entre los que se encuentra España. En un año, la deuda de las entidades españolas con el banco emisor se mantuvo en una media de 83.132 millones de euros. El BCE prestó el dinero a un plazo de entre una semana y tres meses a cambio de un tipo de interés del 1%, con lo que se ingresó en torno a 831 millones de euros desde febrero de 2010. A este importe hay que restarle el dinero que deja la banca en la institución en la facilidad de depósito durante todos los meses. Se trata de una especie de “hucha” que facilita el BCE para que la banca deje la liquidez a buen recaudo, a cambio de una remuneración del 0,25%. Pues bien, el importe medio depositado en los últimos doces meses se situó en 8.027 millones de euros, por los que la institución pagó alrededor de 20 millones.

De este modo, y a pesar de que las tensiones perduraron, los bancos habían hecho un esfuerzo por explorar otras vías destinadas a captar liquidez. Por otro lado, también consiguieron acceder a los mercados mayoristas de financiación con más facilidad. A su vez, y con efectos desde agosto de 2010, se incrementó considerablemente el uso de las cámaras europeas de contrapartida, habiendo superado el importe bruto captado por el sector los 140.000 millones de euros en enero de 2011. Igualmente las entidades pudieron reducir su activo del balance, captar depósitos o prestarse de forma bilateral con otras entidades. Además, el Tesoro Público también prestó a la banca con el remanente de liquidez que tiene en el Banco de España, a veces, a tipos más bajos que el BCE.

De este modo, y a pesar de que las tensiones perduraron, los bancos habían hecho un esfuerzo por explorar otras vías destinadas a captar liquidez. Por otro lado, también consiguieron acceder a los mercados mayoristas de financiación con más facilidad. A su vez, y con efectos desde agosto de 2010, se incrementó considerablemente el uso de las cámaras europeas de contrapartida, habiendo superado el importe bruto captado por el sector los 140.000 millones de euros en enero de 2011. Igualmente las entidades pudieron reducir su activo del balance, captar depósitos o prestarse de forma bilateral con otras entidades. Además, el Tesoro Público también prestó a la banca con el remanente de liquidez que tiene en el Banco de España, a veces, a tipos más bajos que el BCE.

En la actualidad las cajas acaparan el 76% de la captación de ahorro a largo plazo. A lo largo de los últimos 12 meses las entidades habían captado 23.773 millones netos en depósitos a más de dos años, de los que las cajas acapararon 18.135 millones. Durante el año 2010, en medio de una intensa guerra por la captación de pasivo, muchas entidades centraron sus

En la actualidad las cajas acaparan el 76% de la captación de ahorro a largo plazo. A lo largo de los últimos 12 meses las entidades habían captado 23.773 millones netos en depósitos a más de dos años, de los que las cajas acapararon 18.135 millones. Durante el año 2010, en medio de una intensa guerra por la captación de pasivo, muchas entidades centraron sus

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esfuerzos en atraer recursos más estables. Y aunque, en términos generales, los ahorradores prefirieron productos a corto plazo (6-12 meses) para no comprometer su capital durante periodos muy prolongados, a lo largo de 2011 se invirtió esta tendencia, de manera que los plazos largos desbancaron a los cortos. Y, en esta batalla, las cajas salieron reforzadas65.

esfuerzos en atraer recursos más estables. Y aunque, en términos generales, los ahorradores prefirieron productos a corto plazo (6-12 meses) para no comprometer su capital durante periodos muy prolongados, a lo largo de 2011 se invirtió esta tendencia, de manera que los plazos largos desbancaron a los cortos. Y, en esta batalla, las cajas salieron reforzadas65.

Dicha circunstancia se enmarca además dentro del consabido proceso a resultas del cual las cajas se hallan inmersas en un proceso de reestructuración que les impide estar plenamente centradas en el desarrollo del negocio bancario, siendo su prioridad readaptarse al nuevo entorno económico y superar con éxito las exigencias del regulador. A lo largo de 2010, los bancos, conscientes de esta realidad, aprovecharon la debilidad de sus competidoras y acapararon gran parte del volumen de ahorro disponible, aunque, a la luz de los últimos datos, sólo fueron capaces de imponerse con los depósitos a plazos breves. Las cajas han sido conscientes de que sus actuales dificultades están provocando la salida de clientes, si bien han tratado de mantener una estrategia firme, en el lanzamiento de productos bancarios competitivos, para minimizar la pérdida de negocio. Este escenario de lucha por atraer clientes de la competencia explica la distinta estrategia de los bancos, que obtuvieron mejores resultados en los plazos más cortos, donde lograron captar 35.964 millones netos en un año. En este sentido, dieron batalla a las cajas, que vieron salir 27.621 millones de estos productos.

Dicha circunstancia se enmarca además dentro del consabido proceso a resultas del cual las cajas se hallan inmersas en un proceso de reestructuración que les impide estar plenamente centradas en el desarrollo del negocio bancario, siendo su prioridad readaptarse al nuevo entorno económico y superar con éxito las exigencias del regulador. A lo largo de 2010, los bancos, conscientes de esta realidad, aprovecharon la debilidad de sus competidoras y acapararon gran parte del volumen de ahorro disponible, aunque, a la luz de los últimos datos, sólo fueron capaces de imponerse con los depósitos a plazos breves. Las cajas han sido conscientes de que sus actuales dificultades están provocando la salida de clientes, si bien han tratado de mantener una estrategia firme, en el lanzamiento de productos bancarios competitivos, para minimizar la pérdida de negocio. Este escenario de lucha por atraer clientes de la competencia explica la distinta estrategia de los bancos, que obtuvieron mejores resultados en los plazos más cortos, donde lograron captar 35.964 millones netos en un año. En este sentido, dieron batalla a las cajas, que vieron salir 27.621 millones de estos productos.

De cualquier manera, más allá de los flujos de ahorro que han movido bancos y cajas, respectivamente, llama la atención que, en conjunto, el volumen de depósitos de familias con vencimientos inferiores a dos años se mantuviese relativamente estable (avanzó un discreto 2,2%, que representó 7.561 millones de euros), frente al fuerte repunte de los productos a mayor plazo (creció un 37%). Aun así, el patrimonio total colocado en estos productos cuadruplicó el saldo en productos a largo plazo, al situarse en 339.372.

De cualquier manera, más allá de los flujos de ahorro que han movido bancos y cajas, respectivamente, llama la atención que, en conjunto, el volumen de depósitos de familias con vencimientos inferiores a dos años se mantuviese relativamente estable (avanzó un discreto 2,2%, que representó 7.561 millones de euros), frente al fuerte repunte de los productos a mayor plazo (creció un 37%). Aun así, el patrimonio total colocado en estos productos cuadruplicó el saldo en productos a largo plazo, al situarse en 339.372.

Entre enero de 2010 y de 2011, según datos facilitados por el Banco de España, el volumen total de depósitos a más de dos años que tuvieron las entidades de crédito se incrementó un 37% (23.773 millones de euros), hasta alcanzar un saldo total de 87.313 millones. Esta cifra fue la más elevada de la historia, según las estadísticas del regulador. De estos 23.773 millones de euros netos captados, las cajas incorporaron a sus balances 18.135 millones de euros, un 76% del total. Los bancos, por su parte, sólo arañaron 4.360 millones de euros en estos productos y los restantes 1.278 millones quedaron en manos de las cooperativas de crédito.

Entre enero de 2010 y de 2011, según datos facilitados por el Banco de España, el volumen total de depósitos a más de dos años que tuvieron las entidades de crédito se incrementó un 37% (23.773 millones de euros), hasta alcanzar un saldo total de 87.313 millones. Esta cifra fue la más elevada de la historia, según las estadísticas del regulador. De estos 23.773 millones de euros netos captados, las cajas incorporaron a sus balances 18.135 millones de euros, un 76% del total. Los bancos, por su parte, sólo arañaron 4.360 millones de euros en estos productos y los restantes 1.278 millones quedaron en manos de las cooperativas de crédito.

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Ciertamente se sitúa en la línea del propio interés de las cajas colocar depósito con vencimientos prolongados, debido a que la curva de tipos tiene pendiente positiva y, por tanto, la banca puede ofrecer mejores tipos que a un año, con un menor deterioro de su margen. Además, consiguen estabilizar recursos y gestionarlos con mayor eficiencia. Desde el punto de vista del ahorrador, al contratar productos a más largo plazo, se garantiza una rentabilidad durante todo el periodo, pero también inmoviliza su capital. Así, en el supuesto de que tuviese que cancelar el producto anticipadamente, la rentabilidad de su inversión se vería penalizada. Otro de los factores que ha pesado en contra de la contratación de productos a más largo plazo ha sido el relativo a las previsiones de inflación al alza ya que, en general, siempre que hay incertidumbre sobre evolución de inflación y es previsible una subida de tipos no es aconsejable tomar decisiones de inversión a más de un año.

Ciertamente se sitúa en la línea del propio interés de las cajas colocar depósito con vencimientos prolongados, debido a que la curva de tipos tiene pendiente positiva y, por tanto, la banca puede ofrecer mejores tipos que a un año, con un menor deterioro de su margen. Además, consiguen estabilizar recursos y gestionarlos con mayor eficiencia. Desde el punto de vista del ahorrador, al contratar productos a más largo plazo, se garantiza una rentabilidad durante todo el periodo, pero también inmoviliza su capital. Así, en el supuesto de que tuviese que cancelar el producto anticipadamente, la rentabilidad de su inversión se vería penalizada. Otro de los factores que ha pesado en contra de la contratación de productos a más largo plazo ha sido el relativo a las previsiones de inflación al alza ya que, en general, siempre que hay incertidumbre sobre evolución de inflación y es previsible una subida de tipos no es aconsejable tomar decisiones de inversión a más de un año.

A resultas de este panorama el saldo de las imposiciones a un plazo superior a los dos años se encontraba en su nivel más alto de la historia: 87.313 millones de euros, lo que representaba un 20% del volumen total (426.685 millones) de depósitos que las familias españolas invierten en estos productos. Las inversiones a plazos largos pierden atractivo cuando las previsiones de inflación son al alza y se prevé subida de tipos, prefiriendo la banca estos productos de cara a lograr una base de pasivo más estable y gestionar de modo más eficiente sus recursos.

A resultas de este panorama el saldo de las imposiciones a un plazo superior a los dos años se encontraba en su nivel más alto de la historia: 87.313 millones de euros, lo que representaba un 20% del volumen total (426.685 millones) de depósitos que las familias españolas invierten en estos productos. Las inversiones a plazos largos pierden atractivo cuando las previsiones de inflación son al alza y se prevé subida de tipos, prefiriendo la banca estos productos de cara a lograr una base de pasivo más estable y gestionar de modo más eficiente sus recursos.

Por otro lado los tests de estrés efectuados en el mes de julio de 2011 únicamente tuvieron en cuenta las ayudas públicas aprobadas antes del 30 de abril de 2011, no hallándose todavía definido el listón de solvencia que deberá superar el sector. Dichos tests de estrés a la banca en Europa abocaron a la cajas a acelerar su recapitalización, al obligar a dichas entidades a la formalización de una serie de planes de reforzamiento que les permitiesen cumplir la nueva ratio de solvencia exigida por el Ejecutivo y por el Banco de España e, indirectamente, afrontar con garantías la prueba de resistencia en Europa. En este sentido, aquellas cajas en situación de debilidad que no tengan asegurado el respaldo del mercado deben plantear una petición de dinero público si quieren evitar complicaciones en los tests de estrés66.

Por otro lado los tests de estrés efectuados en el mes de julio de 2011 únicamente tuvieron en cuenta las ayudas públicas aprobadas antes del 30 de abril de 2011, no hallándose todavía definido el listón de solvencia que deberá superar el sector. Dichos tests de estrés a la banca en Europa abocaron a la cajas a acelerar su recapitalización, al obligar a dichas entidades a la formalización de una serie de planes de reforzamiento que les permitiesen cumplir la nueva ratio de solvencia exigida por el Ejecutivo y por el Banco de España e, indirectamente, afrontar con garantías la prueba de resistencia en Europa. En este sentido, aquellas cajas en situación de debilidad que no tengan asegurado el respaldo del mercado deben plantear una petición de dinero público si quieren evitar complicaciones en los tests de estrés66.

66 El Decreto de solvencia del Gobierno otorgó, como ya se ha señalado, un margen de tiempo hasta septiembre de 2011 para solicitar la inyección pública. Pero si el sector optase por apurar el plazo corría el riesgo de suspender el examen europeo.

66 El Decreto de solvencia del Gobierno otorgó, como ya se ha señalado, un margen de tiempo hasta septiembre de 2011 para solicitar la inyección pública. Pero si el sector optase por apurar el plazo corría el riesgo de suspender el examen europeo.

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Con fecha de 18 de marzo de 2011 la Autoridad Bancaria Europea apuntó, en el marco de la publicación de los detalles de estos segundos tests de estrés, que sólo computarían como capital las ayudas públicas aprobadas por los supervisores antes del 30 de abril de dicho año. No estaba claro, sin embargo, si se aceptaría para el análisis el reforzamiento previsto con las salidas a bolsa o captación de inversores privado anunciadas por las cajas.

Con fecha de 18 de marzo de 2011 la Autoridad Bancaria Europea apuntó, en el marco de la publicación de los detalles de estos segundos tests de estrés, que sólo computarían como capital las ayudas públicas aprobadas por los supervisores antes del 30 de abril de dicho año. No estaba claro, sin embargo, si se aceptaría para el análisis el reforzamiento previsto con las salidas a bolsa o captación de inversores privado anunciadas por las cajas.

El propio marco publicado presentaba un carácter ciertamente ambiguo, al indicar que se considerarían los planes de reestructuración acordados con la Comisión Europea, acuerdos jurídicamente vinculantes, o planes hechos públicos antes del 30 de abril de 2011 que se concretasen entre 2011 y 2012. ¿Significaba ello que, tratándose de proyectos que estuviesen ya encarrilados y que contasen con el aprobado del Banco de España, podrían darse por buenos? A esta cuestión ha de añadirse además la relativa a la fijación del listón de solvencia que debía superar la banca para aprobar el test; y la definición de capital. Como seguramente se recordará, durante el año 2010 la autoridad europea sitúo el barrera del aprobado en un 6% de Tier 1 (capital, reservas y preferentes sobre activos por riesgo). Ahora, en cambio, se tomaba como referencia el core Tier 1, es decir, el core capital o fondos de mayor calidad, con escasa presencia de títulos híbridos.

El propio marco publicado presentaba un carácter ciertamente ambiguo, al indicar que se considerarían los planes de reestructuración acordados con la Comisión Europea, acuerdos jurídicamente vinculantes, o planes hechos públicos antes del 30 de abril de 2011 que se concretasen entre 2011 y 2012. ¿Significaba ello que, tratándose de proyectos que estuviesen ya encarrilados y que contasen con el aprobado del Banco de España, podrían darse por buenos? A esta cuestión ha de añadirse además la relativa a la fijación del listón de solvencia que debía superar la banca para aprobar el test; y la definición de capital. Como seguramente se recordará, durante el año 2010 la autoridad europea sitúo el barrera del aprobado en un 6% de Tier 1 (capital, reservas y preferentes sobre activos por riesgo). Ahora, en cambio, se tomaba como referencia el core Tier 1, es decir, el core capital o fondos de mayor calidad, con escasa presencia de títulos híbridos.

En este sentido la EBA se encargó de definir qué fondos contabilizarían como core Tier 1 para que la comparativa fuese homogénea en toda Europa. Al mismo tiempo la Autoridad Bancaria Europea se encargó de precisar el entorno macroeconómico del test. Los bancos y cajas españoles medirían su solvencia frente a una nueva recesión. La Autoridad Bancaria Europea estimó una bajada del PIB español del 1% en 2011 y del 1,1% en 2012. Este nuevo descenso de la actividad elevaría el paro hasta el 22,4%. Asimismo se barajó la hipótesis de que los precios de las viviendas bajarían un 23% acumulado en los dos años (12% en 2011 y 11% en 2012), mientras que el valor de otras propiedades como oficinas, centros comerciales y hoteles descendería un 46%. El euribor (tipo de interés de referencia para muchas hipotecas en nuestro país) se situaría, a su vez, en el 2,8% en 2011 y el 3,1% en 2012, en el peor escenario planteado en el test. Cabe plantearse, no obstante, si se trataba de tipos lo suficientemente elevados como para provocar una subida alarmante de la morosidad.

En este sentido la EBA se encargó de definir qué fondos contabilizarían como core Tier 1 para que la comparativa fuese homogénea en toda Europa. Al mismo tiempo la Autoridad Bancaria Europea se encargó de precisar el entorno macroeconómico del test. Los bancos y cajas españoles medirían su solvencia frente a una nueva recesión. La Autoridad Bancaria Europea estimó una bajada del PIB español del 1% en 2011 y del 1,1% en 2012. Este nuevo descenso de la actividad elevaría el paro hasta el 22,4%. Asimismo se barajó la hipótesis de que los precios de las viviendas bajarían un 23% acumulado en los dos años (12% en 2011 y 11% en 2012), mientras que el valor de otras propiedades como oficinas, centros comerciales y hoteles descendería un 46%. El euribor (tipo de interés de referencia para muchas hipotecas en nuestro país) se situaría, a su vez, en el 2,8% en 2011 y el 3,1% en 2012, en el peor escenario planteado en el test. Cabe plantearse, no obstante, si se trataba de tipos lo suficientemente elevados como para provocar una subida alarmante de la morosidad.

Por lo que a los mercados se refiere, la bolsa bajaría un 20,7% respecto al escenario base en los dos años. Y el coste de la deuda pública española a

Por lo que a los mercados se refiere, la bolsa bajaría un 20,7% respecto al escenario base en los dos años. Y el coste de la deuda pública española a

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diez años aumentaría en 165 puntos básicos (la última colocación de bonos a ese plazo se había realizado, por aquel entonces, a 521 puntos básicos). Este impacto en los mercados bursátil y de deuda se mediría como si ocurriera en el primer trimestre de los dos años del ejercicio. Según la EBA, los bancos deberían reducir en un 15% el valor de sus bonos públicos españoles a diez años respecto a diciembre de 2010. Bancos y cajas tienen 144.000 millones en deuda española.

diez años aumentaría en 165 puntos básicos (la última colocación de bonos a ese plazo se había realizado, por aquel entonces, a 521 puntos básicos). Este impacto en los mercados bursátil y de deuda se mediría como si ocurriera en el primer trimestre de los dos años del ejercicio. Según la EBA, los bancos deberían reducir en un 15% el valor de sus bonos públicos españoles a diez años respecto a diciembre de 2010. Bancos y cajas tienen 144.000 millones en deuda española.

En relación con el escenario previsto para el conjunto de Europa, los citados tests de estrés preveían, en el peor de los casos, un descenso del PIB del 0,4% en 2011, manteniéndose en 2012 en el mismo nivel. El conjunto de las bolsas del continente bajaría un 14,3% y el coste de la deuda pública aumentaría en 65,8 puntos básicos. En cambio no se contemplaba la reestructuración de deuda de ningún país, y el descenso de valor de los bonos públicos sólo se aplicaba a la cartera de negociación de las entidades, no a los títulos que los bancos poseen hasta su vencimiento67.

En relación con el escenario previsto para el conjunto de Europa, los citados tests de estrés preveían, en el peor de los casos, un descenso del PIB del 0,4% en 2011, manteniéndose en 2012 en el mismo nivel. El conjunto de las bolsas del continente bajaría un 14,3% y el coste de la deuda pública aumentaría en 65,8 puntos básicos. En cambio no se contemplaba la reestructuración de deuda de ningún país, y el descenso de valor de los bonos públicos sólo se aplicaba a la cartera de negociación de las entidades, no a los títulos que los bancos poseen hasta su vencimiento67.

Finalmente el supervisor europeo no entró a detallar la lista de las 88 entidades que participarían en el estudio. En todo caso, y al igual que sucedió durante el año 2010, el análisis cubriría un grupo de entidades que representasen más del 65% del sistema financiero europeo en conjunto y, al menos, el 50% de los activos bancario en cada país. España elevó no obstante la exigencia, al someter a la prueba a grupos que representen prácticamente todo el sistema.

Finalmente el supervisor europeo no entró a detallar la lista de las 88 entidades que participarían en el estudio. En todo caso, y al igual que sucedió durante el año 2010, el análisis cubriría un grupo de entidades que representasen más del 65% del sistema financiero europeo en conjunto y, al menos, el 50% de los activos bancario en cada país. España elevó no obstante la exigencia, al someter a la prueba a grupos que representen prácticamente todo el sistema.

Ciertamente destacaba el dato relativo a que aquellas entidades que aprobasen los test con la inclusión de los llamados “factores mitigantes” no se viesen obligadas a recapitalizarse. Recuérdese a este respecto que, como ya se ha señalado, la Autoridad Bancaria Europea no permitió que las provisiones genéricas y los convertibles se computaran para el cálculo del capital principal. De este modo se estimaba que la EBA sólo exigiría recapitalizarse a aquellas entidades que suspendiesen en la llamada “Nota 4”, con independencia de que quedaran “sometidas a vigilancia”, lo que implicaría que en cualquier momento podría llegar la petición de mayor

Ciertamente destacaba el dato relativo a que aquellas entidades que aprobasen los test con la inclusión de los llamados “factores mitigantes” no se viesen obligadas a recapitalizarse. Recuérdese a este respecto que, como ya se ha señalado, la Autoridad Bancaria Europea no permitió que las provisiones genéricas y los convertibles se computaran para el cálculo del capital principal. De este modo se estimaba que la EBA sólo exigiría recapitalizarse a aquellas entidades que suspendiesen en la llamada “Nota 4”, con independencia de que quedaran “sometidas a vigilancia”, lo que implicaría que en cualquier momento podría llegar la petición de mayor

Así, por ejemplo, el coste de la deuda pública de Grecia, por ejemplo, aumentaría en 255 puntos básicos, provocando una reducción del 17,1% en el valor de los bonos a diez años. Y los de Portugal e Irlanda bajarían un 19,8% y un 19,1%, respectivamente. Con carácter adicional el escenario preparado por la EBA sólo contemplaba un impacto en las economías europeas de una variación del 5% en el precio de las materias primas.

Así, por ejemplo, el coste de la deuda pública de Grecia, por ejemplo, aumentaría en 255 puntos básicos, provocando una reducción del 17,1% en el valor de los bonos a diez años. Y los de Portugal e Irlanda bajarían un 19,8% y un 19,1%, respectivamente. Con carácter adicional el escenario preparado por la EBA sólo contemplaba un impacto en las economías europeas de una variación del 5% en el precio de las materias primas.

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capital. Desde esta óptica los bancos y las cajas españolas que recibiesen un suspenso en el primer corte (que se transformaría en aprobado con los denominados “factores mitigantes”) estarían eximidos de presentar un plan de recapitalización y ponerlo en marcha antes de diciembre, tal y como se exigirá a los suspensos reales.

capital. Desde esta óptica los bancos y las cajas españolas que recibiesen un suspenso en el primer corte (que se transformaría en aprobado con los denominados “factores mitigantes”) estarían eximidos de presentar un plan de recapitalización y ponerlo en marcha antes de diciembre, tal y como se exigirá a los suspensos reales.

Con fecha de 23 de marzo de 2011 las cajas de ahorro reconocieron contra su patrimonio minusvalías adicionales en inversión crediticia y activos adjudicados por valor de 22.000 millones de euros, a los que había que sumar provisiones contra cuenta de resultados de 30.000 millones que elevaron la cifra total a 52.000 millones en tres últimos años. Ciertamente los procesos de integración de las cajas de ahorro facilitaron un considerable saneamiento de los balances de las cajas, que reconocieron contra su patrimonio minusvalías adicionales en inversión crediticia y activos adjudicados por valor de 22.000 millones de euros, a los que había que sumar provisiones contra cuenta de resultados de 30.000 millones, lo que elevó la cifra total a 52.000 millones en tres últimos años, según datos de Banco de España68.

Con fecha de 23 de marzo de 2011 las cajas de ahorro reconocieron contra su patrimonio minusvalías adicionales en inversión crediticia y activos adjudicados por valor de 22.000 millones de euros, a los que había que sumar provisiones contra cuenta de resultados de 30.000 millones que elevaron la cifra total a 52.000 millones en tres últimos años. Ciertamente los procesos de integración de las cajas de ahorro facilitaron un considerable saneamiento de los balances de las cajas, que reconocieron contra su patrimonio minusvalías adicionales en inversión crediticia y activos adjudicados por valor de 22.000 millones de euros, a los que había que sumar provisiones contra cuenta de resultados de 30.000 millones, lo que elevó la cifra total a 52.000 millones en tres últimos años, según datos de Banco de España68.

Los procesos de integración contribuyeron además a corregir la excesiva fragmentación del sector, habiendo pasado la cifra de activos medios por entidad de 29.000 millones a 76.000 millones, potenciándose su capacidad para competir. En este sentido el Banco de España se encargó de recordar que, en total, fueron ocho cajas o grupos de cajas las que debían incrementar su capital principal por un importe máximo de 14.077 millones de euros, para lo que hubieron de presentar su estrategia al supervisor. Fruto del proceso de reestructuración las cajas pasaron entonces desde 45 a 17 entidades.

Los procesos de integración contribuyeron además a corregir la excesiva fragmentación del sector, habiendo pasado la cifra de activos medios por entidad de 29.000 millones a 76.000 millones, potenciándose su capacidad para competir. En este sentido el Banco de España se encargó de recordar que, en total, fueron ocho cajas o grupos de cajas las que debían incrementar su capital principal por un importe máximo de 14.077 millones de euros, para lo que hubieron de presentar su estrategia al supervisor. Fruto del proceso de reestructuración las cajas pasaron entonces desde 45 a 17 entidades.

De este modo, mediante un Comunicado emitido con fecha de 23 de marzo de 2011 el Banco de España señaló que todas las cajas de ahorro habían culminado sus operaciones de fusión y que los procesos de integración de todos los SIPs, excepto el de Banco Base, resultaban ya irreversibles. Según el regulador, 36 de las 40 entidades implicadas en operaciones de integración aprobaron ya todo el proceso.

De este modo, mediante un Comunicado emitido con fecha de 23 de marzo de 2011 el Banco de España señaló que todas las cajas de ahorro habían culminado sus operaciones de fusión y que los procesos de integración de todos los SIPs, excepto el de Banco Base, resultaban ya irreversibles. Según el regulador, 36 de las 40 entidades implicadas en operaciones de integración aprobaron ya todo el proceso.

De conformidad con lo manifestado por el organismo supervisor, los ajustes de capacidad instalada en el sector significaron un recorte de entre el 10% y el 25% en el número de oficinas y de entre el 12% y el 18% en las plantillas. Estos recortes se sumaron a los ya habían efectuado las entidades al inicio del proceso de reestructuración, al haber recortado en un 5% las oficinas y un 4% el personal desde los niveles máximos alcanzados en 2008.

De conformidad con lo manifestado por el organismo supervisor, los ajustes de capacidad instalada en el sector significaron un recorte de entre el 10% y el 25% en el número de oficinas y de entre el 12% y el 18% en las plantillas. Estos recortes se sumaron a los ya habían efectuado las entidades al inicio del proceso de reestructuración, al haber recortado en un 5% las oficinas y un 4% el personal desde los niveles máximos alcanzados en 2008.

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A resultas de los procesos de reestructuración llevados a cabo se corrigió la excesiva fragmentación del sector, de manera que la cifra de activos totales medios por entidad pasó de 29.000 millones de euros a 76.000 millones, lo que potenció su capacidad para competir de manera más eficiente. La reestructuración permitió igualmente afrontar el problema de exceso de capacidad instalada en el sector, cuyas redes y servicios centrales estaban sobredimensionados. Los ajustes previstos representaron recortes de entre el 10% y el 25% en el número de oficinas y de entre el 12% y el 18% en las plantillas. Estos recortes se sumaron a los que ya habían efectuado las entidades antes de iniciar este proceso, al haber recortado un 5% las oficinas y un 4% el personal desde los niveles máximos alcanzados en 2008.

A resultas de los procesos de reestructuración llevados a cabo se corrigió la excesiva fragmentación del sector, de manera que la cifra de activos totales medios por entidad pasó de 29.000 millones de euros a 76.000 millones, lo que potenció su capacidad para competir de manera más eficiente. La reestructuración permitió igualmente afrontar el problema de exceso de capacidad instalada en el sector, cuyas redes y servicios centrales estaban sobredimensionados. Los ajustes previstos representaron recortes de entre el 10% y el 25% en el número de oficinas y de entre el 12% y el 18% en las plantillas. Estos recortes se sumaron a los que ya habían efectuado las entidades antes de iniciar este proceso, al haber recortado un 5% las oficinas y un 4% el personal desde los niveles máximos alcanzados en 2008.

Con carácter adicional la integración de las cajas permitió sanear los balances de las entidades participantes. La aplicación del criterio de valor razonable en las “combinaciones de negocios” y “negocios conjuntos” obligó a las cajas de ahorro a reconocer contra su patrimonio minusvalías adicionales en inversión crediticia y activos adjudicados por valor de 22.000 millones de euros. A dicha cifra habría que sumar, además, los 30.000 millones del anterior saneamiento realizado por las cajas a través de la dotación de provisiones contra la cuenta de resultados y el uso de la provisión genérica. De este modo, el reconocimiento de deterioro en el valor de sus inversiones desde enero de 2008 alcanzó los 52.000 millones de euros a lo largo de los últimos tres años.

Con carácter adicional la integración de las cajas permitió sanear los balances de las entidades participantes. La aplicación del criterio de valor razonable en las “combinaciones de negocios” y “negocios conjuntos” obligó a las cajas de ahorro a reconocer contra su patrimonio minusvalías adicionales en inversión crediticia y activos adjudicados por valor de 22.000 millones de euros. A dicha cifra habría que sumar, además, los 30.000 millones del anterior saneamiento realizado por las cajas a través de la dotación de provisiones contra la cuenta de resultados y el uso de la provisión genérica. De este modo, el reconocimiento de deterioro en el valor de sus inversiones desde enero de 2008 alcanzó los 52.000 millones de euros a lo largo de los últimos tres años.

El Banco de España dispuso hasta el 14 de abril de 2011 para aprobar los planes o exigir las modificaciones pertinentes. El 28 de abril de ese año todas aquellas entidades que así lo requiriesen habrían de aprobar su plan de recapitalización, siendo el 30 de septiembre de 2011 el plazo fijado por el Gobierno para que aquellas entidades ejecutasen los planes de recapitalización. En el hipotético caso de que las entidades hubiesen optado por captar recursos privados, el Banco de España podría conceder un aplazamiento hasta finales de 2011 para recapitalizaciones al margen de la Bolsa y hasta marzo de 2012 para los procesos de salida a bolsa.

El Banco de España dispuso hasta el 14 de abril de 2011 para aprobar los planes o exigir las modificaciones pertinentes. El 28 de abril de ese año todas aquellas entidades que así lo requiriesen habrían de aprobar su plan de recapitalización, siendo el 30 de septiembre de 2011 el plazo fijado por el Gobierno para que aquellas entidades ejecutasen los planes de recapitalización. En el hipotético caso de que las entidades hubiesen optado por captar recursos privados, el Banco de España podría conceder un aplazamiento hasta finales de 2011 para recapitalizaciones al margen de la Bolsa y hasta marzo de 2012 para los procesos de salida a bolsa.

Con fecha de 24 de marzo de 2011 se supo, por ejemplo, que CaixaCataluña solicitaría al FROB 1.718 millones de euros, planeando dar entrada a inversores privados en una segunda fase. Con esta estrategia la citada caja lograría un ratio de solvencia del 10,4%. Se trataba de una estrategia de capitalización destinada a lograr los ratios de solvencia exigidos por el Banco

Con fecha de 24 de marzo de 2011 se supo, por ejemplo, que CaixaCataluña solicitaría al FROB 1.718 millones de euros, planeando dar entrada a inversores privados en una segunda fase. Con esta estrategia la citada caja lograría un ratio de solvencia del 10,4%. Se trataba de una estrategia de capitalización destinada a lograr los ratios de solvencia exigidos por el Banco

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Juan Calvo Vérgez

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de España a la luz de la cual la referida entidad solicitaría al FROB 1.718 millones de euros, esto es, la cifra indicada previamente como necesaria para dar cumplimiento a los nuevos niveles de solvencia. Adicionalmente la citada caja planteaba dar entrada en el capital a inversores privados, vía deuda convertible en acciones y captando capital procedente de sus empleados69.

de España a la luz de la cual la referida entidad solicitaría al FROB 1.718 millones de euros, esto es, la cifra indicada previamente como necesaria para dar cumplimiento a los nuevos niveles de solvencia. Adicionalmente la citada caja planteaba dar entrada en el capital a inversores privados, vía deuda convertible en acciones y captando capital procedente de sus empleados69.

El conjunto de las cajas de ahorro sopesaron pedir recursos públicos a través del FROB por un importe máximo de 6.000 millones de euros, lo que supuso la tercera parte de las necesidades de capital de un total de 15.157 millones de euros identificadas por el Banco de España. Como ya se ha señalado, aquellas cajas que no cumpliesen con los nuevos requisitos de solvencia establecidos por el Gobierno debían enviar antes del 28 de marzo de 2011 al Banco de España su plan de recapitalización, en el que debían especificar su estrategia para alcanzar el nivel de capital exigido, del 8% para las cotizadas y del 10% para el resto. El instituto emisor analizó dichos planes hasta el 14 de abril de 2011.

El conjunto de las cajas de ahorro sopesaron pedir recursos públicos a través del FROB por un importe máximo de 6.000 millones de euros, lo que supuso la tercera parte de las necesidades de capital de un total de 15.157 millones de euros identificadas por el Banco de España. Como ya se ha señalado, aquellas cajas que no cumpliesen con los nuevos requisitos de solvencia establecidos por el Gobierno debían enviar antes del 28 de marzo de 2011 al Banco de España su plan de recapitalización, en el que debían especificar su estrategia para alcanzar el nivel de capital exigido, del 8% para las cotizadas y del 10% para el resto. El instituto emisor analizó dichos planes hasta el 14 de abril de 2011.

En líneas generales el conjunto de las entidades con necesidades de capital analizaron todas las vías existentes para fortalecer su solvencia por sus propios medios y recurrir a los fondos públicos lo menos posible, produciéndose acercamientos de cara a nuevas fusiones y se ha revisado la entrada de inversores privados en el capital. La reticencia inicial de las cajas de recurrir a los fondos públicos (que, como ya se ha señalado, implica la nacionalización de la entidad) fue progresivamente desvaneciéndose a medida que quedaron patentes las bajas valoraciones del mercado de cara al salto al parqué. Según datos del Banco de España, el conjunto del sistema financiero español requería capital adicional por importe global de 15.157 millones de euros, de los que 14.077 millones (el 93%) corresponden a

En líneas generales el conjunto de las entidades con necesidades de capital analizaron todas las vías existentes para fortalecer su solvencia por sus propios medios y recurrir a los fondos públicos lo menos posible, produciéndose acercamientos de cara a nuevas fusiones y se ha revisado la entrada de inversores privados en el capital. La reticencia inicial de las cajas de recurrir a los fondos públicos (que, como ya se ha señalado, implica la nacionalización de la entidad) fue progresivamente desvaneciéndose a medida que quedaron patentes las bajas valoraciones del mercado de cara al salto al parqué. Según datos del Banco de España, el conjunto del sistema financiero español requería capital adicional por importe global de 15.157 millones de euros, de los que 14.077 millones (el 93%) corresponden a

69 CatalunyaCaixa, en pleno proceso de bancarización, descartó salir a bolsa en los próximos doce meses. Las nuevas medidas permitirían a la entidad alcanzar un ratio de capital principal del 10,4%. Con esta decisión la referida entidad se convirtió en la primera caja que decidió acudir al FROB después que se elevaran los ratios de solvencia. Y ello en aras de mantener el desarrollo de una banca minorista de calidad, próxima al territorio y la realización de la Obra Social. A finales del primer semestre de 2011 se había reducido la red de oficinas de CatalunyaCaixa en un 25%, siendo recortada su plantilla en un 15%. La entidad, fruto de las fusiones de Caixa Catalunya, Tarragona y Manresa, preveía lograr unas sinergias de 130 millones de euros anuales con estas medidas.

69 CatalunyaCaixa, en pleno proceso de bancarización, descartó salir a bolsa en los próximos doce meses. Las nuevas medidas permitirían a la entidad alcanzar un ratio de capital principal del 10,4%. Con esta decisión la referida entidad se convirtió en la primera caja que decidió acudir al FROB después que se elevaran los ratios de solvencia. Y ello en aras de mantener el desarrollo de una banca minorista de calidad, próxima al territorio y la realización de la Obra Social. A finales del primer semestre de 2011 se había reducido la red de oficinas de CatalunyaCaixa en un 25%, siendo recortada su plantilla en un 15%. La entidad, fruto de las fusiones de Caixa Catalunya, Tarragona y Manresa, preveía lograr unas sinergias de 130 millones de euros anuales con estas medidas.

La recapitalización de las entidades financieras

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ocho grupos de cajas de ahorro, y el resto a cuatro bancos, dos de ellos extranjeros.

ocho grupos de cajas de ahorro, y el resto a cuatro bancos, dos de ellos extranjeros.

Por otra parte aquellas cajas de ahorro que solicitasen ayudas públicas debían modificar su consejo de administración. En efecto, las entidades que optasen por reforzar su solvencia con fondos del Estado debían adaptar la estructura de su máximo órgano de decisión a las mejores prácticas de gobierno corporativo. Esta fue una de las contrapartidas exigidas por el Ejecutivo y el Banco de España para poner a disposición del sector el dinero del contribuyente. Tal y como se requirió en el Decreto de solvencia al detallar las normas de buen gobierno que debían cumplir los grupos que acudiesen al FROB, el número de miembros del órgano de administración no debía ser inferior a cinco ni superior a quince, debiendo los consejos de las cajas que decidiesen reforzar su capital cifrar el número de consejeros entre 14 y 34. A mayor abundamiento los Consejos de las cajas no sólo debían reducir su tamaño, sino también renovarse prácticamente al 50%. Al menos un tercio han de ser consejeros independientes”, representando los consejeros externos, dominicales e independientes la mayoría del órgano de administración y siendo el número de consejeros ejecutivos el mínimo necesario. De este modo, de un máximo de 120 consejeros, 40 directivos (un tercio) deberían ser independientes.

Por otra parte aquellas cajas de ahorro que solicitasen ayudas públicas debían modificar su consejo de administración. En efecto, las entidades que optasen por reforzar su solvencia con fondos del Estado debían adaptar la estructura de su máximo órgano de decisión a las mejores prácticas de gobierno corporativo. Esta fue una de las contrapartidas exigidas por el Ejecutivo y el Banco de España para poner a disposición del sector el dinero del contribuyente. Tal y como se requirió en el Decreto de solvencia al detallar las normas de buen gobierno que debían cumplir los grupos que acudiesen al FROB, el número de miembros del órgano de administración no debía ser inferior a cinco ni superior a quince, debiendo los consejos de las cajas que decidiesen reforzar su capital cifrar el número de consejeros entre 14 y 34. A mayor abundamiento los Consejos de las cajas no sólo debían reducir su tamaño, sino también renovarse prácticamente al 50%. Al menos un tercio han de ser consejeros independientes”, representando los consejeros externos, dominicales e independientes la mayoría del órgano de administración y siendo el número de consejeros ejecutivos el mínimo necesario. De este modo, de un máximo de 120 consejeros, 40 directivos (un tercio) deberían ser independientes.

A priori esta nueva regulación habría de posibilitar un cambio de gobernanza a corto plazo, si bien se ha de reconocer que ello requeriría de importantes modificaciones estatutarias y jurídicas que se dilatarían en el tiempo, así como superar el filtro de varias autorizaciones. Por ejemplo, habría que proceder a modificar la composición de la asamblea, cuestión ésta respecto de la que nada se señala en la norma. Las limitaciones impuestas afectan al nuevo banco que se constituye, pero no al órgano de gobierno de la caja.

A priori esta nueva regulación habría de posibilitar un cambio de gobernanza a corto plazo, si bien se ha de reconocer que ello requeriría de importantes modificaciones estatutarias y jurídicas que se dilatarían en el tiempo, así como superar el filtro de varias autorizaciones. Por ejemplo, habría que proceder a modificar la composición de la asamblea, cuestión ésta respecto de la que nada se señala en la norma. Las limitaciones impuestas afectan al nuevo banco que se constituye, pero no al órgano de gobierno de la caja.

En todo caso fue esta una cuestión en relación con la cual las entidades no dispusieron de un periodo de transición para adaptarse. El Consejo en su conjunto debía reestructurarse en cuanto se produjese la inyección de fondos públicos y la designación de los representantes del FROB. Los directivos salientes no tenían derecho a recibir indemnización. Ciertamente se ha de reconocer que, en el supuesto de que se concretase este cambio, se avanzaría en la despolitización del sector.

En todo caso fue esta una cuestión en relación con la cual las entidades no dispusieron de un periodo de transición para adaptarse. El Consejo en su conjunto debía reestructurarse en cuanto se produjese la inyección de fondos públicos y la designación de los representantes del FROB. Los directivos salientes no tenían derecho a recibir indemnización. Ciertamente se ha de reconocer que, en el supuesto de que se concretase este cambio, se avanzaría en la despolitización del sector.

VII. ANÁLISIS DE LAS PRINCIPALES ETAPAS SEGUIDAS EN EL PROCESO DE RECAPITALIZACIÓN DE LAS DISTINTAS CAJAS DE AHORRO ESPAÑOLAS

VII. ANÁLISIS DE LAS PRINCIPALES ETAPAS SEGUIDAS EN EL PROCESO DE RECAPITALIZACIÓN DE LAS DISTINTAS CAJAS DE AHORRO ESPAÑOLAS

Con fecha de 21 de marzo de 2011 Caja España-Duero y Unicaja firmaron un “preacuerdo genérico” para su fusión. La sociedad resultante de la unión entre Caja España y Caja Duero y la mayor caja de ahorros andaluza admitió la existencia de conversaciones al respecto y la firma de un “preacuerdo genérico” entre sus presidentes con vistas a un eventual proceso de integración. El proyecto de ambas entidades era unirse para crear un banco. La entidad resultante no tendría necesidad de acudir a FROB, ya que el exceso de capital de Unicaja podría hacer frente a las exigencias de unos 450 millones de euros detectadas en la solvencia de Caja España Duero70.

Con fecha de 21 de marzo de 2011 Caja España-Duero y Unicaja firmaron un “preacuerdo genérico” para su fusión. La sociedad resultante de la unión entre Caja España y Caja Duero y la mayor caja de ahorros andaluza admitió la existencia de conversaciones al respecto y la firma de un “preacuerdo genérico” entre sus presidentes con vistas a un eventual proceso de integración. El proyecto de ambas entidades era unirse para crear un banco. La entidad resultante no tendría necesidad de acudir a FROB, ya que el exceso de capital de Unicaja podría hacer frente a las exigencias de unos 450 millones de euros detectadas en la solvencia de Caja España Duero70.

Con fecha de 23 de marzo de 2011 BBK, Vital y Kutxa anunciaron su integración en un banco, dando así el primer paso para su fusión tras llegar a un acuerdo para crear una marca bancaria conjunta y constituyéndose en el sexto grupo de cajas de ahorro del país con 80.000 millones de euros en activos. Las citadas cajas informaron a la CNMV de que la integración se articularía a través de un Sistema Institucional de Protección mediante el cual dichas cajas se mantenían como accionistas, procediendo a volcar el conjunto de su negocio bancario en un banco de nueva creación. De esta

Con fecha de 23 de marzo de 2011 BBK, Vital y Kutxa anunciaron su integración en un banco, dando así el primer paso para su fusión tras llegar a un acuerdo para crear una marca bancaria conjunta y constituyéndose en el sexto grupo de cajas de ahorro del país con 80.000 millones de euros en activos. Las citadas cajas informaron a la CNMV de que la integración se articularía a través de un Sistema Institucional de Protección mediante el cual dichas cajas se mantenían como accionistas, procediendo a volcar el conjunto de su negocio bancario en un banco de nueva creación. De esta

A este respecto debe precisarse que Unicaja tenía, por aquel entonces, un volumen de activos de 43.000 millones de euros, frente a los 46.000 millones de euros de Caja España Duero. Sin embargo, la entidad malagueña se quedaría con la mayoría del nuevo banco (alrededor del 65%) debido a su mayor solvencia y menor morosidad.

A este respecto debe precisarse que Unicaja tenía, por aquel entonces, un volumen de activos de 43.000 millones de euros, frente a los 46.000 millones de euros de Caja España Duero. Sin embargo, la entidad malagueña se quedaría con la mayoría del nuevo banco (alrededor del 65%) debido a su mayor solvencia y menor morosidad.

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Juan Calvo Vérgez

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forma el sector de cajas de ahorro se veía reducido en apenas un año de 45 entidades a 14.

forma el sector de cajas de ahorro se veía reducido en apenas un año de 45 entidades a 14.

Las citadas entidades procedieron a acelerar su integración para aprovechar las oportunidades de compra derivadas de la debilidad de algunas cajas. Con carácter general ambas entidades mantendrían su identidad jurídica y no habrían de transformarse en fundaciones, si bien debía negociarse el peso de cada una de ellas en el futuro banco, el cual respondería a parámetros tales como los activos, beneficios y patrimonio neto. Y, con fecha de 30 de junio de 2011, se conoció que BBK tendría un 57% del banco que naciese de la fusión de las tres entidades vascas, Kutxa el 32% y Caja Vital el 11%.

Las citadas entidades procedieron a acelerar su integración para aprovechar las oportunidades de compra derivadas de la debilidad de algunas cajas. Con carácter general ambas entidades mantendrían su identidad jurídica y no habrían de transformarse en fundaciones, si bien debía negociarse el peso de cada una de ellas en el futuro banco, el cual respondería a parámetros tales como los activos, beneficios y patrimonio neto. Y, con fecha de 30 de junio de 2011, se conoció que BBK tendría un 57% del banco que naciese de la fusión de las tres entidades vascas, Kutxa el 32% y Caja Vital el 11%.

A fecha de 24 de marzo de 2011 la integración de cajas lideradas por Cajastur y la CAM se hallaba en un momento crítico. Y ello debido a que si la entidad alicantina no se avenía a realizar cambios en la gestión y saneamientos del grupo, las otras tres cajas que participaban por aquel entonces de dicho SIP (Cajastur, Extremadura y Cantabria) estaban dispuestas a romper con ella para no poner en peligro su propia viabilidad. Este hecho dejaba a CAM en una posición muy débil, ya que se vería abocada a una intervención por parte del Banco de España con su nacionalización.

A fecha de 24 de marzo de 2011 la integración de cajas lideradas por Cajastur y la CAM se hallaba en un momento crítico. Y ello debido a que si la entidad alicantina no se avenía a realizar cambios en la gestión y saneamientos del grupo, las otras tres cajas que participaban por aquel entonces de dicho SIP (Cajastur, Extremadura y Cantabria) estaban dispuestas a romper con ella para no poner en peligro su propia viabilidad. Este hecho dejaba a CAM en una posición muy débil, ya que se vería abocada a una intervención por parte del Banco de España con su nacionalización.

Por aquel entonces Banco Base era el único SIP que aún no había recibido las ayudas del FROB solicitadas (1.493 millones), a la espera del desenlace de las fricciones entre sus dos principales accionistas (la caja asturiana y la alicantina). Además, aún no había completado todos los trámites para traspasar su negocio bancario al nuevo banco. Faltaba la aprobación de las Asambleas Generales de las cuatro cajas que componía dicha integración. Se trata, en consecuencia, de la única operación reversible.

Por aquel entonces Banco Base era el único SIP que aún no había recibido las ayudas del FROB solicitadas (1.493 millones), a la espera del desenlace de las fricciones entre sus dos principales accionistas (la caja asturiana y la alicantina). Además, aún no había completado todos los trámites para traspasar su negocio bancario al nuevo banco. Faltaba la aprobación de las Asambleas Generales de las cuatro cajas que componía dicha integración. Se trata, en consecuencia, de la única operación reversible.

Su opción para cumplir con los nuevos requisitos de solvencia del Gobierno pasaba, indefectiblemente, por una nueva inyección de capital del FROB. Este debate había generado también fricciones en el consejo de Banco Base. CAM era partidaria de una salida a bolsa de la entidad y rechazó que la entidad fuese nacionalizada parcialmente. El resto de socios consideró, en cambio, que dicho planteamiento representaba una temeridad en el actual contexto de mercado71.

Su opción para cumplir con los nuevos requisitos de solvencia del Gobierno pasaba, indefectiblemente, por una nueva inyección de capital del FROB. Este debate había generado también fricciones en el consejo de Banco Base. CAM era partidaria de una salida a bolsa de la entidad y rechazó que la entidad fuese nacionalizada parcialmente. El resto de socios consideró, en cambio, que dicho planteamiento representaba una temeridad en el actual contexto de mercado71.

En este sentido la delicada situación en la que quedó la CAM tras su deterioro del negocio en 2010 representó el principal motivo de la disputa. Esta debilidad de la cuenta de resultados supuso un escollo de cara a una posible salida a bolsa de todo el grupo o la búsqueda de un inversor privado. La entidad vio fuertemente golpeados sus márgenes el pasado ejercicio, con

En este sentido la delicada situación en la que quedó la CAM tras su deterioro del negocio en 2010 representó el principal motivo de la disputa. Esta debilidad de la cuenta de resultados supuso un escollo de cara a una posible salida a bolsa de todo el grupo o la búsqueda de un inversor privado. La entidad vio fuertemente golpeados sus márgenes el pasado ejercicio, con

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La recapitalización de las entidades financieras

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En consecuencia la vía consistente en la captación de capital privado para cumplir con los nuevos requisitos de solvencia del Gobierno parecía que cada vez estaba más lejos para Banco Base. El grupo se planteó la desinversión en participadas para reducir sus activos. A priori, de acuerdo con el esquema elaborado por el Banco de España, la entidad contaría con un período de dos años para elegir un socio privado que sustituyese al Estado, lo que les daría un mayor plazo para buscar capital y a un mejor precio.

En consecuencia la vía consistente en la captación de capital privado para cumplir con los nuevos requisitos de solvencia del Gobierno parecía que cada vez estaba más lejos para Banco Base. El grupo se planteó la desinversión en participadas para reducir sus activos. A priori, de acuerdo con el esquema elaborado por el Banco de España, la entidad contaría con un período de dos años para elegir un socio privado que sustituyese al Estado, lo que les daría un mayor plazo para buscar capital y a un mejor precio.

Cajastur y CAM se mantuvieron en Banco Base y solicitaron al FROB 1.447 millones de euros para cumplir con las exigencias de capital establecidas por el Gobierno y mantener la unidad del citado Banco, que terminó formalizando una petición de fondos públicos por un importe de 2.800 millones de euros. Concretamente el plan de recapitalización presentado al Banco de España preveía una solicitud de dinero que prácticamente duplicaba el refuerzo de capital necesario para cumplir con el nuevo listón de solvencia fijado por el Gobierno y el Banco de España. A pesar de que el supervisor cifró este requerimiento en 1.447 millones de euros, la petición de apoyo estatal se elevó tras sumar al importe exigido por el Banco de España otros fondos necesarios para cubrir futuros deterioros del balance y para afrontar los nuevos test de estrés a la banca en Europa. Buena parte de estas necesidades surgían de la mayor debilidad de CAM. Su margen de negocio ordinario cayó un 55% en 2010 y sus reservas se redujeron un 34%, hasta 1.529 millones, tras sanear créditos y participadas contra patrimonio. Los 2.800 millones solicitados por Banco Base, más los 1.493 millones que había recibido ya el pasado año 2010 en la primera ronda de ayudas del FROB elevaron el montante total de apoyos a 4.293 millones de euros.

Cajastur y CAM se mantuvieron en Banco Base y solicitaron al FROB 1.447 millones de euros para cumplir con las exigencias de capital establecidas por el Gobierno y mantener la unidad del citado Banco, que terminó formalizando una petición de fondos públicos por un importe de 2.800 millones de euros. Concretamente el plan de recapitalización presentado al Banco de España preveía una solicitud de dinero que prácticamente duplicaba el refuerzo de capital necesario para cumplir con el nuevo listón de solvencia fijado por el Gobierno y el Banco de España. A pesar de que el supervisor cifró este requerimiento en 1.447 millones de euros, la petición de apoyo estatal se elevó tras sumar al importe exigido por el Banco de España otros fondos necesarios para cubrir futuros deterioros del balance y para afrontar los nuevos test de estrés a la banca en Europa. Buena parte de estas necesidades surgían de la mayor debilidad de CAM. Su margen de negocio ordinario cayó un 55% en 2010 y sus reservas se redujeron un 34%, hasta 1.529 millones, tras sanear créditos y participadas contra patrimonio. Los 2.800 millones solicitados por Banco Base, más los 1.493 millones que había recibido ya el pasado año 2010 en la primera ronda de ayudas del FROB elevaron el montante total de apoyos a 4.293 millones de euros.

Sin embargo, con fecha de 30 de marzo de 2011 los socios de CAM en Banco Base (Cajastur, Cantabria y Extremadura) decidieron romper con la caja alicantina y salirse de esta alianza. Ante esta situación, la CAM comunicó a la CNMV que, tras haber sido rechazado el proyecto de segregación de sus negocios financieros a favor de Banco Base, solicitaría ayuda financiera al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria, lo que equivalía a su

Sin embargo, con fecha de 30 de marzo de 2011 los socios de CAM en Banco Base (Cajastur, Cantabria y Extremadura) decidieron romper con la caja alicantina y salirse de esta alianza. Ante esta situación, la CAM comunicó a la CNMV que, tras haber sido rechazado el proyecto de segregación de sus negocios financieros a favor de Banco Base, solicitaría ayuda financiera al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria, lo que equivalía a su

una caída de su negocio ordinario del 55% y un beneficio atribuido de 244,1 millones, un 11,7% menos. No obstante los gestores de CAM se opusieron a llevar a cabo cambios en la integración (gestión y saneamientos) para no ver reducida su porcentaje en el capital (40%, al igual que Cajastur). Con carácter adicional dicha entidad vio cómo se había resentido su fondo de reservas (con una reducción del 34,4%, hasta los 1.529 millones de euros), debido al saneamiento de su cartera crediticia. La morosidad en un año pasó del 4,5% al 8,7%.

una caída de su negocio ordinario del 55% y un beneficio atribuido de 244,1 millones, un 11,7% menos. No obstante los gestores de CAM se opusieron a llevar a cabo cambios en la integración (gestión y saneamientos) para no ver reducida su porcentaje en el capital (40%, al igual que Cajastur). Con carácter adicional dicha entidad vio cómo se había resentido su fondo de reservas (con una reducción del 34,4%, hasta los 1.529 millones de euros), debido al saneamiento de su cartera crediticia. La morosidad en un año pasó del 4,5% al 8,7%.

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nacionalización. Cajastur, Cantabria y Extremadura decidieron romper con CAM porque no querían ver comprometida su viabilidad y la propiedad de la entidad debido a las altas necesidades de fondos públicos. Calcularon que para sacar adelante la operación eran necesarios 2.800 millones de euros, lo que abocaba a la entidad a su completa nacionalización.

nacionalización. Cajastur, Cantabria y Extremadura decidieron romper con CAM porque no querían ver comprometida su viabilidad y la propiedad de la entidad debido a las altas necesidades de fondos públicos. Calcularon que para sacar adelante la operación eran necesarios 2.800 millones de euros, lo que abocaba a la entidad a su completa nacionalización.

CAM era, de las cuatro entidades que integraban el extinto SIP, la que presentaba el balance más debilitado, al necesitar de forma urgente unos 2.000 millones de euros para cumplir con las nuevas exigencias. El patrimonio de la citada caja ascendía a 2.011 millones, por lo que la inyección de los fondos necesarios para cumplir con los nuevos requisitos de capital exigidos por el Gobierno el 18 de febrero de 2011 suponía su nacionalización. Ello implicaba la toma de control de sus órganos de gobierno por parte del FROB. Las cuatro cajas ya habían solicitado, además, al citado Fondo un préstamos de 1.493 millones que no había llegado a ser desembolsado. El principal punto de discordia para acometer la integración fue el relativo a la elevada necesidad de capital público para cumplir con los nuevos mínimos de solvencia. Las cajas que rompieron su alianza señalaron que desconocían los elevados saneamientos que había aflorado CAM en 2010. Su morosidad se situó en el 8,7%, sus reservas se redujeron un 34% por las dotaciones y su negocio cayó un 55%72.

CAM era, de las cuatro entidades que integraban el extinto SIP, la que presentaba el balance más debilitado, al necesitar de forma urgente unos 2.000 millones de euros para cumplir con las nuevas exigencias. El patrimonio de la citada caja ascendía a 2.011 millones, por lo que la inyección de los fondos necesarios para cumplir con los nuevos requisitos de capital exigidos por el Gobierno el 18 de febrero de 2011 suponía su nacionalización. Ello implicaba la toma de control de sus órganos de gobierno por parte del FROB. Las cuatro cajas ya habían solicitado, además, al citado Fondo un préstamos de 1.493 millones que no había llegado a ser desembolsado. El principal punto de discordia para acometer la integración fue el relativo a la elevada necesidad de capital público para cumplir con los nuevos mínimos de solvencia. Las cajas que rompieron su alianza señalaron que desconocían los elevados saneamientos que había aflorado CAM en 2010. Su morosidad se situó en el 8,7%, sus reservas se redujeron un 34% por las dotaciones y su negocio cayó un 55%72.

En todo caso el FROB se ahorró en torno a 1.000 millones de euros con la ruptura de Banco Base, proyecto de fusión de Cajastur, Caja Cantabria, Caja Extremadura y Caja de Ahorros del Mediterráneo. Y ello teniendo en cuenta que, como se ha señalado, la fusión de las cuatro cajas de ahorro había solicitado recursos al FROB por importe global 4.231 millones de euros. Esta cantidad incluía 2.784 millones de euros para cumplir con las exigencias de la nueva norma de capital aprobada por el Gobierno, más el respaldo solicitado anteriormente de 1.493 millones de euros y que no había

En todo caso el FROB se ahorró en torno a 1.000 millones de euros con la ruptura de Banco Base, proyecto de fusión de Cajastur, Caja Cantabria, Caja Extremadura y Caja de Ahorros del Mediterráneo. Y ello teniendo en cuenta que, como se ha señalado, la fusión de las cuatro cajas de ahorro había solicitado recursos al FROB por importe global 4.231 millones de euros. Esta cantidad incluía 2.784 millones de euros para cumplir con las exigencias de la nueva norma de capital aprobada por el Gobierno, más el respaldo solicitado anteriormente de 1.493 millones de euros y que no había

72 Dada esta nueva situación CAM necesitaba 2.500 millones de euros para alcanzar el 10% de capital básico exigido por el Gobierno, lo que le llevaría a perder el control del 50% de su capital. La inyección de capital público se realizaría mediante la compra de acciones y requeriría que la entidad se convirtiese en banco, al que habría de traspasar la actividad financiera. Para ello tenía un plazo de tres meses. El precio de adquisición de las acciones lo determinaría un grupo de varios expertos independientes designados por el FROB. La entrada del fondo en el capital suponía la inmediata incorporación a los órganos de administración de la entidad, para garantizar la recapitalización. El número de consejeros dependería del porcentaje de capital público. El FROB sería accionista de la entidad durante un máximo de cinco años.

72 Dada esta nueva situación CAM necesitaba 2.500 millones de euros para alcanzar el 10% de capital básico exigido por el Gobierno, lo que le llevaría a perder el control del 50% de su capital. La inyección de capital público se realizaría mediante la compra de acciones y requeriría que la entidad se convirtiese en banco, al que habría de traspasar la actividad financiera. Para ello tenía un plazo de tres meses. El precio de adquisición de las acciones lo determinaría un grupo de varios expertos independientes designados por el FROB. La entrada del fondo en el capital suponía la inmediata incorporación a los órganos de administración de la entidad, para garantizar la recapitalización. El número de consejeros dependería del porcentaje de capital público. El FROB sería accionista de la entidad durante un máximo de cinco años.

La recapitalización de las entidades financieras

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La recapitalización de las entidades financieras

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sido desembolsado a falta de que se sellaran todos los trámites para culminar la integración. Pues bien, la ruptura de la fusión eliminó necesidades de 400 millones de euros correspondientes a los préstamos de la primera edición del FROB concedidos a tres de las cuatro cajas hasta el 2% de sus activos ponderados por riesgo. A este importe habría que sumar una partida económica de otros 600 millones de euros correspondientes a la segunda edición del FROB derivados de la penalización por el cambio de control de la sociedad que habría de asumir la CAM a raíz de sus contratos con Aegon y General Electric73.

sido desembolsado a falta de que se sellaran todos los trámites para culminar la integración. Pues bien, la ruptura de la fusión eliminó necesidades de 400 millones de euros correspondientes a los préstamos de la primera edición del FROB concedidos a tres de las cuatro cajas hasta el 2% de sus activos ponderados por riesgo. A este importe habría que sumar una partida económica de otros 600 millones de euros correspondientes a la segunda edición del FROB derivados de la penalización por el cambio de control de la sociedad que habría de asumir la CAM a raíz de sus contratos con Aegon y General Electric73.

La CAM optó por solicitar 2.800 millones de euros al FROB, al objeto de alcanzar los mínimos de solvencia impuestos por el Gobierno ya que, como es sabido, todas aquellas entidades que no cotizan en los mercados y que tienen un exceso de financiación mayorista deben tener un capital principal de al menos un 10% de sus activos de riesgo. La cifra solicitada por la CAM era casi coincidente con los 2.784 millones que previamente había acordado solicitar Banco Base. Igualmente la CAM acordó convertirse en

La CAM optó por solicitar 2.800 millones de euros al FROB, al objeto de alcanzar los mínimos de solvencia impuestos por el Gobierno ya que, como es sabido, todas aquellas entidades que no cotizan en los mercados y que tienen un exceso de financiación mayorista deben tener un capital principal de al menos un 10% de sus activos de riesgo. La cifra solicitada por la CAM era casi coincidente con los 2.784 millones que previamente había acordado solicitar Banco Base. Igualmente la CAM acordó convertirse en

Por otro lado, en el caso concreto de CAM, la exposición al sector promotor constituyó uno de los principales puntos débiles de la caja alicantina. El peso del crédito inmobiliario representó el 21,86% de la financiación total. Al cierre del primer semestre de 2010, la inversión crediticia de CAM alcanzaba los 52.000 millones, por lo que los préstamos inmobiliarios supondrían unos 10.900 millones. La morosidad de promotores era entonces del 7,58%, más baja del 8,67% declarado en junio de 2009 y, por tanto, a contracorriente del sector, que, trimestre tras trimestre, sigue declarando aumentos de los impagos de estas empresas. La Caja también participó en el sector de forma directa. La actividad inmobiliaria del grupo se vio reforzada por 104 proyectos de inversión, contando con 3.200 millones en inmuebles adjudicados. La presencia en el sector inmobiliario fue, precisamente, uno de los lastres de la cuenta de resultados. Las necesidades de provisiones por morosidad y la caída de negocio “ahogaron” la cuenta. El margen de intereses cubría en torno a la mitad de las exigencias de provisiones y gastos de explotación. El resto se absorbió en el primer semestre con plusvalías obtenidas por ventas de activos y recompras de deuda. Fue así incluso en un periodo en el que CAM dotó 313 millones, un 46% menos que un año antes. Los activos financieros de la cartera de inversiones crediticias que estarían vencidas o que se habrían deteriorado en 2010 y 2009 si no se hubieran renegociado, alcanzaron un importe de 2.110,51 millones y 96,79 millones, respectivamente. De este modo la pérdida esperada de la cartera crediticia de la Caja se cifró en 6.046 millones de euros. El deterioro teórico bruto pendiente de materializar (el que se preveía cargar contra patrimonio) sumaba 1.848 millones. Tras aplicarle costes fiscales diferidos, se situaba en 1.294 millones. Los 6.000 millones representaban el 10,5% de la exposición total, incluyendo activos adjudicados y fallidos, es decir, los créditos de remota recuperación. Finalmente el core capital de CAM (capital y reservas sobre activos de riesgo) a junio era del 6,5%. En términos absolutos, el capital de máxima calidad alcanzaba 3.316 millones de euros (Fuente: Diario Expansión, www.expansion.com, 1 de abril de 2011).

Por otro lado, en el caso concreto de CAM, la exposición al sector promotor constituyó uno de los principales puntos débiles de la caja alicantina. El peso del crédito inmobiliario representó el 21,86% de la financiación total. Al cierre del primer semestre de 2010, la inversión crediticia de CAM alcanzaba los 52.000 millones, por lo que los préstamos inmobiliarios supondrían unos 10.900 millones. La morosidad de promotores era entonces del 7,58%, más baja del 8,67% declarado en junio de 2009 y, por tanto, a contracorriente del sector, que, trimestre tras trimestre, sigue declarando aumentos de los impagos de estas empresas. La Caja también participó en el sector de forma directa. La actividad inmobiliaria del grupo se vio reforzada por 104 proyectos de inversión, contando con 3.200 millones en inmuebles adjudicados. La presencia en el sector inmobiliario fue, precisamente, uno de los lastres de la cuenta de resultados. Las necesidades de provisiones por morosidad y la caída de negocio “ahogaron” la cuenta. El margen de intereses cubría en torno a la mitad de las exigencias de provisiones y gastos de explotación. El resto se absorbió en el primer semestre con plusvalías obtenidas por ventas de activos y recompras de deuda. Fue así incluso en un periodo en el que CAM dotó 313 millones, un 46% menos que un año antes. Los activos financieros de la cartera de inversiones crediticias que estarían vencidas o que se habrían deteriorado en 2010 y 2009 si no se hubieran renegociado, alcanzaron un importe de 2.110,51 millones y 96,79 millones, respectivamente. De este modo la pérdida esperada de la cartera crediticia de la Caja se cifró en 6.046 millones de euros. El deterioro teórico bruto pendiente de materializar (el que se preveía cargar contra patrimonio) sumaba 1.848 millones. Tras aplicarle costes fiscales diferidos, se situaba en 1.294 millones. Los 6.000 millones representaban el 10,5% de la exposición total, incluyendo activos adjudicados y fallidos, es decir, los créditos de remota recuperación. Finalmente el core capital de CAM (capital y reservas sobre activos de riesgo) a junio era del 6,5%. En términos absolutos, el capital de máxima calidad alcanzaba 3.316 millones de euros (Fuente: Diario Expansión, www.expansion.com, 1 de abril de 2011).

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Juan Calvo Vérgez

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banco, algo obligatorio al pedir fondos públicos. Con dicha aportación de dinero público la CAM superó la barrera del 10% de capital básico (capital de máxima calidad) exigida por el Ejecutivo. Esta petición de dinero público supuso que el Estado se hiciese con el control de la entidad, ya que su capital anterior se calculaba en una horquilla de entre 2.000 y 3.000 millones de euros. La entrada del FROB se efectuaría aplicando importantes descuentos sobre el valor en libros, que podrían rondar incluso el 50% en el caso de la CAM, dada su delicada situación74.

banco, algo obligatorio al pedir fondos públicos. Con dicha aportación de dinero público la CAM superó la barrera del 10% de capital básico (capital de máxima calidad) exigida por el Ejecutivo. Esta petición de dinero público supuso que el Estado se hiciese con el control de la entidad, ya que su capital anterior se calculaba en una horquilla de entre 2.000 y 3.000 millones de euros. La entrada del FROB se efectuaría aplicando importantes descuentos sobre el valor en libros, que podrían rondar incluso el 50% en el caso de la CAM, dada su delicada situación74.

Como es sabido la normativa que regula el nuevo proceso de recapitalización bancaria prevé que las cajas puedan aumentar su solvencia mediante la desinversión de activos. Con esta fórmula CAM reduciría su apelación al FROB y escaparía al control total del Estado. Téngase presente que si la citada caja tuviese únicamente como recurso el dinero público, caería en manos del Banco de España, que trataría de colocarla en el mercado a través de un proceso de subasta pública75.

Como es sabido la normativa que regula el nuevo proceso de recapitalización bancaria prevé que las cajas puedan aumentar su solvencia mediante la desinversión de activos. Con esta fórmula CAM reduciría su apelación al FROB y escaparía al control total del Estado. Téngase presente que si la citada caja tuviese únicamente como recurso el dinero público, caería en manos del Banco de España, que trataría de colocarla en el mercado a través de un proceso de subasta pública75.

Por otro lado CAM pretendía hacerse con la licencia bancaria con la que iba a operar Banco Base. Este banco era propiedad de CAM (40%), Cajastur (40%), Caja Extremadura (11%) y Cantabria (9%). Pues bien se preveía que CAM abonase 12 millones de euros para adquirir el capital depositado para la creación de dicha licencia, un total de 20 millones de euro para todo el grupo.

Por otro lado CAM pretendía hacerse con la licencia bancaria con la que iba a operar Banco Base. Este banco era propiedad de CAM (40%), Cajastur (40%), Caja Extremadura (11%) y Cantabria (9%). Pues bien se preveía que CAM abonase 12 millones de euros para adquirir el capital depositado para la creación de dicha licencia, un total de 20 millones de euro para todo el grupo.

Lo cierto es que, tras su ruptura, el conjunto de entidades integradas en Banco Base se vio obligado a reformular sus cuentas sin tomar en consideración los efectos del SIP y deshacer algunos negocios conjuntos que habían iniciado. Como se ha señalado CAM iba a presentar un proyecto de recapitalización al Banco de España en solitario. Como máximo, solicitando 2.800 millones de euros de dinero público, si bien estudió posibilidades de

Lo cierto es que, tras su ruptura, el conjunto de entidades integradas en Banco Base se vio obligado a reformular sus cuentas sin tomar en consideración los efectos del SIP y deshacer algunos negocios conjuntos que habían iniciado. Como se ha señalado CAM iba a presentar un proyecto de recapitalización al Banco de España en solitario. Como máximo, solicitando 2.800 millones de euros de dinero público, si bien estudió posibilidades de

74 En resumen, la CAM acordó pedir 1.745 millones de euros en forma de capital (que da derechos políticos al sector público en el consejo de CAM, el denominado Frob 2) y 1.055 millones en forma de financiación (el montante que le correspondía en las ayudas comprometidas con Banco Base, a través del Frob 1). 75 A dicha fecha la CAM contaba con un patrimonio neto de 2.386 millones de euros, casi 400 millones menos que el dinero que le iba a inyectar el FROB para cumplir con los nuevos mínimos de solvencia aprobados por el Gobierno. Su capital principal se situaba en el 4,9% sobre los activos de riesgo, cinco puntos por debajo del mínimo regulatorio y el más bajo de las ocho cajas con déficit de capital. La entidad tenía que crear un banco para recibir las ayudas del FROB.

74 En resumen, la CAM acordó pedir 1.745 millones de euros en forma de capital (que da derechos políticos al sector público en el consejo de CAM, el denominado Frob 2) y 1.055 millones en forma de financiación (el montante que le correspondía en las ayudas comprometidas con Banco Base, a través del Frob 1). 75 A dicha fecha la CAM contaba con un patrimonio neto de 2.386 millones de euros, casi 400 millones menos que el dinero que le iba a inyectar el FROB para cumplir con los nuevos mínimos de solvencia aprobados por el Gobierno. Su capital principal se situaba en el 4,9% sobre los activos de riesgo, cinco puntos por debajo del mínimo regulatorio y el más bajo de las ocho cajas con déficit de capital. La entidad tenía que crear un banco para recibir las ayudas del FROB.

La recapitalización de las entidades financieras

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reducir esta apelación a fondos estatales, barajando igualmente la incorporación de un socio a su proyecto y el troceo de alguno de sus negocios con más valor en mercado. Por su parte Cajastur, Caja Extremadura y CajaCantabria decidieron presentar un nuevo SIP al Banco de España que no tendría que recurrir a ayudas públicas. Dicho grupo quedó abierto a la incorporación de nuevos socios.

reducir esta apelación a fondos estatales, barajando igualmente la incorporación de un socio a su proyecto y el troceo de alguno de sus negocios con más valor en mercado. Por su parte Cajastur, Caja Extremadura y CajaCantabria decidieron presentar un nuevo SIP al Banco de España que no tendría que recurrir a ayudas públicas. Dicho grupo quedó abierto a la incorporación de nuevos socios.

El Consejo de la CAM ratificó en su día que pediría al Banco de España que parte de los 2.800 millones de euros solicitados al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria se instrumentalizasen mediante la suscripción de participaciones preferentes. Es decir, mediante el sistema articulado en el Frob 1 y no como capital, tal y como contempla el Frob 2. De este modo se buscaba evitar quedar bajo el control estatal, si bien el Banco de España no se mostró favorable a dicha petición.

El Consejo de la CAM ratificó en su día que pediría al Banco de España que parte de los 2.800 millones de euros solicitados al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria se instrumentalizasen mediante la suscripción de participaciones preferentes. Es decir, mediante el sistema articulado en el Frob 1 y no como capital, tal y como contempla el Frob 2. De este modo se buscaba evitar quedar bajo el control estatal, si bien el Banco de España no se mostró favorable a dicha petición.

Sin embargo, con fecha de 13 de julio de 2011 el FROB se negó a secundar la petición de CAM que, tras la rotura de su alianza con Cajastur para formar Banco Base, el Estado le entregase parte de los 2.800 millones que le faltaban de capital mediante participaciones preferentes convertibles. Como ya se ha señalado la CAM había estado reclamando que el FROB le concediera parte de la ayuda que inicialmente tenía previsto conceder a Banco Base, la alianza que la caja alicantina preparaba junto con Cajastur, Caja Extremadura y Caja Cantabria y que, finalmente, no llegó a fraguarse. El SIP había solicitado 1.493 millones, de los que 1.055 millones eran para CAM. Estas ayudas estaban concebidas como FROB 1, es decir, mediante participaciones preferentes que la entidad tenía que devolver. Al tratarse de un préstamo, y no de una inyección de capital como el FROB 2, la caja habría logrado evitar la nacionalización parcial que, en cambio, se producirá cuando el Estado les inyecte los 2.800 millones que necesitaba para alcanzar una ratio de capital principal (coreTier1) del 10%76.

Sin embargo, con fecha de 13 de julio de 2011 el FROB se negó a secundar la petición de CAM que, tras la rotura de su alianza con Cajastur para formar Banco Base, el Estado le entregase parte de los 2.800 millones que le faltaban de capital mediante participaciones preferentes convertibles. Como ya se ha señalado la CAM había estado reclamando que el FROB le concediera parte de la ayuda que inicialmente tenía previsto conceder a Banco Base, la alianza que la caja alicantina preparaba junto con Cajastur, Caja Extremadura y Caja Cantabria y que, finalmente, no llegó a fraguarse. El SIP había solicitado 1.493 millones, de los que 1.055 millones eran para CAM. Estas ayudas estaban concebidas como FROB 1, es decir, mediante participaciones preferentes que la entidad tenía que devolver. Al tratarse de un préstamo, y no de una inyección de capital como el FROB 2, la caja habría logrado evitar la nacionalización parcial que, en cambio, se producirá cuando el Estado les inyecte los 2.800 millones que necesitaba para alcanzar una ratio de capital principal (coreTier1) del 10%76.

76 El activo total de CAM rondaba los 72.000 millones, lo que significaba que prácticamente el 25% de su balance estaba integrado por préstamos a inmobiliarias, así como viviendas y suelo adjudicado como consecuencia de impagos. La cartera de hipotecas a particulares sumaba 20.100 millones, pero, como sucedía en el resto del sector, no suponía un frente de elevado riesgo. Los últimos datos de morosidad de promotores suministrados por CAM, de septiembre de 2010, indicaban que la tasa de impagos estaba en el 9,47%. Son cifras que llamaban la atención desde hace meses por estar muy por debajo de la media. La mora de promotores en el conjunto del sistema era del 14%. Algunos bancos estaban declarando tasas de hasta el 26%. El activo total de CAM rondaba los 72.000 millones, lo que significaba que prácticamente el 25% de su balance eran préstamos a inmobiliarias. La pérdida latente del balance total de CAM

76 El activo total de CAM rondaba los 72.000 millones, lo que significaba que prácticamente el 25% de su balance estaba integrado por préstamos a inmobiliarias, así como viviendas y suelo adjudicado como consecuencia de impagos. La cartera de hipotecas a particulares sumaba 20.100 millones, pero, como sucedía en el resto del sector, no suponía un frente de elevado riesgo. Los últimos datos de morosidad de promotores suministrados por CAM, de septiembre de 2010, indicaban que la tasa de impagos estaba en el 9,47%. Son cifras que llamaban la atención desde hace meses por estar muy por debajo de la media. La mora de promotores en el conjunto del sistema era del 14%. Algunos bancos estaban declarando tasas de hasta el 26%. El activo total de CAM rondaba los 72.000 millones, lo que significaba que prácticamente el 25% de su balance eran préstamos a inmobiliarias. La pérdida latente del balance total de CAM

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Juan Calvo Vérgez

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Por su parte Cajastur, Caja Extremadura y Cantabria se unieron en un banco con unos 53.000 millones de activos que no requirió de ayudas públicas para cumplir con las nuevas exigencias de solvencia, al aspirar a ganar capital con la entrada de inversores privados. La nueva entidad pasó a tener unos activos de 53.000 millones, y su ratio de capital principal ascendió al 8,4%77. El nuevo grupo resultante tendría una presencia de ámbito nacional y liderazgo en cuatro Comunidades Autónomas, con una red de 1.435 oficinas, 6.500 empleados y presencia en 14 Comunidades Autónomas78.

Por su parte Cajastur, Caja Extremadura y Cantabria se unieron en un banco con unos 53.000 millones de activos que no requirió de ayudas públicas para cumplir con las nuevas exigencias de solvencia, al aspirar a ganar capital con la entrada de inversores privados. La nueva entidad pasó a tener unos activos de 53.000 millones, y su ratio de capital principal ascendió al 8,4%77. El nuevo grupo resultante tendría una presencia de ámbito nacional y liderazgo en cuatro Comunidades Autónomas, con una red de 1.435 oficinas, 6.500 empleados y presencia en 14 Comunidades Autónomas78.

dependía, precisamente, del porcentaje de créditos que no se devolviesen y de los ingresos que se pudieran obtener con la venta de sus garantías. Un informe elaborado por Analistas Financieros Internacionales (AFI) en el marco del proceso de integración del antiguo Banco Base cifró en 6.046 millones de euros la pérdida esperada en la cartera crediticia de CAM. En medios financieros se situó incluso la pérdida esperada del crédito promotor en 5.000 millones de euros, en torno al 40% de estos préstamos. Asumiendo un cálculo de pérdida esperada de 6.000 millones se daba por perdido casi el 8,5% del balance de la caja. Para hacer frente a estos deterioros, CAM tendría un colchón de provisiones de 4.344 millones de euros, con datos a cierre de 2010. Un total de 2.914 millones eran dotaciones específicas para cubrir créditos dudosos y la cartera de inmuebles. Los restantes 1.430 millones correspondían a la hucha genérica (anticrisis). Con ese nivel de provisiones (4.344 millones) existía, por tanto, un desfase de 1.700 millones de euros para cubrir una pérdida esperada de 6.000 millones. Ese déficit en dotaciones se sumaría a los 2.800 millones de euros que ya se habían inyectado para situar la ratio de capital de la caja en los mínimos exigidos. La toma de control formal de la entidad por parte del Banco de España había desbloqueado un proceso de venta que se había enquistado y que amenazaba la imperiosa necesidad de que la reestructuración de las cajas estuviese en perfecto estado dentro de dos meses. CAM estaba en subasta pública desde el fracaso de su unión con Cajastur. Pero nadie (bancos, cajas o fondos de capital riesgo) había querido comprarla sin un sistema de garantías frente a posibles pérdidas (Esquema de Protección de Activos). Con el marco normativo, un seguro de este tipo era inviable sin una intervención previa, que ya está sobre la mesa. La irrupción del Banco de España tuvo un coste en imagen (se había intentado minimizar recalcando que habían sido los propios gestores de la entidad los que habían pedido su destitución), pero abrió la espita de una solución para la caja. 77 Su sede quedaba en Madrid y su morosidad sería del 4,2%. El Consejo de Administración del nuevo banco tendría once miembros, de los que nueve, incluido el presidente ejecutivo, serían dominicales y dos, independientes. 78 El volumen total de activos ascendía a 53 millones de euros, con un volumen de negocio dentro de balance de 73 millones de euros, una inversión crediticia bruta de 42,6 millones de euros y unos depósitos de clientes de 30,5 millones de euros. El ratio de eficiencia sería del 49 por ciento, la solvencia del 12,3 por ciento, los beneficios proforma antes de impuestos de 268 millones de euros, el ratio de morosidad del 4,2 por ciento, el de cobertura del 148 por ciento, incluyendo garantías, y el margen bruto sobre activos del 2,6 por ciento. Asimismo contempló un patrimonio neto de 2.600 millones de euros y una liquidez disponible de 14.500 millones de euros.

dependía, precisamente, del porcentaje de créditos que no se devolviesen y de los ingresos que se pudieran obtener con la venta de sus garantías. Un informe elaborado por Analistas Financieros Internacionales (AFI) en el marco del proceso de integración del antiguo Banco Base cifró en 6.046 millones de euros la pérdida esperada en la cartera crediticia de CAM. En medios financieros se situó incluso la pérdida esperada del crédito promotor en 5.000 millones de euros, en torno al 40% de estos préstamos. Asumiendo un cálculo de pérdida esperada de 6.000 millones se daba por perdido casi el 8,5% del balance de la caja. Para hacer frente a estos deterioros, CAM tendría un colchón de provisiones de 4.344 millones de euros, con datos a cierre de 2010. Un total de 2.914 millones eran dotaciones específicas para cubrir créditos dudosos y la cartera de inmuebles. Los restantes 1.430 millones correspondían a la hucha genérica (anticrisis). Con ese nivel de provisiones (4.344 millones) existía, por tanto, un desfase de 1.700 millones de euros para cubrir una pérdida esperada de 6.000 millones. Ese déficit en dotaciones se sumaría a los 2.800 millones de euros que ya se habían inyectado para situar la ratio de capital de la caja en los mínimos exigidos. La toma de control formal de la entidad por parte del Banco de España había desbloqueado un proceso de venta que se había enquistado y que amenazaba la imperiosa necesidad de que la reestructuración de las cajas estuviese en perfecto estado dentro de dos meses. CAM estaba en subasta pública desde el fracaso de su unión con Cajastur. Pero nadie (bancos, cajas o fondos de capital riesgo) había querido comprarla sin un sistema de garantías frente a posibles pérdidas (Esquema de Protección de Activos). Con el marco normativo, un seguro de este tipo era inviable sin una intervención previa, que ya está sobre la mesa. La irrupción del Banco de España tuvo un coste en imagen (se había intentado minimizar recalcando que habían sido los propios gestores de la entidad los que habían pedido su destitución), pero abrió la espita de una solución para la caja. 77 Su sede quedaba en Madrid y su morosidad sería del 4,2%. El Consejo de Administración del nuevo banco tendría once miembros, de los que nueve, incluido el presidente ejecutivo, serían dominicales y dos, independientes. 78 El volumen total de activos ascendía a 53 millones de euros, con un volumen de negocio dentro de balance de 73 millones de euros, una inversión crediticia bruta de 42,6 millones de euros y unos depósitos de clientes de 30,5 millones de euros. El ratio de eficiencia sería del 49 por ciento, la solvencia del 12,3 por ciento, los beneficios proforma antes de impuestos de 268 millones de euros, el ratio de morosidad del 4,2 por ciento, el de cobertura del 148 por ciento, incluyendo garantías, y el margen bruto sobre activos del 2,6 por ciento. Asimismo contempló un patrimonio neto de 2.600 millones de euros y una liquidez disponible de 14.500 millones de euros.

La recapitalización de las entidades financieras

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El nuevo grupo constituido podría adherirse a cualquiera de las vías abiertas para dar cumplimiento a lo establecido en el Real Decreto Ley 2/2011 de Recapitalización de las Entidades Financieras, renunciando expresamente a las ayudas públicas. De este modo no contemplaba solicitar ayudas públicas al FROB en su plan de recapitalización, sino el fortalecimiento de su capital principal con la entrada de inversores privados. A la espera de la llegada de inversores privados, Cajastur controlaría el 66% del capital de la nueva entidad, Caja Extremadura un 20% y Caja Cantabria un 14%79.

El nuevo grupo constituido podría adherirse a cualquiera de las vías abiertas para dar cumplimiento a lo establecido en el Real Decreto Ley 2/2011 de Recapitalización de las Entidades Financieras, renunciando expresamente a las ayudas públicas. De este modo no contemplaba solicitar ayudas públicas al FROB en su plan de recapitalización, sino el fortalecimiento de su capital principal con la entrada de inversores privados. A la espera de la llegada de inversores privados, Cajastur controlaría el 66% del capital de la nueva entidad, Caja Extremadura un 20% y Caja Cantabria un 14%79.

Adviértase en consecuencia que el SIP que unía a CAM con el grupo posteriormente liderado por Cajastur representó la única integración que terminó rompiéndose de entre todas aquellas que había bendecido el supervisor bancario. La razón principal de este desencuentro entre las cúpulas directivas de las cajas fue, como se ha señalado, el alto volumen de capital público que requería el grupo, que se elevaba por encima de los 4.200 millones.

Adviértase en consecuencia que el SIP que unía a CAM con el grupo posteriormente liderado por Cajastur representó la única integración que terminó rompiéndose de entre todas aquellas que había bendecido el supervisor bancario. La razón principal de este desencuentro entre las cúpulas directivas de las cajas fue, como se ha señalado, el alto volumen de capital público que requería el grupo, que se elevaba por encima de los 4.200 millones.

De cualquier manera a fecha de 25 de marzo de 2011 la mayoría de las entidades con necesidades de capital se encontraban analizando todas las vías posibles para reducir al máximo la presencia del capital público en sus Consejos de Administración, contactando con inversores que quisiesen entrar al mismo tiempo que el FROB en su capital y sondeando la posibilidad de llevar a cabo fusiones para mejorar sus ratios de capital.

De cualquier manera a fecha de 25 de marzo de 2011 la mayoría de las entidades con necesidades de capital se encontraban analizando todas las vías posibles para reducir al máximo la presencia del capital público en sus Consejos de Administración, contactando con inversores que quisiesen entrar al mismo tiempo que el FROB en su capital y sondeando la posibilidad de llevar a cabo fusiones para mejorar sus ratios de capital.

Bankia, por ejemplo, el SIP liderado por Caja Madrid, debía presentar al Banco de España sus planes de salida a bolsa. La citada entidad se hallaba en pleno proceso de búsqueda de inversores y ultimaba sus planes para cotizar en el parqué. Por su parte el Consejo de Administración de Banca Cívica (Cajasol, Caja Navarra, CajaCanarias y Caja de Burgos) tenía ya aprobada la estrategia de capitalización que iba a llevar a cabo, consistente en sacar a bolsa entre el 25% y el 40% de su capital.

Bankia, por ejemplo, el SIP liderado por Caja Madrid, debía presentar al Banco de España sus planes de salida a bolsa. La citada entidad se hallaba en pleno proceso de búsqueda de inversores y ultimaba sus planes para cotizar en el parqué. Por su parte el Consejo de Administración de Banca Cívica (Cajasol, Caja Navarra, CajaCanarias y Caja de Burgos) tenía ya aprobada la estrategia de capitalización que iba a llevar a cabo, consistente en sacar a bolsa entre el 25% y el 40% de su capital.

El banco heredaría una red próxima a las 1.400 oficinas, cerca de 6.500 empleados y una cuota de mercado que rondaba el 20% en Cantabria, Extremadura, Castilla-La Mancha y Asturias, lo que le colocaba en una posición de liderazgo en las cuatro Regiones. El nuevo grupo preveía además que los requerimientos legales pasasen de una exigencia de capital principal del 10% al 8%, por lo que dicho superávit de 600 millones permitiría disponer de mayor capacidad para futuras operaciones en el marco de la reestructuración del sector.

El banco heredaría una red próxima a las 1.400 oficinas, cerca de 6.500 empleados y una cuota de mercado que rondaba el 20% en Cantabria, Extremadura, Castilla-La Mancha y Asturias, lo que le colocaba en una posición de liderazgo en las cuatro Regiones. El nuevo grupo preveía además que los requerimientos legales pasasen de una exigencia de capital principal del 10% al 8%, por lo que dicho superávit de 600 millones permitiría disponer de mayor capacidad para futuras operaciones en el marco de la reestructuración del sector.

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Juan Calvo Vérgez

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Con fecha de 31 de marzo de 2011 el Consejo de Administración de Banca Cívica acordó la aprobación del Proyecto Común de Segregación para la aportación al banco de la totalidad de los elementos patrimoniales (activos y pasivos) de Caja Navarra, Cajasol, Caja Canarias y Caja de Burgos. Únicamente quedaron excluidos los activos y pasivos afectos a la obra social y la titularidad de los signos distintivos propios de cada caja (marcas, nombres comerciales, etcétera), cuyo uso se cede al banco. El traspaso en bloque del conjunto de elementos patrimoniales de las cajas de ahorro a favor del banco se llevó a cabo mediante segregación. A través de este procedimiento se produciría una sucesión universal de Banca Cívica en los patrimonios segregados por las distintas cajas de ahorro, subrogándose en la totalidad de derechos, acciones, obligaciones, responsabilidades y cargas vinculados a dicho patrimonio, y recibiendo a cambio las cajas de ahorro acciones de Banca Cívica de nueva emisión, mediante los correspondientes aumentos de capital social.

Con fecha de 31 de marzo de 2011 el Consejo de Administración de Banca Cívica acordó la aprobación del Proyecto Común de Segregación para la aportación al banco de la totalidad de los elementos patrimoniales (activos y pasivos) de Caja Navarra, Cajasol, Caja Canarias y Caja de Burgos. Únicamente quedaron excluidos los activos y pasivos afectos a la obra social y la titularidad de los signos distintivos propios de cada caja (marcas, nombres comerciales, etcétera), cuyo uso se cede al banco. El traspaso en bloque del conjunto de elementos patrimoniales de las cajas de ahorro a favor del banco se llevó a cabo mediante segregación. A través de este procedimiento se produciría una sucesión universal de Banca Cívica en los patrimonios segregados por las distintas cajas de ahorro, subrogándose en la totalidad de derechos, acciones, obligaciones, responsabilidades y cargas vinculados a dicho patrimonio, y recibiendo a cambio las cajas de ahorro acciones de Banca Cívica de nueva emisión, mediante los correspondientes aumentos de capital social.

Grupo BMN (el SIP que forman Caja Murcia, Penedés, Granada y Sa Nostra) también mantuvo sus planes de salir a bolsa y buscó inversores de forma activa, barajándose igualmente la posibilidad de que el FROB tuviese que ayudarles con capital público.

Grupo BMN (el SIP que forman Caja Murcia, Penedés, Granada y Sa Nostra) también mantuvo sus planes de salir a bolsa y buscó inversores de forma activa, barajándose igualmente la posibilidad de que el FROB tuviese que ayudarles con capital público.

La Caixa, por su parte, que no necesitaba reforzar sus recursos propios, tenía previsto cerrar el proceso de creación de su nuevo banco cotizado Caixabank el 1 de julio de 2011. Cotizaría a través de Criteria. La estrategia de capitalización presentada por la citada entidad al Banco de España contemplaba como ruta principal la apelación temporal a los fondos del Estado, a quien solicitaría 1.718 millones de euros. Éste era el déficit de capital que el supervisor detectó en la caja para que pudiese cumplir los nuevos requerimientos exigidos por el Gobierno. El objetivo de CatalunyaCaixa era que el FROB tomase una participación accionarial en el banco que estaba creando y al que transferiría todos sus activos y pasivos financieros. De este modo no haría falta esperar al mes de septiembre de 2011, ya que la citada caja preveía tener listo el banco a comienzos de verano de 201180.

La Caixa, por su parte, que no necesitaba reforzar sus recursos propios, tenía previsto cerrar el proceso de creación de su nuevo banco cotizado Caixabank el 1 de julio de 2011. Cotizaría a través de Criteria. La estrategia de capitalización presentada por la citada entidad al Banco de España contemplaba como ruta principal la apelación temporal a los fondos del Estado, a quien solicitaría 1.718 millones de euros. Éste era el déficit de capital que el supervisor detectó en la caja para que pudiese cumplir los nuevos requerimientos exigidos por el Gobierno. El objetivo de CatalunyaCaixa era que el FROB tomase una participación accionarial en el banco que estaba creando y al que transferiría todos sus activos y pasivos financieros. De este modo no haría falta esperar al mes de septiembre de 2011, ya que la citada caja preveía tener listo el banco a comienzos de verano de 201180.

Concretamente según las previsiones de la entidad la nueva aportación del FROB, sumada a la venta del 1,63% de Repsol, permitiría elevar el capital principal al 10,4%, frente al 6,5% con el que cerró el ejercicio de 2010. Dicha solución del FROB favorecería además el desarrollo de su proceso de fusión así como la búsqueda de inversores cuando los mercados fuesen más favorables. Todo ello al objeto de poder estudiar todas las posibles vías de salida posibles del capital público. En este sentido la caja contempló diversas opciones a medio plazo

Concretamente según las previsiones de la entidad la nueva aportación del FROB, sumada a la venta del 1,63% de Repsol, permitiría elevar el capital principal al 10,4%, frente al 6,5% con el que cerró el ejercicio de 2010. Dicha solución del FROB favorecería además el desarrollo de su proceso de fusión así como la búsqueda de inversores cuando los mercados fuesen más favorables. Todo ello al objeto de poder estudiar todas las posibles vías de salida posibles del capital público. En este sentido la caja contempló diversas opciones a medio plazo

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La recapitalización de las entidades financieras

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CatalunyaCaixa descartó en cambio salir a bolsa en los próximos doce meses, por considerar que se trataba de una fórmula poco adecuada en el actual contexto de fuerte penalización de la valoración de las entidades. Por el contrario, la citada caja sí que contempló la posibilidad de segregar sus activos inmobiliarios en una compañía que quedaría al margen del banco, tal y como hizo La Caixa. Los activos inmobiliarios problemáticos de CatalunyaCaixa ascendían a 7.187 millones y su exposición crediticia al sector se elevó a 12.774 millones81.

CatalunyaCaixa descartó en cambio salir a bolsa en los próximos doce meses, por considerar que se trataba de una fórmula poco adecuada en el actual contexto de fuerte penalización de la valoración de las entidades. Por el contrario, la citada caja sí que contempló la posibilidad de segregar sus activos inmobiliarios en una compañía que quedaría al margen del banco, tal y como hizo La Caixa. Los activos inmobiliarios problemáticos de CatalunyaCaixa ascendían a 7.187 millones y su exposición crediticia al sector se elevó a 12.774 millones81.

La salida a bolsa de Caixabank se produjo pues con fecha de 1 de julio de 2011, llegando a subir las acciones de la antigua Criteria han llegado a subir más de un 3%. Ese mismo día Moody’s decidió elevar su calificación crediticia en tres escalones (la deuda a largo plazo pasó de Aa2 a A2). No obstante, la citada Agencia advirtió de que la perspectiva para la revisión de estas calificaciones era negativa82.

La salida a bolsa de Caixabank se produjo pues con fecha de 1 de julio de 2011, llegando a subir las acciones de la antigua Criteria han llegado a subir más de un 3%. Ese mismo día Moody’s decidió elevar su calificación crediticia en tres escalones (la deuda a largo plazo pasó de Aa2 a A2). No obstante, la citada Agencia advirtió de que la perspectiva para la revisión de estas calificaciones era negativa82.

En el caso concreto de Novacaixa, la citada entidad preveía dar entrada a inversores estratégicos, barajándose a este respecto un máximo del 20% sobre los 2.622 millones de euros que requería para cumplir con los requisitos exigidos. Al mismo tiempo trataría de reducir sus activos ponderados por riesgo con ventas de activos, tanto de su cartera industrial como de oficinas. Junto a esas desinversiones preveía reestructurar su deuda para

En el caso concreto de Novacaixa, la citada entidad preveía dar entrada a inversores estratégicos, barajándose a este respecto un máximo del 20% sobre los 2.622 millones de euros que requería para cumplir con los requisitos exigidos. Al mismo tiempo trataría de reducir sus activos ponderados por riesgo con ventas de activos, tanto de su cartera industrial como de oficinas. Junto a esas desinversiones preveía reestructurar su deuda para

para recomprar la participación que adoptase el Estado tales como emitir entre sus clientes deuda convertible en acciones, dar entrada en el capital a sus empleados, fusionarse con otra entidad o encontrar inversores privados interesados en invertir en su banco. 81 Recuérdese a este respecto que, a lo largo del año 2010, CatalunyaCaixa recibió 1.250 millones de euros del FROB en forma de préstamo, por lo que los fondos públicos totales recibidos la entidad ascendieron a 2.968 millones de euros. Al suspender los test de estrés, la caja tenía derecho a pedir 1.000 millones más al FROB en forma de crédito. La duda estaba en saber si los 1.718 millones adicionales serían totalmente en forma de capital, es decir, en acciones, o si habría una parte que se haría como préstamo. Otra gran incógnita era conocer qué participación accionarial pasaría a controlar el Estado en el banco de Catalunya Caixa y qué porcentaje mantendría la caja de ahorros. Todo dependería de la valoración que el FROB hiciese del patrimonio. El sector financiero consideró clave este aspecto, ya que el FROB marcaría precio para futuras operaciones en otras entidades. Así, en el supuesto de que se valorasen los activos a una vez el valor en libros, sería una operación por encima de los precios de mercado. La Caixa valoró CaixaBank a 0,8 veces, mientras que los inversores institucionales interesados en entrar en cajas estimaron descuentos de hasta 0,5 veces. 82 Como ya se ha señalado, La Caixa controla más del 81,1% del capital del nuevo banco, que cuenta con un core capital del 10,9%. En el marco de la transformación del grupo se llevó a cabo una emisión de 1.500 millones de euros en obligaciones subordinadas necesariamente convertibles en acciones, cuya rentabilidad es del 7%.

para recomprar la participación que adoptase el Estado tales como emitir entre sus clientes deuda convertible en acciones, dar entrada en el capital a sus empleados, fusionarse con otra entidad o encontrar inversores privados interesados en invertir en su banco. 81 Recuérdese a este respecto que, a lo largo del año 2010, CatalunyaCaixa recibió 1.250 millones de euros del FROB en forma de préstamo, por lo que los fondos públicos totales recibidos la entidad ascendieron a 2.968 millones de euros. Al suspender los test de estrés, la caja tenía derecho a pedir 1.000 millones más al FROB en forma de crédito. La duda estaba en saber si los 1.718 millones adicionales serían totalmente en forma de capital, es decir, en acciones, o si habría una parte que se haría como préstamo. Otra gran incógnita era conocer qué participación accionarial pasaría a controlar el Estado en el banco de Catalunya Caixa y qué porcentaje mantendría la caja de ahorros. Todo dependería de la valoración que el FROB hiciese del patrimonio. El sector financiero consideró clave este aspecto, ya que el FROB marcaría precio para futuras operaciones en otras entidades. Así, en el supuesto de que se valorasen los activos a una vez el valor en libros, sería una operación por encima de los precios de mercado. La Caixa valoró CaixaBank a 0,8 veces, mientras que los inversores institucionales interesados en entrar en cajas estimaron descuentos de hasta 0,5 veces. 82 Como ya se ha señalado, La Caixa controla más del 81,1% del capital del nuevo banco, que cuenta con un core capital del 10,9%. En el marco de la transformación del grupo se llevó a cabo una emisión de 1.500 millones de euros en obligaciones subordinadas necesariamente convertibles en acciones, cuya rentabilidad es del 7%.

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Juan Calvo Vérgez

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completar su plan orgánico de capitalización interna, con el que calculó que podría rebajar entre 650 y 1.000 millones de euros sus necesidades de capital principal.

completar su plan orgánico de capitalización interna, con el que calculó que podría rebajar entre 650 y 1.000 millones de euros sus necesidades de capital principal.

En efecto Novacaixagalicia, que necesitaba 2.622 millones de euros, presentó un plan mixto que preveía desinversión de activos, capital público y privado. Era la entidad que presenta mayores debilidades de capital (tenía una ratio del 5,2%), sólo superada por CAM (4,9%). La caja gallega se resistía a su nacionalización completa y presentó al supervisor un complejo plan de búsqueda de inversores privados y apoyo de la Xunta y el FROB, disponiendo de plazo hasta septiembre de 2011 para seguir negociando. Si fallase dicha opción, el Estado tomaría la mayoría de su capital y su gestión.

En efecto Novacaixagalicia, que necesitaba 2.622 millones de euros, presentó un plan mixto que preveía desinversión de activos, capital público y privado. Era la entidad que presenta mayores debilidades de capital (tenía una ratio del 5,2%), sólo superada por CAM (4,9%). La caja gallega se resistía a su nacionalización completa y presentó al supervisor un complejo plan de búsqueda de inversores privados y apoyo de la Xunta y el FROB, disponiendo de plazo hasta septiembre de 2011 para seguir negociando. Si fallase dicha opción, el Estado tomaría la mayoría de su capital y su gestión.

En el caso de Novacaixagalicia, la entidad había puesto en marcha un plan que prevé la venta de activos, la entrada de inversores privados y apoyo del FROB. El objetivo era evitar que el Banco de España se hiciese con los mandos de la entidad, algo que sucedería irremediablemente si el FROB tuviese que cubrir todo el déficit de capital de la entidad (2.622 millones) con dinero público.

En el caso de Novacaixagalicia, la entidad había puesto en marcha un plan que prevé la venta de activos, la entrada de inversores privados y apoyo del FROB. El objetivo era evitar que el Banco de España se hiciese con los mandos de la entidad, algo que sucedería irremediablemente si el FROB tuviese que cubrir todo el déficit de capital de la entidad (2.622 millones) con dinero público.

La citada caja gallega había centrado buena parte de sus esfuerzos en el plan interno de recapitalización, a través del que calculaba reducir entre 650 y 1.000 millones de euros su déficit, cifrado como se ha indicado en 2.622 millones de euros. En dicho plan se incluían desinversiones, como la que pactó con el Banco Gallego para que éste adquiriese un 10% del capital de la entidad en poder de la caja (49,8%). La opción de compra irrevocable, firmada hace un año, podía ser ejercitar por el banco hasta 2013 y supondría unos ingresos de más de 25 millones de euros para Novacaixagalicia. Asimismo se acababa de embolsar dividendos por 30 millones por su participación en la operadora R. En su día calculó que de inversores privados podría obtener un 20% de capital adicional.

La citada caja gallega había centrado buena parte de sus esfuerzos en el plan interno de recapitalización, a través del que calculaba reducir entre 650 y 1.000 millones de euros su déficit, cifrado como se ha indicado en 2.622 millones de euros. En dicho plan se incluían desinversiones, como la que pactó con el Banco Gallego para que éste adquiriese un 10% del capital de la entidad en poder de la caja (49,8%). La opción de compra irrevocable, firmada hace un año, podía ser ejercitar por el banco hasta 2013 y supondría unos ingresos de más de 25 millones de euros para Novacaixagalicia. Asimismo se acababa de embolsar dividendos por 30 millones por su participación en la operadora R. En su día calculó que de inversores privados podría obtener un 20% de capital adicional.

El objetivo de la citada entidad era intentar, a través de los referidos mecanismos, minimizar la aportación del FROB. La entrada de capital público en la caja sería segura, si bien tendría lugar de forma temporal, según el planteamiento que la entidad sometió al dictamen del Banco de España. Dicha entrada de capital público se contempló como un refuerzo de estabilidad durante el período en el que la entidad desarrollase su renovación. Con posterioridad, en una segunda fase contemplaría su salida a Bolsa,

El objetivo de la citada entidad era intentar, a través de los referidos mecanismos, minimizar la aportación del FROB. La entrada de capital público en la caja sería segura, si bien tendría lugar de forma temporal, según el planteamiento que la entidad sometió al dictamen del Banco de España. Dicha entrada de capital público se contempló como un refuerzo de estabilidad durante el período en el que la entidad desarrollase su renovación. Con posterioridad, en una segunda fase contemplaría su salida a Bolsa,

La recapitalización de las entidades financieras

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dando entrada así a pequeños accionistas e inversores institucionales que relevarían al FROB como accionista83.

dando entrada así a pequeños accionistas e inversores institucionales que relevarían al FROB como accionista83.

Con fecha de 8 de septiembre de 2011 se supo que el FROB aportaría en una primera fase todo el dinero que necesitaba Novacaixagalicia para alcanzar el 10% de capital principal y la entidad daría entrada, antes de que finalizase el 2011, a los inversores privados, que comprarían participaciones al fondo público. De este modo la citada entidad recibiría la inyección del FROB para cumplir los requisitos de capitalización en plazo y los socios privados interesados en entrar en el nuevo banco lo harían mediante la compra de participaciones. Asimismo se preveía que la valoración supusiese un descuento de entre el 75% y el 85% sobre el valor en libros de la caja. A través de la realización de esta operación se perseguía ganar tiempo con la finalidad de tratar de cerrar acuerdos con los fondos de inversión favorables a entrar como socios del banco de Novacaixagalicia. Tal y como se ha señalado la citada entidad trató de obtener un plazo mayor para la recapitalización, dadas las dudas de algunos posibles socios por no conocer todavía la valoración que debía realizar el Banco de España de la misma.

Con fecha de 8 de septiembre de 2011 se supo que el FROB aportaría en una primera fase todo el dinero que necesitaba Novacaixagalicia para alcanzar el 10% de capital principal y la entidad daría entrada, antes de que finalizase el 2011, a los inversores privados, que comprarían participaciones al fondo público. De este modo la citada entidad recibiría la inyección del FROB para cumplir los requisitos de capitalización en plazo y los socios privados interesados en entrar en el nuevo banco lo harían mediante la compra de participaciones. Asimismo se preveía que la valoración supusiese un descuento de entre el 75% y el 85% sobre el valor en libros de la caja. A través de la realización de esta operación se perseguía ganar tiempo con la finalidad de tratar de cerrar acuerdos con los fondos de inversión favorables a entrar como socios del banco de Novacaixagalicia. Tal y como se ha señalado la citada entidad trató de obtener un plazo mayor para la recapitalización, dadas las dudas de algunos posibles socios por no conocer todavía la valoración que debía realizar el Banco de España de la misma.

Novacaixagalicia precisaba de 2.622 millones de euros para lograr el 10% de capital principal que exige el Decreto de reforzamiento del sistema financiero aprobado en febrero de 2011. No obstante la caja acometió un proyecto de adelgazamiento de estructura y de reducción de los activos ponderados por riesgo que rebajaron en entre 250 y 300 millones sus necesidades de capital. De este modo sería inicialmente el FROB el que entraría en el capital del banco, si bien la previsión era que los fondos de inversión y empresarios que se hubiesen comprometido con el proyecto entrasen, mediante la compra de participaciones al FROB, antes de que finalizase el 2011.

Novacaixagalicia precisaba de 2.622 millones de euros para lograr el 10% de capital principal que exige el Decreto de reforzamiento del sistema financiero aprobado en febrero de 2011. No obstante la caja acometió un proyecto de adelgazamiento de estructura y de reducción de los activos ponderados por riesgo que rebajaron en entre 250 y 300 millones sus necesidades de capital. De este modo sería inicialmente el FROB el que entraría en el capital del banco, si bien la previsión era que los fondos de inversión y empresarios que se hubiesen comprometido con el proyecto entrasen, mediante la compra de participaciones al FROB, antes de que finalizase el 2011.

Por su parte Unnim perseguía sumarse a otras cajas o crear un banco en el que poder dar entrada a capital privado y en su caso, al FROB. En el presente caso el necesario cumplimiento del Decreto-Ley del Plan de Refuerzo Financiero del Gobierno suponía una exigencia de 568 millones de euros

Por su parte Unnim perseguía sumarse a otras cajas o crear un banco en el que poder dar entrada a capital privado y en su caso, al FROB. En el presente caso el necesario cumplimiento del Decreto-Ley del Plan de Refuerzo Financiero del Gobierno suponía una exigencia de 568 millones de euros

El Banco Gallego, participado en casi un 50% por Novacaixa, ganó en 2010 un 19% menos (9,5millones) por sus dotaciones por 39 millones, si bien no pagó impuestos durante dicho ejercicio. Su mora se situó en el 4,08% y su solvencia, en el 12,8%. La entidad mantuvo sus oficinas (196), aunque redujo en 50 personas su plantilla. Su eficiencia empeoró al 68%.

El Banco Gallego, participado en casi un 50% por Novacaixa, ganó en 2010 un 19% menos (9,5millones) por sus dotaciones por 39 millones, si bien no pagó impuestos durante dicho ejercicio. Su mora se situó en el 4,08% y su solvencia, en el 12,8%. La entidad mantuvo sus oficinas (196), aunque redujo en 50 personas su plantilla. Su eficiencia empeoró al 68%.

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Juan Calvo Vérgez

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adicionales de capital principal. La opción de una operación corporativa buscaba ganar dimensión y eficiencia, mientras que la de consolidar el proyecto de bancarización perseguía la creación de un banco al que aportar el negocio financiero y con el que captar capital privado, y si es necesario, del fondo de ayuda del Gobierno.

adicionales de capital principal. La opción de una operación corporativa buscaba ganar dimensión y eficiencia, mientras que la de consolidar el proyecto de bancarización perseguía la creación de un banco al que aportar el negocio financiero y con el que captar capital privado, y si es necesario, del fondo de ayuda del Gobierno.

Unnim quería cubrir parte de sus deficiencias de capital (568 millones de euros) con capital privado y otra parte con capital público, estudiando igualmente recibir parte del dinero público como financiación, hasta 200 millones de euros. De este modo, si bien la citada entidad necesitaba 568 millones de euros de capital, podría recibir 200 millones de euros créditos públicos. La citada entidad estaba buscando la incorporación de capital privado, explorando con varias entidades del sector de cajas una fusión de cara a evitar la inyección de capital público por su déficit.

Unnim quería cubrir parte de sus deficiencias de capital (568 millones de euros) con capital privado y otra parte con capital público, estudiando igualmente recibir parte del dinero público como financiación, hasta 200 millones de euros. De este modo, si bien la citada entidad necesitaba 568 millones de euros de capital, podría recibir 200 millones de euros créditos públicos. La citada entidad estaba buscando la incorporación de capital privado, explorando con varias entidades del sector de cajas una fusión de cara a evitar la inyección de capital público por su déficit.

Por otra parte con fecha de 31 de marzo de 2011 el Consejo de Caja España-Duero aprobó por unanimidad la creación de un banco al que la citada entidad podría aportar, en su momento, todo o parte de su negocio, manteniendo su modelo de caja de ahorro generadora de Obra Social. La iniciativa de crear una entidad bancaria fue adoptada en el marco de las medidas de reforzamiento financiero presentadas al Banco de España y en cumplimiento de lo establecido en el Real Decreto 2/2011 que, como ya hemos tenido ocasión de analizar, diseñó una fórmula entendida como instrumento de la entidad para flexibilizar la adaptación al contexto actual de nuevos requerimientos normativos de capital, en línea con la tendencia del sector. Caja España-Caja Duero sería la única entidad fundadora del citado banco, pudiendo hacer partícipes en el futuro a otras instituciones de crédito.

Por otra parte con fecha de 31 de marzo de 2011 el Consejo de Caja España-Duero aprobó por unanimidad la creación de un banco al que la citada entidad podría aportar, en su momento, todo o parte de su negocio, manteniendo su modelo de caja de ahorro generadora de Obra Social. La iniciativa de crear una entidad bancaria fue adoptada en el marco de las medidas de reforzamiento financiero presentadas al Banco de España y en cumplimiento de lo establecido en el Real Decreto 2/2011 que, como ya hemos tenido ocasión de analizar, diseñó una fórmula entendida como instrumento de la entidad para flexibilizar la adaptación al contexto actual de nuevos requerimientos normativos de capital, en línea con la tendencia del sector. Caja España-Caja Duero sería la única entidad fundadora del citado banco, pudiendo hacer partícipes en el futuro a otras instituciones de crédito.

Con posterioridad, el 14 de abril de 2011 el Consejo de Administración de Caja España-Duero aprobó por mayoría el protocolo de integración con Unicaja, que habría de estar concluido en el plazo de dos meses y con el que se daba cumplimiento a los nuevos requisitos de solvencia, contemplándose la creación de un banco en el que la entidad malagueña tuviese un 63 por ciento de participación, frente al 37 % de Caja España. Finalmente con fecha de 7 de septiembre de 2011 se conoció que el banco que acordaron crear Unicaja y Caja España-Duero tendría 87.000 millones de euros de activos, contando con diez consejeros propuestos por la primera institución y cinco por la segunda. De este modo Unicaja terminó ganando un puesto en detrimento de Caja España-Duero respecto al protocolo de intenciones de integración

Con posterioridad, el 14 de abril de 2011 el Consejo de Administración de Caja España-Duero aprobó por mayoría el protocolo de integración con Unicaja, que habría de estar concluido en el plazo de dos meses y con el que se daba cumplimiento a los nuevos requisitos de solvencia, contemplándose la creación de un banco en el que la entidad malagueña tuviese un 63 por ciento de participación, frente al 37 % de Caja España. Finalmente con fecha de 7 de septiembre de 2011 se conoció que el banco que acordaron crear Unicaja y Caja España-Duero tendría 87.000 millones de euros de activos, contando con diez consejeros propuestos por la primera institución y cinco por la segunda. De este modo Unicaja terminó ganando un puesto en detrimento de Caja España-Duero respecto al protocolo de intenciones de integración

La recapitalización de las entidades financieras

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La recapitalización de las entidades financieras

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acordado inicialmente. Cada entidad optó por la creación de su banco, al que traspasarían su respectivo negocio, constituyéndose un Sistema Institucional de Protección entre ambas a modo de entidad central común.

acordado inicialmente. Cada entidad optó por la creación de su banco, al que traspasarían su respectivo negocio, constituyéndose un Sistema Institucional de Protección entre ambas a modo de entidad central común.

En el caso de Ibercaja, con fecha de 14 de abril de 2011 el Consejo de Administración de la citada entidad acordó por unanimidad iniciar los trámites para crear una entidad bancaria a la que aportar todo su negocio financiero. Este ejercicio indirecto de la actividad financiera había de permitir separar la capacidad generadora de ingresos del negocio bancario y la de continuar desarrollando a través de la citada caja sus finalidades básicas, orientadas a fomentar los intereses de la colectividad y los de carácter social, como la Obra Social. La caja aragonesa fue la única que se mantuvo en solitario en el escenario de reestructuración del sector financiero, habiendo mostrado su voluntad de continuar en esa misma línea.

En el caso de Ibercaja, con fecha de 14 de abril de 2011 el Consejo de Administración de la citada entidad acordó por unanimidad iniciar los trámites para crear una entidad bancaria a la que aportar todo su negocio financiero. Este ejercicio indirecto de la actividad financiera había de permitir separar la capacidad generadora de ingresos del negocio bancario y la de continuar desarrollando a través de la citada caja sus finalidades básicas, orientadas a fomentar los intereses de la colectividad y los de carácter social, como la Obra Social. La caja aragonesa fue la única que se mantuvo en solitario en el escenario de reestructuración del sector financiero, habiendo mostrado su voluntad de continuar en esa misma línea.

Según los datos del Banco de España, Ibercaja poseía un 10,23% de capital principal y cumplía holgadamente el nivel del 8% que había establecido el supervisor para la entidad. En concreto, la citada entidad poseía un capital principal de 2.425 millones de euros, lo que suponía un coeficiente del 10,23% de los activos ponderados por riesgo, 2,23 puntos superior al mínimo exigible o un 27,88% superior.

Según los datos del Banco de España, Ibercaja poseía un 10,23% de capital principal y cumplía holgadamente el nivel del 8% que había establecido el supervisor para la entidad. En concreto, la citada entidad poseía un capital principal de 2.425 millones de euros, lo que suponía un coeficiente del 10,23% de los activos ponderados por riesgo, 2,23 puntos superior al mínimo exigible o un 27,88% superior.

Recapitulando, el Banco de España pretendió que el sector pasase de las 14 entidades existentes por aquel entonces a un máximo de nueve grupos de cajas. El 28 de marzo de 2011 fue el último día para que las entidades con déficit de capital presentasen su plan de refuerzo al Banco de España. El supervisor tenía hasta el 14 de abril de 2011 para analizar los planes que le presentasen las cajas de ahorro. Todas las entidades tuvieron que aprobar sus planes definitivos el 28 de abril de 2011, debiendo ejecutar estos planes antes del 30 de septiembre de 2011. Por su parte el supervisor quedó facultado para alargar tres meses este plazo si el refuerzo proviniese de inversores privados y seis meses en el supuesto de que se tratase de una salida a bolsa.

Recapitulando, el Banco de España pretendió que el sector pasase de las 14 entidades existentes por aquel entonces a un máximo de nueve grupos de cajas. El 28 de marzo de 2011 fue el último día para que las entidades con déficit de capital presentasen su plan de refuerzo al Banco de España. El supervisor tenía hasta el 14 de abril de 2011 para analizar los planes que le presentasen las cajas de ahorro. Todas las entidades tuvieron que aprobar sus planes definitivos el 28 de abril de 2011, debiendo ejecutar estos planes antes del 30 de septiembre de 2011. Por su parte el supervisor quedó facultado para alargar tres meses este plazo si el refuerzo proviniese de inversores privados y seis meses en el supuesto de que se tratase de una salida a bolsa.

Como ya se ha señalado, tres grupos de cajas solicitaron desde un primer momento la ayuda pública a través del FROB. CatalunyaCaixa, Unnim y Novacaixagalicia solicitaron la ayuda del Fondo. CatalunyaCaixa y Unnim podían recibir parte de los 1.718 millones y 568 millones de euros, respectivamente, como financiación pública y no como capital. En ambos casos computaría como recursos propios básicos de cara a la solvencia que

Como ya se ha señalado, tres grupos de cajas solicitaron desde un primer momento la ayuda pública a través del FROB. CatalunyaCaixa, Unnim y Novacaixagalicia solicitaron la ayuda del Fondo. CatalunyaCaixa y Unnim podían recibir parte de los 1.718 millones y 568 millones de euros, respectivamente, como financiación pública y no como capital. En ambos casos computaría como recursos propios básicos de cara a la solvencia que

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Juan Calvo Vérgez

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presentasen dichas entidades a los test de estrés. No obstante las citadas entidades querían recibir en forma de créditos el máximo posible, para así minimizar la inyección de capital y evitar que el Estado se hiciese con la mayoría de su capital. Por su parte Unnim seguía sin cerrarse a ninguna opción. En su estrategia de capitalización contemplaba todas las vías, excepto la salida a bolsa. La caja catalana necesitaba 568 millones de euros adicionales para alcanzar un capital principal del 10%, frente al 6,7% actual. Una de las opciones planteadas era utilizar el nuevo préstamo del FROB al que tenía derecho, por un importe de 200 millones de euros. Para cubrir el resto prefería encontrar a un inversor privado o fusionarse con alguna entidad que necesitase reforzar su peso en Cataluña y que pusiese en valor su red de oficinas. Y, en el hipotético caso de que todo lo anterior fallase, acudiría al FROB.

presentasen dichas entidades a los test de estrés. No obstante las citadas entidades querían recibir en forma de créditos el máximo posible, para así minimizar la inyección de capital y evitar que el Estado se hiciese con la mayoría de su capital. Por su parte Unnim seguía sin cerrarse a ninguna opción. En su estrategia de capitalización contemplaba todas las vías, excepto la salida a bolsa. La caja catalana necesitaba 568 millones de euros adicionales para alcanzar un capital principal del 10%, frente al 6,7% actual. Una de las opciones planteadas era utilizar el nuevo préstamo del FROB al que tenía derecho, por un importe de 200 millones de euros. Para cubrir el resto prefería encontrar a un inversor privado o fusionarse con alguna entidad que necesitase reforzar su peso en Cataluña y que pusiese en valor su red de oficinas. Y, en el hipotético caso de que todo lo anterior fallase, acudiría al FROB.

Si a dichas entidades se añadía la CAM, en total, requerían un importe en torno a 6.840 millones de euros. Por su parte Cajastur, Caja Extremadura y Caja Cantabria podían constituir un nuevo Sistema Institucional de Protección con unas necesidades de capital susceptibles de llegar a alcanzar los 300 millones de euros, no descartándose la posibilidad de que se incorporasen al proyecto nuevas cajas. Así las cosas con fecha de 14 de abril de 2011 el Banco de España informó de que el SIP formado por Cajastur, Caja Extremadura y Caja Cantabria sin la CAM precisaba de 519 millones de euros para alcanzar el 10% de su capital principal. No obstante destacó que su opción prioritaria sería la incorporación de inversores, ya fuese en Bolsa, mediante colocación privada o la generación interna capital.

Si a dichas entidades se añadía la CAM, en total, requerían un importe en torno a 6.840 millones de euros. Por su parte Cajastur, Caja Extremadura y Caja Cantabria podían constituir un nuevo Sistema Institucional de Protección con unas necesidades de capital susceptibles de llegar a alcanzar los 300 millones de euros, no descartándose la posibilidad de que se incorporasen al proyecto nuevas cajas. Así las cosas con fecha de 14 de abril de 2011 el Banco de España informó de que el SIP formado por Cajastur, Caja Extremadura y Caja Cantabria sin la CAM precisaba de 519 millones de euros para alcanzar el 10% de su capital principal. No obstante destacó que su opción prioritaria sería la incorporación de inversores, ya fuese en Bolsa, mediante colocación privada o la generación interna capital.

En dicha fecha de 14 de abril de 2011 el Estado acordó entrar en el capital de cuatro entidades. CAM fue la única que solicitó al FROB que cubriese por completo su déficit de recursos propios (2.800 millones) con capital público. Salvo que la citada caja encontrase una entidad con la que integrarse, sería nacionalizada por completo y el Estado se haría cargo de su gestión. CatalunyaCaixa, aunque solicitó 1. 718 millones de euros (el total de su déficit) al FROB, negoció con el Banco de España que parte de este déficit se cubriese con créditos públicos. Tenía además una ventana abierta de 1.000 millones de euros, debido a que suspendió los test de estrés del verano pasado. En efecto CatalunyaCaixa pretendía cubrir los 1.718 millones de euros que necesitaba para cumplir con los requisitos de capital impuestos por el Gobierno en febrero de 2011 (10% de capital principal

En dicha fecha de 14 de abril de 2011 el Estado acordó entrar en el capital de cuatro entidades. CAM fue la única que solicitó al FROB que cubriese por completo su déficit de recursos propios (2.800 millones) con capital público. Salvo que la citada caja encontrase una entidad con la que integrarse, sería nacionalizada por completo y el Estado se haría cargo de su gestión. CatalunyaCaixa, aunque solicitó 1. 718 millones de euros (el total de su déficit) al FROB, negoció con el Banco de España que parte de este déficit se cubriese con créditos públicos. Tenía además una ventana abierta de 1.000 millones de euros, debido a que suspendió los test de estrés del verano pasado. En efecto CatalunyaCaixa pretendía cubrir los 1.718 millones de euros que necesitaba para cumplir con los requisitos de capital impuestos por el Gobierno en febrero de 2011 (10% de capital principal

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para las cajas sin inversores privados y 8% para el resto de entidades) con dinero público, pero de dos tipos. La entidad aún podía hacer uso de 1.000 millones de créditos del FROB por haber suspendido los tests de estrés. Si finalmente pudiera recibir una mezcla de capital público (FROB II) y un préstamo público (FROB I), no sería nacionalizada por completo y tendría un período de dos años para buscar inversores.

para las cajas sin inversores privados y 8% para el resto de entidades) con dinero público, pero de dos tipos. La entidad aún podía hacer uso de 1.000 millones de créditos del FROB por haber suspendido los tests de estrés. Si finalmente pudiera recibir una mezcla de capital público (FROB II) y un préstamo público (FROB I), no sería nacionalizada por completo y tendría un período de dos años para buscar inversores.

La situación de CatalunyaCaixa estaba pues pendiente de la valoración que el Banco de España hiciese de la entidad, la cual había optado por un plan de recapitalización que establecía como vía prioritaria la entrada del Estado en el capital del banco que crearía al efecto. Para alcanzar el 10% de capital principal, la entidad necesitaba 1.718 millones. Esta cifra saldría de una combinación entre FROB I (en forma de préstamo –podía pedir hasta 1.032 millones más–) y FROB II (participación accionarial). Utilizar más un tipo de FROB u otro dependería de la valoración del Banco de España. Según el múltiplo que se emplease, a la caja le podría interesar más renunciar al préstamo e ingresar todo el FROB como capital, lo que le permitiría reducir la presión sobre su cuenta de resultados.

La situación de CatalunyaCaixa estaba pues pendiente de la valoración que el Banco de España hiciese de la entidad, la cual había optado por un plan de recapitalización que establecía como vía prioritaria la entrada del Estado en el capital del banco que crearía al efecto. Para alcanzar el 10% de capital principal, la entidad necesitaba 1.718 millones. Esta cifra saldría de una combinación entre FROB I (en forma de préstamo –podía pedir hasta 1.032 millones más–) y FROB II (participación accionarial). Utilizar más un tipo de FROB u otro dependería de la valoración del Banco de España. Según el múltiplo que se emplease, a la caja le podría interesar más renunciar al préstamo e ingresar todo el FROB como capital, lo que le permitiría reducir la presión sobre su cuenta de resultados.

En relación con la CAM el Banco de España fijó dicho objetivo inmediato en sus planes para la reestructuración bancaria. La caja alicantina necesitaba encontrar un socio que quisiera quedarse con ella para evitar su nacionalización, la opción que le había marcado como prioritaria el Gobernador del Banco de España. Si esta opción fallase se vería abocada a la nacionalización de la mayoría de su capital. El FROB tenía previsto inyectar capital en las tres entidades que también lo habían solicitado (Catalunya Caixa, Unnim y Novacaixa) en septiembre de 2011, si bien estaba dispuesto a adelantar unos meses su entrada en CAM, en el supuesto de que resultase necesario. Como ya se ha señalado la CAM solicitó 2.800 millones al fondo público, por lo que quedaría nacionalizada por completo y el Banco de España tendría que hacerse con su gestión. No obstante, si su unión con otra entidad se realizase antes de la entrada del FROB, su socio tendría que desembolsar el capital necesario para hacerse con la mayoría en el consejo de CAM. El Banco de España podría estudiar apoyar financieramente la integración. Y, en el supuesto de que su venta se produjese, una vez nacionalizada, el supervisor optaría por su puesta en valor en mercado a través de un proceso competitivo.

En relación con la CAM el Banco de España fijó dicho objetivo inmediato en sus planes para la reestructuración bancaria. La caja alicantina necesitaba encontrar un socio que quisiera quedarse con ella para evitar su nacionalización, la opción que le había marcado como prioritaria el Gobernador del Banco de España. Si esta opción fallase se vería abocada a la nacionalización de la mayoría de su capital. El FROB tenía previsto inyectar capital en las tres entidades que también lo habían solicitado (Catalunya Caixa, Unnim y Novacaixa) en septiembre de 2011, si bien estaba dispuesto a adelantar unos meses su entrada en CAM, en el supuesto de que resultase necesario. Como ya se ha señalado la CAM solicitó 2.800 millones al fondo público, por lo que quedaría nacionalizada por completo y el Banco de España tendría que hacerse con su gestión. No obstante, si su unión con otra entidad se realizase antes de la entrada del FROB, su socio tendría que desembolsar el capital necesario para hacerse con la mayoría en el consejo de CAM. El Banco de España podría estudiar apoyar financieramente la integración. Y, en el supuesto de que su venta se produjese, una vez nacionalizada, el supervisor optaría por su puesta en valor en mercado a través de un proceso competitivo.

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Juan Calvo Vérgez

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Con fecha de 27 de abril de 2011 la CAM presentó el plan a su Consejo de Administración. Su proyecto incluía una reestructuración operativa (que ya había iniciado con los cambios realizados en la cúpula directiva) y unas medidas destinadas a ahorrar costes por valor de 120 millones de euros al año hasta 2015. Además, ponía en venta los “activos no críticos”, fundamentalmente las participaciones en empresas. CAM calculó que, con los 2.800 millones de euros que recibiría del FROB, su capital principal se situaría en el 10,3%, con lo que rebasaría el mínimo requerido, del 10%. La ratio de solvencia quedaría en el 12,3%. Sus proyecciones para 2015 situaban la ratio de eficiencia (gastos sobre ingresos) en el cincuenta por ciento y el ROE, en el 15%

Con fecha de 27 de abril de 2011 la CAM presentó el plan a su Consejo de Administración. Su proyecto incluía una reestructuración operativa (que ya había iniciado con los cambios realizados en la cúpula directiva) y unas medidas destinadas a ahorrar costes por valor de 120 millones de euros al año hasta 2015. Además, ponía en venta los “activos no críticos”, fundamentalmente las participaciones en empresas. CAM calculó que, con los 2.800 millones de euros que recibiría del FROB, su capital principal se situaría en el 10,3%, con lo que rebasaría el mínimo requerido, del 10%. La ratio de solvencia quedaría en el 12,3%. Sus proyecciones para 2015 situaban la ratio de eficiencia (gastos sobre ingresos) en el cincuenta por ciento y el ROE, en el 15%

Finalmente con fecha de 22 de julio de 2011 el Banco de España anunció la destitución de la cúpula directiva de la CAM, a solicitud de la propia entidad financiera, representando la tercera intervención de una caja en España tras las realizadas en Caja Castilla-La Mancha y CajaSur. El FROB pasó así a administrar dicha caja. Y, con la finalidad de estabilizar sus cuentas, inyectó 2.800 millones de euros a cambio de acciones de la entidad y otorgó una línea de crédito por 3.000 millones de euros de disponibilidad inmediata. De este modo la recapitalización de la entidad se realizó mediante una suscripción de acciones por valor de 2.800 millones de euros. Además, el Banco de España abrió una línea de crédito de hasta 3.000 millones de euros para asegurar la liquidez del banco84.

Finalmente con fecha de 22 de julio de 2011 el Banco de España anunció la destitución de la cúpula directiva de la CAM, a solicitud de la propia entidad financiera, representando la tercera intervención de una caja en España tras las realizadas en Caja Castilla-La Mancha y CajaSur. El FROB pasó así a administrar dicha caja. Y, con la finalidad de estabilizar sus cuentas, inyectó 2.800 millones de euros a cambio de acciones de la entidad y otorgó una línea de crédito por 3.000 millones de euros de disponibilidad inmediata. De este modo la recapitalización de la entidad se realizó mediante una suscripción de acciones por valor de 2.800 millones de euros. Además, el Banco de España abrió una línea de crédito de hasta 3.000 millones de euros para asegurar la liquidez del banco84.

La citada caja fue una de las cinco entidades españolas que suspendió el test de estrés de la Autoridad Bancaria Europea efectuado en julio de 2011, pese a contar con la inyección de 2.800 millones de liquidez prometida por el FROB. Según el examen, necesitaba 947 millones más de capital para hacer frente a futuras turbulencias económicas.

La citada caja fue una de las cinco entidades españolas que suspendió el test de estrés de la Autoridad Bancaria Europea efectuado en julio de 2011, pese a contar con la inyección de 2.800 millones de liquidez prometida por el FROB. Según el examen, necesitaba 947 millones más de capital para hacer frente a futuras turbulencias económicas.

84 Como seguramente se recordará, con fecha de 28 de abril de 2011 la citada caja presentó un plan de recapitalización en el que se incluía la petición de 2.800 millones de euros al FROB para alcanzar el nivel de capital principal requerido. A juicio del Banco de España, sin embargo, una vez evaluada la situación financiera-patrimonial del grupo, y habiéndose constatado el hecho de que el plan presentado por la caja no incorporaba las medidas adecuadas para asegurar su viabilidad, por parte del supervisor se instó a la entidad a presentar una solución definitiva a su situación en un plazo de 10 días. Sin embargo los consejos de CAM y Banco CAM terminaron reconociendo ante el Banco de España la imposibilidad de encontrar de inmediato una solución viable para el negocio financiero del grupo y solicitar la sustitución de sus administradores por otros designados por el FROB.

84 Como seguramente se recordará, con fecha de 28 de abril de 2011 la citada caja presentó un plan de recapitalización en el que se incluía la petición de 2.800 millones de euros al FROB para alcanzar el nivel de capital principal requerido. A juicio del Banco de España, sin embargo, una vez evaluada la situación financiera-patrimonial del grupo, y habiéndose constatado el hecho de que el plan presentado por la caja no incorporaba las medidas adecuadas para asegurar su viabilidad, por parte del supervisor se instó a la entidad a presentar una solución definitiva a su situación en un plazo de 10 días. Sin embargo los consejos de CAM y Banco CAM terminaron reconociendo ante el Banco de España la imposibilidad de encontrar de inmediato una solución viable para el negocio financiero del grupo y solicitar la sustitución de sus administradores por otros designados por el FROB.

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Por su parte la consolidación de Cajastur, Caja Extremadura y Caja Cantabria culminó el 11 de agosto de 2011 con la creación de Liberbank SA. La unión de dichas tres entidades se completó tras producirse el cumplimiento de las condiciones suspensivas a cuya verificación se encontraban sometidos el contrato de integración de las tres entidades en un SIP y las segregaciones acordadas, y tras otorgarse escrituras públicas. Una vez transcurrido el periodo de oposición de acreedores se otorgaron escrituras públicas de segregración y de declaración de entrada en vigor del mencionado contrato de integración, hallándose prevista la inscripción de la escritura de segregación en los Registros Mercantiles competentes en futuras fechas. Con la entrada en vigor del citado contrato de integración desplegarían sus efectos los compromisos mutuos de solvencia, liquidez y puesta en común de resultados otorgados por las cajas bajo el mismo.

Por su parte la consolidación de Cajastur, Caja Extremadura y Caja Cantabria culminó el 11 de agosto de 2011 con la creación de Liberbank SA. La unión de dichas tres entidades se completó tras producirse el cumplimiento de las condiciones suspensivas a cuya verificación se encontraban sometidos el contrato de integración de las tres entidades en un SIP y las segregaciones acordadas, y tras otorgarse escrituras públicas. Una vez transcurrido el periodo de oposición de acreedores se otorgaron escrituras públicas de segregración y de declaración de entrada en vigor del mencionado contrato de integración, hallándose prevista la inscripción de la escritura de segregación en los Registros Mercantiles competentes en futuras fechas. Con la entrada en vigor del citado contrato de integración desplegarían sus efectos los compromisos mutuos de solvencia, liquidez y puesta en común de resultados otorgados por las cajas bajo el mismo.

En resumen, cuatro eran las cajas en relación con las cuales se preveía que el Banco de España procediese a cerrar de acuerdo con los plazos previstos su proceso de reestructuración, adelantando así el calendario e inyectando dinero del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria antes de que finalizase el plazo legal, el 30 de septiembre. Caja de Ahorros del Mediterráneo fue la primera en ser nacionalizada de forma parcial y temporal. La entrada del FROB en esta entidad, con 2.800 millones de euros, se produjo en julio de 2011. Las siguientes serían Catalunya Caixa y Unnim, donde el FROB inyectó 1.718 millones de euros y 568 millones de euros respectivamente. En estas dos cajas la nacionalización tuvo lugar en agosto de 2011. Finalmente sería nacionalizada Novacaixagalicia, que necesitaba unos 2.622 millones de euros. Su proceso llegaría a lo largo del mes de septiembre de 2011, ya que esta caja aún no tenía ni siquiera los trámites básicos necesarios para que el FROB pudiera entrar en su capital. Por ejemplo, aún le faltaba crear su banco, NCG Bank.

En resumen, cuatro eran las cajas en relación con las cuales se preveía que el Banco de España procediese a cerrar de acuerdo con los plazos previstos su proceso de reestructuración, adelantando así el calendario e inyectando dinero del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria antes de que finalizase el plazo legal, el 30 de septiembre. Caja de Ahorros del Mediterráneo fue la primera en ser nacionalizada de forma parcial y temporal. La entrada del FROB en esta entidad, con 2.800 millones de euros, se produjo en julio de 2011. Las siguientes serían Catalunya Caixa y Unnim, donde el FROB inyectó 1.718 millones de euros y 568 millones de euros respectivamente. En estas dos cajas la nacionalización tuvo lugar en agosto de 2011. Finalmente sería nacionalizada Novacaixagalicia, que necesitaba unos 2.622 millones de euros. Su proceso llegaría a lo largo del mes de septiembre de 2011, ya que esta caja aún no tenía ni siquiera los trámites básicos necesarios para que el FROB pudiera entrar en su capital. Por ejemplo, aún le faltaba crear su banco, NCG Bank.

Por otro lado cuatro SIPs se encontraban en proceso para salir a bolsa o incorporar inversores privados, donde pretendían colocar al menos el 20% de su capital social, en cuyo caso les bastaría con un ratio mínimo del 8%. Bankia, Banca Cívica, Grupo BMN y el SIP liderado por Cajastur eran las entidades que componían este grupo. Tanto para estos grupos de cajas de ahorro como para el resto de cajas que requerían reforzar su capital se contemplaba como una de las opciones la aportación de capital por parte del FROB, ya fuese parcialmente o en su totalidad. Con todo ello no más allá

Por otro lado cuatro SIPs se encontraban en proceso para salir a bolsa o incorporar inversores privados, donde pretendían colocar al menos el 20% de su capital social, en cuyo caso les bastaría con un ratio mínimo del 8%. Bankia, Banca Cívica, Grupo BMN y el SIP liderado por Cajastur eran las entidades que componían este grupo. Tanto para estos grupos de cajas de ahorro como para el resto de cajas que requerían reforzar su capital se contemplaba como una de las opciones la aportación de capital por parte del FROB, ya fuese parcialmente o en su totalidad. Con todo ello no más allá

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del 28 de abril de 2011 todas las entidades que lo requiriesen debían haber aprobado su plan de recapitalización.

del 28 de abril de 2011 todas las entidades que lo requiriesen debían haber aprobado su plan de recapitalización.

Dentro de este grupo de entidades que optaron por la Bolsa destacaba el caso de Bankia, que necesitaba captar 1.795 millones de euros para cumplir con las exigencias de capital (pasar del 7% de capital principal al 8%). La citada entidad preveía inicialmente salir a bolsa en el mes de junio de 2011 para cubrir su déficit de capital, para lo que necesitaba colocar más del 20% de su capital en el mercado. La mitad de estos fondos los obtendría de inversores institucionales y el resto lo captaría a través de su red. Si fallase su estreno bursátil el Estado debería inyectarle más de 5.000 millones de capital.

Dentro de este grupo de entidades que optaron por la Bolsa destacaba el caso de Bankia, que necesitaba captar 1.795 millones de euros para cumplir con las exigencias de capital (pasar del 7% de capital principal al 8%). La citada entidad preveía inicialmente salir a bolsa en el mes de junio de 2011 para cubrir su déficit de capital, para lo que necesitaba colocar más del 20% de su capital en el mercado. La mitad de estos fondos los obtendría de inversores institucionales y el resto lo captaría a través de su red. Si fallase su estreno bursátil el Estado debería inyectarle más de 5.000 millones de capital.

Con fecha de 28 de junio de 2011 se supo que los Consejos de Administración tanto de Bankia como de su matriz, el Banco Financiero y de Ahorros, aprobaron por unanimidad el salto al parqué de la citada entidad durante el mes de julio de 2011. El calendario fijado preveía que la CNMV aprobase con fecha de 29 de junio de 2011 el folleto y que al día siguiente se iniciase la comercialización de las acciones. El día 15 de julio de 2011 se produciría la adjudicación de los títulos y tres días más tarde su cotización. El objetivo no era otro que colocar entre inversores minoristas el 60% de su salida a Bolsa y captar con su salto al parqué entre 3.600 y 4.000 millones de euros.

Con fecha de 28 de junio de 2011 se supo que los Consejos de Administración tanto de Bankia como de su matriz, el Banco Financiero y de Ahorros, aprobaron por unanimidad el salto al parqué de la citada entidad durante el mes de julio de 2011. El calendario fijado preveía que la CNMV aprobase con fecha de 29 de junio de 2011 el folleto y que al día siguiente se iniciase la comercialización de las acciones. El día 15 de julio de 2011 se produciría la adjudicación de los títulos y tres días más tarde su cotización. El objetivo no era otro que colocar entre inversores minoristas el 60% de su salida a Bolsa y captar con su salto al parqué entre 3.600 y 4.000 millones de euros.

En el caso concreto de Bankia, la citada entidad anunció que pretendía colocar en bolsa el 20 de julio de 2011 casi la mitad de su capital (entre el 47,59% y el 49,97%) para cumplir con los nuevos requisitos de solvencia para la banca española y evitar así una inyección de dinero público. La entidad quería captar entre 3.636 y 4.164 millones de euros en el mercado bursátil, según constaba en el folleto de la operación remitido a la CNMV. Estas cantidades podrían elevarse hasta 4.000 y 4.580 millones de euros, respectivamente, en el supuesto de que existiese una sobredemanda y se ampliase la colocación85.

En el caso concreto de Bankia, la citada entidad anunció que pretendía colocar en bolsa el 20 de julio de 2011 casi la mitad de su capital (entre el 47,59% y el 49,97%) para cumplir con los nuevos requisitos de solvencia para la banca española y evitar así una inyección de dinero público. La entidad quería captar entre 3.636 y 4.164 millones de euros en el mercado bursátil, según constaba en el folleto de la operación remitido a la CNMV. Estas cantidades podrían elevarse hasta 4.000 y 4.580 millones de euros, respectivamente, en el supuesto de que existiese una sobredemanda y se ampliase la colocación85.

La pérdida esperada en promotores e hipotecas de la entidad sumaba 5.305 millones de euros en situación de estrés, con un déficit de provisiones de 776 millones de euros. La filial cotizada del grupo de Caja Madrid y Bancaja nacía así con una cartera de créditos a promotores y constructores

La pérdida esperada en promotores e hipotecas de la entidad sumaba 5.305 millones de euros en situación de estrés, con un déficit de provisiones de 776 millones de euros. La filial cotizada del grupo de Caja Madrid y Bancaja nacía así con una cartera de créditos a promotores y constructores

Estas bandas de precios implicaban un descuento sobre el valor en libros de la entidad (13.875 millones de euros) de entre el 49% y el 54%, muy por encima de las estimaciones iniciales del banco –un 30%–. La banda de precios en la que se estrenaría la acción en el parqué oscilaría entre 4,41 y 5,05 euros por título.

Estas bandas de precios implicaban un descuento sobre el valor en libros de la entidad (13.875 millones de euros) de entre el 49% y el 54%, muy por encima de las estimaciones iniciales del banco –un 30%–. La banda de precios en la que se estrenaría la acción en el parqué oscilaría entre 4,41 y 5,05 euros por título.

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de 32.950 millones de euros, el 16,6% de la financiación total concedida por Bankia (198.601 millones de euros). De esos 32.950 millones de euros, prácticamente un tercio (unos 10.500 millones) eran problemáticos, bien por presentar debilidades o por encontrarse ya en situación de impago. Los primeros, los subestándar, sumaban unos 5.000 millones de euros. Los segundos, los dudosos, otros 5.500 millones, lo que elevaba la tasa de morosidad al 16,5%. De este modo presentaban una cobertura con provisiones del 50%, si se sumaba la dotación específica, el colchón genérico (anticrisis) y la provisión no asignada.

de 32.950 millones de euros, el 16,6% de la financiación total concedida por Bankia (198.601 millones de euros). De esos 32.950 millones de euros, prácticamente un tercio (unos 10.500 millones) eran problemáticos, bien por presentar debilidades o por encontrarse ya en situación de impago. Los primeros, los subestándar, sumaban unos 5.000 millones de euros. Los segundos, los dudosos, otros 5.500 millones, lo que elevaba la tasa de morosidad al 16,5%. De este modo presentaban una cobertura con provisiones del 50%, si se sumaba la dotación específica, el colchón genérico (anticrisis) y la provisión no asignada.

El 80% de los créditos concedidos a promotores estaba garantizado con primeras hipotecas. El restante 20% tenía un respaldo de peor calidad. Se correspondía, principalmente, con los grandes créditos sindicados que bancos y cajas concedieron a las grandes inmobiliarias en 2006 y 2007, en el “pico” de la burbuja inmobiliaria y en plena efervescencia de movimientos corporativos en el sector. Las garantías de estos créditos eran, en su mayor parte, las acciones de las propias inmobiliarias cotizadas –ahora devaluadas–, garantías personales y segundas hipotecas86.

El 80% de los créditos concedidos a promotores estaba garantizado con primeras hipotecas. El restante 20% tenía un respaldo de peor calidad. Se correspondía, principalmente, con los grandes créditos sindicados que bancos y cajas concedieron a las grandes inmobiliarias en 2006 y 2007, en el “pico” de la burbuja inmobiliaria y en plena efervescencia de movimientos corporativos en el sector. Las garantías de estos créditos eran, en su mayor parte, las acciones de las propias inmobiliarias cotizadas –ahora devaluadas–, garantías personales y segundas hipotecas86.

Junto al crédito a promotores, la cartera de hipotecas a particulares de la entidad suponía el segundo frente de exposición al sector inmobiliario. Sumaban cerca de 90.000 millones. Su ratio de morosidad era del 3,5%, hallándose constituidas provisiones por el 35,7% de este saldo. La morosidad global, la de toda la cartera, se situaba en el 5,8%, con 11.542 millones en créditos impagados. Había que tener en cuenta, en cualquier caso, que hay otros 10.600 millones con debilidades. En último término, por tanto, Bankia había prestado a familias y empresas 198.000 millones, de los que 22.175 millones de euros (11%) no tenía un horizonte claro de recuperación.

Junto al crédito a promotores, la cartera de hipotecas a particulares de la entidad suponía el segundo frente de exposición al sector inmobiliario. Sumaban cerca de 90.000 millones. Su ratio de morosidad era del 3,5%, hallándose constituidas provisiones por el 35,7% de este saldo. La morosidad global, la de toda la cartera, se situaba en el 5,8%, con 11.542 millones en créditos impagados. Había que tener en cuenta, en cualquier caso, que hay otros 10.600 millones con debilidades. En último término, por tanto, Bankia había prestado a familias y empresas 198.000 millones, de los que 22.175 millones de euros (11%) no tenía un horizonte claro de recuperación.

El folleto de la salida a bolsa de la entidad también detalló el resultado de un “análisis de sensibilidad” realizado por el grupo para calibrar la pérdida esperada en las carteras a promotores e hipotecas a particulares en situaciones de máxima tensión económica, habiéndose estimado un

El folleto de la salida a bolsa de la entidad también detalló el resultado de un “análisis de sensibilidad” realizado por el grupo para calibrar la pérdida esperada en las carteras a promotores e hipotecas a particulares en situaciones de máxima tensión económica, habiéndose estimado un

Concretamente en el detalle de los créditos garantizados con primeras hipotecas, 6.087 millones de euros eran préstamos al corriente de pago para financiación de suelo, existiendo además cinco grandes empresas promotoras a las que Bankia había prestado 2.506 millones de euros. De las cinco, sólo una estaba clasificada con riesgo normal. Tres de ellas, que debían 1.638 millones de euros en conjunto, eran morosas y una cuarta, con una deuda de 407 millones de euros, estaba incluida como riesgo subestándar. Las coberturas se situaban, respectivamente, en el 37% y en el 15%.

Concretamente en el detalle de los créditos garantizados con primeras hipotecas, 6.087 millones de euros eran préstamos al corriente de pago para financiación de suelo, existiendo además cinco grandes empresas promotoras a las que Bankia había prestado 2.506 millones de euros. De las cinco, sólo una estaba clasificada con riesgo normal. Tres de ellas, que debían 1.638 millones de euros en conjunto, eran morosas y una cuarta, con una deuda de 407 millones de euros, estaba incluida como riesgo subestándar. Las coberturas se situaban, respectivamente, en el 37% y en el 15%.

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Juan Calvo Vérgez

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crecimiento del PIB adverso del 0,2% en 2011, una caída de los afiliados a la Seguridad Social del 1,4% y un crecimiento de los tipos de interés del 3,4% a finales de 2011. Así las cosas el resultado de dicho análisis reflejaba que las pérdidas esperadas ascenderían a 5.304 millones de euros, frente a un total de provisiones de 4.528 millones de euros, lo que generaría, para estas carteras, un déficit de coberturas en dichos escenarios adversos de 776 millones de euros.

crecimiento del PIB adverso del 0,2% en 2011, una caída de los afiliados a la Seguridad Social del 1,4% y un crecimiento de los tipos de interés del 3,4% a finales de 2011. Así las cosas el resultado de dicho análisis reflejaba que las pérdidas esperadas ascenderían a 5.304 millones de euros, frente a un total de provisiones de 4.528 millones de euros, lo que generaría, para estas carteras, un déficit de coberturas en dichos escenarios adversos de 776 millones de euros.

Por lo que respecta a la cartera de inmuebles adjudicados, la misma se elevaba a 4.586 millones de euros, incluyendo una serie de ajustes ligados al proceso de segregación de activos con la matriz, Banco Financiero. De dicho importe, cerca de 2.000 millones de euros, se correspondían con inmuebles adquiridos o adjudicados de promotores, con una cobertura del 26,2%. Otros 2.400 millones de euros eran adjudicaciones de particulares, sobre los que existían dotaciones por 21,8%.

Por lo que respecta a la cartera de inmuebles adjudicados, la misma se elevaba a 4.586 millones de euros, incluyendo una serie de ajustes ligados al proceso de segregación de activos con la matriz, Banco Financiero. De dicho importe, cerca de 2.000 millones de euros, se correspondían con inmuebles adquiridos o adjudicados de promotores, con una cobertura del 26,2%. Otros 2.400 millones de euros eran adjudicaciones de particulares, sobre los que existían dotaciones por 21,8%.

En total, los vencimientos de Bankia ascendían a 20.575 millones de euros hasta finales de 2012, de los que 17.240 millones de euros correspondían al próximo ejercicio, tratándose de la segunda entidad española con más compromisos, sólo por detrás del Santander, con 47.526 millones de euros en el mismo periodo. El importe que le vencía desde julio de 2011 a finales de 2012 suponía el 39,19% de la deuda total que tiene emitida.

En total, los vencimientos de Bankia ascendían a 20.575 millones de euros hasta finales de 2012, de los que 17.240 millones de euros correspondían al próximo ejercicio, tratándose de la segunda entidad española con más compromisos, sólo por detrás del Santander, con 47.526 millones de euros en el mismo periodo. El importe que le vencía desde julio de 2011 a finales de 2012 suponía el 39,19% de la deuda total que tiene emitida.

Una de las opciones barajadas por la entidad era realizar una operación de canje de deuda como la que cerró en octubre de 2010, lo que le permitiría alargar el plazo de estos títulos que le vencían en 2012. Una bajada de costes de financiación compensaría la prima que tendría que ofrecer a los inversores para convencerles de que acudan a otra operación de estas características87. No obstante, y tal y como se señaló desde la propia entidad, la refinanciación de dichos importes (los más de 20.000 millones de euros que le vencían en 2011 y 2012) no tendría que hacerse en su totalidad, ya que parte de esos vencimientos no necesitarían ser renegociados debido a la reducción del gap comercial en el proceso de desapalancamiento del balance, y la liquidez recibida en el proceso de salida a bolsa del banco. En

Una de las opciones barajadas por la entidad era realizar una operación de canje de deuda como la que cerró en octubre de 2010, lo que le permitiría alargar el plazo de estos títulos que le vencían en 2012. Una bajada de costes de financiación compensaría la prima que tendría que ofrecer a los inversores para convencerles de que acudan a otra operación de estas características87. No obstante, y tal y como se señaló desde la propia entidad, la refinanciación de dichos importes (los más de 20.000 millones de euros que le vencían en 2011 y 2012) no tendría que hacerse en su totalidad, ya que parte de esos vencimientos no necesitarían ser renegociados debido a la reducción del gap comercial en el proceso de desapalancamiento del balance, y la liquidez recibida en el proceso de salida a bolsa del banco. En

Recuérdese a este respecto que tanto Caja de Madrid como Bancaja lanzaron una oferta de canje de deuda (cédulas, bonos avalados por el Estado y títulos senior) de 16.800 millones en octubre de 2010, que logró una aceptación del 28,5% y les permitió intercambiar el equivalente a 3.917 millones. Con ello, mejoró el perfil de vencimientos, pero todavía tiene mucho por hacer.

Recuérdese a este respecto que tanto Caja de Madrid como Bancaja lanzaron una oferta de canje de deuda (cédulas, bonos avalados por el Estado y títulos senior) de 16.800 millones en octubre de 2010, que logró una aceptación del 28,5% y les permitió intercambiar el equivalente a 3.917 millones. Con ello, mejoró el perfil de vencimientos, pero todavía tiene mucho por hacer.

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La recapitalización de las entidades financieras

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este sentido la entidad pretendía continuar con la reducción de su balance, poniendo a la venta activos por importe de 2.000 millones de euros88.

este sentido la entidad pretendía continuar con la reducción de su balance, poniendo a la venta activos por importe de 2.000 millones de euros88.

Dada esta situación, en el supuesto de que la citada entidad decidiera paralizar la salida a bolsa, y esto le dificultara el acceso a los mercados, contaría con otras alternativas que le permitirían cubrir esos elevados vencimientos. Por ejemplo, mantenía títulos líquidos en la póliza del Banco Central Europeo de un valor de 10.107 millones, que le permitirían captar liquidez de inmediato en las subastas que celebre la institución monetaria. Y, además, participaba como miembro en las cámaras de contrapartida europeas (Eurex Repo y LCH.Clearnet) que, de una manera similar, le posibilitaba captar dinero en el mercado de repos (operación de venta con pacto de recompra).

Dada esta situación, en el supuesto de que la citada entidad decidiera paralizar la salida a bolsa, y esto le dificultara el acceso a los mercados, contaría con otras alternativas que le permitirían cubrir esos elevados vencimientos. Por ejemplo, mantenía títulos líquidos en la póliza del Banco Central Europeo de un valor de 10.107 millones, que le permitirían captar liquidez de inmediato en las subastas que celebre la institución monetaria. Y, además, participaba como miembro en las cámaras de contrapartida europeas (Eurex Repo y LCH.Clearnet) que, de una manera similar, le posibilitaba captar dinero en el mercado de repos (operación de venta con pacto de recompra).

Por su parte Banco Financiero de Ahorros (BFA), la sociedad holding y accionista único de Bankia, no descartaba sacar a bolsa más del 50% del capital de Bankia. La banca se queda con grupos por más de 15.000 millones de euros. Inicialmente se daba por hecho que las siete cajas fusionadas en Bankia y que controlan BFA no colocarían más del 50% del capital en bolsa, para así asegurarse completamente la estabilidad accionarial. De hecho, el folleto publicado en la CNMV contemplaba la venta desde el 47,6% al 49,97% del capital social. Sin embargo Bankia quería dejar una puerta abierta por si tuviera que aplicar un descuento algo mayor en su objetivo de captar en torno a 4.000 millones de euros. En el folleto, los precios que se barajaban para la Oferta Pública de Suscripción (OPS) iban de las 0,46 a 0,52 veces su valor en libros. La otra posibilidad era que BFA contemplase en algún momento ampliar sus objetivos de captación y así reducir su participación del 50% del capital.

Por su parte Banco Financiero de Ahorros (BFA), la sociedad holding y accionista único de Bankia, no descartaba sacar a bolsa más del 50% del capital de Bankia. La banca se queda con grupos por más de 15.000 millones de euros. Inicialmente se daba por hecho que las siete cajas fusionadas en Bankia y que controlan BFA no colocarían más del 50% del capital en bolsa, para así asegurarse completamente la estabilidad accionarial. De hecho, el folleto publicado en la CNMV contemplaba la venta desde el 47,6% al 49,97% del capital social. Sin embargo Bankia quería dejar una puerta abierta por si tuviera que aplicar un descuento algo mayor en su objetivo de captar en torno a 4.000 millones de euros. En el folleto, los precios que se barajaban para la Oferta Pública de Suscripción (OPS) iban de las 0,46 a 0,52 veces su valor en libros. La otra posibilidad era que BFA contemplase en algún momento ampliar sus objetivos de captación y así reducir su participación del 50% del capital.

Otra de las opciones contempladas era una venta de parte del capital que se iba a quedar BFA tras la salida a bolsa de Bankia, con el objetivo de hacer plusvalías en el futuro y repagar los 4.465 millones de euros en participaciones preferentes suscritas por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria. BFA era, hasta que se produjese su salida a bolsa, el único accionista de Bankia, que contenía el negocio bancario del grupo y las participadas aso-

Otra de las opciones contempladas era una venta de parte del capital que se iba a quedar BFA tras la salida a bolsa de Bankia, con el objetivo de hacer plusvalías en el futuro y repagar los 4.465 millones de euros en participaciones preferentes suscritas por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria. BFA era, hasta que se produjese su salida a bolsa, el único accionista de Bankia, que contenía el negocio bancario del grupo y las participadas aso-

Bankia ya colocó cédulas hipotecarias a un plazo de tres años por importe de 750 millones de euros en el primer trimestre de 2011. A su vez, Caja Madrid ya captó por su cuenta otros 1.690 millones de euros mediante bonos con garantía del Estado. En su folleto de salida a Bolsa Bankia declaró una capacidad para emitir de 10.821 millones de euros.

Bankia ya colocó cédulas hipotecarias a un plazo de tres años por importe de 750 millones de euros en el primer trimestre de 2011. A su vez, Caja Madrid ya captó por su cuenta otros 1.690 millones de euros mediante bonos con garantía del Estado. En su folleto de salida a Bolsa Bankia declaró una capacidad para emitir de 10.821 millones de euros.

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Juan Calvo Vérgez

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ciadas al negocio financiero. Tras el estreno bursátil, la entidad quedó como el accionista de control, con algo más del 50% de su capital. El grupo situó la mayoría de activos inmobiliarios adjudicados y créditos con problemas del grupo, en BFA, además de algunas participaciones accionariales.

ciadas al negocio financiero. Tras el estreno bursátil, la entidad quedó como el accionista de control, con algo más del 50% de su capital. El grupo situó la mayoría de activos inmobiliarios adjudicados y créditos con problemas del grupo, en BFA, además de algunas participaciones accionariales.

Las siete cajas de ahorro que conforman el grupo (Caja Madrid, Bancaja, La Caja de Canarias, Ávila, Laietana, Segovia y Rioja) mantuvieron, a su vez, el 100% del capital de BFA. Caja Madrid contó con una participación de control en esta entidad, con un 52,06% del capital. Bancaja tuvo un 37,7%. Las citadas cajas cedieron su negocio bancario a Bankia, entidad a través de la que iban a seguir manteniendo su actividad financiera de forma indirecta. Las cajas mantuvieron su obra social, que iban a financiar con los dividendos que cobrasen de Bankia.

Las siete cajas de ahorro que conforman el grupo (Caja Madrid, Bancaja, La Caja de Canarias, Ávila, Laietana, Segovia y Rioja) mantuvieron, a su vez, el 100% del capital de BFA. Caja Madrid contó con una participación de control en esta entidad, con un 52,06% del capital. Bancaja tuvo un 37,7%. Las citadas cajas cedieron su negocio bancario a Bankia, entidad a través de la que iban a seguir manteniendo su actividad financiera de forma indirecta. Las cajas mantuvieron su obra social, que iban a financiar con los dividendos que cobrasen de Bankia.

Dentro de este “grupo bursátil” se encontraban igualmente Banca Cívica, Grupo BMN y la nueva alianza de Cajastur, tras su ruptura con CAM. Las dos primeras estaban decididas a salir a bolsa, si bien en el Banco de España y en el mercado no existía un pleno convencimiento acerca de que fueran a lograrlo durante el ejercicio 2011. En el caso concreto de Cajastur, esta última (recuérdese que en el grupo que lidera Cajastur estaba incluido Extremadura y Cantabria) se había optado por dar entrada en el 20% de su capital a inversores privados, algo más de 500 millones de euros89.

Dentro de este “grupo bursátil” se encontraban igualmente Banca Cívica, Grupo BMN y la nueva alianza de Cajastur, tras su ruptura con CAM. Las dos primeras estaban decididas a salir a bolsa, si bien en el Banco de España y en el mercado no existía un pleno convencimiento acerca de que fueran a lograrlo durante el ejercicio 2011. En el caso concreto de Cajastur, esta última (recuérdese que en el grupo que lidera Cajastur estaba incluido Extremadura y Cantabria) se había optado por dar entrada en el 20% de su capital a inversores privados, algo más de 500 millones de euros89.

Por lo que al Grupo MBN se refiere, liderado por Caja Murcia, le bastaba con colocar 500 millones de euros de capital en los mercados para esquivar las ayudas públicas. La entidad, que tenía previsto salir a bolsa, negociaba con inversores institucionales la colocación de 250 millones de euros y el resto, procediendo a colocar el resto a través de sus oficinas bancarias. El citado Grupo cerró el primer semestre de 2011 con un resultado de 96 millones de euros y unas dotaciones por prejubilaciones y saneamientos de 116 millones de euros, resultados que permitieron a la entidad una mejora de su capital principal de 4 décimas, ya que pasó desde el 8,4% al 8,8% a 30 de junio de 2011. De este modo la entidad necesitaría menos capital del que el Banco de España había estimado en marzo de 2011 y que se situó en 637 millones de euros90.

Por lo que al Grupo MBN se refiere, liderado por Caja Murcia, le bastaba con colocar 500 millones de euros de capital en los mercados para esquivar las ayudas públicas. La entidad, que tenía previsto salir a bolsa, negociaba con inversores institucionales la colocación de 250 millones de euros y el resto, procediendo a colocar el resto a través de sus oficinas bancarias. El citado Grupo cerró el primer semestre de 2011 con un resultado de 96 millones de euros y unas dotaciones por prejubilaciones y saneamientos de 116 millones de euros, resultados que permitieron a la entidad una mejora de su capital principal de 4 décimas, ya que pasó desde el 8,4% al 8,8% a 30 de junio de 2011. De este modo la entidad necesitaría menos capital del que el Banco de España había estimado en marzo de 2011 y que se situó en 637 millones de euros90.

En efecto Cajastur y Caja Extremadura, con unos activos de 53.000 millones de euros, querían ganar además tamaño, para lo que iniciaron conversaciones con otras entidades. 90 Concretamente dicha cifra se calculó para alcanzar el 10% de core capital. No obstante si la entidad finalmente culminaba sus planes de salida a Bolsa o de entrada a inversores

En efecto Cajastur y Caja Extremadura, con unos activos de 53.000 millones de euros, querían ganar además tamaño, para lo que iniciaron conversaciones con otras entidades. 90 Concretamente dicha cifra se calculó para alcanzar el 10% de core capital. No obstante si la entidad finalmente culminaba sus planes de salida a Bolsa o de entrada a inversores

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La recapitalización de las entidades financieras

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En cuanto a Banca Cívica, el SIP coliderado por Caja Navarra y Cajasol también iba a competir por tomar capital del mercado. El grupo tenía un capital principal del 8,1% y necesitaba colocar algo más de 500 millones de euros de capital en el mercado. Con fecha de 29 de junio de 2011 Banca Cívica salvó el último escollo que le quedaba para iniciar su colocación en bolsa, después de que la CNMV diera el visto bueno al folleto de su OPS. El citado grupo pretendía debutar en el parqué el 20 de julio de 2011 con un valor en bolsa de entre 1.342,3 y 1.889,1 millones de euros, lo que supondría un descuento de entre el 47,5% y el 60% sobre su valor en libros. Si se ejerciera la opción de green-shoe (tramo reservado para los bancos colocadores), ésta podría alcanzar un máximo de 1.990 millones de euros. En total, el grupo formado por Caja Navarra, Cajasol, CajaCanarias y Caja Burgos emitiría, como máximo, 248,8 millones de euros en acciones a un precio de entre 2,7 y 3,8 euros, un 47,5% del capital.

En cuanto a Banca Cívica, el SIP coliderado por Caja Navarra y Cajasol también iba a competir por tomar capital del mercado. El grupo tenía un capital principal del 8,1% y necesitaba colocar algo más de 500 millones de euros de capital en el mercado. Con fecha de 29 de junio de 2011 Banca Cívica salvó el último escollo que le quedaba para iniciar su colocación en bolsa, después de que la CNMV diera el visto bueno al folleto de su OPS. El citado grupo pretendía debutar en el parqué el 20 de julio de 2011 con un valor en bolsa de entre 1.342,3 y 1.889,1 millones de euros, lo que supondría un descuento de entre el 47,5% y el 60% sobre su valor en libros. Si se ejerciera la opción de green-shoe (tramo reservado para los bancos colocadores), ésta podría alcanzar un máximo de 1.990 millones de euros. En total, el grupo formado por Caja Navarra, Cajasol, CajaCanarias y Caja Burgos emitiría, como máximo, 248,8 millones de euros en acciones a un precio de entre 2,7 y 3,8 euros, un 47,5% del capital.

Banca Cívica disponía de un colchón de provisiones suficiente para hacer frente a un escenario en el que la morosidad del grupo se disparara hasta el 18%, desde el 4,7% actual. El citado grupo estimaba que podría captar la atención de los inversores con sus perspectivas de rentabilidad. El ROE (rentabilidad sobre fondos propios) superaría el 11% dentro de dos años. Serían clave sinergias operativas previstas de 800 millones de euros. De cara a su obtención se necesitaría una inversión de 462 millones de euros.

Banca Cívica disponía de un colchón de provisiones suficiente para hacer frente a un escenario en el que la morosidad del grupo se disparara hasta el 18%, desde el 4,7% actual. El citado grupo estimaba que podría captar la atención de los inversores con sus perspectivas de rentabilidad. El ROE (rentabilidad sobre fondos propios) superaría el 11% dentro de dos años. Serían clave sinergias operativas previstas de 800 millones de euros. De cara a su obtención se necesitaría una inversión de 462 millones de euros.

Por su parte Cajastur prefirió buscar inversores privados para rebajar su exigencia de capital y buscar un nuevo movimiento corporativo. Aquellas entidades que decidieron buscar fondos privados tenían de plazo, como ya se ha indicado, hasta septiembre de 2011, prorrogable tres meses más. En el caso de las salidas a bolsa, se amplió hasta marzo de 2012.

Por su parte Cajastur prefirió buscar inversores privados para rebajar su exigencia de capital y buscar un nuevo movimiento corporativo. Aquellas entidades que decidieron buscar fondos privados tenían de plazo, como ya se ha indicado, hasta septiembre de 2011, prorrogable tres meses más. En el caso de las salidas a bolsa, se amplió hasta marzo de 2012.

De este modo las estrategias generales aprobadas debían materializarse en planes detallados de recapitalización, en caso de que las medidas

De este modo las estrategias generales aprobadas debían materializarse en planes detallados de recapitalización, en caso de que las medidas

privados el ratio exigido sería del 8%, por lo que el grupo tendría exceso de capital. Finalmente la entidad culminó su proceso de reestructuración en los plazos exigidos. El grupo cerró 200 oficinas de las 300 que tenía previstas y redujo su plantilla en 1.140 empleados mediante prejubilaciones y bajas voluntarias, del excedente de 1.650 trabajadores fijado. Asimismo redujo en un 12% su riesgo promotor mediante la estrategia de cancelación o subrogación de las viviendas financiadas a promotores inmobiliarios. Hasta el 31 de julio de 2011 el grupo canceló o subrogó la financiación para 7.000 viviendas, y para finales de 2011 se esperaba que la cifra alcanzase las 13.000, lo que supondría un 30% menos. De este modo, para finales de 2011 el riesgo promotor del grupo habría caído en un 24%.

privados el ratio exigido sería del 8%, por lo que el grupo tendría exceso de capital. Finalmente la entidad culminó su proceso de reestructuración en los plazos exigidos. El grupo cerró 200 oficinas de las 300 que tenía previstas y redujo su plantilla en 1.140 empleados mediante prejubilaciones y bajas voluntarias, del excedente de 1.650 trabajadores fijado. Asimismo redujo en un 12% su riesgo promotor mediante la estrategia de cancelación o subrogación de las viviendas financiadas a promotores inmobiliarios. Hasta el 31 de julio de 2011 el grupo canceló o subrogó la financiación para 7.000 viviendas, y para finales de 2011 se esperaba que la cifra alcanzase las 13.000, lo que supondría un 30% menos. De este modo, para finales de 2011 el riesgo promotor del grupo habría caído en un 24%.

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Juan Calvo Vérgez

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previstas contemplasen como una de las opciones una solicitud de apoyo financiero del FROB. Dichos planes debían ser aprobados formalmente por los Consejos de Administración de las diferentes entidades y presentados al Banco de España para que éste procediese, en su caso, a su aprobación. Una vez aprobados por el Banco de España y por el FROB, habrían de ser remitidos al Ministerio de Economía y Hacienda y a la Comisión Europea para su preceptiva autorización.

previstas contemplasen como una de las opciones una solicitud de apoyo financiero del FROB. Dichos planes debían ser aprobados formalmente por los Consejos de Administración de las diferentes entidades y presentados al Banco de España para que éste procediese, en su caso, a su aprobación. Una vez aprobados por el Banco de España y por el FROB, habrían de ser remitidos al Ministerio de Economía y Hacienda y a la Comisión Europea para su preceptiva autorización.

Con fecha de 13 de julio de 2011, y de conformidad con la información facilitada por el Banco de España, se habían producido ya 12 procesos de integración (7 fusiones o adquisiciones y 5 SIP), que redujeron el número total de entidades de 45 a 18, existiendo además otros dos en marcha (Unicaja con Caja España Duero y las tres cajas vascas) que podrían reducir el número hasta los quince. Sólo cuatro cajas (que apenas representaban el 8% del total de los activos del sector) necesitaban ayuda adicional del FROB para cumplir con los requisitos de capital fijados por el Decreto de Reforzamiento del Sistema Financiero. El restante 92% (un 60% bancos, un 3% cooperativas y un 29% catorce grupos de cajas) correspondía a entidades que no requerían de capital adicional o que, requiriéndolo, tenían previsto captarlo por vías privadas. Ahora bien debe precisarse que incluso aquellas entidades que cumpliesen con los requisitos mínimos de capital tenían que reforzar su solvencia en el supuesto de no superar los tests de estrés de la Autoridad Bancaria Europea.

Con fecha de 13 de julio de 2011, y de conformidad con la información facilitada por el Banco de España, se habían producido ya 12 procesos de integración (7 fusiones o adquisiciones y 5 SIP), que redujeron el número total de entidades de 45 a 18, existiendo además otros dos en marcha (Unicaja con Caja España Duero y las tres cajas vascas) que podrían reducir el número hasta los quince. Sólo cuatro cajas (que apenas representaban el 8% del total de los activos del sector) necesitaban ayuda adicional del FROB para cumplir con los requisitos de capital fijados por el Decreto de Reforzamiento del Sistema Financiero. El restante 92% (un 60% bancos, un 3% cooperativas y un 29% catorce grupos de cajas) correspondía a entidades que no requerían de capital adicional o que, requiriéndolo, tenían previsto captarlo por vías privadas. Ahora bien debe precisarse que incluso aquellas entidades que cumpliesen con los requisitos mínimos de capital tenían que reforzar su solvencia en el supuesto de no superar los tests de estrés de la Autoridad Bancaria Europea.

En relación concreta con cada entidad financiera, con fecha de 14 de julio de 2011 (es decir, un día antes de que se conociesen los resultados de dichas pruebas) CatalunyaCaixa informó en un comunicado a la CNMV que había superado los test de resistencia ante cualquier escenario macroeconómico planteado, sin ningún tipo de medida adicional, una vez incorporadas las provisiones genéricas existentes en balance a 31 de diciembre de 2010 y la venta de su participación en Repsol ya materializada el 19 de enero de 2011.

En relación concreta con cada entidad financiera, con fecha de 14 de julio de 2011 (es decir, un día antes de que se conociesen los resultados de dichas pruebas) CatalunyaCaixa informó en un comunicado a la CNMV que había superado los test de resistencia ante cualquier escenario macroeconómico planteado, sin ningún tipo de medida adicional, una vez incorporadas las provisiones genéricas existentes en balance a 31 de diciembre de 2010 y la venta de su participación en Repsol ya materializada el 19 de enero de 2011.

Finalmente, tras la publicación de los resultados de las pruebas de estrés con fecha de 15 de julio de 2011, se supo que CAM, Catalunya Caixa, Unnim, Caja 3 y Pastor suspendían sobre el papel el examen, con un déficit de 1.564 millones. Sin embargo, con la provisión anticrisis y los bonos convertibles ya cubrían el desfase. De este modo cabía concluir que nuestras entidades financieras contaban con capacidad suficiente para afrontar escenarios de extremo deterioro económico. Los bancos y cajas españolas

Finalmente, tras la publicación de los resultados de las pruebas de estrés con fecha de 15 de julio de 2011, se supo que CAM, Catalunya Caixa, Unnim, Caja 3 y Pastor suspendían sobre el papel el examen, con un déficit de 1.564 millones. Sin embargo, con la provisión anticrisis y los bonos convertibles ya cubrían el desfase. De este modo cabía concluir que nuestras entidades financieras contaban con capacidad suficiente para afrontar escenarios de extremo deterioro económico. Los bancos y cajas españolas

La recapitalización de las entidades financieras

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no debían reforzarse con más capital como consecuencia de la nueva ronda de test de estrés al sector financiero realizada en Europa. Los resultados publicados por la EBA en paralelo a los distintos supervisores nacionales mostraron ocho suspensos en conjunto, de los que cinco corresponden a entidades españolas: CAM, Pastor, Caja 3, Unnim y Catalunya Caixa.

no debían reforzarse con más capital como consecuencia de la nueva ronda de test de estrés al sector financiero realizada en Europa. Los resultados publicados por la EBA en paralelo a los distintos supervisores nacionales mostraron ocho suspensos en conjunto, de los que cinco corresponden a entidades españolas: CAM, Pastor, Caja 3, Unnim y Catalunya Caixa.

A priori estas cinco entidades necesitarían 1.564 millones de euros para alcanzar los mínimos de solvencia exigidos –un 5% de capital de máxima calidad o core Tier 1– en un entorno adverso. En la práctica, sin embargo, ese capital no tendría que llegar ya que, o bien ya estaría presente en el balance (en forma de provisiones genéricas, bonos convertibles ya comercializados y plusvalías por desinversiones realizadas) o bien estaría en vías de hacerlo, en el marco del proceso de reforzamiento del sector que el Gobierno y el Banco de España pusieron en marcha en febrero de 2011, habiéndose exigido a bancos y cajas 15.152 millones de euros de nuevo capital, que el 30 de septiembre de 2011 habría de estar sobre la mesa por la vía privada, preferiblemente, siendo en otro caso aportado por el Estado.

A priori estas cinco entidades necesitarían 1.564 millones de euros para alcanzar los mínimos de solvencia exigidos –un 5% de capital de máxima calidad o core Tier 1– en un entorno adverso. En la práctica, sin embargo, ese capital no tendría que llegar ya que, o bien ya estaría presente en el balance (en forma de provisiones genéricas, bonos convertibles ya comercializados y plusvalías por desinversiones realizadas) o bien estaría en vías de hacerlo, en el marco del proceso de reforzamiento del sector que el Gobierno y el Banco de España pusieron en marcha en febrero de 2011, habiéndose exigido a bancos y cajas 15.152 millones de euros de nuevo capital, que el 30 de septiembre de 2011 habría de estar sobre la mesa por la vía privada, preferiblemente, siendo en otro caso aportado por el Estado.

CAM fue la caja que quedó peor parada. En el escenario adverso contemplado por la EBA, la caja alicantina situó su capital principal en sólo el 3%. El análisis de la agencia europea apuntó que, en estas condiciones, necesitaría incrementar su capital en 947 millones de euros. Sin embargo, la existencia de provisiones genéricas (especialmente importantes tratándose de nuestras entidades financieras) llevó el ratio hasta el 5,1 %, por lo que no tendría que elevar el capital. La caja anunció en fechas pasadas que contaba con 5.164 millones de euros de capital principal, y que a ellos había que sumarles otros mil millones de euros de provisiones genéricas.

CAM fue la caja que quedó peor parada. En el escenario adverso contemplado por la EBA, la caja alicantina situó su capital principal en sólo el 3%. El análisis de la agencia europea apuntó que, en estas condiciones, necesitaría incrementar su capital en 947 millones de euros. Sin embargo, la existencia de provisiones genéricas (especialmente importantes tratándose de nuestras entidades financieras) llevó el ratio hasta el 5,1 %, por lo que no tendría que elevar el capital. La caja anunció en fechas pasadas que contaba con 5.164 millones de euros de capital principal, y que a ellos había que sumarles otros mil millones de euros de provisiones genéricas.

CAM iba a ser, con casi toda probabilidad, nacionalizada. La caja había solicitado al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria 2.800 millones de euros para cumplir los requisitos de capital exigidos por la normativa aprobada en febrero. Con esta inyección el FROB tendría la mayoría de los derechos políticos. El fondo público relevaría a los gestores tras su entrada en el capital e intentaría subastar la entidad lo antes posible.

CAM iba a ser, con casi toda probabilidad, nacionalizada. La caja había solicitado al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria 2.800 millones de euros para cumplir los requisitos de capital exigidos por la normativa aprobada en febrero. Con esta inyección el FROB tendría la mayoría de los derechos políticos. El fondo público relevaría a los gestores tras su entrada en el capital e intentaría subastar la entidad lo antes posible.

Como ya se ha apuntado CAM trató de buscar una solución alternativa para evitar la nacionalización con negociaciones con inversores privados. Paralelamente la citada entidad estaba inmersa en un proceso de adelgazamiento para reducir los costes en 200 millones de euros hasta 2015. Ade-

Como ya se ha apuntado CAM trató de buscar una solución alternativa para evitar la nacionalización con negociaciones con inversores privados. Paralelamente la citada entidad estaba inmersa en un proceso de adelgazamiento para reducir los costes en 200 millones de euros hasta 2015. Ade-

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Juan Calvo Vérgez

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más de la venta de participaciones, su plan incluía el cierre de 122 oficinas durante este año y la salida de 973 empleados mediante un ERE.

más de la venta de participaciones, su plan incluía el cierre de 122 oficinas durante este año y la salida de 973 empleados mediante un ERE.

CatalunyaCaixa no superó el peor de los escenarios previstos en las pruebas de resistencia al quedarse con una ratio de capital del 4,8%, frente al 5% exigido. No obstante dicha entidad no necesitaría capital adicional a los 1.718 millones que ya preveía recibir del FROB en septiembre de 2011 a través de Catalunya Banc. Sólo con que los test hubieran tenido en cuenta las plusvalías derivadas de la venta del 1,63% de Repsol –efectuada el 19 de enero de 2011– la citada caja ya habría alcanzado un capital del 5,2%. Y si a dicha cifra se le sumaban las provisiones genéricas, su ratio a 31 de diciembre de 2012, en el peor escenario, se situaría en el 6,3%, es decir, 650 millones más del mínimo exigido.

CatalunyaCaixa no superó el peor de los escenarios previstos en las pruebas de resistencia al quedarse con una ratio de capital del 4,8%, frente al 5% exigido. No obstante dicha entidad no necesitaría capital adicional a los 1.718 millones que ya preveía recibir del FROB en septiembre de 2011 a través de Catalunya Banc. Sólo con que los test hubieran tenido en cuenta las plusvalías derivadas de la venta del 1,63% de Repsol –efectuada el 19 de enero de 2011– la citada caja ya habría alcanzado un capital del 5,2%. Y si a dicha cifra se le sumaban las provisiones genéricas, su ratio a 31 de diciembre de 2012, en el peor escenario, se situaría en el 6,3%, es decir, 650 millones más del mínimo exigido.

Al igual que CatalunyaCaixa, Unnim también suspendió en julio de 2010. En esta ocasión, sin embargo, se quedó con una ratio de capital del 4,5%, es decir, 85 millones de euros por debajo del mínimo exigido. Esta cifra incluía los 568 millones que la entidad tenía derecho a solicitar al Frob. La caja afirmó que si se hubieran computado las provisiones genéricas, substándar y los fondos de pérdida esperada (que sumaban 412 millones) su ratio de core Tier 1 habría sido del 6,2 por ciento al cierre de 2012 en el escenario más estresado, lo que se traduciría en 204 millones más del mínimo. A este respecto la citada entidad anunció que había constituido Unnim Banc tras obtener la ficha bancaria, con un capital inicial de 18 millones de euros. La caja insistía en que confiaba en poder cerrar en breves fechas una fusión con una caja sin presencia en Cataluña.

Al igual que CatalunyaCaixa, Unnim también suspendió en julio de 2010. En esta ocasión, sin embargo, se quedó con una ratio de capital del 4,5%, es decir, 85 millones de euros por debajo del mínimo exigido. Esta cifra incluía los 568 millones que la entidad tenía derecho a solicitar al Frob. La caja afirmó que si se hubieran computado las provisiones genéricas, substándar y los fondos de pérdida esperada (que sumaban 412 millones) su ratio de core Tier 1 habría sido del 6,2 por ciento al cierre de 2012 en el escenario más estresado, lo que se traduciría en 204 millones más del mínimo. A este respecto la citada entidad anunció que había constituido Unnim Banc tras obtener la ficha bancaria, con un capital inicial de 18 millones de euros. La caja insistía en que confiaba en poder cerrar en breves fechas una fusión con una caja sin presencia en Cataluña.

Banco Pastor fue el único banco español que no superó la prueba de los test de estrés. La entidad contó con una nota final de 3,3%, por la cual necesitaría 317 millones de euros para llegar al 5% exigido por los test de estrés en el escenario adverso de la prueba. No obstante, la entidad no iba a tener que reforzarse, gracias a las provisiones genéricas y a una emisión de convertibles de 250 millones realizada en abril de 2011. Con este refuerzo la entidad alcanzaba una ratio de core capital del 5,6%. Debe precisarse además que la citada entidad no había recibido apoyo público del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria.

Banco Pastor fue el único banco español que no superó la prueba de los test de estrés. La entidad contó con una nota final de 3,3%, por la cual necesitaría 317 millones de euros para llegar al 5% exigido por los test de estrés en el escenario adverso de la prueba. No obstante, la entidad no iba a tener que reforzarse, gracias a las provisiones genéricas y a una emisión de convertibles de 250 millones realizada en abril de 2011. Con este refuerzo la entidad alcanzaba una ratio de core capital del 5,6%. Debe precisarse además que la citada entidad no había recibido apoyo público del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria.

Por último se ha de aludir al suspenso formal de Caja 3, el grupo integrado por CAI, Círculo y Badajoz. Dicho grupo fue el único proceso de

Por último se ha de aludir al suspenso formal de Caja 3, el grupo integrado por CAI, Círculo y Badajoz. Dicho grupo fue el único proceso de

La recapitalización de las entidades financieras

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integración de cajas que no había solicitado ayudas públicas para su constitución. No requirió apoyo del FROB en la primera ronda de ayudas en forma de participaciones preferentes, y tampoco se vió obligada a reforzar su capital como consecuencia de los nuevos mínimos de capital exigidos en España como consecuencia del decreto de solvencia.

integración de cajas que no había solicitado ayudas públicas para su constitución. No requirió apoyo del FROB en la primera ronda de ayudas en forma de participaciones preferentes, y tampoco se vió obligada a reforzar su capital como consecuencia de los nuevos mínimos de capital exigidos en España como consecuencia del decreto de solvencia.

El test de estrés realizado a esta entidad en julio de 2011 puso de manifiesto que Caja 3 tenía una ratio de solvencia de calidad (core tier 1) del 4% en el escenario extremo a cierre de 2012, por debajo del 5% exigido. Sin embargo, si se incluyese su colchón de provisión genérica (hucha anticrisis), la ratio se disparaba hasta el 6,6%. La citada caja estimó que no necesitaba necesidades adicionales de capital, al contar con un capital principal del 8,85% y gozar de una baja dependencia de los mercados mayoristas (3,7%) y de una holgada posición de liquidez, que alcanzaba el 14% de los activos líquidos sobre balance.

El test de estrés realizado a esta entidad en julio de 2011 puso de manifiesto que Caja 3 tenía una ratio de solvencia de calidad (core tier 1) del 4% en el escenario extremo a cierre de 2012, por debajo del 5% exigido. Sin embargo, si se incluyese su colchón de provisión genérica (hucha anticrisis), la ratio se disparaba hasta el 6,6%. La citada caja estimó que no necesitaba necesidades adicionales de capital, al contar con un capital principal del 8,85% y gozar de una baja dependencia de los mercados mayoristas (3,7%) y de una holgada posición de liquidez, que alcanzaba el 14% de los activos líquidos sobre balance.

Por lo que respecta al resto de entidades, BFA-Bankia logró un Core Tier I Capital del 5,4% en el escenario más adverso previsto para 2012, gracias a que el resultado de las pruebas tuvo en cuenta su estreno bursátil. Concretamente, los test estimaron una colocación de 3.000 millones de euros, por debajo de la horquilla establecida por la entidad, de entre 3.636 y 4.164 millones de euros. Ahora bien, si no se hubiese contemplado dicha operación ni el compromiso del FROB de respaldar a Bankia, la nota hubiese bajado al 4%. Y, por otro lado, si se añadiesen las dotaciones realizadas para la cobertura de pérdidas, que sumaban más de 4.200 millones de euros, Bankia obtendría un 6,5%.

Por lo que respecta al resto de entidades, BFA-Bankia logró un Core Tier I Capital del 5,4% en el escenario más adverso previsto para 2012, gracias a que el resultado de las pruebas tuvo en cuenta su estreno bursátil. Concretamente, los test estimaron una colocación de 3.000 millones de euros, por debajo de la horquilla establecida por la entidad, de entre 3.636 y 4.164 millones de euros. Ahora bien, si no se hubiese contemplado dicha operación ni el compromiso del FROB de respaldar a Bankia, la nota hubiese bajado al 4%. Y, por otro lado, si se añadiesen las dotaciones realizadas para la cobertura de pérdidas, que sumaban más de 4.200 millones de euros, Bankia obtendría un 6,5%.

Caixabank superó las nuevas pruebas de resistencia al contabilizar un ratio de capital (core Tier1) del 6,4% en 2012 en el peor de los escenarios posibles. Dicho resultado incorporaba la mitad de las obligaciones necesariamente convertibles en acciones de CaixaBank por importe de 1.500 millones suscrita en junio de 2011. De este modo, si se sumaba la otra mitad de la emisión más otros elementos como las provisiones genéricas, el ratio de capital se elevaba hasta el 9,1%. En dicho cálculo la citada entidad incluía, además, las plusvalías latentes que obtendría con la venta del 5% que controla en Telefónica, ya que se trataba de una participación clasificada en su balance como de disponible para la venta91.

Caixabank superó las nuevas pruebas de resistencia al contabilizar un ratio de capital (core Tier1) del 6,4% en 2012 en el peor de los escenarios posibles. Dicho resultado incorporaba la mitad de las obligaciones necesariamente convertibles en acciones de CaixaBank por importe de 1.500 millones suscrita en junio de 2011. De este modo, si se sumaba la otra mitad de la emisión más otros elementos como las provisiones genéricas, el ratio de capital se elevaba hasta el 9,1%. En dicho cálculo la citada entidad incluía, además, las plusvalías latentes que obtendría con la venta del 5% que controla en Telefónica, ya que se trataba de una participación clasificada en su balance como de disponible para la venta91.

91 Con carácter adicional, dentro de las medidas mitigadoras estipuladas por La Caixa figuraba además la operación de venta del 50% de VidaCaixa Adeslas a Mutua Madrileña (cerrada durante el 2011), así como la reclasificación de la participación del 12,7% en Repsol.

91 Con carácter adicional, dentro de las medidas mitigadoras estipuladas por La Caixa figuraba además la operación de venta del 50% de VidaCaixa Adeslas a Mutua Madrileña (cerrada durante el 2011), así como la reclasificación de la participación del 12,7% en Repsol.

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Juan Calvo Vérgez

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En el caso concreto de Novacaixa, su aprobado contó con la aportación futura del capital público (a través del FROB II), que rondaría los 1.600 millones de euros si lograse otros mil entre su proceso de capitalización interno y la captación de inversores. Descontando la aportación del FROB, su nota se quedó en un 0,6%. La caja gallega destacó que el resultado de esta prueba respaldaba su fortaleza financiera y su política de máxima prudencia, recordando que ya en 2010 realizó un saneamiento bruto por importe de 3.008 millones de euros (1.162 millones del FROB I) que rebajó sus reservas en 2.094 millones y situó su core Tier en el 5,28%.

En el caso concreto de Novacaixa, su aprobado contó con la aportación futura del capital público (a través del FROB II), que rondaría los 1.600 millones de euros si lograse otros mil entre su proceso de capitalización interno y la captación de inversores. Descontando la aportación del FROB, su nota se quedó en un 0,6%. La caja gallega destacó que el resultado de esta prueba respaldaba su fortaleza financiera y su política de máxima prudencia, recordando que ya en 2010 realizó un saneamiento bruto por importe de 3.008 millones de euros (1.162 millones del FROB I) que rebajó sus reservas en 2.094 millones y situó su core Tier en el 5,28%.

Por lo que respecta a Banca Cívica, el aprobado obtenido por la citada entidad en las pruebas realizadas por la EBA fue considerado por esta entidad como el resultado del proceso de saneamiento realizado en 2010 y como un refuerzo ante los mercados en pleno proceso de salida a bolsa. Los resultados de los test de estrés otorgaron a Banca Cívica un core Tier 1 del 5,6% en 2012, por lo que superó en seis décimas el mínimo establecido. Sin embargo, ese porcentaje se elevaba al 9,4% si se contemplaban las provisiones genéricas y subestándar92.

Por lo que respecta a Banca Cívica, el aprobado obtenido por la citada entidad en las pruebas realizadas por la EBA fue considerado por esta entidad como el resultado del proceso de saneamiento realizado en 2010 y como un refuerzo ante los mercados en pleno proceso de salida a bolsa. Los resultados de los test de estrés otorgaron a Banca Cívica un core Tier 1 del 5,6% en 2012, por lo que superó en seis décimas el mínimo establecido. Sin embargo, ese porcentaje se elevaba al 9,4% si se contemplaban las provisiones genéricas y subestándar92.

Ha de precisarse además que, por aquel entonces, Banca Cívica estaba en proceso de salida a Bolsa, al objeto de reforzar su capital, facilitando la futura expansión del grupo y ayudando a superar incluso criterios más exigentes. Concretamente, al cierre de la OPV con fecha de 15 de julio de 2011 la demanda de acciones en el tramo minorista y empleados ascendía a más de 860 millones, una cifra por encima de lo esperado.

Ha de precisarse además que, por aquel entonces, Banca Cívica estaba en proceso de salida a Bolsa, al objeto de reforzar su capital, facilitando la futura expansión del grupo y ayudando a superar incluso criterios más exigentes. Concretamente, al cierre de la OPV con fecha de 15 de julio de 2011 la demanda de acciones en el tramo minorista y empleados ascendía a más de 860 millones, una cifra por encima de lo esperado.

Bankinter, que obtuvo un 5,3%, apuntó que esta calificación tan ajustada se debía a que, como ya se ha señalado, los bancos españoles no habían podido incluir las provisiones genéricas fijadas por el Banco de España en sus resultados de las pruebas de esfuerzo. De este modo, incluyéndose dichas dotaciones la calificación de la citada entidad sería del 6,8%. Una situación similar se planteó en relación con el Banco Popular, que tuvo una

Bankinter, que obtuvo un 5,3%, apuntó que esta calificación tan ajustada se debía a que, como ya se ha señalado, los bancos españoles no habían podido incluir las provisiones genéricas fijadas por el Banco de España en sus resultados de las pruebas de esfuerzo. De este modo, incluyéndose dichas dotaciones la calificación de la citada entidad sería del 6,8%. Una situación similar se planteó en relación con el Banco Popular, que tuvo una

Recuérdese que Banca Cívica fue el resultado de la operación realizada por Caja Navarra, Caja Sol, Caja Burgos y Caja General de Canarias, que en 2010 llevó a cabo uno de los mayores ejercicios de saneamiento del sector, al provisionar reservas por importe de 4.414 millones, para compensar futuras pérdidas en los próximos años, derivadas de la cartera crediticia y de activos adjudicados. Se llevó a cabo así uno de los mayores ejercicios de anticipación de riesgos que permitió situar su nivel de cobertura en diciembre de 2010 en el 113%, a lo que se añadió una cobertura total de los préstamos dudosos (100%) y los subestándar (111%).

Recuérdese que Banca Cívica fue el resultado de la operación realizada por Caja Navarra, Caja Sol, Caja Burgos y Caja General de Canarias, que en 2010 llevó a cabo uno de los mayores ejercicios de saneamiento del sector, al provisionar reservas por importe de 4.414 millones, para compensar futuras pérdidas en los próximos años, derivadas de la cartera crediticia y de activos adjudicados. Se llevó a cabo así uno de los mayores ejercicios de anticipación de riesgos que permitió situar su nivel de cobertura en diciembre de 2010 en el 113%, a lo que se añadió una cobertura total de los préstamos dudosos (100%) y los subestándar (111%).

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La recapitalización de las entidades financieras

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emisión de convertibles que vencía después de 2012 y que no había podido computar. Incluyéndose la provisión anticrisis, su nota era del 7,4%.

emisión de convertibles que vencía después de 2012 y que no había podido computar. Incluyéndose la provisión anticrisis, su nota era del 7,4%.

Así las cosas cabía concluir que con el conjunto de medidas adoptadas a través del Real Decreto-Ley de reforzamiento del sistema financiero y con la aportación de la provisión genérica no sería necesario más capital como consecuencia del test. Recuérdese que, de conformidad con la metolología de la prueba adoptada, no se computó como capital la provisión genérica (colchón anticrisis), lo que terminó perjudicando a las entidades financieras de nuestro país. No obstante, a la hora de solicitar capital la EBA reconoció la capacidad de absorción de pérdidas de la provisión genérica.

Así las cosas cabía concluir que con el conjunto de medidas adoptadas a través del Real Decreto-Ley de reforzamiento del sistema financiero y con la aportación de la provisión genérica no sería necesario más capital como consecuencia del test. Recuérdese que, de conformidad con la metolología de la prueba adoptada, no se computó como capital la provisión genérica (colchón anticrisis), lo que terminó perjudicando a las entidades financieras de nuestro país. No obstante, a la hora de solicitar capital la EBA reconoció la capacidad de absorción de pérdidas de la provisión genérica.

Tras la realización de las pruebas de resistencia se reconoció como capital de las entidades un total de 22.848 millones de euros de ayudas públicas del Estado –tanto apoyos desembolsados, como solicitados o comprometidos en caso de no salir adelante proyectos con capital privado–. Si el Estado no hubiese salido en apoyo de la banca, seis cajas de ahorro hubiesen quedado en la prueba por debajo del listón exigido: un 5% de capital de máxima calidad o core tier 1. Sería así incluso contabilizando en la nota final el colchón de provisiones genéricas en el escenario más adverso de la prueba. El Banco de España tendría que obligar ahora a CAM, Novacaixagalicia, CatalunyaCaixa, Unnim, Bankia-BFA y Caja España-Duero a buscar una alternativa de mercado o de respaldo público inmediata y apresurada para cumplir con los criterios de solvencia de la Autoridad Bancaria Europea. Téngase presente que al capital de máxima calidad que tendría la entidad a cierre de 2012 en el escenario extremo habría que restarle las dos rondas de ayudas del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria. Posteriormente, a la ratio de capital obtenida se le sumarían los puntos porcentuales de solvencia que aporta la provisión genérica y otros refuerzos reconocidos.

Tras la realización de las pruebas de resistencia se reconoció como capital de las entidades un total de 22.848 millones de euros de ayudas públicas del Estado –tanto apoyos desembolsados, como solicitados o comprometidos en caso de no salir adelante proyectos con capital privado–. Si el Estado no hubiese salido en apoyo de la banca, seis cajas de ahorro hubiesen quedado en la prueba por debajo del listón exigido: un 5% de capital de máxima calidad o core tier 1. Sería así incluso contabilizando en la nota final el colchón de provisiones genéricas en el escenario más adverso de la prueba. El Banco de España tendría que obligar ahora a CAM, Novacaixagalicia, CatalunyaCaixa, Unnim, Bankia-BFA y Caja España-Duero a buscar una alternativa de mercado o de respaldo público inmediata y apresurada para cumplir con los criterios de solvencia de la Autoridad Bancaria Europea. Téngase presente que al capital de máxima calidad que tendría la entidad a cierre de 2012 en el escenario extremo habría que restarle las dos rondas de ayudas del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria. Posteriormente, a la ratio de capital obtenida se le sumarían los puntos porcentuales de solvencia que aporta la provisión genérica y otros refuerzos reconocidos.

A pesar de que no todas las ayudas públicas contabilizadas por EBA en los test iban a ser desembolsadas por el Estado, sí que existía la garantía de que estos fondos estarían disponibles en caso de que hiciesen falta. Las autoridades españolas ya habían desembolsado 10.066 millones de euros en forma de préstamos públicos (el denominado Frob 1), que las entidades tenían que devolver a un tipo de interés del 7,75%. Además, el Estado iba a tener que inyectar próximamente capital público en cuatro cajas que iban a ser nacionalizadas: CAM, Novacaixagalicia, CatalunyaCaixa, Unnim. Juntas necesitarían un máximo de 7.708 millones de euros.

A pesar de que no todas las ayudas públicas contabilizadas por EBA en los test iban a ser desembolsadas por el Estado, sí que existía la garantía de que estos fondos estarían disponibles en caso de que hiciesen falta. Las autoridades españolas ya habían desembolsado 10.066 millones de euros en forma de préstamos públicos (el denominado Frob 1), que las entidades tenían que devolver a un tipo de interés del 7,75%. Además, el Estado iba a tener que inyectar próximamente capital público en cuatro cajas que iban a ser nacionalizadas: CAM, Novacaixagalicia, CatalunyaCaixa, Unnim. Juntas necesitarían un máximo de 7.708 millones de euros.

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Juan Calvo Vérgez

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Juan Calvo Vérgez

Bankia, Banca Cívica, Grupo BMN y Grupo Cajastur se encontraban en la recta final de su salida a bolsa o en la búsqueda de acuerdos con los inversores. La prueba de resistencia había computado como capital los fondos que estas entidades preveían obtener, dado que el Gobierno, a través del decreto de solvencia de febrero, se había comprometido a poner ese dinero en caso de que no prosperen estas operaciones.

Bankia, Banca Cívica, Grupo BMN y Grupo Cajastur se encontraban en la recta final de su salida a bolsa o en la búsqueda de acuerdos con los inversores. La prueba de resistencia había computado como capital los fondos que estas entidades preveían obtener, dado que el Gobierno, a través del decreto de solvencia de febrero, se había comprometido a poner ese dinero en caso de que no prosperen estas operaciones.

Si la colocación bursátil de Bankia no se pudiera concretar por la inestabilidad del mercado, el Estado inyectaría entre 1.795 y 5.975 millones de euros en su capital. Sin embargo, en la prueba de resistencia sólo se contabilizaron 3.000 millones como fondos propios, siguiendo criterios de máxima prudencia. En el resto de cajas de ahorro que preveían acudir al mercado, el capital que podrían obtener por la vía privada sería similar al que podría llegar a inyectar el FROB y al que se había computado en la prueba.

Si la colocación bursátil de Bankia no se pudiera concretar por la inestabilidad del mercado, el Estado inyectaría entre 1.795 y 5.975 millones de euros en su capital. Sin embargo, en la prueba de resistencia sólo se contabilizaron 3.000 millones como fondos propios, siguiendo criterios de máxima prudencia. En el resto de cajas de ahorro que preveían acudir al mercado, el capital que podrían obtener por la vía privada sería similar al que podría llegar a inyectar el FROB y al que se había computado en la prueba.

De cualquier manera se ha de reconocer que desde el sector financiero español se llevó a cabo, simultáneamente, un meritorio ejercicio de fortalecimiento (en términos de solvencia y liquidez), saneamiento (con un importe equivalente al 9% del PIB español), consolidación (con un relevante proceso de integración, sobre todo de las cajas de ahorro) y transformación (con la bancarización y apelación al mercado de los grupos de cajas). Se trata de un proceso que debe ser objeto de reconocimiento debido a su importancia, alcance y rapidez. Además, actores fundamentales del sector financiero español han afrontado la crisis desde la sólida posición que les permite su diversificación, buena gestión y un modelo de negocio de banca minorista centrado en el cliente que se ha revelado como un modelo de éxito. Y ello con independencia de que nuestro sector financiero haya requerido de determinadas ayudas públicas en un volumen muy inferior al de otros mercados.

De cualquier manera se ha de reconocer que desde el sector financiero español se llevó a cabo, simultáneamente, un meritorio ejercicio de fortalecimiento (en términos de solvencia y liquidez), saneamiento (con un importe equivalente al 9% del PIB español), consolidación (con un relevante proceso de integración, sobre todo de las cajas de ahorro) y transformación (con la bancarización y apelación al mercado de los grupos de cajas). Se trata de un proceso que debe ser objeto de reconocimiento debido a su importancia, alcance y rapidez. Además, actores fundamentales del sector financiero español han afrontado la crisis desde la sólida posición que les permite su diversificación, buena gestión y un modelo de negocio de banca minorista centrado en el cliente que se ha revelado como un modelo de éxito. Y ello con independencia de que nuestro sector financiero haya requerido de determinadas ayudas públicas en un volumen muy inferior al de otros mercados.

Cabía estimar, en consecuencia, que nuestro sistema financiero se hallaba situado en una posición global caracterizada por su elevado grado de transparencia y por la discordancia que parecía haberse producido entre los criterios utilizados para la elaboración de los tests y los que resultaban de la aplicación de la regulación bancaria española y, en especial, del Real Decreto-Ley 2/2011. Y, a pesar de la existencia de una crisis financiera internacional sin precedentes y de una profunda crisis económica nacional, nuestro sistema parecía haber aprovechado los últimos tres años para situarse en una posición global más sólida, que se traducía en un retorno a la senda del crecimiento cuando las condiciones externas lo hicieran posible.

Cabía estimar, en consecuencia, que nuestro sistema financiero se hallaba situado en una posición global caracterizada por su elevado grado de transparencia y por la discordancia que parecía haberse producido entre los criterios utilizados para la elaboración de los tests y los que resultaban de la aplicación de la regulación bancaria española y, en especial, del Real Decreto-Ley 2/2011. Y, a pesar de la existencia de una crisis financiera internacional sin precedentes y de una profunda crisis económica nacional, nuestro sistema parecía haber aprovechado los últimos tres años para situarse en una posición global más sólida, que se traducía en un retorno a la senda del crecimiento cuando las condiciones externas lo hicieran posible.

La recapitalización de las entidades financieras

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La recapitalización de las entidades financieras

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Se trataba de una tendencia de mejora que, desde nuestro punto de vista, resultaba significativa y que debía ser valorada positivamente.

Se trataba de una tendencia de mejora que, desde nuestro punto de vista, resultaba significativa y que debía ser valorada positivamente.

En el caso de aquellas entidades que resultaron penalizadas a resultas de la realización de estas segundas pruebas, creemos que debía diferenciarse entre aquellas que se vieron perjudicadas por el hecho, ciertamente discutible, de que no se hubiesen contabilizado determinados instrumentos que sí hubieran debido serlo con arreglo a la legislación española (y que, por consiguiente, debían ser consideradas suficientemente capitalizadas) de aquellas otras que, partiendo de una situación más difícil (ya evidenciada en el ejercicio del año anterior) se encontraban inmersas precisamente en un esfuerzo de saneamiento y ajuste del que resultaría una situación mucho más confortable a corto o medio plazo.

En el caso de aquellas entidades que resultaron penalizadas a resultas de la realización de estas segundas pruebas, creemos que debía diferenciarse entre aquellas que se vieron perjudicadas por el hecho, ciertamente discutible, de que no se hubiesen contabilizado determinados instrumentos que sí hubieran debido serlo con arreglo a la legislación española (y que, por consiguiente, debían ser consideradas suficientemente capitalizadas) de aquellas otras que, partiendo de una situación más difícil (ya evidenciada en el ejercicio del año anterior) se encontraban inmersas precisamente en un esfuerzo de saneamiento y ajuste del que resultaría una situación mucho más confortable a corto o medio plazo.

Con fecha de 20 de julio de 2011 se conoció que los grupos de las cajas de ahorro españolas obtuvieron en el primer trimestre de 2011 un beneficio atribuido a la entidad dominante de 1.152 millones de euros, lo que representó un incremento del 14,5% respecto al mismo periodo del año anterior. Según datos de la CECA, el resultado antes de impuestos se situó en 1.340 millones de euros, un 4,4% más, mientras que el beneficio consolidado alcanzó los 1.278 millones de euros, lo que supuso un aumento del 10,2%.

Con fecha de 20 de julio de 2011 se conoció que los grupos de las cajas de ahorro españolas obtuvieron en el primer trimestre de 2011 un beneficio atribuido a la entidad dominante de 1.152 millones de euros, lo que representó un incremento del 14,5% respecto al mismo periodo del año anterior. Según datos de la CECA, el resultado antes de impuestos se situó en 1.340 millones de euros, un 4,4% más, mientras que el beneficio consolidado alcanzó los 1.278 millones de euros, lo que supuso un aumento del 10,2%.

La Confederación Española de Cajas de Ahorro destacó que la contención de gastos y el resultado de las participadas contribuyeron a la mejora del beneficio trimestral. En concreto, los resultados de las empresas que consolidaban por el método de participación ascendieron a 537 millones de euros, un 131,2% más que en el mismo periodo de 2010. Asimismo las cajas obtuvieron estos beneficios trimestrales en un entorno caracterizado por un débil crecimiento económico en España y una notable inestabilidad de los mercados financieros internacionales. Estas circunstancias propiciaron una contracción del 3,2% del balance agregado, que se situó en 1,29 billones de euros.

La Confederación Española de Cajas de Ahorro destacó que la contención de gastos y el resultado de las participadas contribuyeron a la mejora del beneficio trimestral. En concreto, los resultados de las empresas que consolidaban por el método de participación ascendieron a 537 millones de euros, un 131,2% más que en el mismo periodo de 2010. Asimismo las cajas obtuvieron estos beneficios trimestrales en un entorno caracterizado por un débil crecimiento económico en España y una notable inestabilidad de los mercados financieros internacionales. Estas circunstancias propiciaron una contracción del 3,2% del balance agregado, que se situó en 1,29 billones de euros.

El margen de intereses, que recoge la diferencia entre los intereses obtenidos y los pagados, se situó en 3.039 millones de euros en el primer trimestre de 2011, con una caída del 28,1% respecto al mismo periodo del año anterior. Este resultado obedeció al fuerte aumento de los intereses y cargas asimiladas, como consecuencia del encarecimiento en la captación de pasivo y de la refinanciación en los mercados mayoristas. El margen

El margen de intereses, que recoge la diferencia entre los intereses obtenidos y los pagados, se situó en 3.039 millones de euros en el primer trimestre de 2011, con una caída del 28,1% respecto al mismo periodo del año anterior. Este resultado obedeció al fuerte aumento de los intereses y cargas asimiladas, como consecuencia del encarecimiento en la captación de pasivo y de la refinanciación en los mercados mayoristas. El margen

212

Juan Calvo Vérgez

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Juan Calvo Vérgez

intermediación alcanzó los 3.263 millones de euros, lo que supuso un descenso del 28,9% respecto al primer trimestre de 2010, mientras que el margen ordinario se situó en 5.702 millones, un 18% menos. Tras aplicar la partida de otros resultados de explotación, el margen bruto registró un total de 5.940 millones de euros, un 19,4% menos, mientras que el margen de explotación descendió un 31,8%, hasta situarse en 2.434 millones de euros. Las pérdidas netas por deterioro de activos restaron 1.083 millones a la cuenta de resultados, una cifra que representó aproximadamente la mitad a la registrada en el mismo periodo de 2010. Y las pérdidas por deterioro de otros activos adoptaron una tendencia similar y descendieron un 35,3%, mientras que la aportación de los resultados extraordinarios también se redujo un 83,4%93.

intermediación alcanzó los 3.263 millones de euros, lo que supuso un descenso del 28,9% respecto al primer trimestre de 2010, mientras que el margen ordinario se situó en 5.702 millones, un 18% menos. Tras aplicar la partida de otros resultados de explotación, el margen bruto registró un total de 5.940 millones de euros, un 19,4% menos, mientras que el margen de explotación descendió un 31,8%, hasta situarse en 2.434 millones de euros. Las pérdidas netas por deterioro de activos restaron 1.083 millones a la cuenta de resultados, una cifra que representó aproximadamente la mitad a la registrada en el mismo periodo de 2010. Y las pérdidas por deterioro de otros activos adoptaron una tendencia similar y descendieron un 35,3%, mientras que la aportación de los resultados extraordinarios también se redujo un 83,4%93.

Por otra parte las cajas cerraron el primer semestre de 2011 con una plantilla de 122.000 empleados, lo que supuso un recorte del 10% respecto a los máximos alcanzados en 2008, cuando se superaron los 135.000 puestos de trabajo. Sólo entre abril y junio de 2011 el sector redujo su plantilla en 2.750 empleos, frente a los menos de 400 puestos de reducción del primer trimestre del citado año.

Por otra parte las cajas cerraron el primer semestre de 2011 con una plantilla de 122.000 empleados, lo que supuso un recorte del 10% respecto a los máximos alcanzados en 2008, cuando se superaron los 135.000 puestos de trabajo. Sólo entre abril y junio de 2011 el sector redujo su plantilla en 2.750 empleos, frente a los menos de 400 puestos de reducción del primer trimestre del citado año.

La aceleración del ajuste también resultó palpable en la red, que se recortó un 12,5% desde 2008. Aquel año las cajas contaban con 25.051 oficinas, frente a las 21.914 existentes a septiembre de 2011. Se cerraron, por tanto, casi 3.150 sucursales. Del total, 486 clausuras se llevaron a cabo en el segundo trimestre de 2011. Las fusiones pactadas en 2010 fueron acelerándose con la finalidad de ganar eficiencia (gastos sobre ingresos), siendo esencial para la sostenibilidad a medio plazo, pero también a corto, el hecho de que la caída de ingresos y las provisiones presionase los beneficios.

La aceleración del ajuste también resultó palpable en la red, que se recortó un 12,5% desde 2008. Aquel año las cajas contaban con 25.051 oficinas, frente a las 21.914 existentes a septiembre de 2011. Se cerraron, por tanto, casi 3.150 sucursales. Del total, 486 clausuras se llevaron a cabo en el segundo trimestre de 2011. Las fusiones pactadas en 2010 fueron acelerándose con la finalidad de ganar eficiencia (gastos sobre ingresos), siendo esencial para la sostenibilidad a medio plazo, pero también a corto, el hecho de que la caída de ingresos y las provisiones presionase los beneficios.

Los planes de integración de las cajas preveían recortes de entre el 10% y el 25% en el número de oficinas, y de entre el 12% y el 18% en las plantillas. A estas cifras había que añadir, además, los ajustes adicionales

Los planes de integración de las cajas preveían recortes de entre el 10% y el 25% en el número de oficinas, y de entre el 12% y el 18% en las plantillas. A estas cifras había que añadir, además, los ajustes adicionales

A la luz de los datos definitivos de actividad del mes de mayo de 2011, las cajas de ahorro contaron con unos recursos de clientes totales de 963.628 millones de euros, un 2,3% menos que en el mismo mes de 2010. En el caso de los depósitos de clientes, la cifra ascendía en los cinco primeros meses del año a 741.414 millones de euros, un 2,2% menos que a mayo de 2010. Por lo que respecta a las inversiones, las cajas cerraron el mes de mayo de 2011 con una cartera de crédito de 898.015 millones de euros, un 2,7% menos. El crédito al sector privado residente se situó, por su parte, en 845.955 millones de euros, un 3,1% menos.

A la luz de los datos definitivos de actividad del mes de mayo de 2011, las cajas de ahorro contaron con unos recursos de clientes totales de 963.628 millones de euros, un 2,3% menos que en el mismo mes de 2010. En el caso de los depósitos de clientes, la cifra ascendía en los cinco primeros meses del año a 741.414 millones de euros, un 2,2% menos que a mayo de 2010. Por lo que respecta a las inversiones, las cajas cerraron el mes de mayo de 2011 con una cartera de crédito de 898.015 millones de euros, un 2,7% menos. El crédito al sector privado residente se situó, por su parte, en 845.955 millones de euros, un 3,1% menos.

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contemplados en los procesos de recapitalización para cumplir los nuevos mínimos de solvencia.

contemplados en los procesos de recapitalización para cumplir los nuevos mínimos de solvencia.

En todo caso, ya a principios del mes de septiembre de 2011 quedó puesto de manifiesto que las cajas más débiles necesitaban más tiempo. Seis de los siete grupos que aún debían recapitalizarse mantenían negociaciones con inversores privados, tramitando su salida a bolsa, hallándose a la espera de las valoraciones del FROB, persiguiendo una fusión o buscando otras alternativas. Y ello con la finalidad de que el Banco de España pudiera pronunciarse y permitiese que se materialicen estas opciones, que se encuentran en distinto grado de ejecución.

En todo caso, ya a principios del mes de septiembre de 2011 quedó puesto de manifiesto que las cajas más débiles necesitaban más tiempo. Seis de los siete grupos que aún debían recapitalizarse mantenían negociaciones con inversores privados, tramitando su salida a bolsa, hallándose a la espera de las valoraciones del FROB, persiguiendo una fusión o buscando otras alternativas. Y ello con la finalidad de que el Banco de España pudiera pronunciarse y permitiese que se materialicen estas opciones, que se encuentran en distinto grado de ejecución.

La caída de los mercados, la inquietud de los inversores, el retraso en las valoraciones del FROB y la complejidad de los procesos ralentizaron la búsqueda de capital. Cinco de los seis grupos se encontraban con dificultades para aumentar sus fondos propios. La posibilidad podía ejercerse como muy tarde hasta el 10 de septiembre. Las entidades podían solicitar al supervisor que les otorgase tres meses adicionales (hasta el 31 de diciembre) para resolver su futuro. Y, siendo la opción elegida la salida a bolsa, ésta podría ejecutarse hasta 2012. En todo caso el Banco de España debía decidir si les concedía más tiempo, aunque ello retrasase la recapitalización, con el fin de impulsar al máximo la entrada de capital privado, o bien si se decantaba por exigir el rigor temporal y acometer su intervención.

La caída de los mercados, la inquietud de los inversores, el retraso en las valoraciones del FROB y la complejidad de los procesos ralentizaron la búsqueda de capital. Cinco de los seis grupos se encontraban con dificultades para aumentar sus fondos propios. La posibilidad podía ejercerse como muy tarde hasta el 10 de septiembre. Las entidades podían solicitar al supervisor que les otorgase tres meses adicionales (hasta el 31 de diciembre) para resolver su futuro. Y, siendo la opción elegida la salida a bolsa, ésta podría ejecutarse hasta 2012. En todo caso el Banco de España debía decidir si les concedía más tiempo, aunque ello retrasase la recapitalización, con el fin de impulsar al máximo la entrada de capital privado, o bien si se decantaba por exigir el rigor temporal y acometer su intervención.

Grupo BMN fue la primera entidad en admitir que solicitaría la prórroga. El banco fruto de la integración de Caja Murcia, Caixa Penedès, Caja Granada y Sa Nostra inició a finales del mes de agosto de 2011 los trámites para salir a bolsa con el registro del borrador del folleto en la CNMV. El debut en el parqué se dejaría para el primer trimestre de 2012. Con fecha de 8 de septiembre de 2011 el citado grupo solicitó formalmente al Banco de España que prorrogase su plazo de recapitalización más allá del 30 de septiembre, ante las dificultades que afrontaban los mercados financieros. El citado grupo entregó al organismo regulador de los mercados la documentación sobre su plan de recapitalización incluyendo los avales obtenidos de inversores privados. Banco Mare Nostrum tenía una necesidad de capital de 637 millones de euros, según los datos del Banco de España publicados el pasado mes de marzo de 2011, en los que se contemplaba que el banco debería colocar el 20% del capital social. El citado Grupo comunicó además a la CNMV durante el mes de abril de 2011 que, a pesar de considerar

Grupo BMN fue la primera entidad en admitir que solicitaría la prórroga. El banco fruto de la integración de Caja Murcia, Caixa Penedès, Caja Granada y Sa Nostra inició a finales del mes de agosto de 2011 los trámites para salir a bolsa con el registro del borrador del folleto en la CNMV. El debut en el parqué se dejaría para el primer trimestre de 2012. Con fecha de 8 de septiembre de 2011 el citado grupo solicitó formalmente al Banco de España que prorrogase su plazo de recapitalización más allá del 30 de septiembre, ante las dificultades que afrontaban los mercados financieros. El citado grupo entregó al organismo regulador de los mercados la documentación sobre su plan de recapitalización incluyendo los avales obtenidos de inversores privados. Banco Mare Nostrum tenía una necesidad de capital de 637 millones de euros, según los datos del Banco de España publicados el pasado mes de marzo de 2011, en los que se contemplaba que el banco debería colocar el 20% del capital social. El citado Grupo comunicó además a la CNMV durante el mes de abril de 2011 que, a pesar de considerar

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Juan Calvo Vérgez

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viable la captación del capital mediante las vías establecidas, solicitaría apoyo financiero al FROB como medida cautelar y para el supuesto de que no pudiera cumplir los plazos establecidos.

viable la captación del capital mediante las vías establecidas, solicitaría apoyo financiero al FROB como medida cautelar y para el supuesto de que no pudiera cumplir los plazos establecidos.

Liberbank, el grupo participado por Cajastur, Caja Extremadura y Caja Cantabria, también preveía solicitar al Banco de España ampliar al máximo los plazos para buscar capital. Inversores privados y salida a bolsa en marzo de 2012 estaban en estudio, aunque también se analizaron otras alternativas como, por ejemplo, la generación interna de recursos o la venta de sociedades participadas.

Liberbank, el grupo participado por Cajastur, Caja Extremadura y Caja Cantabria, también preveía solicitar al Banco de España ampliar al máximo los plazos para buscar capital. Inversores privados y salida a bolsa en marzo de 2012 estaban en estudio, aunque también se analizaron otras alternativas como, por ejemplo, la generación interna de recursos o la venta de sociedades participadas.

Para Unnim, resultado de la fusión de Caixa Sabadell, Terrassa y Manlleu, acudir a la nacionalización parcial representaba la última de las opciones contempladas, si bien no se lograba alcanzar ningún acuerdo alternativo. Unnim apostó inicialmente por dar entrada a inversores. Sin embargo con posterioridad se centró en tratar de cerrar una fusión con Ibercaja, con Banca Cívica o con las cajas vascas.

Para Unnim, resultado de la fusión de Caixa Sabadell, Terrassa y Manlleu, acudir a la nacionalización parcial representaba la última de las opciones contempladas, si bien no se lograba alcanzar ningún acuerdo alternativo. Unnim apostó inicialmente por dar entrada a inversores. Sin embargo con posterioridad se centró en tratar de cerrar una fusión con Ibercaja, con Banca Cívica o con las cajas vascas.

Novacaixagalicia preveía que su banco, NCG, estuviese operando el 12 de septiembre de 2011, si bien presentaba el inconveniente de la elevada cuantía de capital que necesitaba. La citada caja, además, todavía no contaba la valoración realizada por el FROB, que entraría parcialmente. Sin ella, le resultaba difícil captar más fondos. Finalmente se supo que el FROB controlaría un 93% de la entidad tras inyectarle 2.465 millones de euros del Estado.

Novacaixagalicia preveía que su banco, NCG, estuviese operando el 12 de septiembre de 2011, si bien presentaba el inconveniente de la elevada cuantía de capital que necesitaba. La citada caja, además, todavía no contaba la valoración realizada por el FROB, que entraría parcialmente. Sin ella, le resultaba difícil captar más fondos. Finalmente se supo que el FROB controlaría un 93% de la entidad tras inyectarle 2.465 millones de euros del Estado.

Caja España Duero negociaba su fusión con Unicaja, siendo costoso el proceso de integración debido a la existencia de diferencias entre ambas cajas. Y, por último, CatalunyaCaixa daría dará entrada al FROB en su capital, lo que le permitiría ganar tiempo y plantearse la salida a bolsa. La incógnita residía en conocer qué porcentaje tomaría el Estado en el capital del banco creado.

Caja España Duero negociaba su fusión con Unicaja, siendo costoso el proceso de integración debido a la existencia de diferencias entre ambas cajas. Y, por último, CatalunyaCaixa daría dará entrada al FROB en su capital, lo que le permitiría ganar tiempo y plantearse la salida a bolsa. La incógnita residía en conocer qué porcentaje tomaría el Estado en el capital del banco creado.

En definitiva, en el supuesto de que el supervisor concediese una prórroga ello podría ser percibido como un síntoma de debilidad. Y, por lo que respecta a la otra opción planteada, la nacionalización en caso de que no se encontrasen fondos privados, obligaba al Banco de España a decidir si, en caso de convertirse en accionista de varios bancos creados por cajas, creaba una sociedad para agrupar estas participaciones.

En definitiva, en el supuesto de que el supervisor concediese una prórroga ello podría ser percibido como un síntoma de debilidad. Y, por lo que respecta a la otra opción planteada, la nacionalización en caso de que no se encontrasen fondos privados, obligaba al Banco de España a decidir si, en caso de convertirse en accionista de varios bancos creados por cajas, creaba una sociedad para agrupar estas participaciones.

La recapitalización de las entidades financieras

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Así las cosas con fecha de 9 de septiembre de 2011 el FROB optó por mantener su línea de exigir que se cumpliese el calendario de la recapitalización de las cajas, decidiendo otorgar un mayor plazo de tiempo únicamente a BMN y a Liberbank. Esta postura se traducía en la necesidad de que el Estado aportase las necesidades de capital íntegras de CAM, CatalunyaCaixa y Novacaixagalicia, siendo el importe mínimo a inyectar de 7.013 millones.

Así las cosas con fecha de 9 de septiembre de 2011 el FROB optó por mantener su línea de exigir que se cumpliese el calendario de la recapitalización de las cajas, decidiendo otorgar un mayor plazo de tiempo únicamente a BMN y a Liberbank. Esta postura se traducía en la necesidad de que el Estado aportase las necesidades de capital íntegras de CAM, CatalunyaCaixa y Novacaixagalicia, siendo el importe mínimo a inyectar de 7.013 millones.

En el caso específico de la CAM, como ya se ha señalado, sus necesidades de capital detectadas por el FROB databan de marzo de 2011. Sin embargo, tras su intervención y el consiguiente proceso de subasta iniciado, el estado financiero de la entidad empeoró. La citada caja entró en pérdidas, con 1.136 millones de euros durante el primer semestre de 2011. Tres meses antes había ganado casi cuarenta millones. Igualmente en el caso de Unnim el peso público en el sector se estimaba relevante. No obstante el período de tiempo que el capital público debía permanecer en las cajas sería diferente en los distintos grupos, en función de cómo se hallaran sus procesos, si bien nunca podría superar los cinco años.

En el caso específico de la CAM, como ya se ha señalado, sus necesidades de capital detectadas por el FROB databan de marzo de 2011. Sin embargo, tras su intervención y el consiguiente proceso de subasta iniciado, el estado financiero de la entidad empeoró. La citada caja entró en pérdidas, con 1.136 millones de euros durante el primer semestre de 2011. Tres meses antes había ganado casi cuarenta millones. Igualmente en el caso de Unnim el peso público en el sector se estimaba relevante. No obstante el período de tiempo que el capital público debía permanecer en las cajas sería diferente en los distintos grupos, en función de cómo se hallaran sus procesos, si bien nunca podría superar los cinco años.

CAM fue intervenida y debía ser objeto de venta mediante subasta. A tal efecto, y con fecha de 19 de septiembre de 2011 el Banco de España hizo saber a las entidades financieras que quisieran quedarse con la caja alicantina que el Estado estaba dispuesto a asumir pérdidas futuras por hasta 20.000 millones de euros, el valor contable estimado de la cartera inmobiliaria dudosa de la caja. Concretamente, y a tenor de la documentación remitida a los interesados para que pudiesen formular ofertas, el FROB concedería al banco comprador un Esquema de Protección de Activos (EPA), esto es, una especie de seguro contra morosidad futura, que funcionaría por tramos. En el primero, el comprador asumiría pérdidas utilizando las provisiones constituidas. Agotado el primer umbral, empezaría a intervenir el dinero público y el FROB pasaría ya a asumir el 80% de la pérdida hasta que se alcanzasen 2.500 millones. En el hipotético caso de que prosiguiese el deterioro de los créditos inmobiliarios, a partir de esos 2.500 millones, el FROB asumiría el 90% de los activos protegidos por el EPA. Y así hasta una estimación de créditos ligados al sector inmobiliario de 20.000 millones de euros.

CAM fue intervenida y debía ser objeto de venta mediante subasta. A tal efecto, y con fecha de 19 de septiembre de 2011 el Banco de España hizo saber a las entidades financieras que quisieran quedarse con la caja alicantina que el Estado estaba dispuesto a asumir pérdidas futuras por hasta 20.000 millones de euros, el valor contable estimado de la cartera inmobiliaria dudosa de la caja. Concretamente, y a tenor de la documentación remitida a los interesados para que pudiesen formular ofertas, el FROB concedería al banco comprador un Esquema de Protección de Activos (EPA), esto es, una especie de seguro contra morosidad futura, que funcionaría por tramos. En el primero, el comprador asumiría pérdidas utilizando las provisiones constituidas. Agotado el primer umbral, empezaría a intervenir el dinero público y el FROB pasaría ya a asumir el 80% de la pérdida hasta que se alcanzasen 2.500 millones. En el hipotético caso de que prosiguiese el deterioro de los créditos inmobiliarios, a partir de esos 2.500 millones, el FROB asumiría el 90% de los activos protegidos por el EPA. Y así hasta una estimación de créditos ligados al sector inmobiliario de 20.000 millones de euros.

En definitiva la caja alicantina, que durante el primer semestre de 2011 había presentado unas pérdidas de 1.136 millones de euros, esperaba a la desesperada algún comprador que estuviese interesado en su extensa red de oficinas. No obstante parecía claro que únicamente lo encontraría si el

En definitiva la caja alicantina, que durante el primer semestre de 2011 había presentado unas pérdidas de 1.136 millones de euros, esperaba a la desesperada algún comprador que estuviese interesado en su extensa red de oficinas. No obstante parecía claro que únicamente lo encontraría si el

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Juan Calvo Vérgez

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Estado aceptara hacerse cargo de las pérdidas futuras que pudieran llegar a descubrirse en el maltrecho balance de la citada entidad. Dada esta situación el FROB aceptaba asumir una alta factura cubriendo gran cantidad de las pérdidas que aflorasen, si bien ello podría no representar un atractivo suficiente. Además de los 2.800 millones de capital que ya había aportado, cubriría el 80% de los primeros 2.500 millones de pérdidas tras la compra y el 90% de los siguientes quebrantos, si los hubiese, durante los próximos diez años, teniendo presente además que ya había aportado una línea de liquidez de 3.000 millones tras la intervención. De cara a la eventual adjudicación de la entidad el FROB tendría en cuenta la solvencia y capacidad de compra de los postores y el precio ofrecido para hacerse por la entidad (es decir, el inversor que menos ayudas pida).

Estado aceptara hacerse cargo de las pérdidas futuras que pudieran llegar a descubrirse en el maltrecho balance de la citada entidad. Dada esta situación el FROB aceptaba asumir una alta factura cubriendo gran cantidad de las pérdidas que aflorasen, si bien ello podría no representar un atractivo suficiente. Además de los 2.800 millones de capital que ya había aportado, cubriría el 80% de los primeros 2.500 millones de pérdidas tras la compra y el 90% de los siguientes quebrantos, si los hubiese, durante los próximos diez años, teniendo presente además que ya había aportado una línea de liquidez de 3.000 millones tras la intervención. De cara a la eventual adjudicación de la entidad el FROB tendría en cuenta la solvencia y capacidad de compra de los postores y el precio ofrecido para hacerse por la entidad (es decir, el inversor que menos ayudas pida).

Con carácter general el principal obstáculo en la adquisición de CAM lo constituían sus fuertes vencimientos de deuda: 979 millones en lo que restaba de 2011; 5.386 en 2012; 1.300 millones en 2013; y 4.191 millones en 2014. Ello explicaba que resultase necesario que el FROB garantizase, al menos, 7.000 millones en vencimientos si se mantuviese el cierre de los mercados, pudiendo llegar a elevarse la factura de capital, como mínimo, a 6.000 millones de euros, teniendo en cuenta los fondos ya desembolsados.

Con carácter general el principal obstáculo en la adquisición de CAM lo constituían sus fuertes vencimientos de deuda: 979 millones en lo que restaba de 2011; 5.386 en 2012; 1.300 millones en 2013; y 4.191 millones en 2014. Ello explicaba que resultase necesario que el FROB garantizase, al menos, 7.000 millones en vencimientos si se mantuviese el cierre de los mercados, pudiendo llegar a elevarse la factura de capital, como mínimo, a 6.000 millones de euros, teniendo en cuenta los fondos ya desembolsados.

Otro problema suscitado era el relativo al riesgo asumido con los promotores. La exposición inmobiliaria de CAM se elevaba a 13.092 millones de euros, de los cuales 6.564 millones estaban clasificados como créditos dudosos (con más de tres meses de impagos) y 1.334 como créditos subestándar (con debilidades de pago). La cobertura de esta cartera era del 26,8%. Estos activos eran los más problemáticos ante posibles pérdidas. La entidad acometió un fuerte saneamiento de su balance tras la intervención en julio de 2011, habiendo contabilizado hasta el mes de junio de ese año unas pérdidas de 1.136 millones, acompañadas por una morosidad del 19% y una cobertura de sus créditos en mora del 39,4%. Estas cifras causaron desconfianza en el sector sobre la salud de su balance, ya que la entidad presentó en marzo 39,8 millones de beneficios.

Otro problema suscitado era el relativo al riesgo asumido con los promotores. La exposición inmobiliaria de CAM se elevaba a 13.092 millones de euros, de los cuales 6.564 millones estaban clasificados como créditos dudosos (con más de tres meses de impagos) y 1.334 como créditos subestándar (con debilidades de pago). La cobertura de esta cartera era del 26,8%. Estos activos eran los más problemáticos ante posibles pérdidas. La entidad acometió un fuerte saneamiento de su balance tras la intervención en julio de 2011, habiendo contabilizado hasta el mes de junio de ese año unas pérdidas de 1.136 millones, acompañadas por una morosidad del 19% y una cobertura de sus créditos en mora del 39,4%. Estas cifras causaron desconfianza en el sector sobre la salud de su balance, ya que la entidad presentó en marzo 39,8 millones de beneficios.

Como ya se ha señalado la exposición de la CAM al sector de la construcción y la promoción inmobiliaria fue una de las principales preocupaciones de los bancos que estaban dispuestos a presentar ofertas al Banco de España para participar en la subasta de la entidad. Además hay que tener en cuenta que el grupo tenía más de 9.900 millones de euros clasificados

Como ya se ha señalado la exposición de la CAM al sector de la construcción y la promoción inmobiliaria fue una de las principales preocupaciones de los bancos que estaban dispuestos a presentar ofertas al Banco de España para participar en la subasta de la entidad. Además hay que tener en cuenta que el grupo tenía más de 9.900 millones de euros clasificados

La recapitalización de las entidades financieras

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como dudosos, para los que disponía de unos fondos específicos para cubrir deterioros de 3.903 millones, lo que supuso una cobertura media del 39,4 %. Según señaló la propia caja, en la primera mitad de 2011 clasificó 3.776 millones de euros como activos de riesgo “subestándar”, debido a que aún estaban al corriente de pago pero presentaban alguna debilidad que podría degenerar en un impago. Para cubrir el deterioro de estos 3.776 millones de euros la entidad contaba con unos fondos específicos de 675 millones. Por último, la caja apenas contaba con unas provisiones genéricas para pérdidas por deterioro de inversiones crediticias, ya que sólo disponía de 142 millones de euros.

como dudosos, para los que disponía de unos fondos específicos para cubrir deterioros de 3.903 millones, lo que supuso una cobertura media del 39,4 %. Según señaló la propia caja, en la primera mitad de 2011 clasificó 3.776 millones de euros como activos de riesgo “subestándar”, debido a que aún estaban al corriente de pago pero presentaban alguna debilidad que podría degenerar en un impago. Para cubrir el deterioro de estos 3.776 millones de euros la entidad contaba con unos fondos específicos de 675 millones. Por último, la caja apenas contaba con unas provisiones genéricas para pérdidas por deterioro de inversiones crediticias, ya que sólo disponía de 142 millones de euros.

Con fecha de 7 de diciembre de 2011 se anunció la adjudicación de la CAM al Banco de Sabadell. Los activos de ambas entidades sumaban 167.000 millones de euros (95.700 millones del Sabadell y 71.300 millones de la CAM), sumando ambas entidades más de 18.000 empleados y una red de casi 2.300 oficinas. El FROB y el Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito firmaron un contrato de promesa de compraventa de acciones en virtud del cual Banco Sabadell adquiriría el 100% de las acciones de Banco CAM. El citado Banco recibiría una ayuda inicial de 5.249 millones de euros por parte del FGD, que se haría con el total del capital de la caja alicantina y luego la vendería por un euro al Sabadell. Esta cifra incluía los 2.800 millones de euros que habían sido comprometidos previamente por el FROB y que habían sido asumidos por el FGD. Con carácter adicional el FROB garantizaba que ayudaría a la CAM a mantener sus actuales fuentes de financiación. Adicionalmente, el FGD protegería el 80% de las pérdidas de una cartera de activos determinada. Se trataba de 24.000 millones en activos entre riesgo con promotores, hipotecas refinanciadas y préstamos a pymes ligadas a la construcción94.

Con fecha de 7 de diciembre de 2011 se anunció la adjudicación de la CAM al Banco de Sabadell. Los activos de ambas entidades sumaban 167.000 millones de euros (95.700 millones del Sabadell y 71.300 millones de la CAM), sumando ambas entidades más de 18.000 empleados y una red de casi 2.300 oficinas. El FROB y el Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito firmaron un contrato de promesa de compraventa de acciones en virtud del cual Banco Sabadell adquiriría el 100% de las acciones de Banco CAM. El citado Banco recibiría una ayuda inicial de 5.249 millones de euros por parte del FGD, que se haría con el total del capital de la caja alicantina y luego la vendería por un euro al Sabadell. Esta cifra incluía los 2.800 millones de euros que habían sido comprometidos previamente por el FROB y que habían sido asumidos por el FGD. Con carácter adicional el FROB garantizaba que ayudaría a la CAM a mantener sus actuales fuentes de financiación. Adicionalmente, el FGD protegería el 80% de las pérdidas de una cartera de activos determinada. Se trataba de 24.000 millones en activos entre riesgo con promotores, hipotecas refinanciadas y préstamos a pymes ligadas a la construcción94.

En paralelo, el FGD concedería a la CAM un Esquema de Protección de Activos por el que se comprometía a asumir el 80% de las pérdidas derivadas de la cartera de la citada entidad durante un plazo de diez años y una vez agotadas las provisiones ya efectuadas. Además el FROB garantizó que Banco CAM pueda tener acceso a fuentes de financiación, es decir, ga-

En paralelo, el FGD concedería a la CAM un Esquema de Protección de Activos por el que se comprometía a asumir el 80% de las pérdidas derivadas de la cartera de la citada entidad durante un plazo de diez años y una vez agotadas las provisiones ya efectuadas. Además el FROB garantizó que Banco CAM pueda tener acceso a fuentes de financiación, es decir, ga-

Concretamente para esa cartera ya había provisiones hechas de 4.000 millones de euros. El riesgo restante era de 20.000 millones. De ellos, el Sabadell asumía pérdidas por 4.000 y los 16.000 restantes el Fondo de Garantía de Depósitos, mediante un esquema de protección de activos para los próximos 10 años.

Concretamente para esa cartera ya había provisiones hechas de 4.000 millones de euros. El riesgo restante era de 20.000 millones. De ellos, el Sabadell asumía pérdidas por 4.000 y los 16.000 restantes el Fondo de Garantía de Depósitos, mediante un esquema de protección de activos para los próximos 10 años.

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rantizó que tendría liquidez suficiente para hacer frente a sus vencimientos de deuda.

rantizó que tendría liquidez suficiente para hacer frente a sus vencimientos de deuda.

El Banco de Sabadell logró que se cubriese una cartera de 24.600 millones de activos de la peor calidad, el 40% del balance de la CAM. Con carácter adicional se garantizaban ayudas de liquidez de más de 12.000 millones. El citado Banco preveía cambiar participaciones preferentes emitidas por la CAM y por el propio banco por acciones de la entidad catalana por unos 2.100 millones de euros. Asimismo se efectuaría una ampliación de capital que no diluyese a los accionistas por otros 1.000 millones de euros.

El Banco de Sabadell logró que se cubriese una cartera de 24.600 millones de activos de la peor calidad, el 40% del balance de la CAM. Con carácter adicional se garantizaban ayudas de liquidez de más de 12.000 millones. El citado Banco preveía cambiar participaciones preferentes emitidas por la CAM y por el propio banco por acciones de la entidad catalana por unos 2.100 millones de euros. Asimismo se efectuaría una ampliación de capital que no diluyese a los accionistas por otros 1.000 millones de euros.

En Novacaixa Galicia el periodo concedido por el Banco de España podía ser de tres meses si fructificaba el pacto alcanzado entre la caja y el supervisor para que inversores gallegos recomprasen la participación pública antes de diciembre de 2011. Téngase presente que el Real Decreto que regula la recapitalización de las cajas contempla que las cajas puedan volver a adquirir las acciones al Estado hasta dos años después, en condiciones de mercado. Por su parte CatalunyaCaixa deseaba tener al FROB en su accionariado dos años, mientras buscaba socios y se preparaba para salir a bolsa.

En Novacaixa Galicia el periodo concedido por el Banco de España podía ser de tres meses si fructificaba el pacto alcanzado entre la caja y el supervisor para que inversores gallegos recomprasen la participación pública antes de diciembre de 2011. Téngase presente que el Real Decreto que regula la recapitalización de las cajas contempla que las cajas puedan volver a adquirir las acciones al Estado hasta dos años después, en condiciones de mercado. Por su parte CatalunyaCaixa deseaba tener al FROB en su accionariado dos años, mientras buscaba socios y se preparaba para salir a bolsa.

En el caso específico de BMN y de Liberbank, al tratarse de las entidades que menos necesidades de capital presentaban entre las cajas débiles que aún no habían resuelto su futuro, el supervisor estaba abierto a estudiar conceder más tiempo a estos dos grupos. En el supuesto de que se concediese la prórroga, la opción más viable era que el plazo adicional fuese mínimo, inferior a los tres meses solicitados. Los dos grupos citados contaban con un plazo de tres meses para buscar inversores privados y, en el supuesto de que decidiesen salir a bolsa, el plazo adicional se ampliaría hasta marzo de 2012, habiendo iniciado contactos con la CNMV.

En el caso específico de BMN y de Liberbank, al tratarse de las entidades que menos necesidades de capital presentaban entre las cajas débiles que aún no habían resuelto su futuro, el supervisor estaba abierto a estudiar conceder más tiempo a estos dos grupos. En el supuesto de que se concediese la prórroga, la opción más viable era que el plazo adicional fuese mínimo, inferior a los tres meses solicitados. Los dos grupos citados contaban con un plazo de tres meses para buscar inversores privados y, en el supuesto de que decidiesen salir a bolsa, el plazo adicional se ampliaría hasta marzo de 2012, habiendo iniciado contactos con la CNMV.

Finalmente con fecha de 30 de septiembre de 2011 se conoció que el Estado había tomado el control de NovacaixaGalicia, CatalunyaCaixa y Unnim. El proceso de recapitalización del sistema financiero español costó al Estado, a través del Fondo de Reestructuración Bancaria Ordenada, un total de 7.551 millones de euros. Concretamente el FROB pasó a ser propietario del 100% de Unnim Banc, la caja nacida de la unión de Caixa Sabadell, Caixa Terrassa y Caixa Manlleu. En el caso de Catalunya Banc, que desarrolla la actividad de CatalunyaCaixa, el FROB se hizo con el 90%

Finalmente con fecha de 30 de septiembre de 2011 se conoció que el Estado había tomado el control de NovacaixaGalicia, CatalunyaCaixa y Unnim. El proceso de recapitalización del sistema financiero español costó al Estado, a través del Fondo de Reestructuración Bancaria Ordenada, un total de 7.551 millones de euros. Concretamente el FROB pasó a ser propietario del 100% de Unnim Banc, la caja nacida de la unión de Caixa Sabadell, Caixa Terrassa y Caixa Manlleu. En el caso de Catalunya Banc, que desarrolla la actividad de CatalunyaCaixa, el FROB se hizo con el 90%

La recapitalización de las entidades financieras

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de las acciones. Y en NCG Banco, que integra a Caixanova y Caixa Galicia, la participación del Estado alcanzó al 93%.

de las acciones. Y en NCG Banco, que integra a Caixanova y Caixa Galicia, la participación del Estado alcanzó al 93%.

El Banco de España anunció que el FROB exigiría un interés del 12,5% a quien le quisiera recomprar sus participaciones en Novacaixa Galicia y CatalunyaBanc. El Estado inyectó 568 millones en Unnim, que se sumaban así a los 380 de ayudas ya recibidas. Otros 1.718 en CatalunyaBanc (ya había recibido 1.250) y 2.465 millones en NCG, a quien ya se le habían prestado 1.162 millones de euros. A Liberbank y Banco BMN se les concedió un plazo adicional de 25 días para culminar su recapitalización. Además de percibir fondos públicos, el sector captó fondos privados por importe de 5.838 millones de euros para cumplir sus exigencias de capital, lo que elevaba a 13.389 millones el coste total de reestructuración.

El Banco de España anunció que el FROB exigiría un interés del 12,5% a quien le quisiera recomprar sus participaciones en Novacaixa Galicia y CatalunyaBanc. El Estado inyectó 568 millones en Unnim, que se sumaban así a los 380 de ayudas ya recibidas. Otros 1.718 en CatalunyaBanc (ya había recibido 1.250) y 2.465 millones en NCG, a quien ya se le habían prestado 1.162 millones de euros. A Liberbank y Banco BMN se les concedió un plazo adicional de 25 días para culminar su recapitalización. Además de percibir fondos públicos, el sector captó fondos privados por importe de 5.838 millones de euros para cumplir sus exigencias de capital, lo que elevaba a 13.389 millones el coste total de reestructuración.

De este modo tras las inyecciones de capital el Estado tendrá el 100% de Unnim, el 93% de NovaCaixaGalicia y el 90% de CatalunyaCaixa. El FROB metió 1.718 millones en CatalunyaCaixa; 568 millones en Unnim y 2.465 millones en la caja gallega, del total de 2.622 millones que necesitaba. El coste de la recapitalización fue finalmente de 13.389 millones, frente a los 15.152 millones previstos inicialmente, gracias a que la salida a bolsa de Bankia y Banca Cívica permitió reducir del 10% al 8% las necesidades de capital de estas dos entidades. De estos recursos, 5.838 millones llegaron del sector privado. El esfuerzo de saneamiento asumido por las propias entidades (reconocimiento de pérdidas y provisiones) sumaba ya 105.000 millones de euros, una cifra equivalente al 10% del PIB.

De este modo tras las inyecciones de capital el Estado tendrá el 100% de Unnim, el 93% de NovaCaixaGalicia y el 90% de CatalunyaCaixa. El FROB metió 1.718 millones en CatalunyaCaixa; 568 millones en Unnim y 2.465 millones en la caja gallega, del total de 2.622 millones que necesitaba. El coste de la recapitalización fue finalmente de 13.389 millones, frente a los 15.152 millones previstos inicialmente, gracias a que la salida a bolsa de Bankia y Banca Cívica permitió reducir del 10% al 8% las necesidades de capital de estas dos entidades. De estos recursos, 5.838 millones llegaron del sector privado. El esfuerzo de saneamiento asumido por las propias entidades (reconocimiento de pérdidas y provisiones) sumaba ya 105.000 millones de euros, una cifra equivalente al 10% del PIB.

Grupo BMN, formado por Cajamurcia, Caixa Penedès, Caja Granada y Sa Nostra, necesitaba 486 millones para alcanzar una ratio de capital principal del 10%. Pero si prosperaba su negociación con varios fondos para que comprasen al menos el 20% del capital, la necesidad de recursos bajaría a 212 millones de euros, ya que sólo necesitaría un 8% para cumplir con el Real Decreto. El Banco de España destacó que, gracias al proceso de reestructuración, la gran mayoría de las cajas (que coparon el 98,3% de todos los activos del sector) ya había traspasado su actividad financiera a un banco. De las 45 cajas que había antes, sólo quedaban ya 15.

Grupo BMN, formado por Cajamurcia, Caixa Penedès, Caja Granada y Sa Nostra, necesitaba 486 millones para alcanzar una ratio de capital principal del 10%. Pero si prosperaba su negociación con varios fondos para que comprasen al menos el 20% del capital, la necesidad de recursos bajaría a 212 millones de euros, ya que sólo necesitaría un 8% para cumplir con el Real Decreto. El Banco de España destacó que, gracias al proceso de reestructuración, la gran mayoría de las cajas (que coparon el 98,3% de todos los activos del sector) ya había traspasado su actividad financiera a un banco. De las 45 cajas que había antes, sólo quedaban ya 15.

La Comisión Europea autorizó pues de forma provisional la recapitalización de NCG Banco, Catalunya Banc y Unnim Banc por el FROB, supeditando la aprobación definitiva a la presentación de un plan de rees-

La Comisión Europea autorizó pues de forma provisional la recapitalización de NCG Banco, Catalunya Banc y Unnim Banc por el FROB, supeditando la aprobación definitiva a la presentación de un plan de rees-

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Juan Calvo Vérgez

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tructuración que garantizase que las entidades podrían volver a ser viables a largo plazo. Con carácter adicional la Comisión exigía que los accionistas asumiesen la parte que les correspondiera de las cargas de la reestructuración y que se limitase el falseamiento de la competencia.

tructuración que garantizase que las entidades podrían volver a ser viables a largo plazo. Con carácter adicional la Comisión exigía que los accionistas asumiesen la parte que les correspondiera de las cargas de la reestructuración y que se limitase el falseamiento de la competencia.

Con fecha de 25 de octubre de 2011 se supo que tanto el Grupo BMN como Liberbank habían logrado recapitalizarse por la vía privada, por lo que no necesitarían capital público. Concretamente Grupo BMN, liderado por Caja Murcia, había salvado el proceso con la emisión de 250 millones de euros en obligaciones convertibles en acciones, que logró colocar entre grandes clientes e inversores profesionales. El vencimiento de estos títulos, remunerados al 8%, se produciría en diciembre de 2014, un plazo que permitiría a la entidad culminar su salida a bolsa. La entidad iba a lograr un capital principal del 9%. Por su parte Liberbank alcanzaba el 10 de capital principal tras la venta del 75% de Telecable, que le aportó unas plusvalías de alrededor de 270 millones de euros, produciéndose además una capitalización de beneficios y otras plusvalías.

Con fecha de 25 de octubre de 2011 se supo que tanto el Grupo BMN como Liberbank habían logrado recapitalizarse por la vía privada, por lo que no necesitarían capital público. Concretamente Grupo BMN, liderado por Caja Murcia, había salvado el proceso con la emisión de 250 millones de euros en obligaciones convertibles en acciones, que logró colocar entre grandes clientes e inversores profesionales. El vencimiento de estos títulos, remunerados al 8%, se produciría en diciembre de 2014, un plazo que permitiría a la entidad culminar su salida a bolsa. La entidad iba a lograr un capital principal del 9%. Por su parte Liberbank alcanzaba el 10 de capital principal tras la venta del 75% de Telecable, que le aportó unas plusvalías de alrededor de 270 millones de euros, produciéndose además una capitalización de beneficios y otras plusvalías.

En el caso específico de la subasta de Unnim, su adjudicación debía contar con un Esquema de Protección de Activos como el que se realizó en la subasta de CAM, que se quedó Sabadell. Así, se esperaba que el FROB aplicase un esquema que cubriese al comprador todas las pérdidas futuras. En el caso de Unnim, se especulaba con pérdidas cubiertas por hasta 5.000 millones de euros. Sabadell recibió 20.000 millones en el caso de CAM. Una vez concluyese la subasta de la entidad catalana, el Banco de España comenzaría la de Banco de Valencia, intervenido como ya se ha indicado en noviembre de 2011. Banco Mare Nostrum figuraba como uno de los principales interesados.

En el caso específico de la subasta de Unnim, su adjudicación debía contar con un Esquema de Protección de Activos como el que se realizó en la subasta de CAM, que se quedó Sabadell. Así, se esperaba que el FROB aplicase un esquema que cubriese al comprador todas las pérdidas futuras. En el caso de Unnim, se especulaba con pérdidas cubiertas por hasta 5.000 millones de euros. Sabadell recibió 20.000 millones en el caso de CAM. Una vez concluyese la subasta de la entidad catalana, el Banco de España comenzaría la de Banco de Valencia, intervenido como ya se ha indicado en noviembre de 2011. Banco Mare Nostrum figuraba como uno de los principales interesados.

Con fecha de 16 de marzo de 2012 los Consejos de Administración de Banco Caja España-Duero (Banco Ceiss) y Unicaja aprobaron el plan de fusión en Unicaja Banco, al que la primera entidad traspasaría todos sus activos y pasivos. Así, no se materializaría una absorción como se contemplaba inicialmente, sino una adquisición, a resultas de la cual Caja España-Duero controlaría algo menos de un tercio del nuevo banco y Unicaja un 70%. El grupo sumaría activos totales aproximados de 80.000 millones de euros y un volumen de negocio bancario de 120.000 millones de euros, concentrado especialmente en Castilla y León y Andalucía. Para reforzar su capital, Banco Ceiss emitiría 475 millones de euros en bonos convertibles contingentes

Con fecha de 16 de marzo de 2012 los Consejos de Administración de Banco Caja España-Duero (Banco Ceiss) y Unicaja aprobaron el plan de fusión en Unicaja Banco, al que la primera entidad traspasaría todos sus activos y pasivos. Así, no se materializaría una absorción como se contemplaba inicialmente, sino una adquisición, a resultas de la cual Caja España-Duero controlaría algo menos de un tercio del nuevo banco y Unicaja un 70%. El grupo sumaría activos totales aproximados de 80.000 millones de euros y un volumen de negocio bancario de 120.000 millones de euros, concentrado especialmente en Castilla y León y Andalucía. Para reforzar su capital, Banco Ceiss emitiría 475 millones de euros en bonos convertibles contingentes

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(CoCos) que posteriormente compraría el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria a un 8% de interés y con un plazo de devolución de ocho años. En el supuesto de que no los abonase la aportación se convertiría en acciones que pasarían a manos del Estado, nacionalizándose parcialmente así la entidad. A esta aportación de capital debían sumarse los 525 millones de euros que ya controlaba el FROB en participaciones preferentes del Caja España-Duero. La garantía de estos 1.000 millones de euros correspondería exclusivamente a Banco Ceiss95. Por su parte, Unicaja Banco contaría con una línea de cocos de entre 375 y 1.025 millones de euros a la que podría recurrir si fuese necesario.

(CoCos) que posteriormente compraría el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria a un 8% de interés y con un plazo de devolución de ocho años. En el supuesto de que no los abonase la aportación se convertiría en acciones que pasarían a manos del Estado, nacionalizándose parcialmente así la entidad. A esta aportación de capital debían sumarse los 525 millones de euros que ya controlaba el FROB en participaciones preferentes del Caja España-Duero. La garantía de estos 1.000 millones de euros correspondería exclusivamente a Banco Ceiss95. Por su parte, Unicaja Banco contaría con una línea de cocos de entre 375 y 1.025 millones de euros a la que podría recurrir si fuese necesario.

En el caso concreto de Ibercaja, con fecha de 29 de mayo de 2012 se conoció que lideraría una fusión a tres bandas con Liberbank y Caja 3. Liberbank (resultado de la fusión entre CajAstur, Caja Cantabria y Caja Extremadura) e Ibercaja y Caja 3 (que ya habían iniciado su propio protocolo de fusión) daban lugar así a una entidad con unos activos totales de 115.847 millones de euros. La caja aragonesa lideraría el grupo resultante, con una participación del 46,5%, seguida por Liberbank con el 45,5% y Caja 3 con el 8%.

En el caso concreto de Ibercaja, con fecha de 29 de mayo de 2012 se conoció que lideraría una fusión a tres bandas con Liberbank y Caja 3. Liberbank (resultado de la fusión entre CajAstur, Caja Cantabria y Caja Extremadura) e Ibercaja y Caja 3 (que ya habían iniciado su propio protocolo de fusión) daban lugar así a una entidad con unos activos totales de 115.847 millones de euros. La caja aragonesa lideraría el grupo resultante, con una participación del 46,5%, seguida por Liberbank con el 45,5% y Caja 3 con el 8%.

Por otra parte con fecha de 7 de mayo de 2012 se conoció que el Ejecutivo planeaba inyectar capital en Bankia mediante los bonos contingentes convertibles (CoCos), tipo de deuda que se transforma automáticamente en acciones en algunos supuestos que afectan la solvencia del emisor. Como ya se ha señalado estos bonos constituyen el tipo de ayuda prevista en el FROB 3, el nuevo instrumento de ayuda a la banca creado por el RD-Ley 2/2012, al que posteriormente nos referiremos. A priori dichas ayudas tan sólo se podrían dar a entidades que inicien un nuevo proceso de fusión.

Por otra parte con fecha de 7 de mayo de 2012 se conoció que el Ejecutivo planeaba inyectar capital en Bankia mediante los bonos contingentes convertibles (CoCos), tipo de deuda que se transforma automáticamente en acciones en algunos supuestos que afectan la solvencia del emisor. Como ya se ha señalado estos bonos constituyen el tipo de ayuda prevista en el FROB 3, el nuevo instrumento de ayuda a la banca creado por el RD-Ley 2/2012, al que posteriormente nos referiremos. A priori dichas ayudas tan sólo se podrían dar a entidades que inicien un nuevo proceso de fusión.

Concretamente el banco de España Duero (Banco Ceiss) se quedaría con los 525 millones de euros en participaciones preferentes (FROB 1) que la entidad recibió en 2010 al pactar su fusión. A ellos se añadirían otros 475 millones en obligaciones convertibles (CoCos) emitidos por Banco Ceiss que, como se ha indicado, también suscribiría el FROB. Unicaja Banco, a su vez, tendría abierta una línea de disponibilidad de obligaciones convertibles desde 375 millones de euros y hasta un límite de 1.025 millones de euros. Caja España Duero tendría que destinar prácticamente la totalidad de los beneficios que lograse de su participación en el banco resultante de la fusión para pagar los intereses y devolver el principal. En caso de obtener excedentes, irían para la Obra Social. Por su parte Unicaja Banco tendría abierta una línea de disponibilidad de obligaciones convertibles desde 375 millones de euros hasta un límite de 1.025 millones. Así pues, sin contar los 425 millones iniciales, las nuevas ayudas se situarían en una horquilla de entre 850 y 1.500 millones de euros.

Concretamente el banco de España Duero (Banco Ceiss) se quedaría con los 525 millones de euros en participaciones preferentes (FROB 1) que la entidad recibió en 2010 al pactar su fusión. A ellos se añadirían otros 475 millones en obligaciones convertibles (CoCos) emitidos por Banco Ceiss que, como se ha indicado, también suscribiría el FROB. Unicaja Banco, a su vez, tendría abierta una línea de disponibilidad de obligaciones convertibles desde 375 millones de euros y hasta un límite de 1.025 millones de euros. Caja España Duero tendría que destinar prácticamente la totalidad de los beneficios que lograse de su participación en el banco resultante de la fusión para pagar los intereses y devolver el principal. En caso de obtener excedentes, irían para la Obra Social. Por su parte Unicaja Banco tendría abierta una línea de disponibilidad de obligaciones convertibles desde 375 millones de euros hasta un límite de 1.025 millones. Así pues, sin contar los 425 millones iniciales, las nuevas ayudas se situarían en una horquilla de entre 850 y 1.500 millones de euros.

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Juan Calvo Vérgez

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Una primera posibilidad planteada era que el Estado comprase bonos contingentes obligatoriamente convertibles, instrumento de deuda que se transforma necesariamente en acciones cuando la entidad se queda por debajo de un determinado nivel de solvencia. La otra opción, que también podía ser complementaria a la primera, era que el Estado transformase los 4.465 millones de euros de participaciones preferentes que inyectó en BFA (matriz de Bankia) como FROB 1 en acciones del grupo. De esta forma, se quedaría con el 48% de la entidad. Incluso cabía la posibilidad de proceder a combinar ambas medidas, de manera que tendríamos la transformación del FROB 1 más una suscripción de CoCos hasta alcanzar la cifra requerida para completar el saneamiento de la entidad.

Una primera posibilidad planteada era que el Estado comprase bonos contingentes obligatoriamente convertibles, instrumento de deuda que se transforma necesariamente en acciones cuando la entidad se queda por debajo de un determinado nivel de solvencia. La otra opción, que también podía ser complementaria a la primera, era que el Estado transformase los 4.465 millones de euros de participaciones preferentes que inyectó en BFA (matriz de Bankia) como FROB 1 en acciones del grupo. De esta forma, se quedaría con el 48% de la entidad. Incluso cabía la posibilidad de proceder a combinar ambas medidas, de manera que tendríamos la transformación del FROB 1 más una suscripción de CoCos hasta alcanzar la cifra requerida para completar el saneamiento de la entidad.

Por otro lado, en el supuesto de que la entidad perdiese los niveles mínimos que se le exigen de capital, los CoCos contemplarían su transformación de bonos a acciones que pasarían a manos del Estado. Es decir, se nacionalizaría aproximadamente un 48% del banco, tomando su control. La eventual inyección de liquidez a cambio de CoCos computaría para el Estado como deuda pública, no como déficit. Es decir, para la Comisión Europea no tendrían el mismo impacto para las cuentas del Estado que los recortes por una cantidad similar en sanidad y educación.

Por otro lado, en el supuesto de que la entidad perdiese los niveles mínimos que se le exigen de capital, los CoCos contemplarían su transformación de bonos a acciones que pasarían a manos del Estado. Es decir, se nacionalizaría aproximadamente un 48% del banco, tomando su control. La eventual inyección de liquidez a cambio de CoCos computaría para el Estado como deuda pública, no como déficit. Es decir, para la Comisión Europea no tendrían el mismo impacto para las cuentas del Estado que los recortes por una cantidad similar en sanidad y educación.

A este respecto conviene tener presente no obstante que, con efectos desde el 1 de enero de 2011, cualquier ayuda pública procedente del Ejecutivo, –ya sea en términos de avales y garantías, sea en términos de aportación de capital en diferentes fórmulas o sea en cualquier otro término de aseguramiento de activos tóxicos– requiere la presentación de un plan de reestructuración para poder aprobar la ayuda como compatible por parte de la Comisión Europea.

A este respecto conviene tener presente no obstante que, con efectos desde el 1 de enero de 2011, cualquier ayuda pública procedente del Ejecutivo, –ya sea en términos de avales y garantías, sea en términos de aportación de capital en diferentes fórmulas o sea en cualquier otro término de aseguramiento de activos tóxicos– requiere la presentación de un plan de reestructuración para poder aprobar la ayuda como compatible por parte de la Comisión Europea.

Con fecha de 9 de mayo de 2012 se supo que, finalmente, el préstamo de 4.465 millones de euros procedente del Estado a la citada entidad se convertiría en acciones, optándose así por la nacionalización de BFA, cuya participación en Bankia superaba el 45%. De este modo el Estado pasaba a ser directamente el accionista mayoritario de esta entidad, con más de 10 millones de clientes y unos 400.000 accionistas. Una vez convertidas las preferentes en capital, el siguiente paso sería la realización de una valoración externa de la entidad que determinaría el porcentaje de capital que pasaría a tener el Estado en BFA. De este modo la entrada en el capital por parte del Estado se producía al considerarse improbable, a la vista de la si-

Con fecha de 9 de mayo de 2012 se supo que, finalmente, el préstamo de 4.465 millones de euros procedente del Estado a la citada entidad se convertiría en acciones, optándose así por la nacionalización de BFA, cuya participación en Bankia superaba el 45%. De este modo el Estado pasaba a ser directamente el accionista mayoritario de esta entidad, con más de 10 millones de clientes y unos 400.000 accionistas. Una vez convertidas las preferentes en capital, el siguiente paso sería la realización de una valoración externa de la entidad que determinaría el porcentaje de capital que pasaría a tener el Estado en BFA. De este modo la entrada en el capital por parte del Estado se producía al considerarse improbable, a la vista de la si-

La recapitalización de las entidades financieras

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tuación de la entidad y de su grupo, que la recompra de las participaciones preferentes pudiera llevarse a cabo dentro del plazo de 5 años.

tuación de la entidad y de su grupo, que la recompra de las participaciones preferentes pudiera llevarse a cabo dentro del plazo de 5 años.

De este modo el importe total del rescate ascendía a unos 8.000 millones de euros, desglosados de la siguiente manera: 4.465 millones son preferentes que ya había obtenido del FROB1 y que ahora se convertían en capital. A ello había que sumar 2.535 millones de euros que se esperaba se aportasen al banco mediante los instrumentos contingentemente convertibles. Finalmente, se debían tener también en cuenta los 1.000 millones que se habían comprometido con Banco de Valencia y que mayoritariamente (30%) pertenecía a Banco Financiero y de Ahorro, matriz de Bankia, cuando fue intervenida.

De este modo el importe total del rescate ascendía a unos 8.000 millones de euros, desglosados de la siguiente manera: 4.465 millones son preferentes que ya había obtenido del FROB1 y que ahora se convertían en capital. A ello había que sumar 2.535 millones de euros que se esperaba se aportasen al banco mediante los instrumentos contingentemente convertibles. Finalmente, se debían tener también en cuenta los 1.000 millones que se habían comprometido con Banco de Valencia y que mayoritariamente (30%) pertenecía a Banco Financiero y de Ahorro, matriz de Bankia, cuando fue intervenida.

Al quedarse finalmente el Estado con el 100% del capital de Banco Financiero y de Ahorros la participación que en la matriz de Bankia tenían las siete cajas que originaron el SIP se quedaba en nada. Caja Madrid, Bancaja, Caixa Laietana, Caja Rioja, Caja Insular de Canarias, Caja Segovia y Caja de Ávila ya no tenían ninguna participación accionarial en una entidad financiera.

Al quedarse finalmente el Estado con el 100% del capital de Banco Financiero y de Ahorros la participación que en la matriz de Bankia tenían las siete cajas que originaron el SIP se quedaba en nada. Caja Madrid, Bancaja, Caixa Laietana, Caja Rioja, Caja Insular de Canarias, Caja Segovia y Caja de Ávila ya no tenían ninguna participación accionarial en una entidad financiera.

¿Implicaba ello que dichas entidades debían renunciar a su naturaleza de caja de ahorros para transformarse en fundaciones? A priori la normativa aplicable parecía indicar que sí, ya que el Real Decreto-Ley 2/2012 prevé que si una caja posee menos del 25% del capital de una entidad financiera y no puede demostrar que ostenta el control, ha de cambiar su naturaleza en la de una fundación. Lo cierto es que en dicha normativa no se estableció ningún automatismo para dicha transformación. En principio, confirmándose que la participación pública en BFA fuese del 100%, parece razonable estimar que las cajas dejarían de ser tales, ya que no desarrollan ninguna actividad financiera.

¿Implicaba ello que dichas entidades debían renunciar a su naturaleza de caja de ahorros para transformarse en fundaciones? A priori la normativa aplicable parecía indicar que sí, ya que el Real Decreto-Ley 2/2012 prevé que si una caja posee menos del 25% del capital de una entidad financiera y no puede demostrar que ostenta el control, ha de cambiar su naturaleza en la de una fundación. Lo cierto es que en dicha normativa no se estableció ningún automatismo para dicha transformación. En principio, confirmándose que la participación pública en BFA fuese del 100%, parece razonable estimar que las cajas dejarían de ser tales, ya que no desarrollan ninguna actividad financiera.

¿Y cómo podrían las cajas seguir realizando su Obra Social? Inicialmente, hasta que el inicio de la actual crisis financiera vino a poner en entredicho el modelo de estas entidades financieras, las cajas destinaban a este concepto parte de su beneficio, una vez restado el 50% que, por obligación legal, tenían que destinar a reservas96.

¿Y cómo podrían las cajas seguir realizando su Obra Social? Inicialmente, hasta que el inicio de la actual crisis financiera vino a poner en entredicho el modelo de estas entidades financieras, las cajas destinaban a este concepto parte de su beneficio, una vez restado el 50% que, por obligación legal, tenían que destinar a reservas96.

96 Así, por ejemplo, durante el año 2010, la inversión total de las cajas en Obra Social fue de 1.462 millones de euros (Fuente: CECA, mayo de 2012).

96 Así, por ejemplo, durante el año 2010, la inversión total de las cajas en Obra Social fue de 1.462 millones de euros (Fuente: CECA, mayo de 2012).

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Juan Calvo Vérgez

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Aquellas cajas que hubiesen traspasado su negocio financiero a un banco (la práctica totalidad) podrían seguir financiando su Obra Social con los dividendos que reciban de su participación en él. Ahora bien, cabe plantearse qué sucedería cuando, como se planteaba en el presente caso de Bankia, han dejado de ser accionistas. En principio podría estimarse que las cajas tienen patrimonio propio de la Obra Social que les permitiría seguir financiando sus actividades durante varios años, resultando posible

Aquellas cajas que hubiesen traspasado su negocio financiero a un banco (la práctica totalidad) podrían seguir financiando su Obra Social con los dividendos que reciban de su participación en él. Ahora bien, cabe plantearse qué sucedería cuando, como se planteaba en el presente caso de Bankia, han dejado de ser accionistas. En principio podría estimarse que las cajas tienen patrimonio propio de la Obra Social que les permitiría seguir financiando sus actividades durante varios años, resultando posible

Rentabilizar dicho patrimonio, por ejemplo con venta o alquileres de inmuebles97.

Rentabilizar dicho patrimonio, por ejemplo con venta o alquileres de inmuebles97.

Otra alternativa sería que dichas cajas llegasen a un acuerdo con los bancos compradores para que continúen financiando la Obra Social por una cuestión de imagen y no perder el arraigo con las zonas de influencia de la caja98.

Otra alternativa sería que dichas cajas llegasen a un acuerdo con los bancos compradores para que continúen financiando la Obra Social por una cuestión de imagen y no perder el arraigo con las zonas de influencia de la caja98.

De cualquier manera, y por lo que respecta a Bankia, la presencia del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria en el capital del Banco Financiero y de Ahorro, la matriz de Bankia, debía ser temporal, ya que así lo establece el Real Decreto 2/2012. Concretamente el periodo máximo que el FROB podía permanecer en el capital de la entidad sería de tres años y antes de ese plazo habría de ser subastada en un proceso competitivo.

De cualquier manera, y por lo que respecta a Bankia, la presencia del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria en el capital del Banco Financiero y de Ahorro, la matriz de Bankia, debía ser temporal, ya que así lo establece el Real Decreto 2/2012. Concretamente el periodo máximo que el FROB podía permanecer en el capital de la entidad sería de tres años y antes de ese plazo habría de ser subastada en un proceso competitivo.

Dada la citada situación, y teniendo presente las nuevas provisiones impuestas a las entidades financieras por el Real Decreto-Ley 18/2012, así como las auditorías externas iniciadas sobre la situación de los balances bancarios, desde el Ejecutivo se planteó incluso la posibilidad de crear un banco público que aglutinase al conjunto de entidades intervenidas. Téngase presente por ejemplo que, en el caso de CatalunyaBanc, el banco heredero del negocio financiero de CatalunyaCaixa, se complicaba la situación de

Dada la citada situación, y teniendo presente las nuevas provisiones impuestas a las entidades financieras por el Real Decreto-Ley 18/2012, así como las auditorías externas iniciadas sobre la situación de los balances bancarios, desde el Ejecutivo se planteó incluso la posibilidad de crear un banco público que aglutinase al conjunto de entidades intervenidas. Téngase presente por ejemplo que, en el caso de CatalunyaBanc, el banco heredero del negocio financiero de CatalunyaCaixa, se complicaba la situación de

No obstante, y de acuerdo con los datos correspondientes al ejercicio 2010, el patrimonio total de la Obra Social fue en dicha fecha de 4.274 millones de euros, de los que 1,3 millones eran inmuebles (Fuente: CECA, mayo de 2012). 98 En este sentido con fecha 14 de octubre de 2012 se conoció que las Cajas de Ahorro habían solicitado al Gobierno que el Banco de España decidiese si una participación mayoritaria en los bancos a los que traspasaron sus activos ponía en peligro su viabilidad al objeto de que, si el regulador no objetase nada, pudieran mantener el control. Se pretendía así que el Banco de España decidiese si el que una caja tenga una participación mayoritaria en una entidad interfiere en su gobierno corporativo o su viabilidad. Téngase presente a este respecto que, de acuerdo con lo manifestado en el Memorandum de Entendimiento, las cajas debían rebajar del 50% su participación en los bancos resultantes de las fusiones, con el fin de evitar su control.

No obstante, y de acuerdo con los datos correspondientes al ejercicio 2010, el patrimonio total de la Obra Social fue en dicha fecha de 4.274 millones de euros, de los que 1,3 millones eran inmuebles (Fuente: CECA, mayo de 2012). 98 En este sentido con fecha 14 de octubre de 2012 se conoció que las Cajas de Ahorro habían solicitado al Gobierno que el Banco de España decidiese si una participación mayoritaria en los bancos a los que traspasaron sus activos ponía en peligro su viabilidad al objeto de que, si el regulador no objetase nada, pudieran mantener el control. Se pretendía así que el Banco de España decidiese si el que una caja tenga una participación mayoritaria en una entidad interfiere en su gobierno corporativo o su viabilidad. Téngase presente a este respecto que, de acuerdo con lo manifestado en el Memorandum de Entendimiento, las cajas debían rebajar del 50% su participación en los bancos resultantes de las fusiones, con el fin de evitar su control.

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cara a una eventual adjudicación, al igual que sucedía con NovaGalicia Banco. La entidad surgida de la fusión de las dos cajas gallegas, aún no había renunciado a sus planes para encontrar inversores privados que recomprasen al Estado la participación del 90,5% del capital que tenía a través del FROB.

cara a una eventual adjudicación, al igual que sucedía con NovaGalicia Banco. La entidad surgida de la fusión de las dos cajas gallegas, aún no había renunciado a sus planes para encontrar inversores privados que recomprasen al Estado la participación del 90,5% del capital que tenía a través del FROB.

Al amparo de esta situación, a la que debía unirse la de BFA, desde el Ejecutivo no se descartaba la posibilidad de unir estas entidades para gestionarlas públicamente de forma conjunta, hasta haber conseguido su saneamiento, para luego proceder a efectuar su división y la correspondiente venta. Y ello a pesar de las facilidades que el FROB estaba dispuesto a ofrecer a los compradores (Esquemas de Protección de Activos –EPA, facilidades de liquidez, etc.).

Al amparo de esta situación, a la que debía unirse la de BFA, desde el Ejecutivo no se descartaba la posibilidad de unir estas entidades para gestionarlas públicamente de forma conjunta, hasta haber conseguido su saneamiento, para luego proceder a efectuar su división y la correspondiente venta. Y ello a pesar de las facilidades que el FROB estaba dispuesto a ofrecer a los compradores (Esquemas de Protección de Activos –EPA, facilidades de liquidez, etc.).

Con fecha de 25 de mayo de 2012 se conoció que Bankia iba a solicitar 19.000 millones de euros, a los que había que sumar 4.465 millones en concepto de preferentes que ya había obtenido del FROB1 y que iban a convertirse en capital. Ello hacía un total de 23.465 millones de euros.

Con fecha de 25 de mayo de 2012 se conoció que Bankia iba a solicitar 19.000 millones de euros, a los que había que sumar 4.465 millones en concepto de preferentes que ya había obtenido del FROB1 y que iban a convertirse en capital. Ello hacía un total de 23.465 millones de euros.

Como ya se ha señalado, en total ocho entidades han sido receptoras de fondos públicos a través del FROB. Entre estas, además de BFA-Bankia, había que aludir a las inyecciones acometidas en NovacaixaGalicia (3.627 millones entre preferentes y acciones ordinarias) y Catalunya Caixa (2.968 también entre preferentes y acciones ordinarias). El resto de entidades disfrutaron de planes de salvamento más modestos: Banco de Valencia (1.000 millones), Banca Cívica (977 millones), Mare Nostrum (915 millones) y Caja España-Duero (525 millones) y CajaSur (392 millones)99.

Como ya se ha señalado, en total ocho entidades han sido receptoras de fondos públicos a través del FROB. Entre estas, además de BFA-Bankia, había que aludir a las inyecciones acometidas en NovacaixaGalicia (3.627 millones entre preferentes y acciones ordinarias) y Catalunya Caixa (2.968 también entre preferentes y acciones ordinarias). El resto de entidades disfrutaron de planes de salvamento más modestos: Banco de Valencia (1.000 millones), Banca Cívica (977 millones), Mare Nostrum (915 millones) y Caja España-Duero (525 millones) y CajaSur (392 millones)99.

En todo caso a estos 32.869 millones de euros de ayudas públicas había que añadir 6.202 millones que había ingresado el Fondo de Garantía de Depósitos entre las entidades. El FGD destinó 2.449 millones a la reestructuración de Caja de Ahorros del Mediterráneo, a los que había que sumar 2.800 millones de euros que fueron adelantados por el FROB pero iba a reintegrar el fondo. Así, en total el FGD aportó 5.249 millones para el ‘rescate’ de la CAM. Con carácter adicional se empleó esta misma fórmula para la reestructuración de Unnim, en el que el FGD ingresó 953 millones100.

En todo caso a estos 32.869 millones de euros de ayudas públicas había que añadir 6.202 millones que había ingresado el Fondo de Garantía de Depósitos entre las entidades. El FGD destinó 2.449 millones a la reestructuración de Caja de Ahorros del Mediterráneo, a los que había que sumar 2.800 millones de euros que fueron adelantados por el FROB pero iba a reintegrar el fondo. Así, en total el FGD aportó 5.249 millones para el ‘rescate’ de la CAM. Con carácter adicional se empleó esta misma fórmula para la reestructuración de Unnim, en el que el FGD ingresó 953 millones100.

En relación con este último supuesto debe precisarse no obstante que la caja cordobesa inicialmente recibió un aval por ese importe a través de un esquema de activos protegidos (EPA), un aval que finalmente asumió y desembolsó el FROB. 100 Recuérdese además que, con anterioridad a la creación del FROB, a finales del mes de marzo de 2009, Caja Castilla-La Mancha fue intervenida y el Gobierno tuvo que autorizar un

En relación con este último supuesto debe precisarse no obstante que la caja cordobesa inicialmente recibió un aval por ese importe a través de un esquema de activos protegidos (EPA), un aval que finalmente asumió y desembolsó el FROB. 100 Recuérdese además que, con anterioridad a la creación del FROB, a finales del mes de marzo de 2009, Caja Castilla-La Mancha fue intervenida y el Gobierno tuvo que autorizar un

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Juan Calvo Vérgez

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Las nuevas exigencias de capital de BFA Bankia se explicaba por la revisión de la cartera crediticia e inmobiliaria, que suponía la necesidad de recursos adicionales de 15.600 millones brutos para BFA y 15.400 millones para Bankia. Del total de este importe, 7.100 millones (a nivel de grupo) eran las provisiones adicionales que imponían los Reales Decretos sobre saneamiento del ladrillo que el Gobierno aprobó en febrero y en mayo; otros 3.000 millones se debían a la reclasificación como inmobiliarios de otros créditos que estaban registrados en diferentes epígrafes y 5.500 millones para elevar el nivel de cobertura del resto de la cartera crediticia (examinada en condiciones de estrés). Además, BFA Bankia necesitaba 3.900 millones de euros (de los que 1.900 millones eran para Bankia) para poner a valor de mercado las participaciones industriales del grupo. La necesidad de poner estos activos a valor de mercado se debía a que el grupo quería iniciar el proceso de desinversiones de estas participaciones.

Las nuevas exigencias de capital de BFA Bankia se explicaba por la revisión de la cartera crediticia e inmobiliaria, que suponía la necesidad de recursos adicionales de 15.600 millones brutos para BFA y 15.400 millones para Bankia. Del total de este importe, 7.100 millones (a nivel de grupo) eran las provisiones adicionales que imponían los Reales Decretos sobre saneamiento del ladrillo que el Gobierno aprobó en febrero y en mayo; otros 3.000 millones se debían a la reclasificación como inmobiliarios de otros créditos que estaban registrados en diferentes epígrafes y 5.500 millones para elevar el nivel de cobertura del resto de la cartera crediticia (examinada en condiciones de estrés). Además, BFA Bankia necesitaba 3.900 millones de euros (de los que 1.900 millones eran para Bankia) para poner a valor de mercado las participaciones industriales del grupo. La necesidad de poner estos activos a valor de mercado se debía a que el grupo quería iniciar el proceso de desinversiones de estas participaciones.

Finalmente, el grupo necesitaba otros 2.700 millones brutos para amortizar unos activos fiscales indebidamente contabilizados en el balance del año pasado. De esta forma las necesidades brutas de capital para el grupo eran de 22.200 millones, a los que había que descontar 6.000 millones de efectos fiscales positivos y sumar 2.800 del buffer de capital que exige el Real Decreto 12/2012, hasta llegar a los 19.000 millones.

Finalmente, el grupo necesitaba otros 2.700 millones brutos para amortizar unos activos fiscales indebidamente contabilizados en el balance del año pasado. De esta forma las necesidades brutas de capital para el grupo eran de 22.200 millones, a los que había que descontar 6.000 millones de efectos fiscales positivos y sumar 2.800 del buffer de capital que exige el Real Decreto 12/2012, hasta llegar a los 19.000 millones.

A la luz de esta situación, ¿podrían resultar trasladables los supuestos bajo los que se incrementaron las necesidades de aprovisionamiento y capital de Bankia al resto de entidades? A priori, de los incrementos de provisiones una gran parte eran específicos de Bankia, parte por la mayor exposición al sector inmobiliario y parte por la peor calidad de las inversiones. Además de aflorar mayores provisiones, se adoptó un deterioro de la morosidad hasta el 8%-10%, cifra muy superior a la de la media de la industria. La valoración a precios de mercado de los activos inmobiliarios adjudicados fue realizada a precios realistas de mercado, utilizando valoraciones independientes más ajustadas a los precios reales de transacciones en mercado. Esta partida no resulta directamente comparable con la del resto de bancos debido a la calidad de los activos, aunque sí podría servir como referencia para una valoración más realista. El aumento de provisiones relacionado con

A la luz de esta situación, ¿podrían resultar trasladables los supuestos bajo los que se incrementaron las necesidades de aprovisionamiento y capital de Bankia al resto de entidades? A priori, de los incrementos de provisiones una gran parte eran específicos de Bankia, parte por la mayor exposición al sector inmobiliario y parte por la peor calidad de las inversiones. Además de aflorar mayores provisiones, se adoptó un deterioro de la morosidad hasta el 8%-10%, cifra muy superior a la de la media de la industria. La valoración a precios de mercado de los activos inmobiliarios adjudicados fue realizada a precios realistas de mercado, utilizando valoraciones independientes más ajustadas a los precios reales de transacciones en mercado. Esta partida no resulta directamente comparable con la del resto de bancos debido a la calidad de los activos, aunque sí podría servir como referencia para una valoración más realista. El aumento de provisiones relacionado con

aval del Tesoro de hasta 9.000 millones de euros. Finalmente, CCM realizó una emisión de preferentes por importe de 1.300 millones que fueron adquiridas en su totalidad por el Fondo de Garantía de Depósitos, una ayuda que la entidad manchega devolvió ya a finales de 2010.

aval del Tesoro de hasta 9.000 millones de euros. Finalmente, CCM realizó una emisión de preferentes por importe de 1.300 millones que fueron adquiridas en su totalidad por el Fondo de Garantía de Depósitos, una ayuda que la entidad manchega devolvió ya a finales de 2010.

La recapitalización de las entidades financieras

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una mayor morosidad en inmobiliario, en hipotecario y en crédito empresa si podría tener un impacto relevante para el resto de entidades.

una mayor morosidad en inmobiliario, en hipotecario y en crédito empresa si podría tener un impacto relevante para el resto de entidades.

Por lo que respecta a aquellas provisiones relacionadas con participaciones industriales cotizadas o no, las mismas eran propias de la cartera de Bankia, por lo que no cabía la posibilidad de extrapolar su impacto en el resto de entidades. Y, en cuanto a la eliminación de los créditos fiscales, se adopta una postura conservadora al considerar que no podrán recuperarse en el futuro, dadas las circunstancias de la entidad.

Por lo que respecta a aquellas provisiones relacionadas con participaciones industriales cotizadas o no, las mismas eran propias de la cartera de Bankia, por lo que no cabía la posibilidad de extrapolar su impacto en el resto de entidades. Y, en cuanto a la eliminación de los créditos fiscales, se adopta una postura conservadora al considerar que no podrán recuperarse en el futuro, dadas las circunstancias de la entidad.

En todo caso resultaba imprescindible efectuar una valoración completa e independiente del grupo BFA con carácter previo a la entrada del Estado en el capital. Dicha valoración habría de permitir determinar el porcentaje del capital que tendría el FROB cuando convirtiese en acciones el préstamo concedido en su día a BFA (FROB 1) por importe de 4.465 millones de euros. Una vez se ejecutase la entrada del Estado, éste se convertiría en el único accionista.

En todo caso resultaba imprescindible efectuar una valoración completa e independiente del grupo BFA con carácter previo a la entrada del Estado en el capital. Dicha valoración habría de permitir determinar el porcentaje del capital que tendría el FROB cuando convirtiese en acciones el préstamo concedido en su día a BFA (FROB 1) por importe de 4.465 millones de euros. Una vez se ejecutase la entrada del Estado, éste se convertiría en el único accionista.

A priori, la posibilidad de acometer la recapitalización de la banca española mediante el empleo de fondos europeos específicamente reservados para las entidades financieras (esto es, ya previstos) se justificaría en base a la dificultad existente para obtener los recursos necesarios con medios propios y al elevado volumen de saneamiento que necesitaría el conjunto del sistema financiero español. Asimismo habría que tener presente el porcentaje que implicaría dicho saneamiento respecto de nuestro PIB.

A priori, la posibilidad de acometer la recapitalización de la banca española mediante el empleo de fondos europeos específicamente reservados para las entidades financieras (esto es, ya previstos) se justificaría en base a la dificultad existente para obtener los recursos necesarios con medios propios y al elevado volumen de saneamiento que necesitaría el conjunto del sistema financiero español. Asimismo habría que tener presente el porcentaje que implicaría dicho saneamiento respecto de nuestro PIB.

Otros datos invitaban igualmente a la reflexión. Por ejemplo, el hecho de que los bonistas y acreedores eludiesen todo tipo de recorte; que los accionistas preservasen sus derechos preferentes en la proyectada ampliación, a pesar de tener que afrontar importantes pérdidas por la dilución del capital tras la entrada en fuerza del FROB; que los acreedores no fuesen a verse directamente afectados por operaciones obligatorias de acordeón o por haircuts (descuentos o penalizaciones en función de la calidad del crédito); o que la aportación del Estado no goce, en principio, de especiales garantías o salvaguardias.

Otros datos invitaban igualmente a la reflexión. Por ejemplo, el hecho de que los bonistas y acreedores eludiesen todo tipo de recorte; que los accionistas preservasen sus derechos preferentes en la proyectada ampliación, a pesar de tener que afrontar importantes pérdidas por la dilución del capital tras la entrada en fuerza del FROB; que los acreedores no fuesen a verse directamente afectados por operaciones obligatorias de acordeón o por haircuts (descuentos o penalizaciones en función de la calidad del crédito); o que la aportación del Estado no goce, en principio, de especiales garantías o salvaguardias.

Téngase presente además que el hecho de que desde el Ejecutivo se pretendiese cubrir con deuda pública las necesidades de Bankia implicaba proyectar indirectamente sobre el BCE la financiación del rescate a la entidad, al poder utilizar esta institución la deuda española para obtener

Téngase presente además que el hecho de que desde el Ejecutivo se pretendiese cubrir con deuda pública las necesidades de Bankia implicaba proyectar indirectamente sobre el BCE la financiación del rescate a la entidad, al poder utilizar esta institución la deuda española para obtener

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Juan Calvo Vérgez

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fondos del Banco Central Europeo. Se trataría pues de un mecanismo de financiación de carácter no neutral que supondría un agravio comparativo frente a aquellos bancos que emitieron bonos convertibles , así como frente a las entidades bajo control del FROB. Todo ello sin perjuicio de los recelos que podrían llegar a suscitarse entre los inversores, penalizándose la deuda en circulación y dificultando la financiación del Tesoro.

fondos del Banco Central Europeo. Se trataría pues de un mecanismo de financiación de carácter no neutral que supondría un agravio comparativo frente a aquellos bancos que emitieron bonos convertibles , así como frente a las entidades bajo control del FROB. Todo ello sin perjuicio de los recelos que podrían llegar a suscitarse entre los inversores, penalizándose la deuda en circulación y dificultando la financiación del Tesoro.

Con fecha de 29 de mayo de 2012 se conoció que Bankia pediría autorización a sus accionistas para que el Consejo pudiera ampliar capital hasta un máximo del 50% del capital social suscrito en una o varias veces y en cualquier momento en el plazo máximo de 5 años. Con carácter adicional el Consejo reclamaría la delegación para poder emitir bonos convertibles en acciones por un máximo de 5.000 millones de euros, solicitándose además autorización para emitir títulos de renta fija por un máximo de 40.000 millones y pagarés por otros 15.000 millones de euros. Bankia tenía que realizar una ampliación de capital de 12.000 millones de euros a finales de 2012 para que su matriz, BFA, le inyectase el dinero que necesitaba para mantener su solvencia tras realizar los saneamientos.

Con fecha de 29 de mayo de 2012 se conoció que Bankia pediría autorización a sus accionistas para que el Consejo pudiera ampliar capital hasta un máximo del 50% del capital social suscrito en una o varias veces y en cualquier momento en el plazo máximo de 5 años. Con carácter adicional el Consejo reclamaría la delegación para poder emitir bonos convertibles en acciones por un máximo de 5.000 millones de euros, solicitándose además autorización para emitir títulos de renta fija por un máximo de 40.000 millones y pagarés por otros 15.000 millones de euros. Bankia tenía que realizar una ampliación de capital de 12.000 millones de euros a finales de 2012 para que su matriz, BFA, le inyectase el dinero que necesitaba para mantener su solvencia tras realizar los saneamientos.

Sin embargo el BCE rechazó la posibilidad de que el Ejecutivo optase por recapitalizar Bankia mediante la inyección de deuda pública en la entidad, ya que la intención existente inicialmente era que conceder deuda pública a Bankia para que ésta acudiera al BCE y canjeara esos títulos por liquidez. A juicio del BCE ello podría llegar a vulnerar una de las normas básicas de la UE, como es aquella en virtud de la cual el Banco Central no puede monetizar deuda o convertirse en un financiador de los Gobiernos.

Sin embargo el BCE rechazó la posibilidad de que el Ejecutivo optase por recapitalizar Bankia mediante la inyección de deuda pública en la entidad, ya que la intención existente inicialmente era que conceder deuda pública a Bankia para que ésta acudiera al BCE y canjeara esos títulos por liquidez. A juicio del BCE ello podría llegar a vulnerar una de las normas básicas de la UE, como es aquella en virtud de la cual el Banco Central no puede monetizar deuda o convertirse en un financiador de los Gobiernos.

Como ya se ha señalado con anterioridad la intención del Ejecutivo era transformar parte de la deuda privada de Bankia en deuda pública de todos los contribuyentes. Se evitaría así una restructuración de los pasivos de BFA-Bankia mediante la emisión por parte del Tesoro de deuda pública con la que recapitalizar a la entidad. Ahora bien, al amparo de este criterio lo que sucedería sería que las pérdidas de unos pocos inversores privados se trasladarían hacia el conjunto de los contribuyentes, quedando además el Estado obligado a acudir al mercado de deuda al objeto de captar un volumen de capital que equivaldría a la mitad de todo el ajuste presupuestario para este año.

Como ya se ha señalado con anterioridad la intención del Ejecutivo era transformar parte de la deuda privada de Bankia en deuda pública de todos los contribuyentes. Se evitaría así una restructuración de los pasivos de BFA-Bankia mediante la emisión por parte del Tesoro de deuda pública con la que recapitalizar a la entidad. Ahora bien, al amparo de este criterio lo que sucedería sería que las pérdidas de unos pocos inversores privados se trasladarían hacia el conjunto de los contribuyentes, quedando además el Estado obligado a acudir al mercado de deuda al objeto de captar un volumen de capital que equivaldría a la mitad de todo el ajuste presupuestario para este año.

La recapitalización de las entidades financieras

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De entrada conviene tener presente que dicha provisión de fondos públicos para BFA-Bankia podría terminar computando como déficit según los criterios de Eurostat. Con carácter adicional, y en tanto en cuanto el conjunto de la economía española adolece de un problema de exceso de deuda, parece difícil que la solución al mismo mediante la adopción del citado criterio pudiese venir de un mayor endeudamiento público.

De entrada conviene tener presente que dicha provisión de fondos públicos para BFA-Bankia podría terminar computando como déficit según los criterios de Eurostat. Con carácter adicional, y en tanto en cuanto el conjunto de la economía española adolece de un problema de exceso de deuda, parece difícil que la solución al mismo mediante la adopción del citado criterio pudiese venir de un mayor endeudamiento público.

Una alternativa que, sin embargo, podía servir para recapitalizar BFABankia sin que los contribuyentes aportasen un solo euro y sin que se viese menoscabada la credibilidad de las finanzas públicas era convertir algunos pasivos de Bankia en fondos propios de la entidad, sustituyendo la recapitalización estatal por la recapitalización interna de la entidad.

Una alternativa que, sin embargo, podía servir para recapitalizar BFABankia sin que los contribuyentes aportasen un solo euro y sin que se viese menoscabada la credibilidad de las finanzas públicas era convertir algunos pasivos de Bankia en fondos propios de la entidad, sustituyendo la recapitalización estatal por la recapitalización interna de la entidad.

Las ventajas de una conversión forzosa de deuda en acciones resultaban, a priori, superiores a las de una recapitalización pública. De entrada, las pérdidas se concentrarían en aquellos accionistas con una mayor responsabilidad y vinculación con el banco (los acreedores en lugar de los contribuyentes). En segundo término, ello podría permitir que la economía española sanease la situación de su banca reduciendo su endeudamiento agregado y no incrementándolo. En tercer lugar, las finanzas del Estado no sufrirían, continuando además la entidad en manos privadas –las de los nuevos propietarios, esto es, las de los antiguos acreedores. Con ello se evitaría su nacionalización y los costes derivados de una gestión pública.

Las ventajas de una conversión forzosa de deuda en acciones resultaban, a priori, superiores a las de una recapitalización pública. De entrada, las pérdidas se concentrarían en aquellos accionistas con una mayor responsabilidad y vinculación con el banco (los acreedores en lugar de los contribuyentes). En segundo término, ello podría permitir que la economía española sanease la situación de su banca reduciendo su endeudamiento agregado y no incrementándolo. En tercer lugar, las finanzas del Estado no sufrirían, continuando además la entidad en manos privadas –las de los nuevos propietarios, esto es, las de los antiguos acreedores. Con ello se evitaría su nacionalización y los costes derivados de una gestión pública.

Con carácter adicional, una vez reducido a cero el valor de la actual serie de acciones ordinarias de BFA-Bankia, los 23.500 millones de euros que planeaba inyectar el Ejecutivo a la entidad podrían aflorar, por ejemplo, a través de la capitalización de la siguiente deuda privada de la entidad.

Con carácter adicional, una vez reducido a cero el valor de la actual serie de acciones ordinarias de BFA-Bankia, los 23.500 millones de euros que planeaba inyectar el Ejecutivo a la entidad podrían aflorar, por ejemplo, a través de la capitalización de la siguiente deuda privada de la entidad.

Tal y como se ha señalado la intención inicial del Ejecutivo era inyectar en la entidad una especie de garantía de cobro de deuda soberana para que aquélla pudiera acudir al BCE y canjearla por liquidez, con lo que el Gobierno conseguiría evitar nuevas subastas de deuda. Sin embargo para el BCE dicha opción no resultaba posible, dado que podría acarrear problemas para los sistemas de financiación entre las distintas entidades europeas y romper con las reglas del BCE. Dada esta situación una alternativa era que el BCE actuase como prestamista de último recurso comprando deuda pública española para reducir el coste de la financiación del Tesoro.

Tal y como se ha señalado la intención inicial del Ejecutivo era inyectar en la entidad una especie de garantía de cobro de deuda soberana para que aquélla pudiera acudir al BCE y canjearla por liquidez, con lo que el Gobierno conseguiría evitar nuevas subastas de deuda. Sin embargo para el BCE dicha opción no resultaba posible, dado que podría acarrear problemas para los sistemas de financiación entre las distintas entidades europeas y romper con las reglas del BCE. Dada esta situación una alternativa era que el BCE actuase como prestamista de último recurso comprando deuda pública española para reducir el coste de la financiación del Tesoro.

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Juan Calvo Vérgez

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En todo caso la idea existente de inyectar bonos quedaba inicialmente descartada (al igual que la opción de que el Estado pagase a Bankia el rescate con títulos de deuda, que posteriormente la entidad podría utilizar como garantía ante el Banco Central Europeo para obtener liquidez), pasando a ser la prioridad captar el dinero mediante emisiones de deuda, apuntándose igualmente la posibilidad de que la entidad pudiera contar con el capital del Gobierno una vez que hubiese recibido el compromiso formal del Ejecutivo, no teniendo que esperar al desembolso del efectivo. Otra posibilidad era que la inyección de capital del Estado en Bankia no se pagase con títulos de deuda, sino en efectivo, con el dinero recaudado mediante subastas tradicionales del Tesoro.

En todo caso la idea existente de inyectar bonos quedaba inicialmente descartada (al igual que la opción de que el Estado pagase a Bankia el rescate con títulos de deuda, que posteriormente la entidad podría utilizar como garantía ante el Banco Central Europeo para obtener liquidez), pasando a ser la prioridad captar el dinero mediante emisiones de deuda, apuntándose igualmente la posibilidad de que la entidad pudiera contar con el capital del Gobierno una vez que hubiese recibido el compromiso formal del Ejecutivo, no teniendo que esperar al desembolso del efectivo. Otra posibilidad era que la inyección de capital del Estado en Bankia no se pagase con títulos de deuda, sino en efectivo, con el dinero recaudado mediante subastas tradicionales del Tesoro.

Desde nuestro punto de vista lo más deseable sería sanear la banca española con mecanismos de mercado o fondos de Gobierno y no a través de un recate europeo. En otras palabras, sería preferible que el Estado español obtuviese los fondos necesarios por su cuenta en vez de solicitar un rescate europeo. No obstante, en el supuesto de que las tensiones no se calmasen, únicamente quedaba la alternativa de pedir el dinero a los fondos de rescate europeos. Téngase presente además a este respecto que, al margen de los 19.000 millones de euros extra que necesitaba Bankia (5.000 de los cuales podían salir directamente del FROB) había que sumar las necesidades de recapitalización del resto de entidades.

Desde nuestro punto de vista lo más deseable sería sanear la banca española con mecanismos de mercado o fondos de Gobierno y no a través de un recate europeo. En otras palabras, sería preferible que el Estado español obtuviese los fondos necesarios por su cuenta en vez de solicitar un rescate europeo. No obstante, en el supuesto de que las tensiones no se calmasen, únicamente quedaba la alternativa de pedir el dinero a los fondos de rescate europeos. Téngase presente además a este respecto que, al margen de los 19.000 millones de euros extra que necesitaba Bankia (5.000 de los cuales podían salir directamente del FROB) había que sumar las necesidades de recapitalización del resto de entidades.

Por su parte el BCE se encargó de precisar a este respecto que resultaba necesaria una mayor centralización de la supervisión bancaria para prever los riesgos sistémicos, debiendo procederse a la creación de una “unión bancaria” con tres pilares: la creación de un sistema europeo de garantía de depósitos; la puesta en marcha de un fondo de resolución para liquidar las entidades sistémicas; y una mayor centralización de la supervisión bancaria. En opinión del BCE la creación de la citada “unión bancaria” habría de contribuir a estabilizar la situación y reducir la prima de riesgo, precisándose además que el supervisor europeo no está facultado para intervenir en los frentes presupuestario, estructural o de gobernanza en la Eurozona.

Por su parte el BCE se encargó de precisar a este respecto que resultaba necesaria una mayor centralización de la supervisión bancaria para prever los riesgos sistémicos, debiendo procederse a la creación de una “unión bancaria” con tres pilares: la creación de un sistema europeo de garantía de depósitos; la puesta en marcha de un fondo de resolución para liquidar las entidades sistémicas; y una mayor centralización de la supervisión bancaria. En opinión del BCE la creación de la citada “unión bancaria” habría de contribuir a estabilizar la situación y reducir la prima de riesgo, precisándose además que el supervisor europeo no está facultado para intervenir en los frentes presupuestario, estructural o de gobernanza en la Eurozona.

En todo caso con fecha de 27 de junio de 2012 la Comisión Europea aprobó que el FROB se hiciese con el control absoluto de Banco Financiero y de Ahorros, después de capitalizar preferentes por 4.465 millones de euros. Esta entrada del Estado como accionista implicaba que las cajas fundadoras de Bankia se quedaran sin participación en BFA. De este modo

En todo caso con fecha de 27 de junio de 2012 la Comisión Europea aprobó que el FROB se hiciese con el control absoluto de Banco Financiero y de Ahorros, después de capitalizar preferentes por 4.465 millones de euros. Esta entrada del Estado como accionista implicaba que las cajas fundadoras de Bankia se quedaran sin participación en BFA. De este modo

La recapitalización de las entidades financieras

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La recapitalización de las entidades financieras

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las siete cajas de ahorro fundadoras del grupo, lideradas por Caja Madrid y Bancaja, perdían toda su participación en BFA, debiendo procederse con carácter inminente a articular su conversión en fundaciones de carácter especial con el único objeto de gestionar la obra social con los recursos que se quedaron al crear Bankia o con los fondos adicionales que pudieran lograr de terceros.

las siete cajas de ahorro fundadoras del grupo, lideradas por Caja Madrid y Bancaja, perdían toda su participación en BFA, debiendo procederse con carácter inminente a articular su conversión en fundaciones de carácter especial con el único objeto de gestionar la obra social con los recursos que se quedaron al crear Bankia o con los fondos adicionales que pudieran lograr de terceros.

Con fecha 29 de junio de 2012 se conoció que Bankia presentaría una ampliación de capital por valor de 12.000 millones de euros antes de que finalizase el ejercicio 2012, en el que se daría derecho de suscripción preferente a los accionistas, y anunció un plan a tres años para desprenderse de más del 50% de los casi 60.000 millones de euros en activos de muy escasa rentabilidad, esencialmente activos morosos y bienes inmuebles.

Con fecha 29 de junio de 2012 se conoció que Bankia presentaría una ampliación de capital por valor de 12.000 millones de euros antes de que finalizase el ejercicio 2012, en el que se daría derecho de suscripción preferente a los accionistas, y anunció un plan a tres años para desprenderse de más del 50% de los casi 60.000 millones de euros en activos de muy escasa rentabilidad, esencialmente activos morosos y bienes inmuebles.

Como ya se ha señalado Bankia requería una inyección adicional de 19.000 millones de euros, los cuales habrían de sumarse a los más de 4.000 millones que recibió inicialmente como préstamo y que pasaron a ser capital. En los plazos establecidos por el Memorando de Entendimiento (MoU, por sus siglas en inglés, al que más adelante nos referiremos con detenimiento) la recapitalización de las entidades nacionalizadas (Bankia, NovacaixaGalicia, CatalunyaCaixa y Banco de Valencia) debía realizarse en octubre de 2012, cuando finalizasen los análisis de sus balances que determinaran la cantidad exacta de ayuda que necesitan. Sin embargo el MoU también incluía la posibilidad de activar un mecanismo de urgencia, por el que el Banco de España podía solicitar un adelanto de la ayuda. Con ese objetivo se decidió que el Fondo de Rescate Temporal dispusiera ya de 30.000 millones de euros con este fin. Al objeto de poder activar este proceso el Banco de España tenía que presentar una petición a la Comisión Europea en la que detallase los motivos que le llevasen a acelerar el proceso y la cantidad exacta que precisa. Una vez realizada la petición, el Grupo de Trabajo del Eurogrupo, el BCE y la Comisión Europea debían dar el visto bueno a este programa y la ayuda llegaría al FROB, que a su vez lo traspasaría a Bankia.

Como ya se ha señalado Bankia requería una inyección adicional de 19.000 millones de euros, los cuales habrían de sumarse a los más de 4.000 millones que recibió inicialmente como préstamo y que pasaron a ser capital. En los plazos establecidos por el Memorando de Entendimiento (MoU, por sus siglas en inglés, al que más adelante nos referiremos con detenimiento) la recapitalización de las entidades nacionalizadas (Bankia, NovacaixaGalicia, CatalunyaCaixa y Banco de Valencia) debía realizarse en octubre de 2012, cuando finalizasen los análisis de sus balances que determinaran la cantidad exacta de ayuda que necesitan. Sin embargo el MoU también incluía la posibilidad de activar un mecanismo de urgencia, por el que el Banco de España podía solicitar un adelanto de la ayuda. Con ese objetivo se decidió que el Fondo de Rescate Temporal dispusiera ya de 30.000 millones de euros con este fin. Al objeto de poder activar este proceso el Banco de España tenía que presentar una petición a la Comisión Europea en la que detallase los motivos que le llevasen a acelerar el proceso y la cantidad exacta que precisa. Una vez realizada la petición, el Grupo de Trabajo del Eurogrupo, el BCE y la Comisión Europea debían dar el visto bueno a este programa y la ayuda llegaría al FROB, que a su vez lo traspasaría a Bankia.

Con fecha 31 de agosto de 2012 el FROB anunció que inyectaría capital en Bankia con carácter inmediato. El importe de la aportación rondaría entre los 4.500 y 5.000 millones de euros. Esta ayuda tenía el carácter de anticipo del dinero que el grupo nacionalizado recibiría de la Unión Europea. De este modo el FROB anunció que inyectaba entre 4.000 y 5.000 millones de

Con fecha 31 de agosto de 2012 el FROB anunció que inyectaría capital en Bankia con carácter inmediato. El importe de la aportación rondaría entre los 4.500 y 5.000 millones de euros. Esta ayuda tenía el carácter de anticipo del dinero que el grupo nacionalizado recibiría de la Unión Europea. De este modo el FROB anunció que inyectaba entre 4.000 y 5.000 millones de

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Juan Calvo Vérgez

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euros de capital en BFA-Bankia de forma inmediata como anticipo de la ayuda financiera del Fondo europeo de rescate con fecha 14 de septiembre de 2012, procediendo a suscribir con deuda pública una ampliación de capital de la matriz Banco Financiero y de Ahorros que posteriormente se traspasaría a Bankia.

euros de capital en BFA-Bankia de forma inmediata como anticipo de la ayuda financiera del Fondo europeo de rescate con fecha 14 de septiembre de 2012, procediendo a suscribir con deuda pública una ampliación de capital de la matriz Banco Financiero y de Ahorros que posteriormente se traspasaría a Bankia.

Se articulaba así un proceso de recapitalización, segregación de activos y reestructuración101 cuyo punto de partida era una ampliación en el patrimonio del FROB prevista en el Real Decreto-Ley 2/2012, de 3 de febrero, al que posteriormente tendremos ocasión de referirnos. Una vez que el FROB adquiriese ese dinero (previsiblemente en la forma de títulos del Tesoro) acudiría a la ampliación de capital de BFA por un importe de 4.500 millones, bien a través de un préstamo subordinado o bien, en el supuesto de que el BCE así lo autorizase, con la liquidez obtenida en las subastas celebradas al efecto. Se trataría pues de sanear la entidad a través de miles de millones de nuevos títulos de deuda pública (a pesar de que, como hemos indicado, inicialmente el BCE descartó esta posibilidad) que podrían ser usados posteriormente como garantía en operaciones interbancarias e incluso directamente acudir con ellos al BCE para lograr efectivo102.

Se articulaba así un proceso de recapitalización, segregación de activos y reestructuración101 cuyo punto de partida era una ampliación en el patrimonio del FROB prevista en el Real Decreto-Ley 2/2012, de 3 de febrero, al que posteriormente tendremos ocasión de referirnos. Una vez que el FROB adquiriese ese dinero (previsiblemente en la forma de títulos del Tesoro) acudiría a la ampliación de capital de BFA por un importe de 4.500 millones, bien a través de un préstamo subordinado o bien, en el supuesto de que el BCE así lo autorizase, con la liquidez obtenida en las subastas celebradas al efecto. Se trataría pues de sanear la entidad a través de miles de millones de nuevos títulos de deuda pública (a pesar de que, como hemos indicado, inicialmente el BCE descartó esta posibilidad) que podrían ser usados posteriormente como garantía en operaciones interbancarias e incluso directamente acudir con ellos al BCE para lograr efectivo102.

Finalmente con fecha 12 de septiembre de 2012 se conoció que el FROB, en su condición de accionista único de Bankia, había acordado realizar un aumento de capital social mediante aportación no dineraria por importe total de 4.500 millones de euros. Para ello se emitirían 4.500 millones de nuevas acciones ordinarias nominativas, de un euro de valor nominal y de la misma clase y serie que las existentes en circulación. Estas nuevas acciones habían sido suscritas y desembolsadas mediante la apor-

Finalmente con fecha 12 de septiembre de 2012 se conoció que el FROB, en su condición de accionista único de Bankia, había acordado realizar un aumento de capital social mediante aportación no dineraria por importe total de 4.500 millones de euros. Para ello se emitirían 4.500 millones de nuevas acciones ordinarias nominativas, de un euro de valor nominal y de la misma clase y serie que las existentes en circulación. Estas nuevas acciones habían sido suscritas y desembolsadas mediante la apor-

Téngase presente que con dicha inyección Bankia alcanzaba ya el 8% de core capital mínimo exigido, esto es, que su capital básico y sus reservas equivalgan al 8% de sus activos ponderados por riesgo si bien, como tendremos ocasión de analizar, dicho requisito fue elevado al 9% a partir del 1 de enero de 2013 por el Real Decreto-Ley 24/2012, de 31 de agosto, de reestructuración y resolución de entidades de crédito. 102 A tal efecto con fecha 10 de septiembre de 2012 se conoció que el Tesoro había cerrado una colocación privada de letras y obligaciones por 6.000 millones de euros con el fin de reforzar los recursos del FROB de 9.000 a 15.000 millones de euros. De cara a la autorización de la operación se optó por el procedimiento de venta simple con la finalidad de permitir la obtención de financiación a un coste inferior al de métodos alternativos, al realizarse directamente para un inversor final con un interés específico en determinados instrumentos. Así, se procedió a alcanzar un acuerdo entre la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera y el inversor final sobre las características específicas de las operación.

Téngase presente que con dicha inyección Bankia alcanzaba ya el 8% de core capital mínimo exigido, esto es, que su capital básico y sus reservas equivalgan al 8% de sus activos ponderados por riesgo si bien, como tendremos ocasión de analizar, dicho requisito fue elevado al 9% a partir del 1 de enero de 2013 por el Real Decreto-Ley 24/2012, de 31 de agosto, de reestructuración y resolución de entidades de crédito. 102 A tal efecto con fecha 10 de septiembre de 2012 se conoció que el Tesoro había cerrado una colocación privada de letras y obligaciones por 6.000 millones de euros con el fin de reforzar los recursos del FROB de 9.000 a 15.000 millones de euros. De cara a la autorización de la operación se optó por el procedimiento de venta simple con la finalidad de permitir la obtención de financiación a un coste inferior al de métodos alternativos, al realizarse directamente para un inversor final con un interés específico en determinados instrumentos. Así, se procedió a alcanzar un acuerdo entre la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera y el inversor final sobre las características específicas de las operación.

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tación no dineraria por el FROB. Como consecuencia de esta ampliación el capital social de Bankia ascendía a 4.528 millones de euros, dividido en 4.528 millones de acciones nominativas, de un euro de valor nominal cada una, íntegramente suscritas y desembolsadas y pertenecientes a la misma clase y serie. Asimismo, y al objeto de continuar con el proceso de fortalecimiento en Bankia, el Consejo de Administración de la entidad aprobó una aportación de fondos propios de BFA a Bankia en forma de préstamo subordinado por importe de 4.500 millones de euros, que tendrían en todo momento la consideración de recursos propios de segunda categoría (Tier 2 Capital). El tipo de interés del contrato de préstamo subordinado, suscrito también este miércoles, sería del 8% y su duración indeterminada.

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tación no dineraria por el FROB. Como consecuencia de esta ampliación el capital social de Bankia ascendía a 4.528 millones de euros, dividido en 4.528 millones de acciones nominativas, de un euro de valor nominal cada una, íntegramente suscritas y desembolsadas y pertenecientes a la misma clase y serie. Asimismo, y al objeto de continuar con el proceso de fortalecimiento en Bankia, el Consejo de Administración de la entidad aprobó una aportación de fondos propios de BFA a Bankia en forma de préstamo subordinado por importe de 4.500 millones de euros, que tendrían en todo momento la consideración de recursos propios de segunda categoría (Tier 2 Capital). El tipo de interés del contrato de préstamo subordinado, suscrito también este miércoles, sería del 8% y su duración indeterminada.

VIII. ANÁLISIS DE LAS PRINCIPALES LÍNEAS DE ACTUACIONES SEGUIDAS POR EL FROB Y POR OTROS ORGANISMOS FINANCIEROS NACIONALES Y COMUNITARIOS

VIII. ANÁLISIS DE LAS PRINCIPALES LÍNEAS DE ACTUACIONES SEGUIDAS POR EL FROB Y POR OTROS ORGANISMOS FINANCIEROS NACIONALES Y COMUNITARIOS

De conformidad con datos facilitados por el Ministerio de Economía y Hacienda, con la nacionalización parcial de aquellas entidades que así lo requiriesen (las cuales, en principio, se calculó que necesitarían 6.000 y 7.000 millones de euros capital) el FROB, comandado por el Banco de España y por el Ministerio de Economía y Hacienda, pasaba a controlar y supervisar el futuro de 279.000 millones de activos bancarios, alrededor del 20% del sector de cajas103. Ahora bien el citado Fondo público no asumía, sin embargo, inicialmente, funciones de gestión, con independencia de que sí sentase a consejeros propios en los órganos de gobierno de las cajas.

De conformidad con datos facilitados por el Ministerio de Economía y Hacienda, con la nacionalización parcial de aquellas entidades que así lo requiriesen (las cuales, en principio, se calculó que necesitarían 6.000 y 7.000 millones de euros capital) el FROB, comandado por el Banco de España y por el Ministerio de Economía y Hacienda, pasaba a controlar y supervisar el futuro de 279.000 millones de activos bancarios, alrededor del 20% del sector de cajas103. Ahora bien el citado Fondo público no asumía, sin embargo, inicialmente, funciones de gestión, con independencia de que sí sentase a consejeros propios en los órganos de gobierno de las cajas.

Tal y como se ha señalado con anterioridad al analizar el contenido del Real Decreto 2/2011, el número de consejeros públicos dependería de la valoración de los activos de las entidades que hiciesen los expertos seleccionados por el supervisor. De este modo, en el supuesto de que dicha valoración resultase baja y las necesidades de capital altas, estas cajas quedarían en manos del Estado casi por completo.

Tal y como se ha señalado con anterioridad al analizar el contenido del Real Decreto 2/2011, el número de consejeros públicos dependería de la valoración de los activos de las entidades que hiciesen los expertos seleccionados por el supervisor. De este modo, en el supuesto de que dicha valoración resultase baja y las necesidades de capital altas, estas cajas quedarían en manos del Estado casi por completo.

Por otro lado el Gobierno preveía limitar los sueldos de aquellos ejecutivos que estuviesen al frente de las entidades que hubieran recibido

Por otro lado el Gobierno preveía limitar los sueldos de aquellos ejecutivos que estuviesen al frente de las entidades que hubieran recibido

103 Téngase presente a este respecto que inicialmente el Banco de España había cifrado las necesidades mínimas de capital de las cajas en 14.077 millones de euros, si bien dicha cifra podría elevarse al final del proceso.

103 Téngase presente a este respecto que inicialmente el Banco de España había cifrado las necesidades mínimas de capital de las cajas en 14.077 millones de euros, si bien dicha cifra podría elevarse al final del proceso.

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Juan Calvo Vérgez

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ayudas públicas o apoyo de los Fondos de Garantía de Depósitos. Aquellos gestores de las cajas de ahorro que hubiesen solicitado dinero al FROB no podrían percibir bonus, salvo autorización expresa del Banco de España. El Ministerio de Economía y Hacienda, en adaptación al marco normativo comunitario, pretendía introducir modificaciones en la remuneración de estos directivos, situados en pleno debate público por su hoja de servicios y la gestión realizada en las entidades. Como ya se ha señalado, dicha modificación terminó articulándose a través del ya analizado Real Decreto 2/2011 que vino a modificar el Real Decreto 216/2008 de recursos propios de entidades financieras104. Dicho Real Decreto preveía igualmente la introducción de cambios en el sistema de depósitos.

ayudas públicas o apoyo de los Fondos de Garantía de Depósitos. Aquellos gestores de las cajas de ahorro que hubiesen solicitado dinero al FROB no podrían percibir bonus, salvo autorización expresa del Banco de España. El Ministerio de Economía y Hacienda, en adaptación al marco normativo comunitario, pretendía introducir modificaciones en la remuneración de estos directivos, situados en pleno debate público por su hoja de servicios y la gestión realizada en las entidades. Como ya se ha señalado, dicha modificación terminó articulándose a través del ya analizado Real Decreto 2/2011 que vino a modificar el Real Decreto 216/2008 de recursos propios de entidades financieras104. Dicho Real Decreto preveía igualmente la introducción de cambios en el sistema de depósitos.

Con posterioridad este Real Decreto 216/2008 sería modificado a través del Real Decreto 771/2011, de 3 de junio, persiguiéndose con la aprobación de este último Real Decreto avanzar de manera sustancial en la transposición de las Directivas 2009/111/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de septiembre de 2009, y 2010/76/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 24 de noviembre de 2010. No obstante se trató de una transposición parcial, en la medida en que la especificación técnica de buena parte de las dos normas comunitarias hacía necesario culminar el proceso de transposición en disposiciones de rango inferior. Por otra parte, y en línea con las previsiones que en materia de fondos de garantía de depósitos se estaban llevando a cabo en el ámbito europeo, se introdujo un nuevo régimen de aportación adicional a estos fondos basado en la remuneración de los propios depósitos. Así las cosas el citado Real Decreto se estructuró en un único artículo por el que se modificó el Real Decreto 216/2008, de 15 de febrero, de recursos propios de las entidades financieras y que afectó tanto a su Título I (entidades de crédito) como a su Título II (empresas de servicios de inversión), y a alguna de sus Disposiciones Transitorias. Dicho artículo se divide en treinta y cinco apartados, al que se añaden una Disposición Derogatoria y cinco Disposiciones Finales. Los Apartados Uno a Veintiuno contienen: las disposiciones relativas a entidades de crédito, que tienen como finalidad mejorar la calidad de los recursos propios computables de dichas entidades; los requisitos de recursos propios para el riesgo derivado de la cartera de negociación para equiparar su tratamiento con el de la cartera bancaria; las disposiciones normativas relativas al nuevo régimen prudencial de las titulizaciones introducido en la Ley 6/2011, de 11 de abril; las mejoras introducidas en el régimen de los límites a las exposiciones a grandes riesgos; el régimen de los nuevos requisitos prudenciales por riesgo de liquidez; los diversos aspectos relacionados con la actividad supervisora del Banco de España y su cooperación con las autoridades de supervisión financiera de otros Estados miembros de la Unión Europea y los requisitos en lo que respecta a la política de remuneraciones de las entidades de crédito. Por lo que respecta a los Apartados Veintidós a Veintinueve, a través de los mismos se regulan de forma equivalente las anteriores disposiciones adaptadas a las empresas de servicios de inversión. Se concluye la modificación del Real Decreto 216/2008 con los Apartados Treinta a Treinta y Cinco, al objeto de añadir una Disposición Adicional relativa a las obligaciones de divulgación del Banco de España en relación con las posiciones de titulización de las entidades, la modificación de la Disposición Transitoria Segunda, relacionada con la ponderación de exposiciones en divisas, y la adición de cuatro nuevas Disposiciones Transitorias que introducen diversos regímenes transitorios

Con posterioridad este Real Decreto 216/2008 sería modificado a través del Real Decreto 771/2011, de 3 de junio, persiguiéndose con la aprobación de este último Real Decreto avanzar de manera sustancial en la transposición de las Directivas 2009/111/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de septiembre de 2009, y 2010/76/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 24 de noviembre de 2010. No obstante se trató de una transposición parcial, en la medida en que la especificación técnica de buena parte de las dos normas comunitarias hacía necesario culminar el proceso de transposición en disposiciones de rango inferior. Por otra parte, y en línea con las previsiones que en materia de fondos de garantía de depósitos se estaban llevando a cabo en el ámbito europeo, se introdujo un nuevo régimen de aportación adicional a estos fondos basado en la remuneración de los propios depósitos. Así las cosas el citado Real Decreto se estructuró en un único artículo por el que se modificó el Real Decreto 216/2008, de 15 de febrero, de recursos propios de las entidades financieras y que afectó tanto a su Título I (entidades de crédito) como a su Título II (empresas de servicios de inversión), y a alguna de sus Disposiciones Transitorias. Dicho artículo se divide en treinta y cinco apartados, al que se añaden una Disposición Derogatoria y cinco Disposiciones Finales. Los Apartados Uno a Veintiuno contienen: las disposiciones relativas a entidades de crédito, que tienen como finalidad mejorar la calidad de los recursos propios computables de dichas entidades; los requisitos de recursos propios para el riesgo derivado de la cartera de negociación para equiparar su tratamiento con el de la cartera bancaria; las disposiciones normativas relativas al nuevo régimen prudencial de las titulizaciones introducido en la Ley 6/2011, de 11 de abril; las mejoras introducidas en el régimen de los límites a las exposiciones a grandes riesgos; el régimen de los nuevos requisitos prudenciales por riesgo de liquidez; los diversos aspectos relacionados con la actividad supervisora del Banco de España y su cooperación con las autoridades de supervisión financiera de otros Estados miembros de la Unión Europea y los requisitos en lo que respecta a la política de remuneraciones de las entidades de crédito. Por lo que respecta a los Apartados Veintidós a Veintinueve, a través de los mismos se regulan de forma equivalente las anteriores disposiciones adaptadas a las empresas de servicios de inversión. Se concluye la modificación del Real Decreto 216/2008 con los Apartados Treinta a Treinta y Cinco, al objeto de añadir una Disposición Adicional relativa a las obligaciones de divulgación del Banco de España en relación con las posiciones de titulización de las entidades, la modificación de la Disposición Transitoria Segunda, relacionada con la ponderación de exposiciones en divisas, y la adición de cuatro nuevas Disposiciones Transitorias que introducen diversos regímenes transitorios

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La recapitalización de las entidades financieras

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Al amparo de la regulación introducida los esquemas de remuneración de los ejecutivos de las cajas con ayudas debían plegarse a dos limitaciones específicas sobre el bonus, las cuales habrían de sumarse a las exigencias generales planteadas para toda la banca. De este modo, en el supuesto de que la remuneración variable resultase ser incompatible con el mantenimiento de una base sólida de capital, el esquema de retribución se limitaría estrictamente a un porcentaje de los ingresos netos. Y, como segunda gran limitación, se dispuso que los administradores y directivos que efectivamente dirigiesen la actividad de la entidad no percibiesen remuneración variable, salvo que se justificase adecuadamente, a juicio del Banco de España. Se confería así una plena discrecionalidad al supervisor, que no sólo marcaría la pauta del sueldo variable, sino que, en última instancia, podría establecer, si procediese, límites a la remuneración total.

Al amparo de la regulación introducida los esquemas de remuneración de los ejecutivos de las cajas con ayudas debían plegarse a dos limitaciones específicas sobre el bonus, las cuales habrían de sumarse a las exigencias generales planteadas para toda la banca. De este modo, en el supuesto de que la remuneración variable resultase ser incompatible con el mantenimiento de una base sólida de capital, el esquema de retribución se limitaría estrictamente a un porcentaje de los ingresos netos. Y, como segunda gran limitación, se dispuso que los administradores y directivos que efectivamente dirigiesen la actividad de la entidad no percibiesen remuneración variable, salvo que se justificase adecuadamente, a juicio del Banco de España. Se confería así una plena discrecionalidad al supervisor, que no sólo marcaría la pauta del sueldo variable, sino que, en última instancia, podría establecer, si procediese, límites a la remuneración total.

Se trató por tanto de una regulación que iba a afectar a la práctica totalidad del sector de cajas, con contadas y significativas excepciones. Recuérdese a este respecto que el FROB, a lo largo de una primera ronda, prestó ya en su día unos 10.000 millones de euros a casi una treintena de cajas inmersas en siete procesos de integración. Y posteriormente, en el proceso de recapitalización que analizamos, otras se unieron a este grupo.

Se trató por tanto de una regulación que iba a afectar a la práctica totalidad del sector de cajas, con contadas y significativas excepciones. Recuérdese a este respecto que el FROB, a lo largo de una primera ronda, prestó ya en su día unos 10.000 millones de euros a casi una treintena de cajas inmersas en siete procesos de integración. Y posteriormente, en el proceso de recapitalización que analizamos, otras se unieron a este grupo.

Como ya se ha precisado, además de eliminar los bonus de las cajas de ahorro con ayudas, el Real Decreto 2/2011 creó un listado de obligaciones que todas las entidades financieras habían de cumplir. Así, por ejemplo, debían enviar al Banco de España una lista que identificase los empleados que incidiesen en el riesgo de la entidad. A su vez, habrían de realizar una evaluación interna anual con la finalidad de analizar cómo aplicar las nuevas directrices de remuneración, no pudiendo sus empleados contratar seguros relacionados con la remuneración.

Como ya se ha precisado, además de eliminar los bonus de las cajas de ahorro con ayudas, el Real Decreto 2/2011 creó un listado de obligaciones que todas las entidades financieras habían de cumplir. Así, por ejemplo, debían enviar al Banco de España una lista que identificase los empleados que incidiesen en el riesgo de la entidad. A su vez, habrían de realizar una evaluación interna anual con la finalidad de analizar cómo aplicar las nuevas directrices de remuneración, no pudiendo sus empleados contratar seguros relacionados con la remuneración.

para los nuevos requisitos prudenciales establecidos en el citado Real Decreto 216/2008. Por último la Disposición Final Primera del Real Decreto 771/2011 modificó el Real Decreto 2606/1996, de 20 de diciembre, sobre fondos de garantía de depósitos de entidades de crédito, siendo su finalidad desarrollar, por primera vez en nuestro país y en línea con los trabajos de la Comisión Europea sobre esta materia, un sistema de aportaciones a los fondos de garantía de depósitos de las entidades basado en el riesgo asumido por estas. Concretamente se exigieron contribuciones adicionales a las entidades que remuneren excesivamente sus depósitos, tanto a plazo como a la vista. Y, a través de esta vía, se diseñó un nuevo mecanismo destinado a permitir lograr tales objetivos.

para los nuevos requisitos prudenciales establecidos en el citado Real Decreto 216/2008. Por último la Disposición Final Primera del Real Decreto 771/2011 modificó el Real Decreto 2606/1996, de 20 de diciembre, sobre fondos de garantía de depósitos de entidades de crédito, siendo su finalidad desarrollar, por primera vez en nuestro país y en línea con los trabajos de la Comisión Europea sobre esta materia, un sistema de aportaciones a los fondos de garantía de depósitos de las entidades basado en el riesgo asumido por estas. Concretamente se exigieron contribuciones adicionales a las entidades que remuneren excesivamente sus depósitos, tanto a plazo como a la vista. Y, a través de esta vía, se diseñó un nuevo mecanismo destinado a permitir lograr tales objetivos.

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Juan Calvo Vérgez

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Asimismo el citado Real Decreto 2/2011 reguló las pensiones de los directivos de las entidades financieras. En el supuesto de que un empleado abandonase la entidad financiera antes de jubilarse, la entidad tendría en su poder los beneficios discrecionales de la pensión por un periodo de cinco años. Y si la jubilación se produjese al cumplir la edad, sí que se le abonarían los beneficios discrecionales, si bien sujetos a un periodo de retención de cinco años. Se calificarían así como discrecionales aquellos pagos que las entidades conceden a sus empleados de forma individual, susceptibles de asimilarse a la remuneración variable, si bien dentro de este apartado no quedaron incluidos aquellos que los que los afectados puedan tener colectivamente por el mero hecho de su pertenencia a la entidad. La regulación introducida a través del citado Real Decreto aseguraba, además, que las entidades no pudieran diseñar instrumentos de remuneración variable específicos para eludir las nuevas obligaciones. En caso de que no se cumpliese este requisito, se podría obligar a que los bonus se contraigan, sobre todo si las entidades registran resultados negativos.

Asimismo el citado Real Decreto 2/2011 reguló las pensiones de los directivos de las entidades financieras. En el supuesto de que un empleado abandonase la entidad financiera antes de jubilarse, la entidad tendría en su poder los beneficios discrecionales de la pensión por un periodo de cinco años. Y si la jubilación se produjese al cumplir la edad, sí que se le abonarían los beneficios discrecionales, si bien sujetos a un periodo de retención de cinco años. Se calificarían así como discrecionales aquellos pagos que las entidades conceden a sus empleados de forma individual, susceptibles de asimilarse a la remuneración variable, si bien dentro de este apartado no quedaron incluidos aquellos que los que los afectados puedan tener colectivamente por el mero hecho de su pertenencia a la entidad. La regulación introducida a través del citado Real Decreto aseguraba, además, que las entidades no pudieran diseñar instrumentos de remuneración variable específicos para eludir las nuevas obligaciones. En caso de que no se cumpliese este requisito, se podría obligar a que los bonus se contraigan, sobre todo si las entidades registran resultados negativos.

Ciertamente el Banco de España ya disponía de una ley que le facultaba para controlar la política salarial de las entidades financieras. A pesar de ello dicha función se vio reforzada con la aprobación de la Ley 6/2011, de 11 de abril. Al amparo de lo dispuesto en dicha Ley el supervisor queda obligado a revisar y a evaluar las políticas salariales de las entidades como fórmula para evitar la toma de riesgos excesivos. Estos análisis han de actualizarse al menos una vez al año. Con posterioridad ha de publicar una guía con los criterios de retribución que considera adecuados. La citada institución, que debe recopilar toda esta información y compararla con el resto de entidades europeas, ha de exigir al sector saber el número de personas que ganan más de un millón de euros.

Ciertamente el Banco de España ya disponía de una ley que le facultaba para controlar la política salarial de las entidades financieras. A pesar de ello dicha función se vio reforzada con la aprobación de la Ley 6/2011, de 11 de abril. Al amparo de lo dispuesto en dicha Ley el supervisor queda obligado a revisar y a evaluar las políticas salariales de las entidades como fórmula para evitar la toma de riesgos excesivos. Estos análisis han de actualizarse al menos una vez al año. Con posterioridad ha de publicar una guía con los criterios de retribución que considera adecuados. La citada institución, que debe recopilar toda esta información y compararla con el resto de entidades europeas, ha de exigir al sector saber el número de personas que ganan más de un millón de euros.

El Banco de España quedó obligado, además, a exigir, en estos casos, el sueldo, los incentivos, las primas y las pensiones acumuladas. Concretamente el supervisor determinó qué parte de esta información debía hacerse pública la cual, en todo caso, sería agregada entre los directivos y no individualizada. Con carácter adicional la citada Ley 6/2011 permitió que las entidades pudieran omitir las informaciones que no tuviesen importancia relativa y, con la oportuna advertencia, también los datos que considerasen reservados o confidenciales. Los bancos y cajas podrían determinar el medio, el lugar, y el modo a través del cual divulgarían esta información.

El Banco de España quedó obligado, además, a exigir, en estos casos, el sueldo, los incentivos, las primas y las pensiones acumuladas. Concretamente el supervisor determinó qué parte de esta información debía hacerse pública la cual, en todo caso, sería agregada entre los directivos y no individualizada. Con carácter adicional la citada Ley 6/2011 permitió que las entidades pudieran omitir las informaciones que no tuviesen importancia relativa y, con la oportuna advertencia, también los datos que considerasen reservados o confidenciales. Los bancos y cajas podrían determinar el medio, el lugar, y el modo a través del cual divulgarían esta información.

La recapitalización de las entidades financieras

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Así las cosas, a pesar de que la nueva normativa reforzaba el control del Banco de España, dejaba libertad al sector sobre qué información publicar. La CNMV adquiría además estas mismas competencias en el caso de las sociedades de inversión.

Así las cosas, a pesar de que la nueva normativa reforzaba el control del Banco de España, dejaba libertad al sector sobre qué información publicar. La CNMV adquiría además estas mismas competencias en el caso de las sociedades de inversión.

Como ya hemos tenido oportunidad de precisar, el FROB disponía de un plazo hasta septiembre de 2011 para efectuar una auditoría de los activos de estas entidades y hacer una valoración de qué parte de capital iba a tomar con las inyecciones de dinero público que fuese a realizar. Todas las ayudas públicas debían estar aprobadas antes del 30 de abril de 2011 para que computasen como capital en los test de estrés de junio. Las entidades ya habían remitido los datos de estas pruebas al Banco de España para un examen que, según se preveía, fuese aprobado por la mayoría del sector.

Como ya hemos tenido oportunidad de precisar, el FROB disponía de un plazo hasta septiembre de 2011 para efectuar una auditoría de los activos de estas entidades y hacer una valoración de qué parte de capital iba a tomar con las inyecciones de dinero público que fuese a realizar. Todas las ayudas públicas debían estar aprobadas antes del 30 de abril de 2011 para que computasen como capital en los test de estrés de junio. Las entidades ya habían remitido los datos de estas pruebas al Banco de España para un examen que, según se preveía, fuese aprobado por la mayoría del sector.

En cuanto al apoyo público, según hemos tenido oportunidad de comprobar, el caso más claro era el de CAM debido a la debilidad del balance de la citada caja. Dicha había solicitado al FROB 2.800 millones de euros de capital, lo que suponía la nacionalización de más del 50% de su capital y, por tanto, la toma de control de su gestión por el Banco de España. La única forma de evitar este destino era su posible alianza con otra caja, con apoyo del FROB, o bien la venta de su negocio financiero a un gran banco105.

En cuanto al apoyo público, según hemos tenido oportunidad de comprobar, el caso más claro era el de CAM debido a la debilidad del balance de la citada caja. Dicha había solicitado al FROB 2.800 millones de euros de capital, lo que suponía la nacionalización de más del 50% de su capital y, por tanto, la toma de control de su gestión por el Banco de España. La única forma de evitar este destino era su posible alianza con otra caja, con apoyo del FROB, o bien la venta de su negocio financiero a un gran banco105.

En todo caso, y además de la prevista reducción de consejeros, la intervención debiera venir acompañada de la pertinente exigencia de responsabilidades a los administradores, así como de una drástica reducción de los inflados costes de estructura; esto es, cerrar oficinas y reducir plantillas. Todo ello en un contexto de estancamiento económico, de morosidad elevada, de escasa capacidad de las cajas para generar recursos y de márgenes inferiores a sus competidores. En este sentido resultaba previsible que la cuota de mercado, que por aquel entonces representaban las entidades intervenidas, se viese reducida de manera sustancial, lo que sembraba lógicas dudas sobre la capacidad de las propias entidades para recomprar la participación que adquiriese el FROB.

En todo caso, y además de la prevista reducción de consejeros, la intervención debiera venir acompañada de la pertinente exigencia de responsabilidades a los administradores, así como de una drástica reducción de los inflados costes de estructura; esto es, cerrar oficinas y reducir plantillas. Todo ello en un contexto de estancamiento económico, de morosidad elevada, de escasa capacidad de las cajas para generar recursos y de márgenes inferiores a sus competidores. En este sentido resultaba previsible que la cuota de mercado, que por aquel entonces representaban las entidades intervenidas, se viese reducida de manera sustancial, lo que sembraba lógicas dudas sobre la capacidad de las propias entidades para recomprar la participación que adquiriese el FROB.

Recuérdese no obstante que, pese a estas evidencias, el Consejo de Administración de la citada caja aprobó con fecha de 27 de abril de 2011 un plan de ajuste destinado a mejorar su eficiencia y rentabilidad como “entidad independiente”. Por el contrario, en el caso de las restantes entidades que iban a recibir dinero público, el montante de la inyección del FROB dependería de la concurrencia de otros factores.

Recuérdese no obstante que, pese a estas evidencias, el Consejo de Administración de la citada caja aprobó con fecha de 27 de abril de 2011 un plan de ajuste destinado a mejorar su eficiencia y rentabilidad como “entidad independiente”. Por el contrario, en el caso de las restantes entidades que iban a recibir dinero público, el montante de la inyección del FROB dependería de la concurrencia de otros factores.

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Juan Calvo Vérgez

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El citado Fondo público contaba por aquel entonces con un remanente de 3.441 millones de euros, a pesar de que las cajas presentaban unas necesidades de, al menos, 6.000 millones de euros. Así las cosas el FROB debía apelar de nuevo a los mercados mayoristas de financiación ya que, en dichos momentos, no contaba con los recursos suficientes para atender a las nuevas necesidades de capital de las cajas.

El citado Fondo público contaba por aquel entonces con un remanente de 3.441 millones de euros, a pesar de que las cajas presentaban unas necesidades de, al menos, 6.000 millones de euros. Así las cosas el FROB debía apelar de nuevo a los mercados mayoristas de financiación ya que, en dichos momentos, no contaba con los recursos suficientes para atender a las nuevas necesidades de capital de las cajas.

Como es sabido el citado Fondo nació en septiembre de 2009 con un capital inicial de 9.000 millones de euros a cargo de los Presupuestos Generales del Estado y de las aportaciones de los Fondos de Garantía de Depósitos. Desde su constitución realizó dos emisiones de bonos por importe de 3.000 millones cada una, por lo que el capital total disponible ascendía a 15.000 millones. Sin embargo, en una primera fase, ocho procesos de integración recibieron 11.167 millones de euros, destinándose 392 millones adicionales para la reestructuración de CajaSur106.

Como es sabido el citado Fondo nació en septiembre de 2009 con un capital inicial de 9.000 millones de euros a cargo de los Presupuestos Generales del Estado y de las aportaciones de los Fondos de Garantía de Depósitos. Desde su constitución realizó dos emisiones de bonos por importe de 3.000 millones cada una, por lo que el capital total disponible ascendía a 15.000 millones. Sin embargo, en una primera fase, ocho procesos de integración recibieron 11.167 millones de euros, destinándose 392 millones adicionales para la reestructuración de CajaSur106.

Esta mejora vino como consecuencia de un cambio de la percepción de los inversores sobre la economía española. De ahí que el riesgo país o diferencial entre el bono español y el alemán a diez años pasase de los 267 puntos básicos que alcanzó el 2 de febrero de 2011 (máximos del año) hasta los 188,77 puntos básicos en los que cerró, por ejemplo, con fecha de 28 de marzo de 2011.

Esta mejora vino como consecuencia de un cambio de la percepción de los inversores sobre la economía española. De ahí que el riesgo país o diferencial entre el bono español y el alemán a diez años pasase de los 267 puntos básicos que alcanzó el 2 de febrero de 2011 (máximos del año) hasta los 188,77 puntos básicos en los que cerró, por ejemplo, con fecha de 28 de marzo de 2011.

De cara a concretar y determinar el valor de entrada del FROB al objeto de cifrar qué porcentaje de las cajas nacionalizadas tendría el Estado tras las inyecciones de capital público del citado Fondo, conviene tener presente, en primer término, la calidad de los balances de las entidades. Las opciones se reducen a dos métodos de valoración: el estático y el dinámico. El primero se limita a poner un descuento a los activos según están valorados en libros por las entidades, de acuerdo con la situación de mercado. El segundo, el más utilizado, analiza los flujos de caja futuros de las distintas líneas de negocio y se les aplica un valor de mercado. Lo mismo sucede con los inmuebles en balance, para los que se utilizan tasaciones independientes. De este modo, cuando se confronta el resultado de dicho ejercicio con el valor

De cara a concretar y determinar el valor de entrada del FROB al objeto de cifrar qué porcentaje de las cajas nacionalizadas tendría el Estado tras las inyecciones de capital público del citado Fondo, conviene tener presente, en primer término, la calidad de los balances de las entidades. Las opciones se reducen a dos métodos de valoración: el estático y el dinámico. El primero se limita a poner un descuento a los activos según están valorados en libros por las entidades, de acuerdo con la situación de mercado. El segundo, el más utilizado, analiza los flujos de caja futuros de las distintas líneas de negocio y se les aplica un valor de mercado. Lo mismo sucede con los inmuebles en balance, para los que se utilizan tasaciones independientes. De este modo, cuando se confronta el resultado de dicho ejercicio con el valor

De entre todas las entidades, Bankia fue la que primero recibió durante esta primera ronda hasta un total de 4.465 millones de euros. Por lo tanto el FROB contó con un remanente de 3.441 millones de euros, frente a unas necesidades de, al menos, 6.000 millones de euros. Por otro lado, el rendimiento de la deuda que colocó el FROB a finales de 2009, por el mismo importe y a un plazo de cinco años, se situó en el 4,264%.

De entre todas las entidades, Bankia fue la que primero recibió durante esta primera ronda hasta un total de 4.465 millones de euros. Por lo tanto el FROB contó con un remanente de 3.441 millones de euros, frente a unas necesidades de, al menos, 6.000 millones de euros. Por otro lado, el rendimiento de la deuda que colocó el FROB a finales de 2009, por el mismo importe y a un plazo de cinco años, se situó en el 4,264%.

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patrimonial de la entidad, se conoce el descuento con el que el Estado va a entrar en las cajas.

patrimonial de la entidad, se conoce el descuento con el que el Estado va a entrar en las cajas.

Siendo la valoración razonable y las necesidades de capital no muy altas, la caja que recibiese las ayudas públicas sería nacionalizada parcialmente, manteniendo las entidades originarias un porcentaje mayoritario de capital y permitiendo que durante los dos primeros años de presencia del Sector público en sus Consejos pudieran elegir un inversor que sustituyese al capital público. Si, por el contrario, las necesidades de recursos del FROB resultasen ser muy elevadas y la valoración muy baja, la caja pasaría a estar controlada por el Estado107.

Siendo la valoración razonable y las necesidades de capital no muy altas, la caja que recibiese las ayudas públicas sería nacionalizada parcialmente, manteniendo las entidades originarias un porcentaje mayoritario de capital y permitiendo que durante los dos primeros años de presencia del Sector público en sus Consejos pudieran elegir un inversor que sustituyese al capital público. Si, por el contrario, las necesidades de recursos del FROB resultasen ser muy elevadas y la valoración muy baja, la caja pasaría a estar controlada por el Estado107.

Por otra parte dicha labor habría de desarrollarse bajo la supervisión del Banco de España, de la Unión Europea y del mercado. Y es que la adquisición de capital por parte del FROB de las cajas habría de efectuarse con criterios de mercado, al objeto de que el Fondo pueda recuperar su inversión sin pérdidas cuando su participación pase a manos de un inversor privado, y evitar así que la Unión Europea considere la inyección como una ayuda pública. Estos fondos públicos podrán ser computados como capital, según la nueva normativa internacional de Basilea III, hasta 2018, fecha en la que el Banco de España espera estar fuera de las cajas. Se desconoce no obstante qué pasará si para dicha fecha el FROB no ha podido deshacerse de su participación, pudiendo llegar a suceder que se produjese la imposición de una sanción a España por parte de la Unión Europea.

Por otra parte dicha labor habría de desarrollarse bajo la supervisión del Banco de España, de la Unión Europea y del mercado. Y es que la adquisición de capital por parte del FROB de las cajas habría de efectuarse con criterios de mercado, al objeto de que el Fondo pueda recuperar su inversión sin pérdidas cuando su participación pase a manos de un inversor privado, y evitar así que la Unión Europea considere la inyección como una ayuda pública. Estos fondos públicos podrán ser computados como capital, según la nueva normativa internacional de Basilea III, hasta 2018, fecha en la que el Banco de España espera estar fuera de las cajas. Se desconoce no obstante qué pasará si para dicha fecha el FROB no ha podido deshacerse de su participación, pudiendo llegar a suceder que se produjese la imposición de una sanción a España por parte de la Unión Europea.

Con motivo de la actual crisis de parte del sistema financiero español, el Banco de España ha actuado siguiendo una misma pauta. Ha tratado de conseguir que las entidades en dificultades encontraran un socio más solvente que les ayudara a salir de su situación proporcionando al tiempo apoyos financieros para que la salida fuera menos traumática. Y solo en último término procedería a la intervención directa de la entidad para ser subastada posteriormente. Esta situación contrasta con la originada en anteriores situaciones de crisis que afectaron principalmente a bancos. Entonces el supervisor decidió que no era el momento de hacerse cargo, aunque fuera temporal, de las cajas en dificultades, estimando que por sí

Con motivo de la actual crisis de parte del sistema financiero español, el Banco de España ha actuado siguiendo una misma pauta. Ha tratado de conseguir que las entidades en dificultades encontraran un socio más solvente que les ayudara a salir de su situación proporcionando al tiempo apoyos financieros para que la salida fuera menos traumática. Y solo en último término procedería a la intervención directa de la entidad para ser subastada posteriormente. Esta situación contrasta con la originada en anteriores situaciones de crisis que afectaron principalmente a bancos. Entonces el supervisor decidió que no era el momento de hacerse cargo, aunque fuera temporal, de las cajas en dificultades, estimando que por sí

Con carácter general los inversores privados que, por aquel entonces, se acercaron a las cajas solicitaron descuentos de hasta el 60%, lo cual fue considerado por el sector como un precio demasiado bajo. No obstante, no sería extraño que se procediese a la aplicación de rebajas de hasta el 40% del valor en libros de algunas cajas.

Con carácter general los inversores privados que, por aquel entonces, se acercaron a las cajas solicitaron descuentos de hasta el 60%, lo cual fue considerado por el sector como un precio demasiado bajo. No obstante, no sería extraño que se procediese a la aplicación de rebajas de hasta el 40% del valor en libros de algunas cajas.

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Juan Calvo Vérgez

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solas no podían salir de su crisis. Debido a ello diseñó todo el entramado legal y económico del FROB.

solas no podían salir de su crisis. Debido a ello diseñó todo el entramado legal y económico del FROB.

Estimamos pues que han de ser las propias entidades, juntas o por separado, las que diseñen un plan de saneamiento, lo presenten al FROB para que lo apruebe y se ponga en marcha por parte de los gestores de las entidades en dificultades, supervisando la autoridad monetaria que se cumplen las decisiones tomadas en el plan. Por el contrario, como seguramente se recordará, a resultas de las anteriores crisis los Fondos de Garantía de Depósitos se hacían cargo de las entidades en dificultades, después de que los propietarios de dichas entidades no recapitalizaran a la entidad, administrándolas mientras se diseñaba el programa de saneamiento y saliendo a la venta una vez que dicho proceso se había iniciado.

Estimamos pues que han de ser las propias entidades, juntas o por separado, las que diseñen un plan de saneamiento, lo presenten al FROB para que lo apruebe y se ponga en marcha por parte de los gestores de las entidades en dificultades, supervisando la autoridad monetaria que se cumplen las decisiones tomadas en el plan. Por el contrario, como seguramente se recordará, a resultas de las anteriores crisis los Fondos de Garantía de Depósitos se hacían cargo de las entidades en dificultades, después de que los propietarios de dichas entidades no recapitalizaran a la entidad, administrándolas mientras se diseñaba el programa de saneamiento y saliendo a la venta una vez que dicho proceso se había iniciado.

Desde nuestro punto de vista, esto es lo que constituye la principal diferencia entre uno y otro modelo: quién diseña el proceso de saneamiento y quién lo pone en marcha. Debe reconocerse no obstante, en relación con la aplicación del actual modelo, que dejar que sean los gestores de las entidades en dificultades los que diseñen su futuro conlleva, cuanto menos, una pérdida de tiempo muy importante que implica, además, un aumento del volumen de recursos que hay que poner en juego. Y las soluciones que buscan los gestores no son siempre las mejores para las instituciones, aunque puede que sí lo sean para ellos. Por el contrario, al amparo del sistema anterior, cuando el Banco de España detectaba un problema de solvencia de una entidad, sus propietarios eran requeridos para que cubrieran el agujero detectado. Si no lo hacían, la entidad era intervenida, sus gestores y propietarios apartados de los órganos de dirección y control de la entidad siendo sustituidos por otros profesionales que diseñaban el camino de saneamiento y decretándose finalmente su venta a terceros solventes mediante una subasta restringida.

Desde nuestro punto de vista, esto es lo que constituye la principal diferencia entre uno y otro modelo: quién diseña el proceso de saneamiento y quién lo pone en marcha. Debe reconocerse no obstante, en relación con la aplicación del actual modelo, que dejar que sean los gestores de las entidades en dificultades los que diseñen su futuro conlleva, cuanto menos, una pérdida de tiempo muy importante que implica, además, un aumento del volumen de recursos que hay que poner en juego. Y las soluciones que buscan los gestores no son siempre las mejores para las instituciones, aunque puede que sí lo sean para ellos. Por el contrario, al amparo del sistema anterior, cuando el Banco de España detectaba un problema de solvencia de una entidad, sus propietarios eran requeridos para que cubrieran el agujero detectado. Si no lo hacían, la entidad era intervenida, sus gestores y propietarios apartados de los órganos de dirección y control de la entidad siendo sustituidos por otros profesionales que diseñaban el camino de saneamiento y decretándose finalmente su venta a terceros solventes mediante una subasta restringida.

El modelo actual ha permitido, a nuestro juicio, que las entidades en crisis busquen sus alianzas concretas (no siempre las mejores, como ha dejado claro el propio Banco de España en numerosas ocasiones) que hayan definido su proceso de saneamiento –aprobado posteriormente por el supervisor– y que sigan, en general, gestionando las cajas las mismas personas que estaban al frente de ellas cuando se fue produciendo su deterioro irreversible108.

El modelo actual ha permitido, a nuestro juicio, que las entidades en crisis busquen sus alianzas concretas (no siempre las mejores, como ha dejado claro el propio Banco de España en numerosas ocasiones) que hayan definido su proceso de saneamiento –aprobado posteriormente por el supervisor– y que sigan, en general, gestionando las cajas las mismas personas que estaban al frente de ellas cuando se fue produciendo su deterioro irreversible108.

108 De hecho, solamente en dos casos (Caja Castilla-La Mancha y CajaSur) el Banco de España terminó interviniendo las entidades ante la negativa de los gestores de las mismas de

108 De hecho, solamente en dos casos (Caja Castilla-La Mancha y CajaSur) el Banco de España terminó interviniendo las entidades ante la negativa de los gestores de las mismas de

La recapitalización de las entidades financieras

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En todo caso conviene tener presente que las ayudas del FROB son temporales, quedando sujetas a un plan de racionalización que implica la reducción de capacidad y balance de la entidad. Una intervención directa tiene que estar soportada siempre por una situación de insolvencia evidente. Y el modelo del FROB ha permitido que las entidades con dificultades busquen sus propias alianzas, no siempre las mejores.

En todo caso conviene tener presente que las ayudas del FROB son temporales, quedando sujetas a un plan de racionalización que implica la reducción de capacidad y balance de la entidad. Una intervención directa tiene que estar soportada siempre por una situación de insolvencia evidente. Y el modelo del FROB ha permitido que las entidades con dificultades busquen sus propias alianzas, no siempre las mejores.

Una vez queden claramente definidos los planes de reestructuración, a nuestro juicio sería deseable que se acelerase su puesta en marcha, ya que del saneamiento del sector financiero va a depender que el crédito vuelva a fluir con normalidad para empresas y particulares. Y, lo que es más importante, resulta necesario dar un claro mensaje a los mercados financieros de que la situación en las cajas está controlada para evitar los ataques de algunos especuladores sin escrúpulos que ya han empezado a apostar por la necesidad de un rescate a la economía española por parte de las autoridades comunitarias.

Una vez queden claramente definidos los planes de reestructuración, a nuestro juicio sería deseable que se acelerase su puesta en marcha, ya que del saneamiento del sector financiero va a depender que el crédito vuelva a fluir con normalidad para empresas y particulares. Y, lo que es más importante, resulta necesario dar un claro mensaje a los mercados financieros de que la situación en las cajas está controlada para evitar los ataques de algunos especuladores sin escrúpulos que ya han empezado a apostar por la necesidad de un rescate a la economía española por parte de las autoridades comunitarias.

De cara a poder ofrecer rápidamente una imagen de solvencia a los mercados, quizás sería positivo que se materializasen cuanto antes las salidas a bolsa de las entidades financieras que ya lo han anunciado. Es verdad que el Banco de España pudo permitirles ampliar el plazo para saltar al parqué, pero quizás estas operaciones deberían realizarse antes, dado que ya se ha perdido mucho tiempo en la reestructuración de un sector que es clave para la recuperación económica.

De cara a poder ofrecer rápidamente una imagen de solvencia a los mercados, quizás sería positivo que se materializasen cuanto antes las salidas a bolsa de las entidades financieras que ya lo han anunciado. Es verdad que el Banco de España pudo permitirles ampliar el plazo para saltar al parqué, pero quizás estas operaciones deberían realizarse antes, dado que ya se ha perdido mucho tiempo en la reestructuración de un sector que es clave para la recuperación económica.

Por otra parte se ha de tener presente que las entidades españolas se enfrentaban a la prueba de resistencia con el respaldo comprometido por el Gobierno, que aseguró que todo el sector tenía un core capital (capital de máxima calidad) de entre el 8% y el 10%. A pesar de ello había que plasmarlo, como muy tarde, antes del 28 de abril de 2011 ante la Autoridad Bancaria Europea al objeto de que ésta lo integrase en su examen. Cualquier imposición regulatoria (por ejemplo, planes de reestructuración acordados con la Unión Europea) u otros acuerdos legalmente vinculantes suscritos antes del 30 de abril de 2011, con un horizonte de ejercicio entre 2011 y 2012, serían incorporados a la evaluación.

Por otra parte se ha de tener presente que las entidades españolas se enfrentaban a la prueba de resistencia con el respaldo comprometido por el Gobierno, que aseguró que todo el sector tenía un core capital (capital de máxima calidad) de entre el 8% y el 10%. A pesar de ello había que plasmarlo, como muy tarde, antes del 28 de abril de 2011 ante la Autoridad Bancaria Europea al objeto de que ésta lo integrase en su examen. Cualquier imposición regulatoria (por ejemplo, planes de reestructuración acordados con la Unión Europea) u otros acuerdos legalmente vinculantes suscritos antes del 30 de abril de 2011, con un horizonte de ejercicio entre 2011 y 2012, serían incorporados a la evaluación.

llegar a acuerdos con terceros para su integración con otra entidad. Y en ambos casos, cuando los gestores designados por el Banco de España analizaron las “entrañas” de la entidad, descubrieron que, curiosamente, la situación de la entidad era peor de lo que se pensaba y de lo que había descubierto la propia inspección de la autoridad monetaria.

llegar a acuerdos con terceros para su integración con otra entidad. Y en ambos casos, cuando los gestores designados por el Banco de España analizaron las “entrañas” de la entidad, descubrieron que, curiosamente, la situación de la entidad era peor de lo que se pensaba y de lo que había descubierto la propia inspección de la autoridad monetaria.

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Juan Calvo Vérgez

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En este sentido los bancos debían detallar, entre otra información, la naturaleza legal de los acuerdos alcanzados; los actores externos implicados (gobiernos nacionales, Comisión Europea, Fondo Monetario Internacional); o el calendario. A este respecto, había que incluir la fecha de inicio del acuerdo legalmente vinculante o el periodo de acción con, por ejemplo, las fechas en las que la transacción sería completada en 2011 y 2012. E igualmente debían calcular el impacto que tendría una situación de estrés, considerando los planes de reestructuración y sin hacerlo.

En este sentido los bancos debían detallar, entre otra información, la naturaleza legal de los acuerdos alcanzados; los actores externos implicados (gobiernos nacionales, Comisión Europea, Fondo Monetario Internacional); o el calendario. A este respecto, había que incluir la fecha de inicio del acuerdo legalmente vinculante o el periodo de acción con, por ejemplo, las fechas en las que la transacción sería completada en 2011 y 2012. E igualmente debían calcular el impacto que tendría una situación de estrés, considerando los planes de reestructuración y sin hacerlo.

La nueva ronda de la prueba de resistencia en Europa arrancó formalmente el 4 de marzo de 2011, cuando se publicaron las primeras grandes líneas del estudio. Las conclusiones se conocieron en julio de 2011109. Según el esquema previsto, los supervisores nacionales debían enviar a la EBA antes del 29 de abril de 2011 los resultados que las entidades les enviarían previamente. A partir de ese momento la Autoridad Bancaria Europea abriría un periodo de evaluación y revisión de dichos resultados con la finalidad de calibrar la metodología y calidad de los mismos. Dicho periodo de revisión, en el que se actuaría en coordinación con los supervisores de cada país y entidades, finalizó en mayo de 2011.

La nueva ronda de la prueba de resistencia en Europa arrancó formalmente el 4 de marzo de 2011, cuando se publicaron las primeras grandes líneas del estudio. Las conclusiones se conocieron en julio de 2011109. Según el esquema previsto, los supervisores nacionales debían enviar a la EBA antes del 29 de abril de 2011 los resultados que las entidades les enviarían previamente. A partir de ese momento la Autoridad Bancaria Europea abriría un periodo de evaluación y revisión de dichos resultados con la finalidad de calibrar la metodología y calidad de los mismos. Dicho periodo de revisión, en el que se actuaría en coordinación con los supervisores de cada país y entidades, finalizó en mayo de 2011.

Sin lugar a dudas una de las cuestiones que ha revestido una mayor complejidad ha sido la relativa a la tasación de una parte de los activos de las cajas, no existiendo además una información histórica para contrastar. Así, por ejemplo, se contempló la posibilidad de que expertos competentes pudieran fijar una horquilla de precios demasiado amplia, sin que existiese certidumbre de que, a las pocas horas de cotizar, los precios no se hubieran

Sin lugar a dudas una de las cuestiones que ha revestido una mayor complejidad ha sido la relativa a la tasación de una parte de los activos de las cajas, no existiendo además una información histórica para contrastar. Así, por ejemplo, se contempló la posibilidad de que expertos competentes pudieran fijar una horquilla de precios demasiado amplia, sin que existiese certidumbre de que, a las pocas horas de cotizar, los precios no se hubieran

A resultas del nuevo marco diseñado, y de cara a medir la capacidad de respuesta de los bancos españoles a un fuerte revés económico, las pruebas efectuadas plantearon un retroceso del Producto Interior Bruto de España del 1,1 por ciento en 2011 y 2012, y un desplome del sector inmobiliario. De acuerdo con los nuevos escenarios y la metodología de las nuevas pruebas, se estableció para el PIB español una desviación negativa del 1,7 por ciento para el primer año del ejercicio y del 2,8 por ciento en el segundo con respecto al pronóstico base, que era la predicción de la Comisión Europea del pasado septiembre de 2010. Según dicha predicción, la economía española crecería un 0,7 por ciento en 2011 y un 1,7 por ciento en 2012. Con respecto a los precios de la vivienda, las pruebas de resistencia plantearon un posible desplome del 12,3 por ciento en 2011 (frente a la caída del 5,3 por ciento prevista por la Comisión Europea) y del 11 por ciento en 2012 (frente a la caída del 3 por ciento prevista por la Comisión para España). La hipótesis en el caso de las propiedades comerciales era aún más sombría, con una caída del 29 por ciento en 2011 y del 24,9 por ciento en 2012, frente a al 15 por ciento y el 9 por ciento previstos, respectivamente, por la Comisión Europea.

A resultas del nuevo marco diseñado, y de cara a medir la capacidad de respuesta de los bancos españoles a un fuerte revés económico, las pruebas efectuadas plantearon un retroceso del Producto Interior Bruto de España del 1,1 por ciento en 2011 y 2012, y un desplome del sector inmobiliario. De acuerdo con los nuevos escenarios y la metodología de las nuevas pruebas, se estableció para el PIB español una desviación negativa del 1,7 por ciento para el primer año del ejercicio y del 2,8 por ciento en el segundo con respecto al pronóstico base, que era la predicción de la Comisión Europea del pasado septiembre de 2010. Según dicha predicción, la economía española crecería un 0,7 por ciento en 2011 y un 1,7 por ciento en 2012. Con respecto a los precios de la vivienda, las pruebas de resistencia plantearon un posible desplome del 12,3 por ciento en 2011 (frente a la caída del 5,3 por ciento prevista por la Comisión Europea) y del 11 por ciento en 2012 (frente a la caída del 3 por ciento prevista por la Comisión para España). La hipótesis en el caso de las propiedades comerciales era aún más sombría, con una caída del 29 por ciento en 2011 y del 24,9 por ciento en 2012, frente a al 15 por ciento y el 9 por ciento previstos, respectivamente, por la Comisión Europea.

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alejado de dicha horquilla. Ello podría llegar a representar el peor resultado posible, tanto desde el punto de vista de la protección de los inversores como para la imagen de la entidad, que sufriría un fuerte deterioro.

alejado de dicha horquilla. Ello podría llegar a representar el peor resultado posible, tanto desde el punto de vista de la protección de los inversores como para la imagen de la entidad, que sufriría un fuerte deterioro.

Junto a la valoración, otro aspecto relevante en las salidas a bolsa de las cajas ha sido el relativo a la mejora del gobierno corporativo. Como es sabido la CNMV no tiene potestad para exigir el cumplimiento de los mejores estándares de buen gobierno, a pesar de lo cual se estima como fundamental para que el mercado tenga mayor confianza en las entidades. Y es que ello podría repercutir en que se exigieran unos menores descuentos de la colocación de capital.

Junto a la valoración, otro aspecto relevante en las salidas a bolsa de las cajas ha sido el relativo a la mejora del gobierno corporativo. Como es sabido la CNMV no tiene potestad para exigir el cumplimiento de los mejores estándares de buen gobierno, a pesar de lo cual se estima como fundamental para que el mercado tenga mayor confianza en las entidades. Y es que ello podría repercutir en que se exigieran unos menores descuentos de la colocación de capital.

Desde el citado organismo regulador se ha pretendido vigilar las salidas a bolsa de las cajas, con la finalidad de que sólo salten al parqué aquellas entidades que cumplan escrupulosamente sus exigencias. A tal efecto, la CNMV ha de dar fe de que se cuenta con un respaldo inequívoco de los grandes inversores, previniendo así de colocaciones a medida en las que se puedan distorsionar al alza los precios de salida al mercado mediante pactos concretos con inversores. Los socios de las cajas en el sector asegurador, otras entidades financieras o incluso empresas ligadas a las Comunidades Autónomas (que podrían mantener así parte de su influencia sobre las cajas) podrían, llegado el caso, suscribir el tramo institucional de las distintas Ofertas Públicas de Venta en marcha.

Desde el citado organismo regulador se ha pretendido vigilar las salidas a bolsa de las cajas, con la finalidad de que sólo salten al parqué aquellas entidades que cumplan escrupulosamente sus exigencias. A tal efecto, la CNMV ha de dar fe de que se cuenta con un respaldo inequívoco de los grandes inversores, previniendo así de colocaciones a medida en las que se puedan distorsionar al alza los precios de salida al mercado mediante pactos concretos con inversores. Los socios de las cajas en el sector asegurador, otras entidades financieras o incluso empresas ligadas a las Comunidades Autónomas (que podrían mantener así parte de su influencia sobre las cajas) podrían, llegado el caso, suscribir el tramo institucional de las distintas Ofertas Públicas de Venta en marcha.

En este sentido estimamos que han de ser las entidades institucionales las encargadas de marcar el paso de los procesos de recapitalización que se articulen a través de un debut bursátil. Las cajas quieren atraer a un gran número de institucionales sin aspiraciones de adquirir una posición accionarial relevante. También es la premisa de la CNMV, aunque por motivos distintos. Las entidades no quieren accionistas fuertes con voz y voto en la gestión. Al supervisor le preocupa que el proceso de fijación de precios y valoración de las cajas sea lo más eficiente posible. Con este objetivo la CNMV está exigiendo que un tramo relevante del capital que se coloque en bolsa se venda a inversores institucionales y que el número de inversores que lo cubra sea lo más amplio posible. De este modo, mientras que el Banco de España ha urgido a las entidades a recapitalizarse reclamándose que, de cara a cumplir sus exigencias, las cajas capten 14.000 millones de euros en un año por la vía privada o acudiendo al FROB, la CNMV, por su

En este sentido estimamos que han de ser las entidades institucionales las encargadas de marcar el paso de los procesos de recapitalización que se articulen a través de un debut bursátil. Las cajas quieren atraer a un gran número de institucionales sin aspiraciones de adquirir una posición accionarial relevante. También es la premisa de la CNMV, aunque por motivos distintos. Las entidades no quieren accionistas fuertes con voz y voto en la gestión. Al supervisor le preocupa que el proceso de fijación de precios y valoración de las cajas sea lo más eficiente posible. Con este objetivo la CNMV está exigiendo que un tramo relevante del capital que se coloque en bolsa se venda a inversores institucionales y que el número de inversores que lo cubra sea lo más amplio posible. De este modo, mientras que el Banco de España ha urgido a las entidades a recapitalizarse reclamándose que, de cara a cumplir sus exigencias, las cajas capten 14.000 millones de euros en un año por la vía privada o acudiendo al FROB, la CNMV, por su

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parte, ha estado redoblando la vigilancia sobre las entidades que quieren salir a bolsa para captar los fondos con los que deben reforzarse.

parte, ha estado redoblando la vigilancia sobre las entidades que quieren salir a bolsa para captar los fondos con los que deben reforzarse.

Con fecha de 1 de junio de 2011 se supo que el FROB estaba revisando con detalle el conjunto de fusiones llevadas a cabo a lo largo del último año, así como los informes de asesores externos en los que se han basado estas operaciones. Concretamente el FROB procedió a analizar las reclasificaciones contables de los nuevos grupos, los deterioros registrados, los traspasos de activos y pasivos a sus nuevas entidades centrales y las due dilligences externas, al objeto de tratar de precisar el valor económico de cada entidad de crédito.

Con fecha de 1 de junio de 2011 se supo que el FROB estaba revisando con detalle el conjunto de fusiones llevadas a cabo a lo largo del último año, así como los informes de asesores externos en los que se han basado estas operaciones. Concretamente el FROB procedió a analizar las reclasificaciones contables de los nuevos grupos, los deterioros registrados, los traspasos de activos y pasivos a sus nuevas entidades centrales y las due dilligences externas, al objeto de tratar de precisar el valor económico de cada entidad de crédito.

Con carácter general la labor a realizar se divide en dos grandes fases. A través de una primera, de due dilligence (radiografía de la entidad), se analiza la información histórica financiera y de negocio de la entidad, así como “la razonabilidad” de los planes de negocio presentados al Banco de España. El segundo paso es la valoración a precio de mercado de la entidad, para fijar qué participación le corresponde cuando entre el FROB en el capital. En la due dilligence de los estados financieros de las cajas el FROB ha de tener presente, no ya sólo las pérdidas ya afloradas, sino también las pérdidas futuras. A tal efecto debe segmentarse la cartera de créditos en distintos grupos (por tipo de prestatario, por sector de actividad y por la finalidad de la operación).

Con carácter general la labor a realizar se divide en dos grandes fases. A través de una primera, de due dilligence (radiografía de la entidad), se analiza la información histórica financiera y de negocio de la entidad, así como “la razonabilidad” de los planes de negocio presentados al Banco de España. El segundo paso es la valoración a precio de mercado de la entidad, para fijar qué participación le corresponde cuando entre el FROB en el capital. En la due dilligence de los estados financieros de las cajas el FROB ha de tener presente, no ya sólo las pérdidas ya afloradas, sino también las pérdidas futuras. A tal efecto debe segmentarse la cartera de créditos en distintos grupos (por tipo de prestatario, por sector de actividad y por la finalidad de la operación).

El FROB ha de llevar a cabo un análisis específico de las pérdidas en los créditos dedicados al sector inmobiliario, mientras que a otras carteras crediticias ha aplicado un análisis más general, por sus menores riesgos. El análisis también ha de tratar de identificar posibles situaciones de “morosidad encubierta” en las entidades, revisándose las refinanciaciones realizadas.

El FROB ha de llevar a cabo un análisis específico de las pérdidas en los créditos dedicados al sector inmobiliario, mientras que a otras carteras crediticias ha aplicado un análisis más general, por sus menores riesgos. El análisis también ha de tratar de identificar posibles situaciones de “morosidad encubierta” en las entidades, revisándose las refinanciaciones realizadas.

Otro de los elementos que igualmente ha de ser objeto de análisis es el relativo al posible impacto de cuestiones regulatorias, judiciales o laborales en la cuenta de resultados de la entidad. En este apartado se incluye, por ejemplo, las penalizaciones que podrían llegar a derivarse del incumplimiento de contratos de distribución de productos u otro tipo de acuerdos comerciales. El análisis de las perspectivas futuras de negocio y las adecuaciones de los planes de negocio presentados al supervisor debe ser igualmente muy exhaustivo. El FROB ha de entrar a analizar la “razonabilidad” de las previsiones macroeconómicas en las que se han basado

Otro de los elementos que igualmente ha de ser objeto de análisis es el relativo al posible impacto de cuestiones regulatorias, judiciales o laborales en la cuenta de resultados de la entidad. En este apartado se incluye, por ejemplo, las penalizaciones que podrían llegar a derivarse del incumplimiento de contratos de distribución de productos u otro tipo de acuerdos comerciales. El análisis de las perspectivas futuras de negocio y las adecuaciones de los planes de negocio presentados al supervisor debe ser igualmente muy exhaustivo. El FROB ha de entrar a analizar la “razonabilidad” de las previsiones macroeconómicas en las que se han basado

La recapitalización de las entidades financieras

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las entidades, las perspectivas de los sectores económicos en los que se va a focalizar el negocio, así como las proyecciones de ingresos, el futuro de los costes laborales y el cálculo de sinergias. E igualmente ha de entrar a revisarse en los análisis previos a las valoraciones la relación mantenida con el Banco de España y las actas de inspección realizadas por todos los supervisores de las cajas de ahorro.

las entidades, las perspectivas de los sectores económicos en los que se va a focalizar el negocio, así como las proyecciones de ingresos, el futuro de los costes laborales y el cálculo de sinergias. E igualmente ha de entrar a revisarse en los análisis previos a las valoraciones la relación mantenida con el Banco de España y las actas de inspección realizadas por todos los supervisores de las cajas de ahorro.

Desde nuestro punto de vista el FROB tiene ante sí un importante reto: fijar el valor de las cajas en dificultades, algo sobre lo que no se ponen de acuerdo en el mercado ni las entidades ni los potenciales compradores. El citado Fondo ha de realizar las valoraciones de acuerdo con los métodos generalmente aceptados en el sector financiero, teniendo presente que no hay uno solo válido. A tal efecto desde el citado Fondo se recomendó en su día la utilización del método de descuento de dividendos, que valora la entidad teniendo en cuenta el beneficio con el que podrá remunerar a sus accionistas en los próximos años sin poner en peligro la viabilidad de su negocio. No obstante, y como una alternativa, los auditores podrán valorar la entidad teniendo en cuenta operaciones comparables. Sin embargo, la escasez de referencias en el mercado de cajas podría llegar a restar credibilidad a este método para fijar el valor de mercado de las cajas.

Desde nuestro punto de vista el FROB tiene ante sí un importante reto: fijar el valor de las cajas en dificultades, algo sobre lo que no se ponen de acuerdo en el mercado ni las entidades ni los potenciales compradores. El citado Fondo ha de realizar las valoraciones de acuerdo con los métodos generalmente aceptados en el sector financiero, teniendo presente que no hay uno solo válido. A tal efecto desde el citado Fondo se recomendó en su día la utilización del método de descuento de dividendos, que valora la entidad teniendo en cuenta el beneficio con el que podrá remunerar a sus accionistas en los próximos años sin poner en peligro la viabilidad de su negocio. No obstante, y como una alternativa, los auditores podrán valorar la entidad teniendo en cuenta operaciones comparables. Sin embargo, la escasez de referencias en el mercado de cajas podría llegar a restar credibilidad a este método para fijar el valor de mercado de las cajas.

Al amparo de la actual situación el FROB solicitó a expertos independientes tres valoraciones de las entidades con debilidades de capital y que han renunciado a buscarlo en el mercado. A fecha de 27 de junio de 2011 eran cinco las cajas de ahorro que habían sido objeto de valoración: CAM, Novacaixagalicia, CatalunyaCaixa, Unnim y Caja Duero-España (que necesitaría capital público si no fraguase su fusión con Unicaja). En conjunto, podrían necesitar 8.261 millones de euros de dinero público.

Al amparo de la actual situación el FROB solicitó a expertos independientes tres valoraciones de las entidades con debilidades de capital y que han renunciado a buscarlo en el mercado. A fecha de 27 de junio de 2011 eran cinco las cajas de ahorro que habían sido objeto de valoración: CAM, Novacaixagalicia, CatalunyaCaixa, Unnim y Caja Duero-España (que necesitaría capital público si no fraguase su fusión con Unicaja). En conjunto, podrían necesitar 8.261 millones de euros de dinero público.

El FROB tenía previsto rechazar aquellas valoraciones que se desviasen a la baja o al alza un 15% de las valoraciones promedio. De estas valoraciones iba a depender el porcentaje de capital y, por tanto, la participación del Estado en estas entidades. Estas valoraciones estaban en proceso. En relación con la primera de ellas, la de la CAM, la citada caja alicantina necesitaba 2.800 millones de euros para alcanzar los mínimos de solvencia impuestos por el Gobierno en febrero de 2011. Era previsible que el Estado se hiciese con más del 50% de su capital.

El FROB tenía previsto rechazar aquellas valoraciones que se desviasen a la baja o al alza un 15% de las valoraciones promedio. De estas valoraciones iba a depender el porcentaje de capital y, por tanto, la participación del Estado en estas entidades. Estas valoraciones estaban en proceso. En relación con la primera de ellas, la de la CAM, la citada caja alicantina necesitaba 2.800 millones de euros para alcanzar los mínimos de solvencia impuestos por el Gobierno en febrero de 2011. Era previsible que el Estado se hiciese con más del 50% de su capital.

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Juan Calvo Vérgez

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El FROB tomó la decisión de hacer uso de los derechos políticos que le otorga su entrada en estas cajas. De este modo, en el supuesto de que el citado Fondo tomase una participación minoritaria, por debajo del 50%, las entidades contarían con un plazo de un año, ampliable a dos, para buscar un inversor que sustituya al Estado. Y, en el supuesto de que el citado Fondo superase el 50% del accionariado (algo previsible en el caso de la CAM) podría optar por relevar a los gestores, nombrar unos nuevos directivos y subastar la entidad en el mercado.

El FROB tomó la decisión de hacer uso de los derechos políticos que le otorga su entrada en estas cajas. De este modo, en el supuesto de que el citado Fondo tomase una participación minoritaria, por debajo del 50%, las entidades contarían con un plazo de un año, ampliable a dos, para buscar un inversor que sustituya al Estado. Y, en el supuesto de que el citado Fondo superase el 50% del accionariado (algo previsible en el caso de la CAM) podría optar por relevar a los gestores, nombrar unos nuevos directivos y subastar la entidad en el mercado.

Tal y como se ha señalado el citado Fondo público contrató para realizar las valoraciones a las principales firmas de auditoría y a bancos de inversión. Como ya se ha indicado con anterioridad las valoraciones a realizar constan de dos partes. Una primera en la que se realiza una due diligence (radiografía de la entidad) financiera y otra de negocio. En la primera, el FROB revisa las pérdidas afloradas y las posibles bolsas de morosidad ocultas en los balances, efectuando un análisis exhaustivo de las carteras de crédito y de las refinanciaciones realizadas. Por lo que respecta a la segunda, a través de la misma se comprueba la “razonabilidad” de los planes de negocio tras las fusiones y las bases macroeconómicas en las que se apoya.

Tal y como se ha señalado el citado Fondo público contrató para realizar las valoraciones a las principales firmas de auditoría y a bancos de inversión. Como ya se ha indicado con anterioridad las valoraciones a realizar constan de dos partes. Una primera en la que se realiza una due diligence (radiografía de la entidad) financiera y otra de negocio. En la primera, el FROB revisa las pérdidas afloradas y las posibles bolsas de morosidad ocultas en los balances, efectuando un análisis exhaustivo de las carteras de crédito y de las refinanciaciones realizadas. Por lo que respecta a la segunda, a través de la misma se comprueba la “razonabilidad” de los planes de negocio tras las fusiones y las bases macroeconómicas en las que se apoya.

Dentro de un segundo estadio el FROB acordó realizar la valoración de mercado basándose en estas due diligences. A tal efecto recomendó a los bancos de inversión utilizar el método de descuento de dividendos, que valora la entidad teniendo en cuenta el beneficio que podrá repartir sin poner en peligro su futuro. Otra fórmula sería no obstante la consistente en utilizar operaciones comparables110.

Dentro de un segundo estadio el FROB acordó realizar la valoración de mercado basándose en estas due diligences. A tal efecto recomendó a los bancos de inversión utilizar el método de descuento de dividendos, que valora la entidad teniendo en cuenta el beneficio que podrá repartir sin poner en peligro su futuro. Otra fórmula sería no obstante la consistente en utilizar operaciones comparables110.

En resumen, el FROB contrató a expertos para hacer una radiografía de cada entidad y revisar sus procesos de fusión y sus perspectivas de negocio, siendo uno de los principales objetivos perseguidos detectar posibles bolsas de morosidad encubiertas en los balances de las entidades que se van a nacionalizar parcialmente. Las valoraciones a realizar iban a tener en cuenta el beneficio futuro que las entidades pudieran repartir a sus accionistas sin hacer peligrar su viabilidad. Ciertamente se ha de reconocer que la falta de casos comparables dificultaba el trabajo de los expertos. Estos expertos contratados por el Fondo tenían ante sí una tarea difícil: fijar el valor de las cajas, que hasta ahora no habían necesitado casi del mercado para reforzar-

En resumen, el FROB contrató a expertos para hacer una radiografía de cada entidad y revisar sus procesos de fusión y sus perspectivas de negocio, siendo uno de los principales objetivos perseguidos detectar posibles bolsas de morosidad encubiertas en los balances de las entidades que se van a nacionalizar parcialmente. Las valoraciones a realizar iban a tener en cuenta el beneficio futuro que las entidades pudieran repartir a sus accionistas sin hacer peligrar su viabilidad. Ciertamente se ha de reconocer que la falta de casos comparables dificultaba el trabajo de los expertos. Estos expertos contratados por el Fondo tenían ante sí una tarea difícil: fijar el valor de las cajas, que hasta ahora no habían necesitado casi del mercado para reforzar-

110 Sin embargo, existen escasos ejemplos en el sector, salvo la cotización de CaixaBank, el negocio bancario de La Caixa, desde el 1 de julio de 2011.

110 Sin embargo, existen escasos ejemplos en el sector, salvo la cotización de CaixaBank, el negocio bancario de La Caixa, desde el 1 de julio de 2011.

La recapitalización de las entidades financieras

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se, en un entorno de incertidumbre sobre el valor de los activos. La falta de referentes en el mercado constituía además un escollo añadido111.

se, en un entorno de incertidumbre sobre el valor de los activos. La falta de referentes en el mercado constituía además un escollo añadido111.

De lo que no cabía duda alguna era de que la capitalización de las cajas de ahorro se había complicado más de lo que cabía imaginar en un principio, jugando el transcurso del tiempo en contra de aquéllas, al minar progresivamente sus balances. Quedaban todavía escollos tales como superar la prueba de resistencia de julio de 2011 o la autorización de la Comisión Europea para las intervenciones del FROB, algo que parecería un mero trámite de no sobrepasar éstas con creces las necesidades mínimas exigidas por Basilea III.

De lo que no cabía duda alguna era de que la capitalización de las cajas de ahorro se había complicado más de lo que cabía imaginar en un principio, jugando el transcurso del tiempo en contra de aquéllas, al minar progresivamente sus balances. Quedaban todavía escollos tales como superar la prueba de resistencia de julio de 2011 o la autorización de la Comisión Europea para las intervenciones del FROB, algo que parecería un mero trámite de no sobrepasar éstas con creces las necesidades mínimas exigidas por Basilea III.

Téngase presente además que, a diferencia de las reestructuraciones operadas en otros pagos para salvar desequilibrios patrimoniales irreversibles, aquí se proyecta superar ampliamente con dinero público los requisitos mínimos de capital y en plazos de permanencia relativamente dilatados. Estos aspectos no ayudan a apreciar una actuación limitada a lo estrictamente indispensable en cuantía y en tiempo. Y todo ello con independencia de la escasa contribución financiera de los beneficiarios y de la existencia de unos ajustes menos ambiciosos que los habitualmente prescritos. No cabía, pues, descartar un endurecimiento de las contrapartidas para obtener la luz verde de estos planes.

Téngase presente además que, a diferencia de las reestructuraciones operadas en otros pagos para salvar desequilibrios patrimoniales irreversibles, aquí se proyecta superar ampliamente con dinero público los requisitos mínimos de capital y en plazos de permanencia relativamente dilatados. Estos aspectos no ayudan a apreciar una actuación limitada a lo estrictamente indispensable en cuantía y en tiempo. Y todo ello con independencia de la escasa contribución financiera de los beneficiarios y de la existencia de unos ajustes menos ambiciosos que los habitualmente prescritos. No cabía, pues, descartar un endurecimiento de las contrapartidas para obtener la luz verde de estos planes.

Quedaba, por último, afrontar la prueba de los mercados y recuperar lo antes posible el acceso en condiciones razonables a la financiación mayorista. Sólo así se incrementaría la capacidad crediticia y se contribuiría

Quedaba, por último, afrontar la prueba de los mercados y recuperar lo antes posible el acceso en condiciones razonables a la financiación mayorista. Sólo así se incrementaría la capacidad crediticia y se contribuiría

111 A este respecto inicialmente sólo se supo que CaixaBank, la entidad que aglutina el negocio bancario de La Caixa, iba a comenzar a cotizar con un descuento del 20% sobre el valor en libros el 1 de julio de 2011. El retraso para finales de junio de 2011 de la salida a bolsa de las otras dos entidades que pretendían estrenarse en los mercados (Bankia y Banca Cívica) limitó las referencias de mercado, uno de los métodos utilizados en este tipo de valoraciones. En estos dos casos, los rangos de descuento que se manejaban (del 30% al 70% del valor contable) eran muy amplios, por lo que las perspectivas de precio tampoco servían a los expertos del FROB. Por tanto iban a tener que fijar el precio de entrada del capital público en las cajas basándose en las posibilidades futuras de las entidades de ganar dinero, repartir dividendos y ser rentables sin poner en peligro su viabilidad futura. Ahora bien debe reconocerse que este último ejercicio resultaba igualmente complejo, debido a las incertidumbres que pesaban sobre la economía. Así, una valoración del FROB excesivamente baja podía, además, perjudicar a aquellas entidades que estaban buscando capital en el mercado (además de las salidas a bolsa mencionadas, Grupo BMN y el SIP de Cajastur negociaban la entrada de inversores). Por ese motivo, el sector alertó de que había que ser cautelosos para no malvender los activos de las cajas.

111 A este respecto inicialmente sólo se supo que CaixaBank, la entidad que aglutina el negocio bancario de La Caixa, iba a comenzar a cotizar con un descuento del 20% sobre el valor en libros el 1 de julio de 2011. El retraso para finales de junio de 2011 de la salida a bolsa de las otras dos entidades que pretendían estrenarse en los mercados (Bankia y Banca Cívica) limitó las referencias de mercado, uno de los métodos utilizados en este tipo de valoraciones. En estos dos casos, los rangos de descuento que se manejaban (del 30% al 70% del valor contable) eran muy amplios, por lo que las perspectivas de precio tampoco servían a los expertos del FROB. Por tanto iban a tener que fijar el precio de entrada del capital público en las cajas basándose en las posibilidades futuras de las entidades de ganar dinero, repartir dividendos y ser rentables sin poner en peligro su viabilidad futura. Ahora bien debe reconocerse que este último ejercicio resultaba igualmente complejo, debido a las incertidumbres que pesaban sobre la economía. Así, una valoración del FROB excesivamente baja podía, además, perjudicar a aquellas entidades que estaban buscando capital en el mercado (además de las salidas a bolsa mencionadas, Grupo BMN y el SIP de Cajastur negociaban la entrada de inversores). Por ese motivo, el sector alertó de que había que ser cautelosos para no malvender los activos de las cajas.

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a quebrar el actual círculo vicioso que lastra los balances bancarios. Este acceso no se alcanza además sólo con mayores recursos. Tan importante, o más, resulta ofrecer pruebas palpables de mejora efectiva de la gestión, buen gobierno corporativo, adecuada estrategia de negocio y una voluntad inequívoca de crear valor para los accionistas. En definitiva, contar con sólidas perspectivas de solvencia y rentabilidad.

a quebrar el actual círculo vicioso que lastra los balances bancarios. Este acceso no se alcanza además sólo con mayores recursos. Tan importante, o más, resulta ofrecer pruebas palpables de mejora efectiva de la gestión, buen gobierno corporativo, adecuada estrategia de negocio y una voluntad inequívoca de crear valor para los accionistas. En definitiva, contar con sólidas perspectivas de solvencia y rentabilidad.

Ciertamente se ha de reconocer que la reordenación de las cajas ha creado grupos financieros con estructuras novedosas que están generando dudas jurídicas. La mayoría del sector ha optado por ejercer su actividad financiera de forma indirecta: la caja o grupo de cajas ceden a un banco de nueva creación todo su negocio y otros activos, con el objetivo de poder acceder a los mercados de capitales. La caja o el grupo de cajas deben mantener al menos el 50% del capital del banco en cuestión para seguir operando bajo su actual forma jurídica. Si lo pierden, pasarían de ser caja de ahorro a fundación.

Ciertamente se ha de reconocer que la reordenación de las cajas ha creado grupos financieros con estructuras novedosas que están generando dudas jurídicas. La mayoría del sector ha optado por ejercer su actividad financiera de forma indirecta: la caja o grupo de cajas ceden a un banco de nueva creación todo su negocio y otros activos, con el objetivo de poder acceder a los mercados de capitales. La caja o el grupo de cajas deben mantener al menos el 50% del capital del banco en cuestión para seguir operando bajo su actual forma jurídica. Si lo pierden, pasarían de ser caja de ahorro a fundación.

El Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria apeló nuevamente a los mercados mayoristas de financiación para aumentar su colchón de liquidez y tener disponible todo el dinero que necesiten las cajas cuando lo soliciten. A tal efecto el citado Fondo fijó un objetivo de en torno a 2.000 millones de euros. El FROB contabilizó unas necesidades totales para las cajas de unos 8.000 millones de euros, de los 15.200 millones que calculó el Gobierno y el Banco de España para que todo el sector pudiera cumplir con los mínimos de capital exigidos. Para llegar a esas cifras, descontaban que tanto la salida a bolsa de Bankia como de Banca Cívica fuese bien y que, por lo tanto, no tuviesen que inyectar dinero en estas entidades.

El Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria apeló nuevamente a los mercados mayoristas de financiación para aumentar su colchón de liquidez y tener disponible todo el dinero que necesiten las cajas cuando lo soliciten. A tal efecto el citado Fondo fijó un objetivo de en torno a 2.000 millones de euros. El FROB contabilizó unas necesidades totales para las cajas de unos 8.000 millones de euros, de los 15.200 millones que calculó el Gobierno y el Banco de España para que todo el sector pudiera cumplir con los mínimos de capital exigidos. Para llegar a esas cifras, descontaban que tanto la salida a bolsa de Bankia como de Banca Cívica fuese bien y que, por lo tanto, no tuviesen que inyectar dinero en estas entidades.

Los bonos, que se emitirían a un plazo de cinco años, pagarían un diferencial de en torno a 80 puntos básicos sobre la misma referencia del Tesoro Público a ese plazo, lo que haría una rentabilidad final de alrededor del 5,43%. Como ya se ha señalado en reiteradas ocasiones el Fondo nació con un volumen inicial de dinero de 9.000 millones de euros, de los que 6.750 millones procedieron de los Presupuestos Generales del Estado, y el resto del Fondo de Garantía de Depósitos. A su vez, realizó desde su constitución dos emisiones más, por importes de 3.000 millones cada una, el pasado 12 de noviembre de 2009 y el 27 de enero de 2011, respectivamente.

Los bonos, que se emitirían a un plazo de cinco años, pagarían un diferencial de en torno a 80 puntos básicos sobre la misma referencia del Tesoro Público a ese plazo, lo que haría una rentabilidad final de alrededor del 5,43%. Como ya se ha señalado en reiteradas ocasiones el Fondo nació con un volumen inicial de dinero de 9.000 millones de euros, de los que 6.750 millones procedieron de los Presupuestos Generales del Estado, y el resto del Fondo de Garantía de Depósitos. A su vez, realizó desde su constitución dos emisiones más, por importes de 3.000 millones cada una, el pasado 12 de noviembre de 2009 y el 27 de enero de 2011, respectivamente.

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El capital total ascendió a 15.000 millones de euros, de los que, según figura en su última presentación a inversores, ya otorgó 9.674 millones de euros para las cajas que se encontraban en procesos de integración. A este volumen había que sumarle otros 392 millones que tuvo que dar a CajaSur para el traspaso de sus activos a BBK. Por lo tanto el FROB disponía a fecha de julio de 2011 de un remanente de liquidez de 4.934 millones. Es decir, con 3.000 millones de euros más ya cubrirían las necesidades totales que ellos estimaban para el sector112. A su vez, firmó una línea de crédito con 13 bancos en julio de 2010, para posibles contingencias y para proporcionar una mayor flexibilidad en la gestión financiera de las actividades del Fondo. El FROB optó así por la prudencia y captó la liquidez meses antes de que, previsiblemente, tuviera que inyectar el dinero a las entidades113.

El capital total ascendió a 15.000 millones de euros, de los que, según figura en su última presentación a inversores, ya otorgó 9.674 millones de euros para las cajas que se encontraban en procesos de integración. A este volumen había que sumarle otros 392 millones que tuvo que dar a CajaSur para el traspaso de sus activos a BBK. Por lo tanto el FROB disponía a fecha de julio de 2011 de un remanente de liquidez de 4.934 millones. Es decir, con 3.000 millones de euros más ya cubrirían las necesidades totales que ellos estimaban para el sector112. A su vez, firmó una línea de crédito con 13 bancos en julio de 2010, para posibles contingencias y para proporcionar una mayor flexibilidad en la gestión financiera de las actividades del Fondo. El FROB optó así por la prudencia y captó la liquidez meses antes de que, previsiblemente, tuviera que inyectar el dinero a las entidades113.

Como es sabido el Estado recibe importantes beneficios por estas ayudas. Por los primeros 10.066 millones de euros que otorgó a un interés del 7,75%, recibió más de 780 millones de euros anuales durante cinco años. Es decir, el importe total que fue a parar a las arcas públicas superó los 3.900 millones de euros. Por otro lado el FROB le sacó una rentabilidad a ese remanente del que disponía en el mercado de repos.

Como es sabido el Estado recibe importantes beneficios por estas ayudas. Por los primeros 10.066 millones de euros que otorgó a un interés del 7,75%, recibió más de 780 millones de euros anuales durante cinco años. Es decir, el importe total que fue a parar a las arcas públicas superó los 3.900 millones de euros. Por otro lado el FROB le sacó una rentabilidad a ese remanente del que disponía en el mercado de repos.

En todo caso, con fecha de 5 de julio de 2011 el FROB emitió sólo entre 1.500 y 1.750 millones de euros, cifra que resultó insuficiente para recapitalizar las cajas de ahorro. Y es que, tal y como se ha señalado, si el citado Fondo contabiliza en unos 8.000 millones de euros las necesidades totales para las cajas, la emisión de 1.750 millones no sería suficiente para cubrirlas, porque en total su capacidad ascendería a 6.684 millones de euros. Ello significa que el FROB tenía que hacer otra emisión en un futuro próximo para poder alcanzar esa cifra. Dichos bonos, que se emitieron a un plazo de

En todo caso, con fecha de 5 de julio de 2011 el FROB emitió sólo entre 1.500 y 1.750 millones de euros, cifra que resultó insuficiente para recapitalizar las cajas de ahorro. Y es que, tal y como se ha señalado, si el citado Fondo contabiliza en unos 8.000 millones de euros las necesidades totales para las cajas, la emisión de 1.750 millones no sería suficiente para cubrirlas, porque en total su capacidad ascendería a 6.684 millones de euros. Ello significa que el FROB tenía que hacer otra emisión en un futuro próximo para poder alcanzar esa cifra. Dichos bonos, que se emitieron a un plazo de

De este modo si las necesidades del FROB para las cajas ascendían a unos 8.000 millones de euros (según los cálculos iniciales del Ejecutivo y del Banco de España eran a 15.200 millones), la emisión de 1.750 millones no sería suficiente para cubrirlas porque en total su capacidad ascendería a 6.684 millones (4.934 + 1750). Ello significaba, en definitiva, que el FROB necesitaría hacer otra emisión en un futuro próximo para poder afrontar las necesidades del sistema financiero. 113 Como ya se ha señalado inicialmente el FROB calculaba 2.622 millones de euros para Novacaixagalicia; otros 1.718 millones de euros para Catalunya Caixa; 568 millones para Unnim; 637 millones para Mare Nostrum; 463 millones para Caja España-Duero; y 519 millones más para Cajastur, Caja Cantabria y Caja Extremadura. No obstante, muchas de ellas estaban haciendo un esfuerzo importante para conseguir el capital por la vía privada. Las entidades gallegas, por ejemplo, pretendían aminorar el montante final hasta 1.400 millones.

De este modo si las necesidades del FROB para las cajas ascendían a unos 8.000 millones de euros (según los cálculos iniciales del Ejecutivo y del Banco de España eran a 15.200 millones), la emisión de 1.750 millones no sería suficiente para cubrirlas porque en total su capacidad ascendería a 6.684 millones (4.934 + 1750). Ello significaba, en definitiva, que el FROB necesitaría hacer otra emisión en un futuro próximo para poder afrontar las necesidades del sistema financiero. 113 Como ya se ha señalado inicialmente el FROB calculaba 2.622 millones de euros para Novacaixagalicia; otros 1.718 millones de euros para Catalunya Caixa; 568 millones para Unnim; 637 millones para Mare Nostrum; 463 millones para Caja España-Duero; y 519 millones más para Cajastur, Caja Cantabria y Caja Extremadura. No obstante, muchas de ellas estaban haciendo un esfuerzo importante para conseguir el capital por la vía privada. Las entidades gallegas, por ejemplo, pretendían aminorar el montante final hasta 1.400 millones.

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Juan Calvo Vérgez

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cinco años, pagaron un diferencial de en torno a 270 puntos básicos sobre el bono a cinco años mid-swap (referencia para las emisiones a tipo fijo), lo que supuso una rentabilidad final por encima del 5,5%. Dicha cifra superó el 5,4% al que esperaba colocar el Tesoro.

cinco años, pagaron un diferencial de en torno a 270 puntos básicos sobre el bono a cinco años mid-swap (referencia para las emisiones a tipo fijo), lo que supuso una rentabilidad final por encima del 5,5%. Dicha cifra superó el 5,4% al que esperaba colocar el Tesoro.

El FROB tuvo que ofrecer 270 puntos básicos sobre mid-swap para poder atraer el apetito de los inversores. La primera emisión que realizó el fondo en noviembre de 2009 se hizo con un diferencial de 25 puntos básicos sobre esta referencia. Pero en el mes de enero de 2011 volvió a salir a los mercados y colocó la deuda a 220 puntos básicos sobre mid-swap, pese a que el riesgo país se encontraba en zona de máximos. El libro final de órdenes suele presentar una mayor calidad cuando la demanda es más elevada. Con fecha de 5 de julio de 2011 la demanda se situó en torno a los 2.000 millones de euros y el Fondo decidió amarrar los 1.750 millones. En las dos emisiones anteriores, en las que consiguió colocar 3.000 millones, la demanda superó los 5.000 millones de euros.

El FROB tuvo que ofrecer 270 puntos básicos sobre mid-swap para poder atraer el apetito de los inversores. La primera emisión que realizó el fondo en noviembre de 2009 se hizo con un diferencial de 25 puntos básicos sobre esta referencia. Pero en el mes de enero de 2011 volvió a salir a los mercados y colocó la deuda a 220 puntos básicos sobre mid-swap, pese a que el riesgo país se encontraba en zona de máximos. El libro final de órdenes suele presentar una mayor calidad cuando la demanda es más elevada. Con fecha de 5 de julio de 2011 la demanda se situó en torno a los 2.000 millones de euros y el Fondo decidió amarrar los 1.750 millones. En las dos emisiones anteriores, en las que consiguió colocar 3.000 millones, la demanda superó los 5.000 millones de euros.

El FROB recibió el menor respaldo por parte de los inversores extranjeros. Colocó el 63% entre inversores españoles cuando, por el contrario, en la operación de enero de 2011 este porcentaje se redujo al 40%, y en la inaugural de noviembre de 2009, al 30%. Los bancos colocadores intentan atraer todo el denominado real money (dinero real) posible. Se denomina así a los inversores de elevada calidad, que suelen quedarse con la deuda hasta vencimiento y que, por lo tanto, no provocan tantos vaivenes en el mercado secundario. Los fondos de inversión, aseguradoras y bancos centrales suelen estar dentro de este grupo. Sin embargo, en la emisión efectuada con fecha de 5 de julio de 2011 más de la mitad de la deuda se la quedaron los bancos, cuando en las anteriores operaciones, este porcentaje fue mucho menor. Así las cosas la colocación no logró el éxito esperado, ya que incluso se había llegado a hablar de una posible emisión de hasta 3.000 millones de euros. En efecto, el FROB se había fijado un objetivo de en torno a 2.000 millones de euros, que, tal y como estaba el mercado, sería un éxito.

El FROB recibió el menor respaldo por parte de los inversores extranjeros. Colocó el 63% entre inversores españoles cuando, por el contrario, en la operación de enero de 2011 este porcentaje se redujo al 40%, y en la inaugural de noviembre de 2009, al 30%. Los bancos colocadores intentan atraer todo el denominado real money (dinero real) posible. Se denomina así a los inversores de elevada calidad, que suelen quedarse con la deuda hasta vencimiento y que, por lo tanto, no provocan tantos vaivenes en el mercado secundario. Los fondos de inversión, aseguradoras y bancos centrales suelen estar dentro de este grupo. Sin embargo, en la emisión efectuada con fecha de 5 de julio de 2011 más de la mitad de la deuda se la quedaron los bancos, cuando en las anteriores operaciones, este porcentaje fue mucho menor. Así las cosas la colocación no logró el éxito esperado, ya que incluso se había llegado a hablar de una posible emisión de hasta 3.000 millones de euros. En efecto, el FROB se había fijado un objetivo de en torno a 2.000 millones de euros, que, tal y como estaba el mercado, sería un éxito.

Con carácter general el planteamiento inicial del Ejecutivo y del Banco de España pasaba por nacionalizar las entidades (parcialmente o en su totalidad) y ponerlas, caso por caso, cuanto antes en manos privadas a través de una subasta pública, disponiendo al efecto de un período de cinco años para este proceso. Sin embargo de u tiempo a esta parte el FROB veía dificultades para colocar las entidades nacionalizadas rápidamente en el mer-

Con carácter general el planteamiento inicial del Ejecutivo y del Banco de España pasaba por nacionalizar las entidades (parcialmente o en su totalidad) y ponerlas, caso por caso, cuanto antes en manos privadas a través de una subasta pública, disponiendo al efecto de un período de cinco años para este proceso. Sin embargo de u tiempo a esta parte el FROB veía dificultades para colocar las entidades nacionalizadas rápidamente en el mer-

La recapitalización de las entidades financieras

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cado, sin que el Estado asumiese importantes quebrantos de las entidades a través de Esquemas de Protección de Activos (seguros contra pérdidas). La posibilidad que ganaba más peso era la creación de una entidad regida por el FROB que se encargase de la gestión de forma conjunta de estas entidades, de su negocio y que pudiera ponerlas en valor o liquidar los activos dañados en el medio plazo.

cado, sin que el Estado asumiese importantes quebrantos de las entidades a través de Esquemas de Protección de Activos (seguros contra pérdidas). La posibilidad que ganaba más peso era la creación de una entidad regida por el FROB que se encargase de la gestión de forma conjunta de estas entidades, de su negocio y que pudiera ponerlas en valor o liquidar los activos dañados en el medio plazo.

A pesar de que, en un primer momento, la filosofía de la reordenación pasaba por tomar una participación minoritaria en estas entidades, pudiendo el FROB autorizar un período de hasta dos años para que los gestores actuales de las cajas buscasen a un inversor privado que sustituyese al Estado, en el supuesto de que por parte de este último se adquiriese una participación mayoritaria cambiaría el escenario de la reordenación, debiendo el FROB hacerse cargo de la gestión de estas entidades y tomar una solución para colocarlas en el mercado.

A pesar de que, en un primer momento, la filosofía de la reordenación pasaba por tomar una participación minoritaria en estas entidades, pudiendo el FROB autorizar un período de hasta dos años para que los gestores actuales de las cajas buscasen a un inversor privado que sustituyese al Estado, en el supuesto de que por parte de este último se adquiriese una participación mayoritaria cambiaría el escenario de la reordenación, debiendo el FROB hacerse cargo de la gestión de estas entidades y tomar una solución para colocarlas en el mercado.

A mayor abundamiento su venta a inversores privados también podría llegar a problemas. Inicialmente las ofertas recibidas por alguna de estas cajas planteaban que el Estado asegurase una parte importante de los futuros quebrantos de las carteras crediticias más deterioradas, lo que agrandaba la factura de la reconversión contra las arcas públicas. Como ya se ha analizado el FROB cuenta con cinco años para esta venta. Sin embargo, ante esta situación se planteó la posibilidad de que el citado Fondo público crease una sociedad holding que se hiciese cargo de la gestión y posible venta en el medio plazo de estas entidades.

A mayor abundamiento su venta a inversores privados también podría llegar a problemas. Inicialmente las ofertas recibidas por alguna de estas cajas planteaban que el Estado asegurase una parte importante de los futuros quebrantos de las carteras crediticias más deterioradas, lo que agrandaba la factura de la reconversión contra las arcas públicas. Como ya se ha analizado el FROB cuenta con cinco años para esta venta. Sin embargo, ante esta situación se planteó la posibilidad de que el citado Fondo público crease una sociedad holding que se hiciese cargo de la gestión y posible venta en el medio plazo de estas entidades.

Por otra parte con fecha de 14 de octubre de 2011 se supo que el FROB había captado más dinero de lo que el Banco de España dijo que necesitaría para atender a las cajas, colocando con fecha de 13 de octubre de ese año una emisión de deuda de 1.400 millones de euros a un plazo a dos años y un diferencial de 92 puntos básicos sobre la deuda pública española a ese plazo, lo que hacía un cupón o interés anual del 4,4%. A resultas de la realización de dicha operación el tamaño del fondo se incrementó hasta los 18.585 millones de euros, tras sumar lo captado con cuatro emisiones de deuda, un tap (aumento por 435 millones de una antigua emisión) y los 9.000 millones con los que nació, procedentes del Fondo de Garantía de Depósitos y de los Presupuestos Generales del Estado.

Por otra parte con fecha de 14 de octubre de 2011 se supo que el FROB había captado más dinero de lo que el Banco de España dijo que necesitaría para atender a las cajas, colocando con fecha de 13 de octubre de ese año una emisión de deuda de 1.400 millones de euros a un plazo a dos años y un diferencial de 92 puntos básicos sobre la deuda pública española a ese plazo, lo que hacía un cupón o interés anual del 4,4%. A resultas de la realización de dicha operación el tamaño del fondo se incrementó hasta los 18.585 millones de euros, tras sumar lo captado con cuatro emisiones de deuda, un tap (aumento por 435 millones de una antigua emisión) y los 9.000 millones con los que nació, procedentes del Fondo de Garantía de Depósitos y de los Presupuestos Generales del Estado.

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Juan Calvo Vérgez

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En una primera fase el Fondo destinó a la compra de preferentes de las cajas, con el fin de fortalecerlas, un total de 10.066 millones (incluyendo las primeras ayudas a CajaSur) durante 2010. Y, a finales de septiembre de 2011, comprometió otros 7.551 millones para tomar el control de CAM, Unnim, CatalunyaCaixa y Novacaixagalicia. Es decir, el importe total que destinó el FROB a la reestructuración de las cajas ascendió a 17.617 millones de euros, sobre unos recursos totales de 18.585 millones de euros. De este modo el citado Fondo contaba con un remanente para posibles contingencias de 968 millones y una línea de crédito adicional que firmó con 13 bancos de otros 3.000 millones114.

En una primera fase el Fondo destinó a la compra de preferentes de las cajas, con el fin de fortalecerlas, un total de 10.066 millones (incluyendo las primeras ayudas a CajaSur) durante 2010. Y, a finales de septiembre de 2011, comprometió otros 7.551 millones para tomar el control de CAM, Unnim, CatalunyaCaixa y Novacaixagalicia. Es decir, el importe total que destinó el FROB a la reestructuración de las cajas ascendió a 17.617 millones de euros, sobre unos recursos totales de 18.585 millones de euros. De este modo el citado Fondo contaba con un remanente para posibles contingencias de 968 millones y una línea de crédito adicional que firmó con 13 bancos de otros 3.000 millones114.

En todo caso, con efectos desde el mes de octubre de 2011 el FROB realizó tres ampliaciones de capital por un importe total de 635 millones, fórmula que emplea para captar financiación en los mercados sin acometer nuevas emisiones. Y, durante la segunda semana del mes de noviembre de 2011, el FROB acometió una tercera ampliación del importe en circulación de una emisión de bonos llevada a cabo a principios de julio de 2011 con vencimiento el 12 de julio de 2016 y un cupón del 5,50%. Una vez acometidas las tres operaciones, el nuevo importe en circulación de dicha emisión del organismo dependiente del Banco de España se elevaba a un total de 2.385 millones de euros. De este modo el FROB tenía comprometidos fondos por un importe de 17.600 millones de euros, de los que 9.700 millones de euros correspondían a la compra de participaciones preferentes en los procesos de integración de cajas, y otros 400 millones a Cajasur, intervenida por el Banco de España y adjudicada a la BBK.

En todo caso, con efectos desde el mes de octubre de 2011 el FROB realizó tres ampliaciones de capital por un importe total de 635 millones, fórmula que emplea para captar financiación en los mercados sin acometer nuevas emisiones. Y, durante la segunda semana del mes de noviembre de 2011, el FROB acometió una tercera ampliación del importe en circulación de una emisión de bonos llevada a cabo a principios de julio de 2011 con vencimiento el 12 de julio de 2016 y un cupón del 5,50%. Una vez acometidas las tres operaciones, el nuevo importe en circulación de dicha emisión del organismo dependiente del Banco de España se elevaba a un total de 2.385 millones de euros. De este modo el FROB tenía comprometidos fondos por un importe de 17.600 millones de euros, de los que 9.700 millones de euros correspondían a la compra de participaciones preferentes en los procesos de integración de cajas, y otros 400 millones a Cajasur, intervenida por el Banco de España y adjudicada a la BBK.

Tal y como ya hemos tenido ocasión de analizar el FROB destinó a la recapitalización de las cajas de ahorro otros 7.551 millones de euros, entre los que se incluyen 2.800 millones dedicados a la Caja de Ahorros del Mediterráneo (también intervenida por el Banco de España y, con posterioridad, objeto de venta). El resto de recursos se repartían entre tres entidades nacionalizadas: Novacaixagalicia (2.465 millones), Catalunyacaixa (1.718

Tal y como ya hemos tenido ocasión de analizar el FROB destinó a la recapitalización de las cajas de ahorro otros 7.551 millones de euros, entre los que se incluyen 2.800 millones dedicados a la Caja de Ahorros del Mediterráneo (también intervenida por el Banco de España y, con posterioridad, objeto de venta). El resto de recursos se repartían entre tres entidades nacionalizadas: Novacaixagalicia (2.465 millones), Catalunyacaixa (1.718

Como seguramente se recordará, la primera vez que el FROB decidió salir a los mercados tras su creación en junio de 2009 fue en noviembre de ese año, cuando colocó 3.000 millones de euros a cinco años. Las otras tres operaciones se ejecutaron a lo largo de 2011, coincidiendo con la nueva reforma del sector financiero del Gobierno. Captó 3.000 millones en enero de ese año y otros 1.750 millones en julio (más un tap), que se sumaban así a los 1.400 millones captados con fecha de 13 de octubre de 2011.

Como seguramente se recordará, la primera vez que el FROB decidió salir a los mercados tras su creación en junio de 2009 fue en noviembre de ese año, cuando colocó 3.000 millones de euros a cinco años. Las otras tres operaciones se ejecutaron a lo largo de 2011, coincidiendo con la nueva reforma del sector financiero del Gobierno. Captó 3.000 millones en enero de ese año y otros 1.750 millones en julio (más un tap), que se sumaban así a los 1.400 millones captados con fecha de 13 de octubre de 2011.

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millones) y Unnim (568 millones)115. En todas ellas el Estado pasó a controlar más del 90% del capital, pudiendo permanecer en su accionariado hasta cinco años.

millones) y Unnim (568 millones)115. En todas ellas el Estado pasó a controlar más del 90% del capital, pudiendo permanecer en su accionariado hasta cinco años.

En el caso concreto de Unnim, con fecha de 7 de marzo de 2012 el Banco de España anunció su adjudicación al Grupo BBVA por el precio simbólico de un euro y con ayudas del Fondo de Garantía de Depósitos por importe de 953 millones de euros. Con carácter adicional el FGD asumiría por un plazo de 10 años el 80% de las pérdidas que experimente la cartera de activos de Unnim de 7.359 millones de euros, una vez aplicadas las provisiones ya existentes para esos activos, de 1.330 millones. Y, dado que las pérdidas esperadas en Unnim por el auditor del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria en dicho periodo se elevaban a 2.635 millones de euros, el coste para el FGD en esa década se situaría, previsiblemente, en torno a 2.000 millones de euros. De este modo, y a la vista de la participación del Fondo que se nutría de las aportaciones privadas de las entidades en dicho plan de reestructuración, éste tendría un impacto nulo en el déficit del Estado. Recuérdese que Unnim, controlada al 100% por el Estado, contaba con un volumen de recursos propios de 2.053 millones de euros. El instituto emisor nacionalizó la entidad en octubre de 2011 a través de una inyección de capital de 568 millones y de otros 380 millones en participaciones preferentes convertibles de la entidad, con lo que quedó como único accionista y administrador. El FROB concedería además a BBVA un Esquema de Protección de Activos que asumiría el 80% de las pérdidas de una cartera con “activos predeterminados” durante un plazo de 10 años. Según los cálculos del Banco de España, el EPA cubriría una cartera de 7.359 millones, con una pérdida esperada de 2.635 millones de euros. Descontadas las provisiones, la cifra de pérdidas potenciales se quedaría en 1.330 millones de euros. Un 80% de esa cantidad (1.064 millones) sería cubierta por el FGD. El resto, 266 millones, correría a cuenta del BBVA. Sumando las dos cantidades –el reembolso de los 953 millones de euros que inyectó inicialmente el FROB y los 1.064 millones de pérdidas estimadas que tendría que cubrir–, la cifra que tendría que desembolsar el FGD superaría por poco los 2.000 millones de euros. Por lo que a Banca Cívica se refiere, con fecha de 26 de marzo de 2012 se anunció que CaixaBank absorbería Banca Cívica por menos de su valor en Bolsa, habiendo aprobado los Consejos de Administración de ambas entidades un canje de acciones que valoraba por 1,97 euros la acción de Cívica, un 11,3% menos de los 2,2 euros que valían sus títulos al cierre de los mercados con fecha de 23 de marzo de 2012. La operación, que valoraba Banca Cívica en 980 millones de euros, creaba así la principal entidad financiera española por volumen de activos, por delante de BBVA-Unnim y Santander. Además, se cerraba sin ayudas del Estado. CaixaBank contaba con unos activos de 270.425 millones de euros, mientras que Banca Cívica sumaba 72.193 millones, según datos de cierre de 2011, lo que daba como resultado unos activos conjuntos de 342.618 millones de euros. Las cuatro cajas de ahorro que participaban en Banca Cívica pasaban al accionariado de la entidad catalana, cuyo principal accionista seguía siendo La Caixa con un 61% del capital tras la conversión de todas las obligaciones convertibles ya emitidas y la recompra de las participaciones preferentes de Banca Cívica. CaixaBank y su principal accionista acordaron la fusión por absorción de Banca Cívica a cuyos accionistas, la entidad catalana ofreció un canje de 5 acciones propias por cada 8 acciones de Banca Cívica. Para su unión con Cívica, CaixaBank ofreció 1,97 euros por acción, lo que representaba un 11,3% menos en relación al cierre de mercado del 23 de marzo de 2012 y del 27% en relación al precio de la OPV..

En el caso concreto de Unnim, con fecha de 7 de marzo de 2012 el Banco de España anunció su adjudicación al Grupo BBVA por el precio simbólico de un euro y con ayudas del Fondo de Garantía de Depósitos por importe de 953 millones de euros. Con carácter adicional el FGD asumiría por un plazo de 10 años el 80% de las pérdidas que experimente la cartera de activos de Unnim de 7.359 millones de euros, una vez aplicadas las provisiones ya existentes para esos activos, de 1.330 millones. Y, dado que las pérdidas esperadas en Unnim por el auditor del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria en dicho periodo se elevaban a 2.635 millones de euros, el coste para el FGD en esa década se situaría, previsiblemente, en torno a 2.000 millones de euros. De este modo, y a la vista de la participación del Fondo que se nutría de las aportaciones privadas de las entidades en dicho plan de reestructuración, éste tendría un impacto nulo en el déficit del Estado. Recuérdese que Unnim, controlada al 100% por el Estado, contaba con un volumen de recursos propios de 2.053 millones de euros. El instituto emisor nacionalizó la entidad en octubre de 2011 a través de una inyección de capital de 568 millones y de otros 380 millones en participaciones preferentes convertibles de la entidad, con lo que quedó como único accionista y administrador. El FROB concedería además a BBVA un Esquema de Protección de Activos que asumiría el 80% de las pérdidas de una cartera con “activos predeterminados” durante un plazo de 10 años. Según los cálculos del Banco de España, el EPA cubriría una cartera de 7.359 millones, con una pérdida esperada de 2.635 millones de euros. Descontadas las provisiones, la cifra de pérdidas potenciales se quedaría en 1.330 millones de euros. Un 80% de esa cantidad (1.064 millones) sería cubierta por el FGD. El resto, 266 millones, correría a cuenta del BBVA. Sumando las dos cantidades –el reembolso de los 953 millones de euros que inyectó inicialmente el FROB y los 1.064 millones de pérdidas estimadas que tendría que cubrir–, la cifra que tendría que desembolsar el FGD superaría por poco los 2.000 millones de euros. Por lo que a Banca Cívica se refiere, con fecha de 26 de marzo de 2012 se anunció que CaixaBank absorbería Banca Cívica por menos de su valor en Bolsa, habiendo aprobado los Consejos de Administración de ambas entidades un canje de acciones que valoraba por 1,97 euros la acción de Cívica, un 11,3% menos de los 2,2 euros que valían sus títulos al cierre de los mercados con fecha de 23 de marzo de 2012. La operación, que valoraba Banca Cívica en 980 millones de euros, creaba así la principal entidad financiera española por volumen de activos, por delante de BBVA-Unnim y Santander. Además, se cerraba sin ayudas del Estado. CaixaBank contaba con unos activos de 270.425 millones de euros, mientras que Banca Cívica sumaba 72.193 millones, según datos de cierre de 2011, lo que daba como resultado unos activos conjuntos de 342.618 millones de euros. Las cuatro cajas de ahorro que participaban en Banca Cívica pasaban al accionariado de la entidad catalana, cuyo principal accionista seguía siendo La Caixa con un 61% del capital tras la conversión de todas las obligaciones convertibles ya emitidas y la recompra de las participaciones preferentes de Banca Cívica. CaixaBank y su principal accionista acordaron la fusión por absorción de Banca Cívica a cuyos accionistas, la entidad catalana ofreció un canje de 5 acciones propias por cada 8 acciones de Banca Cívica. Para su unión con Cívica, CaixaBank ofreció 1,97 euros por acción, lo que representaba un 11,3% menos en relación al cierre de mercado del 23 de marzo de 2012 y del 27% en relación al precio de la OPV..

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Todo ello queda encuadrado dentro del ámbito de actuación del FROB, orientado a gestionar la reestructuración de entidades y reforzar sus recursos propios, pudiendo captar a tal efecto financiación en los mercados de valores emitiendo renta fija, así como recibir préstamos, solicitar la apertura de créditos y realizar cualesquiera otras operaciones de endeudamiento, cobrando a tal efecto unos intereses que oscilan desde el 7% al 12,5% por los recursos prestados. Y ello a pesar de que otra alternativa hubiese sido exigir un canje de bonos y deuda de alto riesgo por acciones a resultas del cual parte de la deuda de los acreedores de las instituciones financieras que estuviesen al borde de la quiebra se hubiera convertido en fondos propios de la entidad, saneando el balance sin afectar negativamente a la deuda pública ni al ráting y dejando a las instituciones en condiciones de reanudar sus labores crediticias.

Todo ello queda encuadrado dentro del ámbito de actuación del FROB, orientado a gestionar la reestructuración de entidades y reforzar sus recursos propios, pudiendo captar a tal efecto financiación en los mercados de valores emitiendo renta fija, así como recibir préstamos, solicitar la apertura de créditos y realizar cualesquiera otras operaciones de endeudamiento, cobrando a tal efecto unos intereses que oscilan desde el 7% al 12,5% por los recursos prestados. Y ello a pesar de que otra alternativa hubiese sido exigir un canje de bonos y deuda de alto riesgo por acciones a resultas del cual parte de la deuda de los acreedores de las instituciones financieras que estuviesen al borde de la quiebra se hubiera convertido en fondos propios de la entidad, saneando el balance sin afectar negativamente a la deuda pública ni al ráting y dejando a las instituciones en condiciones de reanudar sus labores crediticias.

Con fecha de 4 de abril de 2012 se conoció que a lo largo de 2012 el FROB iba a emprender una fase de suscripción de bonos contingentes convertibles para entidades que acometiesen un proceso de integración en el marco de los objetivos de cumplimiento de la normativa de saneamiento financiero. Dentro de dicha fase el FROB había concedido ya en 2012 ayudas a Unicaja para la adquisición de Caja Duero España a través de dichos bonos contigentes convertibles por importe de 475 millones de euros, ampliables hasta 1.500 millones. De este modo el citado Fondo contaba con fondos disponibles de 22.945 millones de euros entre capital (9.000 millones), dinero captado a través de emisiones de deuda (10.945 millones) y una línea de crédito sindicada (3.000 millones), mientras que había comprometido recursos por 20.000 millones.

Con fecha de 4 de abril de 2012 se conoció que a lo largo de 2012 el FROB iba a emprender una fase de suscripción de bonos contingentes convertibles para entidades que acometiesen un proceso de integración en el marco de los objetivos de cumplimiento de la normativa de saneamiento financiero. Dentro de dicha fase el FROB había concedido ya en 2012 ayudas a Unicaja para la adquisición de Caja Duero España a través de dichos bonos contigentes convertibles por importe de 475 millones de euros, ampliables hasta 1.500 millones. De este modo el citado Fondo contaba con fondos disponibles de 22.945 millones de euros entre capital (9.000 millones), dinero captado a través de emisiones de deuda (10.945 millones) y una línea de crédito sindicada (3.000 millones), mientras que había comprometido recursos por 20.000 millones.

Finalmente, con fecha 15 de diciembre de 2012 se conoció que los fondos de inversión aliados con el Tesoro (Fondtesoro) quedaban facultados para comprar deuda emitida por el FROB, así como por el FADE, por el fondo de pago a proveedores (FFPP) o por el ICO. De este modo quedaba ampliado el abanico de compradores potenciales de la deuda que emitiesen los fondos creados para rescatar a la banca –el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria –, así como para titulizar (traspasar el riesgo a los mercados) el déficit de tarifa de las eléctricas (FADE) y para pagar a los proveedores (FFPP). Los fondos de inversión aliados con el Tesoro y comercializados bajo la denominación Fondtesoro quedaban facultados para comprar deuda que vendiese cualquiera de ellos, pudiendo además invertir en deuda comercializada por el Instituto de Crédito Oficial.

Finalmente, con fecha 15 de diciembre de 2012 se conoció que los fondos de inversión aliados con el Tesoro (Fondtesoro) quedaban facultados para comprar deuda emitida por el FROB, así como por el FADE, por el fondo de pago a proveedores (FFPP) o por el ICO. De este modo quedaba ampliado el abanico de compradores potenciales de la deuda que emitiesen los fondos creados para rescatar a la banca –el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria –, así como para titulizar (traspasar el riesgo a los mercados) el déficit de tarifa de las eléctricas (FADE) y para pagar a los proveedores (FFPP). Los fondos de inversión aliados con el Tesoro y comercializados bajo la denominación Fondtesoro quedaban facultados para comprar deuda que vendiese cualquiera de ellos, pudiendo además invertir en deuda comercializada por el Instituto de Crédito Oficial.

IX. EL REAL DECRETO-LEY 16/2011, DE 14 DE OCTUBRE, POR EL QUE SE CREA EL FONDO DE GARANTÍA DE DEPÓSITOS DE ENTIDADES DE CRÉDITO

IX. EL REAL DECRETO-LEY 16/2011, DE 14 DE OCTUBRE, POR EL QUE SE CREA EL FONDO DE GARANTÍA DE DEPÓSITOS DE ENTIDADES DE CRÉDITO

Sabido es que, a lo largo de los últimos treinta años, los sistemas de garantía de depósitos se han asentado en el entorno europeo como uno de los elementos indispensables para garantizar la confianza de ahorradores y depositantes en el conjunto del sistema bancario. En España, la temprana creación en 1977 de los primeros Fondos de Garantía de Depósitos en establecimientos bancarios y en cajas de ahorro, a los que acompañaría posteriormente el de cooperativas de crédito, a través de un régimen de contribuciones previas o ex ante, constituyó al mismo tiempo una muestra clara de la evolución de nuestro sistema financiero, así como un impulso a su modernización, en un contexto de cambios sociales, políticos y económicos cruciales en nuestra historia reciente. Las posteriores reformas acometidas de aquel primer sistema de garantía, efectuadas a lo largo de tres décadas, se comprenden hoy, con la debida perspectiva, como hitos singulares que han acompañado el progresivo desarrollo, en complejidad, capacidad y volumen, de nuestro sistema financiero.

Sabido es que, a lo largo de los últimos treinta años, los sistemas de garantía de depósitos se han asentado en el entorno europeo como uno de los elementos indispensables para garantizar la confianza de ahorradores y depositantes en el conjunto del sistema bancario. En España, la temprana creación en 1977 de los primeros Fondos de Garantía de Depósitos en establecimientos bancarios y en cajas de ahorro, a los que acompañaría posteriormente el de cooperativas de crédito, a través de un régimen de contribuciones previas o ex ante, constituyó al mismo tiempo una muestra clara de la evolución de nuestro sistema financiero, así como un impulso a su modernización, en un contexto de cambios sociales, políticos y económicos cruciales en nuestra historia reciente. Las posteriores reformas acometidas de aquel primer sistema de garantía, efectuadas a lo largo de tres décadas, se comprenden hoy, con la debida perspectiva, como hitos singulares que han acompañado el progresivo desarrollo, en complejidad, capacidad y volumen, de nuestro sistema financiero.

Una primera etapa de revisión del sistema tuvo lugar a principios de los años ochenta, pocos años después de su creación ya que, si bien se percibió a los fondos como un importante instrumento para afrontar los problemas del sistema bancario, se constató que la complejidad jurídica y económica de la crisis de un establecimiento bancario hacía conveniente ampliar las

Una primera etapa de revisión del sistema tuvo lugar a principios de los años ochenta, pocos años después de su creación ya que, si bien se percibió a los fondos como un importante instrumento para afrontar los problemas del sistema bancario, se constató que la complejidad jurídica y económica de la crisis de un establecimiento bancario hacía conveniente ampliar las

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posibilidades de actuación de los fondos, de manera que su objeto no fuera simplemente el de garantizar los depósitos en caso de suspensión de pagos o quiebra de una entidad, sino que, alternativamente, pudieran contribuir a reforzar la solvencia y el funcionamiento de las entidades, evitando en última instancia un eventual, y posiblemente más costoso, pago de depósitos.

posibilidades de actuación de los fondos, de manera que su objeto no fuera simplemente el de garantizar los depósitos en caso de suspensión de pagos o quiebra de una entidad, sino que, alternativamente, pudieran contribuir a reforzar la solvencia y el funcionamiento de las entidades, evitando en última instancia un eventual, y posiblemente más costoso, pago de depósitos.

Desde aquel momento, los fondos de garantía de depósitos españoles han mantenido como una segunda seña de identidad –junto a la contribución ex ante– su doble objetivo o función: por un lado, garantizar los depósitos en dinero (y más tarde también en valores) constituidos en las entidades de crédito; y, por otro, realizar aquellas actuaciones necesarias para reforzar la solvencia y el funcionamiento de las entidades en dificultades, en defensa de los intereses de los depositantes y del propio Fondo. En definitiva esa doble función se identifica con un objetivo inmediato y eventual, la garantía de los ahorros de los depositantes, y un objetivo mediato y permanente, el mantenimiento de la estabilidad del sistema financiero del país, a través de la confianza de los depositantes. En lo sucesivo, tras el papel desempeñado en beneficio de la estabilidad financiera en la crisis bancaria de finales de los setenta y principios de los ochenta, la doble función de los fondos los consolidó como un elemento indispensable de seguridad de nuestras instituciones financieras, junto a la regulación y a la supervisión financiera.

Desde aquel momento, los fondos de garantía de depósitos españoles han mantenido como una segunda seña de identidad –junto a la contribución ex ante– su doble objetivo o función: por un lado, garantizar los depósitos en dinero (y más tarde también en valores) constituidos en las entidades de crédito; y, por otro, realizar aquellas actuaciones necesarias para reforzar la solvencia y el funcionamiento de las entidades en dificultades, en defensa de los intereses de los depositantes y del propio Fondo. En definitiva esa doble función se identifica con un objetivo inmediato y eventual, la garantía de los ahorros de los depositantes, y un objetivo mediato y permanente, el mantenimiento de la estabilidad del sistema financiero del país, a través de la confianza de los depositantes. En lo sucesivo, tras el papel desempeñado en beneficio de la estabilidad financiera en la crisis bancaria de finales de los setenta y principios de los ochenta, la doble función de los fondos los consolidó como un elemento indispensable de seguridad de nuestras instituciones financieras, junto a la regulación y a la supervisión financiera.

Una segunda etapa o, más bien, etapa de revisión de nuestro sistema de garantía de depósitos tuvo lugar a partir de mediados de los años noventa, directamente relacionado con nuestra participación en el proceso de construcción europea y, más concretamente, con la integración financiera considerada imprescindible para la consecución de un mercado interior. Así, el Real Decreto-ley 12/1995 y sus normas de desarrollo incorporaron al ordenamiento jurídico español la Directiva comunitaria 94/19/CE sobre sistemas de garantía de depósitos, cuyo principal hito fue la armonización de un nivel mínimo de cobertura de los depósitos –20.000 euros– en el conjunto de la Unión Europea. Con posterioridad, en 2009, ese nivel alcanzaría la cifra actual de 100.000 euros como cobertura de depósitos mínima y máxima para los 27 Estados miembros de la Unión Europea.

Una segunda etapa o, más bien, etapa de revisión de nuestro sistema de garantía de depósitos tuvo lugar a partir de mediados de los años noventa, directamente relacionado con nuestra participación en el proceso de construcción europea y, más concretamente, con la integración financiera considerada imprescindible para la consecución de un mercado interior. Así, el Real Decreto-ley 12/1995 y sus normas de desarrollo incorporaron al ordenamiento jurídico español la Directiva comunitaria 94/19/CE sobre sistemas de garantía de depósitos, cuyo principal hito fue la armonización de un nivel mínimo de cobertura de los depósitos –20.000 euros– en el conjunto de la Unión Europea. Con posterioridad, en 2009, ese nivel alcanzaría la cifra actual de 100.000 euros como cobertura de depósitos mínima y máxima para los 27 Estados miembros de la Unión Europea.

A lo largo de esta segunda etapa de revisión de nuestro sistema de garantía surgió el elemento indispensable del contexto europeo, al conducir la integración financiera de manera inexorable a la paulatina integración de las redes de seguridad del sistema. En conclusión, en estos más de treinta años

A lo largo de esta segunda etapa de revisión de nuestro sistema de garantía surgió el elemento indispensable del contexto europeo, al conducir la integración financiera de manera inexorable a la paulatina integración de las redes de seguridad del sistema. En conclusión, en estos más de treinta años

La recapitalización de las entidades financieras

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de historia del sistema español de garantía de depósitos, de sus tres rasgos característicos o señas de identidad, los dos primeros (su doble función de garantía de depósitos y reforzamiento de entidades y su constitución como fondo de dotación ex ante) se encuentran fuertemente consolidados, en tanto que el tercero de ellos, su inserción en una red de seguridad paneuropea, aparece como un destino necesario dentro de un proceso de armonización aún no finalizado.

de historia del sistema español de garantía de depósitos, de sus tres rasgos característicos o señas de identidad, los dos primeros (su doble función de garantía de depósitos y reforzamiento de entidades y su constitución como fondo de dotación ex ante) se encuentran fuertemente consolidados, en tanto que el tercero de ellos, su inserción en una red de seguridad paneuropea, aparece como un destino necesario dentro de un proceso de armonización aún no finalizado.

Pues bien, a través de la aprobación del Real Decreto-Ley 16/2011, de 14 de octubre, se pretendió reformar nuevamente la regulación del sistema español de garantía de depósitos. Con carácter general se trató de una revisión que no resultó ajena al contexto y la evolución de nuestro sistema financiero, sino que tiene lugar en el momento de culminación de la más importante reestructuración financiera de nuestra historia democrática. Después de dos años de reformas estructurales, cuyas piedras angulares fueron el Real Decreto-ley 9/2009, de 26 de junio, sobre reestructuración bancaria y reforzamiento de los recursos propios de las entidades de crédito, el Real Decreto-ley 11/2010, de 9 de julio, de órganos de gobierno y otros aspectos del régimen jurídico de las Cajas de Ahorro, y el Real Decretoley 2/2011, de 18 de febrero, para el reforzamiento del sistema financiero, el Real Decreto-Ley 16/2011 pretendió operar como elemento de cierre y garantía de coherencia interna del conjunto de las reformas.

Pues bien, a través de la aprobación del Real Decreto-Ley 16/2011, de 14 de octubre, se pretendió reformar nuevamente la regulación del sistema español de garantía de depósitos. Con carácter general se trató de una revisión que no resultó ajena al contexto y la evolución de nuestro sistema financiero, sino que tiene lugar en el momento de culminación de la más importante reestructuración financiera de nuestra historia democrática. Después de dos años de reformas estructurales, cuyas piedras angulares fueron el Real Decreto-ley 9/2009, de 26 de junio, sobre reestructuración bancaria y reforzamiento de los recursos propios de las entidades de crédito, el Real Decreto-ley 11/2010, de 9 de julio, de órganos de gobierno y otros aspectos del régimen jurídico de las Cajas de Ahorro, y el Real Decretoley 2/2011, de 18 de febrero, para el reforzamiento del sistema financiero, el Real Decreto-Ley 16/2011 pretendió operar como elemento de cierre y garantía de coherencia interna del conjunto de las reformas.

Una vez finalizada la recapitalización del sector bancario de acuerdo con lo estipulado en el Real Decreto-Ley 2/2011, de 18 de febrero, para el reforzamiento del sistema financiero, y reestructurado el subsector de las cajas de ahorro (que, como ya se ha indicado, a lo largo del 2011 pasaron de 45 a 15 entidades, aumentando el volumen medio de activos de las entidades de 28.504 millones de euros a 85.512 millones y equiparando su estructura de gobierno a la de los bancos cotizados a través, fundamentalmente, de su transformación jurídica en cajas de ejercicio indirecto), resultaba necesario completar las reformas adecuando la regulación del sistema español de garantía de depósitos a la nueva realidad del sector.

Una vez finalizada la recapitalización del sector bancario de acuerdo con lo estipulado en el Real Decreto-Ley 2/2011, de 18 de febrero, para el reforzamiento del sistema financiero, y reestructurado el subsector de las cajas de ahorro (que, como ya se ha indicado, a lo largo del 2011 pasaron de 45 a 15 entidades, aumentando el volumen medio de activos de las entidades de 28.504 millones de euros a 85.512 millones y equiparando su estructura de gobierno a la de los bancos cotizados a través, fundamentalmente, de su transformación jurídica en cajas de ejercicio indirecto), resultaba necesario completar las reformas adecuando la regulación del sistema español de garantía de depósitos a la nueva realidad del sector.

Con carácter general el Real Decreto-Ley 16/2011 persiguió la consecución de dos objetivos orientados a culminar la recapitalización y reestructuración del sistema financiero manteniendo los rasgos esenciales del mismo. En primer lugar, la unificación de los tres fondos de garantía de depósitos existentes con anterioridad en un único Fondo de Garantía de Depósitos de

Con carácter general el Real Decreto-Ley 16/2011 persiguió la consecución de dos objetivos orientados a culminar la recapitalización y reestructuración del sistema financiero manteniendo los rasgos esenciales del mismo. En primer lugar, la unificación de los tres fondos de garantía de depósitos existentes con anterioridad en un único Fondo de Garantía de Depósitos de

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Entidades de Crédito que mantuviese las funciones y rasgos característicos de los tres fondos a los que sustituía. Y, en segundo término, la actualización y el fortalecimiento de la segunda función del sistema, a saber, el reforzamiento de la solvencia y funcionamiento de las entidades, también conocida como función de resolución, a fin de garantizar la actuación flexible del nuevo Fondo unificado. Ambos objetivos habrían de contribuir al principio esencial que las instancias financieras internacionales han situado en la base de la intervención pública ante la crisis financiera: que sea el propio sector financiero quien asuma los costes ocasionados por su saneamiento y recapitalización, con el fin de que el conjunto de reformas no suponga costes para el erario público, en definitiva, para el contribuyente.

Entidades de Crédito que mantuviese las funciones y rasgos característicos de los tres fondos a los que sustituía. Y, en segundo término, la actualización y el fortalecimiento de la segunda función del sistema, a saber, el reforzamiento de la solvencia y funcionamiento de las entidades, también conocida como función de resolución, a fin de garantizar la actuación flexible del nuevo Fondo unificado. Ambos objetivos habrían de contribuir al principio esencial que las instancias financieras internacionales han situado en la base de la intervención pública ante la crisis financiera: que sea el propio sector financiero quien asuma los costes ocasionados por su saneamiento y recapitalización, con el fin de que el conjunto de reformas no suponga costes para el erario público, en definitiva, para el contribuyente.

El Real Decreto-Ley 16/2011 quedó integrado por tres títulos, divididos en trece artículos, una Disposición Derogatoria, cuatro Disposiciones Transitorias y tres Disposiciones Finales. El Título I englobó como disposiciones generales los elementos definitorios del nuevo Fondo, elementos que engloban en lo fundamental los previstos hasta la fecha para los tres fondos extintos. Se trata, básicamente, de la propia norma de creación y subrogación del Fondo en la posición jurídica de los fondos disueltos; de la naturaleza y régimen jurídico de derecho privado y de las normas sobre patrimonio y organización de gobierno, a través de la Comisión Gestora del Fondo integrada por representantes de las entidades y del Banco de España.

El Real Decreto-Ley 16/2011 quedó integrado por tres títulos, divididos en trece artículos, una Disposición Derogatoria, cuatro Disposiciones Transitorias y tres Disposiciones Finales. El Título I englobó como disposiciones generales los elementos definitorios del nuevo Fondo, elementos que engloban en lo fundamental los previstos hasta la fecha para los tres fondos extintos. Se trata, básicamente, de la propia norma de creación y subrogación del Fondo en la posición jurídica de los fondos disueltos; de la naturaleza y régimen jurídico de derecho privado y de las normas sobre patrimonio y organización de gobierno, a través de la Comisión Gestora del Fondo integrada por representantes de las entidades y del Banco de España.

Por su parte los Títulos II y III se dedicaron, respectivamente, a desarrollar las dos funciones del Fondo: la garantía de depósitos y las actuaciones en refuerzo de la solvencia y el saneamiento de entidades. A través de dicha regulación se persiguió aportar una mayor seguridad jurídica a una legislación sobre materia sensible que se encontraba dispersa hasta este momento en una pluralidad de normas. Se trató, en definitiva, de aumentar la capacidad y flexibilidad de actuación del Fondo en materia de reforzamiento de capital de entidades, de tal manera que sea el propio sector quien se encuentre en condiciones de apoyar el fin del proceso desde la mayor eficiencia.

Por su parte los Títulos II y III se dedicaron, respectivamente, a desarrollar las dos funciones del Fondo: la garantía de depósitos y las actuaciones en refuerzo de la solvencia y el saneamiento de entidades. A través de dicha regulación se persiguió aportar una mayor seguridad jurídica a una legislación sobre materia sensible que se encontraba dispersa hasta este momento en una pluralidad de normas. Se trató, en definitiva, de aumentar la capacidad y flexibilidad de actuación del Fondo en materia de reforzamiento de capital de entidades, de tal manera que sea el propio sector quien se encuentre en condiciones de apoyar el fin del proceso desde la mayor eficiencia.

Finalmente, sus Disposiciones Finales preveían la derogación expresa de un prolijo conjunto de normas reguladoras de los fondos de garantía hasta la fecha, en aras a la consecución de un mayor grado de seguridad jurídica. Por su parte, sus Disposiciones Transitorias se dirigieron a garantizar un tránsito sencillo y ordenado del sistema anterior basado en tres fondos secto-

Finalmente, sus Disposiciones Finales preveían la derogación expresa de un prolijo conjunto de normas reguladoras de los fondos de garantía hasta la fecha, en aras a la consecución de un mayor grado de seguridad jurídica. Por su parte, sus Disposiciones Transitorias se dirigieron a garantizar un tránsito sencillo y ordenado del sistema anterior basado en tres fondos secto-

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riales al nuevo Fondo único, regulando transitoriamente la composición de la Comisión Gestora y el régimen de aportaciones hasta el establecimiento de un sistema basado en el perfil del riesgo de cada entidad en el conjunto de la Unión Europea. Se explicitó, adicionalmente, la vigencia del Real Decreto 2606/1996 y restante normativa de desarrollo en lo que no sea contrario al presente real decreto-ley.

riales al nuevo Fondo único, regulando transitoriamente la composición de la Comisión Gestora y el régimen de aportaciones hasta el establecimiento de un sistema basado en el perfil del riesgo de cada entidad en el conjunto de la Unión Europea. Se explicitó, adicionalmente, la vigencia del Real Decreto 2606/1996 y restante normativa de desarrollo en lo que no sea contrario al presente real decreto-ley.

Desde nuestro punto de vista la adopción de las medidas contempladas en el Real Decreto-Ley 16/2011 resultaba imprescindible para reforzar la confianza en nuestro sistema financiero y culminar su proceso de recapitalización y reestructuración. Ya en su día la aplicación del Real Decreto-Ley 2/2011, de 18 de febrero, para el reforzamiento del sistema financiero, alcanzó su desarrollo prácticamente pleno, de modo que era justo en este momento cuando resultaba oportuna e inaplazable la reordenación del sistema de garantía de depósitos, al objeto de activar todos los recursos financieros disponibles. Adicionalmente, la especial sensibilidad de la materia hacía necesario evitar cualquier eventual incertidumbre derivada del proceso de modificación de la normativa, tal y como ocurrió en anteriores ocasiones en que los sistemas de garantía de depósitos fue reformado, en los años 1980, 1982 y 1995, respectivamente.

Desde nuestro punto de vista la adopción de las medidas contempladas en el Real Decreto-Ley 16/2011 resultaba imprescindible para reforzar la confianza en nuestro sistema financiero y culminar su proceso de recapitalización y reestructuración. Ya en su día la aplicación del Real Decreto-Ley 2/2011, de 18 de febrero, para el reforzamiento del sistema financiero, alcanzó su desarrollo prácticamente pleno, de modo que era justo en este momento cuando resultaba oportuna e inaplazable la reordenación del sistema de garantía de depósitos, al objeto de activar todos los recursos financieros disponibles. Adicionalmente, la especial sensibilidad de la materia hacía necesario evitar cualquier eventual incertidumbre derivada del proceso de modificación de la normativa, tal y como ocurrió en anteriores ocasiones en que los sistemas de garantía de depósitos fue reformado, en los años 1980, 1982 y 1995, respectivamente.

Tal y como se señaló en el art. 1 del Real Decreto, su objeto no es otro que acometer la creación del Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito. Dicho Fondo, de acuerdo con lo declarado en el art. 2, tuvo inicialmente como principal finalidad garantizar los depósitos en entidades de crédito hasta el límite previsto en dicho Real Decreto. Asimismo se persiguió la realización de actuaciones que reforzasen la solvencia y funcionamiento de una entidad en dificultades, en defensa de los intereses de los depositantes, del propio Fondo y del conjunto del sistema integrado por las entidades de crédito adheridas al mismo. Lo anterior obligaba necesariamente a declarar disueltos el Fondo de Garantía de Depósitos en Cajas de Ahorro, el Fondo de Garantía de Depósitos en Establecimientos Bancarios y el Fondo de Garantía de Depósitos en Cooperativas de Crédito, cuyos patrimonios pasaron a integrarse en el Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito conforme a lo previsto en el art. 6 del Real Decreto-Ley, subrogándose este último en todos los derechos y obligaciones de aquellos.

Tal y como se señaló en el art. 1 del Real Decreto, su objeto no es otro que acometer la creación del Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito. Dicho Fondo, de acuerdo con lo declarado en el art. 2, tuvo inicialmente como principal finalidad garantizar los depósitos en entidades de crédito hasta el límite previsto en dicho Real Decreto. Asimismo se persiguió la realización de actuaciones que reforzasen la solvencia y funcionamiento de una entidad en dificultades, en defensa de los intereses de los depositantes, del propio Fondo y del conjunto del sistema integrado por las entidades de crédito adheridas al mismo. Lo anterior obligaba necesariamente a declarar disueltos el Fondo de Garantía de Depósitos en Cajas de Ahorro, el Fondo de Garantía de Depósitos en Establecimientos Bancarios y el Fondo de Garantía de Depósitos en Cooperativas de Crédito, cuyos patrimonios pasaron a integrarse en el Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito conforme a lo previsto en el art. 6 del Real Decreto-Ley, subrogándose este último en todos los derechos y obligaciones de aquellos.

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Sin embargo el citado art. 2 sería posteriormente objeto de nueva redacción otorgada por el RDLey 24/2012, a la luz de la cual se modificó la regulación anterior señalándose únicamente que la finalidad única del FGD debía ser garantizar los depósitos en entidades de crédito hasta el límite legalmente previsto (100.000 euros por depósito y titular).

Sin embargo el citado art. 2 sería posteriormente objeto de nueva redacción otorgada por el RDLey 24/2012, a la luz de la cual se modificó la regulación anterior señalándose únicamente que la finalidad única del FGD debía ser garantizar los depósitos en entidades de crédito hasta el límite legalmente previsto (100.000 euros por depósito y titular).

De acuerdo con lo establecido en el art. 3 del Real Decreto, el Fondo creado tiene personalidad jurídica propia, con plena capacidad para el desarrollo de sus fines, en régimen de Derecho Privado y sin sujeción a las normas reguladoras de los organismos públicos y las sociedades mercantiles estatales. Dicho Fondo se halla exento del Impuesto sobre Sociedades, de conformidad con lo dispuesto en el art. 9.1.c) del TRLIS. Igualmente se encuentra exento de aquellos impuestos indirectos que pudieran devengarse por razón de su constitución, de su funcionamiento y de los actos u operaciones que realice en el cumplimiento de sus fines, incluidos los que pudieran devengarse como consecuencia de la disolución de los tres fondos preexistentes, de la integración de su patrimonio en el del Fondo y de la subrogación de este en todos sus derechos y obligaciones conforme a lo previsto en el Real Decreto-Ley. Todo ello sin perjuicio de mantener las exenciones vigentes a la entrada en vigor del Real Decreto-ley sobre las operaciones gravadas por tributos indirectos cuyo importe deba repercutirse al Fondo en virtud de las disposiciones de derecho interno o comunitario que los regulen.

De acuerdo con lo establecido en el art. 3 del Real Decreto, el Fondo creado tiene personalidad jurídica propia, con plena capacidad para el desarrollo de sus fines, en régimen de Derecho Privado y sin sujeción a las normas reguladoras de los organismos públicos y las sociedades mercantiles estatales. Dicho Fondo se halla exento del Impuesto sobre Sociedades, de conformidad con lo dispuesto en el art. 9.1.c) del TRLIS. Igualmente se encuentra exento de aquellos impuestos indirectos que pudieran devengarse por razón de su constitución, de su funcionamiento y de los actos u operaciones que realice en el cumplimiento de sus fines, incluidos los que pudieran devengarse como consecuencia de la disolución de los tres fondos preexistentes, de la integración de su patrimonio en el del Fondo y de la subrogación de este en todos sus derechos y obligaciones conforme a lo previsto en el Real Decreto-Ley. Todo ello sin perjuicio de mantener las exenciones vigentes a la entrada en vigor del Real Decreto-ley sobre las operaciones gravadas por tributos indirectos cuyo importe deba repercutirse al Fondo en virtud de las disposiciones de derecho interno o comunitario que los regulen.

¿Cuáles son las funciones principales del Fondo? De acuerdo con lo señalado en el art. 4 del Real Decreto-Ley, éstas se concretaron inicialmente en la garantía de depósitos y el refuerzo de la solvencia y funcionamiento de las entidades de crédito, conforme a lo previsto respectivamente por los Títulos II y III del Real Decreto-Dey y en su normativa de desarrollo. El Fondo debía acometer tales funciones en defensa de los intereses de los depositantes, del propio Fondo y del conjunto del sistema integrado por las entidades de crédito adheridas al mismo. Todas las entidades de crédito españolas debían pertenecer, con carácter obligatorio, a este Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito. Ahora bien dicha obligación no resultaba de aplicación a los Establecimientos Financieros de Crédito ni al Instituto de Crédito Oficial.

¿Cuáles son las funciones principales del Fondo? De acuerdo con lo señalado en el art. 4 del Real Decreto-Ley, éstas se concretaron inicialmente en la garantía de depósitos y el refuerzo de la solvencia y funcionamiento de las entidades de crédito, conforme a lo previsto respectivamente por los Títulos II y III del Real Decreto-Dey y en su normativa de desarrollo. El Fondo debía acometer tales funciones en defensa de los intereses de los depositantes, del propio Fondo y del conjunto del sistema integrado por las entidades de crédito adheridas al mismo. Todas las entidades de crédito españolas debían pertenecer, con carácter obligatorio, a este Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito. Ahora bien dicha obligación no resultaba de aplicación a los Establecimientos Financieros de Crédito ni al Instituto de Crédito Oficial.

En el caso específico de las sucursales de entidades de crédito extranjeras operantes en España, éstas habían de incorporarse al Fondo en los

En el caso específico de las sucursales de entidades de crédito extranjeras operantes en España, éstas habían de incorporarse al Fondo en los

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supuestos y forma que reglamentariamente se determinen. Y, tratándose de aquellas entidades de crédito que no realizasen debidamente sus aportaciones al Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito o que incumpliesen cualquiera de las obligaciones que les correspondían frente al mismo, dichas entidades debían quedar excluidas del Fondo una vez que hubiesen fracasado las medidas que se adoptasen para asegurar su cumplimiento, siendo competente para acordar la exclusión el titular el Ministro de Economía y Hacienda, a propuesta del Banco de España y previo informe de la Comisión Gestora del Fondo.

supuestos y forma que reglamentariamente se determinen. Y, tratándose de aquellas entidades de crédito que no realizasen debidamente sus aportaciones al Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito o que incumpliesen cualquiera de las obligaciones que les correspondían frente al mismo, dichas entidades debían quedar excluidas del Fondo una vez que hubiesen fracasado las medidas que se adoptasen para asegurar su cumplimiento, siendo competente para acordar la exclusión el titular el Ministro de Economía y Hacienda, a propuesta del Banco de España y previo informe de la Comisión Gestora del Fondo.

No obstante, y como ya se ha señalado con anterioridad, tras la reforma operada por el RDLey 24/2012 dichas funciones quedaron reducidas únicamente a garantizar los depósitos.

No obstante, y como ya se ha señalado con anterioridad, tras la reforma operada por el RDLey 24/2012 dichas funciones quedaron reducidas únicamente a garantizar los depósitos.

En virtud de lo establecido por el art. 6 del Real Decreto-Ley 16/2011, el patrimonio de los Fondos de Garantía de Depósitos en Cajas de Ahorro, Establecimientos Bancarios y Cooperativas de Crédito se integra en el Fondo de Garantía de Depósitos en Entidades de Crédito con efectos desde la entrada en vigor de aquél. El Fondo se ha de subrogar en todos los derechos y obligaciones de los fondos disueltos, debiendo nutrirse con aportaciones anuales de las entidades de crédito integradas en él, cuyo importe será de hasta un máximo del 2 por mil de los depósitos a los que se extiende su garantía, en función de la tipología de las entidades de crédito.

En virtud de lo establecido por el art. 6 del Real Decreto-Ley 16/2011, el patrimonio de los Fondos de Garantía de Depósitos en Cajas de Ahorro, Establecimientos Bancarios y Cooperativas de Crédito se integra en el Fondo de Garantía de Depósitos en Entidades de Crédito con efectos desde la entrada en vigor de aquél. El Fondo se ha de subrogar en todos los derechos y obligaciones de los fondos disueltos, debiendo nutrirse con aportaciones anuales de las entidades de crédito integradas en él, cuyo importe será de hasta un máximo del 2 por mil de los depósitos a los que se extiende su garantía, en función de la tipología de las entidades de crédito.

En el supuesto de que el patrimonio no comprometido del Fondo alcanzase valores negativos, la Comisión Gestora podría acordar, por mayoría de dos tercios de todos sus miembros, la realización de derramas entre las entidades adheridas. Dichas derramas habrían de distribuirse según la base de cálculo de las aportaciones, no pudiendo exceder su importe de la cuantía necesaria para eliminar aquel déficit. Las aportaciones al Fondo se han de suspender cuando el fondo patrimonial no comprometido en operaciones propias del objeto del Fondo iguale o supere el 1 por 100 de los depósitos de las entidades adscritas a él.

En el supuesto de que el patrimonio no comprometido del Fondo alcanzase valores negativos, la Comisión Gestora podría acordar, por mayoría de dos tercios de todos sus miembros, la realización de derramas entre las entidades adheridas. Dichas derramas habrían de distribuirse según la base de cálculo de las aportaciones, no pudiendo exceder su importe de la cuantía necesaria para eliminar aquel déficit. Las aportaciones al Fondo se han de suspender cuando el fondo patrimonial no comprometido en operaciones propias del objeto del Fondo iguale o supere el 1 por 100 de los depósitos de las entidades adscritas a él.

¿Qué estructura presenta el Fondo? Tal y como se afirma en el art. 7 del Real Decreto, el Fondo es regido y administrado por una Comisión Gestora integrada por doce miembros, seis designados por el Banco de España y seis por las asociaciones representativas de las entidades de crédito adheridas, en los términos previstos reglamentariamente. Los representantes del Banco

¿Qué estructura presenta el Fondo? Tal y como se afirma en el art. 7 del Real Decreto, el Fondo es regido y administrado por una Comisión Gestora integrada por doce miembros, seis designados por el Banco de España y seis por las asociaciones representativas de las entidades de crédito adheridas, en los términos previstos reglamentariamente. Los representantes del Banco

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de España han de ser designados por su Comisión ejecutiva. Uno de ellos sería el Subgobernador, que ostentaría la Presidencia de la Comisión con voto de calidad en caso de empate en la votación de los acuerdos a adoptar. Su vacante, ausencia o enfermedad sería cubierta previa designación por su Comisión ejecutiva por uno de los representantes titulares del Banco de España, quien sería sustituido, a su vez en la Comisión Gestora, por uno de los miembros suplentes. Por su parte los representantes de las entidades adheridas habrían de ser designados, dos por las asociaciones representativas de los Bancos, dos por las de cajas de ahorro y dos por las de Cooperativas de Crédito, en los términos previstos reglamentariamente.

de España han de ser designados por su Comisión ejecutiva. Uno de ellos sería el Subgobernador, que ostentaría la Presidencia de la Comisión con voto de calidad en caso de empate en la votación de los acuerdos a adoptar. Su vacante, ausencia o enfermedad sería cubierta previa designación por su Comisión ejecutiva por uno de los representantes titulares del Banco de España, quien sería sustituido, a su vez en la Comisión Gestora, por uno de los miembros suplentes. Por su parte los representantes de las entidades adheridas habrían de ser designados, dos por las asociaciones representativas de los Bancos, dos por las de cajas de ahorro y dos por las de Cooperativas de Crédito, en los términos previstos reglamentariamente.

Las personas designadas debían ser personas de reconocida honorabilidad comercial y profesional, poseyendo conocimientos y experiencia adecuados para el ejercicio de sus funciones. En la determinación de las citadas condiciones se han de atender a los criterios contemplados en el art. 2 del Real Decreto 1245/1995, de 14 de julio, sobre Creación de Bancos, Actividad transfronteriza y otras cuestiones relativas al Régimen jurídico de las Entidades de crédito.

Las personas designadas debían ser personas de reconocida honorabilidad comercial y profesional, poseyendo conocimientos y experiencia adecuados para el ejercicio de sus funciones. En la determinación de las citadas condiciones se han de atender a los criterios contemplados en el art. 2 del Real Decreto 1245/1995, de 14 de julio, sobre Creación de Bancos, Actividad transfronteriza y otras cuestiones relativas al Régimen jurídico de las Entidades de crédito.

Ha de precisarse además que a través del citado procedimiento deben ser designados igualmente dos representantes suplentes del Banco de España y uno por cada uno de los designados por las entidades adheridas, que sustituirán a los titulares en caso de vacante, ausencia o enfermedad. En el caso de los representantes de las entidades, éstos han de ser también sustituidos por indicación del Presidente de la Comisión Gestora del Fondo, en aquellos casos en los que la Comisión Gestora vaya a tratar cuestiones que afecten directamente a una entidad o grupo de entidades con los que esté vinculado como administrador, directivo, contrato laboral, civil o mercantil o cualquier otra relación que pudiese menoscabar la objetividad de sus decisiones, determinando su abstención. La duración del mandato de los miembros de la Comisión Gestora queda fijada en cuatro años renovables.

Ha de precisarse además que a través del citado procedimiento deben ser designados igualmente dos representantes suplentes del Banco de España y uno por cada uno de los designados por las entidades adheridas, que sustituirán a los titulares en caso de vacante, ausencia o enfermedad. En el caso de los representantes de las entidades, éstos han de ser también sustituidos por indicación del Presidente de la Comisión Gestora del Fondo, en aquellos casos en los que la Comisión Gestora vaya a tratar cuestiones que afecten directamente a una entidad o grupo de entidades con los que esté vinculado como administrador, directivo, contrato laboral, civil o mercantil o cualquier otra relación que pudiese menoscabar la objetividad de sus decisiones, determinando su abstención. La duración del mandato de los miembros de la Comisión Gestora queda fijada en cuatro años renovables.

¿En qué supuestos se dispone el cese en sus cargos de los representantes de las entidades de crédito adheridas al Fondo? Dichos supuestos quedan concretados en los siguientes: expiración del término de su mandato; renuncia; separación acordada por la Comisión Gestora por incumplimiento grave de sus obligaciones; incapacidad permanente para el ejercicio de su función o falta sobrevenida de honorabilidad. Por su parte los representantes del

¿En qué supuestos se dispone el cese en sus cargos de los representantes de las entidades de crédito adheridas al Fondo? Dichos supuestos quedan concretados en los siguientes: expiración del término de su mandato; renuncia; separación acordada por la Comisión Gestora por incumplimiento grave de sus obligaciones; incapacidad permanente para el ejercicio de su función o falta sobrevenida de honorabilidad. Por su parte los representantes del

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Banco de España cesarán, además de por las mismas causas anteriormente indicadas, por acuerdo de su Comisión Ejecutiva.

Banco de España cesarán, además de por las mismas causas anteriormente indicadas, por acuerdo de su Comisión Ejecutiva.

Téngase presente además que, tal y como se señala en la Disposición Transitoria Tercera del Real Decreto Ley 16/2011, relativa a la designación de los miembros de la Comisión Gestora, los representantes de las entidades de crédito y el Banco de España en su Comisión Gestora han de ser designados conforme a lo previsto en el art. 7, dentro de los dos meses siguientes a la entrada en vigor del citado Real Decreto-Ley. Mientras no se proceda a la elección en el referido plazo de los nuevos miembros de la Comisión Gestora del Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito, los representantes de las entidades adheridas en la misma serán aquellos que formasen parte de las comisiones gestoras de los tres fondos extinguidos a la entrada en vigor de la nueva normativa, correspondiéndoles conjuntamente el 50% de los votos totales de la Comisión. E igualmente los representantes del Banco de España serán los que formasen parte de las comisiones gestoras de los tres fondos extinguidos correspondiéndoles conjuntamente el 50% de los votos totales.

Téngase presente además que, tal y como se señala en la Disposición Transitoria Tercera del Real Decreto Ley 16/2011, relativa a la designación de los miembros de la Comisión Gestora, los representantes de las entidades de crédito y el Banco de España en su Comisión Gestora han de ser designados conforme a lo previsto en el art. 7, dentro de los dos meses siguientes a la entrada en vigor del citado Real Decreto-Ley. Mientras no se proceda a la elección en el referido plazo de los nuevos miembros de la Comisión Gestora del Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito, los representantes de las entidades adheridas en la misma serán aquellos que formasen parte de las comisiones gestoras de los tres fondos extinguidos a la entrada en vigor de la nueva normativa, correspondiéndoles conjuntamente el 50% de los votos totales de la Comisión. E igualmente los representantes del Banco de España serán los que formasen parte de las comisiones gestoras de los tres fondos extinguidos correspondiéndoles conjuntamente el 50% de los votos totales.

Por otro lado, de cara a la validez de las reuniones de la Comisión Gestora resulta necesaria la asistencia de la mitad de sus miembros, debiendo ser adoptados sus acuerdos por mayoría de sus miembros, gozando el miembro que ostente la presidencia de voto de calidad. No obstante se requerirá mayoría de dos tercios para acordar la realización de derramas, conforme a lo previsto en el apartado 2 del art. 6 del Real Decreto, así como para las medidas previstas en el art. 11. La Comisión Gestora ha de establecer además sus propias normas de funcionamiento para el debido ejercicio de sus funciones.

Por otro lado, de cara a la validez de las reuniones de la Comisión Gestora resulta necesaria la asistencia de la mitad de sus miembros, debiendo ser adoptados sus acuerdos por mayoría de sus miembros, gozando el miembro que ostente la presidencia de voto de calidad. No obstante se requerirá mayoría de dos tercios para acordar la realización de derramas, conforme a lo previsto en el apartado 2 del art. 6 del Real Decreto, así como para las medidas previstas en el art. 11. La Comisión Gestora ha de establecer además sus propias normas de funcionamiento para el debido ejercicio de sus funciones.

En resumen, el nuevo Fondo unificado de garantía de depósitos de entidades de crédito pasó a ser administrado por una comisión gestora de 12 miembros, la mitad de ellos representantes del Banco de España. Las asociaciones de bancos, cajas y cooperativas designarán, cada una, dos miembros, hasta completar los seis restantes. La duración de su mandato será de cuatro años renovables. Como seguramente se recordará, con anterioridad cada fondo de garantía (el de bancos, cajas y cooperativas) contaba con un comisión rectora de ocho miembros: cuatro por el Banco de España y cuatro en representación de las entidades.

En resumen, el nuevo Fondo unificado de garantía de depósitos de entidades de crédito pasó a ser administrado por una comisión gestora de 12 miembros, la mitad de ellos representantes del Banco de España. Las asociaciones de bancos, cajas y cooperativas designarán, cada una, dos miembros, hasta completar los seis restantes. La duración de su mandato será de cuatro años renovables. Como seguramente se recordará, con anterioridad cada fondo de garantía (el de bancos, cajas y cooperativas) contaba con un comisión rectora de ocho miembros: cuatro por el Banco de España y cuatro en representación de las entidades.

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El nuevo órgano de gobierno debía estar constituido en un plazo de dos meses a contar desde la fecha de entrada en vigor del Real Decreto, precisándose a este respecto que, mientras no se procediese a la elección en el referido plazo de los nuevos miembros de la Comisión Gestora, los representantes de las entidades adheridas serían aquellos que formasen parte de las comisiones gestoras de los tres fondos extinguidos, correspondiéndoles conjuntamente el 50% de los votos totales de la Comisión. Igualmente los representantes del Banco de España serían los que formasen parte de las comisiones gestoras de los tres fondos extinguidos correspondiéndoles conjuntamente el 50% de los votos totales.

El nuevo órgano de gobierno debía estar constituido en un plazo de dos meses a contar desde la fecha de entrada en vigor del Real Decreto, precisándose a este respecto que, mientras no se procediese a la elección en el referido plazo de los nuevos miembros de la Comisión Gestora, los representantes de las entidades adheridas serían aquellos que formasen parte de las comisiones gestoras de los tres fondos extinguidos, correspondiéndoles conjuntamente el 50% de los votos totales de la Comisión. Igualmente los representantes del Banco de España serían los que formasen parte de las comisiones gestoras de los tres fondos extinguidos correspondiéndoles conjuntamente el 50% de los votos totales.

Centrándonos en el análisis de la función del nuevo Fondo relativa a la garantía de depósitos dispone el art. 8.1 del Real Decreto, en su actual redacción otorgada por el RDLey 24/2012 que “El Fondo satisfará a sus titulares el importe de los depósitos garantizados en los términos previstos reglamentariamente cuando se produzca alguno de los siguientes hechos:

Centrándonos en el análisis de la función del nuevo Fondo relativa a la garantía de depósitos dispone el art. 8.1 del Real Decreto, en su actual redacción otorgada por el RDLey 24/2012 que “El Fondo satisfará a sus titulares el importe de los depósitos garantizados en los términos previstos reglamentariamente cuando se produzca alguno de los siguientes hechos:

a) Que la entidad haya sido declarada o se tenga judicialmente por solicitada la declaración en concurso de acreedores;

a) Que la entidad haya sido declarada o se tenga judicialmente por solicitada la declaración en concurso de acreedores;

b) Que, habiéndose producido impago de depósitos y siempre y cuando no se haya acordado la apertura de un proceso de resolución de la entidad, el Banco de España determine que la entidad se encuentra en la imposibilidad de restituirlos inmediatamente por razones directamente relacionadas con su situación financiera. El Banco de España tomará dicha determinación a la mayor brevedad posible y, en cualquier caso, deberá resolver dentro del plazo máximo que se determine reglamentariamente, tras haber comprobado que la entidad no ha logrado restituir los depósitos vencidos y exigibles”.

b) Que, habiéndose producido impago de depósitos y siempre y cuando no se haya acordado la apertura de un proceso de resolución de la entidad, el Banco de España determine que la entidad se encuentra en la imposibilidad de restituirlos inmediatamente por razones directamente relacionadas con su situación financiera. El Banco de España tomará dicha determinación a la mayor brevedad posible y, en cualquier caso, deberá resolver dentro del plazo máximo que se determine reglamentariamente, tras haber comprobado que la entidad no ha logrado restituir los depósitos vencidos y exigibles”.

gualmente, y de conformidad con lo establecido por el apartado segundo del citado precepto, el Fondo satisfará a los titulares de valores u otros instrumentos financieros confiados a una entidad de crédito los importes garantizados cuando se produzca alguno de los siguientes hechos. En primer lugar, que la entidad de crédito haya sido declarada o se tenga judicialmente por solicitada la declaración de concurso de acreedores, y esas situaciones conlleven la suspensión de la restitución de los valores o instrumentos financieros, si bien no procederá el pago de esos importes si, dentro del plazo previsto reglamentariamente para iniciar su desembolso, se levantase el concurso mencionado. Y, en segundo término que, habiéndose producido

gualmente, y de conformidad con lo establecido por el apartado segundo del citado precepto, el Fondo satisfará a los titulares de valores u otros instrumentos financieros confiados a una entidad de crédito los importes garantizados cuando se produzca alguno de los siguientes hechos. En primer lugar, que la entidad de crédito haya sido declarada o se tenga judicialmente por solicitada la declaración de concurso de acreedores, y esas situaciones conlleven la suspensión de la restitución de los valores o instrumentos financieros, si bien no procederá el pago de esos importes si, dentro del plazo previsto reglamentariamente para iniciar su desembolso, se levantase el concurso mencionado. Y, en segundo término que, habiéndose producido

La recapitalización de las entidades financieras

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la no restitución de los valores o instrumentos financieros, el Banco de España determine que la entidad de crédito se encuentra en la imposibilidad de restituirlos en el futuro inmediato por razones directamente relacionadas con su situación financiera. A tal efecto el Banco de España deberá tomar dicha determinación a la mayor brevedad posible y, en cualquier caso, deberá resolver sobre la procedencia de la indemnización dentro del plazo máximo que se determine reglamentariamente.

la no restitución de los valores o instrumentos financieros, el Banco de España determine que la entidad de crédito se encuentra en la imposibilidad de restituirlos en el futuro inmediato por razones directamente relacionadas con su situación financiera. A tal efecto el Banco de España deberá tomar dicha determinación a la mayor brevedad posible y, en cualquier caso, deberá resolver sobre la procedencia de la indemnización dentro del plazo máximo que se determine reglamentariamente.

Todos aquellos pagos que realice el Fondo en virtud de lo dispuesto con anterioridad se realizará en euros, bien en efectivo o mediante otro medio de pago de general aceptación, valorándose para ellos los valores u otros instrumentos financieros en la forma que reglamentariamente se determine. En todo caso, por el mero hecho del pago el Fondo quede subrogado en los derechos del acreedor o inversor correspondientes al importe pagado, siendo suficiente título el documento en que conste el pago. Y, en el supuesto de que los valores u otros instrumentos financieros confiados a la entidad fuesen restituidos por ésta con posterioridad al pago, de un importe garantizado en función de aquello que dispone el art. 8.2 del Real Decreto, el Fondo podrá resarcirse del importe satisfecho, total o parcialmente, si el valor de los que haya de restituir fuese mayor que la diferencia resultante entre el de los que fueron confiados a la entidad y el importe pagado al inversor, estando facultado, a tal fin, a enajenarlo en la cuantía que resulte procedente, según el procedimiento y criterio de atribución y valoración que reglamentariamente se establezca.

Todos aquellos pagos que realice el Fondo en virtud de lo dispuesto con anterioridad se realizará en euros, bien en efectivo o mediante otro medio de pago de general aceptación, valorándose para ellos los valores u otros instrumentos financieros en la forma que reglamentariamente se determine. En todo caso, por el mero hecho del pago el Fondo quede subrogado en los derechos del acreedor o inversor correspondientes al importe pagado, siendo suficiente título el documento en que conste el pago. Y, en el supuesto de que los valores u otros instrumentos financieros confiados a la entidad fuesen restituidos por ésta con posterioridad al pago, de un importe garantizado en función de aquello que dispone el art. 8.2 del Real Decreto, el Fondo podrá resarcirse del importe satisfecho, total o parcialmente, si el valor de los que haya de restituir fuese mayor que la diferencia resultante entre el de los que fueron confiados a la entidad y el importe pagado al inversor, estando facultado, a tal fin, a enajenarlo en la cuantía que resulte procedente, según el procedimiento y criterio de atribución y valoración que reglamentariamente se establezca.

Por otra parte, y sin perjuicio de esta función principal a la que se refiere el art. 8, señala el art. 9 del Real Decreto establece que el Fondo han de indemnizar a aquellos inversores que hayan confiado a una entidad de crédito adherida a ellos recursos dinerarios, valores u otros instrumentos financieros, para su depósito y administración o para la realización de algún servicio de inversión de los contemplados en la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, en los supuestos a los que se ha hecho referencia con anterioridad. Dicha cobertura tendrá la forma, plazo y alcance que reglamentariamente se determinen.

Por otra parte, y sin perjuicio de esta función principal a la que se refiere el art. 8, señala el art. 9 del Real Decreto establece que el Fondo han de indemnizar a aquellos inversores que hayan confiado a una entidad de crédito adherida a ellos recursos dinerarios, valores u otros instrumentos financieros, para su depósito y administración o para la realización de algún servicio de inversión de los contemplados en la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, en los supuestos a los que se ha hecho referencia con anterioridad. Dicha cobertura tendrá la forma, plazo y alcance que reglamentariamente se determinen.

¿Qué importes quedan garantizados? Con carácter general, y de conformidad con lo establecido en el art. 10.1 del Real Decreto, el importe garantizado de los depósitos tiene como límite la cuantía de 100.000 euros o, en el caso de depósitos nominados en otra divisa, su equivalente apli-

¿Qué importes quedan garantizados? Con carácter general, y de conformidad con lo establecido en el art. 10.1 del Real Decreto, el importe garantizado de los depósitos tiene como límite la cuantía de 100.000 euros o, en el caso de depósitos nominados en otra divisa, su equivalente apli-

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cando los tipos de cambio correspondiente, conforme todo ello a los términos previstos reglamentariamente. Por su parte el importe garantizado a aquellos inversores que hubiesen confiado a la entidad de crédito valores o instrumentos financieros será independiente del indicado con anterioridad y alcanzará como máximo la cuantía de 100.000 euros, en los términos previstos reglamentariamente.

cando los tipos de cambio correspondiente, conforme todo ello a los términos previstos reglamentariamente. Por su parte el importe garantizado a aquellos inversores que hubiesen confiado a la entidad de crédito valores o instrumentos financieros será independiente del indicado con anterioridad y alcanzará como máximo la cuantía de 100.000 euros, en los términos previstos reglamentariamente.

Refiriéndonos a continuación a la inicial función asumida por el Fondo relativa al refuerzo de la solvencia y funcionamiento de las entidades de crédito, dicha función quedó inicialmente regulada en el art. 11 del Real Decreto, relativo a la adopción de un conjunto de medidas preventivas y de saneamiento tendentes a facilitar la viabilidad de una entidad. Así, con carácter general, y sin perjuicio de aquello que se señaló en el art. 12 del Real Decreto 16/2011, cuando la situación de una entidad de crédito, según la información facilitada por el Banco de España, fuese tal que hiciese previsible que el Fondo quedara obligado al pago conforme a las causas previstas reglamentariamente, el Fondo podría adoptar medidas preventivas y de saneamiento tendentes a facilitar la viabilidad de la entidad para superar la situación de crisis, en el marco de un plan de actuación acordado por la entidad y aprobado por el Banco de España.

Refiriéndonos a continuación a la inicial función asumida por el Fondo relativa al refuerzo de la solvencia y funcionamiento de las entidades de crédito, dicha función quedó inicialmente regulada en el art. 11 del Real Decreto, relativo a la adopción de un conjunto de medidas preventivas y de saneamiento tendentes a facilitar la viabilidad de una entidad. Así, con carácter general, y sin perjuicio de aquello que se señaló en el art. 12 del Real Decreto 16/2011, cuando la situación de una entidad de crédito, según la información facilitada por el Banco de España, fuese tal que hiciese previsible que el Fondo quedara obligado al pago conforme a las causas previstas reglamentariamente, el Fondo podría adoptar medidas preventivas y de saneamiento tendentes a facilitar la viabilidad de la entidad para superar la situación de crisis, en el marco de un plan de actuación acordado por la entidad y aprobado por el Banco de España.

Todo plan de actuación que contuviese medidas que requiriesen aprobación de la Junta o Asamblea general de la entidad afectada sería considerado como condicional, no debiendo ejecutarse hasta que recayesen los acuerdos que lo hagan posible. Mientras tanto, si lo requiriese la situación de la entidad, el Fondo podría prestar ayudas provisionales, siempre que se encontrasen debidamente garantizadas, a juicio de la Comisión Gestora. Y, en todo caso, de cara a la adopción de este conjunto de medidas, el Fondo debía tener en cuenta el coste financiero de las mismas a su cargo que se compararía con los desembolsos que hubiese tenido que realizar de optar, en el momento de la adopción del plan, por realizar en lugar de éste el pago de los importes garantizados.

Todo plan de actuación que contuviese medidas que requiriesen aprobación de la Junta o Asamblea general de la entidad afectada sería considerado como condicional, no debiendo ejecutarse hasta que recayesen los acuerdos que lo hagan posible. Mientras tanto, si lo requiriese la situación de la entidad, el Fondo podría prestar ayudas provisionales, siempre que se encontrasen debidamente garantizadas, a juicio de la Comisión Gestora. Y, en todo caso, de cara a la adopción de este conjunto de medidas, el Fondo debía tener en cuenta el coste financiero de las mismas a su cargo que se compararía con los desembolsos que hubiese tenido que realizar de optar, en el momento de la adopción del plan, por realizar en lugar de éste el pago de los importes garantizados.

Analicemos a continuación aquellas medidas de apoyo a la reestructuración y el reforzamiento de los recursos propios de una entidad que hubieran de ser adoptadas por el Fondo. Tal y como dispuso inicialmente el art. 12.1 del Real Decreto, en caso de que se procediese a la reestructuración ordenada de una entidad de crédito realizada dentro del correspondiente plan aprobado por el Banco de España en los supuestos previstos en el art. 7.1

Analicemos a continuación aquellas medidas de apoyo a la reestructuración y el reforzamiento de los recursos propios de una entidad que hubieran de ser adoptadas por el Fondo. Tal y como dispuso inicialmente el art. 12.1 del Real Decreto, en caso de que se procediese a la reestructuración ordenada de una entidad de crédito realizada dentro del correspondiente plan aprobado por el Banco de España en los supuestos previstos en el art. 7.1

La recapitalización de las entidades financieras

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del Real Decreto-ley 9/2009, de 26 de junio, sobre reestructuración bancaria y reforzamiento de los recursos propios de las entidades de crédito, la Comisión Gestora del Fondo de Garantía de Depósitos en Entidades de Crédito quedaba facultada para decidir la dedicación a fondo perdido del patrimonio disponible del mismo a las entidades financieras participantes en la reestructuración hasta el límite de las pérdidas ocasionadas por tal operación. Y, mutatis mutandis, en caso de que se adoptasen medidas de apoyo financiero para el reforzamiento de los recursos propios de una entidad de crédito en virtud de lo dispuesto en el art. 9 del Real Decreto-ley 9/2009, de 26 de junio, la Comisión Gestora del Fondo podía decidir la dedicación a fondo perdido del patrimonio disponible del mismo a las entidades financieras participantes en la operación de apoyo hasta el límite de las pérdidas ocasionadas por tal operación.

del Real Decreto-ley 9/2009, de 26 de junio, sobre reestructuración bancaria y reforzamiento de los recursos propios de las entidades de crédito, la Comisión Gestora del Fondo de Garantía de Depósitos en Entidades de Crédito quedaba facultada para decidir la dedicación a fondo perdido del patrimonio disponible del mismo a las entidades financieras participantes en la reestructuración hasta el límite de las pérdidas ocasionadas por tal operación. Y, mutatis mutandis, en caso de que se adoptasen medidas de apoyo financiero para el reforzamiento de los recursos propios de una entidad de crédito en virtud de lo dispuesto en el art. 9 del Real Decreto-ley 9/2009, de 26 de junio, la Comisión Gestora del Fondo podía decidir la dedicación a fondo perdido del patrimonio disponible del mismo a las entidades financieras participantes en la operación de apoyo hasta el límite de las pérdidas ocasionadas por tal operación.

Añadía a continuación el apartado segundo del citado precepto que la Comisión Gestora podría acordar lo indicado con anterioridad teniendo en cuenta el beneficio del conjunto del sistema de entidades adheridas y siempre que la estimación del coste a su cargo resultase inferior a los desembolsos que hubiese tenido que realizar de optar, en el momento de la adopción del plan, por realizar en lugar de éste el pago de los importes garantizados.

Añadía a continuación el apartado segundo del citado precepto que la Comisión Gestora podría acordar lo indicado con anterioridad teniendo en cuenta el beneficio del conjunto del sistema de entidades adheridas y siempre que la estimación del coste a su cargo resultase inferior a los desembolsos que hubiese tenido que realizar de optar, en el momento de la adopción del plan, por realizar en lugar de éste el pago de los importes garantizados.

Con carácter general fue el art. 13 del Real Decreto el encargado de regular el contenido de los llamados planes de actuación. Dispuso concretamente su apartado primero que el plan de actuación para una entidad en crisis que contemplase ayudas del Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito podría comprender las siguientes actuaciones: ayudas financieras, que podrían consistir en ayudas a fondo perdido, concesión de garantías, préstamos en condiciones favorables, financiaciones subordinadas, adquisición por el fondo de activos dañados o no rentables que figurasen en el balance de la entidad y cualesquiera otros apoyos financieros; reestructuración del capital de la entidad, que podría conllevar a su vez, entre otras medidas, la adecuada aplicación de los recursos propios de la entidad para absorber sus pérdidas, atendiendo a la singularidad de cada caso, así como para facilitar procesos de fusión o absorción con otras entidades de reconocida solvencia o el traspaso de su negocio a otra entidad de crédito y permitir la suscripción por el Fondo de ampliaciones de capital y la adopción por los órganos correspondientes de la entidad afectada de todos aquellos acuerdos que aseguren la adecuada aplicación de las ayudas

Con carácter general fue el art. 13 del Real Decreto el encargado de regular el contenido de los llamados planes de actuación. Dispuso concretamente su apartado primero que el plan de actuación para una entidad en crisis que contemplase ayudas del Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito podría comprender las siguientes actuaciones: ayudas financieras, que podrían consistir en ayudas a fondo perdido, concesión de garantías, préstamos en condiciones favorables, financiaciones subordinadas, adquisición por el fondo de activos dañados o no rentables que figurasen en el balance de la entidad y cualesquiera otros apoyos financieros; reestructuración del capital de la entidad, que podría conllevar a su vez, entre otras medidas, la adecuada aplicación de los recursos propios de la entidad para absorber sus pérdidas, atendiendo a la singularidad de cada caso, así como para facilitar procesos de fusión o absorción con otras entidades de reconocida solvencia o el traspaso de su negocio a otra entidad de crédito y permitir la suscripción por el Fondo de ampliaciones de capital y la adopción por los órganos correspondientes de la entidad afectada de todos aquellos acuerdos que aseguren la adecuada aplicación de las ayudas

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prestadas por el Fondo; y medidas de gestión destinadas a mejorar la organización y los sistemas de procedimiento y control interno de la entidad. Este conjunto de medidas debían ir encaminadas a procurar la viabilidad de la entidad en un plazo razonable, a juicio del Fondo, bien reforzando el patrimonio y solvencia de la misma, bien facilitando su fusión o absorción por otra de reconocida solvencia o el traspaso de su negocio a otra entidad de crédito.

prestadas por el Fondo; y medidas de gestión destinadas a mejorar la organización y los sistemas de procedimiento y control interno de la entidad. Este conjunto de medidas debían ir encaminadas a procurar la viabilidad de la entidad en un plazo razonable, a juicio del Fondo, bien reforzando el patrimonio y solvencia de la misma, bien facilitando su fusión o absorción por otra de reconocida solvencia o el traspaso de su negocio a otra entidad de crédito.

Pues bien toda esta regulación recogida en el Título III del RDLey 16/2011 (arts. 11, 12 y 13 analizados con anterioridad) fue objeto de supresión por el RDLey 24/2012, debido a que, como ya se ha señalado, este último texto legal limitó las funciones del FGD precisamente a garantizar los ahorros de los depositantes.

Pues bien toda esta regulación recogida en el Título III del RDLey 16/2011 (arts. 11, 12 y 13 analizados con anterioridad) fue objeto de supresión por el RDLey 24/2012, debido a que, como ya se ha señalado, este último texto legal limitó las funciones del FGD precisamente a garantizar los ahorros de los depositantes.

Como contrapartida el citado RDLey 24/2012 introdujo un nuevo art. 11 regulador de un conjunto de medidas de apoyo a la resolución de una entidad de crédito y de conformidad con el cual de cara a la defensa de los depositantes cuyos fondos están garantizados y del propio Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito, el Fondo podrá adoptar medidas de apoyo a la resolución de una entidad de crédito. Así, cuando una entidad de crédito se encuentre en un proceso de resolución conforme a lo dispuesto en el RD-Ley 24/2012, de 31 de agosto, de reestructuración y resolución de entidades de crédito, el FGD, dentro del marco del plan de resolución aprobado, podrá ejecutar cualquier medida de apoyo financiero que facilite la resolución de la entidad. Al adoptar estas medidas, el FGD no podrá asumir un coste financiero superior a los desembolsos que hubiese tenido que realizar de optar, en el momento de apertura del proceso de resolución, por realizar el pago de los importes garantizados en caso de liquidación de la entidad.

Como contrapartida el citado RDLey 24/2012 introdujo un nuevo art. 11 regulador de un conjunto de medidas de apoyo a la resolución de una entidad de crédito y de conformidad con el cual de cara a la defensa de los depositantes cuyos fondos están garantizados y del propio Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito, el Fondo podrá adoptar medidas de apoyo a la resolución de una entidad de crédito. Así, cuando una entidad de crédito se encuentre en un proceso de resolución conforme a lo dispuesto en el RD-Ley 24/2012, de 31 de agosto, de reestructuración y resolución de entidades de crédito, el FGD, dentro del marco del plan de resolución aprobado, podrá ejecutar cualquier medida de apoyo financiero que facilite la resolución de la entidad. Al adoptar estas medidas, el FGD no podrá asumir un coste financiero superior a los desembolsos que hubiese tenido que realizar de optar, en el momento de apertura del proceso de resolución, por realizar el pago de los importes garantizados en caso de liquidación de la entidad.

Dichas medidas de apoyo financiero susceptibles de ser implementadas por el Fondo de Garantía de Depósitos podrán concretarse en una o varias de las siguientes: el otorgamiento de garantías; la concesión de préstamos o créditos; y la adquisición de activos o pasivos, pudiendo mantener su gestión o encomendarla a un tercero.

Dichas medidas de apoyo financiero susceptibles de ser implementadas por el Fondo de Garantía de Depósitos podrán concretarse en una o varias de las siguientes: el otorgamiento de garantías; la concesión de préstamos o créditos; y la adquisición de activos o pasivos, pudiendo mantener su gestión o encomendarla a un tercero.

El Fondo de Garantía de Depósitos podrá solicitar además a la Comisión Rectora del FROB la información relativa al proceso de resolución necesaria para facilitar su participación. Con el traslado de esta información el

El Fondo de Garantía de Depósitos podrá solicitar además a la Comisión Rectora del FROB la información relativa al proceso de resolución necesaria para facilitar su participación. Con el traslado de esta información el

La recapitalización de las entidades financieras

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La recapitalización de las entidades financieras

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FGD queda sometido al régimen de deber de secreto previsto en el art. 57 del Real Decreto-Ley 24/2012.

FGD queda sometido al régimen de deber de secreto previsto en el art. 57 del Real Decreto-Ley 24/2012.

En todo caso a través de la aprobación del Real Decreto 16/2011, cuya entrada en vigor se produjo el 15 de octubre de 2011, fueron objeto de derogación los siguientes textos normativos: el Real Decreto-ley 4/1980, de 28 de marzo, dotando de personalidad jurídica al Fondo de Garantía de Depósitos y otras medidas complementaria; el Real Decreto-ley 18/1982, de 24 de septiembre, sobre fondos de garantía de depósitos en Cajas de Ahorro y Cooperativas de Crédito; y los arts. 1 y 2 apartados 1 (a excepción del párrafo cuarto) y 6 del Real Decreto 2606/1996, de 20 de diciembre, sobre Fondos de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito.

En todo caso a través de la aprobación del Real Decreto 16/2011, cuya entrada en vigor se produjo el 15 de octubre de 2011, fueron objeto de derogación los siguientes textos normativos: el Real Decreto-ley 4/1980, de 28 de marzo, dotando de personalidad jurídica al Fondo de Garantía de Depósitos y otras medidas complementaria; el Real Decreto-ley 18/1982, de 24 de septiembre, sobre fondos de garantía de depósitos en Cajas de Ahorro y Cooperativas de Crédito; y los arts. 1 y 2 apartados 1 (a excepción del párrafo cuarto) y 6 del Real Decreto 2606/1996, de 20 de diciembre, sobre Fondos de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito.

Por su parte el Real Decreto 2606/1996, de 20 de diciembre, sobre Fondos de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito, permanece vigente en lo que no se oponga a lo previsto en el Real Decreto-Ley 16/2011 hasta que el Gobierno apruebe la correspondiente norma de desarrollo del mismo. Igualmente permanecen vigentes la Orden ECO/318/2002, de 14 de febrero, la Orden ECO/2801/2003, de 3 de octubre y la Orden EHA/3515/2009, de 29 de diciembre116.

Por su parte el Real Decreto 2606/1996, de 20 de diciembre, sobre Fondos de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito, permanece vigente en lo que no se oponga a lo previsto en el Real Decreto-Ley 16/2011 hasta que el Gobierno apruebe la correspondiente norma de desarrollo del mismo. Igualmente permanecen vigentes la Orden ECO/318/2002, de 14 de febrero, la Orden ECO/2801/2003, de 3 de octubre y la Orden EHA/3515/2009, de 29 de diciembre116.

Tal y como se señala en la Disp. Transit. 2ª del Real Decreto-Ley 16/2011, el régimen de aportaciones al Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito han de ser el establecido en el Real Decreto-Ley 16/2011 y en su normativa de desarrollo hasta el momento en que, conforme a la normativa correspondiente de la Unión Europea, se desarrolle reglamentariamente un nuevo régimen de aportaciones basado, además de en el volumen de depósitos, en el perfil de riesgo de cada una las entidades adheridas.

Tal y como se señala en la Disp. Transit. 2ª del Real Decreto-Ley 16/2011, el régimen de aportaciones al Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito han de ser el establecido en el Real Decreto-Ley 16/2011 y en su normativa de desarrollo hasta el momento en que, conforme a la normativa correspondiente de la Unión Europea, se desarrolle reglamentariamente un nuevo régimen de aportaciones basado, además de en el volumen de depósitos, en el perfil de riesgo de cada una las entidades adheridas.

Ya con fecha de 6 de octubre de 2011 se conoció que el Gobierno procedería a realizar estos cambios analizados en el Fondo de Garantía de Depósitos, a través del cual se garantiza hasta 100.000 euros de los ahorros de los españoles en las entidades para que haga frente al coste de la reestructuración bancaria. Lo que se pretendía era fusionar los tres fondos de garantía de depósitos –bancos, cajas y cooperativas de crédito– en un sólo

Ya con fecha de 6 de octubre de 2011 se conoció que el Gobierno procedería a realizar estos cambios analizados en el Fondo de Garantía de Depósitos, a través del cual se garantiza hasta 100.000 euros de los ahorros de los españoles en las entidades para que haga frente al coste de la reestructuración bancaria. Lo que se pretendía era fusionar los tres fondos de garantía de depósitos –bancos, cajas y cooperativas de crédito– en un sólo

En todo caso se ha de precisar que las referencias a los fondos disueltos previstas en la normativa vigente se han de entender efectuadas al nuevo Fondo. Y, por lo que respecta a las referencias a las respectivas comisiones gestoras, las mismas deben entenderse realizadas a la nueva Comisión Gestora del Fondo.

En todo caso se ha de precisar que las referencias a los fondos disueltos previstas en la normativa vigente se han de entender efectuadas al nuevo Fondo. Y, por lo que respecta a las referencias a las respectivas comisiones gestoras, las mismas deben entenderse realizadas a la nueva Comisión Gestora del Fondo.

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organismo y establecer así que las potenciales pérdidas netas del Fondo de Reestructuración Bancaria, que tiene la misión de entrar en el capital de las cajas con problemas, pudieran pasarse a a este organismo, no teniendo ningún efecto sobre el contribuyente y el déficit.

organismo y establecer así que las potenciales pérdidas netas del Fondo de Reestructuración Bancaria, que tiene la misión de entrar en el capital de las cajas con problemas, pudieran pasarse a a este organismo, no teniendo ningún efecto sobre el contribuyente y el déficit.

La dotación de este nuevo fondo sería de 6.593 millones de euros, posibilitándose a través del mismo que el dinero que los bancos hubiesen aportado para proteger el ahorro de sus clientes pueda destinarse a sufragar las pérdidas que genere el rescate de las cajas o de cualquier otra entidad que tenga problemas en el futuro. A este respecto se ha de tener presente que el Fondo de Garantía de Depósitos figura fuera del balance de los bancos, contando con una capacidad jurídica propia y pudiendo incluso endeudarse para abarcar pérdidas futuras.

La dotación de este nuevo fondo sería de 6.593 millones de euros, posibilitándose a través del mismo que el dinero que los bancos hubiesen aportado para proteger el ahorro de sus clientes pueda destinarse a sufragar las pérdidas que genere el rescate de las cajas o de cualquier otra entidad que tenga problemas en el futuro. A este respecto se ha de tener presente que el Fondo de Garantía de Depósitos figura fuera del balance de los bancos, contando con una capacidad jurídica propia y pudiendo incluso endeudarse para abarcar pérdidas futuras.

En definitiva, teniendo presente que el 98,3% de los activos y pasivos financieros que pertenecían a las cajas estaban en bancos, a los que estas entidades habían traspasado su negocio financiero, se dispuso la eliminación de la distinción entre los fondos de garantía de depósitos de bancos, cajas y cooperativa y se creó uno nuevo que, además de garantizar los ahorros de los clientes, hiciese frente a las necesidades de capital que se surgieran en el sector. Dicho Fondo estaría dotado con 6.600 millones de euros de patrimonio neto, lo que resultaría de la suma del patrimonio de los tres fondos de garantía de depósitos existentes con anterioridad. Al contar con personalidad jurídica, el nuevo fondo podría endeudarse si necesitara más recursos.

En definitiva, teniendo presente que el 98,3% de los activos y pasivos financieros que pertenecían a las cajas estaban en bancos, a los que estas entidades habían traspasado su negocio financiero, se dispuso la eliminación de la distinción entre los fondos de garantía de depósitos de bancos, cajas y cooperativa y se creó uno nuevo que, además de garantizar los ahorros de los clientes, hiciese frente a las necesidades de capital que se surgieran en el sector. Dicho Fondo estaría dotado con 6.600 millones de euros de patrimonio neto, lo que resultaría de la suma del patrimonio de los tres fondos de garantía de depósitos existentes con anterioridad. Al contar con personalidad jurídica, el nuevo fondo podría endeudarse si necesitara más recursos.

La finalidad última de la presente reforma fue, por tanto, que los contribuyentes no tuviesen que soportar más pérdidas del sector financiero ni que estas repercutan en el déficit público. En todo caso se ha de precisar que, al margen de la citada reforma, el FROB no ha dejado de ser el vehículo público para respaldar al sector financiero, al gestionar todos los procesos que están pendientes de la recapitalización, como la nacionalización temporal de tres cajas para su posterior venta, la recuperación de los fondos prestados al sector desde 2009 y la subasta de CAM. Además, será el vehículo utilizado en el futuro si son necesarias nuevas inyecciones de capital público o más intervenciones. Aquellas pérdidas netas que se generen por la reestructuración serán asumidas por el nuevo Fondo de Garantía. Los números rojos no se contabilizarán operación por operación, sino atendiendo al cómputo global de toda la reestructuración y recapitalización. Significa ello que si el

La finalidad última de la presente reforma fue, por tanto, que los contribuyentes no tuviesen que soportar más pérdidas del sector financiero ni que estas repercutan en el déficit público. En todo caso se ha de precisar que, al margen de la citada reforma, el FROB no ha dejado de ser el vehículo público para respaldar al sector financiero, al gestionar todos los procesos que están pendientes de la recapitalización, como la nacionalización temporal de tres cajas para su posterior venta, la recuperación de los fondos prestados al sector desde 2009 y la subasta de CAM. Además, será el vehículo utilizado en el futuro si son necesarias nuevas inyecciones de capital público o más intervenciones. Aquellas pérdidas netas que se generen por la reestructuración serán asumidas por el nuevo Fondo de Garantía. Los números rojos no se contabilizarán operación por operación, sino atendiendo al cómputo global de toda la reestructuración y recapitalización. Significa ello que si el

La recapitalización de las entidades financieras

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La recapitalización de las entidades financieras

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FROB sufriese pérdidas mínimas con una desinversión y ganase más dinero de lo previsto con otra, estas partidas se compensarían. El Fondo sólo se haría cargo de las pérdidas finales.

FROB sufriese pérdidas mínimas con una desinversión y ganase más dinero de lo previsto con otra, estas partidas se compensarían. El Fondo sólo se haría cargo de las pérdidas finales.

Por lo que respecta al importe de 2.800 millones de euros inyectados en el capital de CAM, en el hipotético caso de que la citada caja, en proceso de subasta, se vendiese por menos de los 2.800 millones aportados por el FROB (como se daba por hecho que iba a suceder), las pérdidas netas de la operación serían asumidas por el Fondo de Garantía.

Por lo que respecta al importe de 2.800 millones de euros inyectados en el capital de CAM, en el hipotético caso de que la citada caja, en proceso de subasta, se vendiese por menos de los 2.800 millones aportados por el FROB (como se daba por hecho que iba a suceder), las pérdidas netas de la operación serían asumidas por el Fondo de Garantía.

En cambio la reforma planteada sí que tendría consecuencias para los Esquemas de Protección de Activos presentes y futuros, ya que las pérdidas que el Estado pudiera tener que asumir por haber otorgado esquemas de protección de activos a los compradores de CCM, Cajasur y CAM serían costeadas por el Fondo de Garantía cuando se fuesen llevando a la cuenta de resultados del FROB, año a año. Tal y como se ha precisado, con anterioridad a la presente reforma los Fondos existentes se financiaban con aportaciones anuales de las entidades integradas en cada uno de ellos, bancos, cajas y cooperativas de crédito. Cada grupo aportaba un máximo del dos por mil del saldo medio de depósitos de la entidad.

En cambio la reforma planteada sí que tendría consecuencias para los Esquemas de Protección de Activos presentes y futuros, ya que las pérdidas que el Estado pudiera tener que asumir por haber otorgado esquemas de protección de activos a los compradores de CCM, Cajasur y CAM serían costeadas por el Fondo de Garantía cuando se fuesen llevando a la cuenta de resultados del FROB, año a año. Tal y como se ha precisado, con anterioridad a la presente reforma los Fondos existentes se financiaban con aportaciones anuales de las entidades integradas en cada uno de ellos, bancos, cajas y cooperativas de crédito. Cada grupo aportaba un máximo del dos por mil del saldo medio de depósitos de la entidad.

El Fondo de Garantía unificado pasó pues a contar con 6.583 millones. La aportación media anual sería de 830 millones de euros. En consecuencia hasta 2015 (fecha límite para que el Estado salga de las cajas) debería existir un saldo de más de 10.733 millones. Y ello con independencia de que el Fondo también pudiera emitir deuda para captar liquidez.

El Fondo de Garantía unificado pasó pues a contar con 6.583 millones. La aportación media anual sería de 830 millones de euros. En consecuencia hasta 2015 (fecha límite para que el Estado salga de las cajas) debería existir un saldo de más de 10.733 millones. Y ello con independencia de que el Fondo también pudiera emitir deuda para captar liquidez.

Por otro lado tanto los clientes como la cobertura de los depósitos no sufrirán modificación alguna ya que el nuevo Fondo, al igual que sucedía con los tres que existían con anterioridad, ofrecería una cobertura máxima de hasta 100.000 euros por clientes y entidad. Los fondos anteriormente existentes, de hecho, también podían reforzar a entidades en problemas. Dichos fondos se regían, cada uno de ellos, por una Comisión Gestora integrada por ocho miembros nombrados por el Ministerio de Economía y Hacienda, siendo cuatro representantes del Banco de España y otros cuatro miembros de las entidades adheridas a cada fondo (bancos, cajas y cooperativas). Pues bien, dicho modelo se ha mantenido a pesar de la reforma.

Por otro lado tanto los clientes como la cobertura de los depósitos no sufrirán modificación alguna ya que el nuevo Fondo, al igual que sucedía con los tres que existían con anterioridad, ofrecería una cobertura máxima de hasta 100.000 euros por clientes y entidad. Los fondos anteriormente existentes, de hecho, también podían reforzar a entidades en problemas. Dichos fondos se regían, cada uno de ellos, por una Comisión Gestora integrada por ocho miembros nombrados por el Ministerio de Economía y Hacienda, siendo cuatro representantes del Banco de España y otros cuatro miembros de las entidades adheridas a cada fondo (bancos, cajas y cooperativas). Pues bien, dicho modelo se ha mantenido a pesar de la reforma.

Desde nuestro punto de vista el patrimonio inicial de este nuevo Fondo de garantía unificado (6.593 millones de euros) podría resultar claramente

Desde nuestro punto de vista el patrimonio inicial de este nuevo Fondo de garantía unificado (6.593 millones de euros) podría resultar claramente

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Juan Calvo Vérgez

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Juan Calvo Vérgez

insuficiente para asegurar el dinero ahorrado por los clientes de los bancos españoles y asumir al tiempo las pérdidas de cualquier entidad que tuviese problemas en el futuro. Casi la mitad de ese patrimonio procederá de lo “ahorrado” por los bancos en su propio fondo, mientras que las cajas aportarían el 29% y las cooperativas el resto. Y ello a pesar de que, por lo que respecta a la banca, ésta hasta la fecha no había precisado de inyecciones de capital público, generándose el riesgo de tener que asumir en un futuro no muy lejano las pérdidas generadas por alguna de las cajas que aún afrontan dificultades.

insuficiente para asegurar el dinero ahorrado por los clientes de los bancos españoles y asumir al tiempo las pérdidas de cualquier entidad que tuviese problemas en el futuro. Casi la mitad de ese patrimonio procederá de lo “ahorrado” por los bancos en su propio fondo, mientras que las cajas aportarían el 29% y las cooperativas el resto. Y ello a pesar de que, por lo que respecta a la banca, ésta hasta la fecha no había precisado de inyecciones de capital público, generándose el riesgo de tener que asumir en un futuro no muy lejano las pérdidas generadas por alguna de las cajas que aún afrontan dificultades.

En todo caso el sistema de aportaciones no experimentó modificaciones, quedando fijado en un máximo del 2 por mil de los saldos cubiertos. Y ello hasta que, de acuerdo con la normativa de la Unión Europea, se desarrolle reglamentariamente un nuevo régimen de aportaciones basado, además de en el volumen de depósitos, en el perfil de riesgo de cada una de las entidades adheridas. El nuevo Fondo creado mantiene su función de garantizar los depósitos en una cuantía máxima de 100.000 euros por cliente y entidad, actualizando y fortaleciendo el reforzamiento de la solvencia y funcionamiento de entidades. Dicho Fondo deberá asumir las pérdidas potenciales futuras del actual proceso de reestructuración y recapitalización financiera, para evitar que éste recaiga sobre el déficit público y el contribuyente. Esto es, no se tratará de un Fondo destinado a garantizar los depósitos, sino a rescatar entidades financieras.

En todo caso el sistema de aportaciones no experimentó modificaciones, quedando fijado en un máximo del 2 por mil de los saldos cubiertos. Y ello hasta que, de acuerdo con la normativa de la Unión Europea, se desarrolle reglamentariamente un nuevo régimen de aportaciones basado, además de en el volumen de depósitos, en el perfil de riesgo de cada una de las entidades adheridas. El nuevo Fondo creado mantiene su función de garantizar los depósitos en una cuantía máxima de 100.000 euros por cliente y entidad, actualizando y fortaleciendo el reforzamiento de la solvencia y funcionamiento de entidades. Dicho Fondo deberá asumir las pérdidas potenciales futuras del actual proceso de reestructuración y recapitalización financiera, para evitar que éste recaiga sobre el déficit público y el contribuyente. Esto es, no se tratará de un Fondo destinado a garantizar los depósitos, sino a rescatar entidades financieras.

En definitiva, tras la aprobación del Real Decreto-Ley 16/2011, de 14 de octubre, se alcanzó la unificación de los fondos de garantía de depósitos de bancos, cajas y cooperativas con la finalidad de que el sector financiero español asuma las pérdidas en las que pueda incurrir el Estado por el rescate de las cajas de ahorro, que no se trasladan así a los contribuyentes, con la finalidad de que el nuevo fondo asuma cualquier posible coste de la reestructuración. Dicho fondo de garantía unificado pasa a contar con un patrimonio de 6.593 millones de euros, penalizando sobre todo a los bancos, que han de afrontar el coste del saneamiento de las cajas de ahorro.

En definitiva, tras la aprobación del Real Decreto-Ley 16/2011, de 14 de octubre, se alcanzó la unificación de los fondos de garantía de depósitos de bancos, cajas y cooperativas con la finalidad de que el sector financiero español asuma las pérdidas en las que pueda incurrir el Estado por el rescate de las cajas de ahorro, que no se trasladan así a los contribuyentes, con la finalidad de que el nuevo fondo asuma cualquier posible coste de la reestructuración. Dicho fondo de garantía unificado pasa a contar con un patrimonio de 6.593 millones de euros, penalizando sobre todo a los bancos, que han de afrontar el coste del saneamiento de las cajas de ahorro.

El Real Decreto-Ley 16/2011, de 14 de octubre, por el que se creó el Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito, llevó a cabo la mayor reforma de la regulación del sistema de garantía de depósitos en España desde su fundación con un doble objetivo dirigido a culminar la recapitalización y reestructuración del sistema financiero. En primer lugar,

El Real Decreto-Ley 16/2011, de 14 de octubre, por el que se creó el Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito, llevó a cabo la mayor reforma de la regulación del sistema de garantía de depósitos en España desde su fundación con un doble objetivo dirigido a culminar la recapitalización y reestructuración del sistema financiero. En primer lugar,

La recapitalización de las entidades financieras

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la reforma afrontó la unificación de los hasta entonces tres fondos de garantía de depósitos en un único Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito, manteniendo las funciones y rasgos característicos de los tres fondos a los que sustituyó. En segundo lugar, se dirigió a la actualización y fortalecimiento de la función de resolución del Fondo unificado a fin de garantizar su actuación flexible en el reforzamiento de la solvencia y funcionamiento de las entidades. El principio esencial sobre el que se fundamentó dicha reforma fue el de que los costes ocasionados por la reestructuración del sector financiero fuesen asumidos por el propio sector, con el fin de que no se trasladasen los costes del sector privado al erario público, es decir, al contribuyente, sin perjuicio del mantenimiento de la estabilidad y solvencia del sistema financiero.

la reforma afrontó la unificación de los hasta entonces tres fondos de garantía de depósitos en un único Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito, manteniendo las funciones y rasgos característicos de los tres fondos a los que sustituyó. En segundo lugar, se dirigió a la actualización y fortalecimiento de la función de resolución del Fondo unificado a fin de garantizar su actuación flexible en el reforzamiento de la solvencia y funcionamiento de las entidades. El principio esencial sobre el que se fundamentó dicha reforma fue el de que los costes ocasionados por la reestructuración del sector financiero fuesen asumidos por el propio sector, con el fin de que no se trasladasen los costes del sector privado al erario público, es decir, al contribuyente, sin perjuicio del mantenimiento de la estabilidad y solvencia del sistema financiero.

Por otra parte tras la aprobación del Real Decreto-Ley 19/2011, de 2 de diciembre, se modificó el citado Real Decreto-ley 16/2011, de 14 de octubre, por el que se creó el Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito, resultando incrementadas las aportaciones de las entidades a dicho Fondo de manera que, con efectos desde el 2012, las aportaciones de bancos, cajas y cooperativas a su Fondo de Garantía de Depósitos (ya unificado como hemos tenido ocasión de analizar) pasaron a ser del tres por mil de su depósitos, frente al 2 por mil anterior. De esta forma los ingresos del Fondo se incrementaron en unos 1.600 millones anuales, pasando a ser la finalidad de este Fondo de carácter doble: la recapitalización de las entidades que lo necesitasen y la protección del ahorro de los clientes.

Por otra parte tras la aprobación del Real Decreto-Ley 19/2011, de 2 de diciembre, se modificó el citado Real Decreto-ley 16/2011, de 14 de octubre, por el que se creó el Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito, resultando incrementadas las aportaciones de las entidades a dicho Fondo de manera que, con efectos desde el 2012, las aportaciones de bancos, cajas y cooperativas a su Fondo de Garantía de Depósitos (ya unificado como hemos tenido ocasión de analizar) pasaron a ser del tres por mil de su depósitos, frente al 2 por mil anterior. De esta forma los ingresos del Fondo se incrementaron en unos 1.600 millones anuales, pasando a ser la finalidad de este Fondo de carácter doble: la recapitalización de las entidades que lo necesitasen y la protección del ahorro de los clientes.

A través del Real Decreto-Ley 19/2011 se completó y se reforzó dicha reforma del sistema, revisando el tope legalmente fijado para las aportaciones anuales que las entidades deben realizar al fondo, elevándolo del 2 al 3 por mil para garantizar que se dota al Fondo de su máxima capacidad operativa. Adicionalmente, se lleva a cabo la expresa derogación de las Órdenes Ministeriales que, conforme al régimen vigente, establecían una rebaja coyuntural y potestativa de las aportaciones de las entidades al 0,6, 0,8 y 1 por mil, respectivamente, en función del tipo de entidades, herencia derivada de la existencia de los tres fondos de garantía anteriores. El resultado de ambos cambios fue la fijación, en una norma con rango de ley, de un tope del 3 por mil de aportaciones por depósitos garantizados y el establecimiento de una contribución real del 2 por mil en lugar de los porcentajes anteriormente señalados.

A través del Real Decreto-Ley 19/2011 se completó y se reforzó dicha reforma del sistema, revisando el tope legalmente fijado para las aportaciones anuales que las entidades deben realizar al fondo, elevándolo del 2 al 3 por mil para garantizar que se dota al Fondo de su máxima capacidad operativa. Adicionalmente, se lleva a cabo la expresa derogación de las Órdenes Ministeriales que, conforme al régimen vigente, establecían una rebaja coyuntural y potestativa de las aportaciones de las entidades al 0,6, 0,8 y 1 por mil, respectivamente, en función del tipo de entidades, herencia derivada de la existencia de los tres fondos de garantía anteriores. El resultado de ambos cambios fue la fijación, en una norma con rango de ley, de un tope del 3 por mil de aportaciones por depósitos garantizados y el establecimiento de una contribución real del 2 por mil en lugar de los porcentajes anteriormente señalados.

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Juan Calvo Vérgez

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El Real Decreto-Ley 19/2011 tuvo asimismo por objetivo la clarificación y mejora técnica del Real Decreto-ley 16/2011 en aquellos extremos que pudieran generar inseguridad jurídica. En particular, clarificó y sistematizó el conjunto de recursos de los que se puede nutrir el Fondo para el pleno cumplimiento de sus funciones y también clarificó los instrumentos de apoyo que puede utilizar el Fondo para hacer frente a las pérdidas sobrevenidas en las actuaciones de reestructuración del sector bancario derivadas del Real Decreto-ley 9/2009, de 26 de junio.

El Real Decreto-Ley 19/2011 tuvo asimismo por objetivo la clarificación y mejora técnica del Real Decreto-ley 16/2011 en aquellos extremos que pudieran generar inseguridad jurídica. En particular, clarificó y sistematizó el conjunto de recursos de los que se puede nutrir el Fondo para el pleno cumplimiento de sus funciones y también clarificó los instrumentos de apoyo que puede utilizar el Fondo para hacer frente a las pérdidas sobrevenidas en las actuaciones de reestructuración del sector bancario derivadas del Real Decreto-ley 9/2009, de 26 de junio.

Dicho Real Decreto-Ley se encuentra integrado por un artículo único de modificación del Real Decreto-ley 16/2011, de 14 de octubre, por el que se creó el Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito, dividido a su vez en cuatro apartados. El primer apartado otorga nueva redacción al art. 6.2 del Real Decreto-ley 16/2011, de 14 de octubre, al objeto de clarificar y sistematizar el conjunto de recursos de los que se ha de nutrir el Fondo con el fin de alcanzar el pleno cumplimiento de sus funciones. Estos recursos son, en primer lugar, el propio régimen ordinario de contribuciones, en segundo lugar, las derramas que se puedan reclamar y, finalmente, los recursos captados mediante cualquier operación financiera de endeudamiento del Fondo. Con carácter adicional, se subraya expresamente que el Fondo debe restaurar la suficiencia de su patrimonio cuando este resulte insuficiente para el cumplimiento de sus funciones.

Dicho Real Decreto-Ley se encuentra integrado por un artículo único de modificación del Real Decreto-ley 16/2011, de 14 de octubre, por el que se creó el Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito, dividido a su vez en cuatro apartados. El primer apartado otorga nueva redacción al art. 6.2 del Real Decreto-ley 16/2011, de 14 de octubre, al objeto de clarificar y sistematizar el conjunto de recursos de los que se ha de nutrir el Fondo con el fin de alcanzar el pleno cumplimiento de sus funciones. Estos recursos son, en primer lugar, el propio régimen ordinario de contribuciones, en segundo lugar, las derramas que se puedan reclamar y, finalmente, los recursos captados mediante cualquier operación financiera de endeudamiento del Fondo. Con carácter adicional, se subraya expresamente que el Fondo debe restaurar la suficiencia de su patrimonio cuando este resulte insuficiente para el cumplimiento de sus funciones.

El segundo apartado del citado precepto se orienta a la elevación del tope de las aportaciones anuales que han de satisfacer las entidades adheridas al Fondo, elevando dicho tope hasta el 3 por mil. Al mismo tiempo la derogación normativa prevista en el Real Decreto-ley conlleva el aumento automático de las aportaciones al 2 por mil, tal y como se establece en el art. 3 del Real Decreto 2606/1996, de 20 de diciembre, sobre Fondos de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito. Tal derogación normativa implica que se deja sin efecto el régimen de disminución de las aportaciones de las entidades establecido en tales Órdenes ministeriales.

El segundo apartado del citado precepto se orienta a la elevación del tope de las aportaciones anuales que han de satisfacer las entidades adheridas al Fondo, elevando dicho tope hasta el 3 por mil. Al mismo tiempo la derogación normativa prevista en el Real Decreto-ley conlleva el aumento automático de las aportaciones al 2 por mil, tal y como se establece en el art. 3 del Real Decreto 2606/1996, de 20 de diciembre, sobre Fondos de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito. Tal derogación normativa implica que se deja sin efecto el régimen de disminución de las aportaciones de las entidades establecido en tales Órdenes ministeriales.

Por su parte el apartado tres no pretende sino el mantenimiento del régimen de mayorías vigente para la adopción de decisiones en el Fondo adaptando la redacción a los cambios de numeración derivados de los apartados anteriores y clarificándola. Y, finalmente, el apartado cuatro clarifica los instrumentos de apoyo financiero que puede emplear el Fondo a través del art. 12 del Real Decreto-ley 16/2011, de 14 de octubre.

Por su parte el apartado tres no pretende sino el mantenimiento del régimen de mayorías vigente para la adopción de decisiones en el Fondo adaptando la redacción a los cambios de numeración derivados de los apartados anteriores y clarificándola. Y, finalmente, el apartado cuatro clarifica los instrumentos de apoyo financiero que puede emplear el Fondo a través del art. 12 del Real Decreto-ley 16/2011, de 14 de octubre.

La recapitalización de las entidades financieras

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En resumen, la adopción del conjunto de medidas contempladas en este Real Decreto-Ley 19/2011 y, en particular, tanto el aumento del límite legal de aportaciones, como la derogación de las Órdenes Ministeriales de reducción de las mismas, resultaba necesaria para reforzar la confianza en nuestro sistema financiero y culminar el proceso de recapitalización y reestructuración de nuestro sistema financiero con el mínimo coste para el Erario público. El fortalecimiento del Fondo al objeto de incrementar sus recursos disponibles, tanto en términos financieros como de las facultades a su alcance, era por tanto necesario.

En resumen, la adopción del conjunto de medidas contempladas en este Real Decreto-Ley 19/2011 y, en particular, tanto el aumento del límite legal de aportaciones, como la derogación de las Órdenes Ministeriales de reducción de las mismas, resultaba necesaria para reforzar la confianza en nuestro sistema financiero y culminar el proceso de recapitalización y reestructuración de nuestro sistema financiero con el mínimo coste para el Erario público. El fortalecimiento del Fondo al objeto de incrementar sus recursos disponibles, tanto en términos financieros como de las facultades a su alcance, era por tanto necesario.

Ciertamente, de un tiempo a esta parte los recursos efectivos del FGD han quedado agotados. Dada esta situación se ha venido sugiriendo desde el Ejecutivo a las entidades financieras la posibilidad de que se les exigiese una derrama o el incremento de las aportaciones efectivas que se realizan al Fondo para culminar la reestructuración del sistema financiero117.

Ciertamente, de un tiempo a esta parte los recursos efectivos del FGD han quedado agotados. Dada esta situación se ha venido sugiriendo desde el Ejecutivo a las entidades financieras la posibilidad de que se les exigiese una derrama o el incremento de las aportaciones efectivas que se realizan al Fondo para culminar la reestructuración del sistema financiero117.

Concretamente el proceso de adjudicación del Banco de Valencia contemplaba un Esquema de Protección de Activos contra pérdidas futuras sobre una cartera de activos de 6.000 millones de euros, lo que suponía el 27% del total de la cartera crediticia de la entidad. Las primeras pérdidas que registre la entidad serán cubiertas por las provisiones constituidas por Banco de Valencia por importe aproximado de 1.000 millones de euros, por lo que dicho EPA se constituye sobre 5.000 millones. El FGD, que se nutre de las aportaciones privadas de las entidades financieras, cubrirá el 80% de las pérdidas sobre dicha cartera de 5.000 millones, lo que supone un total de 4.000 millones de euros. Téngase presente no obstante que, como ya se ha indicado, el FGD contaba con recursos de apenas 2.000 millones de euros, la mitad de lo que iba a ser necesario para culminar el rescate del Banco de Valencia. A tal efecto el instituto emisor y el Ejecutivo mantenían negociaciones con la banca para encontrar una vía que permitiese engordar los recursos del FGD sin deteriorar en exceso su cuenta de resultados, que sufre las exigencias de capital y provisiones del Ejecutivo además del deterioro del negocio por la crisis económica. En todo caso con fecha de 21 de junio de 2012 el Banco de España anunció su decisión de aplazar los procesos de venta de Catalunya Banc y Banco de Valencia a la espera de que se concretase el programa de saneamiento de la banca española con ayuda de la Unión Europea. Así las cosas, en tanto se concretaban los procesos de valoración de las necesidades de capital de la banca española así como el apoyo financiero del Eurogrupo se acordó aplazar temporalmente los procesos competitivos desarrollados en relación con la venta de las dos entidades citadas. En todo caso el FROB continuaba comprometido con la viabilidad de las entidades intervenidas y que se hallaban bajo su control procediendo a inyectar el capital o a prestar los apoyos financieros necesarios para garantizar el normal funcionamiento de las entidades y asegurar que son capaces de cumplir con sus obligaciones con depositantes y acreedores. Y, a tal efecto, se había acordado por la Comisión Rectora del FROB proceder de forma inmediata a la suscripción de la ampliación de capital por 1.000 millones de euros ya prevista como ayuda provisional y a la espera del plan de reestructuración definitivo.

Concretamente el proceso de adjudicación del Banco de Valencia contemplaba un Esquema de Protección de Activos contra pérdidas futuras sobre una cartera de activos de 6.000 millones de euros, lo que suponía el 27% del total de la cartera crediticia de la entidad. Las primeras pérdidas que registre la entidad serán cubiertas por las provisiones constituidas por Banco de Valencia por importe aproximado de 1.000 millones de euros, por lo que dicho EPA se constituye sobre 5.000 millones. El FGD, que se nutre de las aportaciones privadas de las entidades financieras, cubrirá el 80% de las pérdidas sobre dicha cartera de 5.000 millones, lo que supone un total de 4.000 millones de euros. Téngase presente no obstante que, como ya se ha indicado, el FGD contaba con recursos de apenas 2.000 millones de euros, la mitad de lo que iba a ser necesario para culminar el rescate del Banco de Valencia. A tal efecto el instituto emisor y el Ejecutivo mantenían negociaciones con la banca para encontrar una vía que permitiese engordar los recursos del FGD sin deteriorar en exceso su cuenta de resultados, que sufre las exigencias de capital y provisiones del Ejecutivo además del deterioro del negocio por la crisis económica. En todo caso con fecha de 21 de junio de 2012 el Banco de España anunció su decisión de aplazar los procesos de venta de Catalunya Banc y Banco de Valencia a la espera de que se concretase el programa de saneamiento de la banca española con ayuda de la Unión Europea. Así las cosas, en tanto se concretaban los procesos de valoración de las necesidades de capital de la banca española así como el apoyo financiero del Eurogrupo se acordó aplazar temporalmente los procesos competitivos desarrollados en relación con la venta de las dos entidades citadas. En todo caso el FROB continuaba comprometido con la viabilidad de las entidades intervenidas y que se hallaban bajo su control procediendo a inyectar el capital o a prestar los apoyos financieros necesarios para garantizar el normal funcionamiento de las entidades y asegurar que son capaces de cumplir con sus obligaciones con depositantes y acreedores. Y, a tal efecto, se había acordado por la Comisión Rectora del FROB proceder de forma inmediata a la suscripción de la ampliación de capital por 1.000 millones de euros ya prevista como ayuda provisional y a la espera del plan de reestructuración definitivo.

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Juan Calvo Vérgez

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Como se ha señalado con anterioridad el FGD se nutre de las aportaciones privadas que las entidades realizan, correspondientes al 2 por mil de los depósitos, si bien se contempla la posibilidad de elevarlas hasta el 3 por mil y de que se lleven a cabo contribuciones extraordinarias. Otra de las posibilidades contempladas es la relativa a acordar un adelanto de las cuotas anuales al FGD.

Como se ha señalado con anterioridad el FGD se nutre de las aportaciones privadas que las entidades realizan, correspondientes al 2 por mil de los depósitos, si bien se contempla la posibilidad de elevarlas hasta el 3 por mil y de que se lleven a cabo contribuciones extraordinarias. Otra de las posibilidades contempladas es la relativa a acordar un adelanto de las cuotas anuales al FGD.

En todo caso insistimos en que el objetivo fundacional de este Fondo no es otro que garantizar los ahorros de los depositantes, a pesar de lo cual el Ejecutivo amplió inicialmente su función para minimizar el coste para el contribuyente de las integraciones inscritas en la reordenación del sistema financiero español en aras de reducir su capacidad y aumentar su solvencia.

En todo caso insistimos en que el objetivo fundacional de este Fondo no es otro que garantizar los ahorros de los depositantes, a pesar de lo cual el Ejecutivo amplió inicialmente su función para minimizar el coste para el contribuyente de las integraciones inscritas en la reordenación del sistema financiero español en aras de reducir su capacidad y aumentar su solvencia.

Desde nuestro punto de vista una de las alternativas que se planteaban al respecto era que el FROB, organismo dependiente del Banco de España, realizase un préstamo público al FGD para que las entidades lo devolviesen posteriormente a un tipo de interés de mercado para evitar que se considere ayuda de Estado. Téngase presente que el FROB contaba con fondos disponibles de 22.945 millones de euros entre capital (9.000 millones), dinero captado a través de emisiones de deuda (10.945 millones) y una línea de crédito sindicado (3.000 millones), habiendo comprometido recursos por unos 20.000 millones de euros. Su capacidad de endeudamiento se mantenía así hasta los 90.000 millones de euros. Por otra parte el uso de los recursos del FROB no computa como déficit público en caso de que el organismo los recupere con los intereses correspondientes, pero sí en caso contrario, mientras que sus colocaciones de deuda sí engordan la deuda del Estado.

Desde nuestro punto de vista una de las alternativas que se planteaban al respecto era que el FROB, organismo dependiente del Banco de España, realizase un préstamo público al FGD para que las entidades lo devolviesen posteriormente a un tipo de interés de mercado para evitar que se considere ayuda de Estado. Téngase presente que el FROB contaba con fondos disponibles de 22.945 millones de euros entre capital (9.000 millones), dinero captado a través de emisiones de deuda (10.945 millones) y una línea de crédito sindicado (3.000 millones), habiendo comprometido recursos por unos 20.000 millones de euros. Su capacidad de endeudamiento se mantenía así hasta los 90.000 millones de euros. Por otra parte el uso de los recursos del FROB no computa como déficit público en caso de que el organismo los recupere con los intereses correspondientes, pero sí en caso contrario, mientras que sus colocaciones de deuda sí engordan la deuda del Estado.

En todo caso, lo cierto es que, teniendo presente situaciones tales como la protagonizada por la CAM (que para poder cumplir con las exigencias del Real Decreto sobre Saneamiento del Sistema Financiero tenía que encontrar unos 2.400 millones de euros, de los que unos 1.700 millones los tendría que cubrir el FGD, según estaba previsto por el Esquema de Protección de Activo que el Banco de España concedió a la entidad compradora de la citada Caja, el Banco de Sabadell), así como por Unnim (adquirida por el BBVA), en el FGD quedaban menos de 2.400 millones de euros, una cifra que podría resultar insuficiente para cubrir las garantías que los compradores podrían solicitar en las próximas subastas de entidades intervenidas (Banco de Valencia; CatalunyaCaixa y NovaGalicia Banco).

En todo caso, lo cierto es que, teniendo presente situaciones tales como la protagonizada por la CAM (que para poder cumplir con las exigencias del Real Decreto sobre Saneamiento del Sistema Financiero tenía que encontrar unos 2.400 millones de euros, de los que unos 1.700 millones los tendría que cubrir el FGD, según estaba previsto por el Esquema de Protección de Activo que el Banco de España concedió a la entidad compradora de la citada Caja, el Banco de Sabadell), así como por Unnim (adquirida por el BBVA), en el FGD quedaban menos de 2.400 millones de euros, una cifra que podría resultar insuficiente para cubrir las garantías que los compradores podrían solicitar en las próximas subastas de entidades intervenidas (Banco de Valencia; CatalunyaCaixa y NovaGalicia Banco).

La recapitalización de las entidades financieras

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A ello se ha de añadir el dato de que, como se ha indicado con anterioridad, la Comisión Europea se ha mostrado contraria a que el Fondo emita deuda para financiarse, al desconfiar de que dicho organismo, que vive de los recursos que le inyectan las propias entidades financieras, cuente con los recursos necesarios para devolver los préstamos, lo que transformaría su emisión de deuda en una ayuda estatal encubierta.

A ello se ha de añadir el dato de que, como se ha indicado con anterioridad, la Comisión Europea se ha mostrado contraria a que el Fondo emita deuda para financiarse, al desconfiar de que dicho organismo, que vive de los recursos que le inyectan las propias entidades financieras, cuente con los recursos necesarios para devolver los préstamos, lo que transformaría su emisión de deuda en una ayuda estatal encubierta.

Lo cierto es que, al amparo de la situación actual, la banca se oponía a seguir aportando dinero para sufragar el rescate de las entidades débiles. Y, por su parte, el Ejecutivo no podía comprometer la consecución de sus objetivos de déficit público, costeando la reestructuración bancaria.

Lo cierto es que, al amparo de la situación actual, la banca se oponía a seguir aportando dinero para sufragar el rescate de las entidades débiles. Y, por su parte, el Ejecutivo no podía comprometer la consecución de sus objetivos de déficit público, costeando la reestructuración bancaria.

A tal efecto una alternativa podía ser que el sector financiero anticipase al Fondo de Garantía de Depósitos las aportaciones que debería ingresaren 2013. Otra opción sería incrementar las cuotas anuales hasta el 3 por mil del saldo de depósitos cubierto, lo que constituiría un segundo incremento en un plazo de apenas medio año118.

A tal efecto una alternativa podía ser que el sector financiero anticipase al Fondo de Garantía de Depósitos las aportaciones que debería ingresaren 2013. Otra opción sería incrementar las cuotas anuales hasta el 3 por mil del saldo de depósitos cubierto, lo que constituiría un segundo incremento en un plazo de apenas medio año118.

Las negociaciones llevadas a cabo entre autoridades y banca se centraban en que las entidades financieras concediesen un crédito al FGD correspondiente a las aportaciones anuales de ocho ejercicios, lo que podría traducirse en entre 16.000 y 20.000 millones de euros. A priori esta fórmula permitiría evitar que las aportaciones de la banca al FGD supusieran un coste en su cuenta de resultados e impactaran negativamente sobre su beneficio, al tiempo que dotaría al fondo de recursos para afrontar el coste de la reestructuración sin coste para el contribuyente.

Las negociaciones llevadas a cabo entre autoridades y banca se centraban en que las entidades financieras concediesen un crédito al FGD correspondiente a las aportaciones anuales de ocho ejercicios, lo que podría traducirse en entre 16.000 y 20.000 millones de euros. A priori esta fórmula permitiría evitar que las aportaciones de la banca al FGD supusieran un coste en su cuenta de resultados e impactaran negativamente sobre su beneficio, al tiempo que dotaría al fondo de recursos para afrontar el coste de la reestructuración sin coste para el contribuyente.

En la actualidad las entidades de crédito aportan cada año el 2 por mil de los depósitos de los clientes que tienen en balance al FGD, pensado principalmente para garantizar el dinero de los ahorradores en caso de quiebra y que en la actualidad se está utilizando para financiar estas operaciones. No obstante una alternativa era que las entidades adelanten entre ocho y diez anualidades y aporten un 3 por mil, lo que supondría sumar entre 18 y 20.000 millones a los poco más de 2.000 millones con los que cuenta ahora el FGD.

En la actualidad las entidades de crédito aportan cada año el 2 por mil de los depósitos de los clientes que tienen en balance al FGD, pensado principalmente para garantizar el dinero de los ahorradores en caso de quiebra y que en la actualidad se está utilizando para financiar estas operaciones. No obstante una alternativa era que las entidades adelanten entre ocho y diez anualidades y aporten un 3 por mil, lo que supondría sumar entre 18 y 20.000 millones a los poco más de 2.000 millones con los que cuenta ahora el FGD.

En efecto recuérdese que, ya durante el mes de noviembre de 2011 el Ejecutivo subió hasta el 2 por mil las cuotas que debían aportarse, cuando acordó la fusión de los tres fondos de bancos, cajas y cooperativas y decidió que fuera el FGD y no el FROB el que siguiera soportando el coste de la reestructuración.

En efecto recuérdese que, ya durante el mes de noviembre de 2011 el Ejecutivo subió hasta el 2 por mil las cuotas que debían aportarse, cuando acordó la fusión de los tres fondos de bancos, cajas y cooperativas y decidió que fuera el FGD y no el FROB el que siguiera soportando el coste de la reestructuración.

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Juan Calvo Vérgez

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En todo caso parecía claro que el sector financiero debía aportar más dinero al FGD, al que se estaba recurriendo para vender las entidades en manos del Estado. A priori, en el supuesto de que se adoptase la técnica de “derrama”, los bancos habrían de contabilizar la misma como un gasto. A tal efecto una alternativa podría ser adelantar las aportaciones de varios años119.

En todo caso parecía claro que el sector financiero debía aportar más dinero al FGD, al que se estaba recurriendo para vender las entidades en manos del Estado. A priori, en el supuesto de que se adoptase la técnica de “derrama”, los bancos habrían de contabilizar la misma como un gasto. A tal efecto una alternativa podría ser adelantar las aportaciones de varios años119.

No obstante teniendo presente que, como ya se ha indicado, las entidades de crédito aportaban cada año al FGD el 2 por mil de los depósitos de los clientes que tuviesen en balance, una vez fijada la nueva proporción, unido a que los bancos adelantarían las anualidades de los próximos ocho o diez ejercicios, podía terminar conduciendo a que el FGD sumara entre 18.000 y 20.000 millones a los poco más de 2.000 millones de euros con los que contaba por aquel entonces.

No obstante teniendo presente que, como ya se ha indicado, las entidades de crédito aportaban cada año al FGD el 2 por mil de los depósitos de los clientes que tuviesen en balance, una vez fijada la nueva proporción, unido a que los bancos adelantarían las anualidades de los próximos ocho o diez ejercicios, podía terminar conduciendo a que el FGD sumara entre 18.000 y 20.000 millones a los poco más de 2.000 millones de euros con los que contaba por aquel entonces.

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X. LA APROBACIÓN DEL REAL DECRETO-LEY 2/2012, DE 3 DE FEBRERO, DE SANEAMIENTO DEL SECTOR FINANCIERO

1.

INTRODUCCIÓN

X. LA APROBACIÓN DEL REAL DECRETO-LEY 2/2012, DE 3 DE FEBRERO, DE SANEAMIENTO DEL SECTOR FINANCIERO

1.

INTRODUCCIÓN

Con carácter general, a través de la aprobación del Real Decreto-Ley 2/2012, de 3 de febrero, de Saneamiento del Sector Financiero, se persiguió tratar de lograr frenar las dificultades existentes de acceso a la financiación y posibilitar que el sector bancario español cumpla su papel esencial de canalización del crédito hacia la economía real, en apoyo de la actividad empresarial, el empleo y el consumo. En efecto, el objetivo último perseguido no fue otro que el fortalecimiento del sector financiero por la vía de acometer el necesario saneamiento de su situación financiera.

Con carácter general, a través de la aprobación del Real Decreto-Ley 2/2012, de 3 de febrero, de Saneamiento del Sector Financiero, se persiguió tratar de lograr frenar las dificultades existentes de acceso a la financiación y posibilitar que el sector bancario español cumpla su papel esencial de canalización del crédito hacia la economía real, en apoyo de la actividad empresarial, el empleo y el consumo. En efecto, el objetivo último perseguido no fue otro que el fortalecimiento del sector financiero por la vía de acometer el necesario saneamiento de su situación financiera.

Para ello resultaba necesario hacer frente a situaciones tales como la exposición que presenta el sector bancario español a los activos relacionados con el sector inmobiliario, activos que han sufrido un fuerte deterioro debido a la reciente evolución de la economía. Las dudas existentes respecto a la valoración de tales activos y el aumento notable de los préstamos calificados como dudosos generan unos efectos perjudiciales tanto sobre el propio sector financiero (dificultando el acceso de las entidades españolas a la financiación mayorista) como sobre el sector real, al agravar la restricción del crédito.

Para ello resultaba necesario hacer frente a situaciones tales como la exposición que presenta el sector bancario español a los activos relacionados con el sector inmobiliario, activos que han sufrido un fuerte deterioro debido a la reciente evolución de la economía. Las dudas existentes respecto a la valoración de tales activos y el aumento notable de los préstamos calificados como dudosos generan unos efectos perjudiciales tanto sobre el propio sector financiero (dificultando el acceso de las entidades españolas a la financiación mayorista) como sobre el sector real, al agravar la restricción del crédito.

Como es sabido los efectos de la crisis inmobiliaria sobre los balances de las entidades han generado una situación de incertidumbre sobre el conjunto

Como es sabido los efectos de la crisis inmobiliaria sobre los balances de las entidades han generado una situación de incertidumbre sobre el conjunto

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Juan Calvo Vérgez

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del sector que no podía prolongarse más, resultando ineludible dentro del contexto económico intervenir legislativamente al objeto de eliminar las incertidumbres sobre nuestra estabilidad financiera y contribuir a reforzar la confianza en nuestro sistema financiero, facilitando el acceso al crédito por parte de las empresas y de las familias.

del sector que no podía prolongarse más, resultando ineludible dentro del contexto económico intervenir legislativamente al objeto de eliminar las incertidumbres sobre nuestra estabilidad financiera y contribuir a reforzar la confianza en nuestro sistema financiero, facilitando el acceso al crédito por parte de las empresas y de las familias.

A esta contracción de la demanda de servicios financieros se ha de añadir la existencia de un exceso de capacidad instalada en nuestro sistema bancario y la estructura de costes que de ello se deriva, lo que dificulta notablemente la eficiencia y capacidad de competir de nuestras entidades.

A esta contracción de la demanda de servicios financieros se ha de añadir la existencia de un exceso de capacidad instalada en nuestro sistema bancario y la estructura de costes que de ello se deriva, lo que dificulta notablemente la eficiencia y capacidad de competir de nuestras entidades.

Ya desde el inicio de la crisis financiera allá por el año 2008 las medidas adoptadas a nivel internacional persiguieron corregir los fallos del mercado financiero que las turbulencias evidenciaron. El objetivo era evitar o en cualquier caso limitar las consecuencias de crisis financieras futuras en el resto de la economía. Esas medidas incluían una intensificación de la supervisión prudencial, tanto a nivel de entidades particulares como desde una perspectiva macroprudencial, así como la adopción de requerimientos más exigentes de recursos propios y liquidez para las entidades de crédito. Como complemento a este nuevo marco regulatorio y supervisor, se pusieron al servicio de las entidades con problemas esquemas de garantías reforzados, mecanismos de fomento de la liquidez e incluso fondos públicos para asistir en la recapitalización y reestructuración de las mismas.

Ya desde el inicio de la crisis financiera allá por el año 2008 las medidas adoptadas a nivel internacional persiguieron corregir los fallos del mercado financiero que las turbulencias evidenciaron. El objetivo era evitar o en cualquier caso limitar las consecuencias de crisis financieras futuras en el resto de la economía. Esas medidas incluían una intensificación de la supervisión prudencial, tanto a nivel de entidades particulares como desde una perspectiva macroprudencial, así como la adopción de requerimientos más exigentes de recursos propios y liquidez para las entidades de crédito. Como complemento a este nuevo marco regulatorio y supervisor, se pusieron al servicio de las entidades con problemas esquemas de garantías reforzados, mecanismos de fomento de la liquidez e incluso fondos públicos para asistir en la recapitalización y reestructuración de las mismas.

Por lo que a nuestro sistema financiero se refiere tuvo lugar, como ya sabemos, la creación del Fondo para la Adquisición de Activos Financieros, destinado a conceder apoyo a la liquidez de las entidades de crédito. Asimismo se acometió un fortalecimiento de los procedimientos de intervención, disciplina y solución de entidades a través de la aprobación del Real Decreto-ley 9/2009 por el que se creó el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria, a través del cual se articuló un mecanismo de apoyo temporal como incentivo a un reajuste de la capacidad del sector.

Por lo que a nuestro sistema financiero se refiere tuvo lugar, como ya sabemos, la creación del Fondo para la Adquisición de Activos Financieros, destinado a conceder apoyo a la liquidez de las entidades de crédito. Asimismo se acometió un fortalecimiento de los procedimientos de intervención, disciplina y solución de entidades a través de la aprobación del Real Decreto-ley 9/2009 por el que se creó el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria, a través del cual se articuló un mecanismo de apoyo temporal como incentivo a un reajuste de la capacidad del sector.

Con posterioridad, y como hemos tenido ocasión de analizar a través de la presente obra, fue objeto de reforma el régimen jurídico de las cajas de ahorro mediante el Real Decreto-ley 11/2010, de 9 de julio, de órganos de gobierno y otros aspectos del régimen jurídico de las cajas de ahorro, a raíz de la cual se pretendía alcanzar una mayor profesionalización de las cajas y, sobre todo, dotarlas de capacidad para poder acceder a los mercados de

Con posterioridad, y como hemos tenido ocasión de analizar a través de la presente obra, fue objeto de reforma el régimen jurídico de las cajas de ahorro mediante el Real Decreto-ley 11/2010, de 9 de julio, de órganos de gobierno y otros aspectos del régimen jurídico de las cajas de ahorro, a raíz de la cual se pretendía alcanzar una mayor profesionalización de las cajas y, sobre todo, dotarlas de capacidad para poder acceder a los mercados de

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capital básico. Finalmente la aprobación del Real Decreto-ley 2/2011, de 18 de febrero, para el reforzamiento del sistema financiero, permitió fortalecer el nivel de solvencia del conjunto de las entidades de crédito, incrementando los requerimientos de capital mínimos tanto en términos de cantidad como de calidad de los mismos. Todas estas medidas estuvieron enfocadas hacia el objetivo último de eliminar las debilidades coyunturales de las entidades de crédito españolas en el contexto de escasez de liquidez que ha existido desde el inicio de la crisis.

capital básico. Finalmente la aprobación del Real Decreto-ley 2/2011, de 18 de febrero, para el reforzamiento del sistema financiero, permitió fortalecer el nivel de solvencia del conjunto de las entidades de crédito, incrementando los requerimientos de capital mínimos tanto en términos de cantidad como de calidad de los mismos. Todas estas medidas estuvieron enfocadas hacia el objetivo último de eliminar las debilidades coyunturales de las entidades de crédito españolas en el contexto de escasez de liquidez que ha existido desde el inicio de la crisis.

Pues bien, como continuación a dichas medidas, a través de la aprobación del Real Decreto-Ley 2/2012 se persiguió adoptar un conjunto de previsiones conducentes a lograr el saneamiento de los balances de las entidades de crédito, afectados negativamente por el deterioro de sus activos vinculados al sector inmobiliario. Dado el impacto que dicho deterioro presentaba sobre la solidez de nuestro sistema financiero, se hacía necesario diseñar una estrategia integral de reforma que incidiese sobre la valoración de estos activos y que implicase el saneamiento de los balances de las entidades de crédito españolas en un proceso transparente, en grado tal que se recupere la credibilidad y la confianza en el sistema español.

Pues bien, como continuación a dichas medidas, a través de la aprobación del Real Decreto-Ley 2/2012 se persiguió adoptar un conjunto de previsiones conducentes a lograr el saneamiento de los balances de las entidades de crédito, afectados negativamente por el deterioro de sus activos vinculados al sector inmobiliario. Dado el impacto que dicho deterioro presentaba sobre la solidez de nuestro sistema financiero, se hacía necesario diseñar una estrategia integral de reforma que incidiese sobre la valoración de estos activos y que implicase el saneamiento de los balances de las entidades de crédito españolas en un proceso transparente, en grado tal que se recupere la credibilidad y la confianza en el sistema español.

Así las cosas se perseguía que nuestras entidades financieras contasen con unos balances saneados como requisito básico para que las entidades financieras puedan cumplir con su función esencial de canalizar el ahorro hacia proyectos de inversión eficientes que fomenten la actividad, el crecimiento y el empleo. A tal objeto tuvo lugar la adopción de un conjunto de medidas destinadas a permitir a las entidades financieras empezar el ejercicio 2013 con sus cuentas saneadas, lo cual ha de mejorar la confianza, credibilidad y fortaleza del sistema. Asimismo, se perseguía facilitar un mejor acceso de las entidades a los mercados de capitales, que contribuiría a la fluidez del crédito a la economía real. Por último, la aprobación del Real Decreto-Ley 2/2012 perseguía la creación de incentivos que propiciasen un ajuste adecuado y eficiente del exceso de capacidad y el fortalecimiento de la gobernanza de las entidades resultantes de los procesos de integración. Una última característica fundamental de esta reforma era que su coste habría de ser asumido en su totalidad por el sector financiero.

Así las cosas se perseguía que nuestras entidades financieras contasen con unos balances saneados como requisito básico para que las entidades financieras puedan cumplir con su función esencial de canalizar el ahorro hacia proyectos de inversión eficientes que fomenten la actividad, el crecimiento y el empleo. A tal objeto tuvo lugar la adopción de un conjunto de medidas destinadas a permitir a las entidades financieras empezar el ejercicio 2013 con sus cuentas saneadas, lo cual ha de mejorar la confianza, credibilidad y fortaleza del sistema. Asimismo, se perseguía facilitar un mejor acceso de las entidades a los mercados de capitales, que contribuiría a la fluidez del crédito a la economía real. Por último, la aprobación del Real Decreto-Ley 2/2012 perseguía la creación de incentivos que propiciasen un ajuste adecuado y eficiente del exceso de capacidad y el fortalecimiento de la gobernanza de las entidades resultantes de los procesos de integración. Una última característica fundamental de esta reforma era que su coste habría de ser asumido en su totalidad por el sector financiero.

Debe precisarse no obstante que tanto el apartado 1.3 como el Anexo II del Real Decreto-ley 2/2012, de 3 de febrero, de saneamiento del sector financiero, serían posteriormente objeto de derogación por el Real Decreto-

Debe precisarse no obstante que tanto el apartado 1.3 como el Anexo II del Real Decreto-ley 2/2012, de 3 de febrero, de saneamiento del sector financiero, serían posteriormente objeto de derogación por el Real Decreto-

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Juan Calvo Vérgez

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Juan Calvo Vérgez

Ley 24/2012, de 31 de agosto, de reestructuración y resolución de entidades de crédito, al que posteriormente tendremos ocasión de referirnos.

Ley 24/2012, de 31 de agosto, de reestructuración y resolución de entidades de crédito, al que posteriormente tendremos ocasión de referirnos.

2.

2.

MEDIDAS DESTINADAS AL SANEAMIENTO DEL SECTOR FINANCIERO

MEDIDAS DESTINADAS AL SANEAMIENTO DEL SECTOR FINANCIERO

Mediante la adopción del conjunto de medidas destinadas a lograr el saneamiento del sector financiero, objeto de regulación en el Título I del Real Decreto 2/2012, se buscó articular nuevos requerimientos de provisiones y capital adicionales orientados en exclusiva a la cobertura del deterioro en los balances bancarios ocasionado por los activos vinculados a la actividad inmobiliaria.

Mediante la adopción del conjunto de medidas destinadas a lograr el saneamiento del sector financiero, objeto de regulación en el Título I del Real Decreto 2/2012, se buscó articular nuevos requerimientos de provisiones y capital adicionales orientados en exclusiva a la cobertura del deterioro en los balances bancarios ocasionado por los activos vinculados a la actividad inmobiliaria.

La finalidad última perseguida no fue otra que lograr una mejora del tratamiento prudencial del riesgo de crédito que aún pudiera estar lastrando los balances del sector financiero español, disipando todas aquellas incertidumbres que dificultan su normalización y la recuperación de su función canalizadora del ahorro a la economía real.

La finalidad última perseguida no fue otra que lograr una mejora del tratamiento prudencial del riesgo de crédito que aún pudiera estar lastrando los balances del sector financiero español, disipando todas aquellas incertidumbres que dificultan su normalización y la recuperación de su función canalizadora del ahorro a la economía real.

El eje central del saneamiento de los balances se articuló a través de un nuevo esquema de cobertura para todas las financiaciones y activos adjudicados o recibidos en pago de deuda relacionados con sector inmobiliario. Este nuevo régimen se estableció en tanto subsistiesen las incertidumbres extraordinarias que, por falta de mercados suficientemente profundos en volumen e importancia de transacciones, existen sobre la valoración de activos relacionados con suelo para promoción inmobiliaria en España y con las construcciones o promociones inmobiliarias en nuestro país de todo tipo de activos, tanto en curso como terminadas.

El eje central del saneamiento de los balances se articuló a través de un nuevo esquema de cobertura para todas las financiaciones y activos adjudicados o recibidos en pago de deuda relacionados con sector inmobiliario. Este nuevo régimen se estableció en tanto subsistiesen las incertidumbres extraordinarias que, por falta de mercados suficientemente profundos en volumen e importancia de transacciones, existen sobre la valoración de activos relacionados con suelo para promoción inmobiliaria en España y con las construcciones o promociones inmobiliarias en nuestro país de todo tipo de activos, tanto en curso como terminadas.

Tuvo lugar así la adopción de nuevos requerimientos que respondían a la situación efectiva de los activos inmobiliarios de las entidades de crédito, concebidos para obtener una estimación razonable del deterioro para el conjunto de las carteras de estos activos, que se debían reconocer de acuerdo con el marco contable aplicable en España. Igualmente tuvo lugar la adopción de un nuevo requerimiento de capital suplementario de la máxima calidad (capital principal), sobre la misma base de cobertura de activos

Tuvo lugar así la adopción de nuevos requerimientos que respondían a la situación efectiva de los activos inmobiliarios de las entidades de crédito, concebidos para obtener una estimación razonable del deterioro para el conjunto de las carteras de estos activos, que se debían reconocer de acuerdo con el marco contable aplicable en España. Igualmente tuvo lugar la adopción de un nuevo requerimiento de capital suplementario de la máxima calidad (capital principal), sobre la misma base de cobertura de activos

La recapitalización de las entidades financieras

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dudosos o subéstandar o adjudicados en pago derivados de la financiación de suelo para promoción inmobiliaria.

dudosos o subéstandar o adjudicados en pago derivados de la financiación de suelo para promoción inmobiliaria.

Tal y como se previó en el Real Decreto dicho ajuste de las entidades a estas nuevas exigencias debía ejecutarse durante el año 2012, de modo que, antes del 31 de marzo de dicho año, el conjunto de las entidades financieras presentasen al Banco de España su estrategia de ajuste para dar debido cumplimiento al ejercicio de saneamiento. De este modo, los efectos positivos sobre la confianza, transparencia y sostenibilidad de nuestro sector financiero debían alcanzarse sin más demoras.

Tal y como se previó en el Real Decreto dicho ajuste de las entidades a estas nuevas exigencias debía ejecutarse durante el año 2012, de modo que, antes del 31 de marzo de dicho año, el conjunto de las entidades financieras presentasen al Banco de España su estrategia de ajuste para dar debido cumplimiento al ejercicio de saneamiento. De este modo, los efectos positivos sobre la confianza, transparencia y sostenibilidad de nuestro sector financiero debían alcanzarse sin más demoras.

Por otra parte se estableció un mecanismo de flexibilización para aquellas entidades que requiriesen modificaciones organizativas de carácter estructural para acometer los ajustes derivados de los nuevos requerimientos legales. De este modo, se ampliaron los plazos para dar cumplimiento a los ajustes. Aquellas entidades de crédito que llevasen a cabo procesos de integración durante el ejercicio 2012 disponían de un plazo adicional de doce meses para dar cumplimiento a los nuevos requerimientos.

Por otra parte se estableció un mecanismo de flexibilización para aquellas entidades que requiriesen modificaciones organizativas de carácter estructural para acometer los ajustes derivados de los nuevos requerimientos legales. De este modo, se ampliaron los plazos para dar cumplimiento a los ajustes. Aquellas entidades de crédito que llevasen a cabo procesos de integración durante el ejercicio 2012 disponían de un plazo adicional de doce meses para dar cumplimiento a los nuevos requerimientos.

En todo caso, al objeto de que las entidades de crédito pudieran acogerse al régimen previsto resultaba necesario que el proceso de integración cumpliese con una serie de requisitos. Estas exigencias se orientaban a asegurar que el proceso de integración tuviese un volumen mínimo significativo, así como a que se incluyesen compromisos y objetivos tales como la adopción de medidas para la mejora del gobierno corporativo de las entidades, el incremento del crédito a las familias y pequeñas y medianas empresas ola colocación en el mercado de los activos inmobiliarios propiedad de las entidades.

En todo caso, al objeto de que las entidades de crédito pudieran acogerse al régimen previsto resultaba necesario que el proceso de integración cumpliese con una serie de requisitos. Estas exigencias se orientaban a asegurar que el proceso de integración tuviese un volumen mínimo significativo, así como a que se incluyesen compromisos y objetivos tales como la adopción de medidas para la mejora del gobierno corporativo de las entidades, el incremento del crédito a las familias y pequeñas y medianas empresas ola colocación en el mercado de los activos inmobiliarios propiedad de las entidades.

De este modo, y en relación con estas medidas que se adoptaron para el saneamiento de los balances de las entidades de crédito, a las financiaciones y activos adjudicados o recibidos en pago de deudas relacionados con el suelo para promoción inmobiliaria y con las construcciones o promociones inmobiliarias correspondientes a la actividad en España de las entidades de crédito, tanto existentes a 31 de diciembre de 2011 como procedentes de la refinanciación de los mismos en una fecha posterior, y que a la referida fecha tuvieran una clasificación distinta de riesgo normal, les serían de aplicación las siguientes reglas de estimación para determinar su deterioro.

De este modo, y en relación con estas medidas que se adoptaron para el saneamiento de los balances de las entidades de crédito, a las financiaciones y activos adjudicados o recibidos en pago de deudas relacionados con el suelo para promoción inmobiliaria y con las construcciones o promociones inmobiliarias correspondientes a la actividad en España de las entidades de crédito, tanto existentes a 31 de diciembre de 2011 como procedentes de la refinanciación de los mismos en una fecha posterior, y que a la referida fecha tuvieran una clasificación distinta de riesgo normal, les serían de aplicación las siguientes reglas de estimación para determinar su deterioro.

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Juan Calvo Vérgez

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Los activos inmobiliarios recibidos en pago de deudas por las entidades de crédito y que contasen con una antigüedad en balance superior a 36 meses tendrían un porcentaje de cobertura de al menos el 40%. Las coberturas que correspondiesen por operaciones calificadas como dudosas destinadas a la financiación de construcciones o promociones inmobiliarias de todo tipo de activos, que se encontrasen terminadas, en ningún caso podrían ser inferiores al 25% del importe del riesgo vivo.

Los activos inmobiliarios recibidos en pago de deudas por las entidades de crédito y que contasen con una antigüedad en balance superior a 36 meses tendrían un porcentaje de cobertura de al menos el 40%. Las coberturas que correspondiesen por operaciones calificadas como dudosas destinadas a la financiación de construcciones o promociones inmobiliarias de todo tipo de activos, que se encontrasen terminadas, en ningún caso podrían ser inferiores al 25% del importe del riesgo vivo.

Por su parte las coberturas que correspondiesen por operaciones calificadas como subestándar destinadas a la financiación de construcciones o promociones inmobiliarias de todo tipo de activos, que se encontrasen terminadas, en ningún caso podrían ser inferiores al 20% del importe del riesgo vivo. Este porcentaje sería del 24 % para aquellas operaciones que no contasen con garantía real. Y aquellas coberturas que correspondiesen por operaciones calificadas como dudosas o como subestándar, destinadas a la financiación de suelo para promoción inmobiliaria o de construcciones o promociones inmobiliarias de todo tipo de activos, que se encontrasen en curso, en ningún caso podrían ser inferiores a los siguientes porcentajes:

Por su parte las coberturas que correspondiesen por operaciones calificadas como subestándar destinadas a la financiación de construcciones o promociones inmobiliarias de todo tipo de activos, que se encontrasen terminadas, en ningún caso podrían ser inferiores al 20% del importe del riesgo vivo. Este porcentaje sería del 24 % para aquellas operaciones que no contasen con garantía real. Y aquellas coberturas que correspondiesen por operaciones calificadas como dudosas o como subestándar, destinadas a la financiación de suelo para promoción inmobiliaria o de construcciones o promociones inmobiliarias de todo tipo de activos, que se encontrasen en curso, en ningún caso podrían ser inferiores a los siguientes porcentajes:

Dudoso Subestándar Clase de activo

Dudoso Subestándar Clase de activo

Porcentaje Porcentaje 60 Financiación de suelo para promoción inmobiliaria Financiación de construcción o promoción inmobiliaria en curso con obra parada Financiación de construcción o promoción inmobiliaria en curso con obra en marcha

Porcentaje Porcentaje

60

50

50

50

24

Los porcentajes mínimos de cobertura relativos a activos inmobiliarios recibidos en pago de deudas no podrían ser inferiores a los siguientes. En primer lugar, tratándose de activos recibidos consistentes en construcciones o promociones inmobiliarias terminadas, así como viviendas de particulares que no hubiesen sido residencia habitual de los prestatarios, el porcentaje de deterioro mínimo aplicable a los activos adjudicados en pago de deudas sería del 25% y los porcentajes mínimos de cobertura en función de la antigüedad de su incorporación al balance serían los siguientes:

Financiación de suelo para promoción inmobiliaria Financiación de construcción o promoción inmobiliaria en curso con obra parada Financiación de construcción o promoción inmobiliaria en curso con obra en marcha

60

60

50

50

50

24

Los porcentajes mínimos de cobertura relativos a activos inmobiliarios recibidos en pago de deudas no podrían ser inferiores a los siguientes. En primer lugar, tratándose de activos recibidos consistentes en construcciones o promociones inmobiliarias terminadas, así como viviendas de particulares que no hubiesen sido residencia habitual de los prestatarios, el porcentaje de deterioro mínimo aplicable a los activos adjudicados en pago de deudas sería del 25% y los porcentajes mínimos de cobertura en función de la antigüedad de su incorporación al balance serían los siguientes:

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La recapitalización de las entidades financieras Porcentaje Plazo desde la adquisición Más de 12 meses sin exceder de 24 Más de 24 meses sin exceder de 36 Más de 36 meses

Porcentaje Plazo desde la adquisición

de cobertura 30 40 50

En el caso de activos recibidos consistentes en suelo para promoción inmobiliaria o construcciones o promociones inmobiliarias en curso, con independencia de la antigüedad de su incorporación al balance, los porcentajes a aplicar serían los siguientes: Clase de activo Suelo para promoción inmobiliaria Construcción o promoción inmobiliaria en curso

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La recapitalización de las entidades financieras

Porcentaje de cobertura 60 50

Más de 12 meses sin exceder de 24 Más de 24 meses sin exceder de 36 Más de 36 meses

de cobertura 30 40 50

En el caso de activos recibidos consistentes en suelo para promoción inmobiliaria o construcciones o promociones inmobiliarias en curso, con independencia de la antigüedad de su incorporación al balance, los porcentajes a aplicar serían los siguientes: Clase de activo Suelo para promoción inmobiliaria Construcción o promoción inmobiliaria en curso

Porcentaje de cobertura 60 50

Sobre el total de las financiaciones de la naturaleza indicada que, a 31 de diciembre de 2011, estuviesen clasificadas como riesgo normal, se constituiría, por una sola vez, una cobertura del 7 % de su saldo vivo en dicha fecha. El importe de dicha cobertura podría ser utilizado por las entidades exclusivamente para la constitución de las coberturas específicas que resultasen necesarias como consecuencia de la reclasificación posterior como activos dudosos o subestándar de cualesquiera de dichas financiaciones o de la adjudicación o recepción de activos en pago de dichas deudas.

Sobre el total de las financiaciones de la naturaleza indicada que, a 31 de diciembre de 2011, estuviesen clasificadas como riesgo normal, se constituiría, por una sola vez, una cobertura del 7 % de su saldo vivo en dicha fecha. El importe de dicha cobertura podría ser utilizado por las entidades exclusivamente para la constitución de las coberturas específicas que resultasen necesarias como consecuencia de la reclasificación posterior como activos dudosos o subestándar de cualesquiera de dichas financiaciones o de la adjudicación o recepción de activos en pago de dichas deudas.

Tanto los grupos consolidables de entidades de crédito como las entidades de crédito no integradas en un grupo consolidable, que, de conformidad con lo dispuesto en el art. 1 del Real Decreto-ley 2/2011, de 18 de febrero, para el reforzamiento del sistema financiero, hubieran de cumplir un nivel mínimo de capital principal, habrían de contar con un exceso adicional por el importe que resulte de los cálculos previstos en el Anexo II del Real Decreto-Ley 2/2012, en relación con los activos señalados con anterioridad.

Tanto los grupos consolidables de entidades de crédito como las entidades de crédito no integradas en un grupo consolidable, que, de conformidad con lo dispuesto en el art. 1 del Real Decreto-ley 2/2011, de 18 de febrero, para el reforzamiento del sistema financiero, hubieran de cumplir un nivel mínimo de capital principal, habrían de contar con un exceso adicional por el importe que resulte de los cálculos previstos en el Anexo II del Real Decreto-Ley 2/2012, en relación con los activos señalados con anterioridad.

¿Cuáles son estos cálculos? En primer lugar el exceso adicional de capital principal a que se refiere el apartado 4 del art. 1 del Real Decreto-

¿Cuáles son estos cálculos? En primer lugar el exceso adicional de capital principal a que se refiere el apartado 4 del art. 1 del Real Decreto-

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Juan Calvo Vérgez

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Juan Calvo Vérgez

ley habrá de ser equivalente a la suma de los importes que resulten de los cálculos que a continuación se señalan. De estos importes se deducirán las provisiones constituidas por dichos activos.

ley habrá de ser equivalente a la suma de los importes que resulten de los cálculos que a continuación se señalan. De estos importes se deducirán las provisiones constituidas por dichos activos.

En primer lugar, tratándose de activos clasificados como dudosos y subestándar de acuerdo con el Anejo IX de la Circular 4/2004, de 22 de diciembre, a las entidades de crédito, sobre normas de información financiera pública y reservada, y modelos de estados financieros, los porcentajes siguientes:

En primer lugar, tratándose de activos clasificados como dudosos y subestándar de acuerdo con el Anejo IX de la Circular 4/2004, de 22 de diciembre, a las entidades de crédito, sobre normas de información financiera pública y reservada, y modelos de estados financieros, los porcentajes siguientes:

Porcentaje riesgo vivo

Clase de activo Financiación de suelo Financiación de promociones en curso (excepto subestándar con obra en marcha).

sobre

importe

del

80 65

Y, en segundo término, respecto de los activos recibidos en pago de deudas, los porcentajes siguientes: Clase de activo Porcentaje sobre valor contable Suelo 80 Promociones en curso 65

Porcentaje riesgo vivo

Clase de activo Financiación de suelo Financiación de promociones en curso (excepto subestándar con obra en marcha).

sobre

importe

del

80 65

Y, en segundo término, respecto de los activos recibidos en pago de deudas, los porcentajes siguientes: Clase de activo Porcentaje sobre valor contable Suelo 80 Promociones en curso 65

En todo caso, y con independencia de lo anterior, las entidades de crédito y los grupos consolidables de entidades de crédito a los que resultasen de aplicación lo indicado con anterioridad habrían de cumplir con lo previsto antes del 31 de diciembre de 2012. Para ello, antes del 31 de marzo de 2012, presentarían al Banco de España un plan en el que detallarían las medidas que tuviesen previsto adoptar. Dicho plan presentado debería ser aprobado por el Banco de España en el plazo de quince días hábiles, pudiendo incluir éste las modificaciones o medidas adicionales necesarias para garantizar el cumplimiento de lo previsto al efecto.

En todo caso, y con independencia de lo anterior, las entidades de crédito y los grupos consolidables de entidades de crédito a los que resultasen de aplicación lo indicado con anterioridad habrían de cumplir con lo previsto antes del 31 de diciembre de 2012. Para ello, antes del 31 de marzo de 2012, presentarían al Banco de España un plan en el que detallarían las medidas que tuviesen previsto adoptar. Dicho plan presentado debería ser aprobado por el Banco de España en el plazo de quince días hábiles, pudiendo incluir éste las modificaciones o medidas adicionales necesarias para garantizar el cumplimiento de lo previsto al efecto.

Por otra parte se precisó que este conjunto de disposiciones adquiría la consideración de normas de ordenación y disciplina, incurriendo las entidades y personas que las incumpliesen en responsabilidad administrativa sancionable con arreglo a lo dispuesto en el Título I de la Ley 26/1988, de 29 de julio, sobre Disciplina e Intervención de las Entidades de Crédito.

Por otra parte se precisó que este conjunto de disposiciones adquiría la consideración de normas de ordenación y disciplina, incurriendo las entidades y personas que las incumpliesen en responsabilidad administrativa sancionable con arreglo a lo dispuesto en el Título I de la Ley 26/1988, de 29 de julio, sobre Disciplina e Intervención de las Entidades de Crédito.

La recapitalización de las entidades financieras

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La recapitalización de las entidades financieras

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Asimismo el eventual incumplimiento de lo previsto en los apartados 1 y 2 del art. 1 del Real Decreto-Ley 2/2012 se considera infracción grave o muy grave de acuerdo con lo previsto en la letra h) del art. 5 y en la letra c) del artículo 4 de la citada Ley 26/1988. Y el incumplimiento de lo previsto en el apartado 3 del citado art. 1 se considera infracción grave o muy grave de acuerdo con lo previsto en la letra h) del art. 5 y en la letra c) del artículo 4 de la Ley 26/1988, de 29 de julio.

Asimismo el eventual incumplimiento de lo previsto en los apartados 1 y 2 del art. 1 del Real Decreto-Ley 2/2012 se considera infracción grave o muy grave de acuerdo con lo previsto en la letra h) del art. 5 y en la letra c) del artículo 4 de la citada Ley 26/1988. Y el incumplimiento de lo previsto en el apartado 3 del citado art. 1 se considera infracción grave o muy grave de acuerdo con lo previsto en la letra h) del art. 5 y en la letra c) del artículo 4 de la Ley 26/1988, de 29 de julio.

¿Cómo se articulan los procesos de integración? Con carácter general aquellas entidades de crédito que lleven a cabo procesos de integración durante el ejercicio 2012 dispondrán de doce meses desde la autorización de la operación de integración prevista para dar cumplimiento a los requerimientos establecidos al efecto, pudiendo acogerse a este régimen aquellos procesos de integración iniciados a partir del 1 de septiembre de 2011 siempre y cuando cumplan los siguientes requisitos.

¿Cómo se articulan los procesos de integración? Con carácter general aquellas entidades de crédito que lleven a cabo procesos de integración durante el ejercicio 2012 dispondrán de doce meses desde la autorización de la operación de integración prevista para dar cumplimiento a los requerimientos establecidos al efecto, pudiendo acogerse a este régimen aquellos procesos de integración iniciados a partir del 1 de septiembre de 2011 siempre y cuando cumplan los siguientes requisitos.

En primer lugar, la integración de las entidades participantes en la operación deberá generar un balance total inicial superior en al menos un 20% al balance total de los negocios en España de la mayor de las entidades participantes. A propuesta del Banco de España se podrá exceptuar este requisito en la resolución final, aun cuando no se alcance esa cifra, atendiendo a las circunstancias concurrentes en operaciones de análoga dimensión, sin que en ningún caso el incremento pueda ser inferior al 10% del balance total de los negocios en España de la mayor de las entidades participantes.

En primer lugar, la integración de las entidades participantes en la operación deberá generar un balance total inicial superior en al menos un 20% al balance total de los negocios en España de la mayor de las entidades participantes. A propuesta del Banco de España se podrá exceptuar este requisito en la resolución final, aun cuando no se alcance esa cifra, atendiendo a las circunstancias concurrentes en operaciones de análoga dimensión, sin que en ningún caso el incremento pueda ser inferior al 10% del balance total de los negocios en España de la mayor de las entidades participantes.

En segundo término, dicho proceso de integración deberá llevarse a cabo a través de operaciones que supongan modificaciones estructurales conforme a la normativa vigente o de operaciones de adquisición de entidades que, a la fecha de entrada en vigor del Real Decreto-Ley 2/2012, se encuentren participadas mayoritariamente por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria. Ahora bien dicho régimen no será de aplicación a procesos de integración que descansen exclusivamente sobre vínculos contractuales, salvo en aquellos procesos en los que solo participen cooperativas de crédito.

En segundo término, dicho proceso de integración deberá llevarse a cabo a través de operaciones que supongan modificaciones estructurales conforme a la normativa vigente o de operaciones de adquisición de entidades que, a la fecha de entrada en vigor del Real Decreto-Ley 2/2012, se encuentren participadas mayoritariamente por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria. Ahora bien dicho régimen no será de aplicación a procesos de integración que descansen exclusivamente sobre vínculos contractuales, salvo en aquellos procesos en los que solo participen cooperativas de crédito.

Las entidades participantes han de adoptar medidas tendentes a la mejora de su gobierno corporativo, debiendo presentar un plan de remuneración de directivos y administradores y adaptándose a lo dispuesto en el Código Unificado de buen gobierno de las sociedades cotizadas y cumpliendo con lo dispuesto en el art. 13 del Real Decreto-ley 9/2009, de 26 de junio, sobre

Las entidades participantes han de adoptar medidas tendentes a la mejora de su gobierno corporativo, debiendo presentar un plan de remuneración de directivos y administradores y adaptándose a lo dispuesto en el Código Unificado de buen gobierno de las sociedades cotizadas y cumpliendo con lo dispuesto en el art. 13 del Real Decreto-ley 9/2009, de 26 de junio, sobre

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Juan Calvo Vérgez

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reestructuración bancaria y reforzamientos de los recursos propios de las entidades de crédito.

reestructuración bancaria y reforzamientos de los recursos propios de las entidades de crédito.

El proyecto de integración ha de incluir un objetivo cuantificado de incremento de crédito a las familias y pequeñas y medianas empresas durante los tres ejercicios siguientes a la integración, así como un plan de desinversión de activos relacionados con riegos inmobiliarios durante los tres ejercicios siguientes a la integración.

El proyecto de integración ha de incluir un objetivo cuantificado de incremento de crédito a las familias y pequeñas y medianas empresas durante los tres ejercicios siguientes a la integración, así como un plan de desinversión de activos relacionados con riegos inmobiliarios durante los tres ejercicios siguientes a la integración.

La entidad resultante deberá ser viable desde la perspectiva económicofinanciera. Por su parte las juntas de accionistas o asambleas generales de las entidades que se integren deberán votar favorablemente el acuerdo de integración antes del 30 de septiembre de 2012, debiendo finalizar en todo caso la integración no más tarde del 1 de enero de 2013. Téngase presente además que el presente régimen no será de aplicación a procesos de integración en los que únicamente participen entidades que pertenezcan a un mismo grupo de entidades de crédito.

La entidad resultante deberá ser viable desde la perspectiva económicofinanciera. Por su parte las juntas de accionistas o asambleas generales de las entidades que se integren deberán votar favorablemente el acuerdo de integración antes del 30 de septiembre de 2012, debiendo finalizar en todo caso la integración no más tarde del 1 de enero de 2013. Téngase presente además que el presente régimen no será de aplicación a procesos de integración en los que únicamente participen entidades que pertenezcan a un mismo grupo de entidades de crédito.

En todo caso la operación de integración habría de ser autorizada por el Ministro de Economía y Competitividad en el plazo de un mes a contar desde la presentación de la solicitud de autorización, debiendo presentarse la solicitud ante la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera antes del 31 de mayo de 2012. No obstante el cumplimiento de dicho plazo no sería exigible en el caso de operaciones de adquisición de entidades que, a la fecha de entrada en vigor del Real Decreto-Ley 2/2012 se encontrasen participadas mayoritariamente por el FROB. A dicha solicitud se ha de acompañar además el proyecto que acredite el cumplimiento de los requisitos previstos al efecto.

En todo caso la operación de integración habría de ser autorizada por el Ministro de Economía y Competitividad en el plazo de un mes a contar desde la presentación de la solicitud de autorización, debiendo presentarse la solicitud ante la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera antes del 31 de mayo de 2012. No obstante el cumplimiento de dicho plazo no sería exigible en el caso de operaciones de adquisición de entidades que, a la fecha de entrada en vigor del Real Decreto-Ley 2/2012 se encontrasen participadas mayoritariamente por el FROB. A dicha solicitud se ha de acompañar además el proyecto que acredite el cumplimiento de los requisitos previstos al efecto.

Tanto el Banco de España como la Comisión Nacional del Mercado de Valores, en el ámbito de sus respectivas competencias, han de emitir un informe sobre el cumplimiento de dichos requisitos atendiendo especialmente a la viabilidad de la entidad resultante, pudiendo recabar a tales efectos todos aquellos informes que consideren oportunos.

Tanto el Banco de España como la Comisión Nacional del Mercado de Valores, en el ámbito de sus respectivas competencias, han de emitir un informe sobre el cumplimiento de dichos requisitos atendiendo especialmente a la viabilidad de la entidad resultante, pudiendo recabar a tales efectos todos aquellos informes que consideren oportunos.

El otorgamiento de la autorización determina que no se requiera ninguna autorización administrativa ulterior en el ámbito de la ordenación del crédito y la banca, incluida aquella a que se refiere el párrafo tercero del art. 10.1 del Real Decreto-ley 9/2009. Ahora bien sí que serán exigibles las establecidas por la legislación en materia de defensa de la competencia.

El otorgamiento de la autorización determina que no se requiera ninguna autorización administrativa ulterior en el ámbito de la ordenación del crédito y la banca, incluida aquella a que se refiere el párrafo tercero del art. 10.1 del Real Decreto-ley 9/2009. Ahora bien sí que serán exigibles las establecidas por la legislación en materia de defensa de la competencia.

La recapitalización de las entidades financieras

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La recapitalización de las entidades financieras

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Finalmente en el curso del procedimiento de autorización de la integración se valorarán los acuerdos marco o protocolos existentes o que se firmen entre las entidades concernidas, en particular, en aquellos supuestos en que se produzca la atribución a alguna de ellas de un grado de control superior al que corresponda a su participación en la entidad resultante, pudiendo condicionarse la autorización a la introducción de las oportunas modificaciones en los mismos.

Finalmente en el curso del procedimiento de autorización de la integración se valorarán los acuerdos marco o protocolos existentes o que se firmen entre las entidades concernidas, en particular, en aquellos supuestos en que se produzca la atribución a alguna de ellas de un grado de control superior al que corresponda a su participación en la entidad resultante, pudiendo condicionarse la autorización a la introducción de las oportunas modificaciones en los mismos.

Por lo que respecta a las cajas de ahorro integrantes de un SIP, en caso de aportación de la titularidad de todos los activos y pasivos afectos al respectivo negocio bancario a la entidad central de un SIP se considerará que a las cajas integrantes se les aplica el régimen de ejercicio indirecto previsto en el Real Decreto-Ley 11/2010, de 9 de julio, de órganos de gobierno y otros aspectos del régimen jurídico de las cajas de ahorro.

Por lo que respecta a las cajas de ahorro integrantes de un SIP, en caso de aportación de la titularidad de todos los activos y pasivos afectos al respectivo negocio bancario a la entidad central de un SIP se considerará que a las cajas integrantes se les aplica el régimen de ejercicio indirecto previsto en el Real Decreto-Ley 11/2010, de 9 de julio, de órganos de gobierno y otros aspectos del régimen jurídico de las cajas de ahorro.

Con carácter adicional a las entidades participantes en procesos de integración conforme a lo previsto en el art. 2 del Real Decreto-Ley 2/2012 les serán de aplicación las previsiones contenidas en el art. 25, apartados 1 y 4 de la Ley 26/2006, de 17 de julio, de Mediación de Seguros y Reaseguros Privados, con efectos a partir del 1 de enero de 2014, en relación con la puesta a disposición de la red de distribución de las entidades de crédito y la fragmentación de la misma.

Con carácter adicional a las entidades participantes en procesos de integración conforme a lo previsto en el art. 2 del Real Decreto-Ley 2/2012 les serán de aplicación las previsiones contenidas en el art. 25, apartados 1 y 4 de la Ley 26/2006, de 17 de julio, de Mediación de Seguros y Reaseguros Privados, con efectos a partir del 1 de enero de 2014, en relación con la puesta a disposición de la red de distribución de las entidades de crédito y la fragmentación de la misma.

De conformidad con lo señalado en la Disposición Adicional Quinta del Real Decreto-Ley 2/2012, relativa al cómputo de pérdidas en los supuestos de reducción obligatoria de capital social en la sociedad anónima y de disolución en la sociedades anónimas y de responsabilidad limitada, se renueva, sin solución de continuidad y a todos los efectos legales, durante el ejercicio social que se cierre a partir de la entrada en vigor de aquél (4 de febrero de 2012) la aplicación de lo dispuesto en el apartado 1 de la Disposición Adicional Única del Real Decreto-ley 10/2008, de 12 de diciembre.

De conformidad con lo señalado en la Disposición Adicional Quinta del Real Decreto-Ley 2/2012, relativa al cómputo de pérdidas en los supuestos de reducción obligatoria de capital social en la sociedad anónima y de disolución en la sociedades anónimas y de responsabilidad limitada, se renueva, sin solución de continuidad y a todos los efectos legales, durante el ejercicio social que se cierre a partir de la entrada en vigor de aquél (4 de febrero de 2012) la aplicación de lo dispuesto en el apartado 1 de la Disposición Adicional Única del Real Decreto-ley 10/2008, de 12 de diciembre.

En resumen, al amparo de la presente reforma se previó un incremento de los niveles de provisiones exigidas a la banca para su exposición al ladrillo, tanto para los créditos como para los inmuebles que se han quedado en balance por canjes de deuda o embargos. En concreto las provisiones para cubrir los activos inmobiliarios, que hasta entonces debían alcanzar el 30%, se elevarían hasta el 50% o 55%.

En resumen, al amparo de la presente reforma se previó un incremento de los niveles de provisiones exigidas a la banca para su exposición al ladrillo, tanto para los créditos como para los inmuebles que se han quedado en balance por canjes de deuda o embargos. En concreto las provisiones para cubrir los activos inmobiliarios, que hasta entonces debían alcanzar el 30%, se elevarían hasta el 50% o 55%.

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Juan Calvo Vérgez

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Habría no obstante diferencias según el tipo de inmueble. El suelo, que en la actualidad prácticamente no tiene mercado, tendría que ser provisionado al 70%. También las promociones no acabadas podrían tener un recargo adicional, aunque estos últimos detalles son los que espera el sector para hacer sus cuentas.

Habría no obstante diferencias según el tipo de inmueble. El suelo, que en la actualidad prácticamente no tiene mercado, tendría que ser provisionado al 70%. También las promociones no acabadas podrían tener un recargo adicional, aunque estos últimos detalles son los que espera el sector para hacer sus cuentas.

Por lo que respecta a los créditos, la cobertura de los morosos del sector promotor, que suman unos 50.000 millones de euros, podría sufrir un adelanto de calendario. Hasta dicha fecha tenían que provisionarse al 30% durante los primeros doce meses, y este nivel se subiría hasta el 40%. La norma actual obliga a provisionarlos al 100% después de un año de impago, pero en el sector no se descarta que se adelante el plazo.

Por lo que respecta a los créditos, la cobertura de los morosos del sector promotor, que suman unos 50.000 millones de euros, podría sufrir un adelanto de calendario. Hasta dicha fecha tenían que provisionarse al 30% durante los primeros doce meses, y este nivel se subiría hasta el 40%. La norma actual obliga a provisionarlos al 100% después de un año de impago, pero en el sector no se descarta que se adelante el plazo.

Los llamados créditos subestándar, es decir, aquellos que aun estando al corriente de pago presentan serios riesgos de entrar en mora, tenían que cubrirse al 10%. Pues bien, la nueva norma subiría la exigencia hasta el 40%. Asimismo se preveía obligar a los bancos a provisionar, probablemente con una cobertura del 7%, el resto de los créditos del ladrillo, los buenos, que suman unos 130.000 millones de euros.

Los llamados créditos subestándar, es decir, aquellos que aun estando al corriente de pago presentan serios riesgos de entrar en mora, tenían que cubrirse al 10%. Pues bien, la nueva norma subiría la exigencia hasta el 40%. Asimismo se preveía obligar a los bancos a provisionar, probablemente con una cobertura del 7%, el resto de los créditos del ladrillo, los buenos, que suman unos 130.000 millones de euros.

La cifra tope que habrían de alcanzar este conjunto de saneamientos queda fijada en 50.000 millones de euros. Las entidades en cuestión deberán realizar una provisión específica con una dotación extraordinaria con cargo a resultados de 25.000 millones y, además, tendrán que dotarse de un colchón de capital equivalente al 20% del suelo y al 15% de los créditos de promoción en curso (15.000 millones). Como novedad se exigirían provisiones también de los activos considerados no problemáticos. En este caso, la provisión de este crédito promotor sería del 7% (y supondrá otros 10.000 millones). Se trataba de una medida preventiva destinada a facilitar la reacción si estos créditos pasasen a ser considerados problemáticos en un momento dado120.

La cifra tope que habrían de alcanzar este conjunto de saneamientos queda fijada en 50.000 millones de euros. Las entidades en cuestión deberán realizar una provisión específica con una dotación extraordinaria con cargo a resultados de 25.000 millones y, además, tendrán que dotarse de un colchón de capital equivalente al 20% del suelo y al 15% de los créditos de promoción en curso (15.000 millones). Como novedad se exigirían provisiones también de los activos considerados no problemáticos. En este caso, la provisión de este crédito promotor sería del 7% (y supondrá otros 10.000 millones). Se trataba de una medida preventiva destinada a facilitar la reacción si estos créditos pasasen a ser considerados problemáticos en un momento dado120.

La cobertura total tras la reforma pasaría en el caso de los activos de suelo del 31% al 80%. Un 29% habrían de ser provisiones adicionales y otro 20% un ‘colchón de capital’. En los casos de la promoción de viviendas en

La cobertura total tras la reforma pasaría en el caso de los activos de suelo del 31% al 80%. Un 29% habrían de ser provisiones adicionales y otro 20% un ‘colchón de capital’. En los casos de la promoción de viviendas en

120 Téngase presente a este respecto que la cifra de activos inmobiliarios ligados al crédito promotor asciende a 323.000 millones de euros, de los cuales 175.000 millones son problemáticos y 148.000 millones, no problemáticos.

120 Téngase presente a este respecto que la cifra de activos inmobiliarios ligados al crédito promotor asciende a 323.000 millones de euros, de los cuales 175.000 millones son problemáticos y 148.000 millones, no problemáticos.

La recapitalización de las entidades financieras

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curso y la promoción terminada, éstas se elevarían del 27% y 25% al 65% y 35%, respectivamente.

curso y la promoción terminada, éstas se elevarían del 27% y 25% al 65% y 35%, respectivamente.

El saneamiento sería pues de unos 50.000 millones de euros para un total de 323.000 millones de euros en préstamos ligados al sector del ‘ladrillo’ a junio de 2011, unos 175.000 millones son activos problemáticos. Estas cifras contrastan con aquella en virtud de la cual entre 2008 y 2011 se sanearon otros 66.000 millones de euros.

El saneamiento sería pues de unos 50.000 millones de euros para un total de 323.000 millones de euros en préstamos ligados al sector del ‘ladrillo’ a junio de 2011, unos 175.000 millones son activos problemáticos. Estas cifras contrastan con aquella en virtud de la cual entre 2008 y 2011 se sanearon otros 66.000 millones de euros.

Además de incrementar las provisiones para protegerse ante los préstamos con riesgo de impago, los bancos también deberán dotarse de una provisión genérica del 7% para el resto del crédito promotor, hasta ahora sin cobertura. Esta deberá hacerse contra resultados, lo que supondrá unos 10.000 millones menos para las cuentas de bancos y cajas.

Además de incrementar las provisiones para protegerse ante los préstamos con riesgo de impago, los bancos también deberán dotarse de una provisión genérica del 7% para el resto del crédito promotor, hasta ahora sin cobertura. Esta deberá hacerse contra resultados, lo que supondrá unos 10.000 millones menos para las cuentas de bancos y cajas.

Las nuevas coberturas se harán con provisiones específicas, unos 25.000 millones a cargo del patrimonio, y con un mayor colchón de capital, unos 15.000 millones. Éste se podría constituir de distintas maneras: con beneficios no distribuidos, ampliaciones de capital o la conversión en acción de híbridos, como las participaciones preferentes.

Las nuevas coberturas se harán con provisiones específicas, unos 25.000 millones a cargo del patrimonio, y con un mayor colchón de capital, unos 15.000 millones. Éste se podría constituir de distintas maneras: con beneficios no distribuidos, ampliaciones de capital o la conversión en acción de híbridos, como las participaciones preferentes.

La cobertura para activos de suelo era, hasta la presente reforma, del 31%, si bien a la luz de la misma se elevó hasta el 80%. Un 60% serían provisiones y otro 20% un ‘colchón de capital’. En el caso de las promociones en curso, la cobertura se elevaría del 27% al 65%, siendo un 50% provisiones y un 15% capital. Por último, la cobertura de la promoción terminada se elevaría del 25% al 35%, añadiéndose así un 10% provisiones adicionales.

La cobertura para activos de suelo era, hasta la presente reforma, del 31%, si bien a la luz de la misma se elevó hasta el 80%. Un 60% serían provisiones y otro 20% un ‘colchón de capital’. En el caso de las promociones en curso, la cobertura se elevaría del 27% al 65%, siendo un 50% provisiones y un 15% capital. Por último, la cobertura de la promoción terminada se elevaría del 25% al 35%, añadiéndose así un 10% provisiones adicionales.

Las entidades dispondrían de un plazo de dos años para completar este saneamiento. Aquellas entidades que optasen por fusionarse habrían de aumentar su balance al 20%, cifra que podría bajar al 10% en ocasiones especiales. Asimismo se solicitará a estas entidades: un plan de gobierno corporativo; el compromiso de ampliación del crédito de estas entidades y un plan de viabilidad económica, entre otros. Y aquellas entidades que ya hubiesen iniciado procesos de fusión a partir de septiembre de 2011 para aumentar su tamaño al menos un 20% tendrían dos años para cumplir las nuevas exigencias.

Las entidades dispondrían de un plazo de dos años para completar este saneamiento. Aquellas entidades que optasen por fusionarse habrían de aumentar su balance al 20%, cifra que podría bajar al 10% en ocasiones especiales. Asimismo se solicitará a estas entidades: un plan de gobierno corporativo; el compromiso de ampliación del crédito de estas entidades y un plan de viabilidad económica, entre otros. Y aquellas entidades que ya hubiesen iniciado procesos de fusión a partir de septiembre de 2011 para aumentar su tamaño al menos un 20% tendrían dos años para cumplir las nuevas exigencias.

Además de incrementarse las provisiones para protegerse ante los préstamos con riesgo de impago, los bancos también deberán dotarse de una provisión genérica del 7% para el resto del crédito promotor, con anterioridad sin cobertura. Ésta deberá hacerse contra resultados, lo que

Además de incrementarse las provisiones para protegerse ante los préstamos con riesgo de impago, los bancos también deberán dotarse de una provisión genérica del 7% para el resto del crédito promotor, con anterioridad sin cobertura. Ésta deberá hacerse contra resultados, lo que

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Juan Calvo Vérgez

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supondrá unos 10.000 millones menos para las cuentas de bancos y cajas. Las nuevas coberturas se harán con provisiones específicas, unos 25.000 millones contra resultados, y con un mayor colchón de capital, unos 15.000 millones. Éste se podrá constituir de distintas maneras: con beneficios no distribuidos, ampliaciones de capital o la conversión en acción de híbridos, como las participaciones preferentes121.

supondrá unos 10.000 millones menos para las cuentas de bancos y cajas. Las nuevas coberturas se harán con provisiones específicas, unos 25.000 millones contra resultados, y con un mayor colchón de capital, unos 15.000 millones. Éste se podrá constituir de distintas maneras: con beneficios no distribuidos, ampliaciones de capital o la conversión en acción de híbridos, como las participaciones preferentes121.

En el caso de las promociones en curso, la cobertura se elevó del 27% al 65%, siendo un 50% provisiones y un 15% capital. Por último, la cobertura de la promoción terminada se elevó del 25% al 35%, añadiéndose así un 10% provisiones adicionales122.

En el caso de las promociones en curso, la cobertura se elevó del 27% al 65%, siendo un 50% provisiones y un 15% capital. Por último, la cobertura de la promoción terminada se elevó del 25% al 35%, añadiéndose así un 10% provisiones adicionales122.

El proyecto de fusión debía presentarse antes del 30 de mayo de 2012, decidiéndose las solicitudes en un plazo máximo de un mes. Este tipo de operaciones habrían de estar autorizadas por las asambleas de la entidad antes de septiembre de 2012 y culminadas antes del inicio de 2013. En caso de que estas entidades requiriesen de un préstamo público, podrían solicitarlo al FROB, mediante la compra de Contingent Convertibles (bonos contingentes convertibles), a diferencia de lo que sucedió durante la implantación del FROB 1, en el que se acudió a la suscripción de participaciones preferentes. En el presente caso se trataría igualmente de deuda perpetua, pero con cupones flexibles, que se convertirían en acciones de forma automática si la ratio de capital de la entidad desciendiese por debajo de un determinado nivel.

El proyecto de fusión debía presentarse antes del 30 de mayo de 2012, decidiéndose las solicitudes en un plazo máximo de un mes. Este tipo de operaciones habrían de estar autorizadas por las asambleas de la entidad antes de septiembre de 2012 y culminadas antes del inicio de 2013. En caso de que estas entidades requiriesen de un préstamo público, podrían solicitarlo al FROB, mediante la compra de Contingent Convertibles (bonos contingentes convertibles), a diferencia de lo que sucedió durante la implantación del FROB 1, en el que se acudió a la suscripción de participaciones preferentes. En el presente caso se trataría igualmente de deuda perpetua, pero con cupones flexibles, que se convertirían en acciones de forma automática si la ratio de capital de la entidad desciendiese por debajo de un determinado nivel.

3.

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PAPEL ASUMIDO POR EL FROB

PAPEL ASUMIDO POR EL FROB

El Título II del presente Real Decreto-Ley realizó diversos ajustes en el Real Decreto-Ley 9/2009, de 26 de junio, sobre reestructuración bancaria y reforzamiento de los recursos propios de las entidades de crédito, con la finalidad de facilitar el papel del FROB ante el nuevo contexto regulatorio.

El Título II del presente Real Decreto-Ley realizó diversos ajustes en el Real Decreto-Ley 9/2009, de 26 de junio, sobre reestructuración bancaria y reforzamiento de los recursos propios de las entidades de crédito, con la finalidad de facilitar el papel del FROB ante el nuevo contexto regulatorio.

121 Como ya se ha indicado la cobertura anterior para activos de suelo era del 31%, elevándose a resultas de la reforma al 80%. Un 60% serían provisiones y otro 20% un ‘colchón de capital’. 122 Téngase presente a este respecto que, a pesar de que durante la presente crisis financiera las entidades españolas han incrementado sus provisiones en unos 70.000 millones de euros, el saneamiento del sector aún no había finalizado, suscitándose diversas dudas sobre los activos inmobiliarios en balance. Debido a ello a través de la presente reforma se exige a las entidades bancarias mayores provisiones en un solo año para tener cubierto el suelo que tenían al acabar 2011 en un 80% (antes un 31%), las promociones en obra, un 65% (antes un 27%) y las viviendas terminadas, un 35% (antes un 25%).

121 Como ya se ha indicado la cobertura anterior para activos de suelo era del 31%, elevándose a resultas de la reforma al 80%. Un 60% serían provisiones y otro 20% un ‘colchón de capital’. 122 Téngase presente a este respecto que, a pesar de que durante la presente crisis financiera las entidades españolas han incrementado sus provisiones en unos 70.000 millones de euros, el saneamiento del sector aún no había finalizado, suscitándose diversas dudas sobre los activos inmobiliarios en balance. Debido a ello a través de la presente reforma se exige a las entidades bancarias mayores provisiones en un solo año para tener cubierto el suelo que tenían al acabar 2011 en un 80% (antes un 31%), las promociones en obra, un 65% (antes un 27%) y las viviendas terminadas, un 35% (antes un 25%).

La recapitalización de las entidades financieras

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Así, en relación con el art. 9 del Real Decreto-Ley 9/2009, relativo a los instrumentos para el reforzamiento de los recursos propios de las entidades de crédito, a través del presente Real Decreto-Ley se procedió a la realización de ciertos ajustes o actualizaciones necesarias. A tal efecto se restringió el cauce de apoyo financiero del FROB a la adquisición de acciones, salvo para los procesos competitivos de desinversión, que podrían ir acompañados de otro tipo de herramientas de ayuda. Asimismo se redujo el plazo de desinversión de cinco a tres años. Por último, se procedió a la supresión de la posibilidad que tenía el FROB de desinvertir, en el plazo de uno o dos años, los títulos adquiridos a las entidades emisoras de los mismos o a terceros inversores propuestos por la entidad beneficiaria de su actuación.

Así, en relación con el art. 9 del Real Decreto-Ley 9/2009, relativo a los instrumentos para el reforzamiento de los recursos propios de las entidades de crédito, a través del presente Real Decreto-Ley se procedió a la realización de ciertos ajustes o actualizaciones necesarias. A tal efecto se restringió el cauce de apoyo financiero del FROB a la adquisición de acciones, salvo para los procesos competitivos de desinversión, que podrían ir acompañados de otro tipo de herramientas de ayuda. Asimismo se redujo el plazo de desinversión de cinco a tres años. Por último, se procedió a la supresión de la posibilidad que tenía el FROB de desinvertir, en el plazo de uno o dos años, los títulos adquiridos a las entidades emisoras de los mismos o a terceros inversores propuestos por la entidad beneficiaria de su actuación.

Respecto del art. 10 del Real Decreto-Ley 9/2009, la principal modificación que se introdujo fue la ampliación de los instrumentos que podría adquirir el FROB para incluir los convertibles en acciones, lo que superaría el marco anterior circunscrito a las participaciones preferentes.

Respecto del art. 10 del Real Decreto-Ley 9/2009, la principal modificación que se introdujo fue la ampliación de los instrumentos que podría adquirir el FROB para incluir los convertibles en acciones, lo que superaría el marco anterior circunscrito a las participaciones preferentes.

Por otro lado la Disposición Adicional Cuarta del Real Decreto-Ley 2/2012 contempló un incremento de la dotación del FROB de 6.000 millones de euros adicionales con cargo a los Presupuestos Generales del Estado.

Por otro lado la Disposición Adicional Cuarta del Real Decreto-Ley 2/2012 contempló un incremento de la dotación del FROB de 6.000 millones de euros adicionales con cargo a los Presupuestos Generales del Estado.

La Disposición Final Tercera del Real Decreto-Ley 2/2012 procedió, por su parte, a modificar el apartado 2 de la Disposición Transitoria Tercera del Real Decreto-Ley 2/2011, de 18 de febrero, que quedó redactado de la siguiente forma:“2. Los instrumentos de deuda emitidos con posterioridad a la entrada en vigor del presente real decreto-ley, que cuenten con cláusulas en virtud de las cuales sean convertibles en acciones ordinarias, integrarán el capital principal previsto en el artículo 2 de este real decreto-ley siempre que cumplan las siguientes condiciones:

La Disposición Final Tercera del Real Decreto-Ley 2/2012 procedió, por su parte, a modificar el apartado 2 de la Disposición Transitoria Tercera del Real Decreto-Ley 2/2011, de 18 de febrero, que quedó redactado de la siguiente forma:“2. Los instrumentos de deuda emitidos con posterioridad a la entrada en vigor del presente real decreto-ley, que cuenten con cláusulas en virtud de las cuales sean convertibles en acciones ordinarias, integrarán el capital principal previsto en el artículo 2 de este real decreto-ley siempre que cumplan las siguientes condiciones:

a) Prevean su obligatoria conversión a más tardar el 31 de diciembre de 2018 o, antes de dicha fecha, en caso de saneamiento o reestructuración de la entidad o de su grupo;

a) Prevean su obligatoria conversión a más tardar el 31 de diciembre de 2018 o, antes de dicha fecha, en caso de saneamiento o reestructuración de la entidad o de su grupo;

b) Que el límite máximo al número y nominal de acciones a entregar en la conversión esté determinado en el momento de la emisión de los instrumentos de deuda;

b) Que el límite máximo al número y nominal de acciones a entregar en la conversión esté determinado en el momento de la emisión de los instrumentos de deuda;

c) El emisor pueda, discrecionalmente, decidir en cualquier momento el impago del cupón devengado siempre que su situación de solvencia o la de su grupo así lo requiera;

c) El emisor pueda, discrecionalmente, decidir en cualquier momento el impago del cupón devengado siempre que su situación de solvencia o la de su grupo así lo requiera;

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Juan Calvo Vérgez

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d) Prevean su obligatoria conversión cuando se incumpla el coeficiente de recursos propios mínimos; y,

d) Prevean su obligatoria conversión cuando se incumpla el coeficiente de recursos propios mínimos; y,

e) Su comercialización se realice de acuerdo con los criterios que establezca la Comisión Nacional del Mercado de Valores para asegurar la adecuada protección de los inversores y, en concreto, la efectividad de la relación de conversión que se proponga a los inversores. Adicionalmente, en el caso de que una parte de la emisión se comercialice entre la clientela minorista, se requerirá la solicitud de admisión a negociación, tanto del instrumento de deuda como del título de capital, en un mercado secundario oficial.

e) Su comercialización se realice de acuerdo con los criterios que establezca la Comisión Nacional del Mercado de Valores para asegurar la adecuada protección de los inversores y, en concreto, la efectividad de la relación de conversión que se proponga a los inversores. Adicionalmente, en el caso de que una parte de la emisión se comercialice entre la clientela minorista, se requerirá la solicitud de admisión a negociación, tanto del instrumento de deuda como del título de capital, en un mercado secundario oficial.

Los contratos o folletos de emisión correspondientes, así como cualquier modificación de sus características, se remitirán al Banco de España a fin de calificar su computabilidad como capital principal”.

Los contratos o folletos de emisión correspondientes, así como cualquier modificación de sus características, se remitirán al Banco de España a fin de calificar su computabilidad como capital principal”.

Por último, y en relación con el Fondo de Garantía de Depósitos, la Disposición Final Cuarta del Real Decreto-Ley 2/2012 modificó el Real Decreto-Ley 16/2011, de 14 de octubre, por el que se creó el citado Fondo. La letra b) del apartado 2 de su art. 6 quedó redactada como sigue: “b) Las derramas que realice el Fondo entre las entidades adheridas al mismo, distribuidas según la base de cálculo de las aportaciones, que se registrarán como patrimonio una vez sean acordadas”. Y el segundo párrafo de su art. 7.5 pasó a tener la siguiente redacción: “No obstante, se requerirá mayoría de dos tercios para acordar la realización de aquellas derramas que establezcan la obligación de efectuar pagos adicionales a las aportaciones anuales ordinarias o que adelanten el pago de estas últimas, así como para las medidas contempladas en el marco de los planes de actuación a los que se hace referencia en el artículo 11.”.

Por último, y en relación con el Fondo de Garantía de Depósitos, la Disposición Final Cuarta del Real Decreto-Ley 2/2012 modificó el Real Decreto-Ley 16/2011, de 14 de octubre, por el que se creó el citado Fondo. La letra b) del apartado 2 de su art. 6 quedó redactada como sigue: “b) Las derramas que realice el Fondo entre las entidades adheridas al mismo, distribuidas según la base de cálculo de las aportaciones, que se registrarán como patrimonio una vez sean acordadas”. Y el segundo párrafo de su art. 7.5 pasó a tener la siguiente redacción: “No obstante, se requerirá mayoría de dos tercios para acordar la realización de aquellas derramas que establezcan la obligación de efectuar pagos adicionales a las aportaciones anuales ordinarias o que adelanten el pago de estas últimas, así como para las medidas contempladas en el marco de los planes de actuación a los que se hace referencia en el artículo 11.”.

Recapitulando, de cara a la realización de la reforma se añadió una cifra de 6.000 millones de euros al FROB para ampliar su capacidad hasta los 15.000 millones. Una vez que el Tesoro aportase dicha cantidad, procedería a la emisión de deuda.

Recapitulando, de cara a la realización de la reforma se añadió una cifra de 6.000 millones de euros al FROB para ampliar su capacidad hasta los 15.000 millones. Una vez que el Tesoro aportase dicha cantidad, procedería a la emisión de deuda.

Por lo que respecta a las fuentes de las que la banca obtenga los recursos necesarios para estas nuevas provisiones, la parte principal se debería hacer contra resultados, es decir renunciando a beneficios. No obstante existiría otra parte que se debería poder cargar contra reservas, al menos en el caso de las entidades que tienen exceso de capitalización según la normativa

Por lo que respecta a las fuentes de las que la banca obtenga los recursos necesarios para estas nuevas provisiones, la parte principal se debería hacer contra resultados, es decir renunciando a beneficios. No obstante existiría otra parte que se debería poder cargar contra reservas, al menos en el caso de las entidades que tienen exceso de capitalización según la normativa

La recapitalización de las entidades financieras

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española, no quedando obligadas a cumplir los requisitos que la Autoridad Bancaria Europea ha impuesto a los bancos sistémicos de cada país.

española, no quedando obligadas a cumplir los requisitos que la Autoridad Bancaria Europea ha impuesto a los bancos sistémicos de cada país.

Aquellas entidades que no dispongan de los recursos suficientes para realizar los saneamientos impuestos deberán acometer un proceso de fusiones conducente a la reestructuración del sector. Dichos movimientos corporativos habrán de realizarse además con las suficientes garantías de respaldo público. Deberá existir por tanto una contribución de dinero público. Este dinero habría de proceder del FROB mediante la compra de deuda de las entidades que requieran ayudas. Incluso cabría la posibilidad de que el FROB comprase participaciones preferentes o, incluso bonos contingentes, es decir bonos que se convierten en acciones en el caso de que la entidad acabe teniendo problemas de solvencia.

Aquellas entidades que no dispongan de los recursos suficientes para realizar los saneamientos impuestos deberán acometer un proceso de fusiones conducente a la reestructuración del sector. Dichos movimientos corporativos habrán de realizarse además con las suficientes garantías de respaldo público. Deberá existir por tanto una contribución de dinero público. Este dinero habría de proceder del FROB mediante la compra de deuda de las entidades que requieran ayudas. Incluso cabría la posibilidad de que el FROB comprase participaciones preferentes o, incluso bonos contingentes, es decir bonos que se convierten en acciones en el caso de que la entidad acabe teniendo problemas de solvencia.

El tipo de interés que aplicaría el FROB a las entidades rondaría el 8%, de forma similar a la de la primera oleada de integraciones.

El tipo de interés que aplicaría el FROB a las entidades rondaría el 8%, de forma similar a la de la primera oleada de integraciones.

Aquellas entidades que se fusionen también podrán acceder a préstamos de fondos públicos a través del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria a un tipo de interés que rondará el 8%, de forma similar a la de la primera oleada de integraciones. No obstante se permitirá a las entidades financieras elegir entre la posibilidad de cargar las mayores exigencias de provisión sobre beneficios o sobre el capital para sanear sus balances ante el deterioro del sector inmobiliario. Todo ello con el objetivo último de acelerar el saneamiento del sector financiero para recuperar la confianza de los mercados internacionales y relajar el coste de la financiación exterior sin que el conjunto del sistema entre en ‘números rojos’.

Aquellas entidades que se fusionen también podrán acceder a préstamos de fondos públicos a través del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria a un tipo de interés que rondará el 8%, de forma similar a la de la primera oleada de integraciones. No obstante se permitirá a las entidades financieras elegir entre la posibilidad de cargar las mayores exigencias de provisión sobre beneficios o sobre el capital para sanear sus balances ante el deterioro del sector inmobiliario. Todo ello con el objetivo último de acelerar el saneamiento del sector financiero para recuperar la confianza de los mercados internacionales y relajar el coste de la financiación exterior sin que el conjunto del sistema entre en ‘números rojos’.

Este abaratamiento de la financiación en los mercados mayoristas ha de permitir reactivar el crédito a empresas y hogares y la actividad económica y, de esta forma, frenar la sangría del paro.

Este abaratamiento de la financiación en los mercados mayoristas ha de permitir reactivar el crédito a empresas y hogares y la actividad económica y, de esta forma, frenar la sangría del paro.

No obstante será necesario entrar a delimitar con una mayor precisión qué se entiende por “recurso público”. ¿Debe entenderse por tal aquél que no tenga un impacto negativo en déficit público? Piénsese que la deuda derivada de dicho préstamo acarrearía el pago de unos intereses que irían con cargo a presupuestos, al menos en el ejercicio de 2013. Y ello con independencia de que el interés que el Estado satisfaga por dicha deuda resulte inferior al que cobre a las entidades del FROB, de manera que el saldo neto pueda incluso ser positivo para las arcas públicas. Téngase presente además

No obstante será necesario entrar a delimitar con una mayor precisión qué se entiende por “recurso público”. ¿Debe entenderse por tal aquél que no tenga un impacto negativo en déficit público? Piénsese que la deuda derivada de dicho préstamo acarrearía el pago de unos intereses que irían con cargo a presupuestos, al menos en el ejercicio de 2013. Y ello con independencia de que el interés que el Estado satisfaga por dicha deuda resulte inferior al que cobre a las entidades del FROB, de manera que el saldo neto pueda incluso ser positivo para las arcas públicas. Téngase presente además

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Juan Calvo Vérgez

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a este respecto que si el FROB presta al 8% a una entidad, es porque el mercado le pide a esa misma entidad un tipo de interés mayor. Es decir, la diferencia entre ese 8% y el interés real de mercado constituye coste oculto que se está obligando a asumir al contribuyente.

a este respecto que si el FROB presta al 8% a una entidad, es porque el mercado le pide a esa misma entidad un tipo de interés mayor. Es decir, la diferencia entre ese 8% y el interés real de mercado constituye coste oculto que se está obligando a asumir al contribuyente.

Por otra parte se plantea el problema de que los recursos del FROB y del Fondo de Garantía de Depósitos que el Gobierno conceda para la reestructuración del sistema financiero español puedan ser considerados por Bruselas como ayudas de Estado. Ello implica que aquellas entidades que requieran esta asistencia deberán presentar un plan de reestructuración al Ejecutivo comunitario y lograr su autorización. La Comisión debe verificar que las ayudas se limiten al mínimo necesario, pudiendo imponer condiciones, por ejemplo desinversiones, para limitar las distorsiones de competencia.

Por otra parte se plantea el problema de que los recursos del FROB y del Fondo de Garantía de Depósitos que el Gobierno conceda para la reestructuración del sistema financiero español puedan ser considerados por Bruselas como ayudas de Estado. Ello implica que aquellas entidades que requieran esta asistencia deberán presentar un plan de reestructuración al Ejecutivo comunitario y lograr su autorización. La Comisión debe verificar que las ayudas se limiten al mínimo necesario, pudiendo imponer condiciones, por ejemplo desinversiones, para limitar las distorsiones de competencia.

Así las cosas, más de la mitad del saneamiento de la banca (50.000 millones) será asumido por el sector, contra resultados o contra capital. Aquellas entidades que no puedan llegar a las coberturas exigidas por el Gobierno por estas vías podrán recurrir a fusiones. De este modo aflorarán plusvalías que llevarán a provisiones. Y si aún así no alcanzan las provisiones, pedirán fondos al FROB.

Así las cosas, más de la mitad del saneamiento de la banca (50.000 millones) será asumido por el sector, contra resultados o contra capital. Aquellas entidades que no puedan llegar a las coberturas exigidas por el Gobierno por estas vías podrán recurrir a fusiones. De este modo aflorarán plusvalías que llevarán a provisiones. Y si aún así no alcanzan las provisiones, pedirán fondos al FROB.

En definitiva, se incrementaron los recursos del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria. Esta dotación se elevó desde los 9.000 millones actuales a 15.000 millones, aunque la capacidad de endeudamiento, 90.000 millones, se mantendría intacta. La ventaja del endeudamiento es que no computa como déficit, sino como deuda, ante la Unión Europea. No obstante, en el supuesto de que el país asumiese las pérdidas, sí produciría un desequilibrio fiscal.

En definitiva, se incrementaron los recursos del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria. Esta dotación se elevó desde los 9.000 millones actuales a 15.000 millones, aunque la capacidad de endeudamiento, 90.000 millones, se mantendría intacta. La ventaja del endeudamiento es que no computa como déficit, sino como deuda, ante la Unión Europea. No obstante, en el supuesto de que el país asumiese las pérdidas, sí produciría un desequilibrio fiscal.

Al objeto de ayudar a la banca a sanear sus balances, las entidades podrán acudir al FROB para pedir préstamos a cambio de un tipo de interés “de mercado”. A cambio de los préstamos, bancos y cajas darán al FROB bonos convertibles contingentes, instrumentos que suponen la garantía de que, en caso de no devolverse el préstamo, el dinero invertido en la ayuda se convertiría en acciones de la entidad controladas por el Estado.

Al objeto de ayudar a la banca a sanear sus balances, las entidades podrán acudir al FROB para pedir préstamos a cambio de un tipo de interés “de mercado”. A cambio de los préstamos, bancos y cajas darán al FROB bonos convertibles contingentes, instrumentos que suponen la garantía de que, en caso de no devolverse el préstamo, el dinero invertido en la ayuda se convertiría en acciones de la entidad controladas por el Estado.

De este modo el Ejecutivo aumentaría los recursos del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria. Dicha dotación se elevó desde los 9.000 millones a 15.000 millones, aunque la capacidad de endeudamiento, 90.000 millones, se mantuvo intacta. La ventaja del endeudamiento es que no com-

De este modo el Ejecutivo aumentaría los recursos del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria. Dicha dotación se elevó desde los 9.000 millones a 15.000 millones, aunque la capacidad de endeudamiento, 90.000 millones, se mantuvo intacta. La ventaja del endeudamiento es que no com-

La recapitalización de las entidades financieras

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puta como déficit, sino como deuda, ante la Unión Europea. No obstante, si el país asumiese las pérdidas, sí produciría un desequilibrio fiscal. Para ayudar a la banca a sanear sus balances, podrían acudir al FROB para pedir préstamos a cambio de un tipo de interés “de mercado”. A cambio de los préstamos, bancos y cajas darían al FROB bonos convertibles contingentes, instrumentos a través de los cuales se garantiza que, en caso de no devolverse el préstamo, el dinero invertido en la ayuda se convertirá en acciones de la entidad controladas por el Estado.

puta como déficit, sino como deuda, ante la Unión Europea. No obstante, si el país asumiese las pérdidas, sí produciría un desequilibrio fiscal. Para ayudar a la banca a sanear sus balances, podrían acudir al FROB para pedir préstamos a cambio de un tipo de interés “de mercado”. A cambio de los préstamos, bancos y cajas darían al FROB bonos convertibles contingentes, instrumentos a través de los cuales se garantiza que, en caso de no devolverse el préstamo, el dinero invertido en la ayuda se convertirá en acciones de la entidad controladas por el Estado.

En resumen, el saneamiento sería de 50.000 millones, 10.000 contra resultados. Se crearía as una provisión genérica del 7% con las ganancias anuales. La cobertura exigida para suelo se elevó del 31% al 80%. Para la promoción en curso sería del 65%; en terminada, del 35%. Y el FROB prestaría a la banca con 15.000 millones de recursos propios.

En resumen, el saneamiento sería de 50.000 millones, 10.000 contra resultados. Se crearía as una provisión genérica del 7% con las ganancias anuales. La cobertura exigida para suelo se elevó del 31% al 80%. Para la promoción en curso sería del 65%; en terminada, del 35%. Y el FROB prestaría a la banca con 15.000 millones de recursos propios.

Ciertamente la presente reforma buscó sanear los balances de las entidades financieras españolas obligando a éstas a ‘limpiar’ sus activos más tóxicos. Esto es, a destinar más fondos para protegerse del deterioro de los activos vinculados al ‘ladrillo’ (suelo, viviendas en promoción y viviendas construidas). Mejorar su solvencia habría de permitir a los bancos financiarse mejor en los mercados mayoristas y, de esta forma, mejorar su capacidad de crédito. Asimismo se garantiza que los bancos no paguen el ajuste con el ciudadano al obligarles como poco a “mantener el nivel de crédito”.

Ciertamente la presente reforma buscó sanear los balances de las entidades financieras españolas obligando a éstas a ‘limpiar’ sus activos más tóxicos. Esto es, a destinar más fondos para protegerse del deterioro de los activos vinculados al ‘ladrillo’ (suelo, viviendas en promoción y viviendas construidas). Mejorar su solvencia habría de permitir a los bancos financiarse mejor en los mercados mayoristas y, de esta forma, mejorar su capacidad de crédito. Asimismo se garantiza que los bancos no paguen el ajuste con el ciudadano al obligarles como poco a “mantener el nivel de crédito”.

La reforma estableció un doble plazo para la ejecución del nuevo aprovisionamiento. Aquellos bancos que se fusionen gozarán de un periodo de dos años para lograr cubrir las exigencias del Ejecutivo, mientras que aquellos que presenten un plan de viabilidad individual sólo gozarán de un año. Aquellas entidades que ya hubiesen iniciado procesos de fusión gozarían de determinadas ventajas tales como el acceso a los créditos del FROB, además de un mayor plazo.

La reforma estableció un doble plazo para la ejecución del nuevo aprovisionamiento. Aquellos bancos que se fusionen gozarán de un periodo de dos años para lograr cubrir las exigencias del Ejecutivo, mientras que aquellos que presenten un plan de viabilidad individual sólo gozarán de un año. Aquellas entidades que ya hubiesen iniciado procesos de fusión gozarían de determinadas ventajas tales como el acceso a los créditos del FROB, además de un mayor plazo.

Las nuevas exigencias para vivienda construida fueron solo 10 puntos superiores a las ya existentes (pasó del 25% al 35% sobre el total de activos). Incluso, en algunas entidades este aprovisionamiento resultó mayor, lo que haría que el ajuste en este capítulo fuese mínimo. Otra cuestión sería en el caso de las promociones en construcción, donde las exigencias son mayores (del 27% al 65%), lo que podría provocar que el ajuste de precios en los balances de las entidades fuese mayor.

Las nuevas exigencias para vivienda construida fueron solo 10 puntos superiores a las ya existentes (pasó del 25% al 35% sobre el total de activos). Incluso, en algunas entidades este aprovisionamiento resultó mayor, lo que haría que el ajuste en este capítulo fuese mínimo. Otra cuestión sería en el caso de las promociones en construcción, donde las exigencias son mayores (del 27% al 65%), lo que podría provocar que el ajuste de precios en los balances de las entidades fuese mayor.

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4.

Juan Calvo Vérgez

MODIFICACIONES RELATIVAS AL RÉGIMEN JURÍDICO Y ÓRGANOS DE GOBIERNO DE LAS CAJAS DE AHORRO

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Juan Calvo Vérgez

MODIFICACIONES RELATIVAS AL RÉGIMEN JURÍDICO Y ÓRGANOS DE GOBIERNO DE LAS CAJAS DE AHORRO

Con carácter general el Título III del Real Decreto-Ley 2/2012 previó la modificación del Real Decreto-ley 11/2010, de 9 de julio, de órganos de gobierno y otros aspectos del régimen jurídico de las Cajas de Ahorro.

Con carácter general el Título III del Real Decreto-Ley 2/2012 previó la modificación del Real Decreto-ley 11/2010, de 9 de julio, de órganos de gobierno y otros aspectos del régimen jurídico de las Cajas de Ahorro.

En primer lugar, se persiguió acometer una simplificación de la estructura organizativa y los requisitos operativos de las cajas que ejercen su actividad de forma indirecta. Así, sus órganos de gobierno quedaron reducidos a la Asamblea General y al Consejo de Administración, siendo potestativa la Comisión de Control.

En primer lugar, se persiguió acometer una simplificación de la estructura organizativa y los requisitos operativos de las cajas que ejercen su actividad de forma indirecta. Así, sus órganos de gobierno quedaron reducidos a la Asamblea General y al Consejo de Administración, siendo potestativa la Comisión de Control.

El número de miembros de los órganos de gobierno así como la periodicidad de sus sesiones serían determinados por los estatutos de la caja atendiendo a la dimensión económica y a la actividad de la entidad, con el fin de que se produzca un ajuste y redimensionamiento de la estructura organizativa de las cajas a una nueva realidad, en la que se han desprendido de toda la actividad financiera que desarrollaban.

El número de miembros de los órganos de gobierno así como la periodicidad de sus sesiones serían determinados por los estatutos de la caja atendiendo a la dimensión económica y a la actividad de la entidad, con el fin de que se produzca un ajuste y redimensionamiento de la estructura organizativa de las cajas a una nueva realidad, en la que se han desprendido de toda la actividad financiera que desarrollaban.

Tuvo lugar además el establecimiento de un límite a la disposición de los excedentes que obtuviesen las cajas de modo que, sin perjuicio del cumplimiento de lo dispuesto en la normativa de recursos propios, las cajas de ahorro de ejercicio indirecto no podrían destinar más del 10% de sus excedentes de libre disposición a gastos diferentes de los correspondientes a la obra social. Y ello sin perjuicio de que pudiera autorizarse el destino de porcentajes superiores necesarios para atender a gastos esenciales de funcionamiento de las entidades. Asimismo se introdujeron disposiciones para simplificar el funcionamiento, periodicidad y forma de convocatoria de las Asambleas Generales.

Tuvo lugar además el establecimiento de un límite a la disposición de los excedentes que obtuviesen las cajas de modo que, sin perjuicio del cumplimiento de lo dispuesto en la normativa de recursos propios, las cajas de ahorro de ejercicio indirecto no podrían destinar más del 10% de sus excedentes de libre disposición a gastos diferentes de los correspondientes a la obra social. Y ello sin perjuicio de que pudiera autorizarse el destino de porcentajes superiores necesarios para atender a gastos esenciales de funcionamiento de las entidades. Asimismo se introdujeron disposiciones para simplificar el funcionamiento, periodicidad y forma de convocatoria de las Asambleas Generales.

Por otro lado, y con la finalidad de simplificar el funcionamiento de las cajas de ejercicio indirecto, se les eximió expresamente del cumplimiento de las obligaciones referidas a servicios de atención al cliente, que, en todo caso, habrían de ser cumplidas por la entidad de crédito a través de la cual ejerzan su actividad. El Banco de España podría adaptar o eximir igualmente del cumplimiento de los requerimientos organizativos en materia de

Por otro lado, y con la finalidad de simplificar el funcionamiento de las cajas de ejercicio indirecto, se les eximió expresamente del cumplimiento de las obligaciones referidas a servicios de atención al cliente, que, en todo caso, habrían de ser cumplidas por la entidad de crédito a través de la cual ejerzan su actividad. El Banco de España podría adaptar o eximir igualmente del cumplimiento de los requerimientos organizativos en materia de

La recapitalización de las entidades financieras

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La recapitalización de las entidades financieras

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control interno, auditoría y gestión de riesgos recogidos en la Ley 13/1985, de 25 de mayo, y su normativa de desarrollo.

control interno, auditoría y gestión de riesgos recogidos en la Ley 13/1985, de 25 de mayo, y su normativa de desarrollo.

Finalmente se introdujo una referencia al supuesto en que las cajas redujesen su participación de modo que no alcanzase el 25 % de los derechos de voto, en cuyo caso deberían igualmente renunciar a la autorización para actuar como entidad de crédito, aunque mantuvieran una posición de control.

Finalmente se introdujo una referencia al supuesto en que las cajas redujesen su participación de modo que no alcanzase el 25 % de los derechos de voto, en cuyo caso deberían igualmente renunciar a la autorización para actuar como entidad de crédito, aunque mantuvieran una posición de control.

En estos supuestos de pérdida de control o reducción de la participación por debajo del límite señalado las cajas perderían su condición de entidades de crédito y se transformarían en una fundación especial, estableciéndose al efecto determinadas especificidades para las fundaciones de carácter especial de ámbito estatal.

En estos supuestos de pérdida de control o reducción de la participación por debajo del límite señalado las cajas perderían su condición de entidades de crédito y se transformarían en una fundación especial, estableciéndose al efecto determinadas especificidades para las fundaciones de carácter especial de ámbito estatal.

Por tanto la presente reforma en este punto simplificó la estructura organizativa de las cajas de ahorro. Ello se justificaba porque sus actividades bancarias se traspasaron a los bancos que crearon como filiales para poder dar entrada al capital privado.

Por tanto la presente reforma en este punto simplificó la estructura organizativa de las cajas de ahorro. Ello se justificaba porque sus actividades bancarias se traspasaron a los bancos que crearon como filiales para poder dar entrada al capital privado.

Al amparo de la reforma operada las cajas tendrán que destinar el 90% de los dividendos de los bancos que participan a obra social. No obstante, podrán bajar hasta el 25% su participación en los bancos sin tener que convertirse en fundaciones, cuando el límite estaba antes en el 50% del capital social.

Al amparo de la reforma operada las cajas tendrán que destinar el 90% de los dividendos de los bancos que participan a obra social. No obstante, podrán bajar hasta el 25% su participación en los bancos sin tener que convertirse en fundaciones, cuando el límite estaba antes en el 50% del capital social.

La nueva reestructuración adoptada limita los órganos de dirección de las cajas a la Asamblea General y el Consejo de Administración, sumándose “si es razonable” la comisión de control. Además, se les exime de las auditorías que realizaban cuando operaban como entidades.

La nueva reestructuración adoptada limita los órganos de dirección de las cajas a la Asamblea General y el Consejo de Administración, sumándose “si es razonable” la comisión de control. Además, se les exime de las auditorías que realizaban cuando operaban como entidades.

Así las cosas el Real Decreto-Ley 2/2012 estableció que las cajas que no lleven a cabo actividad financiera (esto es, casi todas ya que se han transformado en bancos) sólo tendrán Asamblea General y Consejo de Administración para abaratar costes. En tanto en cuanto casi todas las cajas se han transformado ya en bancos, la estructura organizativa que tenían antes de esta transformación resulta en la actualidad demasiado grande. Dichas cajas tendrán que dedicar al menos el 90% de sus beneficios (los cuales proceden de los dividendos de los bancos de los que son accionistas) a la Obra Social.

Así las cosas el Real Decreto-Ley 2/2012 estableció que las cajas que no lleven a cabo actividad financiera (esto es, casi todas ya que se han transformado en bancos) sólo tendrán Asamblea General y Consejo de Administración para abaratar costes. En tanto en cuanto casi todas las cajas se han transformado ya en bancos, la estructura organizativa que tenían antes de esta transformación resulta en la actualidad demasiado grande. Dichas cajas tendrán que dedicar al menos el 90% de sus beneficios (los cuales proceden de los dividendos de los bancos de los que son accionistas) a la Obra Social.

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Juan Calvo Vérgez

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En el supuesto de que la caja se quedase con menos del 25% del banco, se vería obligada a transformarse en fundación. Y, en relación con los requisitos necesarios para que estas operaciones permitan acceder a los préstamos del FROB y al aplazamiento, hasta los dos años, del plazo para cumplir con las nuevas reglas de provisiones, destaca el hecho de que deba tratarse de fusiones estructurales y no de SIPs.

En el supuesto de que la caja se quedase con menos del 25% del banco, se vería obligada a transformarse en fundación. Y, en relación con los requisitos necesarios para que estas operaciones permitan acceder a los préstamos del FROB y al aplazamiento, hasta los dos años, del plazo para cumplir con las nuevas reglas de provisiones, destaca el hecho de que deba tratarse de fusiones estructurales y no de SIPs.

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RETRIBUCIONES DE ADMINISTRADORES Y DIRECTIVOS DE ENTIDADES DE CRÉDITO QUE HAYAN PRECISADO O QUE PRECISASEN APOYO FINANCIERO DEL FROB

RETRIBUCIONES DE ADMINISTRADORES Y DIRECTIVOS DE ENTIDADES DE CRÉDITO QUE HAYAN PRECISADO O QUE PRECISASEN APOYO FINANCIERO DEL FROB

La introducción del presente régimen parte de la realización de una distinción entre las entidades participadas mayoritariamente por el Fondo y aquellas que, de otro modo, han sido asistidas por él, imponiendo unas reglas más estrictas en el caso de las primeras. Las presentes reglas aprobadas a este respecto continuaron la línea iniciada ya en su día a través de las Recomendaciones efectuadas por el Financial Stability Board (FSB) y por la Comisión Europea mediante la aprobación de la Directiva 2010/76/UE, de 24 de noviembre de 2010, y las normas que han incorporado al derecho español esta última. Asimismo, el régimen establecido al efecto tomó en consideración el contenido del Informe sobre Remuneraciones emitido con fecha de 27 de enero de 2012 por el Banco de España en respuesta a la solicitud del Ministro de Economía y Competitividad.

La introducción del presente régimen parte de la realización de una distinción entre las entidades participadas mayoritariamente por el Fondo y aquellas que, de otro modo, han sido asistidas por él, imponiendo unas reglas más estrictas en el caso de las primeras. Las presentes reglas aprobadas a este respecto continuaron la línea iniciada ya en su día a través de las Recomendaciones efectuadas por el Financial Stability Board (FSB) y por la Comisión Europea mediante la aprobación de la Directiva 2010/76/UE, de 24 de noviembre de 2010, y las normas que han incorporado al derecho español esta última. Asimismo, el régimen establecido al efecto tomó en consideración el contenido del Informe sobre Remuneraciones emitido con fecha de 27 de enero de 2012 por el Banco de España en respuesta a la solicitud del Ministro de Economía y Competitividad.

Con carácter general los administradores y los directivos de las entidades de crédito participadas mayoritariamente por el FROB no percibirían, durante el ejercicio 2012, retribución variable ni beneficios discrecionales de pensiones. Sin perjuicio de lo anterior dichas entidades habrían de ajustar las condiciones retributivas de sus administradores y directivos a las que a continuación se indicarán.

Con carácter general los administradores y los directivos de las entidades de crédito participadas mayoritariamente por el FROB no percibirían, durante el ejercicio 2012, retribución variable ni beneficios discrecionales de pensiones. Sin perjuicio de lo anterior dichas entidades habrían de ajustar las condiciones retributivas de sus administradores y directivos a las que a continuación se indicarán.

La retribución variable correspondiente a los ejercicios en los que subsista el apoyo financiero público de los administradores y directivos de las entidades de crédito que, sin hallarse mayoritariamente participadas por el FROB, hubiesen recibido apoyo financiero del mismo, se diferirá tres años, y estará condicionada a la obtención de los resultados que, en rela-

La retribución variable correspondiente a los ejercicios en los que subsista el apoyo financiero público de los administradores y directivos de las entidades de crédito que, sin hallarse mayoritariamente participadas por el FROB, hubiesen recibido apoyo financiero del mismo, se diferirá tres años, y estará condicionada a la obtención de los resultados que, en rela-

La recapitalización de las entidades financieras

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ción con el cumplimiento del plan elaborado para la obtención de aquel, justifiquen su percepción. El Banco de España apreciará la concurrencia de esta circunstancia en el ejercicio de la potestad atribuida por la norma 105, apartado 2.g) de la Circular 3/2008, de 22 de mayo, del Banco de España, a entidades de crédito, sobre determinación y control de los recursos propios mínimos, sin perjuicio de la aplicación del resto de criterios fijados en ella. No obstante, y sin perjuicio de lo anterior, dichas entidades habrían de ajustar las condiciones retributivas de sus administradores y directivos a las reglas que a continuación serán expuestas, así como a la normativa que se dicte en desarrollo del mismo.

ción con el cumplimiento del plan elaborado para la obtención de aquel, justifiquen su percepción. El Banco de España apreciará la concurrencia de esta circunstancia en el ejercicio de la potestad atribuida por la norma 105, apartado 2.g) de la Circular 3/2008, de 22 de mayo, del Banco de España, a entidades de crédito, sobre determinación y control de los recursos propios mínimos, sin perjuicio de la aplicación del resto de criterios fijados en ella. No obstante, y sin perjuicio de lo anterior, dichas entidades habrían de ajustar las condiciones retributivas de sus administradores y directivos a las reglas que a continuación serán expuestas, así como a la normativa que se dicte en desarrollo del mismo.

Aquellas entidades que soliciten apoyo financiero del FROB para su saneamiento o reestructuración, como requisito necesario para disfrutar del mismo, deben incorporar a los contratos que regulen su relación con sus consejeros y directivos el contenido mínimo que determine el Ministro de Economía y Competitividad. La Orden Ministerial que se dicte en uso de esta habilitación deberá contener, entre otras, las siguientes reglas.

Aquellas entidades que soliciten apoyo financiero del FROB para su saneamiento o reestructuración, como requisito necesario para disfrutar del mismo, deben incorporar a los contratos que regulen su relación con sus consejeros y directivos el contenido mínimo que determine el Ministro de Economía y Competitividad. La Orden Ministerial que se dicte en uso de esta habilitación deberá contener, entre otras, las siguientes reglas.

En primer lugar, limitaciones a la retribución con referencia de la aplicada a colectivos similares por la media de las entidades equiparables por tamaño y complejidad. En todo caso dichas limitaciones han de respetar las siguientes cuantías máximas:

En primer lugar, limitaciones a la retribución con referencia de la aplicada a colectivos similares por la media de las entidades equiparables por tamaño y complejidad. En todo caso dichas limitaciones han de respetar las siguientes cuantías máximas:

-1.ª Retribución, por todos los conceptos, de los miembros de los órganos colegiados de administración de entidades participadas mayoritariamente por el FROB, distintos de los contemplados en los siguientes números: 50.000 euros.

-1.ª Retribución, por todos los conceptos, de los miembros de los órganos colegiados de administración de entidades participadas mayoritariamente por el FROB, distintos de los contemplados en los siguientes números: 50.000 euros.

-2.ª Retribución, por todos los conceptos, de los miembros de los órganos colegiados de administración distintos de los contemplados en los siguientes números, de las entidades que, sin hallarse mayoritariamente participadas por el FROB, reciban apoyo financiero del mismo: 100.000 euros.

-2.ª Retribución, por todos los conceptos, de los miembros de los órganos colegiados de administración distintos de los contemplados en los siguientes números, de las entidades que, sin hallarse mayoritariamente participadas por el FROB, reciban apoyo financiero del mismo: 100.000 euros.

-3.ª Retribución fija por todos los conceptos de Presidentes ejecutivos, Consejeros Delegados y directivos de las entidades participadas mayoritariamente por el FROB: 300.000 euros.

-3.ª Retribución fija por todos los conceptos de Presidentes ejecutivos, Consejeros Delegados y directivos de las entidades participadas mayoritariamente por el FROB: 300.000 euros.

-4.ª Retribución fija por todos los conceptos de Presidentes ejecutivos, consejeros delegados y directivos de las entidades que, sin hallarse mayoritariamente participadas por el FROB, reciban apoyo financiero del mismo: 600.000 euros.

-4.ª Retribución fija por todos los conceptos de Presidentes ejecutivos, consejeros delegados y directivos de las entidades que, sin hallarse mayoritariamente participadas por el FROB, reciban apoyo financiero del mismo: 600.000 euros.

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Juan Calvo Vérgez

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Al efecto del cómputo de dichos límites se tendrán en cuenta todas las retribuciones percibidas dentro del grupo al que pertenezca la entidad de crédito. A esos mismos efectos, la retribución fija de los Presidentes y Consejeros ejecutivos incluirá las dietas que perciban por su pertenencia al Consejo de Administración u órganos dependientes del mismo.

Al efecto del cómputo de dichos límites se tendrán en cuenta todas las retribuciones percibidas dentro del grupo al que pertenezca la entidad de crédito. A esos mismos efectos, la retribución fija de los Presidentes y Consejeros ejecutivos incluirá las dietas que perciban por su pertenencia al Consejo de Administración u órganos dependientes del mismo.

En segundo término habrá que tomar en consideración igualmente las limitaciones a la retribución variable, expresada en términos porcentuales sobre la retribución fija, con referencia a la aplicada a colectivos similares por la media de las entidades equiparables por tamaño y complejidad, con aplicación de las reglas indicadas con anterioridad.

En segundo término habrá que tomar en consideración igualmente las limitaciones a la retribución variable, expresada en términos porcentuales sobre la retribución fija, con referencia a la aplicada a colectivos similares por la media de las entidades equiparables por tamaño y complejidad, con aplicación de las reglas indicadas con anterioridad.

Este conjunto de limitaciones podrían levantarse una vez producido el saneamiento de la entidad mediante el pago, amortización, rescate o enajenación de los títulos suscritos por el Fondo, o cuando de cualquier otro modo se entendiese reintegrado al mismo el apoyo financiero prestado.

Este conjunto de limitaciones podrían levantarse una vez producido el saneamiento de la entidad mediante el pago, amortización, rescate o enajenación de los títulos suscritos por el Fondo, o cuando de cualquier otro modo se entendiese reintegrado al mismo el apoyo financiero prestado.

Por otra parte se precisó que este conjunto de disposiciones así como las reglas que, en uso de la habilitación prevista en él, aprobase el Ministro de Economía y Competitividad, deberían también aplicarse, en la parte que corresponda, a las condiciones retributivas de los miembros de los órganos de administración de dichas entidades y cuya relación con la entidad no se regulase en contrato alguno.

Por otra parte se precisó que este conjunto de disposiciones así como las reglas que, en uso de la habilitación prevista en él, aprobase el Ministro de Economía y Competitividad, deberían también aplicarse, en la parte que corresponda, a las condiciones retributivas de los miembros de los órganos de administración de dichas entidades y cuya relación con la entidad no se regulase en contrato alguno.

En el supuesto de que dichas entidades participasen en un proceso de integración de los previstos en el art. 2 del Real Decreto-Ley, las limitaciones a las remuneraciones contempladas sólo serían de aplicación a los administradores y directivos que lo fueren de aquella de las entidades que precisase el apoyo financiero público o que diese origen al mismo, y que habría de identificarse como tal en el correspondiente plan de integración. Asimismo, el Ministro de Economía y Competitividad, a la vista del plan de retribuciones presentado en el marco del proceso de integración regulado en el art. 2 del Real Decreto-Ley 2/2012 y de la situación económico-financiera de las entidades participantes en el mismo, podría modificar los criterios y límites fijados123.

En el supuesto de que dichas entidades participasen en un proceso de integración de los previstos en el art. 2 del Real Decreto-Ley, las limitaciones a las remuneraciones contempladas sólo serían de aplicación a los administradores y directivos que lo fueren de aquella de las entidades que precisase el apoyo financiero público o que diese origen al mismo, y que habría de identificarse como tal en el correspondiente plan de integración. Asimismo, el Ministro de Economía y Competitividad, a la vista del plan de retribuciones presentado en el marco del proceso de integración regulado en el art. 2 del Real Decreto-Ley 2/2012 y de la situación económico-financiera de las entidades participantes en el mismo, podría modificar los criterios y límites fijados123.

A este respecto se entiende por directivos los Directores Generales así como los integrantes de la alta dirección, de conformidad con la definición contenida en el art. 1 del Real Decreto 1382/1985, de 1 de agosto, por el que se regula la relación laboral de carácter especial del personal de alta dirección.

A este respecto se entiende por directivos los Directores Generales así como los integrantes de la alta dirección, de conformidad con la definición contenida en el art. 1 del Real Decreto 1382/1985, de 1 de agosto, por el que se regula la relación laboral de carácter especial del personal de alta dirección.

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La recapitalización de las entidades financieras

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Téngase presente, además, que el eventual incumplimiento por las entidades de las previsiones reseñadas con anterioridad sería constitutivo de infracción grave, incurriendo las mismas en responsabilidad administrativa sancionable con arreglo a lo dispuesto en el Título I de la Ley 26/1988, de 29 de julio.

Téngase presente, además, que el eventual incumplimiento por las entidades de las previsiones reseñadas con anterioridad sería constitutivo de infracción grave, incurriendo las mismas en responsabilidad administrativa sancionable con arreglo a lo dispuesto en el Título I de la Ley 26/1988, de 29 de julio.

En definitiva, el Real Decreto-Ley 2/2012, de 3 de febrero, diseño en su art. 5 el régimen aplicable en materia de remuneraciones a las entidades que reciban apoyo financiero público del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria para su saneamiento o reestructuración, estableciendo una serie de limitaciones a las retribuciones de carácter fijo y variable que los administradores y directivos podrán percibir mientras la entidad financiera cuente con este apoyo financiero público. Dicho Real Decreto-Ley habilitaba al Ministro de Economía y Competitividad, en el citado art. 5, para desarrollar y concretar los límites a las retribuciones mediante la definición del contenido mínimo que las entidades que soliciten apoyo financiero del FROB han de incorporar a los contratos que regulen su relación con sus consejeros y directivos. Los referidos límites serían igualmente de aplicación, de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto-ley, a los administradores y directivos de entidades de crédito participadas mayoritariamente por el FROB o que ya hubiesen recibido apoyo financiero del mismo124.

En definitiva, el Real Decreto-Ley 2/2012, de 3 de febrero, diseño en su art. 5 el régimen aplicable en materia de remuneraciones a las entidades que reciban apoyo financiero público del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria para su saneamiento o reestructuración, estableciendo una serie de limitaciones a las retribuciones de carácter fijo y variable que los administradores y directivos podrán percibir mientras la entidad financiera cuente con este apoyo financiero público. Dicho Real Decreto-Ley habilitaba al Ministro de Economía y Competitividad, en el citado art. 5, para desarrollar y concretar los límites a las retribuciones mediante la definición del contenido mínimo que las entidades que soliciten apoyo financiero del FROB han de incorporar a los contratos que regulen su relación con sus consejeros y directivos. Los referidos límites serían igualmente de aplicación, de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto-ley, a los administradores y directivos de entidades de crédito participadas mayoritariamente por el FROB o que ya hubiesen recibido apoyo financiero del mismo124.

A tal efecto, a través de la aprobación de la Orden ECC/1762/2012, de 3 de agosto, por la que se desarrolla el art. 5 del Real Decreto-Ley 2/2012 en materia de remuneraciones en las entidades que reciban apoyo financiero público para su saneamiento o reestructuración, se concretaron los límites de las retribuciones de consejeros y directivos de las entidades de crédito diferenciando según las entidades se encuentren o no participadas mayoritariamente por el FROB así como si han recibido apoyo financiero

A tal efecto, a través de la aprobación de la Orden ECC/1762/2012, de 3 de agosto, por la que se desarrolla el art. 5 del Real Decreto-Ley 2/2012 en materia de remuneraciones en las entidades que reciban apoyo financiero público para su saneamiento o reestructuración, se concretaron los límites de las retribuciones de consejeros y directivos de las entidades de crédito diferenciando según las entidades se encuentren o no participadas mayoritariamente por el FROB así como si han recibido apoyo financiero

124 Aquellas entidades que hayan sido nacionalizadas por el FROB (CatalunyaCaixa, NovaGalicia, Banco de Valencia o BFA-Bankia) no podrán pagar a sus presidentes y consejeros delegados más de 300.000 euros al año. Dicha cantidad ha de incluir, no ya solo los salarios, sino también dietas, indemnizaciones, o cualquier tipo de retribución que los directivos perciban de estas entidades, de sus filiales, o de los Consejos de Administración donde las representen. Asimismo computarán las aportaciones a planes de pensiones o a cualquier otro instrumento de previsión social y las remuneraciones en especie. Estos límites también se aplicarán a las entidades que se recapitalicen con cargo al préstamo de 100.000 millones concedido por la UE a través del FROB.

124 Aquellas entidades que hayan sido nacionalizadas por el FROB (CatalunyaCaixa, NovaGalicia, Banco de Valencia o BFA-Bankia) no podrán pagar a sus presidentes y consejeros delegados más de 300.000 euros al año. Dicha cantidad ha de incluir, no ya solo los salarios, sino también dietas, indemnizaciones, o cualquier tipo de retribución que los directivos perciban de estas entidades, de sus filiales, o de los Consejos de Administración donde las representen. Asimismo computarán las aportaciones a planes de pensiones o a cualquier otro instrumento de previsión social y las remuneraciones en especie. Estos límites también se aplicarán a las entidades que se recapitalicen con cargo al préstamo de 100.000 millones concedido por la UE a través del FROB.

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Juan Calvo Vérgez

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del Fondo, lo cual afectará a los límites aplicables a la retribución fija y a la retribución variable.

del Fondo, lo cual afectará a los límites aplicables a la retribución fija y a la retribución variable.

Es objeto de regulación lo que debe entenderse por entidades participadas mayoritariamente por el FROB, siendo aquellas en las que el Fondo ostente de forma directa la participación mayoritaria. En cambio, se entiende por entidades que han recibido apoyo financiero público aquellas que están participadas directa o indirectamente por las anteriores siempre que formen parte del mismo grupo en los términos previstos en el art. 42 del Código de Comercio. Asimismo se incluyen dentro de este último grupo a aquellas entidades que hubiesen dado lugar a dicha participación mayoritaria con el fin de evitar que queden al margen los responsables de entidades que originan la necesidad de los apoyos, pero que, por los esquemas diseñados, no los reciben directamente. E igualmente se consideran entidades que han recibido apoyo financiero público aquellas que, sin estar participadas mayoritariamente por el FROB, hayan recibido cualquier forma de apoyo financiero prevista en el Real Decreto-Ley 9/2009, de 26 de junio, sobre reestructuración bancaria y reforzamiento de los recursos propios de las entidades de crédito, así como las entidades dependientes de aquellas en los términos previstos en el art. 42 del Código de Comercio. A efectos del cálculo de los límites se han de tener en cuenta las retribuciones percibidas de las distintas entidades pertenecientes al grupo en que se encuentre integrada la entidad participada o apoyada por el FROB, así como las percibidas de las entidades en las que los administradores y directivos ejerzan cualquier cargo por cuenta o en representación de la entidad participada o apoyada por el Fondo.

Es objeto de regulación lo que debe entenderse por entidades participadas mayoritariamente por el FROB, siendo aquellas en las que el Fondo ostente de forma directa la participación mayoritaria. En cambio, se entiende por entidades que han recibido apoyo financiero público aquellas que están participadas directa o indirectamente por las anteriores siempre que formen parte del mismo grupo en los términos previstos en el art. 42 del Código de Comercio. Asimismo se incluyen dentro de este último grupo a aquellas entidades que hubiesen dado lugar a dicha participación mayoritaria con el fin de evitar que queden al margen los responsables de entidades que originan la necesidad de los apoyos, pero que, por los esquemas diseñados, no los reciben directamente. E igualmente se consideran entidades que han recibido apoyo financiero público aquellas que, sin estar participadas mayoritariamente por el FROB, hayan recibido cualquier forma de apoyo financiero prevista en el Real Decreto-Ley 9/2009, de 26 de junio, sobre reestructuración bancaria y reforzamiento de los recursos propios de las entidades de crédito, así como las entidades dependientes de aquellas en los términos previstos en el art. 42 del Código de Comercio. A efectos del cálculo de los límites se han de tener en cuenta las retribuciones percibidas de las distintas entidades pertenecientes al grupo en que se encuentre integrada la entidad participada o apoyada por el FROB, así como las percibidas de las entidades en las que los administradores y directivos ejerzan cualquier cargo por cuenta o en representación de la entidad participada o apoyada por el Fondo.

Por otro lado, y en conexión con lo previsto en el Real Decreto-Ley 3/2012, de 10 de febrero, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral, se prohíbe que el contrato o los acuerdos de los administradores y directivos incluidos en el ámbito de aplicación de la Orden contengan previsiones de indemnización por terminación de contrato superiores a las previstas en dicho Real Decreto-Ley, haciéndose una definición de lo que deberá ser entendido, a efectos de la citada Orden, por indemnización.

Por otro lado, y en conexión con lo previsto en el Real Decreto-Ley 3/2012, de 10 de febrero, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral, se prohíbe que el contrato o los acuerdos de los administradores y directivos incluidos en el ámbito de aplicación de la Orden contengan previsiones de indemnización por terminación de contrato superiores a las previstas en dicho Real Decreto-Ley, haciéndose una definición de lo que deberá ser entendido, a efectos de la citada Orden, por indemnización.

Fue asimismo objeto de regulación un régimen especial para el caso de integración de entidades, previéndose que en dicho supuesto deberá presentarse al Banco de España un listado de directivos y administradores, especificando los que quedan afectados por las restricciones establecidas

Fue asimismo objeto de regulación un régimen especial para el caso de integración de entidades, previéndose que en dicho supuesto deberá presentarse al Banco de España un listado de directivos y administradores, especificando los que quedan afectados por las restricciones establecidas

La recapitalización de las entidades financieras

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en esta orden y los que no. Con carácter adicional se previó la posibilidad de que el Ministro de Economía y Competitividad module o exima de la aplicación de lo dispuesto en la orden, en determinadas circunstancia a aquellos directivos y administradores que procediesen de la entidad que hubiese motivado el apoyo del FROB. Para finalizar se precisó que, en caso de que el apoyo financiero del FROB se produzca en el curso de un procedimiento competitivo de desinversión, el Ministro de Economía y Competitividad, previa propuesta motivada del Banco de España, pueda igualmente modular o eximir del cumplimiento de los límites anteriores.

en esta orden y los que no. Con carácter adicional se previó la posibilidad de que el Ministro de Economía y Competitividad module o exima de la aplicación de lo dispuesto en la orden, en determinadas circunstancia a aquellos directivos y administradores que procediesen de la entidad que hubiese motivado el apoyo del FROB. Para finalizar se precisó que, en caso de que el apoyo financiero del FROB se produzca en el curso de un procedimiento competitivo de desinversión, el Ministro de Economía y Competitividad, previa propuesta motivada del Banco de España, pueda igualmente modular o eximir del cumplimiento de los límites anteriores.

A la luz de la presente regulación adviértase que, en el caso de integración, los directivos que no formasen parte de la entidad participada mayoritariamente por el FROB o apoyada por éste no quedarán afectados por las limitaciones. Esta exención se mantiene aun cuando pasen a desempeñar sus funciones en la entidad participada o apoyada con posterioridad a la integración. La retribución variable anual no podrá exceder del 60% de la fija brutal anual, la cual se diferirá tres años desde su devengo, condicionándose en todo caso a la obtención de los resultados que, en relación con el cumplimiento del plan elaborado para la obtención del apoyo financiero, justifiquen su percepción. La retribución variable podrá alcanzar hasta el 100% de la fija, previa aprobación del Banco de España, en caso de directivos contratados con posterioridad o de forma simultánea a la recepción de apoyo financiero del FROB.

A la luz de la presente regulación adviértase que, en el caso de integración, los directivos que no formasen parte de la entidad participada mayoritariamente por el FROB o apoyada por éste no quedarán afectados por las limitaciones. Esta exención se mantiene aun cuando pasen a desempeñar sus funciones en la entidad participada o apoyada con posterioridad a la integración. La retribución variable anual no podrá exceder del 60% de la fija brutal anual, la cual se diferirá tres años desde su devengo, condicionándose en todo caso a la obtención de los resultados que, en relación con el cumplimiento del plan elaborado para la obtención del apoyo financiero, justifiquen su percepción. La retribución variable podrá alcanzar hasta el 100% de la fija, previa aprobación del Banco de España, en caso de directivos contratados con posterioridad o de forma simultánea a la recepción de apoyo financiero del FROB.

La Orden Ministerial prohíbe finalmente que el contrato de los administradores contemplen una indemnización por terminación de contrato superiores a los límites establecidos en el Decreto-Ley, fijando unos límites al sueldo variable de los directivos de entidades rescatadas o con ayudas, que no podrá exceder del 60% de la retribución fija bruta anual. Asimismo se les impone un periodo de carencia en el cobro de tres años, siempre y cuando cumplan con los objetivos de gestión que se les ha impuesto. No obstante la retribución variable podrá alcanzar hasta el 100% de la retribución fija bruta anual, si así lo autorizase el Banco de España, en el caso de directivos contratados con posterioridad o de forma simultánea a la recepción de la ayuda. Corresponderá además a éste autorizar expresamente la cuantía, devengo y abono de cualquier retribución variable a los administradores y directivos en el caso de las entidades que absorben a otras que hubiesen requerido ayuda del FROB.

La Orden Ministerial prohíbe finalmente que el contrato de los administradores contemplen una indemnización por terminación de contrato superiores a los límites establecidos en el Decreto-Ley, fijando unos límites al sueldo variable de los directivos de entidades rescatadas o con ayudas, que no podrá exceder del 60% de la retribución fija bruta anual. Asimismo se les impone un periodo de carencia en el cobro de tres años, siempre y cuando cumplan con los objetivos de gestión que se les ha impuesto. No obstante la retribución variable podrá alcanzar hasta el 100% de la retribución fija bruta anual, si así lo autorizase el Banco de España, en el caso de directivos contratados con posterioridad o de forma simultánea a la recepción de la ayuda. Corresponderá además a éste autorizar expresamente la cuantía, devengo y abono de cualquier retribución variable a los administradores y directivos en el caso de las entidades que absorben a otras que hubiesen requerido ayuda del FROB.

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OTRAS MEDIDAS ADOPTADAS POR EL REAL DECRETO-LEY 2/2012

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OTRAS MEDIDAS ADOPTADAS POR EL REAL DECRETO-LEY 2/2012

Dentro de estas restantes medidas adoptadas por el Real Decreto-Ley 2/2012 destacó, en primer lugar, la introducción de un tratamiento especial y más flexible para aquellas entidades de crédito que tengan en circulación participaciones preferentes o instrumentos de deuda obligatoriamente convertibles emitidas antes de la entrada en vigor del Real Decreto-Ley. Dichas entidades podrán incluir en el plan de cumplimiento que desarrollen la solicitud de diferir el pago de la remuneración prevista a pesar de la ausencia de beneficios o reservas distribuibles o la existencia de un déficit de recursos propios. Simultáneamente se modificó la Disposición Transitoria Tercera del Real Decreto-ley 2/2011, de 18 de febrero, para el reforzamiento del sistema financiero, flexibilizando algunos requisitos de estos instrumentos de deuda obligatoriamente convertibles para su cómputo como capital principal.

Dentro de estas restantes medidas adoptadas por el Real Decreto-Ley 2/2012 destacó, en primer lugar, la introducción de un tratamiento especial y más flexible para aquellas entidades de crédito que tengan en circulación participaciones preferentes o instrumentos de deuda obligatoriamente convertibles emitidas antes de la entrada en vigor del Real Decreto-Ley. Dichas entidades podrán incluir en el plan de cumplimiento que desarrollen la solicitud de diferir el pago de la remuneración prevista a pesar de la ausencia de beneficios o reservas distribuibles o la existencia de un déficit de recursos propios. Simultáneamente se modificó la Disposición Transitoria Tercera del Real Decreto-ley 2/2011, de 18 de febrero, para el reforzamiento del sistema financiero, flexibilizando algunos requisitos de estos instrumentos de deuda obligatoriamente convertibles para su cómputo como capital principal.

Así las cosas, y por lo que respecta a estas participaciones preferentes y otros instrumentos en circulación, aquellas entidades de crédito que tengan en circulación participaciones preferentes o instrumentos de deuda obligatoriamente convertibles en acciones emitidas antes de la entrada en vigor del Real Decreto-Ley podrán incluir en el plan de cumplimiento que han de redactar la solicitud de diferir por un plazo no superior a doce meses el pago de la remuneración prevista a pesar de que, como consecuencia del saneamiento que hubiesen tenido que llevar a cabo, no dispusiese de beneficios o reservas distribuibles suficientes o exista un déficit de recursos propios en la entidad de crédito emisora o dominante. El pago de la remuneración así diferido solamente podrá efectuarse, transcurrido el plazo de diferimiento si se dispone de beneficios o reservas distribuibles suficientes y no existe un déficit de recursos propios en la entidad de crédito emisora o dominante.

Así las cosas, y por lo que respecta a estas participaciones preferentes y otros instrumentos en circulación, aquellas entidades de crédito que tengan en circulación participaciones preferentes o instrumentos de deuda obligatoriamente convertibles en acciones emitidas antes de la entrada en vigor del Real Decreto-Ley podrán incluir en el plan de cumplimiento que han de redactar la solicitud de diferir por un plazo no superior a doce meses el pago de la remuneración prevista a pesar de que, como consecuencia del saneamiento que hubiesen tenido que llevar a cabo, no dispusiese de beneficios o reservas distribuibles suficientes o exista un déficit de recursos propios en la entidad de crédito emisora o dominante. El pago de la remuneración así diferido solamente podrá efectuarse, transcurrido el plazo de diferimiento si se dispone de beneficios o reservas distribuibles suficientes y no existe un déficit de recursos propios en la entidad de crédito emisora o dominante.

Y, en segundo término, con el fin de facilitar la gestión de las garantías financieras que otorgan las entidades financieras a favor del Banco de España, del Banco Central Europeo o de otros bancos centrales nacionales de la Unión Europea, se modificó la Disposición Adicional Sexta de la Ley 13/1994, de 1 de junio, de Autonomía del Banco de España, al objeto de lograr una reducción en el coste operativo de dichas actuaciones, además de repercutir favorablemente en las operaciones que las entidades financieras llevan a cabo con el Eurosistema, destacando, en especial, una mayor facilidad operativa para recibir financiación del mismo.

Y, en segundo término, con el fin de facilitar la gestión de las garantías financieras que otorgan las entidades financieras a favor del Banco de España, del Banco Central Europeo o de otros bancos centrales nacionales de la Unión Europea, se modificó la Disposición Adicional Sexta de la Ley 13/1994, de 1 de junio, de Autonomía del Banco de España, al objeto de lograr una reducción en el coste operativo de dichas actuaciones, además de repercutir favorablemente en las operaciones que las entidades financieras llevan a cabo con el Eurosistema, destacando, en especial, una mayor facilidad operativa para recibir financiación del mismo.

XI. EL REAL DECRETO-LEY 18/2012, DE 11 DE MAYO, SOBRE SANEAMIENTO Y VENTA DE LOS ACTIVOS INMOBILIARIOS DEL SECTOR FINANCIERO

1.

ANÁLISIS DEL INCREMENTO APROBADO DE DOTACIONES DE PROVISIONES PARA EL LLAMADO CRÉDITO INMOBILIARIO “SANO”

XI. EL REAL DECRETO-LEY 18/2012, DE 11 DE MAYO, SOBRE SANEAMIENTO Y VENTA DE LOS ACTIVOS INMOBILIARIOS DEL SECTOR FINANCIERO

1.

ANÁLISIS DEL INCREMENTO APROBADO DE DOTACIONES DE PROVISIONES PARA EL LLAMADO CRÉDITO INMOBILIARIO “SANO”

El Real Decreto-Ley 18/2012 fue dictado como continuación al anterior Real Decreto-Ley 2/2012, de 3 de febrero, de saneamiento del sector financiero, a través del cual se pretendió la adopción de un conjunto de medidas urgentes conducentes a lograr el saneamiento de los balances de las entidades de crédito, articulando la dotación de provisiones orientadas a la cobertura del deterioro en dichos balances bancarios ocasionado por los activos problemáticos vinculados a la actividad inmobiliaria.

El Real Decreto-Ley 18/2012 fue dictado como continuación al anterior Real Decreto-Ley 2/2012, de 3 de febrero, de saneamiento del sector financiero, a través del cual se pretendió la adopción de un conjunto de medidas urgentes conducentes a lograr el saneamiento de los balances de las entidades de crédito, articulando la dotación de provisiones orientadas a la cobertura del deterioro en dichos balances bancarios ocasionado por los activos problemáticos vinculados a la actividad inmobiliaria.

A tal efecto, y con el objetivo último de tratar de normalizar la situación del sector financiero español recuperando su función canalizadora del ahorro, a través del Capítulo I del presente Real Decreto-Ley se establecieron un conjunto de requerimientos de cobertura adicionales a los previstos inicialmente en el Real Decreto-Ley 2/2012 en atención al deterioro de las financiaciones vinculadas a la actividad inmobiliaria clasificadas como en situación normal. Estos nuevos requerimientos se establecieron, de modo análogo a lo anterior, por una sola vez, de manera diferenciada en función de las diversas clases de financiaciones.

A tal efecto, y con el objetivo último de tratar de normalizar la situación del sector financiero español recuperando su función canalizadora del ahorro, a través del Capítulo I del presente Real Decreto-Ley se establecieron un conjunto de requerimientos de cobertura adicionales a los previstos inicialmente en el Real Decreto-Ley 2/2012 en atención al deterioro de las financiaciones vinculadas a la actividad inmobiliaria clasificadas como en situación normal. Estos nuevos requerimientos se establecieron, de modo análogo a lo anterior, por una sola vez, de manera diferenciada en función de las diversas clases de financiaciones.

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Juan Calvo Vérgez

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En el presente caso la metodología empleada respetó el criterio recogido en las normas internacionales de contabilidad en la medida en que, en relación con los activos a los que va dirigida, trata de aproximar las menores expectativas de mercado respecto de las reflejadas en los estados financieros de las entidades, puestas de manifiesto a través de unas capitalizaciones de mercado sensiblemente inferiores a sus valores teórico contables, en atención a lo cual se prevé reconocer una pérdida incurrida si el importe recuperable de un activo resulta inferior a su valor en libros, introduciendo una mera presunción de pérdida mínima a considerar.

En el presente caso la metodología empleada respetó el criterio recogido en las normas internacionales de contabilidad en la medida en que, en relación con los activos a los que va dirigida, trata de aproximar las menores expectativas de mercado respecto de las reflejadas en los estados financieros de las entidades, puestas de manifiesto a través de unas capitalizaciones de mercado sensiblemente inferiores a sus valores teórico contables, en atención a lo cual se prevé reconocer una pérdida incurrida si el importe recuperable de un activo resulta inferior a su valor en libros, introduciendo una mera presunción de pérdida mínima a considerar.

Concretamente, y tal y como precisó el art. 1 del presente Real DecretoLey, sobre el saldo vivo a 31 de diciembre de 2011 de las financiaciones relacionadas con el suelo para promoción inmobiliaria y con las construcciones o promociones inmobiliarias correspondientes a la actividad en España de las entidades de crédito y grupos consolidables de entidades de crédito, a las que se refiere el art. 1.2 del Real Decreto-ley 2/2012, se constituirán, por una sola vez, las coberturas con carácter adicional a las establecidas en aquella norma: préstamos para financiar suelo, hasta el 52%; promociones en curso, el 29%; promociones terminadas, el 14%; y créditos sin garantía real, el 52%.

Concretamente, y tal y como precisó el art. 1 del presente Real DecretoLey, sobre el saldo vivo a 31 de diciembre de 2011 de las financiaciones relacionadas con el suelo para promoción inmobiliaria y con las construcciones o promociones inmobiliarias correspondientes a la actividad en España de las entidades de crédito y grupos consolidables de entidades de crédito, a las que se refiere el art. 1.2 del Real Decreto-ley 2/2012, se constituirán, por una sola vez, las coberturas con carácter adicional a las establecidas en aquella norma: préstamos para financiar suelo, hasta el 52%; promociones en curso, el 29%; promociones terminadas, el 14%; y créditos sin garantía real, el 52%.

No obstante con posterioridad la Ley 8/2012, de 30 de octubre, sobre saneamiento y venta de los activos inmobiliarios del sector financiero, aprobada a resultas de la previa aprobación, en su día, de este Real Decreto-Ley 18/2012, de 11 de mayo, sobre saneamiento y venta de los activos inmobiliarios del sector financiero (convalidado por el Congreso de los Diputados el 31 de mayo de 2012, conforme al art. 86 de la Constitución Española, acordando a la vez su tramitación como Proyecto de Ley que devino en la presente Ley125), dichos porcentajes pasaron a ser los siguientes. Existiendo

No obstante con posterioridad la Ley 8/2012, de 30 de octubre, sobre saneamiento y venta de los activos inmobiliarios del sector financiero, aprobada a resultas de la previa aprobación, en su día, de este Real Decreto-Ley 18/2012, de 11 de mayo, sobre saneamiento y venta de los activos inmobiliarios del sector financiero (convalidado por el Congreso de los Diputados el 31 de mayo de 2012, conforme al art. 86 de la Constitución Española, acordando a la vez su tramitación como Proyecto de Ley que devino en la presente Ley125), dichos porcentajes pasaron a ser los siguientes. Existiendo

Esta nueva Ley estableció las disposiciones precisas para asegurar el cumplimiento de los nuevos requerimientos en coherencia con los plazos establecidos en el Real Decreto-Ley 2/2012, de 3 de febrero, para lo que, según ya dispuso el Real Decreto-Ley 18/2012, de 11 de mayo, se mantuvo el plazo de 11 de junio de 2012 para que las entidades de crédito presentaran al Banco de España un plan en el que detallen las medidas que tiene previsto adoptar para dicho cumplimiento. Y, en coherencia con lo dispuesto en el Real Decreto-Ley 2/2012, de 3 de febrero, se estableció un mecanismo de flexibilización del plazo de cumplimiento de los nuevos requerimientos de provisiones para aquellas entidades que fuesen a acometer procesos de integración, que dispondrán de un plazo de doce meses a partir de la autorización del respectivo proceso. Con el fin de evitar ineficiencias en la presentación de los proyectos de procesos de integración, en virtud de los que pudieran surgir por los nuevos requerimientos

Esta nueva Ley estableció las disposiciones precisas para asegurar el cumplimiento de los nuevos requerimientos en coherencia con los plazos establecidos en el Real Decreto-Ley 2/2012, de 3 de febrero, para lo que, según ya dispuso el Real Decreto-Ley 18/2012, de 11 de mayo, se mantuvo el plazo de 11 de junio de 2012 para que las entidades de crédito presentaran al Banco de España un plan en el que detallen las medidas que tiene previsto adoptar para dicho cumplimiento. Y, en coherencia con lo dispuesto en el Real Decreto-Ley 2/2012, de 3 de febrero, se estableció un mecanismo de flexibilización del plazo de cumplimiento de los nuevos requerimientos de provisiones para aquellas entidades que fuesen a acometer procesos de integración, que dispondrán de un plazo de doce meses a partir de la autorización del respectivo proceso. Con el fin de evitar ineficiencias en la presentación de los proyectos de procesos de integración, en virtud de los que pudieran surgir por los nuevos requerimientos

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La recapitalización de las entidades financieras

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garantía real, el 45% para el suelo, el 22% para las promociones en curso y el 7% para las promociones terminadas. Y, sin garantía real, el 45%.

garantía real, el 45% para el suelo, el 22% para las promociones en curso y el 7% para las promociones terminadas. Y, sin garantía real, el 45%.

Si a 31 de diciembre de 2013 el importe de las citadas coberturas no hubiese sido aplicado en su integridad a la finalidad antes indicada, el saldo remanente de las mismas sería, en su caso, asignado a las coberturas de aquellos activos que se determinen por el Banco de España.

Si a 31 de diciembre de 2013 el importe de las citadas coberturas no hubiese sido aplicado en su integridad a la finalidad antes indicada, el saldo remanente de las mismas sería, en su caso, asignado a las coberturas de aquellos activos que se determinen por el Banco de España.

Asimismo se persiguió asegurar el cumplimiento de los nuevos requerimientos en coherencia con los plazos establecidos en el Real Decreto-Ley 2/2012, de 3 de febrero, para lo cual se previó que las entidades de crédito deban presentar al Banco de España, no más tarde del 11 de junio de 2012, un plan en el que detallen las medidas que tienen previsto adoptar para dicho cumplimiento.

Asimismo se persiguió asegurar el cumplimiento de los nuevos requerimientos en coherencia con los plazos establecidos en el Real Decreto-Ley 2/2012, de 3 de febrero, para lo cual se previó que las entidades de crédito deban presentar al Banco de España, no más tarde del 11 de junio de 2012, un plan en el que detallen las medidas que tienen previsto adoptar para dicho cumplimiento.

De acuerdo con lo previsto en su día en el Real Decreto-Ley 2/2012, se estableció un mecanismo de flexibilización del plazo de cumplimiento de los nuevos requerimientos de provisiones para aquellas entidades que vayan a acometer procesos de integración, las cuales dispondrán de un plazo de

De acuerdo con lo previsto en su día en el Real Decreto-Ley 2/2012, se estableció un mecanismo de flexibilización del plazo de cumplimiento de los nuevos requerimientos de provisiones para aquellas entidades que vayan a acometer procesos de integración, las cuales dispondrán de un plazo de

establecidos el Real Decreto-Ley 18/2012, de 11 de mayo, se prorrogó hasta el 30 de junio de 2012 el plazo de presentación de dichos proyectos previsto en el Real Decreto-Ley 2/2012, lo que fue objeto de regulación en la Disposición Final Cuarta de la Ley 8/2012. En el supuesto de que las entidades de crédito, para cumplir con los nuevos requerimientos de cobertura del riesgo inmobiliario, deteriorasen su solvencia de modo tal que su capital principal o sus recursos propios resultaran deficitarios, habrían de prever en su plan de cumplimiento las medidas alternativas que garanticen lo previsto en la Ley. Concretamente, y si así lo dispusiese el Banco de España a la vista de la situación económica-financiera de las entidades, estas vendrían obligadas a solicitar apoyo financiero público a través de la intervención del FROB, que podría inyectar recursos en las entidades a través de la adquisición bien de capital ordinario, o bien de otros instrumentos convertibles en capital. Téngase presente, para finalizar, que la Ley 8/2012 estableció las reglas necesarias para garantizar la neutralidad fiscal de aquellas operaciones que se realicen en la constitución de las sociedades para la gestión de activos. Con el objeto de estimular la venta de los activos inmobiliarios, en relación con el IS, IRPF e IRNR, se introdujo una exención parcial de las rentas derivadas de la transmisión de bienes inmuebles urbanos que se adquieran a partir de la entrada en vigor del Real Decreto-Ley 18/2012, de 11 de mayo, el 12 de mayo de 2012 y hasta el 31 de diciembre de 2012 cuando se cumplan determinados requisitos. Finalmente se moderaron los aranceles notariales y registrales, los cuales serán de aplicación en los supuestos de traspasos de activos financieros o inmobiliarios como consecuencia de operaciones de saneamiento y reestructuración de entidades financieras. Todo ello con el objetivo último de reforzar la solvencia del sector financiero y a sanear sus balances, fortaleciendo la credibilidad en nuestro sistema financiero en el actual contexto, lo que a su vez contribuirá a la estabilidad financiera no sólo en el sector, sino del conjunto de la economía nacional.

establecidos el Real Decreto-Ley 18/2012, de 11 de mayo, se prorrogó hasta el 30 de junio de 2012 el plazo de presentación de dichos proyectos previsto en el Real Decreto-Ley 2/2012, lo que fue objeto de regulación en la Disposición Final Cuarta de la Ley 8/2012. En el supuesto de que las entidades de crédito, para cumplir con los nuevos requerimientos de cobertura del riesgo inmobiliario, deteriorasen su solvencia de modo tal que su capital principal o sus recursos propios resultaran deficitarios, habrían de prever en su plan de cumplimiento las medidas alternativas que garanticen lo previsto en la Ley. Concretamente, y si así lo dispusiese el Banco de España a la vista de la situación económica-financiera de las entidades, estas vendrían obligadas a solicitar apoyo financiero público a través de la intervención del FROB, que podría inyectar recursos en las entidades a través de la adquisición bien de capital ordinario, o bien de otros instrumentos convertibles en capital. Téngase presente, para finalizar, que la Ley 8/2012 estableció las reglas necesarias para garantizar la neutralidad fiscal de aquellas operaciones que se realicen en la constitución de las sociedades para la gestión de activos. Con el objeto de estimular la venta de los activos inmobiliarios, en relación con el IS, IRPF e IRNR, se introdujo una exención parcial de las rentas derivadas de la transmisión de bienes inmuebles urbanos que se adquieran a partir de la entrada en vigor del Real Decreto-Ley 18/2012, de 11 de mayo, el 12 de mayo de 2012 y hasta el 31 de diciembre de 2012 cuando se cumplan determinados requisitos. Finalmente se moderaron los aranceles notariales y registrales, los cuales serán de aplicación en los supuestos de traspasos de activos financieros o inmobiliarios como consecuencia de operaciones de saneamiento y reestructuración de entidades financieras. Todo ello con el objetivo último de reforzar la solvencia del sector financiero y a sanear sus balances, fortaleciendo la credibilidad en nuestro sistema financiero en el actual contexto, lo que a su vez contribuirá a la estabilidad financiera no sólo en el sector, sino del conjunto de la economía nacional.

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doce meses a partir de la autorización del respectivo proceso. Y, con el fin de evitar ineficiencias en la presentación de los proyectos de procesos de integración, en virtud de los que pudieran surgir por los nuevos requerimientos establecidos, se optó por prorrogar hasta el 30 de junio de 2012 el plazo de presentación de dichos proyectos previsto en el real decreto-ley antes citado.

doce meses a partir de la autorización del respectivo proceso. Y, con el fin de evitar ineficiencias en la presentación de los proyectos de procesos de integración, en virtud de los que pudieran surgir por los nuevos requerimientos establecidos, se optó por prorrogar hasta el 30 de junio de 2012 el plazo de presentación de dichos proyectos previsto en el real decreto-ley antes citado.

En el hipotético caso de que las entidades de crédito, para cumplir con los nuevos requerimientos de cobertura del riesgo inmobiliario, deteriorasen su solvencia de modo tal que su capital principal o sus recursos propios resultasen deficitarios, habrían de prever en su plan de cumplimiento las medidas alternativas que garanticen lo dispuesto en este Real DecretoLey18/2012. Concretamente, y siempre y cuando así lo dispusiese el Banco de España a la vista de la situación económica-financiera de las entidades, éstas quedarían obligadas a solicitar apoyo financiero público a través de la intervención del FROB, que podrá inyectar recursos en las entidades a través de la adquisición bien de capital ordinario, o bien de otros instrumentos convertibles en capital.

En el hipotético caso de que las entidades de crédito, para cumplir con los nuevos requerimientos de cobertura del riesgo inmobiliario, deteriorasen su solvencia de modo tal que su capital principal o sus recursos propios resultasen deficitarios, habrían de prever en su plan de cumplimiento las medidas alternativas que garanticen lo dispuesto en este Real DecretoLey18/2012. Concretamente, y siempre y cuando así lo dispusiese el Banco de España a la vista de la situación económica-financiera de las entidades, éstas quedarían obligadas a solicitar apoyo financiero público a través de la intervención del FROB, que podrá inyectar recursos en las entidades a través de la adquisición bien de capital ordinario, o bien de otros instrumentos convertibles en capital.

Las entidades de crédito y los grupos consolidables de entidades de crédito han de cumplir los citados requerimientos de cobertura adicionales antes del 31 de diciembre de 2012. Aquellas entidades de crédito que, durante el ejercicio 2012, llevasen a cabo procesos de integración que supongan una transformación significativa de entidades que no pertenezcan a un mismo grupo, dispondrían no obstante de doce meses desde que obtengan la preceptiva autorización para cumplir lo anteriormente indicado, siempre que la integración se llevase a cabo a través de operaciones que supongan modificaciones estructurales o adquisición de entidades participadas mayoritariamente por el FROB o en las que éste hubiese sido designado administrador provisional, incluya medidas tendentes a la mejora de su gobierno corporativo, incorpore un plan de desinversión de activos relacionados con riesgos inmobiliarios así como compromisos de incrementar el crédito a familias y pequeñas y medianas empresas.

Las entidades de crédito y los grupos consolidables de entidades de crédito han de cumplir los citados requerimientos de cobertura adicionales antes del 31 de diciembre de 2012. Aquellas entidades de crédito que, durante el ejercicio 2012, llevasen a cabo procesos de integración que supongan una transformación significativa de entidades que no pertenezcan a un mismo grupo, dispondrían no obstante de doce meses desde que obtengan la preceptiva autorización para cumplir lo anteriormente indicado, siempre que la integración se llevase a cabo a través de operaciones que supongan modificaciones estructurales o adquisición de entidades participadas mayoritariamente por el FROB o en las que éste hubiese sido designado administrador provisional, incluya medidas tendentes a la mejora de su gobierno corporativo, incorpore un plan de desinversión de activos relacionados con riesgos inmobiliarios así como compromisos de incrementar el crédito a familias y pequeñas y medianas empresas.

A tal efecto, y tal y como se ha precisado con anterioridad, las entidades de crédito y los grupos consolidables de entidades de crédito debían presentar al Banco de España, hasta el 11 de junio de 2012, un plan en el que detallasen las medidas que tenían previsto adoptar para dar cumplimiento a estas nuevas exigencias adicionales de provisiones, incluyendo un pro-

A tal efecto, y tal y como se ha precisado con anterioridad, las entidades de crédito y los grupos consolidables de entidades de crédito debían presentar al Banco de España, hasta el 11 de junio de 2012, un plan en el que detallasen las medidas que tenían previsto adoptar para dar cumplimiento a estas nuevas exigencias adicionales de provisiones, incluyendo un pro-

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grama de desinversión de activos relacionados con riesgos inmobiliarios y un calendario de ejecución del mismo.

grama de desinversión de activos relacionados con riesgos inmobiliarios y un calendario de ejecución del mismo.

En el supuesto de que del citado plan se derivase que la entidad o el grupo consolidable de entidades de crédito, una vez constituidas las provisiones exigidas, pudieran incurrir en déficit de capital principal o de recursos propios computables, habrían de incluir en el citado plan las medidas que tuviesen previsto acometer para no incurrir en dicho déficit, cuyo plazo de ejecución no podrá ser superior a cinco meses.

En el supuesto de que del citado plan se derivase que la entidad o el grupo consolidable de entidades de crédito, una vez constituidas las provisiones exigidas, pudieran incurrir en déficit de capital principal o de recursos propios computables, habrían de incluir en el citado plan las medidas que tuviesen previsto acometer para no incurrir en dicho déficit, cuyo plazo de ejecución no podrá ser superior a cinco meses.

En todo caso el concreto plan presentado al efecto habría de ser aprobado por el Banco de España en el plazo de quince días hábiles, pudiendo exigir éste las modificaciones o las medidas adicionales que considere necesarias para garantizar el cumplimiento de lo previsto al efecto. Así, el Banco de España habría de entrar a valorar la probabilidad de que las medidas previstas por la entidad o el grupo consolidable de entidades de crédito pudieran llevarse a efecto en los plazos previstos y, si así lo considerase necesario, a la vista de las circunstancias concurrentes, podría imponer medidas adicionales, incluida la solicitud de apoyo financiero del FROB, cuyo otorgamiento habría de ajustarse a lo dispuesto en los arts. 9.3 y 10.3 del Real Decreto Ley 9/2009, de 26 de junio, sobre reestructuración bancaria y reforzamiento de los recursos propios de las entidades de crédito126.

En todo caso el concreto plan presentado al efecto habría de ser aprobado por el Banco de España en el plazo de quince días hábiles, pudiendo exigir éste las modificaciones o las medidas adicionales que considere necesarias para garantizar el cumplimiento de lo previsto al efecto. Así, el Banco de España habría de entrar a valorar la probabilidad de que las medidas previstas por la entidad o el grupo consolidable de entidades de crédito pudieran llevarse a efecto en los plazos previstos y, si así lo considerase necesario, a la vista de las circunstancias concurrentes, podría imponer medidas adicionales, incluida la solicitud de apoyo financiero del FROB, cuyo otorgamiento habría de ajustarse a lo dispuesto en los arts. 9.3 y 10.3 del Real Decreto Ley 9/2009, de 26 de junio, sobre reestructuración bancaria y reforzamiento de los recursos propios de las entidades de crédito126.

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LA CREACIÓN DE SOCIEDADES DE GESTIÓN DE ACTIVOS DESTINADAS A RECIBIR LOS ACTIVOS INMOBILIARIOS FÍSICOS PROBLEMÁTICOS

LA CREACIÓN DE SOCIEDADES DE GESTIÓN DE ACTIVOS DESTINADAS A RECIBIR LOS ACTIVOS INMOBILIARIOS FÍSICOS PROBLEMÁTICOS

A través del Capítulo II del Real Decreto-Ley 18/2012, y con la finalidad de aislar y dar salida en el mercado a los activos inmobiliarios, cuya integración en el balance de las entidades dificulta la recuperación del crédito, se previó la constitución de sociedades de capital a las que las entidades de

A través del Capítulo II del Real Decreto-Ley 18/2012, y con la finalidad de aislar y dar salida en el mercado a los activos inmobiliarios, cuya integración en el balance de las entidades dificulta la recuperación del crédito, se previó la constitución de sociedades de capital a las que las entidades de

En relación con esta cuestión, y al margen de la responsabilidad administrativa en la que pudieran incurrir la entidad y quienes ostenten cargos de administración y dirección en la misma, dispone el art. 2.4 del Real Decreto-ley 18/2012 que el incumplimiento grave de alguna de las medidas incluidas en el plan aprobado por el Banco de España que ponga en peligro la consecución de los objetivos del plan podrá determinar la aplicación de lo previsto en el art. 7 del Real Decreto-ley 9/2009 cuando la entidad en cuestión se encuentre en la situación prevista en el art. 6 de la citada norma.

En relación con esta cuestión, y al margen de la responsabilidad administrativa en la que pudieran incurrir la entidad y quienes ostenten cargos de administración y dirección en la misma, dispone el art. 2.4 del Real Decreto-ley 18/2012 que el incumplimiento grave de alguna de las medidas incluidas en el plan aprobado por el Banco de España que ponga en peligro la consecución de los objetivos del plan podrá determinar la aplicación de lo previsto en el art. 7 del Real Decreto-ley 9/2009 cuando la entidad en cuestión se encuentre en la situación prevista en el art. 6 de la citada norma.

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crédito habrían de aportar todos los inmuebles adjudicados o recibidos en pago de deudas relacionadas con el suelo para la promoción inmobiliaria y con las construcciones o promociones inmobiliarias.

crédito habrían de aportar todos los inmuebles adjudicados o recibidos en pago de deudas relacionadas con el suelo para la promoción inmobiliaria y con las construcciones o promociones inmobiliarias.

En efecto, aquellos activos adjudicados o recibidos en pago de deudas regulados en el art. 1.1 del Real Decreto-Ley 2/2012 habrían de ser aportados por las entidades de crédito a una sociedad anónima, junto con aquellos otros activos adjudicados o recibidos en pago de deudas con posterioridad 31 de diciembre de 2011. Dichas sociedades habrían de regirse por lo dispuesto en el Real Decreto-legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, al margen de lo dispuesto en el Real Decreto-Ley 18/2012.

En efecto, aquellos activos adjudicados o recibidos en pago de deudas regulados en el art. 1.1 del Real Decreto-Ley 2/2012 habrían de ser aportados por las entidades de crédito a una sociedad anónima, junto con aquellos otros activos adjudicados o recibidos en pago de deudas con posterioridad 31 de diciembre de 2011. Dichas sociedades habrían de regirse por lo dispuesto en el Real Decreto-legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, al margen de lo dispuesto en el Real Decreto-Ley 18/2012.

El objeto social exclusivo de estas sociedades a las que aporten sus activos las entidades que hubiesen recibido apoyo financiero del FROB ha de ser la administración y enajenación, ya sea de forma directa o indirecta, de los activos aportados a la misma. Y, tratándose de entidades participadas mayoritariamente por el citado Fondo así como en el de entidades en las que el Fondo haya sido designado administrador provisional, el FROB decidirá si la entidad de crédito debe o no constituir una sociedad de estas características.

El objeto social exclusivo de estas sociedades a las que aporten sus activos las entidades que hubiesen recibido apoyo financiero del FROB ha de ser la administración y enajenación, ya sea de forma directa o indirecta, de los activos aportados a la misma. Y, tratándose de entidades participadas mayoritariamente por el citado Fondo así como en el de entidades en las que el Fondo haya sido designado administrador provisional, el FROB decidirá si la entidad de crédito debe o no constituir una sociedad de estas características.

En todo caso, y con carácter previo a la decisión de creación de dichas sociedades el FROB elevará al Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas una memoria económica en la que se detalle la programación económico-financiera para el período de duración previsto. Y, sobre la base de dicha memoria, la Intervención General de la Administración del Estado informará de los posibles efectos que la realización de esta operación pudiera provocar en las cuentas públicas al Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, el cual podrá oponerse motivadamente en el plazo de diez días a contar desde que le sea elevada la citada memoria127.

En todo caso, y con carácter previo a la decisión de creación de dichas sociedades el FROB elevará al Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas una memoria económica en la que se detalle la programación económico-financiera para el período de duración previsto. Y, sobre la base de dicha memoria, la Intervención General de la Administración del Estado informará de los posibles efectos que la realización de esta operación pudiera provocar en las cuentas públicas al Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, el cual podrá oponerse motivadamente en el plazo de diez días a contar desde que le sea elevada la citada memoria127.

En este sentido se hacía necesario garantizar que su valoración resultase ajustada a la realidad del mercado así como la profesionalización de la gestión de las sociedades citadas. En atención a ello este Real Decreto-Ley 18/2012 incorporó un conjunto de reglas necesarias para garantizar la neutralidad fiscal de las operaciones que se realicen en la constitución de las

En este sentido se hacía necesario garantizar que su valoración resultase ajustada a la realidad del mercado así como la profesionalización de la gestión de las sociedades citadas. En atención a ello este Real Decreto-Ley 18/2012 incorporó un conjunto de reglas necesarias para garantizar la neutralidad fiscal de las operaciones que se realicen en la constitución de las

127 Establece además el art. 3.5 del Real Decreto-Ley 18/2012 que reglamentariamente podrán establecerse instrumentos de apoyo financiero a las adquisiciones de capital en dichas sociedades.

127 Establece además el art. 3.5 del Real Decreto-Ley 18/2012 que reglamentariamente podrán establecerse instrumentos de apoyo financiero a las adquisiciones de capital en dichas sociedades.

La recapitalización de las entidades financieras

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La recapitalización de las entidades financieras

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sociedades para la gestión de activos, las cuales quedaron posteriormente recogidas en la Ley 8/2012.

sociedades para la gestión de activos, las cuales quedaron posteriormente recogidas en la Ley 8/2012.

Tal y como dispone el art. 4.1 del Real Decreto-Ley 18/2012 las aportaciones efectuadas a la sociedad han de efectuarse antes de que termine el plazo de dotación de provisiones que resulte de aplicación a la entidad, según lo previsto en los arts. 1 y 2 del Real Decreto-Ley 2/2012 y 2 del Real Decreto-Ley 18/2012. Dichas aportaciones a la sociedad se valorarán por su valor razonable. Y, en ausencia de dicho valor razonable, o cuando exista dificultad para obtenerlo, se valorarán por su valor en libros determinado tomando en consideración las provisiones que los activos deban tener constituidas en aplicación de los arts. 1.1 del Real Decreto-ley 2/2012 y 1.1 del Real Decreto-Ley 18/2012.

Tal y como dispone el art. 4.1 del Real Decreto-Ley 18/2012 las aportaciones efectuadas a la sociedad han de efectuarse antes de que termine el plazo de dotación de provisiones que resulte de aplicación a la entidad, según lo previsto en los arts. 1 y 2 del Real Decreto-Ley 2/2012 y 2 del Real Decreto-Ley 18/2012. Dichas aportaciones a la sociedad se valorarán por su valor razonable. Y, en ausencia de dicho valor razonable, o cuando exista dificultad para obtenerlo, se valorarán por su valor en libros determinado tomando en consideración las provisiones que los activos deban tener constituidas en aplicación de los arts. 1.1 del Real Decreto-ley 2/2012 y 1.1 del Real Decreto-Ley 18/2012.

En el supuesto de que, en el momento de la aportación a la sociedad, los activos no tuviesen constituidas las provisiones a las que se ha aludido con anterioridad, dichas provisiones habrían de ser completadas por la sociedad beneficiaria de la aportación en las fechas en que resulten exigibles de acuerdo con lo previsto en ambos Reales Decretos-Leyes.

En el supuesto de que, en el momento de la aportación a la sociedad, los activos no tuviesen constituidas las provisiones a las que se ha aludido con anterioridad, dichas provisiones habrían de ser completadas por la sociedad beneficiaria de la aportación en las fechas en que resulten exigibles de acuerdo con lo previsto en ambos Reales Decretos-Leyes.

De acuerdo con lo señalado por el art. 67 del TRLSC, la referida valoración sustituiría la valoración de experto independiente prevista en dicho precepto, siempre que la aportación se realizase dentro del calendario de provisionamiento al que viniera obligada la entidad aportante.

De acuerdo con lo señalado por el art. 67 del TRLSC, la referida valoración sustituiría la valoración de experto independiente prevista en dicho precepto, siempre que la aportación se realizase dentro del calendario de provisionamiento al que viniera obligada la entidad aportante.

Aquellas entidades que hubiesen recibido apoyo financiero del FROB dispondrían de un plazo de 3 años a contar desde su entrada en vigor para adoptar y ejecutar las medidas precisas para que la vinculación de la sociedad para la gestión de activos con la entidad sea como máximo la de empresa asociada.

Aquellas entidades que hubiesen recibido apoyo financiero del FROB dispondrían de un plazo de 3 años a contar desde su entrada en vigor para adoptar y ejecutar las medidas precisas para que la vinculación de la sociedad para la gestión de activos con la entidad sea como máximo la de empresa asociada.

Señala el art. 5 del Real Decreto-Ley 18/2012 que las sociedades participadas por entidades de crédito que reciban apoyo financiero al amparo de lo indicado con anterioridad quedan obligadas a enajenar anualmente, al menos, un 5 % de sus activos a un tercero distinto de la entidad de crédito aportante o de cualquier sociedad de su grupo, debiendo contar los administradores de dichas sociedades con experiencia acreditada en la gestión de activos inmobiliarios128.

Señala el art. 5 del Real Decreto-Ley 18/2012 que las sociedades participadas por entidades de crédito que reciban apoyo financiero al amparo de lo indicado con anterioridad quedan obligadas a enajenar anualmente, al menos, un 5 % de sus activos a un tercero distinto de la entidad de crédito aportante o de cualquier sociedad de su grupo, debiendo contar los administradores de dichas sociedades con experiencia acreditada en la gestión de activos inmobiliarios128.

128 Asimismo, y de conformidad con lo establecido en el art. 6 del Real Decreto-Ley 18/2012, las entidades de crédito deberán disponer de bases de datos con la información necesaria para

128 Asimismo, y de conformidad con lo establecido en el art. 6 del Real Decreto-Ley 18/2012, las entidades de crédito deberán disponer de bases de datos con la información necesaria para

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Juan Calvo Vérgez

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Debe precisarse no obstante que, tal y como se señala en la Disp. Transit. Quinta del RDLey 24/2012, de 31 de agosto, al que tendremos ocasión de referirnos con posterioridad, la obligación de aportar activos adjudicados o recibidos en pago a las sociedades de gestión de activos a las que se refiere el Capítulo II del Real Decreto-ley 18/2012 resultará de aplicación a aquellas entidades de crédito participadas mayoritariamente por el FROB o que estuvieran sometidas a un proceso de resolución, ni al resto de entidades de crédito pertenecientes a su grupo o subgrupo consolidable.

Debe precisarse no obstante que, tal y como se señala en la Disp. Transit. Quinta del RDLey 24/2012, de 31 de agosto, al que tendremos ocasión de referirnos con posterioridad, la obligación de aportar activos adjudicados o recibidos en pago a las sociedades de gestión de activos a las que se refiere el Capítulo II del Real Decreto-ley 18/2012 resultará de aplicación a aquellas entidades de crédito participadas mayoritariamente por el FROB o que estuvieran sometidas a un proceso de resolución, ni al resto de entidades de crédito pertenecientes a su grupo o subgrupo consolidable.

Téngase presente por otra parte que este conjunto de obligaciones previstas en el Real Decreto-Ley 18/2012 adquieren la consideración de normas de ordenación y disciplina, incurriendo las entidades de crédito y quienes ostenten cargos de administración y dirección en las mismas que las incumplan en responsabilidad administrativa sancionable con arreglo a lo dispuesto en el Título I de la Ley 26/1988, de 29 de julio, sobre Disciplina e Intervención de las Entidades de Crédito129.

Téngase presente por otra parte que este conjunto de obligaciones previstas en el Real Decreto-Ley 18/2012 adquieren la consideración de normas de ordenación y disciplina, incurriendo las entidades de crédito y quienes ostenten cargos de administración y dirección en las mismas que las incumplan en responsabilidad administrativa sancionable con arreglo a lo dispuesto en el Título I de la Ley 26/1988, de 29 de julio, sobre Disciplina e Intervención de las Entidades de Crédito129.

Asimismo se ha de precisar que, en fechas pasadas, desde el Ejecutivo se había decidido no prorrogar la Disposición Transitoria Tercera de la Ley del Suelo de 2008, por la cual seguía vigente el régimen de valoraciones de la Ley de Suelo de 1998, lo que motivó que los terrenos que acumulaba la banca pasasen a valer, a efectos expropiatorios, apenas un 10% de su valor inicial. Y ello debido a que la Ley de Suelo vigente, la de 2008, estipula que las expropiaciones de suelos no edificados se hagan a precio de rústico.

Asimismo se ha de precisar que, en fechas pasadas, desde el Ejecutivo se había decidido no prorrogar la Disposición Transitoria Tercera de la Ley del Suelo de 2008, por la cual seguía vigente el régimen de valoraciones de la Ley de Suelo de 1998, lo que motivó que los terrenos que acumulaba la banca pasasen a valer, a efectos expropiatorios, apenas un 10% de su valor inicial. Y ello debido a que la Ley de Suelo vigente, la de 2008, estipula que las expropiaciones de suelos no edificados se hagan a precio de rústico.

Con carácter general, a la hora de configurar las sociedades de gestión de activos, una de las principales cuestiones que se han planteado ha sido la consistente en definir qué activos podrían transferir las entidades al banco malo. El Memorando del rescate bancario diseñado al efecto para nuestras entidades financieras, al que posteriormente nos referiremos alude, en par-

Con carácter general, a la hora de configurar las sociedades de gestión de activos, una de las principales cuestiones que se han planteado ha sido la consistente en definir qué activos podrían transferir las entidades al banco malo. El Memorando del rescate bancario diseñado al efecto para nuestras entidades financieras, al que posteriormente nos referiremos alude, en par-

la gestión de los activos que deben aportar a la sociedad. A tal efecto el Banco de España, en el plazo de dos meses a contar desde la entrada en vigor del citado Real Decreto-ley (12 de mayo de 2012), determinaría los requisitos que han de cumplir estas bases de datos. Dichas bases deberán ser transferidas a la sociedad antes de que termine el plazo de dotación de provisiones que resulte de aplicación a la entidad, según lo previsto en los arts. 1 y 2 del Real Decreto-ley 2/2012 y 2 del Real Decreto-Ley 18/2012. 129 Precisa concretamente el art. 7.2 del Real Decreto-Ley 18/2012 que el incumplimiento de lo dispuesto en dicho texto normativo se considerará infracción grave o muy grave de acuerdo con lo previsto en la letra h) del art. 5 y en la letra c) del art. 4 de la Ley 26/1988, de 29 de julio.

la gestión de los activos que deben aportar a la sociedad. A tal efecto el Banco de España, en el plazo de dos meses a contar desde la entrada en vigor del citado Real Decreto-ley (12 de mayo de 2012), determinaría los requisitos que han de cumplir estas bases de datos. Dichas bases deberán ser transferidas a la sociedad antes de que termine el plazo de dotación de provisiones que resulte de aplicación a la entidad, según lo previsto en los arts. 1 y 2 del Real Decreto-ley 2/2012 y 2 del Real Decreto-Ley 18/2012. 129 Precisa concretamente el art. 7.2 del Real Decreto-Ley 18/2012 que el incumplimiento de lo dispuesto en dicho texto normativo se considerará infracción grave o muy grave de acuerdo con lo previsto en la letra h) del art. 5 y en la letra c) del art. 4 de la Ley 26/1988, de 29 de julio.

La recapitalización de las entidades financieras

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ticular, a los inmuebles adjudicados y a los créditos concedidos a promotores, pero también a otros activos con signos de “fuerte deterioro”. Desde nuestro punto de vista ello posibilitaría sacar del balance de las entidades financieras al entramado de participaciones accionariales de los bancos en empresas promotoras. Se trata de una cuestión a la que tendremos ocasión de referirnos más detenidamente en otro Epígrafe de la presente obra.

ticular, a los inmuebles adjudicados y a los créditos concedidos a promotores, pero también a otros activos con signos de “fuerte deterioro”. Desde nuestro punto de vista ello posibilitaría sacar del balance de las entidades financieras al entramado de participaciones accionariales de los bancos en empresas promotoras. Se trata de una cuestión a la que tendremos ocasión de referirnos más detenidamente en otro Epígrafe de la presente obra.

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ALCANCE DE OTRAS MODIFICACIONES OPERADAS A TRAVÉS DEL REAL DECRETO-LEY 18/2012

ALCANCE DE OTRAS MODIFICACIONES OPERADAS A TRAVÉS DEL REAL DECRETO-LEY 18/2012

Como complemento al conjunto de modificaciones anteriores, y al objeto de tratar de estimular la venta de los activos inmobiliarios, en relación con el Impuesto sobre Sociedades, Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas e Impuesto sobre la Renta de no Residentes, se introdujo una exención parcial de las rentas derivadas de la transmisión de bienes inmuebles urbanos que se adquiriesen a partir de la entrada en vigor del Real Decreto-Ley y hasta el 31 de diciembre de 2012, siempre y cuando se cumplan determinados requisitos.

Como complemento al conjunto de modificaciones anteriores, y al objeto de tratar de estimular la venta de los activos inmobiliarios, en relación con el Impuesto sobre Sociedades, Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas e Impuesto sobre la Renta de no Residentes, se introdujo una exención parcial de las rentas derivadas de la transmisión de bienes inmuebles urbanos que se adquiriesen a partir de la entrada en vigor del Real Decreto-Ley y hasta el 31 de diciembre de 2012, siempre y cuando se cumplan determinados requisitos.

Con carácter general el régimen fiscal establecido en el Capítulo VIII del Título VII del Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, aprobado mediante Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, para las operaciones reguladas en el art. 83 de dicha Ley (incluidos sus efectos en los demás tributos) se aplicará a estas transmisiones de activos y pasivos efectuadas, aun cuando no se correspondan con las operaciones mencionadas en los arts. 83 y 94 del TRLIS. Con carácter adicional no será de aplicación la excepción a la exención prevista en el apartado 2 del art. 108 de la Ley 24/1988, de 27 de julio, del Mercado de Valores, a las transmisiones posteriores de las participaciones recibidas como consecuencia de la constitución de las nuevas sociedades para la gestión de activos inmobiliarios y de las participaciones de entidades de crédito afectadas por planes de integración reguladas en el Real Decreto-Ley 9/2009, de 26 de junio, sobre reestructuración bancaria y reforzamiento de los recursos propios de las entidades de crédito.

Con carácter general el régimen fiscal establecido en el Capítulo VIII del Título VII del Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, aprobado mediante Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, para las operaciones reguladas en el art. 83 de dicha Ley (incluidos sus efectos en los demás tributos) se aplicará a estas transmisiones de activos y pasivos efectuadas, aun cuando no se correspondan con las operaciones mencionadas en los arts. 83 y 94 del TRLIS. Con carácter adicional no será de aplicación la excepción a la exención prevista en el apartado 2 del art. 108 de la Ley 24/1988, de 27 de julio, del Mercado de Valores, a las transmisiones posteriores de las participaciones recibidas como consecuencia de la constitución de las nuevas sociedades para la gestión de activos inmobiliarios y de las participaciones de entidades de crédito afectadas por planes de integración reguladas en el Real Decreto-Ley 9/2009, de 26 de junio, sobre reestructuración bancaria y reforzamiento de los recursos propios de las entidades de crédito.

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Juan Calvo Vérgez

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Aquellas entidades de crédito que realicen dichas operaciones podrán instar al Banco de España que solicite informe a la Dirección General de Tributos sobre las consecuencias tributarias que se deriven de estas operaciones, el cual habrá de emitirse en el plazo máximo de un mes, teniendo efectos vinculantes para los órganos y entidades de la Administración tributaria encargados de la aplicación de los tributos.

Aquellas entidades de crédito que realicen dichas operaciones podrán instar al Banco de España que solicite informe a la Dirección General de Tributos sobre las consecuencias tributarias que se deriven de estas operaciones, el cual habrá de emitirse en el plazo máximo de un mes, teniendo efectos vinculantes para los órganos y entidades de la Administración tributaria encargados de la aplicación de los tributos.

Y, tal y como se ha precisado con anterioridad, la Disposición Adicional Primera del Real Decreto-Ley 18/2012 contempla el otorgamiento de un tratamiento excepcional de las participaciones preferentes y otros instrumentos en circulación, señalándose que aquellas entidades de crédito que tengan en circulación participaciones preferentes o instrumentos de deuda obligatoriamente convertibles en acciones emitidos antes de la entrada en vigor del citado Real Decreto-Ley 18/2012 (12 de mayo de 2012) o canjeados por los anteriores podrán incluir, en el plan al que se refiere el art. 2 de dicho Real Decreto-Ley, la solicitud de diferir por un plazo no superior a doce meses el pago de la remuneración prevista, a pesar de que, como consecuencia del saneamiento que hayan tenido que llevar a cabo, no dispongan de beneficios o reservas distribuibles suficientes o exista un déficit de recursos propios en la entidad de crédito emisora o dominante. No obstante el pago de esta remuneración así diferido solamente podrá efectuarse transcurrido el plazo de diferimiento si se dispone de beneficios o reservas distribuibles suficientes y no existe un déficit de recursos propios en la entidad de crédito emisora o dominante.

Y, tal y como se ha precisado con anterioridad, la Disposición Adicional Primera del Real Decreto-Ley 18/2012 contempla el otorgamiento de un tratamiento excepcional de las participaciones preferentes y otros instrumentos en circulación, señalándose que aquellas entidades de crédito que tengan en circulación participaciones preferentes o instrumentos de deuda obligatoriamente convertibles en acciones emitidos antes de la entrada en vigor del citado Real Decreto-Ley 18/2012 (12 de mayo de 2012) o canjeados por los anteriores podrán incluir, en el plan al que se refiere el art. 2 de dicho Real Decreto-Ley, la solicitud de diferir por un plazo no superior a doce meses el pago de la remuneración prevista, a pesar de que, como consecuencia del saneamiento que hayan tenido que llevar a cabo, no dispongan de beneficios o reservas distribuibles suficientes o exista un déficit de recursos propios en la entidad de crédito emisora o dominante. No obstante el pago de esta remuneración así diferido solamente podrá efectuarse transcurrido el plazo de diferimiento si se dispone de beneficios o reservas distribuibles suficientes y no existe un déficit de recursos propios en la entidad de crédito emisora o dominante.

Por lo que respecta a los referidos beneficios fiscales introducidos en el ámbito del IS, del IRNR y del IRPF, mediante la Disposición Final Primera del Real Decreto-Ley 18/2012 se articuló una modificación del TRLIS añadiéndose, con efectos desde el 12 de mayo de 2012, una nueva Disposición Adicional Decimosexta al citado Texto Refundido, relativa a la exención de rentas derivadas de la transmisión de determinados inmuebles, y de conformidad con la cual quedan exentas en un 50 por ciento las rentas positivas derivadas de la transmisión de bienes inmuebles de naturaleza urbana que tengan la condición de activo no corriente o que hubiesen sido clasificados como activos no corrientes mantenidos para la venta y que hubieran sido adquiridos a título oneroso a partir de la entrada en vigor del Real DecretoLey 18/2012 y hasta el 31 de diciembre de 2012. Ahora bien, no formarán parte de la renta con derecho a la exención el importe de las pérdidas por

Por lo que respecta a los referidos beneficios fiscales introducidos en el ámbito del IS, del IRNR y del IRPF, mediante la Disposición Final Primera del Real Decreto-Ley 18/2012 se articuló una modificación del TRLIS añadiéndose, con efectos desde el 12 de mayo de 2012, una nueva Disposición Adicional Decimosexta al citado Texto Refundido, relativa a la exención de rentas derivadas de la transmisión de determinados inmuebles, y de conformidad con la cual quedan exentas en un 50 por ciento las rentas positivas derivadas de la transmisión de bienes inmuebles de naturaleza urbana que tengan la condición de activo no corriente o que hubiesen sido clasificados como activos no corrientes mantenidos para la venta y que hubieran sido adquiridos a título oneroso a partir de la entrada en vigor del Real DecretoLey 18/2012 y hasta el 31 de diciembre de 2012. Ahora bien, no formarán parte de la renta con derecho a la exención el importe de las pérdidas por

La recapitalización de las entidades financieras

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deterioro relativas a los inmuebles ni las cantidades correspondientes a la reversión del exceso de amortización que haya sido fiscalmente deducible en relación con la amortización contabilizada. Dicha exención prevista será además compatible, en su caso, con la aplicación de la deducción por reinversión de beneficios extraordinarios prevista en el art. 42 del TRLIS.

deterioro relativas a los inmuebles ni las cantidades correspondientes a la reversión del exceso de amortización que haya sido fiscalmente deducible en relación con la amortización contabilizada. Dicha exención prevista será además compatible, en su caso, con la aplicación de la deducción por reinversión de beneficios extraordinarios prevista en el art. 42 del TRLIS.

En todo caso no será de aplicación la presente exención cuando el inmueble se hubiera adquirido o transmitido a una persona o entidad respecto de la que se produzca alguna de las circunstancias establecidas en el art. 42 del Código de Comercio, con independencia de la residencia y de la obligación de formular cuentas anuales consolidadas, o al cónyuge de la persona anteriormente indicada o a cualquier persona unida a esta por parentesco, en línea recta o colateral, por consanguinidad o afinidad, hasta el segundo grado incluido.

En todo caso no será de aplicación la presente exención cuando el inmueble se hubiera adquirido o transmitido a una persona o entidad respecto de la que se produzca alguna de las circunstancias establecidas en el art. 42 del Código de Comercio, con independencia de la residencia y de la obligación de formular cuentas anuales consolidadas, o al cónyuge de la persona anteriormente indicada o a cualquier persona unida a esta por parentesco, en línea recta o colateral, por consanguinidad o afinidad, hasta el segundo grado incluido.

Respecto del IRNR, con efectos desde el 12 de mayo de 2012 se añadió una Disposición Adicional Cuarta al Real Decreto Legislativo 5/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de no Residentes (TRLIRNR), a través de la cual se introdujo la correspondiente exención parcial en las ganancias patrimoniales derivadas de la transmisión de determinados bienes inmuebles. De este modo quedaron exentas en un 50 por ciento las ganancias patrimoniales obtenidas sin mediación de establecimiento permanente en España derivadas de la enajenación de bienes inmuebles urbanos situados en territorio español, que hubiesen sido adquiridos a partir del 12 de mayo de 2012 y hasta el 31 de diciembre de 2012.

Respecto del IRNR, con efectos desde el 12 de mayo de 2012 se añadió una Disposición Adicional Cuarta al Real Decreto Legislativo 5/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de no Residentes (TRLIRNR), a través de la cual se introdujo la correspondiente exención parcial en las ganancias patrimoniales derivadas de la transmisión de determinados bienes inmuebles. De este modo quedaron exentas en un 50 por ciento las ganancias patrimoniales obtenidas sin mediación de establecimiento permanente en España derivadas de la enajenación de bienes inmuebles urbanos situados en territorio español, que hubiesen sido adquiridos a partir del 12 de mayo de 2012 y hasta el 31 de diciembre de 2012.

Ahora bien, dicha exención no será de aplicación cuando concurran las circunstancias previstas en el segundo párrafo de la Disposición Adicional Trigésima Séptima de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, reguladora del IRPF, o bien, tratándose de entidades, las circunstancias previstas en el último párrafo de la Disposición Adicional Decimosexta del TRLIS.

Ahora bien, dicha exención no será de aplicación cuando concurran las circunstancias previstas en el segundo párrafo de la Disposición Adicional Trigésima Séptima de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, reguladora del IRPF, o bien, tratándose de entidades, las circunstancias previstas en el último párrafo de la Disposición Adicional Decimosexta del TRLIS.

Finalmente, y en relación con el IRPF, con efectos igualmente desde el 12 de mayo de 2012 se añadió una nueva Disposición Adicional Trigésima Séptima a la Ley 35/2006, referente a las ganancias patrimoniales procedentes de la transmisión de determinados inmuebles, en virtud de la cual quedan exentas en un 50 por ciento las ganancias patrimoniales que se pongan de manifiesto con ocasión de la transmisión de inmuebles urbanos

Finalmente, y en relación con el IRPF, con efectos igualmente desde el 12 de mayo de 2012 se añadió una nueva Disposición Adicional Trigésima Séptima a la Ley 35/2006, referente a las ganancias patrimoniales procedentes de la transmisión de determinados inmuebles, en virtud de la cual quedan exentas en un 50 por ciento las ganancias patrimoniales que se pongan de manifiesto con ocasión de la transmisión de inmuebles urbanos

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adquiridos a título oneroso a partir del 12 de mayo de 2012 y hasta el 31 de diciembre de 2012.

adquiridos a título oneroso a partir del 12 de mayo de 2012 y hasta el 31 de diciembre de 2012.

No obstante, no podrá aplicarse la referida exención parcial cuando el inmueble en cuestión se hubiera adquirido o transmitido a su cónyuge, a cualquier persona unida al contribuyente por parentesco, en línea recta o colateral, por consanguinidad o afinidad, hasta el segundo grado incluido, a una entidad respecto de la que se produzca, con el contribuyente o con cualquiera de las personas anteriormente citadas, alguna de las circunstancias establecidas en el art. 42 del Código de Comercio, con independencia de la residencia y de la obligación de formular cuentas anuales consolidadas. Y, en el supuesto de que el inmueble transmitido fuera la vivienda habitual del contribuyente y resultara de aplicación lo dispuesto en el segundo párrafo del art. 38 de la LIRPF, se excluirá de tributación la parte proporcional de la ganancia patrimonial obtenida, una vez aplicada la presente exención que corresponda a la cantidad reinvertida en los términos y condiciones previstos al efecto.

No obstante, no podrá aplicarse la referida exención parcial cuando el inmueble en cuestión se hubiera adquirido o transmitido a su cónyuge, a cualquier persona unida al contribuyente por parentesco, en línea recta o colateral, por consanguinidad o afinidad, hasta el segundo grado incluido, a una entidad respecto de la que se produzca, con el contribuyente o con cualquiera de las personas anteriormente citadas, alguna de las circunstancias establecidas en el art. 42 del Código de Comercio, con independencia de la residencia y de la obligación de formular cuentas anuales consolidadas. Y, en el supuesto de que el inmueble transmitido fuera la vivienda habitual del contribuyente y resultara de aplicación lo dispuesto en el segundo párrafo del art. 38 de la LIRPF, se excluirá de tributación la parte proporcional de la ganancia patrimonial obtenida, una vez aplicada la presente exención que corresponda a la cantidad reinvertida en los términos y condiciones previstos al efecto.

Asimismo se contempló una moderación de los aranceles notariales y registrales que resultasen de aplicación en los supuestos de traspasos de activos financieros o inmobiliarios como consecuencia de operaciones de saneamiento y reestructuración de entidades financieras.

Asimismo se contempló una moderación de los aranceles notariales y registrales que resultasen de aplicación en los supuestos de traspasos de activos financieros o inmobiliarios como consecuencia de operaciones de saneamiento y reestructuración de entidades financieras.

Señala concretamente la Disposición Adicional Segunda del Real Decreto-Ley 18/2012, aplicable al conjunto de inscripciones practicadas y escrituras autorizadas a partir de su entrada en vigor (12 de mayo de 2012) que, tratándose de aquellos supuestos que requieran la previa inscripción de traspasos de activos financieros o inmobiliarios como consecuencia de operaciones de saneamiento y reestructuración de entidades financieras, todas las transmisiones realizadas se practicarán necesariamente en un solo asiento, devengándose únicamente los honorarios correspondientes a la última operación inscrita, conforme al número 2.1 del arancel de los registradores, o en su caso, el número 2.2, si se trata de préstamos o créditos hipotecarios, sobre la base del capital inscrito en el Registro.

Señala concretamente la Disposición Adicional Segunda del Real Decreto-Ley 18/2012, aplicable al conjunto de inscripciones practicadas y escrituras autorizadas a partir de su entrada en vigor (12 de mayo de 2012) que, tratándose de aquellos supuestos que requieran la previa inscripción de traspasos de activos financieros o inmobiliarios como consecuencia de operaciones de saneamiento y reestructuración de entidades financieras, todas las transmisiones realizadas se practicarán necesariamente en un solo asiento, devengándose únicamente los honorarios correspondientes a la última operación inscrita, conforme al número 2.1 del arancel de los registradores, o en su caso, el número 2.2, si se trata de préstamos o créditos hipotecarios, sobre la base del capital inscrito en el Registro.

Por lo que respecta a aquellos supuestos de novación, subrogación o cancelación de hipoteca, incluso cuando previamente deba hacerse constar el traspaso de activos financieros o inmobiliarios como consecuencia de operaciones de saneamiento y reestructuración de entidades financieras, las

Por lo que respecta a aquellos supuestos de novación, subrogación o cancelación de hipoteca, incluso cuando previamente deba hacerse constar el traspaso de activos financieros o inmobiliarios como consecuencia de operaciones de saneamiento y reestructuración de entidades financieras, las

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inscripciones que se practiquen solo devengarán los honorarios establecidos en el número 2.2. del arancel de los registradores, correspondientes a la novación, subrogación o cancelación, tomando como base el capital inscrito, reducido al 60 por ciento, con un mínimo de 24 euros.

inscripciones que se practiquen solo devengarán los honorarios establecidos en el número 2.2. del arancel de los registradores, correspondientes a la novación, subrogación o cancelación, tomando como base el capital inscrito, reducido al 60 por ciento, con un mínimo de 24 euros.

De cara a determinar los honorarios notariales de estas escrituras de novación, subrogación o cancelación de préstamos y créditos hipotecarios se aplicará, por todos los conceptos, el número 2.2.f. del arancel de los notarios, tomando como base el capital inscrito o garantizado, reducido en todo caso al 70 por ciento y con un mínimo de 90 euros. No obstante, se aplicará el número 7 del arancel a partir del folio quincuagésimo primero inclusive.

De cara a determinar los honorarios notariales de estas escrituras de novación, subrogación o cancelación de préstamos y créditos hipotecarios se aplicará, por todos los conceptos, el número 2.2.f. del arancel de los notarios, tomando como base el capital inscrito o garantizado, reducido en todo caso al 70 por ciento y con un mínimo de 90 euros. No obstante, se aplicará el número 7 del arancel a partir del folio quincuagésimo primero inclusive.

Tras la posterior aprobación de la Ley 8/2012 su Disposición Transitoria Segunda, encargada de regular el régimen excepcional de retribución a los socios mediante el Fondo de Reserva Obligatorio de las cooperativas de crédito, señaló que durante los ejercicios 2012 a 2015, las cooperativas de crédito podrán retribuir las aportaciones de sus socios con cargo al exceso del Fondo de Reserva Obligatorio que se hubiese generado con dotaciones que superasen la obligación prevista en el art. 8.3.a) de la Ley 13/1989, de 26 de mayo, de Cooperativas de Crédito. Esta retribución de las aportaciones sociales no podrá situar a la entidad en un incumplimiento de la normativa de recursos propios aplicable y requerirá, en todo caso, autorización previa del Banco de España. La parte del Fondo de Reserva Obligatorio dispuesto a efectos de retribución de las aportaciones sociales y que hubiese minorado la base imponible del Impuesto sobre Sociedades correspondiente a resultados cooperativos o extracooperativos en períodos impositivos anteriores deberá ser objeto de regularización, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 137.3 del Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades.

Tras la posterior aprobación de la Ley 8/2012 su Disposición Transitoria Segunda, encargada de regular el régimen excepcional de retribución a los socios mediante el Fondo de Reserva Obligatorio de las cooperativas de crédito, señaló que durante los ejercicios 2012 a 2015, las cooperativas de crédito podrán retribuir las aportaciones de sus socios con cargo al exceso del Fondo de Reserva Obligatorio que se hubiese generado con dotaciones que superasen la obligación prevista en el art. 8.3.a) de la Ley 13/1989, de 26 de mayo, de Cooperativas de Crédito. Esta retribución de las aportaciones sociales no podrá situar a la entidad en un incumplimiento de la normativa de recursos propios aplicable y requerirá, en todo caso, autorización previa del Banco de España. La parte del Fondo de Reserva Obligatorio dispuesto a efectos de retribución de las aportaciones sociales y que hubiese minorado la base imponible del Impuesto sobre Sociedades correspondiente a resultados cooperativos o extracooperativos en períodos impositivos anteriores deberá ser objeto de regularización, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 137.3 del Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades.

Por otra parte a través de la Disposición Transitoria Única del Real Decreto-Ley 18/2012 se diseñó el régimen aplicable a los títulos convertibles adquiridos en su día por el FROB con anterioridad a la entrada en vigor del citado Real Decreto-Ley. A resultas de lo anterior lo dispuesto en los párrafos quinto y sexto del art. 10.2 del Real Decreto-ley 9/2009, de 26 de junio, sobre reestructuración bancaria y reforzamiento de los recursos propios de las entidades de crédito, según la nueva redacción introducida por el Real Decreto-Ley 18/2012, sería asimismo aplicable a los títulos convertibles adquiridos por el FROB con anterioridad a su entrada en vigor.

Por otra parte a través de la Disposición Transitoria Única del Real Decreto-Ley 18/2012 se diseñó el régimen aplicable a los títulos convertibles adquiridos en su día por el FROB con anterioridad a la entrada en vigor del citado Real Decreto-Ley. A resultas de lo anterior lo dispuesto en los párrafos quinto y sexto del art. 10.2 del Real Decreto-ley 9/2009, de 26 de junio, sobre reestructuración bancaria y reforzamiento de los recursos propios de las entidades de crédito, según la nueva redacción introducida por el Real Decreto-Ley 18/2012, sería asimismo aplicable a los títulos convertibles adquiridos por el FROB con anterioridad a su entrada en vigor.

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Juan Calvo Vérgez

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Téngase presente a este respecto que, con motivo de dicha modificación, el art. 10.1 del Real Decreto-Ley 9/2009, pasó a tener la siguiente redacción: “1. El Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria podrá adquirir títulos emitidos por entidades de crédito que, sin incurrir en las circunstancias establecidas en el artículo 6 del presente Real Decreto-ley, vayan a acometer un proceso de integración y necesiten reforzar sus recursos propios. Igualmente podrá adquirir títulos emitidos por entidades de crédito que requieran apoyo financiero conforme a lo previsto en el artículo 2 del Real Decreto-ley 18/2012, sobre saneamiento y venta de los activos inmobiliarios del sector financiero, en cuyo caso tendrán que presentar un plan de recapitalización conforme a lo previsto en el capítulo II.

Téngase presente a este respecto que, con motivo de dicha modificación, el art. 10.1 del Real Decreto-Ley 9/2009, pasó a tener la siguiente redacción: “1. El Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria podrá adquirir títulos emitidos por entidades de crédito que, sin incurrir en las circunstancias establecidas en el artículo 6 del presente Real Decreto-ley, vayan a acometer un proceso de integración y necesiten reforzar sus recursos propios. Igualmente podrá adquirir títulos emitidos por entidades de crédito que requieran apoyo financiero conforme a lo previsto en el artículo 2 del Real Decreto-ley 18/2012, sobre saneamiento y venta de los activos inmobiliarios del sector financiero, en cuyo caso tendrán que presentar un plan de recapitalización conforme a lo previsto en el capítulo II.

Las entidades que, de acuerdo con lo previsto en el párrafo anterior, vayan a acometer un proceso de integración, elaborarán un plan de integración que deberá contener compromisos específicos de mejora de su eficiencia, de racionalización de su administración y gerencia, así como de redimensionamiento de su capacidad productiva y todo ello con la finalidad de mejorar sus perspectivas futuras.

Las entidades que, de acuerdo con lo previsto en el párrafo anterior, vayan a acometer un proceso de integración, elaborarán un plan de integración que deberá contener compromisos específicos de mejora de su eficiencia, de racionalización de su administración y gerencia, así como de redimensionamiento de su capacidad productiva y todo ello con la finalidad de mejorar sus perspectivas futuras.

El plan de integración deberá contar con la aprobación del Banco de España.

El plan de integración deberá contar con la aprobación del Banco de España.

Al decidir sobre la adopción de las medidas propuestas, el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria deberá tener en cuenta el plazo y riesgo de la operación, la necesidad de evitar distorsiones competitivas así como que con ello se facilite la ejecución y cumplimiento del plan de integración aprobado por el Banco de España. En todo caso, la decisión estará presidida por el principio de utilización más eficiente de los recursos públicos.

Al decidir sobre la adopción de las medidas propuestas, el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria deberá tener en cuenta el plazo y riesgo de la operación, la necesidad de evitar distorsiones competitivas así como que con ello se facilite la ejecución y cumplimiento del plan de integración aprobado por el Banco de España. En todo caso, la decisión estará presidida por el principio de utilización más eficiente de los recursos públicos.

El pago del precio de adquisición o suscripción de los títulos a los que se refiere este artículo podrá realizarse en efectivo o mediante la entrega de valores representativos de deuda pública o valores emitidos por el propio Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria. Asimismo, el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria podrá satisfacer dicho precio mediante compensación de los créditos que ostente frente a la correspondiente entidad”.

El pago del precio de adquisición o suscripción de los títulos a los que se refiere este artículo podrá realizarse en efectivo o mediante la entrega de valores representativos de deuda pública o valores emitidos por el propio Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria. Asimismo, el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria podrá satisfacer dicho precio mediante compensación de los créditos que ostente frente a la correspondiente entidad”.

Por su parte el art. 10.2 del citado Real Decreto-Ley 9/2009 pasó a disponer lo siguiente: “2. Los títulos a los que se refiere el apartado 1

Por su parte el art. 10.2 del citado Real Decreto-Ley 9/2009 pasó a disponer lo siguiente: “2. Los títulos a los que se refiere el apartado 1

La recapitalización de las entidades financieras

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La recapitalización de las entidades financieras

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anterior serán instrumentos convertibles en acciones o en aportaciones al capital social.

anterior serán instrumentos convertibles en acciones o en aportaciones al capital social.

Las entidades emisoras deberán aprobar, en el momento de la adopción del acuerdo de emisión de los títulos previstos en este artículo, los acuerdos necesarios para la ampliación de capital o la suscripción de aportaciones al capital en la cuantía necesaria. Los términos y condiciones de la retribución de los títulos se establecerán teniendo en cuenta la normativa de ayudas de Estado.

Las entidades emisoras deberán aprobar, en el momento de la adopción del acuerdo de emisión de los títulos previstos en este artículo, los acuerdos necesarios para la ampliación de capital o la suscripción de aportaciones al capital en la cuantía necesaria. Los términos y condiciones de la retribución de los títulos se establecerán teniendo en cuenta la normativa de ayudas de Estado.

La adquisición de títulos convertibles por parte del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria requerirá que se acuerde la supresión del derecho de suscripción preferente de los accionistas existentes en el momento de la adopción del acuerdo de emisión, o la renuncia por todos ellos a ese derecho.

La adquisición de títulos convertibles por parte del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria requerirá que se acuerde la supresión del derecho de suscripción preferente de los accionistas existentes en el momento de la adopción del acuerdo de emisión, o la renuncia por todos ellos a ese derecho.

Las entidades emisoras deberán comprometerse a recomprar o amortizar los títulos suscritos por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria tan pronto como estén en condiciones de hacerlo en los términos comprometidos en el plan de integración o de recapitalización. Transcurridos cinco años desde el desembolso sin que los títulos hayan sido recomprados por la entidad, el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria podrá solicitar su conversión en acciones o en aportaciones sociales del emisor. El ejercicio de esta facultad deberá realizarse, en su caso, en el plazo máximo de seis meses contados a partir de la finalización del quinto año desde que se produjo el desembolso. No obstante lo anterior, el acuerdo de emisión deberá contemplar asimismo la convertibilidad de los títulos a instancia del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria si, antes del transcurso del plazo de cinco años, el Banco de España considera improbable, a la vista de la situación de la entidad o su grupo, que su recompra o amortización pueda llevarse a cabo en ese plazo.

Las entidades emisoras deberán comprometerse a recomprar o amortizar los títulos suscritos por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria tan pronto como estén en condiciones de hacerlo en los términos comprometidos en el plan de integración o de recapitalización. Transcurridos cinco años desde el desembolso sin que los títulos hayan sido recomprados por la entidad, el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria podrá solicitar su conversión en acciones o en aportaciones sociales del emisor. El ejercicio de esta facultad deberá realizarse, en su caso, en el plazo máximo de seis meses contados a partir de la finalización del quinto año desde que se produjo el desembolso. No obstante lo anterior, el acuerdo de emisión deberá contemplar asimismo la convertibilidad de los títulos a instancia del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria si, antes del transcurso del plazo de cinco años, el Banco de España considera improbable, a la vista de la situación de la entidad o su grupo, que su recompra o amortización pueda llevarse a cabo en ese plazo.

La conversión se realizará en condiciones de mercado y de acuerdo con el valor económico de la entidad emisora de los títulos en ese momento, que se determinará con arreglo a lo previsto en el artículo 9.5 del presente Real Decreto-ley. La entidad emisora y sus accionistas adoptarán los acuerdos y realizarán las actuaciones necesarias para asegurar que la conversión se realiza de acuerdo con dicho valor económico, debiendo instrumentar, en la medida necesaria para alcanzar dicho objetivo, las operaciones de

La conversión se realizará en condiciones de mercado y de acuerdo con el valor económico de la entidad emisora de los títulos en ese momento, que se determinará con arreglo a lo previsto en el artículo 9.5 del presente Real Decreto-ley. La entidad emisora y sus accionistas adoptarán los acuerdos y realizarán las actuaciones necesarias para asegurar que la conversión se realiza de acuerdo con dicho valor económico, debiendo instrumentar, en la medida necesaria para alcanzar dicho objetivo, las operaciones de

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Juan Calvo Vérgez

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transmisión de acciones o aportaciones o de reducción de capital, ya sea por compensación de pérdidas, constitución o incremento de reservas o devolución del valor de aportaciones, que resulten oportunas.

transmisión de acciones o aportaciones o de reducción de capital, ya sea por compensación de pérdidas, constitución o incremento de reservas o devolución del valor de aportaciones, que resulten oportunas.

Sin perjuicio de cualesquiera otras acciones y responsabilidades y, en particular, de lo previsto en los artículos 6 y 7 de este real decreto-ley, en caso de incumplimiento por parte de la entidad emisora o de aquellos de sus accionistas que tengan la condición de entidad de crédito de la obligación establecida en el párrafo anterior en el plazo establecido al efecto por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria, el Banco de España podrá acordar, además de cualesquiera otras medidas cautelares que estime oportuno, la sustitución provisional de los órganos de administración o dirección de la entidad emisora y de aquellos de sus accionistas que tengan la condición de entidad de crédito hasta que se complete la operación de conversión, designando como administrador provisional al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria, que, a su vez, nombrará a la persona o personas físicas que, en su nombre y en ejercicio de las funciones y facultades propias de esa condición, adoptarán los acuerdos y realizarán las actuaciones necesarias para dar efecto a la conversión. Desde el momento de su designación como administrador provisional, el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria estará facultado para adoptar los acuerdos y realizar las actuaciones necesarias para completar la conversión en nombre y representación de la entidad emisora y de aquellos de sus accionistas que tengan la condición de entidad de crédito y de los que hubiera sido designado administrador provisional.

Sin perjuicio de cualesquiera otras acciones y responsabilidades y, en particular, de lo previsto en los artículos 6 y 7 de este real decreto-ley, en caso de incumplimiento por parte de la entidad emisora o de aquellos de sus accionistas que tengan la condición de entidad de crédito de la obligación establecida en el párrafo anterior en el plazo establecido al efecto por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria, el Banco de España podrá acordar, además de cualesquiera otras medidas cautelares que estime oportuno, la sustitución provisional de los órganos de administración o dirección de la entidad emisora y de aquellos de sus accionistas que tengan la condición de entidad de crédito hasta que se complete la operación de conversión, designando como administrador provisional al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria, que, a su vez, nombrará a la persona o personas físicas que, en su nombre y en ejercicio de las funciones y facultades propias de esa condición, adoptarán los acuerdos y realizarán las actuaciones necesarias para dar efecto a la conversión. Desde el momento de su designación como administrador provisional, el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria estará facultado para adoptar los acuerdos y realizar las actuaciones necesarias para completar la conversión en nombre y representación de la entidad emisora y de aquellos de sus accionistas que tengan la condición de entidad de crédito y de los que hubiera sido designado administrador provisional.

Los títulos emitidos al amparo de lo dispuesto en este precepto serán computables como recursos propios básicos y como capital principal, sin que para ello sea obligatorio que coticen en un mercado secundario organizado. A estos efectos, no les serán de aplicación las limitaciones legalmente establecidas para la computabilidad de los recursos propios y del capital principal.

Los títulos emitidos al amparo de lo dispuesto en este precepto serán computables como recursos propios básicos y como capital principal, sin que para ello sea obligatorio que coticen en un mercado secundario organizado. A estos efectos, no les serán de aplicación las limitaciones legalmente establecidas para la computabilidad de los recursos propios y del capital principal.

El acuerdo de emisión de estos títulos deberá ajustarse a las restantes condiciones comprometidas en el plan de integración o de recapitalización”130.

El acuerdo de emisión de estos títulos deberá ajustarse a las restantes condiciones comprometidas en el plan de integración o de recapitalización”130.

130 Al margen de ambas modificaciones téngase presente la operada en el segundo párrafo del apartado 4 del art. 2 del Real Decreto-ley 2/2012, de 3 de febrero, que pasa a señalar lo siguiente: “Dicha solicitud deberá presentarse ante la Secretaría General del Tesoro y Política

130 Al margen de ambas modificaciones téngase presente la operada en el segundo párrafo del apartado 4 del art. 2 del Real Decreto-ley 2/2012, de 3 de febrero, que pasa a señalar lo siguiente: “Dicha solicitud deberá presentarse ante la Secretaría General del Tesoro y Política

La recapitalización de las entidades financieras

4.

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RECAPITULACIÓN

La recapitalización de las entidades financieras

4.

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RECAPITULACIÓN

El conjunto de medidas previstas en el Real Decreto-Ley 18/2012 y, en particular, las exigencias adicionales de provisiones, han de contribuir a reforzar la solvencia del sector financiero y a sanear sus balances, fortaleciendo la credibilidad en nuestro sistema financiero y contribuyendo a la estabilidad financiera, no ya sólo en el sector, sino del conjunto de la economía nacional. En este sentido, se profundiza en el ajuste de los precios de las viviendas, con el fin de adecuarlos a su valor en el mercado y así estimular la venta de inmuebles. Se persigue lograr una caída del precio de la vivienda, así como facilitar la concesión de crédito.

El conjunto de medidas previstas en el Real Decreto-Ley 18/2012 y, en particular, las exigencias adicionales de provisiones, han de contribuir a reforzar la solvencia del sector financiero y a sanear sus balances, fortaleciendo la credibilidad en nuestro sistema financiero y contribuyendo a la estabilidad financiera, no ya sólo en el sector, sino del conjunto de la economía nacional. En este sentido, se profundiza en el ajuste de los precios de las viviendas, con el fin de adecuarlos a su valor en el mercado y así estimular la venta de inmuebles. Se persigue lograr una caída del precio de la vivienda, así como facilitar la concesión de crédito.

A través del Real Decreto-Ley tuvo lugar la aprobación de una fórmula para que la banca traslade su riesgo inmobiliario a otras sociedades, al objeto de que las entidades financieras puedan beneficiarse de este traspaso de activos una vez culminado el saneamiento adicional. Las entidades financieras quedaron pues obligadas a traspasar antes de que acabe 2012 todos sus activos inmobiliarios problemáticos a otras sociedades especializadas en gestionarlos, pudiendo éstas podrán aportar las provisiones que fueran necesarias. De este modo, siendo dichas entidades incapaces de sanear estos activos tóxicos por sí solas, podrían ser ayudadas si tienen un socio en la nueva entidad. Esta sociedad se haría cargo, en principio, de todos los activos inmobiliarios tóxicos, es decir los que ya entraron en mora o tuviesen riesgo de hacerlo y los adjudicados, y deberá ir haciéndose cargo de los créditos del “ladrillo sano” que pasen a ser problemáticos. A tal efecto se encargó a dos instituciones independientes la valoración del ladrillo de la banca.

A través del Real Decreto-Ley tuvo lugar la aprobación de una fórmula para que la banca traslade su riesgo inmobiliario a otras sociedades, al objeto de que las entidades financieras puedan beneficiarse de este traspaso de activos una vez culminado el saneamiento adicional. Las entidades financieras quedaron pues obligadas a traspasar antes de que acabe 2012 todos sus activos inmobiliarios problemáticos a otras sociedades especializadas en gestionarlos, pudiendo éstas podrán aportar las provisiones que fueran necesarias. De este modo, siendo dichas entidades incapaces de sanear estos activos tóxicos por sí solas, podrían ser ayudadas si tienen un socio en la nueva entidad. Esta sociedad se haría cargo, en principio, de todos los activos inmobiliarios tóxicos, es decir los que ya entraron en mora o tuviesen riesgo de hacerlo y los adjudicados, y deberá ir haciéndose cargo de los créditos del “ladrillo sano” que pasen a ser problemáticos. A tal efecto se encargó a dos instituciones independientes la valoración del ladrillo de la banca.

Financiera antes del 30 de junio de 2012. El cumplimiento de dicho plazo no será exigible en el caso de operaciones de adquisición de entidades que, a la fecha de entrada en vigor de este real decreto-ley, se encuentren participadas mayoritariamente por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria o de las que el fondo haya sido designado administrador provisional. A la misma se acompañará el proyecto que acredite el cumplimiento de los requisitos previstos en las letras a) a f) del apartado 2”.

Financiera antes del 30 de junio de 2012. El cumplimiento de dicho plazo no será exigible en el caso de operaciones de adquisición de entidades que, a la fecha de entrada en vigor de este real decreto-ley, se encuentren participadas mayoritariamente por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria o de las que el fondo haya sido designado administrador provisional. A la misma se acompañará el proyecto que acredite el cumplimiento de los requisitos previstos en las letras a) a f) del apartado 2”.

XII. LA SOLICITUD DE AYUDA FINANCIERA POR PARTE DEL ESTADO ESPAÑOL A LA UNIÓN EUROPEA PAEA ACOMETER LA RECAPITALIZACIÓN DE LAS ENTIDADES FINANCIERAS: ANÁLISIS DEL LLAMADO MEMORANDUM DE ENTENDIMIENTO

XII. LA SOLICITUD DE AYUDA FINANCIERA POR PARTE DEL ESTADO ESPAÑOL A LA UNIÓN EUROPEA PAEA ACOMETER LA RECAPITALIZACIÓN DE LAS ENTIDADES FINANCIERAS: ANÁLISIS DEL LLAMADO MEMORANDUM DE ENTENDIMIENTO

Con fecha de 9 de junio de 2012 el Ministro de Economía y Competitividad confirmó la intención del Gobierno de España de solicitar ayuda europea para recapitalizar a las entidades financieras que tuviesen necesidad de financiación, señalándose que la UE solo impondría condiciones al sector financiero. La cantidad solicitada sería la suficiente para recapitalizar a las entidades con problemas, existiendo además un margen de seguridad, siendo en todo caso el Gobierno español el que decidiría cuánto habría de inyectar la Unión Europea al FROB. Dicha ayuda financiera al sector bancario español solo tendría una condicionalidad específica para el sector financiero y no para el programa económico del Gobierno, de manera que las condiciones fijadas se impondrían únicamente en el ámbito financiero, no en el ámbito económico. Todo ello sin perjuicio del cumplimiento de los compromisos adquiridos en el programa de déficit excesivo y en lo referente a reformas estructurales. La concesión de la citada ayuda implicaría, además, que el FROB podría financiarse en condiciones mucho más favorables de las que pudo hacerlo hasta el momento.

Con fecha de 9 de junio de 2012 el Ministro de Economía y Competitividad confirmó la intención del Gobierno de España de solicitar ayuda europea para recapitalizar a las entidades financieras que tuviesen necesidad de financiación, señalándose que la UE solo impondría condiciones al sector financiero. La cantidad solicitada sería la suficiente para recapitalizar a las entidades con problemas, existiendo además un margen de seguridad, siendo en todo caso el Gobierno español el que decidiría cuánto habría de inyectar la Unión Europea al FROB. Dicha ayuda financiera al sector bancario español solo tendría una condicionalidad específica para el sector financiero y no para el programa económico del Gobierno, de manera que las condiciones fijadas se impondrían únicamente en el ámbito financiero, no en el ámbito económico. Todo ello sin perjuicio del cumplimiento de los compromisos adquiridos en el programa de déficit excesivo y en lo referente a reformas estructurales. La concesión de la citada ayuda implicaría, además, que el FROB podría financiarse en condiciones mucho más favorables de las que pudo hacerlo hasta el momento.

Ahora bien, ya desde un primer momento dentro del propio Eurogrupo existían posturas como la del Gobierno finlandés para quien, si España recibía ayuda del Fondo de Rescate Europeo, habría de exigirse que el país

Ahora bien, ya desde un primer momento dentro del propio Eurogrupo existían posturas como la del Gobierno finlandés para quien, si España recibía ayuda del Fondo de Rescate Europeo, habría de exigirse que el país

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Juan Calvo Vérgez

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aportase colaterales131. Esto es, activos que garantizarían el reembolso del préstamo en caso de impago.

aportase colaterales131. Esto es, activos que garantizarían el reembolso del préstamo en caso de impago.

En definitiva, la asistencia financiera sería suministrada por el Fondo Europeo de Estabilidad Financiera (FEEF)/Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE) para la recapitalización de instituciones financieras132. El

En definitiva, la asistencia financiera sería suministrada por el Fondo Europeo de Estabilidad Financiera (FEEF)/Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE) para la recapitalización de instituciones financieras132. El

Estos colaterales constituyen un activo que sirve como garantía para respaldar la concesión de un crédito o una emisión de bonos. Concretamente para el Gobierno finés Finlandia habría de solicitar garantías para su parte del rescate si el dinero en cuestión procediese del Temporary Bailout Fund. E igualmente se apuntó desde un primer momento la posibilidad de que el parlamento holandés hubiese de votar la concesión de la ayuda a España. Finalmente, y por lo que Finlandia se refiere, con fecha 17 de julio de 2012 Finlandia y España alcanzaron un acuerdo sobre los avales que el Gobierno finés exigía a cambio de participar en el rescate de hasta 100.000 millones de euros que sería concedido a la banca española. Concretamente el Gobierno español aportaría al finés una garantía de 770 millones de euros en efectivo procedentes del fondo de garantía de depósitos, que cubriría el 40% de la contribución de Finlandia al préstamo a la banca. Dicho porcentaje fue calculado utilizando los datos históricos de la agencia de ‘rating’ Standard & Poor’s para estimar posibles pérdidas en caso de insolvencia. Dicha cantidad se iría abonando a una cuenta finlandesa a medida que se fuesen desembolsando los diferentes tramos del rescate. El objetivo de esta garantía sería minimizar el riesgo para los contribuyentes finlandeses del rescate español. Téngase presente que Finlandia solicitó avales como condición necesaria para participar en el rescate bancario español, que debía aprobarse por unanimidad de los países de la Eurozona. 132 Recuérdese a este respecto que con fecha de julio de 2011 se reformaron los estatutos de los fondos de ayuda. Durante el mes de julio de 2012 se preveía inicialmente la sustitución del EFSF (European Financial Stability Facility) o FEEF (Facilidad Europea de Estabilidad Financiera) por el ESM (European Stability Mechanism) o MEDE (Mecanismo Europeo de Estabilidad), si bien la operatividad de este último Fondo quedó condicionada a su aprobación por el Tribunal Constitucional alemán, que terminó respaldando la creación de dicho Fondo con fecha 11 de septiembre de 2012. En dicha fecha el Tribunal alemán rechazó un recurso presentado por vía de urgencia destinado a bloquear la ratificación del Fondo de Rescate permanente para la zona euro, el MEDE, al objeto de impedir que éste tuviera la capacidad de comprar deuda soberana. Y, con fecha 12 de septiembre de 2012 el TC alemán desestimó los recursos presentados contra el MEDE y el pacto fiscal, al carecer de fundamento. No obstante precisó el intérprete supremo de la Constitución alemana que se debía garantizar que las obligaciones de Alemania al MEDE no sobrepasasen los 190.000 millones de euros sin la aprobación de la Cámara Baja del Parlamento, así como que los parlamentarios alemanes habrían de ser informados en todo momento de las actividades del MEDE. Significa ello que el país germano tendría capacidad de veto si su exposición superara dicha cantidad. La Facilidad Europea de Estabilidad Financiera tenía capacidad para prestar ayuda a un país de cinco formas diferentes. Préstamo directo a la economía, línea de crédito preventivo, compra de deuda en las subastas del Tesoro, compra de deuda en el mercado secundario y préstamo para recapitalizar a la banca (fórmula elegida por el Gobierno español). Así pues uno de los objetivos lo constituía poder financiar la recapitalización de instituciones financieras a través de préstamos a gobiernos, contemplándose expresamente dentro de la “hoja de ruta” del citado

Estos colaterales constituyen un activo que sirve como garantía para respaldar la concesión de un crédito o una emisión de bonos. Concretamente para el Gobierno finés Finlandia habría de solicitar garantías para su parte del rescate si el dinero en cuestión procediese del Temporary Bailout Fund. E igualmente se apuntó desde un primer momento la posibilidad de que el parlamento holandés hubiese de votar la concesión de la ayuda a España. Finalmente, y por lo que Finlandia se refiere, con fecha 17 de julio de 2012 Finlandia y España alcanzaron un acuerdo sobre los avales que el Gobierno finés exigía a cambio de participar en el rescate de hasta 100.000 millones de euros que sería concedido a la banca española. Concretamente el Gobierno español aportaría al finés una garantía de 770 millones de euros en efectivo procedentes del fondo de garantía de depósitos, que cubriría el 40% de la contribución de Finlandia al préstamo a la banca. Dicho porcentaje fue calculado utilizando los datos históricos de la agencia de ‘rating’ Standard & Poor’s para estimar posibles pérdidas en caso de insolvencia. Dicha cantidad se iría abonando a una cuenta finlandesa a medida que se fuesen desembolsando los diferentes tramos del rescate. El objetivo de esta garantía sería minimizar el riesgo para los contribuyentes finlandeses del rescate español. Téngase presente que Finlandia solicitó avales como condición necesaria para participar en el rescate bancario español, que debía aprobarse por unanimidad de los países de la Eurozona. 132 Recuérdese a este respecto que con fecha de julio de 2011 se reformaron los estatutos de los fondos de ayuda. Durante el mes de julio de 2012 se preveía inicialmente la sustitución del EFSF (European Financial Stability Facility) o FEEF (Facilidad Europea de Estabilidad Financiera) por el ESM (European Stability Mechanism) o MEDE (Mecanismo Europeo de Estabilidad), si bien la operatividad de este último Fondo quedó condicionada a su aprobación por el Tribunal Constitucional alemán, que terminó respaldando la creación de dicho Fondo con fecha 11 de septiembre de 2012. En dicha fecha el Tribunal alemán rechazó un recurso presentado por vía de urgencia destinado a bloquear la ratificación del Fondo de Rescate permanente para la zona euro, el MEDE, al objeto de impedir que éste tuviera la capacidad de comprar deuda soberana. Y, con fecha 12 de septiembre de 2012 el TC alemán desestimó los recursos presentados contra el MEDE y el pacto fiscal, al carecer de fundamento. No obstante precisó el intérprete supremo de la Constitución alemana que se debía garantizar que las obligaciones de Alemania al MEDE no sobrepasasen los 190.000 millones de euros sin la aprobación de la Cámara Baja del Parlamento, así como que los parlamentarios alemanes habrían de ser informados en todo momento de las actividades del MEDE. Significa ello que el país germano tendría capacidad de veto si su exposición superara dicha cantidad. La Facilidad Europea de Estabilidad Financiera tenía capacidad para prestar ayuda a un país de cinco formas diferentes. Préstamo directo a la economía, línea de crédito preventivo, compra de deuda en las subastas del Tesoro, compra de deuda en el mercado secundario y préstamo para recapitalizar a la banca (fórmula elegida por el Gobierno español). Así pues uno de los objetivos lo constituía poder financiar la recapitalización de instituciones financieras a través de préstamos a gobiernos, contemplándose expresamente dentro de la “hoja de ruta” del citado

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préstamo sería adaptado para proveer un respaldo efectivo que cubra todos los posibles requisitos de capital estimados en el diagnóstico que las autoridades españolas encargaron a los evaluadores externos y a las auditoras internacionales, debiendo cubrir el importe de dicho préstamo los requisitos de capital estimados con un margen de seguridad adicional que, según se calculó, alcanzaría la cifra de 100.000 millones de euros.

préstamo sería adaptado para proveer un respaldo efectivo que cubra todos los posibles requisitos de capital estimados en el diagnóstico que las autoridades españolas encargaron a los evaluadores externos y a las auditoras internacionales, debiendo cubrir el importe de dicho préstamo los requisitos de capital estimados con un margen de seguridad adicional que, según se calculó, alcanzaría la cifra de 100.000 millones de euros.

En todo caso, una vez efectuada dicha solicitud formal, habría de ser entregada una evaluación por parte de la Comisión Europea, en colaboración con el Banco Central Europeo, la Autoridad Bancaria Europea y el Fondo Monetario Internacional, así como una propuesta sobre las condiciones necesarias para el sector financiero que habría de acompañar la asistencia. Y, tal y como se ha señalado, el FROB actuaría como agente del Gobierno español, recibiendo los fondos y procediendo a canalizarlos hacia las instituciones financieras afectadas. El Gobierno español tendría la plena responsabilidad de la asistencia económica, debiendo firmar a tal efecto un Memorando de Entendimiento133.

En todo caso, una vez efectuada dicha solicitud formal, habría de ser entregada una evaluación por parte de la Comisión Europea, en colaboración con el Banco Central Europeo, la Autoridad Bancaria Europea y el Fondo Monetario Internacional, así como una propuesta sobre las condiciones necesarias para el sector financiero que habría de acompañar la asistencia. Y, tal y como se ha señalado, el FROB actuaría como agente del Gobierno español, recibiendo los fondos y procediendo a canalizarlos hacia las instituciones financieras afectadas. El Gobierno español tendría la plena responsabilidad de la asistencia económica, debiendo firmar a tal efecto un Memorando de Entendimiento133.

Este conjunto de condiciones de asistencia financiera habrían de centrarse en reformas específicas dirigidas al sector financiero, incluyendo planes de reestructuración en línea con las normas de la UE sobre ayudas estatales y reformas estructurales horizontales del sector financiero nacional. Concretamente dichas condiciones habrían de basarse, en primer lugar, en las reglas de la UE sobre ayudas públicas. Dichas reglas supeditan cualquier ayuda pública a un plan que garantice la viabilidad futura de cada entidad

Este conjunto de condiciones de asistencia financiera habrían de centrarse en reformas específicas dirigidas al sector financiero, incluyendo planes de reestructuración en línea con las normas de la UE sobre ayudas estatales y reformas estructurales horizontales del sector financiero nacional. Concretamente dichas condiciones habrían de basarse, en primer lugar, en las reglas de la UE sobre ayudas públicas. Dichas reglas supeditan cualquier ayuda pública a un plan que garantice la viabilidad futura de cada entidad

organismo el desarrollo de actuaciones de supervisión, de gobierno corporativo y medidas relativas a la reestructuración y resolución de entidades. La capacidad de préstamo que le quedaba a dicho Fondo es de unos 240.000 millones. Los países del euro no lo desembolsarían directamente, sino que el Fondo emitiría deuda para obtener la cantidad que luego va a prestar. 133 Concretamente el llamado Consejo de Gobernadores encomendaría a la Comisión Europea negociar con España –en coordinación con el BCE y, cuando ello sea posible, conjuntamente con el FMI– un Memorándum de Entendimiento (Memorandum of Understanding, MoU, por sus siglas en inglés) en el que se defina con precisión la condicionalidad asociada a la ayuda. El contenido de dicho Memorándum habría de reflejar la gravedad de las deficiencias que habría que abordar y el instrumento de asistencia financiera elegido. Paralelamente, el director ejecutivo del MEDE prepararía una propuesta de acuerdo de servicio de asistencia financiera para su aprobación por el Consejo de Gobernadores, la cual incluiría los términos financieros y las condiciones y los instrumentos elegidos. El Memorándum sería plenamente compatible con las medidas de coordinación de la política económica previstas en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, incluido cualquier dictamen, advertencia, recomendación o decisión que se hubiese dirigido al miembro del MEDE en cuestión.

organismo el desarrollo de actuaciones de supervisión, de gobierno corporativo y medidas relativas a la reestructuración y resolución de entidades. La capacidad de préstamo que le quedaba a dicho Fondo es de unos 240.000 millones. Los países del euro no lo desembolsarían directamente, sino que el Fondo emitiría deuda para obtener la cantidad que luego va a prestar. 133 Concretamente el llamado Consejo de Gobernadores encomendaría a la Comisión Europea negociar con España –en coordinación con el BCE y, cuando ello sea posible, conjuntamente con el FMI– un Memorándum de Entendimiento (Memorandum of Understanding, MoU, por sus siglas en inglés) en el que se defina con precisión la condicionalidad asociada a la ayuda. El contenido de dicho Memorándum habría de reflejar la gravedad de las deficiencias que habría que abordar y el instrumento de asistencia financiera elegido. Paralelamente, el director ejecutivo del MEDE prepararía una propuesta de acuerdo de servicio de asistencia financiera para su aprobación por el Consejo de Gobernadores, la cual incluiría los términos financieros y las condiciones y los instrumentos elegidos. El Memorándum sería plenamente compatible con las medidas de coordinación de la política económica previstas en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, incluido cualquier dictamen, advertencia, recomendación o decisión que se hubiese dirigido al miembro del MEDE en cuestión.

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y obligan a disminuir la talla de los bancos beneficiarios, por ejemplo, mediante la venta de activos, para limitar las distorsiones de competencia. Asimismo habrían de establecerse requisitos para el conjunto del sector en materia de transparencia y supervisión haciendo frente a cuestiones como, por ejemplo, la relativa a la adopción de riesgos excesivos.

y obligan a disminuir la talla de los bancos beneficiarios, por ejemplo, mediante la venta de activos, para limitar las distorsiones de competencia. Asimismo habrían de establecerse requisitos para el conjunto del sector en materia de transparencia y supervisión haciendo frente a cuestiones como, por ejemplo, la relativa a la adopción de riesgos excesivos.

En definitiva el BCE con la asistencia de la Autoridad Bancaria Europea y del FMI habría de supervisar, controlar y regular la capitalización y reestructuración del sistema bancario español, no limitándose su actuación a las entidades individuales, sino que alcanzaría al conjunto de dicho sistema bancari. El Banco de España quedaría así a las órdenes del BCE y de la EBA como brazo ejecutor de la capitalización y reestructuración del Sistema Bancario Español: definición del perímetro de capitalización o financiación (CoCoS); criterios de reestructuración de los gobiernos corporativos y cese de los consejeros políticos, redimensionamiento de oficinas y empleo; criterios de valoración y desinversión de activos inmobiliarios y participaciones industriales susceptibles de ser adoptados; mecanismos de resolución y liquidación de bancos inviables e impacto sobre accionistas y acreedores, etc.134.

En definitiva el BCE con la asistencia de la Autoridad Bancaria Europea y del FMI habría de supervisar, controlar y regular la capitalización y reestructuración del sistema bancario español, no limitándose su actuación a las entidades individuales, sino que alcanzaría al conjunto de dicho sistema bancari. El Banco de España quedaría así a las órdenes del BCE y de la EBA como brazo ejecutor de la capitalización y reestructuración del Sistema Bancario Español: definición del perímetro de capitalización o financiación (CoCoS); criterios de reestructuración de los gobiernos corporativos y cese de los consejeros políticos, redimensionamiento de oficinas y empleo; criterios de valoración y desinversión de activos inmobiliarios y participaciones industriales susceptibles de ser adoptados; mecanismos de resolución y liquidación de bancos inviables e impacto sobre accionistas y acreedores, etc.134.

Ciertamente, y a la luz de la citada situación, el creciente riesgo existente para los acreedores del Estado español podía conducir a rebajas de calificaciones por parte de las Agencias de Calificación de Riesgos.

Ciertamente, y a la luz de la citada situación, el creciente riesgo existente para los acreedores del Estado español podía conducir a rebajas de calificaciones por parte de las Agencias de Calificación de Riesgos.

En todo caso el importe de la ayuda quedaba condicionado a conocer el resultado de las auditorías independientes encargadas por el Ejecutivo a dos consultoras independientes (Oliver Wyman y Richard Berger). Una

En todo caso el importe de la ayuda quedaba condicionado a conocer el resultado de las auditorías independientes encargadas por el Ejecutivo a dos consultoras independientes (Oliver Wyman y Richard Berger). Una

Incluso cabe plantearse hasta qué punto la reforma podía proyectarse igualmente sobre las facultades reguladoras y sancionadoras del Banco de España, con el objeto de fortalecer su independencia, así como sobre la configuración, reglas de actuación y financiación del FROB y del FGD, con la finalidad de acercarlos a la estructura y criterios de funcionamiento de los futuros Fondos de Garantía y Resolución Europeos. En todo caso conviene tener presente a este respecto que, a la luz de lo aprobado respecto de los parámetros de funcionamiento del nuevo programa de ayuda a la recapitalización bancaria del EFSF-ESM aprobado con fecha de 21 de julio de 2011, el Estado de la Eurozona receptor de ayuda debe demostrar una condición fiscal sólida, debiendo cumplir con los requisitos impuestos por la Eurozona en esta materia. La restructuración/resolución de las entidades financieras se presenta como una condición necesaria para la articulación del rescate. Y, en cuanto a las condiciones impuestas a los bancos, las mismas serían tanto específicas a la entidad como estructurales (“horizontales”), incluyendo mejora de la supervisión, planes de resolución definidos, mejora en la gobernanza corporativa, apertura a la competencia extranjera y la eventual utilización de instrumentos bail-in.

Incluso cabe plantearse hasta qué punto la reforma podía proyectarse igualmente sobre las facultades reguladoras y sancionadoras del Banco de España, con el objeto de fortalecer su independencia, así como sobre la configuración, reglas de actuación y financiación del FROB y del FGD, con la finalidad de acercarlos a la estructura y criterios de funcionamiento de los futuros Fondos de Garantía y Resolución Europeos. En todo caso conviene tener presente a este respecto que, a la luz de lo aprobado respecto de los parámetros de funcionamiento del nuevo programa de ayuda a la recapitalización bancaria del EFSF-ESM aprobado con fecha de 21 de julio de 2011, el Estado de la Eurozona receptor de ayuda debe demostrar una condición fiscal sólida, debiendo cumplir con los requisitos impuestos por la Eurozona en esta materia. La restructuración/resolución de las entidades financieras se presenta como una condición necesaria para la articulación del rescate. Y, en cuanto a las condiciones impuestas a los bancos, las mismas serían tanto específicas a la entidad como estructurales (“horizontales”), incluyendo mejora de la supervisión, planes de resolución definidos, mejora en la gobernanza corporativa, apertura a la competencia extranjera y la eventual utilización de instrumentos bail-in.

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La recapitalización de las entidades financieras

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vez conocidos los informes el Banco de España analizaría dichos resultados y allí donde detectase fallos se reservaría el derecho de exigir nuevas provisiones o más capital a las entidades. Recuérdese que dichos asesores externos debían valorar la capacidad de resistencia de la banca en dos escenarios: el de base, en el que se adoptarían las previsiones actuales sobre la evolución de la economía y el ladrillo; y el llamado escenario “estresado”, donde se asumiría una coyuntura económica y una caída en los precios de los activos inmobiliarios “significativamente peores”. Los parámetros utilizados al efecto en ambos escenarios eran los mismos que había utilizado el FMI en la prueba de resistencia del Programa de Evaluación del Sector Financiero (FSAP).

vez conocidos los informes el Banco de España analizaría dichos resultados y allí donde detectase fallos se reservaría el derecho de exigir nuevas provisiones o más capital a las entidades. Recuérdese que dichos asesores externos debían valorar la capacidad de resistencia de la banca en dos escenarios: el de base, en el que se adoptarían las previsiones actuales sobre la evolución de la economía y el ladrillo; y el llamado escenario “estresado”, donde se asumiría una coyuntura económica y una caída en los precios de los activos inmobiliarios “significativamente peores”. Los parámetros utilizados al efecto en ambos escenarios eran los mismos que había utilizado el FMI en la prueba de resistencia del Programa de Evaluación del Sector Financiero (FSAP).

Desde nuestro punto de vista la decisión de habilitar los fondos de rescate europeos para sanear la banca española podía permitir que el rescate financiero fuese menos duro para los ciudadanos. Pero al final, inevitablemente los intereses de la deuda habría de pagarlos el contribuyente español. Téngase presente que, a pesar de que teóricamente el Gobierno reclamaría a los bancos que recibiesen la ayuda que costearan el préstamo cuando estuviesen saneados, cabría la posibilidad de que parte de dicha ayuda fuese a fondo perdido y que, por tanto, los intereses de dicha deuda hubieran de devolverse con financiación pública.

Desde nuestro punto de vista la decisión de habilitar los fondos de rescate europeos para sanear la banca española podía permitir que el rescate financiero fuese menos duro para los ciudadanos. Pero al final, inevitablemente los intereses de la deuda habría de pagarlos el contribuyente español. Téngase presente que, a pesar de que teóricamente el Gobierno reclamaría a los bancos que recibiesen la ayuda que costearan el préstamo cuando estuviesen saneados, cabría la posibilidad de que parte de dicha ayuda fuese a fondo perdido y que, por tanto, los intereses de dicha deuda hubieran de devolverse con financiación pública.

Al utilizar Bruselas sus fondos de rescate para prestarle al Estado español hasta 100.000 millones de euros que el FROB repartiría entre los bancos en apuros dicho dinero computaría como deuda, no como déficit, asumiendo aquellas entidades que recibiesen préstamos del FROB la obligación de devolver ese dinero al Estado español. Tendrá lugar así un incremento de la deuda del Estado, lo que podría precipitar las amenazas sobre rebajas de rating. Ello conduciría, de manera inexorable, a incrementar el haircut que se le aplica a nuestra deuda en los mercados de liquidez, provocando que muchos operadores se deshagan de ella causando su caída en precio y, por tanto, el incremento de la prima de riesgo.

Al utilizar Bruselas sus fondos de rescate para prestarle al Estado español hasta 100.000 millones de euros que el FROB repartiría entre los bancos en apuros dicho dinero computaría como deuda, no como déficit, asumiendo aquellas entidades que recibiesen préstamos del FROB la obligación de devolver ese dinero al Estado español. Tendrá lugar así un incremento de la deuda del Estado, lo que podría precipitar las amenazas sobre rebajas de rating. Ello conduciría, de manera inexorable, a incrementar el haircut que se le aplica a nuestra deuda en los mercados de liquidez, provocando que muchos operadores se deshagan de ella causando su caída en precio y, por tanto, el incremento de la prima de riesgo.

Ahora bien, los intereses que el Gobierno pagase por dicha deuda sí que computarían como déficit, lo que significaría que haría falta un nuevo ajuste para pagar esos intereses a Europa135. Existiría pues el riesgo de que

Ahora bien, los intereses que el Gobierno pagase por dicha deuda sí que computarían como déficit, lo que significaría que haría falta un nuevo ajuste para pagar esos intereses a Europa135. Existiría pues el riesgo de que

135 A este respecto inicialmente desde la Comisión se estimó razonable imponer un tipo de interés en el entorno del 3% ó el 4% al préstamo que recibiría el FROB para la reestructuración del sector bancario español.

135 A este respecto inicialmente desde la Comisión se estimó razonable imponer un tipo de interés en el entorno del 3% ó el 4% al préstamo que recibiría el FROB para la reestructuración del sector bancario español.

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Juan Calvo Vérgez

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Juan Calvo Vérgez

la ingente deuda privada de España terminara recayendo en el sector público. No obstante estaba por ver si esos intereses se contemplarían como una especie de déficit extraordinario causado por el apoyo financiero, lo cual sería importante de cara al cumplimiento de los objetivos fijados al respecto136. Y ello teniendo presente que, de no ser así, ese impacto en el gasto se tendría que compensar con nuevas medidas de ajuste137.

la ingente deuda privada de España terminara recayendo en el sector público. No obstante estaba por ver si esos intereses se contemplarían como una especie de déficit extraordinario causado por el apoyo financiero, lo cual sería importante de cara al cumplimiento de los objetivos fijados al respecto136. Y ello teniendo presente que, de no ser así, ese impacto en el gasto se tendría que compensar con nuevas medidas de ajuste137.

Desde nuestro punto de vista el impacto de dichos intereses en el déficit estatal podría quedar condicionado en función del tratamiento que se dé a las inyecciones de capital del Estado en la banca. Concretamente el impacto en el déficit dependería de si las inyecciones son consideradas como un gasto gubernamental. A priori una inyección de capital sería considerada como una transacción financiera sin ningún impacto en el déficit si el Gobierno actuase en la misma manera que un inversor privado, al buscar una remuneración a precios de mercado. En cambio dicha inyección de capital tendría la consideración de gasto gubernamental con un impacto en el déficit si el Gobierno estuviese de facto cubriendo las pérdidas de un banco.

Desde nuestro punto de vista el impacto de dichos intereses en el déficit estatal podría quedar condicionado en función del tratamiento que se dé a las inyecciones de capital del Estado en la banca. Concretamente el impacto en el déficit dependería de si las inyecciones son consideradas como un gasto gubernamental. A priori una inyección de capital sería considerada como una transacción financiera sin ningún impacto en el déficit si el Gobierno actuase en la misma manera que un inversor privado, al buscar una remuneración a precios de mercado. En cambio dicha inyección de capital tendría la consideración de gasto gubernamental con un impacto en el déficit si el Gobierno estuviese de facto cubriendo las pérdidas de un banco.

De cara a fijar el importe de dichos intereses (los cuales, en todo caso, habrían de ser inferiores que los derivados de una subasta del Tesoro) conviene tener presente que, por aquel entonces, el mercado venía exigiendo al Estado español unos intereses del 6,2% por comprar su deuda a 10 años y próximos al 5% por sus bonos a dos años. Con estos intereses, si el Tesoro tuviera que pedir entre 40.000 y 100.000 millones más a los mercados para ayudar a la banca, el coste del rescate bancario sería casi impagable para un país que en 2012 destinó cerca de 30.000 millones de euros de su Presupuesto a devolver los intereses de su deuda. Y ello en el supuesto de que el mercado adquiriese esos miles de millones de euros en papel español que el Tesoro no había previsto emitir, lo que resultaba ciertamente complicado en un instante en el que la deuda española no estaba premiada por las carteras de los inversores.

De cara a fijar el importe de dichos intereses (los cuales, en todo caso, habrían de ser inferiores que los derivados de una subasta del Tesoro) conviene tener presente que, por aquel entonces, el mercado venía exigiendo al Estado español unos intereses del 6,2% por comprar su deuda a 10 años y próximos al 5% por sus bonos a dos años. Con estos intereses, si el Tesoro tuviera que pedir entre 40.000 y 100.000 millones más a los mercados para ayudar a la banca, el coste del rescate bancario sería casi impagable para un país que en 2012 destinó cerca de 30.000 millones de euros de su Presupuesto a devolver los intereses de su deuda. Y ello en el supuesto de que el mercado adquiriese esos miles de millones de euros en papel español que el Tesoro no había previsto emitir, lo que resultaba ciertamente complicado en un instante en el que la deuda española no estaba premiada por las carteras de los inversores.

Asimismo habría que tener presente, de cara al cómputo de dicho déficit, a qué tipos prestaría el FROB a las entidades, en qué plazos y qué sucedería si éstas no pudieran asumirlos. 137 A priori parecía razonable que la concesión de esta línea de crédito sirviese para reducir la presión sobre el Tesoro español y, por ende, sobre la deuda española, lo que habría de permitir al Estado español captar la financiación que le quedaba para el resto de 2012 a unos costes más favorables. Ello contribuiría a equilibrar ese posible impacto negativo del rescate bancario en el déficit público.

Asimismo habría que tener presente, de cara al cómputo de dicho déficit, a qué tipos prestaría el FROB a las entidades, en qué plazos y qué sucedería si éstas no pudieran asumirlos. 137 A priori parecía razonable que la concesión de esta línea de crédito sirviese para reducir la presión sobre el Tesoro español y, por ende, sobre la deuda española, lo que habría de permitir al Estado español captar la financiación que le quedaba para el resto de 2012 a unos costes más favorables. Ello contribuiría a equilibrar ese posible impacto negativo del rescate bancario en el déficit público.

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La recapitalización de las entidades financieras

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Dada esta situación sería razonable estimar que el Estado español habría de compensar la recepción de esta ayuda con nuevos recortes. Y ello sin perjuicio de la imagen que se transmitiese a los mercados de que España no se puede financiar al 100% en los mercados de capitales.

Dada esta situación sería razonable estimar que el Estado español habría de compensar la recepción de esta ayuda con nuevos recortes. Y ello sin perjuicio de la imagen que se transmitiese a los mercados de que España no se puede financiar al 100% en los mercados de capitales.

En todo caso a través de esta inyección de capital parece lógico pensar que la banca española dará un importante paso en su saneamiento, al objeto de que las entidades vuelvan a conceder préstamos. Cuestión distinta será que, debido a la persistencia de la recesión, la banca encuentre demanda solvente en España para conceder de nuevo préstamos. No obstante la suma de dinero prestada habría de permitir que se saneen fuera de toda duda los balances de todas las entidades, permitiendo además que se produzcan compraventas en el mercado inmobiliario (al facilitar que los precios converjan a su valor de mercado) y que las entidades vuelvan a cumplir su función: facilitar la financiación a las empresas. En definitiva, si se recapitalizan los bancos, se fortalecen sus balances y se aleja el riesgo de insolvencia, las entidades estarán en mejor condiciones que antes de dar crédito a la economía real.

En todo caso a través de esta inyección de capital parece lógico pensar que la banca española dará un importante paso en su saneamiento, al objeto de que las entidades vuelvan a conceder préstamos. Cuestión distinta será que, debido a la persistencia de la recesión, la banca encuentre demanda solvente en España para conceder de nuevo préstamos. No obstante la suma de dinero prestada habría de permitir que se saneen fuera de toda duda los balances de todas las entidades, permitiendo además que se produzcan compraventas en el mercado inmobiliario (al facilitar que los precios converjan a su valor de mercado) y que las entidades vuelvan a cumplir su función: facilitar la financiación a las empresas. En definitiva, si se recapitalizan los bancos, se fortalecen sus balances y se aleja el riesgo de insolvencia, las entidades estarán en mejor condiciones que antes de dar crédito a la economía real.

Por otra parte debía entrar a precisarse la ‘jerarquía’ (seniority) de esa nueva deuda, es decir, si los bonistas actuales iban a verse desplazados en el orden de cobro en una hipotética reestructuración de la deuda española. Piénsese que, en el hipotético caso de que los nuevos títulos adquiriesen prioridad, ello podría provocar ventas de deuda española, ya que ésta habría adquirido mucho más riesgo de un día para otro138. Éste fue precisamente uno de los escollos de la reestructuración de la deuda griega, donde el BCE reclamó para sí una seniority de facto negándose a aceptar las quitas aplicadas a los inversores privados. Asimismo habría que entrar a precisar las cuestiones referentes a la subordinación respecto a las instituciones europeas o al FMI de los bonistas actuales y el riesgo de que se agrave la salida de inversores extranjeros y haya que solicitar un rescate integral lo que, a su vez, empeoraría aun más la subordinación.

Por otra parte debía entrar a precisarse la ‘jerarquía’ (seniority) de esa nueva deuda, es decir, si los bonistas actuales iban a verse desplazados en el orden de cobro en una hipotética reestructuración de la deuda española. Piénsese que, en el hipotético caso de que los nuevos títulos adquiriesen prioridad, ello podría provocar ventas de deuda española, ya que ésta habría adquirido mucho más riesgo de un día para otro138. Éste fue precisamente uno de los escollos de la reestructuración de la deuda griega, donde el BCE reclamó para sí una seniority de facto negándose a aceptar las quitas aplicadas a los inversores privados. Asimismo habría que entrar a precisar las cuestiones referentes a la subordinación respecto a las instituciones europeas o al FMI de los bonistas actuales y el riesgo de que se agrave la salida de inversores extranjeros y haya que solicitar un rescate integral lo que, a su vez, empeoraría aun más la subordinación.

Concretamente los préstamos del actual Fondo Europeo de Estabilidad Financiera no tienen carácter “privilegiado” frente a los del sector privado (principio de pari passu), a diferencia de los que otorgase el Mecanismo Europeo de Estabilidad, que tendrá un carácter privilegiado (preferred creditor status) similar al de los préstamos del FMI, hallándose sólo subordinados a éstos.

Concretamente los préstamos del actual Fondo Europeo de Estabilidad Financiera no tienen carácter “privilegiado” frente a los del sector privado (principio de pari passu), a diferencia de los que otorgase el Mecanismo Europeo de Estabilidad, que tendrá un carácter privilegiado (preferred creditor status) similar al de los préstamos del FMI, hallándose sólo subordinados a éstos.

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Juan Calvo Vérgez

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En el hipotético caso de que la nueva deuda entrase con las mismas condiciones (pari passu) con el resto de bonos emitidos, los inversores estarían mucho más calmados. Esta es la situación actual de los últimos planes de rescate de Irlanda, Grecia y Portugal. De hecho, la UE decidió aclarar explícitamente en la cumbre de marzo de 2012 en virtud de la cual se alcanzó el Pacto Fiscal dicho hecho para, de este modo, acelerar la vuelta al mercado de las economías rescatadas.

En el hipotético caso de que la nueva deuda entrase con las mismas condiciones (pari passu) con el resto de bonos emitidos, los inversores estarían mucho más calmados. Esta es la situación actual de los últimos planes de rescate de Irlanda, Grecia y Portugal. De hecho, la UE decidió aclarar explícitamente en la cumbre de marzo de 2012 en virtud de la cual se alcanzó el Pacto Fiscal dicho hecho para, de este modo, acelerar la vuelta al mercado de las economías rescatadas.

Tal y como se contempla en el Tratado del ESM firmado en su día la deuda del ESM tiene carácter privilegiado (preferred creditor status) sobre el resto de acreedores, con excepción del FMI. Es decir, se coloca por delante de bonistas privados en la cola a cobrar. Sin embargo, en el mismo Tratado se menciona que dicha condición privilegiada se perdería si el país que solicita ayuda al ESM recibiese ayuda del EFSF (que tiene status pari passu con el resto de acreedores) previamente a la firma del Tratado.

Tal y como se contempla en el Tratado del ESM firmado en su día la deuda del ESM tiene carácter privilegiado (preferred creditor status) sobre el resto de acreedores, con excepción del FMI. Es decir, se coloca por delante de bonistas privados en la cola a cobrar. Sin embargo, en el mismo Tratado se menciona que dicha condición privilegiada se perdería si el país que solicita ayuda al ESM recibiese ayuda del EFSF (que tiene status pari passu con el resto de acreedores) previamente a la firma del Tratado.

El hecho de que la nueva deuda tuviese o no jerarquía podía depender pues de un hecho aparentemente de carácter formal como el de solicitar el préstamo al Fondo de Rescate actual (FEEF/EFSF) o hacerlo al MEDE/ ESM. Y es que mientras que el primero trata la nueva deuda igual que la anterior (si bien se requeriría la unanimidad de los Estados) el segundo de dichos Fondos le da seniority de acuerdo con lo dispuesto por el art. 13 del Tratado del MEDE, de conformidad con el cual la deuda que asuman los Estados miembros con el Fondo convertirá a éste en un “acreedor preferente”, tan solo por debajo del Fondo Monetario Internacional139.

El hecho de que la nueva deuda tuviese o no jerarquía podía depender pues de un hecho aparentemente de carácter formal como el de solicitar el préstamo al Fondo de Rescate actual (FEEF/EFSF) o hacerlo al MEDE/ ESM. Y es que mientras que el primero trata la nueva deuda igual que la anterior (si bien se requeriría la unanimidad de los Estados) el segundo de dichos Fondos le da seniority de acuerdo con lo dispuesto por el art. 13 del Tratado del MEDE, de conformidad con el cual la deuda que asuman los Estados miembros con el Fondo convertirá a éste en un “acreedor preferente”, tan solo por debajo del Fondo Monetario Internacional139.

Así las cosas, en el supuesto de que se utilizase el FEEF para la recapitalización de la banca española se evitaría el carácter de acreedor preferente del MEDE, al margen de que la suma pudiera posteriormente transferirse a este último Fondo. Pero el préstamo transferido ya no constituiría deuda senior con respecto a otra deuda española, al haberse originado en el FEEF. Ahora bien este último Fondo no cuenta con dinero líquido, sino que para obtener sus recursos emite deuda y luego se lo presta al Estado en cuestión al mismo tipo de interés que ha pagado más un pequeño diferencial. En todo

Así las cosas, en el supuesto de que se utilizase el FEEF para la recapitalización de la banca española se evitaría el carácter de acreedor preferente del MEDE, al margen de que la suma pudiera posteriormente transferirse a este último Fondo. Pero el préstamo transferido ya no constituiría deuda senior con respecto a otra deuda española, al haberse originado en el FEEF. Ahora bien este último Fondo no cuenta con dinero líquido, sino que para obtener sus recursos emite deuda y luego se lo presta al Estado en cuestión al mismo tipo de interés que ha pagado más un pequeño diferencial. En todo

En efecto, los préstamos que concede el MEDE sí que tienen la condición de deuda senior, prevaleciendo su derecho de cobro ante cualquier otro préstamo, con la única excepción del FMI. Esta circunstancia (el hecho de que los préstamos del MEDE tengan preferencia de cobro ante otros inversores) podría dificultar las emisiones del Tesoro.

En efecto, los préstamos que concede el MEDE sí que tienen la condición de deuda senior, prevaleciendo su derecho de cobro ante cualquier otro préstamo, con la única excepción del FMI. Esta circunstancia (el hecho de que los préstamos del MEDE tengan preferencia de cobro ante otros inversores) podría dificultar las emisiones del Tesoro.

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La recapitalización de las entidades financieras

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caso, como se ha señalado, los préstamos que concede el FEEF a un país no tienen prioridad de cobro respecto a otros inversores.

caso, como se ha señalado, los préstamos que concede el FEEF a un país no tienen prioridad de cobro respecto a otros inversores.

A nuestro juicio una de las principales cuestiones que debía clarificarse, además de las relativas a la concreción del tipo de interés del préstamo y de los plazos de su devolución, era si el préstamo se iba a articular mediante una inyección directa de capital o si, tratándose de entidades que no estuviesen decapitalizadas, podría estructurarse a través de CoCos, pero en el caso de entidades descapitalizadas, la inyección de capital sería directa.

A nuestro juicio una de las principales cuestiones que debía clarificarse, además de las relativas a la concreción del tipo de interés del préstamo y de los plazos de su devolución, era si el préstamo se iba a articular mediante una inyección directa de capital o si, tratándose de entidades que no estuviesen decapitalizadas, podría estructurarse a través de CoCos, pero en el caso de entidades descapitalizadas, la inyección de capital sería directa.

Dos eran las pues las posibilidades existentes: instrumentar el apoyo financiero a través de acciones o como convertibles contingentes. Y, dado que en la normativa reguladora del EFSF se señala que el capital aportado como parte de una recapitalización pública habrá de ser de la mayor calidad posible, parecería más razonable que dicha recapitalización se instrumentase a través de capital ordinario140. En efecto, parecía más conveniente que el dinero se destinase directamente a la banca problemática lo antes posible, quedando los bancos intervenidos como nacionalizados.

Dos eran las pues las posibilidades existentes: instrumentar el apoyo financiero a través de acciones o como convertibles contingentes. Y, dado que en la normativa reguladora del EFSF se señala que el capital aportado como parte de una recapitalización pública habrá de ser de la mayor calidad posible, parecería más razonable que dicha recapitalización se instrumentase a través de capital ordinario140. En efecto, parecía más conveniente que el dinero se destinase directamente a la banca problemática lo antes posible, quedando los bancos intervenidos como nacionalizados.

Ciertamente, en el supuesto de que se acometiese la recapitalización vía CoCos, títulos obligatoriamente convertibles emitidos a 5 años (exigiéndose por parte del FROB, por ejemplo, un tipo de interés entre el 8,5% al 10%) habría que tener presente que, a pesar de que dichos bonos serían computables normativamente como capital, no lo serían sustantivamente, dado que resultarían plenamente exigibles, en atención a su carácter oneroso. En el supuesto de que la convertibilidad que llevan asociados dichos bonos terminara produciéndose debido a la imposibilidad del pago del principal o de los intereses a la finalización del citado plazo de cinco años se activaría la carga de la remuneración del título, recayendo la misma sobre los prestatarios. Y ello sin perjuicio de que el FROB (esto es, el Estado) se viese obligado a asumir la condición de accionista por el valor nominal de los títulos suscritos.

Ciertamente, en el supuesto de que se acometiese la recapitalización vía CoCos, títulos obligatoriamente convertibles emitidos a 5 años (exigiéndose por parte del FROB, por ejemplo, un tipo de interés entre el 8,5% al 10%) habría que tener presente que, a pesar de que dichos bonos serían computables normativamente como capital, no lo serían sustantivamente, dado que resultarían plenamente exigibles, en atención a su carácter oneroso. En el supuesto de que la convertibilidad que llevan asociados dichos bonos terminara produciéndose debido a la imposibilidad del pago del principal o de los intereses a la finalización del citado plazo de cinco años se activaría la carga de la remuneración del título, recayendo la misma sobre los prestatarios. Y ello sin perjuicio de que el FROB (esto es, el Estado) se viese obligado a asumir la condición de accionista por el valor nominal de los títulos suscritos.

Con fecha de 12 de julio de 2011 se conoció que España cobraría, al menos, un interés del 8,5% anual a los bancos a los que rescatase debido a que así lo exige la normativa comunitaria. De este modo el Estado podría

Con fecha de 12 de julio de 2011 se conoció que España cobraría, al menos, un interés del 8,5% anual a los bancos a los que rescatase debido a que así lo exige la normativa comunitaria. De este modo el Estado podría

140 Como es lógico en este caso la política de dividendos de las entidades que contasen con soporte financiero quedaría condicionada por los acuerdos de condiciones alcanzados de forma específica en el Memorandum de Entendimiento de la financiación.

140 Como es lógico en este caso la política de dividendos de las entidades que contasen con soporte financiero quedaría condicionada por los acuerdos de condiciones alcanzados de forma específica en el Memorandum de Entendimiento de la financiación.

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Juan Calvo Vérgez

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embolsarse la diferencia entre el 8,5% y el 4% por rescatar a los bancos en problemas siempre y cuando estos fuesen capaces en algún momento de devolver el dinero prestado. Téngase presente a este respecto que las normativas comunitarias de ayudas públicas exigen que los bancos que las reciben contribuyan al coste de su propia reestructuración y que, por tanto, el Estado reciba una remuneración adecuada por estas ayudas. De acuerdo con estos datos, en el supuesto de que la inyección de capital se efectuase mediante la compra de acciones, el valor de estos títulos determinaría que el Estado recuperase antes o después su inversión y podría ir recibiendo dividendos si la entidad entrase en beneficios. Y, en el supuesto de que la ayuda se hiciese llegar a través de la compra de CoCos, el Estado recibiría un interés fijo anual por dichos instrumentos de capital hasta su desinversión, siendo el interés mínimo aceptado por la Comisión en casos anteriores del 8,5%141.

embolsarse la diferencia entre el 8,5% y el 4% por rescatar a los bancos en problemas siempre y cuando estos fuesen capaces en algún momento de devolver el dinero prestado. Téngase presente a este respecto que las normativas comunitarias de ayudas públicas exigen que los bancos que las reciben contribuyan al coste de su propia reestructuración y que, por tanto, el Estado reciba una remuneración adecuada por estas ayudas. De acuerdo con estos datos, en el supuesto de que la inyección de capital se efectuase mediante la compra de acciones, el valor de estos títulos determinaría que el Estado recuperase antes o después su inversión y podría ir recibiendo dividendos si la entidad entrase en beneficios. Y, en el supuesto de que la ayuda se hiciese llegar a través de la compra de CoCos, el Estado recibiría un interés fijo anual por dichos instrumentos de capital hasta su desinversión, siendo el interés mínimo aceptado por la Comisión en casos anteriores del 8,5%141.

En el supuesto de que el tipo de interés del rescate se situase entre el 3% y el 4%, si las entidades financieras quedasen obligadas a abonar, como mínimo, un 8,5%, dichos intereses, con el tiempo, compensarían ampliamente los otros. De este modo el posible efecto negativo del préstamo europeo sobre el déficit, con el tiempo, se vería compensado por los intereses que el Estado recibiría de las entidades bancarias recapitalizadas con fondos públicos.

En el supuesto de que el tipo de interés del rescate se situase entre el 3% y el 4%, si las entidades financieras quedasen obligadas a abonar, como mínimo, un 8,5%, dichos intereses, con el tiempo, compensarían ampliamente los otros. De este modo el posible efecto negativo del préstamo europeo sobre el déficit, con el tiempo, se vería compensado por los intereses que el Estado recibiría de las entidades bancarias recapitalizadas con fondos públicos.

La inyección de capital efectuada se consideraría como una transacción financiera, sin impacto en el déficit público, si el Gobierno español actuase de la misma forma que un inversor privado, esto es, buscando una tasa de retorno de mercado. Ahora bien la recapitalización habría de considerarse como gasto público, con impacto en el déficit, si se dedicase de facto a cubrir las pérdidas de un banco.

La inyección de capital efectuada se consideraría como una transacción financiera, sin impacto en el déficit público, si el Gobierno español actuase de la misma forma que un inversor privado, esto es, buscando una tasa de retorno de mercado. Ahora bien la recapitalización habría de considerarse como gasto público, con impacto en el déficit, si se dedicase de facto a cubrir las pérdidas de un banco.

En definitiva, si el Estado invirtiese en la entidad mediante la compra de acciones la viabilidad de la entidad estaría garantizada pero tendría un intenso efecto dilutivo sobre los accionistas actuales. En cambio, si lo hiciese mediante la compra de CoCos, ello supondría una carga financiera añadida a las entidades, dado que éstas habrían de pagar una rentabilidad por él. Debido a ello la viabilidad futura de los bancos necesitados de ayuda sería lo que habría de condicionar el otorgamiento de la financiación. De

En definitiva, si el Estado invirtiese en la entidad mediante la compra de acciones la viabilidad de la entidad estaría garantizada pero tendría un intenso efecto dilutivo sobre los accionistas actuales. En cambio, si lo hiciese mediante la compra de CoCos, ello supondría una carga financiera añadida a las entidades, dado que éstas habrían de pagar una rentabilidad por él. Debido a ello la viabilidad futura de los bancos necesitados de ayuda sería lo que habría de condicionar el otorgamiento de la financiación. De

141 Téngase presente en todo caso que la normativa comunitaria sobre ayudas de Estado exige que aquellas entidades financieras que reciban ayudas contribuyan al coste de su propia reestructuración y que, por tanto, el Estado reciba una remuneración adecuada por estas ayudas.

141 Téngase presente en todo caso que la normativa comunitaria sobre ayudas de Estado exige que aquellas entidades financieras que reciban ayudas contribuyan al coste de su propia reestructuración y que, por tanto, el Estado reciba una remuneración adecuada por estas ayudas.

La recapitalización de las entidades financieras

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La recapitalización de las entidades financieras

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cualquier manera, puesto que el capital recibido se canalizaría a través del FROB se vería incrementada la deuda del Estado, reforzándose aun más si cabe el vínculo existente entre el Estado y los bancos. El Estado asumiría pues un elevado riesgo en caso de impago, al responsabilizarse al FROB de la distribución a cada una de las entidades bancarias deficitarias. Igualmente se asumiría el pago de los intereses a los fondos europeos, que formarían parte del déficit público en el capítulo de intereses de la deuda.

cualquier manera, puesto que el capital recibido se canalizaría a través del FROB se vería incrementada la deuda del Estado, reforzándose aun más si cabe el vínculo existente entre el Estado y los bancos. El Estado asumiría pues un elevado riesgo en caso de impago, al responsabilizarse al FROB de la distribución a cada una de las entidades bancarias deficitarias. Igualmente se asumiría el pago de los intereses a los fondos europeos, que formarían parte del déficit público en el capítulo de intereses de la deuda.

Tras la formalización de la ayuda financiera la deuda pública española podría dispararse hasta el 90% del PIB, lo cual dificultaría su acceso futuro a los mercados financieros. Y, tal y como se ha venido insistiendo, si la financiación procediese del Mecanismo de Estabilidad Fiscal la deuda contraída con Europa prevalecería sobre la deuda pública en poder de los agentes privados, ya fueran estos españoles o extranjeros142.

Tras la formalización de la ayuda financiera la deuda pública española podría dispararse hasta el 90% del PIB, lo cual dificultaría su acceso futuro a los mercados financieros. Y, tal y como se ha venido insistiendo, si la financiación procediese del Mecanismo de Estabilidad Fiscal la deuda contraída con Europa prevalecería sobre la deuda pública en poder de los agentes privados, ya fueran estos españoles o extranjeros142.

¿Podría implicar una eventual calificación como seniority de la deuda del ESM la activación de los Credit Default Swaps (CDS) sobre deuda española, representando en consecuencia un pago de aquellos que vendieron protección crediticia hacia aquellos que la compraron y activándose dichos Credit Default Swaps a resultas de un simple préstamo del ESM? A nuestro juicio la respuesta a la citada cuestión habría de ser negativa. Las reglas de los CDS incluyen la reestructuración como un “evento de crédito”, constituyendo uno de los fenómenos que puede considerarse como reestructuración la subordinación, tal y como se recoge además en el Tratado del ESM. Sin embargo, ya en 2011, cuando Irlanda recibió ayuda del FMI, no se procedió a la activación de los CDS.

¿Podría implicar una eventual calificación como seniority de la deuda del ESM la activación de los Credit Default Swaps (CDS) sobre deuda española, representando en consecuencia un pago de aquellos que vendieron protección crediticia hacia aquellos que la compraron y activándose dichos Credit Default Swaps a resultas de un simple préstamo del ESM? A nuestro juicio la respuesta a la citada cuestión habría de ser negativa. Las reglas de los CDS incluyen la reestructuración como un “evento de crédito”, constituyendo uno de los fenómenos que puede considerarse como reestructuración la subordinación, tal y como se recoge además en el Tratado del ESM. Sin embargo, ya en 2011, cuando Irlanda recibió ayuda del FMI, no se procedió a la activación de los CDS.

Recapitulando, varias eran las preguntas susceptibles de ser planteadas inicialmente en torno a la ayuda financiera solicitada con fecha de 9 de junio de 2012 por el Estado español. ¿Cuánto capital podía aportarse en realidad? ¿Cuáles eran los bancos que necesitaban una recapitalización? ¿Cómo se gestionaría todo el proceso? ¿Qué entidades podrían verse obligadas a desaparecer o, cuanto menos, a reducir su tamaño? ¿Qué cambios exigiría

Recapitulando, varias eran las preguntas susceptibles de ser planteadas inicialmente en torno a la ayuda financiera solicitada con fecha de 9 de junio de 2012 por el Estado español. ¿Cuánto capital podía aportarse en realidad? ¿Cuáles eran los bancos que necesitaban una recapitalización? ¿Cómo se gestionaría todo el proceso? ¿Qué entidades podrían verse obligadas a desaparecer o, cuanto menos, a reducir su tamaño? ¿Qué cambios exigiría

En este sentido, quizás si el rescate se hubiese articulado directamente a la banca, sin intervención del Estado, se hubiese evitado gran parte de la desconfianza de los mercados. Sobre todo, teniendo en cuenta que el Mecanismo Europeo de Estabilidad otorga la facultad a los ministros de Economía europeos para modificar los sistemas de ayuda, posibilitando la ayuda directa a la banca, sin intervención del Estado, lo que podría representar un primer paso hacia la Unión Bancaria Europea.

En este sentido, quizás si el rescate se hubiese articulado directamente a la banca, sin intervención del Estado, se hubiese evitado gran parte de la desconfianza de los mercados. Sobre todo, teniendo en cuenta que el Mecanismo Europeo de Estabilidad otorga la facultad a los ministros de Economía europeos para modificar los sistemas de ayuda, posibilitando la ayuda directa a la banca, sin intervención del Estado, lo que podría representar un primer paso hacia la Unión Bancaria Europea.

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Juan Calvo Vérgez

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la Eurozona, tanto a los bancos por separado como al marco regulador de España? ¿Insistiría la Eurozona en obligar a los actuales accionistas a asumir las eventuales pérdidas?

la Eurozona, tanto a los bancos por separado como al marco regulador de España? ¿Insistiría la Eurozona en obligar a los actuales accionistas a asumir las eventuales pérdidas?

Con carácter general, de cara a poder responder a estas y a otras cuestiones resultaba necesario conocer los resultados de los informes encargados a los expertos independientes. El estudio realizado al efecto por el FMI calculó que se necesitarían 37.000 millones de euros para garantizar que todos los bancos tuviesen un ratio Tier 1 del 7% según Basilea III. Sin embargo cabía la posibilidad de que el mercado exigiese, al menos, un 9%, de manera que en dicho caso la cifra en cuestión se acercaría mucho más a los 100.000 millones de euros.

Con carácter general, de cara a poder responder a estas y a otras cuestiones resultaba necesario conocer los resultados de los informes encargados a los expertos independientes. El estudio realizado al efecto por el FMI calculó que se necesitarían 37.000 millones de euros para garantizar que todos los bancos tuviesen un ratio Tier 1 del 7% según Basilea III. Sin embargo cabía la posibilidad de que el mercado exigiese, al menos, un 9%, de manera que en dicho caso la cifra en cuestión se acercaría mucho más a los 100.000 millones de euros.

En todo caso con fecha de 13 de junio de 2012 se supo que este “eurocrédito” concedido a España preveía cinco años de carencia, lo que aliviaba hasta 2017 la devolución de los hasta 100.000 millones previstos en el rescate. Dicho período de carencia de cinco años, durante el cual no habría que pagar intereses, posibilitaría que el déficit no se viese afectado durante los próximos años, no afectando de este modo a la consecución de los objetivos impuestos por Bruselas al Estado español143. Del mismo modo, podría favorecer una relajación de la prima de riesgo, al despejarse las dudas de los inversores en bonos sobre la posibilidad de que el Mecanismo Europeo de Estabilidad fuera el que finalmente instrumentalice el crédito y estuviera por delante en el derecho de cobro. Y es que, mientras que España pagaría un interés del 3% por las ayudas, las entidades financieras habrían de abonar un tipo del 8,5%.

En todo caso con fecha de 13 de junio de 2012 se supo que este “eurocrédito” concedido a España preveía cinco años de carencia, lo que aliviaba hasta 2017 la devolución de los hasta 100.000 millones previstos en el rescate. Dicho período de carencia de cinco años, durante el cual no habría que pagar intereses, posibilitaría que el déficit no se viese afectado durante los próximos años, no afectando de este modo a la consecución de los objetivos impuestos por Bruselas al Estado español143. Del mismo modo, podría favorecer una relajación de la prima de riesgo, al despejarse las dudas de los inversores en bonos sobre la posibilidad de que el Mecanismo Europeo de Estabilidad fuera el que finalmente instrumentalice el crédito y estuviera por delante en el derecho de cobro. Y es que, mientras que España pagaría un interés del 3% por las ayudas, las entidades financieras habrían de abonar un tipo del 8,5%.

Por otro lado parecía claro que el plazo de inyección del préstamo a los bancos no sería inmediato y que dependería de la situación de cada entidad bancaria tras su evaluación. A priori la canalización del préstamo dependería del plazo de las operaciones, ya que si es a corto plazo sería el Fondo Europeo de Estabilidad de Rescate habilitado al efecto, para pasar posteriormente al Mecanismo europeo de Rescate una vez ratificado por los Estados miembros. El coste de la financiación del préstamo lo soporta-

Por otro lado parecía claro que el plazo de inyección del préstamo a los bancos no sería inmediato y que dependería de la situación de cada entidad bancaria tras su evaluación. A priori la canalización del préstamo dependería del plazo de las operaciones, ya que si es a corto plazo sería el Fondo Europeo de Estabilidad de Rescate habilitado al efecto, para pasar posteriormente al Mecanismo europeo de Rescate una vez ratificado por los Estados miembros. El coste de la financiación del préstamo lo soporta-

Cabe recordar a este respecto que el plazo medio de devolución de los préstamos del Fondo de Rescate a Portugal y a Irlanda es de 7,5 años y medio y ninguno de los dos países se beneficia de un periodo de carencia. Por lo que respecta a Grecia, el plazo fue ampliado hasta 30 años, si bien se trata de préstamos bilaterales de los Estados miembros.

Cabe recordar a este respecto que el plazo medio de devolución de los préstamos del Fondo de Rescate a Portugal y a Irlanda es de 7,5 años y medio y ninguno de los dos países se beneficia de un periodo de carencia. Por lo que respecta a Grecia, el plazo fue ampliado hasta 30 años, si bien se trata de préstamos bilaterales de los Estados miembros.

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La recapitalización de las entidades financieras

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rían en principio los bancos, bien a través de operaciones de participación preferentes o de participaciones directas en capital.

rían en principio los bancos, bien a través de operaciones de participación preferentes o de participaciones directas en capital.

Como es sabido el Estado se financia en el mercado. Concretamente, en 2012 el objetivo era colocar 85.900 millones de euros (el 55% ya está cubierto), siendo su principal comprador el propio sistema financiero español, que desde 2011 ha desbancado a los inversores extranjeros. En el mes de marzo de 2012 las entidades españolas tenían el 40,94% de la cartera de deuda patria, el equivalente a 239.500 millones de euros.

Como es sabido el Estado se financia en el mercado. Concretamente, en 2012 el objetivo era colocar 85.900 millones de euros (el 55% ya está cubierto), siendo su principal comprador el propio sistema financiero español, que desde 2011 ha desbancado a los inversores extranjeros. En el mes de marzo de 2012 las entidades españolas tenían el 40,94% de la cartera de deuda patria, el equivalente a 239.500 millones de euros.

La principal consecuencia es pues que el Estado se financia en gran parte por la inversión de los bancos. Se trata, además, de una dependencia creciente, ya que en los últimos quince meses pasó de poseer el 27,9% (en diciembre de 2010) de la cartera de deuda a vencimiento a alcanzar el 40,94% en el mes de marzo de 2012. Dicho incremento se vio impulsado además por las dos barras libres de liquidez que realizó el Banco Central Europeo (1 billón de euros en total). Las entidades financieras emplearon parte de ese capital barato (al 1%) para comprar deuda y compensar así la menor demanda de inversores extranjeros.

La principal consecuencia es pues que el Estado se financia en gran parte por la inversión de los bancos. Se trata, además, de una dependencia creciente, ya que en los últimos quince meses pasó de poseer el 27,9% (en diciembre de 2010) de la cartera de deuda a vencimiento a alcanzar el 40,94% en el mes de marzo de 2012. Dicho incremento se vio impulsado además por las dos barras libres de liquidez que realizó el Banco Central Europeo (1 billón de euros en total). Las entidades financieras emplearon parte de ese capital barato (al 1%) para comprar deuda y compensar así la menor demanda de inversores extranjeros.

Por otro lado, las nuevas exigencias impuestas al sistema financiero español hicieron aflorar necesidades extra de capital que las entidades no pueden generar por sí mismas y por las que requieren ayuda externa.

Por otro lado, las nuevas exigencias impuestas al sistema financiero español hicieron aflorar necesidades extra de capital que las entidades no pueden generar por sí mismas y por las que requieren ayuda externa.

Con estos datos parecía claro que quien habría de rescatar a la banca sería, de manera más o menos indirecta, el Estado. Tal y como hemos tenido ocasión de precisar la Zona Euro ya había acordado que iba a habilitar un préstamo de hasta 100.000 millones de euros para sanear a la banca española. El problema era que, tal y como quedaba establecido, el Fondo de Rescate no podía ayudar directamente a la banca, sino que debía prestar el dinero al Estado y éste canalizarlo al sistema financiero español. Y, al articularse el préstamo a través del FROB, el Estado español se convertiría en el garante último del préstamo, con el riesgo que ello implicaba. Además, dadas dichas condiciones, la articulación de dicho préstamo implicaría aumentar la ratio de deuda PIB de España hasta alrededor del 100% (frente al 70,8% que preveía el Tesoro para 2012).

Con estos datos parecía claro que quien habría de rescatar a la banca sería, de manera más o menos indirecta, el Estado. Tal y como hemos tenido ocasión de precisar la Zona Euro ya había acordado que iba a habilitar un préstamo de hasta 100.000 millones de euros para sanear a la banca española. El problema era que, tal y como quedaba establecido, el Fondo de Rescate no podía ayudar directamente a la banca, sino que debía prestar el dinero al Estado y éste canalizarlo al sistema financiero español. Y, al articularse el préstamo a través del FROB, el Estado español se convertiría en el garante último del préstamo, con el riesgo que ello implicaba. Además, dadas dichas condiciones, la articulación de dicho préstamo implicaría aumentar la ratio de deuda PIB de España hasta alrededor del 100% (frente al 70,8% que preveía el Tesoro para 2012).

Ciertamente se ha de reconocer que, a la luz de dichos cálculos, la deuda española no se alejaría demasiado de la media de la Eurozona (87,4% del PIB en 2011). Sin embargo, al mismo tiempo, desaparecería uno de los pun-

Ciertamente se ha de reconocer que, a la luz de dichos cálculos, la deuda española no se alejaría demasiado de la media de la Eurozona (87,4% del PIB en 2011). Sin embargo, al mismo tiempo, desaparecería uno de los pun-

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Juan Calvo Vérgez

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tos fuertes que España estaba ‘vendiendo’ a los inversores extranjeros: su bajo nivel de endeudamiento en relación con el PIB. Y todo ello al margen de la cuestión relativa a la seniority de la deuda, anteriormente expuesta, en función de que fuese el FEEF o el MEDE quien financiara los hasta 100.000 millones de euros que va a recibir España. Ni que decir tiene que los principales afectados de dicha seniority serían los bancos españoles, al ser los principales tenedores de deuda patria.

tos fuertes que España estaba ‘vendiendo’ a los inversores extranjeros: su bajo nivel de endeudamiento en relación con el PIB. Y todo ello al margen de la cuestión relativa a la seniority de la deuda, anteriormente expuesta, en función de que fuese el FEEF o el MEDE quien financiara los hasta 100.000 millones de euros que va a recibir España. Ni que decir tiene que los principales afectados de dicha seniority serían los bancos españoles, al ser los principales tenedores de deuda patria.

En todo caso, de acuerdo con lo establecido por las reglas comunitarias una inyección de capital es considerada como una transacción financiera –sin impacto en el déficit– cuando el Gobierno está actuando como si fuera un inversor privado, buscando un retorno (beneficio) en la operación. Y, al contrario, dicha inyección de capital sería considerada como gasto público –y por tanto afectaría al déficit– cuando de facto ese préstamo sirviese para cubrir las pérdidas del banco que recibe la ayuda. Es decir, llegado el caso en que el Gobierno no pudiese recuperar el principal del préstamo, toda esa cantidad se añadiría al déficit. En este sentido, si la inyección de capital se articulase mediante la compra de acciones, el valor de estos títulos determinaría que el Estado recuperase antes o después su inversión y pudiera ir recibiendo dividendos si la entidad está en beneficios.

En todo caso, de acuerdo con lo establecido por las reglas comunitarias una inyección de capital es considerada como una transacción financiera –sin impacto en el déficit– cuando el Gobierno está actuando como si fuera un inversor privado, buscando un retorno (beneficio) en la operación. Y, al contrario, dicha inyección de capital sería considerada como gasto público –y por tanto afectaría al déficit– cuando de facto ese préstamo sirviese para cubrir las pérdidas del banco que recibe la ayuda. Es decir, llegado el caso en que el Gobierno no pudiese recuperar el principal del préstamo, toda esa cantidad se añadiría al déficit. En este sentido, si la inyección de capital se articulase mediante la compra de acciones, el valor de estos títulos determinaría que el Estado recuperase antes o después su inversión y pudiera ir recibiendo dividendos si la entidad está en beneficios.

Con fecha de 21 de junio de 2012 se conoció, a través de los informes presentados por los evaluadores independientes (Oliver Wyman y Roland Berger) que las necesidades extra de capital de la banca española se situaban entre 16.000 y 62.000 millones de euros. Dichos informes evaluaron la resistencia del sistema financiero español para soportar escenarios macroeconómicos desfavorables tomando como punto de referencia dos escenarios, a saber, uno más previsible y otro más estresado y negativo pero también más improbables.

Con fecha de 21 de junio de 2012 se conoció, a través de los informes presentados por los evaluadores independientes (Oliver Wyman y Roland Berger) que las necesidades extra de capital de la banca española se situaban entre 16.000 y 62.000 millones de euros. Dichos informes evaluaron la resistencia del sistema financiero español para soportar escenarios macroeconómicos desfavorables tomando como punto de referencia dos escenarios, a saber, uno más previsible y otro más estresado y negativo pero también más improbables.

En el primer caso planteado, esto es, el correspondiente al escenario base, los requerimientos de capital extra para que las entidades cumpliesen con las exigencias ascendían para Oliver Wyman a una horquilla entre 16.000 y 25.000 millones de euros y para Roland Berger a 25.600 millones de euros. Y, por lo que respecta al escenario más estresado144, los evaluado-

En el primer caso planteado, esto es, el correspondiente al escenario base, los requerimientos de capital extra para que las entidades cumpliesen con las exigencias ascendían para Oliver Wyman a una horquilla entre 16.000 y 25.000 millones de euros y para Roland Berger a 25.600 millones de euros. Y, por lo que respecta al escenario más estresado144, los evaluado-

Concretamente al amparo de este segundo escenario se contemplaba una caída del 6,5% del Producto Interior Bruto hasta 2014 y un ‘colchón de capital’ del 6% para las entidades, frente al 9% del test moderado. Además el test tuvo en cuenta el crédito concedido a hogares y empresas, incluido el prestado para la compra de activos inmobiliarios, lo que ampliaba el

Concretamente al amparo de este segundo escenario se contemplaba una caída del 6,5% del Producto Interior Bruto hasta 2014 y un ‘colchón de capital’ del 6% para las entidades, frente al 9% del test moderado. Además el test tuvo en cuenta el crédito concedido a hogares y empresas, incluido el prestado para la compra de activos inmobiliarios, lo que ampliaba el

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La recapitalización de las entidades financieras

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res estimaron una pérdida de actividad del 6,5%, una corrección del precio de la vivienda del 26,4% (55%-60% desde el pico de 2008) y una caída del precio del suelo del 85%-90% desde el máximo145. Y en este caso las necesidades agregadas de capital se situaban para Oliver Wyman entre 51.000 y 62.000 millones de euros146 y para Roland Berger en 51.800 millones.

res estimaron una pérdida de actividad del 6,5%, una corrección del precio de la vivienda del 26,4% (55%-60% desde el pico de 2008) y una caída del precio del suelo del 85%-90% desde el máximo145. Y en este caso las necesidades agregadas de capital se situaban para Oliver Wyman entre 51.000 y 62.000 millones de euros146 y para Roland Berger en 51.800 millones.

Tal y como quedó puesto de manifiesto en ambos informes, los problemas existentes se concentraban sobre entidades que ya habían sido objeto de actuaciones por parte de las autoridades nacionales a través del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria. De este modo las tres grandes entidades del sector financiero (Banco Santander, BBVA y CaixaBank) cumplían los requisitos de capital incluso ante un hipotético empeoramiento severo de la economía española.

Tal y como quedó puesto de manifiesto en ambos informes, los problemas existentes se concentraban sobre entidades que ya habían sido objeto de actuaciones por parte de las autoridades nacionales a través del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria. De este modo las tres grandes entidades del sector financiero (Banco Santander, BBVA y CaixaBank) cumplían los requisitos de capital incluso ante un hipotético empeoramiento severo de la economía española.

De los dos informes, era el de Oliver Wyman el que calculaba la necesidad de capital más alta en el escenario estresado, hasta 62.000 millones de euros. A esta cifra se llegaba tras afirmar que las pérdidas esperadas en los balances de la banca española sumaban entre 250.000 y 270.000 millones de euros. La capacidad de absorción de estas pérdidas, en tres años, alcanzaba una horquilla de entre 230.000 y 250.000 millones de euros. La citada consultora calculó que en los próximos tres años, la capacidad de generación de margen bruto (ingresos menos gastos, antes de provisiones) se situaba entre 60.000 y 70.000 millones de euros. En dicha cifra se incluían unos 15.000 millones de beneficio neto de las operaciones internacionales de la banca, principalmente en el negocio en el extranjero de Santander y BBVA.

De los dos informes, era el de Oliver Wyman el que calculaba la necesidad de capital más alta en el escenario estresado, hasta 62.000 millones de euros. A esta cifra se llegaba tras afirmar que las pérdidas esperadas en los balances de la banca española sumaban entre 250.000 y 270.000 millones de euros. La capacidad de absorción de estas pérdidas, en tres años, alcanzaba una horquilla de entre 230.000 y 250.000 millones de euros. La citada consultora calculó que en los próximos tres años, la capacidad de generación de margen bruto (ingresos menos gastos, antes de provisiones) se situaba entre 60.000 y 70.000 millones de euros. En dicha cifra se incluían unos 15.000 millones de beneficio neto de las operaciones internacionales de la banca, principalmente en el negocio en el extranjero de Santander y BBVA.

En 2011, los bancos españoles generaron un margen bruto cercano a los 48.000 millones de euros. Sin embargo, si se restaba la contribución de las

En 2011, los bancos españoles generaron un margen bruto cercano a los 48.000 millones de euros. Sin embargo, si se restaba la contribución de las

rigor de la prueba frente a las provisiones sobre el ‘ladrillo’ exigidas por las reformas articuladas por el Ejecutivo a través de los distintos Reales Decretos-Leyes aprobados. Por otra parte, los tests incluían en el escenario adverso una caída del precio de la vivienda de hasta el 20% frente al 5% previsto en el escenario base. 145 Ciertamente se ha de reconocer que la adopción de un escenario macroeconómico tan negativo como el que se planteaba en la versión adversa, con una reducción acumulada de 6,5% en el presente y los dos próximos años, podría llegar a reducir ostensiblemente la capacidad de generación de márgenes netos en una proporción sensiblemente superior a la prevista. 146 Oliver Wyman calculó en el escenario base que el sistema financiero sufriría durante tres años unas pérdidas de entre 173.000 y 194.000 millones de euros en sus libros, desastre que compensaría parcialmente con 98.000 millones en provisiones, 5.000 millones en esquemas de protección y 65.000 millones de euros por generación de beneficios. Sin embargo, en el escenario adverso preveía hasta 270.000 millones de euros de pérdidas para la banca.

rigor de la prueba frente a las provisiones sobre el ‘ladrillo’ exigidas por las reformas articuladas por el Ejecutivo a través de los distintos Reales Decretos-Leyes aprobados. Por otra parte, los tests incluían en el escenario adverso una caída del precio de la vivienda de hasta el 20% frente al 5% previsto en el escenario base. 145 Ciertamente se ha de reconocer que la adopción de un escenario macroeconómico tan negativo como el que se planteaba en la versión adversa, con una reducción acumulada de 6,5% en el presente y los dos próximos años, podría llegar a reducir ostensiblemente la capacidad de generación de márgenes netos en una proporción sensiblemente superior a la prevista. 146 Oliver Wyman calculó en el escenario base que el sistema financiero sufriría durante tres años unas pérdidas de entre 173.000 y 194.000 millones de euros en sus libros, desastre que compensaría parcialmente con 98.000 millones en provisiones, 5.000 millones en esquemas de protección y 65.000 millones de euros por generación de beneficios. Sin embargo, en el escenario adverso preveía hasta 270.000 millones de euros de pérdidas para la banca.

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dos grandes entidades financieras que operaban en nuestro país, el beneficio antes de provisiones del sector quedaba reducido a 12.670 millones de euros. Así las cosas se suscitaba la duda relativa a si, con unas previsiones de caída acumulada del PIB del 6,5% en tres años (dato sobre el que se construía el escenario adverso) la banca podía generar dicha cantidad de margen antes de provisiones.

dos grandes entidades financieras que operaban en nuestro país, el beneficio antes de provisiones del sector quedaba reducido a 12.670 millones de euros. Así las cosas se suscitaba la duda relativa a si, con unas previsiones de caída acumulada del PIB del 6,5% en tres años (dato sobre el que se construía el escenario adverso) la banca podía generar dicha cantidad de margen antes de provisiones.

Por otra parte, de acuerdo con el Informe de Oliver Wyman la banca ganaría menos dinero en el escenario base (que contemplaba una caída del PIB acumulada del 1,7% hasta 2014) que en el escenario estresado (caída del 6,5% en el mismo periodo). Y es que, mientras que en el primer caso los bancos examinados generarían un margen bruto de entre 55.000 y 65.000 millones, en el segundo, esta cifra se elevaría hasta los 64.000 y 68.000 millones de euros. Ciertamente cabe plantearse si verdaderamente los bancos ganarían más dinero en un entorno económico más adverso.

Por otra parte, de acuerdo con el Informe de Oliver Wyman la banca ganaría menos dinero en el escenario base (que contemplaba una caída del PIB acumulada del 1,7% hasta 2014) que en el escenario estresado (caída del 6,5% en el mismo periodo). Y es que, mientras que en el primer caso los bancos examinados generarían un margen bruto de entre 55.000 y 65.000 millones, en el segundo, esta cifra se elevaría hasta los 64.000 y 68.000 millones de euros. Ciertamente cabe plantearse si verdaderamente los bancos ganarían más dinero en un entorno económico más adverso.

Según el Informe de la citada consultora, en el escenario más probable, durante el ejercicio 2012 el IBEX registraría una caída del 1,4%, lo que parece difícil de cumplir teniendo en cuenta el descenso acumulado del selectivo español. Asimismo se afirmó en dicho Informe que, en el escenario base, el crédito a familias y empresas caería en 2012 un 1,5% y un 3,6%, respectivamente. Sin embargo los datos existentes a marzo de 2012 indicaban que la caída agregada de la financiación al sector privado residente ya había alcanzado un ritmo del 4%. Se trataba pues de un dato que contrastaba con la restricción del crédito existente.

Según el Informe de la citada consultora, en el escenario más probable, durante el ejercicio 2012 el IBEX registraría una caída del 1,4%, lo que parece difícil de cumplir teniendo en cuenta el descenso acumulado del selectivo español. Asimismo se afirmó en dicho Informe que, en el escenario base, el crédito a familias y empresas caería en 2012 un 1,5% y un 3,6%, respectivamente. Sin embargo los datos existentes a marzo de 2012 indicaban que la caída agregada de la financiación al sector privado residente ya había alcanzado un ritmo del 4%. Se trataba pues de un dato que contrastaba con la restricción del crédito existente.

En dicho Informe se asumió además, de cara a calcular la capacidad de absorción de pérdidas de los bancos, estos deberían tener una ratio de capital principal (coreTier1) del 6% en el escenario estresado, lo que suponía rebajar un punto el suelo del 7% que adoptó el Fondo Monetario Internacional para sus propios cálculos. A este respecto conviene recordar además que nuestra normativa interna preveía, con efectos desde el pasado 2011, que las entidades cotizadas tuviesen un core capital mínimo del 8% (posteriormente elevado al 9%) y las que no cotizan del 10%. De hecho, la rebaja al 6% permitiría a las entidades liberar entre 33.000 y 39.000 millones de recursos en el peor escenario, a los que habría que añadir unos 12.000 millones por la reducción de los activos de riesgo (por el proceso de desapalancamiento). En este sentido plantear una ratio de coreTier1 del

En dicho Informe se asumió además, de cara a calcular la capacidad de absorción de pérdidas de los bancos, estos deberían tener una ratio de capital principal (coreTier1) del 6% en el escenario estresado, lo que suponía rebajar un punto el suelo del 7% que adoptó el Fondo Monetario Internacional para sus propios cálculos. A este respecto conviene recordar además que nuestra normativa interna preveía, con efectos desde el pasado 2011, que las entidades cotizadas tuviesen un core capital mínimo del 8% (posteriormente elevado al 9%) y las que no cotizan del 10%. De hecho, la rebaja al 6% permitiría a las entidades liberar entre 33.000 y 39.000 millones de recursos en el peor escenario, a los que habría que añadir unos 12.000 millones por la reducción de los activos de riesgo (por el proceso de desapalancamiento). En este sentido plantear una ratio de coreTier1 del

La recapitalización de las entidades financieras

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6% podría implicar modificar nuestra legislación interna, que fija el mínimo en el 8%147.

6% podría implicar modificar nuestra legislación interna, que fija el mínimo en el 8%147.

El Informe de Oliver Wyman diluía además en tres años la absorción de las pérdidas esperadas por parte de los bancos. Sin embargo, de conformidad con la normativa aplicable en nuestro ordenamiento interno el conjunto de las entidades financieras debían cumplir con el saneamiento previsto para 2011 o, como máximo, para finales del ejercicio 2012, tratándose de aquellas entidades que estuviesen inmersas en un proceso de fusión.

El Informe de Oliver Wyman diluía además en tres años la absorción de las pérdidas esperadas por parte de los bancos. Sin embargo, de conformidad con la normativa aplicable en nuestro ordenamiento interno el conjunto de las entidades financieras debían cumplir con el saneamiento previsto para 2011 o, como máximo, para finales del ejercicio 2012, tratándose de aquellas entidades que estuviesen inmersas en un proceso de fusión.

Con carácter general los análisis efectuados se limitaban a la cartera crediticia sin considerar potenciales minusvalías en otros epígrafes como los títulos detentados, los cuales podrían sufrir un considerable recorte en el supuesto de que prevaleciesen tipos de interés soberanos a 10 años situados en un 7,4%.

Con carácter general los análisis efectuados se limitaban a la cartera crediticia sin considerar potenciales minusvalías en otros epígrafes como los títulos detentados, los cuales podrían sufrir un considerable recorte en el supuesto de que prevaleciesen tipos de interés soberanos a 10 años situados en un 7,4%.

En términos generales las necesidades de capitalización estimadas por ambas consultoras resultaban sensiblemente similares, si bien las pérdidas brutas identificadas por el Informe de la Consultora Roland Berger resultaban inferiores, al excluir las correspondientes a activos catalogados previamente como dañados o a inmuebles adjudicados. No obstante en términos netos, al incorporarse las provisiones y ajustes correspondientes a dichos agujeros, resultaban en gran medida equiparables148.

En términos generales las necesidades de capitalización estimadas por ambas consultoras resultaban sensiblemente similares, si bien las pérdidas brutas identificadas por el Informe de la Consultora Roland Berger resultaban inferiores, al excluir las correspondientes a activos catalogados previamente como dañados o a inmuebles adjudicados. No obstante en términos netos, al incorporarse las provisiones y ajustes correspondientes a dichos agujeros, resultaban en gran medida equiparables148.

En todo caso debe tenerse presente que los resultados del test se alcanzaron tomando como referencia datos de finales de 2011, esto es, no tomando en consideración los dos Reales Decretos-Leyes de saneamiento del sector financiero aprobados en febrero y mayo de 2012, así como los esfuerzos de capitalización acometidos por las entidades, que de un tiempo a esta parte habían tenido que afrontar desinversiones, canjes de preferentes

En todo caso debe tenerse presente que los resultados del test se alcanzaron tomando como referencia datos de finales de 2011, esto es, no tomando en consideración los dos Reales Decretos-Leyes de saneamiento del sector financiero aprobados en febrero y mayo de 2012, así como los esfuerzos de capitalización acometidos por las entidades, que de un tiempo a esta parte habían tenido que afrontar desinversiones, canjes de preferentes

147 Al margen de lo anterior se ha de tener presente que nuestras entidades financieras deben medirse con otros grandes competidores internacionales en los mercados para captar fondos, hallándose situada en la actualidad la ratio de capital de la gran banca europea más cerca del 9% que del 6%. 148 Debe hacerse referencia no obstante a una corrección introducida por Oliver Wyman en su informe consistente en operar una reclasificación de créditos trasladados de otros epígrafes al inmobiliario, incluyendo una hipótesis sobre el fenómeno de las refinanciaciones. Sin embargo la principal diferencia apreciable entre ambos informes se centraba en las hipotecas minoristas, donde el Informe de Roland Berger efectuaba un análisis más realista al ajustar el valor del colateral a la caída previsible en el precio de los inmuebles.

147 Al margen de lo anterior se ha de tener presente que nuestras entidades financieras deben medirse con otros grandes competidores internacionales en los mercados para captar fondos, hallándose situada en la actualidad la ratio de capital de la gran banca europea más cerca del 9% que del 6%. 148 Debe hacerse referencia no obstante a una corrección introducida por Oliver Wyman en su informe consistente en operar una reclasificación de créditos trasladados de otros epígrafes al inmobiliario, incluyendo una hipótesis sobre el fenómeno de las refinanciaciones. Sin embargo la principal diferencia apreciable entre ambos informes se centraba en las hipotecas minoristas, donde el Informe de Roland Berger efectuaba un análisis más realista al ajustar el valor del colateral a la caída previsible en el precio de los inmuebles.

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Juan Calvo Vérgez

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o ampliaciones de capital149. A nuestro juicio dicho esfuerzo hubiera debido encontrar reflejo en la evaluación, en tanto que hubiese ofrecido una imagen más fidedigna del estado de salud de la banca.

o ampliaciones de capital149. A nuestro juicio dicho esfuerzo hubiera debido encontrar reflejo en la evaluación, en tanto que hubiese ofrecido una imagen más fidedigna del estado de salud de la banca.

Asimismo debía ser objeto de crítica la falta de desglose de esas necesidades, con la única exclusión de los tres grandes grupos financieros (Santander, BBVA y La Caixa), que no precisarían de capital adicional aun en el entorno más adverso. Ambos informes sólo ofrecían datos agregados, no existiendo desglose por entidad, lo que venía a poner en tela de juicio la estimación de la capacidad de absorción de pérdidas.

Asimismo debía ser objeto de crítica la falta de desglose de esas necesidades, con la única exclusión de los tres grandes grupos financieros (Santander, BBVA y La Caixa), que no precisarían de capital adicional aun en el entorno más adverso. Ambos informes sólo ofrecían datos agregados, no existiendo desglose por entidad, lo que venía a poner en tela de juicio la estimación de la capacidad de absorción de pérdidas.

Igualmente con fecha 21 de junio de 2012 se conoció que con fecha de 25 de junio de 2012 el Gobierno español presentaría la petición formal de ayuda para el sector bancario. La línea de crédito procedería del FEEF, para transferirse después al Fondo Permanente, una vez que éste estuviese disponible. Una vez tramitada la petición de ayuda, se daría luz verde a la Comisión Negociadora (Banco Central Europeo, Autoridad Bancaria Europea y Fondo Monetario Internacional) para que empezara a negociar las condiciones que se impondrían al sector financiero español, así como los planes para aquellas entidades que reciban ayudas.

Igualmente con fecha 21 de junio de 2012 se conoció que con fecha de 25 de junio de 2012 el Gobierno español presentaría la petición formal de ayuda para el sector bancario. La línea de crédito procedería del FEEF, para transferirse después al Fondo Permanente, una vez que éste estuviese disponible. Una vez tramitada la petición de ayuda, se daría luz verde a la Comisión Negociadora (Banco Central Europeo, Autoridad Bancaria Europea y Fondo Monetario Internacional) para que empezara a negociar las condiciones que se impondrían al sector financiero español, así como los planes para aquellas entidades que reciban ayudas.

Los fondos que recibiría el Gobierno español procederían inicialmente del FEEF y se transferirían posteriormente al MEDE una vez que éste último se encontrara disponible. De esta forma se esquivaría la posición de preferencia (seniority) que tendría el MEDE en una hipotética restructuración de la deuda española, en la que este Fondo europeo tendría prioridad de cobro frente al resto de bonistas.

Los fondos que recibiría el Gobierno español procederían inicialmente del FEEF y se transferirían posteriormente al MEDE una vez que éste último se encontrara disponible. De esta forma se esquivaría la posición de preferencia (seniority) que tendría el MEDE en una hipotética restructuración de la deuda española, en la que este Fondo europeo tendría prioridad de cobro frente al resto de bonistas.

Con fecha de 25 de junio de 2012 el Gobierno español solicitó formalmente a la Eurozona la asistencia financiera para la recapitalización de las entidades financieras que así lo requiriesen. En principio desde el Ejecutivo español se esperaba que el préstamo concedido fuese a largo plazo, de más de 15 años, contando con un periodo de gracia entre 5 y 10 años y tipos de interés de entre el 3% y el 4%. No obstante aun no se había clarificado de qué forma se materializaría el respaldo de recursos públicos para las entidades que los requiriesen para sanearse, ya que podría concretarse en forma

Con fecha de 25 de junio de 2012 el Gobierno español solicitó formalmente a la Eurozona la asistencia financiera para la recapitalización de las entidades financieras que así lo requiriesen. En principio desde el Ejecutivo español se esperaba que el préstamo concedido fuese a largo plazo, de más de 15 años, contando con un periodo de gracia entre 5 y 10 años y tipos de interés de entre el 3% y el 4%. No obstante aun no se había clarificado de qué forma se materializaría el respaldo de recursos públicos para las entidades que los requiriesen para sanearse, ya que podría concretarse en forma

Se trataba, además, de unos Informes elaborados sobre los datos de las entidades en manos del Banco de España. Ello generaba dudas, por ejemplo, sobre la contabilización correcta de los activos por parte de las entidades, así como sobre la clasificación de las refinanciaciones, tanto a promotores como a particulares.

Se trataba, además, de unos Informes elaborados sobre los datos de las entidades en manos del Banco de España. Ello generaba dudas, por ejemplo, sobre la contabilización correcta de los activos por parte de las entidades, así como sobre la clasificación de las refinanciaciones, tanto a promotores como a particulares.

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La recapitalización de las entidades financieras

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de inyecciones de capital o de bonos contingentes convertibles, los cuales podrían llevar aparejado un tipo de interés superior al 8%, mientras que las inyecciones de capital no acarrearían una remuneración para el beneficiario.

de inyecciones de capital o de bonos contingentes convertibles, los cuales podrían llevar aparejado un tipo de interés superior al 8%, mientras que las inyecciones de capital no acarrearían una remuneración para el beneficiario.

Tras dicha presentación formal de la citada solicitud debía ser objeto de presentación una evaluación independiente que incluyese el origen y el grado de necesidades de las instituciones, así como la necesidad de restaurar urgentemente su viabilidad a largo plazo, su relevancia sistémica, el alcance de la amenaza para la estabilidad financiera y los riesgos de contagio, la jerarquía de orden para la prestación de la ayuda y el impacto del préstamo sobre la situación fiscal española. Esta evaluación debía ser proporcionada por la Comisión, en coordinación con el BCE y, en su caso, con la correspondiente autoridad supervisora europea. España debía pues presentar una evaluación clara del sector y sus necesidades, así como una propuesta para la condicionalidad de la política necesaria que habría de acompañar a la asistencia, en colaboración con el personal del BCE, EBA y el FMI.

Tras dicha presentación formal de la citada solicitud debía ser objeto de presentación una evaluación independiente que incluyese el origen y el grado de necesidades de las instituciones, así como la necesidad de restaurar urgentemente su viabilidad a largo plazo, su relevancia sistémica, el alcance de la amenaza para la estabilidad financiera y los riesgos de contagio, la jerarquía de orden para la prestación de la ayuda y el impacto del préstamo sobre la situación fiscal española. Esta evaluación debía ser proporcionada por la Comisión, en coordinación con el BCE y, en su caso, con la correspondiente autoridad supervisora europea. España debía pues presentar una evaluación clara del sector y sus necesidades, así como una propuesta para la condicionalidad de la política necesaria que habría de acompañar a la asistencia, en colaboración con el personal del BCE, EBA y el FMI.

Una vez alcanzado un Acuerdo sobre el Memorando de Entendimiento el Gobierno español, en colaboración con la correspondiente autoridad nacional de supervisión (Banco de España), habría de indicar las instituciones financieras beneficiarias y el instrumento de recapitalización más apropiado.

Una vez alcanzado un Acuerdo sobre el Memorando de Entendimiento el Gobierno español, en colaboración con la correspondiente autoridad nacional de supervisión (Banco de España), habría de indicar las instituciones financieras beneficiarias y el instrumento de recapitalización más apropiado.

Como ya se ha señalado España ya solicitó una primera estimación (la realizada por Oliver Wyman y Roland Berger), que habría de ser confirmada por un análisis más exhaustivo en una etapa posterior (elaborado por cuatro auditoras). El test de estrés tendría que ser llevado a cabo por el supervisor nacional, con la participación del supervisor europeo y expertos nacionales de las autoridades supervisoras de otros estados miembros.

Como ya se ha señalado España ya solicitó una primera estimación (la realizada por Oliver Wyman y Roland Berger), que habría de ser confirmada por un análisis más exhaustivo en una etapa posterior (elaborado por cuatro auditoras). El test de estrés tendría que ser llevado a cabo por el supervisor nacional, con la participación del supervisor europeo y expertos nacionales de las autoridades supervisoras de otros estados miembros.

Por otra parte, y paralelamente al proceso de decisión del EFSF, la negociación de las condiciones impuestas por la UE para las ayudas públicas (incluido el plan de restructuración) habría de ser llevada a cabo a nivel nacional con la Comisión Europea. Las ayudas estatales aprobadas por la Comisión deben estar aseguradas. Téngase presente que el Eurogrupo únicamente decidiría la concesión del préstamo sobre la base de una propuesta del fondo de rescate. Las condiciones asociadas al préstamo deben incluir la institución específica y los elementos horizontales del país específico. Estas condiciones debían incluirse en el Memorándum de Entendimiento

Por otra parte, y paralelamente al proceso de decisión del EFSF, la negociación de las condiciones impuestas por la UE para las ayudas públicas (incluido el plan de restructuración) habría de ser llevada a cabo a nivel nacional con la Comisión Europea. Las ayudas estatales aprobadas por la Comisión deben estar aseguradas. Téngase presente que el Eurogrupo únicamente decidiría la concesión del préstamo sobre la base de una propuesta del fondo de rescate. Las condiciones asociadas al préstamo deben incluir la institución específica y los elementos horizontales del país específico. Estas condiciones debían incluirse en el Memorándum de Entendimiento

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Juan Calvo Vérgez

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Juan Calvo Vérgez

elaborado por la Comisión, en coordinación con el BCE, y con el supervisor europeo correspondiente.

elaborado por la Comisión, en coordinación con el BCE, y con el supervisor europeo correspondiente.

La preparación de la documentación y el seguimiento de todos los aspectos financieros y contractuales del préstamo han de dirigirse desde el EFSF, debiendo decidir el Eurogrupo, a propuesta del EFSF (después de haber recibido un informe de seguimiento de la Comisión Europea preparado en colaboración con el BCE y, en su caso, la autoridad supervisora pertinente), el desembolso de los posibles tramos. Los términos de la devolución del préstamo requerirían el acuerdo del EFSF.

La preparación de la documentación y el seguimiento de todos los aspectos financieros y contractuales del préstamo han de dirigirse desde el EFSF, debiendo decidir el Eurogrupo, a propuesta del EFSF (después de haber recibido un informe de seguimiento de la Comisión Europea preparado en colaboración con el BCE y, en su caso, la autoridad supervisora pertinente), el desembolso de los posibles tramos. Los términos de la devolución del préstamo requerirían el acuerdo del EFSF.

España habría de cumplir, al menos hasta la devolución del préstamo, las condiciones que se impusiesen para la concesión del préstamo de recapitalización, quedando sujeta a un seguimiento continuo. Cualquier beneficio que surgiera de la recapitalización, basado sobre un posterior análisis del costebeneficio, debería ser utilizado para la devolución anticipada del préstamo a petición del fondo de rescate, donde España se abstendrá en la votación.

España habría de cumplir, al menos hasta la devolución del préstamo, las condiciones que se impusiesen para la concesión del préstamo de recapitalización, quedando sujeta a un seguimiento continuo. Cualquier beneficio que surgiera de la recapitalización, basado sobre un posterior análisis del costebeneficio, debería ser utilizado para la devolución anticipada del préstamo a petición del fondo de rescate, donde España se abstendrá en la votación.

La supervisión del cumplimiento de estas condiciones que garanticen las ayudas correspondería a la Comisión Europea. El resto de condiciones las supervisaría la Comisión en colaboración con el BCE y el supervisor europeo correspondiente. Estas instituciones habrían de conceder el derecho de realizar inspecciones sobre el terreno en todas las instituciones financieras beneficiadas con el fin de vigilar el cumplimiento de las condiciones, debiendo informarse permanentemente al EFSF de todos los datos relevantes sobre la evolución del préstamo y llevando a cabo el FMI una evaluación adicional de la calidad de las prácticas nacionales de supervisión.

La supervisión del cumplimiento de estas condiciones que garanticen las ayudas correspondería a la Comisión Europea. El resto de condiciones las supervisaría la Comisión en colaboración con el BCE y el supervisor europeo correspondiente. Estas instituciones habrían de conceder el derecho de realizar inspecciones sobre el terreno en todas las instituciones financieras beneficiadas con el fin de vigilar el cumplimiento de las condiciones, debiendo informarse permanentemente al EFSF de todos los datos relevantes sobre la evolución del préstamo y llevando a cabo el FMI una evaluación adicional de la calidad de las prácticas nacionales de supervisión.

Con fecha de 26 de junio de 2012 se conoció que la Comisión Europea impondría condiciones al conjunto de entidades que integran nuestro sector financiero a cambio de la ayuda financiera otorgada al Estado española través del FROB. Por tanto no solo se imponían condiciones a aquellas entidades que fuesen a recibir los fondos. Los activos tóxicos se segregarían además en un banco malo.

Con fecha de 26 de junio de 2012 se conoció que la Comisión Europea impondría condiciones al conjunto de entidades que integran nuestro sector financiero a cambio de la ayuda financiera otorgada al Estado española través del FROB. Por tanto no solo se imponían condiciones a aquellas entidades que fuesen a recibir los fondos. Los activos tóxicos se segregarían además en un banco malo.

Con fecha de 27 de junio de 2012 el Eurogrupo comunicó a España que debía solicitar la asistencia técnica del Fondo Monetario Internacional de cara a la concesión de la ayuda, encargándose el citado Fondo de realizar los informes periódicos correspondientes sobre la aplicación y desarrollo de la asistencia financiera. De acuerdo con lo declarado por el Eurogrupo

Con fecha de 27 de junio de 2012 el Eurogrupo comunicó a España que debía solicitar la asistencia técnica del Fondo Monetario Internacional de cara a la concesión de la ayuda, encargándose el citado Fondo de realizar los informes periódicos correspondientes sobre la aplicación y desarrollo de la asistencia financiera. De acuerdo con lo declarado por el Eurogrupo

La recapitalización de las entidades financieras

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La recapitalización de las entidades financieras

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la asistencia financiera saldría del FEEF, mientras el fondo permanente (MEDE) no estuviese activo. Dicha elección determinaba que todos los inversores de deuda española tuviesen la misma prioridad de cobro, algo muy importante si se produjera una hipotética reestructuración de la deuda.

la asistencia financiera saldría del FEEF, mientras el fondo permanente (MEDE) no estuviese activo. Dicha elección determinaba que todos los inversores de deuda española tuviesen la misma prioridad de cobro, algo muy importante si se produjera una hipotética reestructuración de la deuda.

Tras la Eurocumbre celebrada en Bruselas los días 28 y 29 de junio de 2012 se acordó que el Ejecutivo español recibiese inicialmente un préstamo de la Zona Euro para recapitalizar sus bancos, si bien dicho préstamo se modificaría posteriormente para convertirse en una recapitalización directa una vez que el fondo permanente de rescate, el MEDE, adquiriese dicha capacidad, a finales de 2012. De este modo el MEDE podría recapitalizar los bancos directamente una vez que el Banco Central Europeo asumiese el papel de un supervisor bancario en la Eurozona150.

Tras la Eurocumbre celebrada en Bruselas los días 28 y 29 de junio de 2012 se acordó que el Ejecutivo español recibiese inicialmente un préstamo de la Zona Euro para recapitalizar sus bancos, si bien dicho préstamo se modificaría posteriormente para convertirse en una recapitalización directa una vez que el fondo permanente de rescate, el MEDE, adquiriese dicha capacidad, a finales de 2012. De este modo el MEDE podría recapitalizar los bancos directamente una vez que el Banco Central Europeo asumiese el papel de un supervisor bancario en la Eurozona150.

Al amparo de la anterior situación, una vez que el MEDE recapitalizase los bancos españoles directamente, permitiría a los bancos reembolsar al Gobierno español el préstamo de recapitalización recibido, eliminándose así el impacto en la deuda pública española. Téngase presente además que en dicha Cumbre europea se acordó que los Fondos de rescate de la Zona Euro puedan intervenir en los mercados primario y secundario de deuda de España e Italia, una vez que se pida su activación, concretándose la elección del instrumento a utilizar cuando se formalizase una petición de ayuda. Las intervenciones de los fondos de rescate en los mercados de deuda se llevarán a cabo por parte del BCE, que actuará como agente para los fondos de rescate.

Al amparo de la anterior situación, una vez que el MEDE recapitalizase los bancos españoles directamente, permitiría a los bancos reembolsar al Gobierno español el préstamo de recapitalización recibido, eliminándose así el impacto en la deuda pública española. Téngase presente además que en dicha Cumbre europea se acordó que los Fondos de rescate de la Zona Euro puedan intervenir en los mercados primario y secundario de deuda de España e Italia, una vez que se pida su activación, concretándose la elección del instrumento a utilizar cuando se formalizase una petición de ayuda. Las intervenciones de los fondos de rescate en los mercados de deuda se llevarán a cabo por parte del BCE, que actuará como agente para los fondos de rescate.

En todo caso el préstamo otorgado a la banca española sería inicialmente financiado por el Fondo Europeo de Estabilidad Financiera, transfiriéndose posteriormente al Mecanismo Europeo de Estabilidad una vez que dicho instrumento permanente comenzase a funcionar, llevándose a cabo dicha transición sin modificar la clasificación de los títulos, es decir, sin ganar el estatus preferente.

En todo caso el préstamo otorgado a la banca española sería inicialmente financiado por el Fondo Europeo de Estabilidad Financiera, transfiriéndose posteriormente al Mecanismo Europeo de Estabilidad una vez que dicho instrumento permanente comenzase a funcionar, llevándose a cabo dicha transición sin modificar la clasificación de los títulos, es decir, sin ganar el estatus preferente.

Ahora bien, ¿podría transformarse el programa de ayuda al Estado para recapitalizar su banca en un nuevo programa de recapitalización directa de entidades? Adviértase que, al amparo de dicha transformación, se traspasaría el riesgo y la carga de la deuda del contribuyente español al

Ahora bien, ¿podría transformarse el programa de ayuda al Estado para recapitalizar su banca en un nuevo programa de recapitalización directa de entidades? Adviértase que, al amparo de dicha transformación, se traspasaría el riesgo y la carga de la deuda del contribuyente español al

150 Téngase presente no obstante que el MEDE necesitaba de la unanimidad de todos sus miembros para iniciar un programa.

150 Téngase presente no obstante que el MEDE necesitaba de la unanimidad de todos sus miembros para iniciar un programa.

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Juan Calvo Vérgez

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Juan Calvo Vérgez

contribuyente europeo. ¿Cabria pues la posibilidad de que el mecanismo de recapitalización directa de bancos permitiese una aplicación retroactiva? Téngase presente que al Estado español le interesaba la posibilidad de aplicar este mecanismo de rescate directo a sus entidades nacionalizadas.

contribuyente europeo. ¿Cabria pues la posibilidad de que el mecanismo de recapitalización directa de bancos permitiese una aplicación retroactiva? Téngase presente que al Estado español le interesaba la posibilidad de aplicar este mecanismo de rescate directo a sus entidades nacionalizadas.

Con fecha 9 de julio de 2012 tuvo lugar una reunión en el seno del Eurogrupo destinada a concretar las condiciones del rescate a la banca española, contemplándose a tal efecto la posibilidad de que se exigiese más capital a nuestras entidades financieras. Concretamente la cifra se situaría en torno al 9%. De cara al cálculo de dicho umbral se tendría en cuenta el criterio de core capital Tier 1 frente activos ponderados por riesgo de la Autoridad Bancaria Europea. Hasta dicha fecha el citado nivel del 9% solo se exigía para los bancos sistémicos. Por lo que respecta a las condiciones del préstamo, el mismo tendría un vencimiento de 15 años y un interés del 3%-4%.

Con fecha 9 de julio de 2012 tuvo lugar una reunión en el seno del Eurogrupo destinada a concretar las condiciones del rescate a la banca española, contemplándose a tal efecto la posibilidad de que se exigiese más capital a nuestras entidades financieras. Concretamente la cifra se situaría en torno al 9%. De cara al cálculo de dicho umbral se tendría en cuenta el criterio de core capital Tier 1 frente activos ponderados por riesgo de la Autoridad Bancaria Europea. Hasta dicha fecha el citado nivel del 9% solo se exigía para los bancos sistémicos. Por lo que respecta a las condiciones del préstamo, el mismo tendría un vencimiento de 15 años y un interés del 3%-4%.

A la luz de las condiciones pactadas con el Eurogrupo tendría lugar la creación de un primer “banco malo” en el que se agruparían los activos tóxicos de las entidades nacionalizadas cuya gestión correría a cargo del FROB y que entrarían en el balance a un precio próximo al de mercado, en la medida en que se pudiera fijar éste, para que las entidades financieras asuman las pérdidas que deban y partan, a partir de las ayudas del FROB, de una situación saneada. Dicho “banco malo” se concretaría en la creación de compañías de gestión de activos inmobiliarios que recibirían aquellos activos dañados a unos precios o valoraciones razonables.

A la luz de las condiciones pactadas con el Eurogrupo tendría lugar la creación de un primer “banco malo” en el que se agruparían los activos tóxicos de las entidades nacionalizadas cuya gestión correría a cargo del FROB y que entrarían en el balance a un precio próximo al de mercado, en la medida en que se pudiera fijar éste, para que las entidades financieras asuman las pérdidas que deban y partan, a partir de las ayudas del FROB, de una situación saneada. Dicho “banco malo” se concretaría en la creación de compañías de gestión de activos inmobiliarios que recibirían aquellos activos dañados a unos precios o valoraciones razonables.

La incorporación de los activos dañados al banco malo sería gradual a medida que se vaya conociendo el estado real de las entidades que necesiten ayudas públicas con el resultado de las auditorías y su posterior revisión por una de las entidades consultoras. Se trata de una situación distinta respecto de aquella que caracteriza a los llamados Esquemas de Protección de Activos, tanto en procedimientos de gestión como en coste. Téngase presente que, en los casos de los bancos subastados, eran los nuevos dueños quienes se encargaban de gestionar los activos tóxicos y el Fondo de Garantía de Depósitos quien corría con la cobertura de una parte sustancial de las pérdidas potenciales. En cambio de acuerdo con este nuevo régimen sería el FROB el que tendría que encargarse de ir vendiendo los activos que pasaran a ser administrados por él y, en principio, quien asumiría las pérdidas que ello pudiera acarrear, procediéndose así a la socialización de unas pérdidas que, hasta la fecha, corrían a cargo del sector financiero en su conjunto.

La incorporación de los activos dañados al banco malo sería gradual a medida que se vaya conociendo el estado real de las entidades que necesiten ayudas públicas con el resultado de las auditorías y su posterior revisión por una de las entidades consultoras. Se trata de una situación distinta respecto de aquella que caracteriza a los llamados Esquemas de Protección de Activos, tanto en procedimientos de gestión como en coste. Téngase presente que, en los casos de los bancos subastados, eran los nuevos dueños quienes se encargaban de gestionar los activos tóxicos y el Fondo de Garantía de Depósitos quien corría con la cobertura de una parte sustancial de las pérdidas potenciales. En cambio de acuerdo con este nuevo régimen sería el FROB el que tendría que encargarse de ir vendiendo los activos que pasaran a ser administrados por él y, en principio, quien asumiría las pérdidas que ello pudiera acarrear, procediéndose así a la socialización de unas pérdidas que, hasta la fecha, corrían a cargo del sector financiero en su conjunto.

La recapitalización de las entidades financieras

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La recapitalización de las entidades financieras

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Con carácter general las condiciones que conllevaría la ayuda europea al sistema bancario español serían de dos tipos: las que afectan a las entidades que reciben la inyección de capital y las genéricas. Y, mientras que las primeras serían similares a las que ya se hubiesen impuesto a otras entidades que hubieran requerido ayudas públicas, las segundas tendrían condiciones más generales dirigidas a todo el sector financiero como la transparencia o la supervisión.

Con carácter general las condiciones que conllevaría la ayuda europea al sistema bancario español serían de dos tipos: las que afectan a las entidades que reciben la inyección de capital y las genéricas. Y, mientras que las primeras serían similares a las que ya se hubiesen impuesto a otras entidades que hubieran requerido ayudas públicas, las segundas tendrían condiciones más generales dirigidas a todo el sector financiero como la transparencia o la supervisión.

Tal y como se ha señalado, junto al proceso de recapitalización se llevaría a cabo una reestructuración de cada entidad. Ello supondría reducir el tamaño si fuera necesario, vender activos no estratégicos y suprimir oficinas y empleados. Asimismo se procedería a la segregación de los activos problemáticos en una sociedad externa de gestión de activos, es decir, en un ‘banco malo’. Esta sociedad podría estar participada de forma minoritaria por la propia entidad financiera. El objetivo sería eliminar del balance los activos del ladrillo (solares, viviendas, promociones, etc.) para separar el negocio inmobiliario del puramente bancario. Incluso cabría la posibilidad de que se impusiesen pérdidas a los inversores y clientes que compraron participaciones preferentes ya que, si bien dicha obligación no figuraba como tal en el Memorándum de Entendimiento, sí que aparecía en las reglas generales de la Comisión Europea sobre ayudas de estado, donde se especificaba la necesidad de repartir la carga entre el contribuyente y los accionistas o inversores. Finalmente se producirían cambios en el gobierno corporativo de las entidades tales como la eliminación de políticos en los consejos de administración, la restricción de dividendos y la limitación de salarios fijos y variables.

Tal y como se ha señalado, junto al proceso de recapitalización se llevaría a cabo una reestructuración de cada entidad. Ello supondría reducir el tamaño si fuera necesario, vender activos no estratégicos y suprimir oficinas y empleados. Asimismo se procedería a la segregación de los activos problemáticos en una sociedad externa de gestión de activos, es decir, en un ‘banco malo’. Esta sociedad podría estar participada de forma minoritaria por la propia entidad financiera. El objetivo sería eliminar del balance los activos del ladrillo (solares, viviendas, promociones, etc.) para separar el negocio inmobiliario del puramente bancario. Incluso cabría la posibilidad de que se impusiesen pérdidas a los inversores y clientes que compraron participaciones preferentes ya que, si bien dicha obligación no figuraba como tal en el Memorándum de Entendimiento, sí que aparecía en las reglas generales de la Comisión Europea sobre ayudas de estado, donde se especificaba la necesidad de repartir la carga entre el contribuyente y los accionistas o inversores. Finalmente se producirían cambios en el gobierno corporativo de las entidades tales como la eliminación de políticos en los consejos de administración, la restricción de dividendos y la limitación de salarios fijos y variables.

Por otra parte se exigiría un aumento de los ratios de solvencia para todas las entidades, el cual se situaría previsiblemente en el 9%. Este ratio de capital ya estaba previsto para las grandes entidades financieras de nuestro país, si bien ahora se extendería al resto. Asimismo existirían nuevas condiciones en las provisiones que habrían de efectuar los bancos respecto a su cartera crediticia, acometiéndose una reforma del marco reglamentario y supervisor, así como del régimen de transparencia de las entidades. En la práctica la supervisión de la banca estaría repartida entre el Banco de España y organismos europeos como el BCE o la Asociación Bancaria Europea.

Por otra parte se exigiría un aumento de los ratios de solvencia para todas las entidades, el cual se situaría previsiblemente en el 9%. Este ratio de capital ya estaba previsto para las grandes entidades financieras de nuestro país, si bien ahora se extendería al resto. Asimismo existirían nuevas condiciones en las provisiones que habrían de efectuar los bancos respecto a su cartera crediticia, acometiéndose una reforma del marco reglamentario y supervisor, así como del régimen de transparencia de las entidades. En la práctica la supervisión de la banca estaría repartida entre el Banco de España y organismos europeos como el BCE o la Asociación Bancaria Europea.

El Ejecutivo español asumiría una responsabilidad temporal de los prestamos europeos. Hasta que no entrase en vigor la recapitalización directa

El Ejecutivo español asumiría una responsabilidad temporal de los prestamos europeos. Hasta que no entrase en vigor la recapitalización directa

350

Juan Calvo Vérgez

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a través del Mecanismo Europeo de Estabilidad la ayuda a los bancos se canalizaría a través del FROB, de tal forma que el préstamo computaría como deuda pública y sus intereses como déficit. Durante este periodo el Estado sería el receptor de la ayuda y también su garante. Y, una vez que entrase la nueva aplicación del MEDE para que se pueda recapitalizar a la banca de manera directa, la deuda pública anotada en el balance del Tesoro se transferiría los bancos. España dejaría de ser responsable de esta ayuda, de manera que si una determinada entidad no devolviese el préstamo sería el Fondo de Rescate quien sufriría las pérdidas. En todo caso el Estado español habría de cumplir el conjunto de recomendaciones de Bruselas y del Consejo Europeo dentro del Procedimiento de déficit excesivo. España habría de aplicar estrictamente las nuevas disposiciones de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, relativas a la transparencia y el control del presupuesto y seguir de cerca el cumplimiento de los objetivos presupuestarios a lo largo de 2012 por todos los niveles de la Administración. Ello exigiría la creación de una institución presupuestaria independiente con la misión de controlar la política presupuestaria y proporcionar análisis y asesoramiento en este ámbito.

a través del Mecanismo Europeo de Estabilidad la ayuda a los bancos se canalizaría a través del FROB, de tal forma que el préstamo computaría como deuda pública y sus intereses como déficit. Durante este periodo el Estado sería el receptor de la ayuda y también su garante. Y, una vez que entrase la nueva aplicación del MEDE para que se pueda recapitalizar a la banca de manera directa, la deuda pública anotada en el balance del Tesoro se transferiría los bancos. España dejaría de ser responsable de esta ayuda, de manera que si una determinada entidad no devolviese el préstamo sería el Fondo de Rescate quien sufriría las pérdidas. En todo caso el Estado español habría de cumplir el conjunto de recomendaciones de Bruselas y del Consejo Europeo dentro del Procedimiento de déficit excesivo. España habría de aplicar estrictamente las nuevas disposiciones de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, relativas a la transparencia y el control del presupuesto y seguir de cerca el cumplimiento de los objetivos presupuestarios a lo largo de 2012 por todos los niveles de la Administración. Ello exigiría la creación de una institución presupuestaria independiente con la misión de controlar la política presupuestaria y proporcionar análisis y asesoramiento en este ámbito.

Con fecha 10 de julio de 2012 se conoció que España recibiría 30.000 millones antes de que finalizase el citado mes para acelerar el saneamiento de entidades, siendo eximida de asumir las pérdidas una vez que la ayuda se transformase en un programa de recapitalización directa. A cambio el Estado español habría de reforzar su sistema de supervisión, crear un “banco malo” y reestructurar las entidades rescatadas. España recibiría pues el primer tramo de ayuda por valor de 30.000 millones de euros, el cual estaría listo para desembolsar a finales de julio de 2012 en caso de necesidades urgentes en el sector bancario español. El plazo de devolución del préstamo sería de hasta 15 años, con una media de 12,5 años, no existiendo períodos de carencia. El FEEF concedería el préstamo inicial, pasando posteriormente al fondo permanente, sin estatus de acreedor privilegiado, una vez que éste se activase.

Con fecha 10 de julio de 2012 se conoció que España recibiría 30.000 millones antes de que finalizase el citado mes para acelerar el saneamiento de entidades, siendo eximida de asumir las pérdidas una vez que la ayuda se transformase en un programa de recapitalización directa. A cambio el Estado español habría de reforzar su sistema de supervisión, crear un “banco malo” y reestructurar las entidades rescatadas. España recibiría pues el primer tramo de ayuda por valor de 30.000 millones de euros, el cual estaría listo para desembolsar a finales de julio de 2012 en caso de necesidades urgentes en el sector bancario español. El plazo de devolución del préstamo sería de hasta 15 años, con una media de 12,5 años, no existiendo períodos de carencia. El FEEF concedería el préstamo inicial, pasando posteriormente al fondo permanente, sin estatus de acreedor privilegiado, una vez que éste se activase.

La recapitalización directa de la banca estaría disponible para España con carácter retroactivo una vez se crease un supervisor único. A pesar de que, inicialmente, la ayuda contaría como deuda pública, cuando pasase a la fase de recapitalización directa el Estado español no sería responsable

La recapitalización directa de la banca estaría disponible para España con carácter retroactivo una vez se crease un supervisor único. A pesar de que, inicialmente, la ayuda contaría como deuda pública, cuando pasase a la fase de recapitalización directa el Estado español no sería responsable

La recapitalización de las entidades financieras

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de posibles pérdidas, sino que estas serían asumidas por el propio fondo de rescate.

de posibles pérdidas, sino que estas serían asumidas por el propio fondo de rescate.

En todo caso las condiciones del rescate bancario incluirían medidas destinadas a reforzar el marco de regulación y supervisión en España, así como requisitos individuales para los bancos beneficiarios de las ayudas. Concretamente el Memorándum exigiría en primer término completar el examen independiente de las necesidades de capital de los 14 bancos o grupos de entidades que representan el 90% del sector, produciéndose una segregación de activos en los bancos que reciban ayuda pública en una compañía externa de gestión de activos (“banco malo”).

En todo caso las condiciones del rescate bancario incluirían medidas destinadas a reforzar el marco de regulación y supervisión en España, así como requisitos individuales para los bancos beneficiarios de las ayudas. Concretamente el Memorándum exigiría en primer término completar el examen independiente de las necesidades de capital de los 14 bancos o grupos de entidades que representan el 90% del sector, produciéndose una segregación de activos en los bancos que reciban ayuda pública en una compañía externa de gestión de activos (“banco malo”).

Con fecha 10 de julio de 2012 se conocieron las distintas etapas del Memorandum de Entendimiento que debía firmar el Ejecutivo español. El programa se iniciaba en dicho mes de julio de 2012 proporcionándose un primer tramo de 30.000 millones de euros que provendría del fondo de rescate temporal. El objetivo de esta línea de crédito era cubrir las eventuales necesidades de capital más urgentes. De cara a la eventual utilización de este primer tramo con carácter previo a la adopción de las decisiones de reestructuración por parte de la Comisión Europea se requeriría de una solicitud razonada y cuantificada del Banco de España que sería aprobada por la Comisión Europea y el Grupo de Trabajo sobre el Euro en colaboración con el BCE.

Con fecha 10 de julio de 2012 se conocieron las distintas etapas del Memorandum de Entendimiento que debía firmar el Ejecutivo español. El programa se iniciaba en dicho mes de julio de 2012 proporcionándose un primer tramo de 30.000 millones de euros que provendría del fondo de rescate temporal. El objetivo de esta línea de crédito era cubrir las eventuales necesidades de capital más urgentes. De cara a la eventual utilización de este primer tramo con carácter previo a la adopción de las decisiones de reestructuración por parte de la Comisión Europea se requeriría de una solicitud razonada y cuantificada del Banco de España que sería aprobada por la Comisión Europea y el Grupo de Trabajo sobre el Euro en colaboración con el BCE.

A continuación se efectuaría una evaluación independiente banco por banco, en septiembre de 2012. El siguiente paso consistiría en la realización de análisis detallados de los bancos y clasificación, en el mes de octubre de 2012. Sobre la base de los resultados derivados de dicho análisis, en octubre de 2012, los bancos se clasificarían en cuatro categorías. En el Grupo 0 se incluirían los bancos para los cuales no se identifica ninguna necesidad de capital y que no deben adoptar más medidas. Al Grupo 1 corresponderían los bancos que ya poseía el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) (BFA / Bankia, Caixa Catalunya, Banco NCG y Banco de Valencia). El Grupo 2 quedaría integrado por aquellos bancos con necesidades de capital identificadas por la prueba de esfuerzo y que fuesen incapaces de satisfacer esas carencias de capital privado sin recurrir a las ayudas públicas. Finalmente el Grupo 3 lo constituirían los bancos con déficit de capital identificado por la prueba de esfuerzo pero con planes de

A continuación se efectuaría una evaluación independiente banco por banco, en septiembre de 2012. El siguiente paso consistiría en la realización de análisis detallados de los bancos y clasificación, en el mes de octubre de 2012. Sobre la base de los resultados derivados de dicho análisis, en octubre de 2012, los bancos se clasificarían en cuatro categorías. En el Grupo 0 se incluirían los bancos para los cuales no se identifica ninguna necesidad de capital y que no deben adoptar más medidas. Al Grupo 1 corresponderían los bancos que ya poseía el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) (BFA / Bankia, Caixa Catalunya, Banco NCG y Banco de Valencia). El Grupo 2 quedaría integrado por aquellos bancos con necesidades de capital identificadas por la prueba de esfuerzo y que fuesen incapaces de satisfacer esas carencias de capital privado sin recurrir a las ayudas públicas. Finalmente el Grupo 3 lo constituirían los bancos con déficit de capital identificado por la prueba de esfuerzo pero con planes de

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Juan Calvo Vérgez

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recapitalización creíbles y capaces de satisfacer esas carencias sin recurrir a la inyección pública.

recapitalización creíbles y capaces de satisfacer esas carencias sin recurrir a la inyección pública.

De este modo cabría la posibilidad de diferenciar la existencia de cuatro grupos, configurados de acuerdo con la urgencia de la inyección de capital que requiriesen. En el primero irán la banca nacionalizada, y especialmente Bankia, que se encontraba a la cabeza por su déficit de capital. En el segundo grupo se situarían aquellas entidades que reconocieran que necesitan ayuda y, más concretamente, los bancos que no fuesen capaces de reestructurarse, viéndose abocados a un proceso de liquidación ordenada. El tercer grupo quedaría integrado por aquellas entidades que, aunque tengan un déficit de capital, sean capaces de captarlo por sí solas en el mercado. Dichas entidades tendrían de plazo para hacerlo hasta junio de 2013. Aquellas entidades encuadradas en este tercer grupo que planteasen una operación de fusión para mejorar sus ratios de capital tendrían igualmente de plazo hasta el 30 de junio de 2013 para culminar estos procesos de concentración. Finalmente el cuarto y último grupo sería el de los bancos que no sufren carencias de capital, y que incluso cuentan con un excedente.

De este modo cabría la posibilidad de diferenciar la existencia de cuatro grupos, configurados de acuerdo con la urgencia de la inyección de capital que requiriesen. En el primero irán la banca nacionalizada, y especialmente Bankia, que se encontraba a la cabeza por su déficit de capital. En el segundo grupo se situarían aquellas entidades que reconocieran que necesitan ayuda y, más concretamente, los bancos que no fuesen capaces de reestructurarse, viéndose abocados a un proceso de liquidación ordenada. El tercer grupo quedaría integrado por aquellas entidades que, aunque tengan un déficit de capital, sean capaces de captarlo por sí solas en el mercado. Dichas entidades tendrían de plazo para hacerlo hasta junio de 2013. Aquellas entidades encuadradas en este tercer grupo que planteasen una operación de fusión para mejorar sus ratios de capital tendrían igualmente de plazo hasta el 30 de junio de 2013 para culminar estos procesos de concentración. Finalmente el cuarto y último grupo sería el de los bancos que no sufren carencias de capital, y que incluso cuentan con un excedente.

A principios del mes de octubre de 2012 se presentaron los planes de recapitalización. Concretamente los bancos de los Grupos 1, 2 y 3 presentaron los planes de recapitalización que identifican cómo pretenden cubrir las necesidades de capital. El capital podría reforzarse a través de la adopción de medidas internas, así como con las cesiones de activos, el manejo de pasivos y la obtención de capital o de las ayudas de Estado.

A principios del mes de octubre de 2012 se presentaron los planes de recapitalización. Concretamente los bancos de los Grupos 1, 2 y 3 presentaron los planes de recapitalización que identifican cómo pretenden cubrir las necesidades de capital. El capital podría reforzarse a través de la adopción de medidas internas, así como con las cesiones de activos, el manejo de pasivos y la obtención de capital o de las ayudas de Estado.

La siguiente etapa se concretaría en una evaluación de planes de recapitalización. Las autoridades españolas y la Comisión Europea habrían de evaluar la viabilidad de los bancos teniendo en cuenta las pruebas de estrés y los planes de reestructuración. Aquellos bancos que se consideraran no viables se resolverían de una manera ordenada.

La siguiente etapa se concretaría en una evaluación de planes de recapitalización. Las autoridades españolas y la Comisión Europea habrían de evaluar la viabilidad de los bancos teniendo en cuenta las pruebas de estrés y los planes de reestructuración. Aquellos bancos que se consideraran no viables se resolverían de una manera ordenada.

El paso siguiente sería la aprobación de los planes de recapitalización de los intervenidos. Y ello teniendo presente que ya con efectos desde el mes de julio de 2012 las autoridades españolas, junto con la Bruselas, iniciaron la preparación de los planes de reestructuración o resolución de las entidades incluidas en el Grupo 1, que son aquellas en las que ha entrado el FROB. Dichos planes finalizarían a la luz de los resultados de las pruebas de estrés y habrían de presentarse a tiempo para permitir que la Comisión Europea

El paso siguiente sería la aprobación de los planes de recapitalización de los intervenidos. Y ello teniendo presente que ya con efectos desde el mes de julio de 2012 las autoridades españolas, junto con la Bruselas, iniciaron la preparación de los planes de reestructuración o resolución de las entidades incluidas en el Grupo 1, que son aquellas en las que ha entrado el FROB. Dichos planes finalizarían a la luz de los resultados de las pruebas de estrés y habrían de presentarse a tiempo para permitir que la Comisión Europea

La recapitalización de las entidades financieras

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los aprobase en noviembre de 2012. Sobre esta base se concedería la ayuda estatal y los planes podrían ser implementados de inmediato. El proceso de traslado de los activos deteriorados de una sociedad de liquidación externa se completaría a finales de 2012. Estos bancos se espera que tengan las mayores necesidades de capital151.

los aprobase en noviembre de 2012. Sobre esta base se concedería la ayuda estatal y los planes podrían ser implementados de inmediato. El proceso de traslado de los activos deteriorados de una sociedad de liquidación externa se completaría a finales de 2012. Estos bancos se espera que tengan las mayores necesidades de capital151.

Aquellos bancos que requiriesen capital europeo habrían de tener el plan en octubre de 2012, pudiendo prolongarse la aprobación hasta diciembre de 2012. Para los bancos del Grupo 2, esto es, aquellos que necesitan capital europeo, las autoridades españolas habrían de presentar un plan de reestructuración o resolución a la Comisión Europea en octubre de 2012 a más tardar. Dada la necesidad de incorporar los resultados de la prueba de esfuerzo, el proceso de aprobación continuaría hasta finales de diciembre de 2012, instante en el que dichos bancos serían recapitalizados o resueltos de una manera ordenada. Todos los del Grupo 2 bancos deberían incluir en su plan de reestructuración o resolución de las medidas necesarias para separar sus activos tóxicos. Y ello con la finalidad de poder obtener pasivo de los clientes y financiar a consumidores y empresas, aislando el efecto inmobiliario de sus balances y su operativa.

Aquellos bancos que requiriesen capital europeo habrían de tener el plan en octubre de 2012, pudiendo prolongarse la aprobación hasta diciembre de 2012. Para los bancos del Grupo 2, esto es, aquellos que necesitan capital europeo, las autoridades españolas habrían de presentar un plan de reestructuración o resolución a la Comisión Europea en octubre de 2012 a más tardar. Dada la necesidad de incorporar los resultados de la prueba de esfuerzo, el proceso de aprobación continuaría hasta finales de diciembre de 2012, instante en el que dichos bancos serían recapitalizados o resueltos de una manera ordenada. Todos los del Grupo 2 bancos deberían incluir en su plan de reestructuración o resolución de las medidas necesarias para separar sus activos tóxicos. Y ello con la finalidad de poder obtener pasivo de los clientes y financiar a consumidores y empresas, aislando el efecto inmobiliario de sus balances y su operativa.

Tanto las entidades intervenidas por el FROB como las que requieran del rescate europeo no recibirían el capital hasta que el plan de reestructuración o el de resolución hubiese sido aprobado por la Comisión Europea, a menos que hubiese solicitado hacer uso de los fondos del primer tramo.

Tanto las entidades intervenidas por el FROB como las que requieran del rescate europeo no recibirían el capital hasta que el plan de reestructuración o el de resolución hubiese sido aprobado por la Comisión Europea, a menos que hubiese solicitado hacer uso de los fondos del primer tramo.

La siguiente fase se concretaría en una ampliación preventiva de los bancos que esperen refinanciarse por sí mismos. Concretamente para los bancos del Grupo 3, los que supuestamente pueden captar el dinero de fuentes privadas, habría una recapitalización preventiva con dinero público en forma de obligaciones contingentes convertibles en el supuesto de que planeasen una ampliación de capital significativa, de más del 2% de los activos ponderados por riesgo. Estos CoCos habrían de emitirse a finales de diciembre de 2012, si bien podrían ser amortizados mediante la devolución de su importe hasta junio de 2013 con el capital privado que capte la entidad. De lo contrario tendrían que recapitalizarse a través de la conversión total o

La siguiente fase se concretaría en una ampliación preventiva de los bancos que esperen refinanciarse por sí mismos. Concretamente para los bancos del Grupo 3, los que supuestamente pueden captar el dinero de fuentes privadas, habría una recapitalización preventiva con dinero público en forma de obligaciones contingentes convertibles en el supuesto de que planeasen una ampliación de capital significativa, de más del 2% de los activos ponderados por riesgo. Estos CoCos habrían de emitirse a finales de diciembre de 2012, si bien podrían ser amortizados mediante la devolución de su importe hasta junio de 2013 con el capital privado que capte la entidad. De lo contrario tendrían que recapitalizarse a través de la conversión total o

151 En todo caso estas entidades habrían de ser objeto de un proceso de revisión contable, de reevaluación de su situación patrimonial y de reestructuración de sus bases de recursos propios y de su actividad comercial.

151 En todo caso estas entidades habrían de ser objeto de un proceso de revisión contable, de reevaluación de su situación patrimonial y de reestructuración de sus bases de recursos propios y de su actividad comercial.

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Juan Calvo Vérgez

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parcial de los cocos en acciones ordinarias. De esta forma quedarían nacionalizados parcialmente y tendrán que presentar planes de reestructuración.

parcial de los cocos en acciones ordinarias. De esta forma quedarían nacionalizados parcialmente y tendrán que presentar planes de reestructuración.

Aquellos bancos con ampliación de capital pero por debajo del 2%, esto es, los bancos del Grupo 3 que planeasen una ampliación de capital más limitada, por debajo del 2% de los activos ponderados por riesgo, tendrían de plazo hasta el 30 de junio de 2013 para hacerlo. Si no tuviesen éxito serían recapitalizados con ayudas del Estado.

Aquellos bancos con ampliación de capital pero por debajo del 2%, esto es, los bancos del Grupo 3 que planeasen una ampliación de capital más limitada, por debajo del 2% de los activos ponderados por riesgo, tendrían de plazo hasta el 30 de junio de 2013 para hacerlo. Si no tuviesen éxito serían recapitalizados con ayudas del Estado.

Finalmente, por lo que respecta a aquellos bancos del Grupo 3 que todavía disfrutasen de ayuda pública en virtud de este programa el 30 de junio de 2013, se les requeriría en su plan de reestructuración que transfieran los activos deteriorados al banco malo.

Finalmente, por lo que respecta a aquellos bancos del Grupo 3 que todavía disfrutasen de ayuda pública en virtud de este programa el 30 de junio de 2013, se les requeriría en su plan de reestructuración que transfieran los activos deteriorados al banco malo.

En resumen, durante el mes de octubre de 2012, y conforme al resultado de los test de estrés, las entidades fueron agrupadas en cuatro Grupos: 0, 1, 2 y 3. La inclusión en uno o en otro Grupo adquiere una importancia crucial para los inversores y para las propias entidades. Como se ha señalado las entidades del Grupo 0 no necesitan cantidad alguna de capital adicional, incluso en un escenario de severidad extrema. El Grupo 1 quedó formado por las entidades nacionalizadas (BFA/Bankia, NCG banco, Banco Valencia, Catalunya Caixa). En el mes de noviembre de 2012 la Comisión Europea decidió si estas entidades tenían viabilidad en base al plan de recapitalización presentado por cada una de las entidades o si, por el contrario, debían ser liquidadas. Aquellas entidades que, de acuerdo con los resultados de los test de estrés, requirieran capitales adicionales y no fuesen capaces de conseguirlos por ellas mismas, formarían parte del Grupo 2. Previsiblemente, en este grupo se incluirían, al menos, las entidades que necesiten capital y no se encuentran cotizadas en el mercado. Al igual que las entidades nacionalizadas, habrían de presentar un plan de recapitalización. Por último, aquellas entidades que necesitasen capital pero se estimase que pudieran captar el mismo en el mercado de capital formarían parte del Grupo 3.

En resumen, durante el mes de octubre de 2012, y conforme al resultado de los test de estrés, las entidades fueron agrupadas en cuatro Grupos: 0, 1, 2 y 3. La inclusión en uno o en otro Grupo adquiere una importancia crucial para los inversores y para las propias entidades. Como se ha señalado las entidades del Grupo 0 no necesitan cantidad alguna de capital adicional, incluso en un escenario de severidad extrema. El Grupo 1 quedó formado por las entidades nacionalizadas (BFA/Bankia, NCG banco, Banco Valencia, Catalunya Caixa). En el mes de noviembre de 2012 la Comisión Europea decidió si estas entidades tenían viabilidad en base al plan de recapitalización presentado por cada una de las entidades o si, por el contrario, debían ser liquidadas. Aquellas entidades que, de acuerdo con los resultados de los test de estrés, requirieran capitales adicionales y no fuesen capaces de conseguirlos por ellas mismas, formarían parte del Grupo 2. Previsiblemente, en este grupo se incluirían, al menos, las entidades que necesiten capital y no se encuentran cotizadas en el mercado. Al igual que las entidades nacionalizadas, habrían de presentar un plan de recapitalización. Por último, aquellas entidades que necesitasen capital pero se estimase que pudieran captar el mismo en el mercado de capital formarían parte del Grupo 3.

En función del plan de recapitalización que presentase cada una de las entidades necesitada de recursos públicos la Comisión Europea determinaría que entidades se deben liquidar y cuáles son viables y recibirán los fondos necesarios. En todo caso, antes de procederse a la recapitalización con fondos públicos las entidades financieras afectadas deberían, entre otras actuaciones, imponer pérdidas a los accionistas, a los tenedores de preferen-

En función del plan de recapitalización que presentase cada una de las entidades necesitada de recursos públicos la Comisión Europea determinaría que entidades se deben liquidar y cuáles son viables y recibirán los fondos necesarios. En todo caso, antes de procederse a la recapitalización con fondos públicos las entidades financieras afectadas deberían, entre otras actuaciones, imponer pérdidas a los accionistas, a los tenedores de preferen-

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tes y a los bonistas subordinados. Con estas medidas se pretende minimizar la cantidad de dinero público a inyectar en las entidades. Esta imposición de pérdidas a los accionistas, a los bonos subordinados y a las participaciones preferentes determinaría que la inclusión de una entidad en el Grupo 1 o en el Grupo 2 incida de manera significativa sobre los inversores afectados.

tes y a los bonistas subordinados. Con estas medidas se pretende minimizar la cantidad de dinero público a inyectar en las entidades. Esta imposición de pérdidas a los accionistas, a los bonos subordinados y a las participaciones preferentes determinaría que la inclusión de una entidad en el Grupo 1 o en el Grupo 2 incida de manera significativa sobre los inversores afectados.

Todo ello con independencia de que deba tratar de garantizarse la estabilidad financiera y, en particular, la protección de los depósitos de los clientes incluso tratándose de entidades que fuesen a ser liquidadas.

Todo ello con independencia de que deba tratar de garantizarse la estabilidad financiera y, en particular, la protección de los depósitos de los clientes incluso tratándose de entidades que fuesen a ser liquidadas.

Adviértase que tanto la Comisión Europea como el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional debían seguir muy de cerca el plan de rescate del sector bancario español, teniendo acceso a todos los datos del sistema bancario que necesitasen. Estas tres instituciones también podrían llevar a cabo inspecciones para comprobar que el sector bancario cumple las condiciones exigidas, un trabajo que generalmente desarrollan los bancos centrales de cada Estado y que, en el caso de España, tras recibir las ayudas, también podría realizar Bruselas. Asimismo se exige en el Memorandum que se refuerce la independencia operativa del regulador monetario español. Concretamente se reclama al Banco de España el desarrollo de un examen interno con el fin de identificar las principales deficiencias de la entidad, centrándose en los inspectores que evalúan las debilidades y los riesgos del sistema financiero. Este examen interno habría de llevarse a cabo antes de que finalice 2012.

Adviértase que tanto la Comisión Europea como el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional debían seguir muy de cerca el plan de rescate del sector bancario español, teniendo acceso a todos los datos del sistema bancario que necesitasen. Estas tres instituciones también podrían llevar a cabo inspecciones para comprobar que el sector bancario cumple las condiciones exigidas, un trabajo que generalmente desarrollan los bancos centrales de cada Estado y que, en el caso de España, tras recibir las ayudas, también podría realizar Bruselas. Asimismo se exige en el Memorandum que se refuerce la independencia operativa del regulador monetario español. Concretamente se reclama al Banco de España el desarrollo de un examen interno con el fin de identificar las principales deficiencias de la entidad, centrándose en los inspectores que evalúan las debilidades y los riesgos del sistema financiero. Este examen interno habría de llevarse a cabo antes de que finalice 2012.

Como ya se ha señalado con anterioridad los bancos intervenidos no podrían repartir dividendos y tendrían que vender participadas y activos no estratégicos. Aquellas entidades que accedan a la ayuda europea deberían reestructurarse con la reducción de sucursales y de plantilla. Por su parte el Gobierno español asumía la obligación de comunicar semanalmente los datos de depósitos bancarios, de posición de liquidez, informando además trimestralmente sobre la posición en deuda soberana. Por su parte la Comisión, el BCE y la Autoridad Bancaria verificarían regularmente, en contacto con el Fondo Monetario Internacional, que se cumplen todas estas condiciones. Las autoridades españolas quedan obligadas a proporcionar todos los datos exigidos.

Como ya se ha señalado con anterioridad los bancos intervenidos no podrían repartir dividendos y tendrían que vender participadas y activos no estratégicos. Aquellas entidades que accedan a la ayuda europea deberían reestructurarse con la reducción de sucursales y de plantilla. Por su parte el Gobierno español asumía la obligación de comunicar semanalmente los datos de depósitos bancarios, de posición de liquidez, informando además trimestralmente sobre la posición en deuda soberana. Por su parte la Comisión, el BCE y la Autoridad Bancaria verificarían regularmente, en contacto con el Fondo Monetario Internacional, que se cumplen todas estas condiciones. Las autoridades españolas quedan obligadas a proporcionar todos los datos exigidos.

El sector privado habría de contribuir a sufragar los costes de reestructuración de la banca española. Ahora bien, ni los depositantes ni los bonistas

El sector privado habría de contribuir a sufragar los costes de reestructuración de la banca española. Ahora bien, ni los depositantes ni los bonistas

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Juan Calvo Vérgez

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senior sufrirían pérdidas, lo que dejaría el peso del ajuste a los accionistas de las entidades primero y a los inversores en deuda subordinada y participaciones preferentes152.

senior sufrirían pérdidas, lo que dejaría el peso del ajuste a los accionistas de las entidades primero y a los inversores en deuda subordinada y participaciones preferentes152.

Por lo que a las cajas se refiere, el Ejecutivo español habría de presentar antes de diciembre de 2012 una nueva ley para reducir el papel de las cajas como accionistas de bancos, las cuales podrían incluso tener que perder la participación de control, según este mismo documento.

Por lo que a las cajas se refiere, el Ejecutivo español habría de presentar antes de diciembre de 2012 una nueva ley para reducir el papel de las cajas como accionistas de bancos, las cuales podrían incluso tener que perder la participación de control, según este mismo documento.

Los tenedores de títulos híbridos y de deuda subordinada de los bancos que recibiesen ayudas sufrirían quitas, asumiendo el Gobierno español la obligación de presentar, antes del mes de diciembre de 2012, una hoja de ruta para una eventual salida a bolsa de las entidades que hubiesen recibido ayuda pública.

Los tenedores de títulos híbridos y de deuda subordinada de los bancos que recibiesen ayudas sufrirían quitas, asumiendo el Gobierno español la obligación de presentar, antes del mes de diciembre de 2012, una hoja de ruta para una eventual salida a bolsa de las entidades que hubiesen recibido ayuda pública.

Por último, aquellos bancos que accediesen a la línea de crédito deberían transferir los activos problemáticos al banco malo, que habría de estar listo antes de que finalizase 2012. De este modo serían los inversores particulares quienes sufrirían las principales consecuencias derivadas del rescate del sector. Y es que, con la finalidad de socializar las pérdidas provocadas tanto por la mala gestión de las entidades intervenidas como por el abuso de los instrumentos híbridos de capital, las emisiones de deuda junior y preferentes tendrían que asumir una quita en sus inversiones. En cambio los inversores de deuda senior no tendrán que asumir pérdidas salvo en el caso de una quiebra.

Por último, aquellos bancos que accediesen a la línea de crédito deberían transferir los activos problemáticos al banco malo, que habría de estar listo antes de que finalizase 2012. De este modo serían los inversores particulares quienes sufrirían las principales consecuencias derivadas del rescate del sector. Y es que, con la finalidad de socializar las pérdidas provocadas tanto por la mala gestión de las entidades intervenidas como por el abuso de los instrumentos híbridos de capital, las emisiones de deuda junior y preferentes tendrían que asumir una quita en sus inversiones. En cambio los inversores de deuda senior no tendrán que asumir pérdidas salvo en el caso de una quiebra.

Ciertamente en el supuesto de que se hubiesen dispuesto quitas sobre la deuda senior ello podría haber provocado la salida de los inversores institucionales del mercado de deuda español, lo que terminaría constituyendo un grave problema de financiación. En cambio a la luz del criterio adoptado los inversores institucionales quedarían protegidos de las quitas, dado que serían los principales tenedores de este tipo de emisiones, mientras que los

Ciertamente en el supuesto de que se hubiesen dispuesto quitas sobre la deuda senior ello podría haber provocado la salida de los inversores institucionales del mercado de deuda español, lo que terminaría constituyendo un grave problema de financiación. En cambio a la luz del criterio adoptado los inversores institucionales quedarían protegidos de las quitas, dado que serían los principales tenedores de este tipo de emisiones, mientras que los

152 En otros países “rescatados” esta distinción entre depositantes y bonistas subordinados se llevó a cabo con la finalidad de tratar de evitar pérdidas a los particulares y centrarlas, en su lugar, en las grandes instituciones. Sin embargo en nuestro sistema bancario la red de sucursales de las entidades colocó deuda senior y productos híbridos (participaciones preferentes) entre los particulares. Por tanto, en el supuesto de que se aplicase el citado criterio ahorradores particulares que invirtieron en preferentes sufrirían pérdidas y las instituciones con deuda senior de las entidades, no. En este sentido el hecho de que los acreedores senior de la banca española fuesen a quedar fuera del ajuste implicaría que los contribuyentes fuesen a tener que asumir más riesgo y abonar más dinero para evitar pérdidas a estas instituciones.

152 En otros países “rescatados” esta distinción entre depositantes y bonistas subordinados se llevó a cabo con la finalidad de tratar de evitar pérdidas a los particulares y centrarlas, en su lugar, en las grandes instituciones. Sin embargo en nuestro sistema bancario la red de sucursales de las entidades colocó deuda senior y productos híbridos (participaciones preferentes) entre los particulares. Por tanto, en el supuesto de que se aplicase el citado criterio ahorradores particulares que invirtieron en preferentes sufrirían pérdidas y las instituciones con deuda senior de las entidades, no. En este sentido el hecho de que los acreedores senior de la banca española fuesen a quedar fuera del ajuste implicaría que los contribuyentes fuesen a tener que asumir más riesgo y abonar más dinero para evitar pérdidas a estas instituciones.

La recapitalización de las entidades financieras

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inversores particulares y clientes de las redes bancarias sufrirían una vez más el impacto de pérdidas económicas.

inversores particulares y clientes de las redes bancarias sufrirían una vez más el impacto de pérdidas económicas.

La distintas opciones planteadas, salvo en muy pocos casos, no ofrecían la recuperación del 100% de lo invertido. En su mayor parte los casos de los canjes ofrecidos obligan al inversor a canjear por acciones una parte y el resto o bien condicionado a un periodo de permanencia o bien es reinvertido en depósitos o similares a largo plazo de modo que el cliente no puede hacer líquida su inversión hasta que venza el plazo establecido.

La distintas opciones planteadas, salvo en muy pocos casos, no ofrecían la recuperación del 100% de lo invertido. En su mayor parte los casos de los canjes ofrecidos obligan al inversor a canjear por acciones una parte y el resto o bien condicionado a un periodo de permanencia o bien es reinvertido en depósitos o similares a largo plazo de modo que el cliente no puede hacer líquida su inversión hasta que venza el plazo establecido.

El pago de la ayuda se articularía pues a través de cuatro tramos una vez se hubiese completado el análisis de las carteras crediticias de la banca y las pruebas de resistencia, que arrojarían la cifra exacta de las necesidades de capital de las entidades. Sobre esta base se efectuaría una división provisional del préstamo por tramos, destinándose tres tramos a la recapitalización. Se trataba de un tramo de un máximo de 45.000 millones de euros que se entregaría al FROB a mediados de noviembre de 2012, de un máximo de 15.000 millones a finales de diciembre de dicho año y de otro pago de hasta 15.000 millones a finales de junio de 2013. Por lo que respecta al cuarto tramo, de hasta 25.000 millones, serviría para financiar las sociedades de gestión de activos, es decir, los bancos malos que habrían de crear las entidades que requieran ayuda pública hasta noviembre para aislar los activos problemáticos.

El pago de la ayuda se articularía pues a través de cuatro tramos una vez se hubiese completado el análisis de las carteras crediticias de la banca y las pruebas de resistencia, que arrojarían la cifra exacta de las necesidades de capital de las entidades. Sobre esta base se efectuaría una división provisional del préstamo por tramos, destinándose tres tramos a la recapitalización. Se trataba de un tramo de un máximo de 45.000 millones de euros que se entregaría al FROB a mediados de noviembre de 2012, de un máximo de 15.000 millones a finales de diciembre de dicho año y de otro pago de hasta 15.000 millones a finales de junio de 2013. Por lo que respecta al cuarto tramo, de hasta 25.000 millones, serviría para financiar las sociedades de gestión de activos, es decir, los bancos malos que habrían de crear las entidades que requieran ayuda pública hasta noviembre para aislar los activos problemáticos.

En todo caso para el desembolso de los tramos regulares bajo el Fondo Europeo de Estabilidad Financiera se requeriría necesariamente una decisión previa del Eurogrupo o del Grupo de Trabajo del Euro. Una vez que se trasladase el préstamo al Mecanismo Europeo de Estabilidad, los siguientes tramos necesitarían la aprobación del consejo de gobernadores del fondo de rescate permanente.

En todo caso para el desembolso de los tramos regulares bajo el Fondo Europeo de Estabilidad Financiera se requeriría necesariamente una decisión previa del Eurogrupo o del Grupo de Trabajo del Euro. Una vez que se trasladase el préstamo al Mecanismo Europeo de Estabilidad, los siguientes tramos necesitarían la aprobación del consejo de gobernadores del fondo de rescate permanente.

Por lo que respecta a la ayuda de 30.000 millones de euros dicha cantidad, en función del análisis de los distintos balances de los bancos, la misma podría ser usada en caso de problemas urgentes que se identificasen. Dicha cantidad se inyectaría en bonos del FEEF. Y, en el supuesto de que no se utilizase dicho fondo de contingencia, esos 30.000 millones de euros se incluirían en el desembolso de los tramos.

Por lo que respecta a la ayuda de 30.000 millones de euros dicha cantidad, en función del análisis de los distintos balances de los bancos, la misma podría ser usada en caso de problemas urgentes que se identificasen. Dicha cantidad se inyectaría en bonos del FEEF. Y, en el supuesto de que no se utilizase dicho fondo de contingencia, esos 30.000 millones de euros se incluirían en el desembolso de los tramos.

Recapitulando, el Fondo Europeo de Estabilidad Financiera habría de emitir bonos, inicialmente por importe de 30.000 millones de euros. El

Recapitulando, el Fondo Europeo de Estabilidad Financiera habría de emitir bonos, inicialmente por importe de 30.000 millones de euros. El

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Juan Calvo Vérgez

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EFSF concedería un préstamo al FROB si bien, en lugar de darle dinero, le entregaría los bonos emitidos. El FROB inyectaría dichos bonos en las entidades necesitadas a cambio de acciones de la entidad. El banco en cuestión llevaría los bonos al BCE para su descuento, recibiendo liquidez. De este modo, si bien los bonos son emitidos por el EFSF, al final se acaban descontando igualmente en el BCE.

EFSF concedería un préstamo al FROB si bien, en lugar de darle dinero, le entregaría los bonos emitidos. El FROB inyectaría dichos bonos en las entidades necesitadas a cambio de acciones de la entidad. El banco en cuestión llevaría los bonos al BCE para su descuento, recibiendo liquidez. De este modo, si bien los bonos son emitidos por el EFSF, al final se acaban descontando igualmente en el BCE.

Por lo que respecta a la fórmula adoptada para inyectar liquidez en el sistema, la misma se concretó en la financiación de los llamados “bancos malos” que se crearían en el proceso de recapitalización de las entidades financieras españolas, en virtud de la cual el FROB emitiría bonos y los aportaría al banco malo a cambio de capital del mismo. El banco con “activos tóxicos” (activos inmobiliarios adjudicados, entre otros) los aportaría al banco malo. Como pago recibiría bonos del FROB y en una pequeña proporción acciones del banco malo. Por su parte el banco descontaría los bonos del FROB en el BCE para así conseguir liquidez.

Por lo que respecta a la fórmula adoptada para inyectar liquidez en el sistema, la misma se concretó en la financiación de los llamados “bancos malos” que se crearían en el proceso de recapitalización de las entidades financieras españolas, en virtud de la cual el FROB emitiría bonos y los aportaría al banco malo a cambio de capital del mismo. El banco con “activos tóxicos” (activos inmobiliarios adjudicados, entre otros) los aportaría al banco malo. Como pago recibiría bonos del FROB y en una pequeña proporción acciones del banco malo. Por su parte el banco descontaría los bonos del FROB en el BCE para así conseguir liquidez.

Adviértase que desde la Comisión Europea se defendía librar a los acreedores senior de las quitas, a pesar de que inicialmente, en su propuesta de rescate de entidades financieras presentada a principios del mes de junio de 2012, se disponía que todos los bonistas (menos aquellos que tuviesen deuda con colateral) debían contribuir al rescate para minimizar la factura al contribuyente.

Adviértase que desde la Comisión Europea se defendía librar a los acreedores senior de las quitas, a pesar de que inicialmente, en su propuesta de rescate de entidades financieras presentada a principios del mes de junio de 2012, se disponía que todos los bonistas (menos aquellos que tuviesen deuda con colateral) debían contribuir al rescate para minimizar la factura al contribuyente.

Ciertamente parecía contradictorio que los depositantes y los bonistas senior de las entidades rescatadas no sufriesen pérdida alguna y que, en cambio, los accionistas y los que invirtieron en deuda subordinada y productos híbridos (participaciones preferentes) sí que se viesen afectados. Y ello con el objetivo último de minimizar las ayudas públicas haciendo que paguen los acreedores institucionales (tenedores de deuda), pero salvando a los particulares (depositantes).

Ciertamente parecía contradictorio que los depositantes y los bonistas senior de las entidades rescatadas no sufriesen pérdida alguna y que, en cambio, los accionistas y los que invirtieron en deuda subordinada y productos híbridos (participaciones preferentes) sí que se viesen afectados. Y ello con el objetivo último de minimizar las ayudas públicas haciendo que paguen los acreedores institucionales (tenedores de deuda), pero salvando a los particulares (depositantes).

El Memorandum de Entendimiento (MoU) no distinguía pues entre bonistas junior y bonistas senior más allá de que los primeros, por definición, hubieran de asumir más pérdidas que los segundos. El texto solo excluía explícitamente a bonistas con colateral, depósitos y deudas que venciesen en un mes. Excepcionalmente, podrían salvarse los derivados. Pero no se contenía referencia alguna para excluir a los deudores senior. Así las cosas, asumirían pérdidas los tenedores de deuda subordinada y capital

El Memorandum de Entendimiento (MoU) no distinguía pues entre bonistas junior y bonistas senior más allá de que los primeros, por definición, hubieran de asumir más pérdidas que los segundos. El texto solo excluía explícitamente a bonistas con colateral, depósitos y deudas que venciesen en un mes. Excepcionalmente, podrían salvarse los derivados. Pero no se contenía referencia alguna para excluir a los deudores senior. Así las cosas, asumirían pérdidas los tenedores de deuda subordinada y capital

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híbrido, como las participaciones preferentes, pero no los inversores en deuda senior. Y, si bien se trataba de una propuesta que estaba pendiente de aprobación (debiendo entrar en vigor en 2018), cabía plantearse si éste era el mejor criterio destinado al saneamiento de entidades. Y ello en tanto en cuanto aquellos ahorradores particulares que invirtieron en preferentes sufrirían pérdidas y las instituciones con deuda senior de las entidades, no153.

híbrido, como las participaciones preferentes, pero no los inversores en deuda senior. Y, si bien se trataba de una propuesta que estaba pendiente de aprobación (debiendo entrar en vigor en 2018), cabía plantearse si éste era el mejor criterio destinado al saneamiento de entidades. Y ello en tanto en cuanto aquellos ahorradores particulares que invirtieron en preferentes sufrirían pérdidas y las instituciones con deuda senior de las entidades, no153.

A nuestro juicio parece razonable estimar que, en aquellos casos en los que un inversor concede un préstamo a una entidad que se declara insolvente y cuyos activos no cubren los pasivos, dicho inversor tendrá finalmente que asumir pérdidas. Debido a ello no se entendía bien esta especie de “preferencia” del dinero de los acreedores senior frente al de los contribuyentes, ya que éstos van a tener que asumir pérdidas antes que aquéllos154.

A nuestro juicio parece razonable estimar que, en aquellos casos en los que un inversor concede un préstamo a una entidad que se declara insolvente y cuyos activos no cubren los pasivos, dicho inversor tendrá finalmente que asumir pérdidas. Debido a ello no se entendía bien esta especie de “preferencia” del dinero de los acreedores senior frente al de los contribuyentes, ya que éstos van a tener que asumir pérdidas antes que aquéllos154.

Desde nuestro punto de vista obligar a los tenedores de bonos a asumir pérdidas reduciría la carga que tuvieran que asumir los contribuyentes, reduciendo la presión a la que están sometidos los Gobiernos nacionales. Con carácter adicional el sistema bancario vería mermadas sus necesidades de financiación y fortalecería su capital, resultando disminuida la necesidad de introducir más medidas de austeridad y la presión sobre los bancos para desapalancarse. También reduciría el vínculo entre bancos y Estados.

Desde nuestro punto de vista obligar a los tenedores de bonos a asumir pérdidas reduciría la carga que tuvieran que asumir los contribuyentes, reduciendo la presión a la que están sometidos los Gobiernos nacionales. Con carácter adicional el sistema bancario vería mermadas sus necesidades de financiación y fortalecería su capital, resultando disminuida la necesidad de introducir más medidas de austeridad y la presión sobre los bancos para desapalancarse. También reduciría el vínculo entre bancos y Estados.

Recuérdese además que, de conformidad con lo pactado en el Memorandum, una vez que haya un supervisor único europeo, el Fondo de Rescate Permanente tomaría directamente posiciones en la banca y sus pérdidas serían asumidas por el propio Fondo. 154 Como es sabido los bonos senior son títulos de renta fija que están garantizados por el patrimonio de la propia sociedad. En algunos casos hay garantías adicionales, como pueden ser avales o garantías. Entre estos bonos se puede destacar por su importancia el mercado de bonos hipotecarios, que tiene como colateral la cartera de hipotecas de la entidad. En una hipotética situación de quiebra o de restructuración de deuda del emisor los bonistas senior serían los primeros en cobrar por delante de los subordinados. Por lo que respecta a estos últimos, se trata de aquellos activos emitidos por entidades de crédito para aumentar su nivel de recursos propios exigidos por los Bancos Centrales. Están en un nivel inferior a la deuda senior a la hora de cobro en una hipotética restructuración de la deuda del emisor. De esta forma, en caso de quiebra habría que esperar a que los bonos senior se paguen para cobrar los subordinados. Lógicamente, por esta condición deben ofrecer una prima adicional en su rentabilidad. En el caso del rescate de la banca este tipo de bonos sí que sufriría una quita si se reestructura la deuda de la entidad emisora. Pues bien, la Comisión Europea apoyaba que estos bonos senior no sufriesen ninguna quita en el caso de que alguna de las entidades que recibiese ayuda se liquide. Sin embargo, el Banco Central Europeo defendía la postura contraria y pretendía que este tipo de bonos estuviesen expuestos, al igual que otros productos de capital híbrido (como la deuda subordinada o las preferentes), a una posible quita.

Recuérdese además que, de conformidad con lo pactado en el Memorandum, una vez que haya un supervisor único europeo, el Fondo de Rescate Permanente tomaría directamente posiciones en la banca y sus pérdidas serían asumidas por el propio Fondo. 154 Como es sabido los bonos senior son títulos de renta fija que están garantizados por el patrimonio de la propia sociedad. En algunos casos hay garantías adicionales, como pueden ser avales o garantías. Entre estos bonos se puede destacar por su importancia el mercado de bonos hipotecarios, que tiene como colateral la cartera de hipotecas de la entidad. En una hipotética situación de quiebra o de restructuración de deuda del emisor los bonistas senior serían los primeros en cobrar por delante de los subordinados. Por lo que respecta a estos últimos, se trata de aquellos activos emitidos por entidades de crédito para aumentar su nivel de recursos propios exigidos por los Bancos Centrales. Están en un nivel inferior a la deuda senior a la hora de cobro en una hipotética restructuración de la deuda del emisor. De esta forma, en caso de quiebra habría que esperar a que los bonos senior se paguen para cobrar los subordinados. Lógicamente, por esta condición deben ofrecer una prima adicional en su rentabilidad. En el caso del rescate de la banca este tipo de bonos sí que sufriría una quita si se reestructura la deuda de la entidad emisora. Pues bien, la Comisión Europea apoyaba que estos bonos senior no sufriesen ninguna quita en el caso de que alguna de las entidades que recibiese ayuda se liquide. Sin embargo, el Banco Central Europeo defendía la postura contraria y pretendía que este tipo de bonos estuviesen expuestos, al igual que otros productos de capital híbrido (como la deuda subordinada o las preferentes), a una posible quita.

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En este sentido desde el BCE se había venido defendiendo que los titulares de bonos de bancos españoles rescatados con fondos europeos asumiesen pérdidas para minimizar el impacto de la ayuda sobre los contribuyentes, si bien solo respecto de aquellas entidades crediticias que no sean viables o estén en proceso de resolución155.

En este sentido desde el BCE se había venido defendiendo que los titulares de bonos de bancos españoles rescatados con fondos europeos asumiesen pérdidas para minimizar el impacto de la ayuda sobre los contribuyentes, si bien solo respecto de aquellas entidades crediticias que no sean viables o estén en proceso de resolución155.

Por su parte desde la Comisión Europea se defendía que la participación del sector privado en el rescate bancario representase un “principio fundamental” cuyo objetivo debía ser minimizar el precio para los contribuyentes y ayudar a romper el círculo vicioso entre bancos y riesgo soberano. Debido a ello en el borrador de Memorandum no se preveía la participación de bonistas sénior, sólo la de los accionistas y titulares de deuda subordinada.

Por su parte desde la Comisión Europea se defendía que la participación del sector privado en el rescate bancario representase un “principio fundamental” cuyo objetivo debía ser minimizar el precio para los contribuyentes y ayudar a romper el círculo vicioso entre bancos y riesgo soberano. Debido a ello en el borrador de Memorandum no se preveía la participación de bonistas sénior, sólo la de los accionistas y titulares de deuda subordinada.

Por otra parte, y tal y como se ha apuntado con anterioridad, en el Memorándum sobre las condiciones del rescate financiero que la UE ofreció a los bancos y cajas españolas se señalaba la necesidad de aprobar una nueva legislación que clarificase el papel de las cajas de ahorro como titulares del capital de los bancos con el propósito de reducir su presencia a niveles que no entrañen el control, adoptándose las medidas necesarias para el fortalecimiento del Gobierno Corporativo de aquéllas mediante la introducción de una incompatibilidad entre los órganos de gobierno de éstas y los de los bancos por ellas controladas. En otras palabras, las cajas habrían de desaparecer de los bancos como grupo de control y quedar como fundaciones beneméritas.

Por otra parte, y tal y como se ha apuntado con anterioridad, en el Memorándum sobre las condiciones del rescate financiero que la UE ofreció a los bancos y cajas españolas se señalaba la necesidad de aprobar una nueva legislación que clarificase el papel de las cajas de ahorro como titulares del capital de los bancos con el propósito de reducir su presencia a niveles que no entrañen el control, adoptándose las medidas necesarias para el fortalecimiento del Gobierno Corporativo de aquéllas mediante la introducción de una incompatibilidad entre los órganos de gobierno de éstas y los de los bancos por ellas controladas. En otras palabras, las cajas habrían de desaparecer de los bancos como grupo de control y quedar como fundaciones beneméritas.

Tal y como hemos tenido ocasión de analizar a través de la presente obra, mediante la aprobación en su día del Real Decreto-ley 11/2010 se ofreció a las cajas de ahorro la posibilidad de segregar su actividad financiera en bancos instrumentales, conservando la mayoría del capital. Con posterioridad el Real Decreto-Ley 2/2011 obligó a las cajas a “bancarizarse”. Y, tras la aprobación del Real Decreto-Ley 2/2012, si bien se confirmó dicha “bancarización”, se permitió a las cajas de ahorro mantener el límite de participación en el capital del banco filial (o del ente central del SIP) en un 25% para que la caja no desapareciera y tuviera que transformarse en fundación benéfica156.

Tal y como hemos tenido ocasión de analizar a través de la presente obra, mediante la aprobación en su día del Real Decreto-ley 11/2010 se ofreció a las cajas de ahorro la posibilidad de segregar su actividad financiera en bancos instrumentales, conservando la mayoría del capital. Con posterioridad el Real Decreto-Ley 2/2011 obligó a las cajas a “bancarizarse”. Y, tras la aprobación del Real Decreto-Ley 2/2012, si bien se confirmó dicha “bancarización”, se permitió a las cajas de ahorro mantener el límite de participación en el capital del banco filial (o del ente central del SIP) en un 25% para que la caja no desapareciera y tuviera que transformarse en fundación benéfica156.

En cambio, durante el rescate de Irlanda, en noviembre de 2010, la autoridad monetaria se opuso a imponer pérdidas a los titulares de bonos de los bancos irlandeses, afectados como los españoles por la burbuja inmobiliaria. 156 Este proceso ya se había acometido previamente en otro países de la UE como Italia donde las llamadas Casse di Risparmio, a través de tres leyes sucesivas (Ley Amato, Directiva Dini

En cambio, durante el rescate de Irlanda, en noviembre de 2010, la autoridad monetaria se opuso a imponer pérdidas a los titulares de bonos de los bancos irlandeses, afectados como los españoles por la burbuja inmobiliaria. 156 Este proceso ya se había acometido previamente en otro países de la UE como Italia donde las llamadas Casse di Risparmio, a través de tres leyes sucesivas (Ley Amato, Directiva Dini

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Ahora bien, ¿se halla legitimada la UE para imponer un sistema institucional de banca universal que implique la separación de la caja matriz respecto del banco del que es propietario en aquellos supuestos en los que dichas cajas no han recibido ningún tipo de ayuda? ¿Hasta qué punto no incide dicha medida sobre la libertad de empresa? ¿Por qué no podría optarse por seguir manteniendo la figura de las cajas de ahorro o la de las mutualidades de crédito? Tal y como ha puesto de manifiesto GASPAR ARIÑO157 habrán de ser los inversores y los depositantes quienes decidan si una determinada entidad, cualquiera que sea su forma jurídica y su organización empresarial, le ofrece o no confianza, procediéndose a aplicar, en el supuesto de que dicha entidad incumpliese las exigencias comunitarias previstas al efecto de ordenación bancaria o financiera, las medidas de intervención y/o liquidación que procedan. Pero ello no justifica predeterminar modelos institucionales genéricos que impliquen la obligatoria conversión en fundaciones de esta clase de entidades.

Ahora bien, ¿se halla legitimada la UE para imponer un sistema institucional de banca universal que implique la separación de la caja matriz respecto del banco del que es propietario en aquellos supuestos en los que dichas cajas no han recibido ningún tipo de ayuda? ¿Hasta qué punto no incide dicha medida sobre la libertad de empresa? ¿Por qué no podría optarse por seguir manteniendo la figura de las cajas de ahorro o la de las mutualidades de crédito? Tal y como ha puesto de manifiesto GASPAR ARIÑO157 habrán de ser los inversores y los depositantes quienes decidan si una determinada entidad, cualquiera que sea su forma jurídica y su organización empresarial, le ofrece o no confianza, procediéndose a aplicar, en el supuesto de que dicha entidad incumpliese las exigencias comunitarias previstas al efecto de ordenación bancaria o financiera, las medidas de intervención y/o liquidación que procedan. Pero ello no justifica predeterminar modelos institucionales genéricos que impliquen la obligatoria conversión en fundaciones de esta clase de entidades.

Con fecha 18 de julio de 2012 Portugal colocó títulos a 12 meses al 3,505% frente al 3,918% a los que los había adjudicado un día antes el Tesoro español. Asimismo el Tesoro luso colocó 750 millones de euros en letras a seis meses con un interés medio del 2,292%, frente al 2,653 abonado en junio de 2012, y una fuerte demanda, que superó en 3,8 veces la oferta de papel. Portugal se convertía así en el segundo país sometido a un rescate completo que lograba financiarse en los mercados a costes inferiores a los de España, después de que Irlanda colocara a principios de julio de 2012 letras a 3 meses a intereses inferiores a los abonados entonces por España.

Con fecha 18 de julio de 2012 Portugal colocó títulos a 12 meses al 3,505% frente al 3,918% a los que los había adjudicado un día antes el Tesoro español. Asimismo el Tesoro luso colocó 750 millones de euros en letras a seis meses con un interés medio del 2,292%, frente al 2,653 abonado en junio de 2012, y una fuerte demanda, que superó en 3,8 veces la oferta de papel. Portugal se convertía así en el segundo país sometido a un rescate completo que lograba financiarse en los mercados a costes inferiores a los de España, después de que Irlanda colocara a principios de julio de 2012 letras a 3 meses a intereses inferiores a los abonados entonces por España.

Con fecha 19 de julio de 2012 se conoció el contenido del contrato que habrían de firmar el Fondo Europeo de Estabilización Financiera, el Gobierno de España y el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria. Dicho contrato, denominado “Master Financial Assistance Facility Agreement” (Acuerdo para la Facilidad Maestra de Asistencia Fiannciera) constituía el punto de partida sobre el que se configurarían el resto de instrumentos del rescate orientados a recapitalizar bancos, comprar deuda y hacer préstamos

Con fecha 19 de julio de 2012 se conoció el contenido del contrato que habrían de firmar el Fondo Europeo de Estabilización Financiera, el Gobierno de España y el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria. Dicho contrato, denominado “Master Financial Assistance Facility Agreement” (Acuerdo para la Facilidad Maestra de Asistencia Fiannciera) constituía el punto de partida sobre el que se configurarían el resto de instrumentos del rescate orientados a recapitalizar bancos, comprar deuda y hacer préstamos

y Ley Ciampi) dictadas entre 1990 y 1999, se obligó a las fundaciones en las que se habían convertido las antiguas Casse a reducir la participación mayoritaria o de control que éstas pudieran tener sobre los bancos de los que fuesen accionistas, bajo la amenaza, en otro caso, de la expropiación por parte del Estado del exceso accionarial sobre los mínimos establecidos. 157 GASPAR ARIÑO, “La Troika y las Cajas de Ahorro”, Diario Expansión (consultado en www.expansion.com, 17 de julio de 2012).

y Ley Ciampi) dictadas entre 1990 y 1999, se obligó a las fundaciones en las que se habían convertido las antiguas Casse a reducir la participación mayoritaria o de control que éstas pudieran tener sobre los bancos de los que fuesen accionistas, bajo la amenaza, en otro caso, de la expropiación por parte del Estado del exceso accionarial sobre los mínimos establecidos. 157 GASPAR ARIÑO, “La Troika y las Cajas de Ahorro”, Diario Expansión (consultado en www.expansion.com, 17 de julio de 2012).

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al Gobierno. Todo ello siempre con condicionalidad y con autorización expresa del Eurogrupo y, en algunos casos, como se en la compra en mercado secundario, del BCE.

al Gobierno. Todo ello siempre con condicionalidad y con autorización expresa del Eurogrupo y, en algunos casos, como se en la compra en mercado secundario, del BCE.

Una de las facilidades que contempla el acuerdo es la Facilidad Preventiva, que puede adoptar varias formas, pero que en la práctica constituye una línea de crédito para financiar al Estado directamente, y no solamente a la banca, que es el escenario al que se había limitado hasta ahora el plan de ayuda. Según la definición del propio FEEF, un programa preventivo constituye “una línea de crédito” para ayudar a “un país a superar un shock temporal externo y prevenir una crisis”. Tal y como se especifica en el Tratado por el que se crea el citado Fondo, se trata de un instrumento orientado a ayudar a un país en dificultades sin necesidad de tener que entrar en un “programa completo” como el de Grecia, Irlanda o Portugal).

Una de las facilidades que contempla el acuerdo es la Facilidad Preventiva, que puede adoptar varias formas, pero que en la práctica constituye una línea de crédito para financiar al Estado directamente, y no solamente a la banca, que es el escenario al que se había limitado hasta ahora el plan de ayuda. Según la definición del propio FEEF, un programa preventivo constituye “una línea de crédito” para ayudar a “un país a superar un shock temporal externo y prevenir una crisis”. Tal y como se especifica en el Tratado por el que se crea el citado Fondo, se trata de un instrumento orientado a ayudar a un país en dificultades sin necesidad de tener que entrar en un “programa completo” como el de Grecia, Irlanda o Portugal).

Dicho mecanismo preventivo podría concretarse de dos formas distintas. En primer lugar, bajo la modalidad de “Línea de Crédito Preventiva” que únicamente exigiría cumplir unos requisitos macroeconómicos previos a recibir la ayuda. En palabras del Tratado, dicho instrumento estaría destinado a países con “buenos fundamentos económicos”, “deuda sostenible” y un “historial de acceso a los mercados de capitales en términos razonables”.

Dicho mecanismo preventivo podría concretarse de dos formas distintas. En primer lugar, bajo la modalidad de “Línea de Crédito Preventiva” que únicamente exigiría cumplir unos requisitos macroeconómicos previos a recibir la ayuda. En palabras del Tratado, dicho instrumento estaría destinado a países con “buenos fundamentos económicos”, “deuda sostenible” y un “historial de acceso a los mercados de capitales en términos razonables”.

Por lo que respecta a la segunda posible modalidad, denominada “Línea de Crédito con Condiciones Reforzadas”, quedaría destinada a países con una situación financiera sana pero con “vulnerabilidades moderadas”, que impidiesen su acceso a la línea de crédito anterior. El Estado que solicitase esta segunda línea habría de corregir esos puntos débiles de su economía bajo asesoramiento de la Comisión Europea y el BCE. España probablemente entraría en esa segunda categoría y, dado que ya quedaba obligada ‘de facto’ a cumplir con las recomendaciones de la Comisión, acogerse a esta opción podría conllevar escasas exigencias nuevas.

Por lo que respecta a la segunda posible modalidad, denominada “Línea de Crédito con Condiciones Reforzadas”, quedaría destinada a países con una situación financiera sana pero con “vulnerabilidades moderadas”, que impidiesen su acceso a la línea de crédito anterior. El Estado que solicitase esta segunda línea habría de corregir esos puntos débiles de su economía bajo asesoramiento de la Comisión Europea y el BCE. España probablemente entraría en esa segunda categoría y, dado que ya quedaba obligada ‘de facto’ a cumplir con las recomendaciones de la Comisión, acogerse a esta opción podría conllevar escasas exigencias nuevas.

En el Acuerdo firmado por España se contemplaban varias formas de intervención en la deuda: compras en el mercado primario (acudiendo directamente a las subastas del Tesoro), adquisiciones en el mercado secundario (donde cotizan los bonos ya emitidos), y dos fórmulas más de apalancamiento que el propio Tratado del FEEF denomina “Protección Parcial de Bonos Soberanos” y “Fondo de Co-Inversión”.

En el Acuerdo firmado por España se contemplaban varias formas de intervención en la deuda: compras en el mercado primario (acudiendo directamente a las subastas del Tesoro), adquisiciones en el mercado secundario (donde cotizan los bonos ya emitidos), y dos fórmulas más de apalancamiento que el propio Tratado del FEEF denomina “Protección Parcial de Bonos Soberanos” y “Fondo de Co-Inversión”.

La recapitalización de las entidades financieras

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¿Qué diferencias presentan estas dos últimas modalidades? Básicamente que, mientras que a través de la primera el Fondo otorgaría un certificado a los bonos nuevos que emitiese España, protegiendo dicho certificado entre un 20% y un 30% del principal de ese título en caso de impago y pudiendo ser negociado en el mercado secundario como un instrumento aparte158, a través de la segunda opción indicada, el Fondo de Co-Inversión, se buscarían socios institucionales (Fondos Soberanos, inversores en capital riesgo o fondos de inversión) para comprar conjuntamente bonos en mercado primario y secundario. En ese caso el FEEF cubriría las primeras pérdidas que ocasionalmente pudiera sufrir la inversión, en un porcentaje por determinar. Dichas facilidades se sumarían así a la que ya se anunció en su momento, la Facilidad de Recapitalización Bancaria, que serviría para que el FROB inyectara capital en las entidades que lo necesitaran.

¿Qué diferencias presentan estas dos últimas modalidades? Básicamente que, mientras que a través de la primera el Fondo otorgaría un certificado a los bonos nuevos que emitiese España, protegiendo dicho certificado entre un 20% y un 30% del principal de ese título en caso de impago y pudiendo ser negociado en el mercado secundario como un instrumento aparte158, a través de la segunda opción indicada, el Fondo de Co-Inversión, se buscarían socios institucionales (Fondos Soberanos, inversores en capital riesgo o fondos de inversión) para comprar conjuntamente bonos en mercado primario y secundario. En ese caso el FEEF cubriría las primeras pérdidas que ocasionalmente pudiera sufrir la inversión, en un porcentaje por determinar. Dichas facilidades se sumarían así a la que ya se anunció en su momento, la Facilidad de Recapitalización Bancaria, que serviría para que el FROB inyectara capital en las entidades que lo necesitaran.

Tal y como se señala en el Acuerdo firmado por el Gobierno español, cada una de estos instrumentos podría llevar una condicionalidad distinta, debiendo cumplirse los términos específicos de cada uno de ellos. Por ejemplo, en el caso de las compras en mercado secundario, el BCE habría de validar que se dan circunstancias extraordinarias que ponen en peligro la estabilidad financiera de la Eurozona. Ahora bien, a pesar de que la aplicación de dichas medidas quedarían sujetas a condicionalidad se ha de recordar que entre los acuerdos alcanzados en el Consejo Europeo del 28 y 29 de junio de 2012 estaba el de suavizar esos requisitos en el caso de las compras de bonos159.

Tal y como se señala en el Acuerdo firmado por el Gobierno español, cada una de estos instrumentos podría llevar una condicionalidad distinta, debiendo cumplirse los términos específicos de cada uno de ellos. Por ejemplo, en el caso de las compras en mercado secundario, el BCE habría de validar que se dan circunstancias extraordinarias que ponen en peligro la estabilidad financiera de la Eurozona. Ahora bien, a pesar de que la aplicación de dichas medidas quedarían sujetas a condicionalidad se ha de recordar que entre los acuerdos alcanzados en el Consejo Europeo del 28 y 29 de junio de 2012 estaba el de suavizar esos requisitos en el caso de las compras de bonos159.

Tras la convalidación por el Congreso de los Diputados con fecha 19 de julio de 2012 del Real Decreto-ley 21/2012, de medidas de liquidez de las Administraciones públicas y en el ámbito financiero, se autorizó al FROB a anticipar, en forma de préstamo efectivo o en valores de deuda, ayuda a aquellas entidades sometidas, a juicio del Banco de España, a presiones de liquidez que puedan afectarles hasta el desembolso del apoyo europeo. Asimismo se aprobó la modificación operada por el citado Real Decreto-

Tras la convalidación por el Congreso de los Diputados con fecha 19 de julio de 2012 del Real Decreto-ley 21/2012, de medidas de liquidez de las Administraciones públicas y en el ámbito financiero, se autorizó al FROB a anticipar, en forma de préstamo efectivo o en valores de deuda, ayuda a aquellas entidades sometidas, a juicio del Banco de España, a presiones de liquidez que puedan afectarles hasta el desembolso del apoyo europeo. Asimismo se aprobó la modificación operada por el citado Real Decreto-

En cierta medida podría afirmarse que se trataría de una especie de Credit Default Swap o de seguro de protección de impago parcial. 159 En efecto recuérdese que, tal y como se contemplaba inicialmente, las compras de deuda de un Estado le obligarían a éste a someterse a un programa de control macroeconómico completo. Con posterioridad, sin embargo, el Eurogrupo acordó relajar la condicionalidad a que el Gobierno en cuestión cumpliese con las recomendaciones de Bruselas para controlar el déficit y los desequilibrios macroeconómicos.

En cierta medida podría afirmarse que se trataría de una especie de Credit Default Swap o de seguro de protección de impago parcial. 159 En efecto recuérdese que, tal y como se contemplaba inicialmente, las compras de deuda de un Estado le obligarían a éste a someterse a un programa de control macroeconómico completo. Con posterioridad, sin embargo, el Eurogrupo acordó relajar la condicionalidad a que el Gobierno en cuestión cumpliese con las recomendaciones de Bruselas para controlar el déficit y los desequilibrios macroeconómicos.

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ley de la regulación de otorgamiento de los avales de bonos y obligaciones de las entidades de crédito. De este modo se autorizó al FROB para que pudiera firmar los contratos necesarios en los que se cristalice la asistencia financiera para la recapitalizacion de las entidades. El FROB podrá anticipar en forma de préstamo efectivo o en valores de deuda, el importe de los apoyos financieros que vienen solicitando las entidades participantes en el proceso de recapitalización cuando éstas se vean sometidas, a juicio del Banco de España, a presiones de liquidez que pueda afectarlas hasta la efectiva suscripción y desembolso de los apoyos comprometidos. Dichos anticipos se realizarían con cargo al primer tramo de asistencia financiera contemplada en el Memorándum de entendimiento de la ayuda europea a la banca, de 30.000 millones de euros.

ley de la regulación de otorgamiento de los avales de bonos y obligaciones de las entidades de crédito. De este modo se autorizó al FROB para que pudiera firmar los contratos necesarios en los que se cristalice la asistencia financiera para la recapitalizacion de las entidades. El FROB podrá anticipar en forma de préstamo efectivo o en valores de deuda, el importe de los apoyos financieros que vienen solicitando las entidades participantes en el proceso de recapitalización cuando éstas se vean sometidas, a juicio del Banco de España, a presiones de liquidez que pueda afectarlas hasta la efectiva suscripción y desembolso de los apoyos comprometidos. Dichos anticipos se realizarían con cargo al primer tramo de asistencia financiera contemplada en el Memorándum de entendimiento de la ayuda europea a la banca, de 30.000 millones de euros.

Con carácter adicional se habilitó al FROB para comprometer su patrimonio para la prestación de las garantías que pudiera exigirse a España en el marco de la ayuda financiera europea, si bien dicho compromiso y garantías podrían ser asumidas según se establezca en los planes de recapitalización de las entidades. Ello permitiría hacer frente al acuerdo alcanzado entre España y Finlandia sobre las garantías exigidas por este último al Gobierno español para participar en la ayuda al sector financiero160. Así, como ya se ha señalado, el primer tramo de ayuda, de 30.000 millones, quedaba garantizado con 231 millones de euros.

Con carácter adicional se habilitó al FROB para comprometer su patrimonio para la prestación de las garantías que pudiera exigirse a España en el marco de la ayuda financiera europea, si bien dicho compromiso y garantías podrían ser asumidas según se establezca en los planes de recapitalización de las entidades. Ello permitiría hacer frente al acuerdo alcanzado entre España y Finlandia sobre las garantías exigidas por este último al Gobierno español para participar en la ayuda al sector financiero160. Así, como ya se ha señalado, el primer tramo de ayuda, de 30.000 millones, quedaba garantizado con 231 millones de euros.

Tras la reunión del Eurogrupo con fecha 20 de julio de 2012 se confirmó que el plazo de devolución del préstamo otorgado a las entidades financieras

Tras la reunión del Eurogrupo con fecha 20 de julio de 2012 se confirmó que el plazo de devolución del préstamo otorgado a las entidades financieras

160 En el caso concreto de Finlandia, con fecha 20 de julio de 2012 el Parlamento finés aprobó que el Estado español otorgase una garantía máxima a Finlandia equivalente a 769,92 millones de euros en el hipotético caso de que hiciese uso dela totalidad de los 100.000 millones de euros ofrecidos por sus socios del euro procedentes del fondo de garantía de depósitos, que cubre el 40% de la contribución de Finlandia al préstamo a la banca. A cambio, Helsinki renunció a los intereses que le corresponderían por su contribución. Al amparo del acuerdo finalmente alcanzado España aportaría a Helsinki una garantía de hasta 770 millones de euros en efectivo procedentes del Fondo de Garantía de Depósitos que prefinanciarían bancos y cajas. Este aval cubriría el 40% de la contribución de Finlandia al préstamo a la banca. Dicho porcentaje fue calculado utilizando los datos históricos de la Agencia de rating Standard & Poor’s para estimar posibles pérdidas en caso de insolvencia, según ha informado el ministerio finlandés de Finanzas en un comunicado. El dinero se iría pagando a una cuenta finlandesa a medida que se fuesen desembolsando los diferentes tramos del rescate. Así, por el primer tramo de 30.000 millones de euros que estaría disponible a finales de julio de 2012, España tendría que aportar 231 millones de euros. El objetivo de esta garantía sería minimizar el riesgo para los contribuyentes finlandeses del rescate español.

160 En el caso concreto de Finlandia, con fecha 20 de julio de 2012 el Parlamento finés aprobó que el Estado español otorgase una garantía máxima a Finlandia equivalente a 769,92 millones de euros en el hipotético caso de que hiciese uso dela totalidad de los 100.000 millones de euros ofrecidos por sus socios del euro procedentes del fondo de garantía de depósitos, que cubre el 40% de la contribución de Finlandia al préstamo a la banca. A cambio, Helsinki renunció a los intereses que le corresponderían por su contribución. Al amparo del acuerdo finalmente alcanzado España aportaría a Helsinki una garantía de hasta 770 millones de euros en efectivo procedentes del Fondo de Garantía de Depósitos que prefinanciarían bancos y cajas. Este aval cubriría el 40% de la contribución de Finlandia al préstamo a la banca. Dicho porcentaje fue calculado utilizando los datos históricos de la Agencia de rating Standard & Poor’s para estimar posibles pérdidas en caso de insolvencia, según ha informado el ministerio finlandés de Finanzas en un comunicado. El dinero se iría pagando a una cuenta finlandesa a medida que se fuesen desembolsando los diferentes tramos del rescate. Así, por el primer tramo de 30.000 millones de euros que estaría disponible a finales de julio de 2012, España tendría que aportar 231 millones de euros. El objetivo de esta garantía sería minimizar el riesgo para los contribuyentes finlandeses del rescate español.

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sería en promedio de 12,5 años, con un máximo de quince. Asimismo se confirmó que los primeros 30.000 millones llegarían en el mes de julio de 2012 para que el FROB pudiera hacer frente a las urgencias que existen en la banca española.

sería en promedio de 12,5 años, con un máximo de quince. Asimismo se confirmó que los primeros 30.000 millones llegarían en el mes de julio de 2012 para que el FROB pudiera hacer frente a las urgencias que existen en la banca española.

Finalmente se acordó que el FMI actuase como un asesor técnico “independiente” en el rescate bancario, procediendo a elaborar informes trimestrales a la luz de la información facilitada por el Ejecutivo y por el Banco de España “bajo estricta confidencialidad”. El FMI desarrollaría así una labor de asesoría técnica “independiente” que incluiría cuestiones relativas al diagnóstico de la situación, su gestión y la regulación. El hecho de que su papel se limitara al de asesor se debía a que el citado organismo no era parte del Memorando de Entendimiento. Ahora bien el Eurogrupo sí que podría servirse de los informes de seguimiento del Fondo, de carácter trimestral, para sus evaluaciones. Dichos informes habrían de comunicarse primero a las autoridades españolas, a las que se pediría que otorgase facilidades para recopilar la información necesaria bajo la condición de “estricta confidencialidad”, así como a la Comisión Europea, en cuyas misiones de supervisión podría participar el personal del FMI.

Finalmente se acordó que el FMI actuase como un asesor técnico “independiente” en el rescate bancario, procediendo a elaborar informes trimestrales a la luz de la información facilitada por el Ejecutivo y por el Banco de España “bajo estricta confidencialidad”. El FMI desarrollaría así una labor de asesoría técnica “independiente” que incluiría cuestiones relativas al diagnóstico de la situación, su gestión y la regulación. El hecho de que su papel se limitara al de asesor se debía a que el citado organismo no era parte del Memorando de Entendimiento. Ahora bien el Eurogrupo sí que podría servirse de los informes de seguimiento del Fondo, de carácter trimestral, para sus evaluaciones. Dichos informes habrían de comunicarse primero a las autoridades españolas, a las que se pediría que otorgase facilidades para recopilar la información necesaria bajo la condición de “estricta confidencialidad”, así como a la Comisión Europea, en cuyas misiones de supervisión podría participar el personal del FMI.

Recapitulando, el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria contribuiría con aportaciones en metálico o con valores hasta un porcentaje que se fijaría al formarse la sociedad gestora de activos, pudiendo existir además participación privada de terceros. El traspaso de activos problemáticos se aplicaría, en particular, a los créditos relacionados con el sector promotor y a los activos adjudicados, aunque también podría aplicarse a otros activos si existen señales de su deterioro. Esta transferencia tendría lugar a su valor económico de largo plazo, tomando en consideración la calidad de dichos activos y las valoraciones utilizadas en las pruebas de esfuerzo. Las pérdidas que se produjeran al transferir estos activos se contabilizarían de inmediato como pérdidas de los bancos. La sociedad gestora adquiriría los activos para su gestión y enajenación y, a cambio, los bancos podrían recibir una participación en el capital de dicha sociedad, bien bonos emitidos por la sociedad y garantizados por el Estado o pagos en metálico o en valores.

Recapitulando, el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria contribuiría con aportaciones en metálico o con valores hasta un porcentaje que se fijaría al formarse la sociedad gestora de activos, pudiendo existir además participación privada de terceros. El traspaso de activos problemáticos se aplicaría, en particular, a los créditos relacionados con el sector promotor y a los activos adjudicados, aunque también podría aplicarse a otros activos si existen señales de su deterioro. Esta transferencia tendría lugar a su valor económico de largo plazo, tomando en consideración la calidad de dichos activos y las valoraciones utilizadas en las pruebas de esfuerzo. Las pérdidas que se produjeran al transferir estos activos se contabilizarían de inmediato como pérdidas de los bancos. La sociedad gestora adquiriría los activos para su gestión y enajenación y, a cambio, los bancos podrían recibir una participación en el capital de dicha sociedad, bien bonos emitidos por la sociedad y garantizados por el Estado o pagos en metálico o en valores.

Con fecha 25 de julio de 2012 la Comisión Europea aprobó el Plan para emplear el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria en el reforzamiento del capital para las entidades españolas con problemas, al considerar que el mismo se ajustaba a la normativa comunitaria. Concretamente la

Con fecha 25 de julio de 2012 la Comisión Europea aprobó el Plan para emplear el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria en el reforzamiento del capital para las entidades españolas con problemas, al considerar que el mismo se ajustaba a la normativa comunitaria. Concretamente la

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Comisión estimó que el esquema diseñado respetaba la normativa comunitaria de competencia debido a que su alcance era limitado en el tiempo y perseguía la consecución de un objetivo concreto, a la vez que comprendía incentivos de salida del mercado para las entidades que se demostrase que no podrán ser solventes por sí solas.

Comisión estimó que el esquema diseñado respetaba la normativa comunitaria de competencia debido a que su alcance era limitado en el tiempo y perseguía la consecución de un objetivo concreto, a la vez que comprendía incentivos de salida del mercado para las entidades que se demostrase que no podrán ser solventes por sí solas.

Como ya se ha analizado el esquema diseñado ofrece ayuda estatal para cubrir las mayores necesidades de capital a corto plazo de los bancos, definidas a través de las correspondientes pruebas de resistencia realizadas. El FROB reforzaría pues los recursos de aquellas instituciones que prevean cubrir sus necesidades de capital con recursos privados a medio plazo pero que necesiten ayuda estatal durante un período intermedio. Los efectos de esta recapitalización sobre la competencia serían minimizados con condiciones adecuadas de remuneración, incluyendo cláusulas de incremento anual (step-up annual clauses)161.

Como ya se ha analizado el esquema diseñado ofrece ayuda estatal para cubrir las mayores necesidades de capital a corto plazo de los bancos, definidas a través de las correspondientes pruebas de resistencia realizadas. El FROB reforzaría pues los recursos de aquellas instituciones que prevean cubrir sus necesidades de capital con recursos privados a medio plazo pero que necesiten ayuda estatal durante un período intermedio. Los efectos de esta recapitalización sobre la competencia serían minimizados con condiciones adecuadas de remuneración, incluyendo cláusulas de incremento anual (step-up annual clauses)161.

Por otro lado con fecha 24 de agosto de 2012 se conoció que, al amparo del nuevo marco de solvencia exigido por el Eurogrupo para conceder la ayuda a la banca por 100.000 millones de euros, los bancos tendrán que contar con una ratio mínima de capital principal del 9%. Este listón (que, tal y como analizaremos a continuación, quedó posteriormente recogido en el Real Decreto-Ley 24/2012, de 31 de agosto), sería horizontal para todas las entidades, reciban o no apoyo público. Con carácter adicional el Banco de España podrá exigir una ratio superior al 9% a aquellas entidades que, en el escenario más adverso de un test de resistencia realizado al conjunto del sistema, no alcancen el nivel de recursos propios mínimos exigidos en dicha prueba. El supervisor quedó igualmente facultado para, en determinados casos, exigir un exceso adicional de capital principal162.

Por otro lado con fecha 24 de agosto de 2012 se conoció que, al amparo del nuevo marco de solvencia exigido por el Eurogrupo para conceder la ayuda a la banca por 100.000 millones de euros, los bancos tendrán que contar con una ratio mínima de capital principal del 9%. Este listón (que, tal y como analizaremos a continuación, quedó posteriormente recogido en el Real Decreto-Ley 24/2012, de 31 de agosto), sería horizontal para todas las entidades, reciban o no apoyo público. Con carácter adicional el Banco de España podrá exigir una ratio superior al 9% a aquellas entidades que, en el escenario más adverso de un test de resistencia realizado al conjunto del sistema, no alcancen el nivel de recursos propios mínimos exigidos en dicha prueba. El supervisor quedó igualmente facultado para, en determinados casos, exigir un exceso adicional de capital principal162.

Con fecha 29 de septiembre de 2012 se conoció el resultado de los tests realizados por la consultora Oliver Wyman. De conformidad con lo señalado

Con fecha 29 de septiembre de 2012 se conoció el resultado de los tests realizados por la consultora Oliver Wyman. De conformidad con lo señalado

161 Recuérdese además a este respecto que, entre las condiciones aprobadas, se incluye la prohibición del pago de dividendos y cupones a los titulares de instrumentos de capital híbrido. Los bancos que se beneficien de una inyección de capital han de presentar un plan de reestructuración detallando cómo planean restaurar su viabilidad a largo plazo sin ayuda estatal continuada. 162 Recuérdese a este respecto que, con anterioridad, los bancos debían contar con una ratio de solvencia de entre el 8% y el 10%, dependiendo de dos variables: qué porcentaje de su capital estuviese en manos de inversores privados y cuál fuese su dependencia de la financiación mayorista. Pues bien, tras la reforma operada se elimina esta horquilla y se fija un 9% para todas las entidades de crédito, sin distinciones.

161 Recuérdese además a este respecto que, entre las condiciones aprobadas, se incluye la prohibición del pago de dividendos y cupones a los titulares de instrumentos de capital híbrido. Los bancos que se beneficien de una inyección de capital han de presentar un plan de reestructuración detallando cómo planean restaurar su viabilidad a largo plazo sin ayuda estatal continuada. 162 Recuérdese a este respecto que, con anterioridad, los bancos debían contar con una ratio de solvencia de entre el 8% y el 10%, dependiendo de dos variables: qué porcentaje de su capital estuviese en manos de inversores privados y cuál fuese su dependencia de la financiación mayorista. Pues bien, tras la reforma operada se elimina esta horquilla y se fija un 9% para todas las entidades de crédito, sin distinciones.

La recapitalización de las entidades financieras

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en el Informe elaborado por la citada entidad las necesidades de capital de las entidades financieras de nuestro país ascendían a 59.300 millones de euros, si bien dicha cifra descendía a 53.745 millones de euros si se tomaban en consideración los procesos de fusión en marcha y los efectos fiscales derivados de los mismos.

en el Informe elaborado por la citada entidad las necesidades de capital de las entidades financieras de nuestro país ascendían a 59.300 millones de euros, si bien dicha cifra descendía a 53.745 millones de euros si se tomaban en consideración los procesos de fusión en marcha y los efectos fiscales derivados de los mismos.

De acuerdo con lo expuesto en el citado Informe los dos grandes bancos (Santander y BBVA), así como CaixaBank y Banca Cívica, Sabadell y CAM y Bankinter no necesitaban incrementar su capital ni siquiera para enfrentarse al escenario adverso planteado al efecto. Dentro de este llamado Grupo 0 se situaban, además, Unicaja, unida a Banco Ceiss (Caja España y Caja Duero). En cambio en el Grupo 1 estaban las entidades ya nacionalizadas (Bankia, CatalunyaBank, NovaGalicia Banco y Banco de Valencia) que, en conjunto, tenían unas necesidades de capital de 46.206 millones. De ellos, 24.743 millones de euros correspondían a Bankia, que ya había recibido 5.000 millones de euros del FROB 1.

De acuerdo con lo expuesto en el citado Informe los dos grandes bancos (Santander y BBVA), así como CaixaBank y Banca Cívica, Sabadell y CAM y Bankinter no necesitaban incrementar su capital ni siquiera para enfrentarse al escenario adverso planteado al efecto. Dentro de este llamado Grupo 0 se situaban, además, Unicaja, unida a Banco Ceiss (Caja España y Caja Duero). En cambio en el Grupo 1 estaban las entidades ya nacionalizadas (Bankia, CatalunyaBank, NovaGalicia Banco y Banco de Valencia) que, en conjunto, tenían unas necesidades de capital de 46.206 millones. De ellos, 24.743 millones de euros correspondían a Bankia, que ya había recibido 5.000 millones de euros del FROB 1.

Concretamente para el escenario menos adverso la necesidad de recapitalización se elevaba a 25.898 millones de euros. En cualquier caso, siete grupos bancarios, en torno al 38% de la cartera crediticia analizada, necesitaban aumentar su capital. Como ya se ha señalado, dentro de las entidades ya rescatadas por el Estado Bankia-BFA necesitaba, en el peor escenario posible, 24.743 millones de euros, mientras que entre las entidades que no habían requerido estas ayudas se encontraba Banco Popular, con unas necesidades en el escenario adverso de 3.223 millones de euros163.

Concretamente para el escenario menos adverso la necesidad de recapitalización se elevaba a 25.898 millones de euros. En cualquier caso, siete grupos bancarios, en torno al 38% de la cartera crediticia analizada, necesitaban aumentar su capital. Como ya se ha señalado, dentro de las entidades ya rescatadas por el Estado Bankia-BFA necesitaba, en el peor escenario posible, 24.743 millones de euros, mientras que entre las entidades que no habían requerido estas ayudas se encontraba Banco Popular, con unas necesidades en el escenario adverso de 3.223 millones de euros163.

163 El desglose de necesidades era el siguiente. Bankia-Banco Financiero de Ahorros (rescatado por el Estado y fruto de la fusión de Caja Madrid, Bancaja, Caixa Laietana, Caja Rioja, Caja Ávila y Caja Segovia) necesitaba 24.743 millones de euros en el peor escenario y 13.230 millones de euros en el escenario base; CatalunyaCaixa (rescatada por el Estado, y resultante de la unión de Caja de Ahorros de Catalunya, Tarragona y Manresa) necesitaba 10.825 millones de euros en el peor escenario y 6.488 millones de euros en el base; Novagalicia Banco (rescatada por el Estado y fruto de la unión de Caixa Galicia y Caixanova) precisaba de 7.176 millones de euros en el peor escenario y 3.966 millones de euros en el base; Banco de Valencia (rescatado por el Estado) necesitaba 3.462 millones de euros en el peor escenario y 1.846 millones de euros en el base; Banco Popular (único banco no resultante de un proceso de fusión de cajas de ahorros) requería, en el escenario adverso, 3.223 millones de euros, si bien en el base le sobraban 677 millones de euros; Banco Mare Nostrum (fruto de la fusión de Cajamurcia, Caixa Penedès, CajaGranada y Sa Nostra) necesitaba 2.208 millones en el peor escenario y 368 en el base; finalmente Ibercaja, Caja3 y Liberbank (en proceso de integración) necesitaban 2.108 millones en el escenario adverso pero le sobraban 492 millones de euros en el base (Fuente: www.elmundo.es, consultada el 29 de septiembre de 2012).

163 El desglose de necesidades era el siguiente. Bankia-Banco Financiero de Ahorros (rescatado por el Estado y fruto de la fusión de Caja Madrid, Bancaja, Caixa Laietana, Caja Rioja, Caja Ávila y Caja Segovia) necesitaba 24.743 millones de euros en el peor escenario y 13.230 millones de euros en el escenario base; CatalunyaCaixa (rescatada por el Estado, y resultante de la unión de Caja de Ahorros de Catalunya, Tarragona y Manresa) necesitaba 10.825 millones de euros en el peor escenario y 6.488 millones de euros en el base; Novagalicia Banco (rescatada por el Estado y fruto de la unión de Caixa Galicia y Caixanova) precisaba de 7.176 millones de euros en el peor escenario y 3.966 millones de euros en el base; Banco de Valencia (rescatado por el Estado) necesitaba 3.462 millones de euros en el peor escenario y 1.846 millones de euros en el base; Banco Popular (único banco no resultante de un proceso de fusión de cajas de ahorros) requería, en el escenario adverso, 3.223 millones de euros, si bien en el base le sobraban 677 millones de euros; Banco Mare Nostrum (fruto de la fusión de Cajamurcia, Caixa Penedès, CajaGranada y Sa Nostra) necesitaba 2.208 millones en el peor escenario y 368 en el base; finalmente Ibercaja, Caja3 y Liberbank (en proceso de integración) necesitaban 2.108 millones en el escenario adverso pero le sobraban 492 millones de euros en el base (Fuente: www.elmundo.es, consultada el 29 de septiembre de 2012).

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Pues bien a la luz de los resultados de este Informe cada una de las entidades con déficit de capital deberá presentar un plan de recapitalización o reestructuración. La Comisión Europea debe aprobar cada Plan de Reestructuración. Sin aprobación de Bruselas, caso por caso, no habrá recapitalización con dinero público.

Pues bien a la luz de los resultados de este Informe cada una de las entidades con déficit de capital deberá presentar un plan de recapitalización o reestructuración. La Comisión Europea debe aprobar cada Plan de Reestructuración. Sin aprobación de Bruselas, caso por caso, no habrá recapitalización con dinero público.

No obstante, antes de efectuarse la recapitalización con dinero público, los bancos con déficit de capital deberán vender sus participaciones y bienes que no sean esenciales para el negocio con la finalidad de reducir la cantidad de dinero a inyectar en las entidades. Aquellas entidades financieras que necesiten ayuda pública deberán segregar sus activos dañados a una sociedad de gestión de activos lo que implica que, en función del precio al que se lleve a cabo dicho traspaso, las entidades financieras afectadas tendrán pérdidas adicionales o no. Por otro lado, con carácter previo a la realización de las inyecciones de capital, las pérdidas se deberán repartir entre los inversores de cada banco afectado. Los accionistas serán los primeros en soportar pérdidas, previsiblemente perdiendo todo su capital, siguiéndoles a continuación los tenedores de bonos subordinados y preferentes, que podrían verse igualmente afectados por una quita.

No obstante, antes de efectuarse la recapitalización con dinero público, los bancos con déficit de capital deberán vender sus participaciones y bienes que no sean esenciales para el negocio con la finalidad de reducir la cantidad de dinero a inyectar en las entidades. Aquellas entidades financieras que necesiten ayuda pública deberán segregar sus activos dañados a una sociedad de gestión de activos lo que implica que, en función del precio al que se lleve a cabo dicho traspaso, las entidades financieras afectadas tendrán pérdidas adicionales o no. Por otro lado, con carácter previo a la realización de las inyecciones de capital, las pérdidas se deberán repartir entre los inversores de cada banco afectado. Los accionistas serán los primeros en soportar pérdidas, previsiblemente perdiendo todo su capital, siguiéndoles a continuación los tenedores de bonos subordinados y preferentes, que podrían verse igualmente afectados por una quita.

Con fecha 31 de octubre de 2012 el Banco de España y la Comisión Europea informaron que BMN, Liberbank, Caja 3 y CEISS (Caja EspañaDuero) requerirían ayudas públicas para alcanzar los niveles de solvencia establecidos tras la auditoría de Oliver Wyman. Por el contrario se estimó que Banco Popular e Ibercaja serían capaces de recapitalizarse sin apoyo estatal.

Con fecha 31 de octubre de 2012 el Banco de España y la Comisión Europea informaron que BMN, Liberbank, Caja 3 y CEISS (Caja EspañaDuero) requerirían ayudas públicas para alcanzar los niveles de solvencia establecidos tras la auditoría de Oliver Wyman. Por el contrario se estimó que Banco Popular e Ibercaja serían capaces de recapitalizarse sin apoyo estatal.

Finalmente, con fecha 26 de noviembre de 2012 se conoció que los bancos nacionalizados (Bankia, Caixa de Catalunya, Novacaixagalicia y Banco de Valencia) recibirían una ayuda de cerca de 39.500 millones de euros. Dicha cantidad sería independiente de la inyección de capital prevista para la participación del FROB en la sociedad de gestión de activos. Y, apenas dos días después, la Comisión Europea confirmaba el importe de las ayudas financieras prestadas a la banca dentro de los distintos planes de restructuración, las cuales se concretaban en un total de 39.500 millones de euros para las cuatro entidades ya nacionalizadas: Bankia; CatalunyaBanc; Nueva Galicia Banco y Banco de Valencia164.

Finalmente, con fecha 26 de noviembre de 2012 se conoció que los bancos nacionalizados (Bankia, Caixa de Catalunya, Novacaixagalicia y Banco de Valencia) recibirían una ayuda de cerca de 39.500 millones de euros. Dicha cantidad sería independiente de la inyección de capital prevista para la participación del FROB en la sociedad de gestión de activos. Y, apenas dos días después, la Comisión Europea confirmaba el importe de las ayudas financieras prestadas a la banca dentro de los distintos planes de restructuración, las cuales se concretaban en un total de 39.500 millones de euros para las cuatro entidades ya nacionalizadas: Bankia; CatalunyaBanc; Nueva Galicia Banco y Banco de Valencia164.

164 Ha de señalarse además que, en relación con esta última entidad, con fecha 27 de noviembre de 2012 se conoció que el FROB suscribiría una ampliación de capital por importe

164 Ha de señalarse además que, en relación con esta última entidad, con fecha 27 de noviembre de 2012 se conoció que el FROB suscribiría una ampliación de capital por importe

La recapitalización de las entidades financieras

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El resto de la ayuda se destinaría a que el FROB aportase su parte al capital de la Sareb, el “banco malo” al que las entidades con ayuda debía traspasar sus activos inmobiliarios tóxicos, así como a recapitalizar a las entidades BMN, Liberbank, Banco Ceiss y Banco Caja3, entidades que, según los stress test realizados por Oliver Wyman, tenían unas necesidades de capital conjuntas de 6.248 millones165.

El resto de la ayuda se destinaría a que el FROB aportase su parte al capital de la Sareb, el “banco malo” al que las entidades con ayuda debía traspasar sus activos inmobiliarios tóxicos, así como a recapitalizar a las entidades BMN, Liberbank, Banco Ceiss y Banco Caja3, entidades que, según los stress test realizados por Oliver Wyman, tenían unas necesidades de capital conjuntas de 6.248 millones165.

Concretamente Bankia recibiría de Europa otros 17.960 millones; NovaGalicia Banco 5.425 millones; Catalunya Banc 9.080 millones y Banco de Valencia 4.500 millones. Al “banco malo” irán 2.500 millones. En total los 39.500 millones de euros citados. A cambio de estas ayudas los bancos nacionalizados habrían de emprender un agresivo plan para reducir su tamaño, rebajar el riesgo de sus actividades y deshacerse de activos no estratégicos. Los accionistas, bonistas subordinados y tenedores de participaciones preferentes habrían de sufrir pérdidas para reducir la factura que abonan los contribuyentes. Y los bonistas senior quedaban eximidos de la quita166.

Concretamente Bankia recibiría de Europa otros 17.960 millones; NovaGalicia Banco 5.425 millones; Catalunya Banc 9.080 millones y Banco de Valencia 4.500 millones. Al “banco malo” irán 2.500 millones. En total los 39.500 millones de euros citados. A cambio de estas ayudas los bancos nacionalizados habrían de emprender un agresivo plan para reducir su tamaño, rebajar el riesgo de sus actividades y deshacerse de activos no estratégicos. Los accionistas, bonistas subordinados y tenedores de participaciones preferentes habrían de sufrir pérdidas para reducir la factura que abonan los contribuyentes. Y los bonistas senior quedaban eximidos de la quita166.

Finalmente con fecha 20 de diciembre de 2012 la Comisión Europea autorizó los planes de reestructuración de Liberbank, Caja3, BMN y Banco

Finalmente con fecha 20 de diciembre de 2012 la Comisión Europea autorizó los planes de reestructuración de Liberbank, Caja3, BMN y Banco

de 4.500 millones de euros en Banco de Valencia para después transmitir su “participación integra” en la entidad valenciana a Caixabank por el precio simbólico de un euro. 165 En el caso específico del Grupo BMN y del Banco Ceiss, con fecha 13 de diciembre de 2012 se conoció que el Estado, a través del FROB, inyectaría capital en ambas entidades, siendo ambos grupos nacionalizados parcialmente. Y ello debido a que la Comisión Europea estimó que, dado que ambos grupos ya habían recibido ayudas, la mejor fórmula para su recapitalización era la inyección directa de fondos por parte del FROB. Se descartaba así la previsión inicial de que el apoyo público que BMN y Ceiss necesitaban fuera a llegar a través de bonos convertibles contingentes que las entidades podrían recomprar en un plazo máximo de cinco años. En el caso concreto de Banco Ceiss, éste dispondría de un capital algo superior a los 2.000 millones de euros, de los que 600 corresponderían a los que pidan al FROB, con lo que el Estado se convertiría en accionista de la entidad con una participación de algo menos del 30%. El resto del capital provendrá de los bonos del Estado, que canjeará la entidad a cambio de la cesión de sus inmuebles a la sociedad Sareb, más conocida como ‘banco malo’; así como de la conversión de deuda subordinada y participaciones preferentes; y todo ello será convertido en acciones del Banco. 166 A tal efecto con fecha 5 de diciembre de 2012 el MEDE emitió cinco series de deuda, incluyendo 2.500 millones en letras a 2 meses y otros 6.468 millones en letras a 10 meses, así como 6.500 millones a 18 meses, y otros 24.000 millones repartidos por igual en sendas emisiones a 2 y 3 años. Estos títulos de deuda fueron transferidos al FROB que, como se ha indicado, destinaría cerca de 37.000 millones del importe de estos fondos a la recapitalización de BFA-Bankia, Catalunya-Caixa, NCG Banco y Banco de Valencia. Asimismo el FROB emplearía los fondos restantes, hasta 2.500 millones de euros, a capitalizar la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria.

de 4.500 millones de euros en Banco de Valencia para después transmitir su “participación integra” en la entidad valenciana a Caixabank por el precio simbólico de un euro. 165 En el caso específico del Grupo BMN y del Banco Ceiss, con fecha 13 de diciembre de 2012 se conoció que el Estado, a través del FROB, inyectaría capital en ambas entidades, siendo ambos grupos nacionalizados parcialmente. Y ello debido a que la Comisión Europea estimó que, dado que ambos grupos ya habían recibido ayudas, la mejor fórmula para su recapitalización era la inyección directa de fondos por parte del FROB. Se descartaba así la previsión inicial de que el apoyo público que BMN y Ceiss necesitaban fuera a llegar a través de bonos convertibles contingentes que las entidades podrían recomprar en un plazo máximo de cinco años. En el caso concreto de Banco Ceiss, éste dispondría de un capital algo superior a los 2.000 millones de euros, de los que 600 corresponderían a los que pidan al FROB, con lo que el Estado se convertiría en accionista de la entidad con una participación de algo menos del 30%. El resto del capital provendrá de los bonos del Estado, que canjeará la entidad a cambio de la cesión de sus inmuebles a la sociedad Sareb, más conocida como ‘banco malo’; así como de la conversión de deuda subordinada y participaciones preferentes; y todo ello será convertido en acciones del Banco. 166 A tal efecto con fecha 5 de diciembre de 2012 el MEDE emitió cinco series de deuda, incluyendo 2.500 millones en letras a 2 meses y otros 6.468 millones en letras a 10 meses, así como 6.500 millones a 18 meses, y otros 24.000 millones repartidos por igual en sendas emisiones a 2 y 3 años. Estos títulos de deuda fueron transferidos al FROB que, como se ha indicado, destinaría cerca de 37.000 millones del importe de estos fondos a la recapitalización de BFA-Bankia, Catalunya-Caixa, NCG Banco y Banco de Valencia. Asimismo el FROB emplearía los fondos restantes, hasta 2.500 millones de euros, a capitalizar la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria.

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Juan Calvo Vérgez

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CEISS. En total dichas entidades necesitaban la suma de 1.865 millones para recapitalizarse, un dinero que procedería del préstamo que el MEDE otorgó a España para sanear su banca. A este respecto la Comisión autorizó que Caja3 fuese absorbida por Ibercaja, mientras que las otras tres entidades citadas tendrían que reducir sus balances y reestructurarse a cambio de recibir la ayuda pública. BMN y Liberbank se comprometieron a salir a cotizar en bolsa, mientras que Banco Ceiss tendría que ser adquirida por otra entidad y desaparecer.

CEISS. En total dichas entidades necesitaban la suma de 1.865 millones para recapitalizarse, un dinero que procedería del préstamo que el MEDE otorgó a España para sanear su banca. A este respecto la Comisión autorizó que Caja3 fuese absorbida por Ibercaja, mientras que las otras tres entidades citadas tendrían que reducir sus balances y reestructurarse a cambio de recibir la ayuda pública. BMN y Liberbank se comprometieron a salir a cotizar en bolsa, mientras que Banco Ceiss tendría que ser adquirida por otra entidad y desaparecer.

En todo caso este conjunto de entidades asumían el compromiso de adelgazar balance, centrándose en el negocio de banca minorista en sus territorios de orígenes y vendiendo sus participaciones industriales. Concretamente BMN tendía que reducir su balance en más de un 40%; Ceiss el 30% y Liberbank el 25%. Con carácter adicional, y tal y como expondremos en otro Capítulo de la presente obra, dichas entidades quedaban obligadas a traspasar parte de sus activos inmobiliarios tóxicos a la Sareb167, así como a limitar las retribuciones abonadas en las entidades de crédito de titularidad pública, a prohibir los pagos de cupón hasta que no se hayan aplicado plenamente las medidas de reparto de la carga sobre los instrumentos híbridos y a no llevar a cabo una publicidad de la ayuda estatal ni utilizarla para realizar prácticas comerciales agresivas. Asimismo deben dejar de prestar dinero a proyectos inmobiliarios o mantener una actividad marginal en este ámbito y limitando su presencia en el negocio de banca mayorista con la finalidad de reforzar sus posiciones de capital y liquidez y reducir su dependencia de la financiación interbancaria y del Banco Central Europeo.

En todo caso este conjunto de entidades asumían el compromiso de adelgazar balance, centrándose en el negocio de banca minorista en sus territorios de orígenes y vendiendo sus participaciones industriales. Concretamente BMN tendía que reducir su balance en más de un 40%; Ceiss el 30% y Liberbank el 25%. Con carácter adicional, y tal y como expondremos en otro Capítulo de la presente obra, dichas entidades quedaban obligadas a traspasar parte de sus activos inmobiliarios tóxicos a la Sareb167, así como a limitar las retribuciones abonadas en las entidades de crédito de titularidad pública, a prohibir los pagos de cupón hasta que no se hayan aplicado plenamente las medidas de reparto de la carga sobre los instrumentos híbridos y a no llevar a cabo una publicidad de la ayuda estatal ni utilizarla para realizar prácticas comerciales agresivas. Asimismo deben dejar de prestar dinero a proyectos inmobiliarios o mantener una actividad marginal en este ámbito y limitando su presencia en el negocio de banca mayorista con la finalidad de reforzar sus posiciones de capital y liquidez y reducir su dependencia de la financiación interbancaria y del Banco Central Europeo.

167 En el caso concreto de Caja3, al dejar de existir debido a su absorción por Ibercaja, las ayudas procedentes del MEDE sumarían 407 millones y llegarían bajo la forma de los llamados CoCos (bonos contingentes convertibles), es decir, deuda que se transforma automáticamente en capital en el caso de que la entidad pierda un determinado nivel de solvencia. Dicha entidad cedería a la Sareb unos 770 millones de activos. Banco Ceiss recibiría 604 millones de euros, frente a un déficit de solvencia de 2.063 millones de euros detectado por Oliver Wyman. La diferencia resultante se explicaría por el traspaso de activos al banco malo (717 millones). En relación con Liberbank el FROB suscribiría CoCos por importe de 124 millones de euros, con una amortización máxima de dos años. Dicha suma representaba una parte mínima del plan de recapitalización de la entidad, que sumaba 1.384 millones. El resto se conseguiría a través de venta de activos ya realizadas, traspaso de ladrillo tóxico a la Sareb y gestión de instrumentos híbridos de capital y pasivos subordinados e incorporación de accionistas privados. Finalmente, en el caso de BMN, la ayuda estatal quedó cifrada en 730 millones de euros, debiendo efectuarse además diversas operaciones de venta de activos con la finalidad de mejorar su solvencia y, junto con el traspaso de activos a la Sareb, contribuir a a redimensionar el volumen de las ayudas, frente al déficit de capital detectado inicialmente por Oliver Wyman, que era de 2.208 millones de euros.

167 En el caso concreto de Caja3, al dejar de existir debido a su absorción por Ibercaja, las ayudas procedentes del MEDE sumarían 407 millones y llegarían bajo la forma de los llamados CoCos (bonos contingentes convertibles), es decir, deuda que se transforma automáticamente en capital en el caso de que la entidad pierda un determinado nivel de solvencia. Dicha entidad cedería a la Sareb unos 770 millones de activos. Banco Ceiss recibiría 604 millones de euros, frente a un déficit de solvencia de 2.063 millones de euros detectado por Oliver Wyman. La diferencia resultante se explicaría por el traspaso de activos al banco malo (717 millones). En relación con Liberbank el FROB suscribiría CoCos por importe de 124 millones de euros, con una amortización máxima de dos años. Dicha suma representaba una parte mínima del plan de recapitalización de la entidad, que sumaba 1.384 millones. El resto se conseguiría a través de venta de activos ya realizadas, traspaso de ladrillo tóxico a la Sareb y gestión de instrumentos híbridos de capital y pasivos subordinados e incorporación de accionistas privados. Finalmente, en el caso de BMN, la ayuda estatal quedó cifrada en 730 millones de euros, debiendo efectuarse además diversas operaciones de venta de activos con la finalidad de mejorar su solvencia y, junto con el traspaso de activos a la Sareb, contribuir a a redimensionar el volumen de las ayudas, frente al déficit de capital detectado inicialmente por Oliver Wyman, que era de 2.208 millones de euros.

La recapitalización de las entidades financieras

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La recapitalización de las entidades financieras

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Recapitulando, el conjunto de entidades nacionalizadas debían reducir el tamaño de su balance en un 60% respecto a las cifras de 2010. Su red de oficinas sería reducida a la mitad. Asimismo habrían de deshacerse del negocio de créditos a promotores y centrarse en banca minorista (particulares y pymes) en sus Regiones de origen, reduciendo su dependencia de la financiación mayorista y del BCE.

Recapitulando, el conjunto de entidades nacionalizadas debían reducir el tamaño de su balance en un 60% respecto a las cifras de 2010. Su red de oficinas sería reducida a la mitad. Asimismo habrían de deshacerse del negocio de créditos a promotores y centrarse en banca minorista (particulares y pymes) en sus Regiones de origen, reduciendo su dependencia de la financiación mayorista y del BCE.

En relación con la proyección de su cartera industrial y filiales dichas entidades quedaban obligadas a vender filiales y participaciones industriales, procediendo en su caso a liquidarlas, si fuese la mejor opción. Y, como se ha señalado con anterioridad, estas entidades habrían de transferir un total de 45.000 millones al Sareb (banco malo) con un descuento superior al 50%.

En relación con la proyección de su cartera industrial y filiales dichas entidades quedaban obligadas a vender filiales y participaciones industriales, procediendo en su caso a liquidarlas, si fuese la mejor opción. Y, como se ha señalado con anterioridad, estas entidades habrían de transferir un total de 45.000 millones al Sareb (banco malo) con un descuento superior al 50%.

Con carácter general cada una de las entidades nacionalizadas contarían con un plazo de cinco años para llevar a cabo el redimensionamiento de su negocio, lo que implicaría el cierre de negocios de banca no minorista y el retorno a la zona de influencia tradicional de cada entidad.

Con carácter general cada una de las entidades nacionalizadas contarían con un plazo de cinco años para llevar a cabo el redimensionamiento de su negocio, lo que implicaría el cierre de negocios de banca no minorista y el retorno a la zona de influencia tradicional de cada entidad.

Los accionistas, acreedores subordinados y tenedores de preferentes asumirían pérdidas por un valor de 10.000 millones de euros. En el caso de las preferentes, no se podrían pagar cupones hasta que se ejecutase la quita a sus inversores. Además, a cambio de los títulos las entidades no ofrecerían dinero, sino otros títulos de la propia entidad (acciones o deuda).

Los accionistas, acreedores subordinados y tenedores de preferentes asumirían pérdidas por un valor de 10.000 millones de euros. En el caso de las preferentes, no se podrían pagar cupones hasta que se ejecutase la quita a sus inversores. Además, a cambio de los títulos las entidades no ofrecerían dinero, sino otros títulos de la propia entidad (acciones o deuda).

Antes de 2017 el balance financiero de cada banco se reduciría en más del 60% en comparación con 2010. En particular, los bancos centrarían su modelo empresarial en préstamos al por menor y préstamos a las PYME en sus principales regiones históricas, abandonando las líneas de créditos a favor de promociones inmobiliarias y limitando su presencia en el mercado al por mayor.

Antes de 2017 el balance financiero de cada banco se reduciría en más del 60% en comparación con 2010. En particular, los bancos centrarían su modelo empresarial en préstamos al por menor y préstamos a las PYME en sus principales regiones históricas, abandonando las líneas de créditos a favor de promociones inmobiliarias y limitando su presencia en el mercado al por mayor.

¿Qué criterio habría de adoptarse en relación con aquellas cajas de ahorros que hubiesen transferido su negocio bancario a un banco y que hubieran de transformarse en fundaciones? A priori lo deseable en estos casos sería que dichas entidades pudieran seguir manteniendo el control sobre las entidades a que dieron origen. Recuérdese que, tal y como se ha venido analizando a lo largo de la presente obra, a resultas del proceso de reestructuración de nuestro sistema financiero las cajas de ahorro tradicionales han transferido toda su actividad financiera a los bancos, si bien en determinados casos las cajas actúan como un holding que tiene el control sobre ese banco que desempeña propiamente la actividad financiera.

¿Qué criterio habría de adoptarse en relación con aquellas cajas de ahorros que hubiesen transferido su negocio bancario a un banco y que hubieran de transformarse en fundaciones? A priori lo deseable en estos casos sería que dichas entidades pudieran seguir manteniendo el control sobre las entidades a que dieron origen. Recuérdese que, tal y como se ha venido analizando a lo largo de la presente obra, a resultas del proceso de reestructuración de nuestro sistema financiero las cajas de ahorro tradicionales han transferido toda su actividad financiera a los bancos, si bien en determinados casos las cajas actúan como un holding que tiene el control sobre ese banco que desempeña propiamente la actividad financiera.

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Juan Calvo Vérgez

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A este respecto ha de tenerse presente que el Memorándum de Entendimiento de ayuda a nuestras entidades financieras exige que todas las cajas (incluidas aquellas que no hubiesen recibido ayudas) reduzcan su participación en entidades de crédito hasta un nivel no mayoritario. Y ello con la finalidad de que dichas cajas de ahorro se vayan convirtiendo en fundaciones de carácter bancario y de carácter especial.

A este respecto ha de tenerse presente que el Memorándum de Entendimiento de ayuda a nuestras entidades financieras exige que todas las cajas (incluidas aquellas que no hubiesen recibido ayudas) reduzcan su participación en entidades de crédito hasta un nivel no mayoritario. Y ello con la finalidad de que dichas cajas de ahorro se vayan convirtiendo en fundaciones de carácter bancario y de carácter especial.

En todo caso, una vez que las cajas se convirtiesen en fundaciones ya no se les aplicaría la obligación de renunciar al control de los bancos que crearon. Tampoco habrían de vender su participación de control, bastándoles con convertirse en fundaciones. De este modo habrían de renunciar a su ficha bancaria y someterse a una regulación específica para este tipo de estructuras, si bien podrían seguir controlando el negocio financiero. Estaríamos así en presencia de entidades de crédito que transfirieron en su día todo su negocio bancario a un banco y que habrían de controlar este último.

En todo caso, una vez que las cajas se convirtiesen en fundaciones ya no se les aplicaría la obligación de renunciar al control de los bancos que crearon. Tampoco habrían de vender su participación de control, bastándoles con convertirse en fundaciones. De este modo habrían de renunciar a su ficha bancaria y someterse a una regulación específica para este tipo de estructuras, si bien podrían seguir controlando el negocio financiero. Estaríamos así en presencia de entidades de crédito que transfirieron en su día todo su negocio bancario a un banco y que habrían de controlar este último.

Por otra parte, a la luz de la nueva regulación aprobada se desprende que el FGD habrá de entrar en la Sareb mediante la aportación de financiación al FROB. Y a pesar de que, como es sabido, las entidades financieras han de aportar al FGD en función de su cuota de depósitos, dichas entidades quedarán eximidas de dicha aportación siempre y cuando ya participen directamente en el banco malo.

Por otra parte, a la luz de la nueva regulación aprobada se desprende que el FGD habrá de entrar en la Sareb mediante la aportación de financiación al FROB. Y a pesar de que, como es sabido, las entidades financieras han de aportar al FGD en función de su cuota de depósitos, dichas entidades quedarán eximidas de dicha aportación siempre y cuando ya participen directamente en el banco malo.

Finalmente, con fecha 26 de diciembre de 2012 el FROB aprobó la recapitalización de las cuatro entidades nacionalizadas (BFA-Bankia, NCG Banco, Catalunya Banc y Banco de Valencia), la cual se llevó a cabo mediante la inyección de un total de 36.968 millones de euros. En concreto, las inyecciones de capital se ejecutaron mediante las correspondientes operaciones de reducción y ampliación de capital en dichas entidades168.

Finalmente, con fecha 26 de diciembre de 2012 el FROB aprobó la recapitalización de las cuatro entidades nacionalizadas (BFA-Bankia, NCG Banco, Catalunya Banc y Banco de Valencia), la cual se llevó a cabo mediante la inyección de un total de 36.968 millones de euros. En concreto, las inyecciones de capital se ejecutaron mediante las correspondientes operaciones de reducción y ampliación de capital en dichas entidades168.

En el caso concreto de Bankia, la recapitalización se realizó mediante la emisión de obligaciones convertibles contingentes suscritas por BFA que se transformaron en capital después de una operación de reducción de capital. Dichas acciones habrían de complementarse con los correspondientes ejercicios de gestión de híbridos (participaciones preferentes y deuda subordinada) durante el primer trimestre de 2013. El FROB cifró un ‘agujero’ en la valoración económica de BFA-Bankia por un total de 10.444 millones de euros. De este importe total del grupo BFA, 4.148 millones de euros correspondían a la valoración económica de entidad cotizada Bankia. Las valoraciones económicas de Catalunya Banc ya habían arrojado un resultado negativo de 6.674 millones de euros, mientras que en el caso de NCG Banco el valor económico se cifró en –3.091 millones de euros. En el caso de Banco de Valencia, entidad declarada como no viable en solitario y adjudicada a CaixaBank, se obtuvo un valor de liquidación negativo de 6.340,5 millones de euros.

En el caso concreto de Bankia, la recapitalización se realizó mediante la emisión de obligaciones convertibles contingentes suscritas por BFA que se transformaron en capital después de una operación de reducción de capital. Dichas acciones habrían de complementarse con los correspondientes ejercicios de gestión de híbridos (participaciones preferentes y deuda subordinada) durante el primer trimestre de 2013. El FROB cifró un ‘agujero’ en la valoración económica de BFA-Bankia por un total de 10.444 millones de euros. De este importe total del grupo BFA, 4.148 millones de euros correspondían a la valoración económica de entidad cotizada Bankia. Las valoraciones económicas de Catalunya Banc ya habían arrojado un resultado negativo de 6.674 millones de euros, mientras que en el caso de NCG Banco el valor económico se cifró en –3.091 millones de euros. En el caso de Banco de Valencia, entidad declarada como no viable en solitario y adjudicada a CaixaBank, se obtuvo un valor de liquidación negativo de 6.340,5 millones de euros.

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XIII. LA ÚLTIMA GRAN ETAPA DE LA REFORMA FINANCIERA: LA APROBACIÓN DEL REAL DECRETO-LEY 24/2012, DE 31 DE AGOSTO, DE REESTRUCTURACIÓN Y RESOLUCIÓN DE ENTIDADES DE CRÉDITO Y SU POSTERIOR CONVALIDACIÓN A TRAVÉS DE LA LEY 9/2012, DE 14 DE NOVIEMBRE, DE REESTRUCTURACIÓN Y RESOLUCIÓN DE ENTIDADES DE CRÉDITO

1.

CONSIDERACIONES GENERALES

XIII. LA ÚLTIMA GRAN ETAPA DE LA REFORMA FINANCIERA: LA APROBACIÓN DEL REAL DECRETO-LEY 24/2012, DE 31 DE AGOSTO, DE REESTRUCTURACIÓN Y RESOLUCIÓN DE ENTIDADES DE CRÉDITO Y SU POSTERIOR CONVALIDACIÓN A TRAVÉS DE LA LEY 9/2012, DE 14 DE NOVIEMBRE, DE REESTRUCTURACIÓN Y RESOLUCIÓN DE ENTIDADES DE CRÉDITO

1.

CONSIDERACIONES GENERALES

Como seguramente se recordará, en el mes de octubre de 2011, y dentro del seno del G-20, la Junta de Estabilidad Financiera aprobó el Documento “Elementos fundamentales para el Régimen de Resolución Efectivo de Instituciones Financieras”, en el cual se delimitaban los aspectos esenciales para el establecimiento de un adecuado régimen de resolución de entidades. Y ello con la finalidad última de promover una adaptación de los mecanismos de reestructuración y resolución a las nuevas necesidades detectadas a la luz de la actual situación de crisis económica que desde el año 2007 venimos padeciendo.

Como seguramente se recordará, en el mes de octubre de 2011, y dentro del seno del G-20, la Junta de Estabilidad Financiera aprobó el Documento “Elementos fundamentales para el Régimen de Resolución Efectivo de Instituciones Financieras”, en el cual se delimitaban los aspectos esenciales para el establecimiento de un adecuado régimen de resolución de entidades. Y ello con la finalidad última de promover una adaptación de los mecanismos de reestructuración y resolución a las nuevas necesidades detectadas a la luz de la actual situación de crisis económica que desde el año 2007 venimos padeciendo.

Dicho documento tuvo como principal objetivo promover un marco legal y operativo que facilitase a las autoridades la reestructuración o resolución de entidades financieras de una manera ordenada sin exponer al contribuyente a la asunción de pérdidas derivadas de las medidas de apoyo, asegurando la continuidad de los elementos vitales de la entidad. En él se contemplaban, además, una serie de instrumentos de resolución que, según acordó la Junta, es conveniente que estén a disposición de las autoridades de resolución de los Estados.

Dicho documento tuvo como principal objetivo promover un marco legal y operativo que facilitase a las autoridades la reestructuración o resolución de entidades financieras de una manera ordenada sin exponer al contribuyente a la asunción de pérdidas derivadas de las medidas de apoyo, asegurando la continuidad de los elementos vitales de la entidad. En él se contemplaban, además, una serie de instrumentos de resolución que, según acordó la Junta, es conveniente que estén a disposición de las autoridades de resolución de los Estados.

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Juan Calvo Vérgez

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Por su parte, ya en el año 2012, el Fondo Monetario Internacional procedió a elaborar diversos informes sobre el sistema financiero español en el contexto del Programa de Evaluación del Sistema Financiero a través de los cuales se valoraba de manera positiva el funcionamiento de nuestro sistema institucional de reestructuración, aludiéndose no obstante a la introducción de posibles mejoras y recomendando la puesta a disposición de las autoridades públicas de un conjunto de instrumentos de reestructuración y resolución que les permita afrontar potenciales situaciones de crisis bancaria.

Por su parte, ya en el año 2012, el Fondo Monetario Internacional procedió a elaborar diversos informes sobre el sistema financiero español en el contexto del Programa de Evaluación del Sistema Financiero a través de los cuales se valoraba de manera positiva el funcionamiento de nuestro sistema institucional de reestructuración, aludiéndose no obstante a la introducción de posibles mejoras y recomendando la puesta a disposición de las autoridades públicas de un conjunto de instrumentos de reestructuración y resolución que les permita afrontar potenciales situaciones de crisis bancaria.

Igualmente dentro del ámbito de la Unión Europea se ha tratado de adoptar un marco común de resolución de entidades financieras que amplíe los instrumentos de resolución que tengan las autoridades competentes y que establezca mecanismos de coordinación entre las autoridades de los Estados Miembros. En este sentido, con fecha 6 de junio de 2012 la Comisión Europea emitió una Propuesta de Directiva por la que se estableció un marco para el rescate y la resolución de entidades de crédito y empresas de servicios de inversión, previendo a tal efecto la adopción de un conjunto de medidas destinadas a evitar que una entidad de crédito llegue a una situación de inviabilidad que ponga en riesgo la estabilidad del sistema financiero, previéndose además la posibilidad de proceder, en una segunda instancia, a la resolución ordenada de las entidades no viables. Todo ello con el objetivo último de minimizar el riesgo para la estabilidad financiera, teniendo no obstante presente que han de ser los accionistas y los acreedores quienes deban asumir en primera instancia los costes derivados de la resolución.

Igualmente dentro del ámbito de la Unión Europea se ha tratado de adoptar un marco común de resolución de entidades financieras que amplíe los instrumentos de resolución que tengan las autoridades competentes y que establezca mecanismos de coordinación entre las autoridades de los Estados Miembros. En este sentido, con fecha 6 de junio de 2012 la Comisión Europea emitió una Propuesta de Directiva por la que se estableció un marco para el rescate y la resolución de entidades de crédito y empresas de servicios de inversión, previendo a tal efecto la adopción de un conjunto de medidas destinadas a evitar que una entidad de crédito llegue a una situación de inviabilidad que ponga en riesgo la estabilidad del sistema financiero, previéndose además la posibilidad de proceder, en una segunda instancia, a la resolución ordenada de las entidades no viables. Todo ello con el objetivo último de minimizar el riesgo para la estabilidad financiera, teniendo no obstante presente que han de ser los accionistas y los acreedores quienes deban asumir en primera instancia los costes derivados de la resolución.

Pues bien, con carácter general la nueva regulación aprobada a través del Real Decreto-Ley 24/2012, de 31 de agosto, de reestructuración y resolución de entidades de crédito, y, con posterioridad, tras su convalidación, por la Ley 9/2012, de 14 de noviembre, de reestructuración y resolución de entidades de crédito, persigue adoptar un conjunto de medidas en materia de supervisión y regulación de las entidades financieras destinada a otorgar seguridad al público del cual la entidad capta su pasivo y, por ende, a preservar la estabilidad del sistema financiero.

Pues bien, con carácter general la nueva regulación aprobada a través del Real Decreto-Ley 24/2012, de 31 de agosto, de reestructuración y resolución de entidades de crédito, y, con posterioridad, tras su convalidación, por la Ley 9/2012, de 14 de noviembre, de reestructuración y resolución de entidades de crédito, persigue adoptar un conjunto de medidas en materia de supervisión y regulación de las entidades financieras destinada a otorgar seguridad al público del cual la entidad capta su pasivo y, por ende, a preservar la estabilidad del sistema financiero.

En primer lugar se establece el régimen de reestructuración y resolución de entidades de crédito, reforzando los poderes de intervención del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria. En segundo término, se incluyen ejercicios de subordinación de pasivos con carácter voluntario y obligatorio para aquellas entidades para las que se haya abierto un procedimiento de

En primer lugar se establece el régimen de reestructuración y resolución de entidades de crédito, reforzando los poderes de intervención del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria. En segundo término, se incluyen ejercicios de subordinación de pasivos con carácter voluntario y obligatorio para aquellas entidades para las que se haya abierto un procedimiento de

La recapitalización de las entidades financieras

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reestructuración o resolución. Finalmente, se prevé la posibilidad de constituir una sociedad de gestión de activos procedentes de la reestructuración bancaria, que se encargue de la gestión de aquellos activos problemáticos que deban serle transferidos por las entidades de crédito.

reestructuración o resolución. Finalmente, se prevé la posibilidad de constituir una sociedad de gestión de activos procedentes de la reestructuración bancaria, que se encargue de la gestión de aquellos activos problemáticos que deban serle transferidos por las entidades de crédito.

Por otra parte se modifica la estructura organizativa del FROB para evitar conflictos de interés generados por la participación del sector privado en la Comisión rectora, a través del Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito. Se incluyen medidas para mejorar la protección a los inversores minoristas que suscriben productos financieros no cubiertos por el Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito. Y son objeto de modificación los requerimientos y la definición de capital principal con los que deben cumplir los grupos consolidables de entidades de crédito así como las entidades no integradas en un grupo consolidable, estableciéndose un único requisito del 9% de las exposiciones ponderadas por riesgo que deberán cumplir a partir del 1 de enero de 2013.

Por otra parte se modifica la estructura organizativa del FROB para evitar conflictos de interés generados por la participación del sector privado en la Comisión rectora, a través del Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito. Se incluyen medidas para mejorar la protección a los inversores minoristas que suscriben productos financieros no cubiertos por el Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito. Y son objeto de modificación los requerimientos y la definición de capital principal con los que deben cumplir los grupos consolidables de entidades de crédito así como las entidades no integradas en un grupo consolidable, estableciéndose un único requisito del 9% de las exposiciones ponderadas por riesgo que deberán cumplir a partir del 1 de enero de 2013.

El Real Decreto-Ley 24/2012 inicialmente y, con posterioridad, la Ley 9/2012, de 14 de noviembre, regularon los mecanismos de intervención temprana, reestructuración y resolución bancaria anunciados en la propuesta de Directiva de la Comisión Europea sobre esta materia, dotando a nuestro ordenamiento de los instrumentos necesarios para el adecuado tratamiento de las crisis bancarias. Todo ello con la finalidad última de que el consabido apoyo financiero público que, en determinados supuestos, demandan algunas de estas entidades guarde el necesario equilibrio que debe existir entre la protección del cliente de la entidad de crédito y la del contribuyente, minimizando el coste que tenga que asumir el segundo con el fin de salvaguardar al primero. Este mayor equilibrio únicamente se consigue cuando los fondos públicos inyectados pueden ser recuperados en un plazo razonable por medio de los beneficios generados por la entidad apoyada. Téngase presente que se hacía necesario acometer un reforzamiento extraordinario de los mecanismos con los que han de las autoridades públicas españolas de cara al reforzamiento y saneamiento de nuestro sistema financiero, dotándolas de instrumentos eficientes para garantizar el correcto funcionamiento del sector crediticio.

El Real Decreto-Ley 24/2012 inicialmente y, con posterioridad, la Ley 9/2012, de 14 de noviembre, regularon los mecanismos de intervención temprana, reestructuración y resolución bancaria anunciados en la propuesta de Directiva de la Comisión Europea sobre esta materia, dotando a nuestro ordenamiento de los instrumentos necesarios para el adecuado tratamiento de las crisis bancarias. Todo ello con la finalidad última de que el consabido apoyo financiero público que, en determinados supuestos, demandan algunas de estas entidades guarde el necesario equilibrio que debe existir entre la protección del cliente de la entidad de crédito y la del contribuyente, minimizando el coste que tenga que asumir el segundo con el fin de salvaguardar al primero. Este mayor equilibrio únicamente se consigue cuando los fondos públicos inyectados pueden ser recuperados en un plazo razonable por medio de los beneficios generados por la entidad apoyada. Téngase presente que se hacía necesario acometer un reforzamiento extraordinario de los mecanismos con los que han de las autoridades públicas españolas de cara al reforzamiento y saneamiento de nuestro sistema financiero, dotándolas de instrumentos eficientes para garantizar el correcto funcionamiento del sector crediticio.

Como no podía ser de otra manera el Real Decreto-Ley 24/2012 fue aprobado en el marco del programa de asistencia a España para la recapitalización de su sector financiero diseñado en el seno del Eurogrupo.

Como no podía ser de otra manera el Real Decreto-Ley 24/2012 fue aprobado en el marco del programa de asistencia a España para la recapitalización de su sector financiero diseñado en el seno del Eurogrupo.

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Juan Calvo Vérgez

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Juan Calvo Vérgez

Nos hallamos pues ante una nueva etapa en el proceso de reforma de nuestro sistema financiero que ha de sumarse a la anterior etapa, destinada al saneamiento de los balances de la banca, principalmente de su riesgo inmobiliario, con la finalidad de que las entidades financieras volvieran a conceder crédito. La presente regulación va más allá y se ocupa de la liquidación de los bancos inviables a través de su resolución ordenada o de un concurso, pudiendo aplicarse tanto a las entidades ya controladas por el FROB (en el supuesto de que las mismas fuesen declaradas inviables) como a aquellas otras que pudieran padecer dificultades en el futuro. A la luz de la presente regulación se establece por primera vez cómo se liquidarán los bancos inviables, otorgándose estas competencias al FROB.

Nos hallamos pues ante una nueva etapa en el proceso de reforma de nuestro sistema financiero que ha de sumarse a la anterior etapa, destinada al saneamiento de los balances de la banca, principalmente de su riesgo inmobiliario, con la finalidad de que las entidades financieras volvieran a conceder crédito. La presente regulación va más allá y se ocupa de la liquidación de los bancos inviables a través de su resolución ordenada o de un concurso, pudiendo aplicarse tanto a las entidades ya controladas por el FROB (en el supuesto de que las mismas fuesen declaradas inviables) como a aquellas otras que pudieran padecer dificultades en el futuro. A la luz de la presente regulación se establece por primera vez cómo se liquidarán los bancos inviables, otorgándose estas competencias al FROB.

2.

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ANÁLISIS DE LAS DISTINTAS FASES O NIVELES DE REESTRUCTURACIÓN Y LIQUIDACIÓN CONTEMPLADOS

ANÁLISIS DE LAS DISTINTAS FASES O NIVELES DE REESTRUCTURACIÓN Y LIQUIDACIÓN CONTEMPLADOS

Toda operación de reestructuración de una entidad de crédito que pretenda acometerse ha de garantizar la asunción proporcional de pérdidas entre todos los acreedores. Ahora bien, en aquellos supuestos en los que la inviabilidad definitiva de las entidades de crédito no debe ser resuelta simplemente mediante la referida división, sino que conviene previamente segregar las partes sanas de la entidad e incluso también las más perjudicadas con el fin de que la aplicación del procedimiento de insolvencia ordinario se lleve a cabo únicamente respecto al remanente, si lo hubiere, se hacen necesarias las operaciones de resolución. Y en aquellos otros supuestos en los que las dificultades que atraviesan las entidades de crédito son de carácter mucho más leve que las anteriores y pueden ser corregidas mediante determinadas medidas cuya finalidad básica es asegurar que la entidad de crédito recobre su estabilidad y alcance plenamente todos sus requerimientos regulatorios evitando la necesidad de inyectarle fondos públicos o haciéndolo únicamente de forma excepcional y transitoria, surgen las llamadas operaciones de actuación temprana.

Toda operación de reestructuración de una entidad de crédito que pretenda acometerse ha de garantizar la asunción proporcional de pérdidas entre todos los acreedores. Ahora bien, en aquellos supuestos en los que la inviabilidad definitiva de las entidades de crédito no debe ser resuelta simplemente mediante la referida división, sino que conviene previamente segregar las partes sanas de la entidad e incluso también las más perjudicadas con el fin de que la aplicación del procedimiento de insolvencia ordinario se lleve a cabo únicamente respecto al remanente, si lo hubiere, se hacen necesarias las operaciones de resolución. Y en aquellos otros supuestos en los que las dificultades que atraviesan las entidades de crédito son de carácter mucho más leve que las anteriores y pueden ser corregidas mediante determinadas medidas cuya finalidad básica es asegurar que la entidad de crédito recobre su estabilidad y alcance plenamente todos sus requerimientos regulatorios evitando la necesidad de inyectarle fondos públicos o haciéndolo únicamente de forma excepcional y transitoria, surgen las llamadas operaciones de actuación temprana.

Pues bien el Real Decreto-Ley 24/2012 y, tras su convalidación, la Ley 9/2012, de 14 de noviembre, acometió la regulación de cada una de estas tres alternativas existentes (actuación temprana, reestructuración y

Pues bien el Real Decreto-Ley 24/2012 y, tras su convalidación, la Ley 9/2012, de 14 de noviembre, acometió la regulación de cada una de estas tres alternativas existentes (actuación temprana, reestructuración y

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resolución), precisando además los instrumentos y medidas susceptibles de adoptarse respecto a cada uno de ellos, así como los efectos que puedan producir dichos instrumentos y medidas.

resolución), precisando además los instrumentos y medidas susceptibles de adoptarse respecto a cada uno de ellos, así como los efectos que puedan producir dichos instrumentos y medidas.

Con carácter general se diferencia entre procedimientos de reestructuración y resolución, refiriéndose este último a los procesos en que la entidad de crédito no es viable, haciéndose necesario proceder a su extinción ordenada con las mayores garantías para los depositantes y para la estabilidad financiera. Cabe aludir pues a la existencia de una serie de objetivos y principios de la reestructuración y resolución ordenada de las entidades crédito que deben informar todo el proceso, tales como evitar efectos perjudiciales para la estabilidad del sistema financiero, asegurar la utilización más eficiente de los recursos públicos o garantizar que los accionistas y los acreedores subordinados sean los primeros en asumir pérdidas teniendo en cuenta el orden de prelación establecido.

Con carácter general se diferencia entre procedimientos de reestructuración y resolución, refiriéndose este último a los procesos en que la entidad de crédito no es viable, haciéndose necesario proceder a su extinción ordenada con las mayores garantías para los depositantes y para la estabilidad financiera. Cabe aludir pues a la existencia de una serie de objetivos y principios de la reestructuración y resolución ordenada de las entidades crédito que deben informar todo el proceso, tales como evitar efectos perjudiciales para la estabilidad del sistema financiero, asegurar la utilización más eficiente de los recursos públicos o garantizar que los accionistas y los acreedores subordinados sean los primeros en asumir pérdidas teniendo en cuenta el orden de prelación establecido.

2. A. El llamado mecanismo de “actuación temprana”

2. A. El llamado mecanismo de “actuación temprana”

Como hemos señalado con anterioridad, de cara a articular la reestructuración de la banca se plantean varias fases o niveles de actuación. En primer lugar, la llamada “actuación temprana”, que obligaría a aquellas entidades que se encontrasen en disposición de cumplir por sí mismas con los requerimientos de solvencia y liquidez en el corto plazo a presentar un plan de actuación de una duración inferior a tres meses.

Como hemos señalado con anterioridad, de cara a articular la reestructuración de la banca se plantean varias fases o niveles de actuación. En primer lugar, la llamada “actuación temprana”, que obligaría a aquellas entidades que se encontrasen en disposición de cumplir por sí mismas con los requerimientos de solvencia y liquidez en el corto plazo a presentar un plan de actuación de una duración inferior a tres meses.

Define el art. 2.a) de la Ley 9/2012 este mecanismo de actuación temprana como “El procedimiento aplicable a una entidad de crédito cuando, de conformidad con lo previsto en el Capítulo II, incumpla o existan elementos objetivos conforme a los que resulte razonablemente previsible que no pueda cumplir con los requerimientos de solvencia, liquidez, estructura organizativa o control interno, pero se encuentre en disposición de retornar al cumplimiento por sus propios medios, sin perjuicio del apoyo financiero público excepcional y limitado previsto en el artículo 9.f)”.

Define el art. 2.a) de la Ley 9/2012 este mecanismo de actuación temprana como “El procedimiento aplicable a una entidad de crédito cuando, de conformidad con lo previsto en el Capítulo II, incumpla o existan elementos objetivos conforme a los que resulte razonablemente previsible que no pueda cumplir con los requerimientos de solvencia, liquidez, estructura organizativa o control interno, pero se encuentre en disposición de retornar al cumplimiento por sus propios medios, sin perjuicio del apoyo financiero público excepcional y limitado previsto en el artículo 9.f)”.

Señala el art. 6 de la Ley 9/2012, refiriéndose a las condiciones para desarrollar la actuación temprana que, cuando una entidad de crédito o un grupo o subgrupo consolidable de entidades de crédito incumpla o existan elementos objetivos conforme a los que resulte razonablemente previsible

Señala el art. 6 de la Ley 9/2012, refiriéndose a las condiciones para desarrollar la actuación temprana que, cuando una entidad de crédito o un grupo o subgrupo consolidable de entidades de crédito incumpla o existan elementos objetivos conforme a los que resulte razonablemente previsible

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que no pueda cumplir con los requerimientos de solvencia, liquidez, estructura organizativa o control interno, pero se encuentre en disposición de retornar al cumplimiento por sus propios medios, sin perjuicio del apoyo financiero público excepcional previsto en el art. 9.f) del citado texto legal, el Banco de España podrá adoptar todas o algunas de las medidas establecidas al efecto, las cuales serán compatibles con las previstas en la normativa vigente en materia de ordenación y disciplina. No obstante, no procederá la revocación de la autorización de una entidad de crédito, desde el momento en que aquella haya presentado un plan de actuación, salvo que dicha revocación tuviese carácter sancionador.

que no pueda cumplir con los requerimientos de solvencia, liquidez, estructura organizativa o control interno, pero se encuentre en disposición de retornar al cumplimiento por sus propios medios, sin perjuicio del apoyo financiero público excepcional previsto en el art. 9.f) del citado texto legal, el Banco de España podrá adoptar todas o algunas de las medidas establecidas al efecto, las cuales serán compatibles con las previstas en la normativa vigente en materia de ordenación y disciplina. No obstante, no procederá la revocación de la autorización de una entidad de crédito, desde el momento en que aquella haya presentado un plan de actuación, salvo que dicha revocación tuviese carácter sancionador.

Las entidades que deberán adoptar estas medidas serán por tanto aquellas que no cumplan o sea razonable que no cumplan los requisitos de solvencia, siendo previsible que puedan superar esta situación de dificultad por sus propios medios o a través de un apoyo financiero excepcional mediante instrumentos convertibles en acciones.

Las entidades que deberán adoptar estas medidas serán por tanto aquellas que no cumplan o sea razonable que no cumplan los requisitos de solvencia, siendo previsible que puedan superar esta situación de dificultad por sus propios medios o a través de un apoyo financiero excepcional mediante instrumentos convertibles en acciones.

Estas medidas de actuación temprana se integran con claridad dentro de las funciones de supervisión que corresponden al Banco de España, adquiriendo dicha institución un protagonismo claro en esta fase inicial en virtud del cual deberá decidir sobre qué entidades han de adoptar las medidas de intervención temprana. A tal efecto deberá elaborarse un plan de actuación que permita paliar la situación de debilidad en la solvencia. Durante el desarrollo de esta fase el Banco de España podrá exigir la sustitución de los miembros del consejo de administración, en el caso de que se produzca un deterioro significativo de la situación de la entidad.

Estas medidas de actuación temprana se integran con claridad dentro de las funciones de supervisión que corresponden al Banco de España, adquiriendo dicha institución un protagonismo claro en esta fase inicial en virtud del cual deberá decidir sobre qué entidades han de adoptar las medidas de intervención temprana. A tal efecto deberá elaborarse un plan de actuación que permita paliar la situación de debilidad en la solvencia. Durante el desarrollo de esta fase el Banco de España podrá exigir la sustitución de los miembros del consejo de administración, en el caso de que se produzca un deterioro significativo de la situación de la entidad.

En aquellos casos en los que una entidad de crédito o un grupo o subgrupo consolidable de entidades de crédito se encuentre en alguna de las circunstancias descritas la entidad o la entidad obligada del grupo o subgrupo consolidable informará de ello con carácter inmediato al Banco de España. Concretamente, dentro de un plazo de quince días a contar desde la notificación anterior, la entidad presentará al Banco de España un plan de actuación en el que se concreten las acciones previstas para asegurar la viabilidad a largo plazo de la entidad, grupo o subgrupo consolidable sin necesidad de apoyos financieros públicos. Dicho plan deberá detallar, asimismo, el plazo previsto para su ejecución, que no podrá exceder de tres meses, contados desde su aprobación, salvo autorización expresa del Banco de España.

En aquellos casos en los que una entidad de crédito o un grupo o subgrupo consolidable de entidades de crédito se encuentre en alguna de las circunstancias descritas la entidad o la entidad obligada del grupo o subgrupo consolidable informará de ello con carácter inmediato al Banco de España. Concretamente, dentro de un plazo de quince días a contar desde la notificación anterior, la entidad presentará al Banco de España un plan de actuación en el que se concreten las acciones previstas para asegurar la viabilidad a largo plazo de la entidad, grupo o subgrupo consolidable sin necesidad de apoyos financieros públicos. Dicho plan deberá detallar, asimismo, el plazo previsto para su ejecución, que no podrá exceder de tres meses, contados desde su aprobación, salvo autorización expresa del Banco de España.

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No obstante, y sin perjuicio de lo anterior, cuando el Banco de España tenga conocimiento de que una entidad de crédito o un grupo o subgrupo consolidable de entidades de crédito se encuentre en alguna de las circunstancias anteriormente indicadas, requerirá al órgano de administración de la entidad para que examine la situación y le presente, en el plazo de quince días, el plan de actuación.

No obstante, y sin perjuicio de lo anterior, cuando el Banco de España tenga conocimiento de que una entidad de crédito o un grupo o subgrupo consolidable de entidades de crédito se encuentre en alguna de las circunstancias anteriormente indicadas, requerirá al órgano de administración de la entidad para que examine la situación y le presente, en el plazo de quince días, el plan de actuación.

El presente plan de actuación se someterá a la aprobación del Banco de España, el cual podrá requerir las modificaciones o medidas adicionales que considere necesarias para garantizar la superación de la situación de deterioro a la que se enfrenta la entidad. La aprobación de dicho plan exigirá informe favorable del FROB, en caso de que la entidad solicite apoyo financiero público, el cual deberá ser evacuado en el plazo improrrogable de diez días. El plazo para la aprobación definitiva del plan de actuación será de un mes a contar desde su presentación por la entidad.

El presente plan de actuación se someterá a la aprobación del Banco de España, el cual podrá requerir las modificaciones o medidas adicionales que considere necesarias para garantizar la superación de la situación de deterioro a la que se enfrenta la entidad. La aprobación de dicho plan exigirá informe favorable del FROB, en caso de que la entidad solicite apoyo financiero público, el cual deberá ser evacuado en el plazo improrrogable de diez días. El plazo para la aprobación definitiva del plan de actuación será de un mes a contar desde su presentación por la entidad.

¿Qué contenido ha de presentar el plan de actuación? De conformidad con lo establecido por el art. 8 de la Ley 9/2012 el plan de actuación deberá incluir, además de un análisis de la situación de la entidad, un plan de negocio que, de manera proporcional y adecuada a las concretas circunstancias de aquella, incluya al menos los siguientes puntos: objetivos específicos relativos a la eficiencia, rentabilidad, niveles de apalancamiento y liquidez de la entidad, grupo o subgrupo consolidable; compromisos específicos en materia de solvencia; compromisos específicos de mejora de su eficiencia, racionalización de su administración y gerencia, mejora de su gobierno corporativo, reducción de costes de estructura y redimensionamiento de su capacidad productiva; y, en el supuesto de que la entidad solicite apoyo financiero público, los términos en que éste se vaya a prestar y las medidas que hayan de implementarse para minimizar el uso de recursos públicos.

¿Qué contenido ha de presentar el plan de actuación? De conformidad con lo establecido por el art. 8 de la Ley 9/2012 el plan de actuación deberá incluir, además de un análisis de la situación de la entidad, un plan de negocio que, de manera proporcional y adecuada a las concretas circunstancias de aquella, incluya al menos los siguientes puntos: objetivos específicos relativos a la eficiencia, rentabilidad, niveles de apalancamiento y liquidez de la entidad, grupo o subgrupo consolidable; compromisos específicos en materia de solvencia; compromisos específicos de mejora de su eficiencia, racionalización de su administración y gerencia, mejora de su gobierno corporativo, reducción de costes de estructura y redimensionamiento de su capacidad productiva; y, en el supuesto de que la entidad solicite apoyo financiero público, los términos en que éste se vaya a prestar y las medidas que hayan de implementarse para minimizar el uso de recursos públicos.

El Banco de España podrá, mediante Circular, aprobar reglas y principios generales concretando los objetivos y compromisos a los que se refiere el apartado anterior. Y si, como consecuencia de la evolución de la situación económico-financiera de la entidad o del desenvolvimiento de las condiciones de los mercados, se advirtiera que el plan de actuación no puede cumplirse en los términos en que fue aprobado, la entidad podría solicitar al Banco de España una modificación de dichos términos. En todo caso la modificación del plan de actuaciones deberá ser informada previamente por el FROB, si éste hubiese sido designado administrador provisional de

El Banco de España podrá, mediante Circular, aprobar reglas y principios generales concretando los objetivos y compromisos a los que se refiere el apartado anterior. Y si, como consecuencia de la evolución de la situación económico-financiera de la entidad o del desenvolvimiento de las condiciones de los mercados, se advirtiera que el plan de actuación no puede cumplirse en los términos en que fue aprobado, la entidad podría solicitar al Banco de España una modificación de dichos términos. En todo caso la modificación del plan de actuaciones deberá ser informada previamente por el FROB, si éste hubiese sido designado administrador provisional de

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la entidad o en caso de que la entidad hubiese solicitado apoyo financiero público.

la entidad o en caso de que la entidad hubiese solicitado apoyo financiero público.

Por otro lado, y tal y como dispone el art. 9 de la Ley 9/2012, encargado de regular las medidas de actuación temprana, desde el instante en que el Banco de España tenga conocimiento de que una entidad de crédito o un grupo o subgrupo consolidable de entidades de crédito se encuentra en alguna de las situaciones anteriormente indicadas podrá adoptar las siguientes medidas: requerir al órgano de administración de la entidad para que convoque, o bien convocar directamente si el órgano de administración no lo hiciese en el plazo requerido, a la junta o asamblea general de la entidad, así como proponer el orden del día y la adopción de determinados acuerdos; requerir el cese y sustitución de miembros de los órganos de administración o directores generales y asimilados; requerir la elaboración de un programa para la renegociación o reestructuración de su deuda con el conjunto o parte de sus acreedores; adoptar cualquiera de las medidas establecidas en la normativa vigente en materia de ordenación y disciplina; en caso de que las medidas anteriores no fueran suficientes, acordar la sustitución provisional del órgano de administración de la entidad; y, con carácter excepcional, y cumpliendo al efecto con la normativa española y de la Unión Europea en materia de competencia y ayudas de Estado tratando de minimizar el uso de recursos públicos, requerir medidas de recapitalización en las que el plazo de recompra o amortización de los instrumentos convertibles en acciones no exceda de dos años, en cuyo caso el plan de actuación requerirá informe favorable del FROB169.

Por otro lado, y tal y como dispone el art. 9 de la Ley 9/2012, encargado de regular las medidas de actuación temprana, desde el instante en que el Banco de España tenga conocimiento de que una entidad de crédito o un grupo o subgrupo consolidable de entidades de crédito se encuentra en alguna de las situaciones anteriormente indicadas podrá adoptar las siguientes medidas: requerir al órgano de administración de la entidad para que convoque, o bien convocar directamente si el órgano de administración no lo hiciese en el plazo requerido, a la junta o asamblea general de la entidad, así como proponer el orden del día y la adopción de determinados acuerdos; requerir el cese y sustitución de miembros de los órganos de administración o directores generales y asimilados; requerir la elaboración de un programa para la renegociación o reestructuración de su deuda con el conjunto o parte de sus acreedores; adoptar cualquiera de las medidas establecidas en la normativa vigente en materia de ordenación y disciplina; en caso de que las medidas anteriores no fueran suficientes, acordar la sustitución provisional del órgano de administración de la entidad; y, con carácter excepcional, y cumpliendo al efecto con la normativa española y de la Unión Europea en materia de competencia y ayudas de Estado tratando de minimizar el uso de recursos públicos, requerir medidas de recapitalización en las que el plazo de recompra o amortización de los instrumentos convertibles en acciones no exceda de dos años, en cuyo caso el plan de actuación requerirá informe favorable del FROB169.

Cualquier otra medida de recapitalización requerida por la entidad que no pueda cumplir con los anteriores requerimientos solo podrá ser prestada dentro de un proceso de reestructuración o de resolución de los previstos en los Capítulos III y IV de la Ley, relativos a los procesos de reestructuración y resolución.

Cualquier otra medida de recapitalización requerida por la entidad que no pueda cumplir con los anteriores requerimientos solo podrá ser prestada dentro de un proceso de reestructuración o de resolución de los previstos en los Capítulos III y IV de la Ley, relativos a los procesos de reestructuración y resolución.

Como medida de actuación temprana el Banco de España podrá acordar la sustitución provisional del órgano de administración de conformidad con el procedimiento establecido en el Título III de la Ley 26/1988, de 29 de

Como medida de actuación temprana el Banco de España podrá acordar la sustitución provisional del órgano de administración de conformidad con el procedimiento establecido en el Título III de la Ley 26/1988, de 29 de

Debe precisarse no obstante que esta última medida solo resultará aplicable cuando existan elementos objetivos que hagan razonablemente previsible que la entidad vaya a estar en condiciones de comprar o amortizar los instrumentos convertibles en los términos comprometidos y, en todo caso, en el citado plazo máximo de dos años.

Debe precisarse no obstante que esta última medida solo resultará aplicable cuando existan elementos objetivos que hagan razonablemente previsible que la entidad vaya a estar en condiciones de comprar o amortizar los instrumentos convertibles en los términos comprometidos y, en todo caso, en el citado plazo máximo de dos años.

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julio, sobre Disciplina e Intervención de las Entidades de Crédito. Dicha sustitución provisional se mantendrá en vigor durante un plazo de un año. No obstante, este plazo podrá renovarse por periodos iguales hasta tanto se lleven a cabo las operaciones en que se concrete el plan de actuación.

julio, sobre Disciplina e Intervención de las Entidades de Crédito. Dicha sustitución provisional se mantendrá en vigor durante un plazo de un año. No obstante, este plazo podrá renovarse por periodos iguales hasta tanto se lleven a cabo las operaciones en que se concrete el plan de actuación.

Con una periodicidad trimestral, la entidad en cuestión remitirá al Banco de España un informe sobre el grado de cumplimiento de las medidas contempladas en el plan de actuación, debiendo darse traslado por parte del supervisor de dicho informe al FROB. Concretamente el Banco de España deberá informar al FROB, al objeto de que éste último ejerza sus competencias, cuando una entidad de crédito o un grupo o subgrupo consolidable de entidades de crédito se encuentre o existan elementos objetivos conforme a los que resulte razonablemente previsible que se vaya a encontrar en alguna de las circunstancias a las que se ha hecho referencia con anterioridad. Asimismo el supervisor deberá informar de la aprobación definitiva del plan de actuación, incluyendo, en su caso, las modificaciones o medidas adicionales requeridas por el Banco de España y de la finalización de la situación de actuación temprana. Y, con carácter trimestral, habrá de informar del grado de cumplimiento del plan de actuación y de la situación de liquidez de la entidad.

Con una periodicidad trimestral, la entidad en cuestión remitirá al Banco de España un informe sobre el grado de cumplimiento de las medidas contempladas en el plan de actuación, debiendo darse traslado por parte del supervisor de dicho informe al FROB. Concretamente el Banco de España deberá informar al FROB, al objeto de que éste último ejerza sus competencias, cuando una entidad de crédito o un grupo o subgrupo consolidable de entidades de crédito se encuentre o existan elementos objetivos conforme a los que resulte razonablemente previsible que se vaya a encontrar en alguna de las circunstancias a las que se ha hecho referencia con anterioridad. Asimismo el supervisor deberá informar de la aprobación definitiva del plan de actuación, incluyendo, en su caso, las modificaciones o medidas adicionales requeridas por el Banco de España y de la finalización de la situación de actuación temprana. Y, con carácter trimestral, habrá de informar del grado de cumplimiento del plan de actuación y de la situación de liquidez de la entidad.

Por su parte el Banco de España podrá requerir la adopción de las medidas necesarias para asegurar el cumplimiento del plan de actuación, procediendo la apertura del proceso de reestructuración o de resolución cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias. En primer lugar si, finalmente, no fuera posible superar la situación de deterioro de la entidad y se presentara alguna de las circunstancias conforme a las que proceda la reestructuración o la resolución de la misma. En segundo término cuando, en el plazo a que se refiere el art. 7.2 de la Ley 9/2012, la entidad no presentase el plan de actuación exigido o hubiese manifestado al Banco de España la imposibilidad de encontrar una solución viable para su situación. En tercer lugar, cuando el plan presentado no fuera viable o se revelase insuficiente, a juicio del Banco de España, para superar la situación de debilidad a la que se enfrenta la entidad, o no se aceptasen por esta las modificaciones o medidas adicionales requeridas por el Banco de España. Y, finalmente, cuando se incumpliera gravemente por la entidad el plazo de ejecución o las medidas concretas contempladas en el plan de actuación o cualquiera de las

Por su parte el Banco de España podrá requerir la adopción de las medidas necesarias para asegurar el cumplimiento del plan de actuación, procediendo la apertura del proceso de reestructuración o de resolución cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias. En primer lugar si, finalmente, no fuera posible superar la situación de deterioro de la entidad y se presentara alguna de las circunstancias conforme a las que proceda la reestructuración o la resolución de la misma. En segundo término cuando, en el plazo a que se refiere el art. 7.2 de la Ley 9/2012, la entidad no presentase el plan de actuación exigido o hubiese manifestado al Banco de España la imposibilidad de encontrar una solución viable para su situación. En tercer lugar, cuando el plan presentado no fuera viable o se revelase insuficiente, a juicio del Banco de España, para superar la situación de debilidad a la que se enfrenta la entidad, o no se aceptasen por esta las modificaciones o medidas adicionales requeridas por el Banco de España. Y, finalmente, cuando se incumpliera gravemente por la entidad el plazo de ejecución o las medidas concretas contempladas en el plan de actuación o cualquiera de las

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medidas de intervención impuestas por el Banco de España, de modo que se ponga en peligro la consecución de los objetivos de la actuación temprana.

medidas de intervención impuestas por el Banco de España, de modo que se ponga en peligro la consecución de los objetivos de la actuación temprana.

En todo caso, desde la aprobación del plan de actuación el FROB podrá requerir al Banco de España toda la información relacionada con la entidad o su grupo o subgrupo consolidable que sea necesaria para preparar una eventual reestructuración o resolución, pudiendo asimismo realizar, durante esta fase de actuación temprana, las actuaciones necesarias para determinar el valor económico de la entidad. Y, una vez que la entidad de crédito deje de encontrarse en las circunstancias descritas, el Banco de España declarará finalizada la situación de actuación temprana.

En todo caso, desde la aprobación del plan de actuación el FROB podrá requerir al Banco de España toda la información relacionada con la entidad o su grupo o subgrupo consolidable que sea necesaria para preparar una eventual reestructuración o resolución, pudiendo asimismo realizar, durante esta fase de actuación temprana, las actuaciones necesarias para determinar el valor económico de la entidad. Y, una vez que la entidad de crédito deje de encontrarse en las circunstancias descritas, el Banco de España declarará finalizada la situación de actuación temprana.

Téngase presente además que la adopción de cualquier medida de actuación temprana, de reestructuración o de resolución no constituirá por sí misma un supuesto de incumplimiento ni permitirá por sí misma a ninguna contraparte declarar el vencimiento o resolución anticipada de la correspondiente operación o contrato, o instar la ejecución o la compensación de cualesquiera derechos u obligaciones que se deriven de la operación o del contrato, teniéndose por no puestas las cláusulas que así lo establezcan. Ahora bien, sin perjuicio de lo anterior la contraparte podrá declarar, en los términos y condiciones establecidos en el correspondiente contrato, el vencimiento o resolución anticipada del contrato o la correspondiente operación como consecuencia de un supuesto de incumplimiento anterior o posterior a la adopción o ejercicio de la correspondiente medida o facultad y no vinculado necesariamente con esta.

Téngase presente además que la adopción de cualquier medida de actuación temprana, de reestructuración o de resolución no constituirá por sí misma un supuesto de incumplimiento ni permitirá por sí misma a ninguna contraparte declarar el vencimiento o resolución anticipada de la correspondiente operación o contrato, o instar la ejecución o la compensación de cualesquiera derechos u obligaciones que se deriven de la operación o del contrato, teniéndose por no puestas las cláusulas que así lo establezcan. Ahora bien, sin perjuicio de lo anterior la contraparte podrá declarar, en los términos y condiciones establecidos en el correspondiente contrato, el vencimiento o resolución anticipada del contrato o la correspondiente operación como consecuencia de un supuesto de incumplimiento anterior o posterior a la adopción o ejercicio de la correspondiente medida o facultad y no vinculado necesariamente con esta.

2. B. Principales rasgos configuradores del proceso de reestructuración

2. B. Principales rasgos configuradores del proceso de reestructuración

Por lo que respecta a la segunda gran fase o nivel de actuación existente, la misma se concreta en una reestructuración mediante ayudas del FROB a través de préstamos, créditos o recapitalización de las entidades que necesiten ayuda. El plazo de devolución de las mismas será de cinco años, pudiendo ser ampliados en dos más en función de la situación económica.

Por lo que respecta a la segunda gran fase o nivel de actuación existente, la misma se concreta en una reestructuración mediante ayudas del FROB a través de préstamos, créditos o recapitalización de las entidades que necesiten ayuda. El plazo de devolución de las mismas será de cinco años, pudiendo ser ampliados en dos más en función de la situación económica.

A tal efecto define el art. 2.b) de la Ley 9/2012 el proceso de reestructuración como “el procedimiento aplicable a una entidad de crédito cuando, de conformidad con lo previsto en el Capítulo III, requiera apoyo financiero público para garantizar su viabilidad y resulte previsible que dicho apoyo

A tal efecto define el art. 2.b) de la Ley 9/2012 el proceso de reestructuración como “el procedimiento aplicable a una entidad de crédito cuando, de conformidad con lo previsto en el Capítulo III, requiera apoyo financiero público para garantizar su viabilidad y resulte previsible que dicho apoyo

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será reembolsado o recuperado de acuerdo a lo previsto en el Capítulo V, o cuando no pudiera llevarse a cabo su resolución sin efectos gravemente perjudiciales para la estabilidad del sistema financiero”.

será reembolsado o recuperado de acuerdo a lo previsto en el Capítulo V, o cuando no pudiera llevarse a cabo su resolución sin efectos gravemente perjudiciales para la estabilidad del sistema financiero”.

Tal y como establece el art. 3 de la citada Ley los procesos de reestructuración o de resolución de entidades de crédito persiguen la consecución de los siguientes objetivos, ponderados de forma equivalente y según las circunstancias presentes en cada caso: asegurar la continuidad de aquellas actividades, servicios y operaciones cuya interrupción podría perturbar la economía o el sistema financiero y, en particular, los servicios financieros de importancia sistémica y los sistemas de pago, compensación y liquidación; evitar efectos perjudiciales para la estabilidad del sistema financiero, previniendo el contagio de las dificultades de una entidad al conjunto del sistema y manteniendo la disciplina de mercado; asegurar la utilización más eficiente de los recursos públicos, minimizando los apoyos financieros públicos que, con carácter extraordinario, pueda ser necesario conceder; proteger a los depositantes cuyos fondos están garantizados por el Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito; y proteger los fondos reembolsables y demás activos de los clientes de las entidades de crédito.

Tal y como establece el art. 3 de la citada Ley los procesos de reestructuración o de resolución de entidades de crédito persiguen la consecución de los siguientes objetivos, ponderados de forma equivalente y según las circunstancias presentes en cada caso: asegurar la continuidad de aquellas actividades, servicios y operaciones cuya interrupción podría perturbar la economía o el sistema financiero y, en particular, los servicios financieros de importancia sistémica y los sistemas de pago, compensación y liquidación; evitar efectos perjudiciales para la estabilidad del sistema financiero, previniendo el contagio de las dificultades de una entidad al conjunto del sistema y manteniendo la disciplina de mercado; asegurar la utilización más eficiente de los recursos públicos, minimizando los apoyos financieros públicos que, con carácter extraordinario, pueda ser necesario conceder; proteger a los depositantes cuyos fondos están garantizados por el Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito; y proteger los fondos reembolsables y demás activos de los clientes de las entidades de crédito.

Dichos procesos de reestructuración y resolución quedan fundamentados, en la medida necesaria para asegurar el cumplimiento de los objetivos anteriormente citados, en los siguientes principios, objeto de regulación en el art. 4 de la Ley 9/2012: los accionistas, cuotapartícipes o socios, según corresponda, de las entidades serán los primeros en soportar pérdidas; los acreedores subordinados de las entidades soportarán, en su caso, pérdidas derivadas de la reestructuración o de la resolución después de los accionistas, cuotapartícipes o socios y de acuerdo con el orden de prelación establecido en la legislación concursal, con las salvedades establecidas al efecto; los acreedores del mismo rango serán tratados de manera equivalente salvo cuando expresamente se disponga lo contrario; ningún acreedor soportará pérdidas superiores a las que habría soportado si la entidad fuera liquidada en el marco de un procedimiento concursal; en caso de resolución de una entidad, de conformidad con lo establecido en el art. 22, los administradores serán sustituidos; y, en aplicación de lo dispuesto en la legislación concursal, mercantil y penal, los administradores de las entidades responderán de los daños y perjuicios causados en proporción a su participación y la gravedad de aquellos.

Dichos procesos de reestructuración y resolución quedan fundamentados, en la medida necesaria para asegurar el cumplimiento de los objetivos anteriormente citados, en los siguientes principios, objeto de regulación en el art. 4 de la Ley 9/2012: los accionistas, cuotapartícipes o socios, según corresponda, de las entidades serán los primeros en soportar pérdidas; los acreedores subordinados de las entidades soportarán, en su caso, pérdidas derivadas de la reestructuración o de la resolución después de los accionistas, cuotapartícipes o socios y de acuerdo con el orden de prelación establecido en la legislación concursal, con las salvedades establecidas al efecto; los acreedores del mismo rango serán tratados de manera equivalente salvo cuando expresamente se disponga lo contrario; ningún acreedor soportará pérdidas superiores a las que habría soportado si la entidad fuera liquidada en el marco de un procedimiento concursal; en caso de resolución de una entidad, de conformidad con lo establecido en el art. 22, los administradores serán sustituidos; y, en aplicación de lo dispuesto en la legislación concursal, mercantil y penal, los administradores de las entidades responderán de los daños y perjuicios causados en proporción a su participación y la gravedad de aquellos.

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De cara a la aplicación de este conjunto de principios, y a efectos de determinar el reparto adecuado de los costes de reestructuración o resolución, el FROB no se considerará en ningún caso incluido entre los accionistas, cuotapartícipes, socios o acreedores.

De cara a la aplicación de este conjunto de principios, y a efectos de determinar el reparto adecuado de los costes de reestructuración o resolución, el FROB no se considerará en ningún caso incluido entre los accionistas, cuotapartícipes, socios o acreedores.

Tanto en los procesos de reestructuración como en los de resolución ordenada de las entidades de crédito el criterio fundamental que ha de seguirse para la aplicación de uno u otro ha de ser el de la viabilidad de la entidad. En ambos procesos será el FROB quien asuma la responsabilidad de determinar los instrumentos idóneos para llevarlos a cabo de forma ordenada y con el menor coste posible para el contribuyente, sin perjuicio de que el ejercicio de las competencias supervisoras continúe correspondiendo al Banco de España, lo cual justifica su intervención en los procedimientos de reestructuración y resolución.

Tanto en los procesos de reestructuración como en los de resolución ordenada de las entidades de crédito el criterio fundamental que ha de seguirse para la aplicación de uno u otro ha de ser el de la viabilidad de la entidad. En ambos procesos será el FROB quien asuma la responsabilidad de determinar los instrumentos idóneos para llevarlos a cabo de forma ordenada y con el menor coste posible para el contribuyente, sin perjuicio de que el ejercicio de las competencias supervisoras continúe correspondiendo al Banco de España, lo cual justifica su intervención en los procedimientos de reestructuración y resolución.

Con carácter general procederá la reestructuración de una entidad de crédito cuando ésta requiera apoyo financiero público para garantizar su viabilidad y existan elementos objetivos que hagan razonablemente previsible que dicho apoyo será reembolsado o recuperado en los plazos previstos para cada instrumento. Asimismo se podrá prever la reestructuración de una entidad de crédito sin la presencia de los elementos objetivos anteriores cuando la resolución de la entidad produciría efectos gravemente perjudiciales para la estabilidad del sistema financiero en su conjunto, de modo que resulta preferible su reestructuración a efectos de minimizar el uso de recursos públicos. Esta gravedad habrá de ser determinada por el Banco de España en función de criterios tales como el volumen de las actividades, servicios y operaciones que la entidad presta sobre el conjunto del sistema financiero, su interconexión con el resto de entidades o las posibilidades de contagio de sus dificultades al conjunto del sistema financiero en caso de resolución.

Con carácter general procederá la reestructuración de una entidad de crédito cuando ésta requiera apoyo financiero público para garantizar su viabilidad y existan elementos objetivos que hagan razonablemente previsible que dicho apoyo será reembolsado o recuperado en los plazos previstos para cada instrumento. Asimismo se podrá prever la reestructuración de una entidad de crédito sin la presencia de los elementos objetivos anteriores cuando la resolución de la entidad produciría efectos gravemente perjudiciales para la estabilidad del sistema financiero en su conjunto, de modo que resulta preferible su reestructuración a efectos de minimizar el uso de recursos públicos. Esta gravedad habrá de ser determinada por el Banco de España en función de criterios tales como el volumen de las actividades, servicios y operaciones que la entidad presta sobre el conjunto del sistema financiero, su interconexión con el resto de entidades o las posibilidades de contagio de sus dificultades al conjunto del sistema financiero en caso de resolución.

En aquellos supuestos en los que una determinada entidad se halle incursa en alguna de las circunstancias anteriormente descritas informará de ello con carácter inmediato al FROB y al Banco de España y, en el plazo de quince días a contar desde la citada notificación, les presentará un plan de reestructuración en el que se concreten las medidas previstas para asegurar la viabilidad a largo plazo de la entidad. Dicho plan deberá detallar, asimismo, el plazo previsto para su ejecución, que no podrá exceder de tres meses, desde su aprobación, salvo autorización expresa del FROB.

En aquellos supuestos en los que una determinada entidad se halle incursa en alguna de las circunstancias anteriormente descritas informará de ello con carácter inmediato al FROB y al Banco de España y, en el plazo de quince días a contar desde la citada notificación, les presentará un plan de reestructuración en el que se concreten las medidas previstas para asegurar la viabilidad a largo plazo de la entidad. Dicho plan deberá detallar, asimismo, el plazo previsto para su ejecución, que no podrá exceder de tres meses, desde su aprobación, salvo autorización expresa del FROB.

La recapitalización de las entidades financieras

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En todo caso, y sin perjuicio de lo anterior, cuando el Banco de España tenga conocimiento de que una entidad se encuentra en alguna de dichas circunstancias requerirá al órgano de administración de la entidad que examine la situación y presente, en el plazo de quince días, el plan de reestructuración. Por su parte el FROB, antes de acordar la elevación del plan de reestructuración al Banco de España para su aprobación, podrá requerir las modificaciones del plan presentado o las medidas adicionales que considere necesarias para garantizar la superación de la situación de deterioro a la que se enfrenta la entidad y asegurar los objetivos y principios señalados en los arts. 3 y 4 de la Ley 9/2012.

En todo caso, y sin perjuicio de lo anterior, cuando el Banco de España tenga conocimiento de que una entidad se encuentra en alguna de dichas circunstancias requerirá al órgano de administración de la entidad que examine la situación y presente, en el plazo de quince días, el plan de reestructuración. Por su parte el FROB, antes de acordar la elevación del plan de reestructuración al Banco de España para su aprobación, podrá requerir las modificaciones del plan presentado o las medidas adicionales que considere necesarias para garantizar la superación de la situación de deterioro a la que se enfrenta la entidad y asegurar los objetivos y principios señalados en los arts. 3 y 4 de la Ley 9/2012.

El plan de reestructuración será sometido a la aprobación del Banco de España, que lo valorará en el marco de sus competencias como autoridad responsable de la supervisión de la solvencia, actuación y cumplimiento de la normativa específica de las entidades de crédito y de sus competencias en relación con la promoción del buen funcionamiento y estabilidad del sistema financiero y los sistemas de pagos. El plazo para la aprobación del plan de reestructuración será de un mes a contar desde su presentación por la entidad.

El plan de reestructuración será sometido a la aprobación del Banco de España, que lo valorará en el marco de sus competencias como autoridad responsable de la supervisión de la solvencia, actuación y cumplimiento de la normativa específica de las entidades de crédito y de sus competencias en relación con la promoción del buen funcionamiento y estabilidad del sistema financiero y los sistemas de pagos. El plazo para la aprobación del plan de reestructuración será de un mes a contar desde su presentación por la entidad.

Con carácter previo a la aprobación del correspondiente plan de reestructuración, el Banco de España solicitará informe a los órganos competentes de las Comunidades Autónomas en que tengan su domicilio las cajas de ahorro y, en su caso, las cooperativas de crédito involucradas, que deberá ser remitido en el plazo de diez días. La aprobación por el Banco de España del plan de reestructuración determinará que las concretas operaciones mediante las que se instrumente la reestructuración, incluidas las eventuales adquisiciones de participaciones significativas y las modificaciones estatutarias que, en su caso, se produzcan como consecuencia de dichas operaciones, no requieran ninguna autorización administrativa ulterior en el ámbito de la normativa de las entidades de crédito.

Con carácter previo a la aprobación del correspondiente plan de reestructuración, el Banco de España solicitará informe a los órganos competentes de las Comunidades Autónomas en que tengan su domicilio las cajas de ahorro y, en su caso, las cooperativas de crédito involucradas, que deberá ser remitido en el plazo de diez días. La aprobación por el Banco de España del plan de reestructuración determinará que las concretas operaciones mediante las que se instrumente la reestructuración, incluidas las eventuales adquisiciones de participaciones significativas y las modificaciones estatutarias que, en su caso, se produzcan como consecuencia de dichas operaciones, no requieran ninguna autorización administrativa ulterior en el ámbito de la normativa de las entidades de crédito.

Por su parte el FROB elevará al Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas y al Ministro de Economía y Competitividad una memoria económica en la que se detalle el impacto financiero del plan de reestructuración presentado sobre los fondos aportados con cargo a los Presupuestos Generales del Estado. Y, sobre la base de los informes emitidos por la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera y por la Intervención General de la Administración del Estado, el Ministro de Hacienda y Admi-

Por su parte el FROB elevará al Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas y al Ministro de Economía y Competitividad una memoria económica en la que se detalle el impacto financiero del plan de reestructuración presentado sobre los fondos aportados con cargo a los Presupuestos Generales del Estado. Y, sobre la base de los informes emitidos por la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera y por la Intervención General de la Administración del Estado, el Ministro de Hacienda y Admi-

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nistraciones Públicas podrá oponerse, motivadamente, en el plazo de cinco días hábiles desde que le sea elevada dicha memoria.

nistraciones Públicas podrá oponerse, motivadamente, en el plazo de cinco días hábiles desde que le sea elevada dicha memoria.

¿Qué instrumentos de reestructuración se prevén al efecto en el Real Decreto-Ley? De conformidad con lo establecido por el art. 15 de la Ley 9/2012 los citados instrumentos de restructuración se reducen a dos: el apoyo financiero en los términos previstos en el Capítulo V, encargado de regular los instrumentos de apoyo financiero; y la transmisión de activos o pasivos a una sociedad de gestión de activos. El FROB podrá adoptar dichos instrumentos individual o conjuntamente.

¿Qué instrumentos de reestructuración se prevén al efecto en el Real Decreto-Ley? De conformidad con lo establecido por el art. 15 de la Ley 9/2012 los citados instrumentos de restructuración se reducen a dos: el apoyo financiero en los términos previstos en el Capítulo V, encargado de regular los instrumentos de apoyo financiero; y la transmisión de activos o pasivos a una sociedad de gestión de activos. El FROB podrá adoptar dichos instrumentos individual o conjuntamente.

El Plan de reestructuración que se presente ha de incluir, además de los elementos previstos para los planes de actuación, los instrumentos de reestructuración que se vayan a implementar de los señalados con anterioridad. Adicionalmente deberá incluir un análisis de la situación de la entidad conforme al que se justifique, bien su capacidad para que el apoyo financiero público solicitado pueda ser recuperado o reembolsado en el plazo previsto para cada instrumento o bien, en caso contrario, los efectos gravemente perjudiciales para la estabilidad del sistema financiero que generaría su resolución. Asimismo ha de recoger las medidas que hayan de implementarse para minimizar el uso de recursos públicos y, en particular, las acciones de gestión de los instrumentos híbridos de capital y de deuda subordinada que se vayan a realizar para asegurar un adecuado reparto de los costes de reestructuración de la entidad conforme a los objetivos y principios establecidos en los arts. 3 y 4 de la Ley.

El Plan de reestructuración que se presente ha de incluir, además de los elementos previstos para los planes de actuación, los instrumentos de reestructuración que se vayan a implementar de los señalados con anterioridad. Adicionalmente deberá incluir un análisis de la situación de la entidad conforme al que se justifique, bien su capacidad para que el apoyo financiero público solicitado pueda ser recuperado o reembolsado en el plazo previsto para cada instrumento o bien, en caso contrario, los efectos gravemente perjudiciales para la estabilidad del sistema financiero que generaría su resolución. Asimismo ha de recoger las medidas que hayan de implementarse para minimizar el uso de recursos públicos y, en particular, las acciones de gestión de los instrumentos híbridos de capital y de deuda subordinada que se vayan a realizar para asegurar un adecuado reparto de los costes de reestructuración de la entidad conforme a los objetivos y principios establecidos en los arts. 3 y 4 de la Ley.

Paralelamente el plan de reestructuración ha de contener una mención al plazo de reembolso o recuperación del apoyo financiero que, en su caso, se hubiera proporcionado. En todo caso el FROB podrá incluir, a propuesta del Banco de España, cualquier medida de actuación temprana en los planes de reestructuración.

Paralelamente el plan de reestructuración ha de contener una mención al plazo de reembolso o recuperación del apoyo financiero que, en su caso, se hubiera proporcionado. En todo caso el FROB podrá incluir, a propuesta del Banco de España, cualquier medida de actuación temprana en los planes de reestructuración.

Tal y como dispone el art. 17 de la Ley 9/2012, encargado de regular el seguimiento del plan de reestructuración e información al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria, con una periodicidad trimestral la entidad financiera de que se trate deberá remitir al FROB y al Banco de España un informe relativo al grado de cumplimiento de las medidas contempladas en el plan de restructuración y de su situación de liquidez. Con la finalidad de que el FROB pueda ejercer las competencias previstas al efecto el su-

Tal y como dispone el art. 17 de la Ley 9/2012, encargado de regular el seguimiento del plan de reestructuración e información al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria, con una periodicidad trimestral la entidad financiera de que se trate deberá remitir al FROB y al Banco de España un informe relativo al grado de cumplimiento de las medidas contempladas en el plan de restructuración y de su situación de liquidez. Con la finalidad de que el FROB pueda ejercer las competencias previstas al efecto el su-

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pervisor deberá informarle cuando tenga conocimiento o existan elementos objetivos conforme a los que resulte razonablemente previsible que una entidad de crédito no vaya a efectuar el reembolso de los apoyos financieros públicos dentro de los plazos previstos o vaya a incumplir cualquier otra medida de reestructuración. Asimismo el Banco de España deberá informar al FROB sobre la aprobación definitiva del plan de restructuración y la finalización de la situación de reestructuración.

pervisor deberá informarle cuando tenga conocimiento o existan elementos objetivos conforme a los que resulte razonablemente previsible que una entidad de crédito no vaya a efectuar el reembolso de los apoyos financieros públicos dentro de los plazos previstos o vaya a incumplir cualquier otra medida de reestructuración. Asimismo el Banco de España deberá informar al FROB sobre la aprobación definitiva del plan de restructuración y la finalización de la situación de reestructuración.

Tanto el Banco de España como el FROB podrán requerir la adopción de las medidas necesarias para asegurar el cumplimiento del plan de reestructuración y, en todo caso, ejercer las potestades recogidas en el art. 9 de la Ley. Y, en el hipotético caso de que no fuera posible superar la situación de deterioro de la entidad o el apoyo financiero público no fuera reembolsado o recuperado en los términos comprometidos así como si, a juicio del Banco de España, los efectos perjudiciales para la estabilidad del sistema financiero que impidiesen la resolución resultaran ya insuficientes, el Banco de España procederá a la apertura del proceso de resolución de la entidad. De cualquier manera, durante todo el proceso de restructuración el FROB podrá requerir a la entidad toda la información relacionada con la entidad o su grupo o subgrupo consolidable, necesaria para preparar una eventual resolución.

Tanto el Banco de España como el FROB podrán requerir la adopción de las medidas necesarias para asegurar el cumplimiento del plan de reestructuración y, en todo caso, ejercer las potestades recogidas en el art. 9 de la Ley. Y, en el hipotético caso de que no fuera posible superar la situación de deterioro de la entidad o el apoyo financiero público no fuera reembolsado o recuperado en los términos comprometidos así como si, a juicio del Banco de España, los efectos perjudiciales para la estabilidad del sistema financiero que impidiesen la resolución resultaran ya insuficientes, el Banco de España procederá a la apertura del proceso de resolución de la entidad. De cualquier manera, durante todo el proceso de restructuración el FROB podrá requerir a la entidad toda la información relacionada con la entidad o su grupo o subgrupo consolidable, necesaria para preparar una eventual resolución.

El proceso de restructuración finalizará cuando la entidad de crédito deje de encontrarse en las circunstancias descritas en el art. 13, procediendo entonces el Banco de España a declarar finalizado el proceso de reestructuración. Señala la Disp. Transit. Primera de la Ley 9/2012 que toda esta regulación relativa al desarrollo del proceso de reestructuración será de aplicación a aquellos procesos de reestructuración de entidades de crédito que, a la fecha de entrada en vigor del citado texto legal, se estuviesen desarrollando de conformidad con lo previsto en el Capítulo II del Título I del Real Decreto-Ley 9/2009, de 26 de junio, sobre reestructuración bancaria y reforzamiento de los recursos propios de las entidades de crédito (objeto de derogación como ya se ha señalado por el RDLey 24/2012) y que no hubiesen finalizado en dicha fecha170.

El proceso de restructuración finalizará cuando la entidad de crédito deje de encontrarse en las circunstancias descritas en el art. 13, procediendo entonces el Banco de España a declarar finalizado el proceso de reestructuración. Señala la Disp. Transit. Primera de la Ley 9/2012 que toda esta regulación relativa al desarrollo del proceso de reestructuración será de aplicación a aquellos procesos de reestructuración de entidades de crédito que, a la fecha de entrada en vigor del citado texto legal, se estuviesen desarrollando de conformidad con lo previsto en el Capítulo II del Título I del Real Decreto-Ley 9/2009, de 26 de junio, sobre reestructuración bancaria y reforzamiento de los recursos propios de las entidades de crédito (objeto de derogación como ya se ha señalado por el RDLey 24/2012) y que no hubiesen finalizado en dicha fecha170.

A tal efecto se entiende que aquellas entidades que hubieran recibido apoyos financieros del FROB de acuerdo con lo previsto en el Título II del Real Decreto-ley 9/2009 se encuentran en un proceso de reestructuración a efectos de lo previsto en la Ley 9/2012, así como que aquellas otras entidades que estuvieran sometidas a un proceso de reestructuración con intervención del FROB de acuerdo con lo previsto en el art. 7 del Real Decreto-Ley 9/2009 se

A tal efecto se entiende que aquellas entidades que hubieran recibido apoyos financieros del FROB de acuerdo con lo previsto en el Título II del Real Decreto-ley 9/2009 se encuentran en un proceso de reestructuración a efectos de lo previsto en la Ley 9/2012, así como que aquellas otras entidades que estuvieran sometidas a un proceso de reestructuración con intervención del FROB de acuerdo con lo previsto en el art. 7 del Real Decreto-Ley 9/2009 se

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2. C. El desarrollo del proceso de resolución

2. C. El desarrollo del proceso de resolución

El procedimiento de resolución es definido por el art. 2.c) de la Ley 9/2012 en los siguientes términos: “El procedimiento aplicable a una entidad de crédito cuando, de conformidad con lo previsto en el Capítulo IV, esta sea inviable o sea previsible que vaya a serlo en un futuro próximo, y por razones de interés público y estabilidad financiera resulte necesario evitar su liquidación concursal”.

El procedimiento de resolución es definido por el art. 2.c) de la Ley 9/2012 en los siguientes términos: “El procedimiento aplicable a una entidad de crédito cuando, de conformidad con lo previsto en el Capítulo IV, esta sea inviable o sea previsible que vaya a serlo en un futuro próximo, y por razones de interés público y estabilidad financiera resulte necesario evitar su liquidación concursal”.

Este proceso de resolución se ha de aplicar a aquellas entidades que no sean viables, mientras que el proceso de reestructuración, como se ha analizado, debe ser aplicado a aquellas entidades que requieran apoyo financiero público para garantizar su viabilidad pero que cuenten con la capacidad para devolver tal apoyo financiero en los plazos previstos para cada instrumento de apoyo en la nueva normativa. En ambos casos se prevé la elaboración de un plan, ya sea de reestructuración o resolución, que deberá ser aprobado por el Banco de España, así como una regulación específica de los instrumentos de reestructuración o resolución que puedan ser aplicados.

Este proceso de resolución se ha de aplicar a aquellas entidades que no sean viables, mientras que el proceso de reestructuración, como se ha analizado, debe ser aplicado a aquellas entidades que requieran apoyo financiero público para garantizar su viabilidad pero que cuenten con la capacidad para devolver tal apoyo financiero en los plazos previstos para cada instrumento de apoyo en la nueva normativa. En ambos casos se prevé la elaboración de un plan, ya sea de reestructuración o resolución, que deberá ser aprobado por el Banco de España, así como una regulación específica de los instrumentos de reestructuración o resolución que puedan ser aplicados.

Refiriéndose a las condiciones que han de concurrir para que pueda iniciarse el procedimiento de resolución establece el art. 19 de la Ley 9/2012 que, sin perjuicio de lo dispuesto en los arts. 11.4 y 17.3 del citado texto legal, procederá la resolución de una entidad de crédito cuando concurran, simultáneamente, sobre ella las dos circunstancias siguientes: que la entidad en cuestión resulte inviable o sea razonablemente previsible que vaya a serlo en un futuro próximo; y que, por razones de interés público, resulte necesario o conveniente acometer la resolución de la entidad para alcanzar alguno de los objetivos mencionados en el art. 3, por cuanto la disolución y liquidación de la entidad en el marco de un procedimiento concursal no permitiría razonablemente alcanzar dichos objetivos en la misma medida.

Refiriéndose a las condiciones que han de concurrir para que pueda iniciarse el procedimiento de resolución establece el art. 19 de la Ley 9/2012 que, sin perjuicio de lo dispuesto en los arts. 11.4 y 17.3 del citado texto legal, procederá la resolución de una entidad de crédito cuando concurran, simultáneamente, sobre ella las dos circunstancias siguientes: que la entidad en cuestión resulte inviable o sea razonablemente previsible que vaya a serlo en un futuro próximo; y que, por razones de interés público, resulte necesario o conveniente acometer la resolución de la entidad para alcanzar alguno de los objetivos mencionados en el art. 3, por cuanto la disolución y liquidación de la entidad en el marco de un procedimiento concursal no permitiría razonablemente alcanzar dichos objetivos en la misma medida.

encuentran sometidas a un proceso de resolución a efectos de los previsto en la Ley 9/2012. De cualquier manera el Banco de España podrá acordar en cualquier momento la apertura del correspondiente proceso de resolución de una entidad que hubiera recibido apoyos financieros del FROB siempre y cuando se hallase en las circunstancias descritas en el art. 19 de este último texto legal. Y ello sin perjuicio de que los apoyos financieros que el FROB hubiera concedido de acuerdo con lo previsto en el Título II del Real Decreto-Ley 9/2009 continúen rigiéndose por la legislación aplicable en la fecha en que hubieran sido concedidos.

encuentran sometidas a un proceso de resolución a efectos de los previsto en la Ley 9/2012. De cualquier manera el Banco de España podrá acordar en cualquier momento la apertura del correspondiente proceso de resolución de una entidad que hubiera recibido apoyos financieros del FROB siempre y cuando se hallase en las circunstancias descritas en el art. 19 de este último texto legal. Y ello sin perjuicio de que los apoyos financieros que el FROB hubiera concedido de acuerdo con lo previsto en el Título II del Real Decreto-Ley 9/2009 continúen rigiéndose por la legislación aplicable en la fecha en que hubieran sido concedidos.

La recapitalización de las entidades financieras

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Igualmente procederá la resolución de una entidad de crédito cuando, además de la circunstancia anteriormente indicada, concurra alguna otra de las siguientes: que, en el plazo establecido por el art. 14.2 de la Ley 9/2012, la entidad en cuestión no presente el plan de reestructuración exigido o haya manifestado al Banco de España la imposibilidad de encontrar una solución viable para su situación; que el plan presentado no fuera adecuado, a juicio del Banco de España, en los términos previstos en el citado art. 14 o no se aceptasen por la entidad las modificaciones o medidas adicionales requeridas; y que se incumpla por la entidad el plazo de ejecución o cualquiera de las medidas concretas contempladas en el plan de reestructuración, de modo que se ponga en peligro la consecución de los objetivos de la reestructuración.

Igualmente procederá la resolución de una entidad de crédito cuando, además de la circunstancia anteriormente indicada, concurra alguna otra de las siguientes: que, en el plazo establecido por el art. 14.2 de la Ley 9/2012, la entidad en cuestión no presente el plan de reestructuración exigido o haya manifestado al Banco de España la imposibilidad de encontrar una solución viable para su situación; que el plan presentado no fuera adecuado, a juicio del Banco de España, en los términos previstos en el citado art. 14 o no se aceptasen por la entidad las modificaciones o medidas adicionales requeridas; y que se incumpla por la entidad el plazo de ejecución o cualquiera de las medidas concretas contempladas en el plan de reestructuración, de modo que se ponga en peligro la consecución de los objetivos de la reestructuración.

¿Qué ha de entenderse a este respecto por “entidad inviable”? De acuerdo con lo establecido por el art. 20 de la Ley 9/2012 se entiende que una entidad de crédito es inviable si la misma se halla en alguna de las siguientes circunstancias: la entidad incumple de manera significativa o es razonablemente previsible que incumpla de manera significativa en un futuro próximo los requerimientos de solvencia; los pasivos exigibles de la entidad son superiores a sus activos o es razonablemente previsible que lo sean en un futuro próximo; o si la entidad no puede o es razonablemente previsible que en futuro próximo no pueda cumplir puntualmente sus obligaciones exigibles.

¿Qué ha de entenderse a este respecto por “entidad inviable”? De acuerdo con lo establecido por el art. 20 de la Ley 9/2012 se entiende que una entidad de crédito es inviable si la misma se halla en alguna de las siguientes circunstancias: la entidad incumple de manera significativa o es razonablemente previsible que incumpla de manera significativa en un futuro próximo los requerimientos de solvencia; los pasivos exigibles de la entidad son superiores a sus activos o es razonablemente previsible que lo sean en un futuro próximo; o si la entidad no puede o es razonablemente previsible que en futuro próximo no pueda cumplir puntualmente sus obligaciones exigibles.

A tal efecto se estima además que no es razonablemente previsible que la entidad pueda reconducir la situación en un plazo de tiempo razonable por sus propios medios, acudiendo a los mercados o mediante los apoyos financieros a los que se refiere el Capítulo V de la Ley. Y, de cara a considerar que una entidad de crédito es inviable o es razonablemente previsible que vaya a serlo en un futuro próximo, habrá de tenerse en cuenta igualmente la situación financiera del grupo del que, en su caso, forme parte.

A tal efecto se estima además que no es razonablemente previsible que la entidad pueda reconducir la situación en un plazo de tiempo razonable por sus propios medios, acudiendo a los mercados o mediante los apoyos financieros a los que se refiere el Capítulo V de la Ley. Y, de cara a considerar que una entidad de crédito es inviable o es razonablemente previsible que vaya a serlo en un futuro próximo, habrá de tenerse en cuenta igualmente la situación financiera del grupo del que, en su caso, forme parte.

¿Qué características presenta el procedimiento de resolución? Se refiere en primer término el art. 21 del citado texto normativo a la apertura del citado procedimiento en los siguientes términos: “Cuando una entidad resulte inviable conforme a lo previsto en el artículo anterior y no resulte procedente la reestructuración, el Banco de España, de oficio o a propuesta del FROB, acordará la apertura inmediata del proceso de resolución, dando cuenta motivada de su decisión al Ministro de Economía y Competitividad

¿Qué características presenta el procedimiento de resolución? Se refiere en primer término el art. 21 del citado texto normativo a la apertura del citado procedimiento en los siguientes términos: “Cuando una entidad resulte inviable conforme a lo previsto en el artículo anterior y no resulte procedente la reestructuración, el Banco de España, de oficio o a propuesta del FROB, acordará la apertura inmediata del proceso de resolución, dando cuenta motivada de su decisión al Ministro de Economía y Competitividad

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y al FROB. Asimismo, el Banco de España informará sin demora de la decisión adoptada a la entidad y, en su caso, a la autoridad de la Unión Europea responsable de la supervisión del grupo eventualmente afectado y a la Autoridad Bancaria Europea”.

y al FROB. Asimismo, el Banco de España informará sin demora de la decisión adoptada a la entidad y, en su caso, a la autoridad de la Unión Europea responsable de la supervisión del grupo eventualmente afectado y a la Autoridad Bancaria Europea”.

Una vez producida la apertura del proceso de resolución, y siempre y cuando el FROB no posea una participación que le otorgue el control del órgano de administración de la entidad, el Banco de España acordará la sustitución del órgano de administración de la entidad al amparo de lo establecido en la Ley 26/1988, de 29 de julio, sobre Disciplina e Intervención de las Entidades de Crédito, designando como administrador de la entidad al FROB que, a su vez, nombrará a la persona o personas físicas o jurídicas que, en su nombre, ejercerán las funciones y facultades propias de esa condición. Dicha medida se mantendrá vigente hasta que se complete el proceso de resolución.

Una vez producida la apertura del proceso de resolución, y siempre y cuando el FROB no posea una participación que le otorgue el control del órgano de administración de la entidad, el Banco de España acordará la sustitución del órgano de administración de la entidad al amparo de lo establecido en la Ley 26/1988, de 29 de julio, sobre Disciplina e Intervención de las Entidades de Crédito, designando como administrador de la entidad al FROB que, a su vez, nombrará a la persona o personas físicas o jurídicas que, en su nombre, ejercerán las funciones y facultades propias de esa condición. Dicha medida se mantendrá vigente hasta que se complete el proceso de resolución.

En su condición de administrador de la entidad el principal objetivo del FROB se concreta en promover las soluciones y adoptar las medidas necesarias para velar por los intereses de la entidad y resolver la situación en que se encuentra, de conformidad con los objetivos y principios previstos en los arts. 3 y 4.

En su condición de administrador de la entidad el principal objetivo del FROB se concreta en promover las soluciones y adoptar las medidas necesarias para velar por los intereses de la entidad y resolver la situación en que se encuentra, de conformidad con los objetivos y principios previstos en los arts. 3 y 4.

Por lo que respecta al plan de resolución que debe ser presentado, en el plazo de dos meses a contar desde su designación como administrador o bien, en el caso de que posea una participación que le otorgue el control del órgano de administración de la entidad, desde que se le comunique la apertura del proceso de resolución, el FROB elaborará un plan de resolución para la entidad o, en su caso, determinará la procedencia de la apertura de un procedimiento concursal, procediendo a comunicar dicha apertura con carácter inmediato al Banco de España, al Ministro de Economía y Competitividad y al Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito. A petición razonada del FROB, el Banco de España podrá ampliar el citado plazo de dos meses hasta un máximo de seis.

Por lo que respecta al plan de resolución que debe ser presentado, en el plazo de dos meses a contar desde su designación como administrador o bien, en el caso de que posea una participación que le otorgue el control del órgano de administración de la entidad, desde que se le comunique la apertura del proceso de resolución, el FROB elaborará un plan de resolución para la entidad o, en su caso, determinará la procedencia de la apertura de un procedimiento concursal, procediendo a comunicar dicha apertura con carácter inmediato al Banco de España, al Ministro de Economía y Competitividad y al Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito. A petición razonada del FROB, el Banco de España podrá ampliar el citado plazo de dos meses hasta un máximo de seis.

El plan de resolución que se apruebe al efecto deberá recoger, al menos, el siguiente contenido: las condiciones sobre las que se sustenta la apertura del proceso de resolución; los instrumentos de resolución ya implementados o que tenga previsto implementar el FROB y las facultades de que pretenda hacer uso a tal efecto, así como los compromisos adoptados para

El plan de resolución que se apruebe al efecto deberá recoger, al menos, el siguiente contenido: las condiciones sobre las que se sustenta la apertura del proceso de resolución; los instrumentos de resolución ya implementados o que tenga previsto implementar el FROB y las facultades de que pretenda hacer uso a tal efecto, así como los compromisos adoptados para

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minimizar el uso de recursos públicos y las eventuales distorsiones a la competencia que pudieran resultar de tales instrumentos y facultades; las medidas de apoyo financiero que habrán de implementarse por el Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito conforme a la normativa correspondiente171; la valoración económica de la entidad o de sus correspondientes activos y pasivos; las acciones de gestión de los instrumentos híbridos de capital y de deuda subordinada que se vayan a realizar; y el plazo máximo de ejecución.

minimizar el uso de recursos públicos y las eventuales distorsiones a la competencia que pudieran resultar de tales instrumentos y facultades; las medidas de apoyo financiero que habrán de implementarse por el Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito conforme a la normativa correspondiente171; la valoración económica de la entidad o de sus correspondientes activos y pasivos; las acciones de gestión de los instrumentos híbridos de capital y de deuda subordinada que se vayan a realizar; y el plazo máximo de ejecución.

El Banco de España, con carácter previo a aprobar el correspondiente plan de resolución, solicitará informe a los órganos competentes de las Comunidades Autónomas en que tengan su domicilio las cajas de ahorro y, en su caso, las cooperativas de crédito afectadas, que deberá ser remitido en el plazo de diez días.

El Banco de España, con carácter previo a aprobar el correspondiente plan de resolución, solicitará informe a los órganos competentes de las Comunidades Autónomas en que tengan su domicilio las cajas de ahorro y, en su caso, las cooperativas de crédito afectadas, que deberá ser remitido en el plazo de diez días.

El plan de resolución que se apruebe ha de quedar sometido a la aprobación del Banco de España, que lo valorará en el marco de sus competencias como autoridad responsable de la supervisión de la solvencia, actuación y cumplimiento de la normativa específica de las entidades de crédito y de sus competencias en relación con la promoción del buen funcionamiento y estabilidad del sistema financiero y los sistemas de pagos. Las modificaciones posteriores del plan de resolución que pueda acordar el FROB, ya sea para la implementación de nuevos instrumentos o para la modificación de los ya incluidos, serán sometidas al mismo procedimiento de aprobación por parte del Banco de España.

El plan de resolución que se apruebe ha de quedar sometido a la aprobación del Banco de España, que lo valorará en el marco de sus competencias como autoridad responsable de la supervisión de la solvencia, actuación y cumplimiento de la normativa específica de las entidades de crédito y de sus competencias en relación con la promoción del buen funcionamiento y estabilidad del sistema financiero y los sistemas de pagos. Las modificaciones posteriores del plan de resolución que pueda acordar el FROB, ya sea para la implementación de nuevos instrumentos o para la modificación de los ya incluidos, serán sometidas al mismo procedimiento de aprobación por parte del Banco de España.

Finalmente, tras la aprobación por el Banco de España del plan de resolución, las concretas operaciones mediante las que se instrumente la resolución, incluidas las eventuales adquisiciones de participaciones significativas y las modificaciones estatutarias que, en su caso, se produzcan como consecuencia de dichas operaciones, no requerirán de ninguna autorización administrativa ulterior en el ámbito de la normativa sobre entidades de crédito.

Finalmente, tras la aprobación por el Banco de España del plan de resolución, las concretas operaciones mediante las que se instrumente la resolución, incluidas las eventuales adquisiciones de participaciones significativas y las modificaciones estatutarias que, en su caso, se produzcan como consecuencia de dichas operaciones, no requerirán de ninguna autorización administrativa ulterior en el ámbito de la normativa sobre entidades de crédito.

El art. 24 de la Ley 9/2012 se encarga de regular las medidas preliminares susceptibles de ser adoptadas por el Banco de España cuando el su-

El art. 24 de la Ley 9/2012 se encarga de regular las medidas preliminares susceptibles de ser adoptadas por el Banco de España cuando el su-

A estos efectos el FROB, conforme al principio de utilización más eficiente de los recursos públicos, podrá otorgar financiación, en condiciones de mercado, al Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito a fin de que este pueda acometer las funciones que tiene atribuidas.

A estos efectos el FROB, conforme al principio de utilización más eficiente de los recursos públicos, podrá otorgar financiación, en condiciones de mercado, al Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito a fin de que este pueda acometer las funciones que tiene atribuidas.

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Juan Calvo Vérgez

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pervisor aprecie la concurrencia de indicios fundados relativos a la posible concurrencia de las condiciones para la resolución, con carácter previo a la eventual apertura de un proceso de resolución y con la finalidad de reducir o eliminar los obstáculos que durante este pudieran presentarse. Dichas medidas se concretan en las siguientes: requerir la suscripción de contratos de prestación de servicios para asegurar la efectividad de los de carácter crítico, ya sea con entidades del grupo o con terceros; requerir la limitación de las exposiciones de la entidad a nivel individual y agregado; imponer requisitos de información específicos o regulares adicionales, incluyendo, entre otros, el mantenimiento de archivos y registros específicos y detallados de las operaciones financieras y acuerdos de compensación contractual a los que se refiere la Sección 2ª del Real Decreto-Ley 5/2005, de 11 de marzo, de reformas urgentes para el impulso a la productividad y para la mejora de la contratación pública; requerir la desinversión de determinados activos o la limitación o cese de determinadas actividades que viniera desarrollando o que proyectara desarrollar en el futuro; restringir o impedir el desarrollo o venta de nuevas líneas de negocio o productos; y requerir cambios en la estructura legal u operativa de la entidad, grupo o subgrupo consolidable, reduciendo su complejidad, con el objetivo de que los servicios críticos puedan ser legal y económicamente separados de otros servicios mediante la adopción de medidas de resolución.

pervisor aprecie la concurrencia de indicios fundados relativos a la posible concurrencia de las condiciones para la resolución, con carácter previo a la eventual apertura de un proceso de resolución y con la finalidad de reducir o eliminar los obstáculos que durante este pudieran presentarse. Dichas medidas se concretan en las siguientes: requerir la suscripción de contratos de prestación de servicios para asegurar la efectividad de los de carácter crítico, ya sea con entidades del grupo o con terceros; requerir la limitación de las exposiciones de la entidad a nivel individual y agregado; imponer requisitos de información específicos o regulares adicionales, incluyendo, entre otros, el mantenimiento de archivos y registros específicos y detallados de las operaciones financieras y acuerdos de compensación contractual a los que se refiere la Sección 2ª del Real Decreto-Ley 5/2005, de 11 de marzo, de reformas urgentes para el impulso a la productividad y para la mejora de la contratación pública; requerir la desinversión de determinados activos o la limitación o cese de determinadas actividades que viniera desarrollando o que proyectara desarrollar en el futuro; restringir o impedir el desarrollo o venta de nuevas líneas de negocio o productos; y requerir cambios en la estructura legal u operativa de la entidad, grupo o subgrupo consolidable, reduciendo su complejidad, con el objetivo de que los servicios críticos puedan ser legal y económicamente separados de otros servicios mediante la adopción de medidas de resolución.

Los instrumentos específicos de resolución previstos al efecto con motivo del desarrollo de este procedimiento son los siguientes: la venta del negocio de la entidad; la transmisión de activos o pasivos a un banco puente; la transmisión de activos o pasivos a una sociedad de gestión de activos (el llamado “banco malo”); y el apoyo financiero a los adquirentes del negocio, al banco puente o a la sociedad de gestión de activos cuando resulte necesario para facilitar la implementación de los instrumentos anteriores y para minimizar el uso de recursos públicos.

Los instrumentos específicos de resolución previstos al efecto con motivo del desarrollo de este procedimiento son los siguientes: la venta del negocio de la entidad; la transmisión de activos o pasivos a un banco puente; la transmisión de activos o pasivos a una sociedad de gestión de activos (el llamado “banco malo”); y el apoyo financiero a los adquirentes del negocio, al banco puente o a la sociedad de gestión de activos cuando resulte necesario para facilitar la implementación de los instrumentos anteriores y para minimizar el uso de recursos públicos.

El FROB podrá adoptar cualquiera de los instrumentos anteriores individual o conjuntamente teniendo presente al respecto que, en el supuesto de que los mismos fuesen aplicados de manera parcial, una vez realizada la transmisión parcial del negocio o de los activos y pasivos, la entidad se disolvería y liquidaría en el marco de un procedimiento concursal.

El FROB podrá adoptar cualquiera de los instrumentos anteriores individual o conjuntamente teniendo presente al respecto que, en el supuesto de que los mismos fuesen aplicados de manera parcial, una vez realizada la transmisión parcial del negocio o de los activos y pasivos, la entidad se disolvería y liquidaría en el marco de un procedimiento concursal.

El primero de estos instrumentos específicos de resolución es el consistente en la venta del negocio de la entidad. Con carácter general el FROB

El primero de estos instrumentos específicos de resolución es el consistente en la venta del negocio de la entidad. Con carácter general el FROB

La recapitalización de las entidades financieras

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La recapitalización de las entidades financieras

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podrá acordar y ejecutar la transmisión a un adquirente que no sea un banco puente de las acciones, cuotas participativas o aportaciones al capital social o, con carácter general, de los instrumentos representativos del capital o equivalente de la entidad o convertibles en ellos, cualesquiera que sean sus titulares. Asimismo el citado Fondo podrá acordar la transmisión de todo o parte de los activos y pasivos de la entidad. Dicha transmisión se ha de realizar en representación y por cuenta de los accionistas de la entidad pero sin necesidad de obtener su consentimiento ni el de terceros diferentes del comprador, y sin tener que cumplir los requisitos de procedimiento exigidos en materia de modificaciones estructurales de las sociedades mercantiles, efectuándose en condiciones de mercado teniendo en cuenta las circunstancias del caso concreto.

podrá acordar y ejecutar la transmisión a un adquirente que no sea un banco puente de las acciones, cuotas participativas o aportaciones al capital social o, con carácter general, de los instrumentos representativos del capital o equivalente de la entidad o convertibles en ellos, cualesquiera que sean sus titulares. Asimismo el citado Fondo podrá acordar la transmisión de todo o parte de los activos y pasivos de la entidad. Dicha transmisión se ha de realizar en representación y por cuenta de los accionistas de la entidad pero sin necesidad de obtener su consentimiento ni el de terceros diferentes del comprador, y sin tener que cumplir los requisitos de procedimiento exigidos en materia de modificaciones estructurales de las sociedades mercantiles, efectuándose en condiciones de mercado teniendo en cuenta las circunstancias del caso concreto.

Al objeto de determinar el importe resultante de la transmisión que deba abonarse a la entidad o a sus accionistas, se deducirán del precio de venta los gastos, administrativos y de cualquier otra naturaleza, incurridos por el FROB, incluyendo el coste de los instrumentos de apoyo financiero que este hubiera podido adoptar de conformidad con lo dispuesto en el art. 28 de la Ley 9/2012, que se reembolsarán previamente al propio FROB con cargo al precio de venta, pudiendo aplicar dicho Fondo este instrumento de resolución en una o varias ocasiones y a favor de uno o varios adquirentes.

Al objeto de determinar el importe resultante de la transmisión que deba abonarse a la entidad o a sus accionistas, se deducirán del precio de venta los gastos, administrativos y de cualquier otra naturaleza, incurridos por el FROB, incluyendo el coste de los instrumentos de apoyo financiero que este hubiera podido adoptar de conformidad con lo dispuesto en el art. 28 de la Ley 9/2012, que se reembolsarán previamente al propio FROB con cargo al precio de venta, pudiendo aplicar dicho Fondo este instrumento de resolución en una o varias ocasiones y a favor de uno o varios adquirentes.

De cara a seleccionar al adquirente o adquirentes, el FROB desarrollará un procedimiento competitivo que será transparente, teniendo en cuenta las circunstancias del caso concreto y la necesidad de salvaguardar la estabilidad del sistema financiero, no favoreciendo o discriminando a ninguno de los potenciales adquirentes, adoptándose las medidas necesarias para evitar situaciones de conflicto de interés y tomando en consideración la necesidad de aplicar el instrumento de resolución lo más rápido posible.

De cara a seleccionar al adquirente o adquirentes, el FROB desarrollará un procedimiento competitivo que será transparente, teniendo en cuenta las circunstancias del caso concreto y la necesidad de salvaguardar la estabilidad del sistema financiero, no favoreciendo o discriminando a ninguno de los potenciales adquirentes, adoptándose las medidas necesarias para evitar situaciones de conflicto de interés y tomando en consideración la necesidad de aplicar el instrumento de resolución lo más rápido posible.

Dicho procedimiento ha de tener entre sus objetivos el de maximizar el precio de venta y minimizar el uso de recursos. Y cuando el desarrollo del citado procedimiento pudiera dificultar la consecución de alguno de los objetivos previstos al efecto así como cuando se justifique adecuadamente que existe una seria amenaza para la estabilidad del sistema financiero como consecuencia de la situación de la entidad o se constate que el desarrollo de dicho procedimiento puede dificultar la efectividad del instrumento de resolución, la selección del adquirente o adquirentes podrá realizarse sin necesidad de cumplir con todos los requisitos de procedimiento, debiendo

Dicho procedimiento ha de tener entre sus objetivos el de maximizar el precio de venta y minimizar el uso de recursos. Y cuando el desarrollo del citado procedimiento pudiera dificultar la consecución de alguno de los objetivos previstos al efecto así como cuando se justifique adecuadamente que existe una seria amenaza para la estabilidad del sistema financiero como consecuencia de la situación de la entidad o se constate que el desarrollo de dicho procedimiento puede dificultar la efectividad del instrumento de resolución, la selección del adquirente o adquirentes podrá realizarse sin necesidad de cumplir con todos los requisitos de procedimiento, debiendo

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Juan Calvo Vérgez

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comunicarse la justificación de este procedimiento singular de selección a la Comisión Europea, a efectos de lo establecido en la normativa en materia de ayudas de Estado y defensa de la competencia.

comunicarse la justificación de este procedimiento singular de selección a la Comisión Europea, a efectos de lo establecido en la normativa en materia de ayudas de Estado y defensa de la competencia.

En resumen, relación con los instrumentos de resolución se prevén actuaciones tales como la venta de negocio de la entidad a un tercero, la transmisión de activos o pasivos a un banco puente o la transmisión de activos o pasivos a una sociedad de gestión de activos. Y, en el caso de que se abra el proceso de resolución, se deberá proceder además a la sustitución del órgano de administración.

En resumen, relación con los instrumentos de resolución se prevén actuaciones tales como la venta de negocio de la entidad a un tercero, la transmisión de activos o pasivos a un banco puente o la transmisión de activos o pasivos a una sociedad de gestión de activos. Y, en el caso de que se abra el proceso de resolución, se deberá proceder además a la sustitución del órgano de administración.

Señala por otra parte el art. 65 de la Ley 9/2012 que la adopción de instrumentos de resolución o el ejercicio de las facultades necesarias para ejecutar dichos instrumentos no constituye por sí mismos un supuesto de incumplimiento ni permitirán por sí mismos a las contrapartes de las correspondientes operaciones y acuerdos declarar su vencimiento o resolución anticipada, o instar su ejecución o la compensación de cualesquiera derechos u obligaciones relacionados con dichas operaciones y acuerdos, salvo si finalmente la operación o acuerdo no fuese transmitido al adquirente o banco puente. Estas operaciones a través de las cuales se instrumenten las medidas de resolución, incluyendo, entre otras, la gestión de instrumentos híbridos de capital y de deuda subordinada, no serán rescindibles al amparo de lo previsto en el art. 71 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal.

Señala por otra parte el art. 65 de la Ley 9/2012 que la adopción de instrumentos de resolución o el ejercicio de las facultades necesarias para ejecutar dichos instrumentos no constituye por sí mismos un supuesto de incumplimiento ni permitirán por sí mismos a las contrapartes de las correspondientes operaciones y acuerdos declarar su vencimiento o resolución anticipada, o instar su ejecución o la compensación de cualesquiera derechos u obligaciones relacionados con dichas operaciones y acuerdos, salvo si finalmente la operación o acuerdo no fuese transmitido al adquirente o banco puente. Estas operaciones a través de las cuales se instrumenten las medidas de resolución, incluyendo, entre otras, la gestión de instrumentos híbridos de capital y de deuda subordinada, no serán rescindibles al amparo de lo previsto en el art. 71 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal.

El FROB deberá realizar las actuaciones necesarias para dar publicidad al conjunto de medidas adoptadas y, en particular, a la aplicación de los instrumentos de resolución y al ejercicio de las facultades correspondientes, con la finalidad de que estas puedan ser conocidas por los accionistas, acreedores o terceros que pudieran verse afectados por las correspondientes medidas. Asimismo el citado Fondo deberá notificar las medidas adoptadas a la entidad, al Ministerio de Economía y Competitividad y al Banco de España, informando además, en su caso, de las medidas adoptadas a la Autoridad Bancaria Europea y a la autoridad de la Unión Europea responsable de la supervisión del grupo eventualmente afectado.

El FROB deberá realizar las actuaciones necesarias para dar publicidad al conjunto de medidas adoptadas y, en particular, a la aplicación de los instrumentos de resolución y al ejercicio de las facultades correspondientes, con la finalidad de que estas puedan ser conocidas por los accionistas, acreedores o terceros que pudieran verse afectados por las correspondientes medidas. Asimismo el citado Fondo deberá notificar las medidas adoptadas a la entidad, al Ministerio de Economía y Competitividad y al Banco de España, informando además, en su caso, de las medidas adoptadas a la Autoridad Bancaria Europea y a la autoridad de la Unión Europea responsable de la supervisión del grupo eventualmente afectado.

Durante la preparación de las medidas de reestructuración y de resolución y, en particular, mientras se lleve a cabo la oportuna valoración así como durante las fases de estudio o negociación de cualquier operación en la que pueda concretarse la aplicación de alguno de los instrumentos

Durante la preparación de las medidas de reestructuración y de resolución y, en particular, mientras se lleve a cabo la oportuna valoración así como durante las fases de estudio o negociación de cualquier operación en la que pueda concretarse la aplicación de alguno de los instrumentos

La recapitalización de las entidades financieras

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de resolución, la entidad de crédito de que se trate quedará eximida de la obligación de hacer pública y difundir cualquier información que pueda tener la consideración de información relevante a efectos de lo dispuesto en el art. 82 de la Ley 24/1988, de 28 de julio.

de resolución, la entidad de crédito de que se trate quedará eximida de la obligación de hacer pública y difundir cualquier información que pueda tener la consideración de información relevante a efectos de lo dispuesto en el art. 82 de la Ley 24/1988, de 28 de julio.

El FROB podrá suspender, con carácter de acto administrativo, cualquier obligación de pago o entrega que se derive de cualquier contrato celebrado por la entidad por un plazo máximo que se inicia con la publicación del ejercicio de esta facultad hasta las cinco de la tarde del día hábil siguiente, excepto si se tratase de depósitos abiertos en la entidad. Asimismo el FROB podrá, con carácter de acto administrativo, impedir o limitar la ejecución de garantías sobre cualquiera de los activos de la entidad por el periodo de tiempo limitado que el citado Fondo considere necesario para alcanzar los objetivos de resolución. E igualmente, con carácter de acto administrativo, el FROB podrá suspender el derecho de las contrapartes a declarar el vencimiento o resolución anticipada o a instar la ejecución o compensación de cualesquiera derechos u obligaciones relacionados con las operaciones financieras y acuerdos de compensación contractual como consecuencia de la adopción de cualquier medida de resolución, reestructuración o actuación temprana, por un plazo máximo que se inicia con la publicación del ejercicio de esta facultad hasta las cinco de la tarde del día hábil siguiente. Tras la finalización de dicho plazo, si los activos o pasivos a los que se refieran las correspondientes operaciones financieras y acuerdos de compensación contractual hubiesen sido transmitidos a un tercero, la contraparte no podrá declarar el vencimiento o resolución anticipada o instar la ejecución o compensación de los derechos u obligaciones relacionados con dichas operaciones y acuerdos si los activos y pasivos han sido transmitidos de conformidad con los instrumentos de resolución172.

El FROB podrá suspender, con carácter de acto administrativo, cualquier obligación de pago o entrega que se derive de cualquier contrato celebrado por la entidad por un plazo máximo que se inicia con la publicación del ejercicio de esta facultad hasta las cinco de la tarde del día hábil siguiente, excepto si se tratase de depósitos abiertos en la entidad. Asimismo el FROB podrá, con carácter de acto administrativo, impedir o limitar la ejecución de garantías sobre cualquiera de los activos de la entidad por el periodo de tiempo limitado que el citado Fondo considere necesario para alcanzar los objetivos de resolución. E igualmente, con carácter de acto administrativo, el FROB podrá suspender el derecho de las contrapartes a declarar el vencimiento o resolución anticipada o a instar la ejecución o compensación de cualesquiera derechos u obligaciones relacionados con las operaciones financieras y acuerdos de compensación contractual como consecuencia de la adopción de cualquier medida de resolución, reestructuración o actuación temprana, por un plazo máximo que se inicia con la publicación del ejercicio de esta facultad hasta las cinco de la tarde del día hábil siguiente. Tras la finalización de dicho plazo, si los activos o pasivos a los que se refieran las correspondientes operaciones financieras y acuerdos de compensación contractual hubiesen sido transmitidos a un tercero, la contraparte no podrá declarar el vencimiento o resolución anticipada o instar la ejecución o compensación de los derechos u obligaciones relacionados con dichas operaciones y acuerdos si los activos y pasivos han sido transmitidos de conformidad con los instrumentos de resolución172.

En definitiva, aquellas entidades que sean inviables o que previsiblemente vayan a serlo en el futuro, y que supongan un peligro para la estabilidad del sistema, serán liquidados en un proceso que gestionará el FROB. Sólo aquellas entidades cuya liquidación represente un peligro para la

En definitiva, aquellas entidades que sean inviables o que previsiblemente vayan a serlo en el futuro, y que supongan un peligro para la estabilidad del sistema, serán liquidados en un proceso que gestionará el FROB. Sólo aquellas entidades cuya liquidación represente un peligro para la

Ahora bien sin perjuicio de lo anterior la contraparte podrá declarar, en los términos y condiciones establecidos en los correspondientes acuerdos de garantía o de compensación contractual, el vencimiento o resolución anticipada de dichos acuerdos o las correspondientes operaciones e instar su ejecución o la compensación de los derechos u obligaciones relacionados con dichas operaciones y acuerdos como consecuencia de un supuesto de incumplimiento anterior o posterior a la transmisión y no vinculado con ésta.

Ahora bien sin perjuicio de lo anterior la contraparte podrá declarar, en los términos y condiciones establecidos en los correspondientes acuerdos de garantía o de compensación contractual, el vencimiento o resolución anticipada de dichos acuerdos o las correspondientes operaciones e instar su ejecución o la compensación de los derechos u obligaciones relacionados con dichas operaciones y acuerdos como consecuencia de un supuesto de incumplimiento anterior o posterior a la transmisión y no vinculado con ésta.

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estabilidad del sistema financiero podrán evitar este proceso. Y, por lo que respecta a aquellas otras entidades que puedan ser viables por sí mismas, en un futuro deberán acometer una intervención temprana que incluya la presentación de un plan de acción con una duración inferior a tres meses. Por su parte los grupos viables pero que necesiten ayuda pública tendrán que reintegrar los recursos recibidos en un plazo de cinco años, ampliable en dos en función de la situación económica.

estabilidad del sistema financiero podrán evitar este proceso. Y, por lo que respecta a aquellas otras entidades que puedan ser viables por sí mismas, en un futuro deberán acometer una intervención temprana que incluya la presentación de un plan de acción con una duración inferior a tres meses. Por su parte los grupos viables pero que necesiten ayuda pública tendrán que reintegrar los recursos recibidos en un plazo de cinco años, ampliable en dos en función de la situación económica.

En todo caso, al margen de la liquidación, dichas entidades débiles podrán ser objeto igualmente de intervención y de reestructuración173. Así, en el hipotético caso de que un banco incumpliese sus requisitos de solvencia pero estuviese en disposición de retornar al equilibrio por sus propios medios, podría optar por la intervención temprana por parte del Banco de España. Y si las debilidades existentes no pudieran ser resueltas con sus propios recursos, se procedería a reestructurar, siendo en dicho caso cuando la entidad requeriría de apoyo financiero público para garantizar su viabilidad si existiesen elementos objetivos que hiciesen previsible que el apoyo sea reembolsado.

En todo caso, al margen de la liquidación, dichas entidades débiles podrán ser objeto igualmente de intervención y de reestructuración173. Así, en el hipotético caso de que un banco incumpliese sus requisitos de solvencia pero estuviese en disposición de retornar al equilibrio por sus propios medios, podría optar por la intervención temprana por parte del Banco de España. Y si las debilidades existentes no pudieran ser resueltas con sus propios recursos, se procedería a reestructurar, siendo en dicho caso cuando la entidad requeriría de apoyo financiero público para garantizar su viabilidad si existiesen elementos objetivos que hiciesen previsible que el apoyo sea reembolsado.

2. D. Recapitulación

2. D. Recapitulación

Cabe aludir pues a la existencia de tres niveles claramente diferenciados. En primer lugar, una intervención temprana con la configuración de un plan de actuación para aquellos supuestos en los que la entidad presenta un problema de solvencia pero susceptible de alcanzar una solución por sus propios medios, requiriéndose a través de dicho plan de actuación su aprobación por el Banco de España con informe favorable del FROB, así como altos niveles de intervención y seguimiento de la evolución de la situación inicialmente desfavorable. Se trata por tanto de una primera etapa en virtud de la cual se adoptan medidas de “atención temprana” para entidades con dificultades leves consistentes en convocatoria de junta, ceses, posibilidad

Cabe aludir pues a la existencia de tres niveles claramente diferenciados. En primer lugar, una intervención temprana con la configuración de un plan de actuación para aquellos supuestos en los que la entidad presenta un problema de solvencia pero susceptible de alcanzar una solución por sus propios medios, requiriéndose a través de dicho plan de actuación su aprobación por el Banco de España con informe favorable del FROB, así como altos niveles de intervención y seguimiento de la evolución de la situación inicialmente desfavorable. Se trata por tanto de una primera etapa en virtud de la cual se adoptan medidas de “atención temprana” para entidades con dificultades leves consistentes en convocatoria de junta, ceses, posibilidad

Debe precisarse no obstante que ya la normativa anteriormente vigente facultaba al Banco de España para acometer el control y la inspección de las entidades de crédito, pudiendo acordarse la intervención o la sustitución de los órganos de gobierno cuando la entidad se encuentre en una situación de excepcional gravedad que ponga en peligro la efectividad de sus recursos propios o su estabilidad, liquidez o solvencia.

Debe precisarse no obstante que ya la normativa anteriormente vigente facultaba al Banco de España para acometer el control y la inspección de las entidades de crédito, pudiendo acordarse la intervención o la sustitución de los órganos de gobierno cuando la entidad se encuentre en una situación de excepcional gravedad que ponga en peligro la efectividad de sus recursos propios o su estabilidad, liquidez o solvencia.

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de inyectar bonos convertibles en acciones y posibilidad de que el Banco de España sustituya la dirección de la entidad por el FROB.

de inyectar bonos convertibles en acciones y posibilidad de que el Banco de España sustituya la dirección de la entidad por el FROB.

En segundo término, situaciones de reestructuración en aquellos supuestos en los que la entidad requiera apoyo financiero público, existiendo elementos objetivos, razonables, que permitan considerar que dicho apoyo podrá ser objeto de reembolso en los plazos previstos. En dicho caso deberá presentarse al Banco de España, para su aprobación previo informe del FROB, un plan de reestructuración. Se trataría pues de un segundo estadio previo a la resolución ordenada, que prevé la venta y disolución del banco en problemas, como medida menos lesiva para la entidad y con carácter preventivo.

En segundo término, situaciones de reestructuración en aquellos supuestos en los que la entidad requiera apoyo financiero público, existiendo elementos objetivos, razonables, que permitan considerar que dicho apoyo podrá ser objeto de reembolso en los plazos previstos. En dicho caso deberá presentarse al Banco de España, para su aprobación previo informe del FROB, un plan de reestructuración. Se trataría pues de un segundo estadio previo a la resolución ordenada, que prevé la venta y disolución del banco en problemas, como medida menos lesiva para la entidad y con carácter preventivo.

Finalmente, y en los casos de entidades inviables o que, con las técnicas de intervención temprana o de reestructuración, no puedan llegar a serlo (o incluso cuando razones de interés público aconsejen la resolución), un proceso de resolución ordenada sobre la base de un plan de resolución. Este último nivel se activaría cuando la entidad financiera no fuese capaz de devolver por sí mismas los fondos recibidos en un plazo razonable. Sus activos se trasladarían entonces a un banco puente, donde se quedarían los activos de mejor calidad, mientras que los activos problemáticos irían a parar a una sociedad de gestión de activos.

Finalmente, y en los casos de entidades inviables o que, con las técnicas de intervención temprana o de reestructuración, no puedan llegar a serlo (o incluso cuando razones de interés público aconsejen la resolución), un proceso de resolución ordenada sobre la base de un plan de resolución. Este último nivel se activaría cuando la entidad financiera no fuese capaz de devolver por sí mismas los fondos recibidos en un plazo razonable. Sus activos se trasladarían entonces a un banco puente, donde se quedarían los activos de mejor calidad, mientras que los activos problemáticos irían a parar a una sociedad de gestión de activos.

2. E. Instrumentos de apoyo financiero susceptibles de ser otorgados a las entidades de crédito

2. E. Instrumentos de apoyo financiero susceptibles de ser otorgados a las entidades de crédito

¿Qué instrumentos de apoyo financiero podrán ser otorgados a las entidades de crédito? Con carácter general cabe aludir a la existencia de instrumentos de recapitalización, ya sea mediante la adquisición de acciones ordinarias o aportaciones al capital social o de instrumentos convertibles en las acciones ordinarias o aportaciones al capital social.

¿Qué instrumentos de apoyo financiero podrán ser otorgados a las entidades de crédito? Con carácter general cabe aludir a la existencia de instrumentos de recapitalización, ya sea mediante la adquisición de acciones ordinarias o aportaciones al capital social o de instrumentos convertibles en las acciones ordinarias o aportaciones al capital social.

A tal efecto se introducen disposiciones sobre el cálculo del valor económico de la entidad y sobre el régimen de la adquisición por el FROB de los instrumentos de recapitalización, teniendo presente el principio de minimización de los recursos públicos en los procesos de reestructuración y resolución de las entidades de crédito.

A tal efecto se introducen disposiciones sobre el cálculo del valor económico de la entidad y sobre el régimen de la adquisición por el FROB de los instrumentos de recapitalización, teniendo presente el principio de minimización de los recursos públicos en los procesos de reestructuración y resolución de las entidades de crédito.

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Juan Calvo Vérgez

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Con carácter general el FROB podrá adoptar instrumentos de apoyo financiero en la medida necesaria para alcanzar los objetivos enumerados en el art. 3, tomando en consideración los principios regulados en el art. 4 de la Ley 9/2012. Con carácter previo a la decisión de adopción de instrumentos de apoyo financiero, el FROB deberá elevar al Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas y al Ministro de Economía y Competitividad una memoria económica en la que se detalle el impacto financiero de dicho apoyo sobre los fondos aportados al FROB con cargo a los Presupuestos Generales del Estado. Y, sobre la base de los informes que emitan al efecto la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera y la Intervención General de la Administración del Estado, el Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas podrá oponerse, motivadamente, a la adopción de dichos instrumentos de apoyo financiero en el plazo de cinco días hábiles desde que le sea elevada dicha memoria.

Con carácter general el FROB podrá adoptar instrumentos de apoyo financiero en la medida necesaria para alcanzar los objetivos enumerados en el art. 3, tomando en consideración los principios regulados en el art. 4 de la Ley 9/2012. Con carácter previo a la decisión de adopción de instrumentos de apoyo financiero, el FROB deberá elevar al Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas y al Ministro de Economía y Competitividad una memoria económica en la que se detalle el impacto financiero de dicho apoyo sobre los fondos aportados al FROB con cargo a los Presupuestos Generales del Estado. Y, sobre la base de los informes que emitan al efecto la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera y la Intervención General de la Administración del Estado, el Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas podrá oponerse, motivadamente, a la adopción de dichos instrumentos de apoyo financiero en el plazo de cinco días hábiles desde que le sea elevada dicha memoria.

Varias son las acciones en las que podrá concretarse el apoyo financiero del FROB: otorgamiento de garantías; concesión de préstamos o créditos; adquisición de activos o pasivos, pudiendo mantener su gestión o encomendarla a un tercero; y recapitalización en los términos previstos en el art. 29. En función de si se trata de procesos de restructuración o de resolución, las medidas de apoyo financiero antes mencionadas podrán adoptarse en relación con la entidad, las entidades de su grupo, el adquirente al que hace referencia el art. 26 del Real Decreto-Ley, un banco puente o una sociedad de gestión de activos.

Varias son las acciones en las que podrá concretarse el apoyo financiero del FROB: otorgamiento de garantías; concesión de préstamos o créditos; adquisición de activos o pasivos, pudiendo mantener su gestión o encomendarla a un tercero; y recapitalización en los términos previstos en el art. 29. En función de si se trata de procesos de restructuración o de resolución, las medidas de apoyo financiero antes mencionadas podrán adoptarse en relación con la entidad, las entidades de su grupo, el adquirente al que hace referencia el art. 26 del Real Decreto-Ley, un banco puente o una sociedad de gestión de activos.

Una vez que el FROB proceda a enajenar los activos o pasivos que hubiese podido adquirir, la enajenación deberá realizarse a través de procedimientos que aseguren la competencia. Si aquellas entidades que recibiesen apoyo financiero hubieran emitido previamente instrumentos convertibles suscritos por el FROB, dichas entidades deberían proceder, si así lo solicitase el FROB, a su inmediata conversión en acciones ordinarias o aportaciones al capital social en los términos previstos en las correspondientes escrituras públicas de emisión. Y, en caso de que las entidades en cuestión fuesen cajas de ahorro, éstas habrían de adoptar necesariamente el régimen previsto en la Disposición Adicional Quinta del Real DecretoLey 2/2011, de 18 de febrero, para el reforzamiento del sistema financiero, en materia de acuerdos relativos a su participación en el banco a través del cual desarrollen, en su caso, su actividad como entidad de crédito.

Una vez que el FROB proceda a enajenar los activos o pasivos que hubiese podido adquirir, la enajenación deberá realizarse a través de procedimientos que aseguren la competencia. Si aquellas entidades que recibiesen apoyo financiero hubieran emitido previamente instrumentos convertibles suscritos por el FROB, dichas entidades deberían proceder, si así lo solicitase el FROB, a su inmediata conversión en acciones ordinarias o aportaciones al capital social en los términos previstos en las correspondientes escrituras públicas de emisión. Y, en caso de que las entidades en cuestión fuesen cajas de ahorro, éstas habrían de adoptar necesariamente el régimen previsto en la Disposición Adicional Quinta del Real DecretoLey 2/2011, de 18 de febrero, para el reforzamiento del sistema financiero, en materia de acuerdos relativos a su participación en el banco a través del cual desarrollen, en su caso, su actividad como entidad de crédito.

La recapitalización de las entidades financieras

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De cualquier manera la utilización por parte del FROB de instrumentos de apoyo financiero no reducirá las pérdidas derivadas de la reestructuración o la resolución que corresponde soportar a los accionistas, cuotapartícipes o socios y acreedores subordinados. Y el otorgamiento de garantías por parte del FROB queda sujeto a los límites que al efecto se establezcan en las correspondientes leyes anuales de Presupuestos Generales del Estado.

De cualquier manera la utilización por parte del FROB de instrumentos de apoyo financiero no reducirá las pérdidas derivadas de la reestructuración o la resolución que corresponde soportar a los accionistas, cuotapartícipes o socios y acreedores subordinados. Y el otorgamiento de garantías por parte del FROB queda sujeto a los límites que al efecto se establezcan en las correspondientes leyes anuales de Presupuestos Generales del Estado.

Por lo que respecta a los instrumentos de recapitalización susceptibles de ser suscritos por el FROB, los mismos se concretan en los siguientes: acciones ordinarias o aportaciones al capital social e instrumentos convertibles en los instrumentos anteriormente citados. Dicha suscripción o adquisición se realizará de conformidad con los principios y criterios que el FROB pueda establecer al efecto, previo informe del Banco de España.

Por lo que respecta a los instrumentos de recapitalización susceptibles de ser suscritos por el FROB, los mismos se concretan en los siguientes: acciones ordinarias o aportaciones al capital social e instrumentos convertibles en los instrumentos anteriormente citados. Dicha suscripción o adquisición se realizará de conformidad con los principios y criterios que el FROB pueda establecer al efecto, previo informe del Banco de España.

Aquellos instrumentos que se suscriban serán computables en todo caso como recursos propios básicos y como capital principal, sin perjuicio de su especial tratamiento en relación con las acciones de gestión de instrumentos híbridos de capital y deuda subordinada, no siéndoles de aplicación las limitaciones legalmente establecidas para la computabilidad de los recursos propios y del capital principal y no resultando obligatorio además que coticen en un mercado secundario organizado.

Aquellos instrumentos que se suscriban serán computables en todo caso como recursos propios básicos y como capital principal, sin perjuicio de su especial tratamiento en relación con las acciones de gestión de instrumentos híbridos de capital y deuda subordinada, no siéndoles de aplicación las limitaciones legalmente establecidas para la computabilidad de los recursos propios y del capital principal y no resultando obligatorio además que coticen en un mercado secundario organizado.

El FROB podrá anticipar en forma de préstamo el precio de suscripción o adquisición de dichos instrumentos a los que se refiere el apartado 3 de la Disposición Adicional Quinta del Real Decreto-ley 21/2012, de 13 de julio, de medidas de liquidez de las Administraciones públicas y en el ámbito financiero.

El FROB podrá anticipar en forma de préstamo el precio de suscripción o adquisición de dichos instrumentos a los que se refiere el apartado 3 de la Disposición Adicional Quinta del Real Decreto-ley 21/2012, de 13 de julio, de medidas de liquidez de las Administraciones públicas y en el ámbito financiero.

El precio de suscripción, adquisición o conversión de los instrumentos de recapitalización habrá de fijarse aplicando al valor económico de la entidad el descuento que resulte aplicable de acuerdo con la normativa de la Unión Europea en materia de competencia y ayudas de Estado. Dicho precio de suscripción, adquisición o conversión se realizará previo informe de la IGAE relativo al cumplimiento de las reglas de procedimiento aplicables para su determinación.

El precio de suscripción, adquisición o conversión de los instrumentos de recapitalización habrá de fijarse aplicando al valor económico de la entidad el descuento que resulte aplicable de acuerdo con la normativa de la Unión Europea en materia de competencia y ayudas de Estado. Dicho precio de suscripción, adquisición o conversión se realizará previo informe de la IGAE relativo al cumplimiento de las reglas de procedimiento aplicables para su determinación.

Por su parte el pago del precio de suscripción o adquisición de los instrumentos podrá realizarse en efectivo o mediante la entrega de valores representativos de deuda pública, de valores emitidos por la Facilidad Europea de Estabilización Financiera o por el Mecanismo Europeo de Estabilidad,

Por su parte el pago del precio de suscripción o adquisición de los instrumentos podrá realizarse en efectivo o mediante la entrega de valores representativos de deuda pública, de valores emitidos por la Facilidad Europea de Estabilización Financiera o por el Mecanismo Europeo de Estabilidad,

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Juan Calvo Vérgez

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o de valores emitidos por el propio FROB, que también podrá satisfacer dicho precio mediante compensación de los créditos que ostente frente a las correspondientes entidades.

o de valores emitidos por el propio FROB, que también podrá satisfacer dicho precio mediante compensación de los créditos que ostente frente a las correspondientes entidades.

En el caso específico de las cajas de ahorro, con la finalidad de que éstas resulten beneficiarias de la actuación del FROB deberán traspasar previamente su actividad financiera a un banco con arreglo a lo dispuesto en los arts. 5 o 6 del Real Decreto-Ley 11/2010, de 9 de julio, de órganos de gobierno y otros aspectos del régimen jurídico de dichas cajas en el plazo máximo de tres meses desde la fecha en la que se les notifique la aprobación del plan de reestructuración. Y si la entidad solicitante de la actuación del FROB lo fuera un banco participado conjuntamente por cajas de ahorro conforme a lo dispuesto en el artículo octavo.3 de la Ley 13/1985, de 25 de mayo, de Coeficientes de Inversión, Recursos Propios y Obligaciones de Información de los Intermediarios Financieros, aquellas deberán traspasar toda su actividad financiera al banco y ejercer su actividad con arreglo a lo dispuesto en los arts. 5 o 6 del Real Decreto-Ley 11/2010, de 9 de julio, en el plazo máximo de tres meses desde la fecha en la que se les notifique la aprobación del plan de reestructuración.

En el caso específico de las cajas de ahorro, con la finalidad de que éstas resulten beneficiarias de la actuación del FROB deberán traspasar previamente su actividad financiera a un banco con arreglo a lo dispuesto en los arts. 5 o 6 del Real Decreto-Ley 11/2010, de 9 de julio, de órganos de gobierno y otros aspectos del régimen jurídico de dichas cajas en el plazo máximo de tres meses desde la fecha en la que se les notifique la aprobación del plan de reestructuración. Y si la entidad solicitante de la actuación del FROB lo fuera un banco participado conjuntamente por cajas de ahorro conforme a lo dispuesto en el artículo octavo.3 de la Ley 13/1985, de 25 de mayo, de Coeficientes de Inversión, Recursos Propios y Obligaciones de Información de los Intermediarios Financieros, aquellas deberán traspasar toda su actividad financiera al banco y ejercer su actividad con arreglo a lo dispuesto en los arts. 5 o 6 del Real Decreto-Ley 11/2010, de 9 de julio, en el plazo máximo de tres meses desde la fecha en la que se les notifique la aprobación del plan de reestructuración.

Analicemos a continuación el instrumento consistente en acciones ordinarias o aportaciones al capital social. Tal y como establece el art. 31.1 de la Ley 9/2012, con anterioridad a la adquisición por el FROB de acciones ordinarias o la realización de aportaciones al capital social, la entidad de crédito de que se trate deberá adoptar las medidas necesarias para que dicha adquisición o aportación suponga una participación en su capital social que se ajuste al valor económico de la entidad resultante del proceso de valoración. No obstante el régimen jurídico del FROB no se extenderá a aquellas entidades de crédito por él participadas, las cuales habrán de regirse por el ordenamiento jurídico privado que resulte de aplicación.

Analicemos a continuación el instrumento consistente en acciones ordinarias o aportaciones al capital social. Tal y como establece el art. 31.1 de la Ley 9/2012, con anterioridad a la adquisición por el FROB de acciones ordinarias o la realización de aportaciones al capital social, la entidad de crédito de que se trate deberá adoptar las medidas necesarias para que dicha adquisición o aportación suponga una participación en su capital social que se ajuste al valor económico de la entidad resultante del proceso de valoración. No obstante el régimen jurídico del FROB no se extenderá a aquellas entidades de crédito por él participadas, las cuales habrán de regirse por el ordenamiento jurídico privado que resulte de aplicación.

La suscripción o adquisición de estos instrumentos determinará, en todo caso, por sí misma y sin necesidad de ningún otro acto o acuerdo, salvo la notificación correspondiente al Registro Mercantil de los votos que le corresponden, la atribución al FROB de los derechos políticos correspondientes y su incorporación al órgano de administración de la entidad emisora. El citado Fondo asumirá entonces la labor de nombrar a la persona o personas físicas que ostenten su representación a tal efecto, disponiendo en el órgano de administración de tantos votos como los que resulten de

La suscripción o adquisición de estos instrumentos determinará, en todo caso, por sí misma y sin necesidad de ningún otro acto o acuerdo, salvo la notificación correspondiente al Registro Mercantil de los votos que le corresponden, la atribución al FROB de los derechos políticos correspondientes y su incorporación al órgano de administración de la entidad emisora. El citado Fondo asumirá entonces la labor de nombrar a la persona o personas físicas que ostenten su representación a tal efecto, disponiendo en el órgano de administración de tantos votos como los que resulten de

La recapitalización de las entidades financieras

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aplicar al número total de votos su porcentaje de participación en la entidad, redondeado al entero más cercano, no teniéndose en cuenta la participación del FROB en el capital social de una entidad.

aplicar al número total de votos su porcentaje de participación en la entidad, redondeado al entero más cercano, no teniéndose en cuenta la participación del FROB en el capital social de una entidad.

Por otra parte, con la finalidad de asegurar una mayor eficiencia en el uso de los recursos públicos y cumpliendo al efecto con la normativa española y de la Unión Europea en materia de competencia y ayudas de Estado, la desinversión por el FROB de estos instrumentos financieros de apoyo se realizará mediante su enajenación a través de procedimientos que aseguren la competencia y dentro de un plazo no superior a los cinco años a contar desde la fecha de su suscripción o adquisición. Con carácter adicional el FROB podrá adoptar cualquiera de los instrumentos de apoyo financiero a los que se refiere el art. 28 de la Ley 9/2012 para apoyar el procedimiento competitivo de desinversión, pudiendo concurrir junto con alguno o algunos de los demás socios o accionistas de la entidad a los eventuales procesos de venta de títulos en los mismos términos que estos puedan concertar.

Por otra parte, con la finalidad de asegurar una mayor eficiencia en el uso de los recursos públicos y cumpliendo al efecto con la normativa española y de la Unión Europea en materia de competencia y ayudas de Estado, la desinversión por el FROB de estos instrumentos financieros de apoyo se realizará mediante su enajenación a través de procedimientos que aseguren la competencia y dentro de un plazo no superior a los cinco años a contar desde la fecha de su suscripción o adquisición. Con carácter adicional el FROB podrá adoptar cualquiera de los instrumentos de apoyo financiero a los que se refiere el art. 28 de la Ley 9/2012 para apoyar el procedimiento competitivo de desinversión, pudiendo concurrir junto con alguno o algunos de los demás socios o accionistas de la entidad a los eventuales procesos de venta de títulos en los mismos términos que estos puedan concertar.

En todo caso aquella enajenación que se efectúe deberá tener lugar previo informe de la Intervención General de la Administración del Estado relativo al cumplimiento de las reglas de procedimiento aplicables para su ejecución. Asimismo los procesos de desinversión de participaciones significativas llevados a cabo por entidades de crédito controladas por el FROB de conformidad con los correspondientes planes de reestructuración y resolución a través de participaciones directas o indirectas serán objeto de informe del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas en lo relativo a su adecuación a los principios de publicidad y concurrencia, con independencia de que dichas entidades estén sujetas al Derecho privado, correspondiendo a la Comisión Rectora del FROB la delimitación del concepto de participación significativa.

En todo caso aquella enajenación que se efectúe deberá tener lugar previo informe de la Intervención General de la Administración del Estado relativo al cumplimiento de las reglas de procedimiento aplicables para su ejecución. Asimismo los procesos de desinversión de participaciones significativas llevados a cabo por entidades de crédito controladas por el FROB de conformidad con los correspondientes planes de reestructuración y resolución a través de participaciones directas o indirectas serán objeto de informe del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas en lo relativo a su adecuación a los principios de publicidad y concurrencia, con independencia de que dichas entidades estén sujetas al Derecho privado, correspondiendo a la Comisión Rectora del FROB la delimitación del concepto de participación significativa.

Finalmente cabe aludir a los instrumentos convertibles en acciones ordinarias o aportaciones al capital social, objeto de regulación en el art. 32 de la Ley 9/2012. Con carácter general en el instante de la adopción del acuerdo de emisión de estos instrumentos la entidad emisora deberá aprobar los acuerdos necesarios para la ampliación de capital o la suscripción de aportaciones al capital en la cuantía necesaria, asumiendo además el compromiso de comprar o amortizar los instrumentos suscritos o adquiridos por el FROB tan pronto como esté en condiciones de hacerlo en los términos previstos y, en todo caso, en un plazo no superior a cinco años.

Finalmente cabe aludir a los instrumentos convertibles en acciones ordinarias o aportaciones al capital social, objeto de regulación en el art. 32 de la Ley 9/2012. Con carácter general en el instante de la adopción del acuerdo de emisión de estos instrumentos la entidad emisora deberá aprobar los acuerdos necesarios para la ampliación de capital o la suscripción de aportaciones al capital en la cuantía necesaria, asumiendo además el compromiso de comprar o amortizar los instrumentos suscritos o adquiridos por el FROB tan pronto como esté en condiciones de hacerlo en los términos previstos y, en todo caso, en un plazo no superior a cinco años.

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Juan Calvo Vérgez

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El acuerdo de emisión que se adopte deberá prever la convertibilidad de los títulos por decisión unilateral del FROB si, antes del transcurso del plazo de cinco años, el FROB, previo informe del Banco de España, estimase improbable, a la vista de la situación de la entidad o su grupo, que su recompra o amortización pudiera llevarse a cabo en dicho plazo.

El acuerdo de emisión que se adopte deberá prever la convertibilidad de los títulos por decisión unilateral del FROB si, antes del transcurso del plazo de cinco años, el FROB, previo informe del Banco de España, estimase improbable, a la vista de la situación de la entidad o su grupo, que su recompra o amortización pudiera llevarse a cabo en dicho plazo.

De conformidad con lo establecido por el art. 33 de la Ley 9/2012existe un régimen especial aplicable a la suscripción o adquisición por parte del FROB de los instrumentos de recapitalización. Y es que al citado Fondo, cuando suscriba o adquiera cualquiera de los instrumentos de recapitalización susceptibles de ser adoptados, no le serán de aplicación las limitaciones estatutarias del derecho de asistencia a las juntas o asambleas generales o del derecho a voto, así como tampoco las limitaciones existentes a la adquisición de aportaciones al capital social de cooperativas de crédito ni aquellas que la ley establece a la computabilidad de los recursos propios y del capital principal, o, con carácter general, las limitaciones establecidas en cada momento en relación con los requerimientos de solvencia. Asimismo tampoco asumirá la obligación de presentar oferta pública de adquisición con arreglo a la normativa sobre mercados de valores.

De conformidad con lo establecido por el art. 33 de la Ley 9/2012existe un régimen especial aplicable a la suscripción o adquisición por parte del FROB de los instrumentos de recapitalización. Y es que al citado Fondo, cuando suscriba o adquiera cualquiera de los instrumentos de recapitalización susceptibles de ser adoptados, no le serán de aplicación las limitaciones estatutarias del derecho de asistencia a las juntas o asambleas generales o del derecho a voto, así como tampoco las limitaciones existentes a la adquisición de aportaciones al capital social de cooperativas de crédito ni aquellas que la ley establece a la computabilidad de los recursos propios y del capital principal, o, con carácter general, las limitaciones establecidas en cada momento en relación con los requerimientos de solvencia. Asimismo tampoco asumirá la obligación de presentar oferta pública de adquisición con arreglo a la normativa sobre mercados de valores.

En el hipotético caso de que el FROB suscribiera o adquiriese aportaciones al capital social de una cooperativa de crédito, el quórum de asistencia a la asamblea y las mayorías necesarias para la adopción de acuerdos se calcularán, así como los derechos de voto se atribuirían en proporción al importe de las aportaciones respecto al capital social de la cooperativa. Y, habiéndose acordado la supresión del derecho de suscripción preferente de los accionistas, no sería necesaria la obtención del informe de auditor de cuentas exigido por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital174.

En el hipotético caso de que el FROB suscribiera o adquiriese aportaciones al capital social de una cooperativa de crédito, el quórum de asistencia a la asamblea y las mayorías necesarias para la adopción de acuerdos se calcularán, así como los derechos de voto se atribuirían en proporción al importe de las aportaciones respecto al capital social de la cooperativa. Y, habiéndose acordado la supresión del derecho de suscripción preferente de los accionistas, no sería necesaria la obtención del informe de auditor de cuentas exigido por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital174.

Una vez transcurridos cinco años a contar desde el desembolso o adquisición sin que los títulos hubiesen sido recomprados o amortizados por la entidad el FROB podría solicitar su conversión, debiendo efectuarse el ejercicio de esta facultad, en su caso, en el plazo máximo de seis meses contados a partir de la finalización del quinto año desde que se produjo el

Una vez transcurridos cinco años a contar desde el desembolso o adquisición sin que los títulos hubiesen sido recomprados o amortizados por la entidad el FROB podría solicitar su conversión, debiendo efectuarse el ejercicio de esta facultad, en su caso, en el plazo máximo de seis meses contados a partir de la finalización del quinto año desde que se produjo el

Con carácter adicional, en el supuesto de que se emitiese el instrumento de recapitalización al que se refiere el art. 29.1.b) de la Ley 9/2012 tampoco sería necesario el informe de auditor de cuentas exigido por la Ley de Sociedades de Capital sobre las bases y modalidades de la conversión.

Con carácter adicional, en el supuesto de que se emitiese el instrumento de recapitalización al que se refiere el art. 29.1.b) de la Ley 9/2012 tampoco sería necesario el informe de auditor de cuentas exigido por la Ley de Sociedades de Capital sobre las bases y modalidades de la conversión.

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La recapitalización de las entidades financieras

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desembolso o adquisición. Así lo establece el art. 34.1 de la Ley 9/2012, encargado de regular esta conversión y desinversión de los instrumentos convertibles en acciones ordinarias o aportaciones al capital social. Y si, como consecuencia de la evolución de la situación económico-financiera de la entidad o del desenvolvimiento de las condiciones de los mercados, no pudieran cumplirse los objetivos establecidos en el plan de actuación, de reestructuración o de resolución, podrá extenderse el plazo mencionado en el párrafo anterior hasta dos años más.

desembolso o adquisición. Así lo establece el art. 34.1 de la Ley 9/2012, encargado de regular esta conversión y desinversión de los instrumentos convertibles en acciones ordinarias o aportaciones al capital social. Y si, como consecuencia de la evolución de la situación económico-financiera de la entidad o del desenvolvimiento de las condiciones de los mercados, no pudieran cumplirse los objetivos establecidos en el plan de actuación, de reestructuración o de resolución, podrá extenderse el plazo mencionado en el párrafo anterior hasta dos años más.

Por su parte la entidad de crédito de que se trate y sus accionistas adoptarán los acuerdos y realizarán las actuaciones necesarias para asegurar que la conversión, cumpliendo al efecto con la normativa de la Unión Europea en materia de competencia y ayudas de Estado, en condiciones de mercado y competencia y de acuerdo con el valor económico de la entidad, debiendo a tal efecto instrumentar las operaciones de transmisión de acciones o aportaciones o de reducción de capital, ya sea por compensación de pérdidas, constitución o incremento de reservas o devolución del valor de aportaciones, que resulten oportunas. Dicha conversión se realizará previo informe de la Intervención General de la Administración del Estado, relativo al cumplimiento de las reglas de procedimiento aplicables para su ejecución.

Por su parte la entidad de crédito de que se trate y sus accionistas adoptarán los acuerdos y realizarán las actuaciones necesarias para asegurar que la conversión, cumpliendo al efecto con la normativa de la Unión Europea en materia de competencia y ayudas de Estado, en condiciones de mercado y competencia y de acuerdo con el valor económico de la entidad, debiendo a tal efecto instrumentar las operaciones de transmisión de acciones o aportaciones o de reducción de capital, ya sea por compensación de pérdidas, constitución o incremento de reservas o devolución del valor de aportaciones, que resulten oportunas. Dicha conversión se realizará previo informe de la Intervención General de la Administración del Estado, relativo al cumplimiento de las reglas de procedimiento aplicables para su ejecución.

En caso de incumplimiento por parte de la entidad o de aquellos de sus accionistas que tuviesen la condición de entidad de crédito de la obligación anteriormente referida, el Banco de España podrá acordar, siempre que no se hubiese producido ya, la sustitución de los órganos de administración o dirección de la entidad emisora, y de los de aquellos de sus accionistas que tengan la condición de entidad de crédito, hasta que se complete la operación de conversión, procediendo entonces la designación del FROB como administrador quien, a su vez, habría de designar a aquella persona o personas físicas que, en su nombre y en ejercicio de las funciones y facultades propias de dicha condición, adopten los acuerdos y realicen las actuaciones necesarias para dar efecto a la conversión175.

En caso de incumplimiento por parte de la entidad o de aquellos de sus accionistas que tuviesen la condición de entidad de crédito de la obligación anteriormente referida, el Banco de España podrá acordar, siempre que no se hubiese producido ya, la sustitución de los órganos de administración o dirección de la entidad emisora, y de los de aquellos de sus accionistas que tengan la condición de entidad de crédito, hasta que se complete la operación de conversión, procediendo entonces la designación del FROB como administrador quien, a su vez, habría de designar a aquella persona o personas físicas que, en su nombre y en ejercicio de las funciones y facultades propias de dicha condición, adopten los acuerdos y realicen las actuaciones necesarias para dar efecto a la conversión175.

Dada esta condición del FROB como administrador, dicho Fondo asumirá la facultad de adoptar los acuerdos y de realizar las actuaciones necesarias para completar la conversión, estén o no previstas en los estatutos de la entidad emisora, así como las de aquellos de sus accionistas que tengan la condición de entidad de crédito y de los que también hubiera sido designado administrador.

Dada esta condición del FROB como administrador, dicho Fondo asumirá la facultad de adoptar los acuerdos y de realizar las actuaciones necesarias para completar la conversión, estén o no previstas en los estatutos de la entidad emisora, así como las de aquellos de sus accionistas que tengan la condición de entidad de crédito y de los que también hubiera sido designado administrador.

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Y si finalmente llegara a producirse la conversión de estos instrumentos en acciones ordinarias o aportaciones al capital social de la entidad, resultará de aplicación a los nuevos instrumentos lo dispuesto en los arts. 31 y 33 de la Ley 9/2012, relativos a las acciones ordinarias o aportaciones al capital social y al régimen especial de la suscripción o adquisición por parte del FROB de los instrumentos de recapitalización.

Y si finalmente llegara a producirse la conversión de estos instrumentos en acciones ordinarias o aportaciones al capital social de la entidad, resultará de aplicación a los nuevos instrumentos lo dispuesto en los arts. 31 y 33 de la Ley 9/2012, relativos a las acciones ordinarias o aportaciones al capital social y al régimen especial de la suscripción o adquisición por parte del FROB de los instrumentos de recapitalización.

¿Qué efectos pueden llegar a derivarse de los procesos de actuación temprana, reestructuración y de resolución sobre la continuidad de las actividades de las entidades de crédito? Tal y como se afirma en la Disp. Adic. Quinta de la Ley 9/2012, desde la apertura de los procesos de reestructuración y resolución los jueces no podrán admitir las solicitudes de concurso de la entidad de crédito, resultando dichas actuaciones nulas de pleno derecho.

¿Qué efectos pueden llegar a derivarse de los procesos de actuación temprana, reestructuración y de resolución sobre la continuidad de las actividades de las entidades de crédito? Tal y como se afirma en la Disp. Adic. Quinta de la Ley 9/2012, desde la apertura de los procesos de reestructuración y resolución los jueces no podrán admitir las solicitudes de concurso de la entidad de crédito, resultando dichas actuaciones nulas de pleno derecho.

Una vez solicitado el concurso de una entidad de crédito, el juez de lo mercantil, suspendiendo la tramitación de la solicitud, lo notificará al FROB para que, en el plazo de catorce días, le comunique si va a abrir un proceso de reestructuración o de resolución de la entidad. En el supuesto de fuera a abrirse cualquiera de estos dos procesos, el juez de lo mercantil inadmitiría aquella solicitud.

Una vez solicitado el concurso de una entidad de crédito, el juez de lo mercantil, suspendiendo la tramitación de la solicitud, lo notificará al FROB para que, en el plazo de catorce días, le comunique si va a abrir un proceso de reestructuración o de resolución de la entidad. En el supuesto de fuera a abrirse cualquiera de estos dos procesos, el juez de lo mercantil inadmitiría aquella solicitud.

Destaca especialmente el hecho de que la aplicación de los instrumentos de resolución y las acciones de gestión de instrumentos híbridos de capital y de deuda subordinada por el FROB adquieran la consideración de medidas de saneamiento a los efectos de lo dispuesto en la Ley 6/2005, de 22 de abril, sobre saneamiento y liquidación de las entidades de crédito, y que, en cambio, la implementación por el FROB o por el Banco de España de este conjunto de medidas y facultades no tenga la condición de procedimiento de insolvencia a efectos de lo dispuesto en la Ley 41/1999, de 12 de noviembre, sobre sistemas de pagos y de liquidación de valores, ni suponga por sí misma un supuesto de ejecución a efectos de lo dispuesto en el art. 11 del Real Decreto-ley 5/2005, de 11 de marzo, de reformas urgentes para el impulso a la productividad y para la mejora de la contratación pública.

Destaca especialmente el hecho de que la aplicación de los instrumentos de resolución y las acciones de gestión de instrumentos híbridos de capital y de deuda subordinada por el FROB adquieran la consideración de medidas de saneamiento a los efectos de lo dispuesto en la Ley 6/2005, de 22 de abril, sobre saneamiento y liquidación de las entidades de crédito, y que, en cambio, la implementación por el FROB o por el Banco de España de este conjunto de medidas y facultades no tenga la condición de procedimiento de insolvencia a efectos de lo dispuesto en la Ley 41/1999, de 12 de noviembre, sobre sistemas de pagos y de liquidación de valores, ni suponga por sí misma un supuesto de ejecución a efectos de lo dispuesto en el art. 11 del Real Decreto-ley 5/2005, de 11 de marzo, de reformas urgentes para el impulso a la productividad y para la mejora de la contratación pública.

En todo caso la implementación de cualquier medida o facultad de las anteriores no afectará al funcionamiento de los sistemas españoles de pagos y de compensación y liquidación de valores e instrumentos financieros reconocidos en virtud de la citada Ley 41/1999, incluyendo los regímenes gestionados por las entidades de contrapartida central en los

En todo caso la implementación de cualquier medida o facultad de las anteriores no afectará al funcionamiento de los sistemas españoles de pagos y de compensación y liquidación de valores e instrumentos financieros reconocidos en virtud de la citada Ley 41/1999, incluyendo los regímenes gestionados por las entidades de contrapartida central en los

La recapitalización de las entidades financieras

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La recapitalización de las entidades financieras

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términos establecidos en el art. 44. ter de la Ley 24/1988 ni, en particular, a la irrevocabilidad, firmeza y validez de las órdenes de liquidación o su compensación, ni a los fondos, valores o compromisos a los que se refiere dicha ley, ni a las garantías constituidas a favor de los gestores del sistema o las entidades participantes. Asimismo tampoco afectará al ejercicio del derecho de compensación o a la ejecución de las garantías constituidas a favor del Banco de España, el Banco Central Europeo o cualquier banco central nacional de la Unión Europea.

términos establecidos en el art. 44. ter de la Ley 24/1988 ni, en particular, a la irrevocabilidad, firmeza y validez de las órdenes de liquidación o su compensación, ni a los fondos, valores o compromisos a los que se refiere dicha ley, ni a las garantías constituidas a favor de los gestores del sistema o las entidades participantes. Asimismo tampoco afectará al ejercicio del derecho de compensación o a la ejecución de las garantías constituidas a favor del Banco de España, el Banco Central Europeo o cualquier banco central nacional de la Unión Europea.

2. F.

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La gestión de los llamados instrumentos híbridos

La gestión de los llamados instrumentos híbridos

Con carácter general, tanto los planes de restructuración como los de resolución han de incluir la realización de acciones de gestión de los instrumentos híbridos de capital y de deuda subordinada que tengan emitidos las entidades de crédito a las que corresponden dichos planes, al objeto de asegurar un adecuado reparto de los costes de reestructuración o de resolución de la entidad conforme a la normativa en materia de ayudas de Estado de la Unión Europea y a los objetivos y principios establecidos en los arts. 3 y 4 de la Ley 9/2012, así como para proteger la estabilidad financiera y minimizar el uso de recursos públicos.

Con carácter general, tanto los planes de restructuración como los de resolución han de incluir la realización de acciones de gestión de los instrumentos híbridos de capital y de deuda subordinada que tengan emitidos las entidades de crédito a las que corresponden dichos planes, al objeto de asegurar un adecuado reparto de los costes de reestructuración o de resolución de la entidad conforme a la normativa en materia de ayudas de Estado de la Unión Europea y a los objetivos y principios establecidos en los arts. 3 y 4 de la Ley 9/2012, así como para proteger la estabilidad financiera y minimizar el uso de recursos públicos.

Aquellas acciones que incluyan los planes de reestructuración y de resolución a los efectos anteriormente indicados podrán afectar a las emisiones de instrumentos híbridos tales como participaciones preferentes u obligaciones convertibles, bonos y obligaciones subordinadas o cualquier otra financiación subordinada, con o sin vencimiento, obtenida por la entidad de crédito, ya sea de forma directa o a través de una entidad íntegramente participada, directa o indirectamente, por aquella. Las acciones de gestión de instrumentos híbridos de capital y de deuda subordinada que se lleven a cabo podrán afectar a todas o a parte de las emisiones o financiaciones, si bien deberán tener en cuenta el distinto orden de prelación que puedan tener entre sí las emisiones.

Aquellas acciones que incluyan los planes de reestructuración y de resolución a los efectos anteriormente indicados podrán afectar a las emisiones de instrumentos híbridos tales como participaciones preferentes u obligaciones convertibles, bonos y obligaciones subordinadas o cualquier otra financiación subordinada, con o sin vencimiento, obtenida por la entidad de crédito, ya sea de forma directa o a través de una entidad íntegramente participada, directa o indirectamente, por aquella. Las acciones de gestión de instrumentos híbridos de capital y de deuda subordinada que se lleven a cabo podrán afectar a todas o a parte de las emisiones o financiaciones, si bien deberán tener en cuenta el distinto orden de prelación que puedan tener entre sí las emisiones.

¿Qué clase de acciones de gestión de instrumentos híbridos de capital y de deuda subordinada son susceptibles de ser realizadas? De acuerdo con lo señalado en el art. 40 de la Ley 9/2012, las acciones de gestión de instrumentos híbridos de capital y de deuda subordinada podrán

¿Qué clase de acciones de gestión de instrumentos híbridos de capital y de deuda subordinada son susceptibles de ser realizadas? De acuerdo con lo señalado en el art. 40 de la Ley 9/2012, las acciones de gestión de instrumentos híbridos de capital y de deuda subordinada podrán

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consistir, entre otras medidas, en: ofertas de canje por instrumentos de capital de la entidad de crédito, ya sean acciones, cuotas participativas o aportaciones al capital; ofertas de recompra de los valores, ya sea mediante su abono directo en efectivo o condicionado, conforme a su valor actual, a la suscripción de acciones, cuotas participativas o aportaciones al capital de la entidad o a la reinversión del precio de recompra en algún otro producto bancario; reducción del valor nominal de la deuda; y amortización anticipada a valor distinto del valor nominal.

consistir, entre otras medidas, en: ofertas de canje por instrumentos de capital de la entidad de crédito, ya sean acciones, cuotas participativas o aportaciones al capital; ofertas de recompra de los valores, ya sea mediante su abono directo en efectivo o condicionado, conforme a su valor actual, a la suscripción de acciones, cuotas participativas o aportaciones al capital de la entidad o a la reinversión del precio de recompra en algún otro producto bancario; reducción del valor nominal de la deuda; y amortización anticipada a valor distinto del valor nominal.

Ha de quedar claro que dichas medidas deben ser de aceptación voluntaria por parte de los inversores. A mayor abundamiento, las consistentes en la reducción del valor nominal de la deuda y en la amortización anticipada a valor distinto del valor nominal requerirán el consentimiento previo de los inversores para la modificación de la emisión que corresponda, conforme a lo previsto en los términos y condiciones de cada una. La entidad deberá promover, en su caso, las modificaciones a los términos de la emisión que faciliten las acciones previstas en su plan de reestructuración o de resolución, según corresponda. Con carácter adicional dichas medidas podrán ir acompañadas de otras modificaciones de los términos de las emisiones afectadas y, en particular, de la introducción del carácter discrecional del pago de la remuneración.

Ha de quedar claro que dichas medidas deben ser de aceptación voluntaria por parte de los inversores. A mayor abundamiento, las consistentes en la reducción del valor nominal de la deuda y en la amortización anticipada a valor distinto del valor nominal requerirán el consentimiento previo de los inversores para la modificación de la emisión que corresponda, conforme a lo previsto en los términos y condiciones de cada una. La entidad deberá promover, en su caso, las modificaciones a los términos de la emisión que faciliten las acciones previstas en su plan de reestructuración o de resolución, según corresponda. Con carácter adicional dichas medidas podrán ir acompañadas de otras modificaciones de los términos de las emisiones afectadas y, en particular, de la introducción del carácter discrecional del pago de la remuneración.

Las acciones de gestión de instrumentos híbridos de capital y de deuda subordinada han de tener en cuenta el valor de mercado de los valores de deuda a los que se dirigen, aplicando las primas o descuentos que resulten conformes con la normativa de la Unión Europea de ayudas de Estado. A efectos de poder acreditar este valor de mercado, la entidad solicitará la elaboración de, al menos, un informe por un experto independiente.

Las acciones de gestión de instrumentos híbridos de capital y de deuda subordinada han de tener en cuenta el valor de mercado de los valores de deuda a los que se dirigen, aplicando las primas o descuentos que resulten conformes con la normativa de la Unión Europea de ayudas de Estado. A efectos de poder acreditar este valor de mercado, la entidad solicitará la elaboración de, al menos, un informe por un experto independiente.

Una vez aprobado el plan de reestructuración o de resolución y con suficiente antelación con respecto a su ejecución, las acciones de gestión de instrumentos híbridos de capital y de deuda subordinada deberán anunciarse mediante hecho relevante, siendo publicadas en la página web de la entidad y, en su caso, en el boletín de cotización del mercado en el que los títulos estén admitidos a negociación. En el caso de que la entidad de crédito no esté obligada a la elaboración de un folleto informativo, de conformidad con el art. 30 bis de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores y normativa concordante, esta deberá elaborar y poner a disposición de los inversores afectados un documento informativo que contenga todos los da-

Una vez aprobado el plan de reestructuración o de resolución y con suficiente antelación con respecto a su ejecución, las acciones de gestión de instrumentos híbridos de capital y de deuda subordinada deberán anunciarse mediante hecho relevante, siendo publicadas en la página web de la entidad y, en su caso, en el boletín de cotización del mercado en el que los títulos estén admitidos a negociación. En el caso de que la entidad de crédito no esté obligada a la elaboración de un folleto informativo, de conformidad con el art. 30 bis de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores y normativa concordante, esta deberá elaborar y poner a disposición de los inversores afectados un documento informativo que contenga todos los da-

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tos necesarios para que estos puedan valorar adecuadamente la conveniencia de aceptar la propuesta de la entidad. Y en el supuesto de que la eventual aceptación de la acción de gestión de instrumentos híbridos de capital y de deuda subordinada implicase la contratación o suscripción de nuevos productos bancarios o financieros, la entidad de crédito habría de diseñar un procedimiento de aceptación de la oferta que permita el cumplimiento de la normativa específica en materia de protección de inversores.

tos necesarios para que estos puedan valorar adecuadamente la conveniencia de aceptar la propuesta de la entidad. Y en el supuesto de que la eventual aceptación de la acción de gestión de instrumentos híbridos de capital y de deuda subordinada implicase la contratación o suscripción de nuevos productos bancarios o financieros, la entidad de crédito habría de diseñar un procedimiento de aceptación de la oferta que permita el cumplimiento de la normativa específica en materia de protección de inversores.

¿Qué actuaciones han de ser llevadas a cabo por el FROB a la hora de gestionar estos instrumentos híbridos de capital y de deuda subordinada? Tal y como establece el art. 43 de la Ley 9/2012 el FROB deberá acordar, con carácter de acto administrativo, acciones de gestión de instrumentos híbridos de capital y de deuda subordinada en el caso de aquellas entidades de crédito para las que se haya elaborado un plan de reestructuración o de resolución, incluyéndolas en dicho plan, si estimase que son necesarias para alcanzar alguno de los siguientes objetivos: asegurar un reparto adecuado de los costes de la reestructuración o la resolución de las entidades de crédito, conforme a la normativa en materia de ayudas de Estado de la Unión Europea y tratando de minimizar el uso de los recursos públicos; y preservar o restaurar la posición financiera de las entidades de crédito que reciban apoyo financiero del FROB.

¿Qué actuaciones han de ser llevadas a cabo por el FROB a la hora de gestionar estos instrumentos híbridos de capital y de deuda subordinada? Tal y como establece el art. 43 de la Ley 9/2012 el FROB deberá acordar, con carácter de acto administrativo, acciones de gestión de instrumentos híbridos de capital y de deuda subordinada en el caso de aquellas entidades de crédito para las que se haya elaborado un plan de reestructuración o de resolución, incluyéndolas en dicho plan, si estimase que son necesarias para alcanzar alguno de los siguientes objetivos: asegurar un reparto adecuado de los costes de la reestructuración o la resolución de las entidades de crédito, conforme a la normativa en materia de ayudas de Estado de la Unión Europea y tratando de minimizar el uso de los recursos públicos; y preservar o restaurar la posición financiera de las entidades de crédito que reciban apoyo financiero del FROB.

Estas acciones de gestión de instrumentos híbridos de capital y de deuda subordinada acordadas por el FROB han de ser vinculantes para las entidades de crédito a quienes van dirigidas, así como para sus entidades íntegramente participadas de forma directa o indirecta a través de las cuales se haya realizado la emisión y para los titulares de los instrumentos híbridos de capital y de deuda subordinada. Y, en la medida en que dichas acciones de gestión tengan por objeto asegurar un reparto adecuado de los costes de reestructuración o resolución, quedan excluidos de dichas acciones de gestión los instrumentos híbridos de capital y de deuda subordinada que el propio FROB hubiera suscrito o adquirido, independientemente de si hubiesen sido suscritos con anterioridad a dichas acciones.

Estas acciones de gestión de instrumentos híbridos de capital y de deuda subordinada acordadas por el FROB han de ser vinculantes para las entidades de crédito a quienes van dirigidas, así como para sus entidades íntegramente participadas de forma directa o indirecta a través de las cuales se haya realizado la emisión y para los titulares de los instrumentos híbridos de capital y de deuda subordinada. Y, en la medida en que dichas acciones de gestión tengan por objeto asegurar un reparto adecuado de los costes de reestructuración o resolución, quedan excluidos de dichas acciones de gestión los instrumentos híbridos de capital y de deuda subordinada que el propio FROB hubiera suscrito o adquirido, independientemente de si hubiesen sido suscritos con anterioridad a dichas acciones.

El FROB deberá determinar qué emisiones o partidas de instrumentos híbridos de capital y de deuda subordinada se encuentran dentro del ámbito de aplicación de la acción de gestión, debiendo respetar, en esa determinación, el distinto orden de prelación que puedan tener entre sí las emisiones. Con carácter general no se podrán imputar proporcionalmente más pérdidas

El FROB deberá determinar qué emisiones o partidas de instrumentos híbridos de capital y de deuda subordinada se encuentran dentro del ámbito de aplicación de la acción de gestión, debiendo respetar, en esa determinación, el distinto orden de prelación que puedan tener entre sí las emisiones. Con carácter general no se podrán imputar proporcionalmente más pérdidas

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Juan Calvo Vérgez

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a los titulares de valores que tengan mejor rango que otros, y en cualquier caso, será preciso que los accionistas, cuotapartícipes o socios de la entidad de crédito hayan asumido pérdidas hasta donde fuera posible.

a los titulares de valores que tengan mejor rango que otros, y en cualquier caso, será preciso que los accionistas, cuotapartícipes o socios de la entidad de crédito hayan asumido pérdidas hasta donde fuera posible.

Las acciones de gestión de instrumentos híbridos de capital y de deuda subordinada susceptibles de ser acordadas por el FROB se concretarán en una o varias de las siguientes. En primer lugar, el aplazamiento, la suspensión, la eliminación o modificación de determinados derechos, obligaciones, términos y condiciones de todas o alguna de las emisiones de instrumentos híbridos de capital y de deuda subordinada de la entidad en el sentido establecido por el art. 39.2 de la Ley 9/2012, pudiendo afectar las modificaciones introducidas a aspectos tales como el pago de intereses, el reembolso del principal, los supuestos de incumplimiento, la fecha de vencimiento, los derechos individuales o colectivos de los inversores, el derecho de solicitar la declaración de un incumplimiento y el derecho a exigir cualquier pago relacionado con los valores.

Las acciones de gestión de instrumentos híbridos de capital y de deuda subordinada susceptibles de ser acordadas por el FROB se concretarán en una o varias de las siguientes. En primer lugar, el aplazamiento, la suspensión, la eliminación o modificación de determinados derechos, obligaciones, términos y condiciones de todas o alguna de las emisiones de instrumentos híbridos de capital y de deuda subordinada de la entidad en el sentido establecido por el art. 39.2 de la Ley 9/2012, pudiendo afectar las modificaciones introducidas a aspectos tales como el pago de intereses, el reembolso del principal, los supuestos de incumplimiento, la fecha de vencimiento, los derechos individuales o colectivos de los inversores, el derecho de solicitar la declaración de un incumplimiento y el derecho a exigir cualquier pago relacionado con los valores.

Como segunda gran acción de gestión de instrumentos híbridos de capital y de deuda subordinada susceptible de ser acordada por el FROB se concreta en la obligación de la entidad de recomprar los valores afectados al precio que determine el propio Fondo. En efecto el FROB queda facultado para diseñar el procedimiento de recompra, sin que el precio de recompra total de cada una de las emisiones pueda exceder de su valor de mercado y las primas o descuentos que sean conformes con la normativa de la Unión Europea en materia de ayudas de Estado. En cualquier caso, los inversores recibirán un importe no inferior al que habrían recibido en caso de liquidación de la entidad en el marco de un procedimiento concursal. Asimismo el FROB podrá estipular que el pago del precio de recompra se reinvierta en la suscripción de acciones, cuotas participativas o aportaciones al capital social, según corresponda, o que dicho pago se realice en especie mediante la entrega de acciones o cuotas participativas disponibles en autocartera directa o indirecta de la entidad.

Como segunda gran acción de gestión de instrumentos híbridos de capital y de deuda subordinada susceptible de ser acordada por el FROB se concreta en la obligación de la entidad de recomprar los valores afectados al precio que determine el propio Fondo. En efecto el FROB queda facultado para diseñar el procedimiento de recompra, sin que el precio de recompra total de cada una de las emisiones pueda exceder de su valor de mercado y las primas o descuentos que sean conformes con la normativa de la Unión Europea en materia de ayudas de Estado. En cualquier caso, los inversores recibirán un importe no inferior al que habrían recibido en caso de liquidación de la entidad en el marco de un procedimiento concursal. Asimismo el FROB podrá estipular que el pago del precio de recompra se reinvierta en la suscripción de acciones, cuotas participativas o aportaciones al capital social, según corresponda, o que dicho pago se realice en especie mediante la entrega de acciones o cuotas participativas disponibles en autocartera directa o indirecta de la entidad.

Para finalizar, podrá acordarse cualquier otra actuación que la entidad de crédito afectada podría haber realizado a través de una acción de gestión de instrumentos híbridos de capital y de deuda subordinada.

Para finalizar, podrá acordarse cualquier otra actuación que la entidad de crédito afectada podría haber realizado a través de una acción de gestión de instrumentos híbridos de capital y de deuda subordinada.

En todo caso, a efectos de ejecutar las medidas que correspondan el FROB podrá adoptar los acuerdos sociales y realizar las actuaciones que

En todo caso, a efectos de ejecutar las medidas que correspondan el FROB podrá adoptar los acuerdos sociales y realizar las actuaciones que

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fueran necesarias, al amparo de lo dispuesto en el art. 61 del Real DecretoLey, relativo a las facultades mercantiles del FROB, que posteriormente será analizado.

fueran necesarias, al amparo de lo dispuesto en el art. 61 del Real DecretoLey, relativo a las facultades mercantiles del FROB, que posteriormente será analizado.

¿Y qué criterios de valoración habrán de ser aplicados por el FROB? De conformidad con lo dispuesto por el art. 45, el FROB deberá valorar la idoneidad y el contenido de la acción de gestión que vaya a acordar en función de los siguientes criterios: la proporción que representan los instrumentos híbridos de capital y de deuda subordinada de la entidad con respecto al total de activos de ésta; el importe de las ayudas públicas percibidas o que vaya a percibir la entidad y su forma de instrumentación y, en particular, si la entidad ha recibido o va a recibir apoyo financiero en forma de capital social; la proporción que representan las ayudas públicas percibidas o comprometidas con respecto a los activos ponderados por riesgo de la entidad; la viabilidad de la entidad de crédito sin dichas ayudas; la capacidad actual y futura de la entidad de crédito para captar recursos propios en el mercado; el importe que recibirían los titulares de instrumentos híbridos de la entidad de crédito y de deuda subordinada en caso de disolución y liquidación de esta y a falta de ayudas públicas; el valor de mercado de los instrumentos híbridos de capital y de deuda subordinada a los que vaya a afectar la acción; la efectividad obtenida o que podría obtener una acción de gestión de instrumentos híbridos de capital y de deuda subordinada llevada a cabo por la entidad; y el grado de probabilidad con que los inversores aceptarían voluntariamente las medidas susceptibles de ser adoptadas teniendo en cuenta, además, el perfil mayoritario de las inversiones en cada una de las emisiones a las que vaya a afectar la acción.

¿Y qué criterios de valoración habrán de ser aplicados por el FROB? De conformidad con lo dispuesto por el art. 45, el FROB deberá valorar la idoneidad y el contenido de la acción de gestión que vaya a acordar en función de los siguientes criterios: la proporción que representan los instrumentos híbridos de capital y de deuda subordinada de la entidad con respecto al total de activos de ésta; el importe de las ayudas públicas percibidas o que vaya a percibir la entidad y su forma de instrumentación y, en particular, si la entidad ha recibido o va a recibir apoyo financiero en forma de capital social; la proporción que representan las ayudas públicas percibidas o comprometidas con respecto a los activos ponderados por riesgo de la entidad; la viabilidad de la entidad de crédito sin dichas ayudas; la capacidad actual y futura de la entidad de crédito para captar recursos propios en el mercado; el importe que recibirían los titulares de instrumentos híbridos de la entidad de crédito y de deuda subordinada en caso de disolución y liquidación de esta y a falta de ayudas públicas; el valor de mercado de los instrumentos híbridos de capital y de deuda subordinada a los que vaya a afectar la acción; la efectividad obtenida o que podría obtener una acción de gestión de instrumentos híbridos de capital y de deuda subordinada llevada a cabo por la entidad; y el grado de probabilidad con que los inversores aceptarían voluntariamente las medidas susceptibles de ser adoptadas teniendo en cuenta, además, el perfil mayoritario de las inversiones en cada una de las emisiones a las que vaya a afectar la acción.

En todo caso la acción de gestión de instrumentos híbridos de capital y de deuda subordinada será aprobada por el FROB, que la remitirá, junto a una memoria con las razones que justifican su adopción, al Banco de España, debiendo notificar además con carácter inmediato a la entidad de crédito afectada y al Ministerio de Economía y Competitividad la ejecución de la acción de gestión de instrumentos híbridos de capital y de deuda subordinada acordada. El contenido del acuerdo correspondiente se publicará como hecho relevante, así como en el Boletín Oficial del Estado y en la página web del propio Fondo.

En todo caso la acción de gestión de instrumentos híbridos de capital y de deuda subordinada será aprobada por el FROB, que la remitirá, junto a una memoria con las razones que justifican su adopción, al Banco de España, debiendo notificar además con carácter inmediato a la entidad de crédito afectada y al Ministerio de Economía y Competitividad la ejecución de la acción de gestión de instrumentos híbridos de capital y de deuda subordinada acordada. El contenido del acuerdo correspondiente se publicará como hecho relevante, así como en el Boletín Oficial del Estado y en la página web del propio Fondo.

La entidad de crédito afectada deberá asegurar el conocimiento del contenido de la acción acordada por el FROB por los inversores afectados

La entidad de crédito afectada deberá asegurar el conocimiento del contenido de la acción acordada por el FROB por los inversores afectados

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Juan Calvo Vérgez

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por ella mediante la publicación de la acción en su página web y, en su caso, en la página web de la Comisión Nacional del Mercado de Valores y en el boletín de cotización de los mercados en los que los valores afectados estén admitidos a negociación, surtiendo sus efectos el acuerdo adoptado desde la fecha de su publicación en el BOE.

por ella mediante la publicación de la acción en su página web y, en su caso, en la página web de la Comisión Nacional del Mercado de Valores y en el boletín de cotización de los mercados en los que los valores afectados estén admitidos a negociación, surtiendo sus efectos el acuerdo adoptado desde la fecha de su publicación en el BOE.

¿Cabría la posibilidad de que se produjesen modificaciones de estas acciones de gestión de instrumentos híbridos de capital y de deuda subordinada? Así es. Tal y como se encarga de precisar el art. 48 de la Ley 9/2012, en cualquier momento, en caso de que concurran circunstancias excepcionales, el FROB podrá, conforme al procedimiento anteriormente indicado, modificar una acción de gestión de instrumentos híbridos de capital y de deuda subordinada. A estos efectos se estimará que concurren circunstancias excepcionales si persiste una situación de inestabilidad de la entidad o si existe una amenaza inminente para su estabilidad o para el sistema financiero en su conjunto, y el Banco de España estima que es conveniente modificar los términos de la acción para afrontar mejor dicha situación. Ahora bien aquella modificación que se acuerde deberá ser aprobada de conformidad con el procedimiento previsto en el art. 46 de la Ley, siendo debidamente publicada y produciendo sus efectos desde la fecha de su publicación en el BOE.

¿Cabría la posibilidad de que se produjesen modificaciones de estas acciones de gestión de instrumentos híbridos de capital y de deuda subordinada? Así es. Tal y como se encarga de precisar el art. 48 de la Ley 9/2012, en cualquier momento, en caso de que concurran circunstancias excepcionales, el FROB podrá, conforme al procedimiento anteriormente indicado, modificar una acción de gestión de instrumentos híbridos de capital y de deuda subordinada. A estos efectos se estimará que concurren circunstancias excepcionales si persiste una situación de inestabilidad de la entidad o si existe una amenaza inminente para su estabilidad o para el sistema financiero en su conjunto, y el Banco de España estima que es conveniente modificar los términos de la acción para afrontar mejor dicha situación. Ahora bien aquella modificación que se acuerde deberá ser aprobada de conformidad con el procedimiento previsto en el art. 46 de la Ley, siendo debidamente publicada y produciendo sus efectos desde la fecha de su publicación en el BOE.

¿De qué derechos disponen aquellos inversores que se hallen afectados por una acción de gestión de instrumentos híbridos de capital y de deuda subordinada? Al margen del recurso susceptible de interponerse contra las decisiones y acuerdos del FROB adoptados al efecto los titulares de instrumentos híbridos de capital y de deuda subordinada afectados no podrán iniciar ningún otro procedimiento de reclamación de cantidad con base en un incumplimiento de los términos y condiciones de la emisión correspondiente, si dichos términos han sido afectados por una acción de gestión de instrumentos híbridos de capital y de deuda subordinada acordada por el FROB y la entidad está cumpliendo con su contenido. E, igualmente, al margen del recurso susceptible de interponerse contra las decisiones y actos administrativos dictados en materia de gestión de instrumentos híbridos de capital y de deuda subordinada, los titulares de instrumentos híbridos de capital y de deuda subordinada afectados no podrán reclamar de la entidad ni del FROB ningún tipo de compensación económica por los perjuicios

¿De qué derechos disponen aquellos inversores que se hallen afectados por una acción de gestión de instrumentos híbridos de capital y de deuda subordinada? Al margen del recurso susceptible de interponerse contra las decisiones y acuerdos del FROB adoptados al efecto los titulares de instrumentos híbridos de capital y de deuda subordinada afectados no podrán iniciar ningún otro procedimiento de reclamación de cantidad con base en un incumplimiento de los términos y condiciones de la emisión correspondiente, si dichos términos han sido afectados por una acción de gestión de instrumentos híbridos de capital y de deuda subordinada acordada por el FROB y la entidad está cumpliendo con su contenido. E, igualmente, al margen del recurso susceptible de interponerse contra las decisiones y actos administrativos dictados en materia de gestión de instrumentos híbridos de capital y de deuda subordinada, los titulares de instrumentos híbridos de capital y de deuda subordinada afectados no podrán reclamar de la entidad ni del FROB ningún tipo de compensación económica por los perjuicios

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que les hubiera podido causar la ejecución de una acción de gestión de instrumentos híbridos de capital y de deuda subordinada.

que les hubiera podido causar la ejecución de una acción de gestión de instrumentos híbridos de capital y de deuda subordinada.

Por otra parte aquellas acciones de gestión de instrumentos híbridos de capital y de deuda subordinada que sean acordadas por el FROB, así como las actuaciones de la entidad de crédito dirigidas al cumplimiento de las mismas, no podrán ser consideradas como una causa incumplimiento o vencimiento anticipado de las obligaciones que mantenga la entidad de crédito con terceros distintos de los referidos inversores que se hallen afectados por una acción de gestión de instrumentos híbridos de capital y de deuda subordinada. En consecuencia las acciones de gestión de instrumentos híbridos de capital y de deuda subordinada no modificarán, suspenderán ni extinguirán las relaciones de la entidad de crédito con terceros, no otorgando además nuevos derechos ni imponiendo nuevas obligaciones a la entidad de crédito frente a aquellos. Dichas acciones de gestión de instrumentos híbridos acordadas por el FROB, así como las actuaciones de la entidad de crédito dirigidas al cumplimiento y ejecución de las mismas, no podrán alegarse por terceros como un supuesto de alteración del rango del orden del pago de la deuda de la entidad a efectos de su invocación para el ejercicio por los mismos de acciones procesales. De este modo las acciones de gestión de instrumentos híbridos no modificarán, suspenderán ni extinguirán las relaciones de la entidad de crédito con terceros, así como tampoco otorgarán nuevos derechos ni impondrán nuevas obligaciones a la entidad de crédito frente a aquellos.

Por otra parte aquellas acciones de gestión de instrumentos híbridos de capital y de deuda subordinada que sean acordadas por el FROB, así como las actuaciones de la entidad de crédito dirigidas al cumplimiento de las mismas, no podrán ser consideradas como una causa incumplimiento o vencimiento anticipado de las obligaciones que mantenga la entidad de crédito con terceros distintos de los referidos inversores que se hallen afectados por una acción de gestión de instrumentos híbridos de capital y de deuda subordinada. En consecuencia las acciones de gestión de instrumentos híbridos de capital y de deuda subordinada no modificarán, suspenderán ni extinguirán las relaciones de la entidad de crédito con terceros, no otorgando además nuevos derechos ni imponiendo nuevas obligaciones a la entidad de crédito frente a aquellos. Dichas acciones de gestión de instrumentos híbridos acordadas por el FROB, así como las actuaciones de la entidad de crédito dirigidas al cumplimiento y ejecución de las mismas, no podrán alegarse por terceros como un supuesto de alteración del rango del orden del pago de la deuda de la entidad a efectos de su invocación para el ejercicio por los mismos de acciones procesales. De este modo las acciones de gestión de instrumentos híbridos no modificarán, suspenderán ni extinguirán las relaciones de la entidad de crédito con terceros, así como tampoco otorgarán nuevos derechos ni impondrán nuevas obligaciones a la entidad de crédito frente a aquellos.

A efectos de lo establecido en la Ley 26/1988 pasa a considerarse como infracción muy grave el incumplimiento o la obstaculización de la ejecución de una acción de gestión de instrumentos híbridos de capital y de deuda subordinada acordada por el FROB, así como la revelación o difusión por cualquier medio de los términos y condiciones de una propuesta de acción de gestión de instrumentos híbridos de capital y de deuda subordinada antes de que sea efectivamente acordada por dicho Fondo. Aquella entidad de crédito que se viese afectada por la acción responderá de las actuaciones de cualquiera de sus entidades íntegramente participadas que sean emisoras de los valores incluidos dentro del ámbito de aplicación de la acción. Todo ello con efectos hasta el 30 de junio de 2013.

A efectos de lo establecido en la Ley 26/1988 pasa a considerarse como infracción muy grave el incumplimiento o la obstaculización de la ejecución de una acción de gestión de instrumentos híbridos de capital y de deuda subordinada acordada por el FROB, así como la revelación o difusión por cualquier medio de los términos y condiciones de una propuesta de acción de gestión de instrumentos híbridos de capital y de deuda subordinada antes de que sea efectivamente acordada por dicho Fondo. Aquella entidad de crédito que se viese afectada por la acción responderá de las actuaciones de cualquiera de sus entidades íntegramente participadas que sean emisoras de los valores incluidos dentro del ámbito de aplicación de la acción. Todo ello con efectos hasta el 30 de junio de 2013.

La Disp. Adic. Sexta del Real Decreto-Ley 24/2012 otorga una nueva redacción al art. 114 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presu-

La Disp. Adic. Sexta del Real Decreto-Ley 24/2012 otorga una nueva redacción al art. 114 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presu-

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Juan Calvo Vérgez

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puestaria (LGP), con la finalidad de autorizar a la Administración General de Estado, con sujeción a las condiciones previstas al efecto, para otorgar avales en garantía de las obligaciones económicas exigibles al FROB derivadas de las emisiones de instrumentos financieros, de la concertación de operaciones de préstamo y crédito, así como de la realización de cualesquiera otras operaciones de endeudamiento que realice dicho Fondo. Los importes máximos para el otorgamiento de dichos avales serán los que determinen las correspondientes leyes de Presupuestos Generales del Estado. Dicho otorgamiento, del que no podrá devengarse comisión alguna, deberá ser acordado por el Ministro de Economía y Competitividad de acuerdo con lo establecido en la Ley 47/2003, y sólo podrá efectuarse hasta la fecha de la extinción del Fondo176.

puestaria (LGP), con la finalidad de autorizar a la Administración General de Estado, con sujeción a las condiciones previstas al efecto, para otorgar avales en garantía de las obligaciones económicas exigibles al FROB derivadas de las emisiones de instrumentos financieros, de la concertación de operaciones de préstamo y crédito, así como de la realización de cualesquiera otras operaciones de endeudamiento que realice dicho Fondo. Los importes máximos para el otorgamiento de dichos avales serán los que determinen las correspondientes leyes de Presupuestos Generales del Estado. Dicho otorgamiento, del que no podrá devengarse comisión alguna, deberá ser acordado por el Ministro de Economía y Competitividad de acuerdo con lo establecido en la Ley 47/2003, y sólo podrá efectuarse hasta la fecha de la extinción del Fondo176.

Para finalizar se ha de precisar que, de acuerdo con lo establecido en la Disp. Transit. Tercera de la Ley 9/2012, en aquellos supuestos en los que el FROB valore los apoyos públicos recibidos por la correspondiente entidad de crédito para asegurar un reparto adecuado de los costes de la reestructuración o resolución de la entidad, deberá también tener en cuenta los apoyos públicos que la entidad hubiera recibido del FROB y que este hubiera desembolsado con cargo al efectivo o los valores que se hubieran puesto a su disposición en virtud de la asistencia financiera para la recapitalización de las entidades financieras españolas a la que se refirió en su día la Disposición Adicional Quinta del RDLey 21/2012, aun cuando tales apoyos públicos se hubieran recibido por la entidad antes de la entrada en vigor de la Ley 9/2012. No obstante a aquellos apoyos financieros recibidos por una entidad de crédito con anterioridad a la entrada en vigor de dicha Ley no les resultará de aplicación lo previsto en su art. 4.2 en el sentido de que, de cara a la aplicación de los principios de reestructuración y resolución, y al objeto de determinar el reparto adecuado de los costes de reestructuración

Para finalizar se ha de precisar que, de acuerdo con lo establecido en la Disp. Transit. Tercera de la Ley 9/2012, en aquellos supuestos en los que el FROB valore los apoyos públicos recibidos por la correspondiente entidad de crédito para asegurar un reparto adecuado de los costes de la reestructuración o resolución de la entidad, deberá también tener en cuenta los apoyos públicos que la entidad hubiera recibido del FROB y que este hubiera desembolsado con cargo al efectivo o los valores que se hubieran puesto a su disposición en virtud de la asistencia financiera para la recapitalización de las entidades financieras españolas a la que se refirió en su día la Disposición Adicional Quinta del RDLey 21/2012, aun cuando tales apoyos públicos se hubieran recibido por la entidad antes de la entrada en vigor de la Ley 9/2012. No obstante a aquellos apoyos financieros recibidos por una entidad de crédito con anterioridad a la entrada en vigor de dicha Ley no les resultará de aplicación lo previsto en su art. 4.2 en el sentido de que, de cara a la aplicación de los principios de reestructuración y resolución, y al objeto de determinar el reparto adecuado de los costes de reestructuración

176 Téngase presente además que, en el supuesto de que se produjese la ejecución del aval, y siempre que la misma se instase dentro de los 5 días naturales siguientes a la fecha de vencimiento de la obligación garantizada, el Estado habría de satisfacer una compensación a los titulares legítimos de los valores garantizados, sin perjuicio de las cantidades que deba abonar en virtud del aval. El importe de dicha compensación será el resultante de aplicar al pago en el que consista la ejecución del aval el tipo de interés EONIA (Euro Over Night Average, por su siglas en inglés) publicado por el Banco de España, o bien el que en su caso determine el Ministro de Economía y Competitividad, del día del vencimiento de la obligación garantizada por el número de días que transcurran entre esta fecha y la de pago efectivo por el avalista, sobre la base de un año de 360 días.

176 Téngase presente además que, en el supuesto de que se produjese la ejecución del aval, y siempre que la misma se instase dentro de los 5 días naturales siguientes a la fecha de vencimiento de la obligación garantizada, el Estado habría de satisfacer una compensación a los titulares legítimos de los valores garantizados, sin perjuicio de las cantidades que deba abonar en virtud del aval. El importe de dicha compensación será el resultante de aplicar al pago en el que consista la ejecución del aval el tipo de interés EONIA (Euro Over Night Average, por su siglas en inglés) publicado por el Banco de España, o bien el que en su caso determine el Ministro de Economía y Competitividad, del día del vencimiento de la obligación garantizada por el número de días que transcurran entre esta fecha y la de pago efectivo por el avalista, sobre la base de un año de 360 días.

La recapitalización de las entidades financieras

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o resolución, no se considere en ningún caso al FROB incluido entre los accionistas, cuotapartícipes, socios o acreedores177.

o resolución, no se considere en ningún caso al FROB incluido entre los accionistas, cuotapartícipes, socios o acreedores177.

3.

3.

EL REFORZAMIENTO DEL PAPEL DEL FROB Y DEL BANCO DE ESPAÑA

EL REFORZAMIENTO DEL PAPEL DEL FROB Y DEL BANCO DE ESPAÑA

Tal y como se ha venido analizando a lo largo de la presente obra, hasta la aprobación de la presente la Ley 9/2012 el FROB gestionaba procesos de reestructuración de entidades y de reforzamiento de sus recursos propios. Tras la aprobación de la presente regulación en cambio, además de conservar las citadas competencias el FROB (al que se le dota de capital con una capacidad de endeudamiento de 120.000 millones de euros178) asume la facultad de proceder a liquidar los bancos, a través de su resolución ordenada, siempre y cuando concurran las siguientes condiciones: que la entidad en cuestión resulte inviable o sea previsible que vaya a serlo en un futuro próximo; que no existan perspectivas de que, en un plazo razonable y utilizando medidas de intervención temprana o de reestructuración, puedan llegar a ser viables; y que, por razones de interés público y para evitar perturbar la economía o el sistema financiero, resulte necesario o conveniente acometer la resolución ordenada de la entidad.

Tal y como se ha venido analizando a lo largo de la presente obra, hasta la aprobación de la presente la Ley 9/2012 el FROB gestionaba procesos de reestructuración de entidades y de reforzamiento de sus recursos propios. Tras la aprobación de la presente regulación en cambio, además de conservar las citadas competencias el FROB (al que se le dota de capital con una capacidad de endeudamiento de 120.000 millones de euros178) asume la facultad de proceder a liquidar los bancos, a través de su resolución ordenada, siempre y cuando concurran las siguientes condiciones: que la entidad en cuestión resulte inviable o sea previsible que vaya a serlo en un futuro próximo; que no existan perspectivas de que, en un plazo razonable y utilizando medidas de intervención temprana o de reestructuración, puedan llegar a ser viables; y que, por razones de interés público y para evitar perturbar la economía o el sistema financiero, resulte necesario o conveniente acometer la resolución ordenada de la entidad.

Dispone el art. 52 de la Ley 9/2012 que el FROB tendrá como objeto gestionar los procesos de reestructuración y resolución de las entidades de crédito. Su naturaleza jurídica es la de una entidad de Derecho público con personalidad jurídica propia y plena capacidad pública y privada para el

Dispone el art. 52 de la Ley 9/2012 que el FROB tendrá como objeto gestionar los procesos de reestructuración y resolución de las entidades de crédito. Su naturaleza jurídica es la de una entidad de Derecho público con personalidad jurídica propia y plena capacidad pública y privada para el

Con carácter excepcional, tratándose de la concesión de medidas de apoyo por parte del FROB a aquellos procesos de integración de cooperativas de crédito iniciados con anterioridad a la entrada en vigor del RDLey 24/2012 y al amparo de lo establecido en el art. 10 del RDLey 9/2009, será de aplicación lo dispuesto en esta última norma, quedando excluidas tales medidas del programa de asistencia financiera para la recapitalización de las entidades financieras españolas a la que se refiere la Disp. Adic. Quinta del RDLey 21/2012. 178 En efecto la Disposición Final Décima del RDLey 24/2012 procedió en su día a modificar la Ley 2/2012, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2012, añadiendo un nuevo art. 51.bis con la siguiente redacción: “De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 51.2 del Real Decreto-ley 24/2012, de 31 de agosto, de reestructuración y resolución de entidades de crédito, el límite de recursos ajenos obtenidos por el FROB durante el ejercicio presupuestario de 2012, será de 120.000 millones de euros”. Ello implica pues un aumento de la deuda pública.

Con carácter excepcional, tratándose de la concesión de medidas de apoyo por parte del FROB a aquellos procesos de integración de cooperativas de crédito iniciados con anterioridad a la entrada en vigor del RDLey 24/2012 y al amparo de lo establecido en el art. 10 del RDLey 9/2009, será de aplicación lo dispuesto en esta última norma, quedando excluidas tales medidas del programa de asistencia financiera para la recapitalización de las entidades financieras españolas a la que se refiere la Disp. Adic. Quinta del RDLey 21/2012. 178 En efecto la Disposición Final Décima del RDLey 24/2012 procedió en su día a modificar la Ley 2/2012, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2012, añadiendo un nuevo art. 51.bis con la siguiente redacción: “De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 51.2 del Real Decreto-ley 24/2012, de 31 de agosto, de reestructuración y resolución de entidades de crédito, el límite de recursos ajenos obtenidos por el FROB durante el ejercicio presupuestario de 2012, será de 120.000 millones de euros”. Ello implica pues un aumento de la deuda pública.

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Juan Calvo Vérgez

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desarrollo de sus fines. Ahora bien, tal y como precisa el apartado tercero del citado precepto el FROB queda sometido al ordenamiento jurídicoprivado, salvo que actúe en el ejercicio de las potestades administrativas conferidas al efecto por la Ley 9/2012 o por otras normas con rango de ley. Las medidas de reestructuración o resolución de entidades de crédito que adopte el FROB deberán comunicarse, en su caso, a la Comisión Europea o a la Comisión Nacional de la Competencia, a efectos de lo establecido en la normativa en materia de ayudas de Estado y defensa de la competencia.

desarrollo de sus fines. Ahora bien, tal y como precisa el apartado tercero del citado precepto el FROB queda sometido al ordenamiento jurídicoprivado, salvo que actúe en el ejercicio de las potestades administrativas conferidas al efecto por la Ley 9/2012 o por otras normas con rango de ley. Las medidas de reestructuración o resolución de entidades de crédito que adopte el FROB deberán comunicarse, en su caso, a la Comisión Europea o a la Comisión Nacional de la Competencia, a efectos de lo establecido en la normativa en materia de ayudas de Estado y defensa de la competencia.

Debe precisarse no obstante que el FROB no queda sometido a las previsiones contenidas en la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, no siéndole además de aplicación las normas generales que regulan el régimen presupuestario, económico-financiero, contable y de control de los organismos públicos dependientes o vinculados a la Administración General del Estado, salvo por lo que respecta a la fiscalización externa del Tribunal de Cuentas, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica 2/1982, de 12 de mayo, del Tribunal de Cuentas, y al sometimiento del régimen interno de su gestión en el ámbito económico-financiero al control financiero permanente de la IGAE conforme a lo previsto en el Capítulo III del Título VI de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria. Tampoco queda sujeto el citado Fondo a las disposiciones de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas.

Debe precisarse no obstante que el FROB no queda sometido a las previsiones contenidas en la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, no siéndole además de aplicación las normas generales que regulan el régimen presupuestario, económico-financiero, contable y de control de los organismos públicos dependientes o vinculados a la Administración General del Estado, salvo por lo que respecta a la fiscalización externa del Tribunal de Cuentas, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica 2/1982, de 12 de mayo, del Tribunal de Cuentas, y al sometimiento del régimen interno de su gestión en el ámbito económico-financiero al control financiero permanente de la IGAE conforme a lo previsto en el Capítulo III del Título VI de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria. Tampoco queda sujeto el citado Fondo a las disposiciones de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas.

Señala el art. 53 de la Ley 9/2012 que el FROB dispondrá de las dotaciones que se realicen con cargo a los Presupuestos Generales del Estado. Y, de cara al cumplimiento de sus fines, el citado Fondo podrá, para el adecuado cumplimiento de sus fines, captar financiación emitiendo valores de renta fija, recibir préstamos, solicitar la apertura de créditos y realizar cualesquiera otras operaciones de endeudamiento. Los recursos ajenos obtenidos por el FROB, cualquiera que sea la modalidad de su instrumentación, no deberán sobrepasar el límite que al efecto se establezca en las correspondientes leyes anuales de Presupuestos Generales del Estado. Y, por lo que respecta al patrimonio no comprometido del Fondo, el mismo deberá estar materializado en deuda pública o en otros activos de elevada liquidez y bajo riesgo. Cualquier beneficio devengado y contabilizado en sus cuentas anuales se ingresará en el Tesoro Público, siendo llevado a cabo

Señala el art. 53 de la Ley 9/2012 que el FROB dispondrá de las dotaciones que se realicen con cargo a los Presupuestos Generales del Estado. Y, de cara al cumplimiento de sus fines, el citado Fondo podrá, para el adecuado cumplimiento de sus fines, captar financiación emitiendo valores de renta fija, recibir préstamos, solicitar la apertura de créditos y realizar cualesquiera otras operaciones de endeudamiento. Los recursos ajenos obtenidos por el FROB, cualquiera que sea la modalidad de su instrumentación, no deberán sobrepasar el límite que al efecto se establezca en las correspondientes leyes anuales de Presupuestos Generales del Estado. Y, por lo que respecta al patrimonio no comprometido del Fondo, el mismo deberá estar materializado en deuda pública o en otros activos de elevada liquidez y bajo riesgo. Cualquier beneficio devengado y contabilizado en sus cuentas anuales se ingresará en el Tesoro Público, siendo llevado a cabo

La recapitalización de las entidades financieras

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el servicio de caja del FROB por el Banco de España con el que suscribirá el oportuno convenio.

el servicio de caja del FROB por el Banco de España con el que suscribirá el oportuno convenio.

Esta dotación del FROB en ningún caso podrá suponer el desembolso de mayores cuantías a las previstas inicialmente con cargo a los Presupuestos Generales del Estado en el Real Decreto-Ley 9/2009, de 26 de junio, sobre reestructuración bancaria y reforzamiento de los recursos propios de las entidades de crédito, y en la Disposición Adicional Cuarta del Real Decreto-Ley 2/2012, de 3 de febrero, de saneamiento del sector financiero. Téngase presente además que, a efectos de liquidar la participación del Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito en el FROB por la aportación que realizaron los Fondos de Garantía de Depósitos en establecimientos bancarios, cajas de ahorro y cooperativas de crédito en la constitución del Fondo, se tendrá en cuenta el patrimonio neto resultante de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2011. En todo caso el Tesoro Público podrá solicitar al FROB el ingreso anticipado de cualquier recurso generado a lo largo del ejercicio anual.

Esta dotación del FROB en ningún caso podrá suponer el desembolso de mayores cuantías a las previstas inicialmente con cargo a los Presupuestos Generales del Estado en el Real Decreto-Ley 9/2009, de 26 de junio, sobre reestructuración bancaria y reforzamiento de los recursos propios de las entidades de crédito, y en la Disposición Adicional Cuarta del Real Decreto-Ley 2/2012, de 3 de febrero, de saneamiento del sector financiero. Téngase presente además que, a efectos de liquidar la participación del Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito en el FROB por la aportación que realizaron los Fondos de Garantía de Depósitos en establecimientos bancarios, cajas de ahorro y cooperativas de crédito en la constitución del Fondo, se tendrá en cuenta el patrimonio neto resultante de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2011. En todo caso el Tesoro Público podrá solicitar al FROB el ingreso anticipado de cualquier recurso generado a lo largo del ejercicio anual.

De acuerdo con la nueva regulación aprobada una entidad será inviable cuando incumpla “de manera significativa” los requerimientos de solvencia. Asimismo se entiende que se encuentra en esta categoría si la entidad en cuestión no puede cumplir “puntualmente con sus obligaciones” frente a terceros o si estos pasivos exigibles “son superiores a sus activos”. En todo caso, con independencia de en cuál de las tres circunstancias citadas se halle la entidad, para ser inviable tendrá que estar claro que no es previsible que la entidad pueda reconducir la situación en un plazo razonable por sus propios medios, acudiendo a los mercados o mediante apoyos financieros.

De acuerdo con la nueva regulación aprobada una entidad será inviable cuando incumpla “de manera significativa” los requerimientos de solvencia. Asimismo se entiende que se encuentra en esta categoría si la entidad en cuestión no puede cumplir “puntualmente con sus obligaciones” frente a terceros o si estos pasivos exigibles “son superiores a sus activos”. En todo caso, con independencia de en cuál de las tres circunstancias citadas se halle la entidad, para ser inviable tendrá que estar claro que no es previsible que la entidad pueda reconducir la situación en un plazo razonable por sus propios medios, acudiendo a los mercados o mediante apoyos financieros.

Ahora bien, de acuerdo con la excepción introducida los reguladores y supervisores no quedan obligados a decretar la resolución ordenada de una entidad si ello produjese efectos gravemente perjudiciales para la estabilidad del sistema financiero en su conjunto.

Ahora bien, de acuerdo con la excepción introducida los reguladores y supervisores no quedan obligados a decretar la resolución ordenada de una entidad si ello produjese efectos gravemente perjudiciales para la estabilidad del sistema financiero en su conjunto.

El Banco de España asume la responsabilidad de determinar estos efectos perjudiciales atendiendo a criterios como el volumen de las actividades de la entidad, los servicios y operaciones que preste al conjunto del sistema financiero, su interconexión con el resto de grupos o las posibilidades de contagio de sus dificultades al conjunto del sistema financiero en caso de resolución ordenada. Ha de ser el Banco de España el que, a propuesta

El Banco de España asume la responsabilidad de determinar estos efectos perjudiciales atendiendo a criterios como el volumen de las actividades de la entidad, los servicios y operaciones que preste al conjunto del sistema financiero, su interconexión con el resto de grupos o las posibilidades de contagio de sus dificultades al conjunto del sistema financiero en caso de resolución ordenada. Ha de ser el Banco de España el que, a propuesta

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Juan Calvo Vérgez

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del FROB o de oficio, abra un expediente de resolución cuando la entidad resulte inviable. El FROB la administrará desde entonces y elaborará un plan de resolución en dos meses o, en su caso, iniciará un procedimiento concursal. Ahora bien, el deber de solicitar la declaración de concurso no será exigible a la entidad de crédito que, dentro de los supuestos previstos en el Real Decreto-Ley, se encuentre en la tramitación de un proceso de intervención temprana, reestructuración o resolución. En estos casos no se proveerán por el juzgado competente las solicitudes de concurso referidas a una entidad de crédito que puedan presentarse, pretendiendo establecerse un nuevo marco o ámbito para la ampliación temporal y material de los efectos del art. 5.bis de la Ley Concursal179.

del FROB o de oficio, abra un expediente de resolución cuando la entidad resulte inviable. El FROB la administrará desde entonces y elaborará un plan de resolución en dos meses o, en su caso, iniciará un procedimiento concursal. Ahora bien, el deber de solicitar la declaración de concurso no será exigible a la entidad de crédito que, dentro de los supuestos previstos en el Real Decreto-Ley, se encuentre en la tramitación de un proceso de intervención temprana, reestructuración o resolución. En estos casos no se proveerán por el juzgado competente las solicitudes de concurso referidas a una entidad de crédito que puedan presentarse, pretendiendo establecerse un nuevo marco o ámbito para la ampliación temporal y material de los efectos del art. 5.bis de la Ley Concursal179.

Tal y como ha señalado GALLEGO180, cabe plantearse hasta qué punto la nueva regulación introducida representa una especie de “huida” del Derecho Concursal de las entidades financieras, a pesar de que la Ley Concursal quiso que dicha normativa fuera universal para todos los deudores. Téngase presente que la nueva normativa aprobada impide que las entidades de crédito se sometan al régimen general del concurso. Tal y como precisa la citada autora, si bien se trata de una medida justificada para las entidades de riesgo sistémico, ya que estas organizaciones comprometen la estabilidad del sistema nacional, una opinión diversa merece el hecho de que de dicha “huida” del régimen concursal se beneficien todas las entidades de crédito, aunque su incidencia en el contexto nacional no sea relevante o, en cualquier caso, menos significativa que la de grandes empresas no financieras, que están sujetas a él. Como consecuencia de la nueva regulación introducida los administradores de dichas entidades podrían no quedar sujetos a la especial responsabilidad concursal que tiene por objeto que los acreedores cobren de ellos lo que no percibieron con el patrimonio del concurso, disminuido a causa de su negligencia.

Tal y como ha señalado GALLEGO180, cabe plantearse hasta qué punto la nueva regulación introducida representa una especie de “huida” del Derecho Concursal de las entidades financieras, a pesar de que la Ley Concursal quiso que dicha normativa fuera universal para todos los deudores. Téngase presente que la nueva normativa aprobada impide que las entidades de crédito se sometan al régimen general del concurso. Tal y como precisa la citada autora, si bien se trata de una medida justificada para las entidades de riesgo sistémico, ya que estas organizaciones comprometen la estabilidad del sistema nacional, una opinión diversa merece el hecho de que de dicha “huida” del régimen concursal se beneficien todas las entidades de crédito, aunque su incidencia en el contexto nacional no sea relevante o, en cualquier caso, menos significativa que la de grandes empresas no financieras, que están sujetas a él. Como consecuencia de la nueva regulación introducida los administradores de dichas entidades podrían no quedar sujetos a la especial responsabilidad concursal que tiene por objeto que los acreedores cobren de ellos lo que no percibieron con el patrimonio del concurso, disminuido a causa de su negligencia.

Téngase presente además que, en aquellos casos en los que el Banco de España haya acordado la sustitución provisional de los órganos de administración de la entidad de crédito, la legitimación para solicitar el concurso corresponderá exclusivamente al FROB. Con carácter adicional, y a efectos de la aplicación de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, los créditos del FROB serán considerados créditos con privilegio general. 180 GALLEGO, E., “Los límites del Derecho Concursal”, Diario Expansión, 1 de septiembre de 2012 (consultado en www.expansion.com).

Téngase presente además que, en aquellos casos en los que el Banco de España haya acordado la sustitución provisional de los órganos de administración de la entidad de crédito, la legitimación para solicitar el concurso corresponderá exclusivamente al FROB. Con carácter adicional, y a efectos de la aplicación de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, los créditos del FROB serán considerados créditos con privilegio general. 180 GALLEGO, E., “Los límites del Derecho Concursal”, Diario Expansión, 1 de septiembre de 2012 (consultado en www.expansion.com).

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La recapitalización de las entidades financieras

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Por otra parte en el supuesto de que se optase por el plan, éste habría de incluir los instrumentos de resolución, las medidas de apoyo financiero por el Fondo de Garantía de Depósitos y la valoración económica de la entidad.

Por otra parte en el supuesto de que se optase por el plan, éste habría de incluir los instrumentos de resolución, las medidas de apoyo financiero por el Fondo de Garantía de Depósitos y la valoración económica de la entidad.

El FGD vuelve a asumir únicamente la función de garantizar los depósitos de los clientes. Y, en aquellos casos en los que su patrimonio no llegue para cumplir, podrá recibir financiación del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria, que será el encargado de inyectar dinero en las entidades que lo necesiten, ya se trate de entidades viables que, excepcionalmente, necesiten una inyección de capital vía bonos obligatoriamente convertibles (CoCos) en los supuestos de intervención temprana, o bien de entidades que necesiten ayudas públicas para sobrevivir y que, sin embargo, ofrezcan garantías de poder restituir estas ayudas en el plazo máximo de cinco años, prorrogables por otros dos años.

El FGD vuelve a asumir únicamente la función de garantizar los depósitos de los clientes. Y, en aquellos casos en los que su patrimonio no llegue para cumplir, podrá recibir financiación del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria, que será el encargado de inyectar dinero en las entidades que lo necesiten, ya se trate de entidades viables que, excepcionalmente, necesiten una inyección de capital vía bonos obligatoriamente convertibles (CoCos) en los supuestos de intervención temprana, o bien de entidades que necesiten ayudas públicas para sobrevivir y que, sin embargo, ofrezcan garantías de poder restituir estas ayudas en el plazo máximo de cinco años, prorrogables por otros dos años.

Los instrumentos de resolución permitidos son tres, a saber: vender el negocio de la entidad; trasmitir activos y pasivos a un banco puente o cederlos a una entidad de gestión de activos. Y es que se prevé la posibilidad de que el FROB ordene a la entidad de crédito correspondiente el traspaso de los activos problemáticos a una sociedad de gestión de activos.

Los instrumentos de resolución permitidos son tres, a saber: vender el negocio de la entidad; trasmitir activos y pasivos a un banco puente o cederlos a una entidad de gestión de activos. Y es que se prevé la posibilidad de que el FROB ordene a la entidad de crédito correspondiente el traspaso de los activos problemáticos a una sociedad de gestión de activos.

En todo caso se podrá prestar apoyo financiero. Por venta del negocio a un tercero se entienden las acciones de la entidad o sus activos y pasivos, íntegros o troceados. A este respecto el FROB podrá vender sin el consentimiento de los accionistas y en condiciones de mercado. En efecto, de acuerdo con la nueva regulación aprobada el FROB podrá proceder a la venta de la entidad o de partes de la misma, incluso en contra de la voluntad de sus accionistas o de terceros ajenos al comprador, sin tener que cumplir los procedimientos exigidos en materia de cambios estructurales de las sociedades mercantiles.

En todo caso se podrá prestar apoyo financiero. Por venta del negocio a un tercero se entienden las acciones de la entidad o sus activos y pasivos, íntegros o troceados. A este respecto el FROB podrá vender sin el consentimiento de los accionistas y en condiciones de mercado. En efecto, de acuerdo con la nueva regulación aprobada el FROB podrá proceder a la venta de la entidad o de partes de la misma, incluso en contra de la voluntad de sus accionistas o de terceros ajenos al comprador, sin tener que cumplir los procedimientos exigidos en materia de cambios estructurales de las sociedades mercantiles.

Para seleccionar al comprador, realizará un proceso competitivo consistente en una subasta destinada a no favorecer a ningún aspirante y orientada a tratar de maximizar el precio de venta, si bien se podrán eludir ambos requisitos en el supuesto de que existiese una seria amenaza para la estabilidad del sistema financiero. Una vez realizada la transmisión del negocio o de los activos, sea a quien sea, la entidad se disolverá y liquidará.

Para seleccionar al comprador, realizará un proceso competitivo consistente en una subasta destinada a no favorecer a ningún aspirante y orientada a tratar de maximizar el precio de venta, si bien se podrán eludir ambos requisitos en el supuesto de que existiese una seria amenaza para la estabilidad del sistema financiero. Una vez realizada la transmisión del negocio o de los activos, sea a quien sea, la entidad se disolverá y liquidará.

Téngase presente además que, a efectos fiscales, el FROB adquiere el mismo tratamiento que el Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de

Téngase presente además que, a efectos fiscales, el FROB adquiere el mismo tratamiento que el Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de

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Juan Calvo Vérgez

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Crédito, pudiendo contratar con terceros la realización de cualesquiera actividades de carácter material, técnico o instrumental que resulten necesarias para el adecuado cumplimiento de sus funciones, ajustándose a los principios de publicidad y concurrencia, salvo en casos excepcionales y urgentes.

Crédito, pudiendo contratar con terceros la realización de cualesquiera actividades de carácter material, técnico o instrumental que resulten necesarias para el adecuado cumplimiento de sus funciones, ajustándose a los principios de publicidad y concurrencia, salvo en casos excepcionales y urgentes.

Tal y como señala el art. 62 de la Ley 9/2012 el conjunto de facultades del FROB necesarias para la aplicación de los instrumentos y medidas son de naturaleza mercantil o administrativa. Así, y en el ámbito de las facultades mercantiles, el FROB ha de ejercer las facultades que la legislación mercantil confiere con carácter general. Así, al órgano de administración de la entidad, cuando asuma tal condición. A los accionistas o titulares de cualesquiera valores o instrumentos financieros, cuando el FROB haya suscrito o adquirido tales valores o instrumentos. Y, a la junta o asamblea general, en los supuestos en los que ésta obstaculice o rechace la adopción de los acuerdos necesarios para llevar a efecto las medidas de reestructuración o de resolución, así como en aquellos otros supuestos en que por razones de extraordinaria urgencia no sea posible cumplir los requisitos exigidos por la normativa vigente para la válida constitución y adopción de acuerdos por la junta o asamblea general. En tales supuestos se entenderán atribuidas al FROB todas aquellas facultades que legal o estatutariamente pudieran corresponder a la junta o asamblea general de la entidad y que resulten necesarias para el ejercicio de las funciones previstas en este Real Decreto-Ley en relación con la reestructuración y resolución de entidades de crédito.

Tal y como señala el art. 62 de la Ley 9/2012 el conjunto de facultades del FROB necesarias para la aplicación de los instrumentos y medidas son de naturaleza mercantil o administrativa. Así, y en el ámbito de las facultades mercantiles, el FROB ha de ejercer las facultades que la legislación mercantil confiere con carácter general. Así, al órgano de administración de la entidad, cuando asuma tal condición. A los accionistas o titulares de cualesquiera valores o instrumentos financieros, cuando el FROB haya suscrito o adquirido tales valores o instrumentos. Y, a la junta o asamblea general, en los supuestos en los que ésta obstaculice o rechace la adopción de los acuerdos necesarios para llevar a efecto las medidas de reestructuración o de resolución, así como en aquellos otros supuestos en que por razones de extraordinaria urgencia no sea posible cumplir los requisitos exigidos por la normativa vigente para la válida constitución y adopción de acuerdos por la junta o asamblea general. En tales supuestos se entenderán atribuidas al FROB todas aquellas facultades que legal o estatutariamente pudieran corresponder a la junta o asamblea general de la entidad y que resulten necesarias para el ejercicio de las funciones previstas en este Real Decreto-Ley en relación con la reestructuración y resolución de entidades de crédito.

Por lo que respecta a las facultades de carácter administrativo, dentro de dichas facultades destacan las siguientes: determinar el valor económico de la entidad o de sus correspondientes activos y pasivos, a efectos de la aplicación de las medidas e instrumentos previstos al efecto; requerir a cualquier persona cualquier información necesaria para preparar y adoptar o aplicar una medida o instrumento de reestructuración o de resolución; ordenar la transmisión de las acciones, cuotas participativas o aportaciones al capital social o, con carácter general, instrumentos representativos del capital o equivalente de la entidad o convertibles en ellos, cualesquiera que sean sus titulares, así como de los activos y pasivos de la entidad; realizar operaciones de aumento o reducción de capital, y de emisión y amortización total o parcial de obligaciones, cuotas participativas y cualesquiera otros valores o instrumentos financieros, así como las modificaciones estatutarias

Por lo que respecta a las facultades de carácter administrativo, dentro de dichas facultades destacan las siguientes: determinar el valor económico de la entidad o de sus correspondientes activos y pasivos, a efectos de la aplicación de las medidas e instrumentos previstos al efecto; requerir a cualquier persona cualquier información necesaria para preparar y adoptar o aplicar una medida o instrumento de reestructuración o de resolución; ordenar la transmisión de las acciones, cuotas participativas o aportaciones al capital social o, con carácter general, instrumentos representativos del capital o equivalente de la entidad o convertibles en ellos, cualesquiera que sean sus titulares, así como de los activos y pasivos de la entidad; realizar operaciones de aumento o reducción de capital, y de emisión y amortización total o parcial de obligaciones, cuotas participativas y cualesquiera otros valores o instrumentos financieros, así como las modificaciones estatutarias

La recapitalización de las entidades financieras

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relacionadas con estas operaciones, pudiendo determinar la exclusión del derecho de suscripción preferente en los aumentos de capital, incluso en los supuestos previstos en el art. 343 de la Ley de sociedades de capital, o emisión de cuotas participativas; realizar acciones de gestión de instrumentos híbridos de capital y de deuda subordinada; determinar los instrumentos en que se concreten las medidas de reestructuración o resolución incluyendo, en particular, aquellas que supongan modificaciones estructurales de la entidad, las de disolución y liquidación de la entidad; y disponer de forma inmediata, previo informe de la CNMV, el traslado de los valores depositados en la entidad a otra entidad habilitada para desarrollar esta actividad, incluso si tales activos se encuentran depositados en terceras entidades a nombre de la entidad que presta el servicio de depósito181.

relacionadas con estas operaciones, pudiendo determinar la exclusión del derecho de suscripción preferente en los aumentos de capital, incluso en los supuestos previstos en el art. 343 de la Ley de sociedades de capital, o emisión de cuotas participativas; realizar acciones de gestión de instrumentos híbridos de capital y de deuda subordinada; determinar los instrumentos en que se concreten las medidas de reestructuración o resolución incluyendo, en particular, aquellas que supongan modificaciones estructurales de la entidad, las de disolución y liquidación de la entidad; y disponer de forma inmediata, previo informe de la CNMV, el traslado de los valores depositados en la entidad a otra entidad habilitada para desarrollar esta actividad, incluso si tales activos se encuentran depositados en terceras entidades a nombre de la entidad que presta el servicio de depósito181.

Con carácter adicional, dentro de estas facultades de carácter administrativo se sitúa la consistente en ejercitar, en relación con la transmisión de valores, instrumentos financieros, activos o pasivos de la entidad, todas o alguna de las facultades siguientes: obligar a la entidad y al adquirente a facilitar la información y asistencia necesarias; y requerir a cualquier entidad del grupo al que pertenezca la entidad a que proporcione al adquirente los servicios operativos necesarios para permitir a este operar de manera efectiva el negocio transmitido182.

Con carácter adicional, dentro de estas facultades de carácter administrativo se sitúa la consistente en ejercitar, en relación con la transmisión de valores, instrumentos financieros, activos o pasivos de la entidad, todas o alguna de las facultades siguientes: obligar a la entidad y al adquirente a facilitar la información y asistencia necesarias; y requerir a cualquier entidad del grupo al que pertenezca la entidad a que proporcione al adquirente los servicios operativos necesarios para permitir a este operar de manera efectiva el negocio transmitido182.

Destaca además el hecho de que la ejecución de los actos administrativos dictados por el FROB para la aplicación de los instrumentos relativos a los procedimientos de reestructuración y resolución, así como de los acuerdos adoptados al amparo de lo dispuesto en el art. 61.c), no queda sujeta a la aprobación, ratificación, consentimiento, no oposición o cualquier otro trámite o requisito, incluyendo la notificación, por parte de la junta o asamblea general, a los accionistas de la entidad, obligacionistas, cuotapartícipes, acreedores, deudores, contrapartes o cualesquiera otros terceros o autoridades, siendo inmediatamente eficaces desde su adopción, y con independencia de que el trámite o requisito correspondiente viniera

Destaca además el hecho de que la ejecución de los actos administrativos dictados por el FROB para la aplicación de los instrumentos relativos a los procedimientos de reestructuración y resolución, así como de los acuerdos adoptados al amparo de lo dispuesto en el art. 61.c), no queda sujeta a la aprobación, ratificación, consentimiento, no oposición o cualquier otro trámite o requisito, incluyendo la notificación, por parte de la junta o asamblea general, a los accionistas de la entidad, obligacionistas, cuotapartícipes, acreedores, deudores, contrapartes o cualesquiera otros terceros o autoridades, siendo inmediatamente eficaces desde su adopción, y con independencia de que el trámite o requisito correspondiente viniera

A estos efectos el FROB, en su condición de administrador de la entidad, asume la función de adoptar las medidas necesarias para facilitar el acceso de la entidad a la que vayan a cederse los depósitos de los valores o su custodia a la documentación y registros contables e informáticos necesarios para hacer efectiva la cesión. 182 Debe precisarse no obstante que cuando la entidad del grupo ya viniera prestando dichos servicios a la entidad, continuará prestándolos en los mismos términos y condiciones, y, en caso contrario, los prestará en condiciones de mercado.

A estos efectos el FROB, en su condición de administrador de la entidad, asume la función de adoptar las medidas necesarias para facilitar el acceso de la entidad a la que vayan a cederse los depósitos de los valores o su custodia a la documentación y registros contables e informáticos necesarios para hacer efectiva la cesión. 182 Debe precisarse no obstante que cuando la entidad del grupo ya viniera prestando dichos servicios a la entidad, continuará prestándolos en los mismos términos y condiciones, y, en caso contrario, los prestará en condiciones de mercado.

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Juan Calvo Vérgez

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impuesto por la normativa vigente o fuera exigible contractualmente. A mayor abundamiento la ejecución de dichos actos tampoco podrá verse afectada por las normas sobre secreto bancario.

impuesto por la normativa vigente o fuera exigible contractualmente. A mayor abundamiento la ejecución de dichos actos tampoco podrá verse afectada por las normas sobre secreto bancario.

¿Qué consecuencias podrán llegar a derivarse de las pérdidas en que incurran las entidades de crédito controladas por el FROB en relación con su patrimonio neto? Como regla general, y tal y como se señala en la Disp. Adic. Decimoprimera de la Ley 9/2012, no será de aplicación a aquellas entidades de crédito en las que el FROB ostente la posición de control o a aquellas cuyo órgano de administración esté controlado por el FROB la causa de disolución obligatoria prevista en el párrafo e) del apartado 1 del art. 363 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital. Y tampoco se aplicará, ni a dichas entidades ni a sus administradores, el régimen recogido en la Sección 2ª del Capítulo I del Título X del citado Texto Refundido ni lo dispuesto en su art. 327 en relación con el carácter obligatorio de la reducción de capital a causa de pérdidas que disminuyan el patrimonio neto por debajo de las dos terceras partes de la cifra de capital social183.

¿Qué consecuencias podrán llegar a derivarse de las pérdidas en que incurran las entidades de crédito controladas por el FROB en relación con su patrimonio neto? Como regla general, y tal y como se señala en la Disp. Adic. Decimoprimera de la Ley 9/2012, no será de aplicación a aquellas entidades de crédito en las que el FROB ostente la posición de control o a aquellas cuyo órgano de administración esté controlado por el FROB la causa de disolución obligatoria prevista en el párrafo e) del apartado 1 del art. 363 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital. Y tampoco se aplicará, ni a dichas entidades ni a sus administradores, el régimen recogido en la Sección 2ª del Capítulo I del Título X del citado Texto Refundido ni lo dispuesto en su art. 327 en relación con el carácter obligatorio de la reducción de capital a causa de pérdidas que disminuyan el patrimonio neto por debajo de las dos terceras partes de la cifra de capital social183.

3. A. La nueva composición del órgano rector del FROB

3. A. La nueva composición del órgano rector del FROB

Sin lugar a dudas, una de las principales cuestiones objeto de regulación por parte del RDLey 24/2012 ha sido la relativa al régimen jurídico del FROB y, más precisamente, la modificación de la composición del órgano de gobierno del fondo.

Sin lugar a dudas, una de las principales cuestiones objeto de regulación por parte del RDLey 24/2012 ha sido la relativa al régimen jurídico del FROB y, más precisamente, la modificación de la composición del órgano de gobierno del fondo.

De acuerdo con lo señalado por el art. 54 de la Ley 9/2012 el FROB ha de ser regido y administrado por una Comisión Rectora integrada por nueve miembros, con la siguiente distribución: cuatro miembros designados por el Banco de España, uno de los cuales será el Subgobernador, que ostentará la Presidencia de la Comisión Rectora; el Secretario General del Tesoro y Política Financiera, que ostentará la Vicepresidencia de la Comisión Rectora y sustituirá al Presidente en sus funciones en caso de vacante, ausencia o enfermedad; el Subsecretario de Economía y Competitividad; el Presidente

De acuerdo con lo señalado por el art. 54 de la Ley 9/2012 el FROB ha de ser regido y administrado por una Comisión Rectora integrada por nueve miembros, con la siguiente distribución: cuatro miembros designados por el Banco de España, uno de los cuales será el Subgobernador, que ostentará la Presidencia de la Comisión Rectora; el Secretario General del Tesoro y Política Financiera, que ostentará la Vicepresidencia de la Comisión Rectora y sustituirá al Presidente en sus funciones en caso de vacante, ausencia o enfermedad; el Subsecretario de Economía y Competitividad; el Presidente

Ahora bien dicha regulación sí que será aplicable, en su caso, desde el instante en que el FROB deje de ostentar la posición de control o de controlar el órgano de administración de la entidad afectada, instante a partir del cual comenzarán a computarse los plazos previstos en los arts. 327 y 365.1 del TRLSC, respectivamente.

Ahora bien dicha regulación sí que será aplicable, en su caso, desde el instante en que el FROB deje de ostentar la posición de control o de controlar el órgano de administración de la entidad afectada, instante a partir del cual comenzarán a computarse los plazos previstos en los arts. 327 y 365.1 del TRLSC, respectivamente.

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del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas; el Director General de Política Económica; y el Director General de Presupuestos.

del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas; el Director General de Política Económica; y el Director General de Presupuestos.

Asimismo asistirán a las sesiones de la Comisión Rectora, con voz pero sin voto, un representante designado por el Interventor General de la Administración del Estado y otro por el Abogado General del Estado-Director del Servicio Jurídico del Estado. La Comisión Ejecutiva del Banco de España designará a los tres miembros de la Comisión Rectora distintos del Subgobernador. El Director General del FROB podrá asistir a las sesiones de la Comisión Rectora, con voz pero sin voto184. Por su parte la Comisión Rectora podrá autorizar la participación en sus sesiones de observadores, siempre que tal participación no genere conflictos de interés que puedan interferir en el desarrollo por el FROB de las funciones que le corresponden. De hecho la propia Comisión Rectora establecerá los términos en los que deba desenvolverse la participación de estos observadores que, en todo caso, carecerán de voto, quedando sometidos al deber de secreto185.

Asimismo asistirán a las sesiones de la Comisión Rectora, con voz pero sin voto, un representante designado por el Interventor General de la Administración del Estado y otro por el Abogado General del Estado-Director del Servicio Jurídico del Estado. La Comisión Ejecutiva del Banco de España designará a los tres miembros de la Comisión Rectora distintos del Subgobernador. El Director General del FROB podrá asistir a las sesiones de la Comisión Rectora, con voz pero sin voto184. Por su parte la Comisión Rectora podrá autorizar la participación en sus sesiones de observadores, siempre que tal participación no genere conflictos de interés que puedan interferir en el desarrollo por el FROB de las funciones que le corresponden. De hecho la propia Comisión Rectora establecerá los términos en los que deba desenvolverse la participación de estos observadores que, en todo caso, carecerán de voto, quedando sometidos al deber de secreto185.

A la citada Comisión Rectora le corresponde adoptar las decisiones relativas a las potestades y funciones atribuidas al FROB, sin perjuicio de las delegaciones o apoderamientos que considere conveniente aprobar

A la citada Comisión Rectora le corresponde adoptar las decisiones relativas a las potestades y funciones atribuidas al FROB, sin perjuicio de las delegaciones o apoderamientos que considere conveniente aprobar

184 Precisa además el art. 55 de la Ley 9/2012 que el Director General del FROB desarrollará las funciones ejecutivas, de dirección y gestión ordinaria del Fondo, así como cuantas otras le delegue la Comisión Rectora, debiendo ser nombrado y separado por Real Decreto del Consejo de Ministros a propuesta del Ministro de Economía y Competitividad y previa consulta al Gobernador del Banco de España, entre personas con capacidad, preparación técnica y experiencia suficientes para desarrollar las funciones propias de este cargo. Corresponde además al Director General del FROB el ejercicio de las siguientes funciones: impulsar y supervisar todas las operaciones que deba ejecutar el FROB; dirigir la gestión ordinaria, económica y administrativa del citado Fondo; formular, someter a verificación por auditor de cuentas y elevar para su aprobación por la Comisión Rectora las cuentas anuales del FROB; proponer a la Comisión Rectora la adopción de las decisiones que a esta le correspondan, sin perjuicio de que la Comisión Rectora pueda también adoptarlas de oficio; ejecutar los acuerdos de la Comisión Rectora y cuantas funciones le delegue ésta, de acuerdo con lo previsto en el art. 54.5 de la Ley 9/2012; y rendir cuentas a la Comisión Rectora del ejercicio de sus funciones. 185 Las funciones de Secretario de la Comisión Rectora serán ejercidas por la persona que ésta designe conforme a lo previsto en el Reglamento de régimen interno del FROB, pudiendo cesar los miembros de la citada Comisión Rectora en su condición de tales por las causas siguientes: cese en los respectivos cargos; y cese acordado por la Comisión Ejecutiva del Banco de España, en el caso de los miembros designados por dicha Comisión diferentes del Subgobernador. Dicha Comisión Rectora se reunirá cada vez que sea convocada por su Presidente, por propia iniciativa o a instancia de cualquiera de sus miembros. Estará, asimismo, facultada para establecer su propio régimen de convocatorias.

184 Precisa además el art. 55 de la Ley 9/2012 que el Director General del FROB desarrollará las funciones ejecutivas, de dirección y gestión ordinaria del Fondo, así como cuantas otras le delegue la Comisión Rectora, debiendo ser nombrado y separado por Real Decreto del Consejo de Ministros a propuesta del Ministro de Economía y Competitividad y previa consulta al Gobernador del Banco de España, entre personas con capacidad, preparación técnica y experiencia suficientes para desarrollar las funciones propias de este cargo. Corresponde además al Director General del FROB el ejercicio de las siguientes funciones: impulsar y supervisar todas las operaciones que deba ejecutar el FROB; dirigir la gestión ordinaria, económica y administrativa del citado Fondo; formular, someter a verificación por auditor de cuentas y elevar para su aprobación por la Comisión Rectora las cuentas anuales del FROB; proponer a la Comisión Rectora la adopción de las decisiones que a esta le correspondan, sin perjuicio de que la Comisión Rectora pueda también adoptarlas de oficio; ejecutar los acuerdos de la Comisión Rectora y cuantas funciones le delegue ésta, de acuerdo con lo previsto en el art. 54.5 de la Ley 9/2012; y rendir cuentas a la Comisión Rectora del ejercicio de sus funciones. 185 Las funciones de Secretario de la Comisión Rectora serán ejercidas por la persona que ésta designe conforme a lo previsto en el Reglamento de régimen interno del FROB, pudiendo cesar los miembros de la citada Comisión Rectora en su condición de tales por las causas siguientes: cese en los respectivos cargos; y cese acordado por la Comisión Ejecutiva del Banco de España, en el caso de los miembros designados por dicha Comisión diferentes del Subgobernador. Dicha Comisión Rectora se reunirá cada vez que sea convocada por su Presidente, por propia iniciativa o a instancia de cualquiera de sus miembros. Estará, asimismo, facultada para establecer su propio régimen de convocatorias.

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para el debido ejercicio de las mismas. En todo caso cabe aludir a la existencia de determinadas funciones que no son susceptibles de delegación, a saber: las funciones atribuidas al FROB para la aprobación de los planes de reestructuración y resolución de entidades y las acciones de gestión de instrumentos híbridos de capital y de deuda subordinada; la aprobación de la decisión de realizar las operaciones de financiación previstas en el art. 53.2 de la Ley 9/2012; y la aprobación de las cuentas anuales del FROB que se remitirán anualmente al Ministro de Economía y Competitividad y a la IGAE para su integración en la Cuenta General del Estado y su traslado al Tribunal de Cuentas, así como del informe que debe elevarse al Ministro de Economía y Competitividad para su remisión a la Comisión de Economía y Competitividad del Congreso de los Diputados186.

para el debido ejercicio de las mismas. En todo caso cabe aludir a la existencia de determinadas funciones que no son susceptibles de delegación, a saber: las funciones atribuidas al FROB para la aprobación de los planes de reestructuración y resolución de entidades y las acciones de gestión de instrumentos híbridos de capital y de deuda subordinada; la aprobación de la decisión de realizar las operaciones de financiación previstas en el art. 53.2 de la Ley 9/2012; y la aprobación de las cuentas anuales del FROB que se remitirán anualmente al Ministro de Economía y Competitividad y a la IGAE para su integración en la Cuenta General del Estado y su traslado al Tribunal de Cuentas, así como del informe que debe elevarse al Ministro de Economía y Competitividad para su remisión a la Comisión de Economía y Competitividad del Congreso de los Diputados186.

Dicha Comisión Rectora deberá aprobar además un Reglamento de régimen interno del FROB donde se recogerán las reglas esenciales de su actuación en el ámbito económico, financiero, patrimonial, presupuestario, contable, organizativo y procedimental, así como las líneas básicas de su política de propiedad sobre las entidades de crédito a las que haya aportado apoyo financiero público, incluyendo mecanismos internos de control del gobierno del FROB. Estas normas se han de asentar sobre los principios de buena gestión, objetividad, transparencia, concurrencia y publicidad.

Dicha Comisión Rectora deberá aprobar además un Reglamento de régimen interno del FROB donde se recogerán las reglas esenciales de su actuación en el ámbito económico, financiero, patrimonial, presupuestario, contable, organizativo y procedimental, así como las líneas básicas de su política de propiedad sobre las entidades de crédito a las que haya aportado apoyo financiero público, incluyendo mecanismos internos de control del gobierno del FROB. Estas normas se han de asentar sobre los principios de buena gestión, objetividad, transparencia, concurrencia y publicidad.

Por otra parte, a la luz de nueva regulación aprobada se suprime la participación que, de acuerdo con la normativa anterior, tenían las entidades de crédito en representación del Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito, ante la posibilidad de que generase situaciones de conflicto de interés, creándose la figura de un Director General, que ostentará las competencias de carácter ejecutivo del Fondo.

Por otra parte, a la luz de nueva regulación aprobada se suprime la participación que, de acuerdo con la normativa anterior, tenían las entidades de crédito en representación del Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito, ante la posibilidad de que generase situaciones de conflicto de interés, creándose la figura de un Director General, que ostentará las competencias de carácter ejecutivo del Fondo.

Asimismo se introducen reglas sobre la cooperación y coordinación entre el FROB y otras autoridades competentes, nacionales o internacionales, en términos similares a las ya existentes para instituciones como el Banco de España. Y se incluye una referencia a las facultades del FROB en los procesos de resolución, que podrán tener carácter mercantil o administrativo,

Asimismo se introducen reglas sobre la cooperación y coordinación entre el FROB y otras autoridades competentes, nacionales o internacionales, en términos similares a las ya existentes para instituciones como el Banco de España. Y se incluye una referencia a las facultades del FROB en los procesos de resolución, que podrán tener carácter mercantil o administrativo,

Para la válida constitución de la Comisión Rectora, y a efectos de la celebración de sesiones, deliberaciones y adopción de acuerdos, será necesaria la asistencia, al menos, de la mitad de sus miembros con derecho de voto, debiendo adoptarse sus acuerdos por mayoría de los miembros asistentes, teniendo voto de calidad el Presidente en caso de empate en el número de votos.

Para la válida constitución de la Comisión Rectora, y a efectos de la celebración de sesiones, deliberaciones y adopción de acuerdos, será necesaria la asistencia, al menos, de la mitad de sus miembros con derecho de voto, debiendo adoptarse sus acuerdos por mayoría de los miembros asistentes, teniendo voto de calidad el Presidente en caso de empate en el número de votos.

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así como otra referencia al carácter ejecutivo de las medidas de resolución, que no necesitarán el consentimiento de la junta o asamblea general, o de los accionistas, para su aplicación187.

así como otra referencia al carácter ejecutivo de las medidas de resolución, que no necesitarán el consentimiento de la junta o asamblea general, o de los accionistas, para su aplicación187.

187 Señala a este respecto el art. 57 de la Ley 9/2012, encargado de regular esta cooperación y coordinación con otras autoridades competentes nacionales, que el FROB colaborará con las autoridades que tengan encomendadas funciones relacionadas con la supervisión, la reestructuración o la resolución de entidades financieras, en particular, con el Banco de España, la CNMV, la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, las autoridades designadas por las Comunidades Autónomas para realizar alguna de tales funciones, el Consorcio de Compensación de Seguros, el Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito y el Fondo de Garantía de Inversiones. Con todas ellas podrá concluir el FROB los oportunos convenios de colaboración, así como solicitar cuanta información sea necesaria para el ejercicio de las competencias que tiene atribuidas. El citado Fondo facilitará a dichas autoridades la información que resulte necesaria para el ejercicio de sus competencias conforme a la normativa vigente. En caso de resolución de entidades de crédito que pertenezcan a un grupo o conglomerado financiero el FROB, al adoptar las medidas y ejercitar las facultades conferidas, minimizará el impacto que dichas medidas y facultades puedan tener eventualmente en el resto de las entidades del grupo o conglomerado y en el grupo o conglomerado en su conjunto. Concretamente el Banco de España y el FROB, cada uno en el marco de sus respectivas competencias, asumirán la función de coordinadores de la resolución cuando el Banco de España tenga encomendadas las funciones de vigilancia y supervisión del grupo consolidable en que se integre la entidad dominante del conglomerado o, en su defecto, de la propia entidad dominante considerada individualmente. Asimismo en el ejercicio de sus competencias y, en particular, en caso de reestructuración o de resolución de entidades de crédito que pertenezcan a grupos internacionales, el FROB colaborará con las instituciones de la Unión Europea, incluyendo la Autoridad Bancaria Europea, y las autoridades extranjeras que tengan encomendadas funciones relacionadas con la supervisión, la reestructuración o la resolución de entidades financieras, pudiendo concluir con ellas los oportunos acuerdos de colaboración, así como intercambiar información en la medida necesaria para el ejercicio de las competencias que tienen atribuidas en relación con la planificación y ejecución de medidas de actuación temprana, de reestructuración o de resolución. En particular, el FROB podrá participar en los colegios de autoridades de resolución que puedan establecerse para asegurar la necesaria cooperación y coordinación con autoridades de resolución extranjeras. Tal y como precisa el apartado segundo del art. 56 “En caso de que las autoridades extranjeras competentes no pertenezcan a un Estado miembro de la Unión Europea, el intercambio de información exigirá que exista reciprocidad, que las autoridades competentes estén sometidas a deber de secreto en condiciones que, como mínimo, sean equiparables a las establecidas por las leyes españolas y que la información sea necesaria para el ejercicio por la autoridad extranjera de funciones relacionadas con la supervisión, reestructuración o resolución de entidades financieras que, bajo su normativa nacional, sean equiparables a las establecidas por las leyes españolas. La transmisión de información reservada a las autoridades mencionadas en el párrafo anterior estará condicionada, cuando la información se haya originado en otro Estado miembro de la Unión Europea, a la conformidad expresa de la autoridad que la hubiera revelado, y la información podrá ser comunicada únicamente a los efectos para los que dicha autoridad haya dado su conformidad”. Produciéndose la resolución de entidades de crédito que pertenezcan a

187 Señala a este respecto el art. 57 de la Ley 9/2012, encargado de regular esta cooperación y coordinación con otras autoridades competentes nacionales, que el FROB colaborará con las autoridades que tengan encomendadas funciones relacionadas con la supervisión, la reestructuración o la resolución de entidades financieras, en particular, con el Banco de España, la CNMV, la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, las autoridades designadas por las Comunidades Autónomas para realizar alguna de tales funciones, el Consorcio de Compensación de Seguros, el Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito y el Fondo de Garantía de Inversiones. Con todas ellas podrá concluir el FROB los oportunos convenios de colaboración, así como solicitar cuanta información sea necesaria para el ejercicio de las competencias que tiene atribuidas. El citado Fondo facilitará a dichas autoridades la información que resulte necesaria para el ejercicio de sus competencias conforme a la normativa vigente. En caso de resolución de entidades de crédito que pertenezcan a un grupo o conglomerado financiero el FROB, al adoptar las medidas y ejercitar las facultades conferidas, minimizará el impacto que dichas medidas y facultades puedan tener eventualmente en el resto de las entidades del grupo o conglomerado y en el grupo o conglomerado en su conjunto. Concretamente el Banco de España y el FROB, cada uno en el marco de sus respectivas competencias, asumirán la función de coordinadores de la resolución cuando el Banco de España tenga encomendadas las funciones de vigilancia y supervisión del grupo consolidable en que se integre la entidad dominante del conglomerado o, en su defecto, de la propia entidad dominante considerada individualmente. Asimismo en el ejercicio de sus competencias y, en particular, en caso de reestructuración o de resolución de entidades de crédito que pertenezcan a grupos internacionales, el FROB colaborará con las instituciones de la Unión Europea, incluyendo la Autoridad Bancaria Europea, y las autoridades extranjeras que tengan encomendadas funciones relacionadas con la supervisión, la reestructuración o la resolución de entidades financieras, pudiendo concluir con ellas los oportunos acuerdos de colaboración, así como intercambiar información en la medida necesaria para el ejercicio de las competencias que tienen atribuidas en relación con la planificación y ejecución de medidas de actuación temprana, de reestructuración o de resolución. En particular, el FROB podrá participar en los colegios de autoridades de resolución que puedan establecerse para asegurar la necesaria cooperación y coordinación con autoridades de resolución extranjeras. Tal y como precisa el apartado segundo del art. 56 “En caso de que las autoridades extranjeras competentes no pertenezcan a un Estado miembro de la Unión Europea, el intercambio de información exigirá que exista reciprocidad, que las autoridades competentes estén sometidas a deber de secreto en condiciones que, como mínimo, sean equiparables a las establecidas por las leyes españolas y que la información sea necesaria para el ejercicio por la autoridad extranjera de funciones relacionadas con la supervisión, reestructuración o resolución de entidades financieras que, bajo su normativa nacional, sean equiparables a las establecidas por las leyes españolas. La transmisión de información reservada a las autoridades mencionadas en el párrafo anterior estará condicionada, cuando la información se haya originado en otro Estado miembro de la Unión Europea, a la conformidad expresa de la autoridad que la hubiera revelado, y la información podrá ser comunicada únicamente a los efectos para los que dicha autoridad haya dado su conformidad”. Produciéndose la resolución de entidades de crédito que pertenezcan a

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En el ejercicio de sus competencias, el FROB y el Banco de España quedan además obligados a minimizar aquellas distorsiones que sus medidas pudieran provocar en las condiciones de competencia, cumpliendo al efecto con la normativa española y de la Unión Europea en materia de competencia y ayudas de Estado. A tal efecto el FROB y el Banco de España colaborarán con la Comisión Europea proporcionándole la información necesaria en el marco de los procedimientos de autorización previstos en la normativa de la Unión Europea en materia de competencia y ayudas de Estado. Con carácter adicional el FROB, en el ejercicio de sus competencias, podrá tomar en consideración las recomendaciones, directrices, normas técnicas y demás iniciativas que se desarrollen a nivel internacional en el ámbito de la reestructuración y resolución de entidades de crédito y, en particular, las adoptadas por la Comisión Europea y la Autoridad Bancaria Europea.

En el ejercicio de sus competencias, el FROB y el Banco de España quedan además obligados a minimizar aquellas distorsiones que sus medidas pudieran provocar en las condiciones de competencia, cumpliendo al efecto con la normativa española y de la Unión Europea en materia de competencia y ayudas de Estado. A tal efecto el FROB y el Banco de España colaborarán con la Comisión Europea proporcionándole la información necesaria en el marco de los procedimientos de autorización previstos en la normativa de la Unión Europea en materia de competencia y ayudas de Estado. Con carácter adicional el FROB, en el ejercicio de sus competencias, podrá tomar en consideración las recomendaciones, directrices, normas técnicas y demás iniciativas que se desarrollen a nivel internacional en el ámbito de la reestructuración y resolución de entidades de crédito y, en particular, las adoptadas por la Comisión Europea y la Autoridad Bancaria Europea.

En resumen, tras la nueva regulación aprobada el FROB pasa a convertirse en el órgano responsable de la supervisión de la reestructuración y de la resolución de los bancos asumiendo, junto con el Banco de España, la responsabilidad de ejecutar la reestructuración bancaria, en combinación con el supervisor. Dicho Fondo pasa a estar regido por una Comisión y sujeto a control parlamentario. A pesar de que su Comisión Rectora seguirá estando formada por nueve miembros, cuatro de ellos serán designados por el Banco de España, entre los cuales deberá estar el Subgobernador, que ejercerá de Presidente. Por su parte el Secretario General del Tesoro ostentará la Vicepresidencia, mientras que el resto de asientos se repartirán entre un interventor general de la Administración del Estado, el Subsecretario del Ministerio de Economía y Competitividad, el Director General de Política Económica y el Director General de Presupuestos188.

En resumen, tras la nueva regulación aprobada el FROB pasa a convertirse en el órgano responsable de la supervisión de la reestructuración y de la resolución de los bancos asumiendo, junto con el Banco de España, la responsabilidad de ejecutar la reestructuración bancaria, en combinación con el supervisor. Dicho Fondo pasa a estar regido por una Comisión y sujeto a control parlamentario. A pesar de que su Comisión Rectora seguirá estando formada por nueve miembros, cuatro de ellos serán designados por el Banco de España, entre los cuales deberá estar el Subgobernador, que ejercerá de Presidente. Por su parte el Secretario General del Tesoro ostentará la Vicepresidencia, mientras que el resto de asientos se repartirán entre un interventor general de la Administración del Estado, el Subsecretario del Ministerio de Economía y Competitividad, el Director General de Política Económica y el Director General de Presupuestos188.

un grupo o conglomerado financiero que opere también en otros Estados miembros de la Unión Europea y cuya supervisión consolidada no corresponda a autoridades españolas, antes de declarar la apertura de un proceso de resolución, el Banco de España consultará a la autoridad de la Unión Europea responsable de la supervisión consolidada del grupo al que pertenezca la entidad si bien, en caso de urgencia, o cuando entienda que la consulta puede comprometer la eficacia de las correspondientes medidas, informará sin demora a la autoridad competente de las medidas adoptadas. Por su parte el FROB minimizará los efectos perjudiciales que tales medidas y facultades puedan tener eventualmente en la estabilidad del sistema financiero de la Unión Europea y, en particular, en la de los Estados miembros de la Unión Europea donde opera el grupo o conglomerado. 188 Téngase presente además que el personal del FROB ha de ser seleccionado respetando los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad, quedando vinculado a este por una relación de Derecho laboral. No obstante, y sin perjuicio de lo anterior, el personal funcionario

un grupo o conglomerado financiero que opere también en otros Estados miembros de la Unión Europea y cuya supervisión consolidada no corresponda a autoridades españolas, antes de declarar la apertura de un proceso de resolución, el Banco de España consultará a la autoridad de la Unión Europea responsable de la supervisión consolidada del grupo al que pertenezca la entidad si bien, en caso de urgencia, o cuando entienda que la consulta puede comprometer la eficacia de las correspondientes medidas, informará sin demora a la autoridad competente de las medidas adoptadas. Por su parte el FROB minimizará los efectos perjudiciales que tales medidas y facultades puedan tener eventualmente en la estabilidad del sistema financiero de la Unión Europea y, en particular, en la de los Estados miembros de la Unión Europea donde opera el grupo o conglomerado. 188 Téngase presente además que el personal del FROB ha de ser seleccionado respetando los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad, quedando vinculado a este por una relación de Derecho laboral. No obstante, y sin perjuicio de lo anterior, el personal funcionario

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Cada tres meses, el Presidente de la Comisión Rectora del FROB tendrá que acudir al Congreso de los Diputados para comparecer ante la Comisión de Economía del Congreso al objeto de informar sobre la evolución de sus actividades, una intervención con carácter público de forma general. Asimismo deberá informar específicamente sobre las medidas de reestructuración o liquidación que lleve a cabo, en las condiciones que determine la Comisión de Economía. En cambio la normativa anterior no obligaba al Presidente del FROB a acudir trimestralmente al Congreso de los Diputados y otorgaba poder a la Comisión de Economía para decidir los términos en los que debía rendir cuentas, siempre en el plazo de los 30 días siguientes a cada una de sus actuaciones189.

Cada tres meses, el Presidente de la Comisión Rectora del FROB tendrá que acudir al Congreso de los Diputados para comparecer ante la Comisión de Economía del Congreso al objeto de informar sobre la evolución de sus actividades, una intervención con carácter público de forma general. Asimismo deberá informar específicamente sobre las medidas de reestructuración o liquidación que lleve a cabo, en las condiciones que determine la Comisión de Economía. En cambio la normativa anterior no obligaba al Presidente del FROB a acudir trimestralmente al Congreso de los Diputados y otorgaba poder a la Comisión de Economía para decidir los términos en los que debía rendir cuentas, siempre en el plazo de los 30 días siguientes a cada una de sus actuaciones189.

Su financiación provendrá de los Presupuestos Generales del Estado y de las operaciones de endeudamiento que sean necesarias.

Su financiación provendrá de los Presupuestos Generales del Estado y de las operaciones de endeudamiento que sean necesarias.

3.B.

3.B.

Régimen procesal de impugnación de las decisiones adoptadas por el FROB

Régimen procesal de impugnación de las decisiones adoptadas por el FROB

En relación con el régimen procesal de impugnación de las decisiones que adopte el FROB la nueva regulación aprobada parte de la distinción existente entre las decisiones y acuerdos adoptados por el FROB en el ejercicio de facultades mercantiles, que se impugnarán de acuerdo con las

En relación con el régimen procesal de impugnación de las decisiones que adopte el FROB la nueva regulación aprobada parte de la distinción existente entre las decisiones y acuerdos adoptados por el FROB en el ejercicio de facultades mercantiles, que se impugnarán de acuerdo con las

que vaya a prestar servicios en el FROB podrá hacerlo en la situación de servicios especiales. Los gastos del personal de dicho fondo y de sus directivos se someterán a los límites previstos para las entidades del Sector público estatal. 189 Dispone concretamente el art. 56 de la Ley 9/2012 que, con una periodicidad trimestral, el Presidente de la Comisión Rectora del FROB comparecerá ante la Comisión de Economía y Competitividad del Congreso de los Diputados, con el fin de informar sobre la evolución de las actividades del FROB y sobre los elementos fundamentales de su actuación económicofinanciera. Asimismo el Presidente de la Comisión Rectora del FROB comparecerá, en las condiciones que determine la Comisión de Economía y Competitividad del Congreso, para informar específicamente sobre las medidas de reestructuración o de resolución implementadas por parte de dicho Fondo. Dicha Comisión Rectora elevará a los Ministros de Hacienda y Administraciones Públicas y de Economía y Competitividad un informe trimestral sobre la gestión y actuación del FROB, donde se dará debida cuenta, entre otros aspectos, de las actuaciones de carácter económico y presupuestario de mayor impacto acometidas por el citado Fondo durante el citado periodo, dándose traslado por el Ministro de Economía y Competitividad de dicho informe a la Comisión de Economía y Competitividad del Congreso de los Diputados.

que vaya a prestar servicios en el FROB podrá hacerlo en la situación de servicios especiales. Los gastos del personal de dicho fondo y de sus directivos se someterán a los límites previstos para las entidades del Sector público estatal. 189 Dispone concretamente el art. 56 de la Ley 9/2012 que, con una periodicidad trimestral, el Presidente de la Comisión Rectora del FROB comparecerá ante la Comisión de Economía y Competitividad del Congreso de los Diputados, con el fin de informar sobre la evolución de las actividades del FROB y sobre los elementos fundamentales de su actuación económicofinanciera. Asimismo el Presidente de la Comisión Rectora del FROB comparecerá, en las condiciones que determine la Comisión de Economía y Competitividad del Congreso, para informar específicamente sobre las medidas de reestructuración o de resolución implementadas por parte de dicho Fondo. Dicha Comisión Rectora elevará a los Ministros de Hacienda y Administraciones Públicas y de Economía y Competitividad un informe trimestral sobre la gestión y actuación del FROB, donde se dará debida cuenta, entre otros aspectos, de las actuaciones de carácter económico y presupuestario de mayor impacto acometidas por el citado Fondo durante el citado periodo, dándose traslado por el Ministro de Economía y Competitividad de dicho informe a la Comisión de Economía y Competitividad del Congreso de los Diputados.

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normas previstas para la impugnación de acuerdos sociales con las especificidades previstas en la Ley 9/2012, y los actos dictados en el ejercicio de sus facultades administrativas, que serán impugnados en vía contenciosoadministrativa.

normas previstas para la impugnación de acuerdos sociales con las especificidades previstas en la Ley 9/2012, y los actos dictados en el ejercicio de sus facultades administrativas, que serán impugnados en vía contenciosoadministrativa.

Tal y como establece el art. 71 de la Ley 9/2012 las decisiones y acuerdos que adopte el FROB serán únicamente impugnables de acuerdo con las normas y los procedimientos previstos para la impugnación de acuerdos sociales de las sociedades de capital que sean contrarios a la ley. Dicha acción de impugnación caducará, en todo caso, en el plazo de quince días a contar desde el momento en el que el FROB proceda a dar publicidad a las citadas actuaciones.

Tal y como establece el art. 71 de la Ley 9/2012 las decisiones y acuerdos que adopte el FROB serán únicamente impugnables de acuerdo con las normas y los procedimientos previstos para la impugnación de acuerdos sociales de las sociedades de capital que sean contrarios a la ley. Dicha acción de impugnación caducará, en todo caso, en el plazo de quince días a contar desde el momento en el que el FROB proceda a dar publicidad a las citadas actuaciones.

Por su parte aquellos accionistas, socios, obligacionistas, cuotapartícipes, acreedores o cualesquiera otros terceros que considerasen que sus derechos e intereses legítimos se hubiesen visto lesionados por las decisiones adoptadas por el FROB en su condición de administrador podrán solicitar, de acuerdo con lo dispuesto por el art. 241 de la Ley de Sociedades de Capital, que se les indemnicen los daños y perjuicios sufridos. Ahora bien no se podrá ejercer la acción social de responsabilidad respecto de las actuaciones realizadas por el FROB en el marco del proceso de reestructuración o resolución de la entidad.

Por su parte aquellos accionistas, socios, obligacionistas, cuotapartícipes, acreedores o cualesquiera otros terceros que considerasen que sus derechos e intereses legítimos se hubiesen visto lesionados por las decisiones adoptadas por el FROB en su condición de administrador podrán solicitar, de acuerdo con lo dispuesto por el art. 241 de la Ley de Sociedades de Capital, que se les indemnicen los daños y perjuicios sufridos. Ahora bien no se podrá ejercer la acción social de responsabilidad respecto de las actuaciones realizadas por el FROB en el marco del proceso de reestructuración o resolución de la entidad.

En el supuesto de que se hubiera interpuesto recurso contenciosoadministrativo contra alguno de los actos que pudiera dictar el FROB el juez de lo mercantil suspenderá el procedimiento iniciado al efecto hasta la resolución del recurso contencioso-administrativo, cuando el acto administrativo impugnado diera cobertura a las decisiones adoptadas por el FROB.

En el supuesto de que se hubiera interpuesto recurso contenciosoadministrativo contra alguno de los actos que pudiera dictar el FROB el juez de lo mercantil suspenderá el procedimiento iniciado al efecto hasta la resolución del recurso contencioso-administrativo, cuando el acto administrativo impugnado diera cobertura a las decisiones adoptadas por el FROB.

La aprobación por el Banco de España de los planes de actuación temprana, de reestructuración y de resolución pondrá fin a la vía administrativa y será recurrible ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional. En la impugnación de la aprobación de los citados planes podrán serán demandados conjuntamente el Banco de España y el FROB, si bien la actuación procesal y eventual responsabilidad de cada uno de ellos quedará circunscritas al ámbito de competencias que les son propias. En todo caso los actos y decisiones del FROB dictados en el marco de procesos de actuación temprana, reestructuración y resolución, pondrán

La aprobación por el Banco de España de los planes de actuación temprana, de reestructuración y de resolución pondrá fin a la vía administrativa y será recurrible ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional. En la impugnación de la aprobación de los citados planes podrán serán demandados conjuntamente el Banco de España y el FROB, si bien la actuación procesal y eventual responsabilidad de cada uno de ellos quedará circunscritas al ámbito de competencias que les son propias. En todo caso los actos y decisiones del FROB dictados en el marco de procesos de actuación temprana, reestructuración y resolución, pondrán

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fin a la vía administrativa y serán recurribles ante la Sala de lo ContenciosoAdministrativo de la Audiencia Nacional.

fin a la vía administrativa y serán recurribles ante la Sala de lo ContenciosoAdministrativo de la Audiencia Nacional.

¿Quiénes quedan legitimados para interponer el recurso contenciosoadministrativo contra los actos y decisiones del FROB en materia de gestión de instrumentos híbridos de capital y de deuda subordinada? De conformidad con lo dispuesto por el art. 73 de la Ley 9/2012 dicha legitimación corresponderá: a los accionistas o socios de la entidad de crédito emisora de los instrumentos híbridos de capital y de deuda subordinada que representen, al menos, un 5% del capital social y, en su caso, la entidad íntegramente participada a través de la cual se haya instrumentado la emisión; a los titulares de valores incluidos en el ámbito de aplicación de la acción de gestión de instrumentos híbridos de capital y de deuda subordinada; y al comisario o representante del sindicato o asamblea que agrupe a los titulares de los valores de una determinada emisión afectada por la acción, siempre que este esté facultado para ello en virtud de los términos y condiciones de dicha emisión y de las reglas que regulen el funcionamiento de dicho sindicato o asamblea.

¿Quiénes quedan legitimados para interponer el recurso contenciosoadministrativo contra los actos y decisiones del FROB en materia de gestión de instrumentos híbridos de capital y de deuda subordinada? De conformidad con lo dispuesto por el art. 73 de la Ley 9/2012 dicha legitimación corresponderá: a los accionistas o socios de la entidad de crédito emisora de los instrumentos híbridos de capital y de deuda subordinada que representen, al menos, un 5% del capital social y, en su caso, la entidad íntegramente participada a través de la cual se haya instrumentado la emisión; a los titulares de valores incluidos en el ámbito de aplicación de la acción de gestión de instrumentos híbridos de capital y de deuda subordinada; y al comisario o representante del sindicato o asamblea que agrupe a los titulares de los valores de una determinada emisión afectada por la acción, siempre que este esté facultado para ello en virtud de los términos y condiciones de dicha emisión y de las reglas que regulen el funcionamiento de dicho sindicato o asamblea.

El auto por el que, en su caso, se acuerde la adopción de medidas cautelares deberá publicarse en el BOE, debiendo otorgar la entidad de crédito, el Banco de España y el FROB a dicho auto la misma publicidad a dicho auto que a la acción de gestión de instrumentos híbridos de capital y de deuda subordinada. En el supuesto de que el recurso contencioso-administrativo interpuesto por titulares de valores incluidos en el ámbito de aplicación de la acción de gestión de instrumentos híbridos de capital y de deuda subordinada o por el comisario o representante del sindicato o asamblea que los agrupe fuese estimado, el fallo únicamente tendría efectos con respecto a la emisión o emisiones en las que hubieran invertido. En todo caso tanto la entidad de crédito como el FROB otorgarán la misma publicidad a la sentencia que a la acción de gestión de instrumentos híbridos de capital y de deuda subordinada.

El auto por el que, en su caso, se acuerde la adopción de medidas cautelares deberá publicarse en el BOE, debiendo otorgar la entidad de crédito, el Banco de España y el FROB a dicho auto la misma publicidad a dicho auto que a la acción de gestión de instrumentos híbridos de capital y de deuda subordinada. En el supuesto de que el recurso contencioso-administrativo interpuesto por titulares de valores incluidos en el ámbito de aplicación de la acción de gestión de instrumentos híbridos de capital y de deuda subordinada o por el comisario o representante del sindicato o asamblea que los agrupe fuese estimado, el fallo únicamente tendría efectos con respecto a la emisión o emisiones en las que hubieran invertido. En todo caso tanto la entidad de crédito como el FROB otorgarán la misma publicidad a la sentencia que a la acción de gestión de instrumentos híbridos de capital y de deuda subordinada.

Por otro lado, tanto el Banco de España como el FROB podrán alegar ante la autoridad judicial las causas que determinen la imposibilidad material de ejecutar una sentencia que declare contraria a derecho alguna de las decisiones o de los actos previstos en los arts. 72 y 73 de la Ley 9/2012. El Juez o Tribunal de que se trate apreciará la concurrencia o no de dichas causas y fijará, en su caso, la indemnización que deba satisfacerse de

Por otro lado, tanto el Banco de España como el FROB podrán alegar ante la autoridad judicial las causas que determinen la imposibilidad material de ejecutar una sentencia que declare contraria a derecho alguna de las decisiones o de los actos previstos en los arts. 72 y 73 de la Ley 9/2012. El Juez o Tribunal de que se trate apreciará la concurrencia o no de dichas causas y fijará, en su caso, la indemnización que deba satisfacerse de

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Juan Calvo Vérgez

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acuerdo con el criterio de atribución de responsabilidad fijado al efecto. El importe de la citada indemnización alcanzará, como máximo, la diferencia entre el daño efectivamente sufrido por el recurrente y la pérdida que habría soportado en caso de que, en el momento de adoptarse la correspondiente decisión o acuerdo, se hubiera producido la liquidación de la entidad en el marco de un procedimiento concursal.

acuerdo con el criterio de atribución de responsabilidad fijado al efecto. El importe de la citada indemnización alcanzará, como máximo, la diferencia entre el daño efectivamente sufrido por el recurrente y la pérdida que habría soportado en caso de que, en el momento de adoptarse la correspondiente decisión o acuerdo, se hubiera producido la liquidación de la entidad en el marco de un procedimiento concursal.

Adviértase en consecuencia que la nueva regulación aprobada dispone la inejecución de aquellas sentencias que declaren la ilegalidad de los actos administrativos del Banco de España o del FROB por imposibilidad material, procediéndose incluso a fijar el importe máximo de la indemnización que el Tribunal pudiera fijar en su caso, así como las circunstancias que deberá tener en cuenta para valorar dicha imposibilidad.

Adviértase en consecuencia que la nueva regulación aprobada dispone la inejecución de aquellas sentencias que declaren la ilegalidad de los actos administrativos del Banco de España o del FROB por imposibilidad material, procediéndose incluso a fijar el importe máximo de la indemnización que el Tribunal pudiera fijar en su caso, así como las circunstancias que deberá tener en cuenta para valorar dicha imposibilidad.

Y, al procederse a valorar las causas que determinan la imposibilidad material de ejecutar una sentencia el Juez o Tribunal de que se trate habrá de tener en consideración circunstancias tales como el volumen especialmente significativo o la complejidad de las operaciones afectadas o que pudieran verse afectadas o la existencia de perjuicios que, de ejecutarse la sentencia en sus estrictos términos, se derivarían para la entidad y para la estabilidad del sistema financiero, y de derechos o intereses legítimos de otros accionistas, socios, obligacionistas, cuotapartícipes, acreedores o cualesquiera otros terceros, amparados por el ordenamiento jurídico.

Y, al procederse a valorar las causas que determinan la imposibilidad material de ejecutar una sentencia el Juez o Tribunal de que se trate habrá de tener en consideración circunstancias tales como el volumen especialmente significativo o la complejidad de las operaciones afectadas o que pudieran verse afectadas o la existencia de perjuicios que, de ejecutarse la sentencia en sus estrictos términos, se derivarían para la entidad y para la estabilidad del sistema financiero, y de derechos o intereses legítimos de otros accionistas, socios, obligacionistas, cuotapartícipes, acreedores o cualesquiera otros terceros, amparados por el ordenamiento jurídico.

3. C. EL Reforzamiento de las funciones a desempeñar por el Banco de España

3. C. EL Reforzamiento de las funciones a desempeñar por el Banco de España

El Real Decreto-Ley 24/2012 (así como con posterioridad la Ley 9/2012) contribuyó a realizar una clara separación entre las funciones atribuidas al Banco de España y al Ministerio de Economía y Competitividad en materia de autorización y sanción de las entidades de crédito, transfiriéndose al Banco de España aquellas funciones que antes correspondían al Ministerio de Economía y Competitividad.

El Real Decreto-Ley 24/2012 (así como con posterioridad la Ley 9/2012) contribuyó a realizar una clara separación entre las funciones atribuidas al Banco de España y al Ministerio de Economía y Competitividad en materia de autorización y sanción de las entidades de crédito, transfiriéndose al Banco de España aquellas funciones que antes correspondían al Ministerio de Economía y Competitividad.

A tal efecto la Disp. Final Vigésima de la Ley 9/2012 facultó al Banco de España para dictar las disposiciones precisas para la debida ejecución de la nueva regulación aprobada y, en particular, para establecer la frecuencia y la forma de las declaraciones de cumplimiento de la ratio de capital prin-

A tal efecto la Disp. Final Vigésima de la Ley 9/2012 facultó al Banco de España para dictar las disposiciones precisas para la debida ejecución de la nueva regulación aprobada y, en particular, para establecer la frecuencia y la forma de las declaraciones de cumplimiento de la ratio de capital prin-

La recapitalización de las entidades financieras

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cipal, definir los conceptos contables que hayan de integrar la definición de capital principal así como la forma en que hayan de computarse y precisar los requisitos de emisión de los instrumentos de deuda obligatoriamente convertibles para su computabilidad como capital principal190. Con carácter adicional el supervisor quedó facultado para determinar cómo podrán ajustarse las exposiciones ponderadas por riesgo para que el requerimiento de recursos propios de cada exposición de riesgo no exceda del valor de la propia exposición y para que se preserve la consistencia entre el valor de las exposiciones y los componentes del capital principal.

cipal, definir los conceptos contables que hayan de integrar la definición de capital principal así como la forma en que hayan de computarse y precisar los requisitos de emisión de los instrumentos de deuda obligatoriamente convertibles para su computabilidad como capital principal190. Con carácter adicional el supervisor quedó facultado para determinar cómo podrán ajustarse las exposiciones ponderadas por riesgo para que el requerimiento de recursos propios de cada exposición de riesgo no exceda del valor de la propia exposición y para que se preserve la consistencia entre el valor de las exposiciones y los componentes del capital principal.

Pues bien, en cumplimiento de lo anterior se dictó la Circular 7/2012, de 30 de noviembre, del Banco de España, a entidades de crédito, sobre requerimientos mínimos de capital principal, a través de la cual se procedió a relacionar los instrumentos computables que han de integrar la definición de capital principal, así como la forma en que han de computarse y los requisitos de su emisión, en particular los de los instrumentos de deuda obligatoriamente convertibles. Todo ello en el marco de los instrumentos considerados y condiciones de emisión fijadas en la recomendación por la Autoridad Bancaria Europea para su aplicación en los procesos de recapitalización recientemente efectuados.

Pues bien, en cumplimiento de lo anterior se dictó la Circular 7/2012, de 30 de noviembre, del Banco de España, a entidades de crédito, sobre requerimientos mínimos de capital principal, a través de la cual se procedió a relacionar los instrumentos computables que han de integrar la definición de capital principal, así como la forma en que han de computarse y los requisitos de su emisión, en particular los de los instrumentos de deuda obligatoriamente convertibles. Todo ello en el marco de los instrumentos considerados y condiciones de emisión fijadas en la recomendación por la Autoridad Bancaria Europea para su aplicación en los procesos de recapitalización recientemente efectuados.

Con carácter adicional la citada Circular determinó cómo pueden ajustarse las exposiciones ponderadas por riesgo para que el requerimiento de recursos propios de cada exposición de riesgo no exceda del valor de la propia exposición y para que se preserve la consistencia entre el valor de las exposiciones y los componentes del capital principal. Finalmente se estableció la frecuencia y la forma de las declaraciones de cumplimiento de la ratio de capital principal, para lo que se incluyó un modelo como Anexo.

Con carácter adicional la citada Circular determinó cómo pueden ajustarse las exposiciones ponderadas por riesgo para que el requerimiento de recursos propios de cada exposición de riesgo no exceda del valor de la propia exposición y para que se preserve la consistencia entre el valor de las exposiciones y los componentes del capital principal. Finalmente se estableció la frecuencia y la forma de las declaraciones de cumplimiento de la ratio de capital principal, para lo que se incluyó un modelo como Anexo.

190 En efecto recuérdese que, tal y como se ha venido analizando, la Ley 9/2012, de 14 de noviembre, de reestructuración y resolución de entidades de crédito, procedió a transformar los requisitos del 8% de capital principal establecido con carácter general y del 10% fijado para las entidades con difícil acceso a los mercados de capitales y para las que predomine la financiación mayorista, en un requisito único del 9% que habrían de cumplir las referidas entidades y grupos a partir del 1 de enero de 2013. Y, al margen de la citada modificación del nivel de exigencia de capital principal, se modificó su definición con la finalidad de adecuarla a la utilizada por la Autoridad Bancaria Europea en su reciente ejercicio de recapitalización, tanto en sus elementos computables como en las deducciones aplicables, de acuerdo con la Recomendación EBA/REC/2011/1.

190 En efecto recuérdese que, tal y como se ha venido analizando, la Ley 9/2012, de 14 de noviembre, de reestructuración y resolución de entidades de crédito, procedió a transformar los requisitos del 8% de capital principal establecido con carácter general y del 10% fijado para las entidades con difícil acceso a los mercados de capitales y para las que predomine la financiación mayorista, en un requisito único del 9% que habrían de cumplir las referidas entidades y grupos a partir del 1 de enero de 2013. Y, al margen de la citada modificación del nivel de exigencia de capital principal, se modificó su definición con la finalidad de adecuarla a la utilizada por la Autoridad Bancaria Europea en su reciente ejercicio de recapitalización, tanto en sus elementos computables como en las deducciones aplicables, de acuerdo con la Recomendación EBA/REC/2011/1.

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SOCIEDAD GESTORA DE ACTIVOS VERSUS BANCO PUENTE

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SOCIEDAD GESTORA DE ACTIVOS VERSUS BANCO PUENTE

4. A. Consideraciones previas

4. A. Consideraciones previas

Con la finalidad de articular la reestructuración de nuestro sistema financiero español el RDLey 24/2012 acometió la creación de las figuras del “banco malo” y del “banco puente”. El primero de ellos, denominado entidad de gestión de activos, ya fue objeto de una regulación inicial a través del Real Decreto-Ley 18/2012, de 11 de mayo, como hemos tenido ocasión de analizar. Se trata de una sociedad de gestión de activos inmobiliarios al que todos los bancos que reciban ayudas públicas (especialmente las entidades nacionalizadas) han de traspasar sus activos inmobiliarios problemáticos, para limpiar sus balances. La sociedad de gestión de activos se constituye así como un instrumento que ha de permitir la concentración de aquellos activos considerados como problemáticos, facilitando su gestión.

Con la finalidad de articular la reestructuración de nuestro sistema financiero español el RDLey 24/2012 acometió la creación de las figuras del “banco malo” y del “banco puente”. El primero de ellos, denominado entidad de gestión de activos, ya fue objeto de una regulación inicial a través del Real Decreto-Ley 18/2012, de 11 de mayo, como hemos tenido ocasión de analizar. Se trata de una sociedad de gestión de activos inmobiliarios al que todos los bancos que reciban ayudas públicas (especialmente las entidades nacionalizadas) han de traspasar sus activos inmobiliarios problemáticos, para limpiar sus balances. La sociedad de gestión de activos se constituye así como un instrumento que ha de permitir la concentración de aquellos activos considerados como problemáticos, facilitando su gestión.

A tal efecto la presente regulación introduce un conjunto de disposiciones sobre las acciones de gestión de instrumentos híbridos de capital y deuda subordinada que aclaran la cuestión de quién debe financiar las medidas de reestructuración y de resolución de una entidad bancaria. Todo ello partiendo de la base de que los accionistas y acreedores han de sufragar los gastos de la reestructuración o resolución antes que los contribuyentes, en virtud de un principio evidente de responsabilidad y de asunción de riesgos.

A tal efecto la presente regulación introduce un conjunto de disposiciones sobre las acciones de gestión de instrumentos híbridos de capital y deuda subordinada que aclaran la cuestión de quién debe financiar las medidas de reestructuración y de resolución de una entidad bancaria. Todo ello partiendo de la base de que los accionistas y acreedores han de sufragar los gastos de la reestructuración o resolución antes que los contribuyentes, en virtud de un principio evidente de responsabilidad y de asunción de riesgos.

Señala el art. 35 del Real Decreto-Ley 24/2012, refiriéndose a esta sociedad de gestión de activos, que el FROB podrá, con carácter de acto administrativo, obligar a una entidad de crédito a transmitir a una sociedad de gestión de activos determinadas categorías de activos especialmente dañados o cuya permanencia en el balance de la entidad se considere perjudicial para su viabilidad, a fin de dar de baja del balance dichos activos y permitir la gestión independiente de su realización. Como es lógico ello obligará a fijar unos criterios que permitan definir las categorías de activos en función de, entre otros, la actividad a la que estuviesen ligados, su antigüedad en balance y su clasificación contable. En función de estos criterios el Banco de España precisará para cada entidad los activos susceptibles de ser transmitidos.

Señala el art. 35 del Real Decreto-Ley 24/2012, refiriéndose a esta sociedad de gestión de activos, que el FROB podrá, con carácter de acto administrativo, obligar a una entidad de crédito a transmitir a una sociedad de gestión de activos determinadas categorías de activos especialmente dañados o cuya permanencia en el balance de la entidad se considere perjudicial para su viabilidad, a fin de dar de baja del balance dichos activos y permitir la gestión independiente de su realización. Como es lógico ello obligará a fijar unos criterios que permitan definir las categorías de activos en función de, entre otros, la actividad a la que estuviesen ligados, su antigüedad en balance y su clasificación contable. En función de estos criterios el Banco de España precisará para cada entidad los activos susceptibles de ser transmitidos.

La recapitalización de las entidades financieras

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Por su parte la Disp. Adic. Séptima del Real Decreto-Ley 24/2012 se refiere igualmente a la creación de la citada sociedad de gestión de activos procedentes de la reestructuración bancaria, y de conformidad con la cual en el plazo de tres meses a contar desde la entrada en vigor del citado texto legal el FROB constituirá, bajo la denominación de “Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria, S.A.”, una sociedad de gestión de activos destinada a adquirir los activos de aquellas entidades que el FROB determine. Dicha sociedad tendrá por objeto exclusivo la tenencia, gestión y administración directa o indirecta, así como la adquisición y enajenación de los activos que le transfieran las entidades de crédito y de aquellos que pudiera adquirir en el futuro.

Por su parte la Disp. Adic. Séptima del Real Decreto-Ley 24/2012 se refiere igualmente a la creación de la citada sociedad de gestión de activos procedentes de la reestructuración bancaria, y de conformidad con la cual en el plazo de tres meses a contar desde la entrada en vigor del citado texto legal el FROB constituirá, bajo la denominación de “Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria, S.A.”, una sociedad de gestión de activos destinada a adquirir los activos de aquellas entidades que el FROB determine. Dicha sociedad tendrá por objeto exclusivo la tenencia, gestión y administración directa o indirecta, así como la adquisición y enajenación de los activos que le transfieran las entidades de crédito y de aquellos que pudiera adquirir en el futuro.

A los efectos del cumplimiento con su objeto, la citada sociedad actuará en todo momento de forma transparente. Se trata de una sociedad que habrá de constituirse por un periodo de tiempo limitado que se determinará en sus estatutos, pudiendo adquirir la condición de accionistas de la sociedad, además del FROB, el Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito, las entidades de crédito, las demás entidades calificadas como financieras de conformidad con el art. 3.3 de la Ley 25/2005, de 24 de noviembre, reguladora de las entidades de capital riesgo y sus sociedades gestoras, además de otros inversores institucionales y las entidades que reglamentariamente se determinen.

A los efectos del cumplimiento con su objeto, la citada sociedad actuará en todo momento de forma transparente. Se trata de una sociedad que habrá de constituirse por un periodo de tiempo limitado que se determinará en sus estatutos, pudiendo adquirir la condición de accionistas de la sociedad, además del FROB, el Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito, las entidades de crédito, las demás entidades calificadas como financieras de conformidad con el art. 3.3 de la Ley 25/2005, de 24 de noviembre, reguladora de las entidades de capital riesgo y sus sociedades gestoras, además de otros inversores institucionales y las entidades que reglamentariamente se determinen.

Téngase presente además que, de acuerdo con lo establecido en la Disp. Adic. Décima del RDLey 24/2012, podrán constituirse agrupaciones de activos y pasivos de una sociedad de gestión de activos que constituyan patrimonios separados carentes de personalidad jurídica, aunque puedan resultar titulares de derechos y obligaciones. No obstante dichas entidades deberán adaptar su régimen jurídico a la presente regulación y a su eventual normativa de desarrollo así como, con carácter subsidiario, a la regulación de sociedades y fondos de capital riesgo, fondos de titulización y de titulización hipotecaria, en cuanto resulte de aplicación, no siéndoles en cambio de aplicación en ningún caso las normas sobre composición, cuantitativa o cualitativa, del activo o del pasivo que puedan ser de aplicación a otras entidades semejantes.

Téngase presente además que, de acuerdo con lo establecido en la Disp. Adic. Décima del RDLey 24/2012, podrán constituirse agrupaciones de activos y pasivos de una sociedad de gestión de activos que constituyan patrimonios separados carentes de personalidad jurídica, aunque puedan resultar titulares de derechos y obligaciones. No obstante dichas entidades deberán adaptar su régimen jurídico a la presente regulación y a su eventual normativa de desarrollo así como, con carácter subsidiario, a la regulación de sociedades y fondos de capital riesgo, fondos de titulización y de titulización hipotecaria, en cuanto resulte de aplicación, no siéndoles en cambio de aplicación en ningún caso las normas sobre composición, cuantitativa o cualitativa, del activo o del pasivo que puedan ser de aplicación a otras entidades semejantes.

Con carácter general la participación pública podrá ser igual o superior al cincuenta por ciento del capital de la sociedad, entendiéndose por participación pública el conjunto de las participaciones directas o indirectas que

Con carácter general la participación pública podrá ser igual o superior al cincuenta por ciento del capital de la sociedad, entendiéndose por participación pública el conjunto de las participaciones directas o indirectas que

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ostenten las unidades institucionales públicas, tal y como se definen en el Sistema Europeo de Cuentas Nacionales. De cara a ostentar la condición de miembro del consejo de administración se requerirán las condiciones de la honorabilidad comercial y profesional exigida para ejercer la actividad bancaria, disponiendo asimismo los estatutos la existencia de un número suficiente de consejeros independientes.

ostenten las unidades institucionales públicas, tal y como se definen en el Sistema Europeo de Cuentas Nacionales. De cara a ostentar la condición de miembro del consejo de administración se requerirán las condiciones de la honorabilidad comercial y profesional exigida para ejercer la actividad bancaria, disponiendo asimismo los estatutos la existencia de un número suficiente de consejeros independientes.

En el hipotético caso de que la adecuada gestión de la sociedad de gestión de activos así lo hiciera conveniente el FROB podría constituir una sociedad gestora cuyo objeto consistiría en la gestión y administración del patrimonio de la sociedad de gestión de activos, a la que representaría, en su caso, en las operaciones de su tráfico ordinario, con vistas a la realización de dicho patrimonio en las mejores condiciones posibles, dentro del término de duración de la citada sociedad de gestión de activos. Dicha sociedad gestora de activos deberá adaptar su régimen jurídico a lo dispuesto en el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital y en las demás normas del ordenamiento jurídico-privado, debiendo remitir además al FROB aquella información que éste les requiera relativa a su actividad.

En el hipotético caso de que la adecuada gestión de la sociedad de gestión de activos así lo hiciera conveniente el FROB podría constituir una sociedad gestora cuyo objeto consistiría en la gestión y administración del patrimonio de la sociedad de gestión de activos, a la que representaría, en su caso, en las operaciones de su tráfico ordinario, con vistas a la realización de dicho patrimonio en las mejores condiciones posibles, dentro del término de duración de la citada sociedad de gestión de activos. Dicha sociedad gestora de activos deberá adaptar su régimen jurídico a lo dispuesto en el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital y en las demás normas del ordenamiento jurídico-privado, debiendo remitir además al FROB aquella información que éste les requiera relativa a su actividad.

Inicialmente la dirección de su gestión corresponderá al FROB, dado que es el accionista de los bancos nacionalizados, que son los que más activos traspasarán o venderán al “banco malo”. No obstante se prevé la posibilidad de que en el futuro entren inversores privados en la gestión de la sociedad, lo que podría alterar el esquema de gestión. De este modo, sin perjuicio de que el FROB tenga un porcentaje de participación importante así como un peso destacado en la gestión, podrán asumir igualmente esta última inversores institucionales, dado que hay entidades que pueden ceder activos inmobiliarios y obtener parte de su cobro con una participación en el capital del ‘banco malo’. En todo caso la nueva normativa aprobada prevé el apoyo financiero del Fondo de Garantía de Depósitos y del propio FROB a través de garantías o de la concesión de préstamos191.

Inicialmente la dirección de su gestión corresponderá al FROB, dado que es el accionista de los bancos nacionalizados, que son los que más activos traspasarán o venderán al “banco malo”. No obstante se prevé la posibilidad de que en el futuro entren inversores privados en la gestión de la sociedad, lo que podría alterar el esquema de gestión. De este modo, sin perjuicio de que el FROB tenga un porcentaje de participación importante así como un peso destacado en la gestión, podrán asumir igualmente esta última inversores institucionales, dado que hay entidades que pueden ceder activos inmobiliarios y obtener parte de su cobro con una participación en el capital del ‘banco malo’. En todo caso la nueva normativa aprobada prevé el apoyo financiero del Fondo de Garantía de Depósitos y del propio FROB a través de garantías o de la concesión de préstamos191.

El Estado, a través del FROB, no podrá tener más de un 50% del capital del banco malo. El resto tendrá que estar en manos de inversores privados. Con el objetivo último de facilitar la entrada de capital privado, los activos del banco malo se distribuirán entre los distintos fondos, para que los in-

El Estado, a través del FROB, no podrá tener más de un 50% del capital del banco malo. El resto tendrá que estar en manos de inversores privados. Con el objetivo último de facilitar la entrada de capital privado, los activos del banco malo se distribuirán entre los distintos fondos, para que los in-

191 En el hipotético caso de que el FGD se quedase sin liquidez se prevé que el FROB pueda financiar al FGD en condiciones de mercado y utilizando de manera eficiente los recursos públicos.

191 En el hipotético caso de que el FGD se quedase sin liquidez se prevé que el FROB pueda financiar al FGD en condiciones de mercado y utilizando de manera eficiente los recursos públicos.

La recapitalización de las entidades financieras

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versores interesados en negocios concretos tengan la vía abierta para entrar. En consecuencia se establecen mecanismos voluntarios y obligatorios de gestión de instrumentos híbridos de capital que afectan tanto a las participaciones preferentes como a la deuda subordinada, correspondiendo al FROB acordar la aplicación de estas acciones e instrumentarlas en los términos que permite el Real Decreto-Ley, valorando la idoneidad de su aplicación.

versores interesados en negocios concretos tengan la vía abierta para entrar. En consecuencia se establecen mecanismos voluntarios y obligatorios de gestión de instrumentos híbridos de capital que afectan tanto a las participaciones preferentes como a la deuda subordinada, correspondiendo al FROB acordar la aplicación de estas acciones e instrumentarlas en los términos que permite el Real Decreto-Ley, valorando la idoneidad de su aplicación.

De acuerdo con el principio de responsabilidad y asunción de riesgos, el hecho de que una entidad de crédito pueda haber recibido apoyo financiero por razones de urgencia antes de la adopción expresa de una decisión sobre su reestructuración o resolución no impedirá que el FROB, posteriormente, imponga acciones de gestión de instrumentos híbridos de capital y de deuda subordinada, siendo el objetivo de estas medidas, como acabamos de referir, que el coste a asumir por los contribuyentes sea el menor posible.

De acuerdo con el principio de responsabilidad y asunción de riesgos, el hecho de que una entidad de crédito pueda haber recibido apoyo financiero por razones de urgencia antes de la adopción expresa de una decisión sobre su reestructuración o resolución no impedirá que el FROB, posteriormente, imponga acciones de gestión de instrumentos híbridos de capital y de deuda subordinada, siendo el objetivo de estas medidas, como acabamos de referir, que el coste a asumir por los contribuyentes sea el menor posible.

Refiriéndose a la valoración de los activos establece el art. 5 del Real Decreto-Ley que, con carácter previo a la adopción de cualquier medida de reestructuración o de resolución y, en particular, a efectos de la aplicación de los instrumentos previstos al efecto, el FROB determinará el valor económico de la entidad o de los correspondientes activos y pasivos sobre la base de los informes de valoración encargados a uno o varios expertos independientes. El objetivo de esta valoración ha de ser determinar el valor económico de la entidad o de los correspondientes activos y pasivos de manera que puedan reconocerse las pérdidas que pudieran derivarse de la aplicación de los instrumentos que se vayan a utilizar.

Refiriéndose a la valoración de los activos establece el art. 5 del Real Decreto-Ley que, con carácter previo a la adopción de cualquier medida de reestructuración o de resolución y, en particular, a efectos de la aplicación de los instrumentos previstos al efecto, el FROB determinará el valor económico de la entidad o de los correspondientes activos y pasivos sobre la base de los informes de valoración encargados a uno o varios expertos independientes. El objetivo de esta valoración ha de ser determinar el valor económico de la entidad o de los correspondientes activos y pasivos de manera que puedan reconocerse las pérdidas que pudieran derivarse de la aplicación de los instrumentos que se vayan a utilizar.

Esta valoración, que ha de servir de base siempre que se conceda apoyo financiero público a una entidad, debe sujetarse al procedimiento y realizarse de conformidad con los criterios que determine con carácter general el FROB, mediante acuerdo de su Comisión Rectora, siguiendo metodologías comúnmente aceptadas. La valoración tomará como base las proyecciones económico-financieras de la entidad, con las modificaciones y ajustes que consideren procedentes los expertos designados por el FROB, y deberá tener en cuenta las circunstancias existentes en el momento de aplicación de los instrumentos que se vayan a utilizar y la necesidad de preservar la estabilidad financiera. En ningún caso se tendrán en cuenta para la determinación del valor económico de la entidad los apoyos financieros públicos recibidos o que se vayan a recibir del FROB en el marco de un proceso de

Esta valoración, que ha de servir de base siempre que se conceda apoyo financiero público a una entidad, debe sujetarse al procedimiento y realizarse de conformidad con los criterios que determine con carácter general el FROB, mediante acuerdo de su Comisión Rectora, siguiendo metodologías comúnmente aceptadas. La valoración tomará como base las proyecciones económico-financieras de la entidad, con las modificaciones y ajustes que consideren procedentes los expertos designados por el FROB, y deberá tener en cuenta las circunstancias existentes en el momento de aplicación de los instrumentos que se vayan a utilizar y la necesidad de preservar la estabilidad financiera. En ningún caso se tendrán en cuenta para la determinación del valor económico de la entidad los apoyos financieros públicos recibidos o que se vayan a recibir del FROB en el marco de un proceso de

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reestructuración o de resolución, y que este hubiera desembolsado en virtud de cualquier tipo de asistencia financiera a una entidad.

reestructuración o de resolución, y que este hubiera desembolsado en virtud de cualquier tipo de asistencia financiera a una entidad.

A tal efecto el FROB deberá solicitar informe previo al Banco de España sobre el procedimiento y criterios de valoración establecidos, entendiéndose a efectos tributarios por valor de mercado el valor económico.

A tal efecto el FROB deberá solicitar informe previo al Banco de España sobre el procedimiento y criterios de valoración establecidos, entendiéndose a efectos tributarios por valor de mercado el valor económico.

Dispone el art. 36 del Real Decreto-Ley que la transmisión de los activos a la sociedad de gestión de activos deberá realizarse sin necesidad de obtener el consentimiento de terceros, mediante cualquier negocio jurídico y sin tener que cumplir los requisitos de procedimiento exigidos en materia de modificaciones estructurales de las sociedades mercantiles. No obstante, con carácter previo a la transmisión la entidad de crédito deberá realizar los oportunos ajustes de valoración de los activos a transmitir. E igualmente con carácter previo a la transmisión, el Banco de España determinará el valor de los activos sobre la base de los informes de valoración encargados a uno o varios expertos independientes.

Dispone el art. 36 del Real Decreto-Ley que la transmisión de los activos a la sociedad de gestión de activos deberá realizarse sin necesidad de obtener el consentimiento de terceros, mediante cualquier negocio jurídico y sin tener que cumplir los requisitos de procedimiento exigidos en materia de modificaciones estructurales de las sociedades mercantiles. No obstante, con carácter previo a la transmisión la entidad de crédito deberá realizar los oportunos ajustes de valoración de los activos a transmitir. E igualmente con carácter previo a la transmisión, el Banco de España determinará el valor de los activos sobre la base de los informes de valoración encargados a uno o varios expertos independientes.

Dicha valoración deberá a cabo a través del procedimiento y de conformidad con los criterios previstos al efecto, siguiendo metodologías comúnmente aceptadas y en coherencia con el procedimiento de valoración regulado en el art. 5 del Real Decreto-Ley. Las citadas metodologías deberán ser coherentes y adecuadas para proporcionar una estimación realista de los activos, y además deberán maximizar el uso de datos observables y limitar los no observables tanto como sea posible. Dicha valoración sustituirá la realizada por experto independiente.

Dicha valoración deberá a cabo a través del procedimiento y de conformidad con los criterios previstos al efecto, siguiendo metodologías comúnmente aceptadas y en coherencia con el procedimiento de valoración regulado en el art. 5 del Real Decreto-Ley. Las citadas metodologías deberán ser coherentes y adecuadas para proporcionar una estimación realista de los activos, y además deberán maximizar el uso de datos observables y limitar los no observables tanto como sea posible. Dicha valoración sustituirá la realizada por experto independiente.

El FROB podrá exigir que, con carácter previo a su transmisión a la sociedad, los activos se agrupen en una sociedad o se realice sobre ellos cualquier clase de operación que facilite la transmisión. Ahora bien dicha transmisión de activos queda sometida a las siguientes condiciones especiales. En primer lugar no podrá ser, en ningún caso, objeto de rescisión por aplicación de las acciones de reintegración previstas en la legislación concursal. Tratándose de una transmisión de créditos que tuviesen la consideración de litigiosos, no resultará aplicable lo dispuesto en el artículo 1535 del Código Civil. La sociedad adquirente no quedará obligada a formular una oferta pública de adquisición con arreglo a la normativa sobre mercados de valores. Dicha transmisión de activos no constituirá un supuesto de sucesión o extensión de responsabilidad tributaria ni de Seguridad Social,

El FROB podrá exigir que, con carácter previo a su transmisión a la sociedad, los activos se agrupen en una sociedad o se realice sobre ellos cualquier clase de operación que facilite la transmisión. Ahora bien dicha transmisión de activos queda sometida a las siguientes condiciones especiales. En primer lugar no podrá ser, en ningún caso, objeto de rescisión por aplicación de las acciones de reintegración previstas en la legislación concursal. Tratándose de una transmisión de créditos que tuviesen la consideración de litigiosos, no resultará aplicable lo dispuesto en el artículo 1535 del Código Civil. La sociedad adquirente no quedará obligada a formular una oferta pública de adquisición con arreglo a la normativa sobre mercados de valores. Dicha transmisión de activos no constituirá un supuesto de sucesión o extensión de responsabilidad tributaria ni de Seguridad Social,

La recapitalización de las entidades financieras

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La recapitalización de las entidades financieras

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salvo lo dispuesto en el art. 44 del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido del Estatuto de los Trabajadores.

salvo lo dispuesto en el art. 44 del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido del Estatuto de los Trabajadores.

Para finalizar, la sociedad de gestión de activos no será responsable, en el caso de que se produzca la transmisión, de las obligaciones tributarias devengadas con anterioridad a dicha transmisión derivadas de la titularidad, explotación o gestión de los mismos por la entidad transmitente.

Para finalizar, la sociedad de gestión de activos no será responsable, en el caso de que se produzca la transmisión, de las obligaciones tributarias devengadas con anterioridad a dicha transmisión derivadas de la titularidad, explotación o gestión de los mismos por la entidad transmitente.

De acuerdo con lo establecido en la Disp. Adic. Novena del RDLey 24/2012, quedan obligadas a transmitir los activos a la sociedad de gestión de activos aquellas entidades de crédito que, a la entrada en vigor del citado texto legal, se encuentren mayoritariamente participadas por el FROB o que, a juicio del Banco de España y tras la oportuna evaluación independiente efectuada de las necesidades de capital y calidad de los activos en curso, vayan a requerir la apertura de un proceso de reestructuración o de resolución.

De acuerdo con lo establecido en la Disp. Adic. Novena del RDLey 24/2012, quedan obligadas a transmitir los activos a la sociedad de gestión de activos aquellas entidades de crédito que, a la entrada en vigor del citado texto legal, se encuentren mayoritariamente participadas por el FROB o que, a juicio del Banco de España y tras la oportuna evaluación independiente efectuada de las necesidades de capital y calidad de los activos en curso, vayan a requerir la apertura de un proceso de reestructuración o de resolución.

A priori lo deseable al respecto sería que el precio al que se valoren los activos que se traspasen al “banco malo” sea lo suficientemente bajo para que cuando sea vendido no genere una pérdida para el contribuyente, pudiendo incluso llegar a originarse una plusvalía. Recuérdese además a este respecto que, en el caso del suelo, las entidades financieras se han visto obligados a provisionar en un 80% su valor, de manera que podrían aplicar este porcentaje sin sufrir pérdidas adicionales cuando lo transfieran al “banco malo”.

A priori lo deseable al respecto sería que el precio al que se valoren los activos que se traspasen al “banco malo” sea lo suficientemente bajo para que cuando sea vendido no genere una pérdida para el contribuyente, pudiendo incluso llegar a originarse una plusvalía. Recuérdese además a este respecto que, en el caso del suelo, las entidades financieras se han visto obligados a provisionar en un 80% su valor, de manera que podrían aplicar este porcentaje sin sufrir pérdidas adicionales cuando lo transfieran al “banco malo”.

El “banco malo” incluiría en su balance el conjunto de créditos dudosos (principalmente inmobiliarios) que aporten al mismo las entidades financieras. De este modo el sector bancario ya no tendría que dotar provisiones provocadas por la morosidad de esos créditos prácticamente incobrables y que, actualmente, están incluidos en su activo y, por tanto, no tendrían que hacer descuentos de su cuenta de resultados para cubrir esas pérdidas, lo que está afectando a su solvencia y garantías de futuro.

El “banco malo” incluiría en su balance el conjunto de créditos dudosos (principalmente inmobiliarios) que aporten al mismo las entidades financieras. De este modo el sector bancario ya no tendría que dotar provisiones provocadas por la morosidad de esos créditos prácticamente incobrables y que, actualmente, están incluidos en su activo y, por tanto, no tendrían que hacer descuentos de su cuenta de resultados para cubrir esas pérdidas, lo que está afectando a su solvencia y garantías de futuro.

El “banco malo” es creado por el Estado, procediendo a integrar en el activo de su balance los créditos dudosos que le cederían las entidades financieras pero con el correspondiente descuento sobre su valor, es decir, con un descuento importante sobre el valor contable, pero por encima del valor de mercado –que ahora es inferior al contable–. Por el lado del pasivo este “banco malo” realizaría las emisiones de deuda pública con las que se pa-

El “banco malo” es creado por el Estado, procediendo a integrar en el activo de su balance los créditos dudosos que le cederían las entidades financieras pero con el correspondiente descuento sobre su valor, es decir, con un descuento importante sobre el valor contable, pero por encima del valor de mercado –que ahora es inferior al contable–. Por el lado del pasivo este “banco malo” realizaría las emisiones de deuda pública con las que se pa-

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Juan Calvo Vérgez

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Juan Calvo Vérgez

garía a los bancos por esos activos adquiridos. Es decir, el Estado paga con bonos a los bancos por comprarle sus activos “tóxicos” con descuento192.

garía a los bancos por esos activos adquiridos. Es decir, el Estado paga con bonos a los bancos por comprarle sus activos “tóxicos” con descuento192.

A este respecto parece razonable estimar que si, en lugar de comprar los activos, el “banco malo” decidiese avalarlos con dinero público, si bien dichos activos permanecerían en el libro contable de la entidad financiera, el riesgo para ésta sería mucho menor y la inyección de dinero público no se realizaría si no fuese necesario.

A este respecto parece razonable estimar que si, en lugar de comprar los activos, el “banco malo” decidiese avalarlos con dinero público, si bien dichos activos permanecerían en el libro contable de la entidad financiera, el riesgo para ésta sería mucho menor y la inyección de dinero público no se realizaría si no fuese necesario.

De conformidad con lo establecido por el art. 35.3 del Real DecretoLey 24/2012 esta sociedad de gestión de activos tendrá la consideración de sociedad anónima, siendo objeto de regulación por el citado texto legal y su normativa de desarrollo y, supletoriamente, por lo dispuesto en el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital. La citada sociedad podrá emitir obligaciones y valores que reconozcan o creen deuda sin que le resulte de aplicación el límite previsto en el art. 405 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital. La referencia efectuada a los activos comprenderá también los pasivos que sea necesario transmitir.

De conformidad con lo establecido por el art. 35.3 del Real DecretoLey 24/2012 esta sociedad de gestión de activos tendrá la consideración de sociedad anónima, siendo objeto de regulación por el citado texto legal y su normativa de desarrollo y, supletoriamente, por lo dispuesto en el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital. La citada sociedad podrá emitir obligaciones y valores que reconozcan o creen deuda sin que le resulte de aplicación el límite previsto en el art. 405 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital. La referencia efectuada a los activos comprenderá también los pasivos que sea necesario transmitir.

La forma jurídica del banco malo sería pues la de sociedad anónima con amplios poderes y competencias, las cuales alcanzan incluso a la introducción de excepciones a determinadas leyes ya existentes, como la Ley Concursal, la normativa de Oferta Pública de Adquisición de Acciones (OPAs) y el Código Civil. Así, por ejemplo, el banco malo podrá alcanzar participaciones mayoritarias en una sociedad cotizada sin obligación de lanzar una OPA. Además, su capacidad para emitir deuda será ilimitada y podrá crear fondos de inversión, de titulización hipotecaria, de activos o de capital riesgo. Con carácter adicional el banco malo podrá vender activos sin que exista una valoración externa independiente. Es decir, que será el Banco de España el encargado de establecer el valor que se da a los activos.

La forma jurídica del banco malo sería pues la de sociedad anónima con amplios poderes y competencias, las cuales alcanzan incluso a la introducción de excepciones a determinadas leyes ya existentes, como la Ley Concursal, la normativa de Oferta Pública de Adquisición de Acciones (OPAs) y el Código Civil. Así, por ejemplo, el banco malo podrá alcanzar participaciones mayoritarias en una sociedad cotizada sin obligación de lanzar una OPA. Además, su capacidad para emitir deuda será ilimitada y podrá crear fondos de inversión, de titulización hipotecaria, de activos o de capital riesgo. Con carácter adicional el banco malo podrá vender activos sin que exista una valoración externa independiente. Es decir, que será el Banco de España el encargado de establecer el valor que se da a los activos.

192 Recuérdese a este respecto que por “activos tóxicos” se ha de entender aquellos que sufren una fuerte devaluación y corren el riesgo de no ser cobrados, desde créditos a empresas a hipotecas de viviendas. Nos estamos refiriendo concretamente a aquellos préstamos hipotecarios con un alto riesgo de impago por haber sido concedidos a gente sin recursos (los cuales en ocasiones se han juntado en paquetes de préstamos de más calidad para enmascarar su riesgo como las obligaciones de deuda colateral, conocidos como Collateralized Debt Obligations, CDO por sus siglas en inglés), así como aquellos activos situados entre los valores garantizados respaldados por activos (Asset-backed security, ABS, por sus siglas inglés), que no son sino bonos respaldados por los ingresos de otros préstamos.

192 Recuérdese a este respecto que por “activos tóxicos” se ha de entender aquellos que sufren una fuerte devaluación y corren el riesgo de no ser cobrados, desde créditos a empresas a hipotecas de viviendas. Nos estamos refiriendo concretamente a aquellos préstamos hipotecarios con un alto riesgo de impago por haber sido concedidos a gente sin recursos (los cuales en ocasiones se han juntado en paquetes de préstamos de más calidad para enmascarar su riesgo como las obligaciones de deuda colateral, conocidos como Collateralized Debt Obligations, CDO por sus siglas en inglés), así como aquellos activos situados entre los valores garantizados respaldados por activos (Asset-backed security, ABS, por sus siglas inglés), que no son sino bonos respaldados por los ingresos de otros préstamos.

La recapitalización de las entidades financieras

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La recapitalización de las entidades financieras

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Por lo que respecta a la determinación de la forma en la que el banco malo pague los activos que le traspasen los bancos, dicho pago podrá realizarse con efectivo, con deuda, o con participaciones en su propio capital. También podrá utilizar una fórmula mixta, en función de las necesidades específicas de cada entidad.

Por lo que respecta a la determinación de la forma en la que el banco malo pague los activos que le traspasen los bancos, dicho pago podrá realizarse con efectivo, con deuda, o con participaciones en su propio capital. También podrá utilizar una fórmula mixta, en función de las necesidades específicas de cada entidad.

Si el pago se efectuase a través de participaciones en el propio capital, ello podría permitir a los bancos obtener plusvalías en el futuro, si el banco malo consiguiese liquidar los activos a un precio superior al que compró. No obstante podría resultar perjudicial para las entidades más débiles, que necesitarían el dinero en el corto plazo.

Si el pago se efectuase a través de participaciones en el propio capital, ello podría permitir a los bancos obtener plusvalías en el futuro, si el banco malo consiguiese liquidar los activos a un precio superior al que compró. No obstante podría resultar perjudicial para las entidades más débiles, que necesitarían el dinero en el corto plazo.

Desde nuestro punto de vista lo más razonable sería que los inmuebles se transfiriesen al banco malo con un descuento sobre el valor en balance similar al esfuerzo en provisiones exigido a las entidades financieras en los dos últimos decretos de saneamiento financiero, del 80% en suelo, del 65% en la obra en curso, y del 35% en vivienda terminada.

Desde nuestro punto de vista lo más razonable sería que los inmuebles se transfiriesen al banco malo con un descuento sobre el valor en balance similar al esfuerzo en provisiones exigido a las entidades financieras en los dos últimos decretos de saneamiento financiero, del 80% en suelo, del 65% en la obra en curso, y del 35% en vivienda terminada.

En el supuesto de que la fijación del precio de traspaso de los activos conllevase la introducción de significativos descuentos para que el banco malo pueda rentabilizarse rápidamente con la venta de los inmuebles ello podría terminar afectando al funcionamiento del mercado inmobiliario. Asimismo si los activos tóxicos fuesen valorados muy por debajo de los actuales niveles de provisiones cabría la posibilidad de que las entidades no tuviesen suficientes recursos para cubrir las pérdidas, viéndose obligadas a acudir al dinero público. En efecto, si se fijasen “precios de derribo” con la finalidad de garantizar la rentabilidad del banco malo a futuro, ello podría conducir a un desplome de los precios inmobiliarios, lo que afectaría a todos los bancos, incluso a aquellos que no traspasen sus inmuebles al banco malo, pudiendo llegar a existir entidades que no soportasen las pérdidas generadas por el traspaso, viéndose abocadas a solicitar ayudas públicas193.

En el supuesto de que la fijación del precio de traspaso de los activos conllevase la introducción de significativos descuentos para que el banco malo pueda rentabilizarse rápidamente con la venta de los inmuebles ello podría terminar afectando al funcionamiento del mercado inmobiliario. Asimismo si los activos tóxicos fuesen valorados muy por debajo de los actuales niveles de provisiones cabría la posibilidad de que las entidades no tuviesen suficientes recursos para cubrir las pérdidas, viéndose obligadas a acudir al dinero público. En efecto, si se fijasen “precios de derribo” con la finalidad de garantizar la rentabilidad del banco malo a futuro, ello podría conducir a un desplome de los precios inmobiliarios, lo que afectaría a todos los bancos, incluso a aquellos que no traspasen sus inmuebles al banco malo, pudiendo llegar a existir entidades que no soportasen las pérdidas generadas por el traspaso, viéndose abocadas a solicitar ayudas públicas193.

En todo caso el precio de transferencia de estos activos bancarios tendrá que ser lo suficientemente bajo como para asegurar la rentabilidad en la

En todo caso el precio de transferencia de estos activos bancarios tendrá que ser lo suficientemente bajo como para asegurar la rentabilidad en la

Así, por ejemplo, si el descuento sobre los precios contables se situara en torno al 60%, teniendo presente que las entidades financieras han provisionado ya los activos tóxicos que figuran en sus balances entre 2007 y 2011 en torno a unos 200.000 millones de euros, cabría la posibilidad de que las transacciones pudieran ser razonables. Y aquellas ganancias que obtuviese el banco malo lo pagarían con cargo a resultados los bancos que transfirieran los activos tóxicos.

Así, por ejemplo, si el descuento sobre los precios contables se situara en torno al 60%, teniendo presente que las entidades financieras han provisionado ya los activos tóxicos que figuran en sus balances entre 2007 y 2011 en torno a unos 200.000 millones de euros, cabría la posibilidad de que las transacciones pudieran ser razonables. Y aquellas ganancias que obtuviese el banco malo lo pagarían con cargo a resultados los bancos que transfirieran los activos tóxicos.

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Juan Calvo Vérgez

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sociedad en el medio plazo. Lógicamente la principal cuestión que se suscitaría entonces sería fijar el importe del descuento aplicado a los activos tóxicos adquiridos por el “banco malo” y la operativa de dicha adquisición, dada su dispersión entre los balances de muchas entidades de diversa dimensión y condición.

sociedad en el medio plazo. Lógicamente la principal cuestión que se suscitaría entonces sería fijar el importe del descuento aplicado a los activos tóxicos adquiridos por el “banco malo” y la operativa de dicha adquisición, dada su dispersión entre los balances de muchas entidades de diversa dimensión y condición.

Una vez que los activos tóxicos estén en el “banco malo”, dichos activos quedarían fuera del sistema bancario. Al “banco malo” le correspondería la gestión de esos activos o propiedades, así como su venta, además del control de los préstamos a punto de entrar en mora. La posterior venta de los activos, a lo largo de los años, permitiría recuperar parte del desembolso financiado por deuda y las posibles pérdidas finales recaerían en el Estado.

Una vez que los activos tóxicos estén en el “banco malo”, dichos activos quedarían fuera del sistema bancario. Al “banco malo” le correspondería la gestión de esos activos o propiedades, así como su venta, además del control de los préstamos a punto de entrar en mora. La posterior venta de los activos, a lo largo de los años, permitiría recuperar parte del desembolso financiado por deuda y las posibles pérdidas finales recaerían en el Estado.

Tal y como se señala en el Real Decreto-Ley 24/2012 el plazo para vender los inmuebles absorbidos será un máximo de 15 años. Y el FROB no deberá tener más de un 50% del total del banco malo, ya que el objetivo es atraer inversores extranjeros con la finalidad de tratar de reducir, en la medida de lo posible, la aportación de dinero público.

Tal y como se señala en el Real Decreto-Ley 24/2012 el plazo para vender los inmuebles absorbidos será un máximo de 15 años. Y el FROB no deberá tener más de un 50% del total del banco malo, ya que el objetivo es atraer inversores extranjeros con la finalidad de tratar de reducir, en la medida de lo posible, la aportación de dinero público.

En relación con la naturaleza jurídica del “banco malo”, dos fueron las alternativas sopesadas: sociedad anónima (fórmula finalmente adoptada) y fondo de inversión. Ciertamente esta última fórmula ofrece la ventaja de que resulta más flexible de cara a captar futuros inversores, al contemplar la posibilidad de dividirse en subfondos y compartimentos en los que podrían dividirse los inmuebles y créditos que entren al banco malo. Ello podría ser por tipo de activo o por entidades, para que la captación de potenciales inversores sea más sencilla. Por otra parte, el fondo permite la desconsolidación, por lo que tanto el FROB como los futuros accionistas no tendrían que recoger en su cuenta de resultados las ganancias o pérdidas que genere el banco malo al traspasar los inmuebles. Con carácter adicional el fondo podría fijar el método de valoración que quisiese mientras que, tratándose de una sociedad anónima, se tendría que ajustar a lo dispuesto en el Plan General de Contabilidad.

En relación con la naturaleza jurídica del “banco malo”, dos fueron las alternativas sopesadas: sociedad anónima (fórmula finalmente adoptada) y fondo de inversión. Ciertamente esta última fórmula ofrece la ventaja de que resulta más flexible de cara a captar futuros inversores, al contemplar la posibilidad de dividirse en subfondos y compartimentos en los que podrían dividirse los inmuebles y créditos que entren al banco malo. Ello podría ser por tipo de activo o por entidades, para que la captación de potenciales inversores sea más sencilla. Por otra parte, el fondo permite la desconsolidación, por lo que tanto el FROB como los futuros accionistas no tendrían que recoger en su cuenta de resultados las ganancias o pérdidas que genere el banco malo al traspasar los inmuebles. Con carácter adicional el fondo podría fijar el método de valoración que quisiese mientras que, tratándose de una sociedad anónima, se tendría que ajustar a lo dispuesto en el Plan General de Contabilidad.

Por su parte el llamado “banco puente” fue objeto de creación con la finalidad de trocear entidades para su posterior venta. El citado “banco puente” ha de ser administrado y gestionado con el objetivo de venderlo, o bien vender sus activos o pasivos, cuando las condiciones sean apropiadas y, en todo caso, en un plazo máximo de cinco años desde su constitución.

Por su parte el llamado “banco puente” fue objeto de creación con la finalidad de trocear entidades para su posterior venta. El citado “banco puente” ha de ser administrado y gestionado con el objetivo de venderlo, o bien vender sus activos o pasivos, cuando las condiciones sean apropiadas y, en todo caso, en un plazo máximo de cinco años desde su constitución.

La recapitalización de las entidades financieras

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La recapitalización de las entidades financieras

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Las referidas ventas deberán efectuarse en condiciones de mercado, siendo desarrolladas en el marco de procedimientos competitivos, transparentes y no discriminatorios. Una vez concluida dicha operación, se liquidará el banco puente y se devolverá el capital logrado a la entidad en reestructuración o liquidación que traspasó sus activos y/o pasivos a la entidad pública.

Las referidas ventas deberán efectuarse en condiciones de mercado, siendo desarrolladas en el marco de procedimientos competitivos, transparentes y no discriminatorios. Una vez concluida dicha operación, se liquidará el banco puente y se devolverá el capital logrado a la entidad en reestructuración o liquidación que traspasó sus activos y/o pasivos a la entidad pública.

Señala a este respecto el art. 27 del Real Decreto-Ley 24/2012 que el FROB podrá acordar y ejecutar la transmisión a un banco puente de todo o parte de los activos y pasivos de la entidad. Por “banco puente” se ha de entender aquella entidad de crédito, incluida en su caso la propia entidad en resolución, participada por el FROB y cuyo objeto sea el desarrollo de todas o parte de las actividades de la entidad en resolución y la gestión de todo o parte de sus activos y pasivos.

Señala a este respecto el art. 27 del Real Decreto-Ley 24/2012 que el FROB podrá acordar y ejecutar la transmisión a un banco puente de todo o parte de los activos y pasivos de la entidad. Por “banco puente” se ha de entender aquella entidad de crédito, incluida en su caso la propia entidad en resolución, participada por el FROB y cuyo objeto sea el desarrollo de todas o parte de las actividades de la entidad en resolución y la gestión de todo o parte de sus activos y pasivos.

Dicho “banco puente” ha de cumplir con las normas de ordenación y disciplina aplicables a las entidades de crédito, quedando sometido al mismo régimen de supervisión y sanción. El valor total de los pasivos transmitidos al “banco puente” no podrá exceder del valor de los activos transmitidos desde la entidad o desde cualquier otra procedencia incluyendo, en su caso, los relativos al apoyo financiero al que se refiere el art. 25.1.d) del Real Decreto-Ley.

Dicho “banco puente” ha de cumplir con las normas de ordenación y disciplina aplicables a las entidades de crédito, quedando sometido al mismo régimen de supervisión y sanción. El valor total de los pasivos transmitidos al “banco puente” no podrá exceder del valor de los activos transmitidos desde la entidad o desde cualquier otra procedencia incluyendo, en su caso, los relativos al apoyo financiero al que se refiere el art. 25.1.d) del Real Decreto-Ley.

El FROB podrá aplicar este instrumento en una o varias ocasiones y a favor de uno o varios bancos puente, así como transmitir activos y pasivos de un banco puente a la entidad o a un tercero. La administración y gestión de este “banco puente” ha de ser efectuada con la finalidad de venderlo o de vender sus activos o pasivos, cuando las condiciones sean apropiadas y, en todo caso, en un plazo máximo de cinco años desde su constitución o adquisición por el FROB. La venta de dicho banco puente o de sus activos o pasivos se realizará en condiciones de mercado, debiendo desarrollarse en el marco de procedimientos competitivos, transparentes y no discriminatorios. El resultado de la venta corresponderá a los accionistas del banco puente, con deducción, en su caso, de los gastos que correspondan.

El FROB podrá aplicar este instrumento en una o varias ocasiones y a favor de uno o varios bancos puente, así como transmitir activos y pasivos de un banco puente a la entidad o a un tercero. La administración y gestión de este “banco puente” ha de ser efectuada con la finalidad de venderlo o de vender sus activos o pasivos, cuando las condiciones sean apropiadas y, en todo caso, en un plazo máximo de cinco años desde su constitución o adquisición por el FROB. La venta de dicho banco puente o de sus activos o pasivos se realizará en condiciones de mercado, debiendo desarrollarse en el marco de procedimientos competitivos, transparentes y no discriminatorios. El resultado de la venta corresponderá a los accionistas del banco puente, con deducción, en su caso, de los gastos que correspondan.

Queda claro en consecuencia que el “banco puente” tiene la consideración de entidad de crédito. Ahora bien dicha autorización quedará revocada, cesando por ende su actividad, una vez transcurrido un año a contar desde que deje de estar participado por el FROB, o desde que se traspase la totalidad o la mayor parte de sus activos y pasivos a otra entidad y, en todo caso,

Queda claro en consecuencia que el “banco puente” tiene la consideración de entidad de crédito. Ahora bien dicha autorización quedará revocada, cesando por ende su actividad, una vez transcurrido un año a contar desde que deje de estar participado por el FROB, o desde que se traspase la totalidad o la mayor parte de sus activos y pasivos a otra entidad y, en todo caso,

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Juan Calvo Vérgez

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en un plazo máximo de seis años desde su constitución. En dicho supuesto, esto es, si el “banco puente” dejara de resultar operativo, el FROB procedería a su liquidación siempre y cuando ostentase la mayoría del capital social. El importe resultante de la liquidación se abonará a las entidades en resolución cuyos activos y pasivos se hubiesen transmitido al banco puente.

en un plazo máximo de seis años desde su constitución. En dicho supuesto, esto es, si el “banco puente” dejara de resultar operativo, el FROB procedería a su liquidación siempre y cuando ostentase la mayoría del capital social. El importe resultante de la liquidación se abonará a las entidades en resolución cuyos activos y pasivos se hubiesen transmitido al banco puente.

De cualquier manera la creación y gestión del “banco puente” persigue la utilización más eficiente de los recursos públicos y minimizar los apoyos financieros públicos, teniendo en cuenta la necesidad de asegurar la estabilidad financiera. Incluso su constitución podrá adoptarse por razones de urgencia, en los términos previstos en el art. 66 del Real Decreto-Ley, al que posteriormente nos referiremos. Por otra parte el FROB podrá solicitar la conversión de la ayuda prestada si una determinada entidad hubiese sido incapaz de devolverla cinco años después de pedirla. Transcurrido ese plazo el FROB sería quien decidiría si canjea la ayuda o si concede una prórroga de dos años como consecuencia de la evolución de la situación económicofinanciera de la entidad o del desenvolvimiento de las condiciones de los mercados para que la entidad cumpla con sus objetivos.

De cualquier manera la creación y gestión del “banco puente” persigue la utilización más eficiente de los recursos públicos y minimizar los apoyos financieros públicos, teniendo en cuenta la necesidad de asegurar la estabilidad financiera. Incluso su constitución podrá adoptarse por razones de urgencia, en los términos previstos en el art. 66 del Real Decreto-Ley, al que posteriormente nos referiremos. Por otra parte el FROB podrá solicitar la conversión de la ayuda prestada si una determinada entidad hubiese sido incapaz de devolverla cinco años después de pedirla. Transcurrido ese plazo el FROB sería quien decidiría si canjea la ayuda o si concede una prórroga de dos años como consecuencia de la evolución de la situación económicofinanciera de la entidad o del desenvolvimiento de las condiciones de los mercados para que la entidad cumpla con sus objetivos.

4. B. El Real Decreto 1559/2012, de 15 de noviembre, por el que se establece el régimen jurídico de las sociedades de gestión de activos

4. B. El Real Decreto 1559/2012, de 15 de noviembre, por el que se establece el régimen jurídico de las sociedades de gestión de activos

Dentro del seno de la UE los Gobiernos de Alemania, Holanda y Finlandia, a través de la emisión de un Comunicado conjunto con fecha 25 de septiembre de 2012 relativo a la actuación del ESM en las recapitalizaciones bancarias, se encargaron de precisar a este respecto que las recapitalizaciones habrían de realizarse basándose en valores reales y no contable. Significa ello que las aportaciones de activos que hubieran de efectuarse a la Sociedad de Gestión de Activos habrían de realizarse a precio de mercado y no a valor contable si este último fuera superior. Por lo que respecta a aquellas inyecciones financieras realizadas a través del ESM éstas únicamente habrían de producirse, en opinión de los citados Gobiernos, después

Dentro del seno de la UE los Gobiernos de Alemania, Holanda y Finlandia, a través de la emisión de un Comunicado conjunto con fecha 25 de septiembre de 2012 relativo a la actuación del ESM en las recapitalizaciones bancarias, se encargaron de precisar a este respecto que las recapitalizaciones habrían de realizarse basándose en valores reales y no contable. Significa ello que las aportaciones de activos que hubieran de efectuarse a la Sociedad de Gestión de Activos habrían de realizarse a precio de mercado y no a valor contable si este último fuera superior. Por lo que respecta a aquellas inyecciones financieras realizadas a través del ESM éstas únicamente habrían de producirse, en opinión de los citados Gobiernos, después

La recapitalización de las entidades financieras

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La recapitalización de las entidades financieras

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de haberse asumido todas las pérdidas posibles por parte de los accionistas e inversores de preferentes y bonos subordinados194.

de haberse asumido todas las pérdidas posibles por parte de los accionistas e inversores de preferentes y bonos subordinados194.

Con fecha 29 de septiembre de 2012 se conoció el Informe elaborado por la Consultora Oliver Wyman sobre las necesidades de capital de las entidades financieras españolas. Pues bien, al margen de lo anterior en dicho Informe se hizo referencia a la valoración de los activos adjudicados en poder de los bancos al cierre de 2011, introduciéndose además diversas previsiones relativas a cuánto valor perderán en los próximos años.

Con fecha 29 de septiembre de 2012 se conoció el Informe elaborado por la Consultora Oliver Wyman sobre las necesidades de capital de las entidades financieras españolas. Pues bien, al margen de lo anterior en dicho Informe se hizo referencia a la valoración de los activos adjudicados en poder de los bancos al cierre de 2011, introduciéndose además diversas previsiones relativas a cuánto valor perderán en los próximos años.

De conformidad con lo recogido en el citado Informe los bancos tendrían que anotarse pérdidas de entre 49.000 y 55.000 millones de euros a repartir entre 2012 y 2014 a causa de sus activos inmobiliarios adjudicados y enajenados vía ejecuciones hipotecarias. La principal fuente de pérdidas, tanto en términos absolutos como relativos sería el suelo, con hasta 30.000 millones, depreciándose hasta un 80% sobre el valor de ejecución, en el peor de los escenarios. La segunda mayor fuente de pérdidas serían las viviendas nuevas y las de segunda mano, en torno a 10.000 millones en cada caso, es decir en torno al 50% y el 52% respectivamente. A su vez, los desarrollos en marcha generarían una pérdida relativa mayor (un 66%), si bien su peso en los balances de 2011 apenas alcanzaría el 5%195.

De conformidad con lo recogido en el citado Informe los bancos tendrían que anotarse pérdidas de entre 49.000 y 55.000 millones de euros a repartir entre 2012 y 2014 a causa de sus activos inmobiliarios adjudicados y enajenados vía ejecuciones hipotecarias. La principal fuente de pérdidas, tanto en términos absolutos como relativos sería el suelo, con hasta 30.000 millones, depreciándose hasta un 80% sobre el valor de ejecución, en el peor de los escenarios. La segunda mayor fuente de pérdidas serían las viviendas nuevas y las de segunda mano, en torno a 10.000 millones en cada caso, es decir en torno al 50% y el 52% respectivamente. A su vez, los desarrollos en marcha generarían una pérdida relativa mayor (un 66%), si bien su peso en los balances de 2011 apenas alcanzaría el 5%195.

Con carácter adicional el Informe analizó los balances de las entidades financieras al cierre de 2011. Significa ello que parte de dichas pérdidas estaban siendo ya asumidas por las entidades financieras durante 2012, con motivo de las nuevas provisiones exigidas por la normativa aprobada al efecto, especialmente sobre los suelos acumulados.

Con carácter adicional el Informe analizó los balances de las entidades financieras al cierre de 2011. Significa ello que parte de dichas pérdidas estaban siendo ya asumidas por las entidades financieras durante 2012, con motivo de las nuevas provisiones exigidas por la normativa aprobada al efecto, especialmente sobre los suelos acumulados.

Concretamente sobre el valor en libros de 2011, en las viviendas nuevas, los bancos tendrían que descontar, en el peor de los escenarios, hasta un 28% del valor de las viviendas nuevas en tres años, hasta acumular una caída total del valor del 52,4% hasta 2014. En el caso de las viviendas usadas, el descuento adicional sería del 21% hasta un total del 50% en 2014; los locales comerciales acumularían pérdidas del 23%, hasta un total del

Concretamente sobre el valor en libros de 2011, en las viviendas nuevas, los bancos tendrían que descontar, en el peor de los escenarios, hasta un 28% del valor de las viviendas nuevas en tres años, hasta acumular una caída total del valor del 52,4% hasta 2014. En el caso de las viviendas usadas, el descuento adicional sería del 21% hasta un total del 50% en 2014; los locales comerciales acumularían pérdidas del 23%, hasta un total del

Este nuevo criterio adoptado por los citados Gobiernos suponía además un giro importante frente a la decisión inicialmente adoptada en el MoU de julio de 2012 de conformidad con la cual cuando el supervisor financiero único estuviera operativo el rescate a la banca desaparecería como deuda pública española y pasaría a ser una inversión del ESM, quien asumiría las pérdidas potenciales. 195 Fuente: Banco de España (www.bde.es, consultada el 29 de septiembre de 2012).

Este nuevo criterio adoptado por los citados Gobiernos suponía además un giro importante frente a la decisión inicialmente adoptada en el MoU de julio de 2012 de conformidad con la cual cuando el supervisor financiero único estuviera operativo el rescate a la banca desaparecería como deuda pública española y pasaría a ser una inversión del ESM, quien asumiría las pérdidas potenciales. 195 Fuente: Banco de España (www.bde.es, consultada el 29 de septiembre de 2012).

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Juan Calvo Vérgez

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43% de su valor. Y, finalmente, respecto de las viviendas en construcción, el descuento adicional sería del 19%, hasta acumular una pérdida del 66% en el periodo 2011-2014, mientras que los terrenos adjudicados requerirían efectuar unas rebajas del 18%, hasta un depreciación acumulada del 80% en el mismo periodo196.

43% de su valor. Y, finalmente, respecto de las viviendas en construcción, el descuento adicional sería del 19%, hasta acumular una pérdida del 66% en el periodo 2011-2014, mientras que los terrenos adjudicados requerirían efectuar unas rebajas del 18%, hasta un depreciación acumulada del 80% en el mismo periodo196.

Por otra parte, de conformidad con las previsiones recogidas en el Informe, los precios en el mercado de la vivienda se depreciarían entre un mínimo del 9,8% y un máximo del 26,4% hasta el 2014. De este modo el ‘banco malo’ habría de aminorar con el desarrollo de su actividad la caída de los pisos en los años venideros, que sólo se depreciarían de 4,3% al 6,5% entre 2013 y 2014. Y, dentro de este mismo período, el valor del suelo caería entre el 42% y el 66%. Igual que en el caso de los pisos, la mayor parte de dicha depreciación tendría lugar este año –entre un 25% y 50%– mientras que en 2013 y 2014 los descensos serían sensiblemente menores 197.

Por otra parte, de conformidad con las previsiones recogidas en el Informe, los precios en el mercado de la vivienda se depreciarían entre un mínimo del 9,8% y un máximo del 26,4% hasta el 2014. De este modo el ‘banco malo’ habría de aminorar con el desarrollo de su actividad la caída de los pisos en los años venideros, que sólo se depreciarían de 4,3% al 6,5% entre 2013 y 2014. Y, dentro de este mismo período, el valor del suelo caería entre el 42% y el 66%. Igual que en el caso de los pisos, la mayor parte de dicha depreciación tendría lugar este año –entre un 25% y 50%– mientras que en 2013 y 2014 los descensos serían sensiblemente menores 197.

Desde nuestro punto de vista se hacía necesario conocer el diseño final de la estructura accionarial y la determinación de precios para la cesión de los citados activos. Quizás el criterio más razonable sea aplicar cierta valoración a precio de mercado suavizada por la situación contable concreta de cada activo en función de las provisiones ya realizadas. Téngase presente que, en el supuesto de que se adoptase una

Desde nuestro punto de vista se hacía necesario conocer el diseño final de la estructura accionarial y la determinación de precios para la cesión de los citados activos. Quizás el criterio más razonable sea aplicar cierta valoración a precio de mercado suavizada por la situación contable concreta de cada activo en función de las provisiones ya realizadas. Téngase presente que, en el supuesto de que se adoptase una

valoración excesivamente baja, podrían terminar originándose nuevas minusvalías contables y provocar fuertes pérdidas a entidades cuya delicada situación pasaría a ser límite y provocar una inevitable nacionalización.

valoración excesivamente baja, podrían terminar originándose nuevas minusvalías contables y provocar fuertes pérdidas a entidades cuya delicada situación pasaría a ser límite y provocar una inevitable nacionalización.

Con carácter general parecía claro que el precio fijado para la adquisición de los activos habría de permitir sacar viviendas al mercado a precios asequibles. Por otro lado no cabe duda alguna de que el traspaso de activos a estos precios originaría pérdidas en los bancos que los cedan, debido a la falta de solvencia.

Con carácter general parecía claro que el precio fijado para la adquisición de los activos habría de permitir sacar viviendas al mercado a precios asequibles. Por otro lado no cabe duda alguna de que el traspaso de activos a estos precios originaría pérdidas en los bancos que los cedan, debido a la falta de solvencia.

En principio el precio de transferencia de los activos se fijaría atendiendo al valor económico real de cada activo, con la finalidad de favorecer la entrada de inversores. A tal efecto habría de fijarse un umbral mínimo por debajo del cual los bancos no pudieran traspasar los activos a la sociedad.

En principio el precio de transferencia de los activos se fijaría atendiendo al valor económico real de cada activo, con la finalidad de favorecer la entrada de inversores. A tal efecto habría de fijarse un umbral mínimo por debajo del cual los bancos no pudieran traspasar los activos a la sociedad.

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Fuente: Banco de España (www.bde.es, consultada el 29 de septiembre de 2012). Fuente: Banco de España (www.bde.es, consultada el 29 de septiembre de 2012).

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Fuente: Banco de España (www.bde.es, consultada el 29 de septiembre de 2012). Fuente: Banco de España (www.bde.es, consultada el 29 de septiembre de 2012).

La recapitalización de las entidades financieras

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Ciertamente los principales inconvenientes que la creación de esta sociedad de gestión de activos inmobiliarios puede plantear al contribuyente se concretan en el hecho de que el Estado interviene por dos vías, a saber, con la inversión de capital (la mitad de los recursos propios de la institución) y avalando su deuda. Así las cosas existe el riesgo de que el capital público invertido se pierda, lo que en última instancia se transformaría en déficit público. Y, en tanto en cuanto la deuda de la compañía está avalada por el Estado, éste podría tener que asumirla y sufrir así pérdidas adicionales.

Ciertamente los principales inconvenientes que la creación de esta sociedad de gestión de activos inmobiliarios puede plantear al contribuyente se concretan en el hecho de que el Estado interviene por dos vías, a saber, con la inversión de capital (la mitad de los recursos propios de la institución) y avalando su deuda. Así las cosas existe el riesgo de que el capital público invertido se pierda, lo que en última instancia se transformaría en déficit público. Y, en tanto en cuanto la deuda de la compañía está avalada por el Estado, éste podría tener que asumirla y sufrir así pérdidas adicionales.

Tal y como se ha señalado las entidades nacionalizadas, esto es, aquellas encuadradas dentro del Grupo 1, habrían de empezar a transferir sus activos el 1 de diciembre.

Tal y como se ha señalado las entidades nacionalizadas, esto es, aquellas encuadradas dentro del Grupo 1, habrían de empezar a transferir sus activos el 1 de diciembre.

Por otra parte aquellas entidades que recibiesen en pago por la transferencia de sus activos bonos senior emitidos por la sociedad gestora de activos podrían descontarlos ante la ventanilla de liquidez del Banco Central Europeo.

Por otra parte aquellas entidades que recibiesen en pago por la transferencia de sus activos bonos senior emitidos por la sociedad gestora de activos podrían descontarlos ante la ventanilla de liquidez del Banco Central Europeo.

Con fecha 17 de octubre de 2012 se conoció que el Banco Malo creado al efecto, denominado SAREB (Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria) tendría hasta 90.000 millones de euros en activos. Dicha Sociedad asumiría bienes inmuebles de las entidades financieras con un valor superior a 100.000 euros, los créditos al sector promotor, inmobiliario y de construcción superiores a 250.000 euros por prestatario, así como participaciones de la banca en inmobiliarias. Teniendo en cuenta el descuento al que se transfieran los activos al banco malo, la citada Sociedad podría tener entre 85.000 y 90.000 millones en activos, si bien se preveía que el importe final sea inferior a esta cantidad. Aquellos activos que entrasen en estos fondos contarían con garantía del Estado. La sociedad tendría un consejo de administración con un mínimo de 5 miembros y un máximo de 15, de los que un tercio tendrían que ser independientes.

Con fecha 17 de octubre de 2012 se conoció que el Banco Malo creado al efecto, denominado SAREB (Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria) tendría hasta 90.000 millones de euros en activos. Dicha Sociedad asumiría bienes inmuebles de las entidades financieras con un valor superior a 100.000 euros, los créditos al sector promotor, inmobiliario y de construcción superiores a 250.000 euros por prestatario, así como participaciones de la banca en inmobiliarias. Teniendo en cuenta el descuento al que se transfieran los activos al banco malo, la citada Sociedad podría tener entre 85.000 y 90.000 millones en activos, si bien se preveía que el importe final sea inferior a esta cantidad. Aquellos activos que entrasen en estos fondos contarían con garantía del Estado. La sociedad tendría un consejo de administración con un mínimo de 5 miembros y un máximo de 15, de los que un tercio tendrían que ser independientes.

Por lo que respecta a la fijación del precio de los activos que se traspasasen, el precio de transferencia habría de fijarse de acuerdo a las condiciones del mercado y basado en escenarios creíbles para mitigar las pérdidas de la sociedad de gestión. La entidad encargada de la valoración de los activos a transferir sería el Banco de España, que utilizaría para ello los informes de valoradores independientes.

Por lo que respecta a la fijación del precio de los activos que se traspasasen, el precio de transferencia habría de fijarse de acuerdo a las condiciones del mercado y basado en escenarios creíbles para mitigar las pérdidas de la sociedad de gestión. La entidad encargada de la valoración de los activos a transferir sería el Banco de España, que utilizaría para ello los informes de valoradores independientes.

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Juan Calvo Vérgez

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Juan Calvo Vérgez

El Estado podría intervenir el banco malo en el supuesto de que éste se desviase de sus funciones. Asimismo, y con motivo de las enmiendas formuladas al Proyecto de Ley de reestructuración y liquidación de entidades de crédito surgido a la luz de la aprobación del Real Decreto-Ley 24/2012, se dispuso la conversión obligatoria de las cajas de ahorros en fundaciones especiales en el supuesto de que éstas perdiesen el control accionarial de un banco o a la valoración de las pérdidas de las participaciones preferentes o deuda subordinada en el balance de las entidades. Quedaría así modificado el Real Decreto 11/2010, de 9 de julio, de órganos de gobierno y otros aspectos del régimen jurídico de las cajas de ahorros, previéndose que aquellas cajas que pierdan el control del capital de un banco se conviertan, en un determinado plazo, en fundaciones de carácter especial, en el caso de que la asamblea no consiga aprobarlo.

El Estado podría intervenir el banco malo en el supuesto de que éste se desviase de sus funciones. Asimismo, y con motivo de las enmiendas formuladas al Proyecto de Ley de reestructuración y liquidación de entidades de crédito surgido a la luz de la aprobación del Real Decreto-Ley 24/2012, se dispuso la conversión obligatoria de las cajas de ahorros en fundaciones especiales en el supuesto de que éstas perdiesen el control accionarial de un banco o a la valoración de las pérdidas de las participaciones preferentes o deuda subordinada en el balance de las entidades. Quedaría así modificado el Real Decreto 11/2010, de 9 de julio, de órganos de gobierno y otros aspectos del régimen jurídico de las cajas de ahorros, previéndose que aquellas cajas que pierdan el control del capital de un banco se conviertan, en un determinado plazo, en fundaciones de carácter especial, en el caso de que la asamblea no consiga aprobarlo.

Con carácter adicional se incluyeron modificaciones dirigidas a la búsqueda de la neutralidad impositiva en la transmisión de los activos de las entidades financieras al “banco malo” y una enmienda de excepción a la sustitución de administradores en bancos en liquidación cuando el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria tenga la mayoría de su capital.

Con carácter adicional se incluyeron modificaciones dirigidas a la búsqueda de la neutralidad impositiva en la transmisión de los activos de las entidades financieras al “banco malo” y una enmienda de excepción a la sustitución de administradores en bancos en liquidación cuando el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria tenga la mayoría de su capital.

Una Comisión formada por miembros del Ministerio de Economía, Hacienda, Banco de España y Comisión Nacional del Mercado de Valores se encargaría de analizar el plan de negocio y planes de desinversión y de amortización de la deuda avalada por la Sociedad, pudiendo llegar a proponer medidas en caso de desviaciones e incluso la intervención de la sociedad en supuestos de extrema gravedad. El Banco de España y la CNMV asumirían las funciones de supervisión y sanción.

Una Comisión formada por miembros del Ministerio de Economía, Hacienda, Banco de España y Comisión Nacional del Mercado de Valores se encargaría de analizar el plan de negocio y planes de desinversión y de amortización de la deuda avalada por la Sociedad, pudiendo llegar a proponer medidas en caso de desviaciones e incluso la intervención de la sociedad en supuestos de extrema gravedad. El Banco de España y la CNMV asumirían las funciones de supervisión y sanción.

A dicha Comisión, que se haría cargo de activos, fundamentalmente inmobiliarios y procedentes de entidades nacionalizadas por importe de 90.000 millones, podrían incorporarse observadores de instituciones públicas nacionales e internacionales.

A dicha Comisión, que se haría cargo de activos, fundamentalmente inmobiliarios y procedentes de entidades nacionalizadas por importe de 90.000 millones, podrían incorporarse observadores de instituciones públicas nacionales e internacionales.

Por otra parte en el citado Proyecto de Ley se preveía la creación de los fondos de activos bancarios (FAB), inscritos en la CNMV y administrados por gestoras de fondos de titulización. Dichos fondos se encargarían de agrupar los activos inmobiliarios que traspasasen las entidades financieras a la sociedad.

Por otra parte en el citado Proyecto de Ley se preveía la creación de los fondos de activos bancarios (FAB), inscritos en la CNMV y administrados por gestoras de fondos de titulización. Dichos fondos se encargarían de agrupar los activos inmobiliarios que traspasasen las entidades financieras a la sociedad.

La recapitalización de las entidades financieras

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La recapitalización de las entidades financieras

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La transmisión de activos de las entidades financieras al banco malo quedaría exenta del ITP. Y, si bien la sociedad tributaría en el tipo general del Impuesto sobre Sociedades por los beneficios obtenidos, los FAB tributarían al 1 por ciento, quedando por su parte los no residentes exentos de los rendimientos obtenidos por la inversión en estos fondos. A ello se ha de añadir además que, tras la aprobación de la Ley 16/2012, de 27 de diciembre, por la que se adoptan diversas medidas tributarias dirigidas a la consolidación de las finanzas públicas y al impulso de la actividad económica, y con efectos a partir de 15 de noviembre de 2012, se añadió una Disposición Adicional Decimoctava al TRLIS, titulada “Régimen fiscal especial aplicable a las operaciones de reestructuración y resolución de entidades de crédito”, en virtud de la cual se dispuso que el régimen fiscal establecido en el Capítulo VIII del Título VII del TRLIS, para las operaciones mencionadas en su art. 83, incluidos sus efectos en los demás tributos, fuese de aplicación a las transmisiones del negocio o de activos o pasivos realizadas por entidades de crédito en cumplimiento de planes de reestructuración o planes de resolución de entidades de crédito a favor de otra entidad de crédito, al amparo de la normativa de reestructuración bancaria, aun cuando no se correspondiesen con las operaciones mencionadas en los arts. 83 y 94 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades.

La transmisión de activos de las entidades financieras al banco malo quedaría exenta del ITP. Y, si bien la sociedad tributaría en el tipo general del Impuesto sobre Sociedades por los beneficios obtenidos, los FAB tributarían al 1 por ciento, quedando por su parte los no residentes exentos de los rendimientos obtenidos por la inversión en estos fondos. A ello se ha de añadir además que, tras la aprobación de la Ley 16/2012, de 27 de diciembre, por la que se adoptan diversas medidas tributarias dirigidas a la consolidación de las finanzas públicas y al impulso de la actividad económica, y con efectos a partir de 15 de noviembre de 2012, se añadió una Disposición Adicional Decimoctava al TRLIS, titulada “Régimen fiscal especial aplicable a las operaciones de reestructuración y resolución de entidades de crédito”, en virtud de la cual se dispuso que el régimen fiscal establecido en el Capítulo VIII del Título VII del TRLIS, para las operaciones mencionadas en su art. 83, incluidos sus efectos en los demás tributos, fuese de aplicación a las transmisiones del negocio o de activos o pasivos realizadas por entidades de crédito en cumplimiento de planes de reestructuración o planes de resolución de entidades de crédito a favor de otra entidad de crédito, al amparo de la normativa de reestructuración bancaria, aun cuando no se correspondiesen con las operaciones mencionadas en los arts. 83 y 94 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades.

Las entidades financieras españolas habrían de transferir los activos al ‘banco malo’ con un descuento medio del 63,1%. Y el volumen inicial que traspasarían las entidades ya nacionalizadas será de 45.000 millones de euros. Atendiendo a los distintos tipos de activos, y tal y como queda expuesto en el siguiente gráfico, el descuento sería del 79,5% para el suelo; del 63,2% para las promociones en curso y del 54,2% para las viviendas terminadas. En el caso de los préstamos a promotores, el descuento medio alcanzaría el 45,6%, incluyendo recortes del 32,4% para proyectos ya terminados y del 53,6% para créditos destinados a financiar suelo urbano.

Las entidades financieras españolas habrían de transferir los activos al ‘banco malo’ con un descuento medio del 63,1%. Y el volumen inicial que traspasarían las entidades ya nacionalizadas será de 45.000 millones de euros. Atendiendo a los distintos tipos de activos, y tal y como queda expuesto en el siguiente gráfico, el descuento sería del 79,5% para el suelo; del 63,2% para las promociones en curso y del 54,2% para las viviendas terminadas. En el caso de los préstamos a promotores, el descuento medio alcanzaría el 45,6%, incluyendo recortes del 32,4% para proyectos ya terminados y del 53,6% para créditos destinados a financiar suelo urbano.

Estos descuentos o precios de venta habrán de calcularse sobre el valor en libros es decir, sobre lo que figura en el balance del banco cuando adquirió el activo, a un precio mucho más alto que el del mercado y por el que los propios bancos están vendiendo en la actualidad estos inmuebles.

Estos descuentos o precios de venta habrán de calcularse sobre el valor en libros es decir, sobre lo que figura en el balance del banco cuando adquirió el activo, a un precio mucho más alto que el del mercado y por el que los propios bancos están vendiendo en la actualidad estos inmuebles.

Ha de precisarse además que, de acuerdo con la estructura de capital adoptada por el “banco malo”, aquellas entidades que participen directamente en el capital no podrán transferir activos a la sociedad de gestión de

Ha de precisarse además que, de acuerdo con la estructura de capital adoptada por el “banco malo”, aquellas entidades que participen directamente en el capital no podrán transferir activos a la sociedad de gestión de

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Juan Calvo Vérgez

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activos. Significa ello que dichas entidades se verían imposibilitadas, por ejemplo, para proceder a transferir activos problemáticos si las circunstancias así lo exigiesen.

activos. Significa ello que dichas entidades se verían imposibilitadas, por ejemplo, para proceder a transferir activos problemáticos si las circunstancias así lo exigiesen.

En todo caso ha de quedar claro que el precio de transferencia no constituiría una referencia para la valoración de activos bancarios no transferidos al ‘banco malo’, especialmente si se tiene en cuenta que para determinar los descuentos a aplicar por cada tipo de activos se toman como referencia las pérdidas de valor esperadas en el escenario base de las pruebas de solvencia realizadas en su día por la Consultora Oliver Wyman, más un descuento por el propio traspaso al banco malo.

En todo caso ha de quedar claro que el precio de transferencia no constituiría una referencia para la valoración de activos bancarios no transferidos al ‘banco malo’, especialmente si se tiene en cuenta que para determinar los descuentos a aplicar por cada tipo de activos se toman como referencia las pérdidas de valor esperadas en el escenario base de las pruebas de solvencia realizadas en su día por la Consultora Oliver Wyman, más un descuento por el propio traspaso al banco malo.

Por otra parte, y además de vender inmuebles, el “banco malo” podrá alquilar estas propiedades, al igual que podrá terminar promociones en curso o decidir demolerlas. Y es que, a pesar de que la citada sociedad de gestión de activos inmobiliarios haya sido diseñada principalmente para vender a grandes inversores activos inmobiliarios, su plan de negocio contempla igualmente la opción de alquilar en un primer momento algunas propiedades para evitar malvenderlas en el corto plazo. Asimismo podría promover la finalización de las promociones en curso, ya sea en exclusiva o mediante acuerdos con constructoras.

Por otra parte, y además de vender inmuebles, el “banco malo” podrá alquilar estas propiedades, al igual que podrá terminar promociones en curso o decidir demolerlas. Y es que, a pesar de que la citada sociedad de gestión de activos inmobiliarios haya sido diseñada principalmente para vender a grandes inversores activos inmobiliarios, su plan de negocio contempla igualmente la opción de alquilar en un primer momento algunas propiedades para evitar malvenderlas en el corto plazo. Asimismo podría promover la finalización de las promociones en curso, ya sea en exclusiva o mediante acuerdos con constructoras.

Recapitulando, el llamado “banco malo” tendría hasta 90.000 millones de euros en activos. El volumen inicial que se transferiría al banco malo de entidades nacionalizadas sería de 45.000 millones de euros, pudiendo adquirir además éste activos de otras entidades a partir de 2013 por otros 15.000 millones de euros. Así las cosas la sociedad de gestión de activos bancarios podría asumir en total activos inmobiliarios tóxicos de la banca por valor de unos 60.000 millones, todos ellos adquiridos a precios fijados con la finalidad de asegurar la rentabilidad de los inversores del “banco malo”. En cualquier caso el volumen total de activos no superaría la citada cifra de 90.000 millones.

Recapitulando, el llamado “banco malo” tendría hasta 90.000 millones de euros en activos. El volumen inicial que se transferiría al banco malo de entidades nacionalizadas sería de 45.000 millones de euros, pudiendo adquirir además éste activos de otras entidades a partir de 2013 por otros 15.000 millones de euros. Así las cosas la sociedad de gestión de activos bancarios podría asumir en total activos inmobiliarios tóxicos de la banca por valor de unos 60.000 millones, todos ellos adquiridos a precios fijados con la finalidad de asegurar la rentabilidad de los inversores del “banco malo”. En cualquier caso el volumen total de activos no superaría la citada cifra de 90.000 millones.

La recapitalización de las entidades financieras

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La recapitalización de las entidades financieras

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Con carácter general el Real Decreto 1559/2012, cuya entrada en vigor se produjo con fecha 17 de noviembre de 2012, se aprueba a la luz de lo establecido en la Ley 9/2012, de 14 de noviembre, de reestructuración y resolución de entidades de crédito, que ha implantado en nuestro país el marco normativo general para la gestión de crisis bancarias, con el fin de que los poderes públicos dispongan de los instrumentos más adecuados para realizar la reestructuración y, en su caso, la resolución ordenada de las entidades de crédito que atraviesan dificultades. Dentro del citado esquema de intervención diseñado son objeto de regulación un amplio conjunto de instrumentos de reestructuración y resolución, entendidos como aquellas medidas que puede adoptar el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria para restaurar la situación de debilidad de una entidad de crédito.

Con carácter general el Real Decreto 1559/2012, cuya entrada en vigor se produjo con fecha 17 de noviembre de 2012, se aprueba a la luz de lo establecido en la Ley 9/2012, de 14 de noviembre, de reestructuración y resolución de entidades de crédito, que ha implantado en nuestro país el marco normativo general para la gestión de crisis bancarias, con el fin de que los poderes públicos dispongan de los instrumentos más adecuados para realizar la reestructuración y, en su caso, la resolución ordenada de las entidades de crédito que atraviesan dificultades. Dentro del citado esquema de intervención diseñado son objeto de regulación un amplio conjunto de instrumentos de reestructuración y resolución, entendidos como aquellas medidas que puede adoptar el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria para restaurar la situación de debilidad de una entidad de crédito.

Uno de estos instrumentos de reestructuración y resolución más destacados que prevé la citada Ley, y que constituye una importante novedad en nuestro ordenamiento jurídico, es el relativo a la utilización de las llamadas sociedades de gestión de activos, orientadas a permitir la concentración en una sociedad de aquellos activos considerados como problemáticos o que puedan dañar el balance de las entidades, facilitando de este modo su gestión y logrando que, desde su transmisión, se produzca una traslación efectiva de los riesgos vinculados a estos activos.

Uno de estos instrumentos de reestructuración y resolución más destacados que prevé la citada Ley, y que constituye una importante novedad en nuestro ordenamiento jurídico, es el relativo a la utilización de las llamadas sociedades de gestión de activos, orientadas a permitir la concentración en una sociedad de aquellos activos considerados como problemáticos o que puedan dañar el balance de las entidades, facilitando de este modo su gestión y logrando que, desde su transmisión, se produzca una traslación efectiva de los riesgos vinculados a estos activos.

448

Juan Calvo Vérgez

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Juan Calvo Vérgez

Como ya hemos tenido ocasión de analizar la Ley 9/2012 reguló esta clase de sociedades, en primer lugar, a través de su Capítulo VI, que contiene la regulación genérica de la sociedad de gestión de activos, en la que se integran las reglas referentes al régimen jurídico de aplicación a la sociedad, al modo de determinar los criterios para definir las categorías de activos a transmitir y al régimen de transmisión de los mismos. Dicha regulación se proyecta sobre todos aquellos supuestos, presentes o futuros, en los que la reestructuración o resolución de una entidad de crédito pueda requerir la constitución de una sociedad de gestión de activos. Tiene además la consideración de marco jurídico de referencia susceptible de ser aplicado en todas y cada una de las situaciones en que fuera necesario recurrir a la creación de este tipo de sociedades.

Como ya hemos tenido ocasión de analizar la Ley 9/2012 reguló esta clase de sociedades, en primer lugar, a través de su Capítulo VI, que contiene la regulación genérica de la sociedad de gestión de activos, en la que se integran las reglas referentes al régimen jurídico de aplicación a la sociedad, al modo de determinar los criterios para definir las categorías de activos a transmitir y al régimen de transmisión de los mismos. Dicha regulación se proyecta sobre todos aquellos supuestos, presentes o futuros, en los que la reestructuración o resolución de una entidad de crédito pueda requerir la constitución de una sociedad de gestión de activos. Tiene además la consideración de marco jurídico de referencia susceptible de ser aplicado en todas y cada una de las situaciones en que fuera necesario recurrir a la creación de este tipo de sociedades.

Asimismo las Disposiciones Adicionales Séptima a Décima de la citada Ley contienen una regulación de carácter específico, ordenando la constitución de la sociedad de gestión de activos a la que se han de transmitir los activos provenientes del proceso de reestructuración bancaria de las entidades de crédito. Se establece así el marco jurídico aplicable a la creación de la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (SAREB), así como a los activos que le serán transmitidos, regulándose qué entidades quedan obligadas a transmitir sus activos a la sociedad y posibilitando la constitución de agrupaciones de activos y pasivos de la SAREB que conformarán patrimonios separados carentes de personalidad jurídica.

Asimismo las Disposiciones Adicionales Séptima a Décima de la citada Ley contienen una regulación de carácter específico, ordenando la constitución de la sociedad de gestión de activos a la que se han de transmitir los activos provenientes del proceso de reestructuración bancaria de las entidades de crédito. Se establece así el marco jurídico aplicable a la creación de la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (SAREB), así como a los activos que le serán transmitidos, regulándose qué entidades quedan obligadas a transmitir sus activos a la sociedad y posibilitando la constitución de agrupaciones de activos y pasivos de la SAREB que conformarán patrimonios separados carentes de personalidad jurídica.

Pues bien a través del citado Real Decreto 1559/2012 se procedió a desarrollar el conjunto de previsiones contenidas en la Ley 9/2012, de 14 de noviembre, en materia de sociedades de gestión de activos. Dicho desarrollo tuvo lugar tanto desde una perspectiva general, es decir, introduciendo regulación relativa al marco genérico de aplicación a todas las sociedades de gestión de activos que se pudieran constituir, como desde una perspectiva específica, esto es, completando el régimen jurídico de aplicación a SAREB.

Pues bien a través del citado Real Decreto 1559/2012 se procedió a desarrollar el conjunto de previsiones contenidas en la Ley 9/2012, de 14 de noviembre, en materia de sociedades de gestión de activos. Dicho desarrollo tuvo lugar tanto desde una perspectiva general, es decir, introduciendo regulación relativa al marco genérico de aplicación a todas las sociedades de gestión de activos que se pudieran constituir, como desde una perspectiva específica, esto es, completando el régimen jurídico de aplicación a SAREB.

En efecto la finalidad del citado Real Decreto no es otra que desarrollar el régimen de organización y funcionamiento de las sociedades de gestión de activos, así como las facultades del FROB y del Banco de España en relación con aquellas, de acuerdo con lo dispuesto en el Capítulo VI de la Ley 9/2012, persiguiéndose además el desarrollo de lo previsto en las Disp. Adic. Séptima a Décima de la citada Ley en relación con la Sociedad

En efecto la finalidad del citado Real Decreto no es otra que desarrollar el régimen de organización y funcionamiento de las sociedades de gestión de activos, así como las facultades del FROB y del Banco de España en relación con aquellas, de acuerdo con lo dispuesto en el Capítulo VI de la Ley 9/2012, persiguiéndose además el desarrollo de lo previsto en las Disp. Adic. Séptima a Décima de la citada Ley en relación con la Sociedad

La recapitalización de las entidades financieras

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de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria y sus patrimonios separados.

de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria y sus patrimonios separados.

El citado Real Decreto queda estructurado en cuatro capítulos. Su Capítulo I contiene una serie de disposiciones generales, relativas a las definiciones de los conceptos a emplear y a los objetivos generales que han de perseguir las sociedades de gestión de activos en el desarrollo de su actividad.

El citado Real Decreto queda estructurado en cuatro capítulos. Su Capítulo I contiene una serie de disposiciones generales, relativas a las definiciones de los conceptos a emplear y a los objetivos generales que han de perseguir las sociedades de gestión de activos en el desarrollo de su actividad.

Con carácter general estas sociedades de gestión de activos, en cuanto instrumentos de reestructuración y resolución que son, se orientan a facilitar el desarrollo adecuado de los procesos en cuyo curso se apliquen. A estos efectos se precisa que, con motivo de la transmisión de los activos a las sociedades de gestión de activos, tiene lugar una traslación efectiva de los riesgos vinculados a estos activos, minimizándose el uso de recursos públicos.

Con carácter general estas sociedades de gestión de activos, en cuanto instrumentos de reestructuración y resolución que son, se orientan a facilitar el desarrollo adecuado de los procesos en cuyo curso se apliquen. A estos efectos se precisa que, con motivo de la transmisión de los activos a las sociedades de gestión de activos, tiene lugar una traslación efectiva de los riesgos vinculados a estos activos, minimizándose el uso de recursos públicos.

En primer lugar, las sociedades de gestión de activos se definen como aquellas entidades constituidas en virtud de lo dispuesto en el art. 35 de la Ley 9/2012 con la finalidad de gestionar determinadas categorías de activos especialmente dañados o cuya permanencia en el balance de una entidad se considere perjudicial para su viabilidad. No tendrán esta consideración, por tanto, las sociedades para la gestión de activos a las que se refiere el Capítulo II de la Ley 8/2012, de 30 de octubre, sobre saneamiento y venta de los activos inmobiliarios del sector financiero.

En primer lugar, las sociedades de gestión de activos se definen como aquellas entidades constituidas en virtud de lo dispuesto en el art. 35 de la Ley 9/2012 con la finalidad de gestionar determinadas categorías de activos especialmente dañados o cuya permanencia en el balance de una entidad se considere perjudicial para su viabilidad. No tendrán esta consideración, por tanto, las sociedades para la gestión de activos a las que se refiere el Capítulo II de la Ley 8/2012, de 30 de octubre, sobre saneamiento y venta de los activos inmobiliarios del sector financiero.

Las llamadas Sociedades gestoras de Fondos de Activos Bancarios son aquellas sociedades gestoras de fondos de titulización de activos a las que se encomienda la constitución, administración y representación de los Fondos de Activos Bancarios (FAB).

Las llamadas Sociedades gestoras de Fondos de Activos Bancarios son aquellas sociedades gestoras de fondos de titulización de activos a las que se encomienda la constitución, administración y representación de los Fondos de Activos Bancarios (FAB).

Los activos adjudicados o adquiridos en pago de deudas se definen como aquellos activos que la entidad de crédito o cualquier entidad sobre la que esta ejerza control en el sentido del art. 42 del Código de Comercio recibe de sus deudores o de terceros en sustitución, subrogación real o compensación, total o parcial, de activos financieros que representan derechos de cobro frente a sus deudores, con independencia del modo en que se adquiera su propiedad.

Los activos adjudicados o adquiridos en pago de deudas se definen como aquellos activos que la entidad de crédito o cualquier entidad sobre la que esta ejerza control en el sentido del art. 42 del Código de Comercio recibe de sus deudores o de terceros en sustitución, subrogación real o compensación, total o parcial, de activos financieros que representan derechos de cobro frente a sus deudores, con independencia del modo en que se adquiera su propiedad.

Tienen la consideración de “datos observables” aquellos que se obtienen directamente del mercado, tales como el tipo de interés a un determinado

Tienen la consideración de “datos observables” aquellos que se obtienen directamente del mercado, tales como el tipo de interés a un determinado

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Juan Calvo Vérgez

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plazo u otras informaciones públicas disponibles respecto de precios practicados en transacciones sobre activos equivalentes. Estos datos han de obtenerse a partir de la mejor información disponible que los participantes en el mercado del activo negociado hayan utilizado para fijar el precio del activo. En cambio por “datos no observables” ha de entenderse aquellos que no están disponibles en el mercado pero que se han estimado utilizando la mejor información disponible sobre las hipótesis que los participantes en el mercado utilizarían para fijar el precio de un activo, tal y como sucede con el efecto del riesgo de crédito de un instrumento de deuda.

plazo u otras informaciones públicas disponibles respecto de precios practicados en transacciones sobre activos equivalentes. Estos datos han de obtenerse a partir de la mejor información disponible que los participantes en el mercado del activo negociado hayan utilizado para fijar el precio del activo. En cambio por “datos no observables” ha de entenderse aquellos que no están disponibles en el mercado pero que se han estimado utilizando la mejor información disponible sobre las hipótesis que los participantes en el mercado utilizarían para fijar el precio de un activo, tal y como sucede con el efecto del riesgo de crédito de un instrumento de deuda.

La “fecha de valoración” será aquella coincidente con la fecha del acuerdo de transmisión de los activos a la sociedad de gestión de activos. No obstante, para la transmisión de bienes muebles o inmuebles la fecha de valoración podrá ser anterior en no más de tres meses a la del acuerdo de transmisión, siempre y cuando los parámetros de valoración no sean susceptibles de cambios significativos entre una y otra fecha.

La “fecha de valoración” será aquella coincidente con la fecha del acuerdo de transmisión de los activos a la sociedad de gestión de activos. No obstante, para la transmisión de bienes muebles o inmuebles la fecha de valoración podrá ser anterior en no más de tres meses a la del acuerdo de transmisión, siempre y cuando los parámetros de valoración no sean susceptibles de cambios significativos entre una y otra fecha.

Por “mercado activo” se ha de entender el considerado como tal conforme a la normativa contable aplicable a las entidades de crédito. Las sociedades del sector inmobiliario son aquellas que tienen como objeto principal el desarrollo urbanístico, la promoción inmobiliaria, la construcción de edificios, la compraventa de bienes inmuebles por cuenta propia, el arrendamiento de bienes inmuebles por cuenta propia, las actividades inmobiliarias por cuenta de terceros, la gestión de activos relacionados con cualquiera de las actividades anteriores o la mera tenencia de derechos sobre bienes inmuebles.

Por “mercado activo” se ha de entender el considerado como tal conforme a la normativa contable aplicable a las entidades de crédito. Las sociedades del sector inmobiliario son aquellas que tienen como objeto principal el desarrollo urbanístico, la promoción inmobiliaria, la construcción de edificios, la compraventa de bienes inmuebles por cuenta propia, el arrendamiento de bienes inmuebles por cuenta propia, las actividades inmobiliarias por cuenta de terceros, la gestión de activos relacionados con cualquiera de las actividades anteriores o la mera tenencia de derechos sobre bienes inmuebles.

Por “valor de mercado” debe entenderse el importe de efectivo, o equivalente a efectivo que se obtendría por la venta de un activo en una transacción ordenada entre participantes del mercado de referencia para el activo en cuestión que, actuando en régimen de independencia mutua, están básicamente informados acerca de la naturaleza y características actuales del activo negociado. Por su parte el denominado “valor económico” representa una estimación del valor presente de un activo que la entidad obtendría de una venta no forzada, maximizándose el uso de datos relevantes observables de mercado y minimizando los no observables.

Por “valor de mercado” debe entenderse el importe de efectivo, o equivalente a efectivo que se obtendría por la venta de un activo en una transacción ordenada entre participantes del mercado de referencia para el activo en cuestión que, actuando en régimen de independencia mutua, están básicamente informados acerca de la naturaleza y características actuales del activo negociado. Por su parte el denominado “valor económico” representa una estimación del valor presente de un activo que la entidad obtendría de una venta no forzada, maximizándose el uso de datos relevantes observables de mercado y minimizando los no observables.

Tal y como establece el art. 3 del Real Decreto los objetivos de las sociedades de gestión de activos se concretan en los siguientes. En primer

Tal y como establece el art. 3 del Real Decreto los objetivos de las sociedades de gestión de activos se concretan en los siguientes. En primer

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lugar, dichas sociedades han de coadyuvar al desarrollo adecuado de los procesos de reestructuración o resolución de entidades de crédito en cuyo curso se constituyan, facilitando el cumplimiento de los objetivos previstos en el art. 3 de la Ley 9/2012. En segundo término, han de contribuir al saneamiento del sistema financiero adquiriendo los activos correspondientes de forma que, desde su transmisión, se produzca una traslación efectiva de los riesgos vinculados a estos activos. Igualmente han de minimizar los apoyos financieros públicos y las posibles distorsiones en los mercados que se puedan derivar de su actuación, satisfaciendo las deudas y obligaciones que contraigan en el curso de sus operaciones y, como es lógico, enajenando los activos recibidos optimizando su valor, dentro del plazo de tiempo para el que hayan sido constituidas.

lugar, dichas sociedades han de coadyuvar al desarrollo adecuado de los procesos de reestructuración o resolución de entidades de crédito en cuyo curso se constituyan, facilitando el cumplimiento de los objetivos previstos en el art. 3 de la Ley 9/2012. En segundo término, han de contribuir al saneamiento del sistema financiero adquiriendo los activos correspondientes de forma que, desde su transmisión, se produzca una traslación efectiva de los riesgos vinculados a estos activos. Igualmente han de minimizar los apoyos financieros públicos y las posibles distorsiones en los mercados que se puedan derivar de su actuación, satisfaciendo las deudas y obligaciones que contraigan en el curso de sus operaciones y, como es lógico, enajenando los activos recibidos optimizando su valor, dentro del plazo de tiempo para el que hayan sido constituidas.

A través de su Capítulo II se regulan los activos transferibles a una sociedad de gestión de activos, definiéndose una serie de criterios cualitativos y cuantitativos generales así como específicos para los derechos de créditos y bienes inmuebles, que serán utilizados por el FROB para definir las categorías de activos que serán objeto de transmisión. Por su parte, el Banco de España podrá, mediante circular, ampliar estos criterios, y resolverá las dudas sobre la inclusión de un activo dentro de las categorías definidas por el FROB. Una vez realizados los ajustes de valoración y determinado el valor de transmisión por el Banco de España, el FROB ordenará la definitiva transmisión de los activos.

A través de su Capítulo II se regulan los activos transferibles a una sociedad de gestión de activos, definiéndose una serie de criterios cualitativos y cuantitativos generales así como específicos para los derechos de créditos y bienes inmuebles, que serán utilizados por el FROB para definir las categorías de activos que serán objeto de transmisión. Por su parte, el Banco de España podrá, mediante circular, ampliar estos criterios, y resolverá las dudas sobre la inclusión de un activo dentro de las categorías definidas por el FROB. Una vez realizados los ajustes de valoración y determinado el valor de transmisión por el Banco de España, el FROB ordenará la definitiva transmisión de los activos.

Así las cosas, y por lo que respecta a la transmisión de activos a una sociedad de gestión de activos, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 35 de la Ley 9/2012 el FROB podrá obligar a una entidad de crédito a transmitir a una sociedad de gestión de activos determinadas categorías de activos que figuren en el balance de la entidad, o bien a adoptar las medidas necesarias para la transmisión de activos que figuren en el balance de cualquier entidad sobre la que la entidad de crédito ejerza control en el sentido del art. 42 del Código de Comercio, en aquellos casos en los que se trate de activos especialmente dañados o cuya permanencia en dichos balances se considere perjudicial para su viabilidad, a fin de dar de baja del balance dichos activos y de permitir la gestión independiente de su realización

Así las cosas, y por lo que respecta a la transmisión de activos a una sociedad de gestión de activos, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 35 de la Ley 9/2012 el FROB podrá obligar a una entidad de crédito a transmitir a una sociedad de gestión de activos determinadas categorías de activos que figuren en el balance de la entidad, o bien a adoptar las medidas necesarias para la transmisión de activos que figuren en el balance de cualquier entidad sobre la que la entidad de crédito ejerza control en el sentido del art. 42 del Código de Comercio, en aquellos casos en los que se trate de activos especialmente dañados o cuya permanencia en dichos balances se considere perjudicial para su viabilidad, a fin de dar de baja del balance dichos activos y de permitir la gestión independiente de su realización

El art. 5 del Real Decreto contiene a este respecto los distintos criterios que han de ser tomados en consideración para la definición de las categorías de activos. Como regla general el FROB definirá las categorías de activos

El art. 5 del Real Decreto contiene a este respecto los distintos criterios que han de ser tomados en consideración para la definición de las categorías de activos. Como regla general el FROB definirá las categorías de activos

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Juan Calvo Vérgez

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que deberán ser objeto de transmisión de acuerdo con los siguientes criterios y especificaciones.

que deberán ser objeto de transmisión de acuerdo con los siguientes criterios y especificaciones.

En primer lugar, atendiendo a unos criterios cualitativos generales que se concretan en los siguientes: la naturaleza del activo, distinguiéndose entre bienes inmuebles, bienes muebles, derechos de crédito, instrumentos representativos del capital social de otras entidades o activos inmateriales; el negocio jurídico que hubiese determinado su adquisición, diferenciándose entre compraventa, permuta, adjudicación en o para pago de deudas, compensación, aportación societaria o adquisición a título gratuito; y la actividad con la que se encuentre relacionado el activo, señalándose al efecto que, en el caso de los derechos de crédito, se atenderá a la actividad financiada por el activo, mientras que en el de los bienes muebles, bienes inmuebles y activos inmateriales se estará a la actividad que hubiera originado su adquisición por parte de la entidad de crédito, y en el caso de los instrumentos representativos del capital social de otras entidades se atenderá a la actividad principal de la sociedad emisora de esos títulos.

En primer lugar, atendiendo a unos criterios cualitativos generales que se concretan en los siguientes: la naturaleza del activo, distinguiéndose entre bienes inmuebles, bienes muebles, derechos de crédito, instrumentos representativos del capital social de otras entidades o activos inmateriales; el negocio jurídico que hubiese determinado su adquisición, diferenciándose entre compraventa, permuta, adjudicación en o para pago de deudas, compensación, aportación societaria o adquisición a título gratuito; y la actividad con la que se encuentre relacionado el activo, señalándose al efecto que, en el caso de los derechos de crédito, se atenderá a la actividad financiada por el activo, mientras que en el de los bienes muebles, bienes inmuebles y activos inmateriales se estará a la actividad que hubiera originado su adquisición por parte de la entidad de crédito, y en el caso de los instrumentos representativos del capital social de otras entidades se atenderá a la actividad principal de la sociedad emisora de esos títulos.

De cualquier manera en todos estos supuestos ha de diferenciarse entre actividades de construcción y promoción inmobiliaria, actividades industriales, actividades comerciales, crédito a instituciones financieras, crédito a las administraciones públicas, crédito a pequeñas y medianas empresas y empresarios individuales, crédito para la adquisición de vivienda, crédito al consumo y otras actividades.

De cualquier manera en todos estos supuestos ha de diferenciarse entre actividades de construcción y promoción inmobiliaria, actividades industriales, actividades comerciales, crédito a instituciones financieras, crédito a las administraciones públicas, crédito a pequeñas y medianas empresas y empresarios individuales, crédito para la adquisición de vivienda, crédito al consumo y otras actividades.

Un segundo grupo de criterios que han de ser tomados en consideración es el relativo a los criterios cualitativos específicamente aplicables a los derechos de crédito. Así, por lo que respecta en primer lugar a las garantías existentes se distinguirá entre derechos con garantía real de primer rango (diferenciando entre garantías inmobiliarias, garantías mobiliarias y otras garantías), derechos con otras garantías reales, derechos con garantía personal y derechos no garantizados. Respecto de la clasificación, se distinguirá entre créditos clasificados como normales, subestándar, dudosos por razón de la morosidad del cliente, dudosos por razones distintas de la morosidad del cliente o como activos en suspenso regularizados, de acuerdo con las circulares dictadas por el Banco de España en materia de contabilidad de las entidades de crédito. Y, por último, atendiendo a la ubicación geográfica de la garantía real inmobiliaria, y para los derechos de crédito con garantía real inmobiliaria, se distinguirá por países donde se ubiquen los bienes sobre los

Un segundo grupo de criterios que han de ser tomados en consideración es el relativo a los criterios cualitativos específicamente aplicables a los derechos de crédito. Así, por lo que respecta en primer lugar a las garantías existentes se distinguirá entre derechos con garantía real de primer rango (diferenciando entre garantías inmobiliarias, garantías mobiliarias y otras garantías), derechos con otras garantías reales, derechos con garantía personal y derechos no garantizados. Respecto de la clasificación, se distinguirá entre créditos clasificados como normales, subestándar, dudosos por razón de la morosidad del cliente, dudosos por razones distintas de la morosidad del cliente o como activos en suspenso regularizados, de acuerdo con las circulares dictadas por el Banco de España en materia de contabilidad de las entidades de crédito. Y, por último, atendiendo a la ubicación geográfica de la garantía real inmobiliaria, y para los derechos de crédito con garantía real inmobiliaria, se distinguirá por países donde se ubiquen los bienes sobre los

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que esté constituida la garantía. En el caso de España, se diferenciará por provincias y ciudades autónomas.

que esté constituida la garantía. En el caso de España, se diferenciará por provincias y ciudades autónomas.

El tercer grupo de criterios susceptible de ser tomado en consideración es el de los criterios cualitativos específicamente aplicables a los bienes inmuebles. En primer lugar, y atendiendo al destino, se distinguirá entre edificaciones de uso residencial, de uso comercial o industrial, terrenos urbanizables y fincas rústicas. En atención al estado se distinguirá entre finalizado con licencia de ocupación, finalizado sin licencia de ocupación, obra en curso, urbanizado y no desarrollado. Atendiendo a su clasificación se distinguirá entre uso propio, existencias, inversiones inmobiliarias, activos no corrientes en venta, y bienes cedidos en arrendamiento financiero. Y, de acuerdo con su ubicación geográfica, se distinguirá por países donde se ubique el activo y, en el caso de España, se diferenciará por provincias y ciudades autónomas o por otros parámetros geográficos.

El tercer grupo de criterios susceptible de ser tomado en consideración es el de los criterios cualitativos específicamente aplicables a los bienes inmuebles. En primer lugar, y atendiendo al destino, se distinguirá entre edificaciones de uso residencial, de uso comercial o industrial, terrenos urbanizables y fincas rústicas. En atención al estado se distinguirá entre finalizado con licencia de ocupación, finalizado sin licencia de ocupación, obra en curso, urbanizado y no desarrollado. Atendiendo a su clasificación se distinguirá entre uso propio, existencias, inversiones inmobiliarias, activos no corrientes en venta, y bienes cedidos en arrendamiento financiero. Y, de acuerdo con su ubicación geográfica, se distinguirá por países donde se ubique el activo y, en el caso de España, se diferenciará por provincias y ciudades autónomas o por otros parámetros geográficos.

Los criterios cuantitativos generales se concretan en los siguientes. En primer lugar, la antigüedad en balance, pudiendo determinarse un umbral mínimo y también varios tramos de antigüedad. En segundo término, el valor, pudiendo llegar a determinarse umbrales mínimos de traspaso y distinguiendo los activos en tramos, en función del valor neto contable de los mismos. Finalmente, por lo que respecta a los criterios cuantitativos específicos de los derechos de crédito, de acuerdo con el valor de la garantía se podrán establecer varios tramos en porcentaje del valor neto contable del derecho de crédito garantizado.

Los criterios cuantitativos generales se concretan en los siguientes. En primer lugar, la antigüedad en balance, pudiendo determinarse un umbral mínimo y también varios tramos de antigüedad. En segundo término, el valor, pudiendo llegar a determinarse umbrales mínimos de traspaso y distinguiendo los activos en tramos, en función del valor neto contable de los mismos. Finalmente, por lo que respecta a los criterios cuantitativos específicos de los derechos de crédito, de acuerdo con el valor de la garantía se podrán establecer varios tramos en porcentaje del valor neto contable del derecho de crédito garantizado.

Por su parte la definición de cada categoría de activos se llevará a cabo del siguiente modo. En primer lugar, se e utilizarán todos los criterios cualitativos generales. Dentro de cada criterio, cada especificación dará lugar a una categoría distinta de activo. Tratándose de derechos de crédito o de bienes inmuebles, deberán utilizarse también los criterios cualitativos y cuantitativos específicos que les son aplicables, generando también cada especificación de criterio una categoría distinta de activo. Con carácter adicional podrán aplicarse criterios cuantitativos generales a todas o parte de las categorías definidas aplicando criterios cualitativos, generando nuevas categorías. Y, en el supuesto de que se utilizasen tramos, se generarán tantas categorías como tramos se utilizasen. En todo caso el Banco de España podrá, mediante circular, ampliar los criterios y especificaciones determinados en este artículo, y definirlos con más precisión.

Por su parte la definición de cada categoría de activos se llevará a cabo del siguiente modo. En primer lugar, se e utilizarán todos los criterios cualitativos generales. Dentro de cada criterio, cada especificación dará lugar a una categoría distinta de activo. Tratándose de derechos de crédito o de bienes inmuebles, deberán utilizarse también los criterios cualitativos y cuantitativos específicos que les son aplicables, generando también cada especificación de criterio una categoría distinta de activo. Con carácter adicional podrán aplicarse criterios cuantitativos generales a todas o parte de las categorías definidas aplicando criterios cualitativos, generando nuevas categorías. Y, en el supuesto de que se utilizasen tramos, se generarán tantas categorías como tramos se utilizasen. En todo caso el Banco de España podrá, mediante circular, ampliar los criterios y especificaciones determinados en este artículo, y definirlos con más precisión.

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El art. 6 del Real Decreto se encarga de regular la determinación concreta de las categorías de los activos que se han de transmitir. De acuerdo con lo dispuesto por el citado precepto los actos que el FROB dicte en aplicación de lo dispuesto en el art. 35.1 de la Ley 9/2012 deberán determinar las categorías de activos que se han de transmitir y numerará cada una de ellas de forma secuencial, pudiendo variar dicha numeración de entidad en entidad. En aquellos casos en los que los activos que se hayan de transmitir sean instrumentos representativos del capital social de otras entidades que atribuyan a la entidad de crédito o a cualquier otra entidad sobre la que esta ejerza control en el sentido del art. 42 del Código de Comercio el control de las sociedades participadas, el FROB podrá requerir a la entidad de crédito a que, con carácter previo a la transmisión de esos activos, proceda a una simplificación de la estructura de la sociedad participada o de sus activos y pasivos.

El art. 6 del Real Decreto se encarga de regular la determinación concreta de las categorías de los activos que se han de transmitir. De acuerdo con lo dispuesto por el citado precepto los actos que el FROB dicte en aplicación de lo dispuesto en el art. 35.1 de la Ley 9/2012 deberán determinar las categorías de activos que se han de transmitir y numerará cada una de ellas de forma secuencial, pudiendo variar dicha numeración de entidad en entidad. En aquellos casos en los que los activos que se hayan de transmitir sean instrumentos representativos del capital social de otras entidades que atribuyan a la entidad de crédito o a cualquier otra entidad sobre la que esta ejerza control en el sentido del art. 42 del Código de Comercio el control de las sociedades participadas, el FROB podrá requerir a la entidad de crédito a que, con carácter previo a la transmisión de esos activos, proceda a una simplificación de la estructura de la sociedad participada o de sus activos y pasivos.

Asimismo se faculta al FROB para determinar las categorías de los activos que hayan de transmitirse en una única relación, pudiendo excepcionalmente y cuando un cambio imprevisto de circunstancias así lo justifique, incluir nuevas categorías de activos de obligada transmisión en la medida en que estos se encuentren especialmente dañados o su permanencia se considere perjudicial para la viabilidad de la entidad de crédito. Cualquier duda sobre la pertenencia de un activo a las categorías definidas por el FROB será resuelta por el Banco de España a petición del FROB, de la entidad afectada o de la sociedad de gestión de activos.Y, una vez determinado el valor de transmisión por el Banco de España, el FROB dictará resolución en la que se determine el plazo máximo y las condiciones en que los activos incluidos en cada categoría deberán ser transmitidos a la sociedad de gestión de activos, que se notificará a la entidad.

Asimismo se faculta al FROB para determinar las categorías de los activos que hayan de transmitirse en una única relación, pudiendo excepcionalmente y cuando un cambio imprevisto de circunstancias así lo justifique, incluir nuevas categorías de activos de obligada transmisión en la medida en que estos se encuentren especialmente dañados o su permanencia se considere perjudicial para la viabilidad de la entidad de crédito. Cualquier duda sobre la pertenencia de un activo a las categorías definidas por el FROB será resuelta por el Banco de España a petición del FROB, de la entidad afectada o de la sociedad de gestión de activos.Y, una vez determinado el valor de transmisión por el Banco de España, el FROB dictará resolución en la que se determine el plazo máximo y las condiciones en que los activos incluidos en cada categoría deberán ser transmitidos a la sociedad de gestión de activos, que se notificará a la entidad.

El Capítulo III del citado Real Decreto contiene las normas relativas a los ajustes de valoración y al valor de transmisión de los activos que determina la fase final de la fijación del precio de transmisión. Estos criterios de valoración tienen en cuenta si los activos cotizan o no en un mercado activo, y diferencian específicamente entre la valoración de bienes inmuebles, derechos de crédito e instrumentos representativos del capital social. La determinación final del valor de transmisión habrá de llevarse a cabo por el Banco de España, partiendo de informes de valoración encargados a uno o varios expertos independientes y ajustando la estimación de acuerdo

El Capítulo III del citado Real Decreto contiene las normas relativas a los ajustes de valoración y al valor de transmisión de los activos que determina la fase final de la fijación del precio de transmisión. Estos criterios de valoración tienen en cuenta si los activos cotizan o no en un mercado activo, y diferencian específicamente entre la valoración de bienes inmuebles, derechos de crédito e instrumentos representativos del capital social. La determinación final del valor de transmisión habrá de llevarse a cabo por el Banco de España, partiendo de informes de valoración encargados a uno o varios expertos independientes y ajustando la estimación de acuerdo

La recapitalización de las entidades financieras

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con los criterios previstos en este real decreto. Dicho valor de transmisión se expresará para cada categoría de activo como un porcentaje del valor en libros de los activos tras realizar los ajustes precisos.

con los criterios previstos en este real decreto. Dicho valor de transmisión se expresará para cada categoría de activo como un porcentaje del valor en libros de los activos tras realizar los ajustes precisos.

Refiriéndose a la práctica de los citados ajustes de valoración establece el art. 7 del Real Decreto que aquel ajuste de valoración que deba realizar la entidad de crédito para cada categoría de activo no podrá ser inferior a la cobertura que le corresponda en aplicación de las circulares dictadas por el Banco de España en materia de contabilidad de las entidades de crédito ni a la que pudiera serle de aplicación en virtud de lo dispuesto en el Real Decreto-ley 2/2012, de 3 de febrero, de saneamiento del sector financiero, así como en el Ley 8/2012, de 30 de octubre, sobre saneamiento y venta de los activos inmobiliarios del sector financiero. Ahora bien la aplicación de los criterios de valoración que a continuación serán analizados podrá implicar la realización de un ajuste de valoración superior.

Refiriéndose a la práctica de los citados ajustes de valoración establece el art. 7 del Real Decreto que aquel ajuste de valoración que deba realizar la entidad de crédito para cada categoría de activo no podrá ser inferior a la cobertura que le corresponda en aplicación de las circulares dictadas por el Banco de España en materia de contabilidad de las entidades de crédito ni a la que pudiera serle de aplicación en virtud de lo dispuesto en el Real Decreto-ley 2/2012, de 3 de febrero, de saneamiento del sector financiero, así como en el Ley 8/2012, de 30 de octubre, sobre saneamiento y venta de los activos inmobiliarios del sector financiero. Ahora bien la aplicación de los criterios de valoración que a continuación serán analizados podrá implicar la realización de un ajuste de valoración superior.

¿Y cuáles son estos criterios de valoración de activos que coticen en un mercado activo? Tal y como precisa el art. 8 el valor de un activo negociado en un mercado activo será su valor de mercado en la fecha de valoración. Por lo que respecta a los criterios de valoración de activos que no coticen en un mercado activo, de cara a efectuar la valoración de estos activos que no coticen en un mercado activo se utilizarán técnicas de valoración generalmente aceptadas para estimar el valor económico. Cuando la estimación incluya flujos de efectivo futuros, la técnica de valoración considerará el valor temporal del dinero en cada plazo debidamente ajustado por, al menos, el efecto del riesgo de crédito. Y, en caso de disponer de valoraciones de expertos independientes que tengan por objeto determinar el valor económico de los activos concretos que vayan a ser transmitidos, la entidad deberá utilizarlas para determinar los ajustes de valoración teniendo presente no obstante que si su objeto no fuera determinar el valor económico de los activos, dichas valoraciones sólo podrían tomarse como referencia con los ajustes necesarios para dicha determinación.

¿Y cuáles son estos criterios de valoración de activos que coticen en un mercado activo? Tal y como precisa el art. 8 el valor de un activo negociado en un mercado activo será su valor de mercado en la fecha de valoración. Por lo que respecta a los criterios de valoración de activos que no coticen en un mercado activo, de cara a efectuar la valoración de estos activos que no coticen en un mercado activo se utilizarán técnicas de valoración generalmente aceptadas para estimar el valor económico. Cuando la estimación incluya flujos de efectivo futuros, la técnica de valoración considerará el valor temporal del dinero en cada plazo debidamente ajustado por, al menos, el efecto del riesgo de crédito. Y, en caso de disponer de valoraciones de expertos independientes que tengan por objeto determinar el valor económico de los activos concretos que vayan a ser transmitidos, la entidad deberá utilizarlas para determinar los ajustes de valoración teniendo presente no obstante que si su objeto no fuera determinar el valor económico de los activos, dichas valoraciones sólo podrían tomarse como referencia con los ajustes necesarios para dicha determinación.

En relación con los criterios de valoración específicos para los bienes inmuebles dispone el art. 10 del Real Decreto que en la valoración de los bienes inmuebles se tomarán en consideración las características específicas que un comprador tendría en cuenta para decidir sobre su adquisición, a saber: la localización geográfica; la disponibilidad de infraestructuras; su situación legal, condiciones para su venta, oferta y demanda actuales de

En relación con los criterios de valoración específicos para los bienes inmuebles dispone el art. 10 del Real Decreto que en la valoración de los bienes inmuebles se tomarán en consideración las características específicas que un comprador tendría en cuenta para decidir sobre su adquisición, a saber: la localización geográfica; la disponibilidad de infraestructuras; su situación legal, condiciones para su venta, oferta y demanda actuales de

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activos similares; su uso más probable, consideraciones de planificación urbanística, evolución de los precios de los suministros y evolución demográfica, entre otras.

activos similares; su uso más probable, consideraciones de planificación urbanística, evolución de los precios de los suministros y evolución demográfica, entre otras.

La estimación del valor económico de un bien inmueble habrá de considerar su capacidad de generar flujos de efectivo sobre la base de su uso más probable y financieramente sostenible. El “uso más probable” se determinará de acuerdo con su situación legal y con las condiciones del mercado, sin que necesariamente tenga que coincidir con su calificación urbanística en el momento de la valoración. Por su parte se entiende por “uso financieramente sostenible” aquel a través del cual el bien sea capaz de generar flujos de efectivo que produzcan una rentabilidad adecuada a la inversión requerida en ese bien inmueble.

La estimación del valor económico de un bien inmueble habrá de considerar su capacidad de generar flujos de efectivo sobre la base de su uso más probable y financieramente sostenible. El “uso más probable” se determinará de acuerdo con su situación legal y con las condiciones del mercado, sin que necesariamente tenga que coincidir con su calificación urbanística en el momento de la valoración. Por su parte se entiende por “uso financieramente sostenible” aquel a través del cual el bien sea capaz de generar flujos de efectivo que produzcan una rentabilidad adecuada a la inversión requerida en ese bien inmueble.

Tratándose de bienes inmuebles propiedad de la entidad mantenidos en régimen de obtención de rentas por su alquiler, el valor económico se obtendrá a partir de las proyecciones de flujos de efectivo futuros adecuadamente descontados, considerando su nivel de ocupación en la fecha de valoración.

Tratándose de bienes inmuebles propiedad de la entidad mantenidos en régimen de obtención de rentas por su alquiler, el valor económico se obtendrá a partir de las proyecciones de flujos de efectivo futuros adecuadamente descontados, considerando su nivel de ocupación en la fecha de valoración.

Respecto de aquellos activos que pudieran requerir de inversiones adicionales para su puesta en condiciones de venta tales como las promociones inmobiliarias en curso, no se considerarán dichas inversiones adicionales, sino que esta se estimará sobre la base de la consideración que el mercado otorga a los activos en el momento de la valoración.

Respecto de aquellos activos que pudieran requerir de inversiones adicionales para su puesta en condiciones de venta tales como las promociones inmobiliarias en curso, no se considerarán dichas inversiones adicionales, sino que esta se estimará sobre la base de la consideración que el mercado otorga a los activos en el momento de la valoración.

En todo caso, al objeto de maximizar el uso de datos observables de mercado se considerarán los precios observados de transacciones recientes de activos de características similares. Y, cuando no existan datos sobre precios de transacciones similares disponibles, se utilizarán los precios de ofertas realizadas por parte de vendedores, distintos de la entidad, proporcionados por bases de datos comúnmente utilizadas, ajustados en su caso para alcanzar su valor económico. No obstante, en caso de bienes inmuebles con un valor en libros superior a 3 millones de euros, las entidades obtendrán su valor económico sobre la base de una tasación efectuada por un experto independiente y con suficiente experiencia en la zona y en la categoría de dichos bienes inmuebles.

En todo caso, al objeto de maximizar el uso de datos observables de mercado se considerarán los precios observados de transacciones recientes de activos de características similares. Y, cuando no existan datos sobre precios de transacciones similares disponibles, se utilizarán los precios de ofertas realizadas por parte de vendedores, distintos de la entidad, proporcionados por bases de datos comúnmente utilizadas, ajustados en su caso para alcanzar su valor económico. No obstante, en caso de bienes inmuebles con un valor en libros superior a 3 millones de euros, las entidades obtendrán su valor económico sobre la base de una tasación efectuada por un experto independiente y con suficiente experiencia en la zona y en la categoría de dichos bienes inmuebles.

Analicemos a continuación los criterios de valoración específicos para los derechos de crédito. Con carácter general la valoración de los derechos de crédito deberá reflejar la pérdida esperada a lo largo de toda su vida

Analicemos a continuación los criterios de valoración específicos para los derechos de crédito. Con carácter general la valoración de los derechos de crédito deberá reflejar la pérdida esperada a lo largo de toda su vida

La recapitalización de las entidades financieras

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remanente. El valor económico de los derechos de crédito que cuenten con garantía real de primer rango sobre bienes inmuebles, debidamente constituida y registrada a favor de la entidad, ha de calcularse teniendo en cuenta el correspondiente a la garantía valorada de acuerdo con los criterios analizados con anterioridad, una vez descontados los gastos necesarios para la ejecución de la garantía y venta posterior del inmueble. Y el valor económico de los derechos de crédito clasificados como dudosos se corresponderá únicamente con la parte cubierta con garantías reales de primer rango descontados los gastos necesarios para la ejecución de la garantía y venta de los activos en garantía.

remanente. El valor económico de los derechos de crédito que cuenten con garantía real de primer rango sobre bienes inmuebles, debidamente constituida y registrada a favor de la entidad, ha de calcularse teniendo en cuenta el correspondiente a la garantía valorada de acuerdo con los criterios analizados con anterioridad, una vez descontados los gastos necesarios para la ejecución de la garantía y venta posterior del inmueble. Y el valor económico de los derechos de crédito clasificados como dudosos se corresponderá únicamente con la parte cubierta con garantías reales de primer rango descontados los gastos necesarios para la ejecución de la garantía y venta de los activos en garantía.

Respecto de los criterios de valoración específicos para los instrumentos representativos del capital social establece el art. 12 del Real Decreto que el valor económico de los instrumentos representativos del capital social que se han de transmitir será el valor de mercado calculado en la fecha de valoración cuando se negocien en un mercado activo.

Respecto de los criterios de valoración específicos para los instrumentos representativos del capital social establece el art. 12 del Real Decreto que el valor económico de los instrumentos representativos del capital social que se han de transmitir será el valor de mercado calculado en la fecha de valoración cuando se negocien en un mercado activo.

Al objeto de poder determinar el valor económico de los instrumentos de capital que se han de transmitir y que no se negocien en un mercado activo ha de tenerse presente que, en el caso de aquellas sociedades que hubiesen presentado solicitud de concurso voluntario o que hubieran sido declaradas en concurso por auto judicial, el valor económico de sus instrumentos de capital se reputará nulo. Y, para el resto de sociedades, el valor económico de los instrumentos de capital será como máximo el valor de la parte alícuota del patrimonio neto contable de la sociedad a la que dichos instrumentos representan, salvo que el valor total del activo exceda de 10 millones de euros y la parte alícuota del mismo fuera superior a 3 millones de euros, en cuyo caso deberá realizarse una valoración específica a cargo de un experto independiente.

Al objeto de poder determinar el valor económico de los instrumentos de capital que se han de transmitir y que no se negocien en un mercado activo ha de tenerse presente que, en el caso de aquellas sociedades que hubiesen presentado solicitud de concurso voluntario o que hubieran sido declaradas en concurso por auto judicial, el valor económico de sus instrumentos de capital se reputará nulo. Y, para el resto de sociedades, el valor económico de los instrumentos de capital será como máximo el valor de la parte alícuota del patrimonio neto contable de la sociedad a la que dichos instrumentos representan, salvo que el valor total del activo exceda de 10 millones de euros y la parte alícuota del mismo fuera superior a 3 millones de euros, en cuyo caso deberá realizarse una valoración específica a cargo de un experto independiente.

Por lo que respecta a los criterios que han de seguirse para la determinación del valor de transmisión de los activos, de conformidad con lo señalado en el art. 13 del Real Decreto, habrá de ser el Banco de España el que determine el valor de transmisión de los activos que se hayan de transferir a las sociedades de gestión de activos sobre la base de la estimación de su valor económico mediante informes de valoración encargados a uno o varios expertos independientes realizados de conformidad con los criterios contenidos en la sección anterior.

Por lo que respecta a los criterios que han de seguirse para la determinación del valor de transmisión de los activos, de conformidad con lo señalado en el art. 13 del Real Decreto, habrá de ser el Banco de España el que determine el valor de transmisión de los activos que se hayan de transferir a las sociedades de gestión de activos sobre la base de la estimación de su valor económico mediante informes de valoración encargados a uno o varios expertos independientes realizados de conformidad con los criterios contenidos en la sección anterior.

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A efectos de dicha determinación, el Banco de España ajustará la estimación del valor económico resultante de dichos informes teniendo en consideración los criterios siguientes: la cobertura del riesgo de evolución desfavorable de los precios; la previsión de gastos de gestión, administración y mantenimiento, así como de costes financieros, asociados a la tenencia de los activos que se han de transferir; y las perspectivas de desinversión de los activos transferidos a la misma.

A efectos de dicha determinación, el Banco de España ajustará la estimación del valor económico resultante de dichos informes teniendo en consideración los criterios siguientes: la cobertura del riesgo de evolución desfavorable de los precios; la previsión de gastos de gestión, administración y mantenimiento, así como de costes financieros, asociados a la tenencia de los activos que se han de transferir; y las perspectivas de desinversión de los activos transferidos a la misma.

Este valor de trasmisión así determinado por el Banco de España se expresará para cada categoría de activo como un porcentaje del valor en libros de los activos resultante tras realizar los ajustes de valoración correspondiente. Con posterioridad, una vez determinado el valor de transmisión, el Banco de España lo comunicará al FROB a fin de que este dicte el acto administrativo a que se refiere el art. 6.3 del Real Decreto.

Este valor de trasmisión así determinado por el Banco de España se expresará para cada categoría de activo como un porcentaje del valor en libros de los activos resultante tras realizar los ajustes de valoración correspondiente. Con posterioridad, una vez determinado el valor de transmisión, el Banco de España lo comunicará al FROB a fin de que este dicte el acto administrativo a que se refiere el art. 6.3 del Real Decreto.

A la hora de concretar la metodología de valoración a seguir dispone el art. 14 del Real Decreto que la valoración realizada por el experto o expertos independientes deberá fundarse en el análisis de muestras representativas de las categorías de activos que se han de transmitir. Cuando estas categorías de activos incluyan bienes inmuebles o derechos de crédito con garantía real de primer rango sobre bienes inmuebles cuya valoración deba basarse en la de estos bienes, habrán de llevarse a cabo valoraciones a cargo de expertos independientes. Estas valoraciones han de efectuarse en todo caso sin sujeción a muestra respecto de aquellos activos cuyo valor individual en libros supere los 20 millones de euros. No obstante este umbral podrá ser modificado mediante circular del Banco de España.

A la hora de concretar la metodología de valoración a seguir dispone el art. 14 del Real Decreto que la valoración realizada por el experto o expertos independientes deberá fundarse en el análisis de muestras representativas de las categorías de activos que se han de transmitir. Cuando estas categorías de activos incluyan bienes inmuebles o derechos de crédito con garantía real de primer rango sobre bienes inmuebles cuya valoración deba basarse en la de estos bienes, habrán de llevarse a cabo valoraciones a cargo de expertos independientes. Estas valoraciones han de efectuarse en todo caso sin sujeción a muestra respecto de aquellos activos cuyo valor individual en libros supere los 20 millones de euros. No obstante este umbral podrá ser modificado mediante circular del Banco de España.

Por último, en relación con los costes devengados y gastos incurridos se establece que cualquier importe devengado o vencido y no pagado en la fecha de valoración, relacionado con cualquiera de los activos, o grupos de activos transmitidos a las sociedades de gestión de activos, lo será por cuenta y a cargo de la entidad de crédito transmitente, incluidos los gastos fiscales y legales derivados del otorgamiento e inscripción de escrituras. Por su parte los gastos relativos a las tasaciones serán por cuenta de la entidad de crédito transmitente, al igual que sucederá con los gastos en que incurra la sociedad de gestión de activos con posterioridad a la fecha de valoración como consecuencia de errores u omisiones, así como con aquellos que pudieran derivar de obligaciones legales de saneamiento de los activos transmitidos.

Por último, en relación con los costes devengados y gastos incurridos se establece que cualquier importe devengado o vencido y no pagado en la fecha de valoración, relacionado con cualquiera de los activos, o grupos de activos transmitidos a las sociedades de gestión de activos, lo será por cuenta y a cargo de la entidad de crédito transmitente, incluidos los gastos fiscales y legales derivados del otorgamiento e inscripción de escrituras. Por su parte los gastos relativos a las tasaciones serán por cuenta de la entidad de crédito transmitente, al igual que sucederá con los gastos en que incurra la sociedad de gestión de activos con posterioridad a la fecha de valoración como consecuencia de errores u omisiones, así como con aquellos que pudieran derivar de obligaciones legales de saneamiento de los activos transmitidos.

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Téngase presente a este respecto para finalizar que, tal y como se ha apuntado con anterioridad, y de acuerdo con lo señalado por la Disp. Transit. Primera del Real Decreto, el informe realizado por un experto independiente antes de su entrada en vigor como parte del ejercicio de prueba de resistencia y de valoración de activos del sistema financiero español, en el marco del Memorando de Entendimiento firmado entre las Autoridades españolas y europeas el 23 de julio de 2012, será válido para la determinación del valor de transmisión a que se refieren los arts. 13 y 14 con relación a las entidades que, sobre la base de la prueba de resistencia señalada, necesiten de un plan de reestructuración y recapitalización o de un plan de resolución y que se vean obligadas a transmitir activos en el marco del mencionado acuerdo. Asimismo se entenderán cumplidos los requisitos de valoración por un experto independiente contenidos en los arts. 9.3, 10.6 y 12.2.b) del Real Decreto.

Téngase presente a este respecto para finalizar que, tal y como se ha apuntado con anterioridad, y de acuerdo con lo señalado por la Disp. Transit. Primera del Real Decreto, el informe realizado por un experto independiente antes de su entrada en vigor como parte del ejercicio de prueba de resistencia y de valoración de activos del sistema financiero español, en el marco del Memorando de Entendimiento firmado entre las Autoridades españolas y europeas el 23 de julio de 2012, será válido para la determinación del valor de transmisión a que se refieren los arts. 13 y 14 con relación a las entidades que, sobre la base de la prueba de resistencia señalada, necesiten de un plan de reestructuración y recapitalización o de un plan de resolución y que se vean obligadas a transmitir activos en el marco del mencionado acuerdo. Asimismo se entenderán cumplidos los requisitos de valoración por un experto independiente contenidos en los arts. 9.3, 10.6 y 12.2.b) del Real Decreto.

El Capítulo IV del citado Real Decreto introduce el régimen concreto aplicable a la SAREB y a sus patrimonios separados, los fondos de activos bancarios (FAB) a los que esta podrá transferir sus activos. Con carácter general la SAREB se constituye como una sociedad anónima que presenta determinadas particularidades derivadas de su objeto social singular y el interés público derivado de su actividad. Su objeto está determinado por la transferencia de activos necesaria para desarrollar el proceso de reestructuración y saneamiento del sector bancario español, a acometer dentro del marco del memorando de entendimiento firmado entre las Autoridades españolas y europeas el 23 de julio de 2012, para la asistencia financiera.

El Capítulo IV del citado Real Decreto introduce el régimen concreto aplicable a la SAREB y a sus patrimonios separados, los fondos de activos bancarios (FAB) a los que esta podrá transferir sus activos. Con carácter general la SAREB se constituye como una sociedad anónima que presenta determinadas particularidades derivadas de su objeto social singular y el interés público derivado de su actividad. Su objeto está determinado por la transferencia de activos necesaria para desarrollar el proceso de reestructuración y saneamiento del sector bancario español, a acometer dentro del marco del memorando de entendimiento firmado entre las Autoridades españolas y europeas el 23 de julio de 2012, para la asistencia financiera.

Las principales notas configuradoras de su régimen jurídico se concretan en las siguientes. En primer lugar, sólo pueden ser accionistas de la SAREB las entidades financieras a las que se alude en el presente Real Decreto u otros que el Ministro de Economía y Competitividad pudiera expresamente autorizar.

Las principales notas configuradoras de su régimen jurídico se concretan en las siguientes. En primer lugar, sólo pueden ser accionistas de la SAREB las entidades financieras a las que se alude en el presente Real Decreto u otros que el Ministro de Economía y Competitividad pudiera expresamente autorizar.

Además, la SAREB debe cumplir con varios requisitos específicos de gobierno corporativo que se refieren, por ejemplo, a la obligación de contar con un número determinado de Consejeros independientes en el Consejo de Administración y a la exigencia de constituir varios Comités: de auditoría, de retribuciones y nombramientos, de dirección, de riesgos, de inversiones y de activos y pasivos.

Además, la SAREB debe cumplir con varios requisitos específicos de gobierno corporativo que se refieren, por ejemplo, a la obligación de contar con un número determinado de Consejeros independientes en el Consejo de Administración y a la exigencia de constituir varios Comités: de auditoría, de retribuciones y nombramientos, de dirección, de riesgos, de inversiones y de activos y pasivos.

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Los miembros del Consejo de Administración deberán cumplir unos requisitos de profesionalidad, honorabilidad y experiencia específicos. La SAREB deberá actuar en todo momento con transparencia y profesionalidad. En particular, habrá de elaborar un informe semestral sobre su actividad y será responsable de presentar anualmente el Informe independiente de Cumplimiento, con el objetivo de recoger un análisis externo e independiente sobre la adecuación de sus actividades y estrategias a los cometidos que tiene legalmente atribuidos. Sendos informes no alteran, en ningún caso, la responsabilidad supervisora e inspectora atribuida, de conformidad con la Ley 9/2012, de 14 de noviembre, al Banco de España.

Los miembros del Consejo de Administración deberán cumplir unos requisitos de profesionalidad, honorabilidad y experiencia específicos. La SAREB deberá actuar en todo momento con transparencia y profesionalidad. En particular, habrá de elaborar un informe semestral sobre su actividad y será responsable de presentar anualmente el Informe independiente de Cumplimiento, con el objetivo de recoger un análisis externo e independiente sobre la adecuación de sus actividades y estrategias a los cometidos que tiene legalmente atribuidos. Sendos informes no alteran, en ningún caso, la responsabilidad supervisora e inspectora atribuida, de conformidad con la Ley 9/2012, de 14 de noviembre, al Banco de España.

Como ya sabemos la Ley 9/2012, de 14 de noviembre, permite a la SAREB transferir sus activos a fondos especiales, con el fin de facilitar el proceso de desinversión, adaptándolo a las especialidades de los activos gestionados por esta sociedad. A este respecto son objeto de creación los FAB con la finalidad de servir como herramientas para la desinversión en la SAREB. Su regulación, inspirada en la de los fondos de titulización y las instituciones de inversión colectiva, pretende dar plenas garantías a los inversores de FAB, sin menoscabar la necesaria flexibilidad exigible a unos fondos creados con una estructura muy singular de activos, y cuya comercialización se dirige en exclusiva a inversores profesionales.

Como ya sabemos la Ley 9/2012, de 14 de noviembre, permite a la SAREB transferir sus activos a fondos especiales, con el fin de facilitar el proceso de desinversión, adaptándolo a las especialidades de los activos gestionados por esta sociedad. A este respecto son objeto de creación los FAB con la finalidad de servir como herramientas para la desinversión en la SAREB. Su regulación, inspirada en la de los fondos de titulización y las instituciones de inversión colectiva, pretende dar plenas garantías a los inversores de FAB, sin menoscabar la necesaria flexibilidad exigible a unos fondos creados con una estructura muy singular de activos, y cuya comercialización se dirige en exclusiva a inversores profesionales.

En este sentido se delimitan aspectos tales como los activos y pasivos admisibles y los requisitos para su transmisión, las reglas de constitución, fusión y escisión, la posibilidad de crear compartimentos, la posibilidad de crear un sindicato de tenedores de valores emitidos por el FAB o las normas de transparencia y contabilidad. La Comisión Nacional del Mercado de Valores creará un registro para los FAB y supervisará el cumplimiento por las sociedades gestoras de los requisitos organizativos y de funcionamiento que les impone la normativa, así como de las normas de transparencia impuestas sobre los FAB.

En este sentido se delimitan aspectos tales como los activos y pasivos admisibles y los requisitos para su transmisión, las reglas de constitución, fusión y escisión, la posibilidad de crear compartimentos, la posibilidad de crear un sindicato de tenedores de valores emitidos por el FAB o las normas de transparencia y contabilidad. La Comisión Nacional del Mercado de Valores creará un registro para los FAB y supervisará el cumplimiento por las sociedades gestoras de los requisitos organizativos y de funcionamiento que les impone la normativa, así como de las normas de transparencia impuestas sobre los FAB.

Finalmente a través del citado Capítulo IV se regula otra de las habilitaciones ya previstas en la Ley 9/2012, de 14 de noviembre. Haciendo uso de lo previsto en la Disposición Adicional Octava de la citada Ley, no será el FROB como corresponde conforme a lo previsto en el régimen general, sino el propio Real Decreto, el que diseñe las categorías de activos a transferir a la SAREB.

Finalmente a través del citado Capítulo IV se regula otra de las habilitaciones ya previstas en la Ley 9/2012, de 14 de noviembre. Haciendo uso de lo previsto en la Disposición Adicional Octava de la citada Ley, no será el FROB como corresponde conforme a lo previsto en el régimen general, sino el propio Real Decreto, el que diseñe las categorías de activos a transferir a la SAREB.

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Entrando en el análisis específico de cada una de estas cuestiones la constitución de la SAREB corresponde al FROB, en los términos previstos en la Disp. Adic. Séptima de la Ley 9/2012, de 14 de noviembre. La SAREB adquiere a todos los efectos la consideración de sociedad de gestión de activos, rigiéndose por lo establecido en la Ley 9/2012, de 14 de noviembre, así como por lo dispuesto en el presente Real Decreto y por las demás normas del ordenamiento jurídico privado. La SAREB se constituye por el periodo que se determine en sus Estatutos, el cual no podrá ser superior a 15 años.

Entrando en el análisis específico de cada una de estas cuestiones la constitución de la SAREB corresponde al FROB, en los términos previstos en la Disp. Adic. Séptima de la Ley 9/2012, de 14 de noviembre. La SAREB adquiere a todos los efectos la consideración de sociedad de gestión de activos, rigiéndose por lo establecido en la Ley 9/2012, de 14 de noviembre, así como por lo dispuesto en el presente Real Decreto y por las demás normas del ordenamiento jurídico privado. La SAREB se constituye por el periodo que se determine en sus Estatutos, el cual no podrá ser superior a 15 años.

El objeto exclusivo de la SAREB se concreta en la tenencia, gestión y administración directa o indirecta, adquisición y enajenación de los activos que le transmitan las entidades de crédito a las que se refiere la Disp. Adic. Novena de la Ley 9/2012 y que figuren en el balance de las mismas o en el de cualquier entidad sobre la que esta ejerza control en el sentido del art. 42 del Código de Comercio, así como de cualesquiera otros que llegue a adquirir en el futuro como consecuencia de la citada actividad de gestión y administración de los primeros. En los casos en que la SAREB desarrolle su objeto exclusivo de forma indirecta, deberá contar con mecanismos adecuados para prevenir los conflictos de interés. En todo caso, a efectos del cumplimiento de sus funciones la SAREB actuará con adecuación a los objetivos previstos al efecto y de acuerdo con los principios generales de transparencia y gestión profesional.

El objeto exclusivo de la SAREB se concreta en la tenencia, gestión y administración directa o indirecta, adquisición y enajenación de los activos que le transmitan las entidades de crédito a las que se refiere la Disp. Adic. Novena de la Ley 9/2012 y que figuren en el balance de las mismas o en el de cualquier entidad sobre la que esta ejerza control en el sentido del art. 42 del Código de Comercio, así como de cualesquiera otros que llegue a adquirir en el futuro como consecuencia de la citada actividad de gestión y administración de los primeros. En los casos en que la SAREB desarrolle su objeto exclusivo de forma indirecta, deberá contar con mecanismos adecuados para prevenir los conflictos de interés. En todo caso, a efectos del cumplimiento de sus funciones la SAREB actuará con adecuación a los objetivos previstos al efecto y de acuerdo con los principios generales de transparencia y gestión profesional.

Señala el art. 18 del Real Decreto que el importe inicial del capital social y la prima de emisión serán determinados por el FROB en función del volumen previsto de actividades y operaciones de la SAREB y las necesidades financieras esperadas. ¿Y quienes podrán ser accionistas de SAREB? En primer lugar, el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria. E igualmente podrán detentar esta condición las entidades de crédito, las entidades aseguradoras, las empresas de servicios de inversión, las sociedades de inversión colectiva, mobiliaria o inmobiliaria, las instituciones de inversión colectiva y los fondos de pensiones (así como sus sociedades gestoras), las sociedades gestoras de fondos de titulización de activos, las sociedades y fondos de capital-riesgo, las sociedades de garantía recíproca, las entidades extranjeras, cualquiera que sea su denominación o estatuto que, de acuerdo con la normativa que les resulte aplicable, ejerzan las actividades típicas de las anteriores, aquellas entidades cuya actividad principal sea la tenencia de acciones o participaciones en cualquiera de las entidades citadas en las

Señala el art. 18 del Real Decreto que el importe inicial del capital social y la prima de emisión serán determinados por el FROB en función del volumen previsto de actividades y operaciones de la SAREB y las necesidades financieras esperadas. ¿Y quienes podrán ser accionistas de SAREB? En primer lugar, el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria. E igualmente podrán detentar esta condición las entidades de crédito, las entidades aseguradoras, las empresas de servicios de inversión, las sociedades de inversión colectiva, mobiliaria o inmobiliaria, las instituciones de inversión colectiva y los fondos de pensiones (así como sus sociedades gestoras), las sociedades gestoras de fondos de titulización de activos, las sociedades y fondos de capital-riesgo, las sociedades de garantía recíproca, las entidades extranjeras, cualquiera que sea su denominación o estatuto que, de acuerdo con la normativa que les resulte aplicable, ejerzan las actividades típicas de las anteriores, aquellas entidades cuya actividad principal sea la tenencia de acciones o participaciones en cualquiera de las entidades citadas en las

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letras c) a i) del art. 19 del Real Decreto, las personas jurídicas distintas de las anteriores incluidas en la letra c) del art. 78.bis de la Ley del Mercado de Valores y, por último, las sociedades anónimas cotizadas de inversión en el mercado inmobiliario.

letras c) a i) del art. 19 del Real Decreto, las personas jurídicas distintas de las anteriores incluidas en la letra c) del art. 78.bis de la Ley del Mercado de Valores y, por último, las sociedades anónimas cotizadas de inversión en el mercado inmobiliario.

En todo caso señala el art. 19.2 del Real Decreto que el Ministro de Economía y Competitividad podrá ampliar esta lista de categorías de accionistas. Con carácter general la participación pública no podrá ser igual o superior al cincuenta por ciento del capital de la sociedad, entendiéndose a este respecto por participación pública el conjunto de las participaciones directas o indirectas que ostenten las unidades institucionales públicas, tal y como se definen en el Sistema Europeo de Cuentas Nacionales.

En todo caso señala el art. 19.2 del Real Decreto que el Ministro de Economía y Competitividad podrá ampliar esta lista de categorías de accionistas. Con carácter general la participación pública no podrá ser igual o superior al cincuenta por ciento del capital de la sociedad, entendiéndose a este respecto por participación pública el conjunto de las participaciones directas o indirectas que ostenten las unidades institucionales públicas, tal y como se definen en el Sistema Europeo de Cuentas Nacionales.

Los órganos de gobierno de la SAREB serán los que establece en el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital para las sociedades anónimas, con las particularidades que se disponen den el presente Real Decreto. Su Consejo de Administración ha de quedar integrado por un mínimo de 5 y un máximo de 15 miembros. Todos los miembros del Consejo de Administración serán personas de reconocida honorabilidad comercial y profesional, debiendo poseer conocimientos y experiencia adecuados para ejercer sus funciones. Tales honorabilidad y experiencia deberán concurrir también en los directores generales o asimilados de la entidad. A este respecto se estima que concurre honorabilidad comercial y profesional en quienes hayan venido observando una trayectoria personal de respeto a las leyes mercantiles u otras que regulan la actividad económica y la vida de los negocios, así como a las buenas prácticas comerciales, financieras y bancarias. En cambio se estima en todo caso que carecen de tal honorabilidad quienes, en España o en el extranjero, tengan antecedentes penales por delitos dolosos, estén inhabilitados para ejercer cargos públicos o de administración o dirección de entidades financieras o estén inhabilitados conforme a lo dispuesto en la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, mientras no haya concluido el período de inhabilitación fijado en la sentencia de calificación del concurso y los quebrados y concursados no rehabilitados en procedimientos concursales anteriores a la entrada en vigor de la referida ley.

Los órganos de gobierno de la SAREB serán los que establece en el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital para las sociedades anónimas, con las particularidades que se disponen den el presente Real Decreto. Su Consejo de Administración ha de quedar integrado por un mínimo de 5 y un máximo de 15 miembros. Todos los miembros del Consejo de Administración serán personas de reconocida honorabilidad comercial y profesional, debiendo poseer conocimientos y experiencia adecuados para ejercer sus funciones. Tales honorabilidad y experiencia deberán concurrir también en los directores generales o asimilados de la entidad. A este respecto se estima que concurre honorabilidad comercial y profesional en quienes hayan venido observando una trayectoria personal de respeto a las leyes mercantiles u otras que regulan la actividad económica y la vida de los negocios, así como a las buenas prácticas comerciales, financieras y bancarias. En cambio se estima en todo caso que carecen de tal honorabilidad quienes, en España o en el extranjero, tengan antecedentes penales por delitos dolosos, estén inhabilitados para ejercer cargos públicos o de administración o dirección de entidades financieras o estén inhabilitados conforme a lo dispuesto en la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, mientras no haya concluido el período de inhabilitación fijado en la sentencia de calificación del concurso y los quebrados y concursados no rehabilitados en procedimientos concursales anteriores a la entrada en vigor de la referida ley.

Por su parte se estima que poseen conocimientos y experiencia adecuados para ejercer sus funciones en la SAREB quienes hayan desempeñado, durante un plazo no inferior a cinco años, funciones de alta administración,

Por su parte se estima que poseen conocimientos y experiencia adecuados para ejercer sus funciones en la SAREB quienes hayan desempeñado, durante un plazo no inferior a cinco años, funciones de alta administración,

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dirección, control o asesoramiento de entidades financieras o funciones de similar responsabilidad en otras entidades públicas o privadas. Al menos una tercera parte de los miembros del Consejo de Administración han de ser consejeros independientes, conforme a la definición del Código Unificado de Buen Gobierno. Estos consejeros independientes han de ser nombrados a propuesta del Comité de Retribuciones y Nombramientos, en atención a su competencia, experiencia y prestigio profesional, no pudiendo desempeñar sus funciones por un período de tiempo superior a cinco años. Su cese deberá ser informado previamente por el Comité de Retribuciones y Nombramientos.

dirección, control o asesoramiento de entidades financieras o funciones de similar responsabilidad en otras entidades públicas o privadas. Al menos una tercera parte de los miembros del Consejo de Administración han de ser consejeros independientes, conforme a la definición del Código Unificado de Buen Gobierno. Estos consejeros independientes han de ser nombrados a propuesta del Comité de Retribuciones y Nombramientos, en atención a su competencia, experiencia y prestigio profesional, no pudiendo desempeñar sus funciones por un período de tiempo superior a cinco años. Su cese deberá ser informado previamente por el Comité de Retribuciones y Nombramientos.

La condición de miembro del Consejo de Administración es incompatible con el desempeño de cualquier cargo político electo, no pudiendo ser miembros de dicho Consejo quienes desempeñen un cargo similar, mantuvieran relaciones laborales, mercantiles o profesionales con sociedades dedicadas a una actividad análoga a la de la SAREB o tengan directa o indirectamente intereses significativos en dichas sociedades.

La condición de miembro del Consejo de Administración es incompatible con el desempeño de cualquier cargo político electo, no pudiendo ser miembros de dicho Consejo quienes desempeñen un cargo similar, mantuvieran relaciones laborales, mercantiles o profesionales con sociedades dedicadas a una actividad análoga a la de la SAREB o tengan directa o indirectamente intereses significativos en dichas sociedades.

El art. 22 del Real Decreto se encarga de regular la figura del Comité de Auditoría y Comité de Retribuciones y Nombramientos. Con carácter general el Consejo de Administración de la SAREB habrá de constituir un Comité de Auditoría y un Comité de Retribuciones y Nombramientos. Dichos comités han de contar con una mayoría de consejeros independientes de entre los cuales se elegirá a su Presidente.

El art. 22 del Real Decreto se encarga de regular la figura del Comité de Auditoría y Comité de Retribuciones y Nombramientos. Con carácter general el Consejo de Administración de la SAREB habrá de constituir un Comité de Auditoría y un Comité de Retribuciones y Nombramientos. Dichos comités han de contar con una mayoría de consejeros independientes de entre los cuales se elegirá a su Presidente.

El citado Comité de Retribuciones y Nombramientos se constituirá de manera simultánea a la constitución de la SAREB. Los consejeros independientes que originariamente sean nombrados, para ser considerados como tales, habrán de cumplir los requisitos previstos en el Código Unificado de Buen Gobierno, con excepción del criterio referido a su propuesta por el comité de nombramientos. No obstante en el plazo de dos meses a contar desde la constitución del Comité de Retribuciones y Nombramientos su condición de independiente deberá ser ratificada por el Comité. Y en el acto de ratificación posterior del Comité de Retribuciones y Nombramientos aquellos consejeros independientes que también sean miembros de dicho comité y que a su vez vayan a ser ratificados habrían de ausentarse y no opinar ni votar ni formar parte de la decisión. En todo caso, una vez constituido este Comité e integrado por los consejeros independientes antes referidos, aquellos consejeros independientes que posteriormente se

El citado Comité de Retribuciones y Nombramientos se constituirá de manera simultánea a la constitución de la SAREB. Los consejeros independientes que originariamente sean nombrados, para ser considerados como tales, habrán de cumplir los requisitos previstos en el Código Unificado de Buen Gobierno, con excepción del criterio referido a su propuesta por el comité de nombramientos. No obstante en el plazo de dos meses a contar desde la constitución del Comité de Retribuciones y Nombramientos su condición de independiente deberá ser ratificada por el Comité. Y en el acto de ratificación posterior del Comité de Retribuciones y Nombramientos aquellos consejeros independientes que también sean miembros de dicho comité y que a su vez vayan a ser ratificados habrían de ausentarse y no opinar ni votar ni formar parte de la decisión. En todo caso, una vez constituido este Comité e integrado por los consejeros independientes antes referidos, aquellos consejeros independientes que posteriormente se

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nombrasen habrían de cumplir, para ser considerados como tales, todos los requisitos previstos en el Código Unificado de Buen Gobierno.

nombrasen habrían de cumplir, para ser considerados como tales, todos los requisitos previstos en el Código Unificado de Buen Gobierno.

Por su parte el Comité de Auditoría se regirá, sin perjuicio de lo dispuesto en este real decreto, por lo previsto en la Disp. Adic. Decimoctava de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores. Por su parte el Comité de Retribuciones y Nombramientos asume las funciones de informar la política general de retribuciones e incentivos para los miembros del Consejo de Administración y el personal directivo de la SAREB, velando por la observancia de dicha política, así como de garantizar el cumplimiento de los requisitos previstos en este real decreto para el ejercicio del cargo de miembro del Consejo de Administración. Tanto el Comité de Auditoría como el Comité de Retribuciones y Nombramientos han de informar sobre cuestiones concretas a petición de la Junta General.

Por su parte el Comité de Auditoría se regirá, sin perjuicio de lo dispuesto en este real decreto, por lo previsto en la Disp. Adic. Decimoctava de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores. Por su parte el Comité de Retribuciones y Nombramientos asume las funciones de informar la política general de retribuciones e incentivos para los miembros del Consejo de Administración y el personal directivo de la SAREB, velando por la observancia de dicha política, así como de garantizar el cumplimiento de los requisitos previstos en este real decreto para el ejercicio del cargo de miembro del Consejo de Administración. Tanto el Comité de Auditoría como el Comité de Retribuciones y Nombramientos han de informar sobre cuestiones concretas a petición de la Junta General.

Por lo que respecta a los llamados Comités de apoyo al Consejo de Administración la Sociedad de Gestión de Activos deberá de constituir los siguientes comités: Comité de dirección; Comité de riesgos; Comité de inversiones; y Comité de activos y pasivos. El primero de ellos, esto es, el Comité de dirección asume, entre otras funciones, las de determinar en los estatutos de la sociedad y asistir al Consejo de Administración en la dirección de la gestión financiera y operativa y en sus funciones de informe presupuestario y de gestión. A tales efectos, le corresponde analizar la gestión económica y financiera de la SAREB y estudiar los informes y actuaciones que el Comité de Auditoría y el Comité de Retribuciones y Nombramientos realicen en ejercicio de sus funciones. Por su parte el Comité de riesgos tiene, entre otras funciones, determinar en los estatutos de la sociedad y supervisar y, en su caso, proponer, acciones de remedio para responder a situaciones o actuaciones que puedan dar lugar a niveles excesivos de riesgo. El Comité de inversiones asume, entre otras funciones, la de determinar en los estatutos de la sociedad y valorar y proponer al Consejo de Administración estrategias o acciones de inversión y desinversión. Finalmente el Comité de activos y pasivos asume la función, entre otras, de determinar en los estatutos de la sociedad, asesorar al Consejo de Administración sobre cualquier circunstancia que pueda afectar al balance de la compañía y, en particular, las relativas a la estructura de capital, financiación y liquidez.

Por lo que respecta a los llamados Comités de apoyo al Consejo de Administración la Sociedad de Gestión de Activos deberá de constituir los siguientes comités: Comité de dirección; Comité de riesgos; Comité de inversiones; y Comité de activos y pasivos. El primero de ellos, esto es, el Comité de dirección asume, entre otras funciones, las de determinar en los estatutos de la sociedad y asistir al Consejo de Administración en la dirección de la gestión financiera y operativa y en sus funciones de informe presupuestario y de gestión. A tales efectos, le corresponde analizar la gestión económica y financiera de la SAREB y estudiar los informes y actuaciones que el Comité de Auditoría y el Comité de Retribuciones y Nombramientos realicen en ejercicio de sus funciones. Por su parte el Comité de riesgos tiene, entre otras funciones, determinar en los estatutos de la sociedad y supervisar y, en su caso, proponer, acciones de remedio para responder a situaciones o actuaciones que puedan dar lugar a niveles excesivos de riesgo. El Comité de inversiones asume, entre otras funciones, la de determinar en los estatutos de la sociedad y valorar y proponer al Consejo de Administración estrategias o acciones de inversión y desinversión. Finalmente el Comité de activos y pasivos asume la función, entre otras, de determinar en los estatutos de la sociedad, asesorar al Consejo de Administración sobre cualquier circunstancia que pueda afectar al balance de la compañía y, en particular, las relativas a la estructura de capital, financiación y liquidez.

Dentro de las obligaciones asumidas por SAREB se refiere el art. 24 del Real Decreto a las obligaciones generales de transparencia y de formulación

Dentro de las obligaciones asumidas por SAREB se refiere el art. 24 del Real Decreto a las obligaciones generales de transparencia y de formulación

La recapitalización de las entidades financieras

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de cuentas anuales. Con carácter general la SAREB deberá cumplir con las obligaciones generales de formulación de cuentas anuales en los términos previstos en la Ley de Sociedades de Capital, no pudiendo formular cuentas anuales de carácter abreviado.

de cuentas anuales. Con carácter general la SAREB deberá cumplir con las obligaciones generales de formulación de cuentas anuales en los términos previstos en la Ley de Sociedades de Capital, no pudiendo formular cuentas anuales de carácter abreviado.

Asimismo, y dentro de sus actuaciones ordinarias, la SAREB ha de actuar de manera transparente y coherente con los objetivos y funciones definidos en la Ley 9/2012, de 14 de noviembre, y en el presente Real Decreto, debiendo disponer de página web para dar publicidad por medios electrónicos a la información que le sea legalmente exigible. A este respecto se considera a SAREB como incluida entre los sujetos obligados a que se refiere el art. 2.1 de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.

Asimismo, y dentro de sus actuaciones ordinarias, la SAREB ha de actuar de manera transparente y coherente con los objetivos y funciones definidos en la Ley 9/2012, de 14 de noviembre, y en el presente Real Decreto, debiendo disponer de página web para dar publicidad por medios electrónicos a la información que le sea legalmente exigible. A este respecto se considera a SAREB como incluida entre los sujetos obligados a que se refiere el art. 2.1 de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.

La SAREB deberá facilitar al público en general, por cualquier medio técnico, informático o telemático, toda la información legalmente requerida referida a sus cuentas anuales y el Informe de Actividad, sin perjuicio del derecho de los accionistas a solicitar la información de forma impresa. Asimismo, y sin perjuicio del cumplimiento de los requisitos de transparencia en la memoria de sus cuentas anuales, en virtud de la normativa contable que le sea de aplicación, deberá incluir en las mismas un detalle del volumen de crédito a terceros, distinguiendo entre los créditos que le hayan sido transmitidos por otras entidades y los que hayan sido concedidos por la SAREB, diferenciando igualmente las refinanciaciones y reestructuraciones de créditos que haya llevado a cabo tanto en uno como en otro caso.

La SAREB deberá facilitar al público en general, por cualquier medio técnico, informático o telemático, toda la información legalmente requerida referida a sus cuentas anuales y el Informe de Actividad, sin perjuicio del derecho de los accionistas a solicitar la información de forma impresa. Asimismo, y sin perjuicio del cumplimiento de los requisitos de transparencia en la memoria de sus cuentas anuales, en virtud de la normativa contable que le sea de aplicación, deberá incluir en las mismas un detalle del volumen de crédito a terceros, distinguiendo entre los créditos que le hayan sido transmitidos por otras entidades y los que hayan sido concedidos por la SAREB, diferenciando igualmente las refinanciaciones y reestructuraciones de créditos que haya llevado a cabo tanto en uno como en otro caso.

Dentro de este conjunto de obligaciones se sitúa también la recogida en el art. 26, relativa a la emisión de los Informes de Actividad e Informe independiente de Cumplimiento. Con carácter semestral, la SAREB ha de elaborar un Informe de Actividad en el que se detalle de manera sistemática y fácilmente comprensible los datos esenciales de su actuación durante el periodo correspondiente, así como el grado de cumplimiento de los objetivos planteados en su plan de negocio y las razones que explican las posibles desviaciones de dichos objetivos. Este Informe será remitido al Banco de España y a la Comisión de Seguimiento a la que se refiere la Disposición Adicional Séptima de la Ley 9/2012, de 14 de noviembre, quienes podrán requerir que sea completado con cuanta información adicional estime necesaria. El informe será puesto a disposición del público a través de la página web de la SAREB.

Dentro de este conjunto de obligaciones se sitúa también la recogida en el art. 26, relativa a la emisión de los Informes de Actividad e Informe independiente de Cumplimiento. Con carácter semestral, la SAREB ha de elaborar un Informe de Actividad en el que se detalle de manera sistemática y fácilmente comprensible los datos esenciales de su actuación durante el periodo correspondiente, así como el grado de cumplimiento de los objetivos planteados en su plan de negocio y las razones que explican las posibles desviaciones de dichos objetivos. Este Informe será remitido al Banco de España y a la Comisión de Seguimiento a la que se refiere la Disposición Adicional Séptima de la Ley 9/2012, de 14 de noviembre, quienes podrán requerir que sea completado con cuanta información adicional estime necesaria. El informe será puesto a disposición del público a través de la página web de la SAREB.

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Juan Calvo Vérgez

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Asimismo, si bien en el presente caso con carácter anual, un experto independiente elaborará el Informe independiente de Cumplimiento que la SAREB deberá remitir a la Comisión de Seguimiento a la que se refiere la Disp. Adic. Séptima de la Ley 9/2012 y al propio Banco de España. Este informe tendrá como finalidad evaluar la adecuación de las actividades y estrategias de la SAREB a los objetivos generales para los que ha sido constituida, sin perjuicio de las competencias atribuidas al Banco de España en materia de supervisión de la SAREB. El Banco de España, por su parte, habrá de determinar los requisitos necesarios y el procedimiento para la designación del experto independiente, así como el contenido mínimo del informe y la información que la SAREB deberá poner a disposición del experto para su adecuada elaboración.

Asimismo, si bien en el presente caso con carácter anual, un experto independiente elaborará el Informe independiente de Cumplimiento que la SAREB deberá remitir a la Comisión de Seguimiento a la que se refiere la Disp. Adic. Séptima de la Ley 9/2012 y al propio Banco de España. Este informe tendrá como finalidad evaluar la adecuación de las actividades y estrategias de la SAREB a los objetivos generales para los que ha sido constituida, sin perjuicio de las competencias atribuidas al Banco de España en materia de supervisión de la SAREB. El Banco de España, por su parte, habrá de determinar los requisitos necesarios y el procedimiento para la designación del experto independiente, así como el contenido mínimo del informe y la información que la SAREB deberá poner a disposición del experto para su adecuada elaboración.

El art. 27 del Real Decreto prevé la creación de una Comisión de Seguimiento de la SAREB. Se trata de una previsión que ya estaba recogida en la Disposición Adicional Séptima de la Ley 9/2012, y que se ha de regir por lo dispuesto en la citada Ley, así como por el presente Real Decreto y por las normas de funcionamiento que la propia Comisión apruebe. Para el desarrollo de sus funciones de análisis del cumplimiento de los objetivos generales de la SAREB, la citada Comisión de Seguimiento podrá solicitar de la sociedad de gestión de activos la información que considere conveniente, determinando la periodicidad que corresponda. Esta información incluirá, al menos, los Informes de Actividad y de Cumplimiento referidos con anterioridad y cuantos antecedentes se requieran relativos al plan de negocio de la SAREB y sus posibles desviaciones, las políticas de desinversión y de amortización de la deuda avalada, la situación o proyección económica-financiera de la sociedad, y cualquier otra información de carácter patrimonial, presupuestario, contable, organizativo o procedimental. A estos efectos la Comisión podrá solicitar la asistencia a sus reuniones de directivos de la SAREB u otros expertos independientes cuya participación pueda facilitar el mejor desarrollo de sus funciones. Esta Comisión de Seguimiento de la SAREB podrá acordar, por mayoría de votos entre sus miembros, la incorporación de observadores permanentes.

El art. 27 del Real Decreto prevé la creación de una Comisión de Seguimiento de la SAREB. Se trata de una previsión que ya estaba recogida en la Disposición Adicional Séptima de la Ley 9/2012, y que se ha de regir por lo dispuesto en la citada Ley, así como por el presente Real Decreto y por las normas de funcionamiento que la propia Comisión apruebe. Para el desarrollo de sus funciones de análisis del cumplimiento de los objetivos generales de la SAREB, la citada Comisión de Seguimiento podrá solicitar de la sociedad de gestión de activos la información que considere conveniente, determinando la periodicidad que corresponda. Esta información incluirá, al menos, los Informes de Actividad y de Cumplimiento referidos con anterioridad y cuantos antecedentes se requieran relativos al plan de negocio de la SAREB y sus posibles desviaciones, las políticas de desinversión y de amortización de la deuda avalada, la situación o proyección económica-financiera de la sociedad, y cualquier otra información de carácter patrimonial, presupuestario, contable, organizativo o procedimental. A estos efectos la Comisión podrá solicitar la asistencia a sus reuniones de directivos de la SAREB u otros expertos independientes cuya participación pueda facilitar el mejor desarrollo de sus funciones. Esta Comisión de Seguimiento de la SAREB podrá acordar, por mayoría de votos entre sus miembros, la incorporación de observadores permanentes.

La SAREB ostenta, por último, la condición de entidad declarante a la Central de Información de Riesgos del Banco de España, debiendo informar periódicamente a la misma de acuerdo con la normativa aplicable a las

La SAREB ostenta, por último, la condición de entidad declarante a la Central de Información de Riesgos del Banco de España, debiendo informar periódicamente a la misma de acuerdo con la normativa aplicable a las

La recapitalización de las entidades financieras

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entidades de crédito, con las adaptaciones y precisiones que determine, en su caso, el Banco de España.

entidades de crédito, con las adaptaciones y precisiones que determine, en su caso, el Banco de España.

Entrando en el análisis del régimen jurídico de la Sociedad, la SAREB podrá constituir los patrimonios separados carentes de personalidad jurídica a los que se refiere la Disp. Adic. Décima de la Ley 9/2012. En lo no contemplado en la citada Ley 9/2012 o en lo dispuesto al respecto por el presente Real Decreto se les aplicarán las normas vigentes en materia de fondos de titulización de activos y de titulización hipotecaria, así como de instituciones de inversión colectiva en tanto resulten de aplicación, atendiendo a su naturaleza específica.

Entrando en el análisis del régimen jurídico de la Sociedad, la SAREB podrá constituir los patrimonios separados carentes de personalidad jurídica a los que se refiere la Disp. Adic. Décima de la Ley 9/2012. En lo no contemplado en la citada Ley 9/2012 o en lo dispuesto al respecto por el presente Real Decreto se les aplicarán las normas vigentes en materia de fondos de titulización de activos y de titulización hipotecaria, así como de instituciones de inversión colectiva en tanto resulten de aplicación, atendiendo a su naturaleza específica.

Los patrimonios separados recibirán la denominación general de “Fondos de Activos Bancarios” y se identificarán en su denominación particular con dicha denominación o las siglas (FAB). El patrimonio inicial de los FAB deberá integrar activos y, en su caso, activos y pasivos, procedentes de la SAREB, sin perjuicio del régimen de fusión de los FAB contenido en el art. 38del presente Real Decreto. Asimismo se contempla la posibilidad de que se produzca la transmisión, por la SAREB, de activos y, en su caso, activos y pasivos, a un FAB ya existente, siempre que la escritura de constitución de este así lo prevea. La gestión y representación de los FAB queda necesariamente encomendada, de modo exclusivo y reservado, a una sociedad gestora de fondos de titulización de activos, que deberá cumplir con las particularidades que se determinan en la Ley 9/2012, así como en el presente Real Decreto.

Los patrimonios separados recibirán la denominación general de “Fondos de Activos Bancarios” y se identificarán en su denominación particular con dicha denominación o las siglas (FAB). El patrimonio inicial de los FAB deberá integrar activos y, en su caso, activos y pasivos, procedentes de la SAREB, sin perjuicio del régimen de fusión de los FAB contenido en el art. 38del presente Real Decreto. Asimismo se contempla la posibilidad de que se produzca la transmisión, por la SAREB, de activos y, en su caso, activos y pasivos, a un FAB ya existente, siempre que la escritura de constitución de este así lo prevea. La gestión y representación de los FAB queda necesariamente encomendada, de modo exclusivo y reservado, a una sociedad gestora de fondos de titulización de activos, que deberá cumplir con las particularidades que se determinan en la Ley 9/2012, así como en el presente Real Decreto.

Aquellas sociedades gestoras de fondos de titulización de activos que hubieren sido autorizadas con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 9/2012 deberán convalidar su autorización al objeto de poder desarrollar la gestión y representación de los FAB de conformidad

Aquellas sociedades gestoras de fondos de titulización de activos que hubieren sido autorizadas con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 9/2012 deberán convalidar su autorización al objeto de poder desarrollar la gestión y representación de los FAB de conformidad

¿Cuál es la composición del activo de los FAB? El activo de los FAB queda integrado en los términos previstos en la escritura de constitución por los siguientes elementos: los activos transmitidos, directa o indirectamente, por la SAREB, así como otros activos adquiridos por subrogación o transformación de los anteriores, generados a partir de estos o conexos con ellos; el efectivo, los depósitos a la vista y a plazo en entidades de crédito; y los valores de renta fija admitidos a negociación en mercados secundarios oficiales. Junto con los activos los FAB podrán asumir cualesquiera com-

¿Cuál es la composición del activo de los FAB? El activo de los FAB queda integrado en los términos previstos en la escritura de constitución por los siguientes elementos: los activos transmitidos, directa o indirectamente, por la SAREB, así como otros activos adquiridos por subrogación o transformación de los anteriores, generados a partir de estos o conexos con ellos; el efectivo, los depósitos a la vista y a plazo en entidades de crédito; y los valores de renta fija admitidos a negociación en mercados secundarios oficiales. Junto con los activos los FAB podrán asumir cualesquiera com-

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Juan Calvo Vérgez

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Juan Calvo Vérgez

promisos, deberes y cargas asociados a ellos, sin perjuicio de lo dispuesto en el art. 32 del Real Decreto. Los acreedores de un FAB solo podrán hacer efectivos sus créditos frente al patrimonio de dicho FAB.

promisos, deberes y cargas asociados a ellos, sin perjuicio de lo dispuesto en el art. 32 del Real Decreto. Los acreedores de un FAB solo podrán hacer efectivos sus créditos frente al patrimonio de dicho FAB.

Por lo que respecta a la composición del pasivo, el pasivo de los FAB queda integrado, en los términos previstos en la escritura de constitución, por los siguientes elementos: los pasivos que le transfiera la SAREB; los valores de cualquier clase que emitan; los préstamos o créditos de cualquier clase; las aportaciones de inversores institucionales, a quienes corresponderá el derecho al remanente que, en su caso, se produzca con ocasión de la liquidación del fondo, una vez satisfechos los derechos de crédito de los restantes acreedores; y los pasivos generados por la propia actividad típica de los FAB.

Por lo que respecta a la composición del pasivo, el pasivo de los FAB queda integrado, en los términos previstos en la escritura de constitución, por los siguientes elementos: los pasivos que le transfiera la SAREB; los valores de cualquier clase que emitan; los préstamos o créditos de cualquier clase; las aportaciones de inversores institucionales, a quienes corresponderá el derecho al remanente que, en su caso, se produzca con ocasión de la liquidación del fondo, una vez satisfechos los derechos de crédito de los restantes acreedores; y los pasivos generados por la propia actividad típica de los FAB.

La emisión de valores por el FAB estará sujeta a lo previsto en la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores y disposiciones complementarias. Dichos valores emitidos por los FAB podrán ser admitidos a negociación en mercados secundarios oficiales, conforme a lo establecido en el Capítulo I del Título III de la Ley 24/1988, de 28 de julio. La distribución de dichos valores solo será posible entre inversores profesionales, siendo el valor nominal unitario mínimo de los valores de 100.000 euros. Aquellas transmisiones de activos por parte de la SAREB a un FAB habrán de quedar sujetas al régimen establecido en los apartados 1 y 4 del art. 36 de la Ley 9/2012, de 14 de noviembre, y deberán cumplir con los siguientes requisitos. En primer lugar, a unos requisitos de carácter objetivo, concretados en los siguientes: que la transmisión de los activos sea plena e incondicionada y por la totalidad del plazo remanente hasta el vencimiento, si lo hubiera; y que el transmitente no conceda ninguna garantía al FAB ni asegure de cualquier otra forma el buen fin de los derechos de crédito transmitidos o, con carácter general, el valor o calidad de los bienes o derechos transmitidos.

La emisión de valores por el FAB estará sujeta a lo previsto en la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores y disposiciones complementarias. Dichos valores emitidos por los FAB podrán ser admitidos a negociación en mercados secundarios oficiales, conforme a lo establecido en el Capítulo I del Título III de la Ley 24/1988, de 28 de julio. La distribución de dichos valores solo será posible entre inversores profesionales, siendo el valor nominal unitario mínimo de los valores de 100.000 euros. Aquellas transmisiones de activos por parte de la SAREB a un FAB habrán de quedar sujetas al régimen establecido en los apartados 1 y 4 del art. 36 de la Ley 9/2012, de 14 de noviembre, y deberán cumplir con los siguientes requisitos. En primer lugar, a unos requisitos de carácter objetivo, concretados en los siguientes: que la transmisión de los activos sea plena e incondicionada y por la totalidad del plazo remanente hasta el vencimiento, si lo hubiera; y que el transmitente no conceda ninguna garantía al FAB ni asegure de cualquier otra forma el buen fin de los derechos de crédito transmitidos o, con carácter general, el valor o calidad de los bienes o derechos transmitidos.

Por lo que respecta a los requisitos de carácter formal que han de concurrir, se refieren al hecho de que las transmisiones se formalizarán en documento contractual que acredite el negocio, teniendo presente además que en toda nueva incorporación de activos a los FAB la sociedad gestora del FAB entregará a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, para su registro, un documento suscrito también por la SAREB que contenga un detalle de los activos a incorporar y de sus características, con el mismo grado de concreción con el que se relacionaron los activos agrupados en la

Por lo que respecta a los requisitos de carácter formal que han de concurrir, se refieren al hecho de que las transmisiones se formalizarán en documento contractual que acredite el negocio, teniendo presente además que en toda nueva incorporación de activos a los FAB la sociedad gestora del FAB entregará a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, para su registro, un documento suscrito también por la SAREB que contenga un detalle de los activos a incorporar y de sus características, con el mismo grado de concreción con el que se relacionaron los activos agrupados en la

La recapitalización de las entidades financieras

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escritura pública de constitución del FAB, así como una declaración de la sociedad gestora y del transmitente de que los nuevos activos cumplen los requisitos establecidos en la escritura pública de constitución.

escritura pública de constitución del FAB, así como una declaración de la sociedad gestora y del transmitente de que los nuevos activos cumplen los requisitos establecidos en la escritura pública de constitución.

Las transmisiones de pasivos por parte de la SAREB a un FAB han de cumplir con los siguientes requisitos. En primer lugar, las transmisiones se formalizarán en documento contractual que acredite el negocio. En toda nueva incorporación de pasivos a los FAB la sociedad gestora del FAB entregará a la CNMV, para su registro, un documento suscrito también por la SAREB, que contenga el detalle de los pasivos a incorporar y de sus características, con el mismo grado de concreción con el que se relacionaron los pasivos agrupados en la escritura pública de constitución del FAB, así como una declaración de la sociedad gestora y del transmitente de que los nuevos pasivos cumplen los requisitos establecidos en la escritura pública de constitución.

Las transmisiones de pasivos por parte de la SAREB a un FAB han de cumplir con los siguientes requisitos. En primer lugar, las transmisiones se formalizarán en documento contractual que acredite el negocio. En toda nueva incorporación de pasivos a los FAB la sociedad gestora del FAB entregará a la CNMV, para su registro, un documento suscrito también por la SAREB, que contenga el detalle de los pasivos a incorporar y de sus características, con el mismo grado de concreción con el que se relacionaron los pasivos agrupados en la escritura pública de constitución del FAB, así como una declaración de la sociedad gestora y del transmitente de que los nuevos pasivos cumplen los requisitos establecidos en la escritura pública de constitución.

En relación con los instrumentos financieros derivados y otros instrumentos de gestión de riesgos, los FAB podrán contratar instrumentos financieros derivados siempre que ello sea acorde con su estrategia de gestión, y sin más limitaciones que las previstas en la escritura de constitución del FAB. Asimismo podrán contratar seguros, recibir y otorgar garantías o utilizar cualquier instrumento financiero adecuado a la gestión de sus riesgos.

En relación con los instrumentos financieros derivados y otros instrumentos de gestión de riesgos, los FAB podrán contratar instrumentos financieros derivados siempre que ello sea acorde con su estrategia de gestión, y sin más limitaciones que las previstas en la escritura de constitución del FAB. Asimismo podrán contratar seguros, recibir y otorgar garantías o utilizar cualquier instrumento financiero adecuado a la gestión de sus riesgos.

De acuerdo con lo dispuesto por el art. 34 del Real Decreto la escritura de constitución de los FAB podrá prever la creación de un sindicato de tenedores de valores emitidos por el FAB, en adelante, sindicato de tenedores, que se regirá por lo dispuesto en la Disp. Adic. Décima de la Ley 9/2012. El sindicato de tenedores quedará constituido entre los adquirentes de los valores emitidos por el FAB, una vez que se registre por la Comisión Nacional del Mercado de Valores la escritura pública de constitución del FAB. Estos FAB se han de crear mediante escritura pública, registrándose en la CNMV. En todo caso, las cuentas anuales de los FAB deberán ser depositadas en la citada Comisión. La constitución de los FAB estará sujeta al cumplimiento previo de los requisitos siguientes: escrito de solicitud dirigido a la CNMV; y aportación y registro en la Comisión de la escritura pública de constitución de los FAB.

De acuerdo con lo dispuesto por el art. 34 del Real Decreto la escritura de constitución de los FAB podrá prever la creación de un sindicato de tenedores de valores emitidos por el FAB, en adelante, sindicato de tenedores, que se regirá por lo dispuesto en la Disp. Adic. Décima de la Ley 9/2012. El sindicato de tenedores quedará constituido entre los adquirentes de los valores emitidos por el FAB, una vez que se registre por la Comisión Nacional del Mercado de Valores la escritura pública de constitución del FAB. Estos FAB se han de crear mediante escritura pública, registrándose en la CNMV. En todo caso, las cuentas anuales de los FAB deberán ser depositadas en la citada Comisión. La constitución de los FAB estará sujeta al cumplimiento previo de los requisitos siguientes: escrito de solicitud dirigido a la CNMV; y aportación y registro en la Comisión de la escritura pública de constitución de los FAB.

La escritura de constitución del FAB ha de contener, al menos, las siguientes menciones: su denominación completa y reglas de uso de la misma,

La escritura de constitución del FAB ha de contener, al menos, las siguientes menciones: su denominación completa y reglas de uso de la misma,

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Juan Calvo Vérgez

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así como de otras denominaciones comerciales posibles; el patrimonio en el momento de la constitución, distinguiendo aquella parte que proceda de la transmisión de activos de la SAREB, de aquella parte que se integre por otras aportaciones; la estructura del pasivo; la designación de la sociedad gestora y reglas sobre su retribución y eventual sustitución; la definición de las funciones de la sociedad gestora y posibilidad de subcontratación por la misma; la duración del FAB; la creación de compartimentos con identificación de sus características objetivas o la posibilidad de crearlos (cuya regulación se recoge en el art. 37); la posibilidad de recibir nuevos activos o pasivos de la SAREB en momento posterior al fundacional o de adquirir otros activos por transformación de los anteriores, generados a partir de ellos o asociados a ellos, así como el importe máximo del patrimonio del fondo; la identificación de los activos admisibles agrupados en el fondo y política de gestión de los mismos, el régimen previsto para su administración y gestión de cobros y, en su caso, las reglas de sustitución, así como las características jurídicas y económico-financieras definitorias de aquellos y, cuando sea posible, los saldos, rendimientos, flujos financieros, condiciones de cobro, fechas de vencimiento y sistemas de amortización; las características de los valores que, en su caso, se vayan a emitir, o las de cada una de sus clases si fueran varias, así como de los créditos y aportaciones; el régimen del sindicato de tenedores, en su caso; la política de gestión de riesgos e instrumentos admisibles para dicha gestión determinándose las operaciones que vaya a concertar por su cuenta con la finalidad de aumentar la seguridad o regularidad de los pagos de los valores emitidos, neutralizar las diferencias de tipos de interés entre los activos incorporados al fondo y los valores emitidos con cargo a él o, en general, transformar las características financieras de todos o algunos de los activos; las causas de disolución y procedimiento de liquidación, con mención específica del destino del remanente positivo; la política de información a inversores; limitaciones al derecho de oposición de acreedores para los casos de fusión y escisión y justificación de las mismas; posibilidad de creación de comités u otros órganos representativos de inversores o acreedores distintos del sindicato de tenedores, régimen de funcionamiento y capacidades; y reglas para la modificación de la escritura de constitución.

así como de otras denominaciones comerciales posibles; el patrimonio en el momento de la constitución, distinguiendo aquella parte que proceda de la transmisión de activos de la SAREB, de aquella parte que se integre por otras aportaciones; la estructura del pasivo; la designación de la sociedad gestora y reglas sobre su retribución y eventual sustitución; la definición de las funciones de la sociedad gestora y posibilidad de subcontratación por la misma; la duración del FAB; la creación de compartimentos con identificación de sus características objetivas o la posibilidad de crearlos (cuya regulación se recoge en el art. 37); la posibilidad de recibir nuevos activos o pasivos de la SAREB en momento posterior al fundacional o de adquirir otros activos por transformación de los anteriores, generados a partir de ellos o asociados a ellos, así como el importe máximo del patrimonio del fondo; la identificación de los activos admisibles agrupados en el fondo y política de gestión de los mismos, el régimen previsto para su administración y gestión de cobros y, en su caso, las reglas de sustitución, así como las características jurídicas y económico-financieras definitorias de aquellos y, cuando sea posible, los saldos, rendimientos, flujos financieros, condiciones de cobro, fechas de vencimiento y sistemas de amortización; las características de los valores que, en su caso, se vayan a emitir, o las de cada una de sus clases si fueran varias, así como de los créditos y aportaciones; el régimen del sindicato de tenedores, en su caso; la política de gestión de riesgos e instrumentos admisibles para dicha gestión determinándose las operaciones que vaya a concertar por su cuenta con la finalidad de aumentar la seguridad o regularidad de los pagos de los valores emitidos, neutralizar las diferencias de tipos de interés entre los activos incorporados al fondo y los valores emitidos con cargo a él o, en general, transformar las características financieras de todos o algunos de los activos; las causas de disolución y procedimiento de liquidación, con mención específica del destino del remanente positivo; la política de información a inversores; limitaciones al derecho de oposición de acreedores para los casos de fusión y escisión y justificación de las mismas; posibilidad de creación de comités u otros órganos representativos de inversores o acreedores distintos del sindicato de tenedores, régimen de funcionamiento y capacidades; y reglas para la modificación de la escritura de constitución.

En todo caso las modificaciones de la escritura de constitución serán objeto de aportación a la CNMV y deberán inscribirse en el registro de dicha Comisión. El patrimonio de los FAB podrá, cuando esté previsto en

En todo caso las modificaciones de la escritura de constitución serán objeto de aportación a la CNMV y deberán inscribirse en el registro de dicha Comisión. El patrimonio de los FAB podrá, cuando esté previsto en

La recapitalización de las entidades financieras

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la escritura de constitución, articularse en compartimentos independientes. Ahora bien tal y como establece el art. 37 del Real Decreto, de cara a la creación de los mismos será necesario el otorgamiento de escritura pública complementaria a la de constitución, que habrá de inscribirse en el registro de la CNMV. Con cargo a un compartimento concreto podrán emitirse valores o asumirse obligaciones de diferentes clases. La parte del patrimonio del FAB atribuido a cada compartimento deberá responde exclusivamente de los costes, gastos y obligaciones expresamente atribuidos a ese compartimento, así como de los costes, gastos y obligaciones que no hayan sido atribuidos expresamente a un compartimento en la parte proporcional que se establezca en la escritura pública complementaria. Los acreedores de un compartimento solo podrán hacer efectivos sus créditos frente al patrimonio de dicho compartimento.

la escritura de constitución, articularse en compartimentos independientes. Ahora bien tal y como establece el art. 37 del Real Decreto, de cara a la creación de los mismos será necesario el otorgamiento de escritura pública complementaria a la de constitución, que habrá de inscribirse en el registro de la CNMV. Con cargo a un compartimento concreto podrán emitirse valores o asumirse obligaciones de diferentes clases. La parte del patrimonio del FAB atribuido a cada compartimento deberá responde exclusivamente de los costes, gastos y obligaciones expresamente atribuidos a ese compartimento, así como de los costes, gastos y obligaciones que no hayan sido atribuidos expresamente a un compartimento en la parte proporcional que se establezca en la escritura pública complementaria. Los acreedores de un compartimento solo podrán hacer efectivos sus créditos frente al patrimonio de dicho compartimento.

En relación con las eventuales operaciones de fusión y escisión que puedan llegar a producirse tendrá la consideración de fusión aquella operación por la que uno o más FAB transfieran a otro ya existente o de nueva creación, la totalidad de sus activos y pasivos, disolviéndose sin liquidación. A tal efecto las sociedades gestoras de los FAB habrán de elaborar un proyecto común de fusión que, como mínimo, presente el siguiente contenido: identificación de los FAB intervinientes y de sus sociedades gestoras; justificación económica de la fusión; fecha efectiva de la fusión; normas aplicables a la transferencia de activos y pasivos; descripción del proyecto de escritura pública de constitución del FAB beneficiario (en caso de que sea de nueva creación), o bien las modificaciones previstas en el mismo como consecuencia de la fusión, si se tratase de un FAB ya existente; y derechos que correspondan en el FAB beneficiario a las personas o entidades que, en los FAB fusionados, hayan realizado aportaciones que den derecho a una participación en el producto de la liquidación.

En relación con las eventuales operaciones de fusión y escisión que puedan llegar a producirse tendrá la consideración de fusión aquella operación por la que uno o más FAB transfieran a otro ya existente o de nueva creación, la totalidad de sus activos y pasivos, disolviéndose sin liquidación. A tal efecto las sociedades gestoras de los FAB habrán de elaborar un proyecto común de fusión que, como mínimo, presente el siguiente contenido: identificación de los FAB intervinientes y de sus sociedades gestoras; justificación económica de la fusión; fecha efectiva de la fusión; normas aplicables a la transferencia de activos y pasivos; descripción del proyecto de escritura pública de constitución del FAB beneficiario (en caso de que sea de nueva creación), o bien las modificaciones previstas en el mismo como consecuencia de la fusión, si se tratase de un FAB ya existente; y derechos que correspondan en el FAB beneficiario a las personas o entidades que, en los FAB fusionados, hayan realizado aportaciones que den derecho a una participación en el producto de la liquidación.

El proyecto de fusión de que se trate habrá de ser publicado en la página web de las sociedades gestoras al menos un mes antes de la fecha efectiva de la fusión, a fin de permitir a los acreedores formarse un juicio fundado sobre la misma. Y, una vez transcurrido, cuando proceda, el período de oposición de los acreedores, se otorgará la escritura de fusión, que contendrá todas las menciones previstas en el art. 23 del Real Decreto si el FAB beneficiario fuese de nueva creación, o bien las que se precisen para adecuar la escritura de constitución del FAB beneficiario ya existente. El registro por parte de la

El proyecto de fusión de que se trate habrá de ser publicado en la página web de las sociedades gestoras al menos un mes antes de la fecha efectiva de la fusión, a fin de permitir a los acreedores formarse un juicio fundado sobre la misma. Y, una vez transcurrido, cuando proceda, el período de oposición de los acreedores, se otorgará la escritura de fusión, que contendrá todas las menciones previstas en el art. 23 del Real Decreto si el FAB beneficiario fuese de nueva creación, o bien las que se precisen para adecuar la escritura de constitución del FAB beneficiario ya existente. El registro por parte de la

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Juan Calvo Vérgez

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CNMV de la escritura de fusión supondrá la baja en el mismo de los FAB que se disuelvan como consecuencia de la fusión. Por último, a resultas de la operación de fusión todos los activos y pasivos de los FAB fusionados se transferirán al FAB beneficiario.

CNMV de la escritura de fusión supondrá la baja en el mismo de los FAB que se disuelvan como consecuencia de la fusión. Por último, a resultas de la operación de fusión todos los activos y pasivos de los FAB fusionados se transferirán al FAB beneficiario.

Por lo que respecta a las operaciones de escisión, adquiere la consideración de tal aquella operación en la que uno o más FAB transfieran a otro u otros, existentes o de nueva creación, un conjunto de activos o pasivos. La escisión se regirá por las normas establecidas para la fusión, con las adaptaciones que resulten necesarias. Con carácter adicional las normas aplicables a la fusión y escisión de FAB lo serán también a la fusión y escisión de sus compartimentos.

Por lo que respecta a las operaciones de escisión, adquiere la consideración de tal aquella operación en la que uno o más FAB transfieran a otro u otros, existentes o de nueva creación, un conjunto de activos o pasivos. La escisión se regirá por las normas establecidas para la fusión, con las adaptaciones que resulten necesarias. Con carácter adicional las normas aplicables a la fusión y escisión de FAB lo serán también a la fusión y escisión de sus compartimentos.

Al hilo de la realización de estas operaciones de fusión o escisión los acreedores gozarán de derecho de oposición en los términos y por el plazo previsto en la Disp. Adic. Décima de la Ley 9/2012. No obstante, la escritura pública de constitución del FAB podrá prever un régimen de exclusión o limitación de este derecho siempre que se articulen órganos de representación de los acreedores dotados de mecanismos para la adopción de decisiones de forma colectiva sobre estas operaciones.

Al hilo de la realización de estas operaciones de fusión o escisión los acreedores gozarán de derecho de oposición en los términos y por el plazo previsto en la Disp. Adic. Décima de la Ley 9/2012. No obstante, la escritura pública de constitución del FAB podrá prever un régimen de exclusión o limitación de este derecho siempre que se articulen órganos de representación de los acreedores dotados de mecanismos para la adopción de decisiones de forma colectiva sobre estas operaciones.

Analicemos a continuación el alcance de las operaciones de fusión y disolución, objeto de regulación en el art. 40. Como regla general los FAB se disolverán por el transcurso del plazo por el que hubiesen sido creados, así como por las demás causas establecidas en la escritura de constitución. El acuerdo de disolución se adoptará por la sociedad gestora del FAB, debiendo comunicarse inmediatamente como información significativa a la CNMV y a los acreedores.

Analicemos a continuación el alcance de las operaciones de fusión y disolución, objeto de regulación en el art. 40. Como regla general los FAB se disolverán por el transcurso del plazo por el que hubiesen sido creados, así como por las demás causas establecidas en la escritura de constitución. El acuerdo de disolución se adoptará por la sociedad gestora del FAB, debiendo comunicarse inmediatamente como información significativa a la CNMV y a los acreedores.

Una vez adoptado el citado acuerdo de disolución del fondo se abrirá el período de liquidación, durante el cual la sociedad gestora del FAB actuará de liquidador y procederá con la mayor diligencia y en el más breve plazo posible a enajenar los valores y activos del fondo, así como a satisfacer y percibir los créditos. Una vez realizadas estas operaciones, elaborará los correspondientes estados financieros y determinará el remanente positivo que deba atribuirse a las personas o entidades que hayan de percibirlo conforme a la escritura de constitución del fondo. Los estados financieros deberán ser auditados. Y, por su parte, el balance y la cuenta de pérdidas y ganancias deberán ser comunicados como información significativa a los acreedores.

Una vez adoptado el citado acuerdo de disolución del fondo se abrirá el período de liquidación, durante el cual la sociedad gestora del FAB actuará de liquidador y procederá con la mayor diligencia y en el más breve plazo posible a enajenar los valores y activos del fondo, así como a satisfacer y percibir los créditos. Una vez realizadas estas operaciones, elaborará los correspondientes estados financieros y determinará el remanente positivo que deba atribuirse a las personas o entidades que hayan de percibirlo conforme a la escritura de constitución del fondo. Los estados financieros deberán ser auditados. Y, por su parte, el balance y la cuenta de pérdidas y ganancias deberán ser comunicados como información significativa a los acreedores.

La recapitalización de las entidades financieras

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Transcurrido el plazo de un mes a contar desde la fecha de la comunicación sin que se hubieran formulado reclamaciones, se procederá al efectivo reparto del remanente de conformidad con lo dispuesto en la escritura de constitución. Y, en el supuesto de que se hubieran formulado reclamaciones, se estará a aquello que disponga el juez o el tribunal competente, pudiendo entonces realizarse entregas a cuenta a los destinatarios del remanente en concepto de liquidación provisional. Una vez efectuado el reparto total del patrimonio, la sociedad gestora del FAB solicitará la cancelación de los asientos referentes al fondo en el registro de la CNMV.

Transcurrido el plazo de un mes a contar desde la fecha de la comunicación sin que se hubieran formulado reclamaciones, se procederá al efectivo reparto del remanente de conformidad con lo dispuesto en la escritura de constitución. Y, en el supuesto de que se hubieran formulado reclamaciones, se estará a aquello que disponga el juez o el tribunal competente, pudiendo entonces realizarse entregas a cuenta a los destinatarios del remanente en concepto de liquidación provisional. Una vez efectuado el reparto total del patrimonio, la sociedad gestora del FAB solicitará la cancelación de los asientos referentes al fondo en el registro de la CNMV.

Por otro lado, y en el marco de las obligaciones de información, establece el art. 41 del Real Decreto que la sociedad gestora deberá elaborar y publicar en su página web la escritura de constitución y las demás escrituras públicas otorgadas con posterioridad en relación a cada fondo, así como la documentación por la que se realicen aportaciones de activos o pasivos posteriores, el informe semestral y el informe anual de cada uno de los FAB que gestiona y la información significativa a la que se refiere el art. 32 del Real Decreto. Todo ello con la finalidad de que, de forma actualizada, sean públicamente conocidas todas las circunstancias concernientes a los mismos que, en su caso, podrían influir en los valores emitidos por el FAB y en la rentabilidad de los mismos. Igualmente se persigue otorgar publicidad a los cambios producidos en las estimaciones iniciales realizadas en cuanto a tasas de amortización, la vida media y el pago de intereses de dichos valores.

Por otro lado, y en el marco de las obligaciones de información, establece el art. 41 del Real Decreto que la sociedad gestora deberá elaborar y publicar en su página web la escritura de constitución y las demás escrituras públicas otorgadas con posterioridad en relación a cada fondo, así como la documentación por la que se realicen aportaciones de activos o pasivos posteriores, el informe semestral y el informe anual de cada uno de los FAB que gestiona y la información significativa a la que se refiere el art. 32 del Real Decreto. Todo ello con la finalidad de que, de forma actualizada, sean públicamente conocidas todas las circunstancias concernientes a los mismos que, en su caso, podrían influir en los valores emitidos por el FAB y en la rentabilidad de los mismos. Igualmente se persigue otorgar publicidad a los cambios producidos en las estimaciones iniciales realizadas en cuanto a tasas de amortización, la vida media y el pago de intereses de dichos valores.

La sociedad gestora deberá poder acreditar en cualquier momento, el cumplimiento de estas obligaciones de información establecidas. Por su parte la CNMV podrá recabar de los FAB la información adicional que estime necesaria para el ejercicio de sus competencias, pudiendo igualmente determinar la forma y el contenido para la remisión de toda la información indicada con anterioridad. Asimismo la sociedad gestora ha de elaborar un informe anual que contendrá los siguientes extremos: cuentas anuales debidamente auditadas; desglose pormenorizado de los activos cedidos al FAB (tipo de activo, situación inicial, principal pendiente a la fecha del informe, amortización del ejercicio, principal impagado, garantías ejecutadas, desglose de los gastos correspondientes a los activos provenientes de las garantías ejecutadas, importe de activos vendidos, ganancias-pérdidas de la venta de activos, vida residual de los activos, tasa de fallidos, tasa de morosidad, distribución geográfica de los activos e importe pendiente de los

La sociedad gestora deberá poder acreditar en cualquier momento, el cumplimiento de estas obligaciones de información establecidas. Por su parte la CNMV podrá recabar de los FAB la información adicional que estime necesaria para el ejercicio de sus competencias, pudiendo igualmente determinar la forma y el contenido para la remisión de toda la información indicada con anterioridad. Asimismo la sociedad gestora ha de elaborar un informe anual que contendrá los siguientes extremos: cuentas anuales debidamente auditadas; desglose pormenorizado de los activos cedidos al FAB (tipo de activo, situación inicial, principal pendiente a la fecha del informe, amortización del ejercicio, principal impagado, garantías ejecutadas, desglose de los gastos correspondientes a los activos provenientes de las garantías ejecutadas, importe de activos vendidos, ganancias-pérdidas de la venta de activos, vida residual de los activos, tasa de fallidos, tasa de morosidad, distribución geográfica de los activos e importe pendiente de los

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activos cedidos sobre el valor de las garantías en caso de tenerlas); desglose de los pasivos del FAB (haciendo constar igualmente en el presente caso la situación inicial, principal pendiente, vida media, principal vencido y no pagado, tipo de interés aplicado, margen, importe de intereses acumulados, importe de intereses pagados e importe de intereses impagados e información sobre las mejoras crediticias contratadas); indicación del importe de los compromisos que se deriven de los instrumentos derivados contratados; desglose de las comisiones y conceptos de las mismas pagadas por el FAB, así como de los acuerdos de refinanciación o modificación más relevantes que afecten a los activos; e informe sobre el cumplimiento de la política de gestión de activos, gestión de riesgos y demás reglas de funcionamiento del fondo, establecidas en la escritura de constitución.

activos cedidos sobre el valor de las garantías en caso de tenerlas); desglose de los pasivos del FAB (haciendo constar igualmente en el presente caso la situación inicial, principal pendiente, vida media, principal vencido y no pagado, tipo de interés aplicado, margen, importe de intereses acumulados, importe de intereses pagados e importe de intereses impagados e información sobre las mejoras crediticias contratadas); indicación del importe de los compromisos que se deriven de los instrumentos derivados contratados; desglose de las comisiones y conceptos de las mismas pagadas por el FAB, así como de los acuerdos de refinanciación o modificación más relevantes que afecten a los activos; e informe sobre el cumplimiento de la política de gestión de activos, gestión de riesgos y demás reglas de funcionamiento del fondo, establecidas en la escritura de constitución.

La CNMV podrá establecer la obligación de incluir en el informe anual cualquier otra información o advertencia. Dicho informe anual habrá de remitirse a la Comisión para su inscripción en el registro público en los cuatro meses siguientes a la finalización del ejercicio anterior. Al margen de dicho informe anual la sociedad gestora queda igualmente obligada a publicar un informe semestral para cada uno de los FAB que administre. Este informe semestral deberá contener información sobre los aspectos indicados con anterioridad, debiendo remitirse a la CNMV en los dos meses siguientes a la finalización del periodo de referencia, que lo incorporará al registro público del correspondiente fondo.

La CNMV podrá establecer la obligación de incluir en el informe anual cualquier otra información o advertencia. Dicho informe anual habrá de remitirse a la Comisión para su inscripción en el registro público en los cuatro meses siguientes a la finalización del ejercicio anterior. Al margen de dicho informe anual la sociedad gestora queda igualmente obligada a publicar un informe semestral para cada uno de los FAB que administre. Este informe semestral deberá contener información sobre los aspectos indicados con anterioridad, debiendo remitirse a la CNMV en los dos meses siguientes a la finalización del periodo de referencia, que lo incorporará al registro público del correspondiente fondo.

Para finalizar con la regulación de esta labor de información señala el art. 44 del Real Decreto que la sociedad gestora deberá comunicar de manera inmediata cualquier hecho específicamente significativo para la situación o el desenvolvimiento de cada FAB a la CNMV y a los acreedores, considerándose a este respecto hechos específicamente significativos para el FAB aquellos que puedan influir de forma sensible en los valores emitidos, en su caso, y en los elementos que integran su activo y, en particular: todo cambio significativo en la estructura del activo o del pasivo y todos aquellos elementos para los que se prevé la necesidad de publicar un hecho significativo.

Para finalizar con la regulación de esta labor de información señala el art. 44 del Real Decreto que la sociedad gestora deberá comunicar de manera inmediata cualquier hecho específicamente significativo para la situación o el desenvolvimiento de cada FAB a la CNMV y a los acreedores, considerándose a este respecto hechos específicamente significativos para el FAB aquellos que puedan influir de forma sensible en los valores emitidos, en su caso, y en los elementos que integran su activo y, en particular: todo cambio significativo en la estructura del activo o del pasivo y todos aquellos elementos para los que se prevé la necesidad de publicar un hecho significativo.

Refiriéndonos a continuación a la obligación de formular cuentas anuales, la sociedad gestora deberá formular, dentro de los tres primeros meses de cada ejercicio económico, las cuentas anuales de los FAB referidas al ejercicio anterior, que se depositarán en la CNMV. La aprobación de estas

Refiriéndonos a continuación a la obligación de formular cuentas anuales, la sociedad gestora deberá formular, dentro de los tres primeros meses de cada ejercicio económico, las cuentas anuales de los FAB referidas al ejercicio anterior, que se depositarán en la CNMV. La aprobación de estas

La recapitalización de las entidades financieras

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cuentas anuales de los FAB corresponderá al Consejo de Administración de la sociedad gestora. Y, tratándose de un FAB por compartimentos, los fondos llevarán en su contabilidad cuentas separadas que diferencien entre los ingresos y gastos imputables estrictamente a cada compartimento, sin perjuicio de la unicidad de las cuentas.

cuentas anuales de los FAB corresponderá al Consejo de Administración de la sociedad gestora. Y, tratándose de un FAB por compartimentos, los fondos llevarán en su contabilidad cuentas separadas que diferencien entre los ingresos y gastos imputables estrictamente a cada compartimento, sin perjuicio de la unicidad de las cuentas.

Dentro de los cuatro primeros meses de cada ejercicio la sociedad gestora deberá presentar a la CNMV los citados documentos contables, junto con el informe de auditoría, siendo incorporados dichos documentos al registro público del correspondiente fondo. Con carácter general el ejercicio económico para los FAB será el año natural. A resultas de la elaboración de sus cuentas anuales y, en general, de cuantos informes contables deban rendir, los FAB aplicarán las normas y principios contables contenidos en el Código de Comercio y el Plan General de Contabilidad, con las especialidades que, en su caso, se determinen mediante Circular de la Comisión.

Dentro de los cuatro primeros meses de cada ejercicio la sociedad gestora deberá presentar a la CNMV los citados documentos contables, junto con el informe de auditoría, siendo incorporados dichos documentos al registro público del correspondiente fondo. Con carácter general el ejercicio económico para los FAB será el año natural. A resultas de la elaboración de sus cuentas anuales y, en general, de cuantos informes contables deban rendir, los FAB aplicarán las normas y principios contables contenidos en el Código de Comercio y el Plan General de Contabilidad, con las especialidades que, en su caso, se determinen mediante Circular de la Comisión.

Como no puede ser de otra manera, y de conformidad con lo establecido en el art. 46 del Real Decreto, las cuentas anuales de los FAB serán sometidas a auditoría de cuentas. La revisión y verificación de sus documentos contables habrá de realizarse de acuerdo con lo previsto en las normas reguladoras de la auditoría de cuentas. En el caso de FAB por compartimentos, la auditoría de cuentas deberá referirse a cada uno de los compartimentos. Estos auditores de cuentas han de ser designados por el Consejo de Administración de la sociedad gestora, debiendo realizarse su designación antes de que finalice el ejercicio a auditar y recayendo en alguna de las personas o entidades a que se refiere el art. 7 del Texto Refundido de la Ley de Auditoría de Cuentas, aprobado mediante Real Decreto Legislativo 1/2011, de 1 de julio.

Como no puede ser de otra manera, y de conformidad con lo establecido en el art. 46 del Real Decreto, las cuentas anuales de los FAB serán sometidas a auditoría de cuentas. La revisión y verificación de sus documentos contables habrá de realizarse de acuerdo con lo previsto en las normas reguladoras de la auditoría de cuentas. En el caso de FAB por compartimentos, la auditoría de cuentas deberá referirse a cada uno de los compartimentos. Estos auditores de cuentas han de ser designados por el Consejo de Administración de la sociedad gestora, debiendo realizarse su designación antes de que finalice el ejercicio a auditar y recayendo en alguna de las personas o entidades a que se refiere el art. 7 del Texto Refundido de la Ley de Auditoría de Cuentas, aprobado mediante Real Decreto Legislativo 1/2011, de 1 de julio.

El art. 47 del Real Decreto se encarga de regular el régimen jurídico de las sociedades gestoras de los FAB. Tanto su constitución como la administración y representación de los FAB se encomendará a una sociedad gestora de fondos de titulización de activos. La actividad de gestión de los FAB tiene carácter reservado, pudiendo ser ejercida únicamente por esta categoría de sociedad gestora. Ahora bien sin perjuicio de ello la sociedad gestora podrá delegar sus tareas, sin que ello menoscabe su responsabilidad sobre esta actividad de acuerdo con los requisitos establecidos en la normativa aplicable a las empresas de servicios de inversión.

El art. 47 del Real Decreto se encarga de regular el régimen jurídico de las sociedades gestoras de los FAB. Tanto su constitución como la administración y representación de los FAB se encomendará a una sociedad gestora de fondos de titulización de activos. La actividad de gestión de los FAB tiene carácter reservado, pudiendo ser ejercida únicamente por esta categoría de sociedad gestora. Ahora bien sin perjuicio de ello la sociedad gestora podrá delegar sus tareas, sin que ello menoscabe su responsabilidad sobre esta actividad de acuerdo con los requisitos establecidos en la normativa aplicable a las empresas de servicios de inversión.

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El capital social exigible será el previsto para las sociedades gestoras de fondos de titulización de activos, resultando incrementada dicha cifra en un 0,02 por cien de la suma del valor contable de los activos de los FAB bajo su gestión, en la medida en que exceda de 250 millones de euros. A estos efectos, los recursos propios computables serán los establecidos en la normativa reguladora de las instituciones de inversión colectiva.

El capital social exigible será el previsto para las sociedades gestoras de fondos de titulización de activos, resultando incrementada dicha cifra en un 0,02 por cien de la suma del valor contable de los activos de los FAB bajo su gestión, en la medida en que exceda de 250 millones de euros. A estos efectos, los recursos propios computables serán los establecidos en la normativa reguladora de las instituciones de inversión colectiva.

Una vez que la sociedad gestora presente un nivel de recursos propios inferior al mínimo exigible, habrá de presentar un programa a la Comisión en el que concrete sus planes para retornar al cumplimiento y el plazo previsto para ello, no pudiendo éste ser superior a 3 meses. La Comisión podrá fijar medidas adicionales a las propuestas por la entidad.

Una vez que la sociedad gestora presente un nivel de recursos propios inferior al mínimo exigible, habrá de presentar un programa a la Comisión en el que concrete sus planes para retornar al cumplimiento y el plazo previsto para ello, no pudiendo éste ser superior a 3 meses. La Comisión podrá fijar medidas adicionales a las propuestas por la entidad.

La remuneración de la sociedad gestora ha de calcularse a través de procedimientos que sean acordes con la política de inversión y gestión de riesgos de cada FAB, evitando la aparición de incentivos a una gestión contraria a los objetivos establecidos en dichas políticas. Este mismo criterio ha de proyectarse además sobre las prácticas remuneratorias de la sociedad gestora con sus altos directivos y con los demás empleados cuya actividad profesional incida de manera significativa en su perfil de riesgo, o con las personas o entidades en las que pueda delegar funciones. Y dentro de la sociedad gestora han de existir, con la debida separación respecto a las unidades operativas, unidades de cumplimiento normativo, control de riesgos y auditoría interna.

La remuneración de la sociedad gestora ha de calcularse a través de procedimientos que sean acordes con la política de inversión y gestión de riesgos de cada FAB, evitando la aparición de incentivos a una gestión contraria a los objetivos establecidos en dichas políticas. Este mismo criterio ha de proyectarse además sobre las prácticas remuneratorias de la sociedad gestora con sus altos directivos y con los demás empleados cuya actividad profesional incida de manera significativa en su perfil de riesgo, o con las personas o entidades en las que pueda delegar funciones. Y dentro de la sociedad gestora han de existir, con la debida separación respecto a las unidades operativas, unidades de cumplimiento normativo, control de riesgos y auditoría interna.

Por otra parte la sociedad gestora ha de aprobar un reglamento interno de conducta destinado a regular las actuaciones de administradores, directivos, empleados, apoderados y personas o entidades en las que la sociedad pueda delegar funciones. Aquellas obligaciones exigibles las sociedades gestoras de los FAB y contenidas en los arts. 41 a 46 con respecto a un FAB determinado quedarán sin efecto en el momento en que los títulos emitidos por dicho FAB sean admitidos a negociación en un mercado secundario oficial, siendo sustituidas por las obligaciones previstas para ese caso en la Ley 24/1988.

Por otra parte la sociedad gestora ha de aprobar un reglamento interno de conducta destinado a regular las actuaciones de administradores, directivos, empleados, apoderados y personas o entidades en las que la sociedad pueda delegar funciones. Aquellas obligaciones exigibles las sociedades gestoras de los FAB y contenidas en los arts. 41 a 46 con respecto a un FAB determinado quedarán sin efecto en el momento en que los títulos emitidos por dicho FAB sean admitidos a negociación en un mercado secundario oficial, siendo sustituidas por las obligaciones previstas para ese caso en la Ley 24/1988.

¿Qué características han de presentar los activos a transferir a la SAREB? De acuerdo con lo dispuesto en el art. 48 del Real Decreto las entidades obligadas, conforme a lo previsto en la Disp. Adic. Novena de la Ley 9/2012, transmitirán a la SAREB el siguiente conjunto de activos. En primer

¿Qué características han de presentar los activos a transferir a la SAREB? De acuerdo con lo dispuesto en el art. 48 del Real Decreto las entidades obligadas, conforme a lo previsto en la Disp. Adic. Novena de la Ley 9/2012, transmitirán a la SAREB el siguiente conjunto de activos. En primer

La recapitalización de las entidades financieras

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lugar, los bienes inmuebles adjudicados o adquiridos en pago de deudas, cualquiera que sea su procedencia, siempre que figuren en los balances individuales de las entidades de crédito o en sus balance consolidados a 30 de junio de 2012 y cuyo valor neto contable, tras la aplicación de los ajustes de valoración previstos en el artículo 7, sea superior a 100.000 euros. En segundo término habrán de transmitir los siguientes derechos de crédito, siempre que figuren en los balances de las entidades de crédito a 30 de junio de 2012 o que procedan de su refinanciación en una fecha posterior, cuyo valor neto contable, tras la aplicación de los ajustes de valoración previstos en el artículo 7, resulte superior a 250.000 euros: préstamos o créditos para la financiación de suelo para promoción inmobiliaria en España o para la financiación de construcciones o promociones inmobiliarias en España, en curso o terminadas, cualquiera que sea su antigüedad y clasificación contable, excepto los clasificados en activos en suspenso regularizados; préstamos participativos concedidos a sociedades del sector inmobiliario o a sociedades vinculadas a ellas, cualquiera que sea su antigüedad y clasificación contable; y otros préstamos o créditos concedidos a titulares de créditos o préstamos, cuando el FROB aprecie la conveniencia del traspaso para que la SAREB pueda llevar a cabo una adecuada gestión de los activos transferidos.

lugar, los bienes inmuebles adjudicados o adquiridos en pago de deudas, cualquiera que sea su procedencia, siempre que figuren en los balances individuales de las entidades de crédito o en sus balance consolidados a 30 de junio de 2012 y cuyo valor neto contable, tras la aplicación de los ajustes de valoración previstos en el artículo 7, sea superior a 100.000 euros. En segundo término habrán de transmitir los siguientes derechos de crédito, siempre que figuren en los balances de las entidades de crédito a 30 de junio de 2012 o que procedan de su refinanciación en una fecha posterior, cuyo valor neto contable, tras la aplicación de los ajustes de valoración previstos en el artículo 7, resulte superior a 250.000 euros: préstamos o créditos para la financiación de suelo para promoción inmobiliaria en España o para la financiación de construcciones o promociones inmobiliarias en España, en curso o terminadas, cualquiera que sea su antigüedad y clasificación contable, excepto los clasificados en activos en suspenso regularizados; préstamos participativos concedidos a sociedades del sector inmobiliario o a sociedades vinculadas a ellas, cualquiera que sea su antigüedad y clasificación contable; y otros préstamos o créditos concedidos a titulares de créditos o préstamos, cuando el FROB aprecie la conveniencia del traspaso para que la SAREB pueda llevar a cabo una adecuada gestión de los activos transferidos.

Igualmente han de ser objeto de transmisión los bienes inmuebles y derechos de crédito procedentes de sociedades del sector inmobiliario, o de sociedades vinculadas a ellas, sobre las que la entidad de crédito ejerza control en el sentido del art. 42 del Código de Comercio y los instrumentos representativos del capital de sociedades del sector inmobiliario o de sociedades vinculadas a ellas que, de forma directa o indirecta, permitan a la entidad de crédito o a cualquier otra entidad de su grupo ejercer el control conjunto o una influencia significativa sobre ellas, cuando el FROB aprecie la conveniencia del traspaso por poseer estas un volumen muy notable de activos o servir de cauce efectivo para que la entidad desarrolle actividades de construcción o promoción inmobiliaria en España.

Igualmente han de ser objeto de transmisión los bienes inmuebles y derechos de crédito procedentes de sociedades del sector inmobiliario, o de sociedades vinculadas a ellas, sobre las que la entidad de crédito ejerza control en el sentido del art. 42 del Código de Comercio y los instrumentos representativos del capital de sociedades del sector inmobiliario o de sociedades vinculadas a ellas que, de forma directa o indirecta, permitan a la entidad de crédito o a cualquier otra entidad de su grupo ejercer el control conjunto o una influencia significativa sobre ellas, cuando el FROB aprecie la conveniencia del traspaso por poseer estas un volumen muy notable de activos o servir de cauce efectivo para que la entidad desarrolle actividades de construcción o promoción inmobiliaria en España.

Ahora bien, sin perjuicio de lo anterior el FROB podrá también ordenar la transferencia obligatoria de préstamos o créditos al consumo o a pequeñas y medianas empresas, de préstamos o créditos garantizados con hipotecas residenciales y de cualesquiera otros activos, siempre que esos activos se encuentren especialmente deteriorados o que su permanencia en balance se

Ahora bien, sin perjuicio de lo anterior el FROB podrá también ordenar la transferencia obligatoria de préstamos o créditos al consumo o a pequeñas y medianas empresas, de préstamos o créditos garantizados con hipotecas residenciales y de cualesquiera otros activos, siempre que esos activos se encuentren especialmente deteriorados o que su permanencia en balance se

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considere perjudicial para la viabilidad de la entidad. La apreciación de la concurrencia de estas circunstancias requerirá informe previo del Banco de España. En todo caso, junto a estos activos las entidades de crédito deberán transmitir bases de datos con la información necesaria para la gestión de los mismos, de conformidad con los requisitos que haya establecido el Banco de España para las bases de datos previstas en el art. 6 de la Ley 8/2012.

considere perjudicial para la viabilidad de la entidad. La apreciación de la concurrencia de estas circunstancias requerirá informe previo del Banco de España. En todo caso, junto a estos activos las entidades de crédito deberán transmitir bases de datos con la información necesaria para la gestión de los mismos, de conformidad con los requisitos que haya establecido el Banco de España para las bases de datos previstas en el art. 6 de la Ley 8/2012.

El valor de transmisión de los activos será determinado por el Banco de España en el plazo de 7 días a contar desde la entrada en vigor del presente Real Decreto (17 de noviembre de 2012). Dicho valor de transmisión de los activos que se transfieran a la SAREB no podrá exceder de 90.000 millones de euros. Una vez que el valor de transmisión de los activos transferidos a la SAREB haya alcanzado dicha cifra, el FROB acordará que no pueden transferirse nuevos activos.

El valor de transmisión de los activos será determinado por el Banco de España en el plazo de 7 días a contar desde la entrada en vigor del presente Real Decreto (17 de noviembre de 2012). Dicho valor de transmisión de los activos que se transfieran a la SAREB no podrá exceder de 90.000 millones de euros. Una vez que el valor de transmisión de los activos transferidos a la SAREB haya alcanzado dicha cifra, el FROB acordará que no pueden transferirse nuevos activos.

¿Qué reconocimiento se ha de otorgar a las obligaciones y valores que emita la SAREB como activos de sustitución? Con carácter general los títulos representativos de deuda que emita la SAREB que cuenten con la garantía del Estado y que entregue en contraprestación por los activos transmitidos por las entidades se considerarán activos de bajo riesgo y alta liquidez a efectos de lo dispuesto en el art. 17.2.f) de la Ley 2/1981, de 25 de marzo de 1981, sobre regulación del mercado hipotecario.

¿Qué reconocimiento se ha de otorgar a las obligaciones y valores que emita la SAREB como activos de sustitución? Con carácter general los títulos representativos de deuda que emita la SAREB que cuenten con la garantía del Estado y que entregue en contraprestación por los activos transmitidos por las entidades se considerarán activos de bajo riesgo y alta liquidez a efectos de lo dispuesto en el art. 17.2.f) de la Ley 2/1981, de 25 de marzo de 1981, sobre regulación del mercado hipotecario.

En resumen, a la luz de la nueva regulación aprobada a través del Real Decreto 1159/2012 se desprende que la SAREB no recibirá sólo activos físicos, es decir, los inmuebles adjudicados de los bancos, sino también los préstamos a promotores inmobiliarios, ya sean saneados, morosos o subestándard, con la condición de que superen los 250.000 euros de valor neto contable (esto es, el valor registrado en balance descontando las provisiones). El objetivo principal de la Sociedad ha de ser, como s lógico, vender estos préstamos, si bien se prevé también una gestión activa de los mismos de cara a la recuperación de la deuda.

En resumen, a la luz de la nueva regulación aprobada a través del Real Decreto 1159/2012 se desprende que la SAREB no recibirá sólo activos físicos, es decir, los inmuebles adjudicados de los bancos, sino también los préstamos a promotores inmobiliarios, ya sean saneados, morosos o subestándard, con la condición de que superen los 250.000 euros de valor neto contable (esto es, el valor registrado en balance descontando las provisiones). El objetivo principal de la Sociedad ha de ser, como s lógico, vender estos préstamos, si bien se prevé también una gestión activa de los mismos de cara a la recuperación de la deuda.

La SAREB participará de manera activa en la reestructuración, refinanciación y terminación consensuadas de los préstamos, en función de cuál sea la estrategia comercial óptima. A tal efecto se exigirá al deudor que ofrezca el 100% de sus flujos de cajas para repagar el préstamo, así como que ponga los activos que tenga libres de carga como garantía adicional del préstamo. Incluso la Sociedad podría llegar a conceder nuevos préstamos

La SAREB participará de manera activa en la reestructuración, refinanciación y terminación consensuadas de los préstamos, en función de cuál sea la estrategia comercial óptima. A tal efecto se exigirá al deudor que ofrezca el 100% de sus flujos de cajas para repagar el préstamo, así como que ponga los activos que tenga libres de carga como garantía adicional del préstamo. Incluso la Sociedad podría llegar a conceder nuevos préstamos

La recapitalización de las entidades financieras

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La recapitalización de las entidades financieras

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a morosos para que salden su deuda antigua, anticipando así financiación adicional a un deudor para aumentar las recuperaciones, así como el valor de los activos.

a morosos para que salden su deuda antigua, anticipando así financiación adicional a un deudor para aumentar las recuperaciones, así como el valor de los activos.

Con el objetivo de minimizar las pérdidas en la venta de los inmuebles (que en las actuales circunstancias de mercado podrían producirse, pese al fuerte descuento promedio que se aplicará a los activos en el momento del traspaso) la Sociedad podría retrasar el momento de la venta hasta que lo considere oportuno, pudiendo asimismo optar por el alquiler, en el supuesto de que fuese ésta la opción más rentable. Otra alternativa podría ser la inversión con la finalidad de terminar las promociones empezadas y no acabadas, si lo considerase más conveniente que vender el activo tal y como lo recibe. En este caso, el banco malo podría invertir directamente o bien participar en una sociedad para finalizar los proyectos.

Con el objetivo de minimizar las pérdidas en la venta de los inmuebles (que en las actuales circunstancias de mercado podrían producirse, pese al fuerte descuento promedio que se aplicará a los activos en el momento del traspaso) la Sociedad podría retrasar el momento de la venta hasta que lo considere oportuno, pudiendo asimismo optar por el alquiler, en el supuesto de que fuese ésta la opción más rentable. Otra alternativa podría ser la inversión con la finalidad de terminar las promociones empezadas y no acabadas, si lo considerase más conveniente que vender el activo tal y como lo recibe. En este caso, el banco malo podría invertir directamente o bien participar en una sociedad para finalizar los proyectos.

4.C.

4.C.

Principales experiencias de sociedades gestoras de activos en el ordenamiento comparado

Principales experiencias de sociedades gestoras de activos en el ordenamiento comparado

Como seguramente se recordará en Estados Unidos, la Administración Bush, al objeto de sanear su sistema financiero, diseñó el denominado “Programa de Alivio de Activos Problemáticos” (Troubled Asset Relief Program, TARP, según sus siglas en ingles), aprobado en octubre de 2008 con una dotación de 750.000 millones de dólares (575.000 millones de euros).

Como seguramente se recordará en Estados Unidos, la Administración Bush, al objeto de sanear su sistema financiero, diseñó el denominado “Programa de Alivio de Activos Problemáticos” (Troubled Asset Relief Program, TARP, según sus siglas en ingles), aprobado en octubre de 2008 con una dotación de 750.000 millones de dólares (575.000 millones de euros).

El Programa TARP permitió al Departamento del Tesoro de Estados Unidos comprar o garantizar hasta 700 mil millones de dólares de “activos problemáticos”, definidos como hipotecas residenciales o comerciales y cualquier valor, obligaciones u otros instrumentos basados o relacionados con tales hipotecas que hubiese sido emitido con anterioridad a 14 de marzo 2008, así como cualquier otro instrumento financiero que la Secretaría del Tesoro, previa consulta con el Presidente de la Junta de Gobernadores del Sistema de la Reserva Federal, determinase como necesario para promover la estabilidad del mercado financiero. Dicho Programa incluía además un paquete de medidas destinadas, entre otros aspectos, a comprar activos de bancos, aseguradoras, empresas de tarjetas de crédito y fabricantes de automóviles.

El Programa TARP permitió al Departamento del Tesoro de Estados Unidos comprar o garantizar hasta 700 mil millones de dólares de “activos problemáticos”, definidos como hipotecas residenciales o comerciales y cualquier valor, obligaciones u otros instrumentos basados o relacionados con tales hipotecas que hubiese sido emitido con anterioridad a 14 de marzo 2008, así como cualquier otro instrumento financiero que la Secretaría del Tesoro, previa consulta con el Presidente de la Junta de Gobernadores del Sistema de la Reserva Federal, determinase como necesario para promover la estabilidad del mercado financiero. Dicho Programa incluía además un paquete de medidas destinadas, entre otros aspectos, a comprar activos de bancos, aseguradoras, empresas de tarjetas de crédito y fabricantes de automóviles.

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Juan Calvo Vérgez

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Juan Calvo Vérgez

Con posterioridad, en el mes de mayo de 2009 el Tesoro norteamericano amplió el rescate mediante la aprobación del Programa Público-Privado de Inversión (Public-Private Investment Program for Legacy Assets, PPIP, por sus siglas en inglés), que actuó como una prolongación del TARP, siendo dotado con 100.000 millones de dólares destinados a comprar directamente los ‘activos tóxicos’ de los bancos, así como con otro billón de dólares para compartir riesgos con inversores privados que adquiriesen títulos respaldados con hipotecas y otros préstamos.

Con posterioridad, en el mes de mayo de 2009 el Tesoro norteamericano amplió el rescate mediante la aprobación del Programa Público-Privado de Inversión (Public-Private Investment Program for Legacy Assets, PPIP, por sus siglas en inglés), que actuó como una prolongación del TARP, siendo dotado con 100.000 millones de dólares destinados a comprar directamente los ‘activos tóxicos’ de los bancos, así como con otro billón de dólares para compartir riesgos con inversores privados que adquiriesen títulos respaldados con hipotecas y otros préstamos.

Además del ‘banco malo’, el Gobierno de EEUU inyectó liquidez en determinadas empresas, procediendo a su nacionalización parcial. Algunas de estas entidades (caso, por ejemplo, de Bank of America y General Motors) devolvieron ya las ayudas con intereses).

Además del ‘banco malo’, el Gobierno de EEUU inyectó liquidez en determinadas empresas, procediendo a su nacionalización parcial. Algunas de estas entidades (caso, por ejemplo, de Bank of America y General Motors) devolvieron ya las ayudas con intereses).

En el caso de Alemania, el país germano creó su primer ‘banco malo’ a finales de 2009, cuando nacionalizó temporalmente los ‘activos tóxicos’ de WestLB, banco que entonces tenía una cartera de 85.000 millones de euros. Este banco malo operó medio año después de que el Gobierno alemán pusiera en marcha el programa de ayuda, centrado básicamente en los bancos regionales.

En el caso de Alemania, el país germano creó su primer ‘banco malo’ a finales de 2009, cuando nacionalizó temporalmente los ‘activos tóxicos’ de WestLB, banco que entonces tenía una cartera de 85.000 millones de euros. Este banco malo operó medio año después de que el Gobierno alemán pusiera en marcha el programa de ayuda, centrado básicamente en los bancos regionales.

Por su parte el Gobierno irlandés fundó en 2009 un ‘banco malo’, la Agencia Nacional de Manejo de Activos (National Asset Management Agency, NAMA, por sus siglas en inglés), que absorbió los activos peligrosos de su nacionalizado sistema financiero pagando por ellos la mitad de su valor. Sólo Anglo Irish, la mayor entidad financiera irlandesa, requirió sendas inyecciones de 22.900 y 29.300 millones de euros en 2009 y 2010, respectivamente. En total, el rescate de dicha entidad y de otras dos sociedades hipotecarias más se elevó a unos 50.000 millones de euros, lo que elevó el déficit del país al histórico 32% del Producto Interior Bruto en 2010. La nacionalización de los activos ‘basura’ de la banca irlandesa terminó situando al país al borde de la bancarrota, lo que motivó que la Unión Europea y el Fondo Monetario Internacional pactasen en noviembre de 2011 un rescate de 85.000 millones de euros. En el presente caso el problema era el sistema financiero, por lo que Dublín aportó 17.500 millones de euros procedentes de dicho rescate de sus propias arcas.

Por su parte el Gobierno irlandés fundó en 2009 un ‘banco malo’, la Agencia Nacional de Manejo de Activos (National Asset Management Agency, NAMA, por sus siglas en inglés), que absorbió los activos peligrosos de su nacionalizado sistema financiero pagando por ellos la mitad de su valor. Sólo Anglo Irish, la mayor entidad financiera irlandesa, requirió sendas inyecciones de 22.900 y 29.300 millones de euros en 2009 y 2010, respectivamente. En total, el rescate de dicha entidad y de otras dos sociedades hipotecarias más se elevó a unos 50.000 millones de euros, lo que elevó el déficit del país al histórico 32% del Producto Interior Bruto en 2010. La nacionalización de los activos ‘basura’ de la banca irlandesa terminó situando al país al borde de la bancarrota, lo que motivó que la Unión Europea y el Fondo Monetario Internacional pactasen en noviembre de 2011 un rescate de 85.000 millones de euros. En el presente caso el problema era el sistema financiero, por lo que Dublín aportó 17.500 millones de euros procedentes de dicho rescate de sus propias arcas.

Finalmente en el caso de Francia, al margen del asunto concerniente al Banco Dexia, con fecha 3 de septiembre de 2012 el Ejecutivo galo anunció

Finalmente en el caso de Francia, al margen del asunto concerniente al Banco Dexia, con fecha 3 de septiembre de 2012 el Ejecutivo galo anunció

La recapitalización de las entidades financieras

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La recapitalización de las entidades financieras

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la liquidación de la actividad del banco inmobiliario Crédit Immobilier de France (CIF), al que previamente había otorgado una garantía ante el riesgo de que se viera en la imposibilidad de afrontar sus obligaciones financieras198.

la liquidación de la actividad del banco inmobiliario Crédit Immobilier de France (CIF), al que previamente había otorgado una garantía ante el riesgo de que se viera en la imposibilidad de afrontar sus obligaciones financieras198.

4. D. Recapitulación

4. D. Recapitulación

Desde nuestro punto de vista, y teniendo presente la anterior regulación expuesta cabe plantearse si, a la luz de estos descuentos que presumiblemente se operen, estos podrán considerarse lo suficientemente bajos como para atraer capital extranjero o inversores cualificados del mercado inmobiliario. En este sentido, si la venta de los activos terminara retrasándose con la finalidad de alcanzar mejores precios de venta (aplazándose dichas ventas hasta el momento en que viesen la salida a precios bajos de los activos en cartera) se estaría retrasando igualmente el necesario ajuste en precios del resto de viviendas en stock, lo que perjudicaría a nuestro mercado inmobiliario. Así las cosas estimamos esencial atraer a inversores privados fuera del ámbito financiero español.

Desde nuestro punto de vista, y teniendo presente la anterior regulación expuesta cabe plantearse si, a la luz de estos descuentos que presumiblemente se operen, estos podrán considerarse lo suficientemente bajos como para atraer capital extranjero o inversores cualificados del mercado inmobiliario. En este sentido, si la venta de los activos terminara retrasándose con la finalidad de alcanzar mejores precios de venta (aplazándose dichas ventas hasta el momento en que viesen la salida a precios bajos de los activos en cartera) se estaría retrasando igualmente el necesario ajuste en precios del resto de viviendas en stock, lo que perjudicaría a nuestro mercado inmobiliario. Así las cosas estimamos esencial atraer a inversores privados fuera del ámbito financiero español.

Por otro lado desde el Banco de España se estimó que la sociedad de gestión de activos contaría con una rentabilidad esperada sobre el capital (RoE) en torno al 14-15% en un escenario conservador. Inicialmente existiría una única sociedad o vehículo legal societario que, posteriormente y en función de las decisiones de gestión tomadas por sus órganos de dirección, tendría la facultad de constituir fondos de activos específicos sobre la base de las carteras traspasadas por los bancos.

Por otro lado desde el Banco de España se estimó que la sociedad de gestión de activos contaría con una rentabilidad esperada sobre el capital (RoE) en torno al 14-15% en un escenario conservador. Inicialmente existiría una única sociedad o vehículo legal societario que, posteriormente y en función de las decisiones de gestión tomadas por sus órganos de dirección, tendría la facultad de constituir fondos de activos específicos sobre la base de las carteras traspasadas por los bancos.

Los recursos propios del “banco malo” serían aproximadamente de un 8% sobre el volumen de activos totales y su estructura de capital estaría compuesta por una participación no mayoritaria del FROB y otra, mayoritaria, que correspondería a inversores privados. Una parte de los recursos propios podría estar instrumentada mediante bonos subordinados. De cual-

Los recursos propios del “banco malo” serían aproximadamente de un 8% sobre el volumen de activos totales y su estructura de capital estaría compuesta por una participación no mayoritaria del FROB y otra, mayoritaria, que correspondería a inversores privados. Una parte de los recursos propios podría estar instrumentada mediante bonos subordinados. De cual-

En el presente caso el modelo económico del grupo ya no resultaba viable, al basar su financiación únicamente en los mercados, ya que no tenía negocio de depósitos. Se trataba de una entidad bancaria dedicada exclusivamente al crédito inmobiliario. No obstante la articulación del rescate no implicó en este supuesto la nacionalización del banco, que continuó formalmente en manos de las sociedades regionales con las que se constituyó en 1908, si bien en la práctica quedó bajo la tutela del Estado.

En el presente caso el modelo económico del grupo ya no resultaba viable, al basar su financiación únicamente en los mercados, ya que no tenía negocio de depósitos. Se trataba de una entidad bancaria dedicada exclusivamente al crédito inmobiliario. No obstante la articulación del rescate no implicó en este supuesto la nacionalización del banco, que continuó formalmente en manos de las sociedades regionales con las que se constituyó en 1908, si bien en la práctica quedó bajo la tutela del Estado.

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Juan Calvo Vérgez

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quier manera aquellas entidades que transmitiesen sus activos no podrían ser accionistas de la sociedad ni quedar representados en su órgano de administración. En contraprestación por los activos aportados, las entidades percibirían bonos emitidos por la sociedad y garantizados por el Estado.

quier manera aquellas entidades que transmitiesen sus activos no podrían ser accionistas de la sociedad ni quedar representados en su órgano de administración. En contraprestación por los activos aportados, las entidades percibirían bonos emitidos por la sociedad y garantizados por el Estado.

En definitiva, el “banco malo” contaría con dos importantes fuentes de financiación. De una parte, deuda senior avalada por el Estado que emitiría la sociedad como contrapartida por los activos recibidos por los bancos. Y, de otra, deuda subordinada y capital ordinario suscritos por inversores privados y por el FROB.

En definitiva, el “banco malo” contaría con dos importantes fuentes de financiación. De una parte, deuda senior avalada por el Estado que emitiría la sociedad como contrapartida por los activos recibidos por los bancos. Y, de otra, deuda subordinada y capital ordinario suscritos por inversores privados y por el FROB.

5.

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LA ELEVACIÓN DE LA RATIO DE CAPITAL PRINCIPAL

LA ELEVACIÓN DE LA RATIO DE CAPITAL PRINCIPAL

Otro aspecto de relevancia contenido en el Real Decreto-Ley 24/2012 es el relativo a la modificación de los requerimientos de capital principal con los que deben cumplir los grupos consolidables de entidades de crédito, así como las entidades no integradas en un grupo consolidable que establece el Real Decreto-Ley 2/2011, de 18 de febrero, para el reforzamiento del sistema financiero.

Otro aspecto de relevancia contenido en el Real Decreto-Ley 24/2012 es el relativo a la modificación de los requerimientos de capital principal con los que deben cumplir los grupos consolidables de entidades de crédito, así como las entidades no integradas en un grupo consolidable que establece el Real Decreto-Ley 2/2011, de 18 de febrero, para el reforzamiento del sistema financiero.

Los anteriores requisitos del 8% con carácter general y del 10% para las entidades con difícil acceso a los mercados de capitales y para las que predomine la financiación mayorista, se transforman en un único requisito del 9% que deberán cumplir a partir del 1 de enero de 2013. De este modo, no sólo se modifica el nivel de exigencia de capital principal, sino también su definición, acompasándola, tanto en sus elementos computables como en sus deducciones a la utilizada por la Autoridad Bancaria Europea en su reciente ejercicio de recapitalización.

Los anteriores requisitos del 8% con carácter general y del 10% para las entidades con difícil acceso a los mercados de capitales y para las que predomine la financiación mayorista, se transforman en un único requisito del 9% que deberán cumplir a partir del 1 de enero de 2013. De este modo, no sólo se modifica el nivel de exigencia de capital principal, sino también su definición, acompasándola, tanto en sus elementos computables como en sus deducciones a la utilizada por la Autoridad Bancaria Europea en su reciente ejercicio de recapitalización.

No obstante, y de conformidad con lo señalado en la Disp. Transit. Sexta del Real Decreto-Ley 24/2012, hasta el 31 de diciembre de 2012 los grupos y entidades de crédito referidos en el art. 1 del Real Decreto-ley 2/2011, de 18 de febrero, para el reforzamiento del sistema financiero, habrán de cumplir con los requerimientos de capital principal conforme a las exigencias y procedimientos de cálculo vigentes antes de la entrada en vigor del RDLey 24/2012.

No obstante, y de conformidad con lo señalado en la Disp. Transit. Sexta del Real Decreto-Ley 24/2012, hasta el 31 de diciembre de 2012 los grupos y entidades de crédito referidos en el art. 1 del Real Decreto-ley 2/2011, de 18 de febrero, para el reforzamiento del sistema financiero, habrán de cumplir con los requerimientos de capital principal conforme a las exigencias y procedimientos de cálculo vigentes antes de la entrada en vigor del RDLey 24/2012.

La recapitalización de las entidades financieras

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La recapitalización de las entidades financieras

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En definitiva, al amparo del nuevo marco de solvencia exigido por el Eurogrupo para conceder ayuda financiera a la banca española por un importe de 100.000 millones de euros, y con efectos desde el 1 de enero de 2013 los bancos tendrán que contar con una ratio mínima de capital principal del 9%. Este listón sería horizontal para todas las entidades, reciban o no apoyo público. Con carácter adicional el Banco de España podrá exigir una ratio superior al 9% a aquellas entidades que, en el escenario más adverso de un test de resistencia realizado al conjunto del sistema, no alcancen el nivel de recursos propios mínimos exigidos en dicha prueba. El supervisor queda también facultado para, en determinados casos, exigir un exceso adicional de capital principal199.

En definitiva, al amparo del nuevo marco de solvencia exigido por el Eurogrupo para conceder ayuda financiera a la banca española por un importe de 100.000 millones de euros, y con efectos desde el 1 de enero de 2013 los bancos tendrán que contar con una ratio mínima de capital principal del 9%. Este listón sería horizontal para todas las entidades, reciban o no apoyo público. Con carácter adicional el Banco de España podrá exigir una ratio superior al 9% a aquellas entidades que, en el escenario más adverso de un test de resistencia realizado al conjunto del sistema, no alcancen el nivel de recursos propios mínimos exigidos en dicha prueba. El supervisor queda también facultado para, en determinados casos, exigir un exceso adicional de capital principal199.

6.

6.

NOVEDADES EN MATERIA DE REMUNERACIÓN DE DIRECTIVOS DE ENTIDADES Y RÉGIMEN SANCIONADOR

NOVEDADES EN MATERIA DE REMUNERACIÓN DE DIRECTIVOS DE ENTIDADES Y RÉGIMEN SANCIONADOR

A la luz de la nueva regulación aprobada se establece que la remuneración fija que puedan cobrar los Presidentes Ejecutivos, Consejeros Delegados y directivos de las entidades que, sin hallarse mayoritariamente participadas por el FROB, reciban apoyo financiero del mismo será, como máximo, de 500.000 euros. De este modo es objeto de reducción en un importe de 100.000 euros la remuneración máxima que, con anterioridad, se había establecido para estos directivos. Dicha limitación se aplicará a todas las entidades que necesiten apoyo financiero público para seguir adelante, lo que podría significar la mayoría de los bancos. Debe precisarse no obstante que, tras la modificación introducida por el RDLey 24/2012 en el art. 5.6 del RDLey 2/2012, tratándose de aquellas entidades que participasen o que hubiesen participado en un proceso de integración, las limitaciones a las remuneraciones indicadas sólo serán de aplicación a los administradores

A la luz de la nueva regulación aprobada se establece que la remuneración fija que puedan cobrar los Presidentes Ejecutivos, Consejeros Delegados y directivos de las entidades que, sin hallarse mayoritariamente participadas por el FROB, reciban apoyo financiero del mismo será, como máximo, de 500.000 euros. De este modo es objeto de reducción en un importe de 100.000 euros la remuneración máxima que, con anterioridad, se había establecido para estos directivos. Dicha limitación se aplicará a todas las entidades que necesiten apoyo financiero público para seguir adelante, lo que podría significar la mayoría de los bancos. Debe precisarse no obstante que, tras la modificación introducida por el RDLey 24/2012 en el art. 5.6 del RDLey 2/2012, tratándose de aquellas entidades que participasen o que hubiesen participado en un proceso de integración, las limitaciones a las remuneraciones indicadas sólo serán de aplicación a los administradores

199 Recuérdese a este respecto que, con anterioridad, los bancos debían contar con una ratio de solvencia de entre el 8% y el 10%, dependiendo de dos variables: qué porcentaje de su capital estuviese en manos de inversores privados y cuál fuese su dependencia de la financiación mayorista. Pues bien, tras la reforma operada se elimina esta horquilla y se fija un 9% para todas las entidades de crédito, sin distinciones. Dicha ratio de solvencia representa la relación existente entre los recursos que el banco tiene guardados y sus activos medidos por el riesgo (el crédito es un activo) lo que implica que, para que dicha ratio crezca sería necesario que se incrementen los recursos propios o que disminuyan los activos.

199 Recuérdese a este respecto que, con anterioridad, los bancos debían contar con una ratio de solvencia de entre el 8% y el 10%, dependiendo de dos variables: qué porcentaje de su capital estuviese en manos de inversores privados y cuál fuese su dependencia de la financiación mayorista. Pues bien, tras la reforma operada se elimina esta horquilla y se fija un 9% para todas las entidades de crédito, sin distinciones. Dicha ratio de solvencia representa la relación existente entre los recursos que el banco tiene guardados y sus activos medidos por el riesgo (el crédito es un activo) lo que implica que, para que dicha ratio crezca sería necesario que se incrementen los recursos propios o que disminuyan los activos.

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Juan Calvo Vérgez

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y directivos que lo fueren de aquella de las entidades que precise el apoyo financiero público o que dé origen al mismo y que deba identificarse como tal en el correspondiente plan de integración. Por lo que respecta al límite de 300.000 euros fijado para el sueldo de los directivos de bancos nacionalizados, el mismo permanece sin variación alguna.

y directivos que lo fueren de aquella de las entidades que precise el apoyo financiero público o que dé origen al mismo y que deba identificarse como tal en el correspondiente plan de integración. Por lo que respecta al límite de 300.000 euros fijado para el sueldo de los directivos de bancos nacionalizados, el mismo permanece sin variación alguna.

Destaca además la introducción de la posibilidad de que los administradores paguen por los daños que su mala gestión haya podido causar a la entidad. Con carácter general los administradores responderán de los daños y perjuicios causados en proporción a su participación y la gravedad de aquellos. Se prevé así la posibilidad de que, en el futuro, un presidente de una entidad tenga que pagar por las malas decisiones empresariales tomadas si éstas hubiesen acabado perjudicando el banco, al obligarle a recurrir a ayudas públicas, o incluso llevándolo a la liquidación.

Destaca además la introducción de la posibilidad de que los administradores paguen por los daños que su mala gestión haya podido causar a la entidad. Con carácter general los administradores responderán de los daños y perjuicios causados en proporción a su participación y la gravedad de aquellos. Se prevé así la posibilidad de que, en el futuro, un presidente de una entidad tenga que pagar por las malas decisiones empresariales tomadas si éstas hubiesen acabado perjudicando el banco, al obligarle a recurrir a ayudas públicas, o incluso llevándolo a la liquidación.

Nada se dispone, sin embargo, respecto de la exigencia de responsabilidad a aquellos consejeros que incumplan con las obligaciones que libremente asumen y por las que perciben emolumentos no insignificantes al objeto de resarcir a los particulares perjudicados, más allá de las simples multas. Y ello con independencia de que la actual legislación exija ya a los miembros de los Consejos de Administración la responsabilidad derivada de la gestión diligente de la entidad, obligándoles a poseer las capacidades y aptitudes necesarias para comprender, decidir y revisar periódicamente las estrategias y políticas de asunción, gestión, control y reducción de los riesgos a los que la entidad de crédito quede expuesta, incluidos los que presente la coyuntura macroeconómica en que opera, así como para controlar su ejecución.

Nada se dispone, sin embargo, respecto de la exigencia de responsabilidad a aquellos consejeros que incumplan con las obligaciones que libremente asumen y por las que perciben emolumentos no insignificantes al objeto de resarcir a los particulares perjudicados, más allá de las simples multas. Y ello con independencia de que la actual legislación exija ya a los miembros de los Consejos de Administración la responsabilidad derivada de la gestión diligente de la entidad, obligándoles a poseer las capacidades y aptitudes necesarias para comprender, decidir y revisar periódicamente las estrategias y políticas de asunción, gestión, control y reducción de los riesgos a los que la entidad de crédito quede expuesta, incluidos los que presente la coyuntura macroeconómica en que opera, así como para controlar su ejecución.

De este modo se traslada desde el Ministerio de Economía al Banco de España la capacidad para imponer a los administradores de entidades sanciones muy graves: multas de hasta 500.000 euros e inhabilitación para ejercer cargos de dirección en la banca por hasta diez años, entre otras. Asimismo se amplían los supuestos de infracciones muy graves, al incluir entre ellas que los administradores de una entidad de crédito no remitan al Banco de España el plan para cumplir con las normas de solvencia en el plazo establecido. Concretamente cuando el Banco de España tenga conocimiento de que una entidad es inviable o crea previsible que pueda llegar a serlo, requerirá a su órgano de administración que presente un plan de actuación en diez días. El incumplimiento de este requerimiento en

De este modo se traslada desde el Ministerio de Economía al Banco de España la capacidad para imponer a los administradores de entidades sanciones muy graves: multas de hasta 500.000 euros e inhabilitación para ejercer cargos de dirección en la banca por hasta diez años, entre otras. Asimismo se amplían los supuestos de infracciones muy graves, al incluir entre ellas que los administradores de una entidad de crédito no remitan al Banco de España el plan para cumplir con las normas de solvencia en el plazo establecido. Concretamente cuando el Banco de España tenga conocimiento de que una entidad es inviable o crea previsible que pueda llegar a serlo, requerirá a su órgano de administración que presente un plan de actuación en diez días. El incumplimiento de este requerimiento en

La recapitalización de las entidades financieras

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dicho plazo será considerado una infracción muy grave. Con anterioridad la imposición de sanciones por infracciones muy graves correspondía al Ministerio de Economía a propuesta del Banco de España. En cambio a la luz de la nueva regulación será el regulador el que asuma esta capacidad tras dar cuenta razonada de su decisión al citado Departamento Ministerial.

La recapitalización de las entidades financieras

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dicho plazo será considerado una infracción muy grave. Con anterioridad la imposición de sanciones por infracciones muy graves correspondía al Ministerio de Economía a propuesta del Banco de España. En cambio a la luz de la nueva regulación será el regulador el que asuma esta capacidad tras dar cuenta razonada de su decisión al citado Departamento Ministerial.

XIV. REFLEXIONES FINALES

XIV. REFLEXIONES FINALES

Desde nuestro punto de vista el proceso de recapitalización de las cajas de ahorro y, con carácter general, del conjunto de las entidades financieras ha experimentado un avance sustancial, sin perjuicio de que todavía no se encuentre cerrado, y al margen de que pueda llegar a discutirse el papel desempeñado por el Banco de España en su labor de supervisión.

Desde nuestro punto de vista el proceso de recapitalización de las cajas de ahorro y, con carácter general, del conjunto de las entidades financieras ha experimentado un avance sustancial, sin perjuicio de que todavía no se encuentre cerrado, y al margen de que pueda llegar a discutirse el papel desempeñado por el Banco de España en su labor de supervisión.

Dejando al margen los casos específicos de CajaSur, Caja Castilla-La Mancha y la CAM, sólo cuatro Cajas (Novacaixagalicia, CatalunyaCaixa, Unnim y Caja de Madrid) han necesitado hasta la fecha ayuda del FROB para su capitalización con carácter provisional.

Dejando al margen los casos específicos de CajaSur, Caja Castilla-La Mancha y la CAM, sólo cuatro Cajas (Novacaixagalicia, CatalunyaCaixa, Unnim y Caja de Madrid) han necesitado hasta la fecha ayuda del FROB para su capitalización con carácter provisional.

La recapitalización se ha logrado en un corto plazo de tiempo, teniendo presente que, como hemos tenido ocasión de analizar, el proceso se inició con la aprobación del Real Decreto Ley 2/2011 de 18 de febrero.

La recapitalización se ha logrado en un corto plazo de tiempo, teniendo presente que, como hemos tenido ocasión de analizar, el proceso se inició con la aprobación del Real Decreto Ley 2/2011 de 18 de febrero.

La mayor parte de los recursos empleados en la recapitalización de las cajas se han articulado a través de acciones, tratándose en consecuencia de una inversión financiera. Se trata, además, de unos costes sensiblemente inferiores a los canalizados a favor de las entidades bancarias en otros países de nuestro entorno financiero. Por otro lado el importe de la deuda asumido por las cajas de ahorro no ha sobrepasado en ningún caso el 23% de los pasivos financieros de toda la economía.

La mayor parte de los recursos empleados en la recapitalización de las cajas se han articulado a través de acciones, tratándose en consecuencia de una inversión financiera. Se trata, además, de unos costes sensiblemente inferiores a los canalizados a favor de las entidades bancarias en otros países de nuestro entorno financiero. Por otro lado el importe de la deuda asumido por las cajas de ahorro no ha sobrepasado en ningún caso el 23% de los pasivos financieros de toda la economía.

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Juan Calvo Vérgez

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La nueva estructuración de las cajas surgida en el proceso de transformación resulta, a nuestro juicio, más sólida que la anterior. Ahora bien ello no impedirá que, en un futuro próximo, las cajas experimenten un estrechamiento de sus márgenes, tanto por los costes inherentes a la necesidad de canalizar recursos hacia la reducción de su endeudamiento como por la ausencia de operaciones rentables derivada de la bajada experimentada en el desarrollo de la actividad crediticia.

La nueva estructuración de las cajas surgida en el proceso de transformación resulta, a nuestro juicio, más sólida que la anterior. Ahora bien ello no impedirá que, en un futuro próximo, las cajas experimenten un estrechamiento de sus márgenes, tanto por los costes inherentes a la necesidad de canalizar recursos hacia la reducción de su endeudamiento como por la ausencia de operaciones rentables derivada de la bajada experimentada en el desarrollo de la actividad crediticia.

De cara al futuro las cajas han de continuar avanzando en la mejora de su competitividad, sin dejar por ello de mantener su tradicional vocación social. En efecto, deben continuar potenciando su obra social, con independencia de que, desde una perspectiva estrictamente jurídica, hayan pasado a adquirir la condición de bancos.

De cara al futuro las cajas han de continuar avanzando en la mejora de su competitividad, sin dejar por ello de mantener su tradicional vocación social. En efecto, deben continuar potenciando su obra social, con independencia de que, desde una perspectiva estrictamente jurídica, hayan pasado a adquirir la condición de bancos.

Creemos además que la presencia de entidades en manos del FROB representa uno de los factores que podría terminar provocando nuevos movimientos de concentración. A ello se ha de añadir además el hecho de que aquellas cajas que han recibido financiación pública han tenido que introducir cambios en su modelo de negocio para ganar rentabilidad y hacer frente a sus compromisos con el Estado.

Creemos además que la presencia de entidades en manos del FROB representa uno de los factores que podría terminar provocando nuevos movimientos de concentración. A ello se ha de añadir además el hecho de que aquellas cajas que han recibido financiación pública han tenido que introducir cambios en su modelo de negocio para ganar rentabilidad y hacer frente a sus compromisos con el Estado.

Por otro lado, a esta necesidad de mayor volumen se ha de sumar la presión que la crisis de deuda europea está ejerciendo sobre la cuenta de resultados de la banca, fundamentalmente por el encarecimiento del pasivo minorista y el cierre de las vías de financiación mayorista, lo que ha estrangulado la cuenta de resultados del sector. En este sentido la principal finalidad de aquellas operaciones que se desarrollen habría de ser ganar tamaño para generar sinergias y dar un vuelco al modelo de negocio.

Por otro lado, a esta necesidad de mayor volumen se ha de sumar la presión que la crisis de deuda europea está ejerciendo sobre la cuenta de resultados de la banca, fundamentalmente por el encarecimiento del pasivo minorista y el cierre de las vías de financiación mayorista, lo que ha estrangulado la cuenta de resultados del sector. En este sentido la principal finalidad de aquellas operaciones que se desarrollen habría de ser ganar tamaño para generar sinergias y dar un vuelco al modelo de negocio.

Tras la reforma acometida con fecha de 3 de febrero de 2012, aprobada a través del Real Decreto-Ley 2/2012, se obligó a las entidades financieras a aumentar en 50.000 millones de euros sus provisiones ante el riesgo de sus activos inmobiliarios, instándolas al desarrollo de un conjunto de procesos de fusión. Para el caso de los activos inmobiliarios problemáticos, las provisiones se situaron en el 80% para suelo frente al 31%; el 65% para promociones en curso, antes el 27%; y del 35% para promoción terminada y vivienda, un 10% superior. Asimismo se estableció una provisión genérica

Tras la reforma acometida con fecha de 3 de febrero de 2012, aprobada a través del Real Decreto-Ley 2/2012, se obligó a las entidades financieras a aumentar en 50.000 millones de euros sus provisiones ante el riesgo de sus activos inmobiliarios, instándolas al desarrollo de un conjunto de procesos de fusión. Para el caso de los activos inmobiliarios problemáticos, las provisiones se situaron en el 80% para suelo frente al 31%; el 65% para promociones en curso, antes el 27%; y del 35% para promoción terminada y vivienda, un 10% superior. Asimismo se estableció una provisión genérica

La recapitalización de las entidades financieras

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del 7% para los activos inmobiliarios no problemáticos. Estas provisiones debían realizarse contra los resultados de las entidades, siendo la fecha límite fijada al efecto para la realización de la provisión específica, la genérica y la dotación de capital el 31 de diciembre de 2012.

del 7% para los activos inmobiliarios no problemáticos. Estas provisiones debían realizarse contra los resultados de las entidades, siendo la fecha límite fijada al efecto para la realización de la provisión específica, la genérica y la dotación de capital el 31 de diciembre de 2012.

Con carácter adicional a través de la aprobación del citado Real DecretoLey se impulsó un nuevo proceso de fusiones rápidas que podría llevarse a cabo en dos ejercicios y financiarse contra el patrimonio o con ayudas del FROB, para lo que se aumentaba la dotación patrimonial de este mecanismo en 15.000 millones de euros.

Con carácter adicional a través de la aprobación del citado Real DecretoLey se impulsó un nuevo proceso de fusiones rápidas que podría llevarse a cabo en dos ejercicios y financiarse contra el patrimonio o con ayudas del FROB, para lo que se aumentaba la dotación patrimonial de este mecanismo en 15.000 millones de euros.

Este conjunto de operaciones, que habrían de ser aprobadas por el Ministerio de Economía y Competitividad, serían acordadas antes del 30 de septiembre de 2012 y finalizar antes del 1 de enero de 2013. Con carácter retroactivo también podrían participar todos los procesos de integración iniciados desde septiembre de 2011.

Este conjunto de operaciones, que habrían de ser aprobadas por el Ministerio de Economía y Competitividad, serían acordadas antes del 30 de septiembre de 2012 y finalizar antes del 1 de enero de 2013. Con carácter retroactivo también podrían participar todos los procesos de integración iniciados desde septiembre de 2011.

Por otro lado la citada norma introducía cambios en el régimen jurídico de las cajas de ahorro y establecía limitaciones en la remuneración de los directivos y consejeros de las entidades financieras intervenidas o financiadas por el FROB. Para el primero de los casos el salario de los directivos se limitó a 300.000 euros anuales y 50.000 euros para los consejeros sin remuneración variable. Y, en cuanto al segundo el tope de los honorarios de los directivos, éste pasó inicialmente a ser de 600.000 euros (posteriormente reducido a 500.000 euros por el Real Decreto-Ley 24/2012) y 100.000 para los consejeros, con una remuneración variable si se justificaba en un período de tres años.

Por otro lado la citada norma introducía cambios en el régimen jurídico de las cajas de ahorro y establecía limitaciones en la remuneración de los directivos y consejeros de las entidades financieras intervenidas o financiadas por el FROB. Para el primero de los casos el salario de los directivos se limitó a 300.000 euros anuales y 50.000 euros para los consejeros sin remuneración variable. Y, en cuanto al segundo el tope de los honorarios de los directivos, éste pasó inicialmente a ser de 600.000 euros (posteriormente reducido a 500.000 euros por el Real Decreto-Ley 24/2012) y 100.000 para los consejeros, con una remuneración variable si se justificaba en un período de tres años.

Recuérdese no obstante que, tal y como se ha señalado, durante el mes de junio de 2009 el anterior Ejecutivo acometió la creación del FROB (Fondo de Reestructuración de Ordenación Bancaria), destinado a regular las ayudas a las entidades de crédito afectadas por la crisis económica. Dicho Fondo fue creado con una dotación inicial de 9.000 millones de euros destinada a adquirir participaciones preferentes convertibles en acciones, en cuotas participativas o en aportaciones al capital social de las entidades en las que interviene.

Recuérdese no obstante que, tal y como se ha señalado, durante el mes de junio de 2009 el anterior Ejecutivo acometió la creación del FROB (Fondo de Reestructuración de Ordenación Bancaria), destinado a regular las ayudas a las entidades de crédito afectadas por la crisis económica. Dicho Fondo fue creado con una dotación inicial de 9.000 millones de euros destinada a adquirir participaciones preferentes convertibles en acciones, en cuotas participativas o en aportaciones al capital social de las entidades en las que interviene.

Posteriormente, y con la finalidad de reforzar los niveles de solvencia de las entidades de crédito, en el mes febrero de 2011 se aprobó un segundo Real Decreto que endurecía los requisitos de capitalización de las entidades,

Posteriormente, y con la finalidad de reforzar los niveles de solvencia de las entidades de crédito, en el mes febrero de 2011 se aprobó un segundo Real Decreto que endurecía los requisitos de capitalización de las entidades,

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Juan Calvo Vérgez

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ya fuese en el mercado o a través de los recursos del FROB. Dicho Real Decreto exigía una proporción de capital respecto a activos de riesgo del 8% para las entidades que cotizasen en Bolsa o que atrajesen a inversores privados y del 10% para la mayoría de las cajas. Finalmente, como hemos tenido ocasión de analizar, al amparo del nuevo marco de solvencia exigido por el Eurogrupo para conceder ayuda financiera a la banca por un importe de 100.000 millones de euros, y con efectos desde el 1 de enero de 2013, el Real Decreto-Ley 24/2012 ha dispuesto que los bancos tengan que contar con una ratio mínima de capital principal del 9%.

ya fuese en el mercado o a través de los recursos del FROB. Dicho Real Decreto exigía una proporción de capital respecto a activos de riesgo del 8% para las entidades que cotizasen en Bolsa o que atrajesen a inversores privados y del 10% para la mayoría de las cajas. Finalmente, como hemos tenido ocasión de analizar, al amparo del nuevo marco de solvencia exigido por el Eurogrupo para conceder ayuda financiera a la banca por un importe de 100.000 millones de euros, y con efectos desde el 1 de enero de 2013, el Real Decreto-Ley 24/2012 ha dispuesto que los bancos tengan que contar con una ratio mínima de capital principal del 9%.

A este conjunto de reformas se han de sumar, además, diversas medidas adoptadas con el objetivo de tratar de solucionar los graves problemas por los que atraviesa el sector financiero, como las nuevas normas para las cajas de ahorro para profesionalizar sus órganos directivos y suprimir a los cargos públicos en sus órganos de Gobierno, las distintas pruebas de resistencia realizadas a la banca y la publicación por parte del Banco de España de las necesidades de capital para que una docena de entidades pudiera cumplir con los requisitos de solvencia. Y ello al margen de los posteriores informes encargados a las consultoras Roland Berger y Oliver Wyman acerca de las necesidades financieras del conjunto de nuestras entidades.

A este conjunto de reformas se han de sumar, además, diversas medidas adoptadas con el objetivo de tratar de solucionar los graves problemas por los que atraviesa el sector financiero, como las nuevas normas para las cajas de ahorro para profesionalizar sus órganos directivos y suprimir a los cargos públicos en sus órganos de Gobierno, las distintas pruebas de resistencia realizadas a la banca y la publicación por parte del Banco de España de las necesidades de capital para que una docena de entidades pudiera cumplir con los requisitos de solvencia. Y ello al margen de los posteriores informes encargados a las consultoras Roland Berger y Oliver Wyman acerca de las necesidades financieras del conjunto de nuestras entidades.

Tras la aprobación del Real Decreto-Ley 2/2012, de 3 de febrero, de Saneamiento del Sector Financiero, la petición de mayores provisiones a la banca por los inmuebles existentes en balance ha de favorecer un descenso de los precios de la vivienda. Así, si un banco tuviese por ejemplo un inmueble con una cobertura del 40% sobre su valor contable podría venderlo con dicho descuento sin tener que apuntarse pérdidas. No obstante para que el mercado de la vivienda se reactive la cuestión de los precios es sólo una vertiente. Las otras dos, fundamentales, son la disponibilidad de ahorros para comprar y que la fluidez del crédito bancario. Este último objetivo podría verse seriamente dificultado ya que, en la actualidad, las entidades financieras están siendo fuertemente presionadas por la búsqueda de capital, teniendo además que realizar un esfuerzo adicional en términos de saneamientos. Ello implicará que dichas entidades no prevean asumir más riesgos, manteniendo unos estándares muy elevados a la hora de conceder créditos.

Tras la aprobación del Real Decreto-Ley 2/2012, de 3 de febrero, de Saneamiento del Sector Financiero, la petición de mayores provisiones a la banca por los inmuebles existentes en balance ha de favorecer un descenso de los precios de la vivienda. Así, si un banco tuviese por ejemplo un inmueble con una cobertura del 40% sobre su valor contable podría venderlo con dicho descuento sin tener que apuntarse pérdidas. No obstante para que el mercado de la vivienda se reactive la cuestión de los precios es sólo una vertiente. Las otras dos, fundamentales, son la disponibilidad de ahorros para comprar y que la fluidez del crédito bancario. Este último objetivo podría verse seriamente dificultado ya que, en la actualidad, las entidades financieras están siendo fuertemente presionadas por la búsqueda de capital, teniendo además que realizar un esfuerzo adicional en términos de saneamientos. Ello implicará que dichas entidades no prevean asumir más riesgos, manteniendo unos estándares muy elevados a la hora de conceder créditos.

De cualquier manera se obliga a la banca (y, por ende, a las distintas cajas que han adoptado estructura de banco) a realizar saneamientos pre-

De cualquier manera se obliga a la banca (y, por ende, a las distintas cajas que han adoptado estructura de banco) a realizar saneamientos pre-

La recapitalización de las entidades financieras

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ventivos por el ladrillo, en atención a su exposición al sector inmobiliario, al objeto de hacer frente con provisiones a eventuales pérdidas que podrían derivarse de préstamos actualmente al corriente de pago. Se pretende así que las entidades financieras estén preparadas para cubrir un futuro deterioro del mercado inmobiliario y despejar las dudas de los inversores internacionales.

ventivos por el ladrillo, en atención a su exposición al sector inmobiliario, al objeto de hacer frente con provisiones a eventuales pérdidas que podrían derivarse de préstamos actualmente al corriente de pago. Se pretende así que las entidades financieras estén preparadas para cubrir un futuro deterioro del mercado inmobiliario y despejar las dudas de los inversores internacionales.

A la luz de la presente reforma financiera el conjunto de la banca española deberá provisionar un total de 50.000 millones de euros tanto por sus activos inmobiliarios problemáticos (cifrados en 176.000 millones de euros por el Banco de España), como por aquellos que aún no se han deteriorado (150.000 millones). Asimismo, el nuevo plan de reestructuración financiera otorga un tratamiento más flexible a aquellas entidades que emprendan procesos de integración con otras, ya que su plazo para constituir dichas provisiones se podrá dilatar hasta dos años.

A la luz de la presente reforma financiera el conjunto de la banca española deberá provisionar un total de 50.000 millones de euros tanto por sus activos inmobiliarios problemáticos (cifrados en 176.000 millones de euros por el Banco de España), como por aquellos que aún no se han deteriorado (150.000 millones). Asimismo, el nuevo plan de reestructuración financiera otorga un tratamiento más flexible a aquellas entidades que emprendan procesos de integración con otras, ya que su plazo para constituir dichas provisiones se podrá dilatar hasta dos años.

Como hemos tenido ocasión de analizar el proceso deberá realizarse antes del 31 de diciembre de 2012. A priori la nueva oleada de consolidación podría calificarse de positiva porque reduce el exceso de capacidad del sistema y mejora la eficiencia en el largo plazo. Sin embargo cabe plantearse si estas fusiones servirán para reducir la necesidad de dinero público de la banca. Si las entidades débiles decidieran fusionarse entre ellas, el déficit de provisiones o capital se mantendría sin cambios. En cambio, si las entidades fuertes compraran las débiles, los harían sólo si se les proporcionan Esquemas de Protección de Activos financiados con dinero público.

Como hemos tenido ocasión de analizar el proceso deberá realizarse antes del 31 de diciembre de 2012. A priori la nueva oleada de consolidación podría calificarse de positiva porque reduce el exceso de capacidad del sistema y mejora la eficiencia en el largo plazo. Sin embargo cabe plantearse si estas fusiones servirán para reducir la necesidad de dinero público de la banca. Si las entidades débiles decidieran fusionarse entre ellas, el déficit de provisiones o capital se mantendría sin cambios. En cambio, si las entidades fuertes compraran las débiles, los harían sólo si se les proporcionan Esquemas de Protección de Activos financiados con dinero público.

Uno de los principales objetivos perseguidos es el de mejorar el acceso de la banca española a la financiación en los mercados mayoristas. Igualmente se persigue que la valoración contable de los activos vaya ajustándose ajustando a la valoración del mercado, facilitándose la salida de los mismos y beneficiándose los ciudadanos de unos precios de la vivienda más bajos. Así las cosas el objetivo sería permitir una salida más rápida de los activos inmobiliarios del balance de los bancos y reducir la presión por el lado del incremento de mora. Y ello sobre la base de que, al tener que destinar más dinero para cubrir posibles pérdidas del precio de los pisos o del suelo, los bancos podrán vender con mayor descuento sin incurrir en pérdidas. Además, en algunos casos, las entidades tendrán mucho interés en vender sus activos con descuento porque si los mantienen les supondrá tener que destinar mucho dinero en provisiones. Es previsible que los bancos más

Uno de los principales objetivos perseguidos es el de mejorar el acceso de la banca española a la financiación en los mercados mayoristas. Igualmente se persigue que la valoración contable de los activos vaya ajustándose ajustando a la valoración del mercado, facilitándose la salida de los mismos y beneficiándose los ciudadanos de unos precios de la vivienda más bajos. Así las cosas el objetivo sería permitir una salida más rápida de los activos inmobiliarios del balance de los bancos y reducir la presión por el lado del incremento de mora. Y ello sobre la base de que, al tener que destinar más dinero para cubrir posibles pérdidas del precio de los pisos o del suelo, los bancos podrán vender con mayor descuento sin incurrir en pérdidas. Además, en algunos casos, las entidades tendrán mucho interés en vender sus activos con descuento porque si los mantienen les supondrá tener que destinar mucho dinero en provisiones. Es previsible que los bancos más

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Juan Calvo Vérgez

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débiles se vean más interesados en vender con descuento, ya que tendrán menos margen y menos beneficio para esas provisiones.

débiles se vean más interesados en vender con descuento, ya que tendrán menos margen y menos beneficio para esas provisiones.

No obstante habrá que esperar un plazo prudencial para comprobar si se produce o no dicha bajada. Téngase presente que, si los bancos comienzan a hacer descuentos, obligarán al resto del sector inmobiliario a seguir sus pasos para poder tener precios competitivos. Sin embargo, será mucho más fácil ver bajada de precios en los pisos terminados que en los solares, por ejemplo, ya que el suelo es mucho más complicado de vender ahora que existe un elevado ‘stock’ de viviendas vacías. En cualquier caso, para vender hacen falta compradores y créditos. Respecto a la mejora del crédito, constituye otro de los objetivos de la reforma pero habrá que esperar para ver sus resultados200.

No obstante habrá que esperar un plazo prudencial para comprobar si se produce o no dicha bajada. Téngase presente que, si los bancos comienzan a hacer descuentos, obligarán al resto del sector inmobiliario a seguir sus pasos para poder tener precios competitivos. Sin embargo, será mucho más fácil ver bajada de precios en los pisos terminados que en los solares, por ejemplo, ya que el suelo es mucho más complicado de vender ahora que existe un elevado ‘stock’ de viviendas vacías. En cualquier caso, para vender hacen falta compradores y créditos. Respecto a la mejora del crédito, constituye otro de los objetivos de la reforma pero habrá que esperar para ver sus resultados200.

A ello se ha de añadir además el hecho de que una cosa es que las entidades financieras reflejen que sus viviendas valen menos y otra cosa es que las saquen al mercado. En la actualidad la banca acumula en activos inmobiliarios 338.000 millones de euros, de los que 170.000 tendrían el cartel de dudosos, y que el aprovisionamiento apenas llega, con los nuevos 50.000 millones, a 100.000, menos de una tercera parte del total.

A ello se ha de añadir además el hecho de que una cosa es que las entidades financieras reflejen que sus viviendas valen menos y otra cosa es que las saquen al mercado. En la actualidad la banca acumula en activos inmobiliarios 338.000 millones de euros, de los que 170.000 tendrían el cartel de dudosos, y que el aprovisionamiento apenas llega, con los nuevos 50.000 millones, a 100.000, menos de una tercera parte del total.

Desde nuestro punto de vista los precios bajarían si se estima que, puesto que los bancos tienen que aumentar las provisiones sobre sus partidas de activos inmobiliarios, les compensa venderlos con dicha diferencia del aprovisionamiento en forma de descuento y hacer caja. Ahora bien también cabría la posibilidad de que las aquellas entidades que puedan mantener los activos en sus balances y que estimen que éstos valen más puedan optar por mantenerlos hasta que mejore la coyuntura económica.

Desde nuestro punto de vista los precios bajarían si se estima que, puesto que los bancos tienen que aumentar las provisiones sobre sus partidas de activos inmobiliarios, les compensa venderlos con dicha diferencia del aprovisionamiento en forma de descuento y hacer caja. Ahora bien también cabría la posibilidad de que las aquellas entidades que puedan mantener los activos en sus balances y que estimen que éstos valen más puedan optar por mantenerlos hasta que mejore la coyuntura económica.

Si las entidades tienen que provisionar unas viviendas con un precio 35% menor es seguro que los venderán más baratos. La cuestión es si un

Si las entidades tienen que provisionar unas viviendas con un precio 35% menor es seguro que los venderán más baratos. La cuestión es si un

200 A este respecto se ha de recordar que el sector lleva varios años en caída libre y acumula un ‘stock’ de unos 700.000 pisos sin vender. En concreto, las operaciones de compraventa acumulan nueve meses consecutivos en negativo (por ejemplo, en noviembre de 2011 el retroceso fue del 14% en tasa interanual). En cuanto a los precios, los centros de análisis cifran el retroceso entre un 7% y un 8% aproximadamente en 2011. Según Tasaciones Inmobiliarias (Tinsa), desde el comienzo de la crisis, la caída ha sido del 25%. Por otro lado el 35% de provisión que se va a exigir es sobre los valores en libros, sobre los que los bancos ya han provisionado un 31%, por lo que la provisión añadida sería de un escaso 4%. Dicho 35% exigido se halla muy en línea con la caída acumulada hasta febrero de 2012 en el precio de la vivienda.

200 A este respecto se ha de recordar que el sector lleva varios años en caída libre y acumula un ‘stock’ de unos 700.000 pisos sin vender. En concreto, las operaciones de compraventa acumulan nueve meses consecutivos en negativo (por ejemplo, en noviembre de 2011 el retroceso fue del 14% en tasa interanual). En cuanto a los precios, los centros de análisis cifran el retroceso entre un 7% y un 8% aproximadamente en 2011. Según Tasaciones Inmobiliarias (Tinsa), desde el comienzo de la crisis, la caída ha sido del 25%. Por otro lado el 35% de provisión que se va a exigir es sobre los valores en libros, sobre los que los bancos ya han provisionado un 31%, por lo que la provisión añadida sería de un escaso 4%. Dicho 35% exigido se halla muy en línea con la caída acumulada hasta febrero de 2012 en el precio de la vivienda.

La recapitalización de las entidades financieras

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35% es suficiente. Y, a tal efecto, dado el descenso del nivel de rentas, haría falta un abaratamiento mayor, de un 42% aproximadamente. La mayor dificultad sería a este respecto que dicho cambio implicase una mejora de la financiación de los bancos y, con ella, del acceso al crédito.

35% es suficiente. Y, a tal efecto, dado el descenso del nivel de rentas, haría falta un abaratamiento mayor, de un 42% aproximadamente. La mayor dificultad sería a este respecto que dicho cambio implicase una mejora de la financiación de los bancos y, con ella, del acceso al crédito.

Desde nuestro punto de vista la nueva regulación financiera podría acelerar en cierta medida el ritmo de salida del stock inmobiliario, en la medida en que las provisiones lleven a algunos activos a precios algo más reducidos, especialmente en lo que al suelo se refiere. Cuestión distinta es que dicha reforma favorezca la concesión de crédito, dada la preocupación existente por la liquidez y las dudas planteadas en torno a que el Banco Central Europeo continúe suministrando liquidez. Y ello sin perjuicio de que, una vez reestructurada la banca, ello favorezca que los mercados se abran a la financiación.

Desde nuestro punto de vista la nueva regulación financiera podría acelerar en cierta medida el ritmo de salida del stock inmobiliario, en la medida en que las provisiones lleven a algunos activos a precios algo más reducidos, especialmente en lo que al suelo se refiere. Cuestión distinta es que dicha reforma favorezca la concesión de crédito, dada la preocupación existente por la liquidez y las dudas planteadas en torno a que el Banco Central Europeo continúe suministrando liquidez. Y ello sin perjuicio de que, una vez reestructurada la banca, ello favorezca que los mercados se abran a la financiación.

El Real Decreto-ley 2/2012 reguló unas exigencias de provisión que prácticamente llevan el valor contable a las cifras de mercado, lo que podría dificultar las bajadas de precios. A ello se ha de sumar el dato de que las entidades financieras ya están aplicando descuentos similares a las provisiones. No obstante sí que podría terminar acelerando el descenso de los precios de los pisos de promotoras, especialmente si se tiene presente que para una entidad financiera resulta más rentable hacer quitas que adjudicárselo.

El Real Decreto-ley 2/2012 reguló unas exigencias de provisión que prácticamente llevan el valor contable a las cifras de mercado, lo que podría dificultar las bajadas de precios. A ello se ha de sumar el dato de que las entidades financieras ya están aplicando descuentos similares a las provisiones. No obstante sí que podría terminar acelerando el descenso de los precios de los pisos de promotoras, especialmente si se tiene presente que para una entidad financiera resulta más rentable hacer quitas que adjudicárselo.

Con posterioridad, tras la aprobación del Real Decreto-Ley 18/2012, se exigieron mayores provisiones para los créditos considerados no dudosos. Con carácter general se elevaron las provisiones para el crédito inmobiliario considerado como sano, lo que obligó a las entidades a movilizar unos 30.000 millones de euros ya que incrementó el nivel de provisiones del 7% al 30%. La cobertura media para la cartera de préstamos al sector promotor y constructor (problemáticos y no problemáticos) fue del 45%, es decir, 137.000 millones para un total de 310.000 millones.

Con posterioridad, tras la aprobación del Real Decreto-Ley 18/2012, se exigieron mayores provisiones para los créditos considerados no dudosos. Con carácter general se elevaron las provisiones para el crédito inmobiliario considerado como sano, lo que obligó a las entidades a movilizar unos 30.000 millones de euros ya que incrementó el nivel de provisiones del 7% al 30%. La cobertura media para la cartera de préstamos al sector promotor y constructor (problemáticos y no problemáticos) fue del 45%, es decir, 137.000 millones para un total de 310.000 millones.

En segundo término, se elevaron las provisiones exigidas a la banca para cubrir sus créditos sanos relacionados con el ladrillo hasta el 52% en el caso de los préstamos para financiar suelo; el 29% para las promociones en curso; el 14% para las promociones terminadas y el 52% a los créditos sin garantía real. Así las cosas el suelo tendría que estar cubierto al 52%; las promociones en curso al 29%; las terminadas al 14% y los créditos sin garantía real al 52%. La cobertura promedia pasó del 7% al 30%, lo que

En segundo término, se elevaron las provisiones exigidas a la banca para cubrir sus créditos sanos relacionados con el ladrillo hasta el 52% en el caso de los préstamos para financiar suelo; el 29% para las promociones en curso; el 14% para las promociones terminadas y el 52% a los créditos sin garantía real. Así las cosas el suelo tendría que estar cubierto al 52%; las promociones en curso al 29%; las terminadas al 14% y los créditos sin garantía real al 52%. La cobertura promedia pasó del 7% al 30%, lo que

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Juan Calvo Vérgez

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significó un esfuerzo adicional para el sector de entre 38.000 y 40.000 millones201. Con anterioridad al mes de julio de 2012 las entidades financieras tenían que entregar al Banco de España los planes sobre cómo pensaban cumplir con las nuevas exigencias.

significó un esfuerzo adicional para el sector de entre 38.000 y 40.000 millones201. Con anterioridad al mes de julio de 2012 las entidades financieras tenían que entregar al Banco de España los planes sobre cómo pensaban cumplir con las nuevas exigencias.

Las entidades financieras tenían que cargar las nuevas provisiones contra resultados y, si fuera necesario, asumir contra capital las pérdidas correspondientes. En el caso en que, como consecuencia de estas provisiones, las entidades incurriesen en déficit de capital, el Estado podría inyectarle recursos mediante bonos contingentes convertibles o, en su caso, a través de acciones. Recuérdese que estos estos bonos contingentes convertibles se convierten en acciones si concurren determinadas circunstancias de deterioro del capital de la entidad emisora, representando mientras tanto un pasivo más del banco que debe pagar tipos de mercado por ellos. Dichos bonos contingentes convertibles serían remunerados al 10% anual202. De este modo las entidades habrían de pagar un 10% de interés por el apoyo estatal que se produzca.

Las entidades financieras tenían que cargar las nuevas provisiones contra resultados y, si fuera necesario, asumir contra capital las pérdidas correspondientes. En el caso en que, como consecuencia de estas provisiones, las entidades incurriesen en déficit de capital, el Estado podría inyectarle recursos mediante bonos contingentes convertibles o, en su caso, a través de acciones. Recuérdese que estos estos bonos contingentes convertibles se convierten en acciones si concurren determinadas circunstancias de deterioro del capital de la entidad emisora, representando mientras tanto un pasivo más del banco que debe pagar tipos de mercado por ellos. Dichos bonos contingentes convertibles serían remunerados al 10% anual202. De este modo las entidades habrían de pagar un 10% de interés por el apoyo estatal que se produzca.

Las nuevas inyecciones de recursos que tuvieran que llevarse a cabo se realizarían a través del FROB, no computando como déficit, sino como deuda. Dicho Fondo aún tenía liquidez por un importe de 5.000 millones de euros que ya habían sido emitidos y que ya estaban computados en la ratio deuda/PIB. El FROB podría comprar títulos emitidos por entidades en proceso de integración que no formasen parte del mismo grupo, introduciéndose no obstante determinadas excepciones en este punto.

Las nuevas inyecciones de recursos que tuvieran que llevarse a cabo se realizarían a través del FROB, no computando como déficit, sino como deuda. Dicho Fondo aún tenía liquidez por un importe de 5.000 millones de euros que ya habían sido emitidos y que ya estaban computados en la ratio deuda/PIB. El FROB podría comprar títulos emitidos por entidades en proceso de integración que no formasen parte del mismo grupo, introduciéndose no obstante determinadas excepciones en este punto.

Asimismo se dispuso la creación de las sociedades inmobiliarias para que los bancos enajenasen sus activos inmobiliarios y, en concreto, los activos inmobiliarios “físicos”, es decir los activos adjudicados en los can-

Asimismo se dispuso la creación de las sociedades inmobiliarias para que los bancos enajenasen sus activos inmobiliarios y, en concreto, los activos inmobiliarios “físicos”, es decir los activos adjudicados en los can-

Nada se señaló, en cambio, respecto de la exposición de nuestras entidades financieras al mercado inmobiliario a través de hipotecas residenciales, activos cuyos precios los bancos seguían sin revisar a la baja a pesar de que desde 2007 los precios han caído un 25% (Fuente: www.expansion.com, 12 de mayo de 2012). Los bancos españoles tenían a dicha fecha 656.000 millones de euros en préstamos hipotecarios– no contemplados en la regulación del RDLey 18/2012 – de los que sólo el 2,8% se consideraban de mala calidad. En definitiva, el saneamiento no alcanzaba a las hipotecas individuales ni al sector consumo. 202 Cabe plantearse, no obstante, si aquellas entidades que presenten unos balances más débiles podrán soportar este nuevo endeudamiento a unos tipos de interés del 10%, que podrían terminar afectando gravemente a sus márgenes y cuentas de resultado, en un contexto de encarecimiento del pasivo y caída del volumen de negocio.

Nada se señaló, en cambio, respecto de la exposición de nuestras entidades financieras al mercado inmobiliario a través de hipotecas residenciales, activos cuyos precios los bancos seguían sin revisar a la baja a pesar de que desde 2007 los precios han caído un 25% (Fuente: www.expansion.com, 12 de mayo de 2012). Los bancos españoles tenían a dicha fecha 656.000 millones de euros en préstamos hipotecarios– no contemplados en la regulación del RDLey 18/2012 – de los que sólo el 2,8% se consideraban de mala calidad. En definitiva, el saneamiento no alcanzaba a las hipotecas individuales ni al sector consumo. 202 Cabe plantearse, no obstante, si aquellas entidades que presenten unos balances más débiles podrán soportar este nuevo endeudamiento a unos tipos de interés del 10%, que podrían terminar afectando gravemente a sus márgenes y cuentas de resultado, en un contexto de encarecimiento del pasivo y caída del volumen de negocio.

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La recapitalización de las entidades financieras

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jes de deuda o embargos. Dichos activos habrían de ser aportados por las entidades a una sociedad anónima para la gestión de activos. La creación de esta especie de “banco malo” será obligatoria para las entidades203.

jes de deuda o embargos. Dichos activos habrían de ser aportados por las entidades a una sociedad anónima para la gestión de activos. La creación de esta especie de “banco malo” será obligatoria para las entidades203.

Las entidades financieras quedaban así obligadas a traspasar antes de que acabase 2012 todos sus activos inmobiliarios problemáticos a otras sociedades especializadas en gestionarlos, pudiendo aportar éstas las provisiones que fueran necesarias. Dichas sociedades se harían cargo, en principio, de todos los activos inmobiliarios tóxicos, es decir, de los que ya entraron en mora así como de los que tuviesen riesgo de hacerlo y de los adjudicados. Con carácter adicional deberían hacerse cargo de los créditos del “ladrillo sano” que pasasen a ser problemáticos.

Las entidades financieras quedaban así obligadas a traspasar antes de que acabase 2012 todos sus activos inmobiliarios problemáticos a otras sociedades especializadas en gestionarlos, pudiendo aportar éstas las provisiones que fueran necesarias. Dichas sociedades se harían cargo, en principio, de todos los activos inmobiliarios tóxicos, es decir, de los que ya entraron en mora así como de los que tuviesen riesgo de hacerlo y de los adjudicados. Con carácter adicional deberían hacerse cargo de los créditos del “ladrillo sano” que pasasen a ser problemáticos.

La valoración de los préstamos y el ladrillo que se traspasase se realizaría a valor razonable y, cuando ello no fuese posible, a su valor contable neto, una vez deducidas las provisiones exigidas con el pasado Real Decreto-Ley 2/2012. De este modo se daba por válida la valoración de los activos con la provisión actual.

La valoración de los préstamos y el ladrillo que se traspasase se realizaría a valor razonable y, cuando ello no fuese posible, a su valor contable neto, una vez deducidas las provisiones exigidas con el pasado Real Decreto-Ley 2/2012. De este modo se daba por válida la valoración de los activos con la provisión actual.

Cada año, las entidades estarían obligadas a vender un 5% de estos activos, lo que significaba que, en el peor de los casos, la enajenación de estos activos requeriría 20 años. El conjunto de las entidades financieras no podrían desconsolidar estas sociedades, al ser ellos los accionistas mayoritarios. Sólo podrían hacerlo en caso de encontrar un socio que tome una participación mayoritaria en el capital, lo que ocurrirá en una segunda fase.

Cada año, las entidades estarían obligadas a vender un 5% de estos activos, lo que significaba que, en el peor de los casos, la enajenación de estos activos requeriría 20 años. El conjunto de las entidades financieras no podrían desconsolidar estas sociedades, al ser ellos los accionistas mayoritarios. Sólo podrían hacerlo en caso de encontrar un socio que tome una participación mayoritaria en el capital, lo que ocurrirá en una segunda fase.

Con el fin de agilizar la venta de los activos tóxicos la sociedad habría de colocar anualmente al menos un 5% de ellos a un tercero para que el banco que los aportó se desvincule de ese lastre. Tratándose de entidades que hubiesen recibido ayudas públicas, la desinversión sería mucho más acelerada, ya que se concedió un plazo máximo de 3 años para que la sociedad inmobiliaria quedase fuera del perímetro de consolidación del banco. En todo caso, de cara a efectuar el traspaso se tendría en cuenta el valor razonable de cada activo y, si no estuviera disponible, se recurriría al valor contable una vez deducidas las provisiones que el banco haya hecho. A

Con el fin de agilizar la venta de los activos tóxicos la sociedad habría de colocar anualmente al menos un 5% de ellos a un tercero para que el banco que los aportó se desvincule de ese lastre. Tratándose de entidades que hubiesen recibido ayudas públicas, la desinversión sería mucho más acelerada, ya que se concedió un plazo máximo de 3 años para que la sociedad inmobiliaria quedase fuera del perímetro de consolidación del banco. En todo caso, de cara a efectuar el traspaso se tendría en cuenta el valor razonable de cada activo y, si no estuviera disponible, se recurriría al valor contable una vez deducidas las provisiones que el banco haya hecho. A

A priori la creación de un ‘banco malo’ representa una manera eficaz de ayudar a resolver a la vez los problemas de capital y de financiación. Pero sólo si su capital lo aportan inversores externos, que compran activos a valor de mercado, para poder así obtener legítimos beneficios. El problema sería, no obstante, que se materializarían pérdidas no afloradas, que habrían de ser subsanadas simultáneamente.

A priori la creación de un ‘banco malo’ representa una manera eficaz de ayudar a resolver a la vez los problemas de capital y de financiación. Pero sólo si su capital lo aportan inversores externos, que compran activos a valor de mercado, para poder así obtener legítimos beneficios. El problema sería, no obstante, que se materializarían pérdidas no afloradas, que habrían de ser subsanadas simultáneamente.

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Juan Calvo Vérgez

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priori, con la adopción de la citada fórmula se estimaba que, en el supuesto de que dichas valoraciones independientes confirmen que la valoración de los activos es la correcta, habrá inversores interesados en entrar.

priori, con la adopción de la citada fórmula se estimaba que, en el supuesto de que dichas valoraciones independientes confirmen que la valoración de los activos es la correcta, habrá inversores interesados en entrar.

Finalmente se concedió de plazo hasta el 30 de junio de 2012 a las entidades financieras para anunciar sus planes de integración. No obstante dichas entidades contaron con un corto periodo de tiempo, sólo hasta el 31 de mayo, para presentar al Banco de España sus planes acerca de cómo piensan cumplir con estos requerimientos.

Finalmente se concedió de plazo hasta el 30 de junio de 2012 a las entidades financieras para anunciar sus planes de integración. No obstante dichas entidades contaron con un corto periodo de tiempo, sólo hasta el 31 de mayo, para presentar al Banco de España sus planes acerca de cómo piensan cumplir con estos requerimientos.

A la luz de esta regulación destaca especialmente la creación de estas nuevas sociedades inmobiliarias auspiciadas por el Ministerio de Economía y por el Banco de España, a través de las cuales las entidades financieras pudieran guardar sus activos inmobiliarios. Dichos activos se sacarían de balance, ya que ningún banco tendría el control ni la gestión, que se confiaría a expertos externos e independientes. Los activos que se meterían en estas sociedades ya estarían ampliamente provisionados. Este “experto independiente” encargado de gestionar los activos depositados por cada una de las entidades habría de proceder a efectuar su valoración. En el supuesto de que dicha valoración quedase por debajo del valor provisionado por el banco, ello se asumiría contra capital la minusvalía. Concretamente los citados activos podrían mantenerse durante un plazo prolongado (por ejemplo, diez años) en dichas entidades. Y, una vez finalizado dicho plazo, las operaciones efectuadas se cerrarían y las entidades se quedarían con la parte proporcional de las ganancias o de las pérdidas que hubiesen acumulado.

A la luz de esta regulación destaca especialmente la creación de estas nuevas sociedades inmobiliarias auspiciadas por el Ministerio de Economía y por el Banco de España, a través de las cuales las entidades financieras pudieran guardar sus activos inmobiliarios. Dichos activos se sacarían de balance, ya que ningún banco tendría el control ni la gestión, que se confiaría a expertos externos e independientes. Los activos que se meterían en estas sociedades ya estarían ampliamente provisionados. Este “experto independiente” encargado de gestionar los activos depositados por cada una de las entidades habría de proceder a efectuar su valoración. En el supuesto de que dicha valoración quedase por debajo del valor provisionado por el banco, ello se asumiría contra capital la minusvalía. Concretamente los citados activos podrían mantenerse durante un plazo prolongado (por ejemplo, diez años) en dichas entidades. Y, una vez finalizado dicho plazo, las operaciones efectuadas se cerrarían y las entidades se quedarían con la parte proporcional de las ganancias o de las pérdidas que hubiesen acumulado.

Tal y como hemos tenido ocasión de analizar los activos problemáticos inmobiliarios del sector financiero español ascienden a 175.000 millones de euros, entre créditos (dudosos y subestándard) e inmuebles. Y, en este sentido, cabe plantearse si el incremento de 53.000 millones de euros de provisiones impuestos al sector tras la aprobación del Real Decreto-Ley 2/2012 ha sido suficiente para despejar todas las dudas del mercado sobre si los balances están realmente saneado.

Tal y como hemos tenido ocasión de analizar los activos problemáticos inmobiliarios del sector financiero español ascienden a 175.000 millones de euros, entre créditos (dudosos y subestándard) e inmuebles. Y, en este sentido, cabe plantearse si el incremento de 53.000 millones de euros de provisiones impuestos al sector tras la aprobación del Real Decreto-Ley 2/2012 ha sido suficiente para despejar todas las dudas del mercado sobre si los balances están realmente saneado.

A priori, para que una entidad financiera pueda sacar los activos de su balance habrá de meterlos en una sociedad de la que no tenga el control (es decir, de la que posea menos del 50% del capital) ni la gestión. A tal efecto una posibilidad sería que las entidades financieras creasen un conjunto de vehículos que compartiesen entre distintos bancos, de manera que ninguno

A priori, para que una entidad financiera pueda sacar los activos de su balance habrá de meterlos en una sociedad de la que no tenga el control (es decir, de la que posea menos del 50% del capital) ni la gestión. A tal efecto una posibilidad sería que las entidades financieras creasen un conjunto de vehículos que compartiesen entre distintos bancos, de manera que ninguno

La recapitalización de las entidades financieras

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de ellos llegara a tener el 50%, permitiendo así que la sociedad en cuestión pudiera llegar a “desconsolidarse”. El objetivo sería así que dichos inversores controlasen el 51% de las sociedades inmobiliarias de liquidación que habrían de constituir los bancos para depositar sus activos inmobiliarios y separarlos del balance. Y ello con independencia de que los bancos puedan ser accionistas del vehículo inmobiliario creado al efecto. Su gestión, como se ha indicado, estaría en manos de expertos independientes, quienes también serían los encargados de valorar los activos que los bancos vayan a depositar en el vehículo.

de ellos llegara a tener el 50%, permitiendo así que la sociedad en cuestión pudiera llegar a “desconsolidarse”. El objetivo sería así que dichos inversores controlasen el 51% de las sociedades inmobiliarias de liquidación que habrían de constituir los bancos para depositar sus activos inmobiliarios y separarlos del balance. Y ello con independencia de que los bancos puedan ser accionistas del vehículo inmobiliario creado al efecto. Su gestión, como se ha indicado, estaría en manos de expertos independientes, quienes también serían los encargados de valorar los activos que los bancos vayan a depositar en el vehículo.

Aquel experto que gestionara el vehículo habría de valorar los activos que aporte cada entidad. Dadas las provisiones establecidas al efecto en el Real Decreto-Ley 2/2012, lo razonable sería que las valoraciones de dichos activos no difiriesen mucho del valor neto que tengan contabilizado las entidades por su stock inmobiliario.

Aquel experto que gestionara el vehículo habría de valorar los activos que aporte cada entidad. Dadas las provisiones establecidas al efecto en el Real Decreto-Ley 2/2012, lo razonable sería que las valoraciones de dichos activos no difiriesen mucho del valor neto que tengan contabilizado las entidades por su stock inmobiliario.

No obstante, si el experto independiente decidiese que un concreto inmueble aportado vale menos del valor contable al que la entidad lo tuviese registrado, el banco tendría que asumir la pérdida contra reservas o capital. El objetivo último de esta medida sería que la liberación de capital obtenida pudiera llegar a compensar las pérdidas que se asuman en la valoración.

No obstante, si el experto independiente decidiese que un concreto inmueble aportado vale menos del valor contable al que la entidad lo tuviese registrado, el banco tendría que asumir la pérdida contra reservas o capital. El objetivo último de esta medida sería que la liberación de capital obtenida pudiera llegar a compensar las pérdidas que se asuman en la valoración.

¿Qué mecanismos de protección habrán de adoptarse ante las posibles perdidas de estos vehículos, al objeto de limitar las perdidas de los inversores o bien, en el supuesto de que exista financiación pública, evitándose que repercuta en los contribuyentes? De momento nada se señala al respecto. En todo su caso su creación y adhesión obligatoria podría tener consecuencias favorables sobre la solvencia y liquidez del sector bancario, así como sobre la confianza y el acceso a los mercados financieros.

¿Qué mecanismos de protección habrán de adoptarse ante las posibles perdidas de estos vehículos, al objeto de limitar las perdidas de los inversores o bien, en el supuesto de que exista financiación pública, evitándose que repercuta en los contribuyentes? De momento nada se señala al respecto. En todo su caso su creación y adhesión obligatoria podría tener consecuencias favorables sobre la solvencia y liquidez del sector bancario, así como sobre la confianza y el acceso a los mercados financieros.

Por otro lado creemos que no sería descartable el hecho de que, al margen de la cobertura efectuada por las entidades financieras españolas, en determinados casos éstas tuvieran que aceptar recortes adicionales a la valoración de sus inmuebles. Y, en algunos casos, podría haber entidades que, al asumir estas pérdidas contra capital, se quedasen cortas de solvencia.

Por otro lado creemos que no sería descartable el hecho de que, al margen de la cobertura efectuada por las entidades financieras españolas, en determinados casos éstas tuvieran que aceptar recortes adicionales a la valoración de sus inmuebles. Y, en algunos casos, podría haber entidades que, al asumir estas pérdidas contra capital, se quedasen cortas de solvencia.

Debe precisarse además que dichos vehículos o sociedades inmobiliarias creadas al efecto no tendrían actividad financiera ni ficha bancaria. Cuestión distinta sería no obstante lo que podría suceder en el supuesto de que dichas entidades necesitasen asumir rebajas de las valoraciones de los

Debe precisarse además que dichos vehículos o sociedades inmobiliarias creadas al efecto no tendrían actividad financiera ni ficha bancaria. Cuestión distinta sería no obstante lo que podría suceder en el supuesto de que dichas entidades necesitasen asumir rebajas de las valoraciones de los

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Juan Calvo Vérgez

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inmuebles. Dichas sociedades que, como se ha indicado, han de estar gestionadas por expertos externos, se ocuparían de comercializar los inmuebles de los bancos, disponiendo de sus propias cuentas de pérdidas y ganancias, desligada de la de los bancos accionistas. Su creación ha de tener fecha de caducidad, al término de los cuales los bancos habrían de asumir su parte correspondiente de beneficios o pérdidas.

inmuebles. Dichas sociedades que, como se ha indicado, han de estar gestionadas por expertos externos, se ocuparían de comercializar los inmuebles de los bancos, disponiendo de sus propias cuentas de pérdidas y ganancias, desligada de la de los bancos accionistas. Su creación ha de tener fecha de caducidad, al término de los cuales los bancos habrían de asumir su parte correspondiente de beneficios o pérdidas.

En definitiva, se trata de una medida que viene a complementar a aquella otra consistente en acumular provisiones y capital de primera calidad. La transparencia ofrecida al trasladar estos activos a un vehículo segregado aseguraría una limpieza integral de los balances.

En definitiva, se trata de una medida que viene a complementar a aquella otra consistente en acumular provisiones y capital de primera calidad. La transparencia ofrecida al trasladar estos activos a un vehículo segregado aseguraría una limpieza integral de los balances.

A priori, sacando activos inmobiliarios de balance las entidades financieras reducirían sus activos ponderados por riesgo, lo que implicaría una liberación de capital. Ello habría de conducir además a restaurar la confianza del mercado en la banca española, facilitándole el acceso a los mercados de financiación mayorista y aliviando la dependencia del Banco Central Europeo para los temas de liquidez. Los bancos liberarían capital al reducir los activos ponderados por riesgo que tienen en balance, contribuyéndose así a la normalización del sector y a la reactivación del crédito.

A priori, sacando activos inmobiliarios de balance las entidades financieras reducirían sus activos ponderados por riesgo, lo que implicaría una liberación de capital. Ello habría de conducir además a restaurar la confianza del mercado en la banca española, facilitándole el acceso a los mercados de financiación mayorista y aliviando la dependencia del Banco Central Europeo para los temas de liquidez. Los bancos liberarían capital al reducir los activos ponderados por riesgo que tienen en balance, contribuyéndose así a la normalización del sector y a la reactivación del crédito.

Ahora bien, como principal inconveniente se situaría el hecho de que se haría gravitar sobre las arcas públicas un riesgo nada despreciable de acabar asumiendo el coste de la operación. Por otro lado jugaría un papel esencial la evolución de la demanda, que está estrictamente relacionado con la percepción que el consumidor tiene de la evolución de la economía. Con carácter adicional estimamos esencial que en estos vehículos entre un inversor externo, que sea finalmente quien asuma el riesgo y la gestión. Dicho de otro modo, no creemos que baste con el hecho de que el experto independiente se limite a efectuar la valoración de los activos, siendo necesario además que participe del riesgo. A lo anterior se ha de añadir la necesidad de que los activos se valoren estrictamente a su precio de mercado.

Ahora bien, como principal inconveniente se situaría el hecho de que se haría gravitar sobre las arcas públicas un riesgo nada despreciable de acabar asumiendo el coste de la operación. Por otro lado jugaría un papel esencial la evolución de la demanda, que está estrictamente relacionado con la percepción que el consumidor tiene de la evolución de la economía. Con carácter adicional estimamos esencial que en estos vehículos entre un inversor externo, que sea finalmente quien asuma el riesgo y la gestión. Dicho de otro modo, no creemos que baste con el hecho de que el experto independiente se limite a efectuar la valoración de los activos, siendo necesario además que participe del riesgo. A lo anterior se ha de añadir la necesidad de que los activos se valoren estrictamente a su precio de mercado.

De cualquier manera la principal cuestión a resolver será precisar dónde van a encontrar estas sociedades a los inversores y quien asumirá las pérdidas que se vayan a producir. Porque si tienen que asumirlas los bancos se creará un nuevo agujero en sus balances, que tendrá que cubrirse con dinero privado o público. Y si el primero no entra, el segundo solo puede

De cualquier manera la principal cuestión a resolver será precisar dónde van a encontrar estas sociedades a los inversores y quien asumirá las pérdidas que se vayan a producir. Porque si tienen que asumirlas los bancos se creará un nuevo agujero en sus balances, que tendrá que cubrirse con dinero privado o público. Y si el primero no entra, el segundo solo puede

La recapitalización de las entidades financieras

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venir de dos lugares: las arcas públicas o de los fondos europeos de rescate o los del FMI.

venir de dos lugares: las arcas públicas o de los fondos europeos de rescate o los del FMI.

Ciertamente el hecho de provisionar un 30% de los activos inmobiliarios no problemáticos determinará que, tras la entrada en vigor de la nueva regulación, cualquier eventual nuevo crédito que se conceda tendrá que ser provisionado igualmente al 30%. Ello podría desincentivar la concesión de nuevo crédito, al margen de que su concesión pueda implicar un aumento de los tipos de interés a pagar por los clientes, ya que el coste para la banca de ese crédito habrá aumentado sensiblemente. A resultas de lo anterior podría minorarse la capacidad de generar beneficios por el aumento de provisiones, resultando igualmente incrementadas las necesidades de capital que no podrán ser cubiertas por la generación de beneficios. La principal consecuencia sería pues que los accionistas de las entidades financieras verían mermadas sus expectativas de dividendos y crecimiento de la acción.

Ciertamente el hecho de provisionar un 30% de los activos inmobiliarios no problemáticos determinará que, tras la entrada en vigor de la nueva regulación, cualquier eventual nuevo crédito que se conceda tendrá que ser provisionado igualmente al 30%. Ello podría desincentivar la concesión de nuevo crédito, al margen de que su concesión pueda implicar un aumento de los tipos de interés a pagar por los clientes, ya que el coste para la banca de ese crédito habrá aumentado sensiblemente. A resultas de lo anterior podría minorarse la capacidad de generar beneficios por el aumento de provisiones, resultando igualmente incrementadas las necesidades de capital que no podrán ser cubiertas por la generación de beneficios. La principal consecuencia sería pues que los accionistas de las entidades financieras verían mermadas sus expectativas de dividendos y crecimiento de la acción.

Tal y como se ha señalado, en el supuesto de que la entidad necesitase de ayudas públicas por no poder cumplir los requisitos de provisionamiento y capital, el instrumento ofrecido al efecto (bonos convertibles contingentes) tendría un coste del 10% y un vencimiento de cinco años. Inevitablemente ello terminaría proyectándose sobre los resultados de la entidad, ya que el 10% de tipo de interés en estos bonos convertibles contingentes es muy superior al coste de financiación en mercado204.

Tal y como se ha señalado, en el supuesto de que la entidad necesitase de ayudas públicas por no poder cumplir los requisitos de provisionamiento y capital, el instrumento ofrecido al efecto (bonos convertibles contingentes) tendría un coste del 10% y un vencimiento de cinco años. Inevitablemente ello terminaría proyectándose sobre los resultados de la entidad, ya que el 10% de tipo de interés en estos bonos convertibles contingentes es muy superior al coste de financiación en mercado204.

En todo caso parece innegable que las entidades financieras habrían de asumir pérdidas adicionales más allá de las cubiertas por la nueva normativa, entendido ello como parte de la fórmula de financiación a utilizar para las sociedades inmobiliarias especiales que habrían de crearse con la finalidad de que los bancos segreguen sus activos inmobiliarios tóxicos con el fin de convencer a los inversores de que la banca española no necesitará un rescate.

En todo caso parece innegable que las entidades financieras habrían de asumir pérdidas adicionales más allá de las cubiertas por la nueva normativa, entendido ello como parte de la fórmula de financiación a utilizar para las sociedades inmobiliarias especiales que habrían de crearse con la finalidad de que los bancos segreguen sus activos inmobiliarios tóxicos con el fin de convencer a los inversores de que la banca española no necesitará un rescate.

Desde nuestro punto de vista estimamos necesario que se intensifique la colaboración entre promotores inmobiliarios y entidades financieras ya

Desde nuestro punto de vista estimamos necesario que se intensifique la colaboración entre promotores inmobiliarios y entidades financieras ya

A mayor abundamiento, a resultas de la adopción de la citada medida la capacidad de competir de nuestras entidades financieras con otros bancos europeos quedaría reducida, ya que los recursos disponibles para generar nuevo negocio serían menores. Incluso el aumento de los costes generados por la nueva regulación podría provocar que entidades financieras radicadas en el extranjero ofreciesen precios mucho más competitivos por sus productos y servicios.

A mayor abundamiento, a resultas de la adopción de la citada medida la capacidad de competir de nuestras entidades financieras con otros bancos europeos quedaría reducida, ya que los recursos disponibles para generar nuevo negocio serían menores. Incluso el aumento de los costes generados por la nueva regulación podría provocar que entidades financieras radicadas en el extranjero ofreciesen precios mucho más competitivos por sus productos y servicios.

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que, al margen de los activos inmobiliarios objeto de provisión, por lo que respecta a los préstamos inmobiliarios existentes, en el supuesto de que no se produjese actividad de desarrollo y venta en torno a los activos financiados, éstos podrían terminar convirtiéndose en activos dañados.

que, al margen de los activos inmobiliarios objeto de provisión, por lo que respecta a los préstamos inmobiliarios existentes, en el supuesto de que no se produjese actividad de desarrollo y venta en torno a los activos financiados, éstos podrían terminar convirtiéndose en activos dañados.

Con carácter general las provisiones por valor de 54.000 millones de euros que el Gobierno exigió a la banca para sanear sus activos inmobiliarios –ejecutando reducciones de precio del 80% para el suelo, el 65% para promociones en curso y el 35% para viviendas acabadas– han de situar ya a aquéllos en valores de mercado. Y, tomando ese punto de referencia, lo que se pretendería a través de la configuración de estos vehículos inmobiliarios (sociedades intermediarias para gestionar estos activos dudosos) sería iniciar un proceso de desconsolidación de estos activos inmobiliarios a través de su venta.

Con carácter general las provisiones por valor de 54.000 millones de euros que el Gobierno exigió a la banca para sanear sus activos inmobiliarios –ejecutando reducciones de precio del 80% para el suelo, el 65% para promociones en curso y el 35% para viviendas acabadas– han de situar ya a aquéllos en valores de mercado. Y, tomando ese punto de referencia, lo que se pretendería a través de la configuración de estos vehículos inmobiliarios (sociedades intermediarias para gestionar estos activos dudosos) sería iniciar un proceso de desconsolidación de estos activos inmobiliarios a través de su venta.

En principio, con motivo de la práctica de dicha segregación se reducirían los balances de los bancos y su exposición al inmobiliario. No obstante ello requeriría la realización de unas valoraciones adecuadas y atractivas para potenciales terceros que quieran comprar esos activos, no aportándose por parte del Ejecutivo ayudas públicas. Se trataría pues de operaciones de mercado. Téngase presente que la principal cuestión a analizar será determinar quién decide el precio de traspaso de los activos del banco al vehículo. Desde nuestro punto de vista parece claro que habrá de ser un experto externo, siendo no obstante necesaria la existencia de inversores externos que inviertan en dichas sociedades. Así pues deberá entrar capital privado asumiendo que valorará los activos muy por debajo de lo que están provisionados, siendo necesaria la aportación de sumas de dinero para que los bancos cubran las pérdidas que tienen que asumir.

En principio, con motivo de la práctica de dicha segregación se reducirían los balances de los bancos y su exposición al inmobiliario. No obstante ello requeriría la realización de unas valoraciones adecuadas y atractivas para potenciales terceros que quieran comprar esos activos, no aportándose por parte del Ejecutivo ayudas públicas. Se trataría pues de operaciones de mercado. Téngase presente que la principal cuestión a analizar será determinar quién decide el precio de traspaso de los activos del banco al vehículo. Desde nuestro punto de vista parece claro que habrá de ser un experto externo, siendo no obstante necesaria la existencia de inversores externos que inviertan en dichas sociedades. Así pues deberá entrar capital privado asumiendo que valorará los activos muy por debajo de lo que están provisionados, siendo necesaria la aportación de sumas de dinero para que los bancos cubran las pérdidas que tienen que asumir.

Por otra parte, si el Banco de España ha señalado a la banca que tiene que provisionar un 80% del suelo, implícitamente ha admitido que este bien vale ahora un 20% de su valor contable. Significa ello que un comprador que lo compre para invertir pedirá un ulterior descuento que le cubra el riesgo que está asumiendo, esto es, el coste de financiación que tiene que soportar para lograr el dinero para la adquisición, garantizándose además la obtención de una ganancia a la hora de vender a precios de mercado. En definitiva, si los bancos tienen que buscar inversores privados para sus vehículos tendrán que realizar ulteriores saneamientos previos o asumir

Por otra parte, si el Banco de España ha señalado a la banca que tiene que provisionar un 80% del suelo, implícitamente ha admitido que este bien vale ahora un 20% de su valor contable. Significa ello que un comprador que lo compre para invertir pedirá un ulterior descuento que le cubra el riesgo que está asumiendo, esto es, el coste de financiación que tiene que soportar para lograr el dinero para la adquisición, garantizándose además la obtención de una ganancia a la hora de vender a precios de mercado. En definitiva, si los bancos tienen que buscar inversores privados para sus vehículos tendrán que realizar ulteriores saneamientos previos o asumir

La recapitalización de las entidades financieras

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La recapitalización de las entidades financieras

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pérdidas al momento del traspaso. En todo caso, necesitan dinero y no todos cuentan con ello.

pérdidas al momento del traspaso. En todo caso, necesitan dinero y no todos cuentan con ello.

Con carácter general el principal problema podría plantearse en relación con el suelo, debido a la ausencia de transacciones al respecto en nuestro país. Téngase presente además que, antes de que se inicien transacciones de suelo significativas en España se tiene que acabar con el stock de viviendas que existe actualmente205.

Con carácter general el principal problema podría plantearse en relación con el suelo, debido a la ausencia de transacciones al respecto en nuestro país. Téngase presente además que, antes de que se inicien transacciones de suelo significativas en España se tiene que acabar con el stock de viviendas que existe actualmente205.

De cualquier manera el principal problema del conjunto de nuestras entidades financieras se concreta en su falta de capital para absorber las pérdidas generadas por la caída del valor de las propiedades inmobiliarias. Sin él, las entidades bancarias no pueden más que utilizar los escasos beneficios generados para ir provisionando las pérdidas esperadas en estos

De cualquier manera el principal problema del conjunto de nuestras entidades financieras se concreta en su falta de capital para absorber las pérdidas generadas por la caída del valor de las propiedades inmobiliarias. Sin él, las entidades bancarias no pueden más que utilizar los escasos beneficios generados para ir provisionando las pérdidas esperadas en estos

205 Por otra parte el Ejecutivo ha venido valorando la posibilidad de modificar la Ley de Suelo vigente para elevar las valoraciones de los terrenos destinados a edificar viviendas y evitar que se puedan expropiar como si fueran rurales, a un precio muchísimo menor, como ocurre con la norma actual, lo que favorecería a los sectores inmobiliario y financiero. Se pretendía así volver a referenciar las valoraciones de los suelos según las ventas de activos similares en sitios cercanos, utilizándose el método comparativo y no el de capitalización de rentas, que se usa para los activos rurales. En la actualidad todos los terrenos no urbanizados y los urbanizados no consolidados se consideran rurales a efectos expropiatorios. Es decir, apenas valen nada, mientras que las entidades financieras tienen una exposición de 88.000 millones de euros en suelo (tanto créditos como adjudicados). A pesar de que el sistema de valoraciones anterior a la norma vigente se ha prorrogado de nuevo, el riesgo de expropiación sigue muy latente por la crisis y por el afán recaudatorio de los ayuntamientos, en plena sequía fiscal. Las entidades financieras han cerrado la posibilidad de la financiación a esos activos o han reducido el importe financiable. En este sentido se estima que a través de la citada reforma de la Ley del Suelo el crédito podría ser mayor y desaparecería la pérdida de valor que supone la expropiación a precio rural. Esta medida beneficiaría a los promotores, titulares de suelo y a los bancos, ya que sus balances mejorarían. Y ello en tanto en cuanto resultaría posible ajustar el valor de sus activos, al objeto de que el nuevo valor (expropiatorio) esté más cerca del valor apuntado en los balances que del valor real. Adicionalmente las entidades podrían deshacerse con mayor facilidad de los suelos que tienen en balance, lográndose una reactivación del mercado, ya que el promotor podrá pedir un préstamo más alto para ese suelo. Y, por otro lado, se frenarían las prácticas de los ayuntamientos consistentes en expropiar forzosamente terrenos para quedárselos a precio rural los terrenos urbanizables que no se hayan desarrollado tras pasar un número determinado de años. Para aquellos municipios que no estipulen un plazo el Ejecutivo pretende establecer un periodo de seis años, si bien los Entes Locales pretenden que las entidades financieras, antes de verse expropiados, edifiquen esos solares. Téngase presente además que los ayuntamientos también recurren a la “venta forzosa” de los terrenos no desarrollados, por la que se obliga al dueño a traspasar el suelo, con un precio inicial del 50% del aprovechamiento lucrativo (la mitad del valor). Todo lo que exceda de ese 50% se lo queda la Administración.

205 Por otra parte el Ejecutivo ha venido valorando la posibilidad de modificar la Ley de Suelo vigente para elevar las valoraciones de los terrenos destinados a edificar viviendas y evitar que se puedan expropiar como si fueran rurales, a un precio muchísimo menor, como ocurre con la norma actual, lo que favorecería a los sectores inmobiliario y financiero. Se pretendía así volver a referenciar las valoraciones de los suelos según las ventas de activos similares en sitios cercanos, utilizándose el método comparativo y no el de capitalización de rentas, que se usa para los activos rurales. En la actualidad todos los terrenos no urbanizados y los urbanizados no consolidados se consideran rurales a efectos expropiatorios. Es decir, apenas valen nada, mientras que las entidades financieras tienen una exposición de 88.000 millones de euros en suelo (tanto créditos como adjudicados). A pesar de que el sistema de valoraciones anterior a la norma vigente se ha prorrogado de nuevo, el riesgo de expropiación sigue muy latente por la crisis y por el afán recaudatorio de los ayuntamientos, en plena sequía fiscal. Las entidades financieras han cerrado la posibilidad de la financiación a esos activos o han reducido el importe financiable. En este sentido se estima que a través de la citada reforma de la Ley del Suelo el crédito podría ser mayor y desaparecería la pérdida de valor que supone la expropiación a precio rural. Esta medida beneficiaría a los promotores, titulares de suelo y a los bancos, ya que sus balances mejorarían. Y ello en tanto en cuanto resultaría posible ajustar el valor de sus activos, al objeto de que el nuevo valor (expropiatorio) esté más cerca del valor apuntado en los balances que del valor real. Adicionalmente las entidades podrían deshacerse con mayor facilidad de los suelos que tienen en balance, lográndose una reactivación del mercado, ya que el promotor podrá pedir un préstamo más alto para ese suelo. Y, por otro lado, se frenarían las prácticas de los ayuntamientos consistentes en expropiar forzosamente terrenos para quedárselos a precio rural los terrenos urbanizables que no se hayan desarrollado tras pasar un número determinado de años. Para aquellos municipios que no estipulen un plazo el Ejecutivo pretende establecer un periodo de seis años, si bien los Entes Locales pretenden que las entidades financieras, antes de verse expropiados, edifiquen esos solares. Téngase presente además que los ayuntamientos también recurren a la “venta forzosa” de los terrenos no desarrollados, por la que se obliga al dueño a traspasar el suelo, con un precio inicial del 50% del aprovechamiento lucrativo (la mitad del valor). Todo lo que exceda de ese 50% se lo queda la Administración.

502

Juan Calvo Vérgez

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activos. Concretamente cada trimestre las entidades provisionan lo que pueden, no lo que deben. En esta situación las entidades no tienen recursos para realizar su función fundamental de encauzar el dinero de ahorradores hacia inversores.

activos. Concretamente cada trimestre las entidades provisionan lo que pueden, no lo que deben. En esta situación las entidades no tienen recursos para realizar su función fundamental de encauzar el dinero de ahorradores hacia inversores.

Se hace por tanto necesario que el conjunto de las entidades financieras aceleren la corrección de la sobrevaloración de estos activos y la rebaja respecto al precio al que fueron registrados cuando entraron en balance como consecuencia de los impagos de promotores y familias.

Se hace por tanto necesario que el conjunto de las entidades financieras aceleren la corrección de la sobrevaloración de estos activos y la rebaja respecto al precio al que fueron registrados cuando entraron en balance como consecuencia de los impagos de promotores y familias.

A priori, en el supuesto de que se separasen los activos de la banca en buenos y malos (principalmente, propiedad inmobiliaria) sería más sencillo encontrar inversores privados para ambos tipos de entidades. Aquellos que deseen invertir en el negocio de banca comercial podrían hacerlo en un negocio que conocen. Y aquellos otros inversores interesados en invertir en sociedades inmobiliarias podrían hacerlo en el banco malo. En este segundo caso se trataría de una inversión menos líquida y a más largo plazo, debido a lo cual el retorno esperado por dichos inversores sería mucho más alto y exigirían entrar a precios muy bajos.

A priori, en el supuesto de que se separasen los activos de la banca en buenos y malos (principalmente, propiedad inmobiliaria) sería más sencillo encontrar inversores privados para ambos tipos de entidades. Aquellos que deseen invertir en el negocio de banca comercial podrían hacerlo en un negocio que conocen. Y aquellos otros inversores interesados en invertir en sociedades inmobiliarias podrían hacerlo en el banco malo. En este segundo caso se trataría de una inversión menos líquida y a más largo plazo, debido a lo cual el retorno esperado por dichos inversores sería mucho más alto y exigirían entrar a precios muy bajos.

Otras posibles alternativas existentes eran, tal y como finalmente se hizo, constituir el “banco malo” como una sociedad no bancaria, lo que reduciría el capital necesario, y realizar la gestión de estos activos por compañías especializadas, al objeto de maximizar el retorno obtenido en el futuro. No obstante a tal efecto sería absolutamente necesario conocer con precisión el valor de los activos problemáticos ubicados en los balances contables de las entidades financieras.

Otras posibles alternativas existentes eran, tal y como finalmente se hizo, constituir el “banco malo” como una sociedad no bancaria, lo que reduciría el capital necesario, y realizar la gestión de estos activos por compañías especializadas, al objeto de maximizar el retorno obtenido en el futuro. No obstante a tal efecto sería absolutamente necesario conocer con precisión el valor de los activos problemáticos ubicados en los balances contables de las entidades financieras.

Una vez definido el valor de los activos, éste presentará una discrepancia frente a su valor contable actual, la cual habrá de ser cubierta, bien por los accionistas o por el sector público. Y, a tal efecto, si se optase por la segunda de las citadas alternativas, podrían originarse importantes agujeros en las finanzas públicas206.

Una vez definido el valor de los activos, éste presentará una discrepancia frente a su valor contable actual, la cual habrá de ser cubierta, bien por los accionistas o por el sector público. Y, a tal efecto, si se optase por la segunda de las citadas alternativas, podrían originarse importantes agujeros en las finanzas públicas206.

En este sentido, la creación de un “banco malo” podría posibilitar una eventual entrada de capital privado, reduciéndose así el coste para el erario

En este sentido, la creación de un “banco malo” podría posibilitar una eventual entrada de capital privado, reduciéndose así el coste para el erario

Así, por ejemplo, en el caso de Irlanda, tras acometerse la creación de un “banco malo” nacional (NAMA) que comprase los activos inmobiliarios de las entidades a precios un 5060% por debajo del valor contable, el Gobierno se vio obligado a recapitalizar la banca con más de 60 millardos de euros, siendo finalmente necesaria una intervención internacional.

Así, por ejemplo, en el caso de Irlanda, tras acometerse la creación de un “banco malo” nacional (NAMA) que comprase los activos inmobiliarios de las entidades a precios un 5060% por debajo del valor contable, el Gobierno se vio obligado a recapitalizar la banca con más de 60 millardos de euros, siendo finalmente necesaria una intervención internacional.

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La recapitalización de las entidades financieras

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público. No obstante, de cara al éxito de la citada medida sería necesario que el sistema diseñado contase con una credibilidad y que dispusiese de capacidad para atraer capital privado.

público. No obstante, de cara al éxito de la citada medida sería necesario que el sistema diseñado contase con una credibilidad y que dispusiese de capacidad para atraer capital privado.

Como ya se ha señalado con fecha de 10 de mayo de 2012 desde el Eurogrupo se solicitó que se realizase una valoración independiente de los activos inmobiliarios debido a las dudas que existentes sobre su valor real, así como la adopción de un plan sobre el impacto que tendría ese cálculo en las provisiones y la recapitalización de las entidades financieras destinado a incrementar la transparencia. Se estimaba además que la reestructuración de la banca española debía apoyarse en previsiones de la evolución de los precios de la vivienda durante los próximos años.

Como ya se ha señalado con fecha de 10 de mayo de 2012 desde el Eurogrupo se solicitó que se realizase una valoración independiente de los activos inmobiliarios debido a las dudas que existentes sobre su valor real, así como la adopción de un plan sobre el impacto que tendría ese cálculo en las provisiones y la recapitalización de las entidades financieras destinado a incrementar la transparencia. Se estimaba además que la reestructuración de la banca española debía apoyarse en previsiones de la evolución de los precios de la vivienda durante los próximos años.

En líneas generales lo que pretendía el Eurogrupo era que desde el Ejecutivo se preparasen unas estimaciones sobre la evolución del precio de los activos inmobiliarios para los próximos dos años y, en base a ellos, diseñar un nuevo plan de provisiones. Para ello sería necesario la realización de una especie de test de estrés con auditores externos.

En líneas generales lo que pretendía el Eurogrupo era que desde el Ejecutivo se preparasen unas estimaciones sobre la evolución del precio de los activos inmobiliarios para los próximos dos años y, en base a ellos, diseñar un nuevo plan de provisiones. Para ello sería necesario la realización de una especie de test de estrés con auditores externos.

En todo caso cabría la posibilidad de que, ante la previsible oleada de fusiones que puedan llegar a producirse, termine fomentándose la creación de entidades sistémicas en la banca española. Debido a ello parece claro que el Ejecutivo deberá vigilar todas las operaciones y tener en cuenta los riesgos que supone cualquier movimiento corporativo que afecte a este tipo de entidad.

En todo caso cabría la posibilidad de que, ante la previsible oleada de fusiones que puedan llegar a producirse, termine fomentándose la creación de entidades sistémicas en la banca española. Debido a ello parece claro que el Ejecutivo deberá vigilar todas las operaciones y tener en cuenta los riesgos que supone cualquier movimiento corporativo que afecte a este tipo de entidad.

El Decreto Ley 2/2012, de 3 de febrero, previó mecanismos orientados a garantizar que el crédito vuelva a fluir hacia el sector productivo. Debido a ello el plan de integración que presenten las entidades que se fusionen tendrá que contemplar un compromiso al menos de mantenimiento de la concesión del crédito. Y, en la medida en que las provisiones y la dotación de capital adicional restauren la confianza en los mercados, esa mejor financiación tendrá que reflejarse en una puesta de disposición del crédito a las empresas y familias españolas.

El Decreto Ley 2/2012, de 3 de febrero, previó mecanismos orientados a garantizar que el crédito vuelva a fluir hacia el sector productivo. Debido a ello el plan de integración que presenten las entidades que se fusionen tendrá que contemplar un compromiso al menos de mantenimiento de la concesión del crédito. Y, en la medida en que las provisiones y la dotación de capital adicional restauren la confianza en los mercados, esa mejor financiación tendrá que reflejarse en una puesta de disposición del crédito a las empresas y familias españolas.

En relación con las provisiones dotadas por determinadas entidades financieras para cubrir préstamos tóxicos antes de salir a bolsa se ha de señalar que dichas provisiones superaron en 2.000 millones de euros la cantidad exigida en el plan de reestructuración del Gobierno, lo cual podría contribuir a incrementar las dudas sobre si las provisiones del sector toda-

En relación con las provisiones dotadas por determinadas entidades financieras para cubrir préstamos tóxicos antes de salir a bolsa se ha de señalar que dichas provisiones superaron en 2.000 millones de euros la cantidad exigida en el plan de reestructuración del Gobierno, lo cual podría contribuir a incrementar las dudas sobre si las provisiones del sector toda-

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Juan Calvo Vérgez

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Juan Calvo Vérgez

vía no son lo suficientemente realistas para crear incentivos para que los bancos se deshagan de las propiedades. De hecho, el stock de propiedades que quedan por vender sigue creciendo207.

vía no son lo suficientemente realistas para crear incentivos para que los bancos se deshagan de las propiedades. De hecho, el stock de propiedades que quedan por vender sigue creciendo207.

207 Concretamente, al cierre del primer trimestre de 2012 las principales entidades tenían 33.273 millones de euros de activos inmobiliarios procedentes de canjes de deuda o de embargos. Sólo en los últimos tres meses esta cifra creció el 7%, es decir, en 2.169 millones. En el último año, el parque inmobiliario de estas entidades aumentó el 54%, lo que equivale a 11.625 millones. No obstante, en dicho período se incrementó igualmente la cobertura de estos activos, gracias especialmente al Real Decreto sobre Saneamiento del Sistema Financiero, a través del cual se ha tratado de presionar a la banca para que acelere la limpieza de sus balances. En este sentido, durante el mes de diciembre de 2011 la cobertura promedia del stock de ladrillo había subido ocho puntos frente al primer trimestre de 2011, hasta el 36%. En cambio, en el mes de marzo de 2012 este porcentaje se había elevado hasta el 38% (Fuente: www.expansion.es, 1de mayo de 2012). Recuérdese a este respecto que el Real Decreto-Ley 2/2012 concedió de tiempo a las entidades hasta finales del ejercicio 2012 para completar las nuevas provisiones del ladrillo. No obstante, tratándose de aquellas entidades que estén en proceso de fusión, el plazo se alarga durante un año más, siendo el objetivo último “empujar” a las entidades a acelerar el proceso de concentración. Entre las principales entidades cotizadas, CaixaBank y Bankinter ya habían completado todos los saneamientos previstos por el Real Decreto en el primer trimestre de 2012. La entidad catalana, que para conseguir este hito asumió una reducción de su beneficio del 84%, tuvo en marzo de 2012 2.459 millones de euros de activos inmobiliarios en balance, con una cobertura del 36%. Estos activos, sin embargo, no eran todos los que tenía el grupo La Caixa, ya que los de la inmobiliaria Servihabitat se habían quedado en la matriz. Bankinter, en cambio, consiguió terminar todas las provisiones del Real Decreto y, al mismo tiempo, aumentar su beneficio un 1,8%. La citada entidad contaba con 511 millones de euros de ladrillo, un 5,3% más que en diciembre de 2011, siendo la cobertura del 39%. Banesto fue la única entidad, entre las que presentaron sus cuentas al mercado, que logró reducir el stock inmobiliario en el primer trimestre de 2012. El descenso fue no obstante moderado, apenas veinte millones de euros, hasta los 3.587 millones de euros, si bien el banco auguraba que esta tendencia se sostendría en los próximos meses. La filial del Santander, que redujo su beneficio un 88% hasta marzo de 2012, había cubierto la mitad de las provisiones que tenía que realizar en el año y presentaba una cobertura del 45%. En el caso de Popular, la fuerte subida interanual de los activos adjudicados en balance se explicaba por la incorporación de Banco Pastor. Con respecto a los datos proforma de diciembre de 2011 de las dos entidades juntas, el dato de marzo de 2012 suponía un incremento del 5,8%, hasta los 9.063 millones. La ratio de cobertura subió diez puntos, hasta el 42%. La fusión con Pastor permitía a Popular retrasar hasta 2013 el cumplimiento de la nueva normativa sobre saneamientos. Sin embargo, el banco ya había cubierto un 60% de las provisiones requeridas. También el Banco de Sabadell tenía la posibilidad de aplazar el cumplimiento del Real Decreto, debido a que estaba en proceso de absorción de Banco CAM, que se adjudicó en subasta a finales de2011. La intención del citado Banco era empezar a realizar las provisiones a partir del segundo trimestre de 2012, una vez que hubiese incorporado CAM. Al cierre de marzo de 2012, y sin contar con la caja alicantina, Sabadell tenía 4.401 millones de euros de inmuebles, con una cobertura del 29%. Por su parte Santander y BBVA decidieron no adelantar las provisiones impuestas por el Real Decreto, optando por realizarlas a lo largo del ejercicio, de acuerdo con el deterioro de los

207 Concretamente, al cierre del primer trimestre de 2012 las principales entidades tenían 33.273 millones de euros de activos inmobiliarios procedentes de canjes de deuda o de embargos. Sólo en los últimos tres meses esta cifra creció el 7%, es decir, en 2.169 millones. En el último año, el parque inmobiliario de estas entidades aumentó el 54%, lo que equivale a 11.625 millones. No obstante, en dicho período se incrementó igualmente la cobertura de estos activos, gracias especialmente al Real Decreto sobre Saneamiento del Sistema Financiero, a través del cual se ha tratado de presionar a la banca para que acelere la limpieza de sus balances. En este sentido, durante el mes de diciembre de 2011 la cobertura promedia del stock de ladrillo había subido ocho puntos frente al primer trimestre de 2011, hasta el 36%. En cambio, en el mes de marzo de 2012 este porcentaje se había elevado hasta el 38% (Fuente: www.expansion.es, 1de mayo de 2012). Recuérdese a este respecto que el Real Decreto-Ley 2/2012 concedió de tiempo a las entidades hasta finales del ejercicio 2012 para completar las nuevas provisiones del ladrillo. No obstante, tratándose de aquellas entidades que estén en proceso de fusión, el plazo se alarga durante un año más, siendo el objetivo último “empujar” a las entidades a acelerar el proceso de concentración. Entre las principales entidades cotizadas, CaixaBank y Bankinter ya habían completado todos los saneamientos previstos por el Real Decreto en el primer trimestre de 2012. La entidad catalana, que para conseguir este hito asumió una reducción de su beneficio del 84%, tuvo en marzo de 2012 2.459 millones de euros de activos inmobiliarios en balance, con una cobertura del 36%. Estos activos, sin embargo, no eran todos los que tenía el grupo La Caixa, ya que los de la inmobiliaria Servihabitat se habían quedado en la matriz. Bankinter, en cambio, consiguió terminar todas las provisiones del Real Decreto y, al mismo tiempo, aumentar su beneficio un 1,8%. La citada entidad contaba con 511 millones de euros de ladrillo, un 5,3% más que en diciembre de 2011, siendo la cobertura del 39%. Banesto fue la única entidad, entre las que presentaron sus cuentas al mercado, que logró reducir el stock inmobiliario en el primer trimestre de 2012. El descenso fue no obstante moderado, apenas veinte millones de euros, hasta los 3.587 millones de euros, si bien el banco auguraba que esta tendencia se sostendría en los próximos meses. La filial del Santander, que redujo su beneficio un 88% hasta marzo de 2012, había cubierto la mitad de las provisiones que tenía que realizar en el año y presentaba una cobertura del 45%. En el caso de Popular, la fuerte subida interanual de los activos adjudicados en balance se explicaba por la incorporación de Banco Pastor. Con respecto a los datos proforma de diciembre de 2011 de las dos entidades juntas, el dato de marzo de 2012 suponía un incremento del 5,8%, hasta los 9.063 millones. La ratio de cobertura subió diez puntos, hasta el 42%. La fusión con Pastor permitía a Popular retrasar hasta 2013 el cumplimiento de la nueva normativa sobre saneamientos. Sin embargo, el banco ya había cubierto un 60% de las provisiones requeridas. También el Banco de Sabadell tenía la posibilidad de aplazar el cumplimiento del Real Decreto, debido a que estaba en proceso de absorción de Banco CAM, que se adjudicó en subasta a finales de2011. La intención del citado Banco era empezar a realizar las provisiones a partir del segundo trimestre de 2012, una vez que hubiese incorporado CAM. Al cierre de marzo de 2012, y sin contar con la caja alicantina, Sabadell tenía 4.401 millones de euros de inmuebles, con una cobertura del 29%. Por su parte Santander y BBVA decidieron no adelantar las provisiones impuestas por el Real Decreto, optando por realizarlas a lo largo del ejercicio, de acuerdo con el deterioro de los

La recapitalización de las entidades financieras

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Estas dudas sobre la adecuación del capital podrían resultar perjudiciales, dado que la estructura de financiación del sistema bancario español está deteriorada. La ratio depósitos/préstamos del sector alcanzó con fecha de 28 de marzo de 2012 el 145%. Y, ante el cierre de los mercados mayoristas, los bancos españoles se vieron obligados a recurrir al Banco Central Europeo, captando el equivalente al 15% del PIB208. Por su parte los préstamos solicitados por determinadas entidades al BCE superaban el 10% de cartera de préstamos, habiéndose empleado la liquidez del Banco Central Europeo para comprar deuda pública.

Estas dudas sobre la adecuación del capital podrían resultar perjudiciales, dado que la estructura de financiación del sistema bancario español está deteriorada. La ratio depósitos/préstamos del sector alcanzó con fecha de 28 de marzo de 2012 el 145%. Y, ante el cierre de los mercados mayoristas, los bancos españoles se vieron obligados a recurrir al Banco Central Europeo, captando el equivalente al 15% del PIB208. Por su parte los préstamos solicitados por determinadas entidades al BCE superaban el 10% de cartera de préstamos, habiéndose empleado la liquidez del Banco Central Europeo para comprar deuda pública.

Especial trascendencia adquiere, a nuestro juicio, la última gran etapa de este proceso de recapitalización de las entidades financieras articulada con la aprobación del Real Decreto-Ley 24/2012, de 31 de agosto, de reestructuración y resolución de entidades de crédito. Ciertamente la presente regulación contiene aspectos ya regulados en la normativa sobre intervención y disciplina de las entidades de crédito y en el régimen jurídico del FROB. No obstante, como hemos tenido ocasión de analizar, el papel de este último queda notablemente reforzado. Y es que, si bien en un primer momento la potestad de actuación recae sobre el Banco de España, es el FROB quien asume un papel central en la reestructuración y resolución de las entidades financieras inviables. Destaca, por ejemplo, el hecho de que el FROB pueda dictar actos administrativos recurribles ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo, debiendo coordinarse con otras autoridades competentes nacionales así como con las autoridades competentes internacionales.

Especial trascendencia adquiere, a nuestro juicio, la última gran etapa de este proceso de recapitalización de las entidades financieras articulada con la aprobación del Real Decreto-Ley 24/2012, de 31 de agosto, de reestructuración y resolución de entidades de crédito. Ciertamente la presente regulación contiene aspectos ya regulados en la normativa sobre intervención y disciplina de las entidades de crédito y en el régimen jurídico del FROB. No obstante, como hemos tenido ocasión de analizar, el papel de este último queda notablemente reforzado. Y es que, si bien en un primer momento la potestad de actuación recae sobre el Banco de España, es el FROB quien asume un papel central en la reestructuración y resolución de las entidades financieras inviables. Destaca, por ejemplo, el hecho de que el FROB pueda dictar actos administrativos recurribles ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo, debiendo coordinarse con otras autoridades competentes nacionales así como con las autoridades competentes internacionales.

Desde nuestro punto de vista cualquiera que resulte ser el proceso que se siga, el objetivo último del FROB ha de ser tratar de asegurar la continuidad de las actividades cuya interrupción pudiera llegar a perturbar la economía, garantizando asimismo la utilización más eficiente de los recursos públicos y protegiendo a los depositantes.

Desde nuestro punto de vista cualquiera que resulte ser el proceso que se siga, el objetivo último del FROB ha de ser tratar de asegurar la continuidad de las actividades cuya interrupción pudiera llegar a perturbar la economía, garantizando asimismo la utilización más eficiente de los recursos públicos y protegiendo a los depositantes.

activos a cubrir. Y ello debido a que los bancos internacionales que cotizan en la Bolsa de Nueva York tienen que respectar la normativa contable internacional, que no permite adelantar saneamientos específicos, antes de que el activo manifieste su deterioro. En el caso de BBVA, hasta el mes de marzo de 2012, contaba con 8.249 millones de ladrillo en balance, cubierto al 34%. Desde diciembre de 2011 su stock inmobiliario había crecido el 7%. Por su parte el Santander, al cierre de marzo de 2012, tenía 8.590 millones de inmuebles adjudicados, contando con una cobertura del 48%, gracias a que en el ejercicio 2011 realizó una provisión genérica para adelantarse a los cambios normativos que se preveían en el sector. En el primer trimestre de 2012 el stock de Santander sólo había crecido un 0,4%. 208 Fuente: www.wsj.europe.com., 29 de marzo de 2012.

activos a cubrir. Y ello debido a que los bancos internacionales que cotizan en la Bolsa de Nueva York tienen que respectar la normativa contable internacional, que no permite adelantar saneamientos específicos, antes de que el activo manifieste su deterioro. En el caso de BBVA, hasta el mes de marzo de 2012, contaba con 8.249 millones de ladrillo en balance, cubierto al 34%. Desde diciembre de 2011 su stock inmobiliario había crecido el 7%. Por su parte el Santander, al cierre de marzo de 2012, tenía 8.590 millones de inmuebles adjudicados, contando con una cobertura del 48%, gracias a que en el ejercicio 2011 realizó una provisión genérica para adelantarse a los cambios normativos que se preveían en el sector. En el primer trimestre de 2012 el stock de Santander sólo había crecido un 0,4%. 208 Fuente: www.wsj.europe.com., 29 de marzo de 2012.

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Juan Calvo Vérgez

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Juan Calvo Vérgez

Finalmente, tras la aprobación del Real Decreto 1559/2012, de 15 de noviembre, se establece que el plazo de duración de la Sociedad de Gestión de Activos, al que la banca que reciba ayuda pública transfiera sus inmuebles (de valor superior a 100.000 euros), así como sus créditos problemáticos con los activos inmobiliarios tóxicos (a partir de 250.000 euros) y sus participaciones mayoritarias en sociedades inmobiliarias sea de quince años. En este periodo, tendrá que alcanzar una rentabilidad del 15%. El FROB tendrá una participación inferior al 50%. El resto estará en manos de inversores institucionales.

Finalmente, tras la aprobación del Real Decreto 1559/2012, de 15 de noviembre, se establece que el plazo de duración de la Sociedad de Gestión de Activos, al que la banca que reciba ayuda pública transfiera sus inmuebles (de valor superior a 100.000 euros), así como sus créditos problemáticos con los activos inmobiliarios tóxicos (a partir de 250.000 euros) y sus participaciones mayoritarias en sociedades inmobiliarias sea de quince años. En este periodo, tendrá que alcanzar una rentabilidad del 15%. El FROB tendrá una participación inferior al 50%. El resto estará en manos de inversores institucionales.

Con carácter general se conceden ventajas fiscales a los inversores para incentivar su participación. Y aquellos fondos fiduciarios en los que se dividan los activos del banco malo para facilitar la entrada de inversores tendrán la misma fiscalidad que las SICAVs.

Con carácter general se conceden ventajas fiscales a los inversores para incentivar su participación. Y aquellos fondos fiduciarios en los que se dividan los activos del banco malo para facilitar la entrada de inversores tendrán la misma fiscalidad que las SICAVs.

Tal y como hemos tenido ocasión de precisar a lo largo de la presente obra el precio de referencia para el traspaso de los activos tóxicos lo constituirá el valor contable de los mismos una vez aplicadas todas las provisiones exigidas por los diversos Reales Decretos que regulan la reestructuración bancaria, a los que ya hemos tenido ocasión de referirnos. En función del precio final de traspaso de los activos inmobiliarios, se podrá entrar a dilucidar si el recorte de precio es suficiente o no. En cualquier caso, el precio será sensiblemente inferior al de precio de adjudicación de los mismos por parte de los bancos.

Tal y como hemos tenido ocasión de precisar a lo largo de la presente obra el precio de referencia para el traspaso de los activos tóxicos lo constituirá el valor contable de los mismos una vez aplicadas todas las provisiones exigidas por los diversos Reales Decretos que regulan la reestructuración bancaria, a los que ya hemos tenido ocasión de referirnos. En función del precio final de traspaso de los activos inmobiliarios, se podrá entrar a dilucidar si el recorte de precio es suficiente o no. En cualquier caso, el precio será sensiblemente inferior al de precio de adjudicación de los mismos por parte de los bancos.

En relación con los criterios de valoración de los activos traspasados cabe plantearse hasta que punto resultan razonables los umbrales impuestos para la aceptación de activos, a saber, 250.000 euros para los préstamos y 100.000 para los bienes inmuebles. Y ello con independencia de reconocer que se gestionará un volumen de activos significativo.

En relación con los criterios de valoración de los activos traspasados cabe plantearse hasta que punto resultan razonables los umbrales impuestos para la aceptación de activos, a saber, 250.000 euros para los préstamos y 100.000 para los bienes inmuebles. Y ello con independencia de reconocer que se gestionará un volumen de activos significativo.

A pesar de que, como se ha venido poniendo de manifiesto, la Sareb no tiene la forma jurídica de banco (no pudiendo en consecuencia ofrecer financiación), sí que podría ofrecer un alargamiento de los plazos a la hora de cubrir créditos. Dicha sociedad no habría de centrar la venta de sus activos en el mercado minorista, contando además con tiempo suficiente para adaptarse a los ciclos del sector inmobiliario y vender los activos cuando se cumpla el objetivo de maximizar su valor.

A pesar de que, como se ha venido poniendo de manifiesto, la Sareb no tiene la forma jurídica de banco (no pudiendo en consecuencia ofrecer financiación), sí que podría ofrecer un alargamiento de los plazos a la hora de cubrir créditos. Dicha sociedad no habría de centrar la venta de sus activos en el mercado minorista, contando además con tiempo suficiente para adaptarse a los ciclos del sector inmobiliario y vender los activos cuando se cumpla el objetivo de maximizar su valor.

La recapitalización de las entidades financieras

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La recapitalización de las entidades financieras

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Finalmente con fecha 12 de diciembre de 2012 tuvo lugar la constitución de Sareb con 3.600 millones de euros de capital, de los que 2.000 millones de euros procederían de las entidades privadas y 1.600 millones del FROB. Su capital quedaba integrado por un 25% de efectivo y un 75% de deuda subordinada, cifrándose el mismo inicialmente en 827 millones de euros. Dentro de esta primera fase el FROB aportaría un total de 397 millones de euros y los inversores privados (cinco bancos nacionales) los restantes 430 millones. De este modo el capital privado representaba inicialmente el 52% de la sociedad, correspondiendo el 48% restante al Estado. Y, tras la ampliación de capital efectuada con fecha 17 de diciembre de 2012 el conjunto de entidades privadas participantes alcanzaron el 55% del banco malo. El otro 45% del capital estaría en manos del FROB.

Finalmente con fecha 12 de diciembre de 2012 tuvo lugar la constitución de Sareb con 3.600 millones de euros de capital, de los que 2.000 millones de euros procederían de las entidades privadas y 1.600 millones del FROB. Su capital quedaba integrado por un 25% de efectivo y un 75% de deuda subordinada, cifrándose el mismo inicialmente en 827 millones de euros. Dentro de esta primera fase el FROB aportaría un total de 397 millones de euros y los inversores privados (cinco bancos nacionales) los restantes 430 millones. De este modo el capital privado representaba inicialmente el 52% de la sociedad, correspondiendo el 48% restante al Estado. Y, tras la ampliación de capital efectuada con fecha 17 de diciembre de 2012 el conjunto de entidades privadas participantes alcanzaron el 55% del banco malo. El otro 45% del capital estaría en manos del FROB.

Aquellas entidades participantes en el Sareb tendrían que hacer una emisión de deuda subordinada para hacer frente a la transferencia de activos de las entidades nacionalizadas (Bankia, CatalunyaCaixa, NovacaixaGalicia y Banco de Valencia). Recuérdese que dichas entidades tienen registrados activos tóxicos vinculados al ladrillo por algo más de 80.000 millones, que el banco malo comprará por el 53% de su valor, unos 40.000 millones. Y, una vez que los accionistas del banco malo emitan los bonos convertibles, garantizados por el Tesoro y descontables en el BCE, la Sareb recogería los activos cedidos por los bancos nacionalizados y podría comenzar su actividad. Con carácter adicional en febrero de 2013 absorbería los activos contaminados del grupo 2 (entidades que necesitan ayuda pública pero que prevé devolverla como Banco Mare Nostrum (BMN) , Liberbank, Caja3 y Ceiss).

Aquellas entidades participantes en el Sareb tendrían que hacer una emisión de deuda subordinada para hacer frente a la transferencia de activos de las entidades nacionalizadas (Bankia, CatalunyaCaixa, NovacaixaGalicia y Banco de Valencia). Recuérdese que dichas entidades tienen registrados activos tóxicos vinculados al ladrillo por algo más de 80.000 millones, que el banco malo comprará por el 53% de su valor, unos 40.000 millones. Y, una vez que los accionistas del banco malo emitan los bonos convertibles, garantizados por el Tesoro y descontables en el BCE, la Sareb recogería los activos cedidos por los bancos nacionalizados y podría comenzar su actividad. Con carácter adicional en febrero de 2013 absorbería los activos contaminados del grupo 2 (entidades que necesitan ayuda pública pero que prevé devolverla como Banco Mare Nostrum (BMN) , Liberbank, Caja3 y Ceiss).

Con carácter general habrá de perfeccionarse tanto el contrato de compraventa de dichos activos como el acuerdo de servicios por el que se encargue a las entidades nacionalizadas que sigan gestionando los inmuebles y créditos que traspasen. Como es lógico dicha subcontratación ha de conllevar una contraprestación económica. Y, en paralelo a la celebración de dicho contrato de gestión, habrán de firmarse convenios de financiación con las distintas firmas para que sean ellas quienes aporten el crédito necesario que el banco malo necesite. La sociedad únicamente podrá “alargar” los plazos de devolución de los préstamos inmobiliarios que absorba, pero tendrá que recurrir a terceros para inyectarles más fondos.

Con carácter general habrá de perfeccionarse tanto el contrato de compraventa de dichos activos como el acuerdo de servicios por el que se encargue a las entidades nacionalizadas que sigan gestionando los inmuebles y créditos que traspasen. Como es lógico dicha subcontratación ha de conllevar una contraprestación económica. Y, en paralelo a la celebración de dicho contrato de gestión, habrán de firmarse convenios de financiación con las distintas firmas para que sean ellas quienes aporten el crédito necesario que el banco malo necesite. La sociedad únicamente podrá “alargar” los plazos de devolución de los préstamos inmobiliarios que absorba, pero tendrá que recurrir a terceros para inyectarles más fondos.

COLECCIÓN FISCALIDAD

COLECCIÓN FISCALIDAD

Dirigida por Rafael Calvo Ortega

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RÉGIMEN TRIBUTARIO DE LA EMPRESA FAMILIAR VAQUERA GARCÍA, A. 2004, 288 págs. IMPUESTO MUNICIPAL SOBRE EL INCREMENTO DE VALOR DE LOS TERRENOS (PLUSVALÍAS) ÁLVAREZ ARROYO, F. 2004, 243 págs. RESERVA DE LEY ESTATAL Y AUTONOMÍA TRIBUTARIA: CUESTIONES CONFLICTIVAS CALVO VERGER, J. 2006, 228 págs. LAS ACTIVIDADES DE COLABORACIÓN DE LOS PRIVADOS CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA: EN TORNO A UN NUEVO ORDENAMIENTO CALVO ORTEGA, R. 2006, 234 págs. FACTORES QUE INCIDEN EN EL CUMPLIMIENTO VOLUNTARIO DE LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS ARANA LANDÍN, S. 2008, 242 págs. MUTUALIDADES DE PREVISIÓN SOCIAL: ASPECTOS MERCANTILES Y FISCALES CALVO VÉRGEZ, J. 2009, 280 págs. EL IMPUESTO DE SUCESIONES: ¿UN IMPUESTO INJUSTO? CONSIDERACIONES DE EQUIDAD FRENTE AL INCIERTO FUTURO DEL GRAVAMEN SOBRE LAS HERENCIAS NAVAU MARTÍNEZ-VAL, M.ª P. 2009, 484 págs. LA RELEVANCIA JURÍDICA DE LA MOTIVACIÓN FISCAL INFLUENCIA DEL “BUSINESS PURPOSE” EN EL ORDENAMIENTO TRIBUTARIO ESPAÑOL MARÍN BENÍTEZ, G. 2009, 223 págs. EL DERECHO CONSTITUCIONAL A UNA VIVIENDA DIGNA. RÉGIMEN TRIBUTARIO Y PROPUESTAS DE REFORMA BORGIA SORROSAL, S. 2009, 312 págs. LA NULIDAD DE PLENO DERECHO DE LOS ACTOS TRIBUTARIOS: CAUSAS QUE LA ORIGINAN Y PROCEDIMIENTO PARA SU DECLARACIÓN CALVO VÉRGEZ, J. 2010, 186 págs. ESTUDIO JURÍDICO DE LOS INCENTIVOS FISCALES A LA I+D+I DE HARO IZQUIERDO, M. 2010, 290 págs. LA EXPERIENCIA DE LOS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS EN LOS ENTES LOCALES JUAN CALVO VÉRGEZ 2011, 428 págs. LA RECAPITALIZACIÓN DE LAS ENTIDADES FINANCIERAS JUAN CALVO VÉRGEZ 2013, 508 págs.

Dirigida por Rafael Calvo Ortega

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RÉGIMEN TRIBUTARIO DE LA EMPRESA FAMILIAR VAQUERA GARCÍA, A. 2004, 288 págs. IMPUESTO MUNICIPAL SOBRE EL INCREMENTO DE VALOR DE LOS TERRENOS (PLUSVALÍAS) ÁLVAREZ ARROYO, F. 2004, 243 págs. RESERVA DE LEY ESTATAL Y AUTONOMÍA TRIBUTARIA: CUESTIONES CONFLICTIVAS CALVO VERGER, J. 2006, 228 págs. LAS ACTIVIDADES DE COLABORACIÓN DE LOS PRIVADOS CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA: EN TORNO A UN NUEVO ORDENAMIENTO CALVO ORTEGA, R. 2006, 234 págs. FACTORES QUE INCIDEN EN EL CUMPLIMIENTO VOLUNTARIO DE LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS ARANA LANDÍN, S. 2008, 242 págs. MUTUALIDADES DE PREVISIÓN SOCIAL: ASPECTOS MERCANTILES Y FISCALES CALVO VÉRGEZ, J. 2009, 280 págs. EL IMPUESTO DE SUCESIONES: ¿UN IMPUESTO INJUSTO? CONSIDERACIONES DE EQUIDAD FRENTE AL INCIERTO FUTURO DEL GRAVAMEN SOBRE LAS HERENCIAS NAVAU MARTÍNEZ-VAL, M.ª P. 2009, 484 págs. LA RELEVANCIA JURÍDICA DE LA MOTIVACIÓN FISCAL INFLUENCIA DEL “BUSINESS PURPOSE” EN EL ORDENAMIENTO TRIBUTARIO ESPAÑOL MARÍN BENÍTEZ, G. 2009, 223 págs. EL DERECHO CONSTITUCIONAL A UNA VIVIENDA DIGNA. RÉGIMEN TRIBUTARIO Y PROPUESTAS DE REFORMA BORGIA SORROSAL, S. 2009, 312 págs. LA NULIDAD DE PLENO DERECHO DE LOS ACTOS TRIBUTARIOS: CAUSAS QUE LA ORIGINAN Y PROCEDIMIENTO PARA SU DECLARACIÓN CALVO VÉRGEZ, J. 2010, 186 págs. ESTUDIO JURÍDICO DE LOS INCENTIVOS FISCALES A LA I+D+I DE HARO IZQUIERDO, M. 2010, 290 págs. LA EXPERIENCIA DE LOS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS EN LOS ENTES LOCALES JUAN CALVO VÉRGEZ 2011, 428 págs. LA RECAPITALIZACIÓN DE LAS ENTIDADES FINANCIERAS JUAN CALVO VÉRGEZ 2013, 508 págs.