Sentencias relevantes en materia ambiental 9786070933189

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COORDINADORES SALVADOR E. MUÑÚZURI HERNÁNDEZ PAULA MARÍA GARCÍA-VILLEGAS SÁNCHEZ-CORDERO

SENTENCIAS RELEVANTES EN

MATERIA AMBIENTAL

Coordinadores SALVADOR

E.

MUNÜZURI HERNÁNDEZ

PAULA MARÍA GARCÍA-VILLEGAS SÁNCHEZ-CORDERO

EditorialPorrúa,

Primera edición: 2019 t

Copyright e 2019 SALVADOR E. MUNÓZURI HERNÁNDEZ PAULA MARÍA GARCÍA-VILLEGAS SNCHEZ-CORDERO

Esta edición y sus características son propiedad de EDITORIAL PORRÚA, SA de CV 9 Av. República Argentina IS altos, col. Centro, 06020, Ciudad de México www.porrua.com

Queda hecho el depósito que marca la ley

Derechos reservados

ISBN 978-607-09-3318-9

IMPRESO EN MÉXICO

PRINTED IN MEXI CO

CONTENIDO

INTRODUCCIÓN ...••.............•..•••..•••..••••••••••••••••••• XIII Paula María García-Vill egas Sánchez-Cordero PREFACIO .............••••••...••••.••••••.....•...••...•.•...• XVII Salvador E. Muñúzuri Hernánd ez

1 CUESTIONES JURÍDICAS COMENTARIO A LA SENTENCIA DE AMPARO EN REVISIÓN 410/2015 DE LA SEGUNDA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN (SCJN) DE MÉXICO..................................................... Carla Delfina Aceves Avila INTERPRETACIÓN DEL INTERÉS LEGÍTIMO Y JURÍDICO PARA LA PRESENTACIÓN DE UN RECURSO DE REVISIÓN RELACIONADO CON EL INCUMPLIMIENTO DE LA AUTORIZACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL DE UN RELLENO SANITARIO EN EL ESTADO DE PUEBLA . . . . • • • • . • • • . . . . • . • . . . . . • • • • • • • . • • • • • • . . . • • • • • • . • • . .. Mariana Tejado Gallego EL DERECHO HUMANO A LA PARTICIPACIÓN MEDIOAMBIENTAL. . . • . • • . • . • • • • • Luis Miguel Cano López Marfn del Conncn Colín Olmos EL PROCEDIMIENTO DE DENUNCIA POPULAR, UN DISEÑO INACABADO PARA EL ACCESO A LA JUSTICIA Y LA CORRESPONSABILIDAD SOCIOAMBIENTAL ANÁLISIS DE UNA SENTENCIA. • . • . . . . • • . • . . . . . . . . . . • • . . . . . . • • • . • • . • • • Juan Pablo Gudlño Cual EL DERECHO HUMANO A UN MEDIO AMBIENTE SANO Y SU JUSTICIABILIDAD .• . • . Raquel Gutlérrez Nájera

3

13

21

27

37

DERECHO AL MEDIO AMBIENTE SANO. CASO LÍNEA 7 DEL "METROBÜS REFORMA" EN LA CIUDAD DE MÉXICO. . . . . . . . • . . . . . . . . . . . • • • . . . . . • . • • . . . • . • . . . . 45 Paula María García-Vllegas Sánchez-Co rdero

VII

VIII

CO NTEN P

CONTROVERSIA CONSTITIJCIONAL 31/2010 RESUELTO POR EL PLENO DE LA SCJN. NEGATIVA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA Roo A PUBLICAR EL PROGRAMA PARCIAL DE DESARROLLO URBANO DEL POLfGONO PONIENTE DE LA CIUDAD DE CANCÚN, QUINTANA Roo, AL CONSIDERARLO VIOLATORIO DEL MARCO LEGAL VIGENTE ..•...•.••••.•••.•........•...••••...••••

Francisco Javier Dorantes Dfaz ANÁLISIS DE LA SENTENCIA EMITIDA POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN SOBRE LA CONSTITUCIONALIDAD DE LOS ARTÍCULOS 28, PRIMER PÁRRAFO, FRACCIÓN II, Y 29 DE LA LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDAD AMBIENTAL •••••

Mireille Roccattl Velázquez COMENTARIOS EN TORNO A LA SENTENCIA EMITIDA EL 5 DE JUNIO DE 2017 POR LA SALA ESPECIALIZADA EN MATERIA AMBIENTAL Y DE REGULACIÓN DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA, EN EL JUICIO 673/16-EAR-01-3, INICIADO CON MOTIVO DE LA APLICACIÓN DE SANCIONES A UN ADULTO MAYOR POR LA EXPLOTACIÓN DE CARBÓ N VEGETAL .•••.•......••.•••.••••••••••••••••

Héctor Silva Meza

2 ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS ANÁLISIS DEL AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 1493/1995, RESUELTO POR EL PLENO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE lA NACIÓN • • • • • . • • • • •

81

Alfredo Martín Ochoa ANÁLISIS DE LA SENTENCIA EMITIDA POR EL PLENO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN EN LA CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 72/2008 SOBRE EL PARQUE NACIONAL TULUM Y LA ZONA DE MONUMENTOS ARQUEOLÓGICOS TULUM-TANCAH. . • • . . . . . . . • • • • • • . • • • • • • • . . . . • . • • • . • • • • • . • • • • • • . • •

91

Francisco Javier Cantón del Moral 101

PERSPECTIVA JURISDICCIONAL PARA PROTEGER EL MEDIO AMBIENTE Neófto López Ramos CASO MALECÓN TAJAMAR. . . . • . . • • . • . • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

111

Sellna Haidé Avante Juárez ANÁLISIS DE SENTENCIA MATERIA AMBIENTAL

167/2011

,·

121

Alejandra Chávez Cadena CASO PARQUE NACIONAL NEVADO DE TOLUCA ..••••••.••.•••••••••••••••

Fernando Silva García

133

CONTENIDO

IX

ASENTAMIENTOS HUMANOS IRREGULARES EN ÁREA NATURAL PROTEGIDA. CASO XOCHIMILCO . . . • . . . . . . . . . • . . . • . . . . . . . . . • • . • . . • • • • • • • . . . • • • • • • • • • 169

Paula María García-Vlllegas Sánchez-Cordero

3 VIDA SILVESTRE ANÁLISIS DE LA CONTRADICCIÓN DE TESIS 244/2015 SUSCITADA ENTRE EL TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL DECIMOCUARTO CIRCUITO Y DEL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGESIMOSÉPTIMO CIRCUITO.••••.•.••••.......•........••.....•.... 185 Ana Teresa Valdivia Alvarado PROHIBICIÓN DE LA UTILIZACIÓN DE MAMÍFEROS MARINOS EN ESPECTÁCULOS ITINERANTES . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . • • . • . . • . . . . • . • . . . . . • . . • . • . . . 197 R. Razlel Vllegas Núez REFLEXIONES SOBRE LA RESOLUCIÓN DICTADA EN EL INCIDENTE EN REVISIÓN

281/2015 DEL ÍNDICE DEL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL DECIMOSEXTO CIRCUITO ........••............•.•. 207 Alexandra Martínez Landeros DECOMISO DE ANIMALES DE LA VIDA SILVESTRE. ANÁLISIS DEL AMPARO EN REVISIÓN 703/2016 DEL ÍNDICE DE LA SEGUNDA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN•....•..•••••••.•••....••....•..•.•• 215 Mariana León L6pez COMENTARIOS AL AMPARO EN REVISIÓN

47/2016-4 DENTRO DEL JUICIO DE AMPARO

1853/2013 Miguel Angel Torrijas Mendoza

221

ANÁLISIS DE LA SENTENCIA EMITIDA POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO EN FECHA 6 DE ABRIL DE 2017

229

AMPARO DIRECTO DA-72/2017......................................

229

Zulma Espinoza Mata ANÁLISIS AL AMPARO EN REVISIÓN 630/2017 RESUELTO POR LA SEGUNDA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, POR LA QUE SE DECLARÓ CONSTITUCIONAL. LA PROHIBICIÓN DE LAS CORRIDAS DE TOROS .•••..•••••••

Mauricio Limón Aguirre

239

X

CONTENIDO

4 AIRE C ALIDAD DEL AIRE . CONTAM INACIÓN ATMOSFÉRICA URBANA. ANÁLISIS DEL JUICIO DE AMPARO DIRE CTO EN RE VISIÓN NÚMERO

5452/2015

,

253

Luis González Lozano ANÁLISIS JUDICIAL DE LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-EM-167-S EMA RN AT-2016...................................

263

Edith Romero Juárez INCIDENTE EN RE VISIÓN NÚMERO

564/2017

,

, .. 271

Maria Elena Mesta Fernández ANÁLISIS DEL INCIDENTE EN RE VISIÓN ADMINISTRATIVA

78/2017 RE SUELTO

POR EL SEGUNDO TRI BUNAL COLEGIADO EN MA TERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL VIGÉSIMO PRIMER CIRCUITO, EN MA TERIA DE ACTO S DE INSPECCIÓN .•..••

283

Rodolfo Godínez Rosales ANÁLISIS DEL AM PARO EN RE VISIÓN 238/2014 RESUELTO POR EL TERCER TR IBUNAL COLEGIADO EN MA TERIA ADMINISTRA TIVA DEL PRIMER CIRCUITO, RE FERE NTE AL TEMA DE VERIFICACIÓN VEHICULAR ...•.•.••..•..•....•.••

289

Iván Palomares Hofmann ANÁLIS IS DE LA CONTRADICCIÓN DE TES IS

355/2012 DE LA

SEGUNDA SALA

DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN ...•....••.•....••..•. ,

301

Leopoldo Burguete Stanek

5 SUELO ANÁLISIS DEL AMPARO DIRECTO

9/201 7

311

Franco Lammoglia Ordiales ANÁLISIS DE LA NEGACIÓN DE EXENCIÓN DE EVALUACIÓN DE IMPACT O AM BIENTAL DEL MAN TENIMIENTO A UN PROYECT O DEL SECTOR HIDROCARBUROS

327

Marcos Raúl AJcjandre Rodríguez-Arana COMENTARIOS RE SPECTO A LA SENTENCIA DEL AMPARO DIRE CT O PROMOVIDO POR

PEMEX LOGISTICA

474/2016

EN CONTRA DE LA RE SOLUCIÓN DICTADA

POR LA SALA ESPECIALIZADA EN MATERIA AMBIENTAL Y DE REGULACIÓN DEL TRIBUNAL FEDERA L DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA ...•..........•......••

Vicente Ugalde Saldaña

335

CONTENIDO

XI

ANÁLISIS DEL AMPARO EN REVISIÓN 2250/2009 ••••••.•••••••••••••••••• Miguel Ángel CanclnoAguUar

34S

6 AGUA AZUL AGUA. AMPARO EN REVISIÓN 641/2017•••••••••••.•••.•.••.•••.•.. 355 Sergio Ampudla Mello ANÁLISIS DE LA SENTENCIA DICTADA EN EL AMPARO DIRECTO 140/2018 EMITIDA POR EL DÉCIMO SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.......•.••.•.••••...•.•...•••.••••........•• 363 Daniel Basurto González DIFERENCIA ENTRE LA CONTINGENCIA AMBIENTAL Y LA EMERGENCIA HIDROECOLÓGICA EN MATERIA DE CUERPOS DE AGUA Y SUS BIENES PÚBLICOS INHERENTES ..•....•••....•••••••..•.•.••..•.••••••.••.••••..... 375 Blanca Alicia Mendoza Vera

7 VISITAS Y AUDITORÍAS COMENTARIO A LA SENTENCIA DE AMPARO 67/2014 DEL JUZGADO PRIMERO DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA EN EL DISTRITO FEDERAL .••••.•• 387 Salvador Eloy Muñúzurl Hemáncla ANÁLISIS SOBRE LA CONTRADICCIÓN DE TESIS 193/2005-SS. SUSCITADA ENTRE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEGUNDO DEL OCTAVO CIRCUITO Y PRIMERO DEL DÉCIMO QUINTO CIRCUITO .....•..••.•••.••..•..•••..•....•.•..• 397 María de Lourdes Hernández Meza RESOLUCIÓN PRONUNCIADA POR EL PLENO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN ANTE LA DENUNCIA DE POSIBLE CONTRADICCIÓN DE TESIS PRESENTADA POR LA PROCURADURÍA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE (PROFEPA) .......•....•..•..•••..•....•.................•....• 409 Karla Isabel Acosta Resendi ANÁLISIS DE UN CASO DE LA PROCURADURÍA FEDERAL DE PROTECCIÓN

AL AMBIENTE (PROFEPA). FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO DE INSPECCIÓN EN MATERIA FORESTAL ........••.•.•.••••• ; ..•....•.•• 41S Fernando José Montes de Oca y Domínguez

XJI

CONTENIDO

INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 171 DE LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE .•••..•.••..•...•••••••••••• 427 José Juan González Márquez Ana María Pacheco Rulz ANÁLISIS DE LA CONTRADICCIÓN DE TESIS 179/2013 DE LA SEGUNDA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN RESPECTO DE ACTAS ADMINISTRATIVAS EN PROCEDIMIENTOS DE INSPECCIÓN AMBIENTAL .•.•.•••.• Mauricio Emlllo Llamas Chávez ANÁLISIS DE LA SENTENCIA DE CONTRADICCIÓN DE TESIS 62/2011 EMITIDA POR LA SEGUNDA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. CADUCIDAD EN LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS EN MATERIA AMBIENTAL .......................•..••..•..•.....•..••••••••••• Lulgi lacobi Pontones Brito Rosa Martha Manjarrez Trejo Juan Cristóbal Franco Solares

439

447

8 CASO LAUDO AVEN LECCIONES AMBIENTALES DEL LAUDO AVEN Y OTROS CONTRA COSTA RICA..... Mario Peña Chacón

459

INTRODUCCIÓN Este primer libro de una trilogía en materia ambiental es el resultado de un esfuerzo académico por recopilar algunas de las sentencias más relevantes, con respecto a este tema, emitidas por órganos jurisdiccionales federales en México. El segundo volumen abarcará el estudio de destacados fallos dictados por tribunales internacionales. Y el tercero, y último, corresponderá con lo desarrollado por la doctrina en materia ambiental. Los temas ambientales están estrechamente relacionados entre sí; por ello, resulta necesario que esta área del conocimiento se estudie de forma holística. Lo anterior debido a que el todo y cada una de sus partes están conectados, de manera que lo sucedido a una parte afecta a las otras, así como al todo, y viceversa. Igualmente, el derecho a un medio ambiente sano y a que se resarza el deterioro ambiental causado, en virtud de su indivisibilidad, está a su vez relacionado con otros derechos humanos, como el derecho a la protección de la salud, al desarrollo, a la educación, al trabajo, a la alimentación, al agua y a la vivienda, entre otros. Aun cuando los principios de los derechos humanos son entre otros su interdependencia e indivisibilidad, en ocasiones, es complejo reconciliarlos, porque no pueden afirmarse todos de manera conjunta, como sucede con el derecho al desarrollo vis a vis y el derecho a un medio ambiente sano. Las tendencias doctrinarias en materia ambiental comienzan a hablar de la necesidad de decrecer en términos económicos. Títulos como Educación, neoliberalismo yjusticia social, de Francisco Miguel Martínez Rodríguez; Aprender a decrecer, de Luis Tamayo Prez, o Ecologismo, la estrategia fracasada del capitalismo?, de Alfredo César Dachary y Stella Maris Arnaiz Burne, son referentes de cómo se ve hoy día la crisis ambiental desde la doctrina. Habrá que analizar a conciencia y con la autocrítica necesaria si la instrumentación de políticas públicas bajo el marco de la competencia económica y el libre mercado que históricamente tuvieron su justificación y razón de ser- tomaron o no en cuenta las consecuencias a largo XIII

XIV

INTRODUCCIÓN

plazo en materia ambiental. También se debe estudiar si las políticas públicas implementadas son o no, parcialmente, la causa de la crisis ambiental sin precedentes que vivimos y que incluye la pérdida de especies de los distintos reinos biológicos. Viendo el pasado es como se vive el presente y se construye el futuro. No podernos seguir consumiendo a la tasa en la que actualmente lo hacemos; debemos entender la economía desde otra perspectiva y en armonía con la Carta de la Tierra, porque estamos muy cerca del punto de no retomo en cuanto a la destrucción de nuestro único hogar. Además, la presión que imprimen al planeta los más de 7500 millones de habitantes es cuestión mayor. Todos demandan vivienda, alimentos, protección de la salud, trabajo, transporte, vías de comunicación y, al mismo tiempo, un medio ambiente sano que garantice niveles de vida dignos para la presente y siguientes generaciones. Resulta evidente que la desmedida ambición humana, con el deseo de acumular riqueza a costa del medio ambiente, es un factor que ha sido constante, pero también la necesidad y extrema pobreza han dañado el ambiente, con asentamientos humanos irregulares que crecen día a día en zonas de conservación ecológica. En conjunto, estos dos polos han revelado, unos por codicia y otros por necesidad, una profunda ceguera e irresponsabilidad hacia el deber de proteger el ambiente. Se debe obligar a percibir el desarrollo en forma sustentable y a largo plazo. Afirmaciones o cuestionamientos incomprensibles como qué implica una mina explotada si hay cientos?, qué es un consorcio hotelero dentro de un manglar cuando hay miles de kilómetros de playa? O, incluso a microescala, preguntas como qué representa cortar o talar un árbol si está obstruyendo la luz de la ventana? Son la regla en lugar de la excepción y son la razón por la que vemos cómo se deteriora el ambiente. Es necesario despertar y entender que esta visión corta y sin límites da respuesta a por qué cada día el planeta llora más y más por el maltrato que le dan sus habitantes. De hecho, aunque la comunidad científica, en su mayoría, coincide en que el cambio climático se ha agravado por la participación y visión no sustentables de la explotación de los recursos naturales, por la deforestación y la quema de combustibles fósiles, es preocupante que aún una parte se encuentre escéptica y considere que tal situación simplemente es cíclica y que, en todo caso, la humanidad es poco o nada responsable de las penurias que ocurren en nuestro planeta. Y así estas condiciones económicas, sociales y políticas como contexto son los factores que se encuentran alrededor de la toma de decisiones de las autoridades y órganos jurisdiccionales que deciden sobre los asuntos ambientales, que en algunos casos sucumben frente a aquéllas y resuelven, por ejemplo, que no hay

INTRODUCCIÓN

XV

interés legítimo en la defensa de un área natural protegida, o extremos tales como que no se daña el ambiente con la devastación de un manglar. Sin embargo, también es cierto que, por otro lado, existen juzgadores que dan esperanza y fortalecen a la institución a la que pertenecen, con el simple hecho de aplicar las normas ambientales vigentes y el principio pro ambiente, el cual implica que ante la duda se debe resolver a favor del ambiente. También hay noticias buenas para los estudiosos de esta rama del conocimiento, y es que poco a poco cobran significación expresiones como resiliencia ambiental, responsabilidad del daño ambiental, sustentabilidad, equilibrio ecológico, áreas naturales protegidas (ANP), manifestaciones de impacto ambiental (MIA), así como su importancia; empero, también saltan a la vista necesidades que se deben tener en cuenta y que falta que perrneen, como que las MIA sean elaboradas por expertos independientes con responsabilidad, y sanciones graves en caso de sesgo. Lo enunciado se tratará de forma detallada en la presente obra. Para su mejor lectura, los artículos de este primer libro se agruparon por temas. La primera parte incluye desde el derecho a la denuncia popular, pasando por el derecho de las comunidades a que sean consultadas en el caso de que la actividad del Estado pueda repercutir en su entorno o forma de vida, el caso de organismos genéticamente modificados, rellenos sanitarios, responsabilidad ambiental, prescripción de responsabilidades ambientales, negativas de las autoridades a publicar programas parciales de desarrollo urbano en periódicos oficiales, hasta multas y decomisos de especies en peligro de extinción. La segunda parte contiene sentencias en las que la litis o parte de ella se centraba en las ANP, como la declaratoria, su objeto-la conservación a corto, mediano y largo plazo, que, por tanto, jurídicamente no puede resultar medio para controvertir actos de desposesión-, su inscripción en el Registro Público de la Propiedad, el interés legítimo en defender las ANP. El tercer apartado del libro abarca la protección de los animales de la vida silvestre e instituciones jurídicas como la veda, utilización de mamíferos en espectáculos y funciones públicas, caza deportiva y corridas de toros, entre otros asuntos. La cuarta parte corresponde con el estudio de la contaminación del aire; en ella básicamente se abordan temas como la competencia para inspeccionar y vigilar su calidad, programas de verificación vehicular o el impacto ambiental que tienen los proyectos de construcción al depositar los residuos al aire libre. El quinto apartado del libro incluye artículos sobre la contaminación del suelo e, incluso, se analizan sentencias en las que se examina el tema

XVI

del huachicol, la responsabilidad ambiental y el mantenimiento de duetos de Pemex. La sexta parte comenta sentencias relacionadas con el agua, como relativas a inspecciones, vulneración de ecosistemas costeros o derram en ríos de sustancias nocivas para la salud. En la séptima parte se incluyen sentencias relacionadas con las w tas de inspección y auditorías por parte de autoridades ambientales. Por último, el libro concluye con una sentencia emitida por un tril nal internacional, como vínculo con el que será el segundo volumen esta trilogía. El mensaje que la obra pretende transmitir es la necesidad de blar esfuerzos para concientizar a la población mundial de la impop cia de emprender acciones locales para proteger globalmente el plana Tierra y permitir la sobrevivencia de la especie humana y del resto de ' seres vivos del reino animal, vegetal, monera, protista y fungi; debe entendernos como un sistema dependiente en el que todos coexistimos con el que somos interdependientes. En ese sentido, nunca debemos perder de vista que sin respeto al planeta no hay vida y todo se acaba; por ello, se tienen que llevar a cabo acciones de fonna drástica, antes de que sea demasiado tarde. De ahí importancia de aceptar nuestra responsabilidad histórica y actuar en consecuencia. Debemos respetar la vida de los diversos reinos biológicos, e incluso efectuar pequeñas acciones, como reciclar, reducir y reusar, porque cada paso, por insignificante que parezca, es importante. No podría concluir esta introducción sin antes agradecer al doctor Salvador E. Muñúzuri Hernández la invitación para participar como cocoordinadora de esta obra; el esmero y dedicación puesto en ella por el doctor es la razón por la que este libro está saliendo a la luz. Ha sido muy enriquecedor estar cerca de él en esta primera de tres partes del proyecto para difundir y concientizar sobre la importancia de las buenas prácticas en materia ambiental. Igualmente, agradezco a los jóvenes estudiantes Karla Paola Alvarez Guzmán y Daniel Eduardo Salas López, así como a Héctor Iván Mondragón Fuentes, José Luis Cruz Martínez, Natalie Franco Chávez y Marcos Alejandre Rodríguez Arana. Su apoyo en la revisión de los artículos ha sido invaluable. PAULA MARÍA GARCÍA-VILLEGAS SÁNCHEZ-CORDERO

Enero de 2019

PREFACIO No cabe duda de que el desarrollo de la regulación ambiental ha sido relativamente rápido en los casi cuatro lustros que van de esta centuria. De hecho, los últimos treinta años del siglo pasado fueron testigos del nacimiento de la legislación ambiental, lo que nos da medio siglo en la evolución de esta disciplina jurídica. En efecto, si bien es cierto que nuestra Constitución política desde su redacción original en 1917 ya contemplaba en el artículo 27 la protección de los elementos naturales susceptibles de apropiación, también lo es que era una salvaguarda un tanto cuanto acotada, por no decir tímida; y no fue sino hasta 1971 que el constituyente permanente volvió a retomar el tema al dotar al Consejo de Salubridad General con facultades para adoptar medidas emergentes en materia de contaminación ambiental. Más adelante, en 1987, se otorgó al Congreso general potestades expresas para legislar en materia de protección al ambiente y de preservación y restauración del equilibrio ecológico; se adicionó la fracción XXIX-G al artículo 73 constitucional.' En 1999 se consagró, entonces sólo de manera programática, el derecho de las personas a vivir en un ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar, pero hasta 20122 se determinó en la Constitución que el Estado garantizará el respeto a este derecho; igualmente, en esa oportunidad se incorporó la premisa de que el daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo dispuesto por la ley, que más adelante sería la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental. Por su parte, en 1971 se aprobó la primera ley ambiental en México, la Ley Federal para Prevenir y Controlar la Contaminación Ambiental. que en 1982 se abrogó, para promulgarse la Ley Federal de Protección al

Es importante aclarar que el Congreso de la Unión, tanto en las reformas consti tucionales como en las leyes expedidas con anteriori dad a la reforma de 1987, se fundamentó en la fracción VI del artículo 73 de la Constitución, entendiendo al tema ambiental como un asunto de salubridad general de la República. 2 Reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación el 8 de febrero de 2012.

XVII

XVIII

PRE

Ambiente. Seis años después, en 1988, se expidió la aún vigente Ley neral del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, la cual fue re mada casi en su totalidad en 1996. No obstante lo anterior, ha sido largo del presente siglo, diecinueve años contando hasta hoy, que se expedido más de quince leyes ambientales específicas, entre ellas la c da Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, promulgada en 2013.3 Desde el punto de vista del fortalecimiento institucional en la mate, ha habido avances sustanciales desde la última década del siglo pasad En 1992 se creó la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, desde ese año hasta ahora se han establecido diecinueve procuradur? ambientales estatales. Por Jo que respecta al ámbito penal ambiental, bien desde 1988 la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección Ambiente contempló una serie de tipos penales en cuestión ambiental, fue sino hasta 1996 que el Código Penal Federal se adicionó con un títu el vigésimo quinto, que establece los delitos contra el ambiente y contra gestión ambiental. En consecuencia, la entonces Procuraduría Gene de la República creó una fiscalía especializada en la materia. Hoy existe Unidad Especializada en Delitos contra el Ambiente y Previstos en Ley6 Especiales, órgano que atiende de manera específica las investigaciones en su caso, consignación de los delitos previstos en materia ambiental. Igualmente, en los ámbitos estatales, varias entidades de la República cuentan con este tipo de unidades dentro de sus estructuras orgánicas. Sin embargo, por lo que a la administración de justicia respecta, una de las asignaturas pendientes es la de contar con tribunales especializados. Un buen intento se hizo con la propia Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, en cuyo artículo 30 se establece que el Poder Judicial de la Federación deberá contar con juzgados de distrito con jurisdicción especializada en materia ambiental. Por si fuera poco, en su tercer artículo transitorio, esta ley determinó que los juzgados de distrito especializados en materia ambiental deberían establecerse en un término máximo de dos años, contados a partir de la entrada en vigor del decreto. No obstante estas disposiciones, lo que hizo el Poder Judicial de la Federación para cumplir con ese precepto fue dotar a los juzgados de competencia específica para conocer de estos asuntos. En efecto, con un acuerdo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal se determinó que hasta en tanto se ordene la instalación de juzgados especializados en materia ambiental, lo que no ha sucedido hasta ahora, los juzgados de distrito mixtos, especializados y semiespecializados del país que, en razón de su competencia originalmente asignada

Lcy publicada en el Diario Oficial de la Federación el 7 dejunio de 2013.

PREFACIO

XIX

conozcan de juicios administrativos, continuarían atendiendo los asuntos ambientales a los que se refiere el citado ordenamiento jurídico. Esto, a nuestro juicio, no satisface el espíritu de los preceptos citados que pretendían que los juzgadores que conocieran de asuntos ambientales tuvieran los conocimientos, la experiencia y la especialización necesarios para resolver con mejores elementos. Por otra parte, no podemos soslayar que el Tribunal Federal de Justicia Adm inistrativa cuenta con una sala especializada en la materia desde el 3 de junio de 2013; para su creación se consideró, entre otras cuestiones, que la materia ambiental es una de las más técnicas que existen en el sistema jurídico, por lo que resulta fundamental que entes especializados sustancien y resuelvan controversias que se generen en ese rubro con el propósito de mejorar la impartición de justicia para los ciudadanos. Ahora bien, aunque aún no contemos con esas instancias especializadas en el Poder Judicial de la Federación, éste, a través de sus distintos órganos, ha conocido y resuelto diversas litis que se han dirimido ante juzgados de distrito o tribunales colegiados, amén de aquellas que se han sustanciado en el citado tribunal administrativo. Es importante resaltar que la presencia de temas ambientales es cada vez más frecuente en el ámbito jurisdiccional, continuamente se dirimen controversias por aspectos que van desde el abuso en el uso de los recursos naturales, el aprovechamiento o tráfico de especies con algún grado de protección, la tala clandestina o el cambio de uso de suelo forestal sin autorización, el inicio de obras o actividades sin la autorización en materia de evaluación del impacto ambiental. el exceso en la generación de emisiones a la atmósfera, descargas de aguas residuales o de residuos, hasta la disposición final inadecuada o ilegal de éstos, entre otros rubros. Por lo anterior, nos dimos a la tarea de compilar algunas resoluciones relevantes y convocar a diversos abogados que, desde distintas trincheras, se dedican al derecho o a la justicia ambiental. Invitamos a miembros del foro, de la academia, de la administración y procuración de justicia. de las organizaciones ambientales de carácter no gubernamental, entre otros, a que reflexionaran sobre las diversas sentencias que se han generado sobre el asunto, lo cual enriquece la doctrina y el acervo jurídico ambiental, cada vez más necesario para los estudiosos del tema y para quienes en el ámbito del litigio tienen que formular demandas o requieren fundamentos o jurisprudencia para su participación en los diversos procedimientos jurisdiccionales. Las reflexiones vertidas por los autores en su análisis es enriquecedor, en ocasiones coinciden con el juzgador, analizando cómo llegaron a esas resoluciones; en otras, discrepan y fundamentan su punto de vista mediante el cual consideran que la resolución debió haber sido en otro

XX

PRB

sentido. En todos los casos, sin embargo, las reflexiones de los abo que se dieron a la tarea de analizar las resoluciones son muy val! pues abundan en el análisis y, ocasionalmente, descubren nuevos e) tos que, hayan o no sido considerados por los juzgadores, las de aclaran o las adicionan, brindando importantes fundamentos que tan un valor agregado a dichas resoluciones jurisdiccionales. Debemos agradecer a todos los que se tomaron un tiempo para pa par en esta tarea que, sin duda, se convertirá en un acervo importante quienes se encuentran dentro del ámbito del derecho y de la justicia bientaI que, dicho sea de paso, continúa por una línea ascendente que tribuye de manera muy importante en la salvaguarda de nuestros recuw naturales, así como en su aprovechamiento y utilización sustentable. Agradezco de manera muy especial a la magistrada Paula Ma García-Villegas Sánchez-Cordero su invaluable colaboración en co-coordinación de esta obra. Su entusiasmo, apoyo, compromiso y bajo profesional y esmerado en la revisión, ordenamiento y homogeneia ción de los ensayos que ahora se presentan fueron fundamentales. Grac: también a su equipo y a mi equipo de trabajo, sobre todo a Marcos Aleja dre Rodríguez Arana. Finalmente, pero no menos importante, agradea a nuestro editor, José Antonio Pérez Porrúa, siempre entusiasta e interesad en incrementar el acervo bibliográfico jurídico en el ámbito nacional. SALVADOR

E. MUNÜZURI HERNÁNDB Enero de 20

1 CUESTIONES JURÍDICAS

Comentario a la sentencia de amparo en revisión 410/2015 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de México CARLA DELFINA

ACEVES

ÁVILA'

Síntesis: Expedición del permiso de liberación al ambiente en fase comercial de soya genéticamente modificada tolerante al herbicida "glifosato". Derecho de las comunidades ind ígenas a que sean consultadas en aquellos casos en que la actividad del Estado pueda impactar su enlomo o forma de vida.

l. ANTECEDENTES DE LA SENTENCIA 410/2015

Los hechos previos al juicio consistieron en que en junio de 2012 el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA), de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de México (SAGARPA), daba a conocer mediante un boletín de prensa publicado en Internet que la Dirección General de Inocuidad Alimentaria, Acuícola y Pesquera (DGIAAP) y la Dirección General de Sanidad Vegetal (DGSV) autorizaban a la empresa Monsanto Comercial, S.A. de C.V. (en lo sucesivo "Monsanto") a realizar la liberación del primer cultivo comercial de soya transgénica tolerante al glifosato, en 253 mil hectáreas ubicadas en cinco polígonos en las entidades federativas mexicanas de Campeche, Quintana Roo, Yucatán, Chiapas y la planicie de la Huasteca (en la entidades de Tamaulipas, San Luis Potosí y Veracruz). Dicha autorización se otorgaba en razón de dictamen de mayo de 2012 por parte de la Subsecretaría de Gestión para la Protección Ambiental (SGPA) y la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental (DGIRA), ambas de la SEMARNAT. Lo anterior motivó a que los comisarios municipales y las autoridades indígenas de Pac-chen y Cancab-chen demandaran a las autoridades agrícolas y ambientales (DGSV, SGPA, SENASICA y la DGIAAP) con respecto ' Coordinadora del Programa Universid ad Sustentable de la Universidad de Guadalajara, miembro del Sistema Nacional de Investigadores de México, c investigadora en el Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas de la Universidad de Guadalajara.

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SENTENCIAS RELEVANTES EN MATERIA AMBIENTAL

a la expedición del permiso de liberación al ambiente en fase comercial de soya genéticamente modificada, tolerante al herbicida glifosato, solicitado por Monsanto, en razón de que se incumplió el deber de garantizar los derechos de gozar un medio ambiente sano, al trabajo y a la consulta previa, libre e informada de los pueblos indígenas, así como atendiendo a la consideración de que la siembra pondría en riesgo la integridad de su producción de miel, ya que las abejas podrían contaminarse con polen de la soya genéticamente modificada o, en su caso, podrían ocasionarse posibles daños a la salud, sanidad vegetal o a la biodiversidad. El juez segundo de distrito en el estado de Campeche dictó sentencia, mediante la cual otorgó el amparo a las comunidades indígenas. Las autoridades involucradas y Monsanto, como tercera perjudicada, interpusieron recurso de revisión en contra de dicho fallo. Posteriormente, en 2013, el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Octava Región dictó resolución a través de la cual modifica la sentencia recurrida, sobreseyó en relación a los actos reclamados a la SAGARPA y SEMARNAT y determinó carecer de competencia legal para conocer sobre el tema de constitucionalidad consistente en la interpretación directa de los artículos 2o. y 107, fracción I, de la Constitución Federal. así como para conocer de una revisión adhesiva, en razón de seguir ésta la suerte de lo principal. El colegiado solicitó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ejercer la facultad de atracción para conocer del recurso de revisión en cuanto a los temas de legalidad planteados. Finalmente, en 2014, la SCJN ejerció la facultad de atracción y se radicó el asunto en la segunda sala; se turnó para su estudio y resolución en 2015, que es la sentencia que nos ocupa. Cabe señalar que debido a la temporalidad de los actos reclamados resulta aplicable la Ley de Amparo, abrogada en 2013, por lo que las alusiones a esta ley se referirán a aquella, no a la que se encuentra vigente en la actualidad. II. LA LITIS EN EL AMPARO EN REVISIÓN 410/2015 Se recurrieron: 1) la improcedencia del juicio por la existencia de actos consentidos, alegando que los quejosos no combatieron los permisos para la liberación de soya genéticamente modificada en sus respectivas etapas experimental y piloto, previas a la liberación al ambiente en fase comercial; 2) el reconocimiento indebido del interés legítimo de los quejosos y de la inexistencia de un daño real y actual en su esfera jurídica que

COMENTARIO A LA SENTENCIA DE AMPARO EN REVISIÓN 410/2015 • Acorves Avla

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acreditara el interés jurídico; 3) la aplicación indebida de criterios o estándares internacionales sobre la legislación nacional. III. SÍNTESIS DE LAS CONSIDERACIONES DE LA SENTENCIA RECURRIDA

El primer agravio esgrimió que el amparo era improcedente en razón de que para otorgarse el permiso de liberación comercial se debieron haber otorgado permisos previos para la realización de las fases respectivas, experimental y de pilotaje, los cuales al no recurrirse previamente fueron actos consentidos. La segunda sala, acertadamente, declaró el agravio expuesto infundado, pues los pennisos experimental, de pilotaje y liberación comercial no constituyen un solo acto administrativo, sino tres autónomos, en tanto que tienen orígenes, extensiones, finalidades y alcances y efectos distintos entre sí. Así, no podría entenderse un consentimiento tácito al haberse perfeccionado los dos anteriores permisos. Se observó que cada uno de éstos tuvo alcances y efectos distintos, y fue realizado y concluido por separado al que dio origen a la controversia. El segundo agravio alegado por los recurrentes consistió en la indebida consideración del interés legítimo de los quejosos para promover el juicio de amparo que generó el recurso, ya que no se acreditó la existencia de un daño real y actual en su esfera jurídica. Los recurrentes sostuvieron que no era suficiente probar una afectación potencial o hipotética y que los quejosos debieron presentar pruebas suficientes para acreditar la existencia del daño alegado. La Segunda Sala consideró infundado este agravio; más aún, estimó que fue incorrecto por parte del juez de distrito acreditar solamente el interés legítimo. La sala sostuvo que el interés jurídico requiere que la persona que comparezca sea titular de un derecho subjetivo, cuya violación afecte de forma directa e inmediata su esfera jurídica, lo cual se acreditó. En efecto, los quejosos se reconocieron a sí mismos como miembros de comunidades indígenas mayas, por lo que les correspondían los derechos reconocidos por el artículo 2o. constitucional para los pueblos y comunidades indígenas. Éstos se reconocen de forma colectiva o individual en los términos de la fracción VIII, apartado A, del propio artículo segundo constitucional. Respecto de la vulneración al derecho subjetivo y la afectación directa e inmediata en la esfera jurídica

? INTERÉS LEGÍTIMO. CONT ENIDO Y ALCAN CE PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO IO7, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITU CIÓN POL ÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. Semanario Judicial de la Federación, Pleno, Décima

Época, Jurisprudencia, Tomo I, Tesis PJJ. 5O2014 (10a.), p. 60.

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de los quejosos, la Segunda Sala reconoció la violación del derecho de las comunidades indígenas a que sean consultadas en aquellos casos en que la actividad del Estado repercuta de forma significativa su entorno o forma de vida. En atención tanto del artículo 2o. constitucional como del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo reconocido por el Estado mexicano, claramente se acredita el interés legítimo de los quejosos y el interés jurídico, en razón de la condición indígena, así como por no haber sido consultados en los términos adecuados. Respecto de la consulta, la Segunda Sala observó que los recurrentes "confundieron" la consulta pública en términos del artículo 33 de la Ley de Bioseguridad y Organismos Genéticamente Modificados (LBOGM), con el derecho de las comunidades indígenas a que sean consultadas establecido en el artículo 108 de dicha norma. La consulta que los recurrentes adujeron no cumplió con lo requerido por la ley. La sentencia abunda sobre las caracteristicas de la consulta, según los estándares reconocidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el Convenio 169 de la Organiza- . ción Internacional del Trabajo, del cual el Estado mexicano es parte, especificando que debe ser: a) Previa al acto, es decir, que debe consultarse desde la etapa de planificación con el objeto de que las comunidades puedan participar, enriquecer y contribuir a la toma de decisiones sobre el proyecto con el objeto de construir un verdadero proceso de diálogo. b) Culturalmente adecuada, considerando en todo momento las costumbres y métodos tradicionales que utilizan los pueblos y comunidades en la toma de sus decisiones, así como a través de los medios e instrumentos idóneos para ellas. Deben considerarse el uso de costumbres para la socialización y toma de decisiones. e) Informada, lo cual exige la existencia de información precisa sobre la naturaleza y consecuencias del proyecto, incluyendo posibles riesgos ambientales y de salubridad para las comunidades. Deben adoptarse las medidas necesarias para que toda la información sea comprensible, incluyendo proporcionarla en las lenguas o idiomas de las comunidades o pueblos involucrados. así como con todos los elementos necesarios para su entendimiento, asegurando que los tecnicismos científicos no constituyan una barrera para el diálogo que pretende fomentarse. d) De buena fe, o con ausencia de cualquier tipo de coerción. Debe establecerse un clima de confianza mutua para evitar que se realice en un ambiente hostil que obligue a las comunidades o pueblos indígenas a tomar una decisión viciada o precipitada.

La Segunda Sala determinó que la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados (CIBIOGEM), en colaboración con la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos

COMENTARIO A LA SENTENCIA DE AMPARO EN REVISIÓN 4102015 • Aoves kvla

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Indígenas (CDI), deben llevar a cabo la consulta a las comunidades involucradas en los términos anteriormente descritos. Ahora bien, en tanto a la repercusión significativa de su entorno o forma de vida, la Segunda Sala reconoció la "situación de vulnerabilidad" de los pueblos indígenas, y por ello la prerrogativa necesaria para salvaguardar su libre determinación, y los demás derechos culturales y patrimoniales ancestrales que la Constitución y los tratados internacionales les reconocen. La Segunda Sala enumeró los posibles impactos significativos para los grupos indígenas, entre otros, la posible destrucción y contaminación del ambiente tradicional, e impactos negativos sanitarios y nutricionales (ONU, 2013:2); cualquiera de los cuales podrían actualizarse con la siembra de soya transgénica. La Segunda Sala razonó la potencial repercusión al ambiente y a la diversidad biológica del uso del herbicida glifosato, así como en la sanidad animal y vegetal, por lo que remitió a estudios de la Comisión de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) y la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente del estado de Yucatán, los cuales evidencian la posibilidad de disipación de este componente a los mantos acuíferos subterráneos, particularmente en razón del suelo cárstico en toda la península de Yucatán. La Segunda Sala también cita a la CONANP y a la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO), al afirmar que existe el peligro de dispersión de semillas genéticamente modificadas a zonas libres de organismos genéticamente modificados en donde no está permitida su liberación; particulariza sobre el caso de la colindancia y cercanía con áreas naturales protegidas que pueden contaminarse por la dispersión, ya sea por fenómenos meteorológicos o por la contaminación de material genético a través de la polinización de abejas. Adicional a lo anterior, la Segunda Sala también reconoció el riesgo sanitario en la población como posible impacto significativo debido a la evidencia científica suficiente sobre que el glifosato es carcinogénico para animales y la existencia de evidencia limitada para comprobar su efecto en humanos. Finalmente, respecto del tercer agravio, los recurrentes alegaron que se dio prevalencia indebida a estándares internacionales sobre la legislación nacional al establecer criterios adicionales a la normatividad en materia de consulta pública, tales como las resoluciones de la CIDH y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. La sala consideró infundado el tercer agravio, pues los recurrentes consideraron que la litis del juicio de amparo versó sobre la violación a la consulta pública en términos del artículo 33 de la LBOGM, mientras que la sentencia recurrida se ocupó de atender la inconstitucionalidad del permiso impugnado al haber sido emitido sin respetar el derecho de consulta a las comunidades indígenas. Además, la sala reiteró que el Convenio 169 ha

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sido reconocido y es vinculante por el Estado mexicano y que lajurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte3 ha determinado que las resoluciones de la CIDH son vinculantes para los jueces nacionales, siempre que sean más favorables a la persona. IV. COMENTARIO SOBRE EL ALCANCE DE LA SENTENCIA DEL AMPARO EN REVISIÓN 410/2015 En el caso que nos ocupa, sin duda, el derecho de acceso a la consulta resulta uno de los temas medulares en razón de los actores involucrados y su condición de indígenas mayas. En este sentido destaca el informe de la visita a México realizada en 2017 por la relatora especial sobre los derechos de los pueblos indígenas, en el cual se reitera que cualquier consulta sobre actividades o medidas que pudieran afectar a los pueblos indígenas debe ser previa y proporcionar información adecuada sobre las repercusiones sociales, ambientales y culturales de dichos proyectos, así como posibles medidas de mitigación, indemnización y beneficios. Según recomendaciones, en ningún caso debería procederse sin que se hubieran implementado dichas garantías y se hubiera obtenido su consentimiento libre, previo e informado (ONU, 2017). Además de lo anterior cabe destacar que en la actualidad existe un protocolo aprobado por la CDI para la implementación de la consulta a comunidades indígenas (CDI, 2013). Sin embargo, aparte del derecho a la consulta, en este caso se han obviado otros derechos también de capital importancia para que los pueblos y comunidades indígenas puedan asegurar el goce integral de sus derechos humanos. Respecto del reconocimiento de los "impactos significativos", llama la atención que la SCJN haya omitido observar el potencial agotamiento de recursos necesarios para la subsistencia física y cultural de la comunidad maya (ONU, 2003). Destaca que tanto la meliponicultura a través de abejas sin aguijón (realizada con abejas endémicas en la península de Yucatán denominadas "Meliponas") como la posterior apicultura realizada con abejas melíferas (introducidas aproximadamente en 1780) han sido practicadas ampliamente por culturas mesoamericanas, principalmente en la península de Yucatán; llegaron al máximo grado de desarrollo con la cultura

JURISPRUDENCIA EMITIDA POR LA CORTE INTERAMERICANA DE DE RECHOS HUMANOS.

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VINCULANTE PARA LOS JUECES MEXICANOS SIEMPRE QUE SEA MÁS FAVORABL E A LA PERSONA.

Pleno. Jurisprudencia. Décima Época. Libro 5, Abril de 2014, Tomo I. Tesis: P/J. 21/2014 (I Oa.). p. 204.

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maya (Márquez, 1994). Desde la antigüedad, los mayas elaboraban miel, fermentaban "balché" (bebida de carácter religioso), utilizaban la miel como medicamento y también la cera en sus actividades (Márquez, 1994). La relación con las abejas, la meliponicultura y, en la actualidad, la apicultura puede documentarse ancestralmente acreditando la relación biocultural existente entre estas comunidades, las abejas y las actividades, rituales y saberes en tomo a éstas y sus productos. La CIDH ha insistido en que los Estados deben respetar la especial vinculación que los miembros de los pueblos indígenas y tribales tienen con su territorio, incluyendo los usos relacionados con la naturaleza, artes culinarias u otros artes y rituales. Los miembros de las comunidades indígenas transmiten de una generación a otra su patrimonio cultural inmaterial en función de su entorno, integración con la naturaleza e historia (CIDH, 2009: párr. 56). México merece reflexionar con seriedad la pluriculturalidad a través de los derechos bioculturales de los pueblos indígenas. En este aspecto también es oportuno citar las Directrices Akwé:Kon, directrices voluntarias para realizar evaluaciones de las repercusiones culturales, ambientales y sociales de proyectos de desarrollo que hayan de realizarse en lugares sagrados o en tierras o aguas ocupadas o utilizadas tradicionalmente por las comunidades indígenas y locales, o que puedan afectar a esos lugares (SCDB, 2005), adoptadas por la conferencia de las partes (COP) del Convenio sobre Diversidad Biológica. Si bien son voluntarias para la realización de evaluaciones del impacto cultural, ambiental y social en relación con proyectos de desarrollo, su aplicación representa una práctica deseable para ponderar los efectos de proyectos de desarrollo en territorios o recursos habitados o utilizados tradicionalmente por comunidades indígenas. La liberación comercial de la soya transgénica podría vulnerar los derechos bioculturales de lascomunidades mayas debido a posibles afectaciones al ecosistema, a las especies y a los usos, costumbres y, en su caso, pérdida de saberes que ello pueda representar. Tanto la protección de los derechos bioculturales de las comunidades indígenas mexicanas como la posible evaluación de la repercusión socioambiental de proyectos es, sin duda, una tarea pendiente en la normativa. La falta de definición de mecanismos de los diversos derechos de acceso exacerba la condición de extrema vulnerabilidad de los pueblos indígenas mexicanos. La trascendencia cultural que representan sus saberes para el fortalecimiento de la pluriculturalidad y de la propia biodiversidad mexicana merece que sea reconocida a través de la protección de los derechos bioculturales asociados a comunidades y pueblos indígenas, como en el caso emblemático de la meliponicultura y la apicultura maya.

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También sorprende que en las consideraciones del segundo agravio, donde los recurrentes alegaron la falta de dictamen pericial o estudios con base científica que dieran sustento a los posibles daños a la salud, a la sanidad vegetal o a la biodiversidad, no se hiciera referencia, reflexión y amplia interpretación al principio precautorio establecido en la Declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo suscrita por México. Manzano (en Pérez et al., 2012:391) menciona que el principio establece un límite para el riesgo, que responde al ejercicio de la ponderación que debe hacerse entre los beneficios del uso de los recursos naturales y los riesgos que se asumen con él. Ciertamente, la sentencia merecía la oportuni dad de dilucidar sobre la carga de la prueba y, más que exigir la potencialidad de evidencia de daño, la posibilidad de la mayor o mejor certidumbre de que la acción de liberación de organismos genéticamente modificados tendría ínfimas (o nulas) posibilidades de ocasionar daños al ambiente o a la salud. También ofrecía la posibilidad de determinar los límites del riesgo pertinente en materia de organismos genéticamente modificados, atendiendo a las potencialidades de riesgo a la salud, al agua, a la fauna, la flora, efectos en productos como el caso de la miel, así como a la amenaza circunstancial del caso para los recursos bioculturales y la integridad de la biodiversidad en las áreas naturales protegidas cercanas. Este caso ofrecía a la SCJN la oportunidad de delimitar la aplicación del principio precautorio como un factor ético y de control de riesgo atendiendo a las particularidades bióticas y culturales asociadas al caso de la soya transgénica. V. RE FERE NCIAS Comisión Interarnericana de Derechos Humanos (2009). Derechos de los pueblos indígenas y tribales sobre sus tierras ancestrales y recursos naturales. Organización de los Estados Americanos (OEA)/ser.UV/II.Doc,56/09. 30 de diciembre, 2009. Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (2013). Protocolo para la implementación de consultas a pueblos y comunidades indígenas de conformidad con estándares del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes. Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. Ciudad de México. Disponible en: https://www.gob.m/pa/documentos/protocolo-parala-implementacion-de-consultas-a-pueblos-y-comunidades-indigenas Recuperado el 10 de noviembre de 2018. Consejo de Derechos Humanos. 39o. periodo de sesiones 10 a 28 de septiembre de 2018. Tema 3 de la agenda Promoción y protección de todos los derechos humanos, civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, incluido el derecho

COMENTARIO A LA SENTENCIA DE AMPARO EN

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al desarrollo Informe de la Relatora Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas sobre su visita a México. NHRC/39/17/Add.2* Disponible en: htups:// documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC!GEN!G18/192/97/PDF!Gl 8/9297.pdf? OpenElement Recuperado el 10 de noviembre de 2018. Márquez, J. (1994). "Meliponicultura en México". Dugesiana l:1. pp. 3-12 Disponible en: http://dugesiana.cucba.udg.mx/index.php/DUGlaricle/vie/3497/3280 Recuperado el 1 O de noviembre de 2018.

Organización de las Naciones Unidas (ONU) (2003), Informe del relator especial sobre la situación de los derechos humanos y libertades fundamentales de los pueblos indígenas. E/CN.4/2004/80/Add.2 23 de diciembre de 2003. Disponible en: http://www. hchr.org.mx/images/docpub/inforerelatorexico.pdf Recuperado el l O de noviembre de 2018. Prez E., Arana, E., Mercado, P., Serrano, J.l. (eds.) (2012). Derecho, globalización, riesgo y medio ambiente. Tirant Lo Blanch. Valencia, Espada. Manzano, J.J.I., "El principio de precaución como garantía de la justicia ambiental", Pp . 375-392. Versión pública de la Sentencia del amparo en revisión 410/2015 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de los Estados Unidos Mexicanos. Convenio de Diversidad Biológica de las Naciones Unidas. Disponible en: https:// www.cbd.int/doc/publicationslakwve-brochure-es.pdf

VI. LEGISLACIÓN Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Última reforma publicada en DOF el 27 de agosto de 2018. Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Polftica de los Estados Unidos Mexicanos. Ley Abrogada DOF 02 de abril de 2013. Ley de Bioseguridad y Organismos Genéticamente Modificados. DOF 18 de marzo de 2005. VII. JURISPRUDENCIA LEGÍTIMO. CONTENIDO Y ALCANCE PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. Semanario Judicial de la Federación, Pleno, Décima Época, Jurisprudencia, Tomo I, Tesis P JJ. 50/2014 ( 10a.), página 60. JURISPRUDENCIA EMITIDA POR LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. ES VINCULANTE PARA LOS JUECES MEXICANOS SIEMPRE QUE SEA MÁS FAVORABLEA LA PERSONA. Pleno. Jurisprudencia. Décima Época. Libro S, Abril de 2014, Tomo l. Tesis: P/J. 21/2014 (10a.) pág. 204. INTERÉS

Interpretación del interés legítimo y jurídico para la presentación de un recurso de revisión relacionado con el incumplimiento de la autorización de impacto ambiental de un relleno sanitario en el estado de Puebla MARIANA TEJADO GALLEGO'

Síntesis: Recurso de revisión interpuesto por un tercero interesado en relación con la visita de verificación sobre el impacto ambiental del relleno sanitario del municipio de Puebla. Artículo 186 de la Ley para la Protección Ambiental Natural y Desarrollo sustentable en el Estado de Puebla.

l. ANTECEDENTES

El 29 de noviembre de 2011, la Dirección de Inspección y Vigilancia de la entonces Secretaría de Sustentabilidad Ambiental y Ordenamiento Territorial del Gobierno del Estado de Puebla (la "Secretaría") ordenó una visita de inspección al organismo operador del Servicio de Limpia del municipio de Puebla (el "organismo"), a efectos de verificar las modificaciones a la resolución en materia de impacto ambiental del relleno sanitario del municipio de Puebla, la cual se llevó a cabo el treinta del mismo mes y año. Como resultado de la inspección realizada y, por medio de acuerdo de 28 de febrero de 2012, dictado por la Dirección Jurídica de la Secretaría, se instauró procedimiento en contra del organismo por los hechos y omisiones señalados en el acta de visita en materia de impacto ambiental, irregularidades consistentes en el incumplimiento a las condicionantes establecidas en la resolución de las modificaciones a la manifestación 1 Doctoranda por parte del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), perito ambiental acreditada por parte del Consejo de la Judicatura Federal, maestra por la Universidad Miguel de Cervantes, especialista en Derecho Ambiental por la UNAM y licenciada por la Universidad Panamericana (mariana. [email protected]).

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de impacto ambiental del relleno sanitario del municipio de Puebla, ya que el organismo debía cumplir con diversas medidas correctivas de urgente aplicación. En el punto tercero del mencionado acuerdo se señala que "el Ayuntamiento del Municipio de Puebla es responsable de que en caso de existir un concesionario, éste debe cumplir con la resolución dictada". El 7 de diciembre de 2012 la secretaría, a través de la Dirección Jurídica, dictó resolución administrativa en la cual determinó que el organismo infringió diversos ordenamientos de la Ley para la Protección del Ambiente Natural y el Desarrollo Sustentable del Estado de Puebla y del Reglamento de la Ley para la Protección del Ambiente Natural y el Desarrollo Sustentable del Estado de Puebla en Materia de Evaluación del Impacto y Riesgo Ambiental; ordenaba la reparación del daño ambiental y el cumplimiento de las medidas correctivas. II. EL CASO CONCRETO Por escrito presentado el 15 de enero de 2013, un tercero interesado en el pronunciamiento emitido por el órgano administrativo interpuso recurso de revisión en contra de la resolución del 7 de diciembre de 2012, emitida por la Dirección Jurídica de la Secretaría. Mediante acuerdo de 18 de enero de 2013, la Dirección Jurídica de la Secretaría desechó por ser notoriamente improcedente el recurso de revisión intentado, pues quien lo interpuso no era parte del procedimiento administrativo de origen instaurado en contra del organismo. En contra del mencionado auto, el tercero interesado interpuso juicio de amparo, el cual fue radicado ante el juzgado séptimo de distrito en el estado de Puebla, siendo admitido a trámite mediante auto de 5 de marzo de 2013. La litis constitucional planteada se limitaba a establecer si el artículo 186 de la Ley para la Protección del Ambiente Natural y Desarrollo Sustentable del Estado de Puebla permitía a una persona ajena al procedimiento administrativo interponer recurso de revisión ostentándose como un tercero interesado en éste; se soslayaba que la fracción IX del artículo 189 de la ley analizada estableciera la posibilidad de que un tercero interesado pudiera comparecer al procedimiento y aportar pruebas, y que la fracción X de ese mismo instrumento normativo permite a la responsable allegarse de las pruebas necesarias para la resolución del recurso, caso en el cual la autoridad pudiera recabar las que considerara para dilucidar si la parte prornovente tiene interés o no en el asunto.

INTERPRETACIÓN DEL INTERÉS LEG ÍTIMO Y JURÍDICO • Tejado Gallego

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El juzgado segundo de distrito del centro auxiliar de la décima región, con residencia en Saltillo, Coahuila, en auxilio del órgano de origen, con fecha 25 de junio de 2013, dictó sentencia, en la cual negó el amparo solicitado a la parte promovente. Inconforme con la resolución comentada, la parte quejosa presentó recurso de revisión, el cual se radicó ante el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, por lo que, con fecha 13 de noviembre de 2013, dictó resolución y declaró infundado e inoperante el concepto de violación hecho valer por el inconforme. III. SÍNTESIS DE LAS CONSIDERACIONES DE LA SENTENCIA La quejosa en el único agravio expresó que, contrario a lo manifestado por el juez de distrito, en el sentido de limitar el recurso de revisión únicamente a las partes que intervinieron en el procedimiento administrativo, había pasado por alto que el recurrente había acreditado tener un interés legítimo en el procedimiento que dio origen a la resolución administrativa y que pretendió combatir por medio del recurso de revisión previsto en el artículo 186 de la Ley para la Protección del Ambiente Natural y el Desarrollo Sustentable del Estado de Puebla, el cual establece: Artículo 186.-La resolución dictada en el procedimiento administrativo con motivo de la aplicación de esta Ley, sus Reglamentos y disposiciones que de ella emanen, podrán ser impugnadas por los interesados, mediante el recurso de revisión.

Por su parte, el tribunal de alzada consideró que el concepto de violación argumentado por la parte quejosa debía desestimarse, pues resulta-

ba infundado en una parte e inoperante en otra, al señalar que el órgano jurisdiccional de origen había valorado correctamente el concepto de "parte interesada" como la que interviene en el proceso administrativo. IV. REFLEXIONES SOBRE SU ALCANCE

El precepto de referencia no señala con claridad a qué tipo de "interés" se refiere aquel que permite interponer el recurso administrativo, por lo que a continuación es oportuno exponer algunas consideraciones respecto del referido concepto en cuanto a la interposición o promoción de medios de defensa. Desde la óptica del derecho procesal, el interés ha sido definido como la relación de utilidad existente entre la lesión de un derecho, que ha sido

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SENTENCIAS RELEVANTES EN MATERIA AMBIENTAL

afirmado, y el proveimiento de tutela jurisdiccional demandado. Aunado a lo anterior, respecto al concepto de interés, tratándose de medios de defensa, éste se ha identificado en tres diferentes categorías: interés jurídico, legítimo y simple. Interés jurídico. Ha sido definido por la doctrina? como la relación que existe entre la situación de hecho contraria a derecho, o el estado de incertidumbre jurídica que afecta a la parte actora y la necesidad de la sentencia demandada. Interés legítimo. En la tramitación de los recursos previstos en las leyes ordinarias puede definirse como la pretensión o poder de exigencia respecto a la legalidad de un acto de la autoridad cuya anulación o declaración de ilegalidad trae aparejada una ventaja, a través de "invocar la titularidad de un interés" y en virtud de presentar una situación especial o cualificada relacionada con una lesión o principio de afectación a su esfera jurídica. También se le entiende como aquel interés personal, individual o colectivo, cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, que puede traducirse, en caso de concederse el amparo, en un beneficio jurídico a favor del quejoso, derivado de una afectación a su esfera jurídica en sentido amplio, que puede tratarse de índole económica, profesional, de salud pública o de cualquier otra. Interés simple. Por su parte, ha sido definido como el que puede tener cualquier persona por alguna acción u omisión del Estado pero que, en caso de satisfacerse, no se traducirá en un beneficio personal para el interesado, pues no supone afectación a su esfera jurídica en algún sentido: INTERÉS LEGÍTIMO EN EL AMPARO. SU DIFERENCIA CON EL INTERÉS SIMPLE.--

La reforma al artículo 107 constitucional, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de junio de 2011, además de que sustituyó el concepto de interés jurídico por el de interés legítimo, abrió las posibilidades para acudir al juicio de amparo. No obstante lo anterior, dicha reforma no puede traducirse en una apertura absoluta para que por cualquier motivo se acuda al juicio de amparo, ya que el Constituyente Permanente introdujo un concepto jurídico mediante el cual se exige al quejoso que demuestre algo más que un interés simple o jurídicamente irrelevante, entendido éste como el que puede tener cualquier persona por alguna acción u omisión del Estado, pero que, en caso de satisfacerse, no se traducirá en

? 0VALLE F AVELA, José, Teoría general del proceso, México, Editorial Harla, 1999, pp. 156 y 157. 3 Tesis aislada I.4o.A.I A, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro III, Tomo 5, diciembre de 2011, p. 3774. 4 Tesis aislada la. XLII/2O13, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XVII, Tomo 1, febrero de 2013, p. 822.

INTERPRETACIÓN DEL INTERÉS LEGÍTIMO Y JURÍDICO • Tejado

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un beneficio personal para el interesado, pues no supone afectación a su esfera jurídica en algún sentido. En cambio, el interés legítimo se define como aquel interés personal, individual o colectivo, cualificado, actual, real y jurídicamen te relevante que puede traducirse, en caso de concederse el amparo, en un beneficio jurídico en favor del quejoso derivado de una afectación a su esfera jurídica en sentido amplio, que puede ser de índole económica, profesional, de salud pública o de cualquier otra. Consecuentemente, cuando el quejoso acredita únicamente el interés simple, mas no el legítimo, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 10a. Época, Tribunales Colegiados de Circuito, Libro 35, Octubre 2016, Tomo IV, Materia Común, Tesis II.lo.23K (I0), Página. 2942.

Tanto el interés jurídico como el legítimo suponen que existe una tutela jurídica del interés en que se apoya la pretensión del promovente, a diferencia del interés simple, que no cuenta con esa tutela, en tanto que la ley o acto que reclama no le causa agravio jurídico, aunque le ocasione alguno de diversa naturaleza, como puede ser, por ejemplo, uno meramente económico. Al respecto, el máximo tribunal del país emitió criterio en la siguiente ejecutoria: INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. AMBOS TÉRMINOS TIENEN DIFERENTE

CONNOTACIÓN EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMlNlSTRATIVO.-De los diversos procesos de reformas y adiciones a la abrogada Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, y del que dio lugar a la Ley en vigor, se desprende que el legislador ordinario en todo momento tuvo presente las diferencias existentes entre el interés jurídico y el legítimo, lo cual se evidencia aún más en las discusiones correspondientes a los procesos legislativos de mil novecientos ochenta y seis, y mil novecientos noventa y cinco. De hecho, uno de los principales objetivos pretendidos con este último, fue precisamente permitir el acceso a la justicia administrativa a aquellos particulares afectados en su esfera jurídica por actos administrativos (interés legitimo), no obstante carecieran de la titularidad del derecho subjetivo respectivo (interés jurídico), con la finalidad clara de ampliar el número de gobernados que pudieran accesar al procedimiento en defensa de sus intereses. Así, el interés jurídico tiene una connotación diversa a la del legítimo, pues mientras el primero requiere que se acredite la afectación a un derecho subjetivo, el segundo supone únicamente la existencia de un interés cualificado respecto de la legalidad de los actos impugnados, interés que proviene de la afectación a la esfera jurídica del individuo, ya sea directa o derivada de su situación particular respecto del orden jurídico.°

S Tesis 2a/J.

141/2002, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Epoca, Libro XVI, diciembre de 2002, p. 241.

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SENTENCIAS RELEVANTES EN MATERIA AMBIENTAL

Del estudio efectuado por la autoridad, y reflejado en la sentencia correspondiente, se concluyó que el artículo 186 de la Ley para la Protección del Ambiente Natural y el Desarrollo Sustentable del Estado de Puebla no prevé la posibilidad de que cualquier persona se encuentre legitimada para interponer el recurso de revisión, ni siquiera aquellas que tengan un interés legitimo, sino únicamente las que fueron parte en el procedimiento origen de la resolución recurrida. Esto es así debido, además, a que la interpretación realizada a los conceptos "interesado" o "interesados" del articulo en análisis los señala como aquellas personas respecto de las cuales la autoridad administrativa inició un procedimiento administrativo para verificar el cumplimiento de las normas ambientales. Por ello es jurídico el interés que deben tener quienes interponen el recurso. Si bien es preciso resaltar que el caso de estudio no versó para el juzgador de fondo sobre la materia ambiental, en virtud de que los actos impugnados por el tercero interesado tratan únicamente temas procedimentales, es decir, por cuanto a la interpretación de lo señalado en la ley ambiental local, así como respecto al interés para presentar el recurso de revisión en contra de la resolución originada por un acto de autoridad relacionada con las obligaciones que derivaban de un resolutivo en materia de impacto ambiental, es importante considerar el tipo de interés que se contempla en los instrumentos normativos en materia ambiental. Por lo anterior es dable mencionar que una de las finalidades del Estado es llevar a cabo la protección y conservación del medio ambiente, definido por el articulo 3, fracción I, de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA), como el conjunto de elementos naturales y artificiales o inducidos por el hombre que hacen posible la existencia y desarrollo de los seres humanos y demás organismos vivos que interactúan en un espacio y tiempo determinados. Asimismo, se ha reconocido el derecho humano a un medio ambiente sano, incorporado en el artículo 4o., párrafo quinto, de nuestra ley suprema, la cual establece que: "Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El Estado garantizará el respeto a este derecho. El daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo dispuesto por la ley". Por su parte, el interés legítimo en materia ambiental ha sido reconocido en la LGEEPA en su artículo 180, que establece: Tratándose de obras o actividades que contravengan las disposiciones de esta Ley y de aquéllas a las cuales se aplica de manera supletoria, así como de los reglamentos y normas oficiales mexicanas derivadas de las mismas, los programas de ordenamiento ecológico, las declaratorias de áreas natu-

INTERPRETACIÓN DEL INTERÉS LEGÍTIMO Y JURÍDICO • Tejado Gallego

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rales protegidas o los reglamentos y normas oficiales mexicanas derivadas de la misma, las personas físicas y morales que tengan interés legítimo tendrán derecho a impugnar los actos administrativos correspondientes, así como a exigir que se lleven a cabo las acciones necesarias para que sean observadas las disposiciones jurídicas aplicables, siempre que demuestren en el procedimiento que dichas obras o actividades originan o pueden originar un daño al medio ambiente, los recursos naturales, la vida silvestre o la salud pública. Para tal efecto, de manera optativa podrán interponer el recurso administrativo de revisión a que se refiere este Capítulo, o acudir al Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Para los efectos del presente artículo, tendrán interés legítimo las personas físicas o morales de las comunidades posiblemente afectadas por dichas obras o actividades.

Asimismo, el artículo 17 constitucional. párrafo tercero, refiere: El Congreso de la Unión expedirá las leyes que regulen las acciones colectivas. Tales leyes determ inarán las materias de aplicación, los procedimientos judiciales y los mecanismos de reparación del daño. Los jueces federales conocerán de forma exclusiva sobre estos procedimientos y mecanismos.

La refonna que dio origen a la modificación del artículo 17 en 2010 también generó la modificación al Código Federal de Procedimientos Civiles (CFPC) en 2011, la cual incluyó en este último ordenamiento las acciones colectivas. Otra modificación de relevancia ocurrida en el CFPC fue la refonna a su artículo lo., el cual permite la defensa de intereses legítimos y colectivos, ya que prescinde de la acreditación del interésjurídico directo cuando se trata de un derecho o interés difuso, colectivo o individual de incidencia colectiva.é Asimismo, la lectura de los artículos 176 y 180 de la LGEEPA, incluidos en el capítulo V, relativo al recurso de revisión, así como de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, Capítulo Segundo, artículo 19, ordenamientos que contienen términos como "afectados", "interés legítimo" y "de los interesados" para interponer el recurso de revisión en un procedimiento administrativo, nos lleva a afirmar que el interés legítimo en materia ambiental supone una afectación al quejoso por actos u omisiones que originan o pueden originar un daño al medio ambiente, sea éste que intervenga directamente en el procedimiento o que sea un tercero interesado. Con base en lo señalado, al establecerse como derecho subjetivo de las personas un medio ambiente sano y la aplicación de su legislación por parte de las autoridades competentes, se hace un análisis sobre el caso

6 GONZÁLEZ, José Juan,

Tratado de derecho ambiental mexicano. La responsabilidad por

el dano ambiental, Universidad Autónoma Metropolitana, México, 2017, pp. 212-221.

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SENTENCIAS RELEVANTES EN MATERIA AMBIENTAL

que se comenta en el sentido de si, en su momento, el juzgado segundo de distrito del centro auxiliar de la décima región, con residencia en Saltillo, Coahuila, en auxilio del órgano de origen, en su pronunciamiento debió hacer referencia en relación con la legislación concerniente al interés legítimo de las partes y a la protección del medio ambiente cuando un tercero interviene en el procedimiento administrativo. Al respecto señalaremos que la interpretación del juzgador se realizó con base en un tema procedimental en la que no se analizaban de fondo temas ambientales o la afectación al ambiente per se, por lo que determinó que el interés jurídico era necesario. Finalmente, las partes interesadas, ya sean físicas o morales, cuando manifiesten violación o afectación a un derecho relacionado con su esfera jurídica concerniente a la protección ambiental, deben acreditar el interés legítimo, a fin de que la autoridad correspondiente pueda dar cabida a su reclamo procesal, sin que importe que el término gramatical sea de "parte interesada" o "interesados", como lo fue el caso expuesto, pues se trata de la implementación de un mecanismo de defensa para la protección ambiental. V. BIBLIOGRAFÍA José Juan, Tratado de derecho ambiental mexicano. La responsabilidad por el daño ambiental, Universidad Autónoma Metropolitana, México, 2017. Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, Diario Oficial de la Federación, México, última reforma 5 de junio de 2018. OVALLE FAVELA, José, Teoría general del proceso, Editorial Harla, México, 1999. Tesis aislada I.4o.A.1 A, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro III, Tomo 5, diciembre de 2011, p. 3774. Tesis aislada la. XLIII/2013, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XVII, Tomo 1, febrero de 2013, p. 822. Tesis 2a./J. 141/2002, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Libro XVI, diciembre de 2002, p. 241. Tesis II.Io.23K, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época. Libro 35, octubre de 2016, p. 2942. GONZÁLEZ,

El derecho humano a la participación medioambiental LUIS MIGUEL CANO L6PEZ' MARÍA DEL CARMEN COLÍN OLMOS

Síntesis: Derecho de participación directa en asuntos medioambientales. Las personas y comunidades cercanas a obras y proyectos que puedan impactar el medio ambiente tienen el derecho de part icipar de forma informada para que sus aportaciones scan cons ideradas por las autori dades competentes en la materi a. Primer antecedent e de la Suprema Core de Justicia de la Nación que reconoce este derecho.

l. ANTECEDENTES El 6 de agosto de 2014 ocurrió el peor desastre ambiental de la industria minera en México. Buenavista del Cobre, filial de Grupo México, derramó 40,000 m 3 de solución ácida férreo cuprífera en los ríos Bacanuchi y Sonora. No fue un accidente, no fue un acto divino, sino la consecuencia de la indebida actuación de esa empresa al poner en operación instalaciones que no se encontraban terminadas. El suceso cambió la vida de la gente de la región, pero para este grupo empresarial no alteró en nada sus planes de expansión y desarrollo. De inmediato tuvieron lugar los discursos acostumbrados del Gobierno mexicano para eventos de este tipo: "se aplicará la ley hasta sus últimas consecuencias a quienes resulten responsables", "se revisará el actuar de la empresa", "se dará ejemplo en cuanto a sanciones y reparaciones". Casi al mismo tiempo que se daban todas esas promesas la empresa pactaba con el Estado, a espaldas de la gente, una solución alternativa del conflicto con base en el artículo 168 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (en adelante, LGEEPA). Algunas de las personas afectadas se organizaron comunitariamente en los Comités de Cuenca Río Sonora (CCRS) y, acompañadas por la

' Abogado egresa do de la Escuela Libre de Derecho (ELD ), cofun dador de la organización LITIGA OLE y abogado de PODER. 2 Licenciada en derecho egresada de la Universidad Panamericana (UP) y Maestra en Estudios para el Des arrollo por la Autónoma de Barcelona (UAB), campañista legal de Greenpeace México.

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SENTENCIAS RELEVANTES EN MATERIA AMBIENTAL

organización internacional PODER (Project on Organizing, Development, Education and Research), emprendieron diversas acciones legales para buscar justicia, reparación y garantías de no repetición para este caso. La primera fase de la estrategia jurídica que acordaron consistió en la interposición de varios juicios de amparo enfocados en cuestionar el sistema legal imperante que brinda un trato privilegiado a las empresas, a la par que dificulta demandarlas por esa vía frente a las afectaciones a los derechos humanos que ocasiona su actuar. Y si bien no se tuvo éxito en que se reconociera a la aludida concesionaria minera como autoridad para efectos del amparo, en la actualidad continúan pendientes múltiples juicios para que las comunidades y personas afectadas no sean ignoradas en los planes acordados por la empresa y el Gobierno. II. LA LITIS DEL CASO CONCRETO

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l.

En ese contexto, dos años después de ocurrido el derrame, la gente de la comunidad de Bacanuchi, la población más cercana al sur de las instalaciones de la mina Buenavista del Cobre, tuvo noticia de otro más de sus proyectos de expansión: la construcción y operación de una nueva presa de jales. Mayor en tamaño y capacidad de almacenamiento que la vieja presa de jales en Cananea, más cercana a la población que las instalaciones desde las que se provocó el derrame en 2014, y sin embargo, sin ninguna consideración para ella por parte de la concesionaria y el Gobierno. Un proyecto más que se les imponía. Nada parecía haber cambiado tras el derrame, salvo la organización comunitaria de la gente de la región. Cansadas de que fueran tratadas como. parte del paisaje, en esta ocasión comenzaron un juicio de amparo contra la construcción y operación de dicha nueva presa. El objetivo estratégico del litigio: obtener el reconocimiento del derecho a participar en temas de interés público, como los asuntos medioambientales. Más allá del caso, impulsar un cambio de paradigma en el sistema de autorizaciones ambientales, en el que se atestigua la captura del Estado, el cual parece actuar al servicio de las empresas, no de las personas. Lograr que se informe a la población y se le dé ocasión de pronunciarse sobre los proyectos que requieren autorización ambiental por parte del Gobierno constituyó la meta del litigio. Desde otra óptica, romper ese círculo entre empresas y Estado que excluye a las personas para que sean tomadas en cuenta en este tipo de decisiones. Los actos de autoridad reclamados lo fueron tanto la omisión de realizar una consulta entre las personas habitantes de Bacanuchi como la autorización concreta que se dio a la minera para construir y operar su nueva presa de jales.

PARTICIPACIÓN MEDIOAMBIENTAL • Cano L6pez / Colín Omas

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El principal derecho humano violado: el derecho a la participación directa en la toma de decisiones en asuntos de interés público. La promoción de la demanda de amparo obviamente estaba basada en la figura del interés legítimo colectivo. La única prueba pertinente para acreditar tal interés: la constancia de vecindad de las personas de Bacanuchi. El concepto de violación del amparo tan simple como era posible: no es válido emitir una autorización ambiental sin participación de la población aledaña al proyecto de que se trate. A pesar de que nuestra Constitución general ordena que en todo tiempo se debe favorecer la protección más amplia de las personas, así como que las instanciasjurisdiccionales deben privilegiar la solución de fondo de los conflictos que conocen por sobre los formalismos procedimentales, lo que se atestigua en la práctica cotidiana de losjuzgados y tribunales de amparo es la renuencia de estas autoridadesjudiciales para asumirse garantes de derechos. No se presentó una excepción a esa tendencia en la primera instancia del caso. El juzgado noveno de distrito en el estado de Sonora, al conocer del juicio de amparo 86/2016, optó por sobreseer el litigio al considerar que las personas residentes en Bacanuchi carecían de interés legítimo para cuestionar los actos reclamados. Decisión que sostuvo, esencialmente, tras razonar que esa población no se halla en el mismo territorio en el que se construía la presa de jales, pues la primera se sitúa en el municipio de Arizpe, mientras que la segunda se localiza en el de Cananea. Nada le importó a la titular de aquel juzgado el antecedente del derrame de agosto de 2014, la contaminación río abajo que provocó ni que el poblado de Bacanuchi se ubica en un lugar adyacente al de la operación de la nueva presa. Ante tan peculiar determinación no se tuvo más alternativa que recurrir el fallo dictado. La revisión del amparo correspondió al Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito, con sede en Hermosillo, Sonora, el cual revocó el sobreseimiento dictado y planteó el conocimiento del caso a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 111. SÍNTESIS DE LAS CONSIDERACIONES DE LA SENTENCIA DEFINITIVA Con la ponencia del ministro Alberto Pérez Dayán, la Segunda Sala de la Suprema Corte determinó atraer el asunto,3 el cual una vez formado 3

En sesión de I1 de abril de 2018, al resolver la Solicitud de Ejercicio de la Facultad

de Aracción 46/2018.

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el expediente del amparo en revisión 365/2018 fue turnado a la ponencia del ministro Javier Laynez Potisek. La sentencia de la sala finalmente se dictó el S de septiembre de 2018, con cuatro votos a uno -debido al voto en contra del ministro Eduardo Tomás Medina Mora Icaza-; en dicha resolución, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación decidió amparar a las personas habitantes de Bacanuchi en contra de la omisión de consulta y la autorización otorgada a la presa de jales. El fallo de la Segunda Sala puede considerarse como bastante didáctico. Una vez precisados los actos reclamados la sala repasó el marco legal ordinario que estimaba aplicable para responder a la interrogante sobre si las autoridades responsables de emitir la autorización ambiental de la presa de jales debían o no consultar previamente a la población. Hecho lo cual, en el párrafo 46 de su sentencia establece que la autorización de mérito fue emitida acorde con el marco legal identificado; después, en el párrafo 49, señala que las autoridades responsables respetaron la ley que indica que no están obligadas a realizar consulta alguna. Pero, acto seguido, en el párrafo 50 de la sentencia, la mayoría de la sala determinó que en términos del marco constitucional y convencional aplicable, sí se debió consultar a las personas de Bacanuchi previo a la emisión de la autorización otorgada a la empresa minera para construir y operar su nueva presa de jales. Conclusión reiterada en el párrafo 88 del fallo, en atención a la violación del derecho a participar de manera informada en los asuntos que puedan afectar el derecho a un medio ambiente sano. De este modo, la sala afirmó que se debió garantizar ese derecho humano en todas las fases de planeación y desarrollo del proyecto de presa de jales (párrafo 89). De acuerdo con ese razonamiento, se alcanzó un precedente nada menor, obtenido a partir de contrastar el marco normativo legal con el constitucional. No obstante, también es cierto que la sentencia dictada dejó un tema sin resolver, pues luego de concluir la existencia de la violación del derecho humano en juego faltó la declaración de invalidez de los actos reclamados. Lo único que se mencionó expresamente, en su párrafo 95, fueron los efectos concretos para que las autoridades responsables, acorde con sus competencias, en primer lugar organizaran una reunión pública de información en la que se explicara a la comunidad quejosa los aspectos técnicos ambientales que se tomaron en cuenta para la construcción de la obra, las posibles repercusiones que podría ocasionar su operación, con base en las experiencias previas de este tipo de obras, así como las medidas de prevención y, en su caso, las de mitigación que podrían implementarse. Para que en una segunda etapa se les diera oportunidad de manifestar sus preocupaciones y posibles sugerencias, a fin de que sus

PARTICIPACIÓN MEDIOAMBIENTAL • Cano Lpe / Colín Olmos

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opiniones sean escuchadas y tomadas en cuenta en las medidas de prevención que se lleven a cabo, de modo que las autoridades competentes usen todos los medios a su alcance para evitar que la obra cause daños significativos al ambiente. IV. REFLEXIONES SOBRE EL ALCANCE DEL PRECEDENTE OBTENIDO En el momento en que se escribe este artículo' no se conoce si la Segunda Sala de la Corte dará trámite al incidente de aclaración de sentencia promovida por la gente de Bacanuchi, de manera que se definan con precisión los efectos de la concesión del amparo respecto de la autorización ambiental emitida para construir y operar la presa de jales mencionada, si la misma ha sido o no invalidada y si la operación de tal presa de jales fue o no afectada. Con independencia de esto, al menos dos cuestiones quedan firmes para las reflexiones del caso. En el precedente seguido de la resolución del amparo en revisión 365/2018 destacan dos temas: la Segunda Sala de la Suprema Corte reconoce que hasta ese momento no se había pronunciado sobre la participación de personas interesadas en los asuntos ambientales que no se relacionen con la protección de derechos de comunidades indígenas; y contrario a un caso previo -el amparo en revisión 782/2015-, concluye que el derecho a la participación, previsto en los artículos 35, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 25, inciso a), del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; y 23, numeral l, inciso a), de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, no se restringe a participar en asuntos políticos, por ejemplo, en las elecciones a través del voto, sino que incluye la posibilidad de incidir en la discusión relativa a políticas y proyectos medioambientales, especialmente cuando ellos mismos afecten a las personas. En ambos sentidos, el precedente obtenido por la comunidad de Bacanuchi servirá a la defensa del medio ambiente, por lo menos, en causas como las que a continuación se listan: la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM), hoy tan debatido; conflictos generados por la minería; agua y represas; de energía vinculados a la Reforma Energética; proyectos megaturísticos (como en su momento fue la amenaza al Parque Nacional Cabo Pulmo, en Baja California Sur); los provocados por la expansión urbana; por residuos tóxicos y peligrosos; por la construcción de carreteras y otros proyectos de infraestructura, por mencionar algunos. 4

Noviembre de 2018.

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Esta sentencia se dicta en buen momento, justo cuando el pasado 27 de septiembre de 2018 el Gobierno mexicano firmó el Acuerdo Regional sobre Acceso a la Información, Participación Pública y Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, conocido como Acuerdo de Escazú, en la sede de la Organización de las Naciones Unidas en Nueva York. Este instrumento regional internacional pretende garantizar el derecho de acceso a la información pública; la participación en la toma de decisiones, incluida la adopción de decisiones en todos los niveles de Gobierno, de tal manera que éstas sean inclusivas, participativas y representativas; el acceso a la justicia en referencia a los derechos ambientales, así como la efectiva protección de las personas defensoras de derechos hwnanos ambientales.

El procedimiento de denuncia popular, un diseño inacabado para el acceso a la justicia y la corresponsabilidad socioambiental Análisis de una sentencia JUAN PABLO GUDIO GUAL'

Síntesis: Denuncia popular en materia ambiental. La responsabilidad del denunciante no concluye con el señalamiento de las presuntas conductas denunciadas, sino que debe aportar los medios de convicción necesarios.

Si conociéramos mejor la naturaleza de nuestro argumento legal, conoceríamos mejor qué clase de personas somos. RONALD DWORKIN

l. ANTECEDENTES

La decisión que se pretendió tildar de nula es la resolución del 31 de julio de 2017, emitida por el delegado de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente en la zona metropolitana del valle de México, dentro del expediente administrativo en el que se sustanció y se dio por concluido el procedimiento de denuncia popular, por consecuencia del procedimiento de inspección instaurado a la Comisión del Agua del Estado de México, cuyos antecedentes de mayor relevancia se citan a continuación: Mediante denuncia popular formulada por los hoy demandantes, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente dio inicio al procedimiento establecido en el artículo 189 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, instaurado en contra de la Comisión del Agua del Estado de México. Por lo que el 23 de noviembre de 2016 se emitió la resolución administrativa sancionadora atinente con la que se dio por concluido el procedimiento de denuncia popular, que la 1 Catedrático del ITAM, de la Universidad Marista, de la Universidad Latinoamericana y de la Universidad lntcrcontinental y exdirector general adjunto de Igualdad y Derechos Humanos de la SEMARNAT.

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SENTENCIAS RELEVANTES EN MATERIA AMBIENTAL

parte actora negó que se le haya dado a conocer, por lo que demandó la nulidad lisa y llana del contenido, sentido y alcances del resolutivo. II. FIJACIÓN DE LA LITIS

La controversia en la sentencia analizada versó en determinar si, como la autoridad demandada (PROFEPA) lo aduce y argumenta, que no está obligada a darle a conocer a la hoy actora las razones, motivos, circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que tomó en consideración para la emisión de la resolución del 23 de noviembre de 2016, con la cual se dio por concluido el procedimiento de inspección y vigilancia, y sirvió como base para dar por terminado el procedimiento de denuncia popular o si, como lo afirma la actora, se le debe dar a conocer el contenido, sentido y alcance del resolutivo de marras. III. CONSIDERACIONES RELEVANTES Entre otros argumentos, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente aduce que es su facultad plena decidir iniciar un procedimiento de inspección y vigilancia conforme con las disposiciones Título Sexto, Capítulo 11, de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente; esto constituye un procedimiento distinto en el cual el o los denunciantes no tienen injerencia alguna. En ese sentido, la sala estimó que le asistía la razón a la autoridad demandada, al señalar que la denuncia popular y el procedimiento de inspección y vigilancia son diferentes e independientes; en consecuencia, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, al dar por concluida la denuncia popular que instauró la hoy actora, no estaba obligada a darle a conocer a los denunciantes el procedimiento de inspección y vigilancia, ni participación en éste, pues insiste que se trata de procedimientos disímiles e independientes, ya que el propósito de la denuncia popular es que cualquier persona, grupo social organizaciones o sociedades puedan denunciar ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente todo hecho, acto u omisión que produzca o pueda producir desequilibrio ecológico o daños al ambiente o a los recursos naturales, o contravenga las disposiciones de la ley de la materia, para lo cual la propia ley establece la facultad de la autoridad de iniciar el procedimiento administrativo de inspección y vigilancia, en el que es evidente que el denunciante no será parte, y por ende la autoridad no está obligada a darle a conocer el inicio del procedimiento y, mucho menos, una intervención en éste. Por lo anterior se concluye que la PROFEPA no se encuentra obligada a notificar y correrle traslado al particular de la resolución que recayó en

EL PROCEDIMIENTO DE DENUNCIA POPULAR • Gudilo Gual

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el procedimiento de inspección y vigilancia, sino únicamente a mencionar que al haberse emitido se pone fin al procedimiento de denuncia popular, conforme con el artículo 199, fracción VII, de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, y cómo es que con ella se atiende la denuncia. No obstante lo anterior, el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver un amparo directo, consideró que los argumentos de la actora justiciable resultaban parcialmente fundados al considerar que: la resolución impugnada no se encontraba suficientemente fundada y motivada, ya que si bien era cierto que el articulo 199 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, en su fracción VII, señala que los expediente de denuncia popular que hubieren sido abiertos, podrán ser concluidos, entre otras causas, por la emisión de un resolución derivada del procedimiento de inspección; la autoridad demandada fue omisa en dar vista, anexar a la resolución impugnada o bien insertar en la resolución la determinación del 23 de noviembre de 2016, emitida en el expediente administrativo sustanciado, con lo que les deja en completo estado de indefensión, pues no señaló con precisión las razones, motivos, circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que tuvo en consideración y que la llevaron a dar por concluido el expediente de denuncia popular.

En ese sentido, si bien no existe obligación de la autoridad demandada de permitir a los denunciantes participar activamente en el procedimiento de inspección y vigilancia que se apertura a la par del procedimiento de denuncia popular, ni de notificarle la resolución que puso fin al primero de los procedimientos en mención, se estima que sí debe dar a conocer a los denunciantes los motivos y fundamentos de esa resolución, no como parte de aquel procedimiento, sino como sustento de su determinación dentro de la resolución que pone fin al procedimiento de denuncia popular. Lo anterior, afirma la sala, deriva de que del propio texto del artículo 199 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente se desprende que la intención del legislador fue dotar de certeza jurídica a los particulares, respecto de la denuncia popular iniciada con motivo de su interés legítimo en cuanto a la protección del medio ambiente [a lo que llamamos corresponsabilidad socioambiental], pues no basta con recibir y admitir a trámite ésta, sino satisfacer las inquietudes de los denunciantes mediante su culminación de manera justificada, al actualizarse cualquiera de los supuestos previstos en el artículo 199 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. Lo anterior se robustece con la consideración que realizó la sala en salvaguarda de los principios de prevención y precaución; por lo que se

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concluye que una vez que se realiza la denuncia, la citada procuraduría está obligada a resolverla de manera exhaustiva y justificada, pues su actuar está relacionado con el interés público en que se respete el derecho humano a un medio ambiente sano. De tal manera que una denuncia popular no puede quedar sin atenderse, sino que debe existir invariablemente un pronunciamiento de la autoridad ambiental respecto de los hechos que se le notifican, a fin de dar seguridad y certeza jurídica al denunciante acerca de su consideración, máxime que al tratarse de la materia ambiental se está en presencia de un procedimiento de. orden público e interés social. Partiendo de esa premisa se estima que en el caso de que se emita una resolución en el procedimiento de inspección y vigilancia, con base en ella se dé por finalizado el procedimiento de denuncia popular; la autoridad se encuentra obligada a informar el sentido de aquélla al denunciante y cómo con esa resolución se atiende la denuncia popular, aun cuando los artículos que regulan la tramitación de la referida denuncia no lo contemplen de manera expresa, pues además de incurrir en una insuficiente fundamentación y motivación del acto, en contravención al artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no motivar ni fundar su determinación en ese aspecto deja a los denunciantes en estado de indefensión e incertidumbre jurídica, pues haberse emitido una resolución dentro del procedimiento de inspección y vigilancia no implica, necesariamente, que ésta tenga relación con los actos u omisiones que se denunciaron, ya que, como ha quedado señalado, se trata de procedimientos distintos, aun cuando se hayan iniciado precisamente con motivo de la denuncia. Derivado de lo anterior, la sala concluyó que, si la denuncia popular tiene como finalidad hacer del conocimiento de la autoridad ambiental competente la posible existencia de contravenciones a la ley de la materia, y ésta decide culminar el procedimiento de denuncia popular por haber emitido una resolución dentro del procedimiento de inspección y vigilancia, es inconcuso que debió informar al denunciante que actos u omisiones fueron sancionados, a efectos de atender de manera integral la denuncia presentada, en la inteligencia de que si no sancionó determinados actos u omisiones, cuyo señalamiento fue materia de denuncia, antes de ello debió hacer del conocimiento de los denunciantes respecto de qué hechos u omisiones no se comprobó la contravención a las disposiciones de la legislación aplicable para que aquellos emitieran las observaciones quejuzgaran convenientes. En ese sentido la autoridad demandada dejó de observar por completo el artículo 16 de la Constitución, pues para emitir la resolución impugnada únicamente refirió que debía tenerse por concluido el procedimiento de denuncia popular presentado por los hoy

EL PROCEDIMIENTO DE DENUNCLA POPULAR • GudiloGual

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demandantes, pues se había emitido resolución en el procedimiento de inspección y vigilancia, pero de ningún modo expuso los motivos y fundamentos para considerar que los sucesos denunciados debían tenerse por atendidos con esa determinación. En ese sentido la sala determinó declarar la nulidad para efectos de que la autoridad demandada emitiera otra resolución debidamente fundada y motivada, en la que informe a los denunciantes el contenido de la resolución sancionadora de 23 de noviembre de 2016, que puso fin al procedimiento administrativo de inspección y vigilancia, y cómo es que con ella se pone fin al procedimiento de denuncia popular y quedan [o noJ atendidos los actos, hechos u omisiones denunciados, al considerar que la autoridad demandada motivó y fundamentó insuficientemente su resolución y, además, se dictó en contravención de las disposiciones aplicadas en cuanto al fondo del asunto, por lo cual se actualizaba en el presente asunto la causa de nulidad prevista en las fracciones II y IV del artículo 51 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. o

IV. COMENTARIOS El derecho ambiental, como habrá podido ya deducirse, es un Derecho de perfiles revolucionarios, lo que se deriva de sus intrínsecos cometidos. totalmente alejados de los que son propios de otros ordenamientos animados por la realización de dictados filosóficos e ideológicos, como la libertad, la igualdad, la propiedad privada, etc. Incluso, los derechos que tienen un 'substratum' biológico, como el derecho de familia, son objetos de profundas modulaciones valorativas, a las que responden la posición del paterfamilias romano, el harén oriental o el matrimonio de homosexuales [. .. ] Este derecho, en este sentido estricto, es el que: Tutela los sistemas naturales que hacen posible la vida: agua, aire y suelo.2 RAMÓN MARTÍN MATEO

El diccionario de la Real Academia Española define a la epistemología como: "(Del gr. énorjn, conocimiento, y -logía).1. f. Doctrina de los fundamentos y métodos del conocimiento científico", otra definición la describe como "el estudio de la producción y validación del conocimiento 2 MARTÍN MATEO,

España, 2003.

Ramón,Manual del derecho ambiental, 3a. ed., Thomson. Aranzadi,

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científico. Se ocupa de problemas tales como las circunstancias históricas, psicológicas y sociológicas que llevan a su obtención, y los criterios por los cuales se lo justifica o invalida. Es conocida como 'la rama mayor de las ciencias"".3 Por otra parte, la epistemología jurídica "pretende dilucidar si el conocimiento jurídico es o no posible, qué forma o estructura ha de tener, es decir, cuáles son sus maneras de presentarse en las sociedades"• Hoy se presenta como un sistema aglutinante de derechos fundamentales, cuyas exigencias parecen estar "de moda"; antes únicamente se hablaba de un constitucionalismo de garantías que sólo la Constitución recogía. Entonces, el derecho ha tenido diferentes epistemologías (razones de ser) durante la historia, las más importantes han sido el derecho natural y el positivismo jurídico, éste último sigue el modelo epistémico científico como un modelo físico-material y hace hincapié en la medición y valoración de los hechos relacionados con el derecho. Por ende, el positivismo jurídico se basa en los principios de una filosofía empirista y antimetafísica. Es decir, a través del positivismo jurídico es posible establecer la existencia y describir el contenido del derecho de un determinado país en un momento específico de su historia, pero en términos puramente facticos, empíricos, basados en la observación e interpretación de hechos sociales. Como es el caso de la decisión de la PROFEPA, en el sentido de que, autoritariamente, puede dejar de hacer parte a un denunciante popular en la resolución que deviene de un procedimiento administrativo instaurado "gracias a la denuncia popular iniciada". Sí, así es de paradójico. El fenómeno que causa la desarticulación y parcialidad de la decisión de la PROFEPA, que fue analizada por la Sala Especializada en Materia Ambiental, del Tribunal de Justicia Administrativa, se debe a que, en la mayoría de los casos, las decisiones jurídicas administrativas y jurisdiccionales que se materializan en actos de molestia no obedecen al canon de la naturaleza, y pocas son las que toman en cuenta aspectos económicos; factores que son absolutamente necesarios para cumplir con el deber de exhaustividad que requiere cualquier decisión jurisdiccional en materia ambiental. Es justo considerar que la propia "ley de la naturaleza" es la que le da vigencia toral al nacimiento de las acciones de denuncia popular y el interés legítimo con el cual participan los denunciantes; ahí es donde se encuentra la legitimidad de la persona y de su acción, no se encuentra solamente en la obligación del Estado de garantizar el derecho a 3 BACHELARD, G., Epistemología, Anagrama, Argenti na, 1973, y La formación del espíritu científi co, Siglo XX I, Argenti na, 1972. O. cit.. supra.

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la legalidad y el acceso a la justicia, sino en la propia necesidad de la conservación del medio ambiente; necesidad que responde al ámbito de la corresponsabilidad socioambiental. Por consiguiente, el concepto legalista de aplicación irrestricta de la LGEEPA al caso concreto evidentemente no es suficiente ante la resolución de un proceso de denuncia popular que, por decir lo menos, constituye una forma de acceso a la democracia constitucionalista en un país que se precia verdaderamente "de derecho". Por ende, las decisiones ambientales del vigilante de la legalidad (PROFEPA) deben responder a los límites de la ley natural y partir de ella en el momento de su planeación y ejecución, lo que traería en consecuencia que existan soluciones reales a los problemas de aplicación del derecho ambiental, y si es el ciudadano común a quien la propia ley legitima para que acceda a "levantar la voz' y cumplir con la parte de corresponsabilidad que le toca, denunciando una conducta fuera de los cánones naturales, debería dársele el trato que cualquier ciudadano merece, y por lo menos hacerle saber el curso que seguirá su denuncia. Esto implicaría, evidentemente, que la autoridad no tuviera discrecionalidad alguna al hacer parte al denunciante popular de un procedimiento de vigilancia ambiental y sus consecuencias. Como corolario, es necesario exponer que de la interpretación sis temática, funcional y annónica de los artículos 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198 y 199 de la LGEEPA se deduce que el ciudadano le asiste como derecho la posibilidad de que sea corresponsablemente coadyuvante en las labores de la vigilancia que realiza la PROFEPA durante todo el procedimiento de denuncia popular; en el entendido de que, con motivo de la denuncia popular, PROFEPA podrá iniciar los procedimientos de inspección y vigilancia procedentes, y la emisión de la resolución derivada de éstos constituye, a su vez, una de las causas por la que puede concluir el procedimiento de denuncia popular. Ahora bien, si tomamos en cuenta que la denuncia popular implica un derecho subjetivo que cuando se ejerce inmediatamente se convierte en un derecho adjetivo operante, debemos concluir que la responsabilidad del denunciante no concluye con el simple señalamiento de presuntas conductas denunciadas que pueden generar un daño al ambiente, sino que la labor de coadyuvancia implica que los denunciantes efectivamente aporten medios de convicción que dejen una verdadera presunción o indicio de la comisión de las conductas antinatura. Por lo que en el caso de que hayan sido aportados dichos medios de convicción y no hubieran sido tomados en consideración por la autoridad al emitir resolución, entonces se verificará la violación al derecho de seguridad y certidumbre jurídicas establecidos en el articulo 16 constitucional. En la sentencia que analizamos no se establecen con claridad los medios de

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convicción aportados por los denunciantes. Aunque ello no implica que no deban de conocer el contenido de la resolución recaída al procedimiento administrativo. Efectivamente, el artículo 193 de la LGGEPA establece que el denunciante podrá coadyuvar con la PROFEPA aportándole las pruebas, documentación e información que estime pertinentes, así como realizar manifestaciones respecto a la investigación dentro del procedimiento de denuncia popular; elementos que deberán formar parte de las consideraciones de la autoridad al momento de resolver la denuncia, si no se acredita la participación activa de los denunciantes durante el procedimiento y no se comprueba una afectación real a los derechos fundamentales de un medio ambiente sano, a los recursos naturales, la vida silvestre o a la salud pública. Sin embargo, como ya se dijo, esto no implica que queden sin enterarse del contenido de la resolución que recaiga al caso concreto. Es indubitable, por una parte, que para que la autoridad ambiental esté en posibilidades de agotar el procedimiento de denuncia popular deba pronunciarse clara y contundentemente respecto a los hechos denunciados para dar seguridad jurídica a las personas denunciantes, lo cual en la especie sí aconteció. Por otra parte, al existir disposición expresa que establece la obligación de la autoridad de darle a conocer el contenido de la resolución que recayó al procedimiento de inspección y vigilancia, el cual es un procedimiento autónomo, no bastaba con que la actora alegara una violación a su derecho de participar activamente en la resolución que recayera a la denuncia popular, ya que en todo caso la actora debió acreditar haberlo ejercido; de otra forma, no podría hablarse de una afectación real en su esfera jurídica, en perjuicio del tercero interesado. Y es que pensar de manera distinta sería tanto como permitir que cualquier gobernado esté en posibilidad de incitar la función jurisdiccional en nulidad, sin necesidad de demostrar claramente la afectación que se ocasionó con la emisión del acto de molestia, lo que evidentemente es un absurdo que rompería con la institución jurídica de la necesidad de plantear ante los tribunales controversias que afecten de forma vertical los derechos de los gobernados. Consecuentemente, lo inacabado del diseño de la figura de denuncia popular consiste en que, como es autónomo el procedimiento administrativo, no obliga a la autoridad a cumplir con el derecho humano a la seguridad jurídica, máxime si se toma en cuenta que algún denunciante haya coadyuvado y aportado elementos que acrediten su denuncia. Esto es, formar parte coadyuvante en un proceso que le da nacimiento a otro, si se demuestran en el proceso de denuncia o en el administrativo violaciones reales y concretas al derecho a un medio ambiente sano, a las personas

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denunciantes les asiste el derecho de acción de participar y de que se les haga partícipes de la resolución que le dé fin al procedimiento autónomo. El proceso de denuncia popular que "aperture" un procedimiento administrativo sancionador debe adminicularse y formar parte integral del expediente, si se aportaron elementos de prueba en el primero, de valor para el segundo.

El derecho humano a un medio ambiente sano y su justiciabilidad RAQUEL GUTIÉRREZ NAJERA?

Síntesis: Derecho a un medio ambiente sano, reparaciones ambientales y acceso a la justicia (in terés legítimo) ARA 261/2016 por el tercer tri bunal colegid o del vigéslmo séptimo circuito, de la cual se interpone una denuncia popular relativa a la devastación, destrucción y desmonte de un área de selva en una zona natural protegida.

l. ANTECEDENTES

Los artículos lo. y 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos guardan estrecha relación porque ambos constituyen el núcleo del bloque de constitucionalidad del derecho a gozar de un ambiente sano para el desarrollo y el bienestar. El artículo lo. porque, en opinión de quien escribe, es "un artículo paraguas", en virtud de su alcance a toda la visión garantista de derechos humanos que asumió nuestra Constitución con la reforma de 2011.3 Al respecto del numeral primero de la Constitución mexicana, mandata la interpretación de normas de derechos humanos, con lo que favorece siempre la protección más amplia a las personas; de igual manera, las autoridades federales, estatales o municipales tienen la obligación de respetar, proteger y promover los derechos humanos de acuerdo con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. El marco anterior, aplicable al derecho humano a un medio ambiente sano para el desarrollo y bienestar, contenido en el artículo 4o. constitucional, que establece: "Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El Estado garantizará el respeto a

' http://sise.cif.gob.mu/SVPIo rd1.aspx?arch=1319/13190000191996700003003. doc_l&sec=Araceli_Hem%C3%A1ndez_Cruz&svp =l ? Profesora-inv estigadora del CUCSH de la Universidad de Guadalajara, consejera social de la Coordinación de Evaluación de la Polftica Nacional de Cambio Climático y miembro del Sistema Nacional de Investigadores. 3 GUTIÉRREZ NUERA, Raquel, Introducción al estudio del derechos ambiental, 9a. ed., Editorial Porrí a, México, 2017, p.241. 37

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este derecho. El daño y deterioro ambiental generará responsabi1idad para quien lo provoque en términos de lo dispuesto por la ley". Este derecho tan importante en estos tiempos debido a la escasez y presión que ejercemos como comunidad antropógena sobre los recursos naturales, y que ha traído aparejada la peor amenaza de nuestros tiempos, como lo es el cambio climático, sin duda es una necesidad apremiante en su protección más amplia para los seres vivos. De igual manera, el derecho humano a un medio ambiente sano (DHMAS), en la opinión consultiva solicitada por la República de Colombia, Número 0C 23/17, con fecha 15 de noviembre del 2017, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es un derecho interdependiente de otros, como la vida, la salud y el desarrollo, por mencionar los más relevantes.s Así, el derecho humano a un medio ambiente sano es un derecho, además de individual, social y colectivo que conlleva a la protección, la conservación y restauración del medio natural y los recursos asociados a éste.° Ibidem, p. 242.

s De igual manera, el Protocolo de San Salvador establece en su artículo 1 1 que toda persona tiene derecho a vivir en un medio ambiente sano y a contar con los servicios públicos básicos, y que los Estados parte promoverán la protección, preservación y mejoramiento del medio ambiente. Al respecto, véase también precedentes emitidos por los tribunales de constitucionalidad en México, como "DERECHO HUMANO A UN MED IO AMBIENTE SANO. Su CONTENIDO". 6 Al respecto, véase los precedentes Época: Décima Época, Registro: 160000, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XI, Agosto de 2012, Tomo 2, Materia(s): Constitucional, Tesis: 1.40.4.81 l A (9a.). Página: 1807. MEDIO AMBIENT E ADECUADO PARA EL DES ARROLLO Y BIENESTAR. SU RELACIÓN CON OTROS DERECHOS FUNDAMENT ALES Y PRINCIPIOS CONSTITUCION ALES QUE INTERVIENEN EN SU PRO-

artículo 4o., párrafo quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consagra el derecho que tiene todo individuo a un medio ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar, por lo que la preservación y restauración del equilibrio ecológico, así como la protección al medio ambiente en el territorio nacional están reguladas direclamente en la propia Constitución, por la relevancia que tiene esta materia. En este contexto, la protección del medio ambiente y los recursos naturales son de tal importancia que significan el interés social" e implican y justifican, en cuanto resulten indispensables, restricciones estrictamente necesarias y conducentes a preservar y mantener ese interés, sin pasar por alto lo que prevé el artículo 25, párrafos primero, segundo y sexto, constitucional, referente a que el desarrollo sustentable es de interés general, lo que determina la conexión funcional y dinámica con el marco de libertades constitucionales. Bajo estos presupuestos, los derechos fundamentales como el mencionado y los de libertad de trabajo y seguridad jurídica que prevé la propia Carta Magna deben concebirse actuando y funcionando de modo complementario, en una relación de sinergia, con equilibrio y armonía, pues el orden jurídico es uno solo con la pretensión de ser hermenéutico; de ahí los principios de interpretación y aplicación sistemática, que se orientan conseguir la unidad, coherencia, plenitud, eficacia y coexistencia inter-sistémica de los varios bienes jurídicos tutelados, reconociendo TECCIÓN.-EI

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El DHMAS ha evolucionado en su judicialización de manera no tan rápida, y a más de treinta años de que fue emitida la primer ley reglamentaria con contenido holístico respecto de las preocupaciones ambientales, como lo es la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA), cuyo abordaje en los tribunales no ha sido tan dinámico como se esperaba. 7 En el referente anterior, la reforma al artículo 17 constitucional para incluir las acciones colectivas en materia ambiental, de derechos del consumidor y de los usuarios de servicios financieros, dándole competencia a los jueces federales de la que derivó la regulación en el Código Civil y de Procedimientos Civiles respecto a las acciones colectivas en materia ambiental, fue otro parteaguas para la judicialización ambiental; sin embargo, no ocurrió así. Por otro lado, en el ámbito administrativo, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) tampoco fue un referente respecto al acceso a la justicia ambiental. Si analizamos el Programa de Procuración de Justicia Ambiental 2014-2018 emitido por la PROFEPA-SEMARNAT, el tema de acceso a justicia ambiental está considerado en el Subprograma de Fortalecimiento a la Gobernanza en la Procuración de Justicia Arnbiental,8 y a pesar de que ya existía la reforma constitucional de 2011 en materia de derechos humanos, el programa en su conjunto, en específico el acceso a justicia ambiental, no tienen perspectiva de derechos humanos. En este orden de ideas, la sentencia emitida en amparo en revisión administrativa 261/2016 por el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito en cuanto al derecho humano a un medio ambiente sano, las reparaciones ambientales y el acceso a justicia, sin duda alguna, es un aporte al sistema administrativo de justicia ambiental en México, además del jurisdiccional. 11. CASO CONCRETO El planteamiento realizado ante el juez de distrito en el estado de Quintana Roo, con sede en Chetumal, consistió en la dilación procesal la interpretación de los derechos humanos conforme a los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, previstos en el artículo lo. de la Constitución Federal. 7 Al respecto, los primeros artículos que la autora escribió datan del aro 2000, referidos al tema de acceso ajusticia ambiental, su vigencia y complejidad. 8 SEMARNAT-PROFEPA, febrero de 2014. Programa de Procuración de Justicia Ambiental 2014-2018, pp. 47-53.

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de integrar una denuncia popular relativa a la devastación, destrucción y desmonte de un área de selva en zona natural protegida de la Laguna OM y a la autoridad responsable, la delegada de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente del Estado de Quintana Roo. La delegada negó el acto y adjuntó copia certificada de la totalidad de constancias que integran la denuncia popular registrada. El juez sexto de distrito en Quintana Roo resolvió sobreseer el juicio por inexistencia del acto reclamado, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo.° III. SÍNTESIS DE LAS CONSIDERACIONES DE LA SENTENCIA En opinión de quien esto escribe, la sentencia analizada es relevante y aporta a la teoría de justiciabilidad de los derechos sociales, en específico el relativo a un "medio ambiente sano para el desarrollo y el bienestar y el de acceso a justicia ambiental", en los siguientes aspectos: a) Rompe el mito de que sólo quienes tienen un interés jurídico afectado pueden acudir a promover el procedimiento de inspección y vig ilancia. b) Posiciona como jurídicamente vinculante a la denuncia popular. e) Vincula a la denuncia popular con el procedimiento de inspección y vigilancia. d) Reconoce como derechos humanos gozar de un medio ambiente sano para el desarrollo y el bienestar y la justiciabilidad de este derecho. A continuación, mencionaré de manera sucinta el porqué de los puntos anteriores. a) La sentencia expuesta desmitifica que sólo quienes tienen un interés jurídico afectado pueden acudir a promover el procedimiento de inspección y vigilancia. En efecto, la LGEEPA, publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 25 de enero de 1988, establecía como una de las figuras procesales innovadoras "el que cualquier ciudadano pudiera acudir a la PROFEPA a denunciar actos o actividades que causaran, pudieran causar o pusieran en riesgo los recursos naturales, ecosistemas o el ambiente". De igual manera, el procedimiento de denuncia popular culminaba en una resolución que obligaba a su cumplimiento a quienes se les emitiera. Así, el Constituyente de 1988 "empoderó" a los ciudadanos a

9 Véase Sentencia Amparo en Revisión 261/2016, derivada del Juicio de Amparo Indirecto 231/2016 del Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, con sede en Cancún, Quintana Roo, fojas de la l ala 4. ·

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acudir a la denuncia popular y pública, incluso a través de los medios de comunicación, y la autoridad se avocaba al procedimiento, cuya terminación era una "resolución administrativa" a la que podían recurrir las partes. Este procedimiento, exitoso en sus inicios, fue objeto de una reforma en 1996 y dejó de asumirse un procedimiento vinculante para tomarse en un expediente que terminaba en una "recomendación", tal como lo conocemos actualmente.1o De igual manera, la reforma de 1996 a la LGEEPA consolidó el procedimiento de inspección y vigilancia como el procedimiento medular para verificar el "cumplimiento y observancia de las leyes ambientales" de oficio por parte de la autoridad, en este caso la PROFEPA, y aunque nunca distinguió o limitó su acceso a "cualquier ciudadano, en la práctica de la autoridad lo ciñeron a quien tuviera un interésjurídico para incoado. De tal manera que la denuncia popular era la "acción pública o colectiva o social" que no requería acreditar "interés jurídico alguno" y el procedimiento de inspección y vigilancia era de oficio por la autoridad o de quien ostentara un interésjurídico lesionado. La sentencia en estudio acaba el mito de que sólo quienes tengan un interés jurídico lesionado pueden iniciar el procedimiento de inspección y vigilancia para reconocer que a través de la denuncia popular cualquier ciudadano puede iniciar y coadyuvar a la autoridad en dicho procedimiento. b) La sentencia en análisis posiciona como jurídicamente vinculante a la denuncia popular cuando su apertura y procedimiento origina la incoación de un procedimiento de inspección y vigilancia. En efecto, el procedimiento de denuncia popular establecido en la LGEEPA, con la reforma de 1996, había dejado de tener mucho sentido en cuanto a eficacia para la protección de los recursos naturales y el ambiente, en virtud de su terminación en "recomendaciones" en el mejor de los casos o simplemente en "gracias por acudir a la denuncia popular". A lo anterior le agregamos que su procedimiento continuaba siendo igual de "tortuoso' que el de inspección y vigilancia, en cuanto a formalidades y plazos, exigencias sustantivasy procesales, cuyo fin era incierto para la protección, preservación y restauración del equilibrio ecológico.

10 Una de las motivaciones de la reforma fue el cúmulo de denuncias popularesque se interpusieron por los ciudadanos, según se desprende de la exposición de motivos de la reforma de 1996 y el Diario de Debates. l Al respecto, véase Sentencia Amparo en Revisión 261/2016, derivada del Juicio de Amparo Indirecto 231/2016 del Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, con sede en Cancún, Quintana Roo, fojas 31, 45, 57, 61, 62 y 63, entre otras.

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En el referente anterior, la sentencia posiciona el carácter vinculante de la denuncia popular al ligarla de manera directa al artículo 199, fracción VII, de la LGEEPA y no dejarla como un procedimiento ilimitado y abierto, sino con formalidades, plazos y que cuando la autoridad decida abrir el procedimiento de inspección y vigilancia, derivado de la denuncia popular, ésta acaba con la resolución de tal procedimiento. 12 En consecuencia, en este supuesto jurídico la denuncia popular se torna en un procedimiento jurídicamente vinculante de manera indirecta, cuando su desarrollo procesal se vincula al desarrollo procesal del procedimiento de inspección y vigilancia. e) La sentencia de marras reconoce como derechos humanos gozar de un medio ambiente sano para el desarrollo y el bienestar y la justiciabilidad de este derecho. En efecto, en fojas de la 76 a la 83 de dicha sentencia, ésta sienta un importante precedente al reconocer dentro de los hechos denunciados por los quejosos del amparo la existencia de dos derechos fundamentales complementarios en su justiciabilidad, como lo es el artículo 4o. constitucional, en relación con el lo. y el 17, ambos también de nuestra Carta Magna. Asentar que los hechos implicaban daños o posibles daños a selvas y a especies categorizadas en la NOM-059ECOL-2001 como "amenazadas" traía consigo la necesidad de imponer medidas para que el daño continuara, aun en el supuesto de la incertidumbre científica aplicando el principio precautorio. De igual manera, la sentencia no se queda en el ámbito "declarativo", su alcance resulta particularmente importante y trascendente para la eficacia del acceso a justicia en materia ambiental al establecer no sólo la declaración del derecho, sino también de medidas y tiempos para el cumplimiento del derecho; se plantean "los efectos" del amparo de marras en los siguientes puntos: 1. Adopte medidas preventivas de oficio para la conservación y, en su caso, restauración de la zona afectada y acredite que se realizaron físicamente en la zona (tres días hábiles). 2. Efectúe todas las diligencias para llevar a cabo el procedimiento de denuncia popular, respetando los términos de ley, y brinde la oportunidad a los quejosos de intervenir como coadyuvantes, hasta concluir el procedimiento de inspección y vigilancia (treinta y cinco días hábiles). 3. En la resolución que emita se pronuncie sobre la existencia o no de cierta responsabilidad de alguno de los denunciados, en caso de

12 Véase Sentencia Amparo en Revisión 261/2016, derivada del Juicio de Amparo Indirecto 231/2016 del Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuit o, con sede en Cancán, Quintana Roo, fojas 57 y 58 en relación con la 63, 64y 65.

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que dichas personas hayan provocado algún daño al medio ambiente (35 días hábiles).1> IV. REFLEXIÓN FINAL

Sin duda alguna, la sentencia estudiada sienta precedente en el OHacceso a la justicia ambiental, además de los temas señalados líneas arriba, ya de por sí relevantes, como el asunto de la coadyuvancia en los procedimientos de inspección y vigilancia emanados de una denuncia popular, así como respecto al alcance y efectos de la denuncia popular per se. Adicionalmente, resulta de particular importancia la cuestión de la progresividad y obligatoriedad del cumplimiento y observancia de los derechos humanos señalados, como la suplencia de la queja del juzgador en temas ambientales. Lo anterior, particularmente desde la perspectiva teórica de los derechos humanos ambientales y la retórica de que son derechos programáticos y devaluados de corte prestacional en cuanto a su cumplimiento, y como bien lo ha sostenido Ansuátegui, en respuesta a dicha narrativa, tratándose del derecho humano a un medio ambiente sano, su enfoque y análisis en una dimensión requiere la juridicidad e institucionalidad de éste. De acuerdo con esta tesitura, la sentencia aporta a la juridicidad de este derecho y su preponderancia sobre los derechos individuales y subjetivos, ya que constituye, como bien lo asienta, la condición necesaria para el goce y usufructo de otros derechos.14 Por último, uno de los hallazgos asociados a esta reflexión fue el análisis del Programa de Procuración de Justicia Ambiental de la PROFEPA 2014-2018, que en su conjunto no tiene incorporada la visión de los derechos humanos y menos la de justiciabilidad del derecho humano a un ambiente sano; sin duda, una asignatura pendiente para la siguiente administración. MAS y en el

Véase, Sentencia, fojas 83, 84y 85. Francisco Javier Ansuátcgui Roig, catedrático de Filosofía del Derecho en la Universidad Carlos III de Madrid, director de la revista Derechos y Libertades. ll 14

Derecho al medio ambiente sano Caso línea 7 del "Metrobús Reforma" en la Ciudad de México PAULA MARÍAGARCÍA-VLLEGAS SÁNCHEZ-CORDERO'

Síntesis: Existe obligación de las autoridades a respetar el derecho fundamental a un medio ambiente sano y su protección; en ese sentido, el juzg ador debe garantizar este derecho ante una probable violación.'

l. INTRODUCCIÓN

La protección de las áreas verdes que se encuentran en las grandes urbes resulta de vital importancia para velar por los derechos ambientales, pues en las metrópolis es en donde se encuentra concentrada, en su mayoría, la población mundial. En ese sentido, el caso de México no es la excepción. La Ciudad de México. como capital y mayor urbe de nuestro país, alberga, de acuerdo con los últimos datos quinquenales ofrecidos por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), una población estimada de 8.9 millones de personas,.3 o bien más de 20 millones de personas, si se cuenta la totalidad de la zona metropolitana del valle de México. En ese contexto, la labor del juzgador es conciliar tanto el derecho a la ciudad y a la urbanidad como la protección de los espacios verdes que se encuentran dentro de nuestras ciudades, especialmente si se considera que el derecho a un medio ambiente adecuado para el desarrollo y bienestar de las personas está consagrado en el artículo 4o., párrafo quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM); así como la obligación del Estado mexicano de incluir la sustentabilidad ambiental en su rectoría económica, plasmada en el artículo 25 constitucional. t Profeso ra universitaria, magistrada de circuito, doctora en Derecho por la UNAM, maestra en Derecho y desarrollo por la London School of Economics and Political Sciencc (LSE), licenciada en Derecho (UNAM), licenciada en Economía (ITAM). ? Los comentarios aquí expuestos son a titulo personal. 3 INEGI (2O15) htps://ww.inegi.org.mu/appl areasgeograficas/?ag=09. 4 OCDE (2015), Estudios territoriales de la OCDE: valle de México, p. S. h1tps:l/www. gob.mx/cms/uploads/attachmen/f le/562 13/valle-de-mexico-OCDE.pdf

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SENTENCIAS RELEVANTES EN MATERIA AMBIENTAL

La suspensión definitiva o resolución interlocutoria dictada en el incidente de suspensión, derivado el juicio de amparo indirecto 841/2017, del índice del juzgado octavo de distrito en materia administrativa de la Ciudad de México, es de gran relevancia porque afirma desde distintas variables la existencia de un derecho fundamental a un medio ambiente sano, reconocido en el ámbito constitucional e internacional, al que el Estado se encuentra obligado a tutelar, pues lo asume como el contexto espacial de subsistencia para el desarrollo y disfrute de los demás derechos esenciales del hombre (vida, salud e integridad personal, entre otros). El juzgador reconoció que ante un probable daño ambiental irreparable al Bosque de Chapultepec y diversos lugares de Paseo de la Reforma, con la construcción del Corredor de Transporte Público Colectivo de Pasajeros de la Línea 7 del "Metrobús Reforma", debía concederse la medida cautelar definitiva para que, entre otras cuestiones, cesara de manera total la construcción de la Línea 7 del sistema de transporte público Metrobús, con el fin de conservar, en lo relevante para este análisis, las áreas verdes naturales que se encuentran en el Bosque de Chapultepec (lo que incluye la suspensión de la tala de árboles que se encuentren en dicha zona y en la periferia), así como las glorietas históricas, las fuentes, los amplios paseos peatonales, los vestigios históricos y las áreas verdes que se encuentran en Paseo de la Reforma. Dicha resolución suspendió la construcción de la línea de dicho medio de transporte por estimar que afectaría las áreas verdes naturales que se ubican en el Bosque de Chapultepec, pues se talarían árboles, se modificaría la biodiversidad y su áreas periféricas, así como la estructura urbana del Paseo de la Reforma y sus áreas verdes. Había árboles en riesgo de que fueran talados, también estaban en peligro monumentos y vestigios que se encuentran en dichas zonas, con un importante valor histórico, cultural y artístico. II. LITIS

El problema jurídico a resolver consistió en determinar si era procedente o no otorgar la suspensión definitiva en el incidente correspondiente para paralizar las obras en el Corredor de Transporte Público Colectivo de Pasajeros de la Línea 7 del "Metrobús Reforma". El juez octavo en materia administrativa en la Ciudad de México dirimió la interrogante consistente en si la asociación quejosa cumplía con los requisitos establecidos por la Ley de Amparo para concederle la suspensión definitiva, y concluyó que con la construcción del Metrobús se estaba ante una probable afectación de las áreas verdes naturales que

DERECHO AL MEDIO AMBIENTE SANO • García- Villegas Sdnchez- Cordero

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se encuentran en el Bosque de Chapultepec y su área periférica, en la estructura urbana de Paseo de la Reforma y sus áreas verdes; existían 643 árboles en riesgo de que fueran talados, así como daños a los demás monumentos y vestigios que se encuentran en dichas zonas y que, además, tienen valor histórico, cultural o artístico. III. HECHOS RELEVANTES AL DICTAR LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA EN EL JAI 841/2017 DEL ÍNDICE DEL JUZGADO OCTAVO DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA EN LA CIUDAD DE MÉXICO 1. La quejosa que acudió al amparo es una asociación civil, constitui-

da en conformidad con las leyes mexicanas, cuyo objeto, entre otras cuestiones, es realizar acciones tendentes a la protección del medio ambiente y de los recursos naturales, así como del patrimonio cultural y artístico de la nación. 2. El 9 de mayo de 2017, la quejosa tuvo conocimiento de que se estaban realizando obras de instalación y construcción de la Línea 7 del "Metrobús Reforma", sobre la avenida Paseo de la Reforma, a través de la información contenida en la página oficial del Gobierno de la Ciudad de México: www.metrobs.gob.mx/portal-ciu dadano/información-linea-7. El proyecto abarcaría desde Indios Verdes, Periférico hasta Paseo de la Reforma, con una longitud de 15 kilómetros, y atendería una demanda de 100,000 pasajeros al día, pues cruzaría las delegaciones Gustavo A. Madero, Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo (en donde se encuentra el Bosque de Chapultepec). 3. El 1 de diciembre de 2016 la quejosa tuvo conocimiento de que la Secretaría del Medio Ambiente le notificó a la Dirección General de Regulación Ambiental, ambas del Gobierno de la Ciudad de México, la resolución de impacto ambiental SEDEMA/DGRADEIA/14363/ 2016, a través de la cual, entre otras cuestiones, se autorizó la tala de seiscientos cuarenta árboles, que se localizan dentro del área en que se realizaría la obra de construcción de la Línea 7 del Metrobús. 4. La quejosa también argumentó que desconocía que existiera la manifestación de impacto ambiental, que debiera preceder a la resolución de impacto ambiental. S. Igualmente, la asociación quejosa informó al juez que la Dirección de Pavimento de la Dirección General de Proyectos Especiales de la Secretaría de Obras y Servicios, del Gobierno de la Ciudad de México, para la construcción de la línea 7 del transporte público mencionado:

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i. No contaba con los permisos respectivos para la tala de los

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640 árboles autorizados por la Secretaría del Medio Ambiente, por parte de las Delegaciones Gustavo A. Madero, Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo. ii. No contaba con las condicionantes 1.0 y 14 de la resolución EDEMA/DGRA/DEIA/14363/2016, las cuales contemplaban lo siguiente: - Visto bueno de la Dirección de Bosques Urbanos y Educación Ambiental. - Visto bueno de la Dirección de Arquitectura y Conservación del Patrimonio Artístico Inmueble del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura. -- Visto bueno de la Coordinación Nacional de Monumentos Históricos del Instituto Nacional de Antropología e Historia. ii. No presentó ante la Dirección General de Regulación Ambiental del Medio Ambiente del Gobierno de la Ciudad de México el levantamiento forestal de los árboles que pretendían podarse, el cual debía estar elaborado y firmado por un dictaminador acreditado por la SEDEMA y con base en la NADF-OOI-RNAT-2015, que debía presentar el registro fotográfico de cada individuo arbóreo que pretendía su afectación y sus coordenadas (x, y) de cada árbol a podar. De este modo, ante el probable daño o violaciones al derecho de protección al medio ambiente sano y al patrimonio cultural, así como al sistema federal de competencias en materia de protección de los bienes del dominio público, la asociación civil quejosa promovió juicio de amparo indirecto, del cual conoció el juez octavo de distrito en materia administrativa en la Ciudad de México, quien lo tramitó, por lo que se abrió el incidente de suspensión solicitado por la quejosa, en el cual se pronunció sobre la suspensión provisional, la cual negó por no contar con medios probatorios suficientes. Posteriormente se dictó la suspensión definitiva el 9 dejunio de 2017, donde determinó conceder dicha medida cautelar al quejoso. IV. SÍNTESIS DE LAS CONSIDERACIONES DE LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL

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En las consideraciones de la suspensión provisional dictada en el incidente de suspensión, contenida en el acuerdo del 1 de junio de 2017, el juzgador federal determinó negar la medida cautelar solicitada por la parte quejosa para efectos de que se detuviera totalmente la construcción de la Línea 7 del medio de transporte público Metrobús.

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Lo anterior, puesto que el juzgador no contaba con pruebas suficientes para tener por acreditado, en dicho momento procesal, que la construcción del carril y de las estaciones del Metrobús pudieran producir un daño inminente e irreparable en la "estructura esencial del Paseo de la Reforma", pues --de acuerdo con el sistema de transporte Metrobús las obras de construcción de dicho carril podían tender a afectar exclusivamente zonas tangenciales distintas de las áreas centrales e históricas de dicha avenida. V. SUSPENSIÓN INTERLOCUTORIA EN EL JAI 841/2017 DEL ÍNDICE DEL JUZGADO OCTAVO DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA EN LA CIUDAD DE MÉXICO El 9 de junio de 2017, el juez octavo de distrito en materia administrativa en la Ciudad de México resolvió la suspensión definitiva. En general, en las consideraciones se determinó la procedencia de la concesión de la medida cautelar a la quejosa, en virtud de los probables daños ambientales de carácter irreparable. En ese sentido, el juez desarrolló, en la parte de mayor relevancia en materia ambiental, que con la medida cautelar se pretendía evitar que con la construcción del Metrobús se afectaran las áreas verdes naturales que se encuentran en el Bosque de Chapultepec y su área periférica, la estructura urbana de Paseo de la Reforma y sus áreas verdes, así como la tala de 643 árboles, en riesgo, y finalmente, en las demás áreas verdes. Por una parte, el juez, para tener por acreditado el interés suspensional de la asociación quejosa, en conformidad con los artículos 131 y 139 de la Ley de Amparo, definió que el derecho al medio ambiente sano se ha ido configurando cada vez más como un derecho individual y colectivo concreto, no como un derecho difuso y de contenido normativo indeterminado, tanto en sí mismo como por su relación con otros derechos fundamentales, entre ellos el acceso a los más altos niveles posibles de salud; por ende, cualquier persona en el territorio nacional puede solicitar que se garantice la protección al medio ambiente. Asimismo, consideró relevante que al estar frente a una litis en la que se plantean violaciones al derecho de protección al medio ambiente sano, entre otros, se deben contemplar dos cuestiones: i) los principios de prevención, precaución, garantía y caución que deben regir cuando haya peligro de daño grave o irreversible al medio ambiente e incluso al patrimonio histórico y cultural de la nación, y ii) la carga de la prueba que rige, especialmente en materia ambiental, queda revertida para el presunto infractor, en este caso para las autoridades responsables.

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SENTEN CIAS RELE VANTES EN MATERIA AMBIENTAL

Derivado de lo anterior, el juzgador federal concluyó que la autoridad responsable, secretario de Obras y Servicios de la Ciudad de México, fue omisa en ofrecer los medios probatorios idóneos y suficientes para demostrar que la construcción reclamada no implicaría, de manera alguna, una afectación al medio ambiente (por la tala de árboles) ni a la estructura de Paseo de la Reforma o del Bosque de Chapultepec como podrían ser los planos de construcción de la obra-; por lo que, en ese momento procesal, tuvo como ciertos los actos consistentes en: • La construcción del Corredor de Transporte Público Colectivo de Pasajeros de la Línea 7 del "Metrobús Reforma". • La afectación del Bosque de Chapultepec y Paseo de la Reforma con motivo de la construcción del Corredor de Transporte Público Colectivo de Pasajeros de la Línea 7 del "Metrobús Reforma". • La tala de seiscientos cuarenta árboles, con motivo de la construcción del Corredor de Transporte Público Colectivo de Pasajeros de la Línea 7 del "Metrobús Reforma".

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Agregó que dichos actos son de carácter positivo, además producen efectos continuados y de tracto sucesivo en el tiempo, por lo que son paralizables. Posteriormente procedió a analizar el derecho fundamental a un ambiente sano, del cual destacó que se encontraba protegido en el ámbito constitucional e internacional y, por otro lado, que éste constituye el contexto espacial de subsistencia para el desarrollo y disfrute de los demás derechos esenciales del hombre (vida, salud e integridad personal, entre otros). Asimismo consideró que, en el aspecto constitucional, este derecho fundamental está reconocido en su artículo 4o. y que se desarrolla en dos aspectos: el primero, en un poder de exigencia y un deber de respeto erga omnes a preservar la sustentabilidad del entorno ambiental, que implica la no afectación ni lesión de éste (eficacia horizontal); y el segundo, en la obligación correlativa de las autoridades de vigilancia, conservación y garantía de que sean atendidas las regulaciones pertinentes (eficacia vertical). En ese sentido, el juzgador estimó que los actos reclamados eran de imposible reparación, puesto que de consumarse resultaría físicamente imposible restituir a la asociación quejosa en el goce del derecho reclamado, de acuerdo con lo regulado por la fracción II del artículo 127 y del diverso 128, primer párrafo, ambos de la Ley de Amparo; de allí que concluyera que debía concederse la medida de suspensión con el fin de salvaguardar la materia del juicio de amparo del que derivó el incidente de suspensión.

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En la interlocutoria se realizó un test de proporcionalidad del derecho a un medio ambiente sano respecto del derecho al libre tránsito de las personas y la importancia del uso de medios de transporte público, como lo es el Metrobús, que también constituyen un tema de interés social que beneficia a la población y que resulta necesario; no obstante, tal derecho podía satisfacerse con diversas medidas, sin causar daño al medio ambiente. Sobre este punto, además, el juzgador federal señaló que la tutela del derecho a un medio ambiente sano debe dimensionarse con una perspectiva de equidad intergeneracional intrínseca al concepto de desarrollo sustentable, entendido como aquel que permite la satisfacción de las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer la posibilidad de desarrollo de las futuras. Lo anterior, según el argumento principal, de que el Bosque de Chapultepec, por lo que representa no sólo para los habitantes de la Ciudad de México, sino también para la nación respecto de la naturaleza, árboles, flora y fauna que ahí existen, es un ANP (área natural protegida); además, las autoridadesdependientesde la Ciudad de México han compartido dicho criterio a través del decreto publicado en la Gaceta Oficial de esta Ciudad, el 2 de diciembre de 2003, que lo declaró como área de valor ambiental de la Ciudad de México, en sus tres secciones. Por lo que respecta al interés social, se argumentó que, de negarse la medida cautelar, la ejecución de los actos implicaría que no se garanticen los derechos constitucionales a un medio ambiente sano y que éste se vea deteriorado con la tala de árboles y la consecuente modificación de la biodiversidad que se encuentra en los lugares multicitados, pues se podrían causar daños a bienes que tienen gran trascendencia histórica para México, los cuales nos brindan identidad como nación, en perjuicio no sólo de las generaciones presentes, sino también de las futuras. En términos generales, en un primer momento la suspensión definitiva paralizó la obra relativa a la construcción de la Línea 7 del "Metrobús Reforma", a la luz del derecho fundamental al medio ambiente sano, así como la obligación del Estado de velar por su protección y garantía. Dicha suspensión surtió efectos desde su pronunciamiento hasta que el Gobierno de la Ciudad de México consiguió la autorización federal para continuar con la construcción de la Línea 7 del Metrobús, por lo que el juez la modificó; señaló que la obra podría continuar siempre que no se afectaran zonas protegidas y respetando la autorización del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH). Finalmente, los efectos de la resolución interlocutoria fueron modificados por el Tribunal Colegiado que conoció del recurso de revisión.

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SENTENCIAS RELEVANTES EN MATERIA AMBIENTAL

Se aclara que la medida comentada fue concedida hasta en tanto se resolviera el juicio de amparo principal del que derivó dicho incidente, lo cual no aconteció por un incidente de modificación a la suspensión. V. COMENTARIOS SOBRE EL ALCANCE DE LA RESOLUCIÓN Tal como se determinó en la resolución interlocutoria, en conformidad con lo previsto por el artículo 4o., quinto párrafo, de la CPEUM, cualquier persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar, por lo que el Estado debe garantizar el respeto a este derecho no sólo llevando a cabo la implementación de políticas públicas para su protección, sino también en la realización de las acciones necesarias para evitar causar daño en éste. No hay duda de que el Estado mexicano, y cualquier otro Gobierno soberano, se encuentra obligado a tutelar, entre otros, el derecho de las próximas generaciones a la vida, a la salud, al sano esparcimiento y a un medio ambiente sano, todos éstos íntimamente relacionados. De no protegerse, está en riesgo la sobrevivencia humana y, desde luego, las diversas especies de seres vivos. Por ello es necesario preservar los diversos ecosistemas y recursos naturales, así como incluir la sustentabilidad ambiental en la planeación de la rectoría económica del Estado (artículo 25, CPEUM). En ese sentido, un aspecto relevante de la medida cautelar dictada por el juez de distrito fue que acorde con los numerales 4o. y 27 de la CPEUM, que contemplan el derecho fundamental a un medio ambiente sano y a la propiedad de la nación, así como los diversos 44 y 45 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, el Bosque de Chapultepec, atendiendo a su naturaleza como bosque urbano, que no ha sido significativamente alterado por el hombre, es un ambiente natural representativo y que debe preservarse para garantizar el medio ambiente, pues está considerado como un área natural protegida e inafectable por los poderes públicos. No es tarea fácil realizar un test de proporcionalidad sobre la necesidad de construir transporte público que, por sí mismo, disminuye el uso de vehículos particulares y con ello las emisiones dañinas a la atmósfera, pero sin que afecte un ANP, como el Bosque de Chapultepec. La pregunta es cómo conciliar el derecho a la ciudad y urbanidad con el derecho al medio ambiente sano. El primero, necesariamente, implica tener infraestructura adecuada y servicios públicos de calidad, pero también tratar de conservar los pocos espacios verdes que hay en las ciudades y evitar que decrezcan sus dimensiones.

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Lo importante en estos casos es si se busca instrumentar una política pública que cuente con los requisitos legales para que pueda llevarse a cabo, como son tener previamente las manifestaciones de impacto ambiental y las demás autorizaciones o permisos de la autoridad competente, como sería el Instituto Nacional de Bellas Artes o el INAH, a efectos de respetar el derecho a la cultura por lo que hace a los monumentos que pudieran dañarse con la obra que se llevará a cabo. Los derechos humanos están interrelacionados entre sí, pero la realidad es que no necesariamente puede conciliarse su ejercicio, por ello la tarea es tratar de conciliarlos. En este caso, por un lado, está el derecho a la ciudad y al urbanismo, pero, por otro, el derecho a un medio ambiente sano y el derecho a la cultura y a su conservación. Igualmente, por una parte está el derecho al desarrollo, pero por otra nuevamente tiene el límite del derecho a un medio ambiente sano. Para conciliarlos se le ha puesto la condición al desarrollo económico de que debe ser sustentable. El gran reto es hacer efectivos los derechos humanos, especialmente los DESC (derechos económicos, sociales y culturales), porque no se puede, en aras de proteger uno, violar o reducir el núcleo esencial de otro, a tal grado que pierda su contenido. Quisiera concluir señalando que lo único cierto por lo que hace al derecho al medio ambiente, especialmente tratándose de afectación a las ANP, es que, ante la duda, hay que aplicar el principio pro ambiente. Y antes de que sean intervenidas por el ser humano buscar todas las alternativas viables. Esto resulta muy difícil en grandes ciudades, con habitantes que demandan otros derechos, como el servicio público de transporte, pero no se debe dejar de considerar el derecho de las futuras generaciones a un medio ambiente sano. Ellas tienen la prerrogativa de conocer y disfrutar de las ANP en grandes ciudades, no conocerlas a través de libros para saber cómo eran.

Controversia constitucional 31/2010 resuelto por el Pleno de la SCJN Negativa del gobierno del estado de Quintana Roo a publicar el programa parcial de desarrollo urbano del polígono poniente de la ciudad de Cancún, Quintana Roo, al considerarlo violatorio del marco legal vigente FRAN CISCO JAVIER DORANTES

DÍAZ'

Síntesls: Negativa a publicar en el Periódico ORcial del Estado de Quintana Roo el Programa Parcial de Desarrollo Urbano del polígono poniente de la Ciudad de Cancán, Quintana Roo, elaborado por el municipio. Cuestión de interpretación en ma teria ambiental.

I. ANTECEDENTES El síndico del municipio de Benito Juárez, estado de Quintana Roo, promovió controversia constitucional en la que demandó la invalidez de la orden de no publicar en el periódico oficial de la entidad el "Acta de la Trigésima Quinta Sesión Ordinaria de Cabildo", que fue remitida por oficio número PM/028/10, de 11 de marzo de 2010, dirigida al secretario de Gobierno del Estado de Quintana Roo, donde en el séptimo punto del orden del día se aprobaba el Programa Parcial de Desarrollo Urbano del Polígono Poniente de la Ciudad de Cancún, Quintana Roo. El Gobierno del estado dictaminó la improcedencia de la aludida publicación en el rotativo oficial de la entidad porque el Programa Parcial de Desarrollo Urbano del Polígono Poniente de la Ciudad de Cancún contraviene, a su parecer, el marco legal vigente en materia ambiental, debido a que se encuentra regulado por el Programa de Ordenamiento Ecológico de Benito Juárez, con política de aprovechamiento no urbano.

' Catedrático y asesor del procurador Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México, exdirector de análisis de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. 55

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SENTEN CIAS RE LEVANTES EN MATERIA AMBIENTAL

11. CASO CONCRETO. LITIS PLANTEADA Como primer concepto de violación, para el municipio hay un incumplimiento del artículo 115, fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues éste goza de la autonomía para formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de desarrollo urbano municipal, así como autorizar, controlar y vigilar la utilización del suelo en el ámbito de su competencia y en sus jurisdicciones territoriales, además de que conforme con lo establecido en el artículo 9, fracción IX, de la Ley General de Asentamientos Humanos, corresponderá a los municipios, en el ámbito de sus respectivas jurisdicciones, expedir las autorizaciones, licencias o permisos de uso de suelo, construcción, fraccionamientos, subdivisiones, fusiones, relotificaciones y condominios, en conformidad con las disposiciones jurídicas locales, planes o programas de desarrollo urbano y reservas, usos y destinos de áreas y predios. En consecuencia, al parecer del municipio, la actuación del Gobierno del estado va más allá de lo previsto en estas disposiciones jurídicas. También considera como concepto de violación y contravención, del artículo 115, fracción I, de la Constitución federal, que faculta a los municipios a aprobar las disposiciones administrativas de observancia general. En efecto, la autonomía municipal se vulnera cuando el Gobierno estatal adopta la determinación de revisar el acuerdo de cabildo aprobado, a fin de que decida si dicho acuerdo es apto o no de que sea publicado para tener vigencia y observancia general dentro de lajurisdicción municipal, por lo que se transgrede el principio general de derecho del municipio libre. Como tercer concepto de violación se hace referencia al artículo 115, en su fracción II, de la Constitución, el cual dispone que los ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, de acuerdo con las leyes locales, bandos de policía y gobierno, reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones, sin que se establezca en dicha disposición constitucional que para el ejercicio de tal facultad se requiera la intervención de diversa autoridad u órgano de Gobierno del estado para que decidan respecto de la procedencia de la publicación de esos acuerdos, circulares, reglamentos y demás disposiciones para que puedan tener vigencia y observancia general. Adicionalmente, el municipio señala, en términos generales, como violados los artículos 14 y 16 de la Constitución. Situación que el Gobierno del estado solicitará como improcedente al no realizar concepto de invalidez alguno, tendente a combatir la invalidez de dichos preceptos.

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Asimismo, en su contestación, el Gobierno del estado negó la legitimación del síndico para presentar la controversia constitucional y señala que si bien es cierto que el artículo 7o., fracción VIII, de la ley del Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo establece que serán objeto de publicación en dicho órgano de difusión los reglamentos, circulares, bandos y demás disposiciones de observancia general emitidos por los ayuntamientos del estado, también lo es que, de acuerdo con lo establecido en el artículo 91, fracciones I y 11, de la Constitución local, y 4o. de la citada ley del periódico oficial. le corresponde al gobernador de la entidad publicar, cumplir y hacer cumplir las leyes federales y las decretadas por la legislatura del estado, respectivamente. · A su parecer, en observancia de la Constitución federal, en su artículo 4o., párrafo cuarto, al artículo 25, párrafo sexto de la Constitución local, así como de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, la Ley General de Asentamientos Humanos y la Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de Quintana Roo, es necesario que el desarrollo social y humano armónico con la naturaleza implique fortalecer la cultura de cuidado del medio ambiente para no comprometer el futuro de las nuevas generaciones. El Gobierno del estado señaló que, con base en tales ordenamientos jurídicos, en 2001 se celebró el acuerdo de coordinación con miras a llevara cabo la formulación, expedición y ejecución del Programa de Ordenamiento Ecológico del municipio de Benito Juárez, estado de Quintana Roo, el cual suscriben por una parte el Gobierno federal, por conducto de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y la Secretaría de Desarrollo Social, y por otra parte el Gobierno del estado de Quintana Roo. así como por el municipio de Benito Juárez de la propia entidad. En consecuencia, si bien es cierto que en la fracción V del artículo 115 de la Constitución federal se le concede al municipio diversas facultades, no se le otorga alguna para que por sí solo elabore y aplique programas de desarrollo urbano que violenten los ya existentes en materia de ordenamiento ecológico del propio municipio, aunado a que los programas parciales de desarrollo urbano que emita el citado municipio deben mostrarse congruentes en todo momento con el Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población del que deriva; el municipio, por lo tanto, debe ajustarse a lo establecido en las normas estatales y federales, así que en ese ámbito carece de autonomía. Entonces no es posible invadir esta esfera jurídica que alegan los actores, si no existe tal autonomía municipal en esta materia. El Gobierno del estado agregó que el municipio en cuestión de ecología se encuentra regulado por el Programa de Ordenamiento Ecológico

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Local del Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo, el cual en su artículo 3o. determina que el Gobierno del estado, a través de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, en coordinación con los otros dos niveles de Gobierno, realizarán las acciones necesarias para llevar a cabo, entre otros, el seguimiento continuo y sistemático del proceso de ordenamiento ecológico local del municipio actor, que además será un instrumento para la evaluación del cumplimiento de los compromisos asumidos entre los tres niveles de Gobierno, así como del cumplimiento y efectividad de las políticas y de los criterios ecológicos del programa. De igual forma, en el artículo 6o. del mencionado ordenamiento se determina que el Gobierno del estado promoverá la participación de las dependencias y entidades de la administración pública estatal para el cumplimiento de las políticas y de los criterios ecológicos contenidos en el aludido programa de ordenamiento ecológico, así como participar en la planeación y conducción de ]as actividades que incidan en el territorio municipal. Por lo que considera que el municipio actor, a] pretender la publicación del punto séptimo del Acta de la Trigésima Quinta Sesión Ordinaria del Cabildo, mediante el cual se aprueba el Programa Parcia] de Desarrollo Urbano del Polígono Poniente de la Ciudad de Cancún, sin tomar en consideración las políticas y acuerdos planteados en dicho programa, contraviene los acuerdos de los tres niveles de gobierno, la Ley del Equilibrio Ecológico y ]a Protección al Ambiente del Estado de Quintana Roo, así como la Ley de Asentamientos Humanos y, principalmente, lo establecido en el artículo 115 de la Constitución federal, el cual nunca le confiere facultades especiales para la modificación unilateral de programas ecológicos. Finalmente, al emitir su opinión, la Procuraduría General de la República manifestó, en resumen, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente controversia constitucional; es oportuna la controversia constitucional; el síndico que compareció en representación del municipio actor cuenta con la legitimación procesal activa; es infundada la causal de improcedencia, en la que se aduce la falta de un capítulo específico de conceptos de invalidez, en virtud de que de la simple lectura del escrito de demanda se advierte que el actor vertió diversos argumentos encaminados a demostrar que los actos impugnados le irrogan perjuicio a su esfera competencial; y los actos impugnados no invaden la esfera de competencia del municipio actor, pues no se le coarta su facultad para otorgar licencias o permisos de uso de suelo, construcción, fraccionamiento, subdivisiones, fusiones, relotificaciones y condóminos.

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III. CONSIDERACIONES DE LA SENTENCIA

Se calificó competente al pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para conocer de la controversia, se dio como promovida de manera oportuna, se reconoció la legitimación activa del síndico municipal. En cuanto al estudio de fondo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que existen dos vías de análisis de los ámbitos de competencia en que son paralelas y complementarias: la normativa, que establece las relaciones jerárquicas o de división competencia! de la que deriva la validez de las distintas disposiciones emitidas por los distintos niveles de Gobierno; y la de los planes, programas y acciones relacionados con la planeación que, si bien derivan y tienen una relación directa con la primera vertiente, se relacionan entre ellas de manera distinta a la validez, con criterios como congruencia, coordinación y ajuste. Pasando a los conceptos de violación, determinó que el 115, en su fracción V, se dedica a enumerar las facultades municipales relacionadas, casi exclusivamente, a las materias de asentamientos humanos y protección del medio ambiente, pero estableció que éstas siempre se desarrollarán en los términos de las leyes federales y estatales relativas, así como en concordancia con los fines establecidos en el artículo 27 constitucional. En ese sentido cabe destacar que el marco normativo que regula el primer programa mencionado es la Ley General de Asentamientos Humanos, la cual en su artículo 6o. establece que la materia de desarrollo urbano será ejercida de manera concurrente por la federación, las entidades federativas y los municipios; por tanto, en dicho rubro participan los tres órdenes de Gobierno. Siendo así, se insiste en que, contrariamente a lo argumentado por el municipio promovente, la aprobación de programas en materia de asentamientos urbanos no es unilateral, sino concurrente. Por su parte, el último programa referido es un instrumento normativo creado con la colaboración de los tres órdenes de Gobierno, lo cual respeta la facultad constitucional de concurrencia en la materia de protección al medio ambiente. Tan es así que para la modificación de dicho programa se necesita la decisión unánime de las autoridades competentes en los tres niveles de Gobierno. De este modo, puede advertirse que el poder demandado, según argumenta la Corte, no actuó ilegalmente, pues apoyó su decisión de no publicación en un dictamen técnico fundamentado en el referido programa ecológico, en el cual se expresan las razones por las cuales el programa de desarrollo urbano propuesto por el municipio vulnera la normatividad vigente en cuanto a medio ambiente. Por lo antes expuesto, la Corte concluyó que, contrario a lo manifestado por el municipio actor, de la fracción V, del artículo 115, no se

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desprende que el municipio tenga facultad exclusiva y definitiva en materia de asentamientos urbanos y protección al medio ambiente. Asimismo, las acciones de formulación, aprobación y administración de planes de desarrollo urbano municipal, previstas en el inciso a) de la fracción V, del artículo 115 constitucional, deben entenderse sujetas a los lineamientos y formalidades establecidos en las leyes federales y estatales en la materia, y nunca como un ámbito exclusivo y aislado del municipio, sin posibilidad de que resulte congruente con la planeación realizada en los otros dos niveles de Gobierno. Por otro lado, señala la Corte, tampoco podemos llegar al extremo contrario: considerar que el municipio deba quedar a merced de las decisiones del Estado, cuando éstas pueden resultar potencialmente arbitrarias al no contar con un control de la actuación del órgano que debe realizarlas, como la dependencia estatal perteneciente al Gobierno del estado. La no arbitrariedad de las decisiones necesita tener, entonces, límite y control en el propio dictamen de congruencia que emita la dependencia estatal una vez que analice y verifique que los planes y programas municipales están en concordancia con los distintos niveles de planeación. En consecuencia, a consideración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los argumentos hechos valer por el municipio resultan infundados en su integridad. IV. OPINIÓN O CRÍTICA Indudablemente esta resolución de nuestra Suprema Corte es de gran importancia para comprender, en términos concretos, la manera en que debe entenderse y aplicarse el sistema de facultades concurrentes en materia ambiental y de desarrollo urbano. La distribución de competencias en nuestro sistema constitucional es una de las formas, por las que hemos optado, para control de la legalidad; un mecanismo para acotar el poder. Las concurrencias o, más bien, coincidencias, como las ha determinado Felipe Tena Ramírez, implican una actuación conjunta de nuestros distintos niveles de Gobierno, la federación, los estados y los municipios. Se trata de un concierto de acciones en que los diferenciados niveles institucionales se autolimitan. A diferencia del federalismo residual, cuyo origen radica en el artículo 124 constitucional, en el que las facultades no expresamente concedidas a las autoridades federales se entienden reservadas a los estados o a la Ciudad de México, en el federalismo cooperativo reside una racionalidad jurídica distinta: el federalismo cooperativo. En la controversia constitucional que se comenta, el municipio de Benito Juárez, estado de Quintana Roo, consideró en sus conceptos de viola-

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ción la noción de autonomía municipal, como si se tratara de un sistema competencia! de naturaleza residual. Precisamente una de las principales aportaciones de la Corte en esta controversia fue cuando determinó que el estudio de fondo puede realizarse en dos vías de análisis de los ámbitos de competencia, que son paralelas y complementarias: la vía normativa, que establece las relacibónes jerárquicas o de división competencia! de la que deriva la validez de las distintas disposiciones emitidas por los diferentes niveles de Gobierno; y la vía de los planes, programas y acciones relacionadas con la planeación que, si bien derivan y tienen una relación directa con la primera vertiente, se vinculan entre ellas de manera distinta a la validez, con criterios como congruencia, coordinación y ajuste. En la vía normativa, desde 1971, en materia de salud, la base 4a. de la fracción XVI, del artículo 73 constitucional, consideraba la concurrencia en materia ambiental, aunque sólo como factor de riesgo para la salud. Hasta 1987, en que la fracción XXIX, inciso G, del artículo 73 constitucional, facultó al Congreso "para expedir las leyes que establezcan la concurrencia del Gobierno federal. de los gobiernos de los estados y de los municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, en materia de protección al ambiente y de preservación y restauración del equilibrio ecológico". Base constitucional, como es sabido, de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. En consecuencia, dicha controversia constitucional es importante para determinar, normativamente, los ámbitos de participación competencial entre la federación, los estados y los municipios, pero también sus espacios de ejercicio colaborativo. En este aspecto resulta importante el segundo elemento de análisis que nos propone la Corte. Los criterios de congruencia, coordinación y ajuste que deben existir entre los distintos sistemas de planeación de la federación, los estados y los municipios son importantes para lograr una adecuada eficacia de los objetivos de la ley en la materia. Con estos dos espacios argumentativos, el normativo y el de planeación, la Corte estableció criterios que serán fundamentales para avanzar en el sistema de concurrencias en materia ambiental. V. BIBLIOGRAFÍA MÍNIMA DÍAZ Y DfAZ, Martín, Ensayos sobre la propiedad, Antonio Azuela de la Cueva (comp.), UNAM-Instituto de Investigaciones Jurídicas, México, 2014. (Serie Doctrina Jurídica; núm. 636). 562 pp. TEN A RAM[REZ, Felipe, Derecho constitucional mexicano, l5a. ed., Editorial Porrúa, México, 1977, 452 pp.

Análisis de la sentencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre la constitucionalidad de los artículos 28, primer párrafo, fracción II, y 29 de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental MIREILLE ROCCATTI VELZQUEz?

Sfntesls: En materia de responsabilidad ambiental la prescripción de las acciones previstas en la ley debe computarse a pari r de que se conozcan los efectos del daño ambiental prod ucido, no a raíz de la causa ción del dañ o.

I. ANTECEDENTES El caso que analizamos tiene como antecedente una demanda de amparo indirecto presentada ante el juzgado octavo de distrito en materia administrativa en el entonces Distrito Federal. en la que se estableció como acto reclamado: la discusión, aprobación, promulgación y publicación del acuerdo (sic) por el que se expide la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental y se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Vida Silvestre, de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, de la Ley General de Desarrollo Rural Sustentable, de la Ley de Aguas Nacionales, del Código Penal Federal, de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos y de la Ley General de Bienes Nacionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 7 de junio de 2013. Al otorgarse el amparo a las quejosas dos de las autoridades responsables interpusieron recurso de revisión, así como el de revisión adhesiva que, a su vez, fue interpuesto por las quejosas; ambos recursos fueron admitidos por el décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa. 1 Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Amparo en Revisión 501/2014. http://ww2.scjn.gob.m/Consul aTematica/PaginasPub/ResultadosPub.aspx?Tem a=&Consecutivo=SO1&Anio=2014&Tipo4sunto=2&Pertenecia=0&MinistrolD 0&Secreta riolD =0&MaterialD=O 2 Profesora emérita en el Tecnológico de Monterrey, expresidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, exdirectora jurí dica de Pemex, exploración y producción, y exsccrctaria del Medio Ambiente del Gobierno del Estado de México.

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SENTENCIAS RELEVANTES EN MATERIA AMBIENTAL

Entre los diversos puntos analizados por el Tribunal Colegiado se encontró que subsistía un problema de constitucionalidad, por lo que se declaró incompetente para conocer del recurso de revisión adhesiva hecho valer por la parte quejosa, así que el asunto fue remitido a la Suprema Corte de Justiciad de la Nación (SCJN). II. CASO CONCRETO (LITIS)

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El caso a estudio se refiere, en concreto, a un alegado problema de constitucionalidad respecto de los artículos 28, primer párrafo, fracción II, y segundo párrafo, y 29 de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental; en relación con el artículo 585, fracción 111, del Código Federal de Procedimientos Civiles. Entre los conceptos de violación relacionados con la materia del presente recurso de revisión se expusieron: inconstitucionalidad del artículo 28, párrafo primero, fracción II, y segundo párrafo de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental: Las restricciones establecidas en dicho precepto, en cuanto a que las personas morales referidas en tal fracción sólo pueden acudir en representación de algún habitante de la comunidad adyacente al daño ambiental; aunado a que deben acreditar que fueron legalmente constituidas por lo menos tres años antes de la presentación de la demanda; resultan violatorias del derecho de acceso a la justicia y el derecho al medio ambiente sano, consagrados en los artículos 40. y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que ocasionan un conflicto normativo con lo dispuesto en el libro quinto del Código Federal de Procedimientos Civiles, pues éste ofrece una garantía más amplia ante la reparación de los daños. - Las fracciones I y II del artículo 28 de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, al reconocer la legitimación activa de las personas morales privadas sin fines de lucro, pero sólo como representantes de algún habitante de la comunidad adyacente, reducen en gran medida el ámbito personal de validez de la norma, la eficacia del recurso y el acceso a la justicia de todos los afectados; en cambio, el artículo 585, fracción III, del Código Federal de Procedimientos Civiles, establece que tienen legitimación activa para demandar la reparación por daño al medio ambiente, las asociaciones civiles, con el único requisito de haberse constituido un año antes de que se demande el daño; que sea sin fines de lucro; y que su objeto social sea la protección o defensa del medio ambiente.

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Lo anterior en concordancia con la naturaleza y condiciones del interés legítimo que permite proteger de forma amplia al medio ambiente. - Debido a ello, lo previsto en el artículo impugnado es contrario a lo establecido por el artículo 1 o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues no favorece la protección más amplia de los derechos humanos reconocidos por ésta y los tratados internacionales que nuestro país ha firmado y ratificado. - La legitimación en la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental es más restrictiva que la establecida en el Código Federal de Procedimientos Civiles, ya que implica que todas aquellas organizaciones con menos de tres años de haberse constituido no puedan ejercer acciones de demanda por la reparación de daños ambientales, esto limita el acceso a la justicia a las organizaciones que ya estaban facultadas para actuar. Inconstitucionalidad del artículo 29 de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental: - El artículo 29 de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, en lo relativo a la prescripción de la acción para demandar la reparación ante un daño ambiental, al no considerar los daños continuados y establecer una prescripción de doce años contados a partir del día en que se produce el daño ambiental, resulta restrictiva en virtud de que no atiende todas las hipótesis posibles de afectación y ocasiona que en una variable de situaciones no se aplique la reparación del daño, pues de acuerdo con algunos casos que expone el alcance de los efectos al daño ambiental, pueden sobrepasar los doce años, e incluso habrá casos en que los efectos no se agotan en el momento de producirse. - El artículo impugnado sólo atiende parcialmente las hipótesis de daños ambientales, como lo son las que se agotan en el momento de producirse, por lo que ante un daño de carácter permanente o de naturaleza continua no hay posibilidad de asignar responsabilidades. 111. SÍNTESIS DE LAS CONSIDERACIONES DE LA SENTENCIA

De la lectura del primer concepto de violación se desprende que las quejosas adujeron que los requisitos impuestos por el legislador, consistentes en que las organizaciones de la sociedad civil que demanden daños ocasionados al medio ambiente sólo pueden acudir representando a

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algún habitante de la comunidad adyacente al daño ambiental, así como acreditar que fueron legalmente constituidas, por lo menos, tres años antes de la presentación de la demanda; restringen y violan su derecho de acceso a lajusticia y medio ambiente, en relación con el principio de progresividad. Las quejosas consideran que el legislador, al emitir el artículo impugnado, está restringiendo de manera indebida el derecho de tutela judicial efectiva al imponer determinadas limitantes, lo cual pretenden demostrar con un ejercicio comparativo con el Código Federal de Procedimientos Civiles, que de acuerdo con sus hipótesis resulta menos restrictivo al establecer una legitimación activa de las asociaciones civiles, sin otro requisito que haberse constituido un año antes de que se demande el daño. En ese sentido, en el primer concepto de violación existe un ejercicio de inconstitucionalidad que se realiza a partir de comparar lo dispuesto en el artículo 28, primer párrafo, fracción 11, y segundo párrafo, de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, con lo previsto en los artículos 4y 17 de la Constitución, así como el 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en virtud de que en dicho concepto se hace valer que la norma impugnada restringe la posibilidad de los ciudadanos de ejercer de forma plena un derecho de acción en protección del medio ambiente, pues con la imposición de los referidos requisitos no se promueve el derecho y no aseguran los mecanismos que garanticen su cumplimiento y goce. En el segundo concepto de violación, las quejosas alegan que hay una contradicción entre los artículos Jo. y 27 de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, lo cual fue estudiado por el juez de origen a la luz de la inconstitucionalidad reclamada al artículo 28 de dicha ley, pues incluso dichos planteamientos también constituyen un tema de constitucionalidad, en la medida en que tratan de justificarlo, a partir de la violación a la seguridad jurídica, en atención a que no delimitan de manera clara el marco de aplicación de la ley, pues se permite la aplicación de dos normas distintas (Ley Federal de Responsabilidad Ambiental y C6digo Federal de Procedimientos Civiles); situación que genera inseguridad jurídica y transgrede lo dispuesto en el artículo 17 constitucional. La resolución que se analiza determinó, por consiguiente, fundadas pero inoperantes las argumentaciones relativas a que el juez realizó de manera indebida un escrutinio estricto, al considerar que estaba en presencia de una categoría sospechosa. Lo anterior, como lo afirma la recurrente, "el legislador no realizó ninguna distinción con base en alguna categoría sospechosa prevista en el artículo 1o. constitucional", sino que se trata de una modulación en el ejercicio del derecho de acceso a la justicia.

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Debido a ello, la SCJN estimó que resulta acertado el análisis estricto realizado por el órgano jurisdiccional, pues aun cuando la Constitución no establece parámetros para llevar a cabo un análisis ordinario o estricto de la norma, determina que el ejercicio de los derechos humanos sólo podrá restringirse o suspenderse en los casos y bajo las condiciones que la Constitución establezca. Aunado a esto, se estipula que los derechos deben interpretarse de forma que favorezca la protección más amplia de la persona y se imponen a todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, las obligaciones de respetar, promover, proteger y garantizar los derechos humanos; de ahí que las normas constitucionales busquen que las autoridades, por regla general, permitan el goce y disfrute de los derechos y, de manera excepcional. impongan alguna restricción. Por otro lado, a raíz de la reforma constitucional publicada el 29 de julio de 2010 se adicionó un tercer párrafo al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a efecto de incorporar las acciones colectivas, previendo que el Congreso de la Unión expedirá las leyes que las regulen; que tales leyes determinarán las materias de aplicación, los procedimientos judiciales y los mecanismos de reparación del daño; y que los jueces federales conocerán de forma exclusiva sobre estos procedimientos y mecanismos. Derivado de esta reforma en las citadas leyes secundarias se otorgó legitimación a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente además de cualquier legitimado a que se refiere el artículo 585 del Código Federal de Procedimientos Civiles-, para que cuando se realicen actos, hechos u omisiones que vulneren derechos e intereses de una colectividad, ejerciten la acción colectiva; esto también será aplicable respecto de aquellos actos, hechos u omisiones que violenten la legislación ambiental de las entidades federativas. En cambio, en el artículo 28, primer párrafo, fracción II, y segundo párrafo, de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, se restringió dicha prerrogativa, pues se establecieron como requisitos para que las personas morales privadas mexicanas sin fines de lucro, cuyo objeto social sea la protección al medio ambiente en general, demanden la responsabilidad ambiental. consistentes en que: • Actúen en representación de algún habitante de las comunidades adyacentes al daño ocasionado. • Acrediten que fueron legalmente constituidas, por lo menos tres años antes de la presentación de la demanda por daño ocasionado al medio ambiente. Lo anterior evidencia que el legislador estableció claramente supuestos diversos de procedencia respecto de dos mecanismos de protección del medio ambiente, sin que justificara el trato diferenciado, en cuanto a

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la legitimación de las asociaciones civiles, en acciones que tendrán un objeto similar, como lo es la protección al medio ambiente. En estas circunstancias, como se afirma en la sentencia recurrida, en atención a la razonabilidad que debe tener el legislador al modular derechos humanos, como lo es la implementación de los mecanismos de defensa al medio ambiente, era necesario que se justificara el trato diferenciado en la normatividad, respecto de la imposición de requisitos en la legitimación a asociaciones civiles, que inhiben el ejercicio de la acción, cuando ambas acciones pretenden la protección de bienes jurídicos similares, como lo es el medio ambiente, en términos del artículo 17 constitucional, con la finalidad de no generar incertidumbre jurídica en los particulares. Cabe destacar que la protección del derecho al medio ambiente se desarrolla en dos aspectos: a) En un poder de exigencia y un deber de respeto erga omnes a preservar la sustentabilidad del entorno ambiental, que implica la no afectación ni lesión a éste (eficacia horizontal de los derechos fundamentales). b) En la obligación correlativa de las autoridades de vigilancia, conservación y garantía de que sean atendidas las regulaciones pertinentes (eficacia vertical). No es obstáculo que la recurrente haya afirmado que el ejercicio de la acción prevista en la Ley de Responsabilidad Ambiental no impide el ejerio de las medidas previstas en el Código Federal de Procedimientos ·ilcs, pues el legislador, al implementar mecanismos de defensa de derechos humanos, como lo es el medio ambiente, tiene la obligación de mostrarse congruente y no imponer trabas para su ejercicio, con la finalidad de no generar incertidumbre jurídica, por lo que si en el presente caso existen dos acciones de protección al ambiente que regulan de forma distinta la legitimación activa, resulta claro considerar que se estimula dicha inseguridad jurídica; motivo por el cual las hipótesis de los artículos son inconstitucionales, al propiciar un obstáculo mayor para acceder a demandar una responsabilidad ambiental. Por lo tanto fue correctamente emitida, en esa parte, la sentencia en la que se declaró la inconstitucionalidad del artículo 28, fracción II, de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental. Los mismos razonamientos aplican para los argumentos relativos a la violación al principio de progresividad, pues con independencia de que resulte válido verificar el cumplimiento de dicho principio, a partir de dos normas distintas, lo cierto es que el legislador no demostró la razonabilidad de la restricción impuesta a una acción creada para la protección al medio ambiente; es decir que no existe razonabilidad en el

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establecimiento de un requisito de tres años para ejercer una acción en materia ambiental, y en una acción similar se exija sólo una antigüedad de un año. Respecto del agravio relativo a la interpretación conforme el artículo 29 de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, aun cuando la norma disponga que la prescripción corra a partir de que se conozcan los efectos, esto no es suficiente para garantizar el debido acceso a la acción ambiental. En ese sentido, el artículo 29 establece que: "La acción a la que hace referencia el presente Título prescribe en doce años, contados a partir del día en que se produzca el daño al ambiente y sus efectos"; motivo por el cual no es posible considerar -como afirmó la recurrente-- que basta con que la norma se refiera a los efectos para considerar que se permite un reclamo en cuanto a ejecuciones continuadas o de tracto sucesivo. Así, era necesario que el juez realizara una interpretación de acuerdo con el precepto, pues de él se desprenden dos posibles consecuencias, esto es, que el plazo de la prescripción puede iniciar en dos momentos: i) A partir de que se produzcan los daños y efectos. ii) En cuanto se conozcan esos daños y efectos. De la segunda interpretación se advierte que existirían casos en que, a pesar de que se generen en un momento determinado daños y efectos en contra del medio ambiente, éstos podrían conocerse con posterioridad. De esa forma, la interpretación conforme que realizó el juzgador permite interpretar que el inicio del plazo no necesariamente se da en un solomomento (cuando se causan los daños), sino también cuando se producen sus efectos, situación que lleva a concluir que el plazo para empezar el cómputo de la prescripción no solamente es a partir de que se causen, sino también cuando se conozcan los efectos, sin que sea necesario ampliar dicha interpretación a que cesen los daños y efectos, pues la protección que se busca se cumple a1 precisar que la prescripción inicia en cuanto se conocen. IV. OPINIÓN, REFLEXIONES O CRÍTICA SOBRE SU ALCANCE

A partir de la reforma constitucional en materia de derechos humanos del 1 O de junio de 2011, surgió gran cantidad de conceptos, criterios de prevalencia jurídica y principios normativos a seguir para todos los jueces y magistrados. Entre ellos encontramos la función de control constitucional y de control difuso, en atención a que en la última frase del artículo 133, en

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relación con el artículo 1 o constitucional, se impone a los órganos jurisdiccionales del país la obligación de respetar los derechos humanos contenidos en la Constitución y en los tratados internacionales, aun a pesar de las disposiciones en contrario que se encuentren en cualquier Constitución o leyes de las entidades federativas. Además de lo anterior, la sentencia que analizamos incorpora el desarrollo y estudio de esos conceptos, criterios y principios a que nos referimos, tales como el análisis estricto, que exige criterios de valoración más rigurosos en los casos en que se presuma transgresión del derecho a la igualdad (no en su estado puro, sino vinculado transversalmente con otros derechos), así como el de interpretación conforme, el principio de razonabilidad, bajo el cual se determina un estándar genérico para establecer cuándo una restricción a un derecho resulta o no compatible con la Constitución. Otro concepto que enriquece la sentencia analizada es el relativo a la determinación de una categoría sospechosa, en la que la norma legislativa o administrativa, al imponer determinados requisitos o supuestos, suscita una distinción entre quienes lo poseen y quienes carecen de él; esto da lugar a que pueda considerarse como sospechosa de inconstitucionalidad, por lo que debe ponderarse la aplicación del análisis estricto. Tales situaciones se encuentran establecidas en el último párrafo del artículo lo. de nuestra Constitución. La nota común de las categorías sospechosas es que se refieren a un grupo vulnerable o desfavorecido, en la medida que encuentran especiales dificultades para ejercitar con plenitud los derechos reconocidos por la Constitución y los tratados internacionales en materia de derechos humanos, por sus circunstancias de origen étnico o nacional, género, edad, discapacidades, condiciones sociales, de salud, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otro que atente contra la dignidad humana. Asimismo, la sentencia estudiada realiza un espléndido análisis de la legislación ambiental, en el que reconoce el derecho humano a un medio ambiente sano, como uno de los derechos de la llamada Tercera Generación, y determina que es un mismo camino en dos sentidos: por un lado, el deber de respeto erga omnes en la eficacia transversal de los derechos fundamentales; y, por el otro, la eficacia vertical, a través de la cual la necesaria intervención estatal mediante las facultades concurrentes establecidas en la fracción XXIX-G, del artículo 73 constitucional, hace imperativa la intervención de todos los órdenes de Gobierno en materia de protección al ambiente y de preservación y restauración del equilibrio ecológico. Finalmente, la resolución comentada cumple cabalmente con la misión de nuestra SCJN al establecer y determinar, luego de un análisis

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claro y contundente, que en materia de responsabilidad ambiental la legislación controvertida de inconstitucionalidad deberá interpretarse, en lo relativo a la prescripción de las acciones respectivas, a partir de que se conozcan los efectos, no solamente cuando se cause el daño ambiental, en cumplimiento del segundo párrafo del artículo 1 o. de nuestra Carta Magna.

Comentarios en torno a la sentencia emitida el 5 de junio de 2017 por la Sala Especializada en materia ambiental y de regulación del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en el juicio 673/16-EAR-01-3, iniciado con motivo de la aplicación de sanciones a un adulto mayor por la explotación de carbón vegetal HÉCTOR SILVA MEZA'

Síntesis: Multa y decomiso ilegales de carbón vegetal por derivar de visita de inspección, aseguramiento precautorio y procedimiento de imposición de sanciones, en los cuales se violaron los derechos de persona analfabeta de 84 aflos, en contra de lo dispuesto en la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores.

l. ANTECEDENTES

La Sala Especializada en Materia Ambiental y de Regulación del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, integrada por los magistrados Rosalva Bertha Romero Núñez y Héctor Silva Meza, y como ponente Héctor Espinosa Cantellano, emitió sentencia con fecha 5 de junio de 2017, en el juicio 673/16-EAR-01-3, con fundamento en la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo y en la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. La controversia materia de dicha sentencia se originó con la orden de inspección, con fecha 6 de octubre de 2014, emitida por el delegado de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente en el estado de Jalisco, quien designó a los inspectores que en su oportunidad realizaron la visita de inspección y culminaron con la correspondiente acta de visita. Una vez tramitado el procedimiento que establece la Ley Federal del Procedimiento Administrativo, el delegado en mención, con fecha 22 de

' Magistrado del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, exprocurador Fiscal del

Estado de México. 73

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SENTENCIAS RELEVANTES EN MATERIA AMBIENTAL

junio de 201 S, impuso dos multas, una por la infracción prevista en el artículo 163, fracción XII, de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, y otra por infracción a la fracción XXII, además del decomiso definitivo de 30.363 metros cúbicos de carbón vegetal. En contra de tal resolución, la actora interpuso recurso de revisión del que se generó la resolución negativa fleta, impugnada en el juicio de nulidad. II. LITIS

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Como conceptos de impugnación que se invocaron en la demanda se expresó: que la inspección fue ilegal, pues el visitador la ejecutó sin ajustarse a lo establecido en la orden de visita; que en la visita de inspección el visitador sólo puede dejar constancia de hechos, sin tener la facultad de valorar los hechos u omisiones para establecer una responsabilidad; que del contenido de la orden de inspección los visitadores tienen la encomienda de verificar la legal procedencia de las materias primas forestales, así como de los productos y subproductos que se encuentren en el lugar, y constatar la legal operación del centro de almacenamiento; que, sin embargo, en el acta de inspección los visitadores presumieron responsabilidad del actor por infracción a la legislación vigente, sin que el visitador tuviera la facultad para determinar esa responsabilidad. Por otra parte, se negó lisa y llanamente que existieran las credenciales de identificación de los visitadores, con las que demostraran que tendrían la facultad o competencia para llevar a cabo la visita de inspección. Se adujo que los visitadores de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente aplicaron el aseguramiento precautorio, pero que en conformidad con el artículo 161 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, únicamente la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales puede realizar el aseguramiento precautorio de los productos y materias primas forestales. Todos los agravios antes relatados fueron desestimados en la sentencia que se analiza; sin embargo, prosperó a favor de los intereses del actor la argumentación que adujo, con fundamento en preceptos de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores que adelante se relatan. 111. SÍNTESIS DE LOS CONSIDERANDOS DE LA SENTENCIA

La sala juzgadora estudió los conceptos de impugnación expresados y referidos a violaciones formales; en este aspecto declaró la legalidad y

validez de la resolución impugnada al considerar como inoperantes los argumentos de la demandante por diversos razonamientos jurídicos que,

COMENTARIOS EN TORNO A LA SENTENCIA EMITIDA • Si#va Meza

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por ahora, no comentaremos porque lo más trascendente en esta sentencia es la aplicación de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores. En éfecto, la actora impugnó los actos administrativos consistentes en visita de inspección, aseguramiento precautorio y procedimiento de imposición de sanciones, porque a su entender se violaba en su perjuicio el derecho de certezajurídica establecido en el artículo 5, fracción II, de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, pues la autoridad administrativa no puso a disposición del actor un representante legal que velara por su certezajurídica, por lo que quedó en estado de indefensión. Señaló que es un adulto mayor, que en razón de sus disminuidas capacidades funcionales, se encuentra en especiales dificultades para ejercer sus derechos; en diversas ocasiones le indicó a la autoridad administrativa que no sabía leer ni escribir, cuestión que pudo acreditarse con la carta del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) y un estudio socioeconómico. Comprobó que es adulto mayor en estado de vulnerabilidad, para esto exhibió en el procedimiento administrativo copia de su credencial de elector, acta de nacimiento, documentos y análisis socioeconómicos que emitió el DIF, de modo que la falta de información sobre su derecho a contar con asesoría y representación puso en peligro su derecho a una defensa adecuada. El actor sostuvo que el hecho de que se le haya otorgado plazo para presentar pruebas y realizar manifestación dentro del procedimiento administrativo resultaba insuficiente para colmar el derecho en cuestión, pues la protección exige que se actualice una asistencia jurídica real, de modo que no basta que otorguen los plazos legales para ejercer la defensa, sino que realmente se cuente con un defensor social profesional y participe de manera activa en el procedimiento. Los magistrados integrantes de la Sala Especializada en Materia Ambiental y Regulación consideraron fundados los argumentos de la demandante y declararon la nulidad de la resolución impugnada, no obstante que se concedió al actor el plazo posterior al cierre del acta para formular observaciones y ofrecer pruebas, sin que al respecto haya hecho uso de la palabra; asimismo, se le emplazó al procedimiento administrativo de sanciones y se le concedió plazo para manifestar lo que a su derecho conviniera y ofreciera pruebas. Se resaltó que durante las comparecencias del actor ante la autoridad demandada no contó con asesoría jurídica a pesar de que se trataba de una persona con ochenta y cuatro años de edad y analfabeta. Por esas circunstancias la sala reconoció que le asistió razón al actor cuando argumentó que la visita de inspección, el aseguramiento precau-

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SENTENCIAS RELEVANTES EN MATERIA AMBIENTAL

torio y el procedimiento de imposición de sanciones habían sido ilegales porque violaban en su perjuicio el derecho de certezajurídica establecido en el artículo 5, fracción 11, de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, pues no contó con un representante legal, por lo que quedó en estado de indefensión. En la sentencia se reconoció la prerrogativa de todas las personas a recibir protección especial durante su ancianidad, como un derecho fundamental reconocido en el sistema jurídico mexicano y, por lo tanto, su respeto, protección y garantía, satisfacción o cumplimiento, que se encuentran sujetos, entre otros, al principio de progresividad, el cual configura un impedimento a la interpretación restrictiva y regresiva del sentido y alcance de las normas de derechos fundamentales, así como un elemento que favorece la evolución de dichas normas para ampliar su ámbito de protección. En la sentencia se expresó que entre las medidas adoptadas por el Estado mexicano para cumplir la obligación referida se encuentra la expedición de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, cuyos artículos lo, 2o, 3o, fracción I, y So, fracción 11, inciso c), disponen que debe garantizarse el ejercicio de los derechos de certeza jurídica de las personas adultas mayores, entendiéndose como personas adultas mayores las que cuenten con sesenta años o más de edad. Por tanto, tienen derecho a recibir asesoría jurídica en forma gratuita en los procedimientos administrativos o judiciales en que sean parte y contar con un representante legal cuando lo consideren necesario. En esa medida, se reconoce que el deber contenido en el artículo So, fracción II, inciso c), de la Ley Federal de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, es aplicable a todas las autoridades del Estado mexicano, entre ellos, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente. Debe destacarse que el Poder Judicial de la Federación reconoce la prerrogativa de todas las personas a recibir protección especial durante su ancianidad, como derecho fundamental reconocido en el sistema jurídico nacional; por tanto, en casos como el que ocupa debe garantizarse su derecho a recibir asesoría jurídica gratuita.? En la sentencia se señala que correspondía a la autoridad administrativa cumplir con las formalidades que garantizan su tramitación conforme al debido proceso, para lo cual debió garantizar al ahora actor las facultades procesales de las que es titular, es decir, con el derecho funda2 Jurisprudencia PC.XXXJII.CRT. J/10 A (I0a.), sustentada por el Pleno de Circuito en

Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, Décima Epoca, consultabl e en la página 2057, de la gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 40, Marzo de 2017, Tomo III.

COMENTARIOS EN TORNO A LA SENTENCIA EMITIDA • Sika Meza

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mental que tiene como adulto mayor de recibir asesoría jurídica en forma gratuita en los procedimientos administrativos o judiciales en que sea parte y contar con un representante legal cuando lo considere necesario; con independencia de que las legislaciones que regulen el procedimiento de verificación y de imposición de sanciones en materia forestal no contemplen ni informen en su contenido sobre los derechos que asisten a los sujetos que presenten la condición especial citada. Asimismo, también se reconoció que le asiste la razón al justiciable al aducir que el hecho de que se le haya otorgado plazo para presentar pruebas y realizar manifestación dentro del procedimiento administrativo, es insuficiente para colmar el derecho en cuestión, pues la protección exige que se actualice una asistencia jurídica real, de modo que no basta que otorguen los plazos legales para ejercer la defensa, sino que realmente se garantice que cuenta con asesoría jurídica gratuita, o bien con un defensor que participe activamente en el procedimiento, pues no es suficiente que la legislación citada reconozca los derechos mencionados, sino que se realice su concreción por parte de las autoridades obligadas. Por lo expuesto, la Sala Especializada en Materia Ambiental y Regulación del Tribunal Federal de Justicia Administrativa emitió sentencia declarando la nulidad de la resolución impugnada y de la recurrida, para efectos de que la autoridad demandada, si así lo considera, por tratarse de una facultad discrecional. reponga el procedimiento a partir de la violación detectada, esto es, en cuanto se violó el derecho del particular de formular manifestaciones y ofrecer pruebas en relación con los hechos y observaciones derivados de la visita de inspección, en conformidad con el artículo 68 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, y al respecto exhorte al imputado para recibir asesoría jurídica gratuita o para que designe un representante legal, de así considerarlo. Deberá realizar lo mismo en caso de emitir el acuerdo de emplazamiento correspondiente, cumplido lo cual, resuelva lo que en derecho proceda. IV. COMENTARIOS

La Constitución mexicana establece como principio básico que en nuestro país cualquier persona gozará de los derechos humanos reconocidos por la propia Carta Magna. Esos derechos tienen garantía de que el Estado favorecerá de la manera más amplia la protección a las personas. Todas las autoridades, como en el caso particular las administrativas, están obligadas a garantizar los derechos humanos de acuerdo con diversos principios, entre otros, el de progresividad, por lo que deben prevenir y

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SENTENCIAS RELEVANTES EN MATERIA AMBIENTAL

reparar los derechos humanos. No debe discriminarse por edad o condición social. En otro aspecto, es un derecho humano reconocido que toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El Estado garantizará el respeto a esta prerrogativa. El daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque, en términos de lo dispuesto por la ley. De la lectura de estas últimas líneas surge la dicotomía: por un lado, el derecho de todos a un medio ambiente sano, y por otro, la responsabilidad de quien atente contra ese medio ambiente. La explotación de carbón vegetal, por consiguiente, está sujeta a disposiciones medioambientales a las que hay que ajustarse; quien no lo haga será responsable por atentar contra el medio ambiente. Pero también la Constitución afianza la seguridad jurídica, así, cualquier presunta responsabilidad ambiental debe fincarse previo acceso a procedimientos ajustados a la normatividad, cumpliendo las formalidades del procedimiento, con la debida defensa también garantizada. A mi juicio, en la sentencia que se expone existe balance en sus puntos resolutivos, pues por un lado se reconoce que existió una violación procedimental que afectó de manera importante el derecho a una adecuada defensa de un adulto mayor en condiciones de vulnerabilidad por edad avanzada y por analfabetismo. Sin embargo, la sentencia deja abierta la posibilidad para que la autoridad administrativa, en uso de sus fa. cultades, retome el procedimiento y repare las violaciones formales y, si es el caso, emita una nueva resolución en la que defina si existió daño y su responsabilidad medioambiental. De esa manera, se garantiza con equilibrio el derecho de la colectividad a la protección al medio ambiente y el derecho del adulto mayor a un procedimiento administrativo ajustado a la norma.

2 ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS

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Análisis del amparo directo en revisión 1493/1995, resuelto por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ALFREDO MARTÍN OCHOA'

Síntesis: Declaratoria de área natural protegida, su objeto es la conservación a corto, mediano y largo plazo de ecosistemas prioritarios. por lo que no pueden considerarse jurídicamente como medios para controvertir acciones de desposesión.

l. ANTECEDENTES

Nuestro país cuenta con una vasta cobertura de recursos naturales a lo largo y ancho del territorio nacional. De acuerdo con lo señalado por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT): "México es un país megadiverso que alberga cerca del 10% de las especies registradas en el mundo, gran parte de ellas endémicas".2 En este sentido, paradójicamente también está sujeto a una serie de presiones económicas, políticas e, incluso, sociales para aprovechar o, más bien dicho, explotar irracionalmente dichos recursos, por lo que mediante figuras jurídicas, como lo son los decretos y declaratorias de áreas naturales protegidas (de orden federal. estatal y municipal), que están normadas en la legislación mexicana, particularmente en la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente y su reglamento en la materia, y las leyes locales, se establece una regulación específica para proteger de forma integral y consistente ciertas zonas del territorio que por su importancia en términos de biodiversidad y servicios ambientales destacan y son esenciales para nuestra nación y las entidades federativas. En este orden de ideas, abordaremos el caso de una sentencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en el

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Director municipal de Ecología y Medio Ambiente del ayuntamiento de Zapopan, Jalisco, consultor ambiental del PNUD y exsecretario Particular y Coordinador de Asesores de la Subsecretaría de Gestión para la Protección Ambiental de la SEMARNAT. l htps://www. gob.m/semama/articulos/mexico-pais-megadiverso-31976

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S.eHTEH CL\S RE LEVA.,"TES E.~ .MATl:.JUA A.MBIESTAL

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marco de un juicio de amparo en revisión. específicame nte el No. 1493/95, interpuesto en contra de la sentencia dictada con fecha 25 de mayo de 1995 por el juez tercero de distrito en el estado de Sonora. con residencia en la ciudad de Hennosillo, dentro de Ja demanda de garantías número 0907/94, relacionada con dicha figura jwidica. específicamente por la promulgación de la Ley de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente para el Estado de Sonora, con fecha 18 de diciembre de 1990. que fundam enta una declaratoria fechada el 3 de febrero de 1994 de un área natural protegida local ubicada en el muni cipio de Hennosillo. en Sonora Analizaremos el caso (litis), las consideraciones más relevantes de la semencia del máxim o tribunal y reflexionaremos acerca del alcance de la citada resolución.

II. CASO CONCRETO Cano a se mencionó en el apartado de antecedentes. rm panicular, es aFa& de arrendatari o de un bien inm udJ!e rú....qico. a..7.I d.:ó. con fecOa. 1~ óe eick--rnhre de 1994 ante el juzgado t.aCeio de df,;1"..ri?:o de fa cmdaQ de Hen:nosillo. Sonora, a solici tar la prnteccioo de La. j-1.b--tida f~e~ ria tm j-.:ricio dta ?IDpaI"O indireczo por la afeaacióc. que ¿_~ :-'T- e !"' dm~ ~ cfü-ersos actos de autoridad. emre Oir06,,, dd H.. Co--~ del FSiado ~ ~reclamó la e.-q>edicioo de la ~ dad: Eq. · ·r7; ·t~. E.:o!óseico vlaProzeoció al Ambient e paree! E.~~ Scccr:l. -..-e:-~ f~b IS

de diciembre de

1990, del C. gobernador consiriocace! Escode

Sonora. la aprobación c:k- dicha ley, de!C. Secreerio de Gocerc c [gubti,.,.-:1dón ~ ~ta. Tambien dd C_ ~ ~r- ~ :a_ •.:&:c2 --::.:.::ria &~ha 3ckfebren>ck ·~ - ~-ad.a~111isa,t!O'ciia'!' ¿~~ t2 é,: marro ck 1~ e-ll cl Bd~rin otz--._--idM G..~ ., 41:!i E.~wfr ~ S.-r..cr... ak"dian~' d cual disP',.lllk:s consi3:::Dr ~ ;:......,.~ colectivos. argumentos con ha..~ ~~ az. nales se inclinnn a desanulhr los~~ ~ ~ R:::~-::n;. ~ ,o. vos, sin fundamento técnico, que '---or..Dc..-n ~ ~ ih ~~ ~ b derechos, ya que de ncucrdo (·on ~"\S liner:::ñe:n.~ Sr:·.¡_ 1 :- .:-.E:i~~ rccho podrín h.'1wr 1m.,'min~nda si~~~~~ :::::n..._ ~ -:--""U!'--T.:. ?:::ad pwrtleulur de In 11gurn debe.X{)(\~~~ h ~~~.-=~:.do 1tls111111s cxl!lt'11dns ttuc 1.,mH- ~~~~ ~ ~

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