Tratado Práctico del Proceso Civil [primera ed.] 9788447031078, 9788447030842

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Tratado Práctico del Proceso Civil

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Tratado Práctico del Proceso Civil

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Coordinador

FRANCISCO JOSÉ SOSPEDRA NAVAS

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Primera edición, 2008

 Francisco José Sospedra Navas (coord.) y otros - 2008  Editorial Aranzadi, SA Editorial Aranzadi, SA Camino de Galar, 15 31190 Cizur Menor (Navarra) Imprime: Rodona Industria Gráfica, SL Polígono Agustinos, Calle A, Nave D-11 31013 - Pamplona Depósito Legal: NA 2938/2008 ISBN 978-84-470-3107-8 (Obra Completa) ISBN 978-84-470-3084-2 (Tomo I) Printed in Spain. Impreso en España.

El editor no se hace responsable de las opiniones recogidas, comentarios y manifestaciones vertidas por los autores. La presente obra recoge exclusivamente la opinión de su autor como manifestación de su derecho de libertad de expresión. Reservados todos los derechos. El contenido de esta publicación no puede ser reproducido, ni en todo ni en parte, ni transmitido, ni registrado por ningún sistema de recuperación de información, en ninguna forma ni por ningún medio, sin el permiso previo, por escrito, de Editorial Aranzadi, SA.

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TOMO I DISPOSICIONES GENERALES. PREPARACIÓN DEL PROCESO. EL PROCESO ORDINARIO

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FRANCISCO DE PAULA PUIG BLANES Magistrado

FRANCISCO JOSÉ SOSPEDRA NAVAS Magistrado

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PRESENTACIÓN La obra Tratado Práctico del Proceso Civil, compuesta de cinco Tomos, pretende dar una visión global y completa de la práctica procesal de todos y cada uno de los procesos que se desarrollan en el ámbito jurisdiccional civil. Para ello, la obra cuenta con un abanico de especialistas en cada una de las materias, con amplia experiencia procesal, que pretenden transmitir los conocimientos prácticos necesarios para la intervención en el proceso. Para dar esta visión completa de la práctica del proceso civil, el Tratado se divide en cinco Tomos. Los tres primeros Tomos están dedicados fundamentalmente al estudio de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en tanto que los Tomos IV y V analizan de forma singular dos materias que tienen especial relevancia en la práctica procesal civil como son los procesos concursales y los procesos europeos. Concretamente, los tomos del Tratado analizan las siguientes materias: a) El Tomo I analiza las cuestiones generales del proceso civil y el proceso ordinario. b) El Tomo II estudia el juicio verbal, los recursos, y la rescisión, revisión y nulidad de actuaciones. c) El Tomo III examina el proceso de ejecución y los procesos especiales. d)

El Tomo IV aborda el análisis de los procesos concursales.

e) El Tomo V analiza los procesos civiles de dimensión europea, examinando el denominado derecho procesal civil de la Unión Europea. La finalidad principal de este Tratado es la de servir de instrumento útil para la práctica procesal de los diferentes operado9

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TOMO I. DISPOSICIONES GENERALES. PREPARACIÓN DEL PROCESO...

res jurídicos en el proceso civil. A dicho fin, las diferentes cuestiones se analizan desde la posición de cada uno de los intervinientes en el proceso, tomando siempre como referencia el principio de buena fe en la conducta procesal, el cual entendemos que se integra dentro de una buena práctica procesal, sin que ello deba suponer merma alguna de la defensa de las posiciones de cada parte en el proceso. Desde esta perspectiva, hemos intentado realizar un libro de práctica procesal que presenta numerosas novedades en relación a las obras al uso sobre la práctica forense. En primer lugar, la obra tiene una vocación eminentemente práctica, es decir, se intenta que sirva de instrumento útil y eficaz a quien interviene en el proceso civil. Esta vocación eminentemente práctica se plasma ya en la propia ordenación sistemática que sigue en los diferentes Tomos, donde se realiza un análisis sistemático de cada uno de los temas, con un examen doctrinal y jurisprudencial de cada una de las materias, intercalando los formularios más relevantes, que asimismo se incluyen en soporte informático para facilitar su manejo. Al final de cada Tomo se recoge de forma sistematizada y sintetizada la jurisprudencia más relevante en un índice de jurisprudencia. Por otra parte, esta finalidad de la obra de servir de instrumento a la práctica procesal, también se aprecia en la correlación entre la importancia que se concede al estudio de cada aspecto del proceso o de cada modalidad procesal, y su trascendencia en la práctica procesal. Así, están especialmente desarrolladas las fases del proceso de mayor importancia práctica. Esta vocación de practicidad está dirigida a un fin primordial, cual es el que sirva de utilidad al conocimiento práctico del proceso civil. Por este motivo, hemos incorporado advertencias, consejos y sugerencias sobre la conveniencia o inconveniencia de determinadas actuaciones procesales, siempre buscando proporcionar el máximo de elementos de juicio para orientar correctamente la intervención en el proceso. En segundo lugar, la practicidad se ha combinado con un absoluto rigor en el análisis. Por este motivo, esta obra no es un libro «de formularios», sino un libro de práctica procesal «con formularios», donde el comenta10

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PRESENTACIÓN

rio y el análisis de tipo práctico adquieren mayor protagonismo que el formulario que los complementa. Se trata de orientar la práctica procesal desde un estudio riguroso, lo que supone que los distintos formularios vienen precedidos de consejos u orientaciones prácticas asentadas en un estudio doctrinal y jurisprudencial. Partiendo de esas premisas, la obra pretende abordar todos los aspectos de cada proceso de forma práctica, pero a la vez rigurosa, documentando las opiniones, orientaciones y consejos, pero prescindiendo de divagaciones teóricas. Como consecuencia de la vocación práctica de esta obra, hemos intentando dar una especial importancia al estudio jurisprudencial de cada uno de los temas. El lector encontrará un elevadísimo número de citas jurisprudenciales en cada uno de los Tomos, ilustrando los comentarios que se van haciendo, y las cuales están debidamente sistematizadas en el índice analítico de jurisprudencia que hemos elaborado al final de cada Tomo. En tercer lugar, la obra intercala formularios tanto de actuaciones de las partes como de resoluciones del órgano jurisdiccional. En este punto, queremos subrayar que el formulario tiene una finalidad meramente auxiliar, puesto que, a la postre, es el usuario del formulario el que redacta el escrito o dicta la resolución, realizando la labor creativa propia de la intervención procesal que se trate. Partiendo de esta perspectiva, hemos incluido también algunos formularios de intervención oral, donde se presentan diferentes tipos de exposiciones orales en el proceso, y que pueden auxiliar al profesional en su intervención procesal. En cualquier caso, el formulario sirve de ayuda en cuanto a enfoque o estructura de la intervención procesal, por lo que la finalidad principal de los formularios que incluimos en el estudio es la de que sean una herramienta más de la que pueda valerse el profesional a la hora de intervenir en el proceso civil. Al respecto, hemos cuidado especialmente la selección y elaboración de los formularios, procurando incorporar formularios-tipo que abarquen una multiplicidad de supuestos, reiterados en la práctica procesal, y que puedan valer para otros supuestos análogos. Por último, y en definitiva, la obra intenta dar respuesta a todas las cuestiones que pueden plantearse en el proceso civil, con la expresa vocación de servir de instrumento útil para la práctica procesal de los diferentes operadores jurídicos en el proceso civil. 11

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Tomo I: Estructura y contenido El presente Tomo I se estructura en tres Capítulos, abordando el estudio de las cuestiones generales (Cap. I); preparación del proceso (Cap. II), y proceso ordinario (Cap. III); el examen de los procesos declarativos se completa con el Tomo II donde se examina el juicio verbal, recursos y el régimen de rescisión y revisión de sentencias. La sistemática utilizada sigue el esquema de los procesos y sus diferentes fases, por lo que no se hace un comentario de los artículos de la Ley de Enjuiciamiento Civil, sino que se realiza un comentario sistematizado del proceso civil. El Tomo I se corresponde con el volumen primero de la anterior colección Práctica de los Procesos Jurisdiccionales, Práctica del Proceso Civil, de la cual se realizaron dos ediciones. En este Tomo I se han ampliado y actualizado los contenidos en relación al volumen primero de la anterior colección. El Tomo I del Tratado Práctico del Proceso Civil se estructura en tres capítulos: – El Capítulo I es el de cuestiones generales, que sirve de introducción al estudio del proceso civil y donde se analizan los aspectos básicos de la práctica procesal civil. – El Capítulo II aborda el examen de la preparación del proceso civil, con el análisis de las diligencias preliminares, anticipación y aseguramiento de la prueba, el acto de conciliación preprocesal, la reclamación administrativa previa y un especial estudio de las medidas cautelares previas. – El Capítulo III examina el proceso ordinario, analizando todas sus fases e incidencias que pueden presentarse en su ámbito y estudiando con especial detalle los aspectos más relevantes desde el punto de vista de la práctica procesal civil. El Tomo se completa con un índice analítico de jurisprudencia, donde se sistematizan y sintetizan los pronunciamientos más relevantes en orden a la práctica del proceso civil. 12

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PRESENTACIÓN

Elaboración del Tomo I El Tomo I ha sido elaborado por los Magistrados Francisco José SOSPEDRA NAVAS, que además es el director/coordinador del Tratado, y Francisco de Paula PUIG BLANES. Concretamente, cada uno de ellos ha redactado los siguientes capítulos/apartados: – Francisco de Paula PUIG BLANES ha redactado el Capítulo I (cuestiones generales), el Capítulo II (preparación del proceso civil) y el Capítulo III, apartados 1 a 5. – Francisco José SOSPEDRA NAVAS, ha redactado los apartados 6 a 9 del Capítulo III.

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SUMARIO DEL TOMO ABREVIATURAS ................................................................................

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CAPÍTULO I CUESTIONES GENERALES 1.

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Principios del proceso y del procedimiento civiles ............ 1.1. Principios del proceso civil ................................................... 1.1.1. Principio dispositivo .................................................. 1.1.2. Principio de aportación de parte .............................. 1.1.3. Principio de contradicción ......................................... 1.1.4. Principio de igualdad de armas ................................ 1.1.5. Principio del impulso procesal de oficio .................... 1.1.6. Principio de preclusión ............................................. 1.1.7. Principio pro actione ................................................. 1.2. Principios del procedimiento civil ........................................ 1.2.1. Principio de oralidad/escritura ................................. 1.2.2. Principio de concentración ........................................ 1.2.3. Principio de inmediación .......................................... 1.2.4. Principio de publicidad ............................................. 1.2.5. Principio de conservación de las actuaciones ........... 1.2.6. Principio de adquisición procesal ............................. 1.2.7. Principio de economía procesal ................................. 1.2.8. Principio de evitación del peregrinaje de jurisdicciones ............................................................................. 1.2.9. Principios derivados de la apelación ........................ 1.2.10. Principio de la intangibilidad o invariabilidad de las resoluciones ...............................................................

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Jurisdicción y competencia ..................................................... 2.1. Extensión y límites de la jurisdicción civil. Cuestiones prejudiciales ............................................................................... 2.1.1. Extensión y límites de la jurisdicción de los Tribunales civiles españoles frente a los de otros Estados ...

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TOMO I. DISPOSICIONES GENERALES. PREPARACIÓN DEL PROCESO... F.1.E.

Escrito planteando declinatoria por estimar competentes a los Tribunales de otro país .. 2.1.2. Extensión y límites de la jurisdicción de los Tribunales civiles frente a los de los restantes órdenes jurisdiccionales u otros ámbitos ....................................... F.2.E. Escrito planteando declinatoria por estimar competentes a los Juzgados del Orden Contencioso-Administrativo .............................. 2.1.3. Los Tribunales internacionales ................................ 2.1.4. El arbitraje ................................................................ F.3.E. Escrito planteando declinatoria por estimar que corresponde el conocimiento del asunto a árbitros .................................................... 2.1.5. Las cuestiones prejudiciales ..................................... 2.1.5.1. Prejudicialidad Penal .................................. 2.1.5.2. Prejudicialidad Civil ................................... 2.1.5.3. Prejudicialidad Social/Contencioso-Administrativa/De la Administración y el Tribunal de Cuentas .................................................. 2.1.5.4. Prejudicialidad Constitucional/Comunitaria ................................................................ 2.2. Competencia objetiva ........................................................... 2.2.1. Atribución de competencia ........................................ 2.2.2. Tratamiento procesal de la competencia objetiva .... F.4.E.

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Escrito planteando declinatoria por falta de competencia objetiva ...................................

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2.3. Competencia territorial ........................................................

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2.3.1. Sumisión expresa o tácita (arts. 54 a 57 LEC) ........

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2.3.2. Fueros legales especiales ..........................................

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2.3.3. Fuero general del domicilio o residencia ..................

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2.3.4. Fuero en caso de acumulación de acciones y pluralidad de demandados .................................................. 2.3.5. Fuero privilegiado de la Administración ..................

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2.3.6. Tratamiento procesal de la competencia territorial .

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2.3.6.1. Apreciación de oficio en el caso de fueros improrrogables ................................................

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2.3.6.2. Apreciación a instancia de parte: la declinatoria (arts. 63 a 65 LEC) ............................. F.5.E. Escrito planteando declinatoria por falta de competencia territorial (Fuero legal) ..........................

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SUMARIO DEL TOMO F.6.E.

Escrito planteando declinatoria por falta de competencia territorial alegando nulidad del pacto de sumisión expresa .......................... F.7.E. Escrito del demandado presentando la declinatoria por falta de competencia territorial ante el juzgado de su domicilio .................... F.8.E. Escrito del demandante contestando la declinatoria con aportación de documentos ...................... F.9.E. Auto apreciación de oficio falta de competencia territorial ................. F.10.E. Escrito compareciendo ante el Tribunal competente una vez estimada la declinatoria (no se conoce aún el Juzgado al que se ha repartido) .............................................. F.11.E. Escrito compareciendo ante el Tribunal competente una vez estimada la declinatoria (se conoce ya el Juzgado al que se ha repartido) .. F.12.E. Auto denegando la declinatoria por falta de competencia territorial ............................................... 2.4. Competencia funcional ......................................................... 2.5. Reparto de asuntos ............................................................... 3.

Partes del proceso ..................................................................... 3.1. Capacidad y legitimación ..................................................... 3.1.1. Capacidad para ser parte ......................................... 3.1.2. Capacidad para comparecer en juicio ....................... 3.1.3. Legitimación ............................................................. 3.2. Pluralidad de partes ............................................................. 3.2.1. Litisconsorcio ............................................................ 3.2.1.1. Litisconsorcio activo .................................... 3.2.1.2. Litisconsorcio pasivo ................................... 3.2.2. Intervención procesal ................................................ 3.2.2.1. Intervención voluntaria .............................. 3.2.2.2. Intervención provocada ............................... 3.2.2.3. Intervención en los procesos para la protección de intereses colectivos y difusos de consumidores y usuarios .................................. 3.3. Susesión procesal ................................................................. 3.3.1. Fallecimiento ............................................................

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TOMO I. DISPOSICIONES GENERALES. PREPARACIÓN DEL PROCESO...

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3.3.2. Transmisión del objeto litigioso ................................ 3.3.3. Intervención provocada ............................................. 3.4. Representación procesal y defensa técnica .......................... 3.4.1. Representación .......................................................... F.13.E. Escrito de procurador interesando el procedimiento de cuenta jurada ......................... 3.4.2. Defensa ..................................................................... 3.5. La gratuidad de la justicia ................................................... 3.5.1. Concepto y presupuestos .......................................... 3.5.2. Procedimiento ........................................................... 3.5.3. Efectos ....................................................................... F.14.E. Escrito de un demandante solicitando justicia gratuita a la Comisión de Justicia Gratuita ............................................................ F.15.E. Escrito impugnando la denegación de justicia gratuita ................................................. F.16.E Escrito solicitando la suspensión del plazo para contestar por solicitar justicia gratuita ............................................................ 3.5.4. La gratuidad de la justicia para litigar en otro Estado de la Unión Europea ......................................... 3.5.4.1. Introducción ................................................ 3.5.4.2. Ámbito de aplicación material .................... 3.5.4.3. Contenido del derecho ................................. 3.5.4.4. Requisitos para el reconocimiento del derecho ............................................................... 3.5.4.5. Motivos de negativa al reconocimiento referentes al fondo del litigio ............................ 3.5.4.6. Procedimiento ............................................. F.17.E. Formulario obligatorio de solicitud de justicia gratuita en otro Estado miembro de la Unión Europea ................................................ F.18.E. Formulario obligatorio de traslado de solicitud de justicia gratuita en otro Estado miembro la Unión Europea .............................

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Actos procesales ......................................................................... 4.1. Actos del órgano jurisdiccional ............................................. 4.1.1. Disposiciones generales aplicables a los actos del órgano jurisdiccional .................................................... 4.1.2. Clases de actos del órgano jurisdiccional ................. 4.2. Actos de las partes ...............................................................

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SUMARIO DEL TOMO 5.

6.

7.

Objeto del proceso ..................................................................... 5.1. Pretensiones del demandante. Acumulación de acciones .... F.19.E. Demanda en ejercicio de acciones acumuladas ...... 5.2. La pretensión reconvencional ............................................... 5.3. Acumulación de procesos ...................................................... F.20.E. Escrito solicitando la acumulación de procesos ante el mismo juzgado .................................................... F.21.E. Escrito solicitando la acumulación de procesos ante distinto juzgado ...................................................... Tipología de procesos civiles. Reglas para determinar el proceso correspondiente .......................................................... 6.1. Procesos declarativos ............................................................ 6.1.1. Ámbito del juicio ordinario ....................................... 6.1.2. Ámbito del juicio verbal ............................................ 6.1.3. Reglas de determinación de la cuantía .................... 6.1.4. Procesos especiales ................................................... 6.1.4.1. Procesos sobre capacidad, filiación, matrimonio y menores ......................................... 6.1.4.2. Procesos de división judicial de patrimonios .............................................................. 6.1.4.3. Proceso monitorio ........................................ 6.1.4.4. Juicio cambiario .......................................... 6.1.4.5. Procesos concursales ................................... 6.2. Procesos de ejecución ........................................................... 6.2.1. Ejecución provisional ................................................ 6.2.2. Ejecución definitiva .................................................. 6.3. El proceso cautelar ............................................................... Los recursos ................................................................................ 7.1. Recurso de reposición ........................................................... F.22.E. Modelo de recurso de reposición (genérico) ............. 7.2. Recurso de queja .................................................................. F.23.E. Modelo de recurso de reposición previo a la queja (genérico) ................................................................. F.24.E. Modelo de recurso de queja (genérico) .................... 7.3. Recurso de apelación ............................................................ F.25.E. Modelo de escrito preparando recurso de apelación (genérico) ................................................................. F.26.E. Modelo de escrito interponiendo recurso de apelación (genérico) ......................................................... 7.4. Recursos extraordinarios por infracción procesal y casación . F.27.E. Modelo de escrito preparando recurso por infracción procesal (genérico) ...........................................

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TOMO I. DISPOSICIONES GENERALES. PREPARACIÓN DEL PROCESO... F.28.E. Modelo de escrito interponiendo recurso por infracción procesal (genérico) ........................................... F.29.E. Modelo de escrito preparando recurso de casación por interés casacional (genérico) ............................. F.30.E. Modelo de escrito interponiendo recurso de casación por interés casacional ............................................. 7.5. Recurso en interés de ley .....................................................

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CAPÍTULO II LA PREPARACIÓN DEL PROCESO 1.

Las diligencias preliminares ................................................... 1.1. Clases y finalidad ................................................................. 1.2. Solicitud ................................................................................ F.31.E. Modelo de escrito solicitando diligencia preliminar consistente en declarar bajo juramento algún hecho relativo a la capacidad, representación o legitimación ......................................................................... F.32.E. Modelo de escrito solicitando diligencia preliminar consistente en exhibición de cosa en poder del demandado ................................................................. 1.3. Admisión a trámite .............................................................. F.33.E. Auto concediendo diligencias preliminares ............ 1.4. Oposición a las diligencias preliminares. Vista ................... 1.4.1. Oposición a la práctica de diligencias preliminares . F.34.E. Escrito de oposición de la persona citada a la práctica de las diligencias preliminares ...... 1.4.2. Vista. Intervenciones orales de demandante y demandado .................................................................... 1.4.3. Resolución ................................................................. F.35.E. Auto desestimando oposición en diligencias preliminares ............................................... F.36.E. Auto estimando oposición en diligencias preliminares ............................................... 1.5. Práctica de diligencias preliminares. Supuestos ................. 1.5.1. Declaración jurada y exhibición de documentos ...... 1.5.2. Exhibición de cosa .................................................... 1.5.3. Exhibición de documentos sucesorios ....................... 1.5.4. Exhibición de documentos sociales ........................... 1.5.5. Exhibición de contrato de seguro de responsabilidad civil ............................................................................ 1.5.6. Concreción de integrantes de grupo de afectados ....

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SUMARIO DEL TOMO 1.5.7. Solicitud de datos sobre el origen y redes de distribución de las mercancías o servicios que infringen un derecho de propiedad intelectual o de propiedad industrial ...................................................................... 1.5.8. Petición de quien pretenda ejercitar una acción por infracción de un derecho de propiedad industrial o de un derecho de propiedad intelectual de documentos bancarios, financieros, comerciales o aduaneros .............. 1.5.9. Diligencias preliminares de las leyes especiales ...... 1.6. Procedimiento a seguir en caso de negativa a la práctica de las diligencias preliminares ................................................. 1.7. Decisión sobre aplicación de la caución ............................... 1.7.1. No práctica de las diligencias preliminares al haberse estimado la oposición del requerido ................ 1.7.2. Práctica de las diligencias preliminares ................... 2.

Anticipación y aseguramiento de la prueba ......................... 2.1. Anticipación de la prueba .................................................... 2.1.1. Supuestos y finalidad ............................................... 2.1.1.1. Procesos en los que se pueden solicitar ...... 2.1.1.2. Momento en el que se puede interesar ....... 2.1.1.3. Requisitos que se deben dar para poderse acordar ........................................................ 2.1.1.4. Pruebas que se pueden practicar anticipadamente ....................................................... 2.1.2. Solicitud .................................................................... 2.1.2.1. Indicación de la persona frente a la que se proponga dirigir la demanda (si es anterior a la misma) ................................................. 2.1.2.2. Exposición del objeto del proceso (si es anterior a la demanda) ...................................... 2.1.2.3. Indicación de la prueba que se va a solicitar y de su pertinencia y utilidad en relación a lo que es o va a ser objeto del proceso ........ 2.1.2.4. Exposición y justificación de las circunstancias que hacen necesaria la práctica de la prueba anticipada ....................................... F.37.E. Escrito solicitando prueba anticipada de testigos antes del inicio del proceso .................................... F.38.E. Escrito solicitando prueba pericial anticipada antes del inicio del proceso ......................................... 2.1.3. Admisión y práctica ..................................................

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TOMO I. DISPOSICIONES GENERALES. PREPARACIÓN DEL PROCESO... F.39.E. Providencia admitiendo a trámite una prueba anticipada ...................................... F.40.E. Otrosí de la demanda donde se solicita la incorporación de una prueba anticipada ... 2.1.4. Gastos derivados de la práctica de la prueba anticipada .......................................................................... 2.2. Aseguramiento de la prueba ................................................ 2.2.1. Supuestos y finalidad ............................................... 2.2.2. Proposición, admisión y práctica .............................. F.41.E. Escrito solicitando una medida de aseguramiento de la prueba consistente en conservar el estado en el que se halla una cosa mueble ........................................................ F.42.E. Providencia otorgando una medida de aseguramiento de prueba ................................ 3.

El acto de conciliación preprocesal ....................................... 3.1. Finalidad en la práctica procesal. Supuestos excluidos ....... 3.1.1. Juicios en que estén interesados el Estado, las Comunidades Autónomas y las demás Administraciones públicas, Corporaciones e Instituciones de igual naturaleza ................................................................. 3.1.2. Juicios en que estén interesados los menores y los incapacitados para la libre administración de sus bienes ........................................................................ 3.1.3. Juicios de responsabilidad civil contra Jueces y Magistrados .................................................................... 3.1.4. Juicios que se promuevan sobre materias no susceptibles de transacción ni compromiso ......................... 3.2. Escrito iniciador del acto de conciliación. Competencia ...... 3.2.1. Competencia .............................................................. 3.2.2. La papeleta iniciadora .............................................. F.43.E. Escrito solicitando acto de conciliación en reclamación de una cantidad líquida ........ F.44.E. Escrito solicitando acto de conciliación por incumplimiento de contrato ........................ 3.3. Tramitación y celebración .................................................... 3.3.1. Admisión y citación ................................................... 3.3.2. Celebración ............................................................... 3.4. El acto de conciliación con avenencia .................................. 3.4.1. Avenencia obtenida ante un Juez que es el mismo que aquel al que correspondería el conocimiento del asunto si fuera contencioso .......................................

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SUMARIO DEL TOMO 3.4.2. Avenencia obtenida ante un Juez que no tendría competencia para conocer del asunto si fuera contencioso ........................................................................... 3.4.3. Posible eficacia de las manifestaciones vertidas en un acto de conciliación sin avenencia ....................... 3.5. Nulidad de lo convenido en acto de conciliación .................. 3.5.1. Nulidad basada en la consideración del acto de conciliación como contrato .............................................. 3.5.2. Nulidad por vicios de tramitación procesal .............. 4.

5.

La reclamación administrativa previa. Supuestos .............. 4.1. Preceptividad de la reclamación administrativa previa ...... 4.2. Efectos .................................................................................. 4.3. Tramitación de la reclamación previa .................................. 4.3.1. Inicio ......................................................................... F.45.E. Modelo de reclamación previa en vía administrativa .................................................... 4.3.2. Remisión al órgano competente para la resolución .. 4.3.3. Tramitación interna .................................................. 4.3.4. Resolución ................................................................. Las medidas cautelares previas .............................................. 5.1. Supuestos y finalidad ........................................................... 5.2. Requisitos ............................................................................. 5.3. Casos en los que se pueden acordar ..................................... 5.3.1. Medidas cautelares en procedimiento arbitral ......... 5.3.2. Litigios extranjeros ................................................... 5.4. Medidas cautelares que cabe acordar .................................. 5.4.1. Embargo preventivo de bienes ................................. F.46.E. Escrito de solicitud de embargo preventivo previo a la demanda sin audiencia del demandado y con ofrecimiento de caución ..... 5.4.2. Intervención o administración judiciales de bienes productivos ................................................................ 5.4.3. Depósito de cosa mueble ........................................... F.47.E. Escrito de solicitud de depósito de vehículo en poder del demandado previo a la demanda sin audiencia del demandado y con ofrecimiento de caución .............................. 5.4.4. Formación de inventarios de bienes ......................... 5.4.5. Anotación preventiva de demanda ........................... 5.4.6. Otras anotaciones registrales ................................... 5.4.7. Orden judicial de cesar provisionalmente en una actividad, abstenerse temporalmente de llevar a cabo

444 445 446 448 448 450 451 457 459 459 461 462 462 462 462 464 474 479 479 481 489 490

493 495 496

497 499 499 501

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TOMO I. DISPOSICIONES GENERALES. PREPARACIÓN DEL PROCESO... una conducta o la prohibición temporal de interrumpir o de cesar en la realización de una prestación que viniera llevándose a cabo .......................................... F.48.E. Escrito de solicitud de medida cautelar consistente en prohibir hacer alguna cosa al demandado sin audiencia y con ofrecimiento de caución ................................................... 5.4.8. Intervención y depósito de ingresos obtenidos mediante una actividad que se considere ilícita y cuya prohibición o cesación se pretenda en la demanda, así como la consignación o depósito de las cantidades que se reclamen en concepto de remuneración de la propiedad intelectual ................................................ 5.4.9. Depósito temporal de ejemplares de las obras u objetos que se reputen producidos con infracción de las normas sobre propiedad intelectual e industrial, así como el depósito del material empleado para su producción ...................................................................... 5.4.10. Suspensión de acuerdos sociales impugnados .......... 5.4.11. Otras medidas ...........................................................

501

502

503

504 504 505

5.5. El embargo preventivo de buques ........................................

513

F.49.E. Escrito de solicitud de embargo preventivo de buque ..........................................................................

518

5.6. Tramitación .......................................................................... 5.6.1. Competencia ..............................................................

520 520

5.6.2. Solicitud ....................................................................

526

5.6.3. Tramitación ...............................................................

529

5.6.3.1. Tramitación con audiencia del demandado ..

531

5.6.3.2. Tramitación sin audiencia del demandado .

534

F.50.E. Auto acordando una medida cautelar sin audiencia del demandado .............................................

534

F.51.E. Otrosí en la demanda en el que se pone de manifiesto la existencia de medidas cautelares decretadas con carácter previo para su mantenimiento .......................................

536

5.6.4. Decisión .....................................................................

537

5.6.5. Oposición a las medidas cautelares adoptadas inaudita parte .................................................................. F.52.E. Escrito del demandado de oposición a medida cautelar en cuanto a la procedencia de la medida de embargo preventivo ..............

543

546

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SUMARIO DEL TOMO F.53.E. Auto estimando la oposición a las medidas cautelares adoptadas sin audiencia del demandado ..................................................... F.54.E. Auto desestimando la oposición a las medidas cautelares adoptadas sin audiencia del demandado .................................................

547

549

5.6.6. Caución sustitutoria .................................................

550

F.55.E. Escrito del demandado ofreciendo una caución sustitutoria ..........................................

553

5.6.7. Modificación de las medidas cautelares ...................

554

F.56.E. Escrito del demandado solicitando el alzamiento de medida cautelar por haberse modificado los hechos ......................................

555

5.6.8. Relación de las medidas cautelares con la ejecución provisional .................................................................

556

5.6.9. Relación de las medidas cautelares con el proceso de ejecución ....................................................................

559

F.57.E. Escrito del demandante solicitando el mantenimiento de medida cautelar por haberse dictado sentencia absolutoria en 1.ª Instancia ...............................................................

560

5.6.10. Relación de las medidas cautelares con otras formas de terminación del proceso o la paralización del mismo ........................................................................

561

5.6.11. Especialidad en materia concursal ...........................

562

CAPÍTULO III EL PROCESO ORDINARIO 1.

La demanda .................................................................................

563

1.1. La actuación preprocesal ......................................................

565

1.2. La demanda como momento preclusivo. Preparación ..........

567

1.2.1. Contenido de la demanda .........................................

567

F.58.E. Otrosí en la demanda fijando la cuantía del proceso en una reclamación de cantidad dineraria ........................................................

580

F.59.E. Otrosí en la demanda fijando la cuantía del proceso en una pretensión de condenar a dar un bien inmueble .................................

580

F.60.E. Otrosí en la demanda en el que se fija la cuantía del proceso y se justifica el abono de la tasa judicial correspondiente ............

580

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TOMO I. DISPOSICIONES GENERALES. PREPARACIÓN DEL PROCESO... F.61.E. Otrosí en la demanda en la que por el demandante persona jurídica se indica la no aportación del justificante de abono de la tasa judicial al estar exento de ella ............ 1.2.2. Documentos procesales ............................................. 1.2.3. Documentos de fondo. Supuestos especiales de documentos esenciales ..................................................... 1.2.4. Periciales ................................................................... 1.2.5. Copias de la demanda y documentos ........................ 1.3. La constitución de la relación jurídico procesal ................... 1.4. Medidas cautelares ............................................................... F.62.E. Otrosí en la demanda solicitando una anotación preventiva de demanda en acción reinvindicatoria (sin audiencia del demandado y con ofrecimiento de caución) ................................................................... F.63.E. Otrosí en la demanda solicitando una medida cautelar consistente en intervención en la administración de una explotación agraria (art. 727.2 LEC) con audiencia del demandado y con ofrecimiento de caución .................................................................... 1.5. Tipología de demandas frecuentes en la práctica procesal. Particularidades ................................................................... 1.5.1. Procesos sobre reivindicación de propiedad y derechos reales ................................................................. F.64.E. Demanda de juicio ordinario ejercitando una acción reivindicatoria ......................... 1.5.2. Procesos en materia hereditaria ............................... F.65.E. Demanda de juicio ordinario ejercitando una acción de reclamación de herencia ...... 1.5.3. Procesos contra sociedades mercantiles ................... F.66.E. Demanda de juicio ordinario ejercitando una acción de reclamación de cantidad contra una sociedad mercantil y su administrador .......................................................... 1.5.4. Procesos en materia de culpa extracontractual ....... F.67.E. Demanda de juicio ordinario ejercitando una acción por culpa extracontractual por daños ocasionados por un animal .............. 1.5.5. Demandas de reclamación de cantidad .................... F.68.E. Demanda de juicio ordinario ejercitando una acción de reclamación de cantidad por impago de unos géneros suministrados solicitando intereses desde el momento de la compraventa mercantil ............................... 1.5.6. Demandas de obligaciones de hacer y no hacer .......

581 582 584 592 594 595 595

596

597 598 598 599 600 601 603

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608 610

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SUMARIO DEL TOMO F.69.E. Demanda de juicio ordinario ejercitando una acción negatoria de servidumbre, pretendiendo que el demandado no pase por un determinado lugar ...................................... 1.5.7. Demandas con pretensiones alternativas o subsidiarias ............................................................................ F.70.E. Demanda de juicio ordinario ejercitando una acción principal de nulidad del contrato y subsidiaria de incumplimiento con indemnización de daños y perjuicios .......... 1.5.8. Demandas de beneficiarios de justicia gratuita ....... F.71.E. Demanda de juicio ordinario de un beneficiario de justicia gratuita anunciando prueba pericial (art. 339.1 LEC) ................ 1.6. Demandas de juicio ordinario por razón de la materia ....... 1.6.1. Derechos honoríficos ................................................. 1.6.2. Tutela de derechos fundamentales ........................... F.72.E. Demanda de juicio ordinario por derecho al honor solicitando indemnización por daños morales y publicación de la sentencia ........ F.73.E. Demanda de juicio ordinario de tutela de derechos fundamentales ............................. 1.6.3. Impugnación de acuerdos sociales ............................ F.74.E. Demanda de juicio ordinario impugnando un acuerdo de una junta general de una sociedad anónima .......................................... 1.6.4. Propiedades especiales, competencia desleal y publicidad .......................................................................... F.75.E. Demanda de juicio ordinario por competencia desleal con solicitud de medidas cautelares ............................................................ 1.6.5. Condiciones generales de contratación ..................... F.76.E. Demanda de juicio ordinario impugnando las condiciones generales de contrato (Ley 7/1998) ....................................................... 1.6.6. Procesos de arrendamientos ..................................... F.77.E. Demanda de juicio ordinario ejercitando la resolución de un contrato de la LAU de 1994 por cesión inconsentida ..................... 1.6.7. Retracto ..................................................................... F.78.E. Demanda de juicio ordinario ejercitando retracto de la Ley de Arrendamientos Urbanos .............................................................. 1.6.8. Propiedad horizontal .................................................

610 612

612 614

614 616 616 616

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621 623

623 625

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TOMO I. DISPOSICIONES GENERALES. PREPARACIÓN DEL PROCESO... F.79.E. Demanda de juicio ordinario impugnando los acuerdos de una junta de propietarios (Ley de Propiedad Horizontal) ................... 1.7. Ampliación de la demanda ................................................... F.80.E. Ampliación de la demanda ejercitando nuevas acciones (art. 401 LEC) .............................................. F.81.E. Ampliación de la demanda contra nuevos demandados ...................................................................... 2.

3.

Admisión a trámite de la demanda ........................................ 2.1. Subsanación de defectos ....................................................... F.82.E. Providencia acordando la subsanación de defectos de la demanda ........................................................ 2.2. Resoluciones de admisión a trámite .................................... F.83.E. Auto de admisión a trámite de la demanda en un juicio ordinario ....................................................... 2.3. Resoluciones de inadmisión. Recursos ................................. F.84.E. Auto de inadmisión a trámite de la demanda por falta de competencia territorial .............................. F.85.E. Auto de inadmisión a trámite de la demanda por falta de jurisdicción ................................................ F.86.E. Auto de inadmisión a trámite de la demanda por caducidad de la acción ........................................... Defensa del demandado y contestación a la demanda ....... 3.1. Defensa anterior a la contestación ....................................... 3.1.1. Recursos contra el auto de admisión. Supuestos ..... F.87.E. Recurso de reposición del demandado contra el auto de admisión de la demanda por no acompañar documentos esenciales ........ 3.1.2. Declinatoria. Planteamiento y tramitación .............. 3.1.2.1. Declinatoria de jurisdicción ........................ 3.1.2.2. Declinatoria por falta de competencia ........ 3.1.3. La intervención provocada ........................................ 3.2. Preparación de la contestación a la demanda ..................... 3.2.1. Documentos ............................................................... 3.2.2. Periciales ................................................................... 3.2.3. Excepciones y defensa de fondo ................................ 3.3. Oposición a la cuantía fijada en la demanda ....................... F.88.E. Otrosí en la contestación oponiéndose a la cuantía fijada en la demanda ............................................. 3.4. Oposición a las medidas cautelares ..................................... 3.5. Contestación a la demanda. Defensa por el planteamiento de excepciones procesales .....................................................

632 634 634 636 637 637 641 641 642 644 649 650 651 659 663 664

665 665 668 670 670 673 674 674 675 675 677 677 678

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SUMARIO DEL TOMO F.89.E. Contestación a la demanda de juicio ordinario (genérico) ..................................................................... 3.5.1. Contestación a la demanda oponiendo defectos de capacidad ...................................................................... F.90.E. Hechos y fundamentos de una contestación a la demanda de juicio ordinario oponiendo defectos de capacidad ................................. 3.5.2. Contestación a la demanda oponiendo defectos de representación .............................................................. F.91.E. Hechos y fundamentos de una contestación a la demanda de juicio ordinario oponiendo defectos de representación .......................... 3.5.3. Contestación a la demanda oponiendo defectos en la demanda .................................................................... F.92.E. Hechos y fundamentos de una contestación a la demanda de juicio ordinario oponiendo defectos en la demanda .............................. 3.5.4. Contestación a la demanda oponiéndose a la acumulación de acciones ...................................................... F.93.E. Hechos y fundamentos de una contestación a la demanda de juicio ordinario oponiéndose a la acumulación de acciones ............ 3.5.5. Contestación a la demanda oponiéndose por falta del debido litisconsorcio .................................................. F.94.E. Hechos y fundamentos de una contestación a la demanda de juicio ordinario oponiendo falta del debido litisconsorcio ..................... 3.5.6. Contestación a la demanda oponiéndose por litispendencia ........................................................................ F.95.E. Hechos y fundamentos de una contestación a la demanda de juicio ordinario oponiendo litispendencia ............................................. 3.5.7. Contestación a la demanda oponiéndose por cosa juzgada ...................................................................... F.96.E. Hechos y fundamentos de una contestación a la demanda de juicio ordinario oponiendo cosa juzgada ............................................... 3.5.8. Contestación a la demanda oponiendo inadecuación del procedimiento ...................................................... F.97.E. Hechos y fundamentos de una contestación a la demanda de juicio ordinario oponiendo inadecuación de procedimiento .................. 3.6. Contestación a la demanda. Defensa de fondo .................... 3.6.1. Contestación a la demanda con allanamiento total . F.98.E. Escrito de allanamiento total .....................

680 681

682 682

683 684

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TOMO I. DISPOSICIONES GENERALES. PREPARACIÓN DEL PROCESO... 3.6.2. Contestación a la demanda con allanamiento parcial ............................................................................. F.99.E. Contestación a la demanda de juicio ordinario con allanamiento parcial .................. 3.6.3. Oposición de fondo basada en disconformidad en los hechos ....................................................................... F.100.E. Contestación a la demanda de juicio ordinario con oposición basada en disconformidad en los hechos .................................. 3.6.4. Oposición de fondo basada en disconformidad en la interpretación jurídica .............................................. F.101.E. Contestación a la demanda de juicio ordinario con conformidad en los hechos y oposición basada en disconformidad en los fundamentos de derecho ........................... 3.7. La rebeldía ........................................................................... 4.

Reconvención e invocación de compensación y nulidad ... 4.1. Supuestos de admisibilidad de la pretensión reconvencional. Requisitos ...................................................................... 4.2. Contestaciones a la demanda con pretensión reconvencional . 4.2.1. Reconvención contra el demandante ........................ F.102.E. Contestación a la demanda con reconvención contra el demandante ........................ 4.2.2. Reconvención contra el demandante y personas no demandantes ............................................................. F.103.E. Contestación a la demanda con reconvención contra el demandante y personas no demandantes ............................................. 4.3. Tipología de contestaciones y reconvenciones más frecuentes en la práctica procesal .................................................... 4.3.1. Procesos arrendaticios .............................................. F.104.E. Contestación a la demanda en un proceso arrendaticio con reconvención solicitando el pago de obras al arrendador ................. 4.3.2. Procesos de propiedad horizontal ............................. F.105.E. Contestación a la demanda en un proceso de propiedad horizontal con reconvención solicitando el pago de cantidades al propietario ...................................................... 4.3.3. Procesos en materia de culpa extracontractual ....... F.106.E. Contestación a la demanda en un proceso de culpa extracontractual con reconvención solicitando que se declare la culpa del actor e indemnización de daños y perjuicios ..........

699 700 702

702 704

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SUMARIO DEL TOMO

5.

6.

4.3.4. Incumplimientos contractuales ................................. F.107.E. Contestación a la demanda en un proceso por incumplimiento contractual con reconvención solicitando que se resuelva el contrato y que se indemnice al reconviniente . 4.4. Alegación de compensación y alegación de nulidad del negocio .........................................................................................

728

Contestación a la reconvención .............................................. 5.1. Contestación por el demandante .......................................... 5.1.1. Inadmisibilidad de la reconvención .......................... F.108.E. Recurso de reposición frente al auto de admisión a trámite de la reconvención interpuesto por el demandante y oponiendo la inadmisibilidad de la reconvención .......... 5.1.2. Excepciones procesales ............................................. F.109.E. Contestación a la reconvención por el demandante oponiendo excepciones procesales .............................................................. 5.1.3. Defensa de fondo ....................................................... F.110.E. Contestación a la reconvención por el demandante oponiendo excepciones de fondo . 5.2. Contestación por persona no demandante ........................... 5.2.1. Inadmisibilidad. Falta de legitimación ..................... F.111.E. Recurso de reposición frente al auto de admisión a trámite de la reconvención por persona no demandante oponiendo la inadmisibilidad de la reconvención .......... F.112.E. Contestación a la reconvención por persona no demandante oponiendo la falta de legitimación .............................................. 5.2.2. Excepciones procesales ............................................. 5.2.3. Defensa de fondo .......................................................

735 735 736

La audiencia previa al juicio ................................................... 6.1. Convocatoria y comparecencia a la audiencia ..................... 6.1.1. Convocatoria de la audiencia .................................... F.113.E. Providencia convocando la audiencia preliminar en juicio ordinario ....................... F.114.E. Diligencia de notificación y citación a la audiencia previa en la sede del Tribunal . 6.1.2. Requisitos de comparecencia a la audiencia ............ 6.1.3. Incomparecencia y efectos ........................................

728 730

737 738

738 739 739 740 741

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TOMO I. DISPOSICIONES GENERALES. PREPARACIÓN DEL PROCESO... 6.1.3.1. Incomparecencia de las partes .................... F.115.E. Auto de sobreseimiento del proceso ordinario por incomparecencia de las partes ......................... 6.1.3.2. Incomparecencia del demandante .............. 6.1.3.3. Incomparecencia del demandado ................ 6.2. La fase de conciliación .......................................................... 6.2.1. Intento de conciliación o transacción al inicio de la audiencia ................................................................... 6.2.1.1. El desistimiento bilateral ........................... F.116.E. Acta de audiencia previa con desistimiento bilateral y auto de sobreseimiento del proceso ............. 6.2.1.2. La transacción judicial ................................ F.117.E. Acta de la audiencia con acuerdo y auto de homologación de la transacción ................................. 6.2.2. La conciliación posterior a la fase de delimitación del proceso ...................................................................... 6.3. La fase de saneamiento del proceso ..................................... F.1.O. Solicitud del demandado al juez en la audiencia previa para que cuestione su propia jurisdicción o competencia de oficio .............................................. 6.3.1. Defectos de capacidad o representación ................... F.2.O. Planteamiento por la parte demandada de la falta de capacidad del actor en la audiencia previa, contestación y resolución .. F.3.O. Planteamiento por el actor de la falta de representación del demandado en la audiencia previa, contestación y resolución .. F.118.E. Auto de terminación del proceso por falta de capacidad del demandante .................. 6.3.2. Indebida acumulación de acciones ............................ F.4.O. Sustanciación de la indebida acumulación de acciones en la audiencia previa ........... 6.3.3. Falta del debido consorcio ........................................ F.5.O. Intervención del actor integrando voluntariamente la litis en la audiencia previa y resolución del juez ..................................... F.6.O. Intervención del demandante oponiéndose a la excepción de falta de litisconsorcio pasivo necesario ............................................ F.119.E. Auto de archivo definitivo de las actuaciones por no constituir el litisconsorcio ........

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SUMARIO DEL TOMO 6.3.4. Litispendencia o cosa juzgada .................................. F.7.O. Intervención del demandante oponiéndose a la excepción de litispendencia o cosa juzgada, resolución y protesta del demandado .......................................................... F.120.E. Auto de sobreseimiento del proceso por estimar la excepción de litispendencia o cosa juzgada ..................................................... 6.3.5. Inadecuación de procedimiento ................................ 6.3.5.1. Inadecuación por razón de la cuantía ......... F.8.O. Intervención de las partes en la audiencia sobre la inadecuación de procedimiento por razón de la cuantía y resolución del juez acomodando al juicio verbal ............. 6.3.5.2. Inadecuación del procedimiento por razón de la materia ............................................... F.9.O. Intervenciones de las partes en la audiencia sobre la inadecuación de procedimiento por razón de la materia y resolución del juez ....... 6.3.6. Demanda defectuosa ................................................. F.10.O. Intervenciones de las partes en la audiencia sobre demanda defectuosa y aclaraciones .. 6.3.7. Circunstancias procesales análogas ......................... 6.4. Delimitación del objeto del proceso ...................................... 6.4.1. El trámite de alegaciones ......................................... 6.4.1.1. Complemento y aclaración de alegaciones .. F.11.O. Intervención del demandante formulando alegaciones complementarias, oposición y resolución ....... 6.4.1.2. Adición de peticiones accesorias y complementarias .................................................... F.12.O. Intervención del demandante añadiendo una petición, oposición, resolución y protesta ....................... 6.4.1.3. Alegación de hechos nuevos y de nueva noticia ................................................................ F.13.O. Intervención del demandante alegando un hecho de nueva noticia, oposición del demandado y resolución ............................................... 6.4.2. Posiciones de las partes ante los documentos y dictámenes presentados ....................................................

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TOMO I. DISPOSICIONES GENERALES. PREPARACIÓN DEL PROCESO... 6.4.2.1. Reconocimiento e impugnación de documentos ................................................................ F.14.O. Intervención en la audiencia previa de impugnación de un documento público, proposición de prueba sobre su autenticidad y resolución ........................................ F.15.O. Intervención en la audiencia previa impugnando un documento privado, proposición de prueba sobre su autenticidad y resolución .. 6.4.2.2. Dictámenes periciales ................................. F.16.O. Intervención oral contradiciendo un dictamen pericial aportado con la demanda o contestación y proponiendo tacha del perito ............ F.17.O. Contradicción a un dictamen pericial en la audiencia previa con solicitud de actuación del perito en el juicio ........................................ F.18.O. Contradicción a un dictamen pericial en la audiencia previa con solicitud de ampliación ................... F.19.O. Contradicción de un informe elaborado por un profesional de la investigación privada ...................... 6.4.3. Fijación definitiva de hechos controvertidos ............ F.20.O. Intervenciones de las partes y del Tribunal en la fijación de los hechos controvertidos . 6.5. Proposición, admisión de prueba y señalamiento de juicio . 6.5.1. La prueba en el proceso civil .................................... 6.5.1.1. El objeto, necesidad e iniciativa de la prueba ......................................................... 6.5.1.2. Disposiciones generales sobre la proposición y admisión de la prueba .............................. F.121.E. Auto acordando la admisión de prueba (modelo genérico) ............. F.21.O. Recurso de reposición oral frente a la resolución de admisión de prueba y protesta (genérico) ......... 6.5.1.3. Disposiciones generales sobre la práctica de la prueba ..................................................... F.22.O. Solicitud de la parte de alteración del orden de práctica de los medios de prueba ..............................

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SUMARIO DEL TOMO 6.5.1.4. El interrogatorio de las partes .................... F.23.O. Proposición de interrogatorio de partes en caso de persona jurídica . 6.5.1.5. La prueba de documentos ........................... F.24.O. Intervención de la parte proponiendo la prueba documental consistente en la exhibición de un documento por un tercero ................ F.25.O. Intervención de la parte proponiendo la prueba documental consistente en la remisión de una certificación por una entidad o empresa encargada de servicio público ........................................ 6.5.1.6. Dictamen de peritos .................................... F.122.E. Providencia acordando de oficio la presencia del perito designado judicialmente en el juicio o vista .. 6.5.1.7. El reconocimiento judicial ........................... F.26.O. Intervención de la parte proponiendo la prueba de reconocimiento judicial conjunta con testifical e interrogatorio de la parte .. F.123.E. Escrito de la parte no proponente solicitando otros extremos en la prueba de reconocimiento judicial y manifestando que asistirá con persona práctica ................... 6.5.1.8. Interrogatorio de testigos ............................ 6.5.1.9. Medios de reproducción de la palabra, sonido, imagen y datos relevantes ................. F.27.O. Intervención de la parte proponiendo la prueba de reproducción de la palabra, sonido e imagen con aportación de un medio de prueba instrumental ................... 6.5.1.10. Las presunciones ....................................... 6.5.2. Proposición de prueba en la audiencia previa .......... 6.5.2.1. Los medios de prueba en particular ........... 6.5.2.2. Requisitos y forma de la proposición de prueba ......................................................... F.28.O. Intervención de la parte proponiendo prueba en la audiencia previa del proceso ordinario .......

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TOMO I. DISPOSICIONES GENERALES. PREPARACIÓN DEL PROCESO... F.124.E. Instructa presentada por la parte proponiendo prueba en la audiencia previa de proceso ordinario .... 6.5.2.3. Complemento y modificación de la proposición de prueba ............................................. F.29.O. Intervención del Tribunal indicando la insuficiencia probatoria y complemento de proposición de prueba de la parte (art. 429.1 LEC) ........................................... 6.5.3. Admisión de prueba .................................................. 6.5.3.1. Resoluciones de admisión e inadmisión de prueba ......................................................... F.30.O. Resolución oral del juez de admisión e inadmisión de prueba en el acto de la audiencia previa ........ 6.5.3.2. Impugnación de la admisión de prueba ...... F.31.O. Recurso de reposición oral contra una resolución de admisión de prueba en la audiencia previa ... 6.5.3.3. Impugnación de la inadmisión de prueba .. F.32.O. Recurso de reposición oral contra una resolución de inadmisión de prueba en la audiencia previa ... 6.5.4. Señalamiento de juicio .............................................. F.125.E. Escrito solicitando nuevo señalamiento de juicio en el proceso ordinario (art. 430 LEC) .......................................................... 7.

El juicio ........................................................................................ 7.1. El período entre la audiencia previa y el juicio ................... 7.1.1. Actuaciones derivadas de la audiencia previa ......... 7.1.1.1. Interrogatorios escritos ............................... F.126.E. Escrito de la parte formulando preguntas de forma escrita en interrogatorio de la parte a practicar por vía de auxilio judicial y lista de preguntas ....................... F.127.E. Escrito de la parte presentando un interrogatorio escrito a un testigo que debe declarar mediante exhorto ........................................ F.128.E. Escrito de la parte de preguntas y aclaraciones a un perito que debe responder por vía de auxilio judicial ..............................................

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SUMARIO DEL TOMO 7.1.1.2. Dictámenes periciales ................................. F.129.E. Escrito de la parte aportando un dictamen antes del juicio y solicitando la intervención del perito . F.130.E. Escrito de la parte solicitando la intervención en el juicio de un perito designado judicialmente ...... 7.1.1.3. Recusación de peritos .................................. F.131.E. Escrito de recusación de perito designado judicialmente en la audiencia previa ......................... F.132.E. Auto decidiendo un incidente de recusación de un perito .............. 7.1.1.4. Tacha de testigos y peritos ......................... F.133.E. Escrito formalizando la tacha de un testigo en proceso ordinario .. F.134.E. Escrito de oposición a la tacha de un testigo en proceso ordinario .. 7.1.1.5. Vicisitudes en la práctica de la prueba ...... F.135.E. Escrito de la parte poniendo en conocimiento del órgano jurisdiccional el retraso en la cumplimentación de un exhorto y solicitando recordatorio sobre su urgencia ...................................... 7.1.2. Actuaciones por causas sobrevenidas ....................... 7.1.2.1. Alegación de hechos nuevos o de nueva noticia ................................................................ F.136.E. Escrito de ampliación de hechos nuevos ocurridos con posterioridad a la audiencia previa .......... F.137.E. Escrito de contestación al de ampliación de hechos ...................... F.138.E. Providencia rechazando la alegación de un hecho de nueva noticia e imponiendo multa por mala fe procesal ....................................... 7.1.2.2. Cuestiones de previo pronunciamiento ....... F.139.E. Escrito planteando una cuestión incidental de previo pronunciamiento ......................................... F.140.E. Escrito contestando una cuestión incidental de previo pronunciamiento ......................................... 7.1.2.3. La impugnación de la prueba ilícita ...........

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TOMO I. DISPOSICIONES GENERALES. PREPARACIÓN DEL PROCESO... F.141.E. Escrito impugnando una prueba admitida por vulneración de derechos fundamentales ................. 7.2. El acto del juicio ................................................................... 7.2.1. Finalidad ................................................................... 7.2.2. Comparecencia y vicisitudes ..................................... F.33.O. Intervención oral de la parte solicitando la interrupción del juicio por incomparecencia de un testigo citado judicialmente ...... 7.2.3. Fase de saneamiento de la prueba ........................... F.34.O. Interposición, sustanciación y decisión de un recurso de reposición en el acto del juicio contra la denegación de ilicitud de prueba por vulneración de derechos fundamentales .................................................... 7.2.4. Hechos nuevos o de nueva noticia ............................ 7.2.5. La práctica de la prueba ........................................... 7.2.5.1. Práctica de los medios probatorios en particular ............................................................ 7.2.5.2. Facultades del Juez .................................... 7.2.5.3. Vicisitudes en la práctica de la prueba ...... F.35.O. Protesta por inadmisión de una pregunta en prueba testifical ..... F.36.O. Impugnación de la admisibilidad de una pregunta a un testigo ..... F.37.O. Proposición de un careo entre testigos en el acto del juicio ............ F.38.O. Decisión judicial de limitación de testigos y protesta de la parte proponente ....................................... 7.2.6. Las conclusiones ....................................................... F.39.O. Intervención oral de la parte formulando conclusiones en juicio ordinario ................ 7.2.7. El acta del juicio ....................................................... F.142.E. Acta de juicio en proceso ordinario con grabación de la vista ................................ 8.

Las diligencias finales ............................................................... 8.1. Presupuestos de las diligencias finales ................................ 8.2. Solicitud ................................................................................ F.40.O. Solicitud oral de diligencias finales por la parte en el trámite de conclusiones ...................................... 8.3. Resolución ............................................................................. F.143.E. Auto acordando la práctica de diligencias finales ...

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SUMARIO DEL TOMO 8.4. Sustanciación ........................................................................ F.144.E. Escrito de la parte de valoración y resumen de las diligencias finales en proceso ordinario ................ 9.

La terminación del proceso ..................................................... 9.1. Terminación normal del proceso: sentencia ......................... 9.1.1. Requisitos .................................................................. 9.1.1.1. Órgano jurisdiccional .................................. 9.1.1.2. Estructura y contenido ............................... 9.1.1.3. Requisitos internos ..................................... 9.1.2. Efectos de la sentencia ............................................. 9.1.3. Aclaración, corrección, subsanación y complemento de sentencias ............................................................. 9.1.3.1. Aclaración por conceptos oscuros o subsanación por omisiones ....................................... F.145.E. Recurso de aclaración de la sentencia solicitando que se supla una omisión ................................ 9.1.3.2. Rectificación de errores materiales y aritméticos ........................................................ F.146.E. Escrito de aclaración de la sentencia solicitando que se rectifique un error material ................. 9.1.3.3. Complemento de sentencias ........................ F.147.E. Solicitud de complemento de sentencia .......................................... F.148.E. Escrito de contestación a la solicitud de complemento de sentencia . F.149.E. Auto acordando el complemento de sentencia ................................ 9.2. Otros medios de terminación del proceso ............................ 9.2.1. Sobreseimiento .......................................................... 9.2.2. Transacción ............................................................... F.150.E. Escrito de las partes solicitando la homologación de la transacción ........................... F.151.E. Auto homologando la transacción y poniendo fin al proceso ................................. 9.2.3. Renuncia y desistimiento .......................................... F.152.E. Escrito de desistimiento ............................ F.153.E. Escrito del demandado oponiéndose al desistimiento ................................................. F.154.E. Resolución judicial declarando desistido al actor ...................................................... 9.2.4. Allanamiento .............................................................

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TOMO I. DISPOSICIONES GENERALES. PREPARACIÓN DEL PROCESO... F.155.E. Escrito del demandante solicitando que se dicte auto de allanamiento parcial ........... F.156.E. Auto decretando el allanamiento parcial . 9.2.5. Satisfacción extraprocesal y carencia sobrevenida de objeto ......................................................................... 9.2.5.1. Acuerdo de las partes ................................. F.157.E. Auto declarando terminado el procedimiento por satisfacción extraprocesal de la pretensión .... 9.2.5.2. Controversia de las partes .......................... F.158.E. Escrito del demandante oponiéndose a la satisfacción extraprocesal ............................................... 9.2.6. Caducidad ................................................................. F.159.E. Auto de terminación del proceso por caducidad en la instancia ................................ BIBLIOGRAFÍA ......................................................................................

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ÍNDICE DE FORMULARIOS ................................................................... 1001 ÍNDICE ANALÍTICO DE JURISPRUDENCIA .......................................... 1021 CONTENIDO DE LA OBRA COMPLETA ................................................. 1071

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ABREVIATURAS AA VV AAP AAT AC ADR AJMER AJPI AP Art. ATS BIB BOE CC CCom CE CEE Cfr. CGPJ Cit. bibl. CP DA DD DF DGRN DOCE DOUE DT ET F. FE FJ FO JMER JPI

= Autores Varios = Auto Audiencia Provincial = Auto Audiencia Territorial = Aranzadi Civil = Solución alternativa de conflictos (Alternative Dispute Resolution) = Auto del Juzgado de lo Mercantil = Auto del Juzgado de Primera Instancia = Audiencia Provincial = Artículo = Auto Tribunal Supremo = Documento de Bibliografía disponible en http://www.westlaw.es y, en su caso, en productos CD/DVD = Boletín Oficial del Estado = Código Civil = Código de Comercio = Constitución Española (o Comunidad Europea, según contexto) = Comunidad Económica Europea = Confróntese = Consejo General del Poder Judicial = Cita bibliográfica = Código Penal = Disposición Adicional = Disposición Derogatoria = Disposición final = Dirección General de los Registros y del Notariado = Diario Oficial de la Comunidad Europea = Diario Oficial de la Unión Europea = Disposición Transitoria = Estatuto de los Trabajadores = Formulario = Formulario Escrito = Fundamento Jurídico o de Derecho = Formulario intervención oral/instructa = Juzgado de lo Mercantil = Juzgado de Primera Instancia 41

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TOMO I. DISPOSICIONES GENERALES. PREPARACIÓN DEL PROCESO... JUR

= Documento de Jurisprudencia disponible en http://www.westlaw.es y, en su caso, en productos CD/DVD JVM = Juzgado de Violencia sobre la Mujer L. y F. = Lugar y fecha LAJEIP = Ley de Asistencia Jurídica al Estado e Instituciones Públicas LAJG = Ley de Asistencia Jurídica Gratuita LAR = Ley de Arrendamientos Rústicos LARG = Legislación de Aragón LAU = Ley de Arrendamientos Urbanos LC = Ley Concursal LCAN = Legislación de Canarias LCAT = Legislación de Cataluña LCCh = Ley Cambiaria y del Cheque LCM = Legislación de la Comunidad de Madrid LCS = Ley del Contrato de Seguro LCV = Legislación de la Comunidad Valenciana LCyL = Legislación de Castilla y León LEC = Ley de Enjuiciamiento Civil LECrim = Ley de Enjuiciamiento Criminal LEG = Documento de Legislación disponible en http://www.westlaw.es y, en su caso, en productos CD/DVD LG = Legislación de Galicia LH = Ley Hipotecaria LHN = Ley de Hipoteca Naval LHMPSD = Ley de Hipoteca Mobiliaria y Prenda sin Desplazamiento LJCA = Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa LLR = Legislación de La Rioja LO = Ley Orgánica LOPJ = Ley Orgánica del Poder Judicial LOTC = Ley Orgánica del Tribunal Constitucional LP = Ley de Patentes LPH = Ley de Propiedad Horizontal LPI = Ley de Propiedad Intelectual LPL = Ley de Procedimiento Laboral LPV = Legislación del País Vasco LRC = Ley del Registro Civil LRJ-PAC = Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y del Procedimiento Administrativo Común LSA = Ley de Sociedades Anónimas LSP = Ley de Suspensión de Pagos LSRL = Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada LVPBM = Ley de Venta a Plazos de Bienes Muebles p. = página PME = Proceso Monitorio Europeo RCL = Repertorio Cronológico de Legislación Aranzadi RD = Real Decreto RDGRN = Resolución de la Dirección General de los Registros y del Notariado RDLeg = Real Decreto Legislativo 42

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ABREVIATURAS REAC Rec. RH RJ RMC RPI RPME RRC RTC RTEE RVPBM SAP SAT Secc. SJMER SJPI ss. STC STEDH STJCE STS STSJ TC TEDH TEE TJCE TRLAU TRLSA TRLSRL TS TSJ UE UTE v. gr.

= Registro Estatal de Asociaciones de Consumidores = Número de recurso = Reglamento Hipotecario = Repertorio de Jurisprudencia Aranzadi = Reglamento de la Marca Comunitaria = Reglamento (CE) sobre Procedimientos de Insolvencia = Reglamento del Proceso Monitorio Europeo = Reglamento del Registro Civil = Repertorio del Tribunal Constitucional = Reglamento (CE) Título Ejecutivo Europeo = Registro de Venta a Plazos de Bienes Muebles = Sentencia de la Audiencia Provincial = Sentencia de la Audiencia Territorial = Sección = Sentencia del Juzgado de lo Mercantil = Sentencia del Juzgado de Primera Instancia = Siguientes = Sentencia del Tribunal Constitucional = Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos = Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas = Sentencia del Tribunal Supremo = Sentencia del Tribunal Superior de Justicia = Tribunal Constitucional = Tribunal Europeo de Derechos Humanos = Título Ejecutivo Europeo = Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas = Texto Refundido de la Ley de Arrendamientos Urbanos = Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas = Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada = Tribunal Supremo = Tribunal Superior de Justicia = Unión Europea = Unión Temporal de Empresas = verbi gratia

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CAP. I.

CUESTIONES GENERALES

CAPÍTULO I

CUESTIONES GENERALES 1.

Principios del proceso y del procedimiento civiles

1.1. PRINCIPIOS DEL PROCESO CIVIL 1.1.1. Principio dispositivo 1.1.2. Principio de aportación de parte 1.1.3. Principio de contradicción 1.1.4. Principio de igualdad de armas 1.1.5. Principio del impulso procesal de oficio 1.1.6. Principio de preclusión 1.1.7. Principio pro actione 1.2. PRINCIPIOS DEL PROCEDIMIENTO CIVIL 1.2.1. Principio de oralidad/escritura 1.2.2. Principio de concentración 1.2.3. Principio de inmediación 1.2.4. Principio de publicidad 1.2.5. Principio de conservación de las actuaciones 1.2.6. Principio de adquisición procesal 1.2.7. Principio de economía procesal 1.2.8. Principio de evitación del peregrinaje de jurisdicciones 1.2.9. Principios derivados de la apelación 1.2.10. Principio de la intangibilidad o invariabilidad de las resoluciones

El proceso civil no es otra cosa que el cauce a través del cual se dan solución a las infinitas controversias que se pueden suscitar en 45

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las relaciones jurídicas incardinables dentro de la órbita del derecho privado y cuyo conocimiento no corresponde a otros órdenes jurisdiccionales. Las soluciones que se pueden plantear son múltiples y tras cada una de ellas subyacen una serie de principios inspiradores de la regulación que al efecto se adopte. En el caso de España, estos principios siempre han de ser compatibles con las distintas manifestaciones del derecho a la tutela judicial efectiva que proclama el art. 24 de la Constitución con las distintas manifestaciones que posee en el seno del proceso y procedimiento civiles. 1.1. PRINCIPIOS DEL PROCESO CIVIL Son los que afectan a la esencia misma de lo que es el cauce para la resolución de controversias y son independientes de las concretas soluciones que en orden a la concreta tramitación se adopten. Su importancia radica en que a través de ellos no solamente se descubre la realidad inspiradora de las normas, sino que en los supuestos de ausencia de previsión normativa específica ante las diversas incidencias que en una causa se pueden suscitar, permiten el dar una solución adecuada respecto de la tramitación a seguir. Estos principios son esencialmente los siguientes: 1.1.1.

Principio dispositivo

Implica que son los litigantes los que determinan en objeto del proceso, sin que sea dado al Juzgador el proceder de oficio a hacerlo, salvo en aquellos casos en los que se decidan cuestiones de orden público como en el área del Derecho de Familia. Ello supone que en el campo del proceso civil, las partes disponen del objeto del proceso, en el sentido de ejercitarlo o renunciarlo a su voluntad. Este principio afecta no solamente a la petición de las partes de la concreta tutela judicial que desean obtener, sino asimismo a la aportación del material fáctico y probatorio tendente a acreditar la realidad de sus alegaciones (si bien respecto de esta materia con la modulación que se contiene en el art. 429.1 LEC respecto de la posibilidad de indicar el Juzgador a las partes las pruebas procedentes en caso de considerar insuficientes las propuestas, posibilidad que debe ser objeto de una aplicación prudente dada la existencia del principio que se analiza) (SSTS 22 octubre 1977; 2 abril 2002 [RJ 2002, 2484]; SAP Madrid [Sección 22.ª]; 17 noviembre 46

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1998 [AC 1998, 8713]; SAP Navarra [Sección 3.ª]; 6 marzo 1998 [AC 1998, 650]; entre otras). El carácter no absoluto de este principio y sus límites (fijados por el legislador con objeto de facilitar que los Jueces y Tribunales puedan dictar una resolución de fondo que lleve a cabo una justa composición de los intereses a la luz del principio de Justicia proclamado en el art. 1 de la Constitución), ha sido puesta de manifiesto entre otras en la STC 52/1989 (RTC 1989, 52), SSTS 2 abril 2002 (RJ 2002, 2484); 14 noviembre 1994 (RJ 1994, 9319). 1.1.2.

Principio de aportación de parte

Es un complemento básico del anterior e implica que es a los litigantes a los que corresponde manifestar al Juzgador los elementos en torno a los cuales el litigio se va a desarrollar desde el punto de vista fáctico y en cierto modo también jurídico. La plasmación de este principio se contiene en los conocidos principios del da mihi factum, dabo tibi ius y del iura novit curia actualmente recogidos en el art. 218 LEC. Esto significa que el Tribunal debe únicamente alcanzar las pretensiones sustanciales formuladas por las partes, no estando absolutamente vinculado a aquellas en cuanto a la argumentación jurídica invocada. Esto supone que los Tribunales no tienen ni necesidad ni obligación de ajustarse, en los razonamientos jurídicos que les sirven para motivar sus fallos, a las alegaciones de derecho de las partes, y pueden basar sus decisiones en fundamentos jurídicos distintos, pues a ello les autoriza la regla del aforismo iura novit curia (En semejante sentido se pueden invocar las SSTS 17 abril 1985 [RJ 1985, 1767]; 7 octubre 1987 [RJ 1987, 6764]; 5 febrero 1990 [RJ 1990, 659]; 16 junio 1993 [RJ 1993, 4840]). No obstante lo anterior esta regla tiene como límite el no alterar la acción ejercitada, pues su cambio conculcaría el principio de contradicción al no haber sido las partes oídas sobre ello (SSTS 9 febrero 1993 [RJ 1993, 695]; 10 mayo 1986 [RJ 1986, 2717]; 7 octubre 1987 [RJ 1987, 6764]; 9 febrero 1988 [RJ 1988, 769]). En este sentido la STS 16 noviembre 2006 (RJ 2006, 8085) dispone que: «Está admitido por esta Sala que el Juzgador pueda, en atención al principio iura novit curia, en relación con el de da mihi factum, dabo tibi ius, aplicar normas distintas e, incluso, no invocadas por los litigantes, a los hechos por los mismos establecidos, pero, en ningún caso, la observancia de estos principios puede entenderse de manera absolutamente libre e ili47

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mitada, ya que siempre ha de estar condicionada al “componente fáctico de la acción ejercitada” y a “la inalterabilidad de la causa petendi”, pues lo contrario entrañaría una vulneración del principio de contradicción y, por consiguiente, del derecho de defensa». Ello supone que no es posible el verificar el tribunal un cambio de la argumentación jurídica de tal envergadura que produzca una alteración o mutación del objeto del proceso, ya que ello sería contrario al principio de contradicción y entrañaría un auténtico vicio de incongruencia de la sentencia, la cual se puede dar tanto si se concede más de lo pedido (ultra petita), se pronuncia sobre determinados extremos al margen de lo suplicado por las partes (extra petita) o se deja incontestadas y sin resolver algunas de las pretensiones sostenidas por las partes (citra petita), siempre y cuando el silencio judicial no pueda razonablemente interpretarse como desestimación tácita (SSTS 18 noviembre 1996 [RJ 1996, 8213]; 28 octubre 1997 [RJ 1997, 7619]; 5 noviembre 1997 [RJ 1997, 7884]; 26 junio 2002 [RJ 2002, 7212]; 7 octubre 2002 [RJ 2003, 357]; 11 julio 2003 [RJ 2003, 6570]). Ello exige el que entre la parte dispositiva de la resolución judicial y las pretensiones deducidas por los litigantes durante la fase expositiva del pleito, exista la máxima concordancia y correlatividad, tanto en lo que afecta a los elementos subjetivos y objetivos de la relación jurídico-procesal, como en lo que atañe a la acción que se hubiere ejercitado (SSTS 26 junio 1987 [RJ 1987, 4822]; 17 julio 1989 [RJ 1989, 5623]; 20 marzo 1991 [RJ 1991, 2267]). 1.1.3.

Principio de contradicción

Deriva directamente del art. 24.2 de la Constitución Española, cuando en él se establece el derecho de todas las personas a un proceso con todas las garantías, entre las que se encuentra el principio en cuestión. Este principio supone dar oportunidad a cada parte de participar en cada una de las fases del proceso, desde el mismo momento de iniciarse la litispendencia, e implica no solamente el que todas las partes tengan acceso al proceso, sino que conozcan todas las resoluciones que se vayan dictando a lo largo del mismo una vez personadas. Para el logro de una plena virtualidad de este principio es básico no solamente el que la contradicción efectiva se haya producido en el seno del proceso (algo que se garantiza plenamente respetando los diferentes trámites existentes), sino que la posibilidad de contradicción se dé plenamente, para lo 48

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que es básico el que la parte frente a la que se dirija el procedimiento pueda tener conocimiento de la pendencia del mismo. Ello hace que tenga una importancia esencial el emplazamiento correcto que viene regulado en los arts. 149 a 168 de la LEC. Su omisión o la realización incorrecta, cuando no se suple por la actividad espontánea de las partes, vicia las actuaciones judiciales realizadas sin el concurso de la parte ausente, y entraña, la nulidad de las decisiones adoptadas como cierre de aquellas actuaciones (SSTEDH 21 febrero 2002 Sección 4.ª Caso Ziegler [JUR 2002, 61059]; Sección 4.ª 3 junio 2003 Caso Walston [nº 1] [TEDH 2003, 29]; SSTC 110/1988 [RTC 1988, 110]; 109/1989 [RTC 1989, 109]; 114/1986 [RTC 1986, 114]; 192/1989 [RTC 1989, 192]; 78/1992 [RTC 1992, 78]; 1/2002 [RTC 2002, 1]; STS 15 marzo 1993 [RJ 1993, 2282]; SAP Cantabria 19 abril 1995 [AC 1995, 763]). En todo caso, y dada la esencialidad de este principio, el intérprete debe siempre verificar una interpretación acorde con el mismo supliendo mediante una interpretación posible y favorable los problemas que se pudieren suscitar (STS 30 septiembre 1994 [RJ 1994, 7141]; STSJ Aragón 21 mayo 1993 [RJ 1993, 4065]). De lo anterior se deriva el carácter subsidiario del emplazamiento edictal, el cual solamente es operativo ante la imposibilidad de las averiguaciones practicadas en los diversos registros públicos (arts. 155 y 156 LEC), si bien tratándose de procedimientos de resolución de contratos de arrendamiento por falta de pago de rentas o expiración del plazo, tales averiguaciones no son necesarias para acudir a la vía edictal al equiparar el art. 155.3 LEC en la redacción que le ha dado la Ley 23/2003 a la vivienda o local arrendado con el domicilio que apareciere en registros oficiales, lo que conlleva que ante la negativa de la citación en la vivienda arrendada directamente se pueda acudir a la vía edictal. En aplicación de este principio y el cuidado que se debe prestar por el tribunal y las partes debe destacarse que el Tribunal Constitucional en STC 59/2002 (RTC 2002, 59), expone que: «Como hemos dicho en la Sentencia 158/2001, de 2 de julio (RTC 2001, 158) “este Tribunal ha declarado reiteradamente que el derecho de defensa, incluido en el derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión, que reconoce el art. 24.1 CE, garantiza el derecho a acceder al proceso y a los recursos legalmente establecidos en condiciones de poder ser oído y ejercer la defensa de los derechos e intereses legítimos en un procedimiento en el que se respeten los principios de bilateralidad, contradicción e igualdad de armas pro49

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cesales, lo que, sin duda, impone a los órganos judiciales un especial deber de diligencia en la realización de los actos de comunicación procesal que asegure, en la medida de lo posible, su recepción por los destinatarios, dándoles así la oportunidad de defensa y de evitar la indefensión (SSTC 167/1992, de 26 de octubre [RTC 1992, 167]; 103/1993, de 22 de marzo [RTC 1993, 103]; 316/1993, de 25 de octubre [RTC 1993, 316]; 317/1993, de 25 de octubre [RTC 1993, 317]; 334/1993, de 15 de noviembre [RTC 1993, 334]; 108/1994, de 11 de abril [RTC 1994, 108]; 186/1997, de 10 de noviembre [RTC 1997, 186])”. Ahora bien, asimismo ha declarado el Tribunal Constitucional que la indefensión que proscribe el art. 24.1 CE no es la meramente formal, sino la material, es decir, aquella que haya causado al demandado un real y efectivo menoscabo de sus posibilidades de defensa. Y ha afirmado, en este sentido, que la indefensión ha de ser consecuencia de una acción u omisión atribuible al órgano judicial. Por ello, cuando la indefensión que se invoque sea imputable al propio interesado, al no haber actuado con la diligencia exigible para comparecer en el proceso tras conocer su existencia –aunque sea por otros medios distintos del emplazamiento–, adoptando una actitud pasiva con el fin de marginarse voluntariamente del procedimiento, no cabe apreciar la vulneración del derecho a la tutela judicial garantizado en el art. 24.1 CE, ya que no es admisible constitucionalmente una queja de indefensión de quien con su conducta propició o coadyuvó a la incomparecencia en el proceso (SSTC 43/1989, de 20 de febrero [RTC 1989, 43]; 123/1989, de 6 de julio [RTC 1989, 123]; 101/1990, de 4 de junio [RTC 1990, 101]; 105/1995, de 3 de julio [RTC 1995, 105]; 118/1997, de 23 de junio [RTC 1997, 118]; 72/1999, 26 de abril [RTC 1999, 72]; 74/2001, de 26 de marzo [RTC 2001, 74], entre otras muchas)». 1.1.4.

Principio de igualdad de armas

Es el complemento básico del principio de contradicción y supone que para que la tutela judicial efectiva se dé (art. 24 de la Constitución), no es suficiente que exista contradicción en el proceso, sino que es necesario asimismo que ambas partes tengan las mismas posibilidades y cargas de ataque y defensa, de alegación, de prueba y de impugnación. Su fundamento se encuentra en el art. 14 de la Constitución, que establece el principio constitucional de igualdad, y este principio ha de ser aplicado indiscriminada50

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mente en todas y cada una de las fases, trámites e instancias del proceso (STS 13 febrero 1999 [RJ 1999, 1237]). 1.1.5.

Principio del impulso procesal de oficio

Frente a otros sistemas y épocas históricas en las que el impulso procesal se confió a las partes, los arts. 237 LOPJ y 179.1 LEC indican que se dará de oficio al proceso el curso que corresponda dictando los proveídos necesarios (otras manifestaciones se contienen en preceptos como el art. 182.2 LEC). Tras la reforma de la LOPJ operada por la LO 19/2003 (BOE 26 diciembre 2003), se ha modificado el art. 237 LOPJ mas no en el sentido de hacerlo desaparecer, sino en el de no circunscribir en el órgano jurisdiccional el impulso de oficio como antes sucedía (se emplea la expresión genérica «se dará de oficio» sin indicar quien lo hace), debido a que se deja abierta la posibilidad a que sean otros funcionarios los que asimismo puedan desempeñar estas funciones, esencialmente los Secretarios Judiciales (como fija el art. 456 LOPJ), si bien ello queda abierto a una reforma de la normativa procesal civil que no define la LOPJ y que se indica en la Disposición Final Segunda de la Ley Orgánica 19/2003 que se ha de producir en el plazo de un año desde su entrada en vigor. El desempeño por parte de los Secretarios Judiciales de tales labores de impulso procesal (en caso de admitirse), se llevará a efecto a través de los Servicios Comunes Procesales que es una de las dos formas de organización de la oficina judicial junto con las Unidades Procesales de Apoyo Directo tras la importante reforma operada por la LOPJ 19/2003 y una vez entren en funcionamiento (para lo que no se fija plazo sino que se dice en la Disposición Transitoria Decimoquinta de la LO 19/ 2003 que se hará en cada territorio por las Administraciones implicadas de forma gradual y en función de las posibilidades organizativas, técnicas y presupuestarias de tales Administraciones). En todo caso la atribución a los Servicios Comunes de funciones de ordenación del procedimiento exige el previo informe favorable del CGPJ (art. 438 LOPJ). Ello supone que se encomienda al órgano jurisdiccional la progresión del procedimiento por cada uno de sus trámites, períodos y fases, salvo que se trate de actuaciones que deben verificarse a instancia de parte en las que ésta es la que deberá verificar la actuación pertinente. En fase de instancia lo generalizado es el principio de impulso de oficio con lo que una vez presentada la demanda o contestada ésta es el órgano jurisdiccio51

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nal el que va conduciendo el proceso hasta la sentencia, si bien hay determinados casos en los que es necesaria la actividad de las partes como es el caso de un emplazamiento negativo de la parte demandada en el que es el demandante el que debe indicar al juzgado el nuevo domicilio donde se le pudiere localizar o la imposibilidad de concretar uno nuevo a fin de que por el Juzgado se adopten las medidas pertinentes al efecto (art. 156 LEC). Este principio está reconocido en una reiterada jurisprudencia (STS 18 julio 2002 [RJ 2002, 6257]), haciéndose un estudio de la evolución del mismo en la SAP Barcelona (Sección 15.ª) 20 julio 1998 (AC 1998, 6193). 1.1.6.

Principio de preclusión

Es una consecuencia del de impulso procesal de oficio y supone el respeto del orden público procesal que se vería alterado al poder retrotraer el proceso a unas fases del mismo ya superadas. Supone que el proceso avanza a través de sus respectivos trámites, permitiendo en cada uno de ellos a cada una de las partes una determinada actividad procesal en defensa de sus derechos e intereses, pero sin que se permita el que una vez fenecido el plazo para realizarlo, se pueda volver atrás para verificarlo. Su fundamento se encuentra en el art. 117.3 de la Constitución que manda a los Tribunales ejercer su función jurisdiccional por el cauce establecido en las normas de procedimiento. Solamente de esta forma pueden existir las debidas garantías en orden a la igualdad de armas en el proceso y la contradicción. Por ello, las leyes procesales establecen cuál es el momento en que pueden llevarse a cabo cada uno de los actos procesales, y se establece la preclusión como garantía para la parte contraria a aquélla a quien la posibilidad de realizar el acto se confiere, con el fin de que dicha parte contraria sepa con certeza que, si en el momento hábil el litigante adverso no realiza la alegación oportuna, ya no podrá hacerlo nunca más, por lo que el primero ya no tiene que contradecirla ni defenderse de ella, pues ello causaría indefensión a la adversa, en cuanto no pudieran ser rebatida por ésta. En este sentido se pronunció la STC 28 septiembre 1992 (RTC 1992, 124 y 125) al indicar que la introducción de hechos posteriores a la fase expositiva del proceso supone una modificación sustancial de los términos del debate procesal que afecta al principio de contradicción y por ende al fundamental derecho de defensa. Otras manifestaciones de este principio se encuentran entre otras en las SSTS 15 abril 1991 (RJ 1991, 2689); 52

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14 octubre 1991 (RJ 1991, 6920); 28 enero 1995 (RJ 1995, 179); 28 noviembre 1995 (RJ 1995, 8359); 3 abril 1993 (RJ 1993, 2786); 5 diciembre 1991 (RJ 1991, 8923); 20 diciembre 1991 (RJ 1991, 9471); 18 junio 1990 (RJ 1990, 4855); 20 noviembre 1990 (RJ 1990, 8986); 25 febrero 1995 (RJ 1995, 1136). En base a ello no cabe en el seno de un juicio ordinario en el que el demandado no contestó a la demanda en el momento procesal oportuno y se personó antes de la audiencia previa, darle el trámite de alegaciones complementarias del art. 426 LEC ya que difícilmente se puede hacer una alegación complementaria de una contestación no formulada, y mucho menos el introducir en fase de proposición de prueba y como elementos probatorios elementos referentes a una realidad fáctica no expuesta debidamente en la demanda o contestación y que no tiene encaje en el art. 286 LEC. Prueba de ello lo es el que incluso las peticiones accesorias o complementarias que se pueden hacer en la audiencia previa (art. 426.2 LEC) están sometidas a un tratamiento muy estricto al deber valorar el Juez su admisibilidad desde la perspectiva de no lesionar con ello el derecho de defensa de la otra parte. Una manifestación adicional de este principio es el que las manifestaciones que hagan los litigantes en los escritos rectores del proceso han de ser vinculantes en cuanto a lo que es objeto de debate, en acatamiento de las reglas de la buena fe que son directriz esencial de todo procedimiento, conforme dispone el art. 11.1 LOPJ (SSTS 21 septiembre 1993 [RJ 1993, 6649]; 31 marzo 1995 [RJ 1995, 2795]); no siendo admisible que las partes planteen cuestiones nuevas con base en afirmaciones diferentes de aquellas de las que se parte en los escritos rectores de la litis, pues ello causaría indefensión a la adversa, en cuanto no pudieron ser rebatidas por ésta (SSTS 15 abril 1991 [RJ 1991, 2689]; 14 octubre 1991 [RJ 1991, 6920]; 28 enero 1995 [RJ 1995, 179]; 28 noviembre 1995 [RJ 1995, 8359]); implicando lo contrario infracción del art. 24 CE al no darse a la contraparte posibilidad de alegar y probar lo que estime conveniente a su derecho (SSTS 5 diciembre 1991; 20 diciembre 1991; 18 junio 1990; 20 noviembre 1990; 25 febrero 1995 [RJ 1995, 1136]). 1.1.7.

Principio pro actione

Este principio impide el adoptar posiciones formalistas rígidas 53

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ante la falta de concurrencia de algún presupuesto formal que como ha indicado el Tribunal Constitucional no deben ser considerados obstáculos destinados a dificultar el pronunciamiento sobre el fondo de las cuestiones planteadas, sino mecanismos dirigidos a garantizar el acuerdo de la resolución judicial. Es en base a este principio que los órganos judiciales están obligados a interpretar las normas legales ordenadoras de los requisitos de admisibilidad procesal en el sentido más favorable a la efectividad del derecho a la tutela judicial, para evitar así la imposición de formalidades contrarias al espíritu y finalidad de la norma que producirían la conversión de cualquier irregularidad formal en un obstáculo insalvable para la prosecución del proceso, al margen de la finalidad justificante de la existencia de tal requisito (SSTC 3/1993 [RTC 1993, 3]; 59/1984 [RTC 1984, 59]; 162/1986 [RJ 1986, 162]; 46/1989 [RTC 1989, 46]; 59/1989 [RTC 1989, 59]; 62/1989 [RTC 1989, 62]; 121/1990 [RTC 1990, 121]; 12/1992 [RTC 1992, 12]; 37/1995 [RTC 1995, 37] o ATC 1996/1000 [RTC 1996, 100]). No obstante lo anterior en régimen de recursos este principio opera con una menor intensidad como se ha reconocido entre otras en la STC 37/1995 (RTC 1995, 37) o AATS 13 octubre 1998 (RJ 1998, 7393); 5 mayo 1998. En base a ello y salvo que la omisión afecte a un elemento sustancial y básico, la omisión de algún requisito procesal siempre es subsanable, debiendo el órgano jurisdiccional conceder un plazo que si no lo fija la ley ha de ser prudencial para esta subsanación, plazo que ha de fijarse en atención al requisito que se trata de complementar y que en caso de transcurrir sin que la actividad requerida se hubiere llevado a cabo sí que justificaría una inadmisibilidad de la petición formulada por motivos formales. 1.2. PRINCPIOS DEL PROCEDIMIENTO CIVIL Son los que afectan al concreto tipo de procedimiento por el que el legislador ha estimado pertinente optar, habiéndose producido con la LEC/2000 un importante cambio a este respecto ya que del principio de la escritura que era el tradicional en el procedimiento civil se ha pasado a consagrar el principio de la oralidad con las consecuencias inherentes que ello supone de concentración e inmediación. 1.2.1.

Principio de oralidad/escritura

Los nuevos procedimientos de la LEC/2000 se caracterizan por 54

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el hecho de que aun cuando se mantienen importantes fases procesales escritas (como en el juicio ordinario los actos de demanda y contestación según se establece en los arts. 399 y 405 LEC), ello no obstante se produce un importante aumento de las actuaciones orales de las que las más esenciales son para el juicio ordinario la audiencia previa (arts. 414 y ss. LEC) en la que se delimita claramente el objeto del proceso y se resuelven por el órgano jurisdiccional de forma oral e inmediata la mayor parte de las cuestiones procesales que se plantean (solamente cabe reserva respecto del litisconsorcio si es una cuestión compleja –art. 420.2 LEC–; litispendencia o cosa juzgada tratándose de una cuestión compleja –art. 421 LEC–, inadecuación del procedimiento por la materia y tema complejo –art. 423 LEC–, otras análogas a las anteriores); y el juicio (art. 431 y ss. LEC) y en el juicio verbal la vista del art. 443 LEC. 1.2.2.

Principio de concentración

Es una consecuencia lógica del anterior y comporta la necesidad de verificarse en un único acto la totalidad de los actos previstos para la vista, existiendo un catálogo cerrado de causas de interrupción (art. 193 LEC), debiéndose continuar la vista en un plazo máximo de veinte días so pena de deberse reiterar todo lo practicado. Ello hace que solamente quepa una interrupción para tratar de concentrar en el mínimo tiempo posible la totalidad de las actuaciones. El otro supuesto de actividad no concentrada es la de la práctica de diligencia finales en el seno del juicio ordinario (art. 435 LEC), ausencia de concentración que se amplía hasta las conclusiones derivadas de la práctica de las diligencias finales (para lo que se concede en el art. 436.1 LEC un plazo de cinco días), si bien respecto de este elemento se considera que a fin de favorecer la concentración y mediando acuerdo entre las partes no habría inconveniente en practicarlas en el acto mismo en que se verifique la diligencia de prueba acordada como diligencia final. 1.2.3.

Principio de inmediación

Implica la necesaria presencia del Juzgador en todas las actuaciones so pena de nulidad (art. 137 LEC), algo lógico dado el papel esencial del mismo en tales actuaciones. Mas este principio tras la LEC ha adquirido una nueva dimensión ya que se proclama además el que es el Juez que ha practicado las pruebas el que ha 55

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de dictar la sentencia (art. 200 LEC). En caso contrario se habría de repetir todo el juicio. Ello supone el que se deba prever esta circunstancia a fin de evitar situaciones de molestias innecesarias para las partes (al deber asistir a dos vistas) e incluso problemas que afectan a la esencia misma de lo que deba practicarse ya que en un caso de repetición de vistas, medidas como las acordadas para evitar la comunicación entre partes (prevista en el art. 310 LEC) perderían su sentido en la segunda al ser conocedores todos los intervinientes de lo que se ha manifestado en la primera. En la LEC/1881 esta situación no se daba ante la ausencia de una previsión legal, habiendo admitido la jurisprudencia el que el Juez que dictara la sentencia fuere diferente a aquel que había admitido la prueba y ante el que ésta se había practicado. A título de ejemplo cabe citar la STS 9 marzo 1992 (RJ 1992, 2009); SAP Madrid (Sección 19.ª) 26 junio 1998 (AC 1998, 5881); SAP Soria 3 abril 1995 (AC 1995, 789); SAP Barcelona (Sección 4.ª) 29 diciembre 2000 (JUR 2001, 131471). Tras la reforma operada por la LO 19/2003 de la LOPJ, es igualmente exigible so pena de nulidad (art. 240 LOPJ) la intervención del Secretario en las vistas, sin que quepa para ello delegación o habilitación según se desprende de la nueva redacción dada a los arts. 451 y 452 LOPJ, quedando sin efecto a la entrada en vigor de la LO 19/2003 las habilitaciones concedidas al amparo del antiguo art. 282.1 LOPJ a favor de oficiales. 1.2.4.

Principio de publicidad

Es una exigencia constitucional (art. 24.2 de la Constitución) siendo imprescindible para la operatividad de los principios de bilateralidad y defensa. De cara a terceros, la publicidad es una consecuencia necesaria del principio de oralidad y concentración que se produce en las vistas que son públicas (art. 185.1 LEC), y se extiende respecto de las actuaciones, libros, archivos y registros a todos aquellos que posean un interés legítimo (arts. 138 a 141 LEC) con la excepción que establece el art. 754 LEC tratándose de procedimientos sobre capacidad, filiación, matrimonio y similares. Respecto de los libros y registros, la decisión en torno a si concurre o no un interés legítimo posee un carácter gubernativo y no jurisdiccional, no siendo por ello de aplicación la normativa procesal civil del recurso de apelación, debiéndose acudir al sistema 56

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CAP. I. CUESTIONES GENERALES

de control jurisdiccional especial que da la jurisdicción contencioso-administrativa. AAP Madrid 16 junio 1992 (AC 1992, 849). Junto a los anteriores y como variantes en muchos casos de los principios antes mencionados cabe hacer mención a los siguientes que han sido puestos de manifiesto por la jurisprudencia a lo largo del tiempo: 1.2.5.

Principio de conservación de las actuaciones

En base al mismo se trata de evitar declaraciones de nulidad en los casos en los que aun cuando el cauce seguido no era el idóneo, el seguido ofrece a los litigantes iguales o mayores garantías y respeta los principios constitucionales de contradicción, audiencia y defensa. Su plasmación se contiene en el art. 242 LOPJ y ha sido reconocido por una reiterada doctrina jurisprudencial entre la que cabe citar a las SSTS 19 julio 1994 (RJ 1994, 7800); 20 junio 1995 (RJ 1995, 4933); 3 abril 1995 (RJ 1995, 2931); SSAP Asturias 29 diciembre 1993 (AC 1993, 2418); Asturias (Sección 4.ª) 26 abril 1996 (AC 1996, 684); Madrid (Sección 22.ª) 12 mayo 1998 (AC 1998, 1173); Jaén 23 mayo 1995 (AC 1995, 1022); Toledo 10 abril 1995 (AC 1995, 734). 1.2.6.

Principio de adquisición procesal

El mismo comporta el que los hechos admitidos por las partes deben ser tenidos en cuenta por el órgano jurisdiccional no siendo objeto de debate si se aceptan por todas. Ello no obstante, si solamente se produce la aceptación por alguna de ellas, la valoración de ello corresponde a los órganos jurisdiccionales basándose en pautas lógicas y razonables tal y como dijo la STS 20 julio 1998 (RJ 1998, 6191). 1.2.7.

Principio de economía procesal

Trata de adoptar en los casos de deficiencias formales no sustanciales aquella decisión que implique la decisión de la controversia, evitando el que la misma se deba volver a suscitar de nuevo. Es un principio que ha de ser objeto de una aplicación muy prudente a fin de evitar lesionar el orden público procesal tal y como se indica en las SSTC 21 enero 1988 (RTC 1988, 5) y 9 marzo 1988 (RTC 1988, 39), habiendo sido reconocido por el Tribunal Supremo en sus SSTS 21 junio 1988 (RJ 1988, 5118); 7 abril 1992 (RJ 1992, 57

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3028), y por las Audiencias Provinciales pudiéndose citar las SSAP Asturias (Sección 4.ª) 26 abril 1996 (AC 1996, 684); Alicante 9 noviembre 1993 (AC 1993, 2351). 1.2.8.

Principio de evitación del peregrinaje de jurisdicciones

Es una manifestación del principio de economía procesal antes mencionado y se ha utilizado en las controversias competenciales que han existido entre la jurisdicción civil y la contencioso-administrativa siendo empleado por la STS 25 octubre 1989 (RJ 1989, 6964), y derivando del valor «justicia» contenido en la Constitución. En base a él se trata de hacer una interpretación normativa sistemática apurando las vías interpretativas de las leyes, para encontrar soluciones que hagan prevalecer los preceptos constitucionales. Ello llevó ante los casos de duda a conceder preferencia a la jurisdicción civil, atendiendo, especialmente, a la vis attractiva que se le reconoce en el artículo 9.2 LOPJ y al principio de economía procesal. (SSTS 5 julio 1983 [RJ 1983, 4068]; 1 julio 1986 [RJ 1986, 4559]; 28 marzo 1990 [RJ 1990, 1734]; 10 febrero 2000 [RJ 2000, 845]; 18 febrero 1997 [RJ 1997, 1240]; 23 diciembre 1997 [RJ 1997, 8901]). 1.2.9.

Principios derivados de la apelación

Dadas las concretas características del recurso de apelación se han cristalizado principios como el pendente apellatione nihil innovetur que impide al órgano de apelación el resolver problemas distintos a los planteados en los períodos de alegación y discusión dada la indefensión que ello comportaría (SSAP Badajoz [Sección 1.ª] 15 septiembre 1998 [AC 1998, 6481]; Segovia 15 abril 1998 [AC 1998, 4449]; Huesca 19 febrero 1998 [AC 1998, 411]; Soria 11 marzo 1996 [AC 1996, 571]; Valencia [Sección 9.ª] 20 noviembre 1995 [AC 1995, 2090]; 9 junio 2006 [RJ 2006, 2381]; 24 marzo 2006 [RJ 2006, 1819]). Otro principio en sede de apelación es el de prohibición de la reformatio in peius que proscribe que la sentencia de apelación pueda hacer un pronunciamiento más gravoso o perjudicial para el único apelante de lo que ya lo era la sentencia apelada. Es una modalidad de incongruencia procesal que tiene lugar cuando la decisión de un concreto medio de impugnación ocasiona un empeoramiento o un agravamiento de la situación jurídica en que ha 58

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CAP. I. CUESTIONES GENERALES

quedado el recurrente con la resolución impugnada, el cual, de esta forma, experimenta el efecto contrario al perseguido con el ejercicio del recurso, introduciéndose, así un elemento disuasorio al ejercicio del derecho constitucional a los recursos establecidos en la ley, que es incompatible con la tutela judicial efectiva sin resultado de indefensión, que vienen obligados a prestar los órganos judiciales en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 24.1 CE (SSTC 17 julio 1995 [RTC 1995, 120]; 143/1988 [RTC 1988, 143]; STS 22 octubre 2001 [RJ 2001, 8656]). Sin perjuicio de otros principios elaborados, otro que merece ser puesto de manifiesto es el del tantum devollutum quantum apellatum, el cual está directamente vinculado al anterior y que impide introducir en sede de apelación elementos no atacados por las partes. Ejemplos del mismo se contienen en el ATC 315/1994 (RTC 1994, 315); o en las SSTS 6 junio 1992; 30 abril 1998 (RJ 1998, 2602); 30 noviembre 2005 (RJ 2005, 935) o en la SAP Madrid (Sección 10.ª) 13 noviembre 2000 (JUR 2001, 72924). 1.2.10. Principio de la intangibilidad o invariabilidad de las resoluciones Ha sido reiteradamente expuesto por el Tribunal Constitucional (entre las más recientes en las SSTC 256/2006 [RTC 2006, 256] o 162/2006 [RTC 2006, 162]), en las que se indica que el mismo es una proyección del derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE) siendo una consecuencia, también del principio de seguridad jurídica (art. 9.3 CE) y actúa como límite que impide a los Jueces y Tribunales variar o revisar las resoluciones judiciales definitivas y firmes al margen de los supuestos taxativamente previstos por la Ley, incluso en la hipótesis de que con posterioridad entendieran que la decisión judicial no se ajusta a la legalidad. El derecho a la tutela judicial efectiva asegura, por tanto, a los que son o han sido parte en el proceso que las resoluciones judiciales dictadas en el mismo no puedan ser alteradas o modificadas fuera de los cauces legales previstos para ello, de modo que si el órgano judicial las modificara fuera del correspondiente recurso establecido al efecto por el legislador quedaría asimismo vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva, puesto que la protección judicial carecería de eficacia si se permitiese reabrir un proceso ya resuelto por sentencia firme. 59

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2.

Jurisdicción y competencia Regulación legal: arts. 36 a 70 LEC

2.1. EXTENSIÓN Y LÍMITES DE LA JURISDICCIÓN CIVIL. CUESTIONES PREJUDICIALES 2.1.1. Extensión y límites de la jurisdicción de los Tribunales civiles españoles frente a los de otros Estados F.1.E. Escrito planteando declinatoria por estimar competentes a los Tribunales de otro país 2.1.2. Extensión y límites de la jurisdicción de los tribunales civiles frente a los de los restantes órdenes jurisdiccionales u otros ámbitos F.2.E. Escrito planteando declinatoria por estimar competentes a los Juzgados del Orden Contencioso-Administrativo 2.1.3. Los Tribunales internacionales 2.1.4. El arbitraje F.3.E. Escrito planteando declinatoria por estimar que corresponde el conocimiento del asunto a árbitros 2.1.5. Las cuestiones prejudiciales 2.1.5.1. Prejudicialidad Penal 2.1.5.2. Prejudicialidad Civil 2.1.5.3. Prejudicialidad Social/Contencioso-Administrativa/ De la Administración y el Tribunal de Cuentas 2.1.5.4. Prejudicialidad Constitucional/Comunitaria 2.2. COMPETENCIA OBJETIVA 2.2.1. Atribución de competencia 2.2.2. Tratamiento procesal de la competencia objetiva F.4.E. Escrito planteando declinatoria por falta de competencia objetiva 2.3. COMPETENCIA TERRITORIAL 2.3.1. Sumisión expresa o tácita (arts. 54 a 57 LEC) 2.3.2. Fueros legales especiales 2.3.3. Fuero general del domicilio o residencia 2.3.4. Fuero en caso de acumulación de acciones y pluralidad de demandados 2.3.5. Fuero privilegiado de la Administración 2.3.6. Tratamiento procesal de la competencia territorial 2.3.6.1. Apreciación de oficio en el caso de fueros improrrogables 60

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CAP. I. CUESTIONES GENERALES 2.3.6.2. Apreciación a instancia de parte: la declinatoria F.5.E. Escrito planteando declinatoria por falta de competencia territorial (Fuero legal) F.6.E.

Escrito planteando declinatoria por falta de competencia territorial alegando nulidad del pacto de sumisión expresa

F.7.E.

Escrito del demandado presentando la declinatoria por falta de competencia territorial ante el juzgado de su domicilio

F.8.E.

Escrito del demandante contestando la declinatoria con aportación de documentos

F.9.E.

Auto apreciación de oficio falta de competencia territorial

F.10.E. Escrito compareciendo ante el Tribunal competente una vez estimada la declinatoria (no se conoce aún el Juzgado al que se ha repartido) F.11.E. Escrito compareciendo ante el Tribunal competente una vez estimada la declinatoria (se conoce ya el Juzgado al que se ha repartido) F.12.E. Auto denegando la declinatoria por falta de competencia territorial 2.4. COMPETENCIA FUNCIONAL 2.5. REPARTO DE ASUNTOS

2.1. EXTENSIÓN Y LÍMITES DE LA JURISDICCIÓN CIVIL. CUESTIONES PREJUDICIALES

La regulación de la extensión y límites de la jurisdicción de los Tribunales del orden jurisdiccional civil aparece regulada en el Título II del Libro I de la LEC 1/2000 dentro de las Disposiciones Generales de los Juicios Civiles que es el objeto del Libro I (arts. 36 a 70). Esta regulación específica constituye una novedad respecto de la situación existente en torno a la LEC/1881 que era mucho más incompleta y que se contenía en el Título II del Libro I y se centraba en la problemática competencial de los distintos tribunales del orden civil entre sí, sin regular las relaciones con otras jurisdicciones o la cuestión referente a la cooperación internacional de los tribunales civiles. 61

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2.1.1.

Extensión y límites de la jurisdicción de los Tribunales civiles españoles frente a los de otros Estados

La primera cuestión que debe ser planteada en aquellos casos en los que existe un litigio con algún elemento extranjero es la de si la competencia para conocer del mismo corresponde o no a los Tribunales Españoles. En la LEC la regulación de esta materia es la contenida en los arts. 36, 38 y 39 de la LEC/2000 que tratan respectivamente de: – La extensión y los límites de la jurisdicción internacional civil y la falta de competencia internacional (art. 36); – La apreciación de oficio de la falta de competencia internacional (art. 38); – La apreciación a instancia de parte de la falta de competencia internacional (art. 39). Estas normas poseen un marcado carácter procesal, al determinar cuál es el cauce a seguir en los supuestos en los que suscite un problema en relación a esta materia. Mas para la resolución de tales problemas e incluso para evitar que los mismos se den es necesario el conocer si realmente los Tribunales Españoles son o no competentes para conocer de un caso concreto. A tal efecto se debe acudir a las normas reguladoras de la competencia judicial internacional y que según el art. 36 LEC se contienen en la Ley Orgánica del Poder Judicial y en los Tratados y Convenios internacionales en los que España sea parte. Dado el marcado carácter de derecho interno que poseen los tratados internacionales debidamente ratificados (art. 96 de la Constitución), va a ser necesario el acudir a los mismos con carácter previo, solamente operando la LOPJ en caso de ausencia de regulación convencional en la materia. La referencia a los tratados internacionales se hace extensiva a la normativa de la Unión Europea (art. 93 de la Constitución) que en el momento presente está atravesando por una fase de importante desarrollo. El origen de ello se encuentra en que tras la vía del Convenio Internacional celebrado al amparo del art. 293 Tratado CE (ex art. 220 Tratado CEE) y que dio origen al Convenio de Bruselas de 27 de septiembre de 1968 relativo a la competencia judicial y la ejecución de las decisiones en materia civil y mercantil (DOCE serie L nº 299 de 31 de diciembre de 1972; texto consolidado del DOCE serie C nº 62

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27 de 26 de enero de 1998), la verdadera institucionalización de esta materia se produjo con el Tratado de Maastricht de 7 de febrero de 1992 incluyéndose en el Título VI del Tratado UE (referente a la cooperación judicial) y que constituye el denominado «tercer pilar», de forma que se unía al «primer pilar» (el comunitario) y al segundo (el referente a la política de defensa y seguridad común). Mas con el Tratado de Ámsterdam se produjo un fenómeno esencial en la materia que aquí se analiza cual fue el de la «comunitarización» de la cooperación en materia civil al incluirse dentro del Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea un nuevo Título III bis. La importancia de este fenómeno de comunitarización reside en que desde la entrada en vigor del Tratado de Ámsterdam la vía utilizada para desarrollar la cooperación judicial en materia civil y mercantil cambia radicalmente ya que del convenio internacional entre los Estados parte de la Comunidad Europea (del que es un ejemplo el Convenio de Bruselas de 1968 antes mencionado) se pasa a la plena operatividad de los mecanismos propios de la legislación comunitaria (Reglamentos, Directivas y Decisiones). Lo anterior implica el que de cara a determinar si en una determinada materia con elementos extranjeros tienen o no jurisdicción los Tribunales Españoles se deberá analizar los siguientes instrumentos normativos: A)

A nivel de los Estados miembros de la Unión Europea:

Estas normas son aplicables a 24 de los 25 estados miembros (Dinamarca voluntariamente no participa de esta esfera de actuación comunitaria, si bien los efectos del Reglamento 44/2001 se le han hecho extensivos por un Acuerdo específico alcanzado en la materia aprobado por Decisión del Consejo de 27 de abril de 2006 [DOUE L 120 de 5 mayo 2006]) y a partir del 1 de enero de 2007 es igualmente aplicable respecto de Bulgaria y Rumania. Estas normas son las siguientes: 1) Reglamento 2201/2003 del Consejo de 27 de noviembre de 2003 (DOUE Serie L de 23 diciembre 2003) conocido como Reglamento «Bruselas II bis». Este último Reglamento opera en el ámbito de la Unión Europea (salvo Dinamarca) frente al Convenio de La Haya de 19 octubre 1996 sobre ejecución y cooperación en materia de responsabilidad parental y de medidas de protección de niños 63

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2) Reglamento CE n.º 44/2001 del Consejo de 22 de diciembre relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (DOCE Serie L de 16 enero 2001) (también conocido como Reglamento «Bruselas I»). En cuanto a Dinamarca, se ha celebrado el Acuerdo entre la Comunidad Europea y el Reino de Dinamarca relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, aprobado en nombre de la Comunidad mediante Decisión del Consejo de 27 de abril de 2006 (DOUE L 120 de 5 mayo 2006) que extiende los efectos del Reglamento 44/2001 a este país, habiéndose autorizado la firma previa por medio de Decisión del Consejo, de 20 de septiembre de 2005, relativa a la firma, en nombre de la Comunidad, del Acuerdo entre la Comunidad Europea y el Reino de Dinamarca relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (DOUE L 299 de 16 noviembre 2005). Este acuerdo ha entrado en vigor el 1 de julio de 2007 (DOUE L 94 de 4 abril 2007) con lo que el Reglamento es asimismo operativo en cuanto a Dinamarca. B) Con los países de la AELC (Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza): Convenio relativo a la Competencia Judicial y a la Ejecución de Resoluciones Judiciales en materia Civil y mercantil –Convenio 1988/592/CEE celebrado en Lugano el 16 de septiembre de 1988–. Este Convenio (denominado «Convenio Paralelo») se va a sustituir por el «Nuevo Convenio Paralelo de Lugano», firmado el 30 de octubre de 2007 que actualiza el Convenio al recoger en el mismo las novedades que el Reglamento Bruselas I había introducido respecto del Convenio de Bruselas (cuyo contenido tenía reflejo literal en el Convenio originario de Lugano de 1988). El nuevo Convenio de Lugano entrará en vigor (como indica su art. 69), el primer día del sexto mes siguiente a la fecha en que la Comunidad Europea y un miembro de la Asociación Europea de Libre Cambio, hubieren depositado sus instrumentos de ratificación. La ratificación por parte de la Comunidad es objeto de una decisión del Consejo relativa a la conclusión, en nombre de la Comunidad, del Convenio relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (la propuesta de Decisión es el documento COM (2008) 116 final de 29 febrero 2008). 64

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CAP. I. CUESTIONES GENERALES

C) Con los demás países del mundo es necesario analizar la existencia de convenios al respecto, si bien los mismos no son muy numerosos ya que en materia de cooperación judicial civil aunque existen bastantes, solamente algunos hacen referencia a la materia de competencia judicial. En defecto de Tratado se debe acudir a la LOPJ que en su art. 22 determina la competencia de los Juzgados y Tribunales Españoles con la tradicional distinción de cara a deslindar los límites de la jurisdicción civil entre competencias exclusivas (párrafo 1.º), competencias generales (párrafo 2.º) y competencias especiales (párrafo 3.º). Pero junto a lo anterior, es necesario tomar en consideración de cara a conocer si los Juzgados y Tribunales Españoles son o no competentes para conocer de una determinada materia el párrafo 2.º del art. 36 LEC que contiene un precepto de abstención de conocimiento de los Tribunales Españoles y que excluye del conocimiento de los mismos los casos de: a) Inmunidad de jurisdicción y ejecución conforme a las normas de Derecho Internacional Público. De entre ellas la de más importancia es la que viene determinada por el Convenio de Viena de 18 de abril de 1961 sobre relaciones diplomáticas que expresamente establece la inmunidad de jurisdicción civil (art. 31) salvo en lo referente a las acciones reales sobre inmuebles particulares, las sucesiones o las relativas a actividades comerciales o profesionales privadas. b) Ausencia de sumisión tácita a los tribunales españoles cuando la sumisión fuese el único criterio atributivo de competencia internacional y en los casos en los que el demandado no comparezca. Este precepto implica el reconocimiento de la doctrina que estima que no es posible el hablar de sumisión tácita en los casos de rebeldía al ser necesario para que la misma exista que haya existido un verdadero acto de personación. Prueba de ello es el art. 56.2.º de la LEC que al regular la sumisión tácita de forma general estima que la misma se da cuando el demandado «después de personado en el juicio» tras la interposición de la demanda, hace cualquier gestión que no sea la de proponer en forma la declinatoria. Dado el carácter de orden público de esta cuestión que afecta a los límites de la soberanía nacional, en los casos en los que indebidamente se hubiere interpuesto una demanda ante los Tribunales Españoles (atendiendo a la normativa antes mencionada), es 65

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posible la consideración de esta materia tanto de oficio (art. 38 LEC), como a instancia de parte (art. 40 LEC). La apreciación de oficio se puede verificar por el Juzgado en cualquier momento pudiendo ello hacerse: a) En el trámite de admisión a la demanda ya que el art. 404 LEC habla de que el Juez debe apreciar de oficio «su propia jurisdicción» tratándose del juicio ordinario y la misma previsión se contiene en el art. 440 LEC respecto del juicio verbal; b) En la audiencia previa del juicio ordinario ya que el art. 416.2 de la LEC dice expresamente que en la audiencia el demandado no podrá impugnar la falta de jurisdicción o de competencia del tribunal pues ello lo debió proponer en forma de declinatoria. Esta previsión sin embargo no afecta al Juez que puede de oficio y en la audiencia previa plantear a las partes la posibilidad de la ausencia de jurisdicción; c) En la vista del juicio verbal, en virtud de la previsión del art. 443.2 LEC que es idéntico al art. 416.2 LEC antes analizado; d) En sentencia ya que al ser una materia de orden público carecería por completo de sentido el que el juez la dictara siendo consciente de su falta de jurisdicción, si bien esta posibilidad debe ser empleada con restricciones al ser lo más idóneo el apreciarla antes a fin de evitar actuaciones inútiles. Ante todo, si el juez estimase concurrente una falta de jurisdicción, es imprescindible que antes de acordar la abstención de conocer de un determinado asunto, se dé audiencia a las partes y al Ministerio Fiscal como vía para el respeto al principio de contradicción. La LEC no establece el plazo que deberá ser prudencial habida consideración de la complejidad de la cuestión a resolver, siendo por regla general un plazo idóneo el de cinco días que fija la LEC para el recurso de reposición al ser el general necesario para un proceso de reflexión jurídica durante la tramitación del procedimiento. La apreciación a instancia de parte aparece prevista en el art. 39 de la LEC siendo el cauce procesal adecuado el de la declinatoria. Dado que solamente es posible el que la plantee el demandado, si el demandante tras interponer la demanda constata que los Tribunales Españoles no poseen jurisdicción, la única vía que posee es la de presentar un escrito en el que se exponga al Juzgador la problemática existente para que sea éste de oficio el que proceda en la forma anteriormente señalada. 66

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CAP. I. CUESTIONES GENERALES

Lo que sí que es claro es que la resolución que se adopte (que reviste la forma de auto) tanto en uno como en otro caso (apreciación de oficio o a instancia de parte) se limita a la manifestación del Tribunal por la que se abstiene de conocer del caso y sobresee la causa (art. 65.2 LEC), ya que no es posible el declarar la competencia de los Tribunales de otro Estado remitiéndole las actuaciones pues ello entrañaría una intromisión en la soberanía de ese otro Estado que no tiene por qué atenerse a lo resuelto por unos tribunales de otro país. En consecuencia, ante una decisión como la antes mencionada, lo que tiene que hacer la parte demandante (una vez firme) es interponer una nueva demanda ante los Tribunales de ese otro Estado. En cuanto a los recursos procedentes contra el auto de abstención antes indicado son los siguientes: 1) Si se abstiene de conocer cabe apelación directa con fundamento en el art. 66.1 de la LEC. 2) Si pese a la cuestión planteada se declara competente solamente cabrá recurso de reposición con posibilidad de alegar esta cuestión en el recurso que se interponga contra la sentencia definitiva indicando la falta de presupuestos procesales (art. 66.2 LEC). Tanto en uno como en otro caso será lícito el suscitar la cuestión asimismo por vía de recurso por infracción procesal ex art. 469.1.1.º LEC.

F 1.E.

Escrito planteando declinatoria por estimar competentes a los Tribunales de otro país

Juicio ... n.º ... /... AL JUZGADO DE 1.ª INSTANCIA N.º ........ DE .... D. ....... Procurador de los Tribunales, actuando en representación de ....... según se acredita mediante escritura de poder que se acompaña y se solicita sea devuelta una vez testimoniada (o en virtud de apoderamiento apud acta que se otorgará ante la Secretaría de ese Juzgado) comparezco en el presente procedimiento en el que se emplazó a mi representada el pasado ....... y digo: HECHOS ÚNICO.–Que aun cuando mi representada está domiciliada en esta ciudad, el procedimiento 67

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TOMO I. DISPOSICIONES GENERALES. PREPARACIÓN DEL PROCESO... que se tramita ante el presente Juzgado tiene por finalidad el analizar la existencia o no de un derecho real de servidumbre existente entre las fincas ....... y ....... situadas en la ciudad de Lecco (Italia), situación de las fincas que se deriva de la certificación que (con la oportuna traducción) se acompaña como documento n.º 1. FUNDAMENTOS DE DERECHO PRIMERO.–Competencia.–Para formular y resolver la presente declinatoria corresponde al Juzgado que conoce del asunto ante el que sigue la tramitación de la causa (art. 63.2 LEC). SEGUNDO.–Legitimación.–Le corresponde a esta parte ante su condición de demandada en las presentes actuaciones (arts. 39 y 63.2 LEC). TERCERO.–Procedimiento.–Es el previsto en el art. 63 y ss. de la LEC. CUARTO.–Fondo de la reclamación.–Ante el hecho de ser la acción ejercitada en las presentes actuaciones de naturaleza real y hallarse situada la finca afectada en la ciudad de Lecco (Italia) la competencia para el conocimiento de ello corresponde a los Tribunales de este país con fundamento en el art. 22.1 del Reglamento 44/2001 de 22 de diciembre de 2000 sobre jurisdicción, reconocimiento y ejecución de resoluciones judiciales en asuntos civiles y mercantiles (DOCE Serie L n.º 12 de 16 enero 2001). En base a lo anterior, SUPLICO al Juzgado que tenga por interpuesta la presente declinatoria, se sirva por tener a esta parte por debidamente personada a los solos efectos de poner de manifiesto la falta de jurisdicción y tras la suspensión inmediata del procedimiento en el que se interpone y la tramitación pertinente dando traslado a las demás partes, se dicte auto por el que se abstenga ese Juzgado de conocer de las presentes actuaciones por entender que corresponde a los tribunales de la República de Italia, todo ello con imposición de costas a la parte demandante si se opusiere. ....... a ....... de ....... de 200.. Firma Abogado

2.1.2.

Firma Procurador

Extensión y límites de la jurisdicción de los Tribunales civiles frente a los de los restantes órdenes jurisdiccionales u otros ámbitos

La LEC no contiene evidentemente normas que fijen cuál sea el ámbito de competencia de los tribunales civiles frente a los de las restantes jurisdicciones al ser una materia propia de la LOPJ y que se contiene en su art. 9.2. 68

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CAP. I. CUESTIONES GENERALES

En principio, dados los términos genéricos del art. 9.2 LOPJ que habla del conocimiento por parte de los tribunales civiles de las materias que les son propias y además de todas aquellas que no estén atribuidas a otro orden jurisdiccional (vis attractiva), no es necesario un desarrollo específico pues en caso de haberlo hecho existía el riesgo de dejar cuestiones fuera de su ámbito de actuación y ello iría en contra del carácter de jurisdicción de cierre que la civil posee. En consecuencia, antes de interponer cualquier demanda ante los órganos de la jurisdicción civil, debe hacerse un análisis de los preceptos que fijan cuál es el ámbito de actuación de los restantes órdenes jurisdiccionales de forma que, además de aquellos litigios eminentemente civiles dado el carácter de las normas a aplicar, solamente a falta de previsión específica por los otros órdenes jurisdiccionales sea posible el acudir a la jurisdicción civil. Estas normas son esencialmente las siguientes: Orden Penal: art. 9.3 LOPJ. Orden contencioso-administrativo: art. 9.4 LOPJ (redacción dada por la LO 19/2003) y art. 2 de la Ley 29/1998 de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (con la modificación en el mismo introducida por la LO 19/2003 en su Disposición Adicional Decimocuarta). Orden social: art. 9.5 LOPJ y arts. 1 a 3 del Real Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Procedimiento Laboral. Orden Mercantil: Está constituido por los Juzgados de lo Mercantil, los Juzgados de la Marca Comunitaria (que son los Juzgados de lo Mercantil de Alicante) y las Secciones Especializadas de las Audiencias Provinciales ya que la LOPJ los considera como integrantes de un nuevo orden jurisdiccional tal y como indica el art. 86 ter.2.a) LOPJ conteniéndose su regulación orgánica en esta norma y en cuanto a la concursal en la Ley 22/2003 de 9 de julio Concursal. En este ámbito y de cara a tratar de establecer las diferencias entre las distintos órdenes jurisdiccionales se ha elaborado un importante cuerpo de doctrina jurisprudencial, siendo los elementos más destacados los siguientes: 69

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a) Relaciones jurisdicción civil-contencioso administrativa.– En este ámbito el criterio esencial, ya establecido en la STS 24 octubre 1977 (RJ 1977, 3958), es el de establecer que deben ventilarse en vía administrativa todas las cuestiones derivadas de actos en que la Administración actuó como poder en el ejercicio del ius imperii, tanto en la modulación de los contratos que hace que los mismos se caractericen como administrativos en aquellos casos en los que el mismo revista características que hacen precisa una especial tutela del interés público para su desarrollo (SSTS 22 noviembre 1977; 19 mayo 1982 [RJ 1982, 2581]; 11 mayo 1982 [RJ 1982, 2566]; 5 octubre 1983 [RJ 1983, 5228], 7 noviembre 1983 [RJ 1983, 5959]; 14 marzo 1986 [RJ 1986, 1251]; 8 junio 2001 [RJ 2001, 5540]; 30 abril 2002 [Sala 3.ª]); TSJ Cataluña Sala de lo Contencioso-Administrativo 22 febrero 2002; o la problemática referente a las reclamaciones frente a la Administración y particulares en material de responsabilidad y que ha sido analizada entre otras en las SSTS 3 marzo 1973 (RJ 1973, 898); 1 julio 1986 (RJ 1986, 4559); 16 marzo 1987 (RJ 1988, 10213); 5 mayo 1988 (RJ 1988, 4016); 7 junio 1988 (RJ 1988, 4025); 22 junio 1988 (RJ 1988, 5124); 21 septiembre 1988 (RJ 1988, 6847); 7 abril 1989 (RJ 1989, 2997); 30 enero 1990 (RJ 1990, 74); 23 noviembre 1990 (RJ 1990, 9042); 27 febrero 1995 (RJ 1995, 4077); 24 marzo 1995 (RJ 1995, 2399); 20 diciembre 1995 (RJ 1995, 9427); 18 febrero 1997 (RJ 1997, 1240); 19 junio 1997 (RJ 1997, 5423); AP Granada, Sección 4.ª 9 febrero 2000 (AC 2000, 168). Esta problemática en la actualidad aparece resuelta en el sentido de que tras la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial y de la entrada en vigor de la ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa de 13 de julio de 1998, toda reclamación indemnizatoria derivada de la responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas, cualquiera que sea la naturaleza jurídica de la relación, pública o privada en que se ocasione, deberá ser sustanciada ante la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa, incluso en el caso de que a la producción del daño hayan concurrido sujetos privados, quienes deberán, también, ser demandados ante este orden jurisdiccional. Como excepción a este régimen se suscitaba la problemática en la que junto a la Administración se vea demandada una entidad aseguratoria cuya responsabilidad se funda en normas de derecho privado cuales son las referentes a la Ley de Contrato de Seguro. Para este caso se concluyó por la Sala de Conflictos del Tribunal Supremo que al no estar contemplada, de forma expresa, la presencia de las compa70

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CAP. I. CUESTIONES GENERALES

ñías aseguradoras en el proceso contencioso-administrativo, dada su especial naturaleza, cuando se exige la responsabilidad patrimonial de una Administración Pública y de una aseguradora lo razonable es mantener, en este supuesto, la tradicional y ya clásica vis attractiva de la Jurisdicción Civil, reconocida en el artículo 9.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. En este sentido se pueden citar los AATS 27 diciembre 2001; 16 diciembre 2002. Esta situación ha cambiado tras la reforma de la LOPJ operada por medio de la Ley Orgánica 19/2003 de 23 de diciembre (BOE 26 diciembre 2003) ya que el art. 9.4 LOPJ en la nueva redacción que se le ha dado, además de incluir el tradicional supuesto del conocimiento por parte de los órganos jurisdiccionales del orden contencioso-administrativo de las pretensiones que se deduzcan en relación con la responsabilidad patrimonial de las Administraciones públicas y del personal a su servicio, incluye también los casos en los que se demande asimismo a sujetos privados si a la producción del daño hubieran concurrido éstos. Se incorpora como novedad el que la competencia de la jurisdicción contencioso-administrativa se da igualmente cuando el interesado accione directamente contra la aseguradora de la Administración, junto a la Administración respectiva o personas o entidades públicas o privadas indirectamente responsables de aquéllas. De lo anterior deriva el que siempre que se vea demandada la Administración o un ente público por responsabilidad, la competencia corresponde a los órganos de la jurisdicción contencioso-administrativa independientemente de quien se vea demandado con aquéllos. Solamente en el supuesto de solamente dirigirse la demanda frente a sujetos privados (como sería una aseguradora) y no frente a la Administración la competencia será de la jurisdicción civil ya que la vis attractiva que ha introducido la reforma de la LOPJ en este ámbito se da siempre que se vea igualmente demandada la Administración o ente público, no cuando solamente lo sea la aseguradora pues el legislador al atribuir la competencia a la jurisdicción contencioso-administrativa en las demandas dirigidas frente a aseguradoras lo hace indicando que ello se produce cuando éstas se vean demandadas «junto a la Administración respectiva». Así la SAP Barcelona (Sección 4.ª) de 31 julio 2006 (AC 2006, 2073) dispone que el art. 2 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa dispone que el orden jurisdiccional contencioso resulta competente para enjuiciar la responsabilidad patrimonial de las Administraciones públicas cualquiera que sea la 71

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naturaleza de la actividad o el tipo de relación de que se deriva, no pudiendo ser demandadas aquéllas por este motivo ante los órdenes jurisdiccionales civil o social. En el mismo sentido, el artículo 144 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, modificado por la Ley 4/1999, de 13 de enero, establece que cuando las Administraciones actúen en relaciones de derecho privado, responderán directamente y el ejercicio de la pretensión de responsabilidad frente a la Administración se sustanciará conforme a los artículos 139 y siguientes. Es decir, que la competencia para conocer de las reclamaciones contra un ente administrativo por funcionamiento anormal de los servicios públicos corresponde al orden contenciosoadministrativo, incluso cuando conjuntamente con la administración sea demandado un sujeto privado, regulándose así un único procedimiento administrativo, que acaba con el denominado «peregrinaje judicial», y que es una consecuencia lógica del sistema único directo y objetivo de responsabilidad patrimonial de la Administración. No obstante, el problema se plantea en los casos en que no es convocado a juicio el ente público y la pretensión se deduce por el tercer perjudicado sólo frente a la Aseguradora de la Administración, por el ejercicio de la acción directa prevista en el artículo 76 Ley de Contrato de Seguro. Ello comporta que se trate de pretensiones basadas en el citado artículo 76 y donde todas las personas que intervienen en la litis son sujetos sometidos al orden jurisdiccional civil, por lo que, si bien los hechos causantes de la cobertura del seguro pueden responder (era el caso analizado) a lo que se denomina funcionamiento anormal de los servicios públicos y ello ha de ser enjuiciado por el orden jurisdiccional ContenciosoAdministrativo, tal cuestión es prejudicial del objeto del proceso que, con base en el artículo 10.1 LOPJ, puede ser conocida y sustanciada, a los meros efectos prejudiciales, por los Tribunales civiles. b) Relaciones jurisdicción civil-social.–El principio general es el de la compatibilidad de las reclamaciones ante ambas jurisdicciones según el aspecto que sea objeto de análisis SSTS 29 diciembre 1980 (RJ 1980, 4760); 14 abril 1981 (RJ 1981, 1540); 6 mayo 1983 (RJ 1983, 2672); 6 junio 1983 (RJ 1983, 3447); 5 julio 1983 (RJ 1983, 4072); 12 abril 1984 (RJ 1984, 1960); 28 octubre 1985 (RJ 985, 5086), si bien en materia de accidentes laborales se ha proclamado la competencia de la jurisdicción social siempre que afecte ello a normas de seguridad social y de seguridad e higiene en el trabajo (AATS 23 diciembre 1993 (RJ 1993, 10131); 4 abril 72

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CAP. I. CUESTIONES GENERALES

1994 (RJ 1994, 3196); 10 junio 1996 (RJ 1996, 9676), pudiendo corresponder los demás casos a la jurisdicción civil como se proclama en las SSTS 10 septiembre 1992 (RJ 1992, 7519); 3 octubre 1992 (RJ 1992, 7529); 12 noviembre 1992 (RJ 1992, 9580); 10 julio 1993 (RJ 1993, 6005); 16 octubre 1993 (RJ 1993, 7329); 3 noviembre 1993 (RJ 1993, 8570) 26 noviembre 1993 (RJ 1993, 9142); 22 diciembre 1993 (RJ 1993, 10105); 14 febrero 1994 (RJ 1994, 1474); 28 febrero 1994 (RJ 1994, 685); 10 marzo 1994 (RJ 1994, 1736); 29 abril 1994 (RJ 1994, 2944); 13 junio 1994 (RJ 1994, 5228); 22 julio 1994 (RJ 1994, 5525); 29 julio 1994 (RJ 1994, 6937); 24 enero 1995 (RJ 1995, 165); 15 febrero 1995 (RJ 1995, 84212); 17 julio 1995 (RJ 1995, 5962); 18 julio 1995 (RJ 1995, 5592); 20 julio 1995 (RJ 1995, 5728); 22 enero 1996 (RJ 1996, 248); 5 febrero 1996 (RJ 1996, 641); 15 marzo 1996 (RJ 1996, 1089), siendo un claro exponente de toda esta doctrina las SSTS 21 marzo 1997 (RJ 1997, 2186); 20 marzo 1998 (RJ 1998, 1708). Una problemática de especial relevancia es la que se plantea en las reclamaciones civiles derivadas de accidentes laborales respecto de las que consta la existencia de importantes problemas delimitativos de la jurisdicción. Tradicionalmente la doctrina civil sostenía que partiendo de un mismo hecho, que es el accidente, pueden encontrarse fundamentos diversos de indemnización, que podrían dar lugar a prestaciones independientes entre sí, ya que las prestaciones a que tenga derecho el trabajador con cargo a la Seguridad Social no agotarían las responsabilidades y serían una cobertura mínima de los daños asegurados. Con ello se estableció la doctrina de la Sala Primera del Tribunal Supremo de la «perfecta compatibilidad entre las indemnizaciones civiles y laborales». En este sentido cabe citar las SSTS 3 mayo 1995 (RJ 1995, 3740); 12 noviembre 2004 (RJ 2004, 7230) o 27 febrero 1996 (RJ 1996, 1267), en concreto las SSTS 10 abril 1999 (RJ 1999, 2607); 7 julio 2000 (RJ 2000, 5928) o 2 julio 2001 (RJ 2002, 1700) afirmaron la competencia del orden jurisdiccional civil cuando la pretensiones deducidas se funden en los artículos 1902 y 1903 del Código Civil, señalando la competencia del orden jurisdiccional laboral si se funda la acción en el incumplimiento de medidas de seguridad que en la relación laboral constituyan una obligación típica del empresario De este modo se precisa el ámbito de competencia de la jurisdicción laboral, en base a los artículos 24.2 de la Constitución, 25.1 73

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y 9.5 de la Ley Orgánica del Poder Judicial en relación con el artículo 2.a) del Texto Refundido de la Ley de Procedimiento Laboral, respecto de las cuestiones concernientes al ámbito propio del contrato de trabajo y a aquellas otras relacionadas con los conflictos colectivos, la Seguridad Social y las Mutualidades. c) Relaciones jurisdicción civil-penal.–Respecto de ésta el principio es el de que las resoluciones dictadas por los Tribunales de lo Penal no producen la excepción de cosa juzgada en el orden civil SSTS 17 mayo 1988 (RJ 1988, 4310); 6 noviembre 1969 (RJ 1969, 5127); 31 mayo 1972 (RJ 1972, 2594); 27 octubre 1976; 22 noviembre 1979 (RJ 1979, 4309); 26 octubre 1985 (RJ 1985, 4954); 27 marzo 1992 (RJ 1992, 2340); siendo vinculante la declaración probatoria hecha por el órgano jurisdiccional penal solamente en dos supuestos, cuales son la declaración de inexistencia del hecho del que la acción civil hubiera podido nacer (art. 116 de la LECrim) o la declaración de hechos punibles con sentencias firmes condenatorias (SSTS 14 diciembre 1961 [RJ 1962, 256]; 20 marzo 1975 [RJ 1975, 1328]; 19 octubre 1990 [RJ 1990, 7984]); siempre que la acción civil no se hubiere agotado en sede penal (SSTS 25 marzo 1976 [RJ 1976, 1428]; 21 junio 1966 Sala 2.ª [RJ 1966, 3307]). En cuanto al tratamiento procesal de esta cuestión, el art. 37 LEC simplemente contiene una prohibición de actuar, lo cual implica la obligación de apreciación de oficio por parte de los Juzgados y Tribunales Civiles de la falta de jurisdicción con fundamento en el art. 38 LEC, siendo asimismo apreciable a instancia de parte por medio de la declinatoria (art. 39 LEC). En todo caso y si se estimare la competencia de los tribunales civiles cabría la posibilidad de suscitar un conflicto de jurisdicción que se resolvería de conformidad con lo previsto en la Ley 2/1987 de 18 de mayo. El régimen de recursos frente a las resoluciones que se dicten es el mismo que se ha indicado antes y que se contiene en el art. 66 de la LEC. d) Relaciones jurisdicción civil-mercantil.–La Ley Orgánica 8/2003 de 9 de julio para la Reforma Concursal por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985 de 1 de julio del Poder Judicial (BOE 10 julio 2003) crea un nuevo tipo de órganos jurisdiccionales que son los Juzgados de lo Mercantil y las Secciones Especializadas en materia mercantil de las Audiencias Provinciales y a los que se atribuye el conocimiento de una serie de materias que anteriormente recaían en los Juzgados de 1.ª Instancia. 74

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CAP. I. CUESTIONES GENERALES

Estas materias son, según el art. 86 ter LOPJ las siguientes: 1) Materia concursal, en los términos previstos en la Ley 22/ 2003 de 9 de julio Concursal (BOE 10 julio 2003) que incluyen todas las cuestiones prejudiciales administrativas o sociales directamente relacionadas con el concurso o cuya resolución sea necesaria para el buen desarrollo del procedimiento concursal. De cara a precisar esta competencia en materia concursal la LOPJ precisa indicando que ello abarca: 1.º Las acciones civiles con trascendencia patrimonial que se dirijan contra el patrimonio del concursado con excepción de las que se ejerciten en los procesos sobre capacidad, filiación, matrimonio y menores; 2.º Las acciones sociales que tengan por objeto la extinción, modificación o suspensión colectivas de los contratos de trabajo en los que sea empleador el concursado, así como la suspensión o extinción de contratos de alta dirección, sin perjuicio de que cuando estas medidas supongan modificar las condiciones establecidas en convenio colectivo aplicable a estos contratos se requerirá el acuerdo de los representantes de los trabajadores; 3.º Toda ejecución frente a los bienes y derechos de contenido patrimonial del concursado, cualquiera que sea el órgano que la hubiera ordenado; 4.º Toda medida cautelar que afecte al patrimonio del concursado, excepto las que se adopten en los procesos civiles que quedan excluidos de su jurisdicción (antes mencionados); 5.º Las que en el procedimiento concursal debe adoptar en relación con la asistencia jurídica gratuita; 6.º Las acciones tendentes a exigir responsabilidad civil a los administradores sociales, a los auditores o, en su caso, a los liquidadores, por los perjuicios causados al concursado durante el procedimiento. 2) Competencia desleal. 3) Propiedad industrial. 4) Propiedad intelectual. 5) Publicidad. 6) Las cuestiones que dentro de este orden jurisdiccional se promuevan al amparo de la normativa reguladora de las sociedades mercantiles y cooperativas. 7) Transportes, nacional o internacional. 8) Derecho Marítimo. 9) Condiciones generales de la contratación. 75

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10) Recursos contra las resoluciones de la Dirección General de los Registros y del Notariado en materia de recurso contra la calificación del Registrador Mercantil, con arreglo a lo dispuesto en la Ley Hipotecaria para este procedimiento. 11) Procedimientos de aplicación de los arts. 81 y 82 del Tratado de la Comunidad Europea y de su derecho derivado (competencia). 12) Las incidencias o pretensiones se promuevan como consecuencia de la aplicación de la normativa vigente sobre arbitraje en las materias a las que se refiere este apartado. Además los Juzgados de lo Mercantil de Alicante tienen competencia, para conocer, en primera instancia y de forma exclusiva, de todos aquellos litigios que se promuevan al amparo de lo previsto en los Reglamentos números 40/94, del Consejo de la Unión Europea, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria, y 6/2002, del Consejo de la Unión Europea, de 12 de diciembre de 2001, sobre los dibujos y modelos comunitarios. En el ejercicio de esta competencia dichos Juzgados extenderán su jurisdicción a todo el territorio nacional, y a estos solos efectos se denominarán Juzgados de Marca Comunitaria. En caso de suscitarse problemas competenciales con los Juzgados de 1.ª Instancia, dado que se consideran órganos de diferente orden jurisdiccional, los mismos cabrá tanto plantearlos de oficio (art. 38 LEC) como a instancia de parte (art. 39 LEC) siendo la tramitación la que antes se ha analizado. Esta opinión que considera a los órganos mercantiles como integrantes de un diferente orden jurisdiccional (lo que facilita los mecanismos de resolución de conflictos competenciales, no es sin embargo unánimemente aceptada, siendo ejemplo de ello la SAP Zaragoza 17 octubre 2006 [AC 2006, 389]) que indica que se infiere con claridad que los órganos jurisdiccionales civiles están dotados todos ellos de «jurisdicción civil». En concreto respecto de la situación de los tribunales mercantiles indica que de la lectura de los arts. 85 y 86 ter LOPJ se demuestra con claridad que los juzgados de lo mercantil son juzgados del orden jurisdiccional civil; por lo tanto, en principio, ninguna materia civil quedaría excluida del círculo competencial al que pertenece (el «civil»). Ahora bien, el principio de especialización exigido por la complejidad jurídico-so76

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CAP. I. CUESTIONES GENERALES

cial actual, ha llevado al legislador a excluir de los órganos «generalistas» materias muy específicas, por razones prácticas de agilidad resolutoria. Esto supone que el Juzgado Mercantil excluye al juzgado civil generalista del conocimiento de determinadas materias, pero no a la inversa. A fin de evitar problemas competenciales se ha comenzado a llevar a cabo una técnica legislativa consistente en determinar con claridad qué órganos jurisdiccionales son los competentes en cada caso siendo un ejemplo de ello el art. 33 de la Ley 49/2003 de 26 de noviembre de Arrendamientos Rústicos (BOE 27 noviembre 2003) que indica que el conocimiento y resolución de los litigios que se puedan suscitar al amparo de tal norma corresponderá a los Juzgados y Tribunales del orden jurisdiccional civil.

F 2.E.

Escrito planteando declinatoria por estimar competentes a los Juzgados del Orden Contencioso-Administrativo

Juicio ... n.º .../... AL JUZGADO DE 1.ª INSTANCIA N.º ....... DE ....... D. ....... Procurador de los Tribunales, actuando en representación de ....... según se acredita mediante escritura de poder que se acompaña y se solicita sea devuelta una vez testimoniada (o en virtud de apoderamiento apud acta que se otorgará ante la Secretaría de ese Juzgado) comparezco en el presente procedimiento en el que se emplazó a mi representada el pasado ....... y digo: HECHOS ÚNICO.–Que las presentes actuaciones tienen por objeto según se desprende de los términos de la demanda, el análisis de la problemática referente al contrato que fue celebrado el ....... entre mi representada y el Ayuntamiento de ....... cuyo objeto era la remodelación del pabellón polideportivo de esa localidad, contrato que se acompaña como documento n.º 1 a esta declinatoria. FUNDAMENTOS DE DERECHO PRIMERO.–Competencia.–Para formular y resolver la presente declinatoria corresponde al Juzgado que conoce del asunto ante el que sigue la tramitación de la causa (art. 63.2 LEC). SEGUNDO.–Legitimación.–Le corresponde a esta parte ante su condición de demandada en las presentes actuaciones (arts. 39 y 63.2 LEC). 77

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TOMO I. DISPOSICIONES GENERALES. PREPARACIÓN DEL PROCESO... TERCERO.–Procedimiento.–Es el previsto en el art. 63 y ss. de la LEC. CUARTO.–Fondo de la reclamación.–Ante el hecho de constituir el objeto de este procedimiento el análisis de un contrato celebrado por una Administración Pública cual es el Ayuntamiento de ....... y mi representada respecto de una obra pública cual es el pabellón polideportivo de esa ciudad, se estima que la competencia para el conocimiento de estas actuaciones corresponde a los órganos de la jurisdicción contencioso-administrativa de conformidad con lo que se dispone en el art. 2.a) de la Ley 29/1998 de 13 de julio reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa al tratarse el contrato aquí analizado de aquellos que se someten al RDLegislativo 2/2000, de 16 de junio, de contratos de las administraciones públicas al incardinarse en lo previsto en el art. 5.1.a) de la misma. En base a lo anterior, SUPLICO al Juzgado que tenga por interpuesta la presente declinatoria, se sirva por tener a esta parte por debidamente personada a los solos efectos de poner de manifiesto la falta de jurisdicción y tras la suspensión inmediata del procedimiento en el que se interpone y la tramitación pertinente dando traslado a las demás partes, se dicte auto por el que se abstenga ese Juzgado de conocer de las presentes actuaciones por entender que corresponde a los órganos de la jurisdicción contencioso-administrativa, todo ello con imposición de costas a la parte demandante si se opusiere. ....... a ....... de ....... de 200.. Firma Abogado

2.1.3.

Firma Procurador

Los Tribunales internacionales

Ninguna previsión expresa existe respecto de ellos en la LEC, si bien se estima que la solución vendrá determinada por el art. 36 LEC anteriormente estudiado ya que la admisibilidad de los mismos supone un claro límite a la jurisdicción de los Tribunales españoles en virtud de la cesión de soberanía que en ese ámbito se produciría (art. 93 de la CE). 2.1.4.

El arbitraje

Otro de los elementos que deben ser tomados en consideración es el referente a la existencia o no en el contrato que sirve de fundamento a las relaciones entre las partes de una cláusula arbitral. En cuanto al tratamiento procesal que ello tiene, debe ponerse de manifiesto que el arbitraje no aparece para nada mencionado 78

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CAP. I. CUESTIONES GENERALES

en el art. 37 LEC (obligación de abstención en los casos de falta de jurisdicción interna) ni en el art. 39 LEC (apreciación de oficio de tal falta de jurisdicción interna), solamente haciéndose al mismo una referencia en el art. 39 que habla de la posibilidad que tiene el demandado de oponer por vía de la declinatoria el haberse sometido la controversia a arbitraje. Esta posibilidad se extiende asimismo al arbitraje internacional (art. 3 Ley de Arbitraje de 23 diciembre 2003) siendo los más destacados los contenidos en el Convenio relativo al transporte internacional de mercancías por carretera (CMR) hecho en Ginebra el 19 mayo 1956; el Convenio Internacional sobre transporte de viajeros y equipajes por ferrocarril (CIV) hecho en Berna el 7 febrero 1970 así como el Convenio Internacional relativo a los transportes internacionales por ferrocarril (COTIF) hecho en Berna el 9 mayo 1980. La colocación en este lugar se estima como plenamente correcta ya que el arbitraje implica una fórmula heterocompositiva de solución de conflictos (con lo que participa de los actos propios del derecho jurisdiccional en terminología de MONTERO AROCA) si bien no es poder judicial o jurisdicción. Ello hace que sea algo más que una mera relación contractual (que originaría una mera alegación en la contestación a la demanda) ya que su existencia imposibilita la operatividad de la jurisdicción de los tribunales integrantes del Poder Judicial. En caso de existencia de la cláusula arbitral, aun cuando el Juzgado o Tribunal apreciare su concurrencia, no es posible el apreciar de oficio de la existencia del mismo ya que es perfectamente posible la renuncia tácita al arbitraje, de modo que si el actor acude a los tribunales y el demandado no plantea la declinatoria queda sin efecto el convenio arbitral (art. 11 de la Ley 36/ 1988 de Arbitraje en la redacción que le da la Disposición Final 8.ª de la LEC, manifestándose en el mismo sentido el art. 11.1 de la Ley 60/2003 de Arbitraje –BOE 26 diciembre 2003– ya que indica la necesidad de acudir a la declinatoria para impedir que los tribunales conozcan de las controversias sometidas a arbitraje). La invocación a instancia de parte tiene como vía la de la declinatoria (art. 39 LEC), no siendo posible su articulación como excepción dilatoria que era el mecanismo previsto en la anterior LEC (art. 533.8.º de la LEC/1881). 79

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También en este caso el régimen de recursos frente a las resoluciones que se dicten es el mismo que se ha indicado y que se contiene en el art. 66 de la LEC. Ejemplo de resoluciones del Tribunal Supremo referentes a arbitraje internacional son las SSTS 30 diciembre 1992 (RJ 1992, 10566); 18 febrero 1993 (RJ 1993, 1241).

F 3.E.

Escrito planteando declinatoria por estimar que corresponde el conocimiento del asunto a árbitros

Juicio ... n.º .../... AL JUZGADO DE 1.ª INSTANCIA N.º ....... DE ....... D. ....... Procurador de los Tribunales, actuando en representación de ....... según se acredita mediante escritura de poder que se acompaña y se solicita sea devuelta una vez testimoniada (o en virtud de apoderamiento apud acta que se otorgará ante la Secretaría de ese Juzgado) comparezco en el presente procedimiento en el que se emplazó a mi representada el pasado ....... y digo: HECHOS ÚNICO.–Que el presente procedimiento tiene por objeto el análisis de la problemática que rodea al contrato de suministro suscrito entre mi representada ....... y la demandante ....... que fue aportado como documento n.º 1 de la demanda y que asimismo se adjunta como documento n.º 1 de esta declinatoria y en cuya cláusula 14.ª expresamente se dice que ......., lo cual conlleva que las partes decidieron que los litigios que se pudieren derivar fueren resueltos acudiendo a la vía arbitral y no la jurisdiccional. FUNDAMENTOS DE DERECHO PRIMERO.–Competencia.–Para formular y resolver la presente declinatoria corresponde al Juzgado que conoce del asunto ante el que sigue la tramitación de la causa (art. 63.2 LEC). SEGUNDO.–Legitimación.–Le corresponde a esta parte ante su condición de demandada en las presentes actuaciones (arts. 39 y 63.2 LEC). TERCERO.–Procedimiento.–Es el previsto en el art. 63 y ss. de la LEC. CUARTO.–Fondo de la reclamación.–Ante el hecho de constar la sumisión de la cuestión litigiosa a arbitraje según la cláusula ....... del contrato que antes se ha transcrito, el conocimiento de este litigio no corresponde al Juzgado ante el que me dirijo siendo el fundamento de ello los arts. 1, 4, 5, 9 y especialmente el 11 de la Ley 60/2003 de arbitraje según el que: «1. El convenio arbitral obliga a las partes a estar y pasar por lo estipulado e impedirá a los tribunales conocer de las cuestiones litigiosas sometidas a arbitraje en el convenio, 80

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CAP. I. CUESTIONES GENERALES siempre que la parte a quien interese lo invoque mediante declinatoria. 2. Las partes podrán renunciar por convenio al arbitraje pactado, quedando expedita la vía judicial. En todo caso, se entenderán que renuncian cuando, interpuesta demanda por cualquiera de ellas, el demandado o todos los demandados, si fuesen varios, realicen, después de personados en juicio, cualquier gestión procesal que no sea proponer en forma la declinatoria». En base a lo anterior, SUPLICO al Juzgado que tenga por interpuesta la presente declinatoria, se sirva por tener a esta parte por debidamente personada a los solos efectos de poner de manifiesto la falta de jurisdicción por estimar que corresponde el conocimiento de la controversia suscitada a árbitros y tras la suspensión inmediata del procedimiento en el que se interpone y la tramitación pertinente dando traslado a las demás partes, se dicte auto por el que se abstenga ese Juzgado de conocer de las presentes actuaciones por entender que la cuestión litigiosa se ha sometido a arbitraje, todo ello con imposición de costas a la parte demandante si se opusiere. ....... a ....... de ....... de 200.. Firma Abogado

2.1.5.

Firma Procurador

Las cuestiones prejudiciales (arts. 40 a 43 LEC)

Implican la existencia de relaciones entre las materias de las que corresponde conocer a los diferentes órdenes jurisdiccionales y suponen que en un litigio planteado ante alguno de ellos se suscita una controversia referente a una materia que es propia de otro orden jurisdiccional. Los principios fundamentales existentes en esta materia son los contenidos en el art. 10 LOPJ y son: 1.º) Susceptibilidad de conocer a efectos prejudiciales de las materias propias de otros órdenes; 2.º) Suspensión del procedimiento que conlleva la existencia de una prejudicialidad penal, salvo las excepciones que la Ley establece. 2.1.5.1.

Prejudicialidad Penal

Se regula en el art. 40 LEC y supone la relación existente entre un litigio civil y una causa penal paralela. Esta causa penal puede surgir a iniciativa del propio Juzgado o Tribunal al tener conocimiento en el curso del proceso civil de un hecho con apariencia de delito o falta (párrafo primero), supuesto en el que se prevé 81

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la puesta en conocimiento del Ministerio Fiscal de tales hechos. Esta previsión hace que sea discutible el mantenimiento de la figura tradicional del testimonio de particulares en virtud de la cual el juez civil testimoniaba los extremos que considerase procedentes sobre la cuestión planteada y lo remitía a reparto entre los Juzgados de Instrucción directamente para que por parte de éstos se verificasen las averiguaciones pertinentes. Esta posibilidad se puede estimar como subsistente ya que la LEC para nada ha variado las vías por las que se inicia un proceso según la LECrim si bien es un precepto que se puede entender redactado en base a las previsiones de futuro que podrían conllevar la atribución de las labores instructoras al Ministerio Fiscal (tema objeto en la actualidad de un importante debate). En los supuestos en los que exista esta causa penal pendiente (ya por iniciarse a instancias del propio Juzgador civil ya por cualquiera de las otras vías legalmente admisibles), la pendencia del proceso penal solamente suspende el procedimiento si los hechos investigados en la jurisdicción penal son fundamento de las pretensiones civiles y de influencia decisiva en el pleito civil (valoración ésta de la influencia decisiva que corresponde hacer al juez civil y en la que en principio se debe ser estricto para evitar que el recurso a la jurisdicción penal se convierta en una maniobra dilatoria), acordándose en el momento en que el proceso civil está pendiente de sentencia (sigue adelante aun a pesar de constar la posible existencia de delito para evitar dilaciones y un abuso de esta figura), lo cual hace que en tales supuestos se rompa la continuidad que existe entre juicio y sentencia al poder transcurrir mucho tiempo entre uno y otro dependiendo de la duración de la causa penal. Evidentemente a la vista de lo resuelto en sede penal (de lo resuelto, no de las actuaciones instructorias practicadas ya que podría suponer un cauce indirecto no previsto de aportación probatoria que cabría tildar de fraude procesal conforme al art. 247 LEC) se dictará la sentencia no previéndose ninguna fase de alegaciones a las partes al respecto. No obstante lo anterior en el caso de tratarse de una falsedad documental respecto de un documento decisivo, la suspensión es automática y por ello una vez conocida la pendencia de la causa penal se procede de forma inmediata a la suspensión de la causa civil. Pero con la finalidad de evitar dilaciones (finalidad inspiradora de esta regulación de las cuestiones prejudiciales) la LEC 82

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CAP. I. CUESTIONES GENERALES

prevé que en este último caso la suspensión se alce si la parte que aportó el documento que se reputa falso renuncia a él de modo que se saque de autos. Siendo el legislador consciente del posible uso fraudulento que se puede hacer del recurso a la jurisdicción penal, se establece la posibilidad de reclamar por los daños y perjuicios en caso de no probarse la falsedad en el proceso penal del documento, posibilidad ésta restringida a este supuesto y que no cabe extender a los demás en los que se haya suspendido la causa por prejudicialidad penal, sin perjuicio de la imposición de la multa a la parte y el traslado al Colegio de Abogados que establece el art. 247 LEC en caso de entenderse que el planteamiento de la cuestión fuere valorada como un acto contrario a la buena fe. En cuanto a las vías y momento procesal oportuno para poner de manifiesto al Tribunal la existencia de la causa penal pendiente, nada se establece en la LEC pudiendo ser el origen de ello bien una comunicación directa por parte del órgano penal que esté conociendo de la instrucción, bien una manifestación por cualquiera de las partes en cualquier fase del procedimiento. En todo caso y antes de decidir, se estima conveniente el someter a la contradicción de las partes las circunstancias que la rodean de forma que se garantice el principio de audiencia y partiendo del hecho de que generalmente no habrá una situación de urgencia. La decisión que se adopte tendrá la forma de auto contra el que cabrá (art. 41 LEC): a) Si se acuerda la no suspensión solamente reposición, sin perjuicio de pedir en segunda instancia y de nuevo la suspensión, o en fase de los recursos extraordinarios de casación o infracción procesal. b) Si se accede a la suspensión cabrá apelación y contra la decisión que se adopte recurso por infracción procesal pues se estima que afectaría a las garantías del proceso ex art. 469.1.3.º LEC. 2.1.5.2.

Prejudicialidad Civil

A la misma se alude en el art. 43 de la LEC y es una auténtica novedad. Para poderla adoptar es necesario: a) Que se trate de una cuestión civil diferente a la suscitada en el proceso y que es o puede ser objeto de un proceso independiente y principal; b) Que los dos procesos estén en marcha; c) Que exista relación entre las 83

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TOMO I. DISPOSICIONES GENERALES. PREPARACIÓN DEL PROCESO...

dos cuestiones de modo que no sea posible el resolver acerca de una de ellas sin conocer el resultado de la controversia que afecta a la otra. d) Que no sea posible la acumulación, algo que se da: –cuando los procesos siguen una tramitación diferente y no sea posible su unificación en uno solo (ejemplo: juicio verbal más antiguo que trata de una cuestión directamente vinculada a la de un ordinario posterior como sucedería de ser la cuestión en ambos procesos el mismo accidente de tráfico en el que el reclamante en el juicio verbal lo es uno de los afectados y sus daños no llegan a 3.000 € y en el ordinario posterior el demandante es otro afectado y sus daños exceden de 3.000 € ya que la acumulación es a favor del más antiguo –art. 79 LEC– y no es procedente el reconvertir un verbal en ordinario al no haberse iniciado con las garantías del segundo); –cuando el tribunal que conozca del más antiguo no tenga competencia objetiva o por razón de la cuantía para conocer del más moderno; –aquellos en los que la competencia territorial del más moderno viene determinada de una forma inderogable; –por último los que no estén en igual instancia. Mas la prejudicialidad civil no es apreciable de oficio, al no tener el juez civil conocimiento de la pendencia de los dos procesos, debiendo por ello ser las partes las que la planteen mediante un escrito en el que se expongan las cuestiones pertinentes y se aporte testimonio de la causa que se estima prejudicial, debiéndose decidir tras la adecuada contradicción. Una cuestión interesante a resolver es, además de la vinculación existente entre el objeto de ambos procesos (que atañe al fondo y depende de las circunstancias de cada caso), la referente a cuál ha de ser el proceso en el que se debe suscitar la prejudicialidad, si el más antiguo o aquel en el que la cuestión se haya planteado antes. A este respecto se estima que la prejudicialidad la determina la pendencia de una cuestión que haya sido anteriormente ya fijada como objeto de otro proceso ante otro órgano jurisdiccional del orden civil, con lo que aun cuando el proceso en el que se plantee la prejudicialidad fuere anterior en el tiempo, si el tema afectado se suscitare en él tras la interposición de otro proceso en el que ya se ha establecido el tema como litigioso, la prejudicialidad se debe plantear en el primero. A título de ejemplo se puede citar el caso en el que reclamándose una determinada cantidad de dinero por la realización de unos trabajos, con posterioridad a la interposición de esta demanda por la parte demandada se suscitare otro proceso en el que se solicitare una indemnización de daños y perjuicios por la mala realización 84

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CAP. I. CUESTIONES GENERALES

de los trabajos y que conlleva en el proceso principal la operatividad de una exceptio non adimpleti contractus del art. 1124 CC. Esta situación generalmente da origen a una acumulación mas ello no sería posible si el importe de los trabajos que se reclama fuere inferior a 3.000 € (juicio verbal) y si la indemnización que se solicitare excediere de esta cantidad. La decisión que se adopte en caso de acceder a la suspensión será susceptible de apelación directa y la que la deniegue de recurso de reposición. Este régimen de prejudicialidad es el que se estima debe operar cuando se planteen problemas entre los órdenes civil y mercantil (la reforma de la LOPJ califica a los Juzgados de lo Mercantil como un orden jurisdiccional específico) ya que el legislador no ha tenido en consideración la creación de estos nuevos órganos jurisdiccionales a los efectos de problemas de prejudicialidad. Ante esta omisión el régimen de prejudicialidad civil del art. 43 LEC es el que se considera más adecuado aplicar ya que es el único que parte como elemento a tomar en consideración de posibles acumulaciones que solamente entre los Juzgados Civiles entre sí o entre Juzgados Civiles y Mercantiles cabe que se den (en este caso en supuestos concursales). 2.1.5.3.

Prejudicialidad Social/Contencioso-Administrativa/ De la Administración y el Tribunal de Cuentas

A ella se alude en el art. 42 de la LEC que significa que en principio el juez civil resuelve la cuestión planteada aunque sea de otro orden jurisdiccional, en congruencia con lo que se dispone en el art. 10.1 LOPJ con lo que en principio se resuelve la cuestión suscitada si bien sus efectos se limitan al proceso en el que se ha planteado. Pero como novedad (y ante la problemática que la solución anterior plantea dado lo limitado de los efectos de la decisión que se adopte), se prevé la suspensión de la causa hasta que decidan los tribunales del orden pertinente pero ello solamente es posible si están de acuerdo todas las partes o lo establece expresamente la Ley. En caso de producirse esto, el tribunal civil queda vinculado a lo que decidan tales órganos, vinculación que la LEC no dice que se produzca desde la firmeza de la resolución, si bien lo lógico es que aun cuando el legislador no lo haya manifestado, lo procedente 85

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sea esperar a tal firmeza [CERES MONTÉS cit. bibl., p. 3) destaca esta problemática] ya que la finalidad de la norma es garantizar la seguridad jurídica que comporta el que solamente una decisión que tenga tal carácter sea la que deba vincular al juez civil y comporte el levantamiento de la suspensión en su momento decretada. En estos casos además el tribunal civil no puede optar, sino que debe necesariamente suspender dados los términos imperativos del art. 42.3 que dice textualmente «suspenderán». Esta posibilidad conlleva el que solamente con el común acuerdo de las partes se podría esperar a que decidan los órganos de la jurisdicción que es en principio la que debería conocer de la causa. En caso contrario siempre deberá el juez civil analizar los temas que son propios de otras jurisdicciones con la problemática que ello comporta sobre todo en aquellas cuestiones que sean muy especializadas. Además esta resolución a los solos efectos prejudiciales, si bien para nada afecta a la decisión que los órganos de la jurisdicción específica puedan adoptar, sí que conlleva el que la sentencia civil que se dicte y en la que se hayan analizado tales temas, en lo que afecte a la cuestión civil tendrá plenos efectos de cosa juzgada con las consecuencias que se predican en el art. 222 LEC. De esta forma cabrá el que el tema prejudicial en el orden civil se valore de una forma con los efectos civiles correspondientes y luego la jurisdicción específica los evalúe de diferente modo hasta el punto de que incluso cabría que con esta nueva valoración la sentencia civil que se hubiere dictado fuere diferente. Estas importantes consecuencias podrían justificar el que bastare con la petición de suspensión efectuada por una de las partes decidiendo el juez acerca de la suspensión o de la resolución a los efectos prejudiciales atendiendo a las circunstancias concretas del caso. Ello podría suponer un retraso en la tramitación de la causa que una parte no hubiere aceptado, si bien es un retraso que permitiría dotar de una mayor certeza a las decisiones que se adoptaren. No obstante lo anterior el sistema elegido por el legislador es el que se ha expuesto, lo que significa que solamente cabe la suspensión con el acuerdo de todas las partes debiéndose en estos casos acordar de forma automática sin necesidad de valoración por el juzgador acerca de la procedencia o no de ello. 2.1.5.4.

Prejudicialidad Constitucional/Comunitaria

No la contempla la LEC y afecta a la cuestión de constitucionalidad del art. 163 de la CE (arts. 35 a 37 de la LOTC) y a la prejudicial 86

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comunitaria del art. 234 Tratado CE (ex art. 177 Tratado CEE). No obstante lo anterior es la normativa específica de cada una de ellas la que establece el deber de suspender la tramitación del procedimiento en el que se acuerda. En el caso de la prejudicialidad constitucional lo que se suspende es el trámite de dictar sentencia (art. 35 LOTC), algo que sucede igualmente en la cuestión prejudicial comunitaria (art. 234 Tratado CE y Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia de 19 de junio de 1991). 2.2. COMPETENCIA OBJETIVA Es la que permite delimitar la competencia de los diferentes tribunales civiles entre sí. La regulación se inicia con una proclamación del principio de legalidad en el art. 44 de la LEC, siendo esencial esta materia ya que la misma aparece directamente vinculada con el derecho al juez ordinario predeterminado por la Ley (art. 24 CE). En el deslinde de la competencia entre los diferentes tribunales civiles la LEC/2000 recoge la tradicional clasificación entre competencia objetiva (arts. 45 a 49), territorial (arts. 50 a 60) y funcional (arts. 61 y 62), procediéndose ahora al análisis de la primera de las antes mencionadas. En el análisis de esta cuestión se debe distinguir entre lo que son los criterios de atribución competenciales y el tratamiento procesal que de esta materia se hace. 2.2.1.

Atribución de competencia

La LEC/2000 contiene una regulación muy parca, reconociendo de forma indirecta los criterios tradicionales de delimitación competencial: por la materia y por la cuantía. Las notas más destacadas de esta regulación son las siguientes: 1.ª) Se produce un reconocimiento de la competencia residual de los Juzgados de 1.ª Instancia (algo ya expuesto en el art. 85.1 de la LOPJ), siendo exponente de ello el art. 45 LEC. Ello hace que ante la ausencia de previsión específica siempre se debe acudir a ellos. La finalidad que con ello se persigue no es otra que la de tratarse esta competencia residual de una cláusula de cierre que 87

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posibilita el que todo tipo de litigios (aun cuando no estén expresamente previstos) siempre tengan un cauce para ser resueltos de forma que se consiga plenamente el cumplimiento del derecho a la tutela judicial efectiva proclamado en el art. 24 de la Constitución. 2.ª) Se reconoce expresamente la posibilidad de existencia de tribunales civiles especializados por materias (familia, matrimonial, mercantil, etc.) tal y como disponen el art. 46 LEC y 98 LOPJ, lo cual conlleva el que antes de interponer una demanda civil se deba analizar el ámbito competencial de estos órganos. 3.ª) Los Juzgados de Paz tienen competencia para el conocimiento de los juicios verbales y otros procesos siempre que la cuantía de los mismos no exceda de 90 €, si bien ello solamente será en el caso de procedimientos en los que el recurso al juicio verbal lo sea por la cuantía del litigio, nunca en aquellos en los que el juicio verbal es operativo por la materia según el art. 250.1 LEC (art. 47 LEC). La novedad que supone el que no solamente se hable de los juicios verbales sino de aquellos cuya cuantía no exceda de 90 € hace que se estime que en un principio no habría problema para que un Juzgado de Paz conociere de los procesos monitorios (arts. 812 y ss.) siempre que su cuantía no excediere de la antes mencionada, ya que serían plenamente competentes para el conocimiento de la oposición que se pudiere suscitar (art. 818). Lo mismo cabe decir del juicio cambiario de los arts. 819 y ss. En cuanto a los juicios derivados de los accidentes de tráfico (que se estima deben tramitarse según las normas que correspondan por la cuantía ante el carácter no orgánico de los preceptos que regulaban esta materia en la LO 3/1989 y ante la propia actividad del legislador que excluyó del juicio verbal estos juicios –a diferencia de lo que se hacía en el Anteproyecto–), también serían competentes al ser la cuantía y no la materia el criterio de atribución competencial. 2.2.2.

Tratamiento procesal de la competencia objetiva

Sobre este elemento existe una regulación expresa que incluye también el que se susciten cuestiones en los supuestos en los que para el conocimiento de un asunto se deba acudir a la especialización de determinados tribunales (art. 46). 88

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La apreciación de la misma se puede hacer tanto de oficio como a instancia de parte: – De oficio (art. 48) que se puede hacer en cualquier instante si bien no se contiene mayor precisión, con lo que se estima que será posible hacerlo por medio de auto al admitirse la demanda (art. 404 en el juicio ordinario y 440 en el verbal), en la audiencia previa del juicio ordinario (art. 416.2), en la vista del juicio verbal (art. 443.2) o en sentencia. En todo caso ya sea en primera, en segunda instancia o en los recursos extraordinarios por infracción procesal o casación siempre es necesario antes de decidir el dar audiencia a las partes y al Ministerio Fiscal para garantizar la adecuada contradicción. Si se estima que existe una clara incompetencia objetiva, en el auto que resuelve la cuestión se indica cuál sea el órgano competente, mas no se le remite al mismo la causa, sino que las partes son las que han de acudir a él mediante la interposición de la pertinente demanda. Si se declara que no se es competente contra el auto en que lo acuerde procede recurso de apelación (art. 66). Si se declara la competencia cabe reposición (art. 66) y luego alegarlo en apelación o al interponer el recurso por infracción procesal (art. 469.1.1.º). Sobre la posibilidad de apreciar de oficio esta falta de competencia objetiva se elaboró al amparo de la LEC/1881 una doctrina que indudablemente reconoció esta posibilidad al afectar a normas de orden público, de carácter imperativo, siendo ejemplo de ello las SSTS 4 marzo 1993 (RJ 1993, 2000); 3 noviembre 1995 (RJ 1995, 8074); 27 enero 1996 (RJ 1996, 733); 2 febrero 1996 (RJ 1996, 949); 16 diciembre 1998 (RJ 1998, 9559); 19 septiembre 2000 (RJ 2000, 8122); 20 marzo 2001 (RJ 2001, 4743); 2 octubre 2001 (RJ 2001, 7140). – A instancia de parte: La vía para hacerla valer es la de la declinatoria y solamente por medio de ella al haber desaparecido en la LEC/2000 la posibilidad de alegación como excepción procesal tal y como se establecía en el art. 533.1.º LEC/1881. Ahora al suscitarse por vía de la declinatoria y al resolverse ésta con carácter previo se evita la realización de actividades procesales que luego serían inútiles en caso de apreciarse la falta de competencia objetiva. 89

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F 4.E.

Escrito planteando declinatoria por falta de competencia objetiva

Juicio Verbal ... n.º .../... AL JUZGADO DE PAZ ....... DE ....... D. ....... Procurador de los Tribunales, actuando en representación de ....... según se acredita mediante escritura de poder que se acompaña y se solicita sea devuelta una vez testimoniada (o en virtud de apoderamiento apud acta que se otorgará ante la Secretaría de ese Juzgado) comparezco en el presente procedimiento en el que se emplazó a mi representada el pasado ....... y digo: HECHOS ÚNICO.–Que en ese Juzgado de Paz se ha presentado demanda por parte de D. ....... cuyo objeto es la tutela sumaria de la posesión de un camino que según manifiesta el actor discurre entre la carretera N–..... y la finca de su propiedad sita en ....... y que atraviesa la finca de mi propiedad sita en ....... e inscrita en el Registro de la Propiedad ....... El actor indica en su demanda que por parte de mi representado se le impide el paso al haber colocado unas cadenas sujetas a unos postes de cemento. FUNDAMENTOS DE DERECHO PRIMERO.–Competencia.–Para formular y resolver la presente declinatoria corresponde al Juzgado que conoce del asunto ante el que sigue la tramitación de la causa (art. 63.2 LEC). SEGUNDO.–Legitimación.–Le corresponde a esta parte ante su condición de demandada en las presentes actuaciones (art. 63.2 LEC). TERCERO.–Procedimiento.–Es el previsto en el art. 63 y ss. de la LEC. CUARTO.–Fondo de la reclamación.–Independientemente de la realidad de los hechos que son expuestos por el demandante, el objeto del presente procedimiento es el una tutela sumaria de la posesión (en concreto el camino que el demandante sostiene tener derecho a utilizar y haberle sido esto impedido por mi representado), procedimiento que es correcto tramitar como un juicio verbal (art. 250.1.4.º LEC), mas el conocimiento de ello corresponde no al Juzgado de Paz al que me dirijo, sino a los Juzgados de 1.ª Instancia de ......., ya que el art. 47 LEC solamente atribuye competencia a los Juzgados de Paz para conocer de los asuntos civiles cuya cuantía no exceda de 90 € y que no estén comprendidos en ninguno de los casos a que por razón de la materia se refiere el art. 250.1 de la LEC antes mencionado. En base a lo anterior, 90

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CAP. I. CUESTIONES GENERALES SUPLICO al Juzgado que tenga por interpuesta la presente declinatoria, se sirva por tener a esta parte por debidamente personada a los solos efectos de poner de manifiesto la falta de competencia y tras la suspensión inmediata del procedimiento en el que se interpone y la tramitación pertinente dando traslado a las demás partes, se dicte auto por el que se abstenga ese Juzgado de conocer de las presentes actuaciones declarando la nulidad de todo lo actuado, sin perjuicio del derecho del demandante de acudir al órgano judicial que se estima competente, todo ello con imposición de costas a la parte demandante si se opusiere. ....... a ....... de ....... de 200.. Firma Abogado

Firma Procurador

2.3. COMPETENCIA TERRITORIAL Es la que determina el órgano jurisdiccional competente por razón de su sede, estando esta competencia directamente vinculada (como las antes analizadas) al derecho al juez ordinario predeterminado por la ley tal y como se proclama en la STS 15 octubre 1994 (RJ 1994, 7719). De cara a conocer cuáles fueren éstos y el área territorial (partido) en el que ejercen sus competencias se debe acudir a los anexos de la Ley 38/1988 de 28 de diciembre de Demarcación y Planta Judicial en la que aparecen la totalidad de los municipios españoles con indicación de cuál fuere el partido, provincia y comunidad autónoma a que pertenecen. En esta materia, al igual que ocurría con la competencia objetiva, se debe distinguir entre el análisis de los criterios de atribución de la competencia territorial y el tratamiento procesal de la misma. En cuanto a lo primero, la LEC establece los siguientes fueros que se deben estudiar de cara a determinar cuál es el Juzgado ante el que presentar la demanda. Para ello el orden de análisis (lo cual significa que cada uno de ellos solamente opera en defecto del anterior) es el siguiente: 1. Sumisión expresa o tácita (arts. 57 y 58 de la LEC/1881). 2. Fueros legales especiales (art. 52 LEC y leyes especiales). 3. Fueros legales generales con la tradicional distinción en91

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tre acciones personales (art. 62.1.º LEC/1881), reales (art. 62.2.º y 3.º LEC/1881) y mixtas (art. 62.4.º LEC/1881). 2.3.1.

Sumisión expresa o tácita (arts. 54 a 57 LEC)

No puede operar en los casos previstos en el art. 52.1.º y 4.º a 15.º del art. 52 (que establecen un fueros legales imperativos) que son los de: 1.º Juicios en que se ejerciten acciones reales sobre bienes inmuebles en que es tribunal competente el del lugar en que esté sita la cosa litigiosa. Cuando la acción real se ejercite sobre varias cosas inmuebles o sobre una sola que esté situada en diferentes circunscripciones, será tribunal competente el de cualquiera de éstas, a elección del demandante. 2.º Juicios sobre cuestiones hereditarias en que es competente el tribunal del lugar en que el finado tuvo su último domicilio y si lo hubiere tenido en país extranjero, el del lugar de su último domicilio en España, o donde estuviere la mayor parte de sus bienes, a elección del demandante. 3.º Juicios en que se ejerciten acciones relativas a la asistencia o representación de incapaces, incapacitados o declarados pródigos, que corresponden al tribunal del lugar en que éstos residan. 4.º Derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen y, en general, en materia de protección civil de derechos fundamentales, será competente el tribunal del domicilio del demandante, y cuando no lo tuviere en territorio español, el tribunal del lugar donde se hubiera producido el hecho que vulnere el derecho fundamental de que se trate. 5.º En los juicios sobre arrendamientos de inmuebles y en los de desahucio, será competente el tribunal del lugar en que esté sita la finca. 6.º En los juicios en materia de propiedad horizontal, será competente el tribunal del lugar en que radique la finca. 7.º En los juicios en que se pida indemnización de los daños y perjuicios derivados de la circulación de vehículos de motor será competente el tribunal del lugar en que se causaron los daños. En esta materia no obstante esta proclamación, se debe destacar que no obstante lo indicado, en aquellos casos en los que se vea impli92

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cada la Administración Estatal o Autonómica (y lo más habitual es en procesos derivados de accidentes de tráfico en los que ante la carencia de seguro o las dudas que pudieren existir en torno a su existencia es demandado el Consorcio de Compensación de Seguros) la competencia corresponde a los Juzgados de la capital de provincia, Ceuta y Melilla (art. 15 y Disposición Adicional de la Ley 52/1997, de 27 de noviembre, de Asistencia Jurídica al Estado e Instituciones Públicas, declarado vigente expresamente por la Disposición Derogatoria Única de la Ley 1/2000). 8.º En materia de impugnación de acuerdos sociales será tribunal competente el del lugar del domicilio social. 9.º En los procesos en que se ejerciten demandas sobre infracciones de la propiedad intelectual, será competente el tribunal del lugar en que la infracción se haya cometido o existan indicios de su comisión o en que se encuentren ejemplares ilícitos, a elección del demandante. 10.º En los juicios en materia de competencia desleal, será competente el tribunal del lugar en que el demandado tenga su establecimiento y, a falta de éste, su domicilio o lugar de residencia, y cuando no lo tuviere en territorio español, el tribunal del lugar donde se haya realizado el acto de competencia desleal o donde se produzcan sus efectos, a elección del demandante. 11.º En materia de patentes y marcas, será competente el tribunal que señale la legislación especial sobre dicha materia. Actualmente respecto de las patentes la competencia es de los Juzgados de 1.ª Instancia de la ciudad sede del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma del domicilio del demandado (art. 125.2 Ley 11/1986 de Patentes). 12.º En los procesos en que se ejerciten acciones para que se declare la no incorporación al contrato o la nulidad de las cláusulas de condiciones generales de la contratación, será competente el tribunal del domicilio del demandante. Y, sobre esa misma materia, cuando se ejerciten las acciones declarativa, de cesación o de retractación, será competente el tribunal del lugar donde el demandado tenga su establecimiento y, a falta de éste, el de su domicilio; y si el demandado careciere de domicilio en el territorio español, el del lugar en que se hubiera realizado la adhesión 13.º En las tercerías de dominio o de mejor derecho que se 93

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interpongan en relación con un procedimiento administrativo de apremio, será competente el tribunal del domicilio del órgano que acordó el embargo, sin perjuicio de las especialidades previstas para las administraciones públicas en materia de competencia territorial ya vistas. Cuando no operan las normas anteriores, los litigios en materia de seguros, ventas a plazos de bienes muebles corporales y contratos destinados a su financiación, así como en materia de contratos de prestación de servicios o relativos a bienes muebles cuya celebración hubiera sido precedida de oferta pública, son competencia del tribunal del domicilio del asegurado, comprador o prestatario o el del domicilio de quien hubiere aceptado la oferta, respectivamente. No cabe la sumisión tampoco en las materias a tramitar por los cauces del juicio verbal (art. 54.1 LEC), ni en el juicio monitorio (art. 813 LEC) ni en el cambiario (art. 820 LEC), ni en los casos en los que se trate de procesos de ejecución no derivados de títulos judiciales o arbitrales (art. 545 LEC). Por último tampoco cabe la sumisión expresa (no así la tácita que sí que es posible) en los contratos de adhesión o los sometidos a condiciones generales o los celebrados con consumidores o usuarios, lo cual es un reconocimiento de la tutela que ya venía reconociendo la jurisprudencia a los consumidores y de la que es un buen ejemplo la STJCE de 27 de junio de 2000 (TJCE 2000, 144), dándose de esta forma pleno cumplimiento a la Directiva sobre cláusulas abusivas de contratos de consumidores 93/13/CEE que hasta la fecha no había sido desarrollada y que había motivado decisiones judiciales en las que se había proclamado su efecto directo como en la antes citada STJCE de 27 de junio de 2000 y que se había recogido en SSTS como las de 2 febrero 1999 (RJ 1999, 528) o 12 diciembre 1997 (RJ 1997, 8759). En semejante sentido cabe citar la SAP Barcelona Sección 16.ª 20 febrero 2002 (JUR 2002, 136112). 2.3.2.

Fueros legales especiales

Son los determinados en el art. 52 y leyes especiales siendo la mayoría de los del art. 52 LEC imperativos salvo los de: 1.º Demandas sobre presentación y aprobación de las cuentas que deban dar los administradores de bienes ajenos donde la 94

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competencia se atribuye al tribunal del lugar donde deban presentarse dichas cuentas, y no estando determinado, el del domicilio del mandante, poderdante o dueño de los bienes, o el del lugar donde se desempeñe la administración, a elección del actor. 2.º Demandas sobre obligaciones de garantía o complemento de otras anteriores, en que es tribunal competente el que lo sea para conocer, o esté conociendo, de la obligación principal sobre que recayeren. 2.3.3.

Fuero general del domicilio o residencia

Tratándose de personas físicas el art. 50 LEC establece el fuero del domicilio del demandado y si no lo tuviere en el territorio nacional, el de su residencia en dicho territorio. Si no tienen domicilio ni residencia en España se les puede demandar en el lugar en que se encuentren dentro del territorio nacional o en el de su última residencia en éste y, si tampoco pudiera determinarse en el lugar del domicilio del actor. Tratándose de empresarios y profesionales, en los litigios derivados de su actividad empresarial o profesional, también podrán ser demandados en el lugar donde se desarrolle dicha actividad y, si tuvieren establecimientos a su cargo en diferentes lugares, en cualquiera de ellos a elección del actor Cuando se trata de personas jurídicas, el fuero general es el de su domicilio (art. 51 LEC) si bien asimismo se les puede demandar en el lugar donde la situación o relación jurídica a que se refiera el litigio haya nacido o deba surtir efectos, siempre que en dicho lugar tengan establecimiento abierto al público o representante autorizado para actuar en nombre de la entidad. Por último los entes sin personalidad pueden ser demandados en el domicilio de sus gestores o en cualquier lugar en que desarrollen su actividad. De esta forma se da solución a la problemática que planteaban estos entes a los que se aplicaba tal fuero dada la solución que a las sociedades irregulares se proclama en la legislación mercantil que desplazaba sobre los gestores las obligaciones contraídas siendo un ejemplo de ello la SAP Barcelona, Sección 15.ª 25 marzo 1998 (AC 1998, 4033). 95

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2.3.4.

Fuero en caso de acumulación de acciones y pluralidad de demandados

El art. 53, para tales casos señala la necesidad de determinar la acción fundamental. Si ninguna posee este carácter la competencia la tiene el tribunal que deba conocer del mayor número de las acciones acumuladas y, en último término, el del lugar que corresponda a la acción más importante cuantitativamente. Si hay varios demandados y, conforme a las reglas establecidas en este artículo y en los anteriores, pudiera corresponder la competencia territorial a los jueces de más de un lugar, la demanda podrá presentarse ante cualquiera de ellos, a elección del demandante 2.3.5.

Fuero privilegiado de la Administración

Como se ha indicado antes, se mantiene el fuero privilegiado de la Administración (antes mencionado al analizar la competencia territorial en sede de accidentes de tráfico), en los tribunales que tengan su sede en la capital de provincia, Ceuta y Melilla a los que se aludía en el art. 71 de la LEC/1881 sustituido por el art. 15 de la Ley 52/1997 de 27 de noviembre de asistencia jurídica al estado e Instituciones Públicas, que expresamente se declara en vigor por la Disposición derogatoria Única de la LEC/2000 y que es asimismo aplicable a las Comunidades Autónomas de conformidad con lo que se establece en la Disposición Adicional 4.ª de la Ley 52/1997. 2.3.6.

Tratamiento procesal de la competencia territorial

2.3.6.1.

Apreciación de oficio en el caso de fueros improrrogables

A ello se refiere el art. 58 LEC decidiéndose por medio de auto previa audiencia de las partes hasta ese momento personadas (que si se detecta al presentase la demanda solamente es el demandante) y del Ministerio Fiscal. En este caso el auto no solamente declara la incompetencia sino que hace una remisión de las actuaciones al tribunal que se considere territorialmente competente. En cuanto al momento en que esto se debe llevar a cabo lo preferente es hacerlo al admitir la demanda (art. 404 LEC en el juicio ordinario y 440 LEC en el verbal), pudiéndose hacer asi96

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mismo en la audiencia previa del juicio ordinario (art. 416.2 LEC) o en la vista del juicio verbal (art. 443.2.II LEC). Contra tal auto (art. 67 LEC) no cabe recurso alguno, lo que significa que si el juzgado se declara competente territorialmente sigue con el conocimiento de la causa. Por el contrario, si no se declara competente remite las actuaciones a aquel que estime que debe conocer de ellas. Una vez recibidas por éste (art. 60), si la decisión de envío se hubiere adoptado con audiencia de todas las partes, el tribunal al que se remitieren las actuaciones estará a lo decidido y no podrá declarar de oficio su falta de competencia territorial. Por contra si la decisión de inhibición por falta de competencia territorial no se hubiese adoptado con audiencia de todas las partes, sí que puede el órgano receptor plantearse su propia competencia, pudiendo declarar de oficio su falta de competencia territorial cuando ésta deba determinarse en virtud de reglas imperativas. En caso de conflicto negativo entre los dos órganos jurisdiccionales decide el superior común (que será la Audiencia Provincial si ambos Juzgados son de la misma provincia, la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma si son de diferentes provincias mas de idéntica Comunidad Autónoma; y el Tribunal Supremo si son de diferentes provincias y diferente Comunidad Autónoma). Tal remisión la hace automáticamente el segundo órgano jurisdiccional sin necesidad de instancia de parte al efecto, decidiendo el superior por medio de auto contra el que no cabe recurso alguno, remitiéndose las actuaciones al que se haya declarado competente y emplazando a las partes para que se personen ante el mismo en diez días. 2.3.6.2.

Apreciación a instancia de parte: la declinatoria (arts. 63 a 65 LEC)

Al haber desaparecido la inhibitoria la única vía para que a instancia de parte se plantee la problemática referente a la competencia territorial de un juzgado o tribunal es la de la declinatoria (asimismo prevista en el proceso de ejecución cuando no exista uno antecedente del que derive según el art. 547 LEC). La legitimación para interponerla le corresponde al demandado y a los que pueden ser parte legítima en el pleito (art. 63.1). Se interpone ante el juzgado que conoce de la causa, si bien el 97

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párrafo segundo del art. 63 ante la supresión de la inhibitoria y para evitar los perjuicios que implicare el desplazamiento hasta el lugar en que se tramita la causa y que no se estima competente, permite el presentarla también ante el tribunal del domicilio del demandado, que la hará llegar por el medio de comunicación más rápido posible al tribunal ante el que se hubiera presentado la demanda, sin perjuicio de remitírsela por oficio al día siguiente de su presentación. Esta presentación ante el domicilio del demandado al ser solamente a los efectos de remisión tratándose el receptor simplemente de un órgano transmisor se estima que no necesita de la personación en forma ante dicho tribunal (con Letrado y Procurador habilitado si fuere necesaria su intervención por el tipo de procedimiento), cosa que evidentemente no sucederá respecto del órgano que tramita la causa al no estar excluida la declinatoria de la intervención de estos profesionales en los arts. 23 y 31 LEC con lo que se deberán presentar firmadas por Letrado y Procurador hábiles para intervenir ante el órgano que conozca de la causa, si bien la ausencia de este requisito se podría estimar subsanable. En todo caso al interponer la declinatoria se debe indicar el órgano que se estime competente territorialmente, con lo que no basta con impugnar la competencia del que conoce la causa sino que aplicando las normas pertinentes se debe decir con precisión el órgano competente para que el Juez en caso de estimar la declinatoria así lo diga. El plazo de interposición de es dentro de los 10 primeros días para contestar a la demanda en el juicio ordinario (art. 404) y en el verbal en los 5 días siguientes al de la citación para juicio (art. 547). En ningún caso cabe plantearla transcurrido el plazo antes mencionado lo que implica la imposibilidad de alegar la falta de competencia en la contestación a la demanda, ya que la no interposición de la declinatoria dentro del plazo antes señalado implica la sumisión tácita al tribunal que esté conociendo de la causa. Evidentemente ello no obsta a que si se tratare de un tipo de procedimiento en el que no cabe la sumisión tácita (antes señalados), esta circunstancia se puede poner en conocimiento del juzgador para que sea éste de oficio y previa la pertinente contradicción, quien decida al respecto. El principal efecto de la interposición (art. 64) es el de suspender el procedimiento salvo en lo referente a las medidas de protección (aseguramiento de prueba, medidas cautelares) siempre que 98

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CAP. I. CUESTIONES GENERALES

la dilación en la adopción de las mismas pudiere causar perjuicios irreparables al actor. No obstante el mantenimiento de estas medidas de aseguramiento, el propio art. 64.2 LEC prevé que ni siquiera esas actividades se verificarán siempre que el demandado prestase caución bastante para responder de los daños y perjuicios que derivaran de la tramitación de una declinatoria desprovista de fundamento. Esta caución podrá otorgarse en dinero efectivo, mediante aval solidario de duración indefinida y pagadero a primer requerimiento emitido por entidad de crédito o sociedad de garantía recíproca o por cualquier otro medio que, a juicio del tribunal, garantice la inmediata disponibilidad, en su caso, de la cantidad de que se trate. Una vez interpuesta la declinatoria, se da traslado de la misma a las demás partes por 5 días (art. 65), traslado que incluye a todas las partes incluyendo aquellos que se pudieren haber sometido al tribunal que conozca de la causa ya que solamente de esta forma se garantiza la plena contradicción, siendo ejemplo de ello el tenor del art. 65 LEC que señala que de la declinatoria se han de acompañar tantas copias cuantos sean los restantes litigantes. Tras ello se dicta auto en el que se decide el remitir la causa a otro juzgado o estima procedente el continuar con la tramitación de la misma (art. 64.4 y 5). Contra esta decisión no se dará recurso alguno aunque en los recursos de apelación y extraordinario por infracción procesal sólo se admitirán alegaciones de falta de competencia territorial cuando, en el caso de que se trate, fueren de aplicación normas imperativas (art. 67). El órgano que recibe una causa por haberse suscitado una declinatoria no puede plantear un conflicto negativo (art. 60.1), lo cual significa que aun cuando no esté conforme con la decisión adoptada debe asumir la tramitación de la causa.

F 5.E.

Escrito planteando declinatoria por falta de competencia territorial (Fuero legal)

Juicio ... n.º .../... AL JUZGADO DE 1.ª INSTANCIA N.º ....... DE ....... D. ....... Procurador de los Tribunales, actuando en representación de ....... según se 99

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TOMO I. DISPOSICIONES GENERALES. PREPARACIÓN DEL PROCESO... acredita mediante escritura de poder que se acompaña y se solicita sea devuelta una vez testimoniada (o en virtud de apoderamiento apud acta que se otorgará ante la Secretaría de ese Juzgado) comparezco en el presente procedimiento en el que se emplazó a mi representada el pasado ....... y digo: HECHOS ÚNICO.–La demanda interpuesta por parte de D. ......., contra mi representado D. ....... y la aseguradora ....... deriva de un accidente de circulación ocurrido el pasado ....... en el que se vieron involucrados, de una parte el ....... matrícula ....... que era propiedad de mi mandante y estaba asegurado por la también demandada .......; y de otra parte el ....... matrícula ....... titularidad del actor en las presentes actuaciones. En cuanto al lugar de producción del accidente éste fue (como se indica en la propia demanda) el km ....... de la carretera N–..... que en el atestado levantado al efecto se indica que pertenece a ese partido judicial. No obstante lo anterior, estima esta parte que tal punto kilométrico pertenece al municipio de ......., que pertenece al partido judicial de ....... contiguo al de este Juzgado. Como prueba de lo anterior se aporta como documento n.º 1 certificación del servicio de carreteras del Estado, como documento n.º 2 certificación expedida por el Ayuntamiento de ....... en el que se indica asimismo tal circunstancia y como documento n.º 3 un mapa de la demarcación territorial de tal municipio en la que consta la localización dentro del mismo del punto kilométrico en el que el siniestro que es objeto de estos autos se produjo. FUNDAMENTOS DE DERECHO PRIMERO.–Competencia.–Para formular y resolver la presente declinatoria corresponde al Juzgado que conoce del asunto ante el que sigue la tramitación de la causa (art. 63.2 LEC). SEGUNDO.–Legitimación.–Le corresponde a esta parte ante su condición de demandada en las presentes actuaciones (art. 63.2 LEC). TERCERO.–Procedimiento.–Es el previsto en el art. 63 y ss. de la LEC. CUARTO.–Fondo de la reclamación.–Ante el hecho de ser la acción ejercitada en las presentes actuaciones la derivada de un accidente de circulación, la competencia para conocer de la misma le corresponde al Juzgado del lugar en el que el accidente se produjo de conformidad con lo previsto en el art. 52.1.9.º LEC fuero que tiene un carácter indisponible para las partes de conformidad con lo previsto en el art. 54.1 LEC. El lugar de producción del siniestro está situado en el municipio de ....... y éste pertenece al partido judicial de ....... según se dispone en el anexo de la Ley 38/1988 de 28 de diciembre de Demarcación y de Planta Judicial En base a lo anterior, SUPLICO al Juzgado que tenga por interpuesta la presente declinatoria, se sirva por tener a esta parte por debidamente personada a los solos efectos de poner de manifiesto la falta de competencia territorial del Juzgado al que me dirijo y tras la suspensión inmediata del procedimiento en el que se interpone y la tramitación pertinente dando traslado a las demás partes, se dicte auto por el que se declare la incompetencia de este Juzgado para conocer de las presentes actuaciones separándose del conocimiento de las mismas y procediendo a su remisión a los Juzgados de 1.ª Instancia de ....... para su reparto al que por turno corresponda, todo ello con imposición de costas a la parte demandante si se opusiere. ....... a ....... de ....... de 200.. Firma Abogado

Firma Procurador 100

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CAP. I. CUESTIONES GENERALES

F 6.E.

Escrito planteando declinatoria por falta de competencia territorial alegando nulidad del pacto de sumisión expresa

Juicio ... n.º .../... AL JUZGADO DE 1.ª INSTANCIA N.º ....... DE ....... D. ....... Procurador de los Tribunales, actuando en representación de ....... según se acredita mediante escritura de poder que se acompaña y se solicita sea devuelta una vez testimoniada (o en virtud de apoderamiento apud acta que se otorgará ante la Secretaría de ese Juzgado) comparezco en el presente procedimiento en el que se emplazó a mi representada el pasado ....... y digo: HECHOS ÚNICO.–Que la demanda objeto de las presentes actuaciones tiene por objeto el reclamar el importe que la mercantil demandante ....... estima pendiente de pago por parte de mi representado ....... a resultas de la compra que se verificó por la oferta recibida en su domicilio de la Enciclopedia ......., firmando a tal efecto la hoja de encargo pertinente. En tal documento aportado por la demandante como documento n.º ....... de su demanda y que constituye un modelo estereotipado y que no se negoció específicamente, se contiene una cláusula de sumisión expresa a los tribunales de la localidad en la que está el Juzgado al que me dirijo (...), con renuncia del fuero propio que vendría determinado por el domicilio de mi representado que es la ciudad de ....... en la que fue emplazado a instancias del propio demandante tal y como se aprecia en la demanda al efecto presentada. FUNDAMENTOS DE DERECHO PRIMERO.–Competencia.–Para formular y resolver la presente declinatoria corresponde al Juzgado que conoce del asunto ante el que sigue la tramitación de la causa (art. 63.2 LEC). SEGUNDO.–Legitimación.–Le corresponde a esta parte ante su condición de demandada en las presentes actuaciones (arts. 63.2 LEC). TERCERO.–Procedimiento.–Es el previsto en el art. 63 y ss. de la LEC. CUARTO.–Fondo de la reclamación.–La competencia territorial para conocer de estas actuaciones se estima que corresponde a los Juzgados de ....... por ser el domicilio de mi representado al ser el fuero aplicable con fundamento en el art. 50.1 LEC no pudiendo ser de aplicación la cláusula de sumisión expresa que aparece en el contrato aportado ya que se trata de una cláusula contenida en un contrato de adhesión (art. 54.2 LEC). El carácter de adhesión del contrato firmado resulta del carácter del mismo que se incardina en la definición tradicional de este tipo de contratos que se caracterizan por ser un «modelo standard» en el que su clausulado general ha sido unilateralmente redactado por la demandante y entregado a mi representado sin que en su redacción haya tenido 101

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TOMO I. DISPOSICIONES GENERALES. PREPARACIÓN DEL PROCESO... intervención alguna (SSTS 31 marzo 1973, 3 febrero 1989, 29 enero 1996, 4 julio 1997 y 22 enero 1999 entre otras). Asimismo se puede invocar la Directiva 1993/13 de 5 de abril que define y sanciona la ineficacia de las cláusulas abusivas plasmadas en los contratos celebrados con los consumidores, Directiva cuya aplicación directa, antes de la LEC/2000 fue proclamada entre otras en la STS 8 noviembre 1996, habiendo proclamado la STJCE de 27 de junio de 2000 la necesidad de no estimar operativas cláusulas como la que es aquí objeto de análisis. En base a lo anterior, SUPLICO al Juzgado que tenga por interpuesta la presente declinatoria, se sirva por tener a esta parte por debidamente personada a los solos efectos de poner de manifiesto la falta de jurisdicción y tras la suspensión inmediata del procedimiento en el que se interpone y la tramitación pertinente dando traslado a las demás partes, se dicte auto por el que se declare la incompetencia de este Juzgado para conocer de las presentes actuaciones separándose del conocimiento de las mismas y procediendo a su remisión a los Juzgados de 1.ª Instancia de ....... para su reparto al que por turno corresponda, todo ello con imposición de costas a la parte demandante si se opusiere. ....... a ....... de ....... de 200.. Firma Abogado

Firma Procurador

F 7.E.

Escrito del demandado presentando la declinatoria por falta de competencia territorial ante el juzgado de su domicilio

AL JUZGADO DE 1.ª INSTANCIA DE ....... D. ......., con domicilio en este partido judicial en ....... EXPONE PRIMERO.–Que el pasado ....... fui emplazado por el Juzgado de 1.ª Instancia n.º ....... de esta ciudad ante el hecho de haber sido demandado por ....... ante el Juzgado de 1.ª Instancia n.º ....... de ....... que dio origen a los autos n.º ....... SEGUNDO.–Que con el presente escrito adjunto declinatoria a tramitar por el Juzgado que me ha emplazado en la forma legalmente prevista en los arts. 63 y ss. de la LEC. TERCERO.–Que el art. 63.2 de la LEC dispone que: «2. La declinatoria se propondrá ante el mismo tribunal que esté conociendo del pleito y al que se considere carente de jurisdicción o de competencia. No obstante, la declinatoria podrá presentarse también ante el tribunal del domicilio del demandado, que la hará llegar por el medio de comunicación más rápido posible al tribunal ante el que se hubiera presentado la demanda, sin perjuicio de remitírsela por oficio al día siguiente de su presentación». En base a lo anterior 102

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CAP. I. CUESTIONES GENERALES SOLICITO DEL JUZGADO tenga por presentada la declinatoria que se adjunta a fin de hacerla llegar por el medio de comunicación más rápido posible al Juzgado de 1.ª Instancia n.º ....... para su tramitación en los autos de juicio ....... n.º ....... que se siguen ante el mismo, sin perjuicio de remitírsela por oficio al día siguiente al que se presenta este escrito y solicitando asimismo al Juzgado destinatario que tenga por interrumpido el plazo para contestar a la demanda desde la presentación de este escrito En ....... a ....... de ........ de dos mil ....... EL INTERESADO

F 8.E.

Escrito del demandante contestando la declinatoria con aportación de documentos

Juicio ... n.º .../... AL JUZGADO DE 1.ª INSTANCIA N.º ....... DE ....... D. ....... Procurador de los Tribunales, actuando en representación de ....... por medio del presente y dentro del plazo legal de cinco días procedo a contestar a la declinatoria que fue presentada por el Procurador D. ......., actuando en representación de D. ....... HECHOS ÚNICO.–En la declinatoria presentada se indica que el Juzgado al que me dirijo no es el territorialmente competente para conocer de las presentes actuaciones al entender que la competencia para el conocimiento del presente procedimiento corresponde a los Juzgados de ....... al entender que el lugar de producción del accidente es el partido judicial correspondiente al juzgado que indica y no el Juzgado al que me dirijo. A tal efecto aporta como soporte de sus alegaciones el atestado policial levantado en el que se hace la indicación de que el punto de producción del siniestro (km ... de la N–.....) pertenece a tal partido judicial. No obstante lo anterior, estima esta parte que tal punto kilométrico pertenece al municipio de ......., que pertenece al partido judicial de ....... contiguo al de este Juzgado. Como prueba de lo anterior se aporta como documento n.º 1 certificación del servicio de carreteras del Estado, como documento n.º 2 certificación expedida por el Ayuntamiento de ....... en el que se indica asimismo tal circunstancia y como documento n.º 3 un mapa de la demarcación territorial de tal municipio en la que consta la localización dentro del mismo del punto kilométrico en el que el siniestro que es objeto de estos autos se produjo. FUNDAMENTOS DE DERECHO PRIMERO.–Competencia.–Para formular y resolver la presente declinatoria corresponde al Juzgado que conoce del asunto ante el que sigue la tramitación de la causa (art. 63.2 LEC). 103

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TOMO I. DISPOSICIONES GENERALES. PREPARACIÓN DEL PROCESO... SEGUNDO.–Legitimación.–Le corresponde a esta parte ante su condición de demandante en las presentes actuaciones (art. 65.1 LEC). TERCERO.–Procedimiento.–Es el previsto en el art. 63 y ss. de la LEC. CUARTO.–Fondo de la reclamación.–Ante el hecho de ser la acción ejercitada en las presentes actuaciones la derivada de un accidente de circulación, la competencia para conocer de la misma le corresponde al Juzgado del lugar en el que el accidente se produjo de conformidad con lo previsto en el art. 52.1.9.º LEC fuero que tiene un carácter indisponible para las partes de conformidad con lo previsto en el art. 54.1 LEC. El lugar de producción del siniestro está situado en el municipio de ....... y éste pertenece al partido judicial de ....... según se dispone en el anexo de la Ley 38/1988 de 28 de diciembre de Demarcación y de Planta Judicial En base a lo anterior, SUPLICO al Juzgado que tenga por opuesto a la declinatoria formulada dictando auto por el que se desestime la misma y se mantenga la competencia de este Juzgado, alzando la suspensión de la tramitación que en su día se decretó. Todo ello con expresa imposición de las costas derivadas de esta declinatoria a la parte proponente. ....... a ....... de ....... de 200.. Firma Abogado

F 9.E.

Firma Procurador

Auto apreciación de oficio falta de competencia territorial

Juicio Monitorio ... Juzgado de 1.ª Instancia n.º ....... de ....... Barcelona AUTO En ....... a ....... de ........ de dos mil ....... ANTECEDENTES DE HECHO ÚNICO.–El pasado ....... se presentó ante el Juzgado Decano de esta ciudad por parte de la Procuradora de los Tribunales D.ª ......., actuando en representación de ....... escrito inicial de proceso monitorio contra D.ª ......., indicando que el domicilio de la misma era el de la C ....... de esta ciudad. Ante el domicilio indicado, por medio de providencia de ....... se admitió a trámite el escrito presentado. El intento de localizar a la demandada en ese lugar resultó imposible según resulta de las diligencias del SAC de fechas ......., y ....... De ello se dio traslado a la parte demandante 104

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CAP. I. CUESTIONES GENERALES la cual indicó en escrito de ....... como domicilio de la demandada uno sito en la localidad de ....... Ante esta manifestación no perteneciendo a este partido tal localidad, y ante la posible falta de competencia territorial de este Juzgado se dio el traslado que se prevé en el art. 58 de la LEC, emitiendo informe el Ministerio Fiscal el pasado ....... en el sentido de estimar competente al Juzgado al que correspondiere de ....... FUNDAMENTOS DE DERECHO ÚNICO.–Las presentes actuaciones se siguen por las normas del proceso monitorio que en materia de competencia territorial expresamente hace competente en el art. 813 LEC al Tribunal del domicilio del demandado o del lugar en el que el deudor fuere hallado en caso de desconocerse el domicilio. Dado el carácter imperativo del fuero y la inaplicabilidad de las normas en materia de sumisión; ante la manifestación de la parte demandante que era plenamente congruente con los documentos fundamento de la demanda en los que se hacía referencia al domicilio en ....... de la demandada (documentos n.º 1, 2, 4 a 6 de la demanda); se procedió en la forma que prevé el art. 58 de la LEC. Una vez analizados los elementos con los que se cuenta en las actuaciones y en especial los extendidos por la propia demandante (hojas de pedido adjuntas como documentos n.º 1 y 2 de la demanda) y siendo además éste el último domicilio conocido (la última entrega se hizo en marzo de 1999 en el mismo tal y como se deriva del documento n.º 6 de la demanda); se estima que la competencia no corresponde a este Juzgado sino al que correspondiere de ....... en cuyo partido judicial se encuentra la localidad de ....... al que se remitirán las actuaciones con fundamento en el art. 58 de la LEC. Por lo expuesto, DISPONGO haber lugar a remitir las presentes actuaciones a los Juzgados de ....... que se estiman competentes territorialmente para el conocimiento de las presentes actuaciones, emplazando a la parte demandante para que comparezca ante el mismo en el plazo de diez días. Contra este auto no cabe interponer recurso alguno. Así lo acuerda, manda y firma D. ......., Magistrado-Juez del Juzgado de 1.ª Instancia n.º ....... de ....... Doy Fe. DILIGENCIA.–Seguidamente se cumple lo acordado. Doy Fe. 105

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TOMO I. DISPOSICIONES GENERALES. PREPARACIÓN DEL PROCESO...

F 10.E.

Escrito compareciendo ante el Tribunal competente una vez estimada la declinatoria (no se conoce aún el Juzgado al que se ha repartido)

AL JUZGADO DE 1.ª INSTANCIA DECANO DE ....... D. ....... Procurador de los Tribunales, actuando en representación de ....... según se acredita mediante escritura de poder que se acompaña y se solicita sea devuelta una vez testimoniada (o en virtud de apoderamiento apud acta que se otorgará ante la Secretaría de ese Juzgado) comparezco y digo: HECHOS ÚNICO.–Que el Juzgado de 1.ª Instancia n.º ....... de ..... tramitó los autos de juicio ....... n.º ....... en los que se suscitó una declinatoria interesada por esta parte y que tras la tramitación pertinente concluyó por medio de auto de ....... en el que se declaró la competencia de los Juzgados de esa localidad, acordando la personación de las partes en un plazo de diez días. Dicho auto fue notificado a esta parte el ....... Al no constar a esta parte la recepción en ese Juzgado Decano de tales autos se estima procedente el verificar ya la personación a expensas de tal recepción de forma que se pueda tener por personada a esta parte dentro del plazo señalado. FUNDAMENTOS DE DERECHO PRIMERO.–Competencia territorial.–De conformidad con lo previsto en el art. 65 LEC el órgano que ha resuelto la declinatoria ha determinado la competencia del que estima debe conocer de la causa. SEGUNDO.–Personación.–Al no disponerse nada en el art. 65 LEC se verifica el emplazamiento en forma semejante a la prevista para la acumulación de procesos que penden ante distintos tribunales según se establece en el art. 92 LEC y con la finalidad de evitar la paralización de la causa. En base a lo anterior, SUPLICO al Juzgado Decano tenga a bien recibir este escrito y una vez se reciban los autos n.º ..... procedentes del Juzgado n.º ..... se sirva remitirlo al Juzgado al que por turno de reparto corresponda tal procedimiento de forma que tal órgano jurisdiccional tenga a esta parte por personada en tal procedimiento dando cumplimiento a lo dispuesto en su momento en el auto que acordó la remisión. ....... a ....... de ....... de 200.. Firma Abogado

Firma Procurador 106

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CAP. I. CUESTIONES GENERALES

F 11.E.

Escrito compareciendo ante el Tribunal competente una vez estimada la declinatoria (se conoce ya el Juzgado al que se ha repartido)

AL JUZGADO DE 1.ª INSTANCIA N.º ....... DE ....... D. ....... Procurador de los Tribunales, actuando en representación de ....... según se acredita mediante escritura de poder que se acompaña y se solicita sea devuelta una vez testimoniada (o en virtud de apoderamiento apud acta que se otorgará ante la Secretaría de ese Juzgado) comparezco y digo: HECHOS ÚNICO.–Que el Juzgado de 1.ª Instancia n.º ....... de ..... tramitó los autos de juicio ....... n.º ....... en los que se suscitó una declinatoria interesada por esta parte y que tras la tramitación pertinente concluyó por medio de auto de ....... en el que se declaró la competencia de los Juzgados de esa localidad, acordando la personación de las partes en un plazo de diez días. Dicho auto fue notificado a esta parte el ......., habiéndose la misma repartido a ese Juzgado. FUNDAMENTOS DE DERECHO PRIMERO.–Competencia territorial.–De conformidad con lo previsto en el art. 65 LEC el órgano que ha resuelto la declinatoria ha determinado la competencia del que estima debe conocer de la causa. SEGUNDO.–Personación.–Al no disponerse nada en el art. 65 LEC se verifica el emplazamiento en forma semejante a la prevista para la acumulación de procesos que penden ante distintos tribunales según se establece en el art. 92 LEC y con la finalidad de evitar la paralización de la causa. En base a lo anterior, SUPLICO al Juzgado tenga a esta parte personada en las actuaciones que en el mismo se siguen y que derivan de la remisión de los autos n.º ..... procedentes del Juzgado n.º ....... en virtud de lo acordado por auto de ....... ....... a ....... de ....... de 200.. Firma Abogado

F 12.E.

Firma Procurador

Auto denegando la declinatoria por falta de competencia territorial

Juicio ... Juzgado de 1.ª Instancia n.º ....... de ....... Barcelona 107

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TOMO I. DISPOSICIONES GENERALES. PREPARACIÓN DEL PROCESO... AUTO En ....... a ........ de ........ de dos mil ....... ANTECEDENTES DE HECHO ÚNICO.–El pasado ....... se presentó por el Procurador de los Tribunales D. ......., actuando en representación de ....... declinatoria por falta de competencia territorial que fue admitida a trámite por medio de providencia de ....... por la que se concedió a las demás partes el plazo legalmente previsto de cinco días para que alegaren lo que a su derecho conviniere, presentando el ....... el Procurador D. ......., actuando en representación de ....... el escrito con sus alegaciones. FUNDAMENTOS DE DERECHO ÚNICO.–La cuestión que es objeto de análisis por medio de la presente resolución no es otra que la de determinar o no la competencia territorial de este Juzgado. La parte demandante que reclama ante el que estima incumplimiento contractual de la demandada por la deficiente calidad de la obra entregada presenta su reclamación ante esta sede al tener la misma un establecimiento abierto en esta localidad y haber surgido en esta ciudad la relación entre las partes al ser el lugar de la firma del contrato (documento n.º 1 de la demanda y art. 51.2 LEC). La mercantil demandada frente a ello indica que el procedimiento se debe seguir ante los Juzgados de ......., siendo el fundamento de ello la existencia de una cláusula de sumisión expresa con renuncia al fuero propio en el contrato de adquisición ante la oferta recibida en su domicilio de la Enciclopedia ....... Tal documento aportado por la demandante como documento n.º ....... de su demanda y que constituye un modelo estereotipado se contiene la cláusula de sumisión expresa antes mencionada. Ante ello se estima que la competencia territorial para conocer de estas actuaciones corresponde a este Juzgado con fundamento en el art. 51.2 LEC antes mencionado, no pudiendo ser de aplicación la cláusula de sumisión expresa que aparece en el contrato aportado ya que se trata de una cláusula contenida en un contrato de adhesión (art. 54.2 LEC) según la definición de los mismos que entre otras se contiene en las SSTS 31 marzo 1973, 3 febrero 1989, 29 enero 1996, 4 julio 1997 y 22 enero 1999. Asimismo se puede invocar la Directiva 1993/13 de 5 de abril que define y sanciona la ineficacia de las cláusulas abusivas plasmadas en los contratos celebrados con los consumidores, Directiva cuya aplicación directa, antes de la LEC/2000 fue proclamada entre otras en la STS 8 noviembre 1996, habiendo proclamado la STJCE de 27 de junio de 2000 la necesidad de no estimar operativas cláusulas como la que es aquí objeto de análisis. Por lo expuesto, DISPONGO no haber lugar a la declinatoria formulada por el Procurador de los Tribunales D. ......., actuando en representación de ......., declarando la competencia de este Juzgado para seguir con la tramitación de este procedimiento y alzando la suspensión en su momento decretada indicando a la parte demandada que le restan 12 días para contestar a 108

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CAP. I. CUESTIONES GENERALES la demanda en su momento presentada que se comenzarán a computar a partir del siguiente al de la notificación de esta resolución. Contra este auto no cabe recurso alguno. Así lo acuerda, manda y firma D. ......., Magistrado-Juez del Juzgado de 1.ª Instancia n.º ....... de ....... Doy fe. DILIGENCIA.–Seguidamente se cumple lo acordado. Doy fe.

2.4. COMPETENCIA FUNCIONAL A ella se refieren los arts. 61 y 62 LEC e implica el conocimiento por diferentes órganos jurisdiccionales de las diversas fases del procedimiento. En la LEC solamente se contienen los dos preceptos antes reseñados que tratan respectivamente de la competencia por conexión al atribuir al que conoce de un asunto la resolución de las diversas incidencias que pueda plantear (art. 61) y de la apreciación de oficio de la competencia para conocer de los recursos previa audiencia de las partes por diez días teniendo los litigantes cinco días a contar de esta resolución para preparar o interponer correctamente el recurso (art. 62). Como correlato de lo anterior el art. 545 LEC atribuye la ejecución al órgano que hubiere conocido del procedimiento en primera instancia. En cuanto a la posibilidad de suscitar un defecto de competencia funcional a instancia de parte, se entiende asimismo operativa la declinatoria dado el carácter genérico que la misma posee. Como manifestaciones más relevantes de la competencia funcional en la LEC se pueden citar las siguientes: A) Juzgados de Paz que tienen competencia para ejecutar las sentencia dictadas en primera instancia por ellos (art. 545). B) Juzgados de 1.ª Instancia que son competentes para conocer los recursos de apelación y queja contra las resoluciones de los Juzgados de Paz (art. 455.2.1.º), la rescisión de las sentencias dictadas en rebeldía (art. 501) o la ejecución de sus sentencias (art. 545). 109

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TOMO I. DISPOSICIONES GENERALES. PREPARACIÓN DEL PROCESO...

C) Las Audiencias Provinciales que son competentes para conocer los recursos de apelación y queja contra las resoluciones dictadas por los jueces de 1.ª instancia (arts. 455.2.2.º y 494) o las cuestiones de competencia territorial entre 2 Juzgados de 1.ª Instancia de su demarcación (art. 60). Esta demarcación puede ser inferior a la provincial (art. 80 LOPJ) con lo que en las provincias en las que existan secciones de la Audiencia Provincial fuera de la capital las cuestiones de competencia territorial entre Juzgados de 1.ª Instancia de la misma provincia pero adscritos a Secciones ubicadas en diferentes poblaciones deberían ser resueltas por los Tribunales Superiores de Justicia en virtud de la competencia que a continuación se analiza. D) Los Tribunales Superiores de Justicia que analizan las cuestiones de competencia territorial entre dos juzgados de su demarcación y que exceda de la de una Audiencia Provincial (art. 60), el recurso de casación autonómico (art. 478) el recurso extraordinario por infracción procesal (art. 468) si bien éste no está en vigor ante la imposibilidad de llevar a cabo junto a la LEC una revisión paralela de la LOPJ de modo que hasta que ello se produzca (cosa que no se ha hecho con la LO 19/2003), es competencia de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo (Disposición Final 16.ª de la LEC/2000), o del recurso de revisión (art. 509). E) La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo que es competente para conocer de las cuestiones de competencia territorial entre Juzgados de diferentes Comunidades Autónomas (art. 60), para conocer del recurso de casación no autonómico (art. 478), del recurso de revisión (art. 501), del recurso por infracción procesal en tanto en cuanto no lo asuman los Tribunales Superiores de Justicia, y del recurso de casación en interés de ley del art. 490 (que aún no está en vigor ya que su finalidad es armonizar la doctrina de los TSJ en los recursos por infracción procesal que ya se ha indicado aún no está en vigor). 2.5. REPARTO DE ASUNTOS Al mismo se refieren los arts. 68 a 70 LEC, siendo de destacar lo esencial que es el adecuado respeto a las normas de reparto al vincularse asimismo al derecho al juez ordinario predeterminado por la ley a que alude el art. 24 de la Constitución. Las normas de reparto son públicas y en la actualidad incluso son accesibles en 110

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CAP. I. CUESTIONES GENERALES

las grandes ciudades por vía informática a través de páginas específicas en internet. El reparto es requisito esencial cuando hay más de un Juzgado de Primera Instancia en el partido (lo mismo se aplica a los asuntos de los que deban entender las Audiencias Provinciales cuando estén divididas en Secciones). Sin constancia de la diligencia de reparto no es posible el proveer por parte del Juzgado, siendo nulas las decisiones que se adopten, nulidad que se puede declarar de oficio o a instancia de parte. Ante la falta de diligencia de reparto lo único que puede hacer el Juzgado receptor es ordenar que el asunto pase a reparto El responsable de que el reparto se realice de conformidad con las normas aprobadas por las Salas de Gobierno es el Secretario Judicial (art. 454.3 LOPJ) Contra las decisiones que se adopten en materia de reparto no cabe la declinatoria sino el recurso en vía gubernativa y única instancia que resuelve el Juez Decano [art. 168.2.a) LOPJ en la redacción que le ha dado la LO 19/2003 de 23 de diciembre] o el Presidente del Tribunal o Audiencia (art. 160 LOPJ). Una especialidad muy importante en esta materia de reparto es la que se ha introducido por la Disposición Adicional Duodécima de la LO 19/2003 de 23 de diciembre por la que se introduce en la LEC una Disposición Adicional Quinta y que de facto crea un sistema que cabe denominar de «juicios rápidos civiles» (la reforma los denomina en relación a la oficina que se crea a tal efecto y que se denomina «Oficina de Señalamiento Inmediato») en los que el sistema de reparto es muy diferente ya que no solamente se circunscribe a transmitir el conocimiento de un asunto a un Juzgado concreto, sino que al mismo tiempo del reparto se hace el pertinente señalamiento y practica las correspondientes citaciones (o entrega la documentación pertinente para que se practiquen por medio del Procurador que lo solicite –realidad ésta de la verificación por medio de Procurador de las citaciones a las demás partes–) sin perjuicio de quedar a expensas de la ulterior admisión de la demanda por el Juez correspondiente al que por turno de reparto haya correspondido la causa. Ello solamente es posible en aquellos partidos judiciales con separación entre Juzgados de Primera Instancia y Juzgados de Instrucción. Tales oficinas (como se ha indicado), se denominan Oficinas 111

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de Señalamiento Inmediato y su establecimiento no es automático tras la entrada en vigor de la LO 19/2003 sino que requiere de una decisión del Ministerio de Justicia, de acuerdo con la Comunidad Autónoma correspondiente con competencias en la materia, previo informe favorable del Consejo General del Poder Judicial. Las materias sometidas a este régimen (que en caso de crearse las Oficinas de Señalamiento Inmediato son todas al no caber en principio exclusiones de forma que en cada partido se siga un régimen diferente) son las siguientes: A) Reclamaciones del art. 250.2 LEC (juicios verbales hasta 3.000 €). B) Desahucios de finca urbana por falta de pago de rentas o cantidades debidas y, en su caso, reclamaciones de estas rentas o cantidades cuando la acción de reclamación se acumule a la acción de desahucio. C) Medidas cautelares previas o simultáneas a la demanda del art. 770, 6.ª LEC (guarda y custodia y alimentos para hijos menores). D) Medidas provisionales de nulidad, separación o divorcio, previas o simultáneas a la demanda de los arts. 771 y 773.1 LEC. E) Demandas de nulidad, separación o divorcio solicitados de mutuo acuerdo, o por uno de los cónyuges con el consentimiento del otro. A tal efecto y para realizar los señalamientos inmediatos existirá un turno preestablecido de forma que al Juzgado al que corresponda (con distinción de materias ya que algunas de las antes señaladas son propias de los Juzgados de Familia lo que implicará que en los partidos en los que éstos existan al menos habrá dos Juzgados en el turno uno civil general y otro de familia) reservará su agenda en su integridad para este tipo de «juicios rápidos» en las fechas que le corresponda. Una vez conocido este turno (respecto al que lo conveniente sería que existieren varios Juzgados a repartir a la vez a fin de evitar que por medio del mecanismo de presentar las demandas o peticiones un día determinado se pudiere elegir el juzgado que vaya a tramitar la causa), la Oficina de Señalamiento Inmediato al recibir una demanda o petición de las anteriores procede a: 112

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1) Registrar la demanda. 2) Repartirla al Juzgado al que por turno corresponda. 3) Señalar directamente la fecha de la vista o comparecencia y tratándose de juicios de desahucio la fecha del lanzamiento. Este señalamiento es muy estricto y se debe hacer en los plazos que marca la propia LEC. 4) Expedir las correspondientes citaciones y oficios, para que se realicen a través del servicio común de notificaciones o, en su caso, por el procurador que así lo solicite, y se entreguen cumplimentadas directamente al Juzgado correspondiente (la posibilidad de que el Procurador pueda practicar una citación es enteramente novedosa siendo el gasto que ello genere a costa de la parte a la que representan, teniéndose por válidamente realizados estos actos de comunicación cuando quede constancia suficiente de haber sido practicados en la persona o en el domicilio del destinatario. Dado que es un acto que ejecuta el procurador y no un funcionario, es el procurador el que acredita, bajo su responsabilidad personal, la identidad y condición del receptor del acto de comunicación, cuidando de que en la copia quede constancia de su firma y de la fecha en que se realice). 5) Remitir inmediatamente la demanda o solicitud presentada al Juzgado que corresponda. En todo caso las diligencias antes mencionadas están supeditadas a la admisión a trámite de la demanda por el Juzgado correspondiente. En el supuesto en que se admita la demanda, se estará al señalamiento realizado. Si no fuera admitida a trámite, se dejará sin efecto el señalamiento, comunicando el Juzgado esta circunstancia a quienes ya hubieren sido citados.

3.

Partes del proceso Regulación legal: arts. 6 a 18 y 23 a 35 de la LEC

3.1. CAPACIDAD Y LEGITIMACIÓN 3.1.1. Capacidad para ser parte 3.1.2. Capacidad para comparecer en juicio 113

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TOMO I. DISPOSICIONES GENERALES. PREPARACIÓN DEL PROCESO... 3.1.3. Legitimación 3.2. PLURALIDAD DE PARTES 3.2.1. Litisconsorcio 3.2.1.1. Litisconsorcio activo 3.2.1.2. Litisconsorcio pasivo 3.2.2. Intervención procesal 3.2.2.1. Intervención voluntaria 3.2.2.2. Intervención provocada 3.2.2.3. Intervención en los procesos para la protección de intereses colectivos y difusos de consumidores y usuarios 3.3. SUCESIÓN PROCESAL 3.3.1. Fallecimiento 3.3.2. Transmisión del objeto litigioso 3.3.3. Intervención provocada 3.4. REPRESENTACIÓN PROCESAL Y DEFENSA TÉCNICA 3.4.1. Representación F.13.E. Escrito de procurador interesando el procedimiento de cuenta jurada 3.4.2. Defensa 3.5. LA GRATUIDAD DE LA JUSTICIA 3.5.1. Concepto y presupuestos 3.5.2. Procedimiento 3.5.3. Efectos F.14.E. Escrito de un demandante solicitando justicia gratuita a la comisión de justicia gratuita F.15.E. Escrito impugnando la denegación de justicia gratuita F.16.E. Escrito solicitando la suspensión del plazo para contestar por solicitar justicia gratuita 3.5.4. La gratuidad de la justicia para litigar en otro Estado de la Unión Europea 3.5.4.1. Introducción 3.5.4.2. Ámbito de aplicación material 3.5.4.3. Contenido del derecho 3.5.4.4. Requisitos para el reconocimiento del derecho 3.5.4.5. Motivos de negativa al reconocimiento referentes al fondo del litigio 114

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CAP. I. CUESTIONES GENERALES 3.5.4.6. Procedimiento F.17.E. Formulario obligatorio de solicitud de justicia gratuida en otro estado miembro de la Unión Europea F.18.E. Formulario obligatorio de traslado de solicitud de justicia gratuita en otro estado miembro la Unión Europea

3.1. CAPACIDAD Y LEGITIMACIÓN Viene regulada en los arts. 6 a 11 de la LEC, habiendo sido este último precepto uno de los afectados por la primera reforma de la LEC que se ha llevado a cabo por medio de la Ley 39/2002 de 28 de octubre (BOE 29 octubre 2002). 3.1.1.

Capacidad para ser parte

Es la que faculta a un sujeto para ser titular de expectativas y cargas procesales, independientemente del proceso concreto de que se trate. Ello implica el poder ser titular de derechos y facultades procesales, de asumir los correspondientes deberes y cargas y de ser beneficiario de los efectos favorables de la sentencia que se dicte o perjudicado por la sentencia condenatoria y sufrir los efectos que de ella se derivan: cosa juzgada y ejecución forzosa. Es un concepto que en principio coincide con el de personalidad jurídica del Derecho Civil, de forma que se reconoce capacidad para ser parte a todas aquellas personas a quienes las normas sustantivas otorgan personalidad jurídica. De ahí que suela afirmarse que la capacidad para ser parte es el trasunto procesal de la personalidad jurídica del Derecho civil. En la LEC se regula en el art. 6 que distingue entre la capacidad para ser parte demandante y demandada (párrafo primero) y solamente para ser parte demandada (párrafo segundo). Además la noción de capacidad para ser parte, a pesar de las similitudes con el concepto de personalidad jurídica es de mayor amplitud ya que todo ente dotado de personalidad jurídica tiene capacidad para ser parte, pero también se puede asignar a entes no dotados de la misma. Debido a que es un requisito esencial y de orden público, es necesario el acreditar la parte que demanda o es demandada que reúne esta capacidad para ser parte ya que el art. 9 LEC prevé la posibilidad de apreciar de oficio su ausencia en cualquier momento 115

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del proceso, con lo que desde el mismo momento de decidir la admisión a trámite de la demanda, hasta la sentencia se podrá verificar esta apreciación que asimismo puede hacerse a instancia de las demás partes ya que en la contestación de la demanda (el demandado) o en la audiencia previa (el demandante) pueden aducir tales defectos de capacidad (art. 418 LEC), posibilidad que asimismo se establece como posible en el juicio verbal en el art. 443.2 LEC al impedir en caso de estimarse el dictar una resolución sobre el fondo del asunto. En caso de haber precluido este trámite para las partes, en todo momento podrán hacer saber al juzgador la problemática existente a fin de que éste de oficio y con fundamento en el art. 9 LEC antes mencionado, pueda proceder. Esta decisión si es suscitada de oficio, en principio no requiere de un traslado contradictorio a las partes al no preverse este trámite en el art. 9 LEC, si bien ello no se estima que sea algo prohibido ya que garantiza de forma más adecuada la vigencia del principio de contradicción. La resolución que recae en todos estos casos (de no ser subsanable el defecto que es lo más común afectando a un elemento tan esencial como éste) es la de un auto que pone fin al proceso (art. 418.2 LEC) que es evidentemente apelable directamente dada su condición de resolución final (arts. 451 y 455 LEC). Ante la esencialidad de este requisito y la susceptibilidad de ser apreciado de oficio, es necesario el que junto con la demanda (o en su caso la contestación), se aporte la documentación necesaria acreditativa de esta circunstancia. A tal efecto se estudiarán los diversos supuestos previstos por la LEC: 1) Las personas físicas: En este caso la capacidad procesal es un claro trasunto de la capacidad civil que establece el art. 29 CC constatándose su concurrencia en el seno de un proceso mediante la identificación de una persona, algo que sucede bien en sede notarial cuando se otorga el poder o en sede judicial cuando se confiere el apoderamiento apud acta o el interesado se ratifica en su demanda (de no comparecer representado por medio de Procurador). En el caso de tratarse de personas no identificadas porque no aparecen inscritas en ningún tipo de registro (cosa que puede suceder en determinados sectores marginales de la sociedad), no por ello se les priva de la facultad de acudir a la jurisdicción civil que es extensible a toda persona al no hacerse depender la personali116

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dad de la inscripción en el Registro. En tal caso lo que existiría sería un problema de identificación de la persona que demanda, siendo lo procedente el que con carácter previo se instara ante el Registro Civil el correspondiente expediente de inscripción de nacimiento fuera de plazo en la forma que se fija en el art. 95 de la Ley de Registro Civil y arts. 311 y ss. del Reglamento de Registro Civil. En caso de no haberse verificado tal inscripción, por parte del juzgador se debería instar la misma al interesado, suspendiendo mientras ello se hace la tramitación de la causa. Tratándose de extranjeros cuya identidad tampoco conste, no cabe duda de su capacidad para ser parte por el solo hecho de ser persona al gozar del derecho a la tutela judicial efectiva todas las personas (art. 24 de la Constitución). En estos casos se debe proceder en la forma que establece la legislación del Estado del que sean nacionales ya que la capacidad se rige por la ley personal y ésta viene determinada por la nacionalidad (art. 9.2 CC). En el caso de carecer de nacionalidad (ser un apátrida), la Convención sobre el Estatuto de los Apátridas, hecha en Nueva York el 28 de septiembre de 1954 con fundamento en el principio de que los seres humanos, sin discriminación alguna, deben gozar de los derechos y libertades fundamentales tal y como se proclama en la Carta de las Naciones Unidas y la Declaración Universal de Derechos Humanos, aprobada el 10 de diciembre de 1948 por la Asamblea General de las Naciones Unidas (BOE 159/1997 de 4 julio 1997) proclama (art. 12) que su estatuto personal se rige por la ley del país de su domicilio o, a falta de domicilio, por la ley del país de su residencia, teniendo (art. 16) en el territorio de los Estados Contratantes, todo apátrida libre acceso a los tribunales de justicia, recibiendo en el Estado Contratante donde tenga su residencia habitual el mismo trato que un nacional en cuanto al acceso a los tribunales, incluso la asistencia judicial y la exención de la cautio judicatum solvi. En España el trámite procedimental a seguir viene contenido en el Real Decreto 865/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de reconocimiento del estatuto de apátrida (BOE 174/2001 de 21 julio 2001) que permite la iniciación del procedimiento (art. 2) de oficio por la Oficina de Asilo y Refugio o a instancia del interesado, culminando el proceso con la inscripción (art. 17) en el Registro Central de Extranjeros. Es por ello que todo apátrida que pretenda demandar deberá acreditar los requisitos antes mencionados y si carece de ellos deberá 117

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con carácter previo haber verificado los trámites pertinentes suspendiendo el Juzgador la tramitación de la causa en el supuesto de no hacerse así requiriendo al interesado para la subsanación de tal problemática. Un último problema que se puede dar es el derivado del fallecimiento de una persona (que es el que produce la extinción de su personalidad según el art. 32 CC). Esta circunstancia hace que no sea posible el que una persona fallecida demande o sea demandada al carecer de capacidad para ser parte y sin que pueda operar el instituto de la sucesión procesal en sus herederos ya que el presupuesto del mismo es el de la transmisión mortis causa de lo que sea objeto de juicio (art. 16.1 LEC) lo que implica que el fallecimiento es necesario que se haya producido no antes de la incoación del proceso, sino una vez esté ya iniciado. En consecuencia, si una demanda es interpuesta en nombre de una persona ya fallecida al tiempo de su presentación, se considera que no es posible con posterioridad el que sus herederos entren en la causa al no tratarse de un supuesto de sucesión procesal, sino de falta de capacidad para ser parte por el demandante. Tratándose del demandado el caso es semejante, si bien aquí la consecuencia de archivar las actuaciones por falta de capacidad del demandado puede ser muy radical ante el desconocimiento que del fallecimiento pudiere tener el actor que suele ser una persona lejana a su esfera personal. Es por ello que en estos casos lo que se estima que se da, más que un supuesto de sucesión procesal es el de una ampliación de la demanda que se dirige a la persona de los sucesores del fallecido y un paralelo desistimiento de la acción ejercitada frente al difunto. Tal ampliación se considera posible ya que de ordinario el momento en el que es conocido en el proceso el fallecimiento del demandado es aquel en el que se le va a emplazar manifestando la persona en quien se practica la diligencia la realidad de la defunción, con lo que la ampliación se produciría antes de que transcurriere el plazo para contestar a la demanda o de la citación para juicio (que ni siquiera nace ante la negativa de emplazamiento/ citación) algo que es perfectamente legítimo con fundamento en el art. 401 LEC. 2) Concebido no nacido, para todos los efectos que le sean favorables: Es un correlato de la capacidad que se le reconoce en el art. 29 CC, siendo muy discutido no el que pueda demandar, sino el si puede o no ser demandado ya que ello puede no ser un 118

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efecto favorable al mismo, aunque podría ejercitar en cuanto demandado reconvención que le podría reportar efectos beneficiosos con lo que una solución absoluta es difícil de predicar. En cuanto a la acreditación de esta circunstancia, lo idóneo es que junto a la demanda se aporten los elementos de prueba con los que al efecto se cuenten, siendo el esencial el certificado médico correspondiente en el que conste el embarazo y la identidad de la mujer que se encontrase en este estado. Mas junto al anterior es posible que en muchas ocasiones sea necesario el aportar elementos adicionales de prueba, esencialmente los que pueden vincular al concebido con una persona determinada. Si ésta es la madre la prueba será más fácil, mas si es otra persona (el padre u otro familiar) se deberán acreditar las circunstancias que relacionan al concebido con él, debiéndose en todo caso destacar que la determinación legal de la filiación (en las diversas formas en las que aparece admitida por la ley) tiene efectos retroactivos conservando su validez los actos otorgados en nombre del hijo menor o incapaz por su representante legal, antes de que la filiación se hubiere determinado (art. 112 CC). Esta situación del nasciturus se prolonga durante el tiempo que media desde la interposición de la demanda hasta el momento del nacimiento que se debe poner de inmediato en conocimiento del Juzgador que tramita el procedimiento mediante el pertinente escrito al que se adjunte una certificación de nacimiento, momento en el que se produce una transmutación de la capacidad de la parte que de ser nasciturus pasa a ser persona física. 3) Las personas jurídicas: Como sucede con las personas físicas, el reconocimiento de su capacidad para ser parte es una consecuencia derivada de su personalidad jurídica reconocida en el art. 35 CC. La acreditación de su capacidad (al igual que sucedía con las personas físicas) se hace en el momento del otorgamiento del poder (notarial o apud acta) en el que se constata la existencia de la entidad correspondiente; o en el de la ratificación o comparecencia enjuicio (en el caso de un proceso verbal en el que no sea necesaria la representación técnica). De estar en situación de suspensión de pagos pueden tanto demandar como ser demandadas ya que tal situación no priva al 119

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suspenso de la administración de sus bienes y gerencia de sus negocios (art. 6 LSP), conservando su capacidad de obrar, aunque haya de contar con el concurso de los interventores para determinadas operaciones. En cuanto a su aptitud para ser sujeto pasivo en el litigio no se necesita de tal colaboración ya que la Ley especial ninguna limitación contiene al respecto (STS 23 octubre 1991 [RJ 1991, 7235]). Si se extinguen las personas jurídicas (art. 264 TRLSA; 109 TRLSRL) pierden la capacidad para ser parte, si bien la mantienen durante el período en que estén en liquidación debiéndose hacer saber al juzgado en el que se tramita el procedimiento esta circunstancia ante el cambio que supone. 4) Las masas patrimoniales o los patrimonios separados que carezcan transitoriamente de titular o cuyo titular haya sido privado de sus facultades de disposición y administración: Bajo este epígrafe se incluyen realidades como las herencias yacentes en las que la aceptación aún no se ha producido (SSTS 12 marzo 1987 [RJ 1987, 1435]; 28 julio 1989 [RJ 1989, 6158]), o, hasta la entrada en vigor de la Ley 22/2003, Concursal, las masas de las quiebras ya que uno de los efectos característicos de las mismas es la privación de la facultad de administración al afectado por las mismas (art. 878 Código de Comercio) hasta el momento de su rehabilitación (art. 921 Código de Comercio). En tales casos las acciones se ejercitan por la sindicatura. Ante los supuestos antes mencionados, junto a la demanda o la contestación se deberá aportar la documentación acreditativa de las circunstancias concurrentes como pueden ser en el primer caso la certificación de fallecimiento, el testamento con la certificación del Registro de Actos de Última Voluntad, el auto judicial o acta notarial de notoriedad de declaración de herederos y, en el caso de la quiebra (hasta la entrada en vigor de la Ley 22/2003 Concursal), el auto de declaración de la misma, así como testimonio del acta de designación de la sindicatura o certificación de tal designación. En caso de no adjuntarse se trataría de un requisito subsanable para lo que el juzgador concedería un plazo pertinente al efecto que se debe fijar prudencialmente en atención a las circunstancias concurrentes en cada caso. Entre estas masas patrimoniales no cabe incluir a los patrimo120

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nios protegidos cuya existencia y regulación se ha producido por la Ley 41/2003 de 18 de noviembre de protección patrimonial de las personas con discapacidad ya que si bien es cierto que se trata de masas patrimoniales protegidas vinculadas a la satisfacción de las necesidades vitales, ello no obstante tales patrimonios carecen de personalidad jurídica (como indica la Exposición de Motivos de la Ley en su punto II) pues solamente es un patrimonio que se somete a un régimen de administración y supervisión específico y que cuenta con un titular (la persona discapacitada) de ahí que la capacidad para ser parte la tenga el titular del mismo. 5) Las entidades sin personalidad jurídica a las que la ley reconozca capacidad para ser parte: Esta remisión a una previsión normativa hace que sin la misma no se entienda que existe posibilidad de demandar o ser demandada. Es por ello que es necesario resaltar el que si bien es cierto que la Ley de Enjuiciamiento Civil permite demandar y ser demandadas a entidades sin personalidad jurídica, ello solamente es posible respecto de aquellas «a las que la Ley reconozca capacidad para ser parte» y no a otras (art. 6.1.5.º LEC) las cuales comparecerán por medio de las personas a quienes la Ley, en cada caso, atribuya la representación en juicio (art. 7.6 LEC). El caso más paradigmático es el de las Comunidades de Propietarios en régimen de Propiedad Horizontal respecto de las que la Ley de Propiedad Horizontal (Ley 49/1960 reformada por Ley 8/1999) les reconoce expresamente la capacidad para ser parte en el art. 13 al atribuir la representación «en juicio y fuera de él» a su Presidente, con lo cual indirectamente les está haciendo la atribución que prevé el art. 6 de la LEC. Esta capacidad es igualmente predicable de los complejos inmobiliarios privados (art. 24 LPH) si bien en este caso la demanda se interpondrá según la forma de estructuración que hayan libremente elegido, bien mediante la constitución de una comunidad de propietarios única, bien mediante una agrupación de comunidades, agrupación a la que asimismo sería posible reconocer la capacidad para ser parte. Evidentemente al ser este tipo de comunidades las que poseen capacidad para ser parte, va a ser necesario el acreditar que se han constituido con todos los requisitos legalmente establecidos para lo que lo conveniente es adjuntar a la demanda una copia del título constitutivo. En Cataluña opera el régimen previsto en la Ley 5/ 2006 de 10 de mayo del Libro Quinto del Código Civil de Cataluña. 121

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En cuanto a las Agrupaciones y Uniones Temporales de Empresas, el art. 7 de la Ley 18/1982, de 26 de mayo, sobre Régimen Fiscal de Agrupaciones y Uniones Temporales de Empresas y de las Sociedades de Desarrollo Industrial Regional las define como sistema de colaboración entre empresarios por tiempo cierto (determinado o indeterminado) para el desarrollo o ejecución de una obra, servicio o suministro. La Ley dice que no tienen personalidad jurídica propia, no reconociéndoles capacidad para demandar, si bien proclama la responsabilidad solidaria de los integrantes de la misma (arts. 5 y 8 de la Ley referente el primero a las Agrupaciones de Empresas y el Segundo a las UTE). En base a lo anterior, en principio deberían demandar sus integrantes haciendo mención a la relación que poseen con la UTE y acreditando documentalmente la misma mediante la aportación con la demanda de la escritura de constitución. En todo caso lo que si que se reconoce es la posibilidad de ser demandados tal y como se analizará en el estudio del párrafo segundo del art. 6 LEC que se hará a continuación. La problemática de las UTE en cuanto a su capacidad para ser parte se analizó en la jurisprudencia anterior a la LEC/2000 partiendo de un reconocimiento de capacidad a las uniones sin personalidad de forma genérica y sin la precisión de la necesidad de previsión legal que ahora se contiene partiendo de una atribución de personalidad a efectos procesales, transitoria e interina habiéndosele reconocido la capacidad para demandar y ser demandada (SSTS 5 abril 1956 [RJ 1956, 1550]; 8 febrero 1960 [RJ 1960, 468]; 20 diciembre 1990 [RJ 1990, 10315]). Otro caso que se suscita con frecuencia es el de las comunidades de bienes que carecen de personalidad jurídica, más respecto de las que se ha reconocido en la legislación civil que cada partícipe puede ejercitar las acciones si redundan en beneficio de la misma a partir de la regulación que se contiene en los arts. 392 y ss. CC. La doctrina elaborada en cuanto a su capacidad para ser parte va desde la negativa de la misma basada en la falta de personalidad lo que exigiría el demandar a todos y cada uno de los comuneros (STS 22 mayo 1993 [RJ 1993, 3723]; SAP Murcia 10 septiembre 1994 [AC 1994, 1484]); hasta reconocérsela por motivos de justicia material y seguridad en el tráfico como hizo la SAP Castellón (Sección 1.ª) 5 octubre 1998 (AC 1998, 2105). Tratándose de comisiones de festejos (comisiones falleras, peñas, etc.) o grupos semejantes (como los de estudiantes que organi122

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zan un viaje de paso de ecuador o fin de carrera), se considera que no pueden demandar al no existir previsión legal que les reconozca la capacidad para ser parte, lo que hace que la solución a dar en casos como éste para que una comisión de festejos o grupo similar pueda demandar es o bien acudir al instituto de la comunidad de bienes, o al de la acción de grupo que más adelante se analizará. El análisis jurisprudencial de esta figura se hacía en el contexto (antes mencionado) de las uniones sin personalidad y que se manifestó entre otras en las SSTS 8 abril 1992 (RJ 1992, 3023); STSJ Navarra 4 noviembre 1996 (RJ 1996, 8077) o SAP Valencia 4 marzo 1998 (AC 1998, 4261). En cuanto a las sociedades civiles particulares (SCP), es muy discutido si poseen o no personalidad jurídica, algo que sí que ha hecho la jurisprudencia del Tribunal Supremo con fundamento en el art. 1.669 CC. Ello hace que se incardinarían en el párrafo 3.º del art. 6.1 LEC. En este sentido se pueden citar la STS 31 mayo 1994 (RJ 1994, 3768); SSAP La Rioja (Sección Única) 28 enero 2000 (AC 2000, 2931); Madrid (Sección 18.ª) 17 febrero 1999 (AC 1999, 3610). En cuanto a la sociedad de gananciales no puede ser demandada en cuanto tal ya que carece de personalidad jurídica debiendo dirigirse la demanda contra los cónyuges. Así lo dijo la STS 26 marzo 1979 (RJ 1979, 920) lo que supone que al carecer de personalidad no puede contraer deudas como tal y por sí, sino sólo a través de los cónyuges, cuyos actos son los que vinculan y fijan la responsabilidad de la sociedad. 6) El Ministerio Fiscal, respecto de los procesos en que, conforme a la ley, haya de intervenir como parte: Este supuesto no plantea problemas en cuanto a la acreditación de la capacidad para ser parte. 7) Los grupos de consumidores o usuarios afectados por un hecho dañoso cuando los individuos que lo compongan estén determinados o sean fácilmente determinables. Para demandar en juicio será necesario que el grupo se constituya con la mayoría de los afectados: Con ello se reconoce la capacidad para ser parte a los consumidores afectados por un hecho dañoso, siendo el fundamento de ello el art. 7.3 de la LOPJ. En cuando a quienes deban ser entendidos como consumidores se puede acudir a la definición que se contiene en el art. 1.2 de la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios. 123

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Mas a este requisito se une otro para atribuirles capacidad para ser parte cual es el de ser afectados por un hecho dañoso concreto de forma que los afectados puedan ser identificados. Este último elemento es el que hace que para que estos grupos de consumidores puedan demandar se deba acreditar que en el grupo se integran la mayoría de los afectados lo que supone que con la demanda se debe adjuntar algún medio de prueba (generalmente una relación) en la que aparezcan la totalidad de los afectados de forma que el juzgado antes de admitir la demanda a trámite pueda comprobar que los firmantes de la misma son una mayoría. Es bajo este supuesto en el que podrían tener encaje los grupos de festejos o comisiones de fin de curso de estudiantes o similares ya que se trataría de un grupo de consumidores (por ejemplo los estudiantes que han contratado un viaje) perfectamente identificado (se integran en un grupo) pudiéndose concretar sin problemas quienes son de cara a saber si son o no una mayoría. Esta capacidad es perfectamente compatible con la prevista para las personas físicas o jurídicas individuales y supone un plus que permite el ejercitar acciones en defensa de los intereses de un grupo identificado en el que además del perjuicio individualizado de cada uno de sus integrantes, puede existir uno colectivo de forma que el interés que ello pudiere suponer se vea igualmente amparado. A título de ejemplo cabría citar a los pasajeros de un avión que ha sufrido un importante retraso y que pueden reclamar frente al responsable del retraso bien de forma individual, bien como integrantes del grupo que es perfectamente identificable debiéndose en tal caso aportar con la demanda un listado de todos los pasajeros para acreditar que los que demandan son una mayoría. 8) Entidades habilitadas conforme a la normativa comunitaria europea para el ejercicio de la acción de cesación en defensa de los intereses colectivos y difusos de consumidores y usuarios: La capacidad para ser parte de estas entidades se ha introducido en la reforma de la LEC operada por la Ley 39/2002 de 28 de octubre. Con ella se traspone al derecho español la Directiva 98/27/CE siendo un instrumento adicional de cara a la protección de los intereses difusos de los consumidores. Estas entidades se incluyen en una lista que se publica en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas (Diario Oficial de la Unión Europea tras la entrada en vigor del Tratado de Niza). Dado que se trata de un instrumento público no se estima necesario el acreditar esta circunstancia al 124

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interponer la demanda aunque podría resultar conveniente el indicar cual es el DOCE (actualmente DOUE) en el que tal publicación se produjo. Junto a los anteriores y solamente para ser demandados se reconoce en el art. 6.2 LEC capacidad a: 9) Las entidades que, no habiendo cumplido los requisitos legalmente establecidos para constituirse en personas jurídicas, estén formadas por una pluralidad de elementos personales y patrimoniales puestos al servicio de un fin determinado: Bajo este concepto cabe incluir a toda la serie de entidades antes mencionadas y que presentaban problemas en cuanto a la capacidad para demandar ante la ausencia de reconocimiento de su personalidad jurídica, lo cual supone que la demanda sí que es posible el dirigirla contra ellas. Esta posibilidad aparece expresamente reconocida asimismo en fase de ejecución (cosa lógica al ser un correlato de la fase declarativa de todo procedimiento), en los arts. 543 y 544 LEC. En este caso se encuentran las UTE y Agrupaciones de Empresas que no cumplen los requisitos para ser sociedades mercantiles si bien sí que reúnen los requisitos para ser demandadas (y aún más para seguirse contra ellas la ejecución al preverse expresamente en el art. 543 LEC) al ser la definición que de las mismas se da perfectamente incardinable en el caso antes mencionado. Así el art. 4 de la Ley 18/1982, de 26 de mayo define las Agrupaciones de Empresas como las que se derivan de las distintas modalidades contractuales de colaboración entre empresarios, válidas según las leyes, que sin crear un ente con personalidad jurídica propia sirven para facilitar o desarrollar en común la actividad empresarial de sus miembros. Por su parte las Uniones Temporales de Empresas se definen en el art. 7 de la norma antes mencionada como sistemas de colaboración entre empresarios por tiempo cierto, determinado o indeterminado para el desarrollo o ejecución de una obra, servicio o suministro. Esta situación es igualmente predicable respecto de las sociedades civiles en el caso de no reconocérseles personalidad (algo que sí que se hace como se ha indicado por la jurisprudencia del Tribunal Supremo) dado el concepto que de las mismas se da en el art. 1665 CC. Asimismo es predicable esta posibilidad respecto de la sociedad mercantil irregular, si bien la demanda cabrá diri125

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girla igualmente contra sus socios al aplicarse las normas de la sociedad colectiva (art. 16 TRLSA) que proclaman la responsabilidad solidaria de los socios (art. 127 Código de Comercio) con lo que lo usual será el demandar a la sociedad irregular así como a los socios integrantes de la misma al ser la garantía más fiable de poder obtener una reparación. Sobre esta materia el Tribunal Supremo no reconoció capacidad para ser parte demandante a sociedades anónimas laborales no inscritas en el Registro Mercantil (STS 28 junio 1999 [RJ 1999, 4568]). Por último los demás entes sin personalidad al servicio de un fin (como una comisión fallera, peñas, etc.) sí que pueden ser demandados sin duda alguna pudiéndose despachar la ejecución bien frente al ente, bien frente a los socios miembros o gestores que en el tráfico hubieren actuado en nombre de la entidad siempre que ello constare. Esta última circunstancia hace que a la parte que presente la demanda de ejecución le corresponda acreditar esta circunstancia aportando los elementos necesarios para que el Juzgador pudiere llegar a tal conclusión. 3.1.2.

Capacidad para comparecer en juicio

La capacidad para comparecer en juicio es el término con el que en el art. 7 LEC se conoce a lo que tradicionalmente se denominaba capacidad procesal (que aparece con esta denominación en el art. 9 LEC) que fue definida como la aptitud específica para realizar actos procesalmente válidos. Este concepto se corresponde de forma aproximada en la esfera procesal con lo que en la órbita del derecho privado se denomina capacidad de obrar. La regulación de la misma se contiene en los arts. 7 y 8 LEC que deben ser analizados en la medida en que se debe prestar una especial atención a las condiciones concurrentes en el sujeto que va a intervenir en un proceso. 1) Personas físicas: Lo pueden hacer los que estén en el pleno ejercicio de sus derechos civiles. Ello significa que lo pueden hacer los mayores de edad no incapacitados. Si se trata de un menor de edad, conforme se prevé en el art. 162 CC la representación la ostentarán sus padres, salvo que se trate de alguno de los casos excluidos de la representación y que este precepto menciona. En tal caso si el menor es el que ha de 126

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interponer una demanda, ésta se presenta indicando que el demandante es el menor precisando su nombre más señalando que la representación la ostenta el concreto progenitor que debe asimismo ser identificado. Es por ello que no cabe que la demanda la presente el progenitor y en su nombre ya que lo que ostenta es solamente la representación de su hijo para actuar en el proceso ostentando la condición de parte el menor ya que para ello basta con ser persona como indica el art. 6 LEC antes analizado (si por error se presentare en nombre del progenitor que ostentare la representación, aun cuando existiría un defecto de legitimación, cabe entender que se trataría de un defecto subsanable al desprenderse del conjunto de la demanda que el litigante en verdad es el menor). La justificación de la condición de progenitor debe hacerse por vía documental adjuntando a la demanda la documentación pertinente tal y como exige el art. 264 LEC. Esta constatación por regla general se hará por medio del libro de familia o certificación de nacimiento. En caso de existir un interés contrapuesto entre los padres y el hijo, si éste se da solamente respecto de uno de los progenitores es el otro el que asume la función de representación (art. 163 CC), algo que se puede dar cuando sea un padre el que demanda en juicio a su hijo siendo fácilmente constatable en estos casos la existencia del interés contrapuesto. Si existiere duda al respecto y se pusiere esta circunstancia de relieve ante el Juzgador se deberán analizar las circunstancias concurrentes por medio de una pieza separada que se puede iniciar a instancias de cualquiera de los interesados y que debe suspender el trámite previsto para la contestación. En ella por parte del Juzgador se decidirá si existe o no la contraposición de intereses con uno de los progenitores atribuyendo la facultad de representación al otro. Si esta situación se da con los dos progenitores, se procederá a nombrar un defensor judicial al menor por medio de un procedimiento de jurisdicción voluntaria que se inserta como incidente en el proceso en el que el menor se ve obligado a contestar a la demanda o es previo a su interposición si el menor asume el papel de demandante (art. 300 CC). El defensor judicialmente designado es el que se encargará de interponer y contestar a la demanda una vez aceptado el cargo y corriendo en el segundo caso desde ese instante de nuevo el plazo para contestar a la demanda que se reiniciará en el período que quedare pendiente descontado el tiempo que mediare entre el emplazamiento y la puesta en conocimiento del Juzgado de la problemática existente. Es una causa de suspensión del procedimiento 127

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que tendría cabida al amparo del art. 188.1.7.º de la LEC al ser la problemática de la designación de defensor judicial un supuesto que tiene una previsión legal específica siendo una clara causa de indefensión el no adoptar una decisión al respecto. Si es para demandar la solicitud de designación de defensor judicial interrumpe los plazos de prescripción y motiva un expediente específico que culmina con la aceptación del cargo por el defensor. Tratándose de personas incapaces, dependerá del caso concreto de que se trate actuando en juicio el tutor o curador (arts. 222 y 286 CC). Para ello y de cara a justificar la causa de la intervención del tutor, la demanda o la contestación (en las que aparecerá como persona que la interpone o contesta el incapaz mas indicando que en su nombre actúa el tutor o curador que deberá aparecer perfectamente identificado), deberá verse acompañado de la adecuada justificación documental (art. 264 LEC) en la que se podrá incluir testimonio de la sentencia de incapacidad y el auto nombrando tutor o constituyendo la curatela así como el acta de aceptación del cargo. Otra vía de acreditación es la aportación de una certificación de la Sección 4.ª del Registro Civil. En el caso de tratarse de interponer demandas (no para contestarlas), debe señalarse que el tutor precisa de autorización judicial (art. 271 CC) salvo para asuntos urgentes o de escasa cuantía, con lo que en los demás casos y antes de interponerse la demanda se deberá haber solicitado tal autorización por vía incidental ante el Juez que constituyó la tutela debiendo asimismo adjuntarse el testimonio de la resolución que se adoptare. En caso de que alguno de estos elementos no se aportase se tratará de un requisito subsanable evitándose de este modo el dictar sentencias de absolución en la instancia y pudiéndose citar como ejemplo de un caso en el que fue necesaria la autorización judicial para que el tutor pudiere interponer una demanda la SAP Asturias (Sección 5.ª) 23 marzo 2001 (AC 2001, 1126). Por último se debe poner de manifiesto que en caso de incompatibilidad de intereses entre el tutelado y el tutor se debe proceder a la designación de defensor judicial en la forma antes mencionada para los menores. Si la parte es un menor emancipado (art. 323 LEC), éstos pueden por sí solos comparecer en juicio, si bien al constar que son menores de edad deberán junto con la demanda aportar la documentación necesaria de la que se derive su emancipación según cual fuere la causa de la misma (art. 314 CC), lo que supondrá el 128

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aportar una certificación de matrimonio o la de nacimiento en la que se haya dejado constancia de la emancipación en la forma prevista en el art. 46 de la Ley de Registro Civil. Si se trata de personas desaparecidas (declaradas ausentes), la representación (destacando que no pierden ni la capacidad para ser parte ni la capacidad procesal) le corresponde a las personas mencionadas en el art. 184 CC debiéndose aportar con la demanda o contestación testimonio de la resolución judicial dictada en el procedimiento de jurisdicción voluntaria respectivo tramitado en la forma prevista en los arts. 2031 y ss. LEC/1881 así como el documento acreditativo del vínculo que tuviere el representante con el declarado ausente. En caso de ser necesaria una representación por falta de capacidad procesal y la persona afectada no la tuviere, se procede a nombrarle un defensor judicial (art. 8 LEC) en la forma y con los efectos que antes se han previsto para los casos de menores, mas asumiendo la representación y defensa mientras tanto el Ministerio Fiscal (art. 8.2 LEC). Al solamente referirse esta posibilidad de representación y defensa por parte del Ministerio Fiscal al caso de ausencia de representación (y no al de incompatibilidad de intereses), la posibilidad de suspender el procedimiento solamente cabría en los casos en los que no se asigne al Ministerio Fiscal la función de defensa y representación ya que en caso contrario podría ser el Ministerio Fiscal aquel al que se encomendare la función de contestar a la demanda puesto que la posibilidad de suspender el proceso solamente aparece prevista hasta el instante en el que se haga cargo el Ministerio Fiscal de la situación (art. 8.2 in fine). 2) Concebidos y no nacidos: Respecto de ellos dice el art. 8 LEC que comparecerán las personas que legítimamente los representarían si ya hubieren nacido, lo cual incluye al padre y la madre. Tratándose de la madre no habría ningún problema para acreditar esta circunstancia bastando con la certificación médica acreditativa del embarazo. En cuanto al padre, si los progenitores están casados tampoco existiría problema ya que al nacer el menor contaría el marido con la presunción de paternidad tanto si al tiempo del nacimiento los padres siguen casados como si se han separado (art. 116 CC) con lo que bastaría con adjuntar al certificado médico antes indicado respecto de la madre, el libro de fami129

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lia o certificación de matrimonio, siendo esta última vía la preferible ya que en los libros de familia aun cuando se debería dejar constancia de la separación o el divorcio (art. 36 Reglamento del Registro Civil) no se suele hacer a diferencia de lo que sucede en las inscripciones de matrimonio en las que ello sí que se hace al preverse expresamente en el art. 755 LEC. Tratándose del padre de un menor que no se encuentre casado con la madre que esté concibiendo al hijo, no existe la presunción de paternidad antes mencionada, supeditándose la misma al reconocimiento del padre que se hace ante el encargado del Registro Civil que bien puede ser simultáneo a la inscripción del nacimiento del menor o posterior a este hecho (art. 120 CC), más que nunca puede ser anterior (art. 49 de la Ley de Registro Civil y arts. 185 y ss. del reglamento del Registro Civil) por lo que difícilmente podrá el padre de un hijo no matrimonial actuar en juicio en representación de los derechos del nasciturus. 3) Personas jurídicas: Comparecen quienes legalmente las representen, lo cual exige analizar el tipo concreto de persona jurídica de que se trate y la normativa que le sea de aplicación, adjuntando la documentación necesaria de la que se desprenda la concreta representatividad que ostente la persona que actúe en juicio (escritura de nombramiento de administrador, certificación del Registro Público en el que conste esta circunstancia, etc.). 4) Masas patrimoniales o patrimonios separados: Dice el art. 8 que comparecerán en juicio por medio de quienes, conforme a la ley, las administren, lo que supone un análisis caso por caso del tipo de entidad de que se trate. Tratándose de herencias yacentes cuyo destino es el de ser adquiridas por los herederos voluntarios o legales, están representadas por sus albaceas o administradores (SSTS 20 septiembre 1982 [RJ 1982, 4920]; 12 marzo 1987 [RJ 1987, 1435]; SSAP Huelva 24 junio 1994 [AC 1994, 1147]; Burgos [Sección 2.ª] 14 julio 1998 [AC 1998, 6163]; Almería [Sección 2.ª] 21 enero 2000 [AC 2000, 692]). Ello supone que se deberá con la demanda adjuntar el documento en base al que se instituya a la persona que actúa de la condición de albacea o administrador. Tratándose de un quebrado, al estar inhabilitado (art. 878.1 del Código de Comercio), necesita de la intervención de los síndicos (lo que supone que a la demanda se deberá adjuntar el testimonio del auto de declaración de quiebra –hasta la entrada en vigor de la Ley 22/2003 Concursal– y certificación de la designación y acepta130

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ción del cargo de síndicos), si bien se ha reconocido que en el tiempo que media desde la declaración de quiebra hasta el nombramiento de los síndicos, el quebrado conserva la necesaria habilidad procesal siempre que su intervención pueda beneficiar los intereses de sus acreedores (STS 26 mayo 1998 [RJ 1998, 4002]; SAP Madrid [Sección 13.ª] 5 mayo 2000 [AC 2001, 1354]). Esta capacidad del quebrado no se ve mermada cuando la acción no tuviere carácter patrimonial por lo que sí que podría el mismo demandar (SSTS 20 diciembre 1952 [RJ 1952, 2833]; 30 junio 1978 [RJ 1978, 2629]; 7 febrero 1994 [RJ 1994, 914]), sin infracción alguna del artículo 878.1 del Código de Comercio, ni por extensión cuando sea él quien la deduzca si no incide en el ámbito patrimonial en el que, con las precisiones antes efectuadas, se concreta su inhabilitación. Asimismo se pueden citar las SSTS 26 mayo 1998 (RJ 1998, 4002); 22 enero 1999 (RJ 1999, 415). 5) Entidades sin personalidad a las que la Ley les reconozca capacidad para ser parte: Se ven representadas por medio de las personas a quienes la ley, en cada caso, atribuya la representación en juicio de dichas entidades. En el caso más característico (las Comunidades de Propietarios en régimen de Propiedad Horizontal), es su Presidente o Vicepresidente en su defecto (y excepcionalmente el administrador para la reclamación de la contribución a los comuneros a los gastos generales y dotación al fondo de reserva del art. 21 LPH) tal y como disponen los arts. 13 y 21 LPH, debiéndose en consecuencia con la demanda aportar certificación del administrador (o copia del libro de actas) en la que conste el nombramiento y autorización para interponer la demanda. Esta autorización asimismo es necesaria siempre en los casos en los que se ejercite la acción de cesación de actividades prohibidas en los estatutos, dañosas para la finca o que contravengan las disposiciones generales sobre actividades molestas, insalubres, nocivas, peligrosas o ilícitas (art. 7.2 LPH). 6) Por último para las entidades sin personalidad constituidas por grupos de consumidores afectados por un evento dañoso (capacidad para ser parte activa y pasiva) y demás que no han cumplido los requisitos legales para ostentar personalidad jurídica (como capacidad para ser demandadas): Se indica que actúan las personas que, de hecho o en virtud de pactos de la entidad, actúen en su nombre frente a terceros. Tratándose de entes sin personalidad estos pactos suelen existir desde un inicio debiéndose acredi131

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tar esta circunstancia al contestar a la demanda, mas tratándose de grupos de consumidores afectados por un evento dañoso será exigible un acuerdo de apoderamiento específico ya que lo que les une es el evento en el que se vieron afectados. Tal apoderamiento se deberá aportar con la demanda o en su caso contestación. 7) Respecto de las entidades habilitadas conforme a la normativa comunitaria europea para el ejercicio de la acción de cesación en defensa de los intereses colectivos y difusos de consumidores y usuarios no se contiene previsión alguna al no haberse introducido una reforma en el art. 7 paralela a la del art. 6 LEC si bien se estima que deberán comparecer por las personas que las representen según los acuerdos alcanzados y la normativa aplicable ya que las mismas pueden incardinarse en el art. 7.6 LEC antes analizado. 8) Por último respecto de los que estén sometidos a concurso la LEC remite a lo previsto en la Ley Concursal tras la reforma operada en el art. 7 LEC por medio de la Disposición Final Tercera de la Ley 22/2003 Concursal. Según tal norma se pueden dar dos situaciones diferentes según que el deudor concursado conserve o no las facultades de administración o disposición. En caso de concurso voluntario (dice el art. 40 de la Ley Concursal), el deudor conservará las facultades de administración y disposición sobre su patrimonio, quedando sometido el ejercicio de éstas a la intervención de los administradores concursales, mediante su autorización o conformidad. Por el contrario en caso de concurso necesario, se suspenderá el ejercicio por el deudor de las facultades de administración y disposición sobre su patrimonio, siendo sustituido por los administradores concursales. En este segundo caso (según el art. 54.1 de la Ley Concursal) que cabe hablar de una cierta capacidad para ser parte de la administración concursal y respecto de las acciones de índole no personal. Para el ejercicio de las demás acciones quien comparece en juicio es el propio deudor, quien precisa la conformidad de los administradores concursales para interponer demandas o recursos, allanarse, transigir o desistir cuando la materia litigiosa pueda afectar a su patrimonio. Tratándose del supuesto de simple intervención el deudor con132

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serva la capacidad para actuar en juicio, pero necesitará la conformidad de la administración concursal para interponer demandas o recursos que puedan afectar a su patrimonio. En cuanto al tratamiento procesal de la capacidad procesal y los problemas que de ello se derivan, se proclama la apreciación de oficio en cualquier momento (art. 9 LEC) siempre que el defecto apreciado no fuere subsanable. Esta apreciación es conveniente que se haga lo más pronto que sea posible (una vez presentada la demanda o la contestación), si bien en determinados casos en ese momento no se cuenta con los elementos de valoración suficientes de modo que nada más se constaten pueda decretarse el pertinente archivo por medio de auto que es evidentemente apelable por su carácter definitivo (art. 455 LEC) y que deja imprejuzgado el fondo del asunto con lo que no produce efectos de cosa juzgada. En caso de que lo afectado solamente fuere la capacidad para actuar en juicio del demandado, no se archiva la causa sino que se le declara en rebeldía siendo esta decisión susceptible de recurso de reposición (art. 451 LEC) y para el caso de verse desestimado es susceptible de ser invocada en el recurso de apelación que se interponga frente a la sentencia que ponga punto final a la causa, recurso que si no se admite a trámite por el defecto de personación dará pie a un posible recurso de queja ante la Audiencia Provincial que se pronunciará sobre esta circunstancia al decidir si acepta o no el recurso de queja y posteriormente (en caso de haberlo estimado) al analizar el recurso que quepa contra la sentencia (art. 457.4 LEC). Para adoptar esta decisión de apreciación de oficio de la falta de capacidad no prevé el art. 9 un traslado previo a las partes que sin embargo si que se estima conveniente de cara a garantizar más plenamente el principio de contradicción y al preverse la misma en el caso de ser invocada por las partes esta problemática (art. 418 LEC). La invocación por las partes del defecto de capacidad de la contraria se debe hacer en el escrito de contestación (si el demandado lo pone de manifiesto en relación a la del demandante) o en la audiencia previa (si lo hace el demandante respecto de los demandados) decidiéndose en ella de forma directa si el defecto no fuere subsanable en la forma antes mencionada y si fuere subsanable tras la concesión de un plazo de diez días a este fin. En todo caso y junto a este cauce de alegación específico, si surgiere un defecto de capacidad en cualquier otro momento, al ser el mismo 133

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apreciable de oficio, se puede poner en conocimiento del Juzgador por cualquiera de las partes para que actúe en la forma prevista en el art. 9 LEC. 3.1.3.

Legitimación

Éste era un concepto de elaboración doctrinal y jurisprudencial ya que al mismo no se refería la LEC/1881. Entre las definiciones que de la misma se dieron Víctor MORENO CATENA (MORENO CATENA, cit. bibl. 1993) la había definido como la especial condición o vinculación de uno o varios sujetos con un objeto litigioso determinado que les habilita para comparecer o exige su comparecencia, individualmente o junto con otros, en un proceso concreto con el fin de obtener una sentencia sobre el fondo. Es la vinculación con el objeto litigioso lo que determina que alguien esté legitimado para intervenir en un determinado proceso, independientemente de que la pretensión luego pueda ser o no estimada. Esta posición es la que asimismo fue defendida por la jurisprudencia elaborada sobre esta cuestión que la incardinaba bajo la denominación de legitimación ad causam o cualidad que la Ley atribuye a una persona para figurar como parte en un proceso determinado, al actor por pertenecerle el derecho que ejercita y al demandado por venir obligado a soportarlo. En este sentido se pueden citar a título de ejemplo las SSTS 18 marzo 1993 (RJ 1993, 2027); 2 septiembre 1996 (RJ 1996, 6498); 12 diciembre 1998 (RJ 1998, 9889) o 16 mayo 2000 (RJ 2000, 3110). Actualmente viene definida en el art. 10 LEC vinculando la legitimación a la titularidad de la relación jurídica controvertida, de modo que se precisa lo que es la vinculación con el empleo del concepto «titularidad». Ello hace que si en un proceso determinado se duda respecto de esta circunstancia (ya en el demandante, ya en el demandado) se puede invocar la falta de legitimación (bien activa bien pasiva) correspondiendo a la parte que sostiene su existencia la carga de probar esta circunstancia. Mas como tal excepción solamente es procedente en tal caso, no en aquellos otros en lo que los que se debata sean las consecuencias que de ello se pudieren derivar en caso de verse acogidas las pretensiones de la demanda. Así se puede indicar a título de ejemplo que en un proceso en el que se reclama por vicios de la construcción frente al arquitecto la alegación de falta de legitimación pasiva sería posible 134

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en los casos en los que el demandado no reuniere tal carácter, mas no en aquellos en los que reconociéndose esa realidad lo que se debata sea la corrección o no de su actuación ya que ello no es un defecto de legitimación, sino un análisis del fondo de las pretensiones ejercitadas. Los defectos de legitimación al depender de la vinculación de las partes con el objeto litigioso no son subsanables (a diferencia de los defectos de capacidad) ya que difícilmente podrá el demandante subsanar una carencia de vinculación con la relación jurídica debatida en las actuaciones motivando sentencias de absolución en la instancia en caso de apreciarse la falta de concurrencia de legitimación (bien activa o pasiva). Dada la problemática que suponen las sentencias de absolución en la instancia, a fin de evitar la inutilidad en la tramitación de un proceso, sería aconsejable el resolver esta cuestión lo antes posible. No obstante lo anterior, los defectos de legitimación en multitud de casos suponen la necesidad de practicar una actuación probatoria tendente a acreditar precisamente la titularidad por las partes de esa relación jurídica controvertida, algo que solamente cabe derivar del conjunto de pruebas que en el proceso se lleven a cabo, si bien evidentemente en tal caso al constituir la decisión que se vaya a adoptar un proceso lógico siempre en la sentencia será el primer elemento a analizar puesto que la apreciación de una falta de legitimación hace innecesario continuar con el análisis del resto de cuestiones que el caso pudiere plantear. En los casos en los que la falta de legitimación fuere evidente, no habría inconveniente en apreciar en la audiencia previa esta carencia al amparo de la posibilidad de resolver acerca de circunstancias procesales análogas que establece el art. 425 LEC dictando tras ello el pertinente auto de archivo de la causa contra el que cabría interponer recurso de apelación (art. 455 LEC). En este sentido se puede citar la STS 2 septiembre 1996 (RJ 1996, 6498) que aceptó la posibilidad de resolver sobre la falta de legitimación en la comparecencia del antiguo juicio de menor cuantía. En todo caso se debe tratar de supuestos muy claros siendo la regla general la necesidad de practicar prueba resolviendo en sentencia más con carácter previo al fondo del asunto. Esta posibilidad (aunque no obligatoriedad) de resolver acerca de temas de legitimación en la audiencia previa ha sido analizada de forma detallada en la SAP Huelva 31 mayo 2005 (AC 2005, 1281) en la que planteándose en los recursos suscitados la problemática referente a si cabía apreciar la falta de legitimación pasiva de uno 135

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de los demandados en la audiencia previa puesto que dicha excepción no es procesal sino que afecta al fondo y por eso el art. 416 LEC no la recoge en su enumeración, se indicó que aunque parte de la doctrina comenzó una línea interpretativa por la que se afirmaba que no debería resolverse sobre la legitimación en la comparecencia previa del juicio de menor cuantía (equivalente en cierto modo y si a estos efectos a la audiencia previa del juicio ordinario), lo cierto es que dicha tendencia fue cediendo y en la práctica se decidía sobre la misma en la comparecencia del art. 680 de la anterior Ley Procesal Civil, cuando se debía a falta de legitimación ad procesum y mucho más cuando de la documentación presentada no había duda de que no existía legitimación respecto de alguna de las partes (también en orden a apreciar la legitimación ad causam), cuando la titularidad del bien por ejemplo había pasado a otra persona distinta que la demandada, siendo tal relación de titularidad la que posibilitaba ser actor o demandado, (entre otras STS 7 marzo 1990 [RJ 1990, 1675]). Es en base a ello que se indica que se admitió en la comparecencia del juicio de menor cuantía cuando la falta de legitimación era manifiesta (STS 18 marzo 1993 [RJ 1993, 2027]), el apreciar la falta de legitimación. Esta doctrina está vigente y por ello se concluye que no es preciso el desarrollo total del proceso en tales supuestos, pudiéndose en la audiencia previa del juicio ordinario el apreciar la falta de legitimación resolviendo por auto. La legitimación comporta por lo tanto un examen (incluso posible de ser hecho de oficio), referente a la existencia o no de relación entre sujeto y objeto. Ello ha motivado que la más reciente jurisprudencia de la Sala Primera del Tribunal Supremo diga que la legitimación ad causam es cuestión preliminar al fondo pero que puede exigir un examen del fondo (STS 2 septiembre 1996 [RJ 1996, 6498]), indicando la STS 18 marzo 1993 (RJ 1993, 2027), que mientras la falta de legitimación ad procesum equivale a la falta de capacidad procesal, la falta de legitimación ad causam equivale a la falta de acción (STS 4 de junio de 1997 [RJ 1997, 5970]). Lo anterior permite derivar que se trata de una cuestión la de la legitimación activa que afecta al orden público. Así, el poder de accionar, en los asuntos civiles, se considera ínsito en quien por afirmar la titularidad del derecho pretende acreditar por el ello el máximo interés en su satisfacción. Pero la legitimación no radica en la mera afirmación de un derecho sino que, también, depende de la coherencia jurídica entre la titularidad que se 136

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afirma y las consecuencias jurídicas que se pretenden. De lo anterior se deriva que la legitimación en el proceso civil se manifiesta como un problema de consistencia jurídica, en cuanto exige la adecuación entre la titularidad jurídica que se afirma y el objeto jurídico que se pretende, lo que se traduce en que el tema de la legitimación comporta una quaestio iuris y no una quaestio facti que, aunque afecta a los argumentos jurídicos de fondo, puede determinarse con carácter previo a la resolución del mismo, pues únicamente obliga a establecer si, efectivamente, guarda coherencia jurídica la posición subjetiva que se invoca en relación con las peticiones que se deducen. Se puede, por ello, estar legitimado y carecer del derecho que se controvierte. Con todo, dada la vinculación de la legitimación con el tema de fondo y las utilidades que comporta el manejo del concepto con precisión, no es extraño que, en ocasiones, se confunda la legitimación (quaestio iuris) con la existencia del derecho discutido («que exige la comprobación de los elementos fácticos que lo configuran») (STS 31 marzo 1997 [RJ 1997, 2481]). De esta exposición anterior se deriva (como han manifestado las SSTS 20 octubre 1993 [RJ 1993, 8141]; 13 noviembre 1995 [RJ 1995, 8121] o 30 diciembre 1995 [RJ 1995, 9664]), que la falta de legitimación ad causam se considera apreciable de oficio por los tribunales. Pero aun cuando el concepto de legitimación puede ser claro, en los supuestos en los que se trata de ejercitar acciones de grupo (bien para tutela de intereses colectivos de un grupo de personas determinado o determinable; bien para la de los intereses difusos en los que los titulares no aparecen concretados) y en aquellos en los que la tutela individual no sería el medio idóneo (como ante una gran catástrofe ecológica derivada de un vertido de crudo por un petrolero que afecte a una importante zona de la costa), la LEC determina en su art. 11 quién tiene legitimación en tales casos, recogiendo la previsión contenida en el art. 7.3 LOPJ, distinguiendo entre: A) Perjudicados individuales: pueden actuar en los casos en los que ellos sean afectados por el evento dañoso. B) Asociaciones de consumidores y usuarios: están legitimadas para defender los derechos e intereses de sus asociados, los de la asociación, los intereses generales de los consumidores y usuarios, los colectivos que derivan de un hecho dañoso en el que los 137

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afectados sean un grupo de consumidores o usuarios cuyos componentes estén perfectamente determinados o sean fácilmente determinables y los de los perjudicados por un hecho dañoso que sean una pluralidad de consumidores o usuarios indeterminada o de difícil determinación, si bien en este último caso la asociación debe ser conforme a la Ley representativa (esta restricción es aplicable en el caso en el que se defienda el interés difuso del grupo indeterminado de afectados, no en el supuesto en el que se defiendan los intereses generales de los consumidores y usuarios para los que la misma no se da). Este carácter representativo lo ostentan según el art. 22 de la Ley 26/1984 General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios en la redacción que le ha dado la Ley 44/2006, de 29 de diciembre, de mejora de la protección de los consumidores y usuarios –BOE 30 diciembre 2006–, aquellas que formen parte del Consejo de Consumidores y Usuarios, salvo que el ámbito territorial del conflicto afecte fundamentalmente a una Comunidad Autónoma, en cuyo caso se estará a su legislación específica. C) Entidades legalmente constituidas que tengan por objeto la defensa o protección de los perjudicados por un hecho dañoso que sean un grupo de consumidores o usuarios cuyos componentes estén perfectamente determinados o sean fácilmente determinables. Tienen personalidad propia pero no el carácter de asociaciones de consumidores ya que surgen como consecuencia de un evento dañoso determinado. Generalmente se constituyen como asociaciones (actualmente al amparo de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del derecho de asociación, y hasta esta norma por la Ley de 24 diciembre 1964) y no es necesario que en el mismo se integren la mayoría de los afectados al ser éste un requisito previsto solamente para la legitimación de los grupos de afectados que más adelante se analizará. El caso típico es el que se daría con las asociaciones de afectados por el caso de la rotura de la presa de Tous en la que se constituyeron asociaciones como «Asociación de afectados por las inundaciones de octubre de 1982 en la provincia de Valencia» (AFIVA) o la «Asociación de autónomos, pequeños y medianos empresarios de la comarca de la Ribera» (APEMEDA). La legitimación de estas entidades viene dada por lo tanto por la determinabilidad del número de afectados, sin que el número más o menos elevado que constituyan y las dificultades de individualización como dice GARNICA MARTÍN («Las acciones ...» cit. bibl. La Ley. 2001) sea lo que permita hablar de indeter138

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minabilidad, siendo que lo que da lugar a ello el carácter de los intereses implicados. D) Grupos de afectados por un hecho dañoso que sean consumidores o usuarios cuyos componentes estén perfectamente determinados o sean fácilmente determinables. Deben estar integrados por la mayoría de los afectados, ya que aun cuando no es un requisito para su legitimación establecido en este precepto sí que se exige para otorgarles capacidad para ser parte en el art. 6.1.7.º antes analizado. E) Entidades habilitadas conforme a la normativa europea para la acción de cesación. La poseen para el ejercicio de tal acción en defensa de los intereses difusos de consumidores y usuarios (introducida por la Ley 39/2002). Esta acción es la que aparece prevista en la Ley de condiciones generales de contratación, Ley 7/1998, de 13 de abril, siendo la mención que se ha verificado en la LEC necesaria ya que se trata de entidades distintas a las antes mencionadas. F) Ministerio Fiscal asimismo legitimado para la acción de cesación antes mencionada. G) Personas jurídicas legalmente habilitadas para la defensa de los derechos e intereses legítimos colectivos que pueden actuar en un proceso en nombre e interés de las personas que así lo autoricen con la finalidad de hacer efectivo el derecho a la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad y que pueden defender sus derechos individuales recayendo en dichas personas los efectos de aquella resolución. Esta legitimación ha sido introducida por el art. 19 de la Ley 51/2003, de 2 de diciembre (BOE 3 diciembre 2003), de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad. Es una legitimación adicional a la que pertenece al discapacitado para el ejercicio de las acciones que la propia norma establece en el art. 18 (adopción de medidas para poner fin a la violación del derecho, prevenir violaciones ulteriores o restablecer al perjudicado, indemnización o reparación). Estas personas jurídicas generalmente serán las organizaciones representativas de las personas con discapacidad a las que se refiere el art. 15 de la norma aun cuando el concepto de legitimación es más amplio por lo que otro tipo de personas jurídicas encargadas de la defensa de intereses colectivos (como asociaciones de cualquier tipo) se estima que asimismo podrán hacer uso de esta facultad. 139

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Dentro de este ámbito existe una previsión de una legitimación especial para la defensa del derecho de igualdad de trato entre hombres y mujeres (art. 11 bis introducido por la Ley Orgánica 3/ 2007, de 22 de marzo –BOE 23 marzo 2007–). Para la defensa de este derecho la legitimación corresponde a: – Afectados – Sindicatos (con autorización afectados) – Asociaciones cuyo fin primordial sea la defensa de la igualdad de trato entre hombres y mujeres (con autorización afectados) Si los afectados son una pluralidad indeterminada o de difícil determinación: – Organismos públicos con competencia en la materia – Asociaciones de ámbito estatal cuyo fin primordial sea la defensa de la igualdad de trato entre hombres y mujeres – Propios afectados si están determinados Por último para los procesos civiles derivados del acoso sexual la legitimación corresponde únicamente a la persona acosada. La legitimación que se indica en el art. 11 LEC se entiende sin perjuicio que la que aparece prevista en el art. 16 de la Ley 7/ 1998 de condiciones generales de contratación para el ejercicio de las acciones de cesación, retractación y declarativa previstas en el art. 12 de la misma norma. La anterior previsión de legitimación hace que en el caso de presentarse una demanda tratándose de acciones de grupo es necesario constatar con claridad el carácter de la parte actora aportando la documentación pertinente que dependerá de las circunstancias del caso que tratándose de entidades constituidas implicará la constancia de su personalidad y siendo grupos de afectados implicará una justificación de que los involucrados son una mayoría de ellos. Esta aportación se estima esencial ya que su no concurrencia podría ser uno de los supuestos en los que la problemática de legitimación se pudiere incluso resolver en la audiencia previa. 3.2. PLURALIDAD DE PARTES Bajo este epígrafe (arts. 12 a 16 LEC) regula la LEC el caso 140

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de los procesos en los que en la posición de la parte demandante o demandada aparece más de un sujeto. Estos supuestos son los del litisconsorcio e intervención procesal. 3.2.1.

Litisconsorcio

Éste se da en los casos en los que como demandantes o demandados concurren una pluralidad de sujetos. 3.2.1.1.

Litisconsorcio activo

Tratándose de los demandantes el requisito básico para que puedan interponer una demanda conjunta es como indica el art. 12.1 LEC que las acciones que ejerciten provengan de un «mismo título o causa de pedir». Esta expresión puede dar lugar a problemas interpretativos ya que ejercitándose diversas acciones debe existir una relación entre todas ellas de modo que sea admisible el que se resuelvan en un mismo procedimiento ya que en caso contrario sería de todo punto absurdo el tramitar conjuntamente cuestiones que nada tengan que ver entre sí. Pero el legislador no exige que las acciones se basen solamente en un mismo título (algo que sería muy fácil de precisar) sino que es asimismo posible que el elemento de conexión sea «una misma causa de pedir», situación ésta que puede dar lugar a importantes problemas prácticos a la hora de saber en que casos existe o no una «misma causa de pedir». De cara a decidir sobre ello es posible el acudir a la jurisprudencia elaborada en torno a la acumulación subjetiva de acciones que aparece contenida en el art. 72 LEC (que reitera la manifestación del art. 12.1 LEC añadiendo que el título o causa de pedir es idéntico o conexo cuando las acciones se fundan en los mismos hechos). Tal jurisprudencia derivaba del art. 156 LEC/1881 del que son trasunto los actuales arts. 12.1 y 72 LEC y hacía una interpretación flexible ya que además de bastar con la concurrencia de uno de los dos elementos (identidad de título o de causa de pedir), esta última se daba según la jurisprudencia partiendo de un análisis de los fundamentos fácticos aducidos por la parte en cuanto definen el «acaecimiento básico» de la pretensión de forma que se dedujere la necesidad de un tratamiento unitario y en un solo litigio evitando decisiones discrepantes. En este sentido se pueden citar las SSTS 22 marzo 1982 (RJ 1982, 1390); 12 junio 1985 (RJ 1985, 3109); 7 diciembre 1987 (RJ 1987, 9280); 4 junio 1990 (RJ 1990, 4725); 14 octubre 1993 (RJ 1993, 7519) o las SSAP León 5 abril 1995 (AC 141

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1995, 678); Pontevedra 1 julio 1995 (AC 1995, 1451); Valladolid, Sección 3.ª, 19 julio 1999 (AC 1999, 7012). Esta problemática obliga a analizar antes de interponer la demanda con mucho detenimiento cuáles fueren las circunstancias concurrentes ya que la simple similitud de los títulos que invocan los demandantes si bien en numerosos casos justifica un tratamiento unitario (como en un proceso cuyo objeto sea la elevación a escritura pública prevista en determinados contratos idénticos en los que se fije esta obligación para el vendedor), en otros casos puede dar lugar a una importante problemática ya que las vicisitudes que cada título puede haber sufrido pueden hacer que la consideración unitaria sea más discutible. En caso de una indebida constitución del litisconsorcio activo, la LEC permite el que las partes demandadas lo pongan de manifiesto en sus escritos de contestación, decidiéndose en la audiencia previa. Esta posibilidad se funda en que aun cuando la problemática referente al litisconsorcio activo no aparece expresamente prevista en los arts. 416 y ss. LEC por su nombre, ello no obstante en el art. 419 LEC permite el análisis de los problemas derivados de la acumulación de acciones que incluye la subjetiva que es el supuesto del litisconsorcio. Mas junto a la apreciación de esta problemática a instancia de parte es debatible la posibilidad de ser analizada de oficio por el Juzgador, al afectar al orden público procesal siempre que las acciones fueren incompatibles entre sí. Tal posibilidad fue aceptada por la SAP Barcelona 25 mayo 1994 (AC 1994, 958), tratándose de una acumulación que podría vulnerar el art. 154 LEC. Esta posibilidad aparece admitida en el art. 73.4 LEC como practicable antes de admitir a trámite la demanda dando al actor la posibilidad de mantener las acciones cuya acumulación fuere posible con la advertencia de que en caso de no hacerlo se archivaría la demanda sin más trámites. En cuanto a la posibilidad de verificar esta actuación en un momento procesal posterior, es algo que el legislador no ha previsto ya que se parte de casos en los que la procedencia o no de la acumulación sea evidente. No obstante lo anterior es posible el que en el curso del procedimiento se produzcan eventos de los que cupiere derivar el que lo que en apariencia eran supuestos perfectamente acumulables (y que dieron lugar a la admisión de la demanda y en su caso hasta al rechazo de las 142

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excepciones de inadecuación de la acumulación), luego en fase probatoria se constata que tal similitud no se da. Ante tal caso se podría suscitar la cuestión de apreciar incluso avanzado el proceso esta posibilidad de cara a defender el orden público procesal ya que las vicisitudes que pudieren afectar a unas acciones no tienen por qué afectar a las demás. En cuanto a los efectos que tiene la inadecuada constitución de un litisconsorcio activo necesario (acumulación subjetiva de acciones) vienen señalados en la LEC y consisten en mantener el proceso con las acciones cuya acumulación fuere posible (art. 73.4 LEC), sin que nada se prevea respecto de aquella que fue indebidamente acumulada, es decir si se sobresee el procedimiento respecto de la misma o cabe que siga adelante mas tramitándose por separado. En principio ambas soluciones serían factibles, ya que de lo que se trata es de evitar la tramitación conjunta de algo que se debería analizar por separado y con ambas soluciones se puede obtener el mismo fin respetando la legalidad y el orden público procesal. En todo caso se debería analizar caso por caso a fin de que en los supuestos en los que la problemática de la acumulación fuere muy compleja y discutible, a la parte que indebidamente acumuló las acciones no se causen más perjuicios que los derivados de tener que iniciar un proceso nuevo en el que se tramite la acción indebidamente acumulada, perjuicios que se podrían suscitar en el supuesto de que la acción indebidamente acumulada ya no fuere ejercitable cual es el caso de tratarse de una demanda de tercería en el que si se optare por el sobreseimiento sería posible que al tiempo de acordarse la inadecuación de la acumulación la acción que se debiere separar ya no se pudiere ejercitar al haberse transmitido ya el bien afectado por la tercería (art. 696.2 LEC). Lo anterior hace que se deba ser muy cuidadoso en los casos de litisconsorcio activo analizando las circunstancias del caso debiendo optar por procedimientos separados en los casos en los que existe el más mínimo atisbo de duda respecto de la relación que pudiere existir entre los títulos o causas de pedir de los diversos demandantes. Mas junto a lo anterior (que es el problema más usual en los supuestos de litisconsorcio activo), cabe plantear el referente a si el litisconsorcio activo puede ser o no suscitado por el demandado mediante el planteamiento de una excepción de falta del mismo, 143

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lo que conlleva el análisis de si el litisconsorcio activo puede ser o no necesario. En este sentido el párrafo segundo del art. 12 (regulador del litisconsorcio pasivo necesario), nada prevé respecto del activo, algo que es perfectamente lógico ya que no se pueden equipararse las situaciones de litisconsorcio activo con la del pasivo, ya que la esencia del segundo (litisconsorcio pasivo necesario) se encuentra en el hecho de que nadie puede ser condenado sin ser oído y vencido en juicio. Frente a ello el admitir el litisconsorcio activo necesario podría suponer el que se obligase a alguien a litigar, algo que implicaría una actuación que pudiere no interesarle. Es por ello que en los casos en los que se diere una situación de tal índole que exigiere la concurrencia de más de un demandante (como aquellos en los que la disponibilidad del demandante sobre la cosa reclamada no pueda ejecutarse, sino en forma conjunta y mancomunada con otro) deberían dar lugar al archivo de la causa, mas no por un problema de litisconsorcio activo necesario, sino por uno de carencia de legitimación que antes se ha analizado. En este sentido se pueden invocar las SSTS 29 octubre 1987 (RJ 1987, 7484); 15 marzo 1990 (RJ 1990, 1698); 29 abril 1991 (RJ 1991, 3068); 22 diciembre 1992 (RJ 1992, 10641); 12 mayo 1994 (RJ 1994, 3572); 13 julio 1995 (RJ 1995, 6004); 27 mayo 1997 (RJ 1997, 4244); 2 julio 1997 (RJ 1997, 5474); 25 febrero 1998 (RJ 1998, 962); 16 marzo 1998 (RJ 1998, 1570); 19 diciembre 2000 (RJ 2000, 10127); 20 noviembre 2001 (RJ 2001, 9486); 11 abril 2003 (RJ 2003, 3518); 3 noviembre 2005 (RJ 2005, 8056) o la SAP Málaga, sección 6.ª, 1 septiembre 2000 (AC 2000, 2106). 3.2.1.2.

Litisconsorcio pasivo

Viene contemplado en el art. 12.1 LEC en cuanto al voluntario y en el 12.2 LEC en lo referente al necesario. Respecto del voluntario se puede repetir lo ya manifestado en cuanto al litisconsorcio activo en cuanto a los supuestos en los que se da y los requisitos que han de concurrir, tratándose de una verdadera acumulación subjetiva de acciones (desde el punto de vista pasivo). Mas el litisconsorcio pasivo presenta la peculiaridad de que puede surgir tanto de forma voluntaria como necesaria, siendo su fundamento el derecho a la tutela judicial efectiva que consagra el art. 24.2 de la Constitución de forma que el litigio se ventile con la presencia en el juicio de quienes puedan resultar afectados por el fallo, con el fin de evitar la posibilidad de fallos contradictorios 144

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y el quebrantamiento del principio de que nadie pueda ser condenado sin haber sido oído y vencido en juicio, dado que la veracidad de la cosa juzgada exige la concurrencia de cuantos debieron ser demandados y la válida constitución de la relación jurídico-procesal requiere la integración en el mismo de todos los elementos subjetivos vinculados frente al actor. En la actualidad aparece expresamente previsto en el art. 12.2 LEC radicando el principal problema en determinar en qué casos deberá exigirse la situación litisconsorcial que debe ser objeto de un detallado análisis a fin de saber en qué supuestos la tutela jurisdiccional solicitada sólo puede hacerse efectiva frente a varios sujetos conjuntamente considerados. En principio tiene declarado el Tribunal Supremo que será necesario demandar a todas aquellas personas que estuvieron en el acto o contrato del que deriva la nulidad, entendiendo que tendrán interés todas aquellas personas que no solamente tuvieron parte real en el negocio sino también los que obtienen beneficios económicos y los causantes de la nulidad. En este sentido y a título de ejemplo se pueden citar las SSTS 17 marzo 1990 (RJ 1990, 1705); 19 noviembre 1985 (RJ 1985, 5617); 25 junio 1984 (RJ 1984, 3260); 19 diciembre 1974 (RJ 1974, 4800); 22 octubre 1998 (RJ 1998, 8231). El problema que supone determinar en qué casos deberá exigirse la situación litisconsorcial debe ser analizado supuesto por supuesto, si bien tiene declarado el Tribunal Supremo que será necesario demandar a todas aquellas personas que estuvieron en el acto o contrato del que deriva la nulidad, entendiendo que tendrán interés todas aquellas personas que no solamente tuvieron parte real en el negocio sino también los que obtienen beneficios económicos y los causantes de la nulidad, si bien se niega a quienes, no hallándose vinculados por la misma relación jurídica controvertida en el pleito, sino por otra meramente conexa, dependiente o subordinada a ella, tan sólo pueden verse afectados por la sentencia que se dicte de modo mediato, indirecto, reflejo o prejudicial. SSTS 7 marzo 1996 (RJ 1996, 1942); 16 diciembre 1996 (RJ 1996, 8948); 31 diciembre 1993 (RJ 1993, 9920); 5 diciembre 1995 (RJ 1995, 9260); 16 julio 1996 (RJ 1996, 5673). En los casos de solidaridad entre los responsables (aun cuando fuere impropia) se estima que no se dan situaciones litisconsorciales (dada la vinculación entre ellos existente y la facultad que el art. 1144 CC concede al acreedor de optar contra cuál de los deudores solidarios se desea dirigir) siendo ejemplo de esta doctrina las SSTS 1 di145

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ciembre 1987 (RJ 1987, 9171), 26 diciembre 1988 (RJ 1988, 9817); 11 octubre 1991 (RJ 1991, 6913); 1 febrero 1993 (RJ 1993, 789); 1 junio 1994 (RJ 1994, 4568); 2 febrero 1995 (RJ 1995, 1463); 30 marzo 1996 (RJ 1996, 1943). En cuanto a la apreciación de la falta de litisconsorcio pasivo necesario la LEC prevé la misma cuando sea puesta de manifiesto por la parte demandada, debiéndose decidir en la audiencia previa (art. 420 LEC) bien de forma automática por parte del Juez a la vista de las alegaciones de las partes (si existe oposición), bien en un momento posterior (por medio de auto a dictar en los cinco días siguientes) si la cuestión es compleja (algo lógico dada la necesidad de matizar en muchas ocasiones las circunstancias concurrentes de cara a concluir o no la existencia del litisconsorcio). No obstante lo anterior, si el Juzgador acuerda que la decisión se tomará en resolución aparte, indica el art. 420 LEC que la audiencia previa debe seguir a los demás efectos legalmente previstos (incluso la proposición y admisión de pruebas y señalamiento de día para la vista). Esta posibilidad si bien trata de evitar dilaciones, presenta la problemática de que en caso de dictarse auto estimando procedente la excepción de falta de litisconsorcio pasivo necesario, las actuaciones verificadas en la audiencia previa serían innecesarias ya que al deberse dirigir una nueva demanda contra otro sujeto, las circunstancias del proceso cambian (y más aún si ésta contesta a la demanda) lo que haría siempre necesario una nueva audiencia previa en la que cabría la posibilidad de plantear las cuestiones derivadas de la intervención de esta nueva parte y prueba de ello derivada, no estimándose sin embargo correcto el plantear cuestiones o prueba en relación a las partes inicialmente ya incluidas en la causa ya que todo lo que a ellas pudiere referirse se debió plantear en la primera. No obstante la aparente claridad de esta deducción, en la práctica será siempre difícil el concretar qué aspectos de la audiencia previa serían iguales o diferentes antes o después de dirigirse las actuaciones contra el litisconsorte. Es por ello que salvo en los casos más dificultosos o aquellos en los que se verificasen alegaciones por la parte demandante que pudieren ser imprevisibles, lo más idóneo es el resolver acerca de la excepción en la propia audiencia previa ya que de esta forma se evitan problemas como el antes mencionado. En caso de aceptarse la excepción por el actor de forma que comparece a la audiencia previa con el escrito dirigiendo la demanda contra el litisconsorte, el Juzgador no está privado de valorar la procedencia de la petición ya que el párrafo 146

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primero del art. 420 LEC somete la decisión de emplazar al litisconsorte aceptado por el demandante a la estimación por parte del Juzgador de entender procedente el litisconsorcio. En caso de no aceptarlo el demandante y acordarse por el Juzgador, independientemente del derecho a recurrir en reposición, el demandante ha de dirigir necesariamente su acción contra el litisconsorte ya que en caso contrario se procede a archivo de las actuaciones (art. 420.4 LEC). Esta actuación se ha de hacer independientemente del recurso de reposición que se haya interpuesto (si es oralmente en la audiencia previa ya se habrá resuelto, mas si es por escrito al haber interesado el actor que la decisión oral se redacte por escrito para recurrirla de conformidad con el art. 210.2 LEC, o si el Juzgador ha estimado necesario el dictarla por escrito por razones de complejidad según el art. 420.2 LEC) ya que el mismo no tiene efectos suspensivos (art. 451 LEC). En todo caso si el actor dirige la demanda frente a tercero cumpliendo con lo acordado por el Juzgador es perfectamente legítimo que indique que lo hace en cumplimiento de la decisión judicial y no a iniciativa propia solicitando que las costas derivadas de la intervención del litisconsorte no le sean impuestas (sobre esta materia no existe ninguna previsión específica en la regulación de la condena de costas de los arts. 394 y ss. LEC suscitándose la problemática de imponer las costas en caso de verse desestimada la demanda frente al litisconsorte a la parte demandada que hubiere dado motivo a su intervención, materia ésta discutible ya que la introducción del mismo en la causa la ha aceptado el Juzgador, mas sin que ello imposibilite hacer una solicitud en tal sentido invocando las circunstancias excepcionales de duda de hecho y derecho a que alude el art. 394 LEC). Asimismo es de señalar que al dirigir la demanda frente al litisconsorte se debe ceñir el demandante a manifestar todo lo que afecte a la intervención del litisconsorte no siendo legítimo el hacer nuevas manifestaciones respecto de la posible condena de los demandados originales (salvo que sean consecuencia de lo que afecte al litisconsorte) ya que ello se debió hacer en la demanda (art. 399 LEC). Pero junto a esta apreciación de la excepción de falta de litisconsorcio pasivo necesario a instancia de parte, se puede suscitar la cuestión referente a la posible apreciación de la misma de oficio, algo que había sido aceptado por la jurisprudencia anterior a la LEC/2000 en la doctrina por ella elaborada ante la ausencia de una regulación específica con fundamento en el interés público que 147

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subyace tras esta figura, si bien se había matizado en el sentido de que la facultad del órgano de la instancia de apreciar ex officio la excepción de litisconsorcio pasivo necesario se supeditaba a que, previamente se hubiere puesto de manifiesto a las partes el problema, para apreciar su carencia (SSTS 24 noviembre 1992 [RJ 1992, 9371]; 18 junio 1994 [RJ 1994, 4933]). En la actualidad esta facultad de apreciación de oficio de la falta del debido litisconsorcio pasivo necesario es asimismo procedente dados los términos imperativos del art. 12.2 LEC en cuanto a la necesidad de dirigir la acción contra todos los afectados («todos ellos habrán de ser demandados» dice el precepto), si bien en todo caso será imprescindible el dar audiencia a las partes, cosa que se puede hacer en cualquier momento siendo el más idóneo el de la convocatoria a la audiencia previa en la que el Juzgador ponga de manifiesto a las partes las circunstancias concurrentes en la misma providencia de convocatoria para que en la audiencia previa se decida al respecto de igual forma que si la excepción la hubiere invocado la parte demandada. 3.2.2.

Intervención procesal

La intervención procesal supone que se admite la actuación en el seno de un proceso pendiente de personas que en el mismo no aparecen ni como demandantes ni como demandadas, ni deben aparecer en cuanto que tales ya que en tal caso no se hablaría de intervención procesal, sino de litisconsorcio, figura antes analizada. En la LEC se regula la intervención procesal en los arts. 13 a 15 LEC distinguiendo entre la: – intervención voluntaria (art. 13); – intervención provocada (art. 14); y – la intervención en los procesos para la protección de intereses colectivos y difusos de consumidores y usuarios (art. 15 LEC). 3.2.2.1.

Intervención voluntaria

Supone la intervención (a iniciativa propia) de alguien que era ajeno a un proceso civil mas respecto del que posee un interés «directo y legítimo». Este interés es el que determina la posibilidad o no de aceptación por parte del Juzgador de la intervención (por 148

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medio de auto previa audiencia de las partes personadas por el plazo de diez días como señala el párrafo segundo del precepto analizado) debiendo la parte que lo invoca justificarlo debidamente aportando los elementos de prueba al efecto conducentes. Es por ello que el escrito de solicitud de intervención debe centrarse esencialmente en esta cuestión que existe cuando concurren los dos requisitos anteriormente mencionados y que son acumulativos. Este interés se da claramente en lo que se denominaba tradicionalmente como intervención litisconsorcial, es decir que se trate de terceros cotitulares de la relación jurídica que es objeto de debate en la causa, mas cuya intervención no era imprescindible (el supuesto típico es el de un deudor solidario que si bien no es obligatorio que sea llamado a la causa como antes se ha indicado, sí que puede intervenir en la misma con lo que en tal caso para justificar tal intervención bastará con invocar tal carácter sin necesidad de aportar justificación alguna ya que en las actuaciones obrará el documento del que se desprende el carácter de deudor solidario). Pero junto al anterior supuesto, también puede existir interés directo y legítimo en los casos (también antes analizados como de no concurrencia de litisconsorcio pasivo necesario), en los que el interviniente afirma ser titular de otra relación jurídica dependiente de la debatida en las actuaciones. A juicio de MONTERO AROCA (MONTERO AROCA y otros, cit. bibl. 2000), el origen de ello se encuentra en la eficacia refleja de la cosa juzgada que implica la existencia de interferencias entre la relación jurídico material debatida en un proceso por las partes iniciales y aquella de la que afirma ser titular el tercero con una de las partes. Si la relación jurídica del tercero interviniente es asimismo debatida en otro proceso se puede dar un claro caso de prejudicialidad civil (art. 41 LEC) que motiva además de la suspensión de este proceso derivado, el que el tercero pueda intervenir en el originario en el que se debate la relación jurídica de la que deriva aquella de la que es titular con fundamento en el art. 13 LEC. Otro de los casos de intervención voluntaria es el que se ha establecido para el incidente concursal en el art. 193.2 de la Ley 22/2003 de 9 de julio concursal en la que se admite tal intervención respecto de quienes estén comparecidos en forma en el concurso. Aun cuando la Ley 22/2003 utiliza el término «coadyuvar» en realidad dados los efectos que asocian a ello (autonomía respecto a las partes que es asimismo propia de lo que es la intervención procesal como ahora se dirá) cabe calificar tal situación como de una intervención procesal como ha destacado CORDÓN MORENO (cit. bibl. p. 4). 149

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En cuanto a los efectos que la LEC asigna a la intervención procesal una vez que la misma ha sido admitida, son los de considerar parte al interviniente (no un mero coadyuvante) incorporándose a la causa en el momento en el que se encuentre y haciendo las alegaciones que vayan correspondiendo a las distintas fases que se vayan sucediendo de forma completamente independiente que la de las demás partes pudiendo recurrir las resoluciones que se dicten aun cuando quien esté en su misma posición procesal no lo haga. En todo caso esto tiene una clara limitación respecto de lo que implique actos de disposición del objeto litigioso ya que si el interviniente no es titular de la relación jurídica debatida carecerá de esta posibilidad, mas no por motivos procesales, sino materiales, al no estar en la esfera de sus posibilidades el disponer de algo que no es suyo. La jurisprudencia había elaborado una doctrina de la intervención procesal ante la ausencia de regulación específica, pero en la que no siempre se asignaba al interviniente la condición de parte aproximándolo en ocasiones más al coadyuvante distinguiendo entre la voluntaria adhesiva que se caracterizaba por la entrada o incorporación de un tercero a un proceso ya pendiente entre dos litigantes (demandante y demandado originarios) para sostener y apoyar con alegaciones y pedimentos las pretensiones de alguna de las partes (actor o demandado originarios) y la llamada intervención litisconsorcial (modalidad de la adhesiva, junto a la simple o coadyuvancia) que venía determinada y justificada, esencial y fundamentalmente, por la circunstancia de que la sentencia única que, en cuanto al fondo del asunto propiamente dicho, recayere en el proceso seguido entre las partes originarias, hubiere de producir efectos directos (no reflejos) contra el tercero interviniente, con la consiguiente vinculación de éste a la cosa juzgada. Ejemplo de ello son las SSTS 6 marzo 1946 (RJ 1946, 260); 17 febrero 1951 (RJ 1951, 589); 17 octubre 1961 (RJ 1961, 3604); 9 octubre 1993 (RJ 1993, 8175); 21 abril 2003 (RJ 2003, 3095). Tras la entrada en vigor de la Ley 22/2003 Concursal, cabe hablar de un supuesto específico de intervención voluntaria automática (que por ello no exige de valoración por el Juzgador cuando se dé). Tal supuesto es el contemplado en el art. 53.3 de tal norma que permite al deudor concursado personarse y defenderse de forma separada en los juicios que la administración concursal haya promovido, si bien con la peculiaridad de que las costas que se 150

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impusieran al deudor que hubiera actuado de forma separada no tendrán la consideración de deudas de la masa. Tal actuación separada cabe que se dé tanto en los casos en los que el deudor/ concursado está suspendido de las facultades de administración (en cuyo caso como indica el art. 54.1 de la Ley Concursal las acciones de índole no personal las interpone la administración concursal), como en aquellos de simple intervención (los previstos en el art. 54.2 de la Ley Concursal) en los que la administración concursal estimara conveniente a los intereses del concurso la interposición de una demanda y el deudor se negara a formularla, supuesto en el que el juez del concurso podrá autorizar a aquélla para interponerla. Un supuesto especial de intervención distinto al antes mencionado y que sólo de forma parcial merece ser calificado de intervención voluntaria (pues la iniciativa de la intervención no solamente parte del interviniente, sino también del órgano jurisdiccional) es el que aparece previsto en el art. 15 bis de la LEC introducido por la Ley 15/2007 de 3 de julio de Defensa de la Competencia (BOE 4 julio 2007) en el que se establece que la Comisión Europea, la Comisión Nacional de la Competencia y los órganos competentes de las Comunidades Autónomas en el ámbito de sus competencias podrán intervenir, sin tener la condición de parte (de ahí que suponga un caso claro de intervención procesal), por propia iniciativa o a instancia del órgano judicial (supuesto este último que la diferencia de la tradicional intervención voluntaria), mediante la aportación de información o presentación de observaciones escritas sobre cuestiones relativas a la aplicación de los artículos 81 y 82 del Tratado de la Comunidad Europea o los artículos 1 y 2 de la Ley de Defensa de la Competencia (conductas colusorias y de abuso de posición dominante). Esta aportación de información o presentación de observaciones se hace o bien diez días antes de la celebración del acto del juicio (en fase de instancia) o dentro del plazo de oposición o impugnación del recurso interpuesto (en la de apelación). Asimismo y junto a lo anterior, con la venia del correspondiente órgano judicial, podrán presentar también observaciones verbales. 3.2.2.2.

Intervención provocada

Supone la llamada a un tercero para que intervenga en el proceso no a iniciativa propia (como en el caso de la intervención 151

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voluntaria), sino a la de las demás partes del proceso (nunca a iniciativa del Juzgador). Es una figura no prevista en la LEC/1881 y también es conocida como «llamada en causa» o «llamada en garantía» (litis denuntiatio). Pese a la ausencia de regulación procesal en la LEC/1881 si que estaba prevista en el Código Civil en los casos de: – llamada a los coherederos para el pago de deudas hereditarias (art. 1084 CC); – notificación de la demanda de evicción al vendedor para poder operar su obligación de saneamiento, precepto igualmente operativo en sede de arrendamientos (arts. 1481, 1482 y 1553 CC); – excusión de los bienes del deudor antes de exigir responsabilidades al fiador (arts. 1830 y 1832 CC). Junto a ellos cabe hacer mención al previsto en la Disposición Adicional 7.ª de la Ley 38/ 1999, de 5 de noviembre, de ordenación de la edificación, en cuanto a la llamada a los eventuales corresponsables. Su reconocimiento se produjo a nivel jurisprudencial, siendo ejemplo de ello la STS 26 junio 1993 (RJ 1993, 5383) o la SAP Córdoba 6 julio 1998 (AC 1998, 1362). No obstante lo anterior, los supuestos mencionados implican una llamada al tercero que hacía el demandado que tenía o creía tener, en virtud de una precedente relación negocial ciertos derechos frente al mismo que pueden verse afectados por la sentencia que recayere en dicho proceso. Pero en el art. 14 LEC esta posibilidad se concede tanto al demandante como al demandado aunque solamente en los casos legalmente previstos que son los que antes se han mencionado y que afectaban al demandado con lo que la situación no ha cambiado tanto (sin perjuicio de futuras previsiones legales) y siempre que se pretenda por una parte hacer la llamada a un tercero para que intervenga en el proceso deberá precisarse cuál es el precepto legal que le sirve de fundamento (antes mencionados). Esta necesidad de existir una base sustantiva consta expuesta en el AJPI n.º 5 Santander 2 mayo 2002 (AC 2002, 1017). Dadas las consecuencias que ello comporta y de cara a evitar una situación de indefensión al llamado al procedimiento (haciéndolo cuando éste se halla muy avanzado de forma que le habría precluido la posibilidad de verificar determinadas actuaciones pro152

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cesales), la LEC indica que el demandante lo debe indicar en la demanda (lo más apropiado es por medio de otrosí de forma que se constate esta realidad con claridad) y el demandado dentro del plazo para contestar o antes de la vista del juicio verbal (bien por medio de otrosí en el escrito de contestación en el juicio ordinario o en escrito al efecto presentado en los demás casos). Si se hace en escrito aparte en el juicio ordinario, se suspende el plazo concedido al demandado originario para contestar reanudándose de forma automática al desestimarse la petición (tras la oportuna contradicción que no se da cuando lo insta el demandante algo lógico ya que nadie hay personado en la causa más que él) o tras la contestación que haya dado el tercero o transcurrido el plazo que se le hubiere concedido al efecto. Esta previsión parece suponer un plazo sucesivo de contestación a la demanda en caso de admitirse la intervención provocada (primero al interviniente y luego al demandado), algo que contrasta con la regla general de concesión de un plazo de contestación único para todos los codemandados computándose para cada uno desde su emplazamiento. Su razón de ser se encuentra en el hecho de que en caso de comparecer el interviniente, el demandado puede solicitar a la vista de sus alegaciones que ocupe su lugar en el proceso tramitándose esta situación como un supuesto de sucesión procesal y que tiene su regulación en el art. 18 LEC que motiva un nuevo traslado y decisión por el Juzgador (además de la ya tomada de intervención). En todo caso el interviniente forzoso si no comparece será declarado en rebeldía ya que posee las mismas facultades que las partes habiéndose aceptado por el tribunal la necesidad de su intervención. Con la declaración de rebeldía lo que se hace es dejar constancia de una determinada actitud procesal (la no personación y contestación a pesar de tener conocimiento del proceso pendiente y de la relación que pudiere tener con el mismo declarada por el juzgador) con la finalidad de que no pueda alegar indefensión y la cosa juzgada pueda surtir efectos frente a él. 3.2.2.3.

Intervención en los procesos para la protección de intereses colectivos y difusos de consumidores y usuarios

Es un supuesto de intervención procesal que presenta unas peculiaridades que le son propias frente a las anteriores (la voluntaria y la provocada), centrándose en que debe verificarse de oficio 153

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y afecta a personas que pueden ostentar una posición semejante al demandante y supone un elemento adicional de protección para los consumidores y usuarios que pueden voluntariamente intervenir en los procesos instados por las entidades legalmente reconocidas para la defensa de los intereses de éstos (art. 13.1 LEC). La LEC establece tres supuestos de intervención: A) En los procesos promovidos por asociaciones o entidades constituidas para la protección de los derechos e intereses de los consumidores y usuarios, o por los grupos de afectados siempre se ha de llamar al proceso a quienes tengan la condición de perjudicados por haber sido consumidores del producto o usuarios del servicio que dio origen al proceso, para que hagan valer su derecho o interés individual. Dados los términos empleados (que incluyen los diversos supuestos de legitimación previstos en el art. 11 LEC) se entiende que este llamamiento se deberá hacer siempre que se ejercite una acción en defensa de los consumidores y usuarios cuando se trate de un acto en el que hayan perjudicados concretos o concretables, salvo los supuestos en los que se ejercite una acción de cesación (están excluidos de este llamamiento según la redacción del apartado 4 de este art. 15 que fue incorporada por la Ley 39/2002). Tal llamamiento se estima debe hacerse de oficio por el Juzgado dados los términos imperativos del precepto (aunque es recomendable el indicarlo en la demanda por medio de otrosí) publicando la admisión de la demanda en medios de comunicación con difusión en el ámbito territorial en el que se haya manifestado la lesión de aquellos derechos o intereses. El coste de ello se deberá sufragar por la parte demandante sin perjuicio del derecho de incluir su importe en costas en caso de vencer. B) En los casos en los que estén determinados o sean fácilmente determinables los perjudicados por el hecho dañoso, el llamamiento a los perjudicados se debe hacer de forma individualizada por la parte demandante con carácter previo a la interposición de la demanda. Ello obliga a que en estos casos quien presente la demanda adjunte a la misma una prueba de los concretos perjudicados que se hayan visto afectados por el hecho dañoso y del llamamiento que a los mismos se hizo (bien por conducto notarial bien por medio de cartas enviadas por un medio que deje constancia del envío o recepción como el burofax o correo certificado con acuse de recibo). En cuanto a si este llamamiento excluye 154

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el genérico por los medios de comunicación antes indicados, nada dice la LEC mas se estima que dependerá de las circunstancias del caso ya que si el llamamiento previo a todos los perjudicados fue efectivo (todos recibieron el aviso) el genérico carecerá de sentido (salvo que se estimase imprescindible el conocer el Juzgado concreto que conozca de las actuaciones y el número de proceso para poderse personar), pero si el específico no ha podido ser eficaz respecto de algunos sí que se deberá hacer el genérico ya que el objetivo de los llamamientos no es otro que el de tener constancia en los autos que los perjudicados conocen la pendencia del proceso a fin de que se puedan personar en el mismo. Éstas son las dos formas de llamamientos que motivan el que los perjudicados que se deseen personar lo hagan en igual forma que si se tratase de una parte (en principio como la demandante detallando en su acto de personación los concretos perjuicios por ellos sufridos aportando las pruebas pertinentes como si se tratase de una demanda que ellos presentaren), haciendo los actos procesales propios de la fase procesal en la que se encontrasen las actuaciones. Ello obliga a plantearse si es necesario o no suspenderlas o fijar un plazo para la personación. En este sentido tal posibilidad solamente aparece prevista para los casos de procesos en el que el hecho dañoso perjudique a una pluralidad de personas indeterminadas o de difícil determinación (art. 15.3 LEC), supuesto en el que se suspende el curso del proceso por un plazo que no excederá de dos meses y que se concretará en cada caso atendiendo a las circunstancias o complejidad del hecho y a las dificultades de determinación y localización de los perjudicados. Si se trata de perjudicados determinados a los que se ha hecho saber la interposición de la demanda con carácter previo, no va a ser necesario el suspender el proceso al no preverse legalmente y ser conocedores de la inminencia de la demanda. No obstante lo anterior si se entiende que deben conocer el concreto proceso tramitado para poderse personar en él (haciendo necesaria la publicación por los medios de comunicación) y en todo caso siempre que esta última se lleve a cabo, el suspender el curso de las actuaciones aun cuando expresamente no viene previsto es una medida oportuna y justificable relacionando el art. 188.1.7.º con el 15 LEC ya que de esta forma se posibilitará el que la personación se haga desde un inicio y sin que menguaren los derechos de los perjudicados ante la aplicación del principio de la preclusión. Este período debe ser más breve que el de los perjudicados indeterminados (dada la concreción existente) 155

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y se puede fijar en uno semejante al que se da para contestar (al tratarse de un acto de alegación). La intervención de estos consumidores y usuarios posee un marcado carácter voluntario y se hace con la finalidad de que frente a ellos puedan operar los efectos de la cosa juzgada que si que se extiende a ellos según lo previsto en el art. 222.3 LEC al ser consumidores y usuarios. En todo caso su no personación si bien no impide que puedan operar los efectos de la cosa juzgada, no imposibilita el que posteriormente en fase de ejecución de sentencia se haga esta la determinación de los perjuicios por ellos sufridos según se establece en el art. 519 LEC. 3.3. SUCESIÓN PROCESAL La sucesión procesal supone el cambio en el proceso de una parte por otra que va a ocupar la situación de la que inicialmente actuaba una vez que el mismo se ha iniciado, no siendo ello posible cuando el motivo de la sucesión se ha producido antes de interponerse la demanda ya que la finalidad de la sucesión procesal es la de suceder en una determinada posición procesal que solamente se adquiere una vez iniciado el procedimiento. En este sentido se puede hacer mención a la SAP Segovia 26 octubre 1993 (AC 1993, 2182). Es una situación distinta a aquella que puede derivar de cambios en la situación inicial de las partes intervinientes que afectan esencialmente a su capacidad procesal o a la vía de integración de la capacidad procesal. Entre estos últimos se puede hacer mención a la mayoría de edad de la parte producida en el curso del procedimiento, a la declaración de incapacidad de una de las partes o al fallecimiento del padre titular de la patria potestad del menor que actuaba en el procedimiento. Estos supuestos no poseen una previsión normativa específica y son claramente distintos a los de la sucesión procesal ya que afectan a la capacidad de las partes, que ello no obstante siguen siendo las mismas. Distinto es el caso de la sucesión que ahora se analiza en el que una parte sale del proceso ocupando otra su lugar. Las causas que pueden dar lugar a la sucesión procesal son tres y aparecen reguladas en los arts. 16 a 18 LEC. Son: – fallecimiento; 156

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– transmisión del objeto litigioso e – intervención provocada. 3.3.1.

Fallecimiento

En principio la continuidad del proceso le incumbe al heredero que es el que sucede al causante en todos sus derechos y obligaciones (art. 661 CC), si bien en determinados casos puede corresponder a otras personas distintas al heredero como sucede en los arrendamientos urbanos que tienen un sistema específico de subrogación (art. 16 LAU 1994), o en aquellos otros en los que la concreta relación jurídica debatida ha sido objeto de un legado. Los supuestos que se pueden plantear son los siguientes: A) Fallecimiento de una persona y comunicación de esta circunstancia por parte de sus herederos al tribunal haciendo saber su condición de tales. En esta comunicación se deben adjuntar los documentos de los que derive la condición de sucesor por parte de la persona que va a adquirir la condición de parte (certificado de defunción, certificación del Registro de Actos de Última Voluntad, testamento, documento de aceptación de la herencia, auto de declaración de herederos, acta notarial de notoriedad de declaración de herederos, etc. según cual fuere el título del que derivare la posición del que va a adquirir la condición de parte). Tal solicitud debe presentarse firmada por Procurador y Letrado en los casos en los que se trate de procesos en los que su intervención es necesaria. Tales Procuradores y Letrados pueden ser los mismos o diferentes a aquellos que actuaron en defensa y representación del fallecido ya que el poder en su momento otorgado se habrá extinguido tal y como prevé el art. 30.3.º LEC. De esta petición se da traslado a las demás partes (sin que se indique en la LEC el plazo para ello que se deberá fijar prudencialmente por el Juzgador teniendo en cuenta los elementos que se deben valorar) decidiendo el Juzgador acerca de la personación, ostentando desde ese momento la condición de parte el sucesor en concepto de tal y haciendo todos los actos procesales pertinentes atendida la fase en la que el procedimiento se encuentre. Nada dice la LEC respecto de la posibilidad o no de suspender la tramitación del procedimiento en tanto en cuanto se decide acerca de la personación del sucesor, si bien esta posibilidad es la más correcta a fin de evitar situaciones de indefensión al sucesor personado que desde el mo157

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mento en que lo hace ha llevado a cabo lo que a él le era exigible para intervenir en la causa. De otra forma le podría precluir por una causa a él no imputable (se ha personado pero aún no se ha decidido acerca de la corrección de su personación) la posibilidad de hacer los actos procesales que se verifiquen entre el momento de la personación y la aceptación de la misma. Además esta posibilidad de suspensión aparece prevista expresamente para el caso de hacerse las averiguaciones pertinentes de cara a la determinación de la identidad de los sucesores (art. 16.2 LEC) con lo que la adopción de una decisión semejante para el caso de personación no parece una solución inadecuada al perseguirse con una y otra opción un mismo resultado (evitar situaciones de indefensión), con lo que al amparo del art. 188.1.7.º LEC se podría acordar tal suspensión. Si la herencia no se hubiere aceptado no habría problema en que la personación se hiciere por los representantes de la herencia yacente que tiene perfectamente atribuida por lo antes mencionado la capacidad para ser parte, aportándose la documentación pertinente al efecto. B) Constancia al tribunal del fallecimiento de un litigante y no personación de sus sucesores dentro de los cinco días siguientes. La constancia del fallecimiento la puede tener el Tribunal de muy diversas formas, siendo las más usuales la comunicación de tal realidad al Tribunal por parte del Procurador (algo a lo que está obligado y que es la única actividad que debe realizar tras el fallecimiento de su poderdante adjuntando a tal manifestación la prueba del fallecimiento que se suele hacer por medio de certificación del Registro Civil) o la constancia (tratándose de partes no personadas) de esta realidad al haber tenido que practicar algún acto de comunicación personal a la parte dejándose constancia de esta situación por los encargados de llevar a cabo tal comunicación que luego se debe corroborar por parte del Tribunal. Una vez constatada esta realidad y no personados los sucesores en el plazo de los cinco días siguientes (se desconoce si los cinco días cuentan desde el fallecimiento o el conocimiento que del mismo pudiere tener el tribunal si bien lo más lógico es que sea desde el fallecimiento al ser completamente ajeno y desconocido para los eventuales sucesores del fallecido el conocimiento que de esta realidad pudiere tener un órgano jurisdiccional ante el que el fallecido tuviere 158

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en trámite un procedimiento) cabe que se susciten las siguientes opciones: 1) Que las demás partes pidan (es una opción que concede la ley) si se conoce quiénes son los sucesores, que se les notifique la existencia del proceso, emplazándoles para comparecer en el plazo de diez días. En este caso el Juez valora la idoneidad de los medios acreditativos de la condición de sucesores y procede a hacer tal emplazamiento suspendiendo la tramitación de la causa. Si los sucesores se personan se alza la suspensión y continúa la tramitación del proceso en la fase en la que se encontrase adquiriendo ellos la condición de parte. Si no se personan, en los casos en los que el fallecido es el demandado se declara en situación de rebeldía a sus sucesores (declaración necesaria ya que se trata de una parte distinta al fallecido) y sigue la tramitación de la causa. Si el fallecido era el demandante se entiende que sus sucesores renuncian a la acción (art. 20.1 LEC) dictándose sentencia con la correspondiente absolución del demandado y plenos efectos de cosa juzgada. 2) Si con constancia del fallecimiento no se conoce quienes son sus sucesores, si se trata del demandado se les declara en situación de rebeldía y si es el demandante se les tiene por desistidos de la acción, salvo que la parte demandada se opusiere en cuyo caso el tribunal debe decidir lo oportuno respecto de si dicta auto de desistimiento o acuerda la continuación de la causa hasta sentencia (art. 20.3 LEC) aunque de cara a tomar esta última decisión en un caso como el presente se debe tomar en consideración como un factor añadido a los que concurren en todo desistimiento, el que los sucesores desconocidos de la parte actora fallecida no conocerán la problemática existente ya que no se les ha podido llamar a la causa. A ello se une el que el legislador no ha previsto que sea el Juzgador el que de oficio haga las averiguaciones pertinentes, sino que se trata de algo que deben interesar las demás partes. En estos casos al desconocerse la identidad de los sucesores las declaraciones se harán a nombre de los sucesores de la parte fallecida. Dada la trascendencia de las decisiones antes mencionadas, se debe proceder con extrema cautela antes de adoptarlas dada la trascendencia que conllevan y la indefensión en la que se puede dejar a los ignorados sucesores del actor. Ello hace que antes de tomarla se tenga constancia de que el desconocimiento de quiénes 159

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son los sucesores del fallecido tenga un apoyo sólido que vaya más allá de una mera declaración de voluntad de las demás partes. A tal efecto lo conveniente sería que al solicitarse por las demás partes cualquiera de las declaraciones antes indicadas, se justifique la imposibilidad de conocer a los sucesores siendo documentos que pueden servir a este fin el de la aportación de la certificación negativa del Registro de Actos de Última Voluntad o el historial de empadronamiento del fallecido de forma que se pudiere tener constancia de los parientes que tuviere. En todo caso se tratará de una documentación que dependerá de las circunstancias de cada caso (ya que incluso constando el otorgamiento de testamento es posible que el designado heredero hubiere fallecido lo que obligaría a hacer un seguimiento de quienes pudieren ser los herederos del mismo). Si se dictare cualquiera de las resoluciones (declaración de rebeldía, desistimiento o sentencia de fondo) sin constar quienes fueren los herederos y luego se conocieren quienes fueren éstos, cabría por su parte interesar la nulidad de lo actuado por medio de los recursos legalmente previstos (reposición y apelación siendo este último el más usual ante la inmediatividad del recurso de reposición) y de haber precluido la facultad para ello por medio del incidente de nulidad de actuaciones del art. 240 LOPJ. Si se constatare que hubo una actitud de ocultación de la identidad de los sucesores por las demás partes, podría concurrir un supuesto de fraude de ley (art. 11 LOPJ) e incluso de mala fe procesal con la posibilidad de multa a la parte y traslado al Colegio Profesional correspondiente prevista en el art. 247 LEC. En este sentido se puede hacer mención a la doctrina elaborada por el Tribunal Supremo respecto de lo que constituye una maquinación fraudulenta que entiende que la misma es toda conducta de una parte (principalmente la demandante) tendente a evitar que la parte contraria (generalmente la demandada) tenga noticia del planteamiento del juicio, impidiendo que la misma pueda defenderse adecuadamente, asegurando así el éxito de la pretensión. A título de ejemplo se pueden citar las SSTS 19 diciembre 1961 (RJ 1961, 4160); 15 octubre 1973 (RJ 1973, 3798); 6 noviembre 1979 (RJ 1979, 4263); 17 enero 1983 (RJ 1983, 246); 30 enero 1984 (RJ 1984, 391); 30 septiembre 1985 (RJ 1985, 4486); 7 abril 1987 (RJ 1987, 2496); 30 junio 1988 (RJ 1988, 5201). B.3)

Si con constancia del fallecimiento se conoce quienes 160

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son sus sucesores y los mismos no pueden ser localizados, se hace por el Juzgador alguna de las declaraciones antes indicadas para el caso de desconocerse quienes fueren los sucesores y con todas las cautelas antes mencionadas. En todo caso y antes de concluir la imposibilidad de localizar a los sucesores, es necesario hacer las averiguaciones previstas en los arts. 155 y 156 LEC pudiendo acudir al Registro de Rebeldes Civiles una vez que el mismo esté operativo, y luego acudiendo a la citación edictal del art. 164 LEC que se estima necesaria ya que solamente de esta forma existe una constancia formal de haberse verificado la comunicación. El fundamento de la necesidad de este emplazamiento se encuentra en la doctrina del Tribunal Constitucional (de la que cabe citar a título de ejemplo las SSTC 24 enero 1995 [RTC 1995, 18]; 3 julio 1995 [RTC 1995, 105]; 4 julio 1995 [RTC 1995, 109]; 3 octubre 1995 [RTC 1995, 144]; 16 octubre 1995 [RTC 1995, 148]; 24 octubre 1995 [RTC 1995, 155]; STS 4 julio 1995 [RJ 1995, 5449]) que destacan la especial trascendencia que tiene el adecuado emplazamiento de las partes en el procedimiento, para determinar si han sido respetados los principios de contradicción y audiencia bilateral que integran el derecho de todos a la tutela judicial efectiva que ampara el art. 24.1 CE, no siendo posible el tramitar un proceso clandestino. Estas disposiciones (ante la ausencia de previsión específica) son también operativas en los distintos casos en los que se produzcan alteraciones en cuanto a la capacidad procesal de la parte, si bien en tales supuestos las posibilidades de averiguación de la concreta situación del afectado son mayores al dejarse de ello constancia en el Registro Civil (tanto al margen de la hoja de nacimiento en la sección primera, como en la sección cuarta referente a tutelas). No obstante lo anterior, debido a que esta alteración no afectará a la posición del Letrado y Procurador intervinientes (como más adelante se dirá), su trascendencia será mucho menor a la que deriva de los casos antes analizados pues puede continuar perfectamente la tramitación de la causa que no se estima necesario suspender. Ejemplos de jurisprudencia que analizó en el marco de la LEC/ 1881 (carente de regulación específica), el supuesto de sucesión procesal por fallecimiento se encuentran entre otras en las SSTS 22 enero 1996 (RJ 1996, 248); STSJ Galicia (Sala Civil y Penal) 17 noviembre 1999 (RJ 1999, 1248); SSAP Pontevedra (Sección 1.ª) 161

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3 mayo 2000 (AC 2000, 1582); Madrid (Sección 18.ª) 13 mayo 1998 (AC 1998, 7197); Madrid (Sección 20.ª) 8 mayo 1996 (AC 1996, 1323). Tratándose de personas jurídicas, si las mismas se disuelven no se da un fenómeno de sucesión procesal ya que mantienen su personalidad a estos efectos (arts. 264 TRLSA y 1909.2 TRLSRL) si bien con la mención «en liquidación» que deberá hacerse constar en todos los escritos que se presenten tras el acuerdo de disolución. Si se produce su fusión o absorción, sí que se dará el fenómeno de sucesión procesal (no previsto en la LEC) de forma que la nueva sociedad sea la que continúe la actuación de la que inicialmente fue parte, debiendo hacerse constar esta circunstancia al tribunal aportando los elementos de los que la sucesión se derive. En este sentido se pronunció la STS 18 diciembre 2001 (RJ 2001, 9803). 3.3.2.

Transmisión del objeto litigioso

Hace referencia a la realización de un negocio jurídico (del que una modalidad es la cesión de crédito litigioso de los arts. 1535 y 1536 del Código Civil aunque no la única) en el que el elemento transmitido sea aquello que da origen a la pretensión ejercitada en el seno del proceso pendiente. En tales casos el art. 17 LEC establece la necesidad de una solicitud al efecto por parte del adquirente (que se deberá personar con la adecuada defensa y representación según el tipo de procedimiento de que se trate) exponiendo la realidad de la transmisión y aportando la justificación documental pertinente. Tras la audiencia de las demás partes decide el Juzgador, siendo perfectamente posible el que medie oposición que se puede aceptar por el juzgador en los casos en los que las demás partes acrediten que les competen derechos o defensas que, en relación con lo que sea objeto del juicio solamente podrían hacer valer contra la parte transmitente (como en el caso de tratarse de una acción cambiaria dado el contenido de las excepciones admisibles que fija el art. 67 de la Ley Cambiaria y del Cheque), o un derecho a reconvenir, o que pende una reconvención, o si el cambio de parte pudiera dificultar notoriamente su defensa (esta última opción es una cláusula de cierre que permite a las demás partes hacer las alegaciones pertinentes a este respecto). Esta situación es lógica ya que se trata de evitar situaciones de posible indefensión a las partes a las que la transmisión del objeto litigioso es ajena. Si a la pretensión de sucesión procesal no se accede por el 162

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tribunal por concurrir alguno de los supuestos antes mencionados, continúa ostentando la condición de parte el titular originario aun cuando no lo sea al tiempo de dictarse la sentencia no pudiendo la parte contraria negarle legitimación en virtud de ese cambio ya que la continuación del mismo en el proceso se justifica por las circunstancias que se hayan expuesto y la decisión judicial adoptada. Situaciones de esta índole han sido analizadas por parte de la jurisprudencia que ha exigido siempre una adecuada contradicción antes de decidir acerca de la sucesión procesal incluso en los casos en los que la misma operaría ope legis como en el de las aseguradoras que se subrogan en la posición del asegurado ex art. 43 LCS (STS 21 febrero 2002 [RJ 2002, 1377]). Otros casos considerados son el del fiador (SAP Barcelona 26 enero 1994 [AC 1994, 133]), cesión de crédito litigioso (SAP Granada [Sección 3.ª] 22 diciembre 2001 [JUR 2002, 59692]), analizándose asimismo esta figura en la SAP Barcelona (Sección 16.ª) 28 mayo 1998 (AC 1998, 1017). Dadas las peculiaridades que se dan en los procesos concursales, el legislador ha tenido en cuenta las situaciones que se pudieren dar en los casos de enajenación de bienes y derechos litigiosos en procedimientos de concurso. En tal caso la LEC (en un párrafo adicional añadido al art. 17 por la Disposición Final Tercera de la Ley 22/2003 Concursal) solamente regula los efectos al decir que la otra parte podrá oponer eficazmente al adquirente cuantos derechos y excepciones le correspondieran frente al concursado. En cuanto a la tramitación de tal caso de sucesión procesal, al Juez que lleve la causa en la que la sucesión opere, le vendrá la misma ya resuelta por la tramitación que a la enajenación se haya dado en el procedimiento concursal. 3.3.3.

Intervención provocada

Es el supuesto derivado de la entrada en el proceso del tercero llamado por el demandado tras la adecuada contradicción entre las partes y decisión judicial, debiéndose en el caso en que el deudor interese que el tercero interviniente ocupe su lugar verificar otra petición específica referente a tal sucesión. La LEC no dice los parámetros que se deben tomar en consideración en casos como el presente si bien pueden ser los mismos que los fijados para la sucesión por transmisión del objeto litigioso que parte de un cam163

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bio de partes que puede aceptarse o no (cosa diferente a la sucesión mortis causa en el que el mismo viene forzado), siendo siempre el básico a tomar en consideración el de la garantía del derecho de defensa de las partes. Es por ello que en el escrito en el que se interese la sucesión del demandado por el interviniente se deben exponer con claridad todas las circunstancias a tener en cuenta, siendo discutible el si la petición de sucesión se puede hacer o no de forma simultánea al mismo tiempo en el que se hace la solicitud de intervención. Tal posibilidad no la establece la ley y se trata de decisiones distintas ya que la intervención permite que en las actuaciones intervengan al mismo tiempo el demandado originario y el interviniente, mientras que en la sucesión procesal uno ocupa la posición del otro. Otro argumento en contra de la posible petición simultánea lo es el que sería contraria al art. 14.2.4.º LEC ya que solamente se permite solicitar la sucesión del interviniente por el demandado una vez que el primero se haya personado y ello sólo es posible después de haberse admitido su intervención. 3.4. REPRESENTACIÓN PROCESAL Y DEFENSA TÉCNICA Dada la complejidad de las materias que se deciden en los procesos judiciales, el legislador establece la necesidad de que las partes que comparezcan ante los tribunales de justicia lo hagan por medio de profesionales del derecho, asumiendo la función de representación los Procuradores (art. 438 LOPJ) y la de defensa los Abogados (art. 436 LOPJ) regulándose las mismas en cuanto a los Abogados por el Estatuto General de la Abogacía Española aprobado por el Real Decreto 658/2001 de 22 de junio con variantes territoriales como lo es el Código de la Abogacía Catalana que se inscribió en el Registro de Colegios Profesionales de la Generalitat de Catalunya en virtud de Resolución JUS/2588/2002 de 10 de septiembre. En cuanto a los Procuradores su Estatuto General ha sido aprobado por Real Decreto 1281/2002 de 5 de diciembre, publicándose en el BOE de 21 diciembre 2002. 3.4.1.

Representación

La comparecencia de las partes en juicio (art. 23 LEC) se debe hacer por medio de Procurador legalmente habilitado para actuar en el tribunal que conozca del juicio (habilitación expresamente exigida y sin la que no puede intervenir como dijo la SAP Málaga 164

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[Sección 5.ª] 9 marzo 1998 [AC 1998, 3995]), salvo en los siguientes procesos: 1) Juicios verbales cuya cuantía no exceda de 900 €. 2) Petición inicial de los procedimientos monitorios cuyo límite son 30.000 €. 3) Presentación de títulos de crédito o derechos o concurrencia a juntas en los juicios universales (quiebra, concurso de acreedores, suspensión de pagos, quita y espera). 4) Incidente de impugnación de resoluciones en materia de asistencia jurídica gratuita (Ley 1/1996 de 10 de enero). 5) Medidas urgentes que se soliciten con anterioridad al juicio. Entre tales (y siempre que se constate su urgencia) cabe incluir las diligencias preliminares (arts. 256 y ss. LEC), prueba anticipada (art. 293 y ss. LEC) o medidas cautelares en prevención (art. 725 LEC), si bien dado el carácter generalizado de la representación por medio de Procurador deben ser objeto de una interpretación estricta debiéndose justificar debidamente los motivos de la urgencia. 6) Actos de conciliación. 7) Actos de jurisdicción voluntaria (no regulados ni éstos ni los anteriores en la LEC/2000 sino en la LEC/1881 hasta que se dicte la nueva legislación en esta materia respecto de la que se preveía el envío de un proyecto a las Cortes Generales por parte del Gobierno en el plazo de un año a constar desde la entrada en vigor de la LEC/2000 –Disposición Final 18.ª de la Ley 1/2000–, quedando en vigor las disposiciones reguladoras de esta materia de la LEC/1881 que incluye el art. 4 LEC que es donde se prevé el tema de la representación –Disposición Derogatoria Única de la Ley 1/2000–). Se discute si es o no necesaria la representación (y asimismo la defensa técnica) en los casos de los arts. 21 y 22 LEC (allanamiento, manifestación de satisfacción extraprocesal y enervación de la acción en procedimientos de desahucio), ya que no aparecen incluidos entre las excepciones antes mencionadas de modo que en principio solamente si se verificaren tales actuaciones en procedimientos donde la representación de Procurador (y defensa de Letrado) no fueren necesarias, sería posible que la parte lo hiciere 165

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por sí misma, si bien cabría alegar en contra de ello que al no tratarse de actos de personación para tramitar una causa sino solamente para ponerle fin carecería de sentido la representación y defensa técnica que aparecen previstas para actos de verdadera intervención en el proceso asumiendo los derechos y deberes a ello inherentes. No necesitan de Procurador los Abogados del Estado en los casos en los que defiendan los intereses del Estado así como en los casos en los que proceda de las Comunidades Autónomas y Corporaciones Locales. Esta posibilidad se extiende a los Letrados de la Seguridad Social y los de los servicios jurídicos de Comunidades Autónomas (art. 551 LOPJ en la redacción dada por la LO 19/ 2003 y art. 1 y Disposición Adicional Cuarta de la Ley 52/1997, de 27 noviembre, que regula el régimen de la asistencia jurídica al Estado e Instituciones públicas [RCL 1997, 2819]). En caso de presentarse una demanda en la que sea preceptiva la representación por medio de Procurador sin firma de éste, debe apreciarse de oficio esta deficiencia (al ser una materia de orden público) que es subsanable concediendo un plazo a la parte demandante a este respecto. En cuanto a la subsanación existe una reiterada doctrina del Tribunal Constitucional a este respecto pudiéndose citar a título de ejemplo las SSTC 87/1986 (RTC 1986, 87); 3/ 1987 (RTC 1987, 3); 174/1987 (RTC 1987, 174); 192/1992 (RTC 1992, 192) 37/1995 (RTC 1995, 37); 160/1996 (RTC 1996, 160); 209/ 1996 (RTC 1996, 209); 211/1996 (RTC 1996, 211); 77/1997 (RTC 1997, 77); 88/1997 (RTC 1997, 88); 132/1997 (RTC 1997, 132); 19/ 1998 (RTC 1998, 19); 236/1998 (RTC 1998, 236); 23/1999 (RTC 1999, 23); 122/1999 (RTC 1999, 122). Cuando la parte puede comparecer por sí misma, si reside en el lugar en el que tiene el juzgado o tribunal su sede ningún problema se suscita, haciéndosele en su domicilio las notificaciones pertinentes. Pero si reside fuera de éste no es necesario el que designe domicilio en la sede del tribunal mas que en el caso de que se trate de actos de conciliación y de jurisdicción voluntaria ya que ésta era una previsión contenida en el art. 4 LEC/1881 (vigente a estos efectos) y que no fija el art. 23 de la LEC/2000. No obstante lo anterior, y dado que la LEC no lo prohíbe, siempre es posible que la parte que comparece por sí misma designe un lugar para las notificaciones aun cuando no sea su domicilio personal, con lo 166

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que es perfectamente legítimo el que se designe el del Letrado que asuma la defensa si se ha deseado acudir al mismo (o cualquier otro). Si la parte puede comparecer por sí misma, cabe debatir si es posible atribuir por medio del pertinente mandato (arts. 1709 y ss. LEC) la posibilidad de atribuir a cualquier tercero (independientemente de su condición de profesional o no del derecho), la posibilidad de defenderle y representarle en un proceso concreto y determinado. A este efecto se puede sostener que desde el punto de vista civil no habría problema alguno, si bien la LOPJ indica en su art. 438 que la representación en juicio corresponde solamente a los Procuradores, mas ello es con las excepciones que fije la ley y entre ellas están los casos en los que las partes se pueden representar a sí mismas, no prohibiéndose que tal representación se otorgue a terceros no profesionales. Pero aun cuando no sea necesaria la representación por medio de Procurador, es posible que la parte desee acudir a los servicios de este tipo de profesionales (y de letrados o de unos u otros ya que cabe que solamente desee los servicios de un Procurador o los de un Letrado), si bien debe (art. 32 LEC) indicarlo en la demanda con la finalidad de que la parte contraria lo sepa y pueda valerse de estos profesionales bien de su libre elección, bien de oficio. Si es el demandado el que lo desea hacer (esto se da por regla general en los juicios verbales de menos de 900 €) es necesario asimismo ponerlo en conocimiento del demandante para que pueda también decidir si desea acudir al juicio por sí solo o asistido de los profesionales pertinentes. A fin de evitar dilaciones, esta manifestación dice la LEC que se debe hacer en el plazo de tres días desde que se le notifique la demanda, dándose cuenta al actor de tal circunstancia. Si los profesionales se han de designar de oficio, el tribunal puede acordar la suspensión del procedimiento, si bien ello es una facultad y no una obligación al emplearse en el art. 32.2 LEC la expresión «podrá» cuando se ha de decidir al respecto. Para ello se deberá analizar la posición de defensa de las partes, tratando de evitar situaciones de desequilibrio motivadas por el hecho de tener que acudir una de ellas a la designación de oficio con el reconocimiento del derecho a litigar gratuitamente. En estos casos en los que la intervención de los Procuradores y Letrados es facultativa para la parte, se plantea la problemática 167

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de si tiene ésta o no derecho a que en la tasación de costas (en caso de obtener un pronunciamiento favorable) se incluyan los derechos de unos y los honorarios de otros. En principio cabría decir que ello no es posible (art. 243 LEC), manifestándose en este sentido el primer inciso del art. 32.5 LEC. No obstante lo anterior, sí que son los mismos incluibles: A) Si el tribunal aprecia temeridad en la conducta del condenado en costas. B) Si el domicilio de la parte representada y defendida está en lugar distinto a aquel en que se ha tramitado el juicio. La LEC emplea el término «domicilio» que es diferente al del art. 11 LEC/ 1881 que hablaba de «residencia habitual» (solamente se equipara uno y otro tratándose de personas físicas según el art. 40 LEC) y que había motivado la existencia de una numerosa jurisprudencia que entendía este requisito no se daba en casos de compañías que si bien tenían su domicilio en un lugar distinto a aquel en el que se siguió el procedimiento, ello no obstante en el mismo poseían una representación. A título de ejemplo se pueden citar las SSAP Valladolid (Sección 1.ª) 19 mayo 1995 (AC 1995, 1642); Navarra (Sección 3.ª) 20 abril 1998 (AC 1998, 4417); Vizcaya (Sección 3.ª) 19 abril 1999 (AC 1999, 5061); Palencia 13 octubre 1999 (AC 1999, 7090) o Jaén (Sección 1.ª) 8 junio 2000 (JUR 2000, 225348). En la actualidad ante la modificación llevada a cabo por el legislador, cabría plantear la posible reclamación de derechos de Procurador y honorarios de Letrado por parte de las personas jurídicas que hubieren empleado sus servicios para un procedimiento que se siguiera en cualquier lugar diferente al del domicilio que aparece en sus estatutos, ya que el término empleado es el de domicilio que es mucho más estricto que el de «residencia habitual». Una última cuestión se debe mencionar acerca de este tema y es la referente al momento en el que debe ponerse en conocimiento del tribunal cuál fuere el domicilio de la parte. Ello en el caso de la demandada no suele ser problemático ya que suele primar el fuero del domicilio y la demandante es la que lo designa al interponer la demanda con lo que al presentarla es consciente de esta problemática. En caso de no ser tal el domicilio y averiguarse otro en un municipio distinto que haga que la demanda se tramite fuera del lugar en el que tenga el domicilio, el demandante en todo caso es conocedor de la posibilidad de que en caso de perder en costas y aun cuando no fuere necesaria la intervención de Letrado y Procurador, el im168

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porte derivado de su actuación profesional se le puede reclamar. Si no está dispuesta a aceptar este riesgo puede en todo caso desistir, para lo que en principio no será necesario el consentimiento del demandado al no constar aún citado (art. 20 LEC). Pero diferente es el caso del demandado que debe confiar en el domicilio de la demandante que aparece en la demanda o en los documentos con ella acompañados (generalmente el poder del procurador). Si el domicilio en ese momento no fuere el que apareciere en tales documentos (cosa posible ya que el poder pudo haberse otorgado tiempo antes) debe exponerlo en la demanda de forma que el demandado sepa que aun no siendo necesaria la intervención de letrado y procurador, el ser condenada en costas le puede acarrear el abono del coste de la intervención de tales profesionales con el límite legalmente establecido, lo que es un elemento que tiene derecho a conocer para valorar con todos los elementos de juicio si le interesa o no formular oposición. Una indicación de ser el domicilio distinto posterior a la contestación del demandado (generalmente ocurrirá no en el acto del juicio sino en fase de tasación de costas) no se estima admisible al introducir un elemento que se debió alegar antes. Evidentemente tampoco cabrá hacer la reclamación en base a un cambio de domicilio de las partes producido durante la tramitación de la causa ya que ello afectaría a la valoración que es justo verificar y que antes se ha indicado En tales casos (de reclamabilidad de honorarios de procurador y derechos de letrado a pesar de no ser su intervención necesaria), cabría debatir si cabe incluir o no tanto los derechos de procurador como los honorarios de letrado o solamente los de uno de estos profesionales. A este respecto nada dice la LEC ya que el único límite que se fija es el del 1/3 de la cuantía del proceso que establece el art. 394.3 LEC, límite que no opera respecto de los aranceles de Procurador con lo que en principio y al no preverse otra cosa cabría reclamar el arancel correspondiente al tipo de procedimiento de que se tratare y como máximo 1/3 de su cuantía en el caso de tratarse de honorarios de Letrado, salvo que se hubiere declarado la temeridad del condenado en costas ya que en tal supuesto el límite antes indicado no es de aplicación. De esta forma se considera ha concluido la polémica suscitada en torno a este tema ya que cabría reclamar tanto los honorarios de Letrado como los derechos de Procurador dado el tenor del precepto que se ha analizado. Tal polémica había propiciado que determinados tribunales aceptaren la inclusión de ambos conceptos, pudiéndose citar 169

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a título de ejemplo las SSAP Barcelona (Sección 17.ª) 31 enero 2000 (AC 2000, 4422); Barcelona (Sección 17.ª) 18 abril 2000 (AC 2000, 4992); Barcelona (Sección 14.ª) 19 febrero 2000 (AC 2001, 2037); Málaga (Sección 6.ª) 3 octubre 2001 (AC 2001, 2576) mientras que otros solamente aceptaban las de uno de ellos y en concreto las del Procurador, pudiéndose citar a título de ejemplo las SSAP Madrid (Sección 14.ª) 16 mayo 2000 (AC 2000, 1991); Cáceres (Sección 1.ª) 17 enero 2000 (AC 2000, 4123); Burgos (Sección 2.ª) 2 noviembre 1998 (AC 1998, 2346); Zaragoza (Sección 5.ª) 17 mayo 1999 (AC 1999, 5221); Valencia (Sección 7.ª) 2 febrero 2001 (AC 2001, 2515) o Madrid (Sección 14.ª) 22 mayo 2000 (AC 2001, 2571). La designación del Procurador (art. 33 LEC) la hace libremente la parte salvo que desee que se le designe uno del turno de oficio, posibilidad ésta que poseen todos los litigantes y que supone que la designación se les hace independientemente de que tengan o no el derecho a litigar gratuitamente al ser cuestiones diferentes la designación de Procurador (y Letrado) de oficio y el reconocimiento del derecho a litigar gratuitamente. En tal caso la petición de la designa surtirá efectos interruptivos (bien de la prescripción, bien del plazo procesal que esté en curso –generalmente el de la contestación a la demanda–). El art. 24 LEC regula el apoderamiento del Procurador, reconociendo tanto el notarial como el verificado apud acta ante el Secretario Judicial. En cuanto al primero se indica que ha de acompañarse al primer escrito que el procurador presente o, en su caso, al realizar la primera actuación. Tal aportación es más idóneo el hacerla aportando el original e indicando si se necesita para otros usos que se adjunta copia que una vez testimoniada de lugar a la devolución del original. Tal solicitud se puede hacer tanto en el encabezamiento del escrito de personación como por medio de otrosí al ser la forma más fácil de detectar por el Juzgado. Tratándose de apoderamiento apud acta dice la LEC que se hace al mismo tiempo que la presentación del primer escrito o, en su caso, antes de la primera actuación, si bien al ser en ocasiones imposible el saber el Juzgado destinatario de tal escrito (por ejemplo si se trata de la demanda que se presenta al Decanato para reparto), lo más procedente es indicar en el encabezamiento que se hará el otorgamiento del poder apud acta una vez se verifique el requerimiento al efecto por el Juzgado que lo acuerda si se trata de la 170

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demanda antes de admitir a trámite la misma y si es la contestación antes de darle curso haciéndose tal requerimiento generalmente por el Secretario del Juzgado mediante el empleo de una diligencia de ordenación. El poder puede tener la extensión que se desee determinando el art. 25 LEC qué actos se incluyen en el poder general para pleitos y cuáles necesitan de poder especial. Este último reviste una especial importancia en el juicio ordinario ya que es necesario para (entre otras cosas) transigir y el intento de transacción es una de las finalidades básicas de la audiencia previa (art. 415 LEC) al ser la primera actuación que en la misma se lleva a cabo. En el caso de no contar el Procurador con un poder especial será necesaria la asistencia personal de la parte (con la molestia que ello puede suponer), ya que en caso contrario y de no contar el Procurador con el poder para renunciar, allanarse o transigir (art. 414.2 LEC) se les tendrá por no comparecidos con los efectos que ello supone sobre todo para el demandante ya que puede motivar el sobreseimiento del proceso (art. 414.3 LEC). Este poder debe ser aceptado por el Procurador (art. 26.1 LEC) aceptación que se hace generalmente en el mismo momento de su otorgamiento (sobre todo en la forma apud acta). Una vez otorgado el poder, el mismo no necesita ser renovado aun cuando se produzca un cambio de las personas que representen a la parte salvo que el mismo sea revocado. Así existe una amplia doctrina respecto de personas jurídicas plasmada entre otras en las SSTS 3 diciembre 1983 (RJ 1983, 6818); 30 septiembre 1985 (RJ 1985, 4481); 3 junio 1988 (RJ 1988, 4735); 15 febrero 1993 (RJ 1993, 769) o SSAP Granada (Sección 4.ª) 19 noviembre 1996 (AC 1996, 2282); Toledo (Sección 2.ª) 4 marzo 1999 (AC 1999, 4208). Lo mismo sucede respecto de las comunidades de propietarios en régimen de propiedad horizontal pudiéndose citar a título de ejemplo las SSAP Madrid 5 abril 1993 (AC 1993, 581); Barcelona (Sección 13.ª) 23 septiembre 1998 (AC 1998, 8943); Girona (Sección 1.ª) 2 junio 1999 (AC 1999, 7661); Madrid (Sección 10.ª) 14 febrero 2000 (AC 2000, 3207); Sevilla (Sección 5.ª) 14 mayo 1997 (AC 1997, 1038); La Rioja 15 abril 1998 (AC 1998, 853). Por último cabe incluso citar el mantenimiento del apoderamiento del Procurador incluso tras alcanzar la mayoría de edad la menor que hasta ese momento litigaba representada por sus padres tal y 171

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como se indicó en la STS 1 abril 1997 (RJ 1997, 2725). Esta situación ha sido reconocida en el art. 30.2 LEC. En todo caso la problemática que afecte al poder del Procurador es un requisito subsanable como se ha indicado y se plasma entre otras en las SSTC 174/1988 (RTC 1988, 174); 17 junio 1991 (RTC 1991, 133) o las SSTS 18 febrero 1992 (RJ 1992, 1318); 10 noviembre 1992 (RJ 1992, 9099) entre otras. Una vez aceptado el poder es cuando comienzan los deberes del Procurador que aparecen enumerados en los arts. 26 y 28 LEC y cuyo incumplimiento genera su responsabilidad. Tales obligaciones son las de: – seguir el asunto mientras no cese en su representación; – transmitir al abogado todos los documentos, antecedentes o instrucciones; – tener al poderdante y al abogado siempre al corriente del curso del asunto que se le hubiere confiado; – trasladar los escritos de su poderdante y de su letrado a los procuradores de las restantes partes en la forma prevista en el art. 276; – recoger del abogado que cese en la dirección de un asunto las copias de los escritos y documentos y demás antecedentes que se refieran a dicho asunto, para entregarlos al que se encargue de continuarlo o al poderdante; – comunicar de manera inmediata al tribunal la imposibilidad de cumplir alguna actuación que tenga encomendada; – pagar todos los gastos que se causaren a su instancia, excepto los honorarios de los abogados y los correspondientes a los peritos, salvo que el poderdante le haya entregado los fondos necesarios para su abono; – oír y firmar los emplazamientos, citaciones, requerimientos y notificaciones de todas clases, incluso las de sentencias que se refieran a su parte y – recibir, a efectos de notificación y plazos o términos, las copias de los escritos y documentos que los procuradores de las demás partes le entreguen en la forma establecida en el art. 276 antes mencionado. 172

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La mayor novedad se da en la obligación de verificar el traslado previo de documentos del art. 276 LEC (salvo el primer escrito de personación como establece el propio art. 276.3 LEC). La omisión de este requisito genera la inadmisión del escrito (art. 277 LEC) con las graves consecuencias que ello supone a los efectos de la preclusión no siendo un requisito subsanable dada la literalidad y claridad del art. 277 antes mencionado. Tal traslado se hace a través de los servicios organizados por los Colegios de Procuradores y supone que al tiempo de presentarse en el Juzgado junto al escrito se une la constancia de tal traslado. En todo caso a los efectos de plazos se computa el día en el que se presentó en el servicio de traslado de documentos antes mencionado tal y como indica el art. 28 LEC. Dado que la naturaleza de la relación entre cliente y Procurador es la de un mandato tal y como ha reconocido una reiterada doctrina jurisprudencial entre la que cabe mencionar las SSTS 18 octubre 1999 (RJ 1999, 7332); 12 julio 2000 (RJ 2000, 6751) o las SSAP Córdoba 18 junio 1992 (AC 1992, 925); Valencia (Sección 7.ª) 25 febrero 1998 (AC 1998, 3324) o Granada 4 octubre 1993 (AC 1993, 2044), la LEC reconoce la aplicación supletoria de las reglas del mandato en su art. 27. El cese de sus funciones aparece previsto en el art. 30 LEC pudiendo obedecer a: – revocación expresa o tácita del poder (resolviendo el Juzgador con audiencia del cliente respecto de la problemática que se pudiere suscitar y a fin de evitar una situación de existencia de dos apoderamientos en una misma causa y por una misma parte algo completamente imposible ya que afecta a la esencia misma del proceso y al cómputo de plazos); – renuncia voluntaria o cese en la profesión o ser sancionado con la suspensión en su ejercicio concediéndose en los dos primeros casos un plazo de diez días para la designación de nuevo Procurador. Este requerimiento de designación de nuevo Procurador se estima que lo debe recoger el Procurador que cesa en la representación siendo prácticamente el último acto que va a desempeñar evitando el que se tenga que hacer directamente a la parte con los retrasos que para la tramitación del proceso ello supone; – fallecimiento del poderdante (ya analizado al tratar el tema de la sucesión procesal); 173

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– fallecimiento del procurador respecto del que nada se prevé en cuanto a quien debe hacer esta comunicación pudiendo ser de cualquier modo del que se tenga conocimiento siendo el más usual el que lo haga el Letrado que lleva la defensa pudiéndose hacer esta manifestación sin necesidad de Procurador. En este caso el requerimiento por diez días para nueva designación se debe hacer directamente a la parte al no existir en la causa nadie que le represente a pesar del retraso que ello pueda suponer; – separarse el poderdante de la pretensión o de la oposición que hubiere formulado y, en todo caso, por haber terminado el asunto o haberse realizado el acto para el que se hubiere otorgado el poder. En lo referente a su remuneración, el poderdante debe hacerle la pertinente provisión de fondos (art. 29 LEC). En caso de falta de provisión el Procurador puede interesar del Juzgado que conozca de la causa para ello que tras oír al poderdante por diez días (para ello no se estima necesario que esté representado por Procurador ya que aun cuando no esté previsto en el art. 23.2 LEC como uno de los supuestos excluidos, carece de sentido el tener que acudir a otro Procurador para verificar alegaciones respecto de la petición del Procurador que tiene designado en un proceso) resuelve el Juzgado por auto que puede dar origen a un proceso de ejecución en caso de no verse atendido el requerimiento en el plazo que el Juez haya fijado al ser uno de los títulos judiciales que sirven de base al mismo (art. 517.2.9.º LEC). En caso de impago del cliente al Procurador de las cantidades que le adeude, el art. 34 LEC regula el proceso para reclamar tal cantidad del que conoce siempre el Juzgado que conoce del procedimiento, siendo operativo en todos los casos en los que el Procurador haya actuado aun cuando su intervención no sea preceptiva (AAP Sevilla 24 mayo 1992 [AC 1992, 731]). Tal Juzgado es el que conoce de la fase en la que ha intervenido el Procurador ya que es perfectamente posible que la apelación la haya tramitado otro (si el Juzgado de origen no es la capital de provincia) y más aún si se trata de la casación (si no está radicado en Madrid o en su caso la capital de la Comunidad Autónoma), aun cuando ha habido casos en los que se ha indicado que cabe reclamar ante el Juzgado tanto la cuenta de instancia como la de apelación como el que dio origen al AAP Zaragoza 27 marzo 1995 (AC 1995, 577), si bien se trataba 174

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de un caso en el que del asunto conoció un Juzgado de 1.ª Instancia de la misma Zaragoza. Este procedimiento supone un cauce privilegiado de reclamación que (en la forma de la LEC/1881 de cuenta jurada) fue declarado como constitucional (y ello ha motivado que la LEC lo regule igualmente) siendo las manifestaciones de ello las SSTC 110/1993 (RTC 1993, 110); 157/1994 (RTC 1994, 157); 167/1994 (RTC 1994, 167); 79/1996 (RTC 1996, 79); 12/1997 (RTC 1997, 12); 20/1997 (RTC 1997, 20); 72/1998 (RTC 1998, 72). Sus trámites son: 1) Presentación por el Procurador ante el tribunal en que éste radicare cuenta detallada y justificada, manifestando que le son debidas y no satisfechas las cantidades que de ella resulten y reclame. Para ello es discutible el si es o no necesaria la firma de Letrado (además de la del Procurador que insta el procedimiento) al no aparecer regulado en el art. 32 LEC como excepción a la intervención del mismo. Tal omisión puede ser interpretada en el sentido de hacer preceptiva tal actuación (se habla de la existencia de costas en este procedimiento), si bien cabe asimismo entender que ello no es necesario ya que carecería de sentido que al Procurador se le exigieran tales requisitos al ir en contra de la esencia del procedimiento que no es otra que la de conceder un cauce privilegiado de reclamación. 2) Comprobada la concurrencia de los requisitos pertinentes por el Juzgado o Tribunal, se requiere al poderdante para que pague dicha suma, con las costas, o impugne la cuenta, en el plazo de diez días, bajo apercibimiento de apremio si no pagare ni formulare impugnación. 3) El poderdante se puede oponer debiendo en tal caso directamente decidir el Juez por medio de un auto y a la vista de la cuenta y documentos (también a la vista de las tablas de derechos aprobadas), la cantidad que haya de satisfacerse al procurador, bajo apercibimiento de apremio si el pago no se efectuase dentro de los cinco días siguientes a la notificación. Este auto es asimismo un título que puede dar origen a un procedimiento de ejecución con fundamento en el art. 517.2.9.º LEC y no prejuzga lo que en un juicio declarativo posterior se pueda decidir. Esta mención a un proceso declarativo posterior es lógica dado 175

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que la oposición que se pueda formular, aun cuando no viene delimitada por la LEC (que habla solamente de oposición mas sin fijar su posible extensión), tiene carácter limitado debiéndose circunscribir al cumplimiento de los requisitos que pueden dar origen al procedimiento de cuenta del Procurador pudiéndose extender al carácter indebido de los derechos del Procurador tal y como indicó en las SSTC 25 marzo 1993 (RTC 1993, 110); 167/1994 (RTC 1994, 167); 79/1996 (RTC 1996, 79); 12/1997 (RTC 1997, 12) o el AAP Córdoba (Sección 3.ª) 16 marzo 2000 (AC 1999, 3958), siendo asimismo lícita la alegación de prescripción tal y como se indicó en la STC 13 diciembre 1999 (RTC 1999, 225); ATS 1 junio 2001 (RJ 2001, 9541); STS 15 febrero 2001 (RJ 2001, 3964). 4) Si el poderdante no formula oposición se despacha ejecución por la cantidad a que ascienda la cuenta, más las costas siendo este auto el título que se ejecuta.

F 13.E.

Escrito de procurador interesando el procedimiento de cuenta ju-

rada

Juicio ... n.º .../... AL JUZGADO DE 1.ª INSTANCIA N.º ....... DE ....... D. ....... Procurador de los Tribunales, que ha intervenido en los presentes autos en representación de la demandante ......., comparezco en el presente procedimiento y digo: HECHOS ÚNICO.–Que mi poderdante ....... cuyas circunstancias constan en autos no me ha hecho efectiva la cuenta de derechos y gastos devengada en la tramitación del presente procedimiento, por lo que mediante el presente escrito declaro formalmente que me es debida y no satisfecha la suma de ....... € en concepto de derechos y gastos derivados de la tramitación de este procedimiento, conforme aparece detallado en la cuenta de derechos y gastos que se adjunta como documento n.º ..... FUNDAMENTOS DE DERECHO ÚNICO.–Legitimación, competencia y procedimiento: art. 34 LEC. En base a lo anterior, SUPLICO al Juzgado que tenga por presentado el presente escrito, se sirva admitirlo y 176

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CAP. I. CUESTIONES GENERALES acuerde, previa la tramitación oportuna requerir a mi poderdante ....... a fin de que proceda en un plazo de diez días al pago de la cantidad de ....... € con las costas que prudencialmente se fijan en ....... € o impugne dicha suma bajo apercibimiento de apremio si no pagare ni formulare impugnación, imponiéndole las costas derivadas de este trámite. ....... a ....... de ....... de 200.. Firma Procurador

3.4.2.

Defensa

Corresponde a Abogado habilitado para ejercer su profesión en el tribunal que conozca del asunto. La constatación de ello (al haber desaparecido en la actualidad las habilitaciones bastando con la colegiación en un solo colegio en todo el territorio nacional) se hace mediante la mención en el primer escrito que se presente del nombre del Letrado con la indicación del número de colegiación y el Colegio Profesional en el que esté inscrito (si bien se hace saber al Colegio del lugar esta circunstancia expidiéndose la pertinente certificación). Asimismo se ha de tener en cuanto la posibilidad de intervenir Letrados de otros países de la Unión Europea prevista en la Directiva 77/249. Solamente se exceptúan de la necesaria intervención de Abogado los procedimientos mencionados en el art. 31.2 LEC que son los: 1) Juicios verbales cuya cuantía no exceda de 900 euros. 2) Petición inicial de los procedimientos monitorios (si media oposición la intervención de Abogado solamente será necesaria en tal fase en caso de exceder su cuantía de 900 € al tramitarse como un juicio verbal según el art. 818 LEC). 3) Escritos que tengan por objeto personarse en juicio. 4) Escrito de solicitud de medidas urgentes con anterioridad al juicio. Entre tales (y siempre que se constate su urgencia) cabe incluir las diligencias preliminares (arts. 256 y ss. LEC), prueba anticipada (arts. 293 y ss. LEC) o medidas cautelares en prevención (art. 725 LEC), si bien dado el carácter generalizado de la defensa por medio de Letrado deben ser objeto de una interpreta177

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ción estricta debiéndose justificar debidamente los motivos de la urgencia. 5) Escrito en el que se interese la suspensión urgente de vistas o actuaciones. 6) Actos de conciliación. 7) Actos de jurisdicción voluntaria cuya cuantía no exceda de 2.404,05 € (no regulados ni éstos ni los anteriores en la LEC/ 2000 sino en la LEC/1881 hasta que se dicte la nueva legislación en esta materia respecto de la que se preveía el envío de un proyecto a las Cortes Generales por parte del Gobierno en el plazo de un año a constar desde la entrada en vigor de la LEC/2000 –Disposición Final 18.ª de la Ley 1/2000–, quedando en vigor las disposiciones reguladoras de esta materia de la LEC/1881 que incluye el art. 4 LEC que es donde se prevé el tema de la representación –Disposición Derogatoria Única de la Ley 1/2000–). A los Letrados les es de aplicación lo analizado anteriormente en cuanto a los Procuradores y referente a la subsanación de su falta de firma o intervención (se pueden citar a título de ejemplo y además de las mencionadas anteriormente la STC 9 marzo 1988 [RTC 1988, 39] o la STS 18 junio 1992 [RJ 1992, 5325], designación [art. 33 LEC], e intervención no preceptiva [art. 32 LEC]). La relación entre Abogado y cliente se ha calificado como contrato de prestación de servicios (art. 1544 CC) que como relación personal intuitu personae incluye el deber de cumplirlos y un deber de fidelidad que deriva de la norma general del artículo 1258 del Código Civil y que imponen al profesional el deber de ejecución óptima del servicio contratado, que presupone la adecuada preparación profesional. Así se han pronunciado entre otras las SSTS 15 noviembre 1996 (RJ 1996, 7977); 28 enero 1998 (RJ 1998, 357); SSAP Cuenca 28 octubre 1998 (AC 1998, 7926); Ávila 30 junio 1999 (AC 1999, 1422); Orense 13 octubre 1999 (AC 1999, 1814); Córdoba (Sección 2.ª) 25 junio 1999 (AC 1999, 1188); Ciudad Real (Sección 1.ª) 1 septiembre 1998 (AC 1998, 1679); Salamanca 23 diciembre 1997 (AC 1997, 2477); Málaga (Sección 4.ª) 26 abril 1996 (AC 1996, 727). En cuanto a la reclamación de sus honorarios, el art. 35 LEC les reconoce un procedimiento semejante al de los Procuradores y que el Letrado presenta directamente a su cliente (con la proble178

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mática referente a si es o no necesaria en este procedimiento la defensa letrada y representación técnica al no hallarse excluida en los arts. 23 y 31 LEC debiéndose hacer una remisión a lo antes indicado respecto de los Procuradores). La diferencia que existe es en cuanto a la tramitación de la oposición ya que a diferencia de la cuenta del Procurador, la reclamación de honorarios por parte de los Abogados en caso de oposición, de indicarse que son indebidos da lugar a que el Juez dicte automáticamente el auto previsto para la cuenta del Procurador. Mas si la impugnación se hace por entenderlos excesivos es necesario, salvo que el abogado acredite la existencia de presupuesto previo en escrito aceptado por el impugnante, el dar el trámite previsto para esta impugnación en la regulación de la tasación de costas (arts. 241 y ss. LEC con traslado por cinco días al Letrado que hubiere presentado la minuta y en caso de no aceptar al Colegio de Abogados). Tras ello se dicta el pertinente auto que es susceptible de ejecución (como el que se dicta de impugnarse por indebidos los honorarios o en caso de no formularse oposición) al ser uno de los títulos judiciales establecidos en el art. 517.2.9.º LEC. También sobre el equivalente de este procedimiento en la LEC/1881 se ha elaborado una importante doctrina en lo referente a que sólo cabe reclamar por el mismo los honorarios del proceso en el que se suscita este procedimiento y no otros como dijo la SAP Murcia (Sección 4.ª) 20 enero 1999 (AC 1999, 163); la posibilidad de sólo acudir al mismo el Abogado que ejerció la defensa y no un mero colaborador del mismo como indicó la SAP Cáceres (Sección 1.ª) 10 julio 2000 (JUR 2001, 38811); la constitucionalidad del procedimiento siempre que no se impida de una manera absoluta la posibilidad de que el presentado como deudor realice alegaciones tal y como se indicó en las SSTC 110/1993 (RTC 1993, 110); 23 mayo 1994 (RTC 1994, 157); 6 junio 1994 (RTC 1994, 167); 20 mayo 1996 (RTC 1996, 79); 27 enero 1997 (RTC 1997, 12); motivos de oposición alegables que afectan además de al carácter excesivo o indebido de los honorarios al pago, prescripción o falta de devengo de los honorarios, o parte de ellos, en el pleito tal y como se indicó entre otras en los ATS 30 noviembre 2000 (RJ 2000, 9583); AAP Asturias (Sección 4.ª) 11 mayo 1998 (AC 1998, 5276); Alicante (Sección 4.ª) 5 noviembre 1998 (AC 1998, 7691); Alicante (Sección 4.ª) 17 diciembre 1999 (AC 1999, 2364); Alicante 26 octubre 1994 179

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(AC 1994, 1708); SSAP Orense (Sección Única) 15 mayo 1999 (AC 1999, 5219); Jaén (Sección 2.ª) 7 febrero 2001 (AC 2001, 965). Tratándose de procedimientos concursales existe una norma especial que es el art. 184 de la Ley 22/2003 Concursal que establece que el deudor siempre ha de actuar representado por procurador y asistido de letrado. En cuanto a los acreedores, para solicitar la declaración de concurso, comparecer en el procedimiento, interponer recursos, plantear incidentes o impugnar actos de administración, actuarán representados por procurador y asistidos de letrado, si bien sin necesidad de comparecer en forma, podrán comunicar créditos y formular alegaciones, así como asistir e intervenir en la junta. Los demás interesados en concurso asimismo requieren de la representación de procurador y asistencia de letrado. Por último los administradores concursales para ser oídos no es necesaria su comparecencia en forma, si bien cuando intervengan en recursos o incidentes deberán hacerlo asistidos de letrado, asistencia que como regla general, se entiende incluida en las funciones del letrado miembro de la administración concursal. 3.5. LA GRATUIDAD DE LA JUSTICIA 3.5.1.

Concepto y presupuestos

El art. 119 de la Constitución reconoce el que la Justicia será gratuita cuando así lo disponga la Ley, y, en todo caso respecto de quienes acrediten insuficiencia de recursos para litigar. En base a ello se puede definir la gratuidad de la Justicia como la exención para un litigante de abonar los costes que debería ir adelantando a lo largo de la tramitación del proceso. En este sentido se puede hacer mención a la STC 2 junio 1998 (RTC 1998, 117). El desarrollo de esta materia se contenía en los arts. 13 a 50 de la LEC/1881, preceptos que han sido expresamente derogados por la Ley 1/1996 de asistencia jurídica gratuita, la cual aparece complementada por el preceptivo Reglamento. Los preceptos de esta Ley presentan distinto carácter en relación a los ordenamientos que pudieren dictar las diferentes Comunidades Autónomas con competencias atribuidas sobre este tema. Así según se desprende de la Disposición Adicional Primera de la Ley: – Unas normas recaen sobre materias competencia exclusiva 180

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del Estado, motivo por el que las Comunidades Autónomas nada podrán regular al respecto. – Otras tienen el carácter de básicas, lo que implica la posibilidad de desarrollo autonómico respetando los criterios sentados por la legislación estatal. – Por último, en relación a los demás preceptos, la normativa estatal solamente es supletoria de la que pudieren adoptar las Comunidades Autónomas. Los presupuestos para el reconocimiento del derecho son distintos según se trate de personas físicas o jurídicas. Tratándose de personas físicas, es necesario ser ciudadano español, nacional de un Estado miembro de la Unión Europea o extranjero con residencia legal en España. [art. 2.a)] y acreditar una insuficiencia de recursos para litigar [art. 2.a)] que viene determinada con carácter general en la no percepción por unidad familiar de ingresos no superiores al doble del SMI (art. 3.1). El propio art. 3.2 señala qué deba entenderse por unidad familiar. Ello no obstante, cuando existan intereses familiares contrapuestos se valorarán los ingresos individualmente y no por unidad familiar (art. 3.3). No obstaculiza a esta concesión el ser propietario de la vivienda de residencia habitual, siempre que no sea suntuaria (art. 4.2). Por el contrario la existencia de signos aparentes de riqueza puede impedir la obtención del derecho, a pesar de que en principio se reúnan las condiciones del mismo (art. 4.1). Por último, y excepcionalmente, el art. 5 permite la concesión a personas con cargas especiales, si bien nunca sus ingresos deberán ser superiores al cuádruplo del SMI. Asimismo es necesario el litigar por derechos o intereses propios (art. 3.4) lo que supone que si se produce un fenómeno de sucesión procesal el nuevo litigante ha de reunir los requisitos no pudiéndose beneficiar de la situación de su antecesor (como indicó la STS 24 diciembre 1999 [RJ 1999, 9144] en un caso de sucesión hereditaria) y reunir estas condiciones al tiempo de presentarse la demanda o formularse la contestación, si bien excepcionalmente, y con la justificación debida de reunir las condiciones con posterioridad a este momento, se podrá conceder tal beneficio durante el desarrollo del proceso o en la segunda instancia (art. 8). 181

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Tratándose de personas jurídicas, el art. 2.c) limita la posibilidad de obtener este beneficio a las asociaciones de utilidad pública y a las fundaciones inscritas en el Registro administrativo correspondiente, siempre que acrediten la insuficiencia de recursos para litigar. Esta insuficiencia supone el que su base imponible en el Impuesto de Sociedades fuese inferior al triple del SMI También deberán defender derechos o intereses propios. 3.5.2.

Procedimiento

La competencia para decidir la poseen las Comisiones de Asistencia Jurídica Gratuita con sede en las capitales de provincia, Ceuta, Melilla y las islas que cuenten con más de 1 partido judicial (art. 9). El procedimiento se inicia con la solicitud que se presenta ante el Colegio de Abogados del lugar en que se encuentre el Juzgado o Tribunal que haya de conocer del proceso principal (art. 12), con el contenido que establece el art. 13, siendo subsanables las deficiencias que se pudieren advertir (art. 14) y adjuntando al mismo los documentos que acrediten la situación del instante. Esta solicitud en principio no suspende el curso del proceso, salvo que ello pudiere suponer la preclusión de un trámite procesal o causar indefensión a cualquiera de las partes (art. 16), pudiendo interrumpir la prescripción civil de las acciones (cómputo que se reanuda al resolverse el procedimiento o a los dos meses de la solicitud). A tal efecto si se estima necesaria la suspensión, se debe presentar una solicitud al Juzgado en tal sentido por el interesado (que se suele entregar por los propios Colegios de Abogados en un modelo normalizado), suspensión que se debe acordar por el Juzgado en todos aquellos procesos en los que la intervención de Letrado y Procurador sea preceptiva (ya que en caso contrario es manifiesta la indefensión en que se colocaría al solicitante), salvo que se aprecie que se trata de una maniobra dilatoria (art. 247 LEC) situación ésta que será difícil de detectar con la solicitud y con la que se debe ser muy prudente. En los demás procesos, la decisión de suspender o no queda más abierta, si bien la de suspender es la más prudente ya que por el hecho de tener una persona derecho a litigar gratuitamente no se le ha de privar de la posibilidad de acudir al proceso con defensa y representación técnica, previéndose esta posibilidad además expresamente en el art. 32.2 LEC. Una especialidad en esta materia es la que ha introducido la Ley 23/2003 182

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de 10 de julio en la que en sus disposiciones finales se introducen modificaciones de la LEC que afectan esencialmente a los juicios verbales de resolución del contrato de arrendamiento por impago de rentas o expiración del plazo (que se tratan de agilizar). En ellos la solicitud del reconocimiento del derecho a la asistencia justicia gratuita era utilizado en algunos casos como una maniobra dilatoria y sin que el Juez al tiempo de decretar la suspensión tuviere elementos de juicio de cara a derivar esta circunstancia lo que hacía que la suspensión se decretase de forma automática ya que por su cuantía lo más usual es la necesidad de intervención de Letrado y Procurador. Dado que el legislador es consciente de la imposibilidad de deslindar al tiempo de la solicitud estos casos de actuación maliciosa por parte del demandado frente a aquellos otros en los que la solicitud de reconocimiento del derecho a litigar gratuitamente posee un fundamento al existir unos motivos razonables de oposición a la demanda (aunque luego se vean desestimados), lo que ha hecho ha sido el agilizar las designaciones indicando que ante la solicitud el Juez ha de dictar una resolución motivada (auto) requiriendo a los Colegios Profesionales la designación provisional de abogado y procurador, designación que basta para continuar el proceso (citar a juicio, celebrarlo dictar sentencia, poderla recurrir, etc.). Tras una designación provisional que hace el Colegio de Abogados en el plazo de 15 días a contar desde la presentación de la solicitud, salvo que fuere insostenible o estimara el Colegio que el peticionario no reúne las condiciones legalmente exigidas (art. 15), se tramita verdaderamente el procedimiento. Esta designación provisional se considera que es ya suficiente como para alzar la suspensión de la causa decretada al constar los profesionales que van a defender y representar al interesado, siendo la resolución que en el expediente se tramite la que determinará si a los profesionales deberá pagarles la administración o el solicitante (esta doctrina ha sido acogida por el legislador en la redacción que ha dado al art. 33.3 LEC en la reforma operada por la Ley 23/2003 y en principio nada hace que no se pueda aplicar a todo tipo de procesos). Una vez hechas por la Comisión las averiguaciones que estime pertinentes (art. 17), adopta una decisión en el plazo de 30 días que si es favorable supone la confirmación de las designaciones provisionales; si no lo es se dejan sin efecto con obligación de abo183

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nar honorarios y derechos económicos (art. 18), siendo posible su revocación por falseamiento u ocultación de datos (art. 19). Tal resolución puede ser impugnada por el interesado (art. 20) haciéndolo saber a la Comisión, mas resolviendo los Juzgados o Tribunales, dictando éstos un auto, tras la audiencia del recurrente y del Letrado del Estado o Comunidad Autónoma (en su caso) y la práctica de prueba. Contra este auto no cabe recurso alguno. 3.5.3.

Efectos

Temporalmente (art. 7), incluye el proceso con todas sus incidencias. Materialmente el art. 6 (completado por el art. 27) hace una enumeración de las prestaciones que contiene este derecho, existiendo una mayor amplitud para las personas que reúnan ingresos por debajo del SMI. La Ley permite la renuncia al Abogado y Procurador, si bien manteniendo los demás derechos que la misma consagra (art. 28). Por último los arts. 32-36 señalan la facultad de que el Abogado designado pueda entender que es insostenible la pretensión del solicitante, estableciéndose un trámite ante la Comisión Provincial, cuyo carácter esencial es el de requerir un dictamen del Colegio de Abogados y del Ministerio Fiscal sobre la viabilidad de la pretensión. Si alguno de los dos la estima defendible, se designa un segundo Letrado que estará obligado a la defensa, caso de entender los dos dictámenes que no es defendible, la Comisión desestimará la solicitud. Si la parte que goza del beneficio de justicia gratuita vence en las costas del procedimiento, deberá la parte contraria abonar las costas, algo que no corresponderá hacer al que goce del beneficio a la asistencia jurídica gratuita mas que en el caso de venir a mejor fortuna dentro de los tres años siguientes a la terminación del proceso, no estableciéndose el procedimiento para ello si bien en todo caso el mismo deberá ser contradictorio y concediendo a las partes la posibilidad de aportar la prueba que tuvieren por conveniente. En todo caso esta posibilidad es la que justifica que aun cuando el condenado en costas tuviere reconocido el derecho a litigar gratuitamente, ello no obstante tales costas sí que se pue184

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den tasar por si viniere a mejor fortuna no siendo por ello calificables de excesivas. En tal sentido se pueden citar las SSTS 19 julio 1993 (RJ 1993, 6156); 23 junio 1997 (RJ 1998, 378); 23 noviembre 1999 (RJ 1999, 9131); 11 febrero 2003 (RJ 2003, 1003).

F 14.E.

Escrito de un demandante solicitando justicia gratuita a la comisión de justicia gratuita

A LA COMISIÓN DE ASISTENCIA JURÍDICA GRATUITA DE ....... D. ......., mayor de edad y con DNI ....... EXPONE Que he sido demandado en el procedimiento ....... seguido ante el Juzgado de 1.ª Instancia n.º ....... de ......., habiendo sido emplazado en el mismo el día ....... Que carezco de recursos para litigar al no percibir la unidad familiar en la que estoy integrado ingresos superiores al doble del Salario Mínimo Interprofesional. Los integrantes de mi unidad familiar son ......., tal y como se acredita por medio de una copia del Libro de Familia que se adjunta a este escrito. Los ingresos de los que dispongo se limitan a la nómina que percibo de la empresa ......., que asciende a ......., encontrándose mi esposo en situación de desempleo y percibiendo una prestación de ....... tal y como se acredita por la certificación de la Tesorería General de la Seguridad Social que se adjunta. Asimismo y como constatación de los ingresos percibidos se aporta copia de la Declaración de IRPF correspondiente al ejercicio ....... tanto propia como de mi esposo. La vivienda en la que reside la unidad familiar en la que me integro es de alquiler, abonando una renta de ....... A tal efecto se aporta copia del contrato de arrendamiento en su día suscrito. FUNDAMENTOS DE DERECHO PRIMERO.–Competencia.–Para tramitar y resolver la petición de reconocimiento del derecho a litigar gratuitamente la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita a la que me dirijo (art. 9 de la Ley 1/1996). SEGUNDO.–Procedimiento.–Es el previsto en los arts. 12 y ss. de la Ley 1/1996. TERCERO.–Fondo de la reclamación.–El art. 3 Ley 1/1996 que es el que determina los requisitos a reunir para poderse reconocer a una persona física el derecho a la asistencia jurídica gratuita. 185

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TOMO I. DISPOSICIONES GENERALES. PREPARACIÓN DEL PROCESO... En base a lo anterior, SUPLICO a la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita que tenga por formulada la presente solicitud y tras la pertinente tramitación tenga a bien reconocer a este instante el derecho a la asistencia jurídica gratuita designándoseme del turno de oficio Abogado y Procurador que asuman mi defensa y representación en los autos de procedimiento ....... n.º ....... seguidos ante el Juzgado de 1.ª Instancia n.º ........ de ....... ....... a ....... de ....... de 200.. Firma Interesado/a AL ILTRE. COLEGIO DE ABOGADOS DE ....... PARA LA COMISIÓN DE ASISTENCIA JURÍDICA GRATUITA DE .......

F 15.E.

Escrito impugnando la denegación de justicia gratuita

AL JUZGADO DE 1.ª INSTANCIA N.º ....... DE ....... D. ......., mayor de edad y con DNI ....... EXPONE Que el pasado ....... solicité a la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita de ....... en escrito presentado el ....... ante el Colegio de Abogados de ....... el reconocimiento del derecho a litigar gratuitamente con designación de Abogado y Procurador del turno de oficio para que me representen y defiendan en los autos de ese Juzgado n.º ....... en los que he sido demandado, habiéndose dictado el ....... resolución denegatoria de tal reconocimiento que me fue notificada el ......, no habiendo transcurrido cinco días desde tal notificación. Que carezco de recursos para litigar al no percibir la unidad familiar en la que estoy integrado ingresos superiores al doble del Salario Mínimo Interprofesional. Los integrantes de mi unidad familiar son ......., tal y como se acredita por medio de una copia del Libro de Familia que se adjunta a este escrito. Los ingresos de los que dispongo se limitan a la nómina que percibo de la empresa ......., que asciende a ......., encontrándose mi esposo en situación de desempleo y percibiendo una prestación de ....... tal y como se acredita por la certificación de la Tesorería General de la Seguridad Social que se adjunta. Asimismo y como constatación de los ingresos percibidos se aporta copia de la Declaración de IRPF correspondiente al ejercicio ....... tanto propia como de mi esposo. La vivienda en la que reside la unidad familiar en la que me integro es de alquiler, abonando una renta de ..... A tal efecto se aporta copia del contrato de arrendamiento en su día suscrito. 186

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CAP. I. CUESTIONES GENERALES FUNDAMENTOS DE DERECHO PRIMERO.–Competencia y procedimiento.–Para tramitar y resolver esta impugnación al Juzgado al que me dirijo al ser el que conoce de la causa en la que he sido demandado tramitándose en la forma prevista en el art. 20 de la Ley 1/1996. SEGUNDO.–Fondo de la reclamación.–El art. 3 Ley 1/1996 que es el que determina los requisitos a reunir para poderse reconocer a una persona física el derecho a la asistencia jurídica gratuita. En base a lo anterior, SUPLICO al Juzgado tenga por impugnada la resolución dictada el pasado ....... en el expediente n.º ....... por la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita de ....... y en su virtud tras la tramitación pertinente tenga a bien reconocer a este instante el derecho a la asistencia jurídica gratuita acordando que se proceda por los Colegios Profesionales pertinentes a la designación del turno de oficio de Abogado y Procurador que asuman mi defensa y representación en los autos de procedimiento ....... n.º ....... seguidos ante ese Juzgado de 1.ª Instancia n.º ....... de ....... ....... a ....... de ....... de 200.. Firma Interesado/a AL SECRETARIO DE LA COMISIÓN DE ASISTENCIA JURÍDICA DE ....... PARA EL JUZGADO DE 1.ª INSTANCIA N.º ....... DE ....... EN LOS AUTOS N.º .......

F 16.E.

Escrito solicitando la suspensión del plazo para contestar por solicitar justicia gratuita

Juicio ... n.º .../... AL JUZGADO DE 1.ª INSTANCIA N.º ....... DE ....... D. ......., mayor de edad que aparece como demandado en los autos antes indicados y con DNI n.º ....... EXPONE Que de conformidad con lo previsto en el art. 12 de la Ley 1/1996 de Asistencia Jurídica Gratuita, con fecha ....... he formulado solicitud de reconocimiento de este derecho para que entre otros beneficios me sean designados Abogado y Procurador del turno de oficio en caso de ser preceptivos o por existir motivo suficiente y que se tramita con el n.º ....... ante el Servicio de Tramitación de la Justicia Gratuita del Ilustre Colegio de Abogados de ....... 187

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TOMO I. DISPOSICIONES GENERALES. PREPARACIÓN DEL PROCESO... Que el art. 16 de la Ley antes mencionada prevé la suspensión del proceso a instancia de parte hasta que se produzca decisión sobre el reconocimiento o la denegación del derecho a litigar gratuitamente o a la designación de Abogado y Procurador, sin perjuicio de lo previsto en el art. 15 de la misma norma. En base a lo anterior, SUPLICO al Juzgado que tenga por presentado este escrito lo admita y tenga por solicitada la suspensión del proceso a instancia de esta parte hasta que se produzca decisión sobre el reconocimiento o denegación del derecho a litigar gratuitamente o en su caso la designación de Abogado o Procurador. ....... a ....... de ....... de 200.. Firma Interesado

3.5.4.

La gratuidad de la justicia para litigar en otro Estado de la Unión Europea

3.5.4.1.

Introducción

Uno de los problemas básicos que los procesos con repercusión trasnacional plantean es el referente al coste que comportan ya que al que existe en todo proceso, se añade el referido a litigar no en el Estado en el que se reside sino en otro Estado. Esta situación se da no solamente en los casos en los que se trata de dar inicio a un nuevo proceso, sino también en aquellos (muy usuales en la práctica) en los que aun cuando el proceso se ha tramitado en el propio Estado, es necesario el adoptar medidas de ejecución más allá de las fronteras que exigen la tramitación del correspondiente proceso de ejecución en el lugar en el que la medida de ejecución es necesario que se lleve a cabo. Ejemplo típico de ello es la ejecución de las pensiones alimenticias reconocidas en España y respecto de las que el alimentante se encuentra domiciliado en otro Estado o posee bienes en él. Esta problemática se hace más gravosa en los casos en los que los interesados carecen de los suficientes recursos económicos para litigar pues deben solicitar el reconocimiento del derecho a la justicia gratuita en el Estado en el que se va a llevar el litigio (o es necesario practicar las actuaciones ejecutivas) con la complejidad 188

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de comporta el desconocimiento de los requisitos que son necesarios para el reconocimiento del derecho y la necesidad de proceder a su tramitación fuera del propio Estado. Al conocimiento de las condiciones necesarias para obtener el reconocimiento del derecho a la justicia gratuita en otro Estado de la Unión Europea se ha tratado de dar solución por medio del trabajo llevado a cabo por la Red Judicial Europea Civil y Mercantil que ha elaborado una serie de fichas que entre otros aspectos cubren el de la justicia gratuita y donde se da respuesta a cuestiones como cuales son los costes de un proceso, las condiciones para gozar del beneficio de justicia gratuita, el procedimiento para la petición y tramitación así como justificación que es necesario acreditar. Toda esta información se encuentra disponible para los distintos Estados de la Unión Europea en la página web de la Red Judicial Europea Civil y Mercantil (http://europa.eu.int/comm/civiljustice) que con el paso del tiempo abarcará todas las lenguas de la Unión. Pero junto a este problema de información existe el referente a la tramitación de una petición de reconocimiento del derecho a la justicia gratuita desde un Estado a otro así como la fijación de unas ciertas normas uniformes. Es a ello a lo que obedece la Directiva que aquí se analiza y que ha sido publicada en el DOUE 31 enero 2003 y ha entrado en vigor el mismo día de su publicación. Supone un régimen de cooperación que agiliza el que viene establecido en el antecedente de la Directiva que es el Convenio de La Haya de 25 octubre de 1980 tendente a facilitar el acceso internacional a la justicia y se inspira directamente en los previstos por el Acuerdo Europeo relativo a la transmisión de solicitudes de asistencia jurídica gratuita, firmado en Estrasburgo el 27 de enero de 1977, denominado en lo sucesivo «Acuerdo de 1977». La Directiva ya ha sido transpuesta en numerosos Estados de la Unión (República Checa, Grecia, Italia, Chipre, Luxemburgo, Hungría, Portugal, Eslovenia, Finlandia y Suecia hasta julio de 2005) En España la transposición de esta Directiva se ha producido por medio de la Ley 16/2005, de 18 de julio, por la que se modifica la Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita, para regular las especialidades de los litigios transfronterizos civiles y mercantiles de la Unión Europea (BOE 19 julio 2005). 189

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Dado que se trata de una Directiva, la misma fija unos mínimos que es necesario respetar, sin perjuicio de que las legislaciones nacionales puedan fijar mayores prestaciones y posibilidades, siendo ejemplo de ello la transposición de la Directiva en España respecto de la que los principios en que se ha inspirado el legislador español obedecen a lo antes indicado al señalar el punto IV de la Exposición de Motivos de la Ley que: «a) Los derechos de justicia gratuita de que ya disfrutan los nacionales de la Unión Europea conforme a nuestra legislación vigente no deben minorarse al amparo de la Directiva; b) El nuevo colectivo de beneficiarios (los nacionales de terceros países que residan legalmente en otro Estado Miembro) debe acceder en España a los derechos que les reconoce la Directiva; c) Las prestaciones singulares que reconoce la Directiva no contempladas por nuestra legislación se aplicarán exclusivamente a los beneficiarios y en las circunstancias que prevé la Directiva». 3.5.4.2. A)

Ámbito de aplicación material

Litigio civil

La Directiva (y las normas nacionales que la desarrollan), partiendo del fundamento legal antes mencionado, indica que es operativa a todo litigio transfronterizo en materia civil y mercantil, con independencia de la naturaleza del órgano jurisdiccional. No incluye, en particular, las materias fiscal, aduanera y administrativa. A tal efecto y a fin de evitar confusiones la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita en su nueva redacción contiene un Capítulo (el VIII), especialmente dedicado a la asistencia jurídica en los litigios transfronterizos de la Unión Europea. En todo caso entran dentro del ámbito de aplicación los litigios derivados de contratos de trabajo (como expresamente indica el art. 46.2 y explica el punto III de la Exposición de Motivos de la Ley española de transposición) y los litigios extrajudiciales si bien el recurso a éstos ha de ser o bien obligatorio por Ley u ordenado por el Juez o Tribunal. Junto a lo anterior debe destacarse que la Directiva hace operativo su régimen independiente del tipo de órgano jurisdiccional siempre que la materia quepa ser calificada de civil y mercantil. 190

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B)

Litigio transfronterizo

Con la precisión anterior, y de cara a la aplicación del régimen normativo derivado de la Directiva, es necesario que el litigio además de ser referido a la materia civil (con la limitación antes indicada) se pueda considerar transfronterizo. En cuanto a lo que quepa entender por litigios transfronterizos, se contiene en la Directiva una definición en el art. 2 al tomar por tales aquellos en los que la parte que solicita la justicia gratuita está domiciliada o reside habitualmente en un Estado Miembro distinto del Estado Miembro donde se halle el tribunal o en el que deba ejecutarse la resolución (esta definición la incorpora literalmente el art. 47.1 de la Ley de asistencia Jurídica Gratuita). De cara a determinar que es lo que cabe entender por domicilio, y ante la problemática que ello genera dados los diversos sistemas existentes en la Unión, la Directiva (y en idénticos términos el art. 47.2 de la Ley Española) hace una remisión al art. 59 del Reglamento (CE) n.º 44/2001 del Consejo, de 22 de diciembre de 2000, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (Bruselas I) lo cual supone que: «1. Para determinar si una parte está domiciliada en el Estado Miembro cuyos tribunales conocieren del asunto, el tribunal aplicará su ley interna. 2. Cuando una parte no estuviere domiciliada en el Estado Miembro cuyos tribunales conocieren del asunto, el tribunal, para determinar si dicha parte lo está en otro Estado Miembro, aplicará la ley de dicho Estado Miembro». En todo caso el domicilio será aquel que se cuente en el momento de presentación de la solicitud de reconocimiento del derecho. Para completar lo antes expuesto respecto de lo que quepa entender por domicilio cabe acudir a la doctrina elaborada en torno al Convenio (hoy Reglamento) de Bruselas I. 3.5.4.3.

Contenido del derecho

La Directiva solamente reconoce este derecho a las personas físicas, no a las jurídicas, incluyendo los nacionales de terceros Estados que residan legalmente en un Estado Miembro de la Unión Europea (art. 4). 191

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Dado que la Ley española ha transcrito expresamente esta limitación (art. 46.1), ello comporta que en los litigios civiles transfronterizos las personas jurídicas no gozan de este derecho, mientras que en los que no reúnan dicha consideración se aplicará el régimen general. A)

Contenido del Derecho

En lo que respecta al contenido del derecho, la Directiva establece unos mínimos que es lo que permite el que el régimen nacional de justicia gratuita para los litigios que estén dentro de su ámbito de aplicación quepa considerarse como adecuado según su art. 3. Así el reconocimiento del derecho debe comportar como mínimo lo siguiente: a) El asesoramiento previo a la demanda con vistas a llegar a un acuerdo antes de la presentación de demanda. b) La asistencia jurídica y la representación ante los tribunales. c) La exención de las costas procesales para el beneficiario, incluidos los gastos derivados de: 1) los servicios de interpretación; 2) la traducción de los documentos presentados por el beneficiario a instancias del tribunal o de la autoridad competente y que sean necesarios para resolver el asunto; 3) los gastos de desplazamiento que corran por cuenta del solicitante, cuando la ley o el tribunal de dicho Estado Miembro requieran la comparecencia ante el tribunal de las personas relacionadas con la defensa de su pretensión por el solicitante, y cuando el tribunal decida que no existen otros medios satisfactorios de tomar declaración a tales personas. 4) los honorarios de personas que actúen en el juicio a requerimiento del tribunal, o ayudas para sufragarlas. d) En los Estados Miembros en que pueda condenarse a la parte que pierde el juicio al pago de las costas de la parte contraria, en caso de que el beneficiario perdiera el juicio se incluye en el beneficio las costas de la parte contraria a condición de que las 192

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hubiera cubierto igualmente si el beneficiario tuviera su domicilio o su residencia habitual en el Estado Miembro del foro. Los beneficios anteriores no son obligatorios en los procedimientos que permitan específicamente a las partes asumir personalmente su propia defensa, salvo decisión en contrario del tribunal u otras autoridades competentes destinada a garantizar la igualdad entre las partes o en vista de la complejidad del asunto. Pero junto a los anteriores que son los gastos del litigio transfronterizo para el que la justicia gratuita se interesa, asimismo se incluyen los gastos necesarios para la solicitud y tramitación del beneficio en el Estado Miembro en que esté domiciliado o resida habitualmente el solicitante y que se detallan en el art. 8 y que incluyen: a) los gastos correspondientes a la asistencia de un letrado local o de cualquier otra persona habilitada por la ley para prestar asesoramiento jurídico realizados en dicho Estado Miembro hasta que se haya presentado la solicitud de justicia gratuita en el Estado Miembro donde se halle el tribunal, de conformidad con la presente Directiva, b) la traducción de la solicitud y de la documentación acreditativa necesaria cuando se presenta la solicitud a las autoridades de dicho Estado Miembro. En el caso de España tales derechos aparecen expresamente reconocidos ya que en el art. 50 de la Ley se han incorporado aquellos que la legislación anterior no reconocía y que sí que establece la Directiva si bien la operatividad de los mismos se limita a los litigios civiles transfronterizos de modo que en el resto de casos no se goza de tales derechos. En concreto las novedades afectan a los siguientes derechos: a) Los servicios de interpretación. b) La traducción de los documentos presentados por el beneficiario a instancias del Juzgado o Tribunal o de la autoridad competente y que sean necesarios para resolver el asunto. c) Los gastos de desplazamiento que corran por cuenta del solicitante, cuando las normas aplicables o el Juzgado o Tribunal requieran su comparecencia personal para la defensa de su pretensión, y el Juzgado o Tribunal decida que no existen otros medios 193

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satisfactorios de tomar declaración. Al objeto de considerar si es necesaria la asistencia personal del solicitante, de un testigo o de un perito, los Juzgados y Tribunales tendrán en cuenta lo previsto en el Reglamento (CE) número 1206/2001 del Consejo, de 28 de mayo de 2001, relativo a la cooperación entre los órganos jurisdiccionales de los Estados Miembros en el ámbito de la obtención de pruebas en materia civil o mercantil, así como, en su caso, otros convenios o normas aplicables. (Este gasto en principio podría ser evitable acudiendo a los medios previstos por el Reglamento 1206/ 2001 y esencialmente el uso de la videoconferencia.) d) La defensa y representación gratuitas por Abogado y Procurador en el procedimiento judicial cuando, no siendo legalmente preceptiva la intervención de estos profesionales, sea expresamente requerida por el Juzgado o Tribunal mediante Auto motivado en vista de la complejidad del asunto o para garantizar la igualdad de las partes en el proceso. B)

Posibilidad de Limitación y Reembolso

Lo antes expuesto es el contenido máximo del derecho, si bien junto al beneficio absoluto que incluye lo anterior, la Directiva autoriza que se acuerden beneficios limitados o restringidos (se estima para personas que excedan del nivel mínimo de recursos pero no superen un umbral superior asimismo legalmente determinado), autorizándose el que los Estados Miembros puedan requerir de los beneficiarios de la justicia gratuita el pago de aportaciones razonables a sus costas procesales, teniendo en cuenta renta, el patrimonio y la situación familiar, incluida la evaluación de los recursos de las personas que dependan económicamente del solicitante. Por último se prevé igualmente que la normativa interna establezca mecanismos de reembolso en caso de venir a mejor fortuna al disponerse en el art. 3.5 que: «5. Los Estados Miembros podrán prever que las autoridades competentes puedan decidir que el beneficiario de la justicia gratuita reembolse la misma, total o parcialmente, si su situación financiera ha mejorado sustancialmente». Igual posibilidad se establece en caso de falseamiento por el solicitante de sus condiciones por la información inexacta facilitada por el beneficiario. 194

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Por último se permite en el art. 9 el reexamen de las condiciones en las diversas fases del proceso. En lo que respecta a la legislación española no existe ninguna previsión específica con lo que opera el régimen general de la Ley de asistencia Jurídica Gratuita. C)

Fases del proceso cubiertas

Los beneficios antes mencionados (como dice el art. 9 de la Directiva) incluyen todas las actuaciones necesarias hasta la fase de ejecución (incluyendo los diversos recursos) si es que se ha interesado desde un inicio. El beneficio asimismo se puede interesar en los casos en los que la única actuación que sea necesario verificar en otro Estado Miembro sea la del reconocimiento o la ejecución. Éste es un caso muy usual debido a que todas las medidas de ejecución a adoptar en otro Estado Miembro requieren de la intervención de un juez de dicho Estado y la apertura del correspondiente proceso de ejecución en la forma prevista por la ley procesal de ese lugar. En estos casos el régimen normativo de aplicación es el general, si bien al tomar la decisión respecto del reconocimiento o no del derecho asimismo se toma en consideración el reconocimiento del derecho en el Estado Miembro en el que se dictó la resolución cuya ejecución se interesa además de las condiciones del art. 49 tal y como se indica en el art. 51.5 de la Ley. Ello no obstante existe una especialidad de reconocimiento automático y con ello extensión del reconocimiento del derecho a la asistencia jurídica gratuita en el Estado de ejecución siempre que se haya concedido en el Estado ante el que se ha tramitado la fase declarativa del proceso. Tales casos son los de las ejecuciones derivadas del Reglamento 2201/2003 Bruselas II bis (materia matrimonial y responsabilidad parental) al así disponerse en su art. 50 y 44/2001 Bruselas I (reconocimiento y ejecución en materia civil y mercantil) al contenerse una misma previsión asimismo en su art. 50. Con estas medidas de extensión de los efectos del reconocimiento del derecho a litigar gratuitamente se tutela adecuadamente el derecho del ejecutante y se refuerza el principio de la confianza mutua que es el fundamento de la cooperación judicial 195

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civil en la Unión Europea ya que basta con que a una persona se haya reconocido el derecho en otro Estado de la Unión para que el mismo sea igualmente reconocido en España. Este beneficio igualmente se extiende (art. 10) a los procedimientos extrajudiciales, con arreglo a las condiciones estipuladas en la Directiva, cuando la ley los imponga a las partes, o cuando el juez remita a las partes en el litigio a dichos procedimientos. Esta previsión la contiene el art. 46 de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita (para los procedimientos extrajudiciales que imponga la Ley a las partes o cuando así lo haga un Juzgado o Tribunal) y anticipa en cierta medida el contenido de la Directiva de Mediación (actualmente en fase de redacción) que trata de fomentar el recurso a ella estableciendo como posibles opciones la de hacerla obligatoria en determinados casos por ley o por decisión judicial. 3.5.4.4.

Requisitos para el reconocimiento del derecho

La Directiva dado su carácter no establece normas precisas, sino los principios que deben orientar la actuación de los Estados Miembros cuando legislen en esta materia. Así el art. 5 señala que el fundamento del reconocimiento del derecho (sólo a las personas físicas nacionales o residentes legales de terceros Estados en un Estado Miembro de la UE salvo Dinamarca) se encuentra en la situación económica de tales personas teniendo en cuenta no solamente sus ingresos sino un conjunto de circunstancias que incluye: – la renta. – el patrimonio. – la situación familiar, incluida la evaluación de los recursos de las personas que dependan económicamente del solicitante. La Directiva reconoce la validez del criterio tradicional de establecer límites cuantitativos (generalmente por relación al salario mínimo que es lo que se hace en España), si bien indica que tales límites cuantitativos no se deben interpretar de forma rígida ya que no pueden impedir que el solicitante de justicia gratuita que supere los límites pueda obtener el beneficio de justicia gratuita si demuestra que no puede hacer frente a los gastos antes incluidos en el derecho debido a las diferencias en el coste de la vida 196

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entre los Estados Miembros del domicilio o residencia habitual y del foro. Ello es así porque el beneficio lo reconocen las autoridades del Estado en el que se sigue el proceso que puede ser diferente a aquel en el que tiene su domicilio el solicitante pudiendo existir importantes diferencias de nivel que hagan que aun cuando el nivel de ingresos que perciba en el Estado de su residencia sea elevado en relación de aquel en el que se siga el procedimiento y supere los límites que en el mismo se fijen, ello no obstante se trate de una cuantía que le hace imposible el afrontar tales gastos, pudiendo ser un criterio orientativo (la Directiva no lo ha establecido) el del monto de los ingresos que para la concesión del beneficio se fija en el Estado de residencia del solicitante. Este criterio es el que expresamente reconoce el legislador español al indicar en el art. 49.2 de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita que: «Los límites económicos establecidos en esta ley no impedirán que el solicitante que los supere pueda obtener el beneficio si prueba que no puede hacer frente a los gastos procesales debido a las diferencias en el coste de la vida entre el Estado Miembro de su residencia o domicilio y España. En tal caso, se tendrá en cuenta el cumplimiento por el solicitante de los criterios de carácter económico aplicables en el Estado Miembro de su domicilio o residencia habitual para conceder la justicia gratuita». Por último asimismo se prevé el supuesto inverso (si bien no tan claramente) al decir que aun cuando no se llegare al límite cuantitativo no habrá obligación de otorgar la justicia gratuita a los solicitantes en la medida en que puedan efectivamente recurrir, en el caso concreto, a otros mecanismos que cubran los gastos, si bien no se mencionan cuales fueren esos otros mecanismos A fin de garantizar el conocimiento de estos límites y sin perjuicio de incorporar la legislación nacional en materia de justicia gratuita en el Atlas Judicial Civil, asimismo se deberán tener en consideración los diversos índices existentes en materia de nivel de vida en los países de la Unión donde se puede conocer de forma comparativa cuáles fueren éstos y la repercusión que ello puede tener de cara a conocer que quepa entender por «diferencias en el coste de vida en base a las que no se pueda hacer frente a los gastos procesales». A título de ejemplo una de las fuentes esenciales de información es la que se proporciona por la Oficina de Estadísticas de la Unión Europea (Eurostat) cuya página web es: http:// epp.eurostat.cec.eu.int/. 197

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3.5.4.5.

Motivos de negativa al reconocimiento referentes al fondo del litigio

Con la finalidad de evitar abusos la Directiva establece la posible previsión de mecanismos que traten de evitar que al amparo de la misma se ejerciten pretensiones infundadas. Esta previsión se establece directamente para los casos en los que se trate de acciones judiciales al disponer el art. 6.1 que: «1. Los Estados Miembros podrán prever que las solicitudes de justicia gratuita relativas a una acción judicial que parezca manifiestamente infundada puedan ser denegadas por las autoridades competentes». Si se trata de actuaciones de asesoramiento previo a la demanda, la negativa no es tan automática (ya que es imposible antes del asesoramiento previos el conocer o no el carácter infundado a diferencia de lo que ocurre en los casos de acciones judiciales) al disponer que se puede denegar o anular el beneficio de justicia gratuita subsiguiente por motivos relacionados con el fondo del litigio siempre y cuando se garantice el acceso a la justicia. Como complemento de lo anterior y de cara a proporcionar criterios acerca de lo infundada que puede ser una pretensión, el art. 6.3 indica que se ha de valorar la importancia del asunto en concreto para el solicitante o su naturaleza cuando el solicitante alegue un daño a su reputación sin haber sufrido perjuicio material o financiero alguno, o cuando la solicitud se refiera a una reclamación directamente vinculada a la actividad empresarial del solicitante o al ejercicio autónomo de una profesión por parte del mismo. En España el régimen de aplicación es el que se prevé en la Ley de Justicia Gratuita que en lo referente a las pretensiones que pudieren resultar infundadas para el caso de que la tramitación de las mismas corresponda a las autoridades judiciales españolas ya que el mismo es perfectamente coherente con el contenido de la Directiva y es el que se contiene respecto a la insostenibilidad en el art. 32 y concordantes de la Ley. Únicamente se ha introducido como novedad la posibilidad de analizar la insostenibilidad de la pretensión en los casos en los que el proceso no se debe tramitar en España, sino en el extranjero, actuando la entidad española solamente como expedidora de 198

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la solicitud de justicia gratuita que ha de tramitar la autoridad del país en el que se vaya a litigar. En tal caso y de conformidad con lo indicado por la Directiva, se establece una posibilidad de control al indicar el art. 53.1 de la Ley que: «Si el Colegio de Abogados estimara que la petición carece de modo manifiesto de fundamento o no entra dentro del ámbito de aplicación de este Capítulo, se lo notificará al solicitante en el plazo de cinco días, y trasladará la solicitud a la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita para que decida de manera definitiva sobre la negativa a remitir la solicitud». 3.5.4.6. A)

Procedimiento

Autoridad que concede la justicia gratuita

Lo es según el art. 12 de la Directiva la del Estado Miembro donde se halle el tribunal, no debiéndose designar ya que lo que es necesario es hacerlo en torno a las receptoras de las solicitudes que puede que no sean las mismas que las encargadas del reconocimiento del derecho. B)

Presentación de la solicitud Según el art. 13 se puede hacer:

a) Ante la autoridad competente del Estado Miembro en que el solicitante tenga su domicilio o su residencia habitual (autoridad expedidora) que la remite a la autoridad competente para reconocer el derecho que es como antes se ha indicado la del Estado Miembro en donde se halle el Tribunal. Estas autoridades se han de designar por los Estados Miembros (art. 14) antes del 30 noviembre 2004 publicándose en el DOCE junto a sus datos básicos. b) Ante la autoridad competente del Estado Miembro en el que se halle el tribunal o en el que deba ejecutarse la resolución (autoridad receptora) asimismo a designar en la forma antes indicada. Tales designaciones ya han sido efectuadas y constan en la página web del Atlas Judicial Civil Europeo: http://europa.eu.int/ comm/justice_ home/judicialatlascivil/. Tratándose de España la autoridad receptora lo es el Colegio de Abogados del lugar donde se halle el Juzgado o Tribunal que haya de conocer del proceso principal para el que aquélla se solicita o ante el que se solicite el 199

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reconocimiento o ejecución de una resolución. La expedidora lo es el Colegio de Abogados que corresponda a la residencia habitual o domicilio del solicitante. Dado que es posible que se susciten problemas competenciales (al proceder de una autoridad extranjera que no conoce con exactitud las normas de la Ley de Enjuiciamiento Civil en materia de competencia territorial de los Juzgados y Tribunales Españoles), el art. 51 de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita contiene una previsión que trata de dar solución a esta cuestión. A tal efecto si recibida la solicitud en un Colegio de Abogados, se constata que la competencia territorial para conocer de la causa no corresponde a los Tribunales de su demarcación, ha de remitir directamente la petición al Colegio que considere competente, de manera razonada. Si éste rechazara también la solicitud, la enviará al Consejo General de la Abogacía Española para que decida cuál es el Colegio de Abogados de la circunscripción del Juzgado o Tribunal al que corresponde su tramitación, determinado éste de acuerdo con las reglas de los artículos 44 y siguientes de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, o, en su caso, en las normas internacionales que resulten de aplicación. En todo caso debe destacarse que la previsión anterior es a los efectos de la tramitación de la justicia gratuita y no prejuzga la decisión que en materia de competencia territorial pueda adoptar el Tribunal ante el que se someta la causa de la que la petición deriva. C)

Forma de la solicitud y documentos adjuntos

La Directiva preveía la elaboración de un formulario normalizado (no se adjunta a la Directiva tal vez por el carácter que posee y no de Reglamento) fijándose como fecha límite para la elaboración del mismo el 30 mayo 2004. Dicha previsión se ha atendido por medio de la Decisión de la Comisión de 9 de noviembre de 2004 por la que se establece un formulario para la solicitud de asistencia jurídica gratuita con arreglo a la Directiva 2003/8/CE del Consejo destinada a mejorar el acceso a la justicia en los litigios transfronterizos mediante el establecimiento de reglas mínimas comunes relativas a la justicia gratuita para dichos litigios (DOUE L 365 de 10 de diciembre de 2004) A dicha solicitud se ha de adjuntar la documentación soporte de la misma y que se deberá traducir: 200

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a) A la lengua o a una de las lenguas oficiales del Estado Miembro de la autoridad receptora competente que corresponda con una de las lenguas de las instituciones de la Comunidad; b) A otra lengua que dicho Estado Miembro haya indicado que acepta. La designación de lenguas se ha de hacer conforme dice el art. 14 antes del 30 noviembre 2004, ya se ha llevado a cabo siendo la vía de publicitación de la misma la página web del Atlas Judicial Civil antes indicada. La función de las autoridades que reciben las solicitudes no es solamente de mero papel receptor y transmisor a la competente para la tramitación del reconocimiento del beneficio, sino que les permite el ejercicio de un cierto control ya que cabe que (art. 13.3) se nieguen a remitir una solicitud que de modo manifiesto: a) Carezca de fundamento, o b) Escape al ámbito de aplicación de la Directiva. En todo caso la decisión que se adopte (art. 15) deberán ser motivadas cuando resulten total o parcialmente denegatorias debiéndose conocer el derecho de recurrir frente a ellas que en último caso siempre requerirán una decisión por un órgano judicial. De ello cabe exceptuar los casos en que la solicitud de justicia gratuita sea denegada por un órgano jurisdiccional contra cuya resolución sobre el fondo del asunto no pueda interponerse recurso en virtud de la legislación nacional, o por un tribunal de apelación. Esta previsión es la que ha motivado el añadir en la legislación española una nueva previsión en materia de pretensiones infundadas (a conocer por la autoridad española cuando simplemente haga el papel de receptora de la solicitud para transmitirla a otro Estado de la Unión Europea) al indicar el art. 53.1 de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita que: «Si el Colegio de Abogados estimara que la petición carece de modo manifiesto de fundamento o no entra dentro del ámbito de aplicación de este Capítulo, se lo notificará al solicitante en el plazo de cinco días, y trasladará la solicitud a la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita para que decida de manera definitiva sobre la negativa a remitir la solicitud». Evidentemente este control que se hace por la autoridad que recibe la solicitud y la transmite no vincula a la receptora que es 201

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la competente para decidir acerca del reconocimiento del derecho, momento en el que se podrá de nuevo analizar la sostenibilidad de la pretensión según las normas propias. D) Remisión de la solicitud En caso de haberse presentado ante la autoridad competente del Estado Miembro en que el solicitante tenga su domicilio o su residencia habitual (autoridad expedidora) se ha de hacer llegar a la autoridad competente para el reconocimiento del derecho que es el que corresponda al lugar en el que el litigio para el que se solicita se debe plantear. Esta remisión debe hacerse llegar (art. 13.4) a la autoridad receptora competente del otro Estado Miembro (designada en la forma antes señalada) en el plazo de 15 días a partir de la fecha de recepción de la solicitud debidamente cumplimentada en una de las lenguas antes mencionadas y de los documentos acreditativos, traducidos, si fuera necesario, a alguna de dichas lenguas. Los documentos remitidos en aplicación de la presente Directiva estarán exentos de la legalización y de cualquier otra formalidad equivalente. Por este servicio que presta la autoridad expedidora no se puede percibir ninguna remuneración, salvo los costes de traducción sufragados por la autoridad expedidora competente en caso de que la autoridad competente deniegue la solicitud de justicia gratuita a cuyo pago puede (no es obligatorio) condenar el Estado de la autoridad expedidora al solicitante. E)

Tramitación de la solicitud

El art. 15 da unas reglas generales de procedimiento que han ser respetadas y que incluye: 1) Información cumplida al solicitante sobre la tramitación de la solicitud por las autoridades nacionales competentes para pronunciarse sobre las solicitudes de justicia gratuita. Este deber de información al solicitante ha sido expresamente reconocido en la norma español (en el art. 51.4 de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita). 2) La decisión que se adopte deberá ser motivada cuando resulten total o parcialmente denegatorias (también se reconoce en el art. 51.4 de la Ley española). 202

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3) Si es denegatoria se ha de reconocer el derecho de recurrir frente a ellas que en último caso siempre requerirán una decisión por un órgano judicial. De ello cabe exceptuar los casos en que la solicitud de justicia gratuita sea denegada por un órgano jurisdiccional contra cuya resolución sobre el fondo del asunto no pueda interponerse recurso en virtud de la legislación nacional, o por un tribunal de apelación. F) Información Se vela por ella en el art. 18 al disponer que las autoridades nacionales competentes cooperarán con el fin de informar al público y a los profesionales de la justicia sobre los distintos sistemas de justicia gratuita, en particular a través de la Red Judicial Europea creada de conformidad con la Decisión 2001/470/CE. Así se ha efectuado constando en el Atlas Judicial Civil que depende de la Red Judicial Europea Civil y Mercantil una sección expresamente dedicada a la justicia gratuita en la que aparece la información referente a la aplicación de la Directiva.

F 17.E.

Formulario obligatorio de solicitud de justicia gratuita en otro Estado miembro de la Unión Europea

INSTRUCCIONES 1. Antes de rellenar el formulario de solicitud, lea atentamente estas instrucciones. 2. Deberá facilitarse toda la información solicitada en el formulario. 3. Cualquier información imprecisa, inexacta o incompleta puede retrasar la tramitación de la solicitud. 4. La indicación de información falsa o incompleta en la presente solicitud podrá tener consecuencias jurídicas negativas, tales como la desestimación de la solicitud o acciones penales. 5. Adjunte todos los documentos justificativos pertinentes. 6. Tenga en cuenta que la presente solicitud no afecta a los plazos preceptivos para el inicio de un procedimiento judicial o la interposición de un recurso. 7. El presente formulario, debidamente fechado y firmado, deberá remitirse a la autoridad competente según se indica a continuación: 203

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TOMO I. DISPOSICIONES GENERALES. PREPARACIÓN DEL PROCESO... O 7.a. Puede enviar su solicitud a la autoridad expedidora del Estado miembro en el que resida. Ésta la transmitirá a la autoridad competente del Estado miembro pertinente. Si elige esta opción, sírvase indicar: Nombre de la autoridad competente de su Estado miembro de residencia: Dirección: Teléfono/Fax/Correo electrónico: O 7.b. Si sabe cuál es la autoridad competente del otro Estado miembro, puede enviarle directamente su solicitud. Si elige esta opción, sírvase indicar: Nombre de la autoridad: Dirección: Teléfono/Fax/Correo electrónico: ¿Entiende usted la lengua oficial o una de las lenguas oficiales de este país? ❏SÍ

❏NO

¿En caso negativo, en qué lenguas puede comunicarse a los efectos de la asistencia jurídica? A.

Información relativa al solicitante de la asistencia jurídica gratuita:

A.1.

Sexo: ❏Hombre

❏Mujer

Nombre y apellidos (o nombre comercial, si procede): Fecha y lugar de nacimiento: Nacionalidad: Número del documento de identidad: Dirección: Teléfono: Fax: Correo electrónico: A.2.

Si procede, datos del representante del solicitante menor de edad o incapacitado:

Apellidos y nombre: 204

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CAP. I. CUESTIONES GENERALES Dirección: Teléfono: Fax: Correo electrónico: A.3.

Si procede, datos del representante legal del solicitante (abogado, mandatario, etc.):

– en el Estado miembro de residencia del solicitante: Apellidos y nombre: Dirección: Teléfono: Fax: Correo electrónico: – en el Estado miembro en el que se prestará la asistencia jurídica gratuita: Apellidos y nombre: Dirección: Teléfono: Fax: Correo electrónico: B.

Información relativa al litigio por el que se solicita asistencia jurídica gratuita:

Sírvase adjuntar copias de todos los documentos justificativos pertinentes. B.1. Naturaleza del litigio (divorcio, custodia de menores, empleo, actividades comerciales, de consumidor): B.2.

Cuantía del litigio si éste puede expresarse en dinero. Especifique la divisa:

B.3. Descripción de las circunstancias del litigio. Indicar el lugar y la fecha de los hechos y cualquier elemento de prueba (por ejemplo, testigos): C.

Información relativa al procedimiento:

Sírvase adjuntar copias de todos los documentos justificativos pertinentes. 205

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TOMO I. DISPOSICIONES GENERALES. PREPARACIÓN DEL PROCESO... C.1. ¿Es usted el demandante o el demandado? Describa su demanda o la demanda interpuesta contra usted: Apellidos, nombre y datos de contacto de la parte contraria: C.2. Cuando proceda, motivos especiales por los que se solicita la tramitación urgente de la presente solicitud (por ejemplo, plazo preceptivo para incoar el procedimiento): C.3. ¿Solicita usted asistencia jurídica gratuita total o parcial? Si solicita una asistencia jurídica parcial, indique qué gastos ha de cubrir ésta: C.4. Indique si solicita asistencia jurídica gratuita para obtener: ❏ asesoramiento prejudicial ❏ asistencia (consejo o representación) en un proceso extrajudicial ❏ asistencia (consejo o representación) en un proceso judicial previsto ❏ asistencia (consejo o representación) en un proceso judicial en curso. En caso afirmativo indique: – Número de registro: – Fechas de la audiencia: – Denominación del órgano jurisdiccional: – Dirección del órgano jurisdiccional: ❏ asistencia (consejo o representación) en un proceso judicial relativo a una resolución que ya ha sido dictada por una autoridad judicial. En caso afirmativo: – Nombre y dirección de la autoridad judicial: – Fecha de la decisión: – Naturaleza del litigio: ❏ Recurso contra la decisión ❏ Ejecución de la decisión: C.5. Especifique los costes adicionales que estime puedan derivarse del carácter transfronterizo del litigio (por ejemplo, gasto de traducción o de viaje): 206

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CAP. I. CUESTIONES GENERALES C.6. ¿Dispone usted de algún seguro u otro régimen que pueda cubrir la totalidad o parte de los gastos judiciales? En caso afirmativo, facilite información detallada. D.

Situación familiar:

¿Cuántas personas residen con usted? Especifique la vinculación de estas personas con usted (el solicitante): Nombre y apellidos: Vinculación con el solicitante: Fecha de nacimiento (si se trata de un hijo): ¿Depende económicamente esta persona del solicitante? ¿Depende económicamente el solicitante de esta persona? ¿Existe alguna otra persona económicamente dependiente de usted que no viva en su hogar? En caso afirmativo, especifique: Nombre y apellidos: Vinculación con el solicitante: Fecha de nacimiento (si se trata de un hijo): ¿Depende usted económicamente de otra persona que no viva en su hogar? En caso afirmativo, especifique: Nombre y apellidos: Vinculación con el solicitante: E.

Información económica:

Sírvase facilitar toda la información pertinente sobre usted (I), su cónyuge o pareja (II), la(s) persona(s) que dependa(n) económicamente de usted y resida(n) con usted (III), o la(s) persona(s) de la(s) que usted dependa económicamente y que residan con usted (IV). Si percibe usted otros pagos que no sean una pensión alimenticia de una persona de la que dependa económicamente, que no resida con usted, especifique estos ingresos en el apartado «otros ingresos» del cuadro E.1. Si realiza usted otros pagos que no sean una pensión alimenticia a una persona económicamente dependiente de usted, que no resida con usted, especifique estos pagos en el apartado «otros gastos» del cuadro E.3. 207

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TOMO I. DISPOSICIONES GENERALES. PREPARACIÓN DEL PROCESO... Deberán aportarse pruebas documentales (por ejemplo, declaración del impuesto sobre la renta, certificado de derecho a subsidios, etc.). Al rellenar los cuadros a continuación, sírvase especificar la divisa de las cantidades indicadas. E.1. I.

Ingresos mensuales medios Solicitante

II. Cónyuge o pareja III. Personas a cargo IV. Personas de las que depende el solicitante ingresos: ganancias de actividades comerciales: pensiones: pensión alimenticia: subsidios del Estado. Especifique: 1. Prestaciones familiares y de alojamiento: 2. subsidio por desempleo y prestaciones sociales: rentas del capital (bienes muebles e inmuebles): otros ingresos: Total: E.2. I.

Valor patrimonial Solicitante

II. Cónyuge o pareja III. Personas a cargo IV. Personas de las que depende el solicitante inmueble utilizado como vivienda habitual: 208

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CAP. I. CUESTIONES GENERALES otros bienes inmuebles: terrenos: ahorros: acciones: vehículos de motor: otros activos: Total: E.3. I.

Gastos mensuales Solicitante

II. Cónyuge o pareja III. Personas a cargo IV. Personas de las que depende el solicitante impuesto sobre la renta: cotizaciones a la seguridad social: contribución territorial: reembolso de préstamo hipotecario: alquiler y vivienda: escolaridad: cuidado de hijos: pago de deudas: reembolso de préstamos: pensión alimenticia a un tercero por obligación legal: otros gastos: Total: Declaro que la información facilitada es verídica y completa y me comprometo a comuni209

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TOMO I. DISPOSICIONES GENERALES. PREPARACIÓN DEL PROCESO... car inmediatamente cualquier cambio de mi situación económica a la autoridad que tramita mi solicitud. Hecho en: Fecha: Firma y/o sello:

F 18.E.

Formulario obligatorio de traslado de solicitud de justicia gratuita en otro Estado miembro la Unión Europea

En su caso, razones que justifican una tramitación especialmente urgente de esta solicitud Referencia del expediente Expediente transmitido de Fecha de transmisión Información relativa a la autoridad expedidora Información relativa a la autoridad expedidora Estado miembro Responsable del expediente Dirección Teléfono Fax Correo electrónico A Información relativa a la autoridad receptora Nombre Estado miembro Dirección 210

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CAP. I. CUESTIONES GENERALES Teléfono Fax Correo electrónico Información relativa al solicitante de la asistencia jurídica gratuita Apellido(s) y nombre o razón social Nombre y apellido(s) del representante del solicitante menor de edad o mayor de edad incapacitado Nombre y apellido(s) del representante del solicitante eventual del solicitante mayor de edad y capacitado (abogado, mandatario ...) Dirección Teléfono Fax Correo electrónico Lenguas incluidas Información relativa al procedimiento 1. ¿La persona que solicita la asistencia jurídica gratuita es demandante o demandada? 2. La persona que solicita la asistencia desea obtener a) asesoramiento prejudicial b) asistencia (consejo o representación) en un proceso extrajudicial c)

asistencia (consejo o representación) en un proceso judicial previsto

d) asistencia (consejo o representación) en un proceso en curso En caso afirmativo: Número de registro Fechas de la audiencia Denominación de la jurisdicción Dirección de la jurisdicción 211

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TOMO I. DISPOSICIONES GENERALES. PREPARACIÓN DEL PROCESO... e) ¿Obtener asesoramiento o representación en el marco de un litigio referente a una decisión que ya ha sido tomada por una autoridad judicial? En caso afirmativo Nombre y dirección de esta autoridad judicial Fecha de la decisión Naturaleza del litigio Recursos contra la decisión Ejecución de la decisión 3. Parte contraria 4. Breve descripción de la naturaleza del litigio, incluyendo en los casos mencionados en el punto 2 letras a, b y c información susceptible de identificar la probable jurisdicción ACUSE DE RECIBO La autoridad receptora Nombre Estado miembro Referencia del expediente Fecha de recepción del expediente Responsable del expediente Dirección Teléfono Fax Correo electrónico Cuando proceda, expediente transmitido a Nombre Responsable del expediente 212

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CAP. I. CUESTIONES GENERALES Dirección Teléfono Fax Correo electrónico Acuse recepción del expediente transmitido por autoridad expedidora Nombre Estado miembro Referencia del expediente Responsable del expediente Hecho en Fecha Firma

4.

Actos procesales Regulación legal: arts. 128 a 148 y 206 a 224 LEC

4.1. ACTOS DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL 4.1.1. Disposiciones generales aplicables a los actos del órgano jurisdiccional 4.1.2. Clases de actos del órgano jurisdiccional 4.2. ACTOS DE LAS PARTES

El proceso constituye una realidad dinámica que se va desarrollando a lo largo del tiempo para llegar a la resolución de la 213

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TOMO I. DISPOSICIONES GENERALES. PREPARACIÓN DEL PROCESO...

controversia planteada. En el curso del mismo se van sucediendo actos tanto del órgano jurisdiccional como de las partes que son los que lo configuran. 4.1. ACTOS DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL Esta serie de actos son los que dicta el órgano jurisdiccional produciendo determinadas consecuencias en el seno del proceso según el tipo de resolución de que se trate, bien impulsando el mismo a través de sus distintas fases, bien poniéndole punto final. 4.1.1.

Disposiciones generales aplicables a los actos del órgano jurisdiccional

Son las contenidas en los arts. 128 a 148 LEC y abarcan diversos aspectos que son aplicables a todas las resoluciones del órgano jurisdiccional y que puede ser unipersonal o colegiado, debiéndose en este segundo caso procederse a la pertinente deliberación que se regula en los arts. 196 y ss. LEC firmando todos los integrantes la resolución, con posibilidad de voto particular. En cuanto al lugar de las mismas, éste es la sede del tribunal, pudiéndose conocer ésta mediante la consulta pertinente siendo el método más eficaz para ello la página web del Consejo General del Poder Judicial que es www.poderjudicial.es. Mas ello no significa que todo se deba practicar en la sede, al existir determinadas diligencias que es necesario llevar a cabo fuera (esencialmente los reconocimientos judiciales de los arts. 353 y ss. LEC), pero siempre dentro de lo que es el partido judicial cuya delimitación se contiene en los anexos de la Ley 38/1988 de Planta y Demarcación. También es posible el verificar actuaciones fuera del partido judicial, si bien en este caso dado que el art. 129 LEC remite al art. 275 LOPJ tales diligencias solamente pueden ser de prueba y justificadas por razones de economía procesal (como puede ser la proximidad geográfica de cara a practicar un reconocimiento judicial que asimismo es posible verificarlo por exhorto según el art. 169.2 LEC), dando cuenta al Juez competente que es el de 1.ª Instancia e Instrucción del lugar (de ser varios se estima que la comunicación debe verificarse al Decano). Al ser una simple dación de cuenta no es necesaria su autorización para practicar la diligencia que se haya acordado. En lo referente al tiempo (arts. 130 y 131 LEC), se reitera lo 214

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CAP. I. CUESTIONES GENERALES

expuesto en los arts. 182 a 184 LOPJ (siendo el ordinario el de los días laborables de 8.00 a 20.00 horas), ampliándose las horas hábiles hasta las 22.00 horas en cuanto a la realización de actos de comunicación y haciendo innecesario el dictar una resolución expresa para la habilitación en lo referente a las actuaciones urgentes o para continuar una vista más allá de las 20.00 horas. En cuanto a los días hábiles, la reforma operada por la LO 19/2003 en la LOPJ (BOE 26 diciembre 2003), ha comportado la esencial novedad de declarar inhábiles además de los domingos y festivos (sistema tradicional), los sábados y los días 24 de diciembre y 31 de diciembre (art. 182 LOPJ) lo que implica que en los plazos iniciados desde su entrada en vigor (al no indicarse nada en la norma a los 20 días desde su publicación según el criterio general del art. 2.1 CC), tales días no se computan. Respecto de los plazos en curso, desde el día de la entrada en vigor hay que excluir además de los días tradicionales los antes mencionados con lo que cabe que se compute en el plazo algún sábado (anterior a la entrada en vigor de la reforma) y otros no (los posteriores a la entrada en vigor). En todo caso sigue en vigor la habilidad del mes de agosto para la realización de actos de jurisdicción voluntaria de conformidad con lo previsto en el art. 1812 LEC/1881 en vigor hasta que no se dicte la nueva Ley de la Jurisdicción Voluntaria conforme se establece en la Disposición Derogatoria Única de la Ley 1/2000. En caso de realización de una actividad en días y horas inhábiles, no se establece como sanción automática la de la nulidad, lo que motiva el que como indica GÓMEZ MARTÍNEZ (cit. bibl. 2000) ello solamente se produzca en los casos en los que alguna de las partes ha sufrido indefensión por ello según el régimen general del art. 238 LOPJ y 225 LEC. En materia de tiempo y lugar existe una especialidad en los procedimientos concursales al disponer el art. 187 de la Ley 22/ 2003 Concursal que el juez puede habilitar los días y horas necesarios para la práctica de las diligencias que considere urgentes en beneficio del concurso. En cuanto al lugar se indica que el juez podrá realizar actuaciones de prueba fuera del ámbito de su competencia territorial, poniéndolo previamente en conocimiento del juez competente, cuando no se perjudique la competencia del juez correspondiente y venga justificado por razones de economía procesal. En cuanto a los plazos, además de establecerse una regulación 215

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TOMO I. DISPOSICIONES GENERALES. PREPARACIÓN DEL PROCESO...

genérica de las normas de cómputo (art. 133 LEC) semejante a la del art. 5 CC al que remite el art. 185 LOPJ (con la especialidad tradicional que asimismo recoge la LEC/2000 de excluirse del cómputo de los plazos procesales fijados por días –no por meses o años– los días inhábiles, algo que no ocurre en los plazos civiles), se establece una disposición novedosa cual es la de la susceptibilidad de poderse incurrir en infracción disciplinaria por parte de los tribunales y personal al servicio de la Administración de Justicia en el caso de no respeto de los plazos que fija la ley sin causa justificada (arts. 132 y 211 LEC, este último referido a los plazos en los que las resoluciones se han de dictar). A pesar de lo novedoso que en apariencia supone esta situación, en realidad la novedad no es tal ya que esta corrección disciplinaria ya aparecía en los arts. 417.9; 418.10 y 419.3 LOPJ en cuanto a Jueces y Magistrados, y art. 464 LOPJ en lo referente al personal al servicio de la Administración de Justicia (incluyendo asimismo a los Secretarios Judiciales y Médicos Forenses) y que se complementa en cuanto a los Secretarios Judiciales por los arts. 94.d), 95.g), 96.3 y 5 del Real Decreto 429/1988 y en lo referente a los Oficiales, Auxiliares y Agentes por los arts. 84.b), 85.c) y 86.d) y f) del Real Decreto 249/1996, siendo de destacar el que la LEC ante el hecho de dictarse una resolución fuera de plazo no sanciona en principio con la nulidad tal situación al no preverse como tal causa ni en el art. 238 LOPJ ni en el art. 225 LEC (no vigente aún de conformidad con lo previsto en la Disposición Final 17.ª LEC al no haberse modificado en forma paralela a la aprobación de la LEC la LOPJ). Ello sólo cabe en los casos en los que así lo imponga la naturaleza del término o plazo (art. 229 LEC), lo cual es un reflejo del art. 242 LOPJ en la redacción que le ha dado la reforma operada por la LO 19/2003 (aplicable en la actualidad ante el contenido de la Disposición Final 17.ª antes mencionado). Este precepto no ha sido objeto de un análisis profundo habiéndose con fundamento en el mismo declarado la validez de pericial en plazo para mejor proveer en la STS 20 febrero 1993 (RJ 1993, 1002) y la de una suspensión judicial del plazo de consignación de la diferencia entre lo depositado para participar en la subasta y el precio de remate en un procedimiento de ejecución hipotecaria del antiguo art. 131 LH en la STS 21 julio 1993 (RJ 1993, 6273). Ello hace que frente al principio de preclusión que rige para los actos de las partes (art. 136 LEC), tal circunstancia no se establezca para los actos del órgano jurisdiccional de ahí que se haya elaborado la doctrina de los pla216

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CAP. I. CUESTIONES GENERALES

zos impropios al referirse a los del órgano jurisdiccional. En la doctrina del Tribunal Constitucional se ha analizado con detenimiento la relación del respeto a los plazos procesales fijados a los órganos jurisdiccionales con el derecho fundamental a un proceso sin dilaciones indebidas, llegando a la conclusión de que desde la perspectiva constitucional este derecho no conlleva la necesidad imperiosa de respetar los plazos que las leyes fijan a los órganos jurisdiccionales consagrando ello no obstante y como derecho fundamental de las personas, el que sus litigios judiciales se resuelvan y decidan dentro de un plazo razonable. Qué sea un plazo razonable es algo que se concreta en cada caso atendiendo a diversas pautas y criterios que se presentan como aptos y que son conforme a la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (Caso Sanders, 7 de julio de 1989; 7 febrero 2002 Caso Mikulic contra Croacia [JUR 2002, 78019]; 17 junio 2003 Caso Lutz contra Francia [JUR 2003, 124982]) y Tribunal Constitucional: la complejidad del litigio, clase de proceso, orden jurisdiccional al que corresponde enjuiciar el asunto, así como al comportamiento de los órganos judiciales. En este sentido se pueden citar las SSTC 223/1988 (RTC 1988, 223); 50/1989 (RTC 1989, 50); 179/1993 (RTC 1993, 179); 69/1994 (RTC 1994, 69); 250/1994 (RTC 1994, 250); 7/1995 (RTC 1995, 7); 144/1995 (RTC 1995, 144); 186/1995 (RTC 1995, 186); 181/1996 (RTC 1996, 181); 10/1997 (RTC 1997, 53); 33/1997 (RTC 1997, 33); 53/1997 (RTC 1997, 53); 109/1997 (RTC 1997, 109); 78/1998 (RTC 1998, 78); 99/1998 (RTC 1998, 99) doctrina que luego ha recogido igualmente la jurisprudencia del Tribunal Supremo entre la que cabe citar las SSTS 4 junio 2000 (RJ 2000, 4399); 18 febrero 1998 (RJ 1998, 875) u 11 marzo 2002 (RJ 2002, 6891). El régimen mencionado de cómputo de plazos es el predicable respecto de los procesos españoles, ya que para los procedimientos regulados por el derecho de la Unión Europea (integrado por el Reglamento CE nº 1896/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de diciembre de 2006 por el que se establece un proceso monitorio europeo y el Reglamento CE nº 861/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo de 11 de julio de 2007 por el que se establece un proceso europeo de escasa cuantía) existe un régimen específico de cómputo de plazos que se contiene en el Reglamento (CEE, EURATOM) 1182/71 del Consejo de 3 de junio de 1971 (DOCE L 124 de 8 junio 1971). Las singularidades de este régimen es muy necesario el tenerlas en consideración ya que cuando se tramite un 217

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TOMO I. DISPOSICIONES GENERALES. PREPARACIÓN DEL PROCESO...

proceso monitorio europeo durante la primera fase del mismo operarán estas reglas de cómputo de plazos, mientras que desde la oposición o en la fase de ejecución serán aplicables las normas de la LEC. Asimismo en el caso del proceso europeo de escasa cuantía estas normas de cómputo de plazos operarán en todo su desarrollo. Dada la singularidad de este régimen, se exponen los principales elementos en torno al cómputo de plazos que son los siguientes: Los días festivos lo son todos los días previstos como tales en el Estado miembro en el que se tramita el procedimiento con lo que en principio el régimen es el mismo. En cuanto a días hábiles lo son todos los días menos los festivos, domingos y sábados. Para los cómputos de plazos en estos procesos europeos (vid. más ampliamente tomo V de este Tratado) en cuanto a los plazos expresados en horas se deben contar a partir del momento en que sobrevenga un acontecimiento o se cumplimente un acto, la hora durante la cual ocurra dicho acontecimiento o se cumplimente dicho acto no se computará en el plazo. Si los plazos están fijados en días, semanas, meses o años, se cuentan a partir del momento en que sobrevenga un acontecimiento o se cumplimente un acto, el día durante el cual ocurra dicho acontecimiento o se cumplimente dicho acto no se computara en el plazo. Ello no obstante: a) el plazo expresado en horas empezara a correr al comienzo de la primera hora y concluirá al finalizar la última hora del plazo; b) el plazo expresado en días comenzara a correr al comienzo de la primera hora del primer día y concluirá al finalizar la última hora del último día del plazo; c) el plazo expresado en semanas, meses o años comenzará a correr al comienzo de la primera hora del primer día del plazo y concluirá al finalizar la última hora del día que, en la última semana, en el último mes o en el último año, lleve el mismo nombre o la misma fecha que el día a partir del cual empieza a computarse un plazo. Si, en un plazo expresado en meses o años, falta en el último mes el día en que debe expirar el plazo, éste concluirá al finalizar la última hora del último día de dicho mes. Si un plazo comprende partes de un mes, se considerara, para el cálculo de estas partes, que un mes se compone de treinta días. Los plazos comprenderán los días festivos, los domingos y los sábados, salvo si éstos quedan expresamente excluidos o si los plazos se expresan en días hábiles (ésta es la gran diferencia frente a los procesos en los que el cómputo se hace en base a las reglas de la LEC). 218

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CAP. I. CUESTIONES GENERALES

Si el último día de un plazo expresado de cualquier otro modo, menos en horas, es un día festivo, un domingo o un sábado, el plazo concluirá al finalizar la ultima hora del día hábil siguiente. Esta disposición no se aplica a los plazos calculados retroactivamente a partir de una fecha o de un suceso determinado. Todo plazo de dos días o más comprende, por lo menos, dos días hábiles. En lo referente a la presencia personal del Juez en la práctica de los actos procesales que exijan de la misma (que enumera el art. 137 LEC más no de una forma cerrada), la LEC refuerza de forma absoluta su necesariedad al proclamar de forma clara el principio de inmediación judicial, siendo nulas las actuaciones verificadas sin la misma (arts. 137 y 289.2 LEC, este último referente a la práctica de la prueba). Esta causa de nulidad se debate si es o no independiente de la regulación general que de la nulidad se contiene en el art. 225 LEC tal y como expone UREÑA (UREÑA cit. bibl. 2000) (en concreto en su último párrafo que remite a los demás supuestos que la Ley establezca) y que ya se ha dicho no está en vigor, aun cuando la suspensión de vigencia no se ha proclamado en cuanto al art. 137 LEC en la Disposición Final 17.ª de la Ley 1/2000 con lo que el régimen de nulidad en caso de no presencia del Juzgador se considera vigente al ser una materia que en sí misma no precisa de Ley Orgánica y no contenerse regulación al respecto en la LOPJ. Esta exigencia de respeto al principio de inmediación arrastra una consecuencia lógica cual es la que se fija en el art. 194 LEC, que no es otra que la necesidad de redactar y firmar la resolución el Juez o Magistrados que hayan asistido a la vista o juicio, aunque después de ésta hubieran dejado aquéllos de ejercer sus funciones en el tribunal que conozca del asunto, salvo que hayan perdido la condición de Juez o Magistrado, hubiesen sido suspendidos del ejercicio de sus funciones o accedido a cargo público incompatible con la función jurisdiccional. Ello es importante ya que en los casos en los que una vista se deba interrumpir (art. 193 LEC) la continuación de la vista la ha de verificar el mismo Juzgador ante el que se celebró la inicial, pues sería de todo punto incompatible con lo antes manifestado el que se verificasen las actuaciones ante distintos Juzgadores al ser el único caso legalmente previsto el de la necesidad de practicar por medio de auxilio judicial alguna diligencia (art. 169 LEC), auxilio respecto del que se debe hacer una interpretación restrictiva (sobre todo 219

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TOMO I. DISPOSICIONES GENERALES. PREPARACIÓN DEL PROCESO...

dada la facilidad de las comunicaciones en el mundo actual) ya que son solamente razones de distancia, dificultad de desplazamiento circunstancias personales de la parte u otra análoga y muy gravosa las que justifican acudir al mismo. Ello obliga a actuar con la adecuada previsión sobre todo en los casos en los que el traslado del Juez (por concurso u otro motivo de los no mencionados anteriormente) pueda ser muy próximo a fin de evitar situaciones en las que fuere necesario el repetir de nuevo el juicio con las consecuencias que ello supone. Este régimen supone un cambio fundamental respecto del hasta la fecha existente en el que se admitía que fueran jueces diferentes aquel ante el que se practicaban las pruebas y el que dictara la sentencia basándose en la regulación del procedimiento entonces vigente y que hacía que en este ámbito el art. 24 CE no se extendiera a garantizar un juez concreto, sino la presencia en las actuaciones y la resolución de lo debatido por un Juez (el competente al que corresponda el ejercicio de tales funciones o quien funcionalmente haga sus veces). En este sentido se puede hacer mención a las SSTC 97/1987 (RTC 1987, 97); 55/ 1991 (RTC 1991, 55); 189/1992 (RTC 1992, 189) y se ha reflejado asimismo en las sentencias de numerosas audiencias entre las que cabe hacer mención a las SSAP Cádiz 18 mayo 1994 (AC 1994, 1652); Jaén 21 octubre 1994 (AC 1994, 1814); Barcelona (Sección 17.ª) 25 enero 2000 (AC 2000, 2792); Pontevedra (Sección 1.ª) 9 marzo 2000 (AC 2000, 731). Los actos del órgano jurisdiccional de prueba, vistas y comparecencias (art. 138 LEC) son públicos (reflejando lo que se proclama en los arts. 24 y 120 CE así como en el art. 186 LOPJ) si bien se establece la posibilidad de celebrar actuaciones a puerta cerrada (mas siempre con la presencia de las partes al no existir la declaración de secreto en el proceso civil) por los motivos de seguridad, orden público, tutela de los intereses de menores o la vida privada (además se citan otros derechos y libertades con lo que se trata de un numerus apertus más que siempre se ha de interpretar en forma restrictiva y ponderando los valores en juego). La decisión que al respecto se adopte ha de revestir la forma de auto con audiencia previa de las partes. Este régimen no opera en procedimientos de capacidad, filiación, matrimonio y menores en los que mediante providencia (no auto) y de oficio o a instancia de parte cabe celebrar a puerta cerrada los actos y vistas y declarar las actuaciones reservadas siempre que las circunstancias lo aconsejen aun cuando no sean de las antes mencionadas, 220

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CAP. I. CUESTIONES GENERALES

algo que es lógico dada la índole de las materias afectadas y que deja un importante margen de actuación. Esta publicidad se extiende a la sentencia art. 212 LEC, para lo que se hace una remisión a la Constitución en cuyo art. 120.3 se dispone que se pronuncian en audiencia pública (previsión ésta que se contiene igualmente en el art. 186 LOPJ), incorporándose al libro de sentencias y autos definitivos que se lleva en todo Juzgado (art. 213 LEC). Como correlato de lo anterior, se establece el principio de libre accesibilidad a las actuaciones y obtención de información y copias por todo aquel que tenga un interés legítimo, que deberá ser acreditado (arts. 140 y 141), salvo que se hayan declarado las actuaciones reservadas por medio del pertinente auto, previa audiencia de las partes, lo que justifica que solamente ellas puedan conocer los autos (con la matización referente al interés de autoridades del orden penal o tributario). Ello es un correlato de los arts. 234 y 235 LOPJ y viene regulado con más detalle en cuanto a la forma de verificarlo en el Reglamento CGPJ 5/1995, de 7 de junio, de los aspectos accesorios de las actuaciones judiciales. Por interés legítimo se ha venido entendiendo, no el general, sino que es preciso que se trate de una persona que acredite alguna relación (directa o indirecta) con lo que es objeto del proceso (STS 3 marzo 1995 [RJ 1995, 2292]). En cuanto al idioma a emplear, se proclama la plena validez de los actos verificados en los diversos idiomas oficiales en cada Comunidad Autónoma sin necesidad de traducción (es necesario acudir a los respectivos Estatutos de Autonomía en donde se determinan las respectivas lenguas oficiales). La traducción se podrá verificar en los casos que el precepto establece (no conocimiento por alguna de las partes que alegue indefensión y necesidad de que surtan efecto en otra Comunidad Autónoma donde el idioma empleado no sea oficial), pudiendo ser habilitada como intérprete cualquier persona previo juramento o promesa. De esta forma es como se garantiza el derecho del ciudadano a utilizar en una Comunidad Autónoma bilingüe la lengua oficial que desee que exige la adecuación pertinente de la Administración de Justicia a fin de hacerlo efectivo tal y como indica BORRELL (cit. bibl. 2002). En ningún caso le es lícito al tribunal el empleo de un idioma no oficial aun cuando sea conocedor del mismo y también las partes, lo que hace que en tal caso siempre sea necesario el auxilio de intérprete. 221

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Todas las actuaciones judiciales requieren de su constancia en autos dando de ello fe el Secretario Judicial cuya función en este sentido viene determinada por el art. 145 LEC desarrollándose en el Reglamento Orgánico de Secretarios Judiciales aprobado por el RD 429/1988, de 29 de abril. Ello comporta el que de todos los actos del órgano jurisdiccional siempre deja constancia el Secretario en las actuaciones, tanto de los que se adoptan por él, como de aquellos en los que lo hace el Juzgador. Tratándose de actos escritos se hace por medio de la firma de la resolución correspondiente. Si los actos son orales, e independientemente de la constancia que se deje bajo la fe del Secretario en el soporte apto para la grabación y reproducción de la imagen y sonido (art. 147 LEC), en el acta sucinta a que se refiere el art. 146.2 LEC siempre se debe reflejar el contenido de las resoluciones que se dicten que de esta forma tendrán una doble constancia (la documental y la del soporte videográfico). Estos soportes son diferentes según las diversas Comunidades Autónomas al tratarse de una materia en gran parte transferida, con lo que dependerá el sistema empleado de la decisión que se adoptare en cada caso (vídeo VHS, CD-ROM, DVD, etc.), custodiando el Secretario tales soportes (si los hay dependiendo del sistema empleado ya que cabe que incluso queden en un archivo informático aun cuando en este caso y por posibles problemas del mismo sería idóneo el contar con la debida copia) lo que hace que en la práctica se conserve el original en Secretaría y se una a los autos y expidan a las partes las copias pertinentes (la obtención de copias se hace según el sistema operativo en cada Comunidad Autónoma). En caso de que el soporte videográfico no se hubiere podido practicar, si el problema es anterior al inicio de la sesión no se plantea cuestión alguna al poderse hacer por medio de acta escrita como prevé el art. 146.2 LEC. No obstante lo anterior, si el conocimiento de ello se tiene una vez terminada la actuación, respecto de lo que son resoluciones judiciales no se suscita problema alguno al quedar constancia en el acta escrita como se ha dicho, surgiendo ello no obstante en lo referente a la prueba y demás elementos que no es obligado dejar constancia en el acta sucinta, debiéndose en tal caso acudir al procedimiento de reconstrucción de autos que se contiene en los arts. 232 y ss. LEC que puede culminar con un auto en el que incluso fuere necesaria la repetición de la vista en cuanto a los elementos no reflejados, mas ello es una situación excepcional y no deseable al perderse las condiciones que se dieron en el acto inicial, pudiéndose debatir incluso 222

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la posibilidad de que en la comparecencia del art. 235 LEC las partes analicen el contenido de las declaraciones practicadas decidiendo el Juez con la susceptibilidad de tener o no en cuenta las notas que pudiere haber tomado en el desarrollo de la vista. Los actos del órgano jurisdiccional se deberán notificar dentro de los tres días de su fecha (art. 151 LEC) a las partes e incluso a los que el tribunal estime que poseen interés (art. 150 LEC) en la forma que regulan los arts. 152 y ss. de la LEC siempre bajo la dirección del Secretario y haciéndose a través del Servicio Común allí donde lo haya (art. 163). Tales formas son por medio del Procurador (si están personados), por remisión por correo telegrama o medio técnico (éstos cuando se desarrollen reglamentariamente y ofrezcan las debidas garantías de reserva habiéndose ya verificado experiencias piloto a este respecto) o entrega. La comunicación por medio de Procurador se hace bien en el propio Juzgado o bien por medio de los servicios comunes donde existan, supuesto éste en el que la notificación se entiende hecha al día siguiente de su recepción (generalmente el propio Colegio de Procuradores coloca un sello a este respecto en el caso de no haber comparecido el profesional a recoger la notificación), realidad ésta que es igualmente aplicable respecto de las notificaciones al Ministerio Fiscal y Abogacía del Estado (que se hacen en su sede según establece el art. 11 de la Ley 52/1997, de 27 de noviembre, de Asistencia Jurídica al Estado e Instituciones Públicas). En cuanto a los otros dos sistemas (remisión y entrega), la LEC refuerza el mecanismo de la remisión al domicilio (para la comunicación con peritos, testigos y otras personas que no sean parte es el ordinario solamente acudiéndose al de entrega de forma subsidiaria como establece el art. 159 LEC), mecanismo que implica la posibilidad de acudir al correo certificado con acuse de recibo como establece el art. 152 LEC, si bien ello no imposibilita el empleo del sistema de la entrega para tales resoluciones (que conlleva mayores garantías) y que es el que se debe emplear para todos aquellos actos de los que dependa la personación de una parte (art. 160 LEC). La vía de la notificación edictal se ve en la LEC con un gran recelo al ser el último medio y cuando las averiguaciones de domicilio del art. 156 LEC (y que se practican cuando el demandante haya manifestado que le es imposible el designar domicilio lo que supone que se hacen a instancia de parte y no de oficio) no hayan dado resultado o conste la inscripción del afectado por el acto de comunicación en el Registro de Rebeldes Civiles a que se refiere el art. 157 LEC (creado por 223

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medio del Real Decreto 231/2002, de 1 marzo 2002). Estos edictos solamente se publican en el tablón de anuncios del Juzgado o Tribunal y únicamente a instancia de parte y a su costa (no es obligatorio lo que hace que incluso en caso de vencer en costas este gasto puede no ser incluible) en el BOE, Diario Oficial de la Comunidad Autónoma o diario de difusión nacional o provincial. En ocasiones y con la finalidad de garantizar una mayor difusión del edicto se suele acordar asimismo su colocación (no está legalmente previsto pero tampoco prohibido) en determinados lugares en los que se sabe que los destinatarios los podrán conocer como es en el caso de los desahucios de viviendas en los que el edicto se coloca asimismo en la puerta de la misma. Prueba de la importancia de los actos de comunicación lo es la sanción de nulidad que establece el art. 166 LEC si no se realizan correctamente y causan indefensión, algo que no es sino la plasmación del motivo de nulidad que se contiene en el art. 238.3.º LOPJ (futuro art. 225.3.º LEC). A título de ejemplo y como manifestación de la doctrina constitucional elaborada en torno a la esencialidad de la corrección de los actos de comunicación de cara a la garantía del derecho a la tutela judicial efectiva, siendo manifestación de ello el carácter subsidiario de la vía edictal cabe hacer referencia entre otras a las SSTC 48/1986 (RTC 1986, 48); 166/1986 (RTC 1986, 166); 16/1989 (RTC 1989, 16); 110/1989 (RTC 1989, 110); 142/1989 (RTC 1989, 142); 242/ 1991 (RTC 1991, 242); 17/1992 (RTC 1992, 17); 78/1992 (RTC 1992, 78); 117/1993 (RTC 1993, 117); 236/1993 (RTC 1993, 236); 308/1993 (RTC 1993, 308). En esta materia de notificaciones, el art. 162 LEC deja abierta la posibilidad de hacerlo por vía electrónica siempre que los juzgados y tribunales así como los destinatarios dispongan de los medios que permitan el envío y la recepción de forma tal que se garantice la autenticidad de la comunicación, de su contenido se garantice la remisión y recepción íntegras y del momento en el que se hicieron. Estos mecanismos hasta la fecha solamente han operado en forma experimental, y tenderán a generalizarse una vez se generalice el uso de la firma electrónica (esencialmente la firma electrónica reconocida) que viene regulada en la Ley 59/2003, de 19 de diciembre (BOE 20 diciembre 2003), que ha derogado el Real Decreto Ley 14/1999. Tal norma equipara los efectos de la firma electrónica avanzada a los de la firma manuscrita. Las resoluciones judiciales del tipo que sean son inmodifica224

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bles, lo que comporta el que una vez dictados no se pueden alterar en su contenido salvo por la vía del recurso pertinente. No obstante lo anterior, en los supuestos en los que en las mismas se aprecien conceptos oscuros, errores materiales manifiestos y aritméticos, así como aquellas otras en las que existan omisiones, cabe la subsanación en la forma prevista en los arts. 214 y 215 LEC, si bien para las omisiones solamente se prevé tal posibilidad cuando se trata de sentencias y autos de modo que procediendo la omisión de una providencia o diligencia de ordenación, la vía para corregirla es el recurso de reposición en cuanto a la primera (arts. 451 y ss. LEC) y el de la solicitud de revisión de la diligencia de ordenación ante el Juez en el segundo (art. 289 LOPJ). En todo caso es de señalar que de conformidad con lo previsto en la Disposición Final 17.ª y hasta que no se produzca la reforma de la LOPJ, no será de aplicación el art. 214 LEC, operando el art. 267 LOPJ que restringe la posibilidad de aclaración y corrección de errores a las sentencias y autos no pudiendo operar respecto de las demás resoluciones. Frente a ello el art. 215 LEC referente a la subsanación y complemento de sentencias y autos defectuosos o incompletos se halla plenamente operativo. 4.1.2.

Clases de actos del órgano jurisdiccional

La LEC en su art. 206 LEC indica cuáles son las resoluciones judiciales que se dictan (providencias, autos y sentencias) definiendo cada una de ellas en una forma muy semejante a la que se hace en el art. 245 LOPJ e indicando cuáles son sus requisitos básicos en los arts. 208 y 209. Junto a ellas se incluyen las resoluciones orales (art. 210) y las diligencias de ordenación (arts. 223 y 224 LEC). Es en base a ello que cabe distinguir: A)

Resoluciones escritas del Juez o Tribunal.

B)

Resoluciones orales del Juez o Tribunal.

C)

Resoluciones del Secretario Judicial.

A)

Resoluciones escritas del Juez o Tribunal.

Son las providencias, autos y sentencias que se definen en el art. 206 LEC, que en numerosos casos determina cuál es el concreto tipo de resolución que se debe dictar si bien no de forma cerrada al ser esta determinación imposible (dado lo muy variado 225

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de las situaciones que se pueden dar en un proceso concreto), debiéndose acordar los actos de impulso procesal ordinario por medio de diligencia de ordenación del Secretario salvo aquellos legalmente previstos o que afecten a los derechos procesales de las partes que deben revestir la forma de providencia. La forma de las diversas resoluciones que cabe dictar se contiene en los arts. 208 y 209 LEC, referente el primero a todas las resoluciones y el segundo a las sentencias, siendo la más importante novedad la que viene derivada del hecho de que en las sentencias debe, en principio, y en el apartado de los antecedentes de hecho, hacerse una descripción de los hechos que se reputan probados. Esta declaración se contiene igualmente en el art. 248.3 LOPJ y contrasta con la doctrina y la regulación hasta la fecha existente que hacía innecesaria la expresión de forma separada en la sentencia de los hechos probados siempre que se dedujeren de la fundamentación de la misma. A tal efecto se puede hacer mención a una numerosa jurisprudencia del Tribunal Supremo entre la que cabe citar a título de ejemplo las SSTS 13 octubre 1998 (RJ 1998, 8729); 20 julio 1999 (RJ 1999, 5907); 4 octubre 1999 (RJ 1999, 78512); 5 octubre 2000 (RJ 2000, 9201); 20 diciembre 2000 (RJ 2001, 352); 6 febrero 2001 (RJ 2001, 2233); 24 marzo 2001 (RJ 2001, 3986); 4 junio 2001 (RJ 2001, 3878); 12 julio 2001 (RJ 2001, 5159); 26 septiembre 2001 (RJ 2001, 8153); 21 diciembre 2001 (RJ 2001, 10056); 16 enero 2002 (RJ 2002, 2875); 12 julio 2002 (RJ 2002, 5909). Ahora tal declaración en principio es necesaria, si bien en el art. 209 LEC se introduce un cierto confusionismo derivado del empleo de la fórmula «en su caso» como expone RIBELLES ARELLANO (cit. bibl. 2000). Ello justifica según este autor, o bien una interpretación rigorista que haría necesaria siempre la expresión de los hechos probados so pena de nulidad, o bien una interpretación relacionada con los antecedentes históricos y legislativos del precepto de modo que ante la conexión existente en numerosas ocasiones entre la valoración probatoria y el relato de hechos, el hacerlo de forma aislada solamente sería posible en aquellos casos en los que por la naturaleza de los hechos enjuiciados, fuere posible el obtenerlos con facilidad sin necesidad de recurrir a consideraciones jurídicas. En todo caso y aun cuando se haga una declaración de hechos probados, ello es independiente de la relación que de los mismos se haga en los fundamentos de derecho en los que se analizan los mismos en relación a la prueba practicada expresando el porqué se llega a una determinada decisión. 226

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Un problema que presenta una especial trascendencia es el de la vigencia o no de las propuestas de resolución que son redactadas por el Secretario del Juzgado y en las que el Juez pone el «conforme» (art. 246 LOPJ). Tales propuestas según la LOPJ pueden afectar a las resoluciones que con arreglo a la ley puedan revestir la forma de providencias y autos (incluyendo los que ponen fin a los asuntos de jurisdicción voluntaria) y que no sean de revisión de diligencias de ordenación, decisorios de cuestiones incidentales, de recursos o limitativos de derechos (art. 290 LOPJ). A este respecto cabría sostener que la LEC determina en numerosos casos que las actuaciones han de revestir la forma de providencia o auto, lo que cabría interpretar que solamente éstas y no las propuestas serían admisibles. A ello se añade el que la Exposición de Motivos de la LEC en su apartado IX expresamente dice que han desaparecido las propuestas de resolución diciendo que con ello se trata de aclarar los ámbitos de actuación de los tribunales y se evitan situaciones de confusión. Frente a ello cabe argumentar que no ha desaparecido la posibilidad de formular propuestas de resolución ya que lo que determina la LEC es la forma concreta (auto o providencia), mas no el si es posible el acudir a la vía de la propuesta que viene establecida en la LOPJ (no afectada por la LEC) para todos los casos en los que según la ley (la que se trate según la jurisdicción afectada) sea una providencia o auto lo que deba resolver la problemática planteada y discutiendo el carácter normativo que pueda tener la Exposición de Motivos de la LEC antes mencionada. Es por ello que cabría decir que sí que sería posible el acudir a la fórmula de la propuesta que supone que es el Secretario el que la redacta procediendo tras ello el Juez a poner el «conforme» o a dictar la resolución que proceda (el auto o providencia y que revestirá tal nombre) en la que la firma del Secretario será no como proponente, sino a los solos efectos de dación de fe de su contenido, dejándose constancia en las actuaciones tanto de la propuesta del Secretario (que lógicamente sólo irá firmada por él), como de la resolución que el Juez haya dictado (en la práctica y por motivos de prudencia ante las dudas surgidas no se suelen utilizar). Una especialidad respecto del régimen y forma de las resoluciones que indica la LOPJ es el que viene determinado por los dos procesos civiles que se contienen en normas comunitarias: el Reglamento CE nº 1896/2006 del Parlamento Europeo y del Con227

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sejo de 12 de diciembre de 2006 por el que se establece un proceso monitorio europeo (DO L 399 de 30 diciembre 2006) y el Reglamento CE nº 861/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo de 11 de julio de 2007 por el que se establece un proceso europeo de escasa cuantía (DO L 199 de 31 julio 2007), ya que en ellos y respecto de las fases del proceso que regulan se contienen resoluciones específicas en sus anexos aplicables a las mismas y que son las que deben ser objeto de aplicación, no operando las resoluciones propias del proceso español que solamente se deberán dictar en aquellas fases de los procesos que los Reglamentos no regulan (como el monitorio europeo a partir de la fase de oposición o ejecución y el de escasa cuantía asimismo en fase de ejecución). B)

Resoluciones orales del Juez o Tribunal.

A ellas se refiere el art. 210 LEC que establece el principio general de deberse resolver oralmente la totalidad de incidencias que se puedan suscitar en el curso de una vista salvo aquellas que la ley permita diferir (con excepción de las sentencias que jamás se pueden pronunciar in voce). Tal posibilidad solamente aparece prevista en principio para las cuestiones más complejas que se puedan plantear en la audiencia previa del juicio ordinario (litisconsorcio –art. 420.2 LEC–; litispendencia y cosa juzgada –art. 421 LEC–; inadecuación de procedimiento por la materia –art. 423 LEC–; y análogas a las anteriores –art. 425 LEC–), sin que se establezca ninguna excepción ni en la vista del juicio ordinario (art. 433 LEC) ni en la del juicio verbal (art. 443 LEC). Esto último motiva que en el juicio verbal no cabe resolver por escrito las cuestiones que en la audiencia previa podrían diferirse ya que existe una norma específica cual es la del art. 443.3 LEC que indica la necesidad de resolver el tribunal lo que proceda una vez oída la contraparte. Es por ello que el principio general es el de la resolución oral de las cuestiones que se susciten, lo que implica que asimismo la motivación se hace en forma oral quedando grabada en el soporte videográfico pertinente y reflejada en el acta como antes se ha expuesto. En todo caso como dice RIBELLES ARELLANO (cit. bibl. 2000), sería admisible con carácter excepcional el proceder a la suspensión de la vista o comparecencia para resolver por escrito. Ello supondría una vulneración formal más que a juicio de este autor difícilmente daría lugar a una nulidad pues no generaría indefensión. En estos casos de resolución oral por el tribunal las partes 228

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pueden, si se trata de un juicio verbal y no están conformes, formular la debida protesta, al no admitirse en el curso de los mismos el recurso de reposición (art. 443.3 LEC referente a las cuestiones procesales y art. 446 LEC en lo relativo a la admisión de pruebas si bien en este punto algunas Audiencias como la de Barcelona en la unificación de criterios verificada indican que la protesta a que se refiere este precepto es la posterior al recurso de reposición oral que siempre es posible según el art. 285.2 LEC dado su carácter de norma general aplicable a todo tipo de procesos), no siendo necesario el proceder a la redacción de la resolución si se acuerda que el proceso siga adelante. Si por el contrario a resultas de la decisión del Juzgador éste termina (por ejemplo si se estimase la concurrencia de una cosa juzgada), se debe redactar la resolución pertinente (en este supuesto un auto) frente al que cabría recurso de apelación al ser una resolución definitiva (art. 455 LEC), comenzando el cómputo del plazo para recurrir desde la notificación de la resolución escrita al estimar aplicable (ante la ausencia de una previsión específica) lo previsto en el art. 210 LEC. Si se trata de un juicio ordinario y la decisión que se adopte pone punto final al mismo, la solución a adoptar es la misma que antes se ha indicado para el juicio verbal. Mas tratándose de resoluciones que no comportan la finalización del proceso, la vía del recurso de reposición siempre está abierta ya que aun cuando el art. 451 LEC habla de providencias y autos no definitivos, ello no obstante se entiende que siempre cabe el recurso ya que el art. 210.2 LEC permite declarar la firmeza si todas las partes están presentes en el acto y manifiestan su deseo de no recurrir. En caso de no suceder esto así indica este precepto que el plazo para recurrir comienza a contar desde la notificación de la resolución debidamente redactada, lo que comporta el que la resolución oral se deba plasmar a petición de las partes (no de oficio) en forma escrita (por medio de una providencia o auto) que se redactará acto seguido comenzando a contar el plazo para recurrir desde la notificación de la misma (de esta posibilidad se exceptúan únicamente las resoluciones dictadas en materia de admisión e inadmisión de prueba respecto de las que el recurso de reposición ha de ser siempre oral y con ello inmediato –art. 285 LEC– lo que hace innecesaria la redacción por escrito cuya finalidad es la de conceder un tiempo a la parte para reflexionar sobre la resolución que se ha dictado y en su caso preparar el recurso que no se estima que sea obligatorio ya que la LEC no prohíbe el que inicialmente se haya 229

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pedido la redacción escrita de la resolución no manifestando su conformidad con la misma y luego no interponer el recurso una vez analizada con más detenimiento la cuestión suscitada). Pero junto a la previsión anterior (tendente a formalizar por escrito el recurso de reposición en la forma prevista en el art. 452 LEC), existe una posibilidad que la LEC no contempla expresamente cual es la de que las partes recurran oralmente frente a la resolución dictada. Tal posibilidad está expresamente admitida para las resoluciones en materia de prueba (es obligatoria como antes se ha indicado) mas nada se dice ni a favor ni en contra en los restantes casos. Ello hace que quepa el recurso de reposición oral y en el mismo acto que se resuelve con audiencia de las demás partes en ese momento (se considera que no poseen el derecho a pedir entonces la redacción escrita ya que ello sería contrario al espíritu del art. 210 LEC). Esta admisibilidad del recurso de reposición oral tiene además la ventaja de contribuir a agilizar las actuaciones. C)

Resoluciones del Secretario Judicial.

Son las diligencias de ordenación a las que se refiere el art. 288 LOPJ y constituyen un acto de impulso procesal dictado exclusivamente por el Secretario Judicial. A ellas se hace mención el art. 223 LEC en los términos antes mencionados, no pudiendo recaer sobre materias que han de resolverse por medio de providencia, auto o sentencia ya que ello motiva su nulidad (art. 224). Son revisables ante el Juez tramitándose esta revisión en la forma prevista para el recurso de reposición (art. 224.3 LEC) y junto a ellas coexisten (si ello se admite aun cuando es un tema muy controvertido) las propuestas de resolución a las que anteriormente se ha hecho referencia. La LOPJ tras la reforma operada por la LO 19/2003, contempla junto a las tradicionales diligencias (que asimismo pueden ser de constancia, comunicación y ejecución, algo que ya se establece en el art. 280 LOPJ) un nuevo tipo de resolución cual es el decreto del Secretario Judicial. El art. 456.4 LOPJ las define como la resolución que dicta el Secretario Judicial con el fin de poner término al procedimiento del que tenga atribuida exclusiva competencia, o cuando sea preciso o conveniente razonar su decisión. En cuanto a su estructura se indica que serán siempre motivados y contendrán, en párrafos separados y numerados, los antecedentes de hecho y los fundamentos de derecho en que se basa. 230

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La creación de esta figura de los decretos obedece a una ampliación posible de las funciones de los Secretarios judiciales a los que además de asignarles funciones de impulso procesal, se les asigna (cuando así lo prevean las leyes procesales) y según el art. 456.3 LOPJ las de: a) Ejecución salvo aquellas competencias que exceptúen las leyes procesales por estar reservadas a Jueces y Magistrados; b) Jurisdicción voluntaria, asumiendo su tramitación y resolución, sin perjuicio de los recursos que quepa interponer; c) Conciliaciones, llevando a cabo la labor mediadora que les sea propia. No obstante lo anterior, esta previsión de la LOPJ (así como cualquier otra ya que al definir las funciones del Secretario concluye con una cláusula de cierre genérica), solamente se materializará en el proceso civil tras la pertinente reforma de la LEC (para la que la Disposición Final Segunda de la LO 19/2003 fija un plazo de un año), lo que hace que hasta que ello se produzca el régimen a aplicar sea el existente hasta el momento. Las anteriores resoluciones (cualquiera que fuere su forma) pueden ser definitivas y firmes (art. 207 LEC), ostentando la condición de definitivas las que ponen fin a la primera instancia (de ahí que lo son las sentencias y autos que ponen punto final al proceso) y las que decidan los recursos interpuestos frente a ellas. Frente a ello la firmeza la adquiere una de las anteriores resoluciones cuando frente a ellas no cabe recurso alguno bien por no preverlo la ley, bien porque, estando previsto, ha transcurrido el plazo legalmente fijado sin que ninguna de las partes lo haya presentado. 4.2. ACTOS DE LAS PARTES Se trata de las actuaciones que realizan ante el órgano jurisdiccional los que ostentan la condición de parte en un proceso concreto y determinado. Tales actos deben ser llevados a cabo por los profesionales que asumen su representación y defensa en aquellos casos en los que su intervención sea preceptiva y que se han estudiado anteriormente. Si no lo es podrán verificarlos directamente los interesados. En todo caso el único acto en el que la intervención personal de la parte es necesario es en el de la prueba de interrogatorio de la misma (arts. 301 y ss. LEC), salvo que afecte a hechos no personales del mismo con indicación del tercero que los conozca (art. 308 LEC) o se trate del interrogatorio de una persona jurídica 231

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y la persona que comparezca al juicio no hubiese intervenido (art. 309 LEC). En todo caso y al no existir prohibición es igualmente admisible el apoderamiento a estos efectos al no ser una materia excluida del ámbito del mandato (arts. 1709 y ss. CC) y sin perjuicio de las consecuencias que pueda tener el haber optado la propia parte que declara por este sistema a los efectos del art. 307 LEC. Centrando ya el análisis en lo que son los actos procesales de las partes en el sentido técnico de los mismos (no la práctica de una prueba con ellas cual es la del interrogatorio antes analizada), depende del contenido de la alegación que se pretenda verificar a lo largo del proceso el que tengan un contenido u otro, admitiéndose junto a los actos formales propiamente dichos, actos sucintos (cuales son el escrito inicial del juicio verbal de menos de 900 € según el art. 437.2 LEC y el del procedimiento monitorio según el art. 814 LEC). Pero al igual que se ha verificado respecto de los actos de los órganos jurisdiccionales, los de las partes pueden clasificarse esencialmente en orales y escritos. En cuanto a los orales, los mismos comprenden la totalidad de las actuaciones de este carácter que se puedan verificar en vistas, juicios y demás comparecencias. Dado su carácter oral generalmente comienzan con la alegación genérica «con la venia» que si bien no es para nada obligatoria se ha convertido en un uso forense que significa que el Letrado que hace la alegación procede a llevarla a cabo una vez que ha sido autorizado a tal efecto por parte del Juzgador que es al que le corresponde la dirección de los debates según el art. 186 LEC y art. 190 LOPJ. Tras esta expresión se verifica la alegación que corresponda tanto fáctica como en su caso jurídica concluyendo con la solicitud que se estime pertinente. En estas alegaciones orales no existe ningún límite temporal siendo lo único que puede motivar un aviso por parte del tribunal el apartamiento por parte del Letrado de las cuestiones que sean objeto de debate. Tras este primer aviso y caso de persistirse en la actitud se hace una segunda advertencia indicando que de seguirse con alegaciones innecesarias se procederá a retirar la palabra al Letrado, cosa que sucede si se persiste en la alegación improcedente (art. 186 LEC). En todo caso en estas alegaciones orales (al igual que en las escritas) y sin perjuicio de defender con todos los argumentos posibles la postura de la parte a la que se defiende, nunca 232

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cabe el faltar al debido respeto a los demás intervinientes en el proceso pudiendo ser objeto de sanción según se dispone en el art. 449 LOPJ. Estos actos orales pueden incluir asimismo los recursos tal y como anteriormente se ha expuesto. Evidentemente estas alegaciones se deben verificar el día señalado para el acto procesal de que se trate y que señala el Tribunal (art. 182 LEC), pudiéndose suspender por las causas establecidas en el art. 188 LEC una de las cuales viene referida a la coincidencia de señalamientos al Letrado que se ha de indicar dentro de los tres días siguientes al de la notificación de la resolución en la que se hace el segundo señalamiento (o el conocimiento del mismo que es inmediato tratándose del señalamiento de juicio que se hace en la audiencia previa aun cuando a fin de evitar estas situaciones y agilizar la tramitación es una buena opción el hacerlo teniendo en cuenta los señalamientos que los letrados ya tengan y manifiesten) justificando la existencia del anterior (generalmente por medio de una copia de la resolución en la que se hace el mismo) ya que pasados estos tres días se rechaza la petición de suspensión, salvo que se trate de una vista de una causa criminal con preso supuesto éste que es el único que goza de preferencia respecto del criterio temporal y que por ello puede justificar el que la solicitud de suspensión se haga pasados los tres días antes mencionados (art. 188 LEC). Tratándose de alegaciones que se hacen por escrito, independientemente del contenido de las mismas, lo más idóneo es hacer una separación (con la finalidad de una mayor claridad ya que la LEC no fija reglas al respecto) en la que a la adecuada identificación de quien hace la alegación, sigue la relación de los elementos fácticos y jurídicos para concluir con una exposición lo más clara y concisa posible de aquello que se solicita. En estos escritos siempre va a ser necesaria la firma de Letrado y Procurador de ser obligatoria su intervención. En caso de no mediar éstos, los escritos deberán ir firmados directamente por la parte o la persona por ella apoderada al efecto. Tales escritos se presentan directamente al Tribunal (la LEC admite la presentación por medios técnicos, algo que será posible el verificarlo cuando se tengan las debidas garantías), adjuntando tantas copias como sean las demás partes siendo la no presentación de copias subsanable como establecen los arts. 274 y 275 LEC. En el acto de presentación el servicio común procesal creado al efecto o, de no existir éste, el órgano jurisdiccional, el Juzgado o Tribunal sella el original que une a las actuaciones y devuelve la copia asimismo debidamente sellada a 233

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la parte que lo ha presentado o da un recibo dejando constancia de la Oficina judicial ante la que se presenta, fecha y hora ya que cabe presentar escritos hasta las 15.00 horas del día siguiente al de la finalización del un plazo, no pudiéndose presentar ante el Juzgado de Guardia, de ahí la necesidad de dejar constancia de la hora (art. 135 LEC). Esta presentación se puede hacer no sólo en forma física, sino también en forma electrónica al prever el art. 135.5 en la redacción que le ha dado la Ley 41/2007 que cuando las Oficinas judiciales y los sujetos intervinientes en un proceso dispongan de medios técnicos que permitan el envío y la normal recepción de escritos iniciadores y demás escritos y documentos, de forma tal que esté garantizada la autenticidad de la comunicación y quede constancia fehaciente de la remisión y recepción íntegras y de la fecha en que se hicieren, los escritos y documentos podrán enviarse por aquellos medios, acusándose recibo del mismo modo y se tendrán por presentados, a efectos de ejercicio de los derechos y de cumplimiento de deberes en la fecha y hora que conste en el resguardo acreditativo de su presentación. En caso de que la presentación tenga lugar en día u hora inhábil a efectos procesales conforme a la ley, se entenderá efectuada el primer día y hora hábil siguiente. A efectos de prueba y del cumplimiento de requisitos legales que exijan disponer de los documentos originales o de copias fehacientes, se estará a la previsión que al respecto se contiene en el art. 162.2 LEC que señala que cuando la autenticidad de resoluciones, documentos, dictámenes o informes presentados o transmitidos por los medios a que se refiere el apartado anterior sólo pudiera ser reconocida o verificada mediante su examen directo o por otros procedimientos, podrán, no obstante, ser presentados en soporte electrónico mediante imágenes digitalizadas de los mismos, si bien, en caso de que alguna de las partes, el tribunal en los procesos de familia, incapacidad o filiación, o el Ministerio Fiscal, así lo solicitasen, habrán de aportarse aquéllos en su soporte papel original, en el plazo o momento procesal que a tal efecto se señale. Cuando la presentación de escritos perentorios dentro de plazo, por los medios técnicos antes mencionados, no sea posible por interrupción no planificada del servicio de comunicaciones telemáticas o electrónicas, el remitente podrá proceder a su presentación en la Oficina judicial el primer día hábil siguiente acompañando el justificante de dicha interrupción. Mas si la parte que presenta el escrito está ya personada por medio de Procurador (lo cual significa que ya tiene esta condición con lo que el primer 234

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escrito de personación no se somete a esta regla), debe verificarse con carácter previo el pertinente traslado a los demás Procuradores ya personados en la forma que establece el art. 276 LEC (de no existir evidentemente no se hace este traslado). Tales Procuradores son los que ya están personados lo que implica la existencia de una decisión específica del órgano jurisdiccional en tal sentido. Este traslado previo es básico ya que de no constatarse el mismo, no se admite el escrito (art. 277 LEC) situación que puede producir unos efectos muy gravosos en el caso de haberse presentado el escrito en el último momento posible y sin que ello sea un requisito subsanable dada la imperatividad de los términos del art. 277 LEC. Esta consecuencia es igualmente aplicable en el caso de que estando personadas varias partes el traslado previo solamente se hubiere verificado en cuanto a unas y no en cuanto a otras ya que ello supone que el mismo no se ha verificado en la forma que fija el art. 276 LEC que habla de la necesidad de verificarlo a las restantes partes (a todas). Este traslado se efectúa entregando el Procurador que lo efectúa al servicio de recepción de notificaciones organizado por el Colegio de Procuradores, la copia o copias de los escritos y documentos, que irán destinadas a los Procuradores de las restantes partes y litisconsortes. El funcionario designado para ello recibirá las copias presentadas, que, una vez fechadas y selladas, entregará al encargado del servicio, debiendo además firmar el primero un justificante de que se ha realizado el traslado. Dicho justificante deberá entregarse junto con los escritos y documentos que se presenten al Tribunal. Pero junto al traslado previo en forma física, asimismo se prevé en la LEC que el mismo se verifique en forma electrónica utilizando los medios técnicos que permitan el envío y la normal recepción de escritos iniciadores y demás escritos y documentos, de forma tal que esté garantizada la autenticidad de la comunicación y quede constancia fehaciente de la remisión y recepción íntegras y de la fecha en que se hicieren, el traslado de copias se hará de forma simultánea a la presentación telemática del escrito y documentos de que se trate y se entenderá efectuado en la fecha y hora que conste en el resguardo acreditativo de su presentación. En caso de que el traslado tenga lugar en día y hora inhábil a efectos procesales conforme a la ley se entenderá efectuado el primer día y hora hábil siguiente. En todo caso siempre es necesario destacar que el traslado previo no opera cuando se trate del traslado de la demanda o de cualquier otro escrito que pueda originar la primera comparecencia en juicio. En 235

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tales casos, el Procurador habrá de acompañar copias de dichos escritos y de los documentos que a ellos se acompañen y el Secretario Judicial efectuará el traslado. Si el Procurador omitiere la presentación de estas copias, se tendrá a los escritos por no presentados o a los documentos por no aportados, a todos los efectos. Por último debe indicarse que en caso de inexactitud de las copias cabe tramitar el incidente que se regula en el art. 280 LEC no motivando los problemas que al efecto pudieren existir la consideración de la ausencia de traslado, lo que comporta que se pueden subsanar si bien el precepto establece la posibilidad de responsabilidad. Una vez verificado el traslado previo es cuando se presenta el escrito al Juzgado o Tribunal con la debida constancia del mismo. En cuanto a la susceptibilidad de presentar escritos en las oficinas de correos pretendiendo hacer valer como dies ad quem el de la presentación en este servicio, la previsión que se contiene en el art. 38.4 de la Ley 30/1992 no es operativa para los Tribunales de Justicia que poseen la normativa antes mencionada en lo relativo a la presentación de escritos. Ello supone que si se presenta en el servicio de correos y se recibe en el Tribunal, la fecha de presentación del escrito es aquella en la que se reciba en el Tribunal como si el escrito se hubiere entregado en el mismo, no la de la presentación en el servicio de correos. En este sentido y referidas a los recursos de amparo se puede hacer mención a las STC 341/1993 (RTC 1993, 341). Evidentemente en la realización de todas estas alegaciones escritas se deben respetar los plazos establecidos en la LEC que se computan en la forma fijada en el art. 133 LEC iniciándose al día siguiente y excluyéndose los días inhábiles. Tratándose de meses o años el cómputo se hace de fecha a fecha. Una excepción a este régimen es el que aparece fijado para el Reglamento del Proceso Monitorio Europeo y para el Reglamento del proceso europeo de escasa cuantía en los que en la fase comunitaria del proceso (monitorio hasta la oposición o ejecución y escasa cuantía hasta la sentencia) el régimen de cómputo de plazos es diferente y se contiene en el Reglamento y son las fijadas en el Reglamento CEE EURATOM nº 1182/1971 del Consejo de 3 de junio de 1971. Según éste, los plazos se inician el día siguiente desde las 0.00 horas y terminan a las 24.00 horas del día final plazo (si es por meses y no hay en el último termina el día final del mes). En el cómputo se incluyen (y ésta es la esencial diferencia con el régimen de la LEC) todos los días (incluyendo sábados, domingos y festivos «fe236

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riados») con la única excepción de que en el plazo concreto de que se trate se indiquen sólo días hábiles u exclusión especial (en el Reglamento del monitorio europeo no se contiene). El respeto a los plazos para las partes es básico ya que son improrrogables salvo fuerza mayor debidamente alegada y acreditada (art. 134 LEC), precluyendo la posibilidad de hacer el acto de que se tratare una vez transcurrido el término o plazo señalado (art. 136).

5.

Objeto del proceso Regulación legal: arts. 5 y 71 a 98 de la LEC

5.1. PRETENSIONES DEL DEMANDANTE. ACUMULACIÓN DE ACCIONES F.19.E. Demanda en ejercicio de acciones acumuladas 5.2. LA PRETENSIÓN RECONVENCIONAL 5.3. ACUMULACIÓN DE PROCESOS F.20.E. Escrito solicitando la acumulación de procesos ante el mismo juzgado F.21.E. Escrito solicitando la acumulación de procesos ante distinto juzgado

5.1. PRETENSIONES DEL DEMANDANTE. ACUMULACIÓN DE ACCIONES El art. 24 de la Constitución consagra el derecho a la tutela judicial efectiva el cual se hace eficaz a través de los distintos trámites que las leyes procesales establecen. Con carácter previo a la regulación de estos trámites es imprescindible el conocer cuál pueda ser el contenido de lo que se solicita del órgano jurisdiccional. Este objeto es el que viene determinado por la pretensión que es definida por MONTERO AROCA (cit. bibl. p. 116) como la petición fundada que se dirige a un órgano jurisdiccional frente a otra persona sobre un bien de la vida. La LEC delimita lo que deba ser el objeto del proceso en su art. 5, conteniendo tanto lo que es objeto de un proceso de declaración (con sus distintas variantes de acciones declarativas puras, constitutivas y de condena), de un proceso de ejecución (que en la LEC adquiere tintes propios y autónomos en su Libro III pudién237

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dose hablar del mismo como algo diferente al proceso de declaración al regirse por principios diferentes dando lugar en los Juzgados a números de procedimiento diferentes lo que implica que si un proceso de declaración culmina por sentencia y ésta luego se ejecuta –de forma provisional o definitiva– se le da un nuevo número desde el momento en el que se dicta el auto despachando ejecución de los arts. 527 y 553 LEC) como de un proceso cautelar (habla la LEC de la adopción de medidas cautelares), el cual asimismo presenta caracteres propios que incluso podrían permitir el que se hablara de un verdadero proceso cautelar como categoría autónoma respecto de los anteriores (tal y como hace BARONA VILAR, Silvia, cit. bibl. p. 657 y ss.) si bien en la sistemática de la LEC no se incluye en un libro aparte (como sucede con el proceso de ejecución), sino que aparecen en un título (el VI arts. 721 a 747 LEC) dentro del libro dedicado al proceso de ejecución. En la práctica no se les suele dar un número aparte si se solicitan de forma simultánea con la demanda principal o en el curso del mismo (evidentemente sí que se les da si se trata de las medidas cautelares previas ya que en este caso no existe expediente en el Juzgado antes de su instancia). Mas junto a los anteriores, y con la finalidad de no cerrar el abanico de posibilidades, se concluye la enumeración de los posibles objetos de un proceso civil con una cláusula de cierre en la que se incluye cualquier otra clase de tutela que esté prevista en la ley. Este objeto del proceso es delimitado por las partes que en el mismo intervienen siendo la primera que lo hace el demandante que es la que con su demanda (de proceso declarativo o de ejecución) o solicitud (de medidas cautelares) insta la actividad del órgano jurisdiccional solicitando la concreta tutela judicial que estima pertinente en cada caso. Pero es perfectamente posible que la petición que haga el demandante no sea única, sino plural. Ello es lo que hace que se hable de acumulación de acciones, figura que aparece regulada en los arts. 71 a 73 LEC y que puede ser objetiva (interposición de varias pretensiones por un demandante frente a un demandado), subjetiva (interposición de varias pretensiones por varios demandantes frente a uno o varios demandados o por un demandante frente a varios demandados). A la acumulación objetiva se refiere el art. 71 LEC el cual 238

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además de fijar los efectos (debatirse en un solo procedimiento y decidirse en una misma sentencia) establece los requisitos para que tal acumulación se pueda dar de una forma muy amplia ya que no es necesario que se funden en un mismo título, sino que el único requisito que debe concurrir es el de que se trate de acciones que no sean incompatibles entre sí salvo en el caso en el que se trate de acciones en las que la petición de una de ellas se haga de forma subordinada a la otra. El concepto de acción que se utiliza en este precepto ha sido interpretado por el Tribunal Supremo en el sentido de referirse a acciones de naturaleza contenciosa, no incluyéndose entre tales los actos de la jurisdicción voluntaria que no se califican en la normativa procesal como acciones. En tal sentido se pronunció la STS 28 abril 2003 (RJ 2003, 3813) en la que se proclamó la licitud de nombramiento de tutor en un proceso de incapacitación respecto de la norma contenida en el art. 154 LEC/ 1881 y en una doctrina que cabe extrapolar al art. 71 LEC/2000 si bien el supuesto suscitado ya no se plantea en la LEC/2000 al proclamarse en el art. 756 y concordantes la idoneidad de esta práctica. Un caso claro de ejercicio de acciones subordinadas es el supuesto en el que el legislador admite la existencia de pretensiones subordinadas de forma clara e inequívoca, no entendiéndose que se da en aquellos casos en los que con base en un título se hace una petición del mismo derivada y para el caso de no estimarse la misma otra petición ya que en tal caso no se puede hablar de pretensiones distintas sino de una misma pretensión derivada de un título y que se modaliza en base a algo imprevisible al tiempo de interponerse la demanda cual es el resultado de la prueba que se pueda practicar. Tal sería el caso de interesarse ante unos vicios constructivos una acción en la que se interesa una determinada cantidad y se añade que en su defecto se solicita aquella otra que el tribunal pudiere estimar pertinente a la vista de la prueba que se practique. Ello no es una acumulación objetiva de acciones ya que no se trata de pretensiones distintas sino de una misma pretensión que se formula de diferentes modos fundamentalmente para tratar de conseguir una condena en costas de la parte contraria en caso de que la cuantificación que se haga por el Juzgador no sea la misma que ha hecho el demandante ya que de esta forma se podría decir que la demanda se ve estimada a los efectos del art. 394 LEC. La legitimidad de esta concreción subordinada del petitum es muy discutible ya que como se ha indicado, no se trata de pretensiones diferentes y podría ser contraria a la exigencia de 239

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claridad y precisión que para toda demanda se contiene en los arts. 399.1 y 437.2 LEC. Ello no obstante se admite siempre que la finalidad que la misma trasluce es la antes expuesta y no otra como la de no concretar el objeto de la petición. La legitimidad de peticiones subordinadas a la inadmisión de otras ejercitadas de forma preferente ha sido admitida en algunos casos como los objeto de la STS 19 octubre 1992 (RJ 1992, 8085) o SAP Cuenca 2 abril 1997 (AC 1997, 720); habiéndose sobre todo admitido los supuestos en los que se ejercita una acción de interdicto de retener de modo principal y una de interdicto de recobrar de modo subsidiario, para el caso de que la desposesión se hubiese consumado siendo ejemplo de ello la SAP Granada 29 septiembre 1992 (AC 1992, 1258) o la SAP Baleares (Sección 3.ª) 3 marzo 1999 (AC 1999, 4734). En todo caso el fundamento último que se encuentra tras esta doctrina es el carácter restrictivo de la interpretación de la excepción del defecto en la forma de proponer la demanda siendo ejemplo de ello las SSTS 2 diciembre 1991 (RJ 1991, 4879); 11 marzo 1993 (RJ 1993, 2149); 29 abril 1996 (RJ 1996, 3023); 20 enero 1997 (RJ 1997, 15) o las SSAP Cantabria (Sección 1.ª) 24 diciembre 1997 (AC 1997, 2410); Orense 5 noviembre 1998 (AC 1998, 7850); Segovia 31 marzo 2000 (AC 2000, 866); Baleares (Sección 5.ª) 23 enero 2001 (AC 2001, 1340); o Málaga (Sección 6.ª) 15 noviembre 2001 (AC 2001, 2349). Ejemplos de esta acumulación objetiva son: acciones reparatorias fundadas en culpa contractual y extracontractual derivadas de un mismo hecho (STS 18 abril 1991 [RJ 1991, 9811]); reclamación de legítima y nulidad por simulación de compraventa otorgada por los causantes (STS 30 junio 1998 [RJ 1998, 5287]); declarativa de dominio y de inmatriculación en el Registro de la Propiedad (STSJ Cataluña Sala de lo Civil y Penal 1 diciembre 1994 [RJ 1994, 10552]); reclamación de la paternidad no matrimonial y de alimentos (STSJ Navarra sala de lo Civil y Penal 3 junio 1998 [RJ 1998, 5501]); reclamación frente a la sociedad y el administrador (STS 22 mayo 1999 [RJ 1999, 3478]; SAP Madrid, Sección 9.ª, 14 enero 1999 [AC 1999, 5110]; Salamanca 27 septiembre 1999 [AC 1999, 8350]); deslinde y amojonamiento (SSAP Toledo 14 enero 1992 [AC 1992, 60]; La Rioja 3 enero 1995 [AC 1995, 77]; Zamora 2 noviembre 1995 [AC 1995, 2147]); desahucio y reclamación de cantidad (SAP Badajoz, Sección 1.ª, 29 enero 1996 [AC 1996, 10]; Tarragona, Sección 1.ª, 17 octubre 1996 [AC 1996, 2569]; Huesca 5 marzo 1997 [AC 1997, 445]; Pontevedra, Sección 3.ª, 13 240

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mayo 1999 [AC 1999, 5015]; Madrid, Sección 21.ª, 4 mayo 1999 [AC 1999, 8429]); deslinde y acción reivindicatoria (SAP Cuenca 27 noviembre 1999 [AC 1999, 2519]); impugnación de acuerdos de la Junta y acción sobre nulidad de cláusula estatutaria (SAP Palencia 2 marzo 1998 [AC 1998, 3917]); responsabilidad extracontractual por mal uso de canalizaciones de aguas residuales del edificio y acción de responsabilidad decenal frente a los intervinientes en el proceso constructivo del edificio en reclamación del importe de los trabajos de reparación de la red de saneamiento (SAP Jaén, Sección 1.ª, 23 septiembre 1999 [AC 1999, 7220]); acciones negatorias de servidumbres de luces y vistas y de vertido de aguas pluviales (SAP Málaga, Sección 6.ª, 1 septiembre 2000 [AC 2000, 2106]); acción rescisoria por fraude de acreedores y acción de nulidad por simulación relativa (SAP Barcelona, Sección 17.ª, 25 enero 2000 [AC 2000, 2792]); declaración de nulidad del matrimonio y acción de impugnación de la paternidad (SAP La Coruña 21 noviembre 2000 [AC 2001, 1348]); división cosa común e indemnización (STS 18 septiembre 2006 [RJ 2006, 6378]); resolución de arrendamientos rústicos e indemnización (STS 13 septiembre 2006 [RJ 2006, 6372]); competencia desleal y responsabilidad extracontractual (STS 10 julio 2006 [RJ 2006, 4977]); responsabilidad decenal a acción por cumplimiento defectuoso (STS 30 junio 2006 [RJ 2006, 3982]); impago por deudas sociales y responsabilidad del administrador (SSTS 23 junio 2006 [RJ 2006, 3744]; 13 diciembre 2005 [RJ 2006, 162]); petición de legítima y de suplemento de legítima (STS 20 junio 2006 [RJ 2006, 3386]); acción resolutoria y petición de indemnización (SAP Sta. Cruz Tenerife 5 julio 2006 [AC 2006, 2257]). El problema que en materia de acumulaciones replantea es el referente a aquellos casos en los que de las acciones acumuladas unas son de las enumeradas como competencia de los Juzgados de lo Mercantil y otras no, suscitándose en este caso si el conocimiento de la causa ha de corresponder al Juzgado de 1.ª Instancia (que extiende su conocimiento a materias propias de los Juzgados de lo Mercantil) o si por el contrario la competencia se ha de mantener en los Juzgados de lo Mercantil de forma que ampliaran su esfera de conocimiento a materias generales desorden civil. Esta segunda posición es la que se ve favorecida si se estima que los Juzgados de lo Mercantil no son sino juzgados civiles especializados por la materia. Ejemplo de ello es la SAP Zaragoza 17 241

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octubre 2006 (AC 2006, 1769) que indica que se infiere con claridad que los órganos jurisdiccionales civiles están dotados todos ellos de «jurisdicción civil». En concreto respecto de la situación de los tribunales mercantiles indica que de la lectura de los arts. 85 y 86 ter LOPJ se demuestra con claridad que los juzgados de lo mercantil son juzgados del orden jurisdiccional civil; por lo tanto, en principio, ninguna materia civil quedaría excluida del círculo competencial al que pertenece (el «civil»). Ahora bien, el principio de especialización exigido por la complejidad jurídico-social actual, ha llevado al legislador a excluir de los órganos «generalistas» materias muy específicas, por razones prácticas de agilidad resolutoria. Esto supone que el Juzgado Mercantil excluye al juzgado civil generalista del conocimiento de determinadas materias, pero no a la inversa. En plena coordinación con la sentencia antes mencionada (y aplicado al ámbito aquí analizado de la acumulación de acciones), la SAP Pontevedra 31 enero 2006 (AC 2006, 1397) dice que el artículo 86 ter de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, distingue dos tipos de competencias de los Juzgados de lo Mercantil: a) la prevista en el número 1, en materia concursal, que la Ley califica como «exclusiva y excluyente», y, por tanto, de interpretación estricta, y b) las relacionadas con el número 2. cuando dice que «Los juzgados de lo mercantil conocerán, asimismo, de cuantas cuestiones sean de la competencia del orden jurisdiccional civil, respecto de:... a)», esto es «Las demandas en las que se ejerciten acciones relativas a competencia desleal, propiedad industrial, propiedad intelectual y publicidad, así como todas aquellas cuestiones que dentro de este orden jurisdiccional se promuevan al amparo de la normativa reguladora de las sociedades mercantiles y cooperativas». Dicha norma implica, pues, la competencia de los Juzgados de lo Mercantil para conocer de materias que sean competencia del orden jurisdiccional civil competencia que puede ser interpretada de forma no tan estricta como las de materia concursal, sin infringir por ello el artículo 73 de la Ley 1/2000, de 7 de enero de Enjuiciamiento Civil, al no existir norma específica que impida a los Juzgados de la Mercantil el conocimiento de las acciones conexas o íntimamente relacionadas a las que se señalan en los distintos apartados del número 2 del mencionado artículo 86 ter. Sostener que a los Juzgados de lo mercantil corresponde enjuiciar todas las acciones que se refieran a las materias o sectores del ordenamiento jurídico enumerados en el art. 86 242

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ter.2, bastaría con que una de las demás acumuladas fueran conexas a ella (es decir, que también estuvieran relacionadas con una materia competencia de dichos Juzgados), para que debiera admitirse la precedencia de la acumulación. Esta opción de la extensión de las competencias de los Juzgados de lo Mercantil a las materias no expresamente asignadas a los mismos no es sin embargo unánimemente aceptada, siendo el ejemplo paradigmático el ejemplo de la acumulación de una acción de reclamación de cantidad dirigida contra una mercantil y de una de responsabilidad frente a sus administradores ya que la acción de reclamación de cantidad, derivada del suministro de mercancía a una sociedad mercantil no se sustenta en la legislación societaria pues se trata de una acción derivada de un incumplimiento de una relación jurídica preexistente entre la sociedad y el demandante. Por tanto, la acción que se ejercita como consecuencia de la relación contractual, con sustantividad propia, no tiene en ningún caso su fundamento en la legislación societaria ni mucho menos en las Condiciones Generales puesto que la fuente de tales obligaciones es el contrato (ex artículo 1091 en relación a los arts. 1445 del CC o 325 y ss. del CCom). Por el contrario, la acción de reclamación de responsabilidad de los administradores, sí tiene su fundamento en la legislación societaria referida en el art. 86 ter de la LOPJ como de la competencia de los Juzgados de lo Mercantil. La responsabilidad del administrador está expresamente contemplada en los artículos 133 a 135 LSA y 262.5.º LSA, así como en los artículos 69 y 105.5.º LSRL, y son dichos preceptos los que sustentan la acción por la cual exigir tal responsabilidad. Dado que desde el punto de vista de las acciones ejercitadas para la primera la competencia correspondería a los Juzgados de 1.ª Instancia y para la segunda a los de lo Mercantil, y de cara a resolver la cuestión es ineludible hacer referencia a la atribución de competencias que el artículo 86 ter LOPJ hace a los Juzgados de lo Mercantil, porque será a la luz de tal precepto como deberá decidirse respecto de la existencia o no de competencia objetiva de tales órganos para conocer de alguna de las acciones acumuladas. Dos son las posturas que se han tomado al respecto por los distintos órganos judiciales: por un lado, los que afirman la posibilidad de acumulación tienen a su favor la tradición judicial, afirman, no sin razón, que la declaración y condena por la deuda cons243

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tituye antecedente ineludible de la declaración de responsabilidad del administrador. Por otro lado, los que mantienen que las competencias del Juzgado de lo Mercantil son sólo las que se determinan en el art. 86 ter LOPJ, se apoyan en la dicción de la Ley, de modo que el Juzgado especializado carece de competencia objetiva para conocer de cuestiones distintas –tales como reclamaciones de cantidad no caracterizadas en esas materias– y, por tanto, están vedados, con base en el art. 73 LEC/2000 a conocer de la acumulación pretendida. En esta polémica se analizarán los argumentos a favor y en contra de la acumulación (y por ello extensión o no de las capacidades de conocimiento de los Juzgados de lo Mercantil). A favor de la acumulación (de la que son ejemplo la SAP Madrid 24 junio 2005 [AC 2005, 1141]; AAP Madrid 14 julio 2005 [JUR 2005, 191139] o AAP Santa Cruz de Tenerife 21 marzo 2005 [JUR 2005, 103276]) se invocan los siguientes argumentos: A) Interpretación literal del art. 86 ter de la LOPJ: La finalidad de la expresión «de cuantas cuestiones sean de la competencia del orden jurisdiccional civil» a que se refiere el precepto es la de dar exhaustividad a la competencia de los Juzgados de lo Mercantil respecto de las materias que después se citan. Esto es que el precepto quiere decir es que los Juzgados de lo Mercantil asumirán el conocimiento de todos los asuntos que hasta el 1 de septiembre de 2004 eran competencia objetiva de los Juzgados de 1.ª Instancia –sin exclusión– respecto de las materias que se relacionan a continuación. Dentro de dicha relación se encuentran «todas aquellas cuestiones que dentro de este orden jurisdiccional se promuevan al amparo de la normativa reguladora de las sociedades mercantiles y cooperativas». Frente a ello no puede aducirse que el artículo 86 ter punto 1 LOPJ utiliza la expresión «exclusiva y excluyente» como forma de atribución de la competencia en materia concursal a los Juzgados de lo Mercantil, cosa que no ocurre en el caso del artículo 86 ter punto 2 LOPJ. Y no puede aducirse tal circunstancia porque precisamente la expresión «exclusiva y excluyente» referida a las materias de Derecho Concursal tiene como finalidad el blindaje de las competencias del Juez Mercantil, sin que quepa la posibilidad de que otro Juez pueda conocer de las materias que se relacionan en el primer apartado del artículo 86 ter LOPJ. Por el contrario, la falta de dicha locución referida a las materias relacionadas en el apartado 2 del artículo 86 ter LOPJ indica una 244

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menor rigidez sobre este punto, y por tanto que puede haber materias relacionadas con las del apartado 2 del artículo 86 ter LOPJ que puedan ser conocidas los Juzgados de lo Mercantil, al no existir norma específica que impida a tales órganos el conocimiento de las acciones conexas o íntimamente relacionadas a las que se señalan en los distintos apartados del número 2 del mencionado artículo 86 ter. B) Criterio de íntima conexidad e interdependencia: Se trata de un supuesto de acumulación de acciones que están tan íntimamente relacionadas entre sí que difícilmente pueden escindirse, ya que la responsabilidad objetiva de los administradores del artículo 105 de la Ley 2/1995, de 23 de marzo, de Sociedades de Responsabilidad Limitada, viene impuesta como sanción por el incumplimiento por los administradores de determinadas obligaciones impuestas por dicha Ley especial, constituyéndose, por tanto, una solidaridad propia de origen legal entre la sociedad y sus administradores por las deudas sociales; y si bien es cierto que el acreedor podría teóricamente dirigirse indistintamente a uno u otro deudor o contra todos ellos, al ser deudores solidarios, no es menos cierto que en la práctica la responsabilidad de los administradores no podrá ser declarada por el Juzgado de lo Mercantil sin previa declaración de la existencia de una deuda social de la que se les pueda hacer responsables solidarios. Esta objeción no puede soslayarse aludiendo a soluciones tales como la prejudicialidad civil o el examen incidental de la responsabilidad de la sociedad. C) Peligro de resoluciones contradictorias: Precisamente esto es lo que trata de eludir el instituto de la acumulación de acciones (SSTS 3 octubre 2000 [RJ 2000, 8133]; 30 noviembre 2000 [RJ 2000, 9305]). Ya en una STS 18 noviembre 1972, se trataba de un supuesto de acción derivada de la LAU, que cuando se refería a locales de negocio o a viviendas en las que el inquilino ejercía profesión colegiada, debían ser conocidas por los Jueces de Primera Instancia, mientras que en los demás casos eran competencia de los Juzgados Municipales, reiterando la doctrina sentada en otras precedentes y en relación con el caso de un demandado que era a la vez inquilino de vivienda y arrendatario de local de negocio, sitos ambos en el mismo inmueble, afirma que «se modifican, por conexión inicial, las reglas de competencia, porque siendo una sola la parte actora, idéntica la cosa en litigio, y una misma razón de pedir, esto es, la resolución del arriendo por ruina de la finca, de no prorrogarse la competencia al Tribunal de grado superior y simultanear los distintos procesos para resolverlos en un solo fallo, 245

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se dividiría inevitablemente la continencia de la causa» desestimándose así la finalidad de la acumulación que, sobre basarse en principios de economía procesal, tiende a evitar el peligro de que puedan dictarse sentencias contradictorias. Por otra parte, no es concebible que deudores solidarios por disposición legal, a los que se reclama por el mismo acreedor el pago de la misma deuda, deban ser demandados ante órganos jurisdiccionales distintos, incoándose dos procedimientos diferentes, con el riesgo de que recaigan resoluciones con pronunciamientos o fundamentos contradictorios, incompatibles o mutuamente excluyentes, y con el inconveniente añadido de la extensión por disposición legal de los efectos de las distintas resoluciones que pudieran recaer a todos los deudores solidarios (art. 1141.2 CC), por el enorme quebranto que ello supondría a la más elemental seguridad jurídica. Incluso cabe pensar que la situación se agudiza más tras la entrada en vigor de la reforma del art. 105 LSRL por la Ley 19/2005 sobre la sociedad anónima europea cuando dispone que «5. Responderán solidariamente de las obligaciones sociales posteriores al acaecimiento de la causa legal de disolución los administradores que incumplan la obligación de convocar en el plazo de dos meses la junta general para que adopte, en su caso, el acuerdo de disolución, así como los administradores que no soliciten la disolución judicial o, si procediere, el concurso de la sociedad, en el plazo de dos meses a contar desde la fecha prevista para la celebración de la junta, cuando ésta no se haya constituido, o desde el día de la junta, cuando el acuerdo hubiere sido contrario a la disolución o al concurso». «En estos casos las obligaciones sociales reclamadas se presumirán de fecha posterior al acaecimiento de la causa legal de disolución de la sociedad, salvo que los administradores acrediten que son de fecha anterior». Esto es, se presupone un interés de éstos en participar en la evolución del litigio sobre la determinación de la deuda social a fin de acreditar su falta de responsabilidad en la reclamación de la misma, dicho de otro modo, la imbricación de una y otra acción todavía es mayor. E) Plazo prescriptivo: Otro dato a tener en consideración es el corto plazo de prescripción de las acciones de responsabilidad contra los administradores, cuatro años según consolidada doctrina jurisprudencial, que ha considerado aplicable a todas las acciones contra administradores el plazo de prescripción del artículo 949 del Código de Comercio, lo que aconseja igualmente la acumulación de acciones ante un solo órgano jurisdiccional, ante el peligro cierto de hacer ilusoria la de 246

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aquéllos ante la necesidad de obtener un pronunciamiento previo a la existencia de una deuda social. F) Afectación de la tutela judicial efectiva y proceso sin dilaciones indebidas, economía procesal: De no accederse a la acumulación ello implica, sin duda, una lesión al derecho a la tutela judicial efectiva y a un proceso sin dilaciones indebidas de los acreedores de la sociedad, amparados por el artículo 24 de la Constitución, al abocar necesariamente a un «peregrinaje procesal» por tener que demandar ante órganos jurisdiccionales distintos a la sociedad deudora y a los administradores, con el consiguiente aumento de los gastos a su cargo, y de los tiempos de respuesta a la tutela impetrada que supondría la incoación de dos procedimientos distintos para reclamar, como se ha dicho, una misma deuda de distintos deudores solidarios. Por otra parte, razones de pura economía procesal, desaconsejan dicha solución a la vista de la limitación de medios de Juzgados y Tribunales. G) Inexistencia de prohibición legal: El último argumento esgrimido a favor de la acumulación, se indica que ni el artículo 73 LEC, ni el artículo 86 ter de la LOPJ son obstáculos insalvables para la acumulación pretendida en estos autos, siempre y cuando el conocimiento de las acciones acumuladas se atribuya a los Juzgados de lo Mercantil, ya que es evidente que los Juzgados de Primera Instancia carecen manifiestamente de competencia para conocer de demandas contra administradores de sociedades mercantiles fundadas en la normativa reguladora de las mismas. El artículo 86 ter de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, distingue dos tipos de competencias de los Juzgados de lo Mercantil: a) la prevista en el número 1, en materia concursal, que la Ley califica como «exclusiva y excluyente», y, por tanto, de interpretación estricta, y b) las relacionadas con el número 2 cuando dice que «Los juzgados de lo mercantil conocerán, asimismo, de cuantas cuestiones sean de la competencia del orden jurisdiccional civil, respecto de: ... a)», esto es «Las demandas en las que se ejerciten acciones relativas a competencia desleal, propiedad industrial, propiedad intelectual y publicidad, así como todas aquellas cuestiones que dentro de este orden jurisdiccional se promuevan al amparo de la normativa reguladora de las sociedades mercantiles y cooperativas». Dicha norma implica, pues, la competencia de los Juzgados de lo Mercantil para conocer de materias que sean competencia del orden jurisdiccional civil, competencia que puede ser interpretada de forma no tan estricta como las de materia concursal, sin infringir por ello el artículo 73 de la LEC al no existir 247

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norma específica que impida a los Juzgados de lo Mercantil el conocimiento de las acciones conexas o íntimamente relacionadas a las que se señalan en los distintos apartados del número 2 del mencionado artículo 86 ter. Sostener que a los Juzgados de lo Mercantil corresponde enjuiciar todas las acciones que se refieran a las materias o sectores del ordenamiento jurídico enumerados en el art. 86 ter.2, bastaría con que una de las demás acumuladas fueran conexas a ella (es decir, que también estuvieran relacionadas con una materia competencia de dichos Juzgados), para que debiera admitirse la procedencia de la acumulación. H) Criterio de desigualdad territorial: Situaciones idénticas tendrán distintas soluciones dependiendo de si en la localidad existe o no Juzgado de lo Mercantil como órgano especializado. I) Criterio de justicia y oportunidad: La interpretación del art. 73 LEC no deja lugar a dudas e impediría la acumulación por los Juzgados de lo Mercantil de materias no incluidas en el art. 86 ter.2 de la LOPJ, sin embargo, si se tienen en cuenta los inconvenientes derivados de la imposibilidad de acumular acciones conexas (que viene determinada por el elemento fáctico de la causa de pedir) que llevarían a romper la continencia de la causa y, además, a la posibilidad de dictar sentencias contradictorias, debería entenderse admitida la acumulación en aras de una mejor administración de justicia. En todo caso se indica que es necesario atender en cada caso a la naturaleza de las acciones acumuladas y a la finalidad pretendida con la acumulación para evitar posibles fraudes procesales o una extensión no querida por el legislador de las competencias de los Juzgados de lo Mercantil. Sin duda, existe una laguna legal en esta materia y, siguiendo el criterio de la jurisprudencia y con el objeto de responder adecuadamente a las peticiones de tutela de los ciudadanos, se sostiene que se debe admitir la acumulación inicial de pretensiones por los Juzgados de lo Mercantil siempre que se trata de pretensiones íntimamente conexas que tramitadas separadamente den lugar a problemas de división de la continencia de la causa y, en último término, a sentencias contradictorias. Frente a esta posición que comporta el que los Juzgados de lo Mercantil conozcan de acciones acumuladas aun cuando no estén expresamente detalladas como de su competencia en la LOPJ, asimismo existen argumentos en contra de tal acumulación. Las razones en contra de la acumulación son esencialmente de índole procesal (SAP Alicante 18 octubre 2005) siendo éstos los 248

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siguientes: A) Argumento estrictamente procesal: Se indica que aunque el art. 72 LEC permite acumular «ejercitándose simultáneamente, las acciones que uno tenga contra varios sujetos o varios contra uno, siempre que entre esas acciones exista un nexo por razón del título o causa de pedir»; sin embargo para que tal acumulación pueda proceder es necesario que concurran determinados requisitos que establece el artículo 73.1.1.º LEC, entre los cuales está que «el tribunal que deba entender de la acción principal posea jurisdicción y competencia por razón de la materia o por razón de la cuantía para conocer de la acumulada o acumuladas». Se trata de una norma de mínimos, ya que si la improrrogabilidad de la jurisdicción que se describe para declarar la inadmisibilidad de la acumulación lo es en relación a las acciones subsidiarias de la principal para la que sí tiene el Tribunal competencia objetiva, resulta tanto más evidente que tratándose de acciones de igual naturaleza principal, con mayor causa será de aplicación la norma de imposibilidad de acumulación por falta de competencia objetiva para conocer alguna de las acciones. No cabe duda de que a los Juzgados de lo Mercantil no se les atribuye competencia objetiva para conocer de las acciones derivadas de cumplimiento contractual incluso aunque estén reguladas por Derecho Mercantil (baste una mera lectura del art. 86 ter de la LOPJ), y por ello desde esta perspectiva se habrá de concluir que la acumulación de la acción de reclamación de cantidad contra la sociedad mercantil –respecto de la que el Juzgado Mercantil carece de competencia objetiva– con la acción de responsabilidad de administradores sociales –para las que se atribuye expresamente la competencia por el artículo 86 ter LOPJ a los Juzgados de lo Mercantil– no es posible. B) Imposibilidad de aplicación de criterio de flexibilidad en la acumulación: Se indica que incluso partiendo de un criterio de flexibilidad en relación con la permisión de la acumulación de acciones llegan a la conclusión de que no será posible aquélla. Así cuando la STS 30 mayo 1998 (RJ 1998, 4539) alude al criterio de flexibilidad en orden a decidir sobre la procedencia de la acumulación de acciones en relación con la conexidad causal mencionada en el art. 156 LEC/1881 –hoy art. 72 LEC–, esto es al nexo que se exige en relación con el título o la causa de pedir, y aconsejaba admitir la acumulación exigía que al supuesto no le alcanzaran las prohibiciones de los arts. 154 y 157. Sin embargo, se dice, no cabe olvidar que el derogado art. 154.2 LEC/1881 ya prohibía la acumulación de acciones cuando el Juez era incompetente por razón de la mate249

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ria, lo cual se mantiene en el art. 73.1.1.º LEC. En definitiva, sin competencia objetiva, no cabe acumulación y por ello no se puede entrar en la valoración de si procede o no aplicar el criterio de flexibilidad. A estos efectos, sin duda la primera referencia que ha de ser tenida en cuenta es el art. 73.1.1.º LEC, precepto que recoge el criterio que ya estaba establecido en el art. 154.2 LEC/1881, esto es, el de improrrogabilidad de la jurisdicción a Jueces que no la tuvieran por razón de la materia, y que llevaba al Supremo a denegar (STS 28 junio 2000 [RJ 2000, 5911]) acumulaciones cuando se producía infracción de dicha norma. No es posible si el Juez que deba conocer de la principal sea incompetente por razón de la materia o de la cuantía litigiosa para conocer de la acumulada. De este modo si bien cabe decir que la flexibilidad es un criterio de interpretación de los requisitos para acordar la acumulación, la competencia objetiva del órgano judicial es un presupuesto para la aplicación de tal criterio de flexibilidad. Es más, el Tribunal Supremo, cuando ha resuelto supuestos de indebida acumulación por razón de falta de competencia respecto de alguna de las acciones acumuladas, ha querido resaltar que la competencia objetiva es materia de «derecho necesario e imperativo», e incluso ha fundamentado la norma legal contraria a la acumulación cuando existe distinta distribución competencial entre órganos pertenecientes a un mismo orden jurisdiccional, en la necesidad de «la adecuada distribución de la jurisdicción del orden civil a aquellos órganos a los que debe corresponder en su diversa problemática contenciosa, con posibilidad de apreciarse de oficio». Éste es el criterio que sigue ese órgano en relación a la competencia de los Juzgados de Familia en relación a los Juzgados de Primera Instancia cuando se trataba de demandas que acumulan acciones competencialmente atribuidas a uno y otro órgano civil. C) Criterio histórico o de desarrollo parlamentario de la Ley: El legislador rechazó expresamente la atribución de competencia objetiva a los Juzgados de lo Mercantil respecto de materias extraconcursales que no estuvieran relacionadas en el art. 86 ter punto 2 LOPJ, y por ello no cabe sostener la aludida interpretación contra legem. Por el contrario resulta que la LEC sanciona con la pena de nulidad las actuaciones realizadas por un órgano judicial objetivamente incompetente (art. 48.2 LEC). Desde el punto de vista de desarrollo legislativo ha de añadirse, también, que el propio iter legislativo de la Ley Orgánica 8/2003, de 9 de julio para la Reforma Concursal, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de 250

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julio, del Poder Judicial, refuerza la tesis que aquí sustentada. De las enmiendas presentadas en el Senado en relación con dicho Proyecto, debe destacarse la nº 9 del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés (GPECP) que postulaba la inclusión en el artículo 86 ter punto 2 del fragmento siguiente: «8.º De las demás acciones a las que se acumule cualquiera de las comprendidas en los números anteriores». La enmienda fue rechaza, y por tanto el legislador expresó de manera clara y consciente que no procedía atribuir al conocimiento de los Juzgados de lo Mercantil más materias que las que expresamente se recogían en el texto legal, sin que fuera posible ampliar el ámbito de su competencia objetiva a través de la acumulación de acciones. D) Imposibilidad de determinar la naturaleza principal o subsidiaria de una u otra acción: Aunque se hiciese una interpretación laxa del art. 73 LEC para sustentar la acumulación de una acción subsidiaria por la principal con independencia de la materia –o cuantía–, no sería posible la acumulación de la acción de reclamación de cantidad frente a sociedades por razón de un contrato civil o mercantil propio del mercado jurídico ordinario junto a una acción de responsabilidad de administradores, ya que no es dable establecer a priori la categorización de acción principal de una respecto de la otra porque responden a distintos orígenes en la determinación de la condena –una la responsabilidad del administrador, otra, el incumplimiento contractual–. Es más en todo caso, y de tener que hacerse, llevaría a adjetivar de principal siempre a la acción de reclamación de cantidad, que constituye el auténtico objeto de la reclamación, y no la declaración de responsabilidad del administrador, que es declaración subjetiva de la relación pasiva de la que, precisamente, aquella declaración constituye su antecedente lógico y por ello principal. Consecuentemente, ni aun cuando se quisiera atribuir una especie de vis attractiva a la acción principal respecto de la secundaria como elemento para traspasar la competencia objetiva se podría estimar procedente la acumulación. Como criterio orientativo analógico respecto de la competencia objetiva cabe mencionar el art. 53 de la LEC que a la hora de establecer la competencia territorial en el párrafo primero establece que «cuando se ejerciten conjuntamente varias acciones frente a una o varias personas será tribunal competente el del lugar correspondiente a la acción que sea fundamento de las demás», y en el caso «fundamento» de la responsabilidad de los administradores es que con carácter previo exista deuda. E) Interpretación filológica o lite251

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ral del art. 86 ter: Tampoco cabe aducir una interpretación que pretende ser filológica del art. 86 ter, a saber, que el citado artículo diferencia entre competencias «exclusivas y excluyentes» de las que sólo son «exclusivas» en el ámbito de la jurisdicción civil. Así se dice por los defensores de la acumulación que serían exclusivas y excluyentes las competencias respecto del concurso. Pero las contempladas en el nº 2 (en materia societaria en particular) de dicho precepto no serían excluyentes para la extensión competencial de esta clase de órganos judiciales porque la norma se limita a señalar que «los Juzgados de lo Mercantil conocerán, asimismo, de cuantas cuestiones sean de la competencia del orden civil». Cabe decir frente a ello que esta interpretación no es aceptable, ya que no explica la razón de por qué la rigurosidad de atribución competencial no lo es respecto del concurso en bloque sino sólo en cuanto a determinadas materias, cuando no es objeto de discusión doctrinal que, con las excepciones legales, las cuestiones que se susciten en materia concursal son competencia de los Juzgados de lo Mercantil. Y además es contraria al sentido semántico de la construcción gramatical, ya que, primero, la competencia de las cuestiones pertenecientes al orden jurisdiccional civil cuya competencia se atribuye a los Juzgados mercantiles lo es «respecto de» las cuestiones concretas que se definen en los numerales siguientes y, segundo, porque la referencia al orden civil se hace en sentido excluyente respecto de los Juzgados de Primera Instancia, que son los competentes para conocer en el mismo orden, en el orden civil –art. 85 LOPJ–, de las demandas relativas a asuntos que no vengan atribuidos por esta Ley a otros Juzgados o Tribunales creados en el mismo orden jurisdiccional, pero con competencias especializadas. F) Inexistencia de vis attractiva de la Jurisdicción mercantil: Precisamente es por esto por lo que no se discute que si la demanda sólo contuviera la acción de reclamación de cantidad por razón de impago del precio la competencia sería indubitadamente de los Juzgados de Primera Instancia, mientras que si la demanda sólo contuviera una pretensión de declaración de responsabilidad por la deuda contra el administrador, la competencia sería, indubitadamente, del Juzgado de lo Mercantil. Y es singularmente por este argumento por el que se indica que no resultan acogibles las razones que en ocasiones se arguyen para la aplicación de la doctrina de la vis attractiva en base a la solidaridad legal, ni desde luego la necesaria evitación del denominado peregrinaje jurisdiccional, porque esta doctrina surgió con la apreciación de supuestos 252

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sin atribución concreta competencial y que llevaron al Tribunal Supremo a entender que había que residenciarlos en la jurisdicción civil al entenderla residual (y preponderante) en base al art. 9.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Pero es que en el caso de las competencias tanto especiales como ordinarias, la atribución es clara y no presenta duda ninguna, y no existe razón legal alguna para que puedan entenderse alteradas por razón de la solidaridad que en la responsabilidad por las deudas sociales se atribuye al administrador con la sociedad frente al acreedor. G) Inexistencia de denegación de tutela: La inadmisión de la acumulación no supone un sufrimiento o lesión de la tutela judicial efectiva o fractura del principio de economía procesal. En efecto, ello sólo sucedería si fueran el único o principal criterio para sustentar la acumulación, quedaría inexplicada (o habría de rechazarse, vía interpretación teleológica de las normas) la propia regulación legal de la acumulación (que tiene un sentido negativo), del mismo modo que, por ejemplo, no hay indefensión por la inadmisión de pruebas fuera del período preclusivo correspondiente. Tampoco se acepta que exista infracción de esa tutela porque se produzca impedimento para el ejercicio de las acciones por parte del legitimado, ya que la defensa de pretensiones se puede hacer de modo indistinto y simultáneo sin temor a ver perjudicada (salvo por el transcurso de los plazos prescriptivos que son distintos) una acción por la otra, dado que, si ejercitadas ambas se produjera una situación de prejudicialidad civil respecto de la determinación de la deuda, devendría de aplicación el art. 43 LEC y, consecuentemente, la suspensión hasta la decisión del procedimiento sobre la deuda. Y aunque la solución de obligar a la parte a plantear dos procedimientos cuando, con anterioridad a la modificación de competencias se resolvía en uno solo, no resulta una solución atractiva para los defensores de esta postura, el carácter imperativo de la competencia objetiva no permite asumir una solución distinta. No concurre riesgo de sentencias contradictorias porque cada una de las acciones tiene una causa de pedir distinta por más que la existencia de la deuda constituya el presupuesto de la responsabilidad del administrador. Si éste no niega o discute la deuda, por el principio de solidaridad en el pago de la misma, no existe obstáculo para la condena al pago del administrador por el Juzgado de lo Mercantil, con independencia de que exista una demanda o no contra la sociedad. H) Criterio jurisprudencial: La relación competencial objetiva que se establece entre los Juzgados de Primera Instancia y los 253

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Juzgados de Familia, ambos integrados, al igual que los Juzgados de lo Mercantil, en el orden civil, ha sido objeto de análisis por la doctrina jurisprudencial. En concreto, la jurisprudencia del Tribunal Supremo es unánime al señalar (STS 8 julio 1999 [RJ 1999, 4763]) que «el conocimiento de los procesos de separación matrimonial y de divorcio corresponde, con competencia objetiva exclusiva y excluyente, a los Juzgados de Familia en las poblaciones donde existan» (SSTS 8 marzo 1993 [RJ 1993, 2048]; 2 junio 1994 [RJ 1994, 4573]). Precisamente, en la última de las Sentencias reseñadas, el Tribunal Supremo resuelve sobre un supuesto de acumulación improcedente por englobar la demanda acciones propias de la primera instancia como exclusivas de los Juzgados de Familia, afirmando que la atribución competencial a los Juzgados de Familia «... es de significado negativo, en cuanto no pueden conocer dichos Juzgados otras materias que las explicitadas (arts. 53 y 55 de la LEC y arts. 85 y 98 de la LOPJ). Por ello, concluye la Sentencia: “de conformidad a la previsión del artículo 154.2.º de la Ley de Enjuiciamiento Civil, se ha producido una improcedente acumulación de acciones, con la conclusión lógico-jurídica de que el Juez que entendió del proceso carecía de competencia judicial para conocer las cuestiones de exclusiva proyección familiar que se dejan expuestas y esto conduce a que no procede su resolución en este pleito, al tratarse de normativa procesal imperativa, no sometida a disponibilidad”». I) Inexistencia de razones de conveniencia u oportunidad. Lesión de la seguridad jurídica: Las meras razones de conveniencia no tienen capacidad para modificar el tenor de una norma legal, modificación que se produciría de mantenerse la tesis de la acumulación. Tampoco responde a la finalidad perseguida por el legislador que la competencia de los Juzgados de lo mercantil pueda extenderse artificialmente a otras cuestiones no contempladas en la Ley. Es obvio que tampoco existe un criterio jurídico que permita establecer la medida de la cautela que debe permitir acordar la acumulación en algunas ocasiones y denegarla en otras, puesto que aunque se afirmara que la extensión de la acumulación deberá ser sin duda cautelosa (lo hacen los defensores de la acumulación), debiendo atenderse en cada caso a la naturaleza de las acciones acumuladas y a la finalidad pretendida con la acumulación para evitar posibles fraudes procesales o una extensión no querida por el legislador de las competencias de los Juzgados de lo Mercantil. Sin duda tal indeterminación favorecería la máxima inseguridad jurídica dando lugar al peligro de que 254

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se adoptaran resoluciones diferentes ante supuestos de hecho equiparables. Otra cosa sería si hubiera dudas sobre si un órgano judicial tiene atribuida o no una materia, pero en el caso las dudas no existen, la acción que nace del contrato no está atribuida al Juzgado de lo Mercantil. Con esta decisión se constituye un principio de seguridad jurídica porque se predetermina el ámbito competencial de cada órgano judicial en atención a las competencias que la norma orgánica les atribuye. J) Falta de voluntad del legislador para la acumulación: Como colofón entienden que es evidente, por tanto, que el legislador no quiso contaminar el especial conocimiento de las materias que atribuía a la nueva jurisdicción especializada con materias ajenas a las especiales de su competencia, ni aun de manera colateral o aledaña a las materias propias. Piénsese por ejemplo, qué hacer con las demandas de vicios ruinógenos o incluso de responsabilidad médica, en las que tratándose de persona jurídica también se acumule una acción de responsabilidad contra el administrador, ¿podemos pensar seria y verdaderamente que el Juzgado de lo Mercantil, a la luz del art. 86 ter es el competente para el conocimiento de estas demandas?, ¿por qué la respuesta es positiva en un contrato de suministro o compraventa y no en los demás?, ¿dónde está el límite?, interrogantes todos ellos para los que no existe respuesta convincente. Aun existiendo causa de inadmisibilidad de la acumulación por motivos procesales (porque dicha acumulación implica alteración de la competencia o del procedimiento), el legislador entiende que puede haber casos en que aquélla puede resultar, a pesar de todo, conveniente (generalmente, por el alto riesgo de que se den pronunciamientos contradictorios), y por eso establece que «también se acumularán en una misma demanda distintas acciones cuando así lo dispongan las Leyes, para casos determinados» (art. 73.3 LEC). Con esta fórmula el legislador de la LEC estaba enviando un mensaje al legislador futuro, advirtiéndole que analizara caso por caso, las necesidades de acumulación de acciones sobre una materia determinada y que, cuando fuera preciso, estableciera una norma dirigida a regular los procesos conexos. Sin embargo, el art. 86 ter.2 LOPJ ha optado por no incorporar ninguna norma de esas características, por lo que en los procesos que deben tramitarse ante los Juzgados de lo Mercantil la acumulación inicial de acciones se rige por lo dispuesto en el art. 73.1 de la LEC, en cuya virtud, sólo se podrá admitir esa acumulación si: 1.º) No existe incompatibilidad material entre las acciones acumuladas; 2.º) el Juzgado de lo Mercantil 255

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tiene competencia objetiva para conocer de todas ellas; y 3.º) ninguna de ellas debe tramitarse por un procedimiento distinto al que se va a emplear. Este mismo argumento se ha empleado dentro de órganos de lo mercantil entre sí y en concreto por el Juzgado de la Marca Comunitaria que no se estima competente para conocer acciones acumuladas (que incumben a otros órganos mercantiles como demandas de competencia desleal) a materias que sí que son de su competencia. Así en los AAJM de Alicante 13 enero 2005 (AC 2005, 155) y 14 enero 2005 (AC 2005, 156) dijo que era criterio seguido por el Tribunal de Marca Comunitaria que al plantearse si el Juzgado de Marca Comunitaria puede conocer de dos pretensiones acumuladas, de un lado, una pretensión de violación de marca comunitaria al amparo del artículo 92 del RMC y de otro lado, una pretensión fundada en la Ley 3/1991 de Competencia Desleal afirma «En nuestro caso, es evidente que el Juzgado de Marca Comunitaria, en cuanto tal, carece de competencia objetiva para conocer de las pretensiones fundadas en la Ley de Competencia Desleal, por lo que no cabe la acumulación de acciones interesadas por las dos mercantiles solicitantes» y aclara que la conclusión anterior no se ve alterada por «el hecho de que el Juzgado de Marca Comunitario español coincida con el Juzgado de lo Mercantil número 1 de Alicante porque si bien nos encontramos en presencia del mismo órgano, éste ejerce dos funciones distintas que no pueden interferirse» (Auto 21 diciembre 2004). La acumulación subjetiva se regula por su parte en el art. 72 LEC y asimismo se la conoce como litisconsorcio voluntario al que anteriormente se ha hecho referencia, siendo de destacar el que lo básico para que sea admisible es que las acciones tengan un nexo por razón el título o causa de pedir, lo que hace que además de concurrir cuando se basa en unos mismos hechos (como dice la LEC con carácter ejemplificativo), se dé igualmente en los casos en los que sólo hay una conexión jurídica entre las pretensiones (como cuando los títulos de la reclamación son semejantes). Ejemplo de ello es el supuesto de elevación a escritura pública de contratos privados de compraventa en el que varios ejercitan la demanda con fundamento en sus respectivos documentos privados frente al vendedor que no ha verificado tal elevación voluntariamente o que ha desaparecido. Respecto de esta acumulación subjetiva no se prevé la posible acumulación subsidiaria de forma que 256

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se demande a una parte y subsidiariamente en defecto de la misma a otra (ej.: en los accidentes de circulación a una aseguradora y por si ésta negare el aseguramiento al Consorcio de Compensación de Seguros). En la doctrina jurisprudencial se ha hecho una interpretación flexible del elemento de la conexión causal accediendo a la acumulación cuando concurren razones de economía procesal y de conveniente examen en un solo litigio, evitando decisiones discrepantes. Prueba de ello son las SSTS 27 diciembre 47 (RJ 1948, 9); 5 marzo 1956 (RJ 1956, 1142); 12 junio 1985 (RJ 1985, 3109), 8 noviembre 1995 (RJ 1995, 8081); 30 mayo 1998 (RJ 1998, 4539); 24 julio 1996 (RJ 1996, 6053); 7 febrero 1997 (RJ 1997, 684); 17 diciembre 1997 (RJ 1997, 8779); 30 mayo 1998 (RJ 1998, 4539); 21 noviembre 1998 (RJ 1998, 9484); 23 abril 1999 (RJ 1999, 4248); 9 julio 1999 (RJ 1999, 5967); 5 octubre 1999 (RJ 1999, 7239); 3 octubre 2000 (RJ 2000, 8133) y que se ha plasmado asimismo en la doctrina de las Audiencias Provinciales siendo ejemplo de ello las SSAP León 5 abril 1995 (AC 1995, 678); Pontevedra 1 julio 1995 (AC 1995, 1451); Valencia (Sección 9.ª) 12 julio 1996 (AC 1996, 1350); Cantabria (Sección 3.ª) 4 diciembre 1996 (AC 1996, 2274); Las Palmas (Sección 2.ª) 4 febrero 1999 (AC 1999, 308); Lleida (Sección 2.ª) 15 febrero 2000 (AC 1999, 1805); Pontevedra (Sección 1.ª) 15 febrero 2000 (AC 2000, 4139); Jaén (Sección 1.ª) 8 junio 2001 (AC 2001, 1557). Tanto para que una y otra sean procedentes es necesario, además de la concurrencia de los requisitos de fondo específicos que les son propios (ya analizados), el que se reúnan también los procesales como son según el art. 73 LEC: 1) Que el tribunal ante el que se acumulen posea jurisdicción y competencia por razón de la materia o por razón de la cuantía para conocer de todas ellas. Esta situación motiva el que no se puedan acumular casos en los que se carezca de competencia judicial internacional o se exija responsabilidad extracontractual a un particular y a una administración ya que para el conocimiento de la segunda son competentes los órganos de la jurisdicción contencioso administrativa tal y como indica el art. 2 de la Ley 29/1998 de 13 de julio de la jurisdicción contencioso administrativa. Pero incluso dentro de los órganos de la jurisdicción civil un Juzgado de Familia o los futuros de lo Mercantil no pueden conocer de acciones que no estén dentro de la órbita de sus competencias o viceversa. Esto implica que a un Juzgado de 1.ª Instancia no se le 257

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pueden dirigir demandas en las que se acumule una acción que es propia de un Juzgado de Familia o los de lo Mercantil (a crear en el futuro). Igual sucedería con los Juzgados de Paz en las demandas para cuya resolución son competentes y sobre las que no podrán conocer los Juzgados de 1.ª Instancia aun cuando se trate de Juzgados de Paz integrados dentro de su partido judicial. En los casos en los que respecto de una de las cuestiones exista una cláusula arbitral, ARIAS LOZANO (cit. bibl. p. 452) estima que cabe la acumulación de la acción derivada de tal relación jurídica a otra ya que se entiende que el actor renuncia tácitamente al arbitraje por el solo hecho de presentar la demanda. Evidentemente siempre se ha de tratar de casos en los que se ejerciten dos acciones distintas que den lugar a sus propias pretensiones, no de aquellos otros en los que la pretensión sea única y esté dentro de la órbita de las competencias del tribunal ante el que se interesa y respecto de la que sea necesario el resolver con carácter previo una cuestión que sea competencia de otro tipo de juzgados civiles puesto que en tales casos se podría hablar únicamente de prejudicialidad civil que en caso de existir otro litigio pendiente ante el competente para conocer de la otra pretensión daría lugar a la prejudicialidad civil a la que se refiere el art. 43 LEC. Pero en el caso de no estar tal procedimiento pendiente (algo que se podría suscitar incluso durante el curso de las actuaciones al interponerse una demanda a la vista de la inicial) ocasionaría una situación de vacío legal (no se ha previsto esta eventualidad) y que podría solventarse con la aplicación de los principios de prejudicialidad derivados del art. 10 LOPJ (se prevé solamente para casos de conflicto entre los distintos órdenes jurisdiccionales no para casos de conflictos competenciales entre órganos del mismo orden como éste es el caso) resolviendo en tal caso la cuestión suscitada aunque solo a tales efectos prejudiciales y sin perjuicio del litigio que se suscite ante los órganos competentes. 2) Asimismo es necesario que los procedimientos en los que deban tramitarse las acciones acumuladas sean compatibles entre sí, si bien se admite que una acción a ejercitar en juicio verbal se tramite junto a una que se ha de debatir en juicio ordinario. La incompatibilidad viene determinada según la LEC por el «tipo de juicio» (art. 73.1.2.º LEC) o por la existencia de una prohibición expresa de la LEC (art. 73.1.3.º LEC) cuando la acción se ejercita a través de un procedimiento concreto en base a la «materia» o el «tipo de juicio» (expresión ésta que parece una reiteración ya que 258

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si las acciones se han de dirimir en juicios de diferente tipo la acumulación no es posible lo que haría inútil una prohibición específica por parte del legislador). En los casos en los que existe prohibición legal específica no se suscitan problemas de cara a determinar si la acción ejercitada es acumulable o no ya que es la propia LEC la que resuelve la cuestión. Ejemplo de ello es el art. 438.3 LEC que fija una genérica prohibición de acumulación (objetiva no subjetiva) en el seno del juicio verbal salvo si se trata de acciones basadas en iguales hechos, de resarcimiento de daños y perjuicios o acciones prejudiciales a ella. A estos casos se ha añadido por la Ley 23/2003 uno más y que antes había generado una importante controversia. Tal supuesto es el referente a la acción de desahucio de finca por falta de pago de rentas con reclamación de las mismas o cantidades análogas vencidas y no pagadas. Con anterioridad a tal reforma de forma generalizada se había concluido que solamente era procedente el acumular a la misma la de reclamación de rentas o cantidades análogas vencidas y no pagadas que no excedan de 3.000 €. Si pasaban de esta cuantía tanto el desahucio como la reclamación de cantidad se deberán tramitar en la forma prevista para el juicio ordinario. Actualmente y tras la reforma operada por la Ley 23/ 2003 siempre se tramitarán como juicio verbal las demandas de desahucio con reclamación de rentas aunque la cuantía de éstas exceda o pueda exceder de 3.000 €. La duda se suscita en torno a si cabe o no acumular una acción de desahucio por falta de pago (con o sin reclamación de rentas) a otra de desahucio por expiración de plazo u otro motivo diferente aun cuando fuere tramitable en la forma prevista para el juicio verbal. A este respecto la dicción del precepto no es clara si bien haciendo una interpretación flexible de lo que quepa entender como «mismos hechos» del art. 438.3.1.ª LEC cabría aceptar tal acumulación al ser ejercitables las diversas acciones por los trámites del juicio verbal y basarse todas ellas en la relación arrendaticia existente entre las partes. En los demás casos en los que la LEC no contiene previsión específica en cuanto a la acumulabilidad o no de las acciones, se ha de analizar si efectivamente los procedimientos en los que se ejercitan las distintas acciones merecen o no ser calificados como del mismo tipo o no, lo que obliga a hacer un análisis comparativo que incluya los concretos trámites procesales, el lugar de su regulación normativa, el hecho de tratarse de procedimientos que si259

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guen una determinada tramitación por la materia objeto de los mismos y no por su cuantía, posibilidades de alegación de las partes y efectos de la sentencia que les ponga punto final. Ello hace que no sean acumulables los procesos de filiación, capacidad, matrimonio y menores, de división judicial de patrimonios, monitorio y cambiario a otros que no sean iguales. Tampoco es posible la acumulación de juicios como los verbales de tutela sumaria de la posesión o de tutela de los derechos reales inscritos y demás cuya sentencia no produzca los efectos de cosa juzgada (art. 447 LEC) a procesos en los que se ejerciten pretensiones que sí que vayan a producir tales efectos dadas las diferentes características que la no producción de efectos de cosa juzgada confieren al proceso. En tal sentido ARMENTA DEU (cit. bibl. p. 240) señala que el examen de las circunstancias en juego se debe hacer desde una perspectiva garantista de forma que si la acumulación puede suponer una merma de las garantías no sería la misma posible. En la doctrina jurisprudencial se han rechazado supuestos de acumulación, bien por el carácter incompatible de las acciones ejercitadas en cuanto al fondo de las mismas, bien por ser acciones que deben tramitarse en procesos de distinta naturaleza. Ejemplo de ello son los siguientes supuestos: acción personal de nulidad de compraventa y acción de retracto sobre la misma finca (STS 9 noviembre 1990 [RJ 1990, 8537]); demanda de guarda y custodia de menores y reclamación de indemnización more uxorio con delimitación de la competencia de los Juzgados de Familia (STS 8 marzo 1993 [RJ 1993, 2048]); tercería de dominio y acción reivindicatoria (STS 20 mayo 1998 [RJ 1998, 4035]; SAP León 4 febrero 1994 [AC 1994, 264]); acción de nulidad contractual y de testamentaría (STS 10 mayo 1999 [RJ 1999, 2887]); tercería de mejor derecho promovida contra diversas entidades ejecutantes en procedimientos seguidos ante distintos Juzgados ante el necesario planteamiento de la tercería frente a ejecutante y ejecutado en el juzgado ante el que se debate cada ejecución (STS 28 junio 2000 [RJ 2000, 5911]); ejercicio simultáneo de las acciones interdictales de obra nueva y de recobrar (SSAP Toledo 24 marzo 1992 [AC 1992, 386]; Córdoba 22 mayo 1995 [AC 1995, 939]; Granada [Sección 3.ª] 10 junio 1997 [AC 1997, 1702]); acción de retracto y de impugnación de la transmisión (SAP Navarra 6 mayo 1994 [AC 1994, 854]); acción sobre revisión o actualización de la renta y acción de reclamación del importe de incrementos atrasados (SAP Baleares 12 enero 1995 [AC 1995, 109]); alimentos provisionales solicitados simultáneamente por diversos 260

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alimentistas (SAP Barcelona 19 abril 1995 [AC 1995, 902]); modificación de las medidas adoptadas en convenio de separación y acción de liquidación del régimen económico matrimonial (SAP Tarragona 6 octubre 1995 [AC 1995, 1917]); retracto y rescisión de donación (SAP Lugo 16 septiembre 1998 [AC 1998, 1837]); cumplimiento y resolución contractual (SAP La Coruña [Sección 1.ª] 20 octubre 1998 [AC 1998, 7606]); incapacitación y nombramiento de tutor (SAP Burgos [Sección 2.ª] 18 enero 1999 [AC 1999, 2949]); acción resolutoria y de reclamación de rentas y acción de determinación de rentas (SAP Madrid [Sección 13.ª] 13 febrero 2001 [JUR 2001, 263480]). En cuanto a los efectos de la inadecuada acumulación consisten en no impedir el conocimiento de la acción ejercitada por el trámite procesal adecuado y dejar sin resolver la incorrectamente acumulada, siendo ejemplo de ello la SAP Navarra (Sección 3.ª) 29 octubre 2001 (AC 2002, 492). La acumulación de acciones se verifica siempre por el demandante y a su instancia en la demanda inicial del proceso o en su ampliación que se puede producir antes de la contestación (art. 401.2 LEC), no siendo procedente el hacerlo de oficio salvo las de impugnación de acuerdos sociales que pretendan la declaración de nulidad o de anulabilidad de los acuerdos adoptados en una misma Junta o Asamblea o en una misma sesión de órgano colegiado de administración y que se presenten dentro de los cuarenta días siguientes a aquel en que se hubiera presentado la primera, en cuyo caso establece el art. 73 LEC que se acumularán de oficio a la primera que se hubiere tramitado (previsión que ya contenía el art. 119.2 del RDLeg 1564/1989 de la LSA y que es lógica a fin de tratar de forma unitaria tales supuestos evitando resoluciones contradictorias y garantizando que la problemática derivada de una Junta se resuelva de forma unitaria). Asimismo y en previsión de supuestos semejantes, se contiene en el art. 73 LEC una previsión de acumulación de oficio cuando lo disponga la Ley. En lo relativo al tratamiento procesal de la acumulación de acciones, la LEC permite tanto su análisis de oficio como a instancia del demandado. El control de oficio se debe verificar por el Juez en el momento de la admisión de la demanda de forma que con carácter previo se expongan por parte del Juzgador las circunstancias concurrentes 261

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que hacen inidónea la acumulación que ha llevado a cabo, requiriendo al demandante para que subsane el defecto en el plazo de cinco días, manteniendo las acciones cuya acumulación fuere posible. Ello hace que la decisión del Juzgador de declarar indebidamente acumuladas las acciones se toma de forma automática y sin audiencia previa del demandante respecto del que solamente se establece que alegue lo pertinente respecto del mantenimiento de una o varias de las acciones que ha acumulado, pudiendo sostenerse que tal decisión del Juzgador debe adoptar la forma de providencia al afectar directamente a derechos procesales de las partes aunque dada su trascendencia (implica una decisión procesal esencial cual es la de sacar una o varias acciones del proceso y una advertencia de archivo) sería más idónea la forma de auto ante la definición que del mismo se contiene en el art. 206 LEC. No obstante esta innecesariedad de contradicción previa, ante la importancia de la decisión (y sin perjuicio del derecho del demandante de recurrirla en reposición), no sería improcedente el conceder un traslado previo, aunque se trata de algo que la ley no establece con lo que la ausencia de traslado es perfectamente correcta garantizándose la contradicción a través del cauce del recurso de reposición. Si el requerimiento se ve atendido no se suscita problema alguno, ya que sigue la tramitación de la causa con la acción que el demandante haya fijado que en pura lógica deberá ser la que haya dado origen al procedimiento específico empleado al carecer de sentido optar por aquella que fuere origen de un proceso diferente y que si se ha introducido en el interpuesto ha sido por su acumulación a otra, aunque ello no sería en principio problema alguno puesto que independientemente de la solicitud hecha por el demandante el Juzgador es el que debe verificar la tramitación procesal que estime correcta aunque sea distinta de aquella interesada. En caso de no atenderse el requerimiento (que debe cumplimentarse aun a pesar de haber recurrido en reposición la resolución en la que se acordó ya que el recurso de reposición no tiene efectos suspensivos según el art. 451 LEC), o si se da cualquier otra circunstancia de la que derive la no acumulabilidad entre las acciones (advertida al demandante previamente) se acuerda el archivo de la demanda sin más trámites por medio de auto que es apelable (art. 455 LEC). Pero junto a esta apreciación de oficio, cabe que el demandado plantee en la contestación de la demanda por vía de excepción la inadecuada acumulación de acciones. Esta excepción se ha de 262

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resolver (tratándose del juicio ordinario) en la audiencia previa (art. 419 LEC). Al no preverse la resolución escrita y habida cuenta de ser un elemento perfectamente conocido por el demandante antes de acudir a ella, antes de resolver en tal audiencia se oye al demandante en primer lugar sobre la procedencia de la acumulación o no (trámite no previsto en la LEC cuando se aprecia de oficio aunque se ha sostenido antes que tal audiencia no sería improcedente) y en el caso de estimarse improcedente la misma deberá verificarse el requerimiento que fija el art. 73 LEC que debe atender el demandante en el acto, solamente procediéndose al archivo de la causa en el caso antes señalado de no verse el mismo atendido. En tal supuesto se acuerda oralmente el archivo dando por concluida la audiencia previa redactando el Juzgador el auto pertinente que es apelable. De haberse atendido por el demandante al requerimiento, se sigue la tramitación de la causa (en este caso las fases siguientes de la audiencia previa) solamente con la acción que haya constituido el objeto del proceso terminándose respecto de las demás, sin ser en principio necesario el redactar resolución alguna al respecto (salvo petición de las partes en virtud de lo ya indicado respecto de las resoluciones orales) aunque al suponer la terminación del proceso respecto de una o varias de las acciones ejercitadas, un elemento de clarificación supondría tal redacción con la forma de auto. En el juicio verbal se procede de igual forma, con las especificidades que le son propias (imposibilidad de reposición sino simple protesta), estando prevista especialmente la inadecuada acumulación de acciones como primera alegación de la vista por el demandado en el art. 443.2 LEC y resolviéndose lo procedente de forma oral, dictándose la resolución por escrito solamente en el caso de que comporte el archivo de la causa.

F 19.E.

Demanda en ejercicio de acciones acumuladas

Juicio ... n.º .../... AL JUZGADO DE 1.ª INSTANCIA N.º ....... DE ....... D. ....... Procurador de los Tribunales, actuando en representación de ....... según se 263

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TOMO I. DISPOSICIONES GENERALES. PREPARACIÓN DEL PROCESO... acredita mediante escritura de poder que se acompaña y se solicita sea devuelta una vez testimoniada (o en virtud de apoderamiento apud acta que se otorgará ante la Secretaría de ese Juzgado) por medio de la presente formulo demanda de juicio ordinario frente a la mercantil ......, domiciliada en ....... C ........ y la fundo en los siguientes: HECHOS ÚNICO.–Que en la vivienda titular de mi representado sita en ....... C ........ (la titularidad se acredita mediante copia de la escritura de compraventa de ....... que se aporta como documento n.º 1) se llevaron a cabo por parte de ....... obras de rehabilitación consistentes en ........ A tal efecto se suscribió el correspondiente documento de encargo adjunto como documento n.º 2 de esta demanda en el que se hace expresa remisión en cuanto a las concretas labores a efectuar al presupuesto aceptado por las partes y que se adjunta como documento n.º 3. El importe de tales obras ....... € fue puntualmente abonado por mi representado por medio de transferencias bancarias a la cuenta de la mercantil demandada tal y como se acordó en el pacto 5.º del contrato aportado como documento n.º 1 antes mencionado y que se acreditan por los pertinentes resguardos bancarios que se adjuntan como documentos n.º 4 a 8. Una vez terminadas las obras se ha constatado la aparición de una serie de deficiencias que constan en el acta notarial al efecto levantada el pasado ....... y que se adjunta como documento n.º 9 de esta demanda. Tales deficiencias consisten en ....... habiéndose verificado por parte del arquitecto técnico D. ....... el pertinente examen de las mismas concluyendo que obedecen a defectos de ejecución material ascendiendo su coste de reparación a ....... € (IVA incluido). Dicho dictamen se aporta a las presentes actuaciones como documento n.º 10 de esta demanda. Asimismo a la mercantil demandada le encargó mi mandante la realización de unas obras de acondicionamiento en el local comercial sito en ....... C ........ del que D. ....... es arrendatario en virtud de contrato de fecha ... que se aporta como documento n.º 11 y consistentes en colocación del mobiliario adecuado, pintura de las paredes e instalación de parquet en toda la superficie del local. A tal efecto se suscribió el ....... el correspondiente documento de encargo que se aporta como documento n.º 12 y en base al presupuesto aceptado por ambas partes y que se adjunta como documento n.º 13. El precio de tales labores (... €) fue abonado por mi mandante por medio de transferencias bancarias cuya realidad se acredita por medio de los resguardos pertinentes que se adjuntan como documentos n.º 14 y 15. Una vez concluidas las reparaciones se han detectado las deficiencias siguientes: ....... La realidad de las mismas como sucedía con las referentes a la vivienda, deriva del acta notarial levantada el ....... y que se adjunta como documento n.º 16 de esta demanda habiendo sido valorada su reparación por el arquitecto técnico D. ....... en ....... €, concluyendo que su origen es un defecto de ejecución material y precisándose en tal dictamen que para la realización de las reparaciones pertinentes serán necesarios ....... días en los que el local deberá permanecer cerrado. Dicho dictamen se adjunta como documento n.º 16 de la demanda. El objeto de esta demanda es el que se indemnice a mi mandante en la cantidad de ....... € que es el coste de las reparaciones que es necesario efectuar tanto en la vivienda como en el local para dejarlo en condiciones idóneas y subsidiariamente la condena a la demandada a llevarlas a cabo. Asimismo se reclama la cantidad de ....... € que es el importe de las ganancias que se dejarían de obtener durante el período en el que el local deberá permanecer cerrado mientras se llevan a cabo las reparaciones. La justificación de este importe se desprende de la media de ventas que se obtiene en un período de tiempo como el indicado, al constar que el promedio de venta diaria es de ....... € tal y como resulta de las hojas de ingreso del IVA a la AEAT de los últimos 2 años que se adjuntan como documentos n.º 264

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CAP. I. CUESTIONES GENERALES 17 a 24 de esta demanda, sin que quepa verificar descuento alguno ya que los gastos propios derivados del funcionamiento del local (personal, suministros, alquiler, etc.) se deberán continuar abonando durante el tiempo en el que se desarrollen las obras. FUNDAMENTOS DE DERECHO PRIMERO.–Competencia y procedimiento.–Para conocer de esta demanda corresponde a los Juzgados de esta ciudad al tratarse de un juicio ordinario y tener la demandada su domicilio en la misma (arts. 249.2; 45 y 51 LEC). SEGUNDO.–Acumulación de acciones.–Se estima procedente el ejercicio de las acciones derivadas de los dos encargos realizados al tratarse del mismo demandante y demandado aun cuando se fundan en diferentes títulos (art. 71.2 LEC) poseyendo para ambas competencia el tribunal ante el que me dirijo, siendo las acciones que se podrían tramitar por separado del mismo tipo (ambos juicios ordinarios) (art. 73 LEC). TERCERO.–Fondo de la cuestión.–Se ejercita en ambos casos una acción por responsabilidad contractual (art. 1101 CC) derivada del incumplimiento por parte de la demandada de la obligación por ella asumida en los contratos de obra que vinculan a las partes (art. 1544 CC) solicitándose el importe de la reparación y subsidiariamente la condena a la demandada a la realización de tales trabajos, siendo el fundamento de la reclamación del lucro cesante por el tiempo de cierre del local el art. 1106 CC y la jurisprudencia según la que no basta con meras hipótesis o suposiciones, ni es suficiente con referir beneficios dudosos o contingentes, constatándose los mismos con una prueba basada en criterios de probabilidad objetiva que tengan el curso normal de los acontecimientos y las circunstancias (SSTS 31 mayo 1983 [RJ 1983, 2956]; 7 junio 1988 [RJ 1988, 4823]; 16 junio 1993 [1993, 5272]; 30 junio 1993 [RJ 1993, 5340]; 15 diciembre 1995 [RJ 1995, 9097]; 8 julio 1996 [RJ 1996, 5562]; 21 octubre 1996 [RJ 1996, 7235]). En cuanto a los intereses el art. 1100 CC. CUARTO.–Costas.–El art. 394 LEC sobre imposición de costas a los litigantes cuyas peticiones hayan sido totalmente rechazadas. En base a lo anterior, SUPLICO al Juzgado que tenga por interpuesta la presente demanda con el poder, documentos y copias, la admita decretando la unión de los mismos a las actuaciones, teniendo por comparecida a esta parte y por interpuesta demanda de juicio ordinario frente a ....... en la que tras los trámites oportunos se dicte sentencia por la que se condene a la demandada a abonar a mi principal la cantidad de ....... € más los intereses de la misma desde la interpelación judicial. Subsidiariamente y para el caso de que no se estime procedente el abono del importe de reparación de las deficiencias apreciadas se solicita que se condene a la demandada a efectuar las siguientes reparaciones en un plazo que prudencialmente se fija en un mes: A) En la vivienda sita en ....... C ........ las siguientes reparaciones: a) ....... b) ....... c) ....... d) .......; B) En el local sito en ....... C ........ las siguientes: a) ....... b) ....... c) ....... d) ....... A esta cantidad se añadirá la de ....... € en concepto de lucro cesante y los intereses que genere desde la interpelación judicial. Asimismo se solicita que se condene a la demandada en el pago de las costas derivadas de las presentes actuaciones. 265

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TOMO I. DISPOSICIONES GENERALES. PREPARACIÓN DEL PROCESO... OTROSÍ DIGO El importe de este procedimiento se fija en ....... € que es la cantidad objeto de reclamación. ....... a ....... de ....... de 200.. Firma Abogado

Firma Procurador

5.2. LA PRETENSIÓN RECONVENCIONAL La reconvención es una demanda que al contestar la demanda formula el demandado aprovechando el proceso contra él planteado y que se dirige frente al demandante o frente a éste y otras personas que pueden estimarse litisconsortes voluntarios o necesarios del mismo. Al implicar el ejercicio de una nueva acción, la interposición de la misma implica una ampliación del objeto del proceso que se extiende asimismo a conocer de esta nueva pretensión. Mas la posibilidad de interponer una reconvención no es absoluta de forma que quepa ejercitar todo tipo de acciones; sino que está sometida (como se ha visto sucede para la acumulación de acciones) a determinados requisitos (derivados de los arts. 406 y 407 LEC) y que son los siguientes: 1) Que la parte frente a la que se ejercite sea siempre el demandante que adquiere con ello la condición de reconvenido. Junto a él se puede demandar a otras personas que puedan estimarse litisconsortes del mismo (véase lo expuesto en sede de litisconsorcio en un capítulo anterior), mas siempre va a ser necesario que el actor sea demandado reconvencionalmente. 2) Ha de tener el Juzgado que tramita de la causa competencia por razón de la materia y de la cuantía (no es necesario que la tenga territorial) para conocer de la cuestión objeto de la reconvención. Ello hace que se deba dar por reproducido lo ya indicado en relación a la acumulación de acciones que antes se ha analizado en relación a competencia judicial internacional, arbitraje, otras jurisdicciones y la actuación de los Juzgados de Familia, Juzgados de lo Mercantil o Juzgados de Paz. 3) La pretensión reconvencional debería dar lugar (en caso 266

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de haberse interpuesto de forma independiente) a un proceso de igual tipo o naturaleza que aquel por el que se está tramitando la demanda con la única excepción de las reconvenciones que darían lugar a un juicio verbal se pueden interponer a consecuencia de una demanda tramitada como juicio ordinario. Tratándose de juicios verbales la LEC hace una precisión de los procesos en los que no cabe interponer reconvención lo que en la práctica supone una concreción del concepto «tipo de procedimiento» a que antes se a aludido señalando el art. 438.1 LEC que no cabe en los juicios verbales que concluyan con sentencia que no produzca los efectos de cosa juzgada. 4) Por último debe mediar una conexión entre las pretensiones objeto de la reconvención y las que sean objeto de la demanda principal tal y como establece el art. 406.1 LEC que se considera igualmente aplicable al juicio verbal dada la ausencia de previsión específica en tal sede y al estimarse que el art. 406.1 LEC es un precepto que posee un alcance general en este sentido al definir lo que verdaderamente quepa entender por reconvención. Lo que sea o no una conexión depende de las concretas circunstancias del caso, debiendo ser el criterio subyacente a esta valoración el de analizar si los elementos objeto de debate en la reconvención van a ser o no diferentes a los que se plantearían de haberse interpuesto solamente la demanda. Ello hace que en los casos en los que las pretensiones deriven de una misma relación jurídica no se susciten dudas (como es el caso de una demanda de un constructor que reclama el importe de sus trabajos y una reconvención del propietario que encargó la obra en el que reclama por los vicios que de la misma se derivaron), surgiendo éstas cuando se trate de relaciones distintas pero más o menos conexas que deberán ser analizadas con cuidado ya que la finalidad de este tratamiento de la reconvención no es sino la de tratar de forma unitaria litigios directamente relacionados entre sí tanto por economía procesal como por garantía de la seguridad jurídica que proclama el art. 9 de la Constitución, finalidad que no se cumpliría si la demanda reconvencional es ajena completamente a aquella que derivó de la demanda. Si se cumplen los requisitos legalmente previstos el tribunal da a la reconvención formulada el trámite legalmente previsto en cada tipo de proceso siendo recurrible en reposición y sin efectos suspensivos la resolución que se adopte que se entiende debe revestir la forma de auto al fijarse ello en el art. 206.2.2.ª LEC. 267

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5.3. ACUMULACIÓN DE PROCESOS Viene regulada en los arts. 74 a 98 LEC y en ellos, a diferencia de la acumulación de acciones o la reconvención en los que desde un inicio las diversas acciones se ejercitan en un mismo proceso, cada pretensión ha dado origen a uno distinto reuniéndose todos ellos en uno solo en donde se dictará una única sentencia (art. 74 LEC). Pero para poderse verificar esta acumulación de procesos es necesaria la concurrencia de una serie de requisitos: 1) Que se inste por alguna de las partes de los procesos cuya acumulación se interesa, no procediendo de oficio más que en los casos en los que la Ley lo autoriza, siendo uno de ellos el de los procesos de protección de derechos e intereses colectivos o difusos de consumidores y usuarios en los que así lo fija el art. 78.4 LEC. Tales procesos se estima que son todos aquellos de los que deriva la legitimación que se establece en el art. 11 de la LEC y que ya se han estudiado. Cuando la acumulación se pida a instancia de parte, cabe plantear si las únicas que la podrán interesar son las que ostenten tal condición en el proceso en el que se solicita la acumulación, fundándose esta opción en que de no serlo no podrían personarse en el mismo alegando una hipotética acumulación de la que solamente en caso de estimarse resultaría su susceptible personación. Frente a ello cabe oponer el tenor de la LEC que no fija este requisito de cara a concretar los legitimados para la petición de acumulación, ya que de lo único que habla es de que se trate de alguien que ostente la condición de «parte en cualquiera de los procesos» con lo que si en el proceso más antiguo (que es en donde se debe interesar la acumulación según el art. 79 LEC) no ostenta la condición de parte aquel que interese la acumulación, no habría problema en admitir su personación a los efectos de solicitar la acumulación, si bien desde el primer momento deberá acreditar la condición de parte en alguno de los procesos que se solicita acumular a aquel en el que se interesa. Esta solución es, además de la más respetuosa con el tenor de la LEC, la que garantiza de forma más adecuada el pleno cumplimiento de la finalidad de la acumulación (economía procesal y seguridad jurídica) al evitar el hacer depender de algo tan aleatorio como una fecha de presentación de la demanda la susceptibilidad o no de unificar los procesos en uno solo ante una actitud pasiva de los que fueren parte en el 268

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más antiguo. Evidentemente lo que está vedado es que la acumulación se interese por terceros absolutos, es decir aquellos que no ostenten la condición de parte en ninguno de los procesos a acumular. La jurisprudencia proclamó claramente el carácter rogado de la solicitud de acumulación, siendo ejemplo de ello la STS 20 julio 1996 (RJ 1996, 5678). 2) Que sea necesaria la tramitación unitaria bien porque la sentencia que haya de recaer en uno de los procesos tenga efectos prejudiciales en el otro, bien porque exista conexión entre ellas de forma que cabría en teoría llegar a resultados contradictorios, incompatibles o excluyentes. Este requisito es lógico y obedece a la finalidad de la institución que se analiza, dependiendo de las circunstancias del caso el determinar si se da o no, analizando con claridad las pretensiones que se ejerciten evitando acumulaciones que no estén debidamente justificadas. Este carácter prudente en la admisión de la acumulación de procesos se ve corroborado por la LEC que contempla con un cierto recelo la acumulación de procesos ante los abusos cometidos con ella y consistentes en tratar de subsanar de esta forma los errores cometidos en la tramitación del proceso a acumular interponiendo una nueva demanda sin tales errores y luego solicitando su acumulación al proceso más antiguo. Prueba de ello lo es que en el caso de tratarse de acciones con idéntico objeto y partes el art. 78.1 LEC rechaza el acudir a la figura de la acumulación, debiéndose articular mediante el instituto de la litispendencia que conlleva el archivo del segundo de los procesos interpuestos según establece el art. 421 LEC lo que hace que el empleo incorrecto del segundo proceso para subsanar deficiencias del primero se vea condenado al fracaso con la condena en costas consiguiente incluso con posible declaración de temeridad (art. 394 LEC). Mas si se trata de disimular tal circunstancia dirigiendo la demanda frente a partes distintas, también la LEC es muy estricta al declarar la misma improcedente si con la primera demanda, ampliación o reconvención se pudiere haber obtenido el resultado que se pretende con la acumulación. A tal fin un criterio interpretativo de este precepto implica el analizar si los datos en base a los que se ha interpuesto la segunda demanda que se intenta acumular podían haber sido obtenidos razonablemente acudiendo al mecanismo de las diligencias preliminares que se regula en los arts. 256 a 263 LEC. En caso de obtenerse una respuesta afirmativa, el intento de acumulación de procesos sería improcedente. Prueba de la sospecha de casos como los expuestos lo es el 269

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que el propio legislador establece una presunción de no acumulabilidad de procesos si la parte que los insta (demandante o demandado reconviniente) es la misma que la del proceso al que se pretenden acumular lo que obliga a hacer un esfuerzo expositivo y probatorio adicional por parte de aquel que interese la acumulación que es el que debe romper tal presunción (que es iuris tantum al preverse la prueba en contrario con la expresión «salvo justificación cumplida»). En materia de acumulación de procesos (también denominada de autos), existe una profusa y variada doctrina jurisprudencial que ha señalado no ser obstáculo para ello el tener posiciones procesales invertidas las partes en los distintos procesos (STS 22 junio 1993 [RJ 1993, 4719]; STSJ Galicia Sala de lo Civil y Penal 3 marzo 2000 [RJ 2000, 4241]); procesos de separación y divorcio (STS 2 abril 1993 [RJ 1993, 2990]); ser legítima en casos como los de juicio sobre propiedad de inmueble a proceso de testamentaría (SAP Zamora 9 octubre 1997 [AC 1997, 2276]); procedimiento de tercería de dominio y de menor cuantía sobre acción reivindicatoria y declarativa de dominio (SAP Navarra [Sección 2.ª] 7 abril 1997 [AC 1997, 904]); procesos sobre reclamación de cuotas por las obras en un edificio a los distintos propietarios (SAP Zaragoza 14 enero 1992 [AC 1992, 144]). Asimismo existe una importante doctrina sobre posible uso fraudulento del instituto de la acumulación existiendo decisiones que determinan su inexistencia como la SAP Alicante (Sección 5.ª) 1 febrero 2001 (JUR 2001, 122956); mientras que hay muchas otras en las que se ha analizado la concurrencia del mismo y el recelo con el que se ve en ocasiones esta institución, pudiéndose citar a título de ejemplo la STS 23 abril 1994 (RJ 1994, 3089). Como ejemplo de acciones incompatibles entre sí de cara a la acumulación cabe citar los casos de procedimiento de separación matrimonial y otro de jurisdicción voluntaria solicitando la restitución de menor (AAP Madrid [Sección 22.ª] 12 febrero 1999 [AC 1999, 69]); acciones sobre la servidumbre de andamiaje y otra sobre negatoria de luces y vistas y acción real de titularidad (SAP Zamora 22 febrero 1999 [AC 1999, 2901]). En cuanto al momento procesal para la solicitud que no se puede hacer cuando los autos estén conclusos para sentencia (ahora juicio terminado) se puede hacer mención al AAP Cáceres sección 1.ª 7 mayo 1999 (AC 1999, 7706); AAP Huesca 14 abril 2000 (AC 2000, 3227). Por último y respecto de la problemática de la posible pérdida de derechos pro270

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cesales se puede hacer mención al AAP Jaén Sección 1.ª 30 noviembre 2001 (JUR 2002, 23172). 3) Que se trate de procesos declarativos que estén ambos en primera instancia con el juicio no terminado (es decir que no se halla declarado que los autos quedan vistos para sentencia lo que imposibilita solicitar la acumulación si se está en fase de diligencias finales en el juicio ordinario –arts. 77.4 y 433 LEC–; siendo ello no obstante posible si el juicio está simplemente interrumpido –arts. 77.4 y 193 LEC–) y que se sustancien por los mismos trámites (p. ej.: juicios ordinarios o verbales entre sí) o que quepa unificar sin pérdida de derechos procesales (art. 77.1 y 4 LEC). Esta última mención implica la susceptibilidad de reconvertir en virtud de la acumulación procesos a un trámite distinto al que les corresponde. En base a ello cabría acumular un juicio verbal a un ordinario (de ser éste el más antiguo ya que la regla de la prioridad temporal posee un carácter absoluto en el art. 79) pues el tramitar un juicio verbal por las normas de un juicio ordinario no supone sino un incremento de las garantías procesales (ARIAS LOZANO cit. bibl. p. 469 matiza esta posición diciendo que los juicios verbales especiales por razón de la materia no son acumulables a un juicio ordinario ya que con ello se frustrarían las especificidades propias de recurrir al proceso elegido lo que afectaría esencialmente a la duración del proceso que el legislador ha tratado de reducir al señalarle la tramitación de los juicios verbales). Pero frente a ello la situación inversa (la acumulación de un ordinario a un juicio verbal) no sería posible ya que los derechos procesales no son iguales en uno y otro tipo de procesos siendo el más claro ejemplo de ello el de la ausencia de recurso de reposición frente a decisiones adoptadas en la vista del juicio verbal. En caso de no ser posible por este motivo la acumulación y dándose los requisitos antes mencionados, la vía para garantizar la ausencia de sentencias contradictorias sería la de suspender el segundo de los procesos por prejudicialidad civil (art. 43 LEC) ya que presupuesto de ello es que no sea posible la acumulación de autos (término que hace referencia a la acumulación de procesos y cuyo empleo deriva de ser el tradicional). Esta suspensión se deberá interesar por las partes al no ser posible el acordarla de oficio en cuyo caso la parte interesada o bien acudirá directamente a esta solicitud aportando la justificación necesaria, o bien intentará previamente la acumulación de procesos siendo el fundamento de la petición de suspensión por prejudicialidad civil el auto que se dicte denegando la acumula271

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ción. La SAP Pontevedra 13 octubre 2006 (AC 2006, 1912) analiza un caso de no acumulabilidad por acciones en diferentes instancias y el AAP Las Palmas 24 abril 2006 (JUR 2006, 213006) la no acumulabilidad por estar ya unos autos pendientes de sentencia. 4) El tribunal del proceso más antiguo (que es al que se solicita la acumulación) ha de poseer competencia por razón de la materia y de la cuantía para conocer de la acción acumulada. Ello hace que no sea posible el acumular entre sí acciones cuyo conocimiento corresponda a distintos de los órganos civiles que deben conocer de una cuestión en fase de instancia tales como Juzgados de Familia, Juzgados de lo Mercantil o Juzgados de Paz (incluso Tribunales Superiores de Justicia o Tribunal Supremo en los casos en que tienen competencia civil en fase de instancia), debiéndose verificar una remisión a lo ya manifestado en sede de acumulación de acciones. 5) Asimismo el tribunal del proceso más antiguo ha de tener competencia territorial para conocer del asunto que se ha de acumular (algo que no sucedía en la reconvención) si la misma viene determinada por fueros indisponibles (los del art. 54.1 y 2 LEC), algo que es lógico ya que la acumulación la puede interesar una parte distinta a aquella que resulta beneficiada por el fuero inderogable que podría incluso haber formulado una demanda ficticia con la finalidad de eludir la operatividad de tal fuero forzando una acumulación de procesos. La acumulación siempre se ha de solicitar ante el tribunal que conozca del proceso más antiguo, concretando el art. 79 LEC cual se debe tener por tal en caso de duda, norma ésta que no admite alteración alguna pues los términos de la LEC son categóricos al fijar tal tribunal («se solicitará siempre»), lo que hace que aun cuando tramite el proceso de menor cuantía económica, o menos complejo procesalmente (verbal frente a ordinario posterior), siempre la solicitud se le debe presentar a él, sin perjuicio de que posteriormente se decida acceder o no a la acumulación, debiendo los tribunales que tramitan procesos más modernos rechazar siempre a limine las peticiones de acumulación mediante auto que al no haber puesto punto final al proceso sino que simplemente acuerda su continuación, solamente será recurrible en reposición, sin perjuicio del recurso que quepa frente a la sentencia de fondo (arts. 451 y 454 LEC). Este recurso (el de reposición) es el que cabe 272

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interponer además en los casos en los que se decide sobre la acumulación de existir controversia sobre ello entre las partes (art. 83.2 LEC) lo que hace que asimismo se estime posible el extenderlo a supuestos como el aquí analizado. En lo referente a la tramitación de la acumulación se contiene en los arts. 81 a 85 LEC si se siguen los autos ante el mismo tribunal y en los arts. 86 a 97 LEC si se siguen ante tribunales distintos, siendo uno de los elementos más destacables el que la solicitud de acumulación desde el momento en que se verifica no suspende la tramitación de los procesos en los que se interesa, salvo el trámite de dictar sentencia (arts. 81 y 88 LEC), lo que obliga si se trata de procesos seguidos en distintos tribunales a ponerlo urgentemente en conocimiento del que tramita el proceso cuya acumulación se ha interesado, comunicación que se deberá hacer por el medio más rápido posible siendo lo más usual el verificarlo por medio de fax o mecanismo electrónico dotado de eficacia y con todas las garantías (sin perjuicio del envío del oficio en que se indica esta circunstancia por original y del aviso que se puede verificar de forma simultánea por vía telefónica). Este efecto puede tener importantes consecuencias en los procesos que se tramitan ante diversos tribunales ya que como se analizó anteriormente, la sentencia la ha de dictar el mismo juez que dirigió el juicio y ante el que se practicaron las pruebas. Ello hace que si el proceso se tramita ante diversos tribunales (no si es el mismo pues cabe que sea el mismo juez el que celebre el primer juicio y luego el acumulado si bien en este caso se produce una importante ruptura del principio de concentración que inspira a la LEC como ya se ha indicado), de accederse a la acumulación el juicio celebrado en el proceso acumulado se deberá repetir con las consecuencias que ello significa de pérdida de tiempo para todos los que debieron comparecer al primero (letrados, procuradores, partes, testigos, peritos, etc.) y de pérdida de la espontaneidad en las manifestaciones de los intervinientes que ya conocen cual fue la actitud de la parte contraria. Es por ello que a fin de evitar estos perjuicios sea admisible la suspensión del proceso a petición conjunta de ambas partes (art. 188.1.3.º LEC) puesto que la evitación de los efectos perniciosos antes mencionados se puede entender como justa causa siendo además esta petición conjunta una manifestación indirecta de conformidad con la solicitud de la acumulación que puede incluso vincular al tribunal como más adelante se dirá. En caso de no accederse a ello la opción sería aplazar o fijar la celebra273

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ción del juicio en un momento posterior a aquel en el que se estime que ya se habrá resuelto acerca de la acumulación. Otro elemento esencial en la tramitación de la acumulación es el de la vinculación del tribunal a la conformidad de las partes con la acumulación tanto en la fase de petición y alegaciones ante aquel al que se solicita la acumulación (art. 83.2 LEC contenido en la acumulación de procesos ante el mismo tribunal mas que es igualmente aplicable a la de aquellos que se siguen ante distintos tribunales según el art. 86 LEC) como en la de alegaciones ante el órgano requerido de ser distinto al que tramita la acumulación y que solamente hacen los que siendo parte en el proceso que se sigue ante el tribunal requerido, no lo están en el proceso tramitado por el requirente (arts. 90.2 y 91 LEC). No obstante lo anterior, existe una posibilidad de control de oficio por parte del órgano jurisdiccional. Así aquel al que se interesa la acumulación puede rechazar a limine la solicitud de acumulación (art. 82 LEC previsto para el de la acumulación de procesos ante el mismo tribunal pero extensivo al de los que se tramitan ante distintos tribunales en virtud del art. 86 LEC antes aludido) bien por no contener la solicitud los datos necesarios que fija el art. 81 LEC (algo que podría entenderse como subsanable) bien por no ser la acumulación procedente por razón de la clase y tipo de los procesos, su estado procesal y demás requisitos procesales. Este último supuesto por su naturaleza es insubsanable y supone un control de oficio muy importante aunque solamente por tales motivos puramente procesales (los del art. 77 LEC) y que no se pueden hacer extensivos a los requisitos de fondo de la acumulación que fija el art. 76 LEC. En base a ellos cabría rechazar una petición de acumulación en el seno de un juicio verbal de un juicio ordinario o de un proceso que esté en fase de apelación a uno que se halle en instancia. Cuando se trata de acumulación de procesos ante distintos tribunales, las posibilidades de control por el requerido se reducen hasta el punto de no poder entrar en la concurrencia ni de los requisitos procesales (art. 77 LEC) ni de los de fondo (art. 76 LEC) solamente pudiendo negarse en el caso de verificarse por las partes que lo pueden hacer (las no personadas ante el requirente) alegaciones de datos o argumentos nuevos distintos a los que se debatieron ante el requirente (algo lógico ya que éste no pudo conocer la posición de esta parte de cara a decidir al no estar personada ante él) o en el caso de entender que la acumulación debe hacerse ante él. 274

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En tales casos (y en todos aquellos en los que no se dé acuerdo entre requirente y requerido), se somete directamente la cuestión al superior inmediato que dependerá según el lugar en el que se encuentren los dos tribunales que tramitan los procesos a acumular y entre los que se suscita el conflicto positivo (Tribunal Supremo si son de diferentes Comunidades Autónomas; Tribunal Superior de Justicia si son de la misma Comunidad Autónoma pero de diferentes provincias y Audiencia Provincial si son de la misma provincia o localidad). Si la acumulación es de más de dos procesos se debe proceder de igual forma lo que comporta el que por parte del órgano ante el que se solicita la acumulación la decisión que se adopte se hará en forma unitaria (si así se hubiere hecho la petición) aunque decidiendo según las circunstancias concurrentes en cada uno de los procesos. Si la petición se hace por separado respecto de cada proceso, la decisión se tomará asimismo por separado ya que es perfectamente posible que se interese en momentos procesales distintos y cuando ya se hubiere decidido acerca de otras acumulaciones. Esta aplicabilidad de las normas de procedimiento se hace asimismo extensiva al trámite a seguir en los diferentes procesos cuya acumulación se solicita al tramitado ante el requirente. Cuando la acumulación se interese en el seno de un juicio verbal (art. 80 LEC) se aplican las normas anteriores si bien en el caso de interesarse la acumulación en el acto de la vista se decide directamente en la misma acerca de la procedencia o no de la acumulación, previa audiencia de las partes concurrentes. Independientemente de cuál fuere la decisión, una vez tomada la vista ha de continuar con la contestación de la demanda, resolución de otras cuestiones procesales, práctica de la prueba y conclusiones quedando en suspenso (si se ha accedido a la acumulación) el trámite de dictar sentencia, siguiendo la tramitación ante el órgano requerido en la forma antes mencionada si bien se pasa directamente a la fase del art. 90 LEC para lo que es discutible si debe o no el requirente redactar por escrito la resolución que en cuanto a la acumulación se haya adoptado en la vista al preverse en el art. 89 LEC que la decisión adopta la forma de auto. Ello no obstante dado que se trata de un juicio verbal cuyas resoluciones presentan las características especiales del art. 443 LEC cabría sostener la innecesariedad de esta redacción al resolverse en la vista de forma oral con lo que bastará con el testimonio del acta en el que tal 275

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decisión se haya reflejado según se establece en el art. 146.2 LEC. Si se ha denegado la acumulación el juez ha de dictar sentencia sin perjuicio del derecho de la parte que interesó la acumulación de recurrir la sentencia en apelación alegando como uno de los motivos la inidoneidad de la negativa de acumulación. Las normas antes detalladas no operan en los casos en los que se tramite un juicio universal, ya que independientemente de cuál fuere su fecha es al mismo al que cabe acumular los procesos pendientes en la forma que establezca la legislación concursal (art. 89.1.1.º LEC) cuando se trate de procesos de este tipo, o si se trata de un proceso sucesorio la acumulación asimismo se hace a él (art. 89.1.2.º LEC). En esta materia la jurisprudencia ha admitido la acumulación al juicio universal de quiebra (antes de la entrada en vigor del concurso regulado por la Ley 22/2003) de los: 1) Juicios ejecutivos singulares contra el quebrado iniciados antes o después del auto de declaración de quiebra, aunque haya recaído sentencia de remate, siempre que no se hubiera pagado al ejecutante o se hubiera declarado la insolvencia del ejecutado, excluyéndose los juicios ejecutivos singulares contra el quebrado, donde sólo se persigan los bienes hipotecados de éste (esta acumulación es posible si el juicio ejecutivo se sigue sólo frente al quebrado no frente al quebrado y terceros como manifestó el AAP Madrid [Sección 12.ª] 15 julio 2002 [JUR 2002, 270853]). 2) Juicios declarativos promovidos contra el quebrado antes de dictarse el auto de declaración de quiebra, donde se ejercite una acción personal, siempre que penda en la primera instancia y no esté concluso por sentencia definitiva. 3) Juicios declarativos promovidos contra el quebrado antes de dictarse el auto de declaración de quiebra, donde se ejercite una acción real, siempre que, además de encontrarse en la primera instancia y no estar conclusos para sentencia definitiva, no se sigan en el Juzgado del lugar en que está sita la cosa inmueble o se hubiera hallado la cosa mueble, sobre que se litige. 4) Juicios declarativos promovidos contra el quebrado o sus bienes, después de dictado el auto declarándolo en estado de quiebra, en el que se ejerciten acciones personales o reales, siempre que no estén en diferente instancia que el de quiebra, ni conclusos para sentencia. 5) Es debatido si se acumulan o no los juicios para hacer efectivas las deudas de la masa. Ejemplo de esta doctrina son las SSTS 7 marzo 1997 (RJ 1997, 1644); 4 diciembre 1997 (RJ 1997, 8726); 17 276

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abril 2002 (RJ 2002, 4781); AAP Madrid Sección 21.ª 18 marzo 1998 (AC 1998, 7013); SAP Las Palmas Sección 1.ª 16 julio 1999 (AC 1999, 6524); habiéndose negado la acumulación al proceso de quiebra de los juicios de desahucio por falta de pago (AAP Zaragoza [Sección 4.ª] 17 enero 1996 [AC 1996, 161]); o aquellos en los que la parte demandada es el quebrado junto con otros (AAP Barcelona [Sección 11.ª] 24 noviembre 2000 [JUR 2001, 63090]). En materia de procesos sucesorios existe una doctrina mucho más reducida siendo ejemplo de la acumulación de un juicio ejecutivo a uno sucesorio el AAP Zaragoza Sección 2.ª 2 octubre 1998 (AC 1998, 1975). La LEC contiene un régimen especial de la acumulación de ejecuciones en el art. 555 LEC que en lo referente a la tramitación procesal se hace en la forma antes expuesta, especificando el precepto solamente los requisitos que han de concurrir para que se pueda dar, admitiéndola en todo caso si ejecutante y ejecutado son los mismos en los diferentes procesos (párrafo primero), admitiéndose si el ejecutado es el mismo (no el ejecutante) si el tribunal que conozca del proceso más antiguo lo considera más conveniente para la satisfacción de todos los acreedores ejecutantes y solamente estimándose correcta la acumulación de ejecuciones de bienes hipotecados cuando los procesos de ejecución se sigan para hacer efectivas otras garantías hipotecarias sobre los mismos bienes. De esta forma se simplifica la ejecución tramitándose de forma unitaria y tratándose de evitar problemas tan complejos como la decisión en torno al destino del sobrante que en un proceso de ejecución se pudiere obtener u otros de la misma índole. En todo caso se deberá tratar de procesos en los que el ejecutado sea el mismo no pudiéndose acumular aquellos en los que ejecutante y ejecutado tengan alteradas las posiciones (siendo ejecutantes en uno y ejecutados en otro) ya que ello es un supuesto de compensación que es distinto al de la acumulación de ejecuciones y que debe operar bien en fase de instancia mediante la alegación pertinente (arts. 408 y 438.2 LEC). En caso de suscitarse en sede ya de ejecución lo procedente sería (no interesar una acumulación que como se ha dicho no es procedente) sino solicitar en cualquiera de ellas el embargo del crédito que el ejecutado ostenta, si bien ello presenta el peligro de que se interese esta medida en ambos procesos de ejecución con el bloqueo que ello puede suscitar y que se solucionaría mediante la admisión de la acumulación de ejecuciones en casos como éste, lo que hace que aun cuando no se pueda hablar 277

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propiamente de una compensación, sea aconsejable el que los tribunales que tramiten ambas ejecuciones actúen en la forma más coordinada posible. Por último el art. 97 LEC prohíbe segundos incidentes de acumulación (no del proceso que ya se acordó no acumular pues es algo ya decidido, sino de otros procesos ulteriores) en los casos en los que quien lo inste sea el que hubiere interpuesto la demanda que se pretende acumular. Este supuesto implica un claro recelo hacia la figura de la acumulación que llega hasta el extremo de no tenerse que admitir a limine tales intentos de acumulación que en ocasiones pueden ser perfectamente legítimos. Mención especial requiere la acumulación en aquellos casos en los que el deudor/demandado se encuentre afecto a un procedimiento concursal (supuesto éste arquetipo de la acumulación de procesos singulares a un proceso universal que regula el art. 98 de la LEC), debiéndose distinguir los procedimientos declarativos de los de ejecución. En cuanto a los declarativos que se encuentren en tramitación al momento de la declaración de concurso, el art. 51.1 de la Ley 22/2003 Concursal establece que la regla general es que continuarán hasta la firmeza de la sentencia, salvo aquellos que, siendo competencia del juez del concurso (son los que se establecen en el art. 8 de la Ley 22/2003 Concursal que reproduce el art. 86 ter.1 de la LOPJ tras la reforma operada por la Ley Orgánica 8/2003 y que se han detallado en el capítulo referente a jurisdicción y competencia), se estén tramitando en primera instancia y respecto de los que el juez del concurso estime que su resolución tiene trascendencia sustancial para la formación del inventario o de la lista de acreedores. Los procedimientos declarativos que se incoen con posterioridad a la declaración de concurso y que tengan trascendencia patrimonial no requerirán de acumulación ya que son tramitadas directamente por el Juez del concurso según el art. 8 de la Ley Concursal, debiendo en caso de suscitarse ante otro Juez inadmitirse a trámite directamente absteniéndose el Juez de conocer. En caso de haberse admitido a trámite por error se deberá proceder de forma directa a su archivo sin tener validez alguna lo que se hubiere practicado (art. 50 de la Ley 22/2003 Concursal). Los de ejecución en principio no generan ninguna actividad de 278

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acumulación ya que no cabe que se inicien con posterioridad a la declaración del concurso, y las pendientes quedan en suspenso (art. 55 de la Ley 22/2003 Concursal). El otro supuesto de acumulación de procesos singulares a un proceso universal es el de los procedimientos sucesorios a los que se acumulan las acciones referentes al caudal objeto del proceso sucesorio, salvo las que solamente persigan bienes hipotecados o pignorados independientemente de la fecha en la que se haya iniciado la ejecución (esta última mención ha sido incorporada por la Ley 22/2003 Concursal en la reforma que ha operado del art. 98.1.2.º segundo apartado de la LEC por medio de su Disposición Final Tercera).

F 20.E.

Escrito solicitando la acumulación de procesos ante el mismo juz-

gado

Juicio Ordinario n.º .../... Juzgado de 1.ª Instancia n.º ....... de ....... AL JUZGADO DE 1.ª INSTANCIA N.º ....... DE ....... D. ....... Procurador de los Tribunales, actuando en representación de ....... en los presentes autos por medio del presente escrito solicito la acumulación a los presentes autos de los que se siguen ante este mismo Juzgado como juicio ordinario n.º .../... fundamentándolo en las siguientes: ALEGACIONES ÚNICO.–Que en el presente proceso incoado en virtud de demanda presentada el ....... se ejercita una acción de responsabilidad extracontractual por parte de ....... frente a ... y mi mandante ... a resultas del accidente de circulación ocurrido el pasado ....... a las ....... horas en la ....... y en el que vieron involucrados los siguientes vehículos: A) ....... matrícula ......., propiedad de ......., asegurado por ....... y que era conducido por .......; B) ....... matrícula ......., propiedad de ......., asegurado por ....... y que era conducido por .......; C) ....... matrícula ..., propiedad de ........, asegurado por ... y que era conducido por .......; y D) ....... matrícula ..., propiedad de ...., asegurado por ....... y que era conducido por ....... Una vez incoado el proceso, mi mandante se ha visto asimismo demandada por parte de D. ....... en virtud de demanda que fue presentada el ....... y repartida a este mismo Juzgado y en la que se verifica asimismo una reclamación por responsabilidad extracontractual derivada del mismo accidente de circulación antes mencionado. Al derivarse ambas acciones de unos mismos hechos se estima procedente el que se 279

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TOMO I. DISPOSICIONES GENERALES. PREPARACIÓN DEL PROCESO... tramiten de forma conjunta al reunirse tanto los requisitos de fondo (art. 76 LEC) como de forma ya que ambas acciones se están tramitando por los cauces del juicio ordinario (art. 77 LEC). La legitimación de esta parte para interesar la acumulación de los dos procesos que se siguen ante este Juzgado deriva del art. 75 LEC, debiendo hacerse la solicitud en este proceso al ser el más antiguo (art. 79 LEC). El presente proceso se encuentra en fase de emplazamiento de dos de los codemandados y aquel ante el que se estima que deben acumularse las presentes actuaciones está pendiente de celebración de la audiencia previa. En base a lo anterior, SUPLICO al Juzgado se tenga por presentado el presente escrito con el justificante de entrega de copias a las demás partes personadas, se sirva admitirlo y tras la oportuna tramitación con traslado a las demás partes y sin suspensión del curso de las actuaciones (tanto éstas como aquellas que se solicita acumular) si bien no se deberá dictar sentencia en ambas hasta tanto no se decida sobre la petición de acumulación, se sirva dictar auto por el que se acuerde la acumulación al presente proceso del que se tramita con el n.º .../ ... ante este mismo Juzgado. ....... a ....... de ....... de 200.. Firma Abogado

F 21.E.

Firma Procurador

Escrito solicitando la acumulación de procesos ante distinto Juz-

gado

Juicio Ordinario n.º .../... Juzgado de 1.ª Instancia n.º ....... de ....... AL JUZGADO DE 1.ª INSTANCIA N.º ....... DE ....... D. ....... Procurador de los Tribunales, actuando en representación de ....... en los presentes autos por medio del presente escrito solicito la acumulación a los presentes autos de los que se siguen ante el Juzgado de 1.ª Instancia n.º ....... de esta misma ciudad como juicio ordinario n.º .../... fundamentándolo en las siguientes: ALEGACIONES ÚNICO.–Que en el presente proceso incoado en virtud de demanda presentada el ....... se ejercita una acción de responsabilidad por vicios constructivos en reclamación de ....... por parte de la Comunidad de Propietarios del edificio sito en ....... C ........ frente a la promotora del edificio ......., el arquitecto técnico que intervino en las obras D. ....... y mi mandante que era el arquitecto superior que hizo el proyecto y asumió la dirección de obra .... Una 280

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CAP. I. CUESTIONES GENERALES vez incoado el proceso, mi mandante se ha visto asimismo demandado por parte de D. ...., que es el titular de la vivienda sita en el ....... del mismo inmueble en virtud de demanda que fue presentada el ....... y repartida al Juzgado de 1.ª Instancia n.º ....... de esta misma ciudad y en la que se verifica asimismo una reclamación de ....... € por responsabilidad por vicios constructivos frente a los antes aludidos. Al derivarse ambas acciones de unos mismos hechos se estima procedente el que se tramiten de forma conjunta al reunirse tanto los requisitos de fondo (art. 76 LEC) como de forma ya que ambas acciones se están tramitando por los cauces del juicio ordinario (art. 77 LEC). La legitimación de esta parte para interesar la acumulación de los dos procesos que se siguen ante este Juzgado deriva del art. 75 LEC, debiendo hacerse la solicitud en este proceso y ante este Juzgado al ser el que tramita el proceso más antiguo (art. 79 LEC). El presente proceso se encuentra en fase de emplazamiento de dos de los codemandados y aquel ante el que se estima que deben acumularse las presentes actuaciones está pendiente de celebración de la audiencia previa. En base a lo anterior, SUPLICO al Juzgado se tenga por presentado el presente escrito con el justificante de entrega de copias a las demás partes personadas, se sirva admitirlo y tras la oportuna tramitación dando urgente noticia de la presentación de esta solicitud al Juzgado de 1.ª Instancia n.º ....... de esta ciudad en el seno del juicio ordinario .../... a fin de que se abstenga de dictar sentencia en tanto en cuanto no se resuelva la presente solicitud de acumulación, con traslado a las demás partes y sin suspensión del curso de las actuaciones si bien no se deberá dictar sentencia hasta tanto no se decida sobre la petición de acumulación, se sirva dictar auto por el que se acuerde la acumulación al presente proceso del que se tramita con el n.º .../... ante el Juzgado de 1.ª Instancia n.º ....... de esta misma ciudad. ....... a ....... de ....... de 200.. Firma Abogado

6.

Firma Procurador

Tipología de procesos civiles. Reglas para determinar el proceso correspondiente Regulación legal: arts. 248 a 255 de la LEC

6.1. PROCESOS DECLARATIVOS 6.1.1. Ámbito del juicio ordinario 281

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TOMO I. DISPOSICIONES GENERALES. PREPARACIÓN DEL PROCESO... 6.1.2. Ámbito del juicio verbal 6.1.3. Reglas de determinación de la cuantía 6.1.4. Procesos especiales 6.1.4.1. Procesos sobre capacidad, filiación, matrimonio y menores 6.1.4.2. Procesos de división judicial de patrimonios 6.1.4.3. Proceso monitorio 6.1.4.4. Juicio cambiario 6.1.4.5. Procesos concursales 6.2. PROCESOS DE EJECUCIÓN 6.2.1. Ejecución provisional 6.2.2. Ejecución definitiva 6.3. EL PROCESO CAUTELAR

De cara a dar respuesta a los distintos problemas que se suscitan y de los que conocen los órganos jurisdiccionales civiles, es posible el distinguir entre los procesos de declaración que no son sino aquellos cuya finalidad es que los tribunales manifiesten cuál es la respuesta que debe darse a un litigio que ante ellos se plantea; procesos de ejecución que comportan (con previo proceso de declaración o sin éste en determinados casos) el cambio en la realidad exterior de forma que la misma se acomode al título que le sirve de fundamento; y el que se denomina proceso cautelar que trata se asegurar la efectividad de otro proceso principal y el resultado que del mismo se pudiere obtener. 6.1. PROCESOS DECLARATIVOS Un elemento básico antes de decidir acerca de la interposición de una demanda es el conocimiento del cauce procesal por el que la misma se deba tramitar, ya que las peculiaridades del proceso a seguir pueden en ocasiones determinar la decisión referente a interponerlo o no. La expresión del tipo de proceso debe contenerse en toda demanda fundamentando jurídicamente la opción que se haya tomado mas solo cuando se trate de demandas de juicio ordinario al disponerlo así el art. 399.4 LEC, no siendo ello necesario en el juicio verbal al no establecerse este requisito en el art. 437 LEC. Esta indicación del tipo de proceso es esencial ya que existen numerosas materias en las que cabe que el demandante opte por diversas vías para reclamar, siendo todas ellas perfectamente legí282

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CAP. I. CUESTIONES GENERALES

timas y correspondiendo a una decisión personal suya el decidir si para un caso concreto le conviene más el seguir una u otra. Ejemplo de ello es el de una factura de una cantidad que no exceda de 30.000 € que puede exigirse bien por la vía del proceso monitorio (art. 812 LEC) bien por la de un juicio ordinario (art. 249.2 LEC) o verbal (art. 250.2 LEC) en este último caso si no excede de 3.000 €. La existencia de estas opciones diversas hace que el control de oficio del tipo de procedimiento que establece el art. 254.1 LEC se deba hacer solamente en aquellos casos en los que el elegido no está legalmente previsto para el supuesto planteado. Este control abarca tanto los casos en los que el juicio viene determinado por la materia como cuando es la cuantía la que fija el cauce a seguir, ya que el encabezamiento del precepto que parece solamente referirse al control de la clase de juicio por razón de la cuantía contrasta con el contenido del párrafo primero en la que se hace extensible asimismo este control a los casos en los que es la materia la que establece el cauce procesal a seguir. Ello hace que la indicación del tipo de proceso, si bien es esencial cuando existen diversas opciones, puede ser subsanada de oficio por el tribunal si se hace de forma errónea puesto que en tales casos directamente (y sin audiencia previa de la parte que podrá recurrir en reposición si no está conforme, aunque el traslado previo no aparece prohibido pero su adopción comportaría un retraso en la tramitación de la causa) se encauza el procedimiento dictándose el auto de admisión pertinente si se reúnen todos los requisitos necesarios para ello justificando en él el cambio de tipo de proceso respecto del indicado en la demanda (arts. 404 y 440.1 LEC). Tal encauzamiento se estima debe hacerse al proceso más similar a aquel por el que la parte haya optado, acudiendo en caso de duda a los procesos genéricos. Así si se ha interpuesto una demanda de juicio verbal en reclamación de 5.000 € con fundamento en una factura, lo correcto es encauzar el proceso por los trámites del juicio ordinario y no por los del monitorio pues la parte al haber acudido al juicio verbal ha manifestado que su intención es la de seguir una vía ordinaria y no la privilegiada que supone el proceso monitorio. En todo caso y al no aparecer prohibido, en caso de duda y de existir diversas opciones no sería improcedente el que por parte del tribunal se requiriese a la parte a fin de que concretase entre las vías posibles (ya fijadas por el juzgador en su labor de control de oficio) cuál de ellas es la que desea seguir. Tratándose de procesos de declaración y de cara a determinar 283

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TOMO I. DISPOSICIONES GENERALES. PREPARACIÓN DEL PROCESO...

cuál es el que se ha de seguir, se debe analizar si la concreta pretensión se debe encauzar por los trámites de los juicios ordinario y verbal que son los que aparecen mencionados en el art. 248 LEC o si es operativo alguno de los procesos especiales que son los que vienen enumerados en el Libro IV de la LEC (si bien en sentido técnico muchos de los procesos que se tramitan como ordinarios o verbales por razón de la materia presentan especialidades propias que hace que técnicamente deban ser considerados como procesos especiales tal y como los califica GÓMEZ COLOMER –cit. bibl. Derecho Jurisdiccional II. Proceso Civil, Ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 2000, p. 701 y ss.–, aunque aquí se sigue la sistematización de la LEC a los efectos de simplificar la determinación del trámite procesal a seguir). En todo caso y como última norma genérica de aplicación cabe añadir que lo primero que debe analizarse es si la pretensión que se va a ejercitar genera un proceso especial por razón de la materia puesto que las normas de determinación de la clase de juicio por razón de la cuantía sólo se aplicarán en defecto de norma por razón de la materia tal y como indica el art. 248.3 LEC. 6.1.1.

Ámbito del juicio ordinario

Viene fijado en el art. 249 LEC y es el siguiente: A)

Por razón de la materia, litigios que versen sobre:

1) Derechos honoríficos de la persona. Se trata de las que afectan a mercedes, títulos nobiliarios u otros derechos honoríficos. 2) Tutela del derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen, y de cualquier otro derecho fundamental, salvo derecho de rectificación. Los primeros se amparan en la LO 1/1982 y ello implica que aun cuando el importe de la indemnización que se vaya a solicitar no alcance los 3.000 €, las demandas que a ello se refieran siempre se deberán tramitar por los cauces del juicio ordinario. 3) Impugnación de acuerdos sociales adoptados por Juntas o Asambleas Generales o especiales de socios o de obligacionistas o por órganos colegiados de administración en entidades mercantiles. Se ha de tratar de entidades que merezcan ser calificadas como de mercantiles y ello abarca tanto a las sociedades colectivas, comanditarias, anónimas y de responsabilidad limitada, como a las cooperativas. Respecto de las dos primeras el carácter mercantil se lo da su inclusión en el Código de Comercio dentro de lo que se 284

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CAP. I. CUESTIONES GENERALES

denominan compañías mercantiles (Título I del Libro II del CCom). En cuanto a las sociedades anónimas, el art. 3 del TRLSA hace una proclamación expresa de su mercantilidad remitiendo a este proceso para impugnar los acuerdos sociales en su art. 118, haciendo lo propio para las sociedades de responsabilidad limitada también el art. 3 del TRLSRL. Tratándose de cooperativas, esta condición se puede derivar de las definiciones que de las mismas se dan tanto en la normativa general Ley 27/1999, de 16 julio, de Cooperativas (RCL 1999, 1896) y Ley 13/1989, de 26 mayo, de Cooperativas de Crédito (RCL 1989, 1205); como en la dictada por las Comunidades Autónomas, pudiéndose citar a título de ejemplo la Ley 2/1999, de 31 marzo, de Sociedades Cooperativas Andaluzas (RCL 1999, 1175); la Ley 2/1998, de 26 marzo, de Sociedades Cooperativas Extremeñas (RCL 1998, 1333); o la Ley 4/1983, de 9 marzo, de las Sociedades Cooperativas Catalanas (LCAT 1983, 446). En todo caso las cuestiones societarias que no consistan en impugnación de acuerdos deberán tramitarse por los cauces previstos a la materia concreta de que se trate. 4) Competencia desleal (regulada por la Ley 3/1991, de 10 de enero [RCL 1991, 71] y que remite al juicio ordinario en su art. 22), propiedad industrial (regulada en cuanto a las marcas por la Ley 17/2001, de 7 de diciembre [RCL 2001, 3001] que ha sustituido a la Ley 32/1988, de 10 de noviembre [RCL 1988, 2267] y en cuanto a las patentes y modelos de utilidad por la Ley 11/1986, de 20 de marzo [RCL 1986, 939]), propiedad intelectual (cuya normativa se contiene en el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 abril 1996 [RCL 1996, 1382] que aprueba el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual aprobado por el Real Decreto Legislativo 22/ 1987, de 11 noviembre 1987 [RCL 1987, 2440], que regulariza, aclara y armoniza las disposiciones legales vigentes en esta materia), publicidad (regulada con carácter general en la Ley 34/1988, de 11 noviembre 1988. General de Publicidad [RCL 1988, 2279], y a nivel autonómico en cuanto a la dinámica en Cataluña por la Ley 9/2000, de 7 julio [RCL 2000, 1972] y en las Islas Baleares por la Ley 5/1997, de 8 julio [LIB 1997, 205]), siempre que no versen exclusivamente sobre reclamaciones de cantidad, en cuyo caso se tramitarán por el procedimiento que les corresponda en función de la cuantía que se reclame, o se trate de acciones de cesación en defensa de intereses colectivos y difusos de consumidores y usuarios (respecto de esta última materia la exención se debe al existir una previsión específica al respecto en el punto 12.º del apartado 285

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1 del art. 250 LEC, supuesto de juicio verbal por razón de la materia que se ha introducido por medio de la Ley 39/2002). 5) Condiciones generales de contratación (cuya norma es la Ley 7/1998, de 13 abril 1998, que regula las condiciones generales de la contratación [RCL 1998, 960]) en los casos previstos en la legislación antes mencionada y con la misma salvedad en cuanto a las acciones de cesación en defensa de intereses colectivos y difusos de consumidores y usuarios. 6) Arrendamientos urbanos o rústicos de bienes inmuebles (Ley 29/1994 de arrendamientos urbanos y Ley 83/1980 de arrendamientos rústicos), salvo que se trate del desahucio por falta de pago o por extinción del plazo de la relación arrendaticia. 7) Retracto de cualquier tipo, tanto legal como convencional. Entre los retractos legales cabe hacer mención al de comuneros (art. 1.522 CC) al de colindantes (art. 1523 CC), los del arrendatario de fincas urbanas (art. 25 LAU de 1994) o rústicas (art. 94 LAR de 1980), de coherederos (art. 1067 CC), previstos en legislación especial (Ley de 15 de abril de 1944 de Patrimonio del Estado, Ley de 4 de abril de 1970 de Caza, Ley de Propiedad Intelectual, de Patentes, etc.) o en la legislación autonómica (a título de ejemplo cabría citar los fijados en el Código de Sucesiones de Cataluña en su art. 51; abolorio o saca del derecho aragonés que se contiene en los arts. 149 y ss. de la Compilación, aparcería agrícola y lugar acasarado de Galicia previstos en su Compilación, Título VI de la Compilación Navarra, etc.). 8) Todo tipo de reclamaciones de las Juntas de Propietarios y de los propietarios individualizados que les otorga la Ley de Propiedad Horizontal (Ley 49/1969 reformada por la Ley 8/1999) y entre las que cabe incluir los casos de impugnación de acuerdos, petición judicial de adopción de acuerdos cuando no se puedan lograr las mayorías, privación de uso del piso o local por infracciones, etc. salvo aquellas cuya finalidad sea exclusivamente una reclamación de cantidad, en cuyo caso se tramitarán por el procedimiento que corresponda a la cuantía reclamada. Esta última mención se debe entender referida a acciones en las que el objeto directo es la reclamación de dinero (lo más típico el impago de cuotas que además puede verificarse por la vía del proceso monitorio según el art. 812 LEC y art. 21 de la LPH), no a aquellas en las que se ejercita la reclamación por otros motivos y que indi286

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CAP. I. CUESTIONES GENERALES

rectamente poseen su reflejo en la reclamación de un monto dinerario (como la impugnación de un acuerdo de una Junta en la que se ha aprobado una determinada derrama que no se estima correcta y que conllevaría de estimarse una posible rebaja de la contribución al gasto común por parte del impugnante que interpone la demanda). B) Por razón de la cuantía se tramitan por los cauces del juicio ordinario las demandas cuya cuantía exceda de 3.000 € y aquellas cuyo interés económico resulte imposible de calcular, ni siquiera de modo relativo. Esta última cláusula es la que hace que se pueda decir que el juicio ordinario tiene un carácter residual debiéndose tramitar por el mismo todas las cuestiones que no tengan una previsión específica o puedan ser complejas o dudosas. Como excepción es de destacar que tras la entrada en vigor de la reforma operada por la Ley 23/2003 las reclamaciones de rentas o cantidades análogas vencidas y no pagadas (aun cuando excedan de 3.000 €), si se instan de forma conjunta con la acción de resolución arrendaticia se tramitan por las normas del juicio verbal. Si solamente se reclaman las rentas y no se ejercita la acción de desahucio el trámite a seguir será el del juicio ordinario al no haberse previsto nada al respecto, lo que no deja de ser problemático al depender de una decisión de la parte actora (el acumular o no la acción de desahucio a la reclamación de rentas) el trámite por el que una pretensión se debe decidir lo que puede implicar actuaciones fraudulentas (una interposición de una demanda inicial de reclamación de rentas por los trámites del juicio ordinario y otra posterior de desahucio por los trámites del juicio verbal basada en los mismos impagos con la única finalidad de generar más costas) que ante la imposibilidad de acumulación (art. 78 LEC) solamente cabe salvar acudiendo a los mecanismos previstos para la falta de respeto a las reglas de la buena fe procesal (art. 247 LEC) que podrían conllevar en base a ellos, además de la adopción de las medidas disciplinarias en él previstas, asimismo la desestimación de la ulterior demanda de desahucio e incluso si la situación fuere conocida desde un primer momento, su inadmisión a trámite. Asimismo debe ponerse de manifiesto que como sostiene VALLS GOMBAU (cit. bibl. p. 1010), el juicio ordinario es el verdadero proceso tipo al que se debe acudir cuando en el otro proceso de declaración (el verbal) pueda existir una laguna de regulación incluso en los casos en los que no se haga una remisión expresa. 287

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TOMO I. DISPOSICIONES GENERALES. PREPARACIÓN DEL PROCESO...

6.1.2.

Ámbito del juicio verbal

Viene establecido en el art. 250 LEC y es el siguiente: A)

Por razón de la materia, litigios sobre:

1) Recuperación por parte del dueño, usufructuario o cualquier otra persona con derecho a poseer una finca rústica o urbana, dada en arrendamiento, ordinario o financiero, o en aparcería frente al arrendatario mas solamente por dos motivos: a) el impago de la renta o cantidades debidas por el arrendatario y b) la expiración del plazo fijado contractualmente. Es el tradicional juicio de desahucio que ya no posee expresamente esta denominación en la LEC aun cuando es usual el empleo de la expresión «juicio verbal de desahucio». A este juicio verbal cabrá acumular el de reclamación de rentas pendientes pero sólo si el valor de lo no abonado es inferior a 3.000 € ya que en caso contrario todo el proceso (incluyendo el desahucio) se debería tramitar por las normas fijadas para el juicio ordinario. Si se reclaman las cantidades pendientes hasta demanda (inferiores a 3.000 €) y las que se vayan devengando hasta la ejecución (que se desconoce a cuánto pueden ascender), algún sector se inclina por entender que se trata de demandas de cuantía indeterminada y que en todo caso se han de tramitar en la forma prevista para el juicio ordinario, pero otro sector entiende que se ha de estar a la situación existente al tiempo de interponerse la demanda pudiéndose aplicar el art. 252.2.º LEC. 2) Recuperación de una finca rústica o urbana, cedida en precario, tanto por cesión voluntaria como por ocupación de la misma en contra de la voluntad de su propietario. 3) Puesta en posesión de bienes a quien los hubiere adquirido por herencia si no estuvieren siendo poseídos por nadie a título de dueño o usufructuario, siendo la finalidad de este proceso el que reconozcan los ocupantes del bien o bienes (colonos, arrendatarios, etc.) al heredero la condición de continuador del causante de no hacerlo voluntariamente. 4) Tutela sumaria de la tenencia o de la posesión de una cosa o derecho por quien haya sido despojado de ellas o perturbado en su disfrute. En este proceso solamente se debate en torno a la realidad del hecho posesorio y la perturbación o despojo, no analizándose las cuestiones referentes a los títulos en base a los que 288

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CAP. I. CUESTIONES GENERALES

las partes actúan. Esta tutela no se puede exigir frente a la Administración siendo solamente admisible en los casos en los que actuase fuera del ámbito de sus competencias y al margen del procedimiento legalmente previsto (vías de hecho). 5) Suspensión, con carácter sumario, de una obra nueva (o de una antigua a la que se da nueva forma). La misma alegación que antes se ha hecho en relación a las vías de hecho de la Administración en los juicios verbales de tutela sumaria de la posesión es aplicable en este caso. 6) Demolición o derribo (con carácter sumario) de obra, edificio, árbol, columna o cualquier otro objeto análogo en estado de ruina y que amenace causar daños a quien demande. 7) Tutela de los titulares de derechos reales inscritos en el Registro de la Propiedad frente a quienes se opongan a ellos o perturben su ejercicio, sin disponer de título inscrito que legitime la oposición o la perturbación. 8) Solicitud de alimentos debidos por disposición legal o por otro título. Se excluyen los casos en los que la prestación de alimentos se interesa en un proceso de nulidad, separación o divorcio así como aquellos en los que se debata acerca de la guarda y custodia de menores y alimentos a favor de los mismos. 9) Ejercicio de la acción de rectificación de hechos inexactos y perjudiciales difundidos en cualquier medio de comunicación social. Su regulación se contiene en la Ley Orgánica 2/1984 de 26 de marzo. 10) Resolución, con carácter sumario, sobre el incumplimiento por el comprador de las obligaciones derivadas de los contratos inscritos en el Registro de Venta a Plazos de Bienes Muebles y formalizados en el modelo oficial pero solamente con la finalidad de dirigir la ejecución exclusivamente sobre el bien o bienes adquiridos o financiados a plazos. 11) Idéntico supuesto al anterior aunque en relación a los contratos de arrendamiento financiero o de venta a plazos con reserva de dominio inscritos en el Registro de Venta a Plazos de Bienes Muebles y formalizados en el modelo oficial pero solamente con la finalidad de obtener la inmediata entrega del bien al arrendador financiero o al vendedor o financiador en el lugar indicado en el contrato, previa declaración de resolución de éste. 289

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12) Ejercicio de la acción de cesación en defensa de los intereses colectivos y difusos de los consumidores y usuarios. Esta acción es la que se ha introducido por medio de la Ley 39/2002, de 28 de octubre, que ha incorporado al derecho español la Directiva 98/27/CE, de 19 de mayo de 1998 y que ha comportado modificaciones no solamente en la LEC sino en las normas sustantivas en las que se regulan tales acciones en los diversos aspectos que contemplan (Ley 7/1998 de condiciones generales de contratación; Ley 26/ 1984 general para la defensa de consumidores y usuarios; Ley 26/ 1991 sobre contratos celebrados fuera de los establecimientos mercantiles; Ley 21/1995 de viajes combinados; Ley 42/1998 de aprovechamiento por turno de bienes inmuebles de uso turístico; Ley 25/ 1990 del medicamento; Ley 25/1994 de ejercicio de actividades de radiodifusión televisiva; Ley 34/1988 general de publicidad; Ley 7/ 1995 de crédito al consumo). 13) Efectividad del derecho del hijo a relacionarse con sus abuelos y otros parientes y allegados en caso de oposición (art. 160 CC), si bien este juicio verbal se tramita con las peculiaridades de los juicios en sede de procesos de capacidad, filiación, matrimonio y menores (intervención del Ministerio Fiscal, posibilidad de acordar prueba de oficio, indisponibilidad del objeto del proceso o contestación previa por escrito en veinte días). Este nuevo juicio verbal ha sido introducido por la Ley 42/2003 de 21 de noviembre de modificación del CC y LEC en materia de relaciones familiares de los nietos con los abuelos (BOE 22 noviembre 2003). B) Por razón de la cuantía se tramitan por las normas del juicio verbal aquellas demandas cuya cuantía no exceda de 3.000 € (con la excepción referente a las demandas en las que además de la resolución de un contrato de arrendamiento por falta de pago, se solicite el abono de las rentas o cantidades análogas vencidas y no pagadas, en cuyo caso siempre se siguen las normas del juicio verbal aun cuando la cuantía de éstas exceda de 3.000 € debiéndose hacer una remisión a lo manifestado anteriormente). 6.1.3.

Reglas de determinación de la cuantía

Debido a que en numerosas ocasiones el tipo de procedimiento viene determinado por la cuantía litigiosa, la LEC contiene en los arts. 251 y 252 las normas que se deben de seguir para proceder a esta concreción. Estas normas presentan una importancia espe290

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CAP. I. CUESTIONES GENERALES

cial ya que afectan asimismo a otras materias además de la concreción del tipo de proceso a seguir y que no son menos importantes. La esencial es la que viene determinada por el acceso posible o no al recurso de casación ya que junto a los casos en los que cabe acudir al mismo por interés casacional o en los que se solicite la tutela de derechos fundamentales que no sean los del art. 24 de la Constitución, el acceso a la casación lo determina el que la cuantía del asunto exceda de 150.000 € (art. 477.2.º LEC) con lo que la fijación de la cuantía del proceso se torna en esencial. Junto a ello cabe añadir el que en sede de regulación de honorarios profesionales los Colegios de Abogados fijan unos criterios orientativos que si bien es cierto que toman en consideración numerosos factores, uno de los de más importancia es el que viene determinado por la cuantía del proceso con unas tablas progresivas. Por último la cuantía del procedimiento es la que determina el importe de la tasa a abonar (para aquellos sujetos que deben hacerlo) según se indica en el art. 35.5 de la Ley 53/2002, de 30 de diciembre, y que están en vigor desde el 1 de abril de 2003. Estas normas, aun cuando no son vinculantes para el Juzgador a la hora de cuantificar las costas que ha de abonar la parte condenada a ellas (los honorarios que puede solicitar cada letrado a su cliente son completamente libres y pueden perfectamente no acomodarse a tales criterios como dice el art. 44 del Real Decreto 658/2001, de 22 junio 2001, que aprueba el Estatuto General de la Abogacía Española [RCL 2001, 1679]), puesto que el art. 246 LEC no da carácter vinculante a los dictámenes que a tal efecto se emiten por los Colegios de Abogados, ello no obstante presentan una gran importancia puesto que en la práctica se suele hacer uso de tales normas al ser la solución más proporcionada de cara a valorar una actuación profesional el atender a los criterios que sigue la institución encargada de regularla. Ello hace que aun cuando no esté previsto en la LEC (lógicamente ante lo ya expuesto respecto del carácter no vinculante de tales normas colegiales), sí que se estima conveniente el decidir sobre este respecto en el seno del procedimiento y en fase declarativa aun cuando la cuantificación no afecte ni al tipo de proceso ni a la posibilidad de acceder o no a la casación, ya que el resolver sobre ello ulteriormente en sede de tasación de costas es algo que no se considera correcto al exceder de los límites propios de este tipo de actuación y ser algo esencial e inherente al proceso pues la determinación de la cuantía se ha de hacer en la demanda, incluso en los casos en los que no se solicite la condena 291

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al pago de una cantidad a la parte contraria (art. 253 LEC referido a todo tipo de procesos) y solamente entendiéndose que la cuantía es indeterminada cuando no se pueda verificar el cálculo ni siquiera de forma relativa (en sentido contrario se manifiesta VALLS GOMBAU cit. bibl. p. 1.142 que considera que el demandado no puede impugnar la cuantía cuando ello no afecte al tipo de procedimiento o al acceso a la casación). Si esta determinación no se hace en la demanda, simplemente indicando el demandante el proceso que se estima correcto, o si no se aportan por el demandante los elementos en base a los que ha verificado la cuantificación (art. 254.4 LEC), se le requiere para que en diez días haga las alegaciones pertinentes con la consecuencia de que en caso de no llevarlas a cabo se procederá al archivo de la causa sin perjuicio del recurso de reposición que se interponga por el actor contra la providencia que acuerde el requerimiento subsanatorio que no posee efectos suspensivos (art. 451 LEC) con lo que a pesar de haberlo interpuesto es prudente el dar respuesta al requerimiento al caber la posibilidad de que ante una desestimación del mismo sin que se haya atendido el requerimiento se dicte directamente el auto de archivo que prevé el art. 254.4 que es directamente apelable (art. 455 LEC). Es por ello que a fin de evitar tales requerimientos, en toda demanda se deberá detallar la cuantificación de la misma, la norma seguida y el fundamento de ello aportando la documentación necesaria. Tal alegación generalmente y con la finalidad de clarificar se hace por medio de otrosí que es el instrumento empleado en la práctica para verificar estas alegaciones necesarias pero que en cierta medida están desvinculadas del fondo de la cuestión debatida. Esta posibilidad de control de oficio (que fija el art. 254 LEC) posibilita asimismo el que el juzgador proceda directamente a tal cuantificación, si en autos existen suficientes elementos para ello aplicando la norma que estime conveniente y sin perjuicio de la impugnación que haga el demandante que debe ser por vía del recurso de reposición frente a la providencia en la que se haga tal concreción que asimismo se puede hacer en el mismo auto de admisión a trámite de la demanda puesto que el art. 254.3 LEC parece no exigir una resolución específica sobre este extremo. Ello obliga a analizar el contenido de los autos de admisión a trámite de las demandas en lo referente a este punto ya que si en los mismos se hace una cuantificación distinta a la interesada por el demandante en su demanda y esta resolución no es recurrida en reposición, se considera que el demandante ha 292

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aceptado la cuantificación que verifica el Juzgador habiéndole precluido la posibilidad de oponerse. Pero junto al control de oficio antes analizado, es perfectamente posible que sea el demandado el que impugne la cuantía del proceso, admitiéndose ello en el art. 255 LEC que solamente la permite en los casos en los que de haberse determinado de forma correcta la cuantía el procedimiento a seguir sería otro, o resultaría procedente el recurso de casación, posibilidad ésta a la que cabría unir (aunque ello es discutido) la de la determinación de la cuantía de las costas por lo antes mencionado siendo lógica la falta de mención por parte del legislador de este supuesto ya que como se ha indicado las normas colegiales no son vinculantes aun cuando en la práctica se siguen por razones de evidente orden lógico. Tras la introducción de las tasas judiciales, en los procesos en que se generen, tal alegación es posible al afectar a la tasa. La impugnación en el juicio ordinario se hace en la contestación a la demanda y se resuelve en la audiencia previa al juicio tal y como prevé el art. 422 LEC (los supuestos en los que lo impugnado no afecte al tipo de proceso y sólo a la posibilidad de acceso a la casación, importe de las costas o tasas se considera idóneo tramitarlos en idéntica forma al ser una circunstancia análoga según fija el art. 425 LEC –si no se estima incluida específicamente en el tenor del art. 422 por entender que ésta solamente es la que determina un tipo de proceso distinto–). Tal decisión se ha de tomar en caso de no lograrse acuerdo entre las partes, directamente por el juzgador y en forma oral a la vista de los elementos con los que se cuente en la causa (que deberán haber sido aportados por el demandante al ser obligación suya en todo tipo de procesos según antes se ha expuesto y por el demandado al impugnar la cuantía del proceso y como fundamento de su pretensión), no estando prevista la suspensión para requerir un dictamen pericial u otra prueba que se entienda pertinente al respecto. Tratándose del juicio verbal, la impugnación se hace por el demandado en la vista, y el tribunal resuelve la cuestión en el acto, antes de entrar en el fondo del asunto y previo trámite de audiencia del actor (la base de esta decisión son los elementos que obren en la causa aplicándose lo antes mencionado para el caso de impugnarse la cuantía en el seno del juicio ordinario). Un tema discutido es el referente a si en los casos en los que la cuantía del procedimiento no la ha determinado el demandante 293

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(que es en lo que en principio parece haber pensado el legislador), sino que lo ha hecho el juzgador de oficio en virtud de la posibilidad que le otorga el art. 254.3 LEC, la vía para la impugnación por parte del demandado es la antes mencionada o la correcta es la del recurso de reposición. A favor de aceptar el régimen general antes expuesto se encuentra el que el art. 255 LEC no hace distinciones entre la determinación de la cuantía de la demanda hecha por el demandante o el juzgador. Pero a ello cabría oponer que la cuantificación la ha hecho una resolución judicial y la vía para impugnar éstas no es sino la de los recursos (en este caso el de reposición del art. 451 LEC), estimando no procedente el atacar el contenido de una resolución que ya ha adquirido firmeza por medio de la contestación a la demanda o alegación en vista. Es por ello que se considera más correcta la vía del recurso de reposición (si la parte que impugna está personada en las actuaciones), aunque ante la omisión del legislador la opción de acudir al procedimiento del art. 255 LEC tampoco es completamente inadecuada dadas las especiales peculiaridades que este tema presenta. Tras el examen que se ha hecho del tratamiento procesal de esta cuestión, debe hacerse una enumeración de estos criterios de cuantificación de los arts. 251 y 252 LEC partiendo del contenido de las pretensiones que se ejerciten: 1) Reclamación de una cantidad de dinero: su importe. 2) Entrega de dar bienes muebles o inmuebles: su valor al tiempo de interponerse la demanda, conforme a los precios corrientes en el mercado o en la contratación de bienes de la misma clase. Si no es posible concretarlo por estos medios (lo que demuestra el carácter subsidiario del criterio adicional) se puede acudir a cualesquiera valoraciones oficiales de los bienes litigiosos, sin que se pueda atribuir a los inmuebles un valor inferior al que conste en el catastro. En consecuencia será conveniente aportar tal valoración con la demanda, no siendo lícito el simplemente adjuntar el recibo del último IBI en el que aparezca la última valoración catastral, ya que ello es un medio subsidiario al que solamente cabe acudir a falta de otras alternativas con lo que se deberá justificar debidamente el porqué del recurso a ese mecanismo y no a otro (como lo sería una tasación por perito especialista en ello). Esta regla es operativa asimismo cuando la demanda se dirija a garantizar el disfrute de las facultades que se derivan del domi294

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nio; se discuta la validez, nulidad o eficacia del título de dominio, existencia o extensión del dominio mismo; demás pretensiones en las que sea elemento imprescindible el acreditar la condición de dueño; se reclame derecho a adquirir la propiedad (por poseer un derecho de crédito que así lo reconoce, cualquiera de los modos de adquisición de la propiedad, derecho de retracto, tanteo u opción de compra); reclamación en torno a la posesión del bien y no pueda operar otra norma de cálculo diferente; deslinde, amojonamiento y división de la cosa común. 3) Usufructo, nuda propiedad, uso, habitación, aprovechamiento por turnos u otro derecho real limitativo del dominio no sujeto a regla especial: la base imponible tributaria sobre la que gire el impuesto para la constitución o transmisión de estos derechos (ello exigirá el aportar con la demanda los cálculos que al efecto se hayan verificado y las certificaciones base de tales cálculos con invocación expresa de la normativa que se ha aplicado). 4) Servidumbre: precio satisfecho por su constitución si constare y su fecha no fuese anterior en más de cinco años. Si ello no es así se aplican las reglas legales establecidas para fijar el precio de su constitución al tiempo del litigio, cualquiera que haya sido el modo de adquirirla, y en su defecto un 5% del valor de los predios dominante y sirviente, valorados en la forma antes mencionada (valor real en principio). 5) Existencia, inexistencia, validez o eficacia de un derecho real de garantía: importe de la suma garantizada. 6) Derecho a exigir prestaciones periódicas, sean temporales o vitalicias: importe de una anualidad multiplicado por diez, salvo que el plazo de la prestación fuera inferior a un año, en que se estará al importe total de la misma. 7) Existencia, validez o eficacia de un título obligacional: importe total de lo debido. 8) Arrendamientos de bienes, salvo los que tienen por objeto la reclamación de rentas vencidas: importe de una anualidad de renta, salvo cuando se reclame la posesión del bien arrendado en cuyo caso se estará al valor del bien. En los procesos de desahucio ante la ausencia de previsión específica parece que se debe partir del criterio del valor del bien ya que se trata de recuperar la posesión del mismo, si bien debido a que lo que se debate es el conjunto 295

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de circunstancias que afectan al título (que no deja de ser sino un contrato), se aplica usualmente (aunque es una cuestión muy debatida) la regla de la renta anual antes mencionada. 9) Valores negociados en Bolsa u otro mercado secundario: media del cambio medio ponderado de los mismos, determinado conforme a la legislación aplicable (para los negociados en Bolsa) durante el año natural anterior a la fecha de interposición de la demanda, o por la media del cambio medio ponderado de los valores durante el período en que éstos se hubieran negociado en Bolsa, cuando dicho período fuera inferior al año. Ello obliga a adjuntar con la demanda la oportuna certificación y cálculo. 10) Valores no negociables: se aplican las normas de valoración contable vigentes en el momento de interposición de la demanda, lo que exige adjuntar a la demanda la oportuna contabilidad y los cálculos verificados, siendo incluso adecuado el adjuntar el pertinente informe elaborado por un perito contable. 11) Prestación de hacer: coste de aquello cuya realización se inste o importe de los daños y perjuicios derivados del incumplimiento. Se ha de optar por uno u otro criterio salvo que además de instarse el cumplimiento, se pretenda también la indemnización. 12) Herencia o conjunto de masas patrimoniales o patrimonios separados: hay que aplicar las normas anteriores respecto de cada uno de los elementos que la integran siendo la cuantía de la demanda la suma de todos ellos. 13) Acumulación en la demanda de varias acciones principales, que no provengan de un mismo título o acumulación eventual: la cuantía es la de la acción de mayor valor. 14) Acumulación en la demanda de varias acciones principales procedentes del mismo título o petición accesoria de intereses, frutos, rentas o daños y perjuicios (sólo los vencidos): valor de todas las acciones acumuladas, si bien en el caso de que alguna de ellas (especialmente las accesorias en lo referente a frutos que pueden no ser conocidos con precisión) sólo se toma en cuenta el valor de las acciones cuyo importe sí lo fuera, lo que hace que esta indeterminación parcial no convierte a toda la demanda en de cuantía indeterminada en su conjunto. 15) Petición de condena en costas: no se toma en cuenta de cara a la valoración de la cuantía de la demanda. 296

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16) Acumulación de varias acciones reales referidas a un mismo bien mueble o inmueble: se aplican las normas generales según el tipo de acción de que se trate mas la cuantía nunca podrá ser superior al valor de la cosa litigiosa. 17) Reclamación de varios plazos vencidos de una misma obligación: suma de los importes reclamados (salvo que alguno sea desconocido caso en el que a los efectos de la cuantificación del procedimiento no se le incluye, no de la reclamación en la que si se le tiene en cuenta), salvo que se pida en la demanda declaración expresa sobre la validez o eficacia de la obligación, en que se estará al valor total de la misma. 18) Reconvención o acumulación de autos (de procesos): no afecta a la cuantía de la demanda fijada en la inicial a la que se acumulan las demás o en cuya tramitación se formula la reconvención. Ello no obstante esta no afectación es a los solos efectos de la determinación del tipo de proceso a seguir ya que es una cuestión objeto de tratamiento específico en la regulación de estas instituciones, no a los otros efectos para los que la cuantificación puede ser importante (como el acceso a la casación, la cuantificación de las costas o tasas) ya que la LEC solamente hace la exclusión en los términos antes indicados y sería de todo punto absurdo el que por el hecho de instarse por vía reconvencional o de haberse acordado una acumulación de procesos se perdiere la posibilidad de recurrir en casación por una pretensión que de ejercitarse en forma autónoma sí que tendría abierta esta vía. Ello hace que sea posible perfectamente el discutir en la forma legalmente prevista (la del art. 255 LEC) el importe de una reconvención o el de la demanda que haya dado origen a un proceso que se ha acumulado a otro. 19) Existencia de varios demandantes o demandados en una misma demanda: se aplica la regla general derivada de la pretensión que se ejercite siempre que la petición sea la misma para todos ellos o exista entre todos ellos un vínculo de solidaridad. Si ello determina también la pluralidad de las acciones ejercitadas (cosa que sucederá si el vínculo es de mancomunidad) dependerá de que deriven o no del mismo título o se ejerciten de forma eventual tal y como se ha indicado anteriormente. 20) Ampliación de la demanda: dependerá del concreto objeto de la ampliación aplicándose las reglas antes mencionadas. 297

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6.1.4.

Procesos especiales

Se incluyen aquí (tal y como antes se ha mencionado), los contemplados en el Libro II de la LEC a pesar de que algunos de los procesos que se tramitan como juicios ordinarios o verbales por razón de la materia, presentan unas características propias que hace que técnicamente merecieren asimismo el calificativo de especiales. 6.1.4.1.

Procesos sobre capacidad, filiación, matrimonio y menores

Regulados en los arts. 748 y ss. LEC se caracterizan (dados los intereses en juego) por ser procesos no dispositivos ya que como dice GÓMEZ COLOMER (cit. bibl. Derecho Jurisdiccional II. Proceso Civil, Ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 2000, p. 716) afectan a materias en las que lo determinante no es la autonomía de la voluntad de los particulares, sino la aplicación en sus exactos términos de las normas. Prueba de ello es el régimen muy limitado de la disponibilidad del objeto del proceso (art. 751 LEC), la posibilidad de decretar de oficio prueba el tribunal (art. 752 LEC) o la intervención del Ministerio Fiscal en los procesos sobre incapacitación, nulidad matrimonial y determinación e impugnación de la filiación así como en todos los demás, siempre que alguno de los interesados en el procedimiento sea menor, incapacitado o esté en situación de ausencia legal (art. 749 LEC). Por medio de tales procesos se resuelven los litigios que versen sobre (art. 748 LEC): 1) Capacidad de las personas (incapacitaciones) y de declaración de prodigalidad. 2) Filiación, paternidad y maternidad (reconocimiento o impugnación de filiación). 3) Nulidad del matrimonio, separación, divorcio modificación de medidas adoptadas en ellos. 4) Guarda y custodia de hijos menores o alimentos reclamados por un progenitor contra el otro en nombre de los hijos menores (los restantes procesos en materia de alimentos se tramitan para su reclamación por los cauces del juicio verbal y para reclamación de los alimentos no abonados por el que corresponda por razón de su cuantía). 298

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5) Reconocimiento de eficacia civil de resoluciones o decisiones eclesiásticas en materia matrimonial. Afectan a la nulidad de matrimonio y decisión del papa sobre matrimonio rato y no consumado en virtud de los acuerdos entre España y la Santa Sede de 3 enero 1979. 6) Oposición a las resoluciones administrativas en materia de protección de menores. En esta materia además de al Código Civil (arts. 172 y ss.) cabe hacer mención a normas autonómicas como en Cataluña la Ley 37/1991, de 30 de diciembre (RCL 1992, 415); Aragón la Ley 3/1985, de 21 de mayo (RCL 1985, 1652); Andalucía Decreto 42/2002, de 12 de febrero (LAN 2002, 73); La Rioja Ley 4/1998, de 18 de marzo (LLR 1998, 71); Extremadura Ley 4/ 1994, de 24 de noviembre (LEXT 1994, 221); Castilla-La Mancha Ley 3/1999, de 31 de marzo (LCLM 1999, 90); Canarias Ley 1/ 1997, de 7 de febrero (LCAN 1997, 41). 7) Asentimiento en la adopción. 6.1.4.2.

Procesos de división judicial de patrimonios

La finalidad de estos procesos no es otra que la de liquidar y repartir un conjunto de bienes que pertenecientes a un grupo de personas no se ponen de acuerdo en cuanto a la forma de su reparto, incluyendo los de división de herencia y liquidación del régimen económico matrimonial. Tratándose de otros casos de división de bienes en condominio se debe acudir al proceso que corresponda según las normas generales. a) División de herencia (arts. 782 y ss. LEC): Se insta por cualquier heredero o legatario de parte alícuota mas para ello es necesario (además del desacuerdo entre coherederos), el que la división no deba efectuarla un comisario o contador-partidor designado por el testador, por acuerdo entre los coherederos o por resolución judicial. Este proceso es igualmente operativo en caso de falta de testamento y siempre que la designación de sucesor se haga por medio del correspondiente procedimiento de jurisdicción voluntaria de declaración de herederos abintestato (está en tanto en cuanto no se dicte la Ley de la Jurisdicción Voluntaria el previsto en la LEC/1881 de conformidad con la Disposición Derogatoria de la LEC). b) Intervención del caudal hereditario (arts. 790 y ss. LEC): 299

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Es un procedimiento que se inicia de oficio o a instancia de parte una vez conocido el fallecimiento de una persona sin que conste testamento de la misma o parientes próximos con la finalidad de proceder a su enterramiento, determinación de los bienes y derechos y protección de los mismos. c) Liquidación del régimen económico matrimonial: Opera en todos los casos en los que existe un conjunto de bienes y derechos independientes de aquellos que son privativos de los cónyuges (gananciales, conquistas o cualquiera que se hubiere tenido por conveniente pactar), presentando la peculiaridad de ser procesos vinculados a otro bien sea de nulidad, separación o divorcio o de disolución del régimen económico matrimonial por concurrencia de alguna de las causas legalmente previstas viniendo a sustituirse por otro. La única posibilidad de iniciarse de forma autónoma deriva del hecho de haberse pactado un nuevo régimen sin que existiere acuerdo en lo referente a la liquidación del hasta entonces operativo. 6.1.4.3.

Proceso monitorio

Es un proceso (arts. 812 y ss. LEC) en el que a partir de determinados documentos, se pretende la rápida obtención de un título ejecutivo mediante la presentación del título, su control por parte del tribunal y requerimiento de pago sin oposición al deudor. De mediar oposición se reconduce al proceso que corresponda por la cuantía de la reclamación. Se regula en los arts. 812 y ss. LEC y los requisitos para poder acudir al mismo son: 1) Que se reclame el pago de deuda dineraria, vencida y exigible. 2) Que la cantidad reclamada esté determinada y no exceda de 30.000 €: 3) Que la realidad de la deuda se acredite mediante documentos firmados por el deudor o con su sello, impronta o marca o con cualquier otra señal, física o electrónica, proveniente del deudor; facturas, albaranes de entrega, certificaciones, telegramas, telefax o cualesquiera otros documentos que, aun unilateralmente creados por el acreedor, sean de los que habitualmente documentan los créditos y deudas en relaciones de la clase que aparezca existente entre acreedor y deudor; otros documentos en los que 300

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conste la deuda si se adjuntan documentos comerciales que acrediten una relación anterior duradera y certificaciones de impago de cantidades debidas en concepto de gastos comunes de Comunidades de propietarios de inmuebles urbanos. Junto al monitorio previsto en la LEC el Reglamento 1896/ 2006 del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 diciembre 2006 por el que se establece un proceso monitorio europeo (DOUE L 399 de 30 diciembre 2006) ha aprobado el que es primer proceso civil uniforme en la Unión Europea y que va a ser de aplicación desde 12 diciembre 2008 (art. 33). Su ámbito territorial abarca toda la Unión Europea salvo Dinamarca (art. 2.3) y es aplicativo (art. 2.1 y 2.2) a procesos en los que la materia sea civil y mercantil independientemente de naturaleza órgano. Ello no obstante de su ámbito de aplicación se excluyen las siguientes materias: fiscal, aduanera, administrativa, responsabilidad del Estado por acta iure imperii e incluso dentro de lo que es materia civil se excluyen las siguientes: regímenes económico matrimoniales, testamentos y sucesiones, quiebra y análogos, Seguridad Social, obligaciones extracontractuales salvo que hayan sido objeto de acuerdo o reconocimiento de deuda, o se originen en deudas líquidas de comunidad de propietarios. La aplicabilidad del proceso monitorio europeo es siempre voluntaria (art. 1.2) pues cabe el recurso a un proceso nacional o el recurso a otro proceso comunitario (futuro Reglamento de reclamaciones de escasa cuantía). Solamente es de aplicación el proceso monitorio europeo a los litigios transfronterizos que son (art. 3) aquellos en los que el domicilio o residencia habitual de una de las partes se encuentra en un Estado distinto al que pertenece el órgano jurisdiccional. Este proceso monitorio europeo (art. 4) solamente es de aplicación en los casos en los que lo que se reclame sean deudas pecuniarias, de importe determinado (sin límite cuantitativo), vencidas y exigibles a la fecha de presentación de petición. Dado que la regulación que se contiene en el Reglamento es limitada rige el principio de supletoriedad del derecho nacional en lo no previsto (art. 26) lo que genera importantes problemas al ser el modelo del monitorio europeo diferente al previsto en la LEC. 301

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6.1.4.4.

Juicio cambiario

Es un cauce privilegiado para la reclamación de las letras de cambio, cheques y pagarés que reúnan los requisitos de la Ley 19/ 1985, de 16 de julio, Cambiaria y del Cheque (RCL 1985, 1776 y 2483) y se caracteriza porque a diferencia del proceso monitorio, en el cambiario se acuerda una vez admitido, el requerimiento de pago y el embargo inmediato para el caso de no atenderse el mismo (la eficacia del embargo es desde el momento en que se dicta el pertinente auto sin esperar al resultado del requerimiento). El embargo que posee un carácter preventivo y en caso de ausencia de oposición en cuyo caso se dicta auto despachando ejecución se transforma en ejecutivo. De mediar oposición conserva el carácter cautelar hasta el resultado del trámite de oposición. 6.1.4.5.

Procesos concursales

Son aquellos en los que ante la existencia de una pluralidad de obligaciones, derivada de una multiplicidad de créditos, se tramita un único procedimiento en el que todos los acreedores comparecen a fin de liquidar el patrimonio de su deudor y repartírselo en base a unas normas preestablecidas o se llega a acuerdos de rebaja (quita) o aplazamiento (espera) en el pago de las deudas manteniendo la actividad de la empresa. (Vid. ampliamente Tomo IV de este Tratado que analiza los procesos concursales). 6.2. PROCESOS DE EJECUCIÓN Son los que tratan de plasmar en la vida real los efectos que se indican en el título que les sirve de fundamento y que pueden ser judiciales o no, siendo la ejecución de títulos judiciales derivados de un previo proceso de declaración la plasmación del deber de hacer ejecutar lo juzgado que corresponde a jueces y tribunales y que establece el art. 117.3 de la Constitución y en base al que es legítimo tanto que sean ellos los que lo verifiquen (sistema por el que opta la LEC) como que encomienden tal labor a otros bajo su supervisión (sistema por el que opta la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la jurisdicción contencioso-administrativa, en sus arts. 103 y ss. y que en principio se podría igualmente extrapolar a la jurisdicción civil asignando por ejemplo a los Secretarios Judiciales esta función siempre bajo el control del Juez que podría resolver los recursos que se plantearen). 302

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CAP. I. CUESTIONES GENERALES

Pero los procesos de ejecución se dividen en dos grandes categorías, según que ésta fuere provisional o definitiva. 6.2.1.

Ejecución provisional

A la misma se refieren los arts. 524 y ss. LEC (es una de sus novedades la exclusión de fianza para solicitarla) y como criterio esencial se debe destacar que solamente afecta (como es lógico) a sentencias que han dado origen a un previo proceso de declaración pendientes de recurso (es necesario el conocer que el mismo se ha al menos preparado ya que el momento inicial para instarla es el de la notificación de la providencia en la que se tiene por preparada la apelación según el art. 527 LEC y no antes). En todo caso no procede la ejecución provisional (art. 525 LEC) ante la imposibilidad o enorme dificultad de reparar los efectos en caso de revocación (arts. 532 y ss. LEC) cuando se trate de: 1/Sentencias dictadas en los procesos sobre paternidad, maternidad, filiación, nulidad de matrimonio, separación y divorcio, capacidad y estado civil y derechos honoríficos, salvo los pronunciamientos que regulen las obligaciones y relaciones patrimoniales relacionadas con lo que sea objeto principal del proceso; 2/Sentencias que condenen a emitir una declaración de voluntad; 3/Sentencias que declaren la nulidad o caducidad de títulos de propiedad industrial. 6.2.2.

Ejecución definitiva

Es la que comporta la modificación de la realidad que se ha de acomodar a lo indicado en el título. Según que el mismo sea judicial o no y dependiendo asimismo de sus condiciones, la tramitación será diferente y los motivos de oposición (procesales o de fondo), mayores o menores. Los títulos (que se deberán acompañar a la demanda de ejecución que genera un proceso autónomo) son los siguientes: 1) Sentencias de condena firmes; 2) Laudos o resoluciones arbitrales firmes; 3) Resoluciones judiciales que aprueben u homologuen transacciones judiciales y acuerdos logrados en el proceso; 4) Escrituras públicas (primera copia o si es segunda que esté dada en virtud de mandamiento judicial y con citación de la persona a quien deba perjudicar, o de su causante, o que se expida con la conformidad de todas las partes); 5) Pólizas de contratos mercantiles firmadas por las partes y por corredor de comercio colegiado que las intervenga (hoy unificados con los notarios en un solo cuerpo que es el de notarios) mas a las mismas se debe acom303

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pañar certificación en la que dicho corredor (notario) acredite la conformidad de la póliza con los asientos de su libro registro y la fecha de éstos; 6) Títulos al portador o nominativos, legítimamente emitidos, que representen obligaciones vencidas y los cupones, también vencidos, de dichos títulos (los cupones se han de confrontar con los títulos y éstos, en todo caso, con los libros talonarios); 7) Certificados no caducados expedidos por las entidades encargadas de los registros contables respecto de los valores representados mediante anotaciones en cuenta a los que se refiere la Ley del Mercado de Valores debiéndose acompañar copia de la escritura pública de representación de los valores o, en su caso, de la emisión, cuando tal escritura sea necesaria, conforme a la legislación vigente; 8) Auto que establezca la cantidad máxima reclamable en concepto de indemnización, dictado en casos de rebeldía del acusado o de sentencia absolutoria o sobreseimiento en procesos penales incoados por hechos cubiertos por el Seguro Obligatorio de Responsabilidad Civil derivada del uso y circulación de vehículos de motor (el denominado también auto de cuantía máxima); 9) Demás resoluciones judiciales y documentos que, por disposición de esta u otra ley lleven aparejada ejecución (lo que supone una cláusula abierta de forma que no sea necesario ante el establecimiento de nuevos títulos de ejecución el verificar ulteriores modificaciones de la LEC); 10) Las sentencias firmes y demás títulos ejecutivos extranjeros llevarán aparejada ejecución en España de conformidad con lo dispuesto en los Tratados internacionales y a las disposiciones legales sobre cooperación jurídica internacional. Entre ellos merecen ser destacados a nivel de Unión Europea el Reglamento 44/2001 del Consejo relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, Reglamento 2201/2003 del Consejo, de 27 de noviembre de 2003, relativo a la competencia el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia matrimonial y de responsabilidad parental sobre los hijos comunes; Reglamento 805/2004 del Título Ejecutivo Europeo; Reglamento 1896/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 diciembre 2006 por el que se establece un proceso monitorio europeo. Con otros países se pueden citar los siguientes: El Salvador: Tratado de 7 noviembre 2000, ratificado por Instrumento de 28 junio 2001 (RCL 2001, 2584); Rumania: Convenio de 17 noviembre 1997 (RCL 1999, 1516); Marruecos: Convenio de 30 de mayo de 1997 (RCL 1997, 1591); Uruguay: Convenio de 4 noviembre 1987, ratificado por Ins304

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CAP. I. CUESTIONES GENERALES

trumento de 20 diciembre 1991 (RCL 1992, 267); México: Convenio de 17 abril 1989, ratificado por Instrumento de 10 julio 1990 (RCL 1991, 919); Israel: Convenio de 30 mayo 1989, ratificado por Instrumento de 8 noviembre 1990 (RCL 1991, 4); República Checa y Eslovaquia (en tanto en cuanto se integren en la Unión Europea ya que desde ese instante regirán los instrumentos de este ámbito): Convenio de 4 mayo 1987, ratificado por Instrumento de 22 septiembre 1988 (RCL 1988, 2402). 6.3. EL PROCESO CAUTELAR En caso de poderse entender que es un proceso autónomo como se ha indicado, su finalidad es garantizar que los procesos de declaración y ejecución puedan conseguir su finalidad evitando que por el transcurso del tiempo necesario en la tramitación de una causa la decisión que se adopte pueda no tener la eficacia requerida. Este proceso surge relacionado directamente con uno de declaración (en el de ejecución no es necesario ya que directamente se están verificando actividades ejecutivas) sin que exista límite en cuanto a procesos en los que no se puedan adoptar dependiendo de las circunstancias del caso y estableciéndose dos variantes del mismo según sean con audiencia del demandado antes o una vez adoptadas las medidas cautelares (arts. 733 y ss. LEC).

7.

Los recursos Regulación legal: arts. 448 a 495 de la LEC

7.1. RECURSO DE REPOSICIÓN F.22.E. Modelo de recurso de reposición (genérico) 7.2. RECURSO DE QUEJA F.23.E. Modelo de recurso de reposición previo a la queja (genérico) F.24.E. Modelo de recurso de queja (genérico) 7.3. RECURSO DE APELACIÓN F.25.E. Modelo de escrito preparando recurso de apelación (genérico) F.26.E. Modelo de escrito interponiendo recurso de apelación (genérico) 305

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TOMO I. DISPOSICIONES GENERALES. PREPARACIÓN DEL PROCESO... 7.4. RECURSOS EXTRAORDINARIOS POR INFRACCIÓN PROCESAL Y CASACIÓN F.27.E. Modelo de escrito preparando recurso por infracción procesal (genérico) F.28.E. Modelo de escrito interponiendo recurso por infracción procesal (genérico) F.29.E. Modelo de escrito preparando recurso de casación por interés casacional (genérico) F.30.E. Modelo de escrito interponiendo recurso de casación por interés casacional 7.5. RECURSO EN INTERÉS DE LEY

Los recursos se han definido por HOYA y ANAUT (cit. bibl. p. 293) como medios de impugnación o instrumentos procesales puestos a disposición de las partes para que éstas puedan conseguir la modificación o anulación de las resoluciones judiciales, partiendo de que éstas son dictadas por hombres que están por ello sometidos a la falibilidad humana, estimándose que los recursos propiamente dichos son los que proceden frente a las resoluciones que al tiempo de dictarse no han adquirido firmeza. Los que se pueden interponer frente a las distintas resoluciones que se dicten en un proceso civil son objeto de regulación en el Título IV del Libro II de la LEC que junto a unas disposiciones generales, regula el recurso de reposición (arts. 451 a 454 LEC), el de apelación (arts. 455 a 467 LEC); el extraordinario por infracción procesal (arts. 468 a 476 LEC), el de casación (arts. 477 a 489 LEC), el recurso en interés de la ley (arts. 490 a 493) y el de queja (arts. 494 y 495). Fuera de este régimen quedan la rebeldía y rescisión de sentencias firmes y audiencia al demandado rebelde (Título V del Libro II) y la revisión de sentencias firmes (Título VI del Libro II). Ello hace que se reserve la denominación de recursos como dice FERNÁNDEZ BALLESTEROS, RIFÁ y VALLS (cit. bibl. Derecho procesal práctico, p. 725) a los actos de parte por los que se pide al mismo juez que dictó una resolución o a su superior jerárquico que examine de nuevo y se pronuncie respecto de una cuestión fáctica o jurídica que ha sido objeto de dicha resolución y que resulta perjudicial al recurrente para que la anule o sustituya por otra más favorable al recurrente. Pero el derecho de acceso a los recursos no es absoluto ya que como ha indicado en numerosas ocasiones el Tribunal Constitucional, se incorpora a la tutela judicial en la configuración que le da 306

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cada una de las leyes de enjuiciamiento reguladoras de los diferentes órdenes jurisdiccionales, sin que ni siquiera exista un derecho constitucional a disponer de tales medios de impugnación, siendo imaginable, posible y real la eventualidad de que no existan, salvo en lo penal (SSTC/1983 [RTC 1983, 3]; 140/1985 [RTC 1985, 140]; 37/1988 [RTC 1988, 37]; 106/1988 [RTC 1988, 106]; 294/1994 [RTC 1994, 294]; 37/1995 [RTC 1995, 37]; 149/1995 [RTC 1995, 149]; y 23/1999 [RTC 1999, 23]). Es por ello que no existe un derecho constitucional a la doble instancia o a determinados recursos, siendo posible en abstracto su inexistencia o condicionar su admisibilidad al cumplimiento de ciertos requisitos. Es en base a esta doctrina que el legislador establece en el art. 448 LEC el derecho a recurrir frente a las resoluciones judiciales (que parecería en principio que incluiría a todas) aunque solo en los casos que la ley establece (con lo que el legislador decide que es recurrible o no y la vía para ello). Ello hace que sea perfectamente posible el que frente a determinadas resoluciones no quepa recurso alguno. Asimismo establece (en congruencia con lo antes manifestado) unos condicionantes que en determinados casos se han de cumplir de cara a tener acceso a los recursos cuales son el de el pago de las rentas vencidas y las que con arreglo al contrato deba pagar adelantadas para apelar (o que no se declare desierta la apelación) en los procesos que lleven aparejado el lanzamiento; el de constituir depósito del importe de la condena más los intereses y recargos exigibles en los procesos en que se pretenda la condena a indemnizar los daños y perjuicios derivados de la circulación de vehículos de motor o el de consignar la cantidad de la sentencia en los procesos en que se pretenda la condena al pago de las cantidades debidas por un propietario a la comunidad de vecinos (art. 449 LEC) requisitos subsanables pero no en cuanto a su cumplimiento sino en lo referente a su acreditación documental (art. 449.6 en relación con el art. 231 LEC) tal y como ya había declarado el Tribunal Constitucional entre otras en las SSTC 51/1992 (RTC 52, 1992) o 115/1992 (RTC 115, 1992). Por último contiene la LEC una disposición general referente al desistimiento en los recursos (art. 450) que modaliza el régimen general del art. 20 LEC ya que no es necesario el consentimiento de la contraparte ni la audiencia de la misma al ya existir una sentencia que hace que la controversia no quede imprejuzgada (como sucede en el desistimiento general), sino resuelta por la sen307

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tencia o resolución dictada y que por medio del desistimiento adquiere firmeza. Ello incluso cabe según GARNICA (cit. bibl. «El derecho a los recursos ...» p. 383) cuando la sentencia o auto recurrido es de absolución en la instancia ya que o bien es el demandado el que habrá dado lugar a ello introduciendo en la causa las cuestiones que han conducido a tal decisión, o aun cuando no lo hubiere hecho lo ha asumido en el caso de no haber recurrido la resolución en la que se acordase. 7.1. RECURSO DE REPOSICIÓN Es el recurso que cabe interponer frente a todas las providencias y autos no definitivos dictados por cualquier tribunal civil cualquiera que sea éste (art. 451 LEC) al haber desaparecido la tradicional distinción entre reposición y súplica según que se tratare de órganos unipersonales o colegiados. Procede como se ha indicado frente a todas las providencias y los autos no definitivos puesto que frente a éstos procede (al igual que frente a las sentencias) el recurso de apelación (art. 455 LEC). (En muchas ocasiones la decisión en torno a si un determinado auto puede o no calificarse de definitivo no es fácil sobre todo en fase de ejecución en la que cabría tener por tales a aquellos que podrían haber puesto final a la misma de haberse aceptado la alegación del instante o los que vedan el acceso a una parte al proceso de ejecución.) Esta previsión hace que en principio no quepa interponer recurso de reposición en los casos en los que el procedente sería el de apelación, evitando de esta forma la ralentización que supondría el tramitar una reposición como paso previo a la apelación. Ello no obstante el recurso de apelación aparece asimismo abierto frente a los autos que la ley expresamente señale (se entiende que deben ser los de carácter no definitivo), que no están excluidos del recurso de reposición en el art. 451 LEC con lo que solamente en este caso cabría el acudir al recurso de reposición y posteriormente al de apelación. Ejemplo de ello son el de suspensión del procedimiento por prejudicialidad penal (art. 41.2 LEC), por prejudicialidad civil (art. 43 LEC), resolución sobre aplicación de la caución en sede de diligencias preliminares (art. 262.1 LEC) o los que se dicten en ejecución contraviniendo lo ejecutoriado (art. 563.1 LEC). Es un recurso no devolutivo (ya que lo resuelve el mismo que ha dictado la resolución afectada) careciendo asimismo de efecto 308

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suspensivo al disponer expresamente el art. 451 LEC que la interposición del recurso de reposición no impide llevar a efecto lo acordado. Esto es especialmente importante cuando se trata de resoluciones en las que por parte del tribunal se hace un requerimiento a cumplimentar en un plazo, requerimiento que a pesar de interponerse el recurso debe ser verificado puesto que ante la ausencia de efectos suspensivos del recurso de reposición cabe que en caso de verse desestimado el recurso ya no se pueda dar cumplimiento al requerimiento al haber transcurrido el plazo que para ello se fijó. En los arts. 452 y 453 LEC se regula la tramitación del mismo referida a los recursos de reposición que se tramitan por escrito y en los que el elemento más destacable es el de la necesidad de expresar en la interposición la infracción que se estimare cometida por la resolución que se recurre, expresión ésta de carácter genérico y que hace que no sea necesario el citar el concreto precepto vulnerado aun cuando en la mayoría de las situaciones esto sí que se producirá. Asimismo es de destacar que en forma paralela a la tramitación escrita del recurso de reposición, existe la posibilidad (ya analizada en la parte referente a los actos del tribunal y de las partes) de tramitar en forma oral un recurso de reposición en aquellos casos en los que se trate de decisiones que se adopten de forma oral en las vistas (audiencia previa, juicios, comparecencias), incluso estando ello expresamente previsto de forma exclusiva para las resoluciones que se dicten en materia de admisión de prueba en el juicio ordinario (art. 285.2 LEC). En todo caso (ya tramitado oralmente o por escrito) no cabe recurso contra el auto que resuelva un recurso de reposición al no caber una nueva reposición (salvo las posibilidades de recurrir en apelación antes mencionadas). Su fundamento (como indica MONTERO AROCA cit. bibl. p. 410) no es otro que el de carecer de sentido el reponer lo que ya fue repuesto o lo que se decidió que no cabía reponerse al haberse verificado con el recurso de reposición la reconsideración de la decisión que en su momento se adoptó. Tampoco cabe apelación separada del recurso de reposición (art. 454 LEC y con las excepciones ya citadas) si bien la parte que se estime perjudicada puede al interponer el recurso de apelación frente a la sentencia o auto que ponga punto final al procedimiento, reiterando la petición que le fue rechazada inicialmente y tras desestimársele el recurso de reposición. Esta situación no se puede salvar repitiendo (aún de forma más o menos disimulada) la petición que fue rechazada y generó el recurso de reposición ya que se trataría 309

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de un fraude de ley al intentar por vía indirecta el recurrir frente a la resolución que decidió acerca de un recurso de reposición. Es por ello que ante situaciones de esta índole lo que procede es el inadmitir a limine el recurso presentado con fundamento en el art. 11 LOPJ pudiendo incluso suscitarse la posibilidad de actuar en la forma prevista en el art. 247 LEC (multa a la parte y traslado al Colegio de Abogados en cuanto al Letrado) en los casos en los que el obrar sea grave y se pueda concluir que ha existido una conculcación de las reglas de la buena fe procesal.

F 22.E.

Modelo de recurso de reposición (genérico)

Juicio ... n.º .../... AL JUZGADO DE 1.ª INSTANCIA N.º ....... DE ....... D. ....... Procurador de los Tribunales, actuando en representación de ....... según viene acreditado en los presentes autos, como mejor proceda en derecho por medio de la presente paso a formular recurso de reposición frente a la providencia de este Juzgado de ....... por la que ....... que fue notificada a esta parte el pasado ....... basándola en las siguientes: ALEGACIONES ÚNICA.–Que en la providencia que ahora se recurre se acordaba ... y ello se estima que vulnera lo previsto en ....... ya que ......., siendo fundamento de esta alegación ....... Es por ello que con fundamento en los arts. 451 y 452 LEC formulo el presente recurso de reposición. En base a lo anterior, SUPLICO al Juzgado que tenga por presentado este escrito con la certificación del traslado previo a las demás partes teniendo por interpuesto recurso de reposición frente a la providencia dictada por ese Juzgado el pasado ... solicitando que tras la tramitación pertinente se deje la misma sin efecto acordando en su lugar que ... ....... a ....... de ....... de 200.. Firma Abogado

Firma Procurador

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7.2. RECURSO DE QUEJA Es un recurso accesorio de otro que ha sido inadmitido a trámite al proceder (como indica el art. 494 LEC) frente a la decisión del órgano que ha dictado la resolución que desea recurrir de denegar la tramitación de un recurso de apelación, extraordinario por infracción procesal o de casación una vez desestimado el recurso de reposición interpuesto con la finalidad de dejarla sin efecto. Tal resolución adquiere la forma de auto en los casos de la apelación (art. 457.4 LEC) cuando no se cumplieren los requisitos de plazo o forma al preparar la apelación, discutiéndose si la resolución de no tramitarlo al no haberse interpuesto dentro de plazo y en la que se declara desierto imponiendo las costas al recurrente (art. 458 LEC) es susceptible de recurso de queja o no además del de reposición que en todo caso procede si la parte no está conforme obrando a favor de esta tesis (sólo recurso de reposición) el hecho de que no se está denegando la tramitación de un recurso, sino simplemente poniéndole fin al no haberse interpuesto en tiempo, y a favor de la segunda (reposición más queja) la circunstancia de que en el fondo lo que se ha producido es el cierre del acceso a la apelación que es equivalente a denegar su tramitación, siendo esta segunda posición la que se estima más correcta ya que lo que pretende el legislador es que en todo caso y en el supuesto de cerrarse la vía del recurso, siempre sea el órgano superior el que tenga la última palabra al respecto. Tratándose del recurso de infracción procesal la resolución de inadmisión es el auto previsto en el art. 470.3 LEC suscitándose la misma problemática en cuanto al recurso procedente en caso de no interponerse en plazo y declararse desierto con condena en costas (art. 471 LEC). Por último y en lo referente a la casación la decisión de inadmisión de la preparación del recurso es el auto que aparece mencionado en el art. 480 LEC y la de declaración del recurso como desierto al no interponerse en plazo es la del art. 481 LEC. La resolución le corresponde al órgano que deba resolver el recurso no tramitado (Audiencia Provincial, Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia o Sala de lo Civil de Tribunal Supremo), posee carácter urgente y su tramitación se contiene en el art. 495 LEC. 311

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F 23.E.

Modelo de recurso de reposición previo a la queja (genérico)

Juicio ... n.º .../... AL JUZGADO DE 1.ª INSTANCIA N.º ....... DE ....... D. ....... Procurador de los Tribunales, actuando en representación de ....... según viene acreditado en los presentes autos, como mejor proceda en derecho por medio de la presente paso a formular recurso de reposición como previo al recurso de queja en caso de verse el mismo desestimado frente al auto de este Juzgado de ....... por el que se denegaba la preparación del recurso de apelación, auto que fue notificado a esta parte el pasado ....... basándola en las siguientes: ALEGACIONES ÚNICA.–Que en el auto que ahora se recurre se denegaba la preparación del recurso de apelación que esta parte había formalizado en escrito presentado el ....... y frente a la sentencia recaída en las presentes actuaciones el ....... que fue notificada el ....... en base a que ........ Tal resolución se estima que vulnera lo previsto en ....... ya que ......., siendo fundamento de esta alegación ....... Es por ello que con fundamento en los arts. 451, 452, 494 y 495 LEC formulo el presente recurso de reposición como previo a la presentación del de queja en caso de verse desestimado. En base a lo anterior, SUPLICO al Juzgado que tenga por presentado este escrito con la certificación del traslado previo a las demás partes teniendo por interpuesto recurso de reposición como previo a la presentación del de queja frente al auto dictado por ese Juzgado el pasado ....... por el que se denegaba la preparación del recurso de apelación solicitando que tras la tramitación pertinente se deje el mismo sin efecto acordando en su lugar que se tenga por preparado el recurso de apelación preparado por esta parte en escrito presentado el ....... frente a la sentencia dictada en estas actuaciones el ....... emplazando a esta parte a fin de interponerlo en el plazo de veinte días legalmente previsto. Para el caso de desestimarse este recurso de apelación se solicita que se facilite a esta parte testimonio de la resolución recurrida así como del auto en el que se resuelva el recurso de reposición que con este escrito se interpone a entregar a esta parte dentro de los cinco días siguientes a aquel en el que se resuelva la reposición con constancia de la fecha en que ello se verifique por parte del Secretario Judicial ....... a ....... de ....... de 200.. Firma Abogado

Firma Procurador 312

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F 24.E.

Modelo de recurso de queja (genérico)

Juicio ... n.º .../... A LA AUDIENCIA PROVINCIAL DE ....... D. ....... Procurador de los Tribunales, actuando en representación de ....... según viene acreditado en los presentes autos que se tramitan con el n.º ....... ante el Juzgado de 1.ª Instancia n.º ....... como mejor proceda en derecho por medio de la presente paso a formular recurso de queja frente al auto de ese Juzgado de ....... por el que se denegaba la preparación del recurso de apelación que se preparó el ....... frente a la sentencia dictada en tales actuaciones el ....... Dicho auto fue notificado a esta parte el pasado ......., habiéndose recurrido en reposición con carácter previo a la presentación de este recurso de queja recayendo auto el ......., notificado a esta parte el ....... y entregándoseme testimonio del auto de denegación de la preparación de la apelación y de la resolución de la reposición el ....... según consta en la diligencia del Secretario Judicial de tal Juzgado, testimonio que se une al presente recurso que se basa en las siguientes: ALEGACIONES ÚNICA.–Que en el auto que ahora se recurre y se denegaba la preparación del recurso de apelación que esta parte había formalizado en escrito presentado el ....... y frente a la sentencia recaída en las presentes actuaciones el ....... que fue notificada el ....... se fundaba tal negativa en ..., argumentos que fueron reiterados en el auto resolutorio del recurso de reposición que en su momento se interpuso Tales resoluciones se estima que vulneran lo previsto en ....... ya que ......., siendo fundamento de esta alegación ......., invocándose estos argumentos ya en el recurso de reposición interpuesto con carácter previo al presente y que no se vieron atendidos por el Juzgador de instancia. Es por ello que con fundamento en los arts. 494 y 495 LEC formulo el presente recurso de queja En base a lo anterior, SUPLICO a la Sala que tenga por presentado este escrito y por interpuesto recurso de queja frente al auto dictado por ese Juzgado el pasado ...... por el que se denegaba la preparación del recurso de apelación (y frente a aquel en el que se denegaba la reposición del mismo), solicitando que tras la tramitación pertinente se deje sin efecto lo decidido acordando en su lugar que se tenga por preparado el recurso de apelación preparado por esta parte en escrito presentado el ....... frente a la sentencia dictada en estas actuaciones el ....... ordenando al Juzgado de 1.ª Instancia n.º ....... de ....... que continúe con la tramitación de la apelación emplazando a esta parte a fin de interponerlo en el plazo de veinte días legalmente previsto. ....... a ....... de ....... de 200.. Firma Abogado

Firma Procurador

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7.3. RECURSO DE APELACIÓN Es el recurso devolutivo (del mismo conocen las Audiencias Provinciales o los Juzgados de 1.ª Instancia frente a las decisiones adoptadas por los Jueces de Paz) que procede frente a las sentencias y autos definitivos así como demás resoluciones en las que expresamente así se disponga dictadas por los Juzgados de 1.ª Instancia y de Paz y que se caracteriza por la asunción por el Juez ad quem o superior, de la plena jurisdicción sobre el caso, en idéntica situación que el Juez de origen, a quo, no sólo por cuanto respecta a la subsunción de los hechos en la norma sino también para la determinación de tales hechos a través de la valoración de la prueba, dando lugar a un novum iuditium (STC 272/1994 [RTC 1994, 272]), aunque limitado a los términos del recurso presentado al regir el principio del tantum devolutum quantum apellatum no pudiéndose replantear aquellos elementos de la decisión que han sido aceptados por las partes al no haber recurrido frente a ellos. Se regula en el Libro II, Título IV, Capítulo III (arts. 455 a 467 LEC). La apelación tiene efectos suspensivos, salvo la interpuesta frente a sentencias desestimatorias de la demanda y autos que pongan fin al proceso, aunque tratándose de las sentencias estimatorias en los casos en que ello sea posible (arts. 524 y 525 LEC ya analizados) cabe la ejecución provisional siempre que se inste, pero ello no elimina los efectos suspensivos de la apelación ya que la susceptibilidad de ejecución provisional no le priva de tal efecto al depender de la decisión de la parte con lo que sin ella no se ejecutaría.

F 25.E.

Modelo de escrito preparando recurso de apelación (genérico)

Juicio ... n.º .../... AL JUZGADO DE 1.ª INSTANCIA N.º ....... DE ....... D. ....... Procurador de los Tribunales, actuando en representación de ....... según viene acreditado en los presentes autos, como mejor proceda en derecho por medio de la presente paso a preparar recurso de apelación frente a la sentencia dictada por de este Juzgado en las presentes actuaciones de fecha ....... que fue notificada a esta parte el pasado ....... basándola en las siguientes: 314

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CAP. I. CUESTIONES GENERALES ALEGACIONES ÚNICA.–Que en la sentencia dictada solamente se estima en parte la demanda en su momento presentada ya que de los pedimentos a), b) y c) que en la misma se contenían solamente se han visto estimados los dos primeros, no así el tercero, entendiendo que esta decisión desestimatoria del pedimento c) así como aquella en la que se establece que cada parte abone las costas generadas a su instancia y las comunes por mitad, son perjudiciales para mi representado, por lo que a los efectos previstos en el art. 457 LEC paso por medio del presente escrito y dentro de los cinco días que el mismo establece a preparar el recurso de apelación ante la Audiencia Provincial. En base a lo anterior, SUPLICO al Juzgado que tenga por presentado este escrito con la certificación del traslado previo a las demás partes teniendo por preparado recurso de apelación frente a la sentencia dictada por de este Juzgado en las presentes actuaciones de fecha ....... que fue notificada a esta parte el pasado ....... en impugnación de los pronunciamientos de la misma referentes a ......., concediendo en su virtud a esta parte el plazo legalmente previsto de veinte días para interponerlo. ....... a ....... de ....... de 200.. Firma Abogado

F 26.E.

Firma Procurador

Modelo de escrito interponiendo recurso de apelación (genérico)

Juicio ... n.º .../... AL JUZGADO DE 1.ª INSTANCIA N.º ....... DE ....... D. ....... Procurador de los Tribunales, actuando en representación de ....... según viene acreditado en los presentes autos, como mejor proceda en derecho por medio de la presente paso a interponer recurso de apelación frente a la sentencia dictada por de este Juzgado en las presentes actuaciones de fecha ....... que fue notificada a esta parte el pasado ......., habiéndose preparado por medio de escrito presentado el ....... y acordado por medio de providencia de ....... el dar traslado por veinte días a esta parte para su interposición y que fue notificada el ....... La apelación se basa en las siguientes: ALEGACIONES ÚNICA.–Que en la sentencia dictada solamente se estima en parte la demanda en su momento presentada ya que de los pedimentos a), b) y c) que en la misma se contenían solamente se han visto estimados los dos primeros, no así el tercero, entendiendo que esta decisión desestimatoria del pedimento c) así como aquella en la que se establece que cada parte abone las costas generadas a su instancia y las comunes por mitad, tal y como se indicó en el escrito de preparación en su momento presentado es perjudicial para mi mandante y sobre ellos se centra el presente recurso. 315

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TOMO I. DISPOSICIONES GENERALES. PREPARACIÓN DEL PROCESO... En cuanto al pedimento c) la sentencia lo desestima por ......., mas la realidad fáctica de ello consta acreditada por ....... siendo el fundamento de la pretensión que de ello deriva el ......., fundamentación que es la que se estima operativa frente a la indicada en la sentencia que parte de una realidad fáctica diferente y que además encuentra amparo en las SSTS ....... y SAP ....... Respecto de las costas, ante la estimación total de las pretensiones de la demanda que se considera procedente en caso de verse aceptado este recurso se considera que las mismas deben imponerse en su integridad a la demandada (art. 394 LEC), incluso en el caso de verse el mismo desestimado ya que la problemática que ha dado origen a estas actuaciones justifica la necesidad de acudir al auxilio judicial. En base a lo anterior, SUPLICO al Juzgado que tenga por presentado este escrito teniendo por interpuesto el recurso de apelación frente a la sentencia dictada por de este Juzgado en las presentes actuaciones de fecha ....... y tras la pertinente tramitación y remisión de las actuaciones a la Ilma. Audiencia Provincial, se dicte por esta sentencia en la que declarando haber lugar al recurso de apelación presentado se condene a la demandada a .... con imposición tanto de las costas de instancia como de las derivadas de la apelación. ....... a ....... de ....... de 200.. Firma Abogado

Firma Procurador

7.4. RECURSOS EXTRAORDINARIOS POR INFRACCIÓN PROCESAL Y CASACIÓN Los recursos de casación y por infracción procesal presentan la condición de extraordinarios ya que solamente caben frente a determinadas resoluciones y por unos motivos tasados que ha fijado el legislador. En cuanto al recurso por infracción procesal (regulado en el Libro II, Título IV, Capítulo IV) trata de velar por la pureza del procedimiento y el respeto en el seno del mismo de los derechos y garantías procesales que aparecen reconocidas en la Constitución. Prueba de ello es que los motivos que dan lugar al mismo (art. 469 LEC) son los de: 1) Infracción de las normas sobre jurisdicción y competencia objetiva o funcional (no la territorial). 2) Infracción de las normas procesales reguladoras de la sentencia (falta de motivación, claridad, precisión congruencia, modificación de sus pronunciamientos una vez dictada, reenvió indebido de la decisión a fase de ejecución); 3) Infracción de las normas legales que rigen 316

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CAP. I. CUESTIONES GENERALES

los actos y garantías del proceso cuando la infracción determinare la nulidad o hubiere podido producir indefensión; 4) Vulneración de derechos fundamentales reconocidos en el artículo 24 de la Constitución lo que lo convierte en la vía previa al recurso de amparo constitucional mas para ello es necesario que la infracción se haya denunciado anteriormente y en cuanto ello hubiere sido posible. Es un recurso que en principio procede (art. 468 LEC) frente a las sentencias y autos (de todo tipo y sin limitación) que hayan dictado las Audiencias Provinciales (no los Juzgados de 1.ª Instancia cuando resuelvan recursos de apelación frente a resoluciones de los Juzgados de Paz) poniendo punto final a la segunda instancia y su conocimiento se atribuye a las Salas de lo Civil y Penal de los Tribunales Superiores de Justicia, y su tramitación es previa y preferente a la de la casación si se hubieren interpuesto los dos recursos por distintas partes (si es por una sola se inadmite el recurso de casación) tal y como establecen los arts. 466 y 488 LEC. No obstante lo anterior, debido a que no se pudo llevar a cabo en forma paralela a la LEC la reforma de la LOPJ, se incorporó a la LEC una Disposición Final 16.ª por la que se asignó el conocimiento de este recurso al Tribunal Supremo (también a las Salas de lo Civil y Penal de los Tribunales Superiores de Justicia para los casos en los que pudieren conocer del recurso de casación según el art. 73 LOPJ y sin que nada se haya manifestado en la reforma de la LOPJ 19/2003 por lo que sigue vigente el sistema indicado en la Disposición Final 16.ª de la LEC), limitándose las resoluciones recurribles por infracción procesal a aquellas frente a las que cabe casación, salvo en el caso en el que se interponga solamente el recurso por infracción procesal (no el de casación que transitoriamente cabe preparar e interponer de forma simultánea con el de infracción procesal al conocer de ambos el mismo órgano lo que hace que la previsión de incompatibilidad no sea por el momento operativa). En este último supuesto (interposición únicamente del recurso por infracción procesal), sólo cabe frente a las sentencias dictadas en procesos para la tutela de los derechos fundamentales que no sean el art. 24 de la Constitución y aquellas cuya cuantía exceda de 150.000 €. Pero al poderse tramitar transitoriamente de forma unitaria ambos recursos, se modalizan las normas en cuanto a la tramitación prioritaria del recurso por infracción procesal ya que en la LEC el uso del mismo vedará el acceso a la casación salvo (como indica RAIMÚNDEZ RODRÍGUEZ cit. bibl. p. 381) 317

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TOMO I. DISPOSICIONES GENERALES. PREPARACIÓN DEL PROCESO...

que se estime el recurso por infracción procesal y se ordene el reponer las actuaciones al momento anterior a la infracción, pues entonces la nueva sentencia podrá ser recurrida en casación por infracción de ley. Algún sector (analizado por PÉREZ LÓPEZ cit. bibl. p. 479) ha criticado (incluso tachándolo de afectado de una posible inconstitucionalidad) la atribución del conocimiento de este recurso a las Salas de lo Civil y Penal de los Tribunales Superiores de Justicia ante el riesgo de suscitarse múltiples posiciones que no soluciona el recurso en interés de ley al no afectar a la cuestión planteada en el caso en que se suscita (como luego se verá) y poder afectar al carácter estatal de la legislación procesal (art. 149.1.6.ª de la Constitución) si bien ello se podría predicar de todas las materias que no pueden llegar al Tribunal Supremo (ahora eliminadas ante el posible recurso de casación por el interés casacional) añadiendo que los Tribunales Superiores de Justicia no hacen una labor de producción de leyes (algo que corresponde al legislador dada la esencialidad de la división de poderes en el Estado de derecho), sino de interpretación e integración que es algo que verifican todos y cada uno de los Juzgados y Tribunales.

F 27.E.

Modelo de escrito preparando recurso por infracción procesal (ge-

nérico)

Rollo n.º .../... A LA SECCIÓN....... DE LA ILMA. AUDIENCIA PROVINCIAL DE ....... D. ....... Procurador de los Tribunales, actuando en representación de ....... según viene acreditado en los presentes autos, como mejor proceda en derecho por medio de la presente paso a preparar recurso de por infracción procesal frente a la sentencia dictada por esa Sección de la Audiencia Provincial de fecha ....... que fue notificada a esta parte el pasado ....... basándola en las siguientes: ALEGACIONES ÚNICA.–Que la sentencia dictada el ....... por parte de esa Sección de la Audiencia Provincial de ....... en resolución del recurso de apelación presentado por esta parte ante la sentencia dictada el ....... por el Juzgado de 1.ª Instancia n.º ....... de ... en los autos ....... se estima que resuelve elementos no suscitados en apelación ya que además de desestimar el recurso de apelación presentado por esta parte, asimismo deja sin efecto una parte de la sentencia de instancia que no fue recurrida lo que implica la posible concurrencia de los motivos 2.º, 3.º e incluso 4.º del art. 469.1 de la LEC sin que esta parte haya podido 318

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CAP. I. CUESTIONES GENERALES denunciar con carácter previo la indefensión que con ello se le ha causado ya que la misma se ha producido al dictarse la sentencia de segunda instancia. Asimismo se indica que dada la cuantía del proceso que se fijó por medio de otrosí en el escrito de demanda (200.000 €) y que no fue controvertida cabe el recurso por infracción procesal con fundamento en el art. 468 y Disposición Final 16.ª, 2.ª y 477 de la LEC. Es por ello que a los efectos previstos en el art. 470 LEC paso por medio del presente escrito y dentro de los cinco días que el mismo establece a preparar el recurso extraordinario por infracción procesal que el mismo establece. En base a lo anterior, SUPLICO a la Sala que tenga por presentado este escrito con la certificación del traslado previo a las demás partes teniendo por preparado recurso extraordinario por infracción procesal frente a la sentencia dictada por esa Sección ....... de la Ilma. Audiencia Provincial de ... de fecha ....... que fue notificada a esta parte el pasado ..... en impugnación de los pronunciamientos de la misma referentes a ..., concediendo en su virtud a esta parte el plazo legalmente previsto de veinte días para interponerlo. ....... a ....... de ....... de 200.. Firma Abogado

Firma Procurador

F 28.E.

Modelo de escrito interponiendo recurso por infracción procesal (genérico)

Rollo n.º .../... A LA SECCIÓN....... DE LA ILMA. AUDIENCIA PROVINCIAL DE ....... D. ....... Procurador de los Tribunales, actuando en representación de ....... según viene acreditado en los presentes autos, como mejor proceda en derecho por medio de la presente paso a interponer recurso por infracción procesal frente a la sentencia dictada por esa Sección ....... de la Audiencia Provincial de ....... en las presentes actuaciones de fecha ....... que fue notificada a esta parte el pasado ......., habiéndose preparado por medio de escrito presentado el ....... y acordado por medio de providencia de ... el dar traslado por veinte días a esta parte para su interposición y que fue notificada el ....... La infracción procesal se basa en las siguientes: ALEGACIONES ÚNICA.–Que la sentencia dictada el ....... por el Juzgado de 1.ª Instancia n.º ....... de ....... solamente estimó en parte la demanda en su momento presentada ya que de los pedimentos a), b) y c) que en la misma se contenían solamente se vieron estimados en cuanto a los dos primeros, no así el tercero. Fue esta decisión desestimatoria del pedimento c) así como aquella en la que se establecía que cada parte abonara las costas generadas a su instancia y las comunes por mitad, la que se consideró perjudicial para mi representado, presentándose el pertinente recurso de apelación por esta parte, sin que la contraria mani319

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TOMO I. DISPOSICIONES GENERALES. PREPARACIÓN DEL PROCESO... festare la apelare ni posteriormente impugnare la sentencia en la forma prevista por el art. 461 LEC. A pesar de lo anterior, la sentencia dictada en sede de apelación el ....... además de desestimar el recurso de apelación presentado por esta parte, asimismo dejó sin efecto una parte de la sentencia de instancia que no fue recurrida al desestimar igualmente el pedimento a) de la demanda originaria que había sido estimado en la sentencia de instancia y como se ha expuesto no recurrido. Ello implica la posible concurrencia de los motivos 2.º, 3.º e incluso 4.º del art. 469.1 de la LEC al ir en contra de las normas básicas en materia de apelación que se contienen en ......., del principio tantum devolutum quentum apellatum consagrado en una numerosa doctrina jurisprudencial de la que cabe hacer mención a ....... Asimismo con ello se vulnera el principio de seguridad jurídica consagrado en el art. 9 de la Constitución y que ha dado origen a la doctrina del Tribunal Constitucional fijada en las SSTC ....... causando asimismo indefensión a esta parte al conllevar la situación creada una vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva que se establece en el art. 24 de la Constitución y que en esta materia (extensión de la apelación) se ha consagrado en las SSTC ...., siendo la afectación al resultado del proceso manifiesta al haberse visto de esta forma desestimado un pedimento de la demanda que había sido estimado y no apelado. En base a lo anterior, SUPLICO a la sala que tenga por presentado este escrito teniendo por interpuesto el recurso por infracción procesal frente a la sentencia dictada por esa Sala en las presentes actuaciones de fecha ....... y tras la pertinente tramitación y remisión de las actuaciones al Tribunal Supremo, se dicte por éste esta sentencia en la que declarando haber lugar al recurso por infracción procesal presentado se anule la sentencia en su momento dictada ordenando que la Audiencia Provincial proceda a dictar una nueva sentencia. ....... a ....... de ....... de 200.. Firma Abogado

Firma Procurador

El recurso de casación (regulado en el Libro II, Título IV, Capítulo V) por su parte tiene por misión el preservar la pureza de la ley para conseguir la igualdad y la seguridad jurídica en su aplicación. Se fundamenta en motivos tasados (actualmente solamente lo es la infracción de las normas sustantivas aplicables para la resolución del conflicto según el art. 477.1 LEC) lo que comporta el que sólo se revise la interpretación del derecho, dejando intocados los hechos que dieron por ciertos los Jueces de la instancia. Solamente cabe su interposición frente a determinadas resoluciones dictadas en segunda instancia por las Audiencias Provinciales (en concreto las sentencias dictadas para la tutela judicial civil de derechos fundamentales, excepto los que reconoce el artículo 24 de 320

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CAP. I. CUESTIONES GENERALES

la Constitución, aquellas en las que la cuantía del asunto excediere de 150.000 €, cuando la resolución del recurso presente interés casacional, lo que obedece según MONTERO, cit. bibl. p. 447, a la función protectora del interés público que se atribuye a la casación configurando al Tribunal Supremo como el máximo intérprete de la ley y del que dimana la jurisprudencia con la función complementadora del ordenamiento jurídico y dándose el interés casacional cuando la sentencia recurrida se oponga a doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo o del Tribunal Superior de Justicia sobre normas de Derecho especial de la Comunidad Autónoma correspondiente o resuelva puntos y cuestiones sobre los que exista jurisprudencia contradictoria de las Audiencias Provinciales o aplique normas que no lleven más de cinco años en vigor, siempre que, en este último caso, no existiese doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo o del Tribunal Superior relativa a normas anteriores de igual o similar contenido). La competencia para conocer de la casación corresponde a la Sala Primera del Tribunal Supremo salvo que procedan contra las resoluciones de los tribunales civiles con sede en la Comunidad Autónoma, siempre que el recurso se funde, exclusivamente o junto a otros motivos, en infracción de las normas del Derecho civil, foral o especial propio de la Comunidad, y cuando el correspondiente Estatuto de Autonomía haya previsto esta atribución en cuyo caso corresponderá a las Salas de lo Civil y Penal de los Tribunales Superiores de Justicia. Ello ocurre en Cataluña [art. 20.a)], País Vasco (art. 14), Galicia (art. 22), Asturias (art. 37), Comunidad Valenciana [art. 40.a)], Navarra [art. 45.a)], Extremadura (art. 45), y Baleares [art. 49.a)]. Aragón presenta la peculiaridad de haber desaparecido la referencia al recurso de casación que se contenía en el estatuto originario aprobado por Ley Orgánica 8/1982 con las reformas operadas por las Leyes Orgánicas 6/1994 y 5/1996 aunque el Tribunal Supremo lo sigue manteniendo.

F 29.E.

Modelo de escrito preparando recurso de casación por interés casacional (genérico)

Rollo n.º .../... A LA SECCIÓN....... DE LA ILMA. AUDIENCIA PROVINCIAL DE ....... D. ....... Procurador de los Tribunales, actuando en representación de ....... según viene 321

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TOMO I. DISPOSICIONES GENERALES. PREPARACIÓN DEL PROCESO... acreditado en los presentes autos, como mejor proceda en derecho por medio de la presente paso a preparar recurso de casación frente a la sentencia dictada por esa Sección de la Audiencia Provincial de fecha ....... que fue notificada a esta parte el pasado ....... basándola en las siguientes: ALEGACIONES ÚNICA.–Que la sentencia dictada el ....... por parte de esa Sección de la Audiencia Provincial de ... en resolución del recurso de apelación presentado por esta parte ante la sentencia dictada el ....... por el Juzgado de 1.ª Instancia n.º ....... de ....... en los autos ....... se estima que la misma hace una interpretación incorrecta del art. 20 de la LCS al aplicar en un caso como el presente una vez transcurridos más de dos años desde la producción del siniestro un interés del 20% desde la fecha del siniestro y no el legal incrementado en un 50% durante los dos primeros años y el del 20% a partir de esa fecha, lo cual implica una infracción normativa justificativa del acceso a la casación con fundamento en el art. 477.1 LEC. Asimismo y aun cuando la cuantía del presente procedimiento es de 100.000 € según se indicó en la demanda y no fue controvertido, se estima que la materia objeto del recurso presenta un manifiesto interés casacional (art. 477.2.3.º LEC) ante la doctrina contradictoria que al respecto existe entre las diversas Audiencias Provinciales. En tal sentido y como manifestación de la tesis que aquí se defiende se pueden citar las SSAP ....... y como exponente de la posición contraria se citan las SSAP ....... Es por ello que a los efectos previstos en el art. 479 LEC paso por medio del presente escrito y dentro de los cinco días que el mismo establece a preparar el recurso de casación que el mismo establece. En base a lo anterior, SUPLICO a la Sala que tenga por presentado este escrito con la certificación del traslado previo a las demás partes teniendo por preparado recurso de casación frente a la sentencia dictada por esa Sección ....... de la Ilma. Audiencia Provincial de ... de fecha ....... que fue notificada a esta parte el pasado ....... en impugnación de los pronunciamientos de la misma referentes a ......., y con base al interés casacional derivado de ....... concediendo en su virtud a esta parte el plazo legalmente previsto de veinte días para interponerlo. ....... a ....... de ....... de 200.. Firma Abogado

Firma Procurador

F 30.E.

Modelo de escrito interponiendo recurso de casación por interés casacional

Rollo n.º .../... A LA SECCIÓN... DE LA ILMA. AUDIENCIA PROVINCIAL DE ... D. ....... Procurador de los Tribunales, actuando en representación de ....... según viene acreditado en los presentes autos, como mejor proceda en derecho por medio de la presente paso a interponer recurso de casación por interés casacional frente a la sentencia dictada por esa Sección ....... de la Audiencia Provincial de ....... en las presentes actuaciones de fecha ....... que fue notificada a esta parte el pasado ......., habiéndose preparado por medio de escrito presentado el ....... y acordado por medio de providencia de ....... el dar traslado por veinte días a esta parte para su interposición y que fue notificada el ....... La infracción procesal se basa en las siguientes: 322

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CAP. I. CUESTIONES GENERALES ALEGACIONES ÚNICA.–Que la sentencia dictada el ....... por parte de esa Sección de la Audiencia Provincial de ... en resolución del recurso de apelación presentado por esta parte ante la sentencia dictada el ....... por el Juzgado de 1.ª Instancia n.º ....... de ....... en los autos ....... se estima que la misma hace una interpretación incorrecta del art. 20 de la LCS al aplicar en un caso como el presente una vez transcurridos más de dos años desde la producción del siniestro un interés del 20% desde la fecha del siniestro y no el legal incrementado en un 50% durante los dos primeros años y el del 20% a partir de esa fecha, lo cual implica una infracción normativa justificativa del acceso a la casación con fundamento en el art. 477.1 LEC. El fundamento de la posición que sostiene esta parte se encuentra tanto en ....... como en ......., siendo una materia muy debatida y sobre la que existen decisiones contradictorias y que es la que justifica la concurrencia en este caso de un interés casacional (art. 477.2.3.º LEC). En tal sentido y como manifestación de la tesis que aquí se defiende se pueden citar las SSAP ....... que se adjuntan por copia y como exponente de la posición contraria se citan las SSAP ....... que asimismo se adjuntan por copia. Es por ello que a los efectos previstos en el art. 481 LEC paso por medio del presente escrito y dentro de los veinte días que el mismo establece paso a interponer el recurso de casación en su día preparado. En base a lo anterior, SUPLICO a la sala que tenga por presentado este escrito teniendo por interpuesto el recurso de casación por interés casacional frente a la sentencia dictada por esa Sala en las presentes actuaciones de fecha ....... y tras la pertinente tramitación y remisión de las actuaciones al Tribunal Supremo, se dicte por éste esta sentencia en la que declarando haber lugar al recurso de casación se indique que los intereses del art. 20 de la LCS deben operar una vez pasados más de dos años mediante un cálculo en el que se computen dos años al tipo de interés legal incrementado en un 50% y del 20% a partir de esa fecha. ....... a ....... de ....... de 200.. Firma Abogado

Firma Procurador

7.5. RECURSO EN INTERÉS DE LEY Regulado en el Libro II, Título IV, Capítulo VI, trata de velar por la pureza de los procesos al operar en los casos en los que respecto de sentencias que resuelvan recursos extraordinarios por infracción de ley procesal, las Salas de lo Civil y Penal de los Tribunales Superiores de Justicia sostuvieran criterios discrepantes sobre la interpretación de normas procesales. De esta forma se trata de evitar que al corresponder el recurso por infracción procesal a los Tribunales Superiores de Justicia pueda suscitarse una doc323

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TOMO I. DISPOSICIONES GENERALES. PREPARACIÓN DEL PROCESO...

trina procesal contradictoria unificándose de esta manera acudiendo ante el Tribunal Supremo, no procediendo en los casos en los que sobre esta cuestión se hubiere recurrido en amparo ante el Tribunal Constitucional ya que sería éste el que resolvería (la razón de ser radica en que habría una decisión tomada por el mismo que resolvería la discrepancia que podría darse, aunque el recurso de amparo no resuelve toda la problemática que se puede plantear ya que no entra en materias de legalidad ordinaria sino solamente en aquellas que afecten a derechos fundamentales). La decisión que se adopta no afecta al proceso en el que se haya suscitado, lo que hace que no se trate propiamente dicha de un recurso sino de un mecanismo para obtener doctrina del Tribunal Supremo en materia procesal, siendo consecuencia de ello el que los legitimados para la interposición son sólo el Ministerio Fiscal, Defensor del Pueblo y personas jurídicas de Derecho público que, por las actividades que desarrollen y las funciones que tengan atribuidas, en relación con las cuestiones procesales sobre las que verse el recurso, acrediten interés legítimo en la unidad jurisprudencial sobre esas cuestiones.

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