Sus armas no lograrán extinguir nuestra palabra. Informe de riesgos de extinción en 6 Pueblos Indígenas de Colombia (Awá; Cauca; Misak; Yanakona; Nasa; Tontotuná; Embera Katio)

Table of contents :
01 INTRODUCCIÓN
Lina María González Correa
50 CAPÍTULO 1: El Pueblo Awá
José Aristizabal G.
86 CAPÍTULO 2: Contexto regional del Cauca Indígena
Lina María González Correa
138 CAPÍTULO 3: El Pueblo Misak
Marta Ruíz y Carlos Eduardo Pérez Corredor
168 CAPÍTULO 4: El Pueblo Yanakona
Juan Manuel Viatela Hoyos
214 CAPÍTULO 5: El Pueblo Nasa
Lina María González Correa
264 CAPÍTULO 6: El Pueblo Totoroéz/Tontotuná
Lina María González Correa
CAPÍTULO 7: El Pueblo Embera Katío del Alto Sinú
Conchita Guerra Cabrito
ANEXOS
1. Tabla de actores armados en municipios con población indígena (2012)
2. Violaciones a los Derechos Humanos del pueblo Awá en el periodo 2011-2013
3. Relación no exhaustiva de los casos denunciados de violaciones derechos
humanos a los Embera Katío del Alto Sinú a partir de 2010

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Agradecimientos El Observatorio por la Autonomía y los Derechos de los Pueblos Indígenas en Colombia

(Observatorio ADPI) quiere expresar su agradecimiento con las organizaciones en Cataluña y en Colombia que han facilitado la presentación de este informe.

En primer lugar, queremos agradecer al ayuntamiento de Barcelona, y su oficina

Barcelona Solidaria, por el apoyo prestado para la ejecución del proyecto del Observatorio, el cual es más amplio que la presentación de este informe de riesgos de extinción.

En Colombia no hubiese sido posible el trabajo de campo, sin la participación de las

organizaciones indígenas, los cabildos locales y otras organizaciones o instituciones que trabajan por los derechos de los pueblos. Merecen una mención especial,

la Asociación de Cabildos del Norte del Cauca (ACIN), en particular la Casa del Pensamiento; el Consejo Regional Indígena de Colombia (CRIC), con un apoyo

especial desde el Programa por la Defensa a la Vida y Derechos Humanos y el

Programa de Comunicaciones; la Asociación de Cabildos Indígenas Nasa Çxhaçha; el Cabildo Mayor Yanacona; la Unidad del Pueblo Awá (UNIPA) y los consejeros que

nos acompañaron en terreno; y los Cabildos Coleina del pueblo Totoroéz/Tontotuná y Cabildo de la María del pueblo Misak.

Ha sido invaluable el apoyo de la Corporación Ensayos, que nos orientó sobre terreno

y nos ayudó para acceder a la información documental. También agradecemos a Fidel Mingorance, de Human Rights Everywhere y su portal geactivismo.org. La Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas (OCHA), en el Departamento de Córdoba, también nos facilitó información valiosa sobre la

situación del pueblo Embera Katío del Alto Sinú, así como la organización Aguas,

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Ríos y Pueblos nos permitió usar parte de las imágenes del proyecto fotográfico de Conchita Guerra sobre los efectos de la represa de Urrá. El Centro de Investigación y

Educación Popular (Cinep) tiene a disposición pública la consulta de su base de datos sobre violencia política Noche y Niebla y se nos permitió consultar también la base

de datos de luchas sociales para el caso de las movilizaciones en el departamento del Cauca. Finalmente, el Programa Presidencial para la formulación de estrategias

y acciones para el desarrollo integral de los Pueblos Indígenas de Colombia, nos

aportó uno de sus documentos de estudio de caso sobre las afectaciones del pueblo Awá y resolvió varias de nuestras inquietudes.

Queremos reconocer la confianza depositada en cada una de las personas que nos

brindaron su testimonio desinteresadamente, solo con el objetivo de ayudarnos a comprender. Esto es de especial importancia, en un contexto donde las situaciones

de conflictividad promueven recelos y desconfianzas a la hora de expresarse. Los pueblos indígenas en Colombia han experimentado los riesgos que implica hablar claramente.

En Barcelona, agradecemos especialmente a todas las personas que integran el

equipo del Observatorio ADPI por su apoyo permanente e incondicional. Además, el apoyo de otras organizaciones locales como la cooperativa de la Ciutat Invisible ha sido muy importante para hermanar lazos de solidaridad. También al fotoperiodista Javier Sulé por ceder el uso de varias de sus imágenes para este texto.

Los textos reproducidos en este informe son responsabilidad del Observatorio ADPI y no reflejan necesariamente la posición del Ayuntamiento de Barcelona, como

institución de soporte, o de alguna de las organizaciones o instituciones que nos han brindado su apoyo.

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Observatorio por la Autonomía y Derechos

Equipo editorial

Marzo de 2014

Lina María González C.

Correo electrónico: [email protected]

Juan Manuel Ávila E.

de los Pueblos Indígenas en Colombia

José Aristizabal G.

C/Riego 37, Bajos. 08014, Barcelona

Juan Manuel Viatela H.

Página web: www.observatorioadpi.org

Gerardo Andrade M.

Equipo de Investigación

Fotografía

José Aristizabal G.

Javier Sulé

Conchita Guerra C.

Lina María González C.

Marta Ruíz

Diseño y maquetación

Lina María González C.

Conchita Guerra C.

Juan Manuel Viatela H.

Dawn Paley

Carlos Eduardo Pérez C. Maritza Buitago R.

Òscar Miró

Álvaro Rodríguez Impresión

Gràfiques Cevagraf

Fotografía: Conchita Guerra C

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Índice 01

INTRODUCCIÓN Lina María González Correa

50

CAPÍTULO 1: El Pueblo Awá José Aristizabal G.

86

CAPÍTULO 2: Contexto regional del Cauca Indígena Lina María González Correa

138 CAPÍTULO 3: El Pueblo Misak Marta Ruíz y Carlos Eduardo Pérez Corredor 168 CAPÍTULO 4: El Pueblo Yanakona Juan Manuel Viatela Hoyos 214 CAPÍTULO 5: El Pueblo Nasa Lina María González Correa 264 CAPÍTULO 6: El Pueblo Totoroéz/Tontotuná Lina María González Correa 288 CAPÍTULO 7: El Pueblo Embera Katío del Alto Sinú Conchita Guerra Cabrito

346 ANEXOS 1. Tabla de actores armados en municipios con población indígena (2012) 2. Violaciones a los Derechos Humanos del pueblo Awá en el periodo 2011-2013 3. Relación no exhaustiva de los casos denunciados de violaciones derechos humanos a los Embera Katío del Alto Sinú a partir de 2010

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Introducción Lina María González Correa

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Fotografía: Javier Sulé

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INTRODUCCIÓN

Introducción Por: Lina María González C. En 2008 el Centro de Cooperación Indígena (CECOIN) publicó el libro La Tierra Contra la Muerte. El texto recoge, en sus distintos artículos, un sinnúmero de

afectaciones perpetradas contra los territorios indígenas y los pueblos que habitan

en ellos. Doce años atrás, este mismo centro, junto con la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) y GhK, realizó un diagnóstico premonitorio sobre

los riesgos que enfrentaba la población indígena en el libro Tierra profanada. En la introducción del texto de 2008, una de las sentencias más complejas fue constatar

que la gran mayoría de las amenazas que se diagnosticaron años atrás se convirtieron en una realidad: El dictamen contenido en Tierra Profanada no había servido como talanquera para frenar las agresiones, el irrespeto y las amenazas a la vida y la

autonomía en los territorios indígenas. Los mapas trazados por CECOIN para indicar

cuáles eran las zonas en riesgo para el año 2008 han aumentado significativamente el área de afectaciones y amenazas.

25 indígenas fueron asesinados en el país mientras se realizaba el trabajo de campo para esta investigación, entre abril y noviembre de 2013. Cada circunstancia

igualmente dramática, absurda e injusta. Según los registros que se llevan actualmente

en el Observatorio por la Autonomía y los Derechos de los Pueblos Indígenas en Colombia (Observatorio ADPI), el año 2013 dejó un saldo de 41 indígenas asesinados y uno desaparecido1 (ver gráficas 1 y 2). De hecho, el 29 de noviembre

de 2013, el gobernador indígena Awá, del Resguardo de Inda Guacaray, Juan Álvaro Nastacuas Paí, fue asesinado de seis impactos de bala mientras se desplazaba en

una moto por su territorio. El gobernador Nastacuas tenía 28 años de edad y se

encontraba liderando procesos por la protección de sus territorios ancestrales, en Es necesario destacar que nos enfrentamos a un posible subregistro del número de víctimas indígenas. No sería de extrañar que se presenten casos que no hemos ingresado a la base de datos, debido a la manera como se nutre ésta, es decir, por medio de los distintos comunicados a la opinión pública efectuados desde las distintas organizaciones. Precisamente, como se verá más adelante, es posible encontrar casos en los que es muy difícil para los pueblos dar a conocer los asesinatos de sus integrantes. 1

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especial de la amenaza de nuevos colonos que, por necesidad o por órdenes ajenas, son enviados a invadir las tierras del resguardo y sembrarlas con plantas de coca.

El motivo de su asesinato se encuentra aún en proceso de esclarecimiento por las autoridades Awá y entrará a hacer parte de otra investigación más para la Fiscalía

colombiana. El gobernador Nastacuas hizo parte del grupo de indígenas Awá que

aportaron sus testimonios cuando el Observatorio ADPI visitó la Unidad del Pueblo Awá (UNIPA). En aquellas entrevistas, Nastacuas, así como cada uno de los Awá

con quienes tuvimos interlocución, evidenció la situación desesperada en la que se encuentran, descripción que se ampliará con más detalle en el texto central sobre este pueblo. No obstante, lo más complejo de este caso es que los Awá, como la

mayoría de los pueblos indígenas de Colombia, parecen enfrentarse a una situación

en la que se observa una escasa voluntad política de solución2. Sin embargo, frente a la desesperanza, los Awá se mantienen en un ejercicio permanente de resistencia. GRÁFICA 1: VÍCTIMAS DE ASESINATO SELECTIVO POR PUEBLO (2013)

Fuente: Base de datos, Observatorio ADPI

El informe anual de la Unipa-Acipap a la Corte Interamericana de Derechos Humanos de diciembre de 2013 da cuenta de los innumerables actos de desatención por parte de las autoridades colombianas en los procesos de concertación y aplicación de medidas de protección a la comunidad indígena Awá, así como de la negativa persistente para enviar funcionarios del orden regional o nacional, con poder de decisión, a participar en las múltiples sesiones de la Minga Humanitaria o las mesas de concertación donde se determinan los compromisos que se deben cumplir y se pretende plantear soluciones, así sea paliativas.

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casos. Las fuerzas armadas han sido responsables de la muerte de 2 indígenas; la confrontación armada entre la policía y la guerrilla de las Farc le quitó la vida a un asesinó a un indígena Awá por oponerse a los cultivos ilícitos en su resguardo. El inicio de 2014 no ha sido mucho mejor. El 1 de enero fueron asesinados dos indígenas Emberá Chamí del asentamiento indígena La Esperanza, municipio El Dovio, en el departamento del Valle del Cauca; y el 20 de enero una joven Nasa de 17 años, perdió la vida tras la aparente explosión de una granada en el Resguardo de Tacueyo, municipio de Toribío. En ese momento se estaban dando combates entre la guerrilla y el ejército. A inicios de 2009, la Corte Constitucional colombiana emitió el Auto 004: “Protección armado en el marco de superación del estado de cosas inconstitucional declarado en la sentencia T025/04”. Dicha sentencia llegó a la conclusión de que existía una vulneración particular de los derechos de los pueblos indígenas desplazados en el y cultural. El número de pueblos incluidos en la sentencia fue de 34. La Corte solicitó al Estado la generación de una política pública de protección a cada uno de estos pueblos. La idea fue elaborar un plan de Salvaguarda étnica para cada caso, el cual sería efectuado por los pueblos teniendo en cuenta sus Planes de Vida3. Este proceso ha tenido varios inconvenientes. En primer lugar, casi cinco años después de la sentencia del Auto 004, no se ha puesto en marcha ni uno solo de los Planes de Salvaguarda étnica. Para los casos en los que éstos ya se encuentran terminados o en proceso de negociación - pueblo Awá, Totoroéz o Kokonuco - la

3 Desde la declaratoria de la emergencia étnica sobre los 34 pueblos, la Corte Constitucional ha realizado varios llamados de atención sobre el seguimiento a la dramática situación humanitaria, con los Autos 382 de 2010, 174 de2011, 173 de 2012. Finalmente, convoca a una gran revisión global en la que se ha determinado

y 183 de 2013, se buscó reunir al conjunto de la institucionalidad y de las autoridades indígenas. En los seguimientos anteriores de la Corte, se mantuvo especial preocupación por la situación de los pueblos Hitnu, Awá, Jiw (guayabero) y Nukak.

INTRODUCCIÓN

voluntad política del Estado colombiano ha sido escasa o inexistente. Pareciera

que, en cierta medida, el Estado fuera en contravía de solucionar los problemas

estructurales que más amenazan la superviviencia de los pueblos, dada su los territorios indígenas para la explotación minera, de hidrocarburos o grandes

proyectos agro industriales que van en contravía de la economía indígena y la

defensa de sus territorios desde su cosmovisión. Como se evidencia en el informe de

pueblos indígenas del PNUD, “la explotación minera como se hace hoy, siguiendo un armado interno, el saqueo de los bosques por diversos tipos de inversionistas y

la explotación de hidrocarburos en sus territorios, sin la debida consulta previa

para establecer acuerdos institucionales con las comunidades, son las principales

actividades que vulneran los derechos de los pueblos indígenas.” (PNUD, 2011b:

14). La yuxtaposición de políticas públicas y la insistencia de explotación de recursos en tierras de resguardos sin consultar a las comunidades afectadas es una política

estatal permanente.

En resumen, a pesar de que hay un conjunto de derechos protegidos, “los indígenas

no tienen como evitar la vulneración de sus territorios, incluyendo lugares sagrados

como cerros y cementerios. La importancia espiritual que estos espacios tienen se

afecta frente a la llegada de megaproyectos económicos.” (PNUD, 2011b: 32). La

dilación de la aprobación de los Planes de Salvaguarda inevitablemente hace pensar

en un ejercicio intencional por parte del Estado, más si se tiene en cuenta que, como lo denuncia la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), para el año 2009

los procesos de consulta previa no se habían dado en el 80% de las situaciones o,

en su defecto, no han cumplido con los requisitos adecuados de información y libre

determinación mínimos: “se han realizado entre 1994 y 2009, 121 procesos de

consulta previa, 83 de ellos en pueblos indígenas, respectos a los cuales la Autoridad

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prácticas en el tema. Por el contrario, la consulta se ha convertido en un constante esfuerzo político y cultural para algunos pueblos, y en el principal generador de pugnas y divisiones al interior de las organizaciones” (ONIC, 2010: 17).

En segundo lugar, con todo y que algunas instituciones asociadas pueden haber tenido la mejor de las intenciones, la forma en la que se planteó la elaboración de los Planes de Salvaguarda ha implicado un conocimiento de la jurisprudencia y,

en general, de las formalidades necesarias para presentar un documento jurídico.

Muchas de las habilidades requeridas y de la misma infraestructura necesaria para la elaboración de los Planes de Salvaguarda no es de fácil disponibilidad para los

pueblos indígenas. Esto ha significado que algunos pueblos deban buscar asesoría externa para iniciar el proceso de elaboración de los documentos que se presentan al Ministerio del Interior.

El documento del Plan de Salvaguarda del pueblo Totoroéz-Tontotuná hace una

referencia muy específica a dicho obstáculo: “Sabemos cómo mantener la armonía, nos ha sido enseñada por nuestros Mayores y Mayoras (...) sabemos cuál es el

sentido de nuestra pervivencia cultural y física en este territorio. Sabemos cuál es nuestra responsabilidad para mantener la armonía integral e integradora. Lo

sabemos, lo sentimos lo practicamos. Sin necesidad de escribirlo en un papel, sabemos qué queremos a futuro y cómo lo queremos. Pero las cosas han cambiado.

Ahora no estamos solos en nuestro territorio. Ahora tenemos que justificar ante otros nuestra existencia pasada, presente y futura como pueblo, como personas. Tenemos que legitimar nuestros derechos, tenemos que argumentar nuestros deseos de vida.

Es así como se presenta la necesidad, casi la exigencia en su momento, de escribir

nuestros pensamientos, nuestras expectativas, asumiendo como propia esta forma de memoria colectiva: escribir para “acomodar” nuestro futuro.” (Plan de Salvaguarda Étnico y Cultural del Pueblo Totoroez o Tontotuná, 2011: 17-18).

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INTRODUCCIÓN

En tercer lugar, ha surgido un enorme debate entre las instituciones que deben

coordinarse para la ejecución de la política pública. La Corte Constitucional no ha dado herramientas particulares para garantizar el cumplimiento de las sentencias que dicta.

Sus sentencias se diluyen en la multiplicidad de las instituciones que las deben hacer cumplir, las cuales dependen de funcionarios con menor o mayor voluntad de trabajo.

Finalmente, los Planes de Salvaguarda étnica y cultural solo abordan los 34 casos graves de amenaza asociados al Auto 004 de 2009, en el marco de la sentencia

025 del 2004 con relación al desplazamiento forzado. No obstante, existen otros

pueblos indígenas que se encuentran en peligro de supervivencia física y cultural, presionados por la ampliación de la frontera agraria, por la alteración de sus formas

de vida tras la colonización de sus territorios, por la pobreza y la toma de decisiones de la política pública que los ha puesto en riesgo grave. La situación de estos pueblos fue señalada como de urgente solución por parte de la ONIC, en el texto referenciado anteriormente, Palabra dulce, Aire de Vida. Forjando caminos para

la pervivencia de los pueblos indígenas en riesgo de extinción física en Colombia. Como lo reporta el informe, “de los 102 pueblos indígenas que viven en el país,

la Onic ha recopilado información sobre 32 pueblos, los cuales generan especial

preocupación a la Organización, debido a que cuentan con una población de menos

de 500 personas, la gran mayoría concentrados en los departamentos de Amazonía y Orinoquía. De estos 32 pueblos, 18 tienen una población inferior a 200 personas, y 10 están conformados por menos de 100 individuos” (ONIC, 2010: 7).

La complejidad de esta situación radica en que si el gobierno, por medio de sus

instituciones, a duras penas ha mostrado interés y un trabajo real por garantizar la supervivencia de los 34 pueblos indicados en el Auto 004, bajo la presión de las órdenes de la Corte Constitucional, la posibilidad de crear mecanismos que frenen la

extinción de los 31 pueblos por fuera del Auto 004 es casi inexistente4. En síntesis, el 4

Solo el caso del pueblo Nukak Makú coincide entre los diagnósticos de la Corte Constitucional y la Onic.

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panorama actual (sumando los diagnósticos de la Corte y de la ONIC) mostraría un preocupante total de 65 pueblos que se encuentran en riesgo de extinción. La pertinencia de este estudio se enmarca en un contexto en el que los riesgos de extinción física se mantienen para todos los pueblos mencionados. No obstante lo anterior, este estudio se focalizará en trabajar el caso de seis pueblos indígenas en riesgo, incluidos en el Auto 004: en la Costa Caribe colombiana, el pueblo Embera Katío del Alto Sinú; en el sur del país, el pueblo Awá; y en el Departamento del Cauca, los pueblos Nasa, Misak/Guambiano, Yanacona/Yanacuna y Totoroéz/Tontotuná.

1. OBJETIVO, PROCESO Y METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN Dado que el futuro de los pueblos indígenas depende, en buena medida, de la manera cómo se enfrenten a los factores que les afectan tan gravemente, y como una contribución a las luchas por su autonomía y supervivencia, el Observatorio ADPI se planteó un estudio inicial de los riesgos causales de afectación a los 6 pueblos mencionados anteriormente cuyo objetivo ha sido estudiar los factores y las dinámicas de extinción física y cultural, así como las estrategias de resistencia para enfrentarlas. También se ha buscado que la investigación sirva para documentar los principales casos de violaciones a los Derechos Humanos, al Derecho Internacional Humanitario y, en general, a los derechos colectivos de los pueblos indígenas. Ello para que el producto de este estudio sea una herramienta de denuncia, acompañe los actuales procesos de resistencia indígena, pueda ser un insumo frente a procesos de judicialización o formulación de políticas públicas y apoye y fundamente las acciones de presión política a nivel internacional, para intentar frenar las afectaciones físicas y culturales de los pueblos con los que se trabajó.

INTRODUCCIÓN

La metodología que guía esta investigación sigue los principios de la Investigación Acción Participativa. El Observatorio ADPI se dio a la tarea de seleccionar un conjunto de factores que habían sido resaltados por las organizaciones indígenas y otros estudios como determinantes en el incremento de amenazas de supervivencia física o cultural de los pueblos. Los factores escogidos para

megaproyectos de infraestructura, industrias extractivas o agroindustria; y c) amenazas culturales. Cada una de estas categorías fue subdividida en conceptos operativos que pudieran tener una comprobación empírica en campo. Finalmente, el trabajo de campo permitió realizar un diálogo conjunto con cada uno de los se presentaban de manera parcial o general, y si existían nuevos factores que no se hubieran contemplado durante la etapa de diseño de la investigación. El resultado fue la construcción de una matriz de categorías de afectación a la supervivencia física o cultural (ver matriz de Categorías). Ahora bien, como se mencionó anteriormente, el trabajo realizado se limitó a un conjunto de seis pueblos. Aunque es posible establecer tendencias generales, este informe se concibe solo como un esbozo de un fenómeno general y sistemático que debe ser profundizado. Y claro, está abierto a las propuestas de análisis que quieran incorporarse desde los propios pueblos indígenas.

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Fotografía: Conchita Guerra C.

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INTRODUCCIÓN

MATRIZ DE CATEGORIAS DE AMENAZAS A LA SUPERVIVENCIA FÍSICA O CULTURAL Conflicto Armado

Megaproyectos de infraestructuraIndustrias extractivas Agroindustria

Amenazas Culturales

1. Afectaciones a la vida - Asesinatos selectivos - Masacres - Desaparición forzada -Torturas - Amenazas - Secuestros -Hostigamientos

1. Industrias extractivas mineras - Problemática de la Consulta Previa - Copamiento militar de los territorios

1. Monetarización de la cotidianidad

- Contaminación del medio ambiente - Generación de leyes inconsultas

-Reclutamiento 2. Desplazamiento Forzado - Temporal - Permanente - Reubicaciones por fuera del territorio - Reubicación en zonas mixtas

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2. Hidrocarburos - Problemática de la Consulta Previa - Copamiento militar de los territorios - Contaminación del medio ambiente - Generación de leyes inconsultas

2. Incorporación de materiales contaminantes en los territorios - Alimentos empacados - Basuras y materiales tóxicos - Técnicas de fumigación de plagas o fertilización de la tierra

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Conflicto Armado

Megaproyectos de infraestructuraIndustrias extractivas Agroindustria

Amenazas Culturales

3. Pérdida de la identidad cultural o amenazas a las tradiciones propias

3. Confinamiento territorial - Restricciones a la circulación por amenazas y escudos humanos - Restricciones a la movilidad por campos minados

3. Megaproyectos de infraestructura - Problemática de la Consulta Previa - Militarización de la prestación de servicios civiles - Contaminación del medio ambiente - Generación de leyes inconsultas

4. Agrocombustibles, Monocultivos y Tala de Bosque 4. Víctimas de minas antipersona

- Caña de Azúcar - Palma africana - Café

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- Amenazas a la medicina tradicional - Irrupción de ideologías (religiosas o militares) - Amenazas al uso de la lengua - Pérdida de la tradición oral - Irrupción de tecnologías con dificultades para su control u orientación de su uso.

4. Drogadicción y delincuencia común - Acceso al suministro de sustancias consideradas no tradicionales - Aumento de circulación de armas y acceso a grupos delincuenciales

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INTRODUCCIÓN

Conflicto Armado

Megaproyectos de infraestructuraIndustrias extractivas Agroindustria

Amenazas Culturales 5. Choque de políticas públicas y legislación indígena

5. Judicialización de líderes

- Problema de las transferencias - Afectaciones a la autonomía indígena reconocida constitucionalmente.

6. Plan Nacional de Consolidación Territorial -Aumento del pie de fuerza militar

6. Programas estatales que generan presión demográfica

- Militarización de vida civil

- Campesinización

- Involucramiento de la población civil en el conflicto 7. Narcotráfico - Fumigaciones - Deforestación

- Familias en Acción - Subsidios focalizados - Prestación del servicio militar - Acceso a determinados servicios de salud

- Estigmatización del uso de la hoja de coca

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La importancia de haber seleccionado una muestra de seis pueblos, ubicados en distintas zonas del país, radica en poder evidenciar una política sistemática de abandono o de respuesta poco eficiente por parte del Estado a las necesidades, demandas y garantías de supervivencia de los pueblos indígenas. Aun cuando se señalan las necesidades locales que indican la regionalización de los conflictos, es claro que existe un factor común para todos los pueblos con los que se trabajó: una preocupación por la relación con el Estado central, el cual, en muchos casos, ejerce una función coercitiva y amenazante, y en otros no es un garante eficiente del cumplimiento de los derechos individuales y colectivos que tienen los pueblos indígenas. Ahora bien, esta investigación ha atravesado por varias discusiones metodológicas estudio se seleccionaron como casos de análisis algunos de los pueblos con mayor número de miembros (por ejemplo, el pueblo Nasa). En este sentido, el riesgo de a que el pueblo Nasa sufre una de las mayores victimizaciones en el país por con la supervivencia cultural y las presiones externas que buscan paralizar o anular su lucha política por la autonomía y la identidad. Ello mismo es lo que los coloca en medio de una constante amenaza ejercida desde la totalidad de los actores armados, tanto de las fuerzas armadas como de las guerrillas y los grupos paramilitares que circulan por su territorio. De esta manera, en el caso de estos

al mismo tiempo, se constituyen en mecanismos de presión sobre la autonomía y generan desplazamiento.

INTRODUCCIÓN

Un segundo factor fundamental de discusión es el problema de la tierra y el territorio. El territorio para los pueblos indígenas es la fuente de vida, la madre tierra que

se encuentra conectada con la cosmovisión desde lo esencial. El territorio es el epicentro de la reproducción material y espiritual de los pueblos. Es importante

entender que el pensamiento indígena es muy distinto a las formas de pensamiento lógico-formales donde las explicaciones de la realidad puede ser separadas en

variables ceteris paribus5. La cosmovisión indígena es integral y gráficamente se

verá con facilidad que hay una constante circular o en forma de espiral en muchos de los símbolos indígenas.

Es necesario tener presente en todo momento la dimensión espiritual de la lucha indígena

por la tierra, que no puede reducirse sólo a la posesión de una cantidad determinada de hectáreas de tierra. Luchan porque en esos espacios que habitan se encuentran sus seres espirituales principales y sus leyes de origen, además de la reproducción de sus

mecanismos de subsistencia. El territorio, como bien lo indica el PNUD en su documento

Pueblos indígenas, diálogo entre culturas, “es el arraigo de su historia, cultura, ancestros, autonomía y libertad. Trasciende el concepto occidental de la tierra como accidente

físico-geográfico, explotable y comercializable. El territorio indígena es un medio y no un fin. Posibilita el desarrollo de la comunidad indígena en diversas dimensiones: cultural,

económica, productiva, alimenticia, organizativa, política y social, otorga autonomía para decidir sobre esa tierra y los recursos naturales que en ella se encuentran (...) tiene una relación directa con el significado que para ellos tiene el “buen vivir”, estado que

se alcanza por y en el territorio, la base material y espiritual de su existencia” (PNUD,

2011b, 22). En ese mismo documento, el PNUD recoge una definición integral dada por

una autoridad espiritual Kogui en 1994, que es bastante clara para entender la conexión espiritual y material de la territorialidad indígena: “para ordenar el territorio hay que

ordenar el pensamiento. Lo que nosotros entendemos por ordenamiento territorial, no es solo demarcar o delimitar un pedazo de tierra. Es mucho más profundo: se trata de

El término hace referencia a una forma de análisis realizada desde la lógica formal, en la que se dejan constantes un conjunto de factores para determinar cómo varían otros. En la cosmovisión indígena esto no es posible porque las esferas de la vida material y espiritual se encuentran integradas e indivisibles. Por ello, una afectación individual puede generar un desequilibrio colectivo.

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ordenar el pensamiento para poder vivir bien sobre ese pedazo de tierra. O sea que el ordenamiento territorial tiene dos partes: lo espiritual, que se refiere al pensamiento, y lo

físico, que se refiera a la tierra. Para nosotros, esas dos partes no se pueden separar, siempre están unidas, pues el territorio es uno solo (Mammas Kággaba, 1994).

Otro ejemplo de esta definición se puede encontrar en los documentos del pueblo Awá cuando se explica que “el territorio lo entendemos como todo lo de la tierra, que es más que todo los límites. La tierra es lo palpable, lo que se puede ver, coger, sembrar, donde

hacemos casa, echamos semilla, eso es la tierra. El territorio es un todo, el conjunto de tierra que incluye bosque, río, quebrada, personas, todo” (Actualización Plan de Salvaguarda étnica del pueblo Awá: 60).

En ese orden de ideas, la tierra no es solo un espacio que es explotado para garantizar

la soberanía alimentaria. El territorio involucra el subsuelo y el espacio superior. Todo ello en una interconexión vital. De allí que la lucha de los pueblos indígenas con el Estado

sea permanente debido a que este último sólo reconoce la autoridad y la autonomía territorial indígena para la superficie de sus resguardos y de hecho ignora otros derechos reconocidos por la Constitución o por los convenios internacionales firmados. El Estado

colombiano se abroga la posibilidad de explotar el subsuelo extrayendo los recursos naturales como los hidrocarburos y los minerales.

La discusión anterior nos enfrentó conceptualmente a una dificultad a la hora de plantear la investigación, ya que por una parte estábamos fragmentando las categorías de riesgo

y, por otra, dejábamos por fuera el problema de la tierra y el territorio como categoría de análisis. No queriendo ser simplistas con la decisión que tomamos, encontramos que lo más coherente era asumir el territorio como el trasfondo esencial sobre el cual se afecta la supervivencia de los pueblos indígenas en alguna de las tres categorías definidas

anteriormente. En ese sentido, el conflicto armado, la explotación de recursos y las leyes inconsultas atentan contra la territorialidad.

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INTRODUCCIÓN

2. CONFLICTIVIDAD ESTADO - TERRITORIALIDAD INDÍGENA Es fundamental enmarcar este estudio dentro de la tensión constante que existe entre el Estado y la territorialidad indígena. Si bien la Constitución colombiana

reconoce que los pueblos indígenas tienen autonomía de administración en

sus territorios6, en la práctica hace prevalecer otros intereses por encima de los

designios de las autoridades indígenas y las comunidades que gobiernan. Son muchos los ejemplos de esta situación. En particular, los de mayor conflictividad reciente tienen que ver con la irrupción de las Fuerzas Armadas en territorios de

jurisdicción indígena, que son controlados por la Guardia Indígena desarmada. El segundo punto de conflicto de gran magnitud es la política de explotación de recursos minerales o hidrocarburos que el Estado entrega en concesión a

empresas privadas, muchas de ellas multinacionales. Un tercer problema tiene que ver con la distribución de tierras y las peticiones realizadas por las comunidades

para ampliar sus resguardos o el reconocimiento de los derechos históricos que tienen sobre sus territorios.

Finalmente, existe una disputa constante debido a que el Estado colombiano permanentemente toma decisiones, expresadas en leyes, decretos, políticas públicas de manera inconsulta con las comunidades (incluso campesinas, mestizas

y afrodescendientes) que vulneran los derechos colectivos. Por ejemplo, la firma de tratados de libre intercambio comercial que afectarán directamente los ingresos

de las familias en las áreas rurales, llevándolas casi a la miseria, debido a que el Estado colombiano no cuenta con paliativos a la competencia con países potencia ni con subsidios que estimulen la producción local.

Colombia sigue siendo el único país de América Latina que no ha firmado la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de Pueblos Indígenas del año

6 Los territorios indígenas han sido formalizados bajo la figura de Resguardos. Existen tres tipos de Resguardos: los adjudicados bajo títulos coloniales, los adjudicados bajo títulos en la época republicana y los adjudicados por resoluciones más recientes. En los Resguardos, quien administra la autoridad es el Cabildo Indígena, aunque puede haber Cabildos urbanos que no tienen un territorio asignado.

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2007. Esta abstención ha sido argumentada afirmando la existencia de un conjunto de incompatibilidades entre la Declaración y la política pública estatal. En primer

lugar, por cuestiones de índole militar, Colombia encuentra una contradicción con

los artículos 26 y 30. El artículo 26 de la Declaración de Naciones Unidas destaca que “los pueblos indígenas tienen derecho a poseer, utilizar, desarrollar y controlar

las tierras, territorios y recursos que poseen en razón de la propiedad tradicional”. El artículo 30 es aun más explícito cuando señala que “1. No se desarrollarán

actividades militares en las tierras o territorios de los pueblos indígenas, a menos

que lo justifique una razón de interés público pertinente o que se haya acordado libremente con los pueblos indígenas interesados, o que éstos lo hayan solicitado. 2.

Los Estados celebrarán consultas eficaces con los pueblos indígenas interesados,

por los procedimientos apropiados y en particular por medio de sus instituciones representativas, antes de utilizar sus tierras o territorios para actividades militares” (Naciones Unidas, 2007: 10 y 12).

Adicionalmente, el Estado pretende mantener el control sobre la explotación de los

recursos naturales en las áreas de jurisdicción indígena y, por esta razón, mantiene una doble legislación. Como ya lo señaló el CECOIN, existe un conflicto con Parques

Naturales Nacionales (PNN) con respecto a la jerarquía de gobernanza. Hay una

intersección y transposición entre los funcionarios gubernamentales no indígenas que administran los PNN o que plantean diversas políticas en su jurisdicción, y

las autoridades indígenas y las comunidades que allí habitan. Asimismo, los PNN

son de propiedad del Estado colombiano (CECOIN, 2007: 36). Y si bien es cierto que los resguardos indígenas están protegidos por la Constitución colombiana y las comunidades tienen la total posesión de los recursos, el gobierno colombiano

ha aprovechado la superposición de los PNN y los resguardos para explotar estas

zonas con argumentos como la soberanía del país sobre el subsuelo –incluyendo, por supuesto, la extracción de hidrocarburos y minerales.

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INTRODUCCIÓN

Datos recientes en un informe sobre la minería en el departamento de Guanía, han

mostrado que 57 resguardos se solapan con el área de los PNN en un total de 3’588.816 hectáreas. En dicho informe se reporta que esos 3,5 millones de hectáreas se encuentran excluidas de la minería por tratarse de áreas protegidas por PNN, lo

cual no está del todo confirmado con la realidad. Lo que si se advierte, es que “los resguardos que se encuentran traslapados con Reservas Forestales de Ley 2 de

1959 podrán ser objeto de explotación minera, previo levantamiento o sustracción de la Reserva Forestal por parte de las autoridades ambientales que están habilitadas para hacerlo.” (Mendoza , 2012: 14-15).

PLAN NACIONAL DE CONSOLIDACIÓN TERRITORIAL, INTERVENCIONES MILITARES, POLÍTICA ANTIDROGAS Y VIOLACIONES TERRITORIALES Desde el año 2002, tras el fracaso de la negociación política con la guerrilla de las FARC durante el gobierno del presidente Andrés Pastrana (1998-2002) y el inicio del

primer gobierno del presidente Álvaro Uribe (2002-2010), se construyó una estrategia de “consolidación” territorial en el país que buscó fortalecer la presencia estatal

en las distintas regiones sumidas en el conflicto. Su primera expresión fueron las Zonas de Rehabilitación y Consolidación (ZRC) que, con un enfoque exclusivamente

militar, priorizaron la persecución de los grupos guerrilleros, los señalamientos a la población civil, la judicialización de líderes y las detenciones sin orden judicial.

La Corte Constitucional, en su momento, limitó los primeros decretos de las ZRC, aunque en la práctica regional se siguió actuando bajo varios de los principios rectores. Posteriormente, la Unidad Administrativa para la Consolidación Territorial desarrolló un plan a mediano plazo cuyo primer paso fue la consolidación militar-

territorial. En 2009 se aprobó el Plan Nacional de Consolidación en el marco de un “salto estratégico” para combinar estrategias de distinta índole (DPCI: 2012: 10). En

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etapas posteriores, se incluyó como objetivo el fortalecimiento de las instituciones de la sociedad civil para “garantizar” la sostenibilidad de la intervención. Este programa se denomina actualmente Plan Nacional de Consolidación y Reconstrucción Territorial (PNCRT). En la práctica, la intervención del Estado bajo estos principios guiados por la Doctrina de Acción Integral7 armado. La larga lista de masacres y asesinatos cometidos en Colombia en los últimos 30 años ha dado cuenta de las consecuencias que tiene este tipo de accionar, incluso algunos de los bandos. En el caso de los pueblos indígenas, es claro que la intervención militar en sus territorios riñe con la pretensión de ejercer la autonomía, incrementa la confrontación armada en sus comunidades, militariza la vida cotidiana en todas las

Han sido numerosos los choques entre las Fuerzas Armadas y los pueblos indígenas. La contradicción es la misma. La Constitución colombiana reconoce a los pueblos indígenas la autonomía en la gestión de su territorio, sus mecanismos de justicia propia y el control territorial ejercido por las Guardias Indígenas, pero en la práctica se viola la jurisdicción indígena permanentemente. Los batallones del ejército suelen patrullar las áreas de los resguardos o usar las instalaciones civiles para pernoctar. Cuando las autoridades indígenas les han pedido cesar estas actividades, la respuesta suele ser la misma: acusan a los pueblos indígenas de ser colaboradores de la guerrilla. Muchas veces a este señalamiento se suman argumentos sobre la autorización que tienen las Fuerzas Armadas de moverse libremente por todo el territorio nacional. Nuevamente, este caso demuestra cómo la ausencia de una jerarquía de los 7 La Doctrina de Acción Integral es un tipo de intervención territorial que se plantea coordinar la operación militar con la acción social del Estado. El propósito central es que las Fuerzas Armadas asuman la ejecución de proyectos sociales, que usualmente han estado en manos de autoridades civiles. La integración de actividades civiles y militares fue señalada por primera vez en el manual de contrainsurgencia No 3-24 del Departamento del Ejército de los Estados Unidos como una estrategia de contrainsurgencia (PODEC, 2011: 53).

INTRODUCCIÓN

derechos constitucionales genera tensiones entre los diferentes agentes del Estado y las comunidades indígenas.

Uno de los ejes principales del PNCRT es la lucha contra las drogas. Colombia se mantiene lejana a cualquier pretensión de legalización y en los documentos que guían la intervención del Estado al respecto se promueve una política de erradicación

por fumigación aérea con glifosato y de erradicación manual. El PNCRT plantea, solo como una medida paralela, alternativas de sustitución de cultivos (DPIC; 2012: 23).

En este contexto, se considera que muchas comunidades acceden a la siembra de

las plantas de coca por una “falta de presencia efectiva del Estado, en territorios que presentan control ilegal de territorio por parte de grupos armados ilegales, hecho que

ha acarreado la limitación del ejercicio de los derechos constitucionales” (Ibid: 14). Este análisis responsabiliza al Estado de la ausencia militar en los territorios, mas no

de otras políticas estructurales que afectan la subsistencia de las poblaciones. Deja de lado que el sector agrícola ofrece beneficios sólo para los grandes inversores,

mientras que la pobreza galopante de las comunidades, derivada en parte de su imposibilidad de entrar en los sistemas productivos legales, las obliga a convertirse en el primer eslabón de la larga cadena que transforma la hoja de coca en cocaína.

En relación con las comunidades indígenas, esta situación plantea múltiples problemas. En primer lugar, porque el consumo de la hoja de coca es una práctica

ancestral que tiene multiplicidad de usos medicinales y espirituales8. En segundo lugar, se observa una contradicción permanente entre los múltiples intereses que

convergen en las políticas estatales, ya que si, por un lado, el Estado comienza a ser consciente de las necesidades de la población rural que la llevan a optar por cultivos

ilícitos como forma de subsistencia, por otro lado, firma Tratados de Libre Comercio 8 A finales de 2013, la Fiscalía General de la Nación y el Consejo Superior de la Judicatura, por orden del Consejo de Estado, debieron pedir perdón a las comunidades indígenas del Cauca y, en particular, al comunero Luciano Quiguanás Cometa por haber desconocido que el uso de la hoja de coca hace parte de la cosmovisión de su pueblo, el Nasa. Quiguanás fue detenido en un centro penitenciario, donde posteriormente adquirió la tuberculosis y el desarrollo de la enfermedad fue tan dramático que le dejó en una silla de ruedas. Ver: “Un desagravio para la hoja de coca”. Disponible en:

http://www.elespectador.com/noticias/politica/un-desagravio-hoja-de-coca-articulo-462736

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con países como Estados Unidos, el bloque de la Unión Europea, China, Canadá

y Corea para que los productos de estos países entren a competir en el mercado colombiano con bajísimas o nulas restricciones arancelarias. Es decir, como se verá a continuación, en el marco de un sector agropecuario abandonado hace décadas

por la política pública, se le plantea a la población de las zonas donde se siembran plantas de coca, marihuana o amapola que deben sustituir sus cultivos por productos

que no tienen garantías de comercialización o que no pueden competir con los precios de agriculturas subsidiadas como la de Estados Unidos o la Unión Europea.

Nuevamente, al igual que con el problema minero, la legislación se encuentra en permanente contradicción.

Ahora bien, es una realidad que muchas de las zonas de asentamiento indígena se

encuentran sembradas por cultivos ilícitos. También lo es que la mayoría de estos

cultivos no han sido promovidos masivamente por los pueblos que habitan esos territorios, en parte porque son conscientes de la multiplicidad de dificultades que ello implica para su supervivencia. Existen un sinnúmero de esfuerzos realizados por parte de las organizaciones indígenas para controlar la situación en sus resguardos.

Ejemplos de ello son presentados a lo largo de este informe, en específico para los casos de los pueblos Awá, Embera Katío, Nasa, Yanakona, Misak y Totoroéz.

Algunos de esos esfuerzos fueron muy exitosos, en particular, para la erradicación

de los cultivos de amapola en las zonas de la cordillera caucana. Pero precisamente en medio de esa lucha, muchos indígenas han perdido la vida porque sus oponentes

se defienden con armas letales y no entienden de palabras. Lo cierto es que el informe del censo de cultivos ilícitos llevado a cabo por el Sistema Integrado de

Monitoreo de Cultivos Ilícitos (SIMCI) de la Oficina de Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (UNDOC) indica una cuestión, por demás un poco obvia: que las

zonas donde hay asentamientos indígenas tienen una alta presencia de cultivos

ilícitos. El motivo también es muy evidente: son, precisamente, lugares apartados con escasa presencia estatal. Áreas con poco control donde se pueden llevar a cabo

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INTRODUCCIÓN

actividades ilícitas o donde la institucionalidad es precaria y fácilmente sobornable. Incluso, sectores del propio Estado en lo local han sido cómplices y promotores del narcotráfico. En los años 2012 y 2013 se presentaron varios escándalos relacionados

con miembros de la fuerza pública capturados por narcotráfico, tanto de tráfico de marihuana en la zona del Cauca, como de cocaína en el departamento del Cesar9.

En casi todos los casos donde la hoja de coca no crecía o no tenía un uso ritual, los distintos grupos indígenas han reportado que fue la dinámica de la confrontación

armada - narcotraficantes, paramilitares y guerrillas- la responsable de haber llevado dichos cultivos a los territorios. Y en las zonas donde siempre existió, también ha sido la dinámica del conflicto la que ha producido un aumento en la cantidad de

hectáreas cultivadas, por encima de lo necesario para el uso ritual, medicinal o de productos naturales derivados.

En relación a la situación de cultivo de hoja de coca en los territorios indígenas

que abarca este estudio, el informe del SIMCI reporta que Tumaco y Barcabocas –donde se asienta parte del pueblo Awá– se encuentran dentro de los 10 municipios con mayor extensión del cultivo de hoja de coca en el país. El caso de Tumaco es

notorio, debido a que en este municipio se concentra el 10,6% de los cultivos del total reportado para Colombia. Barbacoas ocupa el tercer lugar, con un del 3,8%. Tumaco se encuentra incluido dentro de una de las zonas del intervención del PNRCT y su

programa de erradicación de cultivos. Las fumigaciones aéreas con glifosato están generando graves problemas de subsistencia alimentaria y otros graves problemas de salud, como se verá en el informe de este estudio para el pueblo Awá.

En el Cauca se encuentra un buen porcentaje de la extensiones de cultivos de hoja de coca. Pero en este caso, la lectura debe ser bien distinta por las anotaciones

hechas anteriormente: los pueblos indígenas del Cauca incorporan el uso de la hoja Ver al respecto: “Capturan a mayor del ejército con 79 kilos de marihuana”, El Espectador, 18 de diciembre de 2012. Disponible en: http://www.elespectador.com/noticias/judicial/articulo-393097-capturanmayor-del-ejercito-79-kilos-de-marihuana. También: “Capturan a dos militares con 200 kilos de cocaína”, El Espectador, 23 de julio de 2013. Disponible en: http://www.elespectador.com/noticias/judicial/capturandos-militares-200-kilos-de-cocaina-articulo-435451 9

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de coca dentro de sus dinámicas tradicionales e incluso se ha desarrollado una línea de productos medicinales o cosméticos cuya base es la hoja de coca. En el departamento, se registran 4.325 hectáreas que equivalen al 4,32% de la producción

nacional. Llama la atención el caso del municipio de El Tambo, que ocupa el segundo lugar nacional en relación al área total cultivada, con un 3,9%. El departamento de

Córdoba recoge el 2% del total de la producción nacional, siendo el municipio de Tierralta el cuarto en extensión con cultivos de hoja de coca en el año 2010 (UNODC: 2013: 11 y 15; UNODC: 2012: 7).

La política de la UNODC y del gobierno colombiano a través del PNTCR es la misma

en materia de manejo de cultivos: fumigación, erradicación manual y, en último lugar, planteamiento de sustitución de cultivos, financiados y controlados por el gestor militar local. No obstante, en algunos años, el registro SIMCI señaló un incremento en los cultivos pese a la estrategia de intervención. En varias ocasiones, el reporte

de la UNODC ha diferido de la información producida por la agencia de inteligencia de Estados Unidos (CIA). Esta situación ocasionó un choque, que posteriormente

fue solventado institucionalmente. Es decir, no se podía justificar un tipo de política de combate a los cultivos ilícitos como la que se estaba llevando a cabo cuando

las cifras, a pesar de todo, mostraban un incremento en la cantidad de hectáreas cultivadas.

PRESENCIA DE GRUPOS ARMADOS EN LOS MUNICIPIOS DONDE HABITAN LOS PUEBLOS INDÍGENAS10 Los seis pueblos indígenas que integran esta investigación se encuentran ubicados en municipios donde se encuentran uno o múltiples actores armados ilegales.

Tomando como base los datos del VIII informe sobre grupos narcoparamilitares de IndePaz, el cual sistematiza la información de la presencia armada para el año 2012,

Los datos referenciados en este apartado corresponden a los municipios donde se encuentran asentados los siete pueblos indígenas que aborda este estudio. No obstante, es importante señalar que el caso del pueblo Embera Katío sólo incluye a las comunidades del Alto Sinú (departamento de Córdoba).

10

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INTRODUCCIÓN

la guerrilla de las FARC se mueve por la mayoría de los municipios con presencia indígena, mientras que la presencia de la guerrilla del ELN es menos frecuente. Existen cinco grupos paramilitares que se ubican en la zona de estudio: Las Águilas Negras, Los Urabeños. Los Rastrojos, Los Paisas y el Bloque Meta.

los seis pueblos abordados en este estudio es de 104. La presencia de la guerrilla de las FARC es mayoritaria, ubicándose en 84 de éstos. Le siguen en cantidad los grupos paramilitares de Los Rastrojos (44 municipios); Las Águilas Negras (21 municipios); Los Urabeños (14 municipios); la guerrilla del ELN (7 municipios); y municipio). Tan solo 17 municipios con presencia indígena se encontraban libre de actores armados para el año 2012. Ahora bien tomando como referencia los 84 municipios donde hay presencia de

4). En 41 casos la presencia es exclusiva de un actor armado ilegal, la mayoría de las veces la guerrilla de las FARC. Por lo tanto, la confrontación se genera entre ésta y la fuerza pública. A partir de allí, todas las combinaciones son posibles. Los casos más complejos indican la existencia de hasta cuatro grupos paramilitares y guerrilleros en un solo municipio. La mayoría de las veces, esto sucede en ciudades o cabeceras Cauca); Neiva (Huila) y Popayán (Cauca). No obstante, municipios de menor tamaño también reportan la presencia de hasta tres actores armados ilegales simultáneamente (ver Anexo 1: Tabla de actores armados en municipios con población indígena): Caloto, Caldono, Miranda, Morales, Suárez, Toribío y Totoró (Cauca); Puerto Rico (Caquetá); Florida, Pradera y Jamundí (Valle del Cauca); Tumaco (Nariño) y Tierralta (Córdoba). distintos en cada región, casi que en cada municipio. Así que, si bien hay expresiones

INTRODUCCIÓN

de enfrentamiento entre facciones en algunos casos, también pueden encontrarse alianzas estratégicas asociadas al narcotráfico, la explotación minera ilegal, el comercio de armas u otras actividades de índole mafiosa.

Luego de contrastar la presencia de actores armados ilegales en los distintos municipios, el Observatorio ADPI quiso detallar la situación para cada pueblo en específico e indagar en cuántos casos la presencia armada podía implicar una

disputa territorial más compleja. Este ejercicio se realizó para cada uno de los siete pueblos (ver gráfica 5). Así las cosas, se encontró que el 100% de la territorialidad

de los pueblos Awá, Kokonuco, Totoroéz y de los Embera Katío del Alto Sinú está afectada por la presencia de los grupos armados ilegales. El 88.7% de los

lugares donde el pueblo Nasa se ubica, se encuentra bajo la influencia de uno o

más grupos armados. En este caso es importante mencionar que los Nasas se distribuyen en 8 departamentos del país y en 62 municipios. Por este motivo, el

porcentaje de población que se encuentra en medio de la afectación armada es

muy alta. Finalmente, el 83.3% de los territorios que albergan al pueblo Misak debe

convivir con el conflicto armado, y ese porcentaje es un poco más bajo para el pueblo Yanakona que encuentra una afectación en el 47.1% de sus territorios.

En resumen, la información que se ha contrastado indica que la amenaza permanente

sobre los territorios no ha desaparecido desde la declaratoria del Auto 004 en el año 2009. Y lo que es más grave aún, la presencia de múltiples actores armados ilegales en confrontación hace que la situación de zozobra permanente en las comunidades indígenas sea una constante.

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INTRODUCCIÓN

POLÍTICA MINERA Y DE EXTRACCIÓN DE RECURSOS NATURALES VS INCENTIVOS A LAS ACTIVIDADES AGRÍCOLAS Los últimos tres gobiernos colombianos (2002-2014) han promovido la extracción

de recursos naturales no renovables como mecanismo de crecimiento económico.

Esta dinámica se ha consolidado como una tendencia general en los países

latinoamericanos. El movimiento del capital ha puesto la mira en un tipo de explotación de recursos, muy lucrativo, que pueden ser sustraídos masivamente de zonas del

mundo donde las comunidades que las habitan han tendido a estar en los márgenes

del bienestar y de los intereses nacionales. Ahora interesan estas regiones, en tanto han sido conservadas precisamente por las distintas comunidades y cuentan con

un potencial de recursos naturales, minerales o de hidrocarburos que alimenta los ojos codiciosos del capital. No importa quiénes estén asentados en las zonas de

extracción, qué conflictos existan o puedan emerger, lo cierto es que los países están legislando en contra de las comunidades para garantizar el estímulo a una

economía capitalista que necesita involucrar todas las esquinas del orbe. Esto no

quiere decir que en el pasado no se haya ejercido la minería. La novedad es el volumen de extracción en un tiempo tan corto.

Ese es precisamente uno de los problemas principales a la hora de evaluar la política de la “locomotora minera”, promovida por el actual gobierno colombiano. Al discutir sobre la jerarquía de los derechos de las personas en detrimento de los derechos

de las empresas nacionales y multinacionales de extracción de recursos, no se observa que se esté cumpliendo el principio de la prevalencia del bienestar general por encima del interés de las empresas.

Como bien lo señala Luis Jorge Garay, en un informe publicado por la Contraloría

General de la Nación, “además del grave impacto que estas actividades (exploración

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y explotación minera) generan al agua, al suelo, al aire y al paisaje, no son objeto de un control riguroso por parte de las entidades mineras, ambientales y territoriales, a lo que se suma que por ser consideradas de utilidad pública por el artículo 13 sociales en muchas regiones del país, por cuanto diversas entidades estatales están privilegiando dichas actividades sobre los derechos fundamentales de las comunidades y, por tanto, desconociendo la jerarquía de derechos previsto en el ordenamiento jurídico.” (Garay, 2013:24). Lo anterior se hace evidente en los incentivos estatales otorgados a la minería, en el contexto de años de abandono de la política agrícola. Según información del Departamento Administrativa Nacional de Estadística (DANE), el país creció 5.9% en el 2011 y un 4% en el 2012. En 2011, el sector con el crecimiento más pronunciado fue el de «explotación de minas y canteras», que se expandió en un 14,3% y se mantuvo como el más destacado en 2012, con un crecimiento promedio del 5,9% (DANE, 2013: 3). En 2011, los sectores que presentaron crecimientos más modestos fueron «electricidad, gas de ciudad y agua», y el sector de «agricultura, silvicultura, caza y pesca», con un 1.8% y un 2.2% respectivamente (DANE, 2012: 3). Para 2012, la «industria manufacturera» se desplomó con un decrecimiento del -0.7%, y la «agricultura, silvicultura, caza y pesca» mantuvo un modesto mínimo crecimiento del 2.6%. El balance del sector minero en 2012 reportó un incremento de la extracción del “carbón mineral en 3,9%, petróleo crudo, gas natural y minerales de uranio y torio en 5,5%, de minerales metálicos en 19,0% y de los minerales no metálicos en 1,8% (...) el incremento en el valor agregado de los minerales metálicos obedeció al crecimiento en la producción de níquel en un 34.3%, de hierro en 30.0% y en oro en 5,2%” (DANE, 2013: 17). Estos resultados son exactamente los esperados por el gobierno del presidente Santos, teniendo en cuenta que hay un interés en promover la minería como una de

INTRODUCCIÓN

las «locomotoras» del crecimiento colombiano de los próximos años, aunque, realmente, haya sido el eje fundamental de la política económica nacional de los últimos 12 años, en

detrimento de la inversión en el sector agropecuario. Algunos datos así lo ilustran: el 42% de la inversión extranjera en Colombia se ha dedicado a la minería. Entre 2000 y 2010

se otorgaron 7.294 títulos mineros y se tramitaron 17.479 solicitudes de explotación

de minas. Si se compara la superficie contratada y adjudicada a la minería, que para 2011 era de 5.800.000 hectáreas, con toda el área cultivada del país, se entenderá la

desproporción del crecimiento de la minería frente al sector agrícola (PNUDa, 2011: 9697). Según cifras del censo minero ya para “finales del 2012, en Colombia habían sido

suscritos 9.400 títulos mineros (...) De éstos, 3.760 están en explotación y abarcan cerca de 2.1 millones de hectáreas, un área cercana al 1,8 por ciento del territorio nacional.”

Pero lo más grave de la situación es que, si se tienen en cuenta las cerca de 19.000

solicitudes mineras que están en estudio, se podría estar hablando de un área de 40

millones de hectáreas dedicadas a esta actividad (Garay, 2013: 24). Como contraste, el propio plan de desarrollo del gobierno actual indica que la superficie cultivable del país

asciende a 21.500.000 hectáreas, pero sólo se están cultivando 4.900.000 hectáreas. Es decir, el país sólo utiliza el 22.8% de su potencial agrícola para la siembra (DNP; 2010: 171). En resumen, se está planteando que la cantidad de hectáreas adjudicadas a los títulos mineros duplique en cantidad a las hectáreas con vocación agrícola.

La precariedad del agro se reflejó en las protestas indígenas, afro y campesinas de

2013. Primero se realizó un paro cafetero de enormes proporciones en el mes marzo. Posteriormente, en agosto, multiplicidad de sectores agrícolas y pecuarios en el país promovieron el paro agrario más grande de los últimos años. La crisis del sector cafetero en los últimos años ha sido muy severa. En 2011, el decrecimiento del sector

cafetero fue de -7.5%. Para 2012 el sector siguió cayendo, con un decrecimiento del -2.2% (DANE, 2013: 14). La subsistencia de varios pueblos indígenas depende de

los ingresos del café. Por esta razón se sumaron entusiastamente a las protestas de marzo y, en menor medida, a las de agosto.

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Pero la problemática minera no se queda allí. Existe una proliferación de minería ilegal, sin licencias de funcionamiento, que es posible, primero, por la disponibilidad permanente

de compradores y, segundo, porque el proceso para legalizar los minerales ilegales

extraídos de zonas protegidas es muy sencillo. Hay muchos ejemplos sobre el tema.

Uno muy diciente es el del parque Puinawai11, en Guania, donde se extraen ilegalmente múltiples minerales, especialmente tungsteno, paladio, oro y plata. La explotación

ilegal minera dentro de territorios indígenas es llevada a las zonas de explotación legal, usando las mismas rutas de la exportación de estupefacientes, y esto coincide también con los corredores por los que transitan los actores armados; incluso se han denunciado pagos a sectores del ejército para que no se reporte el accionar ilegal.

En resumen, es posible que las facciones de los grupos armados del país estén

aprovechando las mismas rutas de comercialización de estupefacientes para exportar

los minerales extraídos de zonas no permitidas. Tan solo tienen que transportar la producción ilegal hasta donde sí se han otorgado los títulos legales. En ese ejercicio,

grandes multinacionales han recibido metales extraídos ilegalmente del territorio

colombiano, generando ganancias que directamente alimentan la guerra12. Como se

verá en este informe, la misma situación se presenta en el territorio Awá de Nariño. Un reciente informe sobre la relación entre actores armados ilegales y el sector

extractivo indica que “en los últimos años no solo asistimos a una sofisticación de las modalidades de acción de los grupos armados ilegales, sino que el panorama

se ha vuelto más confuso y mezclado (...) no es raro encontrar todas las formas de explotación yuxtapuestas: minería artesanal al lado de la minería criminal; empresas

fachadas legales trabajando al lado de excavadoras ilegales, excavadores operando

en concesiones (o al margen de las concesiones) de grupos multinacionales, Farc y Eln operando en asocio con las estructuras armadas postdesmovilización en actividades mineras, etc.” (CitPax, 2012:11).

Este parque es considerado la reserva biológica más grande del país. Por ello tiene la categoría de Reserva Nacional. Involucra cerca de un millón de hectáreas.

11

Por ejemplo, la empresa Traxys Europe S.A. recibió en el año 2011 una carga de 70 toneladas de tungsteno, que se sospecha pudo provenir de las explotaciones ilegales en la región del Guanía y Vichada colombiano. Los detalles de este reporte se pueden encontrar en el siguiente informe: http://noticiasunolaredindependiente. com/2012/03/04/noticias/fiebre-del-coltan/

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INTRODUCCIÓN

Los datos sobre concesiones mineras en territorios indígenas se encuentran aún

en estudio. El portal de internet de geoactivismo.org, una sección específica de la organización Human Rights Everywhere (HREV), ha trabajado arduamente para

cruzar los datos de los títulos mineros concedidos desde el año 2009 hasta el año 2012 en territorios indígenas. Según los datos generales presentados, para 2012 se

habían expedido 9.464 títulos mineros en un área de 5’318.167 hectáreas del territorio nacional13. No obstante, lo más destacable de los mapas aportados por este portal

es que señala que existen 302 títulos mineros concedidos que se traslapan, total o parcialmente, dentro de 139 resguardos indígenas en Colombia (ver mapa 1)14.

13

Nótese que las cifras difieren ligeramente de los informes de Garay (2013) o del PNUD

14 Consultar directamente el trabajo realizado por Fidel Mingorance de HREV en: http://geoactivismo. org/2012/01/06/mineria/

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MAPA 1: MINERÍA EN TERRITORIOS INDÍGENAS

Tomado de www.geoactivismo.org

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INTRODUCCIÓN

Algunas de las concesiones de títulos han sido expedidas a las propias comunidades

indígenas que las solicitan para evitar grandes empresas entren a sus territorios. No obstante, la locomotora minera está presionando de múltiples formas y, como se

verá para el caso del departamento del Cauca, multinacionales como la Anglo Gold

Ashanti15 están haciendo lobby para quedarse con las licencias de explotación de oro

y otros minerales en zonas de resguardo.

PROBLEMÁTICA DEL DESPLAZAMIENTO O CONFINAMIENTO INDÍGENA Los pueblos indígenas mantienen una dinámica de desplazamiento particular,

comparativamente con otras poblaciones. El Auto 004 de 2009 reconoce la especial vulnerabilidad de los pueblos indígenas frente a este fenómeno, debido a que el porcentaje de sus poblaciones afectadas es más alto que el que puede presentarse para la población afrodescendiente y para los campesinos no identificados con algún

grupo étnico. Adicionalmente, el desplazamiento de las comunidades indígenas

presenta una dinámica específica por cuanto, en su mayoría, se movilizan hacia zonas cercanas que les permitan un retorno relativamente rápido a su territorio en

el momento en que los eventos que originaron la situación de riesgo disminuyan su intensidad. Esta estrategia de defensa es importante para proteger sus espacios originarios pero, al mismo tiempo, tiene costos altísimos, entre ellos, la zozobra permanente a la que se enfrentan.

Como contraste al desplazamiento, se producen situaciones de confinamiento. Estas se generan como consecuencia de las restricciones impuestas por los

15 No sobra mencionar que las multinacionales que explotan los recursos naturales en territorios indígenas, gozan de una amplia capacidad para promocionar su intervención territorial como un “programa social y ambiental responsable”. Paradójicamente, el documento de presentación social de la compañía Caminando por Colombia. Una visión rural de AngloGold Ashanti (2008: 26), toma por fuera de contexto el principio de lucha indígena “caminando la palabra”, el cual ha sido la base de las Mingas de resistencia social y popular en los últimos años. Dicho principio de caminar la palabra recoge sintéticamente las propuestas de paz, defensa de la autonomía y del territorio; precisamente, en contra de la intervención de los actores armados, de las leyes nacionales inconsultas y de las multinacionales explotadoras de los recursos. Esta utilización, por fuera de contexto, de un lema tan importante del movimiento indígena, pone en evidencia el desatino y el desafortunado acercamiento asistencialista que pretende promocionar la multinacional.

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actores armados a la circulación en el territorio. Ya sea porque utilizan a los pueblos indígenas como escudos humanos para prevenir los bombardeos aéreos (situación denunciada por el pueblo Awá); porque restringen su circulación a lo

largo de sus propios territorios para poder transportar armas, drogas, minerales de extracción ilegal, etc; o porque siembran los territorios con minas antipersona para

evitar las persecuciones del ejército o que se realicen erradicaciones de cultivos ilícitos, entre otros motivos.

FACTORES DE RIESGO CULTURALES Los pueblos indígenas en Colombia se encuentran asentados a lo largo de toda la

geografía nacional. Desde los lugares más apartados hasta las ciudades capitales. Esto significa una expresión diferenciada de los factores que se consideran

como amenazas a la supervivencia cultural. El desplazamiento forzado derivado del conflicto armado o de la irrupción de actividades económicas de grandes

proporciones –como proyectos de infraestructura o explotación de recursos– han implicado afectaciones enormes en las comunidades, especialmente cuando las

personas deben trasladarse a las grandes ciudades. La monetarización de la vida cotidiana es una de las mayores perturbaciones para las comunidades rurales que

sufren el desplazamiento forzado. No significa que las personas en la vida rural no

tengan una dinámica monetaria, pues son muy escasos los ejemplos de aislamiento total o poblaciones no contactadas en el mundo entero. Pero es evidente que en el

mundo rural las formas de suplir las necesidades de la vida cotidiana están menos mediadas por el dinero, en tanto que la consecución de alimentos no depende

exclusivamente una transacción financiera, o que se involucran dinámicas de reciprocidad familiar permanentemente. Pagar por alquilar un lugar donde vivir, por

la totalidad de los alimentos, por los medios de transporte, hasta por las medicinas más simples –más cuando en las comunidades indígenas el papel que juega el

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INTRODUCCIÓN

conocimiento de los elementos de la naturaleza como mecanismo curativo frente a

las enfermedades es tan importante–, etc., implica un sentimiento de desprotección, dependencia y desarraigo.

Las presiones sobre los territorios indígenas también implican multiplicidad de

amenazas en relación a lo cultural. Las deficiencias sobre la cantidad de tierra disponible, las posesiones privadas en territorios de resguardos, las dificultades

para la comercialización de productos, la afectación de los cultivos de pancoger a causa de las fumigaciones aéreas, entre muchos otros factores han presionado el ingreso de materiales contaminantes permanentemente en los territorios indígenas.

Por ejemplo, un sinnúmero de alimentos enlatados o en empaques de plástico que no tienen cómo ser abordados mediante un mecanismo de gestión adecuado de

residuos. La escasez de tierra disponible en ciertas comunidades indígenas ha tenido como consecuencia la incorporación de técnicas de fertilización lejanas a sus prácticas generando múltiples contradicciones y enfrentamientos. En general,

algunas comunidades entran en conflicto por sentirse parte del envenenamiento de

la “madre tierra” al usar fertilizantes no naturales, pero, al mismo tiempo, deben enfrentarse a la disminución real de la productividad y el desgaste de las parcelas.

Una buena cantidad de tierras comunales de siembra no ha podido ser incorporada

a la técnica de agrícola de barbecho16 porque deben sembrarse un mínimo de hectáreas para garantizar la subsistencia alimentaria, más teniendo en cuenta que las tierras más productivas del país suelen encontrarse en manos de los grandes

terratenientes, muchos de los cuales prefieren invertir en ganadería y monocultivos agroindustriales y no en agricultura diversificada.

La inexistencia de garantías para que las comunidades sobrevivan dentro de sus

propios territorios también ha generado dinámicas de desplazamiento hacia las

ciudades en busca de recursos mínimos de supervivencia. Esto ha producido 16 El barbecho es una técnica agrícola que consiste en dejar descansar la tierra para que ésta se regenere y pueda recuperar los minerales que son fundamentales para su productividad. La agricultura moderna ha diseñado varias técnicas para abonar la tierra con productos procesados para evitar que haya zonas cultivables que no sean aprovechadas, Para la cosmovisión indígena, muchos de estos materiales generan un envenenamiento de la madre tierra.

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desarraigos y ha llevado a que muchos jóvenes pierdan elementos fundamentales

de su identidad indígena. Además, la expansión de las fronteras agrícolas por la colonización, así como por otro tipo de actividades económicas (como megaproyectos de infraestructura no consultados, invasión de agricultura industrializada o minería) han propiciado amenazas constantes sobre los territorios y, al mismo tiempo, abren

las puertas a nuevos tipos de expresiones culturales y económicas, para los que

no se encuentran preparadas todas las poblaciones indígenas. Un ejemplo típico de este fenómeno es la irrupción minera o de industrias extractivas petroleras o de gas que, al utilizar mano de obra no local mayoritariamente masculina, y crear

nuevos poblados, fomenta la penetración de nuevas dinámicas sociales. Algunas de

ellas difíciles de enfrentar: aumento de los establecimientos para consumir alcohol,

creación de redes de prostitución –e, incluso, presión sobre las mujeres nativas para que ejerzan este oficio–, introducción de nuevas tecnologías de la comunicación y,

en algunas ocasiones, aparición de doctrinas militares o religiosas que afectan el

equilibrio de las comunidades y sus principios cosmogónicos dentro de los territorios. Además, como ya se ha mencionado a lo largo de este texto introductorio, se presenta un choque permanente entre la autonomía indígena reconocida constitucionalmente y las políticas públicas. El problema del manejo de las transferencias de recursos que

el Estado realiza a las comunidades es mayúsculo. Es decir, el ordenamiento jurídico reconoce que los Cabildos son las formas de gobierno legítimas en representación

de los pueblos indígenas. No obstante, el Estado no realiza las transferencias de

recursos de forma directa a los Cabildos, sino que lo hace a través de las Alcaldías locales de los municipios donde se ubican. Es decir, por una parte se reconoce a los Cabildos autonomía para la gestión de sus recursos de acuerdo a las necesidades

de la población indígena, pero, por otra, se condiciona el acceso a dichos recursos para llevar a cabo políticas independientes con miras a cumplir sus funciones. En ese sentido, el Estado promueve una forma de competencia permanente entre los derechos indígenas y los derechos ciudadanos.

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INTRODUCCIÓN

Lo anterior conduce a un proceso de campesinización de la población indígena17 en el

cual muchos integrantes de los Cabildos han renunciado a éstos para poder acceder a otro tipo de servicios que puede prestar el Estado, (como subsidios de vivienda

o tratamientos de salud por medio del Sistema de identificación de potenciales beneficiarios de programas sociales, SISBEN) pero de los que excluye a la población

indígena por considerar que aquellos deben ser gestionados por las autoridades de los cabildos. Dados los recursos económicos con los que cuentan los Cabildos,

ofrecer determinado tipo de programas de subsidio o cubrir algunos tratamientos médicos complejos es una tarea muy difícil de cumplir. Es evidente en este punto que las amenazas por la autonomía e identidad culturales están a la orden del día y no son exclusivas del conflicto armado por el que atraviesa Colombia.

Finalmente, se puede observar que desde las presiones ejercidas por el propio Estado

se afecta la reproducción cultural y autónoma de los pueblos indígenas. En tanto que sus culturas y cosmovisiones son su fuente principal de identidad y de fuerza

para luchar por su autonomía, el Estado y sus instituciones han promovido formas de homogenización cultural, manteniendo dinámicas de colonialismo y racismo; y

favoreciendo múltiples situaciones que llevan a la pérdida o discriminación de sus

tradiciones y costumbres propias. Desde el Estado se ha aceptado solamente la aplicación de políticas diferenciadas en la lengua, educación, salud y justicia propia

dentro de las comunidades. Sin embargo, no se considera que ha sido a través de las luchas históricas que los pueblos indígenas han mantenido viva su historia y su ancestralidad y han defendido la autonomía de sus territorios.

Cuando se hace referencia en este texto a campesinización, no se implica que las dinámicas de trabajo de la tierra de los indígenas sean particularmente diferentes a las dinámicas de las campesinas y campesinos en general. Se implica aquí una cuestión de identidad propiamente dicha.

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3. ORGANIZACIÓN DEL TEXTO Este texto presentará un estudio de caso para cada uno de los seis pueblos. En el primer capítulo, se abordará la situación del pueblo Awá. Posteriormente, debido a

que el estudio toma una muestra de cuatro pueblos del departamento del Cauca, un segundo capítulo estará dedicado a presentar un contexto regional en el que

se aborda la situación de esta área. Los capítulos tres al seis abordarán las problemáticas de los pueblos Misak, Yanakona, Nasa y Totoroéz. Finalmente, en el

capítulo siete se hará referencia a la situación de amenaza que enfrenta el pueblo

Embera Katío, específicamente para el caso de las poblaciones ubicadas en el Alto

Sinú. En todos los casos, se hará una descripción sobre las afectaciones que se construyeron con base en la matriz de categorías de amenaza.

Este trabajo ha sido posible gracias a la confianza depositada por cada una de las

personas que brindaron sus testimonios y con quienes el Observatorio ADPI ha desarrollado una relación de confianza.

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INTRODUCCIÓN

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El Pueblo Awá José Aristizabal G.

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Fotografía: Conchita Guerra C.

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01. EL PUEBLO AWÁ

01. El pueblo Awá Por: José Aristizabal G.

1. SU TERRITORIO Los Awá son un pueblo binacional ubicados a lado y lado de la frontera entre

Colombia y Ecuador. De los que viven en Colombia, una parte están en el sur y occidente del departamento de Nariño, al occidente de la cordillera andina, desde

la cuenca del río Telembí hasta la parte norte del Ecuador, en los municipios de Tumaco, Barbacoas, Ricaurte, Samaniego y Roberto Payán. La otra parte, en el departamento del Putumayo, en los municipios de Orito, Puerto Caicedo y Villa

Garzón. Abarcan un territorio de una extensión aproximada de 610.000 hectáreas, de las cuales 480.000 están en Colombia y 116.640 en Ecuador. En algunas partes, comparten su territorio con comunidades afrodescendientes.

En las últimas dos décadas su patrón de poblamiento ha evolucionado hacia la conformación de pequeños centros poblados con 10 o 30 casas en torno a las

escuelas, a la prestación de servicios básicos de salud y actividades propias de

las dinámicas socio-organizativas de sus resguardos. Una pequeña parte de la población vive en las orillas de las carreteras Tumaco - Pasto y Barbacoas - Junín, así como en pequeñas poblaciones de la región.

“Las familias Awá vivimos en pequeños asentamientos dispersos por nuestro

territorio ancestral, en donde mantenemos relaciones de ayuda entre nosotros, respetándonos y respetando la naturaleza que nos da la vida. Nuestro territorio lo

construimos y vivimos ancestralmente. No es sólo un espacio en donde habitamos,

sino que es el lugar en donde desarrollamos nuestra cultura, nuestro sistema de

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gobierno propio con autonomía, nuestro sistema organizativo, nuestra espiritualidad y toda nuestra vida como pueblo indígena.” (Actualización Plan de Salvaguarda Étnico del Pueblo Awá: 11).

Mapa 1: Territorio Awá. Fuente Codhes, 2012b: 11

es lo palpable, lo que se puede ver, coger, sembrar, donde hacemos casa, echamos semilla, eso es la tierra. El territorio es un todo, el conjunto de tierra que incluye bosque, río, quebrada, personas, todo.”... “Por ejemplo, lo que la cultura occidental llama “propiedad privada” y “recursos naturales” no existen así para nosotros; bajo nuestra cultura Awá todos los seres y partes de la naturaleza están constituidos por

01. EL PUEBLO AWÁ

lo mismo y pertenecen a todos. La naturaleza no está compuesta por recursos que se compran y se venden de acuerdo a las reglas del mercado. Esta concepción del

territorio se diferencia claramente de la noción occidental de libre manejo, control, planificación u ordenamiento territorial, la cual parte del supuesto de que entre los

seres humanos y la naturaleza existen relaciones de dominio sujeto/objeto, cuando en realidad para los Awá las relaciones sociales no se restringen a las relaciones humanas. El manejo ambiental Awá es el resultado de relaciones tensas y complejas

con diferentes seres de la naturaleza, con quienes mediante la negociación constante y el respeto por las normas que regulan el uso material y simbólico de la naturaleza

se construye la convivencia equilibrada de todos ellos. La noción del ser humano

como único ser responsable de la toma de decisiones sobre el futuro de la naturaleza es ajena a la lógica cultural Awá.” (Actualización Plan de Salvaguarda: 60-61)

2. SU POBLACIÓN Y ORGANIZACIONES El pueblo Awá está integrado en total por unas 36.500 personas. La Gran Familia

Awá, está asociada en cuatro organizaciones, tres de ellas en Colombia. En el departamento de Nariño cuentan con dos organizaciones: Unidad Indígena del Pueblo Awá (UNIPA) y Organización Cabildo Mayor Awá de Ricaurte (CAMAWARI).

En el departamento del Putumayo: Asociación de Cabildos Indígenas del Pueblo Awá del Putumayo (ACIPAP). Su cuarta organización es la Federación de Centros Awá del Ecuador (FECAE).

La UNIPA abarca 25 resguardos legalmente constituidos y seis en proceso de

constitución y una población afiliada de aproximadamente 20.000 personas. CAMAWARI cuenta con 11 resguardos y unos 10.500 afiliados. Y la ACIPAP tiene

12 resguardos y una población afiliada de 5.326. En el interior de cada resguardo se

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encuentran sus comunidades. Además, por fuera de las anteriores organizaciones existen unos resguardos no afiliados: los de Magüi, Cuchilla del Palmar y El Sande.

3. SUS PRINCIPALES RIEGOS DE EXTINCIÓN FÍSICA Y CULTURAL Contexto regional: un territorio estratégico en disputa y una institucionalidad precaria en manos de intereses privados

Nunca imaginaron los ancestros de los Awá que su territorio fuera a resultar una zona estratégica tan importante para diversos intereses enfrentados. Las riquezas

naturales de esas tierras y su ubicación geográfica, en vez de ser algo benéfico para este pueblo ha resultado ser una de las causas de sus desgracias.

Su larga frontera con el Ecuador, su cercanía al océano Pacífico y su lejanía de

los grandes centros urbanos y administrativos hacen de esta zona un amplio

corredor para diversos tráficos ilícitos. Por allí ingresan armamentos, municiones y explosivos que alimentan los actores armados y entran los insumos químicos para la elaboración de la pasta de coca. Sus ríos y esteros que desembocan en el Pacífico

son una de las principales rutas de salida para abastecer la demanda internacional de la cocaína. Sus selvas y montañas albergan oro, maderas, aguas, petróleo y una de las áreas con mayor biodiversidad que quedan en el planeta. Sus suelos y la

climatología de las zonas que bajan de la montaña hacia la llanura son favorables para la productividad de la palma de aceite. A lo largo de su territorio se extiende

esa vena abierta que es el oleoducto Trasandino que transporta el petróleo crudo desde Orito en el Putumayo hasta el puerto de Tumaco rumbo a su exportación. Y su

conexión con la cuenca del río Amazonas impulsa la ambición de una gran carretera

e hidrovía que una el Pacífico con Brasil y el Atlántico para los intereses del “libre comercio” mundial y sus corporaciones transnacionales.

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01. EL PUEBLO AWÁ

Nuevas fronteras para las ambiciones desmesuradas del capitalismo por desposesión: tierras para grandes represas y concesiones mineras, refugio de narcotraficantes,

retaguardia de las guerrillas, corredor de contrabandistas, paraíso de mafiosos y testaferros… territorios donde múltiples intereses legales e ilegales, locales y globales, hacen confluir todas las violencias y éstas recaen precisamente sobre los más indefensos: sus hijos, sus moradores ancestrales, aquellos que se consideran seres de la montaña y son los únicos que defienden la vida y la naturaleza: los Inkal - Awá. Allí está la madre de todos los riesgos de extinción de este pueblo.

Pero esta situación de territorio estratégico en disputa se agrava aún más para la

población indígena y afrodescendiente por las características de la institucionalidad y el poder local, especialmente en la subregión del Pacífico de Nariño. La élite política

tradicional de familias adineradas que detentaban el poder local y regional siempre usaron la precaria institucionalidad estatal para su enriquecimiento privado a través

del clientelismo y el gamonalismo. Esta élite aprovechó al auge del narcotráfico

y luego instrumentalizó la fuerza del paramilitarismo para apoderarse de tierras y eliminar a sus competidores políticos con el objetivo de afianzar su poder. Como dice Ricardo Vargas, “Se produce así una articulación entre el narcotráfico (intereses

particulares ilegales) y el poder político local (supuesta representación del orden

legal), desvirtuándose el sentido de institucionalidad. A esto se suman los niveles

elevados de corrupción, la cual se apropia, entre otros, de recursos para rubros

como educación, con lo cual se crea un círculo vicioso porque con ello genera un verdadero caldo de cultivo para la economía ilegal.”

“La ausencia de un poder que represente los intereses generales o que defienda lo fundamental para garantizar la vida de las personas y las comunidades, esto es, que sea capaz de ir más allá de la voracidad del interés privado, está llevando a formas de expropiación y acumulación violenta de la tierra en pleno siglo XXI. Esa ausencia

de representación del interés general incluye a la institucionalidad local que, como

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que se ha manejado secularmente la región.” (Vargas, 2003: 155 y 153). Esas disputas encarnizadas por los territorios, las economías ilegales, el poder

sino también en la agresión frente a los referentes culturales de las comunidades enfrentados promueven la justicia por propia mano, el machismo contra las mujeres, la búsqueda del dinero fácil, la monetarización de todas las relaciones sociales, la prostitución, el alcoholismo, el consumismo, acompañados de las amenazas y el terror contra las comunidades y sus organizaciones. Y en esas condiciones no se puede hablar ni de capacidades institucionales, ni de una mínima gobernabilidad democrática, menos aún de participación ciudadana. Se trata de un “avasallamiento cultural” que persigue el menosprecio, la invisibilización y la eliminación de los valores, las costumbres, las cosmovisiones y los saberes ancestrales. Estas y las comunidades indias más cercanas a los centros urbanos y en la población en general. La falta de respeto y sensibilidad por la vida de los indígenas y los negros que tienen el Estado, las autoridades y los actores económicos y militares no es más que una expresión de dicho avasallamiento. Es el colonialismo revivido y reforzado por el neoliberalismo.

ENTRE LOS FUEGOS CRUZADOS DEL CONFLICTO ARMADO

e n e l t e r r i t o r i o d e l o s Aw á y e s e e s e l p r i m e r y p r i n c i p a l r i e s g o d e e x t i n c i ó n d e este pueblo.

01. EL PUEBLO AWÁ

- Las FARC han tenido allí los Frentes 2 y 29 y las columnas móviles Mariscal Sucre y Daniel Aldana. - El ELN ha hecho presencia con el Frente Comuneros del Sur y las columnas Mártires de Barbacoas y Héroes de Sindagua.. - Los grupos paramilitares entraron desde el año 1998: inicialmente estuvo el Bloque Central Bolívar – Frente Libertadores del Sur de las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, que llegó del Putumayo y se desmovilizó en 2005. En su reemplazo actúan Rastrojos. - La Fuerza Pública mantiene una presencia permanente en la zona a través de la Brigada XXIX del Ejército: 4 batallones y un grupo mecanizado, la Brigada Móvil No. 19 y 3 escuadrones móviles carabineros. Realiza ofensivas contrainsurgentes y antidrogas en sus territorios. Algunas de sus operaciones militares han sido la Operación El Gladiador (2005), Operación Tornado (2006), la Operación Júpiter II, adelantada por el Ejército Nacional contra el Frente 29 de las FARC – Columna Mariscal Sucre en 2006 en la que hubo ametrallamientos y bombardeos indiscriminados de la Fuerza Aérea. (Del Auto 004 de la Corte Constitucional y del Programa Presidencial Indígena, o interno). En julio de 2002, el Congreso de los Estados Unidos autorizó que la fuerza militar y la maquinaria bélica utilizadas por el Plan Colombia en la lucha contra las drogas se utilizara también para el combate a la insurgencia, con el argumento de debilitar narcoterrorismo” y lanzó el Plan Patriota para reforzar simultánemente su ofensiva contra las retaguardias de las guerrillas en esta región. Todo esto trajo la militarización y el incremento de la violencia en los territorios Awá.

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Los Awá lo cuentan así: “En el año 1997, llegó por primera vez la guerrilla de las Farc al territorio. Porque ya había mucha presencia de cultivos de uso ilícito. Llegó

primero el cultivo y luego llegaron las Farc. Ya viendo que había mucho negocio,

la guerrilla llegó. Empezaron a hacer su trabajo, que ellos llaman de “organizar”.

Pero en otras palabras es tener el control territorial. Comenzaron a cobrar vacunas

a todos los que se dedicaban a cultivar. En el 2001, se metieron las AUC, bajo el mando de Don Diego. Decían que era el que mandaba toda esta zona. Entonces,

empezó a haber presión dentro del territorio. Ya la gente dejó de andar tranquila, porque se comenzaron a encontrar a los distintos actores. De pronto con Álvaro

Uribe Vélez vino el allanamiento de los militares a los territorios. En ese tiempo,

los militares eran los mismos paramilitares (yo estoy hablando de Nariño). Aquí

estaba el Ejército, salía, se parqueaban los paramilitares a dos kilómetros a hacer lo que quisieran. En ocasiones entraban juntos. La presión ya fue más fuerte porque

estamos hablando de 3 actores. Entonces llegó el ELN en el año 2001. Empezaron

a llegar para el lado de la zona de Tumaco y empezaron a tener choques entre las Farc y el ELN. Empezaron a tomar a las comunidades de escudo. A los jóvenes

como informantes. A las muchachitas. Su estrategia era enamorar a las muchachas

y empezar a sacarles información. Las comenzaron a usar como informantes de la cotidianidad.” (Entrevista 1)1

“En la vía que va de Pasto a Tumaco, en particular desde el corregimiento de Llorente hasta la Guayacana, el conflicto era durísimo. Y estamos hablando solo

de 5 kilómetros de la vía. De la Guayacana no se podía venir a Llorente porque se era guerrillero. De Llorente no se podía ir a la Guayacana porque se era paramilitar.

Los paramilitares, alcanzaron a entrar hasta el Resguardo de Piguambi Palangana. Y un poco alcanzaron hasta el resguardo de Inda Guacaray. Las Farc hacía más

presencia en la zona profunda de los resguardos. Aunque más cerca a Tumaco era controlado por los paramilitares. Ellos controlaban toda la vía desde Tumaco a 1

Ver la relación de las entrevistas al final en las fuentes consultadas.

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01. EL PUEBLO AWÁ

Llorente, que era donde había más policías y soldados. En la Guayacana no había

presencia militar, por lo tanto, el control era guerrillero. Esto sucede desde el 2002 más o menos.”

“Cuando llegó la militarización 2007-2008, había cruce de balas durísimo. La guerrilla le decía a los colonos: como ya entró el ejército a militarizar con el plan

de Uribe, empezaron a decirle a todo el mundo que no había ni permiso de salirse

de la finca. Bajo amenaza de muerte o de pérdida de la propia finca. La razón era porque si la gente se desplazaba a la cabecera municipal, por ejemplo, eso era una

manera de estimular que el ejército bombardeara (porque en esa época se estaba bombardeando mucho). Entonces la guerrilla le prohibía salir a la gente de sus casas

e ir a las cabeceras municipales para evitar bombardeos. Usaban a la gente como escudo. El confinamiento fue total. Salir de caza dejó de ser posible. Porque los indígenas cazan de noche, porque es cuando salen los animales.” (Entrevista 1).

La disputa por el dominio territorial entre estos actores armados gira en torno a los

cultivos de la coca, los laboratorios para el procesamiento de la pasta de coca, sus rutas de exportación, la minería legal e ilegal, la propiedad de la tierra, la ampliación

del monocultivo de la palma de aceite, el oleoducto transandino y las carreteras principalmente la que une Pasto con Tumaco. Los enfrentamientos armados entre estos actores y sus ataques a la población indígena son permanentes. Además, en

sus territorios se encuentran cantidades de minas antipersonal (MAP), municiones abandonas sin explotar (MUSE) y artefactos explosivos abandonados (AEI).

Sobre ese trasfondo económico del conflicto, los Awá de la UNIPA dicen: “Es claro

que lo que tienen es más un proyecto económico, en este caso en territorio Awá,

del narcotráfico o la minería ilegal. Los actores no van a querer que se acabe el conflicto en el territorio. Si ellos viven de comprar armas, por ejemplo, hoy las empresas mineras piratas que están dentro del territorio Awá, están con respaldo de la guerrilla. Otras, o afuera con respaldo de los paramilitares. Adentro las

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empresas piratas le pagan a la guerrilla. Afuera les pagan a los paramilitares para que los dejen actuar. Los dueños de esas empresas le pagan vacunas a los dos

actores. Hay un problema que es el problema económico. Las organizaciones

indígenas, o los resguardos o los Cabildos, se están enfrentando con un factor muy poderoso: el económico. Precisamente ese factor está representado por los

actores armados.”... “A nosotros nos pasó , por ejemplo, con Peña Caraño. Allá se

metió una empresa minera ilegal con muchos recursos, amparada por las Farc y afuera por los Rastrojos (Entrevista 1).

Un breve resumen de las principales violaciones a los derechos humanos de los Awá es el siguiente: según el documento citado del Programa Presidencial Indígena,

los Awá sufrieron 7 masacres entre 2004 y 2009 en las que fueron asesinados 56 personas. Y entre enero de 2002 y julio de 2013 “han sido víctimas de 227 hechos violentos que han desencadenado la muerte de 344 indígenas por el conflicto armado interno”.

TABLA 1: MUERTES VIOLENTAS ENTRE 2002 Y 2013 AÑO

TOTAL MUERTES

AÑO

TOTAL MUERTES

2002

17

2008

44

2003

17

2009

78

2004

12

2010

35

2005

9

2011

22

2006

41

2012

8

2007

50

2013 (2)

18

VIOLENTAS (1)

VIOLENTAS

Notas: (1) Incluyen muertes por homicidios, masacres y minas antipersonal (MAP) (2) Para 2013 usamos las cifras del Observatorio ADPI. Las demás son del Informe Presidencial citado.

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01. EL PUEBLO AWÁ

En cuanto a los presuntos responsables de estas muertes violentas se presentan muchas dificultades para obtener una información cercana a la realidad y las organizaciones indígenas no cuentan con ella, salvo en algunos casos. El Informe del

Programa Presidencial trae estos datos: “se presume la responsabilidad de las FARC, en relación con el 28.19% del total de víctimas, mientras que grupos paramilitares (BACRIM) serían responsables del 11.6%, la Fuerza Pública del 5.81%; el ELN del

2.9%; el EPL del 0.29%; mientras que los contactos armados (o fuego cruzado) habrían

significado el 2.3%. No se cuenta con información sobre el presunto responsable en

el caso de las 168 víctimas”. … “En los 11 hechos violentos que son presuntamente atribuibles a miembros de la fuerza pública (Ejército o Policía), es decir el 5.8% del total registrado, murieron 20 indígenas Awá. De ellos, el Ejército presentó a 3 como

miembros de grupos armados ilegales dados de baja en combate, 5 resultaron muertos después de haber sido detenidos por la fuerza pública, y 12 murieron en desarrollo de

las operaciones militares Júpiter y Gladiador: (Programa Presidencial Indígena, 2013: 21-22). Por su parte, Las FARC reconocieron su responsabilidad por el asesinato

de varios indígenas Awá en la masacre del 4 de febrero de 2009 en la que fueron asesinadas 17 personas. “La Agencia de Noticias Nueva Colombia informó el 17 de febrero de 2009 que las FARC admitieron haber asesinado en el suroeste de Colombia

a ocho indígenas de la etnia Awá a los que acusó de ser “informantes” de los militares.” En cuanto a los procesos judiciales por estos hechos, el Informe citado dice que se

reducen “al 37% de los hechos violentos identificados” y que “Sólo en 3 de los casos

investigados, se ha avanzado hacia la etapa de juicio y se ha emitido sentencia: 2

condenatorias por las masacres de febrero y agosto de 2009, y 1 absolutoria de algunas personas investigadas como presuntos responsables por la masacre de

Agosto de 2006.” (Ibid: 25) Estas cifras muestran por sí mismas la casi total impunidad que existe en la violencia contra los Awá, la que es mucho mayor si se considera que en todas las estadísticas conocidas siempre se presenta un subregistro de todos las tipologías de violaciones a sus derechos.

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Uno de los capítulos más infames de la militarización legal e ilegal sobre los Awás antipersona en algunos resguardos. Empezaron las minas en Barbacoas, en frontera Resguardos de Tortugaña Telembí, Tronquera Palicito y Las Planadas Telembí. Ahora mismo todos esos resguardos están minados. También la zona del Resguardo de El Gran Sábalo, o del Resguardo Hojal la Turbia. Hay comunidades que no pueden salir a recibir ninguna atención de salud, porque los territorios están minados.” ... “Por minados.” (Entrevista 1) “En Inda Guacaray, el principal problema que se reportó fue la presencia de grupos armados moviéndose por ese territorio, especialmente amenazas de los Rastrojos. Hay unas zonas sembradas por minas que han dejado las Farc a su paso, buscando restringir el ingreso de los paramilitares en su momento.” (Entrevista 3). “Simultáneamente, la guerrilla de las Farc hace presencia en el territorio, y hay algunas zonas de éste que se encuentran minadas. Esto ha hecho que se lleguen a interrumpir los estudios de muchos niños que no se acercan hasta la escuela por miedo a caer en un campo minado. Los profesores así lo han reportado.” (Entrevista 4). En los últimos tres años, 2011-2013, se tiene el registro de por lo menos seis (6) muertes por minas antipersonales, además de varios heridos y situaciones de pánico de sus lugares más sagrados han sido minados. El problema del desplazamiento ha sido intensivo también. Se ha presentado desplazamiento de la población indígena Awá hacia distintas cabeceras municipales como Tumaco, Ricaurte, Roberto Payán, Barbacoas, la ciudad de Pasto en Colombia y ciudades fronterizas en el vecino país de Ecuador. Los indígenas se han desplazado, incluso a pesar de las amenazas ejercidas por

01. EL PUEBLO AWÁ

parte de la guerrilla de las Farc en algunas partes del territorio, cuando se lo han

impedido con la estrategia de usar a los civiles como escudos humanos en contra de los bombardeos ejercidos por la aviación colombiana. Según el informe de la

Consejería para los Derechos Humanos y el Desplazamiento del año 2012, el Departamento de Nariño es el cuarto más afectado como receptor de población

desplazada, con un promedio de 1.583 personas por cada 100.000 habitantes en el año 2012.

Este tipo de desplazamiento generalmente se presenta desde zonas rurales hasta cabeceras municipales. La ciudad de Pasto, capital del Departamento de Nariño, es la cuarta ciudad receptora de desplazamiento forzado en el 2012, con un total de

9.224 personas que huyeron de las distintas zonas rurales. Pero los municipios de Ricaurte y San Andrés de Tumaco, también en el Departamento de Nariño, están

ubicados en los puestos 9 y 12 como receptores de población rural desplazada a cabeceras municipales, con un total de 4.092 y 3.160 personas respectivamente

(Codhes, 2013: 16). Tumaco se mantiene en esta lista de los cinco municipios con

mayor recepción de desplazamiento permanente (Codhes, 2012a: 19). A pesar de la dificultad para precisar a la población indígena desplazada, Codhes en su informe del 2012, señaló que Tumaco recibió 2.364 indígenas y Ricaurte 1.048 (Codhes, 2013:

23). Esto significa que un 57.7% de la población desplazada de Tumaco es indígena y el mismo porcentaje para Ricaurte es del 33.2%. Lo anterior evidencia la especial vulnerabilidad que enfrentan los grupos indígenas en la zona de Nariño, que en esta región pertenecen específicamente al pueblo Awá. En un informe de diciembre de

2012, Codhes presentó un análisis exclusivo de análisis sobre la situación de los pueblos indígenas. Llamó la atención sobre la grave situación del pueblo Awá en

la que destacó dos casos de desplazamiento y una alerta temprana sobre riesgo inminente: “el primero, en el Resguardo integrado Milagroso-Cuaquier Viejo, donde 845 indígenas resultaron confinados; el segundo, en el Resguardo Inda Sabaleta

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en Ricaurte2, permanecieron confinadas 454 familias que pertenecen al pueblo, y la alerta fue emitida para el Valle de Guamuéz por 113 personas en riesgo como

consecuencia de campos minados para evitar la erradicación manual. (...) En el

primer semestre de 2012 se han producido por lo menos 2 desplazamientos masivos del pueblo Awá (2.745 personas): el primero en febrero y el segundo en agosto, ambos en el resguardo Inda Sabaleta; como consecuencia del confinamiento, la

presencia de MAP por las acciones de erradicación, las confrontaciones armadas, los homicidios selectivos y la violencia sexual.” (Codhes, 2012b).

Otras violaciones graves a sus derechos humanos y el derecho internacional

humanitario han sido: “reclutamiento forzado a niños, jóvenes y adultos; amenazas,

intimidaciones y señalamientos; desapariciones forzadas; desplazamientos forzados –masivos y gota a gota–; confinamientos; restricciones a la movilidad necesaria para el ejercicio de actividades propias de subsistencia; violencia sexual; atentados

contra bienes sociales y culturales, tales como las escuelas, casas, sitios sagrados y de ejercicio de sus actividades espirituales; uso de los indígenas como escudos

humanos en medio de las confrontaciones armadas; e irrespeto a la autonomía

indígena en sus diferentes formas de ejercerla (control territorial, gobierno y justicia

propios, intromisión en asuntos internos), generando un círculo de vulneraciones y riesgos que atentan sistemáticamente contra la supervivencia física y cultural del Pueblo Awá.” (Programa Presidencial Indígena, 2013).

La respuesta del Gobierno tendiente a garantizar la seguridad en el territorio Awá y los derechos de sus pobladores ha sido aumentar la presencia de la fuerza pública. Sin embargo, el pueblo Awá considera que la medida adecuada es la desmilitarización del

territorio y el fortalecimiento de la guardia indígena. Y el Foro Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de la Organización de las Naciones Unidas “recomienda

al Estado evitar desarrollar actividades militares en territorios indígenas, a menos

que éstas sean solicitadas por los propios pueblos indígenas y que sus formas 2

El Resguardo de Inda Sabaleta pertenece en realidad a la jurisdicción del municipio de Tumaco.

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01. EL PUEBLO AWÁ

sean acordadas con los mismos. Debe de reconocerse plenamente la guardia su autonomía.”(del Informe del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de la Organización de las Naciones Unidas producto de una Misión a Colombia, del 5 al 9 de julio de 2010, apoyada por diversas agencias de las Naciones Unidas). Una cantidad de organizaciones internacionales y colombianas se han pronunciado sobre el exterminio y genocidio del pueblo Awá: •

Entre 2004 y 2005 la Defensoría del Pueblo produjo 5 informes de riesgo referentes a municipios donde se asienta el pueblo Awá. En 2007, la Defensoría del Pueblo en Nariño emitió un Informe Defensorial como mecanismo para visibilizar su crítica situación.

•

En enero de 2009, en su auto 004. la Corte Constitucional de Colombia dijo: “Para la Corte Constitucional no cabe duda de que el pueblo Awá atraviesa por una crisis humanitaria de proporciones desmesuradas y sin antecedentes en la historia de los pueblos indígenas colombianos, que les pone en claro riesgo de exterminio Plan de Salvaguarda Étnico para enfrentar esa situación.

•

Desde 2010 el profesor Bartolomé Clavero, vicepresidente del Foro Permanente de Naciones Unidas para las cuestiones Indígenas (2009-2011) expresó que “hay activada una alarma internacional sobre la situación de riesgo para su supervivencia”.

•

A principios de 2011, el Foro Permanente de Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas recomendó en un informe “prevenir el genocidio que pudiera perpetrarse allí.”

67

•

En marzo de 2011, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)

•

En agosto 2011 la Corte Constitucional ordenó implementar “un Plan Provisional

otorgó medidas cautelares a su favor.

Urgente de Reacción y Contingencia tendiente a garantizar su vida física y cultural, su integridad, seguridad y dignidad” (Auto 174 de 2001).

•

En junio de 2012, el Observatorio por la Autonomía y los Derechos de los Pueblos Indígenas en Colombia, lanzó una alarma internacional “S.O.S. a la ONU y la Corte Penal Internacional sobre el exterminio del pueblo Awá.”

LOS CULTIVOS DE COCA Y LA POLÍTICA ANTIDROGAS Los Awá han sufrido los efectos del narcotráfico y la guerra contra las drogas tanto

en el Putumayo como en Nariño. Hasta los años 2000 y 2001 los cultivos de coca se intensificaron en el Putumayo y, también, las fumigaciones químicas. Cuando el Plan Colombia concentró sus principales esfuerzos para destruir los cultivos de

coca en este departamento en los años 2001-2003, éstos disminuyeron aquí y se

desplazaron al departamento de Nariño donde ascendieron rápidamente a partir de 2002 . En la “guerra contra las drogas”, éste es el fenómeno conocido como el efecto “vejiga” o “balón” (donde se aprieta el aire se desplaza a otra parte) que

era previsible porque ya se había presentado anteriormente en otras regiones. De

esta manera, esos cultivos tuvieron una gran expansión en los territorios Awá de la región del Pacífico y el piedemonte costero. Narcotraficantes del Valle compraron tierras en Tumaco, Barbacoas e Ipiales, numerosos colonos de regiones cocaleras

vecinas como el Putumayo emigraron allí y, junto con la movilidad poblacional atraída por los nuevos cultivos, se implantó allí la economía de la coca la cual se mantiene hasta ahora.

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01. EL PUEBLO AWÁ

Según el Censo de Cultivos de Coca 2012, de la Oficina de Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito, UNODC, en el departamento de Nariño en diciembre de 2007 habían 20.259 hectáreas de cultivos de coca; en diciembre de 2008, 19.612; en

diciembre de 2011, 17.231; y en diciembre de 2012, 10.733 hectáreas. Para el 2012,

los cultivos de coca de Nariño representan el 22% del total de los cultivos a nivel nacional y los del Putumayo, el 13%. “En 2012, por séptimo año consecutivo, Nariño es el departamento con mayor área sembrada con coca en el país (22%).” “El

departamento de Nariño sigue siendo el más afectado por la presencia de cultivos de coca. A pesar de la fuerte reducción, Nariño y Putumayo siguen siendo los

departamentos más afectados por la siembra de coca; una tercera parte de toda la coca del país está en estos dos departamentos. (UNODC, 2013: 12) El municipio

de Tumaco (Nariño) continúa como el más cultivado con coca en el país con 5.065 hectáreas.” (Ibid: 11, 12 y 15). El tercer lugar lo ocupa Barbacoas. Y Tumaco y Barbacoas son precisamente dos de los municipios con mayor población y territorio de los Awá.

Los Awá han reconocido que en varios de sus resguardos hay cultivos de coca y

que algunos indígenas están involucrados en ellos. “A las comunidades Angostura, Angostura, Pibicito, Bajo inda, La Victoria (todas en Inda Sabaleta), a ninguna llega la carretera. Y son comunidades agrícolas que producen piña, maíz, arroz,

yuca, plátano, chito, banano. Pero qué hacen los compañeros que viven en las

comunidades para sacar sus 8 hectáreas de yuca sembrada. Hay un factor de necesidad que obliga que la gente siembre... Esos compañeros indígenas y los colonos dicen: mejor sembremos coca que es más fácil. Los indígenas siembran por

la pura necesidad. No se puede sobrevivir de otros cultivos. Y no se pueden sacar los productos si uno no tiene caballos... El indígena no tiene coca en cantidad.” Pero

la mayor parte de esos cultivos corresponden a la invasión de los resguardos por colonos provenientes de distintas partes del departamento. Según la UNIPA, esta colonización es promovida por los narcotraficantes y protegida por los paramilitares o

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la guerrilla que cobran impuestos sobre esos cultivos. Esta situación ha ocasionado la muerte de indígenas, como en el caso del gobernador Alvaro Pai Natascuas el 29 de noviembre de 2013. “El Resguardo de Inda Guacaray fue afectado por presencia de colonos cultivadores de coca. Es un problema muy complejo. El gobernador Paí Nastacuas, promovió el desalojo de los colonos de la zona del Resguardo. La guardia indígena, bajo su orientación, entró a desmotar parte de la zona del campamento. Tras los enfrentamientos, se presume que el asesinato del gobernador se encuentra relacionado con estos hechos.” (Entrevistas 1 y 3). La política principal del gobierno para enfrentar este problema ha sido la misma que ya ha fracasado en otras regiones y ha vuelto a fracasar allí: su conocida política antidrogas consistente en las fumigaciones masivas, repetidas e indiscriminadas Según el mismo Censo de la UNODC, en Nariño, “por tercer año consecutivo las operaciones de aspersión se incrementaron llegando a 37.891 ha; la erradicación manual fue de 14.2 ha, un 45% menos de lo reportado en 2011.” (UNODC: 2013: 25). “La DIRAN (Policía Nacional Dirección de Antinarcóticos) asperjó en 2012 un total de 100.549 hectáreas de coca, 2.6 % menos que el año anterior. El 38% de las actividades se efectuaron en el departamento de Nariño.” (Ibid: 84). En efecto, en el informe que presentó el gobernador del departamento de Nariño ante el Congreso de la República en septiembre de 2012, señaló que “en 10 años se han fumigado 400.000 hectáreas, por cada hectárea que se fumiga se emplean 6 galones de glifosato, quiere decir que en 10 años nos han roseado 2.400.000 galones de glifosato; digo que hasta el agua que es necesaria para la vida en demasía termina haciendo daño (...) en las cantidades que estamos hablando, negar que eso cause efectos es casi que atentar contra la lógica” (Gaceta del Congreso, 2012: 37)3.

3

Disponible en: http://servoaspr.imprenta.gov.co:7778/gacetap/gaceta.nivel_3

01. EL PUEBLO AWÁ

Tres factores bastante contaminantes confluyen allí con el auge de los cultivos y la política antidrogas: por un lado, los abonos, fungicidas e insecticidas aplicados

a los cultivos; por otro, los desechos y residuos sólidos generados por las grandes

cantidades de químicos aplicados a la producción de la pasta de coca; y otro más, las fumigaciones permanentes e indiscriminadas con glifosato desde el aire. Estos insumos son lavados y arrastrados por la lluvia a los ríos y quebradas utilizadas

para el consumo humano y de muchos animales. Su resultado: la contaminación y

degradación de los suelos y las aguas, la afectación de los cultivos de pan coger, la flora, la fauna y la salud de los Awá. Muchos peces han muerto, diversas plantas

para la medicina tradicional o las artesanías han desaparecido y su rica biodiversidad cada vez se reduce más.

“El Río Rosario, el río madre que nos da agua, está completamente fumigado. Acabaron con los cultivos de cacao. Incluidos los cultivos del consejo comunitario.

Entonces para qué se siembran proyectos y se cansa uno tanto, para que de

aquí a 4 o 5 meses sea envenenado. Y la cantidad de animales que se mueren con las fumigaciones en esos bosques que son reserva.”…..“La población Awá

está acostumbrada a cazar en las noches y a pescar de día. Y las minas nos han atemorizado masivamente para salir a cazar de noche. Pero igual ahora no se puede pescar por el estado de contaminación del río Inda (que es el límite del Resguardo).

El otro río que nos nutre, el Pulgande, también está contaminado.. La afectación ha sido inmensa. Se rompe la tradición. Mis abuelos me enseñaron a cazar, a pescar.

Pero ahora mismo no es posible. Aquí estamos aguantando lo que se nos viene encima. Aquí estamos resistiendo, porque este territorio es nuestro.” (Entrevista 2).

Dicen los Awás que la llegada de los cultivos de coca y la economía del narcotráfico a sus territorios, “ha generado problemas tan graves como la destrucción gradual

del territorio y altos grados de violencia, descomposición y cambio cultural de

nuestro pueblo. Con la pérdida gradual de la cultura propia y de la identidad se

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han debilitado los lazos internos de solidaridad, afectándose especialmente los jóvenes de algunos resguardos, quienes a medida que pierden el pensamiento Awá,

abandonan las formas propias de trabajar, de entenderse como parte integral de la naturaleza y de respetarse mutuamente. También se ha afectado mucho el liderazgo y respeto de los mayores y de los padres de familia frente a sus hijos, que cada vez

respetan menos a sus familias y a las autoridades tradicionales, generándose graves

conflictos internos y haciéndose cada vez más difícil la solución de los problemas de

las comunidades a partir de la autonomía y el control del territorio. De igual manera, la presencia de cultivos de coca o laboratorios afectan directamente la movilidad

en la región, ya que se están cerrando los caminos por donde tradicionalmente transitamos las comunidades hacia nuestros lugares de trabajo o para la realización

de las actividades propias de nuestra cultura; muchas veces incluso no se nos

permite salir libremente de cacería o pesca afectando los usos y costumbres y la calidad de la alimentación de nuestras familias. También, con la llegada de la coca se

han registrado robos, peleas y muertos en los diferentes caminos y la delincuencia común ha aumentado sustancialmente.” “La cultura del narcotráfico y la violencia

ha permeado algunas comunidades, haciéndonos más vulnerables, teniendo que soportar todo el daño que se le hace a nuestro Katsa Su, a nuestra cultura y a

nuestra espiritualidad.”... “La conjunción de las acciones militares ineficaces y de las omisiones en planes integrales de inversión social para la población vulnerable y vulnerada generan según el pueblo indígena Awá una responsabilidad directa

del Estado colombiano frente a los problemas actuales relacionados con la coca, la violencia y el narcotráfico que afectan actualmente a sus comunidades y a su territorio”. (Actualización Plan de Salvaguarda Étnico del Pueblo Awá, 2012: 88).

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MEGAPROYECTOS Uno de los megaproyectos de la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura

Regional Sudamericana (IIRSA) es la construcción del Corredor Multimodal Tumaco

(Colombia) – Belém do Pará (Brasil), eje Amazonas. Esta será una carretera transnacional que, a través de su conexión con el Amazonas y otras hidrovías, busca unir los océanos Pacífico y Atlántico para garantizar el trasporte de carga pesada

y sacar las exportaciones del Brasil hacia el oriente asiático. Pero más allá de lo anterior, lo que se persigue es abrir la explotación y exportación de toda la riqueza de

la biodiversidad, los recursos mineros y energéticos y los conocimientos ancestrales de la Amazonía a la voracidad del extractivismo de las corporaciones transnacionales y convertir esa gran reserva de la humanidad en simples mercancías.

La Carretera Tumaco-Pasto, que tendrá 284 kilómetros, hace parte de este megaproyecto. Ahora bien, esta gran vía de comunicación internacional viene naturalmente acompañada por la construcción de una red vial secundaria que

interconecte los enclaves productivos regionales con este gran eje de movilidad. De

tal manera se han construido o están en proyecto de construcción las siguientes vías las cuales afectan directamente resguardos indígenas Awá:

Forografía: Dawn Paley

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TABLA NO 2. PROYECTOS DISEÑADOS E IMPLEMENTADOS EN TERRITORIO AWÁ Proyecto Multimodal (Tumaco - Belén Do Para); tramo carretera Tumaco - Pasto

Municipio

Resguardos Awá afectados

Ricaurte, Barbacoas, Tumaco

Todos

La Guayacana – San José

Roberto Payán

Espriella - Mataje

Tumaco (Frontera Ecuador)

Espriella - Candelilla

Tumaco

Junin - Barbacoas

Barbacoas

Gran Rosario, Saundé Güiguay Piedra Sellada, Mata de plátano, Chinguirito Mira, la Turbia, Quejuambí Feliciana. La Brava, Inda Sabaleta, Inda Guacaray Piedra Verde, Pipalta Palví Yuaguapí La Brava, Inda Sabaleta, Inda Guacaray, Gran Rosario, Saunde

Espriella - Mojarras (Espriella-Remolinos)

Conexión de Ecuador con el centro del país.

Guiguay, Tronqueria Palicito, Tortugaña Telembí, Planadas Telembí y otros

Mocoa, Puerto Asís San Miguel

Mocoa, Puerto Asís San Miguel para conexión con Ecuador

indirectamente afectados. Campo Bello

Fuente: UNIPA, 2005. Modificado por Equipos Interculturales PSEA 2012 (De Actualización Plan de Savaguarda Étnico... : 114)

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01. EL PUEBLO AWÁ

Los Awá resumen de la siguiente manera las principales afectaciones que les serán generadas por estos grandes megaproyectos de transporte:

- Territorio: las vías atraviesan el corazón del territorio ancestral Awá y serán una vez más una causa de desplazamientos forzados y desterritorialización.

- Aculturación: las carreteras traerán consigo grandes flujos migratorios que continuarán poblando sus orillas. El territorio ancestral no solo seguirá siendo invadido, sino que llegarán otras nociones culturales de vida y desarrollo, que atentan contra las propias y generarán procesos rápidos de aculturación y pérdida de la identidad cultural Awá y significación del territorio.

- Violencia: la llegada de agentes externos y el potencial comercial de la región

generará enfrentamientos entre grupos de interés acentuando la violencia en nuestros resguardos y la región.

- La explotación de recursos renovables y no renovables, poniéndose en riesgo

el equilibrio ecológico, la supervivencia de muchas especies nativas y de la relación de nosotros como pueblo Awá con su entorno, afectando nuestra cultura y por lo tanto nuestra existencia.

(De Actualización Plan de Salvaguarda Étnica del Pueblo Awá: 115)

Otros megaproyectos que se anuncian en esta región son las construcciones de

represas en los ríos Güiza, Mira y Telembí en los municipios de Tumaco y Barbacoas. También se ha dicho que en territorios del resguardo El Sande, municipios de Santa Cruz y Guachavez, se planea la construcción de dos represas hidroeléctricas.

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MINERÍA E HIDROCARBUROS En el territorio Awá se encuentra oro, plata, zinc, cobre, platino, molibdeno y petróleo. Empresas mineras han ingresado desde el año 2009 en el Resguardo Hojal la Turbia, comunidad de Peña Caraño con el objetivo de hacer explotación minera de oro en las riveras del Rio San Juan de Mayasquer, que cruza por la comunidad y desemboca en el Rio Mira, en la frontera con el Ecuador. En 2012 se denunció que las zonas de vegetación sobre las vegas del Río que son utilizadas para la siembra de “chiro” (una variedad del plátano) y yuca fueron removidas con dragas y maquinas retroexcavadoras. Esto es preocupante porque la mejor tierra para la agricultura dentro de su territorio es la ubicada dentro de las vegas del río. Los daños en el río San Juan de Mayasquer, producto de la remoción de tierra por el dragado y explotación del oro son numerosos, las aguas están contaminadas por el vertimiento de residuos de esta explotación, además de la contaminación producida por los químicos utilizados en el proceso de amalgamamiento para la obtención de oro. Esas empresas han violado su derecho a la consulta y concertación previa con las autoridades indígenas. “Hubo una empresa minera explotando oro tres años en la comunidad de Peña Caraño, que queda en el resguardo de Hojal la Turbia. Esta zona, en el bajo Mira, se encuentra en una situación muy dura por presencia de minería ilegal. Salió la minería grande (la retroescavadora), pero actualmente hay cerca de 40 dragas pequeñas de oro. Se utiliza una técnica de dragado con materiales químicos, que afecta los ríos Mira y Mayasquero. Se han desalojado minerías ilegales en el Resguardo de Gran Rosario y en el Resguardo Nulpe (en el municipio de Ricaurte). En este último caso, que no es territorio UNIPA sino de CAMAWARY, hay un reporte de OCHA de desplazamiento en septiembre y noviembre de 2013.” (Entrevista 1).

01. EL PUEBLO AWÁ

Otro riesgo son los proyectos de extracción de oro en la región por parte de la Ashanti, la cual tiene aquí solicitudes de territorios en concesión. Las exploraciones petroleras, suspendidas en años anteriores en sus territorios, han sido revividas en este año de acuerdo con las políticas del actual gobierno. Otro problema grave que afecta al pueblo Awá son los derrames de petróleo del oleoducto Transandino sobre los ríos y quebradas que circulan paralelos a su recorrido. Unas veces el oleoducto sufre rupturas por accidentes, porque ya lleva mucho tiempo y le falta mantenimiento. Otras veces es objeto de voladuras por la guerrilla. Y En los últimos cinco años, “en el tramo comprendido entre las poblaciones de Piedrancha, municipio de Mallama y la Espriella en el municipio de Tumaco, se viene extrayendo de manera ilícita el crudo del oleoducto transandino, con el propósito de producir gasolina para el procesamiento de clorhidrato de cocaína de los diferentes cultivos existentes en la zona vecina al territorio del Pueblo Awa, de CAMAWARI y la UNIPA.” (Actualización Plan de Salvaguarda...: 108)

petróleo, que la guerrilla de las Farc había instalado en cercanías al municipio de San Andrés de Tumaco. Al parecer servía especialmente para surtir los laboratorios para la cristalización de la cocaína 4. La precariedad de la tecnología usada implicó el derrame permanente de crudo a las fuentes de agua de las que se surten las comunidades Awá y otros pobladores en los alrededores. No obstante lo anterior, en la visita de inspección realizada por el Observatorio ADPI en mayo de 2013, se pudo comprobar que la afectación de los ríos que rodean todos los resguardos de la zona de Tumaco continúa (Ver foto 1).

Ver: Abril 16 de 2013. Disponible en: http://www. eltiempo.com/justicia/ARTICULO-WEB-NEW_NOTA_INTERIOR-12744568.html

4

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La magnitud de la problemática es impresionante. Según Javier Gutiérrez, presidente de Ecopetrol, la empresa nacional petrolera del país que maneja el oleoducto

trasandino; éste ha sido dinamitado en 93 ocasiones en los últimos 25 años. En su intervención en el Congreso de la República en septiembre de 2012 señaló que, “ en

lo que va corrido de este año, hemos tenido 18 atentados al oleoducto trasandino, (...) de esos atentados que hemos tenido en el oleoducto trasandino, 8 de ellos han

sido en el departamento de Nariño, en particular en este mes de agosto tuvimos 4 atentados; un atentado el 9 de agosto en el municipio de Mayama, la vereda Providencia. Otro el 10 de agosto en Ricaurte, en la vereda Encellada, otro el 19 de agosto en el mismo sitio, tuvimos uno el 18 de agosto en Barbacoas en Berlín. Sin embargo es importante mencionar algo, es el hecho que como parte de la actividad

del narcotráfico, recordemos que el crudo lo utilizan como un precursor para el

procesamiento de la cocaína; en ese sentido es importante mencionar dos hechos

adicionales: uno es el retiro de 184 válvulas ilícitas en el oleoducto trasandino; más importante que esto es que se ha hecho la destrucción de 999 refinerías clandestinas artesanales por parte de la Fuerza Pública.” (Gaceta del Congreso, 2012: 37).

Nuevamente, en el 2013 hubo un reporte de 3 grandes atentados, siendo el más

grave de ellos el perpetrado el 4 de octubre, cuando la guerrilla de las FARC dinamitó simultáneamente tanto el oleoducto trasandino, produciéndose un derrame de 5.000

barriles de crudo sobre los ríos que nutren territorios indígenas y de comunidades

afrodescendientes, como varias torres de energía, afectando el suministro eléctrico para los municipios de San Andrés de Tumaco, Barbacoas, Roberto Payán y Magüi

Payán5. El problema de distribución de energía perduró por 17 días, debido a que la zona perjudicada fue simultáneamente sembrada con minas antipersona que hicieron más lenta la reparación de los daños. Dadas las condiciones climáticas de la

zona, la situación tiene implicaciones permanentes hasta en la pérdida de alimentos, los cuales requieren un suministro permanente de energía para su refrigeración. 5 Ver: Atentados de las Farc contra torres de energía y oleoducto trasandino. Octubre 3 de 2013. Disponible en: http://www.rcnradio.com/noticias/atentados-de-las-farc-contra-torres-de-energia-y-oleoductotrasandino-en-narino-93012

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01. EL PUEBLO AWÁ

Se genera así una afectación gravísima teniendo en cuenta que existen serias problemáticas de subsistencia alimentaria.

Todos estos derrames del crudo, a veces acompañados de incendios, contaminan las aguas de los ríos y quebradas, sus riveras, los suelos, el aire, la biodiversidad y por lo tanto, los seres vivos, incluidos los Awá, sus alimentos y su salud, lo cual ha configurado una emergencia ambiental de grandes proporciones.

Foto 1: Afectación del río Rosario, Resguardo de Inda Guacary. Mayo 2013. Créditos: Lina María González Aparte de la evidente apariencia turbia del agua. se puede observar con claridad la acumulación de depósitos de petróleo en las márgenes laterales del río.

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MONOCULTIVOS PARA AGROCOMBUSTIBLES Los cultivos de palma aceitera han sido inducidos y subsidiados por el gobierno, para lavar sus dineros. Se han extendido por la región y convertido en grandes plantaciones para la producción industrial de biodisel. En la . actualidad, los resguardos del pueblo Awá en Nariño se encuentran rodeados por cerca de 35 mil hectáreas de cultivos de palma aceitera. Un ejemplo del acoso de estos cultivos sobre los resguardos es el caso de Peña la Alegría: “La problemática del Resguardo de Peña la Alegría es de las más graves. Conviven en el resguardo 350 personas, que pertenecen a 50 familias aproximadamente. Sus tierras son solo 32 hectáreas, con lo cual no queda ni siquiera una hectárea de tierra para sembrar por familia. El Resguardo se encuentra rodeado de miles de hectáreas de Palma Aceitera, pertenecientes a la empresa ASTORGA S.A (Ver foto 2). Esto hace que no existan expectativas de ampliación de los territorios de este resguardo. Sobre el asunto de la palma en la región, se sabe, a través de un inversionista de una de las grandes palmicultoras allí, que hay preocupación parecer sólo quedan dos de los grandes inversionistas cuyos dineros no provienen de dudosa procedencia. Astorga no es uno de ellos.” (Entrevista 4).

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Foto 2: Cultivo de Palma, empresa ASTORGA S.A. Mayo de 2013. Créditos: Lina María González El cultivo rodea completamente el Resguardo de Peña la Alegría, imposibilitando su ampliación y generando confinamiento territorial.

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En su Actualización del Plan de Salvaguarda, ellos dicen: “A pesar de la existencia de los resguardos y de la legislación que los hace inalienables, los palmicultores se registran casos en que se acercan empleados de empresas palmicultoras como por ejemplo CORDEAGROPAZ a los resguardos y entablan conversación con de palma en sus territorios.” “Nuestra organización UNIPA fue creada a raíz del problema en que se vio enfrentada la comunidad de La Brava, a la que le estaban quitando la tierra con amenazas y engaños las empresas de producción de aceite de palma africana VARELA y ASTORGA LIMITADA, así como la Cooperativa de Palmicultores de Tumaco COPALMACO. Este mismo fenómeno se está presentando en la organización ACIPAP por la llegada de Asopalmar, para implementar 36.000 hectáreas de Chontaduro y Palma Aceitera en territorio del Valle del Guamuéz, departamento del Putumayo” (Ibid: 117). La rápida expansión de este monocultivo es parte del contexto que impulsa una transformación radical y violenta del medio ambiente, la sociedad y la cultura de la región. Se reducen las selvas, se expropian comunidades indígenas y afrodescendientes, se cambian los usos del suelo y las prácticas productivas, se producen desplazamientos forzados de población, se amplía el latifundio.

01. EL PUEBLO AWÁ

4. SUS LUCHAS Y RESISTENCIAS LA DEFENSA DE SU DERECHO AL TERRITORIO. Para darle salidas al crecimiento de su población, para enfrentar la apropiación

de sus territorios por otros actores nacionales e internacionales y disfrutar su plan de vida de la gran familia Awá y su derecho al territorio, éstas son sus demandas que están incluidas en su Actualización del Plan de Salvaguarda y en proceso de negociación con el gobierno nacional.

En cuanto a la titulación de resguardos tienen las solicitudes de 23 resguardos ante el Instituto Colombiano de Desarrollo rural (INCODER), los cuales abarcan una extensión de 63.157 hectáreas.

Sobre los procesos de ampliación de resguardos para recuperar predios perdidos, ellos han presentado o tienen pendientes de presentar solicitudes en 41 resguardos,

el total de las cuales suman 33.574 hectáreas. Y respecto al saneamiento de

resguardos, para comprar las tierras de particulares que se han asentado dentro de las suyas, han propuesto un total de 25 casos, en sendos resguardos, que abarcan 10.972 hectáreas. •

El 28 de agosto de 2009, los AWÁ convocaron a la jornada “Todos somos Awá. Alto al etnocidio de los pueblos indígenas en Colombia”. Ésta se celebró el 1

de septiembre de 2009 en la Plaza de Bolívar de Bogotá y fue una jornada

simbólica de memoria por los niños y niñas, mujeres y hombres asesinados de la comunidad indígena Awá.

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•

Ese mismo año se inició la MINGA HUMANITARIA POR LA VIDA Y LA DIGNIDAD DEL PUEBLO AWÁ ante la masacre de treinta hermanos Awá de los resguardos Tortugaña Telembi y Gran Rosario, así como el desplazamiento forzado de gran parte de su población. Este ha sido un espacio de concertación permanente con las instituciones estatales del orden local, departamental y nacional.

•

El 13 de agosto de 2013 se reactiva la MINGA HUMANITARIA POR LA VIDA Y LA DIGNIDAD DEL PUEBLO AWÁ. Esta “responde al olvido histórico al que hemos sido relegados, al incumplimiento de los Autos 004 de 2009 y 174 de 2011 emitidos por la Corte Constitucional y al pobre cumplimiento del Estado colombiano de las medidas cautelares emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para salvaguardar los derechos del Pueblo Awá. ” (Comunicado 017 de la UNIPA, del 30 de noviembre de 2013).

•

La constitución y mantenimiento de su Guardia Indígena es una política y una forma organizativa para su defensa y la protección de sus personas, sus comunidades y sus dirigentes. En algunos casos han contribuido a desalojar la minería ilegal de sus territorios o colonos que han invadido sus territorios para sembrar cultivos de coca.

•

El conjunto de las organizacicones Awá se encuentran en este momento empeñadas en su proceso de negociación con el Gobierno Nacional de su Plan de Salvaguarda Étnico.

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BIBLIOGRAFÍA - Codhes, 2012a, De la seguridad a la prosperidad democrática en medio del conflicto. BogotáQuito. - Codhes, 2012b, Codhes Informa. Boletín 80. Incremento en vulneraciones a los derechos humanos: El desplazamiento masivo y la situación indígena. Bogotá-Quito. - Codhes, 2013. La crisis humanitaria en Colombia persiste. El Pacífico en disputa, Informe de desplazamiento forzado en 2012. Bogotá. - Gaceta del Congreso No 37. Acta de comisión 07 del 11 de septiembre de 2012. COMISION SEGUNDA CONSTITUCIONAL PERMANENTE. Disponible en: http://servoaspr.imprenta.gov. co:7778/gacetap/gaceta.nivel_3 - Programa Presidencial Indígena, 10/09/2013, Muertes violentas contra pueblos indígenas en el conflicto armado interno y acceso a la justicia. Estudio de caso. Bogotá. - UNIPA, CAMAWARI y ACIPAP, 2012, Actualización Plan de Salvaguarda Étnico del Pueblo Awá. - UNIPA, CAMAWARI, ACIPAP y Resguardo Indígena Awá del Sande. 2013, Informe Audiencia Sala Especial de Seguimiento Sentencia T-025 de 2004 Corte Constitucional de Colombia. - UNIPA, comunicados. - UNODC, Oficina de Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito, junio de 2013, Colombia, Censo de Cultivos de Coca, 2012. Bogotá. - Vargas Meza, Ricardo, 2003, Drogas, Conflicto armado y desarrollo alternativo. Una perspectiva desde el sur de Colombia, Acción Andina Colombia, Bogotá.

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ENTREVISTAS REALIZADAS: Entrevista 1. Mayo 21 de 2013. Unidad del Pueblo Awá, San Juan de Pasto. Entrevista 2. Mayo 23 de 2013. Comunidad del Resguardo Inda Sabaleta Entrevista 3. Mayo 23 de 2013. Representantes de la comunidad del Resguardo Inda Guacaray Entrevista 4. Mayo 24 de 2013. Comunidad del Resguardo Peña La Alegría

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Contexto regional del Cauca Indígena Lina María González Correa

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Fotografía: Dawn Paley

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02. CONTEXTO REGIONAL DEL CAUCA INDÍGENA

02. Contexto regional del Cauca Indígena Por: Lina María González C. El departamento del Cauca se encuentra ubicado al sur occidente colombiano y

geográficamente hace parte de las regiones andina, pacífica y amazónica. Por el

Cauca atraviesan las cordilleras occidental y central, generando un corredor entre éstas; a la izquierda de la cordillera occidental los municipios de López, Timbiquí

y Guapi limitan con el océano pacífico y son la región de mayor concentración de población afro colombiana.

Fotografía: Lina María González

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Mapa del 2: Departamento del Cauca, división administrativa. Fuente PNUD (2012)

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02. CONTEXTO REGIONAL DEL CAUCA INDÍGENA

El Cauca es el segundo departamento con mayor cantidad de población indígena en Colombia. Los datos demográficos más recientes indican que tiene una población de 1'367.496 habitantes y, de este total global, los indígenas representan el 21,75%

siendo 297.529 habitantes (Observatorio ADPI, 2013 y CMH, 2012: 13). En el Cauca habitan diez pueblos incluyendo los Quizgueños y Ambuleños quienes se encuentran

en proceso de ser reconocidos ante las instituciones gubernamentales (ver tabla 1). No obstante, el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), les identifica de manera particular en sus documentos oficiales1.

TABLA 1: RELACIÓN DE POBLACIÓN INDÍGENA PARA EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA % con respecto a la

Pueblo Indígena

Censo demográfico

Pueblo Nasa

204.704 h.

14.96%

población de El Cauca

Pueblo Yanakona

35.003 h.

2.56%

Pueblo Misak/Guambiano

23.694 h.

1,73%

Pueblo Kokonuco

18.652 h.

1,63%

Pueblo Totoroez/Tontotuná

6.776 h.

0,49%

Pueblo Eperara -Siapidara

3200 h.

0,23%

Pueblo Inga

1500 h.

0,11%

Pueblo Pubenenses

1000 h.

0,07%

Pueblos Quizgueño y Ambalueño

1000 h.

0,07%

Total

297.529 h.

21,75%

Fuente: Documento de diagnóstico y conceptualización del Plan de Salvaguarda del pueblo Nasa (2013) y Planes de Salvaguarda étnica de los pueblos Yanakona, Misak, Kokonuco, y Totoroéz. También Plan de Vida regional (CRIC, 2007).

El CRIC hace presenciaen 36 de los 42 municipios del Cauca. En la actualidad representa 115 Cabildos y 11 Asociaciones de Cabildos que están divididos en 9 zonas, legalmente constituidos existen 84 Resguardos de 10 pueblos indígenas del Cauca.

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Las estadísticas departamentales para el año 2005 indicaban que los afrodescendientes eran 255.829 habitantes, representando un 20,1% de la población

en su momento. No obstante, estos datos se encuentran desactualizados y no ha sido posible encontrar un registro más reciente (PNUD, 2012: 13). Probablemente

el volumen de población sea aún mayor e, incluso, el porcentaje demográfico de las comunidades afro colombianas sea superior al de las comunidades indígenas

del departamento. En todo caso, lo más destacable aquí es la multiculturalidad predominante que se encuentra en el Cauca.

Según el censo del año 2005, este departamento tiene una mayor presencia de

población rural (60.13%) que de población urbana (40.62%), lo cual explica, en

parte, porque la actividad agrícola es tan importante. La economía del departamento, según lo reporta la gobernación, está dedicada principalmente a la agricultura y la ganadería. No obstante, el peso de la minería es cada vez más elevado y esto ha

comenzado a generar problemáticas muy complejas con las distintas comunidades

de campesinos mestizos, afro colombianas e indígenas. Como bien lo señala el

sociólogo Alfredo Molano, "la economía campesina está consolidada en toda la región. La cordillera ha permitido que los campesinos trabajen sus tierras sin el

asedio del latifundio. La caprichosa topografía ha sido la gran aliada de la pequeña agricultura, que por naturaleza usa solo mano de obra familiar, lo que le permite

competir con la hacienda, que debe contratar peones asalariados. Son dos de los secretos que hacen factible hoy en el país, a pesar de la acelerada concentración de la tierra, que el campesino no haya desparecido. El tercer elemento ha sido, sin

duda, la resistencia indígena. Los indígenas se han atrincherado en sus resguardos y han logrado parar al terrateniente a costa de miles de muertos. Una guerra que no

se detiene"2. Sin embargo, este tipo de economía campesina, que en muchos casos

no es exclusivamente de subsistencia, en el Cauca se enfrenta a un modelo de

cultivos extensivos de caña de azúcar y pino, los cuales se ubican en las zonas más 2 Molano, Alfredo. "El trasfondo del conflicto en el Cauca. Macizo colombiano". Publicado el 11 de julio de 2011. Disponible en: http://www.elespectador.com/impreso/temadeldia/articulo-286548-el-macizocolombiano/

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02. CONTEXTO REGIONAL DEL CAUCA INDÍGENA

fértiles y planas. Estos cultivos poco a poco están desgastando la tierra, haciéndola

perder productividad a causa de la propia dinámica del monocultivo y, por ende, generando una presión por la expansión del área cultivable que, inevitablemente, produce la acumulación de la tierra en pocas manos.

La Red por la Vida y los Derechos Humanos del Cauca, publicó a principios de 2014

un informe de la situación general de los Derechos Humanos en el departamento. Para contextualizar la problemática, el informe hizo énfasis en la situación de las vulnerabilidades económicas y sociales estructurales que persisten en el

departamento, las cuales permiten entender por qué las diversas dinámicas de violencia se perpetúan en la región. Como lo indica el estudio "la infraestructura económica del departamento es muy débil en una gran mayoría de municipios. Pues,

si además de los problemas de vías de comunicación agregamos el asilamiento

de muchos municipios, la falta de sitios de mercadeo y almacenamiento de los productos del campo, asistencia técnica, créditos favorables y la desatención

del Estado, la situación se hace mucho más difícil. Agravadas aún más con las políticas neoliberales que desplazan al campo colombiano para favorecer grandes empresas internacionales. Adoptando de los tratados de libre comercio requisitos que profundizan la crisis del campo" (Red por la Vida y los Derechos Humanos den Cauca, 2014: 7).

En este mismo diagnóstico se resalta que tras la promoción de la Ley Páez de

1995, la cual buscaba modificar parte de la estructura productiva del departamento3,

lo que se generó fue una ampliación de "la llamada zona metropolitana" de Cali

sobre el norte del departamento del Cauca. Las consecuencias de este fenómeno de promoción industrial han sido diversas. Estadísticamente las autoridades

gubernamentales enseñan cifras de crecimiento del producto interno bruto, logrando posesionar al Cauca sobre 14 departamentos en el resto del país. Pero, como bien

La Ley Páez buscó generar incentivos, como la exención del impuesto de renta a nuevas empresas agrícolas, ganaderas, microempresas, establecimientos comerciales, industriales y turísticos. Pero también a las compañías minerales que no estuviesen relacionadas con los hidrocarburos (Cienfi, 2006: 3).

3

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lo resalta el informe de la Red por la Vida, estas cifras invisibilizan a cerca del 75% de la población del departamento que vive en la pobreza extrema, muy por encima

del promedio del país que es del 46,9%. Por efectos de un cambio en la estructura productiva que no tuvo en cuenta la vocación agrícola de la población, ni propuso un sistema horizontal de estrategias para salir de la pobreza, sino más bien una propuesta empresarial la cual derivó en "el proceso de la de ampliación de la llamada frontera agroindustrial que se trasladó del sur del Valle al Norte del Cauca, dejó a

muchos de sus habitantes sin sus fincas tradicionales y sin opciones estables de

trabajo." (Ibid: 7 y 8). En ese orden de ideas, es muy diciente que el balance de los objetivos del milenio en el departamento indiquen un aumento del porcentaje de

personas en pobreza extrema entre 1991 y 2010, pasando del 20,4% al 35.90% de la población (PNUD, 2012: 25).

1. PROPIEDAD, POSESIÓN Y PROBLEMÁTICA POR LA TIERRA Según datos del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) y el DANE, el departamento del Cauca tiene una superficie de 29.308 km2, lo que significa

2'438.555 hectáreas. Está conformado por 42 municipios, de los cuales 36 tienen presencia indígena y 27 presencia afro descendiente. Los pueblos indígenas

habitan las cabeceras municipales o alguno de los 83 resguardos que existen en el departamento (PNUD, 2011: 30). Por su parte, la comunidades afrocolombianas tienen titulados 17 consejos comunitarios. Del total de hectáreas del Cauca el 46,26% son privadas de uso agropecuario, el 33,61% son colectivas asignadas a

los resguardos o consejos comunitarios y el 16,63% son de propiedad del Estado o instituciones públicas (IGAC, 2009: 219)4.

4 Las cifras sobre la cantidad de hectáreas de tierra disponibles para comunidades afrocolombianas e indígenas en el Cauca son muy disímiles. El Atlas de la propiedad rural en Colombia del IGAC (2009), que se ha referenciado en este informe, reporta cerca de 575 mil hectáreas para comunidades afrocolombianas y otras restantes 300 mil para los resguardos indígenas. A su vez, el informe de PNUD (2012), también señalado anteriormente, habla de un rango bastante amplio que correspondería a los resguardos en el departamento: una cifra que oscilaría entre las 182 mil y las 531.150 hectáreas. Finalmente, es un estudio referenciado por verdadabierta.com se habla de cerca de 612 mil hectáreas pertenecientes a los resguardos indígenas. Ver: http://www.verdadabierta.com/tierras/la-lucha-por-la-tierra/5087-la-larga-y-cruel-lucha-por-latierra-en-el-cauca

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02. CONTEXTO REGIONAL DEL CAUCA INDÍGENA

Sobre esta base, se han realizado varias mediciones de la concentración de la tierra

o de la concentración de propietarios de la tierra, por medio del índice Gini5. Según el IGAC "en el Cauca predomina la estructura de mediana propiedad, con un 44

por ciento de la propiedad privada asignada a predios entre 20 y 200 hectáreas

(...) la dinámica descrita se refleja en una tendencia marcadamente creciente del Gini durante toda la década. En particular, el Gini de tierras es el segundo más alto

del país y en 2009 alcanzó un valor de 0.838. Las diferencias en el Gini cuando se controla por la calidad de la tierra en los municipios demuestran que la dinámica

de concentración se está presentando en las tierras de mejor calidad. El Gini de propietarios es, además, el séptimo más alto del país: 0.841." (IGAC, 2009: 218 y PNUD, 2011: 200).

Metodológicamente, esta medición de la concentración de la tierra ha dejado por fuera los territorios colectivos de las comunidades afro colombianas, los

resguardos indígenas y las tierras baldías o propiedad del Estado. Por ello, los niveles de concentración que se registran son tan elevados. Esta situación tiene varias consecuencias: en primer lugar, la propiedad de la tierra de las

comunidades campesinas, no pertenecientes a los resguardos indígenas o a las

comunidades afro, experimenta una gran presión, porque se encuentra en las zonas de alta concentración. También las comunidades campesinas identifican

permanentemente la necesidad de gozar de formas de propiedad más estables,

que puedan ayudarles a defenderse de la arremetida de terratenientes, de empresas nacionales o multinacionales.

El problema de la tierra en el departamento del Cauca está atravesado por dos problemáticas macro: una que tiene que ver con la posesión, la titulación de tierras,

la escasez de tierra productiva disponible para las comunidades que la trabajan o para los resguardos indígenas, por efectos de la concentración de la propiedad

5 El índice Gini es una medida de concentración que determina la desigualdad en la distribución de la riqueza o de la tierra. La medición va de 0 a 1, siendo 0 una distribución perfecta y 1 la concentración máxima posible

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en poca manos y la presión de la agroindustria. Una segunda problemática es la

derivada de los efectos que el conflicto armado ha propiciado en la región. Estos dos problemas macro no son independientes en su dinámica.

Una reflexión acerca de esta interrelación y la afectación directa que se presenta

sobre los territorios indígenas, fue expuesta por Houtong en la introducción de La Tierra contra la muerte cuando señaló que el "vaciamiento político de la territorialidad nacional-estatal, la privatización de los territorios a escala regional, la expropiación

y desposesión directa de los territorios que se encuentran por fuera de la frontera agrícola, la financiarización de los territorios y el patrimonio natural, los resultados

de la “aceleración de la naturaleza” por efectos de la biotecnología y la imposición de modelos agrícolas de tardío rendimiento, los cuales constituyen el centro de estas transformaciones, tienen un impacto muy específico sobre los territorios indígenas,

cuya configuración natural, política y simbólica actual resulta altamente contrastante con la espacialidad del resto del país." (Houtong, Cecoin; 2008: 17).

Sobre la primera de las problemáticas de la tierra identificadas, es claro que existe una necesidad de ampliación de los territorios por parte de las comunidades

indígenas y afro colombianas. En el caso particular de los indígenas ha sido un discurso generalizado, desde la derecha especialmente, el decir que son poseedores de grandes extensiones de tierra. No obstante, la mayoría de éstas se encuentra en zonas de reserva forestal, páramos y acuíferos. En el departamento del Cauca,

nace la estrella fluvial del país, dando origen a cinco de los más importantes ríos de

Colombia: el Magdalena, el Cauca, el Putumayo, el Caquetá y el Patía. Las reservas de agua del macizo colombiano surten el 70% de los acueductos del país6.

6 El problema de la posesión de las tierras ha sido ampliamente debatido en el ámbito nacional. Según un estudio del Cinep, "si bien es cierto que los territorios indígenas legalizados ocupan actualmente en Colombia el 22% del territorio nacional, hay que tener en cuenta que el 92% de estas tierras están ubicadas en ecosistemas de selva, páramos, llano, sabana y desierto, que no resisten una alta densidad poblacional y sobre los cuales no se pueden desarrollar actividades productivas intensivas debido a estas condiciones." (Coronado, 2010: 1).

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02. CONTEXTO REGIONAL DEL CAUCA INDÍGENA

En el macizo existen 362 cuerpos lagunares declarados y 13 páramos, por lo

que la Unesco declaró esta región como reserva de la biosfera planetaria 7. En

la mayoría de los casos, los pueblos indígenas y las comunidades campesinas

han sido los mejores protectores de los recursos colectivos de la población colombiana. Por este motivo, frente a la problemática de no contar con suficiente tierra cultivable, en el Cauca los indígenas luchan por la ampliación de sus

resguardos. Aunque la problemática no se limita solamente a una reclamación de tierras para el aprovechamiento agrícola.

En el Cauca conviven tres tipologías de resguardos indígenas: los resguardos coloniales, los resguardos republicanos y los resguardos por resoluciones dadas

por del Instituto Colombiano para la Reforma Agraria (Incora), transformado en 2003 en el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder). Las comunidades indígenas reclaman para sí el despojo de tierras originario, producto de la

época de la conquista española. Y consideran que sus territorios sagrados son mucho más amplios que los que habitan actualmente y varios de los lugares que albergan un significado cosmogónico fundamental se encuentran por fuera de los resguardos.

No obstante, son conscientes de la coexistencia de otras comunidades afrocolombianas o mestizas de campesinos, que se encuentran conviviendo

en la territorialidad indígena originaría. Es una situación muy compleja,

porque en el departamento del Cauca existen, como se mencionó arriba, 17 consejos comunitarios aprobados por resoluciones del Incoder y otros 5

que estarían registrados ante el Ministerio del Interior. Todos los consejos comunitarios se encuentran ubicados en la zona pacífica/occidental del

departamento, específicamente en los municipios de Timbiquí, López de Micay y Guapi. Entretanto, las comunidades campesinas, se encuentran en procesos 7

Ver especial "Encuentro por el Agua". El Espectador, diciembre de 2013.

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importantes de lucha por el reconocimiento y la defensa de las Zonas de Reserva Campesina 8.

Dado lo anterior, la demanda por la tierra genera una dinámica compleja que afecta la estabilidad de las comunidades rurales, porque las obliga a competir por la poca

disponibilidad de tierras baldías. Los campesinos buscan la delimitación de las Zonas de Reserva Campesina, las comunidades indígenas solicitan la ampliación

y el saneamiento de sus resguardos y los consejos comunitarios afrocolombianos también exigen el acceso a tierras de mejor calidad. El caso del pueblo Misak,

en Piendamó es uno de los múltiples ejemplos de la confrontación que se está

presentando. Los Misak del resguardo de la María, como se verá en el texto de este pueblo, provienen de un proceso migratorio desde el municipio de Silvia por

efectos de la ausencia de tierras. Actualmente, ya tres familias han tenido que migrar hacia el departamento del Caquetá por la escasez de la tierra cultivable. No obstante, el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) del municipio de Piendamó no tiene contemplado disponer de una sola hectárea para ser asignada a una posible ampliación del resguardo.

Un informe reciente del portal de internet VerdadAbierta.com cita el estudio, aún

sin publicar, realizado por la Universidad Javeriana de Cali para el Incoder sobre la conflictividad territorial en el departamento del Cauca. Se destaca que "los casos de tensión y conflicto recurrente no son étnicos (indígenas y afrodescendientes),

sino interculturales ... las situaciones de conflicto presentes en el Cauca son entre indígenas y campesinos, e indígenas y afrodescendientes. El más frecuente y

8 Las Zonas de Reserva Campesina es una figura territorial, creada por la Ley 160 de 1994, con el objetivo de proteger la pequeña propiedad rural. "Es un grupo de veredas, territorios rurales autorizados por el Estado, donde viven las familias que se organizan a través de una figura llamada Junta de Acción Comunal. Hay vínculos entre estas juntas, con las autoridades municipales y el Estado. En esas reservas varias instituciones aportan a proyectos de desarrollo: actividades agropecuarias, mejoramiento de infraestructura, financiamiento empresarial. Ellos en su interior se comprometen a cuidar la flora, la fauna y todos los recursos y a respetar la ley. " (Fajardo, entrevista concedida el 12 de agosto de 2013), disponible en:

http://www.arcoiris.com.co/2013/08/nueve-razones-para-defender-las-zonas-de-reserva-campesina. La Zona de Reserva Campesina también tiene la ventaja de que la tierra se titula colectivamente y se rige bajo reglas estrictas que buscan evitar la acumulación en pocas manos.

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02. CONTEXTO REGIONAL DEL CAUCA INDÍGENA

potencial es entre indígenas y campesinos. Los investigadores encontraron diversos conflictos entre indígenas o afrodescendientes y campesinos: siete de ellos urgentes

en Popayán, Cajibío y Caloto, y ocho potenciales en los últimos dos municipios, así

como en Miranda, Totoró, Inzá, Paéz y Bolívar, donde ha habido incluso muertos y enfrentamientos por la tierra"9.

Uno de los casos insignias de esta problemática se presentó en el norte del Cauca en

el año 2011. Como se verá más adelante, tras un evento de violencia conocido como la Masacre de El Nilo (municipio de Caloto), el Estado colombiano fue condenado

por complicidad en el asesinato de 21 indígenas nasa el 16 de diciembre de 1991. El

proceso implicó una reparación individual para las familias de las víctimas directas. Pero en términos colectivos, el Estado se comprometió a la adquisición de 15.663 hectáreas para las comunidades Nasa. No obstante, un comunicado de la Comisión Intereclesial

de Justicia y Paz del 17 de diciembre de 2012, señala que aún faltaban "17 familiares

de las personas masacradas por reparación e indemnización individual. La reparación

colectiva al pueblo Nasa tampoco ha sido total"10. Para terminar de cumplir con parte

de los acuerdos, el Estado decidió asignar a los indígenas 517 hectáreas de la finca San Rafael, ubicada entre los municipios de Santander de Quilichao y Buenos Aires, en el norte del Cauca. De manera irresponsable, esta adjudicación se realizó sobre un predio que llevaba siendo habitado por 4.000 afrocolombianos desde hacía varios años

y que estaba en estudio, por parte del Incoder, para legalizar la posesión. El Estado,

con esta situación, propició un conflicto de enormes proporciones entre los indígenas que llegaron a hacer efectiva la adjudicación del predio y los afrodescendientes que

lo habitaban. La violencia de estos hechos derivó en el asesinato, en mayo de 2011, del joven Luis Évert Ramos de tan solo 17 años de edad. Tras dos años de trabajo

en mesas de conciliación, en las que participaron instancias gubernamentales, en diciembre de 2013 los indígenas nasas aceptaron ceder la adjudicación de la finca

a las comunidades afrodescendientes que originalmente se encontraban allí. En la 9 Ver: "La larga y cruel lucha por la tierra en el Cauca. Disponible en: http://www.verdadabierta.com/ tierras/la-lucha-por-la-tierra/5087-la-larga-y-cruel-lucha-por-la-tierra-en-el-cauca

10

Ver comunicado en: http://justiciaypazcolombia.com/Masacre-del-Nilo

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negociación, desde el ministerio de agricultura se prometió la compra de una nueva finca para cumplir con los acuerdos adquiridos en 1999.

Una situación igualmente conflictiva se presenta en el corregimiento de San Andrés de Pisimbalá, municipio de Inzá, debido a los asentamientos campesinos que se

han realizado en un territorio indígena que está por ser reconocido como resguardo.

Históricamente los indígenas nasa lo han reclamado como ancestral, y solo ahora el proceso de legalización se encuentra avanzando.

También existen conflictos de gran complejidad en Cajibío entre los Nasa y los Misak con las comunidades campesinas que se oponen a la ampliación de los resguardos; en la zona rural de Popayán debido a una titulación que el Incoder realizó sobre unas

tierras que ya habían sido solicitadas por el cabildo de Quintana para la ampliación del

resguardo; siendo éstos algunos de los 15 conflictos relacionados con la problemática. La situación es entendible en tanto existe una presión por la tierra cultivable como

se señaló anteriormente. Según el reporte de VerdadAbierta, habrían al menos 25 conflictos más relacionados con "la industria de la caña, parques industriales, multinacionales, empresas avícolas y ladrilleras, proyectos viales y concesiones para la explotación del oro"11.

Hasta aquí, lo que se evidencia es una gestión del problema de la tierra poco acertada. Por un lado, no ha habido una intención democratizadora de la propiedad y no se ha respetado la vocación de la economía local de manera participativa, sino

más bien se han favorecido, desde el Estado, dinámicas de concentración de la tierra. Por otro lado, las instituciones estatales han obrado de forma poco coherente

y caótica generando situaciones de confrontación entre las comunidades en asuntos relacionados con las titulaciones de los predios para los consejos comunitarios o los resguardos indígenas.

11 Ver los informes respectivos en: "La lucha por las tierras en el cauca, una historia de nunca acabar". Domingo 7 de abril de 2013. Disponible en: http://www.agendapropia.com/index.php/agenda-propia/ informe-especial/1866-la-lucha-por-las-tierras-en-el-cauca-una-historia-de-nunca-acabar

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02. CONTEXTO REGIONAL DEL CAUCA INDÍGENA

Además de lo anterior, existe un segundo fenómeno que ha actuado negativamente en relación a la situación de tierras y territorios en el departamento del Cauca. Éste es el conflicto armado, el desplazamiento derivado de él y su consecuente abandono

o despojo de tierras. El desplazamiento forzado de personas entre 1990 y septiembre de 2013, según los cálculos hecho por VerdadAbierta a partir de la información del

Observatorio de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la Vicepresidencia de la República, da cuenta de 203.597 casos. De éstos cerca de

140 mil fueron registrados entre 1997 y 2010. Según la información de este portal

de Internet, se abandonaron 14 mil predios equivalentes a 73 mil hectáreas en ese periodo. Habría, sin embargo, un subregistro en la información porque la unidad de restitución de tierras es de reciente creación. Además, en el departamento del Cauca, se ha evidenciado, a diferencia de otras partes del país, más una situación

de abandono que de despojo de tierras. Tal como se especificará más adelante, los grupos étnicos, y en especial los indígenas, mantienen unas dinámicas particulares

de defensa del territorio, promoviendo desplazamientos temporales para evitar la usurpación.

2. VIOLENCIA POLÍTICA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA El departamento del Cauca ha sido escenario constante de la violencia política.

Históricamente, fue uno de los focos de resistencia indígena más fuertes contra la

colonización española. En épocas recientes, en las montañas que lo rodean se han ubicado diversos actores armados, muchos de ellos subversivos.

No obstante, el informe de la Red por la Vida, referenciado anteriormente, destaca que en el departamento confluyen multiplicidad de tipologías de violencia que no se limitan exclusivamente a la presencia de los actores armados, sino que también involucran "la presencia de cultivos de uso ilícito, implementación de megaproyectos,

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conflictos sociales, respuesta violenta a acciones de exigibilidad de los derechos y presión por participación política de oposición." (Red por la Vida y los Derechos Humanos del Cauca, 2014: 13).

El territorio del Cauca se ha encontrado en disputa permanente, mostrando un aumento de la conflictividad y victimización desde finales de la década de los

noventa, cuando los grupos paramilitares lanzaron una ofensiva de expansión territorial, sumada al aumento del pie de fuerza pública desde el Estado. Entre 1999

y 2002 los índices de violencia se multiplicaron, dejando huellas profundas en la

memoria colectiva de la población del departamento. Las masacres de El Nilo (21 víctimas mortales) del Naya (27 víctimas mortales y cerca de 3 mil desplazados), entre otras, dan cuenta de la escalada de la confrontación por el control territorial.

En el Cauca la mayor cobertura armada ilegal la despliega la guerrilla de las FARC,

con los seis frentes (6, 8, 13, 29, 30 y 36 ), una columna móvil (la Jacobo Arenas) y un bloque móvil (Arturo Ruíz). El ELN también hace presencia con un frente (Manuel Vásquez Castaño) y dos columnas (Camilo Cienfuegos y Lucho Quintero).

Los grupos paramilitares se desplegaron sobre el territorio del departamento desde 1999 con el Bloque Calima (frentes Pacífico y Farallones), las Autodefensas de Ortega y el Frente Libertadores del Sur, todos ellos pertenecientes a la federación

de grupos paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Posteriormente,

tras los acuerdos de desmovilización entre los años 2004 y 2006, el territorio del

departamento se encuentra bajo la influencia de grupos paramilitares que se han reconfigurado y que hoy se conocen en la literatura como Bandas Criminales

(Bacrim). Hacen presencia las agrupaciones paramilitares de los Rastrojos, los

Urabeños y las Águilas Negras (ver tabla 2 y Anexo 1 al final de este libro) (Ibid: 13).

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02. CONTEXTO REGIONAL DEL CAUCA INDÍGENA

TABLA 2: RELACIÓN DE GRUPOS ARMADOS CON PRESENCIA EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA (1998 - 2014) ZONA

MUNICIPIO Buenos Aires

Presencia de

Presencia

Paramilitares

Paramilitares

las FARC

del ELN

AUC

actuales

Frente 6

Frente JMB

F Farallones Rastrojos

Caloto

Frente 6

F Farallones

- Águilas Negras Rastrojos

Corinto

Frente 6

F Farallones

- Águilas Negras

Guachené NORTE

Rastrojos Miranda

Frente 6

F Farallones

- Águilas Negras

Padilla Puerto Tejada Santander de Qulichao

Frente 6 Frente 6

F Farallones

Rastrojos Rastrojos

Suárez

Frente 6

- Águilas Negras

Villa Rica

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Cajibío

El Tambo

CENTRO

Frente 6

Frente 8

La Sierra

Frente 8

Morales

Frente 6

Piendamó

Frente 6

Frente JMB Columna MH Frente MVC Frente JMB

F Farallones

Rastrojos

F Farallones, Autodefensas

Rastrojos

de Ortega F Farallones Rastrojos, F Farallones

Águilas Negras

Frente JMB Rastrojos -

Popayán

Farc Milicias

Frente JMB

F Farallones

Urabeños - Águilas Negras

Rosas

Frente 8

Frente MVC

F Farallones

Sotará Timbío

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Frente 8

Frente MVC

F Farallones

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02. CONTEXTO REGIONAL DEL CAUCA INDÍGENA

Almaguer Argelia Balboa

Frente 8,

Frente

Frente 60

MVC

Frente 8,

F Farallones

Frente 60 Frente 8,

Rastrojos Rastrojos

Frente 60 Frente 8, Frente 60,

Bolívar

Frente 64 y C.M. Jacobo

Frente MVC

F Farallones

Arenas Frente 64 y Florencia

C.M. Jacobo Arenas

SUR

Patía Piamonte

MVC Frente 8,

F Farallones

Frente 60 Frente 8,

Frente

Frente 60

JMB

Frente 8,

F Farallones

Rastrojos Rastrojos

Frente 60

San

Frente

Sebastián

MVC Frente 64 y

Santa Rosa

MVC Frente

La Vega Mercaderes

Frente

C.M. Jacobo Arenas

Frente MVC

Sucre

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Rastrojos,

OCCIDENTE

Guapí

Águilas F. Pacífico

López de Micay

Negras Rastrojos,

Frente 30

Águilas F. Pacífico

Negras Rastrojos,

Timbiquí

ORIENTE

Frente 30

Frente 30

Caldono

Frente 6

Inzá

Frente 6

Jambaló

Frente 6

Paéz

Frente 6

Puracé

Frente 6

Silvia

Frente 6

Toribío

Frente 6

Águilas F. Pacífico

Negras

F Farallones

Rastrojos Rastrojos

Rastrojos - Águilas Negras Totoró

Frente 6, C.M. Jacobo Arenas

Rastrojos, Aguilas Negras

Fuente: Elaboración Observatorio ADPI, con base en el VIII informe sobre grupos paramilitares (Indepaz: 2013) y Diagnóstico Cauca (Observatorio del programa presidencial de Derechos Humanos y DIH, 2004)

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02. CONTEXTO REGIONAL DEL CAUCA INDÍGENA

A la presencia del actores armados ilegales, el Estado ha respondido con una alta presencia de fuerza pública. Según el Observatorio del programa presidencial

de Derechos Humanos y DIH, se habían establecido en el departamento del

Cauca siete batallones del ejército: "El Batallón José Hilario López con sede en Popayán, opera en veinte municipios; el Batallón Boyacá de Nariño cubre algunos

municipios del sur y la Bota; los batallones Pichincha y Codazzi del Valle cubren los municipios del norte; la Brigada No. 9 de Neiva atiende los municipios del oriente;

en el Macizo ha operado la Brigada Móvil No. 6; en diciembre de 2003 entra en acción un Batallón de Alta Montaña con sede en el corregimiento de Valencia, jurisdicción de San Sebastián, con el propósito de impedir el paso de la guerrilla

entre el Huila y Nariño por uno de sus principales corredores estratégicos en el

Macizo." (Observatorio Programa Presidencial, 2004: 11). Falta por referenciar en

esta lista la presencia de la vigésima novena brigada del ejército que opera en un área amplia entre el occidente del departamento y el oriente.

No obstante, la alta presencia militar en el territorio terminó de agudizar en

muchos sentidos la problemática de derechos humanos del departamento. El informe de la Red por la Vida resalta que la doctrina de la seguridad democrática

desarrollada en los gobiernos del ex presidente Álvaro Uribe Vélez, sumado a la declaración de los municipios de Caloto, Corinto, Miranda, Santander de

Quilichao y Toribío en el marco del Plan Nacional de Consolidación Territorial

(PNCT), "polarizó con mayor fuerza la tendencia que el conflicto armado tenía en

la región" (Red por la Vida y los Derechos Humanos den Cauca, 2014: 13). Por motivos estratégicos, el PNCT no ha reportado cuántos soldados ha desplegado en el norte del Cauca. A pesar de ello, algunas organizaciones han estimado un

incremento de entre 5 mil y 7 mil soldados para controlar la región. Los indígenas

y campesinos de las zonas de influencia del PNCT han denunciado, en varias

ocasiones, la política del ejército de vincularlos como informantes en la región, a cambio de dinero o proyectos productivos. Esta situación deriva, por ende, en

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fácil de retaliaciones 12.

del PNCT o en otros aledaños, varios de los servicios sociales que le correspondería prestar a las instituciones civiles del Estado, están siendo promovidos por la institucionalidad militar. Solo para citar un ejemplo reciente, en febrero de 2014, la brigada móvil del ejército nacional se planteó como intermediaria en una brigada de salud en el municipio de Morales, hacia la zona centro del departamento, en la que buscó la participación de la población indígena nasa y misak. Un típico ejemplo de militarización de la vida civil de las comunidades a través de la prestación de servicios sociales13. La declaración de Toribío del 20 de julio de 2011, realizada por la Junta directiva regional de cabildos indígenas del Cauca, denunciaba en su sexto punto que "el plan de consolidación territorial del gobierno nacional combina una estrategia de «desarrollo armado y humanitarismo armado», por medio del cual los recursos públicos destinados a garantizar los derechos sociales y el desarrollo de infraestructura, pasan a través de los batallones. Con la clara intención de involucrar a las comunidades civiles en la estrategia de guerra, los dineros de Acción Social son pagados en los batallones, los puentes reparados por el ejército, las alcaldías presionadas a aceptar el tutelaje de los militares. En la práctica las comunidades se convierten en una especie de escudos humanos para proteger forzadamente a los soldados" (Declaración de Toribío). 12 En el texto del pueblo Totoroéz se evidencia esta situación. Sin embargo, se quiso seleccionar la siguiente denuncia para dar un ejemplo de una típica forma de involucrar a la población civil como informante. Los acontecimientos que se relatan ocurrieron en enero de 2010, en el municipio de Miranda, al norte del Cauca. El testimonio ha sido tomado de la base de datos de Noche y Niebla (Cinep): "Militares del Comando Conjunto detuvieron arbitrariamente y agredieron verbalmente a Raul Silva y Luis Hugo Mosquera. Al segundo le quitaron el celular y le dijeron «tenés el número de la profesora Melba Canabal esposa del gordo miliciano,» posteriormente le dijeron a los detenidos que eran milicianos; después les mostraron varios fajos de billetes y les dijeron que si ellos querían «calladitos trabajaran con ellos» y les pagaban toda esa plata «sin que nadie más se diera cuenta». Raúl Silva les dijo que él prefería continuar arando la tierra para no tener problemas con nadie". 13 Ver: "Masiva participación de comunidades indígenas en jornada de salud en Morales". Disponible en: http://www.ejercito.mil.co/index.php?idcategoria=358509

02. CONTEXTO REGIONAL DEL CAUCA INDÍGENA

Como consecuencia de esto, la movilización social en el departamento del Cauca

fue muy intensa, pero por efectos de la agudización del conflicto, se generó una estigmatización y amenaza permanente a los líderes sociales y defensores de Derechos Humanos, que han sido judicializados, amedrentados de múltiples

formas o señalados de tener relaciones con la guerrilla. Desde el norte del Cauca la

Asociación de Cabildos Indígenas (ACIN) señaló, en un comunicado de julio de 2012, que "especialmente en los municipios de Miranda, Toribío, Caloto y Jambaló sufrimos

el Plan de Consolidación Territorial, que a sangre y fuego se impone en nuestros territorios, y estamos viviendo la imposición de un proyecto revolucionario militarista

que no respeta nuestras decisiones, y que atenta contra nuestra organización y autonomía" (ACIN, 2012).

En relación a la violencia política según el informe de la Red por la Vida, en el

periodo que va de 2003 a 2013, 171 personas fueron asesinadas en el departamento

por motivos de violencia política. El año más crítico fue 2011 con 25 víctimas mortales. Los indígenas, los docentes y otros activistas sociales son las víctimas mayoritarias. En el mismo periodo se presentaron 95 ejecuciones extrajudiciales

cuya responsabilidad directa recayó sobre las fuerzas militares o policiales. Las masacres cometidas sumaron un total de 46, con 182 personas que perdieron la vida en ellas. (Red por la Vida...: 36 y 37).

La radiografía sobre las cifras de la violencia reconstruida por VerdadAbierta, complementa los datos anteriores y en ellas se indica que entre 1990 y el año 2013, en el Cauca hubo 12.356 asesinatos por el conflicto armado. Los municipios con mayor cantidad de homicidios fueron Popayán (2.414), Santander de Quilichao

(1.252), Puerto Tejada (871), Patía (737) y El Tambo (672). El número de masacres

presentadas en el mismo periodo fue de 60, la mayor parte de ellas cometidas en

Santander de Quilichao (8), El tambo (7), Corinto (5), Patía (5) y Cajibío (4). Bajo esa misma dinámica de confrontación, los secuestros estuvieron a la orden del día.

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En total se presentaron 848 secuestros. Los municipios con mayor afectación son de nuevo los mismos referenciados anteriormente: Popayán (186), Santander de Quilichao (129), Patía (56), El Tambo (39) y Cajibío (36).

CULTIVOS ILÍCITOS

con la presencia de cultivos ilícitos. A manera de círculo vicioso, los grupos promueven su expansión y el copamiento de las esferas de las sociedades locales. El diagnóstico del departamento realizado en el 2004 por el Observatorio del programa presidencial destaca que las guerrillas se han abogado derechos de operan y coinciden con la presencia de cultivos ilícitos. La existencia de cultivos de amapola y su coincidencia con algunos de los grupos guerrilleros, se presentó en los municipios de Toribío, Páez, Jambaló, Silvia, Totoró, Argelia, Balboa, Patía, la Sierra, la Vega, Almaguer, Bolívar, Mercaderes, San Sebastián y Santa Rosa. No obstante, al día de hoy los cultivos de amapola se encuentran casi por completo ausentes en la región. El Estado ha considerado este hecho como un éxito propio, tras una estrategia agresiva de fumigaciones y erradicación; pero el trasfondo, en realidad, fue la intención de control territorial que los pueblos indígenas aplicaron de erradicación por parte de las autoridades indígenas, se controló el cultivo de amapola. No obstante, en algunos municipios del departamento, el cultivo de

zona norte del departamento.

02. CONTEXTO REGIONAL DEL CAUCA INDÍGENA

El registro de cultivos de coca llevado a cabo por el SIMCI, ha mostrado un aumento en el número de hectáreas cultivadas. En el año 2006, en el departamento se registraron 2.104 hectáreas de coca. Los cultivos estaban concentrados especialmente en los municipios de El Tambo y en la zona sur de la bota caucana. Ha habido un incremento gradual desde entonces, como lo referencia la UNODC: para el año 2007 había 4.168 hectáreas de coca, en 2008 5.422 ha, en 2009 6.597 ha, en 2010 5.908 ha, el pico más alto se registra en 2011 con 6.066 ha, disminuyendo en el 2012 a 4.325 ha (VerdadAbierta.com). El informe de 2012, tal como se mencionó en la introducción de este libro, ubica al departamento del Cauca como el cuatro con mayor producción de hoja de coca en el país. Además, aún más complejos han sido los efectos de la relación entre paramilitarismo y cultivos ilícitos. Ya en 2004, el Observatorio del programa presidencial indicaba concentración de la tierra y dinámicas de violencia imborrables en la historia del departamento. Según su estudio, "las autodefensas, de su lado, no sólo han derivado

los municipios ya citados del norte del departamento no sólo coincide con zonas Ejemplos de municipios con esta problemática y actuaciones de las autodefensas han sido Miranda, Corinto, Caloto, Buenos Aires, Silvia e incluso Popayán. La lógica supone la legalización de las ganancias obtenidas en el negocio ilícito, así como la expansión del mismo que mediante la compra de nuevas tierras permite la instalación de laboratorios para el procesamiento de la droga. Un ejemplo clásico del proceso de compra de tierras por parte de nuevos agentes, que aprovecharon los tradicionales

ocupada por indígenas, estando pendiente un litigio con los propietarios. Los dueños

111

vendieron la finca a narcotraficantes quienes a través de un abogado amenazaron

a los indígenas. Las amenazas se cumplieron el 17 de diciembre de 1991, cuando un grupo de hombres armados asesinó a 2014 indígenas" (Observatorio Programa

Presidencial, 2004: 10).

DESPLAZAMIENTO FORZADO EN EL CAUCA Como se mencionó anteriormente, el desplazamiento forzado en el Cauca, entre 1990 y septiembre de 2013 reportó un total de 203.597 personas que debieron abandonar sus lugares de habitación o sus territorios. Esta información, surgida desde los

datos estatales de población desplazada, puede reportar un subregistro debido a

la dinámica de desplazamiento que promueven las comunidades indígenas para la defensa del territorio, en tanto que evitan abandonar sus territorios permanentemente para protegerlos del despojo.

Según la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes), en el año 2012 en el Cauca hubo un incremento de los evento de desplazamiento (38)

con respecto al año 2011 (31). "En total, masivamente salieron 10.322 personas,

de los cuales por lo menos 2.229 son indígenas, 1.170 afrocolombianos y 854 niños, niñas y jóvenes. Las principales causas están asociadas a la confrontación armada: combates, escalamiento de acciones bélicas, hostilidades y ocupación de bienes civiles por parte de actores armados dentro de los que se destacan, para el departamento, la Fuerza Pública y las FARC". (Codhes, 2013: 29).

Codhes resalta que los desplazamientos masivos se han dado especialmente

en la zona norte del departamento, en particular en los municipios de Caloto, Caldono, Miranda, Corinto, Toribío, Suárez y Morales. Cuatro de estos municipios

14 Como precisión se indica que la masacre del Nilo ocurrió el 16 de diciembre de 1991 y el número total de víctimas fue de 21.

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02. CONTEXTO REGIONAL DEL CAUCA INDÍGENA

coinciden con estar incluidos en la estrategia del PNCT y, por ende, se encuentran a merced constante de la confrontación armada. En la zona de la costa pacífica, los municipios de López de Micay, Timbiquí y Guapi, además de la confrontación armada, viven una presión muy fuerte ejercida desde las iniciativas mineras y del

narcotráfico. La disputa territorial ha afectado dramáticamente a las comunidades afrodescendientes y a algunas comunidades nasas, y se han dado asesinatos

selectivos en contra de los líderes comunitarios con dinámicas de violencia que han aterrorizado a la población15.

AFECTACIONES RECIENTES A LOS PUEBLOS INDÍGENAS EN EL CAUCA (2009-2012) En medio de estas dinámicas de confrontación armada, como lo evidencia el informe

de Codhes, la afectación de los pueblos indígenas es bastante alta. Algunos de los municipios donde se da la mayor confrontación armada, presencia de cultivos ilícitos o amenazas territoriales por efectos de la minería, tienen una alta presencia de población indígena.

El Observatorio ADPI, con base en el sistema de información del Centro de Educación Popular (Cinep) y su base de datos Noche y Niebla realizó una exploración de algunas de las principales violaciones a los Derechos Individuales

de la población indígena del Cauca, entre los años 2009 y 2012. Se seleccionaron

las siguientes tres grandes afectaciones: indígenas heridos en atentados o acciones armadas, incluyendo combates; indígenas asesinados e indígenas amenazados. Para todos los casos se contabilizó la responsabilidad de los actores armados por número de eventos.

15 Menciona el documento de Codhes la presencia de eventos de descuartizamiento en el municipio de Guapi en marzo del 2012. Esta aplicación de protocolos de violencia de terror tienen efectos traumáticos sobre comunidades históricamente tan golpeadas y generan oleadas masivas de desplazamiento, en tanto la población no está dispuesta a revivir eventos victimizantes del pasado.

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Para los casos de indígenas heridos en confrontación armada o por efectos de atentados, en el lapso de 2009 a 2012 se presentaron un total de 155 casos (ver el año 2011 (102 casos), cuando la guerrilla de las FARC puso en marcha un plan para atentar contra las instalaciones estatales en el norte del Cauca que derivaron, de atentados, el 9 de julio de 2011, la intervención del frente 6to de las FARC y la columna móvil Jacobo Arenas, lanzaron una ofensiva contra seis municipios del Norte del Cauca: Toribío, Corinto y Caldono y en las cabeceras de los corregimientos de El Palo (Caloto), Mondomo (Santander de Quilichao), Siberia (Caldono) y veredas Paletón y Solapa (Jambalo). El ataque más grave ocurrió en el municipio de Toribio, cuando el 9 de julio de 2011, la guerrilla hizo explotar una "chiva bomba" en inmediaciones de la estación de policía. El atentado dejó dos civiles muertos y 75 personas heridas. También la afectación de al menos 400 casas de los habitantes del municipio. La mayor afectación en el periodo mencionado, como se puede evidenciar, se produjo en el norte del Cauca. Sobre los responsables de las acciones que han dejado como consecuencia indígenas heridos en el Cauca, se destaca en 2011 la responsabilidad de la guerrilla de las FARC y de los combates entre ésta y la fuerza pública. En 2012 ha habido una combinación de afectaciones generadas por los combates (3), por acciones directas de la fuerza pública (5) y por actores

02. CONTEXTO REGIONAL DEL CAUCA INDÍGENA

GRÁFICA 1: INDÍGENAS HERIDOS EN ATENTADOS O ACCIONES ARMADAS POR MUNICIPIO (2009 - 2012)

Fuente: Elaboración Observatorio ADPI, con base de datos Noche y Niebla, Cinep

GRÁFICA 2: NÚMERO DE EVENTOS RESPONSABLES HERIDOS EN ATENTADOS O ACCIONES ARMADAS DE VIOLENCIA (2009 - 2012)

Fuente: Elaboración Observatorio ADPI, con base de datos Noche y Niebla, Cinep

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El registro de indígenas asesinados en el Cauca, entre los años 2009 y 2012 da el municipio de Toribío, que concentra 15 casos en el periodo mencionado, seguido por Caloto (11 casos), Suárez (7 casos) y Santander de Quilichao (6 casos). Los

en sus ejercicios de resistencia, control territorial y exigencia de autonomía. Aún así, en el periodo los datos permitieron señalar como responsable de los asesinatos a las FARC y a los grupos paramilitares en 10 casos y a la fuerza pública en 4.

GRÁFICA 3: INDÍGENAS ASESINADOS POR MUNICIPIO (2009 - 2012)

Fuente: Elaboración Observatorio ADPI, con base de datos Noche y Niebla, Cinep

02. CONTEXTO REGIONAL DEL CAUCA INDÍGENA

GRÁFICA 4: NÚMERO DE EVENTOS: RESPONSABLES ASESINATOS (2009 - 2012)

Fuente: Elaboración Observatorio ADPI, con base de datos Noche y Niebla, Cinep

Otra forma de zozobra promovida por los actores armados, el narcotráfico y los intereses económicos sobre los pueblos indígenas, son las amenazas permanentes. Más cuando las cifras han demostrado que la ejecución de las amenazas es una

posibilidad real. En total, las comuneras y comuneros indígenas han recibido un conjunto de 51 amenazas registradas en la base de datos de Noche y Niebla. El

norte del Cauca, en sus ejercicios de control territorial, nuevamente concentra la mayoría de casos. Y es preocupante el incremento de las situaciones de afectación

en el año 2012. Parte de las amenazas se aumentaron tras los hechos de control territorial que los pueblos indígenas promovieron en julio de 2012, al cumplirse un año de los atentados en Toribío, Caldono y otros municipios del norte.

Como el Observatorio ADPI lo referenció en su memoria de actividades, "entre el dolor y la indignación por los hechos, cientos de hombres y mujeres, jóvenes, niños y niñas, mayores y mayoras, y autoridades de la Asociación de Cabildos Indígenas del

Norte del Cauca (ACIN) y de su organización regional el Consejo Regional Indígena

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del Cauca (CRIC) elaboraron un mandato comunitario "Minga de Resistencia por la autononía, armonía territorial y cese de la guerra (...) se propone como objetivos

urgente y prioritarios: la armonización territorial mediante el fortalecimiento de la Guardia Indígena; poner en marcha Mingas de control territorial; desmilitarización

de los territorios indígenas; y convocar al gobierno y a la guerrilla a realizar diálogos humanitarios a fin de detener la guerra y encontrarle una salida política y negociada al conflicto"(Observatorio ADPI, 2013: 23-24). Esos ejercicios de control

territorial realizados en medio de la confrontación armada permanente, tuvieron una

consecuencia importante en el aumento de las amenazas. Casi por igual, todos los actores armados las plantearon abiertamente contra los pueblos indígenas. Lo cual

demuestra, de manera categórica, que los ejercicios de resistencia por la autonomía y la defensa del territorio son incomprendidos y son un estorbo para los intereses que se ciñen sobre las áreas indígenas en el Cauca.

Fotografía: Lina María González

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02. CONTEXTO REGIONAL DEL CAUCA INDÍGENA

GRÁFICA 5: INDÍGENAS AMENAZADOS POR MUNICIPIO (2009 - 2012)

Fuente: Elaboración Observatorio ADPI, con base de datos Noche y Niebla, Cinep

GRÁFICA 6: NÚMERO DE EVENTOS: RESPONSABLES AMENAZAS (2009 - 2012)

Fuente: Elaboración Observatorio ADPI, con base de datos Noche y Niebla, Cinep

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REPORTE DE DERECHOS HUMANOS AFECTACIONES A LA POBLACIÓN INDÍGENA El informe del Programa Defensa de la Vida (DDHH y DIH) del CRIC, para el periodo

2012 y 2013, presentó un extensa lista de vulneraciones que afectaban las distintas zonas de asentamiento de los pueblos indígenas en el Cauca. En el periodo que cubre de julio de 2012 a julio de 2013, el Programa reportó 3.655 hechos victimizantes que incluyen: homicidios, desplazamiento forzado, amenazas individuales y colectivas, afectaciones colectivas tales como la militarización de los lugares sagrados, presencia

de campos minados y accidentes con minas antipersonales (MUSE MAP), abandono en los territorios de material de guerra sin explotar, abuso de autoridad, detenciones

ilegales o arbitrarias, actos contrarios a la integridad o heridos, desaparición forzada, ataque u ocupación de bienes culturales, afectaciones a los derechos de los niños de vivir en armonía y fallas de gobernabilidad y autonomía.

En el informe se señala, de manera destacada, que la acción de la minería en los territorios se ha convertido en una forma de violación contra los pueblos indígenas, en tanto afecta su gobernabilidad y genera un tipo de contaminación ambiental,

especialmente de las aguas, que se convierte en una amenaza contra la vida y viola el derecho a vivir en paz. El informe es claro en afirmar que "la locomotora

minera es la entrega de la riqueza de nuestro territorio a las trasnacionales sin ningún control ambiental, lo que significa arrasar, acabar ocn el aire, la tierra, el

agua, acabar con nuestra pacha mama, acabar con la vida misma pues como indígenas nuestra pervivencia está en el territorio" (CRIC - Programa Defensa de la Vida, 2013: 10). La problemática minera será ampliada más adelante, en el apartado tres de este capítulo.

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VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES INDÍGENAS Un informe sobre violencia sexual como estrategia de guerra, elaborado por la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) presentó un conjunto de casos, dentro de los muchos que se han dado, de las afectaciones de las mujeres indígenas en el departamento del Cauca. En este se señala que el incremento desmesurado de la presencia militar ha propiciado dinámicas que involucran a las mujeres en la guerra. Ya sea porque se presentan relaciones sentimentales con miembros de la fuerza pública que exponen a las mujeres, porque han promovido la prostitución o porque se han presentado ataques sexuales. Desde la cosmovisión indígena, la mujer es la base del equilibrio de las fuerzas espirituales. La vulneración de la que puedan ser víctimas, altera el equilibrio propio de los territorios. De manera particular, el informe de la ONIC resalta dos casos de abuso sexual cometidos en el territorio del Cauca. Uno en Jambaló y el otro en Tacueyo, referenciados a continuación: “Durante el 2009 miembros del Ejército Nacional, abusaron sexualmente a una indígena de 22 años de edad, el en Cauca (…), [ella] denunció los hechos ante la Personería Municipal de Jambaló, días después cuando fue a preguntar por el trámite de su denuncia le contestaron que ese trámite se demoraría. A pesar de la remitió a la víctima al Instituto de Medicina Legal, ni a un centro de salud que hiciera sus veces. Por iniciativa propia y ante la negligencia de las autoridades municipales, acudió a denunciar los hechos ante la Fiscalía”. “En el resguardo de Tacueyó en el Municipio de Toribío, [en el año 2005] dos mujeres indígenas fueron abordadas por dos soldados, quienes les preguntaron si habían visto pasar a una mujer con un tatuaje. Las mujeres que no sabían lo que era un tatuaje, le respondieron que no habían visto nada, que no sabían que era eso de los tatuajes. Luego de esta respuesta los soldados obligaron a las mujeres a

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desnudarse, bajo el pretexto de la búsqueda del tatuaje, y procedieron a tocarles los senos. Estando en esta acción, llegaron dos sobrinas de las señoras, de 13 y 14 años de edad, quienes fueron víctimas del mismo proceder por parte de los soldados.” (ONIC, 2012: 5).

3. MINERÍA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA El problema de la minería en el departamento del Cauca es enorme. Según el informe de la Red por la Vida "la misma Corporación Autónoma Regional del departamento, que se supone es la vigía del control ambiental, planteó en este año 2013, a través de su director, que cerca de un millón de hectáreas están comprometidas en la entidad territorial con las concesiones que se han dado a grandes transnacionales mineras" (Red por la Vida... :9).

de Minas y Energía, recoge las siguientes cifras. El total de títulos mineros vigentes en el departamento es de 252, que corresponden a 312.924 ha. Es aún mayor la cantidad de propuestas de contrato, 406 que se adjudicarían sobre 716.290 ha. explotación: "Zonas mineras indígenas, distritos mineros, contratos de concesión, licencias especiales de exploración y explotación minera, permisos temporales, solicitudes de contratos de concesión, reservas especiales de minería, y áreas estratégicas minera, donde se puede interpretar que de todo el territorio que posee el departamento del Cauca, aproximadamente el 52% estaría solicitado" (CRIC, adjudicadas a las comunidades indígenas y se encuentran en solicitud 19 casos más, que sumarían 4.292 ha.

02. CONTEXTO REGIONAL DEL CAUCA INDÍGENA

Habría en este sentido algunos aspectos por aclarar. En primer lugar, las prioridades

de explotación con que cuenta la población indígena en relación a los yacimientos ubicados en sus territorios. En segundo lugar, al inicio de este capítulo se ha evidenciado que sigue existiendo una confusión de los datos que determinan con precisión el área total de resguardos indígenas del departamento. El registro del

área de los resguardos generalmente se encuentra inscrito ante el Ministerio del Interior. No obstante, el Incoder ha sido la institución que se ha encargado de la

adjudicación de presupuestos para la ampliación de éstos y, en coordinación con el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, deben poner al día la información catastral a

nivel nacional. Lo que muestra la diferencia de cifras entre las instituciones estatales

es la ausencia de comunicación y la falta de actualización de datos por parte del Ministerio del Interior y su oficina de asuntos indígenas.

Este segundo punto es importante porque implica un constante traslapamiento de

decisiones y concesiones mineras sobre territorios indígenas. La ley 685 de 2001, conocida como el código de minas, así como el decreto 1320 de 1998 afirman que el

Estado tiene el derecho de explorar los recursos mineros a lo largo de todo el territorio nacional, incluyendo territorios indígenas y de comunidades afrodescendientes. En el artículo 121 de la ley 685 (2001), sobre integridad cultural, se subraya que la

exploración de minerales debe realizarse sin atentar contra los valores culturales, económicos y sociales de las comunidades. Esto implica necesariamente la

ejecución de consultas previas cuando se trate de exploradores y explotadores que no pertenezcan a las propias comunidades indígenas. Pero es en este punto donde

surgen multiplicidad de contradicciones que suelen favorecer los intereses de los

grandes capitales. En primer lugar, porque no está claramente delimitada el área

de los resguardos indígenas. Un caso muy diciente es el que se encontrará para el pueblo Yanacona en el capítulo 4 de este libro, en el que la Anglo Gold Ashanti

desconoce que deba realizar alguna consulta previa con las comunidades ya que

no acepta que se encuentra en territorio de resguardo indígena. En segundo lugar,

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porque, como se mencionó en la introducción, la violación del derecho de consulta

previa se encuentra a la orden del día y Ministerio de Minas y Energía ha entregado

concesiones o autorizaciones de exploración sin respetar el debido proceso con las

comunidades. En tercer lugar, en muchos casos el Estado está dando prioridad al decreto 1320 de 1998 sobre el decreto 121 de 2001. Es decir, considera prioritaria la explotación minera, y el derecho del Estado para adjudicarla, sobre los derechos adquiridos por las comunidades.

Un reporte de la Corporación Ensayos para la Casa del Pensamiento de la ACIN,

ha afirmado con precisión que "pese a que (la) figura de Zona Minera Indígena

cuenta con una serie de ventajas asociadas para la exploración y explotación, y

a los procesos de consulta con las autoridades tradicionales en caso de terceros interesados, las zonas mineras indígenas por su naturaleza jurídica y, sobre todo,

por su lugar en el ordenamiento territorial minero-estatal, se han convertido en un escenario de desafío a la autonomía indígena y en un muro poroso y frágil

antes la avanzada de la gran minería sobre todos los territorios indígenas del país (...) Las zonas mineras indígenas resultaron convirtiéndose en un dolor de cabeza para los cabildos; primero por los altos costos del canon superficial que

deben pagar, y segundo, como resultado del derecho de prelación, la peligrosa

transición de la vocación agrícola a la minería en muchas comunidades (Caro Galvis y Valencia, 2012: 19).

El problema ha sido que varios Cabildos han optado por hacer las solicitudes de zona

minera indígena, así no quieran explotar los recursos en ellas, como un mecanismo de protección. Pero esta dinámica los pone contra la pared porque los enfrenta a asumir los altos costos económicos que implica la solicitud de la concesión y el pago de impuestos sobre las tierras con vocación minera, así se encuentren éstas en territorios indígenas.

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02. CONTEXTO REGIONAL DEL CAUCA INDÍGENA

Hasta aquí se ha hecho referencia a la problemática de la minería sobre los

territorios indígenas. Pero la situación es de una complejidad igualmente grave

cuando se habla de comunidades afrodescendientes o campesinas. La Red por la Vida ha sido muy enfática en diagnosticar que no se trata solamente de las afectaciones medioambientales que se presentan como la principal amenaza, que son descomunales si se tiene en cuenta que se pone en peligro el departamento

con la mayor reserva de agua del país. La Red considera que el impacto social es de gran escala y tiene graves consecuencias. "Temporalmente, algunos pobladores de las zonas de exploración y explotación sienten algunos beneficios

por el «enganche» laboral que hacen las empresas. Aunque sea en condiciones onerosas en las que no se reconocen el pago merecido ni los derechos laborales ni la seguridad social. Sin embargo, son múltiples los impactos derivados de este tipo de explotación. En el corto y largo plazo, habrá zonas en que la tierra no

servirá para sembrar semillas. La aridez o la transformación en zonas desérticas lo impedirán. Muchos de los títulos de las tierras en que se asientan las empresas pasarán a ser propiedad de ellas. Su acción en los territorios romperá el tejido social,

afectará procesos culturales y podrá debilitar o destruir dinámicas comunitarias de fines colectivos. Ya se han producido desplazamientos de poblaciones que son presionadas a salir del territorio, como en el caso de la mina Curiaco en Santa Rosa en 2011, o en las de Buenos Aires, porque ya no encuentran que hacer en la zona o padecen desarraigo." (Red por la Vida... :10)

Son numerosas las empresas que están haciendo presencia en los municipios del departamento: La Anglo Gold Ashanti (25 municipios), Yamana, Carbones

de Occidente, Carboandes, Bp Biliton, Smurfit Kappa, Angloamerican Colombia Exploration (20 municipios) y Continental Gold (6 municipios), entre otras. "A 30 de

agosto de 2012, los mayores municipios con afectación minera fueron: El Tambo, Buenos Aires, Guapi, Páez, Bolívar y Timbiquí, Piamonte, Santander de Quilichao, Santa Rosa, Cajibío y La Sierra. Ese mismo año los municipios con más títulos

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mineros asignados fueron El Tambo, Caloto, Villarica y Buenos Aires, Popayán, Puerto Tejada, Suárez, Páez, Bolívar, Almaguer y Timbiquí. En 2012 se sumó Patía" (Red por la Vida ... :11 y CRIC, 2013: 10) (Ver mapa 2 del Cauca minero en el capítulo 4 de este libro). Colombian solidarity Campaing ha hecho una evaluación sobre la incursión de la Anglo Gold Ashanti en el país y en su estudio ha señalado que existen amplios debates sobre el papel que juega la explotación de recursos mineros no renovables, frente a recursos renovables como el agua. Destaca la investigación que hay estudios que han señalado que el aporte del agua al PIB del país puede llegar a porcentaje de regalías que se queda Colombia es mínimo (Colombian solidarity Campaign, 2013 :24). La Anglo Gold Ashanti, según el catastro minero a julio de 2012, tenía 404 títulos asignados que corresponderían a 763.337 ha del territorio, y también tenía 625 solicitudes de concesión que ampliarían 865.649 ha más su área de explotación. Los proyectos prioritarios que se pueden evidenciar en su portafolio de exploraciones, indican que sus prioridades de exploración están en Antioquia, Caldas, Tolima, Cauca y Nariño. (Ibid: 26 y 27). En el departamento del Cauca la empresa ha hecho presentaciones internacionales en las que expone su interés explícito en la explotación del yacimiento de La Salvajina, ubicado entre los municipios de Suarez y Morales. En el propio municipio de Suárez se presentaron acontecimientos graves que la empresa ha querido ocultar, arguyendo que ha renunciado a la exploración en este territorio. En el corregimiento de La Toma (Suárez), las comunidades afrodescendientes llevan mucho tiempo realizando labores de minería artesanal. Y ante el conocimiento de las pretensiones de la Anglo Gold Ashanti de solicitar

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en concesión esa región, las comunidades realizaron múltiples movilizaciones y

protestas de resistencia. En medio de esta situación, la empresa anunció su retirada, que como se mencionó atrás no ha sido cierta, y algunos de los líderes comunitarios

recibieron amenazas contra su vida. Estas amenazas se concretaron el 7 de abril de 2010 con el asesinato, por parte de grupos paramilitares, de ocho mineros

artesanales. La Salvajina le reportaría a la empresa la producción de 300mil onzas de oro al año (Ibid: 28).

MEGAPROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA El Cauca se vio afectado a partir de 1984 por la construcción de megaproyecto de

la Represa de la Salvajina, ubicada en el corregimiento de Buenos Aires, municipio

de Suárez. Las aguas que permiten el funcionamiento de la hidroeléctrica son las del río Cauca. En la actualidad, la empresa que controla la distribución energética es la multinacional española Unión Fenosa. Los efectos de la represa implicaron la

disminución del caudal que permitía el acceso a peces para la soberanía alimentaria y ha generado dificultades para usar el río como medio de transporte. En época

reciente, Unión Fenosa ha propuesto el desvío de otro río, el Ovejas, para solventar

la problemática ambiental de la región, ante lo cual las comunidades indígenas, campesinas y afrodescendientes se han opuesto con vehemencia. El Observatorio de la Deuda de la Globalización (ODG) presentó un reporte en el que se denunciaba

que se han hecho estudios de impacto ambiental que sugieren una totalidad de 21 afectaciones, 18 de las cuales tenían consecuencias negativas sobre la vida de las comunidades (OGD, 2006: 10).

Un segundo proyecto de infraestructura que se plantea como una amenaza, es la

construcción de la Transversal del Libertador, que busca comunicar La Plata (Huila) con la capital departamental Popayán. En principio el temor de las comunidades al

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respecto de esta intervención, es que la consideran pensada prioritariamente para garantizar la salida de la explotación mineral en las montañas que rodean al macizo

colombiano. Por este motivo se considera a la Transversal del Libertador como una posible amenaza para las comunidades.

4. MECANISMOS DE RESISTENCIA Si algo ha caracterizado al departamento del Cauca ha sido la histórica resistencia de sus comunidades. En la actualidad se puede hacer referencia en especial a las grandes organizaciones campesinas del macizo colombiano, organizadas en

torno al Comité de Integración del Macizo Colombiano (CIMA), a otro buen número de organizaciones campesinas locales, consejos comunitarios de la población

afrodescendiente y procesos organizativos locales de los pueblos indígenas, que incluyen asociaciones de Cabildos y tres grandes asociaciones globales.

Para el caso del movimiento indígena las organizaciones del Cauca se

encuentran integradas en el CRIC, la ACIN 16 y en AICO (ver una referencia a AICO en el capítulo 3 sobre el pueblos Misak). El CRIC ha planteado como su plataforma de lucha los siguientes 10 puntos, ratificados en los distintos

congresos anuales de la organización: " 1. Recuperar la tierra de los resguardos y realizar la defensa del territorio ancestral y de los espacios de vida de las

comunidades indígenas; 2. Ampliar los resguardos; 3. Fortalecer los cabildos

Indígenas; 4. No pagar terraje; 5. Hacer conocer las leyes sobre indígenas y exigir su justa aplicación; 6. Defender la Historia, la lengua y las costumbres

indígenas; 7. Formar profesores indígenas; 8. Fortalecer las empresas económicas y comunitarias; 9. Recuperar, Defender, Proteger los espacios de

vida en armonía y equilibrio con la Madre Tierra y 10. Defensa de la Familia.

La ACIN agrupa a los cabildos del Norte del Cauca, todos pertenecientes al pueblo Nasa. A su vez, la ACIN hace parte del CRIC, por lo cual comparte su plataforma de lucha.

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Estos puntos representan el proceso de lucha, de resistencia y de pervivencia de los pueblos Indígenas que ya tiene una larga tradición y responde a una

concepción de la vida y el territorio." (Plan de Vida Regional-CRIC, 2007 y Programa Defensa de la Vida, 2013 :1). La plataforma de lucha del CRIC ha permanecido casi que invariable desde su fundación, el 24 de febrero de 1971. Con el transcurso de los siguientes 43 años, los puntos 8, 9 y 10 han sido

incorporados como consecuencia de la propia dinámica local (CMH, 2012 :47). Son innumerables las historias de resistencia que recoge el departamento

del Cauca. En este apartado solo se mencionará algunas generalidades de la

dinámica de resistencia llevada a cabo por el movimiento indígena, sin dejar de

resaltar que desde el sector campesino y afrodescendiente han habido luchas de gran magnitud e, incluso, que los tres colectivos se han unido en varias ocasiones para la exigibilidad de derechos.

El historiador Mauricio Archila ha estudiado las tendencias de la movilización

de los indígenas del Cauca, usando como parte de su material de apoyo la Base de datos de Luchas Sociales que el Cinep ha venido construyendo desde

hace años. En un artículo reciente, Archila destaca que entre los años 1975 y

2010, el movimiento indígena del Cauca participó o promovió 231 protestas. A este número es necesario sumarle 56 casos más de situaciones de exigibilidad

de derechos que se adelantaron con otros colectivos o comunidades en el

departamento. En total, se está hablando de 287 casos en los que el movimiento indígena se ha expresado constantemente de acuerdo a sus múltiples plataformas de lucha.

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Fuente: Base de Datos de Luchas Sociales de Cinep Gráfica 7: Protestas indígenas en el Cauca 1975-2010 Tomado de: Archila (2011: 64)

En la gráfica se evidencian dos picos de las protestas indígenas en el Cauca, y es particularmente llamativo el repunte que se evidencia entre los años 2005 y 2008. Archila hace referencia que las movilizaciones entre los dos picos de protesta,

es decir las que se dieron en las décadas de los 80 y 90, fueron algo menores debido a que "se buscaron otras formas de presión para cumplir con los objetivos, incluidos los mecanismos electorales, el cabildeo y hasta la autodefensa armada"

(Ibid: 64). Hace referencia el autor al movimiento armado Quintín Lame, que surgió

en la región de López Adentro (Caloto) en 1984 y entregó armas en 1990 para incorporarse a la vida civil.

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El estudio de Archila destaca que dentro de las modalidad de protesta se han dado

desde actos de resistencia civil, recuperación de la madre tierra, bloqueos de las vías públicas y grandes mingas que han marchado masivamente hasta ciudades

como Cali, en el año 2004, y Bogotá, en el año 2008. Ahora bien, en relación a las

demandas, el historiador encontró que el 32% de estas se han dado por motivos relacionados con la propiedad de la tierra o su recuperación, seguidas por la

exigencia y respeto por los derechos humanos y colectivos de los pueblos (30%), la exigibilidad del cumplimiento de pactos trazados (12%) y las reclamaciones por políticas inconsultas (10%) (ver gráfica 8).

GRÁFICO 8. MOTIVOS DE LAS PROTESTAS INDÍGENAS EN EL CAUCA, 1975 - 2010

Fuente: Base de Datos de Luchas Sociales de Cinep Tomado de: Archila (2011: 66)

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El movimiento indígena ha tenido como hoja de ruta la defensa de sus propios Planes de Vida, los cuales son determinan los ejes de trabajo de los diferentes resguardos

y pueblos. Tiene como fundamento legal el artículo 330 de la Constitución Política y siempre debe tener concordación con el Plan Nacional de Desarrollo. Los Planes de Vida son exigidos por el Gobierno como requisito para desembolsar los presupuesto

de funcionamiento de cada uno de los resguardos (Camargo, 2010). En estas guías

de cada pueblo se sustenta la máxima petición del movimiento indígena, que es la exigencia por su autonomía territorial. Esto implica el control de facto de los territorios de sus resguardos por parte de las autoridades por ellos mismas escogidas; el derecho a vivir como lo determinen las comunidades de acuerdos a sus leyes de

origen; el derecho a desarrollar las actividades productivas que consideren para

su subsistencia alimentaria y como pueblo; el derecho controlar sus territorios con mecanismos de justicia propia, etc.

En este orden de ideas, surgió en el Cauca indígena la Guardía Indígena no armada como mecanismo de control territorial. La Guardia Indígena es un colectivo compuesto

por niños y niñas, mujeres y hombres que están en un proceso de resistencia para

defender la autonomía y el derecho a la vida de los pueblos indígenas. Se le define de la siguiente manera: La Guardia Indígena se concibe como organismo ancestral

propio y como un instrumento de resistencia, unidad y autonomía en defensa del territorio y del plan de vida de las comunidades indígenas. No es una estructura policial, sino un mecanismo humanitario y de resistencia civil. Busca proteger y

difundir su cultura ancestral y el ejercicio de derecho propio. Deriva su mandato de las propias asambleas, por lo que depende directamente de las autoridades

indígenas. Surge para defenderse de todos los actores que agreden sus pueblos, pero solamente se defienden con su “chonta” o bastón de mando, lo cual le imprime un valor simbólico a la guardia (Benavides, 2011: 109).

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Gracias a sus formas de resistencia, en el año 2000 el proyecto Nasa de los Cabildos Indígenas del Norte del Cauca y la Guardia Indígena del Norte del Cauca recibieron en los años 2000 y 2004, respectivamente, el premio nacional de paz. Fueron varios

los motivos para ser acreedores de estas menciones, pero es claro que desde 2000,

en especial con la declaración de la resolución de Jambaló, se generó una nueva

oleada que implementó procesos de expulsión de los actores armados que estaban afectado los territorios ancestrales.

El diagnóstico para el Cauca del Programa Presidencial recogió varias de las

movilizaciones de resistencia que se dieron desde el 2000 en el departamento, que fueron especialmente promovidas por los pueblos indígenas. Hay que recordar que,

tras la escalada definitiva del paramilitarismo en el departamento, la guerrilla de las FARC especialmente, aunque también el ELN, realizaron un conjunto de acciones

armadas con el objetivo de demostrar su poderío territorial. Los años 2000 y 2001

fueron especialmente violentos en este sentido. Estos son algunos de los casos que se destacaron como mecanismos de resistencia por aquellos momentos: "entre las principales manifestaciones de resistencia no armada sonde se ha privilegiado

la movilización política, cabe mencionar las siguientes: el 28 de mayo de 1999 en Piendamó, los participantes en una manifestación expulsaron airadamente a la

columna del frente 6 de las FARC que pretendía incorporarse a la protesta; el 17 de mayo de 2001, 30.000 manifestantes procedentes de las comunidades del norte del Cauca, llegaron a Cali en desarrollo de la llamada "Minga por la vida y contra la

violencia", con el propósito de protestar contra las masacres realizadas por el bloque Farallones de las AUC en la zona del río Naya; el 12 de abril de 2003, mediante la

presión ejercida por la comunidad guambiana contra las FARC, fueron liberados en

Silvia el alcalde de esta localidad y tres familiares, quienes habían sido secuestrados

por la organización armada el día anterior; el 3 de julio de 2003 en el municipio de Caldono, 400 indígenas integrantes del resguardo de Pioyá lograron la liberación

inmediata del ciudadano suizo Florian Arnold Benedite; el 27 de abril de 2004 en

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territorio indígena del norte del Cuca fueron liberados por la comunidad y la Guardia Indígena cuatro delegados de Naciones Unidas que se encontraban secuestrados

por las FARC y habían sido invitados por la organización indígena" (Observatorio del programa presidencial de Derechos Humanos y DIH, 2004: 10).

Juanita León, en su libro País de plomo, también hizo referencia a la resistencia ejercida por los indígenas, el 12 de noviembre de 2001 en Caldono, que evitó la

toma del municipio por parte de la guerrilla, teniendo en cuenta que éste ya había sido afectado en cuatro ocasiones en los últimos 5 años (León, 2005:162). En ese

mismo texto se referencia el intento de rescate de un joven indígena del resguardo

de Jambaló, el 25 de diciembre de 2001, que había estado cometiendo diversos actos delictivos y a quien el propio Cabildo le iba a adelantar un juicio en Asamblea

colectiva. No obstante, dentro de una típica situación derivada del conflicto armado, fue señalado de ser colaborador de los paramilitares de la región, lo que llevó a

que la guerrilla lo secuestrara con el objetivo de asesinarlo. Los indígenas fueron directamente hasta el campamento guerrillero pero no lograron rescatar al indígena.

Sin embargo, sí lograron desalojar el campamento donde se encontraban acampados y dieron una muestra de control territorial porque al frente de las FARC no le quedó

más remedio que retirarse de la zona al evidenciar que 2 mil indígenas estaban dispuestos a defender su territorio y exigir el respeto por sus mecanismos de justicia propia no armada (Ibid: 175).

Los mecanismos de control territorial son aplicados constantemente por los pueblos

indígenas del Cauca en la exigencia del cumplimiento de los acuerdos y el respeto al Buen Vivir que rige sus planes de vida. Las políticas públicas inconsultas, como la firma de tratados de libre comercio; el incumplimiento de pactos, como los derivados

de la reparación colectiva tras la masacre del Nilo, entre otros; la militarización y agudización de sus territorios; etc., han llevado a movilizaciones de los pueblos indígenas son precedentes. El caso más destacado en la historia reciente, fue

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la gran Minga Social por la Vida y la Democracia del año 2008, cuando cerca de

25 mil indígenas llegaron marchando a Bogotá, después de días de movilización

por todo el país. La delegación del Cauca fue la más numerosa y el impulso a las reivindicaciones sociales y a la movilización pacífica fue contundente.

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02. CONTEXTO REGIONAL DEL CAUCA INDÍGENA

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El Pueblo Misak Marta Ruíz y Carlos Eduardo Pérez Corredor

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Fotografía: Conchita Guerra C.

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03. EL PUEBLO MISAK

03. El Pueblo Misak Por: Marta Ruíz y Carlos Eduardo Pérez C.

1. UBICACIÓN El pueblo Misak vive en un territorio discontinuo de propiedad colectiva, principalmente ubicado en el Departamento del Cauca. Su territorio ancestral hoy reconocido abarca un

ecosistema de páramo situado entre los 2.500 y los 4000 msnm, la meseta de Popayán y un valle al norte del Departamento del Cauca (Tunubalá y Muelas, 2009: 34).

La mayoría de su población se encuentra congregada alrededor del Cabildo de Guambía, ubicado en la jurisdicción del municipio de Silvia. Éste limita al norte con el

resguardo de Pitayó, al sur con el municipio de Totoró, al oriente con los resguardos de Mosoco y Yaquivá, del pueblo Nasa, y al occidente con el resguardo Quizgó. También se encuentran extensos grupos Misak en otros municipios, congregados

alrededor de nuevos cabildos, como por ejemplo en Tambo (Cabildo de Munchique),

Cajibío (Cabildo de Kurakchak), Morales (Cabildos de Bonanza y San Antonio), Piendamó (Cabildos de Piscitao y La María), Caldono (Cabildo de Ovejas-Siberia), el Cabildo Urbano de Popayán y el de Santander de Quilichao. Igualmente, se

encuentran en otros Departamentos, como por ejemplo en el Huila, en los municipios de Argentina y La Plata (Cabildos La Reforma, La Gaitana, Nuevo Amanecer y Nam

Misak), y en el Valle del Cauca, en torno al Cabildo de Ginebra y al Cabido Urbano

de Cali; aunque también en el de Medellín (Departamento de Antioquia) y Bogotá (Departamento de Cundinamarca) (Tunubalá y Muelas, 2009: 36).

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2. LA POBLACIÓN MISAK Y SU ORGANIZACIÓN El territorio namui misak alberga una población de 23.462 habitantes en un espacio de 23.694 hectáreas, entre los cuales pertenecen a la etnia Misak un total de 22.860

personas. En el territorio que ocupa el resguardo colonial se encuentra el 64.27% de la población Misak, representando el tercer grupo étnico en magnitud demográfica en la región del Suroccidente colombiano.

Los Misak han vivido distintos procesos de crecimiento y migratorios. En los últimos

veinte años ha habido una migración del 35.06%, de la cual el 30.7% de las familias tienen organización de Cabildo y resguardos constituidos; el 3.38% viven en resguardos

de otras comunidades; y el 0.98% viven en las ciudades (Tunubalá y Muelas, 2009: 31). En la actualidad, la estructura de administración y de gobierno del pueblo Misak es

el Cabildo. Su origen se sitúa en la época de la colonia y fue ratificado en época republicana. Según la Constitución colombiana los cabildos son instituciones públicas

de carácter especial y consisten en gobiernos pequeños que tienen autonomía en

su territorio, pero que frente al Estado carecen de total legitimación. Por este motivo, los Misak consideran que su pueblo sigue dependiendo de alcaldías y concejos municipales, algo que contradice la voluntad de autonomía y autogestión de la vida.

El gobernador y el vicegobernador de esta institución son elegidos por voto

popular; los alcaldes, alguaciles y secretarios son elegidos por cada una de las zonas representadas, y los dos secretarios generales por la Asamblea General, todos para el ejercicio del gobierno por un período de un año. En los resguardos

de nueva constitución, los miembros del Cabildo son elegidos por sus propias

comunidades y trabajan igualmente en políticas económicas, sociales y culturales. Permanentemente, todos los Cabildos Misak se reúnen para trabajar y profundizar en la definición y consolidación del Derecho Mayor (Tunubalá y Muelas, 2009: 32).

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03. EL PUEBLO MISAK

A otro nivel, algunos sectores del pueblo Misak se encuentran representados

en organizaciones como el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) ) y otros sectores tienen participación en la organización Autoridades Indígenas de Colombia (AICO).

El pueblo Misak cuenta con un plan de vida basado en una cosmovisión propia, en

una tradición fuertemente arraigada al territorio y en el reconocimiento del legado de los mayores. Se trata de un proyecto a largo plazo con una perspectiva de futuro que

es pasado-presente o presente-pasado (Tunubalá y Muelas, 2009: 19), y que a la vez atiende a las necesidades surgidas de la realidad socio-política que ha caracterizado

las últimas décadas. La principal deidad de los Misak es el Pishimisak, que remite su

relación con el agua y su origen localizado en las lagunas del páramo. Se denomina

Numisak a la ‘gente madre’, los originarios que alimentaban las lagunas con oro para mantener el agua y alimentar así los cultivos, entre los que tiene especial importancia simbólica el maíz (Vasco, 2001: 13). Cuentan con una serie de hechos históricos y elementos identitarios que les permiten presentarse como pueblos originarios,

ancestrales, reivindicándose hoy como Nación, como son: la familia, los saberes, el territorio común, la lengua o la minga; pero asumen la necesidad de dialogar con la

cultura occidental y adentrarse en la lógica legislativa del Estado colombiano como vía para conseguir el reconocimiento cultural y la validez de ser una nación dentro de una nación, donde pueda existir el diálogo de ‘autoridad a autoridad’ con base en relaciones de respeto.

Fue en los años 80 cuando se inició la elaboración del Plan de Vida para reaparecer,

partiendo de una organización propia, en la escena pública de lucha. Es así como han ido reconstruyendo el pensamiento y la historia y elaborando un pensamiento

político sobre el derecho a la tierra, a la justicia, a la educación, a la salud, a

desarrollar la lengua materna y las costumbres (Tunubalá y Muelas, 2009: 12). Este plan de vida incluye una política de “desarrollo” basada en la pervivencia y el

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crecimiento en armonía con la naturaleza y el cosmos, rompiendo radicalmente con la idea de desarrollo material, lineal e indefinido propuesto por el sistema capitalista.

Este desarrollo parte del equilibrio económico, social, cultural y político, y sigue un proceso de construcción colectiva y autónoma respecto a poderes externos.

El primer Plan de Vida del Cabildo de Guambía se elaboró en 1994 cuando, después de ser reconocidos los resguardos por el Estado, los diferentes cabildos indígenas

del país habían comenzado a recibir recursos, algo logrado en la Constituyente de

1991 y ratificado por la ley 60 de 1993. Gracias a la elaboración de este primer Plan de Vida se comenzó a invertir en programas de educación, mejorando la infraestructura y construcción de una pedagogía para la educación propia; de salud

y saneamiento básico; de justicia, intentando implementar la normatividad propia y en lengua namtrik; de comunicación, creando una radio comunitaria e implicando

a la juventud; y de medio ambiente y producción agrícola, fortaleciendo el sistema de producción tradicional Ya tul, enfrentándose a los cultivos ilícitos y transgénicos,

y retomando la lucha por la recuperación del territorio y la soberanía alimentaria (Tunubalá y Muelas, 2009: 15).

El segundo Plan de Pervivencia y Crecimiento Misak contiene cuatro pilares fundamentales: •

El carácter colectivo del trabajo en torno a la permanencia y la re-existencia de la cultura y el pensamiento Misak-Misak, a partir de la convivencia con la

naturaleza y los seres humanos, el derecho mayor y el respeto por los ciclos de vida y los saberes ancestrales. •

La importancia de la base que representa la cosmovisión propia con origen y centro en las aguas de los páramos, reproduciendo el respeto a los ancestros y al Derecho Mayor, así como a la lengua y las leyes Misak.

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03. EL PUEBLO MISAK

•

La Organización Territorial y Socio-Política, desde la cual se hace la propuesta de crear la entidad territorial autónoma y el gobierno Misak, basado en el poder

de la asamblea general, proponiendo la autoridad ancestral como unidad social para hacer frente a los actores armados. •

El Derecho de Reconstrucción Económica y Social, consistente en el trabajo para que el Estado colombiano garantice una inversión pública durante quince años, con el fin de mejorar la calidad de vida de los Misak y de las familias

Nasa y campesinas que viven en el territorio Misak. Para ello se embarcan en la elaboración de un conjunto de programas y proyectos que dan solidez a la responsabilidad de los cabildos Misak de cara a los próximos años (Tunubalá y Muelas, 2009: 16).

Las estrategias seguidas son (Tunubalá y Muelas, 2009: 22): •

La ampliación del territorio dentro de un espacio intercultural y de coexistencia

•

La organización de una confederación Misak.

•

La construcción de una economía propia.

•

El fortalecimiento sociocultural de la identidad a través de la defensa y el

con otros pueblos hermanos.

fortalecimiento de namuy wam, a partir de la oralidad y la cosmogonía; al mismo

tiempo que se pretende expresar un modo de ser, de sentir, de tener, de vivir y de pervivir como pueblo, es decir, reproduciendo lo que llaman Misak-Misak (Tunubalá y Muelas, 2009: 46).

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3. SUS PRINCIPALES RIEGOS DE EXTINCIÓN FÍSICA Y CULTURAL CONTEXTO REGIONAL Y TENDENCIA HISTÓRICA DE LA SITUACIÓN El territorio para los Misak es un espacio histórico y cultural con el que crean y mantienen un vínculo identitario, a través del cual se representan y al cual defienden como una reserva ambiental que les pertenece por Derecho Mayor. En

1980 proclamaban, en asamblea general, a través del manifiesto guambiano, el Derecho Mayor “IBE NAMUIGUEN Y ÑIMMEREAY GUCHA”: “esto es de nosotros

y de ustedes también” (Tunubalá y Muelas, 2009: 12). El Derecho Mayor es aquél que consideran original y primario y que les reconoce como descendientes de sus ancestros supervivientes a la invasión europea, y por tanto herederos directos del

territorio que habitan (Tunubalá y Muelas, 2009: 11). En la actualidad, siguen estando muy presentes las palabras de la mama Jacinta Muelas, que decía: “nuestra madre tierra es viva y es mujer, cuando se la explota es como si la violaran; cuando algunos

indígenas realizan la explotación artesanal sigue siendo un acto de violación. La forma no implica que sea diferente a como lo hacen los megaproyectos”, motivo por el cual la posición que defienden es contraria a la ley comercial y acorde con la ley

Misak, garantizando el derecho a la consulta previa, libre e informada por la OIT y

el convenio 169 de 1991, derecho permanentemente violado (Entrevista, A. Oviedo, 25/03/2012, www.estudiantesdoxa.com).

Por el contrario, en el Departamento del Cauca en general, y en Guambía en

particular, convergen varios factores que despiertan un gran interés geoestratégico

para el gobierno colombiano, las empresas multinacionales y los distintos grupos

armados que protagonizan el conflicto. Como se mencionó en el capítulo de contexto sobre el Cauca, este territorio se caracteriza por contar con una gran diversidad

geográfica y con una extensa red hídrica encabezada por el río Cauca, que nace

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03. EL PUEBLO MISAK

en el Macizo colombiano y desemboca en el río Magdalena, además de otros

ríos importantes como el Putumayo, el Patía y el Caquetá (Observatorio del P. Presidencial de DH y DIH, 2009: 8). Además, existen cultivos de coca, amapola y

marihuana representando, también, un foco de interés estratégico en el marco del conflicto armado.

Aunque en muchos de los casos e indicadores que siguen a continuación no se

vean afectados directamente integrantes del pueblo Misak, el entorno social que los

envuelve condiciona su existencia. En cualquier caso, las violaciones de derechos humanos perpetradas sobre personalidades Misak con un cargo o una especial posición dentro de la comunidad o municipio son de considerable importancia.

Echando un vistazo a los antecedentes inmediatos de los años 2000, entre 2003

y 2008 los grupos armados con intereses en territorio Misak realizaron una serie

de encuentros armados que representaron el 40% de las acciones de todo el Departamento. El 97% de estos se libraron entre el Ejército Nacional de Colombia

y las FARC, y tan sólo el 1% entre las primeras y el ELN u otras guerrillas (Ibid:

12). Durante esos años se han registrado 309 homicidios en todo el territorio, concentrándose 185 de ellos en los siete municipios Misak que forman parte del Departamento del Cauca, es decir, el 6% del total departamental y el 21% de la

región conocida como Macizo caucano. Se ha identificado un incremento del 271%

de la tasa de homicidio entre los años 2005 y 2007, como puede observarse en la siguiente gráfica:

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GRÁFICA 1: HOMICIDIOS EN TERRITORIOS MISAK. TOMADA DE OBSERVATORIO DEL PROGRAMA PRESIDENCIAL DE DH Y DIH (2009: 13) Tasa de homicidio de la región habitada por los Guambiano

comparado con los niveles nacional y departamental 2003 - 2008

Gráfica 1: Homicidios en territorios Misak. Tomada de Observatorio del Programa Presidencial de DH y DIH (2009: 13)

Además, se realizaron 46 secuestros: en Piendamó (13), La Plata (8), Silvia (7) y Caldono (6), representando un 74% de la subregión Misak, la mayoría perpetrados

por las FARC. En cuanto a las víctimas, 28 de ellas fueron liberadas, 7 permanecen cautivas, 4 fueron rescatadas o se fugaron y 3 murieron en cautiverio. Por otro lado,

el uso de minas antipersonales causó 107 eventos, representando el 58% del total ocurrido en el Macizo caucano y el 21% en todo el Departamento (Ibid: 18).

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03. EL PUEBLO MISAK

El desplazamiento forzado es una de las problemáticas más importantes del país, de la cual la comunidad Misak no está exenta. Durante el periodo de 2003 a 2008

se desplazaron 9.933 personas en los municipios habitados por el pueblo Misak,

incrementándose la cifra cada año, siendo la modalidad de desplazamiento masivo especialmente significativa (41%) y los municipios más afectados Toribío, Caldono, La Plata y Morales (Ibid: 17 y 21).

CONFLICTO ARMADO En el marco del conflicto, los distintos agentes armados ocupan temporalmente las tierras de los Resguardos del pueblo Misak. Las guerrillas de la FARC y el ELN, las

Autodefensas y el Ejército Colombiano se siguen enfrentando en territorio indígena a pesar de la prohibición establecida. Tiene presencia en este territorio el frente 6 de

las FARC, principalmente en los municipios de Toribío, Silvia, Miranda, Santander

de Quilichao, Jambaló, Piendamó y Caldono; y el frente José María Becerra, del ELN, concretamente en Popayán, Cajibío, Morales y Piendamó. Pero a su alrededor

también actúan los frentes 8, 60 y 64, así como la columna móvil Jacobo Arenas, de las FARC; y el frente Manuel Vásquez Castaño. Por su parte, la AUC actúan en municipios Misak como Santander de Quilichao, a través del bloque Calima,

y en Popayán, Cajibío, Piendamó, Morales, Caldono y Silvia a través del bloque

campesino de Ortega. Sus intereses residen en el establecimiento de un corredor conectado de Norte a Sur y hacia el Pacífico, así como el control sobre cultivos de coca y en la capital del Departamento, Popayán. Las Fuerzas Armadas de Colombia se establecieron con la 29ª Brigada en Popayán, cubriendo prácticamente todo el

Departamento, pero también tienen influencia a través de brigadas móviles, la red de informantes y el Programa de Soldados Campesinos (Ibid, 2009: 9-10).

Dicha situación provoca que los actores implicados perpetren una serie de atentados

contra los derechos del pueblo Misak que avivan los riesgos de extinción física y cultural.

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En los últimos años, se ha dado un cambio en las formas de la violencia ejercida y se observa un aumento de la modalidad de asesinatos selectivos, separados

por espacios de tiempo para evitar ser identificados como sistemáticos, sobre

las formas de asesinato masivo. A partir de julio de 2012 esta situación se ha agudizado, principalmente en la zona Norte, Nor Oriente y Occidente del Cauca (CRIC, 2013: 6)

Dada la intromisión de agentes armados en sus territorios, guiados por sus respectivos intereses, el pueblo Misak se encuentra en un estado de vulnerabilidad

corroborado por toda una serie de extorsiones, homicidios selectivos, uso de

minas antipersonales y amenazas que reciben y sufren organizaciones sociales y estudiantiles, los habitantes en general, y entre ellos y con especial intensidad líderes y lideresas Misak. Como ejemplo se presenta aquella enviada al correo electrónico

oficial de la Autoridad Ancestral de Silvia, por parte de las AUC, el 27 de abril de

2010, en la que mediante un escrito se les obligaba a dejar la lucha diciendo así: “… conminar a líderes indígenas a que dejen de lado el discurso y hechos arcaicos favor

de los derechos indígenas e ideologías atacando las buenas y nobles intenciones del alto gobierno a favor de la paz…”. Declaraban objetivo militar a dos gobernadores

ancestrales, once mamas, cuatro comunicadores y diecinueve taitas, líderes de procesos de re-existencia a nivel comunitario.

Continúan advirtiendo “… suspender de inmediato las declaraciones internas y

externas que están comprometidas al levantamiento de procesos de lucha… no nos hacemos responsables por lo que pueda pasar a los líderes del pueblo guambiano…” (Cabildo Indígena del Resguardo de Guambia, 2010).

Otro ejemplo de amenaza es aquella enviada por el ‘Movimiento Armado Nietos del Quintín Lame’ contra líderes populares y comunitarios de organizaciones de

Derechos Humanos, comunidad afrocolombiana, campesinos, periodistas, gremios

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03. EL PUEBLO MISAK

y funcionarios del Incoder – Cauca (Noticia de 18 de octubre de 2011, en www. agendapropia.com). La acción declaraba objetivo político y militar a las autoridades

del pueblo Misak, entre ellas al gobernador, al vicegobernador, al secretario y a otros

taitas y mamas con nombres y apellidos, para que abandonen unas tierras que hoy son objeto mercantil a causa del conflicto territorial existente.

En consecuencia, la presencia de estos grupos armados, junto con las amenazas

recibidas, el reclutamiento forzado y el miedo que éstas generan en la población, disparan el desplazamiento forzado que tiene serios efectos sobre el nivel de vida y la cultura de las víctimas. La pérdida de la cultura y de la relación con el territorio y la

naturaleza representa un problema grave en especial para los más jóvenes que van creciendo en un contexto diferente del lugar donde nacieron.

Por otro lado, los Cabildos Misak han constatado que han arrinconado a su población

en territorios cada vez más pequeños, recortando los límites del territorio ancestral hasta querer desplazarlos, como sucede en la actualidad (Comunicado Oficial Misak,

2010). En el caso del municipio de la María y lo expresado allí por el pueblo Misak, se presenta un claro problema de pérdida de territorios:

“De acuerdo al listado predial o catastral existen registrados 34 predios de las personas señaladas en las encuestas, correspondientes a veinticinco

propietarios. Hay 10 predios menores de 2has, 8 predios entre 2 y 3.9has, 8 predios entre 4 y 5.9has, 2 predios entre 6 y 7.9has, y 2 predios entre 8 y 9.9has, y 3 predios entre 10 y 12has. La suma total de ellos es de 136has y 9740m2. Ellos

en las encuestas declaran disponer de 68.34has, de las cuales 64.34has tienen

escritura pública, y cuatro fueron adquiridas mediante sucesión. Si se tiene en cuenta que la comunidad dispone de un promedio de 1.48has por familia, y que

la unidad agrícola familiar determinada por INCORA es de 6has. por familia,

el déficit de tierras sería de 4.52has. por familia, que multiplicadas por 313

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familias actuales, daría un total de 1.414.76has. Para una futura adjudicación de

tierras se deben tener en cuenta prioridades, empezando por las familias que no poseen tierra, luego por las que tienen menos de una hectárea, las que tienen

menos de 3has, etc. Los predios adquiridos mediante escritura pública en un 85.5% son menores de 5has, y el 66.6% son menores a 3has”.

Los Cabildos Misak lanzan continuamente comunicados de denuncias entre las que destaca la ocupación ilegal de sus territorios. Un ejemplo lo encontramos en el

caso de ‘La Reforma’, en el municipio de la Plata (Departamento del Huila), territorio ocupado el 28 de abril de 2013 por el batallón de infantería nº 27 Magdalena, de la 9ª Brigada del Ejército Nacional de Colombia. Líderes de los pueblos Misak,

Nasa y Yanakuna reclaman al Ministerio de Defensa la devolución del territorio en cuestión (Comunicado Público de mayo de 2013, en www.cric-colombia.org), pues la ocupación significa una afectación al modo de vida de sus habitantes, a su trabajo y a su libre tránsito.

Los sucesivos gobiernos colombianos ofrecen siempre la misma respuesta que

consiste en invisibilizar las demandas y silenciar las voces de organizaciones y

autoridades indígenas que luchan por los derechos humanos y la conservación de la vida. Lo hacen a partir de la complicidad con aquellos que llevan a cabo asesinatos,

amenazas, desplazamientos forzados, discriminación con base en la xenofobia y la censura y, en los últimos años, aplicando la política de la ‘Seguridad Democrática’.

Ante las amenazas recibidas, el gobierno colombiano hace caso omiso y no toma

medidas para proteger la integridad física y cultural de estas poblaciones y sus líderes y lideresas, convirtiéndose así en cómplice por acción y omisión. Su deber

es el de cumplir con las leyes y derechos consagrados en la Constitución Nacional, garantizando la vida, el respeto, la multiculturalidad y la autonomía de los pueblos, además de cumplir con los tratados internacionales, como el convenio de la OIT y

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03. EL PUEBLO MISAK

la Declaración Universal de Derechos Humanos de la ONU (Cabildo Indígena del

Resguardo de Guambia, 2010). Por el contrario, la Justicia se demora en investigar las violaciones a derechos humanos recibidas por el pueblo Misak.

MINERÍA Y FUENTES HÍDRICAS El territorio Namui Misak ha sufrido la ocupación de la industria extractiva minera, de oro y de sulfuros polimetálicos asociados, como por ejemplo azufre. En este caso, está

principalmente representada por la empresa Anglo Gold Ashanti Mines – Kedahda S. A., que solicitó 7.030 hectáreas para la exploración y explotación aurífera en la

zona minera indígena de Pisno. Las autoridades indígenas han señalado que dicha solicitud de tierras se encuentra directamente relacionada con la fuerte intervención militar que se vino notando desde el segundo semestre de 2007, observándose la

aparición de más de 3.000 hombres y el establecimiento de bases militares en los sitios de Silvia y el páramo de Moras, sector de Laguna Seca, en los municipios de Silvia y Páez (Cecoin, La Tierra contra la muerte, 2008, 357).

Las problemáticas que de ello se derivan son: la militarización, la implantación de operativos y el establecimiento de bases militares en territorio indígena en áreas concesionadas a Anglo Gold Ashanti Mines, la puesta en práctica de campañas de

desplazamiento y despojo de tierras, detenciones arbitrarias y montajes judiciales, una adecuación de la legislación minera favorable a sus intereses y una violación de la legislación colombiana en relación a la violación de la consulta previa, libre e informada de las comunidades indígenas.

En la actualidad, no existe ningún título minero otorgado en territorio Misak, aunque

sí existen solicitudes, sobre todo en algunos de los Resguardos más pequeños.

Concretamente los resguardos del Huila (donde se encuentran los municipios de La

Plata y La Argentina) se encuentran amenazados por los bloques petroleros VSM 33

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y VSM 34, aún sin adjudicar; y los municipios de Morales y Piendamó, por el bloque petrolero Cauca 5.

Por el contrario, la problemática más importante actualmente es la ocupación de su territorio ancestral y de sus lugares sagrados, como son los páramos. Este ecosistema se caracteriza por contar con grandes reservas de agua tanto en lagunas

exteriores como subterráneas. Es por ello que grandes empresas transnacionales

como Coca-cola, pretenden controlar y explotar los páramos, monetarizando un bien común que pertenece en colectivo al pueblo Misak.

NARCOTRÁFICO Y AGRO-NEGOCIO: LA NUEVA CARA DEL DESPOJO La historia de Colombia, que se ha caracterizado por ser una lucha constante por el

control de la tierra y sus recursos, muestra cómo se ha golpeado al pueblo Misak de diversas formas. En primer lugar, en cuanto a la siembra de cultivos ilícitos de coca. El

único municipio en el que se ha registrado una siembra constante de cultivos de coca es Morales, que pasó de contar con 9 has en 2005 a 118 has en 2007 (Observatorio

del P. Presidencial de DH y DIH, 2009: 8). Además, se ha registrado un incremento significativo de cultivos destinados a la siembra de amapola y marihuana de calidad.

En segundo lugar, y en la actualidad, la nueva cara del colonialismo la representan

la agroindustria y los monocultivos. En el “Plan de Vida del Resguardo Indígena de

la María” se presentan una serie de testimonios que evidencian de qué manera les ha afectado el tipo de desarrollo impuesto desde la ofensiva capitalista:

“La historia colombiana permite reconocer políticas agrarias frente a la ausencia de políticas alimenticias. Dentro de este marco, actualmente, son distinguibles al menos tres categorías generales del uso agrícola de la tierra. Esta realidad de

desalojo fue la base de la violencia rural en los años cincuenta y sesenta. En el

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03. EL PUEBLO MISAK

departamento del Cauca podemos ubicar esta agricultura en la zona plana del norte con los monocultivos de caña de azúcar de 23.286 has (URPA, 1996)”.

En dichos monocultivos se pone en práctica una tecnología que “se caracteriza por utilizar maquinaria agrícola para la reparación de suelos y la recolección de

cosechas comportando una homogeneización de los cultivos” y la obligación de

utilizar “semillas híbridas certificadas (…) y el uso intensivo de agroquímicos y herbicidas” para la fertilización del suelo, el control de plagas, de enfermedades y de la maleza.

“Las anteriores situaciones han causado la variación en el valor y uso del suelo,

en la demanda de obra asalariada, en la estructura y demanda de servicios públicos y en el comercio. La población nativa ha sido receptora de estos efectos con impacto en sus relaciones sociales, culturales, económicas y en general sobre su nivel de vida”.

AMENAZAS CULTURALES La lengua Misak, llamada Namtrik, es uno de los elementos culturales e identitarios que se ve seriamente amenazado debido a las dinámicas socioculturales en las que se ve inmersa: un bajo índice de escolarización, dificultades para consolidar un programa educativo propio que refuerce los valores culturales Misak, y la ofensiva homogeneizadora del Estado colombiano hacia todos los pueblos indígenas.

En el territorio de Guambía leen y escriben el Namtrik el 2.7% de la población,

mientras que leen y escriben castellano el 51.4%, siendo la tasa de analfabetismo del 13.5%. Sin embargo, en cuanto a su uso se constató que, en la actualidad, de los

925 habitantes Misak que forman parte de la comunidad de La María, por ejemplo, habla el idioma un 79.1% (Plan de vida del Resguardo de La María,1997). Teniendo

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en cuenta lo datos que ofrece el Plan de Vida del Pueblo de Guambía de 1995,

en aquel año el 100% de las familias hablaban la lengua, de modo que se puede afirmar, concretado en el Resguardo de la María, que hay un proceso generalizado

de pérdida paulatina de su lengua. Un ejemplo de ello es que en el interior de la familia los niños aprenden a hablar en español y su lengua sólo la aprenden después

de los cuatro años de edad. Solo el 22% de menores de cinco años hablan Namtrik. Otra importante amenaza cultural, en este caso religiosa, perpetrada desde el proceso

colonizador iniciado hace más de 500 años pero que aún persiste, lo representan las religiones cristianas y católicas y todas sus derivaciones:

“Durante el presente siglo en los territorios indígenas guambianos se han

establecido comunidades religiosas católicas y evangélicas que, con el propósito aparente de adelantar programas educativos o de lingüística, han destruido las creencias y prácticas mágico – religiosas de los indígenas. Estos pensamientos

foráneos, expresan los indígenas, “tienen otra concepción sobre el origen del hombre, quieren homogeneizar a todos con la idea de un Dios único y así irrespetar las creencias y costumbres propias de cada pueblo” (Plan de Vida del Resguardo Indígena Guambiano de La María, 1997).

En relación a ello, el pueblo Misak ha manifestado su idea de la religión como una de las principales herramientas de dominación utilizadas:

“A partir de la colonización del hombre blanco español y el sometimiento de los

pueblos indígenas, el pensamiento propio indígena empezó a cambiar. Luego la influencia que ejercen los diferentes partidos políticos, desde los inicios de la

República en el siglo pasado hasta nuestros días, contribuyen a la transformación del pensamiento propio. Por otro lado el proceso de conversión religiosa de los

indígenas al catolicismo en el siglo pasado y más recientemente la conversión a

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03. EL PUEBLO MISAK

las diferentes iglesias cristianas, han producido cambios en la forma de pensar

de los indígenas” (Plan de Vida del Resguardo Indígena Guambiano de La María, 1997).

Por otro lado, es importante señalar que la capacidad de soberanía alimentaria se

ve limitada y reducida puesto que tanto hombres como mujeres se ven obligados a trabajar en tierras ajenas, como por ejemplo en el cultivo de café, abandonando

así sus huertas familiares y dedicando esfuerzos a un trabajo poco remunerado.

Dicha situación representa una amenaza para la reproducción social y cultural de los saberes ancestrales en torno a la alimentación, pero también para la autonomía de los propios recursos agrícolas y alimentarios, entre otros:

“El hecho de que las mujeres tengan que salir a trabajar fuera de su parcela tiene consecuencias en la falta de atención a los niños menores, al no existir en

la región un adecuado y suficiente programa de bienestar para tal fin. Igualmente

tiene implicaciones en la seguridad alimentaria y nutrición de la población, ya que las huertas familiares se han reducido sensiblemente” (Plan de Vida del Resguardo Indígena Guambiano de La María, 1997).

4. LUCHAS Y RESISTENCIAS: “TODOS SOMOS, AQUÍ ESTAMOS, VENIMOS POR MILES” El pueblo Misak ha desarrollado una serie de mecanismos y estrategias de resistencia y lucha contra la violación de Derechos Humanos perpetrados contra su población

y su cultura. La construcción y presentación de un pensamiento propio como vía de denuncia de los riesgos de desaparición física y cultural les permite pronunciarse como un pueblo en re-existencia desde hace más de quinientos años.

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“El pensamiento propio nos permite mantenernos como pueblo y mantener

nuestra identidad. Anteriormente la gente vivía en rancherías, en pueblos, el vivir en pueblos quiere decir el vivir juntos, el compartir, el ser solidarios, el fortalecer los lazos familiares. El estar juntos nos permite encontrarle solución

mas fácil a los problemas y hacernos fuertes ante cualquier dificultad extraña a

la comunidad” (Plan de Vida del Resguardo Indígena Guambiano de La María, 1997).

El planteamiento recupera el espíritu de acción política de mediados del siglo XIX y de los años 70 y 80 del siglo XX, donde fueron parte activa del proceso de organización

del movimiento indígena por unos derechos, así como para dar a conocer al mundo

que son los herederos directos de las tierras ancestrales del continente Abya Yala, de la Madre Tierra. Es por ello que fundamentan su política en el Derecho Mayor, que significa la máxima autoridad y legado histórico, trayendo a colación los principios de

Territorio, Autoridad, Autonomía, Identidad y Autodeterminación, base ideológica de su lucha política por la vida, la dignidad, el respeto, la solidaridad, la soberanía y la libertad en Colombia. Este planteamiento de vida se enfrenta directamente al modelo capitalista que reproduce la invasión, el saqueo y la explotación, el desarrollismo

destructor de personas y naturaleza, la acumulación desmedida y la mercantilización de la vida. Se manifiesta así la situación de peligro en que se encuentra la vida

humana y la madre Tierra y se defiende un modelo de equilibrio y armonía entre naturaleza y seres humanos, que sólo puede conseguirse con igualdad, justicia social y con el cumplimiento de los derechos de la Madre Tierra.

El Derecho Mayor y el Plan de Pervivencia Cultural Misak son estrategias de visibilización y legitimación de la autoridad indígena frente a organismos

internacionales y nacionales, permitiéndoles solicitar investigaciones y protección inmediata ante las amenazas y ante la situación de riesgo de extinción física y cultural, como ya evidencia el Auto 004 de la Corte Constitucional de Colombia.

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03. EL PUEBLO MISAK

Los siguientes testimonios muestran esa forma de organización basada en el rescate de lo propio:

“Inicialmente se organizaron como comunidad en una junta coordinadora que dirigía, orientaba las labores a realizar y gestionaba para que se legitimaran las tierras recuperadas. Posteriormente, en 1987, el tipo de organización cambió, porque sentían la necesidad y querían rescatar la forma de organización del

cabildo. El cabildo como organización es visto como una forma de organización

más formal, es la autoridad de guía del destino de la María. Posteriormente, en 1997, la María se constituye como resguardo. El cabildo es la forma de

organizarse y gobernarse, y el resguardo es el espacio territorial en donde el cabildo ejerce su autonomía y su autoridad”.

“La forma de organizarse como comunidad indígena es de lo más autentico

del pensamiento propio. Los servidores de la comunidad son ad honorem. Los

servidores y líderes de la comunidad han mantenido la unidad de la misma.

El Cabildo como unidad organizacional ha sido clave en el mantenimiento del pensamiento propio. El trabajo comunitario es clave para mantener la unidad de la comunidad, es la escuela para formar a los niños en la forma de organizarse

y fortalecer lo económico. A todos nos toca servir a la comunidad y es un deber hacerlo. La organización es muy importante en las vidas de los Gambianos, porque el hombre no puede vivir solo, necesita siempre su complemento,

necesitamos estar juntos. “Al estar juntos y organizados tenemos la oportunidad de compartir”: ¡¡resistencia!!” (Ibid: 55)

Mirando hacia la historia de construcción del cabildo de La María, por ejemplo, se

puede encontrar una larga tradición de puesta en práctica de formas y acciones de resistencia física y cultural. Un ejemplo de ello es la siguiente experiencia:

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“El siete de agosto de 1985, treinta familias Guambianas toman posesión

de un predio, para lo cual construyeron un albergue comunitario, e iniciaron los trabajos agrícolas. Al mes de estar laborando, debido a presiones de los

propietarios y de dueños de fincas vecinas oriundos del departamento del Valle, se retiraron; luego de treinta días retomaron los trabajos coordinados por una

junta. Durante su ausencia las tierras habían sido tomadas por campesinos, lo que produjo enfrentamientos y denuncias ante los grupos guerrilleros que por esa época tenían presencia en la región, que finalmente mediaron para llegar a

acuerdos de participación conjunta. En esta forma se comenzó el proceso formal

de adquisición de la tierra ante INCORA1, como era el interés inicial del grupo

Guambiano.

(…) Luego de tal acuerdo la comunidad indígena asentada en la María debió afrontar la presión del ejército, pues fueron acusados de tener relaciones con la

guerrilla; uno de sus miembros fue detenido durante más de un mes y sólo se lo

dejó en libertad, mediante la diligencia adelantada a través de los organismos

indígenas. (…) El proceso de adquisición del predio de la María ante el INCORA culminó en 1993 con su entrega formal a la comunidad. La estabilidad del cabildo

y los logros alcanzados en el proceso de diez años de asentamiento han creado la confianza de la comunidad local y la de instituciones publicas y privadas” (Plan de Vida del Resguardo Indígena Guambiano de La María, 1997).

En la actualidad, uno de los eventos anuales donde más representación tiene el

pueblo Misak es en el Congreso de los Pueblos Indígenas. El celebrado en el mes de julio de 2010, concretamente, se realizó dentro del marco del Bicentenario de

la Independencia de la República de Colombia, celebración vacía de sentido para ellos. Como acto de protesta, el pueblo Misak convocó una movilización en forma de marcha desde el Cauca hacia Bogotá. En ella se siguieron una serie de acciones 1

Instituto Colombiano de la Reforma Agraria, en la actualidad: Incoder

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03. EL PUEBLO MISAK

donde los niños y niñas Misak tuvieron un papel protagonista, pues lideraron la

marcha en la capital seguidos por mamas, taitas y ancianos/as. El papel de los más

pequeños evidencia la importancia que tiene el transmitirles el sentido de la lucha

así como la necesidad de continuar con ella. Es la voluntad de incorporarlos a un proceso que está vivo, que no pertenece al pasado sino que mira al futuro.

Con todo ello se evidencia también la necesidad de recuperar la memoria y el territorio, parte intrínseca de la identidad, después de casi dos décadas de paréntesis en el

que ha disminuido la actividad de lucha. O como ellos mismos sugieren: “Mientras

estábamos durmiendo, habíamos estado soñando”. Se ha tomado conciencia de que la situación de dependencia del Capitalismo de abuso de los derechos de las

poblaciones ha empeorado, frente a la cual es necesario seguir reorganizándose colectivamente de forma lenta y profunda, dando a conocer la Historia y el Derecho Mayor (CRIC, 2004: 205-206). Es la vía para manifestarse como Nación, reivindicando su autonomía, su autoridad y jurisdicción así como la validez de su Plan de Vida.

Como mecanismo de resistencia cultural se ha ido elaborando y aplicando un Programa Educativo Misak que inició en la década de los años 70. Éste ha permitido construir un sistema educativo desde la cosmovisión propia, desde una espiritualidad

Misak y una visión integral del mundo (CRIC, 2004: 89) y en la lengua propia

Namtrik. Dicho programa permite trabajar desde elementos culturales y simbólicos clave en la lógica Misak, como es el huerto escolar como espacio de aprendizaje, de diálogo y de socialización entre niños/as y entre ellos/as y la Madre Tierra (CRIC,

2004: 115). Esta propuesta por una educación alternativa proyectada desde el CRIC y a través del Programa Educativo Misak, permite el fortalecimiento de la cultura

propia y se hace efectivo con métodos como la oralidad y los relatos, los sueños, la simbolización y la personificación, la analogía, la experiencia y la observación de la

naturaleza (CRIC, 2004: 188). La reacción del pueblo Misak propia de las últimas décadas vendría a ser, en palabras de Luís Guillermo Vasco, un ejemplo de “la lucha

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de los grupos subordinados contra el poder hegemónico [que] es la lucha de sus

memorias sociales contra el olvido forzado (Gnecco y Zambrano, 2000: 17).

“De acuerdo con las tradiciones de la comunidad del resguardo la educación abarca los eventos cotidianos como el trabajo, la relaciones familiares desde el “fogón”, el trabajo comunitario de “las Mingas”, el esparcimiento de los “juegos”,

el mercado cada ocho días, etc. Todas estas actividades son espacios de

socialización y de transmisión de tradiciones y valores culturales. A través de

los cuales “se construye y se hereda el pensamiento propio de generación en generación”: la educación (Plan de Vida del Resguardo de la María, 1997).

Otro mecanismo de manifestación y resistencia cultural es la producción y realización de cortometrajes animados. Por un lado se encuentra el proyecto En mi idioma, iniciado a partir del uso de nuevas tecnologías de la información y la

comunicación (TIC) y respaldado por la UNESCO y el gobierno de Colombia (COLNODO). Esta iniciativa proyectada desde las comunidades indígenas tiene como objetivos preservar y difundir la diversidad de lenguas, el libre acceso a las TIC y a la información, promover el empoderamiento y participación de las comunidades

y la extensión de una serie de herramientas pedagógicas y lúdicas desde la propia lengua. En el caso del pueblo Misak y la lengua Namtrik, se realizó un cortometraje en 2010 sobre el idioma, la cosmovisión y la cultura Misak, y sobre las principales reivindicaciones como pueblo en lucha por la vida.

Por otro lado, algunas personalidades del Cabildo de Guambia, en Silvia, comprometidas

con el ámbito de la información y la comunicación realizaron otro cortometraje titulado

«Maíz Transgénico» en el que puede observarse un mimetismo entre cultivos y gentes

Misak. Las mazorcas de maíz han sido diseñadas bajo la vestimenta típica guambiana,

transmitiendo así la idea que ser humano y alimento tienen algo en común: los dos

nacen y forman parte de la misma tierra, de la misma “madre - raíz”. Estas mazorcas

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03. EL PUEBLO MISAK

contienen códigos naturales que en el caso de ser transgénicas se ven alterados. En el caso de los y las Misak, estos códigos son, además, colectivos, adjetivo que para ellos representa el fundamento de su construcción identitaria. A través de esta

analogía entre cultura alimentaria y pueblo Misak también construyen el pensamiento y el mensaje de re-existencia como pueblo.

La relación con la tierra como forma de resistencia se manifiesta en los siguientes testimonios:

“hacer que la madre tierra pueda seguir proporcionado alimentos limpios e

ingresos a la familia en forma sostenida, conservando nuestra costumbre y creencias, dando apertura a las innovaciones tecnológicas y de los mercados, en unión y solidaridad con nuestros hermanos y vecinos de la región” (Plan de

Vida del Resguardo Indígena Guambiano de La María, 1997).

En relación a la lucha contra violaciones concretas de derechos del pueblo Misak,

como el reclutamiento forzado que lleva a cabo la guerrilla, han puesto en práctica

las siguientes acciones: el planteamiento de un debate político constante con la guerrilla; movilizaciones en protesta y para la visibilización de la problemática del

reclutamiento forzado; acciones por parte de las madres de niños reclutados, o que habían decidido reclutarse, consistente en llevarles a los hermanos menores como

estrategia de sensibilización; la aplicación de mecanismos de resocialización con base en la familia para evitar fracturas dentro de las comunidades; y la puesta en práctica de trabajos comunitarios.

Por otro lado, el Plan de Vida del Resguardo de la María también muestra diversas

estrategias que el pueblo Misak ha venido desarrollando a lo largo de los años y

que indudablemente se pueden catalogar como formas de resistencia. Entre ellas encontramos las siguientes:

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•

El respeto a la diversidad, pues el resguardo está conformado por tres grupos étnicos: Misak, Páez y campesinos, permitiendo reconocer y aprovechar la diversidad de procesos, de culturas y de realidades que cada uno tenga.

•

Aprovechamiento de los espacios para la concertación entre las diferentes

instancias de autoridad y de poder en un cabildo, para aprovechar los recursos del Estado, de las instituciones y de cada uno de los miembros de la comunidad interesados en soñar y visionar su propio plan de vida.

•

Obtención de resultados progresivos, análisis y evaluación permanente de

las actividades realizadas, como los resultados alcanzados en el terreno de la autogestión del cabildo.

•

La sistematización permanente del proceso de construcción del plan.

•

El estudio del origen étnico desde la propia comunidad, a partir de la recuperación

histórica, basado en la revisión de archivos, en la historia oral y en la arqueología.

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03. EL PUEBLO MISAK

Fotografía: Javier Sulé

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BILBIOGRAFÍA - Agenda Propia, Indígenas del pueblo Misak del municipio de Silvia, Cauca, denuncian amenazas, noticia de 18 de octubre de 2011, en www.agendapropia.com. - Cabildo Indígena del Resguardo de Guambia, 2010, Comunicado Oficial del Pueblo Misak, Silvia, 30 de abril de 2010. - Cabildo Indígena del Resguardo de La María – Piendamó – Cauca (1997), Plan de vida del Resguardo Indígena Guambiano de La María. - Centro de Cooperación Indígena (CECOIN) (2008), La Tierra contra la muerte, Conflictos Territoriales de los pueblos indígenas en Colombia. - Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), •

(2004), ¿Qué pasaría si la escuela…? 30 años de construcción de una educación propia, Programa de Educación Bilingüe e Intercultural (PEBI), Colombia: CRIC.

•

(2007), Construcción de la Propuesta del Enfoque Diferencial para la atención a víctimas indígenas en el marco del Decreto 4633.

•

(2013), ‘Huila: ocupación militar en territorio Nasa-Misak. Denuncia nueva ocupación ilegal del territorio, Comunicado público’, en www.cric-colomobia.org.

- Gnecco, Cristóbal y Zambrano, Marta (eds.) (2000), Memorias hegemónicas, memorias disidentes: el pasado como política de la historia, Colombia: Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH) y Universidad del Cauca. - Mingorance, Fidel (2012). Atlás tierras profanadas. www.geoactivismo.org - Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario - Vicepresidencia de la República (2009), Diagnóstico de la situación del pueblo indígena guambiano, en www.derechoshumanos.gov.co. - Oviedo, Alejandra, ¿Qué representa para el pueblo Misak el territorio?, Entrevista a líder indígena el pueblo Misak – Cabildo de Wampia Silvia – Cauca, publicada en www. estudiantesdoxa.com, 25 de marzo de 2012.

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03. EL PUEBLO MISAK

- Proyecto ‘En mi idioma’: www.enmiidioma.org - Tunubalá, Floro; Muelas Trochez, Juan Bautista (Guambia, 2008), Segundo plan de vida de pervivencia y crecimiento Misak. Mananasrokurri Mananasronkatik Misak Waramik, Bogotá, 2009. - TUNUBALÁ, Jeremías, Cortometraje «Maíz Transgénico»: http://www.youtube.com/ watch?v=pcL2z5JiJjo -Vasco, Luis Guillermo, •

(1997), “Conceptos básicos de la cosmovisión guambiana en relación con sus procesos de lucha”, Ponencia elaborada para el Taller de Adecuación Interinstitucional, Santa Marta, 11 a 15 de diciembre de 1996. Dirección General de Asuntos Indígenas, Ministerio del Interior, Relatoría, Bogotá.

•

(2001), Guambianos: una cultura de oro, Boletín Museo del Oro, nº 50.

- Vídeo de presentación de la movilización del 17 de julio de 2010 de la nación ancestral Misak: http://odamongd.org/node/763

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04

El Pueblo Yanakona Juan Manuel Viatela Hoyos

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Fotografía: Lina María González Fotografía: Lina María González C.

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04. EL PUEBLO YANAKONA

04. El pueblo Yanakona Por: Juan Manuel Viatela Hoyos

1. SU TERRITORIO El Pueblo Yanacona se ubica principalmente en el suroccidente del departamento

del Cauca, dentro del ecosistema estratégico conocido como Macizo Colombiano

o Estrella Fluvial Colombiana, donde nacen los principales ríos de del país

(Patía, Caquetá, Putumayo, Cauca y Magdalena). Además, se encuentran comunidades Yanaconas en departamentos como Huila, Putumayo, Valle, Quindío y Cundinamarca e, incluso, en países como España, Ecuador, Venezuela y Estados Unidos (Ver mapa 1).

Fotografía: Conchita Guerra C.

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Mapa 1. Ubicación geográfica nacional del pueblo Yanacona Fuente: Cabildo Mayor Yanacona (2012: 13). Plan de Salvaguarda del Pueblo Yanacona. Popayán: Cabildo Mayor Yanacona.

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04. EL PUEBLO YANAKONA

Los Yanacona se organizan en 4 espacios biofísicos (Ver tabla 1): •

Resguardos Ancestrales: agrupan a los Resguardos carácter colonial y republicano que se configuran como los territorios donde habitan la cultura, los

espíritus y la historia yanacona. Son espacios territoriales de carácter colectivo que tienen un título validado por el Estado colombiano. Existen 5 Resguardos

coloniales en el departamento del Cauca y 6 Resguardos republicanos (3 en el Cauca, 2 en el Huila y 1 en el Putumayo). •

Comunidades territorios rurales: son aquellas conformadas para el fortalecimiento político y organizativo como consecuencia de la expansión del territorio y del

desplazamiento de población de los resguardos ancestrales. Conviven con

otras comunidades campesinas e indígenas. En la actualidad pueden contarse 9 comunidades rurales en el Cauca, 4 en el Huila y 3 en el Putumayo. •

Comunidades territorios urbanos: surgen como consecuencia del desplazamiento de amplios sectores de la población yanacona hacia los centros urbanos.

Dicho desplazamiento fue causado, entre otros, por el conflicto armado, la instauración de nuevos modelos económicos, la falta de tierra, la búsqueda de

mejores condiciones sociales y económica y, la expoliación del territorio. Las

comunidades urbanas yanaconas resultan de la consolidación de un proceso político y organizativo encaminado a restablecer, fortalecer y mantener el legado ancestral. Al pueblo Yanacona pertenecen 4 territorios urbanos ubicados en: Popayán (Cauca), Cali (Valle del Cauca), Armenia (Quindío) y Bogotá D.C. •

Comunidades Territorios discontinuos: son espacios territoriales colectivos que,

siendo parte de los resguardos ancestrales, tienen que ser adquiridos para la reubicación de las familias.

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TABLA 1. DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LAS COMUNIDADES YANACONAS Espacios

Departamentos

Biofísicos

Resguardos y Comunidades

Total

Caquiona (municipio de Almaguer); San Sebastián Coloniales

Cauca

(municipio San Sebastián); Guachicono y Pancitará

5

(municipio de La Vega), y Rioblanco (municipio de Sotará) Santa Marta (municipio de Santa

Resguardos ancestrales

Cauca

Rosa), Papallaqta (municipio de San Sebastián) y El Oso

3

(municipio de La Sierra) Republicanos

San Agustín (municipio de San Huila

Agustín) y Rumiyaco (municipio

2

Pitalito) Putumayo

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Villa María de Anamú (municipio de Mocoa),

1

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04. EL PUEBLO YANAKONA

San Juan (municipio Bolívar), Nueva Argelia, Santa Bárbara y El Paraíso (municipio de La Cauca

Vega), Frontino, Puerta del Macizo y El Moral (municipio de

9

La Sierra), Descanse (municipio de Santa Rosa), Inti Yaku Territorios

(municipio de Rosas).

Rurales

San José (municipio de Isnos), Huila

Yacuas (municipio Palestina), Inti Llaqta y El Rosal (municipio

4

Pitalito) Yachay Wasi (municipio de Putumayo

Mocoa), Dimás Onel Majín (municipio Puerto Caicedo) y

3

Bajo Mirador (municipio de Orito) Cauca

Popayán

1

Territorios

Valle del Cauca

Cali

1

Urbanos

Quindío

Armenia

1

Cundinamarca

Bogotá D.C.

Total Resguardos y Comunidades

1 31

Fuente: Elaboración Observatorio ADPI a partir de Cabildo Mayor Yanacona (2012: 11). Plan de Salvaguarda del Pueblo Yanacona. Popayán: Cabildo Mayor Yanacona.

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2, SU POBLACIÓN Y ORGANIZACIONES Según datos propios, el Pueblo Yanacona está compuesto por un total de 45.389 personas, agrupadas en 12.324 familias pertenecientes a 31 comunidades ubicadas en 6 departamentos, un Distrito Capital y 18 municipios de Colombia (Ver tabla 2).

Se estima que el Pueblo Yanacona representan la segunda población indígena más grande del Cauca (11,76%), por debajo del Pueblo Nasa1.

TABLA 2. DISTRIBUCIÓN DEMOGRÁFICA PUEBLO YANACONA Departamento

Municipio Santa Rosa Bolívar San Sebastián Almaguer

Cauca

La Vega

Sotará

No. Habitantes

Descanse

70

476

Santa Marta

56

224

San Juan

893

3508

San Sebastián

1320

4780

Papallaqta

218

693

Caquiona

1163

3812

Pancitará

1204

4518

Guachicono

1440

5518

Santa Bárbara

95

198

El Paraíso

125

296

Nueva Argelia

85

207

Rioblanco

1992

5728

El Moral

236

938

El Oso

133

524

Puerta del Macizo

169

610

Frontino

138

623

Rosas

Intillaco

210

1150

Popayán

Popayán

330

1200

Cali

Cali

720

2280

La Sierra

Valle

Resguardo y/o Comunidad No. Familias

Esta cifra resulta de contrastar el censo propio del pueblo Yanacona que estima en 35.003 los habitantes ubicados en el departamento del Cauca y el consolidado producido por los planes de salvaguardia de los pueblos indígenas del Cauca que señala que el total de su población es de 297.529

1

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04. EL PUEBLO YANAKONA

Quindío

Armenia

Cundinamarca

Huila

Armenia

165

Bogotá D.C.

Bogotá

147

588

Isnos

San José

118

437

San Agustín

San Agustín

120

460

Palestina

Yacuas

41

246

El Rosal

118

920

Intillacta

116

553

Rumillako

80

286

Villa María de Anamú

57

311

Pitalito

Mocoa Putumayo

560

Yachai Wasi

75

401

Orito

Bajo Mirador

52

165

Puerto Caicedo

Dimás Onel Majin

30

190

50

200

Residentes

EEUU, España,

fuera de

Aruba, Ecuador,

Colombia

Venezuela

Población no actualizada en los censos de los cabildos

558

2789

Total

12324

45389

Fuente: Cabildo Mayor Yanacona (2012: 15-16). Plan de Salvaguarda del Pueblo Yanacona. Popayán: Cabildo Mayor Yanacona.

Las 31 comunidades yanaconas se organizan políticamente alrededor del Cabildo

Mayor del Pueblo Yanacona. Dicho organismo, conformado por una Junta Directiva integrada por 5 representantes elegidos comunitariamente, tiene como función principal velar por el progreso y bienestar de la región y la comunidad en general, y aplicar el Plan de Vida Yanacona. Aunque se formalizó en 1992, su actividad política puede ser rastreada desde la década de los 60, etapa en la cual

acompañaron el proceso de organización regional del CRIC. Posteriormente, en

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los años 80 y 90, llevaron a cabo un proceso de reorganización y reestructuración para, finalmente, en el nuevo siglo surgir como una estructura política con una

administración autónoma y una gestión fortalecida por la redacción y puesta en práctica del Plan de Vida Yanacona.

Además del Cabildo Mayor, el Pueblo Yanacona cuenta con otras formas de

organización entre las que se incluyen las Juntas de Acción Comunal, el Cabildo

Educativo, la Guardia Indígena, la Asamblea y la Minga, colectivos que generan

procesos organizativos de construcción del territorio y de fortalecimiento de la identidad cultural y espiritual, con el fin de hacer realidad el ejercicio de la autonomía yanacona.

3. SU COSMOLOGÍA La cosmología indígena de los pueblos del Abya Yala, en general, se sostiene sobre una relación de apropiación y reciprocidad hacia la naturaleza. Esta relación, contraria a la lógica de acumulación capitalista, genera un vínculo existencial inquebrantable

entre el hombre y el medio que lo rodea, esto es: el individuo, su comunidad y su

cultura se encuentran definido por los elementos de la naturaleza. (Camargo, 2010). La relación con la naturaleza, en el caso específico del Pueblo Yanacona, cobra vida dentro del plano de interpretación de los fenómenos naturales. Este ejercicio

exegético se alimenta de un lazo de causalidad espiritual compuesto por tres conjuntos de creencias fundacionales: la existencia de tres mundos, la importancia

esencial de las vírgenes remanecidas como guía espiritual e instrumento de orden y control social, y su relación específica con el agua.

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04. EL PUEBLO YANAKONA

LOS TRES MUNDOS El universo, en la cosmología Yanacona, está conformado por tres partes superpuestas

o mundos: el “mundo de abajo”, lugar subterráneo habitado por “tapucos”, seres humanoides que se alimentan del vapor de los alimentos.

En el espacio intermedio o “este mundo” viven las personas, plantas, animales y

algunos seres espirituales. Según la tradición Yanacona “este mundo” fue creado plano por Dios pero, como consecuencia del diluvio universal, se formaron las

montañas. Las montañas, según la misma tradición, se clasifican como: “lo caliente”, “lo cálido”, “lo frío” y “el páramo”. Esta categorización expresa un conocimiento

cercano de los pisos térmicos que se nutre de las características culturales de las comunidades ancestrales, y de los rasgos de las especies vegetales y animales que habitan el Macizo Colombiano.

El otro mundo o “mundo de arriba” es donde se encuentran Dios, los Santos y, más arriba, el Sol y la Luna. Según la cosmología Yanacona este mundo es frío.

En lo cotidiano los tres mundos se explican a partir de pares de oposiciones:

caliente/frío, arriba/abajo, humano/silvestre, entre otras. Los Yanacona utilizan

esta comprensión cultural y espiritual del mundo como marco de interpretación de acontecimientos sociales y naturales (Zambrano, 2010).

LAS VÍRGENES REMANECIDAS Las vírgenes son reconocidas como las “patronas” de las comunidades donde

aparecieron. Estos elementos, pertenecientes a la cultura católica hispánica,

han sido reapropiados y transformados en íconos de veneración y respeto que

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generan comportamientos sociales específicos.

Las vírgenes remanecidas un

papel específico en la cosmología Yanacona: transmiten el sentido de pertenencia

a un territorio y, además, marcan el inicio de un tiempo histórico determinado por la conquista española. Adicionalmente, las vírgenes tienen tres características

fundamentales: son fundadoras de pueblos, esto es, marcan el paso de la naturaleza a la cultura, resuelven conflictos y organizan la sociedad, y viven, es decir, están

estrechamente ligadas a la historia, la vida, la cotidianidad y el pensamiento del Pueblo Yanacona (Zambrano, 2010).

EL AGUA El Pueblo Yanacona tiene una íntima relación con el agua como consecuencia de las características de su territorio. Como ya se mencionó anteriormente el Macizo es el punto de nacimiento de los principales ríos del país. Además, en esta zona se encuentran diversos cuerpos lagunares, fuentes hídricas, páramos y otros elementos de importancia para la captación y el abastecimiento de agua (Camargo, 2010). Las características del contexto medioambiental Yanacona han generado que el agua sea uno de los elementos fundamentales de su cosmología. Por ejemplo, las apariciones de las vírgenes se dan sobre el agua (lagunas, quebradas, ríos). Además, según las creencias Yanaconas, cuando las vírgenes se “ponen bravas” los demuestran con lluvias, tormentas, centellas, etc. En síntesis: “las vírgenes son laguna” (Zambrano, 2000: 27). Otro rasgo de la cultura Yanacona es la estrecha relación establecida entre sus tradiciones y el agua. Visitan frecuentemente las lagunas para hacer bautizos, armonizaciones y refrescamiento de varas de mando. En estas ceremonias, a las que asisten todos los miembros de la comunidad, agradecen, hacen peticiones y se comunican espiritualmente con sus dioses. (Camargo, 2010).

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04. EL PUEBLO YANAKONA

4. SUS PRINCIPALES RIESGOS DE EXTINCIÓN FÍSICA Y CULTURAL El Plan de Salvaguarda Yanacona (PSY), formulado en diciembre de 2012, determinó,

siguiendo los lineamientos del Auto 004 de la Corte Constitucional, 4 categorías o líneas gruesas de afectación y efectos colaterales que el conflicto armado

ha infligido sobre sus ciclos de vida y principios del Plan de Vida (tierra, unidad, cultura e identidad): (1) presencia de grupos armados en el territorio circunstancia

que produjo, entre otros, el debilitamiento de la economía propia y de los procesos de organización y autodeterminación, la adopción de nuevas prácticas culturales,

el desconocimiento de la autoridad tradicional y el desplazamiento forzado de los territorios sagrados Yanaconas; (2) presencia de cultivos de uso ilícito, fenómeno

que condujo a las fumigaciones aéreas, a la presencia de foráneos en los territorios ancestrales y al cambio de la lógica del modelo económico propio; (3) exploración y

explotación de recursos naturales, presencia de multinacionales mineras y minería ilegal en territorios indígenas; y, (4) implementación de políticas, programas y

proyectos sociales inconsultos, acción que debilitó de manera permanente el sentir, pensar y actuar como Yanacona (Cabildo Mayor Yanacona, 2012).

PRESENCIA DE GRUPOS ARMADOS EN EL TERRITORIO YANACONA La presencia de grupos armados en el territorio Yanacona corresponde a la misma

lógica de confrontación armada de todo el Cauca, es decir, a la confluencia de las guerrillas de las Farc y el Eln, la presencia de grupos paramilitares en la región y el aumento del pie de fuerza pública. Todos estos actores armados expresaron

una escalada de confrontación desde inicio de 2000 que generó multiplicidad de violaciones a los Derechos Humanos y colectivos de las poblaciones indígenas.

En este contexto, los principales grupos armados, legales e ilegales, que ha hecho presencia en el territorio Yanacona son:

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Grupos Armados Insurgentes: el M-19 fue el primer grupo guerrillero que

incursionó en la zona del Macizo colombiano, en la década de los 80. Hasta su desmovilización, en 1990, desarrollaron acciones político ideológicas buscando

adeptos que ingresaran en sus filas. Posteriormente, las FARC y el ELN ingresaron en los territorios indígenas. Estos grupos armados realizaron, y realizan, actos

de limpieza social, reclutan jóvenes, efectúan juicios y ejecuciones sumarias, buscando imponer un orden que, además de romper la armonía de las comunidades y someterlas a una situación de alta vulnerabilidad, contradice los principios de autonomía, autodeterminación y control social del Pueblo Yanacona (Cabildo Mayor Yanacona, 2012).

En la actualidad, dentro de los territorios habitado por los yanaconas se encuentra

el Comando Conjunto de Occidente de las FARC, específicamente los frentes 8, 60

y 44. Además, hacen presencia regular los frentes Jacobo Arenas, Arturo Medina, Cacique Gaitana, la compañía móvil Lucho Quintero Giraldo, la columna Teófilo Forero y el frente 13 proveniente del Huila. Por su parte, el ELN actúa a través del

frente Manuel Vásquez Castaño, que hace parte del frente de Guerra Suroccidental y la columna móvil Camilo Cienfuegos (Observatorio del Programa Presidencial de DH y DIH, 2009).

Grupos de autodefensas y bandas criminales: los grupos paramilitares aparecieron

en la zona a finales de los noventa a través de las Autodefensas Campesinas de

Ortega –dirigidas por Ruvinder Becoche alias El Mono y Lizardo Jair Becoche-. Este grupo armado ilegal se desmovilizó en diciembre de 2003 (167 combatientes

entregaron 49 armas y 1.517 unidades de munición). No obstante, a partir del 2006 han surgido en el sector bandas emergentes o neoparamilitares entre las que se cuentan el Bloque Sur Independiente –conformado por exintegrantes del Bloque Calima-, las Águilas Negras y los Rastrojos (Observatorio del Programa Presidencial de DH y DIH, 2009).

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Fuerza Pública: según el Plan de Salvaguarda del Pueblo Yanacona la fuerza pública

incursionó en el macizo colombiano de forma intimidatoria, acusando a los indígenas

de colaboradores de la guerrilla. Además, los soldados y policías han instalado sus campamentos en sitios públicos (escuelas, espacios deportivos) y territorios sagrados

generando que la población civil se convierta en blanco de los grupos insurgentes y paramilitares. Finalmente, se han presentado casos en que miembros de las fuerzas militares han enamorado y embarazado a mujeres yanacona, sin responder por el cuidado y protección de sus hijos (Cabildo Mayor Yanacona, 2012).

Actualmente, la fuerza pública hace presencia en la zona a través de la III División

del Ejército (Vigésima Novena Brigada). Además realizan patrullajes constantes

el Batallón de Infantería No. 7 Gr. José Hilario López, la Brigada Móvil No. 6 y el Gaula. En 2003, el Ejército Nacional instaló el Batallón de Alta Montaña Benjamín Herrera en el corregimiento de Valencia (San Sebastián) con el propósito de vigilar el corredor estratégico entre Huila y Nariño (Observatorio del Programa Presidencial de DH y DIH, 2009).

PRINCIPALES AFECTACIONES PRODUCTO DEL CONFLICTO ARMADO El Plan de Salvaguardia Yanacona determinó 47 tipologías de delitos2 enmarcados

dentro de las categorías establecidas por el Auto 004 de la Corte Constitucional y las 4 líneas gruesas de afectación construidas por el Pueblo Yanacona. Dentro de las 47

categorías delictivas fueron contabilizados 1.412 hechos. Sin embargo, es necesario aclarar que en muchos de los casos fueron detectadas victimizaciones múltiples,

2 Dentro de la tipología de delitos se identifican: abandono de map/muse, abuso de autoridad, abuso de confianza, activación granada, afectación psicológica, agresión física y verbal, allanamientos, amedrentamiento, amenazas, asesinato, atentado, castigo forzado, confinamiento, consumo de psicoactivos, control a las prácticas culturales, control movilidad de alimentos, medicamentos y combustibles, cultivo de coca y amapola, desaparición forzada, desplazamiento, despojo territorial, detención arbitraria, empadronamiento, enamoramientos, enfrentamientos, extorsión, falso positivo, fumigaciones aéreas, homicidio, hostigamientos, hurto, lesiones personales, masacre, militarización del territorio ancestral, ocupación de las vías, ocupación IE centros educativos, viviendas y parcelas, ocupación, daño a sitios sagrados y cultivos de pan coger, privación de la libertad, reclutamiento, retención, secuestro, señalamientos, suplantación de autoridad, tortura, trabajo forzado, violación, violación DDIHH y violación a la libre circulación.

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esto es, personas, familias o comunidades que fueron afectadas por dos, tres, cuatro y hasta cinco delitos diferentes.

Los 1.412 hechos representan la violación de los DH y el DIH de 4.636 individuos, 227 afectaciones a familias y 285 crímenes cometidos contra 22 comunidades indígenas –compuestas por un total de 29.969 comuneros- (Cabildo Mayor Yanacona, 2012).

La tipología construida por el Pueblo Yanacona permite concluir que el desplazamiento (15,79), las amenazas (12,68%), los asesinatos (10,55%), los homicidios (7,79%), la

militarización del territorio ancestral (5,81%), las fumigaciones aéreas (5,59%), los señalamientos (4,11%) y el reclutamiento (3,82%), fueron los delitos más cometidos.

En total, este grupo de crímenes suma el 66,15% del total de hechos reportados (Ver gráfica 1).

GRÁFICA 1: DELITOS DE MAYOR AFECTACIÓN PARA EL PUEBLO YANACONA EN PORCENTAJES

Fuente: Elaboración Observatorio ADPI a partir de Cabildo Mayor Yanacona (2012). Plan de Salvaguarda del Pueblo Yanacona. Popayán: Cabildo Mayor Yanacona, Anexo 1. Tipología consolidada de los casos de violaciones.

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Por otra parte, un análisis desde una perspectiva de género demuestra que mientras las mujeres fueron más afectadas por los delitos de asesinatos (113), amenazas (112), homicidio (95), desplazamiento (69) y señalamientos (46), los hombres lo

fueron por desplazamiento (79), amenazas (45), asesinatos (16), homicidio (15) y reclutamiento (11) (Ver gráfica 2).

GRÁFICA 2: AFECTACIONES DISCRIMINADAS POR GÉNERO

Fuente: Elaboración Observatorio ADPI a partir de Cabildo Mayor Yanacona (2012). Plan de Salvaguarda del Pueblo Yanacona. Popayán: Cabildo Mayor Yanacona, Anexo 1. Tipología consolidada de los casos de violaciones

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Respecto a la gráfica anterior es necesario subrayar que, en el conjunto de los seis delitos analizados, se observa que las mujeres han sido más afectadas que los hombres. Así, mientras ellas son víctimas en 455 ocasiones, ellos lo son en 166.

Respecto a los delitos de afectación colectiva, el Plan de Salvaguarda Yanacona concluye que las comunidades han sido víctimas de los crímenes de militarización

del territorio ancestral (82), fumigaciones aéreas (79), confrontaciones armadas (37), amenazas (22) y ocupación de la vías (20), mientras que las estructuras familiares han sido afligidas por eventos de desplazamiento (75), ocupación de centros educativos

y viviendas (18), señalamientos (8), confinamiento (8) y retención y trabajo forzado (6). (Cabildo Mayor Yanacona, 2012).

Finalmente, respecto a los victimarios el Plan de Salvaguardia señala que el

Ejército Nacional (28,70%), los grupos guerrilleros (27,83%), grupos armados sin identificar (11,30%), la delincuencia común (8,70%), la Policía Nacional (7,83%) y los paramilitares (3,48) han sido los actores involucrados en el mayor número

de delitos3 (Ver Gráfica 3). Hay que añadir que en la categoría otros (12,17%) se

incluyen grupos de narcotraficantes, bandas criminales, foráneos, multinacionales y el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS)

3 Es necesario tener en cuenta que diferentes actores pueden ser responsables del mismo delito.

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GRÁFICA 3: VICTIMARIOS DE LAS AFECTACIONES AL PUEBLO YANACONA EN PORCENTAJES

Fuente: Elaboración Observatorio ADPI a partir de Cabildo Mayor Yanacona (2012). Plan de Salvaguarda del Pueblo Yanacona. Popayán: Cabildo Mayor Yanacona, Anexo 1. Tipología consolidada de los casos de violaciones.

MÁS ALLÁ DE LAS CIFRAS… La información cuantitativa incluida en el Plan de Salvaguarda conduce a una conclusión sólida: los crímenes contra el Pueblo Yanacona han sido sistemáticos

y continuados en el tiempo, siendo las principales afectaciones el desplazamiento

y los delitos contra la vida cometidos por agentes del Ejército Nacional y los grupos guerrilleros. No obstante, es necesario complementar las cifras con casos

específicos de violaciones de DH y DIH que logren dimensionar la situación que

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viven actualmente las comunidades Yanaconas. A este respecto en este apartado se incluirá información sobre: crímenes contra la vida, desplazamiento y fumigaciones

de cultivos ilícitos. Las fuentes utilizadas para este ejercicio fueron: la base de

datos noche y niebla del Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP), las páginas web de diferentes organizaciones indígenas (CRIC, ACIN, CRIHU) y otras investigaciones relevantes, producidas desde la academia.

CRÍMENES CONTRA LA VIDA Según la base de datos noche y niebla, entre el 2002 y el 2012 fueron reportados 8 homicidios en persona protegida del Pueblo Yanacona, en los departamentos del Cauca y Putumayo: •

El 13 de mayo de 2002 en el municipio de La Vega (Cauca), miembros de un

grupo armado no identificado asesinaron, de tres heridas con arma blanca, a Jesús Mamian, Gobernador indígena del Resguardo El Paraíso, cuando salía de una reunión con su comunidad.

•

El 8 de noviembre de 2004 en La Sierra (Cauca), cuatro integrantes de las

FARC asesinaron a Plinio Piamba Jiménez, Gobernador del Cabildo Indígena

Yanacona de Frontino, y a su hijo de 17 años. Piamba había desempeñado

cargos como concejal de La Sierra por la Alianza Social Indígena, presidente de

la Junta de Acción Comunal de su vereda y Gobernador del cabildo de Frontino. Además había pertenecido a la Asociación de Caficultores del mismo municipio y era líder de varios proyectos sociales. •

El 24 de diciembre de 2004 en Orito (Putumayo), integrantes de un grupo

armado no identificado asesinaron en su lugar de residencia a Digna Aramita, dirigente del Cabildo Indígena Yanacona de Bajo Mirador.

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•

El 17 de enero de 2005 en San Juan (Cauca), Presuntos insurgentes del ELN,

retuvieron y posteriormente asesinaron a Édgar Samboní, Hermes Córdoba Samboní, John Freddy Samboní y César Samboní indígenas yanaconas cuyas

edades oscilaban entre los 16 y 24 años. Dos de los muertos, Presentaban señales de haber sido amarrados. Dos de los cuerpos fueron hallados en el

sector de Granadillos, corregimiento de San Juan. Las otras dos víctimas fueron halladas en el vecino departamento de Nariño, en jurisdicción de San

Pablo. Hermes Córdoba Samboní, una de las víctimas, se desempeñaba como vicepresidente de la Junta de Acción Comunal del barrio Las Cruces

(corregimiento de San Juan). Por su parte, Édgar Samboní pertenecía al cabildo de San José de Isnos (Huila) y se encontraba de vacaciones. Según la fuente, el grupo de indígenas se había trasladado el 11 de enero hacia un lugar conocido como Granadillo, desde ese día se encontraban desaparecidos.

A lo anterior es necesario añadir que el 27 de octubre de 2011 el CRIHU reportó que, el 7 de octubre del mismo año, fue asesinada una pareja indígena del Pueblo Yanacona en la vía que conduce de Pitalito a Popayán. Según Eduardo Ayana,

coordinador de la jurisdicción especial del CRIHU, aunque son pocos los casos de asesinato reportados en el Huila, existe un subregistro pues las comunidades

indígenas no realizan las denuncias respectivas. Además, agrega Ayana, “también

ha habido casos de desaparecidos y constantes amenazas de grupos armados y por parte del Gobierno con persecución de líderes Yanaconas y Nasas de San Agustín y Pitalito.” (Salazar, 2011).

Otra de las afectaciones contra la vida tiene que ver con las amenazas, atentados, persecuciones y detenciones ilegales que ha sufrido el Pueblo Yanacona, por parte de

grupos armados ilegales o de agentes del Estado. Durante el mismo período (20022012) la base de datos noche y niebla reporta los siguientes casos emblemáticos:

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•

El 7 de febrero de 2003 en los municipios de Bolívar y San Juan (Cauca), Tropas

del Batallón de Infantería 7 general José Hilario López amenazaron en horas de la mañana a los pobladores del resguardo indígena Yanacona, ubicado

en la inspección de policía San Juan. Según la fuente, momentos antes de

producirse las amenazas se había presentado un combate entre el Ejército y

guerrilleros del Frente Camilo Cienfuegos del ELN: “Después de los cuales el

Ejército Nacional humilló y sindicó a algunas de las personas que viven en el lugar de ser auxiliadores de la guerrilla (...) los miembros del Ejército ingresaron

a las casas de habitación cercanas al lugar de los hechos saqueando algunas de ellas, llevándose sin consentimiento de los propietarios dinero en efectivo

y víveres, a la vez que lanzaban insultos a las personas y afirmaciones donde manifestaban que los propietarios de las viviendas eran colaboradores de la

guerrilla, por lo que debían matarlos. Igualmente amenazaron con asesinar al señor Gerardo Humberto Macías, Rafael Chilito y Héctor Bolívar Samboní entre

otros, también con el argumento de ser colaboradores de la guerrilla. Esto no se hizo gracias al clamor de los niños y familiares de los afectados”. Agrega la

fuente que igualmente “los miembros del Ejército entraron a la casa del señor Ciro Imbachí, quien en este momento se desempeña como tesorero del cabildo

mayor Yanacona y a la vez es concejal del municipio de Bolívar, en donde

tomaron su cédula varias veces y telefónicamente gritaban que sí era el señor. Afortunadamente el compañero Ciro no se encontraba en la ciudad de Bolívar”. •

El 13 de febrero de 2003 en Bolívar y San Juan (Cauca), paramilitares del

Bloque Calima de las AUC amenazaron de muerte, mediante un comunicado, a Clímaco Álvarez y a su familia. La amenaza se hizo extensiva a los miembros

del resguardo indígena Yanacona. Clímaco era Gobernador Mayor del Cabildo Yanacona y también concejal de San Sebastián (Cauca).

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•

El 26 de septiembre de 2003 en el municipio de Mocoa (Putumayo), miembros del

Ejército Nacional, DAS y CTI detuvieron arbitrariamente a cinco líderes indígenas.

Entre ellos se encontraban Arcadio Mutumbajoy Muchavisoy vicepresidente de la Organización Zonal Indígena del Putumayo (OZIP), Prospero Quinaya Astudillo vicegobernador Yanacona y Gentil Quinayas exgobernador Yanacona y coordinador del Plan de Vida del mismo pueblo. Las víctimas fueron sindicadas

de ser miembros activos de las milicias bolivarianas de las FARC-EP. Este no ha sido el único caso de detenciones ilegales sufridas por el pueblo Yanacona.

La Corporación Observatorio Surcolombiano de Derechos Humanos y Violencia

(OBSURDH) denunció que, entre el 24 de julio y el 9 de agosto de 2011, fueron capturados en San Agustín (Huila) 10 campesinos e indígenas señalados como auxiliadores de la guerrilla (Salazar, 2011). •

El 27 de agosto de 2009 en Armenia (Quindío) se hace pública la amenaza de

muerte de la que fue víctima en los últimos días el líder indígena del pueblo Yanacona José Bayardo, a través de un mensaje de texto a su celular.

•

El día 2 de febrero de 2010 fue perpetrado un atentado contra la vida de Álvaro

Anacona, Exgobenador Mayor del Pueblo Yanacona y actual Consejero Mayor del CRIC. El atentado fue perpetrado en el contexto de las movilizaciones

organizadas por la Consejería Mayor del CRIC, las Autoridades Tradicionales

Indígenas del Cauca y las comunidades quienes marcharon pacíficamente respondiendo a la declaratoria de Emergencia Territorial y Educativa, emitida en la Junta Directiva Regional de Cabildos, el 18 de enero de 2010 (France Amerique Latine, 2010).

Una mención aparte merece la disputa entre el Pueblo Yanacona y el Instituto Nacional

de Antropología Historia (ICANH) por territorios ancestrales que en la actualidad hacen parte del Parque Arqueológico San Agustín. El conflicto gira alrededor de

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la utilización que campesinos e indígenas hacen de una vía que está ubicada en

la zona de protección del parque. Dicha vía, de algo más de 200 metros, ubicada en un costado del resguardo indígena de la vereda Nueva Zelanda, es utilizada por 120 familias. El ICAHN alega que el camino fue construido por los indígenas poniendo en peligro la integridad del parque (declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1995). No obstante, la autoridades indígenas Yanaconas señalan

que la trocha no fue construida por la comunidad. Según Jair Quinayas, Taita del

Resguardo “aquí había un camino real que se hizo vía para la policía, incluso se hizo un helipuerto” (Cabildo Indígena Yanacona de Santiago de Cali, 2011). A esto hay que añadir que para la comunidad Yanacona la mencionada carretera “lleva [a

los indígenas] a su territorio, para ellos es su tierra porque desde su cosmovisión la tierra no tiene porque tener intereses particulares, por eso sienten el derecho de poder utilizarla, más cuando ya está creada y es útil para mantener sus condiciones de vida” (Cabildo Indígena Yanacona de Santiago de Cali, 2011).

El enfrentamiento entre la comunidad Yanacona y el ICAHN ha tenido dos momentos de máxima tensión. El 8 de febrero de 2011 ocho indígenas resultados heridos cuando trataban de impedir el cierre de la mencionada vía por el sector de La Estación. El

ESMAD lanzó gases lacrimógenos dejando varios heridos, entre ellos, dos niños.

Además, afectó a mujeres y mayores de la comunidad y retuvo ilegalmente a varios comuneros. (Trujillo, 2012).

Nuevos enfrentamientos se presentaron el 22 de mayo. En el marco del Día de la Diversidad Cultural ejercicio de liberación de la madre tierra y exigencia de territorio

ancestral en San Agustín Huila, alrededor de 200 indígenas Yanaconas, Misak y Nasa marcharon hacia la vereda Nueva Zelanda para hacer el reclamo legítimo de los predios ancestrales aledaños al Parque Arqueológico. Ante este hecho, policías

del ESMAD bloquearon la vía y agredieron a la población, causando 10 heridos de consideración (ONIC, 2013).

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DESPLAZAMIENTO Según el Diagnóstico de la situación del Pueblo Indígena Yanacona elaborado por

el Observatorio del Programa Presidencial de DH y DIH durante el período 20032008, en la zona habitada por las comunidades Yanaconas (solo los municipios pertenecientes al departamento del Cauca) el total de indígenas desplazados fue de

1.180. En los seis años considerados se presentó una aumento del 297%, al pasar

de 60 indígenas expulsados en 2003 a 238 en 2008. El año donde el fenómeno fue más intenso fue 2005, período en el cual un total de 265 indígenas fueron obligados a desplazarse de sus municipios, corregimientos y veredas (Ver gráfica 4). La mayoría de los desplazamientos de población indígena (94%) se presentó en

los municipios de La Vega (33% con 391 indígenas), Santa Rosa (30% con 357),

Almaguer (12% con 139), Sotará (10% con 113 indígenas) y San Sebastián (9% con 112) (Observatorio del Programa Presidencial de DH y DIH, 2009).

GRÁFICA 4: AFECTACIONES POR DESPLAZAMIENTO EN LAS COMUNIDADES YANACONAS DEL CAUCA (2003 - 2008)

Fuente: Elaboración Observatorio ADPI a partir de Observatorio del Programa Presidencial de DH y DIH (2009: 15).

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La anterior información debe ser complementada por los datos incluidos dentro

del Plan de Salvaguarda Yanacona4. Según este documento, basado en una

aproximación cualitativa, la situación de desplazamiento dentro de las diferentes comunidades Yanaconas fue la siguiente:

En 2008 fueron reportados 8 casos de desplazamiento forzoso en los Cabildos

Indígenas Yanaconas de San Sebastián, Dimas Onel Magín, El Rosal, Puertas del

Macizo y en el Cabildo Indígena de San Agustín (Huila). Dichos desplazamientos fueron causados por el ELN (2), las FARC (4), los paramilitares (1) y grupos

armados sin identificar (1). De los anteriores casos de desplazamiento solo dos fueron denunciados.

En 2009 ocurrieron 2 casos de desplazamiento en el Resguardo de San Sebastián provocados por el ELN. Ninguno de los casos fue denunciado.

En 2010 se registraron 5 casos de desplazamiento en los Cabildos Indígenas

Yanaconas de Intiyaku (Rosas, Cauca) y Yachay Wasy (Huila), y en el Resguardo de San Sebastián. Estos crímenes fueron cometidos por el ELN (3), delincuencia común (1) y grupos armados sin identificar (1). Solo uno de los eventos fue denunciado a las autoridades.

En 2011 fueron documentados 8 casos. 7 de ellos ocurrieron en el Resguardo

de San Sebastián, producto de la presencia del ELN. Un más, ocurrido en el

Cabildo de El Rosal, fue perpetrado por las FARC. Ninguno de los eventos fue denunciado oficialmente.

El desplazamiento forzado, una de la principales afectaciones a la pervivencia

comunidades Yanacona, tiene diferentes causas. Un líder Yanacona lo explica en 4 Es necesario aclarar que el Plan de Salvaguardia no realiza un conteo exhaustivo de los casos de desplazamiento. Por el contrario, documenta casos emblemáticos que, en su mayoría, no han sido denunciados ante las autoridades.

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estos términos: “En primer lugar, porque este territorio está solicitado en concesión para explotación minera. Además, hay afectaciones por el conflicto armado ya que han asesinado a más de seis comuneros, dentro de los que se encuentra una mujer que fue sacada de la asamblea comunitaria y asesinada por grupos de la guerrilla.

Hubo también un intento de homicidio contra una autoridad de la comunidad. La

persona fue abaleada en un cruce de caminos de la carretera central, cuando

salía de la comunidad. Adicionalmente, se están presentando desplazamientos por amenazas de grupos armados; ocupación de los espacios escolares comunitarios por parte de las Fuerzas Armadas, situación que es grave porque también han

dejado artefactos o materiales de guerra en las instituciones educativas. Aunque se ha reportado a las autoridades correspondientes estos hechos, no ha habido ninguna respuesta hasta el momento.” (CRIC, 2013).

Así, es posible concluir que el desplazamiento ha sido, y es, una estrategia de terror utilizada por todos los actores armados ilegales y legales –y, además, las

multinacionales- para obtener beneficios propios; sean estos propiedad territorial, explotaciones de recursos naturales, rutas de narcotráfico, posiciones militares estratégicas o una combinación de todos los anteriores. Al final lo que menos les

importa es infligir un daño irreparable contra las comunidades indígenas y sus territorios ancestrales y sagrados.

CULTIVOS ILÍCITOS Y FUMIGACIONES AÉREAS En 1989 fueron introducidos cultivos de amapola dentro del territorio ancestral del Pueblo Yanacona, como una alternativa económica para las comunidades indígenas

que sufrían altos índices de necesidades básicas insatisfechas como consecuencia

del olvido y la indiferencia del estado central. La bonanza económica generada por dichos cultivos dio paso a una de las etapas de violencia más álgidas recordadas

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por los yanaconas. Los grupos armados insurgentes, atraídos por la rentabilidad del negocio, tomaron el control de los territorios e impusieron sus normas y disciplina,

vulnerando el ejercicio de autonomía y autodeterminación del pueblo yanacona. Aunque también existen cultivos de coca, estos son utilizados en menor proporción

como fuente de ingresos económicos. Sin embargo, como se mencionó en la

introducción de esta investigación, es necesario aclarar que la planta de coca ha

estado siempre presente dentro de las comunidades yanaconas, las cuales utilizan sus hojas con fines ceremoniales y medicinales (Cabildo Mayor Yanacona, 2012).

Una aproximación cuantitativa demuestra que dentro del territorio Yanacona no han existido grandes extensiones de cultivos de coca. De acuerdo con el censo de cultivos de coca elaborado por el proyecto SIMCI II, en el período 2007-2011, los municipios donde habitan comunidades yanaconas en el Cauca (Almaguer, Bolívar, La Sierra, La

Vega, Rosas, San Sebastián, Santa Rosa, Sotará) tuvieron una presencia reducida de hectáreas cultivadas con coca (Ver gráfica 5). (UNODC, 2012).

GRÁFICA 5: HECTÁREAS DE CULTIVOS DE COCA EN TERRITORIOS YANACONA (2007 - 2011)

Fuente: Elaboración Observatorio ADPI a partir de Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (UNODC, 2012: 51-54).

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Como lo indica la gráfica 5, el municipio de Bolívar ha concentrado el mayor número de hectáreas cultivadas de coca, siendo el 2010 el año de mayor

extensión (142). No obstante, la tendencia del cultivo es decreciente y en este mismo municipio disminuyó hasta solo 16 hectáreas cultivadas en 2011.

De acuerdo con el Plan de Salvaguardia del Pueblo Yanacona, la presencia de cultivos ilícitos en sus territorios ancestrales ha tenido como consecuencia afectaciones directas sobre los cuatro principios fundamentales de su Plan de

Vida: el principio de identidad ha sido vulnerado por el debilitamiento de su

autodeterminación como pueblo; el principio de unidad ha sufrido a partir del debilitamiento del proceso organizativo; las afectaciones del principio de cultura

han producido la adopción de nuevas prácticas culturales y el debilitamiento de

prácticas económicas propias; y, el principio de territorio ha sido minado por la presencia de foráneos (entre ellos intermediarios, comerciantes, capitalistas y grupos armados legales e ilegales), la transformación del modelo económico y las fumigaciones aéreas (Cabildo Mayor Yanacona, 2012).

Sin duda alguna, las fumigaciones aéreas han sido la principal afectación para

el Pueblo Yanacona. El Estado, en 2000, comenzó a utilizar esta estrategia – incluida dentro del Plan Colombia y otros acuerdos de lucha contra las drogaspara erradicar, principalmente, las plantaciones de amapola sembradas dentro

de territorios ancestrales. Sin embargo, según los yanaconas las fumigaciones nunca se justificaron pues su extensión era mínima y, además, generaron daños

irreparables en los terrenos. Un comunero Yanacona, citado por Camargo lo expresa en los siguientes términos: “En ese tiempo era la amapola, pero no era

en cantidades, tenía por ahí mínimo un cuarto de hectárea, no era tanto y de

eso fumigaban derecho. Por ejemplo, si a una distancia de dos hectáreas había un lote y a las otras dos otro pedacito, pasaban derecho. Ahí es cuando vino el

problema, se secaron los pastos. Esto fue en el 2000 para el 2001, ya nueve

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años; y ya desde esos tiempos no podemos tener cultivos orgánicos, porque

ya a todo nos toca meterle químico porque las plagas que quedaron por las fumigaciones no dejan.” (2010: 101).

Por otra parte, las fumigaciones también causaron problemas de salud en los pobladores, principalmente los niños. Muchos de ellos sufrieron enfermedades en la piel, respiratorias, estomacales y oculares. Incluso luego de ser atendidos

en los centros de salud su malestar persistía porque sus hogares estaban contaminados por hongos y plagas producidas por las fumigaciones. Otro

comunero Yanacona explica la situación: “por causa de las fumigaciones,

llegaron muchas enfermedades, los niños les llegaban una infección en el cuerpo, rasquiñas, sarnas, rasquiñas en las vistas, hasta muchos se enfermaban y ya no tuvieron remedio; otros de respiración, plagas que quedaron en los cultivos, ya no se puede cultivar una mata orgánica porque ya no se da, las plagas se la comen.” (Camargo 2010: 103).

Adicionalmente, las fumigaciones produjeron la contaminación del agua de

las partes altas (el río Caquetá, la laguna de la Magdalena y el río del mismo nombre), llevando a que los Yanaconas no pudieran utilizar las aguas de abajo ni

para uso personal ni para la preparación de alimentos. Asimismo, la bocatoma del acueducto resultó afectada produciendo la contaminación del agua potable. La

narración de uno de los comuneros es contundente: “El agua quedo contaminada,

ya uno no puede bañarse como lo hacía antes, el agua que se cogía del pozo se lavaba la cara y nada le sucedía, ahora toca hervirla porque salen infecciones en el cuerpo, entonces, eso es grave” (Camargo 2010: 103).

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PROYECTOS ESTATALES QUE AFECTAN LOS TERRITORIOS SAGRADOS YANACONA Son dos los proyectos estatales que han afectado los territorios sagrados yanacona: Declaratoria del Macizo Colombiano como patrimonio ambiental y ecológico (Proyecto de Ley 59 de 2009): mediante esta iniciativa la Comisión Tercera de la Cámara de Representantes pretendía declarar el Macizo como patrimonio ambiental

y, además, crear la Comisión Intersectorial del Macizo Colombiano, organismo que

estaría compuesto por el Director del Departamento Nacional de Planeación, el

Ministro de Ambiente, el Ministro de Agricultura, el Ministro de Minas y Energía, dos representantes de las Corporaciones Autónomas Regionales con jurisdicción en el Macizo Colombiano, dos Gobernadores con jurisdicción en el Macizo Colombiano,

cuatro Alcaldes con jurisdicción en el Macizo Colombiano, el Director del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, el Director del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, el Director de Parques Nacionales Naturales de Colombia

y cuatro representantes de la sociedad civil incluyendo uno de las organizaciones ambientales, uno de las comunidades indígenas, uno de las organizaciones campesinas y uno de los gremios de la producción.

La Comisión tenía como propósito principal formular y ejecutar un plan de influencia

del Macizo Colombiano que recuperara, regulara, conservara y protegiera el ambiente, la diversidad y el desarrollo socioeconómico sostenible de la población.

La ejecución de dicho plan de influencia, evidentemente, ponía en peligro la pervivencia de las comunidades indígenas que habitan el Macizo Colombiano. En

primer lugar, atentaba directamente contra la autonomía y autodeterminación de los pueblos ancestrales para tomar decisiones sobre sus territorios sagrados; en segundo lugar, nunca fue consultado con los Cabildos Indígenas afectados; y, en

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tercer lugar, pretendía dar paso a proyectos privados de explotación minera e hídrica. En palabras de un comunero yanacona: “(…) con ello pretenden asegurar el territorio

para la ejecución de proyectos de privatización de la naturaleza promovidos como zonas de defensa de la “biodiversidad”, parques nacionales, proyectos forestales o

de preservación de páramos y cuencas, especialmente para garantizar el desarrollo

de la gran minería, como la aurífera o el control del mercado del agua.” (CRIC, 2010). Huelga mencionar que el Proyecto de Ley 59 nunca fue aprobado en plenaria por el legislativo.

Corredores biológicos: el Plan de Acción Trienal 2007-2009 de la Corporación

Autónoma Regional del Cauca (CRC) y Parques Nacionales Naturales (PNN) estableció la demarcación de un corredor biológico entre la Serranía de los

Churumbelos y la Cueva de los Guácharos, ubicado entre la media y baja bota

Caucana. Según el CRC éste es un ecosistema en alto peligro de intervención como

consecuencia de la presión ejercida por el cinturón de colonización ubicado entre los ejes viales Mocoa – Pitalito y Florencia Mocoa. Además, el Plan señalaba que era necesario realizar un esfuerzo de conservación y protección de el corredor biológico que comunica dos ecoregiones, la Andina y la Amazonia (CRC, 2007).

En la práctica, los esfuerzos de conservación y protección del corredor biológico

se tradujeron en amenazas y desalojos a los comuneros indígenas que habitan

la zona. En marzo de 2009, en la vereda de Monterredondo, jurisdicción de los Resguardos Indígenas de Guachicono y San Sebastián, funcionarios del CRC

ordenaron abusivamente desalojos en territorio ancestral yanacona y, además, ofrecieron dádivas a algunos comuneros para aceptar la demarcación del corredor

biológico. Los hechos son narrados por un habitante de la zona: “(…) hace varios días miembros de la CRC estaban notificando a indígenas a desalojar y abandonar sus parcelas que quedan en las faldas del páramo, además con acento de amenaza

les decían que si no desalojaban o cesaban actividades agrícolas por las buenas en

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esos sitios los bajarían con el ejército que tiene una base en la misma vereda para llevarlos a la cárcel (…) la CRC y Parques Nacionales desconociendo sus Autoridades

Tradicionales y la asamblea como Máxima Autoridad habían empezado un recorrido al interior del territorio Yanacona dando a conocer un proyecto sobre los famosos

corredores biológicos y que posiblemente se trabajaría uno en el Macizo Colombiano

ofreciendo dádivas a algunos comuneros.” (Consejo de Autoridades Tradicionales

del Pueblo Yanacona, 2009). A pesar de la insistencia de los funcionarios del CRC y de PNN la Asamblea, como máxima autoridad indígena de la zona, decidió desalojar el personal de las dos corporaciones del territorio, cerrar todo diálogo hasta nueva

orden de las autoridades tradicionales y, en caso de reiniciar las negociaciones, solo recibir miembros del Ministerio de Ambiente.

MINERÍA E INDUSTRIAS EXTRACTIVAS. Según el Plan de Salvaguardia Yanacona, algunos de sus territorios están siendo

amenazados por las actividades de empresas extractivas (petroleras, mineras, hidroeléctricas, madereras) que arrasan con el medio ambiente y, además, generan múltiples conflictos sociales, legales y políticos.

Actualmente, una gran parte del Macizo Colombiano se encuentra comprometida en actividades mineras. Según los habitantes de la zona, en Sucre y San Sebastián

el porcentaje de territorio titulado o en proceso de titulación minera es del 40%; en

Almaguer, del 90%; en La Vega, 80%; en La Sierra, 90%; en Rosas, 90%, Sotara, 60% y en Bolívar 90% (Ver mapa 2). La explotación minera está siendo realizada

por 19 empresas entre las que se encuentran Anglo Gold Ashanti, Continental Gold, Guatavita Gold, Anglo American y Carboandes (Gutiérrez, 2012).

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2. EL CAUCA MINERO. TÍTULOS, SOLICITUDES Y TERRITORIOS PROTEGIDOS

Fuente: Proceso Campesino y Popular de la Vega (2011). Mapa de amenazas mineras en el Departamento del Cauca, Colombia.

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El anterior mapa demuestra que existían, para el 2010, 9 solicitudes de títulos mineros dentro de los resguardos indígenas ubicados en los municipios de La Vega, Almaguer y San Sebastián.

El mapa 3 señala en detalle la situación minera del municipio de La Vega, tal vez el territorio yanacona más afectado por las industrias extractivas. Evidencia la existencia

de una solicitud de explotación dentro del resguardo indígena de Guachicono que, además, afecta a la población indígena de Nueva Argelia.

Mapa 3. Mapa de amenazas mineras en La Vega (Cauca) Fuente: Proceso Campesino y Popular de la Vega (2011). Mapa de amenazas mineras en La Vega (Cauca).

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La gravedad de la situación de La Vega es tal que, hasta el momento, el Ministerio

del Interior no ha certificado la existencia de poblaciones indígenas dentro de los

territorios solicitados para explotación. Como consecuencia, ninguno de los títulos5 ha tenido, ni tendrá, un proceso de consulta previa y los indígenas verán saqueados sus territorios sagrados.

Los efectos perversos de la locomotora minera para las comunidades indígenas son

sintetizados por un miembro del Cabildo Caquiona: “los territorios del municipio de La Vega, están pedidos en concesión por la Anglo Gold Ashanti para la explotación

de recursos naturales especialmente el oro. Estas empresas llegan aliadas con las instituciones del gobierno a realizar los estudios de exploración y explotación, un caso claro [son] los censos de población y territorio que realiza el DANE en las comunidades. Frente a este tema lo que hace el gobierno es vender la idea diciendo

que dichos proyectos de explotación favorecen a la comunidad pero es mentira, solo enriquecen a quienes los explotan (…) con la explotación minera nos van a quitar el

agua, nos van a dejar el agua de reciclaje, es decir totalmente contaminada.” (CRIC, 2010).

Otro de los problemas generados por la fiebre extrativista dentro de los territorios

yanaconas ha sido el enfrentamiento constante entre habitantes tradicionales de la zona (indígenas y campesinos) y mineros ilegales que intentan saquear las tierras sagradas. Como lo narra Alfredo Molano, en julio de 2011 la población detectó

la presencia de individuos que llegaban al territorio en camionetas de 8 cilindros (probablemente enviados por Carboandes) y se identificaban como “pequeños mineros con derecho al trabajo”. En un principio pidieron permiso a algunos

propietarios de fincas para buscar muestras de suelo. La comunidad verificó que los

“pequeños mineros” explotaban las rocas con dinamita y llevaban el material hasta Popayán. Ante el malestar de lugareños, los recién llegados intentaron sobornar

5 Solicitudes de Certificación de Presencia de Comunidades Indígenas y/o Negras de los títulos de explotación GDM-15M, GDM-15L, FAF-14A, GE3-11752X, GE3-11571X, GE3-11·y FAF-144, todos pertenecientes a la Anglo Gold Ashanti.

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a la comunidad “aportando dinero para fiestas comunales, regalando uniformes deportivos con logos de Anglo Gold Ashanti y Carboandes, pagando orquestas y prometiendo empleo y proyectos de vivienda y reforestación.” (Molano, 2011).

Ante esta situación, la comunidad se ha organizado para enfrentar a los

pequeños mineros. En una primera reunión: “El vocero de los mineros dijo: ‘No vinimos a ver, vinimos a quedarnos.’ Los campesinos respondieron: ‘Tendrán entonces que matarnos y no estamos mancos. Aquí están enterrados nuestros

padres y nuestros abuelos y este territorio nos lo prestaron nuestros hijos para su cuidado’.” (Molano, 2011).

Frente a la negativa de los pequeños mineros de desalojar los territorios, los

pobladores marcharon desde su comunidad hasta el punto de explotación de la

quebrada El Tambo (principal fuente hídrica del río Patía). La movilización, apoyada por decenas de estudiantes de los colegios locales, logró que los invasores, en

medio de la presión social, aceptaran salir del territorio en una semana (Proceso campesino y popular de La Vega, 2011).

Un último problema asociado a la explotación minera tiene que ver con las trabas y

bloqueos a la declaratoria de zona minera indígena dentro del territorio yanacona. Esta figura, establecida por el legislador en el 2001, permite a la Autoridad Minera

dar prioridad a las comunidades antes que a los particulares a la hora de entregar títulos de explotación. Conscientes de esta presunta ventaja legal, el Cabildo Mayor

Yanacona ha intentado iniciar un proceso de declaratoria de zona minera indígena. A través del convenio 028 de 2008, suscrito entre el Ministerio de Minas y Energía y la Universidad Nacional de Colombia sede Medellín, se realizó la delimitación

del área. Sin embargo, el proceso de declaratoria no ha llegado a buen puerto, pues el Ministerio del Interior no ha resuelto una consulta sobre la coincidencia del

polígono delimitado con el territorio indígena. Así, en la actualidad, y a falta de una

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declaratoria oficial de zona minera indígena, la Autoridad Minera puede conceder a los particulares el territorio sagrado yanacona para que sea explorado y explotado libremente (CRIC, 2013).

Tal vez la mejor manera de entender las afectaciones a la pervivencia de los

pueblos yanaconas producidas por las industrias extractivas y las multinacionales

sea leer atentamente los testimonios de sus propios mayores y sabedores. Las palabras sabias del Gobernador del Cabildo Yanacona de Nueva Argelia no

pueden ser mas acertadas: “los territorios hoy por hoy son afectados, y surgen las

amenazas cuando se defiende la madre tierra, somos originarios y defendemos el territorio porque ahí está la vida, la dignidad del pueblo. Hacia afuera no se

escucha, se hacen los oídos sordos, se escucha cuando hay confrontación y

muerte de nuestros líderes. Sabemos que el territorio Papallaqta es el pulmón del

mundo porque cuenta con una gran riqueza hídrica. Desde el macizo colombiano está el ojo del huracán de las multinacionales, se espera que nos escuchen, que nos respeten nuestros territorios” (CRIC, 2013: 61).

5. SUS LUCHAS Y RESISTENCIAS El pueblo Yanacona ha materializado sus luchas y resistencias a través de dos estrategias simultáneas que se entrelazan permanentemente.

En primer lugar, el Cabildo Mayor Yanacona ha utilizado las herramientas jurídicas otorgadas por los tratados internacionales, la Constitución de 1991 y la Corte Constitucional para enfrentar las amenazas de extinción física y cultural y, además,

impulsar procesos de reetnización y consolidación político-organizativa. Según

un líder yanacona a partir de esta estrategia “lo que nosotros queremos hacer es: dar las herramientas jurídicas para que dentro de un proceso político no electoral,

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sino de dirigencia –que son dos cosas absurdamente distintas- se pueda generar

el restablecimiento de condiciones.” (Entrevista 1). Desde esta perspectiva, que puede concebirse como de mediano y largo plazo, sobresalen dos experiencias fundamentales:

PLAN DE VIDA6 YANACONA. “RECONSTRUYENDO LA CASA YANACONA” (2001) El Plan de Vida Yanacona (PVY) es una hoja de ruta creada por el Cabildo Mayor como parte del proceso de consolidación identitaria del Pueblo Yanacona. El objetivo principal del PVY es que los habitantes de las comunidades yanaconas “fortalezcamos

la Autonomía, recuperemos la Cultura, recuperemos y cuidemos de nuestro Territorio en un proceso de construcción de Identidad que nos permita desarrollarnos como Pueblo Yanacona, en un marco de interculturalidad e interetnicidad regional, nacional y mundial.” (Cabildo Mayor Yanacona, 2001: 9).

El PVY se fundamenta en la consolidación de seis pilares fundamentales (Cabildo Mayor Yanacona, 2001): •

Social: compuesto por un programa de educación que busca formar a los líderes familiares y comunitarios partiendo de la consolidación de condiciones

sociales, físicas y pedagógicas coherentes con la cosmología Yanacona; un

programa de salud cuyo objetivo es brindar bienestar individual para obtener el 6 El Plan de Vida es una hoja de ruta creada por cada pueblo indígena para determinar los ejes de trabajo dentro de los diferentes resguardo. Tiene como fundamento legal el artículo 330 de la Constitución Política y siempre debe tener concordación con el Plan Nacional de Desarrollo. Los Planes de Vida son exigidos por el Gobierno como requisito para desembolsar los presupuesto de funcionamiento de cada uno de los resguardos (Camargo, 2010).

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colectivo a partir de la medicina tradicional; y, un programa de seguridad social

que pretende garantizar el nivel de vida de los grupos vulnerables basándose en la conservación de los valores, la organización y el desarrollo. •

Cultural: procura mantener y valorar los usos y las costumbres tradicionales y,

•

Político: busca crear criterios de control a nivel social. Está compuesto por

•

Económico: este pilar se concentra en la utilización tradicional de la tierra

además, consolida un programa de recuperación de la lengua (quechua).

programas de jurisdicción especial indígena, autonomía y organización.

intentando dejar de lado prácticas de producción agrícola y agropecuaria

intensiva así como cultivos de uso ilícito. También tiene en cuenta aspectos del

desarrollo de la infraestructura vial para la socialización y las relaciones con otras comunidades. •

Ambiental: pretende encontrar alternativas para detener el deterioro ambiental y lograr el manejo racional de los recursos. Asimismo, incluye proyectos de

saneamiento básico: agua potable, alcantarillado, acueductos y rellenos sanitarios •

Relaciones internas y externas: su objetivo es mantener la identidad y la unidad en las relaciones interculturales, y estimular el diálogo y la paz como instrumentos para solucionar conflictos sociales.

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PLAN DE SALVAGUARDA YANACONA (2012) En el marco del Auto 004 formulado por la Corte Constitucional, herramienta

jurídica que obligaba al Estado colombiano a proporcionar asistencia, atención, reparación integral y restitución de los derechos territoriales vulnerados, el Cabildo

Mayor Yanacona entregó al gobierno nacional, el 3 de mayo de 2012, el documento SUMAK KAWSAY KAPA ÑAN “Por el Camino Rial para la armonización y el

equilibrio Yanacona”. Dicho documento, señala la ruta a través de la cual el Pueblo

Yanacona devolverá el equilibrio al territorio; es “en esencia un camino de palabras fundamentado en los ciclos de la autonomía, el territorio, la minka, el runa, el saber,

la memoria, la identidad, el equilibrio, la complementariedad y la palabra; es el caminar de la memoria que configura un escenario simbólico en la dimensión de

tiempo espacio, el cual nos guía por los cuatro senderos para el restablecimiento de los ciclos de vida del runa en su relación con el territorio desde los procesos político

organizativo, construcción del territorio pedagógico, producción de conocimiento y retorno a la sabiduría ancestral.” (Cabildo Mayor Yanacona, 2012: 8).

Metodológicamente, el Plan de Salvaguardia Yanacona (PSY) generó una línea de base a partir de la sistematización de las afectaciones que el conflicto armado

ha tenido sobre la dinámica interna de la comunidad. Esta información permitió la

construcción de nueve sistemas7, coherentes con los pilares propuestos en el PVY, orientados al restablecimiento de los ciclos de vida y del territorio.

Adicionalmente el PSY propuso la creación de un Observatorio de Derechos y Vida como mecanismo integral generador de herramientas para la protección, prevención,

seguimiento, sistematización y análisis de los efectos del conflicto armado sobre las comunidades yanaconas.

7 Gobernabilidad propia, información propia, gestión territorial ambiental, sistema económico propio, salud propia e intercultural, educación propia, sistema integral de protección a la familia, gestión cultural y comunicación e información.

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Finalmente, el PSY determinó una ruta metodológica “El caminar de la palabra:

espacio simbólico del territorio” que, a partir de siete momentos8, responda a una

lógica del espiral (el inicio y el retorno) y, de esta manera, exprese el ejercicio propio de autonomía, equilibrio y armonía cíclica.

En segundo lugar, las comunidades yanaconas han enfrentado la violación sistemática

de sus derechos humanos en el contexto del conflicto armado, y la política de

expoliación y explotación de sus territorios sagrados mediante mingas y actividades comunitarias que pretenden, por una parte, expulsar a los grupos armados legales e

ilegales de sus resguardos y, por otra, frenar la incursión de multinacionales mineras. Esta estrategia, pensada como de corto plazo pero siguiendo los lineamientos y pilares del PVY, se ha expresado en diferentes eventos emblemáticos: •

El 21 de octubre 2013, las comunidades indígenas del resguardo yanacona de Santa Marta (municipio de Santa Rosa) realizaron la Minga de Resistencia del

Putumayo, Bota Caucana, Cofanía y Jardines de Sucumbíos. Mediante este

ejercicio de acción colectiva exigían al gobierno nacional derogar los tratados de libre comercio y otras leyes que vulneraran los derechos fundamentales de las comunidades; el reconocimiento legal de los territorios ancestrales y el respeto de la autonomía de los pueblos; y, la constitución de mesas regionales y municipales de paz (CRIC, 2013). •

El 21 de enero de 2013, como resultado del Primer encuentro cultural ambiental

para el retorno a la sabiduría ancestral del Pueblo Yanacona el Cabido Mayor

presentó la Declaración espiritual, territorial y política de la Nación Yanacona. En este pronunciamiento se incluían los siguientes puntos: (i) El Macizo Colombiano, como Territorio indígena ancestral inalienable, imprescriptible,

inembargable, espiritual y sagrado, libre de toda amenaza por parte de los 8 (i) Reconociendo los senderos del territorio, (ii) comprendiendo el caminar de la palabra como un espacio simbólico del territorio, (iii) consolidando espacios para el habitar de la palabra denominados espacios de apropiación conceptual, (iv) consolidando nodos temáticos (v) consolidando las rutas de apropiación conceptual (vi) construyendo procesos de valoración seguimiento y ajuste en cada uno de los sistemas, y (vii) construyendo procesos de administración, gestión y auto-sostenibilidad.

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proyectos mineros energéticos, de explotación forestal y de la mercantilización

del agua y la biodiversidad por parte de intereses privados y de multinacionales

(ii) objetar rotundamente la intromisión directa o indirecta que pretenden hacer las organizaciones e Instituciones gubernamentales y no gubernamentales, desconociendo

la legislación especial para los Pueblos indígenas, lo cual

obliga a la consulta previa, libre e informada y el consentimiento previo libre e informado para los Pueblos Interesados de acuerdo a la doctrina internacional y constitucional; (iii) nos oponemos a la privatización del agua, del aire, a los cultivos transgénicos, el consumismo exagerado y la contaminación en general

producto de la modernidad, posmodernidad y época contemporánea y en general el llamado “desarrollo y progreso”; (iv) continuaremos decidiendo y

legislando sobre el que hacer al interior de nuestros territorios con fundamento

en el principio constitucional de la Autonomía como pueblos Indígenas; (v) defenderemos

nuestros principios, valores, espiritualidad y el pensamiento

colectivo integral y participativo; (vi) exigiremos la declaratoria de emergencia social, cultural, ambiental y económica en nuestro Territorio Yanacona – Macizo

Andino Amazónico Colombiano y la indemnización debido a los impactos

sociales y ambientales causados por la desatención del Estado Colombiano; (vii) continuaremos con la propuesta de la conformación de la Región “Centro

Piloto de Administración y Gestión

Ambiental propias

Pueblo Yanacona”

desde el marco de Nuestro Plan de Vida Yanacona y el pilar ambiental; (viii)

seguiremos trabajando en el marco de la autonomía en el derecho propio y

puesta en práctica de la Autoridad Territorial económico ambiental de los Pueblos indígenas, concretamente en el Pueblo Yanacona (CRIC, 2013).

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LISTA DE REFERENCIAS Cabildo Indígena Yanacona de Santiago de Cali, 10 de febrero de 2011, Huila: el ESMAD agrede a los indígenas Yanaconas. Disponible en: http://www.nasaacin.org/informativo-nasaacin/ nuestra-palabra-kueta-susuza-2013/1595-huila-el-esmad-agrede-a-los-indigenas-yanaconas Cabildo Mayor Yanacona, 2001, Plan de Vida Yanacona. Proyecto Integral de Desarrollo Pueblo Indígena Yanacona. Popayán. Cabildo Mayor Yanacona, 2012, Plan de Salvaguarda – Auto 004. Popayán. Camargo, Sofía, 2010, Consecuencias del Plan Colombia. El Caso del Agua en la Comunidad Yanacona. Quito, FLACSO. Camargo, Sofía, 2010, El mundo yanacona alrededor del agua. Letras Verdes, 6, pp. 23-25. Consejo de Autoridades Tradicionales del Pueblo Yanacona, 21 de marzo de 2009, Pronunciamiento del Consejo del Pueblo Yanacona frente al fracaso del estatuto de desarrollo rural. Disponible en: http://www.actualidadetnica.com.co/sitioNuevo/voces-etnicas/noticiasvoces-etnicas/indigenas/7481-pronunciamiento-del-consejo-del-pueblo-yanacona-frente-alfracaso-del-estatuto-de-desarrollo-rural Corporación Autónoma Regional del Cauca (CRC), 2007, Plan de Acción Trienal 2007-2009. Por un Cauca Biosostenible con Responsabilidad Social. Popayán, CRC. Disponible en: http:// www.crc.gov.co/files/GestionInstitucional/PAT_2007_2009_v2.pdf CRIC, 14 de diciembre de 2010, Pensamiento y palabra recorren comunidades del Cauca. Disponible en: http://www.cric-colombia.org/portal/pensamiento-y-palabra-recorrencomunidades-del-cauca/ CRIC, 2013, Documento de trabajo febrero-abril 2013. Popayán. CRIC, 2013, Informe técnico final. Foros mineros Departamento del Cauca. Convenio 201 del 22 de noviembre de 2012 CRIC – MME. Popayán, CRIC. CRIC, 21 de enero de 2013, Posicionamiento Político, Territorial y Cultural del Pueblo Yanacona. Disponible en: http://www.cric-colombia.org/portal/posicionamiento-politico-territorial-y-culturaldel-pueblo-yanakona/

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CRIC, 21 de octubre de 2013, Minga de Resistencia del Putumayo, Bota Caucana, Cofanía y Jardínes de Sucumbíos. Disponible en: http://www.cric-colombia.org/portal/minga-deresistencia-del-putumayo-bota-caucana-cofania-y-jardines-de-sucumbios/ CRIC, 26 de febrero de 2010, Declaración de autonomía territorial, defensa de la vida, y de la madre naturaleza, emitida por las autoridades tradicionales del departamento del Cauca. Disponible en: http://www.cric-colombia.org/portal/declaracion-de-autonomia-territorialdefensa-de-la-vida-y-de-la-madre-naturaleza-emitida-por-las-autoridades-tradicionales-deldepartamento-del-cauca/ France Amerique Latine, 12 de febrero de 2010, Atentado contra el Consejero Mayor del Consejo Regional Indígena Del Cauca CRIC. Disponible en: http://www.cric-colombia.org/ portal/atentado-contra-el-consejero-mayor-del-consejo-regional-indigena-del-cauca-cric/ Gutiérrez, Carolina, 15 de septiembre de 2012, Chomsky, en defensa del Macizo Colombiano. Disponible en: http://www.elespectador.com/impreso/vivir/articulo-375077-chomsky-defensadel-macizo-colombiano Molano, Alfredo, 23 de julio de 2011, El Macizo Colombiano, Disponible en: http://www. elespectador.com/impreso/temadeldia/articulo-286548-el-macizo-colombiano/ Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH, 2009, Diagnóstico de la situación del pueblo indígena Yanacona. Bogotá, Vicepresidencia de la República. ONIC, 22 de mayo de 2013. Comunidad Yanacona agredida por el ESMAD el día de la Diversidad Cultural. Disponible en: http://cms.onic.org.co/2013/05/comunidad-yanaconaagredida-por-el-esmad-el-dia-de-la-diversidad-cultural/ Proceso Campesino y Popular de La Vega, 18 de agosto de 2011, Campesinos e Indígenas de La Vega (Cauca) encararon a mineros ilegales. Disponible en: http://www. procesocampesinolavega.org/2011/08/campesinos-e-indigenas-de-la-vega-cauca-encararona-mineros-ilegales/ Proceso Campesino y Popular de La Vega, 20 de octubre de 2011, Mapa de amenazas mineras en el Departamento del Cauca, Colombia. Disponible en: http://www.procesocampesinolavega. org/wp-content/uploads/2011/10/cauca_minero_territorios_protegidos_2010_web.png Proceso Campesino y Popular de La Vega, 20 de octubre de 2011, Mapa de amenazas mineras en La Vega (Cauca). Disponible en: http://www.procesocampesinolavega.org/wp-content/ uploads/2011/10/vega_titulos_y_solicitudes_final_web.png

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Salazar, Neyder, 27 de octubre de 2011, Latente violación de derechos a las comunidades. Disponible en: http://www.nasaacin.org/informativo-nasaacin/nuestra-palabra-kueta-susuza2013/2937-latente-violacion-de-derechos-a-las-comunidades Senado de la República de Colombia. Comisión Tercera de la Cámara de Representantes, 2009, Proyecto de Ley 059 de 2009 Por medio de la cual se declara Patrimonio Ambiental y Ecológico el Ecosistema Estratégico del Macizo Colombiano, se establece la Comisión Intersectorial del Macizo Colombiano y se dictan otras disposiciones. Bogotá, Senado de la República. Trujillo, Mayela, 28 de mayo de 2012, DD.HH. y fuerza pública. Disponible en: http://suregion. com.co/especiales/ddhh-y-fuerza-publica_154 UNODC, Oficina de Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito, 2012, Cultivos de coca. Estadísticas municipales. Censo 31 de diciembre de 2011. Bogotá. UNODC Zambrano, Carlos, 2010, Hombres de Páramo y Montaña: los Yanaconas del Macizo Colombiano. Bogotá, ICAHN. Zambrano, Carlos, 2010, Los Yanaconas. En: Geografía Humana de Colombia, Tomo IV, Volumen I. Bogotá, Banco de la República.

ENTREVISTAS REALIZADAS: Entrevista 1. Mayo 27 de 2013. Cabildo Mayor Yanacona. Entrevista con el Consejero mayor y grupo de asesores. Popayán

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El Pueblo Nasa Lina María González Correa

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Fotografía: Javier Sulé

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05. EL PUEBLO NASA

El Pueblo Nasa Por: Lina María González C.

1. TERRITORIO, POBLACIÓN Y ORGANIZACIONES DEL PUEBLO NASA El pueblo Nasa o Páez1, se encuentra localizado en ocho departamento de Colombia:

el Cauca, Putumayo, Nariño, Valle del Cauca, Caquetá, Tolima, Meta y Huila (ver

mapa 1). Su territorio originario se encuentra en el departamento del Cauca pero, por múltiples efectos históricos, los nasas han ido desplazándose hacia otros

territorios del país. Según el Documento Diagnóstico, Conceptualización y Líneas de Acción del Plan de Salvaguarda Nasa, (DCPS-Nasa), que será referenciado

permanentemente a lo largo de este artículo, se han producido múltiples oleadas

migratorias históricas del pueblo nasa debido, principalmente, a tres factores: “el primero de ellos, por escasez de tierras, el segundo por los sucesivos conflictos

armados que se encadenan en una historia de conquista y colonización, y que los ha obligado a desplazarse forzosamente de una forma repetida; y el tercero, por

desastres naturales” (DCPS-Nasa: 2013: 29). Además de la áreas rurales donde se

ubica la mayoría de la población nasa, y las capitales de los distintos departamentos, hay otros desplazamientos menores a ciudades como Bogotá, Cali y Medellín.

El censo propio realizado por el pueblo nasa, indica una aproximación poblacional

de 238.349 habitantes distribuida en 55.467 familias. Como se pudo evidenciar en el capítulo 2 de este libro, el 85.88% de este pueblo habita en el departamento del Cauca.

1 La denominación Páez ha sido casi suprimida por completo por los habitantes de esta población. el motivo principal es que no se corresponde con el nombre originario del pueblo Nasa, y fue asignado por los colonizadores españoles. La mayoría de la información de este informe fue extraída del diagnóstico elaborado para el Plan de Salvaguarda Nasa, en el que se realizó un esfuerzo monumental para recoger la información pertinente. En total, el equipo de Plan de Salvaguarda realizó 185 asambleas en cada una de las zonas de presencia de población del pueblo Nasa. También es importante mencionar que el pueblo Nasa se considera a sí mismo como una gran Nación dentro del territorio colombiano. En su documento diagnóstico siempre se hace referencia a la “Nación Nasa” y por ello varias de las referencias que aquí se indicarán recogen esta descripción, incluyendo los títulos de los gráficos que se han tomado directamente de sus documentos.

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Mapa 1: Ubicación geográfico del pueblo nasa

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La población nasa se encuentra registrada en 137 Cabildos, 77 de los cuales están en el departamento del Cauca. Así mismo, habitan 99 resguardos, algunos de ellos

con titulaciones coloniales, y 10 comunidades rurales en los ocho departamentos (DCPS-Nasa: 31-37).

En el Cauca, se ubican en una amplia región en la vertiente oriental de la cordillera

central, en un triángulo geográfico conformado por los contrafuertes orientales de la cordillera central y las cuencas hidrográficas de los ríos Páez y Yaguará en

el oriente, y La Plata y Páez en el sur, habitando una extensión de unos 1.300 km2. También tienen presencia en la vertiente oriental de la cordillera central y del piedemonte amazónico.

En la región de Tierradentro, se destacan los resguardos de Vitoncó, Talaga,

Huila, Yaquiva y San Andrés de Pisimbalá. Un alto número de nasas habitan en

los resguardos de los municipios de Toribío, Jambaló y Silvia, entre los que se destacan los resguardos de Jambaló, Toribío, San Francisco y Tacueyó. Bajando hacia el occidente, se encuentran los de Corinto y Caldono, en el valle de Popayán, se encuentran los resguardos de Poblazón y Quintana. Hacia el norte, en las zonas planas del río Cauca, está López Adentro, territorio recuperado en la primera mitad de

los ochenta. Finalmente, ascendiendo en la cordillera occidental, están resguardos como Delicias Buenos Aires.

Por otra parte, el pueblo nasa también tiene presencia en otros departamentos; en el departamento de Huila, en los resguardos de La Gaitana, La Gabriela, Bache y en

La Reforma, este último compartido con familias Misak. En Tolima, están asentados

en el resguardo de Gaitania, en Planadas y en Putumayo en los resguardos de la Cristalina, San Luis, Juanambú, Campoalegre y Villa Hermosa, y en varios

asentamientos: Agua Blanca, Simón Bolívar, La Italia, La Venada, Palmeras y Argelia. En Meta, en jurisdicción del municipio de Mesetas, se encuentra ubicado

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el resguardo Páez de Villa Lucía y Ondas del Cafre. En Caquetá, están en los

resguardos de La Esperanza, Siberia, Altamira, La Serinda, El Guayabal, Nasa Kiwe, El Portal, Las Brisas y los asentamientos de La Palestina y Veracruz.

En cuanto a su organización, al igual que la mayoría de comunidades indígenas,

los Cabildos son instituciones políticas que rigen los destinos de cada uno de los

resguardos o asentamientos del pueblo nasa. Hay cabildos urbanos a los que no se les han asignado tierras en resguardo. En ellos, las autoridades tradicionales ejecutan proyectos comunitarios basados en los Planes de Vida definidos por las comunidades. Actualmente, según datos públicos de la Asociación de Cabildos

Indígenas del Norte del Cauca (ACIN), existen 7 proyectos comunitarios: Proyecto Nasa (1980), creado por los cabildos indígenas de Tacueyó, Toribío y San Francisco, en el municipio de Toribío; Proyecto Global (1987), del Cabildo de Jambaló; Proyecto Integral (1990) de los Cabildos de Huellas y Tóez en Caloto; Proyecto Unidad Páez (1990) del Cabildo La Cilia en Miranda; Proyecto Cxa’cxa Wala (1991) de los

Resguardos de Corinto y López Adentro; Proyecto Yu’ Lucx (1991) o Hijos del Agua, de los Cabildos de Munchique Los Tigres, Canoas y Nasa Kiwe Teck ́s Cxaw (Cabildo

Urbano) en Santander de Quilichao) y el Proyecto Sa’t Finxi Kiwe (2002) o Territorio

escrito por el cacique, de los Cabildos de Guadualito, Las Delicias, La Concepción, Cerro Tijeras y Pueblo Nuevo Ceral, en Santander, Suárez y Buenos Aires.

El pueblo nasa, tiene una larga historia de de organización y de resistencia, pero es de especial importancia el gran proceso participativo que, desde 1980, vienen

fortaleciendo. El Proyecto Nasa ha sido reconocidos a nivel nacional e internacional.

En 1996, se articularon en la ACIN, organización que actúa legítimamente mediante

mandatos comunitarios sin afectar la autonomía de los cabildos y de los proyectos comunitarios. La ACIN agrupa 19 Cabildos y 14 Resguardos Indígenas en 9 municipios del norte del departamento del Cauca: Toribío, Caloto, Miranda, Corinto,

Jambaló, Santander de Quilichao Buenos Aires, Suárez y Timbio. La ACIN a su vez

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05. EL PUEBLO NASA

hace parte del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) y de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC).

En estos años, el pueblo nasa ha obtenido logros importantes como su participación

en la Asamblea Nacional Constituyente y a nivel electoral, de manera exitosa, se han elegido varios alcaldes indígenas en los municipios de Toribío, Caldono, Caloto y Tororó; se ha dado reconocimiento a los resguardos y cabildos y a la justicia

propia; se obtuvo el premio nacional de planeación al mejor municipio en 1998; fueron acreedores del premio nacional de paz para los años 2000 y 2004; el premio

ecuatorial de naciones indígenas a nivel mundial en 2005 y fueron, finalmente, nominados al Nobel de Paz en 2007.

El pueblo nasa avanza organizativamente en la consolidación de un Territorio

Autónomo Indígena en el marco del derecho propio, en este proceso tiene especial relevancia su planteamiento de desarrollo en el que se plantean integrados a una sociedad global y al Estado, pero conservando su autonomía.

COSMOVISIÓN “Nasa significa “ser”. Por eso la vida del ser nasa es también la vida de las sustancias

que son esencia de la materia: la vida del agua, las plantas, los animales, los minerales, los seres del cosmos. La vida del pueblo nasa incluye todos los espacios

del territorio –los sitios sagrados, la naturaleza misma” (Presentación de la ACIN Cxhab Wala Kiwe, documento de trabajo).

Los mitos de origen dicen que el agua (YU’), hija de la tierra (KIWE) y del sol (SEK), se encontró a las estrellas (A’) que habían llegado a la tierra buscando su pareja. Las estrellas se casaron con el agua y crearon una avalancha de la que nació el actual

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nasa, YU’ LUC’ (hijo del agua y de la estrella). “Hijos de la tierra, somos la tierra

misma venimos de la tierra, vivimos en la tierra, descansamos en la tierra”. Para el pueblo nasa, cosa que no es distinta a los demás pueblos del Cauca, es fundamental

que, frente a situaciones de desequilibrio individuales o colectivas, se restablezca la armonía territorial. Los encargados de “reafirmación” con los guías espirituales del pueblo son llamados “Thê Walas” (ACIN, 2008: 4).

Dentro de su cosmogonía perciben al mundo formado por múltiples capas o espacios que tienen características y componentes diferentes, con dos extremos el “Yu”, subsuelo (asocia con la muerte, el frío y lo sucio) y el “Sek”, el sol, asociado

con la vida, el calor y la limpieza; tienen también un creador fundamental, “Agnus”, deidad eminentemente inmóvil, lejana y solitaria que se encuentra complementada por “K’pish”, el Trueno, deidad más dinámica y omnipresente la cual habita en el fondo de las lagunas, donde realizan múltiples rituales.

La relación que establece el pueblo nasa con sus principales espíritus sustenta la

defensa del territorio, y el mantenimiento de su armonía. El Plan de Vida de este pueblo pasa, necesariamente, porque los sistemas de salud, educación y economía respeten la relación ancestral que es reconocida.

2. SUS PRINCIPALES RIESGOS DE EXTINCIÓN FÍSICA Y CULTURAL “Las Autoridades Tradicionales de los pueblos Indígenas de Colombia, guardianes

ancestrales de nuestra “Madre Tierra” y la Consejería Mayor del CRIC, estamos

aquí convocados para reafirmar y hacer respetar nuestra autonomía territorial, ya que para el indígena el territorio es concebido como casa, semilla y embrión

de vida; la naturaleza es la Madre que genera vida: Los Hombres, las plantas, los animales, los minerales, todo lo que brota de la tierra es continuidad de ella,

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de allí para que haya vida y una convivencia armónica, la naturaleza tiene sus propias normas que rigen a los hombres y no al contrario.

La piel de nuestra Mama Kiwe está siendo afectada por una fuerte intervención militar a través de sobre vuelos de aviones, helicópteros, fumigaciones,

bombardeos e incursiones armadas por tierra, que afectan las regiones del

Macizo colombiano, Parque Nacional Puracé, Nevado del Huila y Tierradentro, parque nacional de Munchique y sus alrededores, el Pacífico y el norte del Cauca,

en cuyas operaciones participan más de 10 mil militares que han establecido o

buscan establecer bases militares y Batallones de alta montaña en Páramos como el Valle de Las Papas, perteneciente al pueblo Yanacona, municipio de

San Sebastián, o de Moras y Pisno, municipios de Paéz Inzá, Silvia y Jambaló

en jurisdicción de los Resguardos indígenas del pueblo Nasa de Mosoco, San José, Pitayó y Jambaló.”

Declaración de Autonomía territorial, defensa de la vida y de la madre naturaleza Páramo de Pisxnu (Febrero de 2010)

El mensaje es claro, y ha sido el mismo escrito de todas las formas posibles. La

intervención de la guerra y la militarización consecuente; de las empresas nacionales y multinacionales, que sólo buscan extraer recursos para lucrarse y arrasar con

todo a su paso; el irrespeto a los derechos adquiridos por ser pueblos originarios,

resistentes y luchadores; todo ello hace parte de las amenazas permanentes que atentan contra la supervivencia física o cultural del pueblo nasa. Aunque el pueblo nasa sea el segundo en demografía en Colombia, también es uno de los pueblos

que más víctimas mortales ha sacrificado en su lucha de resistencia. Las huellas

de la violencia son claras en las mentes y corazones de las niñas y niños que crecen en medio del conflicto, viendo como sus territorios son saqueados; en la

madre naturaleza y su conexión vital para la reproducción de su cultura; en las

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infraestructuras que, con tanto esfuerzo y trabajo colectivo, se crean y protegen. La incomprensión es galopante y el pueblo nasa tiene que vivir día a día defendiéndose de las amenazas, sin posibilidad de disfrutar del buen vivir, que es su esencia.

CONFLICTO ARMADO Y PRINCIPALES AFECTACIONES A LA VIDA Según lo detalla el DCPS-Nasa, tras la realización de 185 asambleas en los diferentes departamentos y de acuerdo a la situación regional en cada caso, se encontraron

las siguientes afectaciones permanentes: “disputas por el control territorial entre los actores armados, conflictos interétnicos que promueven dichos actores para asegurar la explotación de madera, minería ilegal y el narcotráfico; el uso de sitios sagrados

por parte de la fuerza pública; violencia sexual contra las mujeres, jóvenes y niñas;

uso y ocupación de las escuelas, las canchas de futbol y las casas comunales por

parte de todos los actores armados, así como el uso de las minas antipersonales (...); la constante presencia e incursión de los actores armados en sus territorios,

la instalación de bases militares y campamentos guerrilleros, los retenes legales e

ilegales, el tránsito de cargamentos de armas, el uso de personas como escudos humanos, entre otros (...). La agudización de la violencia en los territorios nasa los ha obligado a desplazarse para asegurar sus vidas y las de sus familias” (DCPS-Nasa,

2013: 43), con las consecuencias que ello ha implicado sobre la salud y bienestar de las personas afectadas al verse afectada la soberanía alimentaria y los espacios de amortiguamiento comunitarios frente a situaciones adversas.

En el DCPS-Nasa se identifican varios periodos históricos de violencia, dentro de los que se caracteriza un momento de auge de la violencia reciente desde 1995 hasta

la actualidad. Un conjunto de múltiples violaciones, típicas de las situaciones de

guerra, se presentaron constantemente en territorios del pueblo nasa: hostigamientos o tomas de los cascos urbanos por parte de las agrupaciones guerrilleras (ver foto

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1); el uso de la población indígena como escudo humano, práctica realizada por la fuerza pública y las guerrilla;, siembra de minas antipersonales en los territorios de los resguardos, en su gran mayoría dispuestas como estrategia de confinamiento

y restricción a la circulación implantada por las guerrillas; abandono de materiales de guerra como granadas o bombas sin explotar en las áreas rurales, en este

caso pertenecientes en su mayoría a la fuerza pública; bombardeos; ataques a las misiones médicas; bloqueos de las vías públicas o retenes de control; entre otras (Ibid: 43).

Foto 1: Afectaciones del casco urbano de Toribío, después de la chiva bomba de julio de 2011. Créditos: Javier Sulé

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El DCPS-Nasa identificó que, entre 1995 y 2012, los municipios con presencia

nasa sufrieron un conjunto de 2.865 acciones bélicas, que afectaron a la población indígena, campesina o afrodescendiente (Ver gráfica 1).

GRÁFICA 1: ACCIONES BÉLICAS EN TERRITORIO DE LA NACIÓN NASA POR DEPARTAMENTO Y SEGÚN ACTOR (1995-2012)

Tomado y adaptado de: DCPS-Nasa (2013: 44) con datos del Observatorio de Derechos Humanos de la Presidencia de la República.

Los datos indican que el departamento más afectado por acciones bélicas fue el

Cauca (863), seguido de Caquetá (635) y Putumayo (492). Del total de acciones

bélicas, la fuerza pública fue responsable del 49.2%, mientras que los actores armados irregulares del 51,2% restante.

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La ruptura del proceso de los diálogos de paz del presidente Andrés Pastrana (1998

- 2002) con la guerrilla de las FARC, la consolidación de la ayuda militar de Estados Unidos, la expansión territorial de los grupos paramilitares en el departamento

del Cauca y el ascenso a la presidencia del presidente Álvaro Uribe Vélez, quien promovió un discursó de confrontación, de promoción de la guerra y derrota militar de la guerrilla; marcaron un aumento contundente de las violaciones a los derechos humanos y colectivos del pueblo nasa.

Por efectos de la propia dinámica de la guerra y de la reacomodación de los actores

armados, sobre territorio nasa se consolidaron dos corredores estratégicos de

circulación donde transcurren las confrontaciones hasta el día de hoy: “uno de ellos, hacia el Pacífico, en toda la zona del suroccidente del país, que busca la salida

hacia el piedemonte amazónico, pasando por el sur del Tolima, el norte del Cauca,

el sur del Valle del Cauca y el macizo colombiano. El otro, en la zona suroriental, que está ligado a la colonización campesina y a la expansión de cultivos ilegales

en donde ejercen hegemonía las FARC y que define como escenario de disputa y control territorial el piedemonte de Putumayo” (Ibid: 48). Lo anterior, sumado al

repliegue de la guerrilla de las FARC sobre las zonas rurales más alejadas de Meta, Caquetá y Putumayo, dejó todo el territorio donde habita el pueblo nasa a merced de la intensificación de la guerra (ver gráfica 2).

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GRÁFICA 2: ACCIONES BÉLICAS EN TERRITORIO DE LA NACIÓN NASA POR AÑO Y SEGÚN ACTOR 2003-2011

Tomado y adaptado de: DPS-Nasa (2013: 48), con datos del Observatorio de Derechos Humanos de la Presidencia de la República

El pueblo nasa reportó, para la construcción del diagnóstico propio, que las políticas de

seguridad democrática aumentaron, ostensiblemente, las violaciones a los Derechos Humanos y colectivos, en especial por efectos del copamiento que la fuerza pública

ejerció sobre los espacios rurales y las instalaciones civiles urbanas, inclusive. Simultáneamente, las guerrillas quisieron mantener una política de subordinación

de la resistencia indígena o de camuflaje entre la población civil que fue respondido violentamente por ejército y policía. En la Declaración de Toribío, del 20 de julio de

2011, los indígenas evidenciaron la manera como los distintos bandos armados les

han dejado en medio del conflicto como escudos humanos y les han involucrado en la guerra: “mientras el ejército involucra a la población civil, la guerrilla se camufla

entre ella dando como resultado que sea la población civil la que lleve la peor parte.

Entonces, como ambos bandos comparten la misma estrategia, disparan, hacen

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estallar explosivos o bombardean indiscriminadamente, con la supuesta certeza de que los civiles muertos o heridos, por estar cerca de sus enemigos, también son blancos legítimos” (CRIC, 2011).

La gráfica 2 evidencia que de las 2.865 acciones bélicas, hubo una escalada significativa desde 2003 a 2006, siendo este último año el de peor registro: 598

acciones bélicas llevadas a cabo por la fuerza pública o los grupos armados

irregulares en el territorio nasa. El 2007 presentó 389 casos, y aunque 2008 muestra

una disminución de las acciones bélicas, hay una permanencia entre 2009 y 2011 de confrontación elevada.

Las estadísticas presentadas por el DCPS-Nasa, indican que, entre los años 2000 y 2004, el pueblo nasa fue víctima del 44,2% de las violaciones cometidas contra los indígenas en el país. Se resaltan, especialmente, los años 2001 y 2002 debido a que fue cuando una mayor cantidad de comuneras y comuneros fueron asesinados. Los años 2008 a 2011 muestran un aumento importante en la cantidad de violaciones

cometidas contra los indígenas nasa, pero el número de víctimas fue mayor entre 2001 y 2002.

Según el DCPS-Nasa, entre 1995 y 2012 el número de afectaciones producidas por la dinámica de confrontación armada, en todas sus vertientes, fue de 3.268

víctimas individuales en los ocho departamentos. Los crímenes considerados

son: amenazas individuales, asesinatos políticos, desaparición forzada, detención arbitraria, reclutamiento forzado, secuestro, violencia sexual y tortura. La categoría

de desplazamiento forzado fue dejada aparte por parte del DCPS-Nasa para considerar la problemática desde un punto de vista aparte (Ibid: 51).

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GRÁFICA 3. VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS Y DIH CONTRA LA NACIÓN NASA 1995 - 2012, POR AÑO

Tomado de DCPS-Nasa (2013: 52), construida a partir de la Base de Datos de la Corporación Ensayos

Como se mencionó anteriormente, la situación política del país y el aumento de la confrontación armada en las zonas donde se ubican los territorios del pueblo nasa,

generaron un incremento en las violaciones a los Derechos Humanos y al DIH (ver gráfica 3). Los tres momentos impactantes en estas violaciones se evidencian entre los años 2000 a 2002, habiendo un impacto contundente en el año 2001 con 299

violaciones; en segundo lugar en el año 2008, cuando las afectaciones llegaron a la cifra de 343 y finalmente en el año 2011 con un record de 426 casos. El DCPS-

Nasa destaca que el incremento de la violencia del 2008 parece responder a las movilizaciones masivas que los indígenas realizaron, entre 2007 y 2008, en oposición

a las medidas económicas y militares que el gobierno estaba tomando, las cuales tendrían graves consecuencias sobre sus territorios y sus demandas de autonomía.

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Ahora bien, dentro de la tipología de afectaciones a la vida, el asesinato selectivo fue el de mayor preponderancia (ver gráfica 4), reportando la elevada cifra de

956 casos. Las detenciones arbitrarias ocupan el segundo reglón de afectación, y

son explicadas en parte, por el tipo de intervención realizada desde la política de

seguridad democrática del entonces presidente Uribe Vélez. Hay que recordar en

este punto, la reflexión que se mencionó en la introducción de este libro, así como en la sección de presentación sobre el Cauca, sobre las consecuencias de la aplicación del Plan Nacional de Consolidación Territorial (PNCT).

GRÁFICA 4: VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS Y DIH CONTRA LA NACIÓN NASA 1995-2012, POR TIPO DE VIOLACIÓN

Tomado de DCPS-Nasa (2013: 53), construida a partir de la Base de Datos de la Corporación Ensayos

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La gama de afectaciones es inmensa y, claramente, las consecuencias sobre el

equilibrio de los territorios indígenas donde habita la población nasa se ha visto afectada permanentemente. Según lo reporta el DCPS-Nasa, según los datos

recogidos por la Base de Datos de la Corporación Ensayos, a un 44% de los asesinatos selectivos o desapariciones forzadas no se les puede identificar un

presunto responsable. No obstante, las comunidades han afirmado que el modus

operandi de la mayoría de estos casos se asemeja a las tácticas violentas ejercidas por los grupos paramilitares. También han señalado que esperan que tanto las insurgencias, responsables del 23,8% de los asesinatos, como el Estado y los

grupos paramilitares, responsables del 32%, deben responder por igual ante los atropellos cometidos (Ibid: 53-54).

DESPLAZAMIENTO FORZADO Como ya se ha indicado previamente a lo largo de este texto, el tipo de desplazamiento

de los pueblos indígenas involucra, en sí mismo, un ejercicio de resistencia. Cuando se presentan combates o situaciones de emergencia en las comunidades, el pueblo nasa, generalmente, se congrega en zonas de asamblea permanente mientras existen

unas condiciones de seguridad mínimas para retornar a los hogares. La intención de no abandonar el definitivamente el territorio es un mecanismo de protección frente al despojo, así como busca evitar cederle espacio a los actores armados que

encuentran en la población civil un escudo o estorbo para los combates, según la situación. No obstante lo anterior, se han dado desplazamientos permanentes que han afectado al pueblo nasa. En los registros del DCPS-Nasa, se lleva la cuenta

de 15.000 comuneras y comuneros afectados por desplazamiento individual desde 1998 y otros 40.200 desplazados masivamente.

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En la gráfica 5 se puede observar que ha habido años donde los eventos de

desplazamiento han sido mayores, como el caso de 2002, que suma 6.059 nasas

desplazados en 21 eventos específicos. No es de extrañar esta cifra en el marco de

la ruptura del proceso de paz con la guerrilla de las FARC y el inicio intensivo de las operaciones militares. Como se reportó anteriormente, el incremento de las acciones bélicas del año 2006, derivó en un aumento del desplazamiento para este año,

registrando 4.443 indígenas nasa afectados en sólo 4 eventos de desplazamiento.

Los años siguientes no tuvieron un panorama más alentador. Desde 2008 a 2011, se presentaron 71 eventos de desplazamiento para la población nasa, afectando a 17.519 indígenas.

GRÁFICA 5: TOTAL DE EVENTOS Y VÍCTIMAS DE DESPLAZAMIENTO DE POBLACIÓN NASA 1995-2012

Tomado de DCPS-Nasa (2013: 56), construida a partir de la Base de Datos de la Corporación Ensayos

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Sobre la responsabilidad de los eventos de desplazamiento, el DCSP-Nasa indica

que los enfrentamientos bélicos fueron los causantes de un 40% de los casos,

seguido por las acciones de las fuerza pública y los paramilitares, con un 23% de responsabilidad, y a la acción de las guerrillas se le atribuye el 8% de responsabilidad (Ibid: 57-58).

Todas las experiencias de desplazamiento forzado afectan a las comunidades en general, sean éstas indígenas o no. Las personas deben abandonar sus hogares,

muchos de ellos en la zonas rurales, dejando atrás sus animales, los cultivos, los elementos básicos de su cotidianidad, incluidos enseres y alimentos. En estas

situaciones, nunca se han presentado incidentes de reparación y a lo máximo que

se puede aspirar, en la mayoría de los casos, es a la asistencia humanitaria prestada generalmente por organismos internacionales. Las niñas y niños deben interrumpir su cotidianidad, el poder ir a la escuela por ejemplo, y se deben enfrentar a un conjunto de presiones para las que no están preparados.

En el caso de los desplazamientos que perjudican a la población indígena, la afectación colectiva tiene ingredientes adicionales que, en muchos casos, no logran ser entendidos desde la institucionalidad precisamente por la relación particular que existe entre los indígenas con su territorio. El DCPS-Nasa declara que se

presentan múltiples desplazamientos de líderes comunitarios o espirituales (Thê

wala), por efectos de amenazas directas. Los vacíos que estas personas dejan en las comunidades son enormes y los actores armados tratan de filtrarse por esas rendijas para afectar la neutralidad de las poblaciones.

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Los Thê wala son fundamentales para propiciar la armonía y el equilibrio, más aún en situaciones de zozobra permanente. Las amenazas en su contra o el

asesinato intencional de estos guías, pareciera demostrar un plan sistemático para

desestructurar la resistencia indígena. Solo así se puede entender el hecho de que, entre octubre de 2012 y abril de 2013, cuatro Thê Walas del pueblo nasa hubieran sido asesinados en el norte del Cauca2.

RECLUTAMIENTO PARA LOS GRUPOS ARMADOS INCLUIDO EL DE MENORES El territorio del pueblo nasa se ha visto afectado permanentemente por la disputa que

ha sido descrita en páginas anteriores. Es importante hacer una mención especial a la presión que realizan los actores armados en territorios nasa. Por una parte, en el

marco de la política estatal de intervención territorial, la fuerza pública promueve el

reclutamiento de jóvenes para sus filas en territorios indígenas donde se da el PNCT. Las campañas que se adelantan a lo largo del país “soldado por un día”, buscan generar una empatía especial de los jóvenes para que se enlisten en la guerra.

Por su parte, las guerrillas y los grupos paramilitares han generado mecanismos

de incentivo o coacción buscando aliados en sus bandos. La propia dinámica del conflicto, que genera una inestabilidad para la comercialización de productos, la

situación de pobreza generalizada en territorios indígenas, así como las políticas

inconsultas del Estado al firmar tratados comerciales que afectarán la agricultura

profundamente, están cerrando las posibilidades de los jóvenes para encontrar otras formas de trabajo por fuera de la guerra.

2 Para ampliar esta situación se puede consultar la última de las crisis generada tras el asesinato del Thê Wala Benancio Taquinás el 18 de abril de 2013.Ver: https://www.diagonalperiodico.net/global/mientrasgobierno-y-farc-dialogan-comunidades-indigenas-estamos-sufriendo-asesinatos.html

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Uno de los acontecimientos más dolorosos en la historia reciente del norte del ocurrió

el 26 de marzo de 2011, cuando varios niños indígenas fueron masacrados tras un

bombardeo realizado entre el fuerzas especiales del ejército y la policía en la vereda Gargantillas, del resguardo de Tacueyó, Toribío. El bombardeo ocurrió a las 2 de la mañana y en él perecieron cuatro niños indígenas y los comuneros Edgar Fabián

Silva y Manuel Ipia. Éstos dos últimos acudieron a la zona de afectación al recibir un

mensaje de texto en el que un familiar les solicitaba ayuda por encontrarse herido, por lo que se desplazaron hacía el lugar para brindar asistencia humanitaria. Al día

siguiente, fueron reportados como guerrilleros dados de baja en combate. Los cuatro menores indígenas, habían sido reclutados por la guerrilla de las Farc.

El caso, como muchos otros, ilustra la situación. Desde el Cauca, tanto la ACIN como el CRIC, iniciaron en marzo 2009 un intercambio público de misivas con los comandantes de la guerrilla de las FARC, solicitando respetar la autonomía indígena.

Tras la respuesta del comandante mayor de esta guerrilla, desde la ACIN se volvió a proponer un debate público en abril de 2012. En él, se le plantea a la guerrilla

que asuma la responsabilidad en multiplicidad de atropellos y cesen sus actividades violentas y de división dentro de las comunidades. También se hace un llamado a los

injustos señalamientos del discurso de la guerrilla, que tilda al movimiento indígena

de ser colaborador de la fuerza pública cuando las autoridades y la guardia indígena

ejercen su derecho constitucional a controlar sus territorios ancestrales. Los indígenas se sorprenden de la incapacidad de los actores armados por comprender su discurso

de autonomía. Cuando los indígenas han hecho esfuerzos simultáneos por sacar del territorio a la fuerza pública, está, a su vez, también los tilda de guerrilleros.

Haciendo referencia al caso de la vereda de Gargantillas, el comunicado de la ACIN

detalla que “ustedes [las FARC] tenían una escuela de entrenamiento, que el Ejército bombardeó hace un año; varios menores indígenas murieron. El gobierno dijo que no tuvo la culpa de los niños muertos porque estaban en un campamento, que es un

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objetivo militar legítimo. Pero el gobierno sabía no solo del campamento sino de la

presencia de los menores, porque la información les había llegado por un desertor de ustedes mismos. De modo que uso las armas sabiendo la presencia de personas

que debían ser protegidas - los niños y las niñas. Eso es un crimen de guerra del Estado. Pero también de ustedes, porque está prohibido reclutar menores y llevarlos al matadero” (ACIN, 2012: 3).

CULTIVOS ILÍCITOS La presencia de cultivos ilícitos en los territorios del pueblo Nasa ha sido variada.

En la actualidad, los tipos de cultivo que más afectan su cotidianidad son los de

Marihuana y hoja de coca. En el pasado, también hubo una importante producción de amapola en algunos municipios con presencia del pueblo Nasa.

En territorios nasa, entre los años 2008 a 2011, la producción de hoja de coca ha sido

más intensa en los departamentos de Caquetá y Putumayo y en algunos municipios de los departamentos del Cauca y Valle del Cauca. Lo que se puede evidenciar

para estos dos últimos departamentos es que la zona donde se concentra la mayor cantidad de producción de hoja de coca no es exactamente donde se encuentran

los asentamientos del pueblo nasa, es decir, en los municipios de Argelia, el Tambo,

López de Micay y Guapi. En ellos, la población indígena mayoritaria es la misak y kokonuco. Para el caso del pueblo nasa en el Cauca, hay una producción reducida

registrada en los municipios de Buenos Aires, Cajibío, Morales, Piamonte y Suárez

y un poco mayor para el caso de Buenaventura, Valle del Cauca (ver gráfica 6). También hay producción en pequeña escala en otros municipios del norte del Cauca, pero ha sido reconocido que la gran mayoría hace parte del autoconsumo ritual y medicinal de las comunidades.

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No obstante, el hecho de que la presencia de cultivos de hoja de coca no sea

mayoritaria en los territorios nasa del Cauca y del sur del Valle del Cauca, no quiere

decir que no se ven afectados por la dinámica del narcotráfico. En primer lugar, como se mencionó atrás, su territorio se encuentra entre dos corredores estratégicos que conectan la salida marítima del pacífico con las cordilleras y que se presta para el

tráfico de drogas y armas. En segundo lugar, los municipios de Jambaló, Caloto, Caldono, Corinto y Toribío están siendo usados por los narcotraficantes, muchos de ellos en estrecha relación con los grupos armados insurgentes y paramilitares,

para instalar “cocinas” o laboratorios de procesamiento de la pasta base de coca. En un ejercicio de control territorial, los indígenas han intentado de múltiples maneras

prohibir la presencia de estos laboratorios en sus resguardos y zonas de influencia, lo que les ha costado enemistades aún mayores en la región y la vida de varios líderes locales. En el apartado sobre resistencia se hará una mención a este respecto.

GRÁFICA 6:PRESENCIA DE CULTIVOS DE HOJA DE COCA EN MUNICIPIOS CON PRESENCIA DE POBLACIÓN NASA(CAUCA Y VALLE 2008-2011)

Fuente: Elaboración Observatorio ADPI a partir de Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (UNODC, 2008, 2009, 20101 2011 y 2012).

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05. EL PUEBLO NASA

En tercer lugar, en el pasado reciente en territorios nasa del Cauca sí hubo una

presencia mayor de cultivos de amapola aunque, en la actualidad, la principal problemática está asociada a una gran producción de marihuana de alto contenido

de THC, lo cual permite ser comercializada a altos precios. Sobre la producción de amapola en el Cauca, el informe Tierra Profanada, cultivos ilícitos de 2008 revela

que, aunque no ha habido un registro juicioso de las hectáreas producidas, entre los años 2000 y 2007 los resguardos de Jambaló, Cohetando y Ambaló, del pueblo

Nasa, reportaron la mayor cantidad de cultivos de esta planta, presentes en los territorios indígenas del país (HREV, 2008: 20).

El informe del 2012 de la Oficina de Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (UNODC), apunta una disminución del 81.04% en la producción de amapola en el departamento del Cauca, entre los años 2005 y 2012 (UNODC, 2013: 62). Se

pasó de una producción de 538 ha en 2005 a 102 ha en 2012. Pero, como ya se mencionó en otro momento en este libro, el éxito de la erradicación no dependió

exclusivamente de la política de fumigaciones aéreas o erradicaciones manuales. Por el contrario, han sido las propias autoridades indígenas quienes han estado más

interesadas en erradicar de sus territorios los cultivos de amapola al considerarlos de uso ajeno a sus costumbres.

En el Cauca, la producción de marihuana ha crecido dramáticamente en tiempos

recientes, aunque tampoco parecieran llevarse registros pormenorizados. En las montañas del norte del departamento, se están sembrando distintas variedades de

marihuana que se venden a precios incluso superiores a los de la cocaína procesada.

Según un reportaje de 2008, mientras una arroba de hoja de coca se le compra a los productores en la puerta de la finca por 85 mil pesos (35 euros); una arroba

de marihuana variedad “cominera”, que se siembra solamente en las montañas del norte del Cauca, está siendo comprada a 180 mil pesos (72 euros)3. Lo irónico de la

3 Ver artículo «Marihuana a precio de cocaína». El Espectador, junio 14 de 2008. Disponible en: http:// www.elespectador.com/noticias/actualidad/articulo-marihuana-precio-de-coca

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situación, es que está dinámica se produce en uno de los territorios más militarizados del país, en zona del PNCT.

Transitar por las carreteras del norte del Cauca implica ser objeto de retenes militares

de inspección constantemente, en una zona que ha sido copada por más de 10 mil miembros de la fuerza pública. La producción de marihuana en las montañas del norte

del Cauca, requiere de una infraestructura especial que proteja las plantas de la bajada de temperaturas que se presenta en las noches. Esta situación hace que los cultivos de

marihuana sean inocultables en las noches porque las luces, de 15 vatíos necesarias para calentar cada planta y ayudarle a crecer, iluminan los cultivos en la oscuridad de las

montañas. La presencia cada vez mayor de los cultivos de marihuana, en medio de una

presencia de fuerza pública tan apabullante, sólo es explicable gracias a los sobornos. La producción de marihuana responde a la misma dinámica de la producción de hoja de coca: los campesinos y algunos indígenas son los que mantienen los cultivos como

alternativa económica de subsistencia, y los narcotraficantes asociados a los grupos armados son quienes les compran la producción4.

Pero incluso, este no es el único problema en la zona derivado de los cultivos de

marihuana. Los indígenas, en un comunicado abierto sobre la presencia de estos cultivos, han denunciado como las familias del entorno rural están pagando hasta la energía necesaria para mantener la infraestructura de la producción. Resalta el

comunicado que “se escapa a nuestra observación la cantidad de invernaderos y bombillos instalados para este cultivo en el territorio: en Tacueyó por ejemplo, se habla de más de 12.000 bombillos, que equivalen a tener aproximadamente 2.500

casas más en el territorio. Este consumo desmedido de energía ha quemado 25 transformadores por sobrecarga, así como ha quemados muchos electrodomésticos

en las casas por los bajones de energía. ¡Y lo más irónico! Nos ha aumentado el

valor de pago en el recibo, ya que la energía que se utiliza la toman de manera 4 Ver artículo «Marihuana de Corinto: cien por ciento campesina». Disponible en: http://www. revistadonjuan.com/interes/marihuana-de-corinto-cien-por-ciento-campesina/9630844

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05. EL PUEBLO NASA

ilegal, pero el gasto energético nos lo cobra la empresa energética a todos, como si fuéramos los dueños.” (Autoridades tradicionales de los resguardos de Toribío, Tacueyó y San Francisco, 2013)

Ahora bien, como se mencionó al inicio de este apartado, sin contar la situación

del Cauca, los territorios nasa más afectados por los cultivos de hoja de coca se encuentran ubicados principalmente en los departamentos de Caquetá y Putumayo (ver gráficas 7 y 8).

GRÁFICA 7:PRESENCIA DE CULTIVOS DE HOJA DE COCA EN MUNICIPIOS CON PRESENCIA DE POBLACIÓN NASA (CAQUETÁ 2008-2011)

Fuente: Elaboración Observatorio ADPI a partir de Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (UNODC, 2008, 2009, 20101 2011 y 2012).

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GRÁFICA 8:PRESENCIA DE CULTIVOS DE HOJA DE COCA EN MUNICIPIOS CON PRESENCIA DE POBLACIÓN NASA (PUTUMAYO 2008-2011)

Fuente: Elaboración Observatorio ADPI a partir de Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (UNODC, 2008, 2009, 20101 2011 y 2012).

Los departamentos de Caquetá y Putumayo han sido permanentes en la presencia

de cultivos de hoja de coca. En la actualidad los municipios de Cartagena del Chairá, la Montañita y San Vicente del Caguán (en Caquetá); y de Puerto Asís, Puerto

Leguízamo, San Miguel y Valle del Guaméz (en Putumayo) son también territorios donde se lleva a cabo el PNCT. Si se detallan las gráficas 7 y 8 se verá que en hay una disminución del área de hoja de coca cultivada. Pero, simultáneamente, se pueden suponer las consecuencias que ello ha tenido para la subsistencia alimentaria de

las poblaciones que cultivan en tierras aledañas a los cultivos ilícitos o que, incluso, combinan su producción de pancoger con el cultivo de la hoja de coca.

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05. EL PUEBLO NASA

PROBLEMÁTICA DE TIERRAS La problemática de tierras ha sido diagnosticada como fundamental en el caso del

pueblo nasa. Especialmente, porque es el pueblo demográficamente más numeroso

de la zona sur del país, el segundo en tamaño de población de Colombia. Los desplazamientos derivados del conflicto armado e, incluso, de situaciones que han

implicado desastres naturales de gran envergadura como la avalancha del río Páez en 1994; y la imposibilidad de garantizar mecanismos de subsistencia alimentaria y reproducción de la vida social a causa de la escasez de tierra disponible es un asunto de gran importancia dentro de sus afectaciones a la superviviencia.

Como lo especifica el Diagnóstico del Plan de Salvaguarda, “las comunidades de la zonas Oriente, Centro y Reasentamientos coincidieron en que el aumento de la densidad poblacional, de las amenazas constantes por la presencia de

grandes multinacionales mineras y forestales (Anglo Gold Ashanti y Smurfit Cartón de Colombia), de la presión de los terratenientes cañeros, ganaderos y narcotraficantes, requiere de manera urgente la celeridad en los procesos de

titulación, saneamiento y ampliación de los resguardos ya constituidos. Esta

estrategia fue definida como una de las formas posibles para blindar el territorio

frente a la avanzada colonizadora (...) las demandas territoriales sin embargo han encontrado a su paso la recurrente obstrucción y lentitud de los procesos de

legalización de las tierras, lo que se constituye en una evidente vulneración de sus

derechos. Así la minería, la industria forestal y el narcotráfico fueron identificados por las comunidades nasa de esta región (zona norte y occidente del Cauca, Sat Tama, y su del Valle del Cauca) como verdaderos enemigos de los derechos terriotoriales” (DCPS-Nasa, 2013: 192)

El problema de las tierras es muy complejo, pero si se quisiera intentar resaltar los

puntos principales de esta situación, habría que mencionar que hay una carencia

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en su disponibilidad que atenta contra la supervivencia del pueblo nasa porque la soberanía alimentaria no se puede sustentar.

Los motivos son varios. En especial, el despojo histórico generalizado, que ha hecho que el pueblo nasa deba ubicarse en las zonas altas de las montañas,

donde la productividad de la tierra es menor. Además, al igual que en el resto del

país, lo que no se tiene en cuenta sobre la cantidad de tierras disponibles para los indígenas, es el hecho de que sus resguardos coinciden con zonas de protección

ambiental especial. La relación ancestral que tienen los indígenas con la madre tierra ha sido, justamente, el principal motivo por el que han preferido migrar hacia

otras zonas cuando la presión demográfica ha sido muy grande y enfrentarse a una economía familiar precaria. Gracias a ese respeto por la vida de la tierra, una

buena parte de la población colombiana puede gozar de agua en sus hogares en las grandes ciudades.

Un documento de trabajo del CRIC, que explica la situación de las tierras,

detalla que el 63% de los territorios indígenas en el Cauca tienen una vocación conservacionista5 y, por ende, las actividades de la reproducción económica de

las comunidades deben desarrollarse en el 37% de tierras restantes (Yafué, et

al 2012. 2 y 3). En este mismo informe, los autores indican que los indígenas se ven obligados a sobreutilizar la tierra, por encima del promedio departamental. La

sobreutilización, consecuencia de la concentración, en el Cauca es del 69%, pero en territorios indígenas alcanza el 78% (Ibid:7).

Finalmente, es una realidad que el Estado colombiano se encuentra dilatando los

compromisos de adquisición de tierras que ha pactado con los indígenas. Esto es una situación permanente a lo largo del país y del departamento en particular. Se advierte que en el 2004, el Instituto Colombiano de Reforma Agraria (INCORA), 5 El 9% corresponde al Área de Parques Naturales Nacionales, 16% hace parte de las zonas de páramos y lugares sagrados y un 37% se encuentra en áreas con pendientes superiores al 30° y tienen vocación forestal.

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posteriormente Incoder, diagnosticó un déficit de 218.106 hectáreas que debían ser adquiridas para las comunidades indígenas del Cauca. De ese total, sólo se habían adquirido el 30.8% para 2012. Pero el asunto más grave ha sido la reticencia para

darle estatus jurídico de resguardos a estas nuevas tierras tituladas o para sumarlas a la ampliación de los resguardos. El 55% de las tierras adjudicadas en tiempos recientes sigue a nombre del Fondo Nacional Agrario (Ibid: 6).

La situación de las tierras asignadas al pueblo nasa, como compromiso de reparación

por parte del Estado tras asumir su responsabilidad en la masacre del Nilo ocurrida

en 1991, indicaba que a 2012 se habían adquirido 13.906ha, en 16 predios, de las 15.663ha pactadas. Ninguna de las 16 titulaciones se ha legalizado bajo el título de resguardo o ha sido sumada a la ampliación de algún resguardo ya existente. Por lo

tanto, son tierras de asentamiento del pueblo nasa, que se encuentran por fuera de los derechos constitucionales de protección que les cobijan por ser indígenas.

El territorio ancestral reclamado por los nasas involucra 1.138.526ha. De ese total sólo 475.975 ha están legalizadas a manera de resguardos, correspondiendo

337.995ha de éstas a títulos de origen colonial. Un restante de 662.551ha se encuentran sin legalizar.

Los indígenas nasa han visto lo anterior como una clara señal de que no hay interés, por parte del Estado, de proteger los territorios. Los intereses de explotación de los recursos naturales y minero-energéticos son la principal motivación para retrasar las

adjudicaciones de titulación de resguardos, como figuras de protección especial, lo cual es visto por las comunidades como una evidente prebenda para poder asegurar un futuro expolio.

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2. MINERÍA Y MEGAPROYECTOS Los territorios nasa de los departamentos de Cauca, Huila, y Valle del Cauca

conviven actualmente con la presencia de la minería artesanal, de histórica tradición

y con bajo impacto ambiental; con la minería moderna a pequeña, mediana y gran escala, que involucra materiales contaminantes, especialmente cianuro y mercurio para la extracción de oro y que ha atraído a las grandes multinacionales mineras

con una legislación flexible y poco exigente; con la ejecución del megraproyecto de la Transversal del Libertador, la cual pretende conectar la cordillera central desde La Plata (Huila) hasta la salida al océano pacífico; con los estudios de exploración petrolera llevados a cabo por Petrobras, en la región de la zona de La Plata y Pitalito

(Huila) y, finalmente, con la proyección de la construcción de la hidroeléctrica El

Quimbo II, que desviaría el río Páez y estaría a cargo de la multinacional Endesa. La misma que ha estado encargada de El Quimbo I, hidroeléctrica que se nutre del

caudal del río Magdalena y cuyos impactos monumentales se han hecho sentir en las poblaciones campesinas e indígenas del departamento del Huila.

En el capítulo 2 de este libro se ha explicado el concepto de Zonas Mineras Indígenas (ZMI) como áreas con potencial de extracción minera, que se encuentran en jurisdicción

de los resguardos indígenas y que, por ende, los cabildos o comunidades tienen prioridad sobre su explotación. En la zona de ubicación del pueblo nasa, la actividad

minera preponderante se da en la región del norte del Cauca y sur del Valle del Cauca,

así como también en la zona de Tierradentro y Huila (ver tabla 1 y mapa 1). Un estudio sobre pequeña y mediana minería, señala que “de las siete zonas mineras indígenas del

Cauca cuatro se superponen en mayor o menor medida con los municipios que integran la zona norte, con aproximadamente 100.000 ha.” (Caro y Valencia, 2012: 18). Las zonas

mineras declaradas en territorios nasa a la fecha son: a) Delicias - Canoas (19.079 ha,

declarada en 1996); b) Miranda - Pitayó (51.503 ha, declarada en 1993); c) Pisno (18.033 ha, declarada en 1998) y Jambaló (12.992 ha, declarada en 2010) (Ibid: 18).

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05. EL PUEBLO NASA

TABLA 1: RELACIÓN DE TÍTULOS Y SOLICITUDES MINERAS EN TERRITORIO DEL PUEBLO NASA EN EL CAUCA Contratos y concesiones

Cantidad de Hectáreas

Solicitudes

Cantidad de Hectáreas

Zona Norte y Occidente del Cauca y Sur del Valle del Cauca

95

226.139

245

369.515

Zona Tierradentro y Huila

10

10.708

77

157.088

Total

105

236.847

322

526.603

Fuente: Elaboración Observatorio ADPI, a partir del DCPS-Nasa (2013: 213, 214 y 223)

Mapa 1: Títulos mineros otorgados y en trámite y áreas legalmente protegidas en la zona norte del departamento del Cauca. Fuente: ACIN, Tejido de economía, territorio y medio ambiente y Corporación Regional del Cauca

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A lo largo de esta investigación, se ha hecho mención a que el auge de la minería implica un desafío constante a los ejercicios de autonomía y gobernabilidad de los cabildos indígenas. Como lo muestra la tabla 1, sólo en la zona norte del Cauca

se están explotando para la minería, total o parcialmente, 226.139 hectáreas y se

encuentran en solicitud otras 369.515 hectáreas. Si se suman el total de hectáreas tituladas o concesionadas en el territorio nasa del Cauca, se estaría llegando a

763.450 hectáreas con esta vocación, lo cual es una cifra astronómica si se tiene en cuenta que en los territorios indígenas ha prevalecido la explotación agrícola y de ganadería en pequeña escala.

El problema minero en territorio nasa no se limita solo a la cantidad de hectáreas

explotadas. El debate se ha ampliado al tipo de minería que se realiza, incluso si se trata de pequeña o mediana minería. En el artículo de Caro y Valencia se hace una diferenciación conceptual entre las técnicas de la minería artesanal, practicada desde tiempos prehispánicos por los pueblos indígenas, y la minería moderna.

Resaltan los autores que “es evidente que la pequeña y mediana minería que trabaja con retroescavadoras, motobombas, explosivos, sustancias tóxicas como el mercurio y el cianuro para extrater el oro, son definitivamente nocivas para el

equilibrio ambiental de los ecosistemas y causan a la postre los mismos impactos

que la minería a gran escala.” (Ibid: 20). Sin duda, en relación a los mecanismos de contratación laboral, la minería de pequeña y mediana escala tienen efectos

muy distintos y menos nocivos sobre la distribución de la riqueza. Pero ambiental y comunitariamente, no hay mucha diferencia en que la concesión sobre un distrito minero esté adjudicada a una multinacional o a 100 pequeños y medianos empresarios mineros que usan técnicas igualmente nocivas.

Según se expresa en el estudio en cuestión, las técnicas mineras modernas provienen

de procesos migratorios de la mano de obra minera desde otras zonas del país hacia

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05. EL PUEBLO NASA

el norte del Cauca. La irrupción de estas técnicas contaminantes ha derivado en múltiples conflictos comunitarios. El caso del Resguardo de Canoas, en jurisdicción

de Santander de Quilichao, ilustra bastante bien la problemática. Según lo relata el estudio de Caro y Valencia, las presiones de solicitud que realizó la multinacional Anglo Gold Ashanti, hicieron que la comunidad organizada rechazara su intervención

territorial y, preventivamente, se apoyara en la prelación de explotación. Como la solicitud fue aprobada, algunas comuneras y comuneros de distintas veredas

comenzaron la explotación minera, en condiciones que estaban afectando los acuíferos de la zona. La guardia indígena intervino desmontando la infraestructura

que había en los socavones y decomisando las herramientas utilizadas, lo cual generó una tensión muy fuerte en contra del cabildo. En resumen, la estrategia de

protección territorial en contra de la intervención de la Anglo Gold Ashanti, no fue suficiente para palear los efectos de la fiebre minera (Ibid, 24-25).

La presión que está ejerciendo la Anglo Gold Ashanti sobre los territorios indígenas es enorme. Ya se ha mencionado en el capítulo 2 que el proyecto minero de la

Salvajina estaría ubicado en territorios nasa de los municipios de Morales y Suárez,

lo que se evidencia como una amenaza latente porque la magnitud es descomunal. Desde el tejido de economía, territorio y medio ambiente de la ACIN, se hizo mención al hecho de que las grandes multinacionales están solicitando, en nombre de personas naturales, las licencias de explotación. Si se consulta a base de datos

del Catastro Minero, se verá cómo aparecen los nombres de personas naturales en varias ocasiones, en las mismas titulaciones a las empresas multinacionales.

Por ejemplo, solo para mencionar algunos casos, basta consultar en el Catastro minero los expedientes de solicitud HCG-131, GE3-11A, GMD-150, GDK-09H, en

los que se agrupa a la Anglo Gold Ashanti y a la persona natural Rafael Alfonso Roa,

para licencias de explotación en los municipios de Morales, Suárez, Santander de Quilichao, Bolívar, Almaguer, Sucre, San Sebastián, Santa Rosa y el Patía.

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El portal de Internet lasillavacía.com6 presentó un diagnóstico reciente sobre las solicitudes mineras del norte del Cauca (ver tabla 2) y cuántas de éstas son solicitadas por esta gigante multinacional.

TABLA 2: SOLICITUDES MINERAS DE LA ANGLO GOLD ASHANTI EN EL NORTE DEL CAUCA Solicitudes

Asignadas AngloGold

Títulos obtenidos

Títulos en explotación

Buenos Aires

94

20

19

0

Caldono

45

22

1

1

Caloto

45

15

20

0

80

14

5

2

63

17

19

3

Santander de Quilichao Suárez Toribío

21

13

5

0

Total

348

101

69

6

Fuente: Elaboración Observatorio ADPI, a partir del informe Las Minas del Cauca, de lasillavacia.com (2012)

Además de las pretensiones territoriales mineras en el norte del departamento, el pueblo nasa de la región de Tierradentro ha declarado la alerta sobre las intenciones

de explotación minera en la región de los páramos de Pisno o de las Moras. Se

ha denunciado por parte de las comunidades, una alta ocupación militar de los territorios, que se escuda en la presencia de la guerrilla. Sin embargo, los indígenas consideran que detrás se encuentran pretensiones de exploración de los recursos.

6 http://lasillavacia.com/historia/las-minas-del-cauca-34959

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05. EL PUEBLO NASA

En Tierradentro existe dos zonas mineras declaradas. Una la integran los resguardos

de Togoima, Vitoncó y Tóez y la otra, en el páramo de Pisno, implica los resguardos de Mosoco y San José. Según el DCPS-Nasa, se han reportado 194 títulos mineros

vigentes en la región, que corresponderían a 63.889 ha. No obstante, la Corporación

Autónoma del Alto Magdalena ha denunciado que la mayoría de estos títulos mineros se encuentran en zonas de conservación (DCPS-Nasa: 2013).

La zona nasa de Tierradentro y Huila también se está viendo afectada por la construcción de la Transversal del Libertador que atraviesa los resguardos desde

La Plata (Huila), hasta el pacífico. Los indígenas han declarado que “el proyecto de la Transversal del Libertador se está construyendo para extraer el oro y los minerales que se encuentren en el transcurso. No es una inversión para beneficiar la comunicación de las comunidades. Nosotros tenemos conocimiento que, cuando

fueron abriendo las vías, fueron haciendo los estudios de los minerales que allí

se encontraban. También en la zona de Tierradentro se está dando la exploración petrolera y pensándose el proyecto de la represa de El Quimbo II entre Tierradentro y Huila, desviando el río Páez. Ellos lo tienen claro, donde no hay oro, hay agua; si no hay agua hay petróleo.” (Entrevista 1).

El presidente de la Asociación de Cabildos Indígenas Nasa Çxhâçxha confirmó que en relación a la construcción de la troncal del Libertador han “tenido problemas con los

privados que construyen la transversal. Porque tenemos personal que está recorriendo los sitios y recogiendo información de los lugares impactados: los nacimientos de agua, las casas, lugares que quedan llenos de deshechos. Los privados no nos

dejan recorrer nuestro territorio cuando queremos evaluar el impacto de lo que están haciendo. Están presentándose problemas de amenazas desde el paramilitarismo, en

el sector de La Plata y Pitalito, en particular en el resguardo de Pickewe Tha Fiw. Allí hay una solicitud por parte de Petrobras y de la Anglo Gold Ashanti (para explotar la

fosforita). También porque en esa zona se quiere construir el Quimbó II, que involucra

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el río Páez. En la zona de Río Chiquito, en el Cauca en límites con el Tolima, hay un interés de la empresa UraGold por la explotación de Uranio. Los panfletos que nos están llegando son de las Águilas Negras.” (Entrevista 2).

Bajo este panorama, se hace clara la intención de expolio de los recursos naturales

y mineros, que han sido resguardados por milenios por los pueblos ancestrales, y se entiende la panorámica de reticencia para titular las tierras de los indígenas bajo las figuras de protección de resguardos. Por un lado, el Estado promete asignar las tierras a los pueblos indígenas para solucionar sus problemáticas. Hay que

decir que, prácticamente, en el ciento por ciento de las veces, estas promesas se

han dado en el marco de las movilizaciones masivas por la exigencia de derechos, promovidas desde los pueblos indígenas. Por otro lado, el Estado quiere conservar

un as bajo la manga y brindar todas las facilidades de explotación de recursos a las grandes empresas multinacionales, y para lograrlo evita titular las tierras asignadas

bajo las figuras de protección de derechos colectivos. Con esta estrategia es más fácil eludir las consultas previas que se demandarían por obligación constitucional y tras la firma del convenio 169 de la OIT.

3. AMENAZAS CULTURALES Las amenazas sobre los territorios nasa, derivadas del conflicto y la amenaza por la explotación de recursos, son evidentes. Han sido abordadas a lo largo de este texto

también: la monetarización de la vida cotidiana cuando se dan desplazamientos

forzados permanentes; la presencia de cultivos ilícitos en las zonas de influencia indígena, en particular de cultivos de marihuana o de laboratorios de procesamiento

de la hoja de coca para convertirla en cocaína, hacen que la disponibilidad de éstas para los jóvenes indígenas esté presente, lo cual es visto como una amenaza permanente por parte de los mayores a las dinámicas de autonomía y organización

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05. EL PUEBLO NASA

indígenas. Las amenazas de la delincuencia común, asociada a las milicias de las

agrupaciones guerrilleras en unos casos o a los grupos paramilitares en otros, han generado otro tipo de conflictividad como el robo permanente de motocicletas en las cabeceras municipales o coidades capitales de Cali, Santander de Quilichao

y Popayán, que luego son vendidas a precios irrisorios en las zonas altas de la cordillera o en los propios resguardos.

La introducción de materiales contaminantes en los lugares sagrados no sólo son asociados a la minería, sino a la propia acción militar que genera todo tipo de desechos contaminantes, también es vista como una amenaza cultural permanente. Por ejemplo, los ejércitos regulares e irregulares acampan en los lugares sagrados y

esparcen en ellos residuos no biodegradables propios de la vida militar: enlatados y materiales de plástico, sin contar el abandono de materiales explosivos.

De hecho, en la declaración del páramo de Pixsnu, las autoridades espirituales nasa hacen un llamado a “realizar acciones de autonomía y armonización en las áreas usurpadas por las instituciones ambientales y mineras o proyectos económicos

inconsultos, planes de exploración sísmica, trincheras, basuras y ocupación militar fraudulenta por parte de los actores armados, entre ellos la fuerza pública del Estado colombiano, anunciamos que nosotros como pueblos ancestrales y con el

fin de hacer respetar nuestros derechos, llegado el momento sancionaremos a los infractores según nuestros usos y costumbres” (CRIC, 2010).

Dos líderes nasa, Aída Quilcué y Víctor Manuel Hurtado, en diferentes entrevistas

con el Observatorio ADPI, describieron otro conjunto de amenazas culturales que implican grandes desafíos para el pueblo nasa, en especial en la zona norte del

departamento del Cauca, precisamente a causa de las presiones territoriales tan

inmensas a las que se enfrentan. Se destacan como amenazas apremiantes la pérdida del idioma o su instrumentalización por parte de los actores armados para

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controlar a los pueblos indígenas7; la aplicación de prácticas médicas exclusivamente occidentales para tratar las enfermedades y el uso masivo del Internet, que sirve

como una herramienta potenciadora, pero que representa una amenaza sobre lo propio al ejemplificar vivencias que no son reconocidas por las comunidades o debilitar los espacios familiares de aprendizaje.

Víctor Hurtado expresó su preocupación especial por la penetración exclusiva de las formas medicinales occidentales y la invasión de los espacios familiares, fundamentales para la reproducción cultural, tras el ingreso de las herramientas

tecnológicas masivas. “Nos preocupa la pérdida del uso de las plantas medicinales.

Porque a veces buscamos el facilismo de tomar pastillas en lugar de ir a buscar una planta y ponerla a hervir. Hemos perdido nuestras ropas tradicionales, ahora

lo único que usamos es el capizallo, la ruana (...) El Internet y la televisión están alejando a la familia, nos sentábamos antes alrededor del fogón, con el perro, con

el gato. Nos sentábamos a conversar en familia, o si estaba un mayor invitado a la

casa, y conversaba, los niños estaban escuchando y aprendiendo. La educación era

también fundamental desde el fogón. Con la tecnología todo el mundo se va a ver televisión y se individualiza. Hemos descuidado los tejidos, porque o se ve televisión

o se teje. Los que son pudientes, cada habitación tiene un televisor y eso hace que la vida comunitaria y la integridad familiar desde el fogón se vaya perdiendo.” (Entrevista 2).

Por su parte, Aída Quilcué, que también se refirió a esos temas, reseñó otras afectaciones culturales relacionadas con la invasión armada a los territorios indígenas. Para ella, “con la militarización se incluye a los jóvenes de manera directa o indirecta al sistema de la guerra. Hay reclutamientos de los jóvenes, así como

un incremento en las relaciones entre soldados y mujeres indígenas. Ha habido

un incremento en las enfermedades de transmisión sexual y embarazos. La ISE 7 La guardia indígena, en muchas ocasiones. se comunica en Nasa Yuwe para evitar que sus mensajes sean entendidos por los distintos actores armados. Los indígenas han denunciado que el ejército está promoviendo una política de reclutar jóvenes nasa que sepan el idioma, como mecanismo de inteligencia. Los mensajes llamando al reclutamiento, son constantemente emitidos en las emisoras de la policía o el ejército nacional.

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tiene una evaluación que indica hay un incremento de jóvenes con enfermedades de transmisión sexual en las zonas donde la presencia de la guerrilla o el ejército es más elevada también.

A esto hay que sumarle la irrupción de ideologías religiosas que en ocasiones dividen

a la gente, porque consideran que el ejercicio cultural va en contravía de la religión

y eso hace que se debilite el tema cultural de las comunidades. Aunque eso no

significa que todas las religiones hagan lo mismo. En realidad mientras no se pierda

el horizonte del ser indígena no hay problema. Algunas comunidades siguen siendo evangélicas y siguen aportando al proceso de la organización. Si bien hay indios

evangélicos o aliancistas, lo que se ha impuesto es el proceso de la organización

indígena. Algunas religiones han tenido que flexibilizarse y entender que los indígenas tenemos un proceso distinto. Hay incluso sacerdotes que promueven que se ponga en práctica la cultura ancestral. Porque ha habido un ejercicio de reivindicación de

las autoridades. Las religiones en su momento tuvieron el fin de dividir los pueblos.

Pero aquí ha primado el proceso y la fuerza de identidad y organización de los pueblos.” (Entrevista 1)

Las afectaciones culturales señaladas en los múltiples espacios organizacionales,

son una preocupación permanente del pueblo nasa. Como se mencionó en la introducción de este libro, frente al caso del pueblo nasa se planteó el debate de si se

podría hablar de un riesgo de extinción, teniendo en cuenta que es el segundo grupo indígena más numeroso de Colombia. No obstante, en los distintos espacios en los

que el Observatorio ADPI tuvo la posibilidad de interlocutar con las comunidades

nasa, se reconoció que de nada serviría el crecimiento demográfico, si los principios

identitarios no eran reivindicados. La esencia de la resistencia indígena, de allí la incomprensión sobre sus discursos, radica en su fortaleza cultural e histórica.

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4. MECANISMOS DE RESISTENCIA El pueblo Nasa se ha caracterizado por ser uno de los pueblos indígenas más guerreros y resistentes de la historia colombiana. En época reciente, y bajo la coyuntura de los últimos años descrita a lo largo de estas páginas, se hará una

mención a cuatro mecanismos importantes: los planes de vida, las resoluciones

emitidas en distintos momentos, las Mingas de movilización social, que incluyen la lucha contra el narcotráfico y la guardia indígena.

PLAN DE VIDA Los Planes de Vida son la guía de cada pueblo sobre cómo se desea reivindicar la

autonomía, basada en las raíces ancestrales. Para el caso Nasa, el Plan de Vida ha significado la construcción de propuestas de los sistemas propios de justicia, salud, educación y economía. El pueblo nasa ha llegado a la conclusión de que, si bien

conviven con el modelo capitalista, las propuestas de autonomía son incompatibles con éste. En sus documentos de reflexión los nasa destacan que “todas las acciones

se deben guiar por principios propios de respeto de la madre tierra, consolidación

de la autonomía, fortalecimiento de la identidad cultural, integralidad, reciprocidad,

interculturalidad, solidaridad entre comuneros y comunidades, participación, respeto y consulta a las comunidades” (ACIN, documento de trabajo). La concreción de

los planes de vida se lleva a cabo por medio de la consulta y la organización de cinco tejidos: tejido de la educación propia, tejido de la salud indígena propio, tejido

de la justicia y la armonía, tejido del territorio económico y ambiental y tejido de comunicaciones para la verdad y la vida.

Los principios que guían los planes de vida, y se constituyen en la base de su

resistencia son múltiples. El sistema normativo del pueblo, que está sustentado en

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su cosmovisión, también implica una forma espiritual de fortaleza: vivir en armonía, consiste en alegrar las fuerzas positivas y negativas y purificar el cuerpo de los seres. Para lograr ello hay múltiples prácticas, pero una de las más importantes ha sido la

armonización física y energética cuando hay situaciones de desequilibrio, generadas por factores de conflicto dentro de las comunidades, o por factores externos a ellas.

Asimismo, desde los planes de vida se impulsa el usufructo del territorio y la producción económica subordinados a una relación profunda con la espiritualidad

de la naturaleza y en armonía con ella; el trabajo con respeto y obediencia a los mayores, a las normas culturales y naturales y el uso respetuoso del suelo sin destruir la concepción integral de la vida.

RESOLUCIONES, DECLARACIONES Y JUSTICIA PROPIA Las resoluciones no son leyes ancestrales, sino han surgido de acuerdo a

las necesidades coyunturales de la vida del pueblo nasa. Son considerados fundamentales como guías que rigen la resistencia.

Una de las primeras resoluciones Nasa importantes fue la Resolución de Vitoncó

de 1985. En ella 45 cabildos indígenas exigieron a los actores armados el respeto

a la autonomía y los territorios indígenas y es la primera vez que se hizo una petición explícita de no aceptación de actores armados en los territorios ancestrales. Posteriormente, en 1999, se dio la resolución de Jambaló, con un mandato más

drástico sobre la presencia de actores armados e, incluso, sobre mecanismos de control comunitarios para evitar el reclutamiento de las y los jóvenes nasa en la

guerra. La resolución de Jambaló determina que los indígenas que decidan hacer parte de los grupos armados, perderán sus derechos como comuneros. Este mandato

se aplica solamente para las comunidades nasa del Cauca, en parte porque estaban

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siendo las más afectadas por la infiltración de los grupos armados legales e ilegales. También en 1999, se declaró al resguardo de La María, como Territorio de convivencia,

diálogo y negociación, con el objetivo de que la sociedad civil tuviera un espacio para

construir propuestas de paz en el marco de las negociaciones de paz que se estaban adelantando con la guerrilla de las FARC.

Las resoluciones de Vitoncó de 1985, de Ambaló de 1996, y Jambaló de 1999 han

planteado claramente la posición del pueblo nasa frente al conflicto y los distintos actores armados. Pero, en ello no significa que los indígenas se consideren por fuera

del conflicto en sí mismo. Han exigido ser parte de las propuestas de solución porque, si bien son dos o más bandos en una disputa, es una realidad que son el pueblo nasa es de los que más víctimas mortales, heridos y afectaciones a la vida enfrenta.

En una de las cartas del intercambio público que se realizó con la guerrilla de las FARC, referenciada anteriormente, los indígenas responden con bastante

contundencia el debate planteado por parte del entonces comandante mayor de las FARC, Alfonso Cano. Éste les cuestionó que la visión de autonomía de los indígenas

era errónea y engañosa y que se prestaba para alimentar el lenguaje antisubversivo, lo cual les acercaba también al discurso del propio Estado. Ante estas declaraciones,

los nasa expusieron que les “resulta extraño que nos “acuse” hoy de no querer la presencia guerrillera en el territorio indígena, cuando se trata de una posición que hemos expresado por todos los medios desde hace décadas, y siempre hemos dicho

que exigimos también que salga el ejército oficial. Hemos dicho que no necesitamos a ninguno de los dos. Hemos dicho que nuestros problemas los resolvemos nosotros. Es más: no estamos solamente contra la presencia de la guerrilla o del ejército en nuestros territorios, ¡estamos en contra de la guerra en todas sus dimensiones,

en nuestros territorios y en el país! Lo afirmamos porque llevamos cinco siglos soportándola, y sabemos como nadie de sus dolores y sus miserias”

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(...) No estamos en orillas diferentes de un mismo ríos. En realidad estamos en dos ríos distintos (...) Hemos escogido una lucha civil, masiva, directa, comunitaria, en

montonera, no por simple diferencia con la lucha armada, sino porque nos parece que nuestro modo de hacer las cosas es más efectivo y eficaz para consolidar un poder

popular alternativo y construir un modo de vida más inteligente (...) Para enfrentar el modelo imperante, que es inhumano y avasallador frente a la Madre Tierra, nuestros

esfuerzos se han encaminado a la consolidación de un modelo distinto, basado en

el poder de la comunidad y en la construcción de nuestros sistemas propios de economía, justicia, educación, salud y bienestar, orientado a un nuevo país que nos permita vivir y convivir con otros sectores y pueblos” (ACIN, 2012).

Foto 2: Asamblea de Toribío. Juicio por el asesinato del Thê Wala, Benancio Taquinás. Abril 29 de 2013. Créditos: Lina María González

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MINGAS INDÍGENAS La minga indígena es una forma comunitaria de trabajo. La minga puede servir

para construir una carretera, sembrar tierras comunitarias o, en los casos de lucha social, demandar derechos a través de la movilización colectiva. Las mingas no son

exclusivas del pueblo nasa. Las mingas de resistencia indígena han sido múltiples a

lo largo del país, y aquí solo se ha querido hacer referencia a los hechos recientes sucedidos en el norte del Cauca.

En tiempos recientes, las mingas más reconocidas en la movilización social se iniciaron en 2007 y 2008. Los indígenas del norte del Cauca hicieron un llamado

nacional, sobre la exigencia de cinco demandas puntuales: el rechazo al tratado

de libre comercio con Estados Unidos; el rechazo a la guerra y el terror propiciados por la política de gobierno de “seguridad democrática”; la exigencia de derogación

de las leyes del estatuto rural, concebido como una ley que favorecería el despojo;

el cumplimiento de los acuerdos firmados por el gobierno nacional y de los tratados internacionales, así como anexión a la Declaración de Derechos de los Pueblos Indígenas de Naciones Unidas; y la creación de mecanismos de soberanía.

En julio de 2012, en el marco de la celebración de los actos de memoria por los

múltiples atentados en el norte del Cauca en Toribío y Corinto, se propuso la Minga de Resistencia por la autonomía, armonía territorial y cese de la guerra, en la cual

los indígenas nasa, acompañados de otros pueblos del Cauca, realizaron acciones

de control territorial en la que juzgaron a milicianos de la guerrilla encontrados con explosivos y expulsaron al ejército del campamento militar que tenía ubicado en el Cerro Berlín: un cerro sagrado para los nasas, ubicado en el municipio de Toribío.

El desalojo duró solo un día, aunque sirvió como mensaje para señalar que los indígenas estaban agotados de la presencia militar en sus territorios, de cualquiera que fuese el bando en conflicto.

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GUARDIA INDÍGENA (KIWE TENGNAS) La guardia indígena se encuentra integrada en el Tejido de Defensa de la Vida del

pueblo Nasa. Es uno de los principales mecanismos de control territorial y obedece

a las autoridades mayores. A su vez, las autoridades se rigen por el mandato de las Asambleas en la toma de decisiones.

Foto 3: Guardia indígena coordinando la evacuación de los niños de la escuela tras la amenaza de enfrentamientos en el casco urbano de Toribío, Cauca. Créditos: Javier Sulé

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Cualquier persona puede ser Kiwe Tengna. De hecho, hay hombres, mujeres, jóvenes y niñas y niños que integran esta estructura. Como propuesta del tejido de la vida, son los guardianes de la paz y, por ello, su esencia es el bastón de mando como símbolo de autoridad. Han sido múltiples los ejercicios de control territorial en resistencia promovidos por los indígenas nasa. Llama la atención no sólo el control ejercido sobre los actores armados, sino también sobre el narcotráfico. En febrero de 2009, el Cabildo de Jambaló expidió la resolución 002 en la que exigió que los laboratorios de procesamiento de cocaína debían desmontarse en la jurisdicción de su resguardo. El plazo dado fue de tres días antes de que la guardia indígena recibiera la orden de desalojo. También se le encargó a la guardia decomisar armas y explosivos que encontrara a su paso. En medio de este desafío, tres indígenas fueron asesinados 20 días después. Todos habían tenido que ver con la promoción de la Resolución 002 de Jambaló. A inicio de 2014, en el Resguardo de Huellas - Caloto, los nasa expidieron una nueva resolución, la 001 - 002 de 2014, control territorial en defensa del territorio y la vida. La principal determinación en ésta fue la expulsión de la minería de la cuenca del río Palo, en el mismo municipio de Caloto. La guardia indígena fue la encargada de ejecutar la sentencia. Pero no fue la única iniciativa. En los resguardos de Munchique los Tigres y Canoas (Santander de Quilichao), y varios resguardos de Toribío, Jambaló y Miranda se destruyeron laboratorios de procesamiento de cocaína, se rescató a un funcionario público retenido por las FARC, se ubicaron y destruyeron campos minados en Tacueyó, Jambaló y Toribío y se hizo un control contra las motos hurtadas que estaban circulando en los resguardos. Como siempre, la respuesta armada no se hizo esperar, y se atacó una misión humanitaria el 20 de febrero, dejando tres comuneros nasas heridos (ACIN, 2014b). Las autoridades indígenas están convencidas de que es

una retaliación por sus ejercicios de resistencia. Pero los nasa, seguramente, seguirán resistiendo como lo han venido haciendo por cientos de años. Por algo se hacen llamar, los guerreros milenarios.

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BIBLIOGRAFÍA - ACIN, sf, Mandato de sistemas propios, documento de trabajo. -ACIN, 2008, Kiwe Ten`za. Una guía del pueblo Nasa ante la emergencia. Popayán - ACIN, 2012, Carta a Timoleón Jiménez. Territorio Cxhab Wala Kiwe - ACIN, 2014a, «Resguardo de Huellas - Caloto: Resolución 001 - 002 2014, control territorial en defensa del territorio y la vida» Disponible en: http://www.nasaacin.org/comunicados-2013/6687-resguardo-de-huellas-calotocauca-resoluci%C3%B3n-no-001-02-2014,-control-territorial-en-defensa-del-territorio-y-la-vida - ACIN, 2014b, «Atentado criminal contra misión humanitaria, autoridades y guardía indígenas en Jambaló - Cauca». Disponible en: http://www.nasaacin.org/informativo-nasaacin/3-newsflash/6720-atentadocriminal-contra-misi%C3%B3n-humanitaria,-autoridades-y-guardias-ind%C3%ADgenas-enjambal%C3%B3-cauca - Autoridades tradicionales de los resguardos de Toribío, Tacueyó y San Francisco, 2013, «Pronunciamiento público de las autoridades tradicionales indígenas, Proyecto Nasa, frente a los cultivos ilícitos» Toribío. Disponible en: http://www.nasaacin.org/informativo-nasaacin/3-newsflash/6272-pronunciamientop%C3%BAblico-de-las-autoridades-tradicionales-ind%C3%ADgenas-del-plan-de-vidaproyecto-nasa,-frente-al-aumento-desmedido-de-cultivos-de-uso-il%C3%ADcito-y-elconsumo-de-drogas-psicoactivas-en-nuestro-territorio - Caro Galvis Catalina y Yeroen Valencia, 2012, «El caso de pequeñas y medianas minerías en el Cauca: ¿Alternativas o amenazas a la autonomía indígena?», Revista Señas, Casa del Pensamiento ACIN. - CODHES, 2012 Codhes Informa. Boletín 80. Incremento en vulneraciones a los derechos humanos: El desplazamiento masivo y la situación indígena. Bogotá-Quito. - CRIC, 2011, declaración de Toribío

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de

Cabildos

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El Pueblo Totoroéz/ Tontotuná Lina María González Correa

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Fotografía: Lina María González C.

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El Pueblo Totoroez / Tontotuná Por: Lina María González C.

1. TERRITORIO, POBLACIÓN Y ORGANIZACIONES DEL PUEBLO TOTOROEZ/TONTOTUNÁ El pueblo Totoroez es el nombre que recibe este pueblo indígena ancestral, cuya locación se encuentra en el Departamento del Cauca. En los ejercicios recientes de recuperación de la lengua ancestral, y tomando como base el dialecto de este

pueblo procedente del Namtrik, el pueblo Totoroez está rescatando su nombre original no castellanizado y, por ello, se encuentran en proceso de ser reconocidos

con el nombre de Tontotuná1. No obstante, como este ejercicio de recuperación del nombre ancestral se encuentra aún en debate, en adelante en este documento se hará referencia al término Totoroez.

Este pueblo indígena se asienta en el Municipio de Tororó, del cual el 75.75% de su

población pertenece a alguno de los tres pueblos que allí se encuentran, a saber:

Totoroez, Nasas y Polindaras2. Sólo los indígenas Totoroez serían el 32.16% de la

población, con 6.776 miembros registrados por el Cabildo indígena municipal. Es importante señalar, que el pueblo Tororoez es el único de los incluidos en este informe

que se encuentra inscrito de una forma tan precisa a un área de asentamiento, a saber: el Resguardo de Totoró (Ver mapa 1). Según los datos demográficos del

Cabildo, el 98,6% de la población del pueblo Totoroez habita en la zona y solo el

1 “Cuentan los mayores que en el sitio de Salado Blanco existían dos piedras de rodillas ubicadas en una loma, y como rodilla en lengua Nak tirk se dice “Tonto! y loma se dice “Tuná”; por esta razón se toma el nombre de Tontotuná.” (Plan de Salvaguard étnico y cultural del pueblo Totoroéz o Tonotuná, 2011: 16) 2 Los datos demográficos varían según las fuentes consultadas. Si se toma como base el censo poblacional del año 2005, el porcentaje de la población indígena en el municipio sería del 77%. La referencia escogida en este caso, por ser más actual, sale de los datos proporcionados por la propia Alcaldía Municipal para el año 2011, en el documento de Diagnóstico del Plan de Desarrollo 2008-2011, 2011: 61. Disponible en: http:// totoro-cauca.gov.co/apc-aa-files/31383261323331303566353765616162/TOTOR____CAUCA_DIAGN_ STICO.pdf

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1% restante por fuera de ella. En el departamento vecino de El Valle del Cauca, se encuentran asentados 54 personas de la etnia y en la ciudad de Bogotá tan sólo 13

personas, esto es el 1% de la población total. Habría un margen del 0,4% de la cual no se tendría información disponible. No obstante, es importante mencionar que el registro se corresponde a las estadísticas de las personas que en algún momento

han estado censadas por el Cabildo y no han renunciado a éste. Habría un número

indeterminado de población del pueblo que se encuentra subregistrada, viviendo por fuera del territorio.

Mapa 1: Resguardo de Totoró en relación al municipio. Fuente: Adaptado de Alcaldía de Totoró (2011)

Otro factor particular a considerar en este caso, es la antigüedad del título colonial que reconoce a los Totoroez la jurisdicción sobre 13.603 hectáreas. El título colonial,

data del año 1630 y es la base de una de las más importantes luchas que se están dando por parte de este pueblo, la cual será mencionada más adelante en este escrito.

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Los Totoroez, como se observa para cada pueblo indígena, se rigen por una Ley de Origen que es la base de los usos y costumbres de este pueblo en la que, según sus

palabras, “se explica de dónde procede nuestro pueblo, remitiendo nuestros orígenes

a una relación estrecha y armónica con los seres y los espíritus de la naturaleza que habitan nuestro territorio. Nuestros espíritus creadores, posibilitadores de la vida, encomendaron a seres sagrados para que el territorio fuera nuestra casa, formando un sistema generador y protector de la vida para todo ser natural, espiritual y humano” (Plan de Salvaguarda Étnico y Cultural del Pueblo Totoroez o Tontotuná,

2011: 12). Se mantiene la estructura de la concepción del territorio como un todo en el que se desarrolla la Ley de Origen. El territorio “está conformado por la tierra, las

plantas, los animales, el aire, el cielo, el subsuelo, los páramos, las montañas, el agua, las lagunas, las quebradas y los ríos, espacios naturales habitados por seres

y espíritus con los cuales mantenemos relaciones armónicas desde tiempos atrás y que evidencia el carácter ancestral de nuestro pueblo y de nuestras costumbres.” (Ibid: 13).

El pueblo Totoroez se rige por los principios de su “Ley Natural” o “Derecho Mayor”.

Reconocen así, tres niveles de autoridad que dictan o ejecutan sus preceptos. “1. Las autoridades cósmicas: son aquellas que están ubicadas en el espacio conocido como cielo (no hace referencia a un contenido religioso sino al firmamento) y que

se manifiestan a través del rayo, el trueno, el arco, el páramo, la lluvia, los cometas, la luna, el duende, entre otros. 2. Las autoridades terrenales: habitan en nuestro

territorio sagrado y se manifiestan a través del muripik (sabedor tradicional), la comunidad y el Cabildo. 3. Las autoridades intraterrenales: son los espíritus que

están dentro de la tierra y que se encargan de propiciar la vida en ella y de proteger sus “entrañas” de la actividad humana.” (Ibid: 17)

A nivel organizacional, el pueblo Tororoez se rige bajo la autoridad de un solo Cabildo

(Cabildo de Coleina) ubicado en la cabecera municipal. Es dirigido por una persona

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elegida cada año como gobernadora, apoyándose de un secretario y un alguacil por cada vereda del Resguardo. El Cabildo de Coleima, pertenece también al Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), fundado en el año de 1971.

2. PRINCIPALES RIESGOS DE EXTINCIÓN FÍSICA Y CULTURAL Como ya se ha mencionado en este texto, el pueblo Totoró se encuentra incluido en el Auto 004 del año 2009, de la Corte Constitucional colombiana. El documento

del Auto ordenó el apoyo para la elaboración del Plan de Salvaguarda para este pueblo indígena y en junio de 2009 se dieron las primeros acercamientos entre el

gobierno nacional y el Cabildo Coleima. No obstante, como ya se mencionó en la introducción de este informe, el caso del pueblo Totoroez no se encuentra incluido en el diagnóstico del Auto original.

En su Plan de Salvaguarda, los Totoroez han identificado multiplicidad de afectaciones

a su supervivencia física y cultural: “el conflicto no solo involucra actividades bélicas,

sino que entrelaza una serie de hechos como las amenazas, la posesión del territorio, la ocupación de sitios sagrados y públicos, señalamientos, asesinatos selectivos de

líderes, -masacres y la intimidación con el fin de que no denunciemos antes las autoridades correspondientes obligándonos en algunos casos a salir de nuestro territorio” (Ibid: 54).

CONFLICTO ARMADO Y PRINCIPALES AFECTACIONES A LA VIDA El contexto general en el que se han dado las afectaciones al pueblo Totoroéz es el

mismo que ha afectado a los pueblos indígenas del Cauca y cuyas especificaciones han sido abordadas en el capítulo 2 de este libro. La presencia de actores armados en

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sus territorios, legales e ilegales, la presión sobre el problema de la tierra y la presión demográfica presente, así como la afectación por determinar leyes inconsultas

con los pueblos. Los Totoroez ha denunciado varias afectaciones que incluyen

confrontaciones armadas, ocupación temporal de sitio sagrados, ocupación temporal de bienes civiles y públicos, abandono de artefactos explosivos en el territorio,

controles a la libre movilización, obstaculización de prácticas rituales, reclutamiento

de jóvenes por grupos armados, desaparición forzada, desplazamiento, amenazas y hostigamientos a líderes indígenas y asesinatos selectivos, entre otros crímenes.

En el Plan de Salvaguarda Étnico y Cultural del Pueblo Totoroez o Tontotuná, se ha

denunciado que entre 1985 y 2010, en su territorio se dieron doce confrontaciones armadas. Tres de ellas fueron tomas del municipio por parte de la guerrilla de las

FARC entre 1985 y 1997; siete enfrentamientos armados, siendo los más recientes registrados en el plan de salvaguarda, el de Punta Brava en el año 2005 y otro en la

propia cabecera municipal de Totoró, el 18 de mayo de 2009; y dos hostigamientos entre actores armados. (Plan de Salvaguarda ... : 97-98). Un hostigamiento de gravedad se

presentó posteriormente en agosto de 2013, que es posterior al documento del plan de salvaguarda, cuando la guerrilla atacó la base militar del corregimiento de Gabriel López, dejando como saldo dos soldados muertos y cinco más heridos3.

En segundo lugar, el pueblo ha denunciado la ocupación temporal de sus sitios sagrados en seis oportunidades, resultando afectadas las prácticas rituales que se llevan a cabo en los cerros sagrados de Pusná, Gallinazo, Milló, la Horqueta

y Punta Brava (Ibid: 99). En todas las ocasiones, la ocupación la realizaron o el

ejército o la guerrilla de las FARC. Lo mismo ha ocurrido con los lugares públicos en ocho oportunidades, algunas en espacios rurales donde las comunidades transitan permanentemente, pero en otras ocasiones los actores armados han invadido las casas de las comuneras y comuneros Tororoez, las escuelas rurales, o las canchas de fútbol donde los niños suelen jugar.

3 Ver: «Ataque a base militar en Totoró» Disponible en: http://www.elpais.com.co/elpais/judicial/noticias/ ataque-base-militar-totoro-cauca-dejo-dos-soldados-muertos

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Además, tras la circulación permanente en el territorio, especialmente en el periodo

comprendido entre 2003 y 2006, los actores armados abandonaron en repetidas

ocasiones artefactos explosivos como granadas o pipetas de gas, usadas como bombas artesanales por la guerrilla, en el territorio del resguardo del pueblo Totoroez. Los riesgos para los pobladores son evidentes. Hay que considerar además, que

estos hechos ocurrieron en el marco del incremento de pie de fuerza pública presente en los territorios indígenas, con las políticas de seguridad democrática.

Si bien Totoró no es un municipio cobijado por el PNCT, cuenta con una presencia

fija del Batallón José Hilario López, ubicada en el corregimiento de Gabriel López.

Totoró es un paso obligado hacia la región de Tierradentro, donde la circulación de

la guerrilla de las FARC es más intensa. Se encuentra a tan solo 30 minutos de la capital departamental y, por ello, fue elegido como un punto estratégico de control por parte de la fuerza pública. Además, del batallón ubicado en Gabriel López, hay una disposición permanente del ejército en la cabecera municipal, donde se realizan

constantes retenes por parte del ejército. Los vehículos son detenidos con frecuencia,

especialmente los grandes transportes intermunicipales. El ejército realiza controles de documentación permanentemente en la vía. En el año 2008, tras el asesinato

del comunero Nasa Edwin Legarda por parte del ejército, caso que se referirá más

adelante, se denunció que las tropas del ejército se ubicaban en una finca privada sobre la que existen pretensiones de ampliación de títulos de resguardos.

Los líderes Totoroez indicaron que el Estado instauró cuatro bloques del ejército en su territorio, un batallón de alta montaña y una escuela de soldados regulares. En total, consideran que puede haber una circulación de 450 a 600 efectivos del ejército

en un área tan pequeña. Esto, según lo reportan los Totoroez, ha generado una

paradójica situación: “lo que uno mira es que cuando había menos presencia militar,

era menos el problema social. No se presentaban tantos atracos o extorsiones ni amenazas, o desplazamiento.” (Entrevista 1).

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Actualmente, Totoró marca una línea limítrofe de la conflictividad armada en la

cordillera central. Pasado el corregimiento de Gabriel López, adentrándose hacia el

oriente en la cordillera, la presencia del ejército es menor, y la presencia de la guerrilla de las FARC se puede hacer un poco más evidente, la cual opera actualmente en la zona con el Frente 6 y la columna móvil Jacobo Arenas.

Los líderes del pueblo Totoroez, en la entrevista referida atrás, expresaron que con el

aumento de número de efectivos armados hay otro tipo de intereses económicos en juego: “el tema de la agudización del conflicto armado ha generado la militarización

de los sitios estratégicos para el gobierno, porque ahí está la riqueza multimillonaria

para las trasnacionales. Anteriormente no había conflicto armado aquí, porque esta

zona no es coquera y no es amapolera. Es una zona netamente de conservación. Tiene agua y minerales. El conflicto armado le ha servido de argumento al gobierno, con la excusa de que esta zona es un corredor de la guerrilla. Y nos han acusado

a los pueblos indígenas de hacer acuerdos con la guerrilla. A través de eso han

trasladado a esta cordillera central, la intensificación del conflicto armado. El gobierno

ha montado todo eso por la biodiversidad. La fauna y la flora son las que están en peligro y tras de eso los pueblos indígenas. Porque la naturaleza nos ha brindado la sabiduría. Son nuestros sitios sagrados los que recogen la guerra.” (Entrevista 1).

La alta presencia militar en el casco urbano del municipio, así como en el principal corregimiento Gabriel López, ha significado para el pueblo Totoroez una preocupación

permanente sobre, lo que consideran, comportamientos sexuales irresponsables

por parte de los actores armados. En el Plan de Salvaguarda, se denuncia que

ha habido un aumento de embarazos de mujeres jóvenes que, posteriormente, son abandonadas porque los padres de sus hijos son trasladados de batallón o pertenecen a algún actor armado (Ibid: 102).

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En tercer lugar, el pueblo Totoroez ha llevado un reporte de los jóvenes que han sido

reclutados por los actores armados desde 2003 a 2010. Se registraron dos casos, en el año 2000, de jóvenes indígenas que ingresaron a la estructura armada de las

Autodefensas Unidas de Colombia, coincidiendo con la expansión territorial que este grupo paramilitar ejerció por medio del Bloque Calima. En los años 2004 y 2005,

la guerrilla de las FARC incorporó a sus filas a dos jóvenes del pueblo Totoroez. Finalmente, otros ocho casos de jóvenes fueron reclutados por parte del ejército, todos en el año 2003.

Las autoridades del pueblo Totoroez tienen claro que la falta de oportunidades es un

determinante del conflicto armado y un estímulo a que los jóvenes decidan reclutarse

en alguno de los grupos que circulan por el territorio. Pero también, desde las fuerzas

armadas se ha buscado involucrar a la población civil, convirtiéndola en parte de la

red de informantes. Ellos resaltan que “algunos deciden irse para la guerrilla o para el ejército. De ambos sectores hay una oferta para que la gente se reclute. En el ejército, por ejemplo, le dice al joven: preste el servicio militar y después sigue trabajando

como soldado profesional. O ahora está de moda que se le da a la gente un subsidio mensual para el pago de los servicios públicos a cambio de entrar a formar parte de la

red de informantes. Los jóvenes hoy en día quieren tener un Black Berry con minutos. El ejército se los ofrece a cambio de ser informantes.” (Entrevista 1).

Precisamente para enfrentar esta situación, miembros del ejército fueron invitados, por parte de las autoridades indígenas, a la Asamblea del Cabildo para discutir las inquietudes que se han generado por el tipo de estrategias que utilizan con su presencia en el territorio.

Ya había sido denunciado por varios indígenas que “el ejército llegó ofreciendo proyectos

productivos para los hombres y las mujeres indígenas y les decían que si tenía un proyecto de ganadería, el ejército lo financiaba. La contraparte era que si tenían hijos, pues que entraran a formar parte del ejército. Y si no tenía hijos, que fueran parte de la red de cooperantes. A cambio de eso, le daban el dinero para el proyecto productivo.

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(...) El indígena no tiene porque prestar servicio militar, porque la ley indígena es amparada por el Cabildo. Tenemos compañeros que tienen varios hijos, y eso es un

problema en la familia porque no tienen fuentes de ingreso. Hay quienes se van al

ejército y abandonan los hogares. Ha habido un aumento de mujeres abandonadas, que se vuelven un problema a solucionar para el cabildo.” (Entrevista 1).

Lo que se hace evidente en esta situación, son las consecuencias de las estrategias

de militarización permanente de los territorios, que en el caso de Totoró se presentan así el municipio no esté incluido en el área de PNCT.

DESAPARICIÓN FORZADA Y ASESINATOS SELECTIVOS La desaparición forzada y los asesinatos selectivos también han afectado al pueblo

Totoroez. Entre 2000 y 2005, cuatro personas de este pueblo fueron desaparecidas, todas ellas de sexo masculino. El Plan de Salvaguarda reporta que dos casos fueron

responsabilidad de la guerrilla de las FARC y otros dos casos de los grupos paramilitares. Fueron catorce los casos de asesinatos selectivos entre 1990 y 2010 que aquejaron al pueblo Totoroez. De la mayoría de los asesinatos no se conoce el actor que

lo perpetró. Tres se atribuyen a la guerrilla de las FARC, tres a la delincuencia

organizada, uno al ejército nacional y uno a los combates entre el ejército y la guerrilla, sucedido por fuera del territorio indígena. (Ibid: 105-106). En esta contabilización de casos, se menciona el asesinato del comunero Nasa, Edwin Legarda, esposo de la lideresa Aída Quilcué, ocurrido en el corregimiento de Gabriel López el 16 de diciembre de 2008.

Este caso fue denunciado nacional e internacionalmente por tratarse de un asesinato cometido por el propio ejército nacional, con una intención muy clara de atentar contra

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la lideresa. Aída Quilcué fue una de las principales figuras en la gran movilización indígena de 2008 y se desempeñaba como Consejera Mayor del Consejo Regional Indígena del

Cauca (CRIC). Era, para ese momento, una figura de gran reconocimiento. El día de los hechos trágicos que llevaron a la muerte de su esposo, Quilcué se encontraba volviendo

de un viaje desde el exterior que se retrasó y, por ende, su participación en un evento que se llevaría a cabo en el resguardo de Togoima - Tierradentro, se vio frustrada. El vehículo

del CRIC que fue impactado, debía transportarla también a ella. Éste fue alcanzado por 17 balas del ejército, tres de las cuales impactaron en Edwin Legarda, originando su muerte. Otra persona de la misión médica, también resulto herida en los hechos.

Luego de una serie de excusas, que no encontraron sustentación en las pruebas

recaudadas, el ejército tuvo que asumir la responsabilidad de los actos y, tras un

proceso judicial de un año y medio, se condenó a seis militares por asesinato en persona protegida.

AMENAZAS El pueblo Totoroez inicio un conjunto de acciones encaminadas a recuperar la madre tierra, proceso que se intensificó desde al año 2001. En el 2005, por ejemplo, los

Totoroez invadieron en protesta la finca de la familia Chaux Mosquera, según lo evidencia la base de datos de luchas sociales del Cinep. La familia Chaux Mosquera,

de la elite política tradicional del departamento del Cauca, en ese momento tenía a Juan José Chaux como cabeza principal del departamento. Este político fue

sindicado de estrechos vínculos con el paramilitarismo, en particular con el Bloque Calima. Se ha denunciado que su título de gobernador no hubiera sido posible sin

el apoyo de alias “H.H”, jefe máximo de las AUC para 2003. El ex gobernador, fue capturado por la Corte Suprema de Justicia, pero luego dejado en libertad en 2011 por vencimiento de términos4.

4 Consultar el caso en: «Juan José Chaux Mosquera. “El pacificador del Cauca». Disponible en: http:// justiciaypazcolombia.com/Juan-Jose-Chaux-Mosquera-El

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Por ello, no es de extrañar que la invasión a una de las fincas de su familia hubiera generado una oleada de amenazas permanentes recibidas desde todos los grupos armados. En el periodo que va de 2001 a 2009, el Plan de Salvaguarda reporta que

fueron amenazados 38 gobernadores o ex gobernadores Totoroez. Estas amenazas no han cesado. Y todos los actores armados las profieren permanentemente.

Las amenazas más recientes las emitieron el grupo paramilitar de las Águilas Negras en marzo de 2012 y la Columna Jacobo Arenas, en enero de 2013. El comunicado de las Águilas Negras anuncia que, tras la reunión de su bloque, han decidido “nombrar

como objetivo militar en nuestras áreas de influencia a un grupo de personas y organizaciones que de una u otra manera sabemos que pertenecen a grupos de invasión de tierras que atentan contra la producción agropecuaria, grupos de extrema

izquierda, indios que esconden nexo directo con grupos guerrilleros (...) advertimos a organizaciones como cric, cabildos, grupos invasores de tierras, que hacen daño en

las fincas de Malbaza de Tororó Cauca, entre otras personas que daremos a conocer pronto”. El comunicado de las Águilas Negras presenta una lista de nombres y, posteriormente, declara a estas personas “objetivo militar en cualquiera de nuestras regiones de influencia y por lo cual les advertimos dejar o retirarse de inmediato de

sus actividades izquierdistas o de lo contrario entraremos a actuar de inmediato como lo hemos hecho en los municipios del norte”5.

La amenaza proferida tiene una relación directa con la problemática de tierras que se vive en el resguardo de Totoró, y sobre la cual se hablará en un apartado siguiente.

Se evidencia aquí, una correspondencia entre los terratenientes de la región y el

grupo paramilitar, o de lo contrario no se entiende por qué éste grupo se aboga la defensa de la propiedad ajena. También es muy diciente que en el comunicado se

está reconociendo las acciones armadas que han asesinado indígenas nasa en el norte del departamento.

5 Comunicado del Bloque Central de las Águilas Negras, marzo 13 de 2012

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No obstante, como ya se mencionó anteriormente, las amenazas han venido también

de la guerrilla de las FARC. En un comunicado de enero de 2013, la Columna Jacobo Arenas hace una larga lista de personas bajo su mira, con el argumento de que

hay “individuos ambiciosos que venden sus conciencias y se dejan arrastrar por la descomposición propia del sistema capitalista cultivando vicios contrarios a las

buenas costumbres del pueblo y causando daño y zozobra”. En el comunicado se llama la atención sobre el abigeato, la venta de drogas, y las personas que han entrado a hacer parte de la red de informantes del ejército.

Los líderes Totoroéz manifestaron que la presencia de los grupos armados, especialmente del paramilitarismo con amenazas constantes se está haciendo sentir cada vez más en el territorio. Declararon que les preocupa “el ingreso de personas que se camuflan

de comerciantes, de vendedores ambulantes. Se camuflan preguntando por nuestro territorio quiénes son los líderes, por ejemplo. La Guardia les ha hecho seguimiento, sino

se sentiría más su presencia. La fuente de las amenazas es el problema de la tierra. Hace seis o siete años, desaparecieron algunos líderes” (Entrevista 1). Los líderes desaparecidos fueron Pedro Antonio Tombe e Ildo Aquilino, en los años 2004 y 2005 respectivamente.

En un comunicado de junio de 2010, el cabildo de los Totoroez denunció que “desde hace dos semanas se vienen presentando al interior del Territorio Ancestral, presencia de grupos

extraños y armados que en horas de la noche salen a las casas de los comuneros a

espiar las conversaciones de las personas (...) en dos ocasiones trataron de abordar a dos comuneras con el ánimo de llevárselas con destinos desconocidos (...) a los comuneros que laboran hasta horas de la noche les han advertido que no se deben mover después

de las 6 de la tarde. Estas personas extrañas en horas del día no se mueven por ningún

lado y si lo hacen salen cubierto el rostro con trapos rojos, no sabemos de qué clase de grupo o actor armado se trata, lo que sí es claro es que en nuestra región nunca hemos presenciado esta clase de acciones” (Cabildo Totoroez, 2010)6.

6 Comunicado disponible en: http://www.cric-colombia.org/portal/comunicado-a-la-opinion-publica-12/

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DESPLAZAMIENTO, DEMOGRAFÍA Y PROBLEMÁTICA DE LA TIERRA El registro de desplazamiento forzado, a causa del conflicto armado, que lleva el

cabildo del pueblo Totoroez sólo registra tres casos entre 2002 y 2004. No obstante, las autoridades han hecho referencia a la complejidad de una problemática que

incluye el tema de tierras, la renuncia al cabildo por parte de los comuneros y al desplazamiento de otros por motivos económicos.

El trasfondo es el hacinamiento del pueblo Totoroez en su resguardo. El título del resguardo de Totoró data de 1630 e involucra 13.603 mil hectáreas. De este total, 7 mil están en manos de los indígenas, lo que querría decir que otras 6 mil restantes están en manos de terratenientes que las adquirieron o se favorecieron con estrategias y leyes de despojo. Estas 6 mil hectáreas están casi en su totalidad

sembradas por cultivos de papa y, en la actualidad, pertenecen a cinco familias que no viven allí.

De las 7 mil hectáreas que se mantienen en propiedad del resguardo, 5 mil se encuentran en conservación porque muchas hacen parte de los ecosistemas de páramo, fundamentales para el agua de la región. Esto quiere decir que las

familias Totoroez, que viven de la agricultura de subsistencia, la comercialización

de productos agrícolas o la pequeña ganadería, solo pueden trabajar las restantes 2 mil hectáreas.

Pero hay que recordar que los Totoroez son casi 7 mil habitantes, es decir, que

las 3.900 familias de este pueblo están disponiendo solo de 0.63 hectáreas para su supervivencia, teniendo en cuenta que 850 familias ni siquiera disponen de

tierra para vivir y trabajar (Cabildo Totoroez, 2010). Las autoridades indican que

“el desplazamiento físico y cultural del pueblo Totoroez proviene de allí. Primero que hay un hacinamiento. Somos 7 mil indígenas con sólo 2 mil hectáreas para

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cultivar. Ya la tierra está cansada. La tierra ya no quiere producir, algunos indígenas

están copiando modelos de envenenar la tierra para que aumente la producción.” (Entrevista 1).

Este problema es de vieja data. En el año 1989 el gerente del INCORA, hoy INCODER, firmó un acuerdo para sanear el resguardo Totoró y adquirir 5.182 hectáreas que

habían sido despojadas del título colonial. En ese entonces, se asumió que se adquirirían 1.200 hectáreas por año. A 2006, aún no se había cumplido el acuerdo y se determinó, gracias a un compromiso del INCODER con el CRIC, el presupuesto

para llevarlo a cabo. En la práctica hasta ahora se han entregado 840 hectáreas y existen un conjunto de múltiples problemáticas burocráticas e institucionales que dan a entender la nula voluntad política de hacer cumplir los acuerdos pactados7.

Esta situación es considerada por las autoridades como una de las amenazas del

problema demográfico que enfrentan y se combina con el reclutamiento de los jóvenes en los grupos armados y una serie de amenazas culturales de enorme

proporciones. “Por falta de apoyo y oportunidades de trabajo, por falta de tierra para cultivar, la gente no le ha quedado otra que irse. Se están yendo para las grandes capitales, incluso para los grupos armados. Y para esos casos en que los comuneros

se van, ya es muy difícil pensar en que puedan volver. El motivo principal es que el cabildo no tiene con qué garantizar la subsistencia de los indígenas que regresen. El

problema de la tierra se está volviendo más complejo porque con la construcción de la Transversal de El Libertador el precio de la tierra se está subiendo y cada hectárea vale mucho más

(...) Es un problema demográfico serio. El hecho de que 300 personas hayan renunciado a lo largo de este año [2012-2013] al cabildo, implica que se pierden

lazos con la comunidad y se van perdiendo no sólo las personas sino las familias. 7 Ver comunicado «Gobierno incumple la palabra a los indígenas». Disponible en: http://www. colectivodeabogados.org/GOBIERNO-INCUMPLE-LA-PALABRA-A-LOS

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Son 300 personas que ya no quieren ser indígenas por lo que eso implica: no tener ingresos, no ser contratado, ser estigmatizado si se habla la lengua propia, ser

discriminado. Automáticamente se toma una decisión de irse, no por hacerle un daño a la comunidad, sino porque detrás de ellos tienen unas familias. Ante la ausencia de

oportunidades, la gente migra. Eso no quiere decir que se deje de ser de dónde se ha nacido. Pero implica desarraigo y pérdida cultural.” (Entrevista 1).

Además de esta situación, las autoridades del pueblo Totoroez reconocen que hay un conjunto de estímulos adicionales, que están presionando a las comuneras y

comuneros indígenas a renunciar al Cabildo. Uno de ellos es la competencia para acceder a servicios sociales que se brindan desde el Estado, focalizados para

población campesina: subsidios de vivienda, cobertura de prácticas de salud que, por la escasez de recursos, la IESI indígena no puede prestar, entre otros.

El alistamiento en las filas del ejército también juega en contra de los Totoroez, no sólo por ir en contra de su cosmovisión, sino porque si los jóvenes lo consideran como una alternativa laboral, se les obliga a renunciar a su condición de indígenas. Es decir,

algunos jóvenes Totoroez han optado por prestar el servicio militar, obligatorio para

los hombres colombianos no indígenas, como inicio de una posible carrera en las

fuerzas armadas que les sirva de forma de empleo. Pero, como el servicio militar no

es forzoso para los indígenas, desde el ejército o la policía se quiere evitar que estos jóvenes se enrolen en el periodo de obligatoriedad y, posteriormente, se arrepientan.

Para las leyes colombianas, todos los hombres jóvenes deben prestar el servicio militar. Algunos logran eludirlo bajo múltiples figuras, especialmente pagando una

cifra de dinero muy alta por la tarjeta militar. Pero, una vez se es reclutado por un periodo de un año y medio, es un delito no cumplir con esta disposición.

En el caso de los jóvenes indígenas, como éstos se enlistan por voluntad, durante los primeros tres meses existe un margen de acción en los que se pueden arrepentir

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sin ninguna consecuencia legal. Para evitar esta situación, la fuerza pública les hace

renunciar a su condición de indígenas. Sin embargo, pasados los tres primeros

meses, los jóvenes indígenas ya deben permanecer en la institución castrense hasta cumplir con el tiempo obligatorio. Las autoridades expresaron que ha habido casos

como el de “un comunero [que] se fue a prestar el servicio militar. Lo llevaron a otra ciudad y él pidió ser recuperado por el Cabildo, pero era poco lo que podíamos

hacer porque ya había prometido bandera, después de los tres primeros meses. Al

abandonar el servicio, fue perseguido y pagó tres años de cárcel debido a que es un delito abandonar la institucionalidad militar antes de terminar el servicio obligatorio. Antes de ingresar al servicio militar, el comunero firmó un papel diciendo que él era campesino. A pesar de que sus padres son indígenas, está censado por el Cabildo y

habla lengua, no hubo nada que pudiéramos hacer por él para evitar la cárcel. Para

evitar esos problemas, hemos comenzado a pedirle a los comuneros que presenten su carta de renuncia. El indígena que se quiera ir de su territorio, que quiera prestar

servicio militar o que decida irse para la guerrilla, debe renunciar para no afectar al territorio.” (Entrevista 1).

En resumen, los Totoroéz consideran que las amenazas que afectan su demografía

no son exclusivas de las amenazas provenientes del conflicto armado, sino de todo un conjunto de políticas estatales que les presionan y estrangulan sus derechos de autonomía y buen vivir.

Fotografía: Lina María González C.

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2. AMENAZAS CULTURALES El contexto anteriormente mencionado, da cuenta de varias amenazas culturales

que afectan la supervivencia del pueblo Totoroéz: la militarización del territorio, las presiones para renunciar a la condición indígena, el desarraigo por efectos del reclutamiento en los grupos armados, entre otros. Una de las amenazas culturales más serias registradas es la limitación del acceso a los lugares sagrados del

pueblo Totoroez por efectos del conflicto armado o los planes de ejecución de megaproyectos de infraestructura, en particular la Transversal de El Libertador,

de la que se hizo mención en los capítulos 2 y 5. Como bien lo mencionaba uno

de los mayores Totoroez, “hay zonas de montaña que a simple vista ellos veían una simple loma. Pero es donde están todas nuestras plantas medicinales, son nuestros lugares sagrados”.

Además, el conflicto ha hecho que los propios actores armados sustituyan funciones del Cabildo o genere afectaciones a la integralidad de las familias, debido a que si un miembro de un grupo familiar se decide por alguno de los bandos, expone a

sus familiares a ser objetivos militares de retaliación. Además se desencadena la

deslegitimación de la autoridad indígena porque “si hay un problema social, la gente ya no viene a denunciar en el cabildo, sino que se va a hacer las acusaciones al

ejército o a la guerrilla. Les dan una autoridad y poder a los actores armados, que

terminan incidiendo en la vida de las mismas familias. Y debilitan a la organización. Al final lo que siempre ha terminado de pasar es que las familias muchas veces en esos conflictos han tenido que irse del territorio.” (Entrevista 1).

Además de estas presiones, se han destacado otras asociadas a la irrupción de nuevas tecnologías, en la línea de las que también fueron reportadas por otros pueblos indígenas: “Las tecnologías para los jóvenes han sido interesantes. O para nosotros los mayores también. Por ejemplo, antes nos sentábamos a conversar y

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alguien escribía y listo. Pero con los computadores y el internet o el celular, la nueva

música y la televisión han hecho perder los espacios de la familia. Antes los mayores se sentaban alrededor del fogón con sus hijos y sus familiares a contar lo que han

vivido a lo largo del día. Pero también había enseñanzas y tradiciones orales que se transmitían en esos espacios alrededor del fogón. Antes todo se trasmitía mediante el diálogo. Ahora con la tecnología el que tiene computador se va con su computador, o

el que está escuchando música. No hay diálogo, no hay ese trasmitir el conocimiento de padres a hijos. Se pierde la integralidad. Por ejemplo, en una asamblea se da a

conocer en qué está trabajando el Cabildo y nos encontramos con que los jóvenes no participan porque están concentrados en su teléfono.” (Entrevista 1).

Los mayores también reportaron, en la extensa entrevista que le concedieron al Observatorio ADPI, que la irrupción tecnológica está haciendo perder el foco sobre

la música propia u otro tipo de prácticas culturales. Y a través de las emisoras radiales, especialmente de las fuerzas armadas, se invita a los jóvenes para que

se recluten en el ejército o la policía y aprovechen sus conocimientos indígenas en estas instituciones. Así, el uso de la lengua, que se ha perdido de manera grave,

debe enfrentarse además a la instrumentalización armada que en muchas ocasiones se quiere hacer de ésta.

Adicionalmente, el Cabildo Totoroez ha identificado que el problema de la lengua también se ha debido a las dificultades que ha tenido el promover la educación

propia. Muchos de estos problemas han sido presupuestales. Otros, debido a las

presiones externas por homogenizar la educación o por la imposibilidad de disponer de una mayor cobertura escolar en las zonas rurales, e incluso en el casco urbano.

Finalmente, el pueblo Totoroez ha señalado que se pueden evidenciar algunas

prácticas culturales, lejanas a sus tradiciones, que afectan al pueblo y sus costumbres. La irrupción de materiales contaminantes armados en el territorio del resguardo,

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pero también de basuras no biodegradables abandonadas por los actores armados. O el ignorar costumbres propias por falta de consulta. El Cabildo ha considerado que

se está desarrollando una dinámica de mendicidad, con la aplicación de subsidios

focalizados asistencialistas. O que la actuación gubernamental sobre territorio no es consulta con las comunidades. Explicaban las autoridades del Cabildo que, por ejemplo, con el programa de desayunos infantiles no hay concertación con las

autoridades indígenas sobre la política de implementación: “siendo un territorio donde se produce leche, queso, papa. Ellos traen la leche en caja. La política se preocupa en la infancia, en eso coincidimos. El tema de la desnutrición infantil es un

problema por la falta de producción alimenticia en nuestro territorio. Pero la mayoría de los alimentos empacados están entrando al territorio. Eso genera un riesgo cultural serio.” (Entrevista 1).

Fotografía: Dawn Paley

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3. MECANISMOS DE RESISTENCIA La base de la resistencia del pueblo Totoroez se encuentra en la defensa de lo propio y de

la autonomía. Dentro de los ejercicios de resistencia cultural, los Totoroez están haciendo enormes esfuerzos por recuperar su lengua Namtrik, que comparten en una gran

proporción con el pueblo Misak. Las autoridades del Cabildo diagnosticaron que “desde los noventa comenzamos a ver que la lengua la estaban hablando solo los abuelos, los

mayores. Los jóvenes, al venir a estudiar al pueblo, no estaban aprendiéndola y vimos que eso implicaba una pérdida de la identidad. Porque hasta ese momento el único medio

para aprender “lengua” era la familia. En los noventa comenzamos a buscar encuentros

culturales, con el programa de educación del Cabildo, para fortalecer la lengua. Ahora hay una línea para tratar de implementar la recuperación del Namtrik”. (Entrevista 1).

Un segundo mecanismo de resistencia y autonomía ha sido el fortalecimiento de

la guardia indígena, que ha sido fundamental para la defensa del territorio. Los Totoroez han hecho énfasis en hacer ver a sus comuneras y comuneros que todas las personas podrían ser guardias indígenas, porque el control territorial es un

ejercicio conjunto. La guardia también se ha convertido, para el pueblo Totoroéz, en un mecanismo de reafirmación del ser indígena, porque se están promoviendo talleres de derechos humanos, derecho propio, Plan de Vida, y sobre el derecho internacional que cobija al pueblo Totoroéz, como pueblo ancestral.

En ese marco, desde el Cabildo se ha querido posesionar el tema de la autonomía y del gobierno propio frente a los grupos armados, ya que “la guardia indígena está en

la estructura del gobierno propio. Con respecto al ejército, hemos tenido reuniones con ellos, para explicarles que nuestra máxima autoridad de control territorial es nuestra guardia indígena desarmada. Explicamos que para nosotros la Guardia es lo legal. El ejército respondió que debíamos coordinarnos, bajo la idea de que

la guardia le trabajara al ellos porque eran la autoridad competente constitucional.

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Nuestra respuesta fue que eso no era posible porque eso era posicionar la guardia de parte de uno de los actores armados. Es complicado.” (Entrevista 1).

Finalmente, sobre las propias acciones sobre el territorio, como se mencionó

anteriormente, el pueblo Totoroez ha participado activamente tanto en las movilizaciones sociales indígenas del Cauca, en general, como en movilizaciones

más locales. De hecho, en julio de 2002, se unieron con los nasa del municipio de Totoró para plantar una posición de defensa del alcalde indígena Crisanto Pizo, quién había sido amenazado por la guerrilla de las FARC y se le conminaba a abandonar

su cargo público en 72 horas. Los Totoroez, en conjunto con los nasa del municipio, se apoyaron en la guardia indígena para brindar protección al alcalde en cuestión.

Las recuperaciones de tierras también han sido un mecanismo de liberación de la madre tierra. A principios de la década de 2000 se recuperaron varios tierras en un

ejercicio de saneamiento del territorio del resguardo, en particular lo que los Totoroéz

denominan en su Plan de Salvaguarda, como secciones dentro de veredas. Se destacan entonces, la sección de El Cofre, El Pedregal , El Gallinazo y Zabaleta. No obstante, la lucha de los Totoroéz continua como se mencionó anteriormente.

Finalmente, es destacable el hecho de que el pueblo Totoroéz no se tenga que

enfrentar en su territorio a la problemática de cultivos ilícitos. La zona del resguardo fue y es apta para los cultivos de amapola. Pero los indígenas fueron tajantes en no permitir su siembra para evitar la conflictividad que esta situación generaba.

El Cabildo destaca que “fue así como se logró que no existieran estos cultivos y los pocos que su momento se llegaron a implementar fueron destruidos de forma voluntaria.” (Cabildo Totoroez, 2009).

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BIBLIOGRAFÍA - Alcaldía de Totoró, 2002, Esquema de ordenamiento territorial, Totoró. - Alcaldía de Totoró, 2008, Plan de Desarrollo. Diagnóstico. Totoró. - Cabildo Totoroéz, 2009, «Carta al Ministro del Interior.» Disponible en: http://www.criccolombia.org/noticias/index.php?show=2&catid=2 - Cabildo Totoroéz, 2010, «Declaratoria de emergencia territorial, social y cultural del Pueblo Indígena Totoroéz.» Disponible en: http://www.cric-colombia.org/portal/declaratoria-de-emergencia-territorial-social-y-cultural-delpueblo-indigena-totoroez/ - Cabildo Totoroéz, 2011, Plan de Salvaguarda Étnica y Cultural del Pueblo Indígena Totoroéz/ Tonotuná. Totoró - CRIC, 2006, «Gobierno incumple la palabra a los indígenas». Disponible en: http://www. colectivodeabogados.org/GOBIERNO-INCUMPLE-LA-PALABRA-A-LOS - Ministerio de Cultura, 2010, Caraterización del pueblo Totoró. - Observatorio del Programa Presidencial de DH y DIH, Vicepresidencia, 2009, Diagnóstico Totoró. Bogotá. Disponible en: http://www.derechoshumanos.gov.co/Observatorio/ documents/2010/DiagnosticoIndigenas/Diagnostico_TOTOROE.pdf - Pabón, Marta Lucía, 2007, «Revitalización del idioma de Totoró Cauca». Disponible en: http:// www.uni-koeln.de/gbs/Berichte/Pabon_Totoro.pdf

ENTREVISTAS REALIZADAS Entrevista 1: Grupo de foco, autoridades del Cabildo Totoroez y equipo de Plan de Salvaguarda. Totoró, Mayo 15 de 2013.

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El Pueblo Embera Katío del Alto Sinú Conchita Guerra Cabrito

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Fotografía: Conchita Guerra C.

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07. EL CASO DEL PUEBLO EMBERA KATÍO DEL ALTO SINÚ

07. El caso del Pueblo Embera Katío del Alto Sinú Por: Conchita Guerra Cabrito Antecedentes Este estudio de caso da cuenta de la situación específica del pueblo Embera Katío ubicado en el alto Sinú, departamento de Córdoba. Los Embera Katío son un pueblo distribuido por la zona norte del territorio colombiano, teniendo presencia también en los departamentos de Antioquia, Choco, Caldas, Risaralda, Valle del Cauca y Putumayo Su población se estima en 38.259 habitantes aunque, como ya se ha anotado en la introducción de este libro, pueden haber subregistros evidentes por los lugares se asentamiento donde se ubican los pueblos indígenas.

Desde tiempos ancestrales el Pueblo Embera Katío del Alto Sinú ha habitado

en las selvas húmedas tropicales de la cuenca alta del río Sinú, al sur de lo que actualmente es el Departamento de Córdoba en Colombia, en el Parque

Nacional Natural Nudo del Paramillo. Jurídicamente el territorio del Pueblo

Embera Katío está conformado como resguardo indígena, cuya extensión es

de 103.517 hectáreas. Allí viven aproximadamente unos 4.500 indígenas1 que se encuentran agrupados en 26 comunidades. De acuerdo con su cultura, su

sostenimiento económico está ligado a la oferta natural del ecosistema, basado originalmente en la pesca de los ríos, la caza, la recolección de frutos y una agricultura sustentable.

La geografía de la zona está atravesada por los ríos Verde, Esmeralda, Manso y multitud de quebradas que confluyen en el río Sinú, que es el principal afluente del resguardo. Tiene una longitud de 415 Km y transcurre a lo largo de toda

1 No hay un censo confirmado. Este dato se extrajo del informe de 2013 de OCHA -Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas.

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la región deslizándose hacia la cuenca baja donde baña las ricas tierras de la Llanura del Caribe, creando un ecosistema biodiverso que posee un gran

valor ecológico y ambiental. En los ciclos de lluvia que se producen cada seis meses, los humedales de las llanuras se expanden sobre cientos de hectáreas depositando nutrientes que hacen de estas tierras las más fértiles del país.

La vida apacible de la región integrada a los ciclos naturales del clima, el río y los humedales se vio gravemente afectada a fines de los años 90 con la construcción en el territorio del resguardo Embera de la Presa Urrá I sobre el río Sinú, lo

que a su vez exacerbó el conflicto armado, generando graves violaciones de los derechos humanos. A continuación haremos un análisis integral de su situación.

1. AFECTACIONES POR EL CONFLICTO ARMADO Además del grave impacto producido por la construcción de la presa Urrá I en el

pueblo Embera y en su territorio, cultura y tradiciones, el desarrollo a gran escala del conflicto armado tuvo funestas consecuencias para su propia integridad.

Las primeras tensiones relacionadas con este conflicto se presentaron en

el territorio del pueblo Embera Katío del Alto Sinú en los años 70, cuando comenzaron los estudios de factibilidad ordenados por la Corporación Eléctrica del Caribe para la construcción de la represa Urrá 1. Lo anterior estimuló la llegada al territorio de los primeros grupos guerrilleros del Ejército Popular de

Liberación (EPL) y con ello los primeros señalamientos al pueblo indígena: por

parte del Estado, de ser colaborador de la guerrilla, y, por parte de la guerrilla,

de ser informante de las fuerzas armadas del Estado2. Así comenzó la cadena

de amenazas y asesinatos que ha azotado al pueblo Embera desde entonces.

2 El primer señalamiento realizado a los indígenas de ser colaboradores de los grupos armados fue en los años 70 cuando Kimy Pernía Domicó, importante líder espiritual del pueblo indígena, estuvo preso casi un año junto con su padre y su tío, acusados sin ningún fundamente de ser colaboradores de la guerrilla. Finalmente fueron liberados sin cargos, pero su padre murió unos días después.

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07. EL CASO DEL PUEBLO EMBERA KATÍO DEL ALTO SINÚ

La situación de violencia se recrudeció a partir de 1998 con la presencia de grupos

paramilitares. Ese año los indígenas presentaron una acción de tutela contra la

Empresa Urrá y la Alcaldía de Tierralta ante el Tribunal Superior de Córdoba, por la violación de sus derechos fundamentales al construir la Presa Urrá I en su territorio ancestral, sin la debida consulta.

El 10 de Noviembre de 1998 la Corte Constitucional resolvió mediante la Sentencia T-652

proteger los derechos fundamentales a la supervivencia, a la integridad étnica, cultural,

social y económica del pueblo Embera Katío del Alto Sinú, y ordenó indemnizarlo con un subsidio de alimentación y de transporte para todos sus miembros durante 20 años, a través de un fideicomiso pagado mensualmente, entre otras compensaciones.

Durante este tiempo las comunidades recibieron continuas amenazas y los paramilitares

ejecutaron numerosos actos criminales: incendio de canoas y

motores; asaltos a las comunidades a pie y por helicópteros; señalamientos,

amenazas, secuestros, desapariciones, torturas y asesinatos de miembros de la

comunidad y líderes comunitarios, políticos y espirituales, como el de Alonso Domicó Jarupia, Lucindo Domicó, Kimy Pernía Domicó, entre otros. Hoy continúa la nefasta presencia de paramilitares en la zona, algunos de ellos rearmados después de la desmovilización formal de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) en 2005.

En el 2008, durante el gobierno del presidente Uribe, el ejército nacional militarizó

el territorio Embera, y en 2009 creó la Fuerza de Tarea Conjunta Nudo de Paramillo

que ocupó el resguardo. En diferentes oportunidades sus helicópteros han aterrizado en las comunidades asustando a los niños, las mujeres y demás personas, y han

dañado los cultivos de maíz y yuca. En ocasiones han realizado bombardeos cerca

de las comunidades, generando terror entre los habitantes. En el casco urbano de Tierralta se han realizado detenciones ilegales de miembros de la comunidad para presionarlos para que se vuelvan informantes del ejército.

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Uno de los problemas frecuentes del conflicto armado ha sido el de las restricciones a la movilidad y circulación por la selva y los ríos, al transporte de alimentos, medicamentos e insumos básicos, derivadas de la estrategia de control territorial de los grupos armados que operan en el área. A la salida de Puerto Frasquillo, ruta obligada

para acceder al resguardo, las Fuerzas Armadas tiene un retén mediante el cual han impuesto en algunas ocasiones restricciones para llevar a las comunidades insumos y gasolina pues presuponen, de forma infundada, que son elementos para la guerrilla.

Así mismo, los Frentes 183 y 58 de la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias

de Colombia (FARC) hacen presencia permanente en el territorio, cometiendo graves

violaciones contra el pueblo Embera Katío del Alto Sinú: señalamiento a líderes y

miembros de la comunidad de ser colaboradores de los paramilitares y del Ejército nacional; amenazas y asesinatos de líderes y miembros de la comunidad; control al paso de personas e irrespeto a las autoridades tradicionales.

Como retaliación a la militarización del resguardo, las FARC han instalado minas antipersonales en el territorio indígena, hecho que constituye una de las más graves

violaciones a los derechos humanos. Estas minas ponen en riesgo inminente a las

comunidades y las confinan a las inmediaciones de sus viviendas, impiden la libertad

de movimiento por el territorio, las salidas a las jornadas de cacería, la recolección

de frutos, semillas y plantas medicinales, y afectan incluso el trabajo de siembra y recolección de maíz, yuca y demás cultivos indispensables para la subsistencia. Esta situación ha empeorado las condiciones alimentarias, ya afectadas gravemente

con la desaparición del pescado en los ríos a partir de la construcción de la Represa Urrá I. Igualmente ha deteriorado de manera importante el desarrollo de la medicina

tradicional a través de las plantas que la selva les provee y que les permitía curar la mayor parte de las enfermedades, y ha perjudicado las prácticas culturales. El pueblo Embera expresa así su desesperación con relación a las minas:

3 Informe OCHA - Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas (2013)

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07. EL CASO DEL PUEBLO EMBERA KATÍO DEL ALTO SINÚ

“La vida para nuestras comunidades es cada día más difícil, actividades como la caza, la pesca, la agricultura y otras se hacen cada día más riesgosas, nos están confinando a nuestras casas, perdemos nuestro territorio, nuestras familias sufren hambre y nuestros hijos la desnutrición;

de esta forma nuestro pueblo

está condenado a desaparecer, a desplazarse hacia las cabeceras municipales,

a engrosar los cinturones de pobreza y miseria; pero nuestro pueblo se niega a desaparecer." (Entrevista 1: 23 de febrero de 2012).

En diversas oportunidades el pueblo Embera Katío del Alto Sinú se ha declarado ajeno al conflicto y ha solicitado a los grupos armados que respeten su integridad

colectiva y cultural, y su territorio. A pesar de esto se siguen vulnerando gravemente

sus derechos fundamentales individuales y colectivos y se han cometido delitos graves contra el Derecho Internacional Humanitario.

En 2010 el Estado intentó judicializar a algunos líderes del pueblo Embera pero estas acusaciones sin fundamento no tuvieron bases para prosperar.

Otro infausto problema que han tenido que sufrir los Embera es el narcotráfico

en la zona aledaña al resguardo, lo cual ha dado argumentos al Ejército nacional para imponer restricciones a la libre circulación y al transporte de gasolina, produciendo situaciones de confinamiento que en algunos momentos se han tornado graves. Un ejemplo de ello fue lo sucedido en 2010 cuando miembros de

la comunidad denunciaron que no habían podido desplazarse desde el territorio del resguardo hacia el casco urbano de Tierralta, porque la Fuerza Pública, en

cabeza del Batallón de Tarea Conjunta Nudo de Paramillo, estaba impidiendo el

abastecimiento de combustible para las embarcaciones, haciendo cumplir, según decían, la resolución número 008 del 24 de junio del 2010 expedida por el Consejo Nacional de Estupefacientes.

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A continuación se presenta una relación sintética de las violaciones a los derechos humanos: •

Presencia de grupos armados en el territorio: ejército nacional, paramilitares y

•

Asaltos a las comunidades a pie y con helicópteros, quema de canoas,

guerrilla.

amenazas, secuestros, torturas, intimidación, desapariciones y asesinatos

selectivos de líderes o de miembros de la comunidad por parte de los grupos paramilitares. •

Amenazas y asesinatos a miembros y líderes de la comunidad por parte de la

•

Fuerte militarización del territorio por parte de las Fuerzas Armadas.

•

Combates en territorio del resguardo entre la guerrilla y las Fuerzas Armadas,

•

Bombardeos por parte del ejército.

•

Instalación de minas antipersonales por la guerrilla.

•

Señalamientos: se ha señalado a los Embera, individual y colectivamente,

guerrilla.

que causan terror entre la población y la someten al riesgo de las balas cruzadas.

de manera arbitraria e infundada, de ser colaboradores de la guerrilla, de los

paramilitares o de las Fuerzas Armadas. Estos señalamientos han dado como

resultado amenazas y asesinatos de miembros de la comunidad por parte de los paramilitares y de la guerrilla.

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07. EL CASO DEL PUEBLO EMBERA KATÍO DEL ALTO SINÚ

•

Presión y amenazas de parte de los grupos armados para involucrar a miembros

•

Control del territorio por parte de las Fuerzas Armadas y de la guerrilla de

•

Controles sobre la movilidad de personas, alimentos, combustibles y bienes

•

El conflicto armado y los controles hacen imposible la movilización libre, lo cual

de la comunidad en el conflicto armado o convertirlos en informantes.

las FARC.

básicos por parte de los actores armados ilegales y por las Fuerzas Armadas.

viola los derechos humanos y sociales, y quebranta la labor de cacería y los trabajos agrícolas, lo cual va en detrimento de la seguridad alimentaria de los indígenas y de sus prácticas culturales.

•

Incursión con helicópteros por parte de las Fuerzas Amadas en las comunidades,

que atemorizan a la población e incluso han dañado los cultivos de maíz, arroz y yuca en las maniobras de aterrizaje y despegue.

Los siguientes son ejemplos de los relatos de violación de los Derechos Humanos

ocurridos, durante los últimos años, en el territorio de los Embera, que ilustran la situación de presión a la que están siendo sometidas las comunidades. Los relatos los transcribimos tal y como las comunidades los refieren:

“El día 28 de enero del 2010 a las 11 a.m. aproximadamente 30 hombres de las

Fuerzas Armadas cruzaron por la quebrada Cenen en la comunidad de Pawarandó; quince minutos más tarde escuchamos un estruendo que posteriormente supimos

que era una mina antipersonal, la cual había estallado provocando heridas a uno de los miembros del ejército. Posteriormente los miembros del ejército se ubicaron en la playa de la quebrada y a las 2:00 p.m. fueron recogidos por dos helicópteros de

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las Fuerzas Armadas, uno de los cuales aterrizo sobre un sembrado de maíz de la

comunidad, dañando nuestro cultivo. A las 4:00 p.m. miembros de ejército llegaron a la comunidad y manifestaron que los indígenas sabían dónde estaban sembradas

las minas y que no le avisaban al ejército; que los indígenas deben colaborar con el ejército y que además había recompensas en dinero para los colaboradores.

Manifestaron que iban a militarizar el resguardo ya que sabían dónde estaba la guerrilla, que ellos no saldrían del Territorio indígena”.

“El día 27 de mayo (de 2010) a las 10:00 A.M. aterrizaron al otro lado del río frente a

la comunidad de Junkaradó 4 helicópteros; solo hasta la 4:00 pm. hicieron presencia

en la comunidad aproximadamente 100 hombres del ejército colombiano, quienes

abordaron al presidente de la junta de acción comunal de los campesinos a quien señalaron de guerrillero y mantuvieron retenido por un espacio de 1 hora, en las

instalaciones de la escuela indígena de Junkaradó; este mismo día retuvieron otro

campesino durante toda la noche en la escuela de la comunidad. Es importante mencionar que las tropas pernoctaron en la escuela y los tambos de la comunidad;

de igual forma prepararon los alimentos en el restaurante escolar. Es de resaltar que dentro de los miembros del ejército se encontraban 2 hombres encapuchados, a los cuales nunca se les vio el rostro”.

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DESPLAZAMIENTO FORZADO Una de las consecuencias más graves del conflicto armado en el territorio del resguardo Embera Katío del Alto Sinú han sido los desplazamientos masivos a lo

largo de la última década. Las diversas comunidades se han visto afectadas en forma severa y reiterada por actos de violencia de los diversos grupos armados que han conducido al desplazamiento forzado hacia el casco urbano de Tierralta, con graves secuelas sobre el tejido social, étnico y cultural. Con frecuencia estos desplazamientos producen nuevos problemas para educar a los hijos y por lo

general las mujeres y los hombres se ven obligados a desempeñar labores o a aceptar actividades que no son acordes con su cultura. Incluso se han visto casos

cada vez más frecuentes de suicidios dentro de personas jóvenes de la comunidad. Las autoridades no han tomado ninguna medida de prevención tendiente a evitar que ocurran nuevos desplazamientos, ni a suministrar a las víctimas la atención diferencial que requieren.

RIESGOS ACTUALES DE DESPLAZAMIENTO Las condiciones que produjeron desplazamientos masivos en los años 2000 a

2002, no se han corregido sino que se han trasformado de acuerdo con las nuevas

circunstancias. En la actualidad se han presentado nuevos obstáculos para la

vida en paz de las comunidades y para el goce tranquilo y real del territorio. A continuación exponemos las amenazas identificadas por los líderes y gobernadores

de los Cabildos Mayores de Río Sinú y Río Verde en reunión efectuada los días 16, 17 y 18 de marzo de 2010 en el municipio de Tierralta:

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CUADRO DE PELIGROS ACTUALES DE DESPLAZAMIENTO a- Conflicto Armado producido por la militarización del territorio en los últimos años y el enfrentamiento con la guerrilla. La comunidad cree que esta nueva forma

del conflicto armado podría estar asociado al interés del Gobierno de controlar el territorio para construir un nuevo megaproyecto en el territorio: el Proyecto Río Sinú o Urrá II.

- Asaltos a las comunidades por parte del ejército en helicópteros y por tierra. - Presencia del ejército en las comunidades - Incursiones de la guerrilla en las comunidades - Señalamientos del Ejército nacional de pertenecer a la guerrilla y de la Guerrilla de ser informantes del Ejército.

- Amenazas: A partir de los señalamientos se han producido amenazas de muerte a miembros de las comunidades por parte de la guerrilla y de los paramilitares

- Retenes, controles sobre la movilidad e incautación de alimentos, combustibles y bienes básicos por parte del Ejército y de la guerrilla

- Combates de ejército y guerrilla en las proximidades de las comunidades - Bombardeos cerca de las comunidades - Minas: Instalación de minas antipersonales b- Riesgos graves: Urrá II o proyecto río Sinú. Según los acuerdos establecidos en diferentes oportunidades entre el Gobierno Nacional y el Pueblo Embera Katío del

Alto Sinú, el proyecto Urrá II o Proyecto Río Sinú no se realizaría. No obstante, el

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07. EL CASO DEL PUEBLO EMBERA KATÍO DEL ALTO SINÚ

Presidente Uribe reactivó la marcha de dicho proyecto, generado un factor más de

tensión dentro del Pueblo Embera del Alto Sinú. Su construcción causaría el masivo desplazamiento del pueblo Embera, pues este nuevo megaproyecto inundaría más de 50.000 hectáreas, la mayoría dentro del resguardo, y utilizaría 3 de los principales

ríos que atraviesan el territorio: el Sinú y sus afluentes Esmeralda y Manso. Teniendo en cuenta las consecuencias que Urrá I tuvo podemos afirmar sin ninguna duda

que esta segunda represa, que es 7 veces más grande que la primera, causaría un

desastre ambiental irreparable en el territorio. Esta represa sería la más grande de Colombia. En la actualidad el proyecto está detenido.

c- Cultivos ilícitos: La presencia de cultivos ilícitos en el territorio en los últimos

años, favorecidos por el hecho de que el conflicto armado mantiene vedadas algunas zonas del resguardo, ha generado nuevas presiones en la comunidad con nuevas

formas de violencia y nuevos problemas ambientales, por la contaminación de las fuentes de agua y la quema de bosques. d- Otros riesgos complementarios: Crisis de alimentación asociada a la construcción de la represa Urrá I: •

Pérdida casi total del recurso pesquero.

•

Escasez de la caza.

•

Disminución de los territorios aptos para el cultivo de arroz, maíz y yuca, causada por la inundación.

Problemas de la movilidad por el río: •

La obligación de pagar gasolina para la movilidad por el río empobrece a las comunidades.

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•

La sedimentación del río en épocas de verano dificulta la movilización en algunas comunidades

Falta de escuelas y colegios •

No existe suficiente cobertura de escuelas en el resguardo

•

No existen colegios de secundaria

•

No existen programas de etno-educación

Problemas de salud: quebrantamiento de la medicina tradicional sin reemplazo efectivo por la medicina occidental: •

Paludismo.

•

Problemas asociados con la mala nutrición

•

Afecciones respiratorias

•

Diarreas y enfermedades asociadas con la calidad del agua

Monetarización de la cultura y la economía indígena: desculturalización, pérdida de tradiciones y tendencia a la homogenización con la cultura de occidente. No se

ha encontrado la forma de desarrollar un modelo económico alternativo que permita mejorar su calidad de vida, al tiempo que conservar su cultura y tradiciones.

Influencias: División del pueblo asociada a la crisis que provocó el megaproyecto Urrá.4

4 Durante la etapa de negociaciones para la construcción y el llenado del embalse, la empresa propició esta división, que debilita la organización y el gobierno del pueblo Embera y facilita que se produzcan más violaciones a sus derechos, lo que aumenta los riesgos de desplazamiento.

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CONSECUENCIAS DEL CONFLICTO ARMADO Y DEL DESPLAZAMIENTO El desplazamiento y el conflicto armado tienen graves consecuencias para el pueblo Embera pues lo pone en riesgo de extinción física y cultural al romper la ley de origen

representada en las raíces del árbol Jenené que sustenta su organización social.

Estas raíces son: el territorio, la unidad, la cultura, la autonomía y el gobierno propio. A continuación exponemos el análisis realizado por los líderes indígenas al respecto:

TERRITORIO: El desplazamiento y la pérdida del territorio acarrean muchas necesidades a las comunidades y las familias desplazadas. Algunas de ellas son las siguientes: •

Falta de agua para consumo: con frecuencia en los nuevos lugares de vivienda o nuevos asentamientos no se cuenta con un río o una fuente de agua potable, y el Estado con frecuencia no suple esta carencia.

•

Falta de alimentación: no se cuenta con territorio que permita la siembra del

•

Carencia total de plantas medicinales y de atención médica tradicional que no

•

Desubicación y sensación de que no se pertenece a nada pues no se comparte

•

Se produce con frecuencia un fenómeno de abandono de hogares

pancoger, lo que contribuye a la desnutrición de los miembros de la familia

es reemplazada de manera adecuada por la medicina de occidente.

la cultura del entorno.

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•

Cambio de costumbres y pérdida de cultura

•

Pérdida de autonomía

•

Desintegración de la familia

•

Miedo

•

Dificultades para la educación de los hijos

•

Dificultades para la escolaridad

•

Irrespeto por parte de los jóvenes hacia los mayores

•

Consumo de alcohol

•

Prostitución

•

Violencia intrafamiliar

•

Pérdida de plantas medicinales y para los rituales

•

Dependencia económica de la cultura y formas de producción occidental, y

obligación de buscar actividades económicas que no son acordes con la cultura indígena, como las de servicio doméstico o el pago de jornales.

•

Pérdida del tejido social

•

Pérdida de la seguridad, autonomía y soberanía alimentaria

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07. EL CASO DEL PUEBLO EMBERA KATÍO DEL ALTO SINÚ

UNIDAD: Los desplazamientos generan la perdida de la Unidad del pueblo, lo que trae las siguientes consecuencias: •

Dispersión del pueblo

•

División de criterios frente a asuntos trascendentales para la sobrevivencia,

•

Señalamientos internos

•

Debilidad en el gobierno

•

Debilidad en la organización

•

Abona el terreno para las amenazas y los asesinatos

•

Rompimiento de la unidad familiar.

como por ejemplo divergencias de criterios frente al manejo del territorio.

GOBIERNO: Los desplazamientos han producido problemas de Gobernabilidad dentro del pueblo Embera: •

División del gobierno

•

Irrespeto y/o pérdida de las autoridades tradicionales

•

Debilitamiento del gobierno de las autoridades y de los líderes de la comunidad.

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AUTONOMÍA: Con el desplazamiento se produce una pérdida total de la autonomía de las comunidades y familias desplazadas y las hace dependientes de la cultura occidental: •

Pérdida de autonomía en la toma de decisiones del destino del pueblo

•

Dependencia cultural y económica de la cultura de occidente.

•

Pérdida total de la medicina tradicional y dependencia de la medicina occidental.

•

Pérdida de autonomía para la construcción de las viviendas: dependencia de materiales para la construcción de las viviendas de acuerdo con las de la cultura occidental; encarecimiento de las mismas.

•

De ser comunidades con posibilidades de abastecerse de muchos insumos de

manera autónoma, pasan a ser dependientes de manera total. Los hombres por lo general se vuelven jornaleros con ingresos mínimos que no les permiten mantener adecuadamente a sus familias.

•

La pérdida de autonomía produce además pobreza extrema en las comunidades desplazadas.

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07. EL CASO DEL PUEBLO EMBERA KATÍO DEL ALTO SINÚ

CULTURA: Uno de los problemas más graves es la pérdida de la cultura que se ve reflejada

en todas las actividades de la vida cotidiana y en las relaciones familiares y con la

sociedad. Sin embargo hacemos una relación de aquellos factores más prominentes:

Pérdida de las tradiciones, costumbres, bailes y música. Pérdida de la comida tradicional. Pérdida de rituales. Pérdida de la historia. Pérdida de la medicina y de

conocimientos tradicionales de las plantas y sus beneficios. Pérdida de la relación cultural con el territorio, en donde cada lugar tiene una significación diferente

relacionada con lo sagrado, lo espiritual, el ocio, el amor, el sustento, etc. Pérdida de las formas tradicionales de producción como la pesca, la cacería, las formas del cultivo y semillas tradicionales.

Foto 1: Comunidad Doza del Alto Sinú. Créditos: Conchita Guerra C. La comunidad de Dozá Alto del Pueblo Embera Katío del Alto Sinú, rodea solidariamente a Morelia, hermana de Lucindo Domicó, quien fuera un importante líder indígena, muerto a manos de grupos paramilitares durante la defensa de los derechos de su pueblo, en plena etapa de negociaciones con la empresa Urrá.

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2. MEGAPROYECTO DE LA REPRESA DE URRA I CARACTERÍSTICAS DE URRÁ I •

El Proyecto Urrá I está localizado a 30 km al sur del municipio de Tierralta, en el

•

Objetivos de la represa: Control de inundaciones para la habilitación de 1.600

departamento de Córdoba, al noroccidente de Colombia.

hectáreas drenadas y 1.500 irrigadas para destinación de ganadería, proyectos

forestales y agrícolas en gran escala y en menor escala la generación de energía. •

Área inundada de 7.400 hectáreas.

•

Altura de la presa: 73 m.

•

Capacidad instalada: 340 MW, lo cual significa 21,7 hectáreas utilizadas para

•

El costo inicial concebido para Urrá fue de US $600 millones. Su costo real fue

producir un megavatio.

de US $800 millones, lo que arroja una cifra promedio por kilovatio instalado de US $2.350. (para proyectos eficientes el precio del mismo kilovatio fluctúa entre US$1.100 y US$1,350 dólares).

•

Financiación: Estado (52%) y el resto el sector privado.

•

Inicio de obras civiles:1993

•

Inauguración: julio 1 de 2000

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•

Empresa constructora: consorcio sueco-colombiano SKANSKA-CONCIVILES.

•

Propietario de Urrá I: Empresa Multipropósito Urrá S.A. ESP. (Sociedad anónima.

Empresa de Servicios Públicos). Es una empresa de servicio público mixta, del orden

nacional,

constituida como sociedad anónima de economía mixta

de carácter comercial e industrial. Sus accionistas son: La Nación, a través del Ministerio de Minas y Energía

Interconexión Eléctrica S.A., ISA. Los

departamentos de la costa atlántica. El Municipio de Tierralta, la Corporación Eléctrica de la Costa Altántica (CORELCA).

En la década de los noventa, el Estado impulsó el “Plan Maestro de Desarrollo

Integral de la Cuenca Hidrográfica del río Sinú” que está integrado a la estrategia

de desarrollo económico del Caribe colombiano, que tiene por objeto impulsar el

desarrollo de esta región a partir de una serie de grandes proyectos de infraestructura y de agroindustria en la cuenca baja del río Sinú, para la introducción de la región

en los mercados regionales y mundiales. Entre estos se destacan: la adecuación de tierras mediante la desecación de los humedales de la cuenca baja del río Sinú, que

amplía los territorios de los terratenientes; la construcción de 15 grandes distritos de riego; el desarrollo a gran escala de la ganadería y la agroindustria; siembra

de grandes extensiones de monocultivos forestales comerciales (Teca, Eucalipto y

Balso); el desarrollo de la industria camaronera; la construcción de un puerto de aguas profundas cerca de la bahía de Cispatá; la articulación de la cuenca del Sinú

con la región agroindustrial de Urabá, a través de la carretera “Marginal de la Costa”. La Represa Urrá es el centro de esta estrategia de desarrollo. Está concebida en 2

etapas: Urrá I, en la cual se desarrolló e instaló la totalidad de la infraestructura para la generación de energía eléctrica y se desvió el río Sinú con lo que se comenzó un proceso de desecación de los humedales. Urrá II, que de construirse inundará más

de 50 mil Ha en la cuenca alta del río Sinú, para alimentar el suministro de agua

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para la generación de energía de Urrá I, y consolidar el proceso de desecación de los humedales de la zona aluvial del río.

La implementación de estos megaproyectos, tiene serios impactos socioeconómicos para la población nativa originaria de campesinos, pescadores e indígenas asentados a lo largo de toda la cuenca del río Sinú e implica la desarticulación de

la cultura pesquera desarrollada tradicionalmente en estos territorios, así como el empobrecimiento y desplazamiento de estas colectividades.

IMPACTOS DEL PROYECTO URRÁ SOBRE EL PUEBLO EMBERA KATÍO DEL ALTO SINÚ La construcción de la hidroeléctrica Urrá I, rompe la historia del pueblo Embera Katío del Alto Sinú, por las múltiples alteraciones que se suceden, las cuales tienen

que ver con la trasformación y el manejo del territorio, los daños ambientales y

ecológicos, los impactos destructivos en la cultura y la organización del pueblo,

la introducción del conflicto armado en el resguardo, el deterioro de las formas de gobierno, la pérdida de seguridad alimentaria, entre otras repercusiones, las cuales fueron documentadas en su mayoría en la sentencia T-652 de 1998 de la Corte Constitucional.

Podemos destacar las siguientes: •

Inundación de 417 hectáreas del Resguardo indígena, (7417 hectáreas en total),

•

Descomposición de más de 7000 hectáreas de biomasa con graves

que produjo grave deterioro ambiental en el entorno selvático del resguardo.5

consecuencias ambientales y de salubridad en la comunidad.

5 El alto Sinú, posee un área de casi 5.000 km2.

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07. EL CASO DEL PUEBLO EMBERA KATÍO DEL ALTO SINÚ

•

Alteración de importantes ecosistemas: páramo, selva húmeda, humedales y

•

Sedimentación y contaminación de los ríos.

•

Inundación de las tierras fértiles y aptas para los cultivos.

•

Inundación de cementerios y lugares sagrados (Jaidé).

•

Alteración de los patrones culturales asociados al trabajo.

•

Alteración de la dinámica de las especies piscícolas: interrupción del recorrido

estuario.

aguas arriba para el desove de especies como el bocachico, produciendo la desaparición del pescado en los ríos que atraviesan el territorio6.

•

La perturbación del hábitat produjo el alejamiento de los animales de caza lo

•

Pérdida de la seguridad y autonomía alimentaría, y de la posibilidad del

que hace más difícil esta actividad.

comercio por la extinción del pescado y también por la disminución de la caza y la inundación de los territorios.

•

Incremento de la morbilidad y mortalidad especialmente en los niños

por enfermedades tropicales y enfermedades gastrointestinales, por el estancamiento del agua que produce la represa.

•

Desnutrición por la pérdida de la seguridad alimentaria.

•

Interrupción del sistema tradicional de transporte por el río, lo que ha producido

problemas de movilización, pérdida del transporte en las balsas tradicionales, obligando al uso de motores a gasolina; y en algunos casos confinamiento.

6 Alrededor de 6.000 toneladas de alimento se producían anualmente en la cuenca del río Sinú. El río y los humedales poseían una importantísima variedad de peces (bagre, mojarra, bardul, moncholo, entre otros). El pez bocachico que remontaba río arriba para el desove, era la base de la seguridad alimentaria de las 400.000 personas de las comunidades indígenas, campesinas y de pescadores asentados tradicionalmente a lo largo de toda la cuenca, siendo además este pez, el elemento cultural de cohesión de las diferentes etnias.

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•

Violación de los Derechos Fundamentales y los DESC (derechos económicos,

•

Los daños ocasionados por Urrá I se pretendieron mitigar por medio de una

sociales y culturales), (sentencia T-652 de 1998 de la Corte Constitucional).

indemnización que ha generado un fuerte impacto de monetarización que ha devenido en el detrimento de la cultura.

•

Presencia de actores armados en el resguardo.

•

Asesinatos, secuestros y torturas de líderes y miembros de la comunidad por grupos paramilitares, en el marco de la oposición a la construcción de la represa y de la lucha pacífica por el respeto de sus derechos legalmente constituidos.7

•

Señalamiento al pueblo Embera de pertenecer a grupos armados.

•

Desplazamiento forzoso de la población (hombres, mujeres y niños).

•

División de la organización política del Pueblo Embera Katío.

•

Conflictos interétnicos con campesinos y colonos que han penetrado en el

territorio indígena, con sus cultivos y formas de producción y explotación de los recursos naturales contrarias a las prácticas indígenas.

En efecto, como lo comentamos anteriormente, las primeras manifestaciones del

conflicto armado con la guerrilla en el territorio Embera del Alto Sinú, se presentaron con la llegada en la zona de ingenieros para realizar el estudio de factibilidad de

las represa Urrá I y Urrá II. Paralelo a esta situación comenzaron los primeros señalamientos al pueblo Embera de ser colaboradores de la guerrilla.

La dramática disminución del pescado producida por el taponamiento del río con la presa, que impide la subida del pez Bocachico a desovar, unida a los cambio

7 El jefe paramilitar Carlos Castaño en una entrevista realizada por el filósofo Francés Bernard-Henry Lévy en 2009 afirmó lo siguiente refiriéndose al asesinato en 2001 del líder indígena Kimy Pernía “¿Atentados a ciegas nosotros? Jamás. Siempre hay una razón. Los sindicalistas, por ejemplo. Impiden trabajar a la gente. Por eso los matamos". ¿Y el jefe de los indios del Alto Sinú? ¿También impedía trabajar a la gente el pequeño jefe indio que había bajado a Tierra Alta? "—La presa, impedía el funcionamiento de la presa."

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07. EL CASO DEL PUEBLO EMBERA KATÍO DEL ALTO SINÚ

abruptos de nivel del río, redujeron drásticamente el número de especies de peces y el tamaño de los ejemplares.

Se causaron otras restricciones alimentarías porque la inundación de la represa

produjo la pérdida de las playas de los ríos lo que hizo que no se pudiera seguir cultivando arroz.

Además, los terrenos más fértiles y planos aptos para los otros cultivos como

maíz, frijol etc. fueron inundados. Por otro lado la perturbación del hábitat con la construcción de la represa hizo que los animales de caza se adentraran en la selva.

Ahora los indígenas tienen que caminar grandes trechos para poder ejercer la cacería, actividad que además se ve sumamente entorpecida por las minas antipersonales y los controles a la movilización impuestos por los grupos armados.

Todo lo anterior ha producido no solo la pérdida de la seguridad alimentaria sino

también el menoscabo de la autonomía para proveerse de los alimentos, haciendo

dependiente al pueblo indígena de la comida que se compra en los mercados urbanos, con el consiguiente resquebrajamiento cultural.

Algunas de las alteraciones culturales más graves que está sufriendo el pueblo

Embera son la pérdida de la relación de respeto hacia los mayores, y el debilitamiento

de la medicina tradicional -y con ello el olvido de un valioso conocimiento ancestral-. El vacío que deja este quebranto se ha ido reemplazando con la adopción de la

medicina occidental, la cual presta un deficiente servicio de atención profesional y hospitalaria, por lo que muchos niños, niñas y adultos mueren. A esto se le añade el incremento de vectores que han extendido enfermedades como la malaria y

el dengue, y la contaminación del agua que ha incrementado las enfermedades gastrointestinales. La subnutrición y en algunos casos la desnutrición hace a los niños y niñas mucho más vulnerables a las enfermedades.

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MITIGACIÓN DE IMPACTOS DE URRA I Ante el desconocimiento de sus derechos, el 20 de marzo de 1.998 las autoridades indígenas presentan una acción de tutela contra la Empresa Urrá y la Alcaldía de Tierralta por la violación de sus derechos fundamentales, ante el Tribunal Superior de

Córdoba. Mientras tanto ocurren hechos criminales tales como la quema de la canoa de la Organización indígena por los paramilitares, se reciben continuas amenazas contra las comunidades y se asesinan líderes. Finalmente el 10 de Noviembre de 1998

la Corte Constitucional resuelve mediante la Sentencia T-652 tutelar los derechos fundamentales a la supervivencia, a la integridad étnica, cultural, social y económica, a la participación y al debido proceso del Pueblo Embera Katío del Alto Sinú, y ordena a la

empresa Urrá, al INCORA (Instituto Colombiano de la Reforma Agraria hoy INCODER)

y a la alcaldía de Tierralta realizar una serie de compensaciones al Pueblo Embera las cuales en su mayoría han sido desconocidas, cumplidas de forma parcial, o incumplidas

de forma sistemática.8 Una de las compensaciones ordenadas fue la indemnización al

Pueblo Embera con un subsidio alimentario y de transporte para todos los miembros durante 20 años, a través de un fideicomiso pagado mensualmente.

Las inversiones ordenadas a la empresa Urrá para mitigar los distintos impactos, así como la

indemnización establecida en la sentencia T-652/98 de la Corte

Constitucional, si bien han aliviado la crisis alimentaria, han generado como efecto

colateral la de pérdida de autonomía, causando aculturación, pérdida de costumbres, de interés en la organización y del trabajo comunitario; se ha generado en su reemplazo una dependencia de la economía de mercado que debilita la sostenibilidad cultural y la economía propia de las comunidades. En los proyectos productivos

realizados a través de la Empresa Urrá se utilizan con frecuencia tecnologías que

8 “El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Córdoba ordenó 5 días de arresto al Presidente de la Empresa Urrá S.A. E.S.P. ALFREDO SOLANO BERRÍO”… “como consecuencia de la desobediencia de la Sentencia de Tutela interpuesta por la Asociación de Cabildos del Pueblo Embera Katío y del Cabildo Karagaby ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial en la ciudad de Montería, la cual ordenaba el cumplimiento del pago de la indemnización establecida por la Corte Constitucional en una cuantía que garantice como mínimo la supervivencia física del Pueblo Embera Katío del Alto Sinú, después de los daños causados en su territorio por la Represa Urrá”. Comunicado del Pueblo Embera Katío Del Alto Sinú del 16 de diciembre de 2011

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07. EL CASO DEL PUEBLO EMBERA KATÍO DEL ALTO SINÚ

no son apropiadas al contexto ambiental y cultural, y que tienden a generar otras dependencias económicas respecto a insumos externos convencionales.

EL PROYECTO URRÁ II O PROYECTO RÍO SINÚ Según los acuerdos establecidos entre el Pueblo Embera Katío del Alto Sinú y el Gobierno Nacional, el 22 de noviembre de 1994, el 19 de abril de 2000 y el 8 de

abril de 2005, el proyecto Urrá II o Proyecto Río Sinú no se realizaría. Lo anterior fue

ratificado en Washington por el Gobierno nacional ante los miembros de la Comisión

Interamericana de Derechos Humanos, en la reunión realizada el 11 de marzo de 2008 sobre las Medidas Cautelares del Pueblo Embera Katío del Alto Sinú. No obstante, pocos meses después el gobierno de Álvaro Uribe reactivó la marcha de dicho proyecto.

Esta segunda represa, inundaría más de 50.000 hectáreas la mayoría dentro del

Resguardo y utilizaría tres de los principales ríos que atraviesan por el territorio: el río Sinú y sus afluentes Esmeralda y Manso. Teniendo en cuenta las consecuencias que

Urrá I tuvo en el territorio Embera, se puede afirmar sin ninguna duda que esta segunda represa, causaría un desastre ambiental irreparable que obligarían al desplazamiento total del Pueblo Embera.9 Esta represa sería la más grande de Colombia.

En la actualidad dicho proyecto está detenido por el Auto Nº 3472 del 27 de noviembre de 2008 del Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial que declara que

9 “Si los impactos ambientales de Urrá I han sido negativos, los de Urrá II lo serían aún más. En efecto, según cálculos del Ministerio del Medio Ambiente, tanto Urrá I como, sobre todo, el proyecto de Urrá II, tienen índices ambientales desfavorables. Los índices del Ministerio del Medio Ambiente estiman la potencia de energía que la presa genera (en megavatios) y la comparan con el área ocupada por el embalse (en hectáreas). Un índice bajo es más favorable ambientalmente, en cuanto significa que se utiliza un área pequeña para una generación alta de energía, mientras que un índice alto apunta a que grandes extensiones producen poca energía. La mayoría de proyectos hidroeléctricos en Colombia presentan un índice menor a 20. Los índices de Urrá están por encima del promedio: el de Urrá I es de 22,09 y el de Urrá II, dada su enorme extensión y su relativamente pequeña producción de energía, es de 152,29”. Cesar Rodríguez Garavito y Natalia Orduz Salinas. “Adiós Río: la disputa por la tierra, el agua y los derechos indígenas en torno a la represa Urrá” Dejusticia 2012.

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no se podrá realizar el Diagnóstico Ambiental de Alternativas (DAA) y el Auto 1681 del 8 de Junio de 2009 que confirma el Auto 3472.

A pesar de lo anterior el proyecto Urrá II sigue vigente y está pendiente en el Consejo

de Estado una demanda interpuesta por Urrá S.A. el 4 de febrero de 2010, contra la decisión tomada por el Ministerio del Medio Ambiente el 27 de noviembre de 2008, que declaraba la inviabilidad de Urrá II”10

La prensa local ha acompañado los intereses del gobierno y los políticos de la región. En el artículo escrito por el investigador Víctor Negrete se pone de manifiesto las

siguientes declaraciones: “Pese a las objeciones de los ambientalistas, el Ministro de Minas y Energía y senadores del Atlántico darán la pelea por la construcción de Urrá

II. Vamos a abrir la discusión, dijo el Ministro, no podemos atrasar el desarrollo del país por posiciones ambientalistas” (periódico El Meridiano de Córdoba. Montería) 11 Pero en torno a Urrá II no solo confluyen los poderosos intereses de sectores del gobierno nacional, políticos regionales, latifundistas y ganaderos de Córdoba. Algunas fuentes señalan que detrás se encuentran también los intereses de trasnacionales de la electricidad.

3. AMENAZAS CULTURALES Antes del desarrollo del proyecto Urrá los hijos heredaban de los padres todos

los conocimientos sobre las formas de producción y de uso de los bienes que el territorio del resguardo les proveía. Su economía era básicamente de subsistencia y el territorio, al lado de sus conocimientos ancestrales y de la forma como coexistían en el mismo, les garantizaba la seguridad alimentaria y la vida en general.

10 Cesar Rodríguez Garavito y Natalia Orduz Salinas “Adiós Río: la disputa por la tierra, el agua y los derechos indígenas en torno a la represa Urrá”. Dejusticia 2012. 11 El Meridiano de Córdoba. Montería, 7-9-07, págs. 4A y 5A

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07. EL CASO DEL PUEBLO EMBERA KATÍO DEL ALTO SINÚ

Por una parte tenían una gran riqueza piscícola en sus ríos con abundante pesca que les proveía proteína de excelente calidad, la cual era complementada con animales de caza. En las vegas de los ríos cultivaban el arroz y en las zonas planas la yuca,

el plátano y demás alimentos; alrededor de sus viviendas árboles frutales. Tenían su calendario ambiental en el cual estaban definidos los meses de preparación del

terreno, la siembra y la recolección, teniendo en cuenta elementos como la tierra, el clima y los ciclos de lluvias, lo que les permitía obtener 2 cosechas anuales.

Tanto las semillas como los insumos para la agricultura, la pesca y la cacería los

obtenían en el territorio; el trabajo era fundamentalmente comunitario. Igualmente las

materias primas para la construcción de sus viviendas y sus balsas para trasportarse por los ríos los obtenían en el mismo territorio. Los médicos tradicionales (jaibaná)

conocían la mayoría de las enfermedades frecuentes y tenían los remedios para curar gran parte de ellas a través de las plantas originarias que se producían en el bosque en diferentes partes del territorio, y que ellos, a través de sus conocimientos ancestrales, reconocían, sabían su localización y la forma de transformarlas en medicinas. Las comunidades no producían desechos o basuras no orgánicas.

Profesaban respeto en sus creencias y en los mayores; tenían la tranquilidad y el

tiempo disponible para practicar sus rituales y los mayores se ocupaban de trasmitir los conocimientos tradicionales a las nuevas generaciones.

La construcción de la Represa Urrá tuvo fuertes impactos en la cultura del pueblo Embera cuyas causas principales están en la trasformación del territorio, la

llegada del conflicto armado y el resquebrajamiento de su economía tradicional de subsistencia. Adicionalmente la indemnización en dinero que la Corte Constitucional

ordenó darle a cada Embera, como compensación por los daños ocasionados por

Urrá en el territorio, si bien ha aliviado la crisis alimentaria y de transporte, trajo como efecto adyacente la monetarización de su economía que los convirtió en

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consumidores de productos y servicios de la oferta comercial del casco urbano con graves consecuencias en la cultura de los Embera.

Cada una de estas problemáticas es a su vez causa y efecto y tiene un sinnúmero de nuevas consecuencias culturales que a continuación resumimos: CAUSAS

CONSECUENCIA EN LA CULTURA

SUBCONSECUENCIA Desnutrición y debilitamiento de la salud Resquebrajamiento de la seguridad alimentaria Resquebrajamiento de la economía de subsistencia, al tener que empezar a comprar en los mercados de los cascos urbanos el pescado y otros alimentos muchas veces procesados, como latas

Trasformación del territorio:

de conserva etc.

La represa Urrá tapono el río

Lo anterior, monetarización y pérdida

con un dique de 73 metros de profundidad y creó un embalse que inundó la parte plana del territorio donde los indígenas tenían sus cultivos, cementerios y territorios sagrados. Se alteró el ecosistema y la composición del territorio.

de la autonomía para suministrarse de Desaparición del pescado

forma autónoma su alimentación.

fuente principal de

Producción de basuras y desechos

proteína.

no orgánicos que no tienen cómo procesar en su territorio, lo cual ha incrementados vectores alrededor de sus viviendas. Han buscado alternativas de alimentación incrementando los animales domésticos en el entorno de sus viviendas que les causan problemas sanitarios, pero que refuerzan la alimentación de las familias y les permiten obtener algunos recursos económicos mediante su venta en mercados locales.

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07. EL CASO DEL PUEBLO EMBERA KATÍO DEL ALTO SINÚ

La inundación produjo la descomposición de toneladas de biomasa bajo el agua.

la población indígena. Contaminación del agua. tradicionales a lo largo del río.

La represa Urrá tapono el río

Transformaciones en la forma de

con un dique de 73 metros de

transportarse: de balsas pasaron a

profundidad y creó un embalse

usar embarcaciones a motor con

que inundó la parte plana del territorio donde los indígenas

El taponamiento produjo

tenían sus cultivos, cementerios

pérdida de la corriente en

y territorios sagrados. Se alteró

los ríos

del territorio.

que transmiten la malaria con consecuencias graves para la salud de

Impedimento para viajar en sus balsas

Trasformación del territorio:

el ecosistema y la composición

Proliferación de los vectores

combustibles fósiles. Por lo anterior, monetarización y perdida de la autonomía en el transporte Como consecuencia muchas familias se han confinado al no poder pagar gasolina para el transporte. Resquebrajamiento de las bases de la cultura que sustentan su territorio y desplazamientos de familias al casco urbano.

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Para los Embera el origen

Por lo anterior pérdida de identidad

de la vida en su territorio

cultural

y la conformación del

Pérdida de respeto por los mayores

mismo está en la raíz

Debilitamiento grave de la medicina

del árbol Jenené que es

tradicional

el origen de los ríos, los

Pérdida de la espiritualidad

cuales determinaron la forma de poblamiento y organización cultural. Trasformación del territorio:

El embalse inundó sus

La represa Urrá tapono el río

cementerios con lo cual

con un dique de 73 metros de

se generó una gran

profundidad y creó un embalse

violación a las creencias,

que inundó la parte plana del

la espiritualidad y la

territorio donde los indígenas

cultura indígena

Problemas con los jóvenes Abandono del territorio Pérdida del respeto por sus tradiciones. Resquebrajamiento de las bases de la cultura que sustentan su territorio Cambios culturales profundos pues la “Chacra” (la huerta), era un factor de cohesión familiar y tejido social a través del trabajo comunitario.

tenían sus cultivos, cementerios

Pérdida de semillas y de plantas

y territorios sagrados. Se alteró

Debilitamiento de los conocimientos

el ecosistema y la composición

ancestrales

del territorio.

Descuido de los conocimientos Los principales terrenos

ancestrales y de su calendario

para los cultivos

ambiental acorde con las épocas

quedaron sepultados bajo

de lluvia y sequía que favorecían la

las aguas del embalse

siembra y las cosechas. Cambios culturales en la alimentación Problemas de nutrición Mayor mortandad principalmente en los niños Resquebrajamiento de la seguridad alimentaria

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07. EL CASO DEL PUEBLO EMBERA KATÍO DEL ALTO SINÚ

Debilitamiento cultural grave de la medicina tradicional. Pérdida de sabiduría y de

Trasformación del territorio:

conocimientos ancestrales.

La represa Urrá tapono el río

Incremento de la mortandad.

con un dique de 73 metros de profundidad y creó un embalse que inundó la parte plana del territorio donde los indígenas tenían sus cultivos, cementerios

Debilitamiento cultural de las La transformación del

autoridades tradicionales de la

territorio causó perdida de

comunidad.

las plantas medicinales

Reemplazo parcial de la medicina tradicional propia de sus cultura por la

y territorios sagrados. Se alteró

prestación deficiente del servicios de

el ecosistema y la composición

salud que el Estado les ofrece.

del territorio.

Olvido de sabiduría con relación a las propiedades de las plantas y sus usos. Monetarización de la salud. Impedimento para salir a jornadas de cacería y debilitamiento de una Temor a movilizarse

actividad productiva que es parte

El conflicto armado: Minas

libremente por el

esencial de la cultura indígena

antipersonales y demás

territorio, por el peligro

Debilitamiento de la medicina

violaciones a los derechos

de caer en las minas

tradicional al existir problemas para que

humanos por parte de los grupos

antipersonales o de

los médicos tradicionales ejerzan sus

armados dentro del territorio

ser víctimas de otros

actividades de búsqueda de plantas,

indígena.

atropellos por parte de los

visitas a los enfermos y curas;

grupos armados.

Abandono del territorio y desplazamiento de familias al caso urbano.

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Los jóvenes ya no quieren saber de la cultura, no se preocupan por los mayores. Pérdida de la cultura, bailes y tradiciones. Rompimiento de lazos familiares, incremento de la irresponsabilidad familiar y del irrespeto por los mayores. Pérdida de los conocimientos ancestrales. Monetarización de su economía:

Abandono del territorio

Las familias ya no producen su comida

y desplazamiento de

profundizando la crisis de seguridad

familias.

alimentaria. Pérdida de la espiritualidad. Debilitamiento de la lengua. Cambios drásticos en la alimentación. Incremento de desnutrición Nuevas enfermedades Problemas de alcoholismo en hombres. Problemas de prostitución en mujeres. Algunas mujeres se van al casco urbano y viven con hombres no indígenas.

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07. EL CASO DEL PUEBLO EMBERA KATÍO DEL ALTO SINÚ

Se han presentado casos recientes de suicidio, que se asocian con la situación actual de pérdida de valores y costumbres ancestrales y la desesperanza que siente la población por la presencia de grupos armados en el territorio. Pudimos establecer para el 2012 los siguientes casos confirmados de suicidios: VICTIMA DE SUICIDIO Edgar Domicó Domicó edad de 20 años. Comunidad Doza Rio verde. Resguardo

FECHA Y LUGAR 27 de marzo de 2012: Falleció por suicidio en su propia casa.

Embera Katío del Alto Sinú. Torrita Domicó Domicó edad 14 años.

25 de junio de 2012: Falleció por suicidio.

Comunidad Doza.

Cabecera municipal de Tierralta.

Carlos Domicó Domicó, Edad 30 años.

12 de agosto de 2012: suicidio en su casa en la

Comunidad Koredó, río Sinú.

cabecera municipal de Tierralta.

Sin embargo en el Informe de 2013 de OCHA, se confirma que en lo corrido del año se

han registrado 5 casos de ahorcamiento y 16 intentos (registrados de manera oficial). En la mayoría de los casos se trata de población joven.

Al respecto el líder Juan de Jesús Domicó opina que uno de los problemas más graves que ha tenido su pueblo en este sentido es el debilitamiento cultural y el abandono

del territorio por muchas familias como consecuencia de la monetarización de la economía. El líder se expresa de la siguiente manera “…la indemnización monetaria

(ordenada a la Empresa Urrá por la Corte Constitucional) produjo que muchas familias

abandonaran el territorio y la cultura. Pero esta indemnización es por 20 años. Después estas familias se van a quedar sin nada, sin comida, ni vivienda y van a querer volver

al territorio del resguardo. ¿Qué va a pasar? ¿Con qué van a llegar? Van a llegar si nada. Es lo mismo que pasa cuando un joven se va de la casa de los padres para irse

a la aventura. Después de varios años algunos deciden volver a su hogar y llegan sin nada. En ese momento la madre y el padre no lo rechazan sino que lo vuelven a

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acoger. De esa misma forma será cuando estas familias deseen volver al territorio; la Madre Tierra los acogerá y les volverá a proporcionar la vida y la subsistencia para seguir reproduciéndonos como pueblo y las esperanzas volverán a estas familias”….

4. PROBLEMAS DEMOGRÁFICOS12 RESGUARDO INDÍGENA EMBERA KATÍO DEL ALTO SINÚ Según el censo de los Cabildos Mayores de río Sinú y Río Verde, la totalidad de indígenas en el alto Sinú asciende a 6.000 habitantes de los cuales 1.500 viven en el casco urbano de Tierralta. 13 La población que habita en el resguardo se concentra

en 26 comunidades que se hallan asentadas en las orillas de los ríos que bañan el territorio Embera.

La esperanza de vida de los habitantes del resguardo no supera los 50 años y la morbilidad está asociada a enfermedades como el parasitismo, enfermedades

respiratorias, diarreicas y las derivadas de las carencias alimentarias: anemias, desnutrición.

A pesar de las graves afectaciones que venimos señalando en el presente estudio,

el pueblo Embera Katío del Alto Sinú conserva muchas de sus tradiciones y su cosmovisión. Toda la población Embera Katío del Alto Sinú habla su lengua nativa. Un porcentaje menor habla español. A pesar de que hasta el momento no hay un censo de los índices de analfabetismo, la mayor parte de la población no ha tenido acceso a la educación básica. Sin embargo esta situación tiende a transformarse por el gran interés de los miembros de la comunidad en estudiar a pesar de las difíciles condiciones y los nulos o casi nulos apoyos del Estado para estos fines.

12 La mayor parte de la información de este capítulo es tomada de informes procedentes de documentos de los Cabildos Mayores de Río Sinú y Río Verde. 13 Dato extraído del informe de 2013 de OCHA -Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas.

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07. EL CASO DEL PUEBLO EMBERA KATÍO DEL ALTO SINÚ

PROBLEMAS DEMOGRÁFICOS RELACIONADOS CON EL DESPLAZAMIENTO: Una porción de la población Embera Katío del Alto Sinú habita en el casco urbano de Tierralta y veredas aledañas, como producto de los desplazamientos masivos e individuales y la construcción, llenado y operación de la represa Urrá, con los

desenlaces de acontecimientos violentos de los siguientes años. No existe un censo

de la población desplazada; habita principalmente en la zona rural del municipio de Tierralta y en algunos barrios del casco urbano.

La mayoría de las familias viven en condiciones de extrema pobreza y padecen

problemas graves de desnutrición, principalmente la población infantil. El desplazamiento ha incrementado la violencia intrafamiliar y las manifestaciones de

des-culturización de la población, de las cuales ya hablamos anteriormente, como son la pérdida de valores, tradiciones y costumbres; la pérdida de la espiritualidad, del respeto por los mayores y de la medicina tradicional; nuevas enfermedades y

problemas de salud graves; discriminación, problemas de alcoholismo y prostitución; suicidios entre la población joven; rompimiento de lazos familiares e incremento de las irresponsabilidades familiares de los padres o de las madres.

SEGURIDAD ALIMENTARIA Y MODELO ECONÓMICO En la actualidad el pueblo Embera que habita en el Resguardo afronta la crisis del debilitamiento de su modelo productivo tradicional, con consecuencias respecto a su seguridad alimentaria y a la instauración de una economía dependiente del

mercado, siendo hoy una parte importante de su abastecimiento los enlatados,

carnes que se traen de los centros urbanos, debido a la dificultad para abastecerse de los peces que anteriormente remontaban el río (ver foto 2); granos, aceites,

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medicamentos, vestidos, calzado y en general toda clase de productos. A partir de la construcción de Urrá se presentó un abandono paulatino de la economía tradicional, con consecuencias como la pérdida parcial de las semillas tradicionales de plátano,

maíz y fríjol, pero sobre todo el olvido en los procesos de socialización de ciertos conocimientos del manejo ambiental y productivo que muchas generaciones habían logrado decantar, así como el trabajo comunitario que se manifestaba en las mingas o convites, en las cuales la comunidad apoyaba con su trabajo a una familia en la siembra de su parcela o en la cosecha de productos.

Foto 2: Protesta mujeres Embera. Créditos: Conchita Guerra C. La Jaibaná Ana María Domicó y la Nokowera Enilsa Mauré líderes del pueblo Embera Katío del Alto Sinú, protestan por la escasez de pescado para alimentar a sus familias, la cual sobrevino después de la construcción de la represa Urrá I. Las demás mujeres de la comunidad se unen, en un fuerte coro, a este reclamo.

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07. EL CASO DEL PUEBLO EMBERA KATÍO DEL ALTO SINÚ

SALUD Y NUTRICIÓN El pueblo Embera Katío del Alto Sinú presenta una elevada tasa de mortalidad, que es superior al doble de la nacional; además, la tasa de mortalidad infantil es 3.2 veces mayor que la tasa nacional.

Los principales factores de riesgo y a la vez causas de la mayoría de enfermedades presentes en el resguardo, se relacionan directa o indirectamente con el deterioro ambiental y los cambios culturales introducidos en la comunidad de forma abrupta

a partir de la construcción de la Represa Urrá I. En efecto, la construcción de este megaproyecto ha llevado a la aparición de problemáticas de salud ante las

cuales el pueblo Embera no ha podido generar respuestas propias. Algunas de las consecuencias más graves son la mala la calidad del agua y la disposición de excretas, productos de los reagrupamientos de la población a partir de la inundación

de la represa. La contaminación del agua para consumo humano responde también a la falta de coordinación con otros habitantes de zonas cercanas como campesinos y colonos, cuyos hábitos de consumo e higiene contribuyen a la contaminación de los ríos; a esto se suma la presencia de cultivos ilícitos en algunas zonas.

A lo anterior se le añade el estancamiento del agua producido por el embalse que contribuye a la contaminación del agua e incrementa la reproducción de los mosquitos

de transmisión del paludismo. Los indígenas han comunicado a las autoridades municipales la existencia de brotes de malaria, sin embargo, éstas se han abstenido

de adoptar medidas de prevención, privilegiando los conceptos de organismos

externos que han asegurado que no existe malaria en el territorio, aduciendo además que tampoco pueden dirigirse al territorio por razones de seguridad.

Otra fuente de contaminación de los ríos son las basuras en su mayoría introducidas

con los nuevos hábitos de consumo a partir de la monetarización derivada de los

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cambios culturales producidos como consecuencia del megaproyecto Urrá, frente a los cuales no existe suficiente conciencia de los efectos que se producen en

el medio ambiente, en la salud. Es así como se evidencia en el resguardo el

incremento de desechos de materiales de plástico, vidrio, cartón, icopor, caucho, etc., frente a los cuales la comunidad no tiene incorporado ningún tipo de manejo cultural pues son ajenos a las tradiciones y no se cuenta con ningún mecanismo de recolección y disposición.

Con el fenómeno de monetarización y de los cambios culturales producidos por Urrá, también se ha incorporado el consumo de alcohol y cigarrillo, así mismo la aparición

de nuevas enfermedades en especial las ETS (enfermedades de transmisión sexual) ajenas a la cultura Embera.

Otro de los factores de enfermedad frecuente y de mayor intensidad en los niños, son las enfermedades respiratorias entre ellas la IRA (insuficiencia respiratoria aguda). Se cree que una de las causas tiene que ver con las cocinas de leña que se encuentran ubicadas dentro de los tambos y aunque se encuentren separadas del lugar utilizado

para dormir, continúan siendo un factor de riesgo ya que las mujeres pasan gran parte del tiempo en la cocina con los niños por ser éste el lugar más fresco por la utilización

de la palma tradicional en el techo, a diferencia del sector utilizado para dormir cuyo techo, debido a los cambios culturales, se está construyendo con tejas de zinc.

Por otra parte tenemos que los cambios en el territorio y el deterioro ambiental

han dificultado la consecución de la proteína y la producción agrícola, con graves consecuencias a nivel nutricional principalmente en los niños y las niñas que los hace más vulnerables ante las enfermedades.

Al inundar el megaproyecto Urrá los territorios sagrados, se produjo una ruptura

con la espiritualidad ancestral que ha devenido en el debilitamiento de las prácticas tradicionales que contribuyen a la prevención y cura de las enfermedades con las plantas medicinales.

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07. EL CASO DEL PUEBLO EMBERA KATÍO DEL ALTO SINÚ

EDUCACIÓN La escasa educación escolarizada promovida desde las entidades gubernamentales, lejos de tener un enfoque etnoeducativo y diferencial, se ha caracterizado por

presentar dinámicas excluyentes y homogenizantes. Es así como desde el Estado

no se aplican políticas etnoeducativas claras que fomenten el reconocimiento de la cultura y el respeto por el derecho a la educación de las comunidades indígenas, consagrado en la ley.

El papel del Estado se ha limitado a la contratación de docentes indígenas sin que

éstos cuenten con una formación pedagógica que permita una educación de calidad, mediante la profesionalización de maestros indígenas.

Por otra parte los niños y las niñas Embera del Alto Sinú han sido privados del derecho

a la educación durante períodos académicos completos, porque los recursos no se han destinado o porque no se llevaron a cabo las contrataciones oportunamente.

En términos generales se calcula que la cobertura en la primaria es de alrededor

del 69%, en las comunidades en las cuales existen las aulas escolares con sus respectivos docentes.

Adicionalmente, las escuelas del territorio no cuentan con ningún material educativo

acorde con la cultura Embera Katío. Existen libros escolares pero en mal estado y en cantidades insuficientes para el número de alumnos y no responden a las necesidades culturales del pueblo indígena. Se carece de dotación de bibliotecas y de materiales escolares y lúdicos. El estado general de la mayoría de las aulas es muy deficiente.

Ante la falta de calidad educativa y la ausencia total de escuelas de secundaria en el resguardo, muchas familias han visto como la mejor opción las escuelas de Tierralta,

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lo que las ha llevado a abandonar el territorio a fin de proporcionarles a sus hijos una opción de educación escolarizada.

5. PROBLEMÁTICA DE GÉNERO Tradicionalmente las mujeres han cumplido un papel primordial en el tejido social de las familias y la comunidad. Han sido las encargadas de la conservación y transmisión de la cultura, los bailes, los rituales, las tradiciones en la alimentación etc.

A partir la construcción de Urrá y de la llegada del conflicto armado al territorio,

las mujeres Embera han ido ganando también un papel en la organización política de las comunidades. En las luchas pacificas ejercidas por el pueblo Embera por el respeto a sus derechos, las mujeres participan con sus hijos y al lado de los hombres

en todas las marchas y movilizaciones que se han realizado por todo el territorio nacional, e incluso en las giras internacionales.

De esta forma las mujeres se han ganado un puesto dentro del Cabildo Mayor como Gobernadoras Mayores (Nokoweras).

Las mujeres son hoy en día un factor importante de control social. De hecho dentro de las comunidades se cuenta con una Nokowera elegida en la Asamblea Comunitaria y una guardia de mujeres que contribuye a la solución de los problemas

familiares, hace cumplir procesos organizativos para trabajos comunitarios, fortalece la organización, la medicina tradicional, presiona para que los hombres

cumplan con sus responsabilidades y se encarga de propiciar castigo con el cepo14 a los hombres que maltratan a sus mujeres. La Nokowera defiende a las mujeres en los casos de separaciones de pareja y promueve el trabajo comunitario en favor de las mujeres viudas.

14 Elemento de madera a través del cual amarran las manos y los tobillos de los hombres que violan las leyes sociales en la comunidad, inmovilizándoles durante un lapso de tiempo que es determinado de forma comunitaria.

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07. EL CASO DEL PUEBLO EMBERA KATÍO DEL ALTO SINÚ

El papel logrado por las mujeres en la organización política ha sido a partir de su

propio trabajo y de sus méritos. A pesar de lo anterior la mujer no termina de ganar el respeto y la credibilidad plena de los hombres. Falta mucho trabajo dentro de la

organización que permita hacer avanzar más a las mujeres dentro de la comunidad y lograr la igualdad de género.

Diagnóstico de problemáticas relacionadas con el abuso a las mujeres y el conflicto armado

Teniendo en cuenta el auto 092 de la Corte Constitucional que visibilizó los principales abusos a los que han sido sometidas las mujeres indígenas en Colombia, se realizó una reunión de trabajo con las mujeres y los líderes de la comunidad para la realización de un diagnóstico.

Fotografía: Conchita Guerra C.

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A continuación relacionamos el cuadro resumen de las problemáticas expuestas

por la Corte para las mujeres indígenas del país, y las que han afectado a las mujeres Embera:

Problemas expuestos por la Corte

Problemas presentados en las comunidades

Constitucional en el auto 092

del pueblo Embera Katío del Alto Sinú En el resguardo Indígena se ha presentado los siguientes casos de violaciones relacionadas con el conflicto armado: En la comunidad de Begidó la policía, violó a una mujer embarazada y ésta abortó. En 2007 hubo intento de violación a una niña por parte del ejército. En el Informe de la Misión del 2013 de

1- Violación, explotación y abuso sexual

OCHA1, se informa sobre 2 violaciones cometidas contra menores de edad, y de constante intimidación hacia las mujeres indígenas que acostumbran bañarse en el rio. En Tierralta, dentro de la población desplazada, hay varios casos de mujeres que han sufrido de abusos sexuales pero no se tienen los datos concretos. No se tiene otros reportes de violaciones sexuales dentro del Resguardo.

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07. EL CASO DEL PUEBLO EMBERA KATÍO DEL ALTO SINÚ

2- Esclavitud y explotación para ejercer

En el pasado hubo este riesgo en las

labores domésticas para las fuerzas

mujeres de las comunidades indígenas del

armadas legales e ilegales.

Alto Sinú, por parte de la guerrilla. En el Informe de OCHA se denuncia que el reclutamiento es otra de las prácticas de

3- Reclutamiento a los hijos e hijas bajo amenazas y engaños para el servicio de los grupos armados ilegales

los grupos armados ilegales, que ofrecen a los jóvenes que hagan parte de sus filas a cambio de dejar tranquila a su comunidad y ofreciéndoles un salario alto. Se tienen registrados 5 casos de reclutamiento de muchachos por parte de la guerrilla.

4- El riesgo de tener relaciones con grupos armados por el peligro que representan los señalamientos, amenazas y asesinatos del grupo armado contrario.

Sí ha habido el riesgo de forma permanente, como lo hemos documentado en el presente informe. Sí ha habido este riesgo en las mujeres:

5- El riesgo de amenazas, asesinatos etc

En 2006 detuvieron a la líder Nora para

que se desprende por ser lidereza, por la

presionarla para que diera información de

realización de denuncias y la promoción de

dónde estaban las FARC, cuando ella era

los derechos humanos.

la Nokowera. Eso pasó después de que detuvieron a otra compañera y Nora fue a preguntar por ella.

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Sí han existido estos problemas por el control 6- El riesgo de persecución y asesinatos,

del territorio del Resguardo. Ha habido

por el control del territorio por parte de los

asaltos en las comunidades y el temor que

grupos armados.

esto genera en la población especialmente en los niños y mujeres. Hay un número aproximado de 45 viudas indígenas en el Alto Sinú como consecuencia del conflicto armado, las cuales han quedado

7- El riesgo de desprotección de las mujeres por el asesinato de sus proveedores (esposo, padre, hermano) de los recursos económicos, puesto que además se genera muchas veces el desplazamiento, y las mujeres quedan totalmente desprotegidas.

totalmente desprotegidas. La Nokowera Enilse, viuda con 4 hijos lo reporta de la siguiente forma: “Los sufrimientos que padecemos las mujeres después de quedar viudas son de muchas clases y lo más difícil es alimentar y educar a los hijos. También se nos crean problemas de salud. Después de los asesinatos de los hombres hacen seguimiento a las mujeres. Hay 300 niños huérfanos en el resguardo”

8- Riesgo de ser despojadas de sus

Los asesinatos han causado

tierras cuando pierden su compañero

desplazamientos masivos hacia Urabá,

principalmente.

Tierralta y en el interior del resguardo, pero no ha habido despojo del territorio a las viudas.

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07. EL CASO DEL PUEBLO EMBERA KATÍO DEL ALTO SINÚ

9- Riesgos derivados de la discriminación por ser mujeres y además ser indígenas; por la diferencia étnica, por no hablar bien el idioma castellano o vestirse de forma diferente, etc. 10- Riesgos de las minas antipersonales

Sí hay discriminación en el casco urbano tanto de los hombres como de las mujeres, aunque se nota más en las mujeres. Por su situación y rol social, la mujer es más vulnerable. Cuando van a los cultivos.

12- El riesgo de la construcción de Urrá II:

•

De construirse Urrá II existirían como mínimo los siguientes riesgos:

•

Desplazamiento,

•

Problemas de salud,

•

Problemas de alimentación,

•

Amenazas,

•

Asesinatos,

•

Señalamientos,

•

Problemas ambientales.

Existe el riesgo

13- Abuso de la fuerza pública cuando el pueblo sale a protestar por el incumplimiento de los acuerdos o la violación a sus derechos humanos.

En diferentes marchas pacíficas, la fuerza pública ha lanzado gases lacrimógenos, sin consideración a que en la marchas van mujeres niños, niñas y mujeres embarazadas.

14- Abusos a la cultura indígena: en los colegios quieren impedir que las niñas y jóvenes se vistan de acuerdo con su costumbre y pretenden imponerles el uso de uniformes contrarios a su cultura.

Sí se han presentado casos aislados en los colegios de Tierralta.

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6. ORGANIZACIÓN Y GOBIERNO PROPIO La organización social Embera está basada en familias extensas, compuestas por padres, hijos, cónyuges y nietos, tanto por línea paterna como materna. El control

social tradicional interno está en manos del jefe de familia, por lo general el más anciano, quien orienta el lugar del asentamiento, asigna terrenos para los miembros

de la familia y resuelve aquellos conflictos que son de su injerencia, pues los conflictos

generados por delitos culturales son tratados por el respectivo Cabildo. Estos grupos familiares habitan en viviendas cercanas y participan en trabajos colectivos y fiestas. Para las comunidades Embera Katío del Alto Sinú la adopción del Cabildo como

forma de gobierno data de 1995. El Cabildo es elegido en asamblea general de todo el Pueblo; está constituido por el Nokó o Gobernador general, la Nokowera

o Gobernadora, por el Consejo Territorial y por el Jenené o alguacil general que es el encargado de la seguridad y tiene a su cargo la guardia indígena; a su vez, cada comunidad tiene un Nokó, una Nokowera y un Jenené. Las instancias para la toma de decisiones son la Asamblea General, la Asamblea de Gobernadores o el Consejo Territorial.

Por otra parte, la figura del Jaibaná (medico tradicional) también cumple una labor

trascendental en la organización social. Aunque no tiene poderes políticos dentro de la comunidad, su conocimiento de los Jai o esencia de los seres y las cosas, le permite tener un reconocimiento que se extiende a lo largo y ancho de la región.

El Cabildo entra como forma de organización en sustitución de las autoridades

tradicionales que generalmente eran los ancianos que ejercían control en cada uno de los ríos; su poder derivaba de ser la cabeza de una red extensa de familias

integradas a través del parentesco. Este cambio no es específico al Alto Sinú; ya

desde la década de los ochenta se comienza a asumir el Cabildo entre los Embera del

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07. EL CASO DEL PUEBLO EMBERA KATÍO DEL ALTO SINÚ

Chocó y de Antioquia, transformaciones que ocurren bajo el influjo de la organización

nacional indígena (ONIC), así como por la política estatal de conformación de resguardos indígenas.

Se definió como la base de la organización las raíces del árbol Jenené que se encuentra en la ley de origen y que da el sustento como pueblo originario. Estas raíces son la unidad, el gobierno propio, el territorio, la cultura y la autonomía.

Sin embargo el Cabildo como forma de organización reciente no ha logrado

cohesionar a todo el pueblo en torno a un solo gobierno centralizado pues, además de ser una forma de representación que no obedece a los cánones tradicionales,

el pueblo Embera se ha visto envuelto en un escenario de conflicto complejo relacionado con la Represa Urrá, en donde además juegan un papel preponderante los actores armados.

Por tal razón, el proyecto de constitución de un solo cabildo que reúna a todas las comunidades de los 3 ríos (río Sinú, Verde y Esmeralda) y a la población desplazada

en el casco urbano no se ha logrado afianzar. De ahí surgen los Cabildos Mayores de río Sinú y río Verde, que tienen una unidad jurídica, política, organizativa,

administrativa y que es la unidad de gobierno más numerosa y cohesionada del pueblo Embera del Alto Sinú. Agrupan a la mayor parte de las familias del pueblo

que habita en el resguardo y actúa en conjunto con todas las comunidades del río Verde, Río Manso, la inmensa mayoría del río Sinú y una fracción de río Esmeralda; conservan en buena medida sus costumbres y promueven la unidad del pueblo, el gobierno propio, la autonomía, el manejo sostenible del territorio y la permanencia

en el mismo. Los Cabildos mayores de río Sinú y río Verde se han consolidado en el

tiempo como una importante fuerza política, organizativa y social en la zona y a nivel nacional e internacional.

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DIVISIÓN DE LA ORGANIZACIÓN En 1999 durante la etapa de negociaciones con la Empresa Urrá y el Gobierno nacional, en la época de la construcción y posterior llenado de la represa Urrá I, se presentaron discrepancias de las cuales surgió la primera división organizativa importante, creándose el Cabildo Karagabí: Alianza de Cabildos Menores del río Esmeralda y fracción del Sinú. A partir del año 2000 como resultado del conflicto armado se produjeron desplazamientos masivos y permanentes de familias que huían hacia el casco urbano de Tierralta y veredas aledañas, principalmente de las comunidades pertenecientes al Cabildo Karagabí. Esto, unido a nuevas desavenencias con relación los temas cruciales respecto al Megaproyecto y al conflicto armado, fue resquebrajando cada vez más la Unidad de Gobierno de este cabildo. Es así como de la sub-división del Cabildo Karagabí han surgido, en lo últimos años, subfracciones que gobiernan principalmente en las comunidades desplazadas en el casco urbano del municipio de Tierralta y veredas aledañas y, en menor medida, en algunas comunidades del resguardo. Los nuevos cabildos, junto con el Cabildo Karagabí, nacen del clima de tensión y conflicto existente en la zona, sin que con el paso de los años se hayan podido encontrar canales que permitan la resolución de la división.

Los Cabildos Mayores de río Sinú y río Verde siguen siendo la principal fuerza política y administrativa del pueblo Embera Katío del Alto Sinú y conservan la unidad de gobierno y el control de la mayor parte del territorio del resguardo. Sin embargo la división con los nuevos cabildos y las comunidades desplazadas tiene implicaciones para el manejo y la planeación del resguardo, así como para la construcción de una política de interacción con instituciones y otros actores, y para la definición de sistemas de control social y el ejercicio de la autonomía y del gobierno propio.

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7. MECANISMOS DE RESISTENCIA UNIDAD El pueblo Embera ha adquirido conciencia de que su principal debilidad es la división

surgida en buena medida como producto de las maniobras de la Empresa Urrá, que aprovechó algunas divergencias de criterios dentro de la comunidad para negociar

de forma independiente y así producir la división del Pueblo; también por la violencia arremetida en el territorio por parte de los grupos armados.

Por ello desde el 2010 el pueblo Embera está en la lucha por la unificación de los

Cabildos. Al respecto, el actual Gobernador de los Cabildos Mayores de río Sinú y río Verde, Saúl Bailarín, afirma que “si bien los Embera pueden tener divisiones

organizativas siguen siendo hermanos porque tienen el mismo origen y son de la misma sangre”. Recientemente han definido la unidad como el centro de la

raíz para el pueblo Embera. Los líderes lo han definido de la siguiente forma: “sin Unidad no es viable el Gobierno del pueblo; la Unidad es a la vez pieza clave para el mantenimiento del Territorio; sin Territorio se pierde la Cultura; y sin Cultura no hay Autonomía”.

Los principales puntos expuestos para el logro de la unificación son los acuerdos

para el manejo de los recursos naturales y del territorio; decir “no” a Urrá II, y “no” a involucrarse en el conflicto armado; y la participación en el trabajo de medidas cautelares y de defensa de los derechos humanos y del territorio.

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PLAN DE VIDA El pueblo Embera realizó en 2007 un esfuerzo de unidad logrando establecer criterios claros acordes con su cultura tradicional para el manejo de su vida como pueblo, teniendo en cuenta las condiciones políticas, sociales, culturales y ambientales

actuales después de la construcción del megaproyecto Urrá en su territorio y sus consecuencias. Esta unidad de criterios básicos se vio reflejada en el Plan de Vida que desde entonces ha definido una actuación coherente para la toma de decisiones principalmente en los Cabildos Mayores de Río Sinú y río Verde, en materia de

ocupación y poblamiento del territorio, gobierno indígena, modelo educativo, salud, control social, Programa de Mujer y criterios con relación al megaproyecto Urrá y al conflicto armado, entre otros aspectos básicos de la vida y el gobierno del pueblo.

De esta forma, el Plan de Vida es un factor definitivo de unidad del pueblo y ha sido el principal referente de gobierno para los diferentes Nokos que han tenido que asumir la responsabilidad de guiar los destinos del pueblo en los últimos años.

GUARDIA INDÍGENA La guardia indígena es un importante mecanismo de organización y protección del

pueblo Embera. Es la encargada de hacer caer en cuenta a la comunidad o a sus miembros de los errores que estén cometiendo. Ayudan a mantener el orden dentro de la comunidad, a impartir justicia y a poner castigos a quienes violen las leyes internas, incluyendo a los Gobernadores y líderes.

La guardia hace labores de vigilancia en el resguardo recorriendo caminos y ríos; es la encargada de dialogar con los actores armados para pedir respeto hacia el territorio y hacia las comunidades cuando es necesario, aclarando que ellos no son,

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07. EL CASO DEL PUEBLO EMBERA KATÍO DEL ALTO SINÚ

ni quieren ser, parte del conflicto armado. No portan ni poseen armas de fuego. Su

autoridad se impone por medio de la ley de origen del pueblo y las leyes internas acordadas con la comunidad; sus armas son la palabra y la cultura. Esta labor

con frecuencia se ve entorpecida por la imposibilidad de hacer recorridos debido al conflicto armado y a la instalación de minas antipersonales por la guerrilla.

La guardia indígena está compuesta por 40 miembros aproximadamente, que se distribuyen de la siguiente forma: Un Jenené Mayor (Jefe mayor o Alguacil mayor) que es elegido por la asamblea y es el jefe de toda la guardia indígena; y los Jenenes

menores de cada poblado, que son los encargados de ejercer el control en cada comunidad junto con los guardias locales. Todos ellos conforman el grupo de la guardia que protege y vigila en conjunto el territorio.

Cada comunidad a su vez tiene una guardia de mujeres y una alguacil. Aunque cooperan en el control del territorio, su principal función es ayudar al control social

de la comunidad, defender a las mujeres e impartir justicia principalmente cuando hombres de la comunidad comenten abusos en contra de las mujeres y se niegan a recibir o a aceptar los castigos.

LA MOVILIZACIÓN Una de las principales estrategias del pueblo Embera como mecanismo de resistencia

ante las violaciones de los derechos humanos realizadas por el Estado, la empresa Urrá y los diferentes actores armados, ha sido la movilización. El pueblo Embera ha realizado en la última década una larga serie de movilizaciones: asamblea

permanente en Montería, marchas en Bogotá, Sincelejo Montería y otras ciudades

de Colombia, toma pacífica de la Empresa Urrá, toma pacífica de la Embajada de Suecia, asamblea permanente en Tierralta, toma pacífica del Ministerio del

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Medio Ambiente, toma pacífica del parque de Sincelejo, participación en las Minga Nacionales etc. Las mujeres participan de estas acciones junto con sus hijos.

Adicionalmente han realizado diferentes giras por Canadá y Europa que les ha permitido visibilizar su situación y conseguir la solidaridad de la comunidad internacional.

MEDIDAS JUDICIALES El pueblo Embera Katío ha acudido a la ley para la defensa de sus derechos. Para

ello ha interpuesto no menos de cinco acciones legales. Entre las más importantes tenemos en primer lugar la acción de tutela que tuvo como resultado la histórica sentencia T-652 de 1998, de la Corte Constitucional, que se constituyó en un

acontecimiento central para la defensa de los derechos de los pueblos indígenas

y ha contribuido a contrarrestar los aspectos negativos de la construcción de la represa en el Pueblo Embera Katío del Alto Sinú en los campos ambiental, cultural y socioeconómico.

“Esta sentencia es considerada un precedente jurídico trascendental en lo que toca a la relación entre derechos colectivos de los pueblos indígenas y medio natural, además de lo concerniente con la consulta previa y el consentimiento previo, libre e informado que debe surtirse en virtud del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo –OIT– y las normas que lo desarrollan en el país (Ley 21

de 1991), desde la perspectiva del bloque de constitucionalidad. Dicha sentencia, al identificar algunos de los impactos ambientales, culturales, sociales, económicos y políticos que trajo consigo la represa, ordenó a la empresa Urrá S.A., entre otras

cosas, a indemnizar al pueblo Embera Katío del Alto Sinú, en vista de la ausencia de procedimientos de consulta previa acordes con el Convenio 169 de la OIT”. 15

15 Comisión Colombiana de Juristas. “Gente de Río” http://www.coljuristas.org/documentos/libros_e_ informes/gente_de_rio.pdf

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MEDIDAS DE PROTECCIÓN ESPECIAL El 4 de junio de 2001, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dictó medidas cautelares a favor de miembros del pueblo Embera Katío del Alto Sinú. La CIDH ha solicitado al Estado adoptar de manera urgente las medidas necesarias

para proteger la vida e integridad personal de los líderes, y las necesarias para

proteger a los demás miembros de la comunidad indígena e investigar, juzgar y sancionar a los responsables de los atentados en contra de la comunidad.

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BIBLIOGRAFÍA Entrevistas y reuniones con los líderes, gobernadores y miembros de la comunidad del pueblo Embera Katío del Alto Sinú. Escritos de Kimy Pernía Domicó y de los Cabildos Mayores Embera Katío del Río Sinú y Río Verde. Informes de asesores y miembros de la comunidad del pueblo Embera Katío del Alto Sinú. Escritos del investigador social Víctor Negrete. Informes de la Asesora Conchita Guerra del Pueblo Embera Katío del Alto Sinú. Escritos diversos de ASPROCIG, ONIC, Etnias de Colombia, CENSAT, Grupo Semillas y Corporación Nuevo Arco Iris. Experiencias locales de soberanía en medio del conflicto: Impacto en las comunidades campesinas, ASPROCIG y grupo semillas. Revista nº 24. Generalidades sobre la cuenca baja del río Sinú, ASPROCIG y grupo semillas Revista nº24 Urrá ahoga la biodiversidad y las culturas, por Paul Sánchez Puche, Corporación Nuevo Arco Iris. Yo, el Sinú: humillado y ofendido Rafael Cervantes Bossio, Tierra Caliente, Montería, Córdoba.Incertidumbre ancestral, Jorge Correa Alarcón. El desplazamiento por la violencia en el departamento de Córdoba 1999-2001, Montería – Colombia 2002, Acción contra el hambre, Fundación internacional de ayuda humanitaria. Impactos socio ambientales del proyecto Urrá I en la cuenca del río Sinú. Carmen Andrea Becerra. Impacto social y ambiental de las multinacionales y los megaproyectos en Colombia, Irene Vélez. Revista Interacción No. 42 - Sección Comunicación y Movimientos Sociales Rodrigo Jaime y Daysi Velásquez Aponte, Cedal. El pueblo indígena Embera Katío en lucha contra el megaproyecto hidroeléctrico Urrá Platform Latijns-Amerika in Nederland, Green Pepper.

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Justicia Ambiental y Deuda Ecológica, Juan José López. Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo territorial, Oficina de Parques Nacionales Naturales de Colombia. Gobernación de Córdoba. Córdoba La anemia y la delgadez, dos males de los habitantes de Córdoba, mayo de 2006, Ministerio de Educación Nacional. CVS Centro Virtual de Noticias. Empresa Urrá ESP. Memorias del Foro: Para donde va Urrá? Editora, Gloria Amparo Rodríguez. Observatorio Social de Empresas Transnacionales, Megaproyectos y Derechos Humanos. Revista Arcanos, Nº 11 El liderazgo indígena en la mira de los paramilitares. Diagnóstico realizado por la Corte Constitucional en el Auto 004 de 2009. Informe del Relator Especial de Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los pueblos indígenas. Informe de la Misión del 2013 de OCHA, (Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas). Plan de Vida del Pueblo Embera Katío del Alto Sinú. Comisión Colombiana de Juristas. “Gente de Río”. “Adiós Río: la disputa por la tierra, el agua y los derechos indígenas en torno a la represa Urrá”. Cesar Rodríguez Garavito y Natalia Orduz Salinas, Dejusticia 2012. Caja Virtual, Organización Viva la Ciudadanía. Periódico El Meridiano de Córdoba. Montería.

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Anexos 1. Tabla de actores armados en municipios con población indígena (2012) 2. Segundo S.O.S sobre el exterminio del pueblo Awá 3. Relación no exhaustiva de los casos denunciados de violaciones de derechos humanos a los Embera Katío del Alto Sinú a partir de 2010

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08. ANEXOS

ANEXO 1 TABLA DE ACTORES ARMADOS EN MUNICIPIOS CON POBLACIÓN INDÍGENA (2012) PUEBLO INDÍGENA

DEPARTAMENTO

MUNICIPIO

ACTOR ARMADO

Cajibío

Rastrojos - Farc

GUAMBIANO

Rastrojos - Farc

Guambia Morales CAUCA

Piendamó

Rastrojos - Águilas Negras - Farc Farc Rastrojos -

MISAK -

Popayán

Urabeños - Águilas Negras - Farc

GUAMBIANO

HUILA

Silvia

Farc

Tambo

Farc - Eln

La Argentina

Farc

La Plata

Farc

Cali

Urabeños - Águilas

Rastrojos VALLE DEL CAUCA

Negras - Farc Ginebra Popayán

KOKONUCO

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CAUCA

Rastrojos, Aguilas Negras, Urabeños

Puracé

Eln

Tambo

Farc - Eln

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Almaguer Bolívar La Vega La Sierra CAUCA

Rastrojos Popayán

Urabeños - Águilas Negras - Farc

Rosas Santa Rosa

Farc

San Sebastián Isnos YANAKONA

Farc

Palestina HUILA

Rastrojos Pitalito

Urabeños - Águilas Negras - Farc

San Agustín

Farc

Mocoa PUTUMAYO

Orito Puerto Caicedo

Farc

VALLE DEL CAUCA

Cali

Urabeños - Águilas

QUINDIO

Armenia

CAUCA

Totoró

Rastrojos Negras - Farc TOTOROÉZ TONTOTUNÁ

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Rastrojos Rastrojos, Aguilas Negras, Farc

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08. ANEXOS

Belén de los Andaquíes Cartagena del Chairá

NASA

CAQUETÁ

El Paujil

Farc

Florencia

Farc

Milán

Farc

Morelia Puerto Rico Valparaíso San José del Fragua San Vicente del Caguán Solano

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Farc

Rastrojos - Águilas Negras Farc Farc Rastrojos - Bloque Meta (derivación Erpac) - Farc Farc

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Buenos Aires Cajibío

Farc

Caldono

Rastrojos - Farc

Caloto Corinto

Rastrojos - Águilas Negras - Farc

Inzá

Farc Rastrojos - Farc

Morales

CAUCA

Rastrojos - Águilas Negras - Farc - Eln

Jambaló Miranda

NASA

Farc

Rastrojos - Águilas Negras - Farc Rastrojos - Águilas Negras - Farc

Páez

Farc

Piamonte

Rastrojos - Farc

Popayán

Urabeños - Águilas

Rastrojos Negras - Farc Puracé Santander de Quilichao Silvia

Eln Rastrojos - Farc Farc

Sotará Suárez Timbio Toribío Totoró

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Rastrojos - Águilas Negras - Farc Farc Rastrojos - Águilas Negras - Farc Rastrojos - Águilas Negras - Farc

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08. ANEXOS

La Argentina

Farc

La Plata

Farc

Nátaga HUILA

NASA

Neiva

Rastrojos - Urabeños - Farc

Palermo

Farc

Tello

Farc

Rivera

Farc

San Agustín

Farc

La Macarena

Farc

META

Mesetas

Farc

Uribe

Farc

NARIÑO

Ipiales

Rastrojos - Farc

Mocoa Orito

Farc

Puerto Asis

Urabeños - Águilas

Rastrojos -

PUTUMAYO

TOLIMA

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Negras - Farc Puerto Caicedo

Farc

Puerto Guzmán

Farc

Puerto Leguízamo

Rastrojos - Farc

Valle del Guaméz

Rastrojos - Farc

Villa Garzón

Farc

Planadas

Farc

Río Blanco

Farc

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Rastrojos Buenaventura

Urabeños - Águilas Negras - Farc Rastrojos -

Cali

Urabeños - Águilas

Dagua

Rastrojos - Farc

Negras - Farc NASA

VALLE DEL CAUCA

El Dovio Florida

Rastrojos - Farc Rastrojos - Urabeños -Farc

Ginebra Jamundí Pradera

NARIÑO

EMBERA KATÍO

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ALTO SINÚ

Rastrojos - Urabeños -Farc Rastrojos -Farc - Eln

Ricaurte

Rastrojos -Farc

Roberto Payán

Rastrojos -Farc

Samaniego

Rastrojos -Farc - Eln

Tumaco

PUTUMAYO

-Farc

Barbacoas

San Juan de Pasto

AWÁ

Rastrojos - Urabeños

Rastrojos -Farc Rastrojos - Águilas Negras-

Orito

Farc

Puerto Caicedo

Farc

Villa

Farc

Tierralta

Rastrojos - Paisas - Farc

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08. ANEXOS

ANEXO 2 VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS DEL PUEBLO AWÁ EN EL PERIODO 2011-2013 En enero de 2009 la Corte Constitucional de Colombia dijo en su Auto 004: “Para la Corte Constitucional no cabe duda de que el pueblo Awá atraviesa por una crisis

humanitaria de proporciones desmesuradas y sin antecedentes en la historia de los

pueblos indígenas colombianos, que les pone en claro riesgo de exterminio por el conflicto armado.” Y ordenó al gobierno nacional a elaborar un Plan de Salvaguarda

Étnico para enfrentar esa situación. En 2011, el Foro Permanente de Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas recomendó en un informe “prevenir el genocidio que

pudiera perpetrarse allí.” En marzo de 2011, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a su favor. Y en agosto de 2011 la Corte

Constitucional, como el gobierno no había cumplido su mandato, ordenó implementar “un Plan Provisional Urgente de Reacción y Contingencia tendiente a garantizar su vida física y cultural, su integridad, seguridad y dignidad” (Auto 174 de 2011).

En junio de 2012, el Observatorio ADPI, con la colaboración de la UNIPA presentó

su informe S.O.S. A LA ONU Y LA CORTE PENAL INTERNACIONAL SOBRE EL EXTERMINIO DEL PUEBLO AWÁ. Allí se planteó un contexto sobre su situación y

una reseña sobre las principales violaciones a sus derechos. Como ese exterminio anunciado no sólo continúa sino que se agrava, la UNIPA Awá, apoyada por este

Observatorio, ha decidido realizar una gira internacional para dar a conocer su situación, presentar este informe a los organismos de Naciones Unidas y difundirlo a la opinión pública internacional.

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HECHOS PRESENTADOS ENTRE EL 1 DE ENERO 2011 Y DICIEMBRE 2013 Los siguientes son algunos de los casos más significativos reportados en este período. Aclaramos que se trata de datos y cifras parciales o incompletos debido a la dificultad de completar o reconstruir un reporte más exhaustivo.

1. HOMICIDIOS Entre 2011 y 2013 hemos encontrado los datos de 51 homicidios: 23 en 2011; 11 en

2012 y 17 en 2013. El año anterior a estos, 2010, los homicidios fueron 25. En el

Anexo 1 se encuentra el listado de una parte de los casos de 2011 y todos los que se conocen de 2012 y 20131.

TABLA ELABORADA POR OBSERVATORIO ADPI. HOMICIDIOS AWÁ 2011-2013 SEGÚN FUENTES AÑO

SEGÚN PROGRAMA PRESIDENCIAL INDÍGENA(1)

SEGÚN FUENTES UNIPA (2)

2011

18

23

2012

6

11

2013

11 (sólo hasta el 14 de julio)

17

TOTALES

35

51

(1) Según el Informe Muertes violentas contra pueblos indígenas en el conflicto armado interno y accesos a la justicia, del Programa Presidencial Indígena del 10/09/20013. (2) Según el documento Proceso de concertación gobierno colombiano y pueblo indígena AwáUnipa, Acipap y resguardo indígena Awá el Sande, puntos 5 y 51, de la UNIPA, finales del 2013. 1 Salvo que se cite otra fuente, todos los datos de este informe han sido extraídos de estos documentos: Boletines Unipa (2011-2013); Actualización Plan de Salvaguarda, UNIPA, CAMAWARI y ACIPAP (2012); Informe Audiencia Sala Especial de Seguimiento Sentencia T-025 de 2004 Corte Constitucional de Colombia Pueblo Awá, (2013) UNIPA, CAMAWARI, ACIPAP y Resguardo Indígena Awá del Sande; Proceso de concertación gobierno colombiano y pueblo indígena Awá Unipa, Acipap y resguardo indígena Awá el Sande, (2013) UNIPA y de la Base de datos de Noche y Niebla, CINEP. Ver complemento de homicidios al final de este documento.

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08. ANEXOS

COMPLEMENTO: RELACIÓN DE HOMICIDIOS 2011-2013 En esta tabla se encuentra el listado de una parte de los casos de 2011 y todos los que se conocen de 2012 y 2013. En total 42 homicidios.

TABLA ELABORADA POR OBSERVATORIO ADPI HOMICIDIOS 2011-2013 PUEBLO AWÁ FECHA 20/03/11 12/05/11

NOMBRE

LUGAR

HUMBERTO PAI TAICUS

Corregimiento El Diviso, municipio de Barbacoas.

JOVEN AWÁ de 17 años (No

Zona rural de Tumaco, por combates entre el ejército y la guerrilla

01/07/11 ROBINSON ARLEY MASANVE 16/09/11

TRES NIÑOS AWÁ entre 13 y 14

25/09/11

JUSTO ORTIZ

27/09/11

PEDRO GARCÍA

02/12/11

Resguardo Pulgande - municipio de Baarbacoas Corregimiento El Diviso, municipio de Barbacoas. Asesinado en la entrada del resguardo del Gran Sábalo Resguardo Cuasbil la faldada, municipio de

01/11/11 14/11/11

Km 92 de la vía Tumaco-Pasto

Barbacoas JORGE TAICÚS ARMANDO GUANGA NASTACUAS

Corregimiento El Diviso. Corregimiento de Llorente, municipio de Tumaco Resguardo de Piedra Verde, municipio de

23/12/11

BOLÍVAR GUANGA

11/02/12

GILBERTO PAI CANTICÚS

Corregimiento de Llorente, municipio de Tumaco

11/02/12

GIOVANNI ROSERO

Corregimiento de Llorente, municipio de Tumaco

Barbacoas

357

10/07/12

RICARDO NERY ZAMBRANO ROCHI

21/07/12

LIBIO GUANGA

28/07/12

JESÚS EFRÉN PAI CUERO

28/07/12

NAPOLEÓN MONTAÑO

13/08/12 HERMES ALBEAR MOREANO 22/08/12 24/09/12 25/09/12

El Valle del Guamuez, Putumayo Ricaurte, Nariño. Desaparecido este día, su cuerpo encontrado el 06/08. Sin lugar Desaparecido este día, su cuerpo encontrado el 06/08. Sin lugar Vereda Los Guayabales, municipio de Orito, Putumayo.

MARCOS ERMINSUL

La Victoria, comunidad perteneciente a Inda

GUANGA,

Sabaleta,

ROBINSON PAI GUANGA

El Diviso, Barbacoas, Nariño.

JOSÉ ELKIN PAI (Guardia

Resguardo Chinguirito Mira, Tumaco (Asesinado

indígena)

frente a la comunidad)

12/12/12

JOSÉ DALMIRO LÒPEZ

Municipio Puerto Caicedo, Putumayo

13/02/13

ROSA NASTACUAS

En el sector de Carcuel vía Junín - Barbacoas

24/02/13

SIXTO MORALES

Municipio San Miguel – La Dorada, Putumayo

22/03/13

MARÍA ADALGISA CANTICÚS

En limites del resguardo Watsalpí y Pipalta Palví Yaguapí en inmediaciones del corregimiento de Cruces vía a Barbacoas En limites del resguardo Watsalpí y 22/03/13

JULIO CORTES

PipaltaPalvíYaguapí en inmediaciones del corregimiento de Cruces vía a Barbacoas

22/04/13

JUAN CARLOS GARCÍA PAÍ

22/04/13

PASTOR ENRIQUE GARCÍA

24/04/13

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JOSÉ ENRIQUE GUANGA GUANGA

Vereda Mate Plátano, corregimiento de Candelillas – Tumaco. Vereda Mate Plátano, corregimiento de Candelillas - Tumaco, Corregimiento de la Guayacana,

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08. ANEXOS

24/04/13 29/05/13 14/07/13 28/07/13 1ª sema 07/13 17/09/13

No identificado JOHN JAIRO CRIOLLO NATASCUAS

Corregimiento de la Guayacana, (con el anterior) Mpio San Miguel – La Dorada, Putumayo

JOHN ALVEIRO CHAPAL

Resguardo Damasco Vides, mpio. de Puerto

PASCAL

Caicedo Putumayo.

ALBERTO TAICÚS

Corregimiento Altaquer, Barbacoas

ALIRIO PAI TAICÚS

Km. 80 de la vía Pasto - Tumaco

MARÍA EUGENIA ORTÍZ PAÍ

Puerto Asis, Putumayo,

12/10/13 WILLIAM CANTICÚS GUANGA

Correg. de Llorente. (Comunicado 18) Su cuerpo fue hallado sin vida a orillas del el

17/11/13 BEATRIZ CANTICÚS CANTICÚS

río Rosario, Tumaco con señales de tortura (Comunic 18)

ALVARO JUAN NATASCUAS 29/11/13

PAI, gobernador del resguardo Inda Guacaray

En la entrada de su resguardo en el corregimiento de Llorente, municipio de Tumaco. Había sufrido días antes un atentado que explotó

02/12/13

YORMAN DAVID BISBICÚS

su motocicleta en La Guayacana, Tumaco. En

GARCÍA

los mismos hechos quedaron heridos otros dos

GIOVANNI PAI GARCÍA

Correg. La Guayacana, Tumaco (Comunic (18)

Awás. (Comunic 18) 05/12/13

Notas: 1) Según el Informe Muertes violentas contra pueblos indígenas en el conflicto armado interno y accesos a la justicia, del Programa Presidencial Indígena del 10/09/20013, el total de los homicidios, en el año 2011 fue de 18, en el 2012, de 6 y en el 2013, hasta el 14 de julio, fue de 11.

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2. ATAQUES, AMENAZAS O PRESENCIA DE GRUPOS ARMADOS Por su ubicación estratégica en la frontera con Ecuador, por la producción de la cocaína para el mercado internacional, por los intereses de las guerras que se libran

en Colombia y por las riquezas naturales que alberga, el territorio de los Awá es un escenario permanente del conflicto armado y allí actúan o tienen presencia todos los

actores armados: las FARC, el ELN, Los Rastrojos y otros paramilitares. El Ejército y

la Policía no defienden las vidas ni los derechos de los Awá y se comportan como otro

actor armado más que también amenaza, ataca o agrede a sus comunidades. Los

15 casos que se presentan en la tabla que sigue son apenas una muestra incompleta de la situación de zozobra y terror en que tienen que vivir diariamente los Awá. FECHA 22/03/11

LUGAR Resguardo Chinguirito Mira, municipio de Tumaco

ACTORES ARMADOS Y ACCIONES Fuerte enfrentamiento entre la Fuerza Pública y las Farc a 100 metros del centro educativo de este resguardo. El Gobierno Nacional proyecta construir

16/05/11

Resguardo Ñambí Piedra Verde

una base militar en territorio de este resguardo

01/11/11

09-23/12/11

Resguardo Cuasbil La Faldada, ubicado en el municipio de Barbacoas Resguardo de Ñanbi Piedra Verde, Municipio de Barbacoas

Acciones perpetradas por las FARC en el interior de este resguardo provocan un desplazamiento de 29 personas Acciones perpetuadas por un grupo paramilitar generan terror en las comunidades. Miembros de la Policía Nacional y

11-17/02/12

Corregimiento de Llorente, Municipio

efectivos del Ejército de Colombia

de Tumaco

acosan e intimidan a líderes y jóvenes Awás

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08. ANEXOS

4 y 8 /07/12

Resguardo Tortugaña Telembí, Comunidad Sindawa,

Personas que visten prendas negras, encapuchadas y armadas, ingresan y amenazan a la comunidad

20/09/12

Resguardo Indígena Awá de Chinguirito Mira, ubicado en el municipio de Tumaco

Hombres pertenecientes a la base militar el Gualtal del Ejército Nacional ingresaron y realizaron prácticas militares

27/09/12

Fuertes combates entre el ejército Resguardo Chinguirito Mira, Tumaco. nacional y grupos insurgentes dentro del resguardo

16/10/12

El Ejército Nacional sigue ubicado a Resguardo Indígena Chinguirito Mira, sólo 500 metros del centro educativo de Tumaco la comunidad la Hondita, tres semanas después de un desplazamiento masivo

02/03/13

Resguardos de Gran Sábalo, Kuambí Constantes enfrentamientos entre el Yaslambí y Pingullo Sardinero, en la Ejército Nacional y el grupo armado de frontera con Ecuador las FARC,

24-26/ 03/ 2013

Comunidades de Guadual Sábalo y Quelbí Guadual,

Fuertes enfrentamientos por parte del Ejército Nacional y el grupo armado de las FARC

Principios 04/ 2013

Resguardos de Inda Guacaray y Pulgande Campo Alegre

Amenazas de la banda criminal “Los Rastrojos”

Resguardos indígenas Siloe, Villa Unión, Damasco, cabildo Indígena Awá Alto Sardinas, municipios de Puerto Caicedo y Villa Garzón.

Se registran combates que se intensifican el 22/06 cerca al territorio de Playa Larga. Las comunidades quedan confinadas por orden de los grupos armados que restringen su movilidad. La Fuerza Pública instala campamentos en territorios indígenas.

Resguardo El Palmar

Tres agentes de la Policía de Carretera de la estación de Ricaurte ingresan buscando un vehículo. Un joven de la guardia indígena es herido por un disparo.

08/06/13

15/06/13

04/07/13

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Resguardo La Cristalina II, mpio. San Aparece un panfleto en el que se informa Miguel – La Dorada, Putumayo que se efectuará “limpieza en la zona”

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3. DESAPARICIONES FORZADAS En la tabla siguiente se pueden leer las denuncias de 8 desaparecidos en estos tres

años. El año anterior, entre el 13 de marzo y el 18 de abril 2010, fueron registradas 4 desapariciones forzadas (denunciadas en su comunicado del 9 de abril de ese año) FECHA

NOMBRE

LUGARES Y CIRCUNSTANCIAS Son desaparecidos en el río Ñambí.

Sept. 2011

Tres jóvenes

(Boletines 07/12/11 y 03/05/12, sin más datos)

17/03/12

AUGUSTO MARCIAL CANTICÚS

En el sector de Tangarial, Tumaco (Boletín 21/032012)

MAURICIO PAÍ PASCUAL (22

Cuando regresaban del Centro Guadualito

años)

- Ecuador fueron retenidos por hombres armados en el sector de Puerto Palma y

22/04/12

LISANDRO PAÍ PAÍ (23 años)

conducidos río Mira arriba con rumbo desconocido. (Boletín 03/05/2012)

JUAN MIGUEL GUANGA PASCUAL (19 años) De la comunidad de Tangaral, Resguardo Pulgande Tronqueria municipio de 07/09/13

IVÁN RODRÍGUEZ GOYES

Barbacoas, cuando se dirigía al corregimiento de Pispian (Comunicado 18 de 09/12/2013)

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08. ANEXOS

4. MINAS ANTIPERSONALES Una buena parte del territorio Awá se halla sembrado de minas antipersonales. Éstas se encuentran en tierras de cultivos, en los caminos, cerca a sus escuelas y poblados e incluso en sus lugares sagrados. Los estallidos y accidentes, los muertos y heridos

a causa de estos artefactos son frecuentes. Esta situación, unida a las demás agresiones que reciben, causa situaciones de pánico, terror, desplazamientos,

confinamientos, cierre de escuelas y pérdida de sus cosechas. En la tabla siguiente se presentan los casos de 6 muertes, entre ellas las de dos menores y situaciones de pánico en comunidades. FECHA

MUERTES Y OTRAS AFECTACIONES

LUGAR Y CIRCUNSTANCIAS

SEGUNDO EDUARDO GUANDA NASTACUAS, muerto. 20/02/11

En el resguardo Tortugaña Telembí, NUBIA RODRÍGUEZ NASTACÚAS, herida

Los Awá denuncian el incremento de campos minados en su territorio: “en lo que va corrido del año 2011, se han presentado 8 accidentes por Minas Antipersonales. El último caso registrado es el de un 16 de mayo de Un “hermano indígena Awá” (sin compañero Awá que cayó en una mina 2011 nombre) cerca del resguardo Hojal La Turbia, y falleció. Los actores armados que transitan por la zona no permitieron que se hiciera el levantamiento del cuerpo del hermano indígena Awá y obligaron a que fuera enterrado cerca del lugar donde cayó.”

13/05/11

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Las minas han llegado hasta la cabecera del río Naya donde está un sitio sagrado. “Durante el recorrido hemos verificado que la mayor parte del territorio se encuentra sembrado de minas antipersonal”

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10/03/12

El niño LUIS ANGEL MORALES muere al caer en una mina y su padre ALBERTO MORALES sufre heridas.

Vereda San Antonio, Putumayo.

10/08/12

Se activó una mina antipersonal donde perdió la vida el menor de edad JOSÉ MELANDRO PAI PASCAL estudiante de la institución Educativa.

Cerca de la Institución Educativa del Resguardo Indígena Awà de Inda Sabaleta.

Entre el 10 y el 14, se produjeron 15 explosiones a sólo 600 metros Cerca del Centro Educativo del del Centro Educativo Inda Sabaleta. Resguardo Inda Sabaleta. Todos los 15 de agosto/ SILVIO ANTÍDIO LOZA esposo de caminos y predios del Resguardo Inda 2012 la señora Aleyda Bisbicús Guanga Sabaleta han sido sembrados de minas y padre de 5 menores Awá, murió antipersonas por lo cual se han producido al caer en el campo minado. Otros desplazamientos y confinamiento dos indígenas gravemente heridos

24 y 26 de marzo 2013

29/06/13

A raíz de fuertes enfrentamientos entre el Ejército Nacional y las FARC: Desplazamientos de 42 En inmediaciones de las comunidades de familias - 227 personas, por temor Guadual Sábalo y Quelbí Guadual, por su propia vida, por posible presencia de campos minados en estas comunidades ROBINSON RUBÉN DÍAZ GÓMEZ muere al caer en una mina ubicada a 200 metros del centro poblado

Resguardo El Sande

01/07/2012

En estos dos semestres se reporta pánico constante en las familias de Resguardo de Alto Comboy, municipio del a este resguardo por la presencia de Valle del Guamuez, Putumayo. MAP, la prohibición del tránsito libre por el territorio y confinamiento. 01/07/ 2013

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08. ANEXOS

5. IMPACTOS POR DERRAMAMIENTO DE CRUDO Desde los años 60, el Territorio Awá es utilizado como espacio para el tránsito del

petróleo a través del oleoducto Transandino que conduce el crudo desde los pozos

de Orito, Putumayo, hasta el puerto de Tumaco en donde se embarca hacia el extranjero. Este oleoducto ha sido objeto de “rupturas” por accidentes, de “voladuras”

por la subversión y en los últimos 5 años se viene extrayendo crudo en algunos de

sus tramos de manera ilícita para producir gasolina y usarla en el procesamiento de clorhidrato de cocaína. Todas estas acciones producen derrames del crudo, a veces

acompañados de incendios, que contaminan las aguas de los ríos y quebradas, sus riveras, los suelos, el aire, la biodiversidad y por lo tanto, los seres vivos, incluidos

los Awá, sus alimentos y su salud, lo cual configura una emergencia ambiental de grandes proporciones FECHA

LUGAR Derrame de crudo en el resguardo indígena de Saunde Guiguay, en los municipios de Barbacoas y Roberto Payán, Estos derrames han venido sucediendo desde el año 2006 a lo largo del oleoducto transandino

12/11/11

especialmente en el tramo entre las poblaciones de Altaquer y Llorente, afectando los resguardos de: Gran Sábalo, Saundé Guiguay, Pianulpi Palangala, Inda Guacaray e Inda sabaleta, Pulgande Campo Alegre, Chimbagal y Guelmambi el Bombo. (P. de S.)

01/03/12 30 sept 2012 23 sept 2013

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Predio El Verde, resguardo del Gran Sábalo En los resguardos de Inda Guacaray e Inda Sabaleta se presenta otro gran derrame afectando a la comunidad y su territorio. En el corregimiento La Guayacana kilómetro 88 de la vía a Tumaco,

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6. LOS CULTIVOS DE COCA Y LAS FUMIGACIONES QUÍMICAS En algunos de los municipios donde viven los Awá se ha producido una intensificación

de los cultivos de coca en la última década. Inclusive algunas partes de algunos

resguardos han sido invadidas por colonos apoyados por narcotraficantes y actores armados ilegales. La política del gobierno de militarizar dichos territorios y fumigarlos

con glifosato de una manera intensiva e indiscriminada no ha resuelto el problema. Por el contrario los cultivos se mantienen mientras que las fumigaciones químicas

han provocado la contaminación y degradación de los suelos, ríos y aguas y han afectado gravemente la flora, la fauna, los cultivos de pan coger y la salud de los

Awá. Así mismo, los movimientos poblacionales, las violencias y los modos de vida producidos por la economía de la cocaína traen graves consecuencias en la cultura y

la espiritualidad del pueblo Awá, especialmente entre su juventud. En los últimos tres años estas fumigaciones se han incrementado. Y el gobierno anunció su reanudación para el 15 de febrero de 2014.

7. DETENCIONES ARBITRARIAS En el Informe Audiencia Sala Especial de seguimiento Sentencia T-025 de 2004

Corte Constitucional, se detallan, sólo para el período entre el segundo semestre de 2012 y el primer semestre de 2013, cinco casos concretos de detenciones arbitrarias

que afectaron a 9 indígenas Awá. El comunicado 18 de la UNIPA, del 9 de diciembre

2013, informa sobre las detenciones arbitrarias de otros dos indígenas Awás en el corregimiento de la Guayacana, Tumaco.

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08. ANEXOS

8. DESPLAZAMIENTO Y CONFINAMIENTO FORZADOS Las masacres, los homicidios, las minas, los derrames de petróleo del oleoducto,

las fumigaciones con glifosato, los ataques y amenazas a sus territorios y comunidades continúan produciendo desplazamientos y confinamientos de una manera permanente. No hay una atención de emergencia con los requerimientos

de un enfoque diferencial exigido por las normatividad nacional e internacional. Los retornos y reubicaciones los tienen que hacer las familias sin ningún acompañamiento ni garantías para su seguridad y bienestar. Tampoco existe una estadística completa

sobre estos hechos y en todos los informes se presenta un subregistro de los casos.

A continuación presentamos algunos de los casos que se han denunciado en los boletines y el Plan de Salvaguarda. FECHA

LUGAR

ACTORES ARMADOS Y FACTORES DE LA SITUACIÓN

Marzo del año 2011

Resguardos indígenas de Magüi y Cuchilla del Palmar del municipio de Ricaurte

249 familias, 988 personas, se desplazaron desde las comunidades Awá de Magui, Guadual, Cumbas, Invina y Cuchilla del Palmar por combates entre el Ejército y las FARC. (P de S.)

1 de nov 2011

Resguardo Cuasbil La Faldada en el municipio de Barbacoas

7 familias que suman 29 personas “se desplazaron forzadamente a causa de las acciones perpetradas por las FARC”.

01/12/11

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Se produce el sexto desplazamiento forzado de este resguardo de 45 familias con 215 personas, Resguardo Ñambi Piedra Verde, después de que un grupo paramilitar asesinó municipio de Barbacoas a Bolívar Guanga, retuvo a siete miembros de la comunidad y abusó sexualmente de tres mujeres entre ellas una menor.

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13/03/12

24 familias tienbe que abandonar el territorio por el temor a caer en las minas sembradas Cabildo Alto Comboy, Putumayo por los grupos armados y 10 familias sufren confinamiento. (P. de S.)

25 de febrero de 2012

Desplazamientos masivos internos y Resguardo Integrado Milagroso confinamiento de 168 familias, 845 personas, por enfrentamientos entre el Ejército Nacional y grupos armados ilegales y posteriores Cuaiquer Viejo (CAMAWARI), bombardeos. Muerte de un niño. (P. de S.)

16 /08/2012

27 de sept 2012 16 de octu 2012

Resguardo de Inda Sabaleta

450 familias de 7 comunidades se encuentran confinadas y en riesgo de desplazamiento a causa de la siembra de minas antipersonal en todos sus caminos y predios.

Resguardo Chinguirito Mira, municipio de Tumaco

76 familias salieron del territorio Inkal Awá por los fuertes combates en la zona entre el Ejército Nacional y grupos insurgentes Otras 40 familias habitantes no indígenas también decidieron abandonar la zona.

Resguardo Chinguirito Mira, municipio de Tumaco

A tres semanas del desplazamiento masivo de este resguardo continúa el desplazamiento

Desplazamiento de 219 familias con 807 personas por enfrentamientos entre el Ejército 2 de dic 2012 Resguardo de Magui, Ricaurte y grupos armados ilegales. Esta situación se agravó y en abril 2013 se denunció que las familias confinadas llegaban a 2040 personas. 24-26 marzo de 2013

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En las comunidades Guadual Sábalo, Quelbí Guadual y su centro educativo

42 familias -227 personas- son desplazadas y confinadas en este centro educativo por combates entre las FARC y Ejército

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08. ANEXOS

ANEXO 3 RELACIÓN NO EXHAUSTIVA DE LOS CASOS DENUNCIADOS DE VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS A PARTIR DE 2010 VÍCTIMA

HECHOS MINAS ANTIPERSONALES

Confinamiento en el territorio por presencia de minas antipersonales que impiden la libre movilización y las actividades productivas como la siembra, la recolección de frutos y plantas medicinales, y las labores de cacería. Algunas personas que se arriesgan a andar por el territorio han sufrido accidentes con las minas. No se tiene reporte exhaustivo pero al menos se reportan 5 víctimas en los últimos años. Se relacionan los siguientes casos. Ernesto Bailarín de 24 años de edad

2 de septiembre de 2010: Fue herido víctima de una mina antipersonal 22 de febrero de 2012: Fue herido el

Hono Domicó, edad 18 años. Comunidad

joven Hono Domicó víctima de una mina

Kiparado Resguardo Embera Katío del Alto

antipersonas mientras se hallaba en labores

Sinú

de cacería, Falleció horas después mientras era trasladado al hospital.

Yaison Domicó edad de 30 años. Comunidad Antadó río Sinú, Resguardo Embera Katío del Alto Sinú.

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10 de noviembre de 2012: El joven fue mutilado con una mina anti persona mientras buscaba sustento alimentario para su casa, en la Comunidad Antadó.

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VÍCTIMA

HECHOS

AMENAZAS, HOSTIGAMIENTOS Y BOMBARDEOS 28 de enero del 2010: 30 hombres de las Fuerzas Armadas cruzaron por la comunidad de Pawarandó y, minutos después, un soldado fue víctima de una mina antipersonal. Horas más tarde arribó Comunidad de Pawarandó ,río Verde, Resguardo Embera Katío del Alto Sinú.

un helicóptero para desplazar la herido y aterrizó en los sembrados de maíz dañando el cultivo de los indígenas. A las 4:00 p.m. miembros de ejército llegaron a la comunidad a hostigar a la población, acusándola de ser colaboradora de la guerrilla y amenazándolos con sus armas de fuego. 27 de mayo de 2010: se presentaron 4 helicópteros de Ejercito nacional, los cuales dispararon a 300 metros de la comunidad. Posteriormente aterrizaron en medio de

Edilma Bailarín. Comunidad indígena de Kanyido, Río Esmeralda. Resguardo Embera Katío del Alto Sinú.

la comunidad y hostigando a la población. Los soldados se dirigieron a la vivienda de Edilma Bailarín y revisaron todas sus pertenencias sin una orden judicial. Cogieron las prendas de vestir de la familia y algunas sábanas y las quemaron a orillas del potrero. No se podían identificar los nombres del personal del ejército ya que los tenían cubiertos sobre el uniforme.

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08. ANEXOS

27 de mayo de 2010: llegaron a la comunidad aproximadamente 100 hombres del Ejército colombiano, quienes abordaron al presidente de la junta de acción comunal de los campesinos a quien mantuvieron

Comunidad indígena de Junkarado

retenido por un espacio de una hora, en

Resguardo Embera Katío del Alto Sinú.

las instalaciones de la escuela indígena de Junkarado. Las tropas pernoctaron en la escuela y los tambos de la comunidad, y prepararon los alimentos en el restaurante escolar. Dentro de los miembros del ejército se encontraban 2 hombres encapuchados. 3 de julio del 2010: Martha Domicó, hija del líder asesinado Kimy Pernía Domicó, recibió una llamada telefónica de una persona que se identificó como comandante de los Rastrojos. Le manifestó que su nombre se encontraba en un

Martha Domicó Domicó.

listado de esta organización. Le dijo que realizarían una limpieza en el municipio de Tierralta, y la invitaron a una reunión para lo cual enviarían un hombre de su organización para que la acompañara. Martha se negó. Finalmente amenazó a la líder con darle de baja a ella o a alguno de sus familiares, sino asistía a la reunión.

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3 de julio del 2010: Puerto de Frasquillo a orillas del embalse de Urrá. 2 hombres y una Amalfi David Domicó.

mujer que se identificaron como de la SIJIN abordaron al señor Amalfi David Domicó y procedieron a subirlo en un automóvil particular. 6 de julio del 2010: en Tierralta fue abordado por 2 hombres armados, presuntamente del DAS, el señor Efraín Rubiano Domicó que

Efraín Rubiano Domicó.

actualmente se desempeñaba como auxiliar del proyecto productivo del Plan de Vida de las comunidades del Resguardo Embera Katío del Alto Sinú. 6 de Julio de 2010: Retenido ilegalmente por

Wilson Domicó

más de 2 horas en el batallón del ejército La Vara 18 de abril de 2011: el gobernador de la comunidad de Porremia se encontraba en sus labores de pesca cuando fue obligado

Comunidad indígena de Porremia, Resguardo Embera Katío del Alto Sinú

por un hombre armado a llevarlo en su canoa hasta bocas de la quebrada Choco, donde aparecieron 30 hombres fuertemente armados con prendas de uso de las fuerzas militares. Estos presionaron al Gobernador para que los cruzara el río con su canoa.

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08. ANEXOS

20 de abril de 2011: llegaron a Pawarandó los 30 hombres antes mencionados quienes amarraron a un hombre que llegó vestido de civil con una remesa para

Comunidad indígena de Pawarandó, río

el Ejército. Al día siguiente abordaron

Verde. Resguardo Embera Katío del Alto

un helicóptero de las fuerzas militares

Sinú.

colombianas. Dentro de los hombres armados se encontraba un hombre encapuchado. Los hombres hostigaron a la comunidad y la acusaron de ser auxiliadores de la guerrilla. Febrero de 2012: La fuerza pública detuvo

Comunidad indígena de Pawarandó río

al gobernador de la comunidad y otro miembro de la comunidad, obligándolos

Verde. Resguardo Embera Katío del Alto

a desnudarse para ver si sus cuerpos

Sinú.

presentaban marcas de morrales o cargas y así descartar su participación con grupos armados.

Comunidad de Dozá, Río Verde. Resguardo Embera Katío del Alto Sinú.

13 de febrero de 2012: se presentaron enfrentamientos entre la guerrilla y el ejército nacional, amedrentando a la comunidad indígena. Septiembre de 2013: hubo un enfrentamiento

Comunidad de Beguidó. Resguardo Embera Katío del Alto Sinú

armado entre la fuerza pública y la guerrilla. Como consecuencia de los hechos, una mujer que recién tenía su parto tuvo que huir con su bebe en sus brazos.

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VÍCTIMA

HECHOS

DESPLAZAMIENTO MASIVO INTERNO Septiembre del 2013: Como consecuencia de los bombardeos realizados presuntamente por el Ejército Nacional y del asesinato del Gobernador Clímaco Comunidad indígena de Pawarandó, río Verde. Resguardo Embera Katío del Alto Sinú.

Pernía, cometido presumiblemente por la FARC; la comunidad de Pawarandó decidió desplazarse masivamente dentro del territorio y recluirse en la escuela. Las familias no pudieron regresar a sus viviendas por varios meses, por el temor de ser abordados de nuevo por la guerrilla o el Ejército nacional. 3 de diciembre de 2013: La crisis alimentaria llevó a desplazarse a 26 familias a la ciudad

Comunidades asentadas en Tierralta, Barrio Esmeralda

de Montería. Estas familias ya habían sido desplazadas en años anteriores desde el Resguardo y vivían en el casco urbano de Tierralta.

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08. ANEXOS

VÍCTIMA

HECHOS CONFINAMIENTO

La represa Urrá I ha convertido al pueblo Embera Katío del Alto Sinú en un pueblo confinado pues ya no pueden salir de su resguardo libremente con sus balsas tradicionales sino que deben usar lanchas a motor de gasolina y después un vehículo motorizado para llegar a cualquier poblado. Este hecho los ha vuelto dependientes de la compra de gasolina e insumos que tienen un costo muy elevado. Se han presentado numerables hechos de confinamiento más específico, de los cuales no tenemos un reporte oficial, por tal razón solo reportamos uno en la presenta lista.

Resguardo Embera Katío del Alto Sinú

14 de septiembre del 2010: Miembros de la comunidad denuncian que no han podido desplazarse desde el territorio del Resguardo hacia el casco urbano de Tierralta, porque la Fuerza Pública, en cabeza del Batallón de Tarea Conjunta Nudo de Paramillo, está impidiendo el abastecimiento de combustible para las embarcaciones, según dicen haciendo cumplir la resolución número 008 del 24 de junio del 2010 expedida por el Consejo Nacional de Estupefacientes.

Comunidad de Pawarandó río Verde. Resguardo Embera Katío del Alto Sinú.

20 de septiembre de 2013: Se presentaron fuertes bombardeos en el Resguardo indígena cerca a la comunidad de Pawarandó. Los bombardeos fueron realizados por tres aviones, presumiblemente del Ejército Nacional, poniendo en riesgo a la comunidad. Como resultado de las acciones, la comunidad quedó confinada sin posibilidad de movilización.

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VÍCTIMA

HECHOS ASESINATOS

Danielito Domicó

2010: asesinado en la cabecera municipal de Tierralta

Héctor Betancur Domicó

6 de Julio de 2010: asesinado el Gobernador de la comunidad de Changará

José Rumaldo Domicó. Comunidad Nagua, Resguardo Embera Katío del Alto Sinú.

27 de enero de 2012: Asesinado presumiblemente por la FARC.

Luis Franlkin Chara Jarupia, edad 28 años. Comunidad Koredó. Resguardo Embera Katío del Alto Sinú.

20 de junio de 2012: Asesinado presumiblemente por la FARC.

José Vicente Jarupia Domicó, edad 45 años. Comunidad Widó, río Esmeralda. Resguardo Embera Katío del Alto Sinú.

3 de junio de 2012: asesinado por grupos armados desconocidos en la cabecera municipal de Tierralta.

Abilio Domicó, edad 30 años.

12 agosto 2012: Asesinado mediante un enfrentamiento de grupos armados al margen de la ley en Tierralta.

José Uriel Domicó, edad 62 años comunidad Kanyidó, río Esmeralda. Resguardo Embera Katío del Alto Sinú.

23 de agosto de 2012: Asesinado por grupos armados desconocidos en la cabecera Municipal de Tierralta.

Hono Domicó, edad 18 años. Comunidad Kiparado Resguardo Embera Katío del Alto Sinú.

22 de febrero de 2012: Falleció mientras era trasladado al hospital, como consecuencia de las heridas producidas por una mina antipersonal.

Seferino Domicó Majoré. Edad 54 años. Cabecera Municipal de Tierralta.

17 de abril de 2013: Seferino Domicó fue asesinado en su casa en la Cabecera Municipal de Tierralta.

Diogene Jarupia Domicó. Edad 25 años Cabeza municipal de Tierralta.

2013. Fue asesinado por un grupo armado desconocido.

Clímaco Pernía de 45 años, Gobernador de la Comunidad de Pawarandó, río Verde. Resguardo Embera Katío del Alto Sinú.

15 de agosto de 2013: dos sujetos, presumiblemente de las FARC, asesinaron a Clímaco Pernía a 50 metros de su tambo. Quedaron huérfanos 10 hijos menores de edad.

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