Fomento del cooperativismo como alternativa económica y social sostenible: una visión de México y España 9788413240527, 8413240522

Table of contents :
Índice
Introducción
TEMA 1: EL MODELO COOPERATIVO
Viabilidad de la empresa cooperativa como una empresa humanista del siglo • Martha E. Izquierdo Muciño, Reynaldo Robles Cardoso
El modelo cooperativo: mucho más que una alternativa ante la crisis • Eba Gaminde Egia
Principios y valores de la empresa cooperativa • Roberto Emilio Alpízar Gonzalez
TEMA 2: LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y EL FOMENTO DEL COOPERATIVISMO
El modelo cooperativo como alternativa sostenible para la gestión de los servicios públicos • Vega María Arnáez Arce
El fomento del cooperativismo en España: bases jurídicas y nueva perspectiva • Itxaso Gallastegi Ormaetxea
TEMA 3: EL COOPERATIVISMO Y EL FOMENTO DEL EMPLEO
Una aproximación al fomento del autoempleo a través de cooperativas • Josune López Rodríguez
El fomento del empleo a través de las cooperativas en México • Claudia Elena Robles Cardoso, María Elizabeth Díaz López
TEMA 4: LA INCLUSIÓN SOCIAL Y EL COOPERATIVISMO
Cooperativas, crecimiento, sostenibilidad e inclusión social en España • Aida Llamosas Trapaga
Cooperativas, crecimiento, sostenibilidad e inclusión social en México • Rocío Juárez González
Baja y exclusión como causa de finalización de la relación societaria entre la persona social y la cooperativa • Carlos Muñiz Díaz, Anel Engrande López

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COLECCIÓN ESTUDIOS COOPERATIVOS VOLUMEN III

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COLECCIÓN ESTUDIOS COOPERATIVOS VOLUMEN III

FOMENTO DEL COOPERATIVISMO COMO

Dykinson, S. L.

FOMENTO DEL COOPERATIVISMO COMO ALTERNATIVA ECONÓMICA Y SOCIAL SOSTENIBLE

ALTERNATIVA ECONÓMICA Y SOCIAL SOSTENIBLE:

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UNA VISIÓN DE MÉXICO Y ESPAÑA

Coordinadores Dra. Vega María Arnáez Arce Universidad de Deusto Dra. Martha Elba Izquierdo Muciño Universidad Autónoma del Estado de México

Dykinson, S. L.

26/12/18 12:38

COLECCIÓN ESTUDIOS COOPERATIVOS

FOMENTO DEL COOPERATIVISMO COMO ALTERNATIVA ECONÓMICA Y SOCIAL SOSTENIBLE: UNA VISIÓN DE MÉXICO Y ESPAÑA VOLUMEN III

COLECCIÓN ESTUDIOS COOPERATIVOS VOLUMEN III

FOMENTO DEL COOPERATIVISMO COMO ALTERNATIVA ECONÓMICA Y SOCIAL SOSTENIBLE:

UNA VISIÓN DE MÉXICO Y ESPAÑA

Coordinadoras Dra. Vega María Arnáez Arce Universidad de Deusto Dra. Martha Elba Izquierdo Muciño Universidad Autónoma del Estado de México

Dykinson, S. L.

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ÍNDICE

PRESENTACIÓN 

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TEMA 1 EL MODELO COOPERATIVO Viabilidad de la empresa cooperativa como una empresa humanista del siglo XXI  Martha E. Izquierdo Mucino. Catedrática de Derecho Mercantil de la Universidad Autónoma del Estado de México. Reynaldo Robles Cardoso. Profesor e investigador de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma del Estado de México. El modelo cooperativo: mucho más que una alternativa ante la crisis  Eba Gaminde Egia. Profesora de Derecho Mercantil de la Universidad de Deusto. Principios y valores de la empresa cooperativa  Roberto Emilio Alpízar Gonzalez. Profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de México. 7

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Índice

TEMA 2 LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y EL FOMENTO DEL COOPERATIVISMO El modelo cooperativo como alternativa sostenible para la gestión de los servicios públicos  109 Vega María Arnáez Arce. Profesora de Derecho Administrativo de la Universidad de Deusto. El fomento del cooperativismo en España: bases jurídicas y nueva perspectiva  121 Itxaso Gallastegi Ormaetxea. Investigadora Predoctoral del Equipo de Investigación «Cooperativismo, fiscalidad, fomento, relaciones laborales y protección social» de la Universidad de Deusto. TEMA 3 EL COOPERATIVISMO Y EL FOMENTO DEL EMPLEO Una aproximación al fomento del autoempleo a través de cooperativas  141 Josune López Rodríguez. Investigadora postdoctoral del Equipo de Investigación «Cooperativismo, fiscalidad, fomento, relaciones laborales y protección social» de la Universidad de Deusto. El fomento del empleo a través de las cooperativas en México  169 Claudia Elena Robles Cardoso. Investigadora del Cuerpo Académico de Estudios en Derechos Humanos y sus Garantías de la Universidad Autónoma del Estado de México. María Elizabeth Díaz López. Investigadora del Cuerpo Académico de Estudios en Derechos Humanos y sus Garantías de la Universidad Autónoma del Estado de México. TEMA 4 LA INCLUSIÓN SOCIAL Y EL COOPERATIVISMO Cooperativas, crecimiento, sostenibilidad e inclusión social en España  185 Aida Llamosas Trapaga. Profesora de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Deusto. 8

Índice

Cooperativas, crecimiento, sostenibilidad e inclusión social en México  203 Rocío Juárez González. Profesora de la Universidad Autónoma del Estado de México. Baja y exclusión como causa de finalización de la relación societaria entre la persona social y la cooperativa  219 Carlos Muñiz Díaz. Coordinador del Instituto de Investigación en Ciencias Jurídicas, Justicia Penal y Seguridad Pública de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma del Estado de México. Anel Engrande López. Investigador de la Universidad Autónoma del Estado de México.

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Introducción

Después de la publicación del primer y segundo volumen de la Colección Estudios Cooperativos «España-México», fruto de la colaboración interuniversitaria entre profesores de la Universidad Autónoma del Estado de México y de la Universidad de Deusto, se presenta ahora el tercer volumen. En concreto, este volumen, siguiendo la dinámica de los anteriores, ofrece una visión enriquecedora de Derecho comparado entre México y España en diversos ámbitos del Derecho de las cooperativas, en relación con el fomento del cooperativismo como alternativa económica y social sostenible. Se presentan diez estudios con el referido hilo conductor: el fomento del cooperativismo como alternativa económica y social sostenible. Merecen significarse, asimismo, las diferentes perspectivas desde las que se analiza, en la mayoría de las ocasiones con una perspectiva bidimensional, toda vez que una misma realidad cooperativa es analizada por profesores españoles y mexicanos, cada uno con su propio bagaje jurídico, lo que contribuye, sin duda, a enriquecer el objeto de estudio que nos ocupa. Concretamente, el trabajo se estructura en cuatro grandes bloques y, en cada uno de ellos, varios profesores nos ofrecen desde su experiencia un elaborado análisis sobre la cuestión planteada. En primer lugar, los profesores Izquierdo, Robles, Gaminde y Alpízar abordan aspectos esenciales del movimiento cooperativo que, sin lugar a dudas, ayudan a entender la esencia del mismo en ambos países. Todos ellos analizan la sociedad cooperativa como una alternativa económica al modelo de sociedad capitalista imperante en nuestro mundo globalizado. A tal efecto, todos ellos ponen de manifiesto la validez y oportunidad del cooperativismo como alternativa a los modelos prexistentes y como solución a la creación de empleo. 11

Introducción

En segundo lugar, las profesoras Arnáez y Gallastegi abordan el análisis de la relación entre la Administración Pública y el fomento del cooperativismo. Ello, a partir de la creciente necesidad a la que deben atender las Administraciones Públicas para la gestión eficaz y sostenible de los servicios públicos. En este sentido, el movimiento cooperativo ha destacado desde su origen por su compromiso social y por su contribución a la promoción del desarrollo del interés general a través de intervenciones en ámbitos tales como la asistencia socio-sanitaria, la educación, la vivienda, la protección y defensa del medio ambiente, el fomento de la economía social y la promoción y protección de la paz social y la ciudadanía, entre otros. En tercer lugar, las profesoras López, Robles y Díaz, analizan la realidad cooperativa desde el punto de vista del Derecho del Trabajo. En concreto, su virtualidad y oportunidad como medio de creación de empleo en general y para el fomento del autoempleo, en particular. En cuarto y último lugar, los profesores Llamosas, Juárez, Muñiz y Engrande llevan a cabo un análisis acerca de la inclusión social y el cooperativismo. De este modo, analizan la alternativa cooperativa no solo como un modelo de gestión exitoso y democrático, sino como un modelo de empresa que pone en el centro de la misma la persona, promoviendo el desarrollo de sus necesidades y construyendo un entorno más justo, contribuyendo al bien común y a la promoción del crecimiento sostenible, la inclusión social y el empleo digno. Por último, no podemos cerrar esta edición sin destacar, una vez más, la implicación y el compromiso de ambas Universidades, la Autónoma del Estado de México y la de Deusto, en este proyecto. Igualmente, queremos agradecer a la Asociación Internacional de Derecho Cooperativo su valiosa aportación estableciendo sólidos lazos entre investigadores que trabajamos desde ambas orillas del Atlántico. Reconocimiento que se extiende, así mismo, al apoyo del Departamento de Educación, Universidades e Investigación del Gobierno Vasco al Equipo de Investigación «Cooperativismo, fiscalidad, fomento, relaciones laborales y protección social» de la Facultad de Derecho de la Universidad de Deusto, sin el que esta publicación no hubiera visto la luz. Las coordinadoras En Bilbao, a 16 de marzo de 2018 12

TEMA 1 EL MODELO COOPERATIVO

Viabilidad de la empresa cooperativa como una empresa humanista del siglo xxi Martha E. Izquierdo Muciño Catedrática e Investigadora de la Universidad Autónoma del Estado de México. adscrita al Sistema Nacional de Investigadores nivel I.

Reynaldo Robles Cardoso Profesor de Tiempo completo de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma del estado de México.

Sumario: I. Introducción. II.Breves antecedentes. III. Aspecto económico. IV. Identidad Cooperativa. V. Períodos de Consolidación del cooperativismo. VI. En defensa de la identidad Cooperativa. Resumen.

I. INTRODUCCIÓN Frente a algunas corrientes de pensamiento que sostienen que el movimiento cooperativo está en crisis existen otras corrientes que demuestran lo contrario pues sostienen que las cooperativas actualmente son vistas como «opciones modernas» de producción que dan a los miembros un status social de productores no solo económica sino culturalmente variable, que el capitalismo tardío o neoliberal está cambiando y que las formas en que las cooperativas se insertan en los mercados, están participando en el mundo de las mercancías información, dirigidas a grandes nichos de mercado. Se sostiene que muchas empresas cooperativas podrían aprovechar la ventaja de que efectivamente trabajen por el bien colectivo de sus miembros, 15

El modelo cooperativo

de sus familias y de las comunidades en las que estas estén funcionando pero olvidando la idea nostálgica de la cooperativa, así como muchas de las ideas generadas por el movimiento socialista del siglo XVIII. Consideramos sin embargo que la cooperativa, es una de las pocas formas viables de hacer que esa nostalgia se convierta en principios prácticos para la vida cotidiana y para lograr una auténtica redistribución del ingreso local, pero lo cierto es que se observa una cierta desnaturalización en las organizaciones cooperativas en todas partes del mundo, pues se presencian casos en los que entidades nacidas al calor de los principios y valores de la cooperación, por causas diversas los abandonan y adoptan prácticas que son propias de las empresas capitalistas. Por otra parte existe el descrédito de la empresa cooperativa producto en muchas ocasiones de políticas gubernamentales, mala administración o por el abandono de sus principios fundamentales. Por tanto es indispensable recordar que las normas o los principios cooperativos que nos rigen se establecieron por la práctica reiterada a través de muchos años, probando éxitos y fracasos en los mismos, logrando así consolidarse a través de la Alianza Cooperativa Internacional, constituida por la mayor parte de las asociaciones cooperativas de todo el mundo, quedando por tanto los principios fundamentales o principios cooperativos como los únicos capaces de asegurar el buen funcionamiento de este tipo de empresas, que se distinguen de las demás empresas de otra naturaleza. De esa forma el movimiento cooperativo y la honradez que conlleva deberá convertirse en un imperativo, que imponga al individuo la finalidad social misma y por lo que hace a la lealtad ésta deberá afirmarse como un factor esencial para perfeccionar la capacidad de todos y cada uno de sus componentes.

II.  BREVES ANTECEDENTES En alguna de las conclusiones de la Cumbre Social de Copenhague celebrada en el año de 1995, se mencionó la pobreza, el desempleo y la integración social como los problemas más graves que el mundo había de enfrentar al final del segundo milenio. En la memoria de 1999 se redactó la versión del Director General de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) de la Cumbre social de 1996 16

Viabilidad de la empresa cooperativa como una empresa humanista del siglo xxi

que el aquel entonces fuera el embajador de Chile ante Naciones Unidas, quien afirmó que: «Desde múltiples y muy diversas perspectivas se insistía en la vigencia de dar una dimensión humana a la economía mundial». En su tiempo el Papa Juan Pablo II hizo hincapié en la necesidad de determinar quienes debían garantizar el bien público mundial y el ejercicio de los derechos económicos y sociales, mencionando: «El libre mercado no puede hacer esto por si solo porque son muchas las necesidades humanas que no tienen cabida en él» 1 Por su parte Klaus Shwab organizador del Foro Mundial Económico de Davos (Suiza) instaurado en el año 1971, mencionó que: «Las fuerzas de los mercados financieros parecen haber enloquecido humillando a los gobiernos, reduciendo el poder de los sindicatos y otros agentes de la sociedad civil y creando una sensación de vulnerabilidad extrema para unos individuos que se enfrentan con más fuerzas y decisiones que los desbordan» 2

El profesor Amartya Sen, premio Nóbel de economía 1998 afirmó en la 87 Conferencia Internacional del Trabajo que: «La mundialización necesitaba un componente ético, a menos que quisiera aparecer como una perspectiva terrorífica en la que individuos y comunidades se instalaran en la precariedad», agregando que; «Si la mundialización quería desarrollar sus posibilidades tenía que ir acompañada de una acción bien planificada en apoyo a los cambios políticos sociales y económicos en la que se produjeran las condiciones adecuadas, toda vez que rige nuestras vidas y nuestro trabajo» 3. ava

De hecho sostenía que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) tenía grandes motivos para prestar atención a los diversos problemas que existían al respecto, ya que los niveles masivos de desempleo de los diferentes países del mundo aún en las economías más ricas de Europa Occidental, se acentuaban las necesidades de centrar la atención en aumentar la creación de empleos así como las oportunidades de trabajo, de donde era evidente la   Roberto, Di Meglio, por una humanización de la economía mundial ,OIT, Ginebra.programa.copnet http://moderador.noticias@coopnetaldía.org/archivo/arch18.5htm/ 2 Idem. 3  Ibidem, p. 2. 1

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El modelo cooperativo

necesidad de dar una mirada a la distribución de los recursos en el mundo, para darse cuenta de la prioridad que tenía el tema de la humanización de la economía. En México en las diversas Cumbres realizadas, como la de Monterrey Nuevo León (México, 2002) se buscó abrir un poco más el diálogo global entre países desiguales. Los fines que se persiguieron según comenta Rolando Cordera fueron de compromiso y de políticas más tangibles, así como el reconocimiento de la necesidad y legitimidad del desarrollo nacional, como una condición ineludible para alcanzar un orden internacional gobernable. Las ideas que permearon principalmente fueron: … sin crecimiento no hay combate a la pobreza,… sin fórmulas adecuadas de financiamiento internacional, en especial para los países subdesarrollados, no hay crecimiento que dure y que rinda frutos sociales… 4 En el año 2015 se celebró nuevamente en la Ciudad de en Davos Suiza, el vigésimo aniversario de la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social de las Naciones Unidas, teniendo como finalidad el que todos los países persiguieran los mismos objetivos como: la erradicación de la pobreza, el poder alcanzar el pleno empleo y una mayor inclusión social, generando ante esto una gran participación de organizaciones de la sociedad civil, organizaciones de desarrollo, organizaciones de mujeres, sindicatos, movimientos sociales, entre otros grupos más e inspirando la creación de la red Social Watch, que es una red internacional de organizaciones ciudadanas que actualmente luchan por erradicar la pobreza y sus causas a fin de poder terminar con todas las causas de discriminación y de racismo pero sobre todo asegurar una distribución equitativa de la riqueza, para la concientización de los derechos humanos 5. De esta manera la Cumbre para el Desarrollo Social colocó por primera vez a la gente y a las preocupaciones sociales en el centro de la agenda mundial, ya que veinte años después se reitera la necesidad de integrar los tres pilares del desarrollo como son: Crecimiento económico inclusivo, integración social y sostenibilidad ambiental.   Cordera Campos, Rolando, Semana Mayor, Semana Global, periódico la Jornada, domingo 24 de marzo 2002, sección economía, p. 15. 5  Global Policy Watch. Veinte años después de la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social. https://www.globalpolicywatch.org/esp/?p=184 4

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Viabilidad de la empresa cooperativa como una empresa humanista del siglo xxi

En la citada cumbre se recordó a los participantes la importancia y la urgencia para todos los países de integrar estas prioridades económicas, sociales y ambientales con el fin de lograr los objetivos de desarrollo sostenible y rescatar con ello cuestiones clave olvidadas por los objetivos del milenio (ODM) como es la desigualdad. A su vez el Secretario Adjunto de la ONU Jan Eliason sostuvo que: «nos estamos embarcando en un viaje de cambio transformador que afecta a todos los sectores de nuestra sociedad», el cual deberá construirse sobre la universalidad, la sostenibilidad y la aceptación como una propuesta de ganar ganar para naciones y pueblos 6 Por su parte Roberto Bissio uno de los fundadores de Social Watch menciono: «A medida que avanzamos en la agenda 2015, algunas de las ideas clave aprobadas por la Cumbre Social se están reafirmando. Las desigualdades están de vuelta en la agenda, después de haber estado desaparecidas estos últimos 15 años y la universalidad se recupera con fuerte sentido de régimen básico de protección social. Sin embargo es urgente la aplicación de esas aspiraciones acordadas, pues si bien las desigualdades están en el marco de un objetivo, no se encuentran como un compromiso claro de financiación sobre el régimen básico de protección social. Aun cuando los recursos están ahí»

En enero de 2017 se celebró nuevamente en Davos Suiza el Foro Económico Mundial, después de haber llevado a cabo 400 reuniones, el tema principal de ésta última reunión fue el «liderazgo responsable y receptivo» en el que se preguntaba si los líderes podían responder a la frustración genuina de las personas más perjudicadas por el capitalismo de mercado globalizado, de manera que pudieran ofrecer soluciones viables justas y sostenibles? Respondiendo al efecto el profesor Klaus Schwab, fundador y presidente del Foro Económico Mundial: «El mundo que nos rodea está cambiando a una velocidad sin precedentes. En este punto de inflexión, nuestros conceptos tradicionales acerca de la sociedad, el empleo de calidad y el Estado-Nación son desafiados, y muchos ciudadanos se sienten inseguros o incluso amenazados»  Ídem..

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El modelo cooperativo

«Se necesita un nuevo modelo de liderazgo responsable y receptivo que nos permita abordar los desafíos que el mundo enfrenta desde la seguridad hasta la Cuarta Revolución Industrial, con un pensamiento a largo plazo y orientado a la acción y mayor solidaridad a nivel nacional y global» 7

Se hace hincapié en que la única manera de abordar los grandes retos es dialogando con todos los grupos de la sociedad y con todos los miembros de la comunidad internacional, de ahí la relevancia del foro, como lo fue en 1971 cuando se celebró la primera reunión anual, y esta es la razón que se nos lleva a reflexionar sobre la necesidad de seguir buscando soluciones factibles a los múltiples problemas que aún existen, por ello es necesario recordar que las empresas cooperativas nacen también en una época de grandes cambios como medio para combatir la pobreza, dependencia, explotación y la ignorancia. Estas se encontraban formadas por personas con recursos limitados y pocas oportunidades, ya que requerían de apoyos económicos como lo es el crédito, así como la asistencia técnica y el asesoramiento. III.  ASPECTO ECONÓMICO El potencial de que disponen las empresas cooperativas para aliviar la pobreza mediante la creación de empleo y con ello aliviar en forma más eficaz la satisfacción de las necesidades básicas de la sociedad, ha sido reconocido ampliamente por las Naciones Unidas, al haber declarado en el año de 1995 que el Día Internacional de las Cooperativas (primer sábado de julio) debiera ser celebrado por todos los gobiernos en colaboración con sus movimientos cooperativos nacionales ( y posteriormente en 2012 al haberse declarado el año internacional del cooperativismo en el mundo). Este reconocimiento se ratifica una vez más en 1996 cuando al celebrarse el año para la erradicación de la pobreza, la Organización de Naciones Unidas atrae la atención de los gobiernos para una considerable contribución de las cooperativas en la reducción de la pobreza y para el desarrollo humano, reiterando la necesidad de incorporar al Movimiento Cooperativo a estas nobles tareas.   Todo– lo– que– necesitas– saber– sobre– Davos2017. https://www.weforum.org/ es/agenda/2017/01/todo– lo– que– necesitas– saber– sobre– davos– 2017 7

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Viabilidad de la empresa cooperativa como una empresa humanista del siglo xxi

En efecto para 1994 se estimaba que el sustento de casi 3 millones de personas (la mitad de la población mundial) se generaba mediante la intervención de las cooperativas, existiendo en el mundo según los datos de la Alianza Cooperativa Internacional (ACI) de aquella época alrededor de 750.000 cooperativas con más de 800.000.000 de miembros y se estimaba que las cooperativas eran responsables de cerca de 100 millones de empleos 8. Para 2012, según datos de la Alianza Cooperativa Internacional las cooperativas a nivel mundial, cuentan con casi 1.000 millones de socios y generan más de100 millones de empleos, un 20 % más que las firmas multinacionales. Las ventas de las 300 empresas cooperativas más grandes del mundo suman 1.1 trillones de dólares, importe comparable al PIB de algunas de las economías nacionales más importantes 9. Cabe mencionar el hecho que cuando las políticas de las Cooperativas han sido utilizadas para alcanzar objetivos políticos, desarrollistas e ideológicos han creado una ausencia de autonomía real y de auto responsabilidad entre los propios miembros cooperativistas. En efecto, en una reunión celebrada por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en Ginebra Suiza en 1995, los expertos en cooperativas de todas partes del mundo coincidieron en ello, reiterando que la intervención estatal en los asuntos de las cooperativas habían sido una de las causas principales de su fracaso. Por el contrario la experiencia nos muestra que una política pública hacia las cooperativas expresamente formuladas cuya comprensión sea compartida entre los tomadores de decisiones en un contexto democrático y de libre mercado, facilita el desarrollo de este tipo de organizaciones. En consecuencia puede afirmarse que la conservación entre las partes sociales interesadas, es determinante para poder definir una política de desarrollo clara y comprensiva, que permitirá posteriormente con los medios

  El cooperativismo en América Latina. Una diversidad de contribuciones al desarrollo sostenible. Oficina regional de la OIT para América Latina y el Caribe. Rodrigo Mogrovejo editores. ACI. OIT España 2012. 9  Cooperativas de las Américas. Hechos y cifras del cooperativismo en las Américas y el Mundo. https://www.aciamericas.coop/Hechos– y– cifras– del– coopreativismo 8

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El modelo cooperativo

requeridos, humanos, financieros, etc. Implementar las acciones para lograr los resultados esperados.

IV.  IDENTIDAD COOPERATIVA Roberto Di Meglio menciona al respecto: «Una nueva orientación de la política cooperativa tiene que partir del reconocimiento y de la efectiva aplicación de los principios que definen la identidad cooperativa. Una política cooperativa puede contribuir a que el cooperativismo se sitúe dentro del escenario de cada país como un actor más, contribuyendo al desarrollo social y cultural del conjunto, siempre y cuando esa política valorice los elementos que definen al cooperativismo» 10. Los valores a los que se refiere el mencionado autor y que son los que ofrecen los rasgos de la identidad cooperativa son aquellos que han sido recogidos en la «Declaración de la Identidad Cooperativa» de la Alianza Cooperativa Internacional», (1995) y posteriormente en 2012. Gabriela Vargas Zetina en un interesante estudio que realiza sobre el tema de cooperativismo habla de la globalización y menciona que: el capitalismo tardío se caracteriza por la desaparición de los grandes complejos industriales y su fragmentación en procesos productivos conectados a través de relaciones de subcontratación, independencia del capital financiero y su predominio sobre el capital productivo lo cual es indicador de riqueza, que se caracteriza también por la información como elemento fundamental de las mercancías y venta del capital, dicha información y mercancías son a través de franquicias 11. Se caracteriza por el desmantelamiento de los aparatos estatales de asistencia social, reducción del gasto estatal a través de la disminución del aparato burocrático y creación de grandes regiones comerciales, que abarcan varias naciones en el que el capital financiero tiene una gran libertad. La integración financiera del mundo es a través de la interrelación de las casas de bolsa y el establecimiento de estándares monetarios internacionales,   Roberto Di Meglio, op.cit., nota 1, p. 5.   Bueno Castellanos Carmen (coord..) globalización una cuestión antropológica, México, Porrúa, 2000, p. 141. 10 11

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Viabilidad de la empresa cooperativa como una empresa humanista del siglo xxi

formas de comunicación que facilitan el traslado de personas capitales e información a gran velocidad, se incluye la creación de sistemas económicos paralelos a la economía oficial, incluyendo formas no comerciales de intercambio, esquemas altamente organizados de apropiación de bienes por vías distintas de la compra-venta, contrabando de bienes y personas y sofisticadas formas de evasión fiscal. Asimismo menciona que existe el desmantelamiento de sindicatos y la deslegitimación de socialismo como opción viable de la organización estatal, se crean grandes alianzas internacionales que sostienen grandes bloques económicos internacionales y la creación de Tribunales Internacionales, explosión de naciones, estados en grupos étnicos y a su vez la creación de barreras a la inmigración. Reestructuración de partidos políticos tradicionales, grandes movimientos de la sociedad civil que cumplen funciones tradicionales del Estado y una polarización extrema del ingreso, que hace desaparecer a la clase media generada en la economía industrial. Surge así una cultura posmoderna en lo que paradigmas como la ciencia, la cultura, la academia, la idea de estructura etc. pasan a ser simples formas de pensamiento. El capitalismo tardío viene a exacerbar parámetros económicos políticos y culturales de los siglos XVIII y XIX, la periodización mínima del proceso histórico de la globalización que puede ser según Robertson Roland, (citado por la autora) de la siguiente forma: Fase 1 o gremial. Abarca del siglo XV a mediados del siglo XVII se caracteriza por la sustitución de los sistemas fundamentales europeos con sistemas de nociones y por la idea del «individuo» para conceptuar a la humanidad. Fase 2 o incipiente. Abarca de mediados del siglo XVII hasta 1870, se caracteriza por la idea del Estado Unitario en Europa, predomina el concepto ciudadanía y la regulación de comunicaciones y relaciones internacionales. Fase 3 o de despegue. Desde 1870 hasta 1920 se unifican los criterios tanto de leyes nacionales como de la relación ante el Estado y ciudadano, se unifican en casi todo el mundo sistemas de medidas y calendario y se crean premios internacionales los deportes y las artes (juegos olímpicos, premio 23

El modelo cooperativo

Nóbel etc.) aparece el Movimiento Ecuménico y tiene lugar la Primera ­Guerra Mundial formándose por primera vez la Liga de Naciones. En esta etapa varias sociedades no europeas son aceptadas en la Comunidad Internacional. Fase 4 o de la lucha por le hegemonía mundial– 1920-1960. Se dan las luchas por establecer los términos y la dirección del proceso de globalización. En esta época se dio el «holocausto» y el «terror» de la bomba atómica, se discute sobre el futuro de la humanidad creándose las Naciones Unidas. Fase 5 o de incertidumbre. Comienza en 1960 a 1990 aproximadamente en esta fase se da la inclusión de muchas naciones no sociales denominadas «post-materialistas» que tuvieron fuerza en la fase anterior. Se termina la guerra fría y las armas nucleares pasan a formar parte del arsenal del mundo. Se acentúan las nociones de multiculturalismo y la polietnicidad, con los grandes problemas que conllevan. Se observa a la humanidad como una comunidad –especie independientemente de la distribución geográfica de la población personalizándose un sistema global de comunicaciones 12. La citada autora menciona que independientemente de esta periodización existen otros autores que precisan algunos hechos destacados como Giddens Anthony que sostiene que la modernidad a la que la globalización es inherente aparece en el siglo XVII y continúa hasta nuestros días. Este autor define a la globalización como: «La intensificación de las relaciones sociales de todo el mundo, que conectan localidades de tal forma que los eventos locales estén conformados por eventos que ocurren a miles de millas de distancia y viceversa» 13 y sostiene que es en este marco que desde el siglo XV o XVI que caracteriza a nuestro mundo, el marco en el que se ha gestado el movimiento cooperativo. La simultaneidad del proceso de globalización y de homogenización cultural da énfasis a la conceptualización de ambos como parte de un mismo movimiento económico y cultural.

  Ibidem, p. 145.  Idem.

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V. PERIODOS DE CONSOLIDACIÓN Los siglos XVIII y XIX finalmente resultan importantes para consolidar el pensamiento y la cultura en el mundo. La cultura global del progreso y la civilización se consolidaron en los diferentes grupos humanos. El movimiento cooperativo que había aparecido en el siglo XVIII como una de las posibles soluciones a los efectos más crueles del mercado fue acogido por muchas corporaciones de oficios y fue apoyada por instituciones oficiales, incluyendo partidos políticos y la iglesia católica. Las cooperativas eran una forma laica de estructuras muy desarrolladas de la iglesia católica en Europa y América como las cofradías y los montes píos de socorro que las parroquias organizaban desde fines de la edad media. Por lo anterior y ante el desmantelamiento de las antiguas corporaciones de oficios, dejaban a los antiguos maestros y aprendices en situaciones de desamparo. Sin embargo es a Owen (industrial inglés), a quien se atribuye el invento de las organizaciones cooperativas que con el tiempo también patrocino a la primera escuela cooperativista en la que líderes cooperativistas de todo el mundo aprendieron las bases del movimiento. A fines del siglo XVIII distintas corrientes socialistas y reformistas adoptaron las cooperativas como una opción económica entre el capitalismo y el comunismo. A finales del siglo XIX y principios del XX las cooperativas fueron adoptadas por muchos gobiernos de países poco industrializados como una vía posible de conseguir el desarrollo de sus poblaciones, de hecho en Europa el auge del movimiento cooperativo se había alcanzado con las cooperativas de consumo. En países como México, India y lugares de África los gobiernos nacionales enfocaron también sus esfuerzos en apoyo de las cooperativas productivas. A finales del siglo XX menciona la citada autora Gabriela Vargas Zetina el movimiento cooperativo internacional parece atravesar una gran crisis mundial, sin embargo lo que está sucediendo no es la desaparición de los valores cooperativos sino su reformulación que: «puede llevar a que las cooperativas se adapten mejor a los tiempos que estamos viviendo y a los que vendrán»… 14.   Ibidem, p. 147.

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El modelo cooperativo

Por lo anterior se considera que: en el caso de México es necesario definir perfectamente la naturaleza de las empresas cooperativas, conocer el momento histórico por el que atraviesan, su formulación, su idiosincrasia etc. que ha ido tomando connotaciones distintas a las de otras regiones del mundo en donde existen, transformando su concepto global y adaptándolo a los actores sociales de cada localidad, que como bien menciona la citada autora: «La cotidianeidad y la creatividad locales, han convertido ha estas cooperativas en algo que ni Owen ni los Owenistas hubieran podido vislumbrar…» 15

En efecto nos explica que frente a una corriente de pensamiento que sostiene que el movimiento cooperativo está en crisis existe otra corriente que demuestra lo contrario pues sostiene que las cooperativas actualmente son vistas como «opciones modernas» de producción que dan a los miembros un status social de productores no solo económica sino culturalmente variable, que el capitalismo tardío o neoliberal está cambiando las formas en que las cooperativas se insertan en los mercados, pues están participando el en mundo de las mercancías información, dirigidas a grandes nichos de mercado, puesto que sus organizaciones son en realidad, empresas que requieren de poca vigilancia por parte del gobierno. De hecho se observa en todo el mundo la formación de organismos cooperativos, lo cual contradice la idea de que el movimiento cooperativo está en crisis. Lo que sucede (menciona dicha autora) es que los valores cooperativos están ahora infiltrando a otros tipos de organizaciones como no gubernamentales, colectivos, populares y asociaciones de artesanías; el actual sistema neoliberal ofrece oportunidades muy importantes para el fortalecimiento del movimiento cooperativo, dado que se abren nuevas posibilidades por los nuevos esquemas de subcontratación, ya que la gran flexibilidad del capital se traduce en el desmantelamiento de fábricas y despido de millones de empleados, trayendo consigo problemas de desempleo. Basándose en lo anterior se abre la posibilidad ante este nuevo siglo, de que sean las empresas cooperativas las que asuman acciones de proceso productivos.   Ibidem. p. 150.

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En efecto, las formas de capital-información, están llevando a la proliferación de empresas que operan por el sistema de franquicias, y no es descabellado pensar (según comenta) que las franquicias puedan ser operadas por empresas cooperativas. De hecho ya está sucediendo en algunas empresas de México como Benetton y Bimbo, que permite a sociedades cooperativas comprar el derecho de sus franquicias y poner en el mercado productos que lleven el sello de la empresa Madre. Menciona que las franquicias pueden ser vistas como una opción para reducir los riesgos del mercado ya que dan a una empresa local el cobijo de una marca ya prestigiada internacionalmente, cada vez que el capital franquicia no requiere de formas específicas de organización o de administración de empresas locales, simplemente dependerán de los acuerdos laborales que se firman en cada país 16. Cita al respecto el ejemplo de los ejecutivos de la Coca-Cola a quienes seguramente no les importa que así como el sabor de la bebida se adapta a los gustos de cada país, la organización de la producción pueda hacerse o no con una cooperativa, siempre y cuando la calidad del producto sea la que requiere la empresa madre. En consecuencia los nichos de mercado se logran actualmente a través de un alto contenido de información y muchas cooperativas están orientando sus productos hacia esos nichos, ejemplo La cooperativa chiapaneca que produce el café MAM., que ha conseguido la certificación de los organismos más importantes de supervisión, poniendo en sus envases un párrafo que explica que «esta hecho por indígenas chiapanecos, que trabajan en una cooperativa respetando a la naturaleza…» 17. Sostiene, que muchas empresas cooperativas podrían aprovechar la ventaja de que efectivamente trabajan por el bien colectivo de sus miembros, de sus familias y de las comunidades en las que estas funcionan. Finaliza diciendo; «la idea misma de la cooperativa es una idea nostálgica, como muchas de las ideas generadas por el movimiento socialista del siglo XVIII la cooperativa organizada sin embargo, es una de las pocas

 Idem.  Idem.

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formas viables de hacer que esa nostalgia se convierta en principios prácticos para la vida cotidiana y la redistribución del ingreso local» 18.

VI. EN DEFENSA DE LA IDENTIDAD COOPERATIVA Como se observa la mencionada autora sostiene que hoy en día las empresas exitosas son aquellas que han adaptado los lineamientos del movimiento cooperativo internacional a una lógica productiva de empresas a una lógica distributiva comunitaria. Sin embargo algo que no puede discutirse es el hecho de que actualmente y en el mundo entero las empresas cooperativas se encuentran en los momentos más críticos de su evolución, enfrentando grandes dificultades que devienen de las nuevas condiciones económicas que priva en el momento globalizado, estas situaciones las ha llevado en muchos casos como hemos visto, a adoptar disposiciones legales o estatutarias que pueden llevarlas consientes o inconscientemente a perder su verdadero espíritu cooperativo. En efecto, es preocupante el grado de desnaturalización que existe en distinción países, respecto a las organizaciones cooperativas, pues se presencian casos en los que entidades nacidas al calor de los principios y valores de la cooperación, por causas diversas los abandonan y adoptan prácticas que son propias de las empresas capitalistas. Por otra parte existe el descrédito de la empresa cooperativa producto en ocasiones de políticas gubernamentales, mala administración o por el abandono de sus principios fundamentales. En nuestro país se observa que el 70 % de dichas empresas atraviesa también por grandes dificultades debido a diversas causas que tienen que ver con el sistema y modelo económico y político que prevalece, pues no están consideradas en los planes y programas de desarrollo nacional aunque la ley asi lo prevea, no obstante aquellas que han sobrevivido y algunas con bastante éxito, están insertas en prácticas que son propias de empresas capitalistas, y nos preguntamos: ¿es necesario que se sacrifiquen los valores fundamentales del cooperativismo y se adopten valores mercantiles para sobrevivir?, ¿es necesario que se desnaturalice la empresa cooperativa para  Idem.

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alcanzar el éxito?, ¿es necesario una buena política de fomento cooperativo por parte del Estado?, ¿cómo recuperar la credibilidad?, ¿tiene caso crear empresas sociales que funcionan como empresas mercantiles?… y en estos tiempos en que se inicia, un nuevo siglo, se hace necesario un replanteamiento del cooperativismo en el mundo, así como de las políticas públicas, y nos preguntamos: ¿podrán subsistir como empresas cooperativas? Es preciso ante todo no perder de vista que las empresas cooperativas se fundaron con su propio esfuerzo se propusieron desde un principio suplir la debilidad individual mediante la cooperación y el esfuerzo de un grupo homogéneo, es decir mediante la fuerza del número y la unión de voluntades, de los esfuerzos de un grupo más o menos numeroso de personas que al igual que todos sufrían de las mismas necesidades. Por tanto es necesario recordar que ante esas necesidades y para el efecto de encontrar alguna satisfacción, estas personas constituyeron una forma de organización-empresa pero igualitaria y equitativa, de puertas abiertas y regida democráticamente que habrían de prestar servicios para sus propios miembros, de ahí que los valores que han privado en ellos sean: la solidaridad, la igualdad, la democracia, la equidad, etc… Asimismo es indispensable recordar que las normas o los principios cooperativos que nos rigen se establecieron por la práctica reiterada a través de muchos años, probando éxitos y fracasos en los mismos, logrando así consolidarse a través de la Alianza Cooperativa Internacional, constituida por la mayor parte de las asociaciones cooperativas de todo el mundo, quedaron por tanto los principios fundamentales o principios cooperativos capaces de asegurar su buen funcionamiento a este tipo de empresas que las distinguen de las demás empresas de otra naturaleza. En congresos celebrados en los años 1937 y 1966 fueron discutidos todos estos principios, al igual que se hizo en 1995 en Manchester (Gran Bretaña) y en el año de 2012 en el año del cooperativismo en el mundo, en ellos se plasmó la idea de que si bien eran discutibles algunas disposiciones que parecían apartarse de los tradicionales principios de organización y funcionamiento, se terminó por aprobar las más modernas, los que no alteran y ni trasquiversan esos principios fundamentales del espíritu cooperativo. En resumen: el hecho es que algunas reformas legales introducidas en nuestra legislación sobre cooperativas al parecer se apartan de las normas estatutariamente adoptadas, introduciendo elementos conflictivos que llegan 29

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a contrariar sus valores originales y principios cooperativos consagrados por la entidad internacional que las agrupa, por ello es importante este tema, que nos ocupa porque puede permitir que emitamos una opinión a efecto de lograr preservar su naturaleza cooperativa, ya que como comenta León Shujman:… el problema central radica en asumir con toda responsabilidad y firmeza la batalla en el campo de las ideas, para restablecer una sociedad infectada de un individualismo carente de valores, que bajo la existencia de una ética cooperativa, las normas morales ayuden a los asociados a seguir el sendero correcto, toda vez que en el movimiento cooperativo la honradez se convierte en un imperativo, que impone al individuo la finalidad social misma y por lo que hace a la lealtad ésta se afirma como un factor esencial para perfeccionar la capacidad de los componentes 19. Lo anterior significa que la ética cooperativa se expresa en la doctrina como parte de una ciencia y teoría cooperativa en gestación que contiene valores y principios que no son patrimonio exclusivo de los cooperadores sino como bien menciona el citado autor: «son de todos los hombres que integran el pensar esclarecido de la humanidad.», palabras con las que desde luego estamos de acuerdo.

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  Schujman León, Una estrategia para recuperar la identidad cooperativa, ENCUENTRO NACIONAL DE COOPERATIVAS, Montevideo Uruguay, nov. 2001. 19

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El modelo cooperativo: mucho más que una alternativa ante la crisis Dra. Dª Eba Gaminde Egia ([email protected]) Profesora de Derecho Mercantil – Universidad de Deusto

Sumario: I. Introducción. II. El modelo cooperativo: ¿una alternativa real ante la crisis? III. Algo más: una palanca de cambio social. III.1. Antecedentes: precooperativismo y Doctrina Social de la Iglesia. III.2. Eje central: principios y valores cooperativos. III.3. Ejemplo de viabilidad de la alternativa: el caso vasco. Arizmendiarrieta y el Grupo Mondragón. IV. Conclusión. V. Bibliografía.

I. INTRODUCCIÓN Las cooperativas son entidades peculiares que nacen para hacer frente a las necesidades y aspiraciones económicas, sociales y culturales comunes a todos los socios/as, mediante una empresa. Se han identificado siempre como entidades con especial vocación social y preocupación por el entorno, que en su origen (antes incluso del fenómeno Rochdale) surgieron para aliviar las necesidades de los humildes, por lo que a menudo se las ha llamado «las empresas de los pobres», aunque en la actualidad esa denominación produzca cierta reacción, dado que las grandes cooperativas y los grandes grupos cooperativos conforman unidades económicas poderosas. Ban Ki-Moon, quien fuera secretario general de Naciones Unidas hasta diciembre del pasado año, decía en 2012, con motivo de la celebración del 33

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Año Internacional de las Cooperativas que: «Con su distintivo énfasis en los valores, las cooperativas han demostrado ser un modelo empresarial versátil y viable, que puede prosperar incluso en épocas difíciles. Su éxito ha contribuido a impedir que muchas familias y comunidades caigan en la pobreza» 1. En el mismo sentido, el pasado 1 de julio se celebraba el Día Internacional de las Cooperativas bajo el lema «las Cooperativas aseguran que nadie quede atrás», poniendo en valor el tema de la inclusión. Ese especial matiz solidarista e inclusivo hace que el cooperativismo vuelva a ser recordado cada vez que se produce una de las crisis propias de los ciclos de la economía, que dejan tras de sí millones de desempleados y a la sociedad con muchos ciudadanos indignados por los desamparos sociales. Efectivamente, consideramos que las cooperativas pueden constituir una alternativa real ante la crisis, como mencionaremos en el siguiente apartado, pero pretendemos mostrar que las cooperativas son mucho más que eso. Gracias a los rasgos definidores de su ADN, los principios y valores cooperativos sobre los que centraremos esta exposición, las cooperativas pueden convertirse en una verdadera alternativa económica, una palanca de cambio, que además de posibilitar una salida digna de la crisis, nos pueda ofrecer una solución a largo plazo, distanciándonos o al menos matizando, corrigiendo, los paradigmas económicos tradicionales cuyos resultados se han mostrado nefastos.

II. EL MODELO COOPERATIVO: ¿UNA ALTERNATIVA REAL ANTE LA CRISIS? Los datos que nos ofrece la realidad económica actual son poco halagüeños. Desde hace tiempo los principales indicadores de la coyuntura nacional e internacional (PIB, IPC, déficit público, tasa de desempleo, balanza de pagos, tipo de cambio, demanda interna, producción industrial…), así como las previsiones a corto/medio plazo, nos presentan un panorama ciertamente desalentador. Nos encontramos inmersos en un largo proceso de declive, iniciado en el año 2008. En un principio se negó la existencia de una crisis en la economía española, para disimularla posteriormente, minusvalorarla   Portal de las Naciones Unidas: http://www.un.org/es/events/coopsyear (última consulta: 26-09-2017). 1

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más tarde y terminar aceptándola en su dimensión real… Actualmente, la situación se describe con términos más esperanzadores: «recuperación económica visible», «salida de la recesión», «descenso del número de desempleados» (periodo estival), pero los datos y las evidencias nos hacen ser conscientes de la realidad, atisbar un futuro inmediato poco halagüeño y aferrarnos a conceptos superiores como los de cooperativismo, solidaridad, justicia, igualdad… en la búsqueda de una salida hacia alguna parte. Pero ¿es realmente el modelo cooperativo una alternativa eficaz para la salida de la crisis? Voces autorizadas responden afirmativamente, desde diferentes ópticas y posiciones, sosteniendo que las cooperativas tienen una probada trayectoria en la creación y mantenimiento del empleo, tratándose de las únicas empresas que en esta difícil situación continúan generando empleo. • COCETA 2 tomaba como referencia el año 2012, año internacional de las Cooperativas, señalando que el balance fue altamente positivo, dado que los puestos de trabajo generados por este sector entre enero y junio fueron más de 8.000, lo que supuso todo un hito teniendo en cuenta que la destrucción de empleo se había acelerado significativamente a finales del 2011. • Un informe elaborado por CICOPA en 2014, habla incluso de la «resiliencia de las cooperativas ante la crisis» 3, sugiriendo que la capacidad de resiliencia de las cooperativas se basa en diferentes motivos, pero fundamentalmente en su tendencia a generar estrategias diferentes, desde un punto de vista técnico y de gestión, que se refleja en tres niveles: en el nivel micro, los socios-trabajadores pueden tomar decisiones rápidas cuando se enfrentan a momentos de crisis, que son a su vez legítimas porque se toman democráticamente; en el nivel meso, la creación y el desarrollo de grupos horizontales y entidades mutualizadas como instituciones de apoyo empresarial, consorcios y federaciones es fundamental, ya que muchas empresas cooperativas no podrían haber encontrado servicios similares o apoyo financiero fuera   Confederación Española de Cooperativas de Trabajo Asociado.   Cooperativas y empleo: un informe mundial, elaborado por CICOPA (Organización Internacional de las Cooperativas de Producción Industrial, Artesanal y de Servicios) para la Cumbre Internacional de Cooperativas de 2014, celebrado en Quebec, p. 33. 2 3

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del sistema cooperativo y probablemente se habrían visto mucho más afectadas por la crisis actual; en el nivel macro, la existencia de un sistema legal nacional eficaz para las cooperativas con disposiciones específicas particularmente propicias para el desarrollo de este tipo de empresas, también es un factor importante de resiliencia. • Expertos en la materia, también se pronuncian en el mismo sentido. El profesor Javier Divar, catedrático emérito de Derecho mercantil en la Universidad de Deusto 4, sostiene que la cooperativa es «una alternativa ante las crisis económicas para los que quedan desamparados por el sistema económico general», calificándolas como «empresas mejor adecuadas para hacer frente a las dificultades económicas» en base a tres tipos de razones: – Las participativas La inclusión de los cooperativistas en su propia empresa como socios de la misma (sean trabajadores, consumidores o beneficiarios del servicio cooperativizado), hace que se consideren parte del proyecto empresarial, sintiéndose responsables y comprometidos con el objetivo común. Complementariamente, la participación democrática cooperativa supone que la información económica se globaliza en estas sociedades, de manera que el control de los cargos suele ser directo y efectivo. La soberanía jurídica de la Asamblea y de sus órganos derivados es real, no es posible la «autonomía de los ejecutivos» (como sucede en las grandes corporaciones capitalistas), por lo que es muy difícil que se produzcan abusos o defraudaciones de los gestores. – Las económicas Dada su naturaleza «no lucrativa y no capitalista», las cooperativas no precisan para su mantenimiento obtener importantes cuentas de resultados para satisfacer las aportaciones al capital, ya que el capital no tiene derecho a la ganancia en ellas. Por eso las cooperativas pueden mantenerse aunque sus resultados económicos sean mínimos. Su objeto es precisamente mantener el empleo, el consumo o

  «Las cooperativas: una alternativa económica y social ante la crisis», Boletín de la Asociación Internacional de Derecho Cooperativo, 2013, núm. 47, Bilbao, págs. 262-264. 4

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el servicio cooperativizado, no dotar al capital. Así que ante las dificultades económicas las cooperativas se convierten en sociedades de «resistencia». Gracias a ese mismo espíritu, en las cooperativas son posibles los sacrificios salariales o la reducción de las condiciones laborales de sus trabajadores, medidas de ordinario muy conflictivas en otras sociedades. – Las de interés público Las cooperativas por establecer unas empresas de base solidaria, de economía social o de interés general, conforman un sector empresarial de interés público, en las que no prima el beneficio mercantil al capital, sino el fomento del empleo participativo, el abasto cualificado a precios justos o los servicios de utilidad social (enseñanza, vivienda, crédito, seguros…). Además, por su carácter participativo, son empresas que socializan la educación en la democracia, lo que supone también un interés público para el Estado de Derecho, para la Democracia con mayúscula. Finalmente, las cooperativas son empresas radicadas en las que las deslocalizaciones societarias son poco frecuentes, lo que aumenta su responsabilidad social. Por todo ello las cooperativas merecen la protección política y el apoyo de las Administraciones públicas, incluidas las subvenciones de fomento y el especial tratamiento fiscal protector, que no es un agravio comparativo, ni mucho menos una competencia desleal. La mayor injusticia es el tratamiento igualitario a los desiguales. Lo dice muy bien la legislación vasca de Cooperativas 5 (artículo 137.1, precisamente bajo el epígrafe «Interés Social»): «Los poderes públicos de la Comunidad Autónoma del País Vasco asumen como función de interés social la promoción, estímulo y desarrollo de las entidades cooperativas y sus estructuras de integración empresarial y representativa». En definitiva, los datos y hechos demuestran que la estabilidad laboral en estas empresas está bastante por encima del resto del tejido empresarial, bien cuando se crean ex novo para la satisfacción de determinadas necesida  Ley 4/1993, de 24 de junio, de Cooperativas de Euskadi. BOPV num. 135, de 19 de julio de 1993. 5

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des vinculadas a la crisis (no sólo generación de empleo, también vivienda, consumo…), bien cuando se construyen a partir de compañías arruinadas, tomando el control los propios trabajadores 6. En ese sentido, parece que la incidencia de la crisis sobre el empleo es menor en las cooperativas, lo que se ha justificado en base a diferentes factores: • Mayor capacidad de adaptación y optimización de sus recursos humanos • Mayor flexibilidad y margen de ajuste en las condiciones laborales de los trabajadores como alternativa al desempleo • Participación directa de los trabajadores en la toma de decisiones • Implicación de los trabajadores en el proyecto e identificación de la empresa como propia con la consiguiente generación de lazos afectivos con el proyecto empresarial • Transformación de empresas en crisis en empresas de economía social con el fin de garantizar su supervivencia y la conservación de los puestos de trabajo, como veíamos. Desde diversos sectores se defiende, por lo tanto, que el modelo cooperativo puede salvar, por diferentes motivos, la situación de la crisis de manera muy diferente a las empresas de capital, pero ¿finaliza ahí su función? ¿Se limita su virtualidad a la actual coyuntura, posibilitando una salida digna, paulatina y sostenible de la crisis? Entendemos que no, que la cooperativa no es simplemente una alternativa ante la crisis, sino una alternativa «histórica», una (no la única) alternativa para el cambio, convirtiéndose en la punta de lanza de un complejo

6  Hay ejemplos de empresas recuperadas en una gran variedad de sectores. Tal es el caso de Ibersolar, una empresa de ingeniería de energías renovables de Barcelona, que tuvo que anunciar un ERE a principios de 2009 cuando la crisis y los recortes golpearon al sector. Algunos de sus trabajadores entonces constituyeron una cooperativa que, bajo el nombre de Arkenova, hoy sigue funcionando. O Profinox, una cooperativa murciana de tratamiento de acero inoxidable, montada por empleados que fueron despedidos de su anterior empresa por un ERE y se decidieron a emprender esta aventura que hoy continúa.

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movimiento social transformador de la economía, basado en unos principios y valores especiales.

III. ALGO MÁS: PALANCA DE CAMBIO SOCIAL Una vez analizada la posible virtualidad de las cooperativas como fórmula especialmente adecuada para superar la crisis y superada la inmediatez que requiere la urgencia, hemos de reconocer, sin embargo, que las cooperativas van mucho más allá y pueden llegar a convertirse en motores del cambio, un cambio necesario para superar las crecientes desigualdades que los paradigmas económicos tradicionales han conllevado, al margen de las situaciones de crisis. Sin embargo la crisis ha evidenciado esas limitaciones, al tiempo que ha agravado sustancialmente el problema de la exclusión social. Hay que aprovechar la oportunidad, porque hoy más que nunca se hace necesario el cambio. Se ha de ir más allá del paradigma que ve a las empresas privadas con fines de lucro e instituciones públicas como los únicos actores relevantes y avanzar hacia una visión pluralista que reconozca los variados papeles que las distintas formas de empresa pueden desempeñar con respecto a objetivos económicos y sociales colectivos. Por otra parte, han sido y son muy numerosos los estudios, análisis, diagnósticos sobre las causas de la crisis, pero desde diversos sectores cada vez se está sosteniendo con más insistencia que no se trata de una simple crisis financiera o de liquidez, sino que, en gran medida, han sido carencias éticas las que nos han llevado a la actual situación. En esa línea, se demanda un cierto «rearme ético», un cambio de valores en el actual sistema económico que nos permitan salir de la crisis de forma sostenible. Por lo tanto, necesitamos: a) nuevos paradigmas económicos, y b) un cambio de valores. Si sabemos conjugar ambos vectores adecuadamente, habremos sabido aprovechar esta oportunidad histórica de repensar nuestra sociedad e intentar mejorarla. En relación con el primer aspecto, el paradigma económico, parece innegable que necesitamos un nuevo modelo productivo diferente al especulativo, dado que ha quedado demostrado que con el fin de obtener el máximo beneficio económico se han cometido numerosas injusticias, destruyendo el entorno más inmediato: las relaciones laborales, el medio ambiente e inclu39

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so las reglas del juego democrático. Se necesita un nuevo modelo de negocio, un modelo humanista de empresa, que tenga en cuenta la igual dignidad humana de todas las personas que participan en el proyecto empresarial y que busque promover un empleo de calidad y un mayor equilibrio del reparto de la riqueza, a fin de contribuir a una sociedad más estable y menos conflictiva. El paradigma cooperativo constituye una de las fórmulas (no la única) que mejor se ajusta a esos parámetros, dado que funciona con una filosofía especial. Y es que, efectivamente, el segundo vector que proponíamos para una salida sostenible de la crisis y el tránsito a una sociedad más justa, además de la transformación del paradigma económico, era un cambio de valores. Se ha apuntado hacia las entidades financieras como culpables de la depresión económica, pero no parece justo culpar solamente a tales entidades, cuando todos los entes económicos se beneficiaron de la expansión de liquidez. En definitiva, han sido las actuaciones de los diferentes agentes económicos las que nos han llevado a la situación existente, es decir, que la crisis está fundamentada en una crisis subyacente, mucho más profunda, basada en la conducta de los individuos, no solo productores e intermediarios financieros, sino también consumidores de bienes y servicios. Si aceptamos que no estamos ante una simple crisis económica, sino ante una crisis de valores de la sociedad, podremos avanzar. Es necesaria la oportuna reacción materializada en un cambio de valores y de pautas de comportamiento. De esa forma, plantearemos una alternativa al sistema actual, a través de la armonización de lo material con lo espiritual, con un sistema determinado de valores, que es lo que el ideario cooperativo ha defendido desde sus orígenes.

III.1. Antecedentes: Precooperativismo y Doctrina Social de la Iglesia Remontándonos a los orígenes del cooperativismo, se pueden encontrar sistemas de organización con ciertos caracteres de cooperación y participación igualitaria incluso en la prehistoria (tribus con propiedad conjunta de bienes y actividades básicas de caza, pesca, etc. realizadas en común), pero es a finales del siglo XVIII y principios del XIX cuando el cooperativismo adquiere sus caracteres actuales, como reacción frente a las grandes desigualdades e injusticias sociales ocasionadas por la denominada «Revolución 40

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industrial» (1750-1850), que si por una parte significó un gran avance en lo tecnológico, en las comunicaciones, en la agricultura y en la maquinaria, por otra conllevó también la explotación de los trabajadores 7. No obstante, ese primer cooperativismo es fruto de una larga evolución, en la que pueden distinguirse varias fases o etapas: 1) un primer y prolongado período de utopismo con base religiosa, que se ha dado en llamar PRECOOPERATIVISMO.

Efectivamente, las primeras formulaciones (siglo XVII) fueron de simple asociacionismo económico y surgieron de forma natural, cuando las familias campesinas comenzaron a emigrar a las ciudades y establecieron las primeras colectividades de ayuda mutua, prácticas de asistencias colectivas que evolucionaron en sociedades de socorros mutuos. Pensadores a menudo olvidados como George Fox, Peter Cornelius Plockboy o John Bellers defendieron el establecimiento de colectividades de ayuda mutua, sobre bases religiosas. Eran las «Sociedades de Amigos» de Fox, «Repúblicas de la cooperación» de Plockboy o «Asociaciones de Trabajo» de Bellers. Con todo, puede decirse que Fox, Plockboy y Bellers son los antecedentes remotos del cooperativismo moderno, con una base religiosa y solidarista importante, dado que conciben sus asociaciones, pequeñas repúblicas o asociaciones como entidades que defienden revivir las experiencias comunitarias del cristianismo primitivo y «hacer felices a los pobres» como expresamente mencionaba Plockboy en su ensayo.



El movimiento asociacionista y la defensa de los pobres o, más concretamente, del proletariado, evolucionó de forma más radical a finales del siglo XVIII y principios del XIX, con filosofías revolucionarias de corte estatalista, que incluso incitaban al pueblo a la toma del poder para colectivizar los medios de producción suprimiendo la

7  Divar Garteiz-aurrecoa señala que «el cooperativismo es un movimiento natural y popular de solidaridad y mutua ayuda. No es una creación de intelectuales, sino del pueblo» (Divar Garteiz-aurrecoa, J., 2013: Economía y democracia. Madrid: Editorial Dykinson, p. 90). Así, veremos que las entidades que actualmente conocemos como «cooperativas» surgieron como reacción frente a las inhumanas condiciones de trabajo y de vida tras la Revolución industrial, que llevaron a la búsqueda de soluciones basadas en la asociación de esfuerzos para compensar la debilidad individual de los asociados con la fuerza de su número.

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propiedad privada. De esa forma desaparecerían las clases sociales y se establecería un nuevo orden económico. Entre estos teóricos «radicales» cabe diferenciar dos líneas fundamentales. En primer lugar, la del filósofo y economista francés Claudio Enrique de Saint Simón, miembro de la nobleza francesa, que creó una escuela económica que defendía una reforma de la organización social de la época, ya que consideraba que la causa principal de la injusticia social se originaba por el sistema de propiedad existente. Para ello propusieron la previa toma del poder y la incautación de los medios de producción, suprimiendo el derecho hereditario, el libre emprendimiento y las liber­ tades religiosas, por considerar a la religión como el germen de la resignación ante las desigualdades sociales. En una línea más moderada, por el contrario, Philippe Buchez, con una sólida formación cristiana, se opuso a ese ateísmo oficial, rompiendo con los saintsimonianos y estableciendo las bases de las sociedades de trabajo asociado bajo principios cooperativos.

Todas esas ideas solidaristas previas que, desde diferentes perspectivas y por diferentes vías, pretendían una mejora de las condiciones generales de vida y en especial de la de los más desfavorecidos, tuvieron un alcance y éxito limitados pero, a pesar de no conllevar una trascendencia inmediata, ejercieron una indudable influencia sobre los denominados verdaderos pioneros del cooperativismo, representados fundamentalmente por tres autores nacidos a finales del siglo XVIII: Robert Owen (Inglaterra, 1771), Charles Fourier (Francia, 1772) y William King (1786), que desarrollaron una interesante labor doctrinaria a favor de una vida en comunidad 8 basada en la ayuda

  «Aldeas de la cooperación» de OWEN. Cuando al finalizar las guerras napoleónicas se produjo una gran crisis y la consiguiente falta de trabajo, quiso demostrar que la sociedad disponía de medios para evitar que los «sin trabajo» fuesen una carga y presentó su propuesta para establecer las aldeas de la cooperación. En un principio serían simples proyectos de agricultura colectiva, lugares donde los desocupados pudieran ganarse la vida cultivando la tierra para obtener sus alimentos. Poco a poco se fue dando más margen a la producción industrial, hasta convertirse en cooperativas integrales, donde la producción y el consumo se efectuarían en común. «Falansterios» de Fourier. Propuso la constitución de grupos o «falanges» que organizaran su vida en común y se instalaran en comunidades o colonias denominadas falansterios, su aportación más significativa. Estas comunidades tendrían un tamaño y estructura intermedios: ni demasiado pequeñas, para que cada miembro tuviera un margen suficiente 8

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mutua, aunque no tan directamente vinculada a creencias religiosas como en el caso de sus antecesores asociacionistas. 2) Una posterior etapa de fijación y concreción de los caracteres jurídicos del estatuto cooperativo; su REGLAMENTACIÓN CIENTÍFICA a través de los estatutos de la Sociedad de Rochdale. Con todas esas doctrinas y experiencias previas, la teoría del cooperativismo se fue «amasando» lentamente como opción diferente, hasta que los denominados «pioneros de Rochdale» le dieron forma definida en 1844. Los pioneros se propusieron una transformación profunda de la realidad económica y social que les tocó afrontar, pero a diferencia de los ideólogos, pensadores y reformadores sociales expuestos, tuvieron el acierto de comenzar esa transformación por aquello que se encontraba al alcance de sus modestas posibilidades. Así, en lugar de esperarlo todo del libre juego de las leyes naturales, de la lucha de clases o de la acción benefactora de Estado y filántropos, se decidieron a encarar por sí mismos el logro de esa transformación. De ahí que La Sociedad de los Probos Pioneros de Rochdale como se le conoce, haya sido tradicionalmente reconocida como la iniciadora del movimiento cooperativo moderno. Sus fundadores fueron capaces de aprovechar los resultados de experiencias pasadas y reflejar las ideas de sus contemporáneos, pero su principal mérito radica en saber seleccionar y sistematizar las normas fundamentales que desde entonces han adoptado y puesto en práctica las cooperativas. Celebraron reuniones secretas y, finalmente, veintiocho tejedores establecieron las bases de la entidad y la registraron el 24 de octubre de 1844 con el nombre de Rochdale Society of Equitable Pioneers. Ahí comenzó todo… 3) Finalmente, una tercera etapa de MERCANTILIZACIÓN de la fórmula cooperativa.

Los movimientos ideológicos y de base religiosa, se desarrollaron como doctrinas utópicas, más o menos radicales en el XVIII, se asentaron en la primera mitad del siglo XIX, culminando con su fijación societaria a través de los estatutos de Rochdale.

para poder elegir sus ocupaciones, ni mayores de lo necesario para satisfacer esa necesidad (1600 personas cultivando alrededor de 5000 acres). Debían habitar en un gran edificio común o en un grupo de edificios, bien dotados de servicios comunes, incluidas las casas-cuna donde los niños/as pequeños/as serían atendidos comunalmente.

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Después comienza una fase que se ha dado en llamar de practicismo mercantilista (segunda mitad del siglo XIX), definiéndose como una opción real para la resolución de los problemas económicos y reconociendo la cooperativa como empresa, es decir, como fórmula societaria mercantil. A partir de ahí, el cooperativismo se abrió camino durante el siglo XX como empresa liberal pero no capitalista, sino participativa y solidaria, que entra en el juego de la competencia mercantil con las sociedades capitalistas. La necesidad de elevar el nivel de vida del proletariado y de conseguir paliar o eliminar parcial o totalmente el papel preponderante del capital en la empresa, hacen que triunfe este modelo cooperativo por todo el mundo. Una empresa que trata a todos sus componentes de acuerdo con su igual dignidad humana y fomenta la participación de los mismos en la gestión, los resultados y la propiedad, lejos de ser una utopía idealista se convierte en una fuente de competitividad empresarial.

Sin embargo, es precisamente esa entrada en la lucha del mercado y esa mercantilización, vital y necesaria, por otra parte, para el desarrollo de la cooperativa, la que plantea el grave problema de una posible pérdida de identidad, de su auténtica finalidad, que es el cambio social, para lo que resulta fundamental el máximo respeto a la esencia de su ADN y «el escrupuloso cumplir de sus principios y valores» 9, como señala el profesor Divar. La solidaridad cooperativa está presente desde sus orígenes más remotos, en principio procedente de la piedad religiosa, que se mantiene como una de las líneas doctrinales cooperativas constante en el tiempo. La idea de ayuda mutua, de preocupación por el prójimo, por el necesitado, que subyace de forma más o menos acentuada y con diferentes matices en todo este proceso evolutivo hace que frecuentemente se vincule el cooperativismo con el denominado cristianismo social. Es más, podemos mostrar que existe una gran relación entre cooperativismo y Doctrina Social de la Iglesia 10, dado que el ideario cooperativo bebe de la DSI y ésta a su vez reconoce explícitamente las bondades de la fórmula cooperativa, como modelo de gestión adecuado a la defensa de la dignidad humana.

  Divar Garteiz-aurrecoa, J., Economia y democracia, op. cit., p. 95.   En adelante DSI.

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La DSI es un conjunto de principios, criterios y directrices de acción formulados por la Iglesia para dar respuesta a los problemas sociales de cada tiempo y conseguir, mediante su aplicación, un nuevo orden socio-económico, en que no sólo domine el criterio del lucro y lo material, sino que busque el bien común en la construcción de un sistema más acorde con el desarrollo de la dignidad humana. El corpus de la DSI englobaría el período iniciado tras los acontecimientos vinculados a la revolución industrial, que trastornaron estructuras sociales seculares, ocasionando graves problemas de justicia y dando lugar a la primera gran cuestión social, la cuestión obrera, causada por el conflicto entre capital y trabajo. Respecto a los documentos que integran ese corpus de la DSI, se analizan fundamentalmente los documentos pontificios y, más concretamente, las Encíclicas, aunque también se han aceptado otros por su categoría moral. Son 15 documentos sociales (desde Rerum Novarum de León XIII, en 1891, hasta Laudato Sí, del Papa Francisco, en 2015), en los que la Iglesia pretende dar una respuesta histórica a los problemas de cada momento, aportando reflexiones y señalando pautas de actuación, partiendo siempre de unos principios de valor permanente y universal. Es decir la DSI es una respuesta concreta a problemas sociales situados en un tiempo y una geografía concreta. De su análisis se puede colegir su gran proximidad al cooperativismo, tanto por sus principios, muy próximos al ideario cooperativo, tal y como veremos, como por algunas de sus manifestaciones expresas, alabando, en más de una ocasión, las bondades de la fórmula cooperativa. Concretamente: – 1891, RN: León XIII defiende el derecho de asociación de los trabajadores y propone la creación de organizaciones de socorro mutuo. – 1931, QA: Pío XII propone la constitución de formas asociativas laborales (cercanas a las cooperativas de producción). – 1944: en esta ocasión a través de un radiomensaje, Pío XII impulsa las uniones cooperativas a efectos de organizar la pequeña y mediana propiedad en la agricultura, las artes, el comercio y la industria. – 1961, MM: la expresión más directa y clara probablemente. Juan XXIII menciona expresamente a la «empresa cooperativa» como «estructura económica ajustada a la dignidad del hombre» y aboga por su promoción, como sistema adecuado para mejorar las condiciones de vida de los trabajadores. 45

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– 1986, Juan Pablo II pronuncia un discurso en la sede de las Cooperativas de Productores Agrícolas de Faenza, Italia, en el que también elogia de forma expresa y clara las cooperativas. – 1996, también por indicación de Juan Pablo II, el Pontificio Consejo «Cor Unum» presenta el documento «El hambre en el mundo, un reto para todos: el desarrollo solidario», en el que se menciona a las cooperativas como instrumento para la justicia cooperativa, especialmente en el ámbito agropecuario y se alaban las iniciativas comunitarias, reconociendo expresamente el mérito iniciático de las Uniones cooperativas fundadas en el siglo XIX por «promotores del bien común», que se inspiraron en el espíritu del Evangelio y en la solidaridad social. El texto cita directamente a Plockboy y a Owen, cuya aportación resultó esencial para asociaciones posteriores y abrió un hueco a la esperanza de poder recoger los frutos en el porvenir – 2013, Francisco apoya la cooperativa como sistema de empresa, ante los más altos representantes de la Alianza Cooperativa Internacional. – 2015, febrero: el Papa elogia y alienta el trabajo en favor del bien común de las cooperativas, concretamente al recibir en audiencia a los miembros de la Confederación de Cooperativas italianas. – 2015, mayo, Ls: Francisco subraya la virtualidad de las cooperativas para la explotación de las energías renovables y de la instancia local para reforzar el sentido comunitario. Pero esa conexión entre DSI y cooperativismo se manifiesta, especialmente, a través de sus principios. De todos estos documentos sociales se pueden extraer una serie de principios y valores para la organización de la vida social, que se articulan y complementan mutuamente. Estos principios universales actualmente aparecen recogidos en el CDSI 11 y son seis: 1) DIGNIDAD HUMANA. 2) BIEN COMÚN. 3) DESTINO UNIVERSAL DE LOS BIENES.   Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia: documento elaborado por el Pontificio Consejo «Justicia y Paz» y que el Vaticano ha publicado para «ilustrar las líneas fundamentales de la DSI y la relación existente entre esa doctrina y la nueva evangelización» (CDSI 7). 11

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4) SUBSIDIARIEDAD. 5) PARTICIPACIÓN. 6) SOLIDARIDAD. Principios que nos recuerdan claramente a los principios y valores que constituyen la esencia de la identidad cooperativa y en los que se puede encontrar la llave para iniciar un cambio.

III.2. Eje central: principios y valores cooperativos Como bien sabemos, existen una serie de principios y valores que constituyen los elementos diferenciadores de las organizaciones y empresas cooperativas y que han ido evolucionando e incorporando nuevos matices para una mejor interpretación de las circunstancias de cada momento, siempre bajo la supervisión de la Alianza Cooperativa Internacional. Señala el profesor Martínez Charterina 12 que, «los principios cooperativos heredados de la tradición cooperativa a partir de la experiencia de Rochdale y administrados con posterioridad por la Alianza Cooperativa Internacional, han sido elementos identificadores de las cooperativas que han permitido delimitarlas, diferenciándolas de otras realidades sociales y empresariales en el tiempo». Gadea, Sacristán y Vargas 13, hablan del valor normativo de tales principios y de su discutida vigencia, señalando que «las cooperativas, en tanto sociedades en las que rigen los principios cooperativos, son una realidad objetiva». En cualquier caso, los valores constituyen el fundamento de los principios, por lo que la ACI decide ocuparse primero de los valores y a su luz elaborar una reforma de los principios, decisión que toma forma en la II Asamblea General de la ACI, celebrada en Manchester en septiembre de 1995, con motivo del Centenario de la Alianza 14. En la primera parte de la denominada «Declaración de la Alianza Cooperativa Internacional sobre la  Martínez Charterina, A. (1995). «Los valores y los principios cooperativos», en REVESCO, Revista de Estudios Cooperativos, nº 61, p. 35. 13  Gadea E., Sacristán F., Vargas C. (2009). Régimen jurídico de la sociedad cooperativa del siglo XXI: realidad actual y propuestas de reforma. Madrid: Dykinson, pp. 42-45. 14  Declaración de la Alianza Cooperativa Internacional sobre la Identidad Cooperativa (1996). Vitoria-Gasteiz: Consejo Superior de Cooperativas de Euskadi. 12

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Identidad Cooperativa», se recoge la definición de cooperativa, el listado de valores, agrupándolos en valores básicos (autoayuda, autorresponsabilidad, democracia, igualdad, equidad y solidaridad) y valores éticos (honestidad, transparencia, responsabilidad y vocación social), así como la definición y enunciado de los principios cooperativos: «los principios cooperativos son pautas mediante las cuales las cooperativas ponen en práctica sus valores», y son siete: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

adhesión voluntaria y abierta gestión democrática por parte de los socios participación económica de los socios autonomía e independencia educación, formación e información cooperación entre cooperativas interés por la comunidad

Vistos los principios DSI y los principios y valores cooperativos, analizaremos esa posible conexión e interrelación entre ambos ámbitos, tomando como referencia los principios de la DSI. 1. LA DIGNIDAD HUMANA El ser humano tiene una dignidad que le viene dada por el hecho de ser creado a imagen y semejanza de Dios. Por lo tanto, el ser humano, como persona, debe ser sujeto activo y responsable de su propio proceso de crecimiento, junto con la comunidad de la que forma parte y no puede estar al servicio de proyectos de carácter económico, social o político impuestos, ni siquiera en aras al presunto progreso de la comunidad. El principio de dignidad humana también se encuentra claramente presente en el ámbito cooperativo, aunque no se explicite como tal, desde el momento en que el hombre, en este caso el socio cooperativo, constituye el eje fundamental sobre el que gira la entidad cooperativa y todo su funcionamiento. La dignidad humana constituye, en realidad, la esencia de la doctrina cooperativa, de la que se desprenden el resto de principios y valores cooperativos, comenzando por el de Adhesión libre y voluntaria, que permite la entrada, en condiciones de igualdad, a toda persona que acepte la responsabilidad que supone la pertenencia a la entidad y respete sus postulados. 48

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2. EL BIEN COMÚN Conjunto de condiciones de la vida social que hacen posible a las asociaciones y a cada uno de sus miembros el logro más pleno y más fácil del propio desarrollo y perfección. Con respecto a la conexión entre este principio y el ámbito cooperativo, tampoco se recoge de forma expresa en el ideario cooperativo pero puede decirse que en todo el mundo y en los sectores económicos más diversos hay empresas basadas en el bien común y el modelo cooperativo podría constituir uno de sus más claros exponentes. Efectivamente, la crisis ha puesto en el punto de mira el modelo de negocio hasta ahora predominante y han aparecido corrientes ideológicas que intentan cambiar este paradigma por otro en que las ganancias no solo se midan por los números, sino también por el impacto en la sociedad, el medio ambiente y la cultura, y que se han dado en denominar «economía del bien común», término acuñado por el economista austríaco Christian Felber, que afirma que «el marco de incentivos para los individuos activos en la economía tiene que cambiar radicalmente de la búsqueda de beneficios y la competencia a la búsqueda del bien común y la cooperación» 15. 3. EL DESTINO UNIVERSAL DE LOS BIENES El principio de la destinación universal de los bienes de la tierra se halla, pues, en el corazón mismo de la justicia social. Generación tras generación, debemos considerarnos como administradores transitorios de los recursos de la tierra y del sistema de producción. El derecho a la propiedad privada no es un derecho absoluto, sino que, en virtud de su función social, está subordinado al destino universal de los bienes. También en el mundo cooperativo se tiene la conciencia de este destino universal de todo bien y de nuestro carácter de meros «administradores transitorios de los mismos». En ese sentido, y aunque no aparezca expresamente recogido como principio, en el ideario cooperativo siempre ha estado latente el espíritu de conservación del medio ambiente. Los valores de ayu  Felber, Ch. (2012). La economía del bien común. Traducción de Silvia Yusta. Barcelona: Deusto, Grupo Planeta, p. 47. 15

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da mutua, autogestión, solidaridad… junto con el interés por la comunidad son esenciales para lograr conjugar economía rentable con responsabilidad ecológica y social. 4. LA SOLIDARIDAD La solidaridad en la DSI es un deber para con los pueblos subdesarrollados, proclamando la necesidad de llevar a cabo acciones solidarias que promuevan el desarrollo. Ha sido precisamente el Papa Francisco quien, a través de este principio de solidaridad, ha establecido una conexión directa entre DSI y doctrina cooperativa. En el videomensaje en el que recuerda la palabra solidaridad, hace seguidamente una reflexión sobre el sistema cooperativo alabando sus bondades, al considerar que la cooperación «representa un elemento importante para asegurar la pluralidad de presencias entre los empleadores del mercado (…). Creo que no considerar actual esta forma de presencia en el mundo productivo constituye un empobrecimiento (…) que no promueve las diferencias y la i­ dentidad» 16. Como más arriba mencionábamos, actualmente la Declaración de la Alianza Cooperativa Internacional sobre la Identidad Cooperativa diferencia los «valores en que están basadas las cooperativas» entre los que se encuentra la solidaridad, junto con la autoayuda, la autorresponsabilidad, la democracia, la igualdad y la equidad, y los «valores éticos que los socios cooperativos hacen suyos», tales como la honestidad, la transparencia, la responsabilidad y la vocación social. Posteriormente, en la segunda parte del documento, el Informe sobre la Declaración, al explicar cada uno de los valores y principios, se refiere a la solidaridad como «el último valor operativo, un valor con una historia larga y consagrada dentro el movimiento cooperativo… Además la «solidaridad» significa que los cooperativistas y las cooperativas se mantienen unidos. Aspiran a la creación de un movimiento cooperativo unido, local, nacional, regional e internacionalmente […]» 17.   Videomensaje del Santo Padre Francisco con ocasión del Tercer Festival de la DSI. Verona, 21 de noviembre de 2013. (http://w2.vatican.va/content/francesco/es/messages/pont-messages/2013/documents/papa-francesco_20131121_videomessaggio-festival-dottrina-sociale.html; última consulta: 15-01-2015). 17  Declaración de la Alianza Cooperativa Internacional …, op. cit., p. 39. 16

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En suma, podría decirse que la solidaridad se encuentra en el ADN cooperativo y supone, en primer lugar, el apoyo y cooperación en la solución de los problemas de socios, empleados y personas directamente vinculadas a la cooperativa, pero también de personas y realidades ajenas a la misma, siendo la base de otros principios y valores cooperativos, como el interés por la comunidad o la cooperación entre cooperativas. 5. EL PRINCIPIO DE SUBSIDIARIEDAD Para la DSI la subsidiariedad implica que: a) las instancias superiores no deben sustituir a las inferiores, sino actuar sólo cuando éstas sean incapaces de hacerlo; y b) que las instancias superiores deben ayudar a las inferiores para que puedan conseguir mejor sus objetivos. En el ámbito cooperativo la subsidiariedad tiene su reflejo en el principio de autonomía e independencia, según el cual «las cooperativas son organizaciones autónomas de autoayuda, gestionadas por sus socios. Si firman acuerdos con otras organizaciones, incluidos los gobiernos, o si consiguen capital de fuentes externas, lo hacen en términos que aseguren el control democrático por parte de sus socios y mantengan su autonomía cooperativa» 18. 6. LA PARTICIPACIÓN Y LA DEMOCRACIA La DSI, inicialmente centrada en la denominada «cuestión obrera», se preocupa en primer lugar por la participación del trabajador en la empresa (MM) 19, para después ampliar el concepto a otros ámbitos de la vida social: participación en la vida pública (PT), en la cultura (CA), en la economía (CiV), en la vida política (GS)… De esta forma, hoy se considera que la participación no puede ser delimitada o restringida a algún contenido particular de la vida social, sino que debe comprender todos los aspectos mencionados, desde los ámbitos básicos de participación del trabajador en la empresa, o del ciudadano en la vida política, hasta los niveles superiores, de participación de los pueblos en la construcción de una comunidad internacional solidaria.   Declaración de la Alianza Cooperativa Internacional …, op. cit., Cuarto principio, p. 19.   Ya con anterioridad había mencionado tímidamente la necesidad de «participación de todos los hombres de buena voluntad» en orden al «bien social y económico» (QA 147), pero es en MM donde se menciona expresamente como principio por primera vez. 18

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Cabe destacar que el principio de participación es el que más claramente muestra la íntima conexión entre la DSI y la filosofía cooperativa, dado que entronca con los pilares sobre los que tradicionalmente se ha asentado el sistema cooperativo desde sus inicios rochdaleanos: el principio de participación (en este caso económica) y la gestión democrática. Ambos están expresamente reconocidos en la Declaración sobre la Identidad Cooperativa. Aquí finaliza el análisis de los principios de la DSI expresamente listados por el CDSI, pero no la conexión DSI-cooperativas, porque existen otra serie de conceptos e ideas que, a pesar de no aparecer listados entre los principios, constituyen un aparte importante de la misma y son próximos al ideario cooperativo. 7. LA PRIMACÍA DEL TRABAJO SOBRE EL CAPITAL La DSI se ocupa de la cuestión laboral desde la primera gran encíclica social, RN, en la que el Papa León XIII se refería a una serie de aspectos de la realidad laboral del momento, que han sido replanteadas en sucesivas encíclicas y que, en algún caso, incluso hoy pueden considerarse vigentes (salario justo, limitación de jornada laboral, legislación protectora de los derechos de los trabajadores…). Una vez reivindicados los requisitos mínimos, la DSI ha abordado las relaciones entre trabajo y capital, destacando siempre la prioridad del primero sobre el segundo, contrariamente a lo que se defendía en la era de la industrialización. Refiriéndonos al ámbito cooperativo, la relación es clara, dado que la piedra angular de la cooperativa la constituye la persona, el socio, por cuyos intereses se vela, y no el capital. Las cooperativas funcionan de forma que el capital es el sirviente y no el amo de la organización. En palabras de Martínez Charterina, «esta subordinación del capital en la cooperativa se pone de manifiesto a través del interés limitado al capital» 20. A diferencia de la sociedad capitalista, la cooperativa no concede al capital derecho político alguno. El capital es un mero instrumento para la consecución del fin social de la cooperativa.  Martínez Charterina, A. (1996). «La cooperativa como empresa y los principios cooperativos tras el congreso centenario de la ACI de Manchester», en Evolución del escenario económico. Homenaje a D. José Mª Solozábal Barrena. Bilbao: Universidad de Deusto, p. 221. 20

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8. LA EDUCACIÓN Y LA INTERCOOPERACIÓN Juan XXIII menciona tangencialmente estos dos principios cuando en MM aborda la cuestión del incremento demográfico y el desarrollo económico, resaltando la importancia de la educación en la responsabilidad de las futuras generaciones, y al mencionar la cuestión de la colaboración a nivel mundial. Estos principios aparecen expresamente recogidos en la Declaración sobre la Identidad Cooperativa: la formación y la cooperación, en este caso entre cooperativas. La formación o educación tiene una importancia vital dentro de las cooperativas, ya que desde siempre ha representado algo más que la mera distribución de conocimientos técnicos. En más de una ocasión se ha calificado la educación como «regla de oro del cooperativismo», con cuya realización se aspira a que tanto los socios, los directivos, representantes y empleados de las cooperativas, así como los poderes públicos y la sociedad en general, comprendan, y cuando menos conozcan, cuáles son los fundamentos y el sentido del Movimiento Cooperativo: sus valores, sus derechos y responsabilidades y el papel que ha desarrollado a lo largo de la historia». Con respecto al otro principio, hemos de señalar que la cooperación entre cooperativas se ha aplicado con distinto énfasis a lo largo de la historia cooperativa, recobrando especial intensidad a partir de la década de los 90. La principal razón para la formulación expresa de este principio fue que el sector cooperativo veía cómo crecía la dimensión media de las empresas con las que las cooperativas tenían que competir y mediante la intercooperación, las cooperativas podían aumentar su dimensión, obtener financiación, compartir dificultades y, en suma, competir mejor. A modo de síntesis, podemos destacar que existe una clara conexión entre los principios de la DSI y los propios de la doctrina cooperativa y que, como bien explica el Informe sobre la Declaración de la ACI, incluso dentro del propio ámbito cooperativo, también los principios y valores cooperativos están relacionados entre sí. Por lo tanto, reflejaremos a través de una tabla esta miscelánea de nexos, a fin de ofrecer una visión gráfica y clarificadora de los mismos. 53

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DSI Principios

DOCTRINA COOPERATIVA Principios

Valores

Dignidad humana (RN, QA, OA, LE, CA, PT, GS, MM)

– Adhesión libre y voluntaria – Gestión democrática

– Igualdad – Democracia

Bien común (MM, GS)

– Interés por la comunidad

– Vocación social

Destino universal de los bienes (GS, CA, EG, SRS)

– Interés por la comunidad (interés por el desarrollo sostenible de la comunidad: preocupación por el medio ambiente)

– Ayuda mutua – Solidaridad – Vocación social

Solidaridad (RN, LS, MM, PT, GS, PP, SRS, EG)

– Interés por la comunidad – Cooperación entre cooperativas

– Solidaridad – Autoayuda y ayuda mutua

Subsidiariedad (QA, MM, PT, CiV, EG)

– Autonomía e independencia

Participación (QA, MM, PT, CA, CiV, GS)

– Gestión democrática – Participación económica

– Igualdad – Democracia

Primacía del trabajo sobre el capital (RN, LE)

– Participación económica – Gestión democrática

– Igualdad – Democracia

Educación e intercooperación (MM)

– Educación, formación e información – Cooperación entre cooperativas

– Solidaridad

*Gaminde Egia, E. (2017). La doctrina social cristiana y el cooperativismo vasco: una alternativa para el cambio, Madrid, Dykinson, p. 161

¿Pero qué practicidad tienen en la actualidad los mencionados principios y valores? ¿Una empresa en la que se priorizan los valores sobre el capital puede ser realmente competitiva?

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III.3. Ejemplo de viabilidad de la alternativa: el caso vasco. Arizmendiarrieta y el grupo MONDRAGÓN La fórmula cooperativa en Euskadi tiene una historia centenaria pero hablar hoy de cooperativismo vasco es hablar de la Experiencia de Mondragón y de su fundador, D. José María Arizmendiarrieta. El cooperativismo de Mondragón tiene una profunda inspiración cristiana, que se debe a dos razones fundamentales. Por una parte, su origen: ese cooperativismo nace de la acción pastoral de un sacerdote que, orientado por la Doctrina de la Iglesia, traduce sus postulados en actividades sociales. En segundo lugar, se trata de una experiencia que se desarrolla en un lugar y un entorno determinado, el País Vasco, territorio de especial fisonomía, con honda raigambre cristiana. Arizmendiarrieta nació y creció en un entorno rural, de moral campesina y costumbres cristianas. Fue ordenado sacerdote en 1941, obteniendo el cargo de coadjutor en la parroquia de San Juan Bautista de Mondragón, y desde un principio tuvo claro que quería compaginar su ministerio sacerdotal con el apostolado social. Su objetivo era transformar, recristianizar, la dividida y maltrecha sociedad mondragonesa, para lo que necesitaba aliados con los que liderar esa nueva espiritualización del mundo del trabajo. Pero no bastaba cualquier aliado, necesitaba personas bien formadas técnica y espiritualmente, cualificadas y con valores humanistas y cristianos, para lo que creó la institución que se convertiría en el motor de su ideal evangelizador: la Escuela Profesional de Mondragón. El siguiente paso sería el definitivo: había que pasar a la acción. El objetivo era claro: crear un orden nuevo a través de la empresa cristiana, una empresa capaz de trasladar los principios de justicia social e igualdad al mundo del trabajo, situando a la persona en el centro y posibilitando su participación en la organización. Así, tras quince años de predicamento y práctica social, Arizmendiarrieta vió viable una reforma de la empresa. Inicialmente se propuso hacerlo desde dentro, en las empresas existentes, pero ante su imposibilidad, tomó la iniciativa de animar a cinco jóvenes formados en la Escuela Profesional a fundar una nueva empresa, Talleres Ulgor, que posteriormente acogería la forma jurídica de empresa cooperativa. 55

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De esa forma, de la mano de Arizmendiarrieta y cinco de sus discípulos, nace, en 1956, este «ensayo» cooperativo, que se denominaría «Experiencia Cooperativa de Mondragón», que tendría que recorrer un largo camino para poder expresarse en términos de gestión material viable y convertirse en el referente nacional e internacional que es hoy (primer grupo empresarial vasco y décimo en el Estado español). En los inicios de ese recorrido y hasta su fallecimiento (se mantuvo activo prácticamente hasta sus últimos días), D. José María se convirtió en un líder excepcional, compaginando una extrema humildad personal y una intensa determinación profesional. En relación con los PRINCIPIOS Y VALORES COOPERATIVOS, comenzaremos diciendo que en la mente de Arizmendiarrieta el cooperativismo no nació como una mera aplicación práctica de principios fijados de antemano, sino como una búsqueda, porque para él el cooperativismo no nace en Rochdale o en Mondragón sino en el corazón del hombre, pero sí mencionó expresamente que «en el marco de los principios rochdalianos deben acentuarse, de acuerdo con la doctrina social católica, los siguientes principios: – «El carácter personalista de la empresa que implica la voluntariedad, la libre adhesión y la mutua confianza. – El carácter no lucrativo de la empresa cooperativa, compatible con el beneficio legítimo que los socios de las mismas se proponen obtener en la satisfacción de sus necesidades mediante la actividad en común. – El carácter social de la empresa cooperativa, manifiesto en la forma de distribución de los excedentes, en la participación de todos sus miembros en el gobierno o control de aquella, en los fines económico-sociales que cumple y en su interés por la formación de auténticos cooperadores, concediendo a la educación de los mismos una importancia fundamental para el progreso del ideal cooperativo» 21. En otro escrito D. José María señala que «el movimiento cooperativo se inspira en una siguiente trilogía dogmática: 1. Principio de SOLIDARIDAD; 2. Principio del DOMINIO DE LOS HOMBRES SOBRE LOS INSTRUMENTOS, esto es, la formación del poder en función de las personas (o primacía   Azurmendi, El hombre cooperativo. Pensamiento de Arizmendiarrieta. Mondragón: Caja Laboral Popular-Lan Kide Aurrezkia, p. 488. 21

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del trabajo sobre el capital en una formulación más actual); 3. Principio de la DISTRIBUCIÓN DE LOS RESULTADOS CON ALTA PARTICIPACIÓN EN LA COMUNIDAD, esto es, tendencia a la progresiva socialización del patrimonio (ó interés por la comunidad; vocación social) 22». Pero ¿persisten esos principios en la actualidad? ¿cómo han sido recogidas las propuestas de Arizmendiarrieta en la realidad cooperativa actual? ¿pervive el substrato cristiano? ¿tiene sentido su mantenimiento en el actual contexto de crisis? Las aspiraciones del promotor de la ECM y el mensaje de su aplicación práctica durante años constituyen un legado de innegable valor que fue sistematizado en el I. Congreso del Grupo Cooperativo Mondragón celebrado los días 2 y 3 de octubre de 1987. Bajo el título «Principios Básicos de la Experiencia Cooperativa de Mondragón» se proclamaron diez enunciados que dieron forma a las ideas arizmendianas que a lo largo de más de treinta años ya se venían poniendo en práctica a través de las empresas cooperativas del Grupo. Estos principios básicos aparecen hoy reflejados en la web corporativa del grupo 23. 1. Libre adhesión

«La Experiencia Cooperativa de Mondragón se declara abierta a todos los hombres y mujeres que acepten estos Principios Básicos y acrediten idoneidad profesional para los puestos de trabajo que pudieran existir».

2. Organización democrática

«Proclamamos la igualdad básica de los socios trabajadores en lo que respecta a sus derechos a ser, poseer y conocer, lo que implica la aceptación de una organización democrática de la empresa, concretada en:

  Azurmendi, El hombre cooperativo… op. cit., p. 473.  http://www.mondragon-corporation.com/sobre-nosotros/gobernanza/mision-visionvalores/; última consulta: 25-09-2017. 22 23

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a) La soberanía de la Asamblea General, compuesta por la totalidad de los socios, que se ejercita según la práctica de «una persona, un voto». b) La elección democrática de los órganos de gobierno, y en concreto del Consejo Rector, responsable de su gestión ante la Asamblea General. c) La colaboración con los órganos directivos designados para gestionar la sociedad por delegación de toda la comunidad, que gozarán de las atribuciones suficientes para desarrollar eficazmente su función en beneficio común». 3. Soberanía del trabajo

«Consideramos que el Trabajo es el principal factor transformador de la naturaleza, de la sociedad y del propio ser humano y, por consiguiente: a) Renunciamos a la contratación sistemática de trabajadores asalariados. b) Adjudicamos al Trabajo plena soberanía en la organización de la empresa cooperativa. c) Consideramos al Trabajo acreedor esencial en la distribución de la riqueza producida. d) Manifestamos su voluntad de ampliar las opciones de trabajo a todos los miembros de la sociedad».

4. Carácter instrumental y subordinado del capital

«La Experiencia Cooperativa de Mondragón considera al factor Capital como un instrumento, subordinado al Trabajo, necesario para el desarrollo empresarial, y acreedor por tanto: a) A una remuneración: – Justa, en relación a los esfuerzos que implica su ahorro. – Adecuada, para proporcionar la adscripción de los recursos necesarios. – Limitada en su cuantía, mediante la correspondiente regulación. – No directamente vinculada a los Resultados obtenidos. 58

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b) A una disponibilidad subordinada a la continuidad y desarrollo de la cooperativa, que no impida una real aplicación del principio de Libre Adhesión». 5. Participación en la gestión

«Estimamos que el carácter democrático de la Cooperativa no se agota en su vertiente societaria, sino que implica un desarrollo progresivo de la autogestión y consecuentemente de la participación de los socios en el ámbito de la gestión empresarial…».

6. Solidaridad retributiva

«Proclamamos la retribución suficiente y solidaria como un principio básico de su gestión, expresada en los términos de: a) Suficiente, acorde con las posibilidades reales de la Cooperativa. b) Solidaria, materializada: – En el ámbito interno, en la existencia de un marco solidario de retribuciones al trabajo. – En el ámbito externo, en el criterio de que la remuneración interna sea homologable con los trabajadores asalariados del entorno sectorial y, en su caso, territorial, salvo manifiesta insuficiencia de la política salarial en el mismo. – A nivel de la Corporación MCC, en la existencia de un marco laboral solidario tanto en cuanto a la retribución del trabajo como en cuanto al horario de trabajo anual para todas las Cooperativas pertenecientes a la misma».

7. Intercooperación

«Consideramos que, como aplicación concreta de solidaridad y requisito de eficacia empresarial, el principio de Intercooperación debe manifestarse: a) Entre Cooperativas individualmente consideradas, a través de la constitución de Agrupaciones tendentes a la creación de un régimen sociolaboral homogéneo. b) Entre Agrupaciones, mediante la constitución y gestión democrática, en beneficio común, de entidades y órganos de supraestructura. 59

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c) Entre la Experiencia Cooperativa de Mondragón y demás organizaciones cooperativas vascas, con el fin de potenciar el Movimiento Cooperativo Vasco. d) Con otros movimientos cooperativos del Estado, Europeos y del resto del mundo, realizando acuerdos y estableciendo órganos conjuntos dirigidos a propiciar el desarrollo común». 8. Transformación social

«Manifestamos nuestra voluntad de transformación social solidaria con la de otros pueblos, a través de su actuación en el marco de Euskal Herria en un proceso de expansión que colabore a su reconstrucción económica y social y a la edificación de una sociedad vasca más libre, justa y solidaria».

9. Carácter universal

«Como expresión de su vocación universal, proclamamos nuestra solidaridad con todos los que laboran por la democracia económica en el ámbito de la «Economía Social», haciendo suyos los objetivos de Paz, Justicia y Desarrollo, propios del Cooperativismo Internacional».

10. Educación

«La Experiencia Cooperativa de Mondragón manifiesta que para promover la implantación de los anteriores Principios es fundamental la dedicación de suficientes recursos humanos y económicos a la Educación».

Por otra parte, junto a los principios, también se mencionan una serie de valores corporativos que, al igual que ocurre con los valores cooperativos generales desarrollados en el capítulo anterior, aportan un sentido de dirección común a todas las personas y unas líneas directrices en la tarea diaria. En su formulación actual, aprobada en el Congreso celebrado en mayo de 1999, se ha reducido su número a sólo cuatro, intentando facilitar su comunicabilidad, asunción y vivencia real. • Cooperación. «Propietarios y protagonistas» Los cooperativistas son, efectivamente, propietarios y protagonistas, que trabajan en algo propio y consideran la empresa como suya. Por 60

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lo tanto, deben implicarse en un proyecto común, compartiendo ideas, objetivos, medios e intereses. Cuanto mayor sea esa cooperación entre sus miembros, mejores serán los resultados empresariales. • Participación. «Compromiso en la gestión» El elemento diferenciador del modelo socio-empresarial de las empresas de MONDRAGÓN es la participación de sus miembros en el capital, los resultados y la gestión. Se trata no sólo de un derecho, sino de una obligación y exigencia de compromiso mutuo. • Responsabilidad social. «Distribución solidaria de la riqueza» La actividad llevada a cabo en la cooperativa constituye un medio de obtención de rentas para quien la realiza, pero también incide en el entorno más próximo (resto de miembros de la cooperativa) como en el no tan próximo (desarrollo del pueblo). Por lo tanto, la riqueza creada debe distribuirse solidariamente, atendiendo a intereses colectivos (aunque hubiera que renunciar a una posible mejora del patrimonio individual) y al compromiso social, que exige la protección, respeto y mejora del entorno medioambiental. • Innovación. «Renovación permanente» El progreso empresarial, la mejora de las prestaciones ofrecidas exigen una renovación continua, una actitud de búsqueda permanente de nuevas opciones, por lo que también las actividades de formación deben estar orientadas a generar hábitos de búsqueda de nuevos conocimientos. Vista la formulación actual de los principios y valores de Mondragón y a modo de síntesis gráfica, finalizaremos este apartado utilizando nuevamente la tabla que relaciona la DSI con los principios y valores cooperativos, incluyendo nuevas columnas que reflejen, por una parte, los valores de la «experiencia cooperativa» mencionados por Arizmendiarrieta y, por otra los principios y valores de MONDRAGÓN en su actual formulación.

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– Interés por la comunidad (interés por el desarrollo sostenible de la comunidad: preocupación por el medio ambiente)

– Interés por la comunidad – Cooperación entre cooperativas

Destino universal de los bienes (GS, CA, EG, SRS)

Solidaridad (RN, LS, MM, PT, GS, PP, SRS, EG)

– Interés por la comunidad

Bien común (MM, GS)

– Solidaridad – Autoayuda y ayuda mutua

– Ayuda mutua – Solidaridad – Vocación social

– Vocación social

– Igualdad – Democracia

Valores

– Palanca de fuerza (FC I) – Necesidad del ser humano (FC II) – Presupuesto para reforma de estructura de empresa (CL III)

– Limitación del derecho de propiedad (CAS, FC I) – Utilización de bienes con ponderación del bien común (FC I) – Necesidad de socializar algunos bienes (CAS)

– Base de la «justicia general» o legal y, en definitiva, de la «justicia social» (CAS) – Concepto colectivista de la existencia humana (SS I)

– Personalismo: el hombre y su dignidad la base de todo (SS II, EP I) – Requisito de la justicia (SS I) – Dignidad que «se crea» (CL I)

– Solidaridad

– Interés por la comunidad – Solidaridad

– Interés por la comunidad – Solidaridad

– Libre adhesión

Principios

– Entorno más humano

– Entorno más humano

– Cooperación – Democracia

Valores

Ideas

Principios

– Adhesión libre y voluntaria – Gestión democrática

Principios

PENSAMIENTO ARIZMENDIARRIETA

DOCTRINA COOPERATIVA

Dignidad humana (RN, QA, OA, LE, CA, PT, GS, MM)

DSI

– Solidaridad retributiva

– Transformación social

– Libre adhesión – Organización democrática – Participación en la gestión

Principios

– Responsabilidad social – Cooperación

– Responsabilidad social

– Responsabilidad social

– Cooperación – Democracia

Valores

MONDRAGÓN

El modelo cooperativo

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– Participación económica – Gestión democrática

– Educación formación e información – Cooperación entre cooperativas

Primacía del trabajo sobre el capital (RN, LE)

Educación e intercooperación (MM) – Solidaridad

– Igualdad – Democracia

– Igualdad – Democracia

– Educación y trabajo pueden cambiar al ser humano (EP) – Educación: herramienta para recristianizar la sociedad (CAS) – Saber es poder (CL III) – Educación Profesional y educación permanente – Solidaridad intercooperativa (CL III)

– Trabajo, elemento más noble, antiguo y humano (CAS) – Nuevo modelo de empresa (FC I) – La persona, motor y fin de la economía (FCII)

– Participación, revolución: participación en la comunidad (CL) – participación en beneficios y en la gestión cooperativa (FC I)

– Promoción de inferiores (FC I) – Empresa pública (CL III) – Presupuesto para reforma de estructura de empresa (CL III)

*Gaminde Egia, E.: La doctrina social cristiana…, op. cit., pp. 249-251.

– Gestión democrática – Participación eco

Participación (MM, PT, CA, CiV, GS)

Valores

– Formación

– Primacía del trabajo sobre el capital

– Participación en beneficios y en la gestión

– Subsidiariedad

Principios

– Innovación

– Democracia

– Cooperación – Participación – Democracia

Valores

Ideas

Principios

– Autonomía e independencia

Principios

PENSAMIENTO ARIZMENDIARRIETA

DOCTRINA COOPERATIVA

Subsidiariedad (QA, MM, PT, CiV, EG)

DSI

– Intercooperación – Educación

– Soberanía del trabajo – Carácter instrumental y subordinado del capital

– Participación en la gestión – Solidaridad retributiva – Organización democrática

Principios

– Innovación

– Democracia

– Cooperación – Participación – Democracia

Valores

MONDRAGÓN

El modelo cooperativo: mucho más que una alternativa ante la crisis

El modelo cooperativo

IV. CONCLUSIÓN La situación de crisis se prolonga, pero entendemos que cabe una salida sostenible de la misma a medio/largo plazo, mediante un rearme ético necesario en el actual sistema económico, que puede llegar a conseguirse a través de modelos de empresa inclusivo-participativos, basados en valores humanistas, que sitúen a la persona en el centro del proyecto empresarial, permitiendo su participación en la gestión y en los beneficios. Con ello se logrará no sólo salir de la crisis, sino establecer un modelo que evite o dificulte la repetición de este tipo de situaciones. Uno de esos modelos (aunque insistimos en que no el único) podría ser la fórmula cooperativa, que desde nuestro entorno más cercano y a través del Grupo Mondragón, ya ha demostrado que es posible un liderazgo con valores y competitivo, y que el orden moral y el económico no son órdenes separados, sino necesariamente convergentes. Hoy más que nunca, con la dureza del mercado provocada por la globalización de los procesos económicos y la difícil situación consecuencia de esta larga crisis, se hace realidad la máxima «la empresa, o es competitiva, o desaparece». Pero la Experiencia Cooperativa de Mondragón ofrece resultados que muestran que es posible. Se puede, por lo tanto, presentar el paradigma cooperativo, como alternativa real y competitiva para el cambio, en un mundo dominado por la lógica implacable del capital, donde el desarrollo de los pueblos se ha considerado como una cuestión exclusivamente técnica. El modelo cooperativo puede ser una palanca de cambio, pero con matizaciones: • En primer lugar, se ha de tener claro que el cooperativismo no es una panacea, ni el remedio infalible para todos los problemas económicos y sociales, como tampoco lo es ninguna otra doctrina o escuela económica en particular. Por ello, cuando en este artículo defendemos el cooperativismo como una alternativa para una salida sostenible de la crisis a medio y largo plazo, no se pretende señalar como «la solución» o tipo de empresa perfecta, sino como una de las posibles vías. Junto a ella situaríamos cualquier modelo de empresa inclusiva y participativa, soportada en unos valores en los que la persona es la clave. 64

El modelo cooperativo: mucho más que una alternativa ante la crisis

• En segundo lugar, para que este modelo o cualquier otro semejante resulte operativo, son necesarias medidas complementarias: legales, desde luego (incentivos a la responsabilidad social, beneficios fiscales para empresas inclusivas… etc), pero también culturales. Es necesario trabajar la cultura para el cambio de modelo. Se ha de disponer de empresarios/as con una sólida formación técnica y humana que garantice una gestión profesionalizada y una cultura organizativa basada en la cooperación, la integración, la solidaridad y la sostenibilidad. Por lo tanto, es fundamental la formación, sobre todo universitaria, pero no sólo profesional, sino integral. • Con ese tipo de educación y medidas económicas complementarias, el cambio será posible, pero está en nuestras manos. El destino reparte y baraja las cartas, pero hemos de jugarlas nosotros. Como Arizmendiarrieta decía, «no lamentos, sino acción». No somos víctimas, sino actores de la sociedad en que vivimos y, por tanto, responsables de la historia. En cualquier caso, está claro que la copia mimética del modelo carece de sentido. Si se pretende implantar un modelo similar al de Mondragón transfiriendo valores o conceptos como si la pura transcripción teórica de una serie de principios y valores pudiera reproducir un esquema funcional y práctico, no se logrará el objetivo. Probablemente la clave resida en una amalgama de elementos y a la totalidad de los valores cooperativos deban sumarse algunos aspectos de las formas de conducción y participación de trabajadores junto con el capital, optando por modelos mixtos y no puros, pero entendiendo siempre que ha de tratarse de modelos de empresa inclusivos, que tengan en cuenta la igual dignidad de todas las personas que forman parte del proyecto empresarial y en las que la gestión no se entendiera como poder o superioridad jerárquica, sino como conjunto de fuerzas implicadas en un proyecto compartido y como resultado de consensos entre sus protagonistas. Pero sin duda el elemento más importante es el convencimiento colectivo, la voluntad del cambio hacia otra alternativa diferente, para iniciar, al menos, el camino en ese sentido.

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V. BIBLIOGRAFÍA Arruda, M., (2010). Hacer real lo posible, Barcelona, Icaria Editorial. Azurmendi, J. (1984). El hombre cooperativo. Pensamiento de Arizmendiarrieta. Mondragón: Caja Laboral Popular-Lan Kide Aurrezkia. Camacho, I. (2000). Doctrina social de la Iglesia. Quince claves para su comprensión. Bilbao. Ed. Desclée de Brouwer, S.A. Deusy-Fournier, P., (2005). ¿Una economía alternativa? Iglesia y neoliberalismo, Barcelona, PPC, Editorial y Distribuidora, S.A. Divar Garteiz-aurrecoa, J., (2013a). Economía y democracia. Madrid, Dykinson. –(2013b). «Las cooperativas: Una alternativa económica y social frente a la crisis», en Boletín de la Asociación Internacional de Derecho cooperativo, nº 47, pp. 257-264. –(2011). Las cooperativas: una alternativa económica. Madrid, Dykinson. Eliecer Quijano, J. (2004). Historia y doctrina de la cooperación. Colombia. Universidad Coopertiva de Colombia. Felber, Ch. (2012). La economía del bien común. Traducción de Silvia Yusta. Barcelona: Deusto, Grupo Planeta. Gadea E., Sacristán F., Vargas C. (2009). Régimen jurídico de la sociedad cooperativa del siglo XXI: realidad actual y propuestas de reforma. Madrid: Dykinson, pp. 42-45. Gaminde Egia, E. (2017), La doctrina social cristiana y el cooperativismo vasco: una alternativa para el cambio. Madrid, Dykinson. Martínez Charterina, A. (1996). «La cooperativa como empresa y los principios cooperativos tras el congreso centenario de la ACI de Manchester», en Evolución del escenario económico. Homenaje a D. José Mª Solozábal Barrena. Bilbao: Universidad de Deusto, pp. 207-226. –(1995). «Los valores y los principios cooperativos», en REVESCO, Revista de Estudios Cooperativos, nº 61, p. 35-46. Möller, Edwin A. (1986), El cooperativismo como proceso de cambio. Doctrina histórica del cooperativismo, Bolivia, Editorial Los Amigos del Libro. Muñoz Castellanos, R., (2007). El desarrollo de las organizaciones del siglo XXI, Madrid, Wolters Kluwer. Rippe, S. (2012), «Contribución de las empresas cooperativas a la construcción de un mundo mejor», en Boletín de la Asociación Internacional de Derecho cooperativo, nº. 46, pp. 17-32.

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El modelo cooperativo: mucho más que una alternativa ante la crisis

Otras fuentes Declaración de la Alianza Cooperativa Internacional sobre la Identidad Cooperativa (1996). Vitoria-Gasteiz: Consejo Superior de Cooperativas de Euskadi. Ley 4/1993, de 24 de junio, de Cooperativas de Euskadi. BOPV num. 135, de 19 de julio de 1993.

Fuentes en soporte electrónico Corporación Mondragón: http://www.mondragon-corporation.com/sobre-nosotros/ gobernanza/mision-vision-valores/. Videomensaje del Santo Padre Francisco con ocasión del Tercer Festival de la DSI. Verona, 21 de noviembre de 2013. (http://w2.vatican.va/content/francesco/es/messages/pont-messages/2013/ documents/papa-francesco_20131121_videomessaggio-festival-dottrina-sociale. html. Portal de las Naciones Unidas: http://www.un.org/es/events/coopsyear

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Principios y valores de la empresa cooperativa M. en D. Roberto Emilio Alpízar González Profesor de Tiempo Completo de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma del Estado de México

SUMARIO: Preámbulo I. Principios II. Valores III. La empresa IV. La sociedad Cooperativa V. Principios y valores cooperativos VI. Conclusiones.

Hoy en día, dado el compromiso con el que cuenta el Estado mexicano para lograr un desarrollo integral y sostenible en la sociedad, éste se ha ocupado de promover en el sector empresarial una responsabilidad que destinada al respeto de los derechos humanos, derechos laborales, de justicia y al fomento de la equidad de género para lograr una sociedad más justa y equilibrada. Idealmente, la empresa que se involucra o que actúa bajo estas premisas, daría origen a una cadena virtuosa, que conecta y genera una dinámica simétrica de acción progresista orientada por estos principios y valores, contando así con un sinnúmero de actores sociales que parte los trabajadores y llegan a la comunidad, interviniendo de esta manera en su proceso social, productivo, económico y comercial.

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El modelo cooperativo

I. PRINCIPIOS Cuando encontramos la idea de un principio, advertimos que éste no se regula en sí mismo, ni tampoco nos indica cuáles serán sus alcances o guías. Solo nos encontramos con la expresión pura él. De esta forma, cuando leemos expresiones como: «los Derechos Humanos serán interpretados bajo el principio de universalidad». Y nada más, podemos entender que la expresión no indica ni cuándo, ni cómo, ni dónde, sino que la idea de universalidad se convierte en un absoluto del que dependerá en adelante toda norma o acto que resulte en la interpretación de los derechos humanos. Los principios en su versión moderna, en efecto contienen líneas de conducta y envuelven un sistema de valores, entendido y aceptado en la sociedad o asequible por la lógica. Si los principios contuvieran valores propios de ideologías o religiones, serían contradictorios, pues contendrían dogmas o circunstancias no comprobables que impedirían su aceptación como principio. Pero fundamentalmente los principios son finalistas, que señalan la dirección que ha de tener los actos legislativos, ejecutivos y judiciales que traten el objeto del principio. Los principios no determinan directamente (por ello, prima-facie) la conducta que ha de seguirse, tan solo establecen fines normativamente relevantes, cuya concreción depende más intensamente de un acto institucional de aplicación que deberá encontrar el comportamiento necesario para promover el fin. Los principios en sí mismos son normas que contienen e implican comportamientos, pero no establecen situaciones precisas como en una estructura normal de la norma en la que existe una hipótesis, una consecuencia y una sanción, sino que constituyen enunciados que contienen el fin y valor de la serie de actos que serán tratados en la materia del principio. El doctor Ávila vislumbra que existen dos corrientes en la doctrina para tratar a los principios. Existen, grosso modo, dos corrientes doctrinales que definen los principios: La primera sostiene que los principios son normas de elevado grado de abstracción (se destinan a un número indeterminado de personas) y, por ello, exigen una aplicación influenciada por un elevado grado de subjetividad del aplicador; por el contrario, las reglas denotan poco o ningún grado de abstracción ( se destinan a un número (casi) determinado de situaciones) y 70

Principios y valores de la empresa cooperativa

generalidad (se dirigen a un número (casi) determinado de personas), y por ello, requieren una aplicación con poca o ninguna influencia de subjetividad del interprete. Esta es la teoría clásica del derecho público, que inicialmente difundieron los estudios de derecho administrativo y más tarde llego a los trabajos de derecho constitucional. De esta concepción deriva la afirmación de que los principios son la base, las vigas maestras o los valores del ordenamiento jurídico, sobre el que irradian sus efectos. La segunda corriente doctrinal, encabezada por los estudios de Dworkin y Alexy, sostiene que los principios son normas que se caracterizan porque se aplican mediante su ponderación con otras y porque pueden realizarse en distintos grados, al contrario de las reglas, en cuyo supuesto de hecho establecen de forma definitiva aquello que es obligatorio, permitido o prohibido, y que por ello, exigen una aplicación mediante subsunción. Esta es la teoría moderna del derecho público, inicialmente difundida en los estudios de filosofía y teoría general del derecho. Por último la definición que da para los principios, lo hace comparando las reglas y los principios así: Las reglas son normas inmediatamente descriptivas, primariamente retrospectivas y con pretensión de decidibilidad y comprensión, para cuya aplicación se exigen la valoración de la correspondencia, siempre centrada en la finalidad que les da soporte o en los principios axiológicamente superiores, entre la construcción conceptual de la descripción normativa y la construcción conceptual de los hechos. Los principios son normas inmediatamente finalistas, primariamente prospectivas y con pretensión de complementariedad y parcialidad, para cuya aplicación se requiere una valoración de la correlación entre el estado de cosas que debe ser promovido y los efectos derivados de la conducta considerada necesaria para su promoción. Si bien el doctor Carioca, da una puntual definición, esta no es clara. Pero atreviéndonos a reducir la expresión, podemos decir que una regla prevé un caso concreto, puntual y que deriva de los fines y valores que si establece un principio. El principio es la guía, base, pilar, sostén de las reglas y actos que existirán en el objeto de la materia 1.   Burruel Huerta, Leopoldo. Principios Constitucionales. Editorial Porrúa, México 2013. P.p. 11 y 12. 1

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El modelo cooperativo

II. VALORES El valor ético en el ser humano es la concordancia entre la forma de pensamiento con conciencia, acompañado de deliberación y raciocinio, y la ejecución del acto. Una persona es éticamente buena cuando sus actos libres apuntan a la realización de la propia perfección humana expresada en las leyes naturales. El valor ético en su aspecto material se expresa mediante la adecuación del acto humano con la excelencia humana la cual se encuentra en la potencialidad misma del hombre el cual ha logrado desarrollarla. La virtud ética proyecta al hombre fuera de sí mismo en amor, nobleza, generosidad, benevolencia, justicia. Y la forma más excelsa de proyectar ese amor es hacía sus semejantes, hacía la comunidad. Los valores se acompañan de un conjunto de concepciones que comparten, reconocen y aceptan los integrantes de un grupo social y que se refieren a pautas deseables de conducta sobre lo justo, lo bueno, lo bello y lo útil. Los valores orientan las convicciones sobre el modo de hacer las cosas de forma adecuada, es decir, de hacerlas con responsabilidad, integridad, equidad. La educación y la ética determinan una cierta orientación o preferencia hacía un sector de valores que va dejando en la sombra el cultivo de los restantes. Cada acto que realizamos como seres humanos conlleva ética, actuamos en un entorno de ideales, vivimos de acuerdo a unos valores que, como dijera Victoria Campos: «o son éticos o están contra la ética». Los valores hacen que un hombre sea más humano, más excelente que otro y, sin ellas seríamos calificados de inhumanos al obrar de forma baja e incluso bestial. Esta situación supone un deseo de humanidad sin el cual cualquier ética sería imposible. Por tanto, un valor o virtud, cómo se le denominaba en la antigüedad es una disposición adquirida para hacer el bien, el cual no existe para contemplarlo sino para ser llevado a cabo. La virtud es el esfuerzo por alcanzar el bien, y éste sólo existe en las acciones buenas y en las buenas intenciones designadas por la tradición con el nombre de excelencias. ¿Y cuál es la excelencia propia del hombre? Los sabios griegos respondían que aquello que lo distinguía de los animales o, dicho de otra forma, la vida racional, de manera que los actos de los individuos virtuosos se hayan regidos por la recta razón. 72

Principios y valores de la empresa cooperativa

Estos valores cuando se interiorizan se tornan principios. Cuando los principios se asocian a los valores se establece un compromiso por lo público, una responsabilidad social como resultado de la conveniencia social del ser humano. Se ha indicado que uno de los datos de más básica importancia para la creación y el desarrollo del Derecho, es la conciencia de unos valores específicamente relacionados con lo jurídico. Tan importante es este dato, que, sin tal conciencia de unos valores, resultaría imposible toda creación de derecho de cualquier clase. Para que pueda haber derecho positivo, es absolutamente ineludible que, previa y conjuntamente, se den unos juicios estimativos, unas valoraciones. En efecto, si analizamos la entraña del derecho positivo, sus supuestos y su sentido, nos daremos cuenta de que es necesaria la existencia de previos juicios valoradores sobre los problemas prácticos de la convivencia y cooperación sociales. Al analizar la realidad del derecho positivo, advertiremos que en éste hallamos la huella o mención de algo que aún no era derecho positivo, sino que es la condición para que pueda haber derecho positivo, a saber: las valoraciones sobre las cuales ese derecho positivo ha sido establecido. Nadie negará que el derecho se presenta como una norma. Ahora bien, una norma supone haber elegido, entre las múltiples y variadas posibilidades de comportamiento, unas de ellas como debidas, otras como prohibidas, y otras como admitidas (o permitidas). Si todo lo que acontece, si todo lo que se haga o quiera hacer fuese indiferente, esto es, igualmente aceptable, entonces no tendría sentido discriminar entre esa varias posibilidades, no tendría sentido elegir algunas de ellas como debidas, otras como vedadas, y otras como permitidas. Normar implica elegir. Ahora bien toda elección supone una preferencia, una razón para preferir lo que se escoge, y para rechazar lo que se declara prohibido. Por fin, nótese que toda preferencia se basa sobre un juicio de valor, sobre una estimación. Por consiguiente, para que pueda existir una norma de derecho positivo, precisa que antes se haya producido una estimación, sobre la cual se fundará el derecho positivo que se dicte. Así pues, una norma de derecho positivo constituye la expresión de la consecuencia de un juicio de valor. Los valores son hallados como datos de una peculiar intuición intelectual, aunque ésta advenga cabalgando, por así decirlo, a lomos de una emoción 2.   Recasens Siches, Luis. Introducción al Estudio del Derecho. Editorial Porrúa, México, 2006. P. 79. 2

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El modelo cooperativo

En cambio, el concepto valor corresponde al mundo de la ética y, concretamente, al de la axiología. Cuando se habla de un valor se alude a un bien moral, es decir, a ideas o criterios (ideales) que nos permiten discriminar en la realidad entre lo que es bueno y malo, correcto o incorrecto, la fealdad de la belleza, lo útil de lo nocivo, lo agradable de lo desagradable. Los valores están relacionados con los distintos ámbitos de la vida humana, en tal medida es dable hablar de valores económicos, religiosos, estéticos y, por supuesto, jurídicos. «Por ser una realidad cultural –opina Jaime Brufau- el derecho es una realidad de sentido y, por tanto, orientada hacia la realización de un ideal valioso.» Los valores, según Frondizi, surgen de la relación entre el sujeto y el objeto, individual o colectivo, la que otorga a dicho objeto una cualidad estructural empírica, cualidad que se da en una situación humana concreta, pues los valores dependen de las necesidades y éstas, a su vez, varían según los cambios económicos, sociales y políticos. La jerarquía de los valores, en consecuencia, es también situacional y compleja, no lineal. Los valores sirven de fundamento a las normas éticas y éstas, lo mismo que las jurídicas, son situacionales. El valor –explica Frondizi– no es una estructura, sino una cualidad estructural. Una catedral gótica, una orquesta sinfónica, una estatua, son estructuras. Pero bueno, bello, útil, agradable, no tiene ese carácter, son cualidades, adjetivos. La noción de «cualidad estructural» nos permite comprender… que el valor depende de las cualidades descriptivas y no se puede reducir a la suma de ellas. Esto se debe a que la relación del conjunto es lo fundamental. Se lo advierte en un paisaje, un arreglo floral, un ballet, un gobierno, una persona. En otras palabras, el valor emerge de una determinada relación de cualidades descriptivas. Un error consiste en intentar reducirlo a una cualidad descriptiva o la suma de ellas; el otro, transferirlo a un mundo no empírico, como si lo bello o lo bueno dependieran de esencias celestiales. En suma, el valor es el resultado de la relación entre el sujeto y el objeto, y ofrece, por tal razón, una cara subjetiva y otra objetiva. Los valores, de esta suerte, se traducen en cosas o conductas que estimamos –valga la redundancia– valiosas, buenas moralmente para nuestra vida y funcionan como parámetros para calificar nuestras acciones o nuestras omisiones, tal calificación puede aludir también a una institución o un fenómeno social como el derecho 3.   I. Alvarez, Mario. Introducción al Derecho. Editorial McGraw-Hill. México, 2005. P.p. 24 y 25. 3

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Principios y valores de la empresa cooperativa

La naturaleza humana es siempre la misma, en todo tiempo y en todo lugar; por eso, sus exigencias espirituales y corporales tienden a la posesión de valores y vienen inmutables (e. d. de los datos racionales). Pero el modo, el sentimiento y las formas concretas, según las cuales se tiende a los valores inmutables varían de acuerdo con las circunstancias históricas. Así, en cada tiempo y en cada sociedad, los valores inmutables aparecen revestidos y matizados diversamente, se presentan completados por otros valores que ya no son inmutables. Estos son los datos ideales. Se trata simplemente de valores que, por ser más elevados que aquellos que exigen las meras tendencial naturales, requieren para su aceptación un nivel de moralidad superior al mínimo ordinario que se encuentra en todos los hombres por el simple hecho de ser hombres. Los datos ideales son los que hacen posible el progreso del derecho. En otras palabras: solo cuando una sociedad determinada acepta tal o cual valoración ideal es posible que dicha valoración sea impuesta por la autoridad como criterio obligatorio de conducta social. Por consiguiente, la autoridad debe conocer las posibilidades de aceptación social que tiene tal dato ideal que se propone erigir en criterio jurídico. Este conocimiento no siempre es fácil, ya que depende en gran parte del sentimiento subjetivo de la comunidad. Se puede decir que el dato ideal es una construcción de la conciencia popular, pero no del jurista. Porque hay una diferencia esencial entre el dato ideal y la construcción jurídica propiamente dicha. Esta última es obra del jurista, en tanto que la aceptación social de los valores ideales es un hecho sociológico 4.

III. LA EMPRESA La empresa es la unidad de producción tipo en los sistemas de mercado. En los sistemas centralmente planificados también funciona, pero bajo condiciones y características diferentes.

  Villoro Toranzo, Miguel. Introducción al Estudio del Derecho. Editorial Porrúa, México, 2005. P. 197, 198 y 199. 4

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El modelo cooperativo

El estudio de la empresa ha tomado tanta importancia en los países con economía de mercado que ha surgido la profesión de licenciado en administración de empresas, carrera en la que se estudian en un periodo de cuatro a cinco años, más de cincuenta materias relativas a la creación, organización, funcionamiento y objetivos de las empresas. En las últimas décadas, se han escrito más libros sobre la organización de empresas que sobre cualquier otro tópico o problema económico. La empresa surge cuando no es la misma persona quien aporta todos los factores e la producción, sino son varios: unos aportan bienes, otros trabajos, otros coordinan y entre todos logran producir. Se da el nombre de empresa en un sentido amplio, a la unidad de producción en su conjunto, y en sentido estricto a las personas y organismos que tienen una función directora y coordinadora en el proceso de producción.

El Empresario La figura del empresario es una de las más discutidas en los últimos tiempos. Para algunos, el empresario es sólo un trabajador que cumple con la función de coordinar los factores de la producción; para otros es además el principal responsable del triunfo o fracaso de una empresa y, por lo tanto, con funciones diferentes a las de un trabajador. El empresario es aquella persona o grupo de personas que dan respuesta al ¿qué?, ¿cómo?, ¿para quién? Y ¿por qué? producir en cada empresa. En algunas ocasiones, el empresario es también trabajador, como es el caso de pequeños talleres e industrias; en otras, el empresario es al mismo tiempo el capitalista o dueño de los instrumentos de producción. En las grandes empresas es donde se distingue en forma clara la personalidad del empresario y sus funciones: un grupo aporta el capital (los accionistas o capitalistas), otro el trabajo (obreros o empleados) y el empresario, que se personifica en el director general, subdirectores o gerentes, que tienen la función y responsabilidad de decidir qué, cómo, para quién y por qué producir. Hay quienes afirman que solo se le puede dar el nombre de empresario a quien arriesga su dinero en una empresa, o sea, al capitalista. 76

Principios y valores de la empresa cooperativa

La actividad empresarial El empresario, en la actualidad, requiere de una preparación científica, es decir, un conocimiento teórico, sistemático y organizado de los fenómenos económicos, además de experiencia y creatividad; pues la empresa, en un mercado competitivo, necesita de cambios e innovaciones tan frecuentes y variables como las necesidades y gustos de los consumidores. Las principales actividades del empresario se pueden reducir a: 1. La organización de la producción a) El diagnóstico de la situación económica b) El establecimiento del plan de acción c) La organización administrativa d) El control de la ejecución del plan 2. El asumir riesgos a) No tiene ninguna certidumbre sobre la venta de sus productos b) Sus instrumentos de producción pueden volverse obsoletos c) Su éxito se traduce en la obtención de un beneficio d) Sus errores y su incapacidad son sancionadas con pérdidas o con la quiebra 3. El ejercicio de una función de autoridad El empresario es el que toma las decisiones dentro de una unidad de producción. Debe buscar fórmulas mediante las cuales pueda ejercer su autoridad con la mínima coacción y máxima cooperación de sus subordinados.

¿Para qué se forman? Las empresas se forman con la finalidad principal y primordial de obtener un lucro o ganancia. El lucro es la causa y fin de las empresas. Una empresa que no obtiene ganancias, no cumple con su finalidad (nos referimos a las empresas privadas que funcionan en un sistema de mercado). La principal motivación y finalidad de un grupo de personas que se reúnen libremente para constituir una fábrica de zapatos, es obtener ganancia, y no el sentimiento altruista de producir zapatos para que la gente no ande descalza. Sin embargo, al buscar obtener un lucro, contribuyen a que más 77

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gente pueda calzarse; pero, en el momento que deja de existir la causa primordial, o sea, el beneficio, la producción cesa. El lucro es el principal motivador y motor de la producción. El único sustituto del lucro como motor de la producción es la fuerza. La función social de una empresa La función social de un individuo o de una institución es la labor o papel que desempeña dentro de la sociedad en que vive. El cumplimiento de la función social radica esencialmente en el cumplimiento de los deberes de estado que se han adquirido voluntariamente o por las circunstancias. La función social de la madres es, primordialmente, alimentar y educar a sus hijos; la del campesino, sembrar; la del cartero, repartir cartas; la del policía, guardar el orden. Las instituciones, como las personas, también tienen una función social. La función social de la cruz roja es atender heridos, y al atender heridos está cumpliendo con su función; no es función social de la cruz roja mantener el orden público, ni se le puede acusar de no cumplir su función social al no intervenir ante un desorden. Así también, podemos decir que la función social de estado es impartir justicia, mantener el orden público, efectuar obras y prestar servicios que faciliten a los individuos la realización de sus aspiraciones materiales y espirituales, sin que resulten en perjuicio de los demás. ¿Cuándo cumple una empresa con su función social? La función social de la empresa es producir bienes y servicios para la comunidad. Cuando una empresa da a la comunidad más bienes y servicios que aquellos que utilizo en el proceso de producción, la empresa cumple con su función social. La función social de las empresas es cumplir con su función económica, que es para lo que han sido creadas. Cuando una empresa gasta más recursos de los que da a la sociedad, es decir, obtiene pérdidas, no cumple con su función social, ya que no produce riqueza para la colectividad: es una carga y no una ayuda 5.  Pazos, Luis. Ciencia y Teoría Económica. Editorial Diana, México, 1997. P.p. 161-165.

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En México, aunque el tema se conoce y se practica de manera hasta reservada desde hace algunos años, las investigaciones empíricas son muy recientes y escasas, pero todavía más, son en parte, los estudios que combinan el análisis de la gestión empresarial en un contraste analítico con determinadas obligaciones respecto de lo que implica la responsabilidad social. La comunicación es clara, así como la difusión de su impacto o aplicación; por ello, es bueno cuestionar lo siguiente: ¿es la responsabilidad social un nuevo paradigma que puede aportar soluciones en el ámbito empresarial?, ¿pueden establecer los lineamientos de la responsabilidad, determinadas obligaciones vinculantes en el ámbito, por ejemplo, de las relaciones laborales? Lo que se precisa en este análisis está encaminado en proponer, cuestionando de manera objetiva, si esta nueva forma de aplicación o de conocimiento es basto y suficiente para normas que ofertan un sinnúmero de ambigüedades de tipo conceptual; aún más parece ser lo que determina el gran eslabón perdido en las investigaciones sobre responsabilidad social empresarial, las normas jurídicas en general y la socialización general del tema. Una definición sobre la responsabilidad social empresarial puede considerarse completa si comprende el rango de obligaciones que las empresas tienen con la sociedad en su conjunto de manera integral, representando las categorías de lo económico; el aspecto legal; el impacto ecológico y el respeto por el entorno ambiental; el desempeño ético y discrecional del desempeño del negocio. Estas categorías para nada son excluyentes mutuamente, ni acumulativas o aditivas, nos enseñan de manera intencionada una continuidad con cuestiones económicas, por un lado, y preocupaciones sociales, por el otro. La responsabilidad social es un tema retador debido a las condiciones actuales del país, si se plantea como una necesidad de las empresas el conocer o implementar estas nuevas formas de entender las obligaciones en general, o simplemente se aprecia la injerencia o penetración de la responsabilidad como un nuevo sistema social de normas, que incluya el respeto por lo ordinario y cotidiano, siendo además la responsabilidad ambiental otro componente más, que sumado a otras vicisitudes, parecer haber creado en el país una estela de rezago social. El problema central es el siguiente: ¿sirven de algo estas normas?, ¿a quién benefician? Aquí radica el problema objeto de estudio, si vemos que en nuestro entorno real e inmediato muchos aspectos no son generados por 79

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la falta de creación permanente de empleo digno y decente; los bajos salarios; los profesionistas desempleados por miles; la inspección del trabajo inerme; la justicia laboral aletargada; el estancamiento en el crecimiento económico esperado; la inestabilidad económica; los vaivenes financieros; la inseguridad pública avasallante; las persecuciones policiacas con detenciones de impacto y no de resultados para frenar la delincuencia desatada; un gobierno mediático; una corrupción sistemática; acuerdos y pactos del trabajo legislativo inerme y prematuro, soslayando lo importante; leyes secundarias al vapor, sin sentido y responsabilidad legislativa. Según datos de la OCDE, de 105 millones de habitantes aproximadamente el 10% controla el 40% del dinero del país; el 60% pertenece a la clase baja, y el 20-30% viven en condiciones de pobreza extrema. Asimismo, México está por debajo en los índices en educación y salud; 3.3 millones de niños trabajan son víctimas de explotación laboral infantil; existe un alto índice de corrupción, de impunidad; una baja credibilidad en el gobierno, y una enorme desigualdad social (pobreza), así como un alto grado de carencia y limitación en la infraestructura física, humana y legal para dar cumplimiento a lo que podría ser la responsabilidad social compartida. En la dinámica comercial que caracteriza a la época actual, la apertura de los mercados internacionales, la globalización a tope, el ingreso de grandes capitales que contratan mano de obra barata, los productos falsificados o piratería, el contrabando, la economía informal, el lavado de dinero en los sectores financieros o productivos, el quebranto al medio ambiente y las prácticas desleales son fenómenos propios que se ubican en el centro del interés de la responsabilidad social empresarial. Es posible considerar también que como consecuencia de los costos de la democracia, que ha pretendido la consolidación de las instituciones políticas de nuestro país, conlleva la anulación de oportunidades de desarrollo, por el entorno financiero internacional, la segregación y discriminación racial y étnica, la exclusión social que general la pobreza, el fomento belicoso de la disputa del mercado global de consumidores, la delincuencia organizada infiltrada y legalizada en diversos y amplios sectores económicos. Por ello, la responsabilidad social empresarial se coloca en el centro del debate como una formula emergente que puede contrarrestar o, en todo caso, alinearse y coadyuvar en las cuestiones económicas, éticas, medioambientales, financieras, normativas legales, sociales. 80

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Entendiendo muchas veces que las grandes empresas y los empresarios son los que invierten los enormes capitales; no obstante ello, la Ley Federal del Trabajo, establece, con respecto a las responsabilidades lo siguiente: Artículo 11.– Los directores, administradores, gerentes y demás personas que ejerzan funciones de dirección o administración en la empresa o establecimiento, serán considerados representantes el patrón y en tal concepto lo obligan en sus relaciones con los trabajadores. Artículo 16.– Para los efectos de las normas de trabajo, se entiende por empresa la unidad económica de producción o distribución de bienes o servicios y por establecimiento la unidad técnica que como sucursal, agencia u otra forma semejante, sea parte integrante y contribuya a la realización de los fines de empresa.

Las disposiciones antes señaladas en todo sentido garantizan las responsabilidades que se asumen por quienes son los artífices de las relaciones laborales, y la conceptualización de empresa establece la finalidad objetiva y subjetiva de las empresas en el cumplimiento de sus objetivos. Incluso, en la reciente reforma de 2012 se incluyó una adición en la ley laboral, que enmarca las disposiciones que regulan la subcontratación laboral, tan discutida y polemizada en el ámbito empresarial, destacando de manera particular lo siguiente: Artículo 15– C.– La empresa contratante de los servicios deberá cerciorarse permanentemente que la empresa contratista, cumple con las disposiciones aplicables en materia de seguridad, salud y medio ambiente en el trabajo, respecto de los trabajadores de esta última.

Lo anterior, podrá ser cumplido a través de una unidad de verificación debidamente acreditada y aprobada en términos de las disposiciones legales aplicables (DOF 30/11/12).. Sin duda, tal como se estipula en lo anterior, de manera esperanzadora se establecen obligaciones precisas, singulares, en la literalidad, tal cual se interpreta. Lo anterior da motivo a preguntar: ¿Cómo será el ámbito real y cotidiano de la relación laboral ordinaria y cotidiana, cuando su cumplimiento deberá ser en cualquier escenario laboral 81

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Fue en los años sesenta cuando nació la Unión Social de Empresarios Mexicanos (USEM), que provenía de la Unión de Empresarios Católicos, fundada en 1957. En 1963 apareció la Fundación Mexicana para el Desarrollo Social (FMDR) creada por empresarios católicos que buscaban una solución al problema del campo mediante estrategias de promoción social que no fueran paternalistas ni asistenciales. También en esos años se fundó el Consejo Coordinador Empresarial (CEE), organismo que agrupó cámaras de comercio, de la industria, de transformación, entre otras; y que busco proporcionar directrices a las empresas para que asuman la responsabilidad social. Más tarde, en 1988 se estableció la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y en ese mismo año se creó el Centro Mexicano para la Filantropía (Cemefi), a partir de la iniciativa privada. El Cemefi es, en la actualidad, una de las escasas organizaciones nacionales dedicadas a impulsar fuertemente la cultura de la filantropía y la responsabilidad social en el país. Se trata de una asociación civil sin fines de lucro y sin filiación de partido, raza o religión. Hoy en día, el Cemefi es reconocido tanto a nivel nacional como internacional, como una entidad pionera en la introducción del concepto de responsabilidad social empresarial o responsabilidad corporativa en el país y en la promoción y apoyo a las empresas con la implementación del premio «ESR» (Empresa Socialmente Responsable). Este modelo también impulsa el modelo de filantropía estratégica. La apertura económica y comercial de los mercados ha planteado nuevos retos para las empresas, destacando esencialmente el de su persistencia frente a la competitividad. Esta competitividad ha implicado establecerse más allá de su estricta lógica de generación de riqueza y empleo, a efecto de reorientar su rol en agentes de cambio y desarrollo para las comunidades en las cuales se desenvuelven. En consecuencia, el término «responsabilidad social» es de origen anglosajón y ha estado en uso desde los años sesenta, pero no era muy conocido. Es hasta la década de los noventas cuando resurge, esto debido a la globalización, y es así como la responsabilidad social no solamente es aplicado en la empresa privada, sino que también a los entes que conforman la administración pública. La génesis de la responsabilidad social se remonta a los años cincuenta del siglo XX, identificando dos maneras distintas de entender el modelo de economía de mercado, como las razones que han originado la preocupación por el comportamiento socialmente responsable de las empresas por un lado, 82

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Estados Unidos con un sistema económico menos intervencionista, pero donde la necesidad de dar unas pautas de conducta ética a las grandes empresas ya se hizo evidente, y por el otro, el bloque europeo con un modelo de interrelación entre empresas y sociedad más estrecho, pero que también ha sufrido crisis importantes 6. Al producir riqueza, la empresa cumple con su función social A una empresa se le puede culpar de no cumplir su función social cuando no produce ganancias o cuando los beneficios obtenidos no son un resultado de la calidad de los bienes y servicios producidos, sino de una situación privilegiada de monopolio o subsidio gubernamental; pero, no se le puede culpar de no cumplir su función social por el hecho de que exista pobreza o que no efectúe actividades propias de una sociedad de beneficencia. Sin embargo, al generar ganancias, una empresa pueda cumplir con otras funciones que son consecuencias de la obtención del lucro: 1. Ser verdadero vehículo de creación y distribución de riqueza 2. Crear empleos 3. Mejorar el nivel de vida de sus trabajadores a través de prestaciones e incentivos 4. Generar impuestos Al generar impuestos, una empresa está aportando medios al gobierno para llevar adelante obras de infraestructura, como carreteras, calles, etc. Una empresa que trabaja con pérdidas absorbe más riqueza de la que crea. Todas las personas que trabajan en una empresa que opera normalmente con pérdidas, viven de otros trabajadores y empresarios eficaces.. Características La empresa es un fenómeno económico que responde a una necesidad. Los hombres forman empresas cuando no tienen los suficientes recursos   Revista Latinoamericana de Derecho Social. Instituto de Investigaciones Jurídicas. UNAM, México 2015, P.p.5-10. 6

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individuales para lograr una producción mayor y más eficiente. Un solo hombre puede lograr la producción de bienes y servicios: aporta la tierra, capital trabajo y coordina la producción. Sin embargo, se entiende como empresa, actualmente, la reunión de varias personas que aportan los diversos recursos necesarios para producir y que esperan obtener una ganancia o lucro. Una empresa se caracteriza por: a) Existencia de un patrimonio b) La combinación de los factores de la producción c) La distinción entre los sujetos que aportan los factores de la producción d) La venta en el mercado de los productos obtenidos e) La maximización del beneficio o lucro

¿Por qué triunfa una empresa? Las empresas triunfan o fracasan según la preferencia que le den los consumidores a sus productos. En una economía en donde el consumidor tiene la libertad de decidir entre uno u otro producto y existe la competencia imperfecta, la eficacia de una empresa la marcan sus ventas y ganancias crecientes.

IV. LA SOCIEDAD COOPERATIVA Stakeholder es un término anglosajón que ha sido traducido comúnmente como grupos de interés. Las sociedades cooperativas tiene una cultura empresarial propia porque comparten internacionalmente una ideología sólidamente asentada que cobra forma en los valores y principios cooperativos (Coque, 2008). Por tanto, estos principios cooperativos son las ideas de las que surgen las normas de la organización. Pero no son simples normas más o menos importantes sino que son auténticos pilares que configuran la organización y su funcionamiento. Son pautas mediante las cuales estas organizaciones ponen en práctica sus valo84

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res. Estas normas institucionalizadas definen en la sociedad cooperativa las pautas que siguen los sistemas de gestión, la distribución de la autoridad, etc. (Hernández et al., 2008). De este modo, vamos a analizar qué influencia tienen los principios en el sistema de gestión de las sociedades cooperativas agrarias de segundo grado.

¿Cuáles son los valores que están detrás o sustentan los principios cooperativos? Podemos decir que este tipo de organizaciones se caracterizan por valores, como la democracia, el interés social y la justicia distributiva, que se traducen en reglas de funcionamiento determinadas. Este funcionamiento se basa en los denominados valores cooperativos (autoayuda, auto-responsabilidad, democracia, igualdad, equidad y solidaridad). Además, estos valores han de estar acompañados y reforzados por un conjunto de valores éticos que los cooperativistas deben hacer suyos, siguiendo la tradición de sus fundadores, refiriéndose a la honestidad (honradez), la transparencia (franqueza), la responsabilidad (social y mutua) y la vocación social (interés o preocupación por los demás) (García, 2000). Es justo reconocer que nos estamos refiriendo a un conjunto de valores que no son en modo alguno monopolio de las sociedades cooperativas. La situación resultante de que a estos valores se les considere cooperativos, es que producen un efecto positivo en los esfuerzos de las personas a la hora de participar en la gestión de una empresa para beneficio de todos sus miembros (Nilsson, 1996). Como señala Birchall (2005) la oportunidad de las organizaciones cooperativas ha consistido en saber hacer operativos estos valores en una estructura capaz de detectar su cumplimiento y con la que se puede evaluar la obtención de ventaja competitiva. En el trabajo de Hernández et al. (2008) se engloban todos estos principios y valores cooperativos bajo el nombre de cultura cooperativa, pues se identifica la cultura como una de las piezas básicas del comportamiento organizativo en una sociedad cooperativa debido a que integra el conjunto de normas sociales, valores, principios y conductas comunes a los individuos que conforman la organización. 85

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En los valores y principios presentes en la cultura cooperativa se pone de manifiesto de manera implícita el compromiso con los grupos de interés (stakeholders), teniendo muy en cuenta las expectativas y necesidades de las personas y la sociedad con la que se relacionan, lo que puede suponer una importante fuente de ventajas competitivas

¿Cómo aplican las sociedades cooperativas de éxito los principios cooperativos? El caso del Grupo Hojiblanca Para proponer el modelo de gestión basado en valores en nuestro caso de estudio nos hemos basado en artículo de Birchall (2005: 47) en donde se distingue entre valores éticos y políticos y se estable la conexión con los principios y con algunas prácticas cooperativas. En el artículo citado (Hernández et. al, 2008) la cultura de las sociedades cooperativas se propone que está conformada por unas normas institucionalizadas que proceden de organismos internacionales (principios) y de la propia legislación, por unos valores compartidos y quizá de una manera más importante, por la mayor o menor aceptación e identificación con las normas, valores y demás elementos culturales de los socios de la sociedad cooperativa. Al grado que el interés que muestran los socios en que sus empresas funcionen según los objetivos que motivaron la asociación se denomina vinculo cooperativo o identidad cooperativa (Coque, 2008). Consideran los principios cooperativos como instrumento para lograr la supervivencia y la competitividad, al igual que Tous y Ciruela (2005) al indicar que los valores y principios cooperativos aparecen como un elemento fundamental para la consecución de ventajas competitivas en dichas empresas. Además, la cultura tan específica de este tipo de empresas con sus principios de funcionamiento particulares posibilita que las sociedades cooperativas puedan lograr una ventaja competitiva sostenible ante las nuevas condiciones del entorno (Ruíz et al., 2008). En este sentido Aguirre (2001) establece que las organizaciones capaces de desarrollar un modelo de gestión que incorpore los principios organizativos emergentes en el ámbito de la economía actual, pueden obtener una 86

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ventaja competitiva sostenible respecto a aquellas organizaciones que basen su gestión en el paradigma tradicional, caracterizado por la jerarquía, el control y el autoritarismo, por lo que concluye dicha autora que el cooperativismo dispone de unas fortalezas competitivas que ha de saber aprovechar adaptándolas a su propia realidad (Tous y Ciruela, 2005). Así, teniendo en cuenta los argumentos esgrimidos en cuanto a la importancia de que las empresas cooperativas realicen su gestión cumpliendo los principios y valores propios y característicos de este tipo de entidades, trataremos de verificar si, con la evidencia aportada por el caso objeto de estudio, se puede corroborar la siguiente proposición de esta investigación: Proposición: El cumplimiento por parte de las grandes sociedades cooperativas de los principios y valores cooperativos facilita el alcance del éxito empresarial. Para responder a los interrogantes planteados, hemos utilizado el estudio de un caso de tipo ilustrativo, siguiendo la tipología de casos establecida por Ryan et al. (1992). Según estos autores, los casos ilustrativos intentan elucidar las prácticas innovadoras que impregnan el desarrollo organizativo de las empresas más competitivas. La investigación empírica que se realiza en este tipo de casos centra su atención de manera casi exclusiva en la descripción del proceso de implantación de las mejores prácticas en el seno de las organizaciones. (1989). En este sentido, Chetty (1996) indica que el método de estudio de caso es una metodología rigurosa porque permite estudiar los fenómenos desde múltiples perspectivas y no desde la influencia de una sola variable y permite explorar en forma más profunda y obtener un conocimiento más amplio sobre cada fenómeno. La metodología orientada al estudio de caso es utilizada en la investigación sobre cultura organizacional y la identidad cooperativa para examinar el management y los valores que tienen que ver con la organización. Pocos estudios han intentado ilustrar cómo fijan los principios en su gestión los grandes conglomerados de sociedades cooperativas. Este es el caso de Aguirre (2001); García (2000); Vargas (2000) en distintos tipos de sociedades cooperativas y en distintas zonas españolas. El propósito de este caso de estudio ilustrativo es determinar cómo en una sociedad cooperativa de segundo grado con éxito (Hojiblanca) se puede 87

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identificar el desarrollo de los principios cooperativos, basándose en la literatura sobre la identidad cooperativa descrita en la sección anterior, que la identifica como un elemento clave para el éxito de la empresa. En definitiva, el caso de estudio ha sido seleccionado para poder responder a las necesidades no cubiertas en la revisión de la literatura. A través del caso ilustrativo tratamos de conocer cómo aplican las sociedades cooperativas de éxito los principios cooperativos. La metodología de este caso de estudio produce una descripción de cómo los informantes (stakeholders vinculados) entienden la situación de su organización. En orden a responder a estas cuestiones se realizaron entrevistas individuales a diferentes stakeholders vinculados a Hojiblanca dado que la diferente implicación de los informantes permite responder a las cuestiones de investigación desde una perspectiva más amplia; revisamos documentos o artículos sobre la empresa analizada y obtuvimos información directa a través de las visitas a la zona donde tiene su sede la empresa. Cada una las cuestiones de la entrevista fueron enfocados hacia el desarrollo de los principios cooperativos en la empresa.

Principio de adhesión voluntaria y abierta Las cooperativas son organizaciones voluntarias, abiertas a todas las personas capaces de utilizar sus servicios y dispuestas a aceptar las responsabilidades de ser socio, sin discriminación social, política, religiosa, racial o de sexo (ACI, 1995). Según establece la Ley 27/1999 General de Cooperativas «En las cooperativas pueden ser socios, en función de la actividad cooperativizada, tanto las personas físicas como jurídicas, públicas o privadas y las comunidades de bienes. Los Estatutos establecerán los requisitos necesarios para la adquisición de la condición de socio, de acuerdo con lo establecido en la presente Ley» (artículo 12). De la misma manera, «La solicitud para la adquisición de la condición de socio se formulará por escrito al Consejo Rector, que deberá resolver y comunicar su decisión en el plazo no superior a tres meses, a contar desde el recibo de aquélla, y dando publicidad del acuerdo en la forma que estatutariamente se establezca. El acuerdo del Consejo Rector será motivado. 88

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Transcurrido el plazo sin haberse adoptado la decisión, se entenderá estimada» (artículo 13.1). Asimismo, la misma Ley reconoce el derecho a la baja voluntaria del socio en el artículo 17.2.f., pues tal y como dispone el artículo 16.1. «El socio podrá darse de baja voluntariamente en la cooperativa en cualquier momento, mediante preaviso por escrito al Consejo Rector». En general, en el caso estudiado se permite la entrada o la salida de socios con libertad. Esta propuesta de entrada o salida de socios es estudiada por el Consejo Rector, que comunica a la persona interesada o a la sociedad cooperativa las condiciones de la misma. A la hora de las nuevas incorporaciones en Hojiblanca no existe ninguna discriminación negativa hacia los nuevos miembros, sino que tan sólo se les impone una condición basada en el respeto y cumplimiento de unas normas mínimas, tal y como queda reflejado en el discurso del directivo profesional entrevistado. «En cuanto a nuestra política de incorporaciones diríamos que ni nosotros vamos rogando a la gente para que se incorpore, porque además eso es contraproducente, ni se le pone muchos obstáculos […] hay unas normas que son comunes para todos y hay que respetarlas». De igual forma, se ha comprobado que el Grupo Hojiblanca fue fundado en 1987, con un capital inicial de 5.085.581,98 millones de euros, para controlar todo el proceso productivo del aceite de oliva, aunando inversiones y dando respuesta a un mercado globalizado. Desde el comienzo, su objetivo era desarrollar en común la actividad económica de comercialización del aceite de oliva y aceitunas de mesa de sus 13 socios iniciales. En la actualidad cuenta con 73 cooperativas oleícolas ubicadas en el centro de Andalucía y Castilla-La Mancha, en las provincias de Córdoba, Málaga, Sevilla, Jaén y Ciudad Real. De éstas, 70 son almazaras y 16 se dedican a la aceituna de mesa (13 cuentan con las dos actividades). Hemos de precisar que una veintena de esas cooperativas se han ido incorporando a lo largo del año 2009 (siendo la mayoría de la provincia de Jaén), adhiriéndose 8 de ellas como socios de pleno derecho (7 socios ordinarios) y (9 como socios colaboradores), es decir, que comercializan el aceite de oliva a granel a través de Hojiblanca y se reservan el envasado. Además de todo esto, hay constituida una Sección de Servicios y Suministros con decenas de cooperativas asociadas. 89

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Analizando la evolución de Hojiblanca se puede decir que se cumple este principio de puertas abiertas. Así mismo, los socios consideran que existe libertad para actuar dentro de la cooperativa, y como ven que hay una buena gestión no creen necesario salir de su empresa. En las cooperativas pueden ser socios, en función de la actividad corporativizada, tanto las personas físicas como jurídicas, públicas o privadas y las comunidades de bienes (art. 12.1. Ley 27/1999, de 16 de julio, de Cooperativas). Personas físicas o jurídicas, que, sin poder desarrollar o participar en la actividad corporativizada propia del objeto social de la cooperativa, pueden contribuir a su consecución (art. 14 Ley 27/1999, de 16 de julio, de Cooperativas). Datos recogidos en la página Web del Grupo Hojiblanca: www.hojiblanca.coop y www.hojiblanca.es www.ciriec-revistaeconomia.es Sin embargo, algunos directivos manifiestan que la renuncia de algún socio a la sociedad cooperativa supone un perjuicio para la empresa, puesto que si el socio se va la sociedad cooperativa se tiene que hacer cargo de ese capital, ya que no está contemplado que se venda a otros socios. En cierta manera, este hecho ejerce un control sobre el directivo, puesto que están obligados a obtener buenos resultados para que el socio quiera seguir siendo partícipe de la empresa. En este caso se comprueba que es un principio necesario, que puede permitir incrementar poco a poco, como lo ha hecho en los últimos años los socios de esta empresa. Contribuye a aumentar la solidaridad entre los agricultores, a pesar del individualismo imperante en el sector y en el entorno y el afán por incorporar nuevos socios con objetivos comunes, para poder ayudarse unos a otros y no depender tanto de las grandes firmas capitalistas que hay en el mercado del aceite de oliva. En todo caso, muchos de los stakeholders, principalmente los socios y directivos, consideran que el principio de puertas abiertas puede ayudar a; incorporar nuevos socios con objetivos comunes, consiguiendo la empresa una mayor dimensión, y poder mejorar la gestión de la misma (mayor poder de negociación frente a terceros, posibilidad de mantenimiento de volumen de ventas estable, etc.), este principio puede contribuir a conseguir el éxito 90

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empresarial, aún más, cuando en esta sociedad se establece un periodo de prueba en el que las partes pueden medir las dificultades en la relación y buscar la mejor relación entre el socio y la cooperativa de segundo grado. Es bastante frecuente la participación de las personas implicadas en el gobierno de la cooperativa en actos organizados por otros organismos con el objetivo, además de las relaciones y el intercambio de información, de captar nuevas sociedades cooperativas para su proyecto empresarial 7. No obstante, la incorporación de socios puede verse afectada por la dificultad de implicar a personas de diferentes provincias y ciudades, en algunas ocasiones con posiciones locales antagónicas y con algún recelo sobre la solidaridad de sus vecinos. Existen varios ejemplos de desarrollo cooperativo en este sector que por diversas circunstancias han acabado fracasando (UTECO, Fedeoliva, etc.).

Principio de control democrático de los socios Según la ACI (1995), las cooperativas son organizaciones gestionadas democráticamente por los socios, los cuales participan activamente en la fijación de sus políticas y en la toma de decisiones. Los hombres y las mujeres elegidos para representar y gestionar las cooperativas son responsables ante los socios. En las cooperativas de primer grado, los socios tienen iguales derechos de voto (un socio, un voto) y las cooperativas de otros grados están también organizadas de forma democrática. Este principio representa un rasgo fundamental de gobierno y gestión de la cooperativa. Las cooperativas son pioneras en adoptar la participación como seña de identidad, y pueden denominarse empresas de participación. Según García-Gutiérrez (2002) una organización es de participación si el fundamento para tener derecho a tomar las decisiones que marcan el curso de la misma es la participación en el proceso que la define y no tener parte   Pedrosa Ortega, C., & Hernández Ortiz, M. (2011). ¿Cómo aplican las sociedades cooperativas de éxito los principios cooperativos? El caso del Grupo Hojiblanca. CIRIEC-España, Revista de Economía Pública, Social y Cooperativa, (72), 156-185. Pedrosa Ortega, C., & Hernández Ortiz, M. (2011). ¿Cómo aplican las sociedades cooperativas de éxito los principios cooperativos? El caso del Grupo Hojiblanca. CIRIEC-España, Revista de Economía Pública, Social y Cooperativa, (72), 156-185. 7

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en la financiación; y, además, con una misma ponderación para todos los participantes. En el caso estudiado se puede observar cómo todas las entrevistas realizadas a diferentes stakeholders vinculados a Hojiblanca, sin excepción, manifiestan la utilización del modelo democrático, que les diferencia del resto de organizaciones con forma jurídica distinta. La participación de los socios es una característica de su gestión, y hay un deseo expreso por parte de todos los gestores de la cooperativa de incitar a la participación continua de todos sus miembros en la toma de decisiones. Los sujetos entrevistados manifiestan la relación que existe entre la participación del socio en la toma de decisiones de la sociedad cooperativa y la consecución del éxito empresarial por parte de la misma. En la Asamblea General de Hojiblanca la representación del voto (ponderado) la ejerce una persona que no sea miembro titular del Consejo Rector de Hojiblanca (es decir, si un presidente de una cooperativa de primer grado es consejero de Hojiblanca, no puede tener la representación del voto de su cooperativa en la asamblea). Por otro lado, las cooperativas de primer grado son libres para designar a sus representantes en el Consejo Rector de Hojiblanca, por lo que hay casos en que el presidente de la cooperativa de primer grado no es consejero de Hojiblanca. Además, el Consejo Rector está formado por los representantes de las cooperativas aceiteras socias ordinarias. Este órgano se reúne mensualmente y toma las principales decisiones conjuntamente. Señalan que la conciencia colectiva y los valores comunes que tienen todos los socios les permiten ponerse de acuerdo en las decisiones más importantes y arriesgadas. En el frontispicio de la sala del Consejo hay una leyenda señalando que el objetivo de la empresa es conseguir la mayor rentabilidad para sus socios. En algunas ocasiones, nos dicen las bases son mucho más coherentes que los presidentes, los consejos y los gerentes de las cooperativas, puesto que estos, en algunas ocasiones, no quieren tomar decisiones arriesgadas que les haga perder su estatus, sin embargo los agricultores-socios son conscientes de las necesidades de la empresa y si están informados y lo creen beneficioso para la empresa son capaces de tomar decisiones más arriesgadas debido a que esta actuación puede ser un elemento positivo (aunque no siempre lo es) que permita a los socios arriesgarse a tomar decisiones que consideran que pue92

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den ser beneficiosas para ellos y para la sociedad cooperativa en su conjunto. De esta manera, este segundo principio de control democrático de los socios da pie a éstos a tomar este tipo de decisiones. Consideran que la participación del socio en la toma de decisiones influye de manera positiva en la consecución del éxito en la gestión empresarial, esto es debido a que se crea un sentimiento de responsabilidad y de implicación en los socios que ayuda a alcanzar unos mejores resultados. Los órganos de gobierno manifiestan la preocupación por transmitir la máxima información a todos los socios, convencidos que la mejora del flujo de información, la transparencia en la gestión junto con la máxima participación de las cooperativas socias del grupo es el camino que han de seguir. «La fórmula de cooperativa, creemos que ha sido uno de los motivos de nuestro éxito, porque fomenta la transparencia y fomenta la participación» Este factor constituye el contexto con el cual el resto de factores y medidas son desarrollados. Como señala Forcadell (2005) el sistema de valores que soporta la democracia incluye aspectos como: comunicación libre y completa entre todos los niveles, consenso más que coerción o compromiso para manejar los conflictos, influencia basada en la competencia técnica y el conocimiento.

Principio de participación económica de los socios Los socios contribuyen equitativamente al capital de sus cooperativas y lo gestionan de forma democrática. Por lo menos parte de ese capital debe ser propiedad común de la cooperativa. Normalmente, los socios reciben una compensación, si la hay, limitada sobre el capital entregado para adquirir la condición de socio. Los socios asignan los excedentes para todos o algunos de los siguientes fines: el desarrollo de su cooperativa, posiblemente mediante el establecimiento de reservas, parte de las cuales por lo menos serían indivisibles; el beneficio de los socios en proporción a sus operaciones con la cooperativa; y el apoyo de otras actividades aprobadas por los socios (ACI, 1995). 93

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En el estudio realizado se ha podido comprobar que Hojiblanca Sociedad Cooperativa Andaluza retribuye a los socios en función del volumen y las características de calidad del aceite que aporten a la organización. Además, al final del ejercicio reparten los resultados obtenidos, una vez dotadas todas las reservas obligatorias y necesarias, entre los socios en función de su aportación a los flujos de producción de la sociedad. Así lo señala un entrevistado: «En la cooperativa nos pagan según la calidad que tenga el aceite que traemos y luego reparten el beneficio entre todos los socios, según la cantidad que traiga cada uno» «En la cooperativa el beneficio se distribuye en función de la actividad, en el caso de las cooperativas olivareras es en función de los kilos de aceite que aporta cada socio» En las sociedades cooperativas, el reparto de los excedentes en función de la actividad corporativizada es una forma de reparto equitativo que otorga importancia a la actividad agrícola por encima de la aportación al capital social. La remuneración del socio gira en torno a la cantidad aportada como proveedor de materias primas, teniendo como medida el volumen y las calidad del aceite obtenido, a pesar de la deficiente valoración que hace el mercado de la calidad del aceite de oliva. Es una forma de reparto equitativa y justa para los agricultores y también para establecer políticas de mejora de los productos ofertados por la cooperativa de segundo grado. La doble condición de socio-proveedor en las cooperativas agrarias influye en la calidad y mejora de los productos que se oferta y también en la mejora de la calidad de los cultivos en las explotaciones agrarias. Hojiblanca provee a sus asociados de un servicio técnico agrícola con el objeto de informar y asesorar en las labores agrícolas, así como abaratar los costes en las explotaciones, lo mismo ocurre con muchas cooperativas asociadas quienes proveen a sus socios de estos servicios con el fin de obtener un producto adecuado a las normas de calidad más exigentes y con un coste adecuado. No obstante, la deficiente valoración de la calidad del aceite que se hace en el mercado y las irregularidades que algunas veces se producen en el seguimiento de la normativa sobre calidad, puede hacer menos relevante este principio, para la mejora de la calidad de los productos cooperativos. Si la empresa tuviera más fuerza en el mercado para influir en la valoración de la 94

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calidad, podría ser un principio con mayor importancia, al diferenciarse mucho más a los socios por la calidad y el buen hacer en sus explotaciones.

Principio de autonomía e independencia Las cooperativas son organizaciones autónomas de autoayuda, gestionadas por sus socios. Si firman acuerdos con otras organizaciones, incluidos los gobiernos, o si consiguen capital de fuentes externas, lo hacen en términos que aseguren el control democrático por parte de sus socios y mantengan su autonomía cooperativa (ACI, 1995). Este principio no se recogió explícitamente en la formulación de 1996. En ese momento, la ACI adoptó una posición más condescendiente para evitar la salida de la entidad internacional de los países de regímenes comunistas, dado que limitaban la autonomía e independencia de sus cooperativas. Ahora, tras la caída de tales regímenes, la ACI vuelve hacia la posición de 1937, época en la que consagró como uno de los principios la «neutralidad política y religiosa». Sin embargo, lo más novedoso en la formulación de este principio es la referencia a la firma de acuerdos «con otras organizaciones». Con ella se reconoce el hecho de que, en todo el mundo, cada vez más cooperativas están entrando en proyectos conjuntos con otras empresas del sector privado, aunque se señala la importancia de que éstas mantengan la libertad de controlar su propio destino futuro al negociar tales acuerdos (Gadea, 2009). De esta manera, desde el gobierno, tanto nacional, como europeo o internacional, se viene apostando por una serie de políticas que nacen para favorecer el desarrollo de la actividad cooperativa. Con carácter general, la contribución de las sociedades cooperativas ha sido puesta de manifiesto por la Unión Europea, reconociendo el papel que el sector cooperativo desempeña en el desarrollo territorial, no sólo por la faceta empresarial de estas organizaciones, sino por su contribución a una mejor integración y cohesión social. Las sociedades cooperativas gozan del reconocimiento de las instituciones de la Unión Europea, de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y de la Organización mediante la creación de empleo, la movilización de 95

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recursos y la generación de inversiones así como por la promoción de la participación de la población en los procesos de desarrollo (Bel y Ausín, 2007). Así lo recoge la disposición segunda del artículo 129 de la Constitución Española cuando establece que «Los poderes públicos promoverán eficazmente las diversas formas de participación en la empresa y fomentarán, mediante una legislación adecuada, las sociedades cooperativas […]». Del mismo modo, el artículo 161.1 de la Ley 2/1999, de 31 de marzo de Sociedades Cooperativas Andaluzas establece que «la Junta de Andalucía reconoce como tarea de interés público la promoción, desarrollo y estímulo de las sociedades cooperativas andaluzas [...] En este sentido, la Administración de la Junta de Andalucía, en coordinación con la Administración del Estado, adoptará las medidas necesarias para que los programas de fomento de las cooperativas se incorporen a la política de promoción de sectores de actividad económica, de la pequeña y mediana empresa y de empleo que desarrolle la Unión Europea.» Al respecto, en la 64ª reunión general de la ONU se dictó la resolución sobre «las Cooperativas y el Desarrollo Social» en la que se declara el año 2012 como Año Internacional del Cooperativismo. Esta es la primera vez en la historia que un año será dedicado al sector cooperativo, lo cual ha sido recibido con gran aceptación por parte del movimiento cooperativo mundial. La resolución de la ONU reconoce que el modelo cooperativo es un importante factor de desarrollo social y económico que promueve la más alta participación posible en el desarrollo económico y social de las personas, en los países desarrollados y en vías de desarrollo y que, en particular, las cooperativas contribuyen a la erradicación de la pobreza. La resolución también invita a todos los gobiernos a crear más ayudas para el desarrollo del cooperativismo, particularmente, las que llevan a asegurar la financiación necesaria para dinamizar la construcción de empresas. Las Naciones Unidas consideran que el cooperativismo es un importante factor de desarrollo social tanto en los países pobres como en los países ricos, especialmente en tiempos de crisis. Hojiblanca está compuesta en la actualidad por 73 cooperativas independientes que trabajan voluntariamente juntas. Su página Web afirma que la 96

Principios y valores de la empresa cooperativa

empresa es el producto de la unión de 35.000 familias de agricultores de Andalucía y Castilla la Mancha regiones olivareras por excelencia. Los datos expuestos más arriba nos ayudan a comprobar un cierto grado de independencia de Hojiblanca y el estímulo que para ellos puede suponer el crecimiento para aumentar su autonomía e independencia. Además, se ha podido verificar a lo largo de todo el estudio que, aunque la sociedad cooperativa agraria de segundo grado ha firmado acuerdos para prestar un mayor servicio a sus socios o para que éstos puedan obtener una mayor rentabilidad en el producto entregado, la sociedad siempre sigue manteniendo su forma y cultura cooperativa, cuidando que se respete el peso que representa la sociedad para la adopción de cualquier tipo de acuerdo en el que esté comprometida. Así, entre los testimonios encontrados, se puede poner de manifiesto que Hojiblanca Sociedad Cooperativa Andaluza, ante todo quiere seguir teniendo sus características particulares, que la diferencian del resto de empresas con las que compite. «Nosotros no ponemos pegas a la hora de unirnos, pero siempre es mejor con cooperativas porque vamos a tener los mismos intereses, la misma manera de hacer las cosas, y los particulares no entienden muy bien la fórmula cooperativa». Desde Hojiblanca consideran que el control debe recaer en los socios, procuran participar mayoritariamente en los órganos de gobierno de las empresas participadas y creen en la independencia frente al sector público y otras organizaciones fuera del sector cooperativo. En definitiva, ayudar a superar una visión local asumiendo una visión global más acorde con las circunstancias del mercado. Piensan que la legislación debería ser mucho mas flexible para dar una mayor libertad al socio y tomar decisiones más rápidas, la legislación afirman que encorseta su gestión.

Principio de educación, formación e información Según la ACI (1995), las cooperativas proporcionan educación y formación a los socios, a los representantes elegidos, a los directivos y a los empleados para que puedan contribuir de forma eficaz al desarrollo de sus 97

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cooperativas. Informan al gran público, especialmente a los jóvenes y a los líderes de opinión, de la naturaleza y beneficios de la cooperación. Así, en este principio se refleja una doble vertiente: por una parte el derecho de los socios a la educación y formación de puertas para adentro, y por otra parte, la necesidad de ofrecer una información con una finalidad publicitaria y promotora en el exterior. Para poder llevar a cabo esta labor, la sociedad cooperativa ha de dotar un fondo para la consecución de tales fines. El movimiento cooperativo tiene un compromiso claro y antiguo con la educación de los socios. En este sentido, la Declaración de 1995 señala que los fondos cooperativos destinados a este fin deben dedicarse a la educación (dirigida a la comprensión de la complejidad y riqueza del pensamiento y acción cooperativos) y a la formación (dirigida a la capacitación profesional) de todos lo que están implicados en las cooperativas, no sólo de los socios, y a la información al gran público (especialmente a los jóvenes y a los líderes de opinión) de la naturaleza y beneficios de la cooperación (Gadea, 2009). «En el tema de comunicación también hay cosas que se hacen en el ámbito de Hojiblanca participa desde en ferias, hasta cualquier evento que pueda haber en distintas localidades; de hecho hay unos presupuestos aprobados para eso, aparte de lo que es el tema de publicidad general hay también todo en orientación al socio para motivarlo un poco más». La comunicación con el exterior ha influido positivamente en la consecución del éxito por parte de Hojiblanca a través de promociones, campañas publicitarias, asistencia y participación en ferias, etc., ya que les permite llegar a un mayor número de posibles consumidores de sus productos. De esta manera, desde sus orígenes el Grupo Hojiblanca ha venido colaborando publicitariamente con los medios de comunicación de su entorno más cercanos, pues, entre otros motivos, constituyen uno de los canales de información más directa hacia sus socios. Se trata de una publicidad institucional, en la que principalmente se ha ofrecido imagen de grupo con las marcas de aceite y aceitunas de mesa que se comercializan. Además, asisten a las ferias comerciales más importantes del mundo, como el «Salón Internacional de la Alimentación», celebrado en París; también tienen una presencia indirecta todos los años en Expoliva (Jaén) a través de la Federación Andaluza de Empresas También es un dato significativo la existencia del 98

Principios y valores de la empresa cooperativa

Museo Hojiblanca, que sigue siendo uno de los principales canales de conocimiento sobre la entidad, principalmente para colectivos ajenos a la propia cooperativa, en definitiva, clientes potenciales. Por otra parte y, continuando con el aspecto de comunicación con el exterior por parte de Hojiblanca, hemos de apuntar que esta cooperativa organizó por primera vez, en el año 2007, unas jornadas de puertas abiertas para los medios de comunicación, a la que asistieron medios provinciales cordobeses y malagueños. Es de destacar el espíritu de colaboración mutua entre todos los medios de comunicación y Hojiblanca, que también los apoya a través de modestas colaboraciones. También, la formación debe ser un aspecto crucial en el desarrollo empresarial y en mayor medida en un contexto de apertura de mercados, en el que se presume mayor competitividad y en el que las sociedades cooperativas no puedan quedar al margen (Lejarriaga, 1996). En lo que respecta a la información, Marcuello y Saz (2008) consideran que constituye un derecho irrenunciable del socio y un aspecto clave para que las personas se impliquen. En un entorno dinámico se impone la necesidad de introducir innovaciones tecnológicas que permitan a las organizaciones gestionar sus recursos de forma óptima. Por lo tanto, el aprendizaje de los individuos y de las organizaciones se convierte en un aspecto crítico y resulta imprescindible que exista una circulación fluida del conocimiento en el interior de la organización (Senge, 1990). El fuerte desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) está permitiendo la aparición de nuevos métodos, técnicas y herramientas que facilitan y apoyan los procesos de gestión del conocimiento (Seguí y García, 2004). Consideramos que esta actuación es una mera acción de marketing y se relaciona con este principio en la medida en que se dan a conocer (principalmente a la sociedad cooperativa agraria y a sus productos), es decir, informan al público de su actividad cooperativa. www.ciriec-revistaeconomia.es En nuestro caso de estudio, tal y como hemos señalado anteriormente, es de destacar numerosas actividades de formación, educación e información dirigidas principalmente a los socios, pero también a otros stakeholders vinculados a Hojiblanca. Así lo demuestra el hecho de que se realicen actividades 99

El modelo cooperativo

que fomentan la actividad y la cultura cooperativas, como asistencia a ferias, congresos, cursos y seminarios relacionados con el olivar. Además también se promueven viajes conjuntos con sus respectivas familias. En cuanto a las actividades de información, podemos indicar que tienen una revista trimestral dirigida a todos los miembros de la sociedad cooperativa. Esta publicación recoge las principales noticias de Hojiblanca y sus cooperativas, así como las relacionadas con el mercado y la oleicultura, además de formar a los agricultores a través de artículos técnicos. También cuentan con dos dominios de páginas Web, así como publicidad a todos los niveles (local, nacional e internacional), tal y como hemos indicado en párrafos anteriores. Son importantes las visitas programadas para los socios en las que se enseñan las instalaciones y se explican los resultados de la cooperativa, cada año pasan por las instalaciones por las menos 500 personas. La participación del equipo de gobierno en las asambleas de las cooperativas de primer grado para informar de los logros de Hojiblanca, son otras vías que se utilizan en Hojiblanca para fomentar el espíritu cooperativo, aumentar el sentido de pertenencia, y la implicación de todos los socios en la marcha del negocio. La apuesta por la información y la formación repercute directamente en la toma decisiones, puesto que esas personas que la reciben son capaces de distinguir de entre las posibles alternativas las mejores opciones, valorar la gestión de la empresa y en definitiva decidir con mayor libertad y conocimiento. La formación y la información equilibran los intereses de los socios, les da capacidad para tomar decisiones y asumir riesgos. En definitiva, los socios pueden estar más involucrados con un mayor conocimiento sobre los problemas de la cooperativa. Este proceso se puede ver dificultado por determinados intereses de las personas que no desean la participación, si no la consecución de unos intereses concretos (de prestigio, poder, prebendas políticas etc.) como ha ocurrido en otros intentos de cooperación en este sector señalados más arriba.

Principio de cooperación entre cooperativas Las cooperativas sirven a sus socios lo más eficazmente posible y fortalecen el movimiento cooperativo trabajando conjuntamente mediante estructuras locales, nacionales, regionales, e internacionales (ACI, 1995). 100

Principios y valores de la empresa cooperativa

Esta interoperación puede ser entendida desde un punto de vista económico o político (Morales, 1992). Desde un punto de vista económico podríamos llegar a una integración horizontal o vertical de las actividades afines a la sociedad cooperativa, formando sociedades cooperativas de segundo grado, que son las que nos atañen, o grados superiores, para incrementar la competitividad de dicho tipo de organización y su potencial económico.

La empresa cooperativa desde el punto de vista jurídico Casi en todos los países modernos se encuentra regulado jurídicamente el funcionamiento y la formación de empresas: sociedades cooperativas, anónimas, en comandita, etc. La Ley General de Sociedades Cooperativas vigente en México, establece: Artículo 2.– La sociedad cooperativa es una forma de organización social integrada por personas físicas con base en intereses comunes y en los principios de solidaridad, esfuerzo propio y ayuda mutua, con el propósito de satisfacer necesidades individuales y colectivas, a través de la realización de actividades económicas de producción, distribución y consumo de bienes y servicios. Artículo 3.– Para los efectos de esta Ley, se entiende por: I.– Organismos cooperativos, a las uniones, federaciones, confederaciones que integren las sociedades cooperativas, y II.– Sistema cooperativo, a la estructura económica y social que integran las sociedades cooperativas y sus organismos. El sistema cooperativo es parte integrante del Movimiento Cooperativo Nacional. Artículo 6.– Las sociedades cooperativas deberán observar en su funcionamiento los siguientes principios: I.– Libertad de asociación y retiro voluntario de los socios II.–Administración democrática III.– Limitación de intereses a algunas aportaciones de los socios si así se pactara IV.– Distribución de los rendimientos en proporción a la participación de los socios V.– Fomento de la educación cooperativa y de la educación en la economía solidaria

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VI.–Participación en la integración cooperativa VII.–Respeto al derecho individual de los socios de pertenecer a cualquier partido político o asociación religiosa, y VIII.– Promoción de la cultura ecológica Artículo 8.– Las sociedades cooperativas se podrán dedicar libremente a cualesquiera actividades económicas lícitas. 8

V. PRINCIPIOS Y VALORES COOPERATIVOS Principios cooperativos Los principios cooperativos son lineamientos por medio de los cuales las cooperativas ponen en práctica sus valores. Son la estructura base de las organizaciones asociativas y están estrechamente ligados entre sí, por lo que si se ignora uno se menoscaban los demás. Estos son: Primer Principio: Membresía Abierta y Voluntaria. Las cooperativas son organizaciones voluntarias abiertas para todas aquellas personas dispuestas a utilizar sus servicios y dispuestas a aceptar las responsabilidades que conlleva la membresía sin discriminación de género, raza, clase social, posición política o religiosa. Segundo Principio: Control Democrático de los Miembros Las cooperativas son organizaciones democráticas controladas por sus miembros quienes participan activamente en la definición de las políticas y en la toma de decisiones. Los hombres y mujeres elegidos para representar a su cooperativa responden ante los miembros. En las cooperativas de base los miembros tienen igual derecho de voto (un miembro, un voto), mientras en las cooperativas de otros niveles también se organizan con procedimientos democráticos. Tercer Principio: Participación Económica de los Miembros Los miembros contribuyen de manera equitativa y controlan de manera democrática el capital de la cooperativa. Por lo menos una parte de ese capital es propiedad común de la cooperativa. Usualmente reciben una com  Ley General de Sociedades Mercantiles. Editorial Sista, México, 2016. P.p. 77-78.

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pensación limitada, si es que la hay, sobre el capital suscrito como condición de membresía. Los miembros asignan excedentes para cualquiera de los siguientes propósitos: el desarrollo de la cooperativa mediante la posible creación de reservas, de la cual al menos una parte debe ser indivisible; los beneficios para los miembros en proporción con sus transacciones con la cooperativa; y el apoyo a otras actividades según lo apruebe la membresía. Cuarto Principio: Autonomía e Independencia Las cooperativas son organizaciones autónomas de ayuda mutua, controladas por sus miembros. Si entran en acuerdos con otras organizaciones (incluyendo gobiernos) o tienen capital de fuentes externas, lo realizan en términos que aseguren el control democrático por parte de sus miembros y mantengan la autonomía de la cooperativa. Quinto Principio: Educación, Formación e Información Las cooperativas brindan educación y entrenamiento a sus miembros, a sus dirigentes electos, gerentes y empleados, de tal forma que contribuyan eficazmente al desarrollo de sus cooperativas. Las cooperativas informan al público en general –particularmente a jóvenes y creadores de opinión– acerca de la naturaleza y beneficios del cooperativismo.  9 Sexto Principio: Cooperación entre Cooperativas Las cooperativas sirven a sus miembros más eficazmente y fortalecen el movimiento cooperativo, trabajando de manera conjunta por medio de estructuras locales, nacionales, regionales e internacionales. Séptimo Principio: Compromiso con la Comunidad La cooperativa trabaja para el desarrollo sostenible de su comunidad por medio de políticas aceptadas por sus miembros.

Valores cooperativos A continuación, se presenta un ejercicio de definición de conceptos, basado en la consulta de diversas fuentes bibliográficas. El espíritu de la pro  Pedrosa ortega, cristina y Hernández Ortiz, mª Jesús ciriec-españa nº 72/2011.

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puesta no es establecer definiciones rígidas, sino más bien abrir la discusión sobre qué entendemos por cada uno de los valores. Se parte del conjunto de valores aprobados por la Alianza Cooperativa Internacional (ACI) en 1995, aunque para algunos autores la doctrina cooperativa trasciende los valores enunciados por dicha organización. Ayuda Mutua. – Se da la «ayuda mutua» cuando dos o más personas se socorren y cooperan entre sí para lograr las metas individuales o colectivas propuestas. Responsabilidad. – La «responsabilidad» es la obligación de responder por los propios actos. Es también garantizar el cumplimiento de los compromisos adquiridos. Democracia. – En el cooperativismo hay «democracia» cuando las y los asociados mantienen el control de la cooperativa, participando activamente en la toma de decisiones en asambleas generales, en órganos sociales a través de sus representantes o en otros espacios de poder. Igualdad. – Consiste en ofrecer el mismo trato y condiciones de desarrollo a cada asociado o asociada sin discriminación de sexo, etnia, clase social, credo y capacidad intelectual o física. Equidad. – La «equidad» se refiere a la noción de justicia de dar a cada cual lo que se merece o ha ganado según sea su grado de participación o aporte y reconociendo sus condiciones y características especiales. Es decir, tomando en cuenta la diferencia. Solidaridad. – Es la adhesión libre y voluntaria a una causa o empresa, creando una relación humana de mutuo apoyo donde la felicidad particular depende de la felicidad colectiva. Es entonces la comunidad de intereses, sentimientos y propósitos. Honestidad. – Es la honradez, la dignidad y la decencia en la conducta de las y los asociados. La persona honesta es incapaz de robar, estafar o defraudar. Transparencia. – En una cooperativa hay «transparencia» cuando la información es administrada entre las y los asociados y dirigentes de manera clara, veraz y oportuna. En la base de la transparencia está la confianza, la comunicación y la franqueza. Se oponen a ella el encubrimiento y el engaño. 104

Principios y valores de la empresa cooperativa

Responsabilidad Social. – En el cooperativismo la «responsabilidad social» se vincula al compromiso con el desarrollo de la comunidad. Por ello las cooperativas son agentes activos en la generación de empleo y en la justa distribución de la riqueza. Preocupación por los Demás. – Hasta no lograr el bienestar material y espiritual de las personas que le rodean, el cooperativista auténtico estará en una condición de inquietud o desasosiego, buscando soluciones a los problemas sociales. Eso es «preocupación por los demás».

VI. CONCLUSIONES 1.– La empresa es la unidad de producción tipo en los sistemas de mercado integrada por un conjunto de personas y organismos que tienen una función directora y coordinadora en el proceso de producción. 2.– La empresa cooperativa juega un papel muy importante en el respeto a los derechos humanos, laborales, de la justicia y de la equidad de género para lograr una sociedad más justa, equilibrada y sustentable que debe involucrarse en la responsabilidad social, orientada por principios y valores. 3.– Por principios debemos entender los enunciados que establecen metas, propósitos sociales, económicos, objetivos, directrices y exigencias de justicia, equidad y moral positiva (valores). 4.– Los valores son cualidades de las normas, son elementos identificadores del sistema que describen el consenso básico de la comunidad y sirven de guía para la interpretación del ordenamiento jurídico y al mismo tiempo de límite. 5.– Dentro de los principios y valores de la empresa cooperativa considero de mayor importancia los de educación, formación e información y el compromiso con la comunidad y como valores el de la responsabilidad, igualdad, solidaridad, transparencia, responsabilidad social y la preocupación por los demás.

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BIBLIOGRAFÍA Burruel Huerta, Leopoldo. Principios Constitucionales. Editorial Porrúa, México 2013. P.p. 11 y 12 I. Álvarez, Mario. Introducción al Derecho. Editorial McGraw-Hill. México, 2005. P.p. 24 y 25 Pedrosa Ortega, C., & Hernández Ortiz, M. (2011). ¿Cómo aplican las sociedades cooperativas de éxito los principios cooperativos? El caso del Grupo Hojiblanca. CIRIEC-España, Revista de Economía Pública, Social y Cooperativa, (72), 156-185.  Ley General de Sociedades Mercantiles. Editorial Sista, México, 2016. P.p. 77-78. Pazos, Luis. Ciencia y Teoría Económica. Editorial Diana, México, 1997. P.p. 161165. Recasens Siches, Luis. Introducción al Estudio del Derecho. Editorial Porrúa, México, 2006. P. 79. Revista Latinoamericana de Derecho Social. Instituto de Investigaciones Jurídicas. UNAM, México 2015, P.p.5-10. Villoro Toranzo, Miguel. Introducción al Estudio del Derecho. Editorial Porrúa, México, 2005. P. 197, 198 y 199.

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TEMA 2 LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y EL FOMENTO DEL COOPERATIVISMO

El modelo cooperativo como alternativa sostenible para la gestión de los servicios públicos Dra. Dª Vega María Arnáez Arce Profesora de Derecho Administrativo - Universidad de Deusto

Sumario: I. A modo de introducción. II. La colaboración del cooperativismo en la prestación de servicios públicos. II.1. Aproximación al estado de la cuestión. II.2. Especial referencia al papel de las cooperativas de iniciativa social. III. Identidad cooperativa para la mejora de los servicios públicos. IV. A modo de conclusión.

I. A MODO DE INTRODUCCIÓN De acuerdo con la Declaración de Identidad Cooperativa aprobada en el año 1995 por la Asamblea General de la Alianza Cooperativa Internacional 1, la cooperativa puede definirse como una asociación autónoma de personas unidas voluntariamente para hacer frente a necesidades y aspiraciones comunes a través de una empresa de propiedad conjunta y democráticamente controlada, regida por un sistema singular de principios y valores (morillas 2008, 37). Precisamente, lo que distingue a las sociedades cooperativas del resto de formas de empresa que operan en el mercado, no es tanto la clase de activi  Véase: http://www.aciamericas.coop/Principios-y-Valores-Cooperativos-4456 (Última consulta, 23 de enero de 2017). 1

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dad que desempeñan, como la naturaleza intrínseca que refleja los principios y valores rectores de su organización y funcionamiento. Y es que encuentran sus bases en la autoayuda, la responsabilidad, la democracia, la igualdad, la equidad y la solidaridad. Valores que, conforme a la precitada Declaración, se ponen en práctica por medio de los siguientes principios: adhesión voluntaria y abierta; gestión democrática; participación económica; autonomía e independencia; educación, capacitación e información; cooperación entre cooperativas; e interés por la comunidad. En el supuesto que nos ocupa, a saber, la colaboración del cooperativismo en la prestación de servicios públicos como estrategia para su mejoramiento, cobra especial importancia el séptimo principio cooperativo, que aboga por que estas entidades trabajen en pro del desarrollo sostenible de sus comunidades con arreglo a las políticas adoptadas por sus socios. Según gadea soler, sacristán bergia y vargas vasserot, esto significa que, en las cooperativas, las acciones socialmente responsables no vienen determinadas por motivos externos −comerciales, principalmente−, sino que están medularmente ligadas a su identidad (gadea, sacristán, vargas 2009, 46). Es decir, es su propio carácter servicial lo que las conduce a favorecer el progreso socioeconómico de sus miembros y de su entorno, mirando siempre al futuro de las generaciones de hoy y de mañana (giraldo 2003, 128). En este tenor, cabe afirmar que el movimiento cooperativo ha destacado desde sus orígenes por mantener un fuerte compromiso con la sociedad. Es más, suele presumirse que todas aquellas cooperativas que integran en su objeto social como fines prioritarios de su actuación la educación, la vivienda, la atención socio-sanitaria, la cooperación para el desarrollo o el medioambiente, entre otros, contribuyen a los intereses generales. Ahora bien, son las cooperativas sin ánimo de lucro y, dentro de éstas, las calificadas como de iniciativa social, las que, remitiéndonos a lo que se expondrá en el próximo capítulo, responden a los mismos de una manera más concreta. Es por todo ello que las Administraciones Públicas, en el contexto actual de una economía global marcada por la crisis sistémica y el aumento de las desigualdades, precisan, cada vez más, del apoyo y la participación activa del Tercer Sector, en general, y de las sociedades cooperativas, en particular, como agentes de desarrollo e innovación arraigados en nuestra comunidad y que conviven en armonía con ella, para la satisfacción eficaz y eficiente de las necesidades básicas de la ciudadanía. 110

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Y ello, en la medida en que su fundamentación parte del papel y de las funciones que el Movimiento Cooperativo y el Tercer Sector vienen llevando a cabo en la sociedad, toda vez que, a diferencia de lo que ocurre con las empresas capitalistas, las entidades que lo conforman persiguen objetivos y tratan de dar respuesta a demandas que no se expresan en términos meramente económicos o monetarios.

II. LA COLABORACIÓN DEL COOPERATIVISMO EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS 1. Aproximación al estado de la cuestión Hay que comenzar este apartado señalando que la simplificación administrativa se presenta como uno de los mayores retos y como el objetivo más inmediato del Derecho administrativo de nuestros días, esencial para la construcción de un nuevo modelo de Administración Pública que sirva con objetividad los intereses generales y actúe acorde con los principios reconocidos en el artículo 103 de la Constitución (palomar 2010, 338-345). Un nuevo paradigma estructural y funcional, así como de interacción con los ciudadanos, que se proponga lograr un desarrollo institucional, económico y social sostenible. Al efecto, el fenómeno de la externalización se configura como una tendencia imparable de transformación de las Administraciones que, impulsado por las corrientes doctrinales de la denominada Nueva Gestión Pública, posibilita la incorporación a las mismas de destrezas y habilidades técnicas provenientes del resto de sectores, lo que se traduce en una gran oportunidad de obtener servicios públicos especializados e innovadores. No sólo eso. Abre la puerta, también, a que los agentes públicos conozcan los esquemas éticos y las prácticas responsables que presiden el día a día de otros actores económicos y sociales, como pueden ser las cooperativas, y se adhieran a ellos. Por consiguiente, cabe apuntar a la gestión de ciertos servicios públicos a través de organizaciones de la economía social, y más concretamente, de sociedades cooperativas, como uno de los elementos clave en la instauración de una Administración Pública que tenga como meta la realización de los principios constitucionales de eficacia y eficiencia y, a su vez, la protección 111

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de los aspectos más sólidos del modelo productivo del sector en que se integra. Un protagonismo o, cuando menos, una creciente relevancia que, para ARGUDO PÉRIZ, estaría justificada por la vocación social y comunitaria y el desarrollo en el sector de servicios del cooperativismo. En palabras del propio autor, tales argumentos determinan necesariamente «una confluencia en el campo de los servicios a las personas y a la comunidad […]» (argudo 2007, 182). Confluencia que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en su sentencia de 28 de enero de 2016, ha respaldado expresamente respecto al ámbito de las prestaciones de índole social y sanitaria. Lo ha hecho por considerar que el Derecho de la Unión no se opone a las normativas nacionales que permiten a las autoridades locales atribuir la prestación de ciertos servicios mediante adjudicación directa, sin forma alguna de publicidad, a entidades sin ánimo de lucro, siempre que el marco legal y convencional en el que actúan contribuya realmente a una finalidad social y a la prosecución de objetivos de solidaridad y eficiencia presupuestaria 2. Sin entrar ahora en el debate en torno a las especificidades del concepto del lucro en la esfera cooperativa, merece indicar que la Disposición Adicional Primera de la Ley 27/1999, de 16 de julio, de Cooperativas 3, establece que «podrán ser calificadas como sociedades cooperativas sin ánimo de lucro las que gestionen servicios de interés colectivo o de titularidad pública […]». Y es que hace alusión a la realidad que venimos apuntando a lo largo del trabajo. Claro que es preciso percatarse, conforme a la normativa estatal vigente y a las reflexiones de argudo périz, de que las cooperativas sin ánimo de lucro, cuyo exponente más destacado son las cooperativas calificadas como de iniciativa social que analizaremos a continuación, no constituyen una nueva clase de cooperativa, sino «una especialidad de cualquier tipo de cooperativa dentro de las clasificaciones que se contemplan legislativamente» (argudo 2007, 183).   Para más detalle, véase: gimeno feliú, José María. «Un paso firme en la construcción de una contratación pública socialmente responsable mediante colaboración con entidades sin ánimo de lucro en prestaciones sociales y sanitarias». Observatorio de Contratación Pública, opiniones, nº. 232, de 9 de febrero de 2016: http://www.obcp.es/index.php/mod. opiniones/mem.detalle/id.232/relcategoria.208/relme nu.3/chk.faf01cea691c17e6c632c328db10de0f (Última consulta, 25 de enero de 2018). 3  España. Ley 27/1999, de 16 de julio, de Cooperativas. Boletín Oficial del Estado, nº. 170, de 17 de julio de 1999. 2

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2. Especial referencia al papel de las cooperativas de iniciativa social Las cooperativas de iniciativa social son, según el artículo 106.1 de la mencionada Ley de Cooperativas, aquéllas que, sin ánimo de lucro y con independencia de su clase, tienen por objeto social, bien la prestación de servicios asistenciales realizando actividades de naturaleza social, o bien el desarrollo de cualquier actividad económica que tenga por finalidad la integración laboral de personas en situación o riesgo de exclusión social y, en general, la satisfacción de necesidades sociales no atendidas por el mercado. Al igual que la norma estatal, la práctica totalidad de la legislación autonómica en vigor las prevé, bajo diferentes denominaciones, tales como de «bienestar social», «integración social» o «servicios sociales» 4. En nuestro caso, la Ley 4/1993, de 24 de junio, de Cooperativas de Euskadi 5dedica su artículo 127 a regular los sujetos y las modalidades de las cooperativas de integración social 6, mientras que en su artículo 137.2 establece que «las entidades cooperativas que contribuyan a la promoción del interés general de Euskadi mediante el desarrollo de sus funciones serán reconocidas de utilidad pública   Véanse (en su versión actualizada): arts. 153 a 156 de la Ley 2/1998, de 26 de marzo, de Sociedades Cooperativas de Extremadura; arts. 125 y 126 de la Ley 5/1998, de 18 de diciembre, de cooperativas de Galicia; art. 107 de la Ley 4/1999, de 30 de marzo, de Cooperativas de la Comunidad de Madrid; art. 112 de la Ley 4/2001, de 2 de julio, de Cooperativas de La Rioja; art. 124 de la Ley 4/2002, de 11 de abril, de Cooperativas de la Comunidad de Castilla y León; arts. 138 y 139 de la Ley 1/2003, de 20 de marzo, de cooperativas de las Illes Balears; arts. 130 y 131 de la Ley 8/2006, de 16 de noviembre, de Sociedades Cooperativas de la Región de Murcia; art. 78 de la Ley Foral 14/2006, de 11 de diciembre, de Cooperativas de Navarra; arts. 183 y 184 de la Ley del Principado de Asturias 4/2010, de 29 de junio, de Cooperativas; arts. 148 y 149 de la Ley 11/2010, de 4 de noviembre, de Cooperativas de Castilla-La Mancha; art. 94 de la Ley 14/2011, de 23 de diciembre, de Sociedades Cooperativas Andaluzas; arts. 125 a 127 de la Ley de Cantabria 6/2013, de 6 de noviembre, de Cooperativas de Cantabria; art. 77 del Decreto Legislativo 2/2014, de 29 de agosto, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Cooperativas de Aragón; art. 98 del Decreto Legislativo 2/2015, de 15 de mayo, del Consell, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Cooperativas de la Comunitat Valenciana; y art. 143 de la Ley 12/2015, de 9 de julio, de Cooperativas de Cataluña. 5  Euskadi. Ley 4/1993, de 24 de julio, de Cooperativas de Euskadi. Boletín Oficial del País Vasco, nº. 135, de 19 de julio de 1993. 6  Que deben estar constituidas mayoritariamente por disminuidos físicos o psíquicos, si bien es cierto que pueden participar como socios entidades públicas responsables de la prestación de cualesquiera servicios sociales. 4

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por el Gobierno Vasco […]».Ley pionera en abordar esta posible calificación, sujeta a que la cooperativa −que, normalmente y por lógica, será de iniciativa social− en cuestión fomente la materialización de fines de interés general por medio de sus actividades, participando en la prestación de servicios públicos, por ejemplo. En desarrollo de dichas previsiones, se aprobaron los Decretos 64/1999, de 2 de febrero, que recoge el Reglamento de sociedades cooperativas de utilidad pública del País Vasco 7, y 61/2000, de 4 de abril, sobre cooperativas de iniciativa social 8. El primero, además de fijar los requisitos (artículos 5 y 6) y el procedimiento (artículos 7 a 12) para la declaración de utilidad pública de las cooperativas, determina que de su obtención derivan los siguientes derechos: utilizar la mención en todos sus documentos; ser oídas, a través de las Federaciones o Confederaciones correspondientes, en la elaboración de disposiciones generales relacionadas directamente con las materias de su actividad y en la elaboración de programas de transcendencia para las mismas; y gozar de las exenciones, bonificaciones, subvenciones y demás beneficios de carácter económico, fiscal y administrativo que en cada caso se acuerden. Luego no cabe duda de la conveniencia de alcanzar tal condición, en cuanto se refiere a las oportunidades de crecimiento y desarrollo de estas entidades, al acceso a las ayudas y a la protección de los poderes públicos, y al reconocimiento del servicio que prestan, no sólo a sus asociados, sino también al conjunto de la sociedad en general. El Decreto 61/2000, por su parte, empieza advirtiendo que su contenido no interfiere con la norma que tipifica ciertas cooperativas como de «integración social» según el precitado artículo 127 de la Ley de Cooperativas de Euskadi. Así pues, en su artículo 1 circunscribe la calificación de iniciativa social a aquellas cooperativas que, sin ánimo de lucro e independientemente de su clase, tienen un determinado objeto social que el propio precepto especifica y que coincide con lo expuesto respecto a su equivalente estatal. Supedita la carencia de ánimo de lucro a que las cooperativas   Euskadi. Decreto 64/1999, de 2 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento sobre procedimientos y requisitos relativos a las sociedades cooperativas de utilidad pública. Boletín Oficial del País Vasco, nº. 33, de 17 de febrero de 1999. 8  Euskadi. Decreto 61/2000, de 4 de abril, por el que se regulan las Cooperativas de Iniciativa Social. Boletín Oficial del País Vasco, nº. 82, de 3 de mayo de 2000. 7

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incluyan de manera expresa en sus Estatutos: a) que los resultados positivos que se produzcan en un ejercicio económico no podrán ser distribuidos entre sus socios; b) que las aportaciones de los socios al capital social, tanto obligatorias, como voluntarias, no podrán devengar un interés superior al legal del dinero, sin perjuicio de su posible actualización; c) el carácter gratuito del desempeño de los cargos del Consejo Rector, sin perjuicio de las compensaciones económicas procedentes por los gastos en los que pudieran incurrir en su actuación; y d) que las retribuciones de los socios trabajadores o, en su caso, de los socios de trabajo y de los trabajadores por cuenta ajena, no podrán superar el 150 % de las retribuciones que, en función de la actividad y categoría profesional, establezca el Convenio colectivo aplicable al personal asalariado del sector. Y a todo eso hay que añadir, acorde con su artículo 3 y con lo concluido en el apartado anterior, que estas cooperativas se rigen por las normas propias del concreto tipo de cooperativa en que se encuadran. Si bien el Anteproyecto de Ley de Cooperativas de Euskadi presentado por el Gobierno Vasco el 24 de mayo del pasado año se remite mayormente a lo que acaba de exponerse –entre los cambios, sobresale el agregado de un nuevo artículo sobre cooperativas de inserción−, lo cierto es que el nuevo texto pretende aumentar la seguridad jurídica de las relaciones internas y externas de las cooperativas, adaptando la actividad de control y fomento cooperativo que ejerce la Administración Pública y que se explicará en el próximo capítulo al actual entorno jurídico, económico e institucional 9. En este sentido y para terminar, debe ponerse de manifiesto que el movimiento cooperativo constituye uno de nuestros principales motores de generación de riqueza y creación de empleo, dado su peso en el conjunto de la economía vasca. Por proporcionar algunos datos, en el año 2015 el 2,5 % de la actividad empresarial se realizó con la forma jurídica de sociedad cooperativa, concentrando el 6,9 % del empleo; la Seguridad Social registró 1.555 empresas cooperativas en alta, con un total de 55.343 trabajadores, lo que arroja un tamaño medio de 35,6 trabajadores por cooperativa, la ratio más elevada del Estado, cuyo promedio es de 14,8; y el Registro de Cooperativas de la Dirección de Economía Social del Gobierno Vasco cifró el número de cooperativas en 1.096, a las que se unen otras 844 entidades que son coope  Para más detalle, véase: http://www.euskadi.eus/gobierno– vasco/contenidos/noticia/2016_05_24_328 75/es_32875.html (Última consulta, 27 de enero de 2018). 9

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rativas pequeñas –figura con régimen y normativa particulares, en virtud de la Ley 6/2008, de 25 de junio 10− de modo que el total de cooperativas alcanzaba las 2.750 al finalizar el año 11. Todo ello, no olvidemos, en su apuesta por el desarrollo sostenible y la cohesión social y territorial de la Comunidad, trasladando a la práctica los principios y valores cooperativos. Y en ese desafío, las cooperativas de iniciativa social y/o de utilidad pública vienen desempeñando un papel elemental, por tratar de satisfacer necesidades colectivas de toda índole en aquellos espacios que la Administración no ha podido cubrir o no ha cubierto como corresponde. Contribuyendo, en definitiva, a la realización de finalidades públicas y de servicio a la sociedad.

III. IDENTIDAD COOPERATIVA PARA LA MEJORA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS La principal ventaja que representan las organizaciones del Tercer Sector y, en lo que aquí interesa, las sociedades cooperativas, para el sistema es, de acuerdo con álvarez rodríguez, «la generación de economías de proximidad», como resultado de su especial enlace al territorio y a sus gentes (álvarez 2012, 410). Vínculo que, entendemos, deriva a su vez de la idiosincrasia participativa de estas entidades. Haciendo nuestras las palabras de divar garteiz-aurrecoa, «en las cooperativas, la participación de sus miembros es su fuerza endógena» (divar 2010, 265). Es decir, bien su régimen particular de propiedad y de distribución de ganancias, bien el carácter democrático que debe ostentar su gestión, las separan de las estructuras de poder capitalistas y justifican su intenso arraigo social, su tendencia a la creación de empleo estable y de calidad, su flexibilidad para adaptarse a cambios y afrontar crisis y, a fin de cuentas, su potencialidad para conformar una alternativa sólida que impulse un verdadero desarrollo local sostenible.   Para más detalle, véase: Ley 6/2008, de 25 de junio, de la Sociedad Cooperativa Pequeña de Euskadi. Boletín Oficial del País Vasco, nº. 127, de 4 de julio de 2008. 11  Consejo económico y social vasco. «Comunidad Autónoma del País Vasco. Memoria socioeconómica 2015» (pp.32-33): http://www.cesegab.com/Portals/0/Libros/MSE2015. pdf (Última consulta, 27 de enero de 2017). 10

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Es por ello que nos parece esencial ofrecer una breve reflexión en torno al significado y el alcance de la colaboración del mundo cooperativo en la prestación de servicios públicos, como expresión de la evolución del rol de los ciudadanos en sus relaciones con los poderes públicos; una ciudadanía cada vez más exigente a la hora de conocer, influir y formar parte de cuantas decisiones afectan al funcionamiento de unos servicios públicos a cuyo mantenimiento contribuyen con el pago de sus impuestos. En esta línea, debe señalarse que el Derecho administrativo actual trata de introducir un nuevo modelo de gestión pública que se nutra de unas instituciones y represente unas prácticas más abiertas y accesibles, con una creciente implicación de los administrados en ellas. O lo que es lo mismo, que fomente una ciudadanía informada, dinámica y corresponsable para con la actividad de la Administración, en la que la prestación coparticipada de servicios públicos goce de mayor protagonismo. Ello no obstante, cabe advertir que es el Derecho cooperativo el que, desde sus inicios, ha apuntado a la necesidad de que las Administraciones Públicas respalden esta otra forma de hacer empresa, más solidaria y cercana, que supone el fenómeno cooperativo y colaboren con él para el correcto desempeño de sus funciones y la consecución de su fin último, el bienestar común. Así pues, el artículo 108 de la Ley 27/1999 de Cooperativas anuncia como tarea de interés general el fomento del cooperativismo. Cometido que encuentra su punto de partida y de llegada en la propia Constitución, por concederle ésta en su artículo 129.2 un reconocimiento expreso que asegura su desarrollo formal y funcional e integrarlo, al mismo tiempo, como vía para el cumplimiento de los objetivos de contenido social que procura. Y ello, con el propósito de potenciar, no sólo la figura más clásica de la economía social, sino, sobre todo, la más representativa de sociedad participativa (gallastegi 2016, 3-9). La Ley de Cooperativas de Euskadi va más allá y pide a los poderes públicos estimular la creación de cooperativas con la finalidad de desarrollar y mejorar los servicios públicos (artículo 137.1). A lo que el Anteproyecto de Ley que viene a substituirla añade el deber de impulsar su participación en la gestión de éstos (artículo 145.4). A título de ejemplo, alude a la constitución de cooperativas de servicios públicos, cuyo marco de actuación deberá ser controlado, en todo caso, por las entidades públicas que las promuevan. 117

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Eso sí, entre las medidas concretas para la verdadera efectividad de dicho fomento destacan aquéllas tendentes a vivificar su presencia, cuantitativa y cualitativa, en la actividad prestacional de la Administración Pública vasca, que deberá encargarse, entre otros, de favorecer su participación en los procedimientos de contratación. En este contexto, merece destacar que el Consejo Superior de Cooperativas de Euskadi, máximo órgano de promoción y difusión del cooperativismo desde la década de los 80 en nuestra Comunidad, centra sus esfuerzos y su actuación en asesorar a la Administración autonómica en materia cooperativa y en defender los intereses concertados en torno al proyecto cooperativo vasco, toda vez que asume, también, la representación de las cooperativas, componiendo el cauce para su integración y participación en la gestión pública 12. Habida cuenta de todo lo anterior y para acabar, podemos afirmar que la colaboración con cooperativas se manifiesta, no sólo como la opción preferente para dar respuesta a las necesidades sociales no suficientemente cubiertas por el Estado, sino también como la forma idea para que los ciudadanos participen más y mejor en los asuntos públicos. Para que, toda vez que se respeten los valores y principios cooperativos, los usuarios de los servicios públicos sean tomados en cuenta para su diseño, planificación y prestación, en aras de su accesibilidad e integridad y, por ende, su calidad. Y es que no se equivocan juliá igual y meliá martí al sostener que «[…] las cooperativas, hoy más que nunca, están llamadas a ser un elemento clave y dinamizador de un verdadero desarrollo social, económico y sostenible, ya que por sus especiales características permiten que éste sea más cohesionado social y territorialmente, algo a lo que una sociedad más justa y equitativa no puede renunciar» (juliá y meliá 2004, 56).

IV. A MODO DE CONCLUSIÓN En el contexto actual, en el que se pone en cuestión el funcionamiento y la validez del denominado Estado del Bienestar, las Administraciones Pú  La definición de su naturaleza jurídica, organización, competencias y funcionamiento están regulados en la Ley de Cooperativas de Euskadi, desarrollada a estos efectos por el Decreto 213/1999, de 11 de mayo, así como por el Reglamento interno del Consejo, aprobado por Acuerdo adoptado en sesión plenaria de 26 de julio de 1999. 12

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blicas necesitan, cada vez más, la cooperación y participación activa del tercer sector como agente de innovación que trabaja para la satisfacción eficaz y eficiente de las necesidades sociales asistenciales, que no se expresan en términos económicos o monetarios. El proceso de reestructuración, reforma e innovación de las Administraciones Públicas en clave de potenciar su competitividad, eficacia y eficiencia, apuesta por la interacción con los ciudadanos, quienes demandan un papel cada vez más activo en la planificación, la ejecución y la evaluación de las políticas públicas que tienen por objeto la prestación de servicios asistenciales a la población. En este sentido, el movimiento cooperativo, basado en los valores de solidaridad, democracia, equidad, igualdad, autoayuda y auto-responsabilidad, ha destacado desde su origen por su contribución a la promoción del desarrollo y realización de fines de interés general, de tal forma y manera que se presume que sirven al interés general todas aquellas sociedades cooperativas que integren en su objeto social fines prioritarios tales como la asistencia socio-sanitaria, la educación, la vivienda, la protección y defensa del medio ambiente, el fomento de la economía social y la protección de la paz social y ciudadana, entre otros. A tal efecto, merece significarse cómo la vigente Ley 4/1993, de 24 de junio, de Cooperativas del País Vasco fue la primera en regular el reconocimiento o la posible clasificación de las sociedades cooperativas como «de utilidad pública», cuando promuevan mediante su actividad el desarrollo y la realización de fines de interés general. En su desarrollo se aprobaron los Decretos 64/1999, de 2 de febrero y 61/2000, de 4 de abril, por los que se establece el régimen jurídico de las cooperativas de utilidad pública e iniciativa social respectivamente.

V. BIBLIOGRAFÍA álvarez rodríguez, Juan Fernando. «El futuro de la economía social». En: fajardo garcía, Gemma, y senent vidal, María José. Economía social: identidad, desafíos y estrategias. RULESCOOP, Valencia, 2012, pp. 405-412. argudo périz, José Luis. «Las cooperativas sin ánimo de lucro: ¿vuelta a los orígenes o respuesta a las nuevas necesidades sociales?». Revista Vasca de Economía Social, nº. 3, 2007, pp. 179-201.

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El fomento del cooperativismo en España: bases jurídicas y nuevas perspectivas Itxaso Gallastegi Ormaetxea Becaria Predoctoral del Gobierno Vasco Ayudante de investigación de la Universidad de Deusto [email protected]

SUMARIO: I. A modo de introducción. II. Los fundamentos jurídicos del fomento de las sociedades cooperativas. II.1. Presupuestos constitucionales y estatutarios. II.2. Otros presupuestos legales. III. Las técnicas de fomento del movimiento cooperativo y de sus valores y principios. Especial mención a la contratación pública socialmente responsable. IV. Bibliografía.

I. A MODO DE INTRODUCCIÓN La actividad de fomento es una forma de intervención administrativa que consiste en encauzar la iniciativa privada a fines de interés general. Una categoría jurídica que tiene como principal precursor a jordana de pozas, quien la definió como «acción de la Administración Pública destinada a proteger o promover aquellas actividades, establecimientos o riquezas debidas a los particulares y que satisfacen necesidades públicas o se estiman de utilidad general, sin usar la coacción ni crear servicios públicos» 1.   jordana de pozas, Luis. «Ensayo de una teoría del fomento en el Derecho administrativo». Revista de Estudios Políticos, nº. 48, 1949, p. 46. Para más detalle sobre esta formulación teórica, su aceptación jurisprudencial y su cuestionamiento académico, véase: fernández farreres, Germán. «La actividad administrativa de fomento. Los incentivos económicos. Estudio especial de las subvenciones». En: aavv. Derecho Administrativo. Parte Especial. Carperi, Madrid, 1995, pp. 86-94. 1

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Dicha acción puede ser llevada a cabo mediante técnicas y herramientas de lo más variadas y heterogéneas, pero hay que tomar en cuenta que la misma responde siempre a un juicio selectivo que la Administración realiza. En otras palabras, parte siempre de la previa determinación por la Administración de aquellas actuaciones que, con motivo de su importancia para la comunidad, resulta conveniente favorecer e impulsar 2. Frente a la creencia general, la economía social no constituye un ámbito muy fomentado a través de medidas públicas 3. No obstante, considero que nuestras Administraciones Públicas no son ajenas al papel cohesionador que las entidades del tercer sector y, en lo que aquí interesa, las cooperativas, vienen desempeñando, desde sus orígenes, en la sociedad, llegando a espacios que ellas no han podido cubrir o no han cubierto como corresponde, lo que me lleva a augurar un cambio sustancial de actitud en los próximos años, pasando a situarlas en el centro de sus agendas. Así las cosas, el presente trabajo pretende ofrecer algunas claves para perfilar ese nuevo horizonte, largamente esperado, hacia el que debe caminar la Administración Pública española en su proceso de modernización. Horizonte que, si bien es cierto que está recibiendo un firme respaldo institucional, tanto a nivel internacional, como a nivel comunitario, encuentra sus bases en el propio ordenamiento jurídico interno, con la Constitución Española de 1978 marcando el punto de salida.

II. LOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FOMENTO DE LAS SOCIEDADES COOPERATIVAS 2.1. Presupuestos constitucionales y estatutarios La Constitución Española no contiene ninguna referencia expresa al término «economía social». Sin embargo, el sustrato jurídico en el que se fundamentan las organizaciones que la componen obtiene el más alto rango   martín-retortillo baquer, Sebastián. Derecho administrativo económico I. LA LEY, Madrid, 1988, p. 441. 3  chaves ávila, Rafael, y savall morera, Teresa. «La insuficiencia de las actuales políticas de fomento de cooperativas y sociedades laborales frente a la crisis en España». REVESCO, Revista de Estudios Cooperativos, nº. 113, 2013, p. 87. 2

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por derivar de diversos preceptos constitucionales, de acuerdo con lo enunciado en el Preámbulo de la Ley 5/2011 de Economía Social 4. Y es que artículos como el 1.1, 9.2 y 129.2 apuntan, de forma genérica o específica, a tales entidades, plasmando, así, su fuerte arraigo en la norma jurídica suprema del país. En efecto, el artículo 1.1 de la Constitución proclama a España como un Estado social y democrático de Derecho y enumera los valores superiores de su ordenamiento jurídico, a saber, la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. La cláusula del Estado social, por su parte, la alberga el artículo 9.2, que ordena a los poderes públicos «promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas, remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social». Dos disposiciones en las que, claramente, tienen cabida las instituciones de la economía social, al presentar éstas unos rasgos y valores propios que las diferencian de las sociedades del ámbito mercantil dominantes y que demandan, por tanto, la implicación de las autoridades públicas, no sólo en su salvaguarda, sino, también, en la mejora de su posición competitiva, tratando de eliminar las limitaciones –económicas, primordialmente– que suelen manifestar. Además, en el caso de las cooperativas, entran en escena los principios básicos que las rigen y que, de ser aplicados correctamente, acentúan, aún más, la naturaleza especial y la actuación responsable que justifica su protección constitucional. Ahora bien, el elemento clave y, en cierta manera, definitorio, del apoyo que la Constitución Española brinda a esta alternativa al modelo de empresa capitalista viene de la mano de su artículo 129.2, ya que impone a los poderes públicos los siguientes tres deberes: promover eficazmente las diversas formas de participación en la empresa; fomentar, mediante una legislación adecuada, las sociedades cooperativas; y establecer las vías que faciliten el acceso de los trabajadores a la propiedad de los medios de producción 5.   España. Ley 5/2011, de 29 de marzo, de Economía Social. Boletín Oficial del Estado, 30 de marzo de 2011, nº. 76, p. 33023. 5  Este último cometido debe compatibilizarse con el derecho de propiedad y con la libertad de empresa que reconocen los artículos 33 y 38 de la Constitución, ­respectivamente. 4

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Se puede comprobar que, mientras que los mandatos primero y tercero son generales, es decir, atañen, por razón, bien de su gestión democrática, bien de su régimen particular de propiedad y de distribución de ganancias, al conjunto de organizaciones que comprende el tercer sector, el segundo es un principio exclusivo del cooperativismo. Un principio pro-cooperativas que exige un tratamiento favorable hacia ellas y que no se da respecto a los demás tipos societarios 6. La Constitución ha querido potenciar, de esta forma, la figura más clásica de la economía social, así como la empresa participativa por excelencia. No obstante, la determinación del alcance de este deber impuesto por su artículo 129.2 suscita dudas interpretativas, dado que únicamente emplea la expresión «mediante una legislación adecuada» para referirse a él. En su sentido literal, el citado artículo se habría ceñido a encargar a los poderes públicos llevar a cabo el desarrollo normativo específico de dicha obligación de fomento de las sociedades cooperativas, de modo que, por medio de la aprobación de las diferentes leyes que se analizarán en el siguiente apartado, éstos habrían cumplido ya con tal requerimiento constitucional. Entiendo, sin embargo, que la Constitución pretende ir más allá y lo que realmente ordena es que toda la legislación sea interpretada de forma positiva para las cooperativas 7, sin perjuicio de las normas y políticas socioeconómicas que, en cada caso, sea preciso adoptar, en aras de un modelo económico constitucional de economía social de mercado en el que tengan un papel más activo 8. Y es que sólo así cabría hablar de garantía de una protección efectiva y consiguiente crecimiento progresivo de las mismas.

  díaz de la rosa, Angélica. «Reflexiones a propósito del artículo 129.2 de la Constitución Española». Anuario da Facultade de Dereito de la Universidade da Coruña, nº. 14, 2010, p. 324. 7  vargas vasserot, Carlos, y aguilar rubio, Marina. La justificación de un régimen tributario para las cooperativas. Ponencia presentada en la Jornada «Justificación de un tratamiento fiscal para las cooperativas» organizada por la Asociación Internacional de Derecho Cooperativo, la Academia Vasca de Derecho y la Facultad de Derecho de la Universidad de Deusto, Bilbao, 19 de noviembre de 2015. 8  gadea soler, Enrique. «La función económica de la cooperativa y la necesidad de una legislación adecuada». Boletín de la Asociación Internacional de Derecho Cooperativo, nº. 45, 2011, p. 289. 6

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Sentado lo anterior, merece señalar que la práctica totalidad de los Estatutos de Autonomía ha atribuido la competencia exclusiva en materia de cooperativas a las Comunidades Autónomas, con base en el artículo 149.3 de la Constitución y conforme a la legislación general mercantil 9. Pero no todos ellos han ampliado tal previsión al fomento de estas entidades. Sobre todo, son los Estatutos recientemente reformados en lo relativo a esta cuestión los que han pasado a hacer referencia explícita al deber público de promover el cooperativismo, si bien Estatutos como el de Cantabria, La Rioja o la Región de Murcia ya contenían sendos preceptos relacionados 10. A propósito, el artículo 80.4 del Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana asigna a la Generalitat la función de fomentar la creación de sociedades cooperativas 11; con un carácter más general, el Estatuto de Autonomía de Aragón indica que la competencia en materia de cooperativas que recoge su artículo 71.31 incluye, además de la regulación de su organi  Al respecto, deben aclararse dos asuntos. Primero. El artículo 149.3 de la Constitución Española establece que «las materias no atribuidas expresamente al Estado por la Constitución pueden corresponder a las Comunidades Autónomas, en virtud de sus respectivos Estatutos […]». Segundo. Bien que la necesaria delimitación del tema objeto de estudio impide ahondar en el histórico debate en torno a la naturaleza, mercantil o no, de las sociedades cooperativas, conviene mencionar que, frente a la petición de la Abogacía del Estado de declarar inconstitucional dicha atribución −en concreto, impugnó algunos preceptos de la Ley 1/1982 sobre cooperativas del Parlamento Vasco−, por entender que la competencia exclusiva del Estado sobre legislación mercantil abarcaba el Derecho cooperativo, el Tribunal Constitucional, aún sin pronunciarse sobre la configuración de estas entidades, afirmó: que «la Constitución no reserva de modo directo y expreso competencia alguna al Estado en materia de cooperativas»; que «no es admisible una interpretación que conduzca a vaciar de contenido» dicha competencia autonómica, que comprende la legislativa; y que la misma debe respetar la legislación general mercantil en cuanto ésta sea aplicable a las cooperativas. Para más detalle, véase: Sentencia del Tribunal Constitucional de 29 de julio de 1983. Ref. Aranzadi RTC 1983/72. 10  Para más detalle, véanse, en su redacción original: artículo 56.4 de la Ley Orgánica 8/1981, de 30 de diciembre, de Estatuto de Autonomía para Cantabria; artículo 41.3 de la Ley Orgánica 3/1982, de 9 de junio, de Estatuto de Autonomía de La Rioja; y artículo 49.b) de la Ley Orgánica 4/1982, de 9 de junio, de Estatuto de Autonomía para la Región de Murcia. 11  Valencia. Ley Orgánica 1/2006, de 10 de abril, de Reforma de la Ley Orgánica 5/1982, de 1 de julio, de Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana. Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, 11 de abril de 2006, nº. 5238, p. 13339. 9

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zación, funcionamiento y régimen económico, «el fomento del movimiento cooperativo y de otras modalidades de economía social» 12; el artículo 9.1.17 del Estatuto de Autonomía de Extremadura la describe en términos similares 13; el Estatuto de Autonomía para Andalucía, en cambio, ha detallado, todavía más, dicha explicación, precisando, en su artículo 58.1.4, que «la regulación y el fomento del cooperativismo» engloba: a) la regulación del asociacionismo cooperativo, b) la enseñanza y la formación cooperativas, y c) la fijación de los criterios, la regulación de las condiciones, la ejecución y el control de las ayudas públicas al mundo cooperativo. Y a eso hay que añadir la atención preferente en las políticas públicas que exige prestar a estas organizaciones a través de su artículo 172.2 14; en este mismo tenor, destaca, por último, el Estatuto de Autonomía de Castilla y León, en la medida en que sitúa «el fomento de las iniciativas de la economía social, especialmente al cooperativismo y su promoción», entre los principios rectores de las políticas públicas de la Comunidad que enumera su artículo 16.5 15; al igual que ocurre en el caso del Estatuto de Autonomía de Catalunya, pues su artículo 45.5 otorga dicha naturaleza, en el ámbito socioeconómico, al deber de la Generalitat de «favorecer el desarrollo de la actividad empresarial y el espíritu emprendedor teniendo en cuenta la responsabilidad social de la empresa, la libre iniciativa y las condiciones de competencia y […] fomentar la acción de las cooperativas y las sociedades laborales y […] las iniciativas de la economía social» 16. En vista de todo ello, cabe sostener que el fomento de las sociedades cooperativas encuentra su punto de partida y de llegada en la propia Constitución, por dos grandes razones: por concederle ésta un reconocimiento   Aragón. Ley Orgánica 5/2007, de 20 de abril, de reforma del Estatuto de Autonomía de Aragón. Boletín Oficial de Aragón, 23 de abril de 2007, nº. 47, p. 6258. 13  Extremadura. Ley Orgánica 1/2011, de 28 de enero, de reforma del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Autónoma de Extremadura. Diario Oficial de Extremadura, 29 de enero de 2011, extraordinario nº. 1, p. 2. 14  Andalucía. Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, 20 de marzo de 2007, nº. 56, p. 2. 15  Castilla y León. Ley Orgánica 14/2007, de 30 de noviembre, de reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla y León. Boletín Oficial de Castilla y León, 3 de diciembre de 2007, nº. 234, p. 2 (suplemento). 16  Catalunya. Decreto 306/2006, de 20 de julio, por el que se da publicidad a la Ley Orgánica 6/2006, de 19 de julio, de reforma del Estatuto de Autonomía de Catalunya. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, 20 de julio de 2006, nº. 4680, p. 31875. 12

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El fomento del cooperativismo en España: bases jurídicas y nuevas perspectivas

expreso que asegura su desarrollo formal y funcional, y por integrarlo, a la vez, como vía para el cumplimiento de varios objetivos de contenido social que se propone. Asimismo, se puede concluir que, tras las últimas reformas estatutarias, se ha iniciado el camino hacia su asentamiento definitivo en los distintos niveles del sistema jurídico del país.

2.2. Otros presupuestos legales Es preciso comenzar este apartado afirmando que la aprobación de la Ley 5/2011, de 29 de marzo, de Economía Social supuso un avance capital en el respaldo jurídico para la consolidación de esta otra forma, más sostenible, solidaria y humana, de hacer empresa que representa el tercer sector y, en lo que aquí concierne, las sociedades cooperativas. Y no sólo porque dotara a la economía social del marco legal y del concepto común necesarios para superar las situaciones de inseguridad jurídica que venían produciéndose en su seno, sino, también, porque consideró el fomento público de sus entidades tarea de interés general 17. Al respecto, merece destacar el catálogo de medidas que el artículo 8.2 de la Ley detalló como objetivo de las políticas de promoción de la economía social que tenían que llevar a cabo los poderes públicos −en el ámbito de sus respectivas competencias−: remover los obstáculos que impidan iniciar o realizar cualquier actividad económica a las organizaciones de la economía social; estimular sus diversas iniciativas; potenciar sus principios y valores; impulsar la formación y readaptación profesional en esta esfera; facilitar el acceso a los procesos de innovación tecnológica y organizativa a sus emprendedores; crear un entorno que promueva la puesta en marcha de programas económicos y sociales; involucrar a las instituciones de la economía social en las políticas activas de empleo, particularmente en favor de los sectores más afectados por el desempleo, mujeres, jóvenes y parados de larga duración; introducir referencias a la economía social en los planes de estudio de las diferentes etapas educativas; y fomentar su afianzamiento en áreas como   pérez de uralde, José María. «Algunas consideraciones sobre la repercusión de la Ley 5/2011, de 29 de marzo, de economía social en la Comunidad Autónoma de Euskadi». Revista Vasca de Economía Social, nº. 8, 2012, pp. 38-40. 17

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el desarrollo rural, la dependencia y la integración social. Se debe advertir, eso sí, el carácter meramente enunciativo del mismo 18. La Disposición Adicional Séptima de la Ley, por su parte, exigió al Gobierno aprobar, en el plazo de seis meses, un programa de impulso de las entidades de la economía social, «con especial atención a las de singular arraigo en su entorno y a las que generen empleo en los sectores más desfavorecidos». Pero además de todo eso, debe señalarse que, al recoger la regulación del Consejo para el Fomento de la Economía Social y establecer sus funciones −artículo 9−, la Ley dio un gran paso hacia el reconocimiento de un auténtico sector de la economía social, por pasar a vincular dicho órgano asesor y consultivo para las actividades relacionadas con el mismo a todo el conjunto de entidades que lo conforman. Y es que, anteriormente, el Consejo estaba incardinado en la legislación estatal de sociedades cooperativas, con un ámbito subjetivo de aplicación, por lógica, más reducido. Efectivamente, fue la Ley 27/1999, de 16 de julio, de Cooperativas la que, en su redacción inicial 19, dispuso la creación del Consejo para el Fomento de la Economía Social, asignándole labores consultivas y de asesoramiento, así como de colaboración y coordinación del movimiento cooperativo y las Administraciones Públicas, relación que se articula en el precepto 108 del texto vigente de la Ley. Éste, partiendo del precitado artículo 129.2 de la Constitución, que manda el fomento del cooperativismo mediante una legislación adecuada, determina que «la promoción, estímulo y desarrollo de las sociedades cooperativas y de sus estructuras de integración económica y representativa» constituyen una tarea de interés general, tanto en lo que respecta a la presente Ley, como a sus normas de aplicación. Y a tal fin, pide al Gobierno actuar −a través del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales− en el orden cooperativo. Es evidente que la análoga previsión que, según se ha expuesto más arriba, recoge la Ley de Economía Social responde al propósito de extender tales consideraciones, fundamentales para su progreso, al resto de entidades del sector.   fajardo garcía, Isabel Gemma. «El fomento de la Economía Social en la legislación española». REVESCO, Revista de Estudios Cooperativos, nº. 107, 2012, p. 93. 19  España. Ley 27/1999, de 16 de julio, de Cooperativas. Boletín Oficial del Estado, 17 de julio de 1999, nº. 170, p. 27027. 18

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Una vez dicho esto, puede observarse que en el ámbito autonómico últimamente se están sucediendo las promulgaciones de nuevas normas en la materia. Por poner un ejemplo, en el año 2015, el Parlamento catalán aprobó la Ley 12/2015, de 9 de julio de cooperativas 20, con importantes adelantos en el tema que nos ocupa. Su artículo 154, debido al papel esencial que la economía social y, en concreto, las sociedades cooperativas, cumplen para el desarrollo socioeconómico de Catalunya, impone a la Generalitat los siguientes deberes: estimular las iniciativas de la economía social; fomentar la actividad de las cooperativas a través de cauces que favorezcan el empleo, la colaboración empresarial, la internacionalización y el refuerzo de sus vías de financiación; impulsar los mecanismos necesarios para garantizar, en proyectos viables, la continuidad de la actividad empresarial por medio de estas fórmulas; promover la colaboración entre el sector público y el sector de la economía social; e introducir la materia, en los distintos niveles de la enseñanza, por un lado, y en los medios de comunicación públicos −o apoyados con fondos públicos−, por otro. A eso hay que añadir otra serie de medidas específicas, como el derecho de preferencia en caso de empate en los procedimientos licitatorios, que tiene que adoptar, de acuerdo con el artículo 155. Y, desde luego, la posibilidad que le da la Ley de aplicar incentivos fiscales favorables a las cooperativas y elaborar normas que faciliten su constitución y funcionamiento, «especialmente cuando las actividades tengan una función social y de interés general». En este sentido y para acabar, una breve mención a la Ley 43/2015, de 9 de octubre, del Tercer Sector de Acción Social 21. El tercer sector de acción social, tal como define su artículo 2, «son aquellas organizaciones […] surgidas de la iniciativa ciudadana o social, bajo diferentes modalidades, que responden a criterios de solidaridad y de participación social, con fines de interés general y ausencia de ánimo de lucro, que impulsan el reconocimiento y el ejercicio de los derechos» de las personas y grupos en situación o riesgo de exclusión social.

  Catalunya. Ley 12/2015, de 9 de julio, de cooperativas. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, 16 de julio de 2015, nº. 6914, p. 9. 21  España. Ley 43/2015, de 9 de octubre, del Tercer Sector de Acción Social. Boletín Oficial del Estado, 10 de octubre de 2015, nº. 243, p. 94844. 20

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Así pues, cabe afirmar que sus características mismas demandaban el establecimiento de un marco regulatorio que les otorgara amparo propio, de igual manera que el rol crucial que ejercen en la sociedad, en general, y en el diseño y ejecución de las políticas de inclusión, en particular, requería detallar las medidas de fomento que los poderes públicos pueden adoptar en su beneficio. La Ley destina, a tal efecto, los artículos 6 y 7, siendo lo más novedoso la posibilidad que prevé el primero de ellos de celebrar convenios de colaboración entre las distintas Administraciones territoriales para promover determinadas actuaciones de fomento, difusión o formación.

III. LAS TÉCNICAS DE FOMENTO DEL MOVIMIENTO COOPERATIVO Y DE SUS VALORES Y PRINCIPIOS. ESPECIAL MENCIÓN A LA CONTRATACIÓN PÚBLICA SOCIALMENTE RESPONSABLE De acuerdo con la Declaración de Identidad Cooperativa aprobada en el año 1995 por la Asamblea General de la Alianza Cooperativa Internacional 22, la cooperativa puede definirse como una asociación autónoma de personas unidas voluntariamente para hacer frente a necesidades y aspiraciones comunes a través de una empresa de propiedad conjunta y democráticamente controlada, regida por un sistema singular de principios y valores 23. Precisamente, lo que distingue a las sociedades cooperativas del resto de formas de empresa, no es tanto el tipo de actividad que desempeñan, como la naturaleza intrínseca que refleja los principios y valores inspiradores de su organización y funcionamiento. Y es que encuentran sus bases en la autoayuda, la responsabilidad, la democracia, la igualdad, la equidad y la solidaridad. Valores que, conforme a la precitada Declaración, se ponen en práctica por medio de los siguientes siete principios: adhesión voluntaria y abierta; gestión democrática; 22  Para más detalle, véase: http://www.aciamericas.coop/Principios– y– Valores– Coo perativos– 4456 (Última consulta, 8 de enero de 2018). 23  Tal como ha recogido morillas jarillo, desde su creación hasta la actualidad, «la ACI ha realizado tres declaraciones formales sobre los principios cooperativos, en 1937, en 1966 y en 1995, en las que explica cuáles son y cómo deben ser interpretados en cada uno de esos momentos». morillas jarillo, María José. Las sociedades cooperativas. Iustel, Madrid, 2008, p. 37.

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participación económica; autonomía e independencia; educación, capacitación e información; cooperación entre cooperativas; e interés por la comunidad. En relación con este último principio, cabe afirmar que el movimiento cooperativo ha destacado desde sus orígenes por mantener un firme compromiso con la sociedad y, en particular, con los grupos vulnerables. Es más, suele presumirse que todas aquellas cooperativas que integran en su objeto social como fines prioritarios de su actuación la educación, la vivienda, la atención socio-sanitaria o la cooperación para el desarrollo, por ejemplo, contribuyen al interés general. Ahora bien, son las cooperativas sin ánimo de lucro y, dentro de éstas, las calificadas como de iniciativa social, las que responden a los mismos de una manera más concreta 24. Las cooperativas de iniciativa social, según el art. 106.1 de la Ley 27/1999 de Cooperativas, son aquéllas que, sin ánimo de lucro y con independencia de su clase, se dedican a la prestación de servicios asistenciales o al desarrollo de cualquier actividad económica que tenga por finalidad la integración laboral de personas en situación o riesgo de exclusión social y, en general, a la satisfacción de las necesidades sociales no atendidas por el mercado. Resulta esencial, por consiguiente, que las Administraciones Públicas tomen conciencia de la importancia de respaldar a estas entidades y colaborar con ellas, en pos del cumplimiento efectivo de su función principal, la de servir objetivamente a los intereses públicos. Ni qué decir en un escenario de salida de crisis como el actual, donde la escasez de recursos públicos provocada por los ajustes y recortes en los presupuestos, ha dejado al descubierto su incapacidad para afrontar, por sí solas, las graves consecuencias de la misma. A este respecto, merece señalar que el Parlamento Europeo, en su Resolución de 2 de julio de 2013, puso de manifiesto la significativa aportación de las cooperativas a la economía y a la estabilidad del empleo, máxime en tiempos de crisis 25. Instaba, por ello, a los Estados miembros, siguiendo la   arnáez arce, Vega María. «La participación ciudadana en la prestación de los servicios públicos. El supuesto de las cooperativas de utilidad pública en la Comunidad Autónoma del País Vasco». REVESCO, Revista de Estudios Cooperativos, nº. 116, 2014, pp. 29-30. 25  Postura que ratifica en su Resolución, de 19 de enero de 2017, sobre un pilar europeo de derechos sociales, en tanto en cuanto asegura que las cooperativas «ofrecen un buen ejem24

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Recomendación 193/2002 de la Organización Internacional del Trabajo 26, a revisar su legislación, con vistas a adoptar una política global favorable a este modelo empresarial y a crear un entorno que propicie el reconocimiento de su labor, especialmente en ámbitos donde ha demostrado tener un valor añadido económico, social y ambiental 27. Pues bien, habiendo sentado en los apartados previos los fundamentos jurídicos, sólidos en mi opinión, para el fomento del cooperativismo en España, es momento de dar a conocer que, en el contexto de dicha política global, ha empezado a cobrar fuerza la contratación pública socialmente responsable, no sólo como uno de los mecanismos más apropiados para proteger y promover las cooperativas, sino, además, como una oportunidad de incorporar en el día a día de la Administración Pública sus valores y principios. La verdad es que las técnicas más habituales para fomentar el cooperativismo han sido y continúan siendo de carácter económico, entre las que se encuentran, junto a las ventajas fiscales y a los créditos oficiales, las subvenciones públicas, herramienta de fomento por excelencia 28. Sin embargo, es cada vez más representativo el trabajo que, con tal propósito, realiza la política pública de contratación, ya que, acorde con su vertiente estratégica, definida por las nuevas normas en la materia, ha comenzado a considerar aspectos sociales en las diferentes fases del procedimiento. Y de ese modo, claro está, puede impulsarse la colaboración con sociedades cooperativas, en la prestación de algunos servicios públicos, sobre todo. Aunque también están ganando protagonismo otra serie de iniciativas como los métodos de aprendizaje cooperativo o la puesta en marcha de planes y programas de difusión. plo a la hora de crear empleo de calidad, apoyar la inclusión social y fomentar una economía participativa». Para más detalle, véase: http://ww w.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2017-0010+0+DOC+PDF+V0//ES (Última consulta, 9 de enero de 2018). 26  Para más detalle, véase: http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f ?p=NORMLEXPUB: 12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:R193 (Última consulta, 9 de enero de 2018). 27  Resolución del Parlamento Europeo, de 2 de julio de 2013, sobre la contribución de las cooperativas a la salida de la crisis. Diario Oficial de la Unión Europea, de 26 de febrero de 2016, nº. C75. 28  rivero ortega, Ricardo. Derecho administrativo económico. Marcial Pons, Madrid, 2015, pp. 165-169.

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En efecto, la contratación pública ha pasado, de concebirse únicamente como el medio para proveer de obras, suministros y servicios a la Administración, a ser visualizada como un instrumento para apoyar e implementar otras políticas directas y alcanzar objetivos de índole social, en la certeza de que los mismos comportan una adecuada comprensión de cómo deben canalizarse los fondos públicos 29. Es sabido que esta idea surge de la Estrategia Europa 2020 para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador, la cual, a la par que anunciaba las contrataciones públicas como pieza clave para el logro de sus fines, les imponía el cometido de garantizar un uso más eficaz del dinero público 30. Haciéndose eco de ella, la Unión Europea, el 26 de febrero de 2014, aprobó su cuarto paquete legislativo de contratación pública, compuesto por las Directivas 2014/23/UE relativa a la adjudicación de contratos de concesión 31, 2014/24/UE general de contratación 32, y 2014/25/UE referente a la contratación por entidades que operan en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales 33. A las que se añade la Directiva 2014/55/UE, de 16 de abril de ese mismo año, sobre facturación electrónica en la contratación pública 34.   gimeno feliú, José María. «Compra pública estratégica». En: pernas garcía, Juan José. Contratación Pública Estratégica. Aranzadi, Cizur Menor, 2013, p. 45. 30  Comunicación de la Comisión «Europa 2020, una estrategia para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador» [COM (2010) 2020 final, no publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea]: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUri Serv.do?uri=COM:2010:2020:FIN:ES:PDF (Última consulta, 9 de enero de 2018). 31  Directiva 2014/23/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, relativa a la adjudicación de contratos de concesión, Diario Oficial de la Unión Europea nº. L94, de 28 de marzo de 2014. 32  Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, sobre contratación pública y por la que se deroga la Directiva 2004/18/CE, Diario Oficial de la Unión Europea nº. L94, de 28 de marzo de 2014. 33  Directiva 2014/25/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, relativa a la contratación por entidades que operan en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales y por la que se deroga la Directiva 2004/17/ CE, Diario Oficial de la Unión Europea nº. L94, de 28 de marzo de 2014. 34  Directiva 2014/55/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 2014, relativa a la facturación electrónica en la contratación pública, Diario Oficial de la Unión Europea nº. L133, de 6 de mayo de 2014. 29

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Las dos primeras acaban de ser integradas en el ordenamiento jurídico español a través de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público 35. Una norma que llega con más de año y medio de retraso –el plazo de transposición concluyó el 18 de abril de 2016–, pero que trae novedades esenciales atinentes al tema de estudio, las cuales conviene analizar, siquiera brevemente, antes de terminar. A modo de resumen, el artículo 1.3 resulta ciertamente elocuente: «En toda contratación pública se incorporarán de manera transversal y preceptiva criterios sociales y medioambientales siempre que guarde relación con el objeto del contrato, en la convicción de que su inclusión proporciona una mejor relación calidad-precio en la prestación contractual, así como una mayor y mejor eficiencia en la utilización de los fondos públicos. Igualmente se facilitará el acceso a la contratación pública de las pequeñas y medianas empresas, así como de las empresas de la economía social». El precepto muestra los dos cauces que el nuevo marco de la contratación pública ofrece para el fomento del cooperativismo: por un lado, la introducción obligatoria de cláusulas sociales en todo el ciclo de la contratación, y, por otro lado, la necesaria adopción de decisiones y medidas concretas dirigidas a las pequeñas y medianas empresas y a las organizaciones del tercer sector. No hay que olvidar, en este sentido, que la economía social, pese a estar liderada por grandes grupos empresariales, se compone mayoritariamente por entidades de pequeño tamaño con menos de 50 trabajadores, que en España, en el año 2013, constituían alrededor del 82 % del total 36. Dicho esto, respecto a la primera de las vías se debe advertir que los parámetros sociales a insertar en las distintas etapas del procedimiento serán, también, distintos en forma y contenido: prohibiciones de contratar,

  España. Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. Boletín Oficial del Estado, 9 de noviembre de 2017, nº. 272, p. 107714. 36  Estudio de la Fundación Once, de febrero de 2015, «Las empresas de la Economía Social y Solidaria como palanca de creación de empleo para personas con discapacidad». Para más detalle, véase: http://www.cepes.es/files/publicaciones/87 .pdf (Última consulta, 10 de enero de 2018). 35

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especificaciones técnicas, requisitos de solvencia, criterios de adjudicación, criterios de desempate o condiciones de ejecución. En cualquier caso, lo más importante es que con ellos se sigan respetando los principios básicos de la contratación pública, los de igualdad y no discriminación, libre competencia y transparencia, principalmente, vinculándolos a la prestación contractual y, en cuanto sea posible, objetivándolos y ponderándolos. En lo que a la segunda vía concierne, son dos las técnicas de promoción más reseñables que prevé la nueva Ley: la división del objeto del contrato en lotes y la reserva de contratos. Para empezar, el artículo 99 establece como regla general la realización independiente de cada una de las partes del objeto del contrato mediante su división en lotes, invirtiendo, así, la que se aplicaba hasta ahora. Por lo tanto, a partir de la entrada en vigor de la Ley, el próximo 9 de marzo, a los cuatro meses de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, los órganos de contratación estarán obligados a justificar en los expedientes los supuestos de no división. Además, la Ley les permite limitar el número de lotes para los que un mismo candidato pueda presentar oferta o que pueda adjudicarse a cada licitador. Estos cambios, sin lugar a dudas, van a tener como efecto directo la diversificación de las contrataciones públicas, al facilitar y respaldar la presencia de más empresas en ellas. Como muestra, las pequeñas y medianas cooperativas. Por su parte, la reserva de contratos es un mecanismo a través del cual la Administración Pública guarda el derecho a participar en una licitación pública a determinadas iniciativas empresariales, en apoyo a las actividades que desempeñan o a los fines que persiguen. Está recogida en la disposición adicional cuarta de la Ley 9/2017, que reclama fijar porcentajes mínimos de reserva –a falta de Acuerdo del Consejo de Ministros en el plazo máximo de un año, será, cuando menos, del 7 % del importe total de los contratos, incrementándose hasta un 10 % a los cuatro años– a Centros Especiales de Empleo de iniciativa social y a empresas de inserción, cuya plantilla esté integrada al menos por un 30 % de trabajadores discapacitados o desfavorecidos. 135

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Es la primera vez que, en el ordenamiento jurídico español, se regulan los Centros Especiales de Empleo de iniciativa social. Los Centros Especiales de Empleo son empresas que, además de producir bienes o prestar servicios, se proponen como fin último la inserción laboral de personas con discapacidad. Es por ello que deben contar en plantilla al menos con un 70 % de trabajadores con discapacidad igual o superior a un 33 %, obtener la calificación pertinente y estar inscritas en el registro correspondiente 37. Lo que hace la Ley es añadir un requisito, el de «iniciativa social», para que estos Centros puedan continuar siendo beneficiarios de los contratos o, en su caso, de los lotes, que formen parte del citado porcentaje de reserva. Dicho requisito aparece descrito en su disposición final decimocuarta: estar promovidos y participados en más de un 50 % por una o varias entidades, públicas o privadas, que no tengan ánimo de lucro o que tengan reconocido su carácter o naturaleza social en los Estatutos, ya sean asociaciones, fundaciones, corporaciones de Derecho público, cooperativas de iniciativa social y otras organizaciones de la economía social, o que su titularidad pertenezca a sociedades mercantiles en las que la mayoría de su capital social sea propiedad de alguna de las anteriores entidades. Se puede comprobar que, con esta nueva configuración de la figura del contrato reservado, las cooperativas de iniciativa social, si bien de forma indirecta, pasan a ocupar un lugar más influyente en el mercado de la contratación. En una línea similar camina, finalmente, la posibilidad que alberga la disposición adicional cuadragésima octava de la Ley de reservar ciertos contratos de servicios sociales 38, culturales y de salud a organizaciones que cumplan las siguientes tres condiciones: a) Que su objetivo sea llevar a cabo una misión de servicio público vinculada a la prestación de dichos servicios;   lesmes zabalegi, Santiago. Compra pública responsable. Guía para la aplicación de contratos reservados para empresas de inserción. REAS Euskadi y GIZATEA, Bilbao, 2015, p. 9. 38  Aunque queda expresamente excluida de la Ley «la prestación de servicios sociales por entidades privadas, siempre que ésta se realice sin necesidad de celebrar contratos públicos, a través, entre otros medios, de la simple financiación de estos servicios o la concesión de licencias y autorizaciones a todas las entidades que cumplan las condiciones previamente fijadas por el poder adjudicador, sin límites ni cuotas, y que dicho sistema garantice una publicidad suficiente y se ajuste a los principios de transparencia y no discriminación» (artículo 11.6). 37

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b) Que los beneficios se reinviertan en aras del objetivo de la organización, o, en caso de distribución, se sigan criterios de participación; y c) Que las estructuras de dirección o propiedad de la organización que ejecute el contrato estén basadas en la propiedad de los empleados o en principios de participación activa de los empleados, usuarios o partes interesadas. Y en ese punto sí, procede afirmar, en cuanto que reúnen las citadas condiciones, que el legislador ha querido fortalecer, de esta manera y sin alterar la libre competencia, la colaboración con sociedades cooperativas, en general, y con cooperativas de iniciativa social, en particular, en la prestación de aquellos servicios que éstas se han encargado de completar y mejorar tradicionalmente y a los que, gracias a sus rasgos inherentes de gestión democrática, ordenación horizontal y vocación de servicio público, entre otros, podrán continuar haciendo extraordinarias aportaciones.

IV. BIBLIOGRAFÍA arnáez arce, Vega María. «La participación ciudadana en la prestación de los servicios públicos. El supuesto de las cooperativas de utilidad pública en la Comunidad Autónoma del País Vasco». REVESCO, Revista de Estudios Cooperativos, nº. 116, 2014, pp. 7-32. chaves ávila, Rafael, y savall morera, Teresa. «La insuficiencia de las actuales políticas de fomento de cooperativas y sociedades laborales frente a la crisis en España». REVESCO, Revista de Estudios Cooperativos, nº. 113, 2013, pp. 61-91. fajardo garcía, Isabel Gemma. «El fomento de la Economía Social en la legislación española». REVESCO, Revista de Estudios Cooperativos, nº. 107, 2012, pp. 58-97. gadea soler, Enrique. «La función económica de la cooperativa y la necesidad de una legislación adecuada». Boletín de la Asociación Internacional de Derecho Cooperativo, nº. 45, 2011, pp. 285-299. gimeno feliú, José María. «Compra pública estratégica». En: pernas garcía, Juan José. Contratación Pública Estratégica. Aranzadi, Cizur Menor, 2013, pp. 45-79. jordana de pozas, Luis. «Ensayo de una teoría del fomento en el Derecho administrativo». Revista de Estudios Políticos, nº. 48, 1949, pp. 41-54. lesmes zabalegi, Santiago. Compra pública responsable. Guía para la aplicación de contratos reservados para empresas de inserción. REAS Euskadi y GIZATEA, Bilbao, 2015.

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LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y EL FOMENTO DEL COOPERATIVISMO

martín-retortillo baquer, Sebastián. Derecho administrativo económico I. LA LEY, Madrid, 1988. morillas jarillo, María José. Las sociedades cooperativas. Iustel, Madrid, 2008. pérez de uralde, José María. «Algunas consideraciones sobre la repercusión de la Ley 5/2011, de 29 de marzo, de economía social en la Comunidad Autónoma de Euskadi». Revista Vasca de Economía Social, nº. 8, 2012, pp. 37-61. rivero ortega, Ricardo. Derecho administrativo económico. Marcial Pons, Madrid, 2015. vargas vasserot, Carlos, y aguilar rubio, Marina. La justificación de un régimen tributario para las cooperativas. Ponencia presentada en la Jornada «Justificación de un tratamiento fiscal para las cooperativas» organizada por la Asociación Internacional de Derecho Cooperativo, la Academia Vasca de Derecho y la Facultad de Derecho de la Universidad de Deusto, Bilbao, 19 de noviembre de 2015.

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TEMA 3 EL COOPERATIVISMO Y EL FOMENTO DEL EMPLEO

Una aproximación al fomento del autoempleo a través de las cooperativas Josune López Rodríguez Investigadora postdoctoral del equipo de investigación «Cooperativismo, fiscalidad, fomento, relaciones laborales y protección social» de la Universidad de Deusto (Bilbao)

Sumario: I. Introducción. II. Consideraciones generales sobre la política de empleo. II.2. La economía social ante la crisis de empleo: especial alusión a las cooperativas. III. El fomento del autoempleo a través de las cooperativas. III.1. El fomento del autoempleo en el marco de las políticas activas de empleo. III.2. El fomento del autoempleo en el contexto de las cooperativas. IV. Reflexiones finales. 5. Bibliografía.

I. INTRODUCCIÓN «El desarrollo viene con el empleo» 1. Esta frase, promulgada por la Organización Internacional del Trabajo, denota la relevancia del empleo en el contexto actual como promotor de la cohesión social.   Organización Internacional del Trabajo. «La importancia del empleo y los medios de vida en la agenda para el desarrollo con posterioridad a 2015». En Nota conceptual de la OIT sobre la agenda de desarrollo post 2015. Recuperado en http://www.ilo.org/wcmsp5/ groups/public/– – – dgreports/– – – dcomm/documents/statement/wcms_206443.pdf (último acceso: 19 de septiembre de 2017). 1

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EL COOPERATIVISMO Y EL FOMENTO DEL EMPLEO

Ciertamente, el empleo constituye uno de los medios más importantes para promover el desarrollo y el bienestar social, así como para impulsar el crecimiento económico. Ahora bien, para lograr una globalización justa y sostenible, resulta indispensable crear y fomentar empleos productivos y asegurar, al mismo tiempo, trabajos decentes y de calidad. Sin duda alguna, éste constituye un enorme desafío tanto para la comunidad internacional como para las políticas internas de los Estados. Precisamente, la reciente crisis mundial ha conllevado una destrucción masiva de empleos y una constante precarización de las relaciones laborales, circunstancias que han puesto en entredicho la función del Estado del Bienestar. En España, la crisis económico-financiera ha comportado una grave crisis de empleo que, a día de hoy, sigue vigente. Entre las consecuencias más drásticas de esta recesión, merece una especial atención el alarmante aumento de las situaciones de pobreza y exclusión social. Ante este escenario, caracterizado por la incertidumbre y la inseguridad, la política de empleo adquiere una relevancia notable como herramienta para avanzar hacia el pleno empleo de calidad. En este contexto, las organizaciones internacionales y regionales han destacado la necesidad de fomentar la Economía Social, a través de sus distintas entidades, como mecanismo para favorecer el progreso social y económico. Así, desde las instancias internacionales y regionales se insta a los gobiernos a adoptar medidas para fomentar no solamente el empleo asalariado sino también el autoempleo. A este último respecto, se percibe una tendencia a apoyar la promoción del autoempleo en el marco de la Economía Social, muy especialmente a través del cooperativismo, como opción para afrontar las necesidades del mercado de trabajo y progresar hacia un modelo de desarrollo más sostenible. Partiendo de estas premisas generales, el presente trabajo tiene por objeto realizar una aproximación al fomento del autoempleo en España. Más concretamente, esta investigación se circunscribe al fomento del autoempleo a través de las cooperativas. A tal fin, primero se presentan, a modo de contextualización, las características básicas de la política de empleo pues es en la misma donde se encuadra el fomento del autoempleo. A continuación, se destaca el papel de la Economía Social ante la crisis de empleo, haciéndose especial hincapié en las cooperativas. En base a las cuestiones comentadas, se aborda el estudio del fomento del autoempleo a través de las cooperativas, para lo cual se hace alusión a algunas de las iniciativas promovidas recien142

Una aproximación al fomento del autoempleo a través de las cooperativas

temente a este respecto. Y, para terminar, se presentan unas reflexiones finales que pretenden dejar abiertas las puertas a futuros trabajos de investigación en la materia.

II. CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE LA POLÍTICA DE EMPLEO A grandes rasgos, una política de empleo en un Estado Social y Democrático de Derecho «debe ser una política activa y comprometida por su orientación a la realización de la inclusión de las personas, evitando las situaciones de exclusión social y de precarización socio-laboral»  2. En otras palabras, la política de empleo debe tener como finalidad última «la garantía de un puesto de trabajo de calidad para toda la población» 3. En el actual marco jurídico español, la política de empleo es definida en el artículo 1 del Real Decreto Legislativo 3/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Empleo 4. Según este precepto, la política de empleo supone «el conjunto de decisiones adoptadas por el Estado y las comunidades autónomas que tienen por finalidad el desarrollo de programas y medidas tendentes a la consecución del pleno empleo, así como la calidad en el empleo, a la adecuación cuantitativa y cualitativa de la oferta y demanda de empleo, a la reducción y a la debida protección de las situaciones de desempleo». Es decir, la política de empleo comprende las acciones desarrolladas por los poderes públicos dirigidas a crear empleo, a mantener el empleo, a reducir las situaciones de desempleo y a proteger a las personas desempleadas 5. Una lectura literal de esta noción puede llevar a concluir que la política de empleo es un deber que atañe solamente a los poderes públicos; sin embargo, una interpretación sistemática y teleológica   Monereo Pérez, J.L. La política de empleo como instrumento para la lucha contra la precariedad laboral. Albacete: Bomarzo, 2011, p. 5. 3  AAVV. Manual de Política y Derecho del empleo (Instituciones, Relaciones de Empleo, Marco Legal de las Políticas Públicas y Derecho Social del Empleo). Madrid: Tecnos, 2011, p. 18. 4  BOE de 24 de octubre de 2015, núm. 255. 5  Rodríguez-Piñero Royo, M.C. y Pérez Yáñez, R. «Introducción al estudio del Derecho del empleo». En Rodríguez-Piñero Royo, M.C. (Dir.) y Calvo Gallego, F.J. y Morales Ortega, J.M. (Coords.). Lecciones de Derecho del Empleo. Madrid: Tecnos, 2006, Segunda Edición, p. 44. 2

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de la misma permite ampliar su alcance y considerar, asimismo, la responsabilidad de la sociedad civil en la elaboración y puesta en práctica de la política de empleo 6. Se trata, ciertamente, de un concepto muy amplio en virtud del cual, siquiera desde una perspectiva jurídico-formal, la política de empleo debe estar orientada a la materialización del pleno empleo de calidad. Esto es, la misma debe comprender, de manera simultánea, un elemento cuantitativo relacionado con la consecución del pleno empleo y un elemento cualitativo vinculado con el pleno empleo productivo y de calidad 7. Ello no obstante, la tendencia política de las últimas décadas, como de sobra es conocido, ha evidenciado la falta de sinergia entre estos dos elementos y la preponderancia del elemento cuantitativo. El precepto mencionado encuentra su base en la Constitución española 8, en concreto, en los artículos 40 y 41. Así, estos mandatos constitucionales requieren a los poderes públicos la realización de «una política orientada al pleno empleo» (artículo 40.1 in fine), el fomento de «una política que garantice la formación y readaptación profesionales» (artículo 40.2) y el mantenimiento de «un Régimen público de Seguridad Social para todos los ciudadanos que garantice la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad, especialmente en caso de desempleo» (artículo 41). En este sentido, el texto constitucional exige a los poderes públicos un «comportamiento activo» 9 orientado a «realizar un conjunto de acciones y decisiones públicas configuradoras de una política y un Derecho del empleo» 10.

  Monereo Pérez, J.L. La política de empleo como instrumento…, ob. cit., pp. 26-27. En un sentido similar, véase Molina Hermosilla, O. La dimensión jurídica de la política de empleo. El Derecho del Empleo como nueva categoría sistemática. Sevilla: Mergablum, 2005, pp. 28-29. 7  A este respecto, pueden consultarse AAVV. «La política de fomento del empleo de calidad». En Molina Navarrete, C. (Coord.). Empleo y mercado de trabajo: nuevas demandas, nuevas políticas, nuevos derechos. Sevilla: Mergablum, 2005, p. 44; Cabeza Pereiro, J. «Políticas de empleo (I). En Cardona Rubert, M.B. y Cabeza Pereiro, J. (Coords.). Políticas sociolaborales. Cizur Menor: Civitas, 2014, p. 256; y Monereo Pérez, J.L. La política de empleo como instrumento…, ob. cit., p. 18. 8  BOE de 29 de diciembre de 1978, núm. 311. 9  Monereo Pérez, J.L. La política de empleo como instrumento…, ob. cit., p. 24. 10  Ibíd. 6

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Igualmente, el concepto de política de empleo adoptado por el legislador español se corresponde con los postulados establecidos en la normativa internacional y europea. En el panorama internacional, es preciso destacar el Convenio 122 de la Organización Internacional del Trabajo relativo a la política de empleo, de 1964, en el que se insta a los Estados Miembros a «formular y llevar a cabo, como un objetivo de mayor importancia, una política activa destinada a fomentar el pleno empleo, productivo y libremente elegido» (cfr. artículo 1.1). En el contexto europeo, el Tratado de la Unión Europea 11 establece el modelo de la «economía social de mercado altamente competitiva» orientado, entre otros objetivos, «al pleno empleo» (artículo 3.3) 12. A tenor de estas disposiciones, la política de empleo tiene «un carácter multívoco y transversal» 13, en especial, «por incidir en un amplio conjunto de áreas de la acción pública; así como por su carácter participado, haciendo referencia a la implicación y colaboración activa de los sujetos y agentes sociales protagonista en cuanto a su programación y puesta en práctica» 14. Sobre esta base, en el artículo 2 del Real Decreto Legislativo 3/2015 se exponen, aunque de forma «confusa y reiterativa» 15, los objetivos generales de la política de empleo, a saber: garantizar la efectiva igualdad de oportunidades y la no discriminación; mantener un sistema eficaz de protección ante situaciones de desempleo que comprenda las políticas activas de empleo y las prestaciones por desempleo; adoptar un enfoque preventivo frente al desempleo, especialmente de larga duración; asegurar políticas adecuadas de integración laboral dirigidas a los colectivos que presenten mayores dificultades de inserción laboral; mantener la unidad del mercado en todo el   Versión consolidada (DOUE de 26 de octubre de 2012, C 326).   Al hilo de esta cuestión, puede verse Fernández Prol, F. «Orientaciones y recomendaciones a debate: ¿cumple España los mandatos europeos en materia de empleo?» En Cabeza Pereiro, J. y Fernández Prol, F. (Coords.). Políticas de empleo. Cizur Menor: Aranzadi, 2013, pp. 47-49. 13  Monereo Pérez, J.L. La política de empleo como instrumento…, ob. cit., p. 29. 14  Monereo Pérez, J.L. «Las políticas activas de empleo. Derecho al trabajo y políticas activas de empleo en el marco de la política de empleo». En Monereo Pérez, J.L.; Fernández Bernat, J.A.; y López Insua, B.M. (Dirs. y coords.). Las Políticas Activas de Empleo: Configuración y Estudio de su Regulación Jurídica e Institucional. Cizur Menor: Aranzadi, 2016, p. 47. 15  AAVV. Manual de Política y Derecho del empleo…, ob. cit., p. 21. 11 12

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territorio estatal, teniendo en cuenta las características específicas y diversas de los diferentes territorios y promoviendo la corrección de los desequilibrios territoriales y sociales; asegurar la libre circulación de los trabajadores y facilitar la movilidad geográfica; coordinar su articulación con la dimensión del fenómeno migratorio interno y externo; proporcionar servicios individualizados a la población activa dirigidos a facilitar su incorporación, permanencia y progreso en el mercado laboral, así como a las empresas; y fomentar la cultura emprendedora y el espíritu empresarial. Asimismo, en el artículo 5 del Real Decreto Legislativo 3/2015 se enumeran los tres instrumentos de la política de empleo, esto es: la intermediación laboral; las políticas activas de empleo; y la coordinación entre las políticas activas y la protección económica frente al desempleo 16. A grandes rasgos, la intermediación laboral comprende «el conjunto de acciones que tienen por objeto poner en contacto las ofertas de trabajo con los trabajadores que buscan un empleo, para su colocación» y abarca, asimismo, «la actividad destinada a la recolocación de los trabajadores que resultaran excedentes en procesos de reestructuración empresarial, cuando aquélla hubiera sido establecida o acordada con los trabajadores o sus representantes en los correspondientes planes sociales o programas de recolocación» (cfr. artículo 31.1 y 2); por su parte, las políticas activas de empleo constituyen «el conjunto de servicios y programas de orientación, empleo y formación profesional para el empleo en el ámbito laboral dirigidas a mejorar las posibilidades de acceso al empleo, por cuenta ajena o propia, de las personas desempleadas, al mantenimiento del empleo y a la promoción profesional de las personas ocupadas y al fomento del espíritu empresarial y de la economía social» (cfr. artículo 36.1); y el último de los instrumentos supone la coordinación entre las políticas activas y la protección económica frente al desempleo, es decir, la armonización entre las políticas activas y las comúnmente denominadas «políticas pasivas» 17 o «reparadoras» 18.

  Sobre esta cuestión, véase Fernández Orrico, F.J. «La reordenación de las normas sobre empleo en un texto refundido: Real Decreto Legislativo 3/2015, de 23 de octubre». En Estudios financieros: Revista de Trabajo y Seguridad Social (comentarios, casos prácticos: recursos humanos), 2016, núm. 394, p. 149 y pp. 154-158. 17  Monereo Pérez, J.L. La política de empleo como instrumento…, ob. cit., p. 22. 18  Ibíd. 16

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Como se puede deducir de lo anterior, el término «empleo» no se vincula exclusivamente con el trabajo asalariado o por cuenta ajena sino que engloba, asimismo, el autoempleo. Ciertamente, para avanzar hacia el objetivo constitucional del pleno empleo no puede recurrirse exclusivamente al empleo por cuenta ajena sino que es indispensable fomentar otras formas alternativas de ocupación profesional 19. Pues bien, en términos generales, el autoempleo implica «la puesta en marcha de una actividad económica, por una o varias personas, con el objetivo fundamental de conseguir con ello una ocupación o puesto de trabajo, siendo precisamente el trabajo su principal aportación e interés en la empresa» 20. Ésta es una noción muy extensa que engloba realidades jurídicas distintas, a saber: por un lado, el autoempleo individual que consiste en «la puesta en marcha de una actividad productiva o profesional por parte de una persona que la realizará generalmente de manera autónoma e individual» 21; y, por otro lado, el autoempleo colectivo o asociado, enmarcado en la Economía Social, que consiste en «la asociación del trabajo de varios sujetos mediante la puesta en marcha de una actividad productiva, generalmente a través de la constitución de una sociedad, que será la titular de la empresa y dará empleo a los socios» 22.

II.1. La economía social ante la crisis de empleo: especial alusión a las cooperativas La Economía Social no constituye un sector nuevo. Se trata de un sector que, en períodos de crecimiento económico, «suele aparecer como secundario» 23 pero que, en períodos de crisis, se revitaliza y refuerza.

  Molina Hermosilla, O. La dimensión jurídica de la política de empleo…, ob. cit., pp. 307-308. 20  García Jiménez, M. Autoempleo y trabajo asociado: el trabajo en la Economía Social. Córdoba: Servicio de Publicaciones de la Universidad de Córdoba, 2001, p. 18. 21  García Valverde, M.D. «Promoción y fomento del autoempleo». En Temas Laborales: revista andaluza de trabajo y bienestar social, 2005, núm. 81, p. 105. 22  Ibíd. 23  Perard, P. «La economía social frente a la crisis en España». En Cuadernos de información económica, 2016, núm. 253, p. 102. 19

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Esto último es, precisamente, lo que ha ocurrido con la reciente crisis económico-financiera. En efecto, la crisis mundial, que ha provocado en España una profunda crisis de empleo, ha aumentado de forma significativa el interés de los poderes públicos y de la sociedad en su conjunto por la Economía Social 24. Así, en los últimos años, el fomento del autoempleo a través de distintas formas de Economía Social (en especial, a través de las cooperativas) se ha presentado como una opción, «a veces real, otras veces más utópica» 25, para responder a las acuciantes necesidades del mercado de trabajo 26. En el ordenamiento jurídico español, la promulgación de la Ley 5/2011, de 29 de marzo, de Economía Social 27, ha supuesto el reconocimiento como labor de interés general «la promoción, estímulo y desarrollo de las entidades de la Economía Social» 28. En virtud del artículo 2 de la citada Ley, «se denomina economía social al conjunto de las actividades económicas y empresariales, que en el ámbito privado llevan a cabo aquellas entidades que, de conformidad con los principios recogidos en el artículo 4, persiguen bien el interés colectivo de sus integrantes, bien el interés general económico o social, o ambos» (cfr. artículo 2). Es decir, la Economía Social es una «forma peculiar de desarrollar la actividad empresarial» 29. En este sentido, lo característico de este sector «no es tanto la actividad económica que desarrolla, como el modo de desarrollarla y el fin perseguido con la misma, esto es, bien el interés de servicio a sus socios, bien el interés general, o ambos» 30.   Cavas Martínez, F. «Incentivos laborales al autoempleo colectivo (I). Incentivos a la constitución de empresas de economía social». En Farias Batlle, M. y Ferrando García, F.M. (Dirs.). Fomento del trabajo autónomo y la Economía Social. Especial referencia a las novedades introducidas por la Ley 39/2015, de 9 de septiembre. Cizur Menor: Aranzadi, 2015, p. 244 y Perard, P. «La economía social frente a la crisis en España…, ob. cit., p. 102. 25  Molina Navarrete, C. «Las cooperativas como forma alternativa de creación de puestos de trabajo: el empleo cooperativo entre mitos y realidades». En Revista General de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, 2014, núm. 37, p. 56. 26  García Jiménez, M. Autoempleo y trabajo asociado…, ob. cit., p. 19. 27  BOE de 30 de marzo de 2011, núm. 76. 28  García Ninet, I. «Cooperativas de trabajo asociado, sociedades laborales y fomento del cooperativismo». En Revista General de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, 2014, núm. 37, p. 42. 29  Fajardo García, G. «El concepto legal de Economía social y la Empresa social». En GEZKI, Revista Vasca de Economía Social, 2012, núm. 8, p. 71. 30  Ibíd. 24

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Según el referido artículo 4, los principios orientadores de la Economía Social, que han sido considerados «insuficientes y confusos» 31, son los siguientes: a) primacía de las personas y del fin social sobre el capital, que se concreta en gestión autónoma y transparente, democrática y participativa, que lleva a priorizar la toma de decisiones más en función de las personas y sus aportaciones de trabajo y servicios prestados a la entidad o en función del fin social, que en relación a sus aportaciones al capital social; b) aplicación de los resultados obtenidos de la actividad económica principalmente en función del trabajo aportado y servicio o actividad realizada por las socias y socios o por sus miembros y, en su caso, al fin social objeto de la entidad; c) promoción de la solidaridad interna y con la sociedad que favorezca el compromiso con el desarrollo local, la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, la cohesión social, la inserción de personas en riesgo de exclusión social, la generación de empleo estable y de calidad, la conciliación de la vida personal, familiar y laboral y la sostenibilidad; e d) independencia respecto a los poderes públicos. Y, en base al artículo 5, las entidades que forman parte de la Economía Social son «las cooperativas, las mutualidades, las fundaciones y las asociaciones que lleven a cabo actividad económica, las sociedades laborales, las empresas de inserción, los centros especiales de empleo, las cofradías de pescadores, las sociedades agrarias de transformación y las entidades singulares creadas por normas específicas» que se rijan por los principios orientadores arriba mencionados (cfr. apartado 1). Ahora bien, debe matizarse que ésta no constituye una lista exhaustiva o numerus clausus, pues el legislador deja abierta la posibilidad de incluir en el marco de la Economía Social a otras entidades no mencionadas expresamente en el texto legal. En concreto, para formar parte de la Economía Social, las entidades tienen que realizar una actividad económica y empresarial, sus reglas de funcionamien  Ibíd., p. 74.

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to tienen que responder a los principios orientadores de la Economía Social y tienen que estar incluidas en el catálogo de entidades de Economía Social elaborado por el Ministerio de Trabajo e Inmigración (cfr. apartado 2) 32. Pues bien, entre las entidades que conforman la Economía Social, las cooperativas «juegan un papel preponderante» 33, pudiendo afirmarse, incluso, que el cooperativismo constituye el «principal exponente» 34 de la Economía Social. Más aún, las cooperativas han sido consideradas como «una alternativa ante las crisis económicas» 35, en especial, «por su naturaleza de sociedades participadas y democráticas» 36. Así, en los últimos tiempos, ha quedado patente la importancia del modelo cooperativo «para crear ocupación de calidad que tiene como señas de identidad la estabilidad, para construir un factor de progreso en el ámbito local, para conseguir una mejor redistribución de recursos y para prestar con mayor eficacia los servicios de naturaleza social» 37. En el ámbito internacional, la Alianza Cooperativa Internacional define la cooperativa como «una asociación autónoma de personas que se agrupan voluntariamente para satisfacer sus necesidades y aspiraciones comunes de carácter económico, social y cultural mediante una empresa de propiedad conjunta y gestionada democráticamente» 38. Asimismo, esta organización establece como principios cooperativos los siguientes: la afiliación voluntaria y abierta; la gestión democrática por parte de los miembros; la participación económica de los miembros; la autonomía e independencia; la educación,   En profundidad sobre esta cuestión, consúltese Arrieta Idiakez, F.J. «Concreción de las entidades de la Economía Social». En REVESCO: revista de estudios cooperativos, 2014, núm. 116, pp. 37-43. 33  Morgado Panadero, P. «La Economía Social y su marco legal». En Morgado Panadero, P. (Dir.) y Burgos Rosado, L. (Coord.). Economía Social y Cooperativismo. Valladolid: Lex Nova, 2006, p. 40. 34  Ibíd. 35  Divar Garteiz-Aurrecoa, J. «Las cooperativas: una alternativa económica y social frente a la crisis». En Boletín de la Asociación Internacional de Derecho Cooperativo, 2013, núm. 47, p. 262. 36  Divar Garteiz-Aurrecoa, J. «Las cooperativas ante la crisis económica». En Boletín de la Asociación Internacional de Derecho Cooperativo, 2010, núm. 44, p. 281. 37  Cuevas Gallegos, J. Las cooperativas de trabajo asociado: otra forma de creación de empleo. Granada: Comares, 2011, p. 154. 38  Declaración de la Alianza Cooperativa Internacional sobre la Identidad Cooperativa, de 1995. 32

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formación e información; la cooperación entre cooperativas; y la preocupación por la comunidad 39. Ciertamente, estos principios orientan a las cooperativas hacia «una constante preocupación y atención por su entorno, tanto por las personas como por el mismo medio ambiente en el que están emplazadas y desarrollan su actividad» 40. En el ámbito jurídico interno, la Ley 27/1999, de 16 de julio, de Cooperativas 41, siguiendo las directrices internacionales, define la cooperativa como «una sociedad constituida por personas que se asocian, en régimen de libre adhesión y baja voluntaria, para la realización de actividades empresariales, encaminadas a satisfacer sus necesidades y aspiraciones económicas y sociales, con estructura y funcionamiento democrático, conforme a los principios formulados por la alianza cooperativa internacional, en los términos resultantes de la presente Ley» (cfr. artículo 1.1). De este modo, la cooperativa «se caracteriza por ser una sociedad o asociación de personas, ordinariamente físicas, libre y voluntariamente asociadas, que constituye una empresa de titularidad conjunta y capital variable y de estructura y organización democráticas, con el objeto de satisfacer sus intereses económicos y sociales» 42. Además, las sociedades cooperativas pueden revestir la forma de cooperativa de primero y segundo grado (cfr. artículo 1.4). En definitiva, la Economía Social desempeña un importante papel «no sólo para generar sostenibilidad, sino también rentabilidad y empleos de calidad que promuevan la cohesión social y territorial, al tiempo que se fortalece la ciudadanía activa y en riesgo de exclusión social» 43. En este contexto, la solución cooperativa se ha mostrado eficaz, en primer lugar, «como

  A este respecto, vid. Morgado Panadero, P. «La Economía Social y su marco legal…, ob. cit., pp. 43-45. 40  Martínez Charterina, A. «Cooperativismo y economía del bien común». En Boletín de la Asociación Internacional de Derecho Cooperativo, 2013, núm. 47, p. 196. 41  BOE núm. 170, de 17 de julio de 1999. 42  González del Rey Rodríguez, I. El trabajo asociado: Cooperativas y otras Sociedades de Trabajo. Cizur Menor: Aranzadi, 2008, p. 59. 43  López Insua, B.M. «Política de fomento del autoempleo». En Monereo Pérez, J.L.; Fernández Bernat, J.A.; y López Insua, B.M. (Dirs. y coords.). Las Políticas Activas de Empleo: Configuración y Estudio de su Regulación Jurídica e Institucional. Cizur Menor: Aranzadi, 2016, pp. 661-662. 39

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modelo empresarial» 44, y, en segundo lugar, «como vía adecuada de creación y/o conservación de empleo» 45. Incluso, el autoempleo colectivo o asociado en el marco de las cooperativas «parece partir de una posición de ventaja para adaptarse a los nuevos cambios organizativos puesto que se basa en la preponderancia de los valores que son propios del cooperativismo (la participación, la implicación, la cooperación, la solidaridad y la democracia en la toma de decisiones)» 46.

III. EL FOMENTO DEL AUTOEMPLEO A TRAVÉS DE LAS COOPERATIVAS Una vez sentadas las bases generales en torno a la política de empleo y la Economía Social (y, en especial, las cooperativas), a continuación se aborda el estudio del fomento del autoempleo a través de las cooperativas.

III.1. El fomento del autoempleo en el marco de las políticas activas de empleo En general, como se ha mencionado previamente, la política de empleo engloba distintos instrumentos de intervención dirigidos a repercutir sobre aspectos concretos del mercado de trabajo, a saber: la intermediación laboral; las políticas activas de empleo; y la coordinación entre las políticas activas y las políticas pasivas 47. Al hilo de este último instrumento, la política de empleo debe combinar y buscar un equilibrio entre las políticas activas y las políticas pasivas en aras a garantizar su máxima eficacia 48. Sin perjuicio de la importancia de esta combinación, se considera que, en el contexto de un Estado Social, la política de empleo debe priorizar las políticas activas   Gracia Arellano, A. «Cooperativas: creación de empleo, competitividad y eficacia empresarial». En AAVV. Contribución de las Cooperativas, Mutualidades y Asociaciones a la consolidación del bienestar social y al crecimiento del empleo. Sevilla: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, 1995, p. 51. 45  Ibíd. 46  Cuevas Gallegos, J. Las cooperativas de trabajo asociado…, ob. cit., p. 154. 47  Molina Hermosilla, O. La dimensión jurídica de la política de empleo…, ob. cit., p. 284. 48  AAVV. Manual de Política y Derecho del empleo…, ob. cit., p. 23. 44

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porque «sólo éstas, en verdad, son capaces de garantizar el empleo efectivo» 49. Tal y como se ha avanzado, las políticas de empleo activas comprenden «el conjunto de servicios y programas de orientación, empleo y formación profesional para el empleo en el ámbito laboral dirigidas a mejorar las posibilidades de acceso al empleo, por cuenta ajena o propia, de las personas desempleadas, al mantenimiento del empleo y a la promoción profesional de las personas ocupadas y al fomento del espíritu empresarial y de la economía social» (cfr. artículo 36.1 del Real Decreto Legislativo 3/2015). Es decir, estas políticas abarcan un variado conjunto de medidas destinadas a favorecer la adaptación de la mano de obra, la creación de empleo y la conservación del empleo existente 50. Así, en el marco de las políticas activas de empleo quedan incluidas la política de creación de empleo, la política de mantenimiento del empleo y la política de reparto o distribución del empleo. Concretamente, la política de fomento del autoempleo se enmarca en la primera de ellas, esto es, en la política de creación de empleo, junto con la política de inserción y la política de fomento del empleo 51. La principal diferencia entre la política de fomento del empleo y la política de fomento del autoempleo reside en la finalidad perseguida, en tanto la primera de ellas procura incitar al empresario a contratar, mientras que la segunda está orientada a alentar a los ciudadanos «a crear sus propios puestos de trabajo conjugando, al mismo tiempo, el carácter de empresario y el carácter de trabajador» 52. Asimismo, según el artículo 37.1 del Real Decreto Legislativo 3/2015, el diseño y la ejecución de las políticas activas de empleo deben estar regidos por los siguientes principios generales: (a) el tratamiento individualizado y especializado a las personas en situación de desempleo para mejorar su empleabilidad, así como a las personas ocupadas para contribuir a la calidad y mantenimiento de su empleo;   Monereo Pérez, J.L. La política de empleo como instrumento…, ob. cit., p. 19.   Vid. Cardona Rubert, M.B. Políticas de empleo (I). En Cardona Rubert, M.B. y Cabeza Pereiro, J. (Coords.). Políticas sociolaborales. Cizur Menor: Civitas, 2014, p. 256. 51  Cuevas Gallegos, J. Las cooperativas de trabajo asociado…, ob. cit., p. 146 y Molina Hermosilla, O. La dimensión jurídica de la política de empleo…, ob. cit., p. 285. 52  Cuevas Gallegos, J. Las cooperativas de trabajo asociado…, ob. cit., p. 158. 49

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(b) la respuesta a las necesidades de las empresas en materia de capital humano, empleo y formación; (c) el fomento del autoempleo y la iniciativa emprendedora, especialmente en el marco de la economía sostenible y de los nuevos yacimientos de empleo, incluyendo la atención y el acompañamiento a las personas emprendedoras en la puesta en marcha de su iniciativa empresarial; (d) la igualdad de oportunidades y no discriminación en el acceso al empleo en los términos previstos en el artículo 2.a), debiéndose tener en cuenta de manera activa el objetivo de la igualdad de trato entre mujeres y hombres para garantizar en la práctica la plena igualdad por razón de sexo; y (e) la adecuación a las características del territorio, teniendo en cuenta la realidad del mercado de trabajo y las peculiaridades locales y sectoriales. Atendiendo al objeto de estudio del presente trabajo, debe resaltarse la alusión expresa en la definición al acceso al empleo por cuenta propia y al fomento del espíritu empresarial y de la Economía Social. Del mismo modo, resulta oportuno destacar la inclusión del «fomento del autoempleo y la iniciativa emprendedora» entre los principios generales de las políticas activas de empleo. Estas referencias ponen de manifiesto, por lo menos desde un punto de vista formal, «la importancia creciente del autoempleo como principio informador y ámbito de acción de las políticas activas de empleo» 53. Así, se percibe que el autoempleo, que tradicionalmente ha tenido un papel secundario y residual en el ámbito de las políticas de empleo, está adquiriendo relevancia y protagonismo en el nuevo contexto social 54. Sin embargo, llama especialmente la atención la ausencia de una definición de esta forma de participación en el mercado de trabajo, lo que genera confusión e inseguridad jurídica en la materia 55.   Molina Navarrete, C. «Las cooperativas como forma alternativa de creación…, ob. cit., p. 69. 54  AAVV. Manual de Política y Derecho del empleo…, ob. cit., p. 406. 55  Molina Hermosilla, O. La dimensión jurídica de la política de empleo…, ob. cit., p. 308. 53

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III.2. El fomento del autoempleo en el contexto de las cooperativas A partir de los presupuestos sentados en el apartado anterior, en las siguientes líneas se realiza una aproximación al fomento del autoempleo en el marco de las cooperativas. Ahora bien, con carácter previo, se considera oportuno realizar una matización, a saber: las entidades de Economía Social, entre ellas las cooperativas, tienen la capacidad para fomentar tanto el autoempleo colectivo o asociado como el empleo asalariado o por cuenta ajena. Concretamente, en el contexto de las cooperativas, el trabajo puede realizarse bien por trabajadores asalariados, esto es, trabajadores que mantienen con la cooperativa una relación laboral basada en el contrato de trabajo, bien por socios trabajadores o socios de trabajo, es decir, personas integradas en la cooperativa a través de una relación societaria, con la correspondiente participación en el capital social pero cuya participación principal a la cooperativa es, sin embargo, su prestación personal de servicios 56. Teniendo presentes estas posibilidades, este estudio se centra solamente en el fomento del autoempleo colectivo o asociado por considerar que éste debe constituir el paso preliminar y el fundamento necesario para poder generar empleos por cuenta ajena en el marco de la Economía Social y, en especial, en el ámbito de las cooperativas 57. Al hilo de esta cuestión, es preciso recordar que en los últimos años se ha producido una evolución en la orientación de las políticas de fomento del empleo y del autoempleo en el contexto de la Economía Social. Así, mientras en un principio los incentivos se dirigían fundamentalmente a facilitar el fomento del empleo por cuenta ajena en el seno de las empresas de Economía Social, recientemente «se ha ido asentando una línea de fomento «del» autoempleo asociado y/o cooperativo» 58.

56

  González del Rey Rodríguez, I. El trabajo asociado: Cooperativas y otras…, ob. cit.,

p. 67.   Vid. Molina Hermosilla, O. La dimensión jurídica de la política de empleo…, ob. cit., p.

57

312.   Molina Navarrete, C. «Las cooperativas como forma alternativa de creación…, ob. cit., p. 74. En un sentido similar, consúltese González del Rey Rodríguez, I. El trabajo asociado: Cooperativas y otras…, ob. cit., p. 47. 58

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Dicho esto, para abordar el fomento del autoempleo en el contexto de las cooperativas, resulta indispensable partir de la concreción del ámbito competencial en este ámbito 59. En principio, la Constitución Española «no incluye nominativamente el «empleo» en ningún título competencial específico» 60. No obstante esta omisión, esta materia se ha entendido incluida en el alcance del artículo 149.1.7º de la Constitución Española, el cual atribuye al Estado la competencia exclusiva sobre legislación laboral, ello «sin perjuicio de su ejecución por los órganos de las Comunidades Autónomas». En el marco de la legislación laboral se encuadra, ciertamente, la regulación del fomento de empleo. A este respecto, el Estado es competente para regular acerca del destino, las condiciones y la tramitación de las subvenciones y ayudas, mientras que las Comunidades Autónomas tienen la potestad de organizar los servicios 61. Ahora bien, en este punto conviene puntualizar que, a diferencia de las políticas de fomento del empleo asalariado, las políticas de fomento del autoempleo colectivo o asociado otorgan a las Comunidades Autónomas un mayor margen de actuación. Precisamente, se considera que estas últimas están relacionadas con la competencia relativa al fomento del desarrollo económico que, según el artículo 148.1.13º de la Constitución, puede ser asumida por las Comunidades Autónomas 62. En general, el fomento del autoempleo en el seno de las cooperativas encuentra su fundamento en el artículo 129.2 de la Constitución Española, en el que se insta a los poderes públicos a fomentar, mediante una legislación adecuada, las sociedades cooperativas. Este precepto, «no demasiado ambicioso» 63, exige una actitud positiva de los poderes públicos respecto del cooperativismo 64. En consonancia con este mandato constitucional, el ar­tículo   Ampliamente, véase Rodríguez González, S. «Los servicios públicos de empleo de las Comunidades Autónomas». En Monereo Pérez, J.L.; Fernández Bernat, J.A.; y López Insua, B.M. (Dirs. y coords.). Las Políticas Activas de Empleo: Configuración y Estudio de su Regulación Jurídica e Institucional. Cizur Menor: Aranzadi, 2016, pp. 377-381. 60  Monereo Pérez, J.L. La política de empleo como instrumento…, ob. cit., p. 30. 61  Fajardo García, G. «El concepto legal de Economía social…, ob. cit., p. 71. 62  Molina Navarrete, C. «Las cooperativas como forma alternativa de creación…, ob. cit., pp. 72-73. 63  González del Rey Rodríguez, I. El trabajo asociado: Cooperativas y otras…, ob. cit., p. 44. 64  García Valverde, M.D. «Promoción y fomento del autoempleo…, ob. cit., p. 116. 59

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108 de la Ley 27/1999 se refiere al «fomento del cooperativismo». En virtud del mismo, se reconoce como tarea de interés general «la promoción, estímulo y desarrollo de las sociedades cooperativas y de sus estructuras de integración económica y representativa» (cfr. apartado primero) y se determina, asimismo, que el Gobierno «actuará en el orden cooperativo, con carácter general, a través del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales» (cfr. apartado segundo). En el marco de estas disposiciones, se ha desarrollado en el ámbito estatal y en las distintas Comunidades Autónomas «una compleja red de instrumentos de promoción y fomento de las empresas de economía social y, en particular, de las cooperativas […], normalmente de carácter coyuntural y renovable, con una pluralidad de objetivos y de medidas, técnicas y financieras» 65. Principalmente, se han impulsado bonificaciones y reducciones en las cuotas de la Seguridad Social y ayudas económicas para adquirir la condición de socio trabajador o de trabajo en las cooperativas. Junto con estas iniciativas, también existen medidas de distinta índole orientadas a promover el espíritu cooperativista 66. Debido a la complejidad y amplitud de este entramado de instrumentos, y atendiendo al propósito de este trabajo, a continuación se exponen algunas de las medidas vigentes en el ordenamiento jurídico estatal que tienen por finalidad fomentar el autoempleo colectivo o asociado. Pues bien, la Ley 5/2011, de 29 de marzo, de Economía Social, tras las modificaciones introducidas por la Ley 31/2015, de 9 de septiembre, por la que se modifica y actualiza la normativa en materia de autoempleo y se adoptan medidas de fomento y promoción del trabajo autónomo y de la Economía Social 67, dispone una serie de incentivos y bonificaciones respecto de la incorporación de trabajadores a entidades de Economía Social con el fin último de «potenciar la creación de empleo por parte de este tipo de entidades» 68.   Cavas Martínez, F. «Incentivos laborales al autoempleo colectivo…, ob. cit., p. 244.   Vid. Morgado Panadero, P. «Trabajo autónomo, trabajo asociado e igualdad de oportunidades». En Morgado Panadero, P. (Coord.). Empleo, trabajo autónomo y economía social. Granada: Comares, 2009, pp. 57-66. 67  BOE de 10 de septiembre de 2015, núm. 217. 68  Selma Penalva, A. «Incentivos laborales al autoempleo colectivo (II). Incentivos a la contratación de trabajadores por empresas de economía social». En Farias Batlle, M. y 65

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En primer lugar, en el artículo 9 se les reconocen a las cooperativas determinadas bonificaciones en las cuotas empresariales de la Seguridad Social, aplicables durante tres años, por la incorporación de trabajadores desempleados como socios trabajadores o de trabajo [cfr. apartado 1.a)]. La cuantía de tales bonificaciones dependerá de la edad de los trabajadores, diferenciándose la incorporación de trabajadores desempleados menores de 30 años (o menores de 35 años siempre que tengan reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 33 por ciento) y trabajadores desempleados mayores de 30 años. Ahora bien, para poderse beneficiar de estas bonificaciones, el precepto exige que las cooperativas hayan optado por un Régimen de Seguridad Social propio de trabajadores por cuenta ajena. Con respecto a la aplicación de estas bonificaciones, deben tenerse en consideración las disposiciones de la Sección I del Capítulo I de la Ley 43/2006, de 29 de diciembre, para la mejora del crecimiento y del empleo 69, salvo lo establecido en su artículo 6.2. En segundo lugar, en el artículo 10 se prevé la capitalización de la prestación por desempleo, es decir, el abono del importe total del valor de la prestación por desempleo de nivel contributivo en un único pago, a los beneficiarios de prestaciones cuando pretendan incorporarse como socios trabajadores o de trabajo en cooperativas 70. En los últimos años, la capitalización de la prestación por desempleo se ha mostrado «como una de las principales medidas dirigidas al fomento del autoempleo y como puente entre la previa condición de trabajador por cuenta ajena y una nueva oportunidad que el ordenamiento jurídico brinda a aquellos que pretendan mantenerse en el ejercicio de una actividad productiva aplicando sus propios recursos» 71. De esta forma, en el contexto actual, éste se ha llegado a considerar «el instrumento más eficaz y dinámico en el plano de la autofinanciación de este tipo de empleos alternativos y de transición desde Ferrando García, F.M. (Dirs.). Fomento del trabajo autónomo y la Economía Social. Especial referencia a las novedades introducidas por la Ley 39/2015, de 9 de septiembre. Cizur Menor: Aranzadi, 2015, p. 272. 69  BOE de 30 de diciembre de 2006, núm. 312. 70  Para un estudio más completo, puede consultarse Cavas Martínez, F. «Incentivos laborales al autoempleo colectivo…, ob. cit., pp. 250-258. 71  Polo Sánchez, M.C. «La prestación por desempleo en su modalidad de pago único: algunas cuestiones pendientes de respuesta». En Morgado Panadero, P. (Coord.). Empleo, trabajo autónomo y economía social. Granada: Comares, 2009, p. 67.

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el desempleo a la ocupación»  72. Y ello, esencialmente, porque en este mecanismo se conjugan dos de las finalidades básicas de la política de empleo, esto es, la protección por desempleo y el fomento del empleo  73. Sin embargo, debe tenerse presente que se trata de «una figura que plantea claroscuros» 74. En tercer lugar, en sintonía con lo expuesto en el párrafo anterior, en el artículo 12 se dispone que las personas titulares del derecho a la prestación por cese de actividad, y que tengan pendiente de percibir un período de, al menos, seis meses, pueden percibir de una sola vez el valor actual del importe de la prestación, cuando acrediten ante el órgano gestor, entre otras posibles circunstancias, que van a realizar una actividad profesional como socios trabajadores de una cooperativa de trabajo asociado. Y, en cuarto lugar, en el artículo 11 se contempla una bonificación destinada a mejorar las posibilidades de conciliación de la vida laboral y familiar con el desempeño de la actividad profesional 75. Así, se reconocen bonificaciones de cuotas de Seguridad Social para los socios trabajadores o socios de trabajo de las sociedades cooperativas en período de descanso por maternidad, adopción, acogimiento, riesgo durante el embarazo, riesgo durante la lactancia natural o suspensión por paternidad. Empero, para que puedan aplicarse las bonificaciones es indispensable que la persona socia trabajadora o de trabajo haya sido sustituida durante ese período de descanso mediante contratos de interinidad bonificados celebrados con desempleados y, además, es necesario que la suspensión de la actividad por los motivos mencionados y el contrato de interinidad de la persona sustituta coincidan en el tiempo. En conexión con estas disposiciones, y para dar respuesta al requerimiento incluido en la Disposición adicional séptima de la Ley 5/2001, relativo al diseño de un programa de impulso de entidades de economía social, el Ministerio de Empleo y Seguridad Social elaboró un «Programa de fomento e

  Molina Navarrete, C. «Las cooperativas como forma alternativa de creación…, ob. cit., pp. 79-74. 73  Cuevas Gallegos, J. Las cooperativas de trabajo asociado…, ob. cit., p. 165 y González del Rey Rodríguez, I. El trabajo asociado: Cooperativas y otras…, ob. cit., p. 51. 74  Polo Sánchez, M.C. «La prestación por desempleo en su modalidad…, ob. cit., p. 67. 75  López Insua, B.M. «Política de fomento del autoempleo…, ob. cit., p. 665. 72

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impulso de la Economía Social» 76 para el período 2015-2016. A grandes rasgos, en el mismo se concretaron cuatro objetivos generales y se describieron, asimismo, siete ejes de actuación con un total de treintaidós medidas. Así, los principales propósitos del Programa consistían en «mejorar las condiciones en las que desarrollan su actividad las entidades de la economía social», la «internacionalización de la economía social», el «aumento del protagonismo de la economía social» y el «impulso de la responsabilidad social en la economía social». Entre las medidas incluidas, debe destacarse la puesta en marcha de instrumentos de apoyo financiero para la incorporación de socios a las cooperativas. Con respecto a las ayudas de carácter financiero para el fomento del autoempleo en las cooperativas, debe tenerse especialmente en consideración la Orden TAS/3501/2005, de 7 de noviembre, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones para el fomento del empleo y mejora de la competitividad en las cooperativas y sociedades laborales 77. En concreto, esta norma tiene por objeto «establecer las bases reguladoras de la concesión de subvenciones dirigidas a fomentar la incorporación, con carácter indefinido, como socios trabajadores o de trabajo en cooperativas y sociedades laborales de desempleados y de trabajadores con contrato de trabajo de carácter temporal en la misma cooperativa o sociedad laboral en la que se integran como socios, así como a apoyar el desarrollo de proyectos de creación y modernización de este tipo de empresas de la economía social, mediante una mejora de su competitividad, facilitando así su consolidación» (cfr. artículo 1). De esta forma, a través de la misma se pretende promover, por un lado, la incorporación de socios trabajadores o de trabajo a cooperativas, y, por otro lado, favorecer la mayor competitividad de las empresas de Economía Social en el mercado 78. Para lograr dichas finalidades, en la misma se enumeran cuatro actuaciones subvencionables vinculadas con las cooperativas, a saber: la incorporación de socios trabajadores o socios de trabajo a cooperativas; la rea  Elaborado por la Dirección General del Trabajo autónomo, de la Economía Social y la responsabilidad social de las empresas y publicado el 20 de julio de 2015. 77  BOE de 11 de noviembre de 2005, núm. 270. 78  A este respecto, vid. Molina Navarrete, C. «Las cooperativas como forma alternativa de creación…, ob. cit., p. 73. 76

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lización de inversiones que contribuyan a la creación, consolidación o mejora de la competitividad de cooperativas; la prestación de asistencia técnica; y la realización de actividades de formación, difusión y fomento de la Economía Social vinculadas directamente al fomento del empleo (cfr. artículo 2). En primer lugar, en relación con las medidas dirigidas a fomentar la incorporación en las cooperativas de socios trabajadores o de trabajo, las personas que se incorporen como socios trabajadores o de trabajo deben estar incluidas en alguno de los colectivos siguientes (cfr. artículo 3.1): (a) personas desempleadas menores de 25 años que no hayan tenido antes un primer empleo fijo; (b) personas desempleadas mayores de 45 años; (c) personas desempleadas de larga duración que hayan estado sin trabajo e inscritas en la oficina de empleo durante al menos 12 de los anteriores 16 meses o durante 6 meses de los anteriores 8 meses si fueran menores de 25 años; (d) personas desempleadas de larga duración a quienes se haya reconocido el abono de la prestación por desempleo en su modalidad de pago único, para su incorporación como socios a la sociedad cooperativa que solicita la subvención, siempre que el periodo de prestación por desempleo que tengan reconocido no sea inferior a 360 días si tienen 25 años o más y a 180 días si son menores de 25 años; (e) mujeres en situación de desempleo que se incorporen como socias trabajadoras o de trabajo en los veinticuatro meses siguiente a la fecha del parto, adopción o acogimiento; (f) personas con discapacidad en situación de desempleo, con un grado de discapacidad igual o superior al 33 por ciento; (g) personas desempleadas en situación de exclusión social pertenecientes a alguno de los colectivos contemplados en el Programa de Fomento de Empleo en el momento de la incorporación como socia; y (h) trabajadores vinculados a la empresa por contrato de trabajo de carácter temporal no superior a 24 meses, con una vigencia mínima de seis meses a la fecha de solicitud de la subvención. 161

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Tal y como puede observarse, los incentivos no están dirigidos exclusivamente a la incorporación como socios trabajadores o de trabajo de personas en situación de desempleo sino también a la incorporación como socios trabajadores o de trabajo de trabajadores asalariados en activo vinculados con la cooperativa con un contrato de trabajo temporal. En este último supuesto, el objetivo del incentivo radica en la transformación del vínculo laboral en vínculo societario, fomentándose, de esta forma, el autoempleo colectivo o asociado 79. En segundo lugar, respecto de la realización de inversiones que contribuyan a la creación, consolidación o mejora de la competitividad de las cooperativas, se prevén subvenciones para aquellas cooperativas con socios trabajadores o de trabajo que quieran realizar inversiones en inmovilizado material o inmaterial, siempre que éstas sean necesarias para su puesta en funcionamiento o ampliación así como para la incorporación de nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones (cfr. artículo 3.2). En tercer lugar, en lo que se refiere a la prestación de asistencia técnica, ésta debe consistir en alguna de las modalidades siguientes (cfr. artículo 3.3): contratación de directores y gerentes; estudios de viabilidad, organización, comercialización, diagnosis u otros de naturaleza análoga; informes económicos y auditorías; y asesoramiento en las distintas áreas de la gestión empresarial. Y, en cuarto lugar, con respecto a las actividades de formación, fomento y difusión de la Economía Social, éstas constituyen importantes medias de fomento del autoempleo en tanto su finalidad principal consiste en «impulsar la capacidad de generación de empleo de las empresas de la Economía Social» (cfr. artículo 3.4). En concreto, las actividades de formación tienen que tener por objeto la realización de acciones formativas directamente vinculadas al fomento del empleo y destinadas a iniciar, perfeccionar y cualificar en el conocimiento del cooperativismo y de la Economía Social a personas en situación de desempleo, socios de cooperativas y a otras personas que pudieran estar interesadas en la creación o mejor funcionamiento de las empresas de Economía Social; las actividades de fomento deben basarse en la realización de congresos, simposios, jornadas, seminarios y

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  González del Rey Rodríguez, I. El trabajo asociado: Cooperativas y otras…, ob. cit.,

p. 48.

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otras actividades orientadas al estudio de aspectos relacionados con la Economía Social que tengan incidencia en su capacidad de generación de empleo; y las actividades de difusión se refieren a actuaciones cuyo objeto sea dar a conocer o divulgar, entre la población en general o a colectivos específicos, la organización y funcionamiento de las cooperativas y otras formas de la Economía Social, mediante campañas de difusión en medios de comunicación social, edición de publicaciones y cualquier otra actividad que contribuya a este fin. Igualmente, en relación con las ayudas de carácter financiero para el fomento del autoempleo en el seno de las cooperativas, resulta de interés hacer alusión a la Orden ESS/1338/2013, de 11 de julio, por la que se establecen las bases reguladoras de la concesión de subvenciones a las actividades de promoción del trabajo autónomo, de la economía social y de la responsabilidad social de las empresas y para sufragar los gastos de funcionamiento de las asociaciones de trabajadores autónomos, de cooperativas, de sociedades laborales, de empresas de inserción y de otros entes representativos de la economía social de ámbito estatal y se convoca su concesión para el año 2013 80, modificada por la Orden ESS/419/2015, de 26 de febrero 81. En virtud de la misma, son subvencionables las siguientes actividades de ámbito estatal (cfr. artículo 3): el apoyo y asesoramiento a emprendedores, autónomos y promotores de la economía social; programas de fomento de la cultura emprendedora, el autoempleo, la economía social y la responsabilidad social de las empresas; campañas de comunicación y divulgación orientadas a la promoción del trabajo autónomo, de la economía social y de la responsabilidad social de las empresas a través de cualquier medio de comunicación, incluidas las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones; la elaboración y publicación de estudios, trabajos de documentación, análisis e investigación y otras actuaciones análogas; las actividades de formación tendentes a iniciar, perfeccionar y cualificar en el conocimiento del trabajo autónomo, de la economía social y de la responsabilidad social de las empresas; y la organización de congresos, seminarios, jornadas, presencia en ferias y otras actividades de naturaleza similar, con convocatoria pública de realización de la actividad.

  BOE de 13 de julio de 2013, núm. 167.   BOE de 13 de marzo de 2015, núm. 62.

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Por su parte, las Comunidades Autónomas también están promoviendo distintas medidas para fomentar el autoempleo a través de las cooperativas que, generalmente, «se centran en desarrollar estas líneas de incentivo» 82.

IV. REFLEXIONES FINALES La reciente crisis económica mundial, que todavía sigue desplegando sus perniciosos efectos, ha desencadenado una grave crisis de empleo que demanda la adopción y aplicación de políticas de empleo eficaces. En España, las elevadas y persistentes tasas de desempleo, que afectan especialmente a los colectivos sociales más vulnerables, así como la creciente precariedad laboral que atenta directamente contra la dignidad de las personas trabajadoras, exigen la reorientación de las políticas de empleo. En la consecución de este propósito, debe otorgarse mayor protagonismo a la Economía Social y, en especial, al cooperativismo, por su capacidad para generar autoempleo y empleo de calidad. A este respecto, en los últimos años, se percibe un ligero cambio de rumbo en las políticas de empleo. Ciertamente, la situación de crisis ha aumentado el interés de los poderes públicos por formas de ocupación profesional alternativas al empleo asalariado, entre las que debe destacarse el autoempleo colectivo o asociado en el contexto de las entidades de Economía Social y, sobre todo, de las cooperativas. Inicialmente, las políticas pusieron especial énfasis en el fomento del empleo asalariado en estas entidades pero, con el tiempo, han ido prestando una mayor atención a la promoción del autoempleo colectivo o asociado. En principio, las iniciativas que se han comentado en el trabajo deben valorarse positivamente; sin embargo, se advierte que las mismas son insuficientes para avanzar hacia el pleno empleo de calidad. En este sentido, resulta indispensable concebir las políticas de fomento del autoempleo asociado o colectivo no como políticas sustitutivas de las políticas de fomento del autoempleo individual o el empleo asalariado, sino como políticas paralelas a las mismas. Así, es necesario buscar un equilibrio entre el empleo por

  Molina Navarrete, C. «Las cooperativas como forma alternativa de creación…, ob. cit., p. 74. 82

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cuenta ajena y el autoempleo, tanto individual como colectivo o asociado. En esta línea, se considera esencial promover medidas orientadas a la sostenibilidad y continuidad de las iniciativas de autoempleo colectivo o asociado. E, igualmente, resulta indispensable insistir en la formación como mecanismo para promover un conocimiento consolidado sobre la Economía Social y el cooperativismo. En cualquier caso, el fomento del autoempleo en las cooperativas no debe circunscribirse únicamente a las etapas de crisis económica sino que también tiene que reforzarse en períodos de crecimiento económico.

V. BIBLIOGRAFÍA AAVV. «La política de fomento del empleo de calidad». En Molina Navarrete, C. (Coord.). Empleo y mercado de trabajo: nuevas demandas, nuevas políticas, nuevos derechos. Sevilla: Mergablum, 2005. AAVV. Manual de Política y Derecho del empleo (Instituciones, Relaciones de Empleo, Marco Legal de las Políticas Públicas y Derecho Social del Empleo). Madrid: Tecnos, 2011. Arrieta Idiakez, F.J. «Concreción de las entidades de la Economía Social». En REVESCO: revista de estudios cooperativos, 2014, núm. 116. Cabeza Pereiro, J. «Políticas de empleo (I). En Cardona Rubert, M.B. y Cabeza Pereiro, J. (Coords.). Políticas sociolaborales. Cizur Menor: Civitas, 2014. Cardona Rubert, M.B. Políticas de empleo (I). En Cardona Rubert, M.B. y Cabeza Pereiro, J. (Coords.). Políticas sociolaborales. Cizur Menor: Civitas, 2014. Cavas Martínez, F. «Incentivos laborales al autoempleo colectivo (I). Incentivos a la constitución de empresas de economía social». En Farias Batlle, M. y Ferrando García, F.M. (Dirs.). Fomento del trabajo autónomo y la Economía Social. Especial referencia a las novedades introducidas por la Ley 39/2015, de 9 de septiembre. Cizur Menor: Aranzadi, 2015. Cuevas Gallegos, J. Las cooperativas de trabajo asociado: otra forma de creación de empleo. Granada: Comares, 2011. Divar Garteiz-Aurrecoa, J. «Las cooperativas ante la crisis económica». En Boletín de la Asociación Internacional de Derecho Cooperativo, 2010, núm. 44. – «Las cooperativas: una alternativa económica y social frente a la crisis». En Boletín de la Asociación Internacional de Derecho Cooperativo, 2013, núm. 47.

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Una aproximación al fomento del autoempleo a través de las cooperativas

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El fomento del empleo a través de las cooperativas en México Dra. en Derecho Claudia Elena Robles Cardoso 1 Dra. en Derecho María Elizabeth Díaz López 2.

SUMARIO: I. Introducción. II. Cooperativas, características y tipos. III. Las cooperativas y las sociedades laborables. IV Cultura de Solidaridad para fortalecer el cooperativismo en México. V. Análisis comparativo del ámbito de aplicación y denominación de las sociedades cooperativas entre España y México. VI. Conclusiones.

I. INTRODUCCIÓN Un problema actual en nuestro país es la incorporación de los jóvenes al trabajo, debido a que después de concluir la etapa de educación superior, se busca una etapa de realización personal, de formación real y de preparación para incorporarse a la sociedad que le corresponde vivir como persona activa. Estamos hablando de la integración social y económica de nuestras generaciones juveniles para las que el acceso y desarrollo de un trabajo   Profesora Investigadora de Tiempo Completo de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma del Estado de México e integrante del Cuerpo académico Estudios en Derechos Humanos y sus Garantías. 2  Profesora Investigadora de Tiempo Completo de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma del Estado de México e integrante del Cuerpo académico Estudios en Derechos Humanos y sus Garantías. 1

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EL COOPERATIVISMO Y EL FOMENTO DEL EMPLEO

acorde con sus capacidades y habilidades constituye un elemento clave para su realización personal, profesional y social. Es necesario reflexionar en torno a los jóvenes y sus posibilidades de auto empleo, como una alternativa al restringido mercado laboral. Por ello, se ha considerado a las cooperativas como una gran alternativa laboral para los jóvenes en México, ya que representa una oportunidad de generar empleos y auto ayuda.

II. COOPERATIVA, CARACTERÍSTICAS, OBJETIVOS Y TIPOS Una cooperativa es una asociación autónoma de personas unidas voluntariamente para satisfacer sus necesidades y aspiraciones económicas, sociales y culturales comunes, a través de una empresa de propiedad conjunta y democráticamente controlada 3. Se considera que la cooperativa es una empresa constituida por personas que se asocian libremente para la realización de actividades encaminadas a satisfacer sus necesidades y aspiraciones económicas y sociales, con estructura y funcionamiento democráticos, conforme a los Principios Cooperativos 4.  Según la Ley de Sociedades cooperativas vigente en México en su ar­ tículo segundo nos señala: «La sociedad cooperativa es una forma de organización social integrada por personas físicas con base en intereses comunes y en los principios de solidaridad, esfuerzo propio y ayuda mutua, con el propósito de satisfacer necesidades individuales y colectivas, a través de la realización de actividades económicas de producción, distribución y consumo de bienes y servicios» 5.

Caracteristicas de una cooperativa Como toda empresa, la cooperativa busca obtener rentabilidad por la actividad realizada. Pero, además, la fórmula cooperativa te ofrece una serie   http://www.cicopa.coop/Que– es– una– cooperativa.html  idem. 5 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/143.pdf 3 4

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El fomento del empleo a través de las cooperativas en México

de ventajas que se derivan de un modelo propio de organización interna, así como de los principios en los que basa su filosofía:  • Es una fórmula de empleo estable: los socios se unen para satisfacer sus necesidades de trabajo en las mejores condiciones posibles.  • Las personas y el valor del trabajo están por encima del capital aportado. La cooperativa es una organización democrática donde las decisiones se toman de manera igualitaria.  • Los trabajadores son al mismo tiempo propietarios y gestores de la cooperativa. Por eso existe mayor motivación e identificación con la empresa y su futuro.  CLASES Y CATEGORIAS DE SOCIEDADES COOPERATIVAS. En México el capítulo segundo de la Ley General de Sociedades Cooperativas nos señala las distintas clases y categorías de sociedades cooperativas. El artículo veintiuno de la ley a la letra dice 6: Artículo 21 .Forman parte del Sistema Cooperativo las siguientes clases de sociedades cooperativas: I.– De consumidores de bienes y/o servicios, II.– De productores de bienes y/o servicios, y III.– De ahorro y préstamo.

Las sociedades de consumidores de bienes y/o servicios tienen, según la ley en comento, las siguientes actividades: Artículo 22.– Son sociedades cooperativas de consumidores, aquéllas cuyos miembros se asocien con el objeto de obtener en común artículos, bienes y/o servicios para ellos, sus hogares o sus actividades de producción. Artículo 26.– Las sociedades cooperativas de consumidores podrán dedicarse a actividades de abastecimiento y distribución, así como a la prestación de servicios relacionados con la educación o la obtención de vivienda.

 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/143.pdf

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EL COOPERATIVISMO Y EL FOMENTO DEL EMPLEO

De lo anterior, se desprende que, reúnen características específicas vinculadas a la satisfacción de necesidades colectivas de un grupo determinado que, conjuntando sus esfuerzos, mejoran su calidad de vida en aristas como vivienda y educación, cuyo objetivo esencial es que la prestación de servicios o la obtención de artículos destinados a su consumo. Por lo que hace a las sociedades cooperativas de productores, le ley de referencia señala lo siguiente: Artículo 27.– Son sociedades cooperativas de productores, aquéllas cuyos miembros se asocien para trabajar en común en la producción de bienes y/o servicios, aportando su trabajo personal, físico o intelectual. Independientemente del tipo de producción a la que estén dedicadas, estas sociedades podrán almacenar, conservar, transportar y comercializar sus productos, actuando en los términos de esta Ley. Artículo 30.– Se establecen las siguientes categorías de sociedades cooperativas: I.– Ordinarias, y II.– De participación estatal.

Para tal efecto, el Estado podrá dar en concesión o administración bienes o servicios a las sociedades cooperativas, en los términos que señalen las leyes respectivas. Artículo 31.– Son sociedades cooperativas ordinarias, las que para funcionar requieren únicamente de su constitución legal. Artículo 32.– Son sociedades cooperativas de participación estatal, las que se asocien con autoridades federales, estatales, municipales o los órganos político-administrativos del Distrito Federal, para la explotación de unidades productoras o de servicios públicos, dados en administración, o para financiar proyectos de desarrollo económico a niveles local, regional o nacional. Artículo 33.– Las Sociedades Cooperativas que tengan por objeto realizar actividades de ahorro y préstamo se regirán por esta Ley, así como por lo dispuesto por la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo. Se entenderá como ahorro, la captación de recursos a través de depósitos de ahorro de dinero de sus Socios; y como préstamo, la colocación y entrega de los recursos captados entre sus mismos Socios.

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El fomento del empleo a través de las cooperativas en México

De lo anterior se observa que, las sociedades cooperativas de productores, con o sin participación estatal, centran sus esfuerzos en prestar servicios personales, físicos o intelectuales para consumo. III. LAS COOPERATIVAS Y LAS SOCIEDADES LABORALES Para la comisión de la Unión Europea «una empresa pertenece a la economía social si su actividad productiva se basa en técnicas de organización específicas, fundamentadas en principios de solidaridad y participación entre sus miembros, sean estos productores, usuarios o consumidores, así como en los valores de autonomía y ciudadanía.» 7 Son empresas de derecho privado, cuyos socios ostentan la mayoría de los medios de producción, actúan en el mercado generando bienes y servicios, situándose su actividad entre la economía publica y economía privada de las sociedades de capital. Como empresas de mercado, se caracterizan siempre por la finalidad de servicio a sus miembros, por sus procesos democráticos y autogestionarios. Podemos decir que las cooperativas y las sociedades laborales son consideradas como un factor de participación de los ciudadanos en el nuevo modelo democrático de la sociedad. En México las sociedades laborales están propuestas como cooperativas que cumplen los siguientes requisitos: 1. Sociedades cooperativas constituidas por una mayoría de socios trabajadores. 2. Los socios trabajadores participan en un 51 por ciento del capital social como mínimo. 3. Ningún socio-trabajador podrá poseer más de la tercera parte del capital social. 4. Los servicios que los socios trabajadores presten a sus cooperativas serán retribuidos en forma directa y personal, en una relación autogestiva, según lo establecido por el Pacto Social correspondiente.   Hernández Hernanz, José María. La creación de empleo a través de las cooperativas y sociedades laborales. En Revista Estudios de Juventud No 50. España 2016. 7

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EL COOPERATIVISMO Y EL FOMENTO DEL EMPLEO

Las cooperativas han tenido un impacto en la generación de empleo, en la inversión, en la educación y la salud. Han propiciado el desarrollo comunitario. El desarrollo real de este modelo de negocios, y el crecimiento de las empresas cooperativas en México está estancado debido a las dificultades que enfrentan para obtener créditos y la ausencia de una política de Estado que promueva su desarrollo 8. La ley tiene lagunas que generan barreras y vicios en su aplicación; las cooperativas, lejos de representar una economía marginal o ser pobres, suman en México un patrimonio que supera los 8.300 millones de dólares, por lo que requieren una ley que las estimule y brinde seguridad jurídica. La Cámara de Diputados emitió un documento en el que critica que el desarrollo de estas organizaciones, «que trabajan en el sector social de la economía», es apoyado sólo por dos programas federales y una institución bancaria 9. «El desarrollo de las cooperativas depende de dos programas federales y una institución bancaria que se ejecutan con estrategias diferentes para la atención de un sólo sector, como son el Programa de Conversión Social, el Fondo de Apoyo a Empresas en Solidaridad y el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros», señaló:

Ejemplos como el de la Cooperativa Pascual reflejan el problema que tienen este tipo de sociedades para obtener créditos, ya que para financiar la adquisición de maquinaria para sus fábricas, la productora de la marca Boing recurre a la banca europea. Según el presidente del consejo de Pascual, José Guadalupe López, operar bajo el modelo de cooperativa no tiene ninguna ventaja frente a otros; al contrario, dice, muchas veces, por la estructura económica, no son sujetos de crédito por parte de la banca comercial ni de desarrollo. En adición a lo anterior, se considera que las grandes cooperativas como Pascual, Cruz Azul, El Grullo (Jalisco) y muchas otras del ámbito pesquero son una referencia que demuestra que es posible llegar a niveles altos de éxito económico, aunque con el riesgo de que las absorban las normas y reglas de trabajo que rigen a las grandes capitalistas o que no sean sujetos de crédito. Las cooperativas son una buena opción para generar empleo y combatir la crisis alimentaria. Por eso, pugnamos para que se formen más cooperativas y tengan proyectos reales, de impacto.   Balance Social Cooperativo: una construcción en construcción. Liliana González y Juan Carlos San Bartolomé Edic. CADIC 2008. 9 http://www.ipsnoticias.net/nota.asp?idnews=97763 8

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El fomento del empleo a través de las cooperativas en México

IV. CULTURA DE SOLIDARIDAD PARA FORTALECER EL COOPERATIVISMO EN MÉXICO La cultura solidaria se expresa diariamente a través de diversas formas, pero siempre con la condición de ser un acto de dar y recibir. Y también con el fin de respaldar las causas justas y sumar voluntades para el bien común. Esto es la ayuda mutua y el esfuerzo propio; es necesario organizar la economía a partir de la solidaridad con fines humanistas y en función de un desarrollo sustentable 10. La solidaridad es indispensable como base de la organización social y la base fundamental de una vida digna y justa para todos. La actual sociedad exige que el concepto de solidaridad debe entenderse como un acto de conciencia y que exige voluntad. Para poder vivir juntos debemos tener la voluntad de vivir juntos. Solidaridad y competencia pueden articularse si asumimos, que la competitividad genuina no es individual sino social. Sin cooperación social no hay nada, ni el diario que leemos, ni los productos que consumimos, ni siquiera nosotros. Todos somos producto de esta comunidad, desde el momento en que nuestra subjetividad, nuestras costumbres, nuestras creencias y hasta nuestros gustos personales fueron forjados por una vasta construcción colectiva. En la cooperación, la suma de las partes es un factor determinante ya que construye un todo armónico y coherente. Permite que los elementos de las partes, coherencia, consistencia y credibilidad se conjunten. En la actualidad existen nuevos mecanismos en las relaciones laborales No existe más el trabajo para toda la vida y el fantasma del desempleo derriba muchas de las conquistas logradas a lo largo del Siglo XX, por los movimientos de trabajadores organizados. La empresa cambia de propiedad sin que el trabajador tenga posibilidades de conocerlo Empresas «fantasmas» en las que su estructura productiva es un conglomerado de actividades en manos de terceros quedando como núcleo la imagen y el valor añadido.

  El rol de las cooperativas como parte integrante de la Economía Social en la COHESION SOCIAL en «América Latina y Europa» elaborado por la RECM/CCACE para el III Encuentro de la Sociedad Civil organizada de AL y Europa México , Abril de 2004. 10

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EL COOPERATIVISMO Y EL FOMENTO DEL EMPLEO

La educación se «internacionaliza», apuntando a un nuevo modelo de «profesional» y generando cada vez más una reducida «elite intelectual» con acceso a una educación de calidad y el resto del mundo se queda rezagado ante la globalización, circunstancia que a través del movimiento cooperativo puede reajustarse y equilibrarse atendiendo a un valor fundamental; el bien común. Para el Movimiento Cooperativo, es importante fomentar la educación y la capacitación, así como también velar por los valores cooperativos y los principios: adhesión voluntaria y abierta, gestión democrática por parte de los socios, participación económica de los socios, autonomía e independencia de la cooperativa, derecho de los socios a la educación, formación e información, deber de cooperación entre cooperativas, e interés por la comunidad 11. «….debemos promover el humanismo y la centralidad de lo humano en las cooperativas. Hasta que no desarrollemos una cultura de management basada en esos propósitos y objetivos tanto nuestros procesos como nuestros objetivos seguirán en peligro».  12

V. ANÁLISIS COMPARATIVO DEL ÁMBITO DE APLICACIÓN Y DENOMINACIÓN DE LAS SOCIEDADES COOPERATIVAS ENTRE ESPAÑA Y MÉXICO Los estudios de derecho comparado permiten identificar las fortalezas y las áreas de oportunidad de un sistema jurídico frente a otro, con el fin de que la figura jurídica sujeta al análisis cobre en la praxis jurídica plena efectividad formal y material. Dado que las cooperativas adquieren especial trascendencia para la generación de empleos y transforma la solidaridad colectiva en un eje principal del desarrollo de las pequeñas y medianas empresas, se considera importante analizar el contraste entre la legislación española, cuya precisión legislativa se traduce en resultados favorables para las empresas sujetas a este régimen, frente a México, en el que dicha figura ha quedado rebasada y en desventaja ante otras formas de organización.

  Políticas Públicas en materia de Cooperativas– RECM – Ediciones Intercoop 2006   Managment cooperativo . Peter Davis. Editorial Granica.2006.

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A) A las sociedades cooperativas que desarrollen su actividad corporativizada en el territorio de varias Comunidades Autónomas, excepto cuando en una de ellas se desarrolle con carácter principal. B) A las sociedades cooperativas que realicen principalmente su actividad corporativizada en las ciudades de Ceuta y Melilla.

1. Las sociedades cooperativas podrán realizar actividades y servicios corporativizados con terceros no socios sólo cuando lo prevean los Estatutos, en las condiciones y con las limitaciones que establece la presente Ley, así como otras Leyes de carácter sectorial que les sean de aplicación.

Operaciones con terceros.

1. La cooperativa es una sociedad constituida por personas que se asocian, en régimen de libre adhesión y baja voluntaria, para la realización de actividades empresariales, encaminadas a satisfacer sus necesidades y aspiraciones económicas y sociales, con estructura y funcionamiento democrático, conforme a los principios formulados por la alianza cooperativa internacional. 2. Cualquier actividad económica lícita podrá ser organizada y desarrollada mediante una sociedad cooperativa

Artículo 2. Ámbito de aplicación.

Concepto y denominación.

Ley de Cooperativas en España

Artículo 4.– El Movimiento Cooperativo Nacional comprende al Sistema Cooperativo y a todas las organizaciones e instituciones de asistencia técnica del cooperativismo a nivel nacional. Su máximo representante será el Consejo Superior del Cooperativismo.

Artículo 2.– La sociedad cooperativa es una forma de organización social integrada por personas físicas con base en intereses comunes y en los principios de solidaridad, esfuerzo propio y ayuda mutua, con el propósito de satisfacer necesidades individuales y colectivas, a través de la realización de actividades económicas de producción, distribución y consumo de bienes y servicios.

Ley de cooperativas en México

El fomento del empleo a través de las cooperativas en México

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Las sociedades cooperativas de primer grado podrán clasificarse de la siguiente forma: a) Cooperativas de trabajo asociado. b) Cooperativas de consumidores y usuarios. c) Cooperativas de viviendas. d) Cooperativas agroalimentarias. e) Cooperativas de explotación comunitaria de la tierra. f) Cooperativas de servicios. g) Cooperativas del mar. h) Cooperativas de transportistas. i) Cooperativas de seguros. j) Cooperativas sanitarias. k) Cooperativas de enseñanza. l) Cooperativas de crédito.

La sociedad cooperativa se constituirá mediante escritura pública, que deberá ser inscrita en el Registro de Sociedades Cooperativas previsto en esta Ley. Con la inscripción adquirirá personalidad jurídica.

Clases de cooperativas

Constitución e inscripción

Ley de Cooperativas en España

Forman parte del Sistema Cooperativo las siguientes clases de sociedades cooperativas: I.– De consumidores de bienes y/o servicios, y II.– De productores de bienes y/o servicios, y III.– De ahorro y préstamo.

Ley de cooperativas en México

EL COOPERATIVISMO Y EL FOMENTO DEL EMPLEO

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De los socios

Obligaciones de los socios. 1. Los socios están obligados a cumplir los deberes legales y estatutarios. 2. En especial, los socios tendrán las siguientes obligaciones: a) Cumplir los acuerdos válidamente adoptados por los órganos sociales de la cooperativa, sin perjuicio de lo dispuesto en el número 4 del artículo 17. b) Participar en las actividades cooperativizadas que desarrolla la cooperativa para el cumplimiento de su fin social, en la cuantía mínima obligatoria establecida en sus Estatutos. El Consejo Rector, cuando exista causa justificada, podrá liberar de dicha obligación al socio, en la cuantía que proceda y según las circunstancias que concurran. c) Guardar secreto sobre aquellos asuntos y datos de la cooperativa cuya divulgación pueda perjudicar a los intereses sociales lícitos. d) Aceptar los cargos para los que fueren elegidos, salvo justa causa de excusa. e) Cumplir con las obligaciones económicas que le correspondan. f) No realizar actividades competitivas con las actividades empresariales que desarrolle la cooperativa, salvo autorización expresa del Consejo Rector.

Ley de Cooperativas en España Derechos, aportaciones, causas de exclusión de socios y demás requisitos. En todo caso, deberán observarse las siguientes disposiciones: I.– La obligación de consumir o de utilizar los servicios que las sociedades cooperativas de consumidores brindan a sus socios; II.– En las sociedades cooperativas de productores, la prestación del trabajo personal de los socios podrá ser físico, intelectual o de ambos géneros; III.– Las sanciones a los socios de las sociedades cooperativas cuando no concurran a las asambleas generales, juntas o reuniones que establece la presente Ley; éstas deberán considerar las responsabilidades y actividades propias de la mujer; IV.– Las sanciones contra la falta de honestidad de socios y dirigentes en su conducta o en el manejo de fondos que se les hayan encomendado; V.– Los estímulos a los socios que cumplan cabalmente con sus obligaciones, y VI.– La oportunidad de ingreso a las mujeres, en particular a las que tengan bajo su responsabilidad a una familia. Ante una inconformidad en la selección, el afectado podrá acudir ante la Comisión de Conciliación y Arbitraje de la propia sociedad cooperativa si es que la hay, la que deberá resolverle por escrito en un término no mayor de 20 días naturales, independientemente de poder ejercer la acción legal que corresponda.

Ley de cooperativas en México

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EL COOPERATIVISMO Y EL FOMENTO DEL EMPLEO

VI. CONCLUSIONES • Toda cooperativa además de ser una organización social y una empresa, es una comunidad que educa, con un objetivo superador que es formar al hombre cooperativo, que es la existencia armónica de lo individual y lo social. • Se reconoce la importancia de las cooperativas para la creación de empleos, la movilización de recursos y la generación de inversiones, así como su contribución a la economía y la promoción de la participación de toda la población en el desarrollo económico y social. • La relación Estado-Cooperativa, observa posiciones que van desde un excesivo paternalismo, pasando por un uso de la figura y llegando hasta una total indiferencia por lo que resulta necesario redimensionar esta vinculación. • La poca participación de los asociados en las actividades de la cooperativa; el debilitamiento del sentido de pertenencia; la poca renovación de líderes o la perpetuación en los cargos de dirección, la falta de acceso a los ámbitos de decisión y dirección para jóvenes y mujeres; el oportunismo e improvisación de algunos dirigentes, es lo que hace que las cooperativas en México no logren alcanzar el éxito esperado. • Las cooperativas, necesitan contar con: mayores habilidades de comunicación, capacidad de análisis y síntesis que ayude al procesamiento y comprensión de la información; de competencias de negociación; de habilidades para solucionar conflictos; de la capacidad de adaptación. • Las cooperativas en México se topan con el escaso acceso al financiamiento público y privado, lo cual obstaculiza su formación y su funcionamiento, lo que lleva al sector a estar rezagado respecto a otros países latinoamericanos.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS Balance Social Cooperativo: una construcción en construcción. Liliana González y Juan Carlos San Bartolomé Edic. CADIC 2008 El rol de las cooperativas como parte integrante de la Economía Social en la COHESION SOCIAL en América Latina y Europa» elaborado por la RECM/

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El fomento del empleo a través de las cooperativas en México

CCACE para el III Encuentro de la Sociedad Civil organizada de AL y Europa México , Abril de 2004 La democracia participativa en las cooperativas. Como dar significado a la participación. 1997 Intercoop Editora Cooperativa Limitad Políticas Públicas en materia de Cooperativas– RECM – Ediciones Intercoop 2006 Managment cooperativo . Peter Davis. Editorial Granica 2006 Participación: un desafío permanente: Angel Petriella Revista Idelcoop– Año 1990 – Volumen 17– N 65/66 La democracia participativa en las cooperativas. Como dar significado a la participación. 1997 Intercoop Editora Cooperativa Limitad

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TEMA 4 LA INCLUSIÓN SOCIAL Y EL COOPERATIVISMO

Cooperativas, crecimiento, sostenibilidad e inclusión social en España Aida Llamosas Trapaga Profesora de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social Universidad de Deusto

SUMARIO: I. La crisis económica y su impacto en la sociedad. II. La necesidad de un nuevo modelo económico y empresarial más sostenible. III. El papel de las empresas, la inclusión social y las cooperativas como modelo. IV. Conclusión.

I. LA CRISIS ECONÓMICA Y SU IMPACTO EN LA SOCIEDAD En los últimos años España ha pasado por una de las mayores crisis económica, financiera, laboral y social 1. Lejos queda ya aquel fatídico 15 de septiembre de 2008 en el que el cuarto banco de inversión de los Estados Unidos, un coloso demasiado grande para dejarlo caer, se declaró en bancarrota. Dio comienzo así un periodo tortuoso para el mundo de las finanzas, y no solo, porque el caos generado por las hipotecas subprime y los activos tóxicos impacto con fuerza sobre la economía real, lo que a su vez supuso un desestabilizamiento del mercado laboral.

  (Salama, 2009, p. 19).

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LA INCLUSIÓN SOCIAL Y EL COOPERATIVISMO

Europa miraba con preocupación a sus vecinos americanos, y temía por su sistema financiero, sin embargo, el viejo continente tenía, además, sus propias batallas, con la crisis de la deuda, la solidez del euro y las tensiones, cada vez más acuciantes entre los vecinos del norte y del sur. La desregularización de los mercados financieros en Estados Unidos y las cada vez más arriesgadas políticas para la maximización de los beneficios en el menor tiempo posible pusieron de manifiesto rápidamente la insostenibilidad del capitalismo financiero que durante años no encontró límite alguno. Mientras tanto, en Europa el problema se agravaba, más aún si cabe, porque al efecto contagio se sumaba la existencia de un euro que representaba a diversas economías con enormes diferencias de productividad, diversos sistemas fiscales y un sistema bancario regulado por un Banco Central cuyas decisiones eran aplaudidas por aquellos países que se veían más beneficiados por sus decisiones y criticado por otros países que entendían que la existencia de una política única en este sentido no hacía sino empeorar sus sistemas económicos. Comenzaron las dificultades para la financiación de diversos estados, los rescates de las instituciones bancarias y la adopción de nuevas medidas y políticas de las que Alemania se erigió líder, con la austeridad por bandera. La austeridad parecía ser la única vía para volver a encauzar la economía y salir de la crisis, y así los diferentes gobiernos comenzaron a adoptar políticas de recortes presupuestarios, reduciendo las prestaciones del Estado del Bienestar, con un menor gasto público, recortes en materia de educación y sanidad, reducción del empleo público y sobre todo una puesta en discusión de las instituciones del Estado del Bienestar y de las garantías laborales que poco a poco fueron viéndose erosionadas. La destrucción del empleo se convirtió en una constante y en uno de los indicadores más claros de la recesión. Fueron millones de personas las que perdieron sus empleos, pero algunos colectivos fueron especialmente castigados, debido a sus particulares circunstancias, los trabajadores que se encontraban en sus últimos años de vida laboral y aquellos jóvenes que habían entrado recientemente en el mercado laboral o estaban cerca de ello. 186

Cooperativas, crecimiento, sostenibilidad e inclusión social en España

La capacidad de negociación de los trabajadores era prácticamente nula, por lo que la única opción de acceder a una actividad profesional, en la mayoría de los casos, suponía asumir condiciones de trabajo abusivas y precarias. La tasa de desempleo en España, alcanzo cifras preocupantes, más aún si se comparaba con el resto de países del entorno y si el número de desocupados entre la población activa alcanzaba el 25 %, en el caso de los más jóvenes la cifra llegaba hasta el 55 %. A su vez, ello suponía una caída de la afiliación en la Seguridad Social y por lo tanto menores ingresos para hacer frente a gastos cada vez mayores. Además, es necesario tener en cuenta que los problemas en el mercado laboral supusieron un crecimiento de la economía sumergida, incrementando de esa manera tanto la falta de ingresos como la pérdida de derechos para los trabajadores, que veían como para obtener algún tipo de ingreso debían aceptar la perdida de unas garantías mínimas, algo que se ha ido repitiendo a lo largo de toda la crisis y que corre el riesgo de cronificarse 2. Desde el punto de vista social la desigualdad entre pobres y ricos se fue haciendo más evidente, y las clases medias, que, hasta el momento, con mayor o menor esfuerzo conseguían cubrir sus necesidades y llevar un nivel de vida aceptable, vieron como su situación cambiaba y se volvía más vulnerable. Muchas familias contaban con varios miembros sin una ocupación efectiva y dependían de la prestación por desempleo para poder sobrevivir, por lo que el gobierno español tuve que crear e incrementar las ayudas de carácter social. Comenzaba a crearse un nuevo colectivo de personas que se encontraban en grave riesgo de exclusión social. La desigualdad y la pobreza ya no eran un problema que afectaba a determinadas capas de la sociedad, sino que se iba expandiendo, y esto, lejos de ser un problema meramente económico pasaba a suponer un verdadero reto social. Fueron numerosas las voces que trataron de dar visibilidad a este problema, poniendo de manifiesto, que tarde o temprano, tendría consecuencias para el conjunto de la sociedad, por lo que era necesario buscar soluciones

  (López del Paso, 2013, p. 63).

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LA INCLUSIÓN SOCIAL Y EL COOPERATIVISMO

consensuadas que no solo dependiesen de la solidaridad, caridad o ayudas públicas. Una de esas voces fue la del Papa Benedicto XVI que en la Encíclica Caritas in Veritate recordaba que «la dignidad de la persona y las exigencias de la justicia requieren, sobre todo hoy, que las opciones económicas no hagan aumentar de manera excesiva y moralmente inaceptable las desigualdades, que se siga buscando como prioridad el objetivo del acceso al trabajo por parte de todos, o que lo mantengan. Pensándolo bien, esto es también una exigencia de la «razón económica». El aumento sistémico de las desigualdades entre grupos sociales dentro de un mismo país y entre las poblaciones de los diferentes países, es decir, el aumento masivo de la pobreza relativa, no sólo tiende a erosionar la cohesión social y, de este modo, poner en peligro la democracia, sino que tiene también un impacto negativo en el plano económico por el progresivo desgaste del «capital social», es decir, del conjunto de relaciones de confianza, fiabilidad y respeto de las normas que son indispensables en toda convivencia civil» 3. Según las previsiones del Fondo Monetario 4 España, este año, volverá a ser la economía desarrollada con mayor crecimiento, elevando las previsiones que se habían hecho hasta el momento alcanzando una cifra de alrededor del 3 %. Además, las previsiones para el próximo año prometen ser satisfactorias. El hecho de estar ante estos datos macroeconómicos ¿hace que podamos ser positivos? Reveladoras, y muy clarificadoras, fueron las palabras del propio ministro de economía, cuando en una de sus intervenciones mencionaba que «hemos salido de la recesión, no de la crisis». Efectivamente, la recesión económica ha quedado atrás, pero con un 22 % de la población en riesgo de pobreza y un 17 % de tasa de desempleo 5, realmente ¿podemos decir que la crisis es una cosa del pasado? Resulta evidente que, si bien el crecimiento económico resulta una noticia positiva, este dato, por sí mismo, y de forma aislada no refleja la situación del país.   (Encíclica Caritas in Veritate, 2009).   (Informe del Fondo Monetario Internacional sobre Perspectivas de la Economía Mundial, 2017). 5  (Instituto Nacional de Estadística). 3 4

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Cooperativas, crecimiento, sostenibilidad e inclusión social en España

Han sido muchos los autores que han puesto de manifiesto la necesidad de diferenciar el crecimiento y el desarrollo, dos conceptos que no siempre caminan juntos. Uno de los primeros economistas en poner de relevancia esta cuestión fue Joseph Schumpeter, puesto que en su obra Teoría del desarrollo económico, definía el crecimiento como un simple aumento de la riqueza, mientras que entendía por desarrollo una serie de factores sociales, culturales, políticos y psicológicos, fruto de un proceso de innovación tecnológica impulsada por la creatividad de los propios empresarios 6. El desarrollo económico, por su parte, al margen de la mera creación de riqueza, focaliza su objetivo en el bienestar económico y social de las personas, buscando un crecimiento económico continuado, pero también mejorando la calidad de vida de los ciudadanos. Es tras la Segunda Guerra Mundial cuando comienza a tomar auge este concepto. La economía mundial se encontraba en una situación ciertamente muy delicada y la Organización de las Naciones Unidas focaliza su atención en esta cuestión indicando que «los Pueblos de las Naciones Unidas estaban decididos a promover el progreso y mejorar sus niveles de vida dentro de una libertad mayor» 7. No obstante, los países han centrado sus esfuerzos en el crecimiento y en sus mecanismos para medir el mismo, siendo el PIB el más utilizado. El problema surge en que los indicadores que miden esta generación de riqueza dejan fuera otros aspectos de suma importancia para la vida de los seres humanos, como pueden ser la dignidad, la sostenibilidad o la libertad. Dejaba en evidencia esta cuestión Robert Kennedy cuando en su famoso discurso, llevado a cabo en la Universidad de Kansas, en el año 1968, señalaba que el PIB era una herramienta que «lo mide todo excepto lo que hace que valga la pena vivir la vida». En ese mismo sentido se pronunciaban economistas tales como Daly y Cobb, cuando manifestaban que resultaba obvio «que hay una relación estrecha entre el crecimiento económico y el bienestar social, y que es posible plantear que el crecimiento de la economía medido por el PIB, contribuya   (Schumpeter, 1934, pp. 74-75).   (Carta San Francisco ONU, 1945).

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efectivamente al bienestar total de la sociedad, pero no es el único elemento, ya que cuando se alude al bienestar total incluimos no solo elementos económicos, sino también los de carácter social, político, cultural y ambiental entre otros» 8. Es por ello que, al margen de los datos actuales, debemos plantearnos la necesidad de cambiar el modelo productivo y las reglas del juego que nos han hecho sucumbir en la crisis, puesto que de nada sirve superar la misma, si no establecemos los mecanismos necesarios para no cometer los mismos errores.

II. LA NECESIDAD DE UN NUEVO MODELO ECONÓMICO Y EMPRESARIAL MÁS SOSTENIBLE El momento actual está lleno de retos y oportunidades, es un momento de construcción, pero para ello es necesario saber hacia dónde vamos y cuáles son los objetivos. No cabe ninguna duda que de que, para seguir avanzando, y construir un nuevo modelo económico, laboral y social es necesario que avancemos en la senda del crecimiento-desarrollo económico, pero existen algunos elementos que son necesarios tener en cuenta si queremos construir un sistema que incluya a todos: un empleo de calidad, sostenibilidad e inclusión social. Solo un sistema económico y laboral que tenga en cuenta estos aspectos puede plantear un crecimiento duradero en el tiempo que permita respetar las necesidades ambientales y las de aquellas personas que por un motivo u otro se han visto apartadas o relegadas del mercado laboral actual. Los recursos naturales con los que cuenta el ser humano son limitados, por lo que es necesario buscar soluciones alternativas, pero no solo, sino que muchos de esos recursos que a día de hoy hacen que la economía funcione a un elevado ritmo suponen una amenaza para el propio planeta. El cambio climático, actualmente, no es la previsión de algunas personas que estudian este medio, sino que es una realidad, un paciente enfermo, al que hay que enfrentarse. El calentamiento global es un hecho   (Dayly y Cobb, 1989, p.153).

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contrastado y las consecuencias derivadas del mismo se han materializado, en modo de fenómenos climatológicos, en diversos países alrededor del mundo 9. Resulta cierto que hasta hace muy poco tiempo los expertos en economía no habían prestado demasiada atención a esta cuestión, por lo que no se han tomado las medidas adecuadas para proteger los recursos existentes. Recursos que siguen siendo necesarios para poder avanzar. Además, una de las principales dificultades a las que se enfrentaban era saber, con exactitud a que se estaba haciendo referencia cuando se mencionaba el concepto de sostenibilidad. Sin duda alguna se hacía alusión a la protección del medio ambiente y la utilización inteligente de los recursos, pero ¿Cómo podía llevarse a cabo esto? ¿hay algún límite? ¿Debemos involucrar a todos los países? ¿Qué papel juegan los Gobiernos? Pues bien, aunque parece que se trata un tema este que ha tomado auge en los últimos años, ya en 1987, y en el seno de las Naciones Unidas, se creó la Comisión Mundial del Medio Ambiente y el Desarrollo. Una comisión dirigida por Gro Harlen Brundtland, entonces primera ministra de Noruega, e integrada por diversas personas de todo el mundo, que tenía un objetivo claro: llevar a cabo un estudio sobre la situación que existía en dicho momento. Fruto de dicho análisis se publicó el informe Nuestro Futuro en Común, que fue aprobado por unanimidad, alcanzando un gran consenso entre los diversos agentes y suponiendo un revulsivo para convocar la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo, en 1992.

  Jiménez Latorre y Rams Ramos consideran que «pese a las iniciativas que se han tomado hasta la fecha, el cambio climático derivado de la combustión de energía fósil se va a producir y el recalentamiento de la tierra es ya inevitable. Además, la emisión de gases con efecto invernadero es tan sólo un ejemplo de la destrucción del medio. El deterioro de la calidad del agua, de la salud pública, los problemas de deforestación y desertificación en partes significativas del planeta, el agotamiento de las especies marinas y la disminución de la biodiversidad, son otros tantos ejemplos de no menos relevancia. En definitiva, el deterioro del ambiente es sin duda el problema económico más urgente de nuestra frágil civilización (Jiménez Latorre y Rams Ramos, 2002, p. 47). 9

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En dicho análisis se diserta sobre el concepto de sostenibilidad y se admite la dificultad que entraña definirlo, ofreciendo varias alternativas, debido a las numerosas matizaciones que pueden hacerse al respecto. Quizás la definición que ha sido aceptada mayormente es la que entiende que el desarrollo sostenible es aquel que «satisface las necesidades del presente sin comprometer la habilidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades 10. Por tanto, y al margen de establecer una definición de este concepto, más o menos unánime, hay algunos elementos que deben ser reseñados por su importancia. En primer lugar, es necesario abandonar la idea de que la protección del medio ambiente es una necesidad local, regional o nacional. Se trata de una cuestión esta que es necesario, por su magnitud, afrontarla de forma global, y con la implicación no solo de los agentes privados, sino también de las Administraciones Públicas y los Gobiernos. En segundo lugar, hay que involucrar en esta causa aquellos países menos avanzados, puesto que no se trata de un objetivo de países ricos o desarrollados sino de una cuestión que nos atañe a todos, independientemente de nuestro grado de crecimiento o desarrollo. Se trata, por tanto, de encontrar un equilibrio entre el uso de los recursos naturales para que la economía pueda seguir creciendo, sin que ello suponga comprometer las generaciones futuras. Para la consecución de este objetivo juegan un papel fundamental los gobiernos y las administraciones públicas, que deben encaminar sus esfuerzos, sus políticas y sus recursos a esta causa. El propio Papa Francisco ha manifestado su preocupación sobre esta cuestión, y el impacto que puede tener, especialmente sobre aquellas personas más necesitadas. Así en su Encíclica Laudato Si hace referencia al cambio climático como un «problema global con graves dimensiones ambientales, sociales, económicas, distributivas y políticas, y plantea uno de los principales desafíos actuales para la humanidad. Los peores impactos probablemente recaerán en las próximas décadas sobre los países en desarrollo. Muchos pobres viven en lugares particularmente afectados por fenómenos relacio  (El Serafy, 1994).

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nados con el calentamiento, y sus medios de subsistencia dependen fuertemente de las reservas naturales y de los servicios ecosistémicos como la agricultura, la pesca y los recursos forestales. No tienen otras actividades financieras y otros recursos que les permitan adaptarse a los impactos climáticos o hacer frente a situaciones catastróficas, y poseen poco acceso a servicios sociales y a protección» 11. En este mismo sentido se manifiestan otros autores, dejando en evidencia, que serán las personas más pobres las que sufrirán con mayor crudeza el impacto de la destrucción del medio ambiente, generando al mismo tiempo mayores cuotas de pobreza, impidiendo a los más pobres salir de dicha situación. Así Angulo Sánchez entiende que efectivamente, y en línea con lo manifestado por el Papa Francisco «los más pobres, tanto en las zonas urbanas como en las rurales, son las victimas más directamente perjudicadas por un medio ambiente degradado. La presión demográfica es otro elemento a tener en cuenta en el deterioro del medio ambiente, sobre todo en los países del Tercer Mundo, dado que soportan un crecimiento demográfico desmesurado que no hace sino hundirlos más en el subdesarrollo y la pobreza, pues es lo único a repartir. La creciente demanda de alimentos, leña, agua y otros recursos básicos fuerza a los pobres a cultivar, pastorear y talar en exceso o bien a emigrar a ciudades superpobladas o a tierras en las que encuentran las mismas dificultades, con lo que la situación de los ecosistemas ya frágiles y duramente castigados se va deteriorando más y más» 12. En este punto surge una reflexión que no resulta fácil de afrontar. Los países desarrollados, hasta el momento, y de forma principal, han construido su riqueza explotando los recursos naturales y generando altísimos niveles de contaminación. Ahora, que el planeta se encuentra en una situación crítica y es necesario disminuir este tipo de impactos, nos dirigimos a los países en vías de desarrollo y les impedimos que usan nuestras mismas herramientas para su propio crecimiento. ¿Realmente estamos en disposición de pedirles tal sacrificio, cuando ello supone que dichas economías quizás no puedan avanzar? ¿Hará eso que aumente la pobreza en dichos países?   (Encíclica Laudato Si, 2015).   (Angulo Sánchez, 2010).

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Esto es, ¿debemos dejar que los países en vías de desarrollo se afiancen haciendo uso de las mismas armas que el resto de países desarrollados y una vez conseguido, adoptar las medidas para paliar los problemas ambientales? La estrategia hasta el momento ha sido la de no entender como una prioridad para estos países el mero crecimiento económico, sino pensar en un desarrollo económico que tenga en cuenta la protección del medio ambiente y los recursos naturales, o lo que viene a ser lo mismo, incluir la lucha contra pobreza dentro de las estrategias del desarrollo sostenible, integrando todos los componentes de forma unitaria, sin tener que estudiar y atajar cada uno de ellos de forma separada o independiente. Así los esfuerzos de los países desarrollados y sus instituciones se han centrado en proporcionar a estos países las herramientas necesarias para su desarrollo (apertura de los mercados, exportaciones, asistencia técnica…) pero siempre atendiendo a la coherencia y sostenibilidad de las mismas, intentando de ese modo reducir la pobreza, favorecer el crecimiento y fomentar el respeto a la naturaleza. No se trata por tanto de que los países desarrollados «aconsejen» a los menos desarrollados no adoptar el mismo modelo que durante décadas ellos adoptaron, sino de que les presten su ayuda, y sus medios para cambiar el modelo productivo, esto es, los países ricos tienen que apoyar a los países pobres en esta cruzada, no dejándolos solos y exigiéndoles medidas que supondrían más pobreza. Moralmente no resulta aceptable prohibir a dichos países llevar a cabo las mismas prácticas que antaño utilizaron los países desarrollados, condenándolos a un subdesarrollo perpetuo. Siendo así, en junio de 2012, en la ciudad de Rio de Janeiro, y bajo el paraguas de las Naciones Unidas se celebró la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible, más conocida como «Rio+20», con el objetivo de erradicar-reducir la pobreza, fomentar la equidad social y garantizar la protección del medio ambiente, estableciendo estrategias entre los diversos países y coordinando sus actuaciones, avanzando hacia una «economía más verde». Y en ese sentido, en la Resolución Aprobada por la Asamblea General el 27 de julio de 2012, entre los objetivos se reconocen «la erradicación de la pobreza, la modificación de las modalidades insostenibles y la promoción de 194

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modalidades de consumo y producción sostenibles, y la protección y ordenación de la base de recursos naturales del desarrollo económico y social». Cuestión esta que introduce un nuevo elemento a tener en cuenta, que es la responsabilidad de los propios ciudadanos respecto de los modelos de producción de la empresa, puesto que los ciudadanos con su consumo pueden influir, lo que viene a ser denominado «decisiones de consumo». En este sentido los autores Becchetti y Cermelli entienden que» cuando un consumidor/ahorrador escoge un bien o un servicio de una empresa a la vanguardia en la sostenibilidad ambiental está reduciendo para sí mismo y para la sociedad las consecuencias negativas de la insostenibilidad, como son la contaminación, las enfermedades, el calentamiento global, etc. Cuando se escoge un bien o un servicio producido por una empresa a la vanguardia en sostenibilidad social se está premiando una sociedad que tutela los derechos del trabajo, lanzando al mercado y a las otras empresas una señal de estímulo para proceder en esa misma dirección, con los posibles beneficios que al mismo tiempo puedo reportar al trabajador» 13. Numerosas empresas son conscientes de ello, y han comprendido que el hecho de adoptar políticas empresariales que no sean respetuosas con el medio ambiente puede suponer que la pérdida de clientes o potenciales consumidores. Por ello han tratado de introducir, con mayor o menor éxito parámetros para avanzar en un modelo de empresa más comprometido con el entorno.

III. EL PAPEL DE LAS EMPRESAS, LA INCLUSIÓN SOCIAL Y LAS COOPERATIVAS COMO MODELO Efectivamente, no resulta novedoso el concepto de Responsabilidad Social Corporativa que desde hace décadas está propiciando que las empresas, más allá del mero cumplimiento de las disposiciones legales, asuman compromisos con el entorno y los agentes que le rodean. Actualmente las empresas «arriesgadas y despiadadas» dispuestas a todo con tal de posicionarse o asumir mayores cuotas en el mercado parecen no tener futuro, mientras que aquellas que demuestran un interés que va más   (Becchetti y Cermelli, 2015, p. 495).

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allá de la mera rentabilidad se están erigiendo como el modelo de empresa a seguir. Una empresa que no solo busca la maximización de los beneficios, sino que, además defiende el papel de los trabajadores en la empresa, respetando la dignidad de los mismos, propiciando su desarrollo humano y promoviendo un crecimiento sostenible. Solo si las empresas se encuentran dispuestas a trabajar en la consecución de estos objetivos será posible avanzar hacia un nuevo modelo económico, lo que a su vez supondría un nuevo modelo de relaciones laborales, competitivo, pero también digno y «más verde». La economía verde se ha presentado como un modelo de gestión eficiente de los recursos que propicia, además, la reducción de las emisiones de carbono, lo que a su vez se ha traducido en la creación de puestos de trabajo basados en la gestión sostenible y eficiente de los recursos naturales, los denominados empleos verdes. Supone la creación de nuevos puestos de trabajo relacionados con esta nueva visión o forma de hacer economía, haciendo participes a los propios trabajadores del cambio, erigiéndose los mismos como actores principales del nuevo modelo. Si bien puede tratarse de una oportunidad para dar nuevos pasos en torno a las relaciones laborales, apostando por nuevos principios, también es necesario avanzar en el papel de los propios trabajadores y el lugar que los mismos ocupan en las empresas, porque para que los mismos puedan ser considerados como una herramienta fundamental del cambio económico, empresarial y laboral, en primer lugar, habrá que atender a su papel en la propia empresa. Resulta cierto que nuestro actual modelo de relaciones laborales no resulta el marco ideal para que los trabajadores sean considerados como participes de los cambios que pueden producirse al interno de la empresa. Las empresas actúan en un mercado global cada vez más competitivo y eso hace necesario que se encuentren preparadas para actuar, de forma ágil, en cualquier momento ante los cambios que se producen en el mercado. Además, la desaparición de las fronteras y las distancias entre países han hecho que debamos competir con países cuya ventaja se sustenta en el abaratamiento de los costes. 196

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Han sido muchas las empresas que para hacer frente a esta situación han optado por seguir la misma estrategia, esto es, el abaratamiento de costes, lo que de forma irremediable se ha traducido en salarios más bajos y la precarización de la contratación. Igualmente, y debido a la inestabilidad económica, las empresas no se planteaban, al menos no en el corto/medio plazo asumir nuevas contrataciones, lo que suponía, en caso de darse un incremento de la actividad, una mayor carga de trabajo para los trabajadores, sin que esto tuviese su contraprestación económica. Cuando el trabajador, dentro de la estructura de la empresa viene a ser considerado como un mero instrumento al servicio de las necesidades puntuales de la empresa hace que la identificación y la implicación de dicho trabajador respecto de la empresa no sea fuerte. Mientras que un trabajador que se siente respetado en el conjunto de la organización y participa en el proceso decisional, está más dispuesto a colaborar en los tiempos difíciles. Que los trabajadores sean parte activa en la empresa es un aspecto positivo puesto que como señala Albalate «se parte de la idea de que todos los individuos que integran la organización poseen, no sólo habilidades técnicas y físicas, sino también una serie de capacidades personales, fruto de una mayor educación y del avance social, como las relativas a la creatividad, a las de responsabilidad, de autonomía, de autocontrol, etc., que habrán de condicionar, necesariamente, la que habrá de ser la nueva tarea directiva, centrada, desde ahora, en la creación del ambiente adecuado para que las potencialidades y capacidades de todos los recursos humanos de la organización se puedan emplear, de forma que el trabajo resulte satisfactorio para el conjunto de los miembros de ésta» 14. Pero, además, si los trabajadores quieren actuar como actores de este nuevo cambio de paradigma, deberán ser formados sobre lo que supone la adopción de criterios de sostenibilidad en la empresa y como pueden ellos contribuir a desarrollar este nuevo modelo. El paso de un modelo de producción a otro distinto requiere contar con la complicidad de todos los agentes implicados, puesto que si bien para me  (Albalate, 2001, p.84).

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jorar, los cambios suelen resultar difíciles porque supone romper con todo los establecido. Por todo ello, contar, al interno de la empresa, con profesionales, capacitados puede suponer una transición más satisfactoria, puesto que ellos mismos, al sentirse parte activa de ese cambio y asumir unas responsabilidades verán dicha transformación como algo propio y no solo como un elemento impuesto por el empresario. Tal y como se mencionaba en las primeras líneas, si queremos avanzar hacia un nuevo modelo que no repita los errores del pasado y nos lleve a una crisis de dimensiones similares a la recientemente pasada, es necesario que se trabaje en un modelo de hacer economía y un modelo de empresa nuevo. El desarrollo sostenible es parte fundamental en este nuevo enfoque, para que pueda perdurar en el tiempo, y la participación de los trabajadores en la empresa el camino para la consecución de los nuevos objetivos. Las cooperativas siempre han supuesto un modelo en lo que a la participación de los trabajadores se refiere. Sus valores y sus principios han sido un referente económico y empresarial, buscando no solo el beneficio económico, sino también, y sobre todo una sociedad más equitativa y justa. El origen del cooperativismo se fundamenta en la colaboración de las personas para buscar un beneficio o bien común, utilizando los recursos para mejorar la vida de las personas. Las especiales características de esta forma de hacer empresa, ha hecho que, en numerosas ocasiones, y ante vicisitudes económicas, las cooperativas hayan tenido que enfrentarse a los desafíos del mercado, compitiendo con el resto de las sociedades, pero con distintas armas. Mientras que el resto de las empresas razonaban sus posicionamientos en el mercado buscando el mayor beneficio posible, las cooperativas iban más allá intentando buscar, además, el bienestar de las personas. Así, y con su particular forma de actuar en el mercado las cooperativas se revelaron como una fórmula más que satisfactoria no solo para hacer frente al impacto de la crisis sino, además, para la protección de los derechos de los trabajadores en una época ciertamente convulsa, ajustándose a las nuevas necesidades del mercado. 198

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Pero, lejos de tender a una acomodación, vistos los resultados del trabajo bien hecho, las cooperativas, tras las crisis han continuado buscando las fórmulas que les permitan avanzar en sus valores y principios, adecuándose, como lo han hecho siempre a las nuevas exigencias que se presentan. Siendo así, y en consonancia con los pilares de un nuevo modelo económico más sostenible y más inclusivo, el 29 de junio de 2016, la Alianza Cooperativa Internacional, que representa a las cooperativas de todo el mundo, manifestó su compromiso con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones. Los 17 objetivos de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible habían entrado en vigor el 1 de enero de 2016, y a través de ellos, los agentes se comprometían a dedicar sus esfuerzos para luchar contra el cambio climático, la pobreza y las desigualdades, intentando que nadie se quede atrás. Por ello, las cooperativas, al interno del sector privado se han erigido como uno de los actores principales para la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. La lucha contra la pobreza no es, ni mucho menos, una cuestión baladí, y aunque se trata de un objetivo complicado, por la magnitud del problema y sus diversas implicaciones, pueden darse pequeños pasos que ayuden, al menos en el entorno más próximo a tratar de reducir las alarmantes cifras que se nos presentan actualmente. Si atendemos a los datos actuales, y tomando como referencia el informe Global Monitoring Report, en el mundo, hay 702 millones de personas que se encuentran en situación de extrema pobreza. En lo que se refiere a pobreza relativa, que mide las dificultades para poder cubrir todas o parte de las necesidades básicas de una persona en una determinada sociedad, y en un tiempo concreto, España no presenta datos positivos, puesto que la cifra asciende hasta el 22 % de la población. Los datos relativos a la desigualdad tampoco arrojan un mensaje más esperanzador, puesto que, si bien durante los años 2005 y 2008 el índice Gini se había mantenido estable, entre el 2009 y el 2016 sufrió un notable crecimiento. El primer paso para combatir la pobreza es la creación de puestos de trabajo que permitan a las personas poder recibir un salario, propiciando de 199

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ese modo, que por sus propios medios puedan asegurarse su supervivencia y las de sus familias. El problema que se genera a este respecto es que las dinámicas generadas por el modelo económico que nos llevó a una de las mayores crisis económicas de los últimos años, siguen vigentes, a pesar de los avances que se están produciendo, y eso nos lleva a la creación de nuevos puestos de trabajo, que no facultan a las personas a salir de la pobreza 15. Esto es, la creación de nuevos puestos de trabajo es una buena noticia, porque significa que personas que hasta el momento no contaban con una ocupación ahora pueden desarrollar una actividad. Pero el problema que se genera es que los beneficios que obtiene de dicha actividad no son suficientes para cubrir sus necesidades más básicas. Por ello, las políticas no pueden centrarse únicamente en la creación de empleo, sino que deben atender, también, al tipo de empleo que se está generando, puesto que deberá ser un empleo de calidad. No puede avanzarse en la conquista de un nuevo modelo económico y empresarial, si el mismo se sustenta en una precariedad laboral que impide que sus ciudadanos puedan sobrevivir y desarrollarse como personas. No puede olvidarse, en cualquier caso, que al margen de orientar las políticas de empleo hacía actividades profesionales de calidad, existe otro elemento primordial: la educación. La educación es el pilar que permite a los seres humanos ser libres y tener los conocimientos necesarios para tomar decisiones y elegir la vida que quieren tener, y no solo, sino que les faculta para acceder a un empleo. El cooperativismo, es desde hace décadas, una vía para fomentar el empleo digno, cambiando la cultura del trabajo existente, y promoviendo un trabajo justo y equitativo, demostrando de esa forma que se puede ser competitivo y se puede operar en el mercado internacional respetando los derechos laborales y promoviendo la persona. Las cooperativas respetan la dignidad del ser humano, valorando las personas por sí mismas, y no solo por lo que aportan a la empresa, no ha  (Salama, 2008, p. 10).

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ciendo uso de las mismas para alcanzar los fines propuestos por la entidad, sino considerando a dichos trabajadores como el fin último de la empresa. En el año 2015, la Organización Internacional del Trabajo, en su Conferencia Internacional del Trabajo, reconoció a las cooperativas como empresas sostenibles que generaban empleo y trabajo decente. Pero no solo, puesto que las cooperativas también se caracterizan por ser una herramienta útil para la inclusión social.

IV. CONCLUSIÓN Los valores cooperativos propugnan la democracia, la equidad, la solidaridad y la igualdad al interno de la empresa. Estos valores buscan la integración de las personas en la empresa, otorgando a cada uno el lugar que le corresponde en base a su trabajo y esfuerzo, respetando las diversidades y cuidando de que nadie se quede excluido o relegado. Se trata, por tanto, de que cada persona pueda aprovechar al máximo sus habilidades y desarrollarlas, exigiendo una mayor atención respecto de aquellos con más necesidades. Las cooperativas no son solo un modelo de gestión exitoso y democrático, sino un modelo de empresa que pone en el centro de la misma la persona, promoviendo el desarrollo de sus necesidades y construyendo un entorno más justo, contribuyendo al bien común. Por ello, este tipo de empresas representan, sin duda alguna, el camino para avanzar hacia un nuevo modelo económico y una nueva forma de hacer empresa que promueva el crecimiento sostenible, la inclusión social y el empleo digno.

BIBLIOGRAFÍA Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. ALBALATE, J.J. «Las restricciones a la participación de los trabajadores en las organizaciones empresariales» en: Paper: Revista de Sociología, núm. 65, 2001.

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ANGULO SÁNCHEZ N. Pobreza, desarrollo y medio ambiente. Revista Critica de Ciencias Sociales y Jurídicas, núm. 26, 2010. BECCHETTI, L. y CERMELLI, M. Papa Francisco y la economía civil: una vía para el bien común en la economía global. Revista Fomento Social, núm. 279280, 2015. DALY, H.E. y COBB, J.B For the Common Good: Redirecting the Economy toward Community, the Environment, and a Sustainable Future. Beacon Press, Boston, 1989. Carta San Francisco ONU. 1945. EL SERAFY, S. Sostenibilidad, medida del ingreso y crecimiento, en Desarrollo económico sostenible avances sobre el informe Brundtland, Tercer Mundo Editores y Ediciones Uniandes, Bogotá, 1994. Encíclica Caritas in Veritate 32. Roma. Firmada el 29 de junio y presentada el 7 de julio de 2009. Encíclica Laudato Si. Papa Francisco. Ciudad del Vaticano. 24 de mayo de 2015. Global Monitoring Report. The World Bank. 2015. JIMENEZ LATORRE, F. y RAMS RAMOS, C. Crecimiento económico en un contexto de desarrollo sostenible. Información Comercial Española, ICE: Revista de Economía, núm. 800, 2002. LÓPEZ DEL PASO, R. «La economía sumergida en España» en: eXtoikos, núm. 10, 2013. SALAMA, P. «Pobreza ¿una salida del túnel? en: Apuntes del CENES, núm. 45, 2008. SALAMA, P. «Una crisis financiera estructural» en: Íconos: Revista de Ciencias Sociales, núm. 36, 2010. SCHUMPETER, A. The Theory of Economic Development. Harvard Economic Studies. 1934.

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Cooperativas, crecimiento, sostenibilidad e inclusión social en México Rocio Juárez González Universidad Autónoma del Estado de México

SUMARIO: I. Introducción. II. Cooperativismo en México. III. Crecimiento y desarrollo durante los sexenios 2007-2012 y 2013-2018. IV. Cooperativismo, crecimiento y sostenibilidad como pilares de la inclusión social.

I. INTRODUCCIÓN La mayoría de los habitantes del mundo vive condiciones de desigualdad económica que son observables entre los países, dicha condición no ha mejorado con el transcurso del tiempo, ni pese a los avances científicos y tecnológicos que la humanidad logro durante el siglo XX. En la actualidad los habitantes de países desarrollados sobre todo europeos, cuentan con niveles de bienestar aceptables, mientras que los habitantes de países de economías en desarrollo o emergentes siguen en la lucha por ser incluidos en la vía del desarrollo social; aspiración que no ha sido posible concretar debido al incremento de problemas tales como la falta de empleos, pobreza, inseguridad y deterioro ambiental. Ante esta realidad se hizo necesario que el principio de sostenibilidad se incorporara permanentemente en el discurso político a partir de su inclusión en la Constitución de cada país. 203

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El desarrollo sostenible surge de la premisa de que es posible un crecimiento económico compatible y armónico con el medio ambiente, procurando una distribución equitativa de la riqueza entre generaciones. Dentro de este modelo el Cooperativismo es una alternativa económica, es un sistema que se debe fortalecer dentro del Estado mexicano para aliviar las necesidades de las personas excluidas del desarrollo social, elevar su calidad de vida y dignidad.

II. COOPERATIVISMO EN MÉXICO El cooperativismo como régimen socioeconómico y originario de la corriente del solidarismo, no sólo es una opción teórica difundida ampliamente por todo el mundo; sino que también; se ha constituido como una alternativa de desarrollo económico probada en países de primer mundo como Inglaterra y Estados Unidos de Norteamérica. Representa para los sectores de la sociedad que se encuentran en un estado de desventaja social y económica más que una utopía, ya que en la actualidad pueden llegar a convertirse en empresas de gran poder económico, como la cementera mexicana Cruz Azul, la cooperativa de trabajadores Pascual o el Sistema Cooperativo del Valle. Siendo la cooperativa «una asociación de personas, muchas o pocas que se proponen hacer en común diversas operaciones de compra, venta o producción, y cuya finalidad es la eliminación de intermediarios y productores, con lo que se obtiene un beneficio que favorece a los integrantes de ella»  1. Empresas como la Cruz Azul, son un claro ejemplo de un sistema que contribuye en el desarrollo económico y social de un grupo de personas, maximizando sus oportunidades para alcanzar estándares de vida más adecuados. La Cruz Azul como una empresa cooperativa de las más emblemáticas en México, nace como «marca en 1881 en el estado de Hidalgo y se convierte en Cooperativa en 1931. A partir de ese momento, adopta los principios y valores cooperativistas como filosofía y logra un desarrollo sostenido que se ve reflejado en sus procesos y productos, en la calidad de vida de sus trabajadores y en acciones responsables con el medio ambiente y en entorno social.» 2   Gómez Granillo, Moisés, Breve historia de las doctrinas económicas, Esfinge, México, 2004, pág. 204. 2  Cementos Cruz Azul, historia en: http://cementocruzazul.com.mx/quienes– somos/ historia/ 1

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De forma resumida la historia de la cooperativa la Cruz Azul se entiende a partir de los siguientes hechos: • 1888. Se registra la primera patente para la fabricación de cemento Portland en México con el número 1030, bajo el título de «Nueva combinación de sustancias para fabricar cemento». • 1909. Se constituye La Cruz Azul como una Sociedad Anónima, denominada Compañía Manufacturera de Cemento Portland La Cruz Azul, S.A. • 1931. Como resultado de un conflicto obrero-patronal, La Cruz Azul es puesta en manos de 192 trabajadores el 2 de noviembre de 1931. • 1934. El 20 de febrero, La Cruz Azul se registró como Cooperativa Manufacturera de Cemento Portland La Cruz Azul S.C.L. en la Secretaría de la Economía Nacional. • 1944. En un marco de grandes esfuerzos, entra en operación una segunda planta cementera en el Istmo de Tehuantepec, en Lagunas, Oaxaca. • 1953. Inicia la Reestructuración Socioeconómica de la Cooperativa, adoptando como líder al hombre que sentó las bases del cooperativismo en México: Guillermo Álvarez Macías. • 1964. El nombre de nuestro producto aparece en el futbol, ingresa el equipo Cruz Azul a la primera división. • 1978. Al fallecimiento de Don Guillermo Álvarez Macías, toma la dirección el Lic. Joel Luis Becerril Benítez quien da continuidad a las directrices establecidas, aportando su estrategia y optimizando las fábricas a través de un análisis del proceso productivo. • 1988. Inicia una nueva etapa, toma la estafeta como nuevo Director General el Lic. Guillermo Álvarez Cuevas. Sobre las bases establecidas, genera una nueva estrategia de negocios que incluye la creación de nuevas empresas que dan respuesta, entre otras cosas, a las necesidades de empleo. • 1990. Comienza el Desarrollo Horizontal como nueva estrategia de negocio. Incursionando en mercados diferentes a la fabricación del cemento. 205

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• 2000. Cementos y Concretos Nacionales, S.A. de C.V. (CYCNA) inicia operaciones el 7 de abril del 2000 en Tepezalá, Aguascalientes. • 2004. El 31 de marzo arranca operaciones la segunda línea de producción de la tercera planta en Tepezalá, Aguascalientes. • 2007. CYCNA de Oriente, inicia operaciones el 23 de marzo en Palmar de Bravo, Puebla. • 2015. Planta con tecnología de vanguardia que invierte en equipos para el cuidado del medio ambiente y la sustentabilidad, este proyecto ha sido generador de empleos en la región, impactando en su propio desarrollo, logrando para la Organización una mayor presencia del producto en un mercado sumamente competitivo, por lo que representa un importante logro para todo el Núcleo y Grupo Cruz Azul 3. Actualmente la cooperativa Cruz Azul, además de las marcas de cementos CYCNA y Cruz Azul; agrupa una serie de empresas que se dedican a rubros como el de hotelería a través de Azul Ixtapa, Textiles Generación 2000, produce y comercializa ropa deportiva e industrial, servicios educativos a través del Centro Educativo Cruz Azul (CECA), Medica Azul, Centro Comercial Cruz Azul (CECOM), entre otras. Esta empresa cooperativa ha buscado no solo el desarrollo económico de sus agremiados, sino también actuar en el marco de criterios y estándares de empresa socialmente responsable y sustentable. El ejemplo de la cooperativa La Cruz Azul, sirve para dar cuenta de que en México la aplicación de un modelo solidario, es viable y posible jurídica y socialmente, ya que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, consagra en su artículo 25 principios como el de sustentabilidad, competitividad y el desarrollo de todos los sectores productivos y sociales del país, incluyendo en ellas a las cooperativas. En razón de lo anterior es de suma importancia conocer el precepto constitucional referido, mismo que establece lo siguiente: Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable, que fortalezca la Soberanía de la Nación y su régimen democrático y que, mediante la competitividad, el fomento del crecimiento económico y el empleo y una más justa distribución del ingreso  Ídem.

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y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad protege esta Constitución. La competitividad se entenderá como el conjunto de condiciones necesarias para generar un mayor crecimiento económico, promoviendo la inversión y la generación de empleo. El Estado velará por la estabilidad de las finanzas públicas y del sistema financiero para coadyuvar a generar condiciones favorables para el crecimiento económico y el empleo. El Plan Nacional de Desarrollo y los planes estatales y municipales deberán observar dicho principio. El Estado planeará, conducirá, coordinará y orientará la actividad económica nacional, y llevará al cabo la regulación y fomento de las actividades que demande el interés general en el marco de libertades que otorga esta Constitución. Al desarrollo económico nacional concurrirán, con responsabilidad social, el sector público, el sector social y el sector privado, sin menoscabo de otras formas de actividad económica que contribuyan al desarrollo de la Nación. El sector público tendrá a su cargo, de manera exclusiva, las áreas estratégicas que se señalan en el artículo 28, párrafo cuarto de la Constitución, manteniendo siempre el Gobierno Federal la propiedad y el control sobre los organismos y empresas productivas del Estado que en su caso se establezcan. Tratándose de la planeación y el control del sistema eléctrico nacional, y del servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica, así como de la exploración y extracción de petróleo y demás hidrocarburos, la Nación llevará a cabo dichas actividades en términos de lo dispuesto por los párrafos sexto y séptimo del artículo 27 de esta Constitución. En las actividades citadas la ley establecerá las normas relativas a la administración, organización, funcionamiento, procedimientos de contratación y demás actos jurídicos que celebren las empresas productivas del Estado, así como el régimen de remuneraciones de su personal, para garantizar su eficacia, eficiencia, honestidad, productividad, transparencia y rendición de cuentas, con base en las mejores prácticas, y determinará las demás actividades que podrán realizar. Asimismo, podrá participar por sí o con los sectores social y privado, de acuerdo con la ley, para impulsar y organizar las áreas prioritarias del desarrollo. Bajo criterios de equidad social, productividad y sustentabilidad se apoyará e impulsará a las empresas de los sectores social y privado de la economía, sujetándolos a las modalidades que dicte el interés público y al uso, en beneficio general, de los recursos productivos, cuidando su conservación y el medio ambiente.

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La ley establecerá los mecanismos que faciliten la organización y la expansión de la actividad económica del sector social: de los ejidos, organizaciones de trabajadores, cooperativas, comunidades, empresas que pertenezcan mayoritaria o exclusivamente a los trabajadores y, en general, de todas las formas de organización social para la producción, distribución y consumo de bienes y servicios socialmente necesarios. La ley alentará y protegerá la actividad económica que realicen los particulares y proveerá las condiciones para que el desenvolvimiento del sector privado contribuya al desarrollo económico nacional, promoviendo la competitividad e implementando una política nacional para el desarrollo industrial sustentable que incluya vertientes sectoriales y regionales, en los términos que establece esta Constitución. A fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos señalados en los párrafos primero, sexto y noveno de este artículo, las autoridades de todos los órdenes de gobierno, en el ámbito de su competencia, deberán implementar políticas públicas de mejora regulatoria para la simplificación de regulaciones, trámites, servicios y demás objetivos que establezca la ley general en la materia.

Además del marco constitucional, la creación, registro y regulación de empresas cooperativas se rige por la Ley General de Sociedades Cooperativas. Lo anterior, ha permitido que este modelo de empresas tenga un incremento importante sobre todo en las cooperativas de ahorro y préstamo, en donde el: Sector tiene más de 60 años en México, donde actualmente hay 127 cooperativas autorizadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, de las casi 630 que se tienen registradas; asimismo comenta que en los últimos 22 años se han hecho esfuerzos para que el sector esté regulado, teniendo las cooperativas hasta el 31 de marzo del próximo año para hacerlo. También nos precisa que del total de cooperativas existentes, la mitad pertenecen a un nivel de operaciones básico, es decir, sus activos no rebasan el equivalente a 2.5 millones de UDIS2 (más de 12 millones 430 mil pesos), por lo que no requieren ser autorizadas; sin embargo, el resto de las cooperativas tienen que continuar con el esfuerzo de regularizarse 4.

  http://www.condusef.gob.mx/Revista/index.php/usuario– inteligente/educacion– financiera/187– cooperativas– de– ahorro– y– prestamo– en– mexico 4

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Sin embargo, a lo largo de la historia de las cooperativas en México se observa como «ha existido una gran confusión respecto a su naturaleza jurídica pues si partimos de la idea de que las empresas cooperativas no son sociedad mercantiles, resulta un error agruparlas en ese rubro ya que a la vez están reconocidas dentro del sector social de la economía como la menciona el artículo 25 Constitucional desde 1983».  5

III. CRECIMIENTO Y DESARROLLO EN MÉXICO DURANTE LOS SEXENIOS 2007-2012 Y 2013-2018 Durante las décadas de los ochentas y noventas México padeció crisis económicas recurrentes, derivadas de la suma de factores entre los que se encuentran el endeudamiento internacional, el limitado crecimiento de infraestructura, la nula generación de empleos y por tanto al incremento del fenómeno de la migración interna y hacia los Estados Unidos de Norteamérica. Este contexto negativo que vivía la sociedad mexicana se vio intensificado por factores externos como el desequilibrio de la balanza de pagos y la volatilidad de los mercados más importantes del mundo. Por lo anterior los mexicanos vivieron épocas de una limitada movilidad social, de una caída del poder adquisitivo de sus salarios, de un acelerado crecimiento de la economía informal y de un fenómeno de concentración de la población en los centros urbanos más importante del país, aquellos que permanecían en sus lugares de origen se condenaban prácticamente a vivir en condiciones de pobreza y marginación. Fueron décadas de un limitado desarrollo económico básicamente atribuida por los expertos a la falta de una sustentabilidad en materia financiera y a la poca competitividad de la estructura económica nacional. Iniciado el siglo XXI México experimento la alternancia en el poder, ya que la presidencia de la república durante el periodo 2000-2006 la asumió Vicente Fox Quezada militante del Partido Acción Nacional, situación que se replicó en la persona de Felipe Calderón Hinojosa, quien protesto en dicho cargo para el periodo 2007-2012.

  Izquierdo Muciño, Martha, Las cooperativas como alternativa económica, una Visión de México y España, volumen I, Madrid. 2014, pág. 13. 5

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Es en este contexto de transición política y electoral que el país experimentaba, también se notaba en el animó de la sociedad, la esperanza de que dicho cambio se reflejara en las dimensiones económicas, sociales y culturales, lo que se traducía en la atención inmediata que el nuevo gobierno debería de dar a temas relacionados con la generación de empleos, el combate a la inseguridad y a la delincuencia organizada, la protección de los derechos humanos, educación, vivienda, acceso a la salud, a una alimentación adecuada. Tomando en cuenta la situación del país, el gobierno Calderonista se comprometió a generar las condiciones mínimas necesarias para que los mexicanos pudieran ampliar sus oportunidades de desarrollo y mejorar las condiciones de pobreza y marginación. Dicho compromiso quedó plasmado en el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, mismo que se estructuró a partir de 10 objetivos y cinco ejes estratégicos, los que a continuación se enuncia. 1. Garantizar la seguridad nacional, salvaguardar la paz, la integridad, la independencia y la soberanía del país, y asegurar la viabilidad del Estado y de la democracia. 2. Garantizar la vigencia plena del Estado de Derecho, fortalecer el marco institucional y afianzar una sólida cultura de legalidad para que los mexicanos vean realmente protegida su integridad física, su familia y su patrimonio en un marco de convivencia social armónica. 3. Alcanzar un crecimiento económico sostenido más acelerado y generar los empleos formales que permitan a todos los mexicanos, especialmente a aquellos que viven en pobreza, tener un ingreso digno y mejorar su calidad de vida. 4. Tener una economía competitiva que ofrezca bienes y servicios de calidad a precios accesibles, mediante el aumento de la productividad, la competencia económica, la inversión en infraestructura, el fortalecimiento del mercado interno y la creación de condiciones favorables para el desarrollo de las empresas, especialmente las micro, pequeñas y medianas. 5. Reducir la pobreza extrema y asegurar la igualdad de oportunidades y la ampliación de capacidades para que todos los mexicanos mejoren significativamente su calidad de vida y tengan garantizada alimenta210

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ción, salud, educación, vivienda digna y un medio ambiente adecuado para su desarrollo tal y como lo establece la Constitución. 6. Reducir significativamente las brechas sociales, económicas y culturales persistentes en la sociedad, y que esto se traduzca en que los mexicanos sean tratados con equidad y justicia en todas las esferas de su vida, de tal manera que no exista forma alguna de discriminación. 7. Garantizar que los mexicanos cuenten con oportunidades efectivas para ejercer a plenitud sus derechos ciudadanos y para participar activamente en la vida política, cultural, económica y social de sus comunidades y del país. 8. Asegurar la sustentabilidad ambiental mediante la participación responsable de los mexicanos en el cuidado, la protección, la preservación y el aprovechamiento racional de la riqueza natural del país, logrando así afianzar el desarrollo económico y social sin comprometer el patrimonio natural y la calidad de vida de las generaciones futuras. 9. Consolidar un régimen democrático, a través del acuerdo y el diálogo entre los Poderes de la Unión, los órdenes de gobierno, los partidos políticos y los ciudadanos, que se traduzca en condiciones efectivas para que los mexicanos puedan prosperar con su propio esfuerzo y esté fundamentado en valores como la libertad, la legalidad, la pluralidad, la honestidad, la tolerancia y el ejercicio ético del poder. 10. Aprovechar los beneficios de un mundo globalizado para impulsar el desarrollo nacional y proyectar los intereses de México en el exterior, con base en la fuerza de su identidad nacional y su cultura; y asumiendo su responsabilidad como promotor del progreso y de la convivencia pacífica entre las naciones 6. Respeto a los ejes de la política pública que articularían todo esfuerzo institucional y de los sectores privado y social, se planteó la necesidad de impulsar el desarrollo de acciones de carácter transversal que comprendían   Calderón Hinojosa, Felipe, Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, Gobierno de la Republica, México, 2000, pág. 25. 6

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los ámbitos, social, político, económico y ambiental, los cuales en su desarrollo e instrumentación permitirían avanzar hacia el logro de los diez objetivos ya referidos. Dichos ejes fueron: 1. 2. 3. 4. 5.

Estado de Derecho y seguridad. Economía competitiva y generadora de empleos. Igualdad de oportunidades. Sustentabilidad ambiental. Democracia efectiva y política exterior responsable 7.

Sin duda todo periodo de gobierno sexenal experimenta éxitos y fracasos, y este no fue la excepción, ya que a pesar de la frontal batalla que emprendieron las fuerzas armadas del país contra la delincuencia organizada, dicho mal no fue, ni ha sido hasta la fecha contenido, mucho menos ha disminuido su presencia y capacidad de operar en todo el territorio nacional, impactando con ello negativamente a todos los sectores de la sociedad, sobre todo a los más vulnerables económicamente hablando. Lo que se puede considerar como un avance significativo, fue una serie de reformas constitucionales y con ellas la creación de nuevas leyes seguidas de reestructuraciones a las instituciones de seguridad y justicia ya que a partir de las reformas de 2008 en materia de Justicia Penal y Seguridad Pública y la del año de 2011 en materia de Derechos Humanos, se buscó dar paz y tranquilidad a los mexicanos, así como el fortalecimiento de las instituciones democráticas del país, En materia de competitividad, desarrollo económico y generación de empleo, se reportó al final del sexenio una economía fuerte y estable, con un crecimiento económico sostenido que fue la clave para generar un entorno macroeconómico favorable para el país. Este argumento se soportó en datos como el señalado en el sexto informe de gobierno de Calderón. La inversión pública e impulsada anual en ese rubro pasó de 3.9 por ciento del PIB en 2006 a 4.8 por ciento en 2011, cifras superiores al 3.3 por ciento que es el promedio de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Esto ha permitido la construcción   Ibídem, pág. 32.

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de más carreteras, puentes, puertos, aeropuertos, presas, centrales generadoras de energía y muchas otras obras 8.

De igual forma el sexenio 2007-2012 se destacó por el impulso a las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPyMEs), se fortaleció al empleo a través de la creación del Sistema Nacional de Garantías México Emprende, con lo que se fomentó la cultura del emprendurismo. Lo que condujo a resultados tales como que se detonara la entrega de «créditos por 360 mil millones de pesos, 7.5 veces más que el sexenio anterior (48 mil millones de pesos). Con ello, se ha apoyado a más de 410 mil MIPyMEs, 2.6 veces más empresas que en el sexenio anterior» 9. Aunado a lo anterior, se blindó a la economía mexicana frente a los embates de los factores externos del mercado global, se redujo gradualmente el déficit fiscal sin afectar la estabilidad fiscal toda vez que logró ampliar la base tributaria; el gobierno federal optó por una política de gasto público focalizado y eficiente lo que permitió orientar los recursos financieros del estado en tres áreas esenciales: el crecimiento económico; el desarrollo social a partir sobre todo de la educación, salud y combate a la pobreza; y la seguridad pública y la procuración de justicia. Al finalizar Calderón Hinojosa afirmó durante el mensaje del VI Informe que la economía mexicana sigue en pie y firme «por la senda de la competitividad, el crecimiento y la generación de empleos». Bajo estas consideraciones el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 asumió como premisa el Desarrollo Humano Sostenible, entendiéndolo como un proceso de carácter permanente mediante el cual se ampliaran las capacidades y libertades de todos los mexicanos y que conduciría a garantizar una vida digna, la satisfacción de las necesidades presentes y futuras de los mexicanos. Dicho documento guía del desarrollo del país, propuso impulsar «el Desarrollo Humano Sustentable como motor de la transformación de Mé-

  Calderon Hinojosa, Felipe, Sexto Informe de Gobierno, Presidencia de la República, México, 2012, consultar en http://calderon.presidencia.gob.mx/informe/sexto/economia_competitiva.html 9 Ídem. 8

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LA INCLUSIÓN SOCIAL Y EL COOPERATIVISMO

xico en el largo plazo y, al mismo tiempo, como un instrumento para que los mexicanos mejoren sus condiciones de vida» 10. Por lo que respecta al Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 del presidente de extracción política del Partido de la Revolución Nacional (PRI), Enrique Peña Nieto, se formuló bajo el principio de hacer efectivos los derechos que la Constitución mexicana otorga. Para lo cual se plantearon cinco metas nacionales, siendo estas las siguientes. 1. «México en Paz» Fortalecer el pacto social, reforzar la confianza en el gobierno, alentar la participación social en la vida democrática y reducir los índices de inseguridad. Una sociedad donde todas las personas puedan ejercer plenamente sus derechos, que participen activamente y cumplan sus obligaciones en el marco de una democracia plena; y que, por lo mismo, ninguna persona en México se enfrente a la falta de seguridad, a un inadecuado Sistema de Justicia Penal o a la opacidad en la rendición de cuentas. 2. «México incluyente» Enfocar la acción del Estado en garantizar el ejercicio de los derechos sociales y cerrar las brechas de desigualdad social que aún nos dividen. El objetivo es que el país se integre por una sociedad con equidad, cohesión social e igualdad sustantiva. 3. «México con Educación de Calidad» Propone implementar políticas de estado que garanticen el derecho a la educación de calidad para todos los mexicanos, fortalezcan la articulación entre niveles educativos, y los vinculen con el quehacer científico, el desarrollo tecnológico y el sector productivo, con el fin de generar un capital humano de calidad que detone la innovación nacional. 4.»México Próspero» Busca proveer condiciones favorables para el desarrollo económico a través de fomentar una regulación que permita una competencia sana entre las empresas y el desarrollo de una política moderna de fomento económico enfocada a generar innovación y desarrollo en sectores estratégicos.   Calderón Hinojosa, Felipe, Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, Gobierno de la Republica, México, 2000, pág. 11. 10

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5. «México con Responsabilidad Global» Comprende las políticas del Gobierno de la República encaminadas a defender y promover el interés nacional en el exterior, y a contribuir al cumplimiento de los objetivos de desarrollo de México, a través de relaciones cercanas, mutuamente benéficas y productivas con otros países, sustentadas en una política exterior vigorosa, sustantiva y activa 11.

De igual forma en dicho documento rector se consideraron tres estrategias transversales: democratizar la productividad; gobierno cercano y moderno y perspectiva de género. Como se observa plenamente el estado mexicano asume la responsabilidad de conducir al país hacia un desarrollo social y sustentable, que permita alcanzar los niveles de satisfacción que los mexicanos merecen, sin embargo, la realidad es que no basta con diagnósticos con que se formulen democráticamente los documentos rectores de la vida de un país y que estos contengan un amplio catálogo de objetivos, ejes, metas y programas de combate a la pobreza, la competitividad, la falta de empleo, la exclusión social, es urgente que el Estado mexicano asuma su tarea inmediata de combate a la corrupción que es sin duda el freno a todas las políticas y programas que buscan beneficiar a los más necesitados e incentivar a los sectores productivos del país entre los que se encuentran las empresas cooperativas.

IV. EL COOPERATIVISMO, EL CRECIMIENTO Y LA SOSTENIBILIDAD COMO PILARES DE LA INCLUSIÓN SOCIAL El aumento de los problemas medio ambientales en el mundo hizo evidente la crisis no solo ecológica, sino también social que la humanidad vive desde el siglo XIX, haciendo evidente que la relación hombre naturaleza se ha dado en un marco de explotación irracional de los recursos naturales y en la concentración de la riqueza y capital natural en manos de unos cuantos. No obstante, a lo establecido por el informe Brundtland en 1987 y la propuesta de asegurar las condiciones económicas, ambientales y sociales para   Peña Nieto, Enrique, Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, Gobierno de la República, México, 2013, consultar en http://pnd.gob.mx/ 11

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avanzar hacia un modelo de desarrollo sostenible, que permitiera «satisfacer las necesidades de las generaciones presentes, sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades» 12. El modelo vigente de crecimiento económico privilegia el consumo así como la idea de la inversión en lo artificial, antes que un uso moderado del capital natural, a pesar de que se habla demasiado del desarrollo sostenible. Lo anterior se liga con la idea de la supremacía de los mercados en el marco de un modelo económico neoliberal que exalta la privatización de los bienes y servicios, situación que se maximiza si se habla de globalización. Además de que existen organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial que refuerzan el paradigma económico dominante a partir de su poder para establecer directrices y políticas internacionales en materia económica. Lo que sin duda resulta ser una contradicción, porque al mismo tiempo son dichos organismos los que apoyados por otros más como la ONU, UNESCO, OCDE dictan políticas de conservación o protección de los recursos naturales y del medio ambiente, de desarrollo social, de protección a los derechos humanos como una forma de compensar el daño que sufre el mundo por el modelo de crecimiento económico eminentemente capitalista e irracional que actualmente envuelve a todo el mundo; haciendo a los países ricos, más ricos y a los pobres trasladándolos hacia la pobreza extrema ampliando y haciendo cada vez más profunda la brecha entre pobreza y riqueza. En el marco del crecimiento económico que priva actualmente, se hace palpable que la idea de un crecimiento sostenible puede ser utópica o inalcanzable, porque a pesar de que dicho concepto se encuentra ya incorporado en el discurso político y jurídico de los países, en la realidad se sigue observando un gran desequilibrio social. Ya que si en realidad los recursos naturales son fuente de riqueza de un país, México por la inmensidad y variedad de su capital natural debería caminar por la senda del desarrollo humano. Es decir, si el desarrollo sostenible es la guía de la política pública de México y de los mecanismos jurídicos de protección al medio ambiente y los recursos naturales, y un crecimiento y desarrollo social, se sigue observando en indicadores de tipos sociales, ambientales y económicos un déficit que no   Martínez Alier, Joan, Economía, ecología y política ambiental, Fondo de Cultura Económica, México, 2001, pág. 367. 12

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permite un crecimiento y desarrollo de todos los sectores social, privado y público, o bien de los hombres, mujeres, niños, personas de la tercera edad, etc. México debe encontrar el camino hacia una efectiva aplicación de las políticas públicas y los programas que correctamente se formulan en los planes de desarrollo, pero que por razones instrumentales no impactan significativamente hacia los destinatarios de los recursos que la nación destina para la satisfacción de los menos favorecidos, además de ello debe crear mecanismos que eleven la participación de los sectores sociales, entre ellos los pequeños empresarios o grupos de cooperativistas que deseen generar oportunidades de desarrollo, crecimiento e inclusión social. En consecuencia es necesario fortalecer el desarrollo de programas destinados a la banca de desarrollo social que incentive con financiamiento, capacitación, asesoría la creación de un mayor número de empresas cooperativas. Para ello será necesario que en los futuros planes de desarrollo del país se haga hincapié en este modelo de economía solidaria, con ello las empresas cooperativas se deben considerar como una estrategia sería de inclusión de los pobres al sector económico y productivo de país. BIBLIOGRAFÍA Y FUENTES CALDERÓN Hinojosa, Felipe, Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, Gobierno de la Republica, México, 2000. GÓMEZ Granillo, Moisés, Breve historia de las doctrinas económicas, Esfinge, México, 2004. CALDERÓN Hinojosa, Felipe, Sexto Informe de Gobierno, Presidencia de la República, México, 2012. IZQUIERDO Muciño, Martha, Las cooperativas como alternativa económica, una Visión de México y España, volumen I, Madrid. 2014. MARTÍNEZ Alier, Joan, Economía, ecología y política ambiental, Fondo de Cultura Económica, México, 2001. http://cementocruzazul.com.mx/quienes– somos/historia/ http://www.condusef.gob.mx/Revista/index.php/usuario– inteligente/educacion– financiera/187– cooperativas– de– ahorro– y– prestamo– en– mexico. http://calderon.presidencia.gob.mx/informe/sexto/economia_competitiva.html http://pnd.gob.mx/ Peña Nieto, Enrique, Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018.

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Baja y exclusion como causa de finalización de la relación societaria entre la persona social y la cooperativa Dr. Carlos Muñiz Díaz Dr. en Derecho Público Universidad Veracruzana Investigador honorífico por el Colegio de Veracruz Coordinador del Instituto de Investigación en Ciencias Jurídicas Justicia Penal y Seguridad Pública, Facultad de Derecho UAEMex.

Anel Engrande López Estudiante del noveno semestre Facultad de Derecho UAEMex.

SUMARIO: I. Introduccion; II. Concepto; III. Principio de adhesión voluntaria; IV. Participación de los socios cooperativistas; V. Baja y exclusión; VI. Conclusiones; VII. Fuentes de consulta

I. INTRODUCCIÓN El cooperativismo nació a fines del siglo XVIII y principios del XIX en Europa, como una respuesta al fracaso del sistema capitalista el cual no ha logrado justicia en la distribución de las riquezas en una sociedad cada vez mas convulsionada y reaccionaria a continuar con un estatus quo que no da solución a los diversos conflictos de justicia social. Las primeras sociedades cooperativas nacieron con el fin de ayuda mutua en comunidades agrícolas, protegiendo y fortaleciendo a la clase trabaja­­dora. 219

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Las empresas cooperativas son organizaciones voluntarias, abiertas a todas las personas capaces de utilizar sus fuerzas y dispuestas a aceptar las responsabilidades sociales, sin discriminación por razones políticas, religiosas, raciales o de sexo. Asimismo son organizaciones gestionadas democráticamente por los socios, quienes participan activamente en la fijación de sus políticas y en la toma de decisiones, contribuyendo equitativamente al capital de sus cooperativas, gestionándolo en forma democrática. Son organismos autónomos de autoayuda, que proporcionan educación a sus socios para el mejor desempeño, tratando de servirles lo más eficazmente posible y buscando alcanzar metas para fortalecer al movimiento cooperativo, asimismo trabajan para conseguir el desarrollo sostenible de sus comunidades mediante políticas previamente aprobadas por los mismos socios 1. En México el movimiento de los pioneros de Rochdale tuvo una gran influencia para la creación de la primera cooperativa 2.   Congreso del Primer Centenario de las Cooperativas, celebrado en Manchester Inglaterra en el año de 1995, organizado por la Alianza Cooperativa Internacional. 2  En palabras de Maximiliano Senkiw, con asesoría del historiador Daniel Plotinsky, fue realizado el artículo La piedra angular: sociedad equitativa de los pioneras de Rochdale, el cual menciona qué: «En 1844 un grupo de tejedores desocupados plantaba la primera semilla del movimiento que hoy nuclea a millones de personas. Todo movimiento de transformación social contiene como referencia un hito fundacional. Para el cooperativismo, sucedió en la ciudad de Rochdale, en el condado de Lancashire, Inglaterra en 1844. Allí nació un movimiento que alimentó la creación de entidades sociales y económicas más justas y democráticas en todo el mundo. El 24 de octubre de 1844, al calor de los cambios surgidos de la Revolución Industrial, un grupo de 28 tejedores desocupados constituyeron la Rochdale Society of Equitable Pioneers (Sociedad Equitativa de los Pioneros de Rochdale). Imbuidos del pensamiento del socialista utópico Robert Owen y animados por la búsqueda de una solución a las desfavorables condiciones laborales y económicas del momento, los impulsores de la asociación se reunieron bajo el amparo de una entidad cuyo objetivo se orientaba a forjar una distribución equitativa de los beneficios del trabajo frente al modelo de lucro y explotación exacerbada que el sistema capitalista expandía globalmente. Los trabajadores de Rochdale comenzaban a impulsar una nueva forma asociativa bajo las consignas de la solidaridad y el bienestar común. Si bien el sustento teórico ofrecía herramientas para la consolidación de la experiencia –William King, Charles Fourier o el mencionado Owen habían realizado importantes contribuciones– , era necesario fijar normas de organización y administración. 1

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La primera cooperativa mexicana fue formada por sastres, seguida de los carpinteros y sombrereros, pero quizá la mas importante cooperativa fue creada por el ciudadano ingles Henry Gibbon en 1881 y fue la Cooperativa Cruz Azul instalada en la Hacienda de Jasso en el estado de Hidalgo, ­México 3. Fue en 1889 cuando las sociedades cooperativas fueron reconocidas como unidades economicas con características de organización y funcionamiento. Plutarco Elías Calles promulgo la primera ley cooperativa en 1927 dando un cambio sustancial al concepto de la misma admitiendo la posibilidad que extranjeros pudieran ser miembros 4. II. CONCEPTO Una cooperativa es una asociación autónoma de personas que se han unido de forma voluntaria para satisfacer sus necesidades y aspiraciones económicas, sociales y culturales en común mediante una empresa de propiedad conjunta y de gestión democrática. Están basadas en los valores de la autoayuda, la auto responsabilidad, la democracia, la igualdad, la equidad y la solidaridad. En la tradición de sus fundadores, los socios cooperativos hacen suyos los valores éticos de la honestidad, la transparencia, la responsabilidad y la vocación social. Para ello, los trabajadores se sirvieron de algunas experiencias cooperativas anteriores que no habían resultado plenamente efectivas pero que habían allanado un camino y tomaron como ejemplo algunas reglamentaciones de instituciones como la Sociedad de Socorros para Casos de Enfermedades y de Sepelios de Manchester. Con el aporte de cada uno de los integrantes –27 hombres y una mujer– y tras varias reuniones, la Sociedad Equitativa de los Pioneros de Rochdale logró fijar sus bases de funcionamiento y, más tarde, avanzar en un programa de trabajo. En primer lugar, se propusieron un almacén para la venta de provisiones y ropas. El almacén fue abierto el 21 de diciembre de 1844 y se convertiría luego en la emblemática Tienda de Rochdale, el almacén cooperativo en donde los trabajadores materializaron y afianzaron los principios y valores de un movimiento que poco después comenzaría a difundirse por todo el mundo. También se incorporó la construcción de casas con el fin de mejorar la condición doméstica y social de los asociados, se adquirieron tierras para el empleo productivo de las mismas y se inició la fabricación de artículos para dar trabajo a los miembros desocupados. «(2014, http://www.centrocultural.coop/blogs/cooperativismo/2017/07/09/ la– piedra– angular– sociedad– equitativa– de– los– pioneros– de– rochdale) 3  Véase León Tovar, S. H., & González García, H. (2007). Derecho mercantil (1a ed.). México: Oxford University Press México. p. 597. 4  Ídem.

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Las cooperativas son organizaciones gestionadas democráticamente por los socios, los cuales participan activamente en la fijación de sus políticas y en la toma de decisiones. Los hombres y mujeres elegidos para representarlas y gestionarlas, son responsables ante los socios. En las cooperativas de primer grado, los socios tienen iguales derechos de voto (un socio, un voto), y las cooperativas de otros grados están también organizadas de forma democrática. Los socios contribuyen equitativamente al capital de sus cooperativas y lo gestionan de forma democrática. Por lo menos parte de ese capital normalmente es propiedad común de la cooperativa. Normalmente, los socios reciben una compensación, si la hay, limitada sobre el capital entregado como condición para los socios asignan los excedentes para todos o alguno de los siguientes fines: el desarrollo de su cooperativa posiblemente mediante el establecimiento de reservas, de las cuales una parte por lo menos serían irrepartible; beneficiando a los socios en proporción a sus operaciones con la cooperativa, y el apoyo de otras actividades aprobadas por los socios. Las cooperativas son organizaciones autónomas de autoayuda, gestionadas por sus socios. Si firman acuerdos con otras organizaciones, incluidos los gobiernos, o si consiguen capital de fuentes externas, deben ser en los términos que aseguren el control democrático por parte de sus socios y mantengan su autonomía cooperativa. Las cooperativas proporcionan educación y formación a los socios, a los representantes elegidos, a los directivos y a los empleados para que puedan contribuir de forma eficaz al desarrollo de sus cooperativas. Ellas informan al público, especialmente a los jóvenes y a los líderes de opinión, de la naturaleza y beneficios de la cooperación. Las cooperativas sirven a sus socios lo más eficazmente posible y fortalecen el movimiento cooperativo trabajando conjuntamente mediante estructuras locales, nacionales, regionales e internacionales. Trabajan para conseguir el desarrollo sostenible de sus comunidades mediante políticas aprobadas por sus socios. El 24 de febrero de 2015 en la Gaceta Parlamentaria, Número 4221– IV sobre las Sociedades Cooperativas, fue presentada la exposición de motivos donde se declara qué: 5   Cámara de Diputados H. Congreso de la Unión. Gaceta Parlamentaria, número 4221– IV § (24 de febrero de 2015). 5

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La sociedad se ha desarrollado por la cooperación que se establece entre los seres humanos y que ha prevalecido sobre la codicia, la ambición, el afán acumulativo, la guerra, etcétera. El cooperativismo se ha manifestado en las relaciones sociales en toda la historia humana, así se encuentran antecedentes cooperativos en Egipto, Persia, Fenicia, Grecia, Roma, India, China, Japón; en México en la época prehispánica se destacaba la economía comunitaria y en la Colonia los indígenas tuvieron diferentes practicas cooperativas. De manera indudable influyeron en el desarrollo del cooperativismo mundial: Platón (La Republica), Tomas Moro (Utopía), Francis Bacon (La Nueva Atlántida) y Atiene Cabe (El Viaje a Icaria). Estos intelectuales proponen la propiedad comunitaria y el trabajo colectivo como elementos determinantes para la eliminación de las desigualdades económicas y la distribución equitativa de la riqueza social. Los más destacados promotores del cooperativismo fuero Peter Cornelius Plockboy, John Belleres, William King y Michel Derion (pioneros de las cooperativas de consumo); Felipe Bauchez y Luis Blanc (fundadores de las cooperativas de producción). Roberto Owen innovador de procesos productivos y organizador de las colonias de New Lanark (Inglaterra), La Nueva Armonía (Indiana, EUA), la bolsa de trabajo y los sindicatos nacionales. Charles Fourier, autor del Falansterio. Ambos se destacan como los principales ideólogos del cooperativismo. Los Pioneros de Rochdale, generaron principios llevados a la Cámara de los Comunes del Reino Unido, que se conservan en el cooperativismo actual: I. Adhesión voluntaria y abierta de los socios; II. Control democrático de los asociados; III. La participación económica de los asociados; IV. Autonomía e independencia; V. Educación, formación e información; VI. Cooperación entre cooperativas; VII. Interés por la comunidad.

Nuestra ley General de Sociedades Cooperativas define la sociedad cooperativa en su segundo artículo como una forma de organización social integrada por personas físicas con base en intereses comunes y en los principios de solidaridad, esfuerzo propio, ayuda mutua, con el propósito de satisfacer necesidades individuales y colectivas, a través de la realización de 223

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actividades económicas de producción, de distribución y consumo de bienes y servicios 6. Las sociedades cooperativas tienen la función económica que como lo señala Matilla Molina es «suprimir el lucro del intermediario» 7 en beneficio de los propios cooperativistas que por lo general son quienes aportan su trabajo. Las sociedades cooperativas tienen por objeto cualquier actividad económica licita pero en su funcionamiento tienen que cumplir los principios consagrados en el articulo 6:  8 Las sociedades cooperativas deberán observar en su funcionamiento los siguientes principios: I. Libertad de asociación y retiro voluntario de los socios; II. Administración democrática; III. Limitación de intereses a algunas aportaciones de los socios si así se pactara; IV. Distribución de los rendimientos en proporción a la participación de los socios; V. Fomento de la educación cooperativa y de la educación en la economía solidaria; VI. Participación en la integración cooperativa; VII. Respeto al derecho individual de los socios de pertenecer a cualquier partido político o asociación religiosa, y VII. Promoción de la cultura ecológica.

Existe una importante polémica relativa a considerar el carácter mercantil de la sociedad cooperativa ya que como le hemos explicado estas sociedades se han constituido por personas físicas mexicanas de la clase trabajadora, campesinos y ejidatarios, sujetos a intereses comunes ajenos a la finalidad de lucro o de intermediación comercial. Contrario a este argumento se dice que actualmente el carácter mercantil se lo da el hecho que en la realidad estas sociedades realizan actos de explotación de la actividad   Cámara de Diputados H. Congreso de la Unión. Ley General de Sociedades Cooperativas, artículo 2 § (1994). 7  Mantilla Molina, R. L. (1996). Derecho mercantil (29a ed.). México: Porrúa. p. 308. 8  Cámara de Diputados H. Congreso de la Unión. Ley General de Sociedades Cooperativas, artículo 6 § (1994). 6

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de producción , o realiza actos de intermediación , debido a que cooperativas de consumo tienen como propósito la adquisición de bienes para revenderlos a sus socios, obvio que con una utilidad menor que otros comerciantes y que el remanente se distribuye entre los socios. Para una mejor comprensión de la naturaleza jurídica, económica y social se expone como pueden ser las sociedades cooperativas de acuerdo a su fin. Las principales son: • Las Sociedades cooperativas de consumidores de bienes o de servicios, o ambos, de consumo y de comercio, que son aquellas cuyos miembros se asocian con el objeto de obtener en común artículos, bienes o servicios, o ambos, para ser distribuidos entre ellos, para sus hogares o sus actividades de producción, así como abastecimiento y distribución o a la prestación de un servicio relacionado con la educación. • Las sociedades cooperativas de productores o de producción, son las que por su origen han alcanzado difusión internacional; sus socios trabajan en común en la producción de bienes o servicios aportando su trabajo personal, físico o intelectual y en forma independiente del tipo de producción a la que estén dedicadas. • Sociedades cooperativas del ahorro, son las que tienen por objeto realizar actividades de ahorro y préstamo para sus socios. • Sociedades cooperativas de pesca, las dedicadas a la explotación pesquera. • Sociedades cooperativas de transporte, son las que por medio de concesiones oficiales que facilitan su desarrollo, prestan el servicio de transporte bajo la vigilancia de las autoridades. • Sociedades cooperativas de vivienda, que se constituyen con objeto de construir, adquirir, mejorar, mantener o administrar viviendas, o de producir, obtener o distribuir materiales básicos de construcción para sus socios.

III. PRINCIPIO DE ADHESIÓN VOLUNTARIA Las sociedades cooperativas se conducen bajo el principio legal y doctrinal de adhesión voluntaria, también llamado de puertas abiertas, en el en225

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tendido de que las sociedades cooperativas deberán observar en su funcionamiento el principio de libertad de asociación y retiro voluntario de los socios 9. De esta forma la sociedad cooperativa se compone por un grupo de personas que se asocian con el fin de constituir un negocio, una empresa etc., siendo la adhesión voluntaria un requisito necesario que deben cumplir todos los miembros, toda vez que ella es factible solo cuando existe la voluntad, es decir cuando cada uno tiene la intención y motivación personal de « querer», con el fin de resolver sus propias limitaciones y satisfacer necesidades personales mediante ayuda mutua, de tal manera que la adhesión voluntaria es un factor facilitador de la relación cooperativa, lo cual excluye la competencia que impone la lucha de todos contra todos, la cooperativa entonces proclama la adhesión entre iguales. La necesidad de la manifestación de la voluntad de los socios para adherirse a una sociedad cooperativa se reafirma con la normatividad de la Ley General de Sociedades Cooperativas en cuanto contempla en su artículo 12 el deber que tienen los socios de acreditar su identidad, pero principalmente, el deber de ratificar su voluntad de querer constituir la sociedad cooperativa, además y para cumplir con la solemnidad de la constitución de la sociedad, el socio tiene el deber de ser suyas las firmas o las huellas digitales que obren en el acta constitutiva que se suscribe ante una de las siete posibles autoridades para tales efectos, que son: 1) notario público, 2) corredor público, 3) juez de distrito, 4) juez de primera instancia en la misma materia del fuero común, 5) presidente municipal, 6) secretario, 7) delegado municipal o titular de los órganos político-administrativos del Distrito Federal, del lugar en donde la sociedad cooperativa tenga su domicilio 10. El principio cooperativo de adhesión voluntaria y abierta considera a las cooperativas como organizaciones voluntarias, abiertas a todas las personas capaces de utilizar sus servicios y dispuestas a aceptar las responsabilidades de ser socio, sin discriminación de sexo, social, racial, política o religiosa. Es así que cualquier persona que cumpla con los requisitos legales tiene derecho a ser socio, de igual forma y/o a causa de diversas circunstancias puede dejar de formar parte de una sociedad cooperativa. Es decir, se pretende ga  Cámara de Diputados H. Congreso de la Unión. Ley General de Sociedades Cooperativas, artículo 6 § (1994). 10  Ibídem, artículo 12. 9

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rantizar que tanto la entrada como la salida de la sociedad cooperativa sean de forma justa y equilibrada 11.

IV. PARTICIPACIÓN DE LOS SOCIOS COOPERATIVISTAS Cuando un socio cooperativista se integra a dicho régimen de asociación se involucra directa e indirectamente con los fondos sociales que constituyen las sociedades cooperativas establecidos en el artículo 53 de la Ley General de Sociedades Cooperativas 12, a saber: De Reserva: se constituirá con el 10 al 20 % de los rendimientos que obtengan las sociedades cooperativas en cada ejercicio social 13. De Previsión social: se constituirá con la aportación anual del porcentaje, que sobre los ingresos netos, sea determinado por la Asamblea General. No podrá ser limitado; deberá destinarse a reservas para cubrir los riesgos y enfermedades profesionales y formar fondos de pensiones y haberes de retiro de socios, primas de antigüedad y para fines diversos que cubrirán: gastos médicos y de funeral, subsidios por incapacidad, becas educacionales para los socios o sus hijos, guarderías infantiles, actividades culturales y deportivas y otras prestaciones de previsión social de naturaleza análoga 14. De Educación cooperativa: será constituido con el porcentaje que acuerde la Asamblea General, pero en todo caso dicho porcentaje no será inferior al 1 % de los excedentes netos del mes 15. La participación de los socios se materializa a través de certificados de aportación, mismos que serán normativos, indivisibles y de igual valor, y representan las aportaciones en efectivo, bienes, derechos o trabajo 16.

  Federació Valenciana d’Empreses Cooperatives de Treball Associal (FEVECTA). (junio – 2012). La baja del socio. Claves cooperativas. 12  Cámara de Diputados H. Congreso de la Unión. Ley General de Sociedades Cooperativas, artículo 53 § (1994). 13  Ibídem, artículo 54. 14  Ibídem, artículos 57 y 58. 15  Ibídem, artículo 59. 16  Ibídem, artículo 50. 11

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V. BAJA Y EXCLUSIÓN Toda vez que la cooperativa es una asociación libre y voluntaria, se traduce en reconocer la libertad absoluta para entrar y salir, es decir, nadie puede ser obligado coercitivamente a permanecer cuando ya no le satisfaga la afiliación. En México, la Ley General de Sociedades Cooperativas establece que las bases constitutivas de las sociedades cooperativas, plasmadas en el acta constitutiva que señala el artículo 12 de la citada Ley, establecerán los requisitos y procedimiento para la admisión, exclusión y separación voluntaria de los socios, pero que será la Asamblea General quien deberá conocer y resolver todos los negocios y problemas de importancia para la sociedad cooperativa, estableciendo reglas que normen el funcionamiento social, específicamente, tratándose de la aceptación, exclusión y separación voluntaria de socios 17. En las cooperativas mexicanas se contemplan los retiros voluntarios y exclusión de los socios, que pueden ser imprevisibles, pudiendo ocasionar trastornos a la empresa, por tanto son viables las medidas que se toman para que éstos procesos transcurran con normalidad y afecten lo menos posible a la empresa, toda vez que su composición humana permitida por la Ley se constituye por mínimo 25 miembros tratándose de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo o por un mínimo de cinco socios tratándose de Sociedades cooperativas de consumidores de bienes y/o servicios, o Sociedades cooperativas de productores de bienes y/o servicios 18. La baja del socio significa su salida definitiva de la cooperativa y producirá también el cese en la prestación de su trabajo desde un punto de vista societario, sin que se posean otros derechos frente a la misma que los propios de la condición de socio que hasta el momento de la baja ostentaba 19. Las bajas societarias, en ocasiones son imprevisibles ya que se pueden producir simplemente por voluntad del socio, ante lo cual se deben adoptar medidas para que estos procesos transcurran con normalidad y alteren lo menos posible la marcha de la cooperativa 20.   Ibídem, artículos 16 y 36.   Ibídem, 33 bis, 11, fracción V y 21, fracciones I. 19  Federació Valenciana d’Empreses Cooperatives de Treball Associal (FEVECTA). (junio – 2012). La baja del socio. Claves cooperativas. 20 Ídem. 17 18

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El justo y equilibrado retiro de los socios se logra observando lo que a bien ha pronunciado la Suprema Corte de Justicia de la Nación en su tesis «SOCIEDADES COOPERATIVAS, RETIRO DE LOS SOCIOS DE LAS», en el que establece que los socios al dejar de pertenecer a una cooperativa tienen derecho a que se les devuelva el importe de sus certificados de aportación o la cuota que proporcionalmente corresponda, es decir, el certificado de aportación comprende las aportaciones en efectivo, bienes, derechos o trabajo de los socios, devolución que será condicionada a que si de acuerdo con el último balance –examen periódico de las cuentas de una empresa, comparando sus ingresos y gastos para establecer el nivel de beneficios o pérdidas– , el activo –conjunto de bienes, derechos y créditos de una empresa– , deducidos los fondos y demás cantidades irrepartibles (fondo de reserva y fondo de previsión social), es suficiente para hacer la devolución íntegra del importe de dichos certificados 21. Tienen derecho, en su caso, a que se les entregue la parte proporcional que les corresponda en los rendimientos repartibles, por el lapso en que hayan tenido el carácter de socios durante el ejercicio respectivo; y tienen derecho también para que se les entreguen las cuotas de ahorro y excedentes, proporcionalmente repartibles entre los socios 22. La protección a la que son acreedores los socios con tales determinaciones no los exime de incurrir en una o varias causales de exclusión estipuladas en el artículo 38 de la LGSC, mismas que están relacionadas con: la actividad laboral, las obligaciones laborales y el cumplimiento de la normatividad laboral. La causal relacionada con la actividad laboral se refiere a que el socio cooperativista desempeñe sus labores sin la intensidad y calidad requeridas. La causal de exclusión relacionada con las obligaciones laborales determina que un socio puede ser retirado de la sociedad cooperativa cuando este incumpla reiteradamente sus obligaciones establecidas en los documentos legales bajo los que se encuentra sujeto, a saber: a) las bases constitutivas, b) el reglamento de la sociedad cooperativa, c) las resoluciones de la Asam  Semanario Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Tesis: «SOCIEDADES COOPERATIVAS, RETIRO DE LOS SOCIOS DE LAS», Séptima Época, Registro: 242494, Tercera Sala,Tesis Aislada – Fuente: Semanario Judicial de la Federación Volumen 4, Cuarta Parte Materia(s): Civil Página: 92. 22 Ídem. 21

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blea General; d) los acuerdos del Consejo de Administración, e) los acuerdos de sus gerentes; o f) los acuerdos de los comisionados 23. La exclusión de un socio de una sociedad cooperativa es competencia, normalmente de dos autoridades, en dos instancias distintas: una administrativa que le corresponde a la Asamblea General a través de su órgano de ejecución que es el Consejo de Administración o bien, ante la Comisión de Conciliación y Arbitraje y otra jurisdiccional, atribuida a los tribunales civiles, tanto los federales como los del fuero común, quienes a continuación veremos su participación.  24 El proceso administrativo de exclusión al que se sujeta un socio es meramente escrito y consta de dos momentos principales. El primero se lleva a cabo cuando al socio que se le vaya a sujetar a un proceso de exclusión, se le notifica por escrito en forma personal, explicando los motivos y fundamentos de esta determinación. El segundo momento procesal de relevancia es cuando se le concede al socio su derecho de audiencia contemplado en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, garantizando su seguridad jurídica, dicho derecho se desarrolla concediéndole el término de 20 días naturales para que manifieste por escrito lo que a su derecho convenga ante el Consejo de Administración o ante la Comisión de Conciliación y Arbitraje si existiere, de conformidad con las disposiciones de las bases constitutivas o del reglamento interno de la sociedad cooperativa 25. En segunda instancia interviene la autoridad jurisdiccional personificada en los tribunales civiles, tanto los federales como los del fuero común, el socio puede recurrir a dichos órganos cuando considere que su exclusión ha sido injustificada 26. Además de las reglas generales enunciadas anteriormente las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo tienen la obligación legal, contemplada en el artículo 65 Bis de la Ley General de Sociedades Cooperativas, de prever en sus bases constitutivas que los Socios podrán solicitar el retiro de sus aportaciones y ahorros en la Sociedad en cualquier tiempo, siempre y cuan  Cámara de Diputados H. Congreso de la Unión. Ley General de Sociedades Cooperativas, artículo 38 § (1994). 24  Ibídem, artículos 9 y 38. 25  Ibídem, artículo 38. 26 Ídem. 23

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do no existan operaciones activas pendientes, en cuyo caso deberán liquidarlas previamente 27. Igualmente se establecerá que, en el caso de que varios de los Socios soliciten al mismo tiempo el retiro de sus aportaciones y ahorros, la Cooperativa podrá fijar plazos para la entrega de los montos solicitados, de acuerdo a la disponibilidad de capital de trabajo y al índice de capitalización que deba mantener la Sociedad 28.

VI. CONCLUSIONES El cooperativismo nació a fines del siglo XVIII y principios del XIX en Europa, como una respuesta al fracaso del sistema capitalista el cual no ha logrado justicia en la distribución de las riquezas en una sociedad. Una cooperativa es una asociación autónoma de personas que se han unido de forma voluntaria para satisfacer sus necesidades y aspiraciones económicas, sociales y culturales en común mediante una empresa de propiedad conjunta y de gestión democrática. El principio de adhesión voluntaria bajo el que se conducen las sociedades cooperativas se entiende en doble sentido, tanto la libertad de entrar como de salir de una sociedad, siempre y cuando cumplan con los requisitos legales. Dicho principio pretende garantizar que tanto la entrada como la salida de la sociedad cooperativa sean de forma justa y equilibrada. La inclusión de los socios a las sociedades está determinada por sus aportaciones en efectivo, bienes, derechos o trabajo, representadas en los certificados de aportación, así mismo se ve involucrado directa e indirectamente en los fondos sociales que constituyen las sociedades cooperativas: de reserva, de previsión social y de educación cooperativa. La baja del socio significa su salida definitiva de la sociedad cooperativa y producirá también el cese en la prestación de su trabajo desde un punto de vista societario. Al darse esta, el socio tiene derecho a que se les devuelva el importe de sus certificados de aportación o la cuota que proporcionalmente corresponda. También tienen derecho, en su caso, a la parte proporcional de   Ibídem, artículo 65 bis.  Ídem.

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los rendimientos repartibles, por el lapso en que hayan tenido el carácter de socios durante el ejercicio respectivo; y tienen derecho a las cuotas de ahorro y excedentes, proporcionalmente repartibles entre los socios. Las causas de la exclusión de un socio son: desempeñar sus labores sin la intensidad y calidad requeridas; la falta de cumplimiento en forma reiterada a cualquiera de sus obligaciones establecidas en las bases constitutivas, sin causa justificada, e infringir en forma reiterada las disposiciones jurídicas aplicables

VII. FUENTES DE CONSULTA Cámara de Diputados H. Congreso de la Unión. Ley General de Sociedades Cooperativas, (1994). Camara de Diputados H. Congreso de la Unión. Gaceta Parlamentaria, número 4221– IV § (2015). Federació Valenciana d’Empreses Cooperatives de Treball Associal (FEVECTA). (2012). La baja del socio. Claves cooperativas, (junio). León Tovar, S. H., & González García, H. (2007). Derecho mercantil (1a). México: Oxford University Press México. Mantilla Molina, R. L. (1996). Derecho mercantil (29a ed.). México: Porrúa. Semanario Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Tesis: «SOCIEDADES COOPERATIVAS, RETIRO DE LOS SOCIOS DE LAS» Época: Séptima Época Registro: 242494 Instancia: Tercera Sala Tipo de Tesis: Aislada – Fuente: Semanario Judicial de la Federación Volumen 4, Cuarta Parte Materia(s): Civil Página: 92. Senkiw, M. (2014). La piedra angular: Sociedad equitativa de los pioneros de Rochdale [Text]. Recuperado a partir de http://www.centrocultural.coop/blogs/ cooperativismo/2017/07/09/la– piedra– angular– sociedad– equitativa– de– los– pioneros– de– rochdale

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