Sociedad civil en dictadura: Relaciones transnacionales, organizaciones y socialización política en Chile 9789569320125, 9569320125

Table of contents :
SOCIEDAD CIVIL EN DICTADURA
PÁGINA LEGAL
ÍNDICE
PREFACIO
PRESENTACIÓN
PRÓLOGO
CAPÍTULO I INTRODUCCIÓN: SOCIEDAD CIVIL (...)
PRIMERA PARTE CHILE 1973-1983
CAPÍTULO II RELACIONES TRANSNACIONALES (...)
EL COMIENZO DE LA INTERVENCIÓN INTERNACIONAL (...)
TRANSFORMACIONES EN LA AGENDA INTERNACIONAL: (...)
LA ESTRUCTURACIÓN DE LAS RELACIONES NORTE-SUR
RECAUDACIÓN Y CANALIZACIÓN DE RECURSOS (...)
AGENCIAS INTERNACIONALES, IGLESIAS Y (...)
CAPÍTULO III LA RECONSTRUCCIÓN DE LA SOCIEDAD (...)
ORGANIZACIONES DE SUBSISTENCIA Y DE AUTOAYUDA
RECURSOS INTERNACIONALES Y LA EXPANSIÓN (...)
CARIDAD Y SOLIDARIDAD: TENSIONES SOBRE (...)
DE LA NECESIDAD A LA LIBERTAD: LA POLITIZACIÓN (...)
CAPÍTULO IV LA FORMACIÓN DE UN PÚBLICO: (...)
EL SISTEMA DE COMUNICACIONES Y LA FORMACIÓN (...)
MOVIMIENTOS PRECURSORES EN DICTADURA: DERECHOS (...)
LA REARTICULACIÓN DEL MOVIMIENTO SINDICAL: (...)
MOVILIZACIÓN POR LOS DESAPARECIDOS: (...)
LÓGICAS DIVERGENTES: LUCHA ARMADA Y PROTESTA (...)
LA LUCHA ARMADA COMO CATALIZADOR DE DISCURSOS (...)
PROTESTA PÚBLICA Y COALICIONES PARA LA (...)
SEGUNDA PARTE CHILE, 1983-1993
CAPÍTULO V LAS RELACIONES DE LA SOCIEDAD (...)
PROTESTA, PARTIDOS POLÍTICOS Y SOCIEDAD (...)
PARTIDOS POLÍTICOS Y SU ESTRUCTURA DE (...)
LOS PARTIDOS POLÍTICOS Y LA COLONIZACIÓN (...)
LA SOCIEDAD CIVIL ENTRE LA UNIDAD Y LA (...)
SOCIEDAD CIVIL Y MOVILIZACIÓN SOCIAL: LA (...)
EL DESACOPLAMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES (...)
MOVILIZACIÓN PARA EL PLEBISCITO: SOCIEDAD (...)
CAPÍTULO VI EL RETORNO A LA DEMOCRACIA: (...)
SOCIEDAD CIVIL EN FLUJO: COOPTACIÓN, (...)
RETORNO A LA DEMOCRACIA: CONCENTRACIÓN (...)
VARIACIONES EN LA DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS: (...)
CAPÍTULO VII CONCLUSIONES: DICTADURA, SOCIEDAD (...)
ANEXOS Y BIBLIOGRAFÍA
FIGURAS Y TABLAS
FIGURAS
5.1.: RELACIONES ENTRE ORGANIZACIONES SOCIALES (...)
TABLAS
3.1.: ORGANIZACIONES DONANTES INTERNACIONALES (...)
3.2.: EVOLUCIÓN DE FINANCIAMIENTO FASIC, (...)
3.3.: CENTROS DE INVESTIGACIÓN INDEPENDIENTES
3.4.: PERIODO DE FUNDACIÓN DE LAS (...)
3.5.: OBJETIVOS PARA LAS ORGANIZACIONES (...)
3.6.: PARTICIPANTES EN ORGANIZACIONES DE (...)
3.7.: TOMAS ILEGALES Y NÚMERO DE FAMILIAS (...)
4.1.: REPRESIÓN CONTRA LOS MEDIOS EN CHILE, (...)
4.2.: INCIDENTES TERRORISTAS EN CHILE, (...)
5.1.: ORGANIZACIONES DE SUBSISTENCIA Y (...)
5.2.: ORGANIZACIONES DE BASE Y COORDINADORAS, (...)
ABREVIATURAS
FUENTES
BIBLIOGRAFÍA

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Sociedad civil en dictadura

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Sociedad civil en dictadura

Sociedad civil en dictadura: relaciones transnacionales, organizaciones y socialización política en Chile Manuel Bastias Saavedra Ediciones Universidad Alberto Hurtado Alameda 1869– Santiago de Chile [email protected] – 56-02-28897726 www.uahurtado.cl Impreso en Santiago de Chile Agosto de 2013 ISBN libro impreso: 978-956-9320-16-3 ISBN e-book: 978-956-9320-12-5 Registro de propiedad intelectual Nº 228437 Impreso por C y C impresores Dirección Colección Historia Marcos Fernández Labbé Dirección editorial Alejandra Stevenson Valdés Editora ejecutiva Beatriz García-Huidobro Diseño de la colección Francisca Toral Diagramación interior Francisca Toral Fotografía de portada: Fines de la década del 70 © Álvaro Hoppe.

Con las debidas licencias. Todos los derechos reservados. Bajo las sanciones establecidas en las leyes, queda rigurosamente prohibida, sin autorización escrita de los titulares del copyright, la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento, comprendidos la reprografía y el tratamiento informático, así como la distribución de ejemplares mediante alquiler o préstamos públicos.

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Sociedad civil en dictadura Relaciones transnacionales, organizaciones y socialización política en Chile (1973-1993)

Manuel Bastias Saavedra

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Para Santiago, por la alegría.

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ÍNDICE

Prefacio.....................................................................................................13 Presentación..............................................................................................17 Prólogo.....................................................................................................21 Capítulo I Introducción: sociedad civil en Chile........................................................23 PRIMERA PARTE Chile 1973-1983 Capítulo II Relaciones transnacionales en la dictadura chilena...............................43 El comienzo de la intervención internacional en Chile: exiliados y refugiados latinoamericanos................................................46 Transformaciones en la agenda internacional: de los refugiados a los derechos humanos.............................................56 La estructuración de las relaciones Norte-Sur.......................................66 Recaudación y canalización de recursos internacionales hacia Chile...........66 Agencias internacionales, Iglesias y relaciones de poder .............................75 Capítulo III La reconstrucción de la sociedad civil: centro y periferia......................89 Organizaciones de subsistencia y de autoayuda.....................................90 Recursos internacionales y la expansión organizaciona de la sociedad civil en Chile................................................................104 Caridad y solidaridad: tensiones sobre el rol de la Iglesia en el trabajo de base........................................................123 De la necesidad a la libertad: la politización de las organizaciones de base..............................................................133

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Capítulo IV La formación de un público: medios, organizaciones y protesta........149 El sistema de comunicaciones y la formación de medios independientes..................................................................150 Movimientos precursores en dictadura: derechos laborales y derechos humanos...........................................................................164 La rearticulación del movimiento sindical: de lo local a lo nacional........166 Movilización por los desaparecidos: estructurando coaliciones transversales...................................................180 Lógicas divergentes: lucha armada y protesta pública.........................193 La lucha armada como catalizador de discursos autoritarios...................194 Protesta pública y coaliciones para la democracia...................................204 SEGUNDA PARTE Chile, 1983-1993 Capítulo V Las relaciones de la sociedad civil con la oposición política: autonomía y cooptación......................................................................215 Protesta, partidos políticos y sociedad civil: división y cooptación......216 Partidos políticos y su estructura de alianzas: la semántica de la división....................................................................216 Los partidos políticos y la colonización de las organizaciones de base.........................................................................228 La sociedad civil entre la unidad y la autonomía................................237 Sociedad civil y movilización social: la semántica de la unidad...............237 El desacoplamiento de las organizaciones de base...................................248 Movilización para el plebiscito: sociedad civil y sistema político.........260 Capítulo VI El retorno a la democracia: cambio de régimen y sociedad civil.........281 Sociedad civil en flujo: cooptación, realineamiento y conversión........283

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Retorno a la democracia: concentración de poder e información........298 Variaciones en la distribución de recursos: del centro a la periferia.......................................................................312 Capítulo VII Conclusiones: dictadura, sociedad civil y democracia.........................327 Anexos y bibliografía............................................................................335 Figuras y tablas...................................................................................337 Abreviaturas........................................................................................338 Fuentes...............................................................................................342 Bibliografía.........................................................................................346

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Prefacio

Este libro es el resultado de cuatro años de investigación doctoral. La motivación inicial para este texto, sin embargo, surgió hace casi diez años, cuando trabajaba en mi tesis de pregrado en 2003. Mientras escribía sobre la experiencia de la generación de historiadores, quienes tras el golpe de Estado fueron expulsados de las universidades, detenidos, torturados, enviados al exilio y, eventualmente, hacia mediados de los años 80 fueron la punta de lanza de la nueva historia social, la incongruencia entre los intentos de aniquilación ideológica por medio de la fuerza y el ímpetu y dinamismo creativo de esa generación capturaron mi imaginación. La imagen más potente, dentro de las muchas recolectadas en esa investigación, fue la experiencia detallada por un historiador. En el recuento de su periodo de prisión política relató cómo los activistas detenidos por los militares fueron sistemáticamente, día tras día, torturados para que entregaran información y la identidad de personas que conocían. Lo que me asombró, sin embargo, fue que su recuento de la prisión política y la tortura no se concentraba en la prisión política ni en la tortura; se concentraba en los aspectos humanos de la experiencia, de cómo después de cada sesión de tortura, después de que cada prisionero había sido golpeado y denigrado hasta la insignificancia, los demás prisioneros, quienes habían sobrellevado castigos similares, estaban ahí para recibir, proteger, cuidar y acompañar. Su historia, en último término, no era sobre la prisión política y la tortura, sino sobre la solidaridad y la resiliencia del espíritu humano. Este libro es un pequeño tributo a esta idea y a esa generación. El objetivo central de este libro ha sido revisitar una metanarrativa que ha dominado la memoria histórica sobre la dictadura. Esta narrativa consiste en otorgarle a los partidos políticos una 13

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agencia privilegiada en el proceso histórico, caracterizando a la población como miedosa, y otorgándole a la dictadura un peso explicativo exagerado para muchos resultados de la posdictadura. A pesar de ser parcialmente correcta, esta narrativa es unilateral y no incluye la amplia gama de experiencias de activismo que se dieron durante la dictadura. La historia de los activistas que trabajaron en las instituciones de apoyo y aquellos que participaron de las organizaciones de base, y el amplio espectro de experiencias colectivas que se desarrollaron a lo largo de la dictadura con la esperanza de reconstruir una democracia mejor y más plena, han sido silenciadas por la narrativa centrada en los partidos políticos. En cierta medida, este libro se concentra en los perdedores de la transición a la democracia, aquellas personas anónimas y olvidadas que hicieron el arduo trabajo de reconstruir el tejido social para la democratización. Entre las personas que han acompañado esta investigación, quiero agradecer especialmente a mis padres por ser la mayor inspiración para este proyecto, que es parte de su historia y la mía. También por el apoyo que me han dado en cada proyecto que he emprendido, especialmente ahora que han tenido que soportar mi ausencia y la de su nieto durante estos años. Santiago, mi hijo, ha sido una nueva fuente de inspiración y un contrapeso al trabajo. El tiempo pasado en las plazas, jugando en el parque y visitando a los animales ha ayudado a poner este proyecto en perspectiva. Y mi agradecimiento y cariño para Katharina, mi compañera, quien me acompañó por los momentos más difíciles y su apoyo fue esencial para llevar este proyecto a buen puerto. También quiero agradecer a las diferentes personas que se tomaron el tiempo de leer borradores y manuscritos en diferentes momentos en el curso de la investigación. A Alison Bruey y Takeshi Wada por sus incisivos comentarios a borradores del proyecto y de artículos, y a Oliver Gliech por revisar el cuestionario aplicado para las entrevistas antes del trabajo de campo en Chile. También 14

Prefacio

agradezco los comentarios y apoyo del grupo de trabajo en Berlín –Mónika Contreras, Sylvia Dümmer, Niklaas Hoffmann y Anna Winkler– por su tiempo y por los acertados comentarios a presentaciones en congresos y los capítulos de este libro. Importante para el desarrollo de este libro fue también la compañía de mis colegas y amigos João Bachur, Mayarí Castillo, Roberto Dutra Torres, Pablo Faundez, Johan Horst, Guilherme Leite, Pablo Holmes, Alexander Martin e Ismael Puga. Finalmente, quiero reconocer el apoyo y acompañamiento de mi tutor, Stefan Rinke, fundamental para completar este proyecto. Por supuesto, cualquier error o deficiencia que pueda tener el texto es de mi entera responsabilidad. Además, quisiera agradecer el apoyo y trabajo de las muchas personas e instituciones que contribuyeron para que este libro viera la luz. Los funcionarios de la Biblioteca del Consejo Mundial de Iglesias, la Fundación de Documentación y Archivo de la Vicaría de la Solidaridad, el Museo de la Memoria, el Archivo Nacional de la Administración, de ECO y SUR Profesionales fueron siempre solícitos para atender las demandas de investigación para este proyecto. Quisiera mencionar especialmente a los funcionarios del Instituto Iberoamericano de Berlín, quienes a lo largo de los cuatro años de actividad atendieron a todos los pedidos y proporcionaron una atmósfera de trabajo particularmente acogedora. Personalmente quisiera reconocer la experta ayuda de Charles Harper para proporcionarme los documentos del Consejo Mundial de Iglesias. También Bessie Saavedra de la Comisión Chilena de Derechos Humanos, Rosa Iribarren de FASIC, Valentina Rojas, quien trabajo en la construcción del Archivo de la Comisión Chilena de Derechos Humanos y Mario Garcés de ECO, fueron de particular importancia por su ayuda durante mi trabajo con estas instituciones. Además, agradezco la ayuda de Elena Bergen y Encarnación Moll en contactar a posibles entrevistados, y al acompañamiento y el particular interés que Bernardo Acevedo tuvo en este proyecto. Finalmente, quisiera agradecer a todos los entrevistados por tomarse el tiempo de hablar sobre momentos 15

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particularmente difíciles, y a veces heroicos, de sus vidas. Espero que este libro haga algo de justicia a su experiencia. Finalmente, quisiera reconocer el apoyo financiero de la Comisión Chilena de Investigación Científica y Tecnológica (Conicyt), de la Dahlem Research School (DRS) de la Universidad Libre de Berlín, y de la Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG). Berlín, enero de 2013

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Presentación

Saludo y agradezco este libro, en primer lugar, porque desde ya se perfila como un texto imprescindible a la hora de comprender el proceso organizativo de aquella histórica sociedad chilena que vivió el triple desafío de sobrevivir-resistir-y-superar la dictadura. Y lo saludo y agradezco, en segundo lugar, porque muestra la activa presencia de la “generación de hijos” en la pronta tarea de historiar una de las fases más significativas de la historia de Chile vivida por la “generación de padres”, ofreciendo una investigación acuciosa y una reflexión inteligente. El autor nos plantea que el origen de esta investigación y de este libro surge de un “asombro” ante un doble fenómeno vivido en dictadura: la represión paralizante y, al mismo tiempo, el dinamismo creador de la sociedad reprimida; punto de partida que revela la sensibilidad y capacidad perceptiva del autor para saber reconocer que se hallaba ante la presencia de una fisura histórica que, en el seno de su propia obscuridad, se movía a tientas en busca de su luz: dialéctica digna de ser investigada y conocida. Uno de los objetivos centrales de toda dictadura es desmantelar las orgánicas que constituyen el cuerpo social que se busca mutilar y así ocurrió en la dictadura chilena. Sin embargo, las sociedades humanas han demostrado históricamente que no son “objetos” que se dejen destruir sin más: el desafío de sobrevivir-y-resistir moviliza todos los recursos “extra” y agudiza la propia capacidad re-creativa de su debilitado cuerpo. Este libro realiza un cuidado y sigiloso recorrido por ese proceso re-creativo de la sociedad, re-conociendo su fisonomía, sus debilidades, su renovada fuerza y su movilidad transformadora. Haciendo este recorrido como un caminante, como un observador agudo, el autor nos ofrece un texto a modo de un espejo en el que podemos volver a mirarnos, 17

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recordarnos: memoria de una generación que, solidariamente, fue conjurando el miedo. Solidaridad. No fue solo el nombre de un boletín o de un aparato eclesial, sino una fuente, un flujo constante, un lugar de encuentro… sin preguntas, sin condiciones, sin discursos. Este es un texto-tributo a esa solidaridad, especialmente al compromiso de algunas iglesias cristianas progresistas que, sin pastorales, sin ceremonias ni rituales, supieron reconocer y encontrar en la solidaridad con todos los perseguidos y oprimidos de la dictadura, el sentido real de su doctrina. Resplandor de una solidaridad que nos permitió ver la forma y figura, en medio de la adversidad, de una comunidad. Comedores, ollas comunes, comprando-juntos, talleres, parroquias, centros, ONGs y otras diversas modalidades de organización, eran los cuerpos en que tomaba forma y figura dicha solidaridad como comunidad, la que, progresivamente “empoderada” —como el texto nos lo muestra—, será la fuente del movimiento social y las protestas de los 80. A lo largo de los primeros capítulos del texto el autor expone el importante flujo de financiamiento internacional que sirvió de soporte a estas organizaciones de la sociedad civil, muchas de ellas instaladas en poblaciones; esto habría permitido visibilizar ante el mundo el grave daño a los derechos humanos y sociales que ocurría en Chile, favoreciendo la supervivencia de miles de chilenos y, al mismo tiempo, habría tenido “un impacto profundo en la composición que adquirió la sociedad civil chilena a comienzos de la década de 1980. La aparición de estas nuevas organizaciones tendría un efecto pronunciado sobre la infraestructura organizacional de la sociedad civil en Chile”. Al mismo tiempo, se habría generado una fuerte “dependencia” de estas orgánicas civiles respecto de dicho financiamiento internacional, supeditándose a su flujo. Eso fue evidentemente así y el autor lo demuestra contundentemente. Al respecto, también habría que enfatizar en el hecho y la parábola de la “buena tierra”: el financiamiento internacional cayó sobre una “buena tierra” social chilena. Una tierra barbechada en 18

Presentación

Chile para la organización y participación de la sociedad pobladora, especialmente desde los años 60 y 70, cuando esos pobladores supieron construir, como acción cotidiana de empoderamiento social, su “ciudad propia”; tierra abonada —más allá aún—, cuando en tiempos del Frente Popular la sociedad, en todos los frentes, se constituyó en cuerpos, brigadas, movimientos, sindicatos, gremios que, con y sin partidos, con y sin financiamiento, se presentaron, con su conciencia herida, demandando sus derechos sociales ante la historia; tierra fértil —aún más allá— cuando los artesanos y obreros de todas las ciudades y pueblos supieron constituirse en sociedades para el socorro mutuo y la auto-educación, constituyéndose en la base y fundamento de mancomunales, sindicatos, federaciones y partidos. Buena tierra la de un pueblo que, como hoy, germina levantándose al caliente sol del movimiento y la palabra crítica… Lo que al autor principalmente le preocupa en este texto es la relación que se establece entre las organizaciones de la sociedad civil desarrolladas en dictadura y los partidos políticos que resurgen en la etapa tardía de la misma; el corazón de este texto palpita en torno a esta problemática relación. En su texto el autor nos muestra, con muy buen fundamento, tanto las prácticas “colonizadoras” que realizan los partidos respecto de la sociedad civil en los años ochenta y la post-dictadura, así como las prácticas “cupulares” con que realizan la toma de decisiones y el ejercicio de gobierno. En definitiva, “los partidos políticos, al encontrarse con un panorama organizacional que les era ajeno y sobre el cual no tenían control alguno, se distanciaron de la sociedad civil organizada y estrecharon sus relaciones en la cúpula y con sus aliados internacionales”. Esta tensión entre los partidos políticos y la sociedad civil “prefiguró la tendencia que ha caracterizado a la centro-izquierda desde la transición a la democracia” y que se expresa en un “desacoplamiento de los partidos de sus bases sociales y una creciente tendencia a actuar para satisfacer las exigencias de sus aliados internacionales”. Prácticas partidarias que, en plena República de fines del siglo XX 19

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y principios del siglo XXI, han abierto de par en par las puertas y salones del Estado a la penetración y goce del gran capital nacional y extranjero, en detrimento del cuidado del pueblo y la naturaleza, dañando y obstaculizado gravemente la construcción de democracia social, extraviando el sentido de la política o el bien común. Es decir, la “democracia” como instrumento para la negación de la Democracia: es este sin duda el dolor más profundo del pueblo chileno hoy, estallando en un grito. El excelente texto que nos ofrece Manuel Bastías es una invitación a volver a transitar a través de la historia política de nuestras cuatro últimas décadas: un tiempo en que se pusieron y aún se ponen a prueba las potencialidades de la energía transformadora de la sociedad chilena. Un texto que revela también nuestra fragilidad y vulnerabilidad: nuestra dependencia de “inversiones extranjeras”, no solo en el campo de la producción, sino también en el ámbito de la organización de la sociedad civil. Un texto que recorre con paciencia el camino de nuestro poder-y-debilidad, de nuestra autonomía-y-dependencia, de nuestro movimiento-y-cansancio: ese “y” que somos y que recoge íntimamente los opuestos de nuestra histórica vida viviente. Es este un escrito acerca de nuestra historia-hoy como un momento que sigue latiendo en la fisura del golpe militar del 73, cuando se bombardearon los fundamentos de la sociedad y la política conocida, doméstica, chilensis. Un texto desnudo de utopía que, con gran agudeza, seriedad e inteligencia, revisa nuestro pasado reciente, el que palpita como una ola brava golpeando una y otra vez sobre la porfiada roca de nuestra conciencia… M. Angélica Illanes O.

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Prólogo

La dictadura militar chilena es considerada una de las más brutales en la historia latinoamericana. Hasta el día de hoy –poco antes del cuadragésimo aniversario del primer “11 de septiembre”– la sociedad chilena está ocupada con el tratamiento de la memoria histórica de este periodo. Desde hace aproximadamente dos décadas los estudios interdisciplinarios sobre memoria y políticas del pasado han dominado la discusión. Por el contrario, aún hay pocos estudios de historia social sobre este polémico periodo de la historia chilena. En este contexto se inserta el estudio de Manuel Bastias Saavedra sobre la sociedad civil durante la dictadura y los primeros años tras el retorno de la democracia. Sus preguntas centrales son: ¿Cómo se relacionan el autoritarismo y el resurgimiento de la sociedad civil? ¿Cómo influye la sociedad civil en los procesos de redemocratización? ¿Cómo se ve afectada la sociedad civil por los procesos de cambio de régimen? Con ello aborda preguntas de tremenda relevancia política y social. A partir de la indudablemente correcta observación que la meta-narrativa del retorno a la democracia en Chile ha privilegiado el rol de los partidos políticos, Bastias Saavedra se dedica a estudiar a aquellos actores que hasta ahora han encontrado poca consideración en la literatura sobre el periodo. Se trata de los activistas, quienes crearon las primeras redes e instituciones para la resistencia a la dictadura y, con ello, establecieron las bases para la acción efectiva de los partidos políticos una vez que estos reaparecieron. Si seguimos la lectura de Bastias Saavedra, los autores en los cuales se concentra son los “perdedores” de la transición a la democracia dado que, tan pronto que sus organizaciones se disolvieron o perdieron influencia, el interés público sobre ellos rápidamente se desvaneció. En último término, al autor le interesa explicar la 21

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paradoja del debilitamiento de la sociedad civil tras el regreso de la democracia. Resumiendo algunas de las ideas centrales, el autor es capaz de demostrar que el debilitamiento de la sociedad civil no puede derivarse de una cultura política heredada de la dictadura, sino que debe ser entendida a partir de las transformaciones ocurridas en el proceso de cambio de régimen, las cuales, en último término, están relacionadas con el origen de las organizaciones de la sociedad civil y sus redes transnacionales. Bastias Saavedra, con su profundo trabajo historiográfico, es capaz de exponer la insuficiencia de los conocimientos que hasta ahora se creían seguros y entregar resultados de investigación certeros respaldados por un amplio corpus de fuentes. Con ello hace un aporte importante e innovador tanto para a la historiografía chilena y el estudio histórico de la sociedad civil, como para la investigación sobre procesos de cambio político y democratización. Sin duda este trabajo se convertirá, en un futuro cercano, en lectura imprescindible para el estudio de la historia chilena contemporánea. Stefan Rinke, Freie Universität Berlin

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Capítulo I Introducción La forma de relaciones determinada por las fuerzas productivas existentes en todas las fases históricas previas y que, a su vez, las condiciona, es la sociedad civil […]. Ya aquí vemos cómo la sociedad civil es el verdadero centro y el escenario de toda la historia, y cuán absurdas son las concepciones de la historia sostenidas hasta el momento, que niegan las verdaderas relaciones y se confinan a las acciones de los príncipes y los Estados. Karl Marx, La Ideología Alemana, 1845-46

Sociedad civil en Chile El 11 de septiembre de 1973 significó el fin del corto siglo XX chileno y fijó el curso de entrada en el siglo XXI. La dictadura chilena marcó a fuego el destino del país e instauró un legado institucional que se extiende hasta nuestros días. Sea en el modelo de desarrollo económico, en la composición de las instituciones republicanas, en la formulación de las leyes fundamentales o en el ordenamiento burocrático del Estado, los historiadores del futuro necesariamente tendrán que buscar las raíces históricas de los últimos cuarenta años en el periodo que se inició aquél fatídico día. En lo que se refiere a las prácticas políticas de la posdictadura, sin embargo, no es posible remitirse únicamente al diseño institucional ni al ambiente represivo de la dictadura militar. El objetivo de este libro es mostrar cómo la sociedad civil renació, creció y floreció en dictadura –a pesar del autoritarismo imperante– y explicar su decadencia ya entrada la democracia. Las causas de la apatía y el apoliticismo que han caracterizado la posdictadura, más que buscarlas en una cultura política formada en el autoritarismo, es necesario entenderlas a partir de las decisiones que –por acción o inacción– fueron tomadas por las autoridades del gobierno democrático entrante y sus aliados cercanos. 23

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Estudiar la sociedad civil en dictadura permite observar los últimos estertores del siglo XX chileno y ver cómo los demócratas del siglo XXI firmaron su certificado de defunción. El corto siglo XX chileno puede ser circunscrito al corto paréntesis que representan las cinco décadas que transcurrieron entre la promulgación de la Constitución de 1925, que puso fin al parlamentarismo oligárquico que caracterizó el periodo anterior y sirvió de marco regulatorio para el comienzo de la industrialización fomentada por el Estado, y el golpe de Estado de 1973, que cerró el ciclo de expansión económica industrial y cimentó el diseño económico neoliberal en el marco de la Constitución de 1980. Fue un periodo de expansión demográfica y de creciente urbanización, en el cual la población se duplicó a casi nueve millones de habitantes en 1970, de los cuales menos de un cuarto para entonces vivían en el campo. También fue un periodo de expansión democrática, ligada al auge de los partidos de masas, donde cada vez más personas participaban del proceso político para malestar de quienes veían en la creciente participación de los pobres un proceso de deterioro moral y un distanciamiento del ethos republicano que caracterizó momentos más altivos –ya pasados– de la política nacional1. Finalmente, fue un periodo de expansión de los derechos sociales, reflejado en la extensión de la salud y la educación pública, y en el aumento de la cobertura de los sistemas previsionales. En última instancia, fue el periodo de tránsito –siguiendo a Julio Heise– de la democracia política a la democracia social2. 1 Mario Góngora, Ensayo histórico sobre la noción de Estado en Chile en los siglos XIX y XX (Santiago: Editorial Universitaria, 1986), 242. 2 Julio Heise, Evolución del pensamiento democrático en Chile (Santiago: Editorial Universitaria, 1975), 25. Esta idea es también desarrollada en extenso en Julio Heise, 150 Años de Evolución Institucional (Santiago: Editorial Andrés Bello, 1977), 127 ss. En el inicio de este proceso estuvo lo que Guillermo Feliú Cruz llamó “la revolución espiritual del año 1920” en la que “Alessandri, con visión de estadista, conjuró la crisis de una auténtica revolución social, encauzándola por vías del Derecho que se inspiró en la protección de los intereses de los débiles, de los expoliados, de los obreros, de los trabajadores y de la clase media, dándoles un código que garantizó su condición humana. Les abrió, además, la representación del poder en el porcentaje que les correspondía, por ser el mayor número”. Guillermo Feliú Cruz, Chile visto a través de Agustín Ross: Ensayo de interpretación (Santiago: Imp. Encuadernación «Pino», 1950), 155.

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Introducción

El golpe militar marcó la culminación de esta trayectoria, produciendo retrocesos tanto en la democracia política como en la democracia social. Este es el sentido de la ‘democracia autoritaria’ ideada por Pinochet para preservar la libertad económica del individuo3. Sin embargo, el régimen militar también intentó reestructurar las relaciones sociales y políticas del periodo comprendido entre 1925 y 1973, caracterizadas por la creciente movilización organizativa y electoral de los sectores populares. La expansión del sufragio hacia las secciones más pobres de la población generó incentivos para que los partidos políticos concentraran energías en capturar segmentos específicos del electorado4. Los partidos marxistas a partir de 1920, y la democracia cristiana a partir de 1960, crearon una importante base social entre obreros, campesinos y pobladores, sectores de la población que hasta entonces carecían de representatividad política propia, y por medio de la gestión estatal diseñaron políticas especialmente dirigidas a ellos. La ‘demagogia’ y el ‘clientelismo’ latente de estas prácticas deben contrastarse con la inclusión política generada durante el periodo y con la movilidad electoral que tuvieron estos sectores. El comienzo de la dictadura borró estas relaciones de un golpe, forzando la disolución de los partidos, cercenando así las relaciones que se habían generado con los sectores populares a escala nacional. El objetivo de este libro es mostrar cómo el vacío que dejaron los partidos fue llenado por la sociedad civil mediante el crecimiento de una infraestructura organizacional de alcance nacional, que permitió restablecer las relaciones entre organizaciones tanto a nivel nacional como a nivel local, alcanzando especialmente los sectores más pobres de la población. El concepto de sociedad civil tiene una vasta tradición en el pensamiento político occidental, pudiendo rastrearse sus orígenes hasta la koinonia politiké de Aristóteles y la societas civilis de Cícero. Enrique Cañas Kirby, Proceso político en Chile: 1973-1990 (Santiago: Ed. Andrés Bello, 1997), 83-84. 4 Julio Samuel Valenzuela, Democratización vía reforma: la expansión del sufragio en Chile (Buenos Aires: Ediciones del IDES, 1985), 36-37. 3

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Sociedad civil en dictadura

El pensamiento político europeo de los siglos XVI y XVII tomó su inspiración en la distinción clásica entre esfera pública y privada y, contrario a nociones actuales del concepto, entendió la sociedad civil como sinónimo de ‘commonwealth’, ‘sociedad política’ o, incluso, de ‘Estado’.5 El concepto de sociedad civil adquirió un tono propiamente moderno hacia mediados del siglo XVIII cuando, a través de Locke y los pensadores de la Ilustración escocesa, una tercera esfera comenzó a cobrar forma entre el estado de naturaleza y el Estado político: la esfera de las relaciones económicas. En esta nueva lectura desde la economía política, la sociedad civil fue entendida como la antítesis de la sociedad primitiva, en la cual la sociedad civil era la manifestación de los resultados espirituales relacionados con niveles de desarrollo material, y no políticos, como fue dominante en la concepción clásica. Esta transformación del concepto de sociedad civil fue una respuesta al despotismo y un resultado de la creciente influencia del capitalismo. Como tal, la moderna sociedad civil solo podía nacer junto con la burguesía, lo cual es precisamente lo que captura la noción alemana de bürgerliche Gesellschaft. Hegel tuvo la visión de reinterpretar críticamente el concepto de sociedad civil para describir esta realidad histórica radicalmente nueva, entendiéndola como la esfera de las relaciones económicas que mediaban entre el Estado y la familia. La lectura de Hegel influenció las interpretaciones de Marx y, más tarde, de Gramsci, quienes entendieron el concepto de sociedad civil como la expresión política de las relaciones económicas6. Después de que Gramsci utilizara el concepto en la década de 1930 para describir los fundamentos institucionales de la hegemonía, la sociedad civil desapareció del discurso político. A partir de entonces, para dar cuenta de la sincronía entre la democracia plebiscitaria (‘de masas’) y el totalitarismo, la teoría política introdujo la idea de la sociedad de masas.

Reinhart Koselleck, Begriffsgeschichten (Frankfurt am Main: Suhrkamp, 2010), 90, 388-390. Norberto Bobbio, «Gramsci and the Concept of Civil Society», en Civil Society and the State, ed. John Keane (London: Verso, 1988), 73-99.

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Introducción

Cuando el concepto de sociedad civil resurgió durante los procesos de democratización de la década de 19807, muchos de sus supuestos fueron extraídos de la teoría de la sociedad de masas y no de la antigua tradición de la bürgerliche Gesellschaft. Siguiendo la lectura conservadora de Tocqueville8, la teoría de la sociedad de masas presentaba los sistemas democráticos como sistemas políticos que suprimían las diferencias dadas por la estructura social, configurando así sociedades ‘amorfas’, ‘desclasadas’ o ‘desestructuradas’. Las sociedades en estas condiciones –asumían– eran más susceptibles a la influencia totalitaria9. La teoría contemporánea de la sociedad civil se apropió del argumento de la teoría de la sociedad de masas en un nuevo sentido: la participación en asociaciones intermedias no solo reduce la susceptibilidad de influencia autoritaria, sino que sirve para fortalecer la democracia. A modo de ilustración, Cohen y Arato han dicho que precisamente “porque la moderna sociedad civil está basada en principios igualitarios e inclusión universal, la experiencia en articular la voluntad política y la toma de decisiones

Jürgen Kocka, «The difficult rise of civil society: societal history of modern Germany», en German History since 1800, ed. Mary Fulbrook (London: Arnold, 1997); Jürgen Kocka, «Civil Society in Historical Perspective», en Civil Society. Berlin Perspectives, ed. John Keane (New York: Berghahn Books, 2006), 37-50; Jürgen Kocka, Civil society and dictatorship in modern German history (Hanover and London: University Press of New England, 2010). 8 Tocqueville observa que la Revolución francesa produjo la caída de la monarquía y de sus instituciones intermedias, pero no eliminó la centralización estatal. Así, el sistema político francés, por medio de provisiones democráticas, socavaba el poder de las élites locales y potencialmente concentraba el control político en una persona o un grupo reducido de personas. Ver Reinhard Bendix, Nation-building and Citizenship (New York: Anchor Books, 1984), 57; Alexis De Tocqueville, The Ancien Regime and the French Revolution (Cambridge: Cambridge University Press, 2011), 59 ss. De modo que para Tocqueville, la democracia era en último término uno de los posibles caminos hacia la tiranía: “No hay países en los cuales las asociaciones son más necesarias para prevenir el despotismo de una facción o el poder arbitrario de un príncipe que aquellos que están constituidos democráticamente. En las naciones aristocráticas el cuerpo de la nobleza y los acaudalados son en sí mismas asociaciones naturales que sirven como contrapeso a los abusos de poder. En países donde tales asociaciones no existen, si los individuos privados no pueden crear un sustituto artificial y provisional para ellas no puedo ver una protección permanente en contra de la más terrible tiranía; y muchas personas pueden ser oprimidas con impunidad por una pequeña facción o un solo individuo”. Alexis de Tocqueville, Democracy in America (Bantam Classics, 2000) libro I, cap. 12. 9 William Kornhauser, The Politics of Mass Society (Glencoe, Ill.: The Free Press, 1959), 39. 7

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colectivas es crucial para la reproducción de la democracia”10. De un modo similar, Putnam, siguiendo la caracterización de Tocqueville de la sociedad estadounidense del siglo XIX, ha argumentado que la sociedad civil “está marcada por una ciudadanía activa y orientada a lo público, por relaciones políticas igualitarias, por un tejido social basado en la confianza y en la cooperación”11. En pocas palabras, desde 1990, al introducir las ideas de igualdad y ciudadanía política en su definición, la sociedad civil ha sido crecientemente equiparada con la democracia12. Sin embargo, en su acercamiento a la política democrática, el concepto de sociedad civil perdió en capacidad crítica. Ellen M. Wood distinguió dos impulsos contradictorios anejos a este nuevo interés: Por un lado –nos dice– los defensores de la sociedad civil están fortaleciendo nuestra defensa de las instituciones y las relaciones no-estatales en contra del poder del Estado; por otro lado, están debilitando nuestra resistencia a las coerciones del capitalismo13.

El comentario de Wood indica que mientras la distinción liberal entre sociedad civil y Estado se convirtió en un componente central de nuestra actual comprensión de la sociedad civil, se abandonó al mismo tiempo su relación con la economía política. En este libro propongo un concepto analítico de sociedad civil que, para recapturar su contenido crítico, deshace la equiparación

Jean Cohen y Andrew Arato, Civil Society and Political Theory (Cambridge: MIT Press, 1994), 19. Robert D. Putnam, Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy (Princeton: Princeton University Press, 1994), 15. 12 Ver, por ejemplo: Leonardo Avritzer, Democracy and the Public Space in Latin America (New Jersey: Princeton University Press, 2002); Evelina Dagnino et al., Sociedad civil, esfera pública y democratización en América Latina: Brasil (México D.F.: Fondo de Cultura Económica, 2002); John Keane, «Cities and Civil Society», en Civil Society. Berlin Perspectives, ed. John Keane (New York: Berghahn Books, 2006); Philip Oxhorn, Organizing civil society: the popular sectors and the struggle for democracy in Chile (University Park, Pa.: Pennsylvania State University Press, 1995). 13 Ellen Meiksins Wood, «The Uses and Abuses of “Civil Society”», Socialist Register 26 (1990): 63. 10

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entre sociedad civil y democracia y reintroduce contenidos de economía política. Siguiendo a Stein Rokkan, defino la sociedad civil simplemente como una fuente de inputs para el sistema político basada en la agregación colectiva de presión política. En su clásico Citizens, Elections, Parties, Rokkan subrayó la distinción entre dos formas de “participación en los asuntos públicos” que se han vuelto difusas en la teoría de la sociedad civil: las elecciones y la agregación colectiva de presión política14. Según Rokkan, aunque ambas formas de participación proporcionan inputs para los procesos de tomas de decisiones colectivas de una comunidad territorial, la participación electoral es claramente distinta de otros tipos de inputs por su capacidad para garantizar acceso universal, igualdad de influencia y anonimato. La participación electoral, por medio del sufragio universal anónimo y secreto, formaliza y estandariza el input político de una forma que no puede ser logrado por otros mecanismos políticos, permitiendo que el participante del acto sea desvinculado de la posición del individuo dentro de la estructura social: Esencialmente nos encontramos con un proceso de innovación institucional conducente a la imposición de obligaciones igualitarias formales y la concesión de derechos igualitarios formales a todos los adultos responsables independiente de las diferencias establecidas a través de sus roles en los sistemas de parentesco, en la comunidad local, o en otros órganos corporativos15.

En contraste, la sociedad civil no ha sobrellevado ningún proceso comparable que pueda garantizar la igualdad del input, ni nada cercano a la inclusión universal y la igualdad en la influencia sobre el sistema político. El único proceso semejante que ha ocurrido en la sociedad civil ha sido un proceso de estandarización de los repertorios por medio de los cuales las demandas son canalizadas 14 15

Stein Rokkan, Citizens, elections, parties (Oslo: Scandinavian University Books, 1970), 18. Ibíd., 27.

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hacia el proceso de toma de decisiones colectivas. A medida que la política electoral avanzó a lo largo del siglo XIX, la organización de los sectores excluidos por su derecho a la participación, o la movilización de los sectores populares durante los periodos electorales, pavimentó el camino para la proliferación de una plural red de asociaciones y organizaciones orientadas hacia lo público16. La formación de asociaciones, sindicatos y otras agrupaciones, y la presión que ejercieron sobre el sistema político, produjeron el repertorio de protesta que aún hoy caracteriza la política popular: actos, marchas, peticiones, y la coordinación nacional de organizaciones. Charles Tilly ha argumentado que estas transformaciones en las formas colectivas de ejercer presión pública crearon el repertorio moderno de protesta al hacerse nacionales, en relación con los intereses y temas planteados; modulares, en el sentido de que las formas de acción son independientes de la localidad, los actores y los temas; y autónomas, al bifurcar a quienes detentan el poder local y establecer comunicaciones directas entre quienes protestan y los centros de tomas de decisiones17. La estandarización de los repertorios de protesta, sin embargo, no produjo garantías comparables con aquellas del voto secreto. A diferencia de la ‘unidad ciudadano’ abstracta, formal y anónima que se constituye en la relación establecida entre el individuo y el Estado a través de la participación electoral18, el individuo participa en la sociedad civil trayendo consigo su educación, lugar de nacimiento, género, posición familiar, propiedad, identificación étnica, posición social y relaciones sociales. Así, el participante en la sociedad civil no es el ciudadano abstracto, sino el individuo Charles Tilly, «Parliamentarization of Popular Contention in Great Britain, 1758-1834», en Roads from Past to Future, de C. Tilly (Lanham, Md.: Rowman & Littlefield Publishers, 1997), 240-41. 17 Charles Tilly, «Contentious repertoires in Great Britain, 1758-1834», en Repertoires and Cycles of Collective Action, ed. M. Traugott (Durham: Duke University Press, 1995), 15-42; Popular contention in Great Britain, 1758-1834 (Cambridge: Harvard University Press, 2005). 18 Stein Rokkan, «Mass suffrage, secret voting and political participation», European Journal of Sociology 2, Nº 1 (1961): 132-152. 16

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concreto con todos sus atributos biográficos. Esta propiedad de la sociedad civil es revelada en, y hace posible, la manifestación de la ‘política de la identidad’ en los sistemas políticos contemporáneos19. Los atributos que vienen aparejados a estos roles también reflejan la influencia que se puede ejercer sobre el sistema. Aunque las asociaciones, organizaciones y colectivos generan importantes procesos de socialización y sirven para construir la solidaridad de grupo y fortalecer la cohesión interna, esto es muy diferente a afirmar que es el lugar donde se establecen relaciones igualitarias u horizontales. Las organizaciones de los pobres urbanos o rurales, por ejemplo, muchas veces dependen fuertemente del apoyo de organizaciones mayores o internacionales para obtener financiamiento, apoyo técnico o algún grado de atención de quienes toman las decisiones políticas. En contraste, los colegios de abogados o de médicos pueden, en y por sí mismos, ejercer una fuerte influencia sobre el sistema político. Por ello, a diferencia de la garantía de ‘un hombre, un voto, un valor’ del sistema electoral, el input político a través de la sociedad civil está ponderado por la posición de una organización dentro de la estructura social, estableciendo de este modo asimetrías en el significado del input para el sistema político. En este sentido, a pesar de ser el lugar de la solidaridad social (o de clase), la sociedad civil no es el lugar de la democracia. Esta distinción es importante, pues sirve para desvincular la sociedad civil de su contenido normativo, en particular en su equiparación con la política democrática y la ciudadanía política. Como una fuente de inputs políticos, la sociedad civil debiera distinguirse del input democrático por excelencia: el voto secreto. Esta distinción también es crucial para entender la particular visibilidad que la sociedad civil adquiere en contextos autoritarios. Caracterizada por la suspensión del mecanismo abstracto de la representación por sufragio, los inputs políticos bajo regímenes autoritarios se li19

Craig J. Calhoun, Social Theory and the Politics of Identity (Wiley-Blackwell, 1994).

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mitan a la capacidad que tiene la sociedad de movilizar diferentes instituciones, y sus estructuras de poder, para interpelar al sistema político20. La reintroducción de la economía política en la definición también es importante dado que el poder relativo de la sociedad civil respecto al Estado determina la influencia que puede ejercer sobre el sistema político. Esto significa que a través del establecimiento de organizaciones que permiten la formación y consolidación de identidades colectivas, del fortalecimiento de la capacidad organizacional y del establecimiento de alianzas, la sociedad civil es capaz de aumentar la presión que ejerce sobre el sistema político, mejorando así su capacidad de introducir comunicaciones en la agenda pública. Un supuesto gramsciano subyace a esta idea en la medida en que se presupone que aquello que las sociedades reconocen como problemas, y aquello que diferentes grupos están dispuestos a transformar en conflicto, son más el resultado de procesos de socialización ideológica que de condiciones objetivas. Sin embargo, la extensión de los procesos de socialización ideológica está basada en la agencia de grupos e instituciones específicas que requieren de diferentes tipos de recursos concretos. En otras palabras, la ausencia de debate político no es porque los problemas no existen, sino más bien porque los grupos capaces de situar esos temas en la agenda política o no existen o carecen del poder suficiente para hacerlo. El argumento central de este libro es que tanto el crecimiento de la sociedad civil en dictadura como su declive una vez comenzada la transición a la democracia, son parte de un mismo proceso relacionado con alteraciones en las relaciones internacionales. El establecimiento de relaciones transnacionales, y los flujos de recursos En esto concuerdo con Thomas H. Marshall, quien a diferencia de los teóricos de la sociedad civil, no asocia la resistencia contra el autoritarismo con la ciudadanía política, sino con el ejercicio de derechos civiles. El argumento de Marshall es que estos derechos se refieren al individuo no como miembro de instituciones (derechos políticos) ni como consumidor (derechos sociales), sino que en tanto actor que ejerce su libertad de pensamiento, de expresión, de religión, y de asamblea y asociación. Thomas H. Marshall, «Reflections on Power», en The Right to Welfare, de T.H. Marshall (London: Heineman Educational Books, 1981), 141. 20

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así iniciados, fueron la precondición determinante para el desarrollo de la sociedad civil en dictadura. Los canales de financiamiento internacional, que comenzaron a través de organizaciones de derechos humanos ligadas a las Iglesias, tuvieron dos importantes características. Por una parte, se basaron en una afinidad ideológica entre las organizaciones donantes internacionales y sus aliados locales, la cual puede ser ampliamente caracterizada como una visión cristiana socialmente progresiva. Por otra parte, el financiamiento sostenido en el curso de los diecisiete años de dictadura fue posible por la alteración de las relaciones internacionales entre los países nórdicos y el gobierno de Chile. En consecuencia, estos países –con Suecia y Holanda como los mayores donantes– comenzaron a dirigir ayuda internacional directamente hacia las organizaciones chilenas. El temprano establecimiento de este patrón de cooperación transnacional fue decisivo dado que cantidades masivas de recursos internacionales para la reorganización política y social fueron dirigidas hacia la sociedad civil chilena, evitando por completo el control del gobierno chileno. Las relaciones transnacionales establecidas en los primeros meses de la dictadura tuvieron un efecto decisivo en el subsiguiente desarrollo organizacional en Chile. Como veremos, durante la dictadura se multiplicaron las organizaciones autónomas en dos niveles. Por un lado, a escala nacional, con la formación de ONGs que tenían amplios presupuestos obtenidos a través de la cooperación internacional; plantas profesionales; y programas que tenían un efecto regional o nacional. Por otro lado, el crecimiento organizacional ocurrió a escala local en las poblaciones a lo largo del país a través de la multiplicación de organizaciones de base caracterizadas por sus modestos presupuestos obtenidos de las ONGs, por su membresía voluntaria y por su trabajo orientado a satisfacer las necesidades de las comunidades locales. La cooperación entre ambos niveles configuró una red organizacional que abarcó el territorio nacional e institucionalizó relaciones sociales que atravesaban las divisiones de clase. 33

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El desarrollo ocurrido a nivel organizacional fue acompañado por la creación de medios independientes que facilitaron el acercamiento de sectores tanto territorial como ideológicamente distantes en torno a demandas amplias para el restablecimiento de la democracia. Contrario al supuesto, ampliamente arraigado, de que la política en escenarios autoritarios ocurre de modo clandestino o fuera de la vista pública, este libro argumenta que la sociedad civil chilena fue crecientemente capaz de entablar diálogos públicos políticos. Esto fue el resultado de la red organizacional, que estimuló la actividad de protesta, y la consolidación de un sistema comunicacional independiente que le dio publicidad a las protestas. Así, medios, organizaciones y protestas fueron los catalizadores cruciales para iniciar el debate político público en el Chile dictatorial y ayudó a mover el discurso público hacia contenidos democráticos. El punto culminante de este movimiento fueron las protestas del 11 de mayo y del 14 de junio de 1983, las cuales hicieron visible el malestar colectivo y situaron la democracia como el objetivo transversal de la sociedad civil. Así, en el mediano plazo, el resultado del apoyo internacional a la sociedad civil fue el surgimiento de una vasta red organizacional que vinculó a las clases medias, trabajando en ONGs, centros de investigación y organizaciones de derechos humanos, con las clases bajas, coordinadas en organizaciones de base y en sindicatos manufactureros y campesinos. Esta infraestructura organizacional y los intercambios institucionalizados entre diferentes segmentos de la población, incrementaron el poder de la sociedad civil en relación con el Estado dictatorial hasta el punto que la protesta pública política surgió hacia 1978 y adquirió intensidad hacia 1983. En cierta medida, las transformaciones en las estructuras de poder transnacionales generaron las condiciones necesarias para transformaciones en las estructuras domésticas de poder a través de un fortalecimiento de la infraestructura de la sociedad civil en general, que resultó del lento y sostenido trabajo de miles de activistas chilenos, y en un empoderamiento de las clases bajas en particular. La sociedad civil en dictadura, así, capturó el rol de organización y de 34

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integración social y política que habían ejercido los partidos políticos del centro hacia la izquierda hasta 1973. Ahora, si bien la sociedad civil continuó el proceso de organización política de un modo semejante a como se había hecho especialmente a partir de 1960, los partidos políticos experimentaron profundas transformaciones en el periodo dictatorial que, abdicando su afán de trabajar en la reorganización social, desembocaron en un desacoplamiento de sus bases sociales21. El periodo que comenzó tras las protestas nacionales de 1983 puede ser adecuadamente descrito como un punto muerto político en el que, a medida que la transición se estancaba, los partidos políticos de la oposición maniobraban para configurar las alianzas que pudieran darle gobernabilidad a un eventual régimen democrático. La clave de estas escaramuzas partidistas fue que se centraron en las elites políticas y en su capacidad de cortejar el favor de las elites gobernantes internacionales22. Los partidos populares nacidos en el fervor progresista de las décadas de 1930 a 1970 terminaron por desconocer las bases sociales que alguna vez buscaron interpelar y, a la usanza de la social democracia mundial, abrazaron el Consenso de Washington como el contenido de su renovado ethos republicano. Este desenlace está asociado al hecho de que la transición chilena a la democracia ocurrió dentro de un proceso global conocido como la ‘tercera ola de democratización’, que incluyó a los países de Europa Oriental, España, Portugal, África del Sur y la mayor parte de América Latina23. Durante esta ola el número de democracias en 21 Paul W. Posner, «Popular representation and political dissatisfaction in Chile’s new democracy», Journal of Interamerican Studies and World Affairs 41, Nº 1 (1999): 59-85; Paul W. Posner, State, market, and democracy in Chile: The constraint of popular participation (New York: Palgrave Macmillan, 2008), cap. 4 y 5; Kenneth M. Roberts, Deepening democracy? The Modern Left and Social Movements in Chile and Peru (Stanford: Stanford University Press, 1998), cap. 3. 22 Hay ciertos paralelos entre este proceso y cómo el Estado chileno se construyó a base de los intereses mercantiles a comienzos del siglo XIX, ver Gabriel Salazar Vergara, Construcción de Estado en Chile (1760-1860): Democracia de «los pueblos», militarismo ciudadano, golpismo oligárquico (Santiago: Ed. Sudamericana, 2005). 23 Samuel P. Huntington, The Third Wave: Democratization in the late Twentieth Century (Norman: University of Oklahoma Press, 1991), 15.

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el mundo pasó de 39 a 117 entre 1974 y 199624, y el impacto en Latinoamérica fue que hacia 1991 una “región que a lo largo de su historia fue preponderantemente autoritaria se volvió democrática y semidemocrática”25. Una característica común a todas las transiciones de la tercera ola, con la excepción de Portugal y Filipinas, es que fueron llevadas a cabo por los sectores moderados de la oposición y resultaron de ‘pactos’ elitistas entre los grupos que competían por el poder26, con la consecuencia de que prácticamente ninguna de las transiciones democráticas de este periodo combinó “redistribución significativa de recursos políticos y económicos”27. Las democracias de la tercera ola se han caracterizado así por la moderación de las demandas de la oposición antes del cambio de régimen, por el mantenimiento del statu quo económico y por la participación política de sectores ligados al régimen autoritario anterior en el nuevo contexto democrático. Si bien los pactos fundacionales se han considerado un componente esencial para la estabilidad y consolidación democrática28, la democracia formal no ha sido completamente alcanzada en una región como América Latina que carece de mecanismos formales de accountability estatal, mantiene una desigual distribución de derechos políticos entre la población, y evidencia la persistencia

Larry Diamond, «Is the Third Wave Over?», Journal of Democracy 7, Nº 3 (1996): 26. Estas cifras corresponden a aquellos países que al menos cumplen con los requisitos de una democracia electoral, lo cual para los defensores de la democracia substantiva puede parecer un estándar bastante bajo. Sin embargo, las cifras, al menos, reflejan una tendencia. Algunos han postulado que la “Primavera Árabe” es la cuarta oleada de democracia. 25 Scott Mainwaring y Aníbal Pérez-Liñán, «Latin American Democratization since 1978: Democratic Transitions, Breakdowns, and Erosions», en The Third Wave of Democratization in Latin America. Advances and Setbacks, ed. Scott Mainwaring y Frances Hagopian (Cambridge: Cambridge University Press, 2005), 19. 26 Guillermo O’Donnell y Philippe C. Schmitter, Transitions from Authoritarian Rule. Tentative Conclusions about Uncertain Democracies (Baltimore, Md: The John Hopkins University Press, 1986), 67-70. 27 Nancy Bermeo, «Review: Rethinking Regime Change», Comparative Politics 22, Nº 3 (1990): 365. 28 Terry Lynn Karl, «Dilemmas of Democratization in Latin America», Comparative Politics 23, Nº 1 (1990): 10. 24

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de prácticas clientelistas29. Esto ha resultado en fuertes trabas para profundizar la democracia en la región dados los escasos incentivos para la participación cívica y en escasos avances en reformas en el sentido de promover mayor justicia social30. En la medida en que la democracia formal no implica una distribución igualitaria ni del poder político ni del poder económico31, y dado que los partidos gobernantes se estructuraron en torno a agendas políticas internacionales y sostuvieron la distribución inequitativa del poder económico, la transición a la democracia en Chile no solo significó una restauración de los procedimientos representativos y democráticos de administración y reproducción del poder estatal, sino que vino acompañado de una configuración del poder social y político que mermó severamente la actividad de la sociedad civil. En la medida en que el marco institucional y económico de la dictadura impuso severas restricciones para la organización de los sindicatos, de las asociaciones profesionales y de las organizaciones cívicas en general, y promovió la desindustrialización y redujo la capacidad redistributiva del Estado, contribuyendo así tanto a una concentración de la riqueza como a una ampliación de la desigualdad económica, la entrada sostenida de recursos internacionales sirvió para efectivamente contrarrestar las restricciones legales y económicas. Así, el fortalecimiento de la sociedad civil en dictadura ocurrió a pesar de las transformaciones institucionales y macroeconómicas diseñadas por el régimen militar. Sin embargo, como los resultados de la reestructuración económica e institucional perduraron a pesar de la redemocratización del país, la dependencia internacional de la sociedad civil chilena tuvo consecuenGuillermo O’Donnell, «Delegative Democracy?», Journal of Democracy 5 (1994): 55-69. Evelyne Huber, Dietrich Rueschemeyer, y John D. Stephens, «The Paradoxes of Contemporary Democracy: Formal, Participatory, and Social Dimensions», Comparative Politics 29, Nº 3 (1997): 338. 31 Daron Acemoglu y James A. Robinson, «Persistence of Power, Elites and Institutions», National Bureau of Economic Research Working Paper Series No. 12108 (2006); Daron Acemoglu y James A. Robinson, «De Facto Political Power and Institutional Persistence», The American Economic Review 96, Nº 2 (2006): 325-330. 29 30

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cias importantes una vez comenzada la transición a la democracia. Con el cambio de régimen, los gobiernos occidentales resumieron las relaciones bilaterales con el gobierno chileno, alterando así las alianzas internacionales de la sociedad civil. Estos cambios en las relaciones transnacionales tuvieron un efecto profundo sobre las relaciones sociales establecidas a través de las divisiones de clase. A medida que el financiamiento se hizo escaso para las organizaciones más grandes, las cuales habían apoyado sostenidamente la formación de organizaciones a lo largo de Chile y en las poblaciones periféricas, la red institucional que había sostenido las coaliciones entre clases sociales se debilitó: en parte porque muchos activistas se trasladaron desde la sociedad civil hacia el gobierno, y fundamentalmente porque los problemas financieros de las instituciones de apoyo condujo a la suspensión de los programas que se concentraban en la promoción organizacional y al cierre de los departamentos que sostenían las relaciones con las organizaciones de base. Esta desconexión generalizada de las bases generó un problema importante, ya que las instituciones de apoyo no solo prestaban apoyo técnico y material, sino que fundamentalmente conectaban a los sectores populares a través de diversos canales con organizaciones con acceso a los medios, a los centros de toma de decisiones y actores internacionales. A medida que la sociedad civil languideció, los partidos políticos no volvieron a llenar ese vacío y, por lo mismo, no se restablecieron las dinámicas de socialización política que caracterizaron al periodo anterior al golpe de Estado. De este modo, a partir de 1990 los barrios más pobres del país fueron aislados crecientemente del proceso político. Si la sociedad chilena de la posdictadura entró en un periodo de sopor político no fue a causa de la dictadura, sino que fue por la decisión de la centro-izquierda de gobernar sin bases sociales y de acuerdo con las exigencias de los mercados internacionales. Los siguientes capítulos ahondan en las líneas argumentales planteadas aquí. El Capítulo II muestra el establecimiento de las relaciones transnacionales y los inicios de los flujos de recursos in38

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ternacionales hacia la sociedad civil chilena. El Capítulo III aborda la reconstrucción de la infraestructura organizacional de la sociedad civil con énfasis en las relaciones establecidas entre clases medias y bajas. El Capítulo IV relata los comienzos y la expansión de las comunicaciones políticas públicas en el Chile dictatorial hasta las primeras jornadas de protesta nacional. El Capítulo V analiza el complejo periodo entre los años 1983 y 1988, concentrándose particularmente en las relaciones entre partidos políticos y sociedad civil. Finalmente, el Capítulo VI presenta las principales consecuencias sobre la sociedad civil chilena de la transición a la democracia.

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Primera parte CHILE 1973-1983

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Capítulo II Relaciones transnacionales en la dictadura chilena Es como ese viejo dicho: mientras todos ven cómo se caen los muros, nadie ve cómo crece el trigo en los campos. Vecina de la población La Victoria, 1984 La historia de opresión militar en un país con una larga tradición democrática es una tragedia profunda. Pero también está la historia de resistencia y ayuda, la demanda por justicia, la fuerza de la solidaridad y el compromiso de respetar la dignidad y el valor de la persona humana. Esa es la historia de fe, esperanza y amor que inspiró al Comité de la Paz y la Vicaría de la Solidaridad […]. Este trabajo de solidaridad es la señal de luz en los días más oscuros de la historia de Chile y una fuente de inspiración para muchas personas, quienes en sus hogares y en el extranjero están luchando con coraje y perseverancia en contra de las fuerzas de la represión, la persecución y la discriminación. Theo van Boven, 1 de mayo 1989

En un contexto político marcado por la instrumentalización del miedo y por las tendencias hacia la desintegración social32, las organizaciones de derechos humanos que surgieron en Chile poco después del golpe cumplieron la función de proporcionar un contrapeso moral a la dictadura33, y se convirtieron en catalizadoras de la subsiguiente aparición de una serie de organizaciones de orientación democrática. En un contexto macropolítico caracterizado por la arbitrariedad y la incertidumbre, la emergencia de instituciones con fuertes contenidos normativos y poder moral fue una innovación importante en el contexto dictatorial. Juan E. Corradi, Patricia Weiss Fagen y Manuel A. Garretón, Fear at the Edge. State Terror and Resistance in Latin America (Berkeley: University of California Press, 1992), 5. 33 Pamela Lowden, Moral Opposition to Authoritarian Rule in Chile, 1973-90 (London: Macmillan Press, 1996). 32

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Mientras la literatura se ha concentrado en las acciones de las organizaciones de derechos humanos, los pasos concretos que llevaron a su formación han sido escasamente abordados. En la mayoría de los casos, la aparición de las organizaciones de derechos humanos en el contexto dictatorial ha sido considerada un resultado esperable de un ambiente crecientemente represivo34. Asimismo, las relaciones transnacionales que surgieron entre las organizaciones chilenas y sus aliados internacionales han sido vistas como el fruto de decisiones estratégicas35. Sin embargo, como este capítulo mostrará, más que una consecuencia predecible de una situación dictatorial o un resultado de decisiones deliberadas, las organizaciones de derechos humanos en Chile fueron una innovación institucional contingente que resultó de interacciones transnacionales entre activistas locales y aliados internacionales. En este sentido, este capítulo argumenta que una de las más importantes consecuencias no intencionadas del golpe militar fue el establecimiento de organizaciones que se formaron como resultado de relaciones transnacionales36.

Patricio Orellana y Elizabeth Quay Hutchison, El movimiento de derechos humanos en Chile, 1973-1990 (Santiago: Centro de Estudios Políticos Latinoamericanos Simón Bolívar CEPLA, 1991); Thomas C. Wright, State terrorism in Latin America (Lanham, Md.: Rowman & Littlefield Publishers, 2007), 55. 35 Ver, por ejemplo: Stephen C. Ropp y Kathryn Sikkink, «International Norms and Domestic Politics in Chile and Guatemala», en The Power of Human Rights, ed. Thomas Risse, Stephen C. Ropp, y Kathryn Sikkink (Cambridge: Cambridge University Press, 2008), 176. Margaret E. Keck y Kathryn Sikkink, Activists beyond Borders. Advocacy Networks in International Politics (Ithaca and London: Cornell University Press, 1998); Thomas Risse y Kathryn Sikkink, «The socialization of international human rights norms into domestic practices: introduction», en The Power of Human Rights, ed. Thomas Risse, Stephen C. Ropp, y Kathryn Sikkink (Cambridge: Cambridge University Press, 2008), 18. 36 Desde comienzos de la década de 1990, la historia transnacional ha adquirido un papel de importancia en la historia mundial debido a su aguda crítica al eurocentrismo y a la excesiva concentración en el Estado-nación como unidad analítica. Para una lectura crítica ver Hans-Ulrich Wehler, «Transnationale Geschichte-der neue Königsweg historischer Forschung?», en Transnationale Geschichte. Themen, Tendenzen und Theorien, ed. Gunilla Budde, Sebastian Conrad, y Oliver Janz (Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2006), 161-174. La idea de ‘transnacional’ ha sido adoptada por los historiadores como una herramienta analítica o heurística, la cual sin embargo ha carecido de una teoría o metodología propia. Algunos historiadores, como Conrad y Osterhammel, han adoptado una definición más am34

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Chile 1973-1983

La creación de las organizaciones que sustentaron la aparición de un discurso de derechos humanos en el Chile dictatorial debe ser entendida como una coyuntura crítica. Las coyunturas críticas se caracterizan por dos cosas. Por un lado, son momentos altamente contingentes, donde existen pocas restricciones sobre las decisiones posibles, “en las cuales eventos imprevistos pueden tener un impacto importante”37, y sus “consecuencias son resultados no previsibles de acción intencionada”38. Por otra parte, las coyunturas críticas inician una trayectoria en la cual las decisiones iniciales tienen un peso importante en los eventos subsiguientes39. Así, entender la formación de las organizaciones de derechos humanos en dictadura como una coyuntura crítica destaca tanto la contingencia de su aparición como la repercusión de largo plazo que tuvieron en el contexto dictatorial.

plia de ‘transnacional’ que incluye prácticamente la totalidad de las interacciones que ocurren a través de las fronteras nacionales. Ver Sebastian Conrad y Jürgen Osterhammel, eds., «Einleitung», en Das Kaiserreich transnational: Deutschland in der Welt 1871-1914 (Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2004), 14. Otros autores han tomado una definición más acotada por medio de la cual la idea de relaciones transnacionales se utiliza para distinguir relaciones transfronterizas informales de las relaciones diplomáticas formales entre Estados. En este sentido, siguiendo a Rinke, entenderé relaciones transnacionales como aquellas actividades de grupos o actores “que independientemente de su gobierno, sostienen relaciones semi o completamente autónomas con grupos o gobiernos extranjeros”. Stefan Rinke, «Der letzte freie Kontinent»: Deutsche Lateinamerikapolitik im Zeichen transnationaler Beziehungen, 1918-1933, vol. 1 (Stuttgart: Verlag Hans-Dieter Heinz, 1996), 35. 37 James Mahoney, «Path-Dependent Explanations of Regime Change: Central America in Comparative Perspective», Studies in Comparative International Development 36, Nº 1 (2001): 113. 38 Jörg Sydow, Georg Schreyögg, y Jochen Koch, «Organizational Path Dependence: Opening the Black Box», Academy of Management Review 34, Nº 4 (2009): 693. 39 Mahoney, «Path-Dependent Explanations of Regime Change», 113; Georg Schreyögg y Jörg Sydow, «Organizational Path Dependence: A process review», Organization Studies 32, Nº 3 (2011): 323.

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El comienzo de la intervención internacional en Chile: exiliados y refugiados latinoamericanos Debido a su prolongada estabilidad institucional y económica, Chile había sido un lugar de refugio para exiliados latinoamericanos desde el siglo XIX. Durante las fases de construcción de Estados-nación en ese siglo, las disputas entre élites frecuentemente terminaban con los miembros de las facciones perdedoras buscando refugio en los países vecinos. Chile recibió varias oleadas de exiliados argentinos, peruanos y bolivianos durante las décadas de 1830 y 1840, junto a intelectuales prominentes de otros países de la región40. Entre 1964 y 1973, a medida que proliferaban las dictaduras en la región, Chile nuevamente comenzó a recibir exiliados latinoamericanos. Las coaliciones de Gobierno y la presencia de prestigiosas instituciones internacionales, como la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), UNESCO y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), cuyas sedes se encontraban en Santiago, crearon un ambiente propicio para la llegada de prominentes políticos e intelectuales de izquierda. Los exiliados brasileños –ministros del depuesto Gobierno de Joao Goulart e intelectuales–, jugaron un papel importante en la política Chilena como asesores del gobierno de Allende y como facultativos en universidades y en centros de investigación internacionales. Celso Furtado, Fernando Henrique Cardoso, Darcy Ribeiro y Paulo Freire fueron algunas de las personalidades entre los casi 4.000 brasileños que llegaron a Chile huyendo de la dictadura militar brasileña41. Después del golpe de Estado en Uruguay –otro destino predilecto del exilio latinoamericano– el 27 de junio de 1973, nuevos expatriados comenzaron a llegar masivamente a Chile. Se ha estimado

Mario Sznajder y Luis Roniger, The politics of exile in Latin America (Cambridge: Cambridge University Press, 2009), 94-100. 41 Ibíd., 103-104. 40

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que aproximadamente 25.000 personas buscaron refugio en Chile entre 1964-197342. Aunque muchos de los exiliados que encontraron refugio en Chile pertenecían a las clases medias y altas de sus respectivos países, y por ende podían vivir de remesas enviadas por sus familias o encontraron puestos profesionales bien remunerados, la mayoría eran trabajadores y se vieron enfrentados a grandes dificultades de adaptación a su país anfitrión43. Con esta situación en mente, el presidente Allende consultó con diversas autoridades eclesiásticas sobre la posibilidad de proveer asistencia a los exiliados y ayudarlos en su proceso de adaptación a la vida en Chile. Acogiendo este llamado, el líder de la Iglesia Evangélica Luterana de Chile (IELCH), el Obispo Helmut Frenz, fundó la Diaconía en 1970. Esta fue una institución dedicada a la asistencia social y al desarrollo, concentrándose especialmente en apoyar el arribo de los exiliados latinoamericanos44. El trabajo de la Diaconía fue financiado con fondos proporcionados por el Servicio Mundial de Iglesias del Consejo Nacional de Iglesias de los Estados Unidos y de la Federación Luterana Mundial45. Hasta el 27 de abril de 1972, fecha en que el gobierno de Chile suscribió el Protocolo de las Naciones Unidas sobre el Estatuto de los Refugiados de 1967, la condición jurídica de los exiliados en Chile era equivalente a aquella de los inmigrantes. Después de la ratificación del tratado, aquellos exiliados que solicitaran el estatuto de refugiados quedaron sujetos a las garantías proporcionadas por la Convención relativa al Estatuto de los Refugiados de 1951 e incorporados a las cláusulas de protección del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR). 42 J. da Silva, Memorandum to Alan Brash, CICARWS director, concerning fundraising for Chile, 19/9/1973. Archivo del Consejo Mundial de Iglesias (En adelante, ACMI). 43 Sznajder y Roniger, The politics of exile in Latin America, 201-202. 44 Helmut Frenz, Mi vida chilena. Solidaridad con los oprimidos (Santiago: LOM Ediciones, 2006), 95-97. 45 Entrevista con Charles Harper. Coordinador, Chile Emergency Office; Director, Human Rights Resources Office for Latin America, Consejo Mundial de Iglesias. Ginebra, Suiza. 9/3/ 2011 y 10/3/2011.

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El Artículo 1º de la Convención define a un refugiado como cualquier persona que… […] debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas, se encuentre fuera del país de su nacionalidad y no pueda o, a causa de dichos temores, no quiera acogerse a la protección de tal país; o que, careciendo de nacionalidad y hallándose, a consecuencia de tales acontecimientos, fuera del país donde antes tuviera su residencia habitual, no pueda o, a causa de dichos temores, no quiera regresar a él46.

El estar ‘fuera del país de su nacionalidad’ es parte intrínseca de la condición de refugiado, independientemente de las razones por las cuales haya decidido abandonar el país. La idea clave sobre la cual se estableció un estatuto de los refugiados fue el reconocimiento de que son una categoría específica de migrantes que requieren atención especial y ayuda. En atención a la condición particular de estas personas, la obligación más importante impuesta por la Convención de 1951 y el Protocolo de 1967 a los países firmantes es el principio de no devolución (non-refoulment), el cual prescribe que ningún refugiado debe ser regresado a su país de origen o a cualquier otro país donde pueda correr riesgo de persecución47. La Convención de 1951 fue el resultado de una serie de tratados legales internacionales que surgieron para responder a los desplazamientos masivos de personas a consecuencia de ambas guerras mundiales y a la persecución sufrida por grupos nacionales y étnicos en la reacción autoritaria en la Europa de 1920 y 1930. Como consecuencia, la Convención impuso ciertas condiciones temporales y geográficas al estatuto de los refugiados, reconociendo como tales

1951 Convention. Andreas Zimmermann, ed., The 1951 Convention Relating to the Status of Refugees and Its 1967 Protocol. A Commentary (Oxford: Oxford University Press, 2011), 40. 46 47

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solo a quienes ya habían recibido reconocimiento según tratados internacionales firmados entre 1926 y 1939 o como consecuencia de acontecimientos ocurridos antes del 1 de enero de 1951. Con ello, el reconocimiento del estatuto de refugiados se restringía exclusivamente a personas afectadas por los acontecimientos en Europa. El principal objetivo del Protocolo de 1967 era retirar las limitaciones contenidas en la Convención de 1951 y, de esta forma, dar un carácter universal al estatuto de los refugiados48. Las restricciones impuestas por la Convención no constituían un mero problema semántico, sino también uno operativo, puesto que impedían la movilización e intervención del ACNUR –que poseía un mandato universal– en nuevos casos de desplazamiento que habían comenzado en la década de 1960 en África a raíz de la descolonización. Al ampliar el alcance de la protección a los refugiados, el Protocolo también impuso a los países firmantes la obligación de cooperar con el ACNUR en el ejercicio de sus funciones y, en particular, en la aplicación de la Convención de 1951 y el Protocolo de 1967. La ratificación chilena del Protocolo de 1967 resultó ser oportuna en vistas de las consecuencias que tuvo en los acontecimientos que siguieron al golpe de Estado de 1973. La respuesta humanitaria internacional no se desencadenó, ante todo, por la represión y la violencia en contra de los chilenos, sino que fue una respuesta a la presencia de refugiados latinoamericanos y a las obligaciones del Estado chileno de garantizar su protección de acuerdo con tratados internacionales. De acuerdo con cifras del ACNUR, hacia 1973 aproximadamente 15.000 personas estaban oficialmente registradas como refugiados en Chile, muchas de las cuales habían sido ayudadas en algún punto de su instalación en el país por organizaciones internacionales tales como el ACNUR, el Consejo Mundial de Iglesias (CMI) y el Comité Intergubernamental para Migraciones Euro-

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Ibíd., 69.

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peas (CIME)49. Como muchos de los exiliados habían sido líderes de la oposición en sus respectivos países, el golpe militar en Chile los puso en una situación particularmente compleja. El riesgo para ellos implicaba no solamente ser capturados por el Ejército chileno, sino que –aún peor– la posibilidad de ser entregados a los regímenes desde los cuales habían huido. Y debido a que casi la mitad de la población de exiliados en Chile no estaba protegida por las convenciones para los refugiados, el derrocamiento de la Unidad Popular creó una situación extremadamente peligrosa para muchos exiliados. A pesar de estar en situaciones similares, la diferencia técnica entre refugiados y exiliados, y las garantías de protección que tenían unos y de las cuales carecían los otros, despertó la alarma en las agencias internacionales que habían facilitado su llegada a Chile. Esto quedó expuesto en comunicaciones internas del CMI: Algunas personas de estos países [Brasil, Bolivia, Paraguay, Uruguay] que ahora residen en Chile no son técnicamente refugiados, pero entre ellos hay muchos líderes destacados y de alto rango de la oposición de los países recién mencionados, quienes serían inmediatamente arrestados, quizá torturados y aún asesinados si los regímenes de sus respectivos países los tuvieran bajo su control50.

Los temores no eran infundados. Poco antes del golpe de Estado, advirtiendo la violencia que se iba a desatar, la consigna “JAKARTA ES LA META”, en referencia a las casi 500 mil personas asesinadas en las purgas anticomunistas de 1965 y 1966 en Indonesia, había aparecido pintada en los muros de Santiago. Y en sus primeros comunicados públicos, la Junta militar comenzó a identificar a los refugiados-exiliados como el objetivo predilecto de la represión, llegando incluso a justificar el golpe de Estado debido

49 L. J. Niilus, Director CCIA, Memorandum to Philip Potter, WCC General Secretary, 14/9/1973. ACMI. 50 Ibíd.

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a la presencia de ‘extremistas’ extranjeros con cifras que se asemejaban a los registros del ACNUR. De acuerdo con un informe de Amnistía Internacional, el régimen indicó que había aproximadamente “14.000 extremistas armados en el país”, cuyo único propósito era “instigar una guerra civil”51. Asimismo, en su alocución en la Asamblea General de las Naciones Unidas en octubre de 1973, el Ministro de Relaciones Exteriores de Chile indicó que la única misión de los extranjeros en Chile era “organizar un ejército paralelo para hacer frente a las fuerzas armadas regulares”52. Un panfleto que circuló los primeros días después del golpe de Estado decía: Las acciones de las fuerzas armadas y carabineros solo persiguen el bien de Chile y los chilenos, y por ello tienen el respaldo de la ciudadanía. No habrá compasión con los extremistas extranjeros que han venido a matar chilenos. Ciudadano: mantente alerta para descubrirlos y denunciarlos a la autoridad militar más cercana”53.

Los primeros días que siguieron al golpe de Estado se caracterizaron además por la escasez de información confiable de lo que ocurría en el país. Al cerrar las fronteras, la Junta militar impidió el ingreso de observadores internacionales que podrían haber transmitido información de lo que estaba sucediendo. Al representante del ACNUR para América Latina, por ejemplo, se le negó la entrada el 15 de septiembre de 1973. Informes radiales en Europa –los cuales eran retransmitidos a través de diversas agencias internacionales– indicaban que la Junta había comenzado a “asesinar refugiados-exiliados (más o menos disparándoles en el acto)”; que estaba “arreando refugiados-exiliados para llevarlos en buses (al menos dos) a estadios de fútbol que habían sido convertidos en Amnesty International, Chile: An Amnesty International Report, 1974, 64. Discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, reproducida en Laurence Birns, ed., The End of Chilean Democracy. An IDOC dossier on the coup and its aftermath (New York: The Seabury Press, 1974), 46. 53 Amnesty International, Chile, 1974, 64. 51 52

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campos de prisioneros provisionales”, y que estaba “reiterando que la mayor urgencia y objetivo del golpe era detener y deshacerse de […] los refugiados-exiliados en Chile”54. Además, las agencias internacionales estaban preocupadas de que después de detenerlos, la Junta comenzaría a devolver a los exiliados y refugiados a sus países de origen. En este ambiente, los extranjeros residentes en Chile comenzaron a temer por su seguridad. Un ciudadano estadounidense que había sido liberado de su detención en el Estadio Nacional declaró que había pánico entre los refugiados políticos latinoamericanos, quienes eran acusados de ser extremistas55. A pocos días de sucedido el golpe de Estado unos 350 bolivianos fueron devueltos, en contra de su voluntad, a su país. Entre los cuerpos que aparecieron en el río Mapocho en los días subsiguientes, varios resultaron ser de extranjeros que fueron detenidos por las fuerzas de seguridad. Los cuerpos de siete hombres, algunos con signos de haber sido golpeados como también con impactos de bala, fueron encontrados en el río Mapocho cerca del puente Bulnes el 24 de septiembre, de acuerdo con fuentes de la iglesia local. Los siete fueron reconocidos entre veinte trabajadores que fueron detenidos en una redada en la población Nueva Matucana en la periferia de Santiago. Ha habido numerosos informes y rumores de personas arrestadas durante redadas militares que luego han aparecido ejecutadas, frecuentemente en el río Mapocho, pero hasta ahora muchos se han mostrado reticentes de dar nombres por miedo a las represalias. Un brasileño, cuya identidad ha sido reservada, fue encontrado recientemente con dos heridas de bala. Él le contó a fuentes de la Iglesia que tanto él como otros brasileños habían sido detenidos el 13 de

54 L. J. Niilus, Director CCIA, Chile Emergency. New developments. Need for urgent action. Proposals, 15/9/1973. ACMI. 55 “Fear for Aliens in Chile voiced”, The New York Times, 29/9/1973.

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septiembre en una redada a su departamento. Al día siguiente, dijo, fue llevado con un argentino, un chileno y dos brasileños al río Mapocho. Sus compañeros murieron fusilados56.

Muchos refugiados y exiliados residentes en Chile comenzaron a buscar la ayuda del obispo Frenz, quien los había ayudado en algún momento a través del trabajo de la Diaconía. Así, Frenz comenzó a recibir a algunas personas en su casa y formó un comité para atender el creciente número de casos que empezaron a llegar57. Por su parte, en reacción al ambiente de extrema xenofobia propiciada por la Junta militar y en respuesta a la información sobre la deportación de ‘extremistas’58, el Alto Comisionado para los Refugiados, Sadruddin Aga Khan, envió un telegrama al Canciller chileno recordándole las obligaciones suscritas por Chile en las convenciones internacionales y explícitamente enfatizó el principio de no-devolución59. A este intercambio diplomático siguió el establecimiento de la coordinación entre el ACNUR y el gobierno de Chile para organizar el reasentamiento de los refugiados. El representante regional del ACNUR para América Latina, Oldrich Haselman, ingresó al país el 18 de septiembre de 1973, apenas se restableció el tráfico en las fronteras. Su misión tenía dos objetivos: obtener el cumplimiento de la Junta militar a los protocolos internacionales y establecer una agencia local para asegurar la emigración segura de los refugiados en territorio nacional. El 20 de septiembre, el ACNUR instaló una oficina de coordinación en Santiago. El 21 de septiembre, Haselman se reunió con el Canciller chileno, ocasión en que reiteró la apelación del Alto Comisionado. En una segunda reunión, el 24 de

“Chile’s Churches Planning Help for Detained Leftists”, in The New York Times, 6/10/1973. UNHCR. ACNUR Informe: Refugiados de Chile, 1975. Biblioteca de la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra (En adelante, UNOG). 58 “Chile Junta cites threat by aliens”, The New York Times, 14/9/1973. 59 UNHCR, ACNUR Informe: Refugiados de Chile, 1975, 4. UNOG. 56 57

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septiembre, el representante del ACNUR discutió modalidades de trabajo con el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio del Interior, con respecto a los procedimientos para la identificación de los refugiados, la regularización de su situación y los pasos por seguir en caso de que desearan abandonar el país. Hacia el 25 de septiembre estas conversaciones habían avanzado al punto de que el gobierno de Chile accedió a reconocer el estatuto de los refugiados, respetar la Convención de 1951 y el Protocolo de 1967 y cooperar con los esfuerzos de la comunidad internacional para asegurar la salida segura de los refugiados residentes en Chile60. Según un documento reciente del ACNUR, si Chile no hubiese suscrito el Protocolo en 1972 estas negociaciones con el régimen militar “con seguridad no hubiesen sido tan exitosas”61. Habiendo recibido noticias de su trabajo con los refugiados, Haselman contactó al obispo Frenz para organizar un comité que se encargara de coordinar el proceso de reasentamiento de los refugiados. Estas conversaciones, junto con la autorización del gobierno de Chile, resultaron en la creación del Comité Nacional de Ayuda a los Refugiados (CONAR). Por medio del Decreto 1308 del Ministerio del Interior, la Junta militar autorizó oficialmente el funcionamiento del CONAR el 3 de octubre de 1973. El decreto autorizaba un funcionamiento por un periodo de tres meses, hasta el 31 de diciembre de 1973, y delimitaba sus objetivos: El Comité Nacional de Ayuda a los Refugiados tendrá como único fin el cooperar con el gobierno de Chile en la solución de los problemas que aquejan a los refugiaN.G. Gussing, Departamento para Refugiados CICARWS, Memorandum to Stanley Mitton concerning refugee status, 27/9/1973. ACMI; I. Huerta Díaz, Ministro de Relaciones Exteriores de Chile, Permanent Mission of Chile to the International Organizations in Geneva: Letter concerning refugees in Chile, 19/10/1973. ACMI; UNHCR, Addendum to the Report of the United Nations High Commissioner for Refugees; General Assembly, 28th Session, 1973, 26. UNOG; UNHCR, ACNUR  Informe: Refugiados de Chile, 1975, 4. UNOG.; Entrevista con Charles Harper. 61 UNHCR, The State of the World’s Refugees. Fifty Years of Humanitarian Action (Oxford: Oxford University Press, 2000), 126. 60

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dos extranjeros en nuestro país, proporcionándoles ayuda material, ayudándolos por medios legales a salir del país a un país de su elección o regularizando su situación en el país62.

El CONAR fue administrado fundamentalmente por Iglesias evangélicas y la Iglesia luterana, mientras que un grupo de profesionales del ACNUR llegó al país para ayudar en los aspectos más técnicos del proceso de reubicación de los refugiados. El CONAR instaló 26 centros de recepción de refugiados, 15 en Santiago y 11 en regiones, cuyo objetivo era recibir a aquellos refugiados que se sintieran inseguros o desprotegidos, o que estuvieran a la espera de emigrar. Un refugio adicional (la ‘casa suiza’, una casa que fue puesta bajo protección de la Embajada Suiza­) fue instalado para atender los casos de refugiados sin hogar, y para dar asilo a los extranjeros que habían sido liberados del Estadio Nacional con orden de expulsión y esperaban reasentamiento en el extranjero. Debido a las restricciones de movimiento, el CONAR se ocupó de asistir en prácticamente todo a las personas bajo su custodia, desde asistencia legal y atención médica, hasta entretención y vestuario. El CONAR también se ocupó de proveer alimentación para las embajadas que habían concedido asilo diplomático. Tres departamentos, bajo la coordinación de un Secretario Ejecutivo, se encargaron de estas tareas: jurídicas, de asistencia social y de documentación. Entre el 13 de septiembre de 1973 y el 31 de enero de 1974, el CONAR cobijó y ayudó en la emigración segura de 4.442 refugiados y sus familias63.

Citado en Amnesty International, 1974, p. 65. CONAR. Informe Sinóptico del Comité Nacional de Ayuda a los Refugiados, febrero, 1974. Centro de Documentación, Museo de la Memoria (En adelante, CD-MM); CONAR, Informe de la Comisión de Emergencia, febrero, 1974. CD-MM; CONAR, Informe del Departamento de Asistencia Social, febrero, 1974. CD-MM.

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Transformaciones en la agenda internacional: de los refugiados a los derechos humanos Mientras la comunidad internacional comenzó a enfrentar las dificultades sufridas por los refugiados latinoamericanos a través del CONAR, las posibilidades de encontrar un arreglo similar para ayudar a los chilenos eran remotas. Como vimos, la ratificación del Protocolo de 1967 le había dado a los organismos internacionales argumentos legales para intervenir en Chile y había obligado al régimen militar a cooperar con los esfuerzos humanitarios. El único instrumento legal disponible para la protección de los chilenos dentro del territorio nacional fue la Convención de Caracas sobre Asilo Diplomático de 1954 que otorga a los asilados en las embajadas protección del Estado territorial. De acuerdo con esta disposición unas 3.500 personas buscaron refugio en embajadas extranjeras en los días que siguieron al golpe de Estado. Aunque la Convención de Caracas se restringía a los países de América Latina más Cuba, Haití y la República Dominicana, las embajadas de Francia, Italia, los Países Bajos y Suecia recibieron numerosos asilados –tanto chilenos como extranjeros– en sus dependencias. El ACNUR asistió en la reubicación de asilados diplomáticos y gestionó la tramitación de salvoconductos con el gobierno chileno. Hacia mediados de 1974 unas 8.000 personas habían recibido salvoconductos para abandonar el país64. La mayor parte de las personas que abandonaron el país, sin embargo, lo hicieron por vías clandestinas. Dado que el trabajo del CONAR era supervisado por el Ministerio del Interior y las listas de los refugiados debían ser presentadas a las autoridades chilenas, los extranjeros de perfil más político evitaron la agencia por completo. En octubre de 1973, los diversos organismos internacionales que existían en Chile junto con el ACNUR y sectores de diversas iglesias comenzaron a facilitar la salida clandestina de personas que no podían 64

UNHCR, The State of the World’s Refugees. Fifty Years of Humanitarian Action, 127.

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ser ingresadas a las embajadas. El ACNUR estableció procedimientos de selección para determinar la salida de aquellas personas que tenían temores fundados de persecución en Chile, independiente de su país de origen. Se estima que, entre septiembre de 1973 y agosto de 1974, aproximadamente 1.500 extranjeros y 20.000 chilenos cruzaron clandestinamente las fronteras hacia Perú y Argentina65. El giro en la agenda internacional hacia la defensa de los derechos humanos en Chile fue el resultado de los procesos migratorios desencadenados por el golpe de Estado y de la cooperación del Consejo Mundial de Iglesias en la ayuda a los desplazados. Apenas formado el CONAR, el obispo Frenz contactó al CMI solicitando su apoyo en la reubicación de los refugiados66. Este organismo proporcionó ayuda económica, comenzó una campaña internacional para que los gobiernos se abrieran a recibir exiliados chilenos y jugó un rol importante en el establecimiento de centros de recepción de exiliados en Argentina y Perú. A través de contactos con el gobierno peruano, un centro de recepción se instaló en Lima a cargo de Iglesias protestantes locales. En Argentina, las iglesias cristianas instalaron centros de recepción en Mendoza, El Chaco y Neuquén, mientras que en Buenos Aires se formó el Comité Argentino de Ayuda a los Refugiados para coordinar la recepción y reubicación de los exiliados chilenos. Ya en octubre de 1973, el CMI financiaba casi en su totalidad el funcionamiento de estos comités67. Mientras 65 Chile Emergency Office, CMI, Progress Report, Chile Task Force, 22/6/1974. ACMI. Un informe del ICEM de 1979 estimó que en 1974 había al menos 15.000 refugiados en Argentina y unos 1.500 en Perú. Citado en Alan Angell, Democracy after Pinochet: Politics, Parties and Elections in Chile (London: Institute for the Study of the Americas, 2007), 9. 66 L.J. Niilus, Director CCIA, Chile Emergency. Followup, 18/9/1973. ACMI. A esto siguió una segunda comunicación que fue reproducida en un memorándum interno proponiendo abrir un Fondo para la Emergencia en Chile: “La comunidad ecuménica en Chile, liderada por el obispo H. Frenz, quien ha estado trabajando con las comunidades de refugiados desde antes del golpe ha solicitado apoyo desde el CMI y ha dado indicación de que se necesita ayuda urgente y que se espera nuestra respuesta inmediata; se debieran poner fondos a disposición para cubrir cualesquiera sean las necesidades”. En J. da Silva. Memorandum to Alan Brash, CICARWS director, concerning fundraising for Chile, 19/9/1973. ACMI. 67 N.G. Gussing, Departamento para Refugiados CICARWS, Letter to CICARWS related agencies on Chile appeal, 18/10/1973. ACMI.

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que el CONAR en Santiago fue creado para atender los casos de extranjeros que sufrían persecución en Chile, los comités en Perú y Argentina fueron importantes para recibir a los chilenos que comenzaron a cruzar la frontera escapando de la represión. Otros comités apoyados por el CMI fueron creados en Costa Rica, Honduras, México y Venezuela68. Los centros de recepción para refugiados tanto en Chile como en el extranjero eran puntos de tránsito mientras se esperaban las visas de residencia de los países anfitriones. En términos de magnitud, la situación en Chile presentaba grandes desafíos a los organismos humanitarios internacionales, por cuanto la logística escapaba de las dimensiones hasta entonces conocidas por otras crisis humanitarias. El caso chileno, por ejemplo, fue la primera operación de magnitud del ACNUR en América Latina. Los centros de recepción, en este sentido, fueron una respuesta a un problema que no había desatado en emergencias anteriores y “que ocurren en áreas que se encuentran muy lejos de los países que han aceptado a personas en tránsito”69. Además, dado que el éxodo chileno “fue el primer gran caso, desde la Segunda Guerra Mundial, en que grandes cantidades de refugiados políticos escapaban de regímenes de derecha en occidente”70, muchos gobiernos se mostraron reticentes a recibir refugiados ‘peligrosos’71. En este sentido, diferentes organismos internacionales realizaron gestiones para obtener una residencia definitiva a las personas que encontraron refugio en los centros de recepción. El ACNUR, por ejemplo, por primera vez estableció contactos con países de la Unión Soviética para la recepción de exiliados chilenos. El CMI, por su parte, gestionó el apoyo de los consejos nacionales de las Iglesias para que presionaran a sus Chile Task Force, WCC Report of the WCC Emergency Task Force on the Chilean Situation for Unit II Meeting in West Berlin, August 7-9, 1974, [1974]. ACMI. 69 UNHCR, Report of the United Nations High Commissioner for Refugees; General Assembly, 28th Session, 1973. UNOG. 70 Harper, Internal Report: The facts. What happened?, 18/1/1974. ACMI. 71 Francis Peddie, «Contested Entry: The first wave of Chilean exiles in Canada, 1973-1975» (PhD Dissertation, York University, s.f.). 68

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gobiernos para abrirse a la recepción de refugiados chilenos. Eventualmente, más de 200.000 exiliados chilenos se repartieron por 110 países de todos los continentes72. La participación del Consejo Mundial de Iglesias en la crisis humanitaria desatada por el golpe de Estado no fue una novedad para una organización que había trabajado en situaciones similares aun antes de su fundación oficial en 1948. Fundada por las Iglesias protestantes norteamericanas y europeas en Ámsterdam, el CMI fue la cristalización de un movimiento ecuménico que postulaba la necesidad de cooperar a través de las divisiones confesionales y actuaba inspirada por la convicción de que la reflexión teológica no podía estar separada de la acción social. Antes de su fundación oficial, muchas de las comisiones que componen el CMI ya llevaban varios años de funcionamiento, y su sede en Ginebra ya era administrada por unas 142 personas en el momento de su creación. Los departamentos de la sede en Ginebra coordinaron el trabajo de las Iglesias durante la Segunda Guerra Mundial, contribuyeron a llevar adelante la agenda de derechos humanos en las Naciones Unidas y respondieron a graves crisis humanitarias, tales como los desplazamientos masivos de personas provocados por la Segunda Guerra Mundial, por la partición de Palestina en 1948-49 y la guerra de Corea en 195073. Hacia la década de 1960, crecientemente influenciado por perspectivas no-occidentales, el CMI comenzó a asumir una agenda global. Así, en1961, incorporó a las Iglesias de África, Asia y América Latina y a la Iglesia ortodoxa del bloque oriental. La Conferencia sobre Iglesia y Sociedad, celebrada en 1966 en Ginebra, fue importante para que la representación global del organismo se viera reflejada en sus objetivos estratégicos. La Conferencia de Ginebra fue una respuesta a los turbulentos procesos sociales que sacudían al

UNHCR, The State of the World’s Refugees. Fifty Years of Humanitarian Action, 127. Marlin Van Elderen, Introducing the World Council of Churches (Geneva: WCC Publications, 1992), 18-25. 72 73

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mundo y se desarrolló en paralelo al Concilio Vaticano Segundo de la Iglesia católica. La mayoría de sus 420 participantes eran laicos y más de la mitad de ellos representaban a África, Asia y América Latina, convirtiéndola en “la primera conferencia ecuménica de importancia en la cual los participantes de los países occidentales no eran la mayoría”74. Tal como en su contraparte católica, la Conferencia de Ginebra estableció la necesidad de que las Iglesias se comprometieran con los procesos de transformación social en el mundo y reflejó la creciente influencia de la Teología de la liberación. Esta ampliación de su representación global también se vio reflejada en la composición del personal de la sede en Ginebra. Ya que los estamentos gobernantes del CMI se reúnen cada dos años para analizar el trabajo y fijar directrices para acciones futuras, la sede en Ginebra tiene la importante tarea de desarrollar las actividades que permiten el funcionamiento de los programas. Para el momento del golpe de Estado en Chile en 1973, la sede del CMI en Ginebra tenía un gran número de latinoamericanos en “posiciones de influencia y poder”75. La presencia del personal latinoamericano en el CMI es particularmente importante para explicar la participación de la organización en Chile. Aun antes de los contactos formales establecidos con el obispo Frenz, el personal latinoamericano del CMI movilizó a la organización para “ayudar a aquellos más seriamente amenazados por la Junta en sus primeras declaraciones oficiales: los residentes extranjeros en Chile”76. El interés estaba motivado tanto por afinidades afectivas como ideológicas. Exiliados argentinos, brasileños y uruguayos trabajaban en la sede en Ginebra del CMI y ellos, junto con sus redes personales de amistad en Europa, Norteamérica y América Latina, se mostraron particularmente interesados en resguardar la seguridad y vida de sus compatriotas en Chile. Además, el personal del CMI estaba preoIbíd., 29. Entrevista con Charles Harper. 76 D. Epps, CCIA, Memorandum. Notes on Chile to Philip Potter, WCC  General Secretary, 25/1/1974. ACMI. 74 75

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cupado por los líderes de Iglesia y los feligreses de izquierda quienes habían sido ayudados a escapar de la persecución en sus propios países y reubicados en Chile a través del programa de refugiados de la organización. Finalmente, el personal mayormente progresista del CMI estaba preocupado por la seguridad de aquellos líderes y miembros de la Iglesia que habían apoyado al gobierno de Allende. En su cooperación con el CONAR, el CMI fue oficialmente reconocido por la Junta militar como una de las organizaciones humanitarias encargadas de los refugiados, lo cual facilitó el ingreso de una delegación que visitó Chile a fines de septiembre de 1973. El 25 de septiembre de 1973, Theo Tschuy, director de la Ayuda de las Iglesias Evangélicas Suizas (HEKS), y Annie Went van der Wring, directora del Departamento para Refugiados de la Agencia Intereclesial Holandesa (DIA), viajaron a Buenos Aires, Santiago y Lima con el objetivo de reunirse con las autoridades eclesiásticas locales y con los representantes de las organizaciones internacionales en Santiago para coordinar y definir las estrategias para enfrentar la situación de los refugiados77. Adicionalmente, la misión Tschuy-Went debía coordinar y asesorar a las Iglesias en Argentina y Perú, y sus respectivos gobiernos, para la recepción de refugiados provenientes de Chile78. La mayor contribución de esta delegación en el largo plazo, sin embargo, fue que alteró sustancialmente el carácter de las relaciones sostenidas entre las organizaciones internacionales y las chilenas al redirigir la atención de la comunidad internacional hacia el problema de los derechos humanos en Chile. El informe preparado por la delegación era fino en su análisis sobre cómo las divisiones ideológicas de la Guerra Fría se reflejaban en Chile. El informe era claro, sin embargo, en señalar que había un claro componente de clase en la represión, indicando que se concentraba y ejercía con mayor dureza en los barrios más pobres 77 S. Mitton, Oficial de Emergencias, CMI, Letter to Cornelius Koch of Solidarité Chrétienn, Fribourg, 26/9/1973. ACMI. 78 S. Mitton, Oficial de Emergencias, CMI, Letter to CICARWS related agencies on developments in Chile and funding, 20/9/1973. ACMI.

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de la ciudad. Como contraparte, el informe hacía referencia a cómo el golpe había traído alivio a los habitantes del barrio alto de la ciudad, “donde se concentra la base de poder de la derecha chilena (Partido Nacional, Democracia Cristiana)”, al poner fin “a la pesadilla de la Unidad Popular de Allende”79. Esta percepción influyó en la opinión de los embajadores de importantes países occidentales a través de sus estrechos lazos sociales con las clases altas chilenas: Dado que las embajadas se encuentran en el Barrio Alto y sus contactos locales se restringen a los miembros de las clases medias y altas, nos encontramos que la visión de los diplomáticos reflejaban fielmente las ideas de este entorno. Las embajadas europeas se rehusaron obstinadamente a tomar en cuenta la suerte de los refugiados y los chilenos que corrían peligro, bajo el pretexto de que no han recibido instrucciones de sus respectivos gobiernos. Ellos mismos parecieran no tomar la iniciativa para informarse adecuadamente e informar a sus gobiernos respectivos el considerar acción humanitaria. El embajador suizo, Sr. Masset, nos dijo claramente que si aceptaba refugiados la colonia suiza local se enojaría. Solo cuando comenzó a darse cuenta de que su actitud podría traerle mala publicidad en su país, suavizó ligeramente su posición. Otras embajadas han reaccionado de manera similar80.

El pasaje citado ilustra lúcidamente las interacciones que ocurrían a nivel nacional e internacional. A pesar de la condena internacional a la toma del poder por parte de la Junta militar, la respuesta local de muchos de los representantes extranjeros reflejaba más bien las estructuras de poder predominantes en Chile81. Así, la

79 Tschuy, [HEKS] and Went. Tschuy/Went Report, September-October 1973, [Octubre 1973]. ACMI. 80 Ibíd. 81 La actitud de la embajada de Suecia fue una de las excepciones. Ver Fernando Camacho Padilla, ‘Las relaciones entre Chile y Suecia durante el primer Gobierno de Olof Palme, 19691976’, Ibero- Americana, Nordic Journal of Latin American Studies, VII, 2007, 65-85.

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solidaridad expresada por muchas de las delegaciones extranjeras estaba en más sintonía con sus bases locales y su estructura de relaciones que con lo que se podrían considerar principios universales de bienestar. El informe de Tschuy y Went, sin embargo, no solo entregaba una apreciación crítica sobre el estado general de la situación en Chile, sino que también redefinió fundamentalmente la intervención del CMI en su cooperación con sus contrapartes locales. Esto se reflejó en las aprehensiones expresadas en el informe sobre las limitaciones que el mandato del ACNUR imponía sobre las acciones del CONAR y, por consiguiente, sobre el CMI: El Gobierno ha establecido un límite de tres meses para que el Comité saque a todos los refugiados. Después de eso el Comité aparentemente dejará de existir, ya que no se le permite ayudar a los chilenos que desean salir del país. En otras palabras, este Comité no tiene autoridad –y probablemente ningún deseo más allá de funcionar dentro de los límites del mandato del ACNUR y por las reglas establecidas por la Junta–. Es esta completa identificación de propósito del ACNUR con la Junta de un comité nacional cristiano y ahora del CMI lo que nos causa preocupación82.

Como se lee, el informe enfatizaba la posición incómoda en la cual se encontraban los esfuerzos de la comunidad internacional a raíz de su cooperación con el comité de refugiados, y la escasa eficacia que esto tendría en proveer ayuda a los chilenos que sufrían persecución. Primero, porque sacar a los refugiados extranjeros del país era del interés de la Junta militar debido a que disminuiría la tensión con la comunidad internacional. Por ello, la presencia y supervisión del ACNUR eran vistas por la Junta militar como una intervención funcional a sus intereses. Segundo, el mandato del

82 Tschuy, [HEKS] and Went. Tschuy/Went Report, September-October 1973, [Octubre 1973]. ACMI.

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ACNUR observaba directrices estrictas basadas en la Convención de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados, aprobado por los Estados miembros de la ONU, y enfatizaba el carácter no-político de su intervención. Este proceder reflejaba la naturaleza multilateral del ACNUR, donde el Gobierno chileno tenía acceso a la información de sus actividades formales a través de la participación de observadores en las sesiones de su Comité Ejecutivo83. Estas características limitaban el alcance de las acciones del CONAR, reduciéndolas a las tareas humanitarias de ayuda a los refugiados extranjeros de acuerdo con los principios de la ACNUR84. Así, según estas directrices, los chilenos que requerían asilo y aquellos que sufrían persecución dentro del territorio nacional no podían ser atendidos. Por último, el estricto control que impuso el Ejército sobre la operación de ayuda a los refugiados tuvo el efecto de ahuyentar a aquellos extranjeros que podían ser blancos privilegiados: “Ellos temen […] detención, repatriación forzosa, o algo peor”85. Por lo tanto, la operación del CONAR no servía para prestar auxilio a aquellos refugiados extranjeros que corrían mayor riesgo. Estas tensiones también se vieron reflejadas en el funcionamiento de la organización de la ayuda a los refugiados en Chile. Además de los límites impuestos por el mandato del ACNUR, el informe de Tschuy y Went presentó sus reparos sobre las personas que estaban a cargo del funcionamiento del CONAR. El Secretario Ejecutivo del CONAR, Samuel Nalegash, y Gustav Zeppelin, quien representaba a la Diaconía, eran vistos con especial desconfianza por la delegación del CMI por su “abierto apoyo al Gobierno militar”86. Además, la simpatía por el régimen militar manifestada por muchos de los líderes eclesiásticos chilenos aumentó la preocuACNUR, Addendum to the Report of the United Nations High Commissioner for Refugees; General Assembly, 29th Session, 1974. UNOG. 84 ACNUR. Addendum to the Report of the United Nations High Commissioner for Refugees; General Assembly, 28th Session, 1973, 7. UNOG. 85 Tschuy, [HEKS] and Went. Tschuy/Went Report, September-October 1973, [Octubre 1973]. ACMI. 86 Ibíd. 83

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pación de los delegados del CMI. Cuando Tschuy les leyó un cable enviado a Pinochet por el Secretario General del CMI, los líderes eclesiásticos reaccionaron con fuertes críticas al tono usado por el CMI en contra de la Junta militar87. A partir de estos contactos con los líderes de las Iglesias chilenas, el informe de Tschuy y Went concluyó que posiciones de derecha estaban “adquiriendo predominio dentro de las Iglesias chilenas”88 y que los sectores de izquierda de la Iglesia tendrían que relegarse al silencio. Esta lectura de las circunstancias tuvo un profundo efecto en determinar el curso de acción para los meses siguientes. Aunque el CMI continuaría colaborando con el comité de refugiados debido a que “de momento no hay una alternativa viable”89, la atención de los equipos en Ginebra se redirigió hacia el peligro que corrían los chilenos. Para esto, Tschuy y Went contactaron al obispo católico Fernando Ariztía, con el fin de iniciar las conversaciones sobre la formación de un comité para tratar el problema de los derechos humanos en Chile. Monseñor Ariztía recordó este encuentro en la conferencia sobre “Iglesia y Derechos Humanos en Chile” celebrada en Santiago el 20 de Noviembre de 2001: Alrededor del 25 de septiembre de ese año 73, o sea unas dos semanas después del golpe militar, vino una comisión del Consejo Mundial de Iglesias. Fueron a conversar conmigo, yo era Obispo Auxiliar y Vicario de la Zona Oeste de Santiago […]. Me dijeron: “Mire, el problema de los extranjeros se va a solucionar dentro de un par de meses, pero el problema pendiente es el problema de los chilenos. Entonces, convendría crear un organismo más estable, más permanente para el caso de la violación de los Derechos Humanos”90.

Ibíd. Ibíd. 89 Ibíd. 90 Fundación de Documentación y Archivo de la Vicaría de la Solidaridad, Iglesia y Derechos Humanos en Chile (Santiago: LOM Ediciones, 2002), 13. 87 88

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Poco tiempo después, el 4 de octubre de 1973, se formó el Comité de Cooperación para la Paz en Chile (COPACHI). La presidencia de la organización fue compartida entre la Iglesia católica y el Consejo Mundial de Iglesias. El cardenal Raúl Silva Henríquez nombró a monseñor Ariztía como su representante en la organización; el CMI nombró al obispo Frenz. En un inicio, el COPACHI no era más que una pequeña oficina, con un escritorio y una máquina de escribir. El padre Fernando Salas fue el primer Secretario Ejecutivo y conformó un equipo de trabajo con personas que conocía91. En noviembre de 1973, el COPACHI tenía un equipo de trabajo de ocho personas y se había mudado a una oficina en el centro de Santiago. Hacia comienzos de 1974, la agenda internacional comenzó a enfocarse definitivamente en la defensa de los derechos humanos en Chile: “El mayor problema que se nos viene por delante es aquel que enfrentan los mismos chilenos; por lo cual comenzaremos a respaldar campañas de apoyo para defender los derechos humanos de los chilenos, comenzando ahora”92. La estructuración de las relaciones Norte-Sur Recaudación y canalización de recursos internacionales hacia Chile La participación del Consejo Mundial de Iglesias en la crisis humanitaria en Chile aumentó la importancia de la recaudación de fondos. Apenas comenzó su participación en Chile, la Comisión de Ayuda Intereclesial, Refugiados y Servicio Mundial (CICARWS)

91 Entrevista con Daniela Sánchez. Departamento de Zonas, Vicaría de la Solidaridad. Santiago, Chile. 27/10/2010; María Luisa Sepúlveda, Secretaria Ejecutiva, Vicaría de la Solidaridad (1992). Santiago, Chile. 20/10/2010. Entrevista con padre Cristián Precht. Secretario Ejecutivo, COPACHI; Vicario, Vicaría de la Solidaridad. Santiago, Chile. 16/9/2010 y 30/9/2010. 92 C. Harper, Letter to John Foster, Research and Resource on Social Issues Division of Mission in Canada of the United Church of Canada, on refugee situation, 2/1/1974. ACMI.

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del CMI comenzó a evaluar la posibilidad de recaudar recursos para apoyar el trabajo con los refugiados93. En noviembre de 1973, la Oficina para América Latina del CICARWS comenzó a preparar documentación detallada sobre Chile para ser presentada a los organismos donantes internacionales94. Proveer una representación detallada de la magnitud de la crisis en Chile y del trabajo que se proyectaba era importante para obtener apoyo financiero. Cuando tanto el CONAR como el COPACHI se habían establecido en Chile, el CICARWS comenzó a enviar llamados internacionales hacia organismos miembros del CMI para recaudar fondos y apoyo para la operación de ayuda a los refugiados en Chile y, en especial, para la operación de los centros de recepción en los países fronterizos. Los costos de transporte internacional están cubiertos, casi en su totalidad, por fondos entregados por el Comité Intergubernamental para Migraciones Europeas y el ACNUR. Sin embargo, los importantes gastos de manutención de los centros de recepción, los costos de transporte locales, el cuidado y la mantención de los refugiados extranjeros en Chile y otros centros de recepción en América Latina, asistencia legal y cuidado médico, están siendo cubiertos casi completamente a través del Fondo para la Emergencia en Chile del Consejo Mundial de Iglesias”95.

El 22 de noviembre de 1973, 8.000 copias del primer llamado de ayuda para los Programas para la Emergencia en Chile fueron distribuidos entre organismos donantes, gobiernos, Iglesias miembro del CMI, Iglesias nacionales y organismos regionales. Entre noviembre de 1973 y noviembre de 1974, el CICARWS emitió dos llamados mundiales a las Iglesias miembro del CMI solicitando

Da Silva. Memorandum to Alan Brash, CICARWS director, concerning fundraising for Chile, 19/9/1973. ACMI. 94 Latin America Desk, CMI, Memorandum to Chile Task Force with Resumé of meeting on October 31, 1973; informs on designation of Charles Harper as coordinator, 5/11/1973. ACMI. 95 Chile Emergency Office, CMI, Chile Today: An appeal for urgent action, 22/11/1973. ACMI. 93

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recursos para las operaciones en Chile y los centros de recepción en Argentina y Perú, que totalizaban más de 3 millones de dólares para el primer año96. Muchos de los recursos a disposición de las agencias de desarrollo eclesiásticas europeas que apoyaban el trabajo del CONAR y del COPACHI en Chile provenían directamente de agencias internacionales de desarrollo y sus gobiernos respectivos. El apoyo a los programas en Chile recibió una buena acogida entre los gobiernos de Europa del Norte, que rápidamente se mostraron dispuestos a colaborar con las organizaciones de ayuda a las víctimas de la represión. Algunas agencias de desarrollo, con importante respaldo de sus gobiernos nacionales, se acercaron al CMI para expresarles su interés en contribuir con los programas para la emergencia en Chile. La Agencia de Ayuda Eclesiástica Sueca, Lutherjälpen, por ejemplo, rápidamente aseguró fondos de la Agencia Internacional de Desarrollo Sueca (SIDA)97. Estas conversaciones con el Gobierno sueco avanzaron cuando altos oficiales de la SIDA visitaron la sede del CMI en Ginebra a fines de noviembre de 1973. Ese mismo mes, el CMI fue visitado por el Secretario General del Comité de Coordinación Intereclesial para Proyectos de Desarrollo Holandés (ICCO) para expresar su enfática intención de cooperar con los proyectos de solidaridad con Chile98. En otros casos, influenciados por la posición oficial de sus respectivos gobiernos, la respuesta de las Iglesias locales fue más fría. El Consejo Nacional de Iglesias de los Estados Unidos, por ejemplo, demoró su apoyo a los llamados de ayuda. Para el 6 de enero de 1974, solo 5.000 de los 300.000 dólares recibidos por el CMI para Chile –esto es, aproximadamente 2 por ciento del C. Harper, Human Rights and Christian Response in Latin America. Speech given at the meeting of the CICARWS, 11/6/1975, p. 5. ACMI. El monto sería el equivalente a más de US$15 millones del 2012. 97 N.G. Gussing, Departamento para Refugiados CICARWS,Note for the File on Chile Operation. Information on Swedish church and government donations, 6/11/1973. ACMI. 98 Chile Emergency Office, CMI, Memorandum on Meeting on November 16, 1973, 20/11/1973. ACMI. 96

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total– provenía de estas Iglesias99. En muchos de los casos, el contexto de la Guerra Fría condicionó la respuesta de los distintos países. Esto provocó una distribución desproporcionada de los fondos internacionales, lo cual quedó reflejado en un documento del 10 de junio de 1974. De los US$750.000 recibidos por el CMI hasta esa fecha, más de US$540.000 –esto es, cerca de 70 por ciento de los recursos– provenían de solo tres países: Suecia (US$285.000), los Países Bajos (US$140.00) y Alemania Occidental (US$109.000)100. El creciente apoyo financiero de países como Suecia fue consecuencia de alteraciones en las relaciones internacionales. Suecia había comenzado a incrementar su cooperación internacional con América Latina poco antes del golpe de Estado a través de una moción de parlamentarios socialdemócratas y comunistas para incrementar la cooperación con Cuba. Esta nueva disposición hacia América Latina fue favorecida por la elección de Olof Palme como Primer Ministro, quien fortaleció la política exterior sueca en el sentido de apoyar gobiernos socialdemócratas, condenar a los gobiernos autoritarios y criticar la intervención de las potencias en conflictos nacionales101. La cooperación sueca con Cuba se incrementó a partir de 1970 y se concentró en la construcción de infraestructura para educación y salud. Ese mismo año, Chile se convirtió en objeto de discusión en el Parlamento sueco, donde se acordó otorgar cooperación para el desarrollo una vez que Salvador Allende asumió la presidencia. Durante 1970 y 1971, la SIDA financió programas bilaterales piloto que alcanzaron sumas de 1,5 millones de coronas suecas (SKr.) y en 1972 el financiamiento au-

C. Harper, Letter to John Sinclair on Chile report, possible trip to coordinate human rights committee, and scarce US church contribution to Chile operation, 6/1/1974. ACMI. 100 C. Harper, Letter to related churches, agencies, and contributing groups on work in Chile Emergency Programme, 17/6/1974. ACMI. 101 Fernando Camacho Padilla, «Las relaciones entre Chile y Suecia durante el primer gobierno de Olof Palme, 1969-1976», Ibero- Americana, Nordic Journal of Latin American Studies VII, Nº 25 (2007): 65-67. 99

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mentó a SKr.25.000.000102. El aumento en los recursos de ayuda para el desarrollo se produjo ese año a raíz de una resolución del Parlamento sueco, que otorgaba a Chile el estatus de país-programa en el sistema de desarrollo internacional sueco103. El 31 de agosto de 1973, ambos países firmaron un Acuerdo Bilateral de Cooperación Cultural y Técnica que garantizaba un aumento en la ayuda exterior sueca hasta un total de SKr40.000.000104. El golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973 interrumpió la materialización del acuerdo105. Después del golpe de Estado, Suecia, junto con otros países de Europa del Norte, decidieron cortar toda ayuda exterior dirigida al Gobierno de Chile. En vez de eso, muchos de los recursos para programas de desarrollo en Chile que ya habían sido aprobados comenzaron a ser redirigidos directamente hacia la sociedad civil chilena. En la medida en que el trabajo del COPACHI y la colaboración del CMI en Chile fueron conocidas a través de redes eclesiásticas internacionales, estos gobiernos prontamente pusieron recursos a disposición, reflejando su “enfático interés […] en el trabajo de Emergencia en Chile y los proyectos para apoyar a la población marginada en Chile”106. La importancia del vínculo entre el Consejo Mundial de Iglesias y el COPACHI era que canalizaba recursos hacia Chile mientras evitaba completamente el control de la Junta militar. Entre 1973 y 1990, por su cuenta, Suecia contribuyó con más de US$16.000.000 por esta vía107. 102 Eivor Halkjaer, «La cooperación sueca con América Latina», en Suecia-Latinoamérica. Relaciones y cooperación, ed. Weine Karlsson, Ake Magnusson, y Carlos Vidales (Stockholm: Stockholm University - ILAS, 1992), 95. En dólares, el incremento representa un aumento desde US$ 355.450 en 1970-1971 a US$ 5.924.170 en 1972. 103 Ibíd., 92-93. 104 Esto implicaba alrededor de US$10.000.000 de la época en ayuda exterior que, ajustado por inflación, equivaldría a más de US$50.000.000 de 2012. 105 Camacho Padilla, «Las relaciones entre Chile y Suecia durante el primer gobierno de Olof Palme, 1969-1976», 69. 106 Chile Emergency Office, CMI Memorandum on Meeting on November 16, 1973, 20/11/1973. ACMI. 107 Camacho Padilla, «Las relaciones entre Chile y Suecia durante el primer gobierno de Olof Palme, 1969-1976», 69.

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La ayuda internacional de los EE.UU., por el contrario, se dirigió hacia el Gobierno de Chile, contribuyendo a estabilizar la situación de la dictadura. Chile había recibido, en diferentes grados, créditos y ayuda internacional estadounidenses desde la década de 1950. En aquel tiempo, la mayor parte de los fondos fueron préstamos del Export-Import Bank para comprar productos norteamericanos. A partir del inicio de la Alianza para el Progreso, un programa de ayuda internacional de desarrollo para América Latina impulsado por el gobierno de Kennedy en 1961, Chile comenzó a recibir mayores cantidades de recursos a través de la Agencia de Desarrollo Internacional de los Estados Unidos (USAID). Entre 1962 y 1969, Chile fue uno de los países más beneficiados por este programa, recibiendo US$74.300.000 o el equivalente a 11,8 por ciento del total de los fondos destinados por la Alianza para el Progreso para Latinoamérica108. Aunque los objetivos de la Alianza para el Progreso eran contribuir al desarrollo económico y promover reformas políticas en América Latina, muchos de los fondos fueron usados para producir resultados políticos acordes con la política exterior estadounidense en el corto plazo. En este sentido, los recursos de los Estados Unidos se descontinuaron durante el gobierno de Allende y se reanudaron después de su derrocamiento. La retórica oficial de la USAID para asistir a la dictadura militar enfatizaba que la ayuda se dirigía en realidad hacia “los más pobres de los pobres”109. Sin embargo, los programas de ayuda económica de los EE.UU. en realidad apoyaban de dos formas la represión política en Chile y en América Latina: “apoyo directo para equipar a un régimen represivo, y apoyo indirecto para ayudar a mantener a los gobiernos represivos en el poder”110. Directamente, esto se logró armando y entrenando a las fuerzas policiales y armadas de los goJeffrey F. Taffet, Foreign Aid as Foreign Policy. The Alliance for Progress in Latin America (New York: Routledge, 2007), 67. 109 Lars Schoultz, Human rights and United States Policy toward Latin America (Princeton: Princeton University Press, 1981), 178. 110 Ibíd., 178-179. 108

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biernos latinoamericanos. A medida que estos programas se fueron cortando a raíz de la presión del Congreso, el apoyo económico ayudó indirectamente a las dictaduras latinoamericanas por medio de programas de la USAID y Food for Peace. Este último programa ayudaba al régimen militar entregando alimentos que podían ser vendidos en el país en moneda local, ahorrando con ello la necesidad de gastar divisas extranjeras en su importación. Con las divisas ahorradas por estos programas, el Gobierno de los Estados Unidos asistió indirectamente al Gobierno militar chileno en la compra de armamento a los EE.UU. y terceros países111. Si bien entre septiembre de 1973 y marzo de 1974 el ACNUR proporcionó casi US$215.000 de los US$300.000 en gastos del CONAR, después de esa fecha los recursos tanto del CONAR como del COPACHI fueron proporcionados por el Consejo Mundial de Iglesias. Hasta 1975, el CMI proporcionó el equivalente al 80 por ciento del presupuesto total del COPACHI. Esto significó que el Consejo Mundial de Iglesias asumió el poder de decidir cómo y hacia quién dirigiría esos recursos. A través de sus contactos con los gobiernos de Europa del Norte, el Consejo Mundial de Iglesias logró tempranamente centralizar los recursos que recibían las organizaciones que funcionaban en Chile. Esto se reflejó en la formación y consolidación de departamentos específicos para atender las necesidades de las organizaciones en Chile. En un comienzo, la coordinación de las acciones del CMI en torno a Chile había estado a cargo del Director de la Comisión de las Iglesias para Asuntos Internacionales (CCIA), Leopoldo Niilus, con la colaboración de los trabajadores que tenían algún grado de relación con América Latina. Sin embargo, el carácter ad hoc de este primer equipo de coordinación se hizo insuficiente, a medida que la participación del CMI se amplió hacia el manejo de los centros de recepción en Argentina y Perú. La primera delegación enviada por el CMI y los requerimientos logísticos y administrativos para su éxito forzaron la necesidad de revisar la 111

Ibíd., 186.

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estructura inicial. Esto dio paso a la creación del Chile Task Force (Equipo de Trabajo para Chile), el cual tuvo “dos responsabilidades claramente definidas: a) La formulación de directrices para la toma de decisiones […], y b) Atender a todos los detalles prácticos y operacionales tales como las comunicaciones a todos los niveles del CMI y sus miembros, contactos, etc., respuesta urgente y concreta a la situación de los refugiados, y la coordinación de todas estas actividades interrelacionadas”112. Estas actividades probaron ser excesivas para ser administradas por los miembros del Chile Task Force, quienes además de su trabajo en la administración del caso chileno debían también concentrarse en sus actividades diarias en el CMI. En noviembre de 1973, cuando el CMI se preparaba para enviar una segunda delegación a Chile, Argentina y Perú, y en respuesta a los nuevos desafíos planteados por el tema de los derechos humanos, se creó un pequeño departamento dentro de la organización para que se concentrara exclusivamente en el manejo de los programas de la emergencia chilena –como eran llamados los programas para refugiados y de derechos humanos dentro de la organización–. Este departamento fue la Chile Emergency Office (Oficina para la Emergencia en Chile) y estaba compuesto por un coordinador y una secretaria, quienes se encargaron de administrar toda la información sobre Chile que entraba y salía del CMI. El Chile Task Force asumió un nuevo rol, convirtiéndose en un órgano de asesoría y apoyo, desvinculándose así de las actividades diarias relacionadas con la administración de los programas chilenos. La Chile Emergency Office le dio una nueva dimensión al apoyo internacional de las organizaciones chilenas, al establecer un canal estable de comunicación entre las agencias internacionales y las instituciones encargadas de defender los derechos humanos en terreno. En consecuencia, el financiamiento anual de la Chile Emergency Office fue garantizado 112 J. da Silva, Confidential/Urgent Memorandum to WCC staff regarding creation of a “Chile Task Force”, 2/10/1973. ACMI.

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por la SIDA113. Hacia finales de 1973, la participación del Consejo Mundial de Iglesias en Chile, la cual no se creía que iba a durar más allá de los tres meses que se fijaron para la operación de rescate a los refugiados, creó un canal institucional de comunicación y apoyo entre Europa y América Latina. La consolidación financiera y la creciente represión en América Latina produjeron el último paso institucional en la consolidación de los programas de derechos humanos en el Consejo Mundial de Iglesias. A comienzos de 1974, después de consolidados los programas en Chile y una vez desvanecida la sensación de urgencia, el Coordinador de la Chile Emergency Office, Charles Harper, intercambió ideas con el subdirector de la CICARWS, Graeme Jackson, sobre los pasos institucionales que debían tomar para enfrentar el deterioro de la situación de los derechos humanos en América Latina. La respuesta del CMI a los casos chilenos fue vista como un modelo que podía ser exportado a otros países latinoamericanos y se pensó en una nueva estructura institucional que se encargara de llevar a cabo esta tarea114. Estas reflexiones llevaron a la formación de la Human Rights Resources Office for Latin America (Oficina de Recursos en Derechos Humanos para América Latina, HRROLA). Entre 1975 y 1991, a pesar de lo complicado de su nombre y su extremadamente bajo perfil, la HRROLA se convirtió en uno de los actores centrales en la coordinación de las respuestas a las violaciones a los derechos humanos en el continente, entregando su experiencia técnica o los recursos necesarios para la formación de entidades de derechos humanos, y ayudando a distribuir información de modo de incrementar la sensibilidad de la opinión pública internacional hacia las violaciones a los derechos humanos en América Latina115. Human Rights Resources Office on Latin America, Report of the Unit II Task Force on the Human Rights Resources Office for Latin America (HRROLA), marzo 1990. ACMI. 114 C. Harper, Internal Memorandum to Graeme Jackson, CICARWS, with notes on conversation about the work of the WCC with Latin America, 1/2/1974. ACMI. 115 Manuel Bastias Saavedra, «The Unintended Legacy of Septiembre 11 1973. Transnational Activism and the Human Rights Movement in Latin America», Iberoamericana. América Latina - España - Portugal 51, Nº 3 (2013). 113

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Agencias internacionales, Iglesias y relaciones de poder El golpe de Estado alteró significativamente las relaciones de poder entre los sectores conservadores y progresistas de la sociedad chilena debido a la clausura de las instituciones que habían estructurado la interacción política hasta entonces. Una de las primeras medidas de la Junta militar, por ejemplo, fue la proscripción de la Central Única de Trabajadores (CUT), y la prohibición de cualquier tipo de organización, acción o propaganda en su nombre, a través del Decreto Ley Nº 12. Los sindicatos campesinos no fueron disueltos, pero se les congeló el financiamiento116. El Sindicato Único de Trabajadores de la Educación (SUTE) fue intervenido y un 90 por ciento de sus fondos fueron congelados117. Los partidos políticos de la izquierda fueron disueltos por decreto, se les confiscaron sus bienes y se prohibió su funcionamiento. Los partidos de la derecha y el Partido Demócrata Cristiano fueron declarados en receso, prohibiéndose cualquier tipo de actividad política, y solo se les permitió administrar sus bienes118. De este modo, el inicio de la represión fue acompañado por la clausura de la mayoría de las instituciones que caracterizan un ambiente político plural. En octubre de 1973, el Ministro del Interior, el General Óscar Bonilla, resumió el objetivo de estas acciones de la Junta militar: “Lo que este país necesita es silencio político”119. La Junta militar también recurrió al exilio como un mecanismo para rehacer el panorama político chileno. A pesar de tener una larga tradición en América Latina como una práctica de los grupos gobernantes para asegurar la estabilidad y el orden público durante el siglo diecinueve, la oleada de exilio que comenzó en la década de 1960 tuvo la característica de ser un fenómeno masivo que afectaba no solo a los líderes políticos, sino también a militantes de base y COPACHI. Un año y medio de gobierno militar, marzo, 1975, 19. ACMI. Ibíd., 11. 118 Ibíd., 21. 119 The New York Times, 7/10/1973. 116 117

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simpatizantes120. En un documento de análisis del CMI sobre el proyecto de los refugiados se indicaban claramente las implicancias políticas de la ayuda dada a los exiliados: “Hemos estado haciendo el juego a aquellas fuerzas de la derecha en América Latina que han estado tratando de deshacerse del movimiento progresista que constituye la mayor amenaza para ellos. ¡Tenemos que reflexionar seriamente sobre aquello que hemos estado haciendo en el programa de la emergencia en Chile!”121. En última instancia, el drenaje de activistas de izquierda tuvo como consecuencia la intensificación de la visión de mundo que intentaba imponer el régimen militar: “Todos aquellos que no estaban inclinados a apoyar las ideas de los gremialistas de corte católico integrista, de los nacionalistas corporativistas, de los neoliberales autoritarios, y todos aquellos conectados a diversas versiones de la Doctrina de Seguridad Nacional, sintieron el ambiente enrarecido”122. La situación política del país también se vio reflejada en las Iglesias a medida que la derecha adquiría predominio e influencia entre la jerarquía eclesiástica123, y se vio reforzada por una base que comenzó a asumir crecientes posturas anticomunistas, debilitando a su vez a los pocos líderes de Iglesia que se mostraban críticos a la Junta militar. A mediados de octubre de 1973, el obispo Frenz remitió sus preocupaciones sobre esta situación dentro de la Iglesia Evangélica Luterana de Chile en una carta enviada al CMI: Muchos de los parroquianos observan a los pastores escéptica y críticamente. El nivel de consciencia de muchos feligreses es más ideológico que cristiano. No es bien visto Sznajder y Roniger, The politics of exile in Latin America, 137. C. Harper, Internal Memorandum to Graeme Jackson, CICARWS, with notes on conversation about the work of the WCC with Latin America, 1/2/1974. ACMI. 122 Sznajder y Roniger, The politics of exile in Latin America, 231. 123 Esta tendencia fue prevalente en muchas otras instituciones. En su visita a Chile en noviembre de 1973, la delegación de Amnistía Internacional observó que los dirigentes del Colegio de Abogados parecían “alarmantemente desinteresados por la situación de los chilenos y por su derecho al debido proceso”. Amnesty International, Report of Mission to Santiago, Chile, November 1-8, 1973, 21/1/1974, 5. ACMI. 120 121

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que apoyemos a los comunistas que sufren persecución. El deseo de venganza y castigo no solo se manifiesta latente sino abiertamente. Nuestras posiciones críticas hacia la dictadura militar son aceptadas por un número contado de personas. Los sermones de nuestros ministros están siendo criticados y atacados”124.

En este ambiente político crecientemente conservador, el giro en la agenda desde los refugiados hacia los derechos humanos no fue solamente una transformación normativa, sino que fundamentalmente fue el resultado de luchas de poder que comenzaron a surgir entre diferentes sectores de las Iglesias chilenas. Los conflictos que surgieron tanto entre como dentro de las Iglesias, más que definidos por diferencias confesionales, estaban basados en marcados clivajes ideológicos. Es necesario considerar, por ejemplo, que a pesar de su estructura de gobierno jerárquica, la Iglesia católica estaba atravesada por diferentes cosmovisiones que básicamente reproducían la diversidad ideológica del espectro político nacional, pues convivían en ella un importante sector de izquierda con otros que eran predominantemente prorrégimen125. Como hemos visto, la creciente ascendencia de los sectores de derecha se reprodujo en el comité para refugiados y creó una situación incómoda para los equipos del CMI, quienes se encontraron en la posición de tener que cooperar con organizaciones y personas que claramente demostraban afinidad con la Junta militar. Esta afi124 C. Harper, Memorandum to Chile Task Force Members on the present situation of Bishop Helmut Frenz, 7/2/1974. ACMI. 125 En muchas ocasiones, los miembros de las comunidades eclesiásticas impedían acciones más determinadas en contra de las violaciones a los derechos humanos. En un acta de reunión del COPACHI, mientras se discuten acciones para enfrentar el tema de los desaparecidos, tanto el pastor metodista Tomás Stevens como el rabino Ángel Kreiman se oponen a la idea de discutir el problema en las Iglesias a nivel pastoral. Las palabras del rabino Kreiman son explícitas en las implicancias de semejante acción: “El director, Sr. Kreiman, no confía en la respuesta que una idea de esta naturaleza tendría en su comunidad, ya que, en su mayoría, están muy conformes con el régimen actual y solo manifiestan preocupación por los casos de desaparición que han afectado a 8 o 10 de sus miembros”. COPACHI, Acta de Sesión del Directorio del 10 de abril de 1975; con detalle del informe “Un año y medio de gobierno militar”, 10/4/1975, 6. ACMI.

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nidad con el gobierno chileno era un problema, pues el éxito de cualquier operación de derechos humanos iba a depender del grado de compromiso que demostraran los directores de la organización con la situación de la izquierda chilena. Estas tensiones dieron lugar a maniobras políticas destinadas a sacar a los sectores prorrégimen de las Iglesias de las organizaciones, conllevando que el CMI retirara su apoyo al CONAR y comprometiera cada vez más recursos y compromiso hacia el trabajo del COPACHI. Estas acciones transformaron de modo radical las relaciones de poder entre los sectores de izquierda y derecha de las Iglesias, revirtiendo de este modo las estructuras de poder que se estaban configurando en Chile como consecuencia del golpe de Estado. De este modo, a pesar de la creciente influencia de sectores con afinidad al régimen militar tanto dentro como fuera de las Iglesias, actores internacionales jugaron un rol fundamental en impulsar la agenda de derechos humanos al empoderar a los sectores progresistas de las Iglesias chilenas. Este argumento se basa en la reconstrucción de una serie de conflictos que se desataron entre las diferentes organizaciones entre septiembre de 1973 y febrero de 1974. Rastreando los conflictos, las evaluaciones y las decisiones que se adoptaron, es posible elucidar cómo incipientes luchas de poder entre diferentes sectores de las Iglesias terminaron por resolverse a favor de aquellos que habían sido perjudicados por la situación macropolítica en el país. En cada caso, las decisiones tuvieron que ver con las percepciones creadas en torno a las personas en cuanto si eran de confianza para llevar a cabo las tareas competente y comprometidamente, y si eran capaces de administrar los recursos con discreción. A medida que el contexto macropolítico tendía hacia un drástico empoderamiento de los sectores de derecha en las Iglesias, el CMI actuó como árbitro en la decisión de otorgar apoyo y certificación institucional a sectores específicos de las Iglesias representados en el COPACHI126. 126 Esta idea también se manifiesta en el informe de 1974 de Amnistía Internacional: “Estamos ciertamente impresionados por los logros y las aspiraciones del Comité de Cooperación para la

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Esto alteró las estructuras de poder en Chile, dado que los sectores avalados se convertirían en receptores privilegiados de recursos internacionales, informantes reconocidos en foros internacionales y, básicamente, el COPACHI y su sucesora, la Vicaría de la Solidaridad, se convertirían en garantes de la futura distribución de recursos internacionales hacia la sociedad civil chilena. La incomodidad expresada por la primera delegación del CMI sobre la inclinación prorrégimen de los directores del CONAR se vio reforzada por una segunda delegación que visitó Chile en los meses subsiguientes. La segunda delegación, compuesta por el Rev. John Sinclair de la Iglesia Presbiteriana de los Estados Unidos, Margarte Grappe-Lantz, Secretaria General del Consejo Juvenil Sueco, y el español Julio Amaral en representación del Comité para la Coordinación de Actividades para los Desplazados (CIMADE) de Francia, viajó a Chile, Argentina y Perú a fines de octubre de 1973. Al igual que la primera delegación, su tarea consistía en coordinar los diferentes centros de recepción, asesorar el funcionamiento de las diferentes tareas y evaluar las prioridades de la ayuda financiera127. Las impresiones de esta segunda delegación, sin embargo, serían fundamentales para concentrar el apoyo internacional hacia el trabajo de defensa de los derechos humanos, y empoderar a los sectores más progresistas de las Iglesias. Así, si la reacción de la primera delegación había llevado a la creación del COPACHI como una alternativa al comité de refugiados, las impresiones de la segunda delegación comenzaron a revelar la necesidad de revisar seriamente la relación establecida entre el CMI y el Comité de Ayuda a los Refugiados. Estas dudas llevaron Paz y unos pocos otros grupos (menos formalmente organizados). A diferencia del Consejo del Colegio [de Abogados] parece que ellos están conscientes de que los abogados pueden ayudar a las personas cuando han sido detenidas. […]. Nuestra visión es que las Naciones Unidas mismas, Amnistía Internacional y muchas otras organizaciones –gubernamentales y no-gubernamentales– podrían ayudar inmensamente con actividades que podrían buscar, estimular, empoderar y financiar este tipo de abogados chilenos”. (Cursivas son mías). Amnesty International, Report of Mission to Santiago, Chile, November 1-8, 1973, 21/1/1974, 6. ACMI. Esta fue precisamente el tipo de acción realizada por el CMI en las fases iniciales de la dictadura. 127 Consejo Mundial de Iglesias, Report on WCC activities relating to Chile, missions and appeals, 1/11/1973. ACMI.

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a que el personal del Consejo Mundial de Iglesias comenzara a evaluar “con quien cooperar en el largo plazo”128. La preocupación preponderante de la segunda delegación del CMI era la estrechez de la relación que el CONAR había establecido con el régimen militar chileno: Entendemos la necesidad de establecer contactos con las autoridades en el poder en este momento, pero no entendemos con tanta facilidad que en ciertas ocasiones la colaboración sea tan estrecha que no podemos distinguir el Ministerio [del Interior] de nuestro comité. Existe, en este punto, tal confusión […] que podría causarnos problemas en el futuro. Creemos que el CMI debiera reflexionar sobre esta situación129.

Además de la cercanía que se percibía entre los directores del comité de refugiados y la Junta militar, los conflictos incrementaron en la medida en que crecía la desconfianza entre los comités chilenos apoyados por el CMI. El CONAR, con la excepción del obispo Frenz, era administrado por los sectores más conservadores de las Iglesias evangélica y protestante, quienes se mostraban particularmente interesados en mantener a la Iglesia católica alejada del comité. De este modo, las tensiones comenzaron a crecer en la medida en que el comité de derechos humanos se formó con representantes protestantes y católicos. El COPACHI era además visto con recelo porque se la consideraba una organización más cercana a la izquierda. Entre los sectores más conservadores de las Iglesias, la negativa de la Junta militar a validar su funcionamiento reforzaba su imagen antirrégimen. El conflicto entre ambos grupos se agravó hacia fines de 1973, según lo revela un telegrama enviado al Consejo Mundial de Iglesias desde Argentina por Margarete Grappe-Lantz y Julio Amaral: G. Jackson, CICARWS, Chile Task Force report: Tuesday, diciembre 4, 1973, 12/12/1973. ACMI. 129 Sinclair et al. Apuntes sobre el viaje Santiago, Lima, Buenos Aires, [Diciembre 1973]. ACMI. 128

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La situación del comité dos [COPACHI] extremadamente difícil en su relación con las autoridades/empeorado por actitud del comité uno [CONAR] que desea su destrucción/gran tensión/esperamos que las autoridades del comité dos puedan superar esta situación. Es muy importante que se resuelva sin intervención externa. Algunos individuos corren serio peligro”130.

Cuando el coordinador de la Oficina para la Emergencia en Chile del CMI, Charles Harper, visitó Chile en marzo de 1974 para fortalecer el trabajo del COPACHI, la relación entre los comités y entre las diferentes Iglesias continuaba siendo caracterizada por graves disputas. Así lo comunicó en una reunión de coordinación una vez de regreso en Ginebra: El Comité II sigue siendo expresivo de la comunidad ecuménica, con representantes de las comunidades judía, luterana, ortodoxa y metodista, junto con los católicos. Hay considerable presión desde los miembros conservadores del Comité I para que los protestantes salgan del Comité II. Esta tendencia debe ser combatida con fuerza”131.

El conflicto siguió agravándose en las semanas siguientes, según comunicaciones que llegaban a Ginebra. Charles Harper hizo circular un memorándum expresando su temor de que “la efectividad del trabajo futuro del Comité II podía verse comprometido por los crecientes esfuerzos en Chile de reducir o silenciar completamente su dimensión profética –y esto por sectores conservadores de las Iglesias protestantes”132. La preocupación era tal que incluso se llegó a considerar opciones de acción “en caso de que el Comité II

M. Grape-Lantz y J. Amaral, Telex to Harper, WCC, on situation in Chile, Peru, and Argentina. Especially regarding difficulties for Committee II, 3/12/1973. ACMI. 131 Harper, Minutes on Chile Task Force Meeting on April 4, 1974 with notes from Harper’s visit to Chile, 22/4/1974. ACMI. 132 C. Harper, Memorandum to WCC members raising concerns on the deterioration of COPACHI in Chile, 22/5/1974. ACMI. 130

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deje de ser efectivo”133. La situación del COPACHI era de particular interés para el CMI pues su trabajo era considerado ejemplar y confiaban en el potencial que podía tener en ayudar a enfrentar la creciente represión en Chile. El Consejo Mundial de Iglesias se manejaba con mucho mayor cuidado con los directores del comité de refugiados. Según John Sinclair, quien encabezó la segunda delegación del CMI, el Secretario Ejecutivo del CONAR, Samuel Nalegash, era muy eficiente y tenía completo control de la operación. Sin embargo, en su apreciación, el CMI solamente “debía entenderse con él en materias referidas al CONAR”134. Esta aprensión revelaba que algunos aspectos más delicados en los cuales participaba el CMI –tales como el programa de reubicación del COPACHI por medio del cual se ayudaba a las personas a entrar a las embajadas o a salir clandestinamente del país– no debían ser puestos en su conocimiento135. En enero de 1974, a raíz de su actitud pro Junta y algunas declaraciones dadas a El Mercurio, las quejas en contra de Nalegash comenzaron a aumentar136. La reacción de la Oficina para la Emergencia en Chile, sin embargo, fue actuar con cautela. Cuando nuevos reclamos llegaron a Ginebra el 11 de enero de 1974, la decisión fue “dejar el asunto morir”137. La reticencia a involucrarse más que una muestra de respaldo era una cuestión de prudencia. El momento en que las denuncias en contra de Nalegash comenzaron a Ibíd. J. Sinclair, Confidential (For your eyes only) letter to Ch. Harper and W. Wipfler on mission to Latin America, 24/11/1973. ACMI. 135 La retención de información del CONAR fue una práctica que se repitió a lo largo de las operaciones del CMI. Poco antes de regresar a Ginebra, el segundo equipo de enlace hizo una visita imprevista a Santiago y en sus comunicaciones con el CMI recomendaron no avisar a las personas del CONAR: “El viaje tiene relación con asuntos del Comité II, y es esencial que el Comité I no se entere de su [el segundo equipo de trabajo] presencia”. D. Epps, CCIA, Memorandum to members of Chile Task Force on phone call from Amaral, who says tension in Argentina is rising, 7/12/1973. ACMI. 136 Chile Emergency Office, CMI, Minutes of the TF meeting on January 8, 1974, 9/1/1974. ACMI. 137 Chile Emergency Office, CMI, Minutes of the TF meeting on January 11, 1974, 14/1/1974. ACMI. 133 134

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aumentar, la operación para evacuar a los refugiados se encontraba en sus fases finales. De este modo, se intentaba no aumentar un conflicto que podía resolverse a medida que la misión del CONAR fuese completada. Una vez que se resolviese el problema de los refugiados, no habría necesidad de continuar el apoyo. Este último punto, sin embargo, podría jugar en contra de mi argumento: ¿se puede entender la reducción en el apoyo al CONAR como evidencia de la finalización de una tarea, que consistía en ayudar a los refugiados extranjeros a abandonar el país, más que como indicación del apoyo selectivo a ciertos sectores de las Iglesias por sobre otros? Esta pregunta resume un aspecto importante del apoyo del CMI al trabajo del CONAR. A pesar de la imagen negativa que tenía entre el personal del Consejo Mundial de Iglesias, la eficiencia del trabajo del comité de refugiados era ampliamente reconocida. En un informe preparado después que el trabajo del comité había concluido, Charles Harper indicó que había “trabajado eficientemente y se había ganado el respeto de los ‘profesionales’ del ACNUR”138. La segunda delegación también dejó testimonio de la calidad del trabajo desarrollado por el CONAR en uno de sus informes: “Debemos admitir la eficiencia con que este Comité ha actuado; han desarrollado un trabajo destacable desde muchos puntos de vista”139. Sin embargo, a medida que nuevos programas entre el gobierno militar y el ACNUR surgieron a mediados de 1975, en vez de entregarle la tarea al CONAR –que había probado ser una organización extremadamente eficiente– se formó una nueva organización, la Fundación de Ayuda Social de las Iglesias Cristianas (FASIC), para aplicar el Decreto 504 que conmutaba por exilio las sentencias de los prisioneros políticos140. La creación de FASIC revela que, a C. Harper, Minutes on Chile Task Force Meeting on April 4, 1974 with notes from Harper’s visit to Chile, 22/4/1974. ACMI. 139 Sinclair et al. Apuntes sobre el viaje Santiago, Lima, Buenos Aires, [Diciembre 1973]. ACMI. 140 FASIC, Informe Anual de Actividades FASIC 1975, 1976. Centro de Documentación - FASIC (En adelante, CD-FASIC). 138

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medida que comenzaron a surgir nuevos programas de largo plazo, el CONAR no fue considerado para la operación141. Y como esta nueva organización continuaría recibiendo financiamiento internacional, la maniobra socavó seriamente las posibilidades de éxito del CONAR en el largo plazo. Como demuestra el caso de FASIC, que continúa funcionando hasta el día de hoy con nuevos programas, el cambio en las circunstancias de la misión no significa la cesura inmediata del apoyo internacional, ni el cierre definitivo de la organización142. Mientras que el COPACHI logró consolidar sus relaciones con el CMI, el CONAR no fue considerado dentro de la reemisión en enero de 1974 del llamado internacional para los programas para la emergencia en Chile143. Y ante las peticiones de financiamiento que continuaban llegando desde el CONAR, el Chile Task Force decidió otorgar algunos recursos para no “exacerbar las tensiones entre las Iglesias chilenas al no contribuir nada”144. La formulación de la frase es reveladora en cuanto sugiere que si las tensiones no hubiesen existido, el CMI hubiese cesado su apoyo por completo. Por otro lado, hacia fines de 1974, el COPACHI recibía ayuda financiera creciente y prácticamente exclusiva, alcanzando aproximadamente a un millón de dólares anuales145. Junto con la ayuda económica, el respaldo internacional le dio prestigio al COPACHI frente a las organizaciones internacionales que requerían información sobre Chile, como lo destacó un artículo del New York Times de 1975: “El impresionante registro del comité ha hecho que sea buscado por todos los grupos de H. Frenz, Letter to Charles Harper, Re: COMAR- Your letter of April 9, 1975, 17/4/1975. ACMI. 142 http://www.fasic.org/. 143 G. Jackson, CICARWS, Letter to related churches and agencies: New appeal regarding the situation in Chile for $1,200,000, 31/1/1974. ACMI. 144 Chile Emergency Office, CMI, Minutes Task Force meeting of April 26, 1974, April 30, 1974. ACMI. 145 C. Harper, Coordinador Chile Emergency Office, Letter to John Foster of the United Church of Canada on Canadian Lobby at Food Conference in Rome, ICJ report on Chile, and appeal for COPACHI, 15/11/1974. ACMI. 141

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derechos humanos que visitan el país, incluyendo representantes de las Naciones Unidas, Amnistía Internacional, y la Organización de Estados Americanos”146. Aunque el periódico atribuye el estatus del COPACHI al trabajo que realizaba, el hecho es que el Comité era requerido fundamentalmente por la posición que había adquirido a través de sus alianzas internacionales147. El CONAR, por el contrario, perdió influencia hacia 1975, como fue claramente revelado en un informe de Wendy Tyndale en una visita a Chile en representación del Grupo de Trabajo Conjunto para la Reubicación de Refugiados Chilenos en el Reino Unido. Haciendo referencia a las organizaciones con las que se comunicó, menciona sus contactos con el CALEX (ex CONAR): Solo hablé brevemente con un trabajador de este comité. Fue instalado después del golpe para trabajar con el ACNUR en dar asistencia a los refugiados extranjeros y sus familias y ayudando en todos los aspectos de la organización del viaje para ellos y para las familias de los refugiados chilenos. Su trabajo se ha visto reducido bastante a causa de los pocos refugiados extranjeros que quedan y porque ahora la Fundación de Asistencia Social [FASIC] ha asumido todos los aspectos del trabajo con los prisioneros que postulan a la conmutación de sus sentencias, incluyendo el trabajo con sus familias148.

The New York Times, 5/5/1975 En 1989 el antiguo director de la División de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Theo van Boven, destacó la importancia de la información proporcionada por la sucesora del COPACHI, la Vicaría de la Solidaridad, y destacó el rol del CMI: “En este sentido, el Consejo Mundial de Iglesias con su sede en Ginebra ha actuado muchas veces como un intermediario en los canales de comunicación entre la Vicaría de la Solidaridad y la División (ahora Centro) de Derechos Humanos de las Naciones Unidas que también está localizado en Ginebra. Las Iglesias tienen sus raíces y alcance por todos lados, también llegando a pequeñas comunidades, y disponen por ello de una red de información sin parangón”. T. van Boven, Text of Support for the Publication on Chile’s history, 1973-1985, 1/5/1989. ACMI. 148 W. Tyndale, Christian Aid, Visit to Chile and Argentina for the Joint Working Group for the resettlement of refugees from Chile in the United Kingdom. June 6 - July 9 1975, [Julio 1975], 18. ACMI. 146 147

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En pocas palabras, esta evolución de la organización revela que, a medida que el apoyo internacional se volvió escaso, el CONAR no fue considerado un interlocutor serio dentro de Chile. Estas circunstancias resolvieron un campo de relaciones conflictivas que, a través de la mediación de un actor internacional, finalmente favorecieron a los sectores más progresistas de las Iglesias, incrementando sus recursos y su influencia149. En este sentido, la intervención de actores internacionales alteró las estructuras locales de poder de manera significativa al inclinar la balanza –aunque levemente en esta primera fase– a favor de esos sectores que estaban siendo obligados al silencio por medio de la fuerza. Los pasos en falso y las reevaluaciones que condujeron a la consolidación del COPACHI marcaron un punto de inflexión. Entre diversas alternativas, el CMI decidió apoyar al COPACHI y, una vez que esta decisión fue adoptada, la pregunta sobre quién apoyar en el largo plazo no volvió a ser planteada, iniciándose así una transferencia constante de recursos internacionales hacia el COPACHI en Chile. La creación y apoyo a organizaciones que se encargaran de los problemas de la oposición sería un acontecimiento crítico para generar patrones de contactos transnacionales, que serían reproducidos a medida que la ayuda internacional comenzó a llegar desde otras fuentes. La interrupción del avance incontestado de la derecha en las actividades de derechos humanos ayuda a explicar por qué una oposición a Pinochet pudo materializarse con tanta rapidez en los años subsiguientes. Con todo, la estrategia de apoyar al COPACHI a través de cre-

Estas maniobras continuaron aun después de la fundación de la Vicaría de la Solidaridad. Dado que el Cardenal quería a un luterano en el directorio, surgieron posiciones divergentes y se solicitó la intervención del CMI para recomendar a un pastor progresista: “Si el Comité Sinodal está dispuesto a permitir la participación en el trabajo de derechos humanos de la Vicaría, ya es claro que un ‘momio’ será enviado al directorio. Esto sería fatal para la Vicaría. Uds. deben saber que el comité sinodal dirigido por el pastor Schaller ya no es el mismo que era hace un año. Ha habido un claro giro hacia la derecha. Ya no se quiere ningún tipo de confrontación con los gorilas militares”. H. Frenz, Amnesty International Hamburgo, Letter to Charles Harper on letter from Savoleinen, 5/4/1976. ACMI. 149

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ciente ayuda económica y apoyo técnico demostró ser exitosa en el corto plazo. En solo nueve meses, el Comité creció hasta alcanzar un personal de 135 personas que trabajaban en 23 oficinas a lo largo de Chile, y en el primer semestre de 1974 atendieron más de 12.000 casos que iban desde despidos arbitrarios hasta desapariciones. En 1975 el COPACHI tenía un equipo de 180 personas en Santiago, y otras 160 que trabajaban en 22 oficinas en todo Chile150. Para esa fecha, los departamentos de asistencia social, jurídico y laboral atendieron más de 20.000 casos y el programa de salud atendió a más de 60.000 personas151. Aunque el crecimiento del COPACHI fue un reflejo de la lenta consolidación de la ayuda internacional, su importancia aumentó en la medida en que las víctimas podían confiar en el personal y en el trabajo del Comité. Aquí radica la importancia de las maniobras políticas que en última instancia privilegiaron al COPACHI frente a la comunidad internacional. Al aislar al Comité de la influencia del Gobierno chileno y de sus adherentes, el COPACHI desarrolló la capacidad de actuar con fuerza frente a la Junta militar. Esta práctica fue explícitamente sugerida por José Zalaquett, el jefe del equipo jurídico del COPACHI, en una visita al CMI en Ginebra en junio de 1974: “[El COPACHI] debe mantenerse independiente de la Junta y del control de la Junta o de los aliados de la Junta (de dondequiera sea que vengan) y debe mantener su espíritu crítico de lucidez y fe en los valores de la libertad tanto en Chile como en el resto del mundo”152. El COPACHI continuó su labor ecuménica de defensa a los derechos humanos hasta fines de 1975 cuando los conflictos con el 150 Sub-Committee on International Organizations of the House of Representatives, Chile: La situación de los derechos humanos y su relación con los programas de asistencia económica de los Estados Unidos. Declaración de José Zalaquett, 5/5/1976, 20. Fundación Documentación y Archivo de la Vicaría de la Solidaridad, Arzobispado de Santiago (En adelante, FDAVS). 151 COPACHI. Comité de Cooperación para la Paz en Chile: Crónica de sus dos años de labor solidaria, diciembre 1975, Anexo 2.1. FDAVS. 152 C. Harper, Memorandum to the Chile Task Force on meeting with Jose Zalaquett in Geneva on May 31, 1974, 6/6/1974. ACMI.

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régimen comenzaron a escalar. Un episodio que involucró a varios sacerdotes y funcionarios del COPACHI en dar refugio a dirigentes del MIR fue el que desencadenó el cierre de la organización. A consecuencia de estos acontecimientos, varios sacerdotes vinculados al COPACHI fueron detenidos, agentes secretos del régimen registraron los hogares de siete funcionarios del Comité y la Junta prohibió el regreso de Helmut Frenz, entonces en Ginebra, a Chile. El 11 de noviembre de 1975, el general Augusto Pinochet demandó que el cardenal Silva disolviera el Comité para la Paz bajo el argumento de que era “usado por marxistas-leninistas para crear problemas que alteraban la seguridad pública y la paz necesaria”153. El 22 de diciembre de 1975, la Conferencia Episcopal envió una carta al Secretario Ejecutivo del COPACHI y a sus funcionarios agradeciendo sus servicios y anunciando su intención de “continuar la tarea desarrollada por otros medios”154. El 1 de enero de 1976, el cardenal Silva Henríquez firmó el decreto que marcaba la fundación de la Vicaría de la Solidaridad. Aunque la idea era continuar con el trabajo del COPACHI bajo el auspicio de la Iglesia católica, la creación de la Vicaría fortaleció, profundizó y amplió las actividades de su antecesor.

COPACHI. Comité de Cooperación para la Paz en Chile: Crónica de sus dos años de labor solidaria, diciembre 1975, Anexo 1.3. FDAVS. 154 Ibíd., Anexo 1.5. 153

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Capítulo III La reconstrucción de la sociedad civil: centro y periferia Una cuestión que debemos preguntarnos en este sentido conlleva inevitablemente la conclusión de que debemos quizá estar más dispuestos y tener el coraje de entregar ayuda directa a esos grupos no-eclesiásticos, tales como los sindicatos y los movimientos de campesinos, que realmente representan a los explotados, a los pobres y a los oprimidos en estos países, bajo la premisa cuestionable de que estas estructuras, forjadas y elegidas por sus bases, son las más propensas y apropiadas para combatir las causas fundamentales de la opresión. El tema se convierte así en una cuestión de relaciones de poder, más que de simple caridad y asistencia en el sentido tradicional. Charles Harper, Consejo Mundial de Iglesias, 11 de junio, 1975 El término catarsis puede ser usado para indicar el tránsito de la esfera estrictamente económica […] a la esfera ético-política, que es la elaboración superior de la estructura en superestructura en la mente. Esto también significa el tránsito de lo ‘objetivo’ a lo ‘subjetivo’ y de la ‘necesidad’ a la ‘libertad’. Antonio Gramsci, The Prison Notebooks, 1929-1935

Los esfuerzos para mantener a los sectores con afinidades al régimen alejados de las organizaciones de defensa a las víctimas fueron importantes para acelerar la reconstrucción de la sociedad civil en Chile. Las primeras organizaciones de derechos humanos, y luego una amplia gama de ONGs, estimularon y apoyaron el surgimiento de organizaciones de base a lo largo de Chile, especialmente en los sectores más pobres del país. Si bien inicialmente estos esfuerzos de reorganización contenían un fuerte sentido de ayudar a las personas más necesitadas a sobrellevar los problemas relacionados con la sobrevivencia económica, hacia fines de la década de 1970 89

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las organizaciones de base y las instituciones de apoyo comenzarían a asumir posturas crecientemente políticas. En cierta medida, el trabajo de reorganización de las organizaciones populares que comenzó con el COPACHI hacia fines de 1973, al cual se sumaron cientos de instituciones de apoyo surgidas en años posteriores, sirvió para llenar el vacío que había dejado la desarticulación de los partidos políticos de izquierda a partir del golpe de Estado. Organizaciones de subsistencia y de autoayuda La organización de los sectores populares fue un instrumento que usaron los partidos políticos a lo largo del siglo XX para construir sus bases de apoyo. Aunque la integración de los sectores más pobres de la sociedad chilena al sistema político había sido estimulada por los partidos obreros desde la década de 1930, fue en el periodo que precedió a la presidencia de Eduardo Frei Montalva en 1964 cuando este proceso se intensificó radicalmente. La base del programa electoral del Partido Demócrata Cristiano (PDC) se fundaba en la idea de la ‘promoción popular’, concebida en el DESAL por el jesuita belga Roger Vekemans e implementada a comienzos de la década de 1960. Debido al férreo control que el Partido Comunista y el Partido Socialista ejercían sobre los sindicatos, el PDC favoreció una estrategia que se concentró en capturar el potencial electoral hasta entonces no aprovechado de los campesinos y los pobladores155. “El énfasis de la promoción popular estaba en la organización de entidades de base como un paso necesario para la integración de grupos marginales en la sociedad”156. Estos esfuerzos se reflejaron en la organización de los sectores populares en juntas de vecinos, centros de madres, clubes deportivos y juveniles, y 155 Alan Angell, Politics and the labour movement in Chile (London: Oxford Univ. Press, 1972), 177-179. 156 Jorge Giusti, «El programa de promoción popular en Chile. Un intento de organización política de los sectores populares», Revista Lationamericana de Ciencia Política 3, Nº 1 (1972): 9.

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sindicatos campesinos en las áreas rurales. El acelerado proceso de organización se reflejó en la sindicalización campesina, donde los sindicatos aumentaron de 23 en 1960 a más de 510 en 1970 y los afiliados aumentaron de casi 2.000 a aproximadamente 115.000 en el mismo periodo157. La organización de los sectores populares fue importante para la elección presidencial de Eduardo Frei Montalva y para elevar el apoyo electoral de su partido, el cual aumentó del 15 por ciento en 1961 a más del 42 por ciento en 1965. La integración política de los sectores populares vino acompañada de creciente autonomía política: “En la visión democratacristiana, los pobladores eran vistos como políticamente marginales y fáciles de retener bajo la influencia del partido vía promoción popular. En realidad, los pobladores no eran políticamente inertes, sino que tenían sus propias demandas, y cuando Frei no pudo satisfacerlas oportunamente, decidieron votar por Allende”158. Desde 1958, comparado con los resultados a nivel nacional, los candidatos de la izquierda comenzaron a recibir sistemáticamente porcentajes de votación más altos en los barrios periféricos. Mientras el Partido Socialista y el Partido Comunista obtuvieron el 22 por ciento en las elecciones de 1961 y 1965, su apoyo electoral aumentó al 30 por ciento en 1969 y a más del 43 por ciento en 1973159. Esta tendencia llegó a su cúspide en las elecciones municipales de 1971, cuando la Unidad Popular recibió más del 49 por ciento de la votación a nivel nacional y sobre el 60 por ciento en los sectores populares de Santiago160. Durante el gobierno de la Unidad Popular, la promoción y for-

Patricio Meller, The Unidad Popular and the Pinochet dictatorship: a political economy analysis (London: Macmillan, 2000), 25. 158 Giusti, «El programa de promoción popular en Chile. Un intento de organización política de los sectores populares», 20. 159 Albert Szymanski, «The Rise and Decline of the Christian Democratic Party in Chile: An analysis of the 1961 and 1965 Congressional Elections», Social and Economic Studies 24, Nº 4 (1975): 464. 160 Giusti, «El programa de promoción popular en Chile. Un intento de organización política de los sectores populares», 25. 157

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mación de organizaciones territoriales y productivas se aceleró a partir de la idea de poder popular. En menos de dos años, la sindicalización en áreas rurales se duplicó, llegando a una afiliación de 277.000 personas a fines de 1972161. Esto en parte se logró con la formación de los Centros de Reforma Agraria, diseñados para fortalecer las organizaciones campesinas formadas por la Democracia Cristiana. Estos centros se agruparon en Consejos Campesinos Comunales, donde los campesinos de cada municipalidad participaban en la planificación, implementación y control de la política agraria162. En las poblaciones, la Unidad Popular no solo reforzó las juntas de vecinos instaladas durante el Gobierno de Frei Montalva, sino que crearon nuevas organizaciones para promover la participación. Como organizaciones territoriales, las juntas de vecinos estaban a cargo de promover la formación de organizaciones funcionales de acuerdo con las necesidades de los vecinos, tales como coros, clubes deportivos, centros culturales y artísticos, entre otros. Cuando los boicots de distribución en contra de Allende comenzaron a fines de 1972, las juntas de vecinos también asumieron la tarea de crear y coordinar las Juntas de Abastecimiento y Control de Precios (JAP) para asegurar y administrar el suministro local de productos. Las JAP trabajaron en estrecha colaboración con la Dirección Nacional de Industria y Comercio (DIRINCO) del Ministerio de Economía. Las JAP también estaban coordinadas a nivel municipal a través de los Comités Coordinadores de Abastecimiento163. Al igual que lo que ocurría a nivel nacional, el golpe de Estado puso fin al activismo político al desarticular el vivo entramado de organizaciones de base que existía en Chile hacia 1973. Como han indicado estudios históricos recientes, el régimen militar concentró desmedidamente la represión en los barrios más pobres de Chile. Hugo Cancino, Chile: La Problemática del Poder Popular en el Proceso de la Vía Chilena al Socialismo, 1970-1973 (Aarhus, Denmark: Aarhus University Press, 1988), 156. 162 Jorge Giusti, «Participación y organización de los sectores populares en América Latina. Los casos de Chile y Perú», Revista Mexicana de Sociología 34, Nº 1 (1972): 49-50. 163 Ibíd., 52-55. 161

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Junto a la vulnerabilidad de sus habitantes, el apoyo electoral que había obtenido la Unidad Popular en los sectores populares fue una de las principales causas para que las poblaciones de Santiago se convirtieran en uno de los focos predilectos de la represión. Bajo la caracterización de que las poblaciones eran “dormitorios de delincuentes” y “bases de cultivo para el marxismo”164, el régimen militar intentó desarticular todo vestigio de solidaridad y reducir las organizaciones de los pobladores a la insignificancia. Un observador extranjero que visitó Chile en 1976 indicó su asombro ante la selectividad de la represión: “Me sorprendió que en un Estado represivo, la extrema pobreza en sí misma se vuelve políticamente sospechosa”165. Mientras más del 52 por ciento de todas las víctimas de represión estatal entre 1973 y 1990 pertenecían a los sectores más pobres166, los allanamientos se convirtieron en una práctica sistemática de amedrentamiento que a lo largo de la dictadura sufrieron exclusivamente los sectores más vulnerables de la población –y para la cual no existen estadísticas exhaustivas–. En un estudio que incluyó a solo 16 de las cientos de poblaciones de Santiago, se establece que entre 1973 y 1990 al menos 98.000 hombres mayores de 15 años fueron detenidos arbitrariamente en allanamientos masivos167. La represión no solo generaba secuelas para las víctimas, sino que también tenía profundas implicancias sociales. De acuerdo con cifras del COPACHI, entre septiembre y diciembre de 1973 más de 45.000 personas fueron detenidas, y en diciembre casi 18.000 personas permanecían en detención168. Además de las detenciones, el golpe de Estado provocó un aumento en las exoneraciones polí164 Alison J. Bruey, «Neoliberalism and Repression in “Poblaciones” of Santiago de Chile», Stockholm Review of Latin American Studies 5 (2009): 21. 165 Brown. Chile Report on visit from US ‘Disciples of Christ’ Church to Chile, describing meeting with people of the Vicaría, US Embassy, and Chilean Cardinal, 1/2/1976, 6. ACMI. 166 Bruey, «Neoliberalism and Repression in “Poblaciones” of Santiago de Chile», 20-21. 167 Laura Moya et al., Tortura en Poblaciones del Gran Santiago (1973-1990) (Santiago: Corporación José Domingo Cañas, 2005). 168 COPACHI, Un año y medio de gobierno militar, marzo 1975. ACMI.

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ticas. Según el Consejo Mundial de Iglesias, en diciembre de 1973 casi 10.000 personas habían sido despedidas en el sector público, más del 70 por ciento de ellas pertenecientes al Servicio Nacional de Salud169. Dado que la mayoría de las personas afectadas por las detenciones y las exoneraciones eran jefes de familia, la persecución política comenzó a generar problemas para la subsistencia de miles de familias a lo largo de Chile. Los problemas económicos, sin embargo, no se restringían a las familias afectadas por la represión. El aumento del desempleo y de la inflación, sumadas a la contracción de los programas sociales del Estado, produjeron un deterioro generalizado en las condiciones de vida de las clases vulnerables. La combinación de represión y escasez económica se mantuvieron constantes en los sectores más pobres de la población a lo largo de la dictadura. Según un informe de André Jacques, quien visitó Chile en representación del Consejo Mundial de Iglesias en 1984, los sectores populares continuaban sufriendo las consecuencias económicas y sociales desencadenadas por el golpe de 1973: Es necesario destacar que el grueso de la violencia del régimen militar está reservado para los sectores más pobres de la sociedad chilena. Ellos sufren niveles récord de desempleo (aprox. 33%), carencia casi absoluta de previsión social, particularmente en el área de la salud, [y] viven en un nivel de supervivencia, que significa altas tasas de desnutrición. La pobreza a la cual están sometidos provoca consecuencias sociales y psicológicas que serán difíciles de contrarrestar […]. Una cosa es cierta: la violencia y el terror han sido la única solución que ha encontrado el régimen en contra de los pobres para evitar su levantamiento y someterlos a aceptar su pobreza170.

169 J. Sinclair, J. Amaral y M. Grape-Lantz, Apuntes sobre el viaje Santiago, Lima, Buenos Aires, [Diciembre 1973]. ACMI. 170 A. Jacques, CIMADE, Report of a Visit, representing the World Council of Churches, to the Churches of Chile, 7/12/1984, 3-4. ACMI.

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En suma, el peso de la dictadura se sintió con particular fuerza en las zonas más pobres del país: “Si antes del golpe las poblaciones eran barrios esforzados caracterizados por la organización popular y la efervescencia social, después se convirtieron en campos minados de represión y desoladora miseria económica”171. En respuesta a esta situación, las organizaciones de derechos humanos concibieron el desarrollo de programas de asistencia social para aliviar las dificultades económicas que sufrían miles de familias chilenas. Desde temprano, el COPACHI previó que su trabajo no debía únicamente concentrarse en las consecuencias directas de la represión política, sino que también en sus consecuencias indirectas: “Detrás de cada trabajador desempleado hay una familia, niños que necesitan comer, mujeres que necesitan atención médica, un padre que necesita con urgencia un trabajo”172. En este sentido, es crucial destacar que la importancia del COPACHI no fue únicamente su capacidad de defender el derecho individual a la vida, sino que también jugó un rol central en la defensa de los derechos económicos y sociales. En una escala operativa, esto significó que junto a su departamento jurídico, encargado de llevar los casos de violaciones a los derechos humanos a los tribunales, el COPACHI, y posteriormente la Vicaría de la Solidaridad, instalaron departamentos para administrar los programas para atender las necesidades colectivas que surgieron como consecuencia del golpe de Estado. Los primeros esfuerzos de reorganización después del golpe se concentraron en enfrentar los problemas más urgentes: el hambre, el desempleo y la salud. De este modo, el foco del COPACHI y de la ayuda internacional estuvo puesto en la implementación de programas para atender estas necesidades básicas a través de la creación y apoyo de comedores infantiles, bolsas de cesantes y programas de

Bruey, «Neoliberalism and Repression in “Poblaciones” of Santiago de Chile», 20. COPACHI, Comité de Cooperación para la Paz en Chile: Crónica de sus dos años de labor solidaria, diciembre 1975, 3. FDAVS.

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salud173. Especialmente entre 1973 y 1975 –como el COPACHI mismo– estos programas se caracterizaron por su carácter transitorio, con el objetivo de capear el ambiente político hasta que la situación regresara a la normalidad. Quizá valga la pena recordar que durante los primeros años de la dictadura muchos aún creían –y esperaban– que las Fuerzas Armadas retornarían el poder a los civiles en el corto plazo. Estos programas adquirieron un carácter más permanente e institucional recién en 1976, cuando se formó el Departamento de Zonas de la Vicaría de la Solidaridad tras el cierre forzado del COPACHI. Aunque entre 1973 y 1978 la mayor parte de los esfuerzos organizacionales se dirigían a garantizar la subsistencia mínima, y tenían un perfil político más bien tenue, la importancia de estas organizaciones fue “de carácter cualitativo y testimonial”174. Debido a la fuerte impronta colectiva que el COPACHI le dio a la asistencia, estas primeras organizaciones sirvieron fundamentalmente para sacar a las familias pobres del aislamiento y para resistir las tendencias de atomización social que imponía el contexto dictatorial. Los comedores infantiles fueron las primeras de estas organizaciones de subsistencia. Aunque el hambre se había convertido en un problema generalizado, la mayoría de las instituciones que prestaban asistencia privilegiaban la atención de niños debido a las secuelas permanentes de la desnutrición infantil y porque en ocasiones las organizaciones de ayuda internacional restringieron su apoyo a este tipo de programas. Las primeras organizaciones surgieron en la Zona Sur de Santiago por iniciativa de comunidades cristianas de base del sector. De acuerdo con un informe del Equi173 C. Harper, Coordinador Chile Emergency Office, Evaluation and proposals meeting on Tuesday June 11, 10/6/1974. ACMI; FLACSO, NOVIB y Vicaría de la Solidaridad, Informe Programa Comedores Populares de la Vicaría de la Solidaridad. Evaluación y conclusiones, 1982. FDAVS; COPACHI, Comité de Cooperación para la Paz en Chile: Crónica de sus dos años de labor solidaria, diciembre 1975, 11. FDAVS. 174 Daniela Sánchez, «Instituciones y Acción Poblacional: Seguimiento de su acción en el periodo 1973-1981», en Espacio y poder. Los pobladores, ed. Jorge Chateau (Santiago: FLACSO, 1987), 138.

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po de Solidaridad de la Zona Poniente, “el primer comedor infantil se formó el 4 de noviembre de 1973 en Herminda de la Victoria, y las primeras personas que llegaron fueron aquellas con problemas políticos buscando formas de alimentar a sus hijos”175. Muchos de los comedores que surgieron fueron administrados por ‘grupos de ayuda fraterna’ que tenían experiencia en actividades de caridad y que trabajaban estrechamente con las parroquias locales, las cuales proveían la infraestructura y los recursos humanos para desarrollar las actividades176. Al comienzo, la escasez y el ingenio caracterizaron estas iniciativas, donde los niños debían comer con “conchitas” de mariscos por no haber suficientes tenedores y cucharas para todos177. En esta fase inicial organizaciones de las Iglesias como Caritas, la Ayuda Cristiana Evangélica (ACE) y la Diaconía jugaron un rol importante en apoyar el funcionamiento de los comedores178. A medida que aumentaba desnutrición infantil, el COPACHI vio en los comedores una experiencia que debía ser fortalecida y se concentró en crearlos y multiplicarlos a lo largo del país179. Mientras la administración de los comedores quedó inicialmente en manos de las mujeres voluntarias de los grupos de ayuda fraterna, con el ingreso del COPACHI en 1975 los comedores se alejaron del énfasis caritativo con el que se había trabajado hasta entonces180. Las trabajadoras sociales del COPACHI habían sido instruidas profesional y políticamente en el turbulento periodo de fines de los años 60 y comienzos de los años 70. Durante este tiempo comenzaron a repensar el significado y los fines de su actividad, asumiendo posturas críticas a las concepciones asistencialistas y paternalistas, y acercándose a una nueva visión del rol del trabajador social. En esta Ibíd., 134. Entrevista con Ana María Medioli. Equipo de Solidaridad Zona Oriente. 9/11/2010. 177 Entrevista con Gloria Torres. Equipo de Solidaridad Zona Norte. 22/11/2010. 178 COPACHI, Comité de Cooperación para la Paz en Chile: Crónica de sus dos años de labor solidaria, diciembre 1975, 11. FDAVS. 179 Ibíd., 11. 180 Bernarda Gallardo, El redescubrimiento del carácter social del problema del hambre: las ollas comunes, Documento de Trabajo (Santiago: FLACSO, 1985), 38. 175 176

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lectura renovada, el trabajo social era visto como “un instrumento al servicio de la liberación, que conlleva la organización, la administración, la movilización, la politización, en un movimiento de concientización permanente y participación”181. Así, con el ingreso del COPACHI, los comedores dejaron de ser una mera actividad caritativa –como la entrega de alimentos a niños que lo necesitan– y se movieron hacia un rol que favorecía el empoderamiento de las mujeres en la comunidad. Los comedores infantiles adquirieron una connotación promocional en tanto las trabajadoras sociales del COPACHI comenzaron a estimular la participación de las madres de los niños en la organización y en la administración de los comedores. A partir de entonces, el criterio del COPACHI fue solo apoyar aquellas iniciativas en los lugares donde las comunidades mismas aportaran recursos materiales y humanos182: “Entonces el rol nuestro era enseñar, dar pautas, acompañar”183. Las organizaciones de subsistencia adquirieron crecientemente un carácter de autoayuda. Hacia fines de 1975 había aproximadamente 250 comedores infantiles en Santiago y otros 100 en todo Chile que daban comidas diarias a casi 35.000 niños184. Mientras los comedores infantiles adquirían mayor importancia dentro de la comunidad y lograron atraer el compromiso de activistas locales, las bolsas de cesantes y los programas de salud del COPACHI sufrieron diversos problemas que afectaron su continuidad en el largo plazo. Fieles a su formación marxista, las trabajadoras sociales del COPACHI pensaron que la organización de los trabajadores cesantes podría servir como la vanguardia de un movimiento social popular que aglutinara políticamente a las otras organizaciones territoriales. La cultura izquierdista que heredaron Colectivo de Trabajo Social, “10 años de Trabajo Social: Notas para una discusión”. En Revista de Trabajo Social, Nº 42, 1984, 5. 182 COPACHI, Comité de Cooperación para la Paz en Chile: Crónica de sus dos años de labor solidaria, diciembre 1975, 11. FDAVS. 183 Entrevista con Ana María Medioli. 184 COPACHI, Comité de Cooperación para la Paz en Chile: Crónica de sus dos años de labor solidaria, diciembre 1975, 11-12. FDAVS. 181

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era extremadamente sexista, y descartaba el rol que podían jugar las mujeres y los jóvenes en la transformación de la sociedad. De este modo, las bolsas de cesantes eran vistas como las organizaciones más importantes dado que era el lugar en que los hombres podían organizarse y asumir la conducción de la lucha contra la dictadura y la opresión económica185. A pesar de las altas tasas de cesantía en Chile hacia 1975, el COPACHI solo había sido capaz de organizar 60 bolsas de cesantes que agrupaban entre 20 y 300 trabajadores cada una186. La participación, sin embargo, decaería en los años subsiguientes. En 1976, una vez que la Vicaría de la Solidaridad se hizo cargo de los programas, los miembros en cada bolsa fluctuaban entre 20 y 70 personas, y en 1977 la participación oscilaba entre 17 y 30 miembros por bolsa187. En la medida en que la cantidad de bolsas de cesantes en 1976 y 1977 se mantuvo constante, con aproximadamente 55 en Santiago, la disminución en el tamaño promedio de las bolsas en un momento en que el desempleo no había bajado indicaba la masiva deserción de los trabajadores cesantes de las organizaciones. Hacia 1978 la Vicaría indicó la incapacidad para atraer más trabajadores cesantes y su restricción a “pequeños grupos” como las mayores dificultades que había enfrentado el programa188. Además, los esfuerzos que se hicieron para establecer lazos entre los trabajadores cesantes con el movimiento sindical no prosperaron. La respuesta que recibieron las trabajadoras sociales del COPACHI de los líderes sindicales fue que “los cesantes no son trabajadores”189. Así, las trabajadoras sociales no encontraron en los desempleados “al pro-

185 Gloria Torres, «Ampliando la mirada», en Profesionales en la acción, ed. H. Walker y B. Martinic (Santiago: CIDE, 1987), 47.; Entrevista con Daniela Sanchez; Entrevista con Ana María Medioli. 186 COPACHI, Comité de Cooperación para la Paz en Chile: Crónica de sus dos años de labor solidaria, diciembre 1975, 12. FDAVS. 187 Vicaría de la Solidaridad, Segundo año de labor, 1977, enero, 1978, 39. FDAVS. 188 Vicaría de la Solidaridad, Tercer año de labor, 1978, febrero, 1979, 39. FDAVS. 189 Entrevista con Daniela Sánchez.

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letariado que estaba[n] buscando”190, ni encontraron la solidaridad de clase de los trabajadores chilenos. Las bolsas de cesantes tuvieron un corto resurgimiento hacia 1976 tras el inicio de una fase de liberación de prisioneros políticos. Durante su tiempo en la cárcel, muchos militantes, y en especial los del MIR, comenzaron a pensar en promover “actividades de defensa de los derechos humanos” como parte de una estrategia para llevar adelante “la reconstrucción del partido y el trabajo político de masas”191. El ingreso de experimentados activistas políticos, sin embargo, tuvo efectos ambivalentes sobre las organizaciones. Por un lado, las organizaciones se revitalizaron y adquirieron un carácter más político y contencioso. Por otro lado, la llegada de los militantes generó tensiones con los miembros más antiguos de las bolsas, principalmente por el temor de que los ‘políticos’ hicieran un uso instrumental de sus espacios. En algunos casos los miembros de las organizaciones de subsistencia fueron expulsados por los ex prisioneros políticos debido a su falta de ‘consciencia política’192. Con todo, la mayoría de los militantes políticos finalmente no duraron mucho dentro de las bolsas de cesantes, y su llegada coincidió con la disminución en la participación en las organizaciones193. El programa de salud presentó problemas diferentes, sobre todo relacionados con sus altos costos y su excesivo grado de profesionalización. Los programas de salud comenzaron en respuesta a la creciente marginación de los más pobres del sistema de salud en la medida en que no podían pagar por atención médica. También fueron una forma de paliar el desempleo de muchos trabajadores de la salud que habían sido exonerados políticos del Servicio Nacional de la Salud. El primer programa fue un centro médico creado

Entrevista con Ana María Medioli. Julio Pinto, «¿Y la historia les dio la razón? El MIR en Dictadura, 1973-1981», en Su revolución contra nuestra revolución. Izquierdas y derechas en el Chile de Pinochet (1973-1981), ed. Verónica Valdivia, Rolando Álvarez, y Julio Pinto (Santiago: LOM Ediciones, 2006), 180. 192 Torres, «Ampliando la mirada», 48. 193 Entrevista con Ana María Medioli. 190 191

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en julio de 1974 y, como los comedores, se limitó a la atención pediátrica. En septiembre de ese año comenzó a atender adultos, concentrándose en medicina interna, y funcionó hasta el cierre del COPACHI a fines de 1975. A partir del 1 de enero de 1975, el COPACHI abrió dos policlínicos en las zonas Sur y Oriente de Santiago. Debido al éxito de esta iniciativa, el COPACHI abrió tres nuevos policlínicos en las zonas Norte, Poniente y Sur de Santiago194. Así, en junio de 1975 el COPACHI prestaba atención médica en cada sector de la capital. Hacia fines de 1975 el programa de salud tenía una planta de 87 profesionales que incluía médicos, enfermeras, nutricionistas y auxiliares médicos. El programa proporcionó más de 70.000 atenciones médicas en 1975 y alcanzó a 117.000 en 1976, una vez que la Vicaría asumió la continuidad del programa195. Los policlínicos trabajaban en conjunto con otras iniciativas en terreno y la participación en las bolsas de cesantes, en los comedores infantiles y en otras actividades comunitarias se convirtieron en criterio para recibir atención preferencial196. Los altos costos y el excesivo énfasis asistencialista de los programas de salud produjeron una drástica reorientación hacia 1979. Ya en 1978 el programa de salud había reducido su cobertura y sus atenciones debido a un reajuste en las horas de trabajo del equipo médico. Sin embargo, junto a los costos de pagar a la planta profesional, las formas de trabajo de los equipos de salud se hacían crecientemente incompatibles con los objetivos generales de los programas de solidaridad. A pesar de la eficacia de los equipos de salud, las trabajadoras sociales de la Vicaría veían a los antiguos trabajadores del Servicio Nacional de Salud como provenientes de una cultura laboral excesivamente competitiva e individualista, centrada únicamente en la cantidad de atenciones. Además, la excesiva COPACHI. Comité de Cooperación para la Paz en Chile: Crónica de sus dos años de labor solidaria, diciembre 1975, 10. FDAVS. 195 Vicaría de la Solidaridad, Memoria Anual, un año de labor, 1977. FDAVS. 196 COPACHI. Comité de Cooperación para la Paz en Chile: Crónica de sus dos años de labor solidaria, diciembre 1975, 10-11. FDAVS. 194

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profesionalización del programa de salud y la carga de trabajo que imponía sobre los profesionales preocupaba a las trabajadoras sociales de la Vicaría, sobre todo por el consistente tono asistencialista en desmedro de un trabajo más promocional con mayor participación de la comunidad197. Las trabajadoras sociales, preocupadas por darle un carácter más integral a los programas de solidaridad, comenzaron a impulsar una línea más colectiva al trabajo donde el conocimiento de los expertos pudiera también quedarse en la comunidad: “La idea era que no solo atendieran, sino que también educaran”198. Este giro hacia la educación de los beneficiarios de la atención médica dio resultados más positivos. La implementación de programas de capacitación en 1978 fueron capaces de formar a 473 monitores de salud –en su mayoría mujeres–, quienes para entonces “ya se encontraban desarrollando sus tareas en sus respectivas comunidades bajo la supervisión de los equipos de salud”199. Este trabajo formativo era parte de una estrategia para construir equipos de salud comunitarios capaces de identificar problemas de salud en sus poblaciones y de actuar para darles solución. Esto se alineaba los programas de salud con las prioridades de los programas de solidaridad, enfatizando a partir de entonces el derecho a la salud. Los monitores de salud y los equipos de salud comunitarios finalmente sobrevivieron a los programas de salud centralizados en la Vicaría, y fueron los primeros pasos hacia un trabajo más sistemático en educación popular y programas formativos. Como se hizo crecientemente evidente a través de su participación en los comedores infantiles, el programa de monitores de salud, así como en otras organizaciones, las mujeres habían comenzado a adquirir un rol preponderante en la reconstrucción de las organizaciones territoriales. Aunque un número importante de

Vicaría de la Solidaridad. Tercer año de labor, 1978, febrero, 1979, 42. FDAVS. Entrevista con Ana María Medioli. 199 Vicaría de la Solidaridad. Tercer año de labor, 1978, febrero, 1979, 41. FDAVS. 197 198

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participantes había tenido experiencia política durante el Gobierno de la Unidad Popular, muchas de las mujeres que comenzaron a participar de estas organizaciones llegaron inicialmente atraídas por los beneficios sociales que recibían por su participación. En años subsiguientes, los programas del COPACHI y la Vicaría enfatizaron la formación en liderazgo y el desarrollo de habilidades organizacionales. Las trabajadoras sociales se dieron cuenta de que ellas, como mujeres, dado que habían sido las que se quedaron en las organizaciones y las sacaron adelante, “surgieron con fuerza como un actor colectivo”200, lo que significó un aprendizaje que ayudó a superar el sesgo sexista hacia la organización: “Esto ocurrió cuando estas mujeres trabajadoras comenzaron a actuar en una forma que yo pude ver a través de mis lentes ideológicos; desde ese momento comencé a enfocarme en eso”201. Los equipos de solidaridad usaron la participación en las actividades de subsistencia para promover experiencias de autoaprendizaje dirigidas no solo a proveer asistencia material, sino también transmitir la idea de que los problemas no eran exclusivos de las familias y que debían ser superados colectivamente202. Esto exigió también poner más énfasis en el rol de la mujer en la sociedad e impulsó la generación de espacios donde las mujeres pudieran compartir sus problemas, en gran medida prefigurando las organizaciones de mujeres que comenzarían a formarse hacia la década de 1980. A pesar de sus resultados dispares, estas organizaciones se constituyeron en los primeros espacios públicos. En sectores que se habían vuelto crecientemente hostiles debido al desempleo, el hambre, el alcoholismo y la represión, el trabajo de solidaridad llevado a cabo por los pobladores creó instancias donde comenzaron a nacer nuevos lazos sociales. Además, en su relación con los trabajadores y trabajadoras de las instituciones de apoyo, comenzaron a desarro-

Entrevista con Ana María Medioli. Torres, «Ampliando la mirada», 48. 202 Entrevista con Daniela Sánchez. 200 201

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llarse también intercambios sociales más amplios. De este modo, gracias al intenso sentido colectivo que adquirieron, las organizaciones de base se convirtieron no solo en un lugar donde se podían satisfacer las necesidades básicas, sino que también en un lugar que albergaba procesos intensos de socialización donde las personas se reunían, compartían experiencias y participaban en la reflexión común sobre problemas de interés general. Posteriormente también se convirtieron en la base para intercambios políticos más amplios. Recursos internacionales y la expansión organizacional de la sociedad civil en Chile Ampliando la mirada, las organizaciones de base eran parte de redes solidarias más amplias que surgieron de las dinámicas de distribución de recursos que comenzaron con el golpe militar. Como mostramos en el Capítulo II, el comienzo de las operaciones para los refugiados y la defensa de los derechos humanos permitieron un proceso de transferencia de recursos desde agencias de ayuda internacional hacia Chile. Las acciones llevadas a cabo por el Consejo Mundial de Iglesias en su cooperación con el COPACHI en Chile, junto con la alteración en las relaciones internacionales que resultaron del golpe de Estado, formaron un patrón de distribución de recursos internacionales radicalmente nuevo: gobiernos internacionales, eludiendo al Estado chileno, comenzaron a dirigir crecientes recursos hacia organizaciones de desarrollo, las cuales a su vez las canalizaron hacia las organizaciones en Chile para trabajo solidario y de derechos humanos. Según lo descrito en la sección anterior, una vez que se consolidó este flujo de recursos, el COPACHI –y posteriormente la Vicaría– comenzó a canalizar estos recursos sistemáticamente hacia organizaciones en la periferia. Esta modalidad de distribución de recursos, que comenzó en 1973, continuó sin sufrir modificaciones sustanciales hasta el final de la dictadura militar. 104

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Un elemento crucial en el establecimiento de este esquema de apoyo financiero fue una transformación del sistema de ayuda internacional en las décadas de 1960 y 1970. Los programas de ayuda internacional habían comenzado en la década de 1950 en los Estados Unidos y su objetivo fue asegurar la lealtad de los gobiernos del Tercer Mundo durante la Guerra Fría. Europa pronto siguió esta práctica y concentró sus esfuerzos de ayuda internacional sobre todo en conservar su influencia sobre sus antiguas colonias203. Con la acelerada aparición de organizaciones no gubernamentales para el desarrollo a lo largo de la década, tanto la preocupación por reducir la pobreza y la necesidad de apoyar procesos de desarrollo económico en países más pobres comenzaron a adquirir mayor peso en la agenda del sistema de ayuda internacional204. A fines de la década de 1950, el Consejo Mundial de Iglesias jugó un rol importante al hacer un llamado para que los países desarrollados destinaran un 1 por ciento de su PIB para estimular el desarrollo de los países pobres. A comienzos de la década de 1960, la ONU adoptó este estándar al fijar el 0,7 por ciento del PIB de los países desarrollados como meta para la ayuda internacional205. Además, hacia finales de la década, muchas de las ONGs de desarrollo comenzaron a ser dirigidas por personal más progresista, muchos de los cuales habían vivido en países de Latinoamérica, África y Asia, donde habían compartido experiencias con activistas locales206. La combinación de estos procesos produjo una transformación en el rol de la ayuda al desarrollo, la cual en vez de una perspectiva macro concentrada en distribuir recursos a los gobiernos nacionales,

Robert Everett Wood, From Marshall Plan to Debt Crisis: Foreign Aid and Development Choices in the World Economy (Berkeley: University of California Press, 1986). 204 Rodrigo Egaña, «Las organizaciones no gubernamentales de cooperación al desarrollo en las relaciones Europa América Latina», Socialismo y Participación 37 (1987): 86; Leilah Landim, «Non-governmental organizations in Latin America», World Development 15, Nº Supplement 1 (1987): 31. 205 Carol Lancaster, Foreign Aid: Diplomacy, Development, Domestic Politics (Chicago: University of Chicago Press, 2007), 37. 206 Entrevista con Claudio González. Secretario Ejecutivo, FASIC. 17/11/2010. 203

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comenzó a privilegiar el desarrollo a nivel comunitario, dirigiendo “beneficios a los pobres […] por medio de financiamiento para la educación primaria, salud básica, caminos rurales, agua potable y otros proyectos que eventualmente permitirían a los pobres salir por sí mismos de la pobreza”207. A partir de 1970, las ONGs de desarrollo internacional enfatizaron cada vez más la autoemancipación de los pobres y su rol se pasó a ser el de estimular la participación popular por medio de la organización política y social208. A pesar de que existía el temor de una disminución del interés por los derechos humanos en Chile una vez que se desvaneciera la conmoción inicial del golpe de Estado, el caso chileno se mantuvo como prioridad en la agenda de las organizaciones internacionales. Esta tendencia se mantuvo a pesar del creciente autoritarismo en América Latina después de 1973, lo cual multiplicó la cantidad de lugares que requerían de los escasos recursos internacionales. Tres elementos contribuyeron a producir esta situación. En primer lugar, las redes internacionales desarrolladas por prominentes exiliados políticos chilenos con gobiernos y agencias extranjeros sirvieron para mantener a Chile al tope de la agenda internacional209. En segundo lugar, el trabajo llevado a cabo por la Vicaría de la Solidaridad concentró las miradas de las agencias donantes y su reputación ayudó a atraer apoyo para nuevos proyectos. Observadores internacionales veían el trabajo territorial que se estaba llevando a cabo en los barrios más pobres como una auténtica “vanguardia del trabajo de derechos humanos”, concitando especial interés por continuar apoyando proyectos que mejoraran la situación de los derechos sociales210. En tercer lugar, la Comunidad Económica Europea (CEE) Lancaster, Foreign Aid, 40. Egaña, «Las organizaciones no gubernamentales de cooperación al desarrollo en las relaciones Europa América Latina», 87. 209 Jorge Arrate y Eduardo Rojas, Memoria de la izquierda chilena (1970-2000) (Santiago: Javier Vergara Editor, 2003); Sznajder y Roniger, The politics of exile in Latin America; Thomas C. Wright y Rody Oñate, «Chilean Political Exile», Latin American Perspectives 34, Nº 4 (2007): 31-49. 210 World Council of Churches. Summary Report: WCC Evaluation Team visit to the Vicariate of Solidarity of the Roman Catholic Archdiocese of Santiago, Chile, 26/3/1981, 6. ACMI. 207 208

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comenzó a incrementar el volumen de su participación con América Latina hacia mediados de la década de 1970. Desde su fundación en 1957, la CEE había restringido su cooperación para el desarrollo a las antiguas colonias de sus Estados miembro. El ingreso de Gran Bretaña en 1975 redujo estas restricciones geográficas de la cooperación internacional, y América Latina comenzó a recibir financiamiento especial para ONGs a partir de 1976211. Desde 1979 en adelante, las contribuciones de la CEE para el desarrollo en América Latina se incrementaron sostenidamente, casi triplicando sus donaciones totales al continente desde 50 millones de Unidades de Cuenta Europeas (ecus) en 1979 a 147 millones en 1985212. Las donaciones de la CEE hacia Chile eran canalizadas hacia ONGs específicas, evitando cualquier tipo de ayuda directa hacia el régimen militar debido a su negativo registro en materia de derechos humanos. Junto a Brasil y México, Chile se convirtió en uno de los tres países de América Latina que más recursos para ONGs recibió de la CEE213. Estos elementos contribuyeron a incrementar la cantidad de sectores interesados en colaborar con la sociedad civil chilena, y consiguientemente aumentaron la cantidad de recursos disponibles para los activistas chilenos. Las consecuencias de las transferencias de recursos internacionales hacia Chile se hicieron visibles hacia 1978. Por medio de una diversificación de las organizaciones donantes y un aumento en la cantidad de recursos disponibles, el ambiente organizacional en el Chile dictatorial se expandió aceleradamente. Esto produjo una transformación tanto cuantitativa como cualitativa en la composición de la sociedad civil chilena. Por un lado, ocurrió un proceso de formación acelerada de organizaciones de derechos humanos, centros de investigación y ONGs especializadas. Por otro lado, se Guido Ashoff, La cooperación para el desarrollo entre la Comunidad Europea y América Latina: experiencias y perspectivas, Documento de Trabajo (Madrid: IRELA Instituto de Relaciones Europeo-Latinoamericanas, 1989), 5-6, 129. 212 Ibíd., 37. 213 Ibíd., 45. 211

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produjo una transformación cualitativa en la medida en que la mayoría de las organizaciones que se formaron a partir de 1978 serían de carácter no-confesional, reduciendo así la influencia de las Iglesias chilenas en el trabajo de organización e incrementando el contenido político del trabajo de apoyo a las organizaciones de base. Como resultado de este proceso, el Consejo Mundial de Iglesias perdió su condición de intermediario exclusivo entre las agencias donantes y las organizaciones en Chile. Entre 1973 y 1975 el CMI había sido el mayor contacto internacional de las organizaciones chilenas, proveyendo hasta un 80 por ciento del presupuesto del COPACHI. Sin embargo, hacia 1976 se comenzó a erosionar el rol mediador del CMI en tanto que la formación de la Vicaría de la Solidaridad y la creciente influencia de la Iglesia católica en la conducción de la organización facilitó la llegada de agencias donantes católicas. A medida que las organizaciones en Chile crecieron y aparecieron nuevos actores, la cooperación internacional comenzó a diversificarse y los contactos entre las organizaciones internacionales y chilenas se hicieron cada vez más sin la participación de intermediarios. La Tabla 3.1., elaborada a base de una muestra de dos años de financiamiento de agencias donantes a sus receptores en Chile, refleja la diversificación de los organismos donantes. Las identidades de las organizaciones receptoras no han sido reveladas para garantizar la confidencialidad de las fuentes. Dicha tabla revela grandes diferencias en las fuentes de financiamiento de acuerdo con las características de la organización. Mientras que la Organización A, una organización confesional, recibe cuantiosos recursos de fuentes eclesiásticas, la Organización B, no-confesional, atrae el apoyo de agencias que dependen de contactos políticos como la Fundación Ford y la Comunidad Económica Europea. Otro aspecto por destacar del gráfico es que refleja el importante y sostenido apoyo de las agencias de Holanda y Suecia (ICCO y SIDA, respectivamente) al financiamiento de las actividades de la sociedad civil en Chile.

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Tabla 3.1.: Organizaciones donantes internacionales y financiamiento a organizaciones domésticas, 1986-1987 (en dólares)214

La diversificación de las fuentes y los aumentos en el financiamiento favorecieron el crecimiento de organizaciones ya existentes como la Vicaría de la Solidaridad y FASIC. Las actividades del Departamento de Zonas, por ejemplo, continuaron expandiéndose. En 1981, de acuerdo con un informe interno encargado por el cardenal Silva Henríquez, el Departamento de Zonas era el departamento más grande dentro de la Vicaría –la ONG más grande de Chile– tanto en términos de personal como de presupuesto215. En

214 Esta tabla ha sido compuesta con información de dos años diferentes. Mientras la información de ingresos de la Organización A fue compuesta con los datos del año 1986, para la Organización B se usó la información del año 1987. Ayuda Eclesiástica corresponde a un agregado de recursos provenientes de organizaciones nacionales de Iglesias norteamericanas y europeas. 215 Vicaría de la Solidaridad, Informe de la Comisión Ad Hoc al Sr. Cardenal sobre la Vicaría de la Solidaridad, mayo, 1981, 11. FDAVS.

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años subsiguientes continuó expandiéndose. En 1983, el Departamento de Zonas de la Vicaría apoyaba a cerca de 965 organizaciones solidarias consistentes en bolsas de cesantes, talleres, comedores y otras organizaciones de autoayuda con alrededor de 55.000 personas participando de sus actividades. En 1985 estos números aumentaron a 1.900 organizaciones con 71.000 personas216. FASIC, que originalmente había sido creada para atender los casos de prisioneros políticos que deseaban conmutar sus penas de cárcel por exilio, también comenzó a recibir creciente apoyo económico y a diversificar sus programas. El presupuesto de FASIC creció en más de dieciocho veces entre 1975 y 1980 (ver Tabla 3.2.). Tabla 3.2.: Progresión de financiamiento FASIC, 1975-1980, en miles de dólares217

La Tabla 3.2. indica un aumento constante en los recursos de FASIC entre 1976 y 1979, y dos aumentos fuertes en 1976 y 1980.

Vicaría de la Solidaridad, Décimo año de labor, 1985, 1986, 83. FDAVS. FASIC, [Gelber, de Sosa, Cavada], Evaluación de FASIC Marzo - Abril 1988, abril 1988, 48. CD-FASIC. 216 217

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Aunque a causa de la inflación el incremento en los recursos no tuvo una correlación directa con el crecimiento de la organización, FASIC experimentó una fuerte expansión en el periodo, incrementando sus funcionarios de cuatro personas en 1975 a 30 en 1977, hasta alcanzar finalmente una planta de 60 personas en 1985. Aunque no existe información exacta ni detallada sobre los cambios en el financiamiento de otras organizaciones, mirando el crecimiento experimentado por muchas organizaciones e información adicional que discutiremos más adelante, es posible inferir que esta fue una tendencia que caracterizó a la mayoría de las organizaciones del periodo. El crecimiento organizacional de FASIC correspondió con la creación de una oficina en Valparaíso. A diferencia de la Vicaría, que había desarrollado una cobertura más o menos nacional, y debido a las características de sus programas, a las limitaciones de su presupuesto y a su relación no-institucional con las Iglesias, FASIC se había limitado a Santiago. Además del apoyo institucional de la Iglesia metodista, la cual aportó a FASIC su estatus legal, otros representantes eclesiásticos en la directiva de la fundación participaban en capacidad personal218. Entre 1975 y 1976 FASIC se concentró sobre todo en la atención de casos individuales de presos políticos y en la asistencia a sus familias a través de su programa de derechos humanos. En 1977 sus programas se expandieron hacia el trabajo organizacional de base con la apertura de un Área de Derechos Humanos Sociales. Esto facilitó el traslado de FASIC a Valparaíso, a raíz de una sugerencia del Secretario Ejecutivo de la Vicaría para que llenaran el vacío en una región que hasta entonces había sido descuidada219. La ampliación de FASIC hacia Valparaíso revela nítidamente “Los otros miembros del directorio actúan en una capacidad personal. Entre ellos, el grado de apoyo institucional de sus respectivas Iglesias varía considerablemente. Monseñor Hourton, por ejemplo, ha indicado que la Iglesia católica ‘tolera’ su rol en el directorio de FASIC en base, aparentemente, a cierta ignorancia sobre lo que FASIC efectivamente hace”. Ibíd., 35. 219 Entrevista con Claudio González. 218

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la importancia de las instituciones de apoyo para la formación de organizaciones de base. Valparaíso era una región que había sido fuertemente afectada por el cierre de la industria nacional, llegando a tener una tasa de desempleo de casi 35 por ciento en 1977, lo cual representaba casi el doble del promedio nacional. Debido a la abierta afinidad del obispo de la Diócesis de Valparaíso, Emilio Tagle, con el régimen militar, ni el COPACHI ni la Vicaría habían tenido autorización para instalar equipos de trabajo en la región. El efecto concreto de esta disposición fue que en Valparaíso solo había un comedor popular en funcionamiento en 1978, el cual atendía aproximadamente a 87 personas, contrastando con el desarrollo de estas tareas en Concepción, donde más de 100 comedores atendían a casi 10.000 personas220. Además, a pesar de las altas tasas de desempleo, Valparaíso carecía por completo de organizaciones productivas o solidarias. La oficina de FASIC-Valparaíso abrió en 1976 y se expandió hacia la promoción de organizaciones de base como parte del Área de Derechos Humanos Sociales en 1977221. En un informe de 1978 FASIC destacó la escasa presencia de organizaciones en las poblaciones de la región, en comparación con Santiago, Concepción y otras ciudades de Chile: “Por ello, hay grandes sectores de la población que necesitan apoyo para enfrentar sus diversos problemas sociales”222. Después de un año de prestar apoyo a las comunidades locales de la región, se comenzaron a formar comedores, bolsas de cesantes, grupos de salud, entre otras. En el sector de Achupallas de Viña del Mar, por ejemplo, trabajadoras de Iglesia organizaron dos comedores que en un comienzo atendían a casi 170 niños. Además, trajeron a monitores de salud de otros sectores para apoyar un programa de formación de monitores para los comedores. En ocasiones, estas actividades no tenían precedentes: “Por iniciativa de

Vicaría de la Solidaridad. Tercer año de labor, 1978, febrero, 1979. FDAVS. FASIC, Informe Anual de Actividades FASIC 1976, 1977. CD-FASIC. 222 FASIC, Informe de su Labor FASIC 1975-1978, 1978. CD-FASIC. 220 221

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un Pastor, ex presos políticos, y trabajadores desempleados, con el apoyo de ACE y FASIC, estamos buscando formar bolsas de cesantes y talleres. Este es el primer intento de organizar trabajo solidario en la ciudad de Limache”223. Solo en 1978 FASIC contribuyó en la planificación y formación de más de 21 organizaciones en siete sectores de la región de Valparaíso. En resumen, el apoyo institucional de FASIC en Valparaíso, trabajando en cooperación con las Iglesias evangélicas y protestantes, lograron hacer más en un año que lo que había hecho el COPACHI y la Vicaría en casi cinco. Como hemos mencionado, tanto el ingreso de nuevas fuentes de financiamiento como el aumento en los recursos disponibles abrieron el terreno para el ingreso de una serie de nuevos actores, entre los que se contaban organizaciones de derechos humanos, centros de investigación y ONGs especializadas. Estos acontecimientos tendrían un influjo profundo en la composición que adquirió la infraestructura organizacional de la sociedad civil chilena a comienzos de la década de 1980. El Servicio Paz y Justicia (SERPAJ), aunque con estrechos vínculos con la Iglesia católica, fue la primera organización no confesional en desarrollar tanto cobertura nacional como relaciones con organizaciones de base. El SERPAJ fue fundado oficialmente en 1977 por antiguos miembros de un grupo de la pastoral universitaria de Valparaíso que se trasladaron a trabajar en los proyectos de solidaridad de la Zona Centro de Santiago224. SERPAJ-Chile formó parte de la red internacional del activista argentino de derechos humanos y Premio Nobel de la Paz de 1980, Adolfo Pérez Esquivel. Basándose en las enseñanzas de la no-violencia activa, su principal motivación era crear una organización que colaborase con el cambio social en América Latina y en Chile. “En su ‘acción’, SERPAJ promueve la movilización popular ma-

Ibíd. Entrevista con Domingo Namuncura. Coordinador Nacional, SERPAJ. Santiago, Chile. 26/10/2010. 223 224

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siva en defensa de los Derechos Humanos, el irrestricto respeto por los derechos sociales adquiridos, la libertad de opinión, el derecho a la organización y participación democrática, el acceso a la educación y la cultura, y toda iniciativa liberadora que surge del pueblo”225. Hacia 1980 SERPAJ tenía presencia en siete regiones226 y en 1987 estaba representado en 32 sectores en 11 ciudades de Chile227. Entre las incorporaciones más importantes estaban dos organizaciones de derechos humanos vinculadas a partidos políticos: la Comisión Chilena de Derechos Humanos (CCHDH) y el Comité de Defensa de los Derechos del Pueblo (CODEPU). La CCHDH se formó en 1978 por iniciativa de un grupo de abogados, y originalmente fue un intento de agrupar a diferentes figuras públicas y actuar como un organismo que denunciara las violaciones a los derechos humanos en Chile228. Inicialmente, la Comisión tuvo un rol ambivalente, alcanzando rápidamente notoriedad pública por las personalidades que logró reunir, siendo más una fachada pública que una organización propiamente tal. Después de dos años de latencia, la decisión era transformarse en una institución activa o disolverse. El paso hacia la consolidación de una estructura organizacional se dio con la llegada de un nuevo coordinador en 1980, quien formó un departamento jurídico y uno de publicaciones, y dio inicio a la fundación de sedes regionales a lo largo de Chile229. La CCHDH, además, adquirió representación territorial local en las poblaciones por medio de la formación de comités de derechos humanos de base. En 1984 la

SERPAJ, Servicio Paz y Justicia, [prob. 1980], 2. FDAVS. Ibíd., 10-12. 227 SERPAJ, 10 años en Chile: Memoria de la labor realizada en 1987, [1988]. FDAVS. 228 Entrevista con Germán Molina. Secretario de Asuntos Nacionales, Comisión Chilena de Derechos Humanos. Santiago, Chile. 6/10/2010. Entrevista con Gonzalo Taborga, Secretario de Asuntos Internacionales, Comisión Chilena de Derechos Humanos. Santiago, Chile. 29/10/2010. 229 Entrevista con Andrés Domínguez. Coordinador, Comisión Chilena de Derechos Humanos. Santiago, Chile. 17/11/2010. 225 226

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CCHDH había establecido oficinas regionales en 31 ciudades y había formado cerca de 80 comités de base, el 70 por ciento de los cuales estaban ubicados en Santiago230. En 1987, la Comisión había expandido su cobertura a 61 ciudades y tenía 118 comités de base solo en Santiago231. El CODEPU, fundado en 1980, surgió a raíz de un conflicto al interior de la Vicaría de la Solidaridad. Hacia fines de la década de 1970, el MIR comenzó a acometer acciones armadas en contra del régimen militar en un intento de reposicionar su estrategia de lucha armada en medio de crecientes protestas públicas232. A medida que los miristas eran detenidos con cargos de homicidio u homicidio frustrado, la Vicaría de la Solidaridad se negó a asumir su defensa dada su política de no intervenir en casos que involucraran “hechos de sangre”233. A raíz de esta decisión, algunos abogados de la Vicaría, entre ellos la hermana Blanca Rengifo, Fabiola Letelier y Fernando Zegers, abandonaron la institución y formaron el CODEPU para hacerse cargo de estos casos. El CODEPU, eventualmente, diversificó sus programas y formó un departamento jurídico, uno de salud mental y uno de coordinación de base; hacia 1983 tenía siete sedes regionales234. Tanto el SERPAJ como la CCHDH y el CODEPU fueron importantes porque se estructuraron, a grandes rasgos, de acuerdo con el modelo de la Vicaría de la Solidaridad, con cobertura territorial a nivel nacional y por medio de la coordinación de organizaciones de base en los más importantes centros urbanos. Esto no solo transformó el paisaje organizacional en Chile, sino que contribuyo

Comisión Chilena de Derechos Humanos, La Comisión Chilena de Derechos Humanos, 15/11/1985. Archivo de la Comisión Chilena de Derechos Humanos (En adelante, ACCHDH). 231 Comisión Chilena de Derechos Humanos, Actividades de la Comisión Chilena de Derechos Humanos durante el periodo comprendido Enero a Diciembre 1987, 1988. ACCHDH. 232 Para detalles sobre la actividad del MIR, ver Capítulo IV. 233 Entrevista con Cristián Precht. 234 CODEPU, Documento de Trabajo, noviembre-Diciembre 1983. Primer Congreso Nacional, diciembre, 1983. CD-MM. 230

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a diversificar las organizaciones de base, incrementando sus contactos con organizaciones funcionales más influyentes. Esta pluralidad organizacional también tuvo el efecto de darle a las organizaciones de base mayor independencia de las Iglesias y de las instituciones confesionales. Junto a estas instituciones más grandes, una serie de organizaciones de distinto tipo también surgieron hacia fines de la década de 1970. Las expulsiones de las universidades en 1973 y 1976 desencadenaron la proliferación de centros de investigación independientes y la formación de ONGs especializadas, las cuales también fueron fuertemente apoyadas por las agencias internacionales. Antes del golpe, se habían formado un puñado de centros de investigación, en su mayoría auspiciados por la Iglesia católica y el PDC235. Después del golpe, los primeros centros de investigación que aparecieron, como el Instituto Chileno de Estudios Humanísticos y el CIEPLAN, fundados por personeros DC en 1974 y 1976 respectivamente, y la Academia de Humanismo Cristiano, fundada por el Arzobispado de Santiago en 1975, también se estructuraron en torno al eje Iglesia católica-PDC. Esta tendencia cambió hacia 1978, cuando la formación de centros de investigación independientes se intensificó, llegando a casi 40 en 1984 y a 50 en 1988 (ver Tabla 3.3.).

José Joaquín Brunner y Alicia Barrios, Inquisición, mercado y filantropía: ciencias sociales y autoritarismo en Argentina, Brasil, Chile y Uruguay (Santiago: FLACSO, 1987), 133.

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Tabla 3.3.: Centros de investigación en Chile, 1974-1988236

De particular importancia para el desarrollo de los centros de investigación y ONGs fue el apoyo institucional de la Iglesia católica a través de la Academia de Humanismo Cristiano (AHC). La AHC se caracterizó por su carácter ecléctico, albergando diferentes programas y proyectos de investigación y círculos de estudio, que sirvieron para que investigadores desempleados y aquellos que retornaban del exilio comenzaran sus propios proyectos. Algunos de los programas importantes de la Academia fueron el Programa Economía y Trabajo (PET), el Grupo de Investigaciones Agrarias (GIA), y el novel Programa de Derechos Humanos. El más importante de los círculos fue el Círculo de Estudios de la Mujer (CEM), el cual se convirtió en uno de los primeros espacios de reflexión 236 Ibíd., 135-136; María Teresa Llasder, Centros Privados de Investigación en Ciencias Sociales en Chile (Santiago: FLACSO, 1986), 9; Patricio Meller, «An insider perspective on the role of CIEPLAN in Chile», en Twenty Years of Swedish Cooperation with Latin America in the Social Sciences, ed. Jaime Behar (Stockholm: Stockholm University - ILAS, 2000), 92.

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sobre género y feminismo237. Asimismo, la AHC fue importante porque albergó a los profesionales de FLACSO, quienes tras la suspensión de fondos gubernamentales, se vieron obligados a sostener la institución a través de fondos internacionales como un programa al alero de la Academia238. Un informe de 1981 del International Development Research Center (IDRC) de Canadá resaltó la importancia de la AHC: Muchas de las actividades desarrolladas por la Academia […] son un soplo de aire fresco en un ambiente por lo general cerrado. El impresionante número de personas que la Academia ha podido atraer en su órbita a través de estos programas es un testimonio del significado del rol de la Academia en las condiciones actuales. La Academia puede –y ya lo ha hecho– dar refugio a programas y proyectos que de lo contrario se habrían debilitado una vez que fueron desplazados de sus ambientes universitarios tradicionales239.

A partir de 1978 también comenzaron a proliferar las ONGs. Se ha estimado que hacia 1985 había aproximadamente 475 ONGs en Chile, la mayor parte de las cuales se formaron después del golpe240. Estas organizaciones ampliaron el trabajo de base hacia temas como género, minorías étnicas y comunicación, los cuales no habían sido abordados por las instituciones existentes hasta entonces.

237 Jadwiga Pieper y Jean Campbell, Feminist Activism and Women’s Rights Mobilization in the Chilean Círculo de Estudios de la Mujer: Beyond Maternalist Mobilization (Ann Arbor: Center for the Education of Women, University of Michigan, 2009). 238 M. Berríos, IDRC, Completion report of IDRC’s institutional support grants to Latin American institutions, 1977-1988 volume 1, octubre 1989, 66. International Development Research Centre Digital Library (En adelante, IDRCDL). 239 Fox, IDRC and Manitzas, IDRC. Support for Social Sciences Research in the Southern Cone, Vol. I, septiembre, 1980, 69. IDRCDL. 240 Sandra Gruninger, «Las ONGs durante la transición Chilena: Un análisis de su respuesta ideológica frente a su incorporación en políticas sociales de índole neoliberal», Revista Mad. 9 (2003): 18.

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Los elementos más importantes que diferenciaron a las ONGs de los centros de investigación fueron sus productos y su público. Los centros de investigación se dedicaban al trabajo académico, concentrándose en publicaciones que iban desde documentos de trabajo hasta libros. La vasta producción académica sobre movimientos sociales y organizaciones de la sociedad civil producida durante la dictadura, por ejemplo, provino de esta amplia red de centros de investigación. Algunos, como el CIEPLAN, también se ocuparon en discutir las políticas económicas del régimen militar y encontraron formas productivas de socialización de sus resultados, tales como columnas en la naciente prensa independiente. A medida que se produjo la apertura política a comienzos de los años 80, muchos centros de investigación comenzaron a funcionar crecientemente como think-tanks vinculados a los partidos políticos, quedando atrapados a veces en las luchas de poder internas entre distintas facciones241. Las ONGs, en cambio, solían concentrarse más en la praxis, sobre todo proporcionando asistencia técnica y conduciendo talleres en formación de liderazgo dirigidos fundamentalmente a los sectores más pobres de la sociedad. El público objetivo de las ONGs, por tanto, no eran las autoridades políticas o la comunidad científica, sino que los pobres urbanos, los campesinos, la juventud en las poblaciones, las mujeres y las minorías étnicas. Aunque las ONGs surgieron para abordar las necesidades más sentidas de la población, también es cierto que en muchos casos fueron fuentes de empleo para profesionales y especialistas altamente calificados que habían sido marginados de las universidades y del sector público. La ONG interdisciplinaria de educación PIIE, por ejemplo, se originó luego de que la Universidad Católica cerrara sus programas de investigación en esa área. El PIIE albergó a muchos investigadores chilenos con doctorados obtenidos en universidades de prestigio internacional como la Universidad de

241

Ibíd., 68.

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Londres, la Universidad de California y Harvard242. Esta situación se repitió también en otros centros de investigación y se intensificó a medida que los exiliados políticos comenzaron a regresar a Chile a inicios de los años 80, favorecidos por becas otorgadas por el FASIC y el World University Service243. En última instancia, el financiamiento internacional proveía a la sociedad civil chilena un amplio contingente de profesionales altamente calificados, quienes en otras circunstancias se encontrarían trabajando en las universidades o en agencias estatales. Así, el aumento en el flujo de recursos internacionales hacia Chile tuvo dos efectos simultáneos sobre la sociedad civil chilena. Por un lado, el surgimiento de organizaciones aumentó la autonomía de la sociedad civil chilena de las instituciones confesionales. Hacia 1985, por ejemplo, más del 40 por ciento de una muestra de 61 organizaciones de educación popular funcionaban independientemente de las instituciones de Iglesia244. Esto también quedó reflejado en un estudio de 1981 de 24 instituciones de apoyo. La tendencia en las fechas de fundación de las organizaciones de la muestra refleja un acelerado aumento en la creación de organizaciones no-confesionales a partir de 1978 (ver Tabla 3.4.).

242 Fox, IDRC and Manitzas, IDRC. Support for Social Sciences Research in the Southern Cone, Vol. I, septiembre, 1980, 61-62. IDRCDL. 243 Llasder, Centros Privados de Investixgación en Ciencias Sociales en Chile, 8. 244 Juan Eduardo García-Huidobro y Sergio Martinic, «Las instituciones privadas y la educación popular: el caso chileno», Revista Interamericana de Educación de Adultos 8, Nº 1-2 (1985): 26.

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Tabla 3.4.: Periodo fundacional de las instituciones de apoyo, según dependencia confesional, 1973-1981245

El efecto concreto de este desarrollo fue que las ONGs independientes pudieron desarrollar programas que escapaban a muchos de los intereses convencionales de las Iglesias, siendo el género y los derechos de la mujer dos de los nichos importantes que ocuparon estas nuevas organizaciones. Por otra parte, el financiamiento produjo una creciente dependencia de las organizaciones nacionales de la cooperación internacional. En algunos casos, las instituciones debían ajustar sus programas de modo de cumplir con las expectativas de los donantes internacionales246. En varios aspectos, los centros de investigación 245 Leopoldo Benavides y Daniela Sánchez, Instituciones y acción poblacional, 1973-1981, Material de Discusión (Santiago: FLACSO, 1982), 90. 246 Un ejemplo de ello fue cómo el PIIE debió adaptar sus actividades para calzar con las directrices de las organizaciones donantes, según observó un informe del IDRC: “Las características de su programa de investigación se distanciará de la investigación sobre los procesos educativos en la sociedad chilena y se orientará más hacia programas de asistencia técnica orientada a la acción debido a la orientación del financiamiento”. Fox, IDRC y Manitzas, IDRC. Support for Social Sciences Research in the Southern Cone, Vol. I, septiembre, 1980, 61. IDRCDL.

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eran más vulnerables que las ONGs. Mientras casi un 70 por ciento de una muestra de 61 ONGs recibían el 75 por ciento de su presupuesto de fuentes internacionales247, los centros de investigación recibían entre 90 y 100 por ciento de su presupuesto de agencias internacionales248. En todo caso, las organizaciones domésticas eran particularmente vulnerables a los cambios en las prioridades de sus socios internacionales, tal como lo dejó en claro un informe de 1981 del IDRC sobre Chile y Argentina: La totalidad del financiamiento está vinculado a agencias donantes. Si las agencias donantes decidieran hoy retirarse de Chile y Argentina, esto significaría el fin de los centros de investigación independientes. No podrían sobrevivir. Cuando una agencia cambia sus planes o es incapaz de definir sus objetivos internacionales, entonces esto genera gran preocupación y puede tener una influencia dramática en las perspectivas futuras de los centros249.

Aunque la dependencia internacional le generó problemas a las organizaciones cuando el país volvió a la democracia en 1990, la creciente autonomía de la Iglesia católica fue uno de los resultados más importantes para la sociedad civil en el corto plazo. Con el ingreso de estos nuevos actores, el escenario político adquirió una fisonomía radicalmente distinta a la de los inicios de la dictadura. Los aumentos en el financiamiento internacional y la proliferación de organizaciones no-confesionales generaron un nuevo campo de interacciones sociales para las organizaciones de base. Además de los programas de solidaridad presentes durante los primeros tiempos de la dictadura, una nueva gama de programas comenzaron a incrementar la transferencia de recursos organizaGarcía-Huidobro y Martinic, «Las instituciones privadas y la educación popular: el caso chileno», 25. 248 Tillet, IDRC. Social sciences research in the Southern Cone of Latin America volume II, an evaluation of Centre supported institutions, 11/9/1980, 37. IDRCDL. 249 Ibíd., 68. 247

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cionales hacia la base y ampliaron los márgenes de la socialización política. El tema fundamental fue que la distribución de recursos materiales y apoyo técnico desde las ONGs nacionales hacia las organizaciones de base generó y consolidó procesos recíprocos de comunicación. Las ONGs acompañaron las actividades de las organizaciones de base, proveyeron recursos para sus actividades y ayudaron a establecer relaciones con otros grupos. Estas interacciones contribuyeron a incrementar la cohesión entre organizaciones territorialmente distantes entre sí, y aumentó la capacidad de las organizaciones de base para movilizar sus demandas hacia el sistema político. Caridad y solidaridad: tensiones sobre el rol de la Iglesia en el trabajo de base El crecimiento de la red de instituciones de apoyo fue un proceso positivo para la autonomía de las organizaciones de base y para generar mayor pluralismo en la definición de sus objetivos colectivos. Pero también fue importante debido a la creciente antipatía que generaba el trabajo solidario en círculos de Iglesia. Pinochet mismo comenzó a reconocer el potencial político del trabajo de solidaridad, calificándolo de intentos de subversión fomentados por “reconocidos instigadores internacionales”, como se refirió al Consejo Mundial de Iglesias250. Asimismo, la Vicaría de la Solidaridad se convirtió en el foco de ataques de grupos conservadores y en una fuente de preocupación dentro de la jerarquía católica, la cual comenzó a reafirmar su autoridad sobre una institución que había adquirido tanto poder. Después del plebiscito de 1980, el cardenal Silva Henríquez intentó mejorar las relaciones entre el Estado y la Iglesia para restaurar la posición de la Iglesia ante los católicos con afinidades al régimen. En esta misma lógica, vinieron anuncios de 250

Expreso, 24/11/1977.

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recortes en las operaciones de la Vicaría de la Solidaridad así como de una descentralización general de sus programas. Estos cambios contrastaban con la temprana actitud de la Iglesia en el sentido de apoyar sobre todo los programas sociales del COPACHI y de la Vicaría de la Solidaridad. Con una jerarquía católica que en general había apoyado el programa Demócrata Cristiano de promoción popular, había sido indoctrinada bajo el Concilio Vaticano Segundo y había trabajado para la realización de las ideas de la Conferencia de Medellín251, la carga promocional y organizacional que los trabajadores y trabajadoras del COPACHI y la Vicaría le habían dado a su trabajo en las poblaciones recibió importantes –aunque no siempre incondicionales– muestras de apoyo desde la Iglesia. Las vivencias en las poblaciones de muchos de los líderes del COPACHI, como la del obispo Ariztía, quien vivía en una población de la comuna de Pudahuel al momento del golpe, también contribuyeron a que los líderes de la organización mostraran un mayor grado de compromiso con la aproximación más política dada al trabajo en las poblaciones. El Arzobispado de Santiago entregó su apoyo enfático al trabajo solidario en las poblaciones de Santiago en una Carta Pastoral de 1975 firmada por el cardenal Silva y sus vicarios. El documento manifestaba los principios doctrinales del trabajo solidario que se llevaba a cabo en el momento: “El deber de la solidaridad no se agota simplemente en la tarea de compartir con aquellos que más lo necesitan. La lucha por la justicia es también una auténtica forma de solidaridad que puede ser expresada en la arena del conflicto político y social como también en el camino de la acción no-violenta y la participación en la opinión pública”252. Según la Carta Pastoral, el objetivo de la solidaridad es educar para alcanzar la justicia, generando una creciente concientización de las personas sobre su realidad concreta

251 Michael Fleet y Brian H. Smith, The Catholic Church and democracy in Chile and Peru (Notre Dame, Ind.: University of Notre Dame Press, 2000), 46-53. 252 FLACSO, NOVIB y Vicaría de la Solidaridad, Anexos, 1982, 5. FDAVS.

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para avanzar hacia “una transformación del mundo”253. El llamado para la asistencia, finalmente, siguió los lineamientos del Concilio Vaticano Segundo de “no dar por caridad aquello que se debía por Justicia”254. La tensión entre caridad y solidaridad fue una fuente de tensión constante en el trabajo de la Vicaría de la Solidaridad. Ya que las primeras organizaciones surgieron para paliar carencias básicas, los recursos se convirtieron en un elemento primordial para su éxito y reproducción. En cierto sentido, esta es una condición inherente a la mayoría de las causas caritativas que se concentran en dar donaciones materiales a personas que lo necesitan. Sin embargo, en contraste con esfuerzos caritativos tradicionales, el interés constante de los equipos de la Vicaría fue evitar que la asistencia material (colchones, ropa, comida, herramientas) se convirtiera en el fin último de los programas. Aunque eran conscientes de que la entrega de recursos materiales era necesaria para la supervivencia de las organizaciones, los equipos de la Vicaría reconocían que esto conllevaba problemas adicionales. Cuando la ayuda se entrega “como una ‘donación’ individual y aislada, solo resuelve un problema específico, y no ayuda al crecimiento de las personas, generando relaciones de dependencia entre quienes dan y quienes reciben”255. Existía el riesgo constante de que la asistencia generara dependencia y que, por tanto, el trabajo solidario solo repercutiera en el corto plazo. Esta fue una contradicción que se convirtió en un aspecto importante en la autorreflexión de las instituciones de apoyo. Los riesgos de caer en actitudes paternalistas fueron una fuente de constante preocupación para el Departamento de Zonas de la Vicaría. Ello se convirtió en el tema de dos jornadas para el Departamento de Zonas conducidas en 1976 por el teólogo Ronaldo Ibíd., 6. Entrevista con Daniela Sánchez. 255 C. Piña, Proyecto de Apoyo a la Organización de Ollas Comunes. Vicaría Zona Oriente. Un intento de sistematización, Proyecto de Sistematización de Experiencias de Educación Popular y Acción Social en Chile (Santiago, January 1985), 35. 253 254

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Muñoz bajo el título “La solidaridad liberadora como la misión de la Iglesia”. La pregunta que guiaba los encuentros era cómo se podía dar asistencia material de modo que no reforzara las condiciones de subordinación social y económica existentes: “Todos estamos conscientes de que podemos caer en el paternalismo, el asistencialismo, y ayuda parche entregada desde arriba hacia abajo, lo cual ayuda a reforzar la dependencia en vez de promover la libertad. Esto nos preocupa y trabajamos para superarlo”256. En el análisis del padre Muñoz, la tensión se daba en las condiciones económicas nacionales, las cuales habían puesto a las organizaciones de la Iglesia en la posición de entregar ‘limosnas’ masivas como un imperativo inevitable. La contradicción que surgió entre la tarea –entregar ayuda– y los objetivos –promover la libertad– debía ser superada en la naturaleza y en la calidad del trabajo. La disyuntiva sería entonces reconciliar las necesidades de corto plazo con las acciones de largo plazo encaminadas a la concientización y organización de los sectores populares257. Así, se debía entregar asistencia material, pero el énfasis debía estar puesto en “entregar aquellos elementos que ayudarán a los más necesitados a ayudarse a sí mismos: apoyo moral, conocimiento, formación, herramientas, etc.”258. En alguna medida, esto le daba una dimensión política clara al trabajo solidario al desplazar la perspectiva caritativa de ‘lo que nosotros podemos darles’ hacia el empoderamiento en el sentido de ‘lo que ellos debieran exigir para sí mismos’. El rol del trabajo solidario debía entonces orientarse a entregar las herramientas necesarias para “el despertar, la maduración y la organización del pueblo”259. Con el correr del tiempo, sin embargo, comenzaron a surgir las voces que ponían en duda el énfasis en torno a los derechos sociales

FLACSO, NOVIB y Vicaría de la Solidaridad, Anexos, 1982, 14. FDAVS. R. Muñoz, SS.CC., La acción solidaria de la Iglesia. Diagnóstico Teológico-Pastoral. Planteado en el Encuentro del Depto. Zonas de la Vicaría de la Solidaridad celebrado del 5 al 7 de abril de 1976, 1976, 9-10. FDAVS. 258 Ibíd., 6. 259 FLACSO et al. Anexos, 1982, 17. FDAVS. 256 257

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y demandaban aproximaciones más tradicionales ligadas a la caridad. Estas posiciones fueron reflejadas en el informe de una delegación del Consejo Mundial de Iglesias que visitó Chile en 1981: Aunque la defensa de los derechos individuales es aceptada y apoyada unánimemente –su extensión lógica al terreno de los derechos humanos colectivos es más difícil. El derecho de asociación; el derecho a la organización; el derecho al trabajo; cuestiones en torno al acceso a la educación, la salud, la vivienda, etc. son todas áreas donde existe un amplio espectro de posiciones tanto dentro como fuera de la Iglesia. El área de derechos socioeconómicos también tiene un impacto mucho más “político”. Abrir el debate [sobre los derechos sociales] es antagonizar con el modelo económico de Chile. Aquí la Vicaría y la Iglesia se mueven con cautela sobre este campo minado260.

Mientras que los comités de base y los trabajadores y trabajadoras de las Iglesias en las poblaciones estaban muy comprometidos con el trabajo solidario y valoraban su potencial político, los sectores conservadores de la Iglesia comenzaron a cuestionar la naturaleza política del trabajo de la Vicaría en las poblaciones261, concediendo que el trabajo en derechos humanos era valioso, pero criticando que la Iglesia se había “involucrado demasiado en los aspectos políticos y sociales del tema”262. Además, muchos sectores de la Iglesia católica desconfiaban de la presencia de no-católicos e izquierdistas en una organización confesional, como la Vicaría de la Solidaridad, y especialmente en las parroquias. A medida que la fuerza bruta aplicada por el régimen militar fue reemplazada por las detenciones clandestinas y las desapariciones, muchos sectores conservadores de la Iglesia comenzaron a cuestionar la necesidad de tener gente trabajando en las parroquias sobre temas no-pastoraWorld Council of Churches, Summary Report: WCC Evaluation Team visit to the Vicaríate of Solidarity of the Roman Catholic Archdiocese of Santiago, Chile, 26/3/1981, 5. ACMI. 261 FLACSO et al. Anexos, 1982, 16. FDAVS. 262 Citado en Fleet y Smith, The Catholic Church and democracy in Chile and Peru, 68. 260

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les263. Con todo, una serie de voces dentro de la Iglesia comenzaron a cuestionar la necesidad de realizar actividades que fueran más allá del trabajo pastoral y las actividades de caridad. Los cambios que se desencadenaron en la Vicaría hacia 1981 fueron un intento de aquietar las críticas que se extendían en los círculos más conservadores de la Iglesia. La primera manifestación de esta nueva relación fue la remoción del Vicario de la Solidaridad, Cristián Precht, quien había sido una de las fuerzas motoras en el crecimiento, consolidación y creciente reputación de la institución. En su lugar, el cardenal Silva nombró al padre Juan de Castro –uno de los críticos más explícitos de la Vicaría dentro de la Iglesia– como Vicario de la Solidaridad en abril de 1979264. El segundo momento de esta crisis se manifestó en 1981 en un conflicto entre el vicario Juan de Castro y el secretario ejecutivo de la Vicaría, Javier Luis Egaña, el cual terminó con la renuncia de Egaña y de la mayoría de la plana ejecutiva que había ayudado a formar la Vicaría y había venido trabajando desde la fundación del COPACHI265. Finalmente, en abril de 1981, la Vicaría comenzó su reestructuración reduciendo la cantidad de programas –como el programa de salud– y eliminando el Departamento Campesino y el de Coordinación Nacional. El Departamento Laboral ya había sido desvinculado de la Vicaría, dando lugar a la creación de la Vicaría de la Pastoral Obrera en 1977. Una gran parte del trabajo del Departamento Campesino fue asumido por ONGs especializadas en temas rurales, como GIA y GEA, y por los mismos sindicatos campesinos266, mientras que el programa de salud fue redirigido hacia otras ONGs267. En 1985 la Vicaría de la Solidaridad estaba Entrevista con Ana María Medioli. Entrevista con Cristián Precht. 265 Entrevista con María Luisa Sepúlveda. Secretaria Ejecutiva, Vicaría de la Solidaridad (1992). Santiago, Chile. 20/10/2010. 266 Entrevista con Francisca Rodríguez, Confederación Campesina Ranquil; Confederación Nacional Campesina (CNC). Santiago, Chile. 19/11/2010. 267 Vicaría de la Solidaridad. Informe de la Comisión Ad Hoc al Sr. Cardenal sobre la Vicaría de la Solidaridad, mayo 1981. FDAVS. 263 264

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compuesta por tres departamentos: Jurídico, Zonas y Educación en Solidaridad. El Departamento de Zonas se convirtió en un programa territorial y cada equipo quedó bajo la tuición la de las vicarias zonales. Esta descentralización también se tradujo en un recorte de personal en el Departamento de Zonas, pasando de 135 personas a fines de los años 70 a 40 en 1985268. Estas transformaciones de la Vicaría generaron algunas tensiones con sus aliados internacionales, especialmente con las Iglesisas protestantes y pentecostales. La formación de la Vicaría de la Solidaridad como una organización bajo la tutela de la Iglesia católica en 1976 no había producido conflictos entre las agencias que apoyaban al COPACHI como una organización ecuménica con fuerte influjo del Consejo Mundial de Iglesias. En una visita a Chile en noviembre de 1976, el director de los Ministerios de Ultramar del Consejo Nacional de Iglesias de los Estados Unidos, Eugene Stockwell, quien tenía amplia influencia sobre el apoyo financiero de esa organización y en el CMI, compartió su entusiasmo respecto de la tarea de la Vicaría de la Solidaridad en una carta de navidad enviada a representantes de agencias internacionales protestantes y evangélicas: Si fuera capaz de apoyar cualquier y todo esfuerzo cristiano para promover el bien en Chile, lo vería como un esfuerzo valioso, pero si fuera capaz de apoyar a solo uno pondría todo en la Vicaría […]. Comparto este informe con Uds. con la esperanza que, como individuo o como miembro responsable de una directiva o agencia cristiana, consideren apoyar uno de los esfuerzos más notables en la escena contemporánea de ser fieles al Cristo cuyo nacimiento nuevamente celebramos269.

268 R. Martínez Nogueira, Informe de Evaluación de la tarea del Departamento de Zonas de la Vicaría de la Solidaridad y de los Equipos Zonales de Solidaridad, agosto, 1985, 10-12. FDAVS. 269 E.L. Stockwell, Associate General Secretary, CWS, Letter to WCC and CWS from Santiago informing on the work of the Vicaría de la Solidaridad, 30/11/1976. ACMI.

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La reestructuración de la Vicaría, sin embargo, generó suspicacias entre las agencias cristianas internacionales, quienes veían en ello intentos de reducir el espíritu ecuménico y pluralista de la organización. Sobre todo el Consejo Mundial de Iglesias percibió que estos cambios iniciados en abril de 1981 deterioraban las confianzas ya que no habían sido informados a su propio equipo evaluador, el que había dejado Chile a fines de marzo. El CMI manifestó confusión ya que los recortes en los departamentos Campesino, de Coordinación Nacional y de Zonas contravenían directamente las recomendaciones de su delegación, la cual había recomendado que cada uno de ellos fuera reforzado y potenciado. Además, el CMI veía en la reducción de personal rasgos de persecución religiosa: “Aquellos que se quedan deben ser explícitamente de fe romana católica”. De acuerdo con la información aún escaza que se había recibido en Ginebra, la Vicaría se estaba moviendo en una nueva dirección que “se aleja de su postura profética de ser la ‘voz de los sin voz’ y aparentemente asume una postura conciliadora o al menos más en línea con el régimen”. Este cambio, de ser cierto, era mal visto en el CMI debido a que “afectaría la disposición de los socios ecuménicos en el extranjero de entregar apoyo económico para su trabajo en el futuro”270. La evolución de la Iglesia católica en años siguientes demostró que los temores del CMI no distaban mucho de la realidad. Los conflictos en torno a la Vicaría prefiguraron un cambio más general en la Iglesia católica a raíz de la creciente presión del Vaticano, que deseaba que las autoridades de Iglesia en América Latina limitaran sus intervenciones en la política contingente de modo de adquirir una postura neutral que permitiera mejorar su rol mediador frente a los regímenes militares271. El nuncio en Chile, monseñor Angelo Sodano, jugó un rol fundamental en presionar

C. Harper, HRROLA, Letter to Georg Gelber, Christian Aid, regarding restructuring of the Vicaríate of Solidarity, 8/5/1981. ACMI. 271 Fleet y Smith, The Catholic Church and democracy in Chile and Peru, 111-113. 270

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a la jerarquía católica para distanciarse de posturas más políticas. También influyó en imponer a los candidatos conservadores en las nóminas para las sucesiones episcopales sugeridas al Vaticano: “Siete de los diez nombramientos episcopales hechos por Juan Pablo II entre 1980 y 1983 eran conservadores teológicos y eclesiásticos”272. Los sectores preocupados de contener el trabajo de base que realizaba la Iglesia en las poblaciones se vieron fortalecidos con los sucesivos nombramientos episcopales –siete de los nueve nuevos obispos nombrados entre 1983 y 1987273. La magnitud de los cambios en la plana ejecutiva de la Vicaría y en la jerarquía católica se manifestó en el trabajo en terreno de la Vicaría y, crecientemente, en las parroquias. Muchos curas locales comenzaron a rechazar la presencia de equipos de solidaridad zonales. Además, en algunas parroquias donde ya se hacía trabajo de solidaridad, los párrocos manifestaban su preocupación ya que veían que se orientaba mucho hacia la denuncia en perjuicio del trabajo más pastoral. Según los equipos zonales de la Vicaría –compuestos en su mayoría por católicos de izquierda y no-practicantes– las demandas de los sacerdotes de aumentar el trabajo pastoral eran más bien una provocación: “sabían que no íbamos a hacer eso”274. Además, las organizaciones de base comenzaron a recibir un trato hostil por parte de la Iglesia para reunirse en las parroquias. En 1986, el sucesor del cardenal Silva, el cardenal Juan Francisco Fresno, y otros miembros de la jerarquía católica, ordenaron a los sacerdotes restringir el uso de espacios de iglesias a grupos de derechos humanos y otras organizaciones bajo el argumento de que no eran grupos pastorales275. Los miembros de las organizaciones de base comprendieron claramente el sentido de este giro, como lo reveló una pobladora en 1987:

Ibíd., 115-116. Ibíd., 129. 274 Entrevista con Ana María Medioli. 275 Fleet y Smith, The Catholic Church and democracy in Chile and Peru, 127. 272 273

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La actitud de los curas es echar a las organizaciones de las iglesias, preguntando por qué no hemos sido capaces de crear nuestros propios espacios; es una señal de alarma para cada organización: las iglesias se nos están cerrando. Lo que ellos proponen es que si uno usa la iglesia es para leer la Biblia, cantar la misa, y ponen a alguien que controle que esto se cumpla276.

El trabajo de base realizado por las organizaciones confesionales, sin embargo, no solo se vio dificultado por la creciente hostilidad e influencia de los sectores conservadores de la Iglesia. También hubo un proceso de reevaluación crítica dentro del Departamento de Zonas, que reconoció los límites de las actividades concentradas exclusivamente en la supervivencia. Por un lado, se dieron cuenta de que a pesar de su importancia, sus iniciativas no llegaban ni siquiera a cubrir las necesidades reales de los pobladores. Por otro lado, su concentración en programas de subsistencia en respuesta al desempleo y a la contracción de los derechos sociales jugaba a favor del modelo subsidiario de Estado que el régimen militar intentaba imponer. Aunque los recortes en los beneficios sociales durante los primeros años de la dictadura tenían como finalidad corregir la inflación y reducir los niveles de deuda pública277, también respondían al rediseño neoliberal en el sentido de reducir el rol del Estado en el desarrollo e implementación de políticas de vivienda, salud, y educación. Ya no era la responsabilidad del Estado promover y planificar el desarrollo de estas áreas, sino que su rol se convirtió en el de apoyar la iniciativa privada. De este modo, a través de los programas de solidaridad, sin quererlo, muchas instituciones estaban asumiendo una responsabilidad de la cual el Estado se estaba tratando de deshacer. Esto lo reconoció Ronaldo Muñoz en una publicación de 1977: 276 Reproducido en Teresa Valdés y Marisa Weinstein, Mujer, acción y debate. Se hace camino al andar, Material de Discusión (Santiago: FLACSO, junio de 1988), 51. 277 María Pía Martin, «Integración al desarrollo: una visión de la política social», en Chile en los noventa, ed. Cristián Toloza y Eugenio Lahera (Santiago: Dolmen Ediciones, 1998), 314.

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No podemos olvidar, o hacer olvidar, que estas tareas asistenciales [de la Vicaría] no son más que un suplemento transitorio, en un tiempo de emergencia que afecta desmedidamente a los sectores populares […]. Nuestra acción no puede servir para cubrir las deficiencias de los servicios y mecanismos del Estado, ni del sistemático abandono de sus responsabilidades en la tutela y la promoción del bien común278.

Cuando se hizo patente que los programas solidarios no eran transitorios, los límites de una aproximación centrada en la subsistencia se hicieron evidentes. En consecuencia, el trabajo de base debía ser seriamente revisado. Así, ante la creciente hostilidad de la Iglesia católica y los conflictos en torno a la dicotomía caridad-solidaridad, la presencia de nuevas instituciones de apoyo favoreció la diversificación de las organizaciones de base, convirtiéndose en catalizadoras de nuevas formas de socialización que iban más allá de las actividades centradas en la supervivencia. De la necesidad a la libertad: la politización de las organizaciones de base La Vicaría de la Solidaridad desarrolló estrechos lazos con muchas de las nacientes ONGs y centros de investigación, y facilitó la llegada de equipos de trabajo e investigación a las poblaciones de Santiago279. La investigación sobre los pobladores comenzó a crecer a medida que los investigadores y profesionales de PET, FLACSO, SUR, ECO, CIDE y otras ONGs, comenzaron a moverse dentro de las redes solidarias que se habían establecido desde temprano en la dictadura. Más importante, sin embargo, fue que el contacto

Reproducido en FLACSO et al. Anexos, 1982, 19. FDAVS. Martinez Nogueira, “Informe de Evaluación de la tarea del Departamento de Zonas de la Vicaría de la Solidaridad y de los Equipos Zonales de Solidaridad”, agosto, 1985, 30. 278 279

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entre las ONGs y la Vicaría ayudó a que los equipos zonales reformularan el carácter de las organizaciones solidarias, alejándolas de su carácter centrado en la subsistencia y redirigiendo los recursos hacia iniciativas de autoformación basadas en la idea de educación popular. A partir de 1978, todos los programas apoyados por el Departamento de Zonas incluyeron la ‘educación popular’ entre sus objetivos centrales280, y comenzaron a absorber entre el 60 y 80 por ciento del tiempo de los equipos zonales en años subsiguientes281. Este nuevo enfoque renovó la dimensión política del trabajo solidario, y sirvió para alinear los esfuerzos de los equipos zonales con la idea de recomponer el tejido social que promovían muchas de las nacientes ONGs. Muchos profesionales de las instituciones de apoyo actuaron autoconscientemente como una intelectualidad de vanguardia, siguiendo más o menos explícitamente la teoría gramsciana al autoidentificarse como promotores de una nueva hegemonía popular282. Así, la educación popular fue vista como una herramienta para lograr este objetivo, convirtiéndose en “una práctica educativa localizada dentro de un proceso más amplio que busca que los sectores populares se constituyan a sí mismos como sujetos políticos conscientes y organizados”283. Esta práctica fue conducida de acuerdo con diferentes modelos teóricos incluso al interior de las mismas instituciones: algunas enfocándose en reforzar la capacidad organizacional de los sectores populares, otras enfatizando el crecimiento personal a través de la educación y otras que pretendían forjar un movimiento popular con contactos políticos más amplios284. Las premisas transversales

FLACSO et al. Anexos, 1982, 27-32. FDAVS. Vicaría de la Solidaridad, Sexto año de labor, 1981, 1982, 19. FDAVS. 282 Mario Garcés, «ECO, las ONGs y la lucha contra la dictadura militar en Chile. Entre lo académico y lo militante», Revista Izquierdas 3, Nº 7 (2010): 4; Juan Eduardo García-Huidobro, El sentido político de la educación popular, Discussion Paper (Santiago: CIDE, 1988), 4. 283 Robert Austin, «Popular History and Popular Education», Latin American Perspectives 26, Nº 4 (1999): 43. 284 Martínez Nogueira. Informe de Evaluación de la Tarea del Departamento de Zonas de la Vicaría de la Solidaridad y de los Equipos Zonales de Solidaridad, agosto, 1985, 12-13. FDAVS. 280 281

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que orientaban a la mayoría de las instituciones, sin embargo, fue la reflexión y elaboración de programas que surgieran de la experiencia concreta, que fortalecieran a las organizaciones de base y que promovieran su autonomía285. Un Primer Encuentro de Educación Popular celebrado en 1980 ayudó a acercar los objetivos e intereses de las instituciones de apoyo, y contribuyó a mejorar la colaboración interinstitucional a lo largo de la década286. Muchas de las ideas de la educación popular se basaban en los libros Educación como Práctica de la Libertad (1967) y La Pedagogía del Oprimido (1968) de Paulo Freire, donde la pedagogía era concebida como un acto político. Sus ideas habían sido aplicadas ya durante el gobierno de la Unidad Popular como base para los programas de alfabetización de adultos. Las Sugerencias para la Alfabetización de 1971 preparadas para el Programa Experimental de Educación Básica de los Trabajadores, por ejemplo, enfatizaban que la conciencia crítica de los alfabetizandos debía ser estimulada a través de la reflexión sobre sus propias realidades para que reconocieran las causas de sus problemas y generara disposición para resolverlos: “El sujeto reconocería que la fuerza radicaba no en la acción aislada, sino que en la unión con otros que se encuentran en la misma condición”287. La idea de trabajar en conjunto para enfrentar problemas comunes encajaba con una de las ideas matrices de la izquierda, a saber, que el fortalecimiento de las organizaciones y la movilización colectiva para presionar por reformas son precondiciones necesarias para lograr condiciones más justas. La premisa es que quienes detentan el poder no harán por su cuenta concesiones Garcés, «ECO, las ONGs y la lucha contra la dictadura militar en Chile. Entre lo académico y lo militante», 7; Patricio Cariola y Alfredo Rojas, «Del Macetero al Potrero: Experiencias de Educación Popular y reflexiones para su masificación», en Contribución de las Organizaciones No Gubernamentales al diseño e implementación de políticas sociales para la infancia en Chile (presentado en Contribución de las Organizaciones No Gubernamentales al diseño e implementación de políticas sociales para la infancia en Chile, Santiago, 1985). 286 García-Huidobro y Martinic, «Las instituciones privadas y la educación popular: el caso chileno», 18. 287 Robert Austin, The State, Literacy, and Popular Education in Chile, 1964-1990 (Lanham, Md.: Lexington Books, 2003), 174. 285

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ni en la redistribución de la riqueza o el acceso al poder político, y que la presión popular es clave para generar cambio social. Así, en la educación popular, “el principio que guía la acción es la idea de contribuir a la democratización de la sociedad a través del trabajo popular, que supone vincular el trabajo social y educativo con procesos que faciliten la construcción de sujetos sociales y políticos en los sectores populares”288. Estas ideas tuvieron una repercusión cualitativa en la colaboración de las instituciones de apoyo con las organizaciones de base. En primer lugar, significó que la energía se concentrara en la promoción de organizaciones populares. En segundo lugar, significó un apoyo constante para las organizaciones existentes con el fin de mejorar su capacidad de gestión y su autonomía, y reforzar las prácticas democráticas entre sus miembros. Para esto fueron importantes los programas de asistencia técnica y de formación de líderes. Por último, la educación popular significó concentrar esfuerzos en mejorar la coordinación y el intercambio de experiencias entre organizaciones de base de diferentes sectores. Esto permitió que los activistas de las poblaciones pudieran escapar a las restricciones territoriales de sus organizaciones y facilitó la interacción con activistas de otros sectores con problemas similares. En cierta medida, estos esfuerzos no solo apuntaban a generar organizaciones de base y mejorar su capacidad de gestión, sino que se dirigían fundamentalmente a empoderar un “tipo específico organización”, es decir, organizaciones que fueran capaces de demandar soluciones para los problemas de los sectores populares289. Un buen ejemplo de cómo el énfasis en la educación popular influyó en el trabajo de base fueron los objetivos trazados por el Equipo de Solidaridad de la Zona Oriente para su trabajo con las organizaciones de base del sector (ver Tabla 3.5.).

García-Huidobro y Martinic, «Las instituciones privadas y la educación popular: el caso chileno», 18. 289 Piña, Proyecto de Apoyo a la Organización de Ollas Comunes, 14. 288

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Tabla 3.5.: Objetivos para las organizaciones de base, Equipo de Solidaridad Zona Oriente 1985290

Características deseadas de la organización

La organización implementa o permite

Lográndose

Relaciones no autoritarias

Desarrollo de creatividad y capacidad propias

Real acceso a condiciones de vida dignas

Democracia interna (plena participación en la toma de decisiones)

Valorar positivamente la experiencia colectiva

Presencia en un “proyecto político alternativo”

Autonomía. No dependencia externa eclesial o política

Coordinación con otros grupos

Aprendizaje conjunto y definición colectiva de metas, procedimientos, etc.

Lucha contra la represión

Relacionar realidad propia con realidad de otros grupos Relacionar problemas específicos con problemas nacionales Buscar cauces para hacer oír las demandas Desarrollar actividades a partir de las necesidades y motivaciones

290

Ibíd., 17.

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Los objetivos deseados para las organizaciones buscaban promover la democracia interna, mejorar las relaciones entre dirigentes y bases, e incrementar la autonomía de las organizaciones respecto de agentes externos. El mejorar las condiciones internas de gobierno de las organizaciones debía ayudar a que fueran capaces de mejorar el desempeño en sus propias actividades, y fortalecer su capacidad de construir alianzas y de dirigir demandas hacia terceros. Por último, esto debía producir tanto una transformación en su bienestar inmediato como abrir la posibilidad de contribuir a proyectos sociales y políticos más amplios. De modo que el dilema entre las necesidades de corto plazo y los objetivos de largo plazo seguía siendo la pieza fundamental en el marco reflexivo de las instituciones en su apoyo a las organizaciones de base, aunque con un tono político más acentuado. La tarea inmediata de resolver problemas cotidianos se inscribió así en una dimensión estratégica que concebía la transformación de la sociedad en una perspectiva de mediano y largo plazo, donde la conformación de actores sociales en los sectores populares se convirtió en el elemento que mediaba entre ambos momentos291. De este modo, las instituciones de apoyo se alejaron de la tarea de facilitar la sobrevivencia económica de los pobladores y se enfocaron en trabajar en el empoderamiento de su autoorganización colectiva. Esto fue una redefinición importante ya que el apoyo dejó de concentrarse en llenar el vacío que dejó la contracción del Estado social, y se basó crecientemente en la de idea de aumentar los recursos colectivos de la población para exigir al Estado asumir su responsabilidad en materia de derechos sociales. Hasta septiembre de 1973, a través de una sólida red de programas estatales, muchas de las familias más pobres pudieron dejar de concentrarse exclusivamente en llenar la necesidad diaria de poner comida en la mesa y, con el apoyo de los partidos de la izquierda, concentraron sus energías en mejorar su bienestar futuro por medio de asegurar 291

García-Huidobro, El sentido político de la educación popular, 16.

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sus propios hogares y mejorando su acceso a los servicios básicos292. El hecho de que entre 1973 y 1978 tanto los pobladores como las instituciones de apoyo se hubiesen concentrado en los problemas de subsistencia básica es indicativo de cuánto habían retrocedido las aspiraciones de los sectores populares. A través del renovado énfasis en la educación popular la idea de los logros a largo plazo recobraron actualidad. Aunque hubo atención al problema de la privación material, el fin último era la autoemancipación de los pobres293. Es necesario destacar la importancia de la transformación en la autocomprensión de las instituciones de apoyo, esto es, la transición desde la tensión entre caridad y solidaridad que caracterizó las preocupaciones iniciales hacia las tensiones entre privación y libertad que emergieron posteriormente. Mientras el primer marco conceptual sirvió para entregar asistencia en un tiempo en que esta era urgente en el contexto de una situación transitoria, el segundo momento marca una alineación conceptual que sirvió para guiar un nuevo proyecto político que buscaba no solo el retorno a la democracia, sino que fundamentalmente aspiraba a construir la infraestructura necesaria para la democratización permanente. En este sentido, este proceso no debe ser concebido únicamente como la formación de una ‘oposición’ a la dictadura –lo cual sin duda fue– sino, más bien, como un movimiento que buscaba aumentar la justicia económica como parte de cualquier sistema democrático. El hecho de que esta concepción más amplia dirigió las acciones de cientos de organizaciones y unos cuantos miles de profesionales, junto con sus recursos, redes y contactos, redundó en que las ideas democratizantes se convirtieran en prácticas que alteraron cualitativamente las condiciones de la socialización política en el Chile dictatorial. 292 Manuel Castells et al., «Campamentos de Santiago: movilización urbana», en Imperialismo y urbanización en América Latina, ed. M. Castells (Barcelona: Ed. Gustavo Gili, 1973), 413. 293 Cariola y Rojas, «Del Macetero al Potrero: Experiencias de Educación Popular y reflexiones para su masificación», 19.

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En este contexto, las organizaciones de subsistencia dieron lugar a nuevas organizaciones. Los comedores infantiles y populares pavimentaron el camino para el surgimiento de los comprando juntos, las ollas comunes y el desarrollo de huertos comunitarios. Las bolsas de cesantes derivaron en comités de pobladores y comités de vivienda. Además, los grupos de salud se multiplicaron, junto a centros culturales, grupos juveniles, grupos de teatro y bibliotecas populares. Junto a estos grupos territoriales, también proliferaron organizaciones funcionales tales como los grupos de mujeres, grupos de discusión y organizaciones de derechos humanos de base. Con todo, el comienzo de la década de 1980 se caracterizó por la acelerada formación de organizaciones de base que giraban en torno a problemas que iban más allá de la subsistencia. Las ollas comunes son un buen ejemplo para ilustrar el alcance de esta transformación. A pesar de haber sido una práctica común durante las huelgas obreras para mantener la moral en alto e integrar a las familias al conflicto, la utilización de las ollas comunes como una práctica de solidaridad comunitaria solo comenzó después de los aludes que afectaron la zona Oriente de Santiago en 1981. Como una derivación de los comedores, las ollas comunes superaron la fuerte carga asistencialista de sus antecesores y tuvieron un carácter más ligado a la población dado que las actividades de la olla ya no se hacían en las parroquias sino que en las casas294. También requerían de una participación más activa de los miembros: En términos de funcionamiento, todas las familias que reciben sus alimentos de la olla participaban en su mantención, recolectando comida y leña para cocinar, en la manipulación y preparación de la comida, ayudando con la limpieza y pagando una cuota semanal de unos $100 pesos por familia, independiente de su tamaño295.

294 295

Entrevista con Ana María Medioli. Gallardo, El redescubrimiento del carácter social del problema del hambre: las ollas comunes, 51.

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Las ollas, a diferencia de los comedores, no requerían grandes esfuerzos logísticos, limitándose a los espacios para cocinar y para aprovisionar alimentos. Dado que las comidas preparadas conjuntamente en la olla eran consumidas en los espacios familiares, las ollas comunes no poseían ese carácter de ser casinos para pobres y posibilitó que los alimentos se pudieran compartir en familia296. Las instituciones de apoyo prestaron asistencia técnica, tanto en asesoramiento nutricional como en mejorar la capacidad de gestión, y asistencia material donando los fondos para preparar la comida y facilitando espacios de almacenamiento. Así, la principal característica de las ollas comunes era una participación más intensiva de los miembros en el manejo de la organización y, como tal, una viva expresión de la autoorganización de los pobladores. El declive de los comedores y su reemplazo por las ollas comunes y otras iniciativas, fueron un reflejo de los cambios en las directrices de las instituciones de apoyo. Sin embargo, simbólicamente, la expansión de la participación en las nuevas experiencias de autoayuda marcó una transición desde un periodo en que la organización popular había sido fuertemente estimulada por agentes externos hacia una nueva fase en donde los sectores populares comenzaron a asumir su propia organización, un proceso que despegó alrededor de 1982 alcanzando altos niveles de participación en 1985, equivalentes al apogeo en participación que tuvieron los comedores en 1977 (ver Tabla 3.6.).

296 Bernarda Gallardo, Las ollas comunes de La Florida como experiencia de desarrollo de la organización popular, Documento de Trabajo (Santiago: FLACSO, 1985), 35.

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Tabla 3.6.: Participantes en organizaciones de subsistencia, 1977-1985297

Si las ollas comunes fueron un reflejo de la creciente autonomía en la gestión, los comités de vivienda ilustran la creciente politización de las organizaciones de base. Los comités de vivienda comenzaron en la población José María Caro en el sur de Santiago, y fueron formados por antiguos miembros de las bolsas de cesantes, activistas de iglesias locales y militantes políticos de base –notando que, a veces, un individuo podía ser las tres cosas a la vez. El catalizador para la formación de los comités fue una decisión del gobierno de comenzar a cortar el suministro de agua y electricidad a las familias que se habían atrasado en los pagos298. Rápidamente, a lo largo de toda la zona Sur, se formaron comités para darle soluVicaría de la Solidaridad. Segundo año de labor, 1977, January, 1978; Vicaría de la Solidaridad, Quinto año de labor, 1980, 1981; Vicaría de la Solidaridad. Sexto año de labor, 1981, 1982; Vicaría de la Solidaridad, Séptimo año de labor, 1982, 1983; Vicaría de la Solidaridad. Octavo año de labor, 1983, 1984; Vicaría de la Solidaridad. Noveno año de labor, 1984, 1985; Vicaría de la Solidaridad. Décimo año de labor, 1985, 1986. FDAVS. 298 Bernarda Gallardo, Partidos Políticos y Organizaciones Poblacionales II: El caso de un comité de vivienda, Documento de Trabajo (Santiago: FLACSO, 1986), 11. 297

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ción a esta situación, los cuales se comenzaron a agrupar y dieron origen a una coordinadora de comités para el sector. La primera acción de esta coordinadora sectorial fue la recolección de información acerca de las familias afectadas, de modo de poder alcanzar un acuerdo con las entonces compañías estatales EMOS y CHILECTRA299. Con la realización de reuniones de casi 300 personas, estos comités de servicios se convirtieron en las primeras experiencias de organización masiva dentro de las poblaciones después del golpe. Los éxitos iniciales estimularon a los organizadores, quienes comenzaron a pensar en formas de sostener las organizaciones y redirigirlas a confrontar otros problemas sufridos por los pobladores. Los comités de vivienda surgieron de esta temprana coordinación, dirigiéndose a enfrentar uno de los problemas más acuciantes de los sectores populares. A raíz del masivo y creciente déficit habitacional desde 1973 las familias más pobres habían hecho de la recepción de allegados una práctica común. Otra solución que los pobladores encontraron para la escasez de vivienda fueron los subarriendos de un espacio de la propiedad a otros grupos familiares. Un catastro realizado por los comités de vivienda de las poblaciones Caro-Ochagavía reveló que casi un 20 por ciento de las familias arrendaba o subarrendaba, mientras que más del 15 por ciento de las familias del sector vivían de allegados. Esto significaba que solo en estas dos poblaciones de Santiago aproximadamente 7.500 familias no tenían un hogar propio300. La magnitud del problema quizá explique parcialmente la adhesión que adquirieron los comités de vivienda. De acuerdo con el informe anual de 1980 de la Vicaría había aproximadamente 68 comités de vivienda que agrupaban a casi 14.000 personas301. Estos comités fueron particularmente masivos en las zonas Sur y Poniente de Santiago donde, de acuerdo con las trabajadoras del

Ibíd., 15. Ibíd., 19. 301 Vicaría de la Solidaridad. Quinto año de labor, 1980, 1981. FDAVS. 299 300

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Departamento de Zonas, las comunidades, los curas, las monjas y las instituciones de apoyo eran más combativos302. Los comités de vivienda comenzaron con un enfoque pragmático para enfrentar el problema habitacional. La primera acción fue la presentación de una petición al Ministerio de Vivienda, que consistía en la implementación de una ‘operación sitio’, como la llevada a cabo durante el gobierno de Frei Montalva, y la solicitud de una reunión con el Ministro. Los dirigentes de los comités de vivienda fueron recibidos en el Ministerio de Vivienda el 15 de marzo de 1980 donde, en una reunión afable, el Ministro no hizo concesiones, pero prometió el envío de una carta oficial con los pasos por seguir303. Tras la reunión, los dirigentes realizaron una conferencia de prensa para hacer una declaración y publicitar la reunión. El 22 de julio, ante la ausencia de respuesta por parte del Ministerio, un grupo de 250 familias realizaron una toma en la comuna de La Granja, la cual fue rápidamente desalojada por la policía. Después de la toma, el Gobierno publicó una inserción en El Mercurio señalando que era un error asumir que el Gobierno tenía alguna responsabilidad en la situación de los pobladores y advirtió que cualquiera que participara en tomas de terreno sería excluido de subsidios estatales y programas sociales304. La toma fallida y la poca disposición del Gobierno para hacer concesiones intensificaron el estado de movilización de los comités de vivienda, reflejado en las reuniones de más de 2.000 participantes que se llevaban a cabo en las poblaciones. Sin embargo, a pesar de la primera toma en La Granja, y de tomas espontáneas y aisladas en diferentes zonas de Santiago, la estrategia de los comités de vivienda se mantuvo dentro de los canales formales, buscando soluciones a través de peticiones a las municipalidades y a los ministerios de In-

Entrevista con Ana María Medioli. Gallardo, Partidos Politicos y Organizaciones Poblacionales II: El caso de un comité de vivienda, 20-23. 304 Ibíd., 25-26. 302 303

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terior y Vivienda305. Esta estrategia continuó sin éxito hasta 1982, cuando los comités de vivienda, en vistas de la creciente efervescencia política en el país, comenzaron una serie de tomas de terreno. La presión pública sobre las autoridades también se diversificó a través de la realización de huelgas de hambre, la ocupación de embajadas y la realización de asambleas masivas. La creciente movilización tenía el objetivo de hacer visible el conflicto y las demandas para aumentar la presión sobre las autoridades. Esto se reconoció explícitamente en una toma realizada a comienzos de 1983: “Organizamos esta toma para denunciar nuestra situación para que la Municipalidad haga uso de la Ley 18.138, que autoriza la expropiación de terrenos donde se ubican campamentos, y nos dé un sitio”306. Desde la primera toma en 1980, la Iglesia intentó distanciarse formalmente de los comités de vivienda. En consecuencia, la Vicaría de la Solidaridad descontinuó su apoyo formal a los comités, no consignando relación alguna en sus informes anuales de 1981 y 1982, y señalando su apoyo a dos comités de vivienda en 1983307. A pesar de ello, los contactos de las parroquias y la Vicaría de la Solidaridad con los comités de vivienda continuaron informalmente, y la ausencia de registros probablemente fue para mejorar el rol mediador de la Iglesia en las tomas de terreno masivas que se avecinaban. Mientras el país estaba convulsionado por las protestas masivas que comenzaron en mayo de 1983, la coordinadora de los comités de base retomó la iniciativa y en septiembre de 1983 llevó a cabo dos tomas masivas en la zona Sur de Santiago con la participación de más de 8.000 familias que levantaron los campamentos “Cardenal Raúl Silva Henríquez” y “Monseñor Juan Francisco Fresno” (ver Tabla 3.7.)308. Jaime Sperberg, Urbane Landbesetzungen in Santiago de Chile und Buenos Aires : Soziale Bewegungen in Chile und Argentinien in den 80er Jahren (Hamburg: Lit Verlag, 1997), 61. 306 Hoy, 28 de enero-3 de febrero, 1983. 307 Vicaría de la Solidaridad. Quinto año de labor, 1980, 1981. FDAVS; Vicaría de la Solidaridad. Sexto año de labor, 1981, 1982. FDAVS; Vicaría de la Solidaridad. Séptimo año de labor, 1982, 1983. FDAVS; Vicaría de la Solidaridad. Octavo año de labor, 1983, 1984. FDAVS. 308 Morales y Rojas, Relocalización socioespacial de la pobreza: Política estatal y presión popular, 1979-1985, 74-75. 305

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Tabla 3.7.: Tomas ilegales y número de familias participantes, 1980-1985309

Estas acciones representaron un éxito para los comités de vivienda y para la extensa red de apoyo con la que para entonces contaban. El creciente estado de movilización de los pobladores acrecentó la fuerza de la organización y motivó a los líderes a buscar alianzas. Así, se fortaleció la coordinación entre los diversos comités de vivienda, y se buscó el apoyo de ONGs simpatizantes y de la recientemente formada Coordinadora Metropolitana de Pobladores (METRO), un frente de pobladores del Partido Comunista310. El sentido político de las tomas de terreno se vio reflejado en las elecciones que se llevaron a cabo en los campamentos a comienzos de 1984. Las elecciones para la Comisión Directiva del Campamento Eduardo Morales y Sergio Rojas, Relocalización socioespacial de la pobreza: Política estatal y presión popular, 1979-1985, Documento de Trabajo (Santiago: FLACSO, 1986). La fuente no indica en todos los casos el número de familias. Para homogeneizar los datos, el número de individuos se dividió por cuatro. 310 Sperberg, Urbane Landbesetzungen in Santiago de Chile und Buenos Aires, 62. 309

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Silva Henríquez, con una población de 17.000 personas, fueron las primeras elecciones libres y masivas que se realizaron en dictadura. Las elecciones contaron con la participación de más del 92 por ciento de las 7.000 personas con derecho a voto y favorecieron a los militantes de la izquierda, quienes ocuparon 13 de los 15 cargos directivos311. Más allá del éxito de las dos tomas de septiembre de 1983, y de la marcada desmovilización y crisis de los comités de vivienda en años subsiguientes, su experiencia marcó un punto de inflexión en la organización de los sectores populares. En primer lugar, contribuyó al establecimiento de coordinadoras territoriales y funcionales entre las organizaciones de base, experiencias hasta entonces inéditas en dictadura. En segundo lugar, concentraron su acción en apelar públicamente a las autoridades, sea a través de canales institucionales o a través de presión por medio de acciones de protesta. Por último, a pesar de que la experiencia de los comités de vivienda reveló un distanciamiento entre los objetivos de las organizaciones y el apoyo que les podía brindar la Iglesia, expuso cómo la presencia de una diversa red de organizaciones facilitó la búsqueda de alianzas contingentes para la acción colectiva.

311

Ibíd., 77.

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Capítulo IV La formación de un público: medios, organizaciones y protesta Nuestro Estado moderno es el resultado de avances tecnológicos empleados para facilitar la rápida y expedita circulación de opiniones e información de modo tal de generar una constante e intricada interacción que escapa de los límites de las comunidades locales […]. La eliminación de la distancia, en cuya base se encuentran agencias físicas, ha generado una nueva forma de asociación política. John Dewey, The Public and its Problems, 1927

Mientras que entre 1973 y 1975 el COPACHI era la única voz crítica que rompía el ‘silencio político’ que intentaba imponer el régimen militar, la situación comenzó a transformarse lentamente a partir de 1976. Esto se debió en parte a la reconstrucción de la infraestructura organizacional discutida en el capítulo anterior, y en parte al aumento de las interacciones públicas facilitadas por el desarrollo de medios independientes. Si bien la red colaborativa de instituciones que interactuaban a nivel internacional, nacional y local dio los primeros pasos hacia la politización de la sociedad civil en dictadura, al ser interacciones restringidas a las interacciones interpersonales e interinstitucionales su alcance se limitó a porciones relativamente pequeñas de la población. A raíz de la unilateralidad con la cual informaban los medios de comunicación masivos, la infraestructura organizacional descrita en el capítulo anterior carecía de un medio por el cual las ideas democráticas pudieran convertirse en objetos de discusión generalizada. Por ello, un proceso crucial en el desarrollo de la sociedad civil en dictadura fue la ampliación de las interacciones públicamente mediadas que permitieron la generalización de los contenidos emancipatorios y democratizantes que existían en las redes organizacionales hacia la sociedad en su 149

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conjunto. Este capítulo explora cómo las organizaciones, los medios de comunicación y la protesta generaron las condiciones para la extensión de comunicaciones políticas en el Chile dictatorial. El sistema comunicacional y la formación de medios independientes El régimen militar ejerció un férreo control sobre la prensa en los años posteriores al golpe de Estado. Después de bombardear sus antenas de transmisión el día del golpe, las radios Magallanes, Corporación, Luis Emilio Recabarren y Nacional fueron cerradas y expropiadas312. Además de las estaciones de radio, la Junta militar cerró quince medios de comunicación, incluyendo diarios, revistas y agencias de prensa313. A través del Bando Militar Nº 12 del 11 de septiembre de 1973, la Junta militar puso las condiciones a los medios que no habían sido inmediatamente clausurados advirtiendo a “la prensa, la radio y la televisión que cualquier información dada al público y no confirmada por la Junta del Gobierno Militar conducirá a la intervención inmediata de la compañía por parte de las Fuerzas Armadas, sin perjuicio de las responsabilidades penales determinadas por la Junta a su debido tiempo”314. Esta medida fue complementada con una orden estricta de censura (Bando Nº 11). De modo similar, la Junta rápidamente tomó control de las estaciones de televisión. Desde su introducción a comienzos de los años 60 las estaciones televisivas habían estado bajo el control de las universidades. En 1969 el gobierno creó la estación estatal, Televisión Nacional de Chile (TVN), la cual rápidamente adquirió una amplia cobertura territorial. Cuando las Fuerzas Armadas tomaron el poder en 1973, adquirieron control sobre toda la red televisiva 312 Lidia Baltra, Atentados a la libertad de información en Chile, 1973-1987, Documento de Trabajo (Santiago: CENECA, abril de 1988), 67. 313 Ibíd., 10. 314 Citado en ibíd., 9.

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por medio de su control de TVN y de las universidades. La importancia de la televisión creció con el correr de los años debido a la extensión de su cobertura, llegando a cubrir el 97 por ciento del territorio hacia 1989315, aumentando también su influencia en el público. De acuerdo con una encuesta de 1988 ver televisión fue reportada como la segunda actividad más común entre las familias chilenas316 y su audiencia diaria se estimó en casi ocho millones de personas en 1989317. Entendiendo su importancia estratégica en el manejo de la información, el régimen militar evitó sistemáticamente la privatización del sistema televisivo. Su estricto control sobre la televisión se extendió a lo largo de quince años, hasta que se permitió que la oposición dispusiera de una franja de quince minutos para el plebiscito de 1988318. El cierre de medios de comunicación y el control ejercido sobre aquellos que quedaron, crearon un paisaje comunicacional altamente homogéneo. Mientras que en 1972 había diez diarios de circulación nacional, en 1975 se habían reducido a cinco319. Además de la clausura forzosa de cuatro diarios nacionales afines a la Unidad Popular (El Siglo, Clarín, Ultima Hora y Puro Chile), un quinto diario cercano a la Democracia Cristiana, La Prensa, a causa del estricto control editorial impuesto por los militares y la presión ejercida sobre sus auspiciadores, cerró por razones económicas a comienzos de 1974320. En las semanas que inmediatamente siguieron al golpe solo El Mercurio y La Tercera pudieron circular bajo Embajada EE.UU. Santiago, Resource Book: Chile: 1989 Elections, [1989], 65. FDAVS. Flavio Cortés, «Modernización y concentración: los medios de comunicación en Chile», en Chile en los noventa, ed. Cristián Toloza y Eugenio Lahera (Santiago: Dolmen Ediciones, 1998), 560. 317 Embajada EE.UU. Santiago, Resource Book: Chile: 1989 Elections, [1989], 64. FDAVS. 318 Matt Davies, International Political Economy and Mass Communication in Chile. National Intellectuals and Transnational Hegemony (London: Macmillan Press, 1999), 137-138; Diego Portales et al., La política en pantalla (Santiago: ILET-CESOC, 1989). 319 Eduardo Santa Cruz, Análisis histórico del periodismo chileno (Santiago: Nuestra América Editores, 1988), 144. 320 Diego Portales, «La Producción de Comunicaciones en el Régimen Autoritario», en Investigación sobre la prensa en Chile (1974-1984), ed. Fernando Reyes Matta, Carlos Ruiz y Guillermo Sunkel (Santiago: CERC / ILET, 1986), 254. 315 316

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estrictas condiciones de censura, apareciendo con grandes espacios en blanco donde estaba la información retirada por los censores321. Paulatinamente, el régimen permitió la circulación de los diarios de oposición al gobierno de Allende, entre los que se encontraban La Segunda, Las Últimas Noticias, Tribuna y el ya mencionado La Prensa322. El cierre de diarios significó la concentración de la información en manos de dos consorcios periodísticos y el régimen militar. Mientras en 1966 El Mercurio SAP, que editaba El Mercurio, y COPESA, que editaba La Tercera, controlaban aproximadamente el 79 por ciento de la publicidad total en diarios; su participación aumentó al 98 por ciento en 1977; el porcentaje restante fue para el diario estatal El Cronista323. Aunque la censura directa se había eliminado hacia 1975, la autocensura se convirtió en una práctica recurrente en las salas de prensa chilenas. El régimen militar encontró importantes aliados en los grandes consorcios periodísticos ya que, más allá de su afinidad ideológica, El Mercurio SAP y COPESA también dependían extremadamente del gobierno dadas las deudas masivas que cargaban con el Banco del Estado. Mientras El Mercurio SAP debía unos US$ 120 millones, COPESA tenía una deuda que rondaba los US$ 40 millones324. Así, tanto la represión como las restricciones económicas creaban un panorama informacional altamente homogéneo. Como rezaba un informe de 1975 del COPACHI, durante los primeros dieciocho meses de dictadura, “el tono general en los medios informativos [fue] obsecuente y monocorde”325. La libertad de prensa fue frecuentemente más restringida en las provincias que en Santiago. Aunque la mayoría de las ciudaBaltra, Atentados a la libertad de información en Chile, 1973-1987, 67-68. COPACHI, Un año y medio de gobierno militar, marzo 1975, p. 9. ACMI. 323 Portales, «La Producción de Comunicaciones en el Régimen Autoritario», 258-259. 324 Fernando Reyes Matta y Jorge Andrés Richards, eds., Periodismo independiente: ¿mito o realidad? Debates sobre militancia, profesionalismo, democracia y verdad con los directores de las revistas prohibidas y censuradas en Chile bajo el Estado de Sitio (Santiago: ILET, 1986), 20-21. 325 COPACHI, Un año y medio de gobierno militar, March 1975, p. 9. ACMI. 321 322

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des contaban con uno o más diarios locales, además de aquellos de circulación nacional, los diarios regionales eran controlados por consorcios periodísticos afines al régimen. En 1978, la Sociedad Periodística del Sur (SOPESUR), bajo control de ejecutivos democratacristianos y con una línea editorial prorrégimen, tenía la propiedad de seis diarios regionales, mientras que El Mercurio SAP controlaba siete326. Con la disolución de SOPESUR, afectada por la crisis económica de 1981-1982, El Mercurio SAP pasó a controlar catorce diarios regionales de norte a sur en 1984327. En algunas regiones, como Antofagasta o Valparaíso, los dos diarios regionales que circulaban eran de propiedad de El Mercurio SAP328. La prensa regional también dependía excesivamente de información que era producida en Santiago. En general, los medios regionales no tenían plantas periodísticas amplias y mucha de la información de alcance nacional era tomada de la prensa de circulación nacional. Esta tendencia menoscababa la capacidad de los medios locales, provinciales y regionales de proveer información detallada sobre las propias comunidades en las que se encontraban329. Por otra parte, en provincias, los diarios de circulación nacional vendían más ejemplares que los diarios regionales330. El diario El Sur de Concepción era quizá el único diario que mantuvo cierta independencia del discurso oficial y asumió una postura de activa defensa de la libertad de expresión331. Con todo, el panorama comenzó a cambiar lentamente hacia 1978 a medida que nuevos medios independientes aparecieron en los quioscos y se convirtieron en material de lectura en los hogares

Santa Cruz, Análisis histórico del periodismo chileno, 144. Arturo Navarro, «El sistema de prensa bajo el régimen militar (1973-1986)», en La Prensa: Del autoritarismo a la libertad, ed. Claudio Durán, Fernando Reyes Matta y Carlos Ruiz (Santiago: CERC / ILET, 1989), 136. 328 Ibíd., 15.; Portales, ‘La Producción de Comunicaciones en el Régimen Autoritario’, 253. 329 María Elena Hermosilla et al., Prensa-Radio y Televisión: Región del Biobío (Santiago: CENECA / INPRODE / Colegio de Periodistas Concepción, 1986), 20. 330 Ibíd., 39. 331 Ibíd., 16. 326 327

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chilenos. “Estos medios, varios de ellos nacidos como boletines, desarrollaron formas más industriales de producción y circulación, convirtiéndose en influyentes revistas y referentes para amplios sectores democráticos”332. La aparición del boletín Solidaridad de la Vicaría reflejó nítidamente esta progresión. En un comienzo, no apareció sistemáticamente y carecía de un equipo a cargo de su producción. “Después se profesionaliza; la necesidad de tener un equipo que produzca la revista se hace evidente […]; concluimos que es necesario informar a los sectores populares de lo que está ocurriendo en el país”333. Entre 1976 y 1977, la producción del boletín Solidaridad fue parte de la Secretaría de Comunicaciones de la Vicaría de la Solidaridad. A partir de 1978 se creó un departamento dedicado exclusivamente a su producción. El objetivo central de Solidaridad fue “proveer un espacio de comunicación a grandes sectores de la sociedad que tienen limitados sus derechos de expresión, y darles acceso a información sobre acontecimientos relevantes a su realidad”334. El boletín informó sobre las detenciones y las violaciones a los derechos humanos, la situación de los trabajadores y campesinos, las comunidades mapuche, y los pobladores. Solidaridad alcanzó un tiraje de 30.000 copias, las cuales eran distribuidas a las parroquias a lo largo del país, llegando especialmente a los sectores más pobres335. La aparición de Solidaridad en 1976 marcó el inicio de la circulación de la prensa independiente en el Chile dictatorial. El boletín APSI apareció en 1976 por iniciativa de un grupo de trabajadores del COPACHI, quienes se encontraron cesantes tras su cierre en 1975. A través de las redes internacionales que financia-

Reyes Matta y Richards, Periodismo independiente: ¿mito o realidad? Debates sobre militancia, profesionalismo, democracia y verdad con los directores de las revistas prohibidas y censuradas en Chile bajo el Estado de Sitio (Santiago: ILET, 1986), 21. 333 Entrevista con Rodrigo de Arteagabeitia, Director de Solidaridad, citado en ibíd., 22. 334 Vicaría de la Solidaridad, Tercer año de labor, 1978, febrero, 1979, 77. FDAVS. 335 Hugo Frühling, «Resistance to fear in Chile. The experience of the Vicaría de la Solidaridad», en Fear at the edge: State terror and resistance in Latin America, ed. Juan Eugenio Corradi (Berkeley: University of California Press, 1992), 127; Lowden, Moral Opposition to Authoritarian Rule in Chile, 1973-90, 56. 332

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ban al COPACHI, la revista obtuvo un monto inicial para comenzar su edición como un boletín dedicado exclusivamente a información internacional, lo cual facilitó su autorización por parte del régimen militar336. A pesar de que APSI comenzó como una revista dedicada exclusivamente a las noticias internacionales, su aparición en 1976 fue importante para generar un ambiente informacional más pluralista. Desde comienzos de la dictadura no hubo solo una fuerte disminución en la cantidad de diarios que circulaban, sino que hubo también una disminución en la cantidad de información nacional reportada en los diarios existentes. En cambio, gran parte del contenido se concentraba en el uso de cables de agencias internacionales, fotografías e información de entretenimiento337. La cobertura de acontecimientos internacionales, sin embargo, tuvo la tendencia de ocupar la dicotomía amigo-enemigo; los amigos, desde luego, eran aquellos que reflejaban de algún modo la cosmovisión del régimen. En este sentido, el objetivo inicial de APSI fue representar “la realidad internacional en toda su complejidad”338. La primera revista que tuvo un impacto periodístico en temas nacionales fue el semanario Hoy. La revista fue creada por el antiguo equipo editorial y periodístico de Ercilla. En los primeros años de dictadura, Ercilla presentó a la dictadura en términos positivos, celebrando el orden y la tranquilidad que existían en el país presentándolo como un contraste con el desorden del periodo de la Unidad Popular. Sin embargo, a medida que su contenido comenzó a hacerse más crítico al régimen, su dueño fue presionado para vender a inversionistas que fueran más permisivos con el régimen. Los editores y periodistas de Ercilla renunciaron y formaron Hoy. La aparición de la revista fue posible por un préstamo otorgado por la agencia de desarrollo Holandesa CEBEMO, uno de los principales socios de la Vicaría, la cual fue contactada a través del cardenal Silva Francisca Araya Jofré, Historia de la revista Apsi (Santiago: LOM Ediciones, 2007), 20. Portales, «La Producción de Comunicaciones en el Régimen Autoritario», 262-264. 338 Arturo Navarro, Director de Apsi, citado en Reyes Matta y Richards, Periodismo independiente: ¿mito o realidad?, 23. 336 337

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Henríquez339. Con alguna demora, el régimen militar autorizó su circulación en junio de 1977. La revista Análisis apareció en diciembre de 1977 al alero de la Academia de Humanismo Cristiano. En un principio, fue concebida como un boletín institucional con el nombre Academia, pero su línea editorial generó reacciones adversas entre los directores más conservadores de la AHC. Tras una reunión con el cardenal Silva, el editor Juan Pablo Cárdenas propuso una relación más independiente de la Academia, publicando Análisis con el subtítulo: “Bajo el auspicio de la Academia de Humanismo Cristiano”. En sus primeros años, Análisis no tuvo mucho valor periodístico, pues se concentró en artículos de opinión y temáticos escritos por colaboradores voluntarios regulares. Su circulación fue restringida a los suscriptores, aunque algunos números fueron vendidos clandestinamente en quioscos por gestión del sindicato de suplementeros340. Con el tiempo, Análisis pasó a concentrarse en contenidos periodísticos y en 1983 se independizó por completo de la Academia341, lo cual acarreó una creciente persecución del régimen con frecuentes cierres y el encarcelamiento de periodistas y editores. Debido a los altos costos que suponía la instalación de radios o diarios, la aparición de medios independientes se restringió a semanarios o quincenarios. Aunque algunas radios asumieron posturas más críticas al régimen hacia 1978, pagaron altos costos a través de la cancelación o la no-renovación de concesiones, y el ingreso de nuevos emisores independientes era prácticamente imposible dado el control que ejercía el Estado sobre las frecuencias. Asimismo, los diarios imponen fuertes barreras de entrada para nuevos competidores dado que las empresas controladoras de los diarios concentraban las funciones editoriales, de imprenta y de distribución. Estos masivos requisitos logísticos exigían grandes inversiones para garantizar la caPaula Mobarec y Dominique Spiniak, Revista «Hoy» (Santiago: Ediciones Copygraph, 2001), 34-35. 340 Entrevista con Juan Pablo Cárdenas. Director, Análisis. Santiago, Chile. 28/10/2010. 341 Reyes Matta y Richards, Periodismo independiente: ¿mito o realidad?, 24. 339

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pacidad competitiva de los diarios342. Así, las barreras de entrada ayudan a explicar la relativamente tardía aparición de los únicos diarios independientes en el Chile dictatorial, La Época y Fortín Mapocho, que comenzaron a circular en 1987 y contaban con importante apoyo económico de fuentes internacionales343. Los semanarios y quincenarios tenían la ventaja de requerir únicamente equipos editoriales y periodísticos para la creación de contenidos, mientras externalizaba la impresión y distribución, haciendo que su entrada al mercado fuese factible tanto económica como logísticamente. Dada su amplia cobertura territorial y las facilidades que ofrecía para su consumo (no requiriendo alfabetización ni aparatos de alto valor), la radio jugó un rol importante en la difusión de información. Se ha estimado que en 1985 existían más de diecisiete millones de aparatos receptores de radio en todo el país344. Con más de 310 estaciones AM y FM, la radio era el medio que a más gente alcanzaba, llegando a cubrir prácticamente todo el territorio nacional345. Sin embargo, la calidad de la información disminuía según la distancia de los grandes centros urbanos. Regiones extremas, como por ejemplo Puerto Williams e Isla de Pascua, solo recibían emisiones de las radios administradas por la Marina y la Fuerza Aérea respectivamente346. Aunque la cantidad de señales se duplicó entre 1973 y 1985, las nuevas concesiones no significaron mejoras en la cantidad ni en la calidad de la información disponible. Dado que la expansión en las concesiones se concentró en la señal FM que, a diferencia de las radios AM, basaba su modelo de negocios en la transmisión de música selecta para nichos de audiencia, la expansión del sistema radial se limitó a mejoras relacionadas con el entretenimiento.

Portales, «La Producción de Comunicaciones en el Régimen Autoritario», 252. Entrevista con Jorge Lavandero. Director, Fortín Mapocho. Santiago, Chile. 8/11/2010. 344 Embajada EE.UU. Santiago. Resource Book: Chile: 1989 Elections, [1989], 64. FDAVS. 345 María Cristina Lasagni, Paula Edwards y Josiane Bonnefoy, La Radio en Chile (Santiago: CENECA, 1985), 39. 346 Ibíd., 43. 342 343

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Como en el resto del sistema de comunicaciones chileno, la propiedad de la radio estaba altamente concentrada. Seis redes emisoras aglutinaban casi el 76 por ciento de la audiencia en Santiago. Esta representación era reproducida a nivel nacional dado que muchas de las radios provinciales o locales participaban de las redes nacionales a través de acuerdos de retransmisión. Para las radios de provincia, estos contratos eran beneficiosos en la medida en que podían introducir deportes, noticias y flashes noticiosos en su programación habitual. Las redes emisoras se beneficiaban con la obtención de mayor diseminación territorial y aumentos en audiencia, lo cual consiguientemente aumentaba sus auspiciadores. La red emisora más grande era Radio Nacional, que pasó a depender de las Fuerzas Armadas luego de la expropiación de las radios afines a la Unidad Popular, con aproximadamente 10 estaciones de radio en Santiago y casi 20 estaciones retransmisoras en regiones. Radio Portales, controlada por sectores afines al régimen, fue la segunda en tamaño con 26 estaciones en la red. Completaban la red de emisoras cercanas al gobierno Radio Minería, con ocho estaciones, y Radio Agricultura, con tres. Las redes emisoras independientes eran Radio Cooperativa, vinculada a la Democracia Cristiana, y Radio Chilena, de propiedad conjunta de la Congregación Salesiana y el Arzobispado de Santiago, con 10 y 16 estaciones en 1985 respectivamente. Aunque desde 1976 el régimen no interfirió directamente en las transmisiones radiales, sí caducó la concesión de 10 estaciones de Radio Cooperativa en 1978, demostrando el poder que podía ejercer sobre las emisoras. Aunque durante la dictadura no hubo mayores cambios en la propiedad de las radioemisoras, algunas de las emisoras existentes asumieron posturas más críticas al régimen. Siendo una radio poco conocida antes del golpe, Radio Chilena aumentó su audiencia después de 1973, cuando se convirtió en el medio que reflejó la postura de la Iglesia chilena bajo el lema “la voz de los sin voz”347. 347

Ibíd., 84.

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En 1978 viró su línea editorial buscando entregar información “seria, objetiva y pluralista”, privilegiando la información sobre los sindicatos, los sectores populares y los derechos humanos. El gerente general de la estación resumió este giro con las siguientes palabras: “Del mismo modo que la Iglesia, buscamos la existencia de un sistema democrático en el país”348. En 1985, Radio Chilena alcanzó aproximadamente el 8 por ciento de la audiencia en los estratos bajo y medio, y casi el 6 por ciento en la audiencia de los estratos altos349. Tras el cierre de Radio Balmaceda en 1977, Radio Cooperativa también cambió su línea editorial para concentrarse más en la entrega de noticias. A partir de 1978 su programación consistió de amplios segmentos musicales interrumpidos por tres secciones noticiosas de una hora cada uno (7:30, 13:15, 19:00), y por flashes noticiosos que entregaban información en vivo350. Radio Cooperativa adquirió la reputación de ser la radio ‘alternativa’ dada su creciente importancia periodística y sobre todo por su cobertura de las protestas después de 1983. Su audiencia creció sostenidamente, transformándose en la radio más escuchada en los estratos altos con casi el 17 por ciento de la audiencia, y con 10 por ciento de la audiencia en los estratos medios y bajos solo era superada por Radio Portales. En 1989, Radio Cooperativa fue líder en audiencia en la Región Metropolitana351. La entrada en vigencia de la Constitución de 1980, al reconocer la “libertad de opinión e información, sin censura previa, en cualquier forma y a través de cualquier medio”352, representó un paso importante para la consolidación de la prensa independiente al legalizar todos los medios que existían al momento de su ratificación. Si el régimen hasta entonces se había mostrado reticente en reconocer a Análisis y APSI, con el nuevo estatus legal se produjo una Citado en ibíd., 105. Ibíd., 3-5. 350 Ibíd., 86-87. 351 US Embassy Santiago. Resource Book: Chile: 1989 Elections, [1989], p. 64. FDAVS. 352 Lasagni, Edwards y Bonnefoy, La Radio en Chile, 51. 348 349

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mejora generalizada en la calidad de las revistas y, al no tener que hacerse más o menos clandestinamente, fortaleció sus posibilidades de asegurar contratos de impresión353. Además, redujo sustancialmente los costos de distribución, pudiendo ser vendidas en los quioscos junto a los diarios y revistas tradicionales. APSI aumentó su número de páginas y mejoró su calidad de impresión, mientras que Análisis dejó de ser una revista exclusiva para suscriptores y comenzó a venderse abiertamente en quioscos. Pero la modificación legal implicó también que las fuentes de conflicto para las revistas independientes pasara desde la confrontación directa con la agencia de comunicaciones del régimen, DINACOS, hacia las cortes de justicia. Durante los años 80, editores y periodistas desfilaron recurrentemente por tribunales y terminaron en más de una ocasión tras las rejas354. Hacia mediados de los años 80, la prensa independiente adquirió una circulación masiva. Además de las 30.000 copias mensuales de Solidaridad, Hoy y APSI alcanzaron una circulación mensual conjunta de 50.000 ejemplares por edición. La creación de los semanarios Fortín Mapocho y Cauce en 1983 completó el grupo de revistas independientes que se formaron en dictadura. Cauce se convirtió en uno de los medios más leídos, alcanzando en 1986 la venta de 60.000 copias mensuales355. Además, el público de estos periódicos y revistas se incrementó, dada la circulación informal que tuvieron en los sectores populares, donde eran leídos en grupos o un mismo ejemplar era pasado de un

En un fallo sin precedentes, a comienzos de 1983 la Corte Suprema revirtió una decisión del Ministerio del Interior que había prohibido la circulación de APSI. De acuerdo con el fallo “el Ministerio del Interior excedió su autoridad constitucional al suprimir en vez de restringir la circulación de APSI y, más aún, que su poder constitucional de restricción era aplicable únicamente a las nuevas publicaciones [i.e. post-1980]”. M. Durkee, Embajada EE.UU. Santiago, Supreme court decides in favor of APSI, enero, 1983, 2. Digital National Security Archive (En adelante, DNSA). 354 Juan Pablo Cárdenas, Un peligro para la sociedad (Santiago: Random House Mondadori, 2009), 44. 355 Navarro, «El sistema de prensa bajo el régimen militar (1973-1986)», 132. 353

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lector a otro356. Este último punto resalta la importancia de las redes organizacionales e interpersonales para la retransmisión cara-a-cara de la información obtenida en medios de comunicación alternativos357. A pesar de actuar como una prensa con una cobertura estrecha, caracterizada por lectores políticamente homogéneos, la sola presencia de estos nuevos medios transformó el ambiente informacional en general a través de la influencia que ejercieron sobre otros medios358. A medida que información alternativa aparecía en las páginas de la prensa independiente, los medios tradicionales se veían obligados a cubrir los acontecimientos o sufrir creciente desprestigio. En este sentido, los medios afines al régimen debían adaptar sus contenidos periodísticos para evitar perder lectores359. El creciente desprestigio de los noticiarios televisivos, especialmente después del comienzo de las jornadas nacionales de protesta en 1983, fue una consecuencia de su incapacidad para adaptarse a la agenda noticiosa y satisfacer a un público que demandaba cada vez mayor y mejor información. Además, los cambios en contenidos que se produjeron a raíz de la aparición de la prensa escrita independiente tuvieron un impacto territorial, dado el efecto que ejercían sobre los contenidos de las radios provinciales. Debido a que muchas de las radios locales carecían de sus propios equipos periodísticos, la información noticiosa de muchas estaciones se hacía por medio de la lectura de diarios al aire360. Este mecanismo de

Reyes Matta y Richards, Periodismo independiente: ¿mito o realidad?, 25-26. Esta es la teoría subyacente al modelo de Lazarsfeld de los dos pasos sobre la transmisión de mensajes políticos a través de los medios de comunicación masiva que Rokkan identifica: “Existe una jerarquía diferenciada de públicos dentro de cualquier audiencia masiva, y los mensajes rara vez tendrán un impacto generalizado a menos que sean retransmitidos y reforzados dentro las innumerables interacciones cara-a-cara en cada comunidad”. Rokkan, Citizens, elections, parties, 425. 358 Paulina Gutiérrez et al., La protesta nacional en la ciudad y en la prensa, Documento de Trabajo (Santiago: CENECA, 1983), 33. 359 G. Landau, Embajador, Embajada EE.UU. Santiago, Freedom of the Press: HOY Case, reappearance, agosto, 1979, 1. DNSA. 360 Hermosilla et al., Prensa-Radio y Televisión: Región del Biobío, 20. 356 357

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difusión le daba a la prensa escrita una posición preponderante en la entrega de información al tener dos canales de cobertura: lectores y auditores radiales. Los medios independientes también cultivaron relaciones intensas entre sí. Esto se dio, por ejemplo, en la compra mutua de espacio publicitario y en la amplificación de la información a través de las radios con las cuales tenían afinidad política361. En algunos casos, las radios y la prensa compartían a sus columnistas y comentaristas políticos. Además, los medios independientes cooperaban en el manejo de la agenda pública por medio de la transmisión sucesiva de cierta información políticamente relevante, la cual podía ser entregada a la percepción pública por extensos periodos362. En resumen, la aparición de nuevos medios de prensa contribuyó de dos formas a mejorar la diseminación de información: dar información ignorada u omitida por medios oficiales y prorrégimen, y exponer los contenidos de una manera que antagonizaba con el discurso hegemónico. Una vez que la información crítica a la dictadura se hizo masiva después del comienzo de las jornadas nacionales de protesta en 1983, el régimen intentó ejercer un control más directo sobre las emisiones. En 1983 suspendió temporalmente los noticieros de Radio Cooperativa, y los editores y periodistas de varias revistas independientes terminaron en la cárcel. Después de once jornadas de protesta, Pinochet anunció la restitución del Estado de Sitio en noviembre de 1984363, lo que desembocó en el cierre de todos los medios independientes; los periodistas llamaron a este hecho “el golpe del 84”, como se ve en la Tabla 4.1.

Reyes Matta y Richards, Periodismo independiente: ¿mito o realidad?, 68. Ver, por ejemplo, Manuel Bastias Saavedra y Stefan Rinke, «Rumour Propagation as Social Control: A case from dictatorial Chile», Journal of Modern European History 10:3 (2012): 406-407. 363 Gonzalo de la Maza y Mario Garcés, La explosión de las mayorías: protesta nacional, 19831984 (Santiago: ECO, 1985), 70. 361 362

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Tabla 4.1.: Represión estatal contra la prensa en Chile, 1973-1987364

Las medidas legales adoptadas para restringir la libre circulación de información reflejó la creciente preocupación del régimen por la diseminación de narrativas alternativas. Este reconocimiento llevó a que el gobierno militar impusiera una mordaza a la prensa a través del Decreto Exento Nº 324, el cual entró en vigencia inmediatamente después de levantado el Estado de Sitio el 14 de junio de 1985. Esta medida prohibió a todos los medios de comunicación informar sobre partidos políticos, marxismo, llamados a protesta o demostraciones públicas, y atentados terroristas a menos que la 364

Baltra, Atentados a la libertad de información en Chile, 1973-1987.

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información viniera del gobierno365. La represión en contra de la prensa se intensificó nuevamente en septiembre de 1986, cuando el gobierno una vez más decretó el Estado de Sitio y ordenó el cierre de seis medios independientes: Análisis, APSI, Cauce, Fortín Mapocho, Hoy y La Bicicleta366. Eventualmente, a pesar del constante hostigamiento sufrido por la prensa independiente, observadores internacionales que visitaron el país en 1988 con ocasión de los preparativos para el plebiscito reconocieron la existencia de “una prensa de oposición activa, la cual publica artículos que critican al gobierno e informa de las actividades políticas de la oposición”367. El efecto acumulativo de la transformación del sistema de comunicaciones a lo largo de la dictadura fue que, a pesar de la resistencia del régimen militar, hacia fines de la década de 1970 surgió una prensa independiente que sirvió como un canal de comunicación para que los sectores democráticos pudieran contestar el discurso oficial. Al abrir sus páginas a las inserciones pagadas de diferentes organizaciones y facilitar la aparición de temas que de otro modo eran silenciados por el régimen, la cobertura de las demandas planteadas por diferentes sectores de la sociedad alteró los procesos de comunicación e instauró una nueva forma de difusión de ideas democráticas a lo largo del territorio nacional. Movimientos precursores en la dictadura: derechos laborales y derechos humanos El desarrollo de la prensa independiente ayudó a transformar las dinámicas del conflicto político en Chile. Durante los primeros años de la dictadura, manifestaciones de oposición y crítica al régimen vinieron sobre todo desde el exterior. Esto se debió fundamentalBaltra, Atentados a la libertad de información en Chile, 1973-1987, 43. Ibíd., 50. 367 International Human Rights Law Group, Informe sobre el proceso electoral chileno, enero, 1988, 7. ACCHDH. 365 366

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mente a que los altos niveles de represión que caracterizaron los años entre 1973 y 1977 obligaron a que los militantes políticos de oposición que quedaron en Chile concentraran sus esfuerzos en la reorganización clandestina de las estructuras partidarias, recompusieran los liderazgos y evitaran ser detenidos por los agentes de la represión368. En contraste, los militantes políticos en el exilio fueron capaces de reorganizarse con mayor éxito y, en conjunto con organizaciones de solidaridad con Chile, realizaron recurrentes campañas en contra de la dictadura chilena que encontraron amplia cobertura en la prensa internacional369. En Chile, sin embargo, quizá los únicos esfuerzos sistemáticos por contener al régimen fueron la defensa legal y la reorganización en las poblaciones estimuladas por el COPACHI y la Vicaría de la Solidaridad. Esta situación cambió gradualmente a partir de 1976, cuando dos movimientos precursores se movilizaron con creciente frecuencia y fuerza entre 1976 y 1978: los sindicatos y las familias de los desaparecidos. En la teoría de los movimientos sociales, los movimientos precursores (early-riser) son importantes porque indican la tolerancia del régimen a los movimientos de protesta; elevan demandas que resuenan en otros grupos; facilitan la formación de coaliciones entre actores dispares; y pueden crear inestabilidad dentro de la élite370. Si bien en Chile cumplieron con estas características, los primeros movimientos de protesta también revelaron la creciente importancia de las interacciones públicas. Como discutiremos en lo que resta de esta sección, ambos movimientos precursores fueron ocupando espacios públicos a pesar de la resistencia

Hugo Frühling, «Determinants of Gross Human Rights Violations by State and State-sponsored Actors in Chile, 1960-1990», en Determinants of Gross Human Rights Violations by State and State-sponsored Actors in Brazil, Uruguay, Chile, and Argentina. 1960-1990, ed. W. Heinz y H. Frühling, International Studies in Human Rights (The Hague - Boston - London: Martinus Nijhoff Publishers, 1999), 391-592. 369 Ver, por ejemplo, Margaret Power, «The U.S. Movement in Solidarity with Chile in the 1970s», Latin American Perspectives 36 (2009): 46-66; Wright y Oñate, «Chilean Political Exile». 370 Sidney G Tarrow, Power in Movement. Social Movements, Collective Action and Politics, 2. ed. (Cambridge: Cambridge University Press, 1998), 144. 368

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de las autoridades, produciéndose cambios graduales tanto en los sitios de la protesta como en los destinatarios de las demandas. En 1976 las protestas se caracterizaron por su restricción a espacios locales y a pequeños grupos de aliados cercanos. Las protestas, a pesar de constituir acontecimientos, no se convertían en temas de discusión pública. Hacia 1978 las protestas comenzarían a adquirir un carácter nacional y situaron los derechos laborales y los derechos humanos como los temas sobresalientes en el discurso público. En este sentido, mientras las primeras protestas cumplieron la función de reproducir la solidaridad colectiva y ser demostraciones de cohesión grupal, en años subsiguientes las protestas comenzaron a revitalizar la discusión política en la medida en que posibilitaban la intervención de nuevos actores. La transformación de la protesta de ser acontecimientos locales a ser portadoras de temas para la agenda pública nacional fue el resultado de la publicidad adquirida por demostraciones sucesivas y de la formación de coaliciones más amplias que resultaron de sostenidas interacciones públicas. La rearticulación del movimiento sindical: de lo local a lo nacional Los sindicatos, a pesar de la reestructuración de la institucionalidad laboral llevada adelante por el régimen militar, fueron quizá el primer sector en hacer oposición explícita en dictadura. Aunque en su primer comunicado público la Junta militar había asegurado a los trabajadores que sus “derechos económicos y sociales adquiridos no sufrirían modificaciones importantes”371, rápidamente se implementaron una serie de medidas que buscaban reducir la importancia política del movimiento sindical. La Ley 133 decretó la disolución y confiscación de los bienes de la Central Única de Trabajadores (CUT) y del Sindicato Único de Trabajadores de la

371 C. Hurtado-Beca, «Chile 1973-1981: Desarticulación y reestructuración autoritaria del movimiento sindical», en Sindicalismo y regímenes militares en Argentina y Chile, ed. Bernardo Gallitelli y Andrés Thompson (Amsterdam: CEDLA, 1982), 243-244.

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Educación (SUTE). Con ello la Junta buscaba la desarticulación de la representación nacional adquirida por los sindicatos desde 1953. A fines de 1973, el Decreto Ley 198 estableció el marco legal para los sindicatos, el cual permaneció en curso sin modificaciones sustanciales hasta la entrada en vigencia del Plan Laboral de 1979. Entre otras cosas, el DL 198 restringió el derecho a asamblea y suspendió la elección de las directivas, la negociación colectiva y el derecho a huelga. Junto a estas restricciones legales, el régimen militar también persiguió a los líderes sindicales de izquierda y aquellos trabajadores considerados ‘elementos subversivos’, quienes fueron despedidos, detenidos, exiliados o ejecutados372. Estas medidas y acciones fragmentaron el sindicalismo chileno, teniendo mayor impacto sobre las organizaciones sindicales que sobre su membrecía. Mientras el total de afiliados a sindicatos se redujo en un 7 por ciento entre 1973 y 1977, el número de sindicatos aumentó en casi 7,75 por ciento en la misma época. El número de personas afiliadas a sindicatos no-agropecuarios se redujo de 679.910 en 1973 a 627.217 en 1977, y llegó a niveles de sindicalización cercanos a los de 1972. Los sindicatos, por su parte, aumentaron de 5.435 en 1973 a 5.816 en 1977, pero experimentaron una leve disminución en comparación con el año 1975 cuando se registraron 5.900 sindicatos373. En términos generales, el grado de sindicalización no sufrió modificaciones de consideración durante los primeros años de dictadura, estimándose un total de 916.569 personas afiliadas a sindicatos, representando una disminución de un poco más de 2 por ciento con respecto a 1973. Sin embargo, el proceso de desindustrialización afectó la fuerza del movimiento sindical en tanto el declive más sostenido en la afiliación sindical ocurrió precisamente entre los trabajadores más especializados. La afiliación en los sindicatos industriales bajó en 13,7 por ciento en372 Cynthia Brown, With Friends Like These. The Americas Watch Report on Human Rights and U.S. Policy in Latin America (New York: Pantheon Books, 1985), 55. 373 Guillermo Campero y José A. Valenzuela, El movimiento sindical en el régimen militar chileno, 1973-1981 (Santiago: ILET, 1984), 160.

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tre 1973 y 1977, mientras que la afiliación en sindicatos profesionales se redujo en 4,6 por ciento en el mismo periodo374. Si bien el aumento de sindicatos entre 1973 y 1977 podía ser indicativo del buen estado del sindicalismo chileno, el hecho que la afiliación sindical se mantuviese en general a niveles similares o por debajo de los de 1973 indicaba que durante los primeros años de la dictadura la tendencia fue hacia una reducción en el tamaño promedio de los sindicatos. La fragmentación se exacerbó en la medida en que el aumento en la cantidad de sindicatos fue acompañado de una disminución en el número de federaciones sindicales. En febrero de 1974, solo un cuarto de las 130 federaciones sindicales afiliadas a la CUT seguían activas375. A partir de 1975 la tendencia a la fragmentación del movimiento sindical chileno fue gradualmente contrarrestada a través de la reorganización de las centrales sindicales. Aunque el régimen no había proscrito los sindicatos, sí había puesto fuertes trabas sobre las confederaciones; precisamente los actores que podían ejercer mayor presión política sobre el régimen. Por ello, tal como los partidos políticos, la reorganización de las centrales se hizo de manera clandestina, sobre todo en los sindicatos de la antigua CUT. De acuerdo con un documento interno de la Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL) de 1974, aunque limitada en su acción a nivel nacional, la CUT había “instalado una estructura relativamente eficiente para mantener sus relaciones con el movimiento sindical internacional”376. Estos contactos internacionales fueron importantes, pues permitieron la canalización de fondos para la reorganización. La reorganización de las centrales sindicales, sin embargo, se hizo siguiendo las divisiones que existían en el movimiento sindical Ibíd., 155. Guillermo Campero, «El sindicalismo chileno en el régimen militar (1973-1984)», IberoAmericana, Nordic Journal of Latin American Studies XV, Nº 1-2 (1985): 176. 376 Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres, [CIOSL], Meeting of the Executive Board, Brussels 21-22 November 1974, 21/11/1974, 3. FDAVS. 374 375

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antes de 1973. Aunque el sindicalismo había dado pasos importantes hacia la unidad con la conformación de la CUT en 1953, las divisiones existentes entre los partidos marxistas y los demás partidos con influencia en la central, especialmente con la Democracia Cristiana, impidieron que se diera una unidad efectiva. Estas tensiones fueron por conflictos inherentes al mismo PDC. Por un lado, el sindicalismo democratacristiano estaba compuesto por grupos de trabajadores católicos anticomunistas, especialmente los vinculados a la Confederación Marítima de Chile (COMACH), los cuales veían imposible cualquier tipo de relación con un sindicalismo de corte marxista y, en general, tenían una visión menos combativa respecto del rol que debían cumplir los sindicatos. Por otro lado, había un grupo de sindicalistas de la izquierda del partido, quienes enfatizaban la unidad del movimiento sindical y estaban dispuestos a sacrificar las doctrinas del partido para favorecer los intereses de los trabajadores377. Las tensiones entre los sindicalistas democratacristianos y la cúpula marxista de la CUT se hicieron evidentes ya desde 1955 a raíz de la redacción de la Declaración de Principios de la CUT. Sin embargo, el quiebre en el movimiento sindical se produjo diez años más tarde, cuando la mitad de las delegaciones sindicales de la DC rehusaron asistir al Congreso de la CUT de 1965, y aquellas que asistieron se abstuvieron de votar378. Las dos principales centrales sindicales de facto que surgieron en dictadura se estructuraron a grandes rasgos a base de las divisiones que habían dominado el movimiento sindical desde fines del gobierno de Frei Montalva. Por un lado, apareció la Coordinadora Nacional Sindical (CNS) compuesta por los antiguos miembros de la CUT –entre quienes estaban los comunistas Héctor Cuevas de la Federación Nacional de la Construcción y Alamiro Guzmán de la Federación Industrial Minera–, y dirigentes democratacristianos de izquierda como Manuel Bustos de la Federación Nacional Textil 377 378

Angell, Politics and the labour movement in Chile, 204-205. Ibíd., 195-198.

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y Juan Manuel Sepúlveda de la Federación Nacional de Sindicatos Metalúrgicos. Esta confederación surgió clandestinamente en 1974 al alero de instituciones de la Iglesia católica, recibiendo apoyo del Instituto Cardjin y más tarde de la Vicaría de la Pastoral Obrera; su existencia solo se hizo pública en 1978379. Por otro lado, dirigentes sindicales de la derecha de la Democracia Cristiana y del Partido Radical, quienes tenían una fuerte presencia entre los empleados públicos, formaron una confederación llamada el Grupo de los Diez (G10), la cual pasó a llamarse Unión Democrática de Trabajadores (UDT) en 1982. Estos líderes habían sido opositores al gobierno de Allende y cultivaron relaciones con la AFL-CIO de los Estados Unidos, con la cual compartían la doctrina de la ‘libertad sindical’. Durante los primeros años de dictadura, estos dirigentes apoyaron a la Junta y, como tal, sus delegados laborales participaron en foros internacionales, llegando en ocasiones a ser “los principales defensores del régimen chileno”380. Así, a diferencia de la CNS, los dirigentes del G10 pudieron reunirse con la condescendencia de la Junta. Sin embargo, hacia mediados de 1975, cuando comenzaron las primeras medidas de reestructuración neoliberal, los dirigentes del G10 fueron asumiendo poco a poco una postura consistentemente crítica hacia el régimen. Un documento de la Vicaría de la Pastoral Obrera estimó que en 1981 estas confederaciones, además de otras menores como el Frente Unitario de Trabajadores (FUT) y la Confederación de Empleados Particulares de Chile (CEPCH), agruparon a 22 de las 51 federaciones que para entonces aún estaban activas381.

Entrevista con padre Alfonso Baeza. Vicario, Vicaría de la Pastoral Obrera. Santiago, Chile. 3/11/2010. 380 Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres, [CIOSL], Meeting of the Executive Board, Brussels 21-22 November 1974, 21/11/1974, 6. FADVS. 381 La distribución fue la siguiente: CNS: 10; UDT: 8; CEPCH: 3; FUT: 1. Las oficialistas Unión Nacional de Trabajadores de Chile (UNTRACH) y la Central Nacional de Trabajadores agrupaban a 9 y 3 federaciones respectivamente, mientras que 13 no estaban afiliadas a ninguna central sindical. Ver Campero y Valenzuela, El movimiento sindical en el régimen militar chileno, 1973-1981, 163. 379

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Aunque durante 1975 se sucedieron los reclamos en contra de la política económica del Gobierno, el año 1976 marcó el inicio de la reactivación de los sindicatos como actores políticos. La ausencia de derechos sindicales y el progresivo deterioro en las condiciones de trabajo dieron lugar a una creciente agitación laboral, reflejada en las numerosas asambleas sindicales que se realizaron a lo largo de 1976, con reclamos en contra de la calidad de los salarios, el desempleo y la persistencia de las disposiciones de emergencia contenidas en el Decreto Ley 198382. Los líderes sindicales, por su parte, hicieron manifiesto su descontento con la política económica y laboral del régimen, dirigiendo reclamos hacia los Ministerios del Trabajo e Interior383. Los reclamos específicos de los trabajadores chilenos fueron asumidos por los líderes sindicales, quienes transformaron las demandas por aumentos salariales y mejores condiciones de trabajo en demandas por la restauración de los derechos y libertades sindicales. Además de estas denuncias tempranas por parte de los líderes sindicales, las posibilidades reales que tenían los trabajadores de plantear abiertamente sus demandas eran escazas. De hecho, entre 1976 y 1977, los dirigentes sindicales de oposición restringieron su intervención a documentos y declaraciones dirigidas al Gobierno con poca difusión en la prensa384. La movilización abierta de los sindicatos locales se veía constreñida por el temor a la represión y los despidos. Asimismo, las formas de ejercer presión no eran del todo claras ya que las huelgas habían sido declaradas ilegales y 382 El Rebelde, Nº 124, diciembre-enero, 1976-1977, 20. Fondo Documental Eugenio Ruiz Tagle, FLACSO (En adelante, FDERT). 383 A. Guzmán, Presidente, Federación Industrial Nacional Minera, F. Bobadilla, Presidente, Federación Nacional Textil, M. Bustos, Vicepresidente, Federación Nacional Textil, R. Lecaros, Presidente, Federación Nacional de Sindicatos Metalúrgicos y del Metal, J. M. Sepúlveda, Vicepresidente, Federación Nacional de Sindicatos Metalúrgicos y del Metal, H. Cuevas, Presidente, Federación Industrial de Edificación, Madera y Materiales de Construcción, S. Villalobos, Presidente, Confederación Campesina e Indígena Ranquil, T. Carvajal, Asociación Nacional de Pensionados Ley 10.383 y C. Morales, Confederación Nacional de Trabajadores Agrícolas ‘Unidad Obrero-Campesina’, Carta a Ministro del Trabajo y Previsión Social, Sergio Fernández, 1/9/1976. FDAVS. 384 Para un estudio detallado del rol de las dirigencias nacionales en este periodo, ver Campero y Valenzuela, El movimiento sindical en el régimen militar chileno, 1973-1981, 252-285.

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los costos de confrontación abierta eran desconocidos, y probablemente demasiado altos como para ser un instrumento de presión eficiente. Aunque el aumento en las declaraciones públicas hizo visible el descontento de los trabajadores organizados, la alta improbabilidad de que los trabajadores se movilizaran por estas demandas limitó la capacidad de negociación de los sindicatos: no había forma de reforzar los intereses propios si los trabajadores no podían ser movilizados para demandar reformas. Con todo, los sindicatos de base comenzaron a realizar paros parciales a la producción e idearon otras formas de ejercer presión. En general, todas las actividades tempranas de descontento laboral se caracterizaron por ser organizadas clandestinamente, estar desconectadas de las dirigencias sindicales, ser caracterizadas como ‘espontáneas’ y, en vez de dirigirse hacia el paro de actividades, fueron diseñadas para demostrar la unidad de los trabajadores. En pocas palabras, los primeros conflictos laborales en dictadura fueron el resultado de trabajo de organización clandestino dirigido a demostrar el compromiso y la capacidad de movilización de los trabajadores. Las características de la represión y el desconocimiento de las causas de huelgas abiertas formaron un repertorio de protesta laboral que, a lo largo de 1977, consistió en ‘viandazos’, el negarse a trabajar horas extra, y trabajo lento385. Este patrón de demandas colectivas es consistente con ideas empíricamente informadas que relacionan la estructura del régimen con las características de las formas de política popular. Al respecto ver: Charles Tilly, Contention and democracy in Europe, 1650-2000 (Cambridge: Cambridge Univ. Press, 2003). Como han demostrado varios estudios, existe una fuerte correlación entre las condiciones políticas existentes y las formas que asume el conflicto social. Ver Charles Brockett, «The structure of political opportunities and peasant mobilization in Central America», Comparative Politics 23, Nº 3 (1991): 253-273; Doug McAdam, John D. McCarthy, y Mayer N. Zald, eds., Comparative perspectives on social movements: political opportunities, mobilizing structures, and cultural framings (Cambridge: Cambridge University Press, 1996); Tarrow, Power in Movement. Social Movements, Collective Action and Politics. James Scott, por ejemplo ha señalado que “la naturaleza de la resistencia está fuertemente influenciada por las formas existentes de control de la relaciones laborales y la creencia sobre la propensión y la severidad de la represión. Donde la probabilidad de que las consecuencias de huelgas abiertas es catastrófica en términos de despidos o encarcelamiento, los trabajadores pueden recurrir al trabajo lento o a reducir la calidad del trabajo”. James C. Scott, Weapons of the Weak. Everyday forms of peasant resistance (New Haven and London: Yale Univ. Press, 1985), 34. 385

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El año 1977 comenzó con los primeros conflictos laborales que fueron públicamente difundidos. En enero, dos ‘huelgas’ marcaron la pauta para las protestas laborales que se multiplicaron a lo largo del año. En Puerto Montt, 105 trabajadores de la constructora ‘Los Canales’ iniciaron una ‘huelga de brazos caídos’ en contra del congelamiento de los salarios. Los trabajadores realizaron sus tareas habituales aunque a un ritmo mucho menor, lo cual no interrumpió completamente la actividad de la compañía, pero redujo considerablemente su productividad. En Santiago, 1.050 empleados del Banco de Chile se rehusaron a asistir a los casinos en protesta por el no pago de bonos convenidos386. En una sucursal del banco, los trabajadores combinaron el trabajo lento con abierto desafío. El banco “fue sacudido por golpes en todos los escritorios, todos los funcionarios chiflando, todos gritando: ‘¡queremos la plata!’. Los cajeros demoraban 10 minutos en contar 20 billetes, y las colas crecían en las cajas creándose un barullo general”387. La directiva sindical del banco declaró que la protesta había sido espontánea. Del mismo modo, los viandazos y el ausentismo durante días de trabajo voluntarios tuvieron un impacto negativo sobre la producción. Los trabajadores de la división El Teniente de CODELCO decidieron ausentarse durante los días de fiestas patrias, el 18 y 19 de septiembre, los cuales de acuerdo con sus contratos eran días de trabajo voluntarios y por los cuales recibían pagos de horas extra. El 20 de septiembre, los trabajadores comenzaron el movimiento de las ‘loncheras vacías’: “Más del 60% de los trabajadores, previo acuerdo, trajeron sus loncheras medio vacías. Esto fue usado para rehusarse a trabajar el turno extra, alegando que casi no habían comido ese día porque no tenían qué echarle a la lonchera”388. Asimismo, en noviembre de 1977, en un movimiento que se extendió a todos los puertos del país, los estibadores recurrieron al trabajo len-

Solidaridad, Nº 33, diciembre 1977; ANCHA, Nº 27-28, 1977-1978, 3. FDERT. Venceremos, s.n., 1977, 49. FDERT. 388 Solidaridad, Nº 31, noviembre 1977. 386 387

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to alegando ‘fatiga laboral’ y demandaron mejoras en sus salarios389. El movimiento redujo en casi un 50 por ciento el rendimiento de los portuarios, quienes además se negaron a trabajar horas extra los domingos y feriados390. Los estibadores se negaron a trabajar tres domingos seguidos desde el 30 de octubre hasta el 13 de noviembre391. El presidente de la Federación Nacional de Trabajadores Portuarios, Carlos Frez, explicó que el deterioro en el rendimiento de los trabajadores se debía a su desaliento, dado que habían perdido más del cincuenta por ciento de su capacidad de compra desde 1973392. Así, la movilización laboral consistió básicamente en manifestar su descontento sin incurrir en acciones que podían tener mayores riesgos. Las acciones como el trabajo lento, el rechazo a trabajar horas extra y los viandazos constituían formas creativas para evitar el quiebre explícito de las disposiciones de la Junta. Estas acciones, empero, estaban rodeadas por un aire de misterio. A pesar de ser minuciosamente organizadas, la preparación era intencionalmente secreta. “La red de la resistencia funcionó y nadie fue detectado”, leía el informe sobre un minuto de silencio organizado por obreros industriales para conmemorar el Primero de Mayo de 1977393. En otras ocasiones, se distribuían panfletos –“por los cuales nadie asume la responsabilidad”–394, que incitaban a paros laborales en El Teniente, una actividad clandestina que fue recurrente entre los trabajadores del cobre durante los primeros años

ANCHA, Nº 27-28, 1977-1978, p. 17. FDERT; Hoy, noviembre 23-29, 1977. ANCHA, Nº 27-28, 1977-1978, p. 17. FDERT; Solidaridad, Nº 31, noviembre 1977. 391 Unidad y Lucha, Nº 25, noviembre 1977, p. 15. FDERT. 392 Solidaridad, Nº 31, noviembre 1977. Este tipo de argumento es recurrente para la justificación de los paros parciales. Aquí lo menciono como un ejemplo de cómo los actores justifican sus acciones, pero por ningún motivo sugiero que esta es una explicación para el aumento de la protesta misma. En este sentido, me distancio de las perspectivas que relacionan las huelgas y la protesta con reivindicaciones específicas, y sugiero una perspectiva de movilización de recursos que pone el peso explicativo en el grado de organización. Ver, entre otros, Roberto Franzosi, The Puzzle of Strikes. Class and State Strategies in Postwar Italy (Cambridge: Cambridge University Press, 1995). 393 Venceremos, s.n., 1977, 40. FDERT. 394 Solidaridad, Nº 31, noviembre 1977. 389 390

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de la dictadura395. Estos paros eran considerados ‘espontáneos’, esto es, se daba la apariencia de que, sin organización, todos los trabajadores habían llegado a tomar la misma decisión. En Valparaíso, los estibadores repentinamente tuvieron que ir al baño “y todos abandonaron el trabajo al mismo tiempo”396. Más aún, la difusión de estas actividades se hizo principalmente a través de los periódicos clandestinos editados por los diferentes partidos políticos de izquierda. Aunque los trabajadores no incurrieron en paros ilegales, el régimen reprimió severamente la incipiente movilización laboral a través de despidos, de la reubicación de dirigentes sindicales, medidas de exilio interno, detención y de la designación de nuevas directivas en los sindicatos397. Además, el régimen militar comenzó a crear sus propias confederaciones al agrupar los sindicatos controlados por sus dirigentes designados, formando así la Unión Nacional de Trabajadores de Chile (UNTRACH). Todas estas medidas apuntaban a reafirmar su control sobre el movimiento sindical. El Embajador de los EE.UU. en Santiago llegó incluso a temer que la ofensiva del régimen en contra de los sindicatos podía conducir a la “extinción de una de las pocas fuerzas sociales independientes en Chile”398. Esto, sin embargo, no sería el caso. La movilización de los trabajadores en muchas ocasiones activó la acción de las directivas locales, le dio visibilidad al conflicto laboral e incrementó la solidaridad entre los trabajadores, especialmente a medida que se in395 Thomas Miller Klubock, «Class, community and neoliberalism in Chile: Copper workers and the labor movement during the military dictatorship and restoration of democracy», en Victims of the Chilean Miracle. Workers and Neoliberalism in the Pinochet Era, 1973-2002, ed. Peter Winn (Durham: Duke University Press, 2004), 226. 396 Hoy, 28 septiembre-4 octubre 1977, 15. 397 Solidaridad, Nº 31, noviembre 1977; Unidad y Lucha, Nº 25, noviembre 1977, 13. FDERT; ANCHA, Nº 27-28, 1977-1978, 17. FDERT; Unidad y Lucha, Nº 27, enero 1978. FDERT; Solidaridad, Nº 35, enero 1978; Unidad Antifascista, Nº 83, febrero 1978, 4-5. FDERT; Solidaridad, Nº 36, febrero 1978; Hoy, 10-16 de mayo 1978, 15. 398 D.H. Popper, Embajador, Embajada EE.UU. Santiago, Current position of the Dinamicos (Rios, Jimenez, Vogel), enero, 1977, 3. DNSA.

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tensificó la represión. De esta manera se reforzó la unidad de las directivas de las centrales sindicales, aumentando sus contactos y formando coaliciones contingentes. También estimuló la creación de organizaciones que, aunque no propiamente sindicales, sirvieron de aliados independientes que entregaron apoyo simbólico y moral. En noviembre de 1977, en respuesta al aumento de la represión en contra de los dirigentes sindicales, Clotario Blest, Eduardo Long Alessandri y Santiago Pereira, legendarios sindicalistas de los años 50 y 60, crearon el Comité de Defensa de los Derechos Sindicales (CODES)399. Esto se sumó al apoyo de la Iglesia católica, la cual el 9 de marzo de 1977 había institucionalizado su respaldo a los trabajadores a través de la creación de la Vicaría de la Pastoral Obrera, presidida por el padre Alfonso Baeza, y a través de un acuerdo de apoyo legal firmado el 8 de octubre de 1977 entre el Obispado de Concepción y los sindicatos de la región400. La ampliación de las coaliciones y la creciente solidaridad entre los trabajadores produjo las condiciones para la primera celebración del 1 de Mayo paralela a la del Gobierno desde 1973. A comienzos de abril de 1978, veintitrés sindicatos, miembros de la CNS y el G10, solicitaron permiso a la Intendencia de Santiago para la realización de un acto masivo. Al mismo tiempo enviaron invitaciones a representantes sindicales extranjeros. Aunque la Intendencia rechazó la autorización solo dos días antes del acto, los organizadores decidieron seguir adelante con la celebración. A las nueve de la mañana del 1 de mayo “ya se veían centenares de personas en la Plaza Pedro Aguirre Cerda y sus alrededores”401. Pequeños grupos se reunieron en las esquinas y se dirigieron al lugar del acto, gritando “¡Pan, trabajo, tierra y libertad!” y alusiones a los detenidos desaparecidos que, como veremos en la siguiente sección, se había convertido en un asunto de preocupación nacional402. Los Solidaridad, Nº 36, febrero 1978. Solidaridad, Nº 33, diciembre 1977. 401 Solidaridad, Nº 42, mayo 1978. 402 ANCHA, Nº 33, julio 1978, 3. FDERT. 399 400

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organizadores, entre los cuales se encontraban Tucapel Jiménez del G10 y Manuel Bustos de la CNS, se dirigieron al lugar de la concentración junto con las delegaciones sindicales extranjeras que habían sido invitadas al evento: “Ellos ingresaron a la Avenida Bulnes, pero fueron obstaculizados inmediatamente por fuerzas policiales, entre los gritos de ‘Libertad, Libertad’ y aplausos de personas que aparecían desde los edificios, casas y calles adyacentes al lugar”403. Carabineros detuvo a dirigentes sindicales, delegados extranjeros, periodistas y transeúntes404. La sexta comisaría ya no tenía espacio para recibir más gente, mientras “seguían llegando micros, furgones y autos particulares repletos de personas, que eran trasladadas a otros recintos policiales”405. Al caer la noche, más de 700 personas habían sido detenidas, entre las cuales se encontraban dieciocho extranjeros a quienes el Gobierno decidió expulsar del país por su participación en el evento. Los dirigentes sindicales fueron interrogados por la policía secreta; algunos de ellos fueron torturados406. A pesar de la represión, con una asistencia de casi 10.000 personas407, el 1º de mayo de 1978 fue la primera vez desde 1973 que los trabajadores chilenos salieron masivamente a las calles. Esta primera reunión masiva también quebró el patrón de paros restringidos a los espacios laborales y coordinados clandestinamente y reveló el desarrollo de un movimiento con amplia capacidad de convocatoria. En último término, los eventos del 1 de mayo demostraron la “indiscutible representatividad y legitimidad de los dirigentes organizadores del acto que se vio confirmada por la respuesta extraordinaria de los trabajadores a su convocatoria”408. Solidaridad, Nº 42, mayo 1978. Hoy, 3-9 mayo, 1978; ANCHA, Nº 33, julio 1978. FDERT; Solidaridad, Nº 42, mayo 1978. 405 Solidaridad, Nº 42, mayo 1978. 406 Solidaridad, Nº 42, mayo 1978. 407 Alison J. Bruey, «Organizing Community: Defying Dictatorship in Working-Class Santiago de Chile, 1973-1983» (PhD. Dissertation, Yale University, Graduate School, 2007), 303. 408 FENATRAP CGT Costa Rica, VAT Spain, SAK Finland, CGIL / CISL / ULL Italy, FISE / CGTP Peru and CFDT France, Declaración de Delegaciones Sindicales Extranjeras por Primero de Mayo 1978, 1/5/1978. FDAVS. 403 404

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Después del 1 de mayo la agitación laboral escaló a medida que los conflictos se extendieron a lo largo de agosto y septiembre, desencadenados por una huelga iniciada por los trabajadores de Chuquicamata. Haciendo uso de la forma de presión conocida como viandazo, los trabajadores de Chuquicamata se negaban a “ir a las cafeterías y solo [comían] pan para el almuerzo”409. De acuerdo con los dirigentes sindicales, los mineros de Chuquicamata habían perdido casi un 45 por ciento de su poder de compra comparado con 1972. Esto se sumaba al aumento en los precios de los alimentos, el deterioro generalizado en las condiciones de vida y la ausencia de atención médica para los mineros y sus familias. El elemento que desencadenó el conflicto fue la decisión de CODELCO de eliminar algunos derechos sociales adquiridos. Un dirigente sindical expresó su descontento con las siguientes palabras: “Nosotros estamos dispuestos a aceptar el costo social y a no recibir aumentos [en nuestros salarios], pero perder lo que se había ganado significa tomar alguna actitud para ser escuchados”410. El viandazo se propagó rápidamente por la mina. El presidente designado de la Confederación de Trabajadores del Cobre (CTC), Bernardino Castillo, quien trató de aplacar el ánimo de los trabajadores, fue recibido en una asamblea con “pifias interminables”411. Para entonces, el número de trabajadores que se negaban a almorzar alcanzaba los nueve mil. El conflicto rápidamente se propagó a El Salvador, Potrerillos y El Teniente412, mientras las centrales enviaban mensajes de solidaridad413. En apoyo al movimiento, las mujeres de los mineros en Calama y Chuquicamata realizaron cacerolazos en las tardes414 y marchas ‘de ollas vacías’ denunciando

Solidaridad, Nº 51, agosto 1978. Solidaridad, Nº 53, septiembre 1978. 411 Contacto, Nº 32, agosto 1978. FDERT. 412 Agencia Noticiosa Chilena Antifascista (onward, ANCHA), Nº 36, septiembre 1978. FDERT. 413 Contacto, Nº 32, agosto 1978; Solidaridad, Nº 51, agosto 1978. FDERT. 414 Solidaridad, Nº 51, agosto 1978. 409 410

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con ello que no tenían “nada que comer”415. Cuando ya se cumplía un mes del conflicto, el régimen decretó el Estado de Sitio en la provincia de El Loa. Trece personas fueron detenidas acusadas de ser miembros del Partido Comunista y de distribuir panfletos incitando a los “trabajadores a interrumpir o realizar sus labores en forma lenta”416. A lo largo de septiembre de 1978, la agitación laboral se extendió a otros sectores y regiones. Los trabajadores de la Compañía de Acero del Pacífico (CAP) y los estibadores del puerto de Huachipato iniciaron viandazos; el sindicato industrial de las minas de Lota emitió una declaración pública exponiendo las miserables condiciones de vida de los mineros del carbón417; los trabajadores de la Industria de Cuero y Calzado comenzaron un paro en protesta por bonos adeudados por las empresas; los trabajadores de la empresa Salome presionaron por aumentos salariales a través de trabajo lento418; y en las universidades, en Santiago y Concepción, los estudiantes se negaron a “asistir a almorzar el 11 de septiembre en repudio de la dictadura” y en apoyo a las demandas de los trabajadores419. A comienzos de octubre, los trabajadores de la planta textil PANAL “realizaron asambleas masivas y presionaron a través de viandazos”420. “La movilización comenzada en Chuquicamata se ha propagado como un reguero de pólvora”, rezaba un boletín clandestino de los trabajadores del acero421. Aunque los conflictos laborales de agosto y septiembre de 1978 fueron representativos de las reivindicaciones sentidas por los trabajadores chilenos, también reflejaron cuánto se habían transformado las dinámicas del conflicto político desde 1976. A diferencia de las actividades clandestinas y locales que caracterizaron los primeANCHA, Nº 36, septiembre 1978. FDERT. Solidaridad, Nº 53, septiembre 1978; Hoy, 6 - 12 de septiembre 1978, 11-12. 417 Unidad Antifascista, Nº 110, noviembre 1978. FDERT. 418 El Rebelde, Nº 142, octubre 1978, 29. FDERT. 419 La Voz del Acero, septiembre 1978 citado en ANCHA, Nº 38, noviembre 1978, 3-4. FDERT. 420 El Rebelde, Nº 142, octubre 1978, 24-25. FDERT. 421 La Voz del Acero, septiembre 1978 citado en ANCHA, Nº 38, noviembre 1978, 3-4. FDERT. 415 416

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ros conflictos, la movilización de los trabajadores chilenos señaló la creciente tendencia a plantear demandas públicas ante las autoridades. Grupos distantes y diversos se enfocaron crecientemente en los problemas de otros, y se movilizaron en su apoyo. También comenzaron a producirse comunicaciones que no estaban dirigidas únicamente a interlocutores directos –las pifias en desaprobación de los dirigentes sindicales–, sino que también intentaban captar la atención del Gobierno, las empresas y públicos más amplios. Estas comunicaciones fueron recogidas y retransmitidas por una serie de medios, tanto legales como clandestinos; nacionales como internacionales. La realización de actos de protesta y la utilización de otras formas de presión tuvieron el objetivo explícito de ‘ser escuchados’, y el incremento de la prensa independiente facilitó su difusión y permitió que los problemas de los trabajadores fueran conocidos en su real magnitud. Así, las dinámicas de los eventos de 1978 fueron indicativos de un aumento en las comunicaciones mediadas entre actores distantes tanto geográfica como ideológicamente. Ello reflejó la particular resonancia de las palabras de un dirigente de Chuquicamata: “Pensamos que solo presionando podíamos ser escuchados. Y así es como el problema de Chuqui ha trascendido la localidad y es conocido en todo Chile”422. Movilización por los desaparecidos: estructurando coaliciones transversales La reconstrucción de las centrales sindicales y el creciente compromiso de los trabajadores fueron importantes para el movimiento sindical. Dado que las muestras de solidaridad hacia los trabajadores organizados solían provenir desde el mismo movimiento sindical423, el poder del sindicalismo chileno radicaba en su carácter Solidaridad, Nº 53, septiembre 1978. Manuel Bastias Saavedra, «Relaciones de poder, coaliciones y conflicto político (19771991). Un análisis de redes organizacionales en la dictadura y la transición chilena», en Desigualdad, legitimación y conflicto. Dimensiones políticas y culturales de la desigualdad en América Latina, ed. Mayarí Castillo, Manuel Bastias Saavedra y Anahí Durand (Santiago: Ediciones Universidad Alberto Hurtado, 2011), 107. 422 423

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masivo y en su vasta cobertura territorial. Por ello, una de las tareas más importantes que tuvieron los dirigentes sindicales a comienzos de la dictadura fue la reconstrucción de la infraestructura organizacional de los trabajadores chilenos, para lo cual recorrieron el país buscando estimular la reactivación de los sindicatos locales424. Este énfasis en la infraestructura de algún modo se asemejó al proceso de organización que estaba ocurriendo al mismo tiempo en las poblaciones, revisado en detalle en el capítulo anterior. La reconstitución del debate público en el Chile dictatorial, sin embargo, también fue fuertemente estimulado por organizaciones creadas en torno a temas específicos y que podían atraer apoyo público más transversal. Este tipo de organizaciones –como fueron a partir de 1983 el Movimiento Contra la Tortura Sebastián Acevedo y Mujeres por la Vida, entre muchos otros– más que apoyarse en extensas estructuras organizacionales o en un gran número de participantes, basaban su fuerza en la resonancia de su mensaje. Este fue el caso del segundo movimiento precursor: la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD). Los desaparecidos eran víctimas de la represión estatal cuyo rastro se perdió luego de haber sido detenidos por las Fuerzas Armadas o las policías, y cuyo paradero hasta hoy en muchos casos sigue siendo desconocido. Las listas de personas cuyo rastro no se encontraba en los diversos centros de detención crecieron sostenidamente entre 1973 y 1977. Inicialmente, las personas desaparecidas tenían historias diversas, pudiendo ser militantes de izquierda, activistas locales o individuos sin afiliación política conocida. La creación de la DINA conllevó la centralización y especialización del aparato represivo, y en un intento por reducir el impacto de las violaciones a los derechos humanos, convirtió las desapariciones en su modus operandi. La DINA se concentró así más selectivamente en la desarticulación de los partidos de la izquierda que intentaban reor424 Entrevista con Hernol Flores. Presidente ANEF; Director del Grupo de los Diez y Vicepresidente de la UDT. Santiago, Chile. 21/10/2010.

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ganizarse en la clandestinidad. Así, los objetivos predilectos de la represión fueron el MIR en 1974, el MIR y el Partido Socialista en 1975, y el Partido Comunista a partir de 1976. El Informe Rettig atribuyó 1.209 detenidos desaparecidos al régimen militar425. Todo esto se llevó a cabo clandestinamente; las detenciones ocurrían en ausencia de testigos, los interrogatorios se realizaban en centros secretos de detención y el régimen negaba sistemáticamente el hecho mismo de la detención426. La AFDD surgió hacia fines de 1974 con el respaldo del COPACHI, y agrupó a las familias que buscaban información sobre sus familiares desaparecidos. Las familias de los desaparecidos debían sobrellevar una angustia e incertidumbre persistentes dado que, aunque suponían que sus familiares estaban muertos, “se aferran siempre a una esperanza y terminan haciendo interminables indagaciones”427. Inicialmente, la AFDD estaba compuesta sobre todo por mujeres con escaza experiencia política quienes, antes del golpe, se habían dedicado en general al cuidado de sus familias. El COPACHI les dio un espacio de encuentro y socialización, donde ellas se reunían y organizaban las actividades que ocuparían sus días; decidir dónde buscar y preguntar. Las trabajadoras sociales del COPACHI –como había sido el caso en las actividades de subsistencia– estimularon su organización, aún en contra de la opinión del equipo jurídico de la entidad, el cual temía que la organización pondría a los familiares en peligro e interferiría con la defensa legal. Las trabajadoras sociales, por el contrario, argumentaban que las personas tenían derecho a organizarse y que la organización era el único medio por el cual se podía lograr algo428. La AFDD fue el resultado de las largas horas invertidas en la búsqueda de los famiRaúl Rettig, ed., Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación (Santiago: Imprenta de La Nación, 1991). 426 Hugo Frühling, «Stages of repression and legal strategy for the defense of Human Rights in Chile: 1973-1980», Human Rights Quarterly 5, Nº 4 (1983): 519-521. 427 COPACHI, La situación humana y legal de los disidentes políticos y sus familiares, [prob. 1974], 8. ACMI. 428 Entrevista con María Luisa Sepúlveda; Entrevista con Daniela Sánchez. 425

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liares detenidos-desaparecidos, lo cual sirvió como un proceso de aprendizaje y para fortalecer el compromiso recíproco. En un comienzo, la AFDD subordinaba sus acciones a la estrategia legal de los abogados del COPACHI y la Vicaría de la Solidaridad. El COPACHI se concentró en la presentación de recursos de amparo en Tribunales de modo de exponer y publicitar las acciones represivas del régimen militar. Una vez formada la Vicaría de la Solidaridad, la AFDD comenzó a hacerse parte de sus recursos, lo cual ayudaba a acelerar la investigación de los casos y permitía presentar demandas penales en contra quienes resultaran responsables. El objetivo inmediato de estas acciones era que los casos de secuestro y tortura quedaran registrados ante Tribunales429, y la Vicaría de la Solidaridad también tenía la esperanza de que la presión judicial llevaría a que el régimen suspendiera la práctica de las detenciones ilegales y la desaparición430. Así, los recursos de amparo no solo buscaban la protección de los individuos ante la represión, sino que intentaban presionar al régimen y a las cortes de justicia al hacer manifiesta la ilegalidad e inconstitucionalidad de los procedimientos represivos431. La estrategia legal fue complementada por pequeños eventos y vigilias organizadas por la AFDD y sus aliados. El más importante de estos eventos fue una liturgia celebrada en agosto de 1975 en protesta por el ‘caso de los 119’, un encubrimiento de desapariciones planificadas por el régimen militar432. El acto se celebró en la Basílica de Lourdes y fue presidida por monseñor Enrique Alvear. Casi cuatro mil personas demandaron justicia y la investigación del caso433.

Lowden, Moral Opposition to Authoritarian Rule in Chile, 1973-90, 75. D.H. Popper, Embajador, Embajada EE.UU. Santiago, Vicaríate and Supreme Court fence over missing Chileans, enero, 1977. DNSA. 431 Frühling, «Stages of repression and legal strategy for the defense of Human Rights in Chile: 1973-1980», 525-528. 432 Hernán Vidal, Dar la vida por la vida: La Agrupación Chilena de Familiares de Detenidos Desaparecidos (Minneapolis, Minn: Institute for the Study of Ideologies and Culture, 1982), 77-78. 433 Solidaridad, Nº 45, junio 1978. 429 430

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Los procedimientos legales y las ceremonias religiosas, sin embargo, hicieron poco para sacar a la luz pública la situación de los desaparecidos. En la medida en que los tribunales rehusaron persistentemente investigar los casos, y a medida que la información sobre los desaparecidos era ocultada en forma sistemática por el régimen, la AFDD gradualmente se distanció de la estrategia legal perseguida por la Vicaría de la Solidaridad y comenzó a presionar por medio de la movilización para lograr un respaldo público más amplio. Así, mientras entre 1973 y 1976 sus actividades consistieron en la búsqueda en los centros de detención, en moverse entre el papeleo judicial y en la celebración de ceremonias religiosas, a partir de 1977 la AFDD comenzó a apelar directamente al régimen para que asumiera su responsabilidad en los casos de los detenidos desaparecidos. Dado que hasta 1977 era poco conocido que había personas detenidas que habían desaparecido, el principal objetivo de este giro fue incrementar los niveles de consciencia pública sobre la situación de los detenidos desaparecidos434. Pero la posición de llevar el problema de los desaparecidos hacia la opinión pública también estuvo relacionada con la renovación de los miembros de la AFDD. Entre 1973 y 1975 la AFDD estuvo compuesta por las familias de los militantes del MIR y del PS. La persecución de la DINA en contra de los militantes del Partido Comunista iniciada en 1976 tuvo el efecto de renovar la composición de la AFDD por medio del ingreso masivo de familiares de militantes comunistas435. En una tensión paradójica, el crecimiento y la renovación de la AFDD estaban relacionados con los ritmos y la intensidad de la represión. Con el ingreso de los familiares de los militantes comunistas se

Edda Gaviola, Eliana Largo y Sandra Palestro, Una historia necesaria. Mujeres en Chile: 1973-1990 (Santiago, 1994), 70-71. 435 En 1976, más del 80 por ciento de la Dirección Superior del Partido Comunista se convirtieron en detenidos desaparecidos. Para una revisión detallada de la represión contra el PC, ver Rolando Alvarez, Desde las sombras. Una historia de la clandestinidad comunista (1973-1980) (Santiago: LOM Ediciones, 2003), cap. VIII. 434

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produjo “un giro decisivo en las acciones de la agrupación y le dio un sentido monumental definitivo a sus acciones de protesta”436. El 8 de marzo de 1977, las mujeres de la AFDD presentaron una petición ante los Tribunales de Justicia en Santiago como lo venían haciendo con los abogados de la Vicaría desde el año anterior. Ese día presentaron un documento que solicitaba la investigación de las desapariciones y que se llamara a declarar a los sospechosos. Sin embargo, en esta ocasión, tanto la fecha elegida como la forma en que se presentó la denuncia hicieron de esta la primera acción masiva en público desde el golpe. El 8 de marzo de 1977 fue el primer Día Internacional de la Mujer proclamado por las Naciones Unidas, ocasión propicia para que cientos de mujeres de la AFDD se hicieran presentes en Tribunales. Además, la petición fue firmada por más de dos mil personas entre las que se contaban cuatro obispos, varios sacerdotes y representantes de varias federaciones y confederaciones sindicales, como también dirigentes de asociaciones profesionales437. Las firmas reflejaban la creciente preocupación de diversos sectores de la población por las violaciones a los derechos humanos. La primera acción de la AFDD que acaparó la atención pública fue una huelga de hambre que comenzó el 14 de junio de 1977. Ese día veinticuatro mujeres y dos hombres, miembros de la AFDD, ocuparon las oficinas de la CEPAL en Santiago y declararon una huelga de hambre indefinida hasta encontrar respuestas sobre los familiares desaparecidos438. La huelga de hambre generó muestras de apoyo tanto a nivel nacional como internacional. Ernesto Vogel, dirigente de los ferroviarios y del G10, expresó su apoyo y preocupación a través de Radio Chilena, mientras que un grupo de abogados envió una carta al Presidente de la Corte Suprema en donde solicitaban “extremar las medidas para clarificar cada una de las

436 Vidal, Dar la vida por la vida: La Agrupación Chilena de Familiares de Detenidos Desaparecidos, 78. 437 Solidaridad, Nº 15, marzo, 1977. 438 Hoy, 22-28 junio 1977; Solidaridad, Nº 21, junio 1977.

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desapariciones denunciadas ante el Poder Judicial”439. Cuando la huelga llegó a su tercer día, cinco ciudadanos estadounidenses ocuparon las oficinas de la CEPAL en Washington D.C., comenzando su propia huelga de hambre en apoyo a los huelguistas chilenos440. Acciones similares ocurrieron en Ciudad de México, Bonn, Berlín, Paris, Copenhague y Estocolmo441. La propagación internacional de la protesta reflejó la movilización de la red internacional que se formó a partir del golpe de Estado y la amplitud de la organización lograda por los chilenos en el exilio. Con la huelga en la CEPAL en junio de 1977 la AFDD logró amplia cobertura en los medios y capturó la atención pública tanto en Chile como en el extranjero. Después de la primera huelga, la AFDD comenzó a salir a las calles realizando protestas “relámpago” para seguir publicitando su causa. A fines de 1977, 85 miembros de la AFDD ocuparon la iglesia San Francisco en Santiago e iniciaron una huelga de hambre solicitando que Pinochet respondiera por la vida y la libertad de sus familiares desaparecidos. La huelga se extendió por más de cincuenta horas, al final de la cual las huelguistas “fueron recibidas con claveles y pañuelos en alto por cientos de trabajadores, jóvenes y mujeres”442. Estas acciones fueron importantes en tanto formaron parte de un proceso de aprendizaje tanto para los huelguistas como para otros sectores. Para los huelguistas significaron esfuerzos extenuantes en los cuales había que sobrellevar el frío de las noches y el deterioro físico que se producía como consecuencia de los largos periodos de ayuno. La Iglesia católica, por su parte, tuvo que buscar formas de no condenar la ocupación de los templos y mantener su apoyo a los huelguistas sin afectar su posición de mediador frente al régimen. Las huelgas también habían demostrado las formas en que se podía apoyar y amplificar la fuerza del movimiento por medio Solidaridad, Nº 21, junio 1977. Hoy, 22-28 junio 1977; Solidaridad, Nº 21, junio 1977. 441 ANCHA, Nº 22, julio 1977, p. 2. FDERT. 442 Solidaridad, Nº 34, enero 1978. 439 440

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del ingreso de nuevos grupos y sectores: indirectamente, a través de adhesiones a las demandas en declaraciones públicas, y por medio del envío de cartas a personalidades y autoridades tanto en Chile como en el extranjero; y, directamente, a través de la movilización de otros sectores, quienes iniciaban huelgas de hambre o realizaban protestas en apoyo a los familiares de los detenidos desaparecidos. Estos mecanismos, los cuales se fueron probando en las huelgas de 1977, fueron movilizados durante la ‘huelga larga’ de 1978. La huelga de hambre de diecisiete días de 1978, conocida como la ‘huelga larga’, fue el evento con mayor repercusión pública y el que más conmovió a la oposición a la dictadura en los años siguientes443. A las nueve de la mañana del 22 de mayo de 1978, 66 familiares de detenidos desaparecidos comenzaron una huelga de hambre indefinida en cuatro recintos de la capital: dieciocho personas en la parroquia La Estampa; veinticuatro en la iglesia Don Bosco; quince en la parroquia Jesús Obrero y nueve en la sede de UNICEF. El 24 de mayo el Arzobispado de Santiago emitió una declaración pública en la que comunicaba que la ocupación de los templos no había sido considerada profanación e hizo un llamado de oración a la comunidad católica444. Entretanto, la AFDD envió cartas a diversas personalidades públicas, a los miembros del Consejo de Estado y al presidente de la Corte Suprema. Otros sectores entraron en el conflicto haciendo visible su apoyo a los huelguistas. Trescientos estudiantes de derecho de la Universidad de Chile declaraban su descontento con los Tribunales de Justicia por su forma de actuar frente al problema de los desaparecidos. A su vez, una veintena de abogados de derechos humanos enfatizaron que la situación de los desaparecidos era “el conflicto moral más importante y definitivo de nuestra generación y en especial a los profesionales vinculados con el Derecho”445. Por 443 Bruey, «Organizing Community: Defying Dictatorship in Working-Class Santiago de Chile, 1973-1983», 301-302. 444 El Mercurio, mayo 25 1978. 445 Solidaridad, Nº 45, junio 1978.

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otra parte, la Federación del Metal y la Confederación Campesina “Ranquil” enviaron cartas al cardenal Silva Henríquez, al Presidente de la Corte Suprema y al encargado de la CEPAL, pidiendo su intervención en el pronto esclarecimiento del tema. Dirigentes de las principales centrales sindicales enviaron cartas a la mayoría de los embajadores acreditados en el país, solicitando su “activa participación” en la solución del conflicto. La Coordinadora Nacional Sindical, solidarizando con los huelguistas, aprovechó la ocasión para salir a la luz pública446. Al noveno día de huelga, el Cardenal visitó a las 24 mujeres que se encontraban en la iglesia Don Bosco para expresarles su apoyo y entregar el compromiso incondicional de la Iglesia en la búsqueda de una solución al conflicto447. Además de las reacciones de solidaridad, diversos grupos se sumaron a la huelga de hambre. Al día siguiente de comenzada la huelga, dieciséis sacerdotes y religiosas se unieron al ayuno en las parroquias La Estampa y Jesús Obrero. El 24 de mayo, cinco familiares de detenidos desaparecidos comenzaron una huelga de hambre ocupando la sede de la Cruz Roja Internacional en Santiago. Ese mismo día, nueve cesantes y dos religiosas ingresaron a la Basílica de Lourdes para iniciar una huelga de hambre indefinida, mientras que nueve cesantes ocuparon la parroquia de San Alberto en el norte de Santiago con el mismo fin. A los pocos días, los presos políticos de la Penitenciaría de Santiago comenzaron un ayuno de solidaridad. Al quinto día, cuatro dirigentes sindicales iniciaron un ayuno de cuatro días en la sede de la Organización Internacional del Trabajo en Santiago. El 31 de mayo, tres mujeres, entre las que se encontraba la mujer de Pablo Neruda, Matilde Urrutia, iniciaron un ayuno de veinticuatro horas en la Embajada de Estados Unidos en Santiago448. También en Santiago, veinticuatro sacerdotes iniciaron tres días de ayuno y oración, mientras la Iglesia católica llamó a

El Mercurio, 3/6/1978. Solidaridad, Nº 45, junio 1978. 448 Solidaridad, Nº 45, junio 1978. 446 447

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los fieles a realizar jornadas de oración449. Al octavo día, había 141 personas en huelga de hambre, repartidas en once locales en Santiago450. En total, en casi el 70 por ciento de todas las parroquias del Gran Santiago hubo algún tipo de actividad relacionado con el problema de los desaparecidos451. Las adhesiones internacionales también se multiplicaron rápidamente. Las juventudes italianas enviaron un cable a la UNICEF en apoyo a la huelga de la AFDD. El Comité Exterior de la CUT envió un mensaje de apoyo desde París. Mientras tanto, cinco mujeres de la Agrupación, quienes se encontraban en una gira buscando apoyo internacional, señalaron en una conferencia de prensa en Roma que la huelga sería hasta las últimas consecuencias452. En Gran Bretaña, diversas organizaciones sindicales y humanitarias enviaron cables de apoyo a los huelguistas. Desde España, la Comisión Ejecutiva del PSOE envió cables de apoyo y su líder, Felipe González, se comunicó telefónicamente con los manifestantes453. Desde México, Venezuela, Ecuador, Bolivia y Costa Rica llegaban diariamente expresiones de amistad y apoyo454. En Barcelona se realizó un paro simbólico de cinco minutos convocado por las centrales sindicales españolas455. A su vez, el Sindicato de Mineros de Escocia envió telegramas al Secretario General de las Naciones Unidas y al Director de la UNICEF, pidiéndoles interceder ante Pinochet para el esclarecimiento de la situación de los desaparecidos456.

Mario Garcés and Nancy Nicholls, Para Una Historia de los Derechos Humanos en Chile. Historia Institucional de la Fundación de Ayuda Social de las Iglesias Cristianas Fasic. 1975-1991 (Santiago de Chile: LOM / FASIC, 2005), 75. 450 Hoy, 31 mayo-6 junio 1978, 15. 451 Vidal, Dar la vida por la vida: La Agrupación Chilena de Familiares de Detenidos Desaparecidos, 81. 452 Unidad Antifascista, Nº 94, mayo 1978, 7. 453 Unidad y Lucha, Nº 30, junio 1978, 25. 454 Unidad y Lucha, Nº 30, junio 1978, 26. 455 Solidaridad, Nº 45, junio 1978. 456 Unidad Antifascista, Nº 94, mayo 1978, 6. 449

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Las huelgas de hambre se propagaron también a lo largo de Estados Unidos, Canadá, Europa y América Latina. Al tercer día de comenzado el ayuno en Santiago, comenzaron huelgas de hambre en Washington, Hamburgo, Frankfurt, Winnipeg, París y Londres, organizadas por familiares de desaparecidos y exiliados chilenos. En Panamá, siete mujeres del Comité Femenino de Solidaridad con Chile comenzaron una huelga de hambre ocupando un local de las Naciones Unidas, mientras que en Hamburgo, once personas iniciaron un ayuno en la Casa Central de los Sindicatos de la República Federal Alemana. Por su parte, siete familiares de los detenidos desaparecidos realizaron una huelga de hambre en las cercanías de Londres457. El artista Nemesio Antúnez se sumó con una huelga de hambre indefinida junto a quince chilenos en Barcelona458. En Alemania más de cien personas iniciaron huelgas de hambre en más de doce ciudades459, mientras que en Roma, el Consejo Mundial de Iglesias realizó una “Vigilia de ayuno” con la participación de unas 200 personalidades460. En suma, a lo largo de la manifestación, se realizaron huelgas en más de ochenta ciudades, distribuidas en más de veinte países, totalizando casi seiscientos huelguistas entre exiliados chilenos y adherentes locales461. Con la atención pública capturada por la ‘huelga larga’, algunos grupos se aventuraron hacia las calles. Un grupo de sesenta mujeres marchó por el centro de Santiago en dirección a Tribunales portando un lienzo que decía: “Las mujeres chilenas exigimos una respuesta: ¿Dónde están los desaparecidos?”. Otras pancartas decían “Justicia, Paz y Solidaridad”. Las manifestantes también entregaron una carta de apoyo a los huelguistas, firmada por más de mil mujeres. El 7 de junio, estudiantes universitarios se volcaron a las calles, marchando y distribuyendo declaraciones alusivas Unidad Antifascista, Nº 94, mayo 1978, 7. Hoy, 7-13 junio 1978. 459 Unidad y Lucha, Nº 30, junio 1978, 25. 460 Unidad y Lucha, Nº 30, junio 1978, 26. 461 Unidad Antifascista, Nº 94, mayo 1978, 6. 457 458

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a la huelga de hambre462. Una tercera marcha ocurrió ese mismo día, la cual terminó con ochenta personas detenidas en el centro de Santiago463. Los pobladores de Villa Francia también organizaron una marcha en la población en apoyo a los huelguistas, la cual, debido a la presencia de Carabineros, finalmente se realizó en la forma de un vía crucis que incluyó oración, testimonios y discursos improvisados464. Así, la ‘huelga larga’ fue el primer momento en que diferentes grupos convergieron para actuar coordinada y masivamente. Comunidades cristianas de base, organizaciones de desempleados, grupos culturales, dirigentes sindicales, trabajadores de derechos humanos, estudiantes, organizaciones de mujeres y militantes de izquierda aprovecharon la ocasión de la huelga para demostrar su oposición al régimen. Incluso medios afines al régimen hicieron llamados para resolver el problema de los desaparecidos. Los resultados de la ‘huelga larga’ fueron ambiguos para los miembros de la AFDD. Por una parte, la AFDD logró situar el tema de las violaciones a los derechos humanos, y específicamente la situación de los desaparecidos, en la opinión pública. Las manifestaciones callejeras realizadas a lo largo de 1978, en contra de la ley de muerte presunta sugerida por el Gobierno, contribuyeron a mantener el tema en la agenda política. Por otra parte, el descubrimiento de quince cuerpos en los hornos de Lonquén en noviembre de 1978 marcó un punto de inflexión en la acción de la Agrupación y acabó por erosionar la legitimidad del régimen. La confirmación a fines de ese año de que los cuerpos encontrados correspondían a detenidos desaparecidos entregó a los familiares la respuesta que hasta entonces buscaban. Con ello se confirmaban las sospechas y los temores de que los detenidos desaparecidos habían sido asesinados por las fuerzas de seguridad del régimen; “Ahora la aceptación Solidaridad, Nº 45, junio 1978. El Mercurio, 8/6/1978. 464 Bruey, «Organizing Community: Defying Dictatorship in Working-Class Santiago de Chile, 1973-1983», 305-306. 462 463

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[de la muerte] permitía un duelo que potenciaba la entrada a otro ciclo de afirmación de la vida: la vuelta al trabajo regular, deseos de emprender los estudios abandonados, el cultivo de relaciones humanas más amplias y normales”465. Con todo, los conflictos que se desplegaron a lo largo de 1976 y 1978 debieran servir para reevaluar la idea profundamente arraigada de que antes de 1983 la protesta y la oposición al régimen era irregular, fragmentaria y aislada466. Como los hechos descritos arriba ilustran, esta apreciación sobre el carácter del conflicto en Chile se sostiene para los años que van entre 1973 y 1977, pero pierde eficacia a partir de 1978. El fortalecimiento de las centrales sindicales y el establecimiento de alianzas entre ellas indicaban que la movilización laboral se estaba recuperando lentamente de la fragmentación que había sufrido desde 1973. Asimismo, las protestas de la AFDD demostraron su capacidad de capturar amplia atención y apoyo tanto a nivel nacional como internacional. Así, con más rigor, es posible afirmar que desde una ausencia de conflicto en el temprano periodo dictatorial, a partir de 1976 la protesta en Chile se hizo crecientemente sistemática, cohesiva y a base de esfuerzos organizados. Pero, fundamentalmente, se hizo progresivamente pública. La creciente ocupación de espacios públicos y las abiertas demostraciones de descontento que caracterizaron las protestas de 1978 contrastan notablemente con la casi completa ausencia de debate público de años anteriores.

465 Vidal, Dar la vida por la vida: La Agrupación Chilena de Familiares de Detenidos Desaparecidos, 90. 466 Sabine Carey, Protest, Repression and Political Regimes. An empirical analysis of Latin America and sub-Saharan Africa (New York: Routledge, 2009); M. A. Garretón, «Popular mobilization and the military regime in Chile: the complexities of the invisible transition», en Power and Popular Protest. Latin American Social Movements, ed. Susan Eckstein, 2. ed. (Berkeley: University of California Press, 2001), 259-277; Patrick Guillaudat y Pierre Mouterde, Los movimientos sociales en Chile, 1973-1993 (Santiago: LOM Ediciones, 1998).

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Lógicas divergentes: lucha armada y protesta pública Como ilustran las secciones anteriores, el creciente pluralismo en el sistema comunicacional fue una condición necesaria pero no suficiente para la recuperación de la democracia. A pesar de ser una precondición importante para la diseminación de ideas y para la construcción de debates públicos pluralistas, la prensa no puede en y por sí misma entregar los contenidos del debate público político. Aunque los reportajes sobre temas relevantes para el país –represión, corrupción y arbitrariedad– pueden escandalizar a la opinión pública, la protesta y las organizaciones son componentes necesarios para generar debates públicos de largo aliento sobre temas de interés general. En este sentido, las organizaciones –y no los individuos– son los principales vehículos de las opiniones públicas467, mientras que la protesta es el medio por el cual los sectores excluidos pueden introducir sus demandas en la agenda política468. De modo que las organizaciones y la protesta generan los inputs para las comunicaciones públicas.Mientras que a lo largo de 1978 tanto la AFDD como los sindicatos lograron que sus demandas fuesen conocidas por la opinión pública, a partir de 1979 el espectro comunicacional se hizo cada vez más complejo. Las comunicaciones públicas en el Chile dictatorial comenzaron a transitar por dos caminos que respondían a lógicas radicalmente contrapuestas. Por un lado, la intensificación de la resistencia armada generó estímulos que desplazaron la discusión pública hacia temas relacionados con el orden público y la seguridad, saliéndose de la lógica de la mediatización de las comunica-

Myra Marx Ferree et al., Shaping abortion discourse. Democracy and the Public Sphere in Germany and the United States, (Cambridge: Cambridge University Press, 2002), 12-13; Jürgen Gerhards, «Diskursive versus liberale Öffentlichkeit. Eine empirische Auseinandersetzung mit Jürgen Habermas», Kölner Zeitschrift für Soziologie und Socialpsychologie 49 (1997): 16. 468 William A. Gamson, «Bystanders, Public Opinion, and the Media», en The Blackwell Companion to Social Movements, ed. David A. Snow, Sarah A. Soule, y Hanspeter Kriesi (Oxford: Blackwell, 2007), 242; Dieter Rucht, «Movement Allies, Adversaries, and Third Parties», en The Blackwell Companion to Social Movements, ed. David A. Snow, Sarah A. Soule, y Hanspeter Kriesi (Oxford: Blackwell, 2007), 197. 467

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ciones que se estaba desarrollando. Así, el énfasis en la acción directa concentraba la atención pública más en las acciones de resistencia armada que en su mensaje político subyacente. Por otro lado, a raíz de la apertura producida por los movimientos precursores, nuevos actores organizados comenzaron a ocupar el espacio público y a formar coaliciones en torno a eventos de protesta. Esta lógica permitió poner las demandas por delante de la acción y facilitó la formación de alianzas en la medida en que otros actores podían demostrar su adhesión y solidaridad con las causas reivindicadas por la protesta. Así, a partir de 1979, dos lógicas de acción comenzaron a generar resultados divergentes en la discusión pública: mientras una potenciaba los discursos autoritarios, la otra encauzaba la posibilidad de conformar alianzas para la democracia. La lucha armada como catalizador de discursos autoritarios Inspirados por la Revolución cubana, el MIR fue el único partido político que seriamente aceptó la lucha armada como herramienta de transformación social469, afirmando en su Congreso Fundacional en agosto de 1965 que el “único camino para derrocar el capitalismo es la insurrección popular armada”470. Sin embargo, la estrategia de la insurrección armada nunca cobró forma, y después de la legalización del partido durante el Gobierno de la Unidad Popular, el MIR concentró sus energías en prepararse para un posible golpe de Estado471. A mediados de 1973, en medio de la I. Goicovic, «Teoría de la violencia y estrategia de poder en el Movimiento de Izquierda Revolucionaria, 1967-1986», Palimpsesto. Revista electrónica del Departamento de Historia de la Universidad de Santiago de Chile no 1 (2003). 470 “Declaración de Principios Movimiento de Izquierda Revolucionaria, MIR”, 15/8/1965. En P. Naranjo et al., eds., Miguel Enríquez y el proyecto revolucionario en Chile. Discursos y documentos del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (Santiago: LOM Ediciones/CEME, 2004), 101. 471 En 1970, una vez que la elección de Allende se hizo inminente, el MIR elaboró una estrategia que consistía en “resistir un posible golpe de Estado o al menos asegurar el desarrollo de lucha revolucionaria a gran escala, de no conseguirse el primer objetivo”. En “Algunos antecedentes del Movimiento de Izquierda Revolucionaria, MIR”, documento interno, marzo, 1971, reproducido en ibíd., 95. 469

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creciente presión de la oposición, el MIR comenzó a preparar la resistencia. En julio, la facción militar del MIR se retiró hacia áreas rurales, y en agosto, luego de que se emitiera una orden de captura en contra del Secretario General, Miguel Enríquez, acusado de intentos de infiltrar la Armada, el MIR completo entró en la clandestinidad. Después del golpe, a pesar de sufrir bajas sustantivas, el MIR declaró haber resistido sólidamente las primeras embestidas del régimen, afirmando en diciembre de 1973 que “nuestra organización, si bien ha recibido golpes, no ha sido desarticulada ni mucho menos aplastada, salvo en escasas comunas del país”472. Lo peor, sin embargo, estaba por venir. Entre junio y diciembre de 1974, la DINA y el Servicio de Inteligencia de la Fuerza Aérea (SIFA) capturaron a cientos de miristas: “Muchos fueron asesinados; otros recuperaron la libertad y partieron al exilio. Pero 123 de los miristas capturados en ese periodo siguen desaparecidos”473. La ofensiva de la represión diezmó al MIR en los meses siguientes. Un informe interno del MIR de 1987 indicó que a “mediados de 1975 el Comité Central había perdido el 90% de sus miembros, y de la antigua Comisión Política –de antes del golpe– solo quedaban dos miembros”474. El MIR, sin embargo, mantuvo su estructura en el exilio y comenzó a prepararse para la oportunidad de volver a Chile. El partido vio en el crecimiento de las protestas que comenzaron en 1977 la posibilidad de iniciar una nueva ofensiva en contra del régimen. Así, en octubre de 1978 el Comité Exterior del MIR elaboró el Plan 78, más conocido como la Operación Retorno475, cuyos objetivos principales fueron “la formación de una fuerza militar propia de la Resistencia, capaz de garantizar la voluntad de las fuerzas que

Citado en Pinto, «¿Y la historia les dio la razón? El MIR en Dictadura, 1973-1981», 154. A. Cavallo, M. Salazar, y O. Sepúlveda, La historia oculta del régimen militar. Chile, 19731988 (Santiago: Editorial Antártica, 1989), 56. 474 Citado en Pinto, «¿Y la historia les dio la razón? El MIR en Dictadura, 1973-1981», 177. 475 Cristián Pérez, «Historia del MIR. “Si quieren guerra, guerra tendrán...”», Estudios Públicos 91 (2003): 24 ss. 472 473

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hacen la lucha independiente obrera y popular contra la dictadura”476. Se inició entonces un proceso de selección e instrucción de cuadros para reingresar clandestinamente a Chile con el fin de llevar adelante “la lucha abierta, ofensiva y directa” para derrocar a la dictadura477. Entre 1979 y 1986, casi 200 miristas ingresaron clandestinamente al país478. El inicio de la Operación Retorno contribuyó a la intensificación de las acciones disruptivas en contra del régimen. Entre noviembre de 1978 y marzo de 1979, la prensa reportó la detonación de diecinueve artefactos explosivos y la desactivación por la policía de otros cuatro479. A partir de 1979, el número de “incidentes terroristas”480 aumentó drásticamente de 40 episodios en 1978 a 113 en 1979 (ver Tabla 4.2.). La cantidad de episodios violentos aumentó nuevamente en 1983, fundamentalmente tras la creación del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR).

Comité Memoria Neltume, Guerrilla en Neltume. Una historia de lucha y resistencia en el sur chileno (Santiago: LOM Ediciones, 2003), 53. 477 Pinto, «¿Y la historia les dio la razón? El MIR en Dictadura, 1973-1981», 186-187. 478 Patricio Rivas, Chile, un largo septiembre (Santiago: LOM Ediciones, 2007), 190. 479 Hoy, 21-27 marzo 1979. 480 El uso del término ‘incidentes terroristas’ sirve para describir una amplia gama de actividades tales como la instalación y detonación de artefactos explosivos, la captura de buses y otro tipo de acciones violentas. No intenta, sin embargo, hacer un juicio de valor sobre estas acciones como ‘terroristas’, sino que denomina una serie de acciones violentas cuya autoría es desconocida. De acuerdo con Cavallo, Salazar y Sepúlveda, por ejemplo, el MIR se adjudicó la autoría de aproximadamente la mitad de los incidentes de 1979. En Cavallo, Salazar y Sepúlveda, La historia oculta del régimen militar, 1973-1988, 56. La disparidad conceptual se justifica debido a que los servicios secretos fueron responsables de un número importante de las acciones registradas en el gráfico. Así, al referirme a las acciones atribuidas al MIR, hablo de resistencia o lucha armada, que es la terminología usada por esta organización para sus acciones, mientras que el registro total y anónimo de los eventos violentos en el Chile autoritario ha sido denominado, siguiendo a Frühling, incidentes terroristas. Frühling «Determinants of Gross Human Rights Violations by State and State-sponsored Actors in Chile, 1960-1990». 476

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Tabla 4.2.: Incidentes terroristas en el Chile dictatorial, 1976-1983481

En los días que siguieron a la celebración del Día de la Mujer en 1979, el MIR inició una ofensiva de resistencia armada que renovó la presión sobre el régimen. El 7 de marzo, el MIR detonó artefactos explosivos en la casa del director de El Mercurio482, y ‘coparon’ un bus que transportaba a trabajadores de MADECO para distribuir panfletos y llamarlos a formar Comités de Resistencia para promover la lucha contra el régimen483. El 8 de marzo, el comando ‘Anselmo Radrigán’ secuestró un bus en la comuna de Pudahuel para distribuir panfletos y llamar a los pasajeros “a integrarse activamente a la resistencia y a utilizar todas las formas de lucha y 481 Frühling, «Determinants of Gross Human Rights Violations by State and State-sponsored Actors in Chile, 1960-1990». 482 ANCHA, Nº 43, abril 1979, p. 11. FDERT. 483 El Rebelde, Nº 147, marzo 1979, p. 15. FDERT.

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organización”484. Días más tarde, una bomba fue detonada en la casa del gerente de la empresa Fensa-CTI, mientras que dos comandos del MIR detonaron bombas en las casas del vicerrector de la Universidad de Chile y del presidente designado de la Federación de Centros de Estudiantes de la Universidad de Chile (FECECH), una entidad creada por los rectores militares designados. Finalmente, una amenaza de bomba, que resultó ser falsa, forzó la suspensión de la ceremonia inaugural de un dirigente sindical designado por el régimen485. Tras dos semanas de ataques clandestinos, el Prefecto-Jefe de Carabineros de Santiago declaró que “existe una escalada terrorista en marcha, en sus inicios, y que desgraciadamente no hemos podido detener a sus autores”486. Aunque la intensificación de la resistencia armada fue atribuida en gran parte al MIR, se desconocía la autoría de la mayoría de los incidentes. La naturaleza clandestina de tales acciones y la falta de claridad sobre las motivaciones hicieron que muchos adjudicaran una gran parte de los incidentes terroristas a la policía secreta487. Debido a su carácter clandestino, las acciones más audaces iniciadas por el MIR –como los asaltos bancarios para financiar sus operaciones– fueron crecientemente confundidas con delitos comunes. En una operación simultánea a mediados de junio de 1980, tres comandos del MIR robaron tres bancos en la zona Poniente de Santiago. Los miristas rompieron a balazos el cerco tendido por agentes de la CNI y Carabineros, dejando un cajero, tres carabineros y dos detectives heridos, y un guardia de seguridad muerto488. Aunque el MIR más tarde reivindicó la autoría de las tres ‘expropiaciones’ en su órgano clandestino, El Rebelde, los medios de prensa establecidos presentaron los hechos

El Rebelde, Nº 147, marzo 1979, p. 16-17. FDERT. El Rebelde, Nº 147, marzo 1979, p. 16-17. FDERT. 486 Solidaridad, Nº 66, marzo 1979. 487 Ver Hoy, 21-27 marzo 1979, pp. 9-10.; ANCHA, Nº 43, abril 1979, pp. 11-12. FDERT; Unidad Antifascista, Nº 121, mayo 1979, pp. 6-7. FDERT. 488 El Rebelde, Nº 165, agosto 1980. FDERT. 484 485

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como el resultado de la acción de “un grupo de asaltantes”489. Así, la resistencia armada enfrentaba el problema de ser demasiado similar a las acciones de la policía secreta y grupos criminales como para transmitir contenidos políticos. La intensificación de las acciones de resistencia armada, y su creciente audacia, crearon un ambiente represivo que tuvo un efecto desmovilizador en el resto de la población. Con el incremento de las acciones disruptivas en las semanas previas al 8 de marzo y al 1 de mayo, el MIR contribuyó a generar una atmosfera enrarecida. La ofensiva de 1980 fue comandada por el Secretario General del MIR, Andrés Pascal Allende, quien había reingresado clandestinamente al país a mediados de 1979 y encabezó la primera ‘expropiación’ llevada a cabo a fines de ese mismo año490. Después del triple asalto de abril de 1980, el MIR atacó la ‘llama de la libertad’, dejando muerto al carabinero que estaba de guardia. La intensificación de los ataques llegó a su punto más alto en julio de 1980 con la ejecución del director de la Academia de Inteligencia del Ejército, el coronel Roger Vergara, por su participación en sesiones de tortura durante su paso por la DINA491. El asesinato generó “repudio generalizado” y un estado de “shock” y “estupefacción” entre la población. La condena fue transversal: “del gobierno, sindicatos, Iglesia católica, organismos de derechos humanos y conspicuas figuras opositoras. Prácticamente nadie dejó de condenar esa forma de violencia expresada en los proyectiles mortales”492. El repudio fue tan amplio que generó discusiones en el órgano clandestino del MAPU, Venceremos, con posiciones que censuraban y justificaban el asesinato493. El MIR ya había respondido a las críticas generalizadas a la resistencia armada

Hoy, 30 junio-5 agosto 1980. Entrevista con María Isabel Ortega, militante del MIR, reproducido en Agencia Informativa de la Resistencia (en adelante, AIR), s.f., (probablemente) diciembre 1980. FDERT. 491 Cavallo, Salazar y Sepúlveda, La historia oculta del régimen militar. Chile, 1973-1988, 301. 492 Hoy, 23-29 julio 1980. 493 Venceremos, agosto 1981, 6-8. FDERT. 489 490

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en El Rebelde, atacando tanto al régimen como a la ‘oposición burguesa’: “La dictadura y los grandes patrones en su conjunto, han lanzado una ofensiva desesperada en contra de nuestro partido y el pueblo. Desde El Mercurio hasta la revista Hoy han coincidido en que es necesario generar legislación en contra del ‘terrorismo’”494. El asesinato del coronel Vergara produjo un giro en la represión. En 1977, ante la creciente presión internacional e interna, el régimen disolvió la DINA y creó en su lugar la Central Nacional de Informaciones (CNI)495. Uno de los más férreos opositores a la DINA, el general Odlanier Mena, fue nombrado director de la nueva organización. La CNI inicialmente asumió una estrategia de contención, concentrándose menos en cazar a los militantes de los partidos de izquierda como a responder a las crecientes manifestaciones públicas. En consecuencia, hubo una drástica reducción en las ejecuciones sumarias y en las desapariciones a partir de 1978496. El general Mena fue destituido de la dirección de la CNI y en su lugar asumió el general Humberto Gordon, lo cual produjo un incremento en la ferocidad de la represión. Dos días después del asesinato comenzó un vasto operativo para encontrar a los culpables liderado por el Comando para la Venganza de Mártires (COVEMA) y compuesto por agentes de la CNI y la PDI, que resultó en el secuestro y tortura de catorce personas497. El estudiante de periodismo y mirista, Eduardo Jara, murió a comienzos de agosto como consecuencia de las sesiones de tortura. Así, la intensificación de la violencia por parte del MIR produjo un giro en la política de contención aplicada por la CNI entre 1977 y 1980. Esto aumentó la sensación de inseguridad y se truncó la posibilidad de intensificar las demostraciones

El Rebelde, Nº 147, marzo 1979, 2. FDERT. Cañas Kirby, Proceso político en Chile, 91. 496 Frühling, «Stages of repression and legal strategy for the defense of Human Rights in Chile: 1973-1980»; Frühling, «Determinants of Gross Human Rights Violations by State and State-sponsored Actors in Chile, 1960-1990». 497 Hoy 6-12 agosto 1980; Hoy, 13-19 agosto 1980; Hoy, 20-26 agosto 1980. 494 495

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públicas, especialmente en contra de la Constitución de 1980 que fue ratificada ese año. A pesar de la clara motivación política del asesinato, el episodio estuvo rodeado de un aura de misterio. El régimen militar atribuyó su autoría vagamente al “marxismo”. El director de la PDI, general Ernesto Baeza, contribuyó a la ambigüedad indicando que el “extremismo puede venir de cualquier parte”. El régimen incluso intentó relacionar el asesinato con las organizaciones y activistas de derechos humanos, lo cual desató la reacción del presidente de la Comisión Chilena de Derechos Humanos, Jaime Castillo Velasco, quien vio una latente “lógica de purga” en las acusaciones que intentaban vincular el terrorismo con cualquier tipo de oposición498. La incertidumbre aumentó en las semanas siguientes, cuando el director de la CNI declaró que el asesinato del coronel Vergara no correspondía al modus operandi del MIR499. El misterio estaba instalado en la opinión pública: “¿Quién mató al coronel Vergara?”, se preguntaba el director de la revista Hoy en una editorial publicada dos semanas después del asesinato500. El MIR no detuvo sus acciones de resistencia armada; más bien las intensificó volando torres de alta tensión y realizando ataques incendiarios en contra de locales comerciales y edificios públicos501. Además, comenzó una batalla soterrada entre el MIR y los servicios de seguridad, lo que redundó en un aumento de la confrontación directa a lo largo de 1978. A fines de diciembre, el Comando “Mártires de Lonquén” ejecutó a un agente de la CNI en su casa502. En el suelo, junto a su cuerpo, dejaron esparcidos algunos volantes: “Lo matamos por ser agente de la CNI, torturador e infiltrado. Milicias

Hoy, 23-29 julio 1980. Cavallo, Salazar y Sepúlveda, La historia oculta del régimen militar. Chile, 1973-1988, 303. 500 Hoy, 30 julio-5-agosto 1980. 501 AIR, n.n., noviembre, 1980. FDERT; El Rebelde, Nº 168, noviembre 1980, 14-15. FDERT; El Rebelde, Nº 169, diciembre, 1980, 9. FDERT; El Rebelde, Nº 170, enero 1981, 6, 7. FDERT; Hoy, 19-25 noviembre 1980. 502 El Rebelde, Nº 170, enero 1981, 8. FDERT. 498 499

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Populares de la Resistencia”503. La semana siguiente apareció muerto el militante comunista Leandro Arratia Reyes. Su familia recibió una carta que decía: “A la familia Arratia: La muerte de un comunista es la muerte de un perro sarnoso. Así morirán todos. No más marxistas en Chile. Comando Roger Vergara”504. A medida que se extendían los asesinatos, la violencia se intensificó sostenidamente. La confusión comenzó a apoderarse del país a mediados de 1981 con los asesinatos de informantes y más tarde de altos funcionarios de la CNI en manos de sus propios agentes. La extensión de las batallas clandestinas hacía imposible establecer la autoría de numerosos asesinatos, entre los que también se encontraban personas que trabajaban para ambos bandos505. La cobertura de prensa y los debates públicos en torno a las acciones del MIR se concentraban en el problema del terrorismo. Una de las discusiones que se dio en la época se refería al rol de la prensa y si debía o no informar sobre los episodios. Los episodios de resistencia armada también abrieron un flanco de discusión para que los sectores de la derecha más dura criticaran la acción de la policía secreta. Algunas voces miraban con añoranza los días de la DINA, argumentando que “este vil asesinato no se habría cometido, porque la labor de prevención que ejerció ese organismo fue radicalmente efectiva y le aseguró a la ciudadanía paz y tranquilidad durante más de cinco años”. Estos sectores también criticaron la aproximación “más legalista” de la CNI en tanto “habría sido incapaz de evitar el terrorismo extremista”506. Después que sectores de la derecha habían presionado al régimen para que disolviera la DINA en 1977, la estrategia de acción directa iniciada por el MIR le dio a los sectores más duros del régimen los argumentos necesarios para solicitar públicamente el endurecimiento de la represión. Así, la discusión pública comenzó a teñirse de contenido autoritario. Hoy, 7-13 enero 1981, 13. Cavallo, Salazar, and Sepúlveda, La historia oculta del régimen militar. Chile, 1973-1988, 345. 505 Para una visión detallada ver Ibíd., Cap. 33. 506 Hoy, 23-29 julio 1980. 503 504

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La Iglesia tenía una posición preponderante dada la legitimidad que había adquirido frente a amplios sectores de la oposición. A raíz de la posición crítica de la Iglesia frente a la ofensiva del MIR, Pascal Allende envió una carta a la Conferencia Episcopal Chilena explicando las razones que justificaban la lucha armada. Allí señaló que “la estrategia de la Resistencia Popular se orienta a fortalecer la confianza del pueblo en su propia fuerza, estimulando línea de lucha independiente libre de las influencias de aquellos sectores políticos que están por la pasividad y la resignación”507. La carta, sin embargo, no fue discutida entre los obispos, quienes se limitaron a señalar que “la Iglesia no apoya la violencia”508. El contenido político de la estrategia del MIR fue en último término sofocado por la forma en que se desplegó el discurso público, un proceso que en vistas de la creciente mediatización de las comunicaciones reveló el fracaso generalizado de concentrarse más en los medios que en el mensaje de la acción. La radicalización de la izquierda continuaría durante los años 80 estimulada por acontecimientos de 1979, como el derrocamiento de Somoza en Nicaragua y el triunfo de la revolución iraní. Junto al MIR, el Partido Comunista y sectores del MAPU se plegaron a la idea de promover “todas las formas de lucha” en un intento de derrocar a la dictadura, conllevando la formación del Frente Patriótico Manuel Rodríguez y del Movimiento Juvenil Lautaro (MJL)509. A pesar de tener contenidos políticos claros, con programas, estrategias, formación de cuadros, estructuras internas, códigos y procedimientos internos, planificación, y marcos teóricos que justificaban sus acciones, la lógica de la lucha armada, 507 A. Pascal Allende, MIR, Carta Abierta de la Resistencia Popular a los Obispos de Chile, 15/8/1980, 11. FDERT. 508 Hoy, 19-25 noviembre 1980. 509 Nicolás Acevedo Arriaza, «“¡¡Fuera Pinochet, Chile Popular!!” El mestizaje político del MAPU-Lautaro en las protestas populares. (1978-1985)» (Tesis Licenciatura, Universidad ARCIS, Escuela de Historia y Ciencias Sociales, 2006); Leandro Martínez Muñoz, «El Frente Patriótico Manuel Rodríguez, 1980-1987» (Tesis Licenciatura, Universidad de Santiago de Chile, Departamento de Historia, 2004).

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seguida primero por el MIR y luego por el FPMR y el MJL, no permitió la generación de mecanismos por medio de los cuales otros grupos pudiesen adherir, apoyar, amplificar o rechazar sus demandas. El carácter secreto de sus actividades restringía la difusión de las acciones a los boletines oficiales del partido, una constricción que generaba una serie de dudas respecto de la autoría y los fines últimos de las acciones. En este sentido, contrario al planteamiento de demandas por medio de la protesta pública, la acción clandestina restringió el apoyo a un núcleo cerrado de activistas comprometidos. Estas acciones, en último término, no proporcionaron influjos productivos para la generación de solidaridad de otros sectores y distrajo la discusión pública de los contenidos democráticos. Protesta pública y coaliciones para la democracia Como ilustra el caso de la ‘huelga larga’, los movimientos de protesta no solo son relevantes por sus resultados, sino también porque son capaces de plantear demandas que tienen resonancia en otros sectores de la población. A partir de 1979, las demandas ante el Gobierno aumentaron sostenidamente a raíz de la acción de diferentes organizaciones. De acuerdo con estimaciones propias, mientras un total de 29 organizaciones participaron en las protestas de 1977 y 1978, ya sea manifestándose o apoyando a los manifestantes, un total de 74 organizaciones participaron en las protestas de 1979. En 1982, más de 100 grupos organizados participaban en intercambios mediados por el público510. Esta transformación tuvo un fuerte impacto sobre la complejidad y el pluralismo del panorama comunicacional, abriendo la opinión pública a nuevos temas y llenando las páginas de la prensa con nuevos interlocutores. Así, a partir de 1979, las comunicaciones públicas en Chile se ampliaron 510 Ver también Bastias Saavedra, «Relaciones de poder, coaliciones y conflicto político (19771991)», 105-109.

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para convertir en temas de debate nacional los problemas de género, la situación de los campesinos, los problemas de las comunidades mapuche, la ausencia de participación en las universidades y la extrema escasez habitacional en las poblaciones. Además, no solo aumentaron las demandas sectoriales, sino que grupos dispares comenzaron a formar coaliciones cada vez más amplias. Esto se logró por las sostenidas interacciones que se estructuraron en torno a las conmemoraciones de Lonquén, y en las celebraciones del Día de la Mujer y del 1 de Mayo. Las conmemoraciones de Lonquén fueron organizadas por la AFDD y consistieron en romerías de varios kilómetros hasta alcanzar los hornos. La Vicaría de la Solidaridad y otras organizaciones de derechos humanos, el Comité de Defensa de Derechos Sindicales y sindicatos campesinos también participaron activamente en estas conmemoraciones. Asimismo, las celebraciones del Día de la Mujer y el 1 de Mayo contaban con la participación conjunta de organizaciones de mujeres, sindicatos, colectivos de estudiantes universitarios, representantes de delegaciones internacionales, organizaciones de derechos humanos, la AFDD, entre otros511. Más aún, una serie de encuentros públicos ayudó a acercar a diferentes sectores de la oposición y fueron importantes para mostrar el compromiso institucional recíproco. En noviembre de 1978, el Departamento Femenino de la CNS organizó el Primer Encuentro Nacional de la Mujer, el cual fue seguido por tres encuentros más en 1979, 1980 y 1981512. En años siguientes, el Departamento Femenino de la CNS, la AFDD y organizaciones de mujeres emergentes se encontraron en estos eventos y otras celebraciones513. El Primer Las siguientes páginas están basadas en información de Hoy, Solidaridad y Análisis entre 1980 y 1983, a menos que se indique lo contrario. 512 Sandra Palestro, Mujeres en movimiento (1973-1989), Documento de Trabajo, Estudios Sociales, Nº 14 (Santiago: FLACSO, 1991), 18-21. 513 Existe una vasta literatura sobre las organizaciones y el movimiento de mujeres en el Chile dictatorial. Para detalles ver Lisa Baldez, «La política partidista y los límites del feminismo de Estado en Chile», en El modelo chileno: democracia y desarrollo en los noventa, ed. Paul Drake y Iván Jaksic (Santiago: LOM Ediciones, 1999), 405-431; Patricia M. Chuchryk, «Feminist 511

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Encuentro Nacional de Trabajadores Jóvenes, organizado por la CNS, se celebró en abril de 1979 y fue atendido por la CCHDH, la AFDD y la Comisión Nacional Pro-Derechos Juveniles (CODEJU). Un encuentro en mayo con delegaciones de la Confederación Mundial del Trabajo contó con la participación de las principales confederaciones sindicales, la Vicaría de la Pastoral Obrera, el Arzobispado de Santiago y la AFDD. En julio, la AFDD fortaleció su posición nacional al celebrar su Primer Encuentro Nacional, reuniendo a los grupos de la Agrupación que se comenzaron a formar en regiones. Ese mismo mes, la Liga Cultural Araucana ‘Melilche’, los Centros Culturales Mapuche y la Asociación de Estudiantes Mapuche de la Universidad de Concepción organizaron la Semana Cultural Mapuche con el apoyo del Arzobispado de Concepción. En marzo de 1980, los centros de investigación CIEPLAN, ILADES y la Academia de Humanismo Cristiano, con la colaboración del CODES, organizaron un seminario de economía para dirigentes sindicales. En agosto, diferentes sectores de la oposición participaron en el acto de “los chilenos libres en contra del plebiscito” realizado para oponerse al plebiscito constitucional que se realizaría el mes siguiente. Las principales confederaciones sindicales, dirigentes de partidos políticos y representantes de los estudiantes dieron discursos. El evento contó también con la presencia de la Anti-Authoritarian Politics: The Role of Women’s Organizations in the Chilean Transition to Democracy», en The Women’s Movement in Latin America. Feminism and the Transition to Democracy, ed. Jane S. Jaquette (Boston: Unwin Hyman, 1989), 149-184; «Subversive Mothers: The Women’s Opposition to the Military Regime in Chile», en Women, the State and Development, ed. Sue Ellen M. Charlton, Jana Matson Everett, y Kathleen A. Staudt (New York: SUNY Press, 1989); Gaviola, Largo, y Palestro, Una historia necesaria. Mujeres en Chile: 1973-1990; Palestro, Mujeres en movimiento (1973-1989); Pieper y Campbell, Feminist Activism and Women’s Rights Mobilization in the Chilean Círculo de Estudios de la Mujer: Beyond Maternalist Mobilization; Verónica Schild, «Recasting “Popular” Movements: Gender and Political Learning in Neighborhood Organizations in Chile», en Latin American Social Movements in the Twenty-First Century. Resistance, Power, and Democracy, ed. R. Stahler-Sholk, H. Vanden, y G.D. Kuecker (New York: Rowman & Littlefield Publishers, 2008), 217-232; Esperanza Tuñón, «A veces el silencio grita. Movimiento amplio de mujeres en Chile y México: 1982-1992», en ¿Democracia sin movimiento social? Sindicatos, organizaciones vecinales y movimientos de mujeres en Chile y México, ed. I. Bultmann et al. (Caracas: Editorial Nueva Sociedad, 1995), 211-228; Mujeres que sueñan: las organizaciones de pobladoras: 1973-1989 (Santiago: FLACSO, 1993).

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Federación Nacional de Taxistas y la Federación de Camioneros, sectores que eran parte de la base de apoyo al régimen pero que ante el deterioro en la situación económica comenzaron a desplazarse hacia la oposición. En 1982, colectivos estudiantiles establecieron contactos con organizaciones regionales durante los trabajos solidarios de verano514. En un acto cultural en el verano de 1982, los sindicatos de la ciudad de Concepción reunieron a la Asociación Gremial de Educadores Chilenos (AGECH), representantes de las confederaciones nacionales, a las asociaciones de víctimas de la represión, el CODEPU, colectivos estudiantiles y otras organizaciones. En octubre, la Comisión Nacional Campesina (CNC), fundada en 1981 para agrupar a las confederaciones campesinas, y el Arzobispado de Santiago, organizaron el Primer Simposio Rural, al cual asistieron sindicatos y cooperativas campesinas y organizaciones indígenas515. Todos estos eventos contribuyeron a acercar posiciones y generar un sentimiento recíproco. La represión en contra de las protestas también fortaleció la solidaridad entre las organizaciones. A medida que el régimen detenía a los manifestantes y les aplicaba medidas de exilio interno, nuevas manifestaciones, huelgas de hambre y ocupaciones demandan su libertad y su regreso. Las expulsiones de los estudiantes y el despido injustificado de los trabajadores desataron declaraciones públicas, jornadas de ayuno, marchas y otras formas de presión pública demandando que se revocaran las medidas, revelando así una creciente sensibilidad entre los diferentes sectores organizados hacia los problemas de los demás. Estos acercamientos en torno a temas diferentes alinearon gradualmente las posiciones de diferentes sectores democráticos. La oposición organizada también se vio fortalecida como una consecuencia no intencionada de la institucionalización del régi-

Agrupación Cultural Universitaria (ACU), La Ciruela, Nº 9, mayo-junio, 1982. Fondo de Organizaciones Sociales, Archivo Nacional de la Administración (En adelante, FOS-ARNAD). 515 Gaviola, Largo y Palestro, Una historia necesaria. Mujeres en Chile: 1973-1990, 106. 514

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men. Tras la entrada en vigencia de la Constitución en 1981, las diversas organizaciones intermedias que habían estado paralizadas desde 1973 celebraron elecciones para recomponer sus directivas. Las elecciones fueron ganadas consistentemente por los grupos de oposición, transformando a las asociaciones gremiales en importantes vehículos para que las clases medias pudieran participar del debate público. Importante en esta primera fase fue el Colegio de Periodistas, en cuya directiva se impusieron los trabajadores de la prensa independiente, quienes se movilizaron para demandar garantías para la libertad de expresión. De mayor importancia, sin duda, fueron las elecciones celebradas en enero de 1982 en la Confederación de Trabajadores del Cobre, controlada hasta entonces por el régimen. La oposición ganó las elecciones y mejoró la posición del movimiento laboral al poner de su lado a una de las confederaciones más importantes del país. Hacia fines de 1982, a través de los intensos contactos institucionales y las demostraciones recíprocas de solidaridad, la sociedad civil había adquirido considerable poder para oponerse al régimen. La situación del régimen se vio aún más deteriorada a medida que la recesión económica sufrida desde 1981 restó sectores de su base de apoyo y los empujó hacia la oposición. Tras la secesión de los camioneros, los dueños de taxis y los pequeños comerciantes en 1980, la política económica comenzó a generar el descontento de la asociación de agricultores hacia fines de 1982. El 3 de diciembre, la asociación de agricultores de Temuco –un sector muy ligado al régimen– realizó una manifestación que recibió el apoyo y contó con la presencia de la Asociación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), la confederación de los camioneros y la confederación de los dueños de taxis516. La expulsión a consecuencia de la manifestación del presidente de la Asociación Nacional de Productores de Trigo, Carlos Podlech, provocó la reacción y movilización de 516 J. Theberge, Embajador, Embajada EE.UU. Santiago, Expulsion of labor and business leaders, diciembre, 1982, 2. DNSA.

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la hasta entonces inerte derecha política. A comienzos de 1983, diferentes sectores del antiguo Partido Nacional comenzaron a reagruparse en torno a la oposición. Aunque actores del gobierno y personalidades del partido intentaron aplacar el descontento, la disidencia adquirió apoyo mayoritario y se acercaron a la oposición buscando una reforma a la Constitución que pudiera acelerar el proceso de transición517. A raíz de estas sostenidas interacciones públicas en torno a eventos de protesta, no resultó raro que el llamado a una jornada nacional de protesta para el 11 de mayo de 1983 fuese respondido por amplios sectores organizados de la población. El acercamiento entre diversas organizaciones había venido ocurriendo en encuentros públicos y a través de muestras recíprocas de solidaridad. Las coaliciones que estuvieron en la base de las protestas de 1983 fueron probadas una y otra vez entre 1979 y 1983 en diversos escenarios; ya sea en actos, marchas o declaraciones públicas, estas acciones públicas y concertadas requerían del establecimiento de alianzas para su coordinación y materialización. Además, las formas de manifestación utilizadas el 11 de mayo básicamente retomaban los repertorios de protesta que habían sido reiteradamente probados y ejecutados por diferentes grupos organizados desde 1977, con viandazos en los lugares de trabajo; protestas de abogados y estudiantes de derecho en Tribunales; actos culturales en las facultades universitarias; y marchas de mujeres por las avenidas centrales. Aunque no hubo acciones particularmente diferentes el 11 de mayo de 1983, la “novedad fue la coincidencia de estas acciones de protestas ‘habituales’ en el mismo día”518. La protesta del 11 de mayo fue el resultado de un fallido paro nacional. En abril de 1983, la CTC anunció un paro nacional de los trabajadores del cobre, el cual a lo largo de las semanas siguientes comenzó a sumar el apoyo de diferentes confederaciones sindicales, 517 518

Hoy, 5-11 de enero, 1983; Análisis, Nº 55, marzo 1983. Gutiérrez et al., La protesta nacional en la ciudad y en la prensa, 5.

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transformando gradualmente el paro del cobre en un paro nacional. Sin embargo, al notar los dirigentes sindicales que el régimen reaccionó al llamado a paro con un movimiento de tropas hacia las minas, indicando que la represión en contra de los trabajadores sería severa, se tomó la decisión de cambiar el llamado a paro nacional por una jornada nacional de protesta519. Este cambio pretendía quitarle presión a los sindicatos, reducir las consecuencias negativas que podían sufrir los trabajadores y ampliar la movilización a todos los sectores de la población. La prensa afín al régimen aprovechó el cambio del paro a la protesta para lanzar una campaña comunicacional anunciando inequívocamente que “el paro había sido suspendido”520. Asimismo, el régimen prohibió a todos los medios de comunicación informar sobre la declaración de la CTC –donde se explicaban los motivos por los cuales se había cancelado el paro– y de entregar información sobre las actividades planeadas para la jornada de protesta. A pesar de ello, las actividades de protesta fueron informadas por las radios independientes, notablemente Radio Cooperativa, y Hoy adelantó su salida a los quioscos para difundir la información521. El llamado a protestar fue un giro positivo ya que desplazó el alcance de la disrupción desde los lugares de trabajo hacia la población en general. Los organizadores planearon actividades que pudieran movilizar sobre todo a los sectores no-organizados de la población. Esta maniobra fue importante dado que hasta entonces la protesta se limitaba a la acción reiterada de grupos organizados, los cuales habían aprendido a sacarse el miedo a través de las interacciones conflictivas en años anteriores. No se podía esperar, sin embargo, que los sectores de la población que no habían demostrado tal grado de compromiso pudiesen involucrarse en acciones de desafío abierto, las cuales podían conllevar detención, encarceEntrevista con Hernol Flores. Fernando Ossandón, «Hay ruido de cacerolas en el escenario de las comunicaciones», en Protestas y protagonismo popular (Santiago: ECO, 1983), 32. 521 Gutiérrez et al., La protesta nacional en la ciudad y en la prensa, 4. 519 520

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lamiento o tortura. Entre otras actividades, el llamado a protestar sugería a los padres no enviar los niños a las escuelas; que la gente se abstuviera de realizar trámites o compras; y que los trabajadores hicieran viandazos –es decir, que no fueran a almorzar–. Además, un cacerolazo y apagones coordinados en las casas se programaron para las ocho de la noche522. En este sentido, la organización de la protesta fue inteligente al plantear tácticas de protesta de baja intensidad y que implicaban acciones disruptivas ‘privadas’ que se asemejaban a los viandazos, al trabajo lento o al ausentismo que había caracterizado el temprano conflicto laboral. Al reducir los posibles costos de la participación y los riesgos de ser expuestos a la represión, este tipo de actividades crearon una importante predisposición para la adhesión de los sectores no-organizados de la población. Tras el éxito de la primera protesta, las centrales sindicales crearon el Comando Nacional de Trabajadores (CNT) como un órgano de coordinación para la organización de la siguiente protesta, convocada para el 14 de junio. La segunda jornada de protesta resultó ser más fuerte que la primera e incrementó la presión sobre el régimen523. La formación del CNT también le dio una plataforma política básica a la jornada de protesta al emitir una declaración de trece puntos, que incluía entre otras cosas el fin del Estado de Emergencia, la democratización de las universidades, el fin a las expulsiones del país, el restablecimiento del Congreso, el regreso de todos los exiliados, el fin de la censura y el acceso de la oposición a las radios y la televisión524. De cierto modo, la declaración condensaba un giro discursivo al transformar la dictadura en la causa última de los problemas enfrentados por diferentes sectores de la población. Así, mientras la protesta de mayo hizo visible el descontento, la protesta del 14 de junio tuvo una demanda predominante:

Hoy, 4-10 mayo, 1983; Hoy, 11-17 mayo, 1983. Hoy, 25-31 mayo, 1983. 524 Hoy, 8-14 junio, 1983. 522 523

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“¡Democracia Ahora!”525. Así, las primeras jornadas nacionales de protesta fueron el resultado de un proceso de crecimiento y fortalecimiento de la infraestructura organizacional, que ocurría por debajo de la superficie, y de un proceso de alineamiento discursivo que resultó de sucesivas interacciones públicas que se vieron favorecidas por el desarrollo de la prensa independiente. Eventualmente, la democracia se convirtió en la demanda que pudo unir a los diversos segmentos organizados de la oposición.

525

Análisis, Nº 59, julio 1983.

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Capítulo V Las relaciones de la sociedad civil con la oposición política: autonomía y cooptación Si aceptamos la doctrina de ciertos exponentes de la estrategia política, una revuelta débil, desde la perspectiva de quien detenta el poder, no es algo indeseable: en principio, cualquier revuelta fortalece al gobierno que no puede derrocar. Pone a prueba la lealtad del ejército, unifica a la burguesía, muestra la fuerza de la policía y demuestra la solidez del tejido social. Es un ejercicio, casi un tratamiento necesario. El poder se siente revitalizado después de una revuelta, como un hombre después de un masaje. Victor Hugo, Los Miserables, 1862

El periodo entre 1983 y 1988 puede ser caracterizado como un periodo de estancamiento político. Si entre 1976 y 1983 las correlaciones de fuerza entre los sectores democráticos y el régimen militar cambiaron lenta pero sostenidamente a favor de los primeros, a partir de 1983 la oposición política fue incapaz de generar las condiciones para apurar el ritmo de la transición a la democracia. La parálisis sufrida en el proceso de democratización fue en gran medida una consecuencia de las divisiones tanto dentro como entre los partidos políticos, que competían por controlar el movimiento de protesta y de negociar con el régimen. En último término, los partidos políticos fracasaron tanto en lo uno como en lo otro, y los cuatro años que transcurrieron entre la primera jornada de protesta en mayo de 1983 y la apertura de los registros electorales en marzo de 1987 se convirtieron en un periodo de redefinición de las relaciones entre los partidos políticos y las bases. En pocas palabras, los partidos políticos, al encontrarse con un panorama organizacional que les era ajeno y sobre el cual no tenían control alguno, se distanciaron de la sociedad civil organizada y estrecharon sus relacio215

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nes en la cúpula y con sus aliados internacionales. La tensión que caracterizó las relaciones entre los partidos políticos y la sociedad civil entre las jornadas nacionales de protesta y el plebiscito prefiguraron la tendencia que ha caracterizado a la centro-izquierda desde la transición a la democracia: un desacoplamiento de los partidos de sus bases sociales y una creciente tendencia a actuar para satisfacer las exigencias de sus aliados internacionales, en oposición a los procesos de inclusión política que caracterizaron el corto siglo XX chileno. Protesta, partidos políticos y sociedad civil: división y cooptación Partidos políticos y su estructura de alianzas: la semántica de la división Las jornadas nacionales de protesta tuvieron consecuencias paradójicas en la relación establecida entre organizaciones, demandas y públicos más amplios. Mientras que hasta 1983 habían sido un medio legítimo para expresar el malestar de una población excluida, a partir de entonces la protesta misma se convirtió en el objeto de la comunicación. Este giro fue contradictorio en tanto que la protesta había logrado la función comunicativa de introducir la democracia en el discurso público y de visibilizar los cambios en las relaciones de fuerza entre el Gobierno y la oposición. Sin embargo, en vez de sacar ventaja de los acontecimientos, la oposición se dividió respecto de la forma que debían tener estas protestas (pacíficas o violentas) y del énfasis que debía ponerse en la movilización o en el diálogo. Así, las demandas que impulsaron las protestas fueron lentamente desplazadas en tanto la protesta misma se convirtió en tema de debate público. Al concentrar la discusión más en la forma que en el contenido, la oposición política fue incapaz de aprovechar el cambio en las relaciones de fuerza que las protestas habían revelado, desembocando así en un punto muerto que no sería resuelto hasta 1988, cuando se hicie216

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ron efectivos los mecanismos para la transición estipulados en la Constitución de 1980. El giro en la semántica de la protesta estuvo relacionado con un desplazamiento de los actores principales. Mientras hasta 1983 la oposición había sido dominada por los sindicatos y una amplia gama de organizaciones de mayor o menor importancia, los partidos políticos reaparecieron públicamente y a partir de julio de 1983 asumieron la conducción del movimiento de protesta. Este desplazamiento en la conducción fue un paso necesario para lograr avanzar hacia un cambio de régimen. Las jornadas nacionales de protesta habían abierto el campo de la confrontación política al transformar la dictadura en la causa última de los problemas sufridos por diferentes sectores de la población, encauzando la discusión pública hacia los pasos institucionales necesarios para avanzar en la transición a la democracia. En este sentido, mientras la protesta había logrado cumplir con su función comunicativa de situar el retorno de la democracia como tema predominante en el discurso público, la tarea de determinar los procedimientos y los contenidos del nuevo gobierno era una tarea que solo podía ser asumida por una oposición política y no por la sociedad civil. Esta es una diferencia crucial que ha sido frecuentemente discutida en la teoría política, pero olvidada en igual medida por diferentes analistas526: “La democracia es casi siempre fruto de la lucha popular, y esto jamás debe olvidarse, pero el diseño de sus instituciones democráticas formales es, por necesidad, el trabajo de una élite política”527. Este era el trasfondo de la exhortación hecha por Patricio Aylwin 526 Gullaudat y Mouterde, por ejemplo, critican al movimiento poblacional por haber sido “incapaz de definir un proyecto alternativo propio, global y coherente” y por su “debilidad” y “agotamiento” por no “haber doblegado al Estado dictatorial”. Guillaudat y Mouterde, Los movimientos sociales en Chile, 1973-1993, 152-153. 527 Nancy Bermeo, «Democracy and the Lessons of Dictatorship», Comparative Politics 24, Nº 3 (1992): 276. Luhmann también ha reconocido esta diferencia al distinguir entre protesta y oposición: “Las protestas son comunicaciones dirigidas a otros llamando a su sentido de responsabilidad. Critican las prácticas o estados de las cosas sin ofrecer tomar el lugar de aquello cuya tarea es asegurar el orden”. Niklas Luhmann, Risk. A Sociological Theory (New Jersey: Transaction Books, 2008), 125 (Cursivas en el original).

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antes de que los partidos políticos se hicieran cargo efectivamente del movimiento de protesta a comienzos de julio de 1983: Cuando el destino del país está en juego, es urgente encontrar una solución global para salir de una crisis que es ya generalizada. Esto requiere diálogo político y requiere admitir a los partidos políticos como interlocutores válidos, representando la diversidad de opiniones que hay en el país. Cualquier otro diálogo es meramente negociación sectorial de grupos o intereses específicos528.

Dado que a comienzos de la década de 1980 la oposición política estaba atravesando su peor crisis, el regreso de los partidos al escenario público se dio en medio de arduas luchas intestinas. En 1979, el Partido Socialista se dividió en dos bandos irreconciliables, alineándose uno con el PDC y el otro con el Partido Comunista529. El Director Adjunto de la Embajada de los Estados Unidos en Santiago presentó la complejidad del panorama dentro del partido hacia 1983: Aunque persiste un genuino deseo de unidad entre las muchas facciones del PS, subsisten sus divisiones sobre temas fundamentales como: insurrección armada vs. resistencia pacífica; marxistas-leninistas vs. marxistas teóricos; relaciones con la extrema izquierda; adhesión a los esfuerzos de coalición democrática; y los elementos personales en las luchas entre los liderazgos internos y externos de las facciones530 .

El MAPU, que había experimentado un cisma poco antes del golpe, sufrió una nueva división con la formación del MAPU-LauHoy, 6-12 julio, 1983. Arrate y Rojas, Memoria de la izquierda chilena (1970-2000), 284 ss.; Roberts, Deepening democracy?: The Modern Left and Social Movements in Chile and Peru, 105 ss. 530 W. Matthews, Jefe de Misión Adjunto, Embajada EE.UU. Santiago, Political groups in Chile: new tries at socialist unity, mayo, 1983, 4. DNSA. 528 529

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taro a comienzos de 1983. Los Radicales, por su parte, se dividieron a lo largo de líneas generacionales, y la juventud del partido fue suspendida por 18 meses a comienzos de los años 80531. Finalmente, en el PDC surgieron disputas entre la izquierda y la derecha por la conducción del partido tras la muerte de su líder natural, el ex presidente Eduardo Frei Montalva, a fines de 1981. Ilustrativo de la fragmentación sufrida por los partidos políticos fue un registro elaborado por El Mercurio que reportaba la aparición de 62 organizaciones políticas, de derecha a izquierda, entre agosto y octubre de 1983532. A raíz de esta fragmentación, los aliados internacionales manifestaban su desilusión con el caudillismo generalizado (pervasive bossism) que caracterizaba las relaciones tanto dentro como fuera de los partidos políticos533. Ricardo Lagos, en representación de la facción ‘suiza’ del PS, exhortó públicamente a los dirigentes de los partidos en 1985: “Si la necesidad de unidad, en busca de una estrategia común respetada por todos sin exclusiones, no es comprendida [por los partidos de la oposición], ¿entonces cómo le pedimos al país que se nos una y nos apoye?”534. Así, cuando comenzaron las protestas nacionales luego de una década de dictadura en 1983, los acercamientos producidos por las organizaciones de la sociedad civil no habían tenido su contraparte entre las élites políticas. Las divisiones existentes tanto dentro como entre los partidos políticos terminaron por traspasarse a la oposición en su conjunto. Como la represión por sí sola no había tenido éxito en suprimir la masividad de las protestas, el régimen militar adoptó una táctica de negociación selectiva y represión. A fines de agosto el régimen entabló conversaciones con la Alianza Democrática (AD), una coalición J. Theberge, Embajador, Embajada EE.UU. Santiago, Political groups in Chile: Unification of Radical and Social Democratic parties and formation of Social Democratic Federation, abril, 1984. DNSA. 532 El Mercurio, 2/11/1983. 533 G. Jones, Jefe de Misión Adjunto, Embajada EE.UU. Santiago, Foreign Political Funding in Chile, octubre 1985. DNSA. 534 Análisis, 25 junio-2 julio 1985. 531

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de partidos nucleados en torno al PDC, mientras al mismo tiempo reprimió severamente en las poblaciones y excluyó a la coalición de la izquierda, el Movimiento Democrático Popular (MDP), de las conversaciones. Esta táctica, en la medida en que cerraba el camino del diálogo para amplios sectores de la oposición, terminó por dividir a los sectores democráticos entre aquellos que favorecían el diálogo y aquellos que promovían la movilización. En lo fundamental, sin embargo, la propensión de la AD de recurrir al diálogo entró en conflicto con una población cada vez más activa: El campo de juego del ‘diálogo’ resulta incómodo para los objetivos iniciales [de la AD] de dirigir la oposición, la cual pide el fin del régimen y la democracia ahora. El resultado es la dilación, en tanto que no hay avances concretos en temas críticos, contradicciones en torno a la forma y el contenido de la protesta, y distancia de la movilización popular que se vuelve cada vez más autónoma535.

Esta distancia entre la dirigencia política y las bases organizadas redundaron en una escasa conducción del movimiento. Esto se hizo evidente cuando la AD convocó a una jornada de protesta para el 8 de septiembre, estipulando que debía ser ‘pacífica’ y que los manifestantes “no deben responder a las provocaciones”536. Aunque los partidos movilizaron sus bases ese día, la protesta continuó de manera autónoma en las poblaciones de Santiago durante los tres días siguientes, hasta el 12 de septiembre, con un repertorio de protesta que consistió en apagones, enfrentamientos con Carabineros y el levantamiento de barricadas. La revista Hoy editorializó sobre el desfase entre la protesta de los partidos y las manifestaciones en los sectores más pobres de la capital: “Se hizo evidente lo que se omitió en agosto: la extrema angustia en las poblaciones –sus demandas 535 536

De la Maza y Garcés, La explosión de las mayorías: protesta nacional, 1983-1984, 39. Análisis, Nº 63, 30 agosto-13 septiembre, 1983.

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por pan, trabajo y dignidad– no está siendo suficientemente recogida en las declaraciones de la AD”537. El llamado de la AD a una protesta ‘pacífica’ reveló la creciente preocupación entre los sectores conservadores de la oposición política y se basó en una distinción hecha por la Conferencia Episcopal en un documento del 24 de junio titulado “Más allá de la protesta y la violencia”. El documento de los obispos distinguía entre dos tipos de ‘disenso’: el descontento que, a falta de canales de expresión, se manifiesta en protesta pacífica, y “un estado de violencia latente, que ha sido exteriorizado en actos deplorables de violencia de donde quiera que vengan”538. A medida que las protestas se vieron acompañadas con mayor frecuencia por actividades disruptivas, que incluían la detonación de bombas de baja intensidad, apagones, ataques incendiarios y el levantamiento de barricadas, se hizo cada vez más evidente que los organizadores tenían un control endeble sobre el movimiento de protesta539. Esto llevó a que algunos sectores temieran que intensificar el movimiento de protesta empoderaría a los comunistas y la extrema izquierda, y en consecuencia dañaría las posibilidades de negociación con el régimen. El dilema, sin embargo, era que sin el movimiento de protesta, la oposición política no tenía cómo presionar al régimen para sentarse en la mesa de negociación. La AD quedó atrapada en la ambivalencia de querer enfatizar el diálogo para capturar el centro político y, al mismo tiempo, de tratar de mantener la conducción sobre las protestas de los sectores organizados de la población, táctica privilegiada especialmente por los sindicatos y por las organizaciones de base en las poblaciones. En un intento por reducir la disrupción de las protestas en la periferia de Santiago, representantes de la AD visitaron varias poblaciones a fines de octubre con la “intención de sugerir a los pobladores nuevas formas de protestar: marchas restringidas a las poblaciones Hoy, 21-27 septiembre, 1983. Este documento fue reproducido íntegro en Hoy, 20-26 julio 1983. 539 Ver J. Theberge, Embajador, Embajada EE.UU. Santiago,Second ‘National Day of Protest’: more widespread but also more violent, junio, 1983, 3-4. DNSA. 537 538

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o actos en espacios cerrados”. Los representantes políticos sugerían que se evitara el uso de barricadas, apagones y enfrentamientos con Carabineros, prácticas que se habían vuelto características en las poblaciones desde la primera jornada nacional de protesta y cuya fuerza –en respuesta a la represión– se había intensificado desde entonces. Los dirigentes de las poblaciones, sin embargo, respondieron que no “estaban dispuestos a renunciar a las formas de protesta que habían surgido espontáneamente desde las bases y que [eran] la única forma de mostrar su presencia y sufrimiento”540. Lo que los líderes de la AD fueron incapaces de entender era que los repertorios de protesta de los pobres urbanos no eran algo que ellos pudieran simplemente elegir, sino formas de acción que fueron el resultado de procesos sostenidos de aprendizaje colectivo y de adaptación, y de constricciones estructurales e institucionales541. Las maniobras de la AD para moderar la protesta en las poblaciones y su descalificación pública al tratarlas de violentas afectaron la representatividad de la coalición en los sectores organizados de la oposición. Pero lo que la AD intentaba era capturar la adhesión de los sectores no-organizados provenientes predominantemente de las clases medias, que se habían manifestado sobre todo en sus casas con cacerolazos y no enviando los niños a los colegios. Los sectores organizados, que se enfrentaban a la represión en marchas, procesiones y ocupaciones, no podían dimensionar la difusa línea que separaba sus formas de manifestación de otras formas de disenso. Sin embargo, a través de sus declaraciones públicas, la AD terminó por alienar y desalentar a muchos de los sectores organizados de la Análisis, Nº 65, 27 septiembre-11 octubre, 1983. Esto es sintetizado en la idea de repertorios de protesta sugerida por Tilly: “Los repertorios son creaciones culturales aprendidas, pero no descienden de la filosofía abstracta ni se forman a partir de la propaganda política; emergen en la lucha. Las personas aprenden a romper ventanas en protesta, a atacar prisioneros, a destruir casas deshonradas, a realizar marchas públicas y peticiones, a sostener reuniones formales, a organizar asociaciones de interés. En cualquier punto en particular de la historia, sin embargo, solo aprenden un número reducido de formas de actuar colectivamente. Tilly, «Contentious repertoires in Great Britain, 1758-1834», 26. Ver también Frances Fox Piven y Richard A. Cloward, Poor People’s Movements. Why they succeed, how they fail (New York: Vintage Books, 1979), 15. 540 541

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población, quienes veían con buenos ojos la insistencia del MDP en la movilización y en derrocar a Pinochet a través de la desobediencia civil masiva. En último término, grandes sectores de la sociedad civil no entendían por qué no era posible formar un frente común de la oposición si acabar con la dictadura era un objetivo compartido por todos los sectores democráticos. Subyacente a la división de la oposición y a la insistencia en la distinción semántica entre protesta pacífica y violenta había un impasse creado por la estructura de alianzas que la AD necesitaba para mejorar su posición de negociación con el régimen militar. En el centro de las maniobras políticas de la AD, y en especial dentro del PDC, estaba la definición de su relación con el Partido Comunista y los efectos que ello tendría sobre sus aliados internos y extranjeros. El Embajador de los Estados Unidos en Santiago, James Theberge, describió esta tensión como el nudo gordiano de la política chilena: “Hasta que no se logré una definición clara de estas relaciones, será difícil ver progreso significativo en la transición a la democracia en Chile”542. Por un lado, al romper completamente las relaciones con el PC, el PDC corría el peligro de alienar a sus activistas de base, quienes durante los años más duros de la represión habían establecido colaboraciones productivas con militantes comunistas. El riesgo que representaba alienar a estos sectores de apoyo de la AD, sin embargo, radicaba en que eran el enlace con el movimiento de protesta, y eran quienes podían articular –en conjunto con la izquierda– la movilización masiva en contra del régimen. El ala izquierda del PDC había colaborado sistemáticamente con los militantes comunistas en la creación de organizaciones y en desafiar abiertamente al régimen en las diferentes manifestaciones públicas que tuvieron lugar desde 1976. Por ejemplo, la formación y el funcionamiento de la Coordinadora Nacional Sindical, la Comisión Chilena de 542 J. Theberge, Embajador, Embajada EE.UU. Santiago, Political groups: relations between democratic and non-democratic parties, June, 1985, 1-2. DNSA.

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Derechos Humanos y el Comité de Derechos Pro-Juveniles fueron producto de la colaboración entre militantes democratacristianos y comunistas, que ocurrió pese a la desaprobación de la dirigencia del PDC543. De modo que amplias secciones de la base democratacristiana, junto con algunos de sus representantes en organizaciones clave, no habrían aprobado un distanciamiento explícito con el Partido Comunista y una ruptura definitiva con la estrategia de la movilización social. Por otro lado, si el PDC afirmaba enfáticamente la unidad de toda la oposición –una alternativa que recurrentemente desechó frente a la tesis del frente antifascista defendida por el PC durante la década de 1970– existía la certeza de que perdería el apoyo de los sectores anticomunistas del partido, particularmente de su ala sindical de derecha representada en la Unión Democrática de Trabajadores. Eduardo Ríos, presidente de la Confederación Marítima de Chile, por ejemplo, manifestó su descontento con la directiva de la AD por no romper explícitamente con el Partido Comunista: “Esta imprecisión le ha dejado la puerta abierta al GOC [Gobierno de Chile] para presentar la presente lucha como una entre la extrema izquierda y la derecha, con el centro fuera de la pantalla. En este sentido, el GOC tiene la mejor mano, siendo capaz de capitalizar el miedo que la gente tiene de la violencia de la extrema izquierda”544. Así, la distinción semántica entre protesta ‘pacífica’ y ‘violenta’ fue la forma en que la directiva de la AD intentó distanciarse públicamente del Partido Comunista, especialmente después de la adopción de la tesis de ‘todas las formas de lucha’, sin alterar con ello los contactos que eran comunes en la base organizada. Por otra parte, sin embargo, una alianza más decidida de la AD con la izquierda –como pedían los sectores organizados de la oposición en sus llamados a la unidad– se veía restringida no solo por los sectores 543 Entrevista con Gustavo Rayo. Presidente, CODEJU; Entrevista con Atilio Garate. Presidente, CODEJU-Valparaíso. Viña del Mar, Chile. 27/9/2010. 544 J. Theberge, Embajador, Embajada EE.UU. Santiago, Labor leader Rios’ views on state of GOC-opposition dialogue, septiembre, 1983, 2. DNSA.

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de derecha de la coalición, sino que se dirigían fundamentalmente a tranquilizar a los Estados Unidos, su principal aliado estratégico internacional. Dado que la vacilación de los Estados Unidos en presionar para acelerar la transición en Chile estaba influida por la percepción del potencial rol que podría tener el Partido Comunista en un futuro gobierno democrático545, la AD sistemáticamente descartó la posibilidad de formar una alianza más amplia con la izquierda, en la cual el PC hubiese jugado un rol preponderante. De este modo, el Gobierno de los Estados Unidos tuvo una influencia predominante en la estructuración de las alianzas dentro de la oposición chilena. En septiembre de 1983, cuando una alianza amplia de la oposición aún era posible, dirigentes de la AD visitaron Washington para lograr el apoyo del Departamento de Estado. El antiguo líder del Partido Conservador, Julio Subercaseaux, y el dirigente de la CNS, Miguel Vega, se reunieron con el Secretario de Estado Adjunto de Derechos Humanos y Asuntos Humanitarios, Elliot Abrams, para discutir las perspectivas de las negociaciones que habían comenzado entre la AD y el Gobierno de Chile. Aunque los representantes de la AD eran conscientes de que la apertura al diálogo iniciada por Pinochet era una maniobra táctica para reagruparse, también vieron en ello la posibilidad de forzar una transición logrando la unidad de la oposición, que en ese momento iba desde sectores moderados de la derecha hasta la extrema izquierda. Los delegados de la AD veían que la posibilidad más cierta de neutralizar la retórica anticomunista de Pinochet y conseguir la ampliación de la AD hacia la izquierda, era por medio de una declaración pública de la administración Reagan, diciendo que “no considera a Pinochet ser una defensa contra el Comunismo”. De acuerdo con Subercaseaux, una acción del Departamento de Estado en este sentido “tendría un gran impacto sobre la sobrevivencia de Pinochet”546. Esta visita Carlos Portales, «External Factors and the Authoritarian Regime», en The Struggle for Democracy in Chile, ed. Paul Drake y Iván Jaksic (Lincoln: University of Nebraska Press, 1995), 256. 546 G. Shultz, Secretario de Estado de los EE.UU., Chilean Opposition Leaders meet with HA Assistant Secretary Abrams, septiembre, 1983, 2-3. DNSA. 545

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es importante porque refleja que las divisiones existentes en la oposición, materializadas en la formación de dos coaliciones políticas en lugar de una unitaria, no se debían a ideologías radicalmente irreconciliables, sino que dependían de cómo se estructuraban las narrativas que definieron el marco de la lucha política. La política de los Estados Unidos sobre el tema, sin embargo, se movió en la dirección contraria a los deseos de los representantes de la AD. A medida que las negociaciones se estancaron y siguieron así durante el año siguiente, Pinochet logró recuperar la iniciativa a fines de 1984, incrementando la represión por medio de la reinstauración del Estado de Sitio y ordenando la renuncia de su Ministro de Interior, Sergio Onofre Jarpa. Con ello, se puso término al diálogo con la oposición. Una oposición dividida y las vacilaciones en torno al rol que debían jugar las protestas afectaron severamente la posición de negociación de los sectores democráticos. Debido a este estancamiento de la transición, el Departamento de Estado inició una reevaluación de su política hacia Chile. A fines de 1984, el Secretario de Estado Adjunto aprobó una “aproximación constructiva” sugerida por la Oficina de Asuntos Interamericanos para influir positivamente en la reanudación de la transición a la democracia en Chile. Esta aproximación consistía en “niveles altos a medios de intervención respaldada por iniciativas diplomáticas activas”, centradas en torno al Vaticano, y en cimentar la cooperación con aliados europeos “destinados a lograr negociaciones entre la junta y los sectores moderados de las fuerzas democráticas”547. Sin embargo, el Consejo de Planificación Política presentó sus reparos a esta aproximación en un memorándum posterior, sugiriendo una aproximación menos “activista” consistente en “basarse principalmente en declaraciones de prensa, visitas de alto nivel y simbolismo para que nuestras preocupaciones sobre los derechos humanos y el proceso

547 T. Motley, Bureau of Inter-American Affairs, Departamento de Estado de los EE.UU., Action Memorandum to Mr. Dam on US policy toward Chile, 23/11/1984. DNSA.

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de transición sean conocidos”548. En otras palabras, se aconsejaba conservar el statu quo diplomático en las relaciones entre Chile y los Estados Unidos. El elemento crucial del memorándum, sin embargo, fue que adicionalmente sugería intentos enfáticos de dividir al centro político de la izquierda: “La estrategia fundamental debiera ser que podamos fortalecer a las fuerzas democráticas del centro y de la centro-derecha en Chile y logremos separarlos definitivamente de la extrema izquierda con la cual están ahora aliados. Debiéramos dejar en claro a las fuerzas moderadas que lograrán más apoyo de nosotros si se dividen de los comunistas”549. En vistas de la actitud del Departamento de Estado, las perspectivas de ampliar la Alianza Democrática para incluir al Partido Comunista hubiesen sido a costas de perder un aliado internacional estratégico de importancia. Esto se hizo evidente en una reunión sostenida entre representantes de alto nivel del Gobierno de los Estados Unidos y dirigentes de la AD –entre quienes se encontraban Gabriel Valdés, Luis Bossay, Patricio Morales, Julio Subercaseaux y Ricardo Lagos– en febrero de 1985, donde el Secretario de Estado Adjunto para Asuntos del Hemisferio Occidental, Langhorne Motley, condicionó explícitamente el apoyo de los Estados Unidos a la Alianza Democrática. En sus comentarios finales… […] alabó la decisión de la alianza [AD] de mantener a los comunistas fuera de la alianza pero los urgió a [asumir] una línea anticomunista más decidida de modo de convencer a Pinochet y dijo que si los Estados Unidos en algún momento flaqueaba en su apoyo para una transición a la democracia en Chile, sería porque los comunistas fueron admitidos en la alianza y que la alianza debía entender esto como un hecho de la vida de los EE.UU.550.

P.W. Rodman, Policy Planning Council, Departamento de Estado de los EE.UU., Information Memorandum to Deputy Secretary, on US policy toward Chile, 29/11/1984, 2. DNSA. 549 Ibíd. 550 J. Theberge, Embajador, Embajada EE.UU. Santiago, Ambassador Motley’s meeting with the Democratic Alliance, febrero, 1985, 5. DNSA. 548

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Antes de abandonar Santiago a fines de febrero de 1985, el embajador Motley dio claras señales de respaldo a la continuidad del Gobierno militar, declarando que “el destino de Chile está en manos de los chilenos, y está en buenas manos”551. Así, la división de la oposición –que muchos interpretaron como el resultado de diferencias estratégicas– no estaba basada tanto en diferencias ideológicas como en el delicado equilibrio que la AD intentó sostener entre las posiciones de su base y sus aliados internacionales. Los partidos políticos y la colonización de las organizaciones de base Hasta 1983 las organizaciones de base prosperaron en un ambiente institucional favorable compuesto por una red plural de organizaciones a las cuales podían recurrir para buscar financiamiento, asesoría técnica o contactos con otros sectores. Este sistema de relaciones sociales, sin embargo, se vio profundamente afectado con el advenimiento de las jornadas nacionales de protesta. El regreso de los partidos al escenario político a mediados de 1983 inició un proceso consistente de cooptación de las organizaciones, creó divisiones entre las instituciones de apoyo y, en términos generales, puso en peligro la autonomía relativa que hasta entonces había sido parte del discurso institucional de apoyo a las organizaciones de base. Así, las protestas obligaron a la reevaluación de la posición de diferentes actores, produciendo tensiones internas dentro de las organizaciones de base a medida que sus miembros buscaban redefinirse en un ambiente más cargado de contenido político. La rapidez con la que las organizaciones de base fueron quedando aisladas en la definición de los contenidos políticos a partir de 1983 demostró su posición periférica. A pesar de ser junto a los sindicatos uno de los sectores mejor organizados al momento de las 551 Carlos Portales, «Democracia y relaciones EE.UU. Chile: Discurso y realidad», Cono Sur 4, Nº 2 (1985): 6.

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protestas552, y aun cuando los partidos políticos estaban aquejados por disputas internas y carecían de una visión clara para poner fin a la dictadura, la movilización en las poblaciones en ningún momento logró fijar la pauta de la discusión nacional más allá de la preocupación que generaba la violencia con la que se vivían las jornadas de protesta. En el momento más álgido de la represión, en la jornada de protesta de agosto de 1983, cuando el régimen sacó más de 18.000 soldados a las calles para controlar las protestas en las poblaciones, dejando un saldo de 100 heridos y 27 muertos, las demandas de los pobladores quedaron sumidas bajo las condenas a la represión de las organizaciones de derechos humanos553 y el silencio de la oposición política554. A medida que los partidos comenzaron a controlar los tiempos de la oposición, se comenzó a presentar la idea de que los problemas de los pobladores solo podían solucionarse con el cambio de régimen, subordinando así las demandas de los pobladores por derechos sociales a las demandas institucionales de los partidos555. Esto no implicaba que los partidos no tuvieran interés en las organizaciones de base. Dado que la tendencia de los partidos políticos durante la dictadura –en palabras de un observador contemporáneo– se limitó “a una visión ‘cortoplacista’ que privilegió lo ‘agitativo’, que menospreciaba las lentas tareas de reorganización y el trabajo cultural, que gastó sus esfuerzos en la lucha interpartidaria, metafóricamente presentada como la disputa de los papeles de la vanguardia”556, las organizaciones de base representaban el fruto de casi una década de tedioso y lento trabajo de reconstrucción

Bruey, «Organizing Community: Defying Dictatorship in Working-Class Santiago de Chile, 1973-1983». 553 Bastias Saavedra y Rinke, «Rumour Propagation as Social Control: A case from dictatorial Chile». 554 Rodrigo Baño, Movimiento popular y política de partido en la coyuntura crítica del régimen (1983-1984), Documento de Trabajo (Santiago, Chile: FLACSO, 1985), 29. 555 Hernán Pozo, Partidos Políticos y Organizaciones Poblacionales I: Una relación problemática, Documento de Trabajo (Santiago: FLACSO, 1986). 556 Tomás Moulián, «La crisis de la izquierda», Revista Mexicana de Sociología 44, Nº 2 (1982): 650. 552

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política que los partidos, con excepciones, se habían negado a realizar. Así, a medida que retomaban la posición hegemónica en la definición de los contenidos de la contienda política, los partidos comenzaron a reconstruir su representación de base “dedicando sus mayores esfuerzos a colonizar un movimiento social que había adquirido importantes grados de autonomía”557. Esto se manifestó en arremetidas desde las élites partidarias para designar a los líderes de las organizaciones, controlar sus agendas e imponer sus visiones sobre el proceso político. En octubre de 1983, por ejemplo, la directiva del PDC llamó a sus militantes a poner sus cargos a disposición del partido558. Esto significó básicamente que la directiva del partido estaba asumiendo la autoridad de ratificar el rol de los militantes en las organizaciones, a pesar de que muchas habían sido formadas y funcionaban de acuerdo con diferentes definiciones políticas y sociales. Por lo mismo, muchos activistas, debido a su doble militancia, tuvieron que tomar una decisión: rechazar las instrucciones del partido o renunciar a su rol de representantes de sus comunidades559. El comienzo de la colonización de las organizaciones de base –que habían funcionado como espacios sociales pluralistas– generó tensiones entre sus miembros. Como lo reconocieron los equipos zonales de la Vicaría de la Solidaridad, la intromisión de los partidos afectó el funcionamiento general de las organizaciones, provocó desincentivos para una participación más amplia de la comunidad y se configuró como una de las mayores fuentes de autoritarismo dentro de las organizaciones560. Estas 557 Baño, Movimiento popular y política de partido en la coyuntura crítica del régimen (19831984), 47. 558 El Mercurio, 17/10/1983. 559 Pozo, Partidos Políticos y Organizaciones Poblacionales I: Una relación problemática, 65. 560 “En particular el trabajo desarrollado con la organización de las ollas comunes pretende apoyarlas aportando en sus problemas de recursos, organización y capacitación. Interesa enfrentar al interior de las ollas el problema del autoritarismo, tanto de los dirigentes como de las bases que a juicio del ES [equipo de solidaridad] en la práctica entorpecen e impiden la mayor participación y reaparece con mucha fuerza, especialmente desde los partidos políticos”. Piña, Proyecto de Apoyo a la Organización de Ollas Comunes, 1985, 12.

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tensiones se manifestaron sobre todo entre los partidos que privilegiaban la movilización social como estrategia de lucha contra la dictadura. En un comienzo, las organizaciones participaron entusiastamente en las jornadas de protesta y en las diversas manifestaciones que se produjeron a partir de 1983. Sin embargo, con el correr del tiempo, se hizo claro que los fines últimos de las organizaciones distaban mucho de los objetivos de los partidos. Mientras estos buscaban intensificar la movilización social como un modo de mejorar su posición respecto de otros actores de la oposición y poner presión sobre el régimen, aquellas se habían construido a base de metas de largo plazo que contenían elementos de autoformación y desarrollo comunitario. Estas tensiones fueron señaladas por una activista de base, quien con su organización, una bolsa de mujeres cesantes de la zona Sur de Santiago, se había unido al frente femenino del MIR, el MUDECHI: Al principio estuvimos todas de acuerdo por la línea que en teoría tenía MUDECHI. Después algunas empezamos a ver que era teoría, que le interesaba solamente la movilización social, la mujer para salir a la calle o para apoyar al compañero que estaba en huelga de hambre en el cobre. Nosotras estábamos por la capacitación, integrábamos más mujeres en esa línea, pero nos decían que no había tiempo para eso y nos acusaban de ser ‘combatientes de mesa’. Las que estábamos más en la onda del desarrollo de la mujer, de la formación, nos retiramos y formamos ‘las Domitilas’561.

Otras activistas fueron más lejos, señalando que los partidos, más allá de sus objetivos políticos de corto plazo, carecían de una visión clara sobre el rol de la mujer en la sociedad. En ese sentido, el énfasis puesto por los partidos políticos en la movilización social 561

Reproducido en Valdés y Weinstein, Mujer, acción y debate. Se hace camino al andar, 98.

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era visto como carente de contenidos y sobre todo de ideas que tuvieran relación con la situación de los pobres y, en específico, de las mujeres pobres: “Como organización de mujeres pobladoras, somos una organización popular, estamos por la movilización social […] y estamos en desacuerdo con los partidos que están planteando la movilización social como solución”562. En muchos casos, los conflictos entre las organizaciones de mujeres con los militantes políticos tenían fuertes tonos sexistas, y las mujeres que hablaban en términos feministas y a favor de la democratización de las relaciones de género cotidianas eran tratadas peyorativamente de ‘lesbianas’563. Las tensiones existentes entre los partidos políticos y las organizaciones también se reprodujeron entre las instituciones de apoyo. Mientras algunas insistían en la necesidad de aumentar la presión pública sobre el régimen, otras continuaban favoreciendo el trabajo de fortalecimiento y acompañamiento de las organizaciones de base y sus redes. Así, las instituciones de apoyo se dividieron entre aquellas que se mantuvieron en la línea de trabajar para “la reconstrucción del movimiento popular en la base” y aquellas que “favorecían las acciones políticas de resistencia pública”564. Sin embargo, otras instituciones de apoyo comenzaron a distanciarse completamente del movimiento popular a medida que se perfilaban ya como think-tanks de los partidos políticos de la oposición. Así, los estudios que en años anteriores destacaban el potencial democratizador del movimiento poblacional, se enfocaron cada vez más en negarles agencia histórica. En su doble rol de dirigente político y sociólogo, Eugenio Tironi, entonces director de la ONG SUR y dirigente del MAPU, encabezó el estudio de los pobladores desde las teorías de la privación relativa y las ideas de Durkheim sobre

Ibíd., 54. Ibíd., 53-58. 564 Garcés, «ECO, las ONGs y la lucha contra la dictadura militar en Chile. Entre lo académico y lo militante», 6. 562 563

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la anomia565. “Si Marx había anunciado el fantasma del comunismo encarnado en el proletariado –escribía Tironi en 1986–, en la sociedad chilena de hoy el fantasma parece ser otro, como otros también serían sus soportes: el fantasma de la desintegración social, cuya encarnación más patente es aquella masa que, a falta de otra identidad, se le denomina ‘pobladores’”566. El politólogo y dirigente democratacristiano Genaro Arriagada entregó una caracterización similar, representando a las poblaciones como lugares compuestos de “individuos desorganizados y pocas organizaciones, débiles y mal financiadas de unos cuantos miles de residentes”567. Esta interpretación se impuso en gran parte de la sociología local, la cual caracterizaba a los pobladores como una masa que simplemente respondía a estímulos externos y que por ello no podía ser una fuerza social proactiva o racional. Así, los pobladores y sus organizaciones, desde el canon de la academia, eran despojados de su capacidad de ser agentes de cambio568. 565 Las teorías de la privación relativa se desarrollaron a lo largo de las décadas de 1950 y 1960 para explicar las causas del conflicto social y la protesta. En estas teorías, el conflicto social y la protesta se explicaban por el deterioro de las condiciones económicas y materiales de la población. La principal característica de estas teorías es que, a diferencia de las perspectivas de movilización de recursos, más que establecer relaciones entre condiciones económicas y organización colectiva, las teorías de la privación relativa enfatizan las causas psicológicas de la protesta y sostienen que el conflicto social es una consecuencia de la frustración acumulada y la agresividad resultante de necesidades insatisfechas. Este tipo de estrategia explicativa, sin embargo, ha venido en declive en la teoría de los movimientos sociales desde la década de 1970. Desde 1980, las teorías de la privación relativa han tenido una penetración importante en la explicación del conflicto social en Chile y aún siguen vigentes. Por ejemplo, para explicar las movilizaciones estudiantiles del 2011, muchos analistas plantearon que respondían a la frustración producto de las crecientes expectativas de una nueva clase media que no encontraba su correspondencia con las instituciones existentes. Para una perspectiva crítica ver: Franzosi, The Puzzle of Strikes. Class and State Strategies in Postwar Italy; McAdam, McCarthy, y Zald, Comparative perspectives on social movements: political opportunities, mobilizing structures, and cultural framings; John D. McCarthy y Mayer N. Zald, «Resource Mobilization and Social Movements: A Partial Theory», American Journal of Sociology 82, Nº 6 (1977): 1212-1241; Tarrow, Power in Movement. Social Movements, Collective Action and Politics. 566 Eugenio Tironi, «La revuelta de los pobladores. Integración social y democracia», Nueva Sociedad 83 (1986): 25. 567 Genaro Arriagada, Pinochet. The Politics of Power (Boston: Unwin Hyman, 1988), 61. 568 Guillermo Campero, Entre la sobrevivencia y la acción política: las organizaciones de pobladores en Santiago (Santiago: ILET, 1987), 252.

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Aquí ya comenzaban a trazarse los rasgos generales de la actitud que asumirán los partidos de la centro-izquierda una vez iniciada la transición a la democracia. En cierta medida, los teóricos políticos de la futura Concertación se reapropiaron de la tesis de la marginalidad que había estado en la base de la promoción popular, pero en lugar de aplicarla para integrar a los marginales a la sociedad, la usaron para negarles su agencia política. La teoría de la marginalidad desarrollada en el DESAL había postulado la existencia de grupos sociales que estaban “separados” de la sociedad, excluidos de la participación de beneficios y aislados de la toma de decisiones sociales y políticas. Los pobladores representaban este sector incapaz de superar por sí mismo su condición de marginalidad, caracterizado por bajos niveles de educación y acceso a la cultura, participación residual en la economía por medio del empleo informal y escasa capacidad de organización para participar de modo institucional con la sociedad política569. El aspecto fundamental de esta teoría, sin embargo, era que los marginales serían capaces de superar ese estado por medio de una agencia externa, un vacío que sería llenado por el programa de promoción popular. En la lectura de los teóricos de la izquierda proto-concertacionista la condición de anomia y desorganización social de los pobladores –una lectura que como veremos no se condecía con la realidad– no era para cubrir la necesidad de dirigir el trabajo político en esa dirección, sino que más bien para establecer una desvinculación completa con la base. Esta desvinculación con la base fue la manera en que la izquierda comenzó a rearticular su agenda política, lo que implicaba la renuncia a una relación con bases sociales específicas y la imposición del principio de una política s in política. En un libro de 1985 el sociólogo de FLACSO, Rodrigo Baño, trazó los supuestos básicos en los que se sustentó la línea divisoria, 569 Giusti, «El programa de promoción popular en Chile. Un intento de organización política de los sectores populares», 8-9.

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irremontable, en tre los partidos políticos y las organizaciones de base. Definiendo la relación entre lo político y lo social como “el dilema clave del movimiento popular”, su argumento central fue que los pobladores vivían un proceso de ‘politización objetiva’ que iba acompañado de un proceso de ‘despolitización subjetiva’. En otras palabras, mientras las condiciones dictatoriales obligaban a la organización de los sectores populares, empujándolos a procesos de politización efectiva, estos sectores desconocían o simplemente rechazaban el carácter político de su organización570. Según Baño, esto radicaba en que los movimientos populares reificaban la distinción analítica entre lo social y lo político como un hecho de naturaleza. De los focus groups, Baño concluyó que las identidades colectivas de los participantes generaban cierta impermeabilidad entre lo social y lo político: “Esto aparentemente tiene que ver con el hecho de que la política en general y los partidos políticos en particular aparecen como sujetos externos que se han apropiado de las relaciones genéricas de poder”571. El problema que veía el autor era que esta predisposición de los pobladores dificultaba la capacidad de articular relaciones entre “movimiento sindical, movimiento poblacional y partidos políticos”572. Aunque Baño reconoció que la fuente de los problemas eran las relaciones de poder, su análisis se equivocaba al situarlo como un fenómeno que surgía de la percepción subjetiva de los actores más que de las prácticas vividas que caracterizaban la relación entre ellos. Las organizaciones de base tenían un sentido político en su actuar y, como hemos visto en capítulos anteriores, estimulaban el carácter democrático, pluralista y autónomo de su funcionamiento interno. En función de su agencia externa, algunas organizaciones sociales llegaron a concebir sus tareas en la línea de “convertirse en agente político que levante el proyecto de clase y estimule la parRodrigo Baño, Lo social y lo político. Un dilema clave del movimiento popular. FLACSO, Santiago, 1985, 12. 571 Ibíd., 156. 572 Ibíd., 153-154. 570

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ticipación de las masas”573. Las organizaciones de pobladores veían en este sentido la posibilidad de cooperar con los partidos en la búsqueda de objetivos comunes: “la relación que debe haber entre el partido popular y la organización social popular, es una relación de colaboración, ya que el objetivo es el mismo”574. No fue, entonces, una impermeabilidad subjetiva lo que distanció a las organizaciones de base de los partidos políticos, sino que fueron las prácticas concretas a través de las cuales estos intentaron ejercer su dominio sobre aquellas. En palabras de una activista en 1987… […] el partido político es importante como también la organización social, entonces tenemos que trabajar unidos. Si el partido político se va a poner encima de las organizaciones sociales, no vamos a tener muchos puntos en común, y más aún si ellos nos ponen el pie encima como organización de mujeres575.

En una ilustración extraída de las conclusiones de un taller realizado por organizaciones de base de la zona Sur de Santiago (ver Figura 5.1.), las relaciones deseadas e indeseadas entre partidos políticos y organizaciones sociales fueron claramente representadas:

Coordinación Sur Oriente (Comités de Base), Comités de Derechos Humanos. Organizaciones Sociales Populares: Conclusiones de Jornada del 30 de Enero, 1988, January, 1988, 8. FOS-ARNAD. 574 Ibíd., 9. 575 Reproducido en Valdés y Weinstein, Mujer, acción y debate. Se hace camino al andar, 56-57. 573

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Figura 5.1.: Relaciones entre organizaciones sociales populares (OSP) y partidos políticos (PP)576

Así, desde la perspectiva de los activistas de base, “hoy no se da una buena relación, principalmente porque los partidos, en general, no respetan las características y opiniones propias de las OSP (organizaciones sociales populares), prefiriendo dedicar sus esfuerzos a hegemonizarlas”577. La sociedad civil entre la unidad y la autonomía Sociedad civil y movilización social: la semántica de la unidad A fines de 1983, a medida que leían sobre la democratización exitosa en Argentina, los chilenos se vieron confrontados con la paralización de su propia transición a la democracia. La ambivalencia de las dirigencias políticas terminó por agotar el ímpetu del movi576 Coordinación Sur Oriente (Comités de Base), Comités de Derechos Humanos. Organizaciones Sociales Populares: Conclusiones de Jornada del 30 de Enero, 1988, January, 1988, 13. FOS-ARNAD. 577 Ibíd., 9.

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miento de protesta. Un año que había comenzado con el quiebre de las filas en la base de apoyo del régimen y signos crecientes de unidad en la oposición terminó con una oposición dividida, un régimen recobrando el control y una sensación de estancamiento sobre las perspectivas de avanzar hacia la transición a la democracia. Esta situación provocó impaciencia en los sectores organizados que comenzaron a cuestionar las divisiones mostradas por la oposición política. En un nuevo escenario dominado por los partidos políticos, donde el diálogo entre la oposición y el régimen no lograba avances, las organizaciones de la sociedad civil resumieron la tarea de articular la unidad de la oposición al régimen. En diciembre de 1983, SERPAJ puso en circulación un boletín titulado “Un pueblo unido es semilla de libertad”, el cual en su editorial enfatizaba la ausencia de conducción demostrada por los partidos políticos: La presión popular permitió conquistar espacios propios en el escenario nacional. Al alero de este nuevo marco político las diversas organizaciones partidarias pudieron hacerse escuchar en la sociedad chilena después de muchos años de interdicción, llegando a conformar importantes alianzas en las cuales prima la voluntad por ganar vastas posiciones para la democracia chilena. Sin embargo, todavía no puede decirse que el pueblo deposite toda su confianza en los diversos conglomerados que disputan su adhesión, toda vez que no se observa una más clara y decidida tendencia a la unidad, sin la cual –el pueblo bien lo sabe– no será posible concretar con prontitud las aspiraciones de libertad y de justicia que deseamos para Chile […]. Para conquistar la Democracia, la unidad ahora es fundamental578.

Asimismo, el impulso hacia la formación de organizaciones que pudieran dar cabida a coaliciones mayores continuó a lo largo de 578 SERPAJ, Boletín del Servicio Paz y Justicia de Chile, Serpaj, Año VI, diciembre 1983. FOS-ARNAD.

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1983. Ese mismo mes de diciembre, militantes de diferentes partidos de la oposición y unas veinte organizaciones de mujeres formaron la coordinadora Mujeres por la Vida. En su primera declaración pública, Mujeres por la Vida hizo un llamado a la unidad para la democracia, un “cambio que debe ser logrado hoy y no mañana, un cambio que exige la agregación de voluntades, porque ninguna diferencia puede ser tan seria y grave como para dividir a aquellos que se oponen a este sistema de muerte. Trabajemos unidos para restablecer una democracia real y plena”579. Mujeres por la Vida continuó trabajando en los años siguientes para “unificar y educar”. Su tarea educativa intentaba atraer a las mujeres que aún no estaban involucradas, y aumentar la consciencia social sobre temas de la mujer a través de una combinación de protesta y trabajo de base. Su objetivo era lograr la democracia tanto en el país como en la casa. Sin embargo, a diferencia del trabajo educativo, los esfuerzos por la unidad no fueron tan exitosos. Aunque la organización había sido capaz de reunir activistas a través de divisiones ideológicas y de clase en intercambios de información y apoyo mutuo, el panorama dentro de la oposición política seguía siendo desalentador. En 1986, cuando la transición seguía estancada, y las disputas entre los partidos de la oposición eran seguidas con perplejidad por los sectores democráticos organizados, Mujeres por la Vida señalaba con cierta frustración que “donde los partidos políticos siguen sin ponerse de acuerdo, aún cuando la dictadura les provee un enemigo común; la búsqueda de la unidad no siempre es fácil”580. La intensificación de la represión en respuesta a la creciente movilización de diferentes sectores de la oposición incrementó el trabajo de las organizaciones de derechos humanos, pero también ayudó a estrechar su colaboración mutua. Tal como la desaparición de personas caracterizó la represión en los primeros años de 579 580

Análisis, Nº 69, 22 noviembre-6 diciembre, 1983. Mujeres por la Vida, Proposal for Funding, junio, 1986, 2. CD-MM.

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la dictadura, el comienzo de las protestas produjo un creciente uso de la tortura como forma de intimidación. El Movimiento Contra la Tortura Sebastián Acevedo, formado y estimulado por organizaciones cristianas de base, curas, monjas y pobladores, comenzó a realizar manifestaciones cortas frente a las casas donde la CNI torturaba a los detenidos, ocupando las calles y desplegando lienzos en los que se podía leer “Aquí se está torturando”581. Este movimiento contó con el apoyo de SERPAJ, que desarrolló escuelas de no-violencia activa, enseñando a los activistas cómo responder al acoso de la policía y qué hacer en caso de detención582. El Movimiento Sebastián Acevedo nunca llegó a crecer más allá de unos 300 participantes, pues optó por el compromiso de manifestantes experimentados que no respondieran con violencia a las acciones de Carabineros. El movimiento tenía una fuerte carga religiosa y una composición ecuménica. También, a nivel más institucional, se formó la Comisión Nacional Contra la Tortura (CNCT) en 1983 con la participación de las principales organizaciones de derechos humanos –como la Vicaría de la Solidaridad, la Comisión Chilena de Derechos Humanos, la Comisión Pro-Derechos Juveniles, entre otras–, además de FLACSO y representantes de la Iglesia católica583. Ese mismo año, la coordinación de las organizaciones de derechos humanos se intensificó aún más con la creación del Plenario de Organizaciones de Derechos Humanos, el cual contó con la participación de la Vicaría, FASIC, el CODEPU, el SERPAJ, la CNCT y la CCHDH584. Los estudiantes universitarios, por su parte, comenzaron a formar coaliciones que buscaban acercar las

Para una visión más detallada de este grupo ver Hernán Vidal, El movimiento contra la Tortura «Sebastián Acevedo»: derechos humanos y la producción de símbolos nacionales bajo el fascismo chileno (Minneapolis, Minn: Institute for the Study of Ideologies and Literature, 1986). 582 F. Aliaga, SERPAJ, La no violencia durante la dictadura, [prob. 1989]. ACCHDH. 583 Comisión Nacional Contra la Tortura, Comisión Nacional Contra la Tortura. Memorias 1983-1990. Una parte de la Historia de Chile (Santiago, [prob. 1990]). 584 Plenario de Entidades de Derechos Humanos, Diálogos sobre Derechos Humanos y la aplicación de Justicia en la transición a la Democracia. Acta de la segunda sesión realizada el lunes 26 de agosto de 1985, 26/8/1985. FDAVS. 581

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posiciones de la oposición por medio de la reestructuración de las confederaciones. El 20 de mayo de 1984 trece federaciones de estudiantes formaron la Coordinadora Sur de Organizaciones Estudiantiles como forma de contribuir con “la urgente tarea de formar una organización nacional”. En una reunión en Valparaíso el 27 de octubre de 1984, las federaciones estudiantiles de las más importantes casas de estudios formaron la Coordinadora Nacional de Estudiantes Universitarios, bajo control conjunto del PDC y el PC, con el objetivo de crear una “Federación Unitaria de Estudiantes Universitarios”. El 31 de octubre de 1984 se formó la Organización de Estudiantes del Norte, que agrupó a las federaciones de las universidades del norte del país. Asimismo, una coalición del PDC y el MDP ganó las elecciones para la directiva de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (FECH). Los integrantes de estas diferentes organizaciones viajaron a lo largo del país durante 1985 para generar adhesión para la formación de una Confederación de Estudiantes de Chile (CONFECH)585. Los sindicatos fueron quizás el único sector organizado que se polarizó de acuerdo con las tensiones entre comunistas y democratacristianos. La unidad de las centrales sindicales se quebró irreversiblemente a partir de las jornadas nacionales de protesta y la CNT entró en un estado de estagnación tras de las tensiones que surgieron a partir de las divergencias sobre la estrategia para derrocar la dictadura. Este problema se hizo patente sobre todo entre los sectores anticomunistas del sindicalismo, cuando en julio de 1984 la Unión Democrática de Trabajadores abandonó la CNT por la creciente influencia del Partido Comunista, despojando así a la organización de más del 50 por ciento de sus miembros586. A

585 Central Nacional de Informaciones, CNI, Memorandum Obj: Informa creación de la Confederación de Federaciones de Estudiantes de Chile (CONFECH), 22/6/1985. CD-MM. 586 G. Jones, Jefe de Misión Adjunto, Embajada EE.UU. Santiago, Foreign Labor Trends Report (1-1-85 to 12-31-85), abril, 1986, 3-4. DNSA. Hardy señaló que, con sus 250.000 miembros, la UDT era la más grande de las centrales sindicales agrupadas en la CNT, representando un 54% de la afiliación total. Cf. Clarisa Hardy, La ciudad escindida (Santiago: PET, 1989), 169.

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fines de octubre de 1984, la Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres indicó que sus esfuerzos por reunificar al movimiento sindical se habían encontrado con problemas insalvables, especialmente dentro del sindicalismo democratacristiano: El movimiento sindical no escapa a las dificultades que se observan en el sector político. En efecto, el esfuerzo que realizó la CIOSL en Mendoza para incentivar la unidad del movimiento sindical democrático chileno se ha visto frustrado por los recientes acontecimientos ocurridos al interior de la Democracia Cristiana, una fuerza política que en este momento tiene bastante peso dentro del sindicalismo chileno […]. Así es que no debe extrañar que los debates, problemas y decisiones que se hacen al interior de ese partido resulten bastante decisivos para el futuro del sindicalismo chileno587.

El último intento por lograr una unidad masiva de la oposición fue la conformación de la Asamblea de la Civilidad en 1986. Inspiradas por los derrocamientos de los dictadores Jean-Claude Duvalier en Haití y Ferdinand Marcos en Filipinas tras campañas de desobediencia civil masivas en febrero de 1986, las diferentes organizaciones de la sociedad civil y los partidos ubicados del centro hacia la izquierda vieron nuevamente una oportunidad de lograr una transición a la democracia por medio de la movilización social. Esta ocasión también era vista como la última oportunidad de lograr un cambio de régimen antes de que comenzara el itinerario trazado en las disposiciones transitorias de la Constitución de 1980. El Partido Comunista contribuyó a aumentar la sensación de la inminencia del cambio al denominar el año 1986 “el año decisivo”. El 25 de marzo, la Federación de Colegios Profesionales emitió un comunicado llamando a todas las “organizaciones sociales” a 587 Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres, [CIOSL], Undécima reunión del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos y Sindicales en América Latina, 11/10/1984. FDAVS.

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participar en la formación de una Asamblea de la Civilidad. Con esta iniciativa, se intentó una vez más enfrentar a la dictadura desde las organizaciones que habían sido reconstruidas durante el periodo, tratando de desplazar nuevamente el protagonismo desde los partidos políticos hacia la sociedad civil. La convocatoria reconocía el protagonismo que tuvieron estas organizaciones durante la dictadura, pero también vio en la acción gremial y corporativa una fuente de debilidad para confrontar al régimen: Con tesón y trabajo cada una de estas organizaciones fue ganando un espacio vital en la vida nacional, fue adquiriendo legitimidad y siendo cada vez más representativa de los intereses de su propia gente. Cada una de estas organizaciones, con sus propios medios y estilo, ha luchado incansablemente para buscar una solución a los problemas que les aquejan […]. En forma independiente cada una de las organizaciones sociales de este país ha llegado a la convicción de que sus problemas no podrán ser resueltos dentro del estrecho marco de su propio sector […]. Ha llegado la hora de buscar una solución global a la crisis a la que se nos ha arrastrado. El pueblo de Chile a través de sus organizaciones representativas, está hoy en condiciones de definir con claridad cuáles son sus aspiraciones y buscar ¡ahora!, ¡no mañana! una definición clara y tajante del Gobierno respecto de ellos588.

Esta propuesta de unificar las aspiraciones de las diversas organizaciones en cierta medida fue una respuesta institucional tardía al proceso de acercamiento que se había producido en las primeras jornadas nacionales de protestas en mayo y junio de 1983, cuando los diversos sectores organizados dejaron de lado las demandas sectoriales y se unieron para pedir el fin de la dictadura. En esa ocasión, sin embargo, la falta de una instancia orgánica que pudiera Federación de Colegios Profesionales Universitarios de Chile, Carta de convocatoria a la Asamblea de la Civilidad, 25/3/1986, pp. 2-3. ACCHDH.

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coordinar a los diversos grupos para exigir el fin de la dictadura, y la debilidad que demostró la CNT como único agente que intentó asumir esa función, terminaron por dejar la dirección de la oposición en manos de los partidos políticos. Tres años más tarde, en vistas del rotundo fracaso de la conducción política de acelerar la transición a la democracia, las organizaciones de la sociedad civil retomaron la iniciativa, urgidas por la apertura de los registros electorales y el plebiscito establecido en la Constitución. Como antes había sido el ‘Pliego de Chile’, levantado por las organizaciones de la clase media para presionar a Allende, la Federación de Asociaciones Profesionales decidió que la Asamblea de la Civilidad debía elaborar un documento único que reflejara tanto las aspiraciones sectoriales como globales de la sociedad civil organizada; “una última y definitiva demanda al Gobierno”: la Demanda de Chile589. A modo de advertencia al régimen, y con un guiño al derrocamiento de los dictadores ocurrida recientemente en otras latitudes, el llamado concluía diciendo: “Si por desgracia la obcecación o la ambición sin límite de algunos, cerraran todos los caminos de solución, los chilenos sabremos que ya no nos quedará otra alternativa que la desobediencia civil y el paro definitivo para devolver a Chile su LIBERTAD”590. La Demanda se preparó en los primeros días de abril en una Asamblea que fue atendida por los representantes de más de 250 organizaciones, desde asociaciones profesionales hasta pobladores, cubriendo prácticamente la totalidad del espectro social y político de la oposición591. Al hacer entrega de la declaración al Ministro del Interior se fijó el 31 de mayo como la fecha límite para la respuesta del Gobierno. Al no llegar respuesta, se convocó un Paro Nacional para los días 2 y 3 de julio, el cual fue precedido por una Ibíd., 3. Ibíd., 4. 591 Jorge Pizarro, «La movilización social en la lucha democrática: el caso de la Asamblea de la Civilidad en el Año Decisivo» (Tesis Licenciatura, Pontificia Universidad Católica de Chile, 2003), 149-152. Agradezco al autor el haberme facilitado una versión digital de su manuscrito. 589 590

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amplia campaña de agitación social. Durante el mes de junio se constituyeron 28 Asambleas Provinciales a lo largo del país para coordinarse en torno a la Demanda de Chile. Asimismo, comenzaron protestas sectoriales enmarcadas en la campaña de ‘desobediencia civil’ propuesta por la Asamblea, como la jornada nacional de protesta estudiantil del 2 de junio y el paro de la CONFECH del 16 de junio. El 18 de junio el Departamento Femenino del Comité Unitario de Pobladores realizó una manifestación de apoyo a los estudiantes en la Plaza de Armas. Al día siguiente, Mujeres por la Vida y la AFDD realizaron protestas en diversos puntos de Santiago, las cuales fueron seguidas de diversas protestas hasta fines de junio. La campaña de difusión del paro resultó ser tremendamente efectiva y, tal como en las primeras jornadas de protesta, los organizadores planificaron una serie de actividades para la jornada: No concurrir a los lugares de trabajo; no efectuar compras; no realizar trámites; a las 12:00 horas, concurrir a las plazas de armas de todas las ciudades del país y cantar la Canción Nacional; a las 14:00 horas retirarse a los respectivos barrios; a las 20:30 horas escuchar el himno de la DEMANDA DE CHILE (que será transmitido por distintas radioemisoras); apagar la luz; encender velas en las calles, tocar cacerolas, pitos, bocinas y campanas592.

La difusión de la campaña se hizo durante todo el mes a través de las revistas independientes y la distribución masiva de panfletos. El Embajador de los Estados Unidos, Harry Barnes, escuetamente resumió el clima de expectación generado por el paro: “Solo los sordos, mudos y ciegos esperan que las cosas funcionen con normalidad durante esos dos días”593. La protesta fue la más masiva y

Vicaría de la Solidaridad, Informe Mensual, julio 1986, 14. FDAVS. H. Barnes, Embajador, Embajada EE.UU. Santiago, General Strike Outlook, julio, 1986, 36. DNSA.

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amplia que ocurrió en dictadura, y tuvo amplias repercusiones para la estabilidad del régimen594. La anticipación generada por el paro obligó al régimen a hacer un despliegue desmedido de fuerza, y la represión fue correspondientemente dura. En la madrugada del 2 de julio el Ejército fue sacado a las calles para controlar las principales ciudades del país, un acontecimiento que no había ocurrido desde la jornada de protesta de agosto de 1983. Ese mismo día por la tarde, el jefe de zona en Estado de Emergencia dictó el bando Nº 46 que restringía las transmisiones de las radios Chilena, Cooperativa, Carrera y Santiago a publicidad, música e informaciones oficiales del Gobierno595. El 3 de julio, soldados con las caras pintadas y armados de metralletas, tanquetas y armamento pesado fue desplegado por las poblaciones de Santiago. En total, las dos jornadas de protesta dejaron un saldo de ocho muertos, pero el caso de Rodrigo Rojas y Carmen Gloria Quintana, quienes fueron quemados vivos, capturó la atención tanto nacional como internacional. El caso de los dos jóvenes quemados marcó el enfriamiento de la relación entre Estados Unidos y el régimen militar, lo cual se reflejó rápidamente en el llamado que el Departamento de Estado hizo al Gobierno chileno a distinguir “entre los responsables de los actos de violencia y los ciudadanos que participan de demostraciones de protestas pacíficas”596 y en la participación del Embajador Harry Barnes en los funerales de Rodrigo Rojas. Paradójicamente, el éxito del paro revivió las tensiones y las divisiones de la oposición política, quedando de manifiesto que el estancamiento reaparecía cada vez que los partidos políticos intentaban ponerse a la cabeza del proceso. Un nuevo llamado para la realización de una marcha y un acto el 28 de noviembre de 1986 se vio confrontado con la resistencia de la Alianza DemoAlfredo Riquelme, Rojo Atardecer. El comunismo chileno entre dictadura y democracia (Santiago: DIBAM, 2009), 133. 595 Vicaría de la Solidaridad, Informe Mensual, julio 1986, 16. FDAVS. 596 Vicaría de la Solidaridad, Informe Mensual, julio 1986, p. 20. FDAVS. 594

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crática. Los dirigentes políticos convencieron al Presidente de la Asamblea, el doctor democratacristiano Juan Luis González, de que suspendiera el evento dado que se les había negado el permiso. Como había ocurrido en las jornadas del año 1983, la AD veía como fundamental detener la movilización para no entorpecer las conversaciones con las Fuerzas Armadas, dado que los generales Fernando Matthei y Rodolfo Stange les habían planteado explícitamente su rechazo a su abierta participación con los comunistas en las manifestaciones. Por su parte, el MDP apostaba por llevar adelante la movilización, aún sin la participación de la AD o de la Asamblea de la Civilidad, encontrando el apoyo del Comando Nacional de Trabajadores y otros sectores de la Asamblea597. La última oportunidad para organizar una protesta masiva contra el régimen en el ‘año decisivo’ se esfumó así nuevamente ante las vacilaciones de los dirigentes políticos. Como una hidra de muchas cabezas, la oposición política no entregó la conducción que los sectores democráticos demandaban. El fracaso de los partidos políticos para forjar alianzas fuertes capaces de enfrentar al régimen contribuyó finalmente a incrementar la polarización y condujo a la desmovilización de la población. El descubrimiento de los arsenales en Carrizal Bajo en agosto de 1986 demostró que el estancamiento del proceso político había contribuido al fortalecimiento de la infraestructura del FPMR desde 1983. El atentado en contra de Pinochet el 7 de septiembre de 198 6 reflejó, por su parte, que ante la imposibilidad de imponer la lógica de la movilización sustentada por coaliciones amplias debido a las posiciones irreconciliables entre los partidos de centro-derecha y el Partido Comunista, la lógica de la lucha armada tuvo la última palabra. El resultado fue un nuevo incremento de la represión por medio de la declaración del Estado de Sitio, la persecución de

597 G. Jones, Jefe de Misión Adjunto, Embajada EE.UU. Santiago, November 28 Rally of Civic Assembly officially suspended, but communists and friends may stage it anyway, noviembre, 1986. DNSA.

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los militantes comunistas, demostraciones de solidaridad nacional e internacional hacia Pinochet, y la desmovilización de las organizaciones. La ausencia de conducción de la oposición política demostrada en las vacilaciones respecto del movimiento de protesta y las divisiones ampliamente publicitadas de los partidos terminaron por favorecer la continuidad del régimen y su itinerario para la transición. El desacoplamiento de las organizaciones de base Como hemos visto, el ambiente altamente politizado que surgió después de las protestas y los intentos de colonización de los partidos políticos generaron tensiones y divisiones sobre las organizaciones de base, pero también tuvo efectos cuantitativos y cualitativos que hacia el periodo dictatorial tardío transformaron el rostro de las poblaciones chilenas. Cuantitativamente, hubo un aumento importante en el número de organizaciones y coordinadoras en las diversas poblaciones del país a partir de 1984. Cualitativamente, las organizaciones de base lograron mayores niveles de autonomía tanto de los partidos políticos como de las instituciones de apoyo, además de consolidarse como organizaciones con mayores grados de complejidad interna. A medida que las divisiones de la oposición política estancaban las perspectivas de un pronto retorno a la democracia, las organizaciones de base siguieron trabajando en sus proyectos de largo plazo destinados a terminar con la desigualdad económica, lograr condiciones de vida más digna, estimular proyectos de autoformación y mejorar la calidad de las comunicaciones dentro de sus comunidades. Contrario a la caracterización provista por los cientistas sociales de la época, las poblaciones del periodo dictatorial tardío difícilmente podían ser calificadas como reflejo de ‘desintegración social’, habitadas por ‘individuos desorganizados’, ocupados en ‘unas pocas organizaciones’. Según cifras conservadoras basadas solo en las organizaciones de subsistencia, el PET estimó que el 248

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número de organizaciones de base se cuadruplicó entre 1982 y 1988, mientras que la cantidad de participantes aumentó en casi 10 veces (ver Tabla 5.1.). De acuerdo con esta estimación, hacia 1988 casi el 15 por ciento de los habitantes de las poblaciones de Santiago participaban en algún tipo de organización de subsistencia598. Si uno incluyese otras organizaciones no directamente relacionadas con la subsistencia tales como grupos culturales, comités de derechos humanos, colectivos de jóvenes y grupos de mujeres, la cifra anterior podría ser de 20 por ciento599. Otros autores han estimado que la participación en organizaciones de base llegaba a las 250.000 personas en 1985, es decir, tres veces más que la estimación del PET para el mismo periodo600. En todo caso, estas cifras se refieren sobre todo a las organizaciones de Santiago y la Región Metropolitana, pero son inexactas a nivel de organización a escala nacional. Una evaluación de la Fundación Ford, por ejemplo, establecía que en 1988 la Vicaría de la Solidaridad apoyaba a 2.200 organizaciones en Santiago y casi 8.000 en todo el país601. Así, las cifras conocidas sobre las organizaciones de base debieran ser consideradas estimaciones que dan solo una imagen parcial de la organización y participación total en las poblaciones.

Hardy, La ciudad escindida, 189. Pozo, Partidos Políticos y Organizaciones Poblacionales I: Una relación problemática, 41. 600 Vicente Espinoza, Los pobladores en la política (Santiago: SUR Profesionales Consultores, 1985), 12. 601 In M.E. Crahan, Occidental College,Evaluation of the Chilean Commission of Human Rights and the Vicaríate of Solidarity. (Prepared for the Ford-Foundation Lima Office), octubre, 1988, 24. ACCHDH; FDAVS. 598 599

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Tabla 5.1.: Organizaciones de subsistencia y participantes, Chile 1982-1985602

Las organizaciones y participantes no aumentaron en forma fragmentada o atomizada, sino que también aumentó la coordinación entre las organizaciones. Como vimos en capítulos anteriores, el impulso inicial hacia la formación de coordinadoras territoriales en dictadura vino de los comités de vivienda a comienzos de la década de 1980. A partir de 1984, estas coordinadoras comenzaron a multiplicarse aceleradamente de acuerdo con criterios tanto territoriales como funcionales603. Territorialmente, las coordinadoras servían para agrupar a todas las organizaciones de sectores específicos (población, comuna, zona); funcionalmente, agrupaban a las organizaciones de un mismo tipo604. De modo que había coordiCampero, Entre la sobrevivencia y la acción política: las organizaciones de pobladores en Santiago, 52; la información de 1988 es tomada de Hardy, La ciudad escindida, 190. No existe información para los participantes en el año 1984 y ha sido calculada de acuerdo con el número promedio de participantes por organización del año 1982. 603 Teresa Valdés, Marisa Weinstein y Ana María Malinarich, Las coordinadoras de organizaciones populares. Cinco experiencias, Documento de Trabajo (Santiago: FLACSO, 1988). 604 Piña, Proyecto de Apoyo a la Organización de Ollas Comunes, 1985, 11. 602

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nadoras por sector que agrupaban a las organizaciones de base en áreas específicas, y coordinadoras funcionales que agrupaban, por ejemplo, a todas las ollas comunes de una misma zona. Muchas de las organizaciones participaban simultáneamente en coordinadoras territoriales y funcionales, mientras otras también participaban en las coordinadoras de los partidos políticos605. Asimismo, las diferentes coordinadoras de distintos sectores intercambiaban información y planeaban actividades comunes, aumentando así los canales de comunicación y coordinación entre las organizaciones de base en prácticamente todas de las poblaciones de Santiago. El ritmo de formación de coordinadoras en relación con las organizaciones refleja una tendencia hacia una densidad creciente hacia 1986 (ver Tabla 5.2.). Tabla 5.2.: Organizaciones de subsistencia y coordinadoras, Chile 1982-1986606

605 Campero, Entre la sobrevivencia y la acción política: las organizaciones de pobladores en Santiago; Pozo, Partidos Políticos y Organizaciones Poblacionales I: Una relación problemática. 606 Valdés, Weinstein, y Malinarich, Las coordinadoras de organizaciones populares. Cinco experiencias, 9.

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Entre 1982 y 1986 tanto las organizaciones como las coordinadoras aumentaron a un ritmo acelerado, pasando de 495 organizaciones en 1982 a 1.386 en 1986 y de 5 coordinadoras a 63 en el mismo periodo. Esto aumentó sustancialmente la proporción de organizaciones por coordinadora. Mientras en 1982 había 99 organizaciones por cada coordinadora, en 1986 la proporción era de 22 a 1. En 1988, solo permanecían en funcionamiento unas 17 coordinadoras en la Región Metropolitana, mientras el número de organizaciones aumentó a 2.306, llegando así a haber casi 135 organizaciones por cada coordinadora. Así, el efecto desmovilizador del año 1986 no se sintió tanto en las organizaciones como en su capacidad de trabajar juntas. Como hemos señalado, en el periodo dictatorial tardío no solo hubo un cambio cuantitativo en la infraestructura organizacional de las poblaciones chilenas, sino que también hubo un cambio cualitativo relacionado con la creciente autonomía y complejidad adquirida por las organizaciones de base. Por un lado, dentro del complejo y plural panorama organizacional chileno, las organizaciones de base pudieron acrecentar su autonomía al no depender de instituciones de apoyo específicas, como había sido el caso hasta entonces. Si bien las organizaciones aún tenían un alto grado de dependencia de organizaciones externas, sobre todo para los gastos involucrados en la realización de sus actividades (locomoción, materiales para la confección de papelógrafos, panfletos y folletos, arriendo de equipos audiovisuales y lugares de reunión, etc.), la posibilidad de recurrir a diversas organizaciones para colaborar en la logística y financiamiento de las actividades aumentaba la autonomía de las organizaciones en la determinación de sus objetivos colectivos. Por otro lado, a través de las tensiones generadas por la aparición de los partidos políticos y la necesidad de tomar decisiones sobre la función última de la organización (por ejemplo, movilización o formación), las organizaciones fortalecieron la cohesión interna de sus miembros y, una vez que los objetivos habían sido explícitamente establecidos, pudieron mejorar la capacidad de gestión. 252

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Un buen ejemplo de esta transformación cualitativa es la trayectoria de la Coordinación Sur-Oriente (CSO) entre 1985 y 1988. Esta fue una coordinadora que agrupó a los comités de derechos humanos de base de la zona Sur-Oriente de Santiago afiliados a la Comisión Chilena de Derechos Humanos. Formada en 1985, la CSO estaba compuesta inicialmente por diez comités de base, y su objetivo era agrupar a todos los comités de derechos humanos del sector “para mejorar su funcionamiento”607. En una reunión del 30 de junio de 1985, la CSO se estructuró en tres departamentos: formación, comunicaciones y finanzas. Cada departamento debía proveer un delegado para la directiva de la coordinadora, y todos los comités miembro elegirían un secretario para asumir una función ejecutiva. Estando afiliada a la CCHDH, la CSO ayudó a coordinar programas para la zona y ambas realizaron un programa de formación para 40 miembros de los comités de base, dedicado a temas como teorías de los derechos humanos, gestión organizacional y estrategias de comunicación, entre otros608. La CSO también se encargó de organizar talleres sobre derechos humanos, donde diferentes expositores eran invitados a las poblaciones para discutir diferentes temas de relevancia nacional. En un taller en mayo de 1986, abogados de la Vicaría de la Solidaridad y de la CCHDH hicieron presentaciones en las que denunciaban los allanamientos en las poblaciones609. Hacia 1987, la CSO agrupaba a 17 comités de derechos humanos del sector610. La CCHDH coordinaba a unos doscientos comités de base a lo largo de Chile a través de su Departamento de Comités de Base, y funcionaba como su principal institución de apoyo611. La 607 Coordinación Sur-Oriente (Comités de Base), Derechos Humanos, Año 1, Nº 1. Hoja informativa de circulación interna, 1/8/1985. FOS-ARNAD. 608 Ibíd., 4. 609 Coordinación Sur-Oriente (Comités de Base), Informativo, Nº 3, 28/5/1986. FOS-ARNAD. 610 Coordinación Sur-Oriente (Comités de Base), Derechos Humanos. Boletin, Nº 2, mayo, 1987. FOS-ARNAD. 611 Comisión Chilena de Derechos Humanos, Síntesis del Trabajo del Departamento de Comités de Base, [prob. 1988]. ACCHDH.

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CCHDH gestionaba el arriendo de espacios para las reuniones y entregaba dinero para pagar transporte, publicaciones y la mayoría de las actividades organizadas por los comités de base. En este sentido, la CCHDH jugó un rol fundamental en el funcionamiento de la CSO. Esta relación, sin embargo, se comenzó a deteriorar hacia 1987. En un documento interno, la CCHDH indicaba que desde que la Coordinación Sur-Oriente “asumió una posición de autonomía y crítica y de no cooperación con la Comisión, se produjo en la zona una crisis, de la cual aún no salimos enteramente”612. La CSO, por su parte, escribió un editorial sobre las crecientes tensiones con la Comisión en su boletín informativo: Hacer trabajo en las bases y desde las bases no solo significa enfrentar la represión institucionalizada; significa enfrentar la incomprensión de los que no pueden entender un trabajo que no les pide auxilios a los ‘iluminados’ de las cúpulas. Significa enfrentar la presión de las organizaciones que se sienten legítimas (y únicas) representantes del pueblo aunque adopten líneas antipopulares613.

Las ‘líneas antipopulares’ eran en alusión a la posición de la CCHDH de alinearse con la estrategia de los partidos políticos para presionar por elecciones libres y privilegiar una transición formal a la democracia. La CSO, por el contrario, había comenzado a privilegiar una imagen distinta de lo que significaba la democratización. Entre 1985 y 1986, a través de talleres formativos y las diferentes instancias de encuentro, la CSO se había formado una “comprensión diferente de los derechos humanos”. Esta reevaluación cobró forma en un encuentro sostenido en noviembre de 1986, donde se concretaron sus reflexiones sobre la relación entre derechos, derechos humanos y el Estado. En otras palabras, comenzaron a pensar 612 Comisión Chilena de Derechos Humanos, Jornada Comités de Base Zona Centro: Plan de Educación para la Democracia, [1987], 6. ACCHDH. 613 Coordinación Sur-Oriente (Comités de Base). Derechos Humanos. Boletin, Nº 2, mayo, 1987. FOS-ARNAD.

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en “una visión de la sociedad más allá de la dictadura”614. La síntesis de estas reflexiones fue impresa en una “Cartilla para trabajar derechos humanos en la base”. Si bien el lenguaje, el formato y la insistencia en el conocimiento como fuente de liberación eran una imitación ingenua del material educativo producido por las ONGs de educación popular, y sirve para demostrar la influencia que tuvieron estos métodos en los sectores populares, la cartilla también reflejó un giro en el rol que los activistas de base veían para sí mismos: “Debemos eludir la posición de ser meros acompañantes (defensa jurídica o denuncia) y fijar metas para la lucha popular en la sociedad”615. Dicho de otro modo, lo que surgió de la reflexión de la CSO fue que los objetivos que tenía la CCHDH para la coordinadora eran al mismo tiempo demasiado estrechos y demasiado cortoplacistas para los objetivos que ellos mismos como organización comenzaron a adoptar. En suma, la nueva aproximación a los derechos humanos de la CSO iba más allá de la violencia ejercida por la dictadura, y enfatizaba la violencia ejercida por las estructuras económicas, políticas y culturales de la sociedad, privilegiando así una posición que buscaba una democratización más profunda que el simple retorno a la democracia formal. Si bien este giro generó un distanciamiento entre la CSO y la CCHDH, la ruptura definitiva no se basó en desacuerdos a nivel ideológico, sino que –como con los partidos políticos– en desacuerdos sobre la definición de su relación. A fines de 1986, coincidiendo con una nueva concepción de los derechos humanos, la organización había comenzado a tener conflictos con la Comisión sobre la elección de la directiva. La CCHDH insistía en designar a los cinco delegados para la directiva de la CSO, una decisión que generó tensiones entre los comités de base. La disputa se dio entre aquellos que querían retener la posibilidad de contar con una

614 Coordinación Sur-Oriente (Comités de Base), Especial, Cartilla para trabajar Derechos Humanos en la Base, Nº 1, [1987], 1. FOS-ARNAD. 615 Ibíd., 7.

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directiva elegida democráticamente y aquellos que querían aceptar la determinación de la Comisión, estando dispuestos a sacrificar la autonomía de la organización de modo de retener el respaldo institucional. A comienzos de 1987, en una reunión con el Coordinador Nacional de la CCHDH, Andrés Domínguez, la directiva de la CSO fue informada a modo de ultimátum que aceptaban la decisión “o podían considerarse fuera de la Comisión”616. El 14 de mayo de 1987, doce de los diecisiete comités de base decidieron apoyar la opción por la autonomía como “la postura correcta –si somos consecuentemente democráticos” y le pidieron a “los comités que no apoyaran la directiva, que ayudaron a elegir se retiraran para dejarnos trabajar de una vez (sic.)”617. Aunque la ruptura con la CCHDH pudo haber significado un deterioro en el funcionamiento de la CSO, su estructura más cohesiva –liberada de los sectores que apoyaban la dirección vertical de la Comisión– facilitó una intensificación de su trabajo. Entre mayo y septiembre de 1987, la CSO publicó dos números más de su boletín, lo que correspondía a su producción total entre 1985 y 1987. Además, en junio de 1987, la CSO emitió una declaración pública condenando la represión de la CNI; una clara indicación de su creciente autonomía618. La CSO no actuó aisladamente, sino que, como muchas organizaciones de base, había adquirido un claro sentido de cómo moverse en el ambiente institucional, y poseía un conocimiento lúcido de las organizaciones a las cuales podían recurrir para solicitar apoyo. En mayo de 1987 ya habían iniciado los contactos para recibir apoyo del Centro de Investigación y Acción en Salud Popular (CIASPO) y del Servicio Evangélico para el Desarrollo (SEPADE)619. En una jornada en enero de 1988, la

Coordinación Sur-Oriente (Comités de Base). Derechos Humanos. Boletin, Nº 2, mayo, 1987. FOS-ARNAD. 617 Ibíd. 618 Coordinación Sur-Oriente (Comités de Base), Declaración Pública, 17/6/1987. FOS-ARNAD. 619 Coordinación Sur-Oriente (Comités de Base). Derechos Humanos. Boletin, Nº 2, mayo, 1987. FOS-ARNAD. 616

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CSO destacó su nueva estructura más autónoma y popular –“En nuestros comités, salvo excepciones, no hay profesionales, ‘expertos’ ni ‘grandes personajes’ […]. En nuestros comités la mayoría somos gente ‘común y silvestre’, pobladores como tantos otros”– e hizo un giro más explícito hacia una perspectiva de clase: Este ha sido fruto de un largo camino de reflexión: desde que nos preguntábamos para qué servían los comités de derechos humanos y si estos seguirían después de la dictadura, hasta hoy que nos planteamos como parte de la lucha por una sociedad diferente, una sociedad donde no se violen más los derechos humanos: una sociedad socialista620.

La evolución de la CSO refleja la creciente autonomía de las organizaciones de base, no solo en su dependencia de instituciones de apoyo específicas, sino también en la autodeterminación de sus objetivos colectivos. Los encuentros semanales de los delegados de la CSO y la jornada de enero de 1988 ayudaron a la organización a obtener un sentido de dirección que no fue resultado directo de estímulos externos. La trayectoria de la CSO también es un ejemplo pertinente de las tensiones que sufrieron las organizaciones de base en su interacción con actores externos. Independiente de cómo los conflictos afectaron el tamaño de la organización, generalmente sirvieron como catalizador para la formación de organizaciones derivadas y fortalecieron la cohesión interna. El caso de la CSO también refleja la complejidad adquirida por las organizaciones de base en el periodo tardío, materializada sobre todo en la producción de los boletines organizacionales editados entre 1985 y 1988, a partir de los cuales hemos podido reconstruir su trayectoria. La producción de medios impresos no se restringió únicamente a esta organización, sino que fue una práctica que comenzó a mediados de la década de 1970 y cobró fuerza hacia 1985. La pro620 Coordinación Sur-Oriente (Comités de Base). Comités de Derechos Humanos. Organizaciones Sociales Populares: Conclusiones de Jornada del 30 de enero, 1988, enero, 1988. FOS-ARNAD.

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liferación de boletines impresos en los sectores populares fue el resultado de un proceso de estabilización del output comunicacional que evolucionó desde los rayados políticos y la distribución de panfletos. El carácter altamente estandarizado de los boletines, con su numeración secuencial, su continuidad anual y sus contenidos estructurados, fueron un reflejo de la estabilidad adquirida por las organizaciones de base hacia fines de la dictadura. Los ‘micromedios’ se desarrollaron desde 1975, especialmente a partir del trabajo realizado por las vicarías zonales del Arzobispado de Santiago621. A partir de 1976, los boletines fueron paulatinamente producidos por las comunidades cristianas de base y las organizaciones de base, dándoles así un carácter menos institucional y más ligado a la población622. Hacia fines de los años 70, estos boletines comunitarios fueron acompañados por las publicaciones de diversas organizaciones funcionales tales como organizaciones de derechos humanos locales, sindicatos y colectivos estudiantiles en las universidades623. Hacia 1983, en parte estimulado por ONGs especializadas en comunicaciones como ECO y CENECA, los boletines comenzaron a producirse masivamente en las poblaciones. Las ONGs contribuyeron con la realización de talleres de prensa popular y, particularmente ECO, estimuló la creación de una Red de Prensa Popular que agrupaba a los boletines organizacionales a lo largo de Chile. En 1988, la Red de Prensa Popular estaba compuesta por 80 boletines locales, y el Quinto Encuentro Nacional de la Prensa Popular fue atendido por representantes de 69 boletines y 19 instituciones de apoyo624. A pesar de no tener la

Maribel Quezada y Giovanna Riveri, Los micromedios de iglesias cristianas en Chile: funcionamiento y discurso (Santiago: CENECA, 1984), 22. 622 Paulina Gutiérrez, La prensa sectorial popular entre 1973 y 1983, Comunicaciones (Santiago: CENECA, 1986), 39. 623 CODEJU, Correo del Relegado, Nº 4, [prob. 1980]. FOS-ARNAD; Agrupación Cultural Universitaria (ACU), La Ciruela, Nº 7 1/2, diciembre, 1980. FOS-ARNAD; CODEJU, Correo Solidario, Nº 2, [1980]. FOS-ARNAD; Estudiantes UCV, El Quiltro, Nº 5, octubre, 1982. FOS-ARNAD. 624 Solidaridad, Nº 262, 26 febrero-17 marzo, 1988. 621

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continuidad ni el alcance de los medios establecidos, esta prensa local sirvió para mejorar las comunicaciones dentro de la comunidad, concentrando la información en eventos y noticias locales y eventualmente actuaron como medios de prensa alternativos una vez que el régimen comenzó a restringir la prensa independiente625. Uno de los boletines que apareció tras la restitución del Estado de Sitio y la clausura de revistas independientes en 1986 fue titulado El Derecho Contra la Censura626. Hacia fines de la década de 1980, la prensa popular jugó un rol activo en el plebiscito, siendo usada en las poblaciones y comunidades locales “para formar consciencia cívica, generar apoyo para la campaña del No y denunciar el fraude en las elecciones”627. Hay menor claridad sobre el nivel de difusión de estos medios entre los sectores populares que sobre los procesos involucrados en su producción. El tiraje de los boletines populares oscilaba entre 500 ejemplares en boletines locales628 y 2.000 en el caso de los boletines producidos por las instituciones de apoyo629. Aunque no hay información precisa al respecto, la práctica de leer boletines comunitarios era seguramente más generalizada de lo que sugieren los bajos tirajes. Una edición especial del boletín del MODEHU, una organización de derechos humanos de Lota, daba consejos a los pobladores sobre qué hacer en caso de un allanamiento y entregaba una serie de indicaciones sobre sus derechos civiles con referencias a la Constitución de 1980 y la Declaración Universal de Derechos Humanos. Entre estas indicaciones, aconsejaba a los pobladores defender su derecho a leer prensa escrita: “Las revistas como Mensaje, Solidaridad, y boletines de circulación interna de una organización, Gutiérrez, La prensa sectorial popular entre 1973 y 1983, 14. Comité de Derechos Humanos de la Población José María Caro, El Derecho Contra la Censura, Nº 1, octubre, 1986. FOS-ARNAD. 627 Davies, International Political Economy and Mass Communication in Chile, 144-145. 628 Comité de Derechos Humanos de la Población José María Caro, El Derecho Contra la Censura, Año 1, Nº 4, [1987]. FOS-ARNAD. 629 Comisión Chilena de Derechos Humanos - Linares, Boletin Comisión Chilena de Derechos Humanos - Linares, Nº 7, julio, 1987. FOS-ARNAD. 625 626

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son materiales legales que Ud. tiene derecho a leer y a conversar. Nadie tiene el derecho de confiscárselas sin una orden judicial”630. La alusión detallada al tipo de material de lectura que los pobladores podían tener, en una de las zonas más pobres del país, indica que al menos existía la presunción generalizada de que estos medios eran leídos en las poblaciones. La existencia generalizada de boletines impresos, en todo caso, dice mucho más sobre las organizaciones detrás de su producción que sobre la población destinada para su consumo. Las organizaciones que adquirieron la capacidad de publicar boletines de forma sistemática debieron desarrollar una serie de procedimientos que indican un alto grado de eficiencia en la gestión. En muchos casos, significaba captar recursos de diferentes instituciones de apoyo, determinar un público, organizar la distribución y hacerse cargo de las suscripciones. Además de los requisitos técnicos y materiales básicos para la publicación de los boletines, las organizaciones también debían definir los contenidos editoriales e informativos. Esto significaba mantener contacto cercano con otras organizaciones en la comunidad para informar sobre sus eventos y actividades, leer sistemáticamente la prensa nacional para mantener una visión clara sobre la agenda política y social, y llevar a cabo y registrar sus propias actividades para su difusión en los boletines. Con todo, la existencia de los boletines refleja la existencia de organizaciones complejas, estables y bien posicionadas en las poblaciones chilenas. Movilización para el plebiscito: sociedad civil y sistema político Las actividades de la sociedad civil en la preparación del plebiscito fueron el último momento de intensa interacción entre la sociedad civil surgida en dictadura y el sistema político. En general, como fue el caso de las elecciones presidenciales y parlamentarias de 1989, los 630 MODEHU [Afilliated to SERPAJ], ‘MODEHU Informa. Nº 10. Qué hacer en caso de allanamiento en la población, septiembre, 1986. FOS-ARNAD. Cursivas son del autor.

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procesos electorales se caracterizan por la movilización de la población para que asista a los locales de votación y por intentar capturar los votos para un partido u otro. El plebiscito, sin embargo, exigió un esfuerzo de movilización adicional, a saber, la inscripción masiva en los registros electorales. Tras la destrucción de los registros electorales en 1973, el éxito de la oposición en el plebiscito no solo exigía persuadir a los votantes marcar la opción por el ‘No’, sino que dependía en mucha mayor medida de su capacidad de registrar a sus posibles bases de apoyo. Esto permite relativizar la importancia de la campaña del No, a la cual se le ha dado tanto crédito en el triunfo de la oposición. Más que una campaña comunicacional, el proceso de registro de electores fue una tarea colosal que se hizo utilizando la infraestructura organizacional existente en el país. Para el plebiscito de 1988, la sociedad civil jugó un rol fundamental tanto en la movilización para la inscripción en los registros electorales como en abogar por un voto No en el plebiscito. La inscripción en los registros electorales presentó enormes dificultades dados los acontecimientos políticos de años anteriores, que habían derivado en un régimen fortalecido, una oposición debilitada y dividida, y un sentimiento de desmovilización en la población. Esta situación generó una sensación generalizada de que la permanencia de Pinochet en el poder hasta 1998 era un hecho consumado. Además, existían los precedentes de la consulta de 1978 y el plebiscito constitucional de 1980, los cuales producían un sentimiento de desconfianza en la población dada las fundadas sospechas de manipulación con las que se habían desarrollado. Particularmente, la ratificación de la Constitución había generado un precedente de ilegitimidad, ya que el Gobierno había anunciado el plebiscito con solo 30 días de anticipación, la oposición fue autorizada a reunirse una sola vez en ese periodo y la discusión pública fue mínima dadas las restricciones impuestas por las autoridades631. La intimidación de 631 S. Anderson, Chile to the Plebiscite. Monthly reports March-August 1988, septiembre, 1988, p. 16. FDAVS.

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la población y la ausencia de monitoreo independiente en los locales de votación también contribuyeron a generar una sensación generalizada de fraude. Estos precedentes crearon una barrera importante para el registro de votantes, quienes equiparaban el plebiscito de 1988 con un nuevo intento de engaño de parte del gobierno632. Aunque las sospechas eran fundadas, el plebiscito de 1988 presentaba algunas diferencias importantes con procesos anteriores. Fundamentalmente, el plebiscito se debía realizar en el marco legal de la Constitución de 1980 y de acuerdo con las medidas establecidas en el cuerpo legal compuesto por la Ley de la Junta Calificadora de Elecciones de 1985, la Ley de Registro y Servicio Electoral de 1986, la Ley de Partidos Políticos de 1987 y la Ley de Sufragio y Elecciones de 1988. Estas disposiciones legales garantizaban la existencia de un registro electoral, un servicio electoral independiente, la participación de representantes de los partidos políticos como apoderados de mesa en los locales de votación, garantías para el anonimato del voto y conteo público de votos, todas cuestiones que habían estado ausentes en los casos anteriores. Sin embargo, hacia mediados de julio de 1988 aún existía incertidumbre sobre aspectos cruciales del plebiscito tales como la fecha exacta en la que se realizaría y el nombre del candidato. Además, el Tribunal Constitucional objetó la Ley de Sufragio y Elecciones de 1988 porque no garantizaba la distribución equitativa de propaganda electoral, 632 Algunos activistas locales reflexionaron sobre la campaña mediática lanzada por el Gobierno para inscribirse en los registros electorales y que fue apoyada por la oposición, con la excepción del Partido Comunista y el MIR. Un miembro de la Coordinadora Sur-Oriente, identificado como Miguel, comentó lo siguiente: “[…] no esperarán [los partidos políticos] que por el solo hecho de que la gente se entinte los dedos y firme un cuaderno se logrará que la dictadura cambie el plebiscito (donde todos sabemos, incluidos ellos, que habrá fraude) por elecciones libres (donde todos sabemos, incluidos ellos, que gana lejos cualquier alternativa opositora). Aclaro que con todo esto que no me sumo a los que dicen ‘inscríbase’, pero tampoco a los que dicen ‘no se inscriba’. Mi interés es, más bien, exigir, a quien sea, el respeto que nos merecemos como pueblo, para que no nos digan que quieren elecciones libres (idea muy atractiva después de estos 14 años), mientras que, en realidad, solo promueven la inscripción en los registros electorales para estar listos para el plebiscito (cosa nada atractiva luego de las experiencias del ‘78 y el ‘80”. Coordinación Sur-Oriente (Comités de Base), Derechos Humanos. Boletin, Nº 4, septiembre, 1987. FOS-ARNAD.

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no reconocía los derechos electorales de los independientes y no determinaba la fecha de las elecciones presidenciales y parlamentarias en caso de un triunfo del No en el plebiscito633. Estas correcciones fueron introducidas en la Ley en julio de 1988. A pesar de las mejoras que representaba la existencia de un marco legal, el plebiscito de 1988 estuvo plagado de disposiciones arbitrarias e incertidumbres. En los meses que transcurrieron entre la apertura del registro electoral en marzo de 1987 y el día del plebiscito Chile fue recurrentemente visitado por observadores internacionales, quienes se abocaron a inspeccionar que se contara con un marco institucional adecuado y que se garantizara la imparcialidad del proceso. Una de las principales deficiencias destacadas por los observadores era que el plebiscito establecido en la Constitución no representaba “elecciones libres y genuinas dado que los electores no pueden elegir entre más de un candidato, y que los electores no juegan ningún rol en la selección del candidato”634. Además, todo el proceso de registro electoral y proselitismo político se condujo bajo las disposiciones del Estado de Emergencia, renovado por 90 días el 31 de mayo de 1988, lo cual limitaba severamente la libertad de expresión y la libertad de reunión635. Finalmente, el proceso de registro resultaba costoso e inconveniente para los sectores más pobres. Los costos para registrarse estaban relacionados con el precio de la cédula de identidad requerida para inscribirse en los registros electorales y en los costos de transporte para desplazarse al registro civil y a los registros electorales636. En un país con casi el 45 por ciento de la población viviendo bajo la línea de la pobreza, el derecho a voto se convirtió en un lujo que muchos no se podían dar. Además, sin una fecha determinada para el plebiscito, las personas carecían

633 José Luis Cea Egaña, «Marco jurídico-político del plebiscito de 1988», Revista de Ciencia Política IX-X, Nº 2-1 (1988): 82-83. 634 International Human Rights Law Group, Informe sobre el proceso electoral chileno, enero, 1988, 4. ACCHDH. 635 Ibíd., 7-8. 636 Ibíd., 9-10.

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de la motivación necesaria para registrarse. En agosto de 1987, tras cinco meses de funcionamiento, solo dos millones de personas (20 por ciento del total) se habían inscrito en los registros electorales, y en diciembre de 1987 el Director del Servicio Electoral confesó que a ese ritmo de inscripción tendrían suerte si había cuatro millones de personas registradas para marzo de 1988637. La oposición política, por su parte, fijó su atención en el carácter no-democrático del plebiscito, considerando que cualquier proceso democrático debía consistir en elecciones libres y competitivas. A mediados de 1987, la oposición creó tres plataformas diferentes para demandar elecciones libres: el Comité por las Elecciones Libres (CEL), el Comité Operativo de Partidos para las Elecciones Libres (COPEL) y el Comité de Izquierda para Elecciones Libres (CIEL)638. Estas plataformas consistieron básicamente en campañas de opinión pública para la inscripción en los registros electorales y para demandar elecciones libres, lo cual se encontró con el escepticismo de los activistas de base. A “diferencia de la campaña hace algunos años en Brasil, cuando la gente salió a las calles a exigir ‘¡Directas Ja!’ (sic)”, nadie en la campaña chilena había “promovido la organización de la gente para presionar por elecciones libres”639. A medida que la oposición descartó la movilización como medio de presión, los activistas de base reclamaban por la desconexión percibida en la base: “El país real, del que tanto habla la oposición burguesa junto al reformismo, y que están unidos en la santa cruzada de las ELECCIONES LIBRES, desconocen, más aún, desprecian al pueblo trabajador y humilde; cómo es posible que después de 14 años estos caballeros sigan organizando una derrota queriendo llevar al pueblo al pantano de las elecciones”640. H. Barnes, Embajador, Embajada EE.UU. Santiago, NDI Seminar on electoral processes; fund-raising for free elections campaign, diciembre, 1987, 2. DNSA. 638 National Democratic Institute for International Affairs, La Transición Chilena hacia la Democracia. El Plebiscito Presidencial de 1988, 1989, 21. Ibero-Amerikanisches Institut (En adelante, IAI). 639 Coordinación Sur-Oriente (Comités de Base). Comités de Derechos Humanos. Organizaciones Sociales Populares: Conclusiones de Jornada del 30 de enero, 1988, enero, 1988, 9. FOS-ARNAD. 640 Comité de Derechos Humanos de la Población José María Caro, El Derecho Contra la Censura, Año 1, Nº 4, [1987]. FOS-ARNAD. 637

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La falta de confianza no estaba solo relacionada con las vacilaciones de la oposición o el miedo de que hubiera fraude en el plebiscito, sino también se debía a la escasa capacidad organizativa de la oposición, su acceso desigual a los medios de comunicación y a las enormes diferencias en los recursos que había con quienes detentaban el poder. En una reunión con altos oficiales del Departamento de Estado, el padre Renato Poblete manifestó su preocupación sobre las diferencias entre ambas partes: “La unidad de los militares chilenos es como granito. Mientras Pinochet controla la televisión y la está usando al máximo […], la oposición está tardíamente organizándose para enfrentarlo y no ha superado aún sus mezquinas disputas. Como resultado, […] el Gobierno puede convencer a la mayoría de los electores de que la oposición, cuando mucho, ofrece una alternativa difusa e inestable”641. Las organizaciones paralelas que se formaron para la campaña de elecciones libres reprodujeron las divisiones que habían debilitado a la oposición en años anteriores. Lograr la unidad de la oposición, sin embargo, era crucial para concitar apoyo internacional y evitar que la competencia mermara los escasos recursos internacionales. El Secretario de Estado Adjunto de los Estados Unidos, Elliot Abrams, enfatizó este punto en una reunión con líderes de la oposición: “A mayor coherencia y unidad en las fuerzas democráticas en Chile […], mayores las posibilidades de recibir apoyo extranjero”642. Con Pinochet con el control del aparato estatal y con recursos frescos de un préstamo de ajuste estructural del Banco Mundial643, el apoyo internacional era de vital importancia para nivelar la cancha a favor de la oposición. Sin embargo, a juicio de la comunidad internacional, el pro-

641 G. Jones, Jefe de Misión Adjunto, Embajada EE.UU. Santiago, Visit of ARA/SC Deputy Director Hopper: Meetings with Church, GOC and Political Party leaders, octubre, 1987, 4. DNSA. 642 G. Shultz, Secretario de Estado de los EE.UU., Chile: The unity of the opposition, upcoming plebiscite, and potential for violence, noviembre, 1987, 5. DNSA. 643 The Washigton Office on Latin America, Chile’s Transition to Democracy, 27/11/1989, 29. ACMI.

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ceder de la oposición había sido extremadamente negativo en el pasado, y muchos países se mostraban escépticos sobre los resultados de aumentar el apoyo financiero a los partidos. Esto fue lo que reveló el intercambio de opiniones entre el Departamento de Estado y posibles aliados en una serie de comunicaciones diplomáticas tituladas “Coordinando el apoyo para la democracia en Chile”. A comienzos de 1988, por ejemplo, un comunicado de la Embajada de los Estados Unidos en La Haya expresó las dudas del Gobierno Holandés sobre el apoyo a la oposición en Chile: “El dilema que ven los holandeses es que la oposición chilena no ha sido demasiado efectiva a la fecha, pero es ahora o nunca para ellos […]. Los holandeses temen que, a pesar del deseo general de cooperar, la campaña para las elecciones libres continúa sufriendo de ‘luchas intestinas en los niveles más bajos’”644. La política británica, por su parte, se concentró en presionar al régimen por canales diplomáticos, más que en financiar directamente a la oposición. Oficiales de la Embajada de los Estados Unidos en Londres informaron que fuentes en el Ministerio de Asuntos Exteriores británico (Foreign Office) “enfatizan su decepción con el fracaso de la oposición de unirse y afirman que, en la ausencia de una oposición unida, ‘tirarle dinero’ a la oposición sería ‘irrelevante’”645. La Comunidad Europea aumentó los niveles de apoyo a Chile en 1987 y tenía planeado extender su apoyo a lo largo de 1988. La mayor parte de los recursos, sin embargo, fueron canalizados en la forma de proyectos humanitarios, y una parte importante se dirigió a las ONGs chilenas como parte de proyectos en curso. Las peticiones provenientes de los grupos políticos en Chile para el plebiscito, si bien eran bien vistos por la Comunidad Europea, fueron tratadas de modo bilateral por los estados miembros o a través de las fundaciones políticas, en particular las alemanas646. Las fundaciones US Embassy The Hague, Dutch support for democracy in Chile, enero, 1988, 1-3. DNSA. US Embassy London, Coordinating support for democracy in Chile: HMG satisfied it’s doing enough, enero, 1988, 2. DNSA. 646 US Embassy Brussels, Coordinating support for democracy in Chile (European Community), enero, 1988. DNSA. Hacia fines de 1987, los dirigentes de la oposición confesaron sus difi644 645

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Konrad Adenauer, de los democratacristianos, y Friedrich Ebert, de los socialdemócratas, tuvieron un rol fundamental en financiar al PDC y a los sectores renovados del Partido Socialista647. A pesar del apoyo, sin embargo, representantes de la Fundación Konrad Adenauer eran pesimistas sobre las perspectivas que tenía una oposición “profundamente dividida” de derrotar a Pinochet648. De este modo, coincidiendo con un giro más general de su política exterior en el sentido de apoyar los procesos de democratización649, el Gobierno de los Estados Unidos se convirtió en un aliado clave para la oposición política. En noviembre de 1986, la política de los Estados Unidos hacia Chile se desplazó desde una posición que privilegiaba los contactos diplomáticos de nivel medio, orientado a mejorar la situación de los derechos humanos y encauzar la transición, hacia una más directa “de preservar el programa económico y avanzar en la transición política”650. En diciembre de 1987, el Gobierno de los Estados Unidos comenzó una ofensiva diplomática de alto nivel por medio de votos de abstención en la resolución sobre derechos humanos en Chile de la Asamblea General de las Naciones Unidas y en un préstamo de ajuste estructural del Banco cultades financieras: “Están profundamente preocupados, sin embargo, sobre la escasez de recursos económicos. La operación de Arriagada ha estado funcionando con muy pocos fondos, con solo un teléfono y con compromisos de hasta 600.000 dólares desde Europa occidental los cuales aun no se materializan. En pocas semanas se quedaran sin fondos. ‘Algunas personas en terreno están con muchas ganas pero están clamando por materiales, dirección y líderes con quienes trabajar’, nos dijo el agente del NDI Pat Keefer.” Barnes, Embajador, Embajada de los EE.UU., Santiago. NDI Seminar on electoral processes; fund-raising for free elections campaign, diciembre, 1987, 3. DNSA. 647 G. Jones, Jefe de Misión Adjunto, Embajada EE.UU. Santiago, Foreign Political Funding in Chile, octubre 1985. DNSA. Se ha estimado que entre 1983 y 1988 la Fundación Konrad Adenauer y la Fundación Friedrich Ebert destinaron aproximadamente US$13.2 y US$5.2 millones respectivamente a la oposición chilena. Michael Pinto-Duschinsky, «International Political Finance: The Konrad Adenauer Foundation and Latin America», en The international dimensions of democratization, ed. Laurence Whitehead (Oxford: Oxford University Press, 1996), 237. 648 US Embassy Bonn, Coordinating support for democracy in Chile: Meeting with the Konrad Adenauer Institute, febrero, 1988, 1. DNSA. 649 Thomas Carothers, «The resurgence of United States Political Development Assistance to Latin America in the 1980s», en The international dimensions of democratization, ed. Laurence Whitehead (Oxford: Oxford University Press, 1996), 128. 650 National Security Council, National Security Council Meeting, 18/11/1986, 5. DNSA.

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Mundial. Además, el 24 de diciembre, siguiendo un comunicado de la Comunidad Europea, el Departamento de Estado emitió una declaración en apoyo a la democracia en Chile651. Junto con los esfuerzos diplomáticos, el Gobierno de los Estados Unidos comenzó a financiar a la oposición directamente, a través del USAID, e indirectamente, a través de los programas de la Fundación Nacional para la Democracia (National Endowment for Democracy, NED). A fines de 1987, USAID destinó US$1,2 millones al Centro de Asistencia y Promoción Electoral (CAPEL), una división del Instituto Interamericano de Derechos Humanos en Costa Rica, para un programa de asistencia electoral en Chile652. La NED concentró su tarea en el apoyo financiero y técnico, por ejemplo, auspiciando el viaje de un equipo del CEL para observar las elecciones parlamentarias de mayo de 1987 en Filipinas e interiorizarse con el trabajo de monitoreo electoral desarrollado en ese país653. Asimismo, el Instituto Nacional Democrático de Asuntos Internacionales (National Democratic Institute for International Affairs, NDI), uno de los cuatro institutos del NED, comenzó un programa de asistencia técnica en 1988, el cual fue financiado principalmente a través de una resolución especial de la cámara baja de los Estados Unidos que asignó un millón de dólares “con el exclusivo fin de promover las actividades democráticas en Chile, que lleven a una transición a la democracia”654. E. Abrams, Secretario de Estado Adjunto de los EE.UU., To Ambassador Kampelman on Diciembre 30 meeting with Chilean Ambassador Errazuriz, 28/12/1987, 1-2. DNSA. 652 The Washigton Office on Latin America. Chile’s Transition to Democracy, 27/11/1989, 28. ACMI. 653 National Democratic Institute for International Affairs. La Transición Chilena hacia la Democracia. El Plebiscito Presidencial de 1988, 1989, p. 6. IAI; M. Armacost, Subsecretario de Estado para Asuntos Políticos, Departamento de Estado de los EE.UU., Department meetings with Chilean opposition leader Sergio Molina, junio, 1987, 8. DNSA. 654 Embajada EE.UU. Santiago, Resolución del Congreso sobre la política de los EE.UU. hacia Chile: Un millón de dólares para respaldar la democracia en Chile, 27/1/1988, 4. FDAVS. Pinto-Duschinsky ha notado correctamente la diferencia entre el apoyo de Europa y los Estados Unidos a la oposición política en Chile. Mientras el apoyo desde Europa fue de largo plazo y enfatizó la construcción de infraestructura organizacional, el apoyo económico de los Estados Unidos se concentró en el plebiscito. Michael Pinto-Duschinsky, «Foreign Political Aid: The German Political Foundations and Their US Counterparts», International Affairs 67, Nº 1 (1991): 33-63; Pinto-Duschinsky, «International Political Finance: The Konrad Adenauer Foundation and Latin America», 245. 651

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No obstante, los gestos diplomáticos y el apoyo financiero no podían ser efectivos en y por sí mismos si la oposición política era incapaz de transmitir un sentido de liderazgo. Consciente de que las divisiones debilitaban a la oposición, Pinochet actuó para acentuarlas fomentando la negociación con las élites políticas, exigiendo la exclusión de los comunistas de cualquier proceso político (que fue lo que la Alianza Democrática intentó garantizar con el ‘Acuerdo Nacional’ de 1985), y reprimiendo a los sectores más vulnerables de la población. En reacción a esto, algunos sectores de la oposición intentaron conseguir, con mediación de los Estados Unidos, el regreso de Aniceto Rodríguez, Secretario General del PS hasta la elección de Allende, quien vivía su exilio en Venezuela y se había mantenido al margen de las rencillas internas, para intentar acelerar la reunificación del partido. A fines de 1985, estimando que el Vaticano podía ejercer mayor influencia sobre el régimen para aceptar el regreso de Rodríguez, el Departamento de Estado solicitó que el Nuncio papal se hiciera cargo de interceder en esta petición, la cual también fue formulada desde la derecha política. Por orden de Pinochet, el Ministerio del Interior analizó las consecuencias de un posible regreso de Rodríguez, concluyendo que ello “ayudaría a unificar a la totalidad de la izquierda desde comunistas hasta socialistas y por eso no era conveniente permitir su regreso”655. Aprovechando las divisiones de los partidos políticos, Pinochet fue capaz de reafirmar su control sobre el país e imponer su itinerario para la transición a la democracia. En el análisis del Departamento de Estado, la incapacidad de la oposición democrática de lograr crear un frente común constituía uno de los mayores obstáculos para sacar a Pinochet del poder. Por consiguiente, junto al apoyo económico y diplomático, el gobierno de los Estados Unidos se concentró en mover a la oposición hacia

655 J. Keane, Embajada EE.UU. Santiago, Memorandum of Conversation, Juan Ignacio García, Chief of the Legal Department, Ministry of Interior, Georg Lister, Department of State, Human Rights Officer, and John Keane, Political Conselor, 29/4/1986. DNSA.

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una “postura más disciplinada y pragmática”656. En una reunión con el director del CEL, Sergio Molina, el Subsecretario de Estado para Asuntos Políticos, Michael Armacost, intentó transmitir la necesidad de la unidad basándose en sus experiencias como Embajador de los Estados Unidos en Filipinas: Allí vio cómo el ex presidente Marcos fue capaz de estimular y explotar las peleas dentro de los partidos de la oposición de modo que eventualmente la longevidad de Marcos fue más por la debilidad de la oposición que por su propia fortaleza […]. Cuando ocurrió el motín que llevó a la salida de Marcos, fue en el marco de una oposición unida657.

Las divisiones de la oposición y su escaso liderazgo fueron un tema que también ocupó la discusión pública en Chile. Solidaridad, por ejemplo, a comienzos de 1988, sostenía: “La pregunta que se hace todo el mundo es: ¿por qué los ‘señores políticos’ no logran ponerse de acuerdo?”658. En enero, los representantes de las principales organizaciones de derechos humanos enviaron a los dirigentes de los partidos una carta abierta manifestando su preocupación por las divisiones que afectaban al debate político en Chile: “Pareciera que sus preocupaciones están más centradas en diferencias de criterios, utopías y doctrinas que en el afán de asumir y representar las auténticas aspiraciones de un pueblo oprimido que clama por su liberación”. La carta continuaba, sarcásticamente, preguntando: ¿Cuántas horas-hombre se han perdido en el objetivo de la unidad del socialismo, sin que ello sea lo central hoy día? ¿Cuántas horas-hombre se han perdido en elegir un candidato cuando no habrá ninguna elección en la que ese can-

National Security Council. National Security Council Meeting, 18/11/1986. DNSA. Armacost, Subsecretario de Estado para Asuntos Políticos, Departamento de Estado de los EE.UU.. Department meetings with Chilean opposition leader Sergio Molina, junio, 1987, 6. DNSA. 658 Solidaridad, Nº 260, 30 diciembre-28 enero, 1988. 656 657

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didato podría participar? ¿Cuántas horas-hombre se han perdido tratando de promover ‘un dialogo con las FF.AA.’, en circunstancias de que estas han manifestado hasta la saciedad de que no tienen el más mínimo interés en dialogar con la oposición?

La carta concluía que las élites políticas tendrían que asumir la responsabilidad histórica de cometer… […] la peor violación de los derechos humanos imaginable: obligarnos a seguir viviendo dentro de un régimen que repudiamos […]. No queremos que si Pinochet consigue su propósito [de gobernar hasta 1998], alguno de ustedes proporcione el triste espectáculo de pedirle perdón al pueblo por el desastre resultante de la incapacidad de unirse en torno al objetivo único. Esas disculpas no se aceptarán659.

Hacia fines de 1987, por primera vez, la oposición política comenzó gradualmente a alinearse detrás del objetivo común de sacar a Pinochet del poder. En noviembre de 1987, el NDI copatrocinó un seminario de tres días para asistir en la campaña de inscripción en los registros electorales promovido por la campaña por las elecciones libres. El seminario fue atendido por casi 300 dirigentes nacionales y locales, y fue conducido por expertos electorales de Alemania Occidental, Canadá, España, los Estados Unidos, Filipinas y Venezuela. El seminario trató sobre la planificación de publicidad, difusión, encuestas de opinión pública, monitoreo electoral y organización de base. De acuerdo con los participantes chilenos, el seminario fue un hito para disipar la idea de que diferentes sectores de la oposición no podían cooperar antes de aclarar las discrepancias sobre asuntos programáticos660. El seminario contribuyó

659 Solidaridad, Nº 261, 29 enero-25 febrero, 1988. Los firmantes eran miembros de la CCHDH, CODEPU, FASIC y la Vicaría de la Solidaridad. 660 National Democratic Institute for International Affairs. La Transición Chilena hacia la Democracia. El Plebiscito Presidencial de 1988, 1989, 7. IAI.

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también a corregir las divisiones de la oposición, en el sentido de adoptar una postura más pragmática hacia el plebiscito. Después de una reunión en Washington, oficiales de la Oficina de Asuntos Interamericanos del Departamento de Estado destacaron la impresión positiva dejada por los políticos por su postura más pragmática y su unidad táctica y de propósito: “Quizás la variable tiempo del plebiscito provocará un reordenamiento de la oposición y le entregará al pueblo chileno el tipo de liderazgo y conducción que le ha faltado hasta ahora”661. Esta impresión fue corroborada por el Embajador Barnes en Santiago: “Otra señal auspiciosa es que por primera vez todos los políticos dicen que trabajarán este mes de febrero, por lo general un periodo sagrado para las vacaciones”662. En marzo de 1988, la oposición política lanzó el Comando por el No para exhortar a los chilenos a inscribirse en los registros electorales y votar No en el plebiscito. A medida que la oposición se unía en torno a la idea del No, el CEL buscó distanciarse de la campaña y actuó como una institución no partidaria para monitorear el proceso electoral. Tomando el Movimiento Nacional Filipino de Ciudadanos por las Elecciones Libres (NAMFREL) como modelo, el CEL se restringiría a “insistir en un proceso plebiscitario limpio e imparcial, catalogar y denunciar irregularidades, inequidades o fraude, coordinar las actividades de los observadores y anunciar los resultados del plebiscito en la noche de la elección”663. En marzo de 1988, con auspicio de la Iglesia, se creó la ONG Civitas para dirigir la campaña de inscripción en los registros electorales y realizar programas de educación cívica, trabajando en coordinación con el CAPEL664. La idea tras la creación de Civitas era usar las redes que la Iglesia católica tan masiva y Shultz, US Secretary of State. Chile: The unity of the opposition, upcoming plebiscite, and potential for violence, noviembre, 1987, 7. DNSA. 662 H. Barnes, Embajador, Embajada EE.UU. Santiago, Conversations with Patricio Aylwin, Sergio Molina, and Genaro Arriagada, enero, 1988, 12. DNSA. 663 Ibíd., 10. 664 US  Embassy San Jose, Chile: Inter-American Electoral Assistance Body (CAPEL) plans for Plebiscite, diciembre, 1987. DNSA. 661

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exitosamente había movilizado durante la visita del Papa a Chile en abril de 1987665, con lo cual se logró reclutar a casi 10.000 voluntarios para el plebiscito a nivel nacional666. Civitas hizo campañas de información dirigidas a los sectores populares y las áreas rurales por medio de anuncios radiales, pequeños seminarios y la distribución de material para el plebiscito667. Además, la Vicaría de la Pastoral Obrera realizó una escuela de verano en enero y febrero de 1988, la cual incluyó un Área de Educación Cívica que dio “talleres para facilitadores sindicales y poblacionales, educación cívica para los jóvenes y educación en derechos humanos”668. A lo largo del año, la Vicaría de la Solidaridad también estimuló programas de educación cívica por medio de talleres semanales, asambleas y ensayos electorales669. Importante era no solo votar, sino saber cómo votar. A diferencia del trabajo de la Iglesia y Civitas, las organizaciones de base no solo estimularon la participación electoral, sino que también abogaron explícitamente por la opción No. Las comunidades cristianas de base se mostraron desconcertadas por la neutralidad de la Iglesia, y hacia fines de 1987 “unos 150 sacerdotes, monjas y laicos de las comunidades de base de la Arquidiócesis de Santiago hicieron circular una petición llamando a votar No en el plebiscito”. La declaración fue, sin embargo, condenada por el cardenal Fresno, quien la descartó como “una falta de respeto al juicio de los católicos el tratar de decirles cómo votar en una elección”670. Las comunidades de base también criticaron que la posi-

665 Armacost, Subsecretario de Estado para Asuntos Políticos, Departamento de Estado de los EE.UU.. Department meetings with Chilean opposition leader Sergio Molina, junio, 1987, 6-7. DNSA. 666 M.E. Crahan, Occidental College, Evaluation of the Chilean Commission of Human Rights and the Vicaríate of Solidarity. (Prepared for the Ford-Foundation Lima Office), octubre, 1988, 10. ACCHDH; FDAVS. 667 National Democratic Institute for International Affairs. La Transición Chilena hacia la Democracia. El Plebiscito Presidencial de 1988, 1989, 29-30. IAI. 668 Solidaridad, Nº 260, 30 diciembre, 28 enero, 1988. 669 Vicaría de la Solidaridad. Decimotercer año de labor, 1988, 1989, 122-141. FDAVS. 670 H. Barnes, Embajador, Embajada EE.UU. Santiago, The Church in ferment, enero, 1988, 6. DNSA.

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ción neutral asumida por la Iglesia fuese traspasada a sus programas de educación cívica. Los esfuerzos institucionales de la Iglesia buscaban lograr la inscripción en los registros y enseñar a las personas a votar, pero no hacían campaña para que las personas votaran en un sentido u otro. Así, el proceso electoral era tratado más como una cuestión de procedimiento que de contenido: “Esto se impone fuertemente en algunos programas educativos, donde se enseña a las personas cómo votar y eso. Pero [para la Iglesia] votar Sí o No es prácticamente lo mismo”671. Los centros de investigación y las ONGs también contribuyeron al plebiscito con sus conocimientos técnicos y sus contactos con grupos de base. Los centros de investigación jugaron un rol importante en los aspectos más técnicos del proceso electoral como la conducción de encuestas de opinión pública, la medición de espacio en los medios concedidos al Gobierno y a la oposición, y monitoreando el conteo de votos en el día del plebiscito. Institutos de investigación como el Centro de Estudios para el Desarrollo (CED), el Centro de Estudios de la Realidad Contemporánea (CERC) y FLACSO realizaron encuestas electorales desde octubre de 1987, y contaron con la asistencia técnica de expertos electorales estadounidenses672. FLACSO e ILET produjeron informes periódicos sobre la distribución del espacio mediático para el Sí y el No. Finalmente, el Comando del No reclutó expertos políticos de varios centros de investigación para analizar y sintetizar la información de los locales de votación el día del plebiscito. Miles de voluntarios en los locales de votación tuvieron la tarea de hacer llegar la información al centro de conteo y análisis. Las ONGs, por su parte, estiraron sus recursos y se comprometieron con lograr una victoria del No en el plebiscito. La Comisión ECO,Taller de análisis Movimientos Sociales y Coyuntura, Nº 2. Los movimientos sociales frente al plebiscito, agosto, 1988, 21. Centro de Documentación, Educación y Comunicaciones (ECO) (En adelante, CD-ECO). 672 G. Shultz, Secretario de Estado de los EE.UU.,Visit to Chile of National Democratic Institute Polling Experts: Request for Help, septiembre, 1987. DNSA. 671

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Chilena de Derechos Humanos movilizó sus comités regionales y de base para la inscripción en los registros electorales, apelando a la necesidad del ejercicio de la soberanía popular. Su trabajo en educación cívica también se concentró claramente en destacar lo que estaba en juego en el plebiscito: la opción Sí como la continuidad de una dictadura, opuesto al No como la opción por un régimen democrático673. La ONG de educación popular CIDE, por su parte, preparó material didáctico que fue distribuido a través de las redes institucionales y fueron amplificadas y retransmitidas a lo largo del país por las organizaciones afiliadas a la Red de Prensa Popular674. La prensa popular también sirvió para fomentar la inscripción electoral y generar adhesión para el No. En junio de 1988, el primer número de Proa, el boletín de una cooperativa de pescadores, dedicó sus páginas centrales a estimular la inscripción electoral: “Hoy […] deseamos unir fuerzas para que ningún chileno, en condiciones de hacerlo, deje de registrarse y participar [en el plebiscito]”675. En el segundo número, el boletín reforzó el énfasis en el plebiscito y reprodujo material elaborado por Civitas y por el boletín Solidaridad676. Estos esfuerzos institucionales fueron acompañados por el trabajo invisible desarrollado por miles de organizaciones a lo largo del país. Para las organizaciones de base, sin embargo, el plebiscito presentaba un problema en la medida en que significaba trabajar por un objetivo que no realizaba sus aspiraciones fundamentales. Por un lado, las organizaciones veían con buenos ojos la posibilidad concreta que presentaba el plebiscito de lograr un cambio de régimen. Por otro lado, sin embargo, las organizaciones veían críticamente el proceso en tanto que el cambio de régimen no significaría

673 L. Moya, CCHDH, Cuenta del proceso de discusión de la Coordinación de Jefes de Departamentos al 6 de julio de 1988, 6/6/1988. ACCHDH. 674 CIDE, El Mensajero, Nº 20, mayo-Junio, 1988. FOS-ARNAD; CIDE, El Mensajero, Nº 21, julio-agosto, 1988. FOS-ARNAD. 675 Cooperalgas Ltda., PROA. Boletín Cooperalgas, Nº 1, mayo-junio 1988. FOS-ARNAD. 676 Cooperalgas Ltda., PROA. Nº 2, julio-agosto 1988. FOS-ARNAD.

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necesariamente un cambio en las condiciones económicas, culturales y sociales cuya transformación buscaban los movimientos677. Así, mientras el plebiscito ocupó las páginas centrales de la prensa y la mente de los principales actores políticos, para las organizaciones de base el año 1988 y los siguientes, independientemente de los resultados, serían como de costumbre. Esto quedó reflejado en los encuentros sostenidos por los equipos zonales de la Vicaría de la Solidaridad con más de 200 dirigentes de organizaciones de base entre julio y septiembre de 1988. En alusión a los planes futuros, la mayoría de los delegados dijeron que sus principales objetivos eran “continuar las actividades programadas, esto es, seguir trabajando en las ollas comunes, talleres, panaderías, comprando juntos, independiente de los resultados del plebiscito del 5 octubre”678. A pesar del énfasis en sus propias actividades, la mayoría de las organizaciones indicaron que realizarían talleres de educación cívica y dedicarían tiempo a enseñarles a las personas a votar. La existencia de una vasta red de organizaciones de base también facilitó la socialización del proceso electoral. Ya en abril de 1987, un mes después de que abrieran los registros electorales, la coordinadora de los comités de derechos humanos de base de Cerro Navia-Pudahuel y el delegado de la pastoral de la solidaridad de la parroquia San Luis Beltrán, comenzaron a organizar una charla sobre las leyes políticas para dirigentes poblacionales y pobladores en general, con “el objetivo de entregar los elementos mínimos para que los asistentes puedan formarse un juicio sobre los pros y los contras de la actual legislación”679, para lo cual solicitaron la asistencia del Coordinador Nacional de la CCHDH como una de las tres presentaciones de 30 minutos previstas en el programa. De

677 ECO. Taller de análisis Movimientos Sociales y Coyuntura, Nº 2. Los movimientos sociales frente al plebiscito, agosto, 1988, 4. CD-ECO. 678 Vicaría de la Solidaridad. Decimotercer año de labor, 1988, 1989, 152. FDAVS. 679 M. Vergara, Coordinador Cerro Navia Pudahuel y P. Acuña, Pastoral de la Solidaridad, Parroquia San Luis Beltran, Carta a Secretariado de CCHDH solicitando participación en foro-panel sobre leyes políticas, 8/4/1987. ACCHDH.

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modo similar, el comité de derechos humanos de la población Caro-Ochagavía tuvo una “reunión por la unidad” en octubre de 1987 con la intervención de dos personalidades y testimonios de los pobladores como parte de un ciclo de charlas para el “compromiso y la unidad del pueblo”. El comité también organizó una charla sobre deber cívico con énfasis especial en la Constitución de 1980 y en la campaña por las elecciones libres680. Luego de que el Comando del No comenzó a crear comandos territoriales para estimular la participación en las bases en mayo de 1988, las organizaciones ya existentes fueron importantes para promover estas actividades en sus sectores. El comité de derechos humanos de Caro-Ochagavía, por ejemplo, anunció la creación de un comando en la edición de junio de 1988 de su boletín, y llamó a los vecinos a asumir su responsabilidad cívica: El llamado es ahora a los vecinos, ya que los partidos han ahora asumido el rol de participación, pero aún falta la participación de los jóvenes y los indecisos: cada minuto cuenta. Nosotros como representantes de los Derechos Humanos sabemos que el problema de nuestro pueblo es el miedo, pero solo dando el paso que ahora es la participación […] no seremos cómplices con aquellos que durante estos quince malditos años han detentado el poder por la fuerza; sabemos bien que hay muchas razones para pedir un cambio681.

Con todo, estos esfuerzos realizados en varios niveles fueron capaces de efectivamente motivar a las personas a inscribirse en los registros electorales. Hacia mediados de julio de 1988, aún sin conocerse la fecha del plebiscito, más de seis millones de personas –el 75 por ciento del total posible– se había inscrito para votar, a un ritmo de 500.000 personas por mes. El 30 de agosto, cuando la Comité de Derechos Humanos Ochagavía, Caminemos, Nº 8. Boletin de Distribución Interna, octubre, 1987. FOS-ARNAD. 681 Comité de Derechos Humanos Ochagavía, Caminemos, Nº 11, junio, 1988. FOS-ARNAD. 680

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Junta anunció que Pinochet sería el candidato y que el plebiscito se celebraría el 5 de octubre de 1988, 7.450.000 personas se habían inscrito, esto es, casi el 92 por ciento de las personas en edad de votar. Se estimó que quienes se registraron hacia el final eran en su mayoría adherentes del No, dado que el Gobierno había promovido la inscripción temprana de sus adherentes682. Con todo, la masiva movilización para la inscripción en los registros electorales sería la última. Ante la ausencia de movilización electoral desde 1988, a pesar de la expansión demográfica, el registro electoral chileno permaneció en aproximadamente ocho millones de personas hasta la implementación de la inscripción automática en 2012683. A medida que la oposición acrecentaba su unidad y adquiría más fuerza, Pinochet vio debilitada su posición luego de las luchas intestinas que surgieron en la derecha a raíz de la nominación del candidato. Dado que la Constitución no había establecido quién sería el candidato para el plebiscito de 1988, el círculo interno de Pinochet se concentró en asegurar su nominación. Mientras los miembros de la Junta manifestaban sus intenciones de que un civil encabezara la opción por el Sí, las maniobras de los asesores de Pinochet se dirigieron a sofocar las presiones que podían surgir desde los partidos políticos. Esto produjo luchas intestinas sostenidas durante 1987, que generaron divisiones profundas entre los partidos de la derecha política. Al momento del plebiscito, la infraestructura política que podía ser movilizada por los partidos conservadores estaba seriamente deteriorada. Esto se reflejó en la reticencia de muchos empresarios de hacer donaciones para la campaña del Sí, y La Junta, por ejemplo, ordenó que todos los miembros de las Fuerzas Armadas debían estar inscritos en los registros electorales a fines de junio de 1987. Armacost, Subsecretario de Estado para Asuntos Políticos, Departamento de Estado de los EE.UU. Department meetings with Chilean opposition leader Sergio Molina, junio, 1987, 6. DNSA. 683 Alfredo Riquelme, «¿Quiénes y por qué “no están ni ahí”? Marginación y/o automarginación en la democracia transicional. Chile 1988-1997», en El modelo chileno: democracia y desarrollo en los noventa, ed. Paul Drake y Iván Jaksic (Santiago: LOM Ediciones, 1999), 263.; José Luis Riffo y Andrea Bustos, “Electorado chileno envejece cada día”, Biblioteca del Congreso Nacional, 28/8/2008 en http://www.bcn.cl/carpeta_temas_profundidad/ envejece-padron-electoral, visitado el 24/4/2012. 682

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en el bajo número de voluntarios civiles que ofrecieron su colaboración684. Así, las maniobras de Pinochet para asegurar su nominación terminaron por mermar su capacidad para movilizar sus bases de apoyo. El 5 de octubre de 1988 Pinochet fue derrotado en las urnas, después de que el No recibió más del 55 por ciento de los votos. Aunque la opción No ganó cómodamente a nivel nacional hubo diferencias significativas según los diferentes estratos sociales. El No ganó tanto en zonas urbanas como rurales, aunque la victoria fue más estrecha en esta última (58 contra 39 por ciento en ciudades grandes; 49 contra 48 por ciento en pueblos y zonas rurales). En los barrios de clase media y baja el No ganó por una mayoría aplastante, alcanzando 59 y 63 por ciento de los votos respectivamente. En otras palabras, el No fue proporcionalmente mayor en los sectores de más bajos ingresos685. Finalmente, la existencia de una amplia red territorial en las zonas más pobres y las oportunidades de socialización política que facilitó moldearon significativamente los resultados del plebiscito.

Cavallo, Salazar y Sepúlveda, La historia oculta del régimen militar. Chile, 1973-1988, 487; Rafael Otano, Crónica de la Transición (Santiago: Planeta, 1995), 58-59. 685 National Democratic Institute for International Affairs. La Transición Chilena hacia la Democracia. El Plebiscito Presidencial de 1988, 1989, 63. IAI. Ver también Hardy, La ciudad escindida, 208-212. 684

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Capítulo VI El retorno a la democracia: cambio de régimen y sociedad civil También hay un acuerdo consistente respecto a qué grupos han sido favorecidos o perjudicados en este periodo de grandes transformaciones. La mayoría de las opiniones acepta que los actores colectivos que más han ganado en este negocio político de la transición han sido las Fuerzas Armadas, la Iglesia católica, los empresarios, El Mercurio, los malls y también la Concertación de Partidos por la Democracia. Los perdedores han sido los sindicatos, los sectores del laicismo clásico, la izquierda tradicional, los cristianos progresistas y las organizaciones comunitarias. Rafael Otano, Crónica de la Transición, 1995

Tras la victoria electoral de la campaña por el No, las energías políticas del país se concentraron en la elección presidencial y parlamentaria del 14 de diciembre de 1989. La particularidad del proceso, sin embargo, estuvo marcada por la presencia de un derrotado Pinochet, quien retuvo el poder durante los diecisiete meses que transcurrieron entre el plebiscito y el 11 de marzo de 1990, cuando el poder fue traspasado al presidente electo, Patricio Aylwin. El 12 de marzo, un día después de que Aylwin tomó juramento, millones de chilenos vivieron una catarsis colectiva en una ceremonia masiva por el retorno a la democracia celebrada en el Estadio Nacional. La esperanza y la alegría de las miles de personas que se reunieron en el estadio ese día contrastaron con la experiencia de los miles de prisioneros políticos que fueron detenidos ahí en los meses que siguieron al golpe de 1973. La ceremonia estuvo cargada de gestos simbólicos para reconciliar las tragedias del pasado con las perspectivas de futuro. Quizás el momento más intenso de confrontación con el pasado ocurrió cuando las madres, espo281

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sas, hijas y hermanas de los hombres y mujeres que desaparecieron durante la dictadura salieron a la cancha y bailaron la ‘cueca sola’ ante los miles de asistentes y las millones de personas que vieron la transmisión televisiva desde sus casas. Las imágenes que marcaron las primeras horas del Gobierno democrático y el comienzo de un proceso extremadamente complejo de consolidación democrática fueron concebidas para “tener el contenido inolvidable de los momentos que hacen historia”686. Mientras que la sociedad civil contribuyó significativamente en producir las condiciones para una transición a la democracia, las transformaciones experimentadas por el sistema político tuvieron un efecto negativo sobre la estructura de relaciones sostenidas por la sociedad civil durante la dictadura. Este capítulo se concentra en las consecuencias del cambio de régimen sobre la sociedad civil en un esfuerzo por capturar analíticamente los complejos procesos de transformación institucional que acompañaron el retorno a la democracia. Hablar de una transición a la democracia significa reconocer un desplazamiento desde un sistema político basado en reglas no-democráticas hacia uno donde las reglas democráticas se vuelven predominantes687. Sin embargo, analíticamente, la idea de transición a la democracia se concentra en el eje de las instituciones políticas formales en detrimento de los procesos que ocurren en otras dimensiones. ‘Cambio de régimen’, por el contrario, nos ayuda a entender la reconfiguración de las instituciones tanto formales como informales que estructuran la interacción política688. Y dado que una de las características más importantes del cambio de régimen Análisis, 19-20 de marzo, 1990. Varios autores han definido la democracia formal como un sistema político que cumple con cuatro requisitos básicos: 1) elecciones libres e imparciales celebradas con regularidad; 2) sufragio universal; 3) la subordinación de los órganos administrativos del Estado a los representantes electos, y 4) garantías de libertad de expresión y protección contra la acción arbitraria del Estado. Ver, por ejemplo, Dietrich Rueschemeyer, Evelyn Huber Stephens, y John D. Stephens, Capitalist Development and Democracy (Chicago: University of Chicago Press, 1992); Charles Tilly, Democracy (Cambridge: Cambridge University Press, 2007). 688 Richard Snyder y James Mahoney, «The Missing Variable: Institutions and the Study of Regime Change», Comparative Politics 32, Nº 1 (1999): 103. 686 687

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en Chile, como en la mayoría de las transiciones de la tercera ola de democratización, fue que redistribuciones significativas de recursos políticos no fueron acompañadas de cambios importantes en la distribución de recursos económicos689, la alta concentración económica redundó en que las conquistas logradas en el terreno de la política institucional se reflejaran en escasos cambios en la distribución total del poder690. Este capítulo argumenta que el declive en la participación política y el apoliticismo que caracterizaron la posdictadura, más que el resultado de una cultura política heredada de la dictadura, estuvo asociado a transformaciones relacionadas con el cambio de régimen. En último término, el cambio de régimen debilitó las organizaciones por medio de las cuales los chilenos hicieron política durante los diecisiete años de dictadura, generando un vacío institucional que los partidos políticos no volvieron a llenar. La democracia posdictatorial se configuró así como un proceso altamente elitista en la medida en que los partidos políticos de la izquierda se desvincularon de las bases sociales con las que habían tenido relaciones en el pasado. Sociedad civil en flujo: cooptación, realineamiento y conversión La victoria del No en el plebiscito y el comienzo de las campañas electorales tensionaron las relaciones dentro de la sociedad civil. A nivel organizacional, la inminencia de profundas transformaciones políticas generó un ambiente institucional altamente inestable, que obligó a una reevaluación de las organizaciones en sus relaciones con actores externos y una redefinición de sus propias identidades en un contexto democrático. Por un lado, como en ocasiones anteriores había ocurrido con las organizaciones de base, el comienzo

Bermeo, «Rethinking Regime Change», 365. Acemoglu y Robinson, «De Facto Political Power and Institutional Persistence», 328; Huber, Rueschemeyer, y Stephens, «The Paradoxes of Contemporary Democracy», 325. 689 690

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de la contienda electoral inició procesos de cooptación desde los partidos políticos hacia las organizaciones más consolidadas. Por otro lado, muchas organizaciones –y en especial las organizaciones de derechos humanos que habían surgido para responder a la represión de la dictadura– iniciaron procesos de introspección para evaluar su continuidad en el periodo democrático. Finalmente, los activistas mismos debieron redefinir sus roles en el escenario democrático. Mientras muchos de aquellos que habían tenido formación profesional continuaron sus carreras en la administración pública, otros encontraron incentivos para perseguir carreras políticas. Hubo también los que permanecieron en las organizaciones con la esperanza de que podrían mantenerse a flote y hacer una contribución significativa en el contexto democrático. Así, el periodo que siguió al plebiscito se caracterizó por la intensa redefinición tanto de las organizaciones como de los activistas. Como hemos visto en el capítulo anterior, las relaciones entre la sociedad civil y los partidos políticos estuvieron marcadas tanto por procesos de cooperación como de cooptación. Esta relación ha sido una de las más enigmáticas en el estudio de la dictadura chilena. Con frecuencia se ha afirmado que, siguiendo una larga tradición histórica, los partidos políticos han sido el motor de la organización social y que, carente de autonomía, la sociedad civil ha tendido a subordinarse a sus ritmos. En el Chile dictatorial, esta confusión ha sido exagerada por la dificultad que existe para diferenciar los múltiples roles sociales de los individuos, habiendo sido muchos activistas de las organizaciones de la sociedad civil al mismo tiempo militantes políticos. Timothy Scully, por ejemplo, indicó que hacia mediados de la década de 1980 los partidos políticos “han trabajado con bastante éxito para recomponer las profundas relaciones entre partidos y organizaciones sociales que históricamente han caracterizado el proceso [político]”691. Sin embargo, como

691 Timothy Scully, Reconstituting Party Politics in Chile, en Building. Democratic Institutions: Party Systems in Latin America, ed. Scott Mainwaring y Timothy Scully (Stanford: Stanford University Press, 1995), 123.

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hemos visto, las relaciones entre las organizaciones y los partidos en los años 80 se caracterizaron frecuentemente por el interés de los partidos por capturar las redes y la infraestructura desarrollada por la sociedad civil. Dado que durante la dictadura los partidos políticos fueron incapaces de regenerar sus bases y de reconstruir una infraestructura organizacional, la sociedad civil era una fuente de recursos valiosos y codiciados692. Así, además de sus reiterados intentos de controlar las organizaciones de base, durante los procesos electorales de fines de la década de 1980 los partidos intentaron colonizar las organizaciones que funcionaban a nivel provincial. Las luchas por obtener el control de las organizaciones son reveladas en su forma más pura en una serie de comunicaciones que involucraron a la Comisión de Derechos Humanos de Antofagasta, la sede nacional de la Comisión Chilena de Derechos Humanos en Santiago, y las respectivas directivas del Partido Demócrata Cristiano. La Comisión de Antofagasta había funcionado como el brazo regional de la CCHDH desde 1984. Siendo un centro regional, la Comisión de Antofagasta tenía control administrativo sobre las comisiones de derechos humanos que funcionaban en otros centros urbanos de la región, y los comités de base respectivos. Los recursos organizacionales de una comisión regional eran extremadamente altos, considerando que la CCHDH tenía casi cincuenta comités provinciales y unos 200 comités de base con más de 2.000 voluntarios a nivel nacional693. Además de los recursos infraestructurales,

692 Por ejemplo, los recursos internacionales canalizados desde las fundaciones políticas extranjeras hacia el PDC para la reorganización del partido fueron destinadas a otros fines. “Aunque las dos principales fundaciones alemanas [Konrad Adenauer y Friedrich Ebert] desde sus propias perspectivas han urgido a los democratacristianos que construyan la organización de su partido, el énfasis general en think-tanks y proyectos de ciencias sociales han contribuido a un caudillismo (‘bossism’) generalizado y han contribuido a distraer al PDC del tedioso y difícil trabajo de reclutar nuevos cuadros y crear infraestructuras fuertes en las provincias”. Jones, Jefe de Misión Adjunto, Embajada EE.UU. Santiago. Foreign Political Funding in Chile, octubre 1985, 14. DNSA. 693 Crahan, Occidental College. Evaluation of the Chilean Commission of Human Rights and the Vicaríate of Solidarity. (Prepared for the Ford-Foundation Lima Office), octubre, 1988, 41. ACCHDH; FDAVS.

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las organizaciones poseían valiosos recursos simbólicos. Según una evaluación de la Fundación Ford de 1988, la CCHDH era “quizás la organización de derechos humanos más políticamente diversa y representativa de Chile y como tal tiene una capacidad considerable para penetrar la sociedad chilena”694. En junio de 1988, el Consejo Provincial de Antofagasta del PDC comenzó a maniobrar para capturar la dirección de la Comisión de Derechos Humanos de Antofagasta. El detonante fue el anuncio de la renuncia de Gerado Claps como presidente de la Comisión. Dado que Claps era militante del partido, el Consejo Provincial del PDC estimó que el nuevo presidente de la Comisión también debía salir de sus filas. Con este fin, informaron a Claps sobre su decisión en dos cartas. En la segunda carta, fechada 27 de junio de 1988, la directiva regional indicaba que “el Consejo Provincial del Partido Demócrata Cristiano puso en su conocimiento que acordó designar como Presidente de la Comisión de Derechos Humanos al camarada Floreal Recabarren”695. La decisión se tomó internamente en el partido y solicitaron que Claps hiciera los arreglos necesarios para que el presidente designado por el PDC pudiera asumir sus funciones lo antes posible. La carta concluía enfatizando el interés del partido en el cargo: “Una vez más expresamos a Ud. nuestras felicitaciones por la brillante labor realizada en el referido cargo y le reiteramos la importancia que él tiene para nuestro Partido”696. Las comisiones de derechos humanos –como muchas de las organizaciones formadas en el Chile dictatorial– fueron creadas por un grupo misceláneo y plural de militantes políticos, ex militantes, activistas de base e individuos comprometidos, quienes contribuyeron para fundar y sostener las organizaciones. Las organizaciones, por su parte, habían definido y desarrollado sus propios procediIbíd., 43. R. Peñailillo Jara, Provincial Secretary, PDC Antofagasta y C. Bonilla Lanas, Provincial President, PDC Antofagasta, Carta a Gerardo Claps Gallo sobre designación del Consejo Provincial del PDC para la CCHDH de Antofagasta, 27/6/1988. ACCHDH. 696 Ibíd. 694 695

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mientos internos, los cuales no eran determinados ni influenciados por los partidos políticos. En muchos casos, los partidos funcionaron dando la espalda a las organizaciones, especialmente durante los años más duros de la represión. Claps, por ejemplo, mostró desdén hacia el interés repentino del PDC por la Comisión de Antofagasta: “Me alegro que, por fin, después de cuatro años, nuestra directiva se interese por la CRDH [Comisión Regional de Derechos Humanos], pero lamento que ese interés esté teñido por móviles ajenos a los DD.HH. y trascienda un cálculo de influencia o de poder, capaz de instrumentalizar la Comisión”697. Esta respuesta fue motivada por la cerrada oposición de la directiva de la Comisión de Antofagasta a la propuesta de Claps, quien, siguiendo las instrucciones de su partido, recomendó un candidato del PDC que no había “participado antes en las actividades de la Comisión”698. Los procedimientos internos para la designación de la directiva de la Comisión de Antofagasta hacían que la orden del PDC fuese “improcedente”, dado que la CCHDH nunca había adoptado una política de reemplazos basada en cuotas políticas699. En su carta al Presidente provincial del PDC, Claps señaló que una petición de ese tenor solo revelaba “que no hay claridad en la directiva que Ud. preside acerca de las relaciones entre el PDC y la CDH”700. 697 G. Claps Gallo, President, CCHDH-Antofagasta, Carta a Carlos Bonilla, Presidente PDC Antofagasta, sobre designación de nuevo presidente de CCHDH Antofagasta, 2/7/1988. ACCHDH. 698 Ibíd. 699 Este tema fue explícitamente abordado en la evaluación de la Fundación Ford: “De todas las organizaciones de derechos humanos la CCHDH probablemente ha sido la más involucrada en crear un espacio político y estimular una dinámica de cambio. Este ha sido uno de sus principales objetivos y su incorporación deliberada de representantes de una variedad de partidos se dirigía a facilitar esto. Mientras que la CCHDH no se identifica con ningún partido político específico, sí tiene una clara identificación con la oposición política. La CCHDH trabaja duro para evitar la realidad y la apariencia de servir los intereses de partidos específicos. Es una organización pluralista y, contrario a como muchas veces se ha dicho, no insiste en reemplazar a sus dirigentes y personal con individuos del mismo partido”. Crahan, Occidental College. Evaluation of the Chilean Commission of Human Rights and the Vicaríate of Solidarity. (Prepared for the Ford-Foundation Lima Office), octubre, 1988, 47. ACCHDH; FDAVS. 700 Claps Gallo, President, CCHDH - Antofagasta. Carta a Carlos Bonilla, Presidente PDC Antofagasta, sobre designación de nuevo presidente de CCHDH Antofagasta, 2/7/1988. ACCHDH.

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Claps envió copias de su respuesta y las cartas del Consejo Provincial del PDC al Presidente y Vicepresidente de la CCHDH, Jaime Castillo Velasco y Máximo Pacheco, ambos influyentes dirigentes democratacristianos. El 11 de julio, Jaime Castillo Velasco contactó al Presidente Nacional del PDC, Patricio Aylwin, para presentar la “improcedencia” de la situación701. En consecuencia, Aylwin dirigió una carta al Presidente Provincial del partido en Antofagasta indicando que en opinión de Castillo el partido “carece de atribuciones” para designar al presidente de la Comisión de Antofagasta: “No se trata de un reparo a la designación de Floreal [Recabarren], sino a la competencia de la Directiva de nuestro Partido para hacerlo”702. Aylwin apoyó la evaluación de Castillo: “Creo que Jaime tiene razón. Es importante que nuestros camaradas trabajen y colaboren por la causa de los derechos humanos, pero de ahí a someter la Comisión a la tutela del Partido, no corresponde y, en consecuencia, consideramos que existe una confusión”703. La carta concluía solicitando que se tomaran medidas para corregir la situación. Sin embargo, la intervención del Presidente Nacional del PDC no solucionó el conflicto a favor de la Comisión. En lugar de ello, el Consejo Provincial del PDC de Antofagasta ordenó abrir un caso en contra de Claps en el Tribunal de Disciplina provincial del PDC “por su renuncia a la Presidencia de la Comisión de Derechos Humanos de Antofagasta, lo que habría motivado varias situaciones que lamentar”704. El envío del caso al Tribunal de Disciplina llevó a que Claps revocara su decisión de renunciar. En último término, si

P. Aylwin, President, PDC, Carta a J. Castillo Velasco notando improcedencia en caso de CCHDH Antofagasta, 14/7/1988. ACCHDH. 702 P. Aylwin, President, PDC, Carta a C. Bonilla, PDC Antofagasta, sobre improcedencia de nominación de presidente CCHDH-Antofagasta por Consejo Regional del PDC, 14/7/1988. ACCHDH. 703 Ibíd. 704 A. Bichara Nacuse, Secretary, Disciplinary Council, PDC Antofagasta, Carta a J. Castillo Velasco solicita información sobre G. Claps, Presidente renunciado de la CCHDH Antofagasta, por acusación en su contra, 4/9/1988. ACCHDH. 701

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el partido deseaba a alguien de sus filas en la cabeza de la organización y si la Comisión no estaba dispuesta a aceptar una designación externa, la única opción viable era que se mantuviese en el cargo. La serie de comunicaciones que se dieron entre el PDC y la CCHDH refleja varios aspectos interesantes. En primer lugar, es un buen ejemplo de las tensiones que sufrían los activistas en su doble militancia como miembros de organizaciones sociales y militantes políticos. En segundo lugar, ilustra claramente que, a pesar de estar compuestas por militantes políticos, las organizaciones poseían altos grados de autonomía en la toma de decisiones internas y en la definición de sus objetivos como organizaciones. Por último, el caso refleja claramente los mecanismos usados por los partidos políticos para apropiarse de las infraestructuras de las organizaciones, y de la presión que podían ejercer sobre militantes en posiciones clave. El caso de la Comisión de Antofagasta eventualmente generó problemas con otras comisiones de derechos humanos que estaban bajo la tutela de su directiva. El 18 de junio de 1989, las ocho personas de la directiva de la Comisión de Derechos Humanos de Mejillones presentaron a Jaime Castillo Velasco sus “renuncias indeclinables” debido a la presión ejercida por el PDC con la complacencia del presidente de la Comisión de Antofagasta. Ese día se sostuvo una reunión en la oficina del PDC de Mejillones con la presencia del Presidente Regional de la Comisión de Derechos Humanos, Gerardo Claps, para “exponerles sus quejas referentes al manejo de esta Comisión [de Mejillones]”. La directiva, sin embargo, consideró que el evento era “improcedente y atentatorio a las normas básicas de protocolo” dado que no había sido informada ni invitada a la reunión, y porque más del 80 por ciento de los asistentes eran militantes democratacristianos y no miembros de la Comisión. La directiva consideró que las ambiguas denuncias de “personalismo y despotismo” eran un reflejo de los intentos de “transformar esta Comisión en plataformas políticas de sus respectivos partidos (PDC y PPD)”. La directiva estaba consternada dado que no habían recibido ningún tipo de apoyo ni financiamiento de 289

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la Comisión de Antofagasta en más de un año, y para sostener la organización durante ese tiempo habían debido que contribuir con sus salarios. La carta terminó en un tono abatido: “Resulta gratuito cuestionar la labor humanista de un grupo de ciudadanos deseosos de promover actitudes conciliadoras y positivas”705. Una situación similar que se dio a comienzos de 1988 en la Federación de Cooperativas del Sur (FECOSUR) revela cómo las organizaciones provinciales comenzaron a sufrir conflictos similares con los partidos políticos. El Presidente de FECOSUR presentó su renuncia en una asamblea celebrada el 14 de enero debido a la creciente hostilidad que existía en torno al funcionamiento de la organización: Lamentablemente llegaron estos últimos años otros intereses ajenos al trabajo popular independiente y de pluralidad de ideas que había antes, lo que motivó, hoy en día, la profunda crisis de divisiones, sectarismos, persecuciones, vejámenes, desprestigios, que a mi edad ya no puedo soportar. La campaña de desprestigio para mi persona y la de mi equipo que me acompañaba con dineros, que nosotros mismos conseguimos para un desarrollo auténtico de base de la Organización, determinaron que en forma drástica renuncie en forma pública y de cara a la Fecosur706.

Aunque la descripción no se extiende en los detalles, se asemeja tanto en el procedimiento como en los resultados al conflicto que se dio en la Comisión de Derechos Humanos de Mejillones: difamación y renuncias. Con todo, estas comunicaciones revelan que, en ocasiones, la aproximación de los partidos políticos no fue estimular el desarrollo de nuevas organizaciones, ni contribuir con

Comisión Chilena de Derechos Humanos-Mejillones, Carta a J. Castillo Velasco presentando renuncia a la CCHDH y explicando serie de eventos en los cuales PPD y PDC intervinieron en la organización, 18/6/1989. ACCHDH. 706 J. M. Zuñiga Villegas, [FECOSUR], Carta a Maximo Pacheco indicando su renuncia a la presidencia de Fecosur por disputas, 25/1/1988. ACCHDH. 705

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los procesos de organización ya existentes, sino que consistió en capturar las infraestructuras existentes para extraer sus recursos simbólicos y organizacionales. La autonomía y el pluralismo de las organizaciones debieron ceder ante el ejercicio de poder e influencia de los partidos. Aunque estas interacciones con agentes externos distrajeron las energías de las organizaciones y, en ocasiones, conllevaron su desmovilización, los resultados del plebiscito también abrieron un proceso de introspección y redefinición que afectó su funcionamiento. El dilema crucial que rondaba en las organizaciones era: ¿Cuál será el propósito y el rol de la organización tras el retorno a la democracia? Dado que muchas organizaciones habían sido creadas en respuesta a la dictadura, el retorno a la democracia presentaba un problema fundamental de identidad institucional. A pesar de esta redefinición, hubo una sensación generalizada entre los activistas que las organizaciones debían continuar hacia el periodo democrático. Esta impresión fue manifestada en una evaluación que hizo la Fundación Ford a la Vicaría de la Solidaridad y a la Comisión Chilena de Derechos Humanos una vez que, luego del plebiscito, la posibilidad del retorno a la democracia se hizo patente: [En un nuevo escenario democrático] Ni la Vicaría ni la CCHDH espera ‘cerrar el negocio’ […]. Más bien contemplan reducir las actividades de defensa legal a favor de aquellas que apuntan a reforzar las defensas estructurales y sociales de los derechos humanos. Esto involucrará un mayor énfasis en educación popular y en la promoción de la educación cívica. Esto también sugiere la posibilidad de reducir sus tamaños y coordinar a las organizaciones existentes para que sean más eficientes en el largo plazo707.



Crahan, Occidental College. Evaluation of the Chilean Commission of Human Rights and the Vicaríate of Solidarity. (Prepared for the Ford-Foundation Lima Office), octubre, 1988, 30-31. ACCHDH; FDAVS.

707

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Desarrollos posteriores demostrarían que esta perspectiva sobre el futuro de las organizaciones resultó ser demasiado optimista. Sin embargo, el comentario revela la intención de las organizaciones de continuar hacia el periodo democrático, a pesar de tener que redefinir sus identidades de acuerdo con el nuevo escenario político, indicando que el fin de la dictadura no significaba necesariamente el fin de sus actividades. El caso de la Vicaría de la Solidaridad es ejemplar en la trayectoria que tuvieron algunas organizaciones en esta fase crítica de la transición a la democracia. Mientras en 1988 la intención de la plana directiva de la Vicaría era que la organización continuara después del fin de la dictadura708, la jerarquía de la Iglesia católica y gran parte de la plana ejecutiva decidieron cerrar la institución en 1992 y redirigir los programas que continuaban funcionando hacia otras organizaciones709. Aunque no conocemos los detalles de las deliberaciones que llevaron a esta decisión, es revelador que muchos de los programas sociales de la Vicaría fueran traspasados a la recién formada Vicaría de la Pastoral Social. Esta maniobra fue probablemente ideada para reducir el impacto político del trabajo, al desviar programas hacia una organización nueva y desconocida que carecía del capital simbólico acumulado por la Vicaría de la Solidaridad710. En todo caso, la Vicaría de la Pastoral Social finalmente recibió escaso apoyo de la jerarquía eclesiástica, pues carecía de renombre internacional y los fondos que se habían proyectado para la institución nunca llegaron a materializarse711. A diferencia de la Vicaría de la Solidaridad que decidió cerrar, “El Obispo auxiliar de Santiago, Segio Valech, quien está específicamente encargado de la supervisión de la Vicaría, proyecta la expansión del trabajo de la Vicaría hacia el periodo post Pinochet”. Ibíd., 13. 709 Entrevista con María Luisa Sepúlveda. 710 Hacia fines de la dictadura la Vicaría de la Solidaridad era una de las instituciones con mayor prestigio a nivel nacional. Una encuesta del CERC realizada en 1988 “indicó que la Iglesia católica y la Vicaría eran las instituciones más estimadas hoy en Chile”. En Crahan, Occidental College. Evaluation of the Chilean Commission of Human Rights and the Vicaríate of Solidarity. (Prepared for the Ford-Foundation Lima Office), octubre, 1988, 37. ACCHDH; FDAVS. 711 Entrevista con María Luisa Sepúlveda. 708

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otras organizaciones decidieron continuar hacia el periodo democrático. FASIC, por ejemplo, inició en agosto de 1988 –un mes antes del plebiscito– una proyección de su trabajo para los siguientes tres años. FASIC estimaba que, independiente de los resultados del plebiscito, habría una polarización creciente en el país y que por tanto podía esperarse un aumento de la represión, por lo cual consideraron expandir sus programas en los años siguientes712. Una evaluación interna de la dirigencia, el personal y los beneficiarios realizada en 1994 reveló los problemas creados por una evaluación incorrecta de los objetivos institucionales una vez comenzado el periodo democrático. La principal limitación institucional estuvo relacionada tanto con la incapacidad de definir los derechos humanos para un contexto democrático como con la poca claridad sobre los objetivos y prioridades institucionales. La evaluación errónea de la proyección hacia la democracia afectó la capacidad de gestión y produjo déficit de identificación institucional entre los funcionarios. La concentración en los derechos humanos del pasado contribuyó a una ausencia de “definiciones y acciones claras en relación con las situaciones generadas por la violación a los derechos humanos en el contexto de la transición democrática y en la instauración de un régimen democrático”713. Asimismo, casi un mes después del plebiscito, la directiva de la CCHDH hizo circular un memorándum para iniciar un diálogo interno que ayudara a revisar los objetivos de los programas, la estructuración interna de los departamentos y las actividades que debían desarrollarse en el nuevo contexto democrático. El objetivo general del diálogo era “elaborar un programa de consolidación y desarrollo institucional en el mediano plazo […] lo que implica ajustes en la racionalidad del trabajo y costos, en la formación de su personal, y en la preparación de programas que permitan establecer la presencia de la Comisión Chilena de Derechos Humanos en el 712 713

FASIC, Plan Trienal-FASIC. Años 1989-90-91, agosto, 1988. CD-FASIC. FASIC, Autoevaluación y proyección FASIC 1988-1994. Anexos, 1995. CD-FASIC.

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proceso de transición a la democracia”714. La apertura de un espacio de redefinición de la organización, sin embargo, creó conflictos dentro de la Comisión: “Últimamente, la Comisión ha perdido gran parte de su confianza en sí misma. Esto se ha traducido en polémicas agresivas, una crisis de conducción, desorientación sobre su razón de ser, pérdida en su sentido de unidad y mística de trabajo”715. El Coordinador Nacional atribuyó esta situación a la incertidumbre generada por las transformaciones políticas del país y los efectos que esto tendría sobre la organización, señalando que las “raíces más profundas de esta convulsión están relacionadas con la confirmación de un fin próximo de la dictadura, una reducción del trabajo para el cual la Comisión en su estructura actual fue creada, y las evidentes dificultades económicas que seguramente se presentarán pronto”716. Estos conflictos generaron una crisis directiva que conllevó una “paralización y estancamiento de muchas tareas o iniciativas”717. La perspectiva del cambio de régimen no solo afectó la identidad de las organizaciones, sino que puso a los activistas mismos en la posición de tener que (re)definir sus trayectorias biográficas en un escenario democrático. Un fenómeno común a la mayoría de las organizaciones profesionales, y sufrido particularmente por los trabajadores de las organizaciones de derechos humanos, consistía en problemas de agotamiento y tensión sicológica vinculados con su trabajo. La composición de funcionario-activista de las organizaciones y la represión constante hicieron que las personas tuvieran dificultades para distinguir entre el trabajo y la vida personal. “Este es un problema que es endémico a las organizaciones de derechos 714 A. Domínguez, Coordinador, CCHDH and G. Molina, Secretario de Asuntos Nacionales, CCHDH, Memorándum a Jefes de Departamento: Consulta sobre desarrollo de actividades (hacia la democracia), 7/11/1988. ACCHDH. 715 A. Domínguez, Coordinador, CCHDH, Documento de Trabajo: Para un diálogo sereno y privado sobre la Comisión, [1989]. ACCHDH. 716 Ibíd. 717 F. Escobar, G. Laurent, O. Montealegre, J. Troncoso, y M. Young, Carta a J. Castillo Velasco por immovilismo de la CCHDH, 29/1/1990. ACCHDH.

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humanos y solo será solucionado con el fin de la represión”718. La perturbación de este tipo de trabajo sobre los estilos de vida individuales conllevó algún grado de deserción en años previos al fin de la dictadura, y las personas que llegaron para reemplazar contribuyeron a renovar generacionalmente las organizaciones. Las tensiones sicológicas y emocionales del trabajo que se realizó bajo condiciones políticas extremadamente adversas drenaron la energía de muchos activistas, trastornando a las organizaciones a medida que se entraba al periodo democrático. En palabras de una presidente del CODEPU, “llegamos a 1990 agotados”719. Aunque estos problemas generaron algún grado de deserción, los funcionarios individuales no eran difíciles de reemplazar. Las organizaciones tuvieron dificultades importantes, sin embargo, tras la creciente emigración de sus planas directivas a partir de 1989, cuando las elecciones parlamentarias pusieron a muchos activistas de la sociedad civil en el camino de la política electoral. Por sí sola, la CCHDH aportó tres senadores y doce diputados al Congreso de 1990720. A partir de 1990, muchos activistas fueron designados en cargos no-electivos de gobierno, tales como intendentes, gobernadores, asesores ministeriales y alcaldes. Estos cargos fueron ocupados en su mayoría por personas que tenían cargos de liderazgo en las organizaciones o formación y experiencia profesional. Por ejemplo, el Coordinador Nacional del SERPAJ, Domingo Namuncura, fue asesor de derechos humanos para el gobierno de Aylwin y, en 1994, fue asesor del Ministerio de Obras Públicas; el Secretario Nacional de la CCHDH, Germán Molina, fue designado Ministro de Transporte y Telecomunicaciones en 1992, y fue Embajador Chileno para los Países Bajos entre 1994 y 1997, antes de convertirse

718 Crahan, Occidental College. Evaluation of the Chilean Commission of Human Rights and the Vicaríate of Solidarity. (Prepared for the Ford-Foundation Lima Office), octubre, 1988, 49. ACCHDH; FDAVS. 719 Entrevista con Viviana Uribe. Presidente CODEPU. Santiago, Chile. 6/11/2010. 720 J. Castillo Velasco, Presidente, CCHDH, Carta a Cees Oskam y Sangra Stirling, ICCO, respecto de apoyo financiero, 20/6/1990, 4. ACCHDH.

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en Ministro del Trabajo en 1998; el Coordinador Nacional de la CCHDH, Andrés Domínguez, fue nombrado Secretario Ejecutivo de la Comisión de Verdad y Reconciliación y más tarde asumió el cargo de asesor en derechos humanos de la PDI. Los abogados de muchas de las organizaciones de derechos humanos emigraron en masa hacia el Gobierno, ocupando diferentes puestos en la burocracia estatal721. El antiguo Secretario Nacional de la CCHDH reflexionó sobre este proceso: Hubo un proceso de transferencia: mucha gente de las provincias, como también algunas de Santiago, que pertenecían a estas organizaciones se fueron al Estado. Y ese fue un problema. Cuando comenzó la democracia, la red social que se había desarrollado en torno a estas organizaciones se vio afectada cuando sus líderes se fueron al Estado dejando a un número de personas en un vacío. Aunque muchas personas se quedaron, no eran las más adecuadas dado que carecían la legitimidad [de sus antecesores]722.

La importancia de los dirigentes no era solo por su experiencia técnica o de gestión, sino que también estaba relacionada con el poder representativo que tenían en su relación con instituciones de cooperación y otros actores. Las relaciones establecidas y cultivadas en años de cooperación hicieron que muchos de los líderes de estas organizaciones fueran conocidos por oficiales diplomáticos, y fueran interlocutores reconocidos por agencias internacionales, periodistas y los miembros de otras instituciones en general. Por ello, no fue una coincidencia que las organizaciones que mejor sobrevivieron el proceso de adaptación hacia el periodo democrático fueran aquellas que no tuvieron pérdidas considerables en recursos humanos esenciales.

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Entrevista con Viviana Uribe; entrevista con María Luisa Sepúlveda. Entrevista con Germán Molina.

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Mientras el paso de la sociedad civil al Estado fue una de las trayectorias posibles, reservadas para unos pocos privilegiados, muchos activistas –especialmente aquellos que no poseían formación académica– tuvieron dificultades en encontrar trabajo tras el retorno a la democracia723. Un estudio sobre las trayectorias políticas durante la transición señaló que el 51 por ciento de los individuos en posiciones de gobierno después de 1990 considerados en la muestra provenían de organizaciones de la sociedad civil724. También vale la pena reparar en que la representación de los activistas de la sociedad civil en funciones de gobierno venía sobre todo de las ONGs, en correspondencia con la clase media profesional, como lo reveló la “casi completa ausencia de personas provenientes de organizaciones populares de base antes de entrar a posiciones de gobierno”725. Así, los individuos que emigraron desde la sociedad civil hacia el Estado eran aquellos que provenían de la red de instituciones de apoyo con mayor calificación académica y mayor estatus socioeconómico. Otra tendencia importante fue la escasa incidencia de casos de activistas (4 por ciento) que regresaron a la sociedad civil después de haber tenido funciones de gobierno726. De este modo, tras el regreso de la democracia un amplio contingente de profesionales altamente especializados –y con importante experiencia de trabajo en diferentes áreas de gestión obtenidas en su paso por las ONGs y otras instituciones de apoyo– aumentaron los recursos humanos del Estado en detrimento de la sociedad civil.

Entrevista con María Luisa Sepúlveda. Gonzalo de la Maza y Carlos Ochsenius, «Trayectorias, redes y poder: Sociedad civil y política en la transición democrática chilena», en La disputa por la construcción democrática en América Latina, ed. Evelina Dagnino, Alberto J. Olvera, y Aldo Panfichi (México D.F.: Fondo de Cultura Económica, 2006), 472. 725 Ibíd., 478. 726 Ibíd., 482. 723 724

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Retorno a la democracia: concentración de poder e información Como vimos en la sección anterior, el cambio de régimen generó fuertes presiones sobre las organizaciones de la sociedad civil que desembocaron en un drenaje de recursos humanos, pérdida de sentido, estancamiento organizacional y deserción de activistas. En general, este escenario podría explicar la creciente apatía de la sociedad chilena posdictatorial, descrita por el editor de Análisis apenas un año después del retorno de la democracia: Después de largos años de interdicción ciudadana, fue la movilización social la que puso término al Régimen Militar y alentó en los chilenos las anchas expectativas en cuanto a su posibilidad de jugar un rol más activo en nuestra vida pública […]. En mérito de la enorme efervescencia social que empujó el Plebiscito y las elecciones generales que le dieron el triunfo a la Concertación, lo lógico era suponer que el actual proceso político se apoyaría en la fuerza del pueblo movilizado. Las cosas, sin embargo, han resultado de distinta manera. Mientras la organización social viene languideciendo, lo evidente es que la política se ha hecho cada vez más cupular, por lo que día a día los chilenos se sienten más distantes de las grandes decisiones y de lo que acontece al interior de los poderes del Estado727.

La desmovilización de la sociedad civil después de consumada la transición a la democracia ha sido un tema común en la ciencia política comparada de la tercera ola de democratización. Hipsher, por ejemplo, ha indicado que “uno de los resultados frecuentes de la democratización es la desmovilización de los mismos movimientos que inician el proceso de democratización”728. Aunque Análisis, 22-28 julio, 1991. Patricia Hipsher, «Democratic Transitions and Social Movement Outcomes. The Chilean Shantytown Dwellers’ Movement in Comparative Perspective», en From Contention to Democracy, ed. Marco Giugni, Doug McAdam, y Charles Tilly (New York: Rowman & Littlefield Publishers, 1998), 150.

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pareciera ser un resultado comúnmente aceptado, aún existe poca claridad sobre las causas que explican la desmovilización. Algunos han argumentado que la desmovilización está relacionada con los costos percibidos de movilización sostenida sobre la estabilidad democrática, enfatizando el repliegue del apoyo de las élites políticas hacia los movimientos una vez que la transición a la democracia ha sido completada729. Otras explicaciones sugieren que el fin del régimen autoritario afecta la movilización en general, dado que los movimientos no son capaces de sostener actividad política intensa ante la ausencia de la dictadura como un objetivo común730. Otros enfatizan un giro desde la movilización hacia la negociación en las relaciones entre las organizaciones y el Estado, en las que las primeras finalmente terminan subordinándose a los imperativos de este último731. Como quedará claro a base de capítulos anteriores, muchas de estas explicaciones resultan extemporáneas dado que las situaciones de conflictos entre élites y bases, las divisiones políticas y los conflictos entre negociación y movilización se presentaron mucho antes de producirse la transición a la democracia. Los fenómenos de movilización y desmovilización son, además, fenómenos sociales difíciles de asir empíricamente, pues son más una descripción de la percepción subjetiva de los actores que un reflejo de la realidad732. Por otra parte, la resonancia y la importan-

729 Baldez, «La política partidista y los límites del feminismo de Estado en Chile», 406; Hipsher, «Democratic Transitions and Social Movement Outcomes. The Chilean Shantytown Dwellers’ Movement in Comparative Perspective», 162; O’Donnell y Schmitter, Transitions from Authoritarian Rule. Tentative Conclusions about Uncertain Democracies, 55; Philip Oxhorn, «Where did all the protesters go? Popular mobilization and the transition to democracy in Chile», Latin American Perspectives 21, Nº 3 (1994): 49-68; Julia Paley, Marketing democracy: power and social movements in post-dictatorship Chile (Berkeley: University of California Press, 2001), 103. 730 Huber, Rueschemeyer, y Stephens, «The Paradoxes of Contemporary Democracy», 333; Paley, Marketing democracy: power and social movements in post-dictatorship Chile, 91. 731 Joe Foweraker, «Grassroots Movements and Political Activism in Latin America: A Critical Comparison of Chile and Brazil», Journal of Latin American Studies 33, Nº 4 (2001): 864; Eduardo Silva, Challenging Neoliberalism in Latin America (Cambridge: Cambridge University Press, 2009), 259. 732 Sidney G Tarrow, Struggle, politics, and reform. Collective action, social movements, and cycles of protest, 2. ed., 21 (Ithaca, NY: Cornell University Press, 1991), 53.

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cia de los eventos de protesta están fuertemente influidos por cómo son cubiertos en los medios. Diversos estudios sobre la relación entre eventos de protesta y cobertura mediática han descubierto sesgos de selección por medio de los cuales los eventos son reportados selectivamente en los medios; sesgos de descripción, donde el reportaje presenta los acontecimientos de forma incorrecta; y sesgos de cobertura donde ni siquiera existen menciones de los acontecimientos733. La reticencia de las élites de apoyar las protestas contribuye a estos sesgos, dado que tiende a reducir el efecto de otros actores en la agenda pública734. Una combinación de estos elementos puede producir una sensación generalizada de desmovilización aún cuando los actores efectivamente continúan movilizándose en el espacio público. La atención que se ha puesto sobre el fenómeno de desmovilización después de la democratización está probablemente más relacionada con la falta de información sistemática sobre protestas que con la observación empírica. Por ejemplo, si uno considera la información estadística disponible sobre la movilización laboral antes y después de 1990, la tendencia general contradice las afirmaciones que indican la desmovilización como una consecuencia del cambio de régimen. Mientras el promedio anual de huelgas entre 1983 y 1989 era de 59, el promedio anual de huelgas entre 1990 y 1998 aumentó a 194, representando un aumento de 230 por ciento en comparación con el periodo anterior. Además, el número de trabajadores que participaron en huelgas legales aumentó de 17.000 en 1989 a 25.000 en 1990, y a 46.000 en 1991. El nú-

Jennifer Earl et al., «The use of newspaper data in the study of collective action», Annual Review of Sociology 30 (2004): 65-80; Pamela E. Oliver y Gregory M. Maney, «Political Processes and Local Newspaper Coverage of Protest Events: From Selection Bias to Triadic Interactions», The American Journal of Sociology 106, Nº 2 (2000): 463-505; Dieter Rucht, Ruud Koopmans, y Friedhelm Neidhardt, eds., Acts of dissent: new developments in the study of protest (Berlin: Ed. Sigma / WZB, 1998). 734 Tarrow, Power in Movement. Social Movements, Collective Action and Politics, 18. Para una perspectiva de redes de este proceso en Chile ver: Bastias Saavedra, «Relaciones de poder, coaliciones y conflicto político (1977-1991)». 733

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mero de trabajadores que participaron en huelgas ilegales también aumentó sustancialmente tras el retorno a la democracia, de un promedio de 34.000 trabajadores entre 1987 y 1989 a un promedio de 215.000 entre 1990 y 1998735. De modo que donde existe información sobre protesta, la tendencia fue hacia mayor y no menor movilización. Aunque el conflicto laboral aumentó durante el periodo democrático, los beneficios obtenidos por el movimiento laboral fueron extremadamente limitados. Esto se vio reflejado en una deceleración en el crecimiento de los salarios reales, una creciente desigualdad entre empleadores y trabajadores asalariados, y un aumento de la representación de trabajadores en los quintiles de más bajos ingresos736. Además, la mayor parte de las nuevas fuentes de trabajo que fueron creadas durante la década de 1990 correspondieron a empleo temporal o a subempleo, lo cual generaba fuertes desincentivos para la sindicalización737. Esto fue el resultado de la tendencia de los gobiernos de la Concertación de Partidos por la Democracia (1990-2010) de subordinar la política laboral al crecimiento macroeconómico. Las reformas impulsadas por los gobiernos democráticos intentaron al mismo tiempo aumentar el nivel de sindicalización y mantener los sindicatos débiles y atomizados, con lo que se prolongó el desequilibrio de poder entre trabajo y capital consagrado en el Plan Laboral de 1979738. Así, mientras la afiliación sindical aumentó en 20 por 735 J. Ruiz-Tagle, El sindicalismo chileno después del Plan Laboral (Santiago: PET, 1985), 51-52; Peter Winn, Victims of the Chilean Miracle. Workers and neoliberalism in the Pinochet Era, 19732002 (Durham: Duke University Press, 2004), 32. 736 P.S. Barrett, «Labour Policy, Labour-Business Relations and the Transition to Democracy in Chile», Journal of Latin American Studies 33, Nº 3 (2001): 573-575; Arturo León y Javier Martínez, «La estratificación social chilena hacia fines del siglo XX», en Chile en los noventa, ed. Cristián Toloza y Eugenio Lahera (Santiago: Dolmen Ediciones, 1998), 301. 737 Helia Henríquez, «Las relaciones laborales en Chile: ¿Un sitema colectivo o un amplio espectro para la dispersión?», en El modelo chileno: democracia y desarrollo en los noventa, ed. Paul Drake y Iván Jaksic (Santiago: LOM Ediciones, 1999), 107 ss. 738 Gonzalo de la Maza, «Los movimientos sociales en la democratización de Chile», en El modelo chileno: democracia y desarrollo en los noventa, ed. Paul Drake y Iván Jaksic (Santiago: LOM Ediciones, 1999), 382.

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ciento entre 1989 y 1998, el tamaño promedio de los sindicatos se redujo en casi 40 por ciento en el mismo periodo739. Por lo mismo, los problemas del movimiento laboral tras el retorno a la democracia no estaban relacionados tanto con la desmovilización como con un proceso de debilitamiento organizacional, lo cual redujo el poder de negociación del sindicalismo con respecto al Gobierno y al empresariado organizado: Una de las características más sobresalientes de la nueva democracia chilena es el profundo desequilibrio de poder entre capital y trabajo sobre el cual se ha construido. De hecho, mientras el empresariado chileno se encuentra en una posición de poder que no ha tenido en los últimos sesenta años, el regreso del gobierno civil ha dejado al sindicalismo chileno debilitado organizacionalmente, políticamente marginado y con beneficios materiales modestos y precarios740.

Así, las mayores transformaciones relevantes para la sociedad civil se produjeron principalmente en la concentración de las fuentes informales de poder que resultaron del cambio de régimen. Esta reorganización del poder en la posdictadura, sin embargo, no solo afectó a la sociedad civil directamente, sino que también indirectamente al afectar los medios de prensa que facilitaron la influencia de las organizaciones de la sociedad civil en diálogos públicos más amplios. Mientras que la década de 1980 se caracterizó por la existencia de medios independientes dinámicos y pluralistas, tanto a nivel local como a nivel nacional, la situación se volvió crecientemente monolítica ya a comienzos de la década de 1990. El declive en el pluralismo informativo fue una consecuencia de la creciente privatización del sistema comunicacional, la reducción del finan-

739 Barrett, «Labour Policy, Labour-Business Relations and the Transition to Democracy in Chile», 568. 740 Ibíd., 562.

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ciamiento internacional para medios alternativos y la política de laissez-faire adoptada por el Gobierno entrante. Como consecuencia, la prensa independiente que floreció durante la dictadura sufrió una lenta decadencia a medida que las principales revistas políticas comenzaron a cerrar por problemas económicos. La concentración de la propiedad de los medios en los grandes conglomerados noticiosos –el duopolio de COPESA y El Mercurio SAP– desembocó en una concentración de la información disponible al público. Al reducirse el pluralismo informativo, los sesgos de cobertura terminaron por invisibilizar a los actores que no pertenecían a la élite. La concentración del sistema comunicacional chileno una vez comenzado el periodo democrático marcó uno de los principales cambios en las relaciones informales de poder. Junto con las reformas institucionales, el Gobierno militar se encargó de amarrar el sistema comunicacional antes de entregar el poder al Gobierno democrático. Por un lado, la deuda que los principales conglomerados noticiosos tenían con el Banco del Estado fue transferida a bancos privados o fue conmutada por publicidad estatal. Hacia fines de la dictadura, El Mercurio SAP estaba sufriendo graves problemas financieros con una deuda acumulada de más de US$ 48 millones, 60 por ciento de la cual estaba en manos del Banco del Estado. Antes de que el Gobierno democrático asumiera el poder, la deuda fue traspasada al sector privado, con grandes pérdidas para el Estado, y ayudando a El Mercurio SAP a consolidar su posición como el principal consorcio periodístico del país741. Por otro lado, la deuda de US$1.3 millones de COPESA fue condonada a cambio de publicidad para la televisora estatal TVN. A lo largo de la década de 1990, COPESA expandió su presencia en el mercado al comprar participación en la televisión y al tomar control de la revista política Qué Pasa y el diario La Época, que apareció en 1987 como un diario de oposición al régimen militar742. En 1998, el único dia741 742

Cortés, «Modernización y concentración: los medios de comunicación en Chile», 563. Ibíd., 566.

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rio chileno que no pertenecía a El Mercurio SAP o COPESA era el diario estatal La Nación743. Por otro lado, con la Ley Nº 18.838 promulgada el 30 de Septiembre de 1989 se creó el Consejo Nacional de Televisión para regular los contenidos televisivos, y se autorizó la concesión de frecuencias televisivas al sector privado y la venta de los canales 4 y 9 entonces de propiedad de TVN. Mientras durante los años 80 el sector privado había entrado en el negocio de la televisión por medio de la publicidad, la propiedad se había restringido a las universidades y al Estado de acuerdo con la Ley de 1970. La Ley de 1989 permitía la participación del sector privado en las concesiones de la televisión, reemplazando la orientación cultural que había tenido en su concepción por un modelo comercial concentrado en el entretenimiento y en la comercialización744. La introducción de la medición en línea de la audiencia (people meter) en 1992, al permitir que los canales detectaran instantáneamente los cambios en la sintonía posibilitó que los avisadores concentraran sus recursos de acuerdo con la teleaudiencia y reforzó la orientación de la televisión hacia el entretenimiento. El comienzo de la televisión comercial, junto con su creciente influencia en los hogares chilenos y el interés de los avisadores de promocionar sus productos por este medio, eventualmente desplazaron el centro de gravedad del sistema comunicacional chileno desde la prensa escrita hacia la televisión. Contrario al fuerte intervencionismo del régimen militar a favor de los grandes consorcios periodísticos, el gobierno democrático entrante asumió una postura de laissez-faire con respecto a los medios de comunicación. Esto tuvo consecuencias graves para el pluralismo del sistema comunicacional en la medida que, debido a las disparidades en las condiciones de competencia económica, la prensa independiente comenzó a languidecer ante la inviabilidad económica de

743 Sebastián Brett, Los límites de la tolerancia. Libertad de expresión y debate público en Chile (Santiago: LOM Ediciones, 1998), 100. 744 Cortés, «Modernización y concentración: los medios de comunicación en Chile», 594.

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sus proyectos. Entre 1989 y 1995, las revistas Análisis, APSI y Cauce entraron en periodos de crisis económica que finalmente las obligó a cerrar. El diario Fortín Mapocho cerró en 1991 por razones económicas y fue seguido en 1998 por los cierres del diario La Época y la revista Hoy. Así, en menos de una década, la prensa independiente que había florecido y crecido durante los años más duros de la dictadura no sobrevivió en el ambiente más benevolente de respeto a la libertad de expresión y de prensa. El destino de estos medios preocupó a algunos sectores del gobierno, quienes sin éxito pidieron la intervención del gobierno para salvar a los mismos medios que los llevaron al triunfo en el plebiscito y en las elecciones de 1989745. La posición del gobierno se formó por la oposición de la derecha y de los grupos de interés ligados a los consorcios periodísticos a las iniciativas a favor del pluralismo en el sistema comunicacional. En una reunión con la Asociación Nacional de Prensa, el Ministro Secretario General de Gobierno, Enrique Correa, anunció la intención del gobierno de apoyar el desarrollo de la prensa chilena, concentrándose especialmente en las provincias, para lo cual estaban evaluando aplicar una política de créditos con el fin de estimular y fortalecer la prensa para garantizar “la diversidad de la comunicación en el país y como forma de contribuir al pluralismo en nuestra sociedad”746. El Presidente de la Asociación Nacional de Prensa y el Presidente de la Asociación de Radioemisoras alabaron la iniciativa en sus objetivos generales, pero mostraron su preocupación sobre si un mecanismo semejante amenazaría la libre competencia en el mercado. El tema era delicado dado que se cuestionaba la concentración de los medios en un número reducido de grupos económicos e introducía la posibilidad de aumentar la competencia en provincias, donde El Mercurio SAP tenía un control dominante del mercado. Renovación Nacional rechazó la

Brett, Los límites de la tolerancia. Libertad de expresión y debate público en Chile, 101. Secretaría de Comunicación y Cultura [SECC], Ministerio Secretaría General de Gobierno, Politica de Comunicaciones, febrero, 1994, 83. IAI.

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iniciativa con el argumento de que “las políticas de financiamiento especial del Estado para los medios terminan desviando recursos a los medios con los que tienen afinidad”747. El Presidente de la Asociación Chilena de Avisadores, por su parte, también cuestionó la medida preguntándose “si el mercado estaba en condiciones de soportar nuevos medios”, y agregó una nota de darwinismo económico: “Creo que el mercado decidirá si sobreviven o no”748. En línea con la tendencia de no insistir en temas que encontraban fuerte oposición en la derecha y en los grupos económicos749, el gobierno desechó su propio énfasis programático en fortalecer el pluralismo del sistema comunicacional y asumió una perspectiva de mercado como propia. En 1992, Eugenio Tironi, entonces Director de la Secretaría de Comunicaciones y Cultura del Gobierno, sintetizó la nueva política comunicacional: Cuando los directores y periodistas de los medios que han cerrado nos culpan a nosotros porque han tenido que terminar sus actividades, me parece patético: el Gobierno de Chile no está aquí para subsidiar los medios, cualesquiera que estos sean; aquellos que no pueden subsistir en las presentes condiciones, ese es su problema750.

El mismo Tironi, posteriormente, argumentó que el declive de las revistas políticas surgidas en dictadura se debió a su incapacidad de redefinirse para capturar un público más amplio en un escenario donde los lectores estaban menos interesados en la política751. De

Ibíd., 84. Ídem. 749 Juan J. Linz y Alfred Stepan, Problems of Democratic Transition and Consolidation. Southen Europe, South America, and Post-Communist Europe (Baltimore, Md: The John Hopkins University Press, 1996), 211. 750 Julio Ugas, «Neoliberalismo y la concentración de los medios de comunicación de masas», Alternativas 2, Nº 10 (1998): 19. 751 Eugenio Tironi y Guillermo Sunkel, «Modernización de las comunicaciones y democratización de la política. Los medios en la transición a la democracia en Chile», Estudios Públicos 52 (1993): 241. 747 748

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hecho, entre 1990 y 1992 hubo una caída sistemática en los lectores de la prensa escrita: La Tercera perdió casi el 30 por ciento de sus lectores; La Época un 50 por ciento, y Análisis perdió casi el 40 por ciento752. Esta tendencia se explica parcialmente por el viraje editorial de TVN y por el comienzo de la televisión comercial, lo cual crecientemente capturó las audiencias. En la Encuesta Nacional de Televisión de 1996, más del 80 por ciento de las personas declararon que la televisión era su fuente primaria de acceso a las noticias. Además, el viraje editorial hacia el centro que adoptaron los principales medios escritos mermó la posición de mercado de la prensa independiente. Entre 1990 y 1994, por ejemplo, El Mercurio aumentó sus lectores de 9 a 13 por ciento del total de lectores en las ediciones de lunes a viernes, y de 12 a 15 por ciento los domingos. La revista política Qué Pasa también aumentó su número de lectores durante el periodo, creciendo de 1,4 a 3,2 por ciento del total de lectores753. Aunque el declive en el número de lectores tuvo un doble efecto económico sobre la prensa, al reducir ventas y avisaje, en el caso de la prensa independiente esta relación no fue tan lineal. Durante la dictadura, la prensa independiente había sobrevivido principalmente a través de las ventas y por medio de subsidios provenientes de la cooperación internacional. En el caso de Análisis, por ejemplo, las ventas cubrieron aproximadamente el 80 por ciento de los costos de producción de la revista, mientras que la cooperación internacional cubrió el 20 por ciento restante754; los costos de producción de APSI fueron financiados en un 70 por ciento por la cooperación internacional y un 30 por ciento se cubría con las ventas755. Dado que tanto antes como después del cambio de régimen el sector privado se mostró reticente en comprar espacios publiEntrevista con Juan Pablo Cárdenas, Director Análisis, Santiago, 28/10/2010. Cárdenas estimó que Análisis redujo su circulación de 65.000 a 40.000 copias por edición. 753 Cortés, «Modernización y concentración: los medios de comunicación en Chile», 561-580. 754 Entrevista con Juan Pablo Cárdenas, Director Análisis, Santiago, 28/10/2010. 755 Araya Jofré, Historia de la revista Apsi, 65. 752

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citarios en los medios independientes por razones políticas756, los directores de estos medios esperaban que el gobierno democrático cubriría el déficit generado por la cesación de la cooperación internacional a través de la compra de espacios para publicidad estatal. En una reunión con el presidente Aylwin poco después del cambio de mando, el director del Fortín Mapocho solicitó que el gobierno les proporcionara el equivalente al 10 por ciento del avisaje estatal recibido por El Mercurio. El gobierno descartó el pedido, justificando su posición con su política en relación con los medios: “no hay mejor política comunicacional que la ausencia de política”757. El director de Análisis también ha indicado que el Gobierno rechazó sus pedidos de recibir avisaje estatal dado que había sido comprometido por Pinochet a El Mercurio y a La Tercera758. Careciendo de acceso apropiado a créditos y a los recursos de la publicidad pública y privada, los medios independientes no estaban en condiciones para competir en igualdad con los grandes consorcios periodísticos. Con todo, la poca disposición del gobierno de asumir una política comunicacional fue una de las principales causas para la desaparición de la prensa independiente759. La prensa independiente vivió así una situación paradójica tras el cambio de régimen. El contexto político autoritario creó condiciones favorables para su aparición al aumentar la predisposición de los actores internacionales para proporcionarles ayuda financiera, y al aumentar la receptividad del público en Chile a la aparición de comunicaciones alternativas. Con las líneas editoriales profundamente autoritarias de los medios tradicionales, la prensa independiente fue capaz de capturar a los lectores del amplio espectro de la centro-izquierda. Sin embargo, el crecimiento de la prensa

756 Rosalind Bresnahan, «The Media and the Neoliberal Transition in Chile. Democratic Promise Unfulfilled», Latin American Perspectives 30, Nº 6 (2003): 47. 757 Entrevista con Jorge Lavandero, Director Fortín Mapocho, Santiago, 8/11/2010. 758 Entrevista con Juan Pablo Cárdenas, Director Análisis, Santiago, 28/10/2010. 759 Guillermo Sunkel y Esteban Geoffroy, Concentración Económica de los Medios de Comunicación (Santiago: LOM Ediciones, 2001), 12.

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independiente tuvo que ver más con su función de ser un medio de comunicación alternativa y no vino acompañado de un fortalecimiento en su estructura de propiedad ni de una consolidación de su posición dentro del sistema mediático760. Por el contrario, durante la dictadura, los consorcios periodísticos modernizaron su producción y, a través de los beneficiosos arreglos que lograron antes del retorno a la democracia, lograron consolidar su dominio del mercado. El dominio de los consorcios periodísticos se reflejó, por ejemplo, en su absoluto control de las redes de distribución nacional, con lo cual podían ejercer un control sobre los ya existentes y pusieron fuertes trabas de entrada para nuevos medios761. El énfasis del gobierno democrático en privilegiar las condiciones de mercado sirvió, en último término, para ocultar las condiciones desiguales en las cuales se esperaba que la prensa independiente compitiera. Así, independiente de las causas, la concentración de la propiedad de los medios de comunicación fue uno de los resultados más importantes del cambio de régimen en el sistema de comunicaciones. La concentración del sistema de comunicaciones resultó en una creciente uniformidad ideológica en la información entregada a través de los medios. Los derechos de las minorías étnicas fueron subordinados a los derechos de las empresas transnacionales762; los derechos de las mujeres fueron supeditados a una cosmovisión católica tradicionalista763, y las violaciones a los derechos humanos perpetrados en dictadura se convirtieron en un tema de controver-

Cortés, «Modernización y concentración: los medios de comunicación en Chile», 607. Diego Portales, La concentración de los medios y la libertad de expresión en Chile, Documento de Trabajo, Programa Libertad de Expresión (Santiago: Escuela de Periodismo, Universidad de Chile, 1999), 47. 762 Florencia Mallon, «Cuando la amnesia se impone con sangre, el abuso se hace costumbre: El pueblo Mapuche y el Estado chileno, 1881-1998», en El modelo chileno: democracia y desarrollo en los noventa, ed. Paul Drake y Iván Jaksic (Santiago: LOM Ediciones, 1999), 433-462; Eduardo Mella Seguel, Los mapuches ante la justicia. La criminalización de la protesta indígena en Chile (Santiago: LOM Ediciones, 2007). 763 Maruja Barrig, De Cal y Arena: ONG y Movimiento de Mujeres en Chile (Lima: Ford Foundation, 1997); Susan Franceschet, «Women in Politics in Post-Transitional Democracies: the chilean case», International Feminist Journal of Politics 3, Nº 2 (2001): 207-236. 760 761

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sia y en un no-hecho cuando se trató de las violaciones cometidas en el contexto democrático764. Un ejemplo de la uniformidad ideológica del sistema de comunicaciones, entre otros muchos casos, fue el rechazo de Canal 13, de la Universidad Católica de Chile, y Megavisión, de transmitir la campaña del Gobierno de prevención del HIV/SIDA porque sugería el uso del condón como una de las medidas preventivas. De acuerdo con ambas estaciones, el uso del condón comprometía la abstinencia sexual antes del matrimonio y la monogamia después de él. El Arzobispo de Santiago, monseñor Carlos Oviedo, señaló que la campaña era una “incitación a la inmoralidad sexual”765. La unilateralidad del debate público fue favorecida por líneas editoriales que, a través del reportaje selectivo, excluyeron a las organizaciones de la sociedad civil de participar en las comunicaciones públicas. En este sentido, ciertos actores carecían de la posibilidad de introducir mensajes alternativos y proporcionar narrativas que contrastasen con las dominantes. Un periodista llamó a este tipo de vetos ‘censura por omisión’, e indicó que fue usado reiteradamente en relación con las demandas de los mapuche desde comienzos de la década de 1990: Hay cosas, por ejemplo, que no son cubiertas; que no se publican; de las cuales no se habla. Por ejemplo, los mapuche tienen muy pocas posibilidades de hablar en los medios. Pero el Intendente, el Subsecretario, los empresarios de [la forestal] Mininco, los representantes de las forestales, todos hablan […]. En otras palabras, hay censura en tanto

Claudio A. Fuentes, «Violent Police, Passive Citizens. The Failure of Social Accountability in Chile», en Enforcing the Rule of Law. Social Accountability in the New Latin American Democracies, ed. Enrique Peruzzotti y Catalina Smulovitz (Pittsburgh: University of Pittsburgh Press, 2006), 134-177; Elizabeth Lira y Brian Loveman, «Derechos Humanos en la transición “Modelo”: Chile 1988-1999», en El modelo chileno: democracia y desarrollo en los noventa, ed. Paul Drake y Iván Jaksic (Santiago de Chile: LOM, 1999), 339-374. 765 Guillermo Sunkel y Rafael Otano, Libertad de los periodistas en los medios, Documento de Trabajo, Programa Libertad de Expresión (Santiago: Escuela de Periodismo, Universidad de Chile, 1999), 20. 764

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los protagonistas, aquellos responsables y que son el centro de la noticia, no pueden expresarse o presentar su punto de vista766.

Esta práctica no solo perjudicó a las minorías, sino que también afectó a los actores que podían potencialmente actuar como aliados. La prensa comenzó a darle menos importancia a organizaciones como la Comisión Chilena de Derechos Humanos o CODEPU, las cuales comenzaron lentamente a perder su presencia en la opinión pública chilena. Una presidente de CODEPU recuerda que tras el retorno de la democracia, cuando llamaban a una conferencia de prensa, llegaban todos los medios, “pero después no salía nada en las noticias”767. En resumen, la democratización de las instituciones políticas no significó una mejora en el sistema de comunicaciones. Un informe de 1998 de la ONG de derechos humanos estadounidense, Human Rights Watch, señaló que “la libertad de información en Chile está restringida en tal grado que resulta incomparable con otra sociedad democrática en el hemisferio occidental”768. La evolución paradójica del sistema mediático en el tránsito de la dictadura a la democracia revela, en última instancia, que los sistemas de comunicación pluralistas no requieren solamente que se sancione la libertad de expresión y de prensa –aunque el fin a la persecución contra los medios facilita su funcionamiento–, sino que además requiere de políticas que estimulen el pluralismo mediático y reduzcan la concentración de la propiedad de modo que permitan la expresión de la diversidad. Al final, la postura de laissez-faire del gobierno democrático perjudicó gravemente la pluralidad del escenario mediático y permitió la concentración de los medios en un par de consorcios. En este sentido, es correcto afirmar que tras el retorno de la democracia predominó en el sistema mediático chileno aquello que se ha llamado ‘censura de mercado’, donde… Citado en Ibíd., 9. Entrevista con Viviana Uribe. 768 Brett, Los límites de la tolerancia. Libertad de expresión y debate público en Chile, 49. 766 767

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[…] los mercados comunicacionales […] restringen la libertad y la igualdad de comunicación al generar barreras de entrada, monopolio y restricciones a la elección, y al transformar las definiciones dominantes de la comunicación desde la de ser un bien públicamente útil y significativo hacia una de lenguaje comercial y de consumo privado de productos apropiables769.

Finalmente, la pluralidad informacional alcanzada en el periodo dictatorial tardío fue reemplazada por un sistema comunicacional crecientemente homogéneo una vez comenzada la democracia. Variaciones en la distribución de recursos: del centro a la periferia El cambio de régimen produjo consecuencias importantes sobre la infraestructura organizacional construida durante la dictadura y en el sistema de relaciones que se había desarrollado. La causa principal de este desarrollo fue la alteración de las alianzas internacionales de la sociedad civil producto de la coincidencia del retorno de la democracia con cambios en el escenario internacional. Cuando Chile recuperó la democracia, la Unión Soviética se encontraba viviendo un proceso de apertura política y económica por lo cual, tras asumir el gobierno de Aylwin, la atención internacional se desvió rápidamente desde Chile hacia el bloque oriental. Inversionistas de los países industrializados comenzaron una carrera por posicionarse en los nuevos mercados, y el interés de los gobiernos occidentales gradualmente fue el de acompañar el proceso de democratización en Europa oriental. Aunque esto no significó un cese completo de la ayuda económica de los países occidentales hacia Chile, sí transformó sustancialmente los canales por los cuales esos

769 John Keane, «Global Publics? Civil Society, Journalism and Democracy across Borders», en Transnationale Geschichte. Themen, Tendenzen und Theorien, ed. Gunilla Budde, Sebastian Conrad, y Oliver Janz (Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2006), 308.

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recursos fueron distribuidos. Fundamentalmente, la política Europea se redirigió a “apoyar al Gobierno entrante en lograr el éxito socioeconómico y político”770. Esto significó ayudar al Gobierno de Chile para atraer inversión extranjera y estimular la iniciativa del sector privado en Chile. Estos cambios en el escenario internacional produjeron una transformación en los criterios bajo los cuales se había desarrollado la cooperación internacional hasta entonces. Después de 1990, el objetivo implícito de la ayuda internacional “viró desde el control geopolítico hacia la competencia de mercado y en mantener la estabilidad política y el crecimiento económico en los países del Sur y del Este”771. Cuando Aylwin asumió el poder, la recomposición de las relaciones bilaterales con los gobiernos extranjeros significó la reanudación de la ayuda internacional canalizada directamente al Estado chileno, cambiando así la lógica de canalización de recursos que predominó durante la dictadura chilena. Con la creación de la Agencia de Cooperación Internacional (AGCI) en junio de 1990, el Estado chileno centralizó los recursos internacionales provenientes de la cooperación internacional. La red de instituciones de apoyo y las ONGs, siendo los sectores más transnacionales de la sociedad chilena, sufrieron particularmente las consecuencias de estos cambios en las prioridades internacionales. Ya a mediados de los años 80 la cooperación internacional para el desarrollo había cambiado sus criterios de financiamiento, pasando de la perspectiva de largo plazo y dirigida a los sectores populares que caracterizó los años 70 hacia un énfasis en la evaluación de los proyectos y en la verificación del cumplimiento institucional de las ONGs. Este giro en las prioridades de la cooperación fue en respuesta a recortes en gastos que se produjeron a causa de la crisis del petróleo a fines de la década de 1970 y a las

Análisis, 13-18 marzo, 1990. Alan F Fowler, «Authentic NGDO Partnerships in the New Policy Agenda for International Aid: Dead End or Light Ahead?», Development and Change 29, Nº 1 (1998): 138. 770 771

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críticas que se comenzaron a oír en los países industrializados sobre la escasa supervisión y transparencia de la ayuda internacional772. La reorientación de los criterios básicamente significó concentrar el trabajo de las ONGs en proyectos de corto plazo con impacto medible. Sin embargo, dado que los resultados intangibles del trabajo como el empoderamiento de grupos o comunidades y la reconstrucción de lazos sociales no cabían dentro de los criterios de los donantes, las ONGs fueron crecientemente presionadas para reorientar su praxis hacia la producción de resultados tangibles en el corto plazo773. El director de una ONG de desarrollo internacional sintetizó este viraje de la siguiente forma: “La era de la solidaridad llegó a su fin, y la era del pragmatismo y la eficiencia ha comenzado”774. Esta lógica se acentuó con el retorno de la democracia una vez que el gobierno asumió el rol de distribuir los recursos internacionales a la sociedad civil chilena, ejerciendo así un estricto control sobre las acciones de las ONGs y otras instituciones de apoyo. El

772 David Lewis, «Development NGOs and the Challenge of Partnership: Changing Relations Between North and South», Social Policy & Administration 32, Nº 5 (1998): 502. 773 Barrig, De Cal y Arena: ONGs y Movimiento de Mujeres en Chile, 8. En una evaluación interna, FASIC también se refirió a las dificultades que existían para cuantificar los resultados de sus programas: “Los servicios provistos no siempre son cuantificables dado que en muchas casos se atienden problemas relacionados con, por ejemplo, los efectos y las consecuencias de la represión política, con integración social, con el abandono y la marginalidad. Hay servicios que son imperceptibles a un proceso de evaluación, pero que son significativos para aquellos afectados y su situación”. FASIC, Autoevaluación y proyección FASIC 1988-1994, 1995, 7. CD-FASIC. 774 Citado en Fowler, «Authentic NGDO Partnerships in the New Policy Agenda for International Aid», 140. El Secretario Ejecutivo de FASIC, Claudio González, describió la transformación de esta relación con las agencias de cooperación internacional como estando asociada a cambios en el personal de las agencias: Cuando el antiguo director de ICCO visitaba FASIC, “yo [le] organizaba reuniones con nuestros equipos para discutir nuestro trabajo. Ahora las visitas que vienen solo están interesadas en nuestra contabilidad, y no están interesadas en el contenido de nuestro trabajo, excepto en el número de atenciones para que puedan dividirlas con el total de sus donaciones [para calcular los costos per cápita]”. Las principal transformación, de acuerdo con González, fue que mientras durante los años 70 y 80 el personal de las agencias de cooperación internacional eran antiguos activistas y estaban comprometidos con el trabajo realizado por sus socios en el Sur, la nueva camada de funcionarios de la cooperación internacional fue llenada con profesionales directamente salidos de las universidades: “se volvieron cada vez más tecnocráticos”. Entrevista con Claudio González.

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gobierno asumió así la aproximación neoliberal de reducir el tamaño del Estado y externalizar la mayor cantidad de programas sociales posibles, limitándose a supervisar el uso correcto de los recursos775. Aunque el gobierno en un comienzo intentó establecer una relación cooperativa con las ONGs locales, dándoles el rol de asistentes en la política social y previendo mecanismos para garantizar su estabilidad financiera, estos esfuerzos terminaron por no materializarse. El criterio que finalmente predominó en la administración pública fue la de sacar provecho de la eficiencia de las ONGs en la provisión de bienes sociales, calculando que –debido a su convicción– sus funcionarios trabajaban más horas-hombre por cada salario. En este sentido, se estimó que la subcontratación de los servicios sociales hacia las ONGs sería en beneficio de ambas partes776. Las ONGs fueron así introducidas en un sistema competitivo de adjudicación de proyectos y contratos públicos que terminó por reducir el énfasis en la solidaridad e incrementó la competencia entre las organizaciones. La relación entre el gobierno y las ONGs había tenido un inicio cordial en 1990 a medida que las políticas públicas comenzaron a concentrarse fuertemente en la política social. El gobierno dio pasos para fortalecer las relaciones con las ONGs, con la creación de la División de Organizaciones Sociales (DOS) en junio de 1990, como una oficina de vínculo para intercambiar información y para permitir el acceso de las ONGs y las organizaciones comunitarias a la política pública777. Más tarde se creó el Comité Consultivo Nacional, compuesto por representantes de las ONGs y del gobierno, para establecer un espacio de diálogo entre ambos sectores778. Esta 775 Gruninger, «Las ONGs durante la transición Chilena: Un análisis de su respuesta ideológica frente a su incorporación en políticas sociales de índole neoliberal», 103. 776 Ibíd., 90. 777 Philip Oxhorn, «Understanding Political Change After Authoritarian Rule: The Popular Sectors and Chile’s New Democratic Regime», Journal of Latin American Studies 26, Nº 3 (1994): 743. 778 Gruninger, «Las ONGs durante la transición Chilena: Un análisis de su respuesta ideológica frente a su incorporación en políticas sociales de índole neoliberal», 89.

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cooperación Estado-sociedad civil desembocó en la formación de una serie de instituciones estatales que nacieron del Ministerio de Planificación y Cooperación (MIDEPLAN) para atender las áreas de la política social que fueron descuidadas por el Gobierno militar779. El rol del MIDEPLAN fue el de evaluar e incluir proyectos en un Sistema de Inversión Social, y acoger a las instituciones gubernamentales encargadas de desarrollar programas para los sectores vulnerables y combatir la extrema pobreza. Entre las instituciones del MIDEPLAN se encontraban el Instituto Nacional de la Juventud (INJUV); el Servicio Nacional de la Mujer (SERNAM); la Comisión Especial para Pueblos Indígenas (CEPI, después llamada CONADI), y el Fondo de Solidaridad e Inversión Social (FOSIS)780. Muchas de estas instituciones fueron el resultado de propuestas hechas por organizaciones no gubernamentales y comunitarias, y su rápida puesta en marcha fue gracias a la experiencia acumulada en las ONGs y su personal. Así, el gobierno chileno se “encontró con una infraestructura material y humana que no había creado ni financiado”781, representada en la vasta red de instituciones de apoyo que se desarrolló a lo largo de la dictadura. Aun cuando durante los primeros años el gobierno trató de cultivar su relación con las ONGs por medio de acceso y participación, con el correr del tiempo las directrices generales y los programas de gobierno fueron determinados cada vez más dentro de la burocracia estatal. El gobierno abandonó gradualmente su énfasis en las ONGs –cuyo foco era la organización comunitaria y la formación de conciencia política–, para optar por fortalecer el ‘tercer sector’. Esto le daría al Estado la posibilidad de implementar

779 Dagmar Raczynski, «Políticas sociales en los años noventa en Chile. Balance y desafíos», en El modelo chileno: democracia y desarrollo en los noventa, ed. Paul Drake e Iván Jaksic (Santiago: LOM Ediciones, 1999), 141. 780 Gonzalo de la Maza, «Construcción democrática, participación ciudadana y políticas públicas en Chile» (PhD. Dissertation, Leiden University, 2010), 119-120. 781 José Bengoa, “¿Qué está pasando en las ONGs?, en Mensaje, Nº 448, mayo 1996, 31.

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programas sociales y, al mismo tiempo, mantener una “estructura estrecha por medio de la subcontratación de estos servicios”782. Finalmente, las ONGs tendrían que competir por fondos gubernamentales con otras organizaciones sin fines de lucro, reduciendo su participación en el diseño de políticas y restringiendo su acción a la implementación de programas sociales783. Esta reorientación del gobierno tuvo consecuencias negativas en la sobrevivencia de muchas organizaciones, estimándose que el número de ONGs se redujo prácticamente a la mitad, pasando de 475 a 244 entre 1985 y 1995784. El cambio en el destino de la cooperación internacional desde la sociedad civil hacia el Estado ilustra que cómo se distribuyen los recursos es a veces más importante que la mera disponibilidad de los recursos. El énfasis puesto por el Estado en externalizar la implementación de programas sociales y en la realización de consultorías dejó muy debilitadas a las instituciones que se dedicaban al trabajo de organización y formación. Mientras las ONGs que se habían concentrado en la investigación pudieron trabajar como consultoras y así adaptarse mejor a los requisitos del gobierno, las organizaciones que cultivaron relaciones con la base o bien carecían del conocimiento para el trabajo de consultoría o bien lo rechazaban por la pérdida de autonomía que conllevaba785. Algunas organizaciones con funciones duales, como la Comisión Chilena de Derechos Humanos, viraron en 1990 a “una metodología basada en alta competencia técnica y profesional […] estableciendo acuerdos de colaboración con Ministerios y los servicios públicos”786,

Jorge Barrientos, Coordinating Poverty Alleviation Programs with Regional and Local Governments. The Experience of the Chilean Social Fund [FOSIS], Discussion Paper, Social Protection Discussion Papers (Washington, D. C.: The World Bank, 1999), 4. 783 Gruninger, «Las ONGs durante la transición Chilena: Un análisis de su respuesta ideológica frente a su incorporación en políticas sociales de índole neoliberal», 89-90. 784 José Bengoa, “¿Qué está pasando en las ONGs?, en Mensaje, Nº 448, mayo 1996, 32. 785 Barrig, De Cal y Arena: ONG y Movimiento de Mujeres en Chile, 10. 786 Castillo Velasco, Presidente, CCHDH. Carta a Cees Oskam y Sangra Stirling, ICCO, respecto de apoyo financiero, 20/6/1990, 8. ACCHDH. 782

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mientras al mismo tiempo se deshacía del Departamento de Comités de Base, concluyendo así su relación con el trabajo de las poblaciones787. Además, dado que el financiamiento gubernamental estaba sujeto a renovación cada año o cada dos años, la autonomía de las organizaciones se veía afectada al tener que someterse a los procedimientos de las renovaciones anuales788. Al reducir el impacto político de las ONGs, y restringir su campo de acción al de consultores políticos, el Gobierno logró ejercer un control instrumental sobre las ONGs789. Esta nueva relación con el gobierno también produjo una paradoja en la autocomprensión de las ONGs. Como hemos discutido en el Capítulo IV, el trabajo de las instituciones de apoyo durante la dictadura estuvo vinculado a una evaluación crítica de las primeras experiencias solidarias y su énfasis en suplir la negligencia del Estado en la aplicación de políticas sociales. Así, la red de instituciones de apoyo autoconscientemente asumió una línea de trabajo que apoyó la autoorganización de los pobres y estimuló las áreas que no eran consideradas privilegio del Estado, tales como el desarrollo de sistemas de comunicaciones alternativos, la socialización de temas de género y trabajar para aumentar la conciencia crítica. Este tipo de aproximación, sin embargo, retrocedería después de 1990, a medida que se restringió la capacidad de acceder directamente a recursos internacionales. El creciente rol de las ONGs como proveedores de servicios para la política social del gobierno finalmente mermó la identidad que habían logrado durante la dictadura y las encuadró con el modelo neoliberal de privatizar las funciones sociales del Estado.

Coordinación de Comités de Base de Derechos Humanos-Sur Poniente, Carta a J. Castillo Velasco por despido de coordinadores del Departamento de Comités de Base, julio, 1990. ACCHDH. 788 Gonzalo de la Maza, «Políticas públicas y sociedad civil en Chile: el caso de las políticas sociales (1990-2004)», Política 43 (2004): 124. 789 Sin embargo, como señaló una activista de una ONG de mujeres, a pesar de las consecuencias económicas, algunas ONGs se negaron a asumir este rol: “preferiríamos cerrar la institución antes de transformarnos en mano de obra barata para el gobierno”. Citado en Barrig, De Cal y Arena: ONGs y Movimiento de Mujeres en Chile, 10. 787

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Aunque hubo intentos de formalizar las contribuciones del Estado a las ONGs en el presupuesto nacional, estas iniciativas no prosperaron. La Comisión Chilena de Derechos Humanos intentó desde 1992 ser incluida en el presupuesto de la nación como una forma de recibir recursos directamente del Estado y no en la forma de asignaciones por proyectos. Esto no fue un tema menor dado que, de acuerdo con la ley chilena, las donaciones privadas a este tipo de instituciones no reciben descuentos tributarios, y las principales fuentes de financiamiento finalmente se reducían al Estado o a la cooperación internacional. Además, para 1995 las ONGs no habían recibido un reconocimiento de su estatus legal, debiendo adoptar las figuras legales de fundación o corporación sin fines de lucro, ninguna de las cuales se correspondía completamente con los objetivos de las organizaciones790. Las gestiones finalmente no prosperaron y el Gobierno alegó que no existía el quórum suficiente para aprobar la inclusión de la CCHDH en el presupuesto nacional. La Comisión se lamentaba del nuevo arreglo institucional alegando que “la cooperación internacional canalizada a través del Gobierno nacional no ha llegado a la Comisión de la manera prevista, ni ha sido suficiente para permitirnos un funcionamiento normal, o al menos sin complicaciones”791. Así, a medida que los recursos de la administración pública aumentaron, las organizaciones de la sociedad civil luchaban por sobrevivir792. José Bengoa, “¿Qué está pasando en las ONGs?”, en Mensaje, Nº 448, mayo 1996, 33. Comisión Chilena de Derechos Humanos. Comisión Chilena de Derechos Humanos: Relaciones con el Estado, enero, 1996. ACCHDH. 792 El presupuesto anual del FOSIS, por ejemplo, aumentó de US$6 millones en 1990 a US$26 millones en 1991, y nuevamente a US$50 millones a partir de 1994. Genaro Arriagada y Carol Graham, «Chile: Sustaining Adjustment during Democratic Transition», en Voting for reform: democracy, political liberalization, and economic adjustment, ed. Stephan Haggard y Steven Benjamin (Oxford: Oxford University Press/ The World Bank, 1994), 278; Barrientos, Coordinating Poverty Alleviation Programs with Regional and Local Governments. The Experience of the Chilean Social Fund [FOSIS], 4. Hacia 1995, Chile se había convertido en uno de los cinco principales beneficiarios de ayuda para el desarrollo de los estados miembro de la Unión Europea para América Latina, recibiendo aproximadamente el 6,2 por ciento de la asistencia total. Christian Freres, «The European Union as a Global “Civilian Power”: Development Cooperation in EU-Latin American Relations», Journal of Interamerican Studies and World Affairs 42, Nº 2 (2000): 75. 790

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Los problemas de financiamiento tuvieron un efecto particularmente severo en las organizaciones de mayor tamaño. La Comisión Chilena de Derechos Humanos, por ejemplo, enfrentó un proceso de “racionalización” para “optimizar en alguna medida los recursos humanos y materiales a nuestra disposición para enfrentar los actuales desafíos y los que vienen”793. De una planta de 102 personas en 1989794, la Comisión redujo su personal en casi 50 por ciento a comienzos de 1990795. Sin embargo, sin el apoyo de la cooperación internacional, la reestructuración no sirvió para mantener a la organización a flote. En una carta de 1991 a ICCO, la CCHDH solicitó la continuidad del financiamiento dados los gastos masivos que tenían, y que “si no fuera posible, nos veríamos obligados a reducir [el personal] en un 30 por ciento, o el equivalente a 45.000 dólares”796. En 1992, luego de que fuentes holandesas no entregaron los aportes presupuestados –los que representaban aproximadamente el 30 por ciento del presupuesto total de la organización– la Comisión se encontró con una deuda de casi US$240.000. En consecuencia, y para evitar inestabilidad financiera en el futuro, la Comisión redujo su personal de 45 a 9 personas797. De este modo, en solo tres años, la CCHDH se vio obligada a reducir su personal en casi un 90 por ciento. En años siguientes, la sobrevivencia de la CCHDH se vio drásticamente afectada. En un documento de 1993, la Comisión indicó la reducción del financiamiento internacional como uno de 793 Comisión Chilena de Derechos Humanos, Aportes y criterios para enfrentar el nuevo replanteamiento institucional de la CCHDH en materia de proyectos y financiamiento, [prob. 1990]. ACCHDH. 794 Comisión Chilena de Derechos Humanos, Nomina de trabajadores CCHDH, septiembre, 1989. ACCHDH. 795 Castillo Velasco, Presidente, CCHDH. Carta a Cees Oskam y Sangra Stirling, ICCO, respecto de apoyo financiero, 20/6/1990, 8. ACCHDH. 796 Comisión Chilena de Derechos Humanos, (Confidencial para ICCO) Situación acerca de las indemnizaciones de los Trabajadores de la Comisión Chilena de Derechos Humanos, noviembre, 1991. ACCHDH. 797 C. López, General Secretary, CCHDH, Carta a Embajador Jorge Tapia Valdés, Embajada de Chile en La Haya, Holanda, sobre problemas con el financiamiento desde el Ministerio de Cooperación e ICCO, [1993]. ACCHDH.

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los problemas principales enfrentados en el nuevo escenario democrático. “Varios países han anunciado que descontinuarán completamente el apoyo a organizaciones como las nuestras a partir de 1994, y otras han de facto terminado todo su apoyo los programas”798. Hacia 1995, la CCHDH dejó de recibir financiamiento de fuentes internacionales por completo: Debe notarse que hasta 1992 la Comisión recibía contribuciones a través de proyectos de numerosas agencias y fundaciones extranjeras, desde los EE.UU., Francia, España, Italia, Noruega, Alemania, y principalmente de Suecia y Holanda. En 1993, los recursos vinieron solo de Suecia y Holanda. En 1994, solo de Holanda, siendo este el último año en el cual recibimos recursos externos [internacionales] directos799.

FASIC también tuvo una percepción crítica de su dependencia de los recursos extranjeros en la medida en que se producía incertidumbre financiera e inestabilidad organizacional: “Las nuevas prioridades de las Agencias y la percepción de éxito económico y estabilidad democrática en Chile, constituye una transformación en el contexto institucional que presiona e influencia nuestro propio desarrollo”800. En un documento de 1995, también CODEPU señaló la crítica situación financiera de la organización: “Debido a la sostenida reducción de los recursos en los últimos cinco años, nuestra organización ha debido enfrentar ajustes drásticos”801. Los ajustes significaron reducciones en los recursos entrantes y, consiguientemente, en los recursos humanos de la organización. En términos concretos, el presupuesto del CODEPU se redujo de US$320.000 Comisión Chilena de Derechos Humanos, Antecedentes Económicos y Financieros, January, 1993. ACCHDH. 799 Comisión Chilena de Derechos Humanos, Comisión Chilena de Derechos Humanos: Relaciones con el Estado, enero, 1996. ACCHDH. Las cursivas son mías. 800 FASIC. Autoevaluación y proyección FASIC 1988-1994, 1995. CD-FASIC. 801 CODEPU, Proyecto de Financiamiento para la Adquisición de un Inmueble para el Comité de Defensa de los Derechos del Pueblo, CODEPU, [1995], 3. CD-MM. 798

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en 1990 a US$178.000 en 1995, y su personal se redujo de 63 a 35 personas en el mismo periodo802. En 1997 dejaron de recibir recursos de la cooperación internacional por completo803. La escasez de recursos internacionales directos para las organizaciones de la sociedad civil se debió a una reestructuración de los circuitos de información en la medida en que las organizaciones no podían competir con el gobierno en atraer el apoyo internacional. Las embajadas chilenas jugaron un rol importante en crear una imagen de éxito en el extranjero, donde presentaban los problemas de derechos humanos y muchos otros como resueltos o en vías de ser solucionados. Esta imagen parcial fue difundida entre los gobiernos extranjeros que decidían el financiamiento de las agencias internacionales, y contribuyó a sacar Chile de la lista de las prioridades de la cooperación internacional804. Aunque, tras más de una década de cooperación, la mayoría de las instituciones de apoyo tenían contactos y canales de comunicación con las agencias internacionales, carecían de acceso a las instancias reales donde se tomaban las decisiones sobre la distribución de recursos805. FASIC concluyó que existía “cierta unilateralidad dado que las decisiones son tomadas sin una consideración más global de los problemas que existen en una transición incompleta”806. Los problemas financieros tuvieron efectos en la infraestructura organizacional a nivel nacional en tanto los efectos se propagaron hacia las sedes provinciales, afectando así la presencia territorial de las organizaciones. El CODEPU, por ejemplo, redujo sus oficinas regionales de 7 en 1990 a 4 en 1991807. FASIC también cerró su

Ibíd., 5. Entrevista con Viviana Uribe. 804 Entrevista con Claudio González. 805 FASIC, por ejemplo, señaló que aunque las “agencias tienen buena información sobre el país […], los directores para América Latina no tienen capacidad de decidir sobre el financiamiento”. FASIC. Autoevaluación y proyección FASIC 1988-1994. Anexos, 1995, 11. CD-FASIC. 806 Ibíd., 11. 807 CODEPU. Proyecto de Financiamiento para la Adquisición de un Inmueble para el Comité de Defensa de los Derechos del Pueblo, CODEPU, [1995], 5. CD-MM. 802 803

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oficina de Valparaíso a causa de las constricciones económicas808. Las sedes regionales y provinciales de la Comisión Chilena de Derechos Humanos también se vieron fuertemente afectadas por el agotamiento de los recursos. Una carta del 10 de agosto de 1990 de la Comisión de Derechos Humanos de Linares, por ejemplo, indicaba su preocupación sobre la descontinuación de su financiamiento, y solicitaba un monto anual para cubrir el arriendo, la electricidad, el agua y los costos de materiales de oficina, excluyendo los salarios809. Como reflejó un comunicado interno del Secretario del Consejo Ejecutivo, otras sedes regionales se vieron afectadas por los recortes: “He recibido inquietantes noticias desde regiones en el sentido de que se ha resuelto la disolución de algunas Comisiones debido a la falta de recursos”810. En una carta a agencias de cooperación belgas, el Secretario del Consejo Ejecutivo intentó interceder por la Comisión de Derechos Humanos de Osorno: “Muchas experiencias en la Defensa de los Derechos Humanos en el país están en peligro de verse paralizadas debido a la falta de recursos o por no estar entre las prioridades nacionales, razón por la cual podrían verse suspendidas, interrumpidas y olvidadas”811. La lucha por la sobrevivencia de las instituciones de apoyo y ONGs tuvo también consecuencias importantes para las organizaciones de base. Las organizaciones de base requerían de algún grado de apoyo económico para cumplir con las necesidades logísticas de sus actividades aún cuando, por su composición casi exclusivamente voluntaria, tenían requisitos financieros más modestos que las instituciones de apoyo –las cuales requerían considerables recursos

Entrevista con Claudio González. Comisión Chilena de Derechos Humanos-Linares, Carta a A. Domínguez por falta de recursos en sede regional, 10/8/1990. ACCHDH. 810 A. Domínguez, Secretario del Consejo Ejecutivo, CCHDH, Carta a Marcel Young, CCHDH, por problemas en regiones, entre otros, 7/8/1990. ACCHDH. 811 A. Domínguez, Secretario del Consejo Ejecutivo, CCHDH, Carta a Consejo de la Coordinación Belga en nombre de Comisión de Derechos Humanos-Osorno por Proyecto de Emergencia, 29/8/1990. ACCHDH. 808 809

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para pagar a sus plantas profesionales y arriendos812. Dado que los recursos de las organizaciones de base y sus contactos con la política nacional provenían de las organizaciones apoyadas por el financiamiento internacional, los problemas que ocurrían en el centro fueron traspasados a la periferia de manera análoga a los problemas que enfrentaron las sedes provinciales. Dada esta dependencia de las instituciones de apoyo, las organizaciones de base fueron quizá el sector más perjudicado por las alteraciones en el financiamiento internacional. Como hemos visto, los fondos gubernamentales estimulaban la acción de las ONGs como consultoras, pero poco o nada hicieron para apoyar la continuidad de las organizaciones de base ya existentes; no se destinaron recursos con este propósito813. En consecuencia, muchas instituciones de apoyo se vieron obligadas a suspender los programas que enfatizaban la promoción organizacional. Un informe de 1998 de la Fundación Ford observó que muchas de las ONGs de mujeres que se habían dedicado al trabajo de base durante la dictadura se desvincularon de las organizaciones poblacionales tras el regreso de la democracia814. En la CCHDH, aunque no se hizo mención explícita, la desvinculación con los grupos de base se pudo observar en la inspección detallada de los organigramas institucionales y los programas registrados en sus informes anuales, los cuales a partir de 1990 dejan de reportar los programas y departamentos que se dedicaron a sustentar las relaciones con los comités de base815. Incluso Comité Base Derechos Humanos-Cerro Los Placeres, Carta a CCHDH por financiamiento, 2/12/1987. ACCHDH.; ECO. Taller de análisis Movimientos Sociales y Coyuntura, Nº 2. Los movimientos sociales frente al plebiscito, agosto, 1988, 13. CD-ECO. 813 Esto lo indicó un dirigente juvenil: “Existe el miedo de legalizar las organizaciones poblacionales a través de las instituciones [existentes]. Sus objetivos serán determinados por la coyuntura política más que por los objetivos de largo plazo. Por ejemplo […] [porque] la única forma de conseguir recursos es a través de la legalización, todas las organizaciones, incluso las culturales, se convierten en promotores de espectáculos en vez de desarrollar (nuestra propia cultura), dado que eso requeriría muchos recursos (equipos, personas que enseñen, etc.) [lo cual el gobierno no proporcionará]”. Citado en Oxhorn, «Understanding Political Change After Authoritarian Rule: The Popular Sectors and Chile’s New Democratic Regime», 753. 814 Barrig, De Cal y Arena: ONGs y Movimiento de Mujeres en Chile, 8. 815 Comisión Chilena de Derechos Humanos, Actividades de la CCHDH durante el periodo Enero-Junio 1991, 1991. ACCHDH. 812

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la Vicaría de la Solidaridad, la organización pionera en organizar el trabajo de base en Chile, descontinuó la incorporación de nuevas organizaciones en sus programas de apoyo a partir de 1989, dedicándose a las organizaciones ya afiliadas hasta 1992816. Esta desvinculación masiva de las organizaciones de base generó un problema mayor en la medida que las instituciones de apoyo no solo prestaban ayuda técnica y material, sino que también conectaban a los sectores populares a través de diferentes canales con organizaciones con acceso a los medios, a los centros de toma de decisiones y con vínculos con actores internacionales. Así, a partir de 1990, los canales estandarizados de comunicación que vincularon a las organizaciones de base con organizaciones de relevancia nacional perdieron su sustento institucional. El impacto, sin embargo, fue doble ya que el cierre de los canales de comunicación con las organizaciones nacionales hizo que las organizaciones subsidiarias perdieran relevancia, impactando así directamente los ambientes organizacionales locales. Aunque no existen registros sobre el estado de la organización comunitaria tras el retorno a la democracia (esto mismo es una señal de la desconexión), estas conclusiones son consistentes con la evaluación general de la política de base una vez completado el proceso de transición democrática. Las consecuencias percibidas de este proceso fueron sugerentemente planteadas en un estudio etnográfico sobre las poblaciones después del fin de la dictadura: “Después de la elección del nuevo gobierno civil […] los líderes comunitarios expresaron que se sintieron abandonados por los partidos políticos, desconectados de movimientos sociales más amplios y aislados de sus vecinos”817. Así, los recursos directamente canalizados hacia la sociedad civil se redujeron a medida que los gobiernos extranjeros y las ONGs internacionales restablecieron las relaciones bilaterales con el go-

816 Vicaría de la Solidaridad, Informe de Actividades. Programas de acción, educación solidaria y promoción de organizaciones de pobladores, 1990, 37. FDAVS. 817 Paley, Marketing democracy: power and social movements in post-dictatorship Chile, 88.

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bierno chileno. Este proceso generó nuevas relaciones de dependencia entre el Gobierno de Chile y las ONGs nacionales, lo cual a su vez destruyó los vínculos institucionales entre las organizaciones de base y las instituciones de apoyo. Los programas de reducción de la extrema pobreza, con su cargado tono paternalista, no sirvieron para sostener las mismas relaciones que habían caracterizado la interacción social entre 1973 y 1990. Así, a medida que la posdictadura avanzaba, se perdió irrevocablemente el trabajo diseñado por las instituciones de apoyo para aumentar la autonomía de las comunidades y empoderarlas para superar sus propios problemas. En resumen, aunque hubo importantes avances en el funcionamiento del sistema político formal tras el retorno a la democracia, el cambio de régimen produjo resultados diversos en la estructuración informal de la interacción política en Chile. La transición de la dictadura a la democracia produjo mejoras generales en las condiciones de vida de la población en la medida en que la represión y la persecución retrocedieron, se restauraron los derechos políticos y representantes electos reemplazaron a los oficiales designados por las Fuerzas Armadas. Sin embargo, el retorno de la democracia afectó el ambiente organizacional chileno al debilitar las organizaciones, reducir la colaboración entre ellas, transformar su estructura de alianzas internacionales y afectar a los medios de comunicación que les habían dado cobertura en el pasado. Por tanto, la mayor consecuencia del cambio de régimen no fue la desmovilización de actores previamente movilizados, sino que un debilitamiento de los recursos organizacionales y el poder de la sociedad civil en relación con el Estado. En este sentido, junto a los remanentes autoritarios del sistema político chileno representado más notablemente –pero no solo– en la persistencia de la Constitución de 1980, la transformación en las instituciones que estructuraron la interacción política informal facilitó la concentración del poder en las élites partidarias y creó fuertes incentivos para el sostenimiento del statu quo.

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Capítulo VII Conclusiones Dictadura, sociedad civil y democracia En lugar de intentar eliminar los rastros de poder y exclusión, la política democrática nos exige ponerlas de relieve, hacerlas visible para que puedan entrar en el terreno de la contestación. Y el hecho de que esto debe ser visto como un proceso interminable no debiera ser causa para la desesperación porque el deseo de alcanzar una destinación final solo puede conllevar la eliminación de lo político y una destrucción de la democracia. En un sistema democrático, los conflictos y las confrontaciones, lejos de ser un signo de imperfección, indican que la democracia está viva y habitada por el pluralismo. Chantal Mouffe, The Democratic Paradox, 2000

Eventos recientes en Chile han mostrado la relevancia actual de muchos de los temas tratados a lo largo de este libro. El 10 de junio de 2012, simpatizantes de la dictadura chilena realizaron una conmemoración pública a Pinochet en el Teatro Caupolicán, la cual fue acompañada de contramanifestaciones fuera del teatro. Durante la dictadura este lugar fue un escenario importante de la lucha en contra de la dictadura, donde diferentes sectores de la oposición realizaron actos para demostrar su unidad y refrendar su compromiso con el objetivo de lograr el retorno a la democracia. Es, entonces, paradójico que veintidós años después del fin de la dictadura, los pinochetistas usen el mismo espacio para demostrar su unidad y refrendar su compromiso con el legado de Pinochet. Como demuestra la conmemoración, tras más de dos décadas de régimen democrático, la sociedad chilena no ha sido capaz de sanar las heridas dejadas por la dictadura y la memoria colectiva de este periodo histórico permanece altamente disputada. 327

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Asimismo, a lo largo del año 2011 la expansión de la presión pública organizada alcanzó niveles de visibilidad que no se experimentaban desde, quizás, 1986. Protestas ambientalistas en contra de la construcción de plantas hidroeléctricas en la Patagonia chilena fueron acompañadas de una huelga de hambre de 87 días protagonizada por activistas mapuche en contra de la aplicación de la ley antiterrorista; la misma ley que fue promulgada por Pinochet para constreñir a la oposición política. En mayo, los estudiantes chilenos ocuparon escuelas y universidades, y realizaron marchas masivas a lo largo de Chile, exigiendo reformas en contra de la segregación socioeconómica del sistema escolar chileno; otro legado de la dictadura. Las protestas estudiantiles capturaron la agenda política por más de seis meses y pusieron gran presión sobre el Gobierno y el Congreso para que revisaran el sistema educacional chileno y sus modos de financiamiento. Pero una de las principales reformas exigidas, un incremento de impuestos y la regulación de evasiones tributarias para las grandes empresas, fue resuelta con una modificación estética. Los casos mencionados revelan que, tras más de dos décadas de democracia estable y consensual, el conflicto nuevamente está siendo parte de la política chilena; y esto es un proceso positivo. Dado que la democracia no es más que el conjunto de instituciones basadas en la soberanía popular que regulan los procesos de toma de decisiones en una comunidad territorial determinada, la presencia de puntos de vistas contrastantes y amplia discusión pública sobre la legitimidad de esas instituciones son un componente necesario de cualquier sistema democrático. La ausencia de semejante debate, más que una indicación de la satisfacción o el beneplácito de la población, es un reflejo de correlaciones de poder económico y político altamente desiguales, y del predominio hegemónico de algunos sectores de la población por sobre otros. El conflicto, por el contrario, sirve para poner de manifiesto las demandas de aquellos sectores que se consideran excluidos o subrepresentados en el marco institucional existente. Quizás valga la pena mirar hacia el 328

Conclusiones

pasado y reflexionar en cómo sería la democracia actual, si las clases bajas, las mujeres y las minorías no hubiesen exigido cambios en las democracias ya existentes del siglo XIX y comienzos del XX. En este sentido, la sociedad civil y el conflicto son elementos necesarios para la redefinición de las fundaciones, los límites y las posibilidades del sistema político. Y las fundaciones de la democracia chilena heredadas de la dictadura de Pinochet están lejos de ser representativas de las necesidades y de la diversidad de la población. Los capítulos de este libro han tematizado estos problemas al mostrar el desarrollo de diferentes procesos políticos en el Chile dictatorial. En lo que queda, recapitularé algunos de los aspectos más importantes de la trayectoria de la sociedad civil entre 1973 y 1993. Estudiar el desarrollo de la sociedad civil en Chile como un proceso histórico, con una temporalidad independiente del contexto macropolítico y de los actores individuales, ha posibilitado la observación de interacciones políticas en diversos contextos sociopolíticos. A diferencia de la mayor parte de los estudios que han observado la sociedad civil en dictadura, este libro se propuso ir más allá de la mera concentración en actores o momentos históricos específicos para dar una mirada más comprehensiva de las interacciones de diferentes actores en relaciones de cooperación o competencia. Entender las variaciones en la sociedad civil no exige solamente saber cómo acontecimientos específicos llegaron a ocurrir, ni cómo diferentes actores modificaron sus posiciones, sino que exige entender cómo conjuntos de relaciones una vez establecidas y consolidadas fueron transformadas a la luz de diferentes escenarios políticos. En este sentido, aunque este libro enfatizó las variaciones ocurridas en el periodo dictatorial, las transformaciones más importantes fueron en las relaciones transnacionales y entre la sociedad civil y el Estado, que se produjeron como consecuencia del cambio de régimen. La emergencia y el declive de la sociedad civil entre 1973 y 1993 están internamente relacionados, configurando un proceso histórico asociado a transformaciones en las alianzas internacionales. 329

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Es importante recordar que la reorganización de la sociedad civil en Chile ocurrió a pesar de la represión masiva y la reestructuración neoliberal de la economía. La represión estuvo dirigida fuertemente en contra de los partidos políticos de la izquierda y sus bases políticas en un esfuerzo por imponer el “silencio político” proclamado por la Junta. Esto fue instrumental para llevar a cabo un programa de transformación económica que consistió en la redistribución de la riqueza hacia las élites e imponer fuertes trabas sobre el bienestar de la población por medio de reducciones salariales, desempleo masivo y el debilitamiento de los sindicatos y del marco de regulación de las relaciones entre capital y trabajo. Reconocer que la reorganización de la sociedad civil ocurrió en este contexto es importante porque supone revisar la relación entre sociedad civil y democratización. Rueschemeyer, Stephens y Stephens propusieron que el vínculo entre desarrollo capitalista y democratización está relacionado con transformaciones asociadas con la industrialización, lo cual facilitó la capacidad organizacional de las poblaciones subalternas y, por consiguiente, fortaleció a la sociedad civil818. En el caso del Chile dictatorial, sin embargo, dadas las medidas disruptivas impuestas por el Estado a través de la represión y el desmantelamiento de la capacidad económica de la población, se requiere de una explicación diferente para justificar el fortalecimiento de la sociedad civil. Por ello, he argumentado que los cambios en las relaciones internacionales y la formación de relaciones transnacionales, con la consiguiente canalización de recursos, estuvieron en la base de la reemergencia de la infraestructura organizacional de la sociedad civil. La importancia analítica de esta observación radica en que nos obliga a reconocer que la sociedad civil no se estructura en torno a relaciones simétricas ni horizontales, sino que en torno a relaciones de dependencia. Pero esto no significa que haya que poner énfasis en las relaciones jerárquicas o de dominación. En el Chile dictato818

Rueschemeyer, Stephens, y Stephens, Capitalist Development and Democracy.

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Conclusiones

rial, las relaciones dentro de la sociedad civil fueron caracterizadas por la dependencia económica, pero también por su fuerte carga cooperativa y su énfasis en promover la autonomía de diferentes sectores de la población. Esto se reflejó, por ejemplo, en las características de las relaciones transnacionales discutidas en el capítulo dos. Las alianzas establecidas entre el Consejo Mundial de Iglesias y el COPACHI consistió en el flujo Norte-Sur de recursos y el flujo Sur-Norte de información crítica. Esta relación, aunque asimétrica, fue caracterizada por el fuerte grado de compromiso de los aliados del Norte hacia la causa de enfrentar las políticas del régimen militar. Además, en el caso chileno, el control que los aliados internacionales pudieron ejercer debido a su control de los recursos fue positivo porque ayudó a aislar al COPACHI y a la Vicaría de la Solidaridad de los sectores con afinidades al régimen y, por lo tanto, contribuyó a crear los primeros espacios libres para la reorganización social. En este sentido, a través de acción social deliberada, sectores progresistas internacionales fueron capaces de establecer intercambios transnacionales sistemáticos con los sectores progresistas que quedaron en Chile. Este fue un paso importante porque aseguró que los recursos internacionales serían adecuadamente administrados para atender las necesidades de aquellos más afectados por la dictadura. El control ejercido por los actores internacionales también fue importante para desarrollos subsiguientes. A medida que aparecieron nuevas fuentes de financiamiento internacional, los canales de contacto ya establecidos fueron utilizados para obtener la certificación de nuevos proyectos y fondos. Como fue detallado en los capítulos III y IV, a través de las redes transnacionales existentes, nuevas organizaciones y medios independientes se propagaron a lo largo de las décadas de 1970 y 1980. Hacia mediados de los años 80, cuatro organizaciones de derechos humanos de cobertura nacional, más de cincuenta centros de investigación y casi 500 ONGs estaban trabajando para apoyar a las personas que sufrían la persecución, y estimulando la formación de organizaciones de base 331

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a lo largo del territorio nacional. Además, más de media docena de medios de comunicación independientes pudieron establecerse y consolidarse gracias al financiamiento provisto por aliados internacionales. La formación de esta red nacional de organizaciones, y sus relaciones con medios independientes, facilitaron la extensión de los discursos democráticos a lo largo del territorio. Las relaciones de dependencia y cooperación no solo caracterizaron las relaciones transnacionales, sino que también permearon las coaliciones establecidas entre clases medias y bajas. Como vimos en el Capítulo III, la amplia red de organizaciones de base que se formó en los sectores más pobres fue fuertemente apoyada por una serie de instituciones, desde organizaciones de derechos humanos a ONGs. Esto permitió que se extendieran los intercambios institucionales consistentes en apoyo económico o técnico, como también que se generaran canales de comunicación entre comunidades periféricas y organizaciones con contactos con organizaciones internacionales, élites partidarias y medios independientes. Estas relaciones fueron la base para procesos de socialización política inspirados por las ideas de la educación popular, que postulaba que las condiciones existentes de subordinación económica solo podían ser superadas por medio de la acción social colectiva. En este sentido, las organizaciones que participaban en estos intercambios llegaron a ver sus acciones como partes de un proceso de construcción de la infraestructura necesaria para la democratización permanente. A la luz de estas relaciones, no es una coincidencia que las demandas por democratización social precedieran a las demandas por reforma política. Entre 1976 y 1983, los sindicatos se movilizaron para exigir aumentos salariales, reducir los niveles de desempleo y suspender las restricciones que sufría el movimiento laboral. Asimismo, entre 1979 y 1983, los pobladores organizados protestaron en contra de los aumentos en el precio del agua y la electricidad, y en contra de los déficits habitacionales producidos por la contracción del gasto social. La entrada de los partidos políticos al escenario a mediados de 1983 desplazó las demandas por reforma económica 332

Conclusiones

e impuso una agenda consistente en lograr un cambio de régimen, a partir de la concepción de que las demandas de democratización social solo podían satisfacerse dentro de un régimen democrático. Sin embargo, a medida que la transición a la democracia avanzó bajo la influencia del Gobierno de los Estados Unidos, los partidos políticos de la oposición abrazaron la idea de lograr reformas políticas sin hacer transformaciones al sistema económico. En este sentido, las luchas entre los diferentes sistemas de alianzas, y su distribución relativa de poder, determinaron los contenidos y los límites del proceso de democratización. El compromiso de las élites políticas de lograr transformaciones políticas sin redistribución económica se acentuó una vez que comenzó el régimen democrático, y fueron particularmente exitosos en ello porque la fuerza de los grupos que podían oponerse se había visto deteriorada como consecuencia del cambio de régimen. A medida que las fundaciones de la reestructuración neoliberal permanecieron, junto con las agudas asimetrías que creaba entre la población, los sectores más afectados fueron aquellos que se habían beneficiado por la transferencia de recursos internacionales. El giro de la cooperación internacional desde la sociedad civil hacia el Estado generó nuevos patrones de dependencia y creó fuertes tensiones económicas para las organizaciones, produciendo reducción en el personal, pérdida de presencia territorial y la disolución de las relaciones establecidas entre las clases medias y bajas. Todos estos elementos contribuyeron a debilitar la posición de la sociedad civil en relación con el Estado y los grupos de interés empresariales, y efectivamente aislaron a las clases bajas del proceso político. El desenlace de este proceso fue una democracia caracterizada por una reducción en el pluralismo de los temas discutidos en la agenda pública y un consenso político incontestado establecido entre las élites. Así, la paradójica trayectoria de la sociedad civil, cuya influencia aumentó durante la dictadura y decayó en democracia, más que radicar en disposiciones individuales o colectivas relacionadas con 333

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el contexto político, estuvo relacionada con cambios en las relaciones sociales estructuradas. Las explicaciones más comunes de las variaciones en la actividad política infieren relaciones causales entre contexto político y movilización. Mientras en contextos dictatoriales la ausencia de partidos políticos explicaría el desplazamiento de la actividad política hacia la sociedad civil, la reanudación de la política institucional explicaría el declive de los movimientos sociales. Desde esta perspectiva, el peso explicativo está puesto en cómo los actores actúan y reaccionan a condiciones políticas específicas. Contra este tipo de explicaciones, he argumentado que los cambios en las dinámicas políticas estuvieron relacionados con transformaciones en las relaciones sociales estructuradas institucionalmente. Durante los diecisiete años de dictadura, la política en Chile se desarrolló a través de miles de organizaciones que sostuvieron relaciones semiautónomas entre ellas. El mantenimiento de esta red requirió de la reproducción de los recursos organizacionales provistos, en gran parte, por el financiamiento internacional. Así, la redemocratización del país no afectó tanto la disposición de los activistas o las organizaciones en Chile como los arreglos institucionales que en último término hicieron posible sus actividades. Así, mientras el financiamiento internacional se mantuvo, la desigualdad de recursos económicos existentes en el país no se tradujo directamente en desigualdad en los recursos políticos. El regreso de la democracia no fue capaz de sostener este equilibrio de poder en la medida en que ningún actor llenó el vacío dejado por la discontinuidad del financiamiento internacional. En último término, las dinámicas políticas de la sociedad civil en la dictadura y en la posdictadura fueron partes del mismo proceso relacionado con transformaciones en las relaciones internacionales.

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Anexos y bibliografía

Anexos y bibliografía

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Anexos y bibliografía

Figuras 5.1.: Relaciones entre organizaciones sociales populares y partidos políticos Tablas 3.1.: Organizaciones donantes internacionales y financiamiento a organizaciones nacionales, 1986-1987 3.2.: Evolución de financiamiento FASIC, 1975-1980 3.3.: Centros de Investigación Independientes 3.4.: Periodo de fundación de las instituciones de apoyo según dependencia confesional, 1973-1981 3.5.: Objetivos para las organizaciones de base, Equipo de Solidaridad Zona Oriente, 1985 3.6.: Participantes en organizaciones de subsistencia, 1977-1985 3.7.: Tomas ilegales y número de familias participantes, 1980-1985 4.1.: Represión contra los medios en Chile, 1973-1987 4.2.: Incidentes terroristas en Chile, 1976-1983 5.1.: Organizaciones de subsistencia y participantes, 1982-1988 5.2.: Organizaciones de base y coordinadoras, 1982-1986

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Abreviaturas ACE Ayuda Cristiana Evangélica ACNUR Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados Refugiados AD Alianza Democrática AFDD Agrupación de Familiares de Detenidos AFL-CIO American Federation of Labor and Congress of Industrial Organizations/Federación Americana del Trabajo trial Organizations/Federación Americana del Trabajo y Congreso de Or-y Congreso de Organizaciones Industriales (EE.UU.) ganizaciones Industriales (EE.UU.) AGECH Asociación Gremial de Educadores Chilenos AHC Academia de Humanismo Cristiano ANEF Asociación Nacional de Empleados Fiscales CAPEL Centro de Asistencia y Promoción Electoral (Costa Rica) Rica) CAREF Comité Argentino de Refugiados (Argentina) CCHDH Comisión Chilena de Derechos Humanos CCIA Commission of the Churches on International Affairs/ Comisión de las Iglesias de Relaciones Internacionales Comisión de las Iglesias de Relaciones Internacionales (Ginebra) (Ginebra) CEBEMO Dutch Catholic Organization for Joint Financing of Development Programmes/Organización Católica Development Programmes/Organización Católica Holandesa para elHoFilandesa de para el Financiamiento Conjunto(Holanda) de Programas nanciamiento Conjunto Programas para el Desarrollo para el Desarrollo (Holanda) CED Centro de Estudios para el Desarrollo CEE Comunidad Económica Europea CEL Comité para las Elecciones Libres CEM Círculo de Estudios De La Mujer CEPAL Comisión Económica para América Latina. CERC Centro de Estudios de la Realidad Contemporánea CIASPO Centro de Investigación y Acción en Salud Popular CICARWS Commission on Interchurch Aid, Refugees, and World Service/ComisiónService/Comisión de Ayuda Intereclesial, Refugiados y Servicio Mundialy de Ayuda Intereclesial, Refugiados (Ginebra) Servicio Mundial (Ginebra)

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Anexos y bibliografía

CIDE Centro de Investigación y Desarrollo de la Educación CIEL Comité de Izquierda por las Elecciones Libres CIEPLAN Corporación de Estudios para Latinoamérica CIMADE Comité Inter-Mouvements Auprès Des Évacués/Comité para la Coordinación deCoordinación Actividades para los Desplazados té para la de Actividades para (Francia) los Desplazados (Francia) CIME Comisión Intergubernamental para Migraciones Europeas Europeas CIOSL Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres Sindicales Libres CMI Consejo Mundial de Iglesias CNC Comisión Nacional Campesina CNCT Comisión Nacional contra la Tortura CNI Central Nacional de Informaciones CNS Coordinadora Nacional Sindical CNT Comando Nacional de Trabajadores CODEJU Comisión Nacional Pro-Derechos Juveniles CODELCO Corporación Nacional del Cobre CODEPU Comité de Defensa de los Derechos del Pueblo CODES Comité de Defensa de los Derechos Sindicales CONAR Comité Nacional de Ayuda a los Refugiados CONFECH Confederación de Estudiantes de Chile COPACHI Comité de Cooperación para la Paz en Chile COPEL Comité Operativo de Partidos por las Elecciones Libres CSO Coordinación Sur-Oriente CTC Confederación de Trabajadores del Cobre CUT Central Única de Trabajadores DESAL Centro Para el Desarrollo Económico y Social de América Latina América Latina DIA Departamento para Refugiados de la Agencia

Intereclesial Holandesa Intereclesial Holandesa DINA DINACOS DIRINCO

Dirección de Inteligencia Nacional Dirección Nacional de Comunicación Social Dirección de Industria y Comercio

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DOS División de Organizaciones Sociales ECO Educación y Comunicación FASIC Fundación de Ayuda Social de las Iglesias Cristianas FECH Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile FLACSO Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales FOS-ARNAD Fondo de Organizaciones Sociales, Archivo Nacional de la Administraciónla Administración FPMR Frente Patriótico Manuel Rodríguez G10 El Grupo de Los Diez (después de 1982, UDT) GIA Grupo de Investigaciones Agrarias HEKS Hilfswerk Der Evangelischen Kirchen Schweiz/Ayuda Intereclesial SuizaIntereclesial (Suiza) Suiza (Suiza) HRROLA Human Rights Resources Office for Latin America/Ofide Recursos en Derechos Humanos para América cina de Recursos cina en Derechos Humanos para América Latina Latina ICCO Interchurch Coordinating Committee for Development Coordinación Intereclesial para Projects/Comité Projects/Comité de Coordinación de Intereclesial para Proyectos de Desarrollo (Holanda) Proyectos de Desarrollo (Holanda) IDRC International Development Research Center/Centro de del Desarrollo Internacional (Canada). Investigación delInvestigación Desarrollo Internacional (Canada). ILADES Instituto Latino Americano de Doctrina y Estudios Sociales Sociales JAP Juntas de Abastecimiento y Control de Precios MAPU Movimiento de Acción Popular Unitario MDP Movimiento Democrático Popular METRO Coordinadora Metropolitana de Pobladores MINVU Ministerio de Vivienda y Urbanismo MIR Movimiento de Izquierda Revolucionaria MJL Movimiento Juvenil Lautaro MUDECHI Mujeres de Chile NAMFREL National Citizens’ Movement for Free Elections/MoviNacional por las Elecciones miento Nacional miento de Ciudadanos pordelasCiudadanos Elecciones Libres Libres

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Anexos y bibliografía

NDI National Democratic Institute for International Affairs/ Instituto Nacional de Asuntos InternacioInstituto Nacional Democrático de Democrático Asuntos Internacionales nales NED National Endowment for Democracy/Fundación Nacional para la Nacional Democracia para la Democracia PC Partido Comunista de Chile PDC Partido Demócrata Cristiano PDI Policía de Investigaciones PET Programa Economía y Trabajo PIIE Programa Interdisciplinario de Investigaciones en Educación. Educación PNUD Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PS Partido Socialista PSOE Partido Socialista Obrero Español SEPADE Servicio Evangélico para el Desarrollo SERPAJ Servicio Paz y Justicia SIDA Swedish International Development Agency/Agencia de Desarrollo Internacional Sueca Desarrollo Internacional Sueca SIFA Servicios de Inteligencia de la Fuerza Aérea SUR SUR Profesionales SUTE Sindicato Único de Trabajadores de la Educación UDT Unión Democrática de Trabajadores UNTRACH Unión Nacional de Trabajadores de Chile USAID U.S. Agency for International Development/Agencia de Desarrollo Internacional de Internacional los Estados Unidos Desarrollo de los Estados Unidos

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Fuentes Archivos Berlín, Alemania Forschungs-und Dokumentationszentrum Chile-Lateinamerika (FDCL) Ibero-Amerikanisches Institut (IAI) Ginebra, Suiza Biblioteca de la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra (UNOG) Archivo del Consejo Mundial de Iglesias (ACMI) Santiago, Chile Archivo de la Comisión Chilena de Derechos Humanos (ACCHDH) Centro de Documentación, Educación y Comunicaciones (ECO) (CD-ECO) Centro de Documentación, Fundación de Ayuda Social de las Iglesias Cristianas (CD-FASIC) Centro de Documentación, Museo de la Memoria (CD-MM) Centro de Documentación, Corporación de Estudios Sociales y Educación SUR (CD-SUR) Fondo de Organizaciones Sociales, Archivo Nacional de la Administración (FOS-ARNAD) Fundación Documentación y Archivo de la Vicaría de la Solidaridad, Arzobispado de Santiago (FDAVS) Archivos Digitales Digital National Security Archive (DNSA) Fondo Documental Eugenio Ruiz Tagle, FLACSO (FDERT) International Development Research Centre Digital Library (IDRCDL)

Hemerografía Prensa Clandestina Agencia Informativa de la Resistencia, AIR (1980-1983) Agencia Noticiosa Chilena Antifascista (ANCHA), París, Francia (1977-1981) Basta (1979-1983)

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Anexos y bibliografía

Combatiente (1977) Contacto, París, Francia (1978-1982) El Rebelde (1976-1983) Liberación (1980) Pueblo Cristiano (1976) Resistencia Democrática (1979) Revista de la Resistencia (1977-1979) Unidad Antifascista (1976-1981) Unidad y Lucha (1977-1983) Venceremos (1977-1983) Revistas y Diarios Chilenos Análisis (1978-1991) Apsi (1979-1991) El Mercurio (1973-1990) Ercilla (1973-1977) Hoy (1977-1990) Mensaje (1977-1990) Solidaridad (1976-1989) Revistas y Diarios Internacionales Der Spiegel (1973) International Herald Tribune (1973-1975) Le Monde Diplomatique (1973-1975) New York Herald Tribune (1973-1975) The Guardian (1973-1975) The New York Times (1973-1975) The Observer (1973-1975) Entrevistas 1. Bernardo Acevedo. Militante MAPU y Cofundador del Movimiento Juvenil Lautaro. Santiago, Chile. 18/11/2010 (59 min.) 2. Padre José Aldunate. Fundador del Movimiento Contra la Tortura Sebastián Acevedo. Santiago, Chile. 2/11/2010 (48 min.) 3. José Araya. Presidente Codepu-Valdivia. Santiago, Chile. 2/11/2010 (68 min.)

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4. Padre Alfonso Baeza. Vicario, Vicaría de la Pastoral Obrera. Santiago, Chile. 3/11/2010 (90 min.) 5. Ignacio Balbontín. Miembro del Grupo de Estudios Constitucionales y militante PDC. Santiago, Chile. 8/11/2010 (76 min.) 6. Víctor Barrueto. Secretario General MAPU. Santiago, Chile. 7/11/2010 (57 min.) 7. Juan Pablo Cárdenas. Director Análisis. Santiago, Chile. 28/10/2010 (61 min.) 8. Andrés Domínguez. Coordinador Nacional Comisión Chilena de Derechos Humanos. Santiago, Chile. 17/11/2010 (81 min.) 9. Bernardo Echeverria. CODEJU y militante Partido Socialista. Santiago, Chile. 25/9/2010 (71 min.) 10. Hernol Flores. Presidente ANEF; Director del Grupo de los Diez y Vicepresidente UDT. Santiago, Chile. 21/10/2010 y 28/10/2010 (141 min.) 11. Atilio Garate. Presidente CODEJU Valparaíso-Viña del Mar, Chile. 27/9/2010 (114 min.) 12. Claudio González. Secretario Ejecutivo FASIC. Santiago, Chile. 10/11/2010 y 17/11/2010 (160 min.) 13. Charles Harper. Coordinador Chile Emergency Office; Director, Human Rights Resources Office for Latin America, Consejo Mundial de Iglesias. Ginebra, Suiza. 9/3/2011 y 10/3/2011 (173 min.) 14. Moisés Labraña. Secretario General Coordinadora Nacional Sindical (CNS). Santiago, Chile. 16/11/2010 (88 min.) 15. Jorge Lavandero. Director Fortín Mapocho. Santiago, Chile. 8/11/2010 (59 min.) 16. Gonzalo de la Maza. Investigador Educación y Comunicaciones (ECO). Santiago, Chile. 28/9/2010 (46 min.) 17. Ana María Medioli. Equipo de Solidaridad Zona Oriente, Vicaría de la Solidaridad. Santiago, Chile. 9/11/2010 (83 min.) 18. Germán Molina. Director de Asuntos Nacionales, Comisión Chilena de Derechos Humanos. Santiago, Chile. 6/10/2010 y 20/10/2010 (90 min.) 19. Domingo Namuncura. Coordinador Nacional Servicio Paz y Justicia (SERPAJ). Santiago, Chile. 26/10/2010 (82 min.) 20. Sandra Palestro. Dirigente Departamento Femenino del Partido Socialista. Santiago, Chile. 9/11/2010 (63 min.) 21. Isabel Pizarro. Agrupación de Familiares de Presos Políticos (AFPP). Santiago, Chile. 20/11/2010 (70 min.)

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Anexos y bibliografía

22. Gabriel Pozo. Presidente CODEJU (post-1990). Santiago, Chile. 28/11/2010 (47 min.) 23. Padre Cristián Precht. Secretario Ejecutivo COPACHI; Vicario Vicaría de la Solidaridad. Santiago, Chile. 16/9/2010 y 30/9/2010 (97 min.) 24.Gustavo Rayo. Presidente CODEJU. Santiago, Chile. 14/9/2010 (86 min.) 25. Francisca Rodríguez. Confederación Campesina ‘Ranquil’; Confederación Nacional Campesina (CNC). Santiago, Chile. 19/11/2010 (93 min.) 26. María Inés Salgado. Servicio Paz y Justicia (SERPAJ). Santiago, Chile. 4/11/2010 (56 min.) 27. Daniela Sánchez. Departmento de Zonas, Vicaría de la Solidaridad. Santiago, Chile. 27/10/2010 (98 min.) 28. María Luisa Sepúlveda, Secretaria Ejecutiva Vicaría de la Solidaridad (1992). Santiago, Chile. 20/10/2010 (55 min.) 29. Gonzalo Taborga. Secretario de Asuntos Internacionales, Comisión Chilena de Derechos Humanos. Santiago, Chile. 29/10/2010 (63 min.) 30. Gloria Torres. Equipo de Solidaridad Zona Norte, Vicaría de la Solidaridad. Santiago, Chile. 22/11/2010 (79 min.) 31. Viviana Uribe. Presidente CODEPU. Santiago, Chile. 6/11/2010 (73 min.) 32. Ximena Valdés. Investigadora Centro de Estudios de la Mujer (CEDEM). Santiago, Chile. 16/11/2010 (68 min.) 33. Fernando Zegers. Presidente CODEPU. Santiago, Chile. 18/11/2010 (49 min.)

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Anexos y bibliografía

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