Sin tierras no hay paraíso. Turismo, organizaciones agrarias y apropiación territorial en México

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Gustavo M arín Guardado (Coord.)

Sin tierras no hay paraíso Turismo, organizaciones agrarias y apropiación territorial en M éxico

JZASQS R e v is ta d e T u ris m o y P a trim o n io C u ltu ra l

Colección PASOS edita, n° 15 www.pasosonline.org

G ustavo M arín G u a rd ad o (C o o rd .)/E l Sauzal (T enerife. E spaña): PASOS, RTPC/ 2015/ 306 p. incluida bibliografía. 1. Turism o 2. Im pactos del turism o 3. Apropiación territorial. I G u sta ­ vo M arín G u ard ad o . II “Sin tierras no hay paraíso. Turism o, orga­ nizaciones agrarias y apropiación territo rial en M éxico”. III PASOS, Revista de Turism o y P atrim onio Cultural. IV C olección PASOS Edita

Edita:

PASOS, Revista de Turismo y Patrimonio Cultural P.O. Box 33.38360 ■El Sauzal Tenerife (España)

Diseño de cubierta: Gustavo Marín Guardado Fotografía de cubierta: Antonio C. Rodrigues ISBN:

978-84-88429-29-2

© 2015 PASOS. REVISTA DE TURISMO Y PATRIMONIO CULTURAL. www.pasosonline.org email: [email protected]

ÍNDICE Sin tierras no hay paraíso. Turismo, organizaciones agrarias cióN territorial en México: una introducción. Gustavo Marín Guardado

y apropia -

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Quemar las naves. El despojo articulado de la isla de Holbox, México. Ángeles A. López Santillán

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Caciquismo y resistencia: El c a s o de la disputa por e l te rrito rio costeRebalsito de A pazulco, en el litoral de Jalisco. Aura Helena Ramírez Corona

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Turismo, ejidatarios y “mafias agrarias " en Tulum, Q uintana Roo: El d el ejido José María Pino Suárez. Gustavo Marín Guardado

91

La apropiación de las “tierras vacías": turismo y despojo a TRAvés d el Proyecto Turístico Barrancas del Cobre, en el territorio rarámuri de Chihuahua. Horacio Almanza Alcalde

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ro de El

ca so

ÍNDICE (continuación) Expropiación de tierras ejidales

como estrategia gubernamental para

el desarrollo del turismo de masas en la isla de Cozumel, M éxico.

Lea Carvalho Rodrigues M ezcala de la A sunción: identidad Santiago Bastos Amigo

y territorio frente al despojo.

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Turismo alternativo en el medio rural, la disputa por la tenencia de la tierra en la Península de Yucatán. Ana García de Fuentes, José Antonio Barragán Ojeda, Irma Gabriela Fierro Reyes, Eugenia Pulido Madariaga, Manuel Xool Koh

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Relaciones de propiedad y conflictos por la apropiación del espacio turístico. A nálisis comparativo entre H uatulco (Oaxaca ) y Playa del Carmen (Quintana Roo) en M éxico. Clément Marie dit Chirot

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A propiación del territorio costero en Cabo Sa n Lucas, Baja California Sur, M éxico: Los casos de las playas y la propiedad ejidal. Jesús Bojórquez Luque, Manuel Ángeles Villa y Alba E. Gámez Vázquez

Gustavo Marín Guardado1

El turism o com o industria global y u n a de las econom ías m ás pujantes y desarrolladas del m undo, se encuentra asociada a im portantes procesos de transform ación de las sociedades en que vivimos, sean estas grandes urbes o pequeñas sociedades rurales. En particular, el desarrollo del turism o en el m edio rural, que incluye selvas, bosques, m ontañas, desiertos, playas, etc., ha tenido u n extraordinario proceso de expansión, convirtiéndose aceleradam en­ te en la principal econom ía que dom ina las dinám icas locales y regionales, llevando a cabo u n agresivo proceso de apropiación territorial. Ello im plica la transform ación de las pautas de reproducción y sustento locales, la m odifica­ ción drástica del uso de los territorios y sus recursos, la estructuración de nue­ vas form as de acceso a los m ism os, y la integración de localidades a procesos de reordenam iento socio-territorial en el m arco de políticas internacionales y fuerzas del m ercado m undial. El presente libro representa u n esfuerzo colectivo, constituido por u n a serie de estudios originales sobre diversos lugares de M éxico (ver m apa 1), basados en trabajo de cam po e investigación docum ental, y que desde la antropología, la sociología y la geografía ofrecen u n a m irada al turism o que nos perm ite

1 Centro de Investigaciones y E studios Superiores en Antropología Social, U nidad Peninsular (CIESAS Peninsular). M érida, Yucatán, M éxico. Correo electrónico: gm arin@ ciesas.edu.m x.

Gustavo M arín G uardado (Coord.) 2015 Sin tierras no hay paraíso. Turismo, organizaciones agrarias y apro­ piación territorial en México. El Sauzal (Islas Canarias): PASOS Revista de Turism o y Patrim onio Cultural. Colección PASOS Edita, 15. ISBN 978-84-88429-29-2

com prender la diversidad y las com plejidades de su desarrollo en el m edio ru ral o en contextos de tenencia de la tierra com unal. Interesa especialm ente describir y analizar los diversos escenarios y procesos a través de los cuales las localidades se ven involucradas en nuevas form as de subsistencia y de adm i­ nistración de recursos naturales, inéditos vínculos con agentes de instituciones globales, la em ergencia de nuevas dinám icas del desarrollo y la conform ación de nuevas territorialidades, que en últim a instancia derivan, la m ayoría de las veces, en la pérdida de sus territorios o de su soberanía territorial. Las dinám icas generadas por la articulación entre la industria del turism o, las políticas am bientalistas y los sistemas de propiedad de tierras com unales suelen ser m uy diversas y complejas, y no necesaria ni autom áticam ente llevan a la apropiación y al despojo. Infinidad de com unidades y grupos sociales han respondido creativam ente para aprovechar las oportunidades económ icas, estableciendo acuerdos y alianzas que representan cambios de subsistencia, estructuras sociales y form as de vida, sin perder el control de sus territorios. N o obstante, es preciso apuntar que justam ente los espacios m ás codiciados para la conservación am biental y el desarrollo del turism o, form an parte de los territorios de com unidades étnicas, cam pesinas o rurales, sociedades que his­ tóricam ente se reproducen en contextos de m arginación, pobreza e inequidad económ ica, social y legal, y que por tanto suelen ser estructuralm ente vulnera­ bles a los em bates que am enazan la propiedad o el control de sus tierras. Estas condiciones estructurales forjadas por el desarrollo del capitalism o y las dinám icas de poder de los estados nacionales, han sido el punto de p ar­ tida para el desarrollo del turism o y el despojo territorial en todas partes del m undo. M alcolm C rick en u n texto hoy clásico, m ostraba en toda su crudeza la dim ensión de este proceso, al recuperar u n a declaración del vicepresidente de la Edgar Rice B urroughs Inc., quien expresaba su deseo de com prar todo el país de G am bia a fin de construir u n a serie de villas vacacionales al estilo de los escenarios de Tarzán. Sin rodeos el personaje apuntaba: “No se trata de algo inalcanzable. H em os estado hablando sobre esto con la Banca R othschild en París, hay u n cierto núm ero de países africanos m uy pequeños que no tienen absolutam ente nada. Ni econom ía, ni nada. Todo lo que tienen es su in d e­ pendencia y sus em bajadores en la ONU, y la idea es com prar el país en tero ... tom arlo, y cambiarle el nom bre” (Crick, 1989:322).2 U no pudiera pensar que esta voracidad y cinism o es cosa del pasado, como parte de u n a etapa m ítica del capitalism o salvaje, pero desafortunadam ente no es así y este tipo de historias son reeditadas u n a y otra vez hasta la actualidad,

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Se trata del texto de M alcolm Crick (1989), originalm ente citado por Francisco Jurdao en su libro Los m itos del turismo (1992), en el que com pila una serie de trabajos clásicos de diversos autores, y donde igualm ente esta cita le sirve para introducir una crítica sobre los procesos de apropiación a través del turismo.

constituyéndose com o parte de las desventuras cotidianas de la gente pobre. Véase p o r ejem plo el extraordinario reportaje de A drian Levy y C athy ScottC lark (2008), publicado en The Guardian, de cóm o fueron desplazadas miles de personas de las costas de Cam boya, tras ponerse en venta casi la m itad del país a especuladores de origen extranjero estim ulados por el desarrollo de distintos negocios, incluido el turism o .3 En el caso de México y m uchos otros países, las cosas nos son m uy diferentes pues este tipo de despojos -históricos, perm anentes y sistem áticos- están siem pre presentes, aunque m uchas veces diluidos y ocultos detrás de m ajestuosos y paradisiacos escenarios, de historias de éxito em presarial y desarrollo, com o parte de los discursos hegemónicos. U n aspecto elem ental del turism o es que éste en su desarrollo necesaria­ m ente invade y disputa los espacios dedicados a otras actividades com o la agricultura, la pesca, la recolección, etc., así com o lugares destinados al uso cotidiano, las actividades rituales y de esparcim iento local, lo que se traduce en conflictos y disputas de naturaleza m uy com pleja (Jurdao, 1979, 1992; Santana, 1997; Pascual, 2003; Boissevain y Selwyn, 2004; G ardner, 2012; García, Sm ith y Mejías, 2007; Boissevain, 2007; Nogués, 2007; Freem an y Cheyne, 2008; López y M arín, 2010; López, 2004, 2010; M arín, 2008, 2010, en prensa). Procesos donde participan diversos grupos sociales con distintos bagajes culturales y recursos económ icos y de poder, y donde los locales en su diversidad social e intereses, se adaptan, aprovechan, cuestionan o resisten las nuevas dinám icas del desarrollo y el m ercado. De ahí que, parte fundam ental del entendim iento de estos procesos sea la producción de etnografías sobre terreno, donde es p o ­ sible advertir los entrecruces entre fuerzas globales y arreglos locales. Los estudios del turism o en México, sobre todo desde las ciencias socia­ les, h an otorgado poca atención a este aspecto oscuro del desarrollo de la in ­ dustria, que es el proceso de apropiación territorial y sus repercusiones en las sociedades locales. U n asunto todavía pendiente en lo que refiere a su estudio sistemático. Si bien aparecieron algunos trabajos pioneros en los setentas y ochentas del siglo XX, y en décadas posteriores algunos autores abordaron el tem a en casos particulares y bien localizados, en general se m antuvo com o u n tem a m arginal por doble partida. Prim ero, porque a p artir de los ochenta decayó el interés p o r los estudios rurales y la cuestión agraria, com o parte de los cam bios que com enzaron a gestarse en las ciencias sociales, caracterizados p or u n a reacción contra el m arxism o y lo que se pareciera a ello, así com o por el predom inio de las teorías sem ióticas de la cultura y u n interés preferencial ya no p or la producción sino por el consum o. Segundo, porque el estudio del turism o fue considerado de poca im portancia e ignorado com o tem a de inves­

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“Country for sale", Adrian Levy y Cathey Scott-Clark, en The G uardian, 26 de abril de 2008, disponible en http://www. theguardian.com/world/2008/apr/26/cambodia, consultado el 13 de octubre de 2015.

tigación, algo sólo revertido a p artir de la prim era década del presente siglo, cuando el crecim iento del turism o y sus repercusiones fueron im posibles de pasar inadvertidas casi en cualquier escenario antropológico, y cuando nuevas generaciones de investigadores m ostraron interés por los procesos de transna­ cionalism o, reterritorialización, invención de las tradiciones y producción de nuevas identidades en estos contextos. Si bien es cierto que el estudio del turism o en M éxico h a cobrado cierta relevancia en las ciencias sociales y, en particular, en la geografía y la antro­ pología, m uchos de los estudios se h an centrado en estudiar la organización del espacio, las repercusiones socioculturales en las sociedades locales, o han tratado nuevas dim ensiones del análisis com o son los procesos de representa­ ción sim bólica de los lugares o de form ación de las identidades en el contexto del turism o. N o obstante, aunque varios trabajos refieren a la apropiación del espacio y lo consideran com o algo evidente y obvio, pocos autores en realidad se h an detenido a reflexionar y estudiar sistem áticam ente esto, com o u n pro­ blem a que resulta de cardinal im portancia para com prender el desarrollo y reproducción del turism o. M éxico se encuentra consolidado com o uno de los principales destinos del turism o internacional. En 2013 registró la llegada de 23.7 m illones de turistas extranjeros que representan ingresos en divisas por m ás de 13 m il 800 m illo­ nes de dólares, siendo el único país latinoam ericano que se encuentra entre los 15 principales econom ías turísticas en el ranking m undial (OMT, 2014). Se trata de la tercera fuente de ingresos m ás im portante en el país, sólo superada p or las divisas que genera la industria petrolera y las rem esas que envían los m igrantes m exicanos principalm ente desde los Estados U nidos. No obstante, estos núm eros que reflejan im portantes logros en el ám bito de la econom ía n a ­ cional, contrastan con la realidad que viven regiones y localidades que d epen­ den de tal econom ía, donde los problem as del desarrollo y el deterioro de las condiciones de vida son problem as que con el tiem po tienden a radicalizarse y a norm alizarse. U na m irada general a los escenarios del turism o de inm ediato nos lleva al problem a de la distribución de la riqueza, dada la m arginación de grandes sectores de la población que no disfrutan de los beneficios que p ro d u ­ ce, y desde luego nos lleva a observar u n a industria que basa su reproducción en la apropiación del territorio de innum erables com unidades y la privatiza­ ción de playas y espacios públicos.

La producción de los lugares turísticos y la revaloración de la tierra El proceso de acum ulación en la etapa del capitalism o flexible o post-fordista se caracteriza por la em ergencia de nuevos sectores de la producción, nuevas form as de proporcionar servicios financieros, nuevos m ercados y, so­

bre todo, u n a perm anente innovación comercial, tecnológica y organizacional que se ha expandido m ediante u n a red m undial, que define procesos econó­ m icos y culturales globales (Lash y Urry, 1998). En este contexto el turism o constituye u n a de las principales estrategias a través de las cuales el capital internacional se reproduce, sobre todo a través de la producción de nuevas m ercancías turísticas, la expansión territorial y la apropiación de espacios, la segm entación de m ercados trasnacionales y la integración de circuitos m er­ cantiles de producción y consum o, en el m arco de políticas y dinám icas de la globalización. El turism o com o econom ía y com o industria se orienta sobre todas las co­ sas a p roducir lugares com o m ercancías de consum o turístico, de tal form a que los contenidos geográficos, paisajísticos, históricos, sociales y culturales de los lugares representan los valores m ateriales y sim bólicos m ás im portantes de este proceso de producción (Urry, 2002; M eethan, 2001; López y M arín, 2010). U n proceso sum am ente com plejo que involucra la apropiación de historias y experiencias de lugar, la producción de representaciones sociales, la inven­ ción de tradiciones y la generación de nuevos im aginarios de la naturaleza y el paisaje a través del despliegue de estrategias de m ercado, que finalm ente se convierten en activos económ icos de la industria. Estos en su conjunto van d e­ finiendo las características distintivas de los lugares turísticos, lo que se com ­ plem enta y consolida con la inversión de capitales, la especulación de la tierra y el desarrollo de los negocios inm obiliarios. El turism o en su dinám ica de expansión y reproducción se ha diversifica­ do de u n a m anera sorprendente, incorporando a su influencia a u n sinfín de espacios sociales e instituyendo inéditas form as de m ercantilización en todos los rincones del m undo. Si bien el m odelo tradicional de turism o de sol, playa y sexo sigue siendo sum am ente im portante a escala m undial, ha dejado de ser la única alternativa de desarrollo en este sector, y hoy en día m uchos paí­ ses concentran sus esfuerzos en explotar otro tipo de recursos, incluyendo el atractivo de las ciudades cosm opolitas, la arquitectura histórica, los paisajes silvestres, el p atrim onio cultural o el contacto con grupos étnicos. En este sen­ tido, la evolución del turism o -que no puede entenderse sin la transform ación del capitalism o, la prom oción de políticas internacionales de desarrollo y la in strum entación de estos program as por parte de los estados nacionales- en últim a instancia ha derivado en la integración de diversos espacios a los cir­ cuitos y dinám icas del turism o internacional (M ow forth y M unt, 2009; López y M arín, 2010, 2012). Especialm ente en la m odernidad y en el m arco del turism o com o nuevo agente pro d u ctor de im aginarios de lugar, las sociedades rurales y étnicas -q u e habitan en m uy diversos m edios ecológicos- se encuentran asociadas a representaciones de la vida bucólica, que desde luego alim entan las form as de

consum o. U n m undo casi perdido y de ensueño donde la gente supuestam ente vive en contacto directo y arm onía con la naturaleza, donde producen con su­ ficiencia y de m anera artesanal sus propios alim entos, y donde prevalece una sociedad igualitaria, solidaria y con valores antieconóm icos. U na base sim bóli­ ca m uy poderosa que prom ueve la construcción de proyectos sociales utópicos, sobre todo com o alternativa de refugio ante las calam idades de la vida urbana. U n aspecto que desde luego h a sido aprovechado y explotado p o r la industria del turism o, y que sintetiza esto con m uchos otros valores e ideologías com o las del desarrollo sustentable, el respeto a la diferencia cultural y el turism o responsable, para finalm ente im prim ir u n a nueva dim ensión al m ercado del turism o internacional (M ow forth y M unt, 2009; López y M arín, 2012). Así, en las últim as décadas infinidad de sociedades cam pesinas y pesqueras se han visto involucradas en proyectos de turism o com unitario, etnoturism o, ecoturism o, agroturism o, etc., en parte por ser clientes cautivos de las políticas e instituciones hegem ónicas del desarrollo, pero tam bién atraídas por la posi­ bilidad real de obtener ingresos extra para la subsistencia. D e esta form a, las localidades deciden o se ven forzadas a poner en juego sus recursos naturales y culturales (selvas, playas, desiertos, m ontañas, lagunas, cenotes, ballenas, del­ fines, tortugas, fiestas, danzas, artesanías, conocim ientos tradicionales, identi­ dades, etc.), m ism os que se ven som etidos a procesos com plejos de producción de valor (económ ico y cultural) o revalorización, al tiem po que las personas im plicadas exploran nuevas estrategias de organización, vinculación em presa­ rial y financiam iento para em prender sus propios negocios. La revaloración de la tierra -y de los recursos naturales- se alim enta de los im aginarios del turism o, de nuevas prácticas, deseos y criterios estéticos, pero igualm ente de m últiples procesos históricos, socioculturales y diversas fuentes de producción de conocim iento (López y M arín, 2010). Por ejemplo, la ciencia h a contribuido de m anera definitiva para estim ar el valor de cambio de la n a ­ turaleza, pero tam bién su valoración bajo nuevos criterios de biodiversidad y sustentabilidad, que han sido incorporados a los discursos políticos, del desa­ rrollo y de la prom oción del turism o (M acnaghten y Urry, 1999). En u n plano m ucho m ás concreto, en el m arco de la geopolítica y los intereses industriales, el acceso y control de los territorios y sus recursos naturales adquieren u n a im portancia cardinal pues se trata de reservas estratégicas que proveen de los elem entos esenciales para el m antenim iento de la vida, la reproducción social, y los negocios en la econom ía global. La revaloración de la tierra y los recursos naturales tiene desde luego im ­ portantes repercusiones económ icas, sociales y ecológicas en la vida de las com unidades involucradas, dado que generalm ente estos espacios se consti­ tuyen en objetos de codicia por parte de los grandes capitales y los estados nacionales. En las últim as décadas -sobre todo en naciones periféricas o en

proceso de desarrollo- grandes extensiones de territorio que antes pertenecie­ ron a com unidades indígenas, sociedades cam pesinas o grupos de pescadores, han pasado a ser propiedad de inversionistas, em presas comerciales, o bien, han pasado a ser espacios adm inistrados por organizaciones internacionales o dependencias de los estados nacionales. Esto en buena m edida, tiene que ver con la instrum entación de políticas y program as de desarrollo, turísticos y de conservación am biental, a través de los cuales organizaciones m undiales, ins­ tituciones de estado y particulares logran acceder al control de estos territorios (Ferguson y G utha, 2002; López, 2010, 2015). En resum en, turism o y am bientalism o constituyen u n a fórm ula perfecta que h a sido prom ovida com o parte de las nuevas m odalidades del turism o alternativo y el desarrollo sustentable, y al m ism o tiem po h a sido uno de los puntales a través de los cuales el capital internacional tiene acceso a territorios a través de políticas intervencionistas y prácticas de expropiación (M owforth y M unt, 2009; López y M arín, 2012; López, 2015). U n proceso que igualm ente se enm arca en u n a tendencia de acaparam iento global de tierras p o r parte de trasnacionales, destinadas a distintos ram os de la econom ía m undial (Zoom ers, 2010; Fairhead, Leach y Scoones, 2012). En general, todo esto bien lo podem os explicar a través de lo que David H arvey ha llam ado la acum ulación p or desposesión, es decir, el desarrollo del capitalism o en la etapa contem po­ ránea basado en la acum ulación de capital principalm ente a través de m eca­ nism os de depredación, fraude y despojo (Harvey, 2003). En buena m edida, los trabajos que aquí se ofrecen se orientan por estos principios teóricos, y básicam ente p o r este últim o.

El turismo en México y la apropiación integralmente planeada El turism o en M éxico tiene u n a historia relativam ente corta. La industria turística fue constituyéndose lentam ente en el siglo XX, conform e el país se fue estabilizando después de vivir u n a revolución entre 1910 y 1917, al tiem po que fue asim ilando los flujos de viajeros extranjeros y estructurando u n a red nacional de transporte, que term inó de consolidarse hasta la década de los sesenta .4 Este proceso com enzó a fines del siglo XIX y principios del XX con la expansión de la red ferroviaria, continuó en los treinta con las carreteras y se reforzó en los cuarenta con el desarrollo de las líneas aéreas que despegó al térm ino de la Segunda G uerra M undial (N olan y N olan, 1988; Jiménez, 1993;

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Si bien es cierto que durante la época colonial y el siglo XIX M éxico fue explorado una y otra vez por avezados viajeros, no fue m ediante el apoyo de una em presa organizada para atender necesidades de viaje y ocio, sino a partir de inicia­ tivas propias y particulares. Personas y grupos que em prendieron con sus recursos el financiam iento y organización de expediciones y aventuras encam inadas a recorrer las vastas y diversas regiones del país, regularm ente carentes de vías de com unicación, m edios de transporte y m edidas de seguridad.

Clancy, 2001). A p artir de entonces el turism o experim entó u n rápido creci­ m iento debido al m ayor flujo de turistas norteam ericanos que tras el fin de la segunda guerra m undial, en vez de viajar a Europa com enzaron a dirigirse a M éxico que fue visto com o u n destino m ás cercano, económ ico y exótico .5 En los setenta la industria vivió u n verdadero auge con el desarrollo de proyectos de turism o m asivo de sol y playa, m ientras que a p artir de los noventa emergió u n nuevo m odelo neoliberal, apoyado en los discursos del desarrollo sustentable, que derivó en la proliferación de innum erables proyectos de ecoturism o en todo el territorio nacional. D urante la p rim era m itad del siglo XX adquiere relevancia la ciudad de M éxico com o u n a de las capitales cosm opolitas con grandes atractivos cultura­ les, que será el centro de arribo y la plataform a para conocer m uchos otros lu­ gares del país. En este sentido destacan m últiples localidades que son visitadas regularm ente p or sus climas benignos o sus paisajes paradisíacos o bucólicos, sitios que se convierten en el destino tem poral de las burguesías regionales o de grupos de extranjeros, que paulatinam ente concurren e im ponen u n a n u e­ va “vocación” a los lugares. Pequeñas localidades del interior com o por ejem ­ plo Cuernavaca, Tepoztlán, Taxco, Chapala, Pátzcuaro, Ixtapan de la Sal, San M iguel de Allende, entre otras. En la costa, desde los años treinta adquiere fam a Acapulco com o centro turístico 6 y paulatinam ente m uchos otros com o Ensenada, Tampico, M azatlán, M anzanillo, P uerto Vallarta, Isla M ujeres y Cozumel. Estos visitantes extranjeros m uy pronto se convirtieron en el estereotipo del turista ingenuo con cam isa floreada, anteojos oscuros y cám ara fotográfica, que viajan en g rupo para visitar las extraordinarias zonas arqueológicas y los m useos, principales atractivos de la nación, pero tam bién los innum erables pueblos m exicanos. Es en éstos donde m erodean para conocer calles, iglesias y m ercados, y para invadir los espacios cotidianos haciendo preguntas absurdas y generando tam bién sus propias representaciones de la m exicanidad. A sim is­ m o, cada vez se hizo m ás com ún que m uchos de estos visitantes encontraran lugares para construir sus casas y pasar sus vacaciones de verano en pueblos m exicanos, con buen clima, paisajes m aravillosos, gente servicial y tierra b a ­ rata. U no de los prim eros investigadores en estudiar estos nuevos escenarios será T heron N uñez (1963), pionero en el estudio del turism o desde el campo 5

Esto fue un factor esencial para que los arribos del exterior crecieran sorprendentem ente, pues entre 1945 y 1950 pasaron de 164 mil a casi 402 mil visitantes internacionales, ubicando al país com o un centro turístico en pleno desa­ rrollo (Clancy, 2001:43).

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Acapulco fue el prim er centro de playa que adquirió im portancia turística en el país. Desde los años veinte comenzó a ser visitado por la belleza de su bahía pero, sobre todo, a partir del estreno de una carretera que se construyó entre 1927 y 1936, que conectó a Acapulco, Taxco y Cuernavaca con la capital del país, lo que perm itió la llegada de num e­ rosos turistas (Schornnick, 1977:36).

de la antropología. Él estudiará el caso de C uajititlán, Jalisco, u n pequeño p o ­ blado cam pesino asentado junto a u n lago, y dónde se da a la tarea de indagar sobre las “consecuencias culturales” del turism o de fin de sem ana que pone en contacto a u n sector de la sociedad urb an a acaudalada de G uadalajara, con u n a sociedad ru ral pobre. A través de la teoría del contacto cultural, Núñez destaca las incom patibilidades de valores y prácticas entre visitantes y residen­ tes y explica cóm o esto alteró la cultura local. U na nueva policía rural y nuevos reglam entos se orientaron a u n a serie de prohibiciones: el uso de calzones de m an ta p o r “indecentes”, las carreras de caballos para inhibir las riñas, la p o rta ­ ción de arm as y la caza en la sierra para desarm ar a los hom bres, e igualm ente prohibieron a la gente beber y orinar en la vía pública y la circulación de gana­ do y perros callejeros, sobre todo para m ejorar la im agen del poblado. En su texto, T heron N uñez hace excelentes observaciones sobre el surgi­ m iento del turism o, al plantear que dos em presarios foráneos que construían u n a carretera en 1959 “descubren” el pueblo, convencen al gobierno para p ro ­ m over el turism o y con ello em prenden negocios de especulación de la tie­ rra. D esafortunadam ente, da poca im portancia a este tipo de inform ación y opta p or sólo analizar el “contacto cultural”, así com o las incom patibilidades de valores y prácticas entre visitantes y residentes. A unque señala que “en la antropología es axiom ático que el cam bio im plica conflicto”, rehúye tratar las im plicaciones económ icas y políticas de u n a relación asim étrica entre visitan­ tes y locales .7 Pese a ello, el trabajo tiene la virtud de que por prim era vez un antropólogo señala las posibilidades del estudio del turism o, com o espacio de contacto y cam bio cultural. Tendrán que pasar m ás de veinte años para que u n autor diera u n tra ta ­ m iento p ertin en te a este tipo de proceso. En 1982 es publicado el libro Lago de Chapala, turismo residencial y campesinado de Francisco Talavera, en el que se da cuenta de la apropiación territorial y proletarización del cam pesinado en los m árgenes de la zona norte del lago m encionado, en el estado de Jalisco. En este trabajo el autor docum enta cóm o a partir del asentam iento de turistas residenciales en la ribera del lago, principalm ente norteam ericanos jubilados y clases altas de G uadalajara, estos grupos se apropiaron de las tierras de los cam pesinos a través de la especulación de la tierra, los negocios inm obilia­ rios y la com plicidad de funcionarios agrarios y de gobierno. Es así que los cam pesinos abandonaron las actividades agrícolas, pasaron a ser em pleados de los nuevos residentes y tuvieron que subsistir con sueldos ínfim os que no representaron ningún beneficio para m ejorar sus condiciones de vida (Talave-

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Curiosam ente Nuñez sólo advierte el conflicto entre la gente del poblado y sus pugnas por el control del ejido, y si bien acepta la intensificación de conflictos, lo explica com o una expresión de las “tensiones de la m asculinidad" dado que los cam bios culturales atentaron contra las form as tradicionales de regularla (1963:351).

ra, 1982). U na nueva versión acerca de las respuestas de los locales a este tipo de am enazas nos la ofrece Santiago Bastos en uno de los capítulos de este libro. En los años setentas se presentó u n a etapa de gran auge del turism o en M é­ xico, sobre todo vinculada al desarrollo del turism o m asivo de sol y playa. Esto com o resultado de las políticas de organism os internacionales (com o el Banco M undial, el Banco Interam ericano, la O rganización de las N aciones Unidas, la O rganización M undial de Turismo, etc.) que fom entaron y financiaron esta actividad com o u n a alternativa de desarrollo para las naciones pobres, con el fin de im pulsar la econom ía y m ejorar el nivel de vida de sus habitantes (De Kadt, 1991; Jiménez, 1993). En este contexto, el estado m exicano dio im pulso a grandes proyectos orientados al turism o m asivo de sol y playa, a través de la construcción de cinco C entros Integralm ente Planeados (CIP): C ancún, en Q u intana Roo, H uatulco en Oaxaca, Ixtapa-Zihuatanejo en G uerrero y Los Cabos y Loreto en Baja California Sur8, que ju n to con los centros tradicionales com o Acapulco, P uerto Vallarta, M anzanillo, M azatlán, Cozum el, etc., hicie­ ron del país u n a de las industrias turísticas m ás dinám icas e im portantes del m undo. La construcción de centros turísticos planificados, im plicó en principio el despojo de tierras a cam pesinos, pescadores o pequeños propietarios dado que se trataba de proyectos desarrollados en lugares donde existían poblados asen­ tados o que eran propiedad com unidades o de particulares. Incluso C ancún donde se ha producido el m ito de la construcción del centro turístico en u n “lugar inhóspito”, tiene tras de sí u n a historia de apropiación .9 La principal es­ trategia fue siem pre la expropiación de tierras por “causas de utilidad pública”, a través de lo cual el gobierno federal las incautó y las puso a disposición del Fondo N acional de Fom ento al Turism o (FONATUR )10 fundado en 1974, una institución central responsable de la planeación y desarrollo de proyectos tu ­

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En 1970 FONATUR em prendió el proyecto Cancún en el estado de Quintana Roo, en 1972 el de Ixtapa-Zihuatanejo en Guerrero, entre 1976 y 1977 los de Loreto y Los Cabos en Baja California Sur y, posteriorm ente, en 1984 el de Bahías de Huatulco en Oaxaca. En principio el proyecto de Cancún dispuso de un área de 12 mil 700 hectáreas (Torres, 2000:190, 258). M ás de 2 mil resultaron ser terrenos nacionales que fueron donados por el gobierno federal, en tanto que casi 5 mil hectáreas ejidales -pertenecientes al ejido Isla M ujeres- fueron expropiadas por el gobierno federal a fin de “elim inar las espe­ culaciones y preservar la ecología" (García, 1979: 84). Es im portante apuntar que el resto de las tierras pertenecientes a propietarios particulares no pasó por este m ism o proceso de expropiación, sino que se les otorgó un trato preferencial negociando con cada uno de ellos la com praventa directa (M artí, 1985). Adicionalm ente, se expropiaron 1,100 hectáreas al ejido de Puerto Juárez, una zona adjunta en donde se asentaron m iles de trabajadores de bajos recursos

dedicados a la industria de la construcción y el m antenim iento hotelero. 10 Desde m ediados de los años setentas la Secretaría de Turism o (SECTUR) se ha encargado de las políticas de desarrollo, los estudios y las estadísticas oficiales del sector y la prom oción publicitaria de los destinos turísticos nacionales. Por su parte, FONATUR se erigió en una institución em presarial y estratégica, del estado m exicano, que sirvió para em ­ prender los prim eros proyectos de desarrollo turístico, desde donde se intentó no solo planificar e instrum entar los mism os, sino tam bién ofrecer seguridad sobre la tierra, conseguir y otorgar créditos, así com o canalizar la inversión del Estado y proveer de incentivos y oportunidades a los inversionistas privados a fin de involucrarlos en los nuevos proyectos.

rísticos, que después m ediante créditos las transfirió a inversionistas privados (García, 1979; Cowan, 1987; Reynoso y de Regt, 1991; M adsen, 2000). Así una institución del estado fue utilizada para proveer de terrenos a políticos, em ­ presarios nacionales e inversionistas extranjeros, lo que im plicó que pequeños pueblos costeros fueran reubicados a fin de construir com plejos hoteleros de lujo destinados para las élites de todo el m undo. D ado que por ley los extran­ jeros no pueden ser propietarios de tierras en la franja de costa, FONATUR se encargó de darle vuelta a la prohibición y otorgar cierta seguridad en la p ro ­ piedad, a través de la instrum entación de la figura jurídica de los fideicomisos, que adem ás pudo esconder infinidad de irregularidades dado que no se hacían públicos. En las décadas de los setentas y ochentas el “despojo integralm ente pla­ neado” no sólo ocurrió en los casos de los CIP que em prendió y adm inistró el estado m exicano, sino tam bién en los centros turísticos tradicionales, luga­ res donde igualm ente se instrum entaron planes de desarrollo que afectaron a los grupos locales. En ocasiones fue a través de las expropiaciones pero en m uchas otras se ha tratado de ventas fraudulentas, apropiaciones ilegales o despojos p o r parte de políticos, consorcios em presariales o caciques aliados a las estructuras de gobierno. El caso m ás em blem ático es Acapulco (Gom ezjara, 1974; Ram írez Sáiz, 1987) pero igualm ente se encuentran m uchos otros como P uerto Vallarta (Evans 1981), Bahía de Banderas (Real, 1999; del Ángel, 2005), Bahía de Tenacatita (Ram írez Sevilla, 1992), C obá (Rosales, 1980), etc. La construcción de los polos de desarrollo hizo que en poco tiem po el país se colocara com o u n o de los países de m ayor desarrollo turístico en el m undo, sin embargo, este crecim iento tam bién fue acom pañado de diversos problem as: el desplazam iento de poblaciones locales, el acelerado crecim iento urb an o y de in fraestructura turística, la inm igración hacia estos polos de desa­ rrollo, la proliferación de zonas m arginales, el aum ento de la desigualdad so­ cial, y consecuentem ente grandes transform aciones ecológicas, sociales y cul­ turales. El turism o m asivo de sol y playa en su m ás prim igenia versión, y por tanto el turism o m exicano, tarde que tem prano se m ostraron com o parte de u n m odelo que no respondía plenam ente a los requerim ientos de crecim iento económ ico, desarrollo regional y bienestar social, y que com enzó a ser cuestio­ nado principalm ente p o r sus costos sociales y am bientales (Gom ezjara, 1974; G orm sen, 1977; De Kadt, 1991; García, 1979; H iernaux 1989, 1999; B renner y Aguilar, 2002). A finales de los ochenta e inicios de los noventa, el curso del turism o en M éxico com enzó a m ostrar u n a nueva faceta, prim ero debido a las transform a­ ciones asociadas al desarrollo del capitalism o post-fordista que transform aron la econom ía m undial, y por supuesto las form as de producción y consum o. En segundo lugar, pero no m enos im portante, debido a la restructuración del es­

tado com o resultado de las reform as neoliberales, que im plicó la adopción de u n a serie de políticas internacionales que en su conjunto desactivaron el papel del estado com o benefactor social e interventor para el desarrollo económico. En tercer térm ino, asociado al punto anterior, la im posición y predom inancia de u n a d o ctrin a global basada en los principios del desarrollo sustentable que penetró en los diversos ám bitos institucionales del estado m exicano, a través de lo cual se im pulsaron u n a serie de proyectos dirigidos por nuevos discursos del respeto a la diferencia cultural, la participación com unitaria y la conserva­ ción am biental. Esto hizo que el estado dejara de financiar y adm inistrar los grandes proyectos de sol y playa, para delegar este papel a los inversionistas privados, conservando sólo la facultad com o prom otor, planificador, regula­ dor e interm ediario, m ientras que de aquí en adelante concentraría sus esfuer­ zos en lograr la diversificación del turism o, incluyendo u n a serie de políticas y proyectos com unitarios im pregnados por el discurso del desarrollo turístico sustentable .11 En esta nueva fase com enzaron a proliferar los proyectos de “turism o al­ ternativo” a lo largo y ancho del país (ecoturism o, turism o rural, de aventura, verde, etc.). Esto im plicó la difusión de m odelos com unitarios, participativos y conservacionistas, el surgim iento de nuevos agentes del desarrollo local (ONG, asociaciones civiles, em presas, etc.) y la injerencia de éstos en nuevos territorios que paulatinam ente han sido integrados a la lógica de adm inistra­ ción estatal y a los circuitos del turism o internacional (López y M arín, 2012). A unque los resultados del “turism o alternativo” reflejan pocos logros y gran ­ des retos, esta actividad desplegó u n a am plia presencia en la república m exi­ cana, contándose para 2007 m ás de 600 destinos donde es posible practicar el ocio y la recreación con estas características, adem ás de que se han registrado 916 “em presas sociales” dedicadas al turism o alternativo (López y Palom ino, 2008). U na m irada a esta tendencia de desarrollo la presenta A na García et. al. en un o de los capítulos de este libro, que m uestra precisam ente los problem as territoriales, las disputas p o r los recursos y los retos de la organización com u­ nitaria. U no de los trabajos pioneros que advirtió sobre las nuevas estrategias de expansión territorial del capitalism o a través del turism o y los discursos am ­ bientalistas es el de D altabuit y Pi-Sunyer (1990), quienes se interesarán por la construcción de C ancún, las políticas de M undo M aya y los efectos del tu ­

11 Esto es parte de una nueva política del desarrollo en donde salen a relucir nuevos térm inos rectores, dado que se busca diversificar la industria del turism o a través de “la creación de nuevos productos", “de valor agregado" (de na­ turaleza y cultura), y la estructuración de regiones y circuitos de m ercado en busca de una mayor “com petitividad" y “sustentabilidad" (SECTUR, 1991; 2001).

rism o en las com unidades locales. En su texto señalan el im portante papel del estado com o planificador del cam bio económ ico regional, y la poca im p o rtan ­ cia que se dio a los costos económ icos y sociales del desarrollo turístico. Un aporte consiste precisam ente en señalar la enorm e influencia de las ideologías y políticas del am bientalism o, que con u n a “retórica idéntica al nacionalism o” legitim an políticas globales intervencionistas, a través de lo cual “expertos” externos, dotados de prestigio y am plios poderes, acceden a u n territorio para gestionarlo y cubrir las necesidades de turistas extranjeros. Señalan que en realidad se trata de u n proceso de apropiación, dado que el entorno físico, las sociedades hum anas y los restos históricos se convierten en “patrim onio de la hu m an id ad ” destinados al consum o de los visitantes. U n aspecto fundam ental en las prim eras etapas del desarrollo del turism o en M éxico es el papel central del estado, com o prom otor, inversionista, plani­ ficador, gestor, regulador, m ediador y adm inistrador de la industria (Clancy, 2001 ), de m anera que u n a nueva revaloración de su estructura y funciona­ m iento, ten d ría que considerar el papel que desem peña en el m arco de un escenario político m uy distinto. Asim ism o, las com unidades agrarias tam bién se encuentran inm ersas en nuevos escenarios ante el desarrollo y consolida­ ción de la econom ía global y las políticas neoliberales. U no de los efectos m ás im portantes en el cam po m exicano ha sido la reform a al artículo 27 constitu­ cional en 1992, que tuvo com o propósito principal que los ejidatarios y com u­ neros pudieran parcelar y privatizar sus tierras, com o u n a m edida del gobierno para incentivar el m ercado de tierras y estim ular las inversiones. En este am plio m arco de trasform aciones que aquí he sintetizado, donde el estado juega u n papel m uy distinto al de los años setenta, vale la pena de­ tenerse a reflexionar sobre los m ecanism os a través de los cuales el capital se hace del espacio necesario para im pulsar la industria del turism o. En la actua­ lidad el estado m exicano recurre m ucho m enos que antes a las expropiaciones para em prender proyectos de desarrollo (sean de la naturaleza que sean), sin em bargo, esto no quiere decir que el proceso de apropiación haya m enguado o que las estructuras del m ism o no sirvan com o catalizadores de tal proceso. Esto nos lleva a tener que preguntarnos precisam ente por las articulaciones y las form as concretas contem poráneas; situaciones, instituciones, agentes, m e­ canism os y estrategias que tienen lugar, a través de las cuales los bienes territo ­ riales de com unidades pasan a form ar parte de los activos del capital privado, para el desarrollo de la industria turística. Prácticam ente p or todo el litoral del país (pero tam bién tierra adentro) des­ pegan desarrollos turísticos que desplazan a las poblaciones locales y despojan de sus propiedades a los ejidatarios, com uneros y gente con pocos recursos. En varios casos se trata de procesos históricos continuos de despojo territorial. En Acapulco, p or ejemplo, desde los años treinta hasta la fecha se han repetido

u n a serie de expropiaciones que difícilm ente po d rían catalogarse de “utilidad pública” (Gom ezjara, 1974; Ramírez, 1987; Valenzuela y Coll, 2010). El hecho m ás evidente de u n a estrategia de expoliación es la prom ulgación de la Ley de Turism o del Estado de G uerrero, im pulsada p o r el gobernador Ruiz M assieu (1989-1993), que faculta al gobierno estatal (a través de u n organism o den o ­ m inado P rom otora Turística) a expropiar terrenos ejidales de valor turístico para entregarlos en venta a inversionistas privados. Es precisam ente a través de esto que el gobierno de G uerrero expropió a diversos ejidos (Puerto M ar­ qués, La Poza, C opacabana, Plan de los Am ates, Alfredo V. Bonfil y Lomas de C hapultepec) a los que pagó las tierras a precios irrisorios para luego vender a precios elevados, con lo cual encum brados políticos y figuras públicas se h i­ cieron de terrenos de playa en u n lugar conocido com o P unta D iam ante .12 Un despojo que ha generado u n a serie de m ovim ientos de protesta por parte de los diversos ejidos, que hasta hoy en día m antienen su reclam o por los abusos del estado y p o r el reconocim iento com o propietarios legítim os de la tierra. En la costa de Oaxaca, en el contexto de la planificación del proyecto tu ­ rístico Bahías de Huatulco, en 1984 tras u n decreto presidencial las autorida­ des agrarias reconocieron después de u n a dem anda histórica, la propiedad de 51,510 h a a la com unidad de Santa M aría Huatulco. U n día después de que apareció este reconocim iento en el D iario Oficial, igualm ente m ediante u n de­ creto presidencial y a solicitud de FONATUR, le fueron expropiadas 21,189 ha para constituir la reserva territorial del proyecto turístico, m ism a que cuen­ ta con aproxim adam ente 35 kilóm etros de playa (M adsen, 2000; Talledos, 2012 ) 13 (véase tam bién el texto de dit C hirot en este libro). Este hecho disparó u n a serie de protestas que fueron relativam ente apagadas con intim idaciones, sobornos y violencia, pero que em ergen periódicam ente hasta la actualidad, cuestionando la legalidad de la expropiación y al m ism o tiem po presionando para recibir beneficios. En 2010 p o r ejemplo, m ás de 920 com uneros de un pad ró n de 1,760 a través de u n a Asam blea G eneral decidieron dem andar al gobierno federal y exigir la restitución de sus tierras14, y posteriorm ente han estado m ovilizándose para beneficiarse con la dotación de viviendas, entre otras dem andas. En Zihuatanejo, donde en 1973 les fueron expropiadas a los ejidatarios 481

12 “Zona diam ante, la guerra por las tierras ejidales", Roberto Ramírez Bravo, en M ilenio G uerrero, 2 de noviem bre de 2002, disponible en https://caminodeguerrero.wordpress.com/2013/04/20/zona-diamante-la-guerra-por-las-tierras-ejidales/, consultado el 5 de julio de 2015; “La zona Diam ante, paraíso construido a base de despojos", Roberto Ramírez Bravo, en La Jornada, 12 de febrero de 2007, disponible en http://www.lajornadaguerrero.com.mx/2007/02/12/index. php?section=sociedad& article=007n1, consultado el 5 de julio de 2015. 13 “Bahías de Huatulco" en el blog: M iguel de la M adrid Hurtado, Cam bio de Rum bo, Crónica d el sexenio 1982-1988, disponible en http://www.mmh.org.mx/nav/node/728, consultado el 2 de ju lio de 2015. 14 “Dem andan com uneros restitución de tierras", Avelino Abdías Vázquez en Publim ar, 19 de junio de 2010, disponible http://publimar.mx/demandan-comuneros-re&itucion-de-tierras, consultado el 18 de octubre de 2015.

hectáreas de la zona de Ixtapa a través de FONATUR, hoy a m ás de 40 años del suceso los cam pesinos siguen luchando para que se les pague conform e a lo acordado originalm ente .15 M ientras tanto, nuevos proyectos turísticos de inversión privada y apoyados igualm ente por FONATUR, reeditan las alianzas del poder, los subterfugios de las instancias oficiales y las triquiñuelas de los desarrolladores. Algo p or lo que parece caracterizarse el Proyecto Turístico Isla de Ixtapa, que actualm ente tiene planeada y autorizada la construcción de un com plejo con m ás de 4 m il cuartos de hotel, cam po de golf y otras instalacio­ nes de lujo a lo largo de poco m ás de 3 kilóm etros de playa, aún y cuando los ejidatarios acusan de ser los propietarios de buena parte del territorio donde se pretende construir el m ism o .16 En la costa de Nayarit, p o r decreto presidencial de Gustavo Díaz Ordaz, en noviem bre de 1970 a ocho ejidos de Bahía de Banderas y C om postela les fueron expropiadas poco m ás de 4 m il hectáreas de terrenos costeros. Más adelante, a finales de la década de los noventa se hizo lo m ism o para im pul­ sar el nuevo proyecto turístico denom inado Riviera Nayarit, desalojando a los propietarios, desinstalando sus negocios y desplazándolos a través de la fuerza policiaca hacia otros lugares de m enor valor com ercial .17 Estos conflictos no son casos aislados y por el contrario son m uestra de u n escenario que se extiende por todo el país, y que desde luego tiene sus referentes en todo el m undo. Para ver la dim ensión del problem a en México b asta reparar en los casos señalados, y referir a las intrincadas disputas que ejidatarios, com uneros y pequeños propietarios tienen con autoridades de go­ bierno, inversionistas y desarrolladores turísticos en defensa de sus tierras, sea en Loreto o Cabo Pulm o, Baja California Sur; P unta Peñasco, Sonora; H uatulco, Oaxaca; Cham ela, Jalisco; M anzanillo Colim a; Com postela, Nayarit; o en Holbox, Playa del C arm en y Tulum, Q uintana Roo .18 El escándalo público m ás reciente sobre este tem a deriva del reportaje “Tulum: T ierra de am biciones” de la periodista Lydia Cacho (2015) donde pone en evidencia los asuntos turbios del desarrollo turístico y las relaciones entre políticos, em presarios y especula­

15 “Ejidatarios de Zihuatanejo se quejan en la CIDH de que les adeudan sus tierras desde hace 41 años", Brenda Escobar, en El Sur. Periódico de Guerrero, 24 de septiem bre de 2014, disponible en http://suracapulco.m x/archivos/210454, consultado el 18 de octubre de 2015. 16 “Fonatur despoja a los pescadores", Hercilia Castro, en The prism a. The m ulticultural N ew spaper, 23 de agosto de 2014, disponible en http://www.theprisma.co.uk/es/2014/08/23/fonatur-no-paga-solo-despoja-2. consultado el 15 de junio de 2015. 17 “Desaforada privatización playera en Nayarit", Pedro Zam ora Briceño, en Proceso, Núm. 1734, 24 de enero de 2010. 18 Sólo com o ejem plos véase: “Especulación, despojos, invasiones ejidales, para abrir brecha. M anzanillo, en venta, para consum ar un plan turístico gem elo de Punta Diamante", Ignacio Ramírez, en Proceso, núm . 711, 16 d e junio 1990; “Com uneros e inmobiliaria", Rodríguez Gladys, en E l Universal, 15 de ju lio de 2007, disponible en http://archivo. elunrversal.com .m x/e&ados/65296.htm l, consultado el 2 de julio de 2015; “Isla Holbox. Crónica de un despojo", Sergio Caballero, en Proceso núm. 1974, 30 de agostos de 2014, disponible en http://www.proceso.com .m x/?p=381307, con­ sultado el 18 d e octubre de 2015; “Despojo en favor de extranjeros", M iguel Ángel Infante, en Proceso, 18 de m arzo 2007, disponible en http://www.proceso.com .m x/?p=94608, consultado el 18 de octubre de 2015.

dores de bienes raíces .19 U na red de com plicidades que llega a las altas esferas del poder. U n caso que igualm ente abordo en u no de los capítulos de este libro, com o parte de u n a investigación m ás am plia sobre m ercantilización del espa­ cio y la cultura, de próxim a publicación (M arín, en prensa). Em pero, no siem pre los afectados directos son propietarios privados o co­ m uneros agrarios, sino que en m uchas ocasiones se trata de form as de apro­ piación de reservas naturales o playas, que suelen ser bienes públicos o regidos p or leyes federales, en donde se intenta im poner proyectos aún y cuando las leyes am bientales prohíben su construcción, o cuando las sociedades locales están en contra de ciertas form as de desarrollo. Estos son los casos, por ejem ­ plo, del Parque N acional Tulum en la costa de Q uintana Roo (M arín, 2012), el desarrollo turístico en C abo Pulm o, en Baja California Sur, o el proyecto del cam po de golf en Tepoztlán, M orelos (Velázquez, 2009). Si bien es cierto que a p artir de la década de los noventa pocos trabajos han ofrecido versiones etnográficas centradas específicam ente en los conflic­ tos, despojos y m ercado de tierras en el contexto del turism o: Ram írez Sevilla (1992) y Ram írez C orona (2012) para el caso de la Bahía de Tenacatita, Jalisco; O rozco (1992) y M adsen (2000) en Bahías de Huatulco, Oaxaca; Real (1999) y del Ángel (2005) en P unta de M ita, Nayarit; M orales (2009) en M azunte y San Agustinillo, costa de Oaxaca; y A lm anza (2013) quien estudió algunas locali­ dades de la Sierra Tarahum ara, en C hihuahua. También es cierto que diversos autores han continuado con el interés por los tem as de la tierra, no obstante, ahora integrado a nuevas discusiones sobre el capitalism o global, el neoliberalism o, la producción y apropiación de espacios y las luchas por el control de los recursos de las sociedades locales (López, 2010, 2015; López y M arín, 2010, 2012; M arín, 2008, 2010, 2012; Buitrago, M arín y Fraga, 2012; M anuelNavarrete, 2012; C ruz et. al., 2012).

Nuevos escenarios rurales, organizaciones agrarias y procesos de de­ sarrollo turístico En particular, en A m érica Latina y el C aribe las condiciones estructura­ les en que subsisten las com unidades rurales no ayudan al optim ism o. En el escenario institucional se observa el retraim iento del estado com o rector del desarrollo agrario, se increm enta la liberalización financiera y com ercial, y la am pliación de program as asistenciales para paliar la pobreza. Por otro lado, entre las localidades se advierte la reducción de las actividades agrícolas, la

19 “Tulum : Tierra de am biciones", Lydia Cacho, en A risteg u i Noticias, 07 de septiem bre de 2015, disponible en http:// ari£tegum oticias.com /0709/m exico/tulum -tierra-de-am biciones/, consultado el 18 de octubre de 2015.

diversificación de las actividades productivas, la intensificación de los flujos m igratorios, el increm ento del trabajo jornalero, la flexibilización y fem ini­ zación del trabajo rural, la expansión del narcotráfico, así com o u n a im para­ ble apropiación territorial, degradación ecológica y acentuación de la pobreza ru ral (Lara, 2001; Teubal, 2001; Kay, 2009; C arton, 2009; M aldonado, 2012; Torres-M azuera, 2012). Estos procesos generales h an dado lugar a u n a serie de escenarios que reba­ san las categorías analíticas tradicionales de la academ ia y que parecen estim u­ lar la im aginación literaria: ruralidad sin agricultura, zonas rurales in d u stria­ lizadas, pueblos fantasm as, com unidades sin hom bres, poblados em pleados p or m aquiladoras, com unidades sostenidas con las rem esas de los m igrantes, pueblos sitiados por el narcotráfico, cam pesinos que reciben ingresos p o r cui­ dar el m edio am biente, proliferación de “Pueblos M ágicos”, y finalm ente ejidos dedicados al ecoturism o o convertidos en espacios franquicia a beneficio de to u r operadores internacionales, entre otras cosas. Especialm ente, el ecoturism o destaca com o u n a de las propuestas de desa­ rrollo en el ám bito rural que h a tenido m ayor im pulso a nivel internacional y que condensa los principios rectores del desarrollo sustentable. En térm inos generales se propone: 1) u n a ética orientada hacia el cuidado y conservación de los recursos naturales, así com o el respeto por las culturas locales, 2 ) la p ro ­ m oción de la gestión com unitaria y el em poderam iento local y 3) la búsqueda de la viabilidad económ ica de la industria a pequeña escala, sin com prom eter la conservación ecológica. Por supuesto, para poder instaurar esta propuesta de desarrollo se requiere de la instrum entación de m odelos territoriales y o r­ ganizativos para la adm inistración de recursos, la participación com unitaria y el aprovecham iento de la organización social “tradicional”, a fin de reforzar los valores culturales del grupo. C om o hem os señalado en u n texto m ás o m enos reciente, López y M arín (2010), ello requiere de u n enorm e aparato institucio­ nal de program as de financiam iento, capacitación, m onitoreo y certificación, a fin de cum plir con las prescripciones del m odelo, lo que claram ente pone en evidencia el carácter hegem ónico del desarrollo local. Lo realm ente im portante y significativo, es que estas m odalidades tu rísti­ cas, nacen y son pensadas para im pulsar el desarrollo de pequeñas localidades rurales, que poseen territorios con recursos naturales y atractivos culturales. Se trata principalm ente de territorios de pueblos indígenas y cam pesinos que históricam ente han sido objeto de políticas públicas por parte de los estados nacionales, y que en la actualidad experim entan grandes transform aciones en el contexto de la globalización y las políticas neoliberales. C om o podem os ad ­ vertir a través de distintos estudios (D altabuit et. al., 2000; López y Palom ino, 2008; G uzm án y Juárez, 2013; García, Jouault y Rom ero, 2015; y García et. al. en este libro), el ecoturism o se erige com o u n a fuerza del m ercado que

im prim e u n a nueva valoración al territorio ejidal y que abre u n abanico de oportunidades económ icas para las localidades que, ante las grandes carencias y necesidades que experim entan, difícilm ente pueden ignorar o rechazar de form a inm ediata esta propuesta. Algo que queda claro en m uchos trabajos -y en los planteam ientos que se hacen en este libro- es que el despegue y desarrollo del turism o en los espacios rurales plantea nuevos retos a las localidades, sobre todo en relación con la definición de los lím ites y los derechos de propiedad de la tierra, y las form as de acceso y adm inistración de los recursos naturales. Lo que se traduce en la form ación de espacios contenciosos, cada vez m ás regulados y disputados, pero en el m arco de u n a fragilidad sistem ática de las instituciones en diversos niveles. Esto incluye la aparición de m últiples agentes que buscan aprovechar la vulnerabilidad económ ica y social de las com unidades, la fragilidad del sis­ tem a legal y la corrupción institucional que im pera en las instancias oficiales, y que operan sistem áticam ente para la apropiación de tierras, la especulación inm obiliaria y el im pulso de desarrollos turísticos. Por otro lado, m uchos de los espacios de propiedad com unal que hasta la actualidad han sido conservados por diversos grupos sociales, no necesaria­ m ente se localizan en los “m árgenes de la nación” o son evocaciones de la vida silvestre. Resulta que en diversos casos las tierras com unales o ejidales se han constituido com o espacios vitales de proyectos urbanos y turísticos, o bien com o reservas territoriales de los m ism os, pero que con los años y el aum en­ to de la dem anda de espacios para la industria o para el crecim iento urbano, llegan a localizarse en puntos estratégicos y adquieren u n a im portancia eco­ nóm ica inusitada en el m arco de relevantes polos de desarrollo. Estos son los casos de los ejidos en Tulum, Playa del C arm en, C ozum el y Cabo San Lucas -en los estados de Q uintana Roo y Baja California Sur- que abordam os en este libro. Se trata sin duda de condiciones m uy diferentes a las que po d ría confi­ gurar el desarrollo del ecoturism o en u n a com unidad, dado que la dim ensión y las dinám icas de la ocupación espacial se presentan bajo otras variables, al m ism o tiem po que los agentes, los intereses y expectativas de los participan­ tes, y las estrategias de apropiación por parte de los grupos de poder son m uy distintas. U n signo de acentuación de los procesos de apropiación territorial a través del turism o en M éxico y su orientación neoliberal, es precisam ente la propues­ ta de reform a a la fracción I del artículo 27 constitucional, que prohíbe a los extranjeros la propiedad de tierras en las fronteras y litorales del país, y que supuestam ente garantiza la soberanía del estado .20 Se trata de u n despropósito, 20 Se trata de una ley que restringe la propiedad a extranjeros en una franja de 100 kilóm etros de ancho en las fronteras nacionales y de 50 kilóm etros en las playas de todo el país. Uno de sus antecedentes se encuentra en la Ley de Colo­ nización prom ulgada en 1824, que pretendía garantizar la soberanía nacional ante las am enazas de invasión militar, y

dado que en realidad a lo largo de todo el país infinidad de propietarios de te­ rrenos con frente de playa, m exicanos y extranjeros, hoteleros y residenciales, han privatizado las costas de la nación restringiendo el acceso y la circulación a las playas, a pesar de que legalm ente son terrenos federales, espacios públi­ cos donde to d o m exicano puede disfrutar y circular librem ente. La ley es letra m u erta .21 Pese a ello, com o parte de u n a serie de reform as constitucionales la cám ara de diputados aprobó en 2013 u n a m odificación para derogar esta res­ tricción (que falta sea aprobada p or la cám ara de senadores) con el argum ento de “regularizar” u n a práctica cotidiana, dado que los extranjeros com únm ente han utilizado la figura del fideicom iso com o u n recurso para burlar las restric­ ciones legales y, en realidad, ya son propietarios de las costas. El razonam iento final fue que esta regularización perm itiría im pulsar el desarrollo turístico, la inversión extranjera y la generación de em pleos .22 Los prom otores de la reform a al artículo 27 constitucional carecen de p re­ ocupaciones políticas, jurídicas y socioculturales. En principio ignoran y no discuten si en la actualidad sigue siendo vigente apelar a la soberanía del esta­ do com o un o de los argum entos centrales que dio origen a la ley. En segundo lugar, rehúyen el problem a de la pérdida del control territorial, y de los costos no sólo para el estado sino tam bién para las sociedades locales. Finalm ente, soslayan el problem a de la privatización de los espacios públicos, dado que las playas son terrenos federales y propiedad de la nación apropiados por p arti­ culares. De esta m anera, los problem as de la soberanía nacional, el bien social, lo inalienable de los bienes públicos y la restauración del estado derecho, se traducen en asuntos intrascendentes que están supeditados a los intereses eco­ nóm icos y a los negocios. Si bien la gente ha perdido sus tierras y las seguirá perdiendo, si las playas de todo el país han sido privatizadas -nos dicen los reform adores sin m ucha preocupación-, entonces será m ejor regularizar todo esto para atraer inversiones, para generar em pleos y para no estar pensando en causas perdidas de gente negativa. En todo caso, este libro ofrece u n a m irada m ultisituada al com plejo m undo del turism o, que no sólo m uestra diversos casos y escenarios de desarrollo en que más tarde se juzgó pertinente ante las am enazas colonizadoras e im perialistas, de manera que perm aneció en la constitución de 1917, misma que sigue vigente. 21 Sólo com o una muestra podem os referirnos a la im presionante invasión y colonización de los espacios de playa en la península de Baja California por parte de los baby-boom ers estadounidenses (Davis, 2006), pero desde luego esto se repite en m uchos otros lugares del país. Com o señala Mike Davis “El D epartam ento de Estado calcula que en los últim os diez años el núm ero d e estadounidenses que viven en M éxico ascendió de 200 mil a un m illón (una cuarta parte d e todos los expatriados estadounidenses)" y eso d esde luego habla de una tendencia que tiene consecuencias de consideración. 22 El diputado M anlio Fabio Beltrones del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y principal gestor de la reforma señala: “Se trata de erradicar la sim ulación en la propiedad extranjera en las playas d e M éxico y de elim inar a los interm ediarios que a través de fideicom isos, sociedades anónim as y prestanom bres han lucrado con la prohibición constitucional... [Adem ás con ello] Estarem os facilitando la inversión turística y la generación de em pleo local" (“D ipu­ tados aprueban propiedad d e extranjeros en costas", en E l Econom ista, 24 d e abril de 2013).

distintos lugares del país, sino tam bién u n a am plia perspectiva para tratar de com prender las estructuras, las dinám icas y los procesos que sostienen a la industria. En térm inos generales, los trabajos que presentam os -aún con sus diferencias contextuales y el tipo de abordajes teóricos y etnográficos- parecen coincidir o acercarse en sus form ulaciones esenciales. A saber, la centralidad de la especulación de tierras en el contexto del turism o, la incertidum bre de los regím enes de propiedad, la fragilidad de las instancias institucionales, las grandes desigualdades de poder que enm arcan la apropiación territorial, y la participación de funcionarios-em presarios en los procesos de despojo, com o parte de u n engranaje que parece adquirir tintes de política institucional. En el p rim er capítulo, Ángeles López Santillán, basada en su experiencia de investigación sobre el caso de Holbox, en el n orte de Q uintana Roo, en el C ari­ be m exicano, estudia el proceso a través del cual se produce u n lugar turístico con base en el “despojo articulado” de buena parte del territorio de u n a com u­ nidad. Explica cóm o tras el desarrollo del turism o y la explosión del m ercado de tierras, u n a isla de pescadores fue valorizada y disputada, convirtiéndose en el b o tín de las élites y la clase política regional. La autora, basada los p lan­ team ientos teóricos de la acum ulación por desposesión, analiza la articulación de distintos grupos de poder económ ico y político, incluyendo el papel de los locales, orientados a lograr la venta de tierras ejidales para ser transferidas a im portantes em presarios de la región. U n asunto que ha derivado en u n a lu­ cha intestina, entre intrigas, negociaciones y transacciones fraudulentas, con grandes costos sociales para los holboxeños, adem ás de la posible enajenación de sus tierras. U na cuestión que se ha llevado a los tribunales y se encuentra en litigio. En el siguiente, A ura H elena Ram írez estudia el caso El Rebalsito de Apazulco u n ejido situado en la bahía de Tenacatita en la costa sur del estado del Jalisco, en el Pacífico m exicano. N arra y analiza la historia de cóm o los ejidatarios fueron acosados durante décadas por políticos, em presarios y caciques, hasta ser despojados y expulsados de la bahía, no sin antes oponer resistencia p or décadas. El trabajo tiene la virtud de reconstruir u n escenario complejo donde se advierte la fragilidad de los pobladores, sus intentos por defender lo propio y donde se observa u n ejido fragm entado, con intereses internos y predom inancia de u n grupo m inoritario (vinculado al cacique) que finalm ente prom ovió la venta de tierras de la costa, y facultó el despojo a favor de em pre­ sarios foráneos, nacionales y extranjeros. Es así que A ura H elena destaca que “la apropiación de los terrenos costeros por parte de inversionistas privados se h a dado gracias a la interm ediación de actores locales, m ediante la violencia, la am enaza, el engaño y el uso am añado de la ley”. U n aspecto que igualm ente destacan Lea Rodrigues, C lem ent dit C hirot, Santiago Bastos y Ángeles López en sus propios trabajos.

El tercer capítulo, del cual soy autor, trata el tem a del despojo de tierras ejidales, particularm ente de playas, en Tulum, Q uintana Roo. En este trabajo abordo el caso del ejido José M aría Pino Suárez, a través del cual es posible observar cóm o el desarrollo del turism o se encuentra relacionado con proce­ sos de apropiación territorial, en los que distintos grupos de poder político y económ ico se im ponen sobre los locales, en u n escenario de alta especulación inm obiliaria, incertidum bre legal, confrontación social y m ecanism os institu­ cionales de despojo. En síntesis, com unidades con tierras valiosas bajo control de grupos de élite, mafias agrarias y profesionales de la trasgresión. Se trata de dinám icas que desarrollan los grupos poderosos para acaparar espacios estra­ tégicos y garantizar su participación com o inversionistas, lo que por supuesto im plica el desplazam iento sistem ático de los grupos locales, no sólo en térm i­ nos espaciales, sino tam bién com o posibles beneficiarios del desarrollo. H oracio Alm anza, por su parte, nos ofrece u n trabajo basado en el desarro­ llo de u n a etnografía histórica, en la que describe el despegue del turism o en la Sierra Tarahum ara, en el estado de C hihuahua, sobre todo a raíz del Proyecto Turístico Barrancas del Cobre en 2008, y que consolidó u n proceso de apro­ piación de tierras en territorio indígena. El autor se centra particularm ente en el caso de la com unidad M ogotavo, afectada p o r la apropiación de sus tierras p or parte de u n particular y su fam ilia que em prendieron en ellas negocios de turism o. En el trabajo explora las relaciones de propiedad, las condiciones jurídicas y la interacción entre los distintos agentes del conflicto, incluyendo a las instituciones agrarias involucradas en los litigios. En su análisis enfatiza, p or u n a parte, u n im portante proceso de “invisibilización” de las com unidades rarám uris, com o u n intento por borrarlas de los espacios que habitan h istóri­ cam ente, y p o r tanto ignorar sus derechos com o pobladores originarios; por otra, “el papel que juegan las instituciones, norm as y subjetividades que en conjunto facilitan la constitución de u n a estructura social favorable para el despojo de tierras”. En seguida, Lea C arvalho Rodrigues presenta el caso de la isla de Cozum el, en el C aribe m exicano, y describe el proceso a través del cual se sentaron las bases de la industria del turism o para su desarrollo, y cóm o esto im plicó la expropiación de la m ayor parte de las tierras al ejido local (m ás de 31,000 hec­ táreas) adem ás de la relocalización de los agricultores y pescadores en espacios de m enos valor económico. La autora destaca el proceso de consolidación de la élite política y em presarial de la isla, con gran influencia en la política regional y articulada a las redes de poder nacional, lo que posibilitó su inserción en los órganos federales que definen el planeam iento y controlan el desarrollo del turism o en el país. En últim a instancia, apunta que en este caso, “las m odifi­ caciones en la Ley A graria, el recurso de la figura jurídica del fideicom iso y el estricto control político sobre la región, han perm itido que en C ozum el unos

pocos grupos familiares m antengan u n fuerte control sobre el territorio y las actividades económ icas en la isla”. En el siguiente capítulo, Santiago Bastos presenta el caso de la com unidad de M ezcala, ubicada en la ribera del lago de Chapala, en el estado de Jalisco, en el que analiza el proceso a través del cual las autoridades y em presarios han intentado despojar a los com uneros de su territorio, y prom over el m ercado de tierras com unales e inversiones privadas, com o parte de u n program a para im pulsar el turism o local y regional. Se trata de u n texto que analiza la form a en que u n particular se apropió e instaló en tierras com unales ilegalm ente, y la lucha de los com uneros por la defensa de sus bienes, que h a llevado no sólo a la organización para la resistencia, sino tam bién a la form ación de una identidad étnica em ergente. Santiago Bastos explica este despojo y su contexto (plagado de arbitrariedades, ilegalidad, corrupción, autoritarism o y violencia) com o parte de las transform aciones neoliberales que m uestran u n a tendencia al desm antelam iento del corporativism o y los derechos agrarios, en favor de convertir la tierra en m ercancía, com o parte de la consolidación de la econo­ m ía global. Es así que el caso de M ezcala representa u n a tensión perm anente entre el proyecto com unitario y las dinám icas m ercantiles que prom ueven p o ­ líticos, funcionarios y em presarios. A na G arcía de Fuentes y su grupo de investigación, analizan a p artir de cinco casos de estudio en distintas localidades de la península de Yucatán (C hunkanán, H om ún, Cenotillo, Ek Balam y Temozón) las diversas im plica­ ciones del desarrollo de proyectos de turism o alternativo en terrenos ejidales. En particular centran su atención en los conflictos que derivan de este tipo de em prendim ientos, en to rn o a los derechos de propiedad de la tierra y el acceso a los recursos naturales, la tom a de decisiones y la participación de la población, que lleva a interrogantes sobre las dificultades de control territorial en los ejidos y los dilem as del desarrollo local. Los autores presentan distin­ tos escenarios de revaloración de los recursos a través del turism o, y con ello la restructuración social, productiva y territorial en las localidades, donde se desarrollan fisiones, disputas y negociaciones, sea al interior las com unidades o entre éstas y otros grupos e instituciones, com o u n a expresión para resolver las dificultades estructurales. Entre ellas, la indefinición legal de la tenencia de la tierra, la im provisación en el desarrollo turístico y la disfuncionalidad de las regulaciones e instituciones oficiales. Finalm ente, resaltan que la política pública de apoyo al turism o alternativo, basado principalm ente en subsidios, se im plem enta sobre u n m arco legal endeble en lo tocante a la tenencia de la tierra, con innum erables sobreposiciones institucionales n ad a funcionales, sin nociones com unitarias acerca de los negocios, y sin condiciones para las negociaciones justas. Por su parte, C lém ent M arie dit C hirot nos ofrece u n estudio com parativo

entre dos espacios turísticos: Huatulco, O axaca y Playa del C arm en, Q u in tan a Roo, a través de lo cual analiza las relaciones de propiedad y los conflictos de apropiación en estos dos contextos. El p rim er caso se trata de u n C entro In te­ gralm ente Planeado prom ovido por FONATUR, en el que para despegar ex­ propiaron a la com unidad de Santa M aría H uatulco m ás de 21,000 hectáreas, con 35 kilóm etros de costa y nueve bahías, adem ás de que reubicaron a la co­ m u n id ad fuera de este territorio. El segundo caso, refiere a Playa del C arm en, u n a ciudad turística en la Riviera Maya con uno de los índices de crecim iento urb an o m ás altos del país, donde el gobierno estatal, los terratenientes y ejidatarios locales han jugado u n papel central en los negocios de la especulación inm obiliaria y los procesos de urbanización. U n caso que nos recuerda a los ejidatarios en el ejido Bonfil y su papel en el crecim iento de la ciudad de Cancún. El autor destaca en su análisis la im portancia de la valoración de la tierra y las form as de la propiedad jurídica de la m ism a, com o factores que influyen en la definición de nuevas posiciones sociales que determ inan la capacidad para conservar o no los bienes patrim oniales. En últim a instancia, plantea que los dos estudios de caso ofrecen ejemplos del uso político del espacio turístico, siendo su control u n instrum ento para afirm ar posiciones de poder. Finalm ente, Bojórquez, Ángeles y Gám ez se enfocan a estudiar el proceso de apropiación del espacio costero en C abo San Lucas, Baja C alifornia Sur, tom ando com o centro de análisis la privatización de las playas y las tierras ejidales, que observan com o m anifestaciones locales de u n proceso global de acum ulación de capital y concentración de la riqueza. C on base en los p lan­ team ientos de H arvey respecto a la acum ulación p o r desposesión, analizan la enajenación de las playas (supuestam ente públicas) por parte de capitales privados, y p or tanto la exclusión de sectores de la sociedad im pedidos a dis­ frutar de estos espacios y del paisaje m arino. Al m ism o tiem po, plantean que las expropiaciones de tierra ejidal por parte del estado para im pulsar la u r­ banización y el crecim iento de la ciudad, se capitalizan en negocios esencial­ m ente privados, constituyendo u n a im portante subvención gubernam ental a la especulación inm obiliaria y a los sectores de la construcción y la hotelería. En general, describen u n proceso de desarrollo turístico y urbanización, que tiende a privatizar los espacios públicos y apropiarse de los paisajes, que ofre­ ce privilegios oficiales a los grandes capitales y grupos de poder económ ico, m ientras que excluye de los espacios estratégicos a los grupos locales m enos favorecidos. En últim a instancia, el conjunto de trabajos que integran la presente obra refleja u n valioso esfuerzo etnográfico y teórico p o r estudiar el desarrollo del turism o y la apropiación territorial en México. Si bien se trata de u n a serie de estudios de caso sobre distintos lugares, en diversos contextos y con variados intereses, el libro en su conjunto nos perm ite desarrollar u n a m irada integral;

rica en descripciones y reflexiones analíticas que nos ayudan a descubrir im ­ portantes interconexiones entre los escenarios estudiados, y los ejes rectores de los procesos que se abordan. Asim ism o, nos ofrece com plejos escenarios d o n ­ de se observa las duras experiencias com unitarias del despojo, pero tam bién las im pugnaciones, luchas y negociaciones p o r el espacio, com o u n a form a de reivindicar los derechos de las localidades. No hace falta decir que esto es apenas u n a aproxim ación al vasto y com plejo tem a que tratam os, y que habrá valido la p en a el intento si generam os el interés y am pliam os el diálogo.

U n reconocim iento especial a cada uno de los autores que colaboraron en este libro, desde luego por la valía de su trabajo pero tam bién por su gran dis­ posición y paciencia para seguir el proceso editorial del m ism o. Expreso tam ­ bién m i agradecim iento a C arolina C anto H errera, por su esm erado trabajo en la edición y revisión de la obra, y a G ilberto M. González Kuk p o r la asistencia técnica, al elaborar la m ayor parte de los excelentes m apas que acom pañan a los distintos capítulos. Por últim o, agradezco sinceram ente el trabajo de todo el equipo de Pasos que hicieron posible que el libro llegara a feliz térm ino.

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Quemar las naves. El despojo articulado de la isla de Holbox, México

Ángeles A. López Santillán1

Preliminares La producción turística posee u n peso sum am ente significativo en la edi­ ficación del m u ndo m oderno, particularm ente en la continua generación de m ercados de consum o cultural, lo que la coloca com o u n a industria de prim er orden a nivel global por el capital que m oviliza. N o obstante por esta m ism a causa las form as en que se realiza dicha producción conlleva a la reflexión sobre las condiciones en que el régim en de acum ulación organiza e institu­ cionaliza el despojo de distintos bienes (Harvey, 2005, 2006). Si bien es cierto que la acum ulación por despojo representa u n a de m ayor indexación en el neoliberalism o, se corre el riesgo de convertirla en u n a m etanarrativa, y es por esta razón que docum ento etnográficam ente las condiciones de su realización en el C aribe m exicano, particularm ente a través de la revisión del caso de isla Holbox. D ada la aprem iante dinám ica global que subsum e m últiples realidades lo­ cales, explicaré brevem ente la realización de la acum ulación por despojo en Holbox clarificando algunos de los aspectos que asum o deben destacarse des­ de la antropología social, en este novedoso uso de la conceptuación m arxia-

1

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n a de acum ulación prim igenia o prim itiva. En particular en lo que refiere a la producción turística, el despojo se ejecuta en m últiples dim ensiones y se oculta sin cesar de form a cotidiana. ¿Cóm o? C on la presencia continua de los turistas que consum en ese frontstage de los lugares m ercancías que en realidad fueron enajenados, privatizados y convertidos en espacios de consum o, para generación de renta del capital y capital financiero; m ientras que en ese m al llam ado backstage se concreta en la vida de m uchos otros la pauperización, explotación, subordinación, autoexplotación, desplazam iento, entre otros p ro ­ cesos de despojo diferenciado y de reproducción de la desigualdad que genera la industria. El recurso tierra es lo que nos tiene discutiendo en este libro p o r ser el recurso p rioritario para la producción de la m ercancía turística: el lugar de consum o turístico (López, 2010; López y M arín, 2010, 2012; M eethan, 2001). La privatización, la financiarización, el m anejo de las crisis financieras y la redistribución del estado sobre los bienes y beneficios públicos son los ám bitos y las condiciones en los que H arvey hace énfasis para com prender el neoliberalism o y la institución de distintos m ecanism os de la acum ulación p o r despojo. C om o bien destaca el m ism o Harvey (2005:35), las reform as neoliberales en el caso m exicano son relevantes de analizar p or los perjuicios derivados de la p ri­ vatización de las tierras ejidales o com unales y su redistribución de beneficios bajo los intereses del Estado y del capital. En este punto, el caso m exicano se vuelve el epítom e al trasladar al m ercado los distintos bienes y patrim onios públicos o com unales, com o es el caso de los derechos sobre las tierras, que a través de las reform as al artículo 27 constitu­ cional se vieron afectados y favorecieron la privatización de los ejidos. A hora bien, lo m ás im portante en este proceso es com prender cóm o las reform as neoliberales perm iten la restauración y concreción del dom inio de clase y su po d er político-económ ico (Harvey, 2005), y particularm ente en México, cómo las élites políticas son parte y están íntim am ente enlazadas en ello. El caso de isla Holbox, com o m uchos otros del Caribe m exicano y otras costas del país, ofrece esta perspectiva de u n a form a nítida en lo que refiere a la producción turística. El valor depositado en las costas m exicanas lo esclarece m uy bien la Secretaría de Turism o (SECTUR) en su publicidad escrita: “el dinero no se da en los árboles, pero si en las palm eras”. La ribera costera en M éxico es la zona m ás codiciada, disputada, violentada en torno a sus poblaciones y vulnerada en térm inos socioam bientales y socioterritoriales p o r los intereses puestos en la apropiación del espacio para la producción turística .2 De ahí que se precisa enunciar y hacer énfasis en las articulaciones que

2

Sólo podríam os ubicar en térm inos com parativos en otro plano productivo a los puertos de altura de Lázaro Cárdenas (M ichoacán), M anzanillo (Colim a), Altam ira (Tam aulipas) y Veracruz (Veracruz).

posibilitan estas condiciones del despojo. En la investigación etnográfica que realicé desde 2003 en la isla de Holbox (véase López, 2010), m e enfoqué en observar la estructura jerárquica de m ediación a través de la cual la p ro d u c­ ción turística se hace hegemónica. “Por estructura jerárquica de m ediación se entiende a la red de relaciones sociales que intervienen en la producción de los espacios turísticos desde lo global hasta lo local y viceversa. Esta red es profundam ente com pleja pues involucra a u n a serie de grupos de actores que operan desde distintas escalas, con diversas posiciones estratégicas y con agendas conflictivas” (López, 2010:29). Así, el objetivo se centra en la serie de agentes involucrados en u n a compleja red de interrelación en donde se pugna p or objetivar significados diferenciados que se pretenden inscribir tanto en el destino turístico com o en la dinám ica social, principalm ente la de la m oviliza­ ción del trabajo social (López, 2010: 29-70, 363-448; Wolf, 2001). En este docum ento m e centro en decantar el caso de la articulación del des­ pojo ejidal en la isla, centrándom e en reconocer la intrincada red - n o siem pre tran sp aren te- de agentes que controlaron los m ecanism os para que el capital tierra fuera sustraído de sus poseedores y transform ado en renta turística y en capital financiero. Trataré de m ostrar la m aterialización del poder de la clase hegem ónica en todos los niveles de análisis: local, regional, nacional y global, y al m ism o tiem po, exponer cóm o la clase política dio pie a la ejecución de los ajustes realizados en el m odo de regulación, y cóm o el uso de la coerción por parte de estas élites y otras redes de corrupción política dieron vía a la especu­ lación del patrim onio de u n pueblo. En este sentido, el caso de la etnografía histórica de Holbox nos perm ite identificar las dim ensiones de u n proceso que M arx (1999) denom inó com o acum ulación prim igenia, y que Harvey (2005, 2006) ha reelaborado com o acu­ m ulación p or despojo. Esto se observa en la ejecución com pleja de distintos y desiguales capitales políticos, económ icos y sociales; en las articulaciones de clases en el p o d er y en la form ación de las desigualdades y vulnerabilidades de sectores de población que term inan por controlar m edios de producción escasos y fragm entarios, o sim plem ente su fuerza de trabajo en u n escenario de desarrollo desigual sin precedentes. Asim ism o, el caso de Holbox nos lleva p or u n m ayor n úm ero de contradic­ ciones que ya he expuesto en otra parte (López, 2010; 2014). La acum ulación p or despojo se concreta de form a m ultidim ensional, incluyendo en el plano de lo sim bólico y p o r tanto, en la construcción de significados en torno a la form a en que se observan los bienes y posesiones y lo que puede (o debe) hacerse con ellos. Así, se precisa reconocer los procesos de individualización y la am bigüedad que perm anece en las acciones de los holboxeños sobre las posibilidades de futuros com unes: si éstos serán vividos desde el ám bito m e­ ram ente fam iliar y del grupo dom éstico, lo que nos arrojaría a u n a línea de

análisis sobre el proceso de adopción de principios neoliberales en los que se observa la atom ización de grupos. O bien, si serán construidos escenarios des­ de planos colectivos, poniendo de relieve valores com o el patrim onio de las siguientes generaciones y otros sentidos de apropiación conjunta. C om o podrá observarse a continuación esta paradoja fundam enta las tensiones del proceso de m ercantilización de las tierras ejidales y en general de la disputa por el te­ rrito rio y el p o d er local, hoy arraigada en la isla, y que m arca las condiciones y las dificultades para ejecutar el desarrollo local de u n destino turístico inserto en u n área de resguardo ecológico (López, 2010; López, en prensa).

La isla de pescadores Holbox es u n a isla situada en la Península de Yucatán en el extrem o norte del estado de Q u in tan a Roo, M éxico (ver m apa 1). Está bañada por las aguas del M ar Caribe, del Golfo de M éxico y la laguna Conil. Tiene u n a superficie aproxim ada 1.5 km de ancho por 36 km de largo. Según el censo m ás reciente ahí viven cerca de 1,500 pobladores (INEGI, 2010) quienes subsisten en la ac­ tualidad del turism o y la pesca ribereña .3 Holbox se repobló tras la G uerra de Castas en 1847 por m estizos, criollos, extranjeros y m ayas pacíficos que huyeron de los cruzoob o m ayas rebeldes. En 1938 el presidente Lázaro C árdenas decretó la conform ación del ejido Holbox, las tierras de la isla en su totalidad, con lo que los isleños adquirieron el control de la tenencia de la tierra y de la producción de copra que ya se realizaba. No obstante, la distribución se constituyó de form a desigual y no todos consiguie­ ron poseer tierras productivas, aunque casi todos trabajaron en ellas com o jornaleros. C om o la m ayoría de las poblaciones costeras del Caribe m exicano, a inicios del siglo XX los holboxeños com binaron actividades económ icas en diversos econichos: producían copra, pescaban, practicaban la caza, la recolección y la agricultura de subsistencia en zonas del continente, y se em pleaban en la explotación agroforestal. Hacia las décadas de los cincuenta y sesenta, la copra y el increm ento en la dem anda de los productos pesqueros dieron m ayor dinam ism o a la econom ía local, y fue esta producción agrícola-com ercial lo que consolidó a las élites locales. Posteriorm ente, el desarrollo y especialización en las pesquerías en los años setenta y ochenta, resultado de la política federal prom ovida a lo largo y 3 Según el censo del año 2000 habitaban ahí 1,237 habitantes (INEGI, 2000), sin em bargo las cifras de am bos censos m ostrados sólo reflejan la población fija. Los registros no consideran fluctuaciones tanto por la m ano de obra golon­ drina que llega a la isla a trabajar en el ramo de la construcción y el turismo, dependiendo las tem poradas; ni tam poco que existe m ovilidad de jóvenes que estudian en la región y que pasan las vacaciones en sus hogares. Se puede consi­ derar que la población en la isla fluctúa entre los 2,000 y 2,500 habitantes. Las autoridades locales com o la Alcaldía y el Centro de Salud estim aron que en febrero de 2013 existían aproxim adam ente 3,000 mil pobladores.

Mapa 1. ISLA HOLBOX, NORTE DE QUINTANA ROO -86

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ancho de los litorales m exicanos, favoreció el aum ento de la población. El auge de esta econom ía y el increm ento en el nivel de vida para la m ayoría de los pobladores, transform ó el espacio social y form ó la identidad y la interacción social basada en las organizaciones cooperativas y en la explotación colectiva del territorio costero (M arín, 2000; López, 2010). Entre las condiciones signi­ ficativas de este periodo fue que se consolidó la relación con el territorio m a­ rino, dejando com o residuales las nociones de valor y propiedad de la tierra. Entonces, con la caída del m ercado de la copra y el amarillamiento letal4 de cocoteros en la región, la tierra dejó de ser valorada con la m ism a im portancia que com enzó a otorgársele a los recursos del mar. Hacia los años noventa del siglo XX, el entonces m ás que consolidado p ro ­ yecto C ancún favoreció la expansión de la actividad turística en la costa norte y sur del estado, alcanzando a las zonas antes apartadas y “prístinas” com o Holbox. El creciente interés en los lugares “prim itivos” y la progresiva im plan­ tación del discurso del desarrollo sustentable asociado al ecoturism o, hicieron que los escasos flujos de turistas europeos hacia la zona se increm entaran, de form a que para el año 2000 la isla despegó com o destino turístico internacional y alternativo. Asim ism o, la isla rápidam ente adquirió renom bre al encontrarse dentro de u n Área N atural Protegida y debido a que fue el lugar germ inal para el avistam iento del tiburón ballena (López, 2010). En la actualidad, el lugar está habitado por u n a población original de fam i­ lias m estizas enlazadas p o r el parentesco afín y consanguíneo, a los que den o ­ m inaré aquí com o holboxeños, y quienes conviven en el lugar con u n a m inoría de fam ilias de origen étnico maya, con quienes en m uy pocos casos em paren­ taron. En los años ochenta, pescadores veracruzanos y mayas del continente llegaron a este pueblo a trabajar en la pesca com o asalariados de los holboxeños; sin em bargo, se expulsó a los veracruzanos para evitar grandes oleadas m igratorias, m ientras que a los m igrantes m ayas -a quienes se les denom ina com o “los colonos”- se les concedió quedarse com o em pleados y luego com o afiliados de las cooperativas. El grueso de los holboxeños viven en el centro de la localidad, con excepción de los m ás jóvenes que com ienzan a vivir en las o ri­ llas dada la presión que h a habido sobre el núcleo urbano en la últim a década, m ientras que a los colonos se les concedieron terrenos en lo que hasta hace 12 años eran los m árgenes del pueblo. Por últim o, a p artir del desarrollo del turism o llegaron a la isla jóvenes ex­ tranjeros y otros jóvenes m ayas de la región, algunas familias de yucatecos,

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El am arillam iento leta l es una enferm edad causada por Phytoplasm a que ataca a m uchas especies de palm as, y que es transm itida por un insecto, M yndus crudus, que hace que las plantas infectadas mueran en un periodo de 3 a 6 m e­ ses.

tabasqueños y veracruzanos, así com o jóvenes solteros de ciudades m edias del país que se han insertado principalm ente en el m ercado de trabajo del sector servicios. De igual form a, se h a observado que posterior a la consolidación del destino y las crisis m undiales del capital, hubo cambios en los flujos m igra­ torios que de alguna m anera explican la llegada de m exicanos que residían y trabajaban en C ancún, así com o de jóvenes extranjeros de Europa y Sudamérica, todos ellos com o m ano de obra asalariada que desde u n ám bito m arginal

Imagen 1. Mural “Niña y tiburón ballena”, Isla Holbox (Fotografía: Ángeles López Santillán, 2013).

establecen poca vinculación con la sociedad local. La m ercantilización de Holbox com o destino ecoturístico del Caribe m exi­ cano se ha basado en la capitalización del paisaje, tanto de playa “prístina” com o de flora y fauna. D espués de las tierras y el paisaje, las especies carismáticas com o el flam enco, distintas aves y, sobre todo, el tiburón ballena, han sido los elem entos de m ayor valor para los isleños. La conjunción de procesos p ara­ lelos y em ergentes en este contexto de m ercantilización del lugar han definido la reevaluación y aprovecham iento de recursos, las estrategias diferenciadas de los holboxeños para hacerse partícipes de la producción turística y, com o en todo proceso social, esto se encuentra inscrito en diversas paradojas en el cam po de la pugna p o r el territorio y los recursos (López, 2014). Es entonces en dicho cam po de estas estrategias y pugnas para consolidar la m ercantilización del territorio ejidal en donde ubico el análisis de la articulación de la acum ulación p o r despojo.

La fragmentación territorial y sociopolítica de Holbox La identificación del potencial productivo del paisaje prístino se dio ju s­ tam ente con el arribo de los prim eros turistas internacionales a fines de los ochenta e inicios de los noventa del siglo pasado. En ese trayecto, tanto turistas extranjeros com o extranjeros residentes en C ancún com enzaron por com prar pequeñas porciones de playa, los prim eros para su vivienda y posterior com er­ cialización hotelera, y los segundos m ás en el rejuego de las bienes raíces para esa producción. U na dinám ica generada por todo u n engranaje a p artir del de­ sarrollo del proyecto C ancún, basado en la especulación y m ercantilización de tierras. No obstante, al m ism o tiem po que Holbox em ergía com o u n atractivo en la oferta de ecoturism o, el potencial para realizar negocios a gran escala fue identificado p o r el entonces gobernador del Estado de Q uintana Roo, M ario Villanueva M adrid. En su periodo de gobierno (1993-1999), M ario Villanueva estableció com o p rioridad político-económ ica la expansión de la industria turística. La propia lógica de C ancún com o m odelo de turism o de m asas m ostró cierto grado de saturación, lím ites de crecim iento y evidencia de im pactos negativos (en lo ecológico, económ ico, social y cultural), m ientras que el ecoturism o se con­ solidaba com o la tendencia “alternativa” en el m ercado global, y el desarrollo sustentable en térm inos hegem ónicos se ubicaba com o el “nuevo” paradigm a desarrollista. Por ende, la visión de expansión y diversificación de la industria se fijó com o u no de los propósitos del ex gobernador, pero teniendo en m ente la visión de explotación intensiva del paisaje en Q uintana Roo. Así, M ario Villanueva dio pie a m axim izar la apropiación territorial de las tierras disponibles y potencialm ente útiles, p o r lo que en sus proyectos alim en­

tó la especulación de bienes raíces en el corredor C ancún-Tulum (m ás tarde denom inado Rivera Maya) y abrió el m ercado de tierras en el sur del estado a través del proyecto C osta Maya (López, 2012). En esta visión Holbox emergió com o u n espacio codiciado y Villanueva intentó negociar con el pueblo en su conjunto la posibilidad de la com ercialización de la isla grande, la porción virgen del territorio ejidal. Los holboxeños se negaron y, ante la insistencia del m ism o, las élites locales hicieron u n “acuerdo” con élites políticas de la región

opuestas a Villanueva, esto con el propósito de alejar al entonces gobernador que ya traía tras de sí a los grandes inversionistas. No obstante, para entonces la especulación de tierras en la isla chica de Holbox, área de asentam iento del pueblo, com enzó a m over los intereses lo­ cales sobre la tierra y reactivar su sentido de valor. C onform e esta relación de brokers com erciales se instituyó, se abrió el debate interno en to rn o a la m oralidad y los intereses de “los de fuera” que arribaron a Holbox a explotar el p atrim onio nativo para beneficio personal, sin que los isleños reconocieran alguno para ellos. Esto porque los brokers com erciales ganaron en lo individual con la venta de tierras a los turistas enam orados de la isla que decidieron optar p or u n a segunda residencia. A lgunos de éstos m ás tarde se convirtieron en em presarios de servicios de hospedaje. Esta com ercialización inicial detonó u n diálogo crítico entre la población que identificó en la acción de los inter­ m ediarios el despojo de las propias posibilidades de circular la tierra y/o de generar renta turística para el beneficio de las familias nativas y del pueblo. Asim ism o, esta tensión entre individualización y com unalidad perm anecería en la discusión sobre la tierra, la apropiación del espacio en general y en sí en el conflicto sociopolítico local de m ercantilización de la isla grande. En general, dicha pugna tam bién se ubicó en u n plano distinto de interés: en el conflicto intergeneracional, en el que los jóvenes cuestionaron la decisión de los ejidatarios m ayores que resolvieron vender y no invertir. Las proyecciones del turism o regional en el n orte de Q uintana Roo, la cada vez m ayor afluencia de turistas a la isla, así com o la presencia de em presarios e interm ediarios dio pie a la reevaluación colectiva e individual de la tierra ejidal, u n a estim ación que se había dejado com o residual con el auge de la econom ía pesquera y el cooperativism o en los años setenta, pero que a partir de 1999 se revirtió y se hizo hegem ónica. Por ende para los interesados en co­ m ercializar la tierra con base en la desarticulación del pacto jurídico com unal que representa el ejido, devino en la tarea fundam ental de construir la articula­ ción de agentes con el fin de explorar, operar, y legitim ar su injerencia, y desde luego para explotar el valor m onetario y financiero del territorio. C om o puede suponerse, esta articulación se constituyó en u n proceso de facciones internas que hasta hoy día perm anece vigente. La conservación “virginal” de las playas de la ensenada favoreció la visualización del territorio com o m ercancía y com o valor dinero. La presencia de brokers con m ayor poder político económ ico alim entó este im aginario entre los locales, que fueron haciéndose a la idea de ser “m illonarios por sus tierras”. Esta percepción circuló en toda la región y los isleños se apropiaron de la m is­ m a, forjándose u n a idea relativam ente clara del creciente valor económ ico de sus tierras. Los representantes de la élite regional que ya había sido favorecida por

las élites políticas en otros procesos de especulación de tierras en Yucatán y Q u in tan a Roo, se hicieron presentes en Holbox a fin de negociar la venta del territorio ejidal, insistiéndole a los isleños que tenían u n tesoro que debían explotar. Esto com enzó en 1999 justo cuando el ejido Holbox corría el trám ite ante el P rogram a de Certificación de D erechos Ejidales y Titulación de Solares (PROCEDE), con el afán de regularizar y fragm entar el territorio colectivo en propiedad individual. Al m ism o tiem po que las élites em presariales inician el diálogo y la construcción de los acuerdos de enajenación y com ercializa­ ción con las autoridades ejidales (lo que incluía tam bién la participación en el proceso de deslinde y parcelam iento del ejido), otros especuladores a m enor escala com praron varios terrenos y de esta m anera se consolidó la visión del oro contenido en la arena de la isla. Es en esta articulación con las élites locales y regionales en la que el des­ pojo territorial se concreta y no com o algunos suponen, o justifican, com o u n a m era transacción ejecutada bajo consenso de los ejidatarios. Desde 2000 la organización ejidal, com puesta por 115 ejidatarios, se erigió com o el legíti­ m o poseedor del territorio y definió los pasos para establecer los acuerdos de los proyectos para parcelación y com ercialización de las tierras ejidales, in ­ cluyendo la m odificación de los planos del asentam iento hum ano. Asim ism o se instituyó com o el grupo que decidiría los devenires de la vida política y del desarrollo local y se encargó de ejercer el poder en prácticam ente todos los procesos de tom a de decisiones de los holboxeños. Se trata de isleños que en el pasado consolidaron pactos con las élites polí­ ticas del estado y con ello se constituyeron com o élites locales, que ejercen el liderazgo ejidal. Éstos com enzaron p o r controlar inform ación con los ofertan­ tes y a negociar con los protagonistas de las asambleas, así se erigieron com o los agentes de m ediación entre posesionarios de derechos sobre la tierra y los com pradores/inversionistas. De esta m anera, los líderes pactaron y negociaron con los em presarios interesados y con los isleños la concreción de la enajena­ ción del ejido. Esto fue progresivo y hubo varios com petidores: diversos em ­ presarios de la región con perfiles diferenciados de poder político-económ ico, e incluso la em presa INFOV IR (Instituto de Fom ento a la Vivienda y Regularización de la Propiedad), u n a entidad form ada p o r el entonces gobernador del estado Joaquín H endricks quien intentó a través de este instituto apode­ rarse de form a ilegítim a de tierras en distintas partes de Q u in tan a Roo. Los distintos com petidores hicieron ofertas diversas para acceder al proceso de regularización, parcelación y m ercantilización de las tierras, pero todos in ten ­ taron pactar pagos “en especie”, sobre tierras que día con día acrecentaban su valor. A lgunos ofertaron y esperaban concretar la operación apropiándose de hasta m ás del 20 % del total de las tierras disponibles para la com ercialización (López, 2010).

Esta form a de entablar los posibles pactos a través de la m ediación de los líderes ejidales, generó la disputa interna en el ejido y la localidad. Varios ejidatarios que identificaban la disparidad de los tratos y los fondos de corruptelas, y que com enzaron a inform arse sobre la ley agraria, reconocieron la posibili­ dad del saqueo, y se opusieron de form a sistem ática frente a los líderes ejidales, m ientras que el resto de los ejidatarios ya sea p o r interés propio o p o r falta de inform ación, se sum aron a este proyecto comercial. La población se fue divi­ diendo, aislando a los opositores, e incluso estigm atizándolos com o enem igos del “bien com ún” y del progreso del lugar. Además, estas personas y algunas autoridades am bientales fueron objeto de persecución y coerción por parte de los interm ediarios de las élites regionales, quienes apostaron por apoderarse del b o tín isleño. En 2003 el ejido establece u n trato inicial con los em presarios yucatecos F ernando Ponce García y su yerno Erm ilo Castilla Roche con el fin de obtener los servicios calificados y certificados para parcelar y enajenar legalm ente las tierras com unes del ejido. Ante la com petencia en la oferta de los servicios agrarios que recibió el ejido de Holbox, y para afianzar el acuerdo, el yucateco com pró 50 h a de tierras en 4 m illones de dólares, que se repartieron a lo largo de dos años entre todos los ejidatarios y que sirvieron com o señuelo para la firm a posterior del contrato. El contrato de prestación de servicios en m ateria agraria que tenía com o fin regularizar las tierras y fundam entar su posible enajenación m ediante la parcelación, fundam entó tam bién la form ación de u n supuesto fideicom iso para com ercializar los predios individuales de form a legal y “al m ejor postor”. A cam bio de dicho acuerdo, el em presario solici­ tó inicialm ente com o pago el 2% del total de las tierras ejidales (5,296 ha), aunque tam bién se m encionaba en la localidad que sería el 12%. El contrato estableció u n com prom iso irrevocable de los ejidatarios con el “asesor”, Ponce García y Roche, pero tam bién con el gobierno del estado de Q uintana Roo que establecería los térm inos del fideicom iso (aunque nadie tuvo clara su función en esto). Los ejidatarios firm aron el contrato de asesoría agraria y, supues­ tam ente, recibieron u n pago de adelanto del precio m ínim o garantizado por cada parcela individualizada (2.5 m illones de pesos, entonces el equivalente a cerca de 167 m il dólares) que habrían de ser tituladas para cada uno (aunque recibieron el pago sin haberse titulado los predios). Este proceso estuvo lleno de luchas intestinas al interior del ejido, dando lugar a u n g rupo opositor cuyas bases m erm aro n y sólo unos ejidatarios quedaron peleando de form a legal en contra del contrato leonino. No obstante, éste se consolidó y el acuerdo siguió su curso .5 C on el acuerdo inicial y el contrato, así com o el cobro de sus servicios com o 5

Para más detalles sobre las características y condiciones del contrato, véase López, 2010 (229-234; 428-436).

asesor agrario, Ponce García se benefició con la adquisición de m ás de 146 h a cercanas a C abo Catoche; asim ismo, el contrato le garantizó la cesión de otras 566 ha, con lo que el m agnate am asó m ás de setecientas hectáreas de la isla grande, lo que representa m ás del 13% del total de la isla (5,296 h a ).6 Sin em bargo, el plan de desarrollo “La Ensenada” -com o decidieron llam arle al proyecto de Península M aya Developments, la em presa de Ponce y Roche-, m enciona que se habrán de “desarrollar” 980 h a ,7 lo que representa cerca de la m itad del territorio disponible para aprovecham iento, dado que se pactó con las autoridades am bientales respetar u n 52% del total de tierras de la isla por estar dentro de u n Á rea N atural Protegida, área que el proyecto m encionado prácticam ente desconoce ya que en realidad en la práctica el Estado nacional no ha dado pie a instituir su plan de m anejo, por los intereses en las playas vírgenes, desde luego. Así se m aterializó el despojo del territorio isleño a través de la form ación de u n fideicomiso, u n a figura com ún en la producción del turism o articulado p or el Estado, en este caso de dudosa operación y apoyado por el entonces gobernador del estado Félix González Canto. C on la aceptación de las com pra­ ventas de terrenos a cam bio de los servicios de parcelación y comercialización, los ejidatarios cedieron los derechos sobre la tierra individual y colectiva - t e ­ niendo inform ación am bigua e insuficiente de las negociaciones y los contra­ tos, eso sin d u d a -, lo que h a derivado en la actualidad en u n a pérdida casi total de los bienes territoriales. D espués de que los ejidatarios advirtieron que habían sido sujetos de enga­ ño y despojo vinieron las querellas legales en contra de los em presarios yuca­ tecos, m ism as que perm anecen hasta la actualidad y que cuestionan la form a en que se ejecutaron las transacciones comerciales. Éstas últim as se realiza­ ron m ediante artim aña de com pra-venta entre 2006 y 2008, a través de los propios isleños. Esto fue así: los brokers de los acuerdos entre com pradores y vendedores fueron holboxeños familiares de distintos líderes ejidales que lo­ graron los contratos con Ponce y asociados desde 2003. Los líderes ejidales, principalm ente del periodo 2006-2009 y 2009-2012 (trunco en el proceso por las querellas legales, y tom ado p o r u n interinato espurio), pero tam bién lí­ deres anteriores, adquirieron aparentem ente u n m ayor núm ero de hectáreas tituladas a su nom bre. Por ello se identifica que estas transacciones se reali­ zaron bajo persuasión y engaño a 65 ejidatarios que vendieron las parcelas y aparentem ente, argum entan, sin saber que vendían los derechos ejidales a los supuestos com pradores. Q uienes com praron no sólo fueron Ponce y Ro­ 6

Acta de asam blea, 23 de abril de 2005, Contrato de Prestación de Servicios Profesionales de Asesoría Técnica y Gestión en M ateria Agraria, m últiples fojas (consultado en invierno de 2007). Docum ento ahora “desaparecido".

7 M anifestación de im pacto am biental, m odalidad Regional; prom ovente Península M aya Developm ents (PM D) (Docu­ m ento consultado en mayo de 2013).

che sino tam bién, según testim onios, prestanom bres de la élite em presarial y política de Yucatán y Q u in tan a Roo. De esta form a -alegan con indignación los isleños- familiares, am igos e incluso la servidum bre dom éstica de las élites m encionadas se “hicieron” poseedores de u n pedazo del paraíso; todo bajo la articulación de actores locales con los com ercializadores .8 En el m arco de todo esto surgió otro litigio de fundam ental im portancia, em prendido p o r los descendientes de los ejidatarios que firm aron el contrato con Ponce y Roche, u n grupo constituido por aproxim adam ente 12 personas. Este grupo ha apelado al “derecho de tanto” o “derecho de preferencia” recono­ cido p o r la Ley Agraria, que determ ina que en caso de transm isión de dom inio de los derechos parcelarios, es indispensable notificar a los hijos o cónyuge del titular, a fin de que estén en posibilidad de ejercer este derecho de preferencia para adquirir el bien, requisito que de no cum plirse puede ser causa de nulidad de la venta o contrato (SEDATU, 2008). C on esto, los dem andantes recurren al argum ento del despojo patrim onial. O tros ejidatarios no han interpuesto dem andas tom ando distancia de los intereses de grupos que son vistos con sospecha, posiblem ente “respaldados” p or otros em presarios yucatecos asociados a distintos frentes de políticos de la región y del país. Es ahí pues, en los niveles de la oligarquía regional y sus alianzas a nivel político nacional en donde se sostienen los hilos de la pugna p or el b o tín de H olbox .9 La batalla jurídica perm anece, sin claridad de cóm o se tejieron y se tejen otros artilugios para concretar el despojo total de la isla grande. C om o m e n ­ cionó u n isleño en 2013 “a río revuelto, ganancia de pescadores”, pues en sí en el lugar se identifica que la lucha está entre “los poderosos”, que m ueven hilos en lo local. Los distintos niveles de la jurisprudencia que han llevado el caso de la isla, hacen ver que los derechos sobre las tierras ejidales siguen en suspenso. Incluso la propia vivienda de los habitantes de la isla estuvo en riesgo, suspen­ dida en el volado que se jugaba por los derechos ejidales; m e explico: dado que 65 ejidatarios vendieron sus derechos a otras personas, la isla chica donde se encuentra asentado el poblado p o d ría haber quedado en m anos de esos com pradores, ahora poseedores de derechos ejidales. El reclam o y la disputa legal que em prendió el grupo m inoritario apelando al derecho de preferencia y la defensa del patrim onio garantizó de m om ento la posesión de la isla chica en las m anos de los isleños, pues estos pelearon la posesión del asentam iento

8 Dadas las disposiciones de la Ley Agraria es posible la venta o enajenación de derechos parcelarios sin la autorización de la asam blea, más sólo pueden ser adquiridos por los avecindados u otros ejidatarios (Concheiro y Diego, 2001:27), motivo por el cual los m iem bros de las élites em presariales y políticas de Yucatán y Quintana Roo, han tratado de 9

hacerse pasar por avecindados del lugar y efectuar de esta forma el despojo total del ejido Holbox. Esto últim o han sido las versiones que los involucrados han otorgado a los m edios de com unicación en los últim os dos años, recabadas en febrero de 2013. Se incluye desde luego a los ex presidentes Fox Quezada y Felipe Calderón, más recientem ente las alianzas del PRI del gobernador Félix G onzález y el actual gobernador Borge Angulo, quienes dieron apoyo a los em presarios y les cerraron las puertas a los isleños para cualquier negociación sobre el caso.

h um ano original. Finalm ente, la disputa se ha “resuelto” parcialm ente con la división del ejido de Holbox en cuatro ejidos: Holbox, Isla Holbox, Península Holbox y P u n ta Holbox. En junio de 2014 se pactó esto en u n a asam blea ejidal no re ­ conocida p or los dem andantes que sí vendieron las parcelas y derechos .10 In ­ dependientem ente de las im pugnaciones a dicha asamblea, es a través de ésta que el actual ejido Holbox, el pueblo de pescadores, perm anece en m anos de holboxeños y no pasó a las de los inversionistas com o pudo haber sucedido sin la im pugnación del grupo de los 12 . El resto de los ejidos todavía está en pugna su posesión pues los distintos bandos siguen con las dem andas y contradem andas sobre el territorio y los derechos de posesión.

Conclusiones Holbox en sí, com o puede notarse, no es el único caso en el que la coerción, la cooptación de grupos, y sobre todo la corrupción y la violencia han p erm iti­ do el despojo articulado del territorio. En este libro están los casos de Gustavo M arín y Lea Rodrigues, tam bién en el C aribe m exicano, que en su conjunto dem uestran cóm o las redes de poder de em presarios de distintos rangos y de políticos en la región han operado a través del engaño, la extorsión, la presión e incluso violencia tenaz hacia los poseedores de la tierra, com o u n a estrategia para alim entar la industria de la fantasía y el placer. Los holboxeños hicieron u n gran sacrificio al delegar el proceso de com er­ cialización de sus tierras en las m anos de agentes corruptos y de feroces em ­ presarios. En sí, los isleños reconocen que ha sido la m ercantilización de la isla y los pactos acordados con escasa inform ación y sin m edir sus consecuencias, lo que les h a dejado u n sentido de incertidum bre y daño m oral inconm ensu­ rable, dada la noción de los bienes perdidos. La incertidum bre que surge ante distintos escenarios y retos; en su capacidad o incapacidad para poder hacer frente al saqueo, en la búsqueda de alternativas para incidir en la aplicación de la legalidad am biental sobre el área protegida a fin de evitar el total despojo, y ante la expectativa real de intentar recuperar los bienes cedidos. El daño m oral los isleños lo experim entan en el ám bito de la familia y del parentesco, en las esferas donde las disputas por intereses m onetarios se tra ­ dujo en dolor, confrontación y distanciam iento; tam bién en la pérdida del prestigio y la posición m oral de los líderes que jugaron con u n a reciprocidad negativa hacia sus paisanos (Lom nitz, 2005). El daño m oral tam bién se ubica 10 "Fraccionan isla d e H olbox para proyecto turístico e n Q . Roo", Fernando M eraz, en M ilenio.com , 6 d e ju n io d e 2014, disponible en http://www.m ilemo.com /e&ados/Isla_de_Holbox-ejidarios_quieren_vender_su_terreno-atraviesan_pro_ crisis financiera 0 310169335.htm l, consultado el 18 de octubre de 2015.

en el nivel com unitario, en el sentido de que la “gran fam ilia holboxeña” se ha visto erosionada desde dentro, aunque en tránsitos difíciles puede reverberar el pasado de los lazos com unes. Igualm ente se ubica en u n plano todavía no m aterializado, pero en la lucha constante por los valores que detenten al des­ tin o turístico y el desarrollo sustentable: u n destino ecoturístico que provea de negocios, em pleos y oportunidades para la mayoría, y no u n destino de turism o m asivo que deteriorará la calidad de vida p or los riesgos de u n a u rb a ­ nización descontrolada. Pocos reconocen la paradoja que devino. El control ejercido sobre el te rri­ torio ejidal p o r parte del com isariado y el conjunto de ejidatarios, logró en un p rim er m om ento garantizar la operación de u n solo bloque de intereses en la

Imagen 3. La faena de los pescadores en el amanecer (Fotografía: Ángeles López Santillán, 2013).

com ercialización de la tierra que, aún con sus opositores internos, se consoli­ dó en sus objetivos: detentar la autoridad sobre el territorio y com ercializarlo bajo los “acuerdos” de las asambleas, -acu erd o s acom odaticios, carentes de transparencia e incluso bajo falsificación de firm as y docum entos - . 11 Así, la aceptación del dinero y el acuerdo con Ponce y Roche garantizaron el ejercicio de po d er de la organización local, en lo que al patrim onio colectivo se refiere, y el apoyo a la visión de desarrollo turístico proyectado para la isla grande. Pero hoy, el ejido Holbox es u n fantasm a que recorre la isla. Los líderes ejidales y ejidatarios, en ese forzado consenso trazaron la vía para la pérdida del vínculo de p o d er m ás significativo para todos: la institución que les garantiza­ b a injerencia y capacidad de negociación en ám bitos regionales y nacionales para p o d er defender con m ayor fuerza la propiedad sus tierras. La liquidez de la transacción m onetaria evoca el desvanecim iento de la fuerza de la institu­ ción. Ahí m ism o, se puso en riesgo el propio hábitat, al som eter la isla chica -d o n d e se encuentra el p u eb lo - a u n proceso de enajenación paralelo, para po d er negociar la isla grande donde se ubican las tierras vírgenes. Esto im plicó la venta de los derechos ejidales y la posibilidad real de perder los hogares de todos, que sólo pudieron conservar debido a la dem anda del grupo de los 12 . Por ende, aunque los locales lo observen con recelo, el conflicto m ediado por aquéllos que apelaron al derecho de tanto, ha sido u n respiro para m antener de alguna m anera el escaso patrim onio m aterial con el que se han quedado la m ayoría de los holboxeños. El canto de las m ujeres en carnaval revela fielm ente el sacrificio hecho por el valor dinero: “M i isla de m ar y arena, rodeada de cosas buenas que bonito era Holbox, su gente, su gente m uy solidaria, familias que no peleab an ... pero al ejido lo ganó la am bición”. Si bien es cierto que los holboxeños en su m ayoría lograron traducir su sacrificio en inversión en el turism o (López, 2014), tam ­ bién es u n hecho que lo que habían conquistado com o com unidad política en la región se fragm entó o individualizó en el capital social, político y económ ico de las élites locales, quienes m ediaron y negociaron en sí con las redes políti­ cas y económ icas de la región. La articulación del despojo no sólo instituyó el turism o, sino garantizó el dom inio del poder político-económ ico de clase en lo local, regional y nacional. Finalm ente, los holboxeños quem aron las naves en varios sentidos. En es­ pera de resolver el problem a de las tierras y recuperar el futuro, el sistem a de producción pesquera no se ha reproducido del todo en las actuales genera­ ciones de jóvenes, tam poco se hayan en la posición de construir patrim onios com o los que tuvieron sus padres y abuelos, y adem ás las condiciones para

11 Las com illas desde luego refieren a la posibilidad de que las asam bleas hayan sido m anipuladas con información engañosa y bajo la corrupción al interior de la organización.

recobrar posiciones políticas y negociar p or intereses com unes, se diluyen bajo la influencia de los intereses individuales de la clase em presarial y en las nece­ sidades de subsistencia de la m ano de obra asalariada.

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Caciquismo y resistencia. El caso de la disputa por el territorio costero de El Rebalsito de Apazulco, en el litoral de Jalisco Aura Helena Ramírez Corona1

Introducción El Rebalsito de Apazulco es u n ejido fundado hace m ás de setenta años al sur del estado del Jalisco, en la franja costera del m unicipio de La H uerta. D urante m ás de cuarenta años, sus habitantes habían llevado u n a vida basada en el aprovecham iento sistem ático de los recursos pesqueros y turísticos de la bahía de Tenacatita; sin embargo, a finales de la prim era década del siglo XXI recibieron u n duro golpe com o producto de diversos procesos de disputa territorial en los que desde hace años se vieron envueltos. So pretexto de poner a disposición del em presario tapatío José M aría An­ drés Villalobos el predio localm ente conocido com o El Palmar, la Policía Esta­ tal llegó a la b ahía de Tenacatita durante la m adrugada del 4 de agosto del año 2010, para echar fuera a todo aquel que se encontrara en el lugar a través de la intim idación y la violencia. Bajo la orden del Juez Civil de P rim era Instancia de A utlán de Navarro, el cuerpo de policías rápidam ente sacó p o r la fuerza de sus casas y espacios de trabajo a quienes vivían o laboraban en El Palmar. Al m ism o tiem po que se

1 Estudiante del programa de Doctorado en Ciencias Sociales con Especialidad en Estudios Rurales de El Colegio de M ichoacán, México.

Gustavo M arín G uardado (Coord.) 2015 Sin tierras no hay paraíso. Turismo, organizaciones agrarias y apro­ piación territorial en México. El Sauzal (Islas Canarias): PASOS Revista de Turismo y Patrim onio Cultural. Colección PASOS Edita, 15. ISBN 978-84-88429-29-2

aseguró de ocupar y controlar el acceso a toda Tenacatita, a las C oloradas y la laguna costera ubicadas en la Z ona U rbana de la am pliación de ejido, así como a las playas M ora y Pedreguera. Casa p or casa, hotel p o r hotel y restaurante p o r restaurante fueron des­ alojados, sin considerar si la gente vivía ahí, si estaba de visita, si eran pro­ pietarios, trabajadores, adultos mayores, m ujeres o m enores de edad. H ubo golpes, insultos e intim idación para todos. Tam poco im portó que las personas contaran con títulos de propiedad o la concesión del espacio que ocupaban en la Z ona Federal M arítim o Terrestre (ZFM T); h ubo personas perseguidas y arrestadas p o r resistirse a abandonar la bahía, al igual que num erosos afecta­ dos p o r el robo, saqueo y destrucción de sus bienes y propiedades a m anos de los m iem bros de la corporación policiaca. Tras dieciocho años de conflicto y com o consecuencia de la venta ilegal de lotes costeros que los m iem bros del sector dom inante del ejido fom entaron desde el principio de la década de los años noventa, el em presario consiguió expulsar definitivam ente a la población de la bahía de Tenacatita. Justam ente después de obtener u n a orden de desalojo para quienes habían invadido una parte de sus propiedades en El Palmar. La ejecución del m andato justificó el despliegue de la fuerza pública sobre la franja costera del ejido, e im plicó que el em presario se apoderara de los dos kilóm etros de franja litoral que daban sustento a la m ayor parte de su población. C on ello, la vida junto al m ar que hasta entonces habían conocido los rebalsiteños cesó súbitam ente. A todas luces ilegal, en tanto que la orden de desalojo no im plicaba a Tenacatita ni a los terrenos costeros del ejido, sino al predio colindante con ella, el despojo recientem ente consum ado puso al descubierto u n a parte de la im bri­ cada red de po d er local, regional, estatal y nacional, que en num erosas ocasio­ nes h a sido puesta en m archa para que la asignación de u n a vocación turística a los territorios costeros de nuestro país, continúe respondiendo a los intereses de caciques locales, grandes grupos em presariales y desarrolladores turísticos nacionales y extranjeros (Ram írez, 2012). Los testim onios y dem ás inform ación que conform an el presente capítulo son producto de la asistencia a las asambleas ejidales y de las entrevistas a p ro ­ fu n didad y pláticas inform ales sostenidas con diversos interlocutores locales, durante el trabajo de cam po realizado en el ejido a p artir del m es de septiem ­ bre del año 2009 y durante todo el año siguiente, com o parte de u n a investiga­ ción de tesis. D enunciar el agravio hecho a los habitantes de El Rebalsito, así com o describir y analizar algunos hechos relacionados al proceso previam ente esbozado, son los principales objetivos del presente capítulo. E n la p rim era parte del trabajo verem os cóm o se gestó el conflicto por los terrenos costeros del ejido. Brevemente habrem os de reconocer cuáles son las políticas y proyectos que h an favorecido la privatización de tierra ejidal en pos

de la expansión del turism o exclusivo en El Rebalsito de Apazulco, y posterior­ m ente hablarem os de la relevancia de la reform a hecha en 1992 al artículo 27 C onstitucional, para centrarnos en los hechos ocurridos a p artir de este año y hasta 2010, con el fin de abundar en las form as de participación de algunos actores relacionados a ello. En el segundo apartado analizarem os el contexto en el que las actividades de la pesca y el turism o surgieron y se desarrollaron, para reconocer la im ­ p o rtancia política y económ ica que am bas tenían en el ejido hasta antes del desalojo de la bahía. Asim ism o, verem os la form a en la que la construcción de u n proyecto de vida basado en el aprovecham iento de los recursos de la franja costera, se convirtió en la principal form a en la que la población no sólo se enfrentó al poder caciquil durante los últim os cuarenta años; sino tam bién expresó su resistencia ante los em bates de la iniciativa privada a principios de la década de los setenta. En la ú ltim a parte del texto hablarem os sobre el significado que los terrenos costeros tenían para la población, y de las bases en las que se halla fundado el po d er del sector caciquil del ejido, para entender la form a en la que se estruc­ tu raro n los procesos de defensa de la tierra y resistencia de la población, una vez perp etrad o el desalojo. Finalm ente, nos detendrem os en el papel que los actores involucrados jugaron en la disputa p o r la concesión de la B ahía y la propiedad de los terrenos costeros del m ism o, para señalar algunas caracterís­ ticas y consecuencias de la expansión del turism o exclusivo en la región.

La gestación del conflicto. El turismo como política pública e intere­ ses encontrados La historia de los proyectos turísticos en este pequeño pedazo de paraíso se rem onta a la m itad del siglo pasado. Sin em bargo, con el fin de com prender la im portancia que estas tierras han tenido tanto para la población local com o para la iniciativa privada, cabe señalar algunas de las características del te rri­ torio que abarca el ejido, y algunas estim aciones del lugar que ocupa dentro de la costa jalisciense. El Rebalsito de Apazulco se encuentra ubicado sobre la franja costera del m unicipio de La H uerta, entre los dos principales polos turísticos del litoral jalisciense: 30 kilóm etros al noroeste de Barra de N avidad y 80 al sureste de P uerto Vallarta (ver m apa 1). Según el censo básico de dotación de 1942, esta localidad abarca 800 hectáreas de tierras planas, fértiles y bien irrigadas en la ribera del Río Purificación, que en aquel entonces beneficiaron a 30 fam i­ lias. A ctualm ente se encuentran, en su m ayoría, en m anos del grupo fam iliar Torres-García, que desde la m itad de los años sesenta se apoderó de ellas para dedicarlas a la producción de cultivos com erciales de consum o externo.

MAPA 2. DOTACION DE TIERRAS

D0°

2242000

2248000

-1392000

2236000

-1398000

3000

100

2230000

-1404000

2224000

-1410000

Asim ism o, cuenta con 2,440 hectáreas de tierra enm ontada y cerril, ubica­ das lejos del acceso al agua dulce y por lo tanto, poco aptas para la agricultura. No obstante, colinda con u n a serie de playas en m ar abierto y con arrecife de coral en la bahía de Tenacatita, que lo convierte en u n territorio de disputa por su belleza e inm enso potencial turístico y pesquero. Estas tierras corresponden a u n a am pliación del ejido en 1972, así com o el lugar en el que los nuevos ejidatarios2 -al igual que quienes fueron despojados de sus tierras de dotación-, se descubrieron com o pescadores cooperativistas y m ás tarde com o aventure­ ros rústicos del turism o m asivo de sol y playa (ver m apa 2) (Ram írez, 1989). Aquí, el m ar de Tenacatita fue testigo de cóm o a través de am bas activida­ des se m odificó la balanza del poder a nivel local; así com o de las num erosas em bestidas de la iniciativa privada que em prendió contra los rebalsiteños des­ de la m itad del siglo pasado, hasta su expulsión en el año 2010. Rodolfo Paz Vizcaíno, u n extraño personaje m agníficam ente retratado por A gustín Yáñez en su novela La Tierra Pródiga, fue el prim er inversionista p ri­ vado contra el que los ejidatarios de El Rebalsito de Apazulco se enfrentaron, cuando al principio de los años cincuenta com enzó a construir fuera de sus tierras y dentro de las del ejido, las bases de lo que sería u n am plio proyecto de desarrollo turístico destinado a la clase privilegiada (Ram írez, 1992; Yá­ ñez, 1985). En esa ocasión, José Vargas Vigil representó al ejido y encabezó la defensa de las tierras (que desde entonces se conocen com o el C am po de Aviación) hasta que los terrenos costeros de la dotación fueron recuperados y las obras para la construcción del aeropuerto -que aquél ya había iniciadocesaron p o r completo. Sin embargo, a p artir de la década del setenta y u n a vez que personas com o F ilem ón García, Sim ón Q uiroz y Rafael Torres se consolidaron en los puestos de representación del ejido y controlaron la Asamblea, los resultados que los ejidatarios de la am pliación obtuvieron tras defender sus tierras, com enzaron a ser totalm ente opuestos, es decir, contrarios a los intereses colectivos. D u rante estos años, el ejido perdió u n a im portante porción de su territorio costero tras haber hecho u n a cesión de ocho hectáreas de tierra de la ribera n orte de la desem bocadura del Río Purificación en favor del G eneral M arce­ lino Barragán, durante m uchos años el cacique m ás poderoso de la costa de Jalisco. A unado a ello, 75 de sus hectáreas colindantes con la playa de Los Á n ­ geles Locos de Tenacatita fueron expropiadas para la construcción del C entro Vacacional Azucarero, u n proyecto que posteriorm ente se transform aría en el m uy exclusivo Blue Bay Los Ángeles Locos de Tenacatita. Un com plejo tu rísti­ 2 La población que posee tierras en El Rebalsito de Apazulco puede dividirse en dos grandes grupos. Por una parte, los ejidatarios de dotación, es decir, los que fundaron el ejido o se incorporaron a él durante la década de los años cincuenta, cuentan con tierras de excelente calidad para la agricultura. Por otro lado, los ejidatarios de la am pliación entre los que se encuentran los hijos de los prim eros, tienen tierras de m enor calidad.

co sin precedentes que fue levantado con recursos públicos, y que trajo consigo la exclusión de la población local. El inicio de la década de los años noventa m arca de m anera determ inante la historia de El Rebalsito de Apazulco, puesto que a p artir de entonces las playas M ora y Pedreguera, la m ism a Tenacatita, El Palm ar y u n a parte de la Z ona U rbana de la Am pliación del ejido, se convirtieron en el objetivo de José M aría A ndrés Villalobos. Sin em bargo, la historia de los proyectos de desarro­ llo relacionados a la expansión del turism o exclusivo en el territorio del ejido viene de p o r lo m enos 60 años atrás. D urante ese tiem po, destacan dos casos que consideram os de m ayor relevancia p or sus im plicaciones políticas, econó­ m icas y territoriales. El prim ero de ellos tuvo lugar en los años setenta, durante las disputas que la población sostuvo contra el Sindicato N acional de Trabajadores de la In ­ dustria A zucarera (SNTIA ) p o r la zona conocida com o Los Ángeles Locos de Tenacatita. Veinte años m ás tarde, surge u n nuevo conflicto con el em presario tapatío p o r casi el ochenta por ciento de la franja litoral del ejido. A m bos casos po n en en evidencia cóm o u n a serie de relaciones económicas, políticas y de po d er personal a nivel local, en conjunto con políticas públicas dirigidas a la expansión y consolidación del turism o (com o vía principal para el desarrollo económ ico de la región), operaron en contra de los esfuerzos locales por con­ servar su territorio costero.

De cómo un proyecto de turismo social, se convirtió en un hotel co­ mercial de lujo En m edio de u n contexto en el que el aprovecham iento de los recursos cos­ teros com enzaba a cobrar im portancia a nivel local, y en el que las agencias internacionales de desarrollo em pezaban a prom over el otorgam iento de cré­ ditos para la construcción de centros turísticos de sol y playa en diversos países de Asia y A m érica Latina, en 1976 el gobierno federal le solicitó al ejido de El Rebalsito de Apazulco 75 de las hectáreas de las que acababa de ser d ota­ do cuatro años antes (D uterm e, 2008; Ramírez, 1992). La expropiación tenía com o argum ento la necesidad de otorgar u n espacio al Sindicato N acional de Trabajadores de la Industria A zucarera (SNTIA) en la costa, para construir u n centro vacacional destinado a los cañeros. Sin em bargo, para la población local im plicaba la pérdida del acceso a u n par de playas ubicadas en el extrem o sureste del ejido, en la zona conocida com o Los Ángeles Locos de Tenacatita. Entre los ejidatarios de la am pliación que habían com enzado a explotar sistem áticam ente los recursos del litoral a través de la pesca, hubo consenso en cuanto a que era necesario detener el despojo de tierras. N o obstante, el decreto expropiatorio fue publicado en el D iario Oficial de la Federación antes

de que la Asam blea program ada para discutir el asunto fuera celebrada. C uando el día de la Asam blea llegó, el representante de la Reform a A gra­ ria insistió en llevar a cabo u n a votación para decidir si se aprobaba o no la expropiación de las tierras solicitadas. Em pero, m uchos de los directam ente afectados ni siquiera se presentaron a la reunión, puesto que la consideraron u n trám ite que los obligaba a legalizar u n despojo al que se oponían. Debido a ello, la decisión fue legitim ada por grupos de familiares y dependientes del g rupo dom inante del ejido, que aunque abundante, no era suficiente com o para constituir u n quorum legal en la m ism a. Los representantes del Sindicato A zucarero y de la C onfederación N acional C am pesina (CNC), tam bién estu­ vieron presentes para avalar la expropiación. A cambio de las tierras, se entregó u n a indem nización y se hicieron m ú l­ tiples prom esas respecto a que los em pleos generados por la construcción y operación del C entro Vacacional A zucarero traerían consigo la m ejoría de la calidad de vida de los ejidatarios y sus familias. C on todo, la oferta de trabajo tuvo poca incidencia entre la población y se redujo a unos cuantos em pleos es­ tacionales; adem ás, la com pensación económ ica para los directam ente afecta­ dos tam poco fue entregada, sino hasta haber pasado dos años. La articulación entre los intereses del capital privado, los caciques locales y el aparato estatal fue m uy clara en este proceso. C on el despojo los m iem bros del sector dom inante del ejido consiguieron reforzar las relaciones de poder a nivel local, al precarizar la situación de quie­ nes com enzaban a dedicarse a las labores del mar, a través de la Sociedad C oo­ perativa de P roducción Pesquera Ejidal Tenacatita de Rebalsito (SCPPETR). Por su parte, el gobierno federal arrebató a los ejidatarios u n territorio de alto potencial productivo para la pesca y decidió otorgarlo a u n tercero, evitando que aquéllos se enteraran del asunto sino hasta que la decisión fuera legitim a­ da en Asam blea ejidal (Ram írez, 1989). Así, en 1977 el SNTIA com enzó a levantar u n com plejo turístico con re ­ cursos públicos en Los Ángeles Locos de Tenacatita, que siete años después sus dirigentes concesionaron a la em presa Posadas de México, con el fin de convertirlo en “... u n o de los lugares m ás exóticos de M éxico.. .enclavado... en u n m u n d o aislado y exclusivo donde dejarse consentir en u n am biente de p ri­ vacidad e in tim idad”.3 El com plejo turístico pensado para la clase trabajadora se transform ó entonces en: [ . ] un fabuloso resort ofrece 204 habitaciones con magníficas vistas a la bahía y a las hermosas áreas repletas de extraordinaria vegetación. En un régimen de Todo Incluido, encontrará distintas opciones de cocina internacional a la carta, especia-

Imagen 1. Capitán Veneno reparando un trasmallo (Fotografía: Aura Ramírez, 2015). lidades a la parrilla, cócteles y servicio de bar en la playa y en la piscina... un lugar mágico donde las instalaciones y el personal altamente amigable excederán sus expectativas de descanso, placer y diversión. Disfrute de los deportes náuticos, pa­ seos a caballo por la playa, avistamientos de delfines y ballenas o un emocionante paseo en lancha por los manglares. Los amantes del golf tienen a su disposición los campos de Isla Navidad y El Tamarindo.4 En este proceso, los m iem bros del sector caciquil del ejido consiguieron reforzar su posición de superioridad económ ica y política en relación con la población pescadora del m ism o; los líderes del Sindicato azucarero fueron los únicos cañeros beneficiados por la concesión de tierras hecha en 1976 a su Fideicom iso, al igual que por los recursos económ icos que generó la privatiza­ ción del C entro Vacacional en 1984. De esta form a la iniciativa privada se apo­ deró de u n rincón excepcional en la costa del Pacífico-jalisciense, al igual que de to d a la in fraestructura de u n com plejo turístico de lujo en el que no invirtió. A p artir de la pérdida de estos casi dos kilóm etros y m edio de litoral, los ejidatarios de la am pliación constituyeron u n im portante frente de oposición, ante los siguientes intentos que distintos inversionistas privados hicieron para apoderarse de otras partes de su territorio costero. C ontinuaron siendo pes­

cadores pese a que la pesca com enzó a perder im portancia desde principios de los años ochenta, com enzaron a incursionar en el turism o rústico de sol y playa en Tenacatita, y hasta principios de la década de los noventa se negaron de m an era colectiva en toda ocasión, a u n a nueva venta de terrenos. D u rante estos años, por toda la región surgieron num erosos conflictos provocados p o r el intento de im poner proyectos de desarrollo turístico a las com unidades costeras, pero fue en los m unicipios de La H u erta y Tomatlán, particularm ente en los ejidos Lázaro Cárdenas, M ariano O tero, C am po Acosta, José M aría M orelos y la com unidad indígena de Jocotlán, en donde dichas confrontaciones se concentraron (Díaz, 2010). La im plem entación del Program a de Desarrollo Rural Integral de la Z ona C osta de Jalisco en 1981, al igual que el decreto del C orredor Turístico Costa Alegre ocho años m ás tarde, son algunas de las iniciativas m ediante las que el aparato gubernam ental procuró im pulsar el turism o en la región a lo largo de los años ochenta. A hora verem os cóm o fue que el turism o se convirtió en la principal actividad productiva del ejido y de la región, tras desplazar a la agri­ cultura y a la pesca de los planes y proyectos gubernam entales de desarrollo, al m ism o tiem po que se privatizó el litoral jalisciense.

La consolidación de la actividad turística como vía para el desarrollo de la región A p artir de 1989, el decreto del Proyecto Costalegre com enzó a preparar el escenario que progresivam ente facilitó la privatización del litoral jalisciense, al convertir al turism o en la p rioridad de la región. Desde entonces, el avance de dicha actividad justificó la expulsión de quienes habitaban y laboraban en el espacio costero, provocando a su paso num erosos conflictos. N o obstante, las condiciones para la plena apropiación de este territorio p o r la iniciativa priva­ da no estaban dadas aún, de m odo que era la población local la que continuaba ocupando y aprovechando sus recursos. En los siguientes diez años, los ordenam ientos Ecológico y Territorial reali­ zados en 1990 con fondos del Banco M undial (BM) en el m arco del Program a A m biental de México, contribuyeron de igual m anera a form ar y consolidar u n a “vocación” turística para la costa, así com o a preparar el cam ino hacia su privatización al facilitar el cam bio de uso de suelo en la región (Díaz, 2010). De m odo que para cuando la Reform a al A rtículo 27 llegó en 1992, en el ejido se habían fraguado ya las condiciones necesarias para que la iniciativa privada volviera a intentar apropiarse de su territorio costero. Asim ism o, con la entrada del Program a de Certificación de D erechos Eji­ dales y Titulación de Solares U rbanos (PROCEDE), la m ayor parte de los ejidatarios de El Rebalsito se convencieron de que tenían m ayores posibilidades

de defender sus tierras -tanto de los caciques locales com o de la iniciativa p ri­ vada-, a través de la obtención de u n título que les diera certeza sobre su p ro ­ piedad. U na vez que la decisión sobre vender o conservar los terrenos costeros del ejido dejó de ser u n asunto de interés colectivo, para convertirse en una cuestión individual, la fortaleza que la Asam blea Ejidal había desarrollado des­ de m ediados de la década de los años setenta para frenar de m anera conjunta el avance de la iniciativa privada se quebró p or completo. A p artir de entonces, la población com enzó a enfrentarse continuam ente a las acciones derivadas de la identidad de intereses entre los caciques locales, la iniciativa privada y el aparato gubernam ental. C om o resultado de estos procesos de liberalización de la tierra y de fom en­ to al turism o de lujo, los pescadores y restauranteros de El Rebalsito fueron víctim as de u n p rim er ataque perpetrado en 1992 por u n grupo de hom bres arm ados, que llegaron por la noche a la bahía para quem ar y destruir las casas y espacios de trabajo de los rebalsiteños, bajo la orden del em presario tapatío José M aría A ndrés Villalobos (Ramírez, 1992). Este em presario que en 1991 adquirió 42 hectáreas de tierra en El Palmar, y que u n año después obtuvo la concesión de los derechos de u n a parte de la Z ona Federal M arítim o Terrestre de Tenacatita, intentó desalojar a la población m ediante el uso de la fuerza p ú ­ blica en 1992 y 1995. Sin embargo, tras los ataques, la población rápidam ente se m ovilizó para recuperar su territorio y regresó a la playa con el fin de seguir con sus actividades cotidianas, para evitar que su espacio fuera ocupado por alguien ajeno que cerrara el acceso al m ism o. De m odo que ninguno de estos intentos de despojo del em presario tuvo éxito. D ebido a lo anterior, el em presario optó por cam biar de estrategia a partir del año 2006, y acusó de despojo a diecinueve ejidatarios dedicados a la pes­ ca y al turism o, para sum ergirlos en u n pleito legal que los obligó a acudir a G uadalajara cada quince días durante los dos prim eros años del litigio para firm ar su libertad condicional, y m ás tarde a hacerlo cada m es en M anzanillo o Colima. C uatro años después de haber com enzado a desgastar económ ica y m oralm ente a la población m ediante dicha estrategia -y sin haber concluido aún el proceso penal-, Villalobos obtuvo u n a orden de desalojo para El Palmar, que en la noche del 4 de agosto del año 2010 fue aprovechada para desalojar a la población de la bahía, a través del uso de la fuerza pública. En cuanto a los efectos que el desalojo tuvo sobre la población, podem os decir que -com o era de esperarse- el despojo territorial afectó a los m iem bros del sector dom inante del ejido únicam ente de m anera tangencial, puesto que n in guno se dedicaba a la pesca o al turism o para sobrevivir. En cambio para las familias que dependían en diversos grados de las actividades realizadas en estos espacios, la afectación fue bastante mayor. Todas las labores cesaron por com pleto, y en m uchos casos am bos jefes de fam ilia se encontraron desem -

pleados de u n día p ara otro. A continuación verem os cóm o fue que las actividades turística y pesquera cobraron im portancia política y económ ica en el ejido, p ara constituirse com o la form a principal en la que la población resistió al poder de los m iem bros del sector dom inante del m ism o, así com o al avance de la privatización del espacio costero.

Surgimiento y relevancia político económica de las actividades pes­ quera y turística en el Rebalsito de Apazulco A p artir de la década de 1970 y hasta el año 2010, la creación de nuevas fuentes de em pleo en los terrenos costeros del ejido y la bahía de Tenacatita, representó la principal estrategia que la población im plem entó p ara enfrentar­ se, prim ero al contexto de m iseria, dependencia laboral y obediencia política provocado p or el acaparam iento de las tierras y el em pleo agrícola; y m ás tarde p ara oponerse a los planes que la iniciativa privada tenía sobre el territorio ejidal. Desde entonces, el “irse a m eter al charco”, aunque éste proveyera de lo m í­ nim o p ara sobrevivir, al igual que el invertir en la construcción de espacios de trabajo en la playa, im plicó tam bién el deseo de no vender el jo rn al al poderoso a cam bio de unos pesos y a expensas de la dignidad, tal com o lo m uestran los testim onios que R am írez Sevilla recupera de dos de los fundadores de la orga­ nización pesquera, D on A ndrés Vargas y C hón Rosas: Si la cosa (el trabajo pesquero en la cooperativa) se echara a andar derechamente, como debe y puede ser la cosa, los ricos se quedarían sin ningún mozo o peón. los larga la peonada, que ya podría decir “yo mejor me voy para la playa, en vez de largarles el cuero a esos pinches ricos (Andrés Vargas en Ramírez, 1989: 130). Los del rancho dicen que los pescadores somos huevones, que no somos hombres que puedan hacer el trabajo del campo y que preferimos venir aquí a huevonear, pero mira: yo del trabajo de campo te sé hacer un desmonte, con hacha o machete, hacer un pozo o cualquier tarea, partir coco en la era; son cosas que yo las sé hacer y que todos sabemos hacer porque aquí todos hemos hecho trabajo de campo -me da basca nomás de acordarme- pero ¿tú crees que yo les voy a ir a largar el cuero a esos pinches ricos para que sigan engordando y que sus viejas se pongan cacheto­ nas, y yo siga flaco, jodido?. Porque mira: es como si día a día, con cada jornal, con cada tarea, con cada coco que partes y destopas, te fueran arrancando un pedacito de tu cuerpo, uno hoy, otro mañana, y así diario; al rato aquel señor está gordonón y uno sigue igual o peor de jodido, porque las tareas así son (Chón Rosas en Ra­ mírez, 1989:133). De esta m anera, el em peño por la diversificación laboral, con base en la posibilidad del aprovecham iento de los recursos pesqueros y turísticos, consti­ tuyó la form a principal de lucha y resistencia, por la defensa de la libertad p o ­

lítica y económ ica de quienes m antenían u n a actitud crítica y de oposición al cacicazgo local, al igual que contra la iniciativa privada. En este sentido es que entendem os el ejercicio de la resistencia en El Rebalsito de Apazulco com o un conjunto de estrategias de reproducción social im plem entadas cotidianam ente p or la población, con el fin de m antener u n m o d o de vida vinculado a u n te­ rrito rio particular, frente a los em bates de los grandes proyectos de desarrollo turístico y agroindustrial, característicos de los procesos de reorganización es­ pacial propiciados por las políticas neoliberales (M endoza, 2011). D urante este periodo, las iniciativas que los gobiernos estatal y federal em ­ prendieron en la costa para fom entar el crecim iento económ ico de la región se concentraron prim ero en la pesca ribereña, m ás tarde en el turism o m asivo de sol y playa, y finalm ente en el turism o exclusivo. De esta m anera, las dos prim eras actividades cobraron im portancia entre la población local cuando las condiciones para la privatización de la costa no fueron las óptimas. Así fue que las m odificaciones hechas a la política de desarrollo costero provocaron que la pesca quedara subordinada a la afluencia y las necesidades de la industria turística en sus diferentes m odalidades. C ierto es, que gracias a la inversión de recursos públicos hecha durante la década de 1990 para dotar de in fraestructura turística a la costa, se diversificó la oferta de servicios del ejido al tiem po que increm entó el flujo de visitantes y los ingresos percibidos por la población local. N o obstante, resulta de prim era necesidad reconocer que la inversión en el equipam iento del territorio para esta actividad, provocó tam bién que los em bates del capital privado se incre­ m entaran hasta conseguir el desalojo de la playa. Pese a todo, durante los años en los que la pesca y el turism o ofrecieron fuentes de em pleo para la población ejidal, las condiciones de vida m ejora­ ron significativam ente para la m ism a no sólo en térm inos económ icos, sino sobre todo políticos. Las relaciones de poder a nivel local se transform aron, y quienes laboraban en el espacio costero se encontraron con que al ejercer sus oficios, po d ían opinar y decidir con m ayor libertad sobre los asuntos del ejido, así com o evitar que la iniciativa privada se apoderara de u n día para otro de su territorio. Es así que los m iem bros del grupo dom inante del ejido se fueron consolidando en los puestos de interm ediación política y afianzaron u n a serie de relaciones en las que prevalecían la m iseria y la sum isión de la m ayoría de la población. N o obstante, en dicho contexto surge u n a disputa por el poder a nivel regional que proporciona la oportunidad para cuestionar y socavar las bases en las que se hallaba fundado el poder político (Ram írez, 1989). La ocasión de conform ar u n a cooperativa pesquera ejidal com o u n a form a no sólo de prom over la diversificación de las opciones laborales en la com u­ nidad, sino de que las relaciones de producción de dichas alternativas fuesen sustancialm ente diferentes a las de la producción agrícola, com enzó a tom ar

form a en 1973. Para entonces, el grupo de ejidatarios de dotación que m ante­ nían u n a actitud crítica hacia el cacicazgo local, en conjunto con u n núm ero significativo de los nuevos ejidatarios de am pliación, entre quienes destacaban A ndrés Vargas y Asención Rosas, encontraron en José G odínez -tam bién ejidatario pero quien se había criado con la poderosa fam ilia jalisciense de los Z uno- la vía de acceder sin problem as a los créditos necesarios para dar inicio a u n a pesca organizada para el m ercado (Ramírez, 1989). La posibilidad de acceder a u n a fuente de ingresos alejada del poder de sujeción política de los caciques, provocó entre la población u n am plio interés p or el proyecto cooperativista pesquero. De m odo que tan pronto com o les fue concedido el registro de la cooperativa, se dio inicio a u n am plio proceso de capacitación de socios en el arte de la pesca a vista de costa, en tanto que la m ayoría de ellos únicam ente habían practicado la pesca con anzuelo y ata­ rraya, en el río o en el mar. Rápidam ente, la cooperativa pesquera com enzó a explotar de m anera colectiva los recursos de la bahía de Tenacatita en 1974, hasta representar durante sus prim eros diez años de vida, la posibilidad de crear u n a fuente de em pleo independiente del control caciquil del grupo d o ­ m inante del ejido. U n par de socios que años atrás habían aprendido todo lo relacionado con la pesca a vista de costa en Sonora, fueron los elegidos para encargarse de la form ación de sus com pañeros a lo largo de los prim eros años de la organiza­ ción. En este periodo se consolidó u n solidario grupo de pescadores entre los que prevalecían las relaciones de igualdad, y que conform ados en cooperativa accedieron a los créditos que el gobierno otorgaba para la com pra de pangas de fibra de vidrio, m otores y equipos de pesca. D urante el apogeo de la organi­ zación cooperativista, la n u trid a participación política de los socios consiguió dotar al grupo del poder suficiente com o para definir, gestionar y conducir los asuntos concernientes a la m ism a de m anera independiente al sector dom i­ nante del ejido. De esta m anera, la agrupación de pescadores incidió de form a directa sobre la realidad política, económ ica y social, para constituirse en un factor desestabilizador de las relaciones sociales a nivel local (Ibarra, 2001). En este sentido, destaca el intento que los m iem bros de la cooperativa -en su m ayoría ejidatarios de am pliación- llevaron a cabo, para solicitar la creación de dos núcleos ejidales, a p artir de la separación de las tierras de am pliación y dotación a m ediados de los años setenta. D icha petición im plicaba el que los ejidatarios de la am pliación pudieran constituir u n ejido independiente con el fin de que pudieran tom ar decisiones fuera de las relaciones de poder perso­ nal del sector dom inante. En esta ocasión, M anuel González y Sabino B arra­ gán fueron los elegidos para dirigirse ante la Secretaría de la Reform a Agraria (SRA), para presentar form alm ente la solicitud. Sin embargo, Rafael Torres y Filem ón García -los líderes del grupo dom inante del ejido- interceptaron al

segundo antes de que se reuniera con su com pañero para llevar a cabo su en ­ com ienda, y lo convencieron de que no acudiera a la cita.5 Así, la petición que expresaba el deseo de los ejidatarios cam pesinos y pescadores de la am plia­ ción, n u n ca fue hecha. El docum ento escrito que contenía las firm as de éstos fue retenido p o r Sabino Barragán, quien efectivam ente nunca llegó al lugar en el que había acordado encontrarse con M anuel, de m odo que todo se quedó en u n intento (Ram írez, 1989). D espués de la cooptación de Barragán, la confianza y solidaridad cons­ tru id as p or los cooperativistas durante los prim eros años de la organización se vinieron abajo, de m anera que a p artir de entonces, la etapa de lucha m ás explícita de El Rebalsito de Apazulco quedó atrás, p ara dar paso a form as m ás sutiles -pero igualm ente im portantes- de resistencia, a través de la diversifica­ ción de las actividades productivas realizadas en el espacio costero. En lo que siguió, los socios continuaron con las actividades relacionadas a la producción pesquera en el mar, e iniciaron u n proyecto de alto potencial productivo en los terrenos contiguos a la bahía de Tenacatita, a principios de los años ochenta. Gracias a que el entonces Presidente de la cooperativa gestionó ante la Se­ cretaría de Pesca la construcción de u n canal que com unicó u n a de las ra ­ m ificaciones del río Purificación con la Laguna C ostera, los socios pudieron com enzar a cultivar tilapia, ostión y cam arón por u n a breve pero exitosa tem ­ porada. La iniciativa no sólo contem plaba la siem bra, cría y cosecha de pes­ cado y m ariscos en u n a granja acuícola rústica, sino to d a u n a estructura de transform ación, congelación y com ercialización de los productos de la pesca, que prom etía la creación de em pleos suficientes para los ejidatarios, sus hijos y los avecindados del ejido. De m odo que, para quienes se enriquecían a través del m onopolio de la oferta laboral a nivel local, el proyecto representó u n a grave amenaza. En consecuencia, los afectados p o r el desarrollo de la cooperativa pesquera -esto es, los m iem bros del sector dom inante del ejido- im pidieron la insta­ lación del transform ador que haría funcionar el sistem a de enfriam iento del cuarto de congelación de los pescadores, y ordenaron destruir la com puerta que im pedía que los cultivos de la laguna fueran arruinados por la creciente del río (Ram írez, 1989).6 A unado a todo lo anterior, durante este periodo la p o ­ lítica gubernam ental com enzó a abandonar el fom ento a la actividad pesquera. La estructura de alm acenam iento, acopio, transporte y com ercialización de sus productos em pezó a ser desm antelada. En consecuencia la C ooperativa Pes­ quera perdió capacidad para desarrollarse y relevancia com o fuente de empleo (Ram írez, 1989).

5 A.V. entrevista personal con la autora (20-11-2009). 6 A.V. entrevista personal con la autora (20-11-2009).

Imagen 2. Campamento de americanos y canadienses en playa Mora, con Tenacatita de fondo (Fotografía: Emmanuel Díaz, 2007). En estas nuevas condiciones, la pesca no volvió a tener la relevancia que tuvo durante los prim eros diez años de vida de la cooperativa. Sus socios con­ form aron u n im portante sector que hasta los prim eros años de la década de 1990 se opusieron de m anera sistem ática a la venta de los terrenos costeros del ejido, pero el otrora solidario grupo de pescadores que aprovechaba de m anera colectiva los recursos del m ar, abandonó el trabajo conjunto y se convirtió en u n a agrupación de perm isionarios dedicada a la captura y extracción de diver­ sas especies m arinas que de m anera individual abastecían a los pocos restau­ rantes que había en la bahía. Los cam bios realizados a la política de desarrollo costero para finales de los años ochenta prepararon el cam ino para que, en la década siguiente, las actividades relacionadas al turism o cobraran m ayor rele­ vancia en tanto fuente de em pleo para la población, y para que finalm ente, la pesca fuera subordinada a las necesidades de esta nueva labor (M edina, 1994). A lo largo de los años noventa la Bahía de Tenacatita cobró im portancia y se consolidó com o destino turístico, gracias a que la apertura del cam ino asfaltado que lleva de la C arretera N acional 200 hasta la playa, lo cual facilitó la llegada de los turistas. C on ello, los socios que hasta entonces únicam ente se habían dedicado a las labores de la pesca en el m ar, com enzaron a prestar tam bién diversos servicios asociados a la presencia de viajeros en el ejido. Los paseos en panga por La Vena o el m anglar, hacia el Estrecho, Los Frailes y La M anzanilla se hicieron com unes entre quienes sabían tim onear u n a em barca­

ción, al igual que las expediciones de pesca deportiva y buceo; en tanto que la pesca com ercial continuó abasteciendo a los restaurantes locales. De esta m anera, la población transform ó la bahía en u n espacio que les p ro ­ veía de em pleos suficientes para m antener u n saludable m argen de in d ep en ­ dencia económ ica y política respecto al sector dom inante, pese a los ataques prom ovidos p o r el em presario José M aría A ndrés Villalobos desde el inicio de la década hasta el año 2010. Así, hasta antes de su desalojo, los socios de la C ooperativa Pesquera Tenacatita de Rebalsito sum aban dieciocho personas, cuyas labores daban sustento a aproxim adam ente 100 de los 589 habitantes registrados p or el censo realizado en dicho año.7

El turismo rústico en la bahía de Tenacatita U na vez que hem os hablado sobre la historia de los grandes proyectos de desarrollo turístico que han sido planeados para la Bahía de Tenacatita, sobre cóm o dicha actividad cobró im portancia com o vía para el desarrollo, al igual que de las form as en las que los socios de la C ooperativa Pesquera se acoplaron al cam bio de la política gubernam ental, verem os de qué m anera la población ejidal aprovechó la infraestructura que com enzó a construirse en la costa con m iras a la expansión del turism o exclusivo, hasta hacer del turism o rústico la principal actividad a la que recurrían para sobrevivir. Pese a las dificultades que representaba vivir fuera del pueblo a causa de la falta de energía eléctrica, agua potable y em pleo rem unerado para todos los m iem bros de las familias de los pescadores, unas cuantas de ellas se asentaron en la ZFM T de la bahía de Tenacatita desde m ediados de la década de 1970. Adem ás de dedicarse a la pesca, la caza y la recolección, com enzaron a levantar restaurantes rústicos de m adera y palm a para atender a los viajeros que ocasio­ nalm ente llegaban para acampar. En los siguientes diez años la C ooperativa vivió tanto su periodo de auge com o de declive, de m odo que conform e llegaron cada vez m ás turistas a la bahía y la pesca perdió relevancia com o fuente de em pleo rem unerado, fueron cada vez m ás las familias que construyeron techos de palm a y sencillas cocinas en la playa, para cubrir sus necesidades y m ejorar sus condiciones de vida a través de la venta de alim entos. En u n principio, la población recurrió a esta actividad com o u n a form a de com plem entar los bienes y el ingreso del que proveían la pesca, la caza, la re ­ colección y el trabajo en la era.8 Sin embargo, para el fin de los ochenta, gracias

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Censo de Población y Vivienda 2010, Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI, 2010), disponible en http:// censo2010.org.m x, consultado el 29 de julio de 2015.

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Localm ente se le llama “era" al lugar en donde se lleva a cabo la partida, el destope y el secado de los cocos de agua, con el fin de extraerles la pulpa y la copra.

al abandono gubernam ental de la actividad pesquera y al fom ento del turism o, no sólo los restaurantes habían aum entado, sino que los recursos económ icos que éstos dejaban a las familias com enzaron a cobrar relevancia. Poco m ás tarde, a p artir de los años noventa y conform e se transform aron las políticas de desarrollo costero en la región -que dieron prioridad al im pulso de la actividad turística- se llevó a cabo u n a nueva gran inversión en la m ejora y apertura de las com unicaciones terrestres. En pocos años, la brecha que co­ m unicaba a la b ahía de Tenacatita con la carretera, se convirtió en terracería y luego en cam ino asfaltado (M edina, 1994). El m ejoram iento de los cam inos rápidam ente se tradujo en la presencia cada vez m ayor de turistas, de m odo que para m ediados de los noventa dicha actividad se había consolidado com o u n a fuente relevante p ara la obtención de ingresos, tal y com o lo señala en su testim onio doña L.F., propietaria de u n restaurante: Todos los puentes eran buenos, pero la Semana Santa y el fin de año, esas sí que eran temporadas, los demás días casi todos eran malones, tres cuatro días en la se­ mana uno no vendía nada, pero había para atenderse si uno estaba enfermo o para irse de paseo de vez en cuando. Durante los últimos y los primeros meses del año venían los gringos y canadienses para acampar en la playa Mora y pues siempre dejaban algo; en los puentes venían amigos de Guadalajara y de México, pero los fines de semana normales también venía la gente de los ranchos de aquí cerquita a bañarse y disfrutar del mar.9 D urante estos años, familias enteras encontraron u n a form a de ganarse la vida ya no sólo a través del restoranteo rústico, sino m ediante la im plem entación de u n a serie de servicios relacionados a la oferta de hospedaje tanto en el pueblo com o en la playa, así com o a través de la organización de diferentes actividades relacionadas con el turism o. La venta am bulante probablem ente daba em pleo a u n a proporción sem ejante de la población em pleada en los h o ­ teles y restaurantes. Hom bres, m ujeres y niños recorrían la bahía innum erables veces p ara ofrecer to d a u n a gam a de productos com o ropa, artículos de playa, pan dulce, cocos y piñas preparados; pasteles, fru ta picada, m ariscos y pesca­ do fresco; duritos, paletas, artesanías y dulces tradicionales de coco, m ango y tam arindo. A dem ás de que existía tam bién u n núm ero significativo de estable­ cim ientos en los que se vendían com estibles no perecederos y perecederos sin preparación, bebidas alcohólicas, agua, com ida chatarra y abarrotes. H asta 2010, la diversidad de actividades relacionadas con el turism o que se desarrollaban en la b ahía de Tenacatita, em pleaban ya a gran parte de la población de El Rebalsito, y a gente de los ranchos vecinos com o La Rosa,

9 L.F. entrevista personal con la autora (20-08-2010).

M iguel Hidalgo Nuevo y Viejo, El Agua Caliente N ueva y Vieja, y Zapata. Esto provocó que quienes contaban con tierras de producción agrícola, se vieran en la necesidad de em plear jornaleros m igrantes para las labores de la siem bra y la cosecha, en función de que cada vez resultaba m ás difícil encontrar en los pueblos cercanos, trabajadores que quisieran som eterse al sistem a de m iseria y dependencia del jornal.

Imagen 3. Restaurantes y venta de artículos de playa en Tenacatita (Fotografía: Emmanuel Díaz, 2007). Nueve m eses antes del desalojo del 4 de agosto de 2010, D on A.V explicaba cuál era la situación ocupacional de la población del ejido, exponiendo tam ­ bién las razones por las que trabajar para los caciques, no era la p rim era opción tom ada p or la gente de la región: La mayoría de los de aquí del rancho trabajan allá en la playa, hasta viene gente de los otros ranchos de aquí en cortito a trabajar a Tenacatita. Algunos de los que tienen sus tierritas siembran allí unos papayitos, unas palmas, unos platanitos, chilitos, su maíz, y ahí más o menos se la van llevando. Los que tienen tierras en el cerro siembran pastura y le rentan las tierras a los que tienen vacas, aunque hay unos que no siembran nada y solo se gastan el dinero que el gobierno les da para gasolina. El Pelón Torres trabaja sus tierras con sus hijos, y eso sí, jala mucha gente cuando hay que cosechar. Nomás que a los de aquí no les gusta trabajarle las tierras a los de aquí, porque casi no pagan, y los que no trabajan en la playa mejor se van

a las tierras de La Manzanilla, de los Hidalgos o las Aguas Calientes. No hay quien les quiera trabajar a los caciques aquí, sí hay algunos que andan ahí, pero son muy pocos. Entonces lo que han hecho ahora es que traen chiapanecos en una camione­ ta, les construyen una ramada en uno de los potreros y ahí los tienen, sin baño y sin nada, los llevan en la camioneta a donde van a trabajar y de regreso a su ramada.10 La independencia económ ica que las actividades en los terrenos costeros perm itía a los ejidatarios y sus familias, constituyó u n factor de sum a im por­ tancia en la transform ación de la estructura de las relaciones de poder al in ­ terior del ejido, pues conform e com enzó a haber m ás trabajo relacionado con actividades realizadas en la playa y el mar, quienes se integraron a estas labores pudieron liberarse poco a poco de los lazos dependencia económ ica y polí­ tica que los sujetaban. Sin embargo, com o contraparte, la tendencia hacia el equipam iento de infraestructura y el desarrollo del turism o en la región, trajo consigo el increm ento del valor de la tierra y u n a creciente dem anda y presión sobre estos terrenos. D urante estos años, las vías para acceder a la bahía m ejoraron y fueron instalados los servicios de luz y agua corriente; se establecieron sistem as de tran sp o rte y abastecim iento; y fueron dispuestas las reform as constitucionales necesarias para facilitar a la iniciativa privada la apropiación y transform a­ ción del m edio costero. La form a en que -nu evam ente- don A.V. describe la historia de El Rebalsito, m uestra el proceso de m aduración de las condiciones óptim as para la expansión del turism o exclusivo en el litoral jalisciense. Cuando primero llegamos aquí nadie quería venir, estaba feo para llegar hasta acá y era difícil quedarse a vivir. Los animales se morían por la zancudera, los niños se enfermaban en cantidad de paludismo, de diarrea, de tos... por eso muchos vales11 se fueron con sus mujeres y sus hijos después de que nos entregaron la tierra, y nomás nos quedamos unos cuantitos. Nadie quería venir, no había camino, ni luz, ni agua así como ahora, éramos ahí nomás unas cuantas casitas. Pero ahora que ya hay luz, carretera y teléfonos celulares, ora sí nos quieren sacar y lo han intentado ya varias veces. Es como si nos hubieran dado estas tierras en medio de todas estas playas tan bonitas cuando no se podía hacer nada con ellas, para que poco a poco nos fueran dando así algunillos servicios y cuando las cosas ora sí se pusieran bue­ nas pa hacer negocios, entonces sí ya sacarnos de aquí.12 Así, a lo largo de los dieciocho años que corren desde 1992 y hasta el 2010, la población dedicada a la pesca y al turism o en la bahía de Tenacatita resistió a los ataques del em presario tapatío José M aría A ndrés Villalobos -quien en dos 10 A.V. entrevista personal con la autora (20-11-2009). 11 Localm ente se usa la palabra vale para referirse a cualquier persona, sin im portar su edad y sexo. Cuando se expresa en tercera persona del singular tiene connotación de “tipo(a)", m ientras que en segunda persona se refiere a “amigo", “com pañero" o “valedor". 12 A.V. entrevista personal con la autora (20-11-2009).

ocasiones intentó apoderarse de estas tierras m ediante la violencia- y se en ­ frentó a los m iem bros del sector dom inante del ejido con el fin de conservar el control y el acceso a los recursos de la franja costera. A través de la edificación, consolidación y diversificación de las actividades productivas que se desarro­ llaban en el espacio costero, la población resistió durante todos estos años a la dom inación caciquil y evitó que el em presario se apoderara de la bahía de un día para otro. No obstante, el que la m ayor parte de las familias hubieran cen­ trad o sus esfuerzos en estas actividades -aún sin haber conseguido asegurar el estatus legal de las tierras que las hacían posibles- m erm ó significativam ente sus capacidades de subsistencia y resistencia, u n a vez que fueron expulsados de ellas. Tras el desalojo de la bahía, el grado en el que las familias del ejido de­ pendían de las actividades económ icas que se llevaban a cabo en la playa y en los terrenos costeros, m arcó de m anera determ inante las estrategias de re­ producción social que aquéllas im plem entaron durante los últim os m eses del año 2010. El que m uchas familias hubieran m antenido u n a econom ía y u n estilo de vida vinculado -exclusivam ente- a las actividades que se realizaban en el espacio costero, puso a u n a buena p arte de la población en u n estado de incertidum bre total respecto a su futuro. Entonces, la tendencia hacia el equi­ pam iento de los territorios costeros que a p artir de la década de los noventa había dado pie a u n a supuesta diversificación de la estructura productiva del ejido, y beneficiado a las familias de El Rebalsito y los pueblos aledaños, reveló u n a cara distinta: la de la exclusión y la polarización de la estructura p ro d u c­ tiva del m ismo. Sin d u d a alguna, las familias m ás afectadas fueron aquellas cuyos m iem ­ bros contaban con u n em pleo fijo en alguno de los hoteles o com ercios estable­ cidos, quienes recibían u n salario sin im portar si había o no visitantes y por lo tanto, dependían por com pleto de ese ingreso para sobrevivir. De igual form a, todos aquellos que, a través de la venta am bulante y de la oferta de servicios turísticos en restaurantes rústicos, habían encontrado la form a de alivianar el costo de vida, se vieron obligados a m igrar a centros turísticos m ás grandes com o M elaque y Barra de Navidad. Tam bién resultaron perjudicados quienes invirtieron los ahorros de su vida p ara com prar lotes frente al mar, que acon­ dicionaron con los servicios necesarios para recibir cam pistas y viajeros en casas rodantes, o en los que levantaron m odestos hoteles de los que dependían parcial o totalm ente p ara sobrevivir. Por otro lado, algunas de las pocas familias que poseían com ercios y restau­ rantes en la playa, pero que continuaban cultivando y com ercializando frutos tropicales en las fértiles tierras de la dotación, optaron por establecer u n nego­ cio diferente, pero ahora dentro del pueblo. Esto tam bién significó renunciar a la posibilidad de em plear u n núm ero significativo de personas, sobre todo

en tem porada alta, para em plear prim ordialm ente a los m iem bros del núcleo familiar. Ejemplo de ello constituyen los casos de D oña L.F., su esposo M.R. y su hija Paty, quienes en la bahía poseían u n restaurante pero cuyo principal ingreso no provenía del negocio en la playa, sino de la venta fuera del ejido de cocos, lim ones y algunas frutas tropicales que desde hace años han cultivado en su parcela. Tras el desalojo, esta fam ilia decidió aprovechar los viajes que don M.R. hace a G uadalajara y A utlán -cuando lleva los pedidos de cocos para sus clientes- para abastecerse de m ercancías y reabrir su tienda en el pueblo, aunque ésta no dé sustento m ás que a ellos tres y de ninguna m anera sustituya cabalm ente lo que el restaurante im plicaba.13 O tra suerte corrieron quienes se dedicaron de m anera casi exclusiva a las actividades relacionadas al turism o, pese a contar con tierras agrícolas de la dotación. Para éstos, la vida en la tienda o en el restaurante ju n to al mar, cons­ tituía la ú nica form a que habían construido para ganarse el sustento, de m odo que el iniciarse o volverse a integrar a las labores de la tierra y a la com ercia­ lización de sus frutos, resultó ser u n reto abrum ador en el que en m últiples sentidos se encontraron en desventaja.14 Por su parte, los pescadores que lograron conservar o rescatar sus equipos tras la llegada de la policía, p rocuraron continuar accediendo al m ar a través de diversas vías y estrategias, aunque las jornadas no siem pre resultaron exitosas. El equipo liderado por Chito El Tiburón M artínez por ejem plo -habitualm ente form ado p or tres tripulantes que lo incluyen a él y a sus dos herm anos- consi­ guió que se les perm itiera la entrada al m ar a través de la playa privada de El Tecuán, bajo las condiciones de em plear el equipo del vigilante de la propiedad y de llevar a u n cuarto pasajero a bordo. Sin embargo, el acceso al m ar p o r esta vía no siem pre es segura, la playa es peligrosa y el llevar u n cuarto tripulante representa para los herm anos, la reducción del producto al m om ento de la repartición.15 Algunos otros, sobre todo aquéllos que no poseen los recursos económ icos suficientes com o para invertir en com bustible y desplazarse diariam ente con pangas, trasm allos y m otores hasta La M anzanilla -una playa situada unos diez kilóm etros al sur de Tenacatita- siguieron usando La Vena de los Ángeles para desde ahí em barcarse y salir a pescar, aunque para acceder a ella tuvieran que recorrer u n am plio tram o a través de la laguna. Por otro lado, los m iem bros del g rupo fam iliar que controla la Cooperativa, el de los llam ados Conejos, fueron quienes de m anera m ás rápida decidieron y tuvieron la capacidad económ ica

13 L.F. entrevista con la autora (20-08-2010). 14 E.R. entrevista personal con la autora (14-12-2010). 15 A.V. entrevista personal con la autora (14-12-2010).

para m udarse a esta nueva playa.16 En general, durante los días e incluso los prim eros m eses que siguieron al desalojo la m ayor parte de la población buscó em plearse de diferentes m ane­ ras, lejos del jo rnal agrícola y de las labores derivadas de su propia expulsión de los terrenos costeros, aunque hubo varios casos en los que algunas personas decidieron aceptar el trabajo que la Policía Estatal com enzó a ofrecer, provo­ cando con ello la ru p tu ra del tejido social. Ahora, en cuanto al sentido que tom aron las relaciones tanto al interior de la cooperativa, com o entre el sector política y económ icam ente dom inante del ejido y quienes habían encontrado en el espacio costero u n a form a de vida alejada del jo rn al agrícola, podem os decir que luego de la cancelación de di­ chas actividades o su casi desaparición, el poder que el grupo fam iliar de Los Conejos tenía sobre el resto de los cooperativistas, al igual que el del grupo dom inante sobre el resto de la población, se reforzaron. Tras el desalojo del 4 de agosto, este grupo consiguió afianzarse en el poder y aprovechó la crisis por la que gran parte de la población pasaba, para tom ar bajo su cargo el asunto de la defensa de los terrenos costeros del ejido en con­ tra del capital privado. De esta m anera sim ularon el papel de canalizadores de las dem andas de los afectados y se aseguraron de ceñir la participación de la población en el proceso de defensa de la bahía, así com o de regular el acceso de aliados externos que pudieran actuar en beneficio de los afectados. R epentinam ente, tras dieciocho años de haber hecho caso om iso a la de­ m an d a de solicitar la concesión de la bahía a nom bre del ejido, el delegado m unicipal y cacique del m ism o Pelón Torres, se com unicó con G regorio Vélez, representante de la C N C en la costa de Jalisco; con el licenciado Reséndiz, abogado defensor del grupo fam iliar de Los Conejos; y con Iván Zárate, titular del jurídico del A yuntam iento de La H uerta, quienes en conjunto com enzaron a im plem entar u n a estrategia de desm ovilización de la población, que, entre otras cosas, lim itó la participación de la gente en el proceso de defensa de sus propias tierras. La apropiación del territorio costero, al igual que el uso y disfrute de sus recursos, representaba para los rebalsiteños la form a m ás efectiva de lograr la subsistencia y liberarse de la soga caciquil, así com o parte integral de la vida cotidiana del ejido. La am plia variedad de sus recursos constituía u n a rica fuente de alim entos, adem ás de que -sobre todo a p artir de la década de los años noventa- la pesca y el turism o les perm itieron vislum brar la posibilidad de tener u n a vida m ejor, lejos del jornal agrícola. Es im portante resaltar que u n a vez llevado a cabo el desalojo, no hubo expresiones abiertas de in co n ­ form idad o desacuerdo frente a las decisiones tom adas por los m iem bros del 16 E.R. entrevista personal con la autora (14-12-2010).

sector dom inante del ejido, ni esfuerzos organizativos independientes p ara re ­ cuperar dicho territorio. Esto se debió a que distintos actores políticos hicieron presencia en el ejido, para asegurar el despojo de tierras a la población.

La lucha por la recuperación de la bahía de Tenacatita y las bases del poder caciquil D urante los años en los que los ejidatarios de El Rebalsito y sus fam ilias se hicieron de toda u n a form a de vida junto al m ar -que posteriorm ente incluyó a m ucha de gente de los pueblos aledaños- la playa constituyó no sólo el es­ pacio que les perm itía ganar el sustento a través de u n em pleo rem unerado, sino sobre todo, u n lugar cargado de significados en el que por lo m enos tres generaciones de m uchas fam ilias del pueblo vieron crecer a sus hijos. En los terrenos costeros del ejido gran parte de su población aprendió a nadar, a bucear y a abrir u n coco; a distinguir los vientos, las corrientes y los m om entos adecuados para salir al mar, a escuchar la callada17y a reconocer los lugares específicos por donde pasan los bancos de peces; a pescar con anzuelo y atarraya; a tender u n trasm allo o u n a cim bra; a sacar mollos, jaibas y señori­ tas18, y a preparar todos los productos del mar. En la playa se llevaban a cabo gran parte de las actividades productivas y de autoconsum o de la población, al igual que bu en a parte de los festejos cívicos y rituales de la m isma. D ebido a ello, tras el desalojo, el reclam o expresado por doña R.M. ante la presencia de G regorio Vélez, representante de la CN C en la costa de Jalisco, en la asam blea ejidal, recibió gran aprobación del resto de los asistentes pues no sólo expresaba su inconform idad sino tam bién daba cuenta de que el valor que la gente daba a la tierra -en especial a la bahía de Tenacatita-, estaba lejos de ser exclusivamente económ ico: Queremos que Rodenas sepa que si se quiere quedar con El Palmar, ¡que se lo que­ de!, pero que nos deje Tenacatita que es donde nuestros hijos se pueden bañar y jugar sin peligro, y a donde nos gusta venir a la gente de aquí de los ranchos cercanos. No queremos hoteles, ni queremos dinero, queremos nuestra playa. Ten­ go cinco hijos y todos aprendieron a nadar y a pescar aquí.19 Para el sector subordinado del ejido, el asegurar la propiedad de los terre­ nos costeros y la concesión de la ZFM T de la bahía de Tenacatita, constituía la condición básica p ara conservar u n espacio de socialización cotidiana, así com o p ara po d er continuar con u n estilo de vida basado en el turism o regional, 17 Los pescadores m ás experim entados de El Rebalsito de Apazulco distinguen las olas no sólo por su tam año sino tam ­ bién por su sonido. La callada es una ola del mar que al llegar a la arena no produce ningún ruido. 18 Los m ollos y las señoritas son dos especies de cangrejos que los niños solían cazar en la playa y en la laguna costera para contribuir al sustento familiar. 19 R.M . entrevista personal con la autora (14-12-2010).

la pesca ribereña y con ello, u n sano m argen de libertad política y económ ica respecto del sector dom inante. Sin em bargo, la solicitud de dicha concesión -en la que los interesados en la pesca insistieron desde el inicio de la década de los años noventa- nunca fue rem itida a las autoridades correspondientes, de­ bido a que los m iem bros de la M esa D irectiva del ejido entorpecieron en todo m om ento su gestión y se opusieron a realizarla. El desarrollo de las actividades productivas en Tenacatita representaba una significativa m erm a de poder político, para quienes controlan los puestos de interm ediación y la producción agrícola a nivel local. De m odo que el poner en riesgo la posesión y propiedad de estos espacios, constituyó parte esencial de la estrategia que im plem entaron con el fin de recuperar su posición. Al negarse

Imagen 4. Demolición de restaurante El Chato en Tenacatita (Fotografía: Emmanuel Díaz, 2010). sistem áticam ente a hacer la solicitud en beneficio del colectivo, las autoridades locales consiguieron precarizar la situación de quienes desde 1991 se enfrenta­ ron a José M aría A ndrés Villalobos por el control de los recursos costeros del ejido. Ú nicam ente Francisco M ontelongo, el propietario del restaurante Fiesta M exicana, pidió la concesión del espacio que ocupaba en la bahía, antes de que el em presario consiguiera la suya. No obstante, esto no fue suficiente para evitar ser desalojado, al igual que todos los demás. En este proceso, la fuerza pública despojó a pescadores y prestadores de servicios turísticos de El Rebalsito de Apazulco de u n espacio esencial para la vida cotidiana del ejido, al m ism o tiem po que de su principal fuente de trab a­ jo, para entregársela a u n inversionista privado. N uevam ente, la red de poder

form ada p or políticos, caciques e inm obiliarias conjugaron sus esfuerzos y consiguieron apropiarse de u n espacio básico para la supervivencia de m ás de u n pueblo. D urante los prim eros días que siguieron a la expulsión de la población de la bahía, los m iem bros del sector dom inante del ejido -en tanto parte de la M esa D irectiva del m ism o- rápidam ente se afianzaron en el rol de la interm ediación política, y activaron u n a red de relaciones que incluyó a los representantes de la CN C en la costa de Jalisco, al grupo fam iliar de Los Conejos y al representan­ te jurídico del M unicipio de la H uerta. U na vez aliados, com enzaron a poner en m archa diversas tácticas de desm ovilización, m ediante las que controlaron la participación de la población en el proceso de defensa de la bahía, al m ism o tiem po que regularon el acceso de actores externos al m ismo. Entre las estrategias que im plem entaron con el fin de reafirm arse a la ca­ beza del ejido y asegurar el despojo, el sector dom inante lim itó y restó valor y legitim idad a los intentos de organización y de participación de los afectados. No se perm itió que ninguno de los pescadores, restauranteros o com erciantes de la b ahía tom ara parte de las com isiones de representación que el proceso de defensa dem andaba; y la única propuesta hecha en Asam blea p o r parte de unos de los socios de la Cooperativa, fue rápidam ente desechada. Así, las propuestas que se votaron y llevaron a cabo durante los m eses que siguieron al desalojo, fueron las que los diferentes m iem bros del sector caciquil hicieron con el respaldo de G regorio Vélez de la CNC, del licenciado Reséndiz com o representante de Los Conejos, de Iván Zárate por parte del A yuntam ien­ to de La H uerta y del D iputado Federal Enrique Ib arra Pedroza. En repetidas ocasiones, dichos personajes se presentaron frente a la Asam blea y adquirieron u n a serie de com prom isos relacionados al conflicto para regular y m antener bajo control el descontento social, al adm inistrar pequeñas dosis de esperanza que finalm ente no darían frutos.20 De igual form a, los esfuerzos organizativos de la población fueron obstacu­ lizados tanto p o r las autoridades ejidales com o por las m unicipales, quienes se opusieron a que el espacio de la Casa Ejidal fuera em pleado para llevar a cabo reuniones no convocadas p o r los m iem bros de la M esa Directiva; e invitaron a los afectados a confiar en las gestiones del A yuntam iento para la recuperación de las tierras. A demás, la participación fue lim itada y condicionada de m anera que quienes no contaban con u n puesto en la M esa Directiva, conocim ientos sobre el caso o u n a form ación universitaria, lo que correspondía era contribuir económ icam ente con el pago de los gastos de las com isiones, si es que querían 20 Durante las num erosas asam bleas que se realizaron en el mes que siguió al desalojo en el ejido, pudim os observar no solo que los m iem bros de sector dom inante eran los que en general hacían uso de la palabra, sino que únicam ente en muy contadas ocasiones participó alguno de los pescadores o com erciantes del mismo, adem ás de que la información que circulaba en ellas era confusa y repetitiva.

tom ar parte de la defensa de sus tierras. En este proceso fue poca la relevancia de la Asam blea Ejidal en tanto es­ pacio de to m a de decisiones de m anera colectiva, puesto que éstas fueron tom adas en últim a instancia p o r el grupo dom inante del ejido. No obstante, dicho espacio fue em pleado p ara ejercer el poder a través del discurso y de la m anipulación de la inform ación; p ara exhibir el respaldo político del que se dispone; al igual que p ara reforzar valores dom inantes y form as jerarquizadas de construirse y de construir a los dem ás. C on ello, la A sam blea se consolidó com o u n o de los m ecanism os m ás frecuentes del sector caciquil para apaci­ guar a la población en u n m om ento de crisis, convirtiéndose en u n espacio en el que lejos de fundarse el bien com ún, se reforzaron las relaciones de poder establecidas. La m anera en la que la población concibe que el acceso a la justicia o la consecución de los objetivos públicos son posibles, contribuye a entender las razones p or las que los directam ente afectados no decidieron tom ar en sus m a­ nos la dirección del proceso de defensa del territorio, pues estas posibilidades se encontraban siem pre condicionadas a la cercanía con algún tipo de inter­ m ediario político. A través del establecim iento de u n a relación con algún actor político de peso, es que la población cree que conseguirá que sus terrenos les sean devueltos, de m odo que -com o no son ellos sino los m iem bros del sector caciquil, o los representantes del m unicipio los que cuentan con esa clase de vínculos- los pescadores y restauranteros dejaron de asum ir la responsabilidad de la iniciativa, teniendo en cuenta que de cualquier form a las propuestas no serían escuchadas. D ebido a todo lo anterior y a la am plia capacidad que el sector caciquil h a dem ostrado tener para ejercer la violencia física im punem ente en el ejido, sus m iem bros lograron que la población dejara de disputar los puestos de in ­ term ediación y representación locales. Sin embargo, la resistencia al sistema de dom inación caciquil se caracterizó p o r la edificación de m edios de vida alternativos, alejados del sistem a de producción agrícola y de las relaciones de dependencia. Así, podem os decir que la resistencia que los pescadores y restauranteros de El Rebalsito de Apazulco habían sostenido, frente a la d om ina­ ción política y económ ica de la dupla caciquil Torres G arcía durante cuarenta años, se dio principalm ente en el cam po económ ico y a través de la am pliación de la oferta laboral. M ediante el aprovecham iento sistem ático de los recursos de la franja cos­ tera del ejido tam bién consiguieron evitar que el em presario se apoderara de ellos desde el inicio de la década de 1990. No obstante, u n a vez que el m edio político y económ ico fue totalm ente favorable al em presario y el desalojo tuvo lugar, la desarticulación de la estructura productiva del ejido reveló los am ­ plios grados de dependencia económ ica de la población a las actividades reali­

zadas en el espacio costero. Al verse privados del territorio que hasta entonces les había perm itido sobrevivir y resistir, tanto a los caciques locales com o a la iniciativa privada, los rebalsiteños se encontraron frente a la difícil situación de tener que reinventarse la vida en u n contexto de polarización y fragm entación social, que m arcó de m anera determ inante las posibilidades de resistencia, or­ ganización y defensa del territorio ejidal (Korol, 2007).

Conclusiones La política de desarrollo costero basada en el fom ento del turism o exclusivo que desde la década de los setenta h a sido im plem entada en la costa del estado de Jalisco, así com o las reform as hechas m ás tarde al A rtículo 27 C onstitu­ cional, p erm itieron que poco a poco la iniciativa privada se apropiara de las playas y bahías m ás im portantes de la región, con el fin de levantar en ellas lujosos com plejos turísticos que se encuentran lejos de generar efectos econó­ m icam ente positivos para las poblaciones locales. En el m arco de u n a serie de procesos de reconfiguración territorial engen­ drados p o r la aplicación de la política económ ica de las agencias internaciona­ les de desarrollo en nuestro país, la privatización del litoral jalisciense alcanzó en el año 2009 el 82% de la franja costera del estado. Sin embargo, tres años m ás tarde había avanzado de m anera tal, que solo las playas de La M anzanilla, Arroyo Seco y Bahía de P unta Pérula perm anecían abiertas al público y en m anos ejidales. En el caso de la bahía de Tenacatita y El Rebalsito de Apazulco, después de veintidós años de la declaración del Plan C osta Alegre y a veintiuno de que la costa de Jalisco fuese nom brada Z ona de Desarrollo Turístico Prioritario, las prom esas de que el turism o traería consigo el desarrollo económ ico y el p ro ­ greso de la población, dejaron ver su verdadero rostro, el de la exclusión y el despojo de su territorio. Luego de haber aprovechado los recursos del territorio costero del ejido a lo largo de aproxim adam ente diez kilóm etros de franja costera, y después u n a disputa de dieciocho años contra el em presario José M aría A ndrés Villa­ lobos, finalm ente los locales fueron desalojados de la Bahía por la fuerza. La población fue relegada a la ribera sur del río Purificación, sin posibilidad de acceder al espacio de playa en donde se pudieran desem peñar las actividades del turism o. En este proceso, las relaciones de poder que los m iem bros del sector dom i­ nante del ejido m antienen con la población, jugaron u n papel determ inante en el proceso de disputa p or el territorio costero, para desarticular el m ovim iento social en to rn o a la defensa de la tierra, y al m ism o tiem po, para contribuir en la preparación del territorio para que fuera ocupado y construido de acuerdo

a intereses m uy lejanos a los de la población local. A través del em pleo de la violencia física, de la siem bra de conflictos y de la am enaza de despojo, aquéllos consiguieron obstaculizar el desarrollo de las relaciones y capacidades organizativas, que po d rían haber posibilitado el que pescadores y restauranteros tom aran y llevaran a térm ino la solicitud de con­ cesión de la b ahía para asegurar la continuidad de su form a de vida o para increm entar su capacidad para defender su territorio. Tras el intento de separación ejidal en la década de los setenta, la resistencia de pescadores y restauranteros de El Rebalsito de Apazulco se expresó a través del alejam iento de las actividades agrícolas controladas por caciques, y de la im plem entación de diversas estrategias de reproducción social basadas en el aprovecham iento de los recursos pesqueros y turísticos de la franja costera. De esta m anera, la población pudo m antener u n m argen de independencia política y económ ica respecto de los poderosos del ejido, así com o conser­ var u n m odo de vida vinculado a u n territorio específico hasta el año 2010. Sin embargo, dado el carácter individualista que dichas actividades cobraron, los pescadores y restauranteros de El Rebalsito se encontraron en m uy m alas condiciones políticas frente a los em bates de la iniciativa privada, que en este m ism o año consiguió expulsarlos de la principal de sus bahías. Finalm ente, el sector dom inante del ejido acaparó la defensa legal de las tierras sin que hubiera oposición abierta de los directam ente afectados, quienes com enzaron a buscar nuevas form as de acceder al m ar y de conseguir el sustento diario, m ediante diversas actividades. U na crítica hacia nuestros sentidos de resistencia debiera recordarnos la im portancia de estudiar las condiciones de los procesos históricos -en los que se han visto envueltos los pueblos de la costa de Jalisco- para com prender que algunas condiciones com o tener la supervivencia garantizada, u n m ínim o de libertad y acceso a la inform ación, resultan fundam entales para la participa­ ción y la em ancipación social (De Sousa, 2006). De esta m anera, consideram os preciso recordar la relevancia de u n a serie de factores com o la precarización del empleo, la desarticulación de la estructura productiva del ejido, y la pola­ rización y fragm entación de la población, para vislum brar algunas de las razo­ nes p or las que sus form as de resistencia no se tradujeron en la pluralización de los m ecanism os de representación en El Rebalsito de Apazulco, en tanto que m arcan de m anera significativa las posibilidades de organización com unitaria y de construcción del bien com ún (Korol, 2007). En la costa de Jalisco, durante m uchos años y aún después de la contra re ­ form a agraria de 1992, la iniciativa privada y el entusiasm o gubernam ental por el desarrollo hotelero, encontraron en la negativa de los ejidos u n im portante obstáculo para el avance de la inversión privada en sus territorios. D ebido a ello, son num erosos los casos en los que com o en El Rebalsito de Apazulco la

apropiación de los terrenos costeros p o r parte de inversionistas privados se ha dado gracias a la interm ediación de actores locales, m ediante la violencia, la am enaza, el engaño y el uso am añado de la ley. Al denunciar la historia de despojos de las que han sido objeto los ejidata­ rios, pescadores y restauranteros de este pequeño rincón de la costa jalisciense, y al rem arcar la im portancia de las form as de resistencia que cotidianam ente se expresan a través de las estrategias de reproducción social, rescatam os tam bién la historia de luchas y esperanzas de las familias rebalsiteñas, que continúan construyendo su territorio junto a la desem bocadura del río Purificación, m ás allá del mar, ojos y corazón puestos en Tenacatita.

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2011 Formas de resistencia campesina en Atenco, Estado de México. Entre el movim iento social y las estrategias de reproducción social, Tesis de M aestría,

Posgrado en Desarrollo Rural, UAM -Xochimilco, México, D.F. R a m ír e z C o r o n a , A u r a H e l e n a .

2012 Poder, miseria y gran turismo. Caciquismo y resistencia en un ejido de la costa de oro jalisciense, Tesis de M aestría, Posgrado en D esarrollo Rural, UAM -Xochimilco, México, D.F. R a m í r e z S e v i l l a , Luis. 1989 Caciquismo y Miseria Rural: intereses y conflictos en una com unidad ejidal de la costa sur de Jalisco, Tesis de licenciatura, D epartam ento de A ntro p o ­ logía, U niversidad A utónom a M etropolitana-U nidad Iztapalapa, México, D.F. 1992 “Fuego en el paraíso: Turism o y conflictos en las tierras pródigas”, en Rela­ ciones. Estudios de Historia y Sociedad, Núm . 50. El Colegio de M ichoacán, Zam ora, pp. 65- 92. Ya ñ e z , A g u s t í n .

1985 La Tierra Pródiga, FCE, México.

Turismo, ejidatarios y “mafias agrarias” en Tulum, Quintana Roo, México: el caso del ejido José María Pino Suárez Gustavo Marín Guardado1

Introducción En el presente trabajo expongo cóm o el desarrollo del turism o se encuentra relacionado con procesos de apropiación territorial, a través de lo cual dis­ tintos grupos de poder político y económ ico se im ponen sobre otros, en un escenario de alta especulación inm obiliaria, incertidum bre legal, confronta­ ción social y m ecanism os institucionales de despojo, bajo control de grupos de élite, m afias agrarias y profesionales de la trasgresión. En particular, recurro al estudio de caso del Nuevo C entro de Población Ejidal (NCPE) José M aría Pino Suárez, para m ostrar la incertidum bre que envuelve a las form as de tenencia de la tierra, y las condiciones de vulnerabilidad y extrem a dificultad en que los locales in tentan participar en la econom ía del turism o, tanto en el m ercado inm obiliario com o en los proyectos de desarrollo, dada la existencia de una élite y u n a estructura de poder que avasalla a través de u n proceso agresivo de apropiación territorial. Se trata de u n escenario estructurado p o r procesos históricos asociados a la reorganización de grupos étnicos, la explotación forestal, la econom ía dom és­ tica ru ral y las políticas de reparto agrario, donde a p artir del surgim iento del

1

Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, CIESAS Peninsular.

Gustavo M arín G uardado (Coord.) 2015 Sin tierras no hay paraíso. Turismo, organizaciones agrarias y apro­ piación territorial en México. El Sauzal (Islas Canarias): PASOS Revista de Turism o y Patrim onio Cultural. Colección PASOS Edita, 15. ISBN 978-84-88429-29-2

turism o adquiere fundam ental im portancia la revalorización de la tierra, la es­ peculación inm obiliaria y las disputas por el territorio (M arín, en prensa). De esta form a, em ergen dinám icas com o las que hem os señalado, que desarrollan los grupos poderosos ante la necesidad de asegurar y consolidar las bases para la inversión en los proyectos de desarrollo turísticos, y que por supuesto im ­ plica el desplazam iento sistem ático de los grupos locales, no sólo en térm inos espaciales, sino tam bién com o posibles beneficiarios del desarrollo. E n general, el ejido José M aría P inos Suárez y la localidad de Tulum se inscriben en el m arco de u n proceso histórico de construcción de u n lugar turístico, im pulsado p o r procesos globales y capitales internacionales, que arti­ culados con estructuras económ icas y de poder de dim ensión nacional y local, constituyen el engranaje fundam ental para la apropiación del espacio y la acu­ m ulación en el capitalism o (López y M arín, 2012). Un proceso caracterizado p or el fraude, la especulación y el despojo (Harvey, 2003).

Espacios disputados, “mafias agrarias” y nuevas versiones del despo­ jo integralmente planeado C om o se ha señalado en la introducción de este libro, la historia del tu ris­ m o en M éxico m antiene oculto u n capítulo funesto acerca del proceso de apro­ piación territorial, dado que el crecim iento de la industria y la construcción de centros turísticos h a im plicado el despojo de tierras a cam pesinos, pescadores o pequeños propietarios, principalm ente a través de la expropiación, para lue­ go entregarse m ediante créditos a los em presarios privados. Esto sobre todo en los casos de los llam ados C entros Integralm ente Planeados (CIP) construidos a p artir de los setentas del siglo XX. En distintas ocasiones no sólo se expro­ piaron tierras sino que se obligó a que pequeños pueblos costeros fueran reubicados a fin de construir com plejos hoteleros de lujo destinados para las élites de todo el m undo. Asim ism o, se h a señalado que el desarrollo del turism o se encuentra inevi­ tablem ente asociado a la especulación inm obiliaria, donde operan institucio­ nes del estado, consorcios em presariales, políticos, interm ediarios, caciques y planificadores, que de form a paulatina se han apropiado de grandes extensio­ nes de tierra, sea al interior o en las costas del país. C on frecuencia, esto ha su­ cedido a través del uso faccioso de las instituciones del estado y las “vías lega­ les” de la expropiación; a veces m ediante la persuasión económ ica y tom ando ventaja de las localidades pobres; y a veces sim plem ente a través del ejercicio del poder, el am edrentam iento y la violencia. Si bien se trata de algo sistem áti­ co, esto no evita innum erables escenarios de negociación y resistencia. En el m arco del sorprendente desarrollo turístico en la Península de Yuca­ tán, que va desde las ciudades de M érida, C am peche y Chetum al, pasando por

las islas de Cozum el, Isla M ujeres y Holbox, hasta C ancún, la Riviera Maya y C osta Maya, se extienden num erosos proyectos turísticos y urbanos que han sido apuntalados p o r este tipo de grupos y prácticas de poder. U no de los ras­ gos que subyace en la m ayor parte de los proyectos, es precisam ente la especu­ lación de la tierra com o u n a de las estrategias principales para cualquier em prendim iento. U n factor que im prim e enorm e com plejidad a este problem a es que se encuentra indefectiblem ente vinculado a u n a especie de “m afia agraria”. El térm ino de “m afia agraria” com únm ente h a sido usado p o r periodistas de la península de Yucatán, para hacer alusión a grupos de poder em presarial coludidos con funcionarios de gobierno y representantes de instituciones fe­ derales, que in tentan apoderarse de tierras con fines especulativos. Para mi trabajo he decidido adoptar el térm ino que creo es certero, pero creo necesario im prim ir a éste u n m ayor rigor conceptual a fin de utilizarlo com o h erram ien­ ta descriptiva y analítica. En este sentido, entiendo com o m afia agraria a una com pleja red de personas e instituciones: em presarios, políticos, funcionarios de gobierno, interm ediarios y agentes de ventas, que disponen de grandes ca­ pitales, asesores, abogados, notarios, operadores, prestanom bres y u n a serie de relaciones en todos los ám bitos (desde encum brados políticos hasta com isa­ rios ejidales), que sirven para dar cauce a trám ites oficiales agrarios, catastra­ les, juicios, peritajes, com prom isos, etc., todo esto orientado a obtener tierras de propiedad colectiva a bajo precio y p o r cualquier m edio legal o extralegal, para después concretar transacciones com erciales de gran utilidad en el ram o de los bienes raíces. Los principales especuladores han conform ado u n a extensa red de relacio­ nes que cubre toda la península y que interviene en los procesos de parcela­ ción, y apropiación de los terrenos com unales de creciente valor comercial. Se trata de u n grupo que si bien es amplio, tiene entre sus m iem bros m ás distin­ guidos a u n p u ñado de figuras dom inantes, entre ellos el em presario A rturo M illet Reyes, A lejandro Patrón Laviada y su herm ano Patricio, ex gobernador de Yucatán, el ex banquero R oberto H ernández Ramírez, tío de estos últim os, todos ellos quienes actúan siem pre a través de sus operadores favoritos, sobre todo A ntonino A lm azán Arteaga, Alfonso “El M osco” Pereira y los delegados estales en tu rn o del Registro A grario N acional y de la P rocuraduría Agraria, fundam entalm ente de los estados de Yucatán y Q uintana Roo.2

2

Por ejem plo, en 2008 el delegado estatal de la Procuraduría Agraria, Jorge López Negrete, fue separado de sus fun­ ciones en Quintana Roo, al parecer tras una auditoría que mostró los nexos con grupos a los que favoreció en materia agraria, entre ellos los encabezados por Arturo M illet Reyes involucrado en el parcelam iento de Playa del Carm en, y Alejandro Patrón Laviada interesado en las tierras de Holbox. En 2010 igualm ente cesaron a la delegada del Registro Agrario Nacional, por favorecer a especuladores (principalm ente en los casos de los ejidos de Tulum ) adem ás de ser acusada de tráfico de influencias e infinidad de arbitrariedades. Ese m ism o año tam bién fue cesado el m agistrado del Tribunal Unitario Agrario, del distrito 44, Benjam ín Arellano Navarro, ante supuestos favores a la “mafia agraria", y donde señalan a Alfonso “El M osco" Pereira y Arturo M illet Reyes. (“Cesan a la encargada de la delegación del RAN en

Las estrategias de apropiación territorial p or parte de estos grupos es diver­ sa, pero u n a m odalidad m uy socorrida está relacionada con la form ación de grupos o sociedades em presariales que ofrecen servicios diversos desde ase­ soría legal para deslindes, parcelación, titulación y venta de tierras de uso co­ m ún, hasta incluso la urbanización de terrenos y la construcción de proyectos de desarrollo. Esto perm ite el contacto directo con infinidad de ejidos en toda la península, la disposición de inform ación y docum entación privilegiada, y la opo rtu n id ad de intervenir en las asambleas ejidales, en las negociaciones y en los trám ites oficiales. U na circunstancia que es aprovechada para m anipular las disposiciones de los ejidatarios, acordar tratos con dirigentes corruptos y torcer las leyes en provecho de los grupos involucrados en estos negocios. A p artir de esto, desarrollan estrategias agresivas para apropiarse de tierras ejidales en gran escala, casi siem pre asociadas a territorios revalorados p o r el creci­ m iento u rb an o o por desarrollos turísticos (casos de los alrededores de M érida, o ejidos de Kanasín y Chablekal en Yucatán, por ejemplo, o los de Holbox, Chiquilá, Playa del C arm en y Tulum, en Q uintana Roo, entre m uchos otros).

Tulum como un nuevo polo de desarrollo turístico Tulum es u n a ciudad que se localiza en la costa central quintanarroense, precisam ente en el extrem o sur de lo que se ha dado en llam ar la Riviera Maya. En el pasado prehispánico fue uno de los lugares sagrados de los antiguos m a­ yas donde se construyó u n observatorio astronóm ico, y fue tam bién u n im ­ p o rtan te puerto comercial, hoy uno de los principales atractivos del turism o. A finales del siglo XIX y principios del XX pasó a ser centro cerem onial de los m ayas sublevados durante la guerra de castas, y tras la etapa de pacificación fue objeto de repartim iento agrario. Así, entre los años treinta y ochenta el estado m exicano organizó la dotación de tierras ejidales, en parte com o u n a estrategia de colonización del territorio de Q uintana Roo, que benefició a com unidades m ayas de to d a la península y a cam pesinos de distintos lugares del país. D u rante décadas Tulum fue u n pueblo que subsistió de la extracción del chicle (para el m ercado m undial) la agricultura de subsistencia, la pesca y otras actividades de la vida rural, lo que hizo que su crecim iento fuera m oderado, de m anera que para 1990 apenas rebasaba los 2,000 habitantes (Juárez, 2002; M arín, 2010). Si bien desde la década de los treinta del siglo XX fue com ún la visita de turistas al sitio arqueológico y al poblado, se trató de grupos m enores que viajaban en avioneta desde C ozum el y regresaban el m ism o día, de m anera que no generaban ingresos im portantes para la gente de la localidad. No obs­

Quintana Roo", en La Revista Peninsular, 26-03-10; “Cesan a m agistrado agrario" en Noticaribe, 31-08-10, disponible en http://noticaribe.com.mx/2010/08/31/cesan_a_magi£trado_agrario/, consultado el 04 de octubre de 2015).

tante, las cosas com enzaron a cam biar en la década de los setentas sobre todo a raíz de la construcción de C ancún, u n o de los centros turísticos de sol y playa de m ayor im portancia en todo el m undo. Esto im plicó la construcción de u n a carretera costera, m ayores oportunidades de transporte y ofertas de empleo para los locales, así com o la llegada de cada vez m ás turistas atraídos por las particularidades del lugar: u n sitio arqueológico frente al mar, herm osas playas y u n entorno m ístico y paradisiaco lejos de la vida urbana. La caída de la econom ía de chicle, la crisis agrícola y el reflejo de C ancún, abrieron las puertas para el rápido crecim iento del turism o en Tulum . En una p rim era etapa la localidad se constituyó com o u n destino de turism o alternati­ vo, con u n a serie de cabañas a la orilla de la playa (junto al sitio arqueológico), sin lujos y sin m uchos servicios, sólo para disfrutar el aislamiento, la cultura y la naturaleza. Para entonces el pueblo se situaba dentro de los lím ites te rri­ toriales del m unicipio de Cozum el, hasta que en 1993 pasó a form ar parte del nuevo m unicipio de Solidaridad (constituido precisam ente con las tierras con­ tinentales anteriorm ente pertenecientes Cozum el) com o parte de u n nuevo im pulso al desarrollo del turism o, y la conform ación de u n espacio hoy cono­ cido com o la Riviera Maya (M arín, 2010). De esta m anera, Tulum y sus ejidos pasaron a form ar parte de la nueva entidad com o pieza im portante de u n plan de desarrollo turístico. Este proceso de reestructuración, las nuevas dinám icas del desarrollo tu rís­ tico en la localidad, y la llegada de diversas personas en busca de u n lugar d o n ­ de pasear o vivir, donde em prender u n negocio o donde trabajar, m uy pronto com enzaron a forjar las condiciones para el crecim iento de u n a ciudad. N ue­ vos asentam ientos en las playas, venta de tierras, abandono de las actividades agrícolas, crecim iento de la población, urbanización acelerada, y presencia de nuevos grupos económ icos y de poder, fueron dando vida a u n a sociedad cada vez m ás com pleja en su econom ía y su estructura social (Juárez, 2002; M arín, 2010). U na sociedad en parte poblada por m ayas originarios, por nuevos p o ­ bladores de todo el país y distintos partes del m undo, lo que fue im prim iendo al lugar u n rasgo heterogéneo y cosm opolita. En 2008, Tulum se constituyó com o nuevo m unicipio del estado de Q u in ta­ n a Roo, integrado por la ciudad de Tulum que actualm ente cuenta con 18,233 habitantes y que funge com o cabecera m unicipal, m ás otras localidades com o C iudad Chem uyil, Akum al, Cobá, C hanchén, Francisco U h May, San Juan, M acario Góm ez, P unta Allen, entre otras m enores, que juntas sum an poco m ás de 28,000 habitantes (INEGI, 2010) en u n a extensión territorial de apro­ xim adam ente 2,090.43 k m 2, antes territorio del m unicipio de Solidaridad (ver m apa 1). U n m unicipio que cuenta con 45 kilóm etros de playas de singular atractivo, paralelas a la segunda cadena arrecifal m ás grande del m undo, que posee am plias extensiones de m anglar y u n a enorm e área de selva de gran bio-

diversidad, lo m ism o que m últiples cenotes y cuevas de especial belleza, que son parte constitutiva de u n sistem a de ríos subterráneos considerado com o el m ás extenso del m undo. Para 2014, C ancún y la Riviera M aya representaron u n a infraestructura de m ás de 80 m il cuartos de hotel, recibieron casi 10 m illones de turistas, y en general el estado tuvo u n a derram a económ ica p or este concepto de 8,259 m i­ llones de dólares (SEDETUR, 2014). Esto representó casi la m itad del total de divisas que ingresaron al país p o r concepto de turism o.3 La Riviera M aya (es­ pecíficam ente constituida por los m unicipios de Solidaridad y Tulum) registró u n a in fraestructura de casi 42 m il cuartos de hotel, y la afluencia de 4 m illones 400 m il turistas, e ingresos por 2,772 m illones de dólares. En este contexto, el m unicipio de Tulum registra u n a oferta de 6,357 cuartos de hotel, pero desa­ fortunadam ente no contam os con cifras oficiales desglosadas, tanto de llegada de turistas com o de derram a económ ica. Aun así, con base a los núm eros an ­ teriores podem os hacer estim aciones y decir que se trata de cifras realm ente significativas para la generación de riqueza en la región (ver tabla 1). TABLA 1. INDICADORES TURÍSTICOS C ANCÚN, RIVIERA MAYA Y TULUM 2014

Cancún

Riviera Maya

Tulum

C uartos de hotel

30,608

42,011

6,357

Total de turistas

4,387,798

4,400,222

665,831*

D erram a (m dd)

$4,733.40

$2,772.14

$419.47*

Indicador

económ ica

*Datos estim ados a partir de cifras oficiales del destino Riviera M aya. Fuente: Elaborado según inform ación estadística de SEDETUR, 2014.

La gran im portancia que representa el desarrollo del turism o com o fuente de riqueza y las grandes expectativas de crecim iento de la industria que se ali­ m entan en Tulum, h an configurado u n escenario com plejo y p erm anentem en­ te en disputa p o r el territorio y el acceso a los recursos. Es en este escenario que los locales (particularm ente los ejidatarios) tratan de proteger y adm inis­ trar sus bienes, al tiem po que num erosos inversionistas anuncian inversiones y grandes proyectos, y las autoridades de gobierno se instalan com o “in term e­ diarios del progreso”4 y adm inistradores de paraísos.

3

En 2014 M éxico alcanzó una captación de divisas por visitantes internacionales récord de 16 mil 257.9 m illones de dólares (Datatur, 2015).

4

El térm ino de “interm ediarios del progreso" es autoría de Fernando Salm erón que lo acuña para analizar y entender los nexos entre em presarios y redes de poder, y con ello entender el papel de funcionarios, inversionistas y gobernan­ tes en el desarrollo de la ciudad de Aguascalientes (Salm erón, 1998).

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MAPA 1. MUNICIPIO Y LOCALIDAD DE TULUM

Imagen 1. Vista panorámica desde el sitio arqueológico de Tulum (Fotografia: Antonio C. Rodrigues, 2011).

La estructura agraria local La ciudad de Tulum se encuentra vinculada a la form ación y desarrollo de tres ejidos, principalm ente. El ejido “Tulum” fundado en 1935 p or los poblado­ res nativos; el ejido “José M aría Pino Suárez” fundado en 1973 constituido por cam pesinos tabasqueños y, finalm ente, el ejido Jacinto Pat form ado en 1987, esencialm ente p o r mayas yucatecos y nativos, y u n a m inoría de cam pesinos de otros lugares del país. Es im portante destacar que los tres ejidos constituyen la “sociedad agraria” de la localidad de Tulum, dado que la gran m ayoría de los ejidatarios estableció su residencia principal en este poblado donde ahora se extiende la zona u rb an a (ver m apa 2). Evidentem ente, en el caso del ejido Tulum su centro poblacional correspon­ de al asentam iento que originalm ente conform aron los m ayas nativos, lo que hoy es el centro m ás antiguo de la ciudad de Tulum, después constituido com o el fundo legal a p artir de donde se extiende la zona urbana. Pero en los casos de los otros ejidos, si bien desde su fundación les designaron sus respectivos núcleos de población a varios kilóm etros del pueblo de Tulum, éstos nunca fueron com pletam ente habitados, dado que la m ayor parte de los ejidatarios, aunque m antuvieron algunas viviendas habilitadas, finalm ente consolidaron su residencia principal en la ciudad en cuestión.

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La form ación de los ejidos corresponde a diferentes etapas económ icas y de desarrollo regional, que desde luego responde a dem andas por la tierra, a m igraciones y crecim iento dem ográfico, de ahí que no solam ente se fundaron u no tras otro sino que adem ás hubo u n a am pliación ejidal del prim ero (M arín, en prensa). Es así que en cinco décadas se fraguó u n a sólida estructura agraria ejidal, cada vez con m ayor extensión territorial y con m ayor presión sobre la tierra, conform ada hacia finales de los ochenta por poco m ás de 250 cam pe­ sinos residentes en u n sólo poblado, organizados en tres ejidos, m ediante los cuales los beneficiarios accedieron al control de casi 42,000 hectáreas. Poste­ riorm ente, tras el declive de las labores agrícolas y la revaloración de la tierra p or la influencia del m ercado turístico, los ejidatarios crecieron en núm ero (373), pero conservaron buena parte de las reservas territoriales (ver tabla 2). TABLA 2. ORGANIZACIONES EJIDALES EN TULUM, QUINTANA ROO (1936-2010) Año de fun­ dación

No. Socios originales

No. Socios 1987

Tulum

1935

35

104

119

22 260

José M aría Pino Suárez

1973

47

47

57

10 409

Jacinto Pat

1987

105

105

197

9 285

187

256

373

41 954

Ejido

TOTAL

No. Socios 2010

Superficie (ha)

Fuente: RAN, Carpetas básicas de dotación de los ejidos Tul um, Jacinto Pat y N.C.P.E. José María Pino Suárez. Actualizado con datos de PHINA, 2010.

El origen de un ejido, su configuración y su fragmentación El ejido “José M aría Pino Suárez” originalm ente fue constituido com o u n N uevo C en tro de Población Ejidal, com o parte de las políticas de coloniza­ ción dirigidas en el territorio de Q u in tan a Roo em prendidas durante décadas (M endoza, 2009). Así, u n grupo de 47 cam pesinos de Tabasco fueron trasla­ dados ju n to con sus familias y dotados de poco m ás de 10,409 hectáreas, de las cuales sólo 980 eran susceptibles de cultivo.5 Pero sobre todo destaca la

5

En septiem bre de 1971 se iniciaron los trám ites de la creación de un Nuevo Centro de Población Ejidal llam ado José María Pino Suárez. En 1972 la solicitud se publicó en el Diario Oficial de la Federación, en 1973 se otorgó la resolución presidencial y en 1981 se llevó a cabo la ejecución. La dotación precisa fue de 10 409-73-33 hectáreas (Diario Oficial de

dotación de u n a franja de tierra con cara al m ar Caribe, algo inusitado dado que fue el segundo ejido constituido, y los prim eros que adem ás eran locales no tuvieron tal “suerte”. C on ello da inicio u n a historia ejidal turbulenta que será protagonizada no p o r los tabasqueños que m uy pronto abandonaron sus tierras, sino p or otros grupos que arribaron inm ediatam ente y que dieron con­ tinuidad y legalidad a la figura del ejido. U n aspecto especialm ente im portante consiste en que la m encionada franja costera fue reclam ada p o r dos particulares: A ntonio González Avilés y Felipe H ernández Collí que se decían dueños de 115 hectáreas; 105 correspondien­ tes al prim ero. Las autoridades agrarias finalm ente estim aron que tales tierras eran “terrenos nacionales”, y aunque H ernández Collí disponía de u n título de inform ación ad-perpetuam 6, lo juzgaron legalm ente “ineficaz”. Para com pen­ sarlos, las autoridades los inscribieron com o ejidatarios, sin em bargo, éstos nun ca reconocieron y aceptaron ninguna de las m edidas, se em pararon y re ­ clam aron la propiedad a través de las instancias legales. U na paradoja es que cuando los tabasqueños llegaron a tom ar posesión de sus tierras sufrieron u n a gran decepción, pues según su perspectiva el te­ rren o “era p u ra piedra”. Su desencanto radicó en que intentaron em prender actividades agrícolas y ganaderas com o en su lugar de origen, pero se trataba de u n m edio m uy poco propicio para tales empresas. A pesar de ello, trazaron los lím ites del núcleo de población (a 18 kilóm etros del pueblo de Tulum), construyeron sus palapas y abrieron cam ino a la carretera y a la laguna de Chunyaxché. Pero pronto ante la adversidad y los tropiezos para desarrollar actividades productivas apretó la necesidad y la desesperación, y finalm ente la m ayor parte abandonaron el lugar. Sim ultáneam ente y de m anera gradual, se fue incorporando gente origina­ ria de distintos lugares. Prim ero arribó u n grupo de diez familias procedentes de Zalatitán, Jalisco, que se enteraron de u n “ejido abandonado”. Así tam bién llegaron otras fam ilias de Guanajuato, algunos trabajadores que habían estado en C ancún, unos pocos m ayas del estado de Yucatán que se habían asentado en las localidades de Tulum, M uyil y Chunyaxché, e incluso artesanos y aven­ tureros que se habían establecido en Tulum com o parte de la com unidad de residentes foráneos. En general, se aceptaba a cualquier persona que llegara la Federación, Resolución sobre la creación de un nuevo centro de población ejidal que se denom inará José María Pino Suárez, y quedará ubicado en la Delegación de Cozum el, Territorio de Q. Roo, 11 de diciem bre de 1973; RAN, Carpeta 6

Básica de Dotación del Nuevo Centro de Población Ejidal José María Pino Suárez). Según la investigación de Asuntos Agrarios de la Secretaría de la Reforma Agraria y Colonización de Quintana Roo relacionado con la creación de este ejido, hubo varias peticiones para adquirir pequeñas superficies en com pra. Entre ellas, el señor Hernández Collí hizo la petición para adquirir 20 hectáreas del lugar denom inado 'Punta Sal' ante la Di­ rección Nacional de Terrenos Nacionales el 5 de diciem bre de 1936, que posteriorm ente se redujeron a 10 hectáreas. Hizo correr trám ites y se dio la orden de deslinde, y m ás tarde prom ovió ante las autoridades judiciales del territorio un juicio de adjudicación, hasta obtener en 1963 el título de inform ación ad-perpetuam (RAN, Carpeta Básica de D o­ tación del Nuevo Centro de Población Ejidal José María Pino Suárez).

pues había el interés de que creciera el poblado para dar continuidad y legali­ dad al ejido. U n año después de la form ación del ejido, González Avilés con apoyo de la directora de los Nuevos C entros de Población Ejidal de la Secretaría de la Reform a Agraria, logró ilegalm ente la autorización para que 49 hectáreas del terreno que ostentaba com o suyo, fueran inscritas en el Registro Público de la Propiedad y C om ercio del Estado y fraccionadas en 13 predios. P osteriorm en­ te, creó u n fideicom iso que vendió a los em presarios regiom ontanos Esteban Eschiavon M agaña y José M aría Garza Ponce. Los particulares que presum ían ser dueños de P unta Piedra (una franja de costa de aproxim adam ente 12 kilóm etros) habían colocado innum erables letreros a am bos lados de la carretera avisando que esa tierra era propiedad privada, com o u n a form a de ahuyentar a cualquier interesado en asentarse. Los ejidatarios actuales en diversas entrevistas m e señalaban que para en to n ­ ces esos letreros no intim idaban a nadie y que en realidad lo que ahuyentaba a la gente eran las condiciones tan difíciles de existencia y subsistencia (los m oscos, lo agreste del m edio, así com o la falta de servicios, com ercio y em ­ pleo). Esto hizo que m ucha gente desistiera de la idea de poblar el lugar, de m anera que durante algunos años unos partieron y otros llegaron, pero nunca se increm entó la población. El relativo abandono del ejido y la inestabilidad de su población sirvieron para que los em presarios presionaran a las autoridades agrarias, a fin de que certificaran que nunca hubo tom a de posesión de los beneficiarios originales, y p or tanto declaran la inexistencia del ejido.7 No obstante, la gente asentada asum ió rol com o ejidatarios, se asesoraron por estas m ism as autoridades y em prendieron la regularización del ejido. Sobre todo cuando realm ente com ­ prendieron el valor de las tierras en cuestión y la im portancia de estos recursos en el contexto del desarrollo del turism o. En abril de 1981, bajo dichas presiones la Secretaría de la Reforma Agraria llevó a cabo diligencias de posesión y deslinde definitivo del ejido. En u n a visi­ ta sorpresa de sólo cinco horas se realizó el trám ite, en el cual se supone que se hizo u n recorrido de cam po y m edición de tierras (lo que im plicaba recorrer 48 kilóm etros de selva y m anglares bajo condiciones clim áticas adversas). D es­ de luego los ejidatarios suponían que el polígono ejidal llegaba hasta la costa, lo cual difícilm ente podían advertir y constatar en el docum ento que firm aron. Para entonces sólo 19 de los 47 tabasqueños originalm ente beneficiados firm a-

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En enero de 1981 el delegado de la Secretaría Reforma Agraria escribió un oficio al presidente m unicipal de Cozumel, pidiéndole que expidiera una constancia de que los beneficiarios del ejido José María Pino Suárez hasta esa fecha no se habían presentado a ocupar la superficie dotada. El 2 de febrero el presidente m unicipal de Cozum el hizo lo propio y certificó que las personas que tram itaron la obtención de tierras no se habían presentado (RAN, Carpeta Básica de la dotación del NCPE José María Pino Suárez, Fojas 003-005).

Imagen 2. Playa en el camino Tulum - Boca Paila, Reserva de la Biosfera de Sian Ka’an (Fotografía: Gustavo Marín Guardado, 2011).

ron o pusieron su huella dactilar.8 Tiem po m ás tarde, cuando se extendieron u n a serie de docum entos derivados de esto se darían cuenta que según este levantam iento, increíble pero oficial, el ejido no llegaba hasta el mar. Más tarde, en 1989 y 1992 se realizaron trám ites de depuración ejidal.9 Para 1989 no quedaba un solo tabasqueño en el lugar, y dado que se trataba de depurar el censo para elim inar los derechos a los ausentes y asignarlos a quie­ nes se encontraban en posesión de la tierra, existía u n gran riesgo de que se declarara al ejido inexistente. Básicam ente porque según las leyes agrarias era necesario que cuando m enos cinco ejidatarios de la dotación original estuvie­ ran todavía en posesión, para así poder dar legalidad al ejido. Preocupados, los interesados n om braron u n com ité que em prendió el viaje a Tabasco en busca de ejidatarios originales. D espués de u n a larga travesía lograron encontrar a cinco de ellos a quienes convencieron para que regresaran, tom aran posesión y firm aran los docum entos oficiales para la depuración del ejido.10 8

Este evento de realizó el 22 de abril de 1981 (RAN, Carpeta Básica de Dotación del NCPE José María Pino Suárez).

9 RAN, Carpeta Básica de Dotación del NCPE José María Pino Suárez. 10 De aquí en adelante, adem ás de la docum entación oficial me baso en el trabajo de cam po realizado en distintas

En septiem bre de 1989, las autoridades com petentes dieron u n a resolución que certificó los derechos agrarios de 47 ejidatarios del Nuevo C entro de Po­ blación Ejidal José M aría Pino Suárez. C om o es de suponer en la nueva lista de los usufructuarios del ejido sólo aparecen cinco de los beneficiarios originales, m ientras que el resto son nom bres com pletam ente nuevos. Esto quiere decir que básicam ente se dotó de tierras a otro grupo m uy distinto, en el m ism o lugar y con el m ism o nom bre.

La intensificación y la complejidad de las disputas por el territorio Precisam ente el conflicto estalló en 1992 cuando com enzaron a correr los trám ites para la certificación de las tierras del ejido, com o parte del Program a de Certificación de D erechos Ejidales y Titulación de Solares (PROCEDE) em ­ prendido p or el gobierno federal, y la resolución presidencial que da legalidad al ejido hizo patente que éste había sido recortado, y en los planos ya no llegaba hasta la playa. Los ejidatarios sintiéndose traicionados por las autoridades, se enfurecieron, hubo conatos de violencia y sin pensar u n m inuto se instalaron y tom aron posesión de la m ayor parte del terreno costero. H icieron sus propias reuniones, acordaron luchar a m uerte y se repartieron la playa. Para ellos eso se trataba de u n fraude, pues aunque les concedían las 10,409 hectáreas origi­ nalm ente estipuladas, el ejido, en los planos, ya no llegaba a la playa. Es así que durante los noventas los ejidatarios tom aron posesión de la m a­ yor parte de la costa, lo que se conoce com o P unta Piedra. Asim ism o, a partir de 1993 y hasta la fecha, el ejido m ostró su disposición para certificar sus de­ rechos ejidales, conform e al nuevo reglam ento de la Ley A graria y el PRO CE­ DE. U n asunto que sin em bargo no fue posible dado que las autoridades no aceptaron los planos propuestos por los ejidatarios, donde el ejido llega hasta la playa. Sim ultáneam ente, con la expectativa de que en algún m om ento p o d rían lo­ grar el trám ite del PROCEDE, los ejidatarios fraccionaron prácticam ente todo el ejido según sus criterios y se repartieron entre los m iem bros los lotes corres­ pondientes, considerando cierta equidad entre los diversos espacios, sus usos y valores. A p artir de esto se desató la venta de tierras ejidales y m uchos p a rti­ culares se hicieron de u n terreno en la playa. U na parte de ellos con el tiem po se convirtieron en pequeños hoteleros. Es así que se constituyó u n am plio y com plejo m osaico de pequeños propietarios (cerca de 400), que adquirieron

tem poradas entre 2007 y 2010, y en una serie de entrevistas a un grupo de ejidatarios fundadores, incluyendo dos ex­ com isarios, de quienes om ito sus nom bres por cuestiones de seguridad. El trabajo de cam po, intensivo en estos años, y posteriores visitas en los años siguientes, prim ero regulares y después esporádicas, así com o una com unicación perm anente con algunos de mis inform antes me ha perm itido dar seguim iento a los sucesos ocurridos en los ejidos y la ciudad de Tulum . Los resultados de esta investigación se encuentran próxim os a publicarse (M arín, en prensa).

sus bienes avalados p or docum entos em itidos por las autoridades ejidales, con la garantía de ser posesionarios de facto pero con poca seguridad legal. Inicialm ente, algunos ejidatarios dilapidaron su patrim onio pues vendie­ ron todo a precios verdaderam ente ridículos (30 m il pesos u n lote con 20 m e­ tros de playa), pero otros con m ayor capacidad adm inistrativa dosificaron la venta de sus bienes y lo hicieron con m ayor conocim iento del m ercado de tierras. A lgunos invirtieron en negocios y otros sim plem ente conservaron la m ayor parte de sus lotes que hoy se valúan en miles de dólares. La situación es harto com plicada pues com o he apuntado, el que se decía propietario original logró fraccionar, escriturar y vender este territorio. A su vez, los com pradores, los Eschiavón M agaña y G arza Ponce, fraccionaron en casi 70 partes que tam bién fueron asignadas a familiares y em presarios regiom ontanos. Esta situación de propietarios sim ultáneos, por supuesto generó disputas p or los lotes, invasiones y despojos. La tom a de los terrenos de la costa dio pauta a u n a serie de dem andas legales y contradem andas, e incursiones violentas de particulares que lograron expulsar a la gente asentada y recuperar lo que decían ser sus lotes. En este contexto, a p artir de 1993 los descendientes de las familias regiom ontanas aparecen en el escenario para intentar desalojar, invadir e incluso procesar a los ejidatarios por la supuesta venta ilegal de tierra. En 1995 de­ m an d an form alm ente a los ejidatarios p or despojo y con el apoyo del gobierno de M ario V illanueva intentan expulsarlos. A la sazón, u n a oleada de policías y judiciales em prendieron u n a cacería de líderes y ejidatarios, hom bres y m u ­ jeres, que fueron golpeados y encarcelados a fin de intim idarlos y hacerlos renunciar a la propiedad de la costa.11 Sin em bargo, finalm ente, a pesar de que los líderes perm anecieron m ás de u n año en prisión, la m ayor parte de la gente perm aneció en el lugar. H asta la fecha los ejidatarios disputan palm o a palm o parte de este territorio, en térm inos legales, m ediante triquiñuelas y tam bién p or la fuerza. En u n a situación de inseguridad e incertidum bre constante se encuentran tam bién los propietarios particulares que com praron y que com enzaron a in s­ talar casas de playa, pero sobre todo pequeños hoteles, algunas cabañas o sim ­ plem ente u n a palapa a fin de m antener la vigilancia sobre su propiedad. En la actualidad se encuentran en esta parte de la costa m ás de 40 establecim ientos ecoturísticos, propiedad de quienes com praron lotes directam ente a los ejidatarios o quienes los adquirieron a través de particulares que decidieron vender asustados p or las am enazas, la brutalidad y huyendo de u n a vida con m ucha tensión, siendo que precisam ente llegaron im aginando lo contrario.12

11 Entrevistas personales a distintos ejidatarios fundadores (2007-2009). 12 Entre ellos el hotel 'Tita Tulum', 'Cabañas Cam pestre', 'Cabañas Shiva', 'La Dolce Vita', 'La Nueva Vida de Ramiro',

En 2002 los regiom ontanos volvieron a la carga pero ahora no sólo contra los ejidatarios sino tratándose de apoderar de los hoteles, que argum entaron se encontraban en su propiedad. Presionaron a través de estrategias legales y extralegales, hasta que en 2009 lograron confiscar el prim er hotel y poner en jaque a otros, ante lo cual los hoteleros se organizaron, enfrentaron los em bates y apelaron al respaldo de las autoridades estatales. En respuesta, el gobernador Joaquín H endricks dio su apoyo al declarar que según el Registro Público de la Propiedad, las fam ilias Eschiavón M agaña y G arza Ponce (y por tanto sus parientes y socios)13 no tenían propiedad alguna, lo cual sirvió para disipar m om entáneam ente los ánim os de los regios y la intensidad del conflicto. En 2005 cuando se recrudecieron los conflictos, m uchos ejidatarios aban­ donaron sus casas en Tulum y se fueron a vivir a u n a palapa en la playa, donde perm anecen día y noche por el tem or a ser invadidos y privados de lo que consideran su propiedad. Un bien por el cual están dispuestos a arriesgar la vi­ da.14 La disputa p o r P unta Piedra ha desem bocado en u n a situación m uy com ­ plicada. La proliferación de invasiones y despojos con violencia, ha llevado a que la gente pague a terceros para recuperar su predio e incluso a que algunos em prendan invasiones sólo con el fin de aprovechar la situación de desorden e im punidad que prevalece en la zona. De hecho, han llegado a operar grupos de seguridad privada, guardias blancas e incluso asesinos a sueldo, m ientras que los ejidatarios y particulares patrullan sus terrenos en cam ionetas y m otocicle­ tas “todo terreno”, de m anera que ni u n m etro se encuentra fuera de la vista de algún vigilante. En septiem bre de 2015, poco antes de que este libro saliera a la luz, la p e ­ riodista Lydia Cacho dio a conocer el excelente reportaje “Tulum. T ierra de am biciones” (Cacho, 2015) en donde pone de m anifiesto la participación y com plicidad de em presarios y políticos de alto rango, así com o los m ecanis­ m os y las redes de la corrupción involucradas en la apropiación de terrenos turísticos. Redes de poder regional y nacional que intervienen a través de la ilegalidad y la violencia en el despojo de tierras, los negocios inm obiliarios y el em prendim iento de grandes desarrollos turísticos.

Una vuelta de tuerca U n factor que im prim e enorm e com plejidad al caso que estam os trata n ­ do es el problem a de la especulación inm obiliaria y la participación de otros grupos de la m afia agraria. En el caso concreto del ejido Pino Suárez, paralela­ m ente a todo lo que hem os narrado, R oberto H ernández, ex banquero propie-

'Noch Tunich', 'Ana y José', 'Jade', 'Puerta del Cielo', 'Playa Azul', 'Los Lirios', 'Esm eralda', 'El Caracol', 'Azúcar', 'Ak'iin' y 'Samasati'. 13 En particular las fam ilias Garza Ponce, Eschiavón, M ontem ayor García y Villarreal Elizondo. 14 Entrevistas personales a ejidatarios fundadores (2007-2009).

Imagen 3. Un día nublado en la playa, Punta Piedra, Tulum (Fotografía: Mélissa Elbez, 2015).

tario de Banamex, en los últim os años se h a apropiado de grandes extensiones de tierra en la península yucateca, y h a ejercido su enorm e poder para acaparar la franja costera de P unta Piedra y com enzar a especular con estos lotes. D esde hace m ás de 10 años a través de un equipo de operadores, entre ellos A ntonino A lm azán A rteaga y Alfonso “El M osco” Pereira -conocidos espe­ culadores inm obiliarios, interm ediarios y prestanom bres que han actuado en infinidad de despojos de tierras- se han encargado de tratar con los ejidatarios de Pino Suárez. En principio, la relación se estableció para el asesoram iento y apoyo en el deslinde y certificación de tierras. Sin embargo, al m ism o tiem po este grupo de especuladores se ha encargado de convencer y presionar a los ejidatarios de Pino Suárez para que vendan sus derechos ejidales. A la fecha, dada la disposición, la pobreza e incluso la torpeza de algunos, han adquirido los derechos ejidales de 33 ejidatarios, de u n total de 57 registra­ dos, es decir, m ás de la m itad.15 C on todo tipo de recursos, incluyendo el uso de

15 Entrevistas personales con diversos ejidatarios fundadores (2007-2009), incluyendo dos ex com isarios ejidales, uno de los cuales me mostró los planos del ejido parcelado y los nom bres de los propietarios.

prestanom bres para incorporar am igos y parientes en la lista de ejidatarios,16 R oberto H ernández ha logrado adquirir gran influencia en el ejido. La incondicionalidad de la m ayor parte de los m iem bros y de los com isarios ejidales ha sido clave para controlar las asambleas ejidales. Sin embargo, la resistencia de los ejidatarios opositores h a sido im portante, de tal form a que incluso en algu­ nos m om entos ha llegado a existir sim ultáneam ente dos com isariados ejidales, reconocidos cada uno por sus respectivos seguidores. En 2006 las cosas se com plicaron aún m ás para los ejidatarios y para este em presario. U na resolución del Tribunal U nitario A grario17 especificó que la franja de costa legalm ente pertenece a particulares. Esto es u n dictam en que respalda a los propietarios originales y a quienes les com praron estas tierras, pero que de cualquier form a sólo se sum a a u n a serie de disposiciones legales que se h an hecho públicas en los últim os años, que luego son im pugnadas y que no son acatadas p o r ninguna de las partes. Los ejidatarios no reconocen esta decisión que juega en su contra, sobre todo porque cuentan con docum entos oficiales y planos que confirm an que el ejido tiene su lím ite justo en el m ar.18 Reconocen que originalm ente dos particulares tenían dom inio de la costa a través de concesiones en terrenos nacionales, que hicieron trám ites para legalizar, pero señalan que estas tierras fueron afectadas legalm ente para form ar el ejido. A rguyen que m ás tarde estas m ism as autoridades recortaron el ejido, perdieron docum entos y planos del Archivo Agrario, m ientras que a su vez surgieron otros al parecer falsificados y a conveniencia de terceros.19 Las acusaciones de los ejidatarios tienen sustento pues los planos origina­ les, los estudios técnicos y la declaración presidencial, reflejan sin tecnicism os y con sim pleza rayana que el ejido llega al mar. Por otro lado, es realm ente sorprendente la cantidad de arbitrariedades que com prom eten a las autoridades de distintas instituciones, sin que a la fecha existan consecuencias, a no ser p or el cese de dos directores del RAN im plicados en escándalos relacionados con este caso. 20

16 En la relación de ejidatarios expedida por el RAN el 22 de diciem bre de 2006, se encuentran inscritos Ana Luisa, José Ignacio, Juan Pastor y María de los Ángeles Alm azán Arteaga, al parecer por los apellidos, herm anos de Antonino Almazán Arteaga, operador de Hernández Ramírez. Tam bién aparecen Rey Gastón Acosta Baeza, cuñado de Alfonso “El M osco" Pereira, junto con sus herm anos Carlos Gustavo y Leonor Elena Acosta Baeza. 17 Tribunal Unitario A grario del D istrito 44, expediente TU A 44-131/2006. 18 En principio, está el docum ento de la dotación basado en el estudio que form uló la delegación del D epartam ento de Asuntos Agrarios y Colonización en el Territorio de Quintana Roo que especificaba m uy claram ente que el área dotada colinda “Al norte: terrenos baldíos nacionales y ejido definitivo de Tulum ...al sur: terrenos nacionales...al este: Laguna Cam pechen y zona M arítim o Terrestre...al oeste: terrenos de los ejidos definitivos de Felipe Carrillo Puerto, X-Maben y Chunyaxché, Q. Roo" (RAN, Carpeta Básica de dotación del NCPE José María Pino Suárez). 19 Entrevistas personales con diversos ejidatarios fundadores (2007-2010). 20 En última instancia, resulta incom prensible que el Registro Agrario Nacional haya decidido desaparecer cualquier inform ación del NCPE José María Pino Suárez de su portal de Internet, siendo que todavía en 2007 cuando com encé mi investigación aún se podía acceder al Padrón e Historial de Núcleos Agrarios para consultar la inform ación básica.

Por su parte, R oberto H ernández parece ser otro afectado y fuerte opositor a que el ejido pierda la parte de costa, sobre todo porque h a invertido tiem po y dinero, y persevera en su tarea de tener la exclusividad sobre los derechos ejidales. C ierto que ahora tiene el control de las asambleas ejidales y todo lo necesario para dar trám ite a la certificación de tierras, pero aún así el RAN ha negado dos veces este ansiado trám ite pues no acepta los planos propuestos donde el ejido llega al mar. Esta contrariedad obviam ente atenta contra la es­ trategia y el negocio de los especuladores, quienes después de invertir en ello han p odido afianzar ciertos proyectos para desarrollar com plejos turísticos en las lagunas con la intención de apropiarse del ejido y finalm ente acceder a las playas.

Notas y reflexiones finales (con rumbo al basurero municipal) El caso del ejido Pino Suárez expresa tres problem as fundam entales: 1) No h a sido posible definir con transparencia y legalidad los lím ites precisos del territorio ejidal. 2) No ha sido posible determ inar quiénes son los legítim os propietarios de la franja costera, y 3) H a sido im posible hacer prevalecer la ley y el estado de derecho. Después de 40 años, las autoridades h an sido incapaces de resolver estos aspectos básicos y han sido indolentes, parciales e incom pe­ tentes. U na de las razones principales, es que precisam ente las instituciones y m uchos funcionarios y políticos se encuentran inm ersos en u n m arasm o de intereses y prácticas de corrupción, vinculadas al poder de los grandes capita­ les que presionan para apropiarse de los espacios, y al despliegue de dinám icas com plejas de especulación inm obiliaria en el contexto de grandes proyectos de desarrollo turístico. Asim ism o, se trata de u n a fiera batalla donde todos los contendientes ape­ lan a las leyes, pero al m ism o tiem po recurren a todas las prácticas posibles (incluyendo la invasión, el fraude y la violencia). U na lucha, sin em bargo, m ar­ cada p o r las asim etrías de poder, donde los grandes capitales vinculados a las m afias agrarias, se im ponen y desplazan a la m ayor parte de los ejidatarios. A lgunos de ellos han podido resistir en m edio de grandes presiones, y en un clim a de desasosiego, intim idaciones e incertidum bre, experim entado largos y costosos juicios, y alim entando los sueños de u n futuro próspero. U n final feliz, sin em bargo, parece lejano. Por u n a parte, en 2012 apare­ ció en el escenario Felipe Enríquez, u n político y em presario regiom ontano, asociado a innum erables despojos de tierras ejidales en el país, parte de una am plia red de p oder y com padre del actual presidente de México. Esta persona h a iniciado u n a em presa con el propósito de crear u n desarrollo turístico en P u n ta Piedra, desde luego aprovechando sus relaciones, los litigios de tierras ejidales y los desalojos de hoteleros. Por otro lado, y casi al m ism o tiem po, Ro­

b erto H ernández se propuso expulsar a los pobladores asentados en el núcleo de población ejidal, unas 40 familias, pese a que poseen derechos de propiedad sobre solares urbanos. Para esto se les com unicó que “por acuerdo de asam ­ blea” se decidió trasladar el centro de población al otro lado de la carretera. C on ello se h a pretendido reubicar a esta gente a casi dos kilóm etros de distan­ cia, en un terren o cercano a un relleno sanitario, u n basurero. U n intento m uy claro de desplazar a los pobladores hacia espacios m enos cotizados y privile­ giados, a fin de que no estorben en los escenarios paradisiacos y que a la vez despejen el terreno a beneficio de quienes se dicen los nuevos dueños del lugar, es decir, los beneficiarios del desarrollo.

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1998 Intermediarios del progreso: política y crecimiento económico en Aguascalientes, C entro de Investigaciones y Estudios Superiores en A ntropología Social-Instituto C ultural de Aguascalientes, México. S e c r e t a r í a d e T u r i s m o d e Q u i n t a n a R o o (SEDETUR) 2014 Indicadores turísticos, enero a diciem bre de 2014, disponible en http://sedetur.qroo.gob.m x/estadisticas/indicadores/2014/Indicadores% 20Tur% 20 -% 20Diciem bre% 202014.pdf, consultado el 04 de octubre de 2015. T r ib u n a l U n it a r io A g r a r io

2006 Expediente TUA 44-131/2006, D istrito 44.

La apropiación de las “tierras vacías”: turismo y despojo a través del proyecto turístico Barrancas del Cobre, en el territorio Rarámuri de Chihuahua1 Horacio Almanza Alcalde2

Introducción En la década de los noventas del siglo XX, los gobiernos federal y estatal de C hihuahua decidieron detonar de m anera m ás agresiva el turism o en la región boscosa conocida com o Sierra Tarahum ara. A unque el turism o de baja escala se había generalizado en la zona desde la década de 1960, no es hasta m ediados de los noventa que se lanza u n program a de inversión conocido com o Plan M aestro Barrancas del Cobre. Éste en u n principio priorizaba el desarrollo en in fraestructura energética, transporte y servicios básicos com o agua y al­ cantarillado (M ancera Valencia et al., 1998:37; Sariego, 2008; G uerrero et al., 2001:48; Mayer, 1996), pero en el 2008, en su fase de im plem entación, el ahora llam ado Proyecto Turístico B arrancas del C obre (PTBC) se enfocó en infraes­ tru ctu ra de servicios com o aeropuertos, hoteles y restaurantes, así com o en la creación de atractivos com o u n teleférico, u n bungee ju m p y u n sistem a de tirolesas. El plan hasta el m om ento consiste en desarrollar todo el program a en tres fases durante u n período de 10 años a p artir de su lanzam iento.

1 Versión adaptada y traducida al español de un capítulo perteneciente a la tesis de Doctorado titulada “Land Dispossession and Juridical Land Disputes o f Indigenous Com m unities in Northern M exico: A Structural Dom ination Approach" 2

por la U niversidad d e East Anglia en Norw ich, Reino Unido. Instituto Nacional de Antropología e Historia, Delegación Chihuahua.

Gustavo M arín G uardado (Coord.) 2015 Sin tierras no hay paraíso. Turismo, organizaciones agrarias y apro­ piación territorial en México. El Sauzal (Islas Canarias): PASOS Revista de Turism o y Patrim onio Cultural. Colección PASOS Edita, 15. ISBN 978-84-88429-29-2

El PTBC, situado en la zona m ontañosa del estado de C hihuahua, generó expectativas sobre el aum ento del valor de la tierra en la región, dando pie, hasta ahora, a cuatro disputas por la tierra entre com unidades indígenas e in ­ versionistas del m unicipio de U rique (ver m apa 1). Tres de estos conflictos (M ogotavo, W etosachi y Bakajípare) se encuentran estrecham ente relaciona­ dos debido a su cercanía y enfrentan despojo de tierras o am enazas de des­ alojo forzado com o consecuencia del m ism o proyecto. El cuarto caso deriva de la construcción del aeropuerto, e im plica tanto u n a controversia sobre la propiedad de la tierra, com o del im pacto que ten d rá el aeropuerto sobre la com unidad. Este trabajo se centra en el caso de despojo de la com unidad indígena de M ogotavo p or u n a fam ilia dedicada al ram o del turism o. N o obstante, dada su sim ilitud con los casos de W etosachi y Bakajípare, se hará tam bién referencia a sus vínculos con estas com unidades. D e esta form a, al presentar u n a descrip­ ción general de las tres historias, se tiene la oportunidad de analizar en una m ism a región (el m irador de la B arranca del Cobre o “Divisadero”), tres in ­ tentos distintos de despojo con diversos actores involucrados y bajo diferentes regím enes de propiedad de la tierra. A unque los conflictos tienen diferencias particulares, es claram ente discernible u n patrón de estrategias y m ecanism os em pleados para la consum ación del despojo. En general, este capítulo explora la interacción entre las instituciones agra­ rias y com unidades rurales, así com o la m icropolítica de los procesos de con­ flicto agrario, social y jurídico que resultan, en buena m edida, de la desigual­ dad social y la diversidad cultural presente en la zona de las Barrancas del C obre en la Sierra Tarahum ara. Los datos fueron obtenidos de los archivos agrarios y jurídicos del estado de C hihuahua, así com o del trabajo etnográfico del autor y entrevistas a nivel local. A p artir del despojo de tierra inducido por el turism o, se pretende por u n lado, m ostrar u n perm anente proceso de invisibilización de las com unidades indígenas y p or otro, destacar el papel que juegan las instituciones, norm as y subjetividades que en conjunto facilitan la constitución de u n a estructura social favorable para el despojo de tierras. El análisis de este proceso perm ite identificar la prevalencia de tres tácticas de despojo y su legitim ación, que en el presente trabajo denom ino com o: institucionalización de la dom inación, re ­ presentación política y representaciones hegemónicas. Las trayectorias particulares de despojo, defensa jurídica y social, así com o las tácticas específicas llevadas a cabo p or los actores dom inantes fueron facto­ res cruciales para exam inar y responder a las preguntas de investigación relati­ vas a la perpetuación de la injusticia en regím enes asum idos com o dem ocráti­ cos. Los conflictos de tierra serán exam inados en lo relativo a las desigualdades estructurales que perm iten que actores globales y locales estructuralm ente

MAPA 1. UBICACIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Y EL MUNICIPIO DE URIQUE -1830000

-1740000

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0000862 Proyección: UTM Datum: WGS84 Escala: 1:2,510,600 Gilberto M. González Kuk

posicionados establezcan diversas form as de dom inación y subalternidad. En este sentido, se analizarán las relaciones sociales que m odelan las condiciones que p erm iten la apropiación privada de territorios que originalm ente se en­ contraban bajo la posesión ancestral de las com unidades indígenas. C om o se explica, en dos casos -M ogotavo/M esa de la B arranca y W etosachi/El M adroño- actores privados se hicieron de derechos de propiedad priva­ da de tierras que ancestralm ente habían sido habitadas por los com unidades indígenas. Los em presarios no habían hecho esfuerzo alguno p o r expulsar a los habitantes de sus nuevas propiedades, hasta que el auge turístico increm en­ tó el interés en el m ercado de la tierra. A p artir del anuncio de la construcción del proyecto en el 2008, los inversionistas vieron la necesidad de persuadir a las com unidades indígenas de abandonar sus tierras y, en el caso de Mogotavo, trasladarlas a las casas-habitación construidas ad hoc en el ejido vecino de San Luis de M ajim achi, indicando que de no hacerlo, se verían en la necesidad de em plear m edidas m ás coercitivas. N o obstante, cuando las com unidades indígenas de Mogotavo, W etosachi y Bakajípare vieron su posesión en riesgo, se vincularon con organizaciones de la sociedad civil para em prender la defensa legal de la tierra. Por m edio de

Imagen 1. Artesanos en Divisadero Barrancas junto al mirador y al hotel del mismo nombre (Fotografía: Horacio Almanza, 2010).

dichas alianzas, no sólo aseguraron indefinidam ente la perm anencia de los h a ­ bitantes indígenas en sus territorios (en lo que se em itía u n fallo), sino tam bién se visibilizaron de tal m anera que com enzaron a ser tom ados en cuenta com o sujetos políticos y jurídicos al nivel de cualquier otro. En su búsqueda por u n a propiedad segura y pacífica, las com unidades in ­ dígenas h an enfrentado dos tipos particulares de obstáculos establecidos por funcionarios estatales y actores privados. En p rim er lugar, los terrenos habi­ tados p or las com unidades de W etosachi y M ogotavo fueron adquiridos por m estizos locales, certificados por las autoridades agrarias y luego vendidos a inversionistas privados, haciendo caso om iso de la posesión de las com uni­ dades indígenas. En segundo lugar, el Estado rechazó la creación del núcleo agrario de M ogotavo con el argum ento de que su patrón de asentam iento era dem asiado disperso y por lo tanto, la com unidad no podía ser considerada com o tal. Bajo u n a dinám ica diferente, la población de la com unidad indígena de Bakajípare se enfrentó a la concesión de parte de sus tierras a u n hotelero, lle­ vada a cabo p o r sus com pañeros m estizos ejidatarios y la directiva del comisa-

Imagen 2. Vista en perspectiva de hotel y estación Divisadero Barrancas (Fotografía: Horacio Almanza, 2010).

riado. C om o se m ostrará, estas acciones se sostuvieron a través de la negación de form as locales de territorialidad y sistem as norm ativos, así com o p o r la invisibilización de la existencia física y jurídica de los sujetos indígenas. Las instituciones estatales y otros m ediadores legitim aron estas decisiones al asu­ m irse com o representantes políticos y socavar los intentos de form alización de la propiedad indígena.

La economía política del turismo y los conflictos por los recursos U n sector influyente de la literatura antropológica h a subrayado la im por­ tancia de considerar la econom ía política global en el análisis de las relaciones sociales y políticas a nivel local (Farmer, 2004; M intz, 1985; Wolf, 2001). Para entender m ejor el poder de decisión política en el despojo de la tierra, en esta sección se exploran los lím ites del poder de decisión de los grupos sociales subalternos y la form a en que éste es constreñido por actores políticos globales y élites locales que buscan acceder y apropiarse de los recursos de las localida­ des de la Sierra Tarahum ara. El análisis de la influencia de la econom ía política y del m ercado global es fundam ental para entender los m ecanism os de poder que intervienen durante los procesos de despojo de tierras derivados de la inversión turística. El p ro ­ pósito no es analizar en detalle el funcionam iento del turism o en la econom ía política global, sino m ostrar la m anera en que las dem andas del m ercado glo­ bal influyen en el diseño de políticas a nivel local y nacional. En este sentido, el estudio de dicha interrelación p o d ría dar luz a la reflexión sobre las causas de los procesos de despojo de tierras en territorios indígenas. La literatura provee num erosos ejem plos en los que instituciones y actores locales aceptan incorporarse al sistem a económ ico de m ercado global, a pesar de que ello resulte desfavorable a la econom ía, soberanía e intereses de su país. Por ejemplo, las instituciones financieras internacionales presionan a los go­ biernos nacionales a invertir en turism o con el fin de cum plir con las políticas de desregulación global (De Chávez, 2007: 222).3 No obstante, es bien sabido que el turism o representa porcentajes de ingresos bajos para las econom ías de los países de destino, que genera em pleos precarios para la m ano de obra local, que las ganancias en divisas se ven m erm adas p o r la prevalencia de inversión extranjera y que los servicios turísticos son inaccesibles para el 80-90% de la población local o de países en vías de desarrollo. A unado a ello, m ientras que el papel de los gobiernos nacionales se lim ita a garantizar condiciones favora­ bles para la industria turística, el equilibrio entre las ganancias económ icas y

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El Genera! A greem en t on Trade a nd Services (GATS) y el Trade Related Investm ent M easures (TRIM S) desregulan la inversión transnacional al elim inar m edidas de protección para la industria nacional (De Chávez, 2007).

el im pacto socio-am biental es cada vez m ás cuestionado. En este contexto, la influencia del capital global en los procesos de form ulación de políticas n acio­ nales del sector m ina la soberanía de los Estados y contribuye a la desigualdad social (D uterm e, 2007; Suresh, 2007; UNEP, s/f; Lagunas, 2007; Hall y Tucker, 2004; De Chávez, 2007:222; BBVA, 2011; M arín, 2012). A pesar de que la actual industria del turism o m undial y la inversión a nivel local se vinculan a agudas desigualdades sociales, existe m uy poca literatura de las ciencias sociales en el tem a del despojo de tierra inducido por el tu ris­ mo. Excepciones recientes son G ardner (2012), A rteaga y Brachet (2011). Los estudios actuales sobre acaparam iento de tierras, desplazam iento o reasenta­ m iento se ocupan principalm ente del im pacto de la industria de desarrollo a gran escala com o son los proyectos extractivos, hidroeléctricos o agrícolas. Los desarrollos turísticos, sin embargo, suelen tam bién dem andar grandes extensiones de tierra y, con frecuencia, el desplazam iento y reacom odo de la población local. En el caso de México, la m ayoría de los desarrollos tu rísti­ cos costeros term inan involucrando negocios por la tierra con com unidades pesqueras así com o diversas form as de apropiación por actores estatales y privados.4 Ejemplos de estos casos son C ancún, Isla M ujeres e Isla Holbox en el C aribe m exicano (G uerrero, 2012; Franco, 2011; Macías, 2004; López, 2010), P u n ta Colonet, Cabo Pulm o y el proyecto Escalera N áutica en Baja C alifornia (Luque y Góm ez, 2007; Gámez, 2008; González, et al., 2011), Santa M aría Ostula (Gledhill, 2004; M arín, 2004), adem ás de los analizados en este libro. Asim ism o, los denom inados “ecoturism o”, “turism o de naturaleza” o “tu ­ rism o de aventura” se han establecido en sitios con especial belleza escénica o singular relevancia ecológica, donde tienden a residir los pueblos indígenas. En consecuencia, los conflictos agrarios inducidos por el turism o, que solían o cu rrir exclusivamente en las zonas costeras, se están trasladando a diversos territorios rurales. En estos procesos de control de la tierra (Lund y Lee, 2011), las relaciones entre las instituciones agrarias y otros actores han sido cruciales para determ inar los resultados de estas negociaciones. El desplazam iento de com unidades rurales enteras por la industria del tu ­ rism o a m enudo se deriva de procesos de acaparam iento de tierras por grandes em presas y de despojo de la población local (Borras et al., 2011a y b; LRAN, 2011; Lund y Lee, 2011; Borras y Franco, 2010). Este fenóm eno involucra rea­ sentam ientos y am plios procesos de m igración y fragm entación social en los que el abandono de la econom ía local da origen a nuevas dinám icas de m arginación dentro y fuera de los nuevos centros turísticos (Castellanos, 2008:147). La creciente urbanización, el crecim iento económ ico y el establecim iento

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Las form as de apropiación más com unes incluyen: renta de tierras, venta de derechos de propiedad a inversionistas o disolución de com unidades agrarias enteras para ser convertidas en propiedad privada.

de nuevas estructuras de valores, norm as y m odelos de consum o, propios de las ciudades, tam bién son causas com unes de la transform ación del p atrim o ­ nio cultural tangible e intangible y de la generación de diferentes form as de cam bio social, influido por el creciente poder político de los intereses del capi­ tal turístico (Castellanos y M achuca, 2008; Lagunas, 2007; Hall y Tucker, 2004; Barretto, 2007; Croall, 1994; Pattullo, 1996; Lanfant y G raburn, 1994). Así com o la econom ía política global h a pasado desapercibida en la lite­ ratu ra de turism o (Hall, 1994; Hall y Tucker, 2004), los enfoques crítico-po­ líticos h an sido tam bién descuidados en los estudios de turism o y desarrollo. La relación entre los desarrolladores turísticos y el Estado, por ejemplo, es fundam ental para com prender m ejor la política de turism o. Las instituciones estatales se convierten en los agentes que ejecutan los cam bios necesarios para ofrecer a la industria del turism o las condiciones adecuadas para la inversión, incluyendo aspectos laborales, de seguridad, financiam iento e infraestructura. Por u n lado surgen diversas clases de intereses económ icos que buscan atraer las m áxim as ganancias al m enor costo posible. Por el otro, los residentes loca­ les a m enudo cuestionan los im pactos am bientales y sociales y las violaciones a los derechos hum anos que norm alm ente se derivan del establecim iento de grandes proyectos de infraestructura. El resultado de cada proyecto dependerá de la efectividad de las estrategias utilizadas p or los diversos actores involucra-

Imagen 3. Paisaje del Cañón del Cobre desde el Divisadero Barrancas (Foto­ grafía: Horacio Almanza, 2010).

dos y de su capacidad de negociación y resolución de conflictos (véase Cernea, 1998; 1999; M achuca, 2008, Hall y Tucker, 2004, Barabas y Bartolom é, 1992; M onsalve, 2012). Los grupos generalm ente afectados son residentes y com unidades que se enfrentan a diversas am enazas a sus m edios de subsistencia. Estas am enazas incluyen la com petencia desleal a sus negocios locales, la exclusión de los b e ­ neficios económ icos y del proceso de tom a de decisiones, la posibilidad de perder sus tierras, y el im pacto socio-cultural derivado de la introducción de nuevas necesidades y form as de consum o (M achuca, 2008; Lagunas, 2007: 20). R ara vez las com unidades locales afectadas poseen el poder suficiente para hacer frente a los grandes corporativos turísticos y participar en u n a disputa form al en igualdad de condiciones. Sin em bargo, factores tales com o la organización local, el activismo, una defensa legal adecuada, la asesoría de redes de solidaridad, la cobertura m e­ diática y la politización de las form as de defensa pueden contribuir de m anera significativa a equilibrar los procesos de redistribución políticos y económ icos así com o a aum entar sus posibilidades de justicia social. U n ejem plo de esto es la m anera en que las com unidades de C horéachi, M ogotavo, W etosachi y Bakajípare han establecido vínculos con O N G solidarias, participando de esta form a tanto en dem andas jurídicas com o en procesos de activism o consisten-

Imagen 4. Ferrocarril Chihuahua-Pacífico en estación Divisadero (Fotogra­ fía: Horacio Almanza, 2010).

tes en m anifestaciones, m ítines y cam pañas de difusión en las que relatan su larga historia de lucha a través de artículos y videos. A pesar que los m ecanism os em pleados por actores privados para la apro­ piación de tierras son m uy diversos, es com ún que se encuentren interrelacionados. Esta com plejidad radica en buena m edida en las configuraciones de po d er y las relaciones que se establecen entre individuos, instituciones y los intereses corporativos capitalistas. A lgunos elem entos com o el interm ediarism o entre desarrolladores y propietarios terratenientes locales se presentan con frecuencia en el cam po mexicano. O tros, sin em bargo, dependen del contexto e involucran factores m ás coyunturales o bien redes de influencias, actitudes, recursos, relaciones, fortalezas y/o debilidades de los actores involucrados. A p artir de lo anterior podem os plantear las siguientes preguntas: ¿Cómo es posible explicar el despojo sistem ático de com unidades indígenas por g ru ­ pos sociales no indígenas?, ¿por qué este patrón continúa desde los tiem pos coloniales hasta la actual dem ocracia m oderna? Y ¿cómo pueden ser m ejor com prendidos los m ecanism os y estrategias utilizadas en dichos procesos de dom inación?

La Comunidad de Mogotavo y el contexto regional M ogotavo es u n a com unidad indígena form ada por cuatro rancherías, 26 ranchos, 42 unidades dom ésticas y 215 personas en total (Meza, 2007: 8-9).5 Se encuentra situada dentro de la sección de San Rafael del m unicipio de Urique, al suroeste del estado de C hihuahua. La extensión total que cubre el grupo de rancherías es de alrededor de 2,059 ha (ver m apa 2). Los prim eros registros de la localidad pueden encontrarse en el archivo de la m isión jesuita de Sisoguichi, en el m unicipio vecino de Bocoyna. Este contiene certificados de bautizo parroquiales que datan de 1912. Sin embargo, el peritaje arqueológico del área registra u n a continuidad del asentam iento de aproxim adam ente 300 años (Meza, 2007; C hacón, 2007). A pesar de ello, las dos solicitudes de dotación de tierra por parte de la com unidad han sido continuam ente negadas p o r el gobierno federal. Por el contrario, pocos años después de su establecim iento en M ogotavo en 1941, la fam ilia C am arena lo­ gró obtener la titulación de estas tierras bajo la figura de propiedad privada. C onscientes de que ocupaban territorio indígena, los C am arena siempre vieron con recelo a los residentes originales (la com unidad indígena), sin em ­ bargo, no fue sino hasta el anuncio del proyecto turístico que realizaron u n es-

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Las rancherías de Mesa de M ogotavo están com puestas por los ranchos de W itasochi, W jichagorare, Bajisochi and Mogotavo. Bajichi, por W achogare, La Cueva, Bajichi y Rojim po. Ranchería La M anzanilla com prende los ranchos de Reporachi, Chuw asike, Rikubitare, Chubachi, Napuchi, Chiniguchi, Corachi, Las Lajas, Tegorachi, Rancho Corona, El Pozo, El Aguaje, El Bordo and Tolirachi. Finalm ente, Divisadero consiste en Divisadero y Mesa de la Barranca.

fuerzo legal para expulsarlos. M ás adelante en 2010, parte de las tierras de Cam arena fueron vendidas a la inm obiliaria Soluciones Em presariales del N orte (SENSA), la cual continuó las am enazas contra la com unidad y desarrolló el plan de reasentam iento con el que se inició el proceso de desalojo y reubica­ ción de la m ayoría de los habitantes de Mogotavo. En la actualidad, la localidad se divide entre los lím ites del ejido San Luis de M ajimachi, terrenos nacionales, otras tierras no reclam adas p or nadie pero en posesión de la fam ilia C am arena y, m ás recientem ente, sobre las tierras vendidas a la m encionada inm obiliaria. A unque el sistem a de subsistencia de los rarám uri de M ogotavo sigue el m odelo em pleado por los rarám uri en toda la sierra, debido a los bajos niveles de fertilidad del suelo y a la proxim idad de la carretera y el centro turístico Divisadero, la com unidad aprovecha para com plem entar su econom ía con la venta de artesanías, e incluso con trabajo asalariado en Divisadero, San Rafael, C hihuahua, Delicias y C uauhtém oc, así com o en plantaciones en el vecino es­ tado de Sonora. E n este sentido, la relación de M ogotavo con las actividades de tipo capitalista es m ayor que en otras com unidades rarám uri.

Comprendiendo la posición estructural de los grupos sociales en el conflicto de tierras de las Barrancas del Cobre La perspectiva de injusticia estructural de Young aporta ideas para analizar m ejor las relaciones políticas y actores involucrados en las controversias de la B arranca del Cobre. Revisitando el enfoque de injusticia estructural de Young, se pueden identificar tres características sobresalientes. En prim er lugar, u n contexto institucional que condiciona de u n a form a significativa la expresión y acción individual, y sobre el cual los individuos por sí m ism os tienen poco control (Young, 2000: 92); en segundo, reglas colectivas y expectativas condi­ cionadas p o r los atributos específicos de u n grupo social que inhiben su capa­ cidad y sus perspectivas de vida; y en tercer lugar, las posiciones estructurales son relativam ente perm anentes debido a que los atributos que las condicionan se refuerzan m utuam ente (Young, 2000: 98). Estas tres nociones son fu n d a­ m entales para la interpretación y el análisis de la dom inación y/o despojo cró­ nicos sobre com unidades indígenas y, por lo tanto, serán herram ientas centra­ les para el análisis subsiguiente. La m an era en que las jerarquías están estructuradas en las disputas por la tierra de las Barrancas del C obre será ilustradas m ediante el análisis de la variedad de actores y la m anera en que estos se posicionan desigualm ente en la estructura de poder. Posteriorm ente, se com pararán las estrategias para la adquisición de tierras utilizadas p or los actores privados (individuos o com pa­ ñías sin m em bresía a u n a colectividad o com unidad) con aquellas de las com u­ nidades indígenas, cuyo sistem a de tenencia de la tierra ha sido históricam ente

reform ado según los intereses del Estado, en lugares y m om entos específicos. Finalm ente, se estudiará el papel del Estado com o el tom ador de decisiones p or excelencia autoridad auto-asum ida, representante político y, a través de las instituciones pertinentes, responsable del otorgam iento y certificación de tierras (instituciones agrarias) y solución de controversias (instituciones ju d i­ ciales). La am plia variedad de actores involucrados en los tres conflictos de tierra aquí discutidos, constituyen u n ejem plo de las desigualdades sociales que p re­ valecen. Los actores privados van desde em presarios locales, propietarios de hoteles, inversionistas inm obiliarios y em presarios de la construcción y bienes raíces. Los actores locales centrales son las tres com unidades rarám uri que tie­ n en condiciones diferenciales en aspectos tales com o la propiedad de la tierra, el ejercicio de sus propios sistem as norm ativos, su estrategia defensiva y los otros actores sociales con los que tratan, negocian y se alían. En cuanto a este análisis, la com unidad de M ogotavo estará en el centro de la discusión en este trabajo debido a su trayectoria histórica de petición de tierras, ocupación, des­ pojo, conflicto y la gran cantidad de inform ación em pírica y datos disponibles alrededor de su problem ática. Todos estos actores poseen u n n úm ero de diferencias estructurales basados en la estética corporal, conexiones políticas y poder, clase, riqueza e influencia económ ica, personalidad jurídica, género, antecedentes culturales y educati­ vos y otros. Estos atributos, según la form a en que son valorados p o r los ac­ tores clave, establecen configuraciones particulares que generan o p o rtu n id a­ des para los m ejor posicionados y restricciones hacia aquellos cuyos valores se asum en com o negativos. El ejem plo siguiente ilustra la form a en que las cualidades e intereses de los em presarios y funcionarios estatales se ponen en m archa en la interacción y confrontación con las com unidades indígenas que, a su vez, tienen que jugar bajo reglas ajenas y enfrentar el poder económ ico y político de dichos actores. U na condición im portante para la inversión turística es la necesidad de los inversionistas de poseer garantía de acceso y propiedad de la tierra. Para lo­ grar esto, la industria prim ero exam ina lugares adecuados para la inversión, en ocasiones m ediante la participación de u n a agencia de bienes raíces que se hace cargo de la com pra-venta, construcción y/u otros aspectos relaciona­ dos. Adicionalm ente, la operación com ercial requiere del acercam iento con los residentes originales, propietarios o posesionarios, para llegar a u n acuerdo am istoso. Sin embargo, cuando esto no se logra, dada la influencia política y económ ica de la industria y los intereses en juego, los particulares cuentan con estrategias para contrarrestar la oposición de las com unidades y su resistencia a vender o ceder sus tierras. A lgunos m ecanism os estratégicos em pleados por las em presas para este propósito van desde la persuasión pacífica, hasta el des­

pojo o reasentam iento forzado, legal o ilegal. En contraste con los em presarios, los pueblos indígenas, com o sujeto social, histórico y subalterno, han sido asum idos por diferentes élites com o débiles y atrasados, cuya opresión es necesaria e inevitable, reforzando así u n proceso donde la injusticia social se da p o r sentada (Castellanos, 2003). U na caracte­ rística de los pueblos indígenas es su fuerte arraigo a la tierra y, en general, su particular form a de relacionarse con la naturaleza, com o base de sustento y reproducción de su cultura, identidad y lazos sociales. La tierra, constituye así, su territorio tradicional. La posesión histórica de su territorio, sin embargo, ha estado sujeta al m o ­ delo estatal en curso de tenencia de la tierra. La reform a agraria post-revolucionaria y las leyes agrarias derivadas fueron resultado, en buena m edida, de los principios de la revolución m exicana. De acuerdo al espíritu de dicha refor­ m a, el derecho a grandes extensiones de tierra de propiedad com ún se garan­ tizaba a los solicitantes a través de las figuras del ejido y la com unidad agraria, proporcionando así u n a form a de seguridad sobre la propiedad de la tierra a los sujetos de derechos (Randall, 1996; N uijten, 2003; Katz, 1996; Otero, 1989). A pesar del carácter proteccionista de la ley agraria, no era raro ver diferen­ tes form as de renta de la tierra, cesión de derechos u otras categorías inform a­ les de acceso a la tierra o a los recursos de actores externos, así com o form as de m anipulación y control sobre las com unidades agrarias y el sistem a del ejido (Nuijten, 2003). Sin em bargo, al legalizar la m ercantilización de la tierra de propiedad com ún, las reform as agrarias neoliberales abrieron u n a nueva gam a de posibilidades para los actores privados de form alizar diferentes form as de acceso y adquisición legal de tierras ejidales o com unales para su conversión en propiedad privada. Al m ism o tiem po, los actores privados tuvieron m ayo­ res oportunidades para em plear su repertorio de estrategias para persuadir a los posesionarios de vender sus terrenos o para apropiarse abiertam ente de los terrenos necesarios para las inversiones particulares, expulsiones, desalojos o reasentam iento de los residentes previos. C om o parte de su función, el Estado sanciona las dem andas por derechos a través de procesos de tom a de decisiones institucionales (los poderes legis­ lativo y judicial, el sistem a electoral y otros); sin embargo, a m enudo las deci­ siones se tom an por adelantado a través de otros m edios inform ales. En este sentido, sujetos específicos se encuentran m ejor posicionados estructuralm en­ te que otros, lo cual eventualm ente influirá en la inclusión/exclusión de tem as en la agenda y, p o r consiguiente, en los espacios de tom a de decisiones m ás formales. D urante el siglo XX, las com unidades indígenas se dirigieron a las organi­ zaciones corporativas por asesoría y defensa jurídica, así com o por otras es­ trategias de m ediación pero, en general, fueron casi nulos los logros obtenidos

en relación a la protección de sus derechos de propiedad. Sin em bargo, en los prim eros años de la década del 2010 , las com unidades establecieron vínculos con organizaciones de la sociedad civil, que proporcionaron asesoría y defensa jurídica solidaria e independiente. La relación con abogados llevó a las com u­ nidades a involucrarse en procesos y conflictos jurídicos, cam biando la n a tu ­ raleza de los logros y su relación con actores dom inantes. En el caso del Proyecto Turístico Barrancas del Cobre, los pueblos in d í­ genas tuvieron grandes obstáculos, principalm ente políticos, para ejercer in ­ fluencia en los procesos de tom a de decisiones form ales e institucionales. Al respecto, las solicitudes de donación se encontraban sujetas a regulaciones adm inistrativas, a procesos de m ediación jurídica, al asesoram iento y a proce­ sos de representación política llevados a cabo p o r instituciones corporativas y gubernam entales. Por tanto, durante las adm inistraciones priistas, tanto éstas com o las subsecuentes controversias eran decididas p o r funcionarios p erten e­ cientes a la m ism a red política y a grupos de interés. A p artir de la década de 1990, la influencia del Estado se redujo, al tiem po que aum entaba la de actores privados, nacionales e internacionales.

Etapas de desposesión: Reconocimiento estatal de la propiedad pri­ vada y negación de reconocimiento al territorio indígena En 1921 Federico C am arena, u n supervisor de construcción de carreteras en la zona, realizó u n a petición a las autoridades federales agrarias para el re ­ conocim iento de u n área de 1 000 hectáreas com o propiedad privada dentro del territorio indígena de Mogotavo, nom brando al terreno com o M esa de la Barranca, o Cinco H erm anos .6 Alegó la necesidad de contar con esta propie­ dad para él y sus cinco hijos, pues sus padres habían vivido ahí desde antes de su nacim iento en 1882. Asim ism o, argum entó haber servido en la revolución m exicana y posteriorm ente haber ejercido el cargo de presidente m unicipal, sin embargo, dado que sus enem igos destruyeron sus pertenencias, requería de m ayor seguridad sobre la propiedad heredada. En 1937, los tres hijos de Federico C am arena, Federico, León y Efrén so­ licitaron tres concesiones de 500 hectáreas de los terrenos uno, dos y tres de M esa de la B arranca .7 Los peticionarios invocaban u n artículo de la legislación que les p erm itía recibir la dotación “a título oneroso”, que consiste en la ad ­ judicación de tierras nacionales com o propiedad privada tras u n a ocupación de m ás de seis años .8 P artiendo de esta solicitud el presidente m exicano Ávila 6 7

Archivo privado de Hom ero Saldanha, dictam en de adjudicación fechado el 13 de ju lio de 1987. RAN, D ocum entación agraria diversa relacionada con la situación jurídica de las disputas de tierra bajo estudio, D ele­

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gación Chihuahua, expediente 7/3224, p. 1102. En virtud del decreto del 2 de agosto de 1923 que establecía seis años com o tiem po m ínim o para la “Adquisición a tí­

C am acho concedió y publicó el título provisional en m arzo de 1941 para las tres parcelas .9 En el período 1959-1961 se construyó infraestructura ferroviaria y u n a es­ tación de tren dentro de la propiedad de Federico C am arena Jr., correspon­ diente al terren o núm ero uno. Posteriorm ente fue construido el hotel Divisadero Barrancas que hasta la fecha es el em blem a de la vocación turística del área, p o r encontrarse al filo de la Barranca, a u n costado del m irador del m ism o nom bre y a unos m etros de la estación de uno de los últim os ferroca­ rriles de pasajeros del país. Por ello, este punto es de las principales atracciones turísticas del Estado de C hihuahua y es m undialm ente conocido. En la década de 1970, Federico C am arena Jr. concedió derechos de p ro ­ piedad del terreno u n o a su hija Adela C am arena, quien sigue siendo la actual propietaria del hotel Divisadero Barrancas. De acuerdo a docum entos de ar­ chivo, Federico y León C am arena fueron llam ados para asistir a la dem arca­ ción de lím ites oficiales para dem ostrar conform idad con el procedim iento y con los propietarios colindantes. Sin embargo, la evidencia om ite m encionar si los posesionarios indígenas fueron llam ados. En 1980, la petición de Cam aren a presentó docum entación que en teoría probaba que las parcelas solicitadas estaban libres de superposiciones con otra acción agraria o de cualquier otra actividad agrícola, forestal o ganadera. Por otra parte, el delegado agrario d e­ claró que los lotes uno y tres no habían sido afectados previam ente p o r otra acción agraria, soslayando así la posesión de la tierra de las com unidades indígenas .10

Lucha por el reconocimiento... de la existencia En enero de 1982, 39 m iem bros de M ogotavo realizaron u n a petición de dotación ejidal con el nom bre de M esa de la Barranca, recibiendo u n a resolu­ ción en sentido negativo en septiem bre del m ism o año debido a que los in s­ pectores agrarios de la C om isión A graria M ixta (CAM ) declararon Mogotavo com o u n a com unidad inexistente en julio de 1982.11 Basados en el inform e de u n topógrafo oficial ,12 la CAM y el gobernador del estado dictam inaron que tulo oneroso". No obstante, el 11 de abril de 1940 el alcalde de Bocoyna certifica una residencia por nueve años (RAN, Docum entación agraria diversa relacionada con la situación jurídica de las disputas de tierra bajo estudio, Delegación Chihuahua). 9

Propiedad de Federico Cam arena Jr. (parcela núm. 1), Arnoldo C. Cam arena (parcela núm. 2), y Federico Cam arena padre (parcela núm. 3) (RAN, Docum entación agraria diversa relacionada con la situación jurídica de las disputas de tierra bajo estudio, Delegación Chihuahua, pp. 3, 7, 23, 37; docum ento fechado 22 de agosto de 1980: 73-74 y 31 de octubre de 1940).

10 RAN, Delegación Chihuahua, expedientes 7/3224, del 18 al 30 de noviem bre de 1979,pp. 29-35; 6/3223, del01 al de agosto de 1980, pp. 65, 69, 75, 76, 79; 6/3223, 27 de agosto de 1980, pp. 81.

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11 RAN, Delegación Chihuahua, Expediente 2294. 12 RAN, Delegación Chihuahua, Expediente 6/3223, 11 de enero de 1982; Archivo privado de Hom ero Saldanha, d ocu­

M ogotavo/M esa de la B arranca no satisfizo los requisitos establecidos por la Ley Federal de la Reform a A graria para el reconocim iento de sus derechos a la tie rra .13 C on el asesoram iento de organizaciones corporativas, la U nión G eneral de O breros y C am pesinos de M éxico (U G O CM ) e instituciones estatales federa­ les (INI), la com unidad indígena de M ogotavo im pugnó el fallo y denunció las am enazas de acoso y despojo por parte de Efrén C am arena .14 Por otro lado, el abogado del entonces IN I im pugnó, a nom bre de M ogotavo/M esa de la Ba­ rranca, la sentencia contra los indígenas dirigiéndose a las autoridades agrarias y explicando las razones p or las cuales la territorialidad indígena en el norte de M éxico no debía entenderse bajo el concepto de com unidad m esoam ericano dom inante. Los pueblos rarám uri, declaró, no vivían concentrados, sino bajo u n p atró n de asentam iento no com pacto, el cual debía entenderse com o un conjunto de sistem as de ranchos y rancherías con altos niveles de dispersión, en lugar de aldeas com puestas p or casas-habitación contiguas unas de otras. El abogado pidió, p or tal m otivo, que continuara el procedim iento de dotación de tierras para los indígenas de M ogotavo/M esa de la B arranca .15 D ebido a que las autoridades no respondieron, la Liga de C om unidades Agrarias y Sindicatos C am pesinos del Estado de C hihuahua (LCASC-Ch), u n m iem bro corporativo de la C onfederación N acional C am pesina (CNC) se u nió a la defensa de la com unidad en diciem bre de 1984.16 La controversia so­ bre el estatus de la com unidad entre INI, autoridades seccionales de Bocoyna y U rique, residentes y la SRA continuó el resto de la década a través de distintas m ediciones. D urante la década de 1980, la SRA envió diferentes topógrafos para eva­ luar el potencial de la com unidad “M esa de la Barranca” para ser reconocida com o núcleo agrario. M ientras tanto, los procedim ientos para la titulación de las parcelas privadas uno, dos y tres de M esa de la Barranca continuaban en m archa. El IN I siguió abogando por los indígenas durante el período de 1984­ 1987, exigiendo acelerar los procedim ientos para la concesión de tierras a los indígenas residentes .17 En m arzo de 1987, el ingeniero topógrafo S. Dozal, sub­ delegado de A suntos Agrarios, investigó la capacidad agraria de ‘M esa de la Barranca’ convocando a u n a asam blea en m ayo de ese año. C on la asistencia de mentos diversos relacionados con la disputa de Mogotavo, expediente del 05 de ju lio de 1988, reporte de topógrafo, citado en docum ento fechado el 20 de enero de 1988, y citado en expediente de Saldanha, 05 de ju lio de 1999. 13 Archivo privado de Hom ero Saldanha, docum ento fechado el 02 de ju lio de 1982; citado en sentencia negativa 26 de octubre de 1988; reporte de la Secretaría de la Reforma Agraria, 20 de enero de 1988. 14 Archivo privado de Hom ero Saldanha, Docum ento fechado el 26 de octubre de 1988. 15 Archivo privado de Hom ero Saldanha, Oficio 063. Cuatro años después insistió en el m ism o asunto (registrado en el archivo del INI com o Oficio 329/86). 16 Archivo privado de Hom ero Saldanha, Docum entos diversos relacionados con la disputa de Mogotavo, 12 de marzo de 1984; 23 de agosto de 1984. 17 Archivo privado de Hom ero Saldanha (s/f), Docum entos diversos relacionados con la disputa de Mogotavo.

representantes del IN I, autoridades agrarias, civiles y tradicionales, así com o la asam blea de la com unidad de M ogotavo/M esa de la Barranca, el oficial ve­ rificó, certificó y com unicó oficialm ente la existencia real de la com unidad .18 Sin em bargo, el titular de Revisión y Sentencia de A suntos A grarios argum entó que debido a om isiones encontradas en procedim ientos anteriores era necesa­ rio realizar nuevas verificaciones de la existencia del pueblo y contar con una lista de los residentes y peticionarios para reanudar el proceso de otorgam iento de tierras .19 D espués de haber presentado la certificación form al de existencia de la co­ m unidad, el IN I y las autoridades indígenas de M ogotavo/M esa de la Barranca se dirigieron al gobernador del estado y al delegado agrario, insistiendo en dar seguim iento al proceso de dotación .20 Posteriorm ente, en junio, otro topógrafo rep o rtó la inexistencia de la com unidad argum entando que los asentam ien­ tos indígenas estaban dentro de los lím ites del ejido San Luis de M ajim achi y de u n a propiedad privada denom inada “M esa de la Barranca”. Luego, em itió su inform e y pidió la firm a de la autoridad civil de San Rafael, m unicipio de Urique. La autoridad, sin em bargo no estaba de acuerdo con los térm inos de la sentencia y p or lo m ism o se rehusó a firm ar. El topógrafo acudió entonces a la autoridad civil de otro m unicipio, el de Bocoyna, donde firm aron lo req u erido .21 C om o resultado del reporte, el consejero agrario em itió sentencia negativa a la solicitud de dotación de la com unidad indígena. La sentencia argum entó que los peticionarios habían om itido proveer de evidencia testim onial de posesión pacífica, pública e ininterrum pida de las tierras y que no existían m ás tierras que pudieran estar sujetas al radio le­ gal establecido para u n a acción de dotación de tierras. Respecto al patrón del asentam iento indígena tradicional, uno de los argum entos de la negativa iba en el sentido de que se podía inferir que los diputados que habían legislado el artículo No. 195 de la Ley Federal de Reform a A graria tenían en m ente un p atró n de asentam iento com pacto -no disperso- y p o r lo tanto, M ogotavo no p o día existir legalm ente com o poblado. En mayo de 1989, el gobernador indígena de la M esa de la Barranca d iri­ gió u n a carta al Presidente de la República, solicitando apoyo para resolver la concesión de las tierras en cuestión. La presidencia tu rn ó el asunto de nuevo al delegado agrario. El delegado respondió con u n a explicación del proceso p or el cual pasó el trám ite adm inistrativo y no fue tom ada ninguna m edida

18 Inspección llevada a cabo el 21 de mayo de 1987 y certificación expedida por la autoridad seccional de San Rafael, M unicipio de Urique (Archivo privado de Hom ero Saldanha, docum ento fechado el 26 de marzo de 1987 y 25 de mayo de 1987; citado en el fallo negativo). 19 Archivo privado de Hom ero Saldanha, docum ento fechado el09 20 Archivo 21 Archivo

de septiem bre de 1987.

privado de Hom ero Saldanha, docum ento fechado el 14 de septiem bre de 1987. privado de Hom ero Saldanha, docum ento fechado el 07 de m ayo de 1988.

adicional .22 En agosto de 1999, el terreno “Cinco H erm anos”, antes “M esa de la Barranca”, propiedad de Dalia C am arena -hija de Efrén-, fue titulado por la Secretaría de la R eform a A graria en la ciudad de México. Ese m ism o año fue establecido el Fideicom iso Barrancas del Cobre, el cual com pró a Adela Cam arena 169 hectáreas de los terrenos ocupados por la com unidad indígena de M ogotavo, o, dicho en otras palabras, su territorio ancestral. Adela C am arena, donó las restantes 32 hectáreas de su parcela a su herm ana D alia C am arena en m arzo de 2001 y unos m eses m ás tarde u n a porción del terreno fue vendida a los inversionistas de turism o y bienes raíces SENSA-SOFOM. 23 El ejem plo anterior revela la m anera en que las instituciones agrarias ejer­ cen la tom a de decisiones según las configuraciones de intereses y atributos personales y sociales de los actores. Su condición de funcionarios y de otros agentes com o representantes políticos les da la legitim idad necesaria para d e­ cidir, reproducir y reforzar los privilegios de los actores dom inantes y, por lo tanto, constreñir los intereses y proyectos de actores subalternos com o la co­ m u n id ad indígena de Mogotavo. Asim ism o, este caso m uestra la form a en que las instituciones, com o instrum entos del Estado, privilegian u n conocim iento particular sobre otro, influyendo, por lo tanto, en el resultado de los conflictos. De esta form a, las instituciones gubernam entales favorecen a actores priva­ dos al tiem po que socavan los proyectos indígenas de propiedad com unal y la econom ía de subsistencia. El ejem plo m uestra cóm o u n esquem a de tenencia y territorialidad de las tierras indígenas, organizado en torno a su propio sistem a norm ativo, es desplazado por u n sistem a norm ativo hegem ónico del Estado constituido bajo el derecho positivo m exicano. El privilegio de u n sistem a n o r­ m ativo hegem ónico sobre otro no se fundam enta en u n solo actor, institución o principio, sino en u n a estructura de supuestos, norm as, relaciones sociales y prácticas burocráticas que otorgan oportunidades a algunos, m ientras que restringen las aspiraciones de otros. La noción hegem ónica de patrón de asen­ tam iento com pacto se utiliza para silenciar las dem andas de derecho de p ro ­ piedad de tierras de u n a com unidad indígena con u n m odelo de asentam iento característico de las com unidades indígenas del norte de México. Si bien geo­ gráficam ente desconcentrada, M ogotavo se encuentra articulada com o una com unidad étnica con u n a form a de vida com partida. En este sentido, la territorialidad indígena en el norte de M éxico se ca­ racteriza p o r basarse en u n m odelo de viviendas distantes o ranchos, que les h a perm itido disponer de u n a variedad de parcelas agrícolas, cuya distancia considerable entre sí y su baja fertilidad, los em puja a llevar a cabo prácticas

22 Archivo privado de Hom ero Saldanha, docum ento fechado el 05 de noviem bre y 16 de octubre de 1989. 23 Archivo privado de Hom ero Saldanha, docum ento fechado, 13 de ju n io de 2001; Contrato com pra-venta entre Dalia Cam arena y SENSA SOFOM inversores.

de agricultura m óvil y pastoreo de cabras. Los ranchos pueden constituirse de u n a a tres casas, y a su vez la ranchería consta de varios ranchos, generalm ente con no m ás de 20 viviendas. El pueblo cabecera estructura la territorialidad social y política de la unidad política rarám uri con variaciones para los grupos warijíos, ódam i y ooba (M endiola, 2008; Spicer, 1962; Sariego, 2002; M octezu­ m a y Harriss, 2001; Branniff, 1997; González et al., 1994). La validez de este m odelo com o u n a form a particular de entender los m últiples grupos y pueblos culturalm ente diversos que constituyen la nación m exicana fue ignorada p o r las autoridades agrarias en la sentencia relativa al derecho a la propiedad colectiva de la tierra de la com unidad de Mogotavo. Su p o stura no sólo reforzó las nociones universalizadas del derecho de propiedad de la tierra y de representación política, sino tam bién invisibilizaba las propias conceptualizaciones indígenas que perm itían com prender en térm inos con­ cretos la existencia de u n a com unidad y sus derechos sobre el territorio. En aquel m om ento, la com unidad se apoyaba en interm ediarios y asesores pertenecientes al régim en; sin embargo, en la prim era década del siglo XXI la com unidad buscó la asesoría de organizaciones de la sociedad civil, quienes llevaron el conflicto al ám bito jurídico haciendo énfasis en los derechos cul­ turales y colectivos indígenas recientem ente reconocidos por el derecho inter­ nacional. La em ergencia de nuevos agentes sociales era parte de la crisis del m odelo estructurado p o r el priism o, y en este sentido se dieron nuevas form as de participación política. El resultado fue por u n lado, la desvinculación de la com unidad de viejas e ineficientes relaciones clientelares con individuos, organizaciones e instituciones del Estado; y p or otro, la vinculación con otros agentes -organizaciones de la sociedad civil- que perm iten el acercam iento a redes de solidaridad y al derecho internacional a través de los instrum entos jurídicos provistos por las N aciones U nidas y por la C om isión Interam ericana de D erechos H um anos de la OEA.

Instituciones jurídicas y diferencia cultural: Reconocimiento en el derecho internacional; negación de reconocimiento en la legisla­ ción nacional En julio de 2008 Dalia C am arena vendió m ás de dos tercios de sus propie­ dades a u n g rupo de cinco políticos del PRI (uno de ellos herm ano del Secre­ tario de D esarrollo Económ ico y Turism o de la Estado de C hihuahua), todos socios propietarios de la com pañía de bienes raíces SENSA. El contrato de com pra-venta establecía que los terrenos ocupados por la clínica y el albergue de la C om isión N acional para el D esarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) h a ­ bían sido dados en com odato y préstam o p or parte de terceros, al igual que tres a cuatro casas habitadas p o r el m ism o núm ero de familias. El acuerdo estable­

cía tam bién que el vendedor es responsable de tom ar acción jurídica o m aterial para el desalojo de los habitantes, “preferentem ente de form a voluntaria ”.24 La fam ilia C am arena, propietarios del H otel Divisadero, y algunos de sus guardias de seguridad, advirtieron a la gente de M ogotavo que desalojaran los terrenos, o de lo contrario tendrían que enfrentar u n proceso de reasentam ien­ to forzado -según com entaron diversas personas im plicadas en m i trabajo de cam po-. M ientras tanto, pequeñas cabañas del tipo suburbano (4 x 5 m ) fueron construidas para el reasentam iento de los habitantes indígenas de Mogotavo. Éstas se encuentran a 4 km de distancia de Mogotavo, dentro de las tierras ejidales de San Luis de M ajim achi, ejido que ya había entrado en asociación con SENSA y el G obierno del Estado a través del Fideicom iso Barrancas del Cobre. U n em pleado de SENSA, José C ruz, fue el encargado de proponer a la co­ m u n id ad que se reubicaran voluntariam ente en este esquem a de vivienda. Sin em bargo, -de acuerdo a la inform ación de varios habitantes de M ogotavo- tras su renuencia a aceptar, optó p o r ejercer m ayor presión y am enazó con enviar a la policía o al ejército para llevar a cabo el reasentam iento. Además, este interm ediario tom ó la clínica de la com unidad com o su propiedad privada y la utilizó com o oficina. La com unidad indígena h a acusado varias veces a este interm ediario y a otros asesores de acoso, violencia y am enazas verbales. Por ello, algunos m iem bros de la com unidad de M ogotavo establecieron contacto con la ON G local “T ierra Nativa”, los cuales en febrero de 2009 co­ m enzaron u n proceso form al de asesoría y defensa jurídica. U na p rim era es­ trategia que surge de esta relación es la presentación de u n a dem anda penal contra José C ruz, p or el delito de despojo de la clínica de la com unidad de Mogotavo .25 La m ism a dem anda, con quejas contra los hoteleros y funcionarios gubernam entales, fue entregada a la C om isión Estatal de D erechos H um anos y al Alto C om isionado de Derechos H um anos en México, y posteriorm ente en septiem bre al secretario de desarrollo social del gobierno del estado, Oscar Villalobos. A su vez, el siriame de M ogotavo y el com isariado de policía de la com uni­ dad, apoyados con firm as de toda la com unidad, se dirigieron a través de u n a carta al presidente m unicipal de Urique, solicitando su intervención para ga­ rantizar el derecho de la com unidad a la clínica de salud. Debido a que el con­ flicto se estaba convirtiendo en u n a cuestión pública, la legislatura del estado presentó u n acuerdo exhortando al gobernador del estado a consultar y soli­ citar el consentim iento de las com unidades locales sobre el proyecto turístico. De igual form a, se le instó a abstenerse de desplazar a la com unidad rarám uri 24 La CDI alegó que el albergue indígena había sido construido dentro de su propiedad (Archivo privado de Hom ero Saldanha, docum ento fechado el 14 de julio de 2008). 25 Archivo privado de Hom ero Saldanha, Docum entos fechados en 31 de mayo de 2009; 02 y 03 de junio de 2009; 13 de septiem bre de 2009; 15 de septiem bre de 2009; 24 de octubre de 2009.

p or la fuerza y a privilegiar el diálogo y el acuerdo antes de realizar cualquier intervención sobre los lugares ocupados (Q uintana, 2009). En julio de 2009, tras la elección de nuevas autoridades agrarias, la com u­ n idad indígena de M ogotavo presentó u n a dem anda ante la corte (Tribunal U nitario A grario), solicitando el reconocim iento agrario de M ogotavo com o com unidad agraria con u n polígono de 286 hectáreas que -argum entan- debía ser considerado com o propiedad nacional y com o tal, tener derecho a realizar la p etición .26 Se invocaba la legislación internacional que reconoce los dere­ chos culturales de los pueblos indígenas, presentándose com o ‘C om unidad Indígena De Facto M ogotavo ’.27 La estrategia detrás de esto era que la C orte considerara a M ogotavo com o u n a com unidad con personalidad jurídica, sujeta a la jurisprudencia que otorga reconocim iento jurídico a las com unidades agrarias de facto y de jure (SCJN, 1996). El juez concluyó la dem anda alegando que la SRA se opuso a la acción porque consideraba -equivocadam ente- que la tierra era parte del Área N atural Protegida Barrancas del Cobre; a pesar que no existe tal registro por parte de la C om isión N acional de Áreas N aturales Protegidas (CONA NP). 28 El juez finalm ente recom endó abordar el problem a a través del procedim iento de adjudicación de tierras nacionales .29 En ju n io de 2010, las autoridades com unales (constituidas extraoficial­ m ente com o com isariado de bienes com unales, es decir, sin reconocim iento estatal) solicitaron u n am paro contra la sentencia de la corte .30 En m arzo de 2011 el juez resolvió p o r detener provisionalm ente las obras de la tirolesa en el acantilado del C añón del Cobre, al lado de la vía del tre n .31 La form a en que el tribunal agrario sostiene la conclusión del juicio u ti­ lizando u n argum ento indudablem ente falso, ilustra cóm o la discrim inación

26 El Tribunal unitario Agrario aceptó la dem anda en febrero de 2010 a través de jurisdicción voluntaria para el recono­ cim iento de propiedad com unal prom ovido por 74 peticionarios de M ogotavo (Archivo privado de Hom ero Saldanha, s/f, docum entos relacionado con am paro de septiem bre 2010). 27 Tierra Nativa A.C. (s/f), docum entos jurídicos relacionados con la disputa de Mogotavo, expediente 0766/2009. 28 Para que proceda el recurso de jurisdicción voluntaria es necesario que no exista oposición fundam entada de parte de ningún actor. 29 Archivo privado de Hom ero Salddanha, 04 de diciem bre de 2010. 30 Tribunal Unitario Agrario Distrito 5, dictado el 12 de abril (RAN, Delegación Chihuahua, expediente 766 juicio agrario 2009). Se argum entó entre otras cosas que el juez de distrito es la autoridad com petente para concluir un juicio de jurisdicción voluntaria, y no el tribunal colegiado. Adem ás, sostuvieron que la SRA no probó que las tierras a ser reco­ nocidas com o propiedad com unal fueran terrenos nacionales. La com unidad indígena de M ogotavo continuó dem an­ dando reconocim iento de su personalidad jurídica com o una com unidad de facto. Esta personalidad jurídica permitiría a los posesionaros dem andar a la SRA su derecho a recibir dotación de tierras que constituían tierras nacionales. Adem ás, la com unidad de M ogotavo había disputado la representación de la procuraduría agraria, alegando una falta de legitim idad ad procesum . En cuanto a la presunción de las Barrancas del Cobre com o Área Natural Protegida, la com unidad indígena alegó que esas cuestiones sólo com peten a la SEMARNAT, CON AN P y no a la SRA (Archivo privado de Hom ero Saldanha, docum entos diversos relacionados con la disputa de Mogotavo, 06 de octubre de 2010). 31 “Suspende Juez Obras en Barranca del Cobre en Etapa de Parque de Aventura para evitar que se despoje a indígenas de sus posesiones, en El Heraldo de Chihuahua, 05 de m arzo de 2011, disponible en http://w w w .oem .com .m x/elheraldodechihuahua/notas/n1990756.htm , consultado el 27 de agosto de 2012.

Imagen 5. Local de la clínica de la comunidad de Mogotavo, tomado de manera for­ zosa y ocupado como oficina por la empresa de bienes raíces SENSA. (Fotografía: Horacio Almanza, 2010).

Imagen 6 . Casas habitación construidas para reubicar a la comunidad de Mogotavo. (Fotografía: Horacio Almanza, 2010).

del Estado hacia las dem andas de los pueblos indígenas en u n régim en que privilegia sus alianzas políticas con actores privados-capitalistas, niega la n a ­ turaleza pluricultural de la N ación M exicana, y por lo tanto, los derechos de las m inorías sobre la posesión y propiedad de sus territorios ancestrales. Sin em bargo, estos procesos de diseño de políticas discrecionales encuentra sus lím ites cuando el grupo social cuyos atributos h a valorado históricam ente de form a negativa, hace frente a sus contendientes a través de los instrum entos jurídicos estatales, y particularm ente, de aquellos establecidos por el derecho internacional. Las prim eras acciones legales se encontraron con algunas dificultades para avanzar p o r las causas de las com unidades. Sin embargo, siguiendo el proceso jurídico a través del establecim iento de las dem andas jurídicas, finalm ente al­ canzaron sus prim eros triunfos en décadas. En 2011 M ogotavo obtuvo el p ri­ m er am paro ante cualquier intento de desalojo p o r la em presa privada SENSA. En contraste con la asesoría dada p o r los interm ediarios com o INI, LCA, CAN y otras organizaciones cam pesinas corporativistas afiliadas al PRI, el nuevo tipo de alianza dio a las com unidades indígenas resultados positivos en buena m edida a p artir del ejercicio de sus propios procesos de tom a de decisiones. La asesoría profesional les perm itió enfrentar com o iguales a los actores dom i­ nantes dentro del sistem a jurídico hegemónico. En la siguiente sección se continuará discutiendo otras m aneras en que las instituciones participan en la dom inación sobre actores subalternos en el contexto de la defensa p o r la tierra en Barranca del Cobre. Se exam inará el destacado papel de los interm ediarios para desvirtuar el significado m ism o de la representación dem ocrática, en contraposición con las prácticas de libre determ inación de grupos indígenas.

Intermediación caracterizada como representación política. La anu­ lación de la soberanía del grupo social y el desplazamiento de la auto-determinación Las prácticas y las relaciones sociales encontradas en los procesos de dis­ p u ta de las Barrancas del C obre sugieren que el despojo fue posible debido a la restricción del poder de tom a de decisiones políticas de las com unidades indígenas a nivel global, nacional y local. La apropiación de tierras p o r actores privados tiene com o trasfondo u n contexto histórico de cesión de la soberanía de actores subalternos hacia representantes políticos y m ediadores; y a su vez del Estado a los actores del m ercado en la dim ensión de la econom ía política global. La evidencia em pírica tam bién indica que, en consecuencia, la reten ­ ción de la posesión y propiedad de la tierra por las com unidades indígenas es en buen a m edida resultado del ejercicio de la autodeterm inación.

Imagen 8 . Autoridad indígena de Bakajípare. (Fotografía: Horacio Al­ manza, 2010).

En p rim er lugar, el Plan M aestro Barrancas del Cobre fue el resultado de u n proceso de negociación entre el gobierno de C hihuahua y los gobiernos federales con el Banco Interam ericano de Desarrollo y el Banco M undial para financiar u n desarrollo turístico a gran escala en la región indígena de la Sierra Tarahum ara. A unque en la p rim era etapa, en la década de 1990, se preveía la existencia de u n consejo consultivo, éste fue tem pranam ente disuelto y om iti­ do del p lan .32 La unilateralidad del proyecto y los consecuentes abusos a los derechos hum anos de las com unidades indígenas llevó a los asesores legales de éstas a dem andar a los inversionistas por violar el principio del consentim iento libre, previo e inform ado, garantizado p or el derecho internacional. C om o resultado, a principios de 2012 , los jueces correspondientes dictam inaron, por u n lado, u n am paro contra todo reasentam iento forzado de la com unidad indígena de M ogotavo p o r parte de la em presa de bienes raíces SENSA y, por el otro, se resolvió la dem anda de la com unidad de W etosachi obligando al gobierno del estado a instalar u n consejo consultivo, con el fin de garantizar la participación de la com unidad y el consentim iento inform ado sobre el proyecto turístico. En este sentido, la resistencia de las com unidades, a través de la organización y el establecim iento de alianzas con redes de solidaridad y organizaciones de la sociedad civil, surgió com o respuesta a los intentos de desplazam iento d iri­ gidos p o r actores privados que únicam ente consideraban las necesidades del m ercado global. La prim era etapa del proceso de planeación del proyecto puede interpre­ tarse com o u n proceso de concesión de soberanía p o r parte del Estado a los agentes del m ercado, tales com o la banca de desarrollo y, a largo plazo, la in ­ dustria transnacional del turism o. De hecho, la iniciativa no fue discutida con las com unidades indígenas directam ente involucradas, quienes com o parte del pueblo m exicano son tam bién depositarias de la soberanía de acuerdo a la C onstitución Nacional, la cual tam bién les reconoce su derecho a la libre autodeterm inación. Sin em bargo, al m ism o tiem po se asum e que u n sistem a dem ocrático se basa en la idea de representación política y que la soberanía popular es cedida al Estado por el bien del buen gobierno (véase Przeworski y W allernstein, 1986; Blom y Stepputat, 2006). El G obierno del Estado no p o d ría considerarse u n representante neutral, pues fue u n o de los m ás interesados en la realización del Proyecto Turístico Barrancas del Cobre. Adicionalm ente, algunos de los actores involucrados en los intentos de despojo eran m iem bros del partido gobernante PRI (propieta­ rios de SENSA, la fam ilia C am arena y la familia Fresno, cuyos m iem bros son actualm ente presidente del com isariado y ‘cacique’ del ejido San Alonso). En 32 Entrevista personal con F.R., 25 d e e nero d e 2010.

realidad, el gobierno del Estado siem pre estuvo im plicado directam ente en las inversiones y en la apropiación de tierras a través de adquisiciones (arrenda­ m ientos de tierras) del Fideicom iso “Barrancas del Cobre”, en asociación con la fam ilia C am arena y el ejido San Luis de M ajimachi. La única ocasión en que el Secretario G eneral de G obierno debía de fungir com o m ediador -entre M ogotavo y SENSA/familia C am arena-, fue en u n ta ­ ller al que fue invitado a asistir por la ONG, asesora jurídica de la com unidad de Mogotavo, donde la com unidad continuaría con sus trabajos de evaluación com unitaria. El funcionario, sin em bargo, no asistió. En cambio, inform ó so­ bre el evento a los ejidatarios m estizos de San Luis de M ajim achi, quienes se encontraban negociando con representantes de SENSA y del Fideicom iso Ba­ rrancas su asociación al proyecto turístico .33 En consecuencia, estos irru m p ie­ ron en la reu n ió n y am enazaron a los m iem bros de la ON G por oponerse a los proyectos de los inversionistas (Tierra Nativa, 2010). La acción del secretario de gobierno sugiere que el gobierno del Estado no ha sido u n representante político apropiado para las com unidades indígenas involucradas en el conflic­ to de tierras. A quí se plantea al sistem a jurídico com o parte del m arco institucional del Estado m o d ern o y com o u n a institución m o d ern a por excelencia que rep ro ­ duce y refuerza la desigualdad social y la estructura de poder subyacente a las relaciones sociales en México. El aparato jurídico, la norm atividad y la legali­ dad auto asum ida h an garantizado la hegem onía del Estado, m ientras que ha puesto en desventaja a aquellos que desafían sus principios universalizadores, tal com o sucedió en la p rim era sentencia del Tribunal contra los reclam os de las com unidades indígenas. Sin embargo, después de que apelaron al derecho internacional -jurisdicción m ás allá de la hegem onía del Estado M exicano- el Tribunal tuvo que pronunciarse a su favor. En esta ocasión, aunque las com unidades de M ogotavo, W etosachi y Bakajípare decidieron jugar bajo el sistem a norm ativo central, y no el propio, su decisión se basó en u n a discusión previa e inform ada, a través de sus sistemas norm ativos indígenas, y en la asesoría jurídica form al por parte de organiza­ ciones solidarias.

Representaciones hegemónicas en el sector turístico y los megaproyectos en la Sierra Madre Las representaciones hegem ónicas y las diferentes form as en que éstas son em pleadas h an jugado u n papel central en el desarrollo histórico de las dis­ putas p o r la tierra estudiadas en los casos anteriores. Esto es particularm ente relevante en u n entorno social cuyo m ercado de trabajo y econom ía en general 33 Asociados a SENSA y a la familia Cam arena.

han sido penetrados, influidos y determ inados p o r la industria turística. La im portante contribución de este sector en la econom ía de u n a localidad tam ­ bién genera significativos im pactos sociales y culturales sobre las relaciones sociales y políticas locales. El turism o, en particular, depende en buena m edida de la m ercantilización de la im agen de la zona y de sus sitios em blem áticos, m ediante la adaptación de la form a en que la cultura, el paisaje y/o la com o­ didad de sus servicios van a ser interpretados y presentados p o r el marketing. Además, la efím era, pero continua, presencia de visitantes crea u n contacto cultural cuya influencia sobre el cam bio social es de considerable im portancia para el análisis sociológico, no se diga para las transform aciones en las relacio­ nes de p o d er local. M otivadas p or la perspectiva de oportunidades económ icas, las élites loca­ les, actores privados e institucionales establecen condiciones adecuadas para el desarrollo exitoso de em presas turísticas de gran escala. Adem ás de m ecanis­ m os de representación política, estos actores operan a través de form as espe­ cializadas de persuasión para lograr el consentim iento general hacia sus inicia­ tivas, particularm ente cuando la inversión conlleva im pactos negativos sobre com unidades locales. Estas estrategias o representaciones hegem ónicas tienen que ver con la form a en que actores subalternos y dom inantes involucrados en disputas p or la tierra, presentan e interpretan los procesos de injusticia social con el fin de generar u n consentim iento generalizado a sus proyectos. Al explicar las distintas categorías de representaciones hegem ónicas defino aquí estos m ecanism os con los térm inos de invisibilización, norm alización e individualización. La invisibilización se refiere a prácticas donde las com uni­ dades indígenas, com o contendientes en el conflicto, son ignoradas o se asu­ m en inexistentes en u n a etapa particular del proceso de despojo de tierras. Así com o se hace con individuos, la existencia de pueblos enteros, así com o la personalidad política y jurídica de los grupos subalternos, es en ocasiones n e ­ gada. Este proceso se evidencia por la adquisición de tierras de los inversores y la invisibilización de las com unidades indígenas que cuentan con residencia ancestral sobre esas tierras. Asim ism o, las (mal) representaciones de los pueblos indígenas son un ejem plo de la discrim inación histórica hacia los pueblos indígenas en México y, particularm ente, de C hihuahua. Por ejemplo, u n a visión generalizada por m estizos y funcionarios del gobierno local es que los ‘tarahum aritos’ son p ro ­ pensos a la ‘pereza, ‘em briaguez’ y la prom iscuidad sexual. De acuerdo a esa lógica, la causa de que se encuentren en ese estado es porque han sido ren u en ­ tes a abandonar sus tradiciones y costum bres y se han negado a estudiar o integrarse al m ercado laboral que el m undo m oderno les h a ofrecido (Servín y González, 2003; Bustillos, et al., 2009; Urías, 2000 y 2007; H ernández y Váz­ quez, 2007 ).

La aplicación de estos estereotipos va de la m ano con la hegem onización de visiones particulares de desarrollo en la Sierra que persuaden sobre la necesi­ dad de generar em pleos a través de la inversión turística y asum en com o “n o r­ m al” la necesidad de reasentam iento de las com unidades indígenas, lo que a su vez justifica el despojo de la tierra y la injusticia social. Estas prácticas revelan lo que en este trabajo llam am os la “norm alización de la injusticia social”. Al respecto, según testim onios de m iem bros de la ONG, el secretario de turism o estatal m anifestó su deseo de convertir a la zona en u n lugar com o O rlando en M iam i, agregando que la pobreza no debía ser visible para el turism o .34 O rigi­ nalm ente, el proyecto consideraba la recreación de u n a com unidad rarám uris “ideal” con rarám uri auténticos habitando en ella -al final del teleférico-; sin em bargo, la idea m ás tarde fue descartada .35 En general, el proyecto turístico fue aprobado por el sector u rbano m estizo de la sociedad de C hihuahua. No era raro escuchar expresiones de adm iración y orgullo con respecto a la creación de u n lugar m oderno y digno para el ocio y la diversión, así com o ocurre en los países desarrollados. U no de los espec­ taculares publicitarios, levantados por G obierno del Estado para prom over el nuevo teleférico en las Barrancas del C obre presentaba la frase: “De prim er m undo”. En otra cartelera de u n a com pañía financiera y de construcción se m uestra a u n ingeniero m irando al horizonte del cañón com o u n a tierra vacía que ofrece am plias oportunidades para el desarrollo (Geisler, 2012). Estas con­ tradicciones se encuentran tam bién ejem plificadas en el diseño del proyecto, el cual considera u n turism o de p rim era clase en u n a de las regiones m ás pobres de todo M éxico (Fernández, et al, 2006). El discurso oficial de las instituciones del estado y los inversores turísticos incluyó tam bién prom esas de generación de em pleos y de u n buen acuerdo con los residentes indígenas (Valles, 2009). A su vez, la exclusión de la com uni­ dad de la tom a de decisiones fue invisibilizada o norm alizada. Bajo esta óptica, se habría de llegar a u n acuerdo entre las partes y, gracias a dicha iniciativa turística, todos habrían de ganar. En definitiva, se trataba de u n a perspectiva despolitizada y descontextualizada que ignoraba la estructura desigual de u n sistem a donde los diversos actores establecen y reproducen relaciones sociales y políticas desequilibradas. M ientras los agentes del Estado representaron estos procesos com o norm ales y benéficos, aquellos que se resistían a la apropiación de tierra p or parte de los inversionistas fueron acusados de oponerse al desarrollo e, incluso, crim ina­ lizados. Esto es lo que aquí llamo individualización, com o u n elem ento cons-

34 PIAI, minuta del 01 de junio de 2009; entrevistas personales con G.G., 20 de noviem bre de 2009 y F.S., 10 de diciembre de 2010; com unicación personal con I.G. 35 P IA I, minuta del 01 de junio de 2009.

Imagen 9. “Value. Asesoría Financiera Inteligente” (el paisaje corresponde a una vista a las Barrancas del Cobre). (Fotografía: Horacio Almanza, 2010).

titutivo de la representación hegem ónica. El fin de individualizar a los sujetos colectivos en el discurso e interpretación de este tipo de controversias es el de privarlos de cualquier carácter social y, por lo tanto, político. Al despolitizar esta perspectiva, los actores dom inantes utilizan argum en­ tos técnicos, m orales o jurídicos para responsabilizar a los individuos y así evitar po n er en la agenda las causas históricas y estructurales de la desigualdad y la injusticia que subyacen a los intentos de despojo. M endoza Pagés, presunto propietario legal de las tierras de W etosachi/El M adroño, acusó a los asesores de W etosachi, especialm ente a la directora de la ONG , de estar m otivados por oscuros intereses .36 El interm ediario de SENSA, am enazó a su vez a los aseso­ res de M ogotavo cuando los encontraron en su trayecto a la com unidad. Estas opiniones reducen el conflicto a u n problem a entre particulares, y por tanto, los m iem bros de la com unidad, o bien, sus asesores se vuelven blancos fáciles para ser responsabilizados, crim inalizados, am enazados y neutralizados. En este sentido, las causas estructurales, así com o las relaciones de poder desigua­ les e históricas, no son perspectivas a ser consideradas. Por el contrario, dichas interpretaciones históricas, sociales y políticas del problem a son invisibilizadas, ocultando así el papel desem peñado por las élites políticas en los procesos

36 Entrevista personal con P.G., 17 de junio d e 2010.

Imagen 10. Espectacular anunciando la próxima inauguración del Proyecto Turístico Barrancas del Cobre. (Fotografía: Jorge Carrillo, 2012).

de dom inación. En sum a, el caso de M ogotavo m uestra la form a en que la influencia políti­ ca y económ ica de los inversionistas del ram o turístico, ju n to con los procesos agrarios que desfavorecen las dem andas territoriales de las com unidades in d í­ genas y los procedim ientos estatales para la resolución de disputas -form ales e inform ales-, h an contribuido a la constitución de desigualdades estructura­ les. Actores con u n a posición privilegiada en la estructura social (por ejemplo blanco-m estizo, hom bre, heterosexual, políticam ente vinculado, em presario, cacique o funcionario) tienen, a su vez, sus propios m ecanism os para el ejer­ cicio de la dom inación sobre actores subalternos, com o las com unidades rarám u ri de M ogotavo, W etosachi y Bakajípare. En cierto m om ento, las com unidades cam biaron de asesores y establecie­ ron vínculos con organizaciones de la sociedad civil con enfoque en derechos indígenas, las cuales eventualm ente generaron u n cam bio en el curso del p ro ­ ceso de disputa que h a com enzado a dar resultados m uy distintos y com ienza a dibujar u n panoram a prom etedor para las com unidades, en térm inos de recu­ peración de su posesión de la tierra, y aún m ás, de la adquisición de derechos de propiedad form al sobre ella.

Conclusiones En este capítulo he exam inado las disputas p or la tierra que ocurren en to r­ no al Proyecto Turístico Barrancas del Cobre y aplicado el m odelo conceptual de dom inación estructural para interpretar, analizar y explicar las condiciones estructurales, los actores y los m ecanism os que subyacen a la dom inación his­ tórica de ciertos grupos sociales sobre otros en la Sierra Tarahum ara. Al m is­ m o tiem po que los actores com parten u n m ism o territorio, contrastan tam ­ bién en cuanto a la desigualdad de condiciones político-sociales en que viven unos respecto a los otros.

Imagen 11. Sitio de construcción del teleférico en Divisadero (Fotografía: Horacio Al­ manza, 2010). En este sentido el Proyecto Barrancas se vio com o u n contexto adecua­ do para exam inar la cuestión de despojo sistem ático de tierras bajo u n su­ puesto estado de derecho y régim en dem ocrático. Los atributos particulares de los pueblos indígenas h an sido valorados com o inferiores por la m ayoría no indígena a lo largo de la historia m o d ern a de México y en los diferentes períodos históricos desde el periodo colonial. El análisis h a dem ostrado que la reproducción de estas form as de subordinación y dom inación se tornaron

estructurales y se entrelazaron con otras relaciones, supuestos, norm as y valo­ res prevalecientes (Young, 1990, 2000), a pesar de la existencia de u n régim en dem ocrático, republicano y representativo, característico del Estado m oderno. La Sierra T arahum ara se considera aquí com o u n contexto para observar estas dinám icas, ya que es u n territorio indígena dirigido históricam ente por las élites económ icas del n orte de M éxico y, al m ism o tiem po, u n espacio en el que estas han decidido desarrollar su proyecto m odernista. El análisis revela, sin embargo, que lo que hace posible este proceso de dom inación son factores tales com o la naturaleza m o d ern a de las instituciones del Estado, la econom ía m undial, las relaciones sociales y las subjetividades tejidas y perpetuadas a lo largo de la historia. En este contexto h an florecido y se han reforzado m ecanis­ m os de dom inación particulares. La dom inación, sin embargo, no se encuen­ tra basada sólo en la idea de raza (Quijano, 2002), sino tam bién en la idea de posicionalidad estructural (Young, 2000). En otras palabras, en la posición en la que diferentes actores se encuentran en la estructura social y la form a en que sus atributos son cotidianam ente valorados en la sociedad. La dom inación estructural h a sido perpetuada y reforzada a lo largo del tiem po, resultando en la restricción a la autodeterm inación de las com unida­ des indígenas rarám uri. Estos resultados dem ostraron estar m otivados por el efecto de tres tácticas principales de dom inación. En p rim er lugar, la institucionalización de la dom inación, donde los m ecanism os políticos inform ales se oficializan y legitim an con el tiem po. En segundo lugar, la representación política que se utiliza com o argum ento para la legitim ación de la m ediación y las prácticas clientelares que socavan la agenda de las com unidades. En tercer lugar, las representaciones hegem ónicas, donde las com unidades indígenas y el desarrollo de tipo m odernista en sus tierras es interpretado a conveniencia y tergiversado contra los intereses de las com unidades. Por ejemplo, el desarro­ llo turístico es descrito com o u n instrum ento para la creación de riqueza, así com o u n a solución al desempleo. Las razones p o r las que en la actualidad las com unidades rarám uri des­ critas continúan siendo propietarios de sus tierras y sigan luchando por estos derechos se fu ndam entan en el ejercicio de sus prácticas, espacios e institu­ ciones de autodeterm inación, tales com o sus sistem as norm ativos; así com o en las alianzas que han forjado con redes de solidaridad, organizaciones de la sociedad civil y sus asesores legales. El abandono de las relaciones clientelares y la decisión de vincularse a asesores legales solidarios llevó a las com unida­ des a discutir sus asuntos tanto con abogados com o al interior de sus propios sistem as norm ativos y a llevar sus dem andas a los tribunales, logrando ah o ­ ra resultados m ás concretos y contundentes. Sin embargo, aún es dem asiado pronto para ver resultados definitivos; al m om ento, todos los procesos de ex­ propiación y desplazam iento se encuentran congelados, los problem as están

ya en la agenda política y en la opinión pública y las com unidades indígenas se posicionan crecientem ente com o sujetos políticos y jurídicos.

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37 Nom bre anonim izado.

Expropiación de tierras ejidales como estrategia gubernamental para el desarrollo del turismo de masas en la isla de Cozumel, México

Lea Carvalho Rodrigues1

Introducción Este capítulo ofrece u n a perspectiva de la relación entre el desarrollo del turism o y la apropiación territorial en Cozum el, u n proceso a través del cual el ejido del m ism o nom bre, fundado en la isla en 1930, perdió la m ayor parte de sus tierras en unos cuantos años. El trabajo se basa principalm ente en datos de u n a investigación etnográfica que realicé en la isla durante 2011 y parte de 2012 , a fin de estudiar la configuración socio-espacial de la m ism a, que fue constituyéndose a través de diversas fases del desarrollo turístico .2 D u rante varios años, la isla de C ozum el se fue transform ando en u n des­ tin o turístico de sol y playa tradicional, con u n a industria hotelera bastante m oderada, pero que en años recientes se h a consolidado com o u n destino im ­ p o rtan te del turism o de cruceros y las actividades de buceo m arino. En p a rti­ cular, el turism o de cruceros es u n a de las actividades m ás atrayentes para el capital turístico internacional, especialm ente para el capital interesado en las

1

Universidad Federal do Ceará, Brasil. Correo Electrónico: leaufc@ gm ail.com .

2

Se trata de un proyecto de investigación realizado com o parte de una estancia com o investigadora visitante en CIESAS Peninsular, “Efectos del turism o en poblaciones locales: estudio etnográfico de la Isla de Cozum el, en la Riviera Maya, México. Una com paración con la Costa Cearense de Brasil". Reporte de Investigación, CIESAS, abril de 2012, México, DF, Inédito.

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Imagen 1. Llegada de cruceros a Cozumel (Fotografía: Antonio Rodrigues, 2011). inversiones en el ám bito del turism o de m asas .3 En esta m odalidad de turism o, C ozum el ocupa el segundo lugar m undial en la recepción de pasajeros, y el p rim er lugar en M éxico y en la región del C aribe .4 La isla de C ozum el se localiza en el m ar Caribe, a 18 kilóm etros del con­ tinente, donde se encuentra el corredor turístico denom inado Riviera Maya, que se extiende a lo largo de los m unicipios de Benito Juárez (donde se localiza C ancún) Solidaridad y Tulum . Estos m unicipios se ubican en la costa norte del estado de Q u in tan a Roo, en la Península de Yucatán .5 C ozum el es u n lugar privilegiado p or sus bellezas naturales, que h an constituido a la isla com o uno de los destinos turístico de m ayor im portancia en el Caribe. Sus arrecifes de

3

Com o inform an Lozano y Torrejón (2006) el turism o de cruceros es una de las m odalidades de turism o que más crece en la industria turística m undial. Según datos de la Organización M undial de Turism o (OMT, 2008: 101) este creci­ m iento es reciente, desde finales de la década de los noventas, y se espera su continuidad en razón de la econom ía de escala obtenida por el increm ento del núm ero de cam as por buque. La expectativa es que en una década (2004-2015), el núm ero de pasajeros pase de 13 m illones en 2014 a 25 m illones en 2015.

4

En 2013 desem barcó en Cozum el un total de 2.751,178 pasajeros de cruceros (API, 2014). Para una com paración de este fenóm eno con otras islas del Caribe véase tam bién O M T (2008: 36-40).

5

La Península de Yucatán es, desde el punto de vista geopolítico, una entidad form ada por tres estados de la república m exicana: Yucatán, Cam peche y Quintana Roo. Desde el punto de vista biogeográfico, es un área natural que incluye a Belice, a la región conocida com o Petén y las áreas próxim as a los estados de Chiapas a Tabasco. Se trata de una porción de tierra que avanza sobre el Golfo de M éxico y el mar Caribe, abarcando una extensión de 1,100 kilómetros de litoral (Flora Digital: Península de Yucatán, disponible en http://w w w .cicy.m x/sitios/flora% 20digital/areaestudio. htm l. Consultado el 22/05/2014).

coral que form an parte del Sistema Arrecifal M esoam ericano, el m ás extenso del hem isferio con cerca de 900 kilóm etros a lo largo de la costa caribeña de México, Belice, Guatem ala y H onduras, atrae a buzos de todo el m u n d o .6 A de­ m ás, existe u n a rica herencia arqueológica con vestigios prehispánicos de las antiguas culturas mayas. E n el pasado prehispánico C ozum el fue u n im p o rtan ­ te puerto com ercial y u n centro cerem onial de peregrinación. La bibliografía existente sobre C ozum el, sobre todo la de carácter histórico (A ntochiw y César, 1991; César y Arnaiz, 1998; Antochiw, 1998; Ram os, 1999; M acías, 2002, 2004; Santander y Ram os, 2011), m uestra cóm o la isla experi­ m entó diferentes etapas económ icas en los siglos XIX y XX, algunas de ellas de gran im portancia para el estado de Q u in tan a Roo. D urante el auge de la p ro ­ ducción de chicle7, copra 8 y la explotación forestal, la isla ocupó u n a posición central en la econom ía del territorio, en virtud del control ejercido p or la adua­ n a local sobre las exportaciones .9 C on la caída de los precios de esos productos en el m ercado internacional, hacia el final de la prim era m itad del siglo XX, hubo u n a reorientación de la actividad económ ica hacia el turism o, proceso dirigido p or las élites locales: familias poderosas que se habían enriquecido en los periodos anteriores. C ozum el tiene características particulares en lo que se refiere al turism o internacional: aunque es u n a isla, desde la década de 1950 posee toda la in ­ fraestructura necesaria para el desarrollo del turism o, contando desde en to n ­ ces con u n aeropuerto internacional, puertos y carreteras, adem ás de u n a zona hotelera (Santander y Ram os, 2011 ).10 De hecho, para entonces era ju n to con Isla M ujeres y M érida, los lugares turísticos m ás im portantes de la península de Yucatán. Actualm ente, en la isla existen 47 hoteles que registran 4,070 habitaciones de hospedaje (SEDETUR, 2014). Prácticam ente toda la infraestructura tu rísti­ ca de la ciudad está preparada para atender, de m anera sim ultánea, la dem anda de hasta ocho cruceros, lo cual significa acoger en u n solo día a unos 20 m il

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Véase SEM ARNAP (1998).

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El chicle, o Tziclit en maya, es un látex extraído del árbol de chicozapote, tam bién conocido com o árbol del chicle, encontrado en las selvas de los estados de Cam peche y Quintana Roo.

8 La copra es la pulpa seca del coco, utilizada para la fabricación de alim entos y m últiples productos industriales. 9 En 1902 se creó una aduana en Cozum el y la isla que se convirtió en un puerto de em barque de chicle para los Estados Unidos. Toda la producción se daba en el continente, pero había que pasar por esta aduana para su exportación. Des­ pués de establecida la aduana, se construyeron alm acenes y se instalaron oficinas de las grandes em presas chicleras. La isla contaba con un num eroso contingente de funcionarios públicos y la mayor parte de los pescadores y agriculto­ res abandonó sus actividades para trabajar de alijadores en el m uelle (Ram os, 1999). 10 Santander y Ramos (2011:19) afirm an que entre 1940 y 1950 Cozum el era un pequeño poblado que no pasaba de los 2,500 habitantes, con una econom ía basada en la pesca. Los intereses norteam ericanos sobre el control de esta región y sobre todo del canal de Panam á, influyeron para que se construyera en la isla un aeropuerto de grandes dim ensiones. La divulgación de las bellezas naturales de la isla atrajo tam bién el interés de turistas norteam ericanos de gran poder adquisitivo, lo cual propició la construcción de hoteles, sobre todo durante los años que le siguieron a la revolución cubana (Santander y Ramos, 2011:21).

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Imagen 2. Vista del muelle de Cozumel desde la zona hotelera (Fotografía: Antonio Rodrigues, 2012). turistas, adem ás de la tripulación de las em barcaciones .11 En 2012, por ejem ­ plo, se llegó a u n record histórico al recibir en la ú ltim a sem ana de febrero un total de 24 cruceros, con cerca de 60 m il pasajeros, lo que supuso u n a derram a económ ica de aproxim adam ente cuatro m illones de dólares .12 Para el m es si­ guiente, se esperaba que el núm ero de em barcaciones aum entara a 27, con la expectativa de generar u n ingreso de seis m illones de dólares .13 Es im portante resaltar que la form ación de u n destino turístico supone el

11 Durante la investigación de cam po se registraron 10 agencias de viaje y 41 dives, aunque estos núm eros no consideran aquellos establecim ientos pertenecientes a, o ubicados dentro de los hoteles. En la zona turística de Cozum el hay un dinám ico m ovim iento com ercial dirigido al turism o. Predom ina la com ercialización de artesanía y de productos com o perfum es, relojes, anteojos y puros (en total se registraron 16 tiend as grandes y 67 pequeñas dedicadas a la com er­ cialización de estos productos). Hay, asim ism o, 16 grandes joyerías y 42 de m enores dim ensiones; 23 restaurantes de primera y tipo m edio. Adem ás, hay dos grandes tiendas duty-free dedicadas a la venta de perfum es, crem as y relojes; 65 tiendas de ropa; 14 lugares de venta de paseos turísticos localizados en los atracaderos de barcos de pasajeros y dos en los alrededores de la plaza central. Existen tam bién m últiples establecim ientos de alim entos, arrendadoras de autos, bares, etc. Los clubes de playa situados en la zona sur, en la parte occidental de la isla, atienden principalm ente al turism o de crucero. 12 “Desciende arribo de cruceros", Luis R. Itzá, en Quequi, 27 de febrero de 2012, disponible en http://www.quequi.com. m x/2104 cozum el/1486948-desciende-arribo-de-cruceros.htm l, consultado el 10 de marzo de 2012. 13 “Recibirá Cozum el alrededor de 130 cruceros durante m arzo informa la APIQROO", en Unidad del vocero. disponible en http://www.vocero.qroo.gob.m x, consultado el 05 de m arzo de 2012.

control sobre grandes extensiones de tierra, necesarias tanto para la instala­ ción de la in fraestructura turística -aeropuertos, carreteras, obras de sanea­ m iento, energía eléctrica, etc.-, com o para la creación de productos de interés turístico -z o n as hoteleras, clubes de playa, parques naturales-. Es en relación con lo anterior que en este texto se responde a la pregunta de cóm o le fue posi­ ble al capital turístico acceder a extensiones de tierra tan estratégicas com o las zonas de playa, sobre todo a aquellas que se encuentran en la región arrecifal, si la isla, tal com o lo m uestran los datos del Registro N acional A grario (RAN), hasta 1974 estuvo conform ada por tierras de propiedad ejidal, que correspon­ dían al 88 % de su superficie .14 Para responder a lo anterior, en p rim er lugar abordo cuál ha sido el p ro ­ blem a de la tierra en contextos de expansión turística y, en segundo lugar, el proceso, iniciado en 1974, de expropiación del 75% de las tierras del ejido C o­ zum el. Finalm ente, abordo de form a m ás detallada los datos sobre la cons­ titución del fideicom iso que com ercializó las tierras ejidales, vendiéndolas a inversionistas del sector turístico. El trabajo tiene la intención de m apear los actores centrales, los intereses involucrados, las negociaciones y conflictos, así com o de exponer los resultados de este proceso a p artir de la inform ación disponible.

La tenencia de la tierra en el contexto de expansión mundial del tu­ rismo A m edida que el turism o fue expandiéndose en las últim as cuatro décadas, in co rporando cada vez a m ás países con econom ías débiles o en vías de crecim iento15, h a tenido lugar u n a fructífera reflexión académ ica al respecto, en el cam po de las ciencias hum anas -so b re todo en la geografía, pionera en los estudios sobre el tu rism o 16, y tam bién en la sociología y la antropología- sus­ tentada en datos provenientes de investigaciones em píricas. Inicialm ente, los estudios partieron de u n a aproxim ación predom inantem ente económ ica, y del registro de las actividades y el análisis de datos estadísticos. Posteriorm ente, cuando cobraron im portancia los aspectos relativos al im pacto del turism o en

14 Registro Nacional Agrario (RAN), D ecreto Presidencial de Expropiación del Ejido Cozum el (Luis Echeverria Alvarez, 27/05/1974), Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Quintana Roo, Chetum al, Q.Roo, N ° Extraordinario. 2^ ép o­ ca, Tomo II, Carpeta Básica del Ejido Cozum el, 21 de mayo de 1979. 15 Según datos de la Organización M undial del Turism o para 2012 (UNW TO, 2012), aun en un contexto de fuerte crisis económ ica mundial, el turism o creció 4% en relación al año anterior, registrando un billón de llegadas internacionales y m anteniendo la tendencia de crecim iento proyectada por la Organización para los años de 2010 -2 0 20 , estim ada en 3.5% al año. Los países em ergentes, principalm ente de Asia, el Pacífico y África, tuvieron un crecim iento inclusive mayor, del orden del 5%. 16 Graburn (2009:16) afirm a que fueron los geógrafos los prim eros entre los científicos sociales en considerar al turismo com o objeto de estudio, en las décadas de 1950 y 1960, y Valene Sm ith, una geógrafa que se convirtió en antropóloga, su precursora en este tipo de estudios.

las sociedades estudiadas, priorizaron sus dim ensiones sociales, económ icas y culturales (Santana, 2006). La tenencia de la tierra o el acceso a ella es fu n ­ dam ental para la conform ación de cualquier destino turístico, pues posibilita la creación de grandes ofertas de servicios com o hoteles, resorts, play parks y otros atractivos, al m ism o tiem po que define la orientación del tipo de turism o que se desarrolla. De esta m anera, puede concluirse que en las áreas de interés turístico es un o de los grandes factores que definen el im pacto sobre las pobla­ ciones locales. Los resultados de la investigación em pírica y de las reflexiones teóricas so­ bre el avance y la expansión del turism o en países cuyos gobiernos h an elegido a esta actividad com o estrategia de desarrollo, señalan algunos aspectos rele­ vantes a considerar: 1) los niveles e intensidad en que el espacio turístico es m ercantilizado; 2) el lugar central que ocupa el Estado com o responsable de la planificación y com o agente regulador del espacio y de la disponibilidad de las tierras necesarias para la expansión del turism o; 3) las disputas y conflictos generados p o r la expropiación de tierras y por la relocalización de las pobla­ ciones residentes en las áreas de interés para el capital turístico (Rodrigues, 2014b). En cuanto al p rim er aspecto, la m ercantilización del espacio turístico, M eethan (2001) afirm a que tiene lugar en dos niveles interrelacionados: como resultado de la divulgación de im ágenes y representaciones espaciales p or p ar­ te de las operadoras turísticas, y com o representaciones sim bólicas del espacio, apropiadas p or el turista en tanto experiencia vivida, y replicadas en las n a rra ­ tivas sobre los lugares. Éstas se enm arcan en la com prensión del turism o como u n proceso de producción de espacios que las transform a en m ercancías para el consum o turístico .17 Es im portante señalar que en el turism o estas dos dim ensiones -la p ro d u c­ ción y consum o de los espacios- no deben pensarse de form a separada, pues son dos aspectos interdependientes de u n m ism o proceso. De esta m anera, com parto con López y M arín (2010) su concepción del turism o “com o parte de las dinám icas de m ercado, com o configuración espacial y com o producción y consum o cultural” ( 2010 : 220 ). En cuanto al segundo aspecto, es decir, la centralidad del Estado en la con­ form ación de los destinos turísticos, vale la pena considerar a de Kadt (1979) y sus observaciones sobre los gobiernos que eligen al turism o com o u n a estra­ tegia de desarrollo económ ico y social. Para el autor, en esos gobiernos gene­ ralm ente falta u n a definición clara del lugar que debe ocupar esta actividad 17 Para Urry (2001), por ejem plo, lo que marca por excelencia la experiencia turística es la contem plación, el consum o de los lugares. Aspecto tam bién priorizado en el abordaje de Augé (2008; 2010) para quien la fascinación por las ruinas hace del viaje turístico un espectáculo y una experiencia tem poral. Dice el autor: “C ontem plar unas ruinas no es hacer un viaje en la historia, sino vivir la experiencia del tiem po, del tiem po puro" (Augé, 2008: 45).

Imagen 3. Turistas de cruceros en el malecón de Cozumel (Fotografía: Antonio Ro­ drigues, 2011). económ ica en las estrategias de desarrollo; se carece tam bién de u n a evalua­ ción de los efectos de los diferentes tipos de turism o, sobre todo en cuanto a las posibles ventajas sociales, y está ausente u n a planeación que com pare las ventajas de los proyectos turísticos elegidos con respecto a otros proyectos del m ism o sector. D e acuerdo con de Kadt, los m étodos y técnicas de plani­ ficación adoptados no ponen de m anifiesto las particularidades de cada país, sobre todo cuando se trata de países pequeños, en los cuales las posibilidades de m aniobra son m ás lim itadas p or la ausencia de cuadros técnicos y adm inis­ trativos calificados. Respecto a la cuestión de la tenencia de la tierra, de Kadt (1979) ejemplifica con los casos de las Islas Seychelles, C hipre y Malta. En el prim ero, el gobierno im puso restricciones legales a la venta de tierras a extranjeros, aunque en un contexto en el que éstos ya controlaban u n a cuarta parte de la superficie del país. En Chipre, el control y la planificación se llevaron a cabo solam ente des­ pués de que los problem as generados por el turism o habían tenido lugar. En M alta, igualm ente, la legislación que lim ita la especulación en to rn o a la ten en ­ cia de la tierra fue creada sólo después de la efervescencia del sector inm obi­ liario. C on todo lo anterior, el autor llam a la atención sobre la incapacidad del

Estado para anticiparse a los acontecim ientos. Por otro lado, de K adt se refiere al caso de países com o México, en d o n ­ de la actividad turística fue planificada fuertem ente, pero sin que incluyera la protección de las poblaciones locales. A este respecto, el autor m enciona la adquisición ilegal de tierras com unales en P uerto Vallarta y la dificultad de las poblaciones locales para hacer frente a las em presas tanto nacionales com o extranjeras en el proceso de regularización de las tierras .18 Tam bién so­ bre México, Pi-Sunyer, Thom as y D altabuit (2001: 126), afirm an que el desa­ rrollo turístico en el estado de Q u in tan a Roo, a la vez que estim ula la creación de empleos, desplaza a la población indígena, convirtiéndola en u n a m inoría en su m ism a tierra de origen, generando con ello el abandono del cam po y el surgim iento de enclaves m arginalizados en los grandes centros turísticos. Los autores concluyen que la desestabilización de los sistemas y form as de utiliza­ ción de la tierra es el efecto m ás nocivo del avance del turism o en Q uintana Roo (2001: 139). Por últim o, respecto al tem a de los conflictos generados p o r la expropia­ ción de tierras y p o r las relocalizaciones forzadas -a su n to s que son centrales para el presente trab a jo - vale la pena destacar que no sólo suceden porque los pueblos se ubican y poseen territorios que son de interés para el desarrollo de la indu stria turística. Esto adem ás acontece porque m uchas veces la presencia de dichas poblaciones “agrede” la perspectiva visual de los turistas. En este sentido, M ow forth y M unt (2009) m uestran los efectos culturales nocivos en Bali, que resultaron de la construcción de hoteles en tierras sagradas, al m ism o tiem po que las zonas agrícolas eran transform adas en play-grounds. De igual form a, los autores señalan la férrea reacción de las com unidades cam ­ pesinas en El Salvador, contra la concesión de grandes áreas forestales que otorgó el gobierno, y el reclam o por los desplazam ientos forzados de localida­ des con el propósito de construir hoteles de lujo, reivindicaciones que trataban de hacer valer la Ley de Áreas N aturales Protegidas. M ás recientem ente, M owforth, C harlton y M unt (2008), ejem plifican este tipo de procesos, con el desalojo de las favelas y las relocalizaciones llevadas a cabo en la ciudad de Río de Janeiro, Brasil, en ocasión de la celebración de los Juegos Panam ericanos de 2007. Esta situación centrada en la discusión sobre las desigualdades sociales en las grandes ciudades y las políticas de apropia­ ción del espacio, ha venido agravándose en los últim os años en todo Brasil y particularm ente en Río de Janeiro, debido a los m ega eventos deportivos planeados: en 2013 la C opa de las C onfederaciones; 2014 el M undial de Fútbol 18 Sobre el proceso de turistificación de Puerto Vallarta, el dom inio de las em presas transnacionales y la relocalización de poblaciones locales debido a la expropiación de tierras ejidales, véase M arín (2009: 223-224). Este autor muestra cóm o el crecim iento poblacional derivado del turism o genera necesidades crecientes de infraestructura y habitación, al tiem po que se incrementa la búsqueda de nuevos espacios por parte de la industria turística.

Imagen 4. Atardecer en el Malecón de Cozumel (Fotografía: Antonio Rodrigues, 2011). y 2016 los Juegos Olím picos, eventos que tienen com o objetivo im pulsar el turism o en el país. En el presente texto propongo retom ar los argum entos vertidos y contribuir a la discusión contem poránea sobre los conflictos por la tenencia de la tierra en las áreas de interés turístico. El p unto de p artid a lo m arcan los resultados de m i propia investigación etnográfica realizada en 2011 en Cozum el, Q uintana R oo .19 De cierta form a, la propuesta retom a el debate que en la década de 1970 llevó a los estudiosos de la antropología del turism o a afirm ar la am bigüedad de la actividad turística: por u n lado, prom ueve el desarrollo económ ico y, por otro, produce efectos sociales y culturales negativos. A lgunos de los puntos im plícitos en estas críticas deben tenerse presentes. U no es la afirm ación de que el grado de influencia del Estado depende de la m anera en que cada país trata con los problem as económ icos y sociales; el otro, la necesidad de fijar la atención en la form a en que el Estado lidia con esos problem as (de Kadt, 1979: 21 ). En el caso específico del turism o, tam bién creo conveniente poner aten­ ción en la legislación de cada país y en las m odificaciones introducidas en ella com o m anera de facilitar el desarrollo de las actividades turísticas. Desde esta perspectiva, se puede afirm ar que la m agnitud de los efectos del turism o, en especial en las poblaciones locales y en el m edio am biente, depende de las p ar­ ticularidades y los contextos locales. De la m ism a form a, la m ayor o m enor fa-

cilidad que tiene la industria turística para acceder a áreas sobre las cuales tie­ ne interés, depende del aparato legal de cada país, y com o podrem os advertir en este caso, de sus vínculos con los gobiernos nacionales, regionales y locales.

La producción del espacio turístico en la isla de Cozumel, México. El área costera de C ozum el fue fundam ental para transform ar a este lugar en u n destino turístico entregado especialm ente al turism o de cruceros y al buceo. Del perím etro total de la isla, prácticam ente tres cuartas partes corres­ p o n d en a áreas costeras con acceso directo al mar, aguas limpias y herm osos arrecifes de coral, que son su m ayor atractivo turístico .20 En la parte occidental de su zona costera se instalan los muelles, razón p o r la cual el dom inio y con­ trol de esas tierras es vital para el desarrollo del turism o en la isla, en especial sobre el área costera que corresponde a la zona de los arrecifes, especialm ente valiosos p or el interés que sobre ellos se tiene para la construcción de hoteles, clubes de playa y em presas de buceo (ver m apa 1). Todo el área que va desde los arrecifes de Palancar, al sur, hasta Playa San Juan, al norte, sobre la costa occidental de la isla, está ocupada principalm ente p or hoteles de tipo All Inclusive y de alta categoría, clasificados com o de cuatro o cinco estrellas. Por ello, el acceso a las playas o a los arrecifes pasó a ser con­ trolado p or los dueños de los hoteles y los clubes de playa. Estos condicionan el uso de la playa y las actividades com o el snorkel y el buceo al consum o de bebidas, com ida o al pago por la utilización de sillas en la playa o en el club. Los hoteles y resorts prohíben el paso de los no huéspedes que deseen acceder a la playa. Es p or ello que M artínez (2007: 135) al hacer u n a tipología de las áreas costeras de uso turístico y recreativo en Cozum el, señala com o uno de los principales resultados de su tesis “la dism inución de los sitios costeros abier­ tos” - playas públicas - “en la m edida en que se avanza desde la ciudad sobre el eje no rte-su r de la costa oeste”. N o obstante, hay que destacar que las áreas costeras de la isla que des­ p e rta ro n el interés turístico form aban p arte del ejido C ozum el -establecido p o r resolución presidencial el 1 7 de enero de 1 9 4 5 y d o tad o con 4 2 .1 2 0 h ec­ táreas-, lo cual significó la turistificación del 88 % de toda la superficie de la isla .21 De esta extensión de tierras, 31,658 hectáreas le fueron expropiadas por 20 La superficie de la Isla es de 477.86 km2 (INEGI, 2011). M ide aproxim adam ente 48 km de norte a sur y 14.8 km de este a oeste, lo que la convierte en la tercera isla más grande de M éxico (Ayuntam iento de Cozum el, 2011). Es una isla plana y su relieve no rebasa los 12 m etros en las partes m ás elevadas. La Isla es una plataform a insular de roca caliza que flota sobre un mar tranquilo -para quien la observa de lejos-, cuyas aguas se vuelven transparentes cuando las em bar­ caciones se aproxim an de ellas. La naturaleza es la principal atracción turística de Cozum el: sus aguas cristalinas, con visibilidad de más de 4 0 metros permiten la incursión de buceadores hasta aguas profundas para adm irar los arrecifes de coral (SEM ARNAP, 1998). 21 La resolución presidencial especificó su división en 108 parcelas de 390 hectáreas cada una (RAN, Carpeta Básica del ejido Cozum el, 1963).

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Imagen 5. Restaurantes, bares y hoteles en el Malecón de Cozumel (Fotografía: Anto­ nio Rodrigues, 2012).

decreto presidencial de 27 de mayo de 1974, bajo el argum ento de que en esas tierras no se realizaban m ás actividades agrícolas que justificaran la dotación y que, p o r otro lado, dichas tierras habían adquirido gran interés turístico (RAN, C arpeta Básica del Ejido Cozum el, 1979c). Así, por razones de interés público, se expropió u n a gran parte del ejido C ozum el .22 Las tierras expropiadas fueron incorporadas al Fideicom iso Traslativo de D om inio, denom inado “CALETA XEL-HA y DEL CARIBE”, con la finalidad explícita, com o consta en el decreto de expropiación, de llevar a cabo su frac­ cionam iento y posterior venta com o lotes urbanos, para el desarrollo integral del turism o en la isla, la constitución de em presas turísticas y la regularización de tierras ejidales en poder de terceros. El intento de reconstruir de m anera sintética el proceso que dio com o re ­ sultado la expropiación de las tierras pertenecientes al ejido C ozum el a través del m apeo de los actores centrales, de los intereses en juego, así com o de una exposición de los resultados del proceso de expropiación, lleva a la reflexión sobre el papel de los estados nacionales así com o del aparato legal de cada país en el establecim iento de estrategias de desarrollo turístico. En el caso de M é­ xico, la facultad presidencial, Ley A graria original y las reform as instituidas,

22 La alegación del interés público se basó en las fracciones V y VI del artículo 112 de la actual Ley Federal de Reforma Agraria que indican com o causas de utilidad pública para expropiación de bienes ejidales o com unales: la creación, fom ento y conservación de una em presa de beneficio para la colectividad y la creación o el m ejoram iento de centros de población y de sus fuentes propias de vida (RAN, Carpeta Básica del Ejido Cozum el, 1979c).

com o se ha dicho, fueron los instrum entos legales que perm itieron la expro­ piación de las tierras ejidales. La utilización de la figura jurídica del fideicom i­ so, posibilitó la creación de consorcios involucrando al gobierno e instancias estatales creadas con el fin exclusivo de conducir el planeam iento del turism o y controlar el financiam iento y la venta de áreas y negocios turísticos. 23 M arín (2010: 27), en su análisis sobre la producción de los espacios tu rísti­ cos en la Riviera Maya, afirm a que la creación del fideicom iso perm itió tran s­ ferir al estado de Q uintana Roo las reservas territoriales, objeto de interés de u n m ercado de tierras cada vez m ás lucrativo en la región, sugiriendo además, que esto no sólo benefició a em presarios sino tam bién a u n núm ero significa­ tivo de políticos que en vista a la im punidad, obtuvieron beneficios personales de estas transacciones. En el presente caso, de Cozum el, es posible verificar la conjunción de los intereses em presariales y políticos que se retroalim entan en continuidad (Rodrigues, 2014a). Sin embargo, antes de proseguir, es necesario entender la configuración te­ rritorial de la isla de C ozum el en relación a la propiedad y el uso de las tierras, poniendo atención especial en las áreas en donde se desarrollan las actividades turísticas (ver m apa 2 ). C om o se puede observar, la porción m ás grande de tierras de la isla, seña­ lada en color verde claro, representa el rem anente de las tierras del fideicomiso FIDECARIBE. Las tierras nacionales adm inistradas p o r el IPAE se encuentran en el extrem o n orte de la isla, en color verde oscuro. En naranja se localiza el fundo legal del m unicipio y en blanco el área del aeropuerto, el cual colinda con la m ancha urbana. Las tierras en com odato C. A. P. A., som breadas en gris, se encuentran al centro de la isla y sirven para la captación de agua potable. Finalm ente, en color blanco se señalan las tierras ejidales, y en rojo, las áreas de propiedad privada. La parte occidental es la m ás cotizada ya que, en com paración con la costa oriental cuyo m ar es bravío y de fuerte oleaje, el m ar es m ás tranquilo y p ro ­ picio para actividades com o el buceo y los baños de mar. Asimismo, en esta zona se encuentran los arrecifes, el principal atractivo turístico de Cozumel; así com o los parques nacionales de C hankanab y P unta Sur. Al noroccidente predom inan los hoteles, zonas residenciales de lujo, cam pos de golf y zonas de 23 Según Sánchez Sodi (1996: 9) fideicom iso se refiere a la transm isión de bienes de una persona -fid e icom ite n te- a otra a través de un interm ediario, llam ado fiduciario, quien lo transm itirá en el futuro al destinatario del referido bien. Dice el autor que, a decir verdad, se trata de una figura jurídica que otorga un gran margen de acción para realizar toda la actividad jurídica que permita la creatividad de los abogados, siem pre que sea lícita. En el caso del fideicom iso m exicano, dice Sánchez Sodi (1996: 12-36) que éste deriva de una adaptación del trust anglosajón y que se encuentra regulado com o una operación de crédito (artículo 346 de Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito). Sin em ­ bargo, quien realiza operaciones de crédito en el país son solam ente las instituciones de crédito. De esta form a, en el caso de las tierras de interés turístico, el gobierno m exicano creó fideicom isos, com o entidades interm ediarias entre la federación y los inversionistas, para recibir las tierras nacionales que serían vendidas a través de una institución pública de crédito.

condom inios. Aquí es en donde vive la elite cozum eleña, integrada p or pocos grupos familiares que poseen gran poder económ ico y político en la isla y que se desenvuelven en ám bitos tales como: 1) El ram o inm obiliario, con la posesión de terrenos y bienes inm uebles en la zona u rb an a así com o con el desarrollo de proyectos residenciales. Sobre la zona costera, a lo largo del M alecón, hay decenas de inm uebles propiedad de esos grupos familiares y que son arrendados para la venta de artesanía, joyería, perfum ería, ropa, equipos para buceo etc. Fuera del área central del poblado, en la región del Parque M arino Cozum el, donde se encuentran los arrecifes, son propietarios de los terrenos ocupados p o r los clubes de playa; 2) En el ram o turístico, a través de la inversión en hoteles, tiendas, clubes de playa, com pañías de aviación y otros m edios de trasporte, adem ás de con­ trolar el abastecim iento de com bustible en la isla; 3) En la política, pues hay u n a participación activa de sus m iem bros, quienes ocupan puestos im portantes com o el de gobernador del estado, el de presi­ dente m unicipal en C ozum el y en otros m unicipios com o Benito Juárez y Playa del Carm en; tam bién hay diputados y senadores así com o em pleados con cargos directivos en la esfera federal, com o en el Fondo N acional de Fom ento al Turism o (FONATUR) y la Secretaría de Turism o (SECTUR). Los principales grupos familiares, identificados p or sus apellidos, González y Joaquín, disputan la prefectura de C ozum el y el gobierno del estado. Desde 1975, año en que fue creado el estado de Q uintana Roo, cuatro de los siete go­ bernadores h an sido de Cozum el; uno es de la fam ilia Joaquín, y los otros tres representantes de las familias Borge, M artín, Angulo C anto y González, quie­ nes m antienen entre sí alianzas políticas y económicas. H ay tam bién intentos p or parte de estas familias p or extender el dom inio político a la zona continen­ tal, en los m unicipios de Solidaridad y Benito Juárez, donde se sitúa C ancún. U n hijo de Nassim Joaquín fue gobernador del estado; otro hijo, producto de u n a un ió n extra conyugal, ocupó el cargo de presidente m unicipal en Playa del C arm en; y su hija fue senadora de la república y presidente del DIF m unicipal cuando su esposo ocupó el cargo de presidente m unicipal de Benito Juárez. Asim ism o, es de sum a im portancia considerar el poder que se concentra en la figura casi m ítica de N assim Joaquín, hijo de u n m igrante libanés que llegó a la isla en 1913 cuando la instalación de la aduana abrió grandes posibilidades para los negocios a extranjeros que allí se establecían, com o lo fue el caso de las familias Joaquín, Coldwell y González. A ctualm ente, Nassim es conocido com o el “Tatich”, en referencia a los antiguos jefes mayas, lo cual expresa en el plano sim bólico su poder m aterial y político. Vale la p ena destacar que la dotación ejidal (ver tabla 1) fue hecha en la década de 1930, durante el gobierno del presidente Lázaro C árdenas, en una época cuando la isla vivía las consecuencias de la crisis de la producción de

chicle y copra. El chicle y la copra habían tenido su auge al inicio del siglo XX, durante los m ism os años en que fue creada la aduana en Cozum el, lo que representó cam bios significativos en la econom ía de la isla. Los habitantes que habían abandonado la agricultura para trabajar com o estibadores se vieron entonces sin m edios para garantizar su sobrevivencia. Por ello, en este periodo la política im pulsada por el gobierno federal tuvo la intención de reactivar la agricultura y la pesca. La dotación de tierras ejidales generó enfrentam ientos entre el gobierno del entonces territorio de Q uintana Roo y los em presarios de la isla y según Ram os (1999: 73), la repartición de tierras fue u n a m edida del gobernador para intentar frenar el ascenso político y económ ico de los com erciantes cozum eleños. Esta puede ser la explicación de la dem ora que tuvo el proceso de dotación de tierras, pues la dotación final fue hasta 1965, cuando el turism o ya se desarrollaba en la isla, aunque no se tratara del turism o de masas. Esta acti­ vidad económ ica fue la estrategia de los em presarios locales frente al continuo debacle chiclero y ofreció los argum entos para la expropiación de las tierras ejidales. Es decir, tanto la dotación com o la expropiación ejidales están ligadas a los conflictos políticos entre el gobierno estatal y em presarios locales, en es­ pecial con aquellos que habían tenido éxito durante la época de oro del chicle y la copra (Rodrigues, 2014a). Ram os afirm a (1999: 89), y los docum entos del Registro Agrario Nacional de C hetum al lo confirm an, que en el periodo de espera de la dotación definiti­ va hubo ocupaciones ilegales de tierras en la costa de la isla, lo cual atrasaba el proceso de definitividad pues era necesario resolver los problem as derivados de las ocupaciones. De igual form a, describe que en el norte del poblado, terre­ nos propiedad del gobierno del territorio fueron arrendados a N assim Joaquín Ibarra para la construcción de uno de los prim eros hoteles en la isla, llam ado Hotel Playa, e inaugurado a inicios de los años de 1950. Finalm ente, el autor afirm a que al térm ino de esa década, los terrenos de la zona costera com enzaron a ser divididos: al sur del poblado se fraccionaron 35 ha para F ernando Barbachano; 4 km al norte, 10 ha para Félix González Bonastre; hacia el sur, en Playa San Francisco, M iguel Joaquín Ibarra solicitó 6 ha. Todos estos terrenos fronterizos a la zona federal m arítim a. Sin embargo, solam ente en 1974 la C om isión ejidal denunció la ocupación de varios terre­ nos, entre ellos los que se encontraban en la posesión de los herm anos de Nassim Joaquín, am bos ya fallecidos: Aurelio Joaquín, abuelo del actual presidente m unicipal de Cozum el, y M iguel Joaquín. En dicha denuncia y por la m ism a causa tam bién se incluyen los terrenos en posesión de R oberto Borge M artín, padre del actual gobernador del estado de Q u intana Roo .24 24 En la página 37 de la Carpeta Básica del Ejido Cozum el, constan las denuncias de Román Zapata M artín, com isario

TABLA 1. PROCESO DE DOTA CIÓN Y EXPROPIACIÓN DEL EJIDO COZUM EL AÑO

Asunto

Documento

1930

Dotación de tierras ejidales: la Plan aprobado por el Departamento superficie total de la isla. de Asuntos Agrarios y Coloniza­ ción, de 04/05/1930.

1945

Dotación de 108 unidades de Resolución presidencial de 17/01/1945 390 ha: toda superficie de la (Diario Oficial de la Federación, isla (menos los terrenos nacio­ 09/11/1945). nales).

1963

Dotación definitiva de 42,120­ Acta de Deslinde y posesión defini­ 00-00 ha para integrar 108 uni­ tiva, de 23/05/1963. dades del Ejido Cozumel.

1973-1975

2005

Expropiación 31,658 ha de tie­ rras ejidales y creación del Fi­ deicomiso Xel-Ha y del Caribe (FIDECARIBE).

Extinción del FIDECARIBE.

1) Creación FIDECARIBE: Contra­ to de Fideicomiso Traslativo de Do­ minio, de 15/08/1973 (Diario oficial de la Federación, 03/10/1973). 2) Entrega de los terrenos a Nacio­ nal Financiera: Decreto presidencial de 15/05/ 1975 (Diario Oficial de la Federación, 22/05/1975). 3) Acta de Posesión Definitiva y deslinde de la superficie expropiada al ejido Cozumel en favor de BANOBRAS, de 19/05/1979. La Ley del Patrimonio del estado de Quintana Roo de 29/03/2005 crea el IPAE, se liquida FIDECARIBE y se incorporan las tierras remanentes al IPAE.

Fuente. Elaboración propia a partir de datos del Registro Agrario Nacional (RAN): Carpeta Básica del ejido Cozumel (RAN, s/f, 1963, 1979b,c), Carpeta Expropiación Banobras (RAN, 1979a), Diario Oficial de la Federación 1972, 1973, 1975).

(1945,

En vista de lo expuesto, puede concluirse que el proceso de expropiación de m ás de 31 m il hectáreas del ejido C ozum el representó la victoria de los em ­ presarios locales sobre los ejidatarios. Casi sim ultáneam ente a este proceso de expropiación en 1974, la creación del estado de Q uintana Roo en 1975 creó las condiciones para que esta clase em presarial cozum eleña pudiera ascender a los cargos políticos que les garantizarían el dom inio político y económ ico sobre el nuevo estado de la federación y, adem ás, posibilitó su inserción en los órganos federales que centralizarían, a p artir de entonces, el planeam iento y el control del desarrollo del turism o en el país. U n dato im portante es que, según el docum ento de expropiación, ésta se daría para el beneficio de los ejidatarios. El director general de Banobras, en su dictam en concluyó: En vista de que el aprovechamiento turístico de las tierras ejidales del poblado “Villa Cozumel” es superior a la utilidad social del ejido, mediante la explotación agrícola de estas tierras, por no ser económicamente ya costeable la explotación de la resina zapote, resultando por sus atractivos turísticos, de mayor interés y pro­ ductividad económica, lo que elevará el nivel de vida de los ejidatarios y las posi­ bilidades de su progreso social y cultural y la de todos los habitantes de esta región del país (RAN, Carpeta Básica del ejido Cozumel, 1979c). Los datos de campo, entrevistas y conversaciones inform ales con los ejidatarios, revelan que ellos confiaron en las condiciones im puestas en la resolu­ ción presidencial, principalm ente en cuanto a su participación del 20 % de los lucros provenientes de las actividades turísticas que fueran desarrolladas en las tierras expropiadas, algo que nunca fue cum plido. Hoy, la situación del ejido es insólita: parte de los ejidatarios y sus familias viven en u n a situación precaria p o r no tener acceso a financiam iento para la agricultura o form as de com ercialización de los productos; así, quienes culti­ van sus tierras lo hacen sólo para garantizar el consum o fam iliar y buena parte de ellos vive de la prestación de servicios en el sector turístico (M artínez y Collantes, 2003). Son pocos los ejidatarios que intentan desarrollar la agricultura comercial. Incluso el M ercadito Ejidal, que era el lugar en donde los ejidatarios antes po d ían com ercializar sus productos, cerró sus puertas, lo que dificulta aún m ás los intentos de reactivar las actividades agrícolas.

ejidal, sobre el hecho de que el señor Fernando Herrero se había posesionado de un terreno de playa de 11 kilóm e­ tros, por el “cam ino costero que corre del extrem o oriente de la Carretera Transversal hasta el Faro de Punta Molas, posesión que com prende una faja de aproxim adam ente 600 m etros de ancho y en la que ha iniciado trabajos con el fin de justificar tal ocupación". En la página 46 hay un oficio fechado el 29 de agosto de 1972, con copia al jefe del departam ento de Asuntos Agrarios y Colonización, inform ando que “en el ejido Cozum el se vienen efectuando una venta fraudulenta de terrenos ejidales...". Y en la página 61 de dicho docum ento hay un Acta de Investigación, de 16 de agosto de 1973, levantada a partir de una queja realizada por el m ism o Román Zapata M artín contra Alberto Anduce Alcocer, por estar éste ocupando ilegalm ente los terrenos ejidales denom inados Chan Río (RAN, Carpeta básica del ejido de Cozum el, Docum entos diversos, s/f).

En 2011, durante la realización de la investigación, fue sorprendente cons­ tatar que en C ozum el el com isario ejidal era u n m édico; que su m ujer era ejidataria de u n rancho llam ado Buena Vista en donde se ofrecen a los turistas paseos a caballo por la isla; que su herm ano, tam bién ejidatario, fuera u n des­ tacado notario, el cual, según los datos obtenidos, com únm ente actúa en la solución de problem as legales de los ejidatarios en relación con la tierra. Entre los ejidatarios había taxistas, dueños de tiendas de buceo, prestadores de servi­ cios turísticos, abogados, etc. La entrevista con otro ejidatario, u n abogado que sería candidato a co­ m isario ejidal en las elecciones que tendrían lugar en 2012 , posibilitó a esta investigadora conocer diferentes áreas del ejido. Algunas de m ucha pobreza, resultado de la venta irregular de terrenos; otras com o el Cedral, lugar al que se refieren localm ente com o “puro ejido” y donde se celebra la m ayor y m ás im portante festividad de la isla, la fiesta de Santa C ruz de Sabán o fiesta de El Cedral; la cual, a decir verdad, se asemejaba a u n conjunto de chozas para pasar vacaciones o fines de sem ana .25 Tam bién pudo constatarse que existen diferencias entre los ejidatarios con respecto al destino y planeam iento del ejido. La últim a elección para com isa­ rio ejidal, en 2012, fue reñida y el vencedor, David Pinto Silva, quien resultó ganador p or apenas cinco votos m ás que su contrincante, Gabriel Chan, dijo que buscaría incentivar la producción ganadera, agrícola, frutícola y acuífera, declarando que todo ello se llevaría a cabo de m anera sustentable: “de la m ano con la conservación del m edio am biente ”.26 Sin embargo, paradójicam ente, su proyecto principal fue incorporar a El C edral al program a Pueblos M ágicos de la Secretaria de Turismo, con la finalidad de explotarlo turísticam ente, aunque a la fecha no lo han podido realizar .27 Aquellos que no aceptaron la propuesta, casi el 50% de los ejidatarios, son

25 M erino (2009) estudió la situación habitacional en Quintana Roo con atención especial al asentam iento irregular Las Fincas, en Cozum el, un área de conflicto con el poder público por la falta "...de agua potable, el sum inistro de energía eléctrica, la pavim entación de las calles, la ilum inación, el drenaje y el alcantarillado, las escuelas, los parques y jardines públicos y la transportación, entre otros." (p.7-8). El autor explica que el asentam iento es originario del fraccionam iento irregular de terrenos ejidales del Sr. Encarnación Góngora Poot, quien fue uno de los ejidatarios be­ neficiados en el proceso de expropiación del ejido y en 1997 "recibió nuevam ente un lote de terreno de 75 hectáreas en el polígono uno de la isla, que tenía y tiene establecido el uso de suelo com o reserva ganadera". El Sr. Góngora Poot fraccionó el terreno y parte del m ism o fue vendido en lotes a 550 fam ilias. Los lotes fueron com ercializados, en su m om ento com o terrenos en breña, para que los com pradores pudieran construir ahí sus viviendas, pero estos nada sabían de la dificultad que tendrían para cam biar el uso y el destino del suelo (M erino, 2009: 98-99). 26 "David Pinto, nuevo com isario ejidal", Randay Cruz, en Tiem po Real Quintana Roo, 1 de abril de 2012, disponible en http://w w w .tiem porealqroo.m x/nota/6496-david-pinto-nuevo-com isariado-ejidal/, consultado el 09 de ju lio de 2013. 27 El Programa Pueblos M ágicos, tiene com o propósito divulgar los atractivos turísticos de ciudades del interior del país que poseen algunas características especiales que las convierten en destinos turísticos innovadores. El Programa define Pueblo M ágico com o: "una localidad que tiene atributos sim bólicos, leyendas, historia, hechos trascendentes, cotidianidad, en fin magia que em ana en cada una de sus m anifestaciones socio-culturales, y que significan hoy día una gran oportunidad para el aprovecham iento turístico". (Secretaría de Turism o, SECTUR, Pueblos M ágicos, d isponi­ ble en http://www.sectur.gob.mx/wb2/sectur/sect_Pueblos_M agicos, consultado el 10 de julio de 2013).

representados p or su contrincante, Gabriel Chan. Estos últim os reivindican la vuelta a las actividades agrícolas en la isla, tem iendo que la intensificación de las actividades turísticas en El C edral p o d ría llevarlos a perder sus tierras a m anos del m unicipio y, a través de éste, a las de los em presarios locales. Hay que considerar tam bién los beneficios considerables generados p or la fiesta, lo cual h a provocado tam bién conflictos entre el com isariado ejidal y el ayunta­ m iento de C ozum el para la organización y conducción de la m ism a. En 2013, al no llegar las partes a u n acuerdo, el ayuntam iento canceló el convenio con el ejido reservándose para sí la tarea de organizar la fiesta, aunque con el riesgo de que los ejidatarios no lo perm itieran, lo que sin em bargo, no ocurrió. 28 De hecho, en 2011 la m unicipalidad de C ozum el intentó convertir la Fiesta de El C edral en patrim onio de la hum anidad, llam ando a representantes de la O rganización de las N aciones U nidas para la Educación, la C iencia y la C ultu­ ra (UNESCO). Lo anterior justificó los tem ores de los ejidatarios u n a vez que -com o establece el artículo cinco de la C onvención para la Protección del Pa­ trim o n io M undial, C ultural y N atural firm ada en París en noviem bre de 1972 durante la Conferencia M undial de la O rganización de las N aciones U nidas (O N U )- com pete a los estados signatarios de dicha convención “la obligación de identificar, proteger, conservar, rehabilitar y transm itir a las generaciones futuras el patrim onio cultural y natural situado en su territorio” (UNESCO, 2006: 10-11). Tam poco esto lo han logrado, pero en 2013 el gobierno estatal declaró la fiesta patrim onio intangible del estado de Q uintana Roo, lo que la vuelve -a sí com o al espacio en donde tiene lugar- bien de interés público y social .29 Los hechos p or lo tanto confirm an los intentos del estado de Q uintana Roo y de la m unicipalidad de C ozum el por interferir en el poblado de El C edral con la intención clara de u n a apropiación de las tierras. Antes el ejido esta­ b a bajo la autoridad del Registro A grario N acional (RAN) y del com isariado ejidal de Villa Cozum el, pequeña porción del antiguo Ejido Cozum el, que las controlaba pero no m ostraba otros intereses en cuanto a la tierra. En principio, han com enzado por buscar apropiarse del control de la Fiesta de El Cedral, u n a celebración que es parte de la riqueza cultural de los nativos de este lugar, pero que al m ism o tiem po reafirm a la identidad y el arraigo de u n grupo a su historia y territorio propio. C onvertir esta fiesta en patrim onio de todos y trasladar el control de la organización al A yuntam iento, es u n a form a de

28 "Fiesta de 'El Cedral' en m anos del Ayuntam iento d e Cozum el", Julián M iranda, en N ovedades d e Q uintana Roo, 23 de marzo de 2013. Recuperado en: http://w w w .sipse.com /novedades/fiesta-de-el-cedral-en-m anos-del-ayuntam ientode-cozum el-22539.htm l, consultado el 12 de julio de 2015. 29 Los artículos 1° y 2° de la Ley de Protección, Conservación y Restauración del Patrim onio Histórico, Cultural y Artís­ tico del estado de Quintana Roo establecen el carácter público y social de estos bienes. El artículo 7° establece que cualquier acto de restauración o conservación de los bienes del patrim onio dependerán de " previa opinión y bajo la dirección del Instituto de la Cultura y las Artes de Quintana Roo" (Estado de Quintana Roo, 1995:2).

grafía: Antonio Rodrigues, 2012).

apropiación cultural m uy com ún en los contextos del turism o, pero adem ás se trata de u n proceso que m ina las capacidades de los ejidatarios por controlar su patrim onio, sea este u n a fiesta, su identidad territorial o las propias tierras, lo que pone en evidencia las desigualdades de poder y la fragilidad de los ejidatarios ante los grandes intereses de em presarios y políticos.

Conclusión En México, m uchas de las tierras de interés para el desarrollo del turism o se encuentran principalm ente en áreas ejidales. El Estado m exicano, en razón de las particularidades de su legislación sobre la tenencia y la propiedad de la tierra, llevó a cabo la expropiación de tierras ejidales com o estrategia para el desarrollo turístico en el país, com o ocurrió con el proyecto C osta Maya (véase Rom ero, 1997), lo m ism o que en la Riviera Maya, en los otros C entros Integralm ente Planeados (CIP) y en Cozum el. Todo esto se dio por m edio de la actuación firm e y decisiva del Estado en la conducción de los procesos de expropiación a través del recurso jurídico del fideicom iso y de la actuación de FONATUR para la com ercialización de las tierras expropiadas. Un proceso, abierto a to d a suerte de favorecim ientos y en el cual el control del poder polí­ tico local y regional fue fundam ental para garantizar tanto el apoyo de las altas esferas gubernam entales com o el acceso a tales tierras. Los datos aquí presentados confirm an las observaciones de M arín (2008: 99), en las que afirm a que en Q uintana Roo el turism o es parte de u n proceso

en el cual “el capital internacional, las instituciones del Estado y las élites han definido su hegem onía sobre la producción y control del espacio...”. Sin em ­ bargo, las particularidades nacionales y regionales, juegan u n papel decisivo para proveer al Estado y a otros actores económ icos y sociales con m enores o m ayores m árgenes de acción; aún m ás cuando se trata del control político sobre las instituciones y el aparato legal. En el caso presente, las facultades presidenciales, las m odificaciones en la Ley A graria30, el recurso de la figura jurídica del fideicom iso y el estricto con­ trol político sobre la región, han perm itido que en C ozum el unos pocos g ru ­ pos familiares m antengan u n fuerte control sobre el territorio y las actividades económ icas en la isla, de m anera que quienes llegan allí para hacer negocios deberán involucrarse en u n a red de interdependencias. A través de su poder económ ico y político lograron trasladar parte de las tierras ejidales a su propie­ dad, controlar el acceso a la tenencia de la tierra en la isla, así com o conseguir la asignación de concesiones para ejercer actividades turísticas, incidiendo con ello en la configuración espacial de la isla y en las form as del desarrollo.

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Mezcala de la Asunción: identidad y territorio frente al despojo1

Santiago Bastos Amigo2

Introducción M ezcala es u n a pequeña localidad del m unicipio jalisciense de Poncitlán, ubicada en la ribera noroccidental del Lago de Chapala (ver m apa 1) con una historia de defensa de su quebrado territorio que es básica para su identidad local y étnica. Los esfuerzos de los agentes privados y estatales por apropiarse de su espacio para integrarlo al circuito turístico del área han provocado una serie de conflictos políticos y legales, que han servido para reconstituir las ins­ tancias com unitarias y reforzar esta identidad, ahora com o Pueblo Coca. Los hechos ocurridos en M ezcala perm iten ver de cerca las form as en que se da el despojo de territorio, de recursos y form as de sociabilidad que es­ tán detrás del turism o residencial (Talavera, 1982; Blázquez et al., 2011). Pero tam bién es u n caso que m uestra por qué razón las com unidades indígenas son centrales en la resistencia a estas actividades extractivas en toda A m érica Latina y cóm o eso está sirviendo para reforzar y recrear la identidad étnica en este contexto de la globalización.

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2

Este artículo recoge varios años de investigación, pero se basa sobre todo en los textos “La nueva defensa de Mezcala: un proceso de recom unalización a través de la renovación étnica" (2011) y “La m icropolítica del despojo: M ezcala de la Asunción en la globalización neoliberal" (2013). Profesor-investigador del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, CIESAS Occidente.

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La comunidad de Mezcala: historia y territorio. El territorio de M ezcala está legalm ente protegido com o C om unidad3 A graria a través de la Resolución Presidencial firm ada por el Presidente Luis Echevarría en agosto de 1971, que “reconoce y titula a favor del poblado M ez­ cala u n a superficie de tres m il seiscientas dos hectáreas con veinte áreas” a las que declara “inalienables, im prescriptibles e inem bargables”. Esta resolución no supuso la “restitución” de unas tierras que se hubieran perdido previam en­ te, ni la “dotación” de nuevas tierras para los m ezcalenses en form a de ejido. C om o dice el texto, se trató del “reconocim iento” de “las tierras que la co­ m u n id ad ha venido poseyendo en form a continua, pacífica y pública desde tiem po inm em orial” (Resolución Presidencial, 1971).4 Así, el D epartam ento de A suntos A grarios y C olonización sancionó oficialm ente la form a de pose­ sión com unal que no se había perdido en ningún m om ento desde la Colonia. Esta continuidad histórica está sim bolizada p or el llam ado “T itulo P rim or­ dial” o “T itulo V irreinal” que los m ezcalenses presentaron com o prueba. Se trata de u n docum ento supuestam ente fechado en 1539 y firm ado p o r el virrey M endoza en que se reconoce que “... estos Poblados son A ntigos [sic] de In ­ m em orial tiem po y m oradores en este m ism o suelo y angustura del Agua, de la Laguna chapalica, y de u n a C ierra [sic] alta que esta al N orte”. Describe las tierras y sus linderos que se otorgan en “donación y C onsención [sic] de dom i­ nio y derecho de estas Tierras, en perpetua posesión y lejitim a [sic] propiedad de los naturales de este Pueblo, y de toda su generación”. Por ello, se insiste va­ rias veces en que el docum ento es para que “. no sean despojados los Indios, posean sus tierras”, dado que es u n a “. ..espesial [sic] gracia y M ersed [sic] y Venta Real y Publica [sic], para siem pre jam as [sic] de aguas de tierras cerros y m o n t e s . ” (Título Prim ordial, 1899).5 Varios de los detalles del docum ento -n o m b res de personas y lugares, re ­ ferencias históricas, etc.- hacen dudar de la autenticidad de la fecha de redac­ ción. Posiblem ente fue redactado en el siglo XVII a tenor de las presiones que sufrían los pobladores p o r la política de com posiciones de la C orona españo­ la.6 De todas form as la tierra m encionada era poseída p o r M ezcala al m enos desde el siglo XVI, com o lo dem uestran los m últiples pleitos que hubo hasta el final de la C olonia (Castillero, 2006).

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Se escribirá Com unidad con m ayúscula, cuando se hable de la institución agraria, para diferenciarla de la com unidad com o espacio social de base local.

4

Registro Agrario Nacional (RAN), "Resolución Presidencial d e reconocim iento y Titulación de bienes com unales del poblado 'MEZCALA', m unicipio de Poncitlán, Jalisco", 18 de agosto de 1971.

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“Títu lo P rim o rdial”, Co p ia mecanografiada y autenticada en L a Barca, 6 de diciem bre de 1899. Com o en otros Títulos sim ilares, su valor radica en que se trata de un docum ento creado por la misma com unidad, utilizando las form as de argum entación de la adm inistración colonial para asegurar la posesión del territorio (Florescano, 1999; 2002).

Imagen 1. Título primordial con la firma del virrey (Fotografía: Juan Manuel Silva, 2010).

El territorio de M ezcala reconocido por la Resolución Presidencial es m e­ n o r al m encionado en el Título Prim ordial (ver m apa 2).7 C on ello, el actual territorio de la C om unidad Indígena de M ezcala está com puesto por u n a es­ trecha franja cultivable a la orilla de la laguna y u n am plio m acizo m ontañoso con escasa vocación agraria que rodea el pueblo. Más allá de esto, para los m ezcalenses su territorio tam bién incluye las aguas del lago, y especialm ente la Isla que está enfrente del pueblo, conocida com o Isla de M ezcala o Isla del Presidio -ju n to a la Isla Chica que hay a su costado- que aparece en el Título P rim ordial con el nom bre de “Isla de Tlaltequepetque” Las autoridades agrarias no consideraron a la Isla com o parte del territorio a reconocer y en el Acta de “R econocim iento y Titulación”8 de los bienes co­ m unales, realizada durante u n acto del 17 de octubre de 1974, se acota: Como incidente al presente acto los comuneros asistentes al presente acto ma­ nifestaron que dentro de los títulos primordiales se encuentra la Isla de Mezcala (Isla Indómita), terrenos [que] han poseído desde época inmemorial, por lo cual solicitan la pronta confirmación de la citada Isla. Efectivamente, para resolver este asunto, los com uneros interpusieron un juicio que tardó en resolverse m ás de 20 años, y en el “Acta de Deslinde y A m ojonam iento Definitivo”9 que se llevó a cabo el 4 de septiem bre de 1997 se puede leer: Se hace la aclaración que la comunidad tiene en posesión además de la superficie que se deslinda, la Isla de Mezcala que está ubicada como a 3,500 metros enfrente del pueblo dentro del lago de Chapala. La verdad es que la Isla no es cualquier parte del territorio: pese a su condi­ ción excéntrica, es considerada com o “el corazón de la com unidad”. De hecho, desde ella parte cada año la procesión con la que se inicia las fiestas titulares del pueblo el 9 de agosto.10 Y, sobre todo, en la Isla se desarrolló u n episodio histórico en el cual los m ezcalenses cifran su orgullo local y consideran un m om ento fundam ental de la defensa de su territorio. Se trata de la “defensa de la Isla”, ocurrida en los m om entos m ás bajos de las luchas p or la independencia, cuando entre 1812 y 1816 unos m il “indios de

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Posiblem ente a lo largo del siglo XIX se perdieron sobre todo las tierras fértiles y planas ubicadas al norte de la cadena montañosa que rodea el pueblo, y que llegaban hasta el Río Santiago. Desde el siglo XVI fueron las más apetecidas por

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hacendados y prohom bres tapatíos (Castillero, 2006). “A cta de Reconocim iento y Titulación de bienes comunales poseídos por la com unidad indígena ‘M E Z C A L A ’, M u n i­

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cipio de Poncitlán, Ja lisco ”, 17 octubre de 1974. A cta de D eslinde y Am ojonam iento D e fin itivo ”, 4 de septiembre de 1997.

10 Posiblem ente se trata de una pervivencia y actualización de los ritos que se practicaban antes de la llegada de los españoles en honor de la diosa o “ídolo" que en el Título Prim ordial aparece denom inada com o Thonztil.

Mezcala” y otras localidades cercanas, dirigidos p o r u n cura m estizo -M arcos Castellanos- y dos indios, uno del vecino Tlachichilco -E ncarnación Rosas- y otro del m ero M ezcala -José Santana- resistieron el cerco de las tropas realis­ tas, que en cuatro años fueron incapaces de desalojarlos de la pequeña isla y de im pedir sus continuos ataques a poblaciones ribereñas. El arm isticio con que se saldó el cerco conllevó la restitución de propiedades, y seguram ente tiene que ver con el m antenim iento de identidad indígena y las tierras com unitarias (Bastos, 2012). Este episodio ha sido objeto de estudios históricos (Pérez, 1953; Archer, 1998; Ochoa, 1985; 2006; C astañeda, 2005) y recreaciones noveladas (Aguirre, 1966; Navarro, 1999), y m antiene cierta presencia en la historia oficial, regional y estatal. Pero para los m ezcalenses es fundam ental, desde u n a visión evidentem ente local: todos los años, el 25 de noviem bre -fecha del arm isticioes día feriado en el pueblo, hay representaciones escolares del episodio y los com uneros hacen actos especiales. A dem ás de los héroes locales -encabezados p or “el Indio” José S antana-, de ese m om ento histórico proviene u n a de las frases-m ito de la identidad m ezcalense: “que corra el sangre” y tam bién un orgullo fundam ental: “nunca nos vencieron”. Es decir, no se apropiaron de la Isla que era su territorio. La Titulación de las tierras com unales de M ezcala se hizo entonces para proteger con la legislación agraria postrevolucionaria el territorio que la co­ m u n id ad había venido utilizando com o propio desde la C olonia (M oreno, 2012). A p artir de este reconocim iento oficial, la tierra de la com unidad de M ezcala fue m anejada p o r u n a nueva institución, tam bién denom inada “C o­ m u n id ad de Mezcala”, pero con u n a nueva estructura dictada por la legislación agraria nacional (Rojas, 2007; Baitenm ann, 2007). Se basaba en la figura de los “com uneros” com o propietarios colectivos, que se reúnen periódicam ente en u n a A sam blea y escogen cada tres años u n C om isariado de Bienes C om unales dirigido p or u n Presidente. Los 406 com uneros “censados” que originalm ente recibieron el “certifi­ cado” (M oreno, 2008) eran legalm ente los “propietarios” de las 3,600 hectá­ reas, pero esta situación no afectó, com o en otras com unidades (Baitenm ann, 2007), a la posibilidad del uso de las tierras reconocidas: todos los mezcalenses las siguieron usando com o propias. Los com uneros fueron los depositarios de la “titularidad” de la com unidad y “los guardianes del territorio” en m edio de u n entram ado político cam biante y u n a pérdida progresiva de m em bresía p or m igración a G uadalajara y sobre todo a Estados U nidos de A m érica (Pérez, 2015). A lo largo de tres décadas los com uneros fueron em igrando y enveje­ ciendo sin n o m brar form alm ente herederos, algo relativam ente norm al en las

com unidades agrarias form adas por indígenas.11 Esta form a com ún y exclusiva de poseer su territorio, está estrecham ente ligada a la historia e identidad de M ezcala com o com unidad indígena. Com o no cuenta con los rasgos culturales que actualm ente “definen” a u n a com uni­ dad indígena en M éxico -so b re todo el id io m a-, ni form a parte de u n a región indígena, no fueron ni son sujetos de las políticas indigenistas del entonces Instituto N acional Indigenista (INI), ahora la C om isión N acional para el D e­ sarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI). Pero los m ezcalenses sí se consideran indígenas, de u n a form a íntim am ente relacionada con u n a identidad local que se basa en u n a relación privilegiada con el territorio y la historia (Castillero, 2006; M oreno, 2008; Alonso, 2008). Son indígenas porque siem pre han estado ahí, y siem pre han estado ahí porque son indígenas (Bastos, 2010). Esto es lo que refrenda el Título P rim ordial12 -c o m o si dijeran: “ya estábam os cuando llegaron los españoles”- y para ellos la propiedad com unal actual es la m uestra m ás evidente de su calidad étnica. En esta localidad, el térm ino “indio” contiene u n a im portante carga de or­ gullo que se vincula con “los antepasados,” los “héroes de la defensa de la isla”.13 Pero no excluye la conciencia de subordinación y exclusión, que se explicita en sus condiciones de vida, en la relación con Poncitlán y se renueva cada vez que sus vecinos les recuerdan las connotaciones despectivas del térm ino “in ­ dios”. Esta identidad apenas tiene u n referente regional con el que se identifica u n g rupo concreto (M uñoz, 2012), m ás bien, por estar asociada a esta tierra otorgada -p rim e ro por el rey y después por el Presidente- se vive dentro de un genérico “indios m exicanos”. Los sím bolos de la revolución agraria -Z apata, Cárdenas- son los que pueblan el espacio y los docum entos de la Casa C om u­ nal. De hecho, oficialm ente, en éstos se autonom bran “C om unidad Indígena de Mezcala”, lo que es la base institucional de la identidad indígena en la co­ m unidad. Adem ás esta identidad local se basa en u n apretado calendario en que los y las m ezcalenses participan en los festejos “de b arrio”, a través de “representa­ ciones”, danzas y “cargos” que vinculan a com padres, amigos, vecinos y fam i­ liares alrededor de los gastos y actos festivos. Se form a así u n entram ado social que m uestra u n sentido de pertenencia evidente que otorga la “ciudadanía” m ezcalense, incluso a la im portante proporción de población que reside en Estados U nidos, Tijuana o G uadalajara (Pérez, 2015).

11 R.A.T., com unicación personal, noviem bre 2014. 12 "Título Prim ordial", Copia m ecanografiada y autenticada en La Barca, 6 de diciem bre de 1899. 13 En mi primera visita a M ezcala, me sorprendió ver una cam ioneta con un sticker que cubría toda la parte superior del vidrio delantero que decía "Sangre d e indio". El luchador Ringo M endoza, q u e fue fam oso e n los añ os 8 0 del siglo pasado, originario de este pueblo, se hacía llam ar "El Indio de Mezcala".

Imagen 2. Baile de huehuenches (Fotografía: Santiago Bastos, 2014).

Turismo residencial y despojo territorial Desde finales del siglo XIX la costa noroccidental del lago de C hapala se fue convirtiendo en la zona turística y residencial que ahora conocem os com o “la Ribera de Chapala”, en u n proceso en que se han com binado dinám icas n a ­ cionales de turism o y “veraneo” interno con el de asentam iento de extranjeros -expatriados, retirados y estacionales- (Truly, 2002: 262; Sunil et al., 2007).14 Se trata de u n caso de “turism o residencial” (Talavera, 1982; Janochska, 2013) que vincula lo turístico y lo inm obiliario (Blázquez et al., 2011). A finales de siglo XX, la inserción de M éxico en la econom ía global conlle­ vó u n a apuesta por la apertura al turism o internacional (M agaña, 2009) que reforzó la “vocación turística” de la Ribera del Lago de Chapala. Esto en u n contexto en que aum entaba la afluencia de residentes extranjeros (Sunil et al., 2007) y se consolidaba el patrón de su asentam iento en form a de “fracciona­ m ientos”, donde los retirados se aíslan fácilm ente del m undo exterior y em ­

14 En 1997, el INEGI hablaba de cerca de 7,000 residentes norteam ericanos perm anentes y 12,000 estacionales, pero el consulado estadounidense lo elevaba unos 40,000 (Truly, 2002: 262).

plean guardias en las puertas para controlar a los visitantes” (Truly, 2002: 366). C om o consecuencia de la llegada de esta nueva población y los consecuen­ tes cambios, a p artir de los núcleos de Chapala -m á s tapatío- y Ajijic -m ás g rin ­ go-, to d a la ribera noroccidental de este lago fue paulatinam ente ocupada por proyectos residenciales. Esta ocupación del espacio se dio sobre terrenos de las com unidades indígenas del área -S an A ntonio Tlayacapan, San Juan Cosalá, el m ism o Ajijic- que en m uchos casos eran ejidales y com unales. C om o suele o cu rrir en los casos de turism o, su papel en u n m ercado de tierras cam pesino y su indefinición legal hicieron que la com pra se diera a precios m uy bajos en com paración con lo que se obtenía en el m ercado inm obiliario (Blázquez et al., 2011), lo que se logró m uchas veces violando la leyes locales.15 Hay infinidad de ejem plos de operaciones ilegales, pero el caso m ás conoci­ do es el de la C om unidad Indígena de Ajijic, que estuvo luchando desde 1945 hasta finales de los setenta contra u n fraccionador de G uadalajara que alegaba haber com prado legalm ente parte de su territorio com unal. Pese a que todas las resoluciones judiciales les fueron favorables a los com uneros, las autori­ dades agrarias y m unicipales nunca reconocieron a la C om unidad Indígena com o dueña del terreno, que se acabó convirtiendo en “La Floresta”, u n o de los fraccionam ientos m ás conocidos y exclusivos de Ajijic (Talavera, 1982). C om o resultado de este proceso de desposesión territorial, las com unida­ des indígenas de larga data, ju n to con sus tierras -incluyendo lugares arqueo­ lógicos (Díaz, 2013)- perdieron buena parte de su organización social, rasgos culturales y su id en tid ad .16 Talavera en su estudio consideraba que Ajijic había sido objeto de u n “despojo ecológico”: La ruptura definitiva de los ribereños respecto a sus medios de producción: tierra, agua, flora, fauna, etc.... La relación que guardan ahora está determinada exclusi­ vamente por su condición de vendedores de fuerza de trabajo (Talavera, 1982: 10). Esto es exactam ente a lo que se refiere H arvey cuando para definir la “acu­ m ulación p or desposesión” habla del “despojo de los patrim onios sociales (tie­ rras, recursos, riquezas, derechos) de u n grupo social em plazado en u n a geo­ grafía específica con el fin de acum ular capital” (citado en Garibay, 2010: 2). Mezcala, en esta prim era etapa quedó relativam ente libre de los efectos del turism o residencial, sin em bargo con el cambio de siglo, las nuevas oleadas de residentes y la saturación del espacio construido hicieron que tam bién pasara a

15 Los diferenciales son escandalosos. En Ajijic, los terrenos se com praban a $1.50 o $ 2.00 pesos el metro cuadrado, ya urbanizados se vendían a $200 a $400 pesos, y una casa veraniega se com praba en 45 mil dólares (Talavera, 1982: 54). En el cercano Tecom altán, Donald Dwyer pagó “doce o trece m illones de pesos viejos por un potrero de ocho hectáreas" donde ahora “hay un fraccionam iento de jubilados estadounidenses y canadienses, que habitan casas va­ luadas entre 300 mil y 500 mil dólares. Pero Dan tiene m uchos predios más" (“Disputan tierras de la ribera de Chapala com uneros y extranjeros", Agustín del Castillo en E l p eriódico, 23 de marzo de 2009). 16 En la actualidad ya no se ven los bailes y d em ás prácticas rituales descritas por Talavera durante sus visitas a Mezcala, (Talavera, 1982: 71-75) hace más de 30 años.

form ar parte de los proyectos turístico-inm obiliarios de la Ribera de Chapala. En la actualidad su territorio es m uy apetecible en térm inos de la m irada del turista (Urry, 2008). Los atractivos del lago en com binación con los quebrados cerros que antes sólo servían para el ganado y la leña, tienen u n enorm e p o ­ tencial com o paisaje turístico, m ientras que la isla aporta el elem ento histórico, cultural e incluso m ítico-heroico. D ado que el carácter com unitario de la tierra im pide su apropiación legal, la presión inm obiliaria llegó p o r la vía del despojo ilegal. En 1999, Guillerm o M oreno Ibarra, em presario de G uadalajara se asentó ilegalm ente en la cum bre de El Pandillo -un lugar con u n a vista im presionante al lago-, usando a un m ezcalense com o “prestanom bres” y con apoyo del G obierno del Estado. C on la excusa de u n cobertizo para reforestar, ocupó diez hectáreas y em pezó a construir u n a m ansión de varios niveles que se puede ver desde el pueblo. Ante la p rim era petición de explicaciones de los com uneros, logró el encarcelam ien­ to de cuatro de ellos durante tres meses. La C om unidad utilizó sus derechos planteando u n juicio de restitución de tierra. En ese m om ento em pezó u n p ro ­ ceso judicial que inicialm ente no debía tener problem as pues la invasión era flagrante, sin embargo, el em presario utilizó estrategias dilatorias propias de estos casos, esperando que los com uneros, todos ellos señores m ayores de 60 años, se cansaran (Hipólito, 2012). El caso tardó ocho años en llegar a la fase de dictam inación de sentencia. Fue en noviem bre de 2007, pero ahí se volvió a atascar com o verem os m ás tarde. M ientras tanto, se fueron presentando m uestras de que la inserción de M ezcala en el m ercado de tierras y el circuito turístico-residencial form aba parte de u n a estrategia m ás amplia. En 2002 se construyó u n a carretera que u n ía el pueblo con Chapala, algo que se había solicitado por m ás de cincuenta años y que sólo ahora se concretaba. Asim ism o, en 2005, la Secretaría de Re­ form a A graria buscó aplicar el PROCEDE en Mezcala; sin em bargo, pese a los continuos intentos y presiones sobre los com uneros y su Presidente, la A sam ­ blea de C om uneros decidió no acogerse al Program a, pues no deseaban que sus tierras pudiesen privatizarse (M oreno, 2008).17 Posteriorm ente, en 2006 el A yuntam iento de Poncitlán dio a conocer el Plan de Ordenamiento Territorial de Mezcala, en el cual pese a las restricciones de la Ley A graria en lo que res­ pecta a la intervención del M unicipio en territorio com unitario, éste sin con­ sultar en absoluto puede proyectar áreas dedicadas a “zonas turístico-hoteleras de densidad m edia” y otras m ás con el eufem ism o de “zonas habitacionales de densidad m edia” (G obierno M unicipal de Poncitlán, 2006).

17 En sentido estricto, no fue el PROCEDE el que se quiso aplicar en Mezcala, sino el PRODECOM -Program a de Certifica­ ción de Derechos Com unales- , dado que M ezcala es "com unidad indígena" y no "ejido". Pero en la com unidad todos hablan de "el PROCEDE" y no de "el PRODECOM".

La apuesta de las autoridades por hacer de M ezcala u n destino turístico y residencial -aún por encim a de las leyes y la voluntad de los habitantes- que­ daron evidenciadas en 2005 cuando la Secretaría de C ultura de Jalisco y la M unicipalidad de Poncitlán, con apoyo del Instituto N acional de A ntropología e H istoria (IN AH), y al calor de las celebraciones del Bicentenario de la In ­ dependencia de 2010, proyectaron la reconstrucción -no restauración- de los edificios relacionados con la defensa de la Isla de Mezcala. Las obras com en­ zaron sin que nadie explicara a los m ezcalenses qué se estaba haciendo ni por qué razón. Los com uneros hicieron pública su queja, por ser la Isla parte del territorio com unitario, pero las autoridades im plicadas en las obras, m o stran ­ do el poco respeto del estado por la institucionalidad agraria, consideraron que los com uneros eran “sólo unos pocos” y el proyecto continuó sin m ayor explicación. El Ayuntamiento de Poncitlán ha ignorado a nuestras autoridades tradicionales, la asamblea de comuneros es nuestra máxima autoridad... ha otorgado las conce­ siones sobre la Isla cuando el dueño es la comunidad de Mezcala (Declaratoria de Mezcala, 2008). 18 El asunto se trasladó a la prensa tapatía y se convirtió en u n asunto político y de interés público. Las autoridades con poca sensibilidad por este tipo de problem as declaraban u n a y otra vez que se trataba de inconform idades de “unos pocos”. M ientras tanto, las quejas de los com uneros aum entaron cuando el eje de las obras fue la reconstrucción de la Casa Fuerte: el edificio m ejor con­ servado, pero construido posteriorm ente a los hechos de la defensa de la isla. La restauración que han hecho estas autoridades ha sido a los edificios que se cons­ truyeron en los años posteriores a ese suceso. Pero las construcciones que sí se hicieron en ese momento. no son parte de ese proyecto de restauración para los festejos del Bicentenario. Esto demuestra lo que ellos llaman restauración para nosotros ha significado la destrucción de la historia y origen de nuestra comuni­ dad (El Pueblo Coca de Mezcala. Una Historia de Lucha, 2008). Q uedaba claro que el objetivo de las obras no era la recuperación de la his­ toria, sino convertir la Isla en u n destino turístico del que los m ezcalenses no se iban a beneficiar (Bastos, 2011). Para el consum o de este turism o se estaba produciendo u n a historia que distorsionaba y excluía la participación de los m ezcalenses. El conflicto por la Isla refleja algo m ás que la am bigüedad legal por los derechos de uso del territorio. Para las instituciones prom otoras del turism o y las reconstructoras, el principal incentivo es el económ ico, de m anera que la Isla es vista com o u n a m ercancía, u n recurso que genera plusvalía (Garibay,

18 “Declaratoria de Mezcala", Asam blea General de Com uneros de la Com unidad Indígena de M ezcala, 3 febrero de 2008.

Imagen 3. Construcciones en el cerro ‘El Pandillo’ (Fotografía: Santiago Bastos, 2013).

Imagen 4. Vista de Mezcala y la Isla desde ‘El Pandillo’ (Fotografía: Santiago Bastos, 2010).

2010: 8). Por el contrario, los com uneros la reivindican com o parte central de su historia, su espacio de vida, y es p o r eso que se niegan a que se use m ercan­ tilm ente, com o u n m ero recurso turístico. Cada 25 de noviembre nuestra historia junto con nuestros muertos, los antepasa­ dos, pasean por pueblo, por el lago, por la Isla, salen y susurran en nuestro oído los cuidados que debemos de tenerle a nuestro territorio, nuestra herencia. Es por eso, que aquí en la comunidad indígena de Mezcala la tierra no la vendemos, más bien la defendemos, pues es el recuerdo más cercano que nos une con ellos. Nuestros insurgentes ya andan rondando en el pueblo, ya empezaron a susurrar en nuestros oídos, pero este año agregan: RECUERDEN QUE SON USTEDES NUESTROS HIJOS, GRITEN QUE NUESTRA HISTORIA NO HA TERMINADO” (Comuni­ dad Indígena de Mezcala, 2007).19

Imagen 5. Comuneros protestando por reconstrucción delante de la Casa Fuerte (Fo­ tografía: Santiago Bastos, 2009). C om o se aprecia, los com uneros no se quedaron quietos ante este conjunto de am enazas en su historia reciente. C uando éstas atentaron contra la integri­ dad territorial que había sido la razón de ser de la C om unidad, los com uneros adem ás em pezaron a ver la necesidad de renovarse institucional y generacio­ nalm ente. En principio, un grupo de jóvenes mezcalenses que desde inicios de siglo venían trabajando com o “Colectivo Mezcala” se aliaron con las redes

zapatistas de Guadalajara, alrededor de todo lo que supuso la “6a D eclaración de la Selva Lacandona” y m ás tarde “La O tra C am paña”. Juntos lograron que se realizara en M ezcala en noviem bre de 2006, el “Foro N acional de Defensa de la M adre T ierra y la A utonom ía Indígena”, que convocó a representantes de grupos variados y contó con la presencia de dos com andantas del EZLN, expresam ente llegadas de Chiapas (M oreno, 2008). Así em pezó el proceso de renovación interna de la C om unidad. Para en to n ­ ces sólo quedaban ochenta com uneros vivos, y com o m ucho cuarenta acudían a las asambleas y otras actividades. El resto vivía en Guadalajara, en los Esta­ dos U nidos, o sim plem ente se había desentendido de sus tareas. Esta baja can­ tidad y su avanzada edad representaban u n a seria dificultad para la capacidad de trabajo de la C om unidad. Por ello, se buscó cubrir la brecha generacional abierta a través de “juicios de herencia” que recuperaran a los descendientes de los 406 censados originarios. Al m ism o tiem po, se abrió u n proceso de “am ­ pliación” a gente que quisiera pertenecer a la C om unidad, con lo que surgieron los “nuevos com uneros”, que acudían regularm ente a las Asambleas aunque no tenían aún derecho a voto. Estas gestiones aunque han corrido lentam ente por los eternos problem as legales, abrieron la p uerta a que u n par de nuevas gene­ raciones participaran en defensa de los intereses com unitarios y en la gestión cotidiana de la C om unidad. De form a paralela, a través de reuniones sem anales se fue redactando u n Estatuto que regulara las funciones del C om isariado, la Asam blea y sus rela­ ciones con otros órganos com unitarios. Asimismo, se realizaron actividades intentando am pliar la base social de la movilización, com o por ejem plo los talleres p or b arrio en los cuales se explica la versión de la situación de la isla desde la historia de Mezcala. P articularm ente se organizó u n taller para que los jóvenes que fueran a ejercer com o guías en la isla conocieran bien la historia de la com unidad. U n proceso que tuvo m ucha aceptación fue el que involucró a alum nos de p rim aria alrededor de la reconstrucción de la historia de la isla, que dio com o resultado u n vistoso libro que fue presentado en el C ongreso local (C árdenas, 2010; 2012). Así, ante la am enaza a su territorio, se reforzó el papel del C om isariado de Bienes Com unales, y se organizó u n a oposición que paulatinam ente se con­ virtió en u n a cuestión política de alcance estatal y federal. Esto se logró con la integración y apoyo de las diferentes redes con las que se relaciona el Colectivo y ahora la C om unidad: redes p o r zapatistas, el C ongreso N acional Indígena (CNI), colectivos anarco-punks, instituciones académ icas, m edios de com u­ nicación. Lo interesante es que ante los problem as con otras instancias y ante la nece­ sidad de explicarse ante la com unidad, los m ezcalenses m ovilizados no p lan­ tean argum entos jurídicos, sino históricos. No son tanto las leyes las que dan

razón a su lucha, sino el peso de la historia, que a su vez puede dar sentido a las leyes. A nte la invasión del Pandillo, los argum entos legales - “No puede h a ­ b er u n propietario que no sea originario de Mezcala” o “el C om isariado debe decidir sobre la Isla porque es parte de la tierra com unal”- no aparecen tanto com o los históricos. La Resolución Presidencial de 1971 es utilizada com o u n argum ento legal que corrobora u n a posesión histórica, algo que ya se poseía “desde tiem po inm em orial”, y que es la verdadera razón de sus derechos sobre el territorio: . p o d e m o s reconocer que con la posesión inmemorial de nuestro territorio, su defensa y el pago a los españoles fue como se tituló nuestro territorio. Por lo que ninguna ley, persona o gobierno podrá despojarnos, con este título somos los ab­ solutos dueños, con legítimos derechos para siempre (El Pueblo Coca de Mezcala, 2008).20 U n com unero censado reafirm a esto m ism o y especifica la raíz de su lega­ lidad: Nuestra arma es el Título Virreinal, que ahora es el Estatuto. Nos lo dieron los an­ tepasados en 1534 y ahora es de todo el pueblo.21 En la disputa p or la Isla, el orgullo propio de su historia se trasplantó hasta las actuales circunstancias y se usó com o reclam o en m om entos de conflicto: .. te ne mo s que resistir como lo hicieron nuestros antepasados (Moreno, Jacobo y Godoy, 2006). La Isla, el corazón de la comunidad, símbolo de nuestra historia de resistencia, es la que ahora está más amenazada por la avaricia del hombre (Declaratoria de Mezcala, 2008).22 Por otro lado, el discurso com o Pueblo Indígena se utilizó para reforzar los argum entos históricos sobre los que está construida la identidad mezcalense. Desde que se form ó, el Colectivo M ezcala desarrolló la propuesta de pertenecer al “Pueblo Coca” (M oreno, 2008; M oreno, Jacobo y Godoy, 2006) basándose en evidencia etnohistórica (Baus, 1982). La participación en las reuniones del C N I perm itió a los com uneros ir conociendo experiencias sim ilares a la suya -todas ellas signadas por u n a exclusión histórica desde el Estado- y reforzar sus argum entos sobre la ancestralidad, el derecho al autogobierno y finalm ente la búsqueda de la autonom ía, todos estos desarrollados por los m ovim ientos

20 “El Pueblo Coca de M ezcala, una Historia de Lucha", trifolio, 2008. 21 Com unicación personal con A., com unero de M ezcala, 12 de febrero de 2010. 22 “Declaratoria de Mezcala", Asam blea General de Com uneros de la Com unidad Indígena de M ezcala, 3 febrero de 2008.

Imagen 6. Plantón de comuneros frente a las oficinas del Comisariado (Fotografía: Santiago Bastos, 2009). indígenas de A m érica Latina (Leyva et al., 2008). Estos argum entos se reflejan en varios aspectos. En el nuevo estatuto se m anifiesta su p ostura hacia la idea de un “G obierno Tradicional de la C om u­ n id ad ” que funciona “de acuerdo a los usos y costum bre propios” (Estatuto, 2008: 7).23 A su vez, los reclam os sobre el territorio, se basan en tres fuentes de legitim idad: el Título Prim ordial, la C onstitución y el Convenio 169 de la O rganización Internacional del Trabajo.24 En este sentido, el episodio de la defensa de la isla es entendido desde u na perspectiva étnica: La comunidad de Mezcala, en la ribera del lago de Chapala, es un bastión de re­ sistencia indígena que tuvo su momento cumbre en lucha por la independencia de México al defender su isla contra el Ejército Realista (Moreno, Jacobo y Godoy, 2006). ¿Por qué lucharon los insurgentes? Lucharon por el respeto a nuestras tierras, go23 “ Estatuto Interno Com unidad Indígena Coca Mezcala de La Asunción, M unicipio De Poncitlán, Jalisco". Com unidad Indígena de M ezcala, Mezcala. 7 de junio de 2009. 24 El Convenio núm. 169 de la OIT es un instrum ento jurídico internacional vinculante que se encuentra abierto para su ratificación y que trata específicam ente los derechos de los pueblos indígenas y tribales. http://www.ilo.org/indigenous/Conventions/no169/lang--es/index.htm.

bierno y cultura, buscaban la libertad para el pueblo (El Pueblo Coca de Mezcala, 2008). 25 D ada su genealogía política, esta identidad Coca se encuentra vinculada a las form as de “sentirse indígena” m anejadas desde el zapatism o, algunas de cuyas ideas suenan conocidas e incluso naturales para los m ezcalenses: el “ser indígena” es com o ser pobres a causa del despojo y la violencia históricas su­ fridas -que se adapta con la actual globalización neoliberal-, o la resistencia al po d er que se plantea de u n a form a m uy u n id a a los sím bolos de la revolución m exicana -los cuales presiden las reuniones de las asambleas com unitarias-. Por eso, en este contexto de lucha, estas ideas y discursos sirvieron a los com uneros para reforzar sus argum entaciones respecto del derecho ancestral sobre el territorio -tan presente en su lógica local-, sum ado al ejercicio del autogobierno y la búsqueda de la autonom ía com o Pueblo originario. U n re ­ clam o de “autonom ía” que les suena a algo m uy parecido a lo que vienen ejer­ ciendo y peleando históricam ente. ...ahora es el inicio de la construcción de este sueño que se llama: AUTONOMÍA, quiere decir que tenemos que realizarlo con nuestros propios hechos, recursos y fuerzas como pueblo, no debemos de estar ligados a ningún partido político o al­ gún interés personal, pues este trabajo es solo para el beneficio del pueblo y el cuidado de nuestro territorio, historia y gobierno tradicional (Declaratoria de la Comunidad Indígena Coca de Mezcala, 2009). 26 Pero lo que p o r ahora les llam a la atención y les cuesta m ás a los y las mezcalenses in co rporar a su identidad es la categoría de “Pueblo” y el apelativo de “Cocas”, que es precisam ente donde se m anifiestan los elem entos de ancestralidad com o pueblos originarios y de reconocim iento y autonom ía com o form a de relacionarse con el Estado.27

La captura y criminalización de la comunidad En 2008 el proceso de renovación interna de la C om unidad se consolidaba, la oposición a las obras de la isla se reforzaba y el juicio del Pandillo ya esta­ b a en fase de sentencia. En estas circunstancias, cam bió la actitud de M oreno Ibarra y el Presidente M unicipal de Poncitlán, quienes apoyados por la SCJ

25 “El Pueblo Coca de M ezcala, una Historia de Lucha" trifolio, 2008. 26 “Declaratoria de la Com unidad Indígena Coca de Mezcala", Jalisco, noviem bre de 2009. 27 Existe otra versión “ nueva" de lo indígena en M ezcala, que se muestra en el M useo Com unitario. Enella, loindígena está ligado a lo nahua, lo “coca" no aparece en el M useo com o base histórica de los elem entos culturales que quedan presentes entre los m ezcalenses -p alab ra s sueltas, “trazas" de los bailes, ritos religiosos-. Esta versión se liga con el turism o y se relaciona con los cultos new age que buscan refundar la m exicanidad desde “lo indígena" nahua com o ancestral, espiritualm ente puro y ligado a la naturaleza (de la Torre, 2008).

y el INAH, com enzaron a intervenir a favor de la C om unidad y en función de la legislación agraria que -e n tre otras funciones- estipulaba m antener la integridad del territorio com unitario. De esta form a, la resistencia em pezaba a articularse bajo la dirección de M artín Enciso. En agosto, cuando se convocaron elecciones a autoridades de la C om u­ n idad varios com uneros que no habían aparecido por M ezcala o no habían participado en los asuntos de la C om unidad en los últim os años, se hicieron presentes, apoyados p or M oreno Ibarra y con su voto dieron la victoria p o r un estrecho m argen a u n a planilla que suspendió todas las actividades de resisten­ cia. Ante la inactividad, la Asam blea recuperó el control legal de la C om unidad con u n a nueva directiva, pero la depuesta siguió contando con el apoyo de la M unicipalidad. En octubre de 2009 la directiva destituida, apoyada por la Policía M unicipal de Poncitlán y en presencia de G uillerm o M oreno Ibarra, allanó la Casa Com unal, rom pieron la cerradura y sacaron docum entación de la oficina. Los com uneros respondieron con u n plantón que durante dos m eses buscó llam ar la atención de las autoridades que nunca respondieron. La conflictividad, la división y la am bigüedad legal llevaron a u n a parálisis institucional que ralentizó el proceso jurídico de recuperación de la tierra en litigio, pero reforzó la identidad y la posición de los com uneros. Llegado 2010, las celebraciones del Bicentenario pasaron sin pena ni gloria por M ezcala sin que se pusiera en m archa la explotación turístico-com ercial de la Isla, como era el objetivo de la M unicipalidad y el G obierno del Estado. En las elecciones de agosto de 2011 se repitió la tom a de la directiva de la C om unidad, esta vez con el apoyo abierto de la V isitadora de la P rocuraduría Agraria, que perm itió que se ganara p or u n voto de diferencia.28 Así, invirtiendo dinero y con relaciones políticas, se consiguió neutralizar u n a vez m ás la m ovilización de los com uneros. La directiva electa pretendía desistir del juicio del Pandillo, aprobar la incorporación al PROCEDE y aceptar el Plan de U rba­ nización de la M unicipalidad de M ezcala, pero los com uneros presentes en las asambleas periódicas lo im pidieron repetidam ente. Ante la resistencia de los com uneros, ese año aum entó la presión sobre la C om unidad, recurriendo a la intim idación física y la crim inalización de la lu­ cha (Hipólito, 2012), esta vez con el apoyo directo de las autoridades judiciales y m unicipales. El 20 de m arzo de 2011, la Asamblea de C om uneros de Mezcala decidió que había que desm antelar la estructura m etálica que contaba con un panel solar y que M oreno Ibarra había construido fuera de “su” terreno. El 10 de abril u n grupo de com uneros y com uneras -censados y nuevos- subieron

28 Los com uneros hablan de un pago de $10,000 pesos a quienes votaron por la planilla favorable a M oreno Ibarra; y de que algunos de ellos llegaron en la cam ioneta de la Visitadora de la Procuraduría Agraria, quien adem ás anuló una primera votación en que la planilla contraria a M oreno Ibarra ganó.

Imagen 7. Representantes jurídicos del INAH ante la Asamblea de Comuneros (Foto­ grafía: Santiago Bastos, 2009).

a cum plir el m andato, pero fueron recibidos con disparos de arm as de fuego hechos desde El Pandillo y llegó u n a patrulla del M inisterio Público de Poncitlán. Los com uneros desm ontaron la estructura y al regresar a la com unidad volvieron a ser am enazados con disparos. No era la p rim era vez que la gente de M oreno Ibarra am enazaba a la gente que pasaba cerca de la propiedad, pero sí la p rim era ocasión que lo hizo de for­ m a m ás abierta y am enazante, en presencia del M inisterio Público. Él m ism o supervisó to d a la “operación” con prism áticos y ropa de camuflaje y disparó a u n a familia que pasó p o r aquel lugar.29 Los com uneros dejaron los fierros de la estructura en la Casa com unal y asustados p or los disparos, lo fueron a denunciar a Guadalajara, sin embargo, M oreno Ibarra se les había adelantado con u n a denuncia en O cotlán contra 14 com uneros p o r “daños a las cosas”. El 24 de junio el M inisterio Público de O cotlán hizo firm ar declaraciones falseadas a tres de ellos, y el 6 de septiem bre

29 Estos hechos han sido relatados en varios lugares por los com uneros presentes en los hechos y así aparecen en las declaraciones judiciales (Hipólito, 2012; Bastos, 2013).

fue detenida Rocío M oreno -una de las lideresas- de form a totalm ente irregu­ lar. C uando se dem ostró que ella no había estado en los hechos denunciados y que debía dejársele en libertad, el juez dictó la orden de prisión contra diez com uneros -cinco de los 14 originalm ente acusados, m ás otros cinco que no se encontraban en la denuncia original-. U n m es después, tres jóvenes com une­ ros tam bién fueron detenidos y liberados de form a arbitraria (Hipólito, 2012). Los com uneros respondieron apelando a la legitim idad y legalidad de sus acciones en el m arco de sus derechos agrarios - la parte positiva de la ley- y trataro n de hacer público su caso apelando al apoyo de las redes de solidaridad que habían construido, y así evitar la im punidad con que M oreno Ibarra y las autoridades se m ueven. Pero ni las num erosas presiones políticas y de opinión pública ni las inconsistencias jurídicas denunciadas por el C entro para la Jus­ ticia para la Paz y el D esarrollo (CEPAD) han evitado que estas diez personas tengan que vivir am paradas y perseguidas por defender los derechos que la ley agraria y la constitución les otorgan. D urante cuatro años han tenido que firm ar todos los m eses en el juzgado de O cotlán y el juez no h a considerado las pruebas de descargo presentadas por los abogados, y ha ratificado la denuncia de form a totalm ente irregular. C on este éxito, G uillerm o M oreno Ibarra pareció dispuesto a m ostrarse p ú ­ blicam ente, “hablando” con el juez, llegando al Com isariado, y am pliando la intim idación física m ás allá de los lím ites de “su” terreno: desde finales de 2011 se hizo acom pañar de u n a guardia arm ada com puesta por m ujeres de Mezcala, que entrenaban sem analm ente en El Pandillo e intim idaban en las asambleas. Los com uneros han denunciado a este grupo y a la banda arm ada que “res­ guarda” El Pandillo com o u n caso de crim en organizado, en particular ante el M inisterio Público y la Secretaría de Defensa, sin obtener alguna respuesta.30 En las elecciones de agosto de 2014, los com uneros de la resistencia lo­ graron retom ar el control del C om isariado - p o r cuatro votos de diferencia-, aliándose con u n sector desilusionado con M oreno Ibarra. U n m es m ás tarde, el Tribunal A grario p or fin em itió sentencia favorable a la C om unidad, conm i­ nan d o al invasor a desalojar el terreno. Sin embargo, poco duró la alegría. Al apelar, M oreno Ibarra logró que el Tribunal aceptara su calidad de com unero de M ezcala, a la que había accedido en 2012 a través del suegro de Crescenciano Santana. Se abre así u n a nueva fase en el conflicto en que de nuevo se retuerce la ley com o form a de buscar la acum ulación: M oreno Ibarra accede a la calidad de com unero no para lo que sería su función -proteger el territoriosino para todo lo contrario. 30 El grupo arm ado lleva “protegiendo" la finca desde que se dio la invasión, y ya han habido m om entos de tensión com o en febrero de 2008, cuando am enazaron a una marcha que subía en apoyo a los com uneros de M ezcala. El núcleo de este grupo está form ado la familia de Crescenciano Santana. El grupo de m ujeres “Las Águilas de El Pandillo" tam bién se forma alrededor de las fam iliares de Crescenciano Santana, adem ás de otras que aceptaron el trabajo por la rem u­ neración que suponía.

La apropiación comunitaria del espacio turístico M ientras se desarrollaba toda esta serie de conflictos, la gente em pezó a vi­ sitar Mezcala. No eran m uchos los visitantes -y aún no lo son- y norm alm ente sólo pasan unas horas en el lugar: visitan el m useo com unitario que está en la plaza, navegan a la Isla en barca y de regreso com en en alguno de los com e­ dores del m alecón. Se trata de sectores m edios y populares de la región, sobre todo de la Z ona M etropolitana de Guadalajara, y en ocasiones el arribo de algún autobús de norteam ericanos que llega desde Ajijic o Chapala.31 Las autoridades de los tres niveles (m unicipal, estatal y federal) han in ­ tentado estar presentes en M ezcala para intervenir en este flujo turístico. En principio, la m unicipalidad de Poncitlán abrió en 2011 u n a oficina de Turism o en la plaza principal, pero cerró en m enos de u n año. Posteriorm ente, la Secre­ taría de Turism o del estado, im pulsó u n a cooperativa que nunca pasó m ás allá de recoger la basura del pueblo en dos ocasiones. En cambio, lo que sí avanzó fue la construcción de u n m alecón, u n a obra del M unicipio m uy sim ilar las de Ajijic y Jocotepec, u n espacio em inentem ente turístico, “presentable” a los ojos de los visitantes, que insertaría así a M ezcala en el espacio de la Ribera del lago de Chapala. Los m ezcalenses recibieron encantados la construcción del m alecón con­ virtiéndolo en el centro de la actividad turística, de la que se han apropiado de form a exclusiva. En él están instaladas las dos cooperativas de lancheros, “Isla Indóm ita” e “Insurgentes de Mezcala”, que tran sp o rtan a los turistas a la isla, y que cerraron filas ante la intención de los barqueros de C hapala que preten­ dían beneficiarse con el transporte de gente desde esta localidad hacia la Isla. U na m anera de m antener la exclusividad de los locales ha sido u n reglam ento que exige que para ser socio de las cooperativas se debe ser originario de Mezcala. Tam bién son de M ezcala los guías -n o rm alm en te niños y m uchachos que recorren la isla explicando a los visitantes la historia de los hechos ahí o cu rri­ d o s-. Por últim o, tam bién son m ezcalenses los dueños de los cuatro restauran­ tes -instalaciones aun precarias que sirven pecados, m ariscos y cervezas- que unidos tuvieron que resistir las presiones foráneas y que im pidieron la llegada de hosteleros de Poncitlán y C hapala (H ernández, 2015). En definitiva, el turism o en la localidad de M ezcala aún no es u n a actividad im portante -de hecho el único y pequeño hotel abrió en agosto de 2014- ni tam poco genera recursos que perm itan asegurar la subsistencia de ninguna familia. N o sabem os qué sucederá si el flujo de turistas continúa en aum ento, pero hasta la fecha, es claro que la conciencia histórica del uso exclusivo del

31 Este apartado debe m ucho a la tesis de Francisco Hernández (2015).

Imagen 8. Plantón frente al juzgado de Ocotlán (Fotografía: Santiago Bastos, 2011).

territorio ha perm itido u n a apropiación com unitaria del proyecto del turism o y de los beneficios que derivan de esta actividad. La versión m ás desarrollada de esta apropiación del turism o por parte de la com unidad, es el proyecto Paraje Insurgente, u n edificio ubicado a las afueras del pueblo que sirve com o restaurante, café, sede de cooperativas (panadería, elaboración de pulque, elaboración de conservas, etc.) y salida de rutas de ca­ m inata p or los cerros de Mezcala. D esarrollado com o parte de u n proyecto de turism o com unitario por los integrantes del Colectivo Mezcala, está confor­ m ado p o r estas cooperativas y apuesta p o r utilizar el turism o para reforzar la identidad y avanzar en la construcción de la autonom ía desde varios frentes. C om o señala H ernández en este caso en particular: El turismo comunitario propone una forma de hacer turismo que no conlleve des­ pojo, que no conlleve pérdida de autonomía territorial, que refuerce la memoria histórica y el conocimiento y apego al territorio y a la Comunidad. Que promueva y reviva el hacer del trabajo concreto y no el trabajo abstracto, y haciendo la or­ ganización a manera de cooperativas se evite la feroz competencia por la riqueza individual (2015: 171).

Conclusiones: turismo, despojo y recreación étnica El ejem plo de la Ribera de C hapala nos m uestra cóm o el turism o residencial puede ser considerado dentro de la acum ulación p or desposesión (Jackiewitz y Craine, 2010) p or las form as en que se da y los efectos que tiene. C om o en m u ­ chos otros lugares, el interés p o r invertir, no se basa sólo en las consideraciones de u n clim a benéfico, en los atractivos paisajísticos o en lo privilegiado de su situación geográfica, sino sobre todo en el gran beneficio que puede obtenerse p or la diferencia entre el valor asignado a la tierra en u n contexto agrario origi­ nal, y su valor en el m ercado inm obiliario. Esta condición es fundam ental para el desarrollo de la acum ulación. La actuación de G uillerm o M oreno Ibarra es u n ejem plo de cóm o se da este despojo. Su presencia en M ezcala no es u n capricho personal, sino u n a estra­ tegia para abrir las tierras inalienables al m ercado por encim a de la legalidad y la voluntad de los com uneros. Parece ser parte de u n plan de urbanización en que están presentes por lo m enos la Presidencia M unicipal de Poncitlán, la Secretaría de Reform a Agraria, la Secretaría de Turismo, entre otras institucio­ nes de Jalisco, y que supone la injerencia de agencias inm obiliarias de C hapala y G uadalajara que aún no dan la cara. Esta acción se basa en el desprecio de las leyes y las gentes: se ha gastado, y m ucho, en sobornos y “prem ios” para quienes han apoyado estas acciones.32 C on ello, lo que se busca es obtener beneficios im punem ente (G aribay y Blazaretti, 2009): saltándose las leyes que protegen este territorio com o com unitario -la voluntad de sus dueños legales- y acudiendo a “la depredación, el fraude y la violencia” (Harvey, 2004: 112). Se interviene en las instituciones com unitarias para que respondan a sus intereses, en vez de a los de los com uneros y la población de Mezcala, en lo que G aribay denom ina la “captura com unitaria” (2010: 18). C on estos m anejos se logra que el conflicto entre los intereses inm obiliarios y la legalidad agraria se convierta en u n conflicto entre com uneros m ezcalenses y se utiliza la lógica de intereses diversos que tradicionalm ente se daban dentro de la com unidad para anular la capacidad de resistencia, haciendo aparecer a quienes defienden la legalidad com o “atrasados” que no quieren el progreso. C om o eso no h a sido suficiente, M oreno Ibarra no ha tenido reparos en usar la violencia de form a directa, am enazando y disparando sus arm as. Y ha logrado que las autoridades usen las leyes para tratar a los com uneros com o si fueran crim inales dando la vuelta a la situación: quien ocupa ilegalm ente los terrenos com unitarios de M ezcala hace que se detenga, se encarcele y se

32 Com o siem pre, es un punto que no se puede probar, del que no hay pruebas, pero el pueblo "habla" por la vía de los rum ores y conocim ientos. Y hay gente que afirma que ha recibido los m encionados "premios".

Imagen 9. Malecón de Mezcala (Fotografía: Santiago Bastos, 2011).

Imagen 10. Músicos en el malecón de Mezcala (Fotografía: Santiago Bastos, 2015).

procese a quienes buscan que se cum pla la legalidad. Es u n a buena m uestra de las estrategias de crim inalización de las protestas sociales que se da en toda A m érica Latina y el m undo (Korol y Longo, 2009). A ello se refiere Harvey (2004) cuando plantea que esta form a de acum ulación se hace a través de una com binación de coerción económ ica y extraeconóm ica. Todo esto es posible por la participación de las autoridades de diferentes niveles (Blázquez et al., 2011, Garibay, 2010). C on el desm antelam iento del Estado agrario corporativo heredado de la Revolución y su sustitución p or uno orientado a la econom ía global a p artir de políticas neoliberales, se busca que la tierra de las com unidades cam pesinas com o M ezcala queden disponibles para el m ercado (B aitenm ann, 2007). El Estado corporativo en que se in serta­ b a esta figura jurídica, se está derrum bando. No es sólo el cambio del A rtículo 27 C onstitucional en 1992 o la desaparición de la Secretaría de Reform a A gra­ ria este año; la form a despectiva en que las autoridades actuales -G obierno de Poncitlán, SCJ, IN A H - tratan a la C om unidad en M ezcala m uestra el poco peso de esa legitim idad en las esferas de decisión política. El caso de la Isla m uestra cóm o el m ism o trabajo del INAH se inscribe en la valoración del “p a ­ trim o n io histórico” dentro de u n a estrategia turística (Hipólito, 2012). Por ello las autoridades apoyan de form a activa y pasiva a los “inversores”, aunque sus acciones choquen con la legalidad vigente. Se saltan la institucionalidad agraria que ya no corresponde al m odelo neoliberal, pero al que com u­ nidades com o M ezcala se niegan a renunciar. C om o resultado, quien defiende esta legalidad -lo s com uneros- se quedan sin capacidad coercitiva para hacerla valer frente a los infractores, que m uchas veces son las m ism as autoridades que deberían estar defendiéndola. Los inversores y autoridades piensan que lo que tienen delante es u n espa­ cio vacío, sin gente y sin historia; u n a m ercancía para com prar barato y vender caro. Pero los mezcalenses, com o m uchos otros, tienen otra versión de lo que significan esos “terrenos” que se quieren convertir en m ercancía. Su tierra co­ m u n itaria no es u n m ero espacio n i recurso, es u n territorio, u n espacio dotado de significados concretos que van m ás allá de su m aterialidad. Claro que hay u n a historia y u n a identidad que los arraiga al territorio y que les otorga fuerza y razones para oponerse al despojo. En el proceso de resistencia e identidad se ha ido fortaleciendo y se ha transform ado la form a de sentirse indígena, entendiéndose ahora com o parte de u n pueblo con derechos históricos sobre el territorio. Acorde a los plantea­ m ientos descolonizadores de los indígenas latinoam ericanos (Burguete, 2010), se han ido oponiendo cada vez m ás conscientem ente a unas autoridades que no les defienden, y a las políticas neoliberales que les despojan de lo único que les queda. C uando las instituciones y la legitim idad del Estado posrevolucionario ya

no son útiles para m antener la integridad del territorio, los com uneros mezcalenses recrean su sentido de ser indígena (Bastos, 2010). Se asum en com o parte de u n Pueblo originario que tiene derecho al autogobierno y la protección de u n territorio y que están dispuestos a defender. Por ello, no nos ha de extrañar que los contenidos que se le está otorgando a esta categoría no son los de la am able diversidad celebrada p o r el m ulticulturalism o oficial (H ernández et al, 2004), sino los de cuestionam iento al m odelo neoliberal desde u n a resistencia renovada (Alonso, 2008). Incluso se p o d ría decir que a largo plazo, lo ven com o u n a form a de m ante­ nerse ante los nuevos em bates que les trae el contexto de la globalización. A lo largo de la historia colonial y republicana, com o otros indígenas, los mezcalenses fueron utilizando los intersticios que dejaban los m arcos creados para su subordinación. El Título Prim ordial fue u n a form a de asegurar el control sobre su territorio usando los argum entos m ás im portantes de los colonizadores: la cesión real y la com pra. C uatro siglos después fue la Titulación com o C om u­ n idad agraria la que puso el m arco para m antener el control sobre el territorio. Por eso, podem os pensar que el cam bio que se está dando desde la legitim i­ dad agraria a la “autonóm ica” (Burguete, 2008) supone u n a form a de asegurar la legitim idad de sus aspiraciones en u n Estado que, aunque no cum pla, dice respetar los derechos de los Pueblos Indígenas (H ernández et al., 2004). Se trata de u n a apuesta difícil para la que han estado encontrando diversos tipos de barreras. Pero al hacerlo están m ostrando la capacidad de agencia de las co­ m unidades y la posibilidad de pensar en u n futuro desde los propios intereses. Además, con su actitud y sus acciones, com o m uchos otros indígenas en M éxico y A m érica Latina, están m ostrando que la necesidad de elegir entre “tradición” y “m o d ernidad”, entre “ser indígena” y “ser desarrollado” es falsa (Bastos, 2010). Ellos están proponiendo u n a form a m o d ern a de ser tradicio­ nal; o si se prefiere u n a form a tradicional de ser m odernos: proponen que su pasado indígena sea la fuente de su futuro.

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Turismo alternativo en el medio rural, la disputa por la tenencia de la tierra y el acceso a los recursos naturales en la Península de Yucatán 1

Ana García de Fuentes2 José Antonio Barragán Ojeda3 Irma Gabriela Fierro Reyes4 Eugenia Pulido Madariaga5 Manuel Xool Koh6 Introducción La construcción de com plejos hoteleros y desarrollos turísticos en M éxi­ co h a estado acom pañada de u n proceso de reestructuración territorial, en el que ejidatarios, cam pesinos y pescadores se enfrentan a la turistificación de sus territorios. A unque este proceso se inició originalm ente en los litorales m exicanos y en las zonas de segunda residencia de las grandes ciudades, de m anera reciente el turism o se está expandiendo hacia lo que A guirre Beltrán (1967) denom inó regiones de refugio de los pueblos indígenas de Am érica Latina. Estos territorios y sus pueblos, aún y cuando han m antenido p erm a­ nentes vínculos de explotación relacionados con enclaves productivos y con las m igraciones laborales de carácter tem poral, presentan am bientes naturales 1

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Este trabajo es resultado de la reflexión colectiva que, bajo la coordinación de la Dra. Ana García de Fuentes, realiza este grupo de estudiantes a partir de la elaboración de sus tesis de posgrado y de su participación en el proyecto Atlas de Turism o Alternativo de la Península de Yucatán. Centro de Investigación y Estudios Avanzados (CINVESTAV) Unidad M érida, Departam ento de Ecología Humana.

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CINVESTAV Unidad M érida, D epartam ento de Ecología Hum ana - Universidad Nacional Autónom a de M éxico (UNAM), Unidad Académ ica Sisal.

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CINVESTAV Unidad M érida, D epartam ento de Ecología Hum ana - Escuela de Antropología e Historia del Norte de M éxico (EAHNM ), Extensión Creel.

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CINVESTAV Unidad M érida, Departam ento de Ecología Humana. UNAM , Unidad Académ ica Sisal.

Gustavo M arín G uardado (Coord.) 2015 Sin tierras no hay paraíso. Turismo, organizaciones agrarias y apro­ piación territorial en México. El Sauzal (Islas Canarias): PASOS Revista de Turism o y Patrim onio Cultural. Colección PASOS Edita, 15. ISBN 978-84-88429-29-2

relativam ente m enos alterados y que concentran gran parte de la riqueza bio ­ lógica y cultural, p o r lo que resultan sum am ente atractivos para u n a dem anda de turism o alternativo cada vez m ás creciente.7 A pesar de que las distintas m odalidades de turism o alternativo se h an con­ solidado de m anera notable en el traspaís8 del C aribe m exicano, en respuesta a la dem anda del propio turism o de m asas y a la intervención de diversos or­ ganism os públicos, privados y civiles, es poco lo que se ha dicho acerca de la im plem entación de este tipo de oferta turística y, m enos aún, de las im plica­ ciones económ icas y sociales, y sus repercusiones en la tenencia de la tierra en las localidades del m edio ru ral yucateco.9 Este trabajo analiza, a p artir de u n a serie de casos de estudio, las im plica­ ciones del desarrollo de proyectos de turism o alternativo en terrenos ejidales. E n particular nos centram os en los conflictos que derivan de este tipo de emprendim ientos, la incertidum bre respecto a la tenencia de la tierra, las disputas p or los recursos com unales y los problem as de su adm inistración, y p or tanto las dificultades de control territorial, la gestión em presarial com unitaria y los dilem as del desarrollo local. Para este propósito partim os de u n a reflexión sobre la situación actual del ejido en Yucatán, que pasa por la consideración de la evolución de las activida­ des productivas del sector rural, la estructuración de las form as de propiedad y uso de la tierra, la crisis económ ica en el cam po y la posterior introducción del turism o alternativo com o u n a posibilidad para im pulsar el desarrollo sustentable entre las poblaciones locales. E n la Península de Yucatán, com o en el resto de M éxico, la tenencia de la tierra en traña u n a gran variedad de formas, entre las que podem os encontrar ejidos, pequeñas propiedades, com unidades y terrenos que pertenecen al go­ bierno (estatal y federal), así com o a capitales privados (Vargas et al., 2008). E n el caso particular de los ejidos en Yucatán, las condiciones históricas y geo­ gráficas de la región han propiciado que se organicen conform e a los patrones de distribución territorial de la producción agropecuaria (H ernández et al.,

7 Para los fines de este trabajo partim os de la definición de turism o alternativo de SECTUR (2004: 22): “Los viajes que tienen com o fin realizar actividades recreativas en contacto directo con la naturaleza y las expresiones culturales..."; y 8

lo subdividim os en cuatro m odalidades: ecoturism o, turism o de aventura, turism o rural y turism o cultural. El concepto de traspaís hace énfasis en la relación que guarda el turism o del interior con los procesos turísticos de la

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costa, véase por ejem plo Genlileschi (1991), Córdoba y García (2001), Góm ez (2003) y Troin (2004). Los estudios sobre el desarrollo del turism o en la Península de Yucatán y su relación con los procesos de reapropiación territorial se han enfocado en la m odalidad del turism o de m asas, conocido com únm ente com o “turism o de sol y pla­ ya", particularm ente en los llam ados “com plejos turísticos planificados" (Soberanis, 2003). Sin em bargo, se destacan dos tesis pioneras sobre el tema que nos ocupa: la de Ortiz (2001) que analiza los conflictos vinculados con la expro­ piación de tierras ejidales en el parador turístico de la zona arqueológica de Dzibilchaltún; y la de Valdés (2006) sobre el proceso de em poderam iento de un grupo de fam ilias y los conflictos internos derivados de la explotación turística de los cenotes de Chunkanán.

2004). En esta región, com o refiere Lapointe (1985), se constituyeron dos ti­ pos de ejidos: los henequeneros y los maiceros. Los prim eros, dedicados al henequén10, u n cultivo de plantación para la exportación, operaron en form a colectiva, m ientras que los ejidos m aiceros que trabajaban bajo el sistem a rozatum ba-quem a, determ inaban de m anera colectiva la rotación y apertura de nuevas tierras, pero el trabajo y el usufructo operaban de m anera individual. D esde el últim o cuarto del siglo XIX hasta la década de 1970, la econom ía de Yucatán giró en to rn o al cultivo, industrialización y exportación del h en e­ quén, producto que, sin embargo, fue perdiendo m ercado.11 El Estado prim ero subsidió la fase agrícola, entre 1961-64 asum ió la fase industrial al com prar las cordelerías y crear el com plejo CORDEM EX, posteriorm ente adquirió las desfibradoras, y para 1976 controlaba y subsidiaba todo el proceso (Villanue­ va, 1990). En este proceso, el subsidio otorgado a la fase agrícola se convirtió en salario, es decir, los ejidatarios pasaron a form ar parte de la n óm ina del gobierno. El P rogram a de R eorganización H enequenera y D esarrollo Integral de Yu­ catán de 1984, reconoció la baja rentabilidad de la producción henequenera en el estado y planteó de m anera categórica la búsqueda de nuevas alternativas productivas. D urante los gobiernos estatales de Víctor C ervera Pacheco (1984­ 1988) y Víctor M anzanilla Schaffer (1988-1994), de u n total de 309 ejidos h e ­ nequeneros, alrededor de 100 cam biaron su orientación productiva principal­ m ente hacia la porcicultura y la ganadería bovina (Baños, 1995). En el resto de los ejidos, la casi desaparición de la producción henequenera se tradujo en u n a relativa revitalización de la m ilpa de autoconsum o; sin em ­ bargo, el eje de la actividad productiva se desplazó hacia el trabajo asalariado, m ayorm ente vía m igración pendular (hacia la industria de la construcción, m aquiladoras, pesca tem poral, porcicultura, etc.).12 La m ayor parte de las tie­ rras quedó en el abandono, pero aún con las ausencias de la m igración p e n ­ dular o perm anente, la vida del ejido siguió girando en to rn o a los acuerdos tom ados en asamblea, y de hecho, la asignación previa de parcelas, aún sin haber sido legalizadas a través del PROCEDE, perm anece y se respeta.

10 El henequén (agave fourcoroydes) es una planta productora de fibra dura. Su gran desarrollo en la región se relacionó con el m ercado creado por el uso de la m áquina engavilladora al tecnificarse la agricultura en Estados Unidos y otros países (García de Fuentes y de Sicilia, 1984). 11 Las causas de su declive, am pliam ente estudiadas, pueden sintetizarse en que Yucatán perdió su m onopolio absoluto a nivel internacional por la aparición de las fibras sintéticas y el surgim iento de otros países productores de la misma fibra (Brasil y Tanzania) que com piten en el m ercado internacional con mayores rendim ientos y costos de producción más bajos. 12 “En mayo de 1992 se concretó la llamada individualización del ejido con el decreto del gobierno del estado que dispu­ so la indem nización de 30,225 ejidatarios y la jubilación anticipada de 12,200 cam pesinos m ayores de 50 años... Con esta m edida, más la liberalización del m ercado henequenero y la liquidación de Cordem ex, el Estado dio por term ina­ da su participación en la industria henequenera, después de m ás de m edio siglo de controlarla hasta en sus m enores detalles" (Canto, 2001:68).

En los ejidos m ilperos, por su parte, la agricultura de roza-tum ba-quem a plantea u n a explotación individual, pero rotativa, lo cual perm ite m antener la propiedad colectiva de la tierra. La asam blea ejidal es la que autoriza el lugar donde cada ejidatario puede establecer u n a nueva parcela. N o obstante, tam ­ bién se presentaron transform aciones en estos ejidos p o r la penetración de la ganadería bovina, que se ubica particularm ente en el oriente del estado. Esta actividad requiere potreros perm anentes que, a su vez, precisan de acuerdos internos de parcelación individual y usufructo privado. En el contexto del declive de la producción del henequén en Yucatán, así com o del resto de los productos agrícolas en todo el país debido a la crisis de la década de los ochenta, se im plantan las políticas neoliberales en México: desregulación, libre m ercado, privatizaciones, así com o las reform as al artículo 27 constitucional y a la Ley A graria en 1992 (H ernández et al., 2004). Estas transform aciones im pactaron de m anera directa en la organización ejidal. El Program a de C ertificación de D erechos Ejidales y Titulación de Solares U rbanos (PROCEDE), se crea para regularizar legalm ente la propiedad social del espacio agrario. Sus objetivos son delim itar y, si así lo deciden los invo­ lucrados, parcelar e individualizar la propiedad ejidal y com unal en todo el país, em itir los certificados y títulos correspondientes y, con ello, perm itir la celebración de contratos de venta o de asociación (renta, aparcería y m ediería). El PROCEDE abrió la posibilidad de generar u n cam bio en la tenencia de la tierra, m aterializando la venta de territorios ejidales y, en consecuencia, la p ri­ vatización de los m ism os (H ernández et al., 2006). No obstante, es im portante destacar que u n im portante núm ero de ejidos decidió m antener la propiedad colectiva de la tierra y no parcelarla bajo el PROCEDE, entre los que se en ­ cuentran ejidos que operan con acuerdos internos de parcelación que no se som etieron al proceso legal. D urante la últim a década del siglo XX se genera u n cambio en la percep­ ción del espacio rural y el papel que la agricultura debe jugar en él, es decir, se proyecta u n “nuevo rol del espacio ru ral”, con el que se busca desarrollar un sector de bienes y servicios que vaya m ás allá de la producción de alim entos. C on este propósito, en los contextos rurales se fom enta la introducción de ac­ tividades com o el turism o, el pago por servicios am bientales, la producción de artesanías y la conservación de la biodiversidad, entre otros (CEPAL, 2013). En el caso de la actividad turística, las distintas m odalidades del turism o alternativo h an servido de estrategia m ercadotécnica para prom over el espacio ru ral com o u n tipo de destino no explotado, atrayendo a u n nuevo público de turistas preocupados por la protección am biental (Honey, 1999) e interesados en la cultura de las sociedades receptoras. El ecoturism o, el turism o de aven­ tura, el turism o rural y el turism o cultural, considerados actividades com ple­ m entarias a las agropecuarias, se prom ueven por su potencial para generar

em pleos y oportunidades de desarrollo sustentable y son im pulsadas entre las organizaciones ejidales con el apoyo de organism os gubernam entales y civiles (Barbosa et al., 2010). Se presenta al turism o com o la m ejor opción de desarrollo para las com u­ nidades rurales con respecto a otras actividades productivas, con el argum ento de que es posible, en teoría, desarrollar proyectos sin u n gran capital inicial, adem ás de que, u n a vez en m archa, las em presas turísticas estim ularán otras áreas económicas, generando em pleos localm ente. C on esta perspectiva, el tu ­ rism o se ha prom ovido com o u n a política de desarrollo en los países del tercer m undo, con m iras a aprovechar su riqueza natural e histórica, considerando que m uchos de ellos son ricos en recursos naturales, pero al m ism o tiem po registran altas tasas de desempleo, especialm ente en áreas rurales (Cooper, 2004). A pesar de que el turism o alternativo se plantea com o u n a opción de em ­ pleo y u n m edio para lograr el desarrollo local, su im plem entación ha traído consigo u n a serie de problem áticas relacionadas con la econom ía, los cambios socioculturales, los im pactos am bientales y la m odificación en la tenencia de la tierra de las sociedades rurales. Estos aspectos, sobre todo en nuestro en ­ to rn o inm ediato, no son considerados o no reciben la atención necesaria en la in strum entación de program as relacionados con las actividades turísticas, lo cual acaba afectando seriam ente a los territorios y poblaciones involucradas y generando im portantes conflictos en el ám bito de las form as de organización social y el uso de los recursos (López y M arín, 2012). Para que u n a m odalidad de turism o alternativo se consolide con éxito en u n a zona rural, hace falta algo m ás que la prom oción de agentes externos. Fac­ tores com o la responsabilidad, el liderazgo y las habilidades de gestión al in te­ rio r de las organizaciones ejidales son fundam entales para el fortalecim iento de las actividades turísticas. Existen reportes de que estructuras distintas a la ejidal proporcionan m ayores facilidades para gestionar recursos de apoyo a proyectos de turism o alternativo ante los organism os internacionales, depen­ dencias federales y estatales y O N G .13 Por esta razón, algunos ejidatarios deci­ den constituirse en sociedades cooperativas (SC), asociaciones civiles (AC) o sociedades de producción rural (SPR), entre otras (Barbosa et al., 2010). La incorporación del turism o alternativo com o u n a nueva actividad eco­ nóm ica en las zonas rurales de Yucatán implica, adem ás de u n proceso de reestructuración territorial, u n a reorganización social y productiva que en la m ayoría de los casos involucra las form as de funcionam iento de los ejidos. Por lo general, estas nuevas form as de organización que ponen en explota­

13 Por ejem plo, el Programa de Pequeños Donativos (PPD) del PNUD no considera el ejido com o un tipo de organización susceptible de apoyo, por lo que requieren constituirse com o AC o SC para acceder a sus fondos.

ción ciertos recursos naturales, conllevan a la supresión del libre acceso que m ostraban esos recursos y la posterior conform ación de estructuras sociales m enos incluyentes (Valdés, 2006), generando lo que se conoce com o zonas de crisis: lugares en los que se originan fuertes conflictos en to rn o a la tom a de decisiones, la participación de la población, el uso de los recursos naturales y la apropiación territorial (Cesar et al., 1991). A p artir de la revisión de los cuestionarios del censo que se está aplicando para la elaboración del ya referido Atlas de Turism o A lternativo en la P enín­ sula de Yucatán que realizam os u n grupo de investigadores y estudiantes del CINVESTAV-Mérida y de las tesis en proceso de algunos de estos estudiantes, se seleccionaron cinco casos sobre los que se profundizó en campo, a fin de presentarlos com o ejem plos de los diversos escenarios que está generando la im plem entación del uso turístico de terrenos ejidales en el estado de Yucatán (ver m apa 1).

Conflictos por el uso de tierras ejidales en proyectos turísticos del sector social. El caso de la sociedad cooperativa Unión de Truckeros Bolonchoojol (Chunkanán, Cuzamá, Yucatán) La localidad de C hunkanán pertenece al m unicipio de Cuzamá. De acuer­ do al censo de población y vivienda (INEGI, 2010) cuenta con 356 habitantes, de los cuales, 65 son ejidatarios y 29, familias avecindadas. La superficie del ejido está constituida por 308 hectáreas de uso com ún y 16 hectáreas para crecim iento del asentam iento.14 El ejido de C hunkanán, históricam ente henequenero, ha sufrido diversos cam bios a p artir de la desaparición de esta actividad. A lgunos pobladores em i­ graron hacia la costa y se volvieron pescadores; otros trabajan en el sector ser­ vicios en la ciudad de M érida; y los que perm anecen en C hunkanán continua­ ron ocupados en la agricultura de subsistencia y la apicultura a pequeña escala. A principios de la década de 2000 inicia la llegada de visitantes a los tres ce­ notes, aprovechando el antiguo cam ino del ferrocarril de vía angosta que va de Tekit a Acanceh y que dejó de prestar servicio.15 La com binación de u n recurso natural (cenotes) y u n recurso cultural (paseo en truck16 p o r la referida vía), resultó atractivo y la divulgación de los propios visitantes por recom endación

14 Datos obtenidos del Padrón e Historial de Núcleos Agrarios (PHINA), “Consultas", disponible en http://phina.ran.gob. mx/, consultado el 23 de mayo de 2015. 15 Estas vías, construidas por los hacendados en la época del auge henequenero, fueron utilizadas posteriorm ente para el transporte público entre Tekit, Acanceh y puntos interm edios, para después quedar abandonadas. 16 Los trucks son pequeñas plataform as, rem olcadas por caballos, que se deslizan sobre rieles decauville (vías federales de ferrocarril que conectaban Chunkanán con las com unidades cercanas). El truck era utilizado para recoger las pencas de henequén en las plantaciones y llevarlas a la casa de m áquinas, donde eran procesadas. Actualm ente tam bién es utilizado para transportar leña (Valdés, 2006; SEFOTUR, 2011).

MAPA 1. LOCALIZACIÓN DE LOS CASOS ESTUDIADOS -87

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Carreteras ■ Autopista de cuota Carretera de múltiple carril ---------- Federal Estatal Proyección: UTM Datum: WGS84 Escala: 1:770,00 Adecuó: Gilberto M. González Kuk de Antonio Barragán

de “boca en boca”, pronto los convirtió en u n atractivo turístico. El acelerado crecim iento del núm ero de visitantes indujo a los prestadores del servicio a organizarse de m anera legal y constituirse en sociedad cooperativa en el año 2006, bajo el nom bre de U nión de Truckeros Bolonchoojol. El grupo origi­ nal estaba integrado por ejidatarios del ejido de Cuzam á (cabecera m unicipal) y del ejido de C hunkanán (com isaría del m ism o m unicipio). A ctualm ente la cooperativa está integrada p or 31 socios, de los cuales 17 no son ejidatarios, 13 pertenecen al ejido de C hunkanán y sólo uno al de Cuzamá. La cooperativa ofrece el servicio de recorrido en truck para visitar tres ce­ notes, cada un o localizado en u n ejido diferente: el cenote C helentún en el ejido de C hunkanán; Chaksinicché, en el de Acanceh; y Bolonchojool, en el de C uzam á (ver m apa 2). Al constituirse, el grupo solicitó al ejido de Cuzam á el usufructo del cenote B olonchojool y obtuvo la concesión por 10 años, a cam bio de pagar u n porcentaje del ingreso percibido en las tem poradas altas de turism o (Navidad, Sem ana Santa y Pascua y vacaciones de julio y agosto). El grupo no form alizó ningún acuerdo con el ejido de Acanceh para el uso del cenote Chaksinicché; m ientras que del ejido de C hunkanán obtuvo la conce­ sión p or 30 años de u n terreno de 8,015 m 2 (ubicado en el área de uso com ún del ejido de C hunkanán), con la idea, aún no concretada, de construir el p a ­ rad o r turístico; pero no negoció la concesión para la explotación del cenote Chelentún. El cenote m ás cercano a la com unidad de C hunkanán es el Chelentún. De aguas azuladas por los efectos crom áticos de la naturaleza, éste es el de m ás fácil acceso ya que cuenta con escaleras hechas de cem ento y m adera, y es el único de los tres cenotes que presenta u n a zona poco profunda. El cenote C haksinicché, al igual que el anterior, tiene u n a escalera de fácil acceso, es sem i-cerrado y de gran profundidad, lo que perm ite al turista realizar clavados. El Bolonchojool es u n cenote cerrado y de difícil acceso, al cual se desciende m ediante u n a escalera totalm ente vertical, de unos 15 m etros de profundidad aproxim adam ente. Su bóveda se ilum ina sólo p o r los rayos del sol que atravie­ san p o r pequeños orificios de la m ism a, y que hacen que sus aguas se tornen de m últiples colores. U na vista única y espectacular que lo ha llevado a ser considerado com o u n o de los cenotes m ás herm osos en Yucatán. El servicio al turista se organiza en u n rol continuo de turnos de los socios para hacer el recorrido en truck y tam bién para el m antenim iento de los baños; m ientras que el m antenim iento de la vía por donde transita el truck (chapeo, ajustes de tornillos, estabilidad) se distribuye en partes iguales, siendo cada socio responsable de 140 m etros aproxim adam ente. La U nión de Truckeros B olonchoojol se ha caracterizado p o r operar sin asesores ni recursos gubernam entales o de ONG. La oferta ha resultado tan atractiva que, adem ás de la recom endación de boca en boca, estos cenotes han

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Imagen 1. Vista interior del cenote Chaksinicché (Fotografía: Antonio Barragán, 2012).

sido prom ovidos por agencias de viajes y la Secretaría de Turism o com o algu­ nos de los m ás atractivos del estado. En 2009, no obstante, surgen discrepancias entre la com unidad y las autori­ dades m unicipales que suscitan la separación de u n a parte de los m iem bros de la cooperativa para form ar otra sociedad, quedando finalm ente dos grupos: el original, integrado principalm ente por vecinos y ejidatarios de C hunkanán; y el que se separa, integrado en su m ayoría p o r habitantes y ejidatarios de Cuzam á, la cabecera m unicipal.17 A pesar de la com petencia, claram ente desleal, por el uso abierto del poder político para inhibir el arribo de turistas a la cooperativa de C hunkanán, ésta recibe en u n año m ás de 38,000 turistas, logrando m antenerse y generar in ­ gresos m ensuales de alrededor de $4,000 pesos para cada uno de sus 31 socios (Pulido, 2014).18 Sin em bargo, recientem ente este grupo em pieza a enfrentar

17 El origen del conflicto se vincula al intento del entonces presidente m unicipal de establecer una agencia cervecera en la com unidad de Chunkanán, al que se opusieron los pobladores de esta com isaria. Al ser el turism o una de las principales actividades, el presidente m unicipal decide form ar otra cooperativa, la cual construye un parador ubicado 1.6 km antes de llegar a Chunkanán, donde intercepta a los turistas. 18 El cálculo corresponde al período d e julio d e 2011 a junio d e 2012.

Imagen 2. Trucks en espera de turistas en el “parador” de la comunidad de Chunkanán (Fotografía: Eugenia Pulido, 2012). problem as graves relacionados con la tenencia de la tierra, a raíz de que el ejido de C uzam á cerró el acceso al cenote ubicado en sus tierras. Por otra parte, el cenote Chaksinicché se encuentra en disputa entre los eji­ dos de Acanceh y Cuzam á, ya que am bos alegan que les pertenece; y si bien el cenote sigue form ando parte del recorrido turístico, el ejido de A canceh m ues­ tra interés en explotarlo para su propio beneficio.19 Asim ism o, u n problem a adicional es la incertidum bre sobre la propiedad de las vías férreas utilizadas p or los trucks. El ejido de C uzam á las reclam a com o suyas e incluso intentó levantar las que se encuentran dentro del ejido de C hunkanán, pero éste se opuso, de m anera que perm anecen en su sitio, pero en disputa. El turism o se ha convertido en u n a de las principales actividades econó­ m icas de la com unidad de C hunkanán, donde 31 familias invierten en la ad ­ quisición y m antenim iento de trucks y caballos para ofrecer el servicio, con el que obtienen u n ingreso neto m ensual relativam ente superior al generado p or otros proyectos turísticos similares. No obstante, la falta de certidum bre 19 En Acanceh se habla de rehabilitar la vía abandonada que com unica a la cabecera m unicipal con el cenote Chaksinicché para un proyecto turístico, lo que supondría una futura reapropiación de este cenote y los conflictos que de ello se deriven.

en la tenencia de la tierra está frenando el desarrollo de esta cooperativa, pues no le perm ite realizar u n a planeación a m ediano y largo plazo y, por tanto, la obliga a funcionar con u n a visión inm ediatista, en la que no cabe la prevención para m ejorar las instalaciones o invertir en el terreno en usufructo del parador turístico. A un cuando nos encontram os ante u n grupo con u n negocio “ren ta­ ble”, no podem os afirm ar que su actividad p o d rá ser económ icam ente viable a largo plazo si no se establecen los m ecanism os legales que den certidum bre al derecho de usufructo de los cenotes y las vías que conducen a ellos.20 El usufructo legal de los cenotes en el estado entraña u n a problem ática que no ha sido analizada ni resuelta a fondo, por lo que seguram ente se m anifes­ tará en nuevos conflictos ante la proliferación de grupos del sector social que ofertan la visita a estos espacios.21

La aplicación del Programa de Fomento de la Inversión en la Pro­ piedad Rural (FIPP) en un proyecto turístico. El caso del Parador Ecoturístico “Cenote Yaxbacaltún” (Homún, Yucatán) El P arador Ecoturístico C enote Yaxbacaltún, ubicado en el ejido de Hom ún, en lo que fue la zona henequenera, es el p rim er proyecto turístico en el estado de Yucatán que se lleva a cabo en el m arco del P rogram a FIPP, p ro m o ­ vido p o r la P ro curaduría Agraria.22 La P rocuraduría Agraria, h a incorporado entre sus objetivos el ser gestor de u n acercam iento entre inversionistas y p o ­ seedores de la tierra, facilitador entre las partes, observador del cum plim iento de los reglam entos jurídicos, y asesor de los ejidatarios para estim ar el tipo de contrato de usufructo que pueden celebrar. D e acuerdo con la inform ación obtenida en campo, en el año 2010 se inició la negociación entre los ejidatarios -representados por su com isariado ejidal— y el inversionista, con la m ediación de la P rocuraduría Agraria. D icha negocia­ ción dio com o resultado u n contrato p or 30 años entre el ejido y el em presario, que otorgó a éste el usufructo de u n a superficie de 7.7 hectáreas del ejido, constituida p or dos polígonos, cada uno con u n cenote para su explotación. Por dicha concesión el inversionista realizó u n pago único al ejido por la cantidad de $180,000 pesos. De esta cantidad, $130,000 pesos se repartieron 20 Si bien no es objeto de este trabajo, es im portante m encionar que a la problem ática planteada se añaden los conflic­ tos internos de lucha por el poder que dificultan la construcción de una estructura organizacional adecuada para el funcionam iento de una em presa social de este tipo, lo cual ha sido analizado por Valdés (2006). 21 En una visita, en julio de 2013, durante la redacción de este docum ento, constatam os el estallido de estos conflictos: los ejidatarios de Chunkanán sólo podían llevar a los turistas al cenote ubicado en su ejido ya que, a pesar del convenio de usufructo vigente hasta 2014 con el ejido de Cuzam á, tanto este ejido com o el de Acanceh les prohibieron el acceso a sus respectivos cenotes. 22 El programa FIPP, es un programa federal que se creó para establecer asociaciones entre el sector social y el privado, así com o contratos entre cam pesinos y em presas del m ism o sector social, para operar en actividades de diversos sectores económ icos, entre ellos el turístico.

Imagen 3. Caseta de entrada al parque Yaxbacaltún (Fotografía: Manuel Xool, 2013).

entre los 457 ejidatarios que conform an el ejido de H om ún y $50,000 pesos se distribuyeron, com o u n extra a los 22 ejidatarios posesionarios de las 7.7 hectáreas que fueron concesionadas.23 El contrato no especifica ningún pago posterior al ejido, independiente­ m ente de si el proyecto funciona o no, sino únicam ente el com prom iso ver­ bal del inversionista de ofrecer em pleo a los ejidatarios (con u n cálculo de 25 em pleos al consolidarse) y de otorgar recursos al ejido en tem poradas altas, sin especificar la cantidad.24 Esta situación plantea algunas interrogantes, entre ellas, sobre todo respecto al rol que ha jugado la P rocuraduría A graria ante u n contrato que parece desventajoso para los ejidatarios. Por otra parte, a pesar de que no disponem os de inform ación suficiente para evaluar los m ecanism os de negociación en térm inos de participación inform ada y dem ocrática de los im plicados, es evidente que los ejidatarios firm aron u n contrato sin contar con los elem entos suficientes para calcular el valor económ ico real del proyecto y las potencialidades com erciales del m ismo. El proyecto inició operaciones a finales del año 2011. A ctualm ente emplea 23 El ejido de Homún m antuvo sus tierras bajo el esquem a de propiedad com ún, sin em bargo durante el reparto de las parcelas henequeneras en 1992, a cada ejidatario le correspondió cierta porción de las tierras que aún se mantenían productivas y que posteriorm ente quedaron en desuso dando lugar a una selva baja caducifolia. Al celebrar el contra­ to de usufructo con el em presario, el ejido en su conjunto reconoció los derechos individuales sobre las parcelas que distribuyó en el año 1992. Los terrenos concesionados corresponden a las parcelas de 22 ejidatarios a los que, por esta razón, se les dio un pago extra. 24 Inform ación obtenida en 2013 m ediante com unicación personal con el em presario.

Imagen 4. Cenote Yaxbacaltún, principal atractivo del parque ecoturístico (Fotografía: Manuel Xool, 2013).

a tres personas fijas: encargado, velador y responsable de la lim pieza del sitio; y a dos cocineras que laboran los dom ingos. La afluencia es de alrededor de 450 visitantes p o r sem ana, con u n precio de acceso al cenote de $15 pesos por persona, que incluye el uso de baños, vestidor, área de descanso con ham acas, m esas y sillas durante el día. El visitante tam bién puede rentar equipo y apoyo para las actividades de observación de aves, buceo, snorkel y rappel. Además, se ren tan bicicletas, lanchas (alijos), chalecos salvavidas, caballos y tiendas de cam paña. Los dom ingos se vende com ida y refrescos. C on todo, el desarrollo de esta iniciativa no ha sido fácil, ya que, según el inversionista, algunos ejidatarios “no quieren trabajar, ni que otros trabajen en el sitio”, lo que ocasiona conflictos que finalm ente afectan el proyecto. Por otra parte, el inversionista se lam enta de que el tipo de asociación (privada/ejidal) no le perm ite acceder a los recursos que otorgan, por ejemplo, la C om isión N acional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) o los program as de em pleo tem poral que ofrece la Secretaría de M edio A m biente y Recursos N aturales (SEMARNAT). Desde la perspectiva organizativa, es im portante señalar que los m ás de 450

ejidatarios que integran el ejido de H om ún tienen poco conocim iento efectivo de las im plicaciones de u n a negociación de este tipo, dado que es u n m ecanis­ m o nuevo del cual no habían sido inform ados previam ente. Por otro lado, el turism o es u n a actividad m uy reciente para los ejidos del interior del estado, com o es el caso de H om ún. Lo últim o puede explicar en parte p o r qué el ejido no se propuso por cuenta propia solicitar ante la CDI recursos del Program a de Turism o Alternativo en Zonas Indígenas (PTAZI). Por su parte, el inversionista señala que no h a contado con el apoyo de la P ro curaduría A graria en los m om entos de conflicto con los ejidatarios. U na de las situaciones conflictivas que se h a suscitado, según lo relatado por el propio em presario, fue la decisión que tom ó la asam blea ejidal de cerrar el cenote, n e ­ gándose a dialogar, ante lo cual la P rocuraduría A graria se rehusó a intervenir, de m anera que la posterior reanudación de las actividades se perm itió sólo com o resultado de la denuncia interpuesta por el inversionista ante el M inis­ terio Público. Por otro lado, com o los recursos que obtuvo el ejido p o r el u su ­ fructo de los cenotes se depositaron en las oficinas de la P rocuraduría A graria y no en el local del com isariado ejidal, surgió la inconform idad de u n grupo de ejidatarios que acusa al entonces com isariado de quedarse con el dinero.25 Asimismo, en vista de que en el contrato de asociación no se fijó u n a con­ traprestación para el ejido, p o r ejemplo, en función del éxito del proyecto, re ­ sulta que quedó a la buena voluntad y libre decisión del inversionista el otor­ gam iento de algún beneficio económ ico o de cualquier tipo. H abiendo transcurrido tan sólo dos de los 30 años estipulados en la conce­ sión para la explotación de los cenotes, el sentir de u n a parte de los ejidatarios es haber sido despojados de sus tierras. El inversionista, por su lado, consi­ dera que los ejidatarios son personas poco serias y que no respetan las leyes, y afirm a que no participaría nuevam ente en u n proyecto del FIPP dadas las dificultades que ha enfrentado. Sobre todo lam enta el ser identificado como u n intru so que llegó al lugar para apropiarse de las tierras de los ejidatarios. A unque no pudim os constatar el punto de vista de los ejidatarios, la versión del inversionista nos lleva a cuestionar el papel de la procuraduría agraria; pues m ás que fungir com o m ediadora, es quien estableció el p rim er contacto con el em presario y, a nuestro parecer, le perm itió tam bién jugar u n rol apa­ rentem ente ventajoso. No obstante, las consecuencias h an resultado contrarias incluso a los propios intereses del inversor.

25 No fue posible obtener la versión de los ejidatarios; sin em bargo, de acuerdo a lo expresado por el em presario, los ejidatarios decidieron cerrar el acceso al cenote porque los recursos otorgados por el usufructo no llegaron a sus manos, sino que se le quedaron al com isario ejidal y por esta razón en el conflicto entre los ejidatarios y el comisario, al no llegar a un acuerdo, la asam blea decidió cerrar el acceso al cenote.

Limitantes para el usufructo turístico de tierras ejidales bajo el sis­ tema de apropiación por “usos y costumbres”. El caso de Alianza Ambiental (Cenotillo, Yucatán) Alianza A m biental (Tsonot Kaj) es u n a agrupación form ada p or 16 jóvenes de la localidad de Cenotillo. Se organizó en el año 2008 para desarrollar una serie de actividades proam bientales, entre las cuales destacan la lim pieza de cenotes y grutas y la reforestación. D ichas actividades se realizan en el ejido de Cenotillo, cuyas tierras perm anecen bajo el régim en de propiedad de uso com ún; aunque de m anera interna varios ejidatarios tienen parcelas o potreros individualizados cuya pertenencia les es reconocida bajo el sistem a de usos y costum bres, es decir, los ejidatarios reconocen el derecho al usufructo de la tierra de cada ejidatario que ha solicitado u n a porción de terreno para trabajar, sin embargo, legalm ente sigue siendo propiedad com unal. D u rante tres años los socios realizaron las actividades am bientalistas los fines de sem ana de m anera voluntaria. En 2011 obtuvieron recursos para la reforestación de los alrededores de algunos cenotes que habían lim piado p re­ viam ente y, en 2012, deciden incorporar servicios de turism o alternativo en dos cenotes ubicados en las parcelas que usufructúan dos ejidatarios, quienes a su vez, solicitaron participar en la asociación y en el proyecto turístico (tanto ellos com o sus hijos).26 Para adecuar estos dos cenotes a las actividades de turism o alternativo soli­ citaron u n financiam iento a la CDI m ediante el program a PTAZI; no obstan­ te, la C D I sólo aprobó el financiam iento para uno de los cenotes, denom inado Xoch, que se localiza a 4 kilóm etros de la localidad de Cenotillo.27 La asociación obtuvo u n p rim er apoyo de $500,000 pesos otorgado por la CDI, que se utilizó para capacitación y construcción de infraestructura en los alrededores de dicho cenote.28 Para la entrega del recurso, la CD I solicitó a la asociación beneficiada que com probara contar con u n a concesión del ejido p or 30 años para el usufructo de la tierra; sin em bargo, en contra de lo acorda­ do con el usufructuario del predio, la asam blea ejidal decide otorgar la conce­ sión p or sólo tres años. Lo anterior m uestra las contradicciones que se están presentando y que hacen evidentes las distintas lógicas de los actores participantes: a) los agentes externos, en este caso el gobierno federal a través de la CDI, que im pulsan me26 Los dos predios constan de potreros cercados que sus dueños han explotado de manera individual para la ganadería desde hace m uchos años. 27 Es un cenote sem iabierto, con una longitud de alrededor de 60 m y un ancho aproxim ado de 40 m. 28 La infraestructura construida consta de escaleras para bajar al cenote, tarim as flotantes al interior de éste, una palapa, baños y un sendero interpretativo. La capacitación se enfocó en adm inistración, turism o alternativo, natación, cooperativism o y tem as am bientales. Dos socios fueron capacitados com o guías de naturaleza de acuerdo a la NOM09-TUR-2002 y otros tres, en prim eros auxilios.

Imagen 5. Vista interior del cenote Xoch (Fotografía: Manuel Xool, 2014).

diante subsidios la incorporación de la población a la actividad turística; b) los jóvenes de la localidad (no ejidatarios) que asum en el discurso am bientalista vinculado al turism o alternativo, y responden con u n a actividad voluntaria aunada a la construcción de u n a opción de autoem pleo en el turism o para su futuro; c) los ejidatarios que usufructúan la tierra donde se ubican los ceno­ tes, para los que estos recursos les pertenecen y p or ende pueden beneficiarse de ellos asociándose al proyecto; d) la asam blea ejidal, para la cual las tierras siguen siendo de uso com ún y, si bien respeta los acuerdos de parcelación que se hicieron para el uso agropecuario, no considera que operen para esta nueva actividad y reacciona con cautela al no concesionar sus recursos a largo plazo para u n proyecto donde no participan ni se benefician todos los ejidatarios. La liberación de los recursos financieros de CDI se logró m ediante la in ­ tervención de otro actor: el “Club de M igrantes de C enotillo” radicado en San B ernardino, California, EEUU, que participa activam ente en proyectos para el desarrollo del m unicipio.29 El poder y la influencia de la líder de dicho club fue

29 El m unicipio de Cenotillo registra proporcionalm ente el mayor núm ero de m igrantes del estado de Yucatán residentes en Estados Unidos (Solís, 2005).

Imagen 6. Vista parcial del acceso al cenote Xoch (Fotografía: Manuel Xool, 2014).

determ inante para que la CDI otorgara los recursos al grupo, a pesar de que se m antuvo la concesión p o r sólo tres años a vencer en 2014. En 2013, el grupo obtiene de la CDI u n nuevo apoyo p o r $1.350,000 pesos, pero m odifica el proyecto inicial, ya que en lugar de continuar con la adecua­ ción del segundo cenote, para el que no tienen la concesión de uso de la tierra, solicitó el financiam iento para construir 3 cabañas y u n restaurante en la localidad.30 Sin embargo, si desea seguir operando el cenote, tendrá que tram itar con el ejido u n a nueva concesión. El grupo cuenta ahora con u n a oferta de alojam iento y gastronóm ica y, con recursos propios está term inando de adecuar el cenote que abrió al público. Sin embargo, es im portante destacar que su m ercado está centrado en la p o ­ blación local y en aquellos m igrantes que visitan periódicam ente la localidad con m otivo de las fiestas patronales. N inguno de ellos requiere alojam iento. Este ejem plo m uestra algunas de las contradicciones inherentes al desarro­ llo del turism o alternativo, donde la obtención de fondos opera com o el m otor fundam ental o único de proyectos que ilusionan a la población con “opciones 30 En 2011, el grupo consiguió que el Ayuntam iento de Cenotillo les donara un terreno ubicado en la localidad. En este terreno es donde construyen la nueva infraestructura.

para m ejorar su futuro”, las cuales no nacen de acuerdos internos del ejido, ni p arten de análisis objetivos relacionados con el tipo de oferta y el m ercado al que se dirigen. La solidez in terna del grupo, aunada a los vínculos y apoyos de autoridades y del Club de M igrantes, así com o la posibilidad de obtener nuevos financiam ientos, son elem entos que m antienen el proyecto a pesar de las dificultades y contradicciones en que se desarrolla, pero no garantizan su subsistencia a largo plazo.

La incorporación del turismo como parte de las actividades del ejido. El caso de U N ajil Ek-Balam (Ek-Balam, Temozón, Yucatán) El ejido X kum il de la localidad de Ek Balam, perteneciente al m unicipio de Temozón, está integrado por 27 ejidatarios y cuenta con 715 hectáreas p ar­ celadas p or el PROCEDE, 12 ha para el núcleo poblacional y 23 ha para uso com ún.31 Las principales actividades económ icas en la com unidad son la m il­ pa de autoconsum o, la apicultura y la ganadería a pequeña escala, así com o la fabricación y venta de artesanías, particularm ente ham acas. Cabe señalar que u n a parte de la zona arqueológica de Ek Balam está en terrenos del ejido. En el año 2000, la casi totalidad de los ejidatarios, a sugerencia de la CDI, inició u n proyecto de turism o consistente en ofrecer hospedaje en cabañas “ecológicas” a los visitantes de la zona arqueológica. El ejido destinó para este fin u n predio de cuatro hectáreas de los terrenos de uso com ún al que den o ­ m inó “Reserva Ejidal U Najil Ek-Balam”.32 En el año 2004, los requerim ientos para obtener recursos financieros los llevaron a agruparse bajo u n a figura legal diferente al ejido y deciden crear la sociedad U Najil Ek-Balam, A.C. C on el paso del tiem po, en vista de que el proyecto aún no obtenía los resultados es­ perados y que tenían que colaborar con fajinas, algunos socios deciden salirse de la asociación.33 En el año 2006, cuando el proyecto em pieza a dar los prim eros resultados, se enfrentan a u n nuevo problem a: la figura legal de asociación civil en la que están constituidos no les perm ite realizar actividades lucrativas, cuando la em ­ presa turística que están desarrollando tiene precisam ente la finalidad de ob­ tener ingresos. D eciden, entonces, constituirse en sociedad cooperativa, bajo el nom bre de “U Kuchil Cuxtal S.C.”, quedando integrada con los m ism os 13

31 Datos obtenidos del Padrón e Historial de Núcleos Agrarios del Registro Agrario Nacional (PHINA) disponible en http:// phina.ran.gob.m x/, consultado el 23 de mayo de 2015. 32 El ejido destinó en un prim er m om ento dos hectáreas y posteriorm ente otras dos, sin determ inar en ninguno de los dos casos la duración de esta cesión. Por lo tanto, el grupo contaba con dos actas de la asam blea ejidal para el usufruc­ to del terreno. 33 La fajina consiste en realizar de manera obligatoria actividades no rem uneradas de beneficio com ún, generalm ente limpieza de algunas áreas de la com unidad (Alcocer et al., 2010; García Frapolli y Cam acho, 2011).

Imagen 7. Instalaciones de U Najil Ek-Balam (Fotografía: Eugenia Pulido, 2013).

ejidatarios que seguían interesados en trabajar el proyecto.34 A pesar de la cercanía con la zona arqueológica de Ek-Balam - a dos km p or carretera de la entrada principal del sitio, y a sólo 500 m etros en línea recta de la entrada posterior utilizada tradicionalm ente por los habitantes- y de que esta zona está ubicada en terrenos del ejido, la em presa y su oferta de alojam iento no se benefician de este patrim onio histórico que fue el m otivo original de su construcción, ya que el P atronato de U nidades y Servicios C ul­ turales y Turísticos del Estado de Yucatán (CULTUR) im pide el acceso en la en trad a posterior, obligando a los turistas a dar u n rodeo para acceder p o r la p u erta principal, y a los guías de la com unidad, a pagar la cuota general para po d er acom pañar a los visitantes que se alojan en sus instalaciones al reco rri­ do p or la zona arqueológica. El grupo dem anda poder ingresar p o r la entrada posterior con los turistas y que el pago de éstos se haga a través de ellos, de m anera sim ilar a lo establecido en C hichén Itzá con los hoteles ubicados en la parte posterior.

34 Actualm ente los m ism os socios que form an U Najil Ek-Balam , A.C., integran U Kuchil Cuxtal, S.C., de tal manera que la A.C. es la “propietaria" de las instalaciones y la S.C., la “adm inistradora" del funcionam iento en ellas.

Lo descrito hace evidente el tipo de contradicciones que existen entre las diversas instancias gubernam entales y políticas públicas que, por u n lado, fo­ m entan la introducción del turism o en los contextos locales para su supuesto desarrollo pero que, sim ultáneam ente, im piden a estas m ism as poblaciones el acceso a los vestigios arquitectónicos de sus ancestros, ubicados en tierras del ejido, y ahora m ercantilizados turísticam ente. Al no po d er ofertar la zona arqueológica, el proyecto se redefine hacia el turism o rural, aprovechando que la localidad conserva algunos de sus m ar­ cadores culturales com o la arquitectura vernácula, en u n contexto en que los turistas tienen la o portunidad de participar en las actividades “tradicionales” de los pobladores. Se organizan tours para acudir a la m ilpa, participar en la elaboración de tortillas a m ano, el urdido de ham acas y el bordado, que gene­ ran u n a derram a económ ica para las familias que realizan estas actividades y que no necesariam ente pertenecen a la asociación. Es im portante hacer notar que a pesar de no existir u n acuerdo, ni escrito ni verbal, entre la agrupación y el ejido, se han establecido u n a serie de m eca­ nism os de reciprocidad, tales com o el apoyo de los socios a los eventos de la com unidad y la realización de festejos en diciem bre o en abril para los niños, adem ás de perm itir la referida participación de otros pobladores en activi-

Imagen 8. Recorrido a la milpa durante la estancia de los turistas en U Najil Ek-Balam (Fotografía: Samuel Jouault, 2012).

dades con los turistas que les generan u n ingreso económ ico. O tro aspecto a rem arcar es que en cada adm inistración, el com isario ejidal y/o el m unicipal form an parte de la agrupación, lo que ha beneficiado la relación entre el grupo y las autoridades locales. En el lapso de siete años, la agrupación h a recibido financiam iento por u n total de $4.310,586 pesos,35 proveniente de instituciones gubernam enta­ les: CDI, SEMARNAT, C om isión N acional Forestal (CONAFOR) y el A yun­ tam iento de Temozón. A diferencia de los casos anteriores, esta cooperativa cuenta con u n a relativa certidum bre en la tenencia de la tierra, toda vez que desde u n principio se definió el área a utilizar que quedó constituida en actas de asam blea com o reserva ejidal. Asim ism o, existe u n a buena relación polí­ tico-social entre la cooperativa, la com unidad y sus respectivas autoridades. En este caso, la presencia de u n liderazgo fuerte en el grupo, representada en la figura del tesorero, el hecho de que todos los socios sean ejidatarios, así com o el acom pañam iento desde su inicio de instituciones com o la CDI, han sido factores clave para la form ación y establecim iento del grupo. Los ingresos percibidos no son altos, pero m uchos de los socios no vislum bran el beneficio a corto plazo, sino m ás bien esperan que sean sus hijos los que alcancen la re n ­ tabilidad ante la perspectiva de u n increm ento cada vez m ayor en la dem anda turística, tem a que consideram os im portante seguir trabajando ya que el b en e­ ficio económ ico alcanzado a la fecha es bajo.36

Reestructuración de los espacios de uso comunitario a partir de su incorporación al turismo. El caso de la Hacienda Temozón de Luxury Collection (Temozón, Abalá, Yucatán) En la década de los noventa u n a nueva form a de turism o cultural em pezó a desarrollarse en la Península de Yucatán, con la restauración y rehabilitación de los cascos de las antiguas haciendas henequeneras (Breglia, 2009; M arín, 2010; Fierro, 2014), para convertirlas en exclusivos hoteles boutique, restau­ rantes de alta gam a y salones para eventos especiales, dirigidos a u n público de élite. No obstante, la creación de esta oferta turística representa, para algunos, la consolidación de u n m onopolio inm obiliario en la región, en razón de que 35 M onto calculado con base en los apoyos declarados por los socios de la cooperativa. 36 El desarrollo del proyecto ha sido lento desde el punto de vista económ ico. Actualm ente, los 13 socios perciben un ingreso m ensual prom edio de $629.17 pesos; adem ás, la cooperativa genera 12 em pleos de tiem po parcial con un in­ greso mensual prom edio de $722.77 pesos, cantidad equivalente a unos 50 dólares. Sin em bargo, tanto para los socios com o para los em pleados, este trabajo de m edio tiem po es im portante porque les brinda un ingreso m onetario extra y les permite continuar con sus actividades productivas cotidianas, com o la milpa, el urdido de hamacas o las labores del hogar (Pulido, 2014).

Imagen 9. Turista participando en un taller de urdido de hamacas (Fotografía: Eugenia Pulido, 2013).

el turism o de hacienda se centra en la propiedad privada (Breglia, 2009). En el proceso de com pra-venta de las ex haciendas henequeneras se han visto in ­ volucrados diversos actores, com o algunos grupos inm obiliarios, consorcios hoteleros internacionales, em presarios nacionales, personajes del ám bito p o ­ lítico, diversas instancias de gobierno y la propia población de las localidades aledañas a los cascos. En este caso, exam inarem os las disputas ejidales a causa de la delim itación territorial de los cascos de las haciendas que se m antuvieron com o propiedad privada de los antiguos hacendados (la m ayoría en condiciones de abandono) y que en la últim a década del siglo XX com enzaron a ser restauradas para fu n ­ cionar com o hoteles de lujo. Estas disputas se relacionan con el uso público, p or parte de la población local, de ciertas áreas com o la capilla, las canchas deportivas, la plaza principal y la casa ejidal, que en esa delim itación quedaron com o parte de la propiedad privada de la hacienda. Este trabajo tom a el caso particular de u n a de las haciendas que fue adquirida por m edio del consorcio inm obiliario G rupo Plan, perteneciente al em presario m exicano Roberto H ernández Ramírez, am pliam ente reconocido en la escena de los negocios en

el país p or ser ex propietario del Banco N acional de M éxico (BANAMEX), así com o p or m antener nexos políticos de gran relevancia. El corporativo liderado por este em presario vio en las haciendas u n fuerte potencial para el desarrollo de u n com plejo de turism o alternativo destinado a los grupos de élite nacionales y extranjeros. Es así que durante la década de los noventa, G rupo Plan adquiere alrededor de u n a treintena de ex haciendas henequeneras ubicadas en la región noroeste de los estados de Yucatán y C am ­ peche (C órdoba et al., 2013). En teoría, la adquisición de estos bienes inm uebles no debía ocasionar con­ flicto alguno, ya que la superficie de los cascos com prados corresponde a la delim itación espacial de propiedad privada establecida por el decreto de ex­ propiación ejidal de 1937, en el que se establecían los límites de la pequeña propiedad privada, la cual sólo estaba conform ada p o r las edificaciones de las antiguas ex haciendas henequeneras y u n a pequeña porción de tierra alrede­ dor de ellas. Sin embargo, no ocurrió así en todas las localidades involucradas. El caso m ás conocido es el representado por los ejidatarios de la localidad de Temozón, en el m unicipio de Abalá. La hacienda Tem ozón fue u n a de las

Imagen 10. Interior del Hotel Boutique Hacienda Temozón (Fotografía: Gabriela Fie­ rro, 2013).

prim eras en ser adquiridas y restauradas por G rupo Plan. Actualm ente, form a parte de u n conjunto de cinco haciendas convertidas en hoteles de lujo (Tem ozón, Santa Rosa, San José, U ayam ón y P uerta C am peche), que son adm i­ nistradas p o r la m arca Luxury Collection, de la com pañía Starwood. Temozón se distingue p or ser el m ás grande (28 habitaciones) de los cinco hoteles, y se h a convertido en la sede predilecta para eventos especiales, com o fueron las visitas de los presidentes de Estados U nidos, Bill C linton y George W. Bush, en los años 1999 y 2007 respectivam ente. A finales de m ayo de 1999, la m ayoría de los ejidatarios de Tem ozón y una buen a parte de la población de la localidad denunciaron al propietario de la hacienda de querer despojarlos de u n conjunto de espacios habitacionales y de uso com ún que, según el dictam en de la C om isión A graria M ixta y el G obier­ no del Estado de Yucatán (con fecha de 14 de agosto de 1937), pertenecían al ejido.37 Por su parte, los apoderados legales de R oberto H ernández alegaron que el área en cuestión era parte del casco de la hacienda y, por ende, no vio­ laba los límites establecidos por la expropiación ejidal que la estipulaba como propiedad privada (Becerra, 1999a). El G rupo Plan, com o parte de su estrategia para generar nuevos negocios, había planeado im plem entar u n proyecto para la m ejora de la im agen del p u e­ blo y las condiciones de vida de sus habitantes: la creación de u n a zona d e­ portiva, la reubicación de la cancha de basquetbol y de 72 familias que vivían alrededor de la hacienda, la construcción de u n jard ín y de u n a nueva capilla a las afueras del casco, el rem ozam iento de la plaza principal, la edificación de u n a casa ejidal y u n conjunto de talleres artesanales; todo com o parte del escenario turístico aledaño al hotel (M edina, 2006; D iario de Yucatán, 1999). Luego de hacer público su descontento a través de la prensa local, u n n u ­ trid o sector de la población de Tem ozón convocó a u n a asam blea en la que se elaboró y firm ó u n docum ento con sus dem andas, a fin de ser presentado ante las autoridades del gobierno estatal y exigir u n a solución. El pliego petitorio constaba de nueve puntos en los que expresaban su desacuerdo con la p ro ­ hibición del acceso a la capilla y de la celebración de la corrida de toros en la plaza principal, así com o con la reubicación de la cancha de basquetbol y de las familias asentadas en los 72 predios. Exigían igualm ente que se respetaran los decretos de expropiación de 1937 (Becerra, 1999b). El conflicto llegó a su fin con la firm a de u n acuerdo, ante la C om isión A graria M ixta, entre los representantes del propietario de la hacienda y los ejidatarios de Temozón, consignado en el docum ento “C onstancia de com pro­ m isos y obligaciones”. En él, los representantes ejidales aceptan que el área en

37 Consulta directa. Diario oficial de la Federación. D ictam en de la Com isión Agraria M ixta, Archivo General Agrario, M éxico (1937).

Imagen 11. Calle principal de Temozón Sur, rehabilitada por Grupo Plan (Fotografía: Gabriela Fierro, 2013).

disputa efectivam ente se encuentra dentro de los lím ites de propiedad privada del casco de la hacienda; y aprueban igualm ente la realización del proyecto de m ejoras en el pueblo, con las reubicaciones y construcciones contem pladas (RAN, 1999a, 1999b). Sin embargo, es im portante destacar que sólo 22 ejidatarios firm aron el docum ento anterior en representación del ejido Tem ozón en su conjunto, u n núm ero de individuos que no constituye ni la cuarta parte del p ad ró n ejidal en el lugar, integrado por u n total de 139 ejidatarios.38 Esto nos hace pensar que la solución tem poral de dicho conflicto se encuentra rela­ cionada con el ejercicio del poder y la com pra de voluntades, p o r parte de los propietarios de la hacienda. U na vez term inado el conflicto, com enzaron los trabajos de deslinde a car­ go del PROCEDE, los cuales incluyeron la parcelación de 728 hectáreas de las 2,845 que conform an el ejido. A la fecha, la población sigue utilizando la capilla a pesar de encontrarse al interior del hotel. Por lo dem ás, se rem odeló la plaza principal y se construyó u n jard ín frente a la hacienda; se reubicaron a tres cuadras la cancha deportiva y la casa ejidal; se habilitó u n área para las corridas de toros durante las fiestas del pueblo; se construyeron cuatro talleres

38 Datos obtenidos del Padrón e Historial de Núcleos Agrarios (PHINA), disponible en http://phina.ran.gob.m x/, consul­ tado el 23 de mayo de 2015.

artesanales; y las familias que habitaban los 72 predios fueron reubicadas a las afueras de la localidad, donde la construcción de las nuevas casas fue financia­ da p or G rupo Plan (M edina, 2006). Tal com o se observa en el caso de Temozón, las disputas entre ejidatarios y los nuevos propietarios de las ex haciendas henequeneras giran en to rn o al uso com unitario de espacios que siem pre han sido privados, pero que h istóri­ cam ente form an parte im portante de la cotidianidad y el im aginario colectivo de la población local. Estos lugares fungen com o punto de reunión durante las cerem onias religiosas, las fiestas patronales y las actividades sociales y depor­ tivas. La resistencia de los pueblos a renunciar a dichos espacios se encuentra asociada a la defensa de su libre acceso a ellos. Este problem a perm anece vigente por el gran núm ero de haciendas com ­ pradas recientem ente y que aún no han sido restauradas, com o son los casos de las localidades de Kochol y C hunchucm il, en el m unicipio de M axcanú, donde la población sigue usando espacios de los cascos de las haciendas com o recintos com unitarios dedicados al deporte y el esparcim iento, asum iendo que pertenecen a la com unidad, aun cuando legalm ente sean propiedad privada (Breglia, 2006). La intervención del capital privado en la restauración, conservación y difu­ sión de lugares patrim oniales com o ofertas de turism o alternativo en Yucatán h a traído consigo la exclusión de la población local de los espacios a los que, aun siendo de propiedad privada, tenía libre acceso anteriorm ente. Es decir, en estos casos no se trata de u n despojo “form al” de los territorios, ya que no pertenecen legalm ente a la población, sino de la alteración de prácticas socia­ les que con la introducción del turism o entran en conflicto con los intereses de los nuevos propietarios. La com pra de las antiguas haciendas henequeneras por parte de la iniciati­ va privada para convertirlas en espacios turísticos de lujo, pone en entredicho los derechos de usufructo que los residentes de las localidades en cuestión han ejercido durante años sin problem a alguno, am parados en los usos y costum ­ bres propios de las relaciones sociales establecidas p o r la hacienda de finales del siglo XIX y principios del XX y que sin duda siguen reproduciéndose hasta la fecha (Breglia, 2006). En este últim o tipo de disputas territoriales se encuentra im plicada una inercia cultural que se relaciona con la vida social en to rn o a las haciendas henequeneras. Es decir, u n conjunto de ideas, valores, expresiones y pautas de com portam iento que tiene su origen en el sistem a de la antigua hacienda y que reproduce u n m odelo de desigualdad social que pone de m anifiesto las relaciones autoritarias y de dom inación socioeconóm ica que existen entre “p a ­ trones” y “peones”, es decir, entre los propietarios de las ex haciendas henequeneras y la población local. A partir de este nuevo “repatronaje” se legitim an los

m ecanism os de expropiación y delim itación espacial, los cuales otorgan a “los patrones” la facultad de ordenar el espacio (y disponer de él) dentro y fuera de la hacienda, aún y cuando parte de éste corresponde a la propiedad ejidal. La proliferación o reducción de los conflictos asociados al deslinde de tie­ rras, así com o a la delim itación de las superficies de propiedad privada de las haciendas y de los territorios ejidales, depende, en gran m edida, tanto de la capacidad de negociación de las poblaciones locales para llegar a acuerdos con los diversos actores involucrados en estos procesos -lo s distintos niveles de gobierno, los líderes políticos y los nuevos propietarios de los cascos-, com o de las condiciones particulares de cada lugar en cuanto a las form as de organi­ zación colectiva y los m ecanism os para la tom a de decisiones. En cuanto a Tem ozón se refiere, todo parece indicar que seguirá estando “en el ojo del huracán”. A m ediados del año 2013 se publicó u n a nota p erio ­ dística en la que se hace m anifiesta la intención de R oberto H ernández de construir en la localidad (de m enos de m il habitantes) u n desarrollo u rbano de segunda residencia para jubilados y pensionados de Estados U nidos y Canadá. El proyecto se asentará alrededor de la hacienda, en u n espacio de 350 hec­ táreas. En él se prevé la construcción de 1,500 viviendas, u n cam po de golf profesional, u n spa, u n a pequeña clínica, u n centro de negocios, u n gim nasio, u n restaurante bar y diversos comercios. Se espera que la inversión final sea de 300 m illones de dólares (Línea recta, 2013); sin embargo, el futuro es aún incierto.

Reflexiones finales Los casos estudiados perm iten acercarnos a problem áticas complejas que se repiten a través de la región ante la acelerada proliferación de proyectos de turism o alternativo. A p artir de la inform ación prelim inar del proyecto “Atlas de Turism o Alternativo de la Península de Yucatán” tenem os que de los 64 proyectos validados del inventario, 33 se desarrollan en la costa y sus instala­ ciones se ubican en terrenos federales, aunque tam bién hem os detectado uno en terrenos ejidales.39 En el caso de los ubicados tierra adentro, la m ayor parte están operando en terrenos ejidales; y en 25 de ellos, los cenotes form an parte de los atractivos que ofertan.40 39 Para la elaboración de este atlas se está haciendo un inventario de proyectos turísticos del sector social, a los que se les aplica un cuestionario censal. En el estado de Yucatán se registran 76 proyectos inventariados, de los cuales, 64 están validados (sobre los doce restantes aún no se tiene inform ación confiable para incorporarlos). A la fecha se han aplicado 48 cuestionarios. 4 0 La Secretaría de Desarrollo Urbano y M edio Am biente de Yucatán (SEDUM A) ha registrado 2,241 cenotes, pero hay un desconocim iento generalizado sobre su condición de propiedad federal, así com o de los requerim ientos oficiales para su utilización -co ncesión de la Com isión Nacional del Agua (CONAGUA), m anifiesto de im pacto am biental, registro en la SED UM A y en el IN A H -, con los que por cierto no cuenta la mayoría de las agrupaciones. Actualm ente, los cenotes ya son considerados com o un “ plus" en el com ercio de terrenos, pues los que cuentan con ellos increm entan su valor

Los ejem plos m ostrados sirven para ejem plificar las nuevas problem áticas que se derivan de u n proceso de turistificación de territorios ejidales a partir de proyectos en los que la población local desem peña el papel de actor p ar­ ticipante. En ellos, adem ás de los conflictos vinculados al despojo de tierras p or parte de los intereses inm obiliarios -p ro p io s de los desarrollos dedicados al turism o de sol y playa o al de segunda residencia en terrenos ejidales- apa­ recen conflictos internos por la falta de m arcos adecuados para conciliar los m ecanism os tradicionales y legales en el usufructo de la tierra. El turism o com o u n a econom ía sim bólica de los espacios (López y M arín, 2012) redefine los usos, los significados y los atractivos asignados a cada lugar vinculado con la oferta turística, reestructura las form as regulatorias de acceso a ellos y predispone a distintos grupos sociales a la com petencia p o r el control de los m ism os. C om o evidencian los casos anteriores, este proceso genera o intensifica conflictos territoriales. Vinculado al punto anterior, es necesario destacar que la política pública de apoyo al turism o alternativo, que incluye subsidios, se im plem enta sobre u n m arco legal endeble en lo tocante a la tenencia de la tierra. A principios del año 2000, algunos organism os financiadores otorgaban apoyos sin ningún requi­ sito sobre el usufructo de los terrenos donde éstos se invertían. Proyectos no consolidados, in fraestructura abandonada y conflictos internos ponen el dedo en la llaga y llevan a la exigencia de establecer constancia legal de que se posee el usufructo del predio donde se realizará el proyecto. En el caso de la tenencia ejidal, esto im plica que los m ecanism os de operación de los ejidos, desarro­ llados a p artir de actividades prim arias (forestales y agropecuarias) inclusivas para todos los ejidatarios, deben adecuarse para dar cabida a u n a actividad de servicios que en la m ayoría de los casos se em prende por u n pequeño grupo y no p o r todo el ejido, y que incorpora a no ejidatarios en carácter de asociados. Los casos presentados m uestran que este nuevo uso de la tierra entra en conflicto con u n a variedad de acuerdos locales, que m ás allá de las conside­ raciones legales establecidas p o r los organism os oficiales, sirven para resolver problem as de diversa índole en el ám bito local. Estos m ecanism os colectivos -m u ch as veces coyunturales- tienen p or objetivo enfrentar im ponderables co­ tidianos a través del tiem po. Para el desarrollo de estas em presas turísticas se establecen acuerdos entre el ejido y nuevos grupos organizados (integrados p o r ejidatarios y no ejidatarios) o inversionistas privados, en los cuales se negocian recursos naturales y territoriales que tienen u n enorm e potencial para su explotación turística,

en un rango que puede ir de los 600,000 hasta los 25 m illones de pesos, dependiendo de la superficie e infraestructura contenida (Hernández, 2013).

pero que de m om ento no han sido incorporados a la lógica de m ercado. C uan­ do adquieren u n valor m ercantil, surgen cuestionam ientos y conflictos al res­ pecto entre los involucrados. No hay u n a visión clara acerca de la envergadura del negocio y las form as de participación, ni condiciones para u n a negociación justa. Los ejidatarios, acostum brados a actividades productivas diam etralm en­ te distintas, no cuentan con parám etros para u n a negociación ganar-ganar, sea con agrupaciones sociales o con em presarios privados. La form a en que se está im pulsando el turism o obliga a los ejidos, así com o a la población local, a entablar negociaciones apresuradas y poco reflexiona­ das con diversas organizaciones. Por otro lado, la necesidad de constituirse bajo determ inadas figuras legales para acceder a los recursos otorgados por organism os financiadores (que en general no incluyen al ejido), ha dado lugar a que u n m ism o grupo de personas se registre bajo diferentes figuras asociati­ vas con las que opera sim ultáneam ente. O bservam os que incluso el ejido, aun cuando sea el que opere en su conjunto el proyecto turístico, funciona bajo otras figuras legales, lo que puede acarrear duplicidad de m ecanism os y de alguna m anera, cam bios en el papel de la asam blea ejidal. En los casos en que el proyecto turístico es operado sólo por u n a parte de los ejidatarios, solos o en asociación con no ejidatarios, se com plican aún m ás las negociaciones con el ejido en su conjunto y con las instituciones financiadoras. C om o bien podem os observar a p artir de los casos referidos, la puesta en m archa del turism o alternativo conlleva im plicaciones visibles en la tenencia ejidal de la tierra y en la configuración espacial de los lugares utilizados tra ­ dicionalm ente por las poblaciones. U na de ellas -quizá, u n a de las m ás im ­ p o rtan te s- es que la población involucrada directa e indirectam ente en estos proyectos es exhibida com o u n escaparate, com o parte de la escenificación tu ­ rística, y despojada a su vez de aquellos espacios que utilizó p o r décadas ente­ ras sin restricción. Esta situación genera incertidum bre, m alestar y conflictos relacionados con la im plem entación de las diversas m odalidades de turism o alternativo en el contexto rural de Yucatán. La introducción del turism o cultural h a girado en torno a edificaciones valoradas com o p atrim onio tangible de nuestro país: las zonas arqueológicas y m ás recientem ente las ex haciendas henequeneras. Desde la im plem entación del program a M undo Maya (a finales del siglo XX) se observa u n despliegue de in fraestructura e inversión pública destinado a la difusión y conservación de estos sitios, en to rn o a los cuales, instituciones públicas com o la C om isión N acional de Áreas N aturales Protegidas (CONA NP), la CDI, el INAH, la P ro­ cu raduría Agraria, algunas asociaciones civiles así com o organism os privados han fom entado proyectos de turism o. La CDI, m ediante el PTAZI, prom ueve la creación de proyectos de turism o alternativo en beneficio de las poblaciones indígenas y gestiona los recursos

para su im plem entación ante el gobierno federal. Se espera que m uchos de es­ tos proyectos sean exitosos com o resultado de su ubicación en las inm ediacio­ nes de las zonas arqueológicas (com o es el caso de Ek-Balam). Sin embargo, a pesar de los recursos que diversos organism os invierten año con año en la p ro ­ m oción de estas ofertas turísticas, en la práctica las poblaciones participantes se enfrentan a diversas restricciones que les im piden hacer uso o beneficiarse de las zonas arqueológicas que siem pre han estado en sus territorios. Lo m enos que se espera de u n program a de turism o alternativo que busca fom entar el em pleo y la participación de los pueblos indígenas, es que se com prom eta con la elim inación de dichas restricciones y devuelva a la población el acceso libre a los sitios prehispánicos de su entorno, pero en la realidad no es así. En el caso de Yucatán, observam os cóm o el IN A H y organism os estatales com o CULTUR, prohíben a los pobladores locales el paso libre a las zonas arqueológicas, obligándolos a pagar com o si fueran turistas e im pidiéndoles acom pañar a los visitantes que se alojan en sus instalaciones. Este tipo de p rác­ ticas, sin duda, revela la flagrante contradicción de las políticas públicas y las disposiciones oficiales que, por u n lado, fom entan la introducción del turism o en los contextos locales para su supuesto desarrollo y, por el otro, im ponen restricciones a las poblaciones que a la postre generan conflictos espaciales y desalientan la participación de aquellos que ven en el turism o u n a alternativa de em pleo para com plem entar el ingreso familiar. A pesar de que las políticas gubernam entales pregonan el turism o com o un instru m en to para el desarrollo local de las poblaciones involucradas, lo cierto es que la inclusión de éstas en los proyectos turísticos no procura su reivindi­ cación, ni profundiza en sus problem áticas reales (Alcocer, 2012), entre las que destacan las relacionadas con la posesión histórica de la tierra y el libre acceso a m últiples espacios tradicionalm ente de uso com ún.41 Sin duda, la poca aten­ ción que reciben los contextos locales y las condiciones reales de la población están generando fuertes contradicciones y conflictos que perm anecen sin re ­ solverse. Pero, sobre todo, es im portante destacar que las políticas en to rn o al tu ris­ m o alternativo corresponden a estrategias de desarrollo globales, adoptadas p or los distintos niveles de gobierno para im plem entarlas en el contexto local, lo cual involucra a las pequeñas com unidades en esquem as económ icos m ás amplios. Se trata de u n com plejo proceso que se conform a a p artir de la articu­

41 Si bien en los cenotes estudiados no se advirtió esta problem ática, es im portante señalar que la privatización y lim i­ tación del acceso a los espacios y recursos -q u e en el uso agropecuario se consideraban de “libre a c c e so "- genera los conflictos más frecuentes que afrontan los ejidatarios al incorporarlos a la actividad turística. Conflictos que por ocurrir al interior de las propias com unidades han sido poco estudiados desde la academ ia y m enos aún considerados en las políticas públicas.

lación de las nuevas tendencias internacionales, la reestructuración de las eco­ nom ías y el po d er político que se ejerce sobre los territorios, incorporándolos a m ecanism os de m ercantilización m undiales, nacionales y regionales. El proceso de m ercantilización turística de los espacios puede generar cierto tipo de oportunidades económ icas redituables para la población. Sin embargo, su acceso a ellas está relacionado con las propias condiciones del contexto lo­ cal, así com o con la m anera en que se encuentran articulados los m ecanism os de integración, participación, com unicación y organización en cada lugar. Es p or esto que estam os ante u n m osaico de consecuencias diversas, derivadas de la im plem entación de acciones públicas y privadas relacionadas con el tu ris­ mo. Sin duda, som os testigos de u n escenario de gran com plejidad en el que la población local ingresa a u n m ercado turístico que se caracteriza por ser u n sistem a de desigualdades y desequilibrios.

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Relaciones de propiedad y conflictos por la apropiación del espacio turístico. Análisis comparativo entre Huatulco (Oaxaca) y Playa del Carmen (Quintana Roo) en México Clément Marie dit Chirot1

Introducción C on m ás de 20 m illones de turistas internacionales cada año, M éxico es el p rim er destino turístico de A m érica latina (OMT, 2014). D icha situación refleja la voluntad de los gobiernos de invertir m asivam ente en este sector, al m enos desde la segunda m itad del siglo XX. Si bien la historia turística de Mé­ xico es m ás antigua -trabajos detallados ubican el surgim iento de la actividad turística nacional en los años 1920 (Cazes, 1980; Jiménez, 1992; Clancy, 2001; H iernaux, 2006; Berger, 2006)- se puede identificar a finales de los años 1960 el m om ento en que el turism o se vuelve u n eje prioritario de las políticas econó­ m icas y de ordenam iento territorial dirigidas por el gobierno federal. Esto en el m arco de lo que el geógrafo D aniel H iernaux llam a u n “fordism o periférico de Estado” (2006), previo a la conversión de la econom ía m exicana al m odelo neoliberal en la década de los ochenta. A escala local, la turistificación de los países suele acom pañarse de cambios profundos en el plano económ ico, político y social. Espacios m arginados se

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Geógrafo, investigador postdoctoral en la Universidad de Angers (ESTHUA), UM R ESO 6590 CNRS. Investigador aso­ ciado en el Centro de Estudios M exicanos y Centroam ericanos (CEM CA). Correo electrónico: clem ent.m aridichiro@ hotm ail.fr.

Gustavo M arín G uardado (Coord.) 2015 Sin tierras no hay paraíso. Turismo, organizaciones agrarias y apro­ piación territorial en México. El Sauzal (Islas Canarias): PASOS Revista de Turism o y Patrim onio Cultural. Colección PASOS Edita, 15. ISBN 978-84-88429-29-2

vuelven centros de intereses estratégicos al ser objeto de u n a valorización eco­ nóm ica y sim bólica específica. En u n a sociedad m arcada por u n alto nivel de desigualdad, tal fenóm eno puede reflejarse en la m ultiplicación de las contro­ versias, conflictos sociales y pugnas locales por el control y la apropiación de espacios turísticos, las cuales son ahora parte del debate público. La presente reflexión se basa en la descripción y el análisis de situaciones de conflicto que m arcaron profundam ente el desarrollo de dos localidades tu ­ rísticas m exicanas: el C entro Integralm ente Planeado (C IP ) de H uatulco, en el estado de Oaxaca, creado por el gobierno federal a m ediados de los años 1980, y la ciudad de Playa del C arm en, Q uintana Roo, corazón económ ico de la p ri­ m era región turística a nivel nacional, la Riviera M aya.2 M ás allá de las diferencias significativas entre estos procesos, la im p o rtan ­ cia de la tierra en los conflictos locales pone en relieve u n a serie de conse­ cuencias económ icas, políticas y sociales de la valorización del espacio gene­ rad a p o r el desarrollo del turism o. En am bos casos, la relación que m antienen los actores con la tenencia de la tierra -la s relaciones de propiedad según la term inología m arxista- fue determ inante en la form ación de antagonism os y alianzas y llegó a ser u n a de las principales causas de conflictividad en la so­ ciedad local. Tras u n a breve descripción de la dinám ica del conflicto en am bos casos, trataré de form ular algunas propuestas m ás generales y teóricas sobre la dim ensión espacial del fenóm eno turístico, en particular sobre la m anera en que el turism o m oviliza el espacio y cóm o la valorización del espacio, en los lu­ gares turísticos, contribuye a reproducir o transform ar las jerarquías sociales. Partiendo de estos aspectos m ateriales, buscaré cuestionar algunos ejem plos del uso político del espacio turístico, basándom e en la m anera en que éste es utilizado p o r los diferentes actores para fortalecer y afirm ar posiciones de p o ­ der y/o de dom inación.

Breve historia del Centro Integralmente Planeado (CIP) de Huatulco U bicado en la costa del Pacífico, en el estado de Oaxaca, el centro turístico de H uatulco es el m ás reciente de los C entros Integralm ente Planeados (CIP) creados p o r el gobierno m exicano entre 1974 y 1984.3 Los objetivos de esta p o ­ lítica eran, p or u n lado, diversificar la econom ía nacional a través del turism o y, p or el otro, im pulsar el desarrollo económ ico de las regiones m arginadas del país m ediante la creación de centros turísticos. Dicha m isión recayó en un organism o público creado en 1974, el Fondo N acional de Fom ento al Turism o

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El análisis se basa en un trabajo de cam po etnográfico realizado entre 2008 y 2011 en el marco de un doctorado en Geografía Social en la Universidad de Caen Basse-N orm andie y en la Benem érita Universidad Autónom a de Puebla (M arie dit Chirot, 2014). Entre estos centros turísticos se encuentran los de Cancún, Ixtapa, Los Cabos, Loreto y Huatulco.

(FONATUR). En poco m ás de diez años, cinco centros turísticos de prim era m agnitud fueron creados por el gobierno federal. El m ás antiguo de ellos, el CIP de C ancún, es ahora u n destino turístico de rango internacional y recibe m ás de tres m illones de visitantes cada año (SECTUR, 2014). La creación del CIP de Huatulco, a p artir de 1984, ocurre en u n contexto económ ico austero, poco después de la trem enda crisis de 1982 y sólo u n par de años antes de que se aplicaran las llam adas políticas de “ajuste estructural”. Este periodo, m uchas veces conocido com o “década perdida”, corresponde a la conversión de la econom ía m exicana al dogm a neoliberal y a la liquidación de la m ayoría de las em presas públicas m ediante olas sucesivas de privatiza­ ciones. En este contexto, el proyecto de H uatulco es financiado por u n prés­ tam o del Banco Interam ericano de D esarrollo (BID) que perm ite al gobierno desarrollar la in fraestructura y preparar la llegada de inversiones privadas. En u n a segunda etapa, se pretende integrar la venta de estos activos y de grandes extensiones de tierras al m ecanism o económ ico de canje de la deuda externa. Por su alto potencial para el desarrollo del turism o, u n clim a tropical y la presencia de nueve bahías con im portantes arrecifes coralinos, el m unicipio de Santa M aría H uatulco fue escogido p or el gobierno federal para llevar a cabo el desarrollo turístico. C uando inició el proyecto, H uatulco era u n m unicipio ru ­ ral cuya población no rebasaba los 6,000 habitantes (INEGI, 1980), repartidos de m anera dispersa entre la cabecera m unicipal, ubicada en la parte interna y m ontañosa del m unicipio, y varias decenas de asentam ientos m enores. Estos se encuentran situados tanto en las estribaciones de la Sierra M adre del Sur com o en las zonas bajas de la parte costera (ver m apa 1). H asta el despegue del turism o, la agricultura y la pesca predom inaban en la estructura económ ica local (CONANP, 2003). A unque ya se observaba la presencia de actividad turística en los años previos a la creación del centro turístico, esta se desarrollaba a pequeña escala y en m anos de la población local, quienes crearon los prim eros restaurantes ubicados en las zonas de playa y em pezaron a ofrecer servicios turísticos: transporte, paseos en lancha, pesca deportiva, etc.

El proceso expropiatorio Localmente, la construcción del CIP im plicaba la creación de u n a im por­ tante reserva territorial. En tal perspectiva, el gobierno federal regularizó la tenencia de la tierra en Santa M aría Huatulco, donde predom inaba en aquel entonces u n sistem a de propiedad com unal y donde la tierra había sido ob­ jeto de conflictos entre localidades vecinas a lo largo del siglo XX. En varias ocasiones, los huatulqueños habían solicitado, por la vía del reparto agrario, la dotación de las tierras que venían ocupando desde tiem pos ancestrales. No

obstante, en varias ocasiones el proceso quedó suspendido por la oposición de com unidades vecinas quienes se am pararon jurídicam ente al considerar­ se afectadas. U na prim era dotación otorgada p o r la Secretaría de la Reform a A graria en 1960 es anulada nueve años m ás tarde p o r u n conflicto de límites con el m unicipio colindante, San M ateo Piñas. Posteriorm ente, en 1973 una segunda dotación para la creación de la com unidad agraria de Santa M aría H uatulco es anulada por el m ism o m otivo, aunque, esta vez, p o r u n am paro que proviene de otro m unicipio vecino. Finalm ente, la constitución definitiva de los bienes com unales en Huatulco ocurre años m ás tarde cuando, u n a vez decidida la creación del centro tu rísti­ co a nivel federal, el proceso de regularización de la tenencia del suelo es im ­ pulsado desde la cúpula del poder del estado m exicano. Precisam ente, el 28 de m ayo de 1984, en u n decreto del presidente M iguel de la M adrid, se constituye legalm ente en bienes com unales la totalidad de las tierras del m unicipio de Santa M aría Huatulco. La dotación abarca u n a superficie de 51,510 hectáreas, repartidas entre 1,523 com uneros beneficiados.4 C om o en el sistem a ejidal, la Ley A graria establece el usufructo inalienable de las tierras por parte de la com unidad agraria y su adm inistración colectiva por la asam blea agraria con­ form ada p o r el total de los com uneros. En estas fechas, anteriores a la reform a del artículo 27, la única m anera de in co rporar las tierras com unales al m ercado privado del suelo era m ediante la expropiación. El 29 de mayo, solam ente u n día después de la creación de los bienes com unales de Santa M aría H uatulco, se publica u n segundo decreto presidencial que expropia toda la parte costera del m unicipio, p o r causa de interés público. Se trata de u n a franja de 21,000 hectáreas, que abarca cerca de 35 kilóm etros de costa y las nueve bahías con las que cuenta el m unicipio, que pasaron del régim en com unal al dom inio federal -ahora en propiedad del FONATUR- con el fin de echar a andar el desarrollo turístico. El decreto im plicó el desplazam iento de los pobladores asentados en la parte costera del m unici­ pio y su reubicación en u n centro urbano planeado, ubicado a dos kilóm etros hacia el interior de las tierras: “La Crucecita”. D urante el año anterior a la expropiación, se dieron negociaciones entre las diferentes partes involucradas: FONATUR, la Secretaría de Turismo, la Refor­ m a Agraria, el C om isariado de Bienes C om unales, el presidente m unicipal de H uatulco y el gobernador del Estado de Oaxaca. El proceso desem bocó, en un p rim er m om ento, en u n acuerdo de indem nización a la com unidad para com ­ pensar la pérd id a de las tierras expropiadas. Según éste, cada com unero recibi­ ría del FONATUR dos lotes urbanos - u n o de ellos junto con u n a vivienda- en

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Según datos del Padrón e Historial de Núcleos Agrarios (PHINA), “Consultas", disponible en w w w .ran.gob.m x, consul­ tado el 13 de Agosto de 2015.

Mapa 1: Tenencia de la tierra y conflictos territoriales en Huatulco

La Crucecita, m ientras que u n a indem nización financiera sería otorgada a la com unidad a través del com isariado de los bienes com unales. Adem ás de esta com pensación colectiva, se indem nizarían de m anera individual los “bienes distintos a la tierra”, o sea las diversas propiedades localizadas en la parcela que cada com unero explotaba: ganado, árboles, pozos, cercas, palapas, etc. Cabe precisar que dicho acuerdo fue establecido en u n círculo restringido y en rea­ lidad no reflejó u n consenso real entre la com unidad y el gobierno federal, ni tam poco entre los m ism os com uneros. Es así que m uy pronto surgieron diver­ gencias y u n a serie de contradicciones ligadas a la llegada de nuevos actores y sus propósitos, pero tam bién discordancias entre la m ism a com unidad.

La resistencia comunera frente a la expropiación La expropiación provocó divisiones en la com unidad. La firm a del acuer­ do expropiatorio p o r el presidente m unicipal y las autoridades agrarias fue percibida com o u n a traición p o r u n a parte de los com uneros, m ientras que sospechas de corrupción alim entaron el resentim iento de los com uneros hacia las autoridades locales. En las sem anas posteriores a la expropiación, y bajo la presión de u n a parte de la com unidad, el representante del com isariado de los bienes com unales tuvo que renunciar. En 1986, u n a parte de la com uni­ dad agraria se am paró jurídicam ente y denunció las irregularidades surgidas durante el proceso expropiatorio. R eivindicaron el carácter inalienable de las tierras com unales y rebatieron el argum ento “de interés público” que intentaba justificar la expropiación, dado que fueron despojados de las tierras para luego ofrecerlas en venta a em presas privadas, m uchas veces extranjeras. El m onto de la indem nización tam bién fue cuestionado por los com uneros inconform es que estim aron que no reflejaba el valor real de sus tierras. U no de ellos declaró a u n reportero, señalando las desproporciones m ás evidentes: A muchos se nos quiere indemnizar a razón de dos pesos por metro cuadrado. FONATUR ofrece el mismo metro a $25,000 pesos. Son cerca de 210 millones de metros cuadrados, casi 21,000 hectáreas. Las autoridades dicen que todo es para nuestro beneficio. Lo cierto es que ya han llegado trasnacionales, como el Club Mediterranée, que ni siquiera podemos acercarnos a las playas que son nuestras.5

C on el tiem po, se agudizaron las tensiones entre el gobierno federal y la com unidad. Los com uneros se m ovilizaron en contra de la expropiación, p a ­ ran d o las obras y la construcción de infraestructura en la bahía de Santa Cruz. En los Bajos de Coyula, localidad del norte del m unicipio, el conflicto alcanzó u n grado superior y u n local de FONATUR fue incendiado. A p artir de 1986,

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“En H uatulco se hace ya el centro turístico del sexenio", G uillerm o Correa, en Proceso num .517, septiem bre de 1986.

la llegada de Eladio Ram írez López (1986-1992) com o gobernador del estado de Oaxaca, com enzó a cam biar la correlación de fuerzas entre los protagonis­ tas del conflicto al ofrecer a la com unidad huatulqueña el apoyo de la clase política local. El conflicto entre los com uneros y el FONATUR se extiende ahora entre el gobierno federal, principal pro m otor del CIP de Huatulco, y el gobierno estatal, aliado de los opositores al desarrollo turístico. Al m ism o tiem po, la m ovilización de los huatulqueños recibe el apoyo de u n m ovim iento social poderoso en el estado, la C oalición de O breros, C am ­ pesinos y Estudiantes del Istm o de Tehuantepec (COCEI). Entonces la oposi­ ción local al desarrollo turístico se estructura políticam ente al integrarse a la COCEI, la cual se incorpora a su vez al PRD en 1989. Sin embargo, la nueva correlación de fuerzas reflejada por la institucionalización progresiva de la C O CEI después de 1989, y su retiro progresivo de la m ovilización, debilita el m ovim iento de los com uneros. Es u n a etapa en que la COCEI se instala de m a­ n era d u radera en el poder m unicipal en la ciudad oaxaqueña de Juchitán. Al centrarse en la gestión m unicipal, el m ovim iento coceista se consolida com o p artid o pero se aleja paulatinam ente de los repertorios de acción colectiva que lo habían caracterizado com o m ovim iento social, entre los cuales destacaba la participación en la tom a de tierras (Bautista, 2010). En 1989, un o de los principales líderes huatulqueños, Alfredo Lavariega, es asesinado. Su m uerte violenta ocurre en u n contexto de represión exacerbada contra los opositores políticos, precisam ente durante los m eses posteriores a la contienda electoral de 1988. El dram a provoca el retiro de otras figuras im por­ tantes del m ovim iento y causa el declive del m ovim iento de resistencia local contra el proyecto del CIP. Paulatinam ente, los habitantes de la Bahía de Santa C ruz, la p rim era de las nueve bahías en ser desarrollada según el plan m aestro elaborado p o r el FONATUR, son desplazados y reubicados en La Crucecita. Sin em bargo, en el norte del polígono expropiado, cuyo desarrollo es planeado en etapas posteriores del desarrollo turístico, el conflicto perdura tres décadas después. En estas localidades -Coyula, San Agustín, El Arenal- los com une­ ros siguen viviendo en los terrenos expropiados y la no-resolución del litigio h a generado efectos sobre sus condiciones de existencia: inseguridad jurídica, precariedad de las viviendas, ausencia de los servicios m ás básicos (agua, d re­ naje, etc.).

Los “avecindados” Si bien el conflicto provocado por la expropiación contribuyó claram ente a definir u n a serie de juegos de poder, antagonism os y alianzas locales, la com ­ plejidad de las relaciones sociales y de las contradicciones que agitaban a la sociedad huatulqueña rebasaba por m ucho la oposición entre el FONATUR y

los com uneros. Hoy en día, los com uneros representan u n a m inoría de la p o ­ blación del m unicipio de Santa M aría Huatulco, donde el “boom ” del turism o m odificó la estructura dem ográfica al generar m ovim ientos m igratorios desde otros m unicipios del estado y otras regiones del país. De 6,000 habitantes en 1980, la población m unicipal alcanzó cerca de 38,000 en 2010 (INEGI, 2010). Hoy en día, la m ayoría de la población m unicipal está com puesta por los avecindados quienes llegaron a la entidad en busca de oportunidades econó­ m icas y laborales, principalm ente en los sectores de la construcción y los servi­ cios turísticos. Asentados después de la expropiación, los avecindados no fue­ ron tom ados en cuenta p o r el acuerdo expropiatorio y no gozan de los m ism os derechos que los com uneros respecto a las tierras com unales. A diferencia de éstos, dado que no fueron expropiados ni recibieron indem nizaciones, en un contexto de pobreza generalizada enfrentan graves dificultades para acceder a la vivienda. M uchas veces, la irregularidad de sus ingresos, los cuales varían al ritm o de la industria turística, hace prácticam ente im posible la adquisición de u n a vivienda en la ciudad turística. En tal contexto, el acceso a la vivienda se ha convertido en u n problem a cotidiano para la m ayoría de los avecindados. En varias ocasiones, la reivindi­ cación del derecho a la vivienda ha sido m otivo de m ovilización social y polí­ tica, y se ha vuelto u n a causa de conflicto entre el FONATUR y los grupos de habitantes abanderados por organizaciones políticas y sindicales. A principios de los años 1990, esta situación desem bocó en u n a confrontación abierta. El m ovim iento ocupó las oficinas de la institución e invadió los terrenos federa­ les ubicados en la periferia del centro turístico, donde fueron construidas dos colonias populares, los sectores U2 y H3. C on el paso de los años y al ritm o de las contiendas electorales, las negociaciones con las autoridades perm itieron legalizar la propiedad jurídica de los terrenos y dotarlos de servicios urbanos.

El desarrollo turístico en Playa del Carmen El desarrollo turístico y urbano en Playa del C arm en difiere en m ucho de lo observado en Huatulco. A p artir de 1974, la creación del CIP de C ancún, en el extrem o n o rte de la costa del estado de Q uintana Roo, aceleró la urbanización de la costa hacia el sur del estado. D icho fenóm eno se da a lo largo del corredor turístico C ancún-Tulum , hoy convertido en u n a de las principales regiones turísticas m exicanas, la Riviera M aya (ver m apa 2). Antes del auge turístico provocado por la creación de C ancún, Playa del C arm en era u n a localidad rural perteneciente al m unicipio de Cozum el, cuya cabecera se encontraba en la isla del m ism o nom bre. Según fuentes historiográficas (Tineo, 2008; Redclift, 2010), el lugar se encontraba prácticam ente deshabitado hasta 1902, cuando u n pequeño grupo de fam ilias m ayas se es-

Imagen 1. Playas en Huatulco, Oaxaca (Fotografía: Clement Marie dit chirot, 2009).

tableció en Playa del C arm en tras haber huido de la violencia que azotaba el sur de Q u in tan a Roo, al term inar la G uerra de Castas. D esde entonces, los pobladores se dedicaron a la agricultura y a la extracción del chicle. En 1930, Playa del C arm en se consolidaba com o pueblo chiclero con la creación del ejido; sin em bargo, en el plano dem ográfico, hasta principios de los sesenta la población local no rebasaba 100 personas (Tineo, 2008). En 1970, se convirtió en u n lugar de paso para los turistas que visitaban la isla de Cozum el, donde la presencia del turism o es m ás antigua. El turism o local era, sin embargo, m uy lim itado. La p rim era gran inversión turística en Playa del C arm en tuvo lugar en la década de los ochenta p o r u n em presario yucateco, quien aprovecha las opor­ tunidades planteadas por la cercanía del centro turístico de C ancún. Se trata de u n im portante com plejo turístico y residencial llam ado Playacar. El proyecto trae consigo u n boom inm obiliario y la atracción de grandes capitales, turistas y m ano de obra. Los constructores de esta gated-com m unity recurren a em ­ presas subcontratistas encargadas de reclutar trabajadores desde los estados rurales y m arginados del sureste m exicano, principalm ente Tabasco y Chiapas.

Mapa 2: Urbanización turística y ocupación del suelo en Playa del Carmen

En 1984 com ienza la construcción en u n predio de 300 hectáreas, incluyen­ do u n a decena de hoteles internacionales en los terrenos costeros, u n club de golf y conjuntos residenciales de lujo. El crecim iento dem ográfico provocado p or la llegada de trabajadores se refleja en la aparición de cam pam entos preca­ rios en terrenos colindantes con el centro urbano. De 1,500 habitantes en 1987, la población se eleva en 1988, a 4,500 habitantes. Siete años después, en 1995, Playa del C arm en ya contaba con 17,621 habitantes y registraba la m ayor tasa de crecim iento a nivel nacional (INEGI, 1995). Los proyectos inm obiliarios im pulsados p o r operadores privados no ta r­ daron en recibir el apoyo activo del gobierno estatal. La “m arca” Riviera M aya es creada en 1997, ju n to con u n organism o público encargado de prom over el destino turístico a nivel nacional e internacional. Por otro lado, el esfuerzo gubernam ental para atraer inversionistas y capitales a Playa del C arm en está basado en la venta, por el gobierno estatal, de u n a gran cantidad de tierras p ú ­ blicas ubicadas en la zona costera, a precios m uy atractivos (m uchas veces infe­ riores a 5 dólares p o r m etro cuadrado), sobre todo durante el sexenio de M ario Villanueva M adrid (1993-1999). La estrategia adoptada p or el gobierno estatal

Imagen 2. Playas en la ‘Riviera Maya’, Playa del Carmen (Fotografía: Clement Marie dit Chirot, 2011).

-a l generar u n a oferta pública de terrenos con alto potencial tu rístico - desen­ cadena u n fenóm eno acelerado de especulación con los terrenos turísticos. El proceso alcanza rápidam ente niveles preocupantes y afecta las posibilidades, sobre todo para las clases populares, de acceder a la vivienda.

La tenencia de la tierra U n breve exam en de las estructuras de la propiedad del suelo aclara la p ro ­ blem ática económ ica, política y social que h a enfrentado el desarrollo turístico y urbano en Playa del C arm en, así com o el papel central de las políticas p ú ­ blicas en dicho proceso. En efecto, éste ocurre en u n a región históricam ente relegada al estatuto de periferia del territorio nacional (Macías, 2004). D urante la segunda m itad del siglo XIX, la parte oriental de la península de Yucatán, la cual corresponde actualm ente al estado de Q uintana Roo, escapa al control del Estado m exicano. En este periodo, la región es el escenario de u n conflicto arm ado entre el Estado y los rebeldes mayas, la G uerra de Castas (1847-1901). En los años 1930, con la Reform a Agraria, el gobierno federal constituye núcleos agrarios y otorga grandes extensiones de tierras a com unidades ru ra ­ les de la región, principalm ente bajo el régim en ejidal. La historiadora M artha Villalobos (2004) insiste en las condiciones peculiares en las que se lleva a cabo el reparto agrario en Q uintana Roo, en el contexto político posterior a la G uerra de Castas. Si bien la im posición del sistem a ejidal fue parte de la estra­ tegia gubernam ental para debilitar los cacicazgos m ayas y afectar las bases de su organización política y territorial, la debilidad del poder estatal perm itió a las com unidades mayas negociar las condiciones de su integración al sistema ejidal. Por las necesidades propias de la explotación forestal, predom inante en los núcleos agrarios form ados en dicha época en Q uintana Roo, los m ayas ob­ tuvieron superficies m ayores a las asignadas en los ejidos agrícolas. A unque la Ley A graria define superficies no m ayores a 10 o 20 hectáreas p or ejidatario en m uchas regiones m exicanas, en Q uintana Roo la dotación de tierras se elevó a 420 hectáreas p or cada ejidatario en los ejidos forestales. En 1937, u n a resolución presidencial crea oficialm ente el ejido Playa del C arm en y reconoce a 54 ejidatarios beneficiarios -dedicados principalm ente a la extracción de chicle- la posesión de 22,680 hectáreas de tierras. Se trata de u n espacio destinado a convertirse, unas décadas después, en el corazón de u n a de las principales regiones turísticas m exicanas. La im portancia de la propiedad ejidal, la cual representa la tercera parte del suelo m unicipal, es un aspecto determ inante del proceso turístico en Playa del C arm en.6 O tro ele­ m ento esencial es la propiedad pública de grandes extensiones de tierras, espe­

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Program a de D esarrollo Urbano del Centro de Población Playa del Carm en 2010-2050, M unicipio de Solidaridad.

cialm ente en la zona costera donde se concentra el m ayor crecim iento urbano en las prim eras etapas del desarrollo turístico. H asta 1974, año en el que se crea el centro turístico de C ancún, el Territo­ rio Federal de Q uintana Roo era u n a entidad adm inistrativa dependiente del gobierno federal, el cual disponía de grandes cantidades de tierras bajo el régi­ m en de los terrenos nacionales. El despegue del centro turístico coincide con u n cam bio en el estatuto jurídico de este territorio, el cual adquiere categoría de estado de la federación. Esta transm isión de poderes, desde el nivel federal hacia el nivel estatal, es acom pañada de u n a dotación de tierras al gobierno estatal. Si bien existen grandes extensiones de propiedad privada en Playa del C ar­ m en, al inicio del desarrollo urbano y turístico, la tenencia de la tierra queda principalm ente bajo dom inio público, repartida entre el régim en ejidal y las propiedades del gobierno estatal. En la m edida en que la ley agraria prohíbe la venta de tierras ejidales, la urbanización se concentra, en u n a p rim era fase, en los terrenos pertenecientes al gobierno estatal. Estos absorben las prim eras olas de poblam iento provocadas por el auge turístico. En diferentes ocasiones, las autoridades realizan distribuciones de tierras o ventas a precios de interés social; p or ejemplo, en 1988, se crea la colonia G onzalo G uerrero, colindante con el centro urbano.

Antagonismos y alianzas en torno al control del espacio Frente al acelerado crecim iento urbano, la reserva territorial del gobierno estatal se agotó rápidam ente. De ser u n pequeño pueblo a finales de los años 1980, hoy en día Playa del C arm en registra la m ayor tasa de crecim iento a nivel nacional, 14% anual a m ediados de los años 2000 (INEGI, 2000). Su población pasó de 1,500 habitantes en 1987 a 150,000 en 2010 cuando se realiza el últim o censo poblacional (INEGI, 2010). A principios de los años 1990, la saturación del centro de la ciudad genera u n a presión a la alza sobre las rentas y suscita m ovilizaciones sociales por el acceso a la vivienda: m archas, bloqueos de ca­ rreteras, etc. Por otro lado, pese a que después de 1992 la reform a del artículo 27 de la C onstitución autorizó la com ercialización de las tierras ejidales, los habitantes del centro, organizados desde 1987 a través de u n a organización social llam ada “U nión de C olonos”, enfrentaron el rechazo de los ejidatarios, quienes se n e ­ garon a vender terrenos del ejido. Si bien los ejidatarios de Playa del C arm en ahora se dedican de pleno al negocio de la venta de tierras, su actitud en esta p rim era etapa del desarrollo urbano parecía estar regida por estrategias espe­ culativas que negaban la venta de tierras y frenaban la urbanización del ejido en espera de perspectivas m ás prom etedoras, que desde luego ya dejaban en ­

trever el desarrollo turístico de la parte costera del m unicipio. Esta situación condicionó profundam ente la evolución del proceso urbano en Playa del C arm en. Lim itada, hacia el sur, p o r la presencia del com plejo turístico-residencial de Playacar y, hacia el oriente, p o r el m ar Caribe, la ex­ pansión de la m ancha urb an a tam poco podía dirigirse hacia el oeste, donde la presencia del ejido lim itaba las posibilidades de urbanización. Por ello, a principios de los años 1990, el crecim iento urbano continuó hacia el norte, de m anera paralela a la costa. Sin embargo, la apertura de nuevos espacios a urbanizar p or parte del gobierno estatal fue bloqueada por u n litigio en torno a la propiedad jurídica de u n a parcela ubicada en la franja costera al norte del centro urbano. El terreno disputado era u n predio de 274 hectáreas cuya propiedad fue rei­ vindicada p o r el gobierno estatal. Terreno nacional hasta 1973, la parcela fue objeto de u n decreto de expropiación el m ism o año y entregado al gobierno estatal en vísperas de la creación del Estado de Q uintana Roo. Sin em bargo, el estatuto legal del predio fue im pugnado p o r u n terrateniente local, Francisco Rangel Castelazo, quien afirm aba haberlo com prado en 1986 al gobierno fede­ ral m ediante la Secretaria de la Reform a A graria (SRA).7 U n “hueco jurídico” causado p or u n fallo en el m om ento del cam bio de estatuto legal por la adm i­ nistración agraria perm itió al terrateniente reclam ar la propiedad del predio y disputarlo jurídicam ente al gobierno del estado. A principios de los años 1990 el pleito legal bloqueó la urbanización, y el dialogo entre Rangel Castelazo y las autoridades quedó suspendido. Frente a esta situación y en ausencia de u n a solución legal, los habitantes agrupados a través de la U nión de C olonos contem plaban la posibilidad de invadir el terreno disputado. En el transcurso del año 1993, se organizan n e ­ gociaciones entre los colonos y el gobernador, M ario Villanueva M adrid. Al no p o d er asum ir públicam ente u n apoyo al m ovim iento, éste da su perm iso tácito para la invasión y negocia con el grupo u n a parte del predio; u n a franja costera de 93 hectáreas destinada para u n desarrollo hotelero. De esta m anera, Villanueva resuelve de facto el conflicto con Francisco Rangel Castelazo y se apodera de la parcela en litigio. El gobernador consolida p o r otra parte su p o ­ der político a nivel local al aliarse con la U nión de Colonos. La invasión se da el 4 de abril de 1994 y desem boca en la creación de la colonia Luis D onaldo Colosio, la cual se convierte en la colonia popular m ás im portante de la ciudad. Los grupos form ados en esta ocasión reunieron a va­ rios miles de personas y tom aron posesión del predio. El gobierno estatal, m e­ diante el Instituto para la Vivienda del Estado de Q uintana Roo (INVIQROO ),

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"Vecinos d e Solidaridad denuncian a Hendricks por fraude con terrenos", Hugo M artoccia, en La Jornada, 27 de di* ciem bre de 2005.

repartió títulos de posesión a los colonos y organizó la regularización de la tenencia de la tierra en la colonia. C om prando sus lotes al gobierno estatal, los colonos p o d rían adquirirlos a plazos, a precios de interés social. Sin embargo, el proceso de regularización quedó sin concluir al term inar el sexenio de Villanueva, en 1999.

Los terrenos codiciados de la colonia Luis Donaldo Colosio La presencia de u n a colonia popular en u n a de las costas m ás cotizadas del C aribe m exicano refleja la espontaneidad del desarrollo y el frágil equili­ b rio político m aterializado p o r la alianza entre M ario Villanueva y la U nión de Colonos. Las elecciones de 1999 y la llegada de Joaquín H endricks Díaz a la gubernatura, sin em bargo, rom pen con este esquem a e inician u n nuevo ciclo en las relaciones entre los colonos, el gobierno estatal y los intereses privados de Rangel Castelazo. A diferencia de su predecesor, quien perm itió la inva­ sión del predio en detrim ento del terrateniente, el gobernador recién electo opta p o r resolver el conflicto legal entre el gobierno estatal y Rangel Castelazo creando u n a sociedad inm obiliaria de capital variable, la D esarrolladora de la Riviera Maya, la cual se vuelve propietaria legal de la totalidad de la parcela en disputa. C onform e al acuerdo firm ado a finales de 1999, el gobierno del estado es socio m ayoritario y posee 51% de las acciones de dicha entidad, m ientras que los 49% restantes quedan en m anos del em presario.8 C on este acuerdo público-privado se buscaba la resolución del litigio, la regularización de la te­ nencia del suelo en la colonia Luis D onaldo Colosio y su urbanización p o r la inm obiliaria. A fin de que los colonos pudieran pasar de la simple posesión de sus lotes a ser propietarios formales, los colonos tendrían que adquirirlos m ediante p a ­ gos m ensuales a la D esarrolladora de la Riviera Maya, m ism a que tam bién se encargaría de com ercializar los terrenos costeros para su posterior desarrollo turístico o residencial. La desarrolladora entonces procedió a u n a nueva eva­ luación del valor de los terrenos en la colonia con base, esta vez, en su valor en el m ercado. Si bien inicialm ente en el proceso de regularización se preveía precios “congelados”, en el m arco de u n a política de fom ento a la vivienda, la D esarrolladora de la Riviera M aya fijó el m onto de las m ensualidades basán­ dose en el valor del m ercado en el m om ento de su regularización y no en el de la invasión. A m edida que la urbanización y el desarrollo turístico de la ciudad continuaron hacia el norte, el fenóm eno de especulación em pujó al alza el p re­ cio de los terrenos. En m uchos casos, su valor actual era diez veces superior al

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“Rem ató Hendricks predios de Quintana Roo a em presa española", Hugo M artoccia, en La Jo rn ad a , 28 de diciem bre de 2005.

que tenían en 1994 cuando se dio la invasión. Frente a esta situación, u n a parte de los colonos se negó a pagar. Sin em bar­ go, el contexto político local ya no fue tan favorable para u n a am plia m ovili­ zación. Privados del apoyo de la clase política, la U nión de C olonos se debilitó adem ás p or conflictos internos entre sus líderes. Por otra parte, la evaluación individual, lote por lote, del valor de los terrenos, dejó a los colonos aislados y en posición de vulnerabilidad frente a la desarrolladora, pues generó u n a m a­ yor diversidad de situaciones e intereses, haciendo poco probable la form ación de u n frente am plio de oposición. A un así, la m ovilización de los colonos se vio m aterializada por la creación de varias organizaciones sociales de m enor im portancia que em prendieron u n a lucha jurídica contra la D esarrolladora de la Riviera Maya, com o es el caso de la organización civil “Tierra y Libertad”, creada a principios de los años 2000.9 Dos situaciones acom pañaron a este proceso. Por u n lado, se puede ob­ servar el endurecim iento del m arco legal relativo a las invasiones. Desde la reform a del código penal del estado de Q uintana Roo, en 2008, y a diferencia de la tolerancia característica del gobierno de M ario Villanueva, el delito de in ­ vasión fue constituido en infracción penal castigada con cárcel. Por otra parte, el nuevo Plan de D esarrollo U rbano (PDU) aprobado por el gobierno m u n i­ cipal preveía la extensión hacia el norte de la Q uinta Avenida, fam osa avenida com ercial y peatonal, lo que im plicaba que atravesaría la colonia Colosio. Sin em bargo, no parecían haberse tom ado m edidas para regular eventuales fenó­ m enos especulativos, pese a que actores económ icos en posición de d om ina­ ción ya se posicionaban en la zona, com prando a la D esarrolladora la totalidad de los terrenos costeros com o en el caso de la em presa canadiense C antex o del g rupo español Sol Melía. La política de revalorización im pulsada p o r las auto­ ridades locales y por el sector privado podía poner en duda la perm anencia de los habitantes de la Colosio en esta parte de la ciudad, al generar la expulsión de los grupos m ás vulnerables, quienes estarían en desventaja al no poder ad ­ quirir sus lotes según las condiciones im puestas por la inm obiliaria.

Hacia una interpretación de los conflictos turísticos El desarrollo turístico en H uatulco y Playa del C arm en es producto de p ro ­ cesos m uy diferentes. En el caso huatulqueño se trata de u n desarrollo pla­ neado de m anera vertical, con fuerte intervención gubernam ental, m ientras que el auge turístico en Playa del C arm en surgió de iniciativas locales y de su posterior articulación con acciones gubernam entales. Las escalas de decisión

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“Vecinos de Solidaridad denuncian a Hendricks por fraude con terrenos", Hugo M artoccia, en La Jornada, 27 de di­ ciem bre de 2005.

varían tam bién y contribuyen a definir la dinám ica del conflicto: si el conflic­ to en H uatulco involucra al gobierno federal, principal actor del proyecto a través del FONATUR, el desarrollo turístico en Playa del C arm en im plica a otros niveles de gobierno, principalm ente al gobierno estatal - p o r disponer de grandes cantidades de tierra s- y el m unicipal, al cual incum ben las políticas de planeación u rb an a conform e a la política de descentralización iniciada en la década de los ochenta (Olivera, 2002). Por otro lado, el m arco jurídico relativo a la venta de tierras ejidales o co­ m unales difiere en am bos casos. El desarrollo del CIP de H uatulco ocurrió años antes de la reform a del artículo 27, en 1992. En este caso, la expropiación era la única vía legal para la constitución de u n a reserva territorial y causó u n a confrontación abierta entre el gobierno federal y la com unidad agraria. Al contrario, en el caso de Playa del C arm en, el legado histórico de la G uerra de Castas y el dom inio que m antuvo el gobierno federal sobre el territorio de Q u intana Roo hasta m ediados de los años 1970 perm itió que las autoridades estatales dispusieran de reservas territoriales desde el inicio del desarrollo tu ­ rístico. Por lo que respecta a la parte ejidal, su urbanización em pezó a m ediados de los noventa, dentro del nuevo m arco legal generado por la reform a de 1992, y convirtió al ejido en u n actor económ ico y político m uy poderoso a nivel lo­ cal. En efecto, los ejidatarios playenses pasaron a form ar parte de la elite local al controlar el m uy lucrativo negocio de los terrenos ejidales, y son ahora un elem ento clave del negocio de bienes raíces, con im portantes proyectos in m o ­ biliarios. En el plano político, su influencia se vio reflejada por la elección, en 2008, del ex-com isario ejidal, R om án Q uian, al cargo de presidente m unicipal. No obstante estas diferencias, el análisis com parativo de los dos procesos pone en relieve patrones repetitivos cuyo exam en nos puede llevar a form ular problem áticas m ás generales en cuanto a la dim ensión espacial del fenóm eno turístico. La p rim era de ellas alude a la m anera en que el turism o parece agu­ dizar las pugnas por la apropiación del espacio.

El espacio turístico y sus contradicciones: una mirada hacia las rela­ ciones de propiedad En am bas situaciones, el desarrollo turístico desató u n a serie de conflictos locales que expresan contradicciones profundas de la sociedad local, la cuales giran en to rn o a la apropiación de u n a porción de espacio por diferentes ac­ tores -se a n individuos, grupos o instituciones- que coinciden en u n lugar tu ­ rístico. Estas contradicciones han sido analizadas por Ernest C añada com o un elem ento de la conflictividad social propiciada por el fenóm eno del turism o: Como resultado el turismo ha dado pie a un nuevo escenario de conflictividad,

asociado a múltiples causas entre las que destacan: 1) conflictos por la resistencia de las comunidades rurales a la desposesión de recursos naturales y territorios; 2) conflictos por reacción de la sociedad civil y autoridades locales ante los abusos y excesos del desarrollo turístico-inmobiliario; 3) conflictos inter-empresariales por contraposición de intereses en la explotación de sus negocios; 4) conflictos por la adecuación del marco normativo regulador de las políticas de turismo; 5) conflic­ tos por la reacción de los trabajadores ante la precariedad de las condiciones de trabajo (Cañada, 2011:190). A unque la tipología propuesta p o r C añada no pretende ser exhaustiva, es estim ulante para analizar algunas de las contradicciones socio-económ icas que agitan el ám bito turístico. Dicho autor identifica diferentes tipos-ideales correspondientes a situaciones conflictivas, destacan los que por su estrecha relación con el espacio corresponden a los casos aquí descritos: los tiposideales 1 y 2. Estos tipos-ideales apuntan hacia el fenóm eno de “acum ulación p or desposesión” descrito por el geógrafo David H arvey (2010), u n a de las contradicciones fundam entales del sistem a capitalista y cuya dim ensión es­ pacial fue teorizada por H enri Lefebvre en su obra m aestra, La production de lespace (1974). Desde u n a perspectiva dialéctica fundada en el m arco concep­ tual m arxista, Lefebvre señala el vínculo estrecho entre las relaciones sociales de producción y el espacio en el que estas se realizan. Insiste en el rol activo del espacio com o contenedor de las contradicciones sociales - “las contradic­ ciones en el espacio”- pero tam bién en la m anera en que el espacio social ge­ n era sus propias contradicciones o, m ejor dicho, en que las contradicciones socio-económ icas son alim entadas, al espacializarse, por “las contradicciones del espacio”. En H uatulco y Playa del C arm en, el turism o h a contribuido a valorizar el espacio, increm entando su im portancia económ ica com o m edio de p ro d u c­ ción y soporte m aterial para la acum ulación. C om o señala David Harvey, “el suelo y sus estructuras han sido históricam ente el depósito m ás im portante de valores alm acenados” (1977:165), y dicho postulado cobra especial certeza en contextos turísticos. C on el turism o surgieron nuevas form as de centralidad en espacios periféricos, y tierras antes poco valoradas, en térm inos económ i­ cos, de repente se vuelven objeto de u n a codicia exacerbada. A raíz de este proceso, la relación que guardan los actores -individuales o colectivos- con la propiedad jurídica del espacio se vuelve sum am ente im portante en la defini­ ción de su posición social, lo que determ ina la posibilidad, o no, de m antener­ se en u n espacio tan codiciado, y p o r tanto de obtener beneficios m ateriales y/o sim bólicos. C om o recuerda en entrevista u n com unero huatulqueño, es precisam ente a raíz del desarrollo turístico que el hecho de “ser com unero” cobró u n peso particular en la vida social de la localidad: FONATUR fue el que hizo esas cosas de que... “tu no eres comunero”, a delimitar

las cosas (...). Batallé mucho para que a mis hijos los reconocieran como comu­ neros (...). De hecho, antes no se usaba esta p a la b ra . de que “soy comunero”, no nos nombrábamos a nosotros mismos como comuneros. Porque no había motivo pues, para decir “yo soy comunero” ... Uno decía “soy huatulqueño”, o “soy ciudadano de Huatulco.10

Al crear la com unidad agraria de H uatulco para después poder desarrollar el centro turístico, el gobierno federal no sólo delim itó u n a porción de espa­ cio, sino que creó u n grupo social estrecham ente vinculado a la propiedad de la tierra. D espués de la expropiación, el hecho de ser com unero conlleva u n a experiencia colectiva dolorosa - la perdida de las tierras com unales fue m uchas veces vivida com o u n a form a de despojo- y pone en juego expectativas com o la posibilidad de ser indem nizado y de recibir u n a vivienda en el centro tu rís­ tico. Los com uneros entrevistados suelen reconocerse com o los “netos Huatulqueños” para distinguirse de los m igrantes establecidos m ás recientem ente en el centro turístico. En m uchos casos, los com uneros expropiados y reubicados en La Crucecita invirtieron el dinero que recibieron por la indem nización e igualm ente aprovecharon la entrega de dos lotes p or parte FONATUR. Este capital les p er­ m itió am pliar su vivienda, construir y am ueblar cuartos que pudieron rentar com o hospedaje turístico o com o alojam iento a trabajadores del centro tu rísti­ co. En otros casos, invirtieron en pequeños negocios: restaurantes, tiendas de abarrotes, lavanderías, taxis, etc. Estas condiciones m ateriales, en su m ayoría m ás favorables que las de los avecindados, contrastan con el tono del discurso producido en las entrevistas, en las que se enfatiza su calidad de víctim as del proceso expropiatorio. En Playa del C arm en, si bien el desarrollo turístico no creó nuevas catego­ rías sociales, agudizó el peso de las relaciones de propiedad en la estructura so­ cial: el hecho de ser “ejidatario” rem ite a u n a posición social alta e im plica b e ­ neficiarse de u n a suerte de renta de situación. En otros térm inos, en Huatulco com o en Playa del C arm en el hecho de ser com unero o ejidatario im plica ven­ tajas de posición respecto a otros grupos. Al otro extrem o de la escala social, para los “colonos” de la colonia Luis D onaldo Colosio, en Playa del C arm en, o para los “avecindados” huatulqueños, la ausencia de u n derecho de propiedad reconocido legalm ente tiende a agudizar su vulnerabilidad social. La posición respecto a la propiedad jurídica del suelo, en los lugares turísticos, define in ­ tereses contradictorios y, m uchas veces irreconciliables, apegados al binom io conceptual valor de uso/valor de cambio estudiado en la teoría m arxista del espacio social (Harvey, 1977). Esta contradicción socio-económ ica cobra aún

m ás im portancia al expresarse políticam ente.

Los usos políticos del espacio turístico Los dos estudios de casos ofrecen ejem plos de uso político del espacio tu ­ rístico, siendo su control u n instrum ento para afirm ar posiciones de poder. El valor in strum ental del espacio turístico, desde el punto de vista político, ha sido evocado p or el geógrafo Olivier D ehoorne, para quien “los grupos que anhelan dom inar se centran en los sitios fuente de poder, los puntos estraté­ gicos que p erm itan socavar los poderes establecidos. A hora bien, en el m eollo de estas relaciones de poder se encuentran precisam ente los sitios turísticos” (2004:33). Al analizar las trayectorias de personajes u organizaciones políticas, así com o su vinculación con conflictos turísticos, pueden identificarse estra­ tegias en las que el dom inio del espacio turístico es u n elem ento central. Un ejem plo claro de ello es caso del exgobernador de Q uintana Roo, M ario Villanueva M adrid (1993-1999), cuyo ascenso político está íntim am ente ligado al auge turístico de la Riviera Maya. C uando inicia el “boom ” turístico en Playa del C arm en, a finales de los años ochenta, la ciudad pertenece, en el plano adm inistrativo, al m unicipio de Cozum el. En aquel entonces, el poder económ ico y político local estaba con­ centrado en m anos de la burguesía isleña y la parte continental del m unicipio sufría u n relativo abandono, el cual se volvió m ás explícito en 1988 tras el paso del huracán Gilberto. Frente a esta situación y para tom ar las riendas del desa­ rrollo turístico, u n a coalición conform ada p or em presarios locales, ejidatarios y pequeños propietarios em prende u n a lucha política para independizarse de C ozum el y lograr la creación de u n nuevo m unicipio. U n “C om ité Prom unicipio” es creado en 1989 para tal propósito. El año siguiente, M ario Villanueva es elegido presidente m unicipal en el m unicipio Benito Juárez, con cabecera en C ancún. El grupo de poder playense solicita la ayuda del político en su lucha contra las autoridades m unicipales de Cozum el, y Villanueva ofrece su apoyo al “C om ité Prom unicipio” a cambio de u n apoyo político en las elecciones a la g ubernatura del estado, que serían tres años m ás tarde. De ser electo gobernador, Villanueva prom ete interceder por el grupo y obtener el apoyo del Presidente de la Republica, en ese entonces Carlos Salinas de G ortari. Finalm ente, M ario Villanueva gana la contienda electoral de 1993, y sólo unos m eses después es creado el nuevo m unicipio de Solidaridad, con Playa del C arm en com o cabecera m unicipal. Este es sólo u n ejemplo de cóm o u n conflicto territorial puede convertirse en u n instrum ento político. La inva­ sión de la colonia Luis D onaldo Colosio y el pacto entre la U nión de C olonos y el gobernador el año siguiente, representa otra m anifestación de la utilidad in strum ental del espacio turístico cuando éste es objeto de disputa.

En el caso de Huatulco, es interesante hacer n otar cóm o el conflicto gene­ rado p o r la expropiación y, unos años después, la m ovilización de los avecin­ dados p o r el acceso a la vivienda, propiciaron la creación de u n a oposición política a nivel local. Al solicitar el apoyo de la COCEI, la resistencia com unera al proyecto de centro turístico favorece la introducción de u n a nueva fuerza política en el m unicipio. En el m ism o periodo, la COCEI enfrenta dificultades en Juchitán y busca extender su influencia en la región, ofreciendo u n cauce electoral a las m últiples inconform idades sociales locales. El m ovim iento teje alianzas con m ovilizaciones locales, especialm ente acciones de tom a de tierras (Bautista, 2010: 112). C uando el m ovim iento juchiteco se incorpora al PRD en 1989, éste hereda u n a fuerte base social en Huatulco. Am bos intentarán adquirir fuerza política en el contexto del turism o.

Conclusión Las propuestas form uladas en esta contribución para interpretar situacio­ nes de conflictos p or la apropiación del espacio turístico no pretenden abarcar to d a la com plejidad de las diferentes problem áticas locales. Más bien se trata de apuntar hacia algunas lógicas com unes, en el plano económ ico y políti­ co, para cuestionar desde la perspectiva de la geografía crítica la dim ensión espacial del fenóm eno turístico. Al agudizar ciertas contradicciones sociales relacionadas con el espacio, el turism o suele volverse u n escenario de conflictividad social y política. La apropiación del espacio disputado se vuelve u n elem ento central de las estrategias desarrolladas p o r los actores para construir y reforzar posiciones de poder. Si bien el enfoque adoptado se centra en el ám bito local, éste debe ser articulado con el estudio del juego de las grandes estructuras económ icas, las del capitalism o globalizado, las cuales constituyen el telón de fondo de los desarrollos turísticos y de sus efectos locales.

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Apropiación del territorio costero en Cabo San Lucas, Baja California Sur, México: los casos de las playas y la propiedad ejidal Jesús Bojórquez Luque1 Manuel Ángeles Villa2 Alba E. Gámez Vázquez3

Introducción Los procesos de neoliberalización de las últim as cuatro décadas en México, expresados en la expropiación de los derechos colectivos de la población para su traspaso a entidades privadas, han puesto en entredicho la supervivencia de los bienes com unes en el país. Lo anterior encuentra especial resonancia respecto del territorio nacional, toda vez que actividades económ icas (com o el turism o o la m inería) son realizadas en tierras antes de la nación o de co­ m unidades, que ahora son concedidas a particulares. En nuestros días, esta continuación de la acum ulación originaria del capital ha sido identificada p or David H arvey (2004) com o el proceso de u n a acumulación por desposesión. E n el presente trabajo se em plea la teorización del geógrafo inglés para ex­ plicar la apropiación privada de las playas de C abo San Lucas, en Baja Califor­ nia Sur (BCS), en el noroeste m exicano y, particularm ente, el uso de tierras 1

M aestro en Econom ía del M edio Am biente y de los Recursos Naturales, Universidad Autónom a de Baja California Sur (UABCS), La Paz, BCS y alum no del Doctorado en Historia por la Universidad Autónom a de Sinaloa. Correo electrónico: jesbojorquez70@ hotm ail.com ,

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Profesor Investigador del D epartam ento Académ ico de Econom ía, UABCS, La Paz, BCS. Correo electrónico: m anan@ uabcs.m x,

3

Profesora investigadora del D epartam ento Académ ico de Econom ía, UABCS, La Paz, BCS. Correo electrónico: agam ez@ uabcs.m x,

Gustavo M arín G uardado (Coord.) 2015 Sin tierras no hay paraíso. Turismo, organizaciones agrarias y apro­ piación territorial en México. El Sauzal (Islas Canarias): PASOS Revista de Turism o y Patrim onio Cultural. Colección PASOS Edita, 15. ISBN 978-84-88429-29-2

ejidales para la construcción de vivienda en ese destino turístico. El aprove­ cham iento de los recursos naturales y paisajísticos es deseable y necesario para prom over el desarrollo nacional, sin embargo, los dos procesos referidos distan m ucho de propiciar este objetivo. Ello incluso considerando que las condicio­ nes m ateriales de vida de los pobladores cabeños atraídos por el crecim iento turístico de esa región, pudieran ser m ejor que el de sus lugares de origen; y que los ejidatarios, a la vera de ese polo turístico, se beneficien de la renta que im plica la venta o expropiación de sus terrenos. Sostenem os que la privatización de las zonas de playa y la expropiación ejidal en Baja California Sur son m anifestaciones locales de u n proceso global de concentración de la riqueza que, desde los ochenta, ha estado estructural­ m ente radicado en Los Cabos. En la actualidad, por u n a parte, la enajenación del espacio público resulta en la exclusión de la población de ingresos m edios y bajos (m ayoritaria en el país, el estado y ese m unicipio) del acceso a las pla­ yas y el disfrute del paisaje, elem entos que distinguen a BCS en general y, por supuesto, al m unicipio de Los Cabos. Por otra parte, las expropiaciones de tierra ejidal para fines privados constituyen u n a im portante subvención g u ­ bernam ental a la especulación inm obiliaria y a los sectores de construcción y hotelero. Playas y tierra ejidal son recursos que no habían sido valorados económ i­ cam ente antes de la proyección del C orredor de Los C abos com o destino tu ­ rístico internacional -q u e se extiende desde San José del C abo a C abo San L ucas- (ver m apa 1). El m unicipio de Los Cabos cubre u n a superficie de casi 3,700 k m 2 y contaba en 2010 con u n a población censal de alrededor de 239 m il habitantes, es decir, 37.4% de la población estatal; se espera que la p o ­ blación aum ente a 305 m il en 2015 (G obierno del Estado de Baja California Sur, 2014a). Las Cabos es u n caso típico de desarrollo desigual (Harvey, 2006; Smith, 2008) dos caras son claram ente visibles. Por u n lado, el m unicipio es m undialm ente conocido com o destino turístico, el m ás caro de Latinoam éri­ ca, a decir de Rubén Reachi, el secretario del ram o en BCS (Zaragoza, 2014), en v irtud de sus atractivos naturales, la cercanía con diversos puntos de Esta­ dos U nidos y la m ultiplicidad de unidades de alojam iento, desde la oferta de m ayor exclusividad para las élites extranjera y nacional, hasta los hoteles todo pagado para la clase m edia estadounidense y canadiense. En 2013 el estado contaba con 313 hoteles que ofrecían m ás de 14 m il h a ­ bitaciones, m ism as que albergaron a 1.8 m illones de turistas (G obierno del Estado de BCS, 2014b: 23); poco m ás de 1.4 m illones (77.8%) de ese turism o se dirigió a Los Cabos, siendo 73% de ellos extranjeros (G obierno del Estado de BCS, 2014a). En consecuencia, de acuerdo con el censo económ ico corres­ pondiente a 2008, últim o publicado a nivel m unicipal, la distribución sectorial del em pleo cabeño privilegiaba al turism o y actividades de apoyo dentro del

sector terciario: restaurantes y hoteles, 37.1%; com ercio, 24.5%; transportes y alm acenam iento, 5%; apoyo a negocios y m anejo de desechos, 10.1%; otros servicios, 4.6%; restos de los sectores, 18.8% (INEGI, 2009). El m odelo económ ico de Los C abos se ha hecho acreedor de m últiples re­ conocim ientos a escala em presarial, colocándole consistentem ente varias en­ tidades calificadoras en el tercer puesto a nivel nacional en la m edición de la com petitividad. Sim ilar galardón le otorgan dependencias encargadas de eva­ luar el bienestar de la población. Así, el P rogram a de D esarrollo de las Nacio­ nes U nidas (PN U D ) le ha ubicado entre los 65 m unicipios de m ayor Índice de D esarrollo H u m ano de los m ás de 2,400 del país (Ángeles, G ám ez y Ganster, 2012); y el C onsejo N acional de Población (CONA PO ) lo h a calificado como u n m unicipio de m uy baja m arginación, en el lugar 2,305 de m ayor a m enor exclusión (G obierno del Estado de BCS, 2014a: 26). El m unicipio h a sido un im án de población de otras entidades federativas (Sinaloa, G uerrero y Oaxaca, p or ejemplo). La segunda cara se m anifiesta en dos sentidos. El prim ero em pieza a ob­ servarse cuando nos adentram os a las cifras de la m edición del desarrollo hu­ m ano, la pobreza y la vulnerabilidad social. A principios del año en curso, la oficina en M éxico del Program a de las N aciones U nidas para el D esarrollo (PNUD -M éxico) hizo n otar que entre 2008 y 2012 se dio en BCS u n decre­ cim iento de 0.8% en el Índice de D esarrollo H um ano, im pulsado por débiles m ejoras en ingresos m edios y en salud, que no pudieron com pensar u n a caída de 4 puntos porcentuales en el indicador de educación (PNUD -M éxico, 2015: 12-14). Por su parte el C onsejo N acional para la Evaluación del Desarrollo Social (CONEVAL), recientem ente inform ó que tanto a nivel país com o para la m ayoría de las entidades federativas -incluyendo a B CS- se observó entre 2010 y 2014 u n im portante aum ento en los indicadores de pobreza y vulnera­ bilidad, que conllevó u n a reducción significativa de la población no pobre o vulnerable. Para Baja California Sur el CONEVAL (2015) reportó u n estancam iento en el porcentaje de personas en pobreza, en alrededor de 30% de la población total, a la vez que se increm entaba la vulnerabilidad (la población en riesgo de caer en la pobreza). Si bien la cifra oficial recaba solo 5.6% en pobreza por ingresos, la m ism a fuente estim a que 24.6% de la población sufre carencias p or acceso a los servicios básicos de alim entación y casi 40% tiene u n ingreso inferior a la línea del bienestar. La situación de bienestar socioeconóm ico de los sudcalifornianos, según las m ediciones oficiales, es evidentem ente m ás fa­ vorable que en el país en su conjunto.4 Pero la desigualdad no es m uy diferente:

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Julio Boltvinik, investigador el Colegio de México, ha desarrollado un m étodo alternativo de m edición de la pobreza, el M étodo d e M edición Integrada de la Pobreza (M M IP), según el cual casi se d uplica el núm ero d e pobres, d e la cifra

en 2010 el índice de Gini era de 0.49 en BCS, com parado con la m edia nacional de 0.51 (CONEVAL, 2012). A unada a la ostentosa riqueza del corredor tu rís­ tico Cabo San Lucas-San José del Cabo, la pauperización y vulnerabilidad de la población es evidente en cualquier recorrido por las colonias populares o incluso, de clase m edia (M artínez, Ángeles y Gámez, 2013). U na segunda form a en que se m anifiesta el desarrollo desigual en Los C a­ bos es el acceso diferenciado al disfrute de los recursos ambientales: agua, pai­ saje, aire lim pio y playas; este últim o es el tem a de este trabajo. C om o se detalla m ás adelante, el m unicipio cuenta con casi 200 kilóm etros de litoral y aunque cierta parte es rocosa o no apropiada para el uso recreativo playístico, en el co­ rred o r se h an contabilizado cerca de 40 playas a las que p o r razones “naturales” p o d ría tener acceso la población; sin em bargo, por razones “socioeconóm i­ cas”, la m ayoría tiene acceso restringido, con alam bradas de púas y guardias de seguridad que prohíben el uso ciudadano (Zarza, 2011; Valiente, 2010). Puede entonces decirse que Los Cabos, com o otros destinos de playa “inte­ gralm ente planeados”, h a sido exitoso com o gran generador de riquezas para los inversionistas privados nacionales y extranjeros, y de em pleo de diferentes tipos de calificación pero generalm ente de baja rem uneración. De hecho, “sin la inversión extranjera, este lugar no sería lo que es” (Zarza, 2011). Pero es u n éxito parcial, pues en Los C abos tam bién se observan las realidades que el in ­ vestigador H oracio Espinoza C oria pone de m anifiesto para C ancún, u n C en ­ tro Integralm ente Planeado (CIP) aún m ás grande, al otro extrem o del país. Este autor subraya la falta de integración económ ica del destino turístico con su región, su función com o im án de inm igración, la prevalencia de la inform a­ lidad, y los bajos salarios que se ofrecen a nivel operativo, con el argum ento de que los trabajadores subsisten a base de propinas (Vázquez, 2015). A unque originalm ente los CIP se orientaron a cinco zonas costeras del país, el m odelo está siendo replicado en u n a oleada creciente a lo largo de los lito­ rales m exicanos. No es de sorprender, entonces, que los resultados sean m uy sem ejantes en térm inos de sus consecuencias socioeconóm icas, incluyendo los procesos de apropiación-exclusión del espacio y los recursos com unes, lo que acom paña al fenóm eno de acum ulación por desposesión ya referido. Este capítulo está dividido en tres secciones. En la p rim era se hace u n a re ­ visión del concepto de apropiación por desposesión com o u n fenóm eno que a nivel global perm ite nuevas salidas al capital excedentario, para lo que es fu n ­ dam ental la participación tanto de agentes internos (incluyendo al gobierno) com o -esp ecialm en te- los externos. La segunda parte aborda la form a en que este proceso se realiza en las costas m exicanas ligado al crecim iento turístico-

que a nivel nacional presenta el CONEVAL, de 55.34 m illones a 101 m illones. La cifra de Bolvinik (2015) es sim ilar a la suma de pobres y vulnerables del CONEVAL. En el caso de BCS, con este m étodo el porcentaje de pobres sería 68%.

inm obiliario en las playas, y a la concom itante exclusión y/o desplazam iento de la población local de esos lugares, antes públicos o com unes. La tercera sección ofrece u n panoram a de la privatización de las playas y del proceso de apropiación de las tierras ejidales en Cabo San Lucas, prom ovido por las necesidades de expansión de la inversión turística-inm obiliaria. Por últim o, se ofrecen algunas reflexiones sobre la apropiación p or desposesión y la significa­ ción social que tendría el rescate de los com unes, esto es, la recuperación para la población de los derechos consuetudinarios de uso y disfrute de los recursos sociales, com o las playas y el paisaje.

La apropiación por desposesión David H arvey acuñó la frase “acum ulación p o r desposesión” para subrayar que este tipo de acum ulación m ediada por acciones extraeconóm icas -legales o n o- se h a constituido com o parte esencial y perm anente del capitalismo. Se trata de u n a tesis elaborada con m iras a subrayar la pervivencia en la actua­ lidad de la acum ulación originaria de M arx en u n a variedad de m anifesta­ ciones, com o u n elem ento clave del gran entram ado que construye el autor inglés para explicar el capitalism o de nuestros días.5 La idea de H arvey subraya la dependencia que tienen los m ercados, para su funcionam iento, en fuerzas form alm ente ajenas a ellos que de diversas m aneras asignan poder y recursos desproporcionados a los dueños del capital (Harvey, 2004: 113). H arvey afirm a que “es desacertado denom inar prim itivo a u n proceso en curso” (2004: 113) porque, adem ás de las form as consideradas en El Capi­ tal, hay “m ecanism os enteram ente nuevos de acum ulación por desposesión” (2004: 113). Entre esas form as cita: 1) el desarrollo de los derechos de p ro ­ piedad intelectual y la creación de patentes sobre el m aterial genético; 2) la depredación de los com unes globales por la agroindustria (aire, agua y tierra); 3) la corporativización de activos anteriorm ente públicos (agua, educación, servicios); y 4) la desaparición de los m arcos regulatorios, de suerte que los derechos a u n a pensión estatal, el servicio nacional de salud, y el bienestar (en general) se encuentran am enazados. Estos fenóm enos constituyen “u n a nueva ola de ‘cercam iento de los com unes’” (enclosures, térm ino inglés para este p ro ­ ceso, Harvey, 2004: 115). Desde los setenta H arvey se h a dedicado a la reconstrucción de la teoría del espacio de M arx. Éste, com o la m ayoría de los grandes autores del siglo XIX, teorizó m ayorm ente en térm inos tem porales, aunque en el Manifiesto Comunista, El Capital y, especialm ente, los Grundrisse, hay consideraciones 5

Es decir, teorizaciones sobre el desarrollo desigual, la neoliberalización y la relación entre los vaivenes del proceso de acum ulación de capital y el am biente construido (el “arreglo espacial" y la com presión espaciotem poral), entre otros elem entos.

im portantes sobre el espacio, que H arvey ha resaltado y desarrollado. La conceptualización del espacio de M arx se relaciona estrecham ente con la creación del m ercado global. C itam os de los Grundrisse: Mientras que el capital por un lado tiene que luchar por derribar cualquier barrera al intercambio, es decir, conquistar el mundo entero para el mercado, por el otro lucha por aniquilar ese espacio por el tiempo (Marx, 1859: 533, énfasis nuestro). La cita contiene dos im portantes ideas. En p rim er lugar, M arx sostiene que el capitalism o ha sido global desde sus inicios: la tendencia a conquistar el pla­ neta para convertirlo en m ercado y fuente de recursos naturales es intrínseca; no es ni contingente ni reciente. Al contrario de lo que afirm an los ‘globalizadores’ neoliberales, M arx insiste en que el m ercado m undial se contiene en la noción m ism a del capital. Sin em bargo, la expansión del capitalism o es un proceso contradictorio, pues a m ayor sea la distancia entre el lugar donde se realiza la producción y el sitio de venta, m ayor será el costo de la m ercancía p or efecto de los costos de transporte, los tiem pos de traslado, etc. Esto im plica que el capitalism o se ve constantem ente obligado a acelerar la ‘velocidad de rotación’ m ediante u n esfuerzo perm anente de revolución de las fuerzas pro­ ductivas, incluyendo los m edios de com unicación y transporte, a través de un proceso continuo de cam bio tecnológico. La realización de la ganancia provie­ ne en buen a m edida de la aceleración de la velocidad de rotación del capital: en este m o d o de producción, la abolición del espacio m ediante la aceleración del tiem po de circulación de las m ercancías se m anifiesta, según H arvey en la ‘com presión’ del espacio, cuyos efectos se hacen sentir en las form as en que el espacio se concibe, se vive y se representa. La tendencia del capital de p enetrar nuevos espacios tiene su origen en las crisis que periódicam ente enfrenta. En el capitalism o com petitivo - a cuyo es­ tudio se dedicó M arx en El Capital- hay u n a ausencia de m ecanism os de coor­ dinación entre los productores, de m anera que se genera m ayores cantidades de capital (incluyendo aquel incorporado en las m ercancías ya producidas) de lo que el sistem a puede absorber, lo que origina su recurrente devaluación. Estas ‘crisis de sobreacum ulación’ (Harvey, 2004; 2006: 95-109) generalm ente vienen acom pañadas por burbujas financieras que tem poralm ente dan la ilu­ sión de ser sustitutos de la rentabilidad real. Pero el capitalism o tiene la capaci­ dad de resolver -tem p o ra lm e n te - esta problem ática: a través de la destrucción de capital que las propias crisis inducen puede increm entarse de nuevo la tasa de ganancia. H arvey subraya la existencia de otras form as de resolver las crisis de sobreacum ulación, a las que alude m ediante el concepto del ‘arreglo espacial’. Este concepto opera en dos partes, u n a literal y otra m etafórica. La parte literal tiene que ver con el hecho de que el capital es u n a entidad espacial que con­

fronta a su entorno para transform arlo m ediante su concreción en la form a de m áquinas, edificaciones, m edios de com unicación y m odos de trasporte. De esta m anera, el capital ‘produce’ el espacio; esto es, no es u n a entidad abstracta que funciona en algún espacio preexistente. En tanto su aspecto m etafórico, el arreglo espacial conduce a la idea de que el problem a de la sobreacum ulación tiene arreglo, es decir, existe solución, aunque sea tem poral. Junto con Rosa Luxemburgo, H arvey indica que u n a de estas soluciones involucra la im plantación de las relaciones capitalistas en lugares otrora ajenos al capitalismo, es decir, la continua revolución de las fuerzas productivas re ­ quiere la igualm ente constante existencia de u n ‘exterior’ para la resolución de sus crisis. Sin embargo, a diferencia de Luxemburgo, para H arvey este exterior no funciona com o el m ecanism o de absorción de excedentes de m ercancías que solventa las crisis de subconsum o en los países ricos. Más bien, sirve com o receptor del capital excedentario, para el que no hay u n a colocación suficien­ tem ente rentable en el centro. Este nuevo m arco de acum ulación constituye la otra form a de u n “arreglo espacial”: si bien, p or definición tem poral ofrece una solución al problem a de la sobreacum ulación de capital y u n lugar concreto sujeto a u n nuevo proceso de producción del espacio en la form a de m aqui­ naria, m edios de transporte, fábricas, telecom unicaciones, presas, o proyectos turísticos y en general, todo lo que se requiere en u n entorno capitalista de alto dinam ism o. Así, el requerim iento de u n ‘exterior’ al capital que le perm ita sobrellevar las crisis de acum ulación es la razón que explica la íntim a relación entre el capitalism o y el im perialism o, toda vez que el segundo es precondición de la supervivencia del prim ero. El problem a es que en el ‘capitalism o tardío’ pocas regiones del m u ndo escapan de las relaciones capitalistas. En consecuencia, es difícil encontrar sitios apropiados para la recepción de la inversión del capital excedentario. Pero es posible ‘fabricar’ esos lugares. Esta es la im plicación de u n segundo concepto desarrollado por Harvey, que com plem enta al arreglo espacial: la acum ulación por desposesión. La acum ulación por desposesión se refiere a la transform ación de sectores no capitalistas de la sociedad en sectores capitalistas, proceso que supone la ‘desposesión’ de las poblaciones, pues la lógica privada del m ercado expulsa a los m odos anteriores de organización social, generalm ente m ás ‘colectivos’. Pueden identificarse varias form as de acum ulación por desposesión, com o la privatización de servicios públicos. Por ejemplo, sectores anteriorm ente ais­ lados de la com petencia por el Estado -educación, salud, energía, ag u a- se abren al capital. La com unidad de ciudadanos es desposeída en favor de los operadores privados. O tro tipo de acum ulación por desposesión es la guerra. La destrucción que causan los conflictos arm ados destruye el capital invertido en in fraestructura y el tejido económ ico, posibilitando la inversión de capitales

nuevos. En este sentido, las crisis de sobreacum ulación se relacionan estre­ cham ente con las guerras. Un tercer tipo de acum ulación por desposesión es la m igración. La expulsión del cam pesinado y la privatización de sus tierras en países com o M éxico y la India, y la form ación de sub-proletariados en los arrabales de las m egalópolis, es u n ejem plo de esto. La acum ulación por desposesión deriva de la ‘acum ulación prim itiva’ de M arx. Este concepto se refiere a la apropiación de u n bien com ún por u n a fracción de la población a expensas de la gran m ayoría. El cercado (enclosure) de las tierras anteriorm ente explotables por todos en la Europa de los siglos XVIII y XIX es u n ejem plo clásico de la acum ulación originaria. C om o afirm a Foucault (1979, citado en Perelm an, 2000: 14) “ante los ojos de la burguesía, la propiedad es propiedad absoluta: todos los “derechos” tolerados que el cam ­ pesinado había adquirido o preservado... fueron rechazados.” Lo que revela la idea de H arvey de la acum ulación por desposesión es que la acum ulación originaria tiene que repetirse periódicam ente para perm itir la renovación (re­ lanzam iento) del capitalismo, esto es, restablecer la tasa de ganancia a u n nivel aceptable. Esa idea (presente tam bién en la obra de Luxem burgo) im plica que, al con­ trario de lo expresado p o r M arx en el prim er tom o del Capital, la acum u­ lación originaria no se lim ita a los inicios del capitalism o; m ás bien, ocurre regularm ente en diferentes regiones del m undo, de acuerdo con las necesida­ des de descubrir nuevas salidas para el capital excedentario. El concepto de la acum ulación por desposesión desvela la posibilidad de am pliar la noción original de M arx, en particular, perm ite relacionar el im perialism o ‘interno’ de las enclosures con el im perialism o ‘externo’ que de form a abierta caracterizó al capitalism o europeo decim onónico. Al m ism o tiem po, revela que la despose­ sión afecta no sólo a los territorios ‘periféricos’ que aún son ajenos al capita­ lismo, sino tam bién a los sectores donde ya im peran las relaciones capitalistas, donde se requiere la extinción de los derechos sociales del estado benefactor y la privatización de los servicios públicos. Los m ecanism os pueden variar de la expulsión y la guerra hasta la econom ía del despojo (Bojórquez y Ángeles, 2014) im puesta por la “Troika” a la Europa periférica, y desde los ochenta a M éxico p o r los organism os internacionales y el capital global. Por lo tanto, la acumulación originaria no es el inicio del capital: es su sombra.6

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Com o Marx, H arvey opina que no toda desposesión es negativa, sino que incluso puede contener aspectos 'p rogresis­ tas.' Así los “m ovim ientos políticos, si han de tener algún im pacto macro y de largo plazo, deben superar la nostalgia por lo que se ha perdido y reconocer las ganancias positivas que pueden obtenerse de una transferencia de activos que puede lograrse m ediante form as lim itadas de desposesión". M arx vio el capitalism o com o un progreso respecto al feudalism o, y sostuvo que es un paso doloroso pero necesario hacia el socialism o. Para Harvey, el autor de El Cap i­ tal, es dem asiado unilateral. El capitalism o frecuentem ente destruye las form as sociales igualitarias sin traer el más m ínim o progreso. Al m ism o tiem po, H arvey reconoce, con Marx, que 'form as lim itadas de desposesión' en ocasiones hacen posible la abolición de arreglos feudales y m ejoran las condiciones de vida de la población; en estas condiciones

La privatización de las playas en México La esencia de la acum ulación p o r desposesión se ubica en la conversión de los com unes en bienes privados o, en general, en la abolición de los derechos consuetudinarios en aras de su m ercantilización m ediante su privatización. Las políticas de privatización surgieron en A m érica Latina, prim ero en Chile y luego en otros países, m ediante la estrategia neoliberal de la “d octrina del shock” del “capitalism o del desastre” (Klein, 2007). Los ejes rectores del neoliberalism o son la privatización y desregulación corporativas, el apoyo guber­ nam ental a la em presa privada m ediante exenciones de im puestos, zonas de libre com ercio y asociaciones público privadas, el financiam iento, la represión salarial, la destrucción del estado de bienestar y el increm ento en la vigilancia pública, entre otros. 7 Si bien la desincorporación de las em presas públicas para pasarlas a m anos de particulares fue u n a m anifestación concreta de la privatización que dio lu­ gar a u n debate económ ico, de origen esta tendencia económ ica tuvo m anifes­ taciones socioespaciales. El espacio público tiene propiedades jurídicas: es re ­ gulado p o r los gobiernos, quienes tienen históricam ente la responsabilidad de pro cu rar el libre acceso congruente con los derechos ciudadanos (Nava, 2006). Sin embargo, esos derechos se han visto m erm ados -p e ro no elim inadoscom o en el caso del crecim iento turístico en las zonas litorales y su expansión sobre la zona costera. De acuerdo con el m arco legal de México, las playas son espacios com unes. La Ley G eneral de Bienes Nacionales, en su artículo sexto y apartado noveno, indica que “están sujetos al régim en de dom inio público de la Federación, los terrenos ganados de m anera natural o artificialm ente al mar, ríos, lagos, lagunas o esteros de propiedad nacional”. En el A rtículo 7 de la m ism a Ley G eneral de Bienes Nacionales, sus apartados IV y V señalan que: son bienes de uso común las playas marítimas, entendiéndose por tales las partes de tierra que por virtud de la marea cubre y descubre el agua, desde los límites de mayor reflujo, hasta los límites de mayor flujo anuales, así como la zona federal marítimo terrestre.8 En cuanto al Reglam ento para el uso y aprovecham iento del m ar territorial, vías navegables, playas, zona federal m arítim a terrestre y terrenos ganados al mar, el artículo quinto señala que:

sería dogm ático rechazarlas. 7

En Europa, las privatizaciones se em pezaron a dar luego de la crisis del m odelo keynesiano de la posguerra: en Ingla­ terra en el gobierno de M argaret Thatcher en 1979, y en Alem ania cuando se privatizó la em presa estatal autom otriz de Volksw agen en 1985. Otros países siguieron el ejem plo británico, com o Francia y España (Castaño, 2006:18-21). En Estados Unidos el proceso inicia con la adm inistración Reagan a partir de 1981, y en M éxico un año después en medio

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de la crisis de la deuda externa de fines de los setenta. L e y G en era l de B ien es N a cion ales, Cám ara de diputados del H . Congreso de la Unión, M éxico, 20 de m ayo de 2004.

las playas, la zona federal marítimo terrestre y los terrenos ganados al mar, o a cualquier otro depósito que se forme con aguas marítimas, son bienes de dominio público de la Federación, inalienables e imprescriptibles y mientras no varíe su situación jurídica, no están sujetos a acción reivindicatoria o de posesión definitiva o provisional. Sin em bargo, la privatización h a sido la no rm a en el m odelo de crecim iento turístico im plem entado en el país. Tanto en C ancún, Loreto y Los Cabos (CIP), com o en los destinos turísticos tradicionales (Acapulco, Veracruz y M azatlán), los problem as de privatización de las playas se han vuelto crónicos. A través del Fondo N acional de Fom ento Turístico (FONATUR), entre otras instancias, las playas del país enfrentan constantes presiones privatizadoras, enajenándo­ se el litoral en favor de com pañías hoteleras e inm obiliarias residenciales, en oposición a los derechos tradicionales de pequeños propietarios, ejidatarios y com unidades indígenas y a los esfuerzos de diversas organizaciones de la sociedad civil (M arín, 2012: 27). Diversos testim onios periodísticos y de investigación dan cuenta del des­ pojo de las playas en México. En Acapulco, en pocos años, las com pañías in ­ m obiliarias h an cerrado los accesos a la m ayoría de las playas públicas.9 En C ancún, Q u intana Roo se ha restringido o negado el acceso a espacios de playa de gran dem anda de la población (M arín, 2012: 28): de once playas que eran públicas, cinco tienen acceso restringido (sólo peatonal) y cuatro (Las Perlas, Tortugas, Delfines y Corales) disponen de equipam iento para uso recreativo público (Aldape, 2010).10 En la Isla de C ozum el se ha com probado que, a m e­ dida que ha crecido la ciudad, los espacios costeros públicos (y especialm ente las playas) han dism inuido por la instalación de hoteles y clubes de playa con características de exclusividad (M artínez, 2008: 356-357). En la zona suroeste de la isla la fragm entación del litoral y la privatización del espacio público son u n fenóm eno frecuente que restringe el acceso a las playas com o consecuencia del crecim iento de la infraestructura hotelera (González y Palafox, 2007: 35). En el caso de Acapulco, los m ayores problem as de restricción del acceso y privatización de las playas ocurren en las zonas D orada y D iam ante, p ro ­ piciados p o r el acordonam iento de playas que llevan a cabo los hoteles, res­ tringiendo el acceso a los ciudadanos (Pacheco, 2008; Reyes, 2008). En P uerto Peñasco, el m ás im portante destino de sol y playa de Sonora, la producción del

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De 92 kilóm etros de zona costera que tiene Acapulco, 23 son de playas. A lo largo de esa zona sólo hay 60 accesos, casi uno cada dos kilóm etros, la m ayoría en las playas más populares. Este hecho violenta la Ley General de Bienes Nacionales, que indica que a cada 400 m etros debe de haber acceso a las playas (Habana, 2008).

10 En 2007 el gobierno m unicipal de Cancún lanzó una convocatoria para concesionar por 30 años la playa M arlín, la más popular de la ciudad (M atoccia y Santos, 2007). En 2005, FONATUR vendió cinco hectáreas de la Playa Delfines, la más im portante de Cancún para que se construyeran dos clubes privados, provocando m anifestaciones de estudiantes universitarios que se negaban a la privatización de ese espacio hasta poco antes público (M atoccia, 2007).

espacio turístico se centró en la creación de u n a cortina com ercial con hoteles, condom inios, cam pos de golf y spas, dirigida de m anera exclusiva al públi­ co estadounidense y restringiendo el acceso a la playa a la población nativa y trabajadora (Enríquez, 2007; 2010). Es com ún ver letreros en inglés donde se prohíbe el acceso a la playa argum entando que es propiedad privada. Hay es­ tudios que indican que 80% de los accesos a la zona federal m arítim o-terrestre (ZOFEM AT) h a sido privatizado, afectando a trabajadores am bulantes de pla­ yas y a la población en general (Flores y B etancourt, 2007).

Privatización de playas, desplazamiento ejidal y construcción de vi­ vienda en Cabo San Lucas, Baja California Sur En el caso de Baja California Sur, el estado con m ás litoral en el país, n o ­ venta p o r ciento de las playas de La Paz y Los Cabos (los dos m unicipios que concentran la m ayor oferta turística-inm obiliaria de la entidad) están concesionadas principalm ente a extranjeros bajo el am paro de la Ley de Inversión E xtranjera (León, 2008). Entre los sectores m ás afectados por este proceso de privatización de las playas están los ejidatarios que cuentan con propiedades costeras, m ism as que han sido objeto de interés de desarrolladores inm obilia­ rios y extranjeros desde G uerrero Negro hasta Los Cabos (Enciso, 2006; M a­ rín, 2012: 28). Los espacios públicos en Cabo San Lucas, y concretam ente las playas com o espacios naturales de confluencia y recreación poblacional, prácticam ente han sido elim inados. Desde la configuración del destino a p artir de las políticas de FONATUR, la antigua carretera costera o m alecón fue desaparecida (Gám ez y Ganster, 2012: 279) -d e b e ser de las únicas ciudades de playa desde las que no hay posibilidad de avistar el m a r-. En su lugar, de m anera paralela a la costa, pero lejos de ella, se construyó u n corredor turístico que aloja a los hoteles de lujo pero que dificulta el acceso a las playas a las personas locales que carecen de vehículo para transportarse. El m unicipio de Los Cabos cuenta con u n a extensión de 192 kilóm etros de litoral, que va desde la zona de M igriño por el O céano Pacífico hasta Buenavista en el Golfo de California. En este espacio, com o se indicó, el recorrido entre la localidad de Cabo San Lucas y San José del Cabo, define el corredor turístico del CIP Los Cabos, el segundo de im portancia en su tipo después de C ancún. De acuerdo con ZOFEMAT, el m unicipio de Los Cabos dispone de 47 playas de carácter recreativo (IM PLAN-Los Cabos, 2011), el núm ero de playas varía de acuerdo a quien las contabilice: la P rocuraduría Federal de Protección al A m biente reporta u n total de 42 playas para el m unicipio de Los Cabos, aunque sólo en ocho se tiene acceso libre habiendo sido las dem ás prácticam ente privatizadas (Flores, 2006). Por otra parte, el Plan D irector de D esarrollo U rbano de Cabo San Lucas-San José del Cabo de 1999 registra un

total de 37 playas en la zona de estudio (IM PLAN-Los Cabos, 2011). Las playas son reconocidas com o el principal espacio público de las ciuda­ des o localidades turísticas de sol y playa, y lugar de confluencia de la pobla­ ción, independientem ente de su estrato económ ico, asim ism o son elem entos im portantes desde el punto de vista económ ico en destinos turísticos del lito­ ral. Si bien se han hecho esfuerzos por equipar algunas de estas playas para el goce de la población en general, en la zona de C abo San Lucas - p o r ejemplo, en Playa El Chileno, La Em pacadora y El M édano- en su m ayoría no cuentan con accesos adecuados, estacionam ientos, m obiliario e infraestructura básica. En C abo San Lucas, los propietarios o concesionarios locales restringen el acceso de u n a de cada cuatro playas existentes; algunas de las cuales son tra ­ dicionalm ente visitadas por la población com o en los casos de las playas ‘Faro Viejo’ (que incluye u n m onum ento histórico), ‘Balmaceda’ y ‘Twin D olphin’ (IM PLAN -Los Cabos, 2011). Para el Plan de D esarrollo U rbano actual se rea­ lizó u n levantam iento físico encontrándose u n total de 38 playas. Su accesibi­ lidad y equipam iento se puede observar en la Tabla 1.

TABLA 1. PLAYAS POR NIVEL DE ACCESIBILIDAD

Concepto

Cantidad

Porcentaje (%)

Número de Playas

38

100

Playas con acceso directo

17

58

Playas con acceso controlado

4

16

Playas de difícil acceso

7

26

Playas sin acceso

10

26

Playas con estacionamiento

17

45

Fuente: INPLAN-Los Cabos (2011).

La m ayoría de las playas de la zona de C abo San Lucas tiene acceso res­ tringido, com o las ubicadas en la zona residencial El Pedregal y la del Hotel Finisterra, donde casetas de vigilancia realizan u n control de los accesos im ­ poniendo horarios a quienes deseen visitarlas. En el caso de la playa del Faro Viejo, el acceso está com pletam ente prohibido al público p o r el grupo hotelero Pueblo Bonito que reserva la playa para uso exclusivo de los huéspedes de dos de sus hoteles. C om o se observa en el m apa 2 y en la lista que le acom paña (ver tabla 2), en C abo San Lucas se contabilizan 22 playas desde la playa del Faro Viejo de Cabo Falso en el O céano Pacífico, hasta la playa de El Tule por el Golfo de California.

ZZ 22

22

ZZ

ozlov ZZ 22 840720

944

22

ZZ

Imagen 1. Acceso restringido a la playa de Finisterra (Fotografía: Jesús Bojórquez, 2015).

Imagen 2. Acceso restringido a la Playa por el Hotel Solmar (Fotogra­ fía: Jesús Bojórquez, 2015).

Imagen 4. Playa Ocho Cascadas (Fotografía: Jesús Bojórquez, 2015).

TABLA 2. PLAYAS DE CABO SAN LUCAS POR CONDICIÓN DE PRIVATIZACIÓN Y ACCESO

Playa

Nivel de accesibilidad

1. Faro Viejo

Privatizada por el grupo Pueblo Bonito

2. Balmaceda

Privatizada por El grupo Pueblo Bonito

3. Pedregalito

Acceso restringido por el Fraccionamiento El Pedre­ gal

4. Terrazol/ Finisterra/ Playa Grande

Acceso restringido por los hoteles Solmar y Finiste­ rra

5. Playa Del Amor

Sin acceso, se llega por mar

6. Escollera/Empacadora

Acceso público, sin estacionamiento

7. Corsarios

Acceso público sin estacionamiento

8. Médano

Acceso público, con obstrucciones por concesiones de ZOFEMAT

9. Ocho cascadas

Público con cobro por estacionamiento

10. Primeras piedras

Acceso público sin estacionamiento

11. Misiones

Acceso restringido por complejo Misiones

12. Cabo Bello

Acceso restringido por el fraccionamiento Cabo Bello

13. Villa Serena

Acceso difícil

14. Punta Ballena

Acceso restringido por el complejo Punta Ballena y Hotel Esperanza

15. Cabo del Sol

Acceso privatizado por Hotel Sheraton

16. Barco Varado

Difícil acceso

17. Las Viudas

Difícil acceso, lejano a la ciudad

18. Twin Dolphin

Difícil acceso, lejano a la ciudad

19. Santa María

Difícil acceso, lejano a la ciudad

20. El Chileno

Acceso público, con estacionamiento, lejano a la ciudad

21. Hotel Cabo San Lucas

Difícil acceso, lejano a la ciudad

22. El Tule

Acceso público, lejano a la ciudad

Fuente: Elaboración propia a través de recorrido de cam po en abril de 2015.

Quizás la expresión m ás com pleta de la problem ática social relacionada con el m odelo de crecim iento turístico, especialm ente en Los Cabos, es el ya citado docum ental Baja All-Exclusive, de C arm ina Valiente (2010). En él, dife­ rentes pobladores y actores locales m anifiestan sus percepciones sobre el uso actual de los recursos naturales, sus condiciones de vida y la dim ensión del despojo de sus territorios, m ism os que la autora contrasta con el discurso de los prom otores gubernam entales de los m egaproyectos turísticos y de los in ­ versionistas privados.

Apropiación ejidal: el caso del Ejido Cabo San Lucas En M éxico las diversas form as de propiedad sobre la tierra generaron una tensión constante entre el crecim iento de las ciudades y la existencia de n ú ­ cleos ejidales que com prom etían la continuidad del crecim iento urbano d e­ bido a lo estipulado en el artículo 27 constitucional. Según este artículo, las tierras ejidales que eran propiedad del Estado tenían la característica de in em ­ bargables y no p odía cam biarse el uso de suelo de agrícola ejidal a uso urbano. De ahí que, al crecer la ciudad en terrenos ejidales, estos asentam ientos fueron considerados com o “irregulares” y, por lo tanto, no recibieran oportunam ente servicios públicos. Sin embargo, las reform as en el año 1992 al artículo 27 sentaron las bases para la privatización del ejido, otorgándole a los ejidatarios títulos de propie­ dad m ediante u n proceso llevado a cabo p or la P rocuraduría Agraria. Este p ro ­ ceso, al perm itir la enajenación de los terrenos ejidales para actividades ajenas a las agropecuarias, -entre ellas, para uso urbano (Bojórquez, 2011)- se posibi­ litó su posterior privatización y com ercialización. En el caso que presentam os hubo ocho principales afectaciones agrarias hasta 1998, com o a continuación se describe. El Ejido Cabo San Lucas se inscribe de m anera reciente en la historia del reparto agrario em anado de la C onstitución de 1917, que m aterializó las de­ m andas añejas de los cam pesinos sin tierra en este país. De acuerdo con el expediente del ejido que se encuentra en el Registro A grario de la Nación, p or escrito de 18 de febrero de 1962, vecinos del poblado de C abo San Lucas solicitaron al G obernador del Territorio u n a dotación de tierras, p o r carecer de las indispensables para satisfacer sus necesidades. Se publicó la solicitud en el periódico oficial del gobierno del territorio el 10 de m arzo de 1962.11 La diligencia censual se llevó a cabo el 11 de m arzo de 1966, m ism a que arrojó un total de 39 capacitados en m ateria agraria; procediéndose a la localización de predios afectables.

11 RAN, Carpeta básica del ejido Cabo San Lucas.

El 18 de julio de 1968 la C om isión A graria M ixta em itió su dictam en y lo som etió a consideración del G obernador del territorio quien el 30 de enero del 1969 dictó su m andam iento, dotando al poblado de 9,626 ha de agostadero y m onte bajo de m ala calidad. La Resolución Presidencial tiene fecha del 7 de noviem bre de 1969 y fue publicada en el D iario Oficial de la Federación (DO F) el 22 de diciem bre del 1969.12 La dotación al poblado se concede en los térm inos del oficio núm ero 219863 de 23 de octubre de 1970. La ejecución de la resolución presidencial se realizó el 1 de octubre de 1974 (Bojórquez, 2013). El ejido quedó espacialm ente constituido tal com o se m uestra en el m apa 3. Posteriorm ente, el 19 de febrero de 1974 se ejecutó u n a Resolución Presi­ dencial, en que se le concedió al núcleo agrario la p rim era y única am pliación solicitada p or los vecinos, con u n a superficie de 1,607 hectáreas para 14 sujetos agrarios más. Esto hizo que el ejido se constituyera por 11,227 ha. El trazo del polígono ejidal quedó com o se observa en el m apa 4. El ejido ha sido objeto de ocho diferentes acciones agrarias tendientes a dotar de suelo para vivienda a u n a población cada vez mayor, en virtud del crecim iento turístico que originó el CIP Los C abos p o r parte de FONATUR, afectando 385.6 hectáreas (ver Anexo 1). Si bien, esta cantidad representa poco m enos del 3.5% de la superficie del ejido, es de m encionar que son terrenos que están aledaños al pueblo y al corredor turístico y que han servido para proporcionar suelo para vivienda a la población trabajadora. La m ayoría de estas expropiaciones atendieron la necesidad de vivienda de u n a gran m asa de trabajadores que llegaba a la localidad atraída por el dinam ism o del m ercado laboral, pero en condiciones de salarios insuficientes para acceder a la tam ­ bién insuficiente vivienda edificada. En segundo térm ino, esos terrenos se han usado para vivienda para el personal de puestos gerenciales, así com o para el segm ento del llam ado turism o residencial (zona del corredor turístico). C on el nuevo m arco jurídico, el crecim iento u rbano de la ciudad ha perfila­ do tres tipos de proyectos habitacionales: a) lotes destinados para asentam ien­ tos populares; b) asentam ientos para vivienda de interés social, y c) proyectos residenciales turísticos de baja densidad. Sin embargo, com o se ha señalado, actualm ente en C abo San Lucas se siguen presentando los casos de asenta­ m ientos irregulares p o r invasión, aunque se encuentran en vías de legalización con la participación de autoridades ejidales y el gobierno del estado (Bojórquez, 2013). El Ejido C abo San Lucas sigue siendo im portante en la creación de reservas territoriales para asegurar u n crecim iento arm ónico de la ciudad. U bicam os cinco asentam ientos de lotes para vivienda popular de alta densidad, todos

12 Diario Oficial de la Federación (DOF), Resolución sobre dotación de ejido del poblado Cabo San Lucas, D elegación de G obierno de San Jo sé del Cabo, Territorio de Baja California, 22 de diciem bre de 1969.

MAPA 3. POLIGONO DE DOTACIÓN DEL EJIDO CABO SAN LUCAS -109

-109

23

-109

22

■109

MAPA 4. POLIGONO DEL EJIDO CABO SAN LUCAS Y LACIUDAD -109 172000

-109

-109

-109

22

22

22

23

-110

Rasgos costeros • Playas Carretera = Federal

Fuente: CORETT, INEGI 2010 - Proyección: Cónica conforme de Lambert - Datum: WGS84 Escala: 144,000 - Elaboró: Gilberto M. González Kuk

ellos al n orte de la ciudad, la zona de m ayor crecim iento u rb a n o . Estos asen­ tam ientos se reservan para personas que no pueden acceder a los créditos tra ­ dicionales de las instituciones de vivienda del gobierno. Asimismo, se dirigen a personas con acceso a crédito, pero con u n m onto insuficiente para adquirir u n a vivienda, dado que al estar registrados con bajos salarios y depender en gran m edida de las propinas que obtienen por sus servicios en restaurantes y hoteles, sus beneficios crediticios son m ínim os. Este grupo conform a el sector m ayoritario de la población trabajadora de Cabo San Lucas. A continuación, en la tabla 3 se detallan estos proyectos urbanos.

TABLA 3. PROYECTOS URBANOS DE LOTES PARA VIVIENDA POPULAR DE ALTA DENSIDAD

Proyecto urbano

Tipo de desarrollo urbano

Ubicación

Parcela

Fuentes de Bellavista etapas I, II y III

El proyecto consistió en lotificar lotes rústicos para uso habitacional

Parcelas 5, 11 y Área conocida 16 cuya superficie como El Taste es 7.8 ha de Cabo San Lucas

Fuentes de Bellavista etapas IV y V

El proyecto consistió en lotificar por medio de un levantamiento topográfi­ co en lotes rústicos para uso habitacional

Parcelas 15 y 38 con un total de 5.2 ha

Lotificación “Cabo Fierro”

Cambio de uso de suelo para venta de lotes de uso habitacional

Parcela 112 ZZ P Noroeste de la 1/3, con superficie ciudad de Cabo de 10.1 ha San Lucas

Colonia Azteca

Proyecto para 367 lotes que van de 160 m2 a los 200 m2

Parcela 115 ZZ P 1/3 con superficie de 9.3 ha

Noroeste de la ciudad de Cabo San Lucas

Sin dato

Noroeste de la ciudad de Cabo San Lucas

Fraccionamien­ Lotificación para asenta­ to Miranda miento urbano popular

Área conocida como El Taste de Cabo San Lucas

Fuente: Datos obtenidos de las M anifestaciones de Im pacto Am biental de los asentam ientos.

Los asentam ientos de interés social en Cabo San Lucas em pezaron a crecer al n o rte de la ciudad en tierras ejidales, m ediante la participación del G obierno del Estado que adquirió tierras, y de inm obiliarias privadas que construyeron vivienda (com o en el caso del fraccionam iento Las Palmas Hom ex, ver tabla 4). O tra form a fue a través de operaciones de com praventa directam ente a ejidatarios, de m anera particular o de form a conjunta con el ejido, com o en el caso del fraccionam iento C hula Vista. Al estar la zona norte tipificada com o

habitacional de alta densidad poblacional en el Plan de Desarrollo Urbano, las constructoras buscaron predios que, p o r su ubicación, no fueran de alta plusvalía para ofrecer vivienda m ás accesible a los m ontos que ofrecen las in s­ tituciones de crédito público para los trabajadores.

TABLA 4. PROYECTOS URBANOS DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL

Proyecto urbano

Tipo de desarrollo urbano

Parcela

Ubicación

Fracc. Las Palmas

Lotificación para 1,120 lotes habitacionales, de un lote con superficie de 255,461.15 m2

Proceso de expro­ piación, superficie de 333.4 ha

A un lado del ae­ ropuerto de Cabo San Lucas

Privada Lomas del Valle

Fraccionamiento que con­ sistió en 307 casas de un nivel, con una superficie de 108,388.28 m2

Parcela 114 ZZ 1/3 del ejido Cabo San Lucas

Avenida Nicolás Tamaral

Aura Resi­ dencial

Proyecto habitacional de 238 viviendas de interés social en una superficie aproximada de 48,476.09 m2

Fracción D de la parcela 101 ZZP 1/3 del Ejido Cabo San Lucas

Fracc. Chulavista

Con 10.8 ha En las inmediacio­ nes de la colonia Mesa Colorada

Con 4.8 ha

Compuesto de 3,084 lotes Sin dato, superficie Avenida Nicolás para vivienda multifamide 89.1 ha para el Tamaral liar, 736 lotes para cluster proyecto compacto, y 206 lotes para vivienda tipo residencial, dando un total de 4,026 viviendas.

Fuente. Elaboración propia con datos de la M anifestación de Im pacto Am biental de cada proyecto.

El tipo de vivienda residencial turística se edificó en el polígono principal del Ejido Cabo San Lucas que colinda con el corredor turístico. Esa zona es considerada com o de m uy baja densidad, y de m anera contigua se h an desa­ rrollado proyectos hoteleros ya que, al tener vista a la bahía de C abo San Lucas, es de gran plusvalía. La venta de estos terrenos de origen ejidal se ha dado a p artir de la obtención del dom inio pleno, a excepción de Villa Serena donde se estableció u n a especie de concesión entre el ejido Cabo San Lucas y los prom oventes turísticos. El crecim iento turístico de Cabo San Lucas se concentra principalm ente sobre el corredor turístico y, por lo tanto, de m anera aledaña a la carretera Cabo San Lucas-San José del C abo (ver tabla 5); de ahí que los te­

rrenos apostados en esa zona sean de gran valor com ercial (Bojórquez, 2013).

TABLA 5. PROYECTOS DE VIVIENDA RESIDENCIAL TURÍSTICA DE MUY BAJA DENSIDAD

Proyecto urbano

Tipo de desarrollo urbano

Parcela

Ubicación

Fracc. Residen­ cial Hermitage

Fraccionamiento en Parcela 27 Z2 P 1/3, Corredor turístico zona de muy baja con una superficie de 2.6 ha densidad

La Cima Resi­ dencial

Fraccionamiento en Parcela 2 Z1 P1/3, Corredor turístico zona de muy baja con superficie de 3 densidad ha

El Tezal

Fraccionamiento en Parcela Z2 P 1/3 con Corredor turístico zona de muy baja una superficie de 2.6 densidad ha

Fracc. Privan­ zas

Fraccionamiento en Parcela 128 del ejido Corredor turístico zona de muy baja con una superficie densidad total de 5.7 ha

Fracc. Punta Vista Hermosa

Fraccionamiento en Parcela 46 Z2 P 1/3, Corredor turístico zona de muy baja con superficie de 2.7 densidad ha

Residencial Maraluna

Fraccionamiento en Parcelas 255 Z6 P Corredor turístico zona de muy baja 1/3 y 252 Z6 P 1/3, densidad con superficie de 8.02 ha

El Trébol

Fraccionamiento en Parcelas 11 Z2 P 1/3 Corredor turístico zona de muy baja y 18 Z2 P 1/3, con densidad superficie de 2.7 ha

Fuente. Elaboración propia con datos de la M anifestación de Im pacto Am biental de cada proyecto.

A lo largo del proceso histórico de crecim iento de la ciudad de C abo San Lucas, el ejido Cabo San Lucas h a sido afectado para legalizar (con la inter­ vención de CORETT) asentam ientos hum anos ocupados de form a irregular antes y poco después de la prom ulgación de las reform as constitucionales del A rtículo 27 constitucional. En particular, las dos expropiaciones concertadas p or el G obierno del Estado de Baja California Sur, en 1996 y 2000, buscaban regularizar las colonias Lomas del Sol (en sus tres etapas) y M esa C olorada (en sus tres etapas).13 A p artir de ahí, la utilización de tierras ejidales en la Ciudad de Cabo San Lucas se h a realizado con la obtención del dom inio pleno de sus 13 Estos dos asentam ientos son em blem áticos del proceso de invasión-regulación-especulación inmobiliaria.

parcelas p o r parte de los ejidatarios y de la com ercialización por parte de los ejidatarios de m anera conjunta en los casos de áreas de uso com ún; aunque todavía se presentan asentam ientos irregulares en las tierras ejidales producto de invasiones de colonos. CORETT ha creado C om ités C iudadanos para la Regularización de la Te­ nencia de la Tierra y establecido convenios con el ejido Cabo San Lucas para regularizar el suelo m ediante la figura de la expropiación concertada. Aunque el problem a de los asentam ientos irregulares en tierras ejidales ha dism inuido, en la actualidad existen dos asentam ientos en específico, las colonias Caribe Bajo y Tierra y Libertad, en los cuales los líderes de colonos han estim ulado la ocupación de terrenos con el aval im plícito de las autoridades m unicipales. Es de resaltar la disposición del ejido en la solución de este problem a, que ocasio­ n ará la desincorporación de 135 hectáreas.

Conclusiones En este capítulo se h a adelantado u n a propuesta para explicar el fenóm eno de expansión de la inversión privada sobre las zonas de playa y las tierras ejidales en Cabo San Lucas, Baja California Sur, en el noroeste m exicano. Para ello se ha em pleado el m arco teórico de David Harvey, de acum ulación por desposesión com o com plem ento a la necesidad de expansión y creación de capital excedentario. Esos procesos encubren, con u n a naturalidad aparente, la transform ación productiva y de organización social hacia form as privadas y excluyentes de disfrute de los recursos com unes. D etrás de esto se encuentra la propagación de la idea de que la inversión para el em pleo en su form a actual es necesaria y deseable. Sin embargo, el tipo de crecim iento turístico que se prom ueve com o integralm ente planificado no incluye a toda la zona turística y m enos aún a la localidad en su conjunto. C om o resultado de lo anterior, y pese a la ventaja que para ciertos sectores sociales h a representado el tipo de turism o m asivo en Los Cabos, la form a u rb an a cabeña se ha polarizado social, económ ica y am bientalm ente. La priva­ tización de las playas es u n caso em blem ático, u n a tendencia que se fortaleció a p artir de la elim inación de la carretera costera que asem ejaba a u n m alecón, sustituyéndola por u n a carretera paralela alejada de las playas. A ello se sum a la edificación de los com plejos turísticos en la costa, así com o el acceso res­ tringido a algunas playas que están aledañas a los hoteles. De la m ism a forma, se h a fortalecido este proceso de desposesión de los com unes a partir de la m odificación del trazo del corredor turístico a la altura de la playa El Chileno. C on ello se in corpora m ás tierra del litoral para el crecim iento del complejo turístico C hileno Bay que, adem ás, ha levantado u n a barda perim etral que privatiza el paisaje a la altura de la playa Santa María.

En cuanto a la privatización ejidal, con su participación en la configuración u rb an a de la localidad de Cabo San Lucas, el ejido ha significado u n a fuente de apoyo al gran capital tanto en los tipos de asentam ientos de lotes para vivien­ da popular com o para asentam ientos de vivienda de interés social. C on ello abasteció de vivienda a la gran m asa de trabajadores m enos calificados de la actividad turística, resolviendo la necesidad social de alojam iento auspiciada p or la construcción y operación, esencialm ente, de las com pañías hoteleras. La desposesión al ejido se presenta de m anera indirecta y consolida la reproduc­ ción social a p artir del acto m ism o de proveer a la población trabajadora de u n espacio donde vivir, subsidiando con ello a los em presarios. Asimismo, en el segm ento residencial turístico, la disponibilidad de tierra para la población de altos ingresos en terrenos aledaños al corredor turístico, ha favorecido la especulación inm obiliaria donde intervienen interm ediarios, constructoras, el sector bancario y otras em presas privadas. Identificar la naturaleza global de la apropiación p o r desposesión perm ite contextualizar las políticas locales y com prender dinám icas sociales que de otra form a se naturalizan, es decir, se aceptan acríticam ente. D ebatir los oríge­ nes y m anifestaciones de este fenóm eno y proponer form as de cam bio p erm i­ tiría el aprovecham iento de los recursos locales en beneficio del desarrollo de la región y el disfrute social de sus beneficios.

Anexo 1 ANEXO 1. EXPROPIACIONES AL EJIDO CABO SAN LUCAS No

I

Propósito

II

Propósito

III

Propósito

IV

Propósito

V

Propósito

VI

Propósito

VII

Propósito

VIII

Fecha de publicación

Fecha de ejecución

Superficie ejecutada (ha)

Promovente

11/06/1987

16/10/1987

46.769130

SEDUE

Oficio

100.011, fecha: 14 de enero de 1985 Constitución de reservas territoriales, patrimoniales, desarrollo urbano y vivienda de interés social en los términos del plan de desarrollo urbano del Centro de Población de Ciudad “Los Cabos”, BCS. 03/12/1987 26/02/1988 31.993729 CORETT 0100-155-81, fecha: 28 de septiembre de 1981 Regularización legal a favor de los ocupantes de terrenos ejidales poblado de Cabo San Lucas mediante su venta, comprometiéndose a pagar la indemniza­ ción de Ley (ver nota) 02/03/1990 12/05/1990 135.110858 SEDUE 100-054, fe­ cha: 6 de febre­ ro de 1989 Constitución de reservas territoriales para el futuro crecimiento y conserva­ ción de la Ciudad de Cabo San Lucas con indemnización correspondiente por Ley 02/03/1990

26/05/1990

62.531027

CORETT

100/010/88, fe­ cha: 4 de enero de 1988 Regularización y titulación legal a favor de los ocupantes de tierras ejidales mediante su venta 18/05/1994 02/12/1995 2.266100 SCT 102.401 04845, fecha: 5 de abril de 1993 Derecho de vía necesario para la construcción de la ampliación de la carretera Transpeninsular Baja California Sur, tramo El Bledito-Cabo San Lucas 09/11/1994 10/12/1995 15.769600 CFE GDS13/162/94, fecha: 14 de marzo de 1994 Construcción de la línea de transmisión Cabo Bello-Cabo San Lucas II. 22/08/1996 04/10/1996 50.020800 Gobierno S/N, fecha: 15 del Estado de septiembre de BCS de 1994 Reserva territorial 06/09/2000

29/10/2000

41.208270

Gobierno del Estado de BCS

2356, fecha: 16 de octubre de 1998

Propósito

Reserva territorial y, en su oportunidad, promover la vivienda, el desarrollo urbano y la protección del equilibrio ecológico para el futuro crecimiento de la ciudad de Cabo San Lucas

SEDUE: Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología CORETT: Com isión Reguladora de la Tenencia de la Tierra SCT: Secretaría de Com unicaciones y Transportes CFE: Com isión Federal de Electricidad Fuente. Elaboración propia con inform ación del Registro Agrario Nacional. NOTA. La frecuente presencia de asentam ientos irregulares en Cabo San Lucas que violentaba los usos de suelo obligaba a la intervención de instituciones com o la CORETT, creadas para enfrentar esas problem áticas en los centros de población.

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