La protectoría de indios durante el siglo XVI 9786074022650

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LA PROTECTORÍA DE INDIOS DURANTE EL SIGLO XVI

La protectoría de indios durante el siglo xvi Arcángello Rafael Flores Hernández

Primera edición: agosto 2010

© Arcángello Rafael Flores Hernández © Plaza y Valdés, S. A. de C. V. Manuel María Contreras 73. Colonia San Rafael México, D. F. 06470. Teléfono: 50 97 20 70 [email protected] www.plazayvaldes.com Calle Murcia, 2. Colonia de los Ángeles Pozuelo de Alarcón 28223 Madrid, España. Teléfono: 918625289 [email protected] www.plazayvaldes.es ISBN: (en trámite) Impreso en México / Printed in Mexico

Maltiox Uk’ux Kaj, Uk’ux Ulew y a todos los que hicieron posible este trabajo

Para vos Diego Janaab, siempre: El mundo nuevo de las ideas nuevas

Agradecimientos Maltiox Uk’ux Kaj, Uk’ux Ulew

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os pueblos mesoamericanos, a lo largo de su milenaria historia, han considerado que todo lo que existe en el mundo tiene corazón y que los humanos junto con los animales, las plantas, la naturaleza, los entes sagrados e incluso los objetos que la sociedad moderna considera “inanimados” forman parte de una misma comunidad. Siguiendo este pensamiento, pueden afirmar que esta obra también cuenta con un corazón propio y en él se encuentran de manera entrañable los corazones de muchas personas que contribuyeron a que saliera a la luz. Por ello, en estas líneas quiero hacerles un reconocimiento explícito. Una mención especial merece la Universidad Nacional Autónoma de México, alma mater de todo un pueblo, así como su Facultad de Filosofía y Letras por su generosidad, no como entes abstractos, sino a las personas que las han constituido y aún las conforman en estos días. A los académicos que con su dedicación y amor a la historia contribuyeron a mi formación y son ejemplos a seguir para este historiador. 9

Mi gratitud a Gudrun y Carlos Lenkersdorf, amigos y maestros que hicieron posible este libro cuyas historias entrecruzan una vida de quehacer académico con la lucha por la dignificación del pueblo maya. A mi familia que siempre se mantuvo en contacto con nuestra sangre indígena, aún a pesar de que la vida contemporánea dictara otros caminos. A mi casa grande y a la que he formado con mi pareja, porque ellos creyeron que el trabajo para realizar esta obra valía la pena y ayudaron de mil formas a concluirlo. Un enorme reconocimiento merecen todos los amigo cuyas pláticas informales en tierras lejanas sembraron dudas en mí que se cosecharon en este libro. Y con enorme afecto y admiración a todos los hermanos de diversos pueblos, y de manera especial a los mayas que me enseñaron lo hermoso de su ser y su Tierra, así como su forma de entender el tiempo y estar con el Mundo. A todos ellos que están en mi corazón, gracias. Tlalpan, ciudad de México 21 de marzo de 2010

... lo que usted tiene es remordimiento de conciencia, Remordimiento por lo que no he hecho, Hay quien dice que ése es el peor de todos, el remordimiento de haber permitido que se hiciera... José Saramago, Ensayo sobre la lucidez

Contenido Siglas..................................................................................17 Introducción......................................................................19 Origen y desarrollo histórico de la protectoría de indios................................................33 Las primeras relaciones entre europeos.........................34 e indígenas. Esclavismo y trabajo forzoso....................34 Las Leyes de Burgos......................................................40 Primera legislación sobre los indígenas........................40 Bartolomé de Las Casas................................................43 Primer protector de indios.............................................43 La Provisión General de Capítulos de 1526. ................49 Ordenanzas para nuevas conquistas..............................49 La protectoría de indios y los obispos americanos........52 Las Nuevas Leyes: Audiencias Reales y protectoría de indios...................................................68 La protectoría de indios y los funcionarios...................73 de las Audiencias...........................................................73 La protectoría de indios en las postrimerías del siglo xvi...................................................................79 Recapitulación...............................................................82

La protectoría de indios en Guatemala...........................85 La situación en Guatemala durante................................87 los primeros años de la Colonia.....................................87 Francisco Marroquín, primer obispo y protector de los indios en Guatemala..........................91 El protector de indios Marroquín.................................103 y la Audiencia de los Confines....................................103 Obispos y religiosos protectores de indios..................114 en el distrito de la Audiencia de Guatemala................114 Defensores de indios en el distrito...............................126 de la Audiencia y gubernatura de Guatemala..............126 Recapitulación.............................................................140 Quetzaltenango, 1569: un caso......................................143 Un escenario: Xelahuh.................................................144 Un contexto: la década de 1560...................................145 Los antecedentes: derramas ilegales............................153 Los hechos: la imposición española.............................154 y la oposición maya.....................................................154 El proceso contra los quetzaltecas:..............................157 la legalidad española y la defensa de los indios...........157 Conclusión...................................................................159 Conclusiones....................................................................163 La protectoría de indios en la América Colonial.........164 La protectoría de indios en Guatemala........................172 Los defensores de indios: características.....................175 del cargo y diferencias respecto a los protectores.......175 El caso de Quetzaltenango, 1569.................................177 Fuentes y bibliografía.....................................................181 Fuentes manuscritas.....................................................181 Apéndices.........................................................................191 Nombramiento de fray Juan de Zumárraga, obispo de Tenochtitlan México, como protector

de indios de México Fechado en Burgos, el 10 de enero de 1528 Vasco de Puga: Cedulario Indiano, f. 64...............................................193 Nuevas Leyes y Ordenanzas de las Indias Fechadas en Burgos, el 20 de noviembre de 1542 agi, Patronato, legajo 170, ramo 47, 1.........................197 Adiciones realizadas a las Leyes Nuevas por el príncipe Felipe Fechadas en Valladolid, el 4 de junio de 1543 agi, Patronato, legajo 170, ramo 47, 2................................217 Nombramiento de Diego Rodríguez de Vivanco, vecino de Mérida como defensor de indios Fechado en Santiago de Guatemala, el 5 de febrero de 1560, agi, México, 211, N. 2..........227 Nombramiento de Francisco Palomino, vecino de Mérida como defensor de indios Fechado en Mérida, el 7 de enero de 1569 agi, México, 211, número. 2...............................................231

Siglas Archivo General de Indias Biblioteca de Autores Españoles cdia Colección de documentos inéditos relativos al descubrimiento, conquista y colonización de las posesiones españolas en América y Oceanía. Generalmente citada como Co.Do.In. o Codoin unam Universidad Nacional Autónoma de México ahi Archivo General de Indias agi

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Introducción •

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os pueblos mayas –junto con otros pueblos originarios– han tenido que subsistir por casi 500 años con un régimen legal impuesto, mas no ajeno a su historia. Durante todo este tiempo han encontrado la manera de continuar su vida propia sin ser absorbidos por las culturas dominantes a las que se han enfrentado. Hoy día, igual que en los últimos cinco siglos, exigen su derecho a dictar sus propios destinos. Ello incluye las diversas esferas de la realidad social y no sólo las que son bien vistas para el fomento del turismo. Exigen su reconocimiento como sujetos específicos en el interior de los estados nacionales, así como el derecho a disponer de los medios materiales y culturales necesarios para su reproducción y crecimiento. Demandan autonomía para tomar parte de las decisiones sobre su tierra y cultura. Piden condiciones e instrumentos jurídicos favorables por parte de las organizaciones estatales e internacionales, lo cual aseguraría el ejercicio de sus derechos. También exigen contar con una legalidad acorde con su modo de comprender y relacionarse con el mundo, no con otra elaborada en términos de 19

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los valores dominantes.1 No quieren continuar bajo la tutela paternalista de otros. Esta obra da cuenta de una institución colonialista que se instituyó en los comienzos del dominio español en América y, con la cual, la Corona de Castilla pretendió proteger a los indios de los abusos de sus vasallos inmigrantes para descargo de su conciencia real: la protectoría de indios.2 La protectoría de indios se concretó con la instauración de un cargo en las Indias españolas que tendría como obligación mirar por el buen tratamiento de los indígenas por parte de los colonos. De esta manera, quienes fueron nombrados protectores de indios contaron con funciones y jurisdicción específicas y particulares en tiempos y regiones diferentes. Considerando que el Imperio español de Ultramar fue enorme y el tiempo que existió ocupa más de tres siglos, no puede señalarse como un régimen homogéneo. Tampoco lo fue la protectoría. Sin embargo, su esencia fue la misma: brindar una protección tutelar a los vasallos indios que se encontraban 1 Véase el “Catálogo de los derechos étnicos” elaborado por José Emilio Rolando Ordoñez Cifuentes, en La cuestión étnico nacional y derechos humanos: el etnocidio. Los problemas de la definición conceptual, pp. 151-191. 2 El Diccionario jurídico mexicano anota en su entrada para el término “institución”, que refiere algo que está arraigado, inserto en la vida social como por ejemplo, una práctica, una creencia que por su arraigo o necesidad, valor o permanencia, constituye una actividad o función social esencial en la sociedad en cuestión, la cual en ocasiones implica la existencia de un órgano social específico. Así, es en este sentido que podemos considerar a la protectoría como una institución, pues se trató de un conjunto de normas establecidas en la legislación colonial, con el propósito de salvaguardar a los indígenas de los españoles durante el siglo xvi; asimismo, el protector de indios fue el cargo específico en el cual se concretaron ciertas funciones que estabilizaron el conjunto de ideas de protección hacia los nativos americanos.

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en desventaja frente a los europeos en el régimen colonial y frente a su legalidad. Por ello, aquí trataremos de explicar las razones por las cuales se hizo necesaria la instauración de la protectoría de indios por parte de la Corona española, los orígenes y el proceso histórico del cargo así como los problemas que enfrentó el mismo. Todo ello tomando como base la propia legislación para indios relacionada con la institución.

•• La literatura que versa sobre el tema del protector de indios si bien no es muy extensa cuenta con una larga trayectoria y sus orígenes se remontan a la propia época colonial. Los primeros en encargarse del tema básicamente se interesaron en recopilar y publicar algunos documentos relacionados como son los cedularios, obras invaluables donde se presentaban de manera temática ciertos papeles reales de la legislación vigente. Así, Vasco de Puga en su sección dedicada al buen tratamiento de los indios, mostró algunas de las cédulas relacionadas con el primer protector de indios de México, fray Juan de Zumárraga. Sin embargo, el primero en dedicarle un capítulo entero al tema, de lo cual resulta el trabajo más extenso y completo de la época colonial al respecto, es Diego de Encinas con su Cedulario escrito en 1596. Ahí se presentan varias cédulas de los nombramientos y reformas que la Corona hizo del cargo. Posteriormente, los autores de la Recopilación de Leyes de los Reynos de las Indias decidieron incorporar un título a dicho trabajo, en el cual se presentan fragmentos de cédulas que diferentes monarcas castellanos dictaron a varias instancias coloniales sobre los protectores. De manera desafortunada, casi todos los extractos que aparecen en la Recopilación elaborada 21

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en 1680, corresponden a las últimas décadas del siglo xvi y a principios del siglo xvii y en ocasiones no especifican a qué autoridad o a dónde fueron dirigidos. Más adelante retomaremos las problemáticas que implica basarse en esta obra. Por lo pronto añadiremos que en 1930 el Ministerio de Trabajo y Previsión español publicó las Disposiciones complementarias de las Leyes de Indias en tres volúmenes, obra basada y estructurada según la propia la Recopilación, pero en la cual se presentan completos algunos de los documentos de donde se tomaron fragmentos para la obra de 1680. Las Disposiciones también cuentan con un capítulo dedicado a los protectores de indios, en el cual reproducen algunas de las primeras cédulas dirigidas a éstos. El estudio pionero en el tema, es el libro de Constantino Bayle El protector de indios, escrito en 1945.3 La obra de Bayle tiene la característica de presentar, citados o transcritos, así como una gran cantidad de documentos sobre el tema. Este autor se basó principalmente en colecciones de documentos de la época colonial, pero en ocasiones no se percató de los errores tan humanos en las mismas (como algunos documentos mal fechados), o que correspondían a casos específicos y que él generalizó para muchos otros. Nuestro principal desacuerdo con Bayle se encuentra en dichas generalizaciones, las cuales se han repetido en otros estudios, que presentan el cargo como si hubiese sido siempre igual y dejan de lado el carácter cambiante de una institución que estaba en estrecha relación con su contexto histórico. Además, diferimos de la interpretación de este autor en cuanto a su postura de considerar que toda la estructura de gobierno y administración de Indias estaba al amparo de los naturales y en toda se veía la mano protectora del rey (según sus propias palabras). Sin 3

Constantino Bayle, El protector de indios.

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embargo, hacemos un reconocimiento a esta obra, pues como todo trabajo precursor, abrió el camino a los estudiosos interesados en la protectoría. Más de tres décadas después de publicado El protector de indios, Enrique Dussel en su estudio sobre el episcopado latinoamericano4 trató la temática de la protectoría de indios, aunque debido a los intereses generales del libro, se limitó a abordarla en una etapa joven, cuando el cargo fue un atributo más de los primeros obispos nombrados por la Corona para ocupar las diócesis americanas. Además, resaltó los orígenes de la protectoría, en un periodo en que el cargo fue dado a Bartolomé de Las Casas en 1516. A su investigación se le debe una importante cantidad de datos, aunque como todo aquel que decidió andar los senderos de Clío, uno tiene que tener el cuidado habitual de un historiador con esta obra, pues a veces los errores en la información presentada por Dussel son evidentes. Pero aquí encontramos una visión más o menos completa del proceso histórico de la protectoría durante sus primeros años, aunque a causa de los intereses del autor, se pretenda mostrar a los obispos como un ejemplo de virtudes en cuanto la protección de los indios. Estudios posteriores que han abordado el tema de la protectoría lo han hecho desde una perspectiva particular. En algunos de éstos se hacen evidentes las características peculiares que el oficio tomó en cada una de las regiones. Ethelia Ruíz Medrano se hizo cargo en su obra Reshaping New Spain: Government and Private Interests in the Colonial Bureaucracy, 1535-1550,5 de los pleitos que tuvo fray Juan de Zumárraga Enrique Dussel, El episcopado latinoamericano y la liberación de los pobres. 5 Ethelia Ruiz Medrano, Reshaping New Spain: Government and Private Interests in the Colonial Bureaucracy, 1535-1550, pp. 15-19. 4

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con la Audiencia de México, y cómo dichos conflictos afectaron al cargo de protector de indios. Existen también estudios específicos sobre la protectoría de indios en Perú. El más conocido es el escrito por Carmen Ruigómez Gómez,6 trabajo en donde se trata el cargo de protector enmarcado en la política para indios de Carlos I y Felipe II. Por otro lado, Francisco Cuena realizó un artículo donde se pretende encontrar en la doctrina jurídica de la legislación romana, la base de ciertos memoriales del siglo xvii escritos para los protectores de indios del Perú.7 Quienes se han ocupado del tema de los defensores de indios han tocado también el de los protectores. Sara Miller concluyó en su investigación sobre Francisco Palomino que los defensores de indios eran una clase de protectores.8 Sara Miller, “Francisco Palomino: protector y defensor de los indígenas de Yucatán, 1569-1586”. Sus argumentos se apoyaron en lo escrito por Bayle y en una Probanza de Méritos de Palomino redactada en 1571, en la cual se hacen evidentes los cambios ocurridos en la protectoría respecto a las décadas anteriores, pero que esta autora no tomó en cuenta. Otro estudio sobre el mismo personaje realizado recientemente por Caroline Cunill,9 presenta características importantes del cargo de defensor lo cual permite diferenciar de manera clara entre este oficio y el de los protectores. Ruigómez Gómez, Una política indigenista de los Habsburgo: el protector de indios en el Perú. 7 Francisco Cuena Boy, “Utilización pragmática del derecho romano en dos memoriales indianos del siglo XVII sobre el protector de indios”. 8 Sara Miller, “Francisco Palomino: protector y defensor de los indígenas de Yucatán, 1569-1586”. 9 Caroline Cunill, “Negocios y justicia: Francisco Palomino, defensor de los naturales de Yucatán, 1569-1586”. 6

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Los trabajos antes reseñados de una u otra manera han contribuido a la presente investigación, aportando ya datos, ya ideas, igual que otros tantos estudios sobre la época colonial que aunque de manera contingente, se han hecho cargo de los protectores de indios.

••• Hace poco más de tres años me encontraba investigando una sublevación ocurrida en 1569 en el pueblo de Quetzaltenango, Guatemala, protagonizado por quichés quienes se opusieron a la sustitución de los franciscanos doctrineros del pueblo por un clérigo perteneciente al sector encomendero. Ya que las fuentes documentales del caso se encontraban en el Archivo General de Indias, en la lejanísima Sevilla, fue imposible entonces revisar dicha documentación. Mas lejos de convertirse ello en un obstáculo, evidenció la posibilidad de continuar por otros senderos el estudio. A sugerencia de la doctora Gudrun Lenkersdorf, revisé el juicio de residencia del doctor Antonio González, presidente de la Audiencia de Guatemala quien había sentenciado la causa de Quetzaltenango. Pasé, entonces, meses frente al lector de microfilmes del archivo documental del Centro de Estudios Mayas de la unam en una labor ardua, que me permitió establecer una relación empática con la casi etérea Guatemala colonial y tener una noción diferente y más humana de una época de la que me separaba casi medio milenio. Entre los cargos contra González contenidos en aquellos pliegos, llamó mi atención uno en donde se acusaba al presidente de la Audiencia de haber nombrado a algunos defensores de indios durante su estancia al frente del tribunal. La respuesta de González era aún más interesante: para su descargo argumentaba la necesaria designación de individuos para el 25

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oficio debido a la gran cantidad de pleitos de indígenas en los que se requerían defensores. Esto relacionado con el caso de Quetzaltenango implicaba la pregunta: ¿qué papel había desempeñado el defensor en aquel juicio? Las lecturas con que contaba en aquel tiempo me llevaron a considerar que defensor y protector de indios se referían al mismo cargo, confusión que compartía con muchos otros. Así pues planteé que era necesario, para conocer cuál era la participación que pudo tener un protector en los problemas del siglo xvi, primero conocer las facultades con que contaba. Y tomando en cuenta mi formación como historiador, explicar de manera precisa, desde una perspectiva histórica dicho cargo. Surgieron pues, las interrogantes que guiaron la investigación, desde su inicio hasta su conclusión: ¿qué fue un protector de indios?, ¿cuáles eran sus facultades y jurisdicción?, ¿qué motivó la instauración del cargo?, ¿cuáles fueron los fines que persiguió la Corona con el nombramiento de protectores?, ¿qué ocurrió con la protectoría de indios en Guatemala?, y avanzada la investigación se hizo evidente preguntar ¿qué era un defensor de indios? y ¿cuáles eran las diferencias entre éste y un protector? Además, en todo momento estuvo presente la cuestión de ¿cuál había sido la contribución de ambos para los pueblos indígenas bajo su cargo?

•••• De esta manera la investigación, el argumento y las conclusiones del presente trabajo pretenden dar respuesta a las interrogantes señaladas, algunas de las cuales aún no han sido respondidas. Para ello se propuso la siguiente estructura. En la primera parte se explican las razones que indujeron a la Corona castellana a elaborar una legislación proteccionista 26

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para los nativos y posteriormente, a crear el cargo de protector de indios. Para ello se revisa la legislación de la época en que se sustentó al cargo, en el contexto de la primera colonia en las Antillas. También aquí se exponen los conflictos que enfrentó la protectoría y los cambios legales que impulsó Carlos I para solucionarlos. Finalmente se presenta la situación de los protectores de indios durante el reinado de Felipe II, concluyendo con los cambios ocurridos con el cargo en los últimos años del siglo xvi. La segunda parte está dedicada a examinar la protectoría de indios en el caso de Guatemala y su relación con otras regiones centroamericanas. Aquí nos ocupamos en particular del obispo Francisco Marroquín, nombrado primer protector de indios de este país y los problemas jurisdiccionales que enfrentó con otras autoridades seculares de la gubernatura y, después con la Audiencia de los Confines. Además se presentan de manera breve los casos de otros protectores cuya potestad se encontraba bajo el distrito de la Audiencia. Dilucidar la problemática de los defensores de indios y estudiar casos particulares en los que intervinieron en el distrito de la Audiencia de Guatemala, lo cual incluye el área ocupada por grupos mayas, es abordada también en esta parte. Para finalizar la investigación, en su parte tercera, nos ocupamos de la sublevación de Quetzaltenango y el proceso que se les siguió a los vecinos del pueblo. Asimismo, en dicho apartado se cuestionan los alcances que tuvo para los indígenas el oficio de defensor de indios. Como se puede apreciar, las partes de este trabajo constituyen unidades en las que se abordan aspectos específicos sobre la protectoría y los defensores de indios, pero están estrechamente relacionadas pues la lectura de una contribuye de manera significativa a la comprensión de las otras; a su vez 27

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las partes están ordenadas en pequeños capítulos para facilitar la inteligencia de la materia. Cada una de las secciones del trabajo siguen un orden cronológico. Hasta el momento, los principales problemas de interpretación de la protectoría surgían en este aspecto, pues otros autores retomaban documentos de diferentes épocas para sus estudios, dejando de lado la importancia que tienen para el cargo los problemas específicos que enfrentó en fechas determinadas y que influyeron notablemente en los cambios que en él introdujo la Corona. La protectoría de indios es un claro ejemplo de instituciones formadas no por el genio creativo de los reyes castellanos, sino a partir de la experiencia de muchos actores en las Indias.

A partir de la llegada de los españoles a tierras mayas, se fue construyendo un proceso histórico enmarcado no sólo en el ámbito local, sino como parte de un proceso global que hemos denominado, desde la perspectiva occidental, la modernidad. Así, en el área maya, los pueblos originarios entraron en contacto no sólo con los españoles quienes formaban parte de un imperio colonial, sino también con otros europeos rivales de éstos (como los corsarios franceses e ingleses) o las personas de origen africano. De entre estos sectores se edificó una estructura social aún mayor, en la que todos participaron de manera activa. Precisamente este trabajo ha querido ocuparse y contribuir a la comprensión de un ámbito de las estructuras sociales que existieron en el área maya: el de la legalidad impuesta por régimen colonial. Hasta este momento no conocíamos otro estudio que se haya hecho cargo del tema del protector de 28

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indios en Guatemala, aunque varios se hayan referido a la persona del primer obispo y protector de indios de Guatemala, Francisco Marroquín. Porque, repito, aquí no se pretende hacer un trabajo biográfico de quienes ocuparon dicho cargo, sino entender a los protectores como parte de una dinámica social acaecida en un tiempo y región específicos, así como sus relaciones con otros actores del mismo drama. Las fuentes de las cuales se dispuso para lograr tales objetivos fueron diversas. Para comenzar, se revisaron documentos relacionados con la protectoría que han sido publicados. En cedularios, colecciones, crónicas coloniales y estudios contemporáneos contienen –en ocasiones completos– textos de nombramientos de obispos, correspondencia entre la Corona y diferentes autoridades que lidiaban con los protectores y, finalmente, papeles que desde la metrópoli se enviaban a estos funcionarios, así como las epístolas que ellos mismos escribían. Parte importante de la legislación para los indios también ha sido publicada en diferentes obras. Cabe mencionar que la tan socorrida Recopilación de leyes de indias aquí ocupó un papel menor, pues la falta de precisión en la información que proporciona además del carácter relativamente tardío de los documentos que presenta, la mostraron en desventaja frente a otras colecciones cuyo contenido era más antiguo y más completo. Pero además de estos valiosos escritos publicados en el siglo xvi, fue necesario llevar a cabo una investigación documental. Puesto que el gobierno de Guatemala y el distrito de la Audiencia de los Confines fueron territorios independientes de cualquier virreinato, los documentos que se produjeron ahí –y que eran de nuestro interés– se encuentran bien en el Archivo General de Indias, bien en el Archivo General de Centroamérica; sólo pude consultar el acervo del primer archivo. 29

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Por una parte, el fondo documental del ya mencionado archivo del Centro de Estudios Mayas me permitió la consulta del microfilm del Juicio de residencia del doctor Antonio González, presidente de la Audiencia de Guatemala, 1573, y de las imágenes digitalizadas en discos compactos de los legajos 9A y 9B de la sección Audiencia de Guatemala. Los demás manuscritos fueron consultados gracias al acceso que tuve a las imágenes digitales de los mismos, presentados en la página de internet Portal de Archivos Españoles del Ministerio de Cultura de España. Para la segunda parte del trabajo, fueron primordiales las cartas de Francisco Marroquín publicadas en los Anales de la Sociedad de Geografía e Historia de Guatemala, en 1963 por Carmelo Sáenz. Como se ve, básicamente las fuentes de las que se dispuso son oficiales y pertenecientes al ámbito colonial español. Pero en un afán para no dejar de lado la perspectiva indígena del problema –aunque tristemente pocos– se incluyeron testimonios como el del Memorial de Sololá, pues al final, los indígenas eran la razón de ser de los protectores. Todas las fuentes fueron sometidas a la crítica propia del historiador: se recurrió a la comparación de textos, al análisis hermenéutico y, en el caso de los documentos inéditos, a la paleografía y transcripción de algunos de ellos. Además tuve que iniciarme en el arte –difícil para mi gusto– de la interpretación de los textos legales. Resta aclarar el criterio que usé para citar los documentos publicados y los manuscritos paleografiados por mí. Se modificó la ortografía de las palabras de acuerdo con la manera en que ahora escribimos los valores fonéticos de las mismas, para así facilitar la lectura de los documentos (por ejemplo christiano y cristiano o yndio e indio que se pronuncian igual 30

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aunque con el transcurso del tiempo se han escrito diferente), pero conservando ese valor fonético, se han mantenido también los arcaísmos (aunque agora, dellas, ansí, etc., tengan correspondencias modernas, no se decían igual que ahora), con lo cual se quiso respetar la propia historicidad del lenguaje. Además, se desataron todas las abreviaturas.

• Se presenta aquí un trabajo dedicado a la protectoría de indios, institución expresada por medio del cargo de protector, el cual fue instituido en la América colonial por la Corona de Castilla. Debido a la larga trayectoria del cargo –pues desapareció hasta el siglo xix de la legislación colonial– y los alcances de este estudio, nos centraremos en lo que ocurrió con el mismo durante el siglo xvi: trataremos explicar el proceso histórico del cargo en sí y situarlo en el contexto en que existió. Es también un propósito de este trabajo, dilucidar el significado que tuvo la protectoría para Guatemala y aclarar sus diferencias respecto a los defensores de indios. Así, enuncio como tesis de este trabajo que: 1) el protector de indios fue un cargo cuyas facultades y jurisdicción se transformaron en el transcurso del tiempo, de acuerdo con momentos históricos específicos y las experiencias que sufrió en las diferentes regiones coloniales, lo cual llevó a la Corona a introducir cambios en él, por lo que se trata de una institución formada no por el genio creativo de los reyes castellanos, sino a partir de la experiencia de muchos actores en las Indias; 2) los alcances de la protectoría dependieron no sólo de la disposición individual para cumplir con sus obligaciones por quienes ostentaron el cargo, pues su ámbito de acción estuvo 31

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en gran parte condicionado por el régimen colonial del que formaban parte así como de los conflictos jurisdiccionales que hubo entre los protectores y las diferentes instancias de ese régimen; y 3) que el cargo de protector de indios no fue igual al de defensor de indios, pues cada uno correspondió a aspectos heterogéneos de la legalidad colonial y tuvieron facultades y obligaciones distintas. Los protectores de indios tenían la obligación de evitar abusos y malos tratos por parte de los españoles sobre la población indígena en general en los términos de sus diócesis, haciendo valer para ello la legislación dada por la Corona y que estaba vigente en aquellos años; mientras que los defensores estaban circunscritos al distrito de una gobernación y en su mayoría se trató de individuos legos, los cuales específicamente tenían la obligación de abogar por los nativos en los pleitos en que se vieran inmiscuidos, bien se tratara de causas civiles, bien de causas criminales. He aquí una obra la cual pretende contribuir con el conocimiento de la historia colonial del área maya, pero que sobre todo aspira a tener una utilidad social para los propios pueblos mayas. El lector tendrá la mejor opinión al respecto.

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Origen y desarrollo histórico de la protectoría de indios

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ratemos de imaginar, si es que ello nos está permitido en esta historia, las interrogantes que suscitó la llegada de gente extraña proveniente del mar entre la población antillana. Tal vez los isleños se preguntaron de dónde procederían, tal vez se cuestionaron sobre cuáles serían sus intenciones, incluso, pudiese ser, que se hayan preguntado si aquellos extraños eran sus iguales [...] probablemente éstas y otras interrogantes de incierta veracidad fueron formuladas también entre los europeos que se reflejaron en los ojos de los isleños, y en los que se encontraban allende el mar, cuando Colón, al volver de su aventura transoceánica, anunciaba el descubrimiento de nuevos territorios. Cierto, surgía la posibilidad de poner estas tierras bajo la soberanía de Castilla, pero también múltiples cuestionamientos, entre ellos, saber a quién competería el destino de las almas, igualmente, recién encontradas por los españoles. Las bulas Inter Caetera dadas por Alejandro VI en 1493, otorgaban aquellas tierras a la Corona de Castilla, dando a la empresa de Ultramar el estatus de santa, pues se declaraba 33

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como primera justificación de la donación, la evangelización de los naturales, y eso significaba ganar nuevos adeptos para la fe de Cristo. Frente a dicha perspectiva, Colón opinaba que los indios: “era gente que mejor se libraría y convertiría a nuestra sancta fe con amor que no por fuerza”.1 Ante este panorama optimista, sería pertinente que ahora nosotros nos preguntáramos ¿qué transformó la idea que tenían los españoles acerca de los habitantes de las Indias?, ¿cuáles fueron los motivos que cambiaron el trato de los europeos para con ellos?, y principalmente, para los objetivos de esta investigación, ¿qué motivó la necesidad de una legislación y posteriormente una institución encargada de proteger a esa gente que se convertiría al cristianismo “[...] con amor que no por fuerza”?

Las primeras relaciones entre europeos e indígenas. Esclavismo y trabajo forzoso La segunda expedición colombina contemplaba la colonización de las islas descubiertas. Artesanos y agricultores atravesaron el océano en compañía de los marineros. Además, queriendo cumplir con el mandato providencial que habían hecho suyo los europeos, iba un grupo de frailes seleccionados por los Reyes Católicos, a cuya cabeza iba el benedictino Bernardo Boil, y cuya tarea era comenzar la evangelización de los indígenas.2 Diario del primer y tercer viaje de Cristóbal Colón, en Bartolomé de Las Casas, Obras completas, tomo 14, p. 56. 2 Gonzalo Fernández de Oviedo, Historia general y natural de las Indias, tomo I, p. 33 1

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Para ganar las islas, se usó una práctica recurrente en la reconquista española que consistía en “la afirmación de la soberanía, el establecimiento de la fe, inmigración y asentamiento, y una dominación extensiva de las tierras y las personas”.3 La ambición por rescatar oro, fue otra poderosa razón que empujó a las naves hispanas nuevamente hacia las Antillas. Sin embargo, pronto la realidad hizo saber a los extranjeros que de manera difícil obtendrían las cantidades de oro a las que aspiraban. Pero las inversiones hechas para financiar los viajes de Colón exigían una pronta recuperación de los recursos. Fue en 1495 que se presentó al Almirante la oportunidad de hacerse de los recursos necesarios. Al volver a La Española, Colón se encontró con que los indígenas se habían levantado contra los españoles inconformes por el trato que recibían de éstos. Comenzó una campaña de pacificación que duró meses, y al término de ésta, Colón se había hecho de algunos cientos de indios rebeldes. El destino de los antillanos, considerados prisioneros de guerra, fue ser embarcados hacia el Viejo Continente y puestos a la venta como esclavos. El negocio lo realizó el ministro a cuyo cargo estaban los asuntos de las Indias, en ese entonces el obispo de Burgos y Badajoz, Juan Rodríguez de Fonseca.4 De esta manera Colón buscó establecer un comercio regular de esclavos a la manera de los portugueses y con él, solucionar la carencia del metal áureo. Incluso en el memorial escrito a Isabel y Fernando durante este viaje, Colón sugiere las ventajas de esclavizar a los caribes que, apuntaba, eran un obstáculo al pacífico poblamiento de las islas. Con ello los indígenas pacíficos estarían “salvaguardados de los caníbales”, mientras que estos últimos, al amparo de sus amos, dejarían 3 4

J.H. Elliot, “La conquista española y las colonias en América”, p. 117. Lesley Byrd Simpson, Los conquistadores y el indio americano, p. 16.

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sus prácticas antropófagas para convertirse al cristianismo. El ejemplo de su captura también sería usado para escarmentar a cualquiera que decidiera levantarse contra la Corona, mientras que ésta se haría de ingresos provenientes del comercio de esclavos.5 Con estos motivos, pronto se consideró como esclavo a todo aquel que fuese tomado en rebelión contra la Corona. Así, la cantidad de territorio dominado por los europeos fue proporcional con el aumento de naturales esclavizados. Al parecer el negocio esclavista prosperó, en beneficio de los europeos y en detrimento de los antillanos. Tal vez por esta razón, fue hasta 1499 que la reina Isabel tomó medidas para reglamentar el tráfico de esclavos indígenas. Cuando la reina se enteró que en los navíos llegados a Sevilla procedentes de las Indias “el almirante había dado a cada uno de los que allí venían, un indio por esclavo [...] hobo muy gran enojo diciendo estas palabras: ‘¿Qué poder tiene mío el almirante para dar a nadie mis vasallos?’”.6 Además mandó que todo aquel que hubiese llevado un indio dado por el Almirante, lo devolviese a las Indias. No obstante esta medida, la reina no pidió el retorno de otros indígenas, tal vez por creer que éstos habían sido capturados en guerra justa, tal como señala Bartolomé de Las Casas.7 Este acto, que en algunos casos se ha querido interpretar como el primer intento de protección real para con los naturales,8 se trató más bien de un reclamo de la soberanía regia sobre las Indias y sus habitantes.9 Ibid., p. 17. Las Casas, Historia de las Indias, libro I, cap. CLXXVI. 7 Ibidem. 8 Véase por ejemplo lo que opina Enrique Dussel, El episcopado latinoamericano y la liberación de los pobres 1504-1620, p. 32. 9 En este punto estoy de acuerdo con lo señalado por Simpson y Lenkersdorf. Cfr. Simpson, op. cit., p. 18 y Gudrun Lenkersdorf, Repúbli5 6

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Más importante aún que el esclavismo, el mejor medio para hacerse de mano de obra indígena en las Indias fue la encomienda. La necesidad de alimentos en las colonias españolas, la posibilidad de aún obtener alguna cantidad de oro en los ríos y minas, así como la poca disposición de los inmigrantes para trabajar, derivó en la introducción de un sistema de trabajo forzoso. Éste, al mismo tiempo que generaba los tributos del rey y daba a los colonos la vida holgada a la que aspiraban, eludía los decretos contra la esclavitud dados por la Corona. La llegada del gobernador Nicolás de Ovando en 1502, acompañado de unos 2 500 españoles que buscaban colonizar las Indias, aumentó la carga de los indígenas pues exigió una mayor cantidad de trabajo para ellos. Fue durante el gobierno de Ovando que se intentó reemplazar el sistema de trabajo forzoso por uno basado en distintas formas de pago. El fracaso se anunciaba en una sociedad para la cual era ajeno el concepto de trabajo europeo. Para la consolidación de una colonia permanente en las Indias, se necesitaba que los emigrantes se establecieran de forma definitiva y arraigaran en las islas. El mejor medio para lograrlo era la fundación de familias. Pero en toda esta etapa no viajaron mujeres europeas hacia el Nuevo Mundo. Como las indígenas eran tomadas por la fuerza, Ovando mandó que mujeres e hijas de los antillanos llevadas sin consentimiento fueran devueltas. Incluso existieron repetidas recomendaciones a favor de los casamientos, pues hasta ese momento el concubinato era la regla. Señala Simpson que: “las mujeres indígenas eran muy solicitadas. Una mujer era valorada en cien castellanos, informó Colón, tanto como una granja y aun las muchachas de nueve a 10 años tenían su precio. Había un cas de Indios. Pueblos mayas en Chiapas, siglo XVI, pp. 32-33.

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mercado de mujeres de toda edad, añadía, y muchos comerciantes hacían provechosos negocios traficando en ellas”.10 Otro problema de aquellos días fue que la mortandad indígena aumentó de manera considerable. Ovando envió delegados a España para que expusieran al rey la situación. La intención del gobernador fue conseguir la autorización real para tomar indios de otras islas. Este permiso lo obtuvo bajo la condición de pagar un salario a los naturales y proporcionarles los víveres necesarios para vivir. Ya que la obligación de los nuevos súbditos de Castilla era pagar tributo y los reyes necesitaban recursos, instruyeron los monarcas a Ovando para que procediera de la siguiente manera: E porque hemos sido informados que para haber más provecho de dicho oro, convenía que los cristianos questán en las dichas Indias se sirviesen en esto, de los mismos indios, mandamos al dicho nuestro gobernador e a los dichos oficiales, quellos vean la forma que se debe de tener en lo susodicho, e cuales los que más conviene a nuestro servicio, con tanto que los dichos indios non sean mal tratados nin agraviados por los dichos cristianos, como fasta aquí lo han sido; e sean pagados de sus jornales [...] e que esto se faga por su voluntad e non de otra manera [...].11

En las líneas anteriores, se hace patente el pragmatismo de la legislación de la Corona. Mientras que por un lado se busca la conservación de los naturales, considerados más importantes por ser un bien material que por su calidad humana, no se permite olvidar la necesidad de la obtención de oro. Simpson, op. cit., p. 24. Instrucciones de los reyes Fernando e Isabel al gobernador Ovando, fechada el 29 de marzo de 1503, en cdia, tomo XXXI, pp. 171-172. 10 11

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A la muerte de Isabel la Católica, afirma Simpson, durante la regencia del rey Fernando la situación de los indígenas no mejoró, pues el monarca más interesado en obtener recursos de las Indias que por el futuro de los dominios de Castilla, apoyó la sobreexplotación de los indios, aunque en el papel siempre mostrara consideración para con éstos. ¿Cuáles fueron los motivos de esta política contradictoria de la Corona? Si incluso en los últimos días de su vida, la reina Isabel bien recordaba a sus herederos que así como les fueron donadas las Islas y Tierra Firme del Mar Océano a Castilla, con la finalidad de “inducir y a traer los pueblos dellas [las Indias] y los convertir a nuestra sancta fe católica”, ellos debían de ocuparse del buen trato de los indios: Suplico al rey mi señor muy afectuosamente, y encargo y mando a la dicha princesa mi hija y al dicho príncipe su marido que así lo hagan y que este sea su principal fin, y que en ello pongan mucha diligencia, y no consientan ni den lugar a que los indios, vecinos y moradores de las dichas islas y tierra firme, ganados y por ganar, reciban agravio alguno en sus personas y bienes, mas manden que sean bien y justamente tratados; y si algún agravio han recibido, lo remedien y provean, por manera que no se exceda cosa alguna lo que por las letras apostólicas de la dicha concesión nos es ynyungido e mandado.12

Debemos anotar que pronto se generó un conflicto de intereses para la Corona, pues ésta, como se ha señalado, tenía la obligación de velar por la población nativa de las Antillas y la redención de su alma, pero al mismo tiempo estaba presionada por los muchos españoles que habían conquistado las Indias a expensas propias y esperaban alguna compensación 12 Testamento de la reina Isabel I, fechado en Medina del Campo, el 12 de Octubre de 1504, en Vasco de Puga, Cedulario Indiano, f. 5.

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por ello. Además, existía para la Corona la necesidad de hacerse de recursos propios. Finalmente, las decisiones reales favorecieron los intereses de los colonos que, en cierta medida, también eran los suyos. Así, a 20 años de la llegada de Colón, la población de las islas prácticamente había desaparecido por las guerras, las enfermedades, los maltratos y la brutalidad del trabajo forzoso – ya a manera de esclavitud, ya en las encomiendas. La elevada mortandad indígena en las Antillas originó un movimiento de indignación que se opuso al trato dado hasta ese entonces a los nativos. Tal movimiento estuvo encabezado por un grupo de frailes dominicos.

Las Leyes de Burgos. Primera legislación sobre los indígenas Fue en 1510 cuando un grupo de frailes de la orden de Santo Domingo llegó a La Española. Fray Pedro de Córdoba era quien llegaba al frente de los dominicos, contando entre sus acompañantes con fray Antón Montesino. Estos dominicos, indignados por el mal trato hacia los indígenas, intentaron persuadir a sus feligreses españoles de cambiar su actitud hacia los naturales de La Española. Antón Montesino fue el encargado de predicar un sermón en el que los dominicos recriminaban a los vecinos de la ciudad de Santo Domingo la cruel servidumbre en que tenían a los indios, así como su falta de empeño por evangelizarlos. Los españoles enfadados por el sermón exigieron disculpas a Montesino. Ante la falta de ellas, decidieron informar al rey sobre el comportamiento de los dominicos. Se quejaron de la manera en que los frailes los habían condenado por te40

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ner indios y servirse de ellos, contrariando lo mandado por la Corona. Además, recurrieron a los franciscanos ya establecidos desde antes en La Española, y pidieron a fray Alonso del Espinal para que fuese a Castilla y denunciara a los dominicos por “haber predicado contra lo que el rey tenía ordenado”.13 Los dominicos también acordaron enviar un procurador a España, que se decidió fuese Montesino. Éste debía “dar cuenta y razón de su sermón y las razones que los habían motivado a determinarse de predicarlo”.14 Una vez en Castilla, fray Alonso del Espinal fue el primero en entrevistarse con el rey, cuestión que dificultó la embajada de Montesino. Ya una vez superados los inconvenientes que se presentaron, en el encuentro que Montesino sostuvo con el monarca español le refirió la situación de los indígenas y le pidió remediarla. La respuesta del rey Fernando ante estos informes, fue constituir una junta de teólogos y juristas llamada Junta de Burgos que deliberara sobre el proceder de los españoles en las Indias. El resultado de la Junta fueron las llamadas Leyes de Burgos, proclamadas a finales de 1512. Fueron éstas el primer cuerpo legislativo destinado a reglamentar las relaciones entre los naturales y sus encomenderos. Sin embargo, esta legislación tenía como base una visión bastante negativa de los indígenas. De allí que el resguardo que la Corona les debía otorgar a éstos consistiría en “empujarlos” hacia una vida “civilizada” y cristiana. El buen tratamiento hacia los nativos quedaba supeditado a su aceptación de las costumbres españolas, por lo cual se decretaba la reubicación de los nativos como “remedio a su vida de ociosidad y vicisitudes” y, claro está, en beneficio de la buena costumbre de trabajar para sí, para los españoles y para el rey, tal como se ve en el prefacio de estas leyes: 13 14

Las Casas, Historia de la Indias, libro III, cap. V. Ibid., cap. VI.

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La protectoría de indio durante el siglo xvi [...] el conocimiento de nuestra fe que sería necesaria para su salvación porque de su natural son inclinados a ociosidad e malos vicios de que nuestro señor es deservido y no a ninguna manera de virtud ni dotrina y el prencipal estorbo que tienen para no se enmendar de sus vicios e que la dotrina no les aprovecha ni en ellos imprima ni la tomen es tener sus asientos y estancias tan lejos como los tienen e apartados de los lugares donde viven los españoles [...] y se les sigirá otros muchos provechos así para la salvación de sus ánimas como para el pro y utilidad de sus personas e conservación de sus vidas por las cuales cosas e por otras muchas que a este propósito se podrían decir fue acordado que por el bien e remedio de todo lo susodicho sean luego traídos los dichos caciques e indios cerca de los lugares e pueblos de los dichos españoles que hay en la dicha isla e para que allí sean tratados e industriados e mirados como es razón y siempre lo deseamos mando que de aquí adelante se guarde e cumpla lo que adelante será contenido en esta guisa.15

Si bien las Leyes de Burgos reconocían a los indígenas como vasallos libres del rey de España, su servicio hacia éste sólo podía consolidarse, señalaban, por medio de la encomienda. Este último aspecto fue central en la legislación, pero para descontento de los padres dominicos perpetuó lo que en la praxis hasta entonces había ocurrido: regulaba el sistema de encomienda, aunque siempre bajo la promesa de un pago para los indígenas. A los encomenderos se les recordaba trabajar con empeño en la conversión y educación de sus encomendados. Las Leyes de Burgos incluían pocas disposiciones en contra del maltrato de los indios, tan sólo la ley 24 se refería específicamente a este respecto, razón por la que los dominicos se 15 Leyes de Burgos, fechadas en Burgos, el 27 de diciembre de 1512, en Rafael Altamira, “El texto de las Leyes de Burgos”, pp. 22-25.

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mostraron insatisfechos con lo declarado en la legislación. Fray Pedro de Córdoba se presentó algunos meses después con el rey y lo persuadió de hacer modificaciones a estas leyes. Ante las razones dadas por Córdoba, el rey convocó a una nueva junta en Valladolid y dictó otras ordenanzas el 28 de julio de 1513. Las diferencias entre éstas y las de 1512 no fueron mayores: tan sólo limitaron el trabajo a los indígenas varones menores de 14 años y el de los adultos a servir nueve meses al año para que estos últimos pudieran trabajar sus tierras; asimismo, se ordenó la exclusión de las mujeres del trabajo, a condición de que ellas o su esposo no dispusieran lo contrario. Las Leyes de Burgos, incluyendo las modificaciones de 1513, además de que en poco o nada resolvían la situación de los nativos, fueron ejecutadas con poco empeño en el Nuevo Mundo. No fue sino hasta después de la muerte de Fernando el Católico, ocurrida en 1516, que tuvo lugar una nueva etapa en la cual surgió el cargo del protector de indios.

Bartolomé de Las Casas. Primer protector de indios La obra de Bartolomé de Las Casas, realizada a lo largo de su vida, entrecruza sus años de trabajo en pro de los pueblos nativos con los orígenes de la protectoría de indios. En gran parte a sus esfuerzos se debe la creación del cargo de protector. Las Casas no fue un individuo que haya aparecido de forma espontánea en los escenarios de la joven historia colonial americana. Por el contrario, sus acciones sólo se pueden explicar a la luz de su experiencia vital en las Indias.

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Llegó el joven Bartolomé al Nuevo Mundo como uno de los acompañantes de Nicolás Ovando en la colonización de 1502. En recompensa a su participación en la Conquista recibió por parte de la Corona una encomienda. Los horrores cometidos contra los indígenas en esos años, muchos de los cuales debió presenciar Las Casas, gestaron en él un espíritu contrariado con los principios en los que se basaba la servidumbre indígena y con la conducta de los colonos. Las Casas se percató de que el principal problema en las Indias eran las relaciones entre españoles e indígenas.16 A manera de solución consideró, principalmente, acabar con las prácticas de trabajo forzoso, o de lo contrario los naturales serían exterminados. Inspirado también por el movimiento dominico en defensa de los naturales en La Española, Las Casas viajó a España en busca del apoyo real que le permitiese llevar a cabo las reformas. La estancia de Las Casas en la Península Ibérica coincidió con la muerte de Fernando el Católico y la regencia del cardenal Ximénez de Cisneros. Éste recibió las informaciones que llevaba Las Casas de las Islas, además de su Memorial de remedios para las Indias.17 En dicho escrito, Las Casas propone la abolición del trabajo forzoso indígena y el aumento del poder eclesiástico, en el entendido que los religiosos serían más indulgentes con los nativos. Bartolomé de Las Casas se dirigía en estos términos a Cisneros: Gudrun Lenkersdorf, “La defensa de los derechos de los pueblos originarios, afroamericanos y migrantes. Nuevas miradas a Las Casas”, en José Emilio Rolando Ordoñez Cifuentes (coord.), La defensa de los derechos de los pueblos originarios, afroamericanos y migrantes. XVI Jornadas Lascasianas internacionales, p. 45. 17 Memorial de remedios para las Indias, fechado en 1516, agi, Patronato 252, Ramo 2, publicado en Las Casas, Obras completas. Cartas y memoriales, tomo 13, pp. 23-48. 16

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Origen y desarrollo histórico de la protectoría de indios Vuestra reverendísima señoría mande poner en aquellas islas, en cada una dellas, una persona religiosa, celosa del servicio de Dios y de su alteza y de la población de la tierra, y que procure la utilidad y conservación de los indios con mucha vigilancia e cuidado, la cual en justicia de los dichos indios, porque no le sea hecha ninguna sinrazón y sin justicia, y que castigue rigurosamente a los malhechores, y delincuentes, porque esta rigurosidad será gran piedad [...] vuestra señoría mande dar muy buena quitación y salario de aquella comunidad, no en indios, porque luego se corrompen, sino en dineros [...] y que con esta tal persona ningún otro juez ni justicia tenga que hacer ni mandar ni estorbarle, porque si los otros jueces o justicias tuviesen indios en las comunidades, nunca les faltaría de qué asiesen alguna cosa para estorbarles su buen celo, porque pensarían en augmentar sus ganancias [...]. La residencia que esta tal persona hobiere de hacer [...] que el que se la hobiere de tomar sea otra tal persona de mucha conciencia, la cual no haya de tener indios en su vida [...].18

Ante los informes recibidos y las opiniones recaudadas, Cisneros decidió crear un gobierno de tres frailes de San Jerónimo en La Española. Su acompañante como consejero, debido a su larga experiencia en las Indias, sería el propio Bartolomé de Las Casas. A los jerónimos se les instruyó para que dieran a los indios “orden e justicia” en su manera de vivir, pero sin molestarles, procurando que tampoco español alguno los agraviara como hasta ese momento habían hecho.19 Es éste el primer intento por parte de los gobernantes españoles en confiar a los religiosos los gobiernos de las Indias, de quienes se esperaba mayor sensatez para administrar sus

Ibid., p. 26. Real Cédula dirigida a los Jerónimos, fechada el 18 de septiembre de 1516, en cdia, tomo XI, p. 259. 18 19

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dominios en Ultramar y que hiciesen de la colonización una carga menos pesada para los nativos. A Las Casas le fue encomendado velar por el buen tratamiento de los indios y, como se ha dicho, aconsejar e informar a los jerónimos sobre la situación de aquéllos: Bartolomé de las Casas: [...]. Por cuanto somos informados que ha mucho tiempo que estáis en aquellas partes e residís en ellas, de donde sabéis y tenéis experiencia en las cosas dellas, especial en lo que toca al bien y utilidad de los indios, y sabéis y tenéis noticia de la vida y conversación dellos por haberlos tractado, y porque congnocemos que tenéis buen celo al servicio de nuestro señor y nuestro de donde esperamos que lo que vos encargáremos y mandaremos haréis con toda diligencia y cuidado, y miraréis lo que cumple a la salud de las ánimas y cuerpos de los españoles e indios que allá residen, por ende, por la presente vos mandamos que paséis a aquellas partes de las dichas Indias, así de las islas Española, Cuba, Sant Juan y Jamaica, como tierra firme, y aviséis e informéis y deis parecer a los devotos padres hierónimos, que nos enviamos a entender en la reformación de las Indias, y otras personas que con ellos entendieron en ello, de todas las cosas que tocaren a la libertad y buen tractamiento e salud de las ánimas e cuerpos de los dichos indios de las dichas islas y tierra firme.20

En el mismo documento se ordena a diversas autoridades del Nuevo Mundo respetar la autoridad de Las Casas, bajo amenaza de castigo. Además, resulta importante señalar para esta historia que Bartolomé de Las Casas recibió el primer nombramiento de “procurador o protector universal de todos los indios de las Indias”.21 20 21

Las Casas, Historia..., lib. III, cap. 90. Ibidem.

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En una carta escrita durante sus primeros días en Santo Domingo, los frailes jerónimos comunicaron a Cisneros que aún no podían opinar acerca de los aborígenes y su situación en La Española, dado su reciente arribo a la misma. Le notificaban, además, haber emprendido acciones para quitar las encomiendas a los que residían en Castilla “conforme de lo que allá venía mandado”.22 Meses más tarde, después de realizar averiguaciones en torno a la desaparición de las encomiendas, a la cual los colonos consultados por supuesto se opusieron, los jerónimos informaban al cardenal Cisneros que: [...] si algunos dijesen que hagan libres a los indios, ques conciencia poseerlos, como los dominicos ya lo intentaron, no les dé oídos, porque poseyéndolos conforme a las ordenanzas que en Burgos se hicieron, viven como cristianos e aún como religiosos, e todos hacen actos de cristianos, e muchos son buenos cristianos, e habrá mas de cada un día; e si se les da libertad a que vivan sobre sí, luego dejaran lo que tienen de nuestra fe, e se volverán a idolatrar como antes lo hacían.23

Las Casas expresó su contrariedad por los informes de los jerónimos, pero estas protestas poco eco encontraron en España. El problema entre Las Casas y los jerónimos fue, principalmente, un conflicto jurisdiccional. Las Casas y los dominicos se preocupaban por la situación de los nativos de La Española, por lo que de manera frecuente su defensa los llevaba a interferir en asuntos seculares, los cuales eran potestad Carta de los Jerónimos al Cardenal Cisneros, fechada el 20 de enero de 1517, en cdia, tomo I, p. 270. 23 Carta de los Jerónimos informando acerca de la situación en la isla Española, sin fecha, en cdia, tomo I, p. 252. 22

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de los frailes de San Jerónimo. Éstos, a su vez, rechazaban la intrusión de Las Casas en asuntos de gobierno. Los jerónimos consideraban que los métodos empleados para la conversión de los naturales, como la reducción y encomienda, además de ser provechosos para los intereses de la metrópoli en el Nuevo Mundo, también lo eran para los propios indígenas. Cisneros resolvió la situación revocando los cargos de Las Casas, y el 22 de julio de 1517 dio las siguientes instrucciones para que éste fuera enviado a España: Con la presente se envía cédula para que el dicho Bartolomé de Las Casas venga acá, como verán; luego se le debe notificar, y que en el primer navío venga; y sobreseerle han la paga de su salario para que no se le pague más; y si en su venida pusiera alguna dilación o impedimento, enviadle preso y a buen recaudo y a su costa a esta Corte.24

La revocación del cargo de protector de indios de Las Casas, significó la suspensión de dicho oficio durante casi una década. Dos importantes hechos contribuyeron a esta interrupción: por un lado la sucesión del joven Carlos de Habsburgo como rey español, con la subsiguiente reorganización de la administración colonial y, a la par que esto ocurría, en América el descubrimiento y conquista de diversas culturas mesoamericanas, cambiaba la perspectiva que los europeos tenían sobre los habitantes de las Indias, y la manera en que ellos debían ser sometidos. Éstos fueron años de cambios y de

24 Carta del regente Ximénez de Cisneros, fechado el 22 de julio de 1517, agi, Indiferente General, leg. 419, libro 7, f. 10-11. Citado por Álvaro Huerga en Las Casas, Obras completas. Vida y obra, tomo 1, p. 92.

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experimentos en las colonias, lo cual condicionó la creación de una institución encargada de la protección de los indios.

La Provisión General de Capítulos de 1526. Ordenanzas para nuevas conquistas Luego de la Conquista de México la Corona trató de evitar la instauración de la encomienda en dicha región. No deseaba que se repitiera la experiencia de las Antillas, donde el exterminio de la población nativa fue casi total. Sin embargo, las exigencias de los conquistadores de recibir encomiendas como pago por su participación en la Conquista, tuvieron que ser aceptadas ante la amenaza del abandono de la tierra. La captura de indígenas como esclavos en los territorios recién ganados también fue motivo de preocupación para el gobierno español, pues éste veía alarmado cómo su soberanía sobre los indígenas era minada a favor del poder privado de los conquistadores. Pretendiendo que en futuras campañas de conquista los españoles no hicieran a la población nativa presa de maltratos y excesivos trabajos que ocasionaran despoblamiento, como hasta entonces había ocurrido, Carlos I dictó una Provisión General de Capítulos, en la cual se instruyó a los conquistadores sobre la actitud que debían de tener en las expediciones. Dicha Provisión se incorporó a la capitulación de Francisco de Montejo de 1526, y en lo posterior, se añadió en el contenido de las capitulaciones para nuevas conquistas. 25 La Provisión General de Capítulos incorporada en las capitulaciones fue dada en Granada el 17 de noviembre de 1526. Véase la Capitulación otorgada a Francisco de Montejo para ir a descubrir, conquistar y poblar Yucatán y Cozumel, fechada en Granada, el 8 de diciembre de 1526, en 25

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La elaboración de la Provisión responde a la preocupación de la Corona por el estado en que se encontraban los lugares recién conquistados. En junio de 1526, al visitar Granada, Carlos I se sorprendió al encontrar una nula cristianización en la región, aun después de los años transcurridos desde su conquista. Con los informes que llegaban de América sobre las condiciones de las colonias, el emperador se percató que había que encontrar una solución para conseguir la hispanización de los nuevos territorios. Ya en 1524 Carlos I había fundado el Consejo de Indias, institución en la cual ocupó la presidencia Fray García de Loaysa, maestro general de los dominicos y confesor del rey. El Consejo estaba encargado de los asuntos referentes a las Indias, cada vez más complejos y numerosos, los cuales ahora serían responsabilidad de un grupo de juristas y teólogos que propusieran en conjunto soluciones al rey. Resultado de las deliberaciones de esta institución fue el texto de la Provisión General. La Provisión refiere que la facultad que otorga el rey de Castilla para descubrir, conquistar y poblar un territorio, se realiza conforme “a la bula de concesión de las dichas Indias a la Corona Real destos reinos”, con la primordial intención de “traer los dichos indios en conocimiento verdadero de Dios nuestro señor y de su santa fe”. No obstante, ya que los españoles “olvidando el servicio de Dios nuestro señor y nuestro, hirieron y mataron a muchos de los indios en los descubrimientos y conquistas, y les tomaron sus bienes”, Carlos I “queriendo proveer y platicar así sobre ello el castigo de lo pasado como en el remedio de lo venidero y excusar Milagros del Vas Mingo, Las capitulaciones de Indias en el siglo XVI, pp. 224-233. El texto de la Provisión también aparece en las Disposiciones complementarias de las Leyes de Indias, vol. I, pp. 8-13.

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los dichos daños e inconvenientes, y dar orden que los dichos descubrimientos y poblaciones de aquí adelante se hubieren de hacer e se hagan sin ofensa de Dios y sin muerte ni robo de los dichos indios, y sin cativarlos por esclavos”.26 En la legislación se reitera el uso del Requerimiento para que en las nuevas conquistas los indígenas fueran llamados a quedar bajo el servicio de la Corona. Aquellos indios que no aceptaran el sometimiento “o no quieran darnos obidiencia o no consintieren, resistiendo y defendiendo con mano armada”27 podrían ser hechos esclavos. La Provisión obligaba a que en expediciones futuras los conquistadores llevaran por lo menos dos religiosos o clérigos, los cuales habrían de procurar que los indios fueran bien tratados, además de que a su cargo estaba el informar a la Corona acerca del cumplimiento de la Provisión. Sólo estos religiosos podían autorizar el emprendimiento de una guerra, siempre y cuando fuese “justa” y como recurso para obligar a los indios a aceptar el dominio español. También era facultad exclusiva de los religiosos otorgar indios para una encomienda.28 Como se ha señalado, la Provisión General de Capítulos fue realizada para evitar maltratos sobre los indígenas en territorios aún no conquistados. Pero, ¿y qué sería de los nativos que se encontraban ya bajo dominio español en las colonias establecidas, y hasta ese momento continuaban siendo objeto de los abusos de los europeos? La Corona consideró necesario retomar un cargo postergado por ella misma, el cual debía asumir como suya la protección de la población indígena en las regiones ya colonizadas por los españoles. Fue éste otro paso importante en el desarrollo histórico de la protectoría. Idem. Ibid., p. 231. 28 Idem. 26 27

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La protectoría de indios y los obispos americanos En los años de 1527 y 1528 Carlos I otorgó los primeros nombramientos de protectores de indios. Fue aquí donde comenzó la estrecha relación que ligó la protectoría a los obispos americanos en las siguientes décadas. Pero para poder continuar con esta historia, antes tendremos que conocer el contexto en el que sucedió el reinicio de la institución. Los conflictos de Europa en los que tomaba parte Carlos V encontraban eco en sus colonias de Ultramar. Su disputa con Roma no fue la excepción. Desde años atrás la Corona de Castilla intentaba menguar la intervención papal en los asuntos temporales y aún en los eclesiásticos. Aunque algunos pontífices apoyaron a Castilla, con lo que el Real Patronato se fortaleció, el papa Clemente VII fue celoso del poder de Roma. Una alianza que estableció con los enemigos de don Carlos, le valieron la invasión de la Ciudad Eterna por parte de las tropas imperiales en mayo de 1527.29 Fue así que en un proceso paralelo, pero que dadas las circunstancias no podía ser simultáneo, algunos religiosos recibieron el título de protector de indios y fueron presentados ante el papa para ocupar la silla episcopal. Ya que era potestad exclusiva del sumo pontífice otorgar las bulas para hacer un obispo, y el conflicto entre el emperador y Clemente VII se resolvió hasta 1529,30 la designación de los mitrados tuvo que esperar. En ese mismo mayo de 1527, Carlos I nombró a Diego Álvarez Osorio protector de indios, designándolo, al mismo �� John Lynch, Los Austrias (1516-1598). Historia de España X, pp. 100-102. 30 Ibid., p. 102.

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tiempo, obispo de Nicaragua. Por ser éste el nombramiento más antiguo que conocemos en su género lo transcribimos a continuación: Por ende nos, vos mandamos que vais a la dicha provincia de Nicaragua [...] e que tengáis mucho cuidado de mirar e visitar los dichos indios, e hacer que sean bien tratados e industriados e enseñados en las cosas de nuestra santa fe católica por las personas que los tuvieren e tienen a cargo, e veáis las leyes y ordenanzas e instrucciones e prohibiciones por los Reyes Católicos nuestros padres e agüelos e por nos dadas cerca de su buen tratamiento e conversión, las cuales hagáis guardar e cumplir, como en ellas se contiene; e si alguna persona las dejare de guardar e cumplir, o fuere o pasare contra ellas, ejecutéis en sus persona e bienes las penas en ellas contenidas: para lo cual e para todo lo demás que dicho es, por esta nuestra carta vos damos poder conplido, con todas sus incidencias e dependencias, anexidades e conexidades; e mandamos al nuestro gobernador e oficiales de la dicha tierra que usen con vos en el dicho oficio e en todas las cosas a él anexas e concernientes, e para ello vos den todo el favor e ayuda que les pidiéredes e menester oviéredes, e los unos ni los otros, no fagades ni fagan ende al por alguna manera.31

Aquí encontramos la tarea fundamental de un protector de indios: mirar por el buen tratamiento de los indígenas. Para ello, el protector tendría que valerse principalmente de las visitas. Además contaba con facultades para ejecutar penas sobre aquellos que dañaran a los indios. No obstante, la ambigüedad en los límites de su jurisdicción, hacían que abarcara

31 Nombramiento de protector de indios a Diego Álvarez Osorio, dado por Carlos I, fechado el 2 de mayo de 1527. Citado por Constantino Bayle, El protector de indios, p. 58. Véase también Dussel, op. cit., p. 47.

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también la de otras instituciones, lo cual sería motivo de conflictos a lo largo de los años. Por una cédula de febrero de 1528,32 fray Tomás Ortiz fue hecho protector de indios de Santa Marta33 con un nombramiento análogo al de Diego Álvarez Osorio, lo cual implicaba los problemas mencionados. Sólo que en una cédula posterior, de agosto de 1528, se le entregaron a Ortiz instrucciones precisas sobre sus facultades y deberes. En ella se le autorizó expedir ordenanzas que considerara convenientes para lograr la protección de los indios, enviándolas antes al Consejo de Indias para su aprobación.34 Esto implica que en el caso de Ortiz, su nombramiento incluía algunas prerrogativas legislativas. Los primeros obispos que ejercieron de forma efectiva su cargo de protector pertenecían a la provincia de Nueva España: a saber, el dominico fray Julián Garcés obispo de Tlaxcala y el franciscano fray Juan de Zumárraga, prelado de México. Aunque el nombramiento de Zumárraga como protector fue anterior al de Garcés, nos detendremos primero con este último. Acerca de fray Julián Garcés, escribiremos que su nombramiento fue dado en Toledo el 6 de noviembre de 1528,35 cuando ya él se encontraba en la Nueva España. Garcés fue protector de indios hasta su muerte, ocurrida en el año de 1542. A este obispo se le reconoce su esfuerzo en pos del reconocimiento de los nativos novohispanos como hombres con todos sus derechos espirituales y temporales. Por medio de su Panamá 234, libro III, fol. 82, citado por Dussel, op. cit., p. 49. En febrero de 1528 Ortiz entraba junto con otros 20 dominicos a Santa Marta, lugar de donde fue presentado para ser obispo en 1529. Confróntese, Pedro Fernández Rodríguez, Los dominicos en el contexto de la primera evangelización de México, 1526-1550, p. 107. 34 agi, Panamá, 233, libro II, fol. 184, citado por Dussel, op. cit., p. 50. 35 Dussel, op. cit., p. 44, nota 39. 32

agi,

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“Alegato en pro de los naturales de Nueva España”,36 Garcés se dirigió al papa Paulo III informando “lo que he averiguado sobre el tierno rebaño incorporado a la santa Iglesia”.37 El obispo de Tlaxcala añadía que los naturales “pleno y óptimo uso de razón tienen, y entero sentido y juicio”, contrario a lo que otros afirmaban, “debido a lo cual, algunos españoles que se llegan a hacerles guerra, apoyados en el juicio de estos fulanos, suelen opinar que no hay crimen en despreciarlos, perderlos y darles muerte”.38 Gracias a esta información el pontífice romano fue animado a dar las bulas Sublimis Deus y Altitudo divini Consilii en 1537, las cuales declararon a los naturales aptos para obtener todos los bienes espirituales y temporales. En estas bulas también hay una declaración en contra de la esclavitud indígena: [Algunos individuos] ávidos de saciar su propia codicia, so pretexto de que [los naturales] son incapaces de la católica fe, se atreven a andar diciendo por todas partes que los indios occidentales y meridionales, lo mismo que otras gentes que han llegado a nuestra noticia en estos tiempos, deben ser sometidos como brutos animales a nuestra obediencia. Y los reducen ellos a esclavitud, agobiándolos con trabajos que ni siquiera imponen a las bestias de que se sirven [...].

Y añadía: “[...] que dichos indios nacen, no sólo capaces de la fe cristiana en cuanto hombres verdaderos [...] y aunque hayan nacido fuera de la fe de Cristo, no están ni deberán ser privados de la libertad ni del dominio de sus bienes”.39 René Acuña, Fray Julián Garcés. Su alegato en pro de los naturales de Nueva España. 37 Ibid., p. 21. 38 Ibid., p. 27. 39 Bula Sublimis Deus, pp. LVI-LVII, en René Acuña, op. cit. 36

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Aunque desconocemos cuál fue el trato que fray Julián dio en la práctica a los naturales, el empeño con que Garcés argumentó en su alegato a favor de los nativos, nos permite enterarnos del caso de un protector preocupado por el bienestar de los indígenas a él encargados. Sobre la actuación de Zumárraga como protector contamos con más información. En inicio tenemos la fortuna de conocer completo el texto de su nombramiento, expedido en Burgos el 10 de enero de 1528. A la letra dice: A vos, el venerable y devoto padre fray Juan de Zumárraga, obispo de Tenuxtitlán México, salud y gracia. Sépades que nos somos informados que los indios naturales de la Nueva España son tratados de los cristianos españoles que en ella residen, que los tienen en administración y en encomienda y de otras personas, no como debían y como vasallos nuestros y personas libres como lo son, lo cual no mirando el servicio de Dios ni lo que son obligados, les han dado y dan demasiados trabajos, pidiéndoles más servicios y cosas de las que buenamente pueden cumplir y son obligadas. Asimismo tomándoles sus mujeres e hijos y otras cosas que ellos tienen por fuerza y contra su voluntad; y asimismo sirviéndose de ellos como de tales y haciéndoles otras crueldades ynormes, lo cual demás de ser en mucho deservicio de nuestro señor y estorbo para la conversión de los dichos indios a nuestra santa fe católica, ha sido y es mucha disminución de los dichos indios y causa de despoblarse la dicha tierra [...].

Entre la rica información que nos proporciona esta provisión, encontramos la causa principal que motivó la protectoría: la población indígena estaba sufriendo un estrago demográfico como producto del mal trato que los españoles les daban a los nativos y los abusos que contra ellos cometían. Como remedio la Corona mandaba lo siguiente: 56

Origen y desarrollo histórico de la protectoría de indios [...] lo cual visto por los del nuestro Consejo de las Indias, y conmigo el rey consultado, queriendo proveer y remediar cerca de lo susodicho, cómo los dichos indios y naturales de aquellas partes sean libertados y administrados como libres y vasallos nuestros y vengan en conocimiento de nuestra santa fe católica, por amor que es nuestro principal deseo e intinción siendo tan poblada e rica. Fue acordado que debíamos de proveer una persona celosa del servicio de Dios nuestro señor y nuestro, para que sea protector y defensor de los dichos indios, y mire por su buen tratamiento y conservación y conversión dellos a nuestra sancta fe católica, y no consientan que se les haga agravio ni sinrazón, y se guarde con ellos las leyes y ordenanzas para su buen tratamiento; y nos tuvímoslo por bien [...].

Como se ha señalado, se instituyó a un protector de los indios para que evitara los abusos que se habían cometido contra éstos, haciendo para ello valer la legislación vigente en ese entonces. El protector debía también velar por la conversión de los indígenas al cristianismo, para salvaguardar su alma y, por supuesto, por ser el motivo de legitimidad de la presencia española en América. Continúa el texto señalando las obligaciones del protector: [...] Por ende, confiando de vuestra fidelidad y paciencia, buena vida y ejemplo, que en esto guardaréis el servicio de Dios nuestro señor y nuestro, y con toda retitud y buen celo entenderéis en ello, es nuestra merced y voluntad que cuanto nuestra merced y voluntad fuere, seáis protector y defensor de los dichos indios de la dicha tierra. Por la presente vos mandamos, cometemos y encargamos y mandamos que tengáis mucho cuidado de mirar y visitar los dichos indios, y hacer que sean bien tratados y industriados y enseñados en las cosas de nuestra sancta fe católica por las personas que los tienen y tuvieren a cargo, y veáis las leyes y ordenanzas y instrucciones y provisiones que se han hecho o 57

La protectoría de indio durante el siglo xvi hicieren cerca del buen tratamiento y conversión de los dichos indios, las cuales hagáis guardar y cumplir con mucha diligencia y cuidado, como en ella se contiene, y si alguna o algunas personas las dejan de guardar y cumplir, o fuere o pasare contra ellas, ejecutéis en sus personas y bienes las penas en ellas contenidas, para lo cual y para todo lo demás que dicho es por esta carta, vos damos poder cumplido con todas sus incidencias y dependencias, anexidades y conexidades, y mandamos al nuestro presidente y oidores de la nuestra Audiencia y chancillería real de la Nueva España, y a los nuestros oficiales y otros jueces y justicias della, que usen con vos en el dicho cargo, y para ellos vos den y hagan dar todo el favor y ayuda que les pidieres y menester hubiéredes y los unos ni los otros no fagades ende al por alguna manera, so pena de la nuestra merced y de diez mil maravedís para la nuestra cámara, a cada uno que lo contrario hiciere.40

Para la Corona tuvo tal importancia en aquellos días la protectoría, que pocos meses después de despachar el nombramiento de Zumárraga, ordenó el rey que en ausencia del protector alguien amparara a los indios. Para ello el propio Zumárraga debía nombrar a su probable sustituto, quien junto con los “perlados de las órdenes de San Francisco y Santo Domingo” se ocuparía de la protección de los indios.41 Por otro lado, ya que la Audiencia de México debía apoyar a Zumárraga para ejercer la protectoría, al secretario de ésta le fue entregada la cédula real del nombramiento el 18 de febrero de 1529. Sin embargo, pronto surgió una oposición entre la Audiencia Real y Zumárraga. Como se ha anotado, Real provisión nombrando a fray Juan de Zumárraga protector de indios de México, fechada en Burgos, el 10 de enero de 1528, en Puga, op. cit., f. 64. 41 Cédula fechada en Toledo, el 14 de noviembre de 1528, en Diego de Encinas, Cedulario indiano, vol. IV, f. 332-333. 40

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los límites ambiguos de la jurisdicción del oficio de protector fueron motivo de discordia, pues su autoridad incluía juzgar los crímenes cometidos contra los indígenas. Sin embargo, Zumárraga más adelante, exigió para él la potestad de nombrar visitadores religiosos que fueran a los pueblos de indios y también el derecho para designar alcaldes que escucharan los casos civiles y criminales de los indios. Además Zumárraga pidió al rey “que a las personas a quien vuestra majestad fuere servido de dar jurisdicción de la protectoría y amparo de los indios, seyendo de conciencia y confianza, se les de muy cumplido poder, de tal manera que los que gobernaren no tengan que entrometerse en cosa alguna, porque nunca faltan diferencias y contradicciones”.42 La Audiencia reaccionó negándose a reconocer la autoridad de Zumárraga. Incluso, el presidente de ella, Nuño de Guzmán, escribió al rey desacreditando al obispo. Fue el comienzo de un pleito en el que ambas partes resultaron afectadas. No obstante el antagonismo que enfrentó, Zumárraga se mantuvo firme en su cometido como protector. Simpson añade que Zumárraga “hizo un vigoroso intento de asegurar el cumplimiento de las leyes que restringían la explotación de los indios, pero desgraciadamente su propósito fue tan vagamente expresado y tan claramente entorpecido por la autoridad civil, que sólo le trajo como consecuencia frecuentes y violentos choques con la Audiencia”.43 Cuando se decidió la conformación de la segunda Audiencia se limitaron las facultades de la protectoría, lo que a su vez fortaleció la autoridad de aquélla. La cédula del 2 de agosto Carta de fray Juan de Zumárraga a la Corona, fechada el 27 de agosto de 1529, en Joaquín García Icazbalceta, Don fray Juan de Zumárraga. Primer obispo y arzobispo de México, tomo II, p. 235. 43 Simpson, op. cit., p. 93. 42

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de 1530 evidencia la subordinación del protector: Zumárraga podía enviar visitadores siempre y cuando sus nombramientos fueran aprobados por los oidores; las penas ejecutadas por el protector sólo podían ser menores –pecuniarias de hasta 50 pesos y corporales únicamente hasta de 10 días de cárcel–, pues a la Audiencia se le reservaba el derecho de juzgar y sentenciar los casos más graves. Las causas criminales entre indios también quedaron fuera de su competencia. Añadía la Corona que “no es nuestra intención y voluntad que los protectores tengan supioridad alguna sobre las dichas justicias”.44 De esta manera, el protector de indios en Nueva España prácticamente quedó reducido a ser un consejero para los asuntos indígenas. Finalmente el oficio de protector fue suprimido en Nueva España por medio de una cédula dada el 28 de septiembre de 1534. En ella se le informó a Zumárraga que debía entregar su cargo de protector al presidente de la Audiencia.45 Tal vez en esta decisión real haya influido el presidente de la segunda Audiencia, Sebastián Ramírez de Fuenleal, quien informó a la corona sobre cómo la administración de justicia era correctamente llevada a cabo por la Audiencia, no habiendo por ello necesidad del protector de indios en la Nueva España.46 Por aquel tiempo los oidores habían propuesto a la Corona que ellos mismos podían visitar los poblados acompañados de algunos religiosos, aunque las decisiones sobre dichas visitas competerían sólo a la Audiencia. Mediante una cédula de 44 Real Cédula, fechada en Madrid, el 2 de agosto de 1530, en Puga, op. cit., f. 65. 45 Dussel, op. cit., p. 44. 46 Ethelia Ruiz Medrano: Reshaping New Spain: Government and Private Interests in the Colonial Bureaucracy, 1535-1550, pp. 15-19. En esta obra se encuentra un extenso comentario acerca de la actuación de Zumárraga como protector de indios, así como de sus conflictos con la Audiencia.

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1533 la Corona mostró su acuerdo con este proyecto. Una vez enterado Zumárraga de esta decisión real, el obispo de México hizo efectiva su renuncia al cargo de protector un poco más tarde, el 4 de septiembre de 1535. Es de llamar la atención el hecho de que Ramírez de Fuenleal se opusiera a la protectoría, pues él mismo había sido nombrado protector de indios cuando fue obispo de Santo Domingo. Como presidente de la Audiencia de México, Ramírez de Fuenleal trabajó a favor de un mejor trato para los indios oponiéndose, por ejemplo, a que los indígenas fuesen hechos esclavos en Guatemala.47 Tal vez en su carácter de presidente de la Audiencia de Santo Domingo y obispo del mismo lugar se percató de las dificultades que enfrentaba un obispo protector, y la utilidad de que ésta estuviera en otras manos. Sea como fuere, Fuenleal continuó mostrando su oposición a la investidura de los obispos como protectores. Cuando Francisco Marroquín fue elegido obispo de Guatemala, y nombrado protector de indios, Ramírez de Fuenleal se dirigió a la emperatriz en estos términos: He escrito a vuestra majestad muchas veces cómo el oficio de protector de los indios es para daño de los naturales porque los que gobiernan, descuídanse dellos y no hacen sino tomar diferencias con ellos [los protectores] y páganlas los pobres indios, y pues ahora vuestra majestad manda que el licenciado Marroquín, electo de Guatemala, sea protector, debe parecer en el Consejo que es provisión provechosa, mande vuestra majestad que se mire y provea lo mejor, pues el que fuere obispo más fruto

47 Véase al respecto el trabajo de Silvio Zavala, Contribución a la historia de las instituciones coloniales en Guatemala.

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La protectoría de indio durante el siglo xvi hará sin poder de protector con su doctrina y ejemplo y consejo, y comandalle que haga relación, que no con tener jurisdicción.48

Los nombramientos de los protectores de indios para el Perú, resultan ilustrativos para conocer los cambios que tuvo dicho cargo mientras estuvo en manos de los obispos americanos, basado en experiencias en otras regiones (por ejemplo la de Zumárraga). El 26 de julio de 1529 se dio a Francisco Pizarro la capitulación para ir a la conquista de Túmbez. En ésta se presentaba como obispo a don Fernando de Luque y “entretanto que vienen las bulas del dicho obispado, le fazemos protector universal de todos los indios de la dicha provincia”.49 Luque nunca llegó a ejercer el cargo. Ante esta situación, la Corona nombró a fray Reginaldo de Pedraza, pidiéndole que tomara para él la provisión dada a Luque “como si fuera a vos dirigida y enderezada”, sólo que “guardando acerca de su uso y ejercicio del dicho cargo la orden y declaración siguientes”: [...] que el dicho protector pueda enviar a personas a visitar a cualesquier parte de los términos de su protectoría, donde él no puede ir, con que las tales personas sean vistas y aprobadas por el dicho nuestro gobernador [...] las tales personas que en su lugar enviare, puedan hacer e hagan pesquisas e informaciones de los malos tratamientos que se hicieren a los indios; y si por la dicha pesquisa merecieren pena corporal o privación de los indios las personas que los tuvieren encomendados, fecha la tal 48 Carta de Sebastián Ramírez de Fuenleal a la emperatriz, fechada en México, el 8 de agosto de 1533, en Francisco del Paso y Troncoso, Epistolario de Nueva España, tomo III, p. 117. 49 Capitulación otorgada a Francisco Pizarro para ir a la conquista de Túmbez, fechada en Toledo el 26 de julio de 1529, en Vas Mingo, op. cit., p. 261.

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Origen y desarrollo histórico de la protectoría de indios información o pesquisa, la envía al dicho nuestro gobernador; y el caso que la dicha condenación haya de ser pecuniaria, pueda el dicho protector o su lugar teniente ejecutar cualesquier condenación hasta en cincuenta pesos de oro e dende abajo, sin embargo de cualquier apelación que sobre ello interpusieren, y así mismo hasta diez días de cárcel, y no más [...] el dicho protector y las personas que hubieren de ir a visitar en su lugar, como dicho es, puedan ir a todos los lugares de la dicha provincia, donde hubiere justicias nuestras, y hacer información sobre el tratamiento de los dichos indios, así contra el corregidor o gobernador y sus alguaciles, como contra cualquier persona: y si hallaren culpa contra las dichas justicias, envíen la información con su parecer al dicho gobernador, para que lo castigue [...] no es nuestra intención ni voluntad que los protectores tengan superioridad alguna sobre las nuestras justicias [...] no puedan conocer ni conozcan en ninguna causa criminal que entre un indio y otro pasare, salvo que el dicho gobernador y nuestras justicias, conozcan de ello.50

La “orden y declaración” recién citadas agregadas son iguales, salvo las acotaciones acordes al caso, a las indicaciones dadas a Zumárraga en la cédula de 2 de agosto de 1530.51 Es decir, a los protectores nombrados por la Corona después de conocer los problemas en México, su provisión restringía su jurisdicción sobre pleitos menores, y en caso de que actuarán en pleitos más graves, subordinaba su autoridad a la del Real provisión nombrando a fray Reginaldo de Pedraza protector de indios, fechada en Ocaña, el 4 de abril de 1531, en Disposiciones complementarias de las Leyes de Indias, vol. I, p. 142. El 4 de abril de 1542 se usó un nombramiento similar para el obispo de Antequera, don Juan de Zárate fechado en Valladolid, lo cual muestra cómo en lo posterior se continuaron las restricciones impuestas a los protectores; véase Encinas, op. cit., libro IV, f. 331-332. 51 Cfr. Puga, op. cit., f. 65. Véase arriba. 50

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gobierno civil. Después, en 1532, se le devolvió a Luque el cargo de protector, pero a su nueva provisión también se le añadieron los capítulos citados. La Corona evitó de esta manera los problemas ocurridos en Nueva España, pues desde el principio subordinó la autoridad del protector al gobierno civil. Pese a las nuevas restricciones de la protectoría, a algunos obispos les pareció suficientemente útil su nombramiento para amparar a los indígenas. Fue el caso de fray Vicente de Valverde, obispo del Cuzco, nombrado protector el 14 de julio de 1536, quien escribía a la Corona en los siguientes términos: En lo de la protección de indios, que vuestra majestad me mandó que entendiese, lo que hay que decir es que es una cosa tan importante para el servicio de Dios y de vuestra majestad defender esta gente de la boca de tantos lobos como hay contra ellos, que creo que, si no hobiese quien particularmente los defendiese, se despoblaría la tierra; y ya que no fuese ansí no servirían ni ternían sosiego. Los indios della hanse alegrado y holgado mucho, y tomado mucho ánimo para estar quietos y sosegados y servir a vuestra majestad y a los que acá tiene, en saber que vuestra majestad envía acá particularmente quien los ampare y defienda: e yo les he platicado muchas veces, diciendo cómo vuestra majestad los quiere como hijos, y los llama hijos, y que no quiere que se les haga agravio ninguno: e que juntamente con esto quiere mucho a los cristianos que están en estas tierras, e quiere que les sirvan e mantengan y den de lo que tuviesen.52

Aunque en esta carta el prelado del Cuzco se muestra de acuerdo con la necesidad de la protectoría para evitar abusos contra los naturales, expone una perspectiva casi idílica en la que los indígenas del Perú aceptaban sumisos la imposición 52 Libro primero de Cabildos de Lima, parte III, p. 97. Citado por Bayle, op. cit., p. 33.

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de la soberanía castellana. Valverde también hace énfasis en su labor de convencimiento para que sus protegidos aceptaran servir a los españoles que se encontraban en la región. Concluye el obispo señalando que “todos estos indios, cuando se juntan no hablan en otra cosa, y dicen que vuestra majestad es muy bueno, que ésta es manera de alabar a una persona, e que lo quieren servir, por el cuidado que tiene de ellos”.53 Valverde murió a manos de indígenas en 1542. Otros obispos seguían considerando poco clara la provisión de los protectores, como es el caso de Francisco Marroquín, protector de indios de Guatemala, quien en diversas ocasiones escribió a la Corona, esperando aumentar la provisión de los protectores, o por lo menos clarificar las atribuciones que ya le habían sido otorgadas y que éstas fueran respetadas por la autoridad civil en su distrito. En una carta de 1539 dirigida a Carlos V, Marroquín pidió al emperador precisar las atribuciones del protector de indios: Asimismo hay necesidad que vuestra majestad declare o mande declarar qué cosa es ser protector y a qué se extiende, y si somos jueces, y si como tales podemos nombrar ejecutores alguaciles para nuestros mandamientos, y asimismo escribanos, y si los visitadores que enviamos podrán llevar vara, pues van como jueces, y si esto compete solamente a los protectores y no a los gobernadores, pues a ellos solos es encomendado la protectoría y visitación. Otrosí, entre los indios hay muchos pleitos, y todos son ceviles, que con poco se contentan y se descontentan por su probeza y mala ventura, y acuden a quien los oye y do hallan más consolación, y las más veces procuro de los concertar, e algunas veces quedan algunos agraviados, por no osar meter la mano, y déjolo, porque no digan que tomo más de lo mío, aunque la verdad, vista 53

Idem.

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La protectoría de indio durante el siglo xvi la necesidad destas gentes, no un protector, sino muchos habían de tener.54

Marroquín también hizo suyos los reclamos que años atrás Zumárraga dirigió a la Corona. Pretendía que el protector tuviera “sus ministros conocidos, y en las cosas a él cometidas por la provisión de vuestra majestad no se entrometan otras justicias, y aún en todos los casos que conviniesen a los indios por esta primera edad”.55 Tratar con detenimiento la actuación de Marroquín como protector será materia de la segunda parte de este trabajo. Los nombramientos de obispos protectores continuaron, aunque con importantes limitaciones en su jurisdicción. En la región de Centroamérica recibieron el nombramiento Cristóbal de Pedraza, obispo de Honduras, así como Juan de Ortega y Juan de Arteaga, obispos electos de Chiapa a quienes sus títulos de protectores les fueron dados en 1538 y 1540, respectivamente, aunque ninguno llegó a residir. El primer protector en ejercer su cargo en esta última provincia fue fray Bartolomé de Las Casas, quien fue designado protector de indios de Chiapa en diciembre de 1543. A principios de la década de 1540, el balance de la protectoría no parece ser positivo, pues la situación de los indígenas americanos no había mejorado. Los abusos cometidos contra ellos continuaban, al igual que la brutalidad de las prácticas laborales, llámese encomienda, mita, o simplemente esclavi54 Carta de Francisco Marroquín al emperador don Carlos, fechada en Santiago de Guatemala, el 15 de agosto de 1539, en Francisco Marroquín, “Vida y escritos de don Francisco Marroquín, primer obispo de Guatemala (1499-1563)”, p. 172. Esta misma carta aparece en Cartas de Indias, vol. II, carta LXXIV, p. 427. 55 Carta de Francisco Marroquín a Su Majestad, fechada el 20 de febrero de 1542, en CDIA, tomo XIII, p. 280.

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tud. La protectoría era blanco fácil de las argucias legales del poder secular y los encomenderos. La Corona proporcionaba pocos medios a los obispos para cumplir su cometido. Aunque, como escribió Bayle, un obispo protector “era un oficial del rey, un representante de su justicia, que la demandaba no de limosna sino en ejercicio de su cargo”,56 los prelados con frecuencia vieron sus manos atadas para proteger a los indígenas, en ocasiones para evitar enfrentamientos o porque, se les argumentó, los pleitos se encontraban fuera de su jurisdicción. Un ejemplo claro de las dificultades a las que se enfrentaba la protectoría lo ofrecen las líneas escritas por el licenciado Castañeda, juez de residencia de Pedrarias Dávila. Aquél, como muchos otros, pretendía que el protector se limitara a usar su jurisdicción en pleitos menores en los cuales las ordenanzas locales se lo permitieran, pero que debía abstenerse de participar en litigios cuyas causas fueran criminales: [...] me pareció que en algunas cosas se extendía de su provisión; porque su provisión dice que sea protetor e defensor de los indios e ejecute las penas de las ordenanzas, las cuales aquí no hay, sino las que en Castilla del Oro había [...]. Yo le dije que me parecía que debía usar su oficio en todos aquellos casos que había caso de ordenanzas e penas, e no en causas criminales, por ser eclesiástico, e que en los casos que no había ordenanzas, e a los indios se les hiciese algún agravio por algunas personas e por la justicia, debía ocurrir al gobernador sobre ello.57

Las facultades ambiguas del cargo, como se ha visto, generaron disputas entre los obispos protectores y el poder judicial, principalmente de índole jurisdiccional. Algunos prelados se mantuvieron firmes en el ejercicio de sus cargos de protectoBayle, op.cit., p. 31. Ibid, p. 59.

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res, lo cual los enfrentó tanto a autoridades españolas como a encomenderos; otros protectores ejercieron con moderación su oficio, aunque ello en perjuicio de sus “protegidos”. La Corona, después de diversas experiencias, restringió las facultades de los protectores, y luego, como en el caso de México, desapareció el oficio. Sólo en lugares donde la sede episcopal se encontraba alejada de alguna Audiencia, el cargo de protector se mantuvo en los mitrados, en ocasiones por largos años, con lo cual se evitaban enfrentamientos. En los albores de la década de 1540, el emperador se empeñó en centralizar aún más el poder de la Corona y acabar con cualquier resabio de feudalismo en las Indias. Así, nuevamente en el Viejo Continente comenzó a gestarse una legislación que pretendía beneficiar a las poblaciones nativas del Nuevo Mundo y, al mismo tiempo, robustecer el poder estatal en las colonias de Ultramar. La revitalización de la protectoría formó parte de este proyecto. Aquí aparece trabajando de manera activa un veterano protector de los indios, el primero que hubo, fray Bartolomé de las Casas.

Las Nuevas Leyes: Audiencias Reales y protectoría de indios En el mes de julio de 1541 se presentó a la Corona española una gran oportunidad de fortalecer su soberanía en sus dominios de Ultramar, tan disputada hasta ese momento con los soldados conquistadores: se extinguía la vida del adelantado y gobernador de Guatemala, Pedro de Alvarado, así como del de Perú, Francisco Pizarro. Con estos hechos, el rey español tuvo la posibilidad de establecer un gobierno que velara por

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sus intereses, ya que la designación del gobierno no estaría sujeto a ningún tipo de contrato con particular alguno. El proyecto de Carlos I debía concretarse en una legislación que reorganizara jurídica y administrativamente las Indias. Éste se enfocaba en dos importantes aspectos. A saber, la instauración de instituciones jurídicas y administrativas que consolidaran la presencia real y minaran el poder de los conquistadores-encomenderos así como los gobiernos establecidos por ellos; y la redacción de un nuevo código legal que regulara las relaciones entre españoles e indios y supliese las envejecidas Leyes de Burgos. Fray Bartolomé de Las Casas participó con empeño en este último aspecto. Para ello, Las Casas escribió su Octavo remedio para las Indias, el cual posteriormente fue resumido en las Conclusiones sumarias sobre el remedio de las Indias. En dichas Conclusiones fray Bartolomé proponía, entre otras cosas, la instauración de un procurador universal de los indios que formara parte del Consejo de Indias. Allí mismo, el dominico expresaba que los obispos no debían ser más los protectores de los indios, sino que “en cada Audiencia real de las Indias haya un señalado religioso o persona eclesiástica, que sea protector y defensor de los indios, el cual entre y asista con los oidores y presidente en todas las cosas tocantes a los indios”.58 Seguramente Las Casas se había percatado de los inconvenientes de que los prelados fueran los protectores. Por dicha razón, aunque Las Casas continuaba depositando su confianza en los religiosos para que ostentaran el cargo, consideraba que en lo posterior los protectores debían estar subordinados a las Audiencias. El proyecto de la Corona concluyó en la legislación que conocemos como las Nuevas Leyes y Ordenanzas de las 58

Las Casas, Obras completas. Cartas y memoriales, tomo 13, p. 122.

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Indias,59 las cuales fueron promulgadas en noviembre de 1542. En su redacción, se incorporaron algunas de las ideas de fray Bartolomé de las Casas. En estas leyes se decretaba la fundación de la Audiencia de los Confines en la ciudad de Gracias a Dios en Honduras, y la del Perú, instaurándose allí mismo un virreinato. A estas nuevas Audiencias, y a las ya establecidas en América se les ordenaba mirar por los asuntos de los indígenas, y considerarlos como una de sus obligaciones principales: Porque una de las cosas más principales en que las Audiencias han de servirnos es en tener muy especial cuidado del buen tratamiento de los indios y conservación dellos, mandamos que se informen siempre de los excesos y malos tratamientos que les son o fueren hechos por los gobernadores o personas particulares, y cómo han guardado las ordenanzas e instrucciones que les han sido dadas y para el buen tratamiento dellos están hechas; y en lo que se oviere excedido o excediere de aquí adelante, tengan cuidado de lo remediar [...].60

A partir de las Nuevas Leyes, las Audiencias estarían encargadas de supervisar el buen tratamiento de los indígenas en el distrito bajo su jurisdicción, en algunos casos compartiendo esta tarea con el protector de indios, como ocurrió en 59 Nuevas Leyes y Ordenanzas de las Indias dictadas por Carlos I, fechadas en Barcelona, el 20 de noviembre de 1542, agi, Patronato, legajo 170, ramo 47, 1. La transcripción de este documento se encuentra en los apéndices de este trabajo, y la misma se puede confrontar con la publicación que hizo Joaquín García Icazbalceta de estas leyes en su Colección de documentos para la historia de México, tomo II, pp. 204-227. También se han añadido como apéndice de este trabajo una transcripción de las Adiciones realizadas a las Nuevas Leyes por el príncipe Felipe, fechadas en Valladolid, el 4 de junio de 1543, agi, Patronato, legajo 170, ramo 47, 2. 60 Nuevas Leyes y Ordenanzas de las Indias.

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el caso de la Audiencia de los Confines que, sin embargo, no se trató de una constante.61 Más bien, para evitar conflictos jurisdiccionales la Corona conservó a los obispos protectores en provincias alejadas de donde se encontraba la sede de alguna Audiencia, mientras que los presidentes y oidores se encargaron de los asuntos de los indígenas que se dirimieron en su respectivo tribunal. También a los magistrados que integraban las Audiencias, la Corona les encargó realizar una tasación de los tributos que pagaban los pueblos de indios. Para ocuparse de este asunto y de la protección de los indígenas, la Audiencia nombró a ciertos individuos cercanos a ella para que visitaran los pueblos y le comunicaran la situación en la que se encontraban los nativos. Esta situación no duró mucho tiempo, pues la Corona decidió que fueran los propios oidores los encargados de realizar las visitas. Durante ellas, a los oidores se les facultó para legislar en aquello que consideraran fuese en beneficio de los naturales, aunque en la práctica, sus ordenanzas muchas veces afectaron a los pueblos indígenas.62 A diferencia de anteriores legislaciones, que bajo ciertas circunstancias permitía que los conquistadores o colonos tomaran como esclavos a los indios, en las Nuevas Leyes, se abolió por completo la esclavitud indígena. El texto señala que: “[...] por ninguna causa de guerra ni otra alguna, aunque sea so título de rebelión, ni por rescate ni otra manera, no se pueda hacer esclavo indio alguno”.63 61 Recordemos que, por ejemplo, en la Audiencia de México no existía protector de indios desde una década atrás. 62 Como ejemplo podemos señalar las Ordenanzas que dictó Tomás López, oidor de la Audiencia de Guatemala, en Yucatán en 1552. Véase Tomás López Medel, “Ordenanzas (1552-1553)”. 63 Nuevas Leyes y Ordenanzas de las Indias.

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En las leyes se enfatiza el estatus de los indígenas como vasallos de la Corona de Castilla, por lo cual, en lo sucesivo, como tales debían ser tratados. Por este motivo el rey decidió que debía estimarse “en mucho más, como es razón, la conservación de sus vidas, que el interés que nos puede venir”.64 La supresión del régimen de encomiendas fue fundamental en este proyecto de la Corona, pues éstas eran el principal obstáculo para que el rey tomara directamente bajo su potestad a la población nativa. Con la desaparición de la encomienda, también se pretendía dar fin a una institución que desde los inicios de la colonización española había generado tantos males entre la población indígena. El texto de estas leyes, apunta lo siguiente: Otrosí: ordenamos y mandamos que de aquí adelante ningún visorey, gobernador, Audiencia, descubridor ni otra persona alguna, no pueda encomendar indios por nueva provisión, ni por renunciación ni donación, venta ni otra cualquiera forma, modo, ni por vocación ni herencia, sino que muriendo la persona que toviere los dichos indios, sean puestos en nuestra corona real.65

Es decir, con la aplicación de las Nuevas Leyes, a la muerte de la primera generación de encomenderos, esta práctica desaparecería en su totalidad (con la salvedad de que la Corona hiciera alguna merced especial). Además, quienes tuviesen indígenas sin justificación legal, se les ordenaba liberarlos y ponerlos bajo la Corona real; de igual manera debían proceder quienes tuvieren indios en exceso en sus encomiendas o los maltrataran.

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Ibidem. Idem.

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Las Nuevas Leyes enfrentaron una violenta oposición por parte de los encomenderos. Nuevamente la Corona tuvo que ceder ante la amenaza de los colonos de abandonar la tierra. Esto significó un golpe fortísimo para dichas leyes. El 20 de octubre de 1545, en Malinasa Bélgica, Carlos I suprimió el capítulo 30 de las Nuevas Leyes en el cual se prohibía la encomienda hereditaria. El 16 de enero de 1546 el príncipe Felipe comunicó a la Nueva España dicha disposición.66 Con las Nuevas Leyes las Audiencias americanas se consolidaron como los máximos tribunales en las Indias.67 En ellas se centralizaron las decisiones y acciones referentes no sólo a los asuntos españoles, sino también todas las cuestiones indígenas, pues las Audiencias serían las encargadas de ejecutar la aplicación de esta nueva legislación mirando por la protección de los indios. Es decir, a partir de este momento, en las sedes de las Audiencias la protectoría quedó sujeta a la jurisdicción de dichos tribunales. Sin embargo, en ciertas regiones la Corona preservó el cargo del protector de indios en los obispos. Así, en las Indias la protectoría tomó diversos causes, lo cual fue un proceso heterogéneo en el extenso territorio americano.

La protectoría de indios y los funcionarios de las Audiencias En los primeros días de 1556, el seno del Imperio español se cimbraba con la abdicación de Carlos I a favor de Felipe II. Con este suceso terminaba una larga etapa de gobierno y Puga, op. cit., fol. 100 v-101. En el caso de la Audiencia de los Confines, el presidente de ésta también tuvo a su cargo la gobernación del distrito de la Audiencia. 66 67

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daba comienzo otro reinado aún más largo, con lo cual la casa de los Habsburgo se perpetuaba en el gobierno hispano. Un año antes Carlos V ya había cedido otros reinos europeos al príncipe Felipe, aunque éste jamás fue elegido para suceder a su padre en el trono imperial. Por tal motivo, Felipe II pudo dedicar mayor atención a los problemas de sus reinos españoles y sus colonias. Como soberano español, Felipe II continuó un propósito que habían comenzado sus bisabuelos, los Reyes Católicos, y que había proseguido Carlos I: centralizar el poder estatal en la monarquía. Como parte de este proyecto, en sus dominios de Ultramar Felipe II concentró toda decisión en sus instituciones administrativas y judiciales. Las órdenes religiosas, que hasta entonces habían adquirido un gran poder en el Nuevo Mundo fueron uno de los sectores más afectados por esta política del monarca. Durante el gobierno de Felipe II la protectoría de indios, como muchas otras instituciones, también enfrentó cambios. El principal de ellos fue que el cargo se dio a los fiscales de las Audiencias. Esta situación presentó una novedad, ya que las provisiones de estos nuevos protectores fueron bastante diferentes de las que se les otorgaban a los obispos cuando ocupaban el cargo. A continuación revisaremos con mayor detenimiento este proceso. Originalmente, los fiscales de las Audiencias en el Nuevo Mundo, tenían como obligación encargarse de los asuntos relacionados con el patrimonio del rey y su Real Hacienda en las colonias americanas. Por ejemplo, ellos se encargaban de supervisar las almonedas para evitar fraudes, vigilar las cuentas que se hicieran a los oidores y encargados de la Real Hacienda y, asimismo, tenían que inspeccionar que no se

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tomaran de manera injustificada fondos de las cajas reales.68 Posteriormente, entre sus ocupaciones se incluyó participar en las visitas a las cárceles que realizaban los demás miembros de las Audiencias.69 Al fiscal de la Audiencia, pese a sus anteriores obligaciones, le fue encargada la defensa de los indios. En 1554, cuando aún era el príncipe heredero, Felipe ordenó a la Audiencia Real de la Nueva España que el fiscal de ella representara a los indios que no contaran con un defensor en los pleitos que tuviesen en la Audiencia. En caso de que el pleito de los indígenas fuera con el fisco, entonces la Audiencia debería nombrar a “otra persona que tenga cargo de ellos y de defender su justicia”.70 La Corona otorgó esta provisión a los fiscales de otras Audiencias, pues en ellas se presentaban litigios en los que alguna de las partes estaba integrada por indígenas. Se hizo, pues, evidente la necesidad de que algún funcionario se ocupara de la defensa de los indios en dichos pleitos. Para encargarse de En el cedulario de Diego de Encinas existe un capítulo de cédulas, cartas y ordenanzas, acerca de las funciones que desempeñaban los fiscales en las Audiencias del Nuevo Mundo, a lo largo del siglo xvi. Como podemos ver, las funciones que se les asignaron en diferentes tiempos y acorde con la circunstancia de cada Audiencia, hicieron que el cargo de fiscal fuera muy diverso. Por ejemplo, en la Audiencia de Santo Domingo, tenían por encargo visitar los navíos que llegaran y partieran del puerto, para revisar que no existiesen operaciones ilegales. De la sección señalada de la obra de Encinas tomamos algunos documentos para la investigación del presente apartado. Véase Encinas, op. cit., vol. II, f. 261-275. 69 Cédula Real dirigida a la Audiencia de Nueva España, fechada en Valladolid, el 10 de julio de 1551, en Encinas, op. cit., vol. II, f. 261-262. 70 Cédula Real dada por el príncipe Felipe a la Audiencia de Nueva España, fechada en Valladolid, el 13 de febrero de 1554. El texto aparece en Encinas, op. cit., vol. II, f. 270, y en las Disposiciones complementarias de las Leyes de Indias, vol. I, p. 146. 68

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ello, la Corona designó al fiscal de las Audiencias como ese defensor de los naturales, otorgándole el título de protector de indios. En una cédula dirigida a la Audiencia del Nuevo Reino de Granada, Felipe II manda a que el fiscal de dicha Audiencia sume a sus obligaciones usuales, la defensa y protección de los indios, como ya ocurría en otras Audiencias: [...] por nos está ordenado y mandado que los fiscales de las nuestras Audiencias reales desas partes sean protectores de los indios naturales dellas, y los ayuden y favorezcan en lo que tocare, y mi voluntad es que ansi lo haga el fiscal desa Audiencia [...] por ende yo vos mando, que luego que esto veáis, proveáis como el dicho fiscal desa Audiencia, sea protector de los dichos indios naturales desa tierra [...].71

Por esos mismos días, en las Ordenanzas Generales de octubre de 1563, dirigidas a la recién fundada Audiencia de Quito, el rey añadió a las tareas del fiscal, ayudar a los indígenas pobres en los pleitos en los cuales estuvieran involucrados y, además, procurar que éstos no sufrieran agravios por parte de los españoles.72 Estas Ordenanzas tiempo después fueron provistas a otras Audiencias, entre ellas, a la de Guatemala, en 1568. El problema principal al que se enfrentó la protectoría en manos de los fiscales, fue que estos funcionarios reales, como

71 Cédula Real a la Audiencia del Nuevo Reino de Granada, fechada en Monzón de Aragón, el 6 de septiembre de 1563, en Encinas, op. cit., vol. II, f. 268-269. 72 Ordenanzas generales de 1563, núm. 81, en José Sánchez-Arcilla, Las ordenanzas de las Audiencias de Indias (1511-1821), p. 206. Este texto también aparece en Encinas, op. cit., vol. II, f. 269.

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se ha visto, tenían otras obligaciones,73 por lo que hacerse cargo de los asuntos de los indígenas que se presentaran en la Audiencia, no era de su agrado ni de su interés. Tal fue el caso del licenciado García de Valverde, fiscal de la Audiencia del Nuevo Reino Granada, quien se dirigió al rey para pedirle que ordenara a la Audiencia no le obligara a usar dicho cargo, pues éste iba en “perjuicio y daño suyo y de su oficio”.74 Si comparamos las atribuciones que otorga la Corona a los obispos protectores y a los fiscales, vemos que las facultades de estos últimos eran más ambiguas que las de aquéllos. Las cédulas dirigidas a los fiscales no aclaran los procedimientos y medios de los cuales disponían para ejercer su cargo de 73 A las obligaciones mencionadas de los fiscales, habrá que señalar que a partir de 1564, como lo muestran diversos documentos del Cedulario de Encinas, se ordenó al presidente y oidores de la Audiencia de Santo Domingo y de Los Reyes, en el Perú, que el fiscal debería de encontrarse presente en los acuerdos tomados por ellos. Por una cédula dirigida a la Audiencia de Santo Domingo en 1564, se compele a dicho tribunal a que el fiscal “se halle presente a los acuerdos juntamente con vosotros para que esté advertido de las cosas que en ellos se trataren, y como informado dellas puedan decir y alegar lo que conviniere” (Cédula Real dirigida la Audiencia de Santo Domingo, fechada en Madrid, el 15 de agosto de 1564, en Encinas, op. cit., vol. II, f. 263). Sin embargo, los miembros de la Audiencia no obedecieron el mandamiento, por lo que fue necesario que dos años después el rey dirigiera nuevamente a ésta una cédula donde ordenaba la presencia del fiscal en los acuerdos tomados por aquel tribunal. Posteriormente, mandamientos similares fueron dirigidos, entre otras, a las Audiencias del Perú y del Nuevo Reyno de Granada, véase la Cédula Real dirigida la Audiencia de los Reyes, fechada el 22 de agosto de 1568; y la Cédula Real dirigida la Audiencia del Nuevo Reino de Granada, fechada en Madrid, el 7 de julio de 1572. Ambos documentos se encuentran en Encinas, op. cit., vol. II, f. 264 y 265, respectivamente. 74 Cédula Real a la Audiencia del Nuevo Reino de Granada, fechada en Monzón de Aragón, el 6 de septiembre de 1563, en Encinas, op. cit., vol. II, f. 268.

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protectores. Donde más precisión encontramos, es acerca de las funciones que como defensor de indios tenían que ejercer. Una cédula dirigida a los fiscales de Indias de 1575 contiene el siguiente texto: [...] vos mando [...] hagáis dar a entender a los indios naturales del distrito de las Audiencias, donde cada uno de vosotros residiere y residieres, como es a vuestro cargo el alegar por ellos en sus negocios ansi civiles como criminales, y en todos los que tuvieren y se les ofrecieren aleguéis por ellos civil y criminalmente, haciendo todas las diligencias que convengan y sean necesarias, para que puedan alcanzar justicia, y esta se les guarde y haga como es razón, que siendo necesario, nos os damos para esto poder y facultad cual en tal caso se requiere [...].75

Una vez revisados los documentos anteriores, podemos concluir que los fiscales, si bien recibieron el título de protectores de indios, no tuvieron ni las facultades ni la jurisdicción de sus antecesores obispos. Los fiscales no efectuaban visitas ni podían nombrar ayudantes que las hiciesen; tampoco podían dictar sentencias contra quienes abusaran de los indígenas. Su provisión se restringía, prácticamente, a que actuaran como defensores de los indios en los pleitos en los cuales se viesen inmiscuidos en las Audiencias. Para hacerse cargo de la defensa de los indígenas en regiones alejadas de la sede de la Audiencia, pero pertenecientes a su distrito, en la década de 1560, la Audiencia de Guatemala nombró defensores de indios. Ocuparnos de este aspecto será asunto de la segunda parte de esta historia. 75 Cédula dirigida a los fiscales de las Audiencias de las Indias, fechada en Madrid, el 8 de febrero de 1575, en Encinas, op. cit., vol. II, f. 269. Las cursivas son nuestras.

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La protectoría de indios en las postrimerías del siglo xvi Durante el reinado de Felipe II, también se nombraron como protectores a individuos legos, lo cual derivó que la institución se volviera una pesada carga para los nativos, más que un alivio. La venta del cargo propició que algunas personas lo compraran tan sólo para hacerse de un oficio remunerado o para encubrir ciertos abusos contra los indígenas. Peor aún resultó que los protectores vivieran a costa de sus protegidos, como ocurrió en Nueva España, Guatemala y Lima. Ante esta situación el rey dio la siguiente cédula, recordando al presidente y oidores de la Audiencia de la Nueva España que ellos estaban encargados de la protección de los indios y los fiscales de su defensa, por lo cual no eran necesarios los protectores por ellos nombrados: Presidente e oidores de la nuestra Audiencia Real que reside en la ciudad de México de la Nueva España. Nos, somos informados que en las ciudades y pueblos de españoles de esa tierra se han criado oficios de protectores de indios a su costa; y porque es notable daño y perjuicio de los dichos indios por muchas causas y razones de consideración y nuestra voluntad es que sean relevados de la costa y vejaciones que en ello se les siguen, os mandamos que luego, sin otra réplica ni contradicción, quitéis todos los protectores que hubiere en el distrito de esa Audiencia, tomando vosotros el cargo de ampararlos como os está mandado y el nuestro fiscal de defenderlos, lo cual le requeriréis, y si en hacello tuviere algún descuido, nos daréis aviso de ello, porque de lo contrario nos tendremos por deservido y se pondrá la culpa a cuenta de todos, para que se castigue como convenga.76 76 Cédula a la Audiencia de Nueva España, fechada en Lisboa, el 27 de mayo de 1582. Esta cédula también fue dirigida para la Audiencia de Gua-

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Aunque el oficio de protector de indios existió durante toda la época colonial en algunos sitios,77 eso no significó un freno a los abusos de los colonos españoles. Antes, el oficio se encontraba en franca decadencia. La protectoría de indios, ya en la época de Felipe II, se convirtió en una institución obsoleta de un rey absoluto. Sin embargo, en los documentos dirigidos al Nuevo Mundo, Felipe II no dejó de mencionar, aunque fuese una mera fórmula, que los indígenas debían ser bien tratados. No obstante, la decisión de 1582 de suprimir a los protectores, el 10 de enero de 1589 en Madrid, Felipe II decidió que en el virreinato del Perú se instaurara nuevamente el cargo, y que en lo sucesivo los protectores acataran las ordenanzas e instrucciones hechas por Toledo.78 La recopilación de las Leyes de Indias anota que ese mismo día se ordenó que de nueva cuenta fueran proveídos los protectores y defensores de indios por los virreyes, presidentes y gobernadores de donde se hubieren quitado los oficios.79 Pese a esta vaga referencia a la reinstitución del cargo, para los casos de México y Yucatán temala. El texto aparece en las Disposiciones complementarias de las Leyes de Indias, vol. I, p. 146 y en Encinas, op. cit., vol. IV, f. 333. 77 Se puede revisar en la Recopilación de leyes de los reynos de las Indias, libro VI, título VI, parte dedicada a los protectores de indios, que ocurrió con el cargo durante la época colonial. Únicamente añadiremos que el oficio no se suprimió de manera oficial sino hasta el 13 de agosto de 1813, fecha en que las Cortes de Cádiz decretaron la desaparición de los protectores de indios. Véase Arturo Taracena Arriola, Etnicidad, estado y nación en Guatemala, 1808-1944, p. 148. 78 Cédula real dirigida al Conde del Villar, virrey, gobernador y capitán general de las provincias de Perú, fechada en Madrid, el 10 de enero de 1589, en Encinas, op. cit., vol. IV, f. 334-335. 79 Desafortunadamente no contamos con las cédulas específicas de las regiones a donde pudo haber dirigido esta orden la Corona, por lo que no podemos asegurar en qué lugar se aplicó la reinstitución del cargo. Véase

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contamos con mayor información: el 9 de abril de 1591 Felipe II ordenó al virrey Luis de Velasco y al gobernador de Yucatán, respectivamente, restaurar el cargo de protector de indios. Para la Nueva España esto significó a la postre, el establecimiento de la base jurídica del Juzgado General de Indios en la Audiencia de México.80 Mas en esta época los protectores que antes estuvieron limitados en su provisión, ya no simplemente dejaron de favorecer a los indios, sino que se volvieron perjudiciales para ellos. Una crítica a dicho cargo provino del propio virrey del Perú, Francisco de Toledo, quien agriamente escribió sobre los protectores: “Muchos son los que en este reino tienen nombre de protectores de indígenas, que se sustentan con la profesión que hacen de defenderlos de otros, pero no los defienden de sí: y esto se puede decir desde los perlados religiosos hasta los letrados y procuradores que abogan por ellos [...]”.81

Recapitulación En los primeros años de colonización española en las Antillas se estableció como uno de los principios del régimen colonial una conceptualización negativa de los indios con la cual se la Recopilación de leyes de los reynos de las Indias, libro VI, título VI (“de los protectores de indios”), ley primera, f. 127 v. 80 Véase Woodrow Borah, El Juzgado General de indios en la Nueva España, pp. 105-107 y 353. Borah cita la orden real y la carta real dirigidas al virrey Luis de Velasco por Felipe II, fechadas en Madrid el 9 de abril de 1591 donde manda que: “convendría que los dichos indios tuviesen protector y defensor y un letrado y un procurador que pidiesen y siguiesen sus causas” (p. 105); también Borah comenta la cédula real dirigida al gobernador de Yucatán en que ordena la restauración del cargo de protector. 81 Citado en Bayle, op. cit., p. 114.

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legitimaba la utilización de su mano de obra por medio de las encomiendas e incluso de la esclavitud. Hombres y mujeres fueron utilizados por su fuerza de trabajo mientras estas últimas también por su género, con el abuso y explotación sexual; los niños no escaparon a la servidumbre. La consecuencia fue el colapso demográfico en la población nativa, pues los indígenas forzados a servir en condiciones inhumanas perecieron de manera masiva. Por este motivo, algunos religiosos denunciaron dichas prácticas y además propusieron soluciones para evitar la desaparición de la población indígena. La Corona española, motivada por aquellos individuos, en diferentes momentos tomó medidas para evitar que los maltratos contra los indios continuaran, pues esto también ponía en peligro la permanencia de sus colonias de Ultramar. Para ello se elaboraron las Leyes de Burgos, con las cuales se pretendió reglamentar las relaciones entre los encomenderos y la población nativa de las Antillas. A pesar de mantenerse por más de tres décadas, estas leyes no solucionaron el problema de la protección de los indios. Los intentos porque la Corona española tomara nuevamente medidas para evitar que la población antillana fuera víctima de maltratos, tuvieron que esperar hasta la regencia del cardenal Cisneros. El regente nombró a Bartolomé de Las Casas protector de indios, pero las desavenencias que éste tuvo con los jerónimos encargados de gobernar La Española, derivaron en la revocación de su cargo y una orden de deportación en su contra. Carlos I se atendió el asunto hasta 1526, año en que decretó unas ordenanzas para que en las nuevas conquistas los naturales no fueran maltratados y, para hacerse cargo de la protección de los indios en las colonias establecidas, el mo-

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narca castellano delegó dicha responsabilidad en los obispos americanos electos a partir de 1527. El desempeño que estos obispos tuvieron en su tarea como protectores abarcó todos los matices: los hubo desde aquellos que perseveraron para cumplir sus obligaciones, hasta los que se distinguieron por el poco empeño que pusieron en la protección de los indígenas. No obstante, los problemas jurisdiccionales que enfrentaron a los obispos con los magistrados, fueron el principal impedimento para que los mitrados cumplieran su provisión de protectores. Ante estas disputas, la Corona decidió entonces limitar las atribuciones de los protectores. Con las Nuevas Leyes, la protección de los indios en las sedes de las Audiencias, pasó de las manos de los obispos a la jurisdicción de los oidores y el presidente de ellas. Eran los magistrados los encargados de hacer cumplir la nueva legislación y visitar los pueblos para mirar que los indígenas no recibieran agravios. No obstante, en algunos lugares, la Corona preservó el cargo del protector de indios en los mitrados. A partir de 1563 los fiscales de las Audiencias recibieron el cargo de protector de indios, aunque sus facultades se limitaban a prácticamente, sólo ejercer como defensor de indios en los pleitos que se presentaran en aquellos tribunales. Contemporáneos a ellos, fueron los nombramientos de defensores de indios hechos por la Audiencia de Guatemala para las provincias de su distrito. En todo este proceso histórico, diversos eventos coyunturales, así como la situación europea, determinaron las acciones emprendidas por la Corona respecto a la protectoría. Al mirar el horizonte en el Viejo Mundo, en el que la Corona española dependía en gran parte de las riquezas americanas, encontramos una política en la que se enfrentaban, el interés 83

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por cuidar de la población nativa y, al mismo tiempo, el deseo de obtener mayor provecho de su mano de obra, a pesar del grave costo que ello significara. De esta manera, para fines del siglo xvi, la consolidación del régimen colonial en América significó también la consolidación de un régimen de explotación, maltrato y abuso hacia los indígenas que se perpetuaría por siglos.

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a habían escuchado de su venida. Eran aquellas hues-

tes de las que se hablaba por toda la tierra. Esos hombres extraños, que llegaban acompañados de guerreros mexicanos, gente de piel oscura, armas de fuego y de sus bestias [...]. Su andar se mostró a lo lejos en el pródigo paisaje. Venían del camino de la costa, y a su paso los pueblos eran sometidos. Así transitaron por Xepit y Xetulul hasta llegar a los llanos de Xelahuh, lugar donde se apostaron. Allí se enfrascaron en pelea con los quichés. No se detuvieron. Los invasores continuaron hasta plantarse en la escarpada tierra de 1 Aquí nos referimos por Guatemala a la región de origen colonial sobre la cual ejercía influencia la villa de Santiago de los Caballeros de Guatemala. Es decir, por Guatemala no señalamos a Iximché, denominada en náhuatl Tecpan Cuauhtemallan; y por indígenas guatemaltecos no nos referimos únicamente a los cakchiqueles sino también a otros pueblos mayas que ya ocupaban el territorio colonial de Guatemala. Aunque en diferentes momentos el territorio de Guatemala varió, más o menos ocupó la región sur de la actual república de Guatemala, compartiendo fronteras con la Verapaz, Soconusco, Chiapa, Honduras y El Salvador. El distrito de la Audiencia de Guatemala fue aún mayor ya que tuvo bajo su jurisdicción los territorios antes señalados, entre otros.

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Kumarcaah.2 Allí se mostró de lo que era capaz aquel capitán, el del rostro dorado, Pedro de Alvarado: [...] y como me vieron pasando a lo llano, se arredraron no tanto, que yo no recibí mucho daño de ellos, y yo lo disimulaba todo, por prender a los señores, que ya andaban ausentados; y por mañas que tuve con ellos, y con dádivas que les di para asegurarme, yo los prendí, y presos los tenía en mi posada [...] y viendo que con correrles la tierra y quemárselas yo los podría traer al servicio de su majestad, determiné quemar a los señores [...] y mandé quemar la ciudad y poner por los cimientos [...].3

Después de requerir a los cakchiqueles para continuar su guerra, llamado al que sólo los hombres de la ciudad indígena respondieron, los conquistadores llegaron a Iximché. Al poco tiempo, en el emplazamiento de esta ciudad se fundó una villa española para establecer legalmente la soberanía de Castilla: Santiago de los Caballeros de Guatemala. Dos años después de la Conquista de México, los españoles estaban en posición de expandirse a nuevos territorios, gracias a la consolidación de su ciudad y al suministro de armas, caballos y pertrechos, asegurado por comerciantes dispuestos invertir en el negocio de la colonización. El grupo 2 El relato de la conquista de las tierras guatemaltecas lo encontramos, en una de sus versiones indígenas, en la segunda parte del Memorial de Sololá o Anales de los cakchiqueles, dicha narración la podemos confrontar con la versión que dio Pedro de Alvarado en sus relaciones a Hernán Cortés. Debemos tomar en cuenta que este documento fue originalmente escrito en cakchiquel y que el texto que aquí presentamos es la traducción al español de Adrian Recinos, por lo que, como toda traducción, es una adaptación al contexto histórico del traductor y en ella podemos encontrar conceptos que no corresponden precisamente a los propios de los cakchiqueles. 3 Pedro de Alvarado, Relación hecha por Pedro de Alvarado a Hernando Cortés..., Utatlán, a 11 de abril de 1524, p. 456.

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cortesiano pretendía ampliar su territorio buscando, además de las riquezas de cada región, hacerse del paso que se creía unía los mares para llegar a las islas de la especiería. Aquellos españoles trazaron un ambicioso proyecto para tomar la región centroamericana, lugar donde pensaban se encontraba el paso marítimo. Igualmente era su intención frenar a Pedrarías Dávila, quién ya avanzaba desde Panamá. Hernán Cortés y sus capitanes planearon una operación triple para hacerse de Centroamérica: Pedro de Alvarado, Cristóbal de Olid y Luis Marín, comandarían sendas expediciones, con la finalidad de conquistar la región y además establecer fundaciones españolas. Sólo la empresa de Alvarado encontró éxito. Con el establecimiento de una villa española en Guatemala comenzó un proceso histórico que mayas, otros pueblos originarios y españoles forjaron en conjunto. A los intereses de este trabajo importa contestar ¿qué ocurrió con los mayas de Guatemala a la llegada de los españoles?, ¿por qué tuvo razón de existir en este lugar la protectoría de indios?, y ¿cuál fue el papel que desempeñaron los protectores en aquellas tierras? Responder a estas preguntas será el hilo que conduzca nuestra historia en esta segunda parte.

La situación en Guatemala durante los primeros años de la Colonia La conquista del área maya presentó grandes diferencias respecto a la conquista en el centro de México. Una clave importante en esas divergencias de ambos procesos, deriva del sistema de organización sociopolítica de los pueblos mayas. En primer lugar debemos considerar que en las tierras guatemaltecas no existía un centro rector que facilitara 87

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el sometimiento de diversos pueblos una vez caída la ciudad hegemónica. Ello dificultó sobremanera la conquista de los pueblos mayas; ésta fue necesariamente más lenta y regional, habiendo lugares que una vez conquistados pudieron levantarse contra los españoles y escapar por algún periodo de su influencia. Abundaron los casos en que la presencia española era meramente nominal. Con el establecimiento de los invasores la situación de los mayas se tornó difícil. Los trabajos y tributos que los conquistadores exigían resultaban excesivos, aun para aquéllos a quienes los españoles podían considerar sus aliados. Es el caso de los cakchiqueles quienes en el Memorial de Sololá conservaron un testimonio al respecto: Luego Tunatiuh les pidió dinero a los reyes. Quería que le dieran montones de metal, sus vasijas y sus coronas. Y como no se las trajesen inmediatamente, Tunatiuh se enojó con los reyes y les dijo: “¿Por qué no habéis traído el metal? Si no traéis con vosotros todo el dinero de las tribus, os quemaré y os ahorcaré”.4

Estas circunstancias originaron que en agosto de 1524, a casi cuatro meses de la llegada de los españoles a Iximché, los cakchiqueles prefirieran dejar su ciudad para refugiarse en las montañas y no sufrir las exigencias de los españoles.5 La situación de otros pueblos mayas fue similar. Éstos, además, tuvieron que enfrentar epidemias,6 la instauración de las Memorial de Sololá, p. 102. Idem. 6 Elías Zamora, Los mayas de las tierras altas en el siglo XVI. Tradición y cambio en Guatemala, p. 35. Zamora anota como uno de los principales motivos del descenso demográfico en el occidente de Guatemala, las enfermedades contagiadas por los españoles. 4 5

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encomiendas y el hostigamiento de los colonos, si es que los consideraban en rebeldía. Desde sus inicios, el cabildo de Santiago de Guatemala se constituyó como el único poder real en la región, pues las frecuentes ausencias de Alvarado y la casi nula presencia del Estado castellano, contribuyeron a su omnipotencia. Ya que el cabildo representaba los intereses de los conquistadores–encomenderos, al erigirse como la principal autoridad en Guatemala, permitió a los españoles libertad e impunidad en sus exigencias a los mayas. Gustavo Palma señala la importancia que tuvo el cabildo guatemalteco en la implantación de las primeras instituciones coloniales que implicaron el uso de la tierra y la fuerza de trabajo indígena. Esto se puede verificar en las actas de cabildo de los primeros años. En ellas se encuentran, llamados constantes para que los vecinos emplearan a los indígenas en la construcción de sus casas, en el tráfico comercial y en los trabajos del campo y las minas.7 Como se mencionó, la encomienda fue una institución básica para el establecimiento de los españoles en el Nuevo Mundo. Se trató de un contrato mediante el cual la Corona otorgaba a un conquistador (o posteriormente a algún deudo de éste) el trabajo y tributo de un grupo de indígenas, como recompensa por participar en pos del ensanchamiento de los dominios reales. Guatemala no fue la excepción a la instauración de encomiendas. En esta región también la encomienda ocupó el lugar preponderante para que los colonos se hicieran de la mano de obra de los nativos y de la producción regional. Los españoles al descubrir que el enriquecimiento por medio de los metales preciosos no era probable, la encomienda 7 Gustavo Palma, “El valle central de Guatemala durante el siglo XVI”, p. 89.

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se consolidó como el medio primordial de sustento del régimen colonial. Esta institución, además, rompió con los antiguos sistemas organizativos indígenas. Al concederse cada poblado a un encomendero diferente propició la atomización de las antiguas naciones y rompió la base de autosuficiencia de cada entidad al obligar a que los pobladores entregaran trabajo y víveres a su encomendero.8 La legislación vigente que reglamentaba el trato hacia los indios no surtía efecto, pues la única autoridad española presente, fue juez y parte: el cabildo. Ello dio motivo a abusos y excesos hacia los mayas. Niños y adultos, mujeres y hombres fueron vejados por parte de los encomenderos. La toma de esclavos y otros sistemas de trabajo forzoso también fueron frecuentes en aquella época.9 Esta ausencia de autoridades que representaran al Estado y limitaran el poder de los conquistadores debió ser motivo de preocupación para la Corona. Por ello debió interesarse en hacer notar su presencia a la brevedad. Pronto tendría que aparecer la espada temporal para hacerse cargo de los asuntos gubernativos. Su compañía y ayuda sería la cruz. Durante los primeros años de la Colonia la asistencia de religiosos o clérigos en Guatemala fue menor. En este tiempo únicamente encontramos que algunos de ellos sirvieron como capellanes a los españoles. Ninguno se hizo cargo de la evangelización de los indígenas. Para la Corona era urgente el establecimiento de evangelizadores en aquellas tierras. No tanto por amor a los indios o preocupación por su bienestar espiritual, sino porque también era necesario, una vez más, justificar la presencia española en las tierras mayas. Lenkersdorf, República de indios, p. 169. Véase al respecto el trabajo de Silvio Zavala, Contribución a la historia de las instituciones coloniales en Guatemala. 8 9

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A principios de la década de 1530 la Corona decidió instaurar un obispado en Guatemala. El 9 de septiembre de 1531 la Reina regente presentó al papa a fray Domingo de Betanzos para ocupar la silla episcopal.10 Betanzos había llegado a Guatemala en 1529 para fundar un convento dominico y comenzar la evangelización, sólo que un año después de su arribo, fue llamado para volver a México, por lo que abandonó su labor en Centroamérica.11 De esta manera, la presentación de fray Domingo no pasó de eso. La erección de la diócesis esperó hasta el nombramiento de Francisco Marroquín como primer obispo de Guatemala.

Francisco Marroquín, primer obispo y protector de los indios en Guatemala A mediados de 1528 y procedente de España, el licenciado Francisco Marroquín llegó a las costas novohispanas. Acompañaba al obispo de México, fray Juan de Zumárraga ostentando el cargo de primer provisor.12 Permaneció Marroquín por dos años en la capital novohispana, donde probablemente estuvo enterado de los problemas que como protector de los indios enfrentó Zumárraga. Carta de la reina regente Isabel al papa, fechada en Ávila, el 9 de septiembre de 1531, en Agustín Estrada Monroy, Datos para la historia de la Iglesia en Guatemala, p. 67. 11 Fray Antonio de Remesal, Historia general de las Indias occidentales y particular de la gobernación de Chiapa y Guatemala, tomo I, libro I, cap. III y IV. 12 Carta de Francisco Marroquín al emperador, fechada en Santiago de Guatemala, el 22 de marzo de 1551, en Marroquín: “Vida y escritos de don Francisco Marroquín, primer obispo de Guatemala (1499-1563)”, p. 247. 10

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Pronto entabló amistad con el adelantado de Guatemala Pedro de Alvarado, con quien partió hacia su gubernatura a principios de 1530. En Santiago de los Caballeros Marroquín fue nombrado cura por el cabildo de la ciudad. En 1532 Zumárraga confirmó su curato y lo nombró provisor y vicario general de Guatemala.13 El 20 de julio de ese mismo año, la Corona expidió la cédula donde nombraba a Francisco Marroquín protector de indios,14 al mismo tiempo que escribía a su embajador en Roma, Micer May, para que presentara ante el papa a Marroquín como obispo de la diócesis que se planeaba crear en Guatemala.15 El cargo de protector lo ejerció en la práctica aun antes de ser consagrado como obispo, pues ya hemos visto que la designación de los mitrados era un proceso aún más complejo; en el caso particular de Marroquín, se desarrolló de la siguiente manera. Ya que las bulas de la erección del obispado de Guatemala aún no se expedían en 1534, el rey escribió nuevamente a su embajador para que apremiara la fundación de la diócesis. En esta carta el monarca solicitó que Marroquín se pudiera consagrar con cualquier obispo que ya se encontrara en las Indias y dos asistentes nombrados por el consagrante.16 La bula finalmente fue expedida el 18 de diciembre de 1534. En ella Paulo III declara: “[...] perpetuamente erigimos Remesal, op. cit., tomo I, libro I, cap. VI. Nombramiento de Francisco Marroquín como protector de indios, fechado en Medina del Campo, el 20 de julio de 1532. agi, Guatemala 393, L.1, f. 43V- 45. Desafortunadamente no pudimos consultar el documento, pero el índice del agi contiene los datos señalados. 15 Cartas de la reina a Micer May, embajador en Roma, fechadas en 1532, en Marroquín, op. cit., pp. 144-145. 16 Carta del rey al conde Cifuentes, embajador en Roma, fechada en Toledo, el 20 de febrero de 1534, en Marroquín, op. cit., pp. 146-147. 13 14

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e instituimos al dicho lugar nombrado Guatemala en ciudad, y a la iglesia de Santiago en iglesia catedral”.17 En una carta fechada el mismo día, el papa comunica a Marroquín: “[...] prevemos con la dicha autoridad para la mencionada iglesia, y a ti te hacemos su obispo pastor y cura, encargándoos y comentiéndoos plenariamente la administración de la misma iglesia así en lo espiritual como en lo temporal”.18 Mientras, en Guatemala Francisco Marroquín tuvo que enfrentar la realidad de una región donde el problema de los abusos sobre la población originaría era bastante grave. Aunque los mayas no permanecieron pasivos ante esta problemática, y tomaron diferentes vías para evitarla (como ir a vivir a sitios sin presencia española), aquellos que permanecieron en asentamientos donde los colonos tenían influencia, carecieron de apoyo por parte del nuevo régimen para impedir y sancionar los maltratos hechos por los españoles. En una carta a la Audiencia de México en 1535,19 Marroquín planteó, principalmente, cuatro problemáticas que a lo largo de su obispado fueron motivo de preocupación para el protector: extender los alcances de la protectoría, realizar a la brevedad una tasación de tributos en los pueblos de indios, evitar que los indígenas fuesen herrados como esclavos y, la carencia de religiosos o clérigos para comenzar la evangelización. Marroquín no fue la excepción a los problemas jurisdiccionales que enfrentó a protectores y autoridades españolas. 17 Bula de erección del obispado de Guatemala, fechada en Roma, el 18 de diciembre de 1534, en Estrada Monroy, op. cit., p. 118. 18 Carta del papa Paulo III a Francisco Marroquín, fechada en Roma, el 18 de diciembre de 1534, en Estrada Monroy, op. cit., p. 122. 19 Carta de Francisco Marroquín a la Audiencia de México, fechada en Santiago de Guatemala, el 1 de octubre de 1535, en Marroquín, op. cit., p. 150-151.

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Tuvo que afrontar la oposición del cabildo y los vecinos españoles hacia su cargo. Estas dificultades se tradujeron ya en la indiferencia de las justicias, ya en la oposición abierta de los encomenderos. Dice en una carta de 1537: [...] nunca hallé favor ni ayuda en la justicia mayor ni menor, ni en el regimiento. Los que gobiernan no querrían que hobiese protetores ni otro ninguno que tuviese poder de vuestra majestad; y atenté muchas veces tasar a los indios, y dijéronme que la provisión no se estendía a tanto, y sobre ello escrebía a vuestra majestad para que se aclarase y alargase más la provisión de protetor, fuéme respondido que estaba muy bien proveído.20

Como podemos sustraer de estas últimas líneas, Marroquín tampoco contó con demasiado apoyo por parte de la Corona a sus intentos por extender su provisión. Durante algunos años ésta argumentó que el cargo estaba bien proveído, por lo que no necesitaba una nueva cédula. En caso de que se presentara alguna diferencia entre el protector y las autoridades guatemaltecas, la Corona dictó que Marroquín remitiera el caso a la Audiencia de México.21 De esta manera, se evitaban conflictos jurisdiccionales entre el obispo y el gobierno civil. En caso de existir dichos problemas, éstos quedaban sujetos al arbitraje del tribunal mexicano. La desafortunada consecuencia de estos problemas fue que Marroquín decidiera, para evitar enfrentamientos con el gobernador, no intervenir en conflictos que involucraban a los naturales y en los cuales él como protector tendría que actuar. Los indígenas involucrados eran los más perjudicados. De allí la insistencia de Marroquín para que la Corona mandara “pro20 Carta de Francisco Marroquín al emperador Carlos V, fechada en México, el 10 de mayo de 1537, en Marroquín, op. cit., p. 157. 21 Idem.

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veer claramente, para quitar diferencias entre nosotros y los gobernadores”.22 No se limitó Marroquín sólo a pedir que se aclarara su potestad como protector de indios. Presentó a la Corona y al Consejo de Indias una serie de propuestas para que la protectoría funcionara con mayor eficacia.23 La primera de ellas fue que, ningún gobernador ni otra autoridad española se entrometiera en los pleitos de los indígenas. Para esto planteó que los protectores fuesen jueces y que de manera exclusiva a ellos compitiera encargarse de los asuntos de los indios en todas las causas civiles. Incluso en las causas criminales, remitir o no el problema a otros jueces sería decisión del protector, previo examen del caso y el proceso. Que contaran los protectores con ministros para ejecutar sus mandamientos, fue otra de sus propuestas; para estos funcionarios pidió, les permitiesen usar vara y armas para sus causas. Como tercer pedimento, Marroquín consideró que la facultad de enviar visitadores a los pueblos de indios fuera prerrogativa del protector pues, según sus palabras, “el gobernador no pudiese ni pueda enviar visitadores, porque todos van a robar”.24 Para evitar que estos visitadores o los encomenderos pidieran tributos excesivos a los indígenas, Marroquín solicitó que en las tasaciones no pudiera intervenir el gobernador ni algún otro español. Al margen de la carta en que Marroquín planteó estas propuestas, aparece a manera de apostilla, la respuesta de la Corona: “que 22 Carta de Francisco Marroquín al emperador Carlos V, fechada en Santiago de Guatemala, el 15 de agosto de 1539, en Marroquín, op. cit., p. 157. 23 Estas propuestas están contenidas en la carta que dirigió Francisco Marroquín al emperador Carlos V, fechada en Santiago de Guatemala, el 20 de noviembre de 1539, en Marroquín, op. cit., pp. 175-176. 24 Idem.

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se torne a ver la provisión de la protección”.25 No obstante las pretensiones de Marroquín, la Corona no le otorgó nuevas atribuciones al protector. Antes, podríamos decir que parte de la respuesta a estas cartas de Marroquín y a las de otras tantas voces que se unían para exigir mejor trato hacia los nativos, se plasmaron en las Nuevas Leyes. La segunda mitad de la década de 1530 fue una época en que Marroquín actuó de manera activa como protector de los indios, y aún con mayor celo hasta 1541, fecha en que fue designado gobernador interino de Guatemala al lado de Francisco de la Cueva,26 lo cual seguramente lo ocupó en otras tareas. Hasta ese momento sus escritos reflejan un mayor optimismo en cuanto a lo que podía lograr como protector. Por un lado, desde 1536 ocupaba en forma interina la gubernatura de Guatemala Alonso de Maldonado, oidor de la Audiencia de México. Este magistrado, a decir de Jan De Vos, “tenía la reputación de ser un hombre íntegro, amigo de la justicia y defensor de los indios”.27 En el transcurso de ese mismo año, a invitación del propio Marroquín, llegó proveniente de Nicaragua un grupo de dominicos, sus nombres: fray Rodrigo de Ladrada, fray Pedro de Angulo y fray Bartolomé de Las Casas.28 Un año después, estos dominicos iniciaron con el respaldo de Marroquín y la licencia de Maldonado, el ambicioso proyecto de la conquista pacífica de la Tierra de Guerra. Uno y otro aspecto, el apoyo del gobernador Maldonado y los inicios de una conquista sin violencia en la Verapaz, influyeron Idem. Carta de Francisco Marroquín al emperador Carlos V, fechada en Santiago de Guatemala, el 6 de octubre de 1541, en Marroquín, op. cit., p. 154. 27 Jan De Vos, La paz de Dios y el rey. La conquista de la selva lacandona, 1525-1821, p. 76. 28 Las Casas, Obras completas. Vida y obra, tomo 1. Por Álvaro Huerga, p. 177. 25 26

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en Marroquín para que en el territorio bajo su jurisdicción tratara de consolidar la protectoría de indios. Durante la conquista de Guatemala, de acuerdo con las prácticas de guerra de los españoles, se tomaron por esclavos a aquellos indios que fuesen considerados en rebeldía. Además de los esclavos de guerra, los conquistadores se hicieron de indígenas que, a decir de aquéllos, ya eran esclavos de los señores naturales. Eran éstos los llamados esclavos de rescate.29 Ante la expansión de la esclavitud, la Corona tomó medidas para evitar que la población nativa tuviera el mismo fatídico destino que la antillana. Envió una cédula a Guatemala en 1530 la cual prohibía se hicieran más esclavos de guerra o se tomaran de rescate. Para ello exigió realizar una matrícula de los esclavos que ya se encontraban en poder de los españoles, y en lo posterior quedaba prohibido aumentar este número.30 No obstante, los vecinos españoles de Guatemala enviaron un procurador a España, para argumentar ante la Corona que, dada la reciente conquista de la región y el comienzo de trabajos en minas de oro, era necesario el trabajo de esclavos. Consiguieron una cédula, fechada el 20 de julio de 1532, donde la emperatriz permitió se volvieran a rescatar esclavos; y el 19 de marzo de 1533 por medio de otra cédula, se tornó lícito hacer esclavos de guerra. Para uno y otro caso, Francisco Marroquín, como protector de indios que era, debía supervisar que no se hicieran esclavos ilegalmente y él mismo debía estar presente en el hierro de los esclavos.31

Zavala, op. cit. Carta de la emperatriz, fechada en Madrid, el 2 de agosto de 1530. Comentada por Zavala, op. cit., p. 13. 31 Ambas cédulas son comentadas por Zavala, op. cit., pp. 15 y 16. 29 30

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Los oidores de la Audiencia de México escribieron a la Corona acerca de los problemas que significaría permitir nuevamente la toma de esclavos. A sus reclamos se unieron las voces de la orden de San Francisco de México y la de fray Bartolomé de Las Casas. Marroquín aceptó el hecho de que entre los antiguos señores habían existido esclavos, por lo cual consideró lícito tomarlos de rescate. Pronto se dio cuenta de su error, no sin antes haber permitido que en Guatemala se tomaran muchos mayas libres por esclavos. Sobre esto, el protector de los indios de Guatemala escribió a la Audiencia de México: “Réstame responder a mi culpa y hierro pasado, y lo que puedo decir es no estar tan enteramente en las cosas de los indios, y como en algo los conocí, me retruxe aunque no sin culpa de lo hecho; más a buen tiempo fue el arrepentimiento”.32 Y señaló al emperador como cosa necesaria “que no haya esclavos, ni de rescate, ni de guerra”,33 porque antes de la llegada de los españoles no existían. Antes bien, los principales de los pueblos eran obligados por los colonos a entregar maceguales y éstos a aceptar su servidumbre. Argumentaba Marroquín contra la toma de esclavos: [...] digo que [esclavos] de rescate, como hombre que tiene ciencia de la mucha práctica y experiencia que con ellos he tenido no los hay y, si ellos [los indígenas] los tienen y tratan, son contra razón y ley divina y humana; y de guerra mucho menos, porque es imposible guardarse ni cumplirse lo que las leyes determinan

Carta de Francisco Marroquín a la Audiencia de México, fechada en Santiago de Guatemala, el 1 de octubre de 1535, en Marroquín, op. cit., p. 151. 33 Carta de Francisco Marroquín al emperador Carlos V, fechada en Santiago de Guatemala, el 10 de mayo de 1537, en Marroquín, op. cit., p. 157. 32

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La protectoría de indios en Guatemala y vuestra majestad manda, para que la guerra se pueda llamar justa, ni los indios tienen la capacidad para podello entender.34

Con esta nueva postura, abiertamente en desacuerdo con la esclavitud, Marroquín denunció que Alvarado tomó muchos mayas libres como esclavos para llevarlos hacía el Perú, lo cual causó gran inconveniente en la tierra. Sin embargo, la esclavitud no fue suprimida de forma definitiva sino hasta la promulgación de las Nuevas Leyes. La tasación de los tributos ocupó grandes esfuerzos por parte de Marroquín, pues el cabildo guatemalteco se oponía a ello, argumentando que Marroquín carecía de facultades para tasar la tierra. En 1535 llegó a Guatemala el licenciado Alonso Maldonado, como juez de agravios. En las instrucciones que tenía de la Audiencia de México, contaba con un capítulo para tasar los tributos. 35 Como protector, Marroquín pidió a Maldonado realizar la tarea o le ayudase a él a cumplirla; sin embargo, ninguno recibió ayuda por parte de los españoles. Estas dificultades dejaron en suspenso la tasación. En 1536 Maldonado regresó a Guatemala como juez de residencia de Pedro de Alvarado.36 En febrero de ese mismo año la reina envió una provisión al protector de indios y al gobernador o juez de residencia, para que llevaran a cabo la tasación de los indios encomendados. Les pedía que realizaran personalmente una matrícula de todos los pueblos de la gubernatura, dejando la misma “en poder del cacique principal” de cada pueblo.37 La tasación de la provincia se completó hasta 1541. Idem. Idem. 36 Idem. 37 Cédula Real, fechada en Madrid, el 23 de febrero de 1536, en Francisco Antonio Fuentes y Guzmán, Recordación Florida, libro II, pp. 256-258. 34 35

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Esclavitud y encomienda no eran los únicos problemas que enfrentaron los mayas en Guatemala. Fueron forzados a desempeñarse como tamemes y naborías, además de hacerse cargo del trabajo en las obras públicas de la villa de Santiago, labranzas, trapiches y estancias de los españoles. Para los mayas estas labores obligatorias, significaron una carga brutal de trabajo, lo cual en muchos casos los condujo a la muerte. Marroquín decía que los peores maltratos hacía los indígenas provenían de los vecinos recién llegados a Guatemala. Como solución el protector vislumbraba el establecimiento definitivo de familias en la gobernación y se dirigía al emperador comunicándole que “principal cosa es y muy necesaria que los españoles que tienen repartimientos se casen todos en general [...] para que vivan en gracia, como porque de tal fruto se servirá dios y vuestra majestad y los naturales serán mejor tratados”.38 Añadió Marroquín que era también muy conveniente que los indios se dieran perpetuamente a un encomendero, pues de éstos provendría mejor trato. Ante el problema de los mayas sujetos a la servidumbre en las casas de los españoles, llamados naborías, el protector pidió a la Corona que mandara este servicio se suprimiera, dejando a los indígenas en libertad de servir a quien quisieren o a quien les pagara su trabajo.39 Respecto al desempeño que eran obligados a hacer los tamemes, se dirigió al emperador haciéndole saber que por la geografía del lugar “la costa es muy caliente y la sierra muy fría” era “muy necesario que vuestra majestad mande que de los de una tierra no pasen a los de otra cargados, porque de diez no vuelven a sus casas cinco”; para suplir a los tamemes, propuso Marroquín, se po38 Carta de Francisco Marroquín al emperador Carlos V, fechada en Santiago de Guatemala, el 10 de mayo de 1537, en Marroquín, op. cit., p. 156. 39 Ibid., p. 158.

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día recurrir a los animales de carga que se encontraban a muy bajo precio.40 El trabajo en las minas tuvo nefastas consecuencias para los mayas de las tierras altas, pues ellos eran obligados a aportar su mano de obra.41 Las faenas para obtener oro eran especialmente peligrosas durante la temporada de lluvias. Y si los indígenas trabajaban en dicha temporada, perdían la oportunidad de trabajar para su propio sustento. Entonces, el protector pidió que las labores en los yacimientos se realizara sólo en tiempo de secas, lo cual, además, permitía a los mayas trabajar en sus sementeras. Los cakchiqueles apuntaron en sus Anales la manera en que estas formas de trabajo forzoso afectaron a su pueblo, trabajo del cual nadie estaba exento: Durante este año [1532] se impusieron terribles tributos. Se tributó oro a Tunatiuh; se le tributaron cuatrocientos hombres y cuatrocientas mujeres para ir a lavar oro. Toda la gente extraía el oro. Se tributaban cuatrocientos hombres y cuatrocientas mujeres para trabajar en Pangán por orden de Tunatiuh en la construcción de la ciudad del Señor. Todo esto, todo, lo vimos nosotros ¡oh, hijos míos! Durante los dos meses del tercer año transcurrido desde que se presentaron los señores, murió el rey Belehé Qat, murió el día 7 Queh cuando estaba ocupado en lavar oro.42

Aun cuando hemos visto que el protector de indios se preocupó de ciertas problemáticas que afectaban a los naturales, 40 Idem. Además se puede ver la que escribe Marroquín al emperador en su carta fechada en Santiago de Guatemala, el 20 de noviembre de 1539, en Marroquín, op. cit., p. 176. 41 Carta de Francisco Marroquín al emperador Carlos V, fechada en Santiago de Guatemala, el 10 de mayo de 1537, en Marroquín, op. cit., p. 156. 42 Memorial de Sololá, p. 107.

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Francisco Marroquín, como algunos otros religiosos de su tiempo, consideró que para imponer a los nativos americanos el modo europeo de entender, vivir y creer el mundo, era lícito recurrir aún a métodos drásticos. Marroquín vio a los nativos como “niños simples, pobres en su juicio e manera de vivir”. Así que la conversión de estos pueblos al cristianismo, se mostraba a los ojos del obispo como cosa primordial. Debido a que durante toda la década de 1530 no llegaron religiosos para iniciar la evangelización y Marroquín conoció bastante bien la geografía accidentada de la región, creyó necesario para su programa de evangelización e hispanización dos importantísimos aspectos: la entrada de frailes y clérigos evangelizadores, y la congregación de los pueblos de indios en poblados urbanizados a la manera española. Escribió al emperador en 1537 que “todo muy necesario para la instrucción de estos naturales, y es lo principal que la gente de estos pueblos se junte”.43 Y con mayor energía se dirigió al monarca de Castilla dos años después en los siguientes términos: Entre otras cedulas proveyó vuestra majestad que se juntasen los naturales si cómodamente se pudiese hacer, e sin premia, e no contra su voluntad; sepa vuestra majestad que esta cosa es la más esencial para el fin que fueron conquistadas estas tierras [...] si en cosa es lícito ser apremiados es en esta, pues es para su bien; gente tan sin conocimiento que totalmente hay en ellos senda ni centella de razón, no tienen más de lo exterior del hombre.44

Marroquín hizo una de sus tareas principales, conseguir que las comunidades indias se congregaran en pueblos urbaCarta de Francisco Marroquín al emperador Carlos V, fechada en Santiago de Guatemala, el 10 de mayo de 1537, en Marroquín, op. cit., p. 158. 44 Carta de Francisco Marroquín al emperador Carlos V, fechada en Santiago de Guatemala, el 20 de enero de 1539, en Marroquín, op. cit., p. 166. 43

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nizados, sin importar el costo que para los mayas significaría dejar las tierras en las cuales vivían. Este mismo ahínco no le permitió a Marroquín percatarse que los medios brutales que él solicitaba al emperador para realizar la congregación, iban contra su provisión y encargo de procurar el buen trato de los indios. Por respuesta, la Corona escribió a Marroquín que él “y el gobernador lo vean poco a poco”.45 Los problemas jurisdiccionales que enfrentó Francisco Marroquín como protector de indios en Guatemala se transformaron o se agudizaron con el establecimiento de la Audiencia de los Confines. Sus facultades fueron limitadas, tal como ocurrió con fray Juan de Zumárraga en México, lo cual impidió una mayor participación del obispo en los asuntos referentes a la protección de los indios. Pero igualmente su postura, antes más crítica hacia el trato que los españoles daban a los nativos cambió. Planteémoslo a manera de interrogación, y tratemos de responderla en el siguiente apartado: ¿Qué pasó con el protector de los indios de Guatemala una vez establecida la Audiencia de los Confines?

El protector de indios Marroquín y la Audiencia de los Confines 1544 fue el año en que finalmente se encontraron en Centroamérica quienes conformarían la primera Audiencia de los Confines.46 Junto con ellos llegó una copia de las Nuevas LeIdem. El análisis e historia de la congregación de los pueblos no es un tema en el que abundaremos aquí. Para ello véase la obra de Lenkersdorf, Repúblicas de indios. 46 Carta del licenciado Diego de Herrera al emperador, fechada en Gracias a Dios, el 22 de enero de 1544. agi, Guatemala, 9A, R. 11, N. 27. 45

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yes. Ambos cuerpos, el colegiado y el legal, fueron motivo de sobresalto entre los españoles de la región. El obispo y protector de los indios de Guatemala, Francisco Marroquín, no fue la excepción. Junto con su amigo el gobernador y recién nombrado presidente de la Audiencia, Alonso de Maldonado, se dirigió a la ciudad de Gracia a Dios a recibir a los oidores de la Audiencia. La instauración del tribunal significó para el protector de indios enfrentar una serie de nuevas problemáticas, pues no siempre estableció relaciones cordiales con los miembros de la Audiencia. Ya hemos mencionado que en las Nuevas Leyes se decretó la fundación de la Audiencia de los Confines; en este mismo documento se les ordenó al presidente y a los oidores de dicho tribunal mirar que los indios fueran bien tratados. Ahora bien, el distrito de la Audiencia ocupaba la gobernación de Guatemala, donde la Corona había designado a Francisco Marroquín como protector de indios. Esto representaba un problema, porque entonces distintas autoridades tenían la provisión de proteger a los indios aunque legalmente el cargo sólo pertenecía a Marroquín. Dos meses después de realizar las adiciones a las Nuevas Leyes, el príncipe Felipe envió una cédula a Marroquín encargándole que, con su cargo de protector, supervisara la aplicación de la legislación, explicando además, cual sería su papel respecto a la protección de los indios una vez establecida la Audiencia: [...] me ha parecido avisaros a vos de ello, confiando como sois pastor y protector de los indios [...] os encargo y mando [...] tengáis grande vigilancia, y particular cuidado de que las dichas ordenanzas se guardaren, y ejecuten como en ellas se contiene, y de que si alguna o algunas personas excedieren de ellas, avisar a los gobernadores y justicias de esa tierra para que lo castiguen, y ejecuten las penas de ellas contenidas y si en ello 104

La protectoría de indios en Guatemala fueren remisos e negligentes e lo disimularen, aviséis de ello al presidente y oidores de la nuestra Audiencia y Chancillería Real, les enviéis entera relación de los que excedieren, y en que cosas y de las justicias que disimularen, para que ellos manden castigar a los vuestros y a los otros, porque así les enviamos a mandar lo hagan, y en caso que el dicho presidente y oidores no lo remediaren, y castigaren vista relación [...] vos nos avisaréis de todo y enviaréis la dicha información [...].47

De este texto podemos concluir que el protector estaba obligado a remitir a quienes faltaran a las Nuevas Leyes con las justicias locales para que éstas se encargaran de ejecutar las penas contempladas en la legislación. En caso de que tales justicias no actuaran, Marroquín tendría que informar a una instancia superior, la Audiencia, para que ésta castigara a los infractores y a las justicias por su omisión. Es decir, aun con la instauración de la Audiencia, la Corona mantuvo en Marroquín la tarea de proteger a los indios, no obstante le negó su petición de nombrar él mismo ministros ejecutores.48 Por esos días, la Corona dirigió otra cédula al “gobernador o juez de residencia de la provincia de Guatemala” donde le pedía que las Nuevas Leyes “las guardéis y hagáis guardar, y cumplir y executar”.49 Podemos concluir que esta cédula y la dirigida a Marroquín son complementarias. A éste se le 47 Cédula Real, fechada en Valladolid, el 23 de agosto de 1543, en Estrada Monroy, op. cit., pp. 146-147. Las cursivas son nuestras. 48 Desde 1539 Marroquín preguntaba a la Corona si como protector él podía nombrar ministros ejecutores de sus sentencias, petición que mantuvo hasta 1548. Véanse, por ejemplo, las cartas que escribió al emperador el 15 de agosto de 1539 y el 4 de febrero de 1548, ambas aparecen en Marroquín, op. cit., pp. 172 y 221, respectivamente. No obstante, Marroquín no consiguió una cédula que le permitiese nombrar a los ejecutores. 49 Cédula Real, fechada en Valladolid, el 14 de agosto de 1543. agi, Guatemala, 9A, R.10, N. 25

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pidió, que en vista de que debía procurar el bien de los indígenas, hiciera valer la nueva legislación, remitiendo a quienes no lo hicieran con las justicias locales. Al gobernador se le pedía, precisamente, ejecutar las leyes. Así, vemos que, por lo menos en el ámbito legal, no debían existir conflictos jurisdiccionales entre el protector, gobernador y la Audiencia,50 pues la Corona acotaba y clarificaba las funciones de cada instancia y la relación que entre ellas debía prevalecer. En la práctica los problemas se sucedieron con rapidez. El 30 de mayo de 1544 se pregonaron las Nuevas Leyes en la ciudad de Santiago de Guatemala. Entre los vecinos existió un rechazo generalizado hacia la legislación. Contaron con Marroquín como mediador entre ellos y la Audiencia. El obispo quiso tomar para sí todas las cuestiones indígenas, solucionándolas según su criterio. Un año después de establecida la Audiencia, Francisco Marroquín escribió al emperador quejándose que los alcances de su oficio eran muy pequeños. Quería el protector ensanchar su provisión, argumentando para ello que él y los religiosos mantenían una relación privilegiada con los indígenas, y que la Audiencia no se ocupaba ni podía ocuparse de los asuntos de los mayas.51 Allí acusaba a este tribunal de quererle quitar su provisión como protector y el derecho de nombrar visitadores: “[...] agora el Audiencia ha dado a entender que no hay para qué el obispo sea protector ni visitador. Plugiese a Dios que pudiesen los obispos destas partes ser obispos sin este cargo; y plugiese a Dios que fuesen 50 Recordemos que al presidente y oidores de la Audiencia, en las Nuevas Leyes se les encarga tener como obligación principal, conseguir el buen trato hacia los indígenas, lo cual no les llevaba a involucrarse o entorpecer las funciones del protector. 51 Carta de Francisco Marroquín al emperador Carlos V, fechada en Santiago de Guatemala, el 4 de junio de 1545, en Marroquín, op. cit., p. 206.

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ellos tan bastantes que pudiesen suplir lo que son obligados y lo nuestro”.52 Más aún, la Audiencia se había inmiscuido ya en sus facultades, al proveer como visitadores a deudos de los magistrados, potestad, hasta entonces, de los prelados o personas eclesiásticas.53 Este asunto preocupaba de forma particular a Marroquín, por los agravios que acarreaba a los mayas la incorrecta tasación de los tributos. Apuntaba en esta misma carta que la tasación realizada unos años antes por él y Maldonado, era deficiente, ya que los indios no les habían informado de manera correcta por temor a sus encomenderos. Denunciaba, igualmente, que estos españoles pedían a sus encomendados tributos que no habían podido pagar en años difíciles. Para solucionar esta problemática, el protector pedía se les impidiese a los españoles entrar a los pueblos a ellos encomendados y, aún más importante, hacer “una retasación o reformación de la tasación hecha”.54 En los años de 1546 y 1547, poco escribió Marroquín sobre la situación de los indígenas en su distrito. Gran parte de su tiempo debió ocuparlo en su partida hacia México con motivo de la junta convocada por el visitador Tello de Sandoval en 1546, para tratar la aplicación de las Nuevas Leyes, la congregación de los pueblos y la redacción de doctrinas cristianas.55 Sus disputas con fray Antonio de Valdivieso y fray Bartolomé de Las Casas, fue otro asunto que le ocupó al obispo de Guatemala, lo cual se refleja en bastantes líneas escritas sobre el tema durante esos años. Para 1548 sus relaciones con la AuIbid, p. 204. Idem. 54 Ibid, p. 206. 55 Dussel, op. cit., p. 63. ������������������������������������������� Confróntese con María del Carmen León, “Estudio preliminar”, p. 67. 52 53

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diencia tampoco eran las mejores; escribía al rey comparando a los oidores con perros, diciendo que “días y noches, en sus casas, en la iglesia, toda su plática y conversación es cerca de las minas de oro y sus negros”, pero “del buen gobierno destas provincias, de administrar justicia, del buen tratamiento de los naturales, de la buena vida de los españoles, de quitar pecados públicos; en cosa destas y otras semejantes no los veo ni oyo estén ocupados, ni se ocupan”.56 Aconsejaba al rey, para evitar estos problemas, que proveyera además del presidente, cuatro oidores, de los cuales “tres que anden siempre visitando, que será un sancto servicio”.57 Esta proposición solucionaba el problema de los visitadores nombrados por los oidores, además que para esos días, ya el oidor Juan Rogel había realizado visitas para tasar los tributos.58 En este último año, Marroquín pidió que los indígenas no fueran ocupados en labores en los sembradíos de caña, los cuales comenzaban a funcionar en Chiapa, por ser “trabajo grande y grave”. Escribió que las labores de cosecha en las sementeras y posturas de cañas, así como el cortar madera y leña, no debían ser realizadas por indios. Proponía usar esclavos negros.59 Meses más tarde, pidió a la Corona que enviara de La Española cinco o seis mil negros, acompañados de unos tres o cuatro mil animales de carga, para evitar que los indígenas tamemes suministraran de bastimentos a los negros. Estas propuestas fueron vistas con buenos ojos en España, ya que en el margen de la carta encontramos la siguiente anotación: 56 Carta de Francisco Marroquín al emperador Carlos V, fechada en Santiago de Guatemala, el 4 de febrero de 1548, en Marroquín, op. cit., p. 220. 57 Idem. 58 Memorial de Sololá, p. 112. 59 Carta de Francisco Marroquín al emperador Carlos V, fechada en Santiago de Guatemala, el 4 de febrero de 1548, en Marroquín, op. cit., p. 221.

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“que está bien, que su majestad proveerá lo que convenga”.60 La posición de Marroquín no fue extraña en aquellos días. Por lo contrario, muchos españoles coincidieron con el obispo en que para suplir la mano de obra esclava, ilegal entre los indios desde las Nuevas Leyes, la población de origen africano era la mejor opción. Éste fue otro rostro de la colonización española, la de la explotación de los negros que se inició en aquellos años y es otro capítulo oscuro de la historia americana. Los inicios de la década de 1550 fueron testigos de una postura más distante de la que tuvo Marroquín en sus primeros años como protector. Consideró necesarias medidas más extremas para lograr la hispanización de los mayas. Esta actitud está relacionada también con los altercados que tuvo con los magistrados de la segunda Audiencia, una vez que ésta se estableció el 21 de mayo de 1549 en la ciudad de Guatemala,61 pues los desencuentros se hicieron más frecuentes. Con el nuevo presidente de la Audiencia, el licenciado Alonso López Cerrato, Marroquín tuvo importantes diferencias; peor fue su relación con el oidor Pedro Ramírez de Quiñonez, a quien incluso el obispo acusó de haberlo querido asesinar. Las principales diferencias con Cerrato, fueron por motivo de la aplicación de las Nuevas Leyes, pues bajo el gobierno de éste se liberaron esclavos, se tasaron los tributos, y se limitaron las encomiendas y los trabajos forzosos para los indígenas. Según la versión de los cakchiqueles: Durante este año [1549] llegó el señor presidente Cerrado, cuando todavía estaba aquí el señor licenciado Pedro Ramírez. CuanCarta de Francisco Marroquín al emperador Carlos V, fechada en Santiago de Guatemala, el 1 de agosto de 1548, en Marroquín, op. cit., p. 229. 61 Informe de la Audiencia al emperador, fechado en Santiago de Guatemala, el 21 de mayo de 1549, agi. Guatemala, 9A, R.16, N. 57. 60

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La protectoría de indios durante el siglo xvi do llegó condenó a los castellanos, dio libertad a los esclavos y vasallos de los castellanos, rebajó los impuestos a la mitad, suspendió los trabajos forzados e hizo que los castellanos pagaran a los hombres grandes y pequeños. El señor Cerrado alivió verdaderamente los sufrimientos del pueblo.62

Aunque la política de Cerrato tuvo importantes efectos positivos para los nativos, se ganó la enemistad de los vecinos españoles. Éstos se apoyaron en Francisco Marroquín, quien al defender a los encomenderos, se enfrentó a Cerrato y a los religiosos que respaldaban al presidente de la Audiencia. El obispo criticó las gestiones del presidente en lo referente a la tasación de los tributos, la moderación de los trabajos y la liberación de esclavos indios. Escribió el protector al rey: [...] acuérdame haber escripto mucha veces sobre la libertad de esclavos y sobre el servicio personal y sobre la tasación de los tributos, que han sido tres cosas muy necesarias de proveer en ellas, y paréceme sobre que por mi importunación e intercesión se proveyó la moderación de los tributos que es lo más principal [...] duéleme en el alma ver a los españoles tan desfavorecidos [...] el presidente y religiosos no les duele, a mí sí [...] el presidente pretende favor por medio de los religiosos, los religiosos pretenden mandar y ser temidos y obedecidos, de manera que todos pretenden su interés [...] le hizo al presidente dar por libres los esclavos destas gobernaciones, sin tela de juicio, yo lo he tenido por gran yerro porque de aquí ha nacido gran desvergüenza a los indios [...] de aquí ha nacido gran descontento a los españoles y cada día crecerá el descontento y la desvergüenza de los indios.63 Memorial de Sololá, p. 113. Carta de Francisco Marroquín al emperador, fechada en Guatemala, el 3 de febrero de 1550, en Marroquín, op. cit., p. 241. 62 63

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Ante las acusaciones de Marroquín y los encomenderos, el presidente de la Audiencia dio a la Corona su propia versión de los hechos, escribiendo que las acciones tomadas a favor de los naturales se habían realizado conforme a la ley y según lo ordenado por su majestad.64 La Corona tomó una posición muy clara en este pleito, pidiendo que a Marroquín se le reprendiera, pues según sus palabras, “Cerrato lo ha hecho bien”.65 Vemos que en aquel tiempo los desacuerdos de Marroquín con la Audiencia reflejan, como hemos apuntado, un cambio en la actitud del protector. En la década de 1550, Marroquín se declaró un hombre de medios y no de extremos como Cerrato. Consideraba que el único papel que podían tener los mayas, era el de servir, y las relaciones que debían establecer éstos con los españoles estarían normadas por la subordinación. La condición que debían respetar los españoles en esta relación, era no maltratar a los indios. Así, cuando en estos años Marroquín se hace cargo de la protección de los indígenas, lo hace para regular las relaciones de servidumbre que él consideró lícitas y hasta benéficas para los nativos, asegurando que “el fundamento desta tierra son los españoles”.66 Sus escritos muestran una visión negativa acerca de los naturales. Esta perspectiva encontraba origen en su decepción por no conseguir que los indígenas abandonaran los valores de su propia cultura, negándose a aceptar de forma plena 64 Carta del licenciado Cerrato al emperador, fechada en Guatemala, el 26 de enero de 1550, agi, Guatemala, 9A, R.7, N. 64. 65 Apostilla en la carta escrita por Marroquín el 3 de febrero de 1550, op. cit., p. 241. 66 Carta de Francisco Marroquín al emperador, fechada en Guatemala, el 3 de febrero de 1550, en Marroquín, op. cit., p. 242.

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aquella que se les deseaba imponer, la cual, a los ojos de los españoles, era la única que valía, y además, era la justificación de su presencia en las tierras de ultramar. Entonces, la mejor manera de obligar a los indígenas a hispanizarse y dejar su vida de “ocio y desvergüenza” era forzándolos a trabajar y servir a los españoles, afirmaba el protector. Fue el Marroquín de aquellos años un protector frustrado por ver que los negocios sobre los indígenas escapaban de sus manos, teniendo mayor influencia las decisiones de la Audiencia y las de los religiosos que las suyas; decisiones con las que no siempre concordaba. Con esta postura endurecida, el protector apoyó que se recurriera a medios brutales a favor de la “civilización” de los mayas, como los usados para congregar los pueblos de indios.67 Años después, a la llegada del presidente Landecho, con agrado vio sus esfuerzos por concertar las repúblicas de indios,68 proyecto del cual fue el obispo un gran promotor. Finalmente, entre 1556 y 1557, Francisco Marroquín hizo propuestas a la Corona para delegar la defensa de los indios en individuos legos, de la cual ya no podía –ni quisiese tal 67 Baste ver las acciones emprendidas por el oidor Tomás López y los franciscanos en Yucatán, para conseguir que los mayas de aquellas regiones se congregaran. Véase por ejemplo, el testimonio que aparece en la “Relación de Dzonot”, en Relaciones histórico-geográficas de la gobernación de Yucatán: II, pp. 86-87. Acerca de Tomás López decía el obispo de Guatemala que: “tiene mucho buen celo para que se cumpla lo que vuestra majestad manda, es buen cristiano, ques lo que hace al caso, virtuoso quito de todo vicio”; carta de Francisco Marroquín al rey, fechada en Guatemala, el 20 de marzo de 1551, en Marroquín, op. cit., p. 249. 68 Decía en una carta escrita al rey Felipe II “hame dado mucho contento su buena inclinación y zelo para hacer bien a la república y levantarla, ha dado mucho calor y prometido mucho a favor de los religiosos para que crezca la doctrina de Jesucristo”. Véase su carta fechada en Guatemala, el 3 de diciembre de 1559, en Marroquín, op. cit., p. 293.

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vez– ocuparse. En primer lugar planteó la falta de atención que la Audiencia tenía con los asuntos de los naturales. Vislumbraba la solución a este problema en el nombrar personas seculares que se encargaran de la justicia y administración de los pueblos, escuchando para ello los pleitos que hubiera en el interior de éstos. Estos individuos se encargarían de regular con mayor severidad el comportamiento de los indígenas, al obligarlos a trabajar y tener obediencia a “los mayores”, al mismo tiempo que cuidaba que los principales y señores no robaran a los maceguales. Escribía el obispo que el cargo podía otorgarse sin problema a los encomenderos de los propios pueblos, y concluía señalando que “el salario para estas tales personas, porque será muy bien merecido, será justo y sancto que se saque de los mesmos pueblos”.69 En aquellos años también encontramos que Marroquín propuso a la Corona a Francisco del Valle Marroquín para ocuparse del cargo de defensor de los indios del distrito de Guatemala.70 En el capítulo sobre los defensores de indios de esta parte del trabajo abundaremos con detenimiento al respecto. El viernes santo de 1563 murió Francisco Marroquín, primer protector de indios de Guatemala. Su trayectoria con este cargo fue larga y heterogénea. Lo vemos en sus primeros años realizando grandes esfuerzos por conseguir que los españoles dieran a los indígenas un trato más humano y menos cruel. Propuso múltiples soluciones para acabar con los abusos hacia sus protegidos y para ello quiso extender su provisión como protector. También apoyó optimista el proyecto de la conquista pacífica de la Tierra de Guerra. En aquella Carta de Francisco Marroquín al emperador, fechada en Guatemala, el 20 de abril de 1556, en Marroquín, op. cit., p. 271. 70 Carta de Francisco Marroquín al rey, fechada en Guatemala, el 20 de marzo de 1557, en Marroquín, op. cit., p. 285. 69

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primera etapa, las autoridades españolas frenaron las acciones emprendidas por Marroquín, argumentando que su jurisdicción no era tan amplia. Con la instauración de la Audiencia, estos pleitos jurisdiccionales se agudizaron, al igual que sus disputas personales con los magistrados del tribunal. Dichos problemas y su frustración por no conseguir que los mayas se hispanizaran, le llevaron a tomar una actitud más dura con los naturales, apoyando métodos más extremos para conseguir la conversión de éstos. Pretendió ahora colocarse entre españoles y naturales, para normar las relaciones de servidumbre que él consideraba debían prevalecer. Al final de su vida, cansado y viejo, según sus propias palabras, quiso delegar la defensa de los indios en otros individuos. Murió Francisco Marroquín en abril de 1563, treinta años después de haber recibido el nombramiento de protector de los indios, cargo que desempeñó con claroscuros, pero cuya trayectoria refleja los problemas propios de su época.

Obispos y religiosos protectores de indios en el distrito de la Audiencia de Guatemala Conforme se fue estructurando el aparato colonial en Centroamérica, surgió la necesidad de establecer nuevas instancias de gobierno. Los protectores de indios formaron parte de esta organización. Por ello se mostró necesaria la designación de protectores para regiones alejadas del distrito asignado a Francisco Marroquín. Fue así que provincias vecinas de Guatemala, como Honduras, Nicaragua, Chiapa y posteriormente Yucatán, contaron con un protector de indios nombrado por la

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Corona. Verbi gratia, en 1539 la Corona designó a Cristóbal de Pedraza para ocupar el obispado de Honduras, y como hemos visto que ocurrió con otros mitrados, él también recibió el cargo de protector,71 el cual desempeñó desde su llegada al obispado en 1545 hasta el año de su muerte, 1553. También conocemos el caso de fray Marcos de Ardón, mercedario nombrado protector de indios en Guatemala, pero de quien desconocemos su distrito, la autoridad que le otorgó dicho nombramiento y la fecha del mismo.72 Conformaron parte del distrito de la Audiencia de los Confines los territorios de Nicaragua y Chiapa, provincias donde fueron nombrados como obispos y protectores, respectivamente, fray Antonio de Valdivieso y el célebre fray Bartolomé de Las Casas.73 Estos dominicos no compartieron únicamente el celo por conseguir que los españoles dieran un trato digno a los naturales de las Indias mientras estuvieron al frente de sus obispados, también conllevaron juntos el rechazo de los vecinos españoles hacia su labor misionera y el cauce infausto –en el caso de Valdivieso diríamos trágico– que tomaron sus historias. Los mares llevaron a Las Casas con destino a su diócesis a principios de 1545; entró en Ciudad Real de los Llanos el 12 de marzo de ese año. Ocho días después, el dominico promulgó un Edicto de pecados públicos para los feligreses de su obispado. Su proclamación no era extraña, los obispos la usaban al inicio de sus visitas pastorales en sus diócesis. La Dussel, op. cit., p. 47. Pedraza llegó a su obispado hasta seis años después de su nombramiento, en 1545. 72 Véase Carmen León, Reforma o extinción, p. 80. 73 Carta del rey a Juan de Vega, embajador en Roma, presentando a fray Bartolomé de Las Casas para ocupar el obispado de Chiapa, fechada el 1 de marzo de 1543, en Las Casas, Obras completas. Vida y obra, tomo 1, pp. 214-215. Sobre el nombramiento de Valdivieso como obispo, véase Dussel, op. cit., p. 402. 71

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novedad del Edicto de Las Casas consistió en incluir como pecados los abusos que los españoles hicieran a los mayas. El obispo procedió de acuerdo con su provisión de protector de indios y con base en el marco legal vigente, que en aquel momento eran las novísimas Nuevas Leyes. Así, en el Edicto pedía a los españoles declarar so pena de excomunión: [...] si les han tomado otra cualquier cosa contra su voluntad, o comprada la cosa a menor precio de la dicha manera [a los indios] O si sabéis que les hayan llevado tributos o servicios de más de la tasa hecha o cargado con mayores cargas de lo acostumbrado, no pagándoles lo justo y razonable que se les debe dar y contra su voluntad, conforme a las leyes que su majestad ha hecho agora de nuevo; o si les hayan hecho algunas otra violencias, agravios, daños y menoscabos, injurias, afrentas en sus personas.74

En las disposiciones consiguientes de la proclama, el obispo limitó a ciertos religiosos el derecho de confesar y además reservó para sí una serie de pecados que sólo él podía absolver. La ciudad entera se alteró por las disposiciones de Las Casas, sobre todo tomando en cuenta la cercanía de la Semana Santa, conmemoración en la que los vecinos, lejos de encontrar descargo para su conciencia, la pasaron en un ambiente de agitación. Las Casas, no obstante, mantuvo su decisión de negar la confesión y la absolución a los españoles que tuviesen esclavos indígenas, así que los vecinos de Ciudad Real

Edicto de pecados públicos de fray Bartolomé de Las Casas para los vecinos de Chiapa, fechado en Ciudad Real de los Llanos, el 20 de marzo de 1545, en Las Casas, Obras escogidas V: Opúsculos, cartas y memoriales, documento XXII, p. 218. 74

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recurrieron a la Audiencia, quejándose airadamente ante ella contra el obispo.75 Ante los problemas suscitados en Ciudad Real, fray Bartolomé también decidió recurrir a la Audiencia para conseguir de ella el apoyo necesario para que las Nuevas Leyes fueran ejecutadas. En su camino hacia Gracias a Dios, Las Casas visitó de forma breve Tezulutlán, provincia de la cual deseaba el dominico encargarse de manera personal para apuntalar el proyecto de la conquista pacífica. Ahí se encontró después de muchos años con Francisco Marroquín, con quién entró en desacuerdos por la potestad de la Verapaz, pues ambos la suponían dentro del distrito de sus respectivas diócesis.76 Finalmente llegó Las Casas a Gracias a Dios en el mes de octubre. Ahí halló presentes a los obispos de Guatemala y Nicaragua, con quienes presentó el día 19 un memorial de protección y justicia a la Audiencia. Sin embargo, las desavenencias entre Las Casas y Marroquín se hicieron de nuevo presentes, por lo que el obispo guatemalteco retiró el memorial luego de haberlo firmado por considerar excesivas las pretensiones del dominico.77 A estas mismas peticiones la Audiencia respondió de forma negativa. El 22 de octubre fray Bartolomé insistió ante la Audiencia sobre la protección de los indios y la ejecución de las Nuevas Leyes. En su presentación, Las Casas hizo varias peticiones: en primer lugar, que su jurisdicción eclesiástica fuera apoyada por la Audiencia y segundo, que la Audiencia procurara la 75 Informe de la Audiencia al emperador, fechado en Gracias a Dios, el 20 de julio de 1545, agi, Guatemala, 9A, R.12, N. 31. 76 Carta de Francisco Marroquín al emperador Carlos V, fechada en Guatemala, el 17 de agosto de 1545, en Marroquín, op. cit., p. 209. Véase también Las Casas, Obras completas. Vida y obra, tomo 1, p. 249. 77 Las Casas, Obras completas..., tomo 1, p. 250.

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ejecución de las Nuevas Leyes, poniendo énfasis en el buen trato hacia los indígenas: [...] es necesario que vuestra alteza les dé libertad [a los indios] que su majestad manda por las nuevas ordenanzas [...] vuestra alteza declare pertenecer el conocimiento y protección de las causas de las miserables personas, como son estas gentes indianas, al juicio eclesiástico y envíe sus provisiones reales sobre ello a los alcaldes y justicias de los pueblos, ciudades, villas [...] porque como son idiotas y saben poco o nada de lo que deben a Dios y a su iglesia, pensarán que yo me entrometo en usurpar la jurisdicción real, la cual yo defiendo y entiendo defender y reverenciar.78

Parte importante de la petición del protector de indios era que en Yucatán se prohibieran las guerras, conquistas, entradas y rancherías, hechas por los españoles contra los mayas, “porque demás de destruir aquellas gentes naturales de aquel reino de Yucatán, alborotarán y harán alzar a los indios y matar han los frailes questán en las provincias de Tezulutlán, que están de paz”.79 La Audiencia respondió cuatro días después declarando que las provisiones y ayuda para que Las Casas ejerciera su jurisdicción eclesiástica se le darían. Respecto a la protección de los indígenas, el tribunal expresó que ellos siempre habían procurado el buen trato de los naturales y la ejecución de las Nuevas Leyes. En esta respuesta, la Audiencia también le informó al obispo de Chiapa que los requerimientos y Presentación de fray Bartolomé de Las Casas a la Audiencia de los Confines, fechada en Gracias a Dios, el 22 de octubre de 1545, en Las Casas, Obras escogidas V: Opúsculos, cartas y memoriales, documento XXIII, p. 219. 79 Idem. 78

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amonestaciones que éste había hecho al tribunal, carecían de validez; además informaron a la Corona que Las Casas había procurado usurpar la jurisdicción seglar, por lo que pedían a su majestad proveyera castigo para él.80 Los involucrados en esta polémica escribieron a la Corona su parecer, lo cual generó una serie de documentos, a los cuales podemos acceder, y que muestran las versiones de cada uno de ellos. Las Casas escribió junto con Valdivieso una carta al príncipe regente, don Felipe, en la cual critica, principalmente, al presidente Maldonado por no hacerse cargo de la justicia en el distrito de la Audiencia, y por la enorme cantidad de familiares y allegados beneficiados por aquél, entre los que debemos de incluir a su suegro, el adelantado de Yucatán don Francisco de Montejo. Los obispos de Guatemala y Honduras fueron acusados de retrasar la consagración de Valdivieso y poner poco empeño en la protección de los indios. Más importante en esta carta, fueron: “[...] los remedios que esperamos de su majestad y vuestra alteza. Es el primero que estas nuestras ovejas, indios naturales destas Indias, nos las liberten y pongan en toda libertad [...] y esto se cumplirá con que se guarden las ordenanzas hechas”.81 Valdivieso y Las Casas igualmente pidieron a la Corona resolver el problema jurisdiccional entre ellos y la Audiencia. También reiteraron los dominicos su petición al príncipe Felipe para que solucionara la grave situación que estaba ocuRespuesta de la Audiencia de los Confines a la presentación de fray Bartolomé de Las Casas, fechada en Gracias a Dios, el 26 de octubre de 1545, en Las Casas: Obras escogidas V: Opúsculos, cartas y memoriales, documento XXIII, pp. 221-222. 81 Carta de fray Bartolomé de Las Casas y fray Antonio de Valdivieso al príncipe Felipe, fechada en Gracias a Dios, el 25 de octubre de 1545, en Las Casas, Obras escogidas V: Opúsculos, cartas y memoriales, documento XXIV, pp. 222-229. 80

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rriendo en Yucatán, donde las campañas violentas contra los mayas eran frecuentes; además denunciaban que los nativos eran vendidos como esclavos, todo ello con el consentimiento de la Audiencia. Por su parte Marroquín acusó a Las Casas de mentir para que se pusiera bajo su resguardo la provincia de Tezulutlán y de exagerar en sus pretensiones con la Audiencia, diciendo que “fray Bartolomé a quien no le conoce sabe encarecer lo que es poco y deshacer lo que es mucho”.82 La Audiencia redactó un informe al emperador, pero además, llama la atención la carta que escribió el oidor Diego de Herrera, y que muestra otra perspectiva de la situación, no sólo del pleito entre los protectores y la Audiencia, sino también sobre las medidas que tomaba la Audiencia para aliviar el maltrato sobre los indígenas: La [carta] que esta Audiencia escribe a su majestad no firmé porque me pareció apasionada contra el obispo de Chiapa y Nicaragua y un padre fray Vicente, y yo no los tengo en la posesión que escribe, aunque el obispo de Chiapa tengo por muy libre. Los excesos que ellos hicieron los dieron por escrito, que se envía a vuestra majestad por esta Audiencia. El celo creo que ha sido bueno aunque hayan excedido. Sé que los naturales son muy maltratados y que no los defendemos. Vuestra majestad los pone nombre de libres y plugiese a Dios que fuesen tratados como son los esclavos y no como lo son [...].83

Esta situación de violencia sobre los naturales acerca de la que escribió el licenciado Herrera, llevaron a Las Casas a Carta de Francisco Marroquín al emperador Carlos V, fechada en Guatemala, el 1 de diciembre de 1545, en Marroquín, op. cit., p. 210. 83 Informe del licenciado Diego de Herrera al emperador, fechado en Gracias a Dios, el 24 de diciembre de 1545, agi, Guatemala, 9A, R.12, N. 34. 82

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redactar otra carta al príncipe Felipe, donde además de dar cuenta de los últimos sucesos, propuso que en los juicios de residencia hubiesen cláusulas sobre “injustas guerras, y tiranías y agravios que se han hecho a los indios, y cómo guardaron las instrucciones que su majestad les dio; porque son cosa de niñerías estas residencias que se toman acá”.84 En dicha carta, fray Bartolomé vuelve sobre el tema de Yucatán, pidiendo tomar residencia a Francisco de Montejo y a su hijo homónimo, por las guerras y crueldades realizadas en la conquista y “pacificación” de aquella provincia. Concluyó su carta Las Casas, pidiendo que se le permitiese dejar los obispados de Chiapa, Yucatán y Soconusco, que él consideraba bajo su jurisdicción, para hacerse cargo de su tan amado proyecto de la Verapaz, lugar donde esperaba establecer su iglesia catedral. De la metrópoli, Las Casas no recibió respuesta alguna. Se despidieron Las Casas y Valdivieso a fines de 1545 para dirigirse cada cual a la sede de su diócesis. No volverían a encontrarse jamás. Al llegar a Ciudad Real, fray Bartolomé comenzó los preparativos de un nuevo viaje, hacia México, con la intención de asistir a la junta convocada por el visitador Tello de Sandoval. Fray Antonio guió sus pasos hacia Granada. Nosotros lo acompañaremos para volver más adelante en nuestra historia con Las Casas. Pocos meses después de su arribo a Nicaragua, en 1546, Valdivieso narró en una epístola dirigida al príncipe Felipe, los problemas que enfrentaba en su diócesis. Los vecinos encomenderos de Granada se encontraban disgustados por las Nuevas Leyes, y encontraron en Valdivieso el enemigo que 84 Carta de fray Bartolomé de Las Casas al príncipe Felipe, fechada en Gracias a Dios, el 9 de noviembre de 1545, en Las Casas, Obras escogidas V: Opúsculos, cartas y memoriales, documento XXV, pp. 229-234.

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estaba dispuesto a aplicar esta legislación. Entre los inconformes, se encontraba la familia de Rodrigo de Contreras, ex gobernador de la provincia que perdió en su juicio de residencia a los indígenas que había tenido encomendados. Valdivieso expresó preocupación por su seguridad, pues había recibido amenazas de muerte por parte de los encomenderos. Pero su celo como protector le llevó a pedir a la Corona ayuda seglar para hacer uso de sus facultades jurisdiccionales: [...] humildemente suplico a vuestra alteza mándeme dar favor y ayuda para que libremente pueda ejercitar la jurisdicción eclesiástica así como los sacros cánones la dan [...]. Y también suplico se me dé favor y autoridad para poder defender estos naturales y forzar a que se dé doctrina, pues está claro tengo yo de dar cuenta a Dios de sus ánimas, y ¿cómo la puedo dar, no teniendo poder para poner en ello remedio?85

La situación en Nicaragua se hizo cada vez más hostil para Valdivieso, una vez que Contreras y otros encomenderos se sintieron agraviados por las políticas a favor de los indios tomadas por el obispo. Fray Antonio fue asesinado por Hernando de Contreras, hijo del antiguo gobernador en 1550.86 Con este crimen terminó la actuación de un religioso cuya convicción por proteger a los indígenas y aplicar la legislación real fue obstaculizada por problemas jurisdiccionales con la Audiencia, la falta de apoyo de las justicias locales y el encono de los encomenderos. Carta de fray Antonio de Valdivieso al príncipe Felipe, fechada en Granada, el 8 de marzo de 1546, en Las Casas, Obras completas..., tomo 1, p. 254. 86 Informe del licenciado Cerrato al emperador, fechado en Nicaragua, el 1 de junio de 1550, agi, Guatemala, 9A, R.17, N. 67. 85

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En 1552, gracias a un informe de Las Casas,87 obtenemos un dato sobre la situación de Nicaragua: el dominico denunció al presidente Cerrato, del que se ha dicho realizó acciones favorables para los indígenas, por haber dado indios de repartimiento a su hermano, nombrándolo además protector de indios de Nicaragua. Resulta interesante este caso, pues hasta entonces todos los nombramientos de protectores los había hecho sólo la Corona a mitrados. Seguramente el presidente de la Audiencia de Guatemala aprovechó la ausencia de un protector en la provincia por el asesinato de Valdivieso. De manera desafortunada no podemos llegar a otras conclusiones sobre este protector, pues al igual que en el caso del mercedario Marcos de Ardón, carecemos de mayor información. Por su lado, Las Casas dejó Ciudad Real a principios de 1546. Su intención era conseguir, en la junta episcopal convocada por Sandoval, el apoyo necesario para que las leyes de protección para los indios fuesen cumplidas de manera inexorable. Aquél era un escenario favorable para los fines de fray Bartolomé, pues precisamente el visitador había convocado a los prelados con la intención de discutir la aplicación de las Nuevas Leyes. Pero una vez llegado a México, Las Casas se encontró con un ambiente adverso. El virrey de Nueva España, don Antonio de Mendoza, apoyado por algunos obispos como Marroquín, decidieron no abordar temas conflictivos; prefirieron tratar otros como la congregación de los pueblos indios y la redacción de doctrinas cristianas:

87 Informe de fray Bartolomé de Las Casas al Consejo de indias, sin fecha (hacia 1552), en Las Casas, Obras escogidas V: Opúsculos, cartas y memoriales, carta XXXIV, pp. 424-425.

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La protectoría de indios durante el siglo xvi Cada día nos hemos juntado, y se han tratado cosas más espirituales que corporales. Esto de los esclavos y servicio personal de los indios acordamos que no se hablase, y que los confesores se lo hobiesen entre sí, por no alborotar el pueblo. El obispo de Chiapa llegó algo tarde y está muy manso, aunque ayer quiso comenzar a respingar y no se le consintió.88

Frente a esta situación, Las Casas decidió regresar a la metrópoli para resolver de forma directa en la corte los problemas de las colonias de Ultramar. Desde Europa continuó el dominico su labor de ayuda a los nativos americanos; pero también, luego de su arribo a Lisboa en septiembre de 1547, “comienza a reconocer que se ha equivocado cuando apoyaba el envío de esclavos africanos a América como remedio contra la destrucción de los indios”.89 Renunció Las Casas a sus cargos como obispo y protector de indios en 1550, situación que podría parecernos extraña la del abandono de este último título, pero que se explica debido a nuevas reflexiones del dominico, sobre las cuales trataremos a continuación. Una vez que Felipe II fue coronado, fray Bartolomé también acudió a él y su Consejo de las Indias reclamando por los indios de su pasado obispado. En una presentación realizada ante el Consejo, Las Casas declara porque, a la luz de su experiencia, ahora se opone al nombramiento de protectores de indios: [...] muchas veces se ha suplicado e importunado a vuestra alteza por las grandes importunidades que de todas las Indias envían los religiosos, que provea protectores [...] digo que no se pide y 88 Carta de Francisco Marroquín al cabildo de Guatemala, fechado en México, el 20 de julio de 1546, en Marroquín, op. cit., p. 322. 89 Lenkersdrof, “Nuevas miradas a Las Casas”.

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La protectoría de indios en Guatemala suplica sino que se ponga un juez que juzgue de los agravios que los españoles a los indios hacen, y éste resida en cada pueblo o villa o ciudad de los españoles, aunque sea donde hobiere Audiencia, porque no han de ir con las quejas al Audiencia por cada cosa o cada paso. La razón es porque como en los tales pueblos sean siempre alcaldes ordinarios los comenderos, ¿qué justicia pueden hacer a los indios agravados de españoles, siendo ellos los que mayores agravios a los indios que tienen encomendados hacen?90

Según este documento, Las Casas se percató que el nombramiento de protector, si bien pretencioso, carecía de facultades y la jurisdicción necesaria para solucionar los problemas de los indios originados por los agravios que les hacían los españoles. Eran necesarios jueces para sentenciar a los ofensores. Tales jueces, pedía el dominico, se encontrarían en donde hubiese españoles y no debían estar ausentes en la sede de las Audiencias, pues como hemos visto, el tribunal de Guatemala no podía hacerse cargo de todos los problemas particulares de los indígenas. Desconocemos la respuesta que el Consejo o la Corona dieron a Las Casas, si es que existió alguna contestación. Fray Antonio de Valdivieso y fray Bartolomé de Las Casas compartieron su interés y convicción por lograr que los indios fueran bien tratados por encomenderos y las autoridades coloniales. Ambos se ampararon en el sistema legal de aquella época. Quisieron hacer válida su jurisdicción eclesiástica para aplicar las Nuevas Leyes. Sin embargo, como ocurrió con otros protectores, las autoridades seglares consideraron que los religiosos usurpaban funciones. Los encomenderos 90 Presentación de fray Bartolomé de Las Casas al Consejo de Indias, sin fecha (hacia 1557), en Obras escogidas V: Opúsculos, cartas y memoriales, documento XLII, pp. 460-462.

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que resultaron perjudicados por los protectores se quejaron ante las justicias locales, la Audiencia e incluso otros religiosos como el obispo Marroquín. Fuese por defender su jurisdicción, o para proteger privilegios personales, aquellas autoridades enfrentaron a Las Casas y Valdivieso. Sin embargo, aquí podemos sostener que las peticiones de ambos dominicos no eran exageradas e impertinentes. No solicitaban nada extraordinario (“ansi está claro lo que pido, que es no quitar los indios a los particulares, porque el rey no lo manda”),91 era lo mínimo que la Corona estaba decidida a hacer por los indígenas. Aunque los métodos de estos protectores los llevaran a actuar fuera de sus potestades, sus acciones caben perfectamente dentro de la legalidad vigente en esos días. Sin embargo, el entorno adverso que enfrentaron fray Antonio y fray Bartolomé, obstaculizó de manera permanente sus labores como protectores. A esta suma contó como factor el temor de la Corona por perder sus colonias y las riquezas que de ellas obtenía.

Defensores de indios en el distrito de la Audiencia y gubernatura de Guatemala Para el distrito de la Audiencia de Guatemala la década de 1560 fue una época de cambios importantes, los cuales aquí conviene recordar por la estrecha relación que guardan con nuestra materia de estudio: en el transcurso de 1563 la situación en las colonias de Ultramar llevó a Felipe II a comenzar Presentación de fray Bartolomé de Las Casas a la Audiencia de los Confines..., p. 220. Aquí debemos aclarar que el dominico prefería que los indígenas vivieran sin encomenderos, teniendo sólo relaciones con los frailes que se encargarían de predicarles, como ocurría en la Verapaz. 91

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una reestructuración política en la América del sur y central, la cual quedó asentada por medio de la institución de una Audiencia en Quito y el traslado de la Audiencia de Guatemala hacia Panamá.92 La Corona proveyó que antes de efectuarse la mudanza, el licenciado Francisco Briceño, hasta entonces oidor de la Audiencia del Nuevo Reino de Granada, viajara a Guatemala como visitador y tomara el correspondiente juicio de residencia al presidente Landecho, a los oidores y a los oficiales reales.93 Para encargarse de la gubernatura de Guatemala, don Felipe nombró a Luis de Alvarado,94 pero un mes más tarde otorgó el mismo nombramiento a Luis de Guzmán.95 Ninguno de ellos ocupó el cargo, así que Briceño ejerció la gobernación de Guatemala hasta 1570, año en que se hizo efectiva la decisión de la Corona de retornar la Audiencia a Guatemala, con el doctor Antonio González como presidente Cédula Real, fechada en Aranjuez, el 30 de mayo de 1563, agi, Guatemala, 394, libro 4, f. 107 v. Recordemos que las Audiencias eran tribunales de apelación encargados de administrar justicia en las diferentes colonias de Ultramar. Es decir, las Audiencias eran instancias con funciones diferentes de las de gobierno dentro de la estructura colonial española en el Nuevo Mundo. Su jurisdicción, únicamente en cuanto a tribunal de apelaciones, abarcaba varias gubernaturas, lo cual significaba que el gobierno de una provincia no estaba sujeto a la Audiencia. Sin embargo, en el caso de la Audiencia de los Confines, la Corona decidió, desde que ésta se instituyera, que el presidente del tribunal se ocupara también de la gubernatura de Guatemala; aunque si bien una y otra instancia estaban estrechamente relacionadas eran independientes entre sí. 93 Cédula Real, fechada en Aranjuez, el 30 de mayo de 1563, agi, Guatemala, 394, libro 4, f. 107 v. 94 Carta del rey don Felipe a Luis de Alvarado, gobernador de Guatemala, fechada en Madrid, el 14 de agosto de 1563, agi, Guatemala, 394, libro 4, f. 114 v. 95 Carta del rey don Felipe a Luis de Guzmán, gobernador de Guatemala, fechada en Madrid, el 8 de septiembre de 1563, agi, Guatemala, 394, libro 4, f. 116 v. 92

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de la misma.96 Los límites y distrito de la gobernación quedaron asentados en una cédula dada el 8 de septiembre de 1563, por medio de la cual Felipe II sujetó a la autoridad del gobernador de Guatemala a todos los gobernadores de las provincias, justicias y jueces “desde la bahía de Fonseca inclusive y del río Ula [¿Ulúa?] inclusive con los pueblos de San Miguel, de Buena Vista y la villa de Gracias a Dios y las provincias de la Verapaz y Chiapa”.97 En septiembre de 1565 llegó a la ciudad de Guatemala otro de los actores de ésta nuestra historia, el doctor Bernardino de Villalpando,98 de quien escribiremos con mayor detenimiento en el próximo capítulo. Baste aquí decir que él ocupó la silla episcopal que quedara desierta con la muerte de su antecesor, Francisco Marroquín, acaecida en 1563. Hasta donde la investigación lo ha permitido, no encontramos referencia alguna de que Villalpando hubiese sido nombrado protector de indios; por el contrario, lo que aquélla indica, es que abogar por los indios en sus pleitos civiles y criminales fue ahora potestad de los defensores de indios y cuando la Audiencia se reinstaló en Guatemala, la defensoría quedó en manos del fiscal de este tribunal. Como antes se ha visto, con don Felipe al frente de la Corona española, en los años de transición entre la regencia y su reinado, comenzó a funcionar el cargo de defensor de indios en las colonias de Ultramar. Precisamente en aquella época fue cuando Marroquín pidió al monarca el nombramiento de 96 Cédula Real, fechada en El Escorial, el 2 de junio de 1568, referida por Fuentes y Guzmán, op. cit., libro III, p. 136. 97 Cédula Real declarando el distrito y límites de la gobernación de Guatemala, fechada en Madrid, el 8 de septiembre de 1563, agi, Guatemala, 394, libro 4, f. 131 v. 98 Memorial de Sololá, p. 120.

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Francisco del Valle Marroquín como defensor de los indios del distrito de Guatemala,99 lo cual nos permite suponer que el cargo comenzaba a extenderse por el distrito de la Audiencia. De la petición de Marroquín podemos obtener cierta información. Nos damos cuenta que los protectores carecían de facultades para nombrar defensores de indios; tampoco eran los defensores subordinados de aquéllos, sino funcionarios con obligaciones específicas (actuar como abogados en los pleitos en que los nativos estaban involucrados) nombrados por la Corona o sus autoridades coloniales. Las diferencias entre protectores y defensores se muestran con claridad si analizamos el nombramiento de Diego Rodríguez de Vivanco, defensor de indios del distrito de Mérida, el cual fue librado por la Audiencia de Guatemala en 1560. Recordemos que con la fundación de la Audiencia de los Confines en 1542, Yucatán quedó sujeto a la jurisdicción de este tribunal pasando a la de la Audiencia de México en 1548. Dos años más tarde, la Corona decidió que la provincia nuevamente formara parte del distrito de la Audiencia de Guatemala, estado en el que permaneció por 10 años, para regresar, por mandato real, definitivamente a la Audiencia de México en 1560.100 Vivanco estaba encargado de la defensa de los mayas de Yucatán desde 1559,101 pero fue a principios de 1560, que la Carta Francisco Marroquín al rey, fechada en Guatemala, el 20 de marzo de 1557, en Marroquín, op. cit., p. 285. 100 No olvidemos que la fecha de las disposiciones reales varía por algunos meses o años con el de la ejecución de las mismas, debido al traslado del correo transatlántico. Las fechas que he señalado para los cambios de la jurisdicción en la que se encontraba Yucatán corresponden a la de las ordenanzas dadas por la Corona en Europa. 101 Acta de juramento de la provisión Real de Diego Rodríguez de Vivanco como defensor de indios, fechada en Mérida, el 20 de marzo de 1560, 99

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Audiencia de los Confines despachó la real provisión con la cual se nombró a Vivanco defensor de los indios con jurisdicción sobre Mérida. Las razones por las que consideró el tribunal necesario dicho nombramiento fueron las siguientes: [...] somos informados que el nuestro alcalde mayor de la dicha provincia, y los nuestros alcaldes ordinarios de la dicha ciudad y otros nuestros jueces y justicias han procedido y proceden contra los indios y naturales de los términos y jurisdición della a muchas penas ceviles y criminales, y que a causa de no tener los dichos indios y naturales contra quien se procede quien los defienda ni ampare ni informe e siga su justicia, padecían detrimento en sus personas y haciendas como gentes inorantes del derecho que les competía y estaban mucho tiempo presos y detenidos a causa de lo susodicho.102

A diferencia de los protectores que fueron nombrados para prevenir y desagraviar maltratos en general que sobre los indígenas hacían los españoles, los defensores fueron nombrados de manera específica para abogar por los indígenas en los pleitos de los que fueran parte. Más aún, la provisión sobre su jurisdicción señalaba de forma clara que sólo tenían por obligación seguir el desarrollo de tales procesos legales:

agi,

México, 211, N. 2. A la letra el documento dice así: “el dicho Diego Rodríguez de Vivanco fue nombrado en esta ciudad por defensor de los dichos indios y naturales en nueve días del mes de otubre del año próximo pasado”. 102 Provisión Real del nombramiento de Diego Rodríguez de Vivanco como defensor de indios, fechada en Santiago de Guatemala, el 5 de febrero de 1560, firmada por el presidente de la Audiencia Juan Martínez de Landecho y el oidor Jufre de Loaísa; agi, México, 211, N. 2. Las cursivas son nuestras.

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La protectoría de indios en Guatemala [...] visto por el presidente e oidores de la nuestra Audiencia y Chancillería Real de los Confines, fue por ellos acordado que os debíamos de nombrar por tal defensor de los naturales de los términos y jurisdición de la dicha ciudad de Mérida e para ello mandan dar esta nuestra carta en la dicha razón, e nos tuvímoslo por bien, por la cual os nombramos por tal defensor de los dichos indios y naturales de todos los dichos términos e jurisdición de la dicha ciudad de Mérida y como tal podáis por ellos y en su nombre asistir ante el dicho nuestro alcalde mayor e ante los dichos nuestros alcaldes ordinarios que agora son o fueren de aquí delante en la dicha ciudad y provincia, y otros cualesquier nuestros jueces e justicias della, y ante cada uno dellos a todos los pleitos y causas que a los dichos naturales subcedieren e acaecieren en cualquier manera, ansí ceviles como criminales, y los defender y alegar y responder por ellos y siguir su justicia y hacer todos los autos y diligencias que convengan y sean necesarias tocantes a los dichos pleitos y para el bien y conservación de los dichos naturales, y para que consigan y alcancen cumplimiento de justicia y mandamos al dicho nuestro señor alcalde mayor y alcaldes ordinarios de la dicha ciudad y personas particulares a quien lo susodicho toca y atañe y a cada uno de ellos que os hayan y tengan por tal defensor y os administren en sus audiencias e juzgados a la defensa e amparo de los dichos indios, e que sin vos citar ni llamar para que ellos y en su nombre respondáis y aleguéis no puedan proceder en ninguna pena civil ni criminal y pecuniaria contra los dichos indios [...].103

Como podemos leer en la provisión de Vivanco, los defensores fueron nombrados para hacerse cargo de los pleitos de los indios en sitios más o menos alejados de la sede de la Audiencia de Guatemala. La lectura de este documento nos permite afirmar que el cargo de defensor de indios fue bastante diferente del de protector. El defensor debía encargarse de 103

Ibidem. Las cursivas son nuestras.

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todos los pleitos en los que estuviera inmiscuido algún indígena, ya fueran las causas civiles o criminales. Vivanco debía alegar, defender y responder por los mayas en tales pleitos, así como hacer los autos y diligencias necesarias durante el proceso. Además, ninguna autoridad colonial podía proceder contra maya alguno, sin antes haber dado aviso a Vivanco, para que él los representase. El salario de Vivanco, según su nombramiento, constó de 150 pesos de oro de minas al año, los cuales debían provenir de los pueblos de indios quitados al Adelantado de Yucatán y a su familia. Tal vez aquí tuvo origen la perjudicial costumbre de que los defensores y protectores nombrados décadas más tarde recibieran su salario de los pueblos que estaban a su cargo. Durante casi 10 años, Rodríguez de Vivanco se hizo cargo de la defensa de los mayas de Yucatán. El asunto más conocido en el que participó, y por medio del cual podemos mirar cómo es que procedió el defensor, fue el proceso inquisitorial y auto de fe realizados por fray Diego de Landa en Maní.104 En él tuvo Vivanco diversos desencuentros con el provincial de los franciscanos y sus hermanos de orden involcrados en el asunto, ya que durante el proceso, apoyados por el alcalde mayor Diego de Quijada, los religiosos ilegalmente hicieron a un lado la autoridad de Vivanco que, según hemos leído en su provisión, debió estar presente en el caso. El defensor reclamó por ello, que se le entregasen los procesos o su traslado

104 Sobre este tema podemos encontrar mayor información en el trabajo de France Scholes y Eleanor Adams, Don Diego de Quijada, alcalde mayor de Yucatán. 1561-1565. Afortunadamente en esta obra se reproducen diversos documentos sobre la participación de Vivanco en el proceso realizado contra fray Diego de Landa a causa de llevar a cabo un proceso inquisitorial contra mayas acusados de idolatría.

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“como de derecho hubiere lugar”.105 Además, Vivanco pidió a fray Francisco de Toral, obispo de Yucatán, que los mayas sentenciados y condenados por Landa fueran desagraviados y sus casos se revisaran contando con su persona como defensor. Ante la negativa de Landa de entregar los procesos, Vivanco insistió el 17 de septiembre de 1562 en su petición a Toral sobre la necesidad de exculpar a los mayas acusados, y al mismo tiempo pidió que el obispo hiciese una investigación general para averiguar y hacer justicia sobre las torturas a las que fueron sometidos los inculpados para confesar o acusar a otros mayas de los delitos imputados por los franciscanos. Como parte de su obligación, diremos que Vivanco presentó a nueve españoles que actuaron como testigos de los tormentos a los cuales fueron sometidos los mayas. Rodríguez de Vivanco siguió durante meses este proceso, pidiendo que los condenados por Landa a ser desterrados de sus pueblos para servir a los españoles fueran libertados y se les permitiera volver a sus pueblos. En 1563, como parte de los deberes que él consideraba accesorios a su cargo, Vivanco escribió una carta a Felipe II, dándole cuenta de lo sucedido en torno a este proceso. Como conclusión de la misiva, Vivanco pidió al monarca español castigase a los religiosos y autoridades seculares involucradas en el caso: Yo, en nombre de estos pobres que a mi cargo son, y de los demás indios de estas provincias, me querello ante vuestra majestad como puedo e debo, y suplico, con el acatamiento debido, provea de remedio y justicia para que estos indios la hayan y alcancen contra el alcalde mayor, que tanto daño les ha hecho, y 105 Presentación de Diego Rodríguez de Vivanco a fray Francisco de Toral, fechado en Mérida, el 14 de septiembre de 1562, en Scholes, op. cit., documento XXVIII, p. 202.

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La protectoría de indios durante el siglo xvi contra los ministros que puso, e a los frailes, que tantos agravios hicieron, sean castigados o por sus perlados o por quien lo deban hacer, y los saquen de esta tierra, porque en ella tienen odio siempre a los indios, como no pueden ejecutar lo que comenzaron; y lo mismo hace el alcalde mayor.106

De este asunto restaría decir, para no dejarlo en la libreta de omisiones u olvidos, que Vivanco buscó por diversos medios desagraviar a los mayas y evitar que fueran otra vez víctimas de los excesos de los franciscanos, logrando finalmente que el obispo Toral liberase a los mayas apresados por los españoles. A la muerte de Vivanco, ocurrida el 7 de enero de 1569, el gobernador de Yucatán, don Luis de Céspedes de Oviedo, nombró en ese mismo día como sucesor del defensor fallecido a Francisco de Palomino.107 No abundaremos en demasía sobre las actividades de Palomino, pues su desempeño como defensor de los naturales ya ha sido abordado en otros trabajos.108 Aquí nos limitaremos a señalar que debido a que este 106 Carta de Diego Rodríguez de Vivanco al rey, fechada en Mérida, el 8 de marzo de 1563, en Cartas de indias, tomo I, documento LXIX, p. 396. 107 Nombramiento de Francisco Palomino, vecino de Mérida como defensor de indios por el gobernador de Yucatán, don Luis de Céspedes de Oviedo, fechado en Mérida, el 7 de enero de 1569, agi, México, 211, N. 2. Cuando se otorgó dicho nombramiento a Palomino, Yucatán ya no estaba sujeto a la jurisdicción de la Audiencia de Guatemala, de esta manera se explica que, a diferencia de su predecesor, su nombramiento proviniera directamente del gobernador de Yucatán. 108 Existen dos estudios sobre Palomino los cuales nos dan una visión bastante encontrada de este personaje: por un lado Sara Miller lo muestra como un individuo destacado “por su riguroso y tenaz amparo de los indígenas de Yucatán”, mientras que Caroline Cunill, enfocada en aspectos económicos lo presenta como parte de una compleja red de intereses de la cual los mayas eran la base económica, y en la que Palomino aprovechó su

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nombramiento fue impulsado por el gobernador de Yucatán y el provincial de los franciscanos, fray Francisco de la Torre, “protector por su majestad”, 109 Palomino se encontró en medio de un conflicto de intereses, entre su compromiso hacia quienes lo apoyaron para acceder al cargo y por ello esperaban que sirviera a sus intereses, y sus obligaciones hacia los mayas, a quienes debía representar. Al parecer el desempeño de Palomino osciló entre una lucha para que los mayas a él encargados obtuvieran justicia en sus pleitos y la búsqueda para obtener por medio de su cargo beneficios económicos.110 Para nuestros fines nos interesan las diferencias de su nombramiento de 1569 como defensor respecto al de su predecesor. La provisión de Palomino poca información nos ofrece: parco y mayormente ocupado en cuestiones monetarias resulta su nombramiento. Acaso el documento muestra que este defensor contó con la facultad de usar uno o varios procuradores para realizar su oficio; por lo demás, sólo refiere que usó el cargo como estaba proveído con Vivanco. Otro caso de un defensor contemporáneo a Rodríguez de Vivanco lo podemos mirar en el Soconusco, donde el defensor nombrado por el gobernador sirvió sin condiciones a éste, en detrimento de los indígenas a él delegados; la situación fue la siguiente: En 1565 un grupo de principales del Soconusco se enteraron que el gobernador de la provincia, Pedro Ordoñez, había enviado a España un procurador para que la Cocargo para obtener beneficios personales, afectando con ello a diferentes pueblos. Véanse Sara Miller: “Francisco Palomino: protector y defensor de los indígenas de Yucatán, 1569-1586”; y Caroline Cunill, “Negocios y justicia: Francisco Palomino, defensor de los naturales de Yucatán, 1569-1586”. 109 Carta de fray Francisco de la Torre al rey, fechada el 9 de marzo de 1569, citada por Cunill, op. cit., p. 8. Acerca del nombramiento de la Torre como protector de indios, carecemos de mayor información. 110 Cunill, op. cit.

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rona le concediera la gubernatura por cuatro años más. Para evitar esta designación, los principales escribieron una carta a Francisco Briceño donde daban cuenta de los abusos y maltratos que habían sufrido por parte de Ordoñez.111 Enterado de esta carta, el gobernador pidió al defensor de indios Pedro Ruiz de Almonte, nombrado por él, que escribiera una carta al rey a nombre de los gobernadores indígenas de Soconusco, proponiendo que se prorrogara la gubernatura de Ordoñez en aquella provincia.112 Este caso, además de mostrar las desavenencias generadas entre los indígenas por los colonos españoles, nos da cuenta de que los defensores de indios fueron usados por algunos gobernadores para encubrir delitos que cometían contra los indígenas. En los años que la Audiencia se ausentó de Guatemala, el juez de residencia Briceño fue quien realizó los nombramientos de defensores en su distrito. Aunque escasa la información con la que contamos, ésta nos permite enterarnos que en la década de 1560, no era extraño encontrar a personas con este cargo. Por ejemplo, en la Relación de corregimientos y ayudas de costa de 1567, provistas para la provincia de Chiapa por el gobernador de Guatemala, se menciona que se le debían de entregar 80 pesos a Juan Martínez de la Torre, “vecino de la dicha ciudad y defensor de los naturales de ella por el trabajo que tiene en los defender y seguir sus pleitos”.113 EfectivaCarta de los principales del Soconusco a Francisco Briceño, fechada en San Pedro Huehuetlán, el 22 de febrero de 1565, en Paso y Troncoso, op. cit., tomo X, documento 559, p. 62. 112 Carta de los gobernadores indígenas de Soconusco, por su defensor Pedro Ruiz de Almonte al rey, fechada en Huehuetlán, Soconusco, el 26 de enero de 1566, agi, Guatemala, 44 B, N. 63. 113 Relación de los corregimientos y ayudas de costas que se proveyeron en Guatemala y en Chiapa, hecho por el gobernador licenciado Briceño, año de 1567, agi, Guatemala, 965. 111

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mente, este Martínez de la Torre representó a los indígenas de su distrito en los pleitos en que estuvieron involucrados. Como ejemplo de ello consta el expediente de la disputa entre chiapanecas y zinacantecas que ocurrió en 1571, en la cual Martínez de la Torre litigó a favor de los pueblos de Zinacantán, San Felipe e Ixtapa.114 Los motivos por los que Martínez de la Torre fue nombrado defensor, parecen haber sido las buenas relaciones que guardaba con los dominicos de la provincia de Chiapa.115 Su caso resulta parecido al de Palomino: ninguno fue letrado, sino vecinos reconocidos en la villa española que contaron con buenas relaciones con los religiosos y los gobernadores de su jurisdicción.116 Una vez que la Corona decidió reinstalar la Audiencia en Guatemala, el fiscal de ella se rigió por las Ordenanzas que Felipe II había promulgado para la Audiencia de Quito en 1563.117 Estos estatutos mandaban al fiscal ayudar a los indios pobres en los pleitos en que estuvieran involucrados y procurar que los españoles no agraviaran a los naturales. Para ocupar dicho cargo, don Felipe designó al licenciado Arteaga Mendiola.118 El presidente de la Audiencia, el doctor Antonio González además de realizar nombramientos de defensores de indios para otras provincias de su distrito, decidió nombrar un deJan De Vos, La batalla del Sumidero, p. 156. Comunicación personal con Gudrun Lenkersdorf. 116 Véase la Relación de los corregimientos y ayudas de costas... (nota. 113) y Cunill, op. cit. 117 En el capítulo anterior anotamos que, por lo menos desde 1563, Felipe II delegó la defensa de los indios en los pleitos que se presentaran en las Audiencias del Nuevo Mundo a los fiscales de ella, mientras que los defensores fueron nombrados para encargarse de los procesos en sitios alejados del tribunal. 118 Fuentes y Guzmán, op. cit., libro III, p. 136. 114 115

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fensor para Guatemala, motivo por el cual se levantó un cargo en su contra durante su juicio de residencia, pues fue acusado de proceder de forma ilegal al crear el oficio. El presidente respondió así a la acusación: [...] los dichos oficios yo no los e criado de nuevo, antes muchos años ha los había, e siempre los ha habido, los cuales son muy necesarios e convinientes para la defensa de los indios, e principalmente al de esta Audiencia porque aunque ha habido fiscal en ella, siempre había defensor de los indios, por ser los más, de que negocios tan menudos quel fiscal no podía acudir a ellos, e ansi los indios faltando quien los defendiese recibirían mucho daño e vejaciones, e sobre ello esta Real Audiencia dio noticia a su majestad, e hasta agora no se a tenido respuesta de que se tenga por deservido dello.119

Diego Ramírez, quien fue defensor durante el gobierno de Francisco Briceño, presentó otros razonamientos a favor de la política de González, al declarar que: [...] aunque en la Real Audiencia ha habido fiscales, demás dellos ha habido defensores de los indios que siguen e han seguido sus causas, porque los negocios de los indios son más, menudos e muchas veces es necesario que los fiscales pidan contra ellos para la paga dellos tributos reales e otras cosas, e por esto ha parecido ser necesario haber defensores nombrados para ellos, e ansí los ha habido.120

Juicio de residencia al doctor Antonio González, presidente de la Audiencia de Guatemala, fechado en Santiago de Guatemala, en mayo de 1573, agi, Justicia, 319, f. 924-924 v. 120 Testimonio de Diego Ramírez a favor de Antonio González en su juicio de residencia, documento citado, f. 1035 v-1036. 119

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De esta manera, en la ciudad de Guatemala el fiscal de la Audiencia compartió funciones con el defensor nombrado por González. Y parece haber sido necesario, pues difícilmente el fiscal pudo resolver la cantidad de pleitos en la que debía litigar, ya que, como declarara Diego Ramírez, las ocupaciones del fiscal con la Real Hacienda podían hacer de éste, defensor y parte en un mismo pleito, “porque los más negocios que se ofrecen con los dichos indios son sobre sus tributos reales que los dichos indios deben pagar e pidiendo al dicho fiscal los tales tributos no podía defender los indios”.121 Así, en aquellos años en que no tenemos noticia del nombramiento de protectores de indios, la Corona sólo les dejó a los mayas, a los defensores para resguardarse ante la legalidad colonial. Efectivamente, la década de 1560 se distinguió en Guatemala por ser una época de cambios: en ella se hizo sentir con vigor la mano de la política de Felipe II. Ahí se establecieron los cimientos de las instituciones que sostendrían el imperio colonial que a la postre perduraría siglos. El defensor de indios, cargo creado y difundido en la época de don Felipe, tuvo la oportunidad de establecerse de manera plena en Guatemala con la muerte del protector Francisco Marroquín, suceso que coincidió con el traslado de la Audiencia hacia Panamá. Con ambos hechos se inició un periodo en el que no existieron protectores de indios en Guatemala. Por dichos motivos, durante este tiempo el gobernador Francisco Briceño fue el encargado de nombrar defensores de indios para las provincias sujetas a su gobierno. Éste será un aspecto que trataremos con mayor detalle en la siguiente parte de este trabajo y, ¿por qué no?, plantearlo nuevamente a manera de cuestionamiento ¿cuál fue la actitud de los defensores de indios en Guatemala ante un problema específico? 121

Juicio de residencia..., f. 946 v-947.

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Recapitulación Los mayas que fueron testigos de la invasión española a sus tierras presenciaron el establecimiento de un régimen colonial que buscó hacer de los nativos el sostén económico de su sociedad. El costo fue muy alto, pues los conquistadores no recataron en sus métodos para alcanzar rápidamente riqueza material. Así, los abusos de toda índole cometidos a los mayas fueron frecuentes en aquellos días. Como solución, la Corona consideró que era necesaria la designación de un protector, tal como se había hecho para otras colonias de Ultramar; así Francisco Marroquín, además de ser nombrado obispo de Guatemala, recibió el cargo de proteger y mirar por el bien de los indios de su diócesis. Marroquín ocupó el oficio cerca de 30 años, en el transcurso de esta larga experiencia, el protector no se mantuvo ajeno a la situación en la que se encontraba, y su parecer cambió con el correr del tiempo. Durante los primeros años en Guatemala lo vemos trabajando con celo a favor de los indígenas, apoyó entusiasmado el proyecto de la conquista pacífica emprendida en la Tierra de Guerra, mientras que en su distrito pretendió extender su provisión como protector, insistiendo ante la Corona en la necesidad que había de tratar justamente a los nativos, limitando los tributos y trabajos personales. Esta postura lo enfrentó con los encomenderos de Guatemala, con el cabildo y, cuando estaba presente, con el gobernador; así, cuando Marroquín atentó contra los intereses de los encomenderos, las autoridades guatemaltecas obstaculizaron su labor, argumentando que se excedía en su jurisdicción. Estos problemas se agudizaron con el establecimiento de la Audiencia de los Confines, pues los magistrados que la integraban reclamaron para ellos algunas facultades de la protectoría y 140

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trataron de limitar la provisión del protector. Para no enfrentarse con la Audiencia, Marroquín dejó de lado su anterior interés por proteger a los indígenas. Pero esta actitud también se explica a la luz de su decepción por no conseguir que los mayas abandonaran su cultura para aceptar la extranjera de forma incondicional. Durante este último periodo, Marroquín tuvo conflictos importantes con fray Bartolomé de Las Casas, obispo de Chiapa, y fray Antonio Valdivieso, obispo de Nicaragua, pues estos protectores exigieron con vehemencia la aplicación de la legislación que protegía a los naturales, postura que Marroquín tomó por radical. Igual que el obispo de Guatemala, casi la totalidad de los colonos españoles fuesen encomenderos, religiosos o autoridades seglares, se opusieron a la labor de Las Casas y Valdivieso, quienes recurrieron a todos los medios legales posibles para hacer acatar las leyes vigentes. Los resultados para estos obispos fueron infaustos en el Nuevo Mundo, pues la Corona, cautelosa ante la amenaza hecha por los españoles de abandonar la tierra, no otorgó apoyo a estos protectores. Las Casas prosiguió su misión en la metrópoli; Valdivieso fue asesinado. A la muerte de Marroquín, la protectoría de indios sufrió un vacío, pues el obispo que le sucedió no recibió dicho nombramiento, y la Audiencia de Guatemala, que había recibido ciertas prerrogativas de la protectoría desde las Nuevas Leyes, fue trasladada a Panamá. Durante estos años, en las provincias sujetas al gobierno de Guatemala, al igual que en la sede de éste, el gobernador Francisco de Briceño nombró defensores de indios. La jurisdicción de estos funcionarios estaba limitada a representar a los indígenas en los pleitos legales en que estuvieran involucrados. Otro aspecto que diferenció a defensores y protectores fue que estos últimos recibían su 141

La protectoría de indios durante el siglo xvi

nombramiento directamente de la Corona, mientras que los defensores debían su provisión a los gobernadores locales. Con la reinstauración de la Audiencia en Guatemala, el fiscal Arteaga Mendiola tuvo a su cargo la defensa de los indios en los pleitos presentados en el tribunal; no obstante el presidente Antonio González nombró también un defensor para Guatemala, lo mismo que para otras provincias sujetas a su distrito. El desempeño de cada uno de estos protectores y defensores no podemos sólo comprenderlo de acuerdo con sus actitudes personales, sino también por la situación social en que vivieron. Sus funciones y logros no dependieron sólo de ellos, ya que eran parte de un enorme aparato colonial que funcionaba con una lógica propia, y en la cual estos individuos debían situar su propio papel. Por estas razones de ninguna manera haremos generalizaciones sobre dichos funcionarios ya que el desempeño de cada uno de ellos varió según sus convicciones individuales y según les permitió el sistema del que formaban parte. Una de las conclusiones que podemos enunciar es que la política de protección a la que estaban sujetos los indígenas no dependió de los protectores o defensores de nativos. El problema estribó en el sistema colonial en que los indios fueron situados.

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E

l aire fresco de los más de dos mil metros de altitud del valle de Quetzaltenango produce por las mañanas una neblina que envuelve las milpas y caminos. Esta misma bruma reviste a los cerros en un traje azul que, a veces, pareciera rasgar las nubes, allá en las alturas. El sol, aunque sea brillante, casi siempre tiene por compañeros los fríos vientos que acostumbran andar por las tierras altas de Guatemala. Los quichés establecieron en ese sitio un importante emplazamiento que, pese al nombre oficial de origen náhuatl que se le dio en tiempos de la primera Colonia, aún en nuestros días los mayas lo nombran según su antiquísima toponimia en lengua quiché: Xelahuh. Sus llanos fueron testigos de una gran batalla en los días de la invasión española a Guatemala, pues ahí los quichés trataron de detener a las huestes de Pedro de Alvarado, iniciando la historia de la resistencia de los quezaltecos frente a la dominación colonial. Por ello no es extraño que entre aquellos bosques ocurrieran los hechos que ocuparán nuestra atención en esta última parte del trabajo.

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Un escenario: Xelahuh Quetzaltenango es una localidad que históricamente ha destacado por ser un importante centro de abasto de productos agrícolas y, después de la llegada de los españoles, también de ganado. Su cercanía con otros pueblos mayas, así como su acceso hacia la bocacosta hicieron de Xelahuh un poblado de gran interés para los colonos españoles. Fuentes y Guzmán escribió en su Recordación Florida que Quetzaltenango, junto con Totonicapán y Huehuetenango fueron pueblos que proporcionaron en gran medida los suministros necesarios a la ciudad de Santiago.1 La importancia de Quetzaltenango llegó a ser tal, que también para las órdenes religiosas fue significativo tener a su cargo la doctrina del pueblo, motivo por el cual llegaron a ocurrir graves conflictos entre franciscanos y dominicos, como sucedió en 1553, cuando frailes de ambas órdenes disputaron la custodia de Quetzaltenango.2 Xelahuh también fue destino de muchos pueblos arrancados de su asiento original durante el proceso de congregación que comenzó a gran escala en Guatemala durante el gobierno del presidente Juan Martínez de Landecho. La Corona reservó para sí los tributos de este pueblo, razón por la cual la administración del mismo estuvo a cargo de un corregidor. Pese a que en pocos años la influencia española sobre Xelahuh fue importante, los quichés y demás mayas avecindados en el pueblo no se convirtieron en personas pasivas y Fuentes y Guzmán, Recordación Florida, libro III, p. 91. Escribieron los cakchiqueles: “Ocho meses después de haber reñido los señores en Pangán, se pelearon también nuestros padres en Xelahuh, los de Santo Domingo y los de San Francisco que querían quitarles Xelahuh a los de Santo Domingo”, en Anales..., p. 114. 1 2

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conformes ante el régimen colonial. Continuaron su manera de relacionarse con el mundo, al mismo tiempo que aparecieron nuevas formas de organización social en el interior de la comunidad quetzalteca y con el nuevo régimen, así como muy diversas y variadas formas de resistencia ante éste. También hizo su aparición la legalidad española. Una legalidad que condenaba a los indígenas a la minoría de edad y a estar sujetos a individuos que los protegieran y defendieran. Una legalidad que segmentaba de manera brutal a la sociedad en españoles e indios. Y que era una legalidad en esencia punitiva.

Un contexto: la década de 1560 La década de 1560 se distinguió en Guatemala por tres aspectos: los inicios de la política de Felipe II que consolidó el régimen colonial en la provincia; el traslado de la sede de la Audiencia de Guatemala hacia Panamá, y su posterior regreso; y el cambio en el obispado de Guatemala, causado por la muerte del obispo Francisco Marroquín y su sucesión en el cargo por Bernardino de Villalpando. Estos tres aspectos impactaron de diferente manera en la sociedad guatemalteca, pero para poder contextualizar los hechos ocurridos en Quetzaltenango en 1569 es necesario tenerlos presentes. Los dos primeros temas ya han sido abordados, por lo que ahora centraremos nuestra atención en los cambios ocurridos en la estructura eclesiástica de Guatemala. Entre 1545 y 1563 se realizó el Concilio de Trento, convocado con la finalidad de concordar a la Iglesia romana con las escisiones protestantes. Este Concilio se llevó a cabo en tres etapas; en la última de ellas (entre 1561 y 1563), una vez roto 145

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definitivamente con el protestantismo, la Iglesia católica decidió una serie de medidas para contrarrestar la reforma protestante y fijar los modelos y prácticas religiosas. Los decretos del Concilio fueron publicados por el papa Pío IV el 26 de enero de 1564 por medio de la Profesión de la fe tridentina. Felipe II, que había tomado como suya la bandera de la defensa católica, decretó por medio de una cédula real fechada el 12 de julio de 1564, que las colonias de Ultramar acataran estas decisiones.3 Los decretos tomados por el Concilio que impactaron de manera profunda en Guatemala, fueron las disposiciones para que el clero secular ocupara las doctrinas que hasta entonces habían estado a cargo de las órdenes regulares, y los religiosos que permanecieran en los curatos estuvieran sometidos a la jurisdicción de los obispos.4 Hasta entonces las órdenes que habían obtenido el privilegio de organizar la evangelización en el Nuevo Mundo actuaban con cierta independencia, sujetándose principalmente a la organización interna de su regla. Era ésta una posición que Felipe II trató de sujetar a su particular y absolutista manera de organizar su imperio. Ya que los obispos debían a la Corona su nombramiento, serían ellos el eslabón necesario en las colonias para ejercer mayor control sobre los frailes. Ambas disposiciones fueron muy mal recibidas en Guatemala, sobre todo considerando que los dominicos, franciscanos y aunque en menor grado los mercedarios, contaban con un enorme poder entre la mayoritaria población indígena. Francisco Marroquín durante su mitrado ya había considerado la posibilidad de desplazar a los frailes por clérigos –él mismo era uno de ellos–, pero la falta de seglares le hizo per3 4

Richard Konetzke, América Latina II. La época colonial, p. 220. Ibid, p. 217.

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catarse que la secularización de las doctrinas era un proyecto que debía esperar. No obstante, casi al final de su obispado la situación era diferente, pues de las nuevas generaciones de criollos surgieron sacerdotes a la espera de una oportunidad para ocupar alguna doctrina, las cuales estaban casi en su totalidad bajo resguardo de los frailes. La historia recordará que en los días que la muerte alcanzó a Marroquín, el Concilio de Trento decidía la secularización de la Iglesia en América, por lo que cumplir los mandamientos de Felipe II en cuanto a la aplicación de las resoluciones tridentinas, no fue ya responsabilidad del célebre obispo, sino de su sucesor, el doctor Bernardino de Villalpando. Bernardino de Villalpando ocupaba la silla episcopal de Cuba cuando fue llamado a trasladarse a la diócesis guatemalteca.5 Llegó a la ciudad de Santiago en septiembre de 1565 a un obispado donde aún pesaba la memoria de su ilustre antecesor.6 La más importante labor que tomó como suya, y por la cual las crónicas le recuerdan con infortunio, fue su intento por secularizar las doctrinas de los pueblos indígenas. Mas no fue este aspecto el único que le acarreó frecuentes problemas y desavenencias en Guatemala, pues en general su proyecto Fray Francisco Vázquez en su Crónica anota que la merced de Villalpando para ocupar el obispado de Guatemala fue hecha el 9 de marzo de 1564 por el rey don Felipe II; véase su Crónica de la provincia del Santísimo Nombre de Jesús de Guatemala de la orden de nuestro seráfico padre san Francisco en el reino de la Nueva España p. 184. Confróntese con Dussel, El episcopado latinoamericano y la liberación de los pobres, 1504-1620, p. 403; y José Milla, Historia de la América Central, p. 356. 6 El Memorial de Sololá refiere que: “Llegó a Pangán el obispo don Bernardino el 3 de septiembre”, p. 120; este dato lo confirma el hecho de que aún en julio de 1565 el cabildo eclesiástico sesionó sin el obispo para nombrar a su representante al II Concilio de México, véase Mario Humberto Ruz y Baltasar Hernández Vargas, “Bernardino de Villalpando y las Constituciones Sinodales del obispado de Guatemala (1566)”, p. 85. 5

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de diócesis enfrentó la oposición de frailes, funcionarios reales y, también, de los mayas de su obispado. En 1566 Villalpando convocó a un Sínodo para reglamentar la vida diocesana de acuerdo con lo aprobado por el Concilio de Trento, evento del que resultaron las Constituciones sinodales publicadas en octubre del mismo año.7 La junta y sus resoluciones enfrentaron la oposición de las autoridades guatemaltecas. El gobernador, Francisco Briceño, denunció a Villalpando ante la Corona por haber realizado el Sínodo sin autorización real expresa. Por su parte, Diego Ramírez, fiscal de gobernación, comunicó al obispo que las Constituciones, aunque “católica y cristianamente constituidas”, violaban disposiciones de la Corona al legislar sobre asuntos que rebasaban su jurisdicción. Igualmente Ramírez amonestó a Villalpando por hacer públicas e imprimir las Constituciones, sin antes haberlas enviado al rey y al Consejo de Indias para su eventual aprobación.8 Villalpando no sólo desoyó los llamados de Briceño y Ramírez en cuanto a los límites de su jurisdicción, sino que, basándose una vez más en las disposiciones tridentinas, otorgó a clérigos seculares curatos quienes hasta entonces habían estado bajo custodia de los frailes, como los de Nahualapa, San Antonio Suchitepéquez, Zapotitlán, Mazatenango, Coyotenango, Zambo, San Martín, San Felipe, y San Luis.9 Los religiosos, como era de esperarse, protestaron ante lo que conVéase Mario Alberto Ruz y Baltazar Hernández Vargas, op.cit. Impugnación promovida por el fiscal de gobernación Diego Ramírez contra las disposiciones del sínodo en Guatemala, en agi, Patronato, legajo 182, ramo 24, f. 1r. Diego Ramírez se desempeñó como defensor de indios también durante el gobierno de Briceño, aunque desconocemos si en su caso este cargo era accesorio al de fiscal. Véase el apartado sobre defensores de indios del capítulo anterior. 9 Fuentes y Guzmán, op. cit., libro III, p. 162. 7 8

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sideraban un atropello contra los largos años de esfuerzos en pos de la cristianización de los indígenas. Tampoco se mostraron de acuerdo con quedar supeditados a la jurisdicción del obispo, así que enviaron diversos alegatos y memoriales a España, denunciando a Villalpando, acusándolo de cometer toda clase de excesos y tropelías. La situación fue tal, que también el Cabildo de la ciudad de Guatemala escribió al rey, acusando al mitrado de asignar para las parroquias que había quitado a los religiosos a clérigos que no sabían los idiomas nativos, por lo que la evangelización y otorgamiento de sacramentos entre los mayas se veía seriamente afectada.10 Briceño también se opuso a estas designaciones realizadas por Villalpando, pues en el gobernador residía el vicepatronato real, por lo que correspondía únicamente a él y no al obispo elegir a los clérigos que ocuparían las doctrinas. Por esta razón Briceño requirió judicialmente al mitrado el 3 de noviembre de 1567, para que hiciese ante su persona la debida presentación de los curas,11 y se abstuviera de usurpar facultades exclusivas del gobernador. La población indígena no estuvo exenta de los problemas causados por Villalpando, pues los clérigos con que el obispo sustituyó a los religiosos en las doctrinas de indios les maltrataban. Esto causó gran molestia entre la población maya, ya que Villalpando no sólo permitió dichas ofensas, sino que además no hizo nada para evitar que continuaran. En la ciudad de Santiago el obispo impidió que los indígenas que vivían en las cercanías de la ciudad acudieran a misa con los dominicos Carta del Cabildo de la ciudad de Guatemala al rey, fechada en Santiago de Guatemala, el 9 de julio de 1567, en Isagoge histórica apologética de las Indias occidentales y especial de la provincia de San Vicente de Chiapa y Guatemala, documento XIV, pp. 326-327. 11 Fuentes y Guzmán, op. cit., libro III, p. 162. 10

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y franciscanos, por lo que los mayas vecinos de Guatemala se quedaron sin recibir los sacramentos. También estableció Villalpando un cobró a los indígenas por motivo de enterramientos de sus difuntos, aunque éstos fueran sepultados en alguna iglesia de regulares. De esta manera, fue noticia corriente en aquellos días entre la población maya, que el obispo no sólo nombraba como doctrineros a clérigos que los maltrataban, sino que además, les imponía decisiones arbitrarias y hacía cobros excesivos. Durante este tiempo se acumularon en España quejas contra Villalpando, por lo que el rey don Felipe decidió intervenir al respecto, principalmente porque el obispo pasó por sobre los privilegios del Patronato Real. A mediados de 1569 llegó a Guatemala correspondencia regia dirigida al gobernador, aunque entre estos pliegos se incluían un par de Breves del nuevo papa, Pío V. Uno revocaba algunos acuerdos del Concilio de Trento, facultando a los religiosos para administrar sacramentos sin autorización del obispo; otro para que so pretexto del Concilio de Trento, no se hicieran vejaciones a los regulares, además que ampliaba los privilegios de las órdenes y los eximía de contribuciones.12 Dichos breves estaban acompañados de una cédula en que el rey mandaba a Briceño hiciese del conocimiento del obispo los documentos pontificios y vigilara su acatamiento. Junto con estos pliegos llegó otra carta para Briceño, en la cual don Felipe le pedía iniciar un proceso contra las personas legas de Guatemala que estuvieran involucradas en los abusos del obispo. En esta misiva, el rey le informaba que ya haBreve de Pío V, fechado el 24 de marzo de 1567, citado por Ruz y Hernández, op. cit., p. 89. Fuentes y Guzmán da cuenta de este Breve y también del fechado el 17 de julio de 1567. Véase Fuentes y Guzmán, op.cit., libro III, p. 165. 12

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bía pedido al arzobispo de México, fray Alonso de Montúfar, enviar una visita secreta a Guatemala para informarse sobre las faltas cometidas por Villalpando y así proceder contra el obispo conforme a derecho.13 Don Felipe escribía en su carta: A nos se ha hecho relación que a causa del poco cuidado que don Bernardino de Villalpando, obispo de esa provincia, tiene de castigar los delitos y excesos que los clérigos del obispado cometen, e haciendo malos tratamientos a los indios naturales y otras personas, de que se siguen graves inconvenientes y daños en escándalo y mal ejemplo de los pueblos; y aunque muchas veces se le han dado probados y verificados los dichos delitos, no los ha castigado [...] así los clérigos viven muy libres y exentos, entendiendo la forma con que han de negociar con el dicho obispo, porque los provee aunque tengan muchos defectos [...] y que no ha salido a visitar el dicho su obispado hasta ahora poco ha, que con mucha codicia de interés fue enviando personas adelante para que diesen a entender a los indios que le ofreciesen mucha cantidad, que ha sido causa para que los indios digan que les van a comer sus gallinas y a recoger cacao y tostones, y le tengan poca reverencia y amor [...].14

Como vemos por el texto citado, no sólo se le imputaba al obispo la usurpación de funciones, y haber quitado a religiosos algunos curatos para entregárselos a clérigos de dudosa reputación, sino también permitir maltratos contra la población nativa. El Cabildo guatemalteco nuevamente escribió a Felipe II unos meses después informándole que a pesar de 13 Cfr. Carta del arzobispo de México fray Alonso de Montúfar al rey, fechada en México, el 20 de abril de 1570 , en Epistolario de Nueva España, tomo XI, documento 642, p. 86. 14 Carta del Rey a Francisco Briceño, fechada en Madrid, el 30 de agosto de 1567, en Fuentes y Guzmán, op. cit., libro III, pp. 166-167; el texto también fue reproducido por fray Francisco Vázquez, op. cit., pp. 196-197.

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haber sido Villalpando notificado de que no debía otorgar curatos a quien él quisiese, el obispo no guardaba la orden. Y en esa misiva también se contienen algunas líneas interesantes para nosotros, pues sugieren que el propio Cabildo presionaba a Villalpando para nombrar como clérigos de las doctrinas de indios a sacerdotes hijos de encomenderos: Por vuestra real cédula está mandado al obispo desta provincia no de los beneficios curados, que en su obispado hubiere perpetuos a ningún clérigo; la cual, aunque le ha sido notificada, no la guarda ni cumple, antes en gran daño y perjuicio de los hijos desta ciudad y provincia ha dado, y cada día va dando los mejores beneficios de su obispado a los clérigos que le parece y quiere, siendo y perteneciendo derechamente a los tales beneficios a los hijos de los vecinos [...].15

No obstante los procesos que se le seguían, la muerte alcanzó a Villalpando antes que se le realizara juicio alguno.16 Fue en este contexto que ocurrieron sucesos graves, como el de Quetzaltenango, donde los habitantes quisieron evitar la sustitución de los frailes doctrineros por un clérigo, pues con seguridad los mayas estaban enterados de los conflictos que habían originado los seculares nombrados por Villalpando, y las arbitrariedades que al propio obispo se le achacaban.

15 Carta del Cabildo de la ciudad de Guatemala al rey, fechada en Santiago de Guatemala, el 12 de abril de 1570, en Isagoge histórica apologética de las Indias occidentales y especial de la provincia de San Vicente de Chiapa y Guatemala, documento XIV, pp. 328-330. 16 La fecha en que murió Villalpando es discutible, aunque podemos situarla entre mediados de los años de 1570 y 1571. Véase fray Francisco Vázquez, op. cit., p. 197.

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Los antecedentes: derramas ilegales La sublevación ocurrida en 1569 en el pueblo de Quetzaltenango ha sido abordada en fechas tan diversas, como heterogéneos han sido también los discursos, métodos y enfoques sobre lo sucedido. Fray Francisco Vázquez en su Crónica, igual que Antonio Fuentes y Guzmán en su Historia, ambos textos escritos a fines del siglo xvii, achacaron al obispo Villalpando la responsabilidad de lo ocurrido, como consecuencia directa por ordenar la sustitución de los franciscanos doctrineros de Quetzaltenango por el clérigo Hernán Sánchez de Escobar, reemplazo al cual se opusieron los quichés. Historiadores contemporáneos quienes han retomado el caso, han añadido otros factores para explicar lo sucedido, enmarcándolo en un horizonte de resistencia al sistema colonial hispano, pero generado por sucesos específicos.17 Uno de estos hechos, que también nosotros podemos considerar como antecedente directo fue un problema ocurrido en Quetzaltenango aquel mismo año: la exigencia de una contribución ilegal por parte del corregidor del pueblo. 17 El levantamiento de Quetzaltenango en 1569 ha sido objeto de estudio en diversos artículos, entre ellos el realizado por Elías Zamora, “Resistencia maya a la colonización: levantamientos indígenas en Guatemala durante el siglo XVI”, pp. 197-214, quién se basó en la documentación que se conserva del juicio de residencia realizado al licenciado Francisco Briceño, bajo la signatura agi, Justicia, legajos 316 y 317, 1569. Mario Humberto Ruz lo retomó en su artículo titulado “Resistencia maya a la colonización: levantamientos indígenas en Guatemala durante el siglo XVI”, en Del katún al siglo. Tiempos de colonialismo y resistencia entre los mayas. En un artículo de reciente aparición, Gudrun Lenkersdorf se enfoca en los hechos precisos que motivaron el levantamiento, considerando y ampliando las circunstancias en las cuales y por las que se desarrolló el movimiento; véase Lenkersdorf, “Tipos de Rebeliones en el siglo XVI”, en La resistencia en el mundo maya, pp. 19-45.

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Hemos mencionado que Xelahuh estuvo bajo la Real Corona, es decir, no estaba encomendado a ningún particular, sino que tributaba de forma directa al rey, por lo que éste nombró un corregidor para su administración. El hombre que ocupaba el cargo para 1569 era Juan de Arquijo. En el transcurso de dicho año, este funcionario impuso una derrama de cinco reales de plata para cada uno de los indios avecindados en Quetzaltenango.18 Los quichés del pueblo exaltados por lo que consideraron una exigencia arbitraria, intentaron apresar al corregidor, quien para librarse de cualquier agresión, tuvo que ser defendido por todos los españoles presentes en el lugar. Aunque los mayas de Xelahuh trataban de sobrellevar lo mejor posible su situación en el régimen colonial, la derrama requerida originó un descontento entre la población, el cual fue manifiesto y dirigido no contra los españoles en general, sino de manera particular contra quién consideraron el responsable directo del problema: Arquijo. De momento, el conflicto no tuvo mayores consecuencias, sin embargo, los quichés mostraron su voluntad por rechazar cualquier derrama o imposición que fuera ilegal, y ellos consideraran injusta, tal como se hizo patente poco tiempo después.

Los hechos: la imposición española y la oposición maya Los quetzaltecas mostraron nuevamente su desacuerdo con las decisiones verticales de los españoles cuando en ese mismo año de 1569 llegó a Xelahuh el clérigo Hernán Sánchez de Escobar, a quién el obispo Villalpando había ordenado 18

Zamora, op. cit., p. 204.

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sustituir a los doctrineros franciscanos. Gudrun Lenkersdorf anota que dicho sacerdote era hijo de un encomendero, de acuerdo con el Libro de los pareceres de la Real Audiencia de Guatemala.19 Éste pudo ser un motivo poderoso para que los quichés le rechazaran ya que hasta entonces los habitantes de Xelahuh se habían librado de las exigencias de los encomenderos, pero seguramente conocían la experiencia de otros mayas con estos españoles. Las noticias recientes sobre los problemas suscitados por los clérigos en otras doctrinas debieron tenerlas presentes los de Xelahuh al preferir conservar a los franciscanos Cuando Hernán Sánchez quiso desalojar al franciscano fray Lucas, éste pidió ayuda a los quichés para evitar que el clérigo tomara posesión de la iglesia, llamado al que respondieron los presentes. Comenzó una riña que se agravó cuando un número mayor de mayas, entre los que se encontraban los principales del pueblo, acudieron al sitio y no sólo desalojaron al clérigo, sino también a sus acompañantes. Posteriormente, ya durante el proceso que se les siguió, los quichés fueron acusados de proferir toda clase de insultos contra Escobar y su comitiva, expresiones supuestamente de burla al credo católico y a la autoridad española, aunque cabe preguntarnos, en qué lengua fueron expresados, pues conocemos las dificultades que existían entre quichés y colonos para entender sus respectivos idiomas y que, además, en muchos procesos realizados contra indígenas fue común obtener confesiones de éstos bajo tortura. Lenkersdorf, “Tipos de rebeliones en el siglo XVI”, en María del Carmen Valverde (coord.), La resistencia en el mundo maya, p. 39. Aquí podemos sugerir, como se ha anotado, que posiblemente la designación de este clérigo vástago de un encomendero por Villalpando, se haya hecho por presión del Cabildo de Guatemala; véase la nota 15 de este capítulo. 19

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Sea como fuere, un juez comisionado se dirigió a Quetzaltenango con el propósito de prender a los culpables del motín y abrir un proceso criminal contra ellos. Pero los vecinos ya se hallaban organizados e impidieron que fuera prendido maya alguno. Añade Zamora que los “españoles quisieron utilizar a los alcaldes indios del pueblo para sofocar la rebelión, pero éstos se negaron a cooperar argumentando que no tenían poder para calmar a los rebeldes”.20 Finalmente tuvieron que intervenir españoles armados que apresaron a ciertos quezaltecas inculpados. Esa misma noche los vecinos intentaron liberar a los encarcelados, motivo por el que soldados españoles tuvieron que estar en guardia toda la madrugada. Sucesos similares a los de Quetzaltenango ocurrieron en el pueblo cercano de Totonicapán, cuando también por disposición del obispo de Guatemala que, amparándose en las disposiciones tridentinas, había ordenado la sustitución de los franciscanos por un secular. Fuentes y Guzmán, recordaría aun casi siglo y medio después que en: [...] los pueblos de Totonicapa y Quetzaltenango, en donde intentó el obispo establecer clérigos en sus doctrinas, puestos en armas con vara y flecha los resistieron tumultados: al promotor fiscal, un alguacil eclesiástico, al notario y otros allegados, clérigos y seculares. Decía en su informe el licenciado Briceño estos

20 Zamora, op. cit., p. 207. Los españoles desde su llegada a Guatemala, buscaron “reyes” o “caciques” que sirvieran como intermediarios entre ellos y la población maya; debido a la organización sociopolítica nativa, en muchos casos los españoles tuvieron que imponer a esos “señores naturales” y una vez implantados los cabildos indígenas, las autoridades coloniales o encomenderos buscaron forzar a los alcaldes y regidores a servir como tales intermediarios.

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Quetzaltenango, 1569: un caso desmanes, y no omitía su comprensión los mínimos desordenes caseros del palacio episcopal.21

Fray Francisco Vázquez añade motivos a los sucesos de Quetzaltenango, pues sitúa con anterioridad lo ocurrido en Totonicapán, donde los quichés evitaron la instalación del clérigo enviado por Villalpando y previnieron a los vecinos de Xelahuh.22 En ambos casos Vázquez atribuye la defensa de los franciscanos al amor que los mayas sentían por ellos, aunque nosotros preferimos considerar también las eventuales molestias que Sánchez de Escobar traería consigo y que preferían evitar los quichés al conservar a los religiosos. El hecho de que tanto en la obra de Vázquez, como en la de Fuentes y Guzmán, los sucesos de Quetzaltenango y Totonicapán fueran consignados para recordar los problemas suscitados por las disposiciones de Villalpando, nos permite inferir que ambos conflictos fueron relevantes en su época. Para la población maya también debió quedar el recuerdo del desenlace del pleito, sobre todo por la brutalidad con que finalmente el presidente de la Audiencia sentenció la causa.

El proceso contra los quetzaltecas: la legalidad española y la defensa de los indios Durante las jornadas de pelea, resultaron muertos varios quichés y españoles, pero el asunto aún estaba lejos de finalizar, pues comenzaba un proceso criminal contra los quetzaltecas por parte de la Audiencia, que recién había vuelto a su antigua sede en la ciudad de Guatemala. Hemos señalado que 21 22

Fuentes y Guzmán, op. cit., libro III, p. 165. Vázquez, op. cit., p. 188.

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sobre Villalpando habían pesado múltiples acusaciones de usurpación de funciones y otros delitos, por lo que la Corona comenzó un proceso contra él; además en la sede de su diócesis tanto el fiscal de gobierno, como el gobernador Briceño tuvieron diferentes problemas con el obispo. Sin embargo, el presidente del tribunal, Antonio González, dejó de lado estas causas, fuesen legales o no, y privilegió el hecho de que los quichés habían violentado a los representantes del régimen colonial. Además, tampoco contempló las causas y desarrollo del problema en Xelahuh; para él éste fue un asunto de indios contra españoles, un levantamiento contra la Corona y como tal lo sentenció. La Audiencia consideró los sucesos como graves, pues las acusaciones que pesaban sobre los quichés incluían el asesinato de tres españoles, desacato a la autoridad colonial, agresiones al juez comisionado y sus acompañantes, y más grave aún, haber desafiado la autoridad real al declarar que desconocían al rey.23 El presidente de la Audiencia, quien finalmente sentenció el caso, desestimó las declaraciones de los inculpados, que minimizaban el asunto argumentando que todo había sido provocado por “un grupo de muchachos y muchachas revoltosos”.24 Aunque González pretendía obtener señalamientos contra supuestos líderes del levantamiento, los quichés reconocieron que gran parte del pueblo participó en los hechos. Ante esta situación el presidente declaró que: “Consta que en hacer y cometer el dicho delito fue mucha parte de los vecinos y naturales del pueblo de Quetzaltenango, hombres y mujeres y muchachos, por cuya causa no se pueden todos castigar”.25 Declaraciones contra los inculpados, citado por Zamora, op. cit., p. 208. Zamora, idem. 25 Sentencia del presidente Antonio González, idem. 23

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La defensa de los quichés en este proceso criminal debió estar a cargo, bien del fiscal de la Audiencia, licenciado Arteaga Mendiola, bien del defensor de indios nombrado por Antonio González.26 Aunque desconocemos cuál fue su postura defendiendo a los quetzaltecas, si es que hubo tal defensa, el hecho fue que permitieron que la sentencia final del presidente Antonio González fuera brutal, pues éste decidió que como no podía castigar a todo el pueblo, ejecutaría de manera pública a algunos de los responsables para que sirviera como escarmiento a los quichés de Xelahuh, y en general a todos los mayas de la gobernación. Así, quedaba claro que la Audiencia no ejercía en la práctica aquellas facultades otorgadas a dichos tribunales con las Nuevas Leyes, que les ordenaban mirar por el buen tratamiento de los indios; antes bien, el doctor González dejaba claro cuál era la noción de justicia para el máximo tribunal de Guatemala: un sistema legal punitivo y desigual para españoles e indios.

Conclusión Los conflictos ocurridos en Quetzaltenango durante el año de 1569 nos permiten saber hasta qué punto los vecinos quichés, quienes habían sobrellevado su situación en el régimen colonial, estaban dispuestos a aceptar decisiones arbitrarias en 26 Recordemos que en el juicio de residencia realizado al presidente Antonio González uno de los cargos en su contra fue nombrar un defensor de indios en Guatemala, lugar donde la defensa estaba a cargo del fiscal de la Audiencia, acusación que rechazó argumentando que era necesario el nombramiento de un defensor, porque el fiscal no podía atender todos los pleitos en que estaban involucrados los indígenas. Véase el apartado sobre defensores de indios del capítulo anterior.

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su pueblo. Aunque la sublevación fue un hecho local, sólo podemos comprenderla a la luz, no de motivos triviales, sino del horizonte histórico del momento. Igual que ocurrió en muchos otros levantamientos en el mundo maya, tuvo razón de ser por sucesos concretos y dirigidos sólo contra ciertos personajes y no contra el sistema colonial en general. La muerte del obispo Francisco Marroquín, el traslado de la Audiencia de Guatemala hacia Panamá, y los cambios que había realizado Felipe II respecto a la protectoría en la década de 1560 habían propiciado que el año de la sublevación no hubiera un protector de indios en Guatemala, al cual, aunque fuera en teoría, pudieran acudir los quichés para quejarse de las tropelías de Arquijo y de la imposición de Sánchez de Escobar. Para 1570, año en que se reinstauró la Audiencia en Guatemala y fue realizado el proceso criminal contra los quichés, en Guatemala compartían la defensa de los indios el fiscal de la Audiencia y un defensor nombrado por el presidente Antonio González. Aunque desconocemos si alguno de ellos tomó a su cargo la representación de los quetzaltecas durante el juicio, si quedan claros los métodos con los que el presidente de la Audiencia pretendió escarmentar a los indígenas bajo su jurisdicción, al ejecutar públicamente a los quichés señalados de dirigir la revuelta. Este caso muestra que para el presidente Antonio González no tenían mucha relevancia las causas del levantamiento, fueran legales o no, pues su noción de “justicia” hacia los indios era netamente punitiva. Para González, los naturales debían obedecer de forma incondicional a los españoles, sin presentar objeción alguna a las imposiciones de los colonos, de lo contrario la opción que tomaban las autoridades coloniales era obligar a los naturales a andar ese camino. Si para 160

Quetzaltenango, 1569: un caso

conseguirlo se hacía necesario utilizar la violencia, no había ningún problema. Era imperioso sobre todo mantener el orden del cristianismo y del rey. Los defensores de indios, único medio que la Corona había dejado a los quichés para que les representara ante aquel régimen legal impuesto, simplemente decidieron contemplar impasibles el castigo impuesto a los quetzaltecas.

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Conclusiones

A

quel día de 1570 cuando fueron ajusticiados algunos quichés de Quetzaltenango por órdenes del presidente de la Audiencia de Guatemala, acusados de protagonizar un levantamiento contra el rey, es un triste ejemplo del significado del concepto de justicia que impuso el régimen español sobre los pueblos amerindios en el siglo xvi. Cierto, la Corona había ordenado durante esa centuria en reiteradas ocasiones que los nativos fueran bien tratados, e instituyó una serie de cargos en los obispos y en sus funcionarios de Ultramar encargados de proteger y defender a los pueblos originarios de los abusos de sus vasallos inmigrantes. Antes nos ocupamos de estudiar de manera general el proceso histórico de la protectoría de indios en las colonias del Nuevo Mundo, y de forma particular en la gubernatura de Guatemala. Dentro de aquel contexto histórico podemos explicar –que nunca justificar– aquel acto acaecido sobre los vecinos de Xelahuh. La protectoría de indios consistió en un cargo específico con funciones y jurisdicción delimitadas por la Corona, que encontraba su razón de ser en el seno de un sistema legal impuesto por el régimen colonial a los nativos y que se basó no 163

La protectoría de indios durante el siglo xvi

en otorgarles a los indígenas lo que hoy llamaríamos “derechos”, sino simplemente protección a manera de tutela legal. Aunque a nosotros nos interesa estudiar este cargo, no podemos dejar de lado un análisis del sistema dentro del cual existió. Ello no significa que la protectoría fuera extensiva a todos los funcionarios reales en América, pues legalmente sólo unos cuantos ostentaron dicho título, no obstante que en el papel a los principales funcionarios ultramarinos la Corona les pidió tener especial cuidado en el buen tratamiento de los indios.

La protectoría de indios en la América Colonial En principio el Estado castellano adquirió la obligación de adoctrinar a los habitantes de las Indias en la fe católica e imponerlos en las “buenas costumbres” españolas, como parte del contrato que significó la donación papal de los territorios de Ultramar. Para alcanzar estos objetivos e instaurar una colonia en las Antillas, la Corona estableció como acuerdo con los colonos la encomienda, la cual se convirtió en la institución básica de relación entre españoles e indígenas. Los encomenderos más preocupados por enriquecerse que por tomar como suyas las tareas de evangelización, sobreexplotaron a la población originaría, causando un desastre demográfico entre los antillanos. Igualmente en aquellos años comenzó un creciente tráfico de esclavos indígenas. Ante esta situación, los Reyes Católicos decidieron intervenir, principalmente preocupados por el futuro de las colonias. Así, los primeros actos de protección para los indios en su mayoría tenían que ver con la defensa de la soberanía regia sobre sus nuevos súbditos, y evitar que se acabara la

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Conclusiones

mano de obra para los colonos, que un afán de buscar el bienestar de los naturales. El primer intento por encontrar una vida menos dura dentro del proyecto colonial para los indígenas provino de un grupo de dominicos de La Española. Ellos consideraron que era necesario evangelizar a los nativos y atraerlos a la civilización hispana, pero con un trato más humano. La presentación de estas ideas ante el rey Fernando I, le llevaron a constituir la Junta de Burgos, reunión donde se planteó y debatió el trato que los colonos debían dar a sus encomendados. El resultado de las deliberaciones fue la legislación llamada Leyes de Burgos, que pese a la intención inicial con que fue convocada la Junta, no fueron muy alentadoras, pues partieron de una visión sobre los nativos muy extendida en aquellos días, que los consideraba inferiores. Las Leyes de Burgos tuvieron como esencia la regulación de las relaciones entre encomenderos y encomendados. El principio básico de esa relación era el trabajo, entendido desde la perspectiva europea. Así, convenientemente para los colonos, su principal tarea en La Española era mantener trabajando a los indígenas para alejarlos de la “ociosidad” e “idolatrías”, en teoría, en beneficio de la propia población nativa. La trascendencia de esta legislación consistió en que por varias décadas fue el corpus legal indiano básico. Diversas voces se elevaron insatisfechas con las Leyes de Burgos. Una de ellas fue la de Bartolomé de Las Casas, quien en 1516 viajó a España para presentar a la Corona su Memorial de remedios para las Indias, texto donde proponía la abolición del trabajo forzoso indígena y el nombramiento de religiosos que procuraran la utilidad de los indios y su conservación: sus propuestas encontraron una respuesta favorable. El cardenal Ximénez de Cisneros, entonces regente de Cas165

La protectoría de indios durante el siglo xvi

tilla, envió a La Española un gobierno conformado por tres frailes jerónimos con el mandato de tener a los indígenas en el orden español, pero también cuidando su buen tratamiento. En este proyecto, el propio Las Casas recibió el encargo de acompañar a los jerónimos y servirles como consejero; para ello recibió el cargo de protector de indios. No obstante, los resultados de esta empresa no fueron los esperados por Bartolomé de Las Casas pues los jerónimos, una vez en Santo Domingo, aprobaron la encomienda como medio para consolidar el dominio sobre los naturales. Esto generó problemas entre ambas partes, de lo que siguió que los frailes de San Jerónimo se disgustaran ante la injerencia de Las Casas en asuntos que consideraron exclusivos de su autoridad, así que enviaron diversos informes en su contra de éste y contra los dominicos de la isla, razón por la cuál Cisneros ordenó la revocación de los cargos del protector y su deportación inmediata a España, fuere por su propia voluntad o por medios forzosos. En este caso encontramos por vez primera uno de los problemas más graves que enfrentó la protectoría y que se suscitó constantemente a lo largo de su historia: los conflictos jurisdiccionales entre los protectores y las autoridades reales. Problemas que los gobernantes españoles solucionaron subordinando a los protectores a sus representantes en las colonias, o en el caso de Las Casas, desapareciendo el cargo. No fue sino hasta el reinado de Carlos I que se dio otro paso en cuanto a la protección de los indios. Por un lado en la Provisión General de Capítulos de 1526 la Corona ordenó que en las nuevas conquistas emprendidas en territorios americanos se evitaran abusos sobre los indígenas. Hasta entonces, las guerras de conquista habían sido fuentes de muchos males para los naturales, ya que por medio de ellas los invasores justificaban asesinatos y la toma de esclavos indígenas. Espe166

Conclusiones

raba don Carlos que la Provisión se erigiera como un tope a las arbitrariedades de los conquistadores en la ocupación de nuevos territorios. La Provisión General de 1526 no debe comprenderse de manera aislada, sino en conjunto con la institución de otro cargo por parte de la Corona, el cual tendría bajo su cuidado a los nativos en las colonias ya establecidas. Retomó don Carlos la idea de Las Casas de nombrar religiosos que tuvieran la provisión de mirar que los indígenas fueran tratados como vasallos libres del rey, sin agravios, y vigilando que se respetaran las leyes dictadas para el buen tratamiento de los naturales. De esta manera el rey delegó a los obispos americanos la protectoría de indios en los términos de sus diócesis. El conocimiento de sociedades más complejas como las mesoamericanas llevaron a los españoles a replantear su visión sobre los indios. Ahora ya nadie dudaba de su humanidad, pero sí acerca de su capacidad para conducirse ellos mismos. Nuevamente se les atribuyeron los prejuicios que ya se habían hecho accesorios a los indígenas, según la visión europea. Los indios eran incapaces de conducirse –una prueba era su natural inclinación hacia el mal– por lo que la Corona los tomó bajo su amparo. No como súbditos con todas sus capacidades, sino como un padre protege a sus hijos. Así que para descargo de la real conciencia el rey nombraría a alguien que amparara a los indígenas y los cuidara de otros cristianos que olvidaron tratarlos como vasallos de su majestad y personas libres: el protector de indios. Los obispos nombrados protectores tuvieron la obligación de cuidar que los naturales fueran bien tratados por todos los españoles. En un principio se les otorgó la facultad de visitar las comunidades indígenas, donde tendrían que hacer cumplir la legislación dada por la Corona en materia indígena, 167

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y eran los propios protectores los encargados de ejecutar las penas contra quienes no lo hicieren así. En algunos casos se les otorgó a los obispos la prerrogativa de dictar ordenanzas que convinieran al cuidado de los nativos. Sin embargo, de estas provisiones surgió el principal problema qué enfrentó la protectoría delegada en los obispos con las autoridades civiles, pues pronto se originó una oposición por parte de éstas a permitir que aquéllos intervinieran en asuntos que, consideraban, competían únicamente al fuero secular. Cierta razón tenían, pues cuando se comenzó a instituir la protectoría, la Corona otorgó prerrogativas bastante amplias para los protectores que, sin embargo, era ambiguas y poco claras respecto a sus funciones, facultades y jurisdicción. Además el cargo enfrentó la oposición del sistema colonial en general que menospreciaba a los indígenas y les hacía la base del sistema de producción. Esto generó serios problemas en diversos lugares que tuvo que dirimir la propia Corona, lo cual tuvo como consecuencia las limitaciones en lo sucesivo en la provisión de los protectores, ya que los subordinó a las Audiencias o gobernadores locales aun en una época temprana (la década de 1530): las facultades de los protectores para llevar a cabo visitas o nombrar delegados para realizarlas, fue sujetada al criterio de los magistrados; se limitó a los protectores a actuar sólo en pleitos civiles menores, que nunca en los criminales, y en cuanto a las penas que podían imponer, éstas debían ser menores a 50 pesos de oro o 10 días de cárcel. Asimismo, los pleitos más graves tendrían que ser turnadas a la Audiencia, o donde no hubiera, al gobernador. Como ejemplo de las anteriores restricciones podemos estudiar el caso de México con fray Juan de Zumárraga y la manera como sus conflictos con la Audiencia influyeron en los 168

Conclusiones

sucesivos nombramientos de los protectores del Perú. Como fuere, los protectores en realidad poco pudieron hacer frente a las trabas legales que pusieron las autoridades coloniales. También hay que considerar que no todos los obispos se preocuparon realmente por proteger a los nativos, sino que algunos asumieron con indiferencia su provisión; de manera afortunada no fueron éstos la norma, pues la actitud de los obispos protectores abarcó prácticamente todos los matices: los hubo también que se enfrentaron de forma constante a los vecinos españoles y a los funcionarios reales buscando que se cumpliera la orden de que los indígenas fueran bien tratados. Con las Nuevas Leyes el problema jurisdiccional para los obispos protectores se agravó, pues con esta legislación, además de crear Audiencias y así asegurar una mayor presencia de funcionarios reales, la Corona le otorgó a los magistrados muchas de las facultades que antes habían sido potestad de los protectores, limitando así aún más las labores de éstos. Verbi gratia, en el caso de Francisco Marroquín con la instauración de la Audiencia de los Confines, la Corona le pidió verificar que se cumpliera la legislación y a quien la violara lo remitiera a las autoridades correspondientes, pero quien finalmente sentenciara las causas, sería no el protector, sino las autoridades civiles. Es decir, el protector no era ahora sino un denunciante de aquellos que violentaran la legislación indiana, y un asesor del rey en materia indígena. En este sentido la Audiencia de Guatemala fue celosa de su jurisdicción. Con el reinado de Felipe II se consolidó el régimen colonial en América. Don Felipe privilegió aún más que su padre la servidumbre indígena como base de las riquezas de su imperio y para legitimar esta subordinación era necesaria continuar considerando a los nativos como menores. Tal sumisión los incapacitaba para defenderse por sí solos dentro del marco 169

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legal colonial; por ello se hacía inevitable el nombramiento de alguien que los protegiera. Sin embargo, don Felipe decidió que los obispos ya no se ocuparían de la protectoría, sino que ello sería facultad de otros de sus oficiales reales, los fiscales de las Audiencias. Este cambio debe entenderse en el contexto de la reorganización de su imperio y como parte de los esfuerzos del nuevo monarca de Castilla por centralizar en las Audiencias ciertas funciones que había delegado su antecesor en los obispos. Felipe II aprovechó que en estos tribunales se encontraban los fiscales, oficiales encargados de proteger los intereses de la Corona (especialmente en lo relacionado con la Real Hacienda), y que eran letrados, así que en ellos delegó la representación de los nativos. Mas estos nuevos fiscales–protectores no contaron con la provisión de los obispos. Es decir, no se ocupaban de que los indios fueran bien tratados, ya que las cédulas reales sólo les pedían que se ocuparan de alegar en los litigios civiles y criminales en los cuales una o ambas partes fueran indígenas, y que se presentaran en las Audiencias. Argumentando exceso de trabajo, algunos de los fiscales se desentendieron de su nuevo encargo, lo cual dejó a los indios sin nadie que les representara. Aquí, podemos incluir como otra de nuestras conclusiones que a pesar de que en la década de 1560 la Corona haya otorgado a los fiscales el nombramiento de protector, éstos de ninguna manera fueron iguales a los obispos protectores. Si bien durante aquellos años algunos fiscales recibieron dicho título, vemos que sus obligaciones eran más parecidas a las de los defensores que a las de los obispos protectores. De esta manera, los fiscales estuvieron a cargo de la defensa de los indios cuyos pleitos se presentaran ante las Audiencias, 170

Conclusiones

mientras que los defensores tuvieron el deber de representar a los indígenas en provincias fuera de la sede de dichos tribunales. Un decenio después se ve que aunque la Corona continuó encargándoles estas tareas a los fiscales, ya no les otorgó el título de protectores. En los años en que Felipe II realizó los nombramientos de protector a los fiscales, creó otro cargo, el de defensor de indios para que se ocupara de abogar por los indígenas en los pleitos locales que se presentaran fuera de las sedes de las Audiencias. Pese a que con anterioridad, de manera frecuente se confundió este cargo con el de protector, podemos asegurar, con base en esta investigación, que ambos cargos fueron muy diferentes, no sólo legalmente, sino también en la práctica. Líneas más adelante trataremos con mayor detenimiento este tema. Otro aspecto que también se hace evidente al concluir la investigación, se refiere a las particularidades que en cada región tuvo la protectoría de indios. En los últimos años de la década de 1520, cuando Carlos I delegó el cargo en los obispos americanos, las provisiones de éstos eran semejantes, pero dicha uniformidad se mantuvo por poco tiempo. Recordemos los ejemplos en este trabajo tratados: en el Perú la protectoría se mantuvo por siglos, pero dado que su colonización fue posterior a la de Nueva España, los primeros nombramientos de los protectores de aquella región estuvieron marcados por la experiencia que se había tenido con Zumárraga. Igualmente, debido a la larga trayectoria de la protectoría en el virreinato de Perú, los cambios en ella ocurrida y las facultades de los protectores no tienen comparación con el caso de México, sitio donde desapareció el cargo en los años treinta del siglo xvi. Aunque la información de que dispusimos no nos permitió enterarnos con detalle de las características de la protectoría en el resto de las colonias, los documentos que 171

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conocimos muestran la heterogeneidad de la institución en el resto de América.

La protectoría de indios en Guatemala Hemos mencionado que el principal problema que enfrentó la protectoría de indios fueron los conflictos jurisdiccionales entre las autoridades coloniales y los protectores. La situación no fue diferente con el obispo Francisco de Marroquín, primer protector de indios de Guatemala. El de Marroquín representa un caso inédito, pues por 30 años ostentó la protectoría, razón que nos lleva a dividir, para su estudio, su larga trayectoria en etapas. Durante los primeros años de su estancia en Guatemala, una vez que el protector conoció los problemas que aquejaban a la población indígena, quiso llevar a cabo algunas medidas que él consideraba contrarrestarían los males generados por los colonos a los mayas. Éstas iban principalmente dirigidas a evitar que se siguiera herrando por esclavos a los indígenas y a que se realizara una tasación de los tributos que los nativos pagaban a sus encomenderos. Sin embargo, aquí enfrentó la oposición del cabildo y el gobierno de Guatemala, quienes impidieron sus acciones argumentando que su intromisión en esos asuntos excedía sus facultades. Frente a esta situación, Marroquín escribió a la Corona presentando algunas propuestas: lo primero sería extender y clarificar la jurisdicción de la protectoría para así evitar problemas con las justicias locales. Insistió en la importancia de la tasación de tributos y en la necesidad de que el protector tuviera la facultad de nombrar visitadores. Además, pidió suprimir el trabajo de los naborías, y regular el trabajo de los in172

Conclusiones

dígenas en las minas. Recurrió también Marroquín al juez de residencia Alonso de Maldonado para realizar la tan urgente tasación y, juntó con él, apoyó el proyecto de la conquista pacífica de la Tierra de Guerra. Durante estos años Marroquín se preocupó no sólo porque los mayas llevaran una vida menos difícil en el régimen colonial, razón por la que se enfrentó por años a las autoridades locales, sino incluso entusiasta por los objetivos que podía lograr con la protectoría. No obstante, con la instauración de la Audiencia de los Confines aumentaron los problemas del protector, pues el tribunal resguardó con celo su jurisdicción. Aún cuando la Corona delimitaba y especificaba las relaciones legales que entre ambos debían prevalecer, la Audiencia relegó cada vez más la autoridad de Marroquín. Éste, con tal de evitar conflictos, dejó de intervenir en muchos problemas de su competencia, aunque nunca dejó de hacer propuestas a la Corona para proteger a los indígenas. Finalmente, en la última etapa de su vida, su decepción por no conseguir que sus protegidos se hispanizaran llevó a Marroquín a endurecer su actitud contra los mayas; entonces medió ante la Corona a favor de los vecinos españoles, pues consideró que eran éstos y no los indios, el fundamento de la Colonia. Así, tomó como su labor normar las relaciones de servidumbre que, creía, debían prevalecer entre españoles e indios. En estos años, Marroquín también quiso delegar la defensa de los nativos en otros individuos, por lo cual escribió a la Corona en diversas ocasiones haciendo propuestas al respecto. La larga trayectoria de Francisco de Marroquín como protector de indios de Guatemala, no podemos comprenderla como un bloque homogéneo; antes cada una de las etapas de su carrera deben ser comprendías de acuerdo con los alcances 173

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y restricciones de su provisión en diferentes momentos, con los conflictos jurisdiccionales que enfrentó, con quienes tuvo dichas disputas y, también, con su actitud personal hacia los indígenas, cambiante en el transcurso del tiempo. Después de la muerte de Marroquín, no tenemos noticia de que la Corona haya nombrado a otro protector de indios para Guatemala, pues la información de la cual dispusimos no menciona que su sucesor en la silla episcopal, Bernandino de Villalpando, recibiera la protectoría. Mas los conflictos con la Audiencia no fueron los únicos que enfrentó Marroquín, pues tuvo importantes diferencias con otros protectores: fray Antonio de Valdivieso, obispo de Nicaragua y fray Bartolomé de Las Casas, obispo de Chiapa. Los desacuerdos entre Marroquín y Las Casas se debieron tanto a pleitos territoriales por el distrito de sus diócesis, como a perspectivas diferentes sobre la aplicación de las Nuevas Leyes, pues mientras los dominicos se preocuparon por una aplicación total de dicha legislación, Marroquín optó por una postura más moderada. Ya desde su llegada a Chiapa en 1545, por medio de su Edicto de pecados públicos, Las Casas condenó los abusos que los españoles hacían a los indios y junto con Valdivieso presentó ante la Audiencia de Guatemala una serie de exigencias que no fueron extraordinarias ni irracionales, pues pedían que se respetara la legalidad que la propia Corona había decretado. Enfrentaron el rechazo y la animadversión de los miembros de la Audiencia, cabildos, el obispo Marroquín y encomenderos. Todos ellos argumentaron, nuevamente, que ambos dominicos se excedían en sus atribuciones, para así frenar las acciones emprendidas por los dos. Ya que no consiguieron de la Audiencia respuesta favorable a sus peticiones, ambos obispos siguieron sendas dife174

Conclusiones

rentes: Valdivieso emprendió el camino a su obispado, donde enfrentó a los encomenderos y poco tiempo después fue asesinado. Las Casas se dirigió a México a la junta episcopal convocada por el visitador Tello de Sandoval para discutir la aplicación de las Nuevas Leyes. Ante el poco eco que encontraron sus ideas en la junta, Las Casas se dirigió hacía la metrópoli para proponer a la Corona una serie de remedios que cambiaran la situación de los pueblos indios. Hacía 1557, en España, Las Casas presentó ante el Consejo de Indias una crítica importante contra el cargo de protector de indios tal como funcionaba entonces, pues consideraba que se trataba de un oficio obsoleto, pues no eran necesarios informantes ante las autoridades coloniales sobre los asuntos indígenas, sino jueces que procesaran de manera directa a quienes maltrataban a los nativos.

Los defensores de indios: características del cargo y diferencias respecto a los protectores En los últimos años de la década de 1550, en el distrito de la Audiencia de Guatemala comenzó a introducirse el cargo de defensor de indios. No fueron éstos un tipo de protectores, como en otros textos se ha confundido, sino funcionarios con facultades y obligaciones muy diferentes de las de aquéllos. Los defensores estaban circunscritos al distrito de una gobernación (mientras que los obispos protectores tenían su distrito en los términos de una diócesis): así, por ejemplo, encontramos que los hubo para Guatemala, Yucatán, Chiapa y Soconusco. 175

La protectoría de indios durante el siglo xvi

Otro aspecto en que se diferenciaron –el más importante–, fue que los protectores tenían que cuidar que todos los indígenas fueran bien tratados por los españoles, contando para ello como instrumento jurídico con la legislación otorgada por la Corona y como medio con las visitas; en contraste, los defensores carecían de dichas facultades, pero en cambio contaban con obligaciones específicas, pues tenían la obligación de defender, alegar, responder por los indios y seguir su justicia en cualquiera de los pleitos en que se vieran inmiscuidos, se tratara de causas civiles o criminales. Para ello podían presentarse ante los alcaldes ordinarios, alcaldes mayores (donde los hubiere) y gobernadores. Además ordenaba la Corona que en ningún caso se podía proceder contra los indígenas si antes el defensor no hubiere sido informado. En los casos que se presentaran en la Audiencia, oficialmente el encargado de abogar por los indios sería el fiscal de ella. Una última diferencia que señalaremos, es que los defensores no podían ejecutar penas sobre quienes abusaran de los indígenas, potestad con la que sí contaron los protectores, aun cuando pronto les fue restringida por la Corona. Debido a que en 1563 por disposición real la Audiencia fue trasladada de Guatemala a Panamá, el fiscal de gobernación fue nombrado defensor de indios por Francisco Briceño. Lo mismo ocurrió en otras provincias, donde los gobernadores locales nombraron a los defensores. Como ocurrió con los protectores, la actitud de cada defensor fue distinta, pero el hecho de que debieran su oficio a un gobernador facilitó que el cargo fuera usado en ocasiones más a favor de las autoridades españolas que de los propios naturales, además que algunos defensores utilizaron su trabajo para obtener beneficios personales. Aunque también conocemos casos contrarios.

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Conclusiones

Destaca el de Diego Rodríguez de Vivanco quien en 1560 fue nombrado defensor de indios de Mérida por la Audiencia de Guatemala. Este personaje se encargó de la defensa de los mayas acusados por los franciscanos de Yucatán en el famoso proceso de idolatrías de Maní en 1562. Primero, Vivanco exigió a lo franciscanos le entregaran los traslados del proceso, conforme a derecho, y exigió a fray Francisco de Toral, obispo de Yucatán, desagraviara y liberara a los mayas condenados por Landa. Durante meses insistió al respecto Vivanco recurriendo a diferentes instancias de gobierno e incluso dirigiéndose a la Corona. Finalmente logró este defensor que los yucatecos apresados por los religiosos fueran liberados. El caso de Rodríguez de Vivanco nos ofrece la posibilidad de conocer un ejemplo de los alcances que podía tener el cargo de defensor de indios, si quien lo ostentaba se preocupaba por los indígenas a él delegados.

El caso de Quetzaltenango, 1569 La sentencia de los vecinos de Quetzaltenango involucrados en el conflicto de 1569, es reflejo de uno de los problemas que enfrentaron los mayas, junto con todos los pueblos originarios de América, dentro del régimen legal impuesto por la Colonia. Era ésta una legalidad inmersa en un sistema ideológico en el cual los indios eran considerados menores, pues tal categorización justificaba y legitimaba el dominio español; sobre este menosprecio se cimentó el régimen colonial, tanto en lo económico, como en lo social, a tal grado que muchos de los problemas que históricamente han afectado a los pueblos indígenas desde entonces, no son sino resultado de estructuras coloniales que han permanecido por siglos. Mientras, en el 177

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siglo xvi, Europa deslumbraba con un brillo que en mucho le debía a la noche indígena, por eso los colonos buscaban por cualquier medio –legal o no– que los indígenas obedecieran. Frente a esos medios en realidad poco pudieron hacer los protectores y defensores de indios –aunque se les debe también un reconocimiento a aquellos que se esforzaron por amparar a los nativos–, porque el régimen legal también perpetuaba la servidumbre indígena. Fue lo que se demostró en el caso de Quetzaltenango: la reinstituida Audiencia sólo valoró que los quichés no habían dado sumisos obediencia a las órdenes de los españoles. Y no obstante que las acciones de los vecinos de Xelahuh fueron dirigidas contra sectores específicos, el presidente Antonio González lo castigó –de acuerdo con los testimonios que recabó la Audiencia– como un levantamiento contra la fe católica y el rey. Con la protectoría ocurrió en general algo similar. Valieron más los argumentos jurídicos contra la institución y la riqueza que producían los nativos, que su bienestar. En la práctica los protectores y los defensores no siempre se hicieron cargo del resguardo de los indígenas, como hemos visto que ocurrió en el caso de Quetzaltenango. Ello dependió de sus convicciones personales, de sus relaciones con otros funcionarios, y también del medio social en que estaban inmersos: un régimen colonial que se sustentaba en la explotación del indio. Aún así, merecen un reconocimiento los logros que algunos de esos funcionarios consiguieron. En las postrimerías del siglo xvi, aunque los protectores persistieron en algunas regiones –y continuaron existiendo hasta que las Cortes de Cádiz decidieron terminar con la tutela del Estado español sobre los pueblos indios y decretaron su abolición definitiva en 1813–, no se trató de una institución como la que apareció con los obispos protectores. Sus 178

Conclusiones

funciones y facultades variaron en el enorme imperio español de Ultramar a través del espacio y el tiempo. Un estudio más amplio sobre el tema contribuiría a la comprensión del sitio al cual relegó el régimen colonial a los pueblos originarios en la legislación indiana, y que en muchos aspectos encontró continuidad en la política de los Estados nacionales y organizaciones supraestatales. Pero el cual fue un sitio donde los pueblos indígenas no se disolvieron, sino que supieron adaptarse y participar de forma activa, manteniéndose como sociedades alternas, aun hasta nuestros días. Ése es un tema del cual, por el momento, su estudio queda pendiente para futuros trabajos.

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Fuentes y bibliografía Fuentes manuscritas Archivo General de Indias, Sevilla Audiencia de Guatemala Legajo 9 A: Cartas y expedientes del presidente e oidores de la Audiencia de Guatemala, 1529-1562. Legajo 9 B: Cartas y expedientes del presidente e oidores de la Audiencia de Guatemala, 1562-1573. Legajo 44 B, núm. 63: Carta de los gobernadores indígenas, por su defensor Pedro Ruiz de Almonte a su majestad, 1566. Legajo 393, libro 1: Nombramiento e instrucciones del protector de indios, 1532. Legajo 394, libro 4: Reales despachos, 1560 -1569. Legajo 965: Papeles por agregar, 1527-1577.

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La protectoría de indios durante el siglo xvi

Audiencia de México Legajo 211, núm. 2: Probanza de Francisco Palomino.

Justicia Legajo 319: Juicio de residencia del doctor Antonio González, presidente de la Audiencia de Guatemala, 1573.

Patronato Legajo 170, ramo 47, núm. 1: Nuevas Leyes y Ordenanzas de las Indias, 20 de noviembre de 1542. Legajo 170, ramo 47, número 2: Adiciones realizadas a las Leyes Nuevas por el príncipe Felipe, 4 de junio de 1543. Legajo 182, ramo 24: Oposición a varios artículos del sínodo de Guatemala, 1566.

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190

Apéndices

Nombramiento de fray Juan de Zumárraga, obispo de Tenochtitlan México, como protector de indios de México Fechado en Burgos, el 10 de enero de 1528 Vasco de Puga: Cedulario Indiano, f. 64

D

on Carlos, por la divina clemencia emperador de romanos semper augusto, doña Juana su madre, etcétera. Por cuanto nos mandamos dar una nuestra provisión firmada de mí el rey y sellada con nuestro sello, su tenor de lo cual es este que se sigue. Don Carlos por la gracia de Dios, rey de romanos, emperador Semper augusto, doña Juana su madre, etcétera: A vos, el venerable y devoto padre fray Juan de Zumárraga, obispo de Tenuxtitlán México, salud y gracia: Sépades que nos somos informados que los indios naturales de la Nueva España son tratados de los cristianos españoles que en ella residen, que los tienen en administración y en encomienda y de otras personas, no como debían y como vasallos nuestros y personas libres como lo son, lo cual no 193

La protectoría de indios durante el siglo xvi

mirando el servicio de Dios ni lo que son obligados, les han dado y dan demasiados trabajos, pidiéndoles más servicios y cosas de las que buenamente pueden cumplir y son obligadas. Asimismo tomándoles sus mujeres e hijos y otras cosas que ellos tienen por fuerza y contra su voluntad; y asimismo sirviéndose de ellos como de tales y haciéndoles otras crueldades enormes, lo cual demás de ser en mucho deservicio de nuestro señor y estorbo para la conversión de los dichos indios a nuestra sancta fe católica, ha sido y es mucha disminución de los dichos indios y causa de despoblarse la dicha tierra, lo cual visto por los del nuestro Consejo de las Indias, y conmigo el rey consultado, queriendo proveer y remediar cerca de lo susodicho, cómo los dichos indios y naturales de aquellas partes sean libertados y administrados como libres y vasallos nuestros y vengan en conocimiento de nuestra santa fe católica, por amor que es nuestro principal deseo e intención siendo tan poblada e rica. Fue acordado que debíamos de proveer una persona celosa del servicio de Dios nuestro señor y nuestro, para que sea protector y defensor de los dichos indios, y mire por su buen tratamiento y conservación y conversión dellos a nuestra sancta fe católica, y no consientan que se les haga agravio ni sinrazón, y se guarde con ellos las leyes y ordenanzas para su buen tratamiento; y nos tuvímoslo por bien. Por ende, confiando de vuestra fidelidad y paciencia, buena vida y ejemplo, que en esto guardaréis el servicio de Dios nuestro señor y nuestro, y con toda retitud y buen celo entenderéis en ello, es nuestra merced y voluntad que cuanto nuestra merced y voluntad fuere, seáis protector y defensor de los dichos indios de la dicha tierra. Por la presente vos mandamos, cometemos y encargamos y mandamos que tengáis mucho cuidado de mirar y visitar los dichos indios, y hacer que sean bien tratados y industriados y enseñados en las cosas 194

Apéndice

de nuestra sancta fe católica por las personas que los tienen y tuvieren a cargo, y veáis las leyes y ordenanzas y instrucciones y provisiones que se han hecho o hicieren cerca del buen tratamiento y conversión de los dichos indios, las cuales hagáis guardar y cumplir con mucha diligencia y cuidado, como en ella se contiene, y si alguna o algunas personas las dejan de guardar y cumplir, o fuere o pasare contra ellas, ejecutéis en sus personas y bienes las penas en ellas contenidas, para lo cual y para todo lo demás que dicho es por esta carta, vos damos poder cumplido con todas sus incidencias y dependencias, anexidades y conexidades, y mandamos al nuestro presidente y oidores de la nuestra Audiencia y Chancillería Real de la Nueva España, y a los nuestros oficiales y otros jueces y justicias della, que usen con vos en el dicho cargo, y para ellos vos den y hagan dar todo el favor y ayuda que les pidieres y menester hubiéredes y los unos ni los otros no fagades ende al por alguna manera, so pena de la nuestra merced y de diez mil maravedís para la nuestra cámara, a cada uno que lo contrario hiciere. Dada en Burgos a diez días del mes de enero, año del nacimiento de nuestro salvador Jesucristo, de mil e quinientos veinte y ocho años. Yo el rey.

195

Nuevas Leyes y Ordenanzas de las Indias Fechadas en Burgos, el 20 de noviembre de 1542 agi, Patronato, legajo 170, ramo 47, 1

D

on Carlos, por la divina clemencia, emperador semper augusto, rey de Alemania, doña Juana su madre, y el mismo don Carlos, por la gracia de Dios, reyes de Castilla, de León, de Aragón, de las dos Secilias, de Jerusalem, de Navarra, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Galicia, de Mallorcas, de Sevilla, de Cerdeña, de Córdoba, de Córcega, de Murcia, de Jaén, de los Algarbes, de Algecira, de Gibraltar, de las Islas de Canaria, de las Indias, Islas e Tierra Firme del Mar Océano. Condes de Barcelona, señores de Vizcaya e de Molina, duques de Atenas e de Neopatria, condes de Ruisellon y Cerdania, marqueses de Oristán y de Gociano, archiduques de Austria, duques de Borgoña y de Brabantes, condes de Flandes e de Tirol, etcétera. Al ilustrísimo príncipe don Felipe, nuestro muy caro e muy amado nieto e hijo, e a los infantes nuestros nietos e hijos, y 197

La protectoría de indios durante el siglo xvi

al presidente y los del nuestro Consejo de las Indias, e a los nuestros visorreyes, presidentes e oidores de las nuestras Audiencias y Chancillerías Reales de las dichas nuestras Indias, Islas e Tierra Firme del Mar Océano, e nuestros gobernadores, alcaldes mayores e otras nuestras justicias dellas, y a todos los concejos, justicias, regidores, caballeros, escuderos, oficiales y cinco buenos de todas las ciudades, villas y lugares de las dichas nuestras Indias, Islas e Tierra-Firme del Mar Océano, descubiertas y por descubrir, y otras cualesquier personas, capitanes, descubridores y pobladores y vecinos y habitantes y estantes y naturales de ellas, de cualquier estado y calidad y condición y preeminencia que sean, así a los que agora sois, como a los que fuéredes de aquí adelante, y a cada uno e cualquier de vos en vuestros lugares y jurisdicciones, a quien esta nuestra carta fuere mostrada, o su treslado signado de escribano público, o della parte supiéredes, y lo en ella contenido o cualquier cosa o parte toca y atañe y atañer puede en cualquier manera, salud e gracia. Sépades que habiendo muchos años ha tenido voluntad y determinación de nos ocupar despacio en las cosas de las Indias, por la grande importancia dellas, ansí en lo tocante al servicio de Dios nuestro señor y aumento de su santa fe católica, como en la conservación de los naturales de aquellas partes, y buen gobierno y conservación de sus personas, aunque hemos procurado desembarazarnos para este efecto, no ha podido ser por los muchos y continuos negocios que han ocurrido, de que no nos hemos podido excusar, y por las ausencias que de estos reinos yo el rey he hecho por causas tan necesarias como a todos es notorio; y dado que esta frecuencia de ocupaciones no haya cesado este presente año, todavía hemos mandado juntar personas de todos estados, ansí perlados como caballeros y religiosos, y algunos del nuestro Con198

Apéndice

sejo, para praticar y tratar las cosas de más importancia de que hemos tenido información que se debía mandar proveer. Lo cual maduramente altercado y conferido, y en presencia de mí el rey diversas veces praticado y discutido, y finalmente habiéndome consultado el parecer de todos, me resolví en mandar proveer y ordenar las cosas que de yuso serán contenidas, las cuales, demás de las otras ordenanzas y provisiones que en diversos tiempos hemos mandado hacer, según por ellas parecerá, mandamos que sean de aquí adelante guardadas por leyes inviolablemente. Primeramente, ordenamos y mandamos que los del nuestro Consejo de las Indias que residen en nuestra corte, ansí en el juntarse tres horas cada día a la mañana, y demás a las tardes las veces y por el tiempo que fuere necesario, según la ocurrencia de los negocios; de aquí adelante lo hagan como y de la manera que hasta aquí se ha hecho. Y porque en el dicho nuestro Consejo hay número de jueces, ordenamos que el negocio que todos ellos vieren, siendo la causa de quinientos pesos de oro, o dende arriba, en la determinación della haya tres votos conformes; pero si la causa fuere de menos cantidad de los dichos quinientos pesos, mandamos que habiendo dos votos conformes de toda conformidad, y siendo los otros votos entre sí diferentes, la puedan determinar y determinen: y que hasta la dicha cantidad de quinientos pesos, para más breve determinación de los negocios, puedan conocer y determinar dos de los del dicho nuestro Consejo, siendo conformes. Íten: porque nos habemos mandado de nuevo hacer ciertas ordenanzas para las nuestras Audiencias de la Nueva España, y el Perú, y Guatemala, y Nicaragua, y la Isla Española, cerca de la orden y manera que deben tener en el 199

La protectoría de indios durante el siglo xvi

conocer y determinar las causas que en ellas se ofrecieren, y en la provisión de las otras cosas tocantes al buen gobierno y conservación de aquellas partes y naturales de ellas; y para que los del dicho nuestro Consejo tengan más presente lo que está proveído y mandado a las dichas Audiencias, y no conozcan ni advoquen causas, ni cosa contraria dellas, las habemos mandado incorporar aquí; y mandamos a los dichos nuestro presidente y los del nuestro Consejo de las Indias, que las guarden y cumplan como en ellas se contiene, y contra el tenor y forma dellas no advoquen ni conozcan de causa alguna. Íten: ordenamos y espresamente defendemos que ningún criado, familiar ni allegado del presidente y los del dicho nuestro Consejo, secretario, fiscal, relator, no sea procurador ni solicitador en ningun negocio de Indias, so pena de destierro del reino por tiempo de diez años; y al del Consejo y personas de suso nombradas que lo supiere, lo mandaremos punir y remediar, como cosa de que nos ternemos por deservidos. Íten: ordenamos y mandamos que los del dicho nuestro Consejo de las Indias sean obligados a guardar y guarden todas las leyes y ordenanzas destos nuestros reinos, especialmente las que están fechas para los del nuestro Consejo Real, y oidores de las nuestras Audiencias, y otros jueces de los dichos reinos, acerca de la limpieza del no recibir dado ni presentado ni prestado de los litigantes y otros negociantes y personas que tengan o se esperen tener con ellos negocios, ni escriban cartas ni recomendación alguna a las Indias, so las penas contenidas en las dichas leyes e ordenanzas. Íten: porque los dichos presidente y los del nuestro Consejo de Indias estén más desocupados para entender en las 200

Apéndice

cosas de la gobernación de aquellas partes, ordenamos y mandamos que se abstengan en todo lo que fuere posible de entender en negocios particulares, porque para este efecto habemos proveído y mandado lo que toca a las dichas Audiencias, y negocios que en ellas se han de tratar; y como quiera que lo del ver las residencias es cosa propia que parece que se debía facer en el Consejo, pero para que mejor haya efecto lo de la gobernación, y entiendan en ella con más cuidado y menos ocupación de otros negocios, y por la gran distancia que hay en la venida a estos reinos, mandamos que solamente se traigan al dicho nuestro Consejo de las Indias las residencias y visitas que fueren tomadas a los oidores y personas de las Audiencias; y las que se tomaren a los nuestros gobernadores de todas las Indias y provincias dellas; y todas las demás permitimos y mandamos que se vean y provean, sentencien y determinen por las dichas Audiencias, cada una en su distrito y jurisdicción. Y porque nuestro principal intento y voluntad siempre ha sido y es de la conservación y agmento de los indios, y que sean instruidos y enseñados en las cosas de nuestra santa fe católica, y bien tratados, como personas libres y vasallos nuestros, como lo son; encargamos y mandamos a los del dicho nuestro Consejo tengan siempre muy gran atención y especial cuidado, sobre todo de la conservación y buen gobierno y tratamiento de los dichos indios, y de saber como se cumple y ejecuta lo que por nos está ordenado y se ordenare para la buena gobernación de las nuestras Indias, y administración de la justicia en ellas, y de hacer que se guarde, y cumpla y ejecute, sin que en ello haya remisión, falta ni descuido alguno.

201

La protectoría de indios durante el siglo xvi

Íten: encargamos y mandamos a los del dicho nuestro Consejo de Indias, que algunas veces platiquen y se ocupen en pensar y saber en qué cosas nos podemos justamente ser servidos y aprovechados en las cosas de las Indias. Y porque la guarda y cumplimiento y observación de lo que está ordenado y se ordenare para el buen gobierno y conservación de las Indias, importa mucho a nuestro servicio y al descargo de nuestra conciencia que ansí se haga, mandamos a nuestro procurador fiscal que es o fuere del dicho nuestro Consejo, tenga siempre mucho cuidado y vigilancia de inquirir y saber cómo se guarda y cumple en aquellas partes, y dar aviso dello en el dicho nuestro Consejo, y pedir la ejecución en los que no lo cumplieren, y la observación de lo ordenado, y de avisarnos cuando no se hiciere. Íten: ordenamos y mandamos que en las provincias o reinos del Perú resida un visorey y una Audiencia Real de cuatro oidores letrados, y el dicho visorey presida en la dicha Audiencia, la cual residirá en la ciudad de los Reyes, por ser en la parte más convenible, porque de aquí adelante no ha de haber Audiencia en Panamá. Otrosí: mandamos que se ponga una Audiencia Real en los Confines de Guatimala y Nicaragua, en que haya cuatro oidores letrados, y el uno de ellos sea presidente, como por nos fuere ordenado; y al presente mandamos que presida el licenciado Maldonado, que es oidor de la Audiencia que reside en México; y que esta Audiencia tenga a su cargo la gobernación de las dichas provincias y sus adherentes, en las cuales no ha de haber gobernadores, si por nos otra cosa no fuere ordenado. Y así las dichas Audiencias, como la que reside en Santo Domingo, han de guardar la orden siguiente: 202

Apéndice

Primeramente, queremos, ordenamos y mandamos que todas las causas criminales que están pendientes, y que pendieren y ocurrieren de aquí adelante en cualquiera de las cuatro Audiencias Reales de las Indias, de cualquiera calidad e importancia que sean, se conozcan, sentencien y determinen en las dichas nuestras Audiencias, en vista y en grado de revista; y que la sentencia que ansí se diere sea ejecutada y llevada a debido efecto, sin que haya más grado de apelación ni suplicación, ni otro remedio ni recurso alguno. Y para excusar la dilación que podría haber, y los grandes daños, costas y gastos que se seguirían a las partes, si hubiesen de venir a nuestro Consejo de las Indias en seguimiento de cualesquier pleitos y causas ceviles de que se apelase de las dichas nuestras Audiencias, y para que con más brevedad y menos daño consigan su justicia, ordenamos y mandamos que en todas las causas ceviles que estovieren movidas o se movieren y pendieren en las dichas nuestras Audiencias, los dichos nuestros presidentes e oidores que dellas son o fueren, conozcan dellas y las sentencien y determinen en vista y en grado de revista; y que asimismo la sentencia que por ellos fuere dada en revista, sea ejecutada, sin que della haya más grado de apelación ni suplicación, ni otro recurso alguno; excepto cuando la causa fuere de tanta calidad e importancia, que el valor de la propiedad della sea de diez mil pesos de oro, y dende arriba. Que en tal caso queremos que se pueda suplicar segunda vez para ante nuestra persona real, con que la parte que interpusiere la dicha segunda suplicación se haya de presentar y presente ante nos dentro de un año, después que la sentencia de revista le fuere notificada, o a su procurador; pero queremos y mandamos que sin embargo de la 203

La protectoría de indios durante el siglo xvi

dicha segunda suplicación, la sentencia que hobieren dado en revista los oidores de las dichas nuestras Audiencias, se ejecute, dando primeramente fianzas bastantes y abonadas, la parte en cuyo favor se diere, que si la dicha sentencia fuere revocada, restituirá y pagará todo lo que por ella le hobiere sido y fuere adjudicado y entregado, conforme a la sentencia que se diere por las personas a quien por nos fuere cometido; pero si la sentencia de revista que se diere en las dichas nuestras Audiencias fuere sobre posesión, declaramos y mandamos que no haya lugar la dicha segunda suplicación, sino que la dicha sentencia de revista, aunque no sea conforme a la de vista, se ejecute. Íten: ordenamos y mandamos que los jueces a quien nos mandáremos cometer la tal causa de segunda suplicación, vean y determinen la causa por el mismo proceso que se hubiere hecho en la dicha nuestra Audiencia, sin admitir más probanzas, ni nuevas alegaciones, conforme a las leyes de nuestros reinos que hablan en la segunda suplicación. Y para que las dichas nuestras Audiencias tengan la autoridad que conviene, y se cumpla y obedezca mejor lo que en ellas se proveyere y mandare, queremos y mandamos que las cartas, provisiones y otras cosas que en ellas se proveyeren, se despachen y libren por título nuestro y con nuestro sello real, las cuales sean obedecidas y cumplidas como cartas y provisiones nuestras, firmadas de nuestro real nombre. Íten: porque en cada una de las dichas nuestras Audiencias ha de haber cuatro oidores, mandamos que el negocio que todos cuatro vieren, siendo la causa de quinientos pesos de oro, y dende arriba, en la determinación della haya tres votos conformes; pero si la causa fuere de menos cantidad de 204

Apéndice

quinientos pesos, mandamos que sean dos votos conformes de toda conformidad, siendo los otros dos votos entre sí diferentes; y que hasta la dicha cantidad de quinientos pesos, para más breve expedición de los negocios, puedan conocer, oír y determinar los dos de los dichos nuestros oidores, siendo conformes. Otrosí: mandamos que las apelaciones que se interpusieren de los gobernadores, donde no hay Audiencia Real, vayan a la Audiencia de aquel distrito y jurisdicción; y en este caso mandamos que se guarden las leyes de estos reinos, que no permiten que haya segunda suplicación. Íten: mandamos que en todo lo que aquí no va declarado ni determinado, los dichos nuestros presidentes e oidores de las dichas nuestras Audiencias sean obligados a guardar y guarden las ordenanzas que por nos les están dadas, y las ordenanzas hechas para las nuestras Audiencias que residen en la ciudad de Granada y villa de Valladolid, y los capítulos de corregidores y jueces de residencia, y las leyes de estos nuestros reinos, y premágticas y ordenanzas dellos. Íten: ordenamos y mandamos que los dichos nuestros presidentes y oidores puedan enviar y envíen a tomar residencia a los nuestros gobernadores a las dichas nuestras Audiencias subjetos, y a sus oficiales, e a las otras nuestras justicias ordinarias dellas, cada y cuando que les pareciere que conviene, según los casos que se ofrecieren, y que para ello envíen personas de fidelidad y prudencia que las sepan tomar, y hacer justicia a los que de ellos hobiere querellosos, conforme a las leyes de nuestros reinos y capítulos de corregidores dellos; y que las dichas residencias que se tomaren a los dichos nuestros gobernadores de islas y provincias, las envíen con toda brevedad al dicho nues205

La protectoría de indios durante el siglo xvi

tro Consejo de las Indias para que en él se vean y determinen; pero todas las otras residencias que se tomaren a las otras nuestras justicias ordinarias, queremos y mandamos que se vean y provean, sentencien y determinen por los dichos nuestros presidentes y oidores de las dichas nuestras Audiencias, y que no se traigan ni envíen al dicho nuestro Consejo; y por esto no se entiende que los del nuestro Consejo no puedan enviar a tomar residencia a los dichos gobernadores, cuando pareciere que conviene. Porque una de las cosas más principales en que las Audiencias han de servirnos es en tener muy especial cuidado del buen tratamiento de los indios y conservación dellos, mandarnos que se informen siempre de los excesos y malos tratamientos que les son o fueren hechos por los gobernadores o personas particulares, y cómo han guardado las ordenanzas e instrucciones que les han sido dadas y para el buen tratamiento dellos están hechas; y en lo que se hobiere excedido o excediere de aquí adelante, tengan cuidado de lo remediar, castigando a los culpados por todo rigor conforme a justicia; y que no den lugar a que en los pleitos de entre indios, a con ellos, se hagan procesos ordinarios, ni haya largas, como suele acontecer por la malicia de algunos abogados y procuradores, sino que sumariamente sean determinados, guardando sus usos y costumbres, no siendo claramente injustos; y que tengan las dichas Audiencias cuidado que ansí se guarde por los otros jueces inferiores. Íten: ordenamos y mandamos que de aquí adelante, por ninguna causa de guerra ni otra alguna, aunque sea so título de rebelión, ni por rescate ni otra manera, no se pueda hacer esclavo indio alguno, y queremos que sean tratados como vasallos nuestros de la corona de Castilla, pues lo son. 206

Apéndice

Ninguna persona se pueda servir de los indios por vía de naboría, ni tapia, ni otro modo alguno, contra su voluntad. Como habemos mandado proveer que de aquí adelante por ninguna vía se hagan los indios esclavos, ansí en los que hasta aquí se han hecho contra razón y derecho, y contra las provisiones e instrucciones dadas, ordenamos y mandamos que las Audiencias, llamadas las partes, sin tela de juicio, sumaria y brevemente, sola la verdad sabida, los pongan en libertad, si las personas que los tovieren por esclavos no mostraren título cómo los tienen y poseen legítimamente; y porque a falta de personas que soliciten lo susodicho, los indios no queden por esclavos injustamente, mandamos que las Audiencias pongan personas que sigan por los indios esta causa, y se paguen de penas de cámara, y sean hombres de confianza y diligencia. Íten: mandamos que sobre el cargar de los dichos indios, las Audiencias tengan especial cuidado que no se carguen; y en caso que esto en algunas partes no se pueda excusar, sea de tal manera que de la carga inmoderada no se siga peligro en la vida, salud y conservación de los dichos indios; y que contra su voluntad dellos y sin ge lo pagar, en ningún caso se permita que se puedan cargar, castigando muy gravemente al que lo contrario hiciere; y en esto no ha de haber remisión por respeto de persona alguna. Porque nos ha sido hecha relación que de la pesquería de las perlas haberse hecho sin la buena orden que convenía, se han seguido muertes de muchos indios y negros, mandamos que ningund indio libre sea llevado a la dicha pesquería contra su voluntad, so pena de muerte; y que el obispo y el juez que fuere a Venezuela ordenen lo que les pareciere para que los esclavos que andan en la dicha pesquería, así indios como negros, se conserven, y cesen las 207

La protectoría de indios durante el siglo xvi

muertes; y si les pareciere que no se puede excusar a los dichos indios y negros el peligro de muerte, cese la pesquería de las dichas perlas; porque estimamos en mucho más, como es razón, la conservación de sus vidas, que el interese que nos puede venir de las perlas. Porque de tener indios encomendados los visoreys y gobernadores, y sus tenientes y oficiales nuestros, y perlados, monasterios y hospitales, y casas, ansí de religión como de casas de moneda y tesorería della, y oficios de nuestra hacienda, y otras personas favorecidas por razón de los oficios, se han seguido desórdenes en el tratamiento de los dichos indios, es nuestra voluntad y mandamos que luego sean puestos en nuestra Corona Real todos los indios que tienen y poseen por cualquier título y causa que sea, los que fueron o son visoreys, gobernadores o sus lugarestenientes, o cualesquier oficiales nuestros, ansí de justicia como de nuestra hacienda, perlados, casas de religión o de nuestra hacienda, hospitales, cofradías o otras semejantes, aunque los indios no les hayan sido encomendados por razón de los oficios; y aunque los tales oficiales o gobernadores digan que quieren dejar los oficios o gobernaciones y quedarse con los indios, no les vala, ni por eso se deje de cumplir lo que mandamos. Otrosí: mandamos que a todas las personas que tovieren indios sin tener título, sino que por su autoridad se han entrado en ellos, se los quiten y pongan en nuestra Corona Real. Y porque somos informados que otras personas, aunque tengan título, los repartimientos que se les han dado son en excesiva cantidad, mandamos que las Audiencias, cada cual en su jurisdicción, se informen muy bien desto, y con toda brevedad, y les reduzcan los tales repartimientos a 208

Apéndice

las personas dichas, a una honesta y moderada cantidad, y los demás pongan luego en nuestra Corona Real, sin embargo de cualquiera apelación o suplicación que por tales personas sea interpuesta, y de lo que ansí hicieren las dichas Audiencias, nos envíen relación con brevedad, para que sepamos en cómo se cumple nuestro mandado; y en la Nueva España se provea especialmente en los indios que tienen Juan Infante, y Diego de Ordaz, y el maestro Roa, y Francisco Vázquez de Coronado, y Francisco Maldonado, y Bernaldino Vázquez de Tapia, y Joan Xaramillo, y Martín Vázquez, y Gil González de Benavides, y Gil González de Ávila1 y otras muchas personas, que el número de los indios que tienen diz que es en cantidad muy excesiva, segund la información que se nos ha dado; y porque somos informados que hay algunas personas en la dicha Nueva España que son de los primeros conquistadores, y no tienen repartimiento ninguno de indios, mandamos que el presidente y oidores de la dicha Nueva España se informen de las personas desta calidad, y les den en los tributos que ansí hobieren de pagar los indios que se quitaren, lo que les pareciere para la sustentación moderada y honesto entretenimiento de los dichos primeros conquistadores que ansí están sin repartimientos. Ansimismo las dichas Audiencias se informen de cómo han sido tratados los indios por las personas que los han tenido en encomienda; y si les constare que de justicia deben ser privados dellos por sus excesos y malos tratamientos que les han hecho, mandamos que luego los priven, y pongan los tales indios en nuestra Corona Real. Y en lo del Perú, allende de lo susodicho, el visorey y Audiencia 1 En el documento original hay una apostilla que señala que estos dos últimos nombres corresponden a una misma persona.

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La protectoría de indios durante el siglo xvi

se informen de los excesos hechos en las cosas sucedidas entre los gobernadores Pizarro y Almagro, para nos enviar relación dello; y a las personas principales que notablemente hallaren culpadas en aquellas revoluciones, les quiten luego los indios que tuvieren y los pongan en nuestra Real Corona. Otrosí: ordenamos y mandamos que de aquí adelante ningúnd visorey, gobernador, Audiencia, descubridor ni otra persona alguna, no pueda encomendar indios por nueva provisión, ni por renunciación ni donación, venta ni otra cualquiera forma, modo, ni por vacación ni herencia, sino que muriendo la persona que toviere los dichos indios, sean puestos en nuestra Corona Real; y las Audiencias tengan cargo de se informar luego particularmente de la persona que murió y de la calidad de ella y sus méritos y servicios, y de cómo trató los dichos indios que tenía, y si dejó mujer y hijos, o qué otros herederos; y nos envíen relación de la calidad de los indios y de la tierra, para que nos mandemos proveer lo que sea nuestro servicio, y hacer la merced que nos pareciere a la mujer y hijos del difunto; y si entretanto parece a la Audiencia que hay necesidad de proveer a la tal mujer y hijos de algund sustentamiento, lo puedan hacer de los tributos que pagarán los dichos indios, dándoles alguna moderada cantidad, estando los indios en nuestra corona, como dicho es. Ítem: ordenamos y mandamos que los dichos nuestros presidentes y oidores tengan mucho cuidado que los indios que en cualquiera de las maneras susodichas se quitaren, y los que vacaren, sean muy bien tratados, instruidos en las cosas de nuestra santa fe católica, y como vasallos nuestros libres; que este ha de ser su principal cuidado, y de lo que principalmente les habemos de tomar cuenta, y en que 210

Apéndice

más nos han de servir; y provean que sean gobernados en justicia por la vía y orden que son gobernados al presente en la Nueva España los indios que están en nuestra Corona Real. Y porque es razón que los que han servido en los descubrimientos de las dichas Indias, y también los que ayudan a la población dellas, que tienen allá sus mujeres, sean proferidos en los aprovechamientos, mandamos que los nuestros visoreyes, presidentes e oidores de las dichas nuestras Audiencias, prefieran en la provisión de los corregimientos y otros aprovechamientos cualesquier, a los primeros conquistadores, y después dellos a los pobladores casados, siendo personas hábiles para ello, y que hasta que estos sean proveídos, como dicho es, no se pueda proveer otra persona alguna. Porque de haberse oído pleitos sobre demandar los españoles indios se han seguido notables inconvenientes, es nuestra voluntad y mandamos que de aquí adelante no oyan los tales pleitos, ni en las Indias, ni en el nuestro Consejo dellas, agora sean sobre indios que estén en nuestra corona, o que los posea otro tercero, sino que cualquiera cosa que sobre esto se pidiere, se remita a nos, para que habida la información que convenga, lo mandemos proveer; y cualquiera pleito que sobre esto al presente pendiere, ansí en el nuestro Consejo como en las Indias, o en otra cualquier parte, mandamos que se suspenda y no se oya más, remitiendo la causa a nos. Porque una de las cosas en que somos informados que ha habido desorden, y para adelante lo podría haber, es en la manera de los descubrimientos, ordenamos y mandamos que en ellos se tenga la orden siguiente: que el que quisiere descubrir algo por mar, pida licencia a la Audiencia de 211

La protectoría de indios durante el siglo xvi

aquel distrito y jurisdicción, y teniéndola pueda descubrir y rescatar, con tal que no traiga de las Indias o tierra firme que descubriere indio alguno, aunque diga que ge los venden por esclavos y fuese ansí, excepto hasta tres o cuatro personas para lenguas, aunque se quieran venir de su voluntad, so pena de muerte; y que no pueda tomar ni haber cosa contra voluntad de los indios, si no fuere por rescate y a vista de la persona que el Audiencia nombrare, y que guarden la orden e instrucción que el Audiencia le diere, so pena de perdimiento de todos sus bienes, y la persona a nuestra merced; y que el tal descubridor lleve por instrucción que en todas las partes que llegare tome posesión en nuestro nombre, y traiga todas las alturas. Íten: que el tal descubridor vuelva a dar cuenta a la Audiencia de lo que hubiere hecho y descubierto, y con entera relación que tome de ello el Audiencia, lo envíe al nuestro Consejo de las Indias, para que se provea lo que convenga al servicio de Dios y nuestro; y al tal descubridor, o se le encargue la población de lo que hubiere descubierto, siendo persona hábil para ello, o se le haga la gratificación que fuéremos servidos, conforme a lo que hubiere trabajado y merecido y gastado; y el Audiencia ha de enviar con cada descubridor, uno o dos religiosos, personas aprobadas; y si los tales religiosos se quisieren quedar en lo descubierto, lo puedan hacer. Íten: que ningund visorey ni gobernador entienda en descubrimientos nuevos por mar ni por tierra, por los inconvenientes que se han seguido de ser una misma persona gobernador y descubridor. Íten: porque se han tomado y hecho asientos y capitulaciones, con algunas personas que entienden al presente en descubrir, queremos y mandamos que en los tales descu212

Apéndice

brimientos guarden lo contenido en estas ordenanzas, y más las instrucciones que las Audiencias les dieren, que no fueren contrarias a lo por nos ordenado, sin embargo de cualesquier capitulaciones que con ellos se hayan hecho, apercibiéndoles que si no las guardaren y en algo excedieron, por el mismo caso ipso facto sean suspendidos de los cargos e incurran en perdimiento de todas las mercedes que de nos tovieren, y demás las personas sean a la nuestra merced; y mandamos a las Audiencias y a cada una dellas en su distrito y jurisdicción, que a los dichos descubridores den las instrucciones que parecerán convenientes, conforme a lo que podrán colegir de nuestra intención, según lo que mandamos ordenar, para que más justamente se hagan los dichos descubrimientos, y para que los indios sean bien tratados y conservados e instruidos en las cosas de nuestra santa fe, y que siempre tengan especial cuidado de saber cómo esto se guarda, y de lo hacer ejecutar. Y demás de lo susodicho mandamos a las dichas personas que por nuestro mandado están descubriendo, que en lo descubierto hagan luego la tasación de los tributos y servicios que los indios deben dar, como vasallos nuestros; y el tal tributo sea moderado de manera que lo puedan sufrir, teniendo atención a la conservación de los dichos indios, y con el tal tributo se acuda al comendero, donde lo hobiere, por manera que los españoles no tengan mano ni entrada con los indios, ni poder ni mando alguno, ni se sirvan dellos por vía de naboría, ni en otra manera alguna, en poca ni en mucha cantidad, ni hayan más del gozar de su tributo; conforme a la orden que el Audiencia o gobernador diere para la cobranza dél, y esto entretanto que nos, informados de la calidad de la tierra, mandemos proveer lo

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La protectoría de indios durante el siglo xvi

que convenga; y esto se ponga entre las otras cosas en la capitulación de los dichos descubridores. Muchas veces acaece que personas que residen en las Indias vienen o envían a suplicarnos que les hagamos merced de algunas cosas de las de allá, y por no tener acá información, así de la calidad de la persona que lo suplica, y sus méritos y habilidad, como de la cosa que se pide, no se puede proveer con la satisfacción que convernía; por ende mandamos que la tal persona manifieste en el Audiencia allá lo que nos entiende suplicar, para que la dicha Audiencia se informe, así de la calidad de la persona, como de la cosa, y envíe la tal información cerrada y sellada con su parecer al nuestro Consejo de las Indias, para que con esto se tenga más luz de lo que converná a nuestro servicio que se provea. Es nuestra voluntad, y mandamos que los indios que al presente son vivos en las islas de Sant Juan y Cuba y la Española, por agora y el tiempo que fuere nuestra voluntad no sean molestados con tributos ni otros servicios reales ni personales ni mixtos, más de como lo son los españoles que en las dichas Indias residen, y se dejen holgar para que mejor puedan multiplicar y ser instruidos en las cosas de nuestra santa fe católica, para lo cual se les den personas religiosas cuales convengan para tal efecto. Las cuales dichas ordenanzas y cosas en esta nuestra carta contenidas, y cada una cosa y parte dello, vos mandamos a todos y a cada uno de vos en los dichos vuestros lugares y jurisdicciones, según dicho es, que con gran diligencia y especial cuidado las guardéis, y cumpláis, y ejecutéis, y hagáis guardar, cumplir y ejecutar en todo y por todo, como en esta nuestra carta se contiene, y contra el tenor y forma dello no vayáis, ni paséis, ni consintáis ir 214

Apéndice

ni pasar agora ni en tiempo alguno ni por alguna manera, so las penas en ellas contenidas: y porque todo lo susodicho sea más notorio, especialmente a los naturales de las dichas nuestras Indias, en cuyo beneficio y provecho esto se ordena, mandamos que esta nuestra carta sea imprimida en molde, y se envíe a todas las nuestras Indias a los religiosos que en ellas entienden en la instrucción de los dichos indios, a los cuales encargamos que allá las hagan traducir en lengua india, para que mejor lo entiendan y sepan lo proveído; y los unos ni los otros no fagades ni fagan ende al por alguna manera, so pena de la nuestra merced y de mil castellanos de oro para la nuestra cámara a cada uno que lo contrario hiciere; y demás mandamos al home que vos esta nuestra carta mostrare, que vos emplace que parezcades ante nos en la nuestra corte doquier que nos seamos, del día que vos emplazare hasta un año primero siguiente, so la dicha pena, so la cual mandamos a cualquier escribano público que para esto fuere llamado, que dé ende al que vos la mostrare, testimonio signado con su signo, porque nos sepamos en cómo se cumple nuestro mandado. Dada en la ciudad de Barcelona, a veinte días del mes de noviembre, año del nacimiento de nuestro salvador Jesucristo de mil e quinientos e cuarenta y dos años. Yo el rey.

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Adiciones realizadas a las Leyes Nuevas por el príncipe Felipe Fechadas en Valladolid, el 4 de junio de 1543 agi, Patronato, legajo 170, ramo 47, 2

D

on Carlos, por la divina clemencia, emperador semper augusto, rey de Alemaña, doña Juana su madre, y el mismo don Carlos, por la gracia de Dios, reyes de Castilla, de León, de Aragón, de las dos Secilias, de Jerusalém, de Navarra, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Galicia, de Mallorcas, de Sevilla, de Cerdeña, de Córdoba, de Córcega, de Murcia, de Jaén, de los Algarbes, de Algecira, de Gibraltar, de las Islas de Canaria, de las Indias, Islas e Tierra Firme del Mar Océano, condes de Barcelona, señores de Vizcaya e de Molina, duques de Atenas y de Neopatria, condes de Ruisellón y de Cerdeña, marqueses de Oristán y de Gociano, archiduques de Austria de Borgoña y de Brabante, condes de Flandes e de Tirol, etcétera. Al ilustrísimo príncipe don Felipe, nuestro muy caro e muy amado nieto y hijo, y a los infantes nuestros nietos y 217

La protectoría de indios durante el siglo xvi

hijos, y al presidente y los del nuestro Consejo de las Indias, y a los nuestros visoreyes, presidentes y oidores de las nuestras Audiencias de las dichas nuestras Indias, Islas y Tierra Firme del Mar Océano, y nuestros gobernadores, alcaldes mayores y otras nuestras justicias dellas, y a todos los concejos, justicias, regidores, caballeros, escuderos, oficiales y homes buenos de todas las ciudades, villas y lugares de las dichas nuestras Indias, Islas y Tierra-Firme del Mar Océano, descubiertas y por descubrir, y a otras cualesquier personas, capitanes, descubridores, pobladores y vecinos, habitantes y estantes y naturales dellas, de cualquier estado y calidad y condición y preeminencia que sean, así a los que agora sois, como a los que fueren de aquí adelante, y a cada uno y cualquiera de vos a quien esta nuestra carta fuere mostrada, o su traslado signado de escribano público, o della supiéredes en cualquier manera, salud y gracia: bien sabéis o debéis saber que nos habiendo sido informados de la necesidad que había de proveer y ordenar algunas cosas que convenían a la buena gobernación de las dichas Indias, y buen tratamiento de los naturales de ellas, y administración de nuestra justicia, con mucha deliberación y acuerdo mandamos hacer sobre ello ciertas ordenanzas, de las cuales en la ciudad de Barcelona a veinte días del mes de noviembre del año pasado de mil e quinientos y cuarenta y dos años, fue dada nuestra carta y provisión real firmada de mí el rey. Y porque después acá ha parecido ser necesario y conveniente declarar y añadir algunas cosas en algunas de las dichas ordenanzas, y acrecentar otras de nuevo, mandamos a los del dicho nuestro Consejo de las Indias tratasen y platicasen en la provisión y orden que en ello se debría dar, los cuales habiéndolo diversas veces tratado y conferido muy particularmente, y conmigo el rey consultado, fue acordado que cerca 218

Apéndice

dello debíamos mandar proveer y ordenar las cosas que de yuso serán declaradas, las cuales queremos y mandamos que se incorporen con las dichas ordenanzas que de suso se hace mención, y que de aquí adelante sean guardadas, cumplidas y ejecutadas por leyes inviolablemente, con las declaraciones y adiciones en esta nuestra carta contenidas. Primeramente, en un capítulo de las dichas ordenanzas está mandado, que porque en la Nueva España hay algunas personas que son de los primeros conquistadores y no tienen repartimiento ninguno de indios, que el presidente e oidores de la Audiencia de la dicha Nueva España, se informe de las personas desta calidad, y les den en los tributos que hobieren de pagar los indios que se quitaren conforme a lo contenido en las dichas ordenanzas, lo que les pareciere para la sustentación y honesto entretenimiento de los dichos primeros conquistadores que ansí están sin repartimiento; y por otro capítulo de las dichas ordenanzas mandamos que los dichos nuestros visoreyes, presidentes y oidores de las dichas nuestras Audiencias de las dichas nuestras Indias, prefieran en la provisión de los corregimientos y otros aprovechamientos cualesquier, a los primeros conquistadores, y después dellos a los pobladores casados, siendo personas hábiles para ello, y que hasta que estos sean proveídos como dicho es, no se pueda proveer otra persona alguna: y porque somos informados que en la dicha Nueva España hay algunos hijos de los primeros conquistadores que no solamente no tienen indios, pero quedaron pobres, y no tienen de que se sustentar, y a causa que por las dichas ordenanzas mandamos que la dicha sustentación y honesto entretenimiento se den a los primeros conquistadores que estovieren sin repartimientos, y 219

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que estos prefieran en la provisión de los corregimientos y otros aprovechamientos cualesquier, los cuales siendo muertos, no se podría ejecutar en los dichos sus hijos la merced que mandamos hacer a sus padres, declaramos y mandamos que con los hijos de los primeros conquistadores de la dicha Nueva España que no tovieren repartimientos de indios y quedaren pobres, siendo de legítimo matrimonio nacidos, se verifique en ellos los dichos capítulos, como se hiciera en sus padres si fueran vivos, y que a estos tales teniendo habilidad y edad, el nuestro visorey que es o fuere de la dicha Nueva España, les de y provea de corregimientos y otros aprovechamientos en ella; y a los que destos no tovieren edad para ello, les den de los dichos tributos que pagaren los dichos indios que ansí se quitaren, lo que les pareciere, para con que se críen y sustenten. Otrosí: porque somos informados que los españoles que tienen repartimientos de indios en la Nueva España no residen en las provincias y partes donde tienen los indios, porque algunos que tienen indios en la provincia de la Nueva Galicia, y en la provincia de Pánuco, y en otras partes donde hay gobernadores nuestros, se vienen a vivir a México y a otros pueblos de las dichas provincias, ordenamos y mandamos que de aquí adelante cualquier persona que toviere indios encomendados en una provincia, resida en ella; y que si se ausentare sin expresa licencia nuestra o de nuestros visoreyes y Audiencias, les sean quitados todos los indios que ansí tovieren en la provincia donde se ausentaren, y se pongan en nuestra Corona Real. Y porque nos siendo informados que una de las cosas en que los indios y naturales de las dichas nuestras Indias reciben agravio de las personas que los han tenido y tienen encomendados, ha sido en pedilles y llevalles más tributos 220

Apéndice

de los que ellos podían buenamente pagar, por nuestras provisiones proveímos y mandamos que ante todas cosas se hiciese la tasación de lo que los dichos indios de ahí adelante debían pagar, ansí de los que están en nuestra cabeza y Corona Real, como los que están encomendados a otras personas particulares; y como quiera que esto se ha efectuado en la Nueva España, no tenemos relación que se haya hecho en el Perú, ni en otras provincias, por impedimentos que se han ofrecido: por ende encargamos y mandamos a los nuestros presidentes e oidores de las dichas cuatro Audiencias, cada una en su distrito y jurisdicción, que luego se informen de lo que buenamente los dichos indios pueden pagar de servicio o tributo, sin fatiga suya, así a nos como a las personas que los tuvieren en encomienda, y teniendo atención a esto les tasen los dichos tributos y servicios, por manera que sean menos que lo que solían pagar en tiempo de los caciques y señores que los tenían antes de venir a nuestra obediencia, para que conozcan la voluntad que tenemos de los relevar y hacer merced. E ansí declarado lo que deben pagar, hagan un libro de los pueblos y pobladores y tributos que ansí señalaren, para que los dichos indios y naturales sepan que aquello es lo que deben y han de pagar a nuestros oficiales y a los dichos encomenderos: a los cuales dichos nuestros oficiales y personas que en nuestro nombre tuvieren cargo de la cobranza de los dichos tributos, y a las otras personas que los tovieren encomendados, y por ellos lo hobieren de recibir y cobrar, mandamos que aquello cobren y no más; y para que en esto haya la razón y claridad que convenga, y no pueda haber fraude en lo susodicho, mandamos a las dichas nuestras Audiencias, que de la tasación de tributos que ansí hicieren, dejen en cada pueblo lo que a él tocare, 221

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firmado de sus nombres en poder del cacique o principal del tal pueblo, avisándole por lengua o intérprete de lo que en él se contiene, y otra copia dello den a la persona que hobiere de haber y cobrar los dichos tributos, y demás dello hagan un libro de toda la dicha tasación, el cual tengan en la dicha Audiencia, y envíen ante los del nuestro Consejo de las indias un traslado dél. Íten: teniendo como tenemos a los naturales de las dichas nuestras Indias, Islas y Tierra Firme del Mar Océano por nuestros vasallos libres como lo son los destos nuestros reinos, ansí nos tenemos por obligados a mandar que sean bien tratados en sus personas e bienes, y nuestra intención y voluntad es que ansí se haga: por ende ordenamos y mandamos que los dichos indios y naturales de las dichas nuestras Indias, sean muy bien tratados, como vasallos nuestros y personas libres como lo son, ansí por las nuestras justicias, factores y oficiales que en nuestro nombre cobraren los tributos dellos, y otras cualesquier personas que los tovieren encomendados, como por todos los otros nuestros súbditos y naturales y pobladores que a las dichas nuestras Indias han ido y fueren, que no les hagan mal ni daño en sus personas y bienes, ni les tomen contra su voluntad cosa alguna, excepto los tributos que les están o fueren tasados conforme a nuestras provisiones y ordenanzas que sobre la dicha tasación están dadas o se dieren, so pena que cualquiera persona que matare o hiriere o pusiere las manos injuriosas en cualquier indio, o le tomare su mujer, o hija, o hiciere otra fuerza o agravio, sea castigado conforme a las leyes destos reinos, y a las provisiones y ordenanzas por nos hechas cerca de lo susodicho. Íten: que ningund español que tuviere indios encomendados, sea osado a llevar tributo alguno dellos, sin que 222

Apéndice

primero sea moderado y tasado por nuestros visoreyes y Audiencias y otras personas que para ello por nos o por los dichos nuestros visoreyes y Audiencias fueren diputados, lo que hubiere de llevar; y hecha la tasación no sea osado ningund español, direte ni indirete, por sí ni por otra persona, por causa ni color alguna, aunque diga que los indios ge los dieron de su voluntad, ni por rescate o en recompensa de alguna cosa que se les dio, de llevar cosa alguna, más de lo que fuere tasado, so pena que por cualquiera caso de los susodichos, por el mismo hecho sea privado de los dichos indios y se pongan en nuestra Corona Real; y en el proceso y ejecución de lo susodicho, se proceda solamente la verdad sabida, remota toda apelación; pero bien permitimos que cosas de comer y beber y otros mantenimientos necesarios lo puedan comprar de los dichos indios pagándoles su justo precio, como ge lo pagaría otro español extraño, y que lo mismo guarden los nuestros oficiales en los tributos que han de cobrar de los indios que están en nuestra Corona Real, so pena de perdimiento de sus oficios, y más que lo vuelvan con el cuatro tanto para la nuestra cámara. Y porque nos tengamos entera noticia de nuestra hacienda, mandamos, que los nuestros oficiales de todas las nuestras Indias, Islas y Tierra Firme del Mar Océano, nos envíen en fin de cada un año un tiento de cuenta de su cargo, de todo lo que hobieren recibido y cobrado aquel año, ansí de nuestros quintos y rentas de almojarifazgo, como de los tributos que recibieren de los indios que estovieren en nuestra cabeza, y de las penas de cámara, y otras cualesquier rentas y derechos nuestros, poniendo muy clara y especificadamente lo que de cada cosa hay y queda en nuestra arca de las tres llaves; y que tengan especial cui223

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dado que todo lo que ansí recibieren y cobraren lo pongan y tengan en la dicha arca de las tres llaves, y que ninguna cosa dello esté fuera de la dicha arca; y que de tres en tres años envíen a la casa de la contratación de Sevilla la cuenta por entero y particular de todo lo que fuere a su cargo de aquellos tres años, poniendo en ellos el cargo y dacta y resolución dello, porque de lo contrario nos ternemos por deservidos, y lo mandaremos castigar con todo rigor; y encargamos y mandamos a los nuestros presidentes e oidores de las dichas nuestras Audiencias, que tengan muy particular cuidado de que los dichos nuestros oficiales que residieren en las islas y provincias de sus distritos, hagan y cumplan todo lo de suso contenido, y de nos avisar de los que no lo hicieren. Las cuales dichas declaraciones y ordenanzas en esta nuestra carta contenidas, y cada una cosa y parte dello, queremos y mandamos que sean guardadas, cumplidas y ejecutadas inviolablemente, y que tengan vigor y fuerza de leyes, como si fueran fechas y promulgadas en cortes; y vos mandamos a todos y a cada uno de vos en los dichos vuestros lugares y jurisdicciones según dicho es, que con mucha diligencia y especial cuidado las guardéis y cumpláis y ejecutéis, y hagáis guardar, cumplir y ejecutar en todo y por todo, como en ellas y en cada una dellas se contiene; y contra el tenor y forma de lo en ellas contenido, no vayáis, ni paséis, ni consintáis ir ni pasar agora ni en tiempo alguno, ni por alguna manera: y para que sean mejor guardadas y cumplidas, y mas público y notorio a todos, mandamos que esta dicha nuestra carta sea imprimida al pie de la dicha nuestra provisión y ordenanzas, porque ninguno pueda dello pretender ignorancia; y los unos ni los otros no fagades ni fagan ende al, por alguna manera, 224

Apéndice

so pena de la nuestra merced y de cient mil maravedís para nuestra cámara. Dada en la villa de Valladolid a cuatro días del mes de junio de mil y quinientos y cuarenta y tres años. El príncipe.

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Nombramiento de Diego Rodríguez de Vivanco, vecino de Mérida como defensor de indios Fechado en Santiago de Guatemala, el 5 de febrero de 1560 agi, México, 211, N. 2

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on Felipe, por la gracia de Dios rey de Castilla, de León, de Aragón, de Inglaterra, de Francia, de Jerusalén, de Navarra, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Galicia, de Mallorcas, de Sevilla, de Cerdeña, de Córdova, de Córcega, de Murcia, de Jaen, de los Algives, de Algecira, de Gibraltar, de las Islas de Canaria, de las Indias, Islas y Tierra Firme del Mar Océano. Conde de Barcelona, señor de Viscaya y de Molina, duque de Atenas y de Neopatria, marqués de Cristan y de Gociano, archiduque de Austria, duque de Borgoña y de Brabante y Milán, conde de Flandes y Tirol, etc. A vos, Diego Rodríguez, vecino de la Ciudad de Mérida de la provincia de Yucatán. Salud e gracia: Sépades que nos somos informados que el nuestro alcalde mayor de la dicha provincia, y los nuestros alcaldes ordina227

La protectoría de indios durante el siglo xvi

rios de la dicha ciudad y otros nuestros jueces y justicias han procedido y proceden contra los indios y naturales de los términos y jurisdición della a muchas penas ceviles y criminales, y que a causa de no tener los dichos indios y naturales contra quien se procede quien los defienda ni ampare ni informe e siga su justicia, padecían detrimento en sus personas y haciendas como gentes inorantes del derecho que les competía y estaban mucho tiempo presos y detenidos a causa de lo susodicho, e se les recrecían otros daños y males y convenía y era necesario proveer y nombrar persona que por ellos y en su nombre siguiese y defendiese su justicia. Por ende acatando la persona de vos el dicho Diego Rodríguez e que bien y fielmente entendéis en lo susodicho como más convenga al servicio de Dios nuestro señor, en nuestro, e bien y conservación de los dichos naturales, visto por el presidente e oidores de la nuestra Audiencia y Chancillería Real de los Confines, fue por ellos acordado que os debíamos de nombrar por tal defensor de los naturales de los términos y jurisdición de la dicha ciudad de Mérida e para ello mandan dar esta nuestra carta en la dicha razón, e nos tuvímoslo por bien, por la cual os nombramos por tal defensor de los dichos indios y naturales de todos los dichos términos e jurisdición de la dicha ciudad de Mérida y como tal podáis por ellos y en su nombre asistir ante el dicho nuestro alcalde mayor e ante los dichos nuestros alcaldes ordinarios que agora son o fueren de aquí delante en la dicha ciudad y provincia, y otros cualesquier nuestros jueces e justicias della, y ante cada uno dellos a todos los pleitos y causas que a los dichos naturales subcedieren e acaecieren en cualquier manera, ansí ceviles como criminales, y los defender y alegar y responder por ellos y siguir su justicia y hacer todos los autos y diligencias que convengan y sean necesarias tocantes a los dichos pleitos y para el bien y conservación de 228

Apéndice

los dichos naturales, y para que consigan y alcancen cumplimiento de justicia y mandamos al dicho nuestro señor alcalde mayor y alcaldes ordinarios de la dicha ciudad y personas particulares a quien lo susodicho toca y atañe y a cada uno de ellos que os hayan y tengan por tal defensor y os administren en sus audiencias e juzgados a la defensa e amparo de los dichos indios, e que sin vos citar ni llamar para que ellos y en su nombre respondáis y aleguéis no puedan proceder en ninguna pena civil ni criminal y pecuniaria contra los dichos indios y en todo lo susodicho, e lo a ello anexo y dependiente. Vos mandamos que entendáis con toda diligencia e cuidado como cosa importantes al servicio de Dios nuestro señor e nuestro e bien de los dichos naturales que para todo ello e para cada una cosa e parte por esta nuestra carta vos damos poder cumplido con todas sus incidencias y dependencias anexidades y conexidades, e con el dicho oficio e cargo defensor vos señalamos en cada un año de los que lo usase de dicho ciento y cincuenta pesos de oro de minas de ayuda de costa que corran y se cuenten desde el dicho día que por vuestra parte fuere presentada esta nuestra carta ante el nuestro alcalde mayor de la dicha provincia, e hiciéredes antél juramento en forma de que usaréis bien y fielmente del dicho oficio de defensor, e mandamos a los dichos nuestros oficiales reales de la dicha provincia de Yucatán en cada un año que corra según dicho es de lo que saliesen y rentasen los pueblos e indios que en aquella provincia se quitaron al adelantado don Francisco de Montejo nuestro gobernador que fue ya difunto y a su mujer e hijos, le den y paguen al dicho Diego Rodríguez o a quien su poder para ello tuviere los dichos ciento y cincuenta pesos del dicho oro de minas, de la ayuda de costa que le mandamos dar con el dicho oficio en cada un año por los tercios del cada tercio, lo que se montare, hasta tanto que otra cosa se provea y 229

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mande en contrario, e tomen y reciban su carta de pago con la cual y con treslado desta nuestra carta autorizado en pública forma se le recibirá en cuenta por cualquier persona que se la hobiere de tomar e no fagan ende al. Dada en la ciudad de Santiago de Guatimala a cinco días del mes de hebrero de mil e quinientos y sesenta años. El licenciado Landecho, el licenciado Jufre de Loaísa chanciller publico de Vizcarra. Registrada Diego de Robledo. Yo Diego de Robledo, escribano de cámara de su majestad la fice escribir. Por su mandado, con acuerdo de su presidente e oidores.

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Nombramiento de Francisco Palomino, vecino de Mérida como defensor de indios Fechado en Mérida, el 7 de enero de 1569 agi, México, 211, número. 2

E

n la ciudad de Mérida de las provincias de Yucatán a siete días del mes de enero de mil e quinientos y sesenta y nueve años, el muy ilustre señor don Luís Céspedes de Oviedo, gobernador y capitán general por su majestad en las dichas provincias. Dijo que por cuanto Diego Rodríguez de Vivanco defensor de los naturales dellas, que en lo a cargo estaba nombrado, es fallecido desta presente vida, y conviene nombrar persona suficiente e cual convenga que use el dicho oficio. Por tanto que confiando de Francisco Palomino, vecino desta ciudad que bien e fielmente lo usará y en todo hará y procurará lo que los dichos naturales, e sea útil y provechoso procurando su bien y evitando su daño y en todo guardará el servicio de Dios y su majestad, dijo que nombraba e nombró al dicho Francisco 231

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Palomino por tal defensor general de los indios naturales destas dichas provincias, e como tal usando el dicho oficio por sí e por su procurador o procuradores, las justicias dellas le admitan y tengan por tal y con él se traten y hagan y litiguen los negocios e causas dellos, y mandaba e mando haya e lleve los ciento e cincuenta pesos de minas que al dicho Diego Rodríguez se le daban en cada un año, e le daban los dichos indios y porque con ellos no se puede sustentar e respeto a ser casado e que tiene mujer e hijos en estas provincias y de los pobladores a quien su majestad manda sean favorecidos e ayudados para su sustento, le señalaba y señaló otros ciento e cincuenta pesos del dicho oro de minas de ayuda de costa, como al dicho Diego Rodríguez le estaban señalados, lo cual dijo que proveía por virtud de las reales provisiones de los Confines y Nueva España, según e como se daba y estaba señalado al dicho Diego Rodríguez y se contiene en los despachos y proveimientos en forma, y así lo proveyó e mandó don Luís de Céspedes, ante mí, Feliciano Bravo. E yo el dicho Feliciano Bravo escribano mayor de gobernación susodicho hice sacar el presente traslado de mandamiento del dicho señor gobernador e fueron testigos a lo ver corregir con el original, Juan de Sanabria e Nicolás Martínez Estantes, ensta dicha ciudad, e fice mi signo en testimonio de verdad. Señor, Feliciano Bravo.

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La protectoría de indios durante el siglo xvi se terminó de imprimir en agosto de 2010 en los talleres de Publidisa Mexicana, S.A. de C.V., Calz. Chabacano número 69 Planta alta, colonia Asturias, delegación Cuauhtémoc. C.P. 06850, México, D.F. El tiraje consta de 1 000 ejemplares.