Reconciliación. Experiencias en Colombia y el mundo 9789587984354, 9789587984361, 9789587984347

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RECONCILIACION E X P E R I E N C I A S EN C O L O M B I A Y EL MU N D O

Reconciliación

Para citar este libro: http://dx.d0i.0rg/10.30778/2022.43

Reconciliación Experiencias en Colombia y el mundo

Angelika Rettberg y Juan Esteban Ugarriza (compiladores)

Universidad de los Andes Universidad del Rosario

Nombro. Rrllberg Boíl. IVal 11/ A ngdika, autora, 1 nmpiladnia. | l Jgai 1 i/a, jiian iM ib an , autor, T3

Indicadores


N< II I A< l< >N

R e la c io n e s lis t a d o s o c ie d a d (c o n flic to )

• El lisiado termina de conceder todas las indemnizaciones. • lil proceso de paz disminuyó la violencia en Urania. • Id Gobierno cumple con el proceso de paz. • Las reparaciones son colectivas e integrales (materiales y no materiales). • Id (¡obierno cumple con sus deberes del acuerdo de paz hacia el país. R e la c io n e s e n tre a cto re s a r m a d o s y c iv ile s

• •

No hay presencia ni control paramilitar en Urania. Los agricultores no están acusados de colaborar con ningún grupo armado. • No hay desplazamientos a causa del Ejército u otros grupos armados. • Id Ejército no se adentra en las colinas. • Ed Ejército no invade las casas de los campesinos. C o n flic t o s d ia r io s

• Los cotilleos no ponen en peligro la vida de las personas. • Las familias hablan con sus hijos sobre la planificación sexual. • Los conflictos se resuelven sin violencia. • Las familias tienen tiempo para compartir momentos con los demás. • No aumenta el consumo de drogas entre los jóvenes. C u en te: e la b o r a c ió n propia.

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Preguntas y hallazgos empíricos acerca de la reconciliación desde una perspectiva psicológica* C

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tanto una meta como un proceso deseable, sobre todo luego de conflictos violentos (Oettler y Rettberg, 2019). En casos como el colombiano, en el que el conflicto ha tenido una duración de más de sesenta años y hasta el momento se cuentan más de 9 113 500 víctim as (Unidad para las Víctim as, 2021), es evidente la necesidad del redireccionam iento de los esfuerzos no solo a mejorar la educación, la salud, la vivienda, etc., sino tam ­ bién al fortalecimiento de los lazos sociales, la empatia, la cooperación social, etc. Aun cuando pareciera que la reconciliación es un término cuyos signifi­ cados, definiciones e implicaciones son obvios y la reconciliación en sí misma sería deseable en todas las sociedades, es necesario entender los matices de cómo esta es definida socialmente, cuáles son los factores psicosociales que la facilitan (u obstaculizan) y, en función de ello, tomar decisiones que puedan impactar la realidad social. Así, el objetivo de este manuscrito es presentar una serie de hallazgos empíricos realizados en Colombia, que emergen de pregun­ tas cotidianas de las personas comunes y también forman parte de intereses La

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es

l’ara cilar este capítulo: http://dx.d0i.0rg/10.30778/2022.47

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R E C O N C ILIA C IÓ N

académicos, y que describen algunos de los factores psicológicos que explican, al menos en parte, la reconciliación y sus posibles alcances. Con ese objetivo, presentaremos algunos de los hallazgos más importan­ tes de los estudios realizados (la mayoría de ellos ya publicados o en proceso) guiados por las siguientes preguntas: ¿qué significa reconciliarse para los colombianos?, ¿qué relación hay entre el perdón y la reconciliación en Colom ­ bia? y ¿cómo son los sentimientos de reconciliación de los responsables de los hechos violentos en Colombia? Con estas preguntas y sus hallazgos (hasta el momento) contribuimos a la identificación de algunos de los factores psicosociales implicados en la construcción de paz, vista desde una perspectiva multidimensional (López-López, 2020; Vélez et al., 2020; López-López et al., 2021).

¿Qué significa reconciliarse para los colombianos? La reconciliación se ha definido desde diversas perspectivas en las ciencias sociales como el reconocimiento y aceptación mutuos, con interés de desarro­ llar relaciones pacíficas, verdad mutua, actitudes positivas, sensibilidad y con­ sideración por el otro teniendo en cuenta sus necesidades e intereses (Oettler y Rettberg, 2019); el restablecimiento de la confianza (Castrillón-Guerrero et al., 2018); la capacidad de controlarse uno mismo en presencia de los adver­ sarios —cuando se habla de sentimientos de reconciliación— (Mukashema y Mullet, 2011; Mullet et al., 2020), o el proceso de eliminación de las barreras emocionales que bloquean el camino para poner fin al conflicto intergrupal (Alzate et al., 2018). Aun cuando dichas definiciones proponen un marco de comprensión de lo que es la reconciliación, los significados que construyen las personas son indispensables para comprender la opinión pública y su inciden­ cia en las prácticas sociales que facilitan u obstaculizan el restablecimiento de los lazos sociales. En uno de los estudios realizados con una muestra de colombianos, Cortés et al. (2016) observaron que la reconciliación era definida como reiniciar las interacciones o igual que perdonar. También se les preguntó a las personas qué consideraban que se necesitaba para la reconciliación, y respondieron: diálogo, una compensación y consecuencias para los ofensores. Un grupo de víctimas del desplazamiento forzoso (C astrillón-G uerrero el al., 2018) definieron la reconciliación como el restablecimiento de los vínculos, com o una sensación de bienestar y la oportunidad de romper ciclos de violencia. Los participan­ tes de este estudio también mencionaron la religiosidad com o un factor que inspiraba la reconciliación. En el estudio inédito de Zam brano et al. (2020), se entrevistaron 20 niños y jóvenes excombatientes de grupos arm ados ilegales, quienes definieron la reconciliación como la recuperación de una am istad con

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alguien o la necesidad de llegar a un acuerdo mutuo o, simplemente, la acepta­ ción de las diferencias. Los participantes de ese estudio también se refirieron a que la reconciliación podía ser más fácil cuando había tolerancia y respeto entre las partes, cuando ha pasado el tiempo y cuando se ofrece una disculpa. En el estudio de Zam brano et al. (2020), los participantes hicieron referencia constante a la violencia doméstica como el contexto en el que aprenden las interacciones que promueven el perdón y la reconciliación. En estos tres estudios se observó que la reconciliación se entiende com o un proceso en el que el ofensor vuelve a tener contacto con la víctim a y estos reto­ man las interacciones luego de que ha ocurrido un evento que ha fracturado la relación, pero también se evidencia que la línea que divide los significados del perdón y de la reconciliación suele ser difusa para las personas comunes. Al igual que en otros estudios realizados desde una perspectiva psicológica, a menudo los participantes confunden la reconciliación con el perdón (Mullet et a l, 2020), y esta falta de diferenciación suele convertirse en un obstáculo para la reconstrucción de la confianza y la cooperación social. Según indican Mullet et al. (2020), la reconciliación con un agresor que no esté arrepentido puede ser un comportamiento imprudente; del mismo modo, la reconciliación es posible aun cuando los agresores no hayan sido completamente perdonados por sus daños. Worthington y Drinkard (2000) afirman que la reconciliación no implica que todas las diferencias tengan que ser resueltas o elim inadas, que la reconciliación no es necesariamente un proceso posterior a la finalización completa de un conflicto o al establecimiento de un acuerdo; sino más bien, un proceso de restablecimiento paulatino de algún nivel de confianza, aun cuando los puntos de vista continúen siendo diversos.

¿Qué relación hay entre el perdón y la reconciliación en Colombia? Debido a la poca diferenciación entre los significados de reconciliación y perdón en las narrativas de las personas comunes, se hace casi obligatorio el estudio del perdón. En la literatura científica este se ha definido como el aban­ dono de emociones, pensamientos y comportamientos negativos que emergen como consecuencia de una injusticia considerable (Rye y Pargament, 2002), y se puede dar en varios niveles, a saber, de un individuo a otro (Azar y Mullet, 2001; Azar et a i, 1999), de un colectivo a otro (Mullet y Neto, 2009) o de un colectivo a un individuo. En los estudios cuyos hallazgos describiremos a con­ tinuación se exploraron los significados del perdón y los factores psicosociales que pueden incidir en la voluntad de perdón de diversas muestras de mujeres y hombres colombianos.

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RECO N CILIAC IÓ N

En primer lugar, cuando se exploraron los significados de perdón, Cortés et al. (2016) observaron que la mayor parte de las definiciones se referían al reemplazo de las emociones negativas, al olvido, a la necesidad de cohabitar y retomar las interacciones entre el ofensor y la víctima. Esos participantes tam­ bién sugirieron que el diálogo, la compensación por los daños y la aplicación de alguna consecuencia a los ofensores eran requisitos fundamentales para perdonar. Castrillón-Guerrero et al. (2018), en su estudio con víctim as del desplazamiento forzoso, también indicaron que el perdón era un tránsito de emociones negativas a positivas, un sinónimo de olvido, un proceso que reque­ ría tiempo y una forma de vivir en paz. Mencionaron también que el perdón era una enseñanza de la religión, de la familia y una capacidad inherente a los seres humanos. Más recientemente, en el estudio realizado por Zambrano et al. en el año 2020, los participantes —niños excombatientes de grupos arma­ dos al margen de la ley— definieron el perdón como ser capaz de dejar atrás los resentimientos y la rabia para estar tranquilos consigo mismos, dijeron también que perdonar era reconciliarse y que, aun cuando no implicaba olvidar, era necesario sobreponerse al daño para construir nuevas relaciones. Usando metodologías cuantitativas también se ha explorado la voluntad al perdón en diversas muestras de colombianos. Un primer estudio publicado en el 2013, pero realizado desde el 2009, trató de establecer si era razonable esperar de parte de los ciudadanos una actitud positiva de cara a los acuerdos de paz y, en particular, si existía tal actitud frente a la idea del perdón en dicho contexto. Colombia estaba en ese momento comenzando un proceso donde se vislum­ braba la posibilidad de realizar un acuerdo entre la guerrilla de las Fuerzas Arm adas Revolucionarias de Colombia (farc ) y el Gobierno. A diferencia de otros estudios realizados previamente en otros países, este estudio se realizaba en medio del conflicto y exploraba la voluntad de perdonar de un individuo a otro y de un individuo a un grupo. Se buscaba identificar las diferentes perspec­ tivas de los colombianos frente al perdón y, en alguna medida, poder entender las condiciones en que una reconciliación sería posible (López-López et al., 2013). Para realizar este estudio y los que describiremos a continuación se utilizó una metodología de escenarios basada en la teoría de la integración de la infor­ mación (Anderson, 2008, 2019; Muñoz Sastre el al., 2017). Esta teoría permite evaluar los juicios y las decisiones de las personas en diferentes contextos en los que deben integrar, valorar y responder a diversidad de estímulos. Tales escenarios podrían definirse como una serie de historias breves, en las que se combinan los diferentes factores (o estímulos) que se consideran relevantes a la hora de calificar la voluntad de perdón de los participantes (o lo que se esté estudiando). Gracias a esta metodología es posible conocer, además de los pesos de cada uno de los estímulos, las diferentes perspectivas o puntos de vista que pueden tener las personas frente al perdón.

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una serie de esi enanos en los que se ( onsulei a ron I ai lores tales i orno el grupo armado al ijue perteneiía el agresor (un antiguo miembro de la guerrilla, un antiguo miembro de los paraim litares, un miembro de las tuerzas militares o de la Policía y un miembro de un i artel del n ariolráfiio), la severidad del cri men perpetrado (desplazamiento forzoso, destrucción ele propiedades, asesi nato, secuesl ro, desapañe iones, etc., en I mu ión de los i r i menos más comunes de cada grupo armado), la responsabilidad del autor de las acciones violentas (organizador, autor material u observador de la acción violenta) y la actitud del ofensor en su intención de reintegrarse a la sociedael civil (no presenta ninguna excusa, solo reconoce su responsabilidad, pide perdón o pide perdón y ofrece una compensación). Un ejemplo de los 48 escenarios utilizados se muestra en la figura 4.1.

Luis Ramos es un antiguo miembro de la guerrilla (factor grupo armado). I la cometido varios actos violentos. I la dado muerte a cinco personas en total, incluyendo a Enrique (¡arda, un hombre común (severidad del crimen). Estos actos violentos fueron planeados por sus superiores; él solo ejecutaba órdenes (factor de responsabilidad). Ahora Luis desea reintegrarse a la sociedad civil. Pero minea se ha presentado a la fam ilia (¡arela para pedirle perdón

(factor de disculpa). Si usted fuera un miembro de la familia García, ¿en qué medida usted estaría dispuesto a perdonar?

Nada dispuesto O— O— O— O— O— O— O Completamente dispuesto Ejemplo de un escenario utilizado para el estudio de López López el al. (2013)

l'ig u r a 4 .1.

l'u cn te:

l ílaborad ó n propia.

Este estudio se condujo con la participación de 400 hom bres y m uje­ res comunes, entre los 18 y 55 años, quienes aceptaron responder a los escena­ rios de manera voluntaria y sin ninguna compensación. La recolección de •os datos se realizó principalmente en los vecindarios de los participantes, en sus casas o en sus negocios (tenderos, vendedores informales). La metodología usada no obliga a emplear un tiempo específico contestando, sino que los par­ ticipantes pueden tomar el tiempo que necesiten para entender los escenarios,

S.J

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contestar a ellos y cambiar sus respuestas si lo desean. Para esl e caso se lomaron entre 20 y 2s minutos. Se condujo un análisis de clusteres (I lolmans y Mullcl, 201 \) que permitió identificar cuatro puntos de vista cualitativamente interpretables, El primer clusler, al que se denominó nunca f>crdonan, agrupó las respuestas del *8 % de los participantes, quienes como se observa en la gráfica 4.1 no estaban dispuestos a perdonar bajo ninguna de las circunstancias planteadas. Usté clúster estuvo conformado por los participantes de clase social más alta. De manera interesante se observó que las calificaciones de la voluntad de perdón fueron más bajas cuando los escenarios presentaban un autor de las fuerzas militares, de la guerrilla o de un cartel del narcotráfico que cuando los actores de las acciones violentas habían sido paramilitares. Id segundo clúster agrupó las respuestas del 23 % de la muestra y fue denominado dudosos de perdonar. Este clúster, en comparación con el anterior, permite observar una tendencia creciente de voluntad de perdón, pero que tampoco podría considerarse como una fuerte voluntad de perdón. Las personas de este clúster fueron por lo gene­ ral de clase social media. Id tercer clúster, que agrupó al 18 % de la muestra, fue denominado dependiendo de las circunstancias. Como es evidente en la grá­ fica, la voluntad de perdón era mayor en la medida en que la actitud del ofen­ sor ofrecía excusas y en la que además ofrecía una compensación. También se puede observar que en la medida en que la severidad de la acción violenta era menor (como en el caso de los robos) las calificaciones de voluntad de per­ dón eran más altas que en los casos en los que el crimen era el asesinato. Este clúster estuvo conformado por participantes cuya clase social era más baja. Id cuarto y último clúster de este estudio, que agrupó al 15 % de la muestra, fue denominado siempre perdonan. Com o se observa en la gráfica, este clúster corresponde a un grupo de personas que puntúan alto en la escala de voluntad de perdón, casi bajo todas las circunstancias. Los resultados de este estudio pusieron en evidencia que la mayoría de los participantes del primer clúster tenían una disposición para perdonar bas­ tante baja y además eran muy poco sensibles a los factores incluidos en los escenarios. Estos resultados suelen ser bastante comunes cuando el contexto de los participantes aún es el conflicto, cuando se perciben altos niveles de impunidad (como es común en un conflicto de tan larga duración y de tantas revictimizaciones). Además, es importante agregar que para los participantes es difícil confiar en la palabra de los ofensores, aún más cuando los medios de comunicación promueven la política de gobierno de no perdón (Borja Orozco et al., 2008; López-López et al., 2014). Acerca de la segunda posición obser­ vada en el estudio, podría entenderse que ese grupo de participantes no están tan reacios a la idea de perdonar, pero que el contexto político de rechazo al perdón incide notablemente en sus decisiones. En cuanto al punto de vista

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Dudosos de perdonar

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Dependiendo de las circunstancias

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Siempre perdonan

Gráfica 4.1. Calificaciones de la voluntad (disposición) para perdonar Nota: Las puntuaciones están ubicadas en el eje vertical. Los cuatro niveles de severidad del daño producido por la acción violenta están en el eje horizontal (Int.= nivel de gravedad intermedio entre el robo y el asesinato, variaron según la identidad de los protagonistas). Cada curva corresponde a un nivel del factor de disculpas. Cada panel corresponde a un clúster. F u en te:

Elaboración propia.

expresado por los participantes del tercer clúster, vale la pena mencionar que en estudios com o los de A zar y Mullet (2001) y A zar et al. (1999)» realizados en el Líbano, se hallaron resultados similares, donde los participantes califican su voluntad de perdón en la medida en que los factores de los cuáles depende la decisión son más favorables, por ejemplo, en la medida en que la severidad del crimen es menor o la actitud del ofensor se muestra más comprometida con las víctimas y aquel se muestre más arrepentido. La cuarta posición observada en este estudio corresponde a una minoría de la muestra que considera que, no importa bajo qué condiciones, siempre se debe perdonar. Esta últim a posi­ ción no debe ser necesariamente considerada como más deseable que aquella en la que los participantes no perdonan bajo ninguna circunstancia, más bien podría ser entendida como una posición de principio. Otros detalles de los resultados de este estudio mostraron, por ejemplo, la mayor voluntad de perdón hacia miembros de los grupos param ilitares (en

comparación con miembros de las fuerzas militares y de la Policía), explicada probablemente por el manejo mediático del proceso de desmovilización de los param ilitares (véase Borja-Orozco et al., 2008; Barreto et a i, 2009). Un segundo estudio realizado por López-López, Sandoval Alvarado et al. (2018) tuvo por objeto complementar información del estudio publicado en el 2013, sum ando al estudio sobre la disposición a perdonar la de reconciliarse. Com o ya se mencionó, la reconciliación y el perdón son dos procesos diferen­ tes, sin embargo, esta diferenciación no suele ser tan clara para las personas comunes, lam poco es cierto que para reconciliarse sea necesario haber per­ donado, o que todos los hechos de perdón deban culm inar en la reconciliación o incluso que la reconciliación tenga que ser un completo restablecimiento de las relaciones y los sentimientos entre la víctim a y el responsable de las accio­ nes de daño (W orthington y Drinkard, 2000). Fue así que el estudio del 2018, además de volver a medir estas disposiciones a perdonar (como en el estudio anterior), m idió la disposición a reconciliarse, preguntando cómo aceptar que los autores de la violencia cohabitaran en los mismos vecindarios que las vícti­ mas y que trabajaran en las mismas empresas. Este estudio también exploró el efecto del contexto jurídico y político en el perdón y la reconciliación. Es decir que se les preguntó a los participantes en qué medida estarían dispuestos a perdonar y a reconciliarse si los responsables de las acciones violentas habían sido, en un caso, detenidos, juzgados por un tribunal penal y encarcelados o, en un segundo caso, am nistiados por el Estado (Aguayo Quezada y Trevino Rangel, 2006). Este segundo estudio contó con la participación de 550 hombres y mujeres comunes, habitantes de Bogotá, con edades entre los 18 y los 67 años. A estos participantes se les m ostraron 12 escenarios creados mediante la combinación ortogonal de los niveles de cuatro factores, a saber: el grupo al que pertenecía el actor de los hechos de violencia (exguerrillero, o exmiembro de un grupo param ilitar o militar), la actitud del ofensor (si se ha disculpado y ofrecido una com pensación, o no ha hecho nada), la severidad de la acción violenta perpetrada (asesinato o destrucción de propiedades) y el nivel de responsabi­ lidad del ofensor (autor material u organizador). Se utilizaron tres escalas de respuesta diferentes: una en la que se indagaba por la voluntad de perdón (tal como se hizo en el estudio del 2013), otra en la que se preguntaba por la dis­ posición a com partir el lugar de trabajo y una más acerca de la disposición a cohabitar en el mismo vecindario. Al igual que en el prim er estudio, se realizó un análisis de clústeres (Hofmans y Mullet, 2013) con los datos de las tres escalas principales (voluntad a perdonar, disposición a vivir en el vecindario y disposición a cohabitar como colega de trabajo). Los resultados permitieron identificar los mismos cuatro puntos de vista del estudio del 2013 (véase la gráfica 4.2). El prim er clúster,

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correspondiente a un 29 % de la muestra, fue aquel donde las personas nunca perdonan o no tienen absolutamente ningún deseo de reconciliarse. Cuando se les proponía a los participantes la condición en la que el ofensor había sido amnistiado por el Estado, esta posición de nunca perdonar o reconciliarse se hizo más frecuente. Al analizar las características sociodem ográficas de los participantes, se observó que quienes menos estaban de acuerdo con esa posi­ ción eran los de estado civil casado, los que contaban con educación superior y se identificaban políticamente con la izquierda. Un segundo clúster, correspondiente al 22 % de la m uestra, fue el de los dudosos (que también se había observado en el 2013). Aunque su disposición general a perdonar o reconciliarse era baja, era posible observar algo de v aria­ ción según las circunstancias. Cuando los participantes calificaron la escala en la condición de am nistía expresaron esta posición de indecisión con m enos

OMNA

AMA AANA ODA Perdón

G r á fic a 4 . 2 .

Vecindad

Trabajo

Olvido

Voluntad de perdón y reconciliación en diversos contextos

Nota: Las calificaciones sobre la voluntad de perdonar están ubicadas en el eje vertical. El eje horizontal contiene las cuatro combinaciones de los factores de arrepentimiento y responsabilidad (oMNA=organizador de muertes no arrepentido, AANA=asesino arrepentido pero que causó daños a la propiedad y no se arrepintió, AMA=actor de muertes arrepentido, ODA=organi/.ador que ordenó daños a las propiedades m ateriales y se arrepintió). C ada curva corresponde a un clúster. Cada Panel corresponde a una de las cuatro escalas de respuesta utilizadas. fuente: Elaboración propia.

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frecuencia que cuando lo hicieron bajo la condición básica (que no incluía ni la amnistía, ni haber pagado penas intramuros). Los participantes más jóvenes se ubicaron en este clúster con mayor frecuencia que los demás. El tercer clúster, correspondiente a un 13 % de los participantes, fueron aquellos que tomaban la decisión dependiendo de las circunstancias. Com o se puede observar en la gráfica 4.2, las calificaciones variaron considerable­ mente según la presencia o ausencia de disculpas. El cuarto clúster, corres­ pondiente a un 19 % de la muestra estudiada, fue el de los participantes que se m ostraban casi bajo todas las condiciones con una alta voluntad de per­ dón y reconciliación, es decir, los que siempre perdonan. Las características sociodem ográficas de estos participantes fueron m ayor edad, estado civil casado y religiosidad. Finalm ente, en este estudio, se observó un clúster m inoritario de 17 % de la muestra, al que se denominó indeterminados. El tercer estudio de esta serie fue conducido por Pineda-M arín et al. (2019). En este estudio se buscaba identificar los diferentes puntos de vista frente al perdón cuando se habían cometido crímenes contra las mujeres. Vale la pena resaltar que en el contexto colombiano se encuentran registradas como víc­ tim as 4 585 818 mujeres, que corresponden al 50,3 % de todas las víctim as del conflicto colombiano (Unidad para las Víctim as, 2021), y que la diversidad de crímenes perpetrados contra ellas ha sido invisibilizada por la gravedad de las formas de violencia letal. Además de esto, los crímenes perpetrados en los cuerpos de las mujeres tienen una connotación de vergüenza en la que se suele culpabilizar a la víctim a porque, según se dice, “ hizo algo para merecer la agresión” (por ejemplo, “ la violaron por vestirse así o por ir a esas horas sola” ). Dado que los crímenes contra las mujeres en los contextos de guerra tienen la función específica de “m arcar la guerra en el cuerpo”, como lo ha denominado el Centro Nacional de Memoria Histórica, se realizó un estudio que perm i­ tiera conocer la voluntad de perdón de los colombianos frente a los crímenes perpetrados contra las mujeres. En este estudio participaron 230 hombres y mujeres, entre los 18 y 76 años, quienes exam inaron 72 escenarios. Dichos escenarios presentaban una his­ toria en la que un hombre que había pertenecido a un grupo arm ado (exgue­ rrillero, exparam ilitar o exmilitar) había perpetrado un acto violento contra una mujer (violación, asesinato, maltrato físico o amenaza). Al igual que en los estudios previamente descritos, el ofensor tenía varios niveles de respon­ sabilidad (organizador o actor material de los hechos). Asim ism o, el ofensor expresaba su intención de reintegrarse a la sociedad civil (no se mostraba arrepentido y no pedía disculpas, se presentaba a la fam ilia y pedía perdón, o pedía perdón y ofrecía una compensación). Un ejemplo de los escenarios se puede ver en la figura 4.2.

preg u n ta s y

h a l la z g o s

em pír ic o s a c e r c a

de la

r e c o n c il ia c ió n

...

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Omar Duran es un antiguo m iem bro de las fu erz a s m ilitares del país. Ha cometido varios actos violentos. Entre estos, la violación a varias mujeres, incluyendo a M arisol G arcía, una mujer com ún perteneciente a la población civil. Estas violaciones fu ero n planeadas p o r sus superiores; él solo ejecutaba órdenes. Dado que Ornar tue identificado como el autor m aterial del crim en, él mismo ha expresado su intención de reincorporarse a la vida civil, pero nunca se ha presentado a la fa m ilia G arcía para pedirle perdón. Si usted fuera un miembro de la fam ilia G arcía, ¿en qué m edida estaría dispuesto a perdonar? Para nada dispuesto O — O — O — O — O — O — O Totalmente dispuesto Ejemplo de uno de los escenarios empleados en el estudio de Pineda-Marín et al. (2019)

F ig u r a 4 .2 .

F u en te:

Elaboración propia.

Para analizar los datos se utilizaron los análisis de clústeres propuestos por Hofmans y M ullet (2013). Los resultados de este estudio perm itieron iden­ tificar seis clústeres cualitativam ente distintos e interpretables (gráfica 4.3). El primer clúster, correspondiente al 27 % de los perfiles de la m uestra, fue denominado como los que nunca perdonan. Este clúster ya se había observado en los estudios precedentes. El segundo clúster, correspondiente al 34 % de los perfiles de la muestra, se denominó los dudosos de perdonar. Este segundo clúster también había sido identificado en los demás estudios. En ese segu n ­ do clúster las puntuaciones muestran solo un poco más de acuerdo con la voluntad de perdón. El tercer clúster representa al 18 % de los perfiles y corres­ ponde a aquellos que perdonan dependiendo del crim en. En este clúster se puede observar que las puntuaciones son más altas cuando los crím enes son amenazas o m altratos, pero muy bajas cuando se trata de asesinatos o v io ­ laciones. En el cuarto clúster, que agrupó al 8 % de los perfiles estudiados, las calificaciones de la voluntad de perdón estuvieron en función de las c ir­ cunstancias, pero específicamente del comportamiento del ofensor. El quinto clúster, compuesto por un 8 % de los perfiles, fue denom inado los que siem pre perdonan. Este m ism o tipo de calificación en la disposición a perdonar tam ­ bién había sido observado en los estudios descritos antes. Finalm ente, en este estudio también se identificó un clúster de indeterminados, correspondiente ai 5 % de los perfiles.

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Al igual que en los estudios de López-López et al. (2013) y de López-López, Sandoval Alvarado et al. (2018), los clústeres de quienes no están para nada dis­ puestos a perdonar o están dudosos constituyen la mayor parte de la muestra. Solo un 26 % de los perfiles estudiados calificaron su disposición a perdonar en función de las circunstancias. Estos resultados generan, por una parte, la cer­ teza de que hay factores que consistentemente están asociados con el perdón, tales como la actitud del ofensor, la severidad del crim en y, de m anera intere­ sante y diferencial, para el caso colombiano, la identidad del responsable. Por otra parte, la evidente posición de principio de no perdonar bajo ninguna cir­ cunstancia o la postura indecisa con una tendencia m uy baja al perdón son apa­ rentemente preocupantes, si se considera el perdón como un proceso que según las perspectivas de las personas comunes puede incidir en la reconciliación. Partiendo de la consistencia de los resultados de los estudios descritos, Pineda-M arín et al. (2018) buscaron verificar si la posición m ayoritaria de baja

10 - o Violación Maltrato ♦ - Amenazas Asesinato

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Gráfica 4.3. Voluntad de perdón de crímenes contra las mujeres Nota: Las puntuaciones de voluntad de perdón se muestran en el eje vertical. Los tres niveles del factor de disculpas están representados en el eje horizontal. Cada línea corresponde a un nivel del factor de severidad del acto violento. Cada panel corresponde a un clúster identificado. Fuente: Klaboración propia.

p r e g u n t a s y h a l l a z g o s e m p ír ic o s a c e r c a

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disposición al perdón correspondía a una característica disposicion al de los colombianos o si, por el contrario, las bajas puntuaciones de perdón se exp re ­ san de tal m anera porque están enm arcadas en una situación sociopolítica. En ese sentido se adaptaron los instrum entos creados y aplicados por M ullet et al. (2007) para estudiar en qué m edida los colom bianos eran capaces de perdon ar a un médico que com etía una negligencia m édica. Para el estudio se adaptaron escenarios que contenían cuatro estím ulos, a saber, la gravedad de las co n se­ cuencias del error m édico (graves o extrem adam ente graves y con riesgo de muerte), el nivel de negligencia asociado al acto (negligencia evidente o au sen ­ cia de negligencia), la disculpa del m édico por el error com etido (d iscu lpa directa con el paciente, disculpa indirecta con los m iem bros de la fam ilia o ausencia de disculpas) y el estado de salud del paciente com o con secu en cia del error médico (consecuencias negativas que siguen afectando al paciente o consecuencias que han desaparecido por completo). En la figura 4.3 se m uestra un ejemplo de los escenarios.

El doctor Beltrán es el médico que atiende al señor Fajardo. Ellos se conocen hace poco. El Dr. Beltrán le hizo un tratamiento relativamente novedoso al señor Fajardo. El señor Fajardo hizo una reacción alérgica m uy grave al tratamiento. Por esa razón él estuvo hospitalizado varios meses y casi muere.

De acuerdo con lo que estaba escrito en la historia médica, el doctor podía saber que ese tratamiento le haría daño al señor Fajardo. Este fue un caso de negligencia médica. Durante la hospitalización, el Dr. Beltrán contactó a la fa m ilia del paciente y les ofreció disculpas por lo ocurrido. El doctor nunca fu e a visitar al paciente al hospital pero le envió unas flores.

El señor Fajardo ha salido del hospital y ha retomado una vida norm al. El señor Fajardo no ha quedado con ninguna secuela del tratamiento que le dio el doctor Beltrán. Si usted estuviera en el lugar del señor Fajardo, ¿en qué m edida estaría usted dispuesto a perdonar al Dr. Beltrán?

Definitivamente no O— O— O— O— O— O— O Definitivamente sí Ejemplo de los escenarios usados para el estudio de Pineda-Marín et al. (2018)

F ig u r a 4 .3 .

Fuente: Elaboración propia.

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En el estudio participaron 104 hombres y mujeres entre los 18 y 76 años. Los participantes leyeron 24 escenarios en los que se presentaba la historia del médico que ponía en riesgo la vida del paciente por error. El análisis de clústeres (Hofmans y Mullet, 2013) perm itió identificar cuatro grupos cuali­ tativamente distintos e interpretables (véase la gráfica 4.4). El prim er clúster, correspondiente al 15 % de la muestra, fue uno de los esperados, teniendo en cuenta los resultados de estudios previos; dicho clúster fue denom inado los que casi nunca perdonan. Com o se puede ver en la gráfica 4.4, las califica­ ciones de voluntad de perdón tienden hacia el cero en la escala de respuesta, pero son más altas cuando las consecuencias del daño han desaparecido com ­ pletamente y la reacción alérgica al tratamiento no era previsible. El segundo clúster, correspondiente al 55 % de la muestra, estuvo conform ado por aquellos quienes calificaron su voluntad de perdón como dependiendo de las circuns­ tancias. En ese clúster las personas puntuaron más arriba en la escala cuando las consecuencias del daño habían desaparecido completamente, cuando el m édico se había disculpado con el paciente y cuando la reacción alérgica no era previsible. El tercer clúster, conformado por el 24 % de la muestra, corres­ pondía al grupo de personas cuyas calificaciones tienden a estar en la parte superior de la escala, son aquellos que casi siempre perdonan. Finalmente, un clúster (que no fue graficado) correspondió al grupo de indeterm inados y aglo­ meraba al 6,5 % de la muestra. Estos resultados evidenciaron que la baja voluntad de perdón de los colom ­ bian os, com o una tendencia m ayoritaria en los estudios que in cluían un contexto político, no necesariamente corresponde a un factor disposicional. En otras palabras, no es que haya entre los colombianos una identidad o una personalidad cuyo rasgo sea el poco perdón, lo que sí es claro es que las cir­ cunstancias contextúales inciden en el punto de vista de las personas frente al perdón y la reconciliación. De estos hallazgos se podría d erivar que la manera como los colombianos deciden o no perdonar en el m arco del contexto sociopolítico de conflicto expresa una posición frente a los responsables de las acciones violentas y, a su vez, da im portantes pistas de los factores que resultan relevantes para la reconciliación.

¿Qué sabemos de los sentim ientos de reconciliación de los responsables de los hechos violentos en Colom bia? Com o se afirm ó al inicio de este manuscrito, la reconciliación no es un con­ cepto con una única definición o perspectiva. M ukashem a, Bugay y Mullet (2018) proponen cuatro niveles diferenciables de reconciliación. En primer

p r e g u n t a s y h a l l a z g o s e m p ír ic o s a c e r c a d e l a r e c o n c il ia c ió n

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10

I? 10 I -g 8

4

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Indnectas

Directos

Casi nunca G r á fic a 4 .4 .

Ninguno

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Directos

Depende de los uramstoncios

Ninguno

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(asi Siempre

Voluntad de perdón de adultos colombianos en escenarios no sociopolíticos

Sola Iwis puntuaciones de la voluntad de perdonar se pueden observar en el eje vertical. Los tres niveles del factor excusas están en el eje horizontal. Cada curva corresponde a una com binación dt los factores de negligencia y permanencia de las consecuencias. Cada panel corresponde a un dústrr. Fuente: 1.labora*, ion propia.

lugar, la reconciliación puede ser entendida como un cese total de las hosti­ lidades entre los oponentes en un conflicto y la restauración de la am istad, asi como la cooperación para lograr objetivos comunes. Un segundo nivel propuesto por los autores es aquel donde los oponentes son capaces de hablar entre ellos, escucharse, cohabitar, cooperar en tareas básicas y tolerar las o pi­ niones divergentes l.n tercer lugar, podría considerarse un nivel de reconciIiación donde los oponentes apenas son capaces de cohabitar sin elim inarse entre ellos, podría decirse que es un nivel de reconciliación en el que los motiVos de la confrontación no han sido completamente resuellos. Finalmente, el nivel más bajo de reconciliación seria aquel donde la reconciliación ha sido 'Apuesta por el Gobierno, pero no tiene un correlato en la conducta de los ciudadanos. Se dice que este nivel de reconciliación favorece la impunidad de *°s perpetradores de hechos violentos.

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La reconciliación también puede ser entendida como un sentimiento, es decir, como parte de un proceso individual e íntim o que no necesariamente va a la par de procesos de reconciliación prom ovidos por los gobiernos. No obstante, los sentim ientos de reconciliación pueden ser reconocidos como semillas de la transform ación social, puesto que em poderan a las personas para promover la paz y no los sentimientos de venganza (López-López, León Rincón et a l, 2018). Com o se ha descrito en los estudios anteriores, sin duda la perspectiva de las personas comunes es muy importante porque permite acer­ carse a la realidad y tener una expectativa más clara de lo que es m ás o menos difícil en los procesos de reconstrucción social; pero también es claro que la reintegración social de los responsables de los hechos violentos constituye un reto social, tanto para ellos mismos como para la sociedad civil. El estudio de López-López, León Rincón et al. (2018) buscó evaluar los sentimientos de reconciliación de un conjunto de personas de grupos param i­ litares y de guerrillas que pagaban sus penas intramuros. Para ello se aplicó un cuestionario de sentimientos de reconciliación que evalúa dos dimensiones de estos sentimientos, por una parte, el componente intrapersonal (entendido com o la capacidad de mantener el control en presencia de un oponente) y, por otra, el componente interpersonal (entendido como la recuperación de la con­ fianza y la intención de cooperación). El estudio contó con la participación de 103 hombres, de edades entre los 29 y 65 años, que accedieron voluntariamente a contestar el cuestionario en su lugar de reclusión. Los principales hallazgos permitieron ver que los participantes se sentían capaces de mantener el control en presencia de sus adversarios. En segundo lugar, la m ayoría de ellos expresó tener sentimientos positivos, aun cuando para los que habían cometido crímenes tales como asesinatos resultaba muy difícil confiar y perdonar a otros. Finalm ente, este estudio observó que la mayoría de los participantes no sentían miedo y en cam bio reportaban sentir seguridad. Los resultados de este estudio en relación con los descritos antes muestran que la búsqueda de la reconciliación colectiva no debe ser considerada única­ mente como una política de gobierno, sino que realmente debe lograr cons­ truirse sobre las necesidades de las víctim as y la rehabilitación de los antiguos m iem bros de grupos arm ados. Es evidente tam bién que la reconstrucción social requiere el soporte a las víctim as, pero tam bién los responsables de hechos violentos deben conseguir recuperar la esperanza en la posibilidad de llevar una vida productiva y así convencer a los ciudadanos reticentes de que la reintegración de los antiguos agresores es el único cam ino para la resolución del conflicto.

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la reconcdiav ion no tiene una sola toima de sei entendida y abalizada I 11 función vlc las varav (d ístic a s culturales, de las expeneiu las de apieitdiiaje o de la cvlad» puede est.u mas relacionada con una idea do un oslado de lolul reparación vio las relaciones y vlol perdón o simplemente von la vapav idad *lo cooperar para con struir una sociedad con mejores opoi(unidades pata los habitantes vio un colectivo. N inguna vio esas dotiuiv iones podiia sei iw/gada como mejor o peor; quiza mas bien inspiran una relle\ion sobie K>s elev tos de una experiencia de conflicto tan prolongada y sobre las val labios que posl blemente influyen en que. a pesar vle las expei ieiu ias relav lon.nlas v on el i on tlicto, algunas personas oslen mas dispuestas a expresai v ompoi lamieutos que puedan contribuir a la reconstrucción social, sobreponiéndose incluso a sus propios sentimientos vle desconfianza. En segundo lugar, la reconciliación no es necesariamente el resultado vle un proceso previo vle perdón o debe conducir necesariamente hav ia el pervivan. Si bien los estudios presentados muestran que la linea que separa la concop tualización del perdón y la de la reconciliación es muy tina, es relevante hacer énfasis en que la reconciliación puede darse como un proceso social lento vle reconstrucción de la confianza, que no implica que el conflicto se haya lerm i nado, que haya un conocimiento completo vle la verdad o que se haya impar tido justicia completa para los responsables. Por el contrario, pareciera que para la reconciliación el mayor reto consiste en dar el primer el paso y, luego, mantenerse en la tarea de generar diversas acciones que conduzcan a la cons trucción o consolidación de los lazos sociales. En tercer lugar, aun cuando alcanzar el perdón puede facilitar la reconcilia ción, no debe considerarse como la única vía. I a educación vle los responsables, la generación de estrategias como las comisiones vle verdad, el reconocimiento y la reparación de las víctim as son tactores que pueden aportar a la reconstruc ción de los lazos sociales (Mullet et a i, 2020). De igual manera, la flexibilidad en las estrategias para avanzar en los procesos de reconciliación y perdón sí demanda la comprensión de las comunidades, vle sus historias, vle su cultura, vle sus intereses, etc. Dichas estrategias, por lo menos a nivel psicosocial, deben ser de tipo participativo; deben utilizar herramientas que faciliten la expresión vle los conocimientos, saberes y sentimientos; deben superar las limitaciones vle la expresión verbal e implementar, quizá, metodologías artísticas u otras que no estén limitadas por las características de los instrumentos tradicionales. Finalmente, com o lo han planteado López-López (2020) y López-López eí al. (2021), los procesos de reconstrucción social posteriores a un conflicto violento requieren ser abordados vle forma multidim ensional, interdisciplinar, interprofesional, diferencial y ecosistemica. Esta manera de considerar la

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construcción de la paz garantizaría, al menos desde la academia, que todos los conocimientos se pongan al servicio de un objetivo común y que estu­ dios como los que se han presentado aquí, que exploran las perspectivas de las personas comunes, contribuyan de manera directa a la toma de decisiones gubernamentales; dicho en otras palabras, que el camino de y hacia la recon­ ciliación vaya sobre hombros de gigantes.

Algunas nuevas preguntas y rutas en la investigación sobre la reconciliación y el perdón Com o ya se mencionó y como lo expresan algunos colegas psicólogos, aun cuando el objetivo se mantiene, las rutas para alcanzarlo pueden ser múltiples. En este caso, partiendo de nuestros hallazgos sugerimos indagar en rutas que permitan evidenciar los enmarcamientos cognitivos y emocionales implica­ dos en los procesos de reconciliación y perdón en niños pequeños. Otra pregunta relevante es cómo estos dos procesos se dan en víctim as de otras formas de violencia derivada del conflicto armado, como la desaparición forzosa o el secuestro, o incluso en aquellos sometidos a otras formas de vio­ lencia que han formado parte del uso sistemático de la violencia como recurso en otros ámbitos, como la familia, la escuela, el trabajo o en un país en el que las protestas ciudadanas son reprimidas por fuerzas como la policía. En esa misma línea de nuevas preguntas de investigación, sugerimos estudiar cómo son las relaciones entre los procesos como el perdón y la reconciliación con otros procesos biopsicosociales implicados en la convivencia pacífica, como la empatia, la confianza, la identidad grupal, las relaciones intra- e intergrupales, entre otros. Por otro lado, resulta evidente que en un país que vive en un conflicto social y armado que no parece ceder y que estará bajo permanentes procesos de justi­ cia transicional, así como bajo los diversos dispositivos desarrollados por ellos, se hace necesario indagar cómo estos procesos se cruzan con los enm arca­ mientos cognitivos y emocionales implicados en el perdón y la reconciliación. La investigación realizada también exige que se haga un monitoreo per­ manente sobre cómo los medios de comunicación, incluidas las redes sociales, y los líderes de opinión, como algunos políticos, entre otros, influyen en los procesos de perdón y reconciliación. Por otra parte, consideram os que en un país pluriétnico se deben incluir en este tipo de estudios las perspectivas de grupos étnicos diferentes, quienes tienen sus propios significados de reconciliación, perdón y justicia. De igual forma, las condiciones de vulneración y violencia a las que ha sido sometida la mujer en el conflicto arm ado colombiano requiere una línea de indagación

P R E G U N T A S Y H A L L A Z G O S E M P ÍR IC O S A C E R C A DE LA R E C O N C IL IA C IÓ N ...

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que perm ita visib ilizar la perspectiva de las mujeres, así com o la de otros g ru ­ pos vulnerados, com o las personas de orientación sexual diversa. A sim ism o, parece evidente que debemos exam inar si el perdón y la recon­ ciliación pueden contribuir a m ejorar los problemas de salud biopsicosocial (mental) derivados de las múltiples form as de violencia a las que el conflicto social y arm ado ha expuesto a nuestra población. Para concluir, insistim os en que la finalidad de los estudios aquí presen­ tados y de los que en este momento están en curso es com p artir con otros actores: tom adores de decisiones, diseñadores y ejecutores de política pública, así como las com unidades y otros colegas que trabajan e investigan sobre las múltiples dim ensiones im plicadas en el complejo proceso de paz en el que vivim os, de form a que perm itan que estas m ism as no dependan de intereses particulares de los gobiernos de turno, sino del conocim iento derivado de las necesidades de los ciudadanos.

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5

La política de la paz y la justicia en Colombia: implicaciones para la reconciliación* Juan D

iego

P rieto San abria

Introducción “ No puede haber paz sostenible sin justicia. La paz y la justicia van de la mano”, afirmó en el 2008 el secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon (Ambos el al., 2009, p. vi). Estas palabras, repetidas con frecuencia por analistas y activistas, resumen el consenso actual en el mundo de la jus­ ticia transicional y de la construcción de paz. El lugar común según el cual la paz y la justicia son incompatibles ha perdido casi toda credibilidad. En lo que va corrido del siglo x x i los instrumentos internacionales de justicia transicio­ nal han sido una valiosa herramienta para defensores de los derechos huma­ nos y movimientos de víctimas en su lucha contra la impunidad. En Colombia, a pesar de su tradición de amnistías e indultos como ele­ mento infallable en todo acuerdo de paz en los siglos x ix y x x (Chernick, 2003; Sánchez, 2006), hoy los principios normativos de la justicia transicional están profundamente arraigados e institucionalizados. La Ley 975 del 2005 —mejor conocida como ley de justicia y paz— marcó un antes y un después en este sentido. Pese a los múltiples fracasos en su implementación en términos de la judicialización de los grupos paramilitares y sus aliados civiles, y de sus

4 Para citar este capítulo: http://dx.d0i.0rg/10.30778/2022.48. Agrade/xo a Angelika Rettberg por la invitación a incluir este capítulo en este libro y a Sylvanna balcón por sus comentarios sobre una versión anterior de este texto.

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K I'. C O N C I I I A C I Ó N

deficiencias al no adecuarse plenamente a los estándares internacionales vigentes, dicha ley estableció unas condiciones mínimas relativamente exigen­ tes para cualquier fórmula Iransicional que se acuerde en el futuro (Ciurlizza, 2012). líl lugar central que tuvieron las víctimas y las discusiones sobre justicia en el proceso de paz entre el (íobierno de Juan Manuel Santos y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (farc ) confirmaron que los tiempos ile las amnistías plenas y el “ perdón y olvido” han quedado atrás (Freeman y Orozco, 2020). Con el acuerdo de paz del 2016 se terminó de consolidar e institucionalizar el lugar central de la justicia Iransicional al establecerse for­ malmente el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición dentro del Estado colombiano (Bakiner, 2019)1. Por otra parte, las experiencias de distintos países con procesos de justicia Iransicional, incluyendo la propia de Colombia, también dejan claro que la paz y la justicia no siempre son perfectamente compatibles y complementarias. La evidencia sobre el impacto de las medidas de justicia en variables como los niveles de violencia y la protección de los derechos humanos es mixta (Dancy et al., 2019), y la posibilidad de que resulten contraproducentes bajo ciertas condiciones es real. En distintos contextos se ha documentado, por ejemplo, cómo la aplicación acrítica de normas internacionales ha tenido efectos con­ traproducentes, obstaculizado negociaciones de paz o saboteado iniciativas locales de resolución de conflictos. En los Balcanes los juicios penales contra individuos responsables de atrocidades en el marco de las guerras de la década de 1990, lejos de promover la reconciliación entre distintos grupos étnicos, perpetuaron estereotipos negativos que aún persisten (Biro et a l, 2004; Corkalo et al., 2004; Subotic, 2011). En la última década, el papel de la Corte Penal Internacional (c p i ) frente a los procesos de paz en países como Kenia, Sudán y Uganda ha sido ampliamente debatido. Si bien en Kenia la intervención de la cpi tuvo un papel positivo (Gissel, 2015), en Uganda sus órdenes de captura contra integrantes del Ejército de Resistencia del Señor bloquearon negocia­ ciones de paz y, además, entorpecieron los esfuerzos de varias comunidades para la reintegración de excombatientes mediante procesos de justicia alterna­ tiva (Baines, 2007; Shaw y Waldorf, 2010). Durante el proceso de paz entre el Gobierno y las f a r c , las tensiones entre los imperativos de la paz y los de la justicia salieron a flote constantemente, y tras la firma del acuerdo el asunto se ha mantenido altamente politizado. Durante las negociaciones, las farc aceptaron que “ ha habido crudeza y dolor

1

D icho sistem a está com puesto por la Jurisdicción Especial para la Paz

(jk

p

),

la Comisión

para el Esclarecim iento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición (m ejor conocida como ('o m isió n de la Verdad) y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas en el m arco y en razón del conflicto armado.

I A 1*01.1 T U A l»l! I A I*A /. V I A IU S T IO IA UN < O I.O M IH A . . .

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provocados desde |sus| lilas", pero repetidamente negaron su responsabilidad frente a delitos de lesa hum anidad o de guerra. Varias veces insistieron en que la justicia colombiana no tiene autoridad moral para condenar a sus integran­ tes y que la justicia internacional no puede tener predación sobre un acuerdo nacional de paz ( l.as

i a iu :

le responden...”, 2013; “ e a r c n iegan ...”, 2014; “ Las

víctimas y el v ira je ...”, 20 13)2. Un contraste con esta actitud, en abril del 2021 siete antiguos altos mandos de esa guerrilla reconocieron ante la Jurisdicción Kspecial para la Paz que los secuestros cometidos bajo su responsabilidad “ no lueron un error, sino graves actos cometidos por nosotros y que son sancio­ nabas a la luz del Derecho Internacional H um anitario”(Jurisdicción Especial para la Paz [ j e p |, 2021). Por el contrario, del lado del Estado hubo a lo largo de todo el proceso —y sigue habiendo hoy— una fuerte resistencia a reconocer responsabilidades institucionales más allá de las individuales (véase, en espe­ cial, O rtiz Ayala, 2021). ¿Por qué las e a r c se resistían tanto a reconocer sus responsabilidades durante el proceso de paz, pero casi cinco años después de la firm a del acuerdo sí aceptaron la acusación que les form uló la j e p ? ¿Qué explica, en cam bio, la resistencia de distintos representantes del Estado colombiano a aceptar la responsabilidad estatal? Por supuesto, contestar de manera integral estas pre­ guntas requeriría un trabajo empírico exhaustivo que excede los alcances de este texto. El objetivo de este capítulo es más modesto, pero no por ello menos importante: defender una aproximación política a la justicia y la paz. Las normas sin duda afectan en gran medida el comportamiento de los acto­ res políticos (Finnemore y Sikkink, 1998), pero la normatividad —ya sea nacio­ nal o internacional— y el derecho solo existen dentro de contextos sociales, económicos y políticos determinados (Massoud, 2013; McEvoy, 2008; Shklar, 1964). Pastas consideraciones, aunque obvias, suelen ser ignoradas con dem a­ siada frecuencia en los análisis normativos que siguen dom inando los debates sobre la paz y la justicia en Colom bia. Si bien los análisis jurídicos detallados cumplen una función crucial, es necesario com plem entarlos con an álisis políticos igualm ente cuidadosos, teniendo en cuenta que, si bien el derecho y la práctica política se condicionan mutuamente, esta última suele tener pree­ minencia. En el caso de la justicia transicional, esta no se aplica (o se deja de aplicar) en un vacío, sino que siempre se ve condicionada y transform ada por los procesos históricos y la coyuntura social, política y económ ica de los entor­ nos específicos donde se implementa (Freeman y Orozco, 2020; Nauenberg Dunkell, 2021).

2

Para una discusión más completa, véase el capítulo 11-2 de Freeman y Orozco (2020).

104

R K C O N C IL I A C IÓ N

En este capítulo la paz y la justicia se conciben como procesos políticos. En lugar de analizar si la realidad política se adecúa o no a la normatividad en materia de derechos humanos y justicia transicional, un enfoque político como el que se propone aquí entiende dicha normatividad como uno entre varios recursos que distintos actores utilizan para defender y promover sus intereses. Este enfoque permite entender, por ejemplo, la adopción del len­ guaje de la justicia transicional por parte de sectores de derecha, como los encabezados por el expresidente Alvaro Uribe, que a comienzos de este siglo propendían por el perdón y el olvido. Este enfoque político, además, puede ofrecer mucha más claridad sobre las posibilidades de lograr un cambio polí­ tico en la dirección indicada por la normatividad. Al cambiar el énfasis en la normatividad por una perspectiva interesada en los actores que la utilizan o que se ven afectados por ella —dirigentes políticos o activistas, pero también víctimas del conflicto o excombatientes en procesos de desarme, desmovilización y reintegración— se hace evidente lo poco que se sabe acerca de sus posiciones, intereses, experiencias y capacidades. Por esta razón este capítulo se enmarca en una corriente de estudios que abordan estas cuestiones empíricamente (Nussio, 2012; Olsen et al., 2016; Prieto, 2012a; Rettberg, 2008, 2015; Shaw et al., 2010; Theidon, 2004). En este capítulo se examina la relación entre la paz y la justicia desde múlti­ ples perspectivas. Además de utilizar fuentes periodísticas y secundarias para describir las posturas cambiantes de diversos actores, se “ desempolvan” y ana­ lizan de manera retrospectiva algunos testimonios recogidos en una investi­ gación llevada a cabo por el autor en el 2010 con víctimas, excombatientes y otros ciudadanos del común. Dicha investigación indagó sobre sus vivencias en el conflicto armado, las experiencias de coexistencia y contacto entre unos y otros en las localidades donde viven y sus opiniones sobre la justicia tran­ sicional y los esfuerzos de construcción de paz en Colombia (Prieto, 2012a, 2012b). Estas perspectivas, vistas a la luz de las experiencias de distintos paí­ ses con procesos de justicia transicional y del más reciente proceso de justicia transicional en Colombia, arrojan una conclusión fundamental; la búsqueda de la paz y la justicia, como cualquier intento por lidiar con las consecuencias de conflictos pasados, debe verse como un proceso político de largo aliento enm arcado en conflictos presentes.

En la siguiente sección se presenta un breve recuento de la literatura com­ parativa sobre procesos de justicia transicional y de estudios enfocados en las dimensiones locales de los mismos procesos. Luego se hace un repaso de las perspectivas de distintos actores sociales y políticos en Colombia sobre la relación entre paz y justicia, para después enfocar el análisis en las perspec­ tivas de víctimas, excombatientes y otros ciudadanos entrevistados en loca­ lidades donde coexisten los unos con los otros. A la luz de estos ejercicios, la

I A 1*01.(1 l(*A Olí I A PAZ Y l.A JUSTI CI A l’N C O I . O M I I I A . . .

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última sección desarrolla la explicación del enfoque político que se propone y presenta algunas reflexiones finales sobre el futuro de la justicia transicional en Colombia.

I.a justicia y la paz en perspectiva comparada y desde el terreno Quienes han estudiado la justicia transicional empíricamente coinciden en señalar que .se trata de un cam po guiado más por ideales norm ativos que por conocimientos sobre qué funciona, qué no y bajo qué condiciones (Olsen et al., 2016; Prieto, 2012a, 2012b; Rettberg, 2008; Robins, 2012a; Saunders, 2011; Shaw et al., 2010; Weinstein et al., 2010; W iebelhaus-Brahm, 2010). Esto es apenas normal, dado que se trata de un cam po relativamente joven, en desarrollo constante y que trata con situaciones urgentes que exigen respuestas rápi­ das. Sin embargo, más de dos décadas después de la publicación del prim er estudio a profundidad sobre esfuerzos institucionales para lidiar con injusti­ cias del pasado (Kritz, 1995), la literatura académica ya empieza a ofrecer un acumulado de lecciones cruciales que permiten ir más allá de suposiciones y especulaciones sobre la relación entre la paz y la justicia. Esta producción está compuesta por estudios desde distintas perspectivas disciplinarias y m etodo­ lógicas, desde esfuerzos por identificar tendencias y form ular generalizaciones por medio de métodos cuantitativos o análisis comparativos, hasta descrip­ ciones más detalladas en contextos particulares con enfoques etnográficos e interpretativos. La prim era subsección, a continuación, repasa los principales hallazgos sobre el saldo de la justicia transicional en distintos países en materia de pro­ moción de la paz y la democracia y sobre los factores que explican la aplicación de distintas m edidas en diferentes países. La segunda subsección evalúa los hallazgos de estudios más enfocados en las dimensiones locales de la justicia transicional y en las vivencias de los actores sociales afectados por ella.

Tendencias globales de la justicia transicional

En términos generales, las investigaciones existentes demuestran que la paz y la justicia no son necesariamente incompatibles. La idea de que el juzga­ miento de los responsables de atrocidades es desestabilizante y provoca nue­ vos brotes de violencia no cuenta con mucho sustento empírico. Ninguno de los estudios cuantitativos existentes sobre los efectos de la justicia transicional ha encontrado que los juicios o las comisiones de la verdad hayan saboteado

too

U K C O N C IIIA C IÓ N

sistemáticamente ol tránsito de la guerra a la paz o de la dictadura a la demo­ cracia (I io el i i l 2007; Olsen el a i, 2016, caps. 7 y H; W iebelhaus-Brahm, 2010). Por ol contrario, la difusión do normas do derechos humanos y la aplicación do medidas do justicia transicional han ayudado en varios casos (y bajo ciertas condiciones, discutidas más adelanto) a reducir la represión estatal y a prevenir la recurrencia de conflictos armados en el largo plazo (I)aney, 2013; Sikkink, 20 11). Pero tampoco se ha encontrado evidencia para afirm ar que esas medidas sean siempre promotoras de la paz y la democracia ni que sean necesarias para su consolidación. Es más, la fórmula más efectiva para m ejorar la situación en materia de democracia y derechos humanos parece .ser la combinación de juicios punitivos, comisiones de la verdad y am nistías selectivas (Olsen el a i, 2016; W iehelhaus-Brahm , 2010). Hasta qué punto y de qué manera se aplica cada una de estas medidas depende del contexto nacional, ha relación entre paz y justicia depende de un sinnúmero de factores intermedios. Además, en la práctica lo que suele resultar es una mezcla compleja de elementos de paz y elementos de justicia enmarcados en procesos de largo plazo y llenos de fluc­ tuaciones, con avances y retrocesos constantes en términos tanto de paz como de justicia (Serrano, 2012; Sikkink, 2012; Sriram , 2009). En lugar de establecer de manera abstracta si la paz y la justicia son com­ patibles o contradictorias, la mayoría de las investigaciones existentes ha pro­ curado identificar bajo qué circunstancias se suelen implementar distintas m edidas y qué factores condicionan sus efectos. Para ello resultan fundamen­ tales los análisis cualitativos más detallados, con perspectiva histórica y aten­ tos a las particularidades de casos específicos. El principal hallazgo de estudios de este tipo tiene que ver con el poder relativo de las partes en conllicto. Huntington (1991) afirm a que la severidad del juzgamiento de los miembros del antiguo régimen en las transiciones de la dictadura a la democracia depende del carácter de la transición (si se daba por medio de una revolución, de nego­ ciaciones o de reformas). En el prim er caso las nuevas élites tienden a privile­ giar la justicia retributiva (como sucedió en Rum ania o Alem ania Oriental); en el segundo caso puede hacerse algo de justicia, pero solo de manera limitada o mediante m ecanismos alternativos (como ocurrió en Sudáfrica), mientras que en el tercero suelen prim ar las am nistías (como en Bulgaria o Hungría)3.

De igual manera, al final de una guerra puede esperarse que la fuerza de la justicia transicional dependa de la situación de los actores del conflicto. En Perú, por ejemplo, la derrota militar de Sendero Luminoso y el final de la dictadura de Fujimori los dejaron a ambos sin posibilidades de influenciar los

3 Olsen el al. (2016, p. $6) confirman que los juicios son más comunes en lugares donde ha habido un cambio profundo de régimen.

1 A P O L Í T I C A D E L A PA /. Y L A J U S T I C I A KN C O L O M B I A ...

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procesos transicionales o de pedir amnistías (Basombrío Iglesias, 2012). Hn el otro extremo, en Cam boya, donde los Jemeres Rojos siguieron controlando parte del territorio nacional aun después de perder el control del Gobierno, tuvieron que pasar 24 años antes de que se estableciera un tribunal para juzgar las atrocidades cometidas durante la dictadura de Pol Pot; para ese entonces, los Jemeres Rojos prácticamente habían desaparecido (Hayner, 2011, pp. 204207). En términos más generales, la continuación de la violencia —ya sea en el marco de conflictos armados o como consecuencia del agravamiento de la delincuencia com ún u organizada— tiende a obstaculizar la rendición de cuentas por atrocidades pasadas, como lo demuestran los casos de El Salvador y Uganda, donde las medidas de justicia transicional han sido bastante lim ita­ das (W iebelhaus-Brahm, 2010). Esto se debe, por un lado, a que los altos nive­ les de violencia suelen desbordar la capacidad de las instituciones judiciales y, por otro, a que en estos contextos los gobiernos suelen cometer más violaciones a los derechos humanos, lo cual les da incentivos para bloquear cualquier inda­ gación sobre el asunto que los deje mal librados. Por supuesto, las características de transición no son el único factor im por­ tante. El tipo de régimen y el nivel de competencia política establecidos en la posguerra tam bién son determinantes. En contextos donde no hay un mínimo de elecciones periódicas y realmente competitivas y fuerzas de oposi­ ción medianamente influyentes, los gobernantes suelen tener pocos incentivos para implementar medidas de justicia transicional. Wiebelhaus-Brahm (2010) contrasta los casos de Uganda y Chile. En Uganda, donde el mismo grupo político se ha mantenido en el poder desde 1986 en medio de un conflicto armado que aún no cesa, ha habido muy pocas presiones a favor de la rendi­ ción de cuentas. En cambio, en Chile la competencia entre izquierda y derecha ha convertido la lucha contra la impunidad en un tema de campaña. Dado que las medidas para lidiar con el pasado han obtenido el apoyo de las mayorías, la derecha se vio obligada por muchos años a moderar sus posiciones, desmar­ cándose al menos parcialmente del legado de Pinochet. El caso de Chile resalta además la importancia de la orientación política de los gobiernos de turno y de las coaliciones políticas que los promotores de la justicia transicional logren construir; este últim o factor también fue determinante en las transiciones poscomunistas de Europa Oriental (Williams et a i, 2005). Otro aspecto clave destacado por González-Ocantos (2020) tiene que ver con el desarrollo de la capacidad estatal necesaria para implementar los están­ dares de la justicia transicional, en términos no solo financieros (para cubrir el costo de crear una comisión de la verdad que realmente funcione), sino también burocráticos: es necesario “reprogramar” al personal del Estado con el fin de alinear sus “acciones, prioridades y asignación de recursos con las obligaciones asociadas con los derechos a la verdad, la justicia y la paz" (p. 46).

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l.a sociedad civil —tanto nacional como transnacional— también desem­ peña nn papel importante al presionar a las autoridades para tomar medidas de justicia transicional (Backer, 2003; Keck y Sikkink, 1998; Rowen, 2017). Este activismo va de la mano con la difusión de normas internacionales en esta materia. El caso colombiano es ejemplar en este sentido. Cuando comenza­ ron las discusiones sobre la necesidad de encontrar fórmulas de alternatividad penal para facilitar la desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia (auc ), las primeras propuestas del Gobierno de Alvaro Uribe y sus aliados en el Congreso contemplaban incluso la suspensión de penas por crí­ menes atroces (véase “ La polémica ley”, 2003). La normatividad de la justicia penal internacional —especialmente los mecanismos asociados a la Corte Penal Internacional y al Sistema Interamericano de Derechos Humanos— y los discursos de la justicia transicional fueron un recurso de gran valor para las organizaciones defensoras de los derechos humanos colombianas e inter­ nacionales en sus campañas contra la impunidad (Díaz, 2008). Más allá de casos particulares como el colombiano, Dancy (2013) encontró que las normas y los procesos judiciales contra perpetradores de violaciones graves a los derechos humanos suelen producir reducciones en los niveles de violencia en el largo plazo en aquellos casos donde cuentan con un respaldo fuerte por parte de la sociedad civil. El autor muestra, primero, que la aplica­ ción de estas medidas suele ser producto de presiones considerables por parte de movimientos sociales enfocados en combatir la impunidad. A su vez, la implementación de estas medidas —que, en la práctica, suele ser incompleta e imperfecta— puede fortalecer la capacidad y la influencia de dichos movi­ mientos para vigilar, ejercer presión y alterar el comportamiento de gobiernos y otros actores en el largo plazo. Todo esto tiende a producir mejorías progre­ sivas en materia de libertades civiles, democracia y reducción de la violencia.

Las dimensiones locales de la justicia transicional Además de buscar tendencias generales, la literatura ha buscado acercarse a las experiencias de vida de las poblaciones afectadas por las injusticias que la justicia transicional pretende remediar. Esta corriente ha resaltado la impor­ tancia de conocer sus vivencias cotidianas y entender los significados que tie­ nen para ellas la violencia y sus legados. Autores como Shaw y W aldorf (2010) rechazan que los intereses y necesidades de estas poblaciones se asuman a priori en lugar de consultárselos directamente (véanse Hinton, 2011; Robins, 2012a; Theidon, 2004, 2007). Si bien estas contribuciones han venido en su mayoría desde la antropología, también han influido considerablemente en las agendas de investigación de politólogos, sociólogos y hasta economistas,

I A l'O l ÍT U 'A HIÑ l A P A Z Y I A J U S T I C I A l\N C O L O M B I A . . .

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quienes comparten su preocupación por las actitudes, preferencias e intere­ ses de los actores sociales (Casas y I lerrera, 2010; Nussio, 2012; Prieto, 2012a, 2012b; Rettberg, 2008, 2ois; Téllez, 2018; Weinstein el al., 2010). En lugar de asum ir de entrada las preferencias y actitudes de distintos actores, estos investigadores han procurado establecerlas em píricam ente. Uno de los principales mitos que esta literatura ha abordado es la idea de que las víctimas quieren que se les pida perdón por las injusticias que sufrieron y que el acto de perdonar es curativo y conducente a la reconciliación de la sociedad. Aunque hay toda clase de anécdotas sobre víctim as de atrocidades que han perdonado a sus agresores, los actos de contrición y perdón pocas veces for­ man parte de las prioridades de las víctim as (Kiza et al., 2006; Prieto, 2012a, 2012b; Rettberg, 2008; Saunders, 2011). En aquellos casos en que sí se con si­ dera importante, el perdón es visto como algo personal o com o un proceso comunitario regido por normas locales muy específicas (Theidon, 2004), y no como algo que pueda pedirse y otorgarse de manera masiva y genérica (por ejemplo, por medio de eventos masivos o discursos televisados). Adem ás, la insistencia indiscrim inada en el perdón puede ser nociva. Presionar a alguien que ha sufrido por violaciones a los derechos humanos para que perdone a sus victim arios puede agravar los daños psicológicos sufridos y no contribuye a reconstruir el tejido social ni la confianza en la sociedad y las instituciones (Saunders, 2011). Por el contrario, esta presión tiende a prestarse para estig­ matizar a quienes defienden la importancia de la justicia como enem igos de la paz y para que los perpetradores y beneficiarios de violencias o injusticias pasadas evadan sus responsabilidades y legitimen sus privilegios mal habidos (Meister, 2011). Por razones como estas, autores como Pablo de GreiíF (2007) han insistido en que no se debe extrapolar de dinámicas interpersonales —y mucho m enos de anécdotas de casos particulares, por más conmovedoras que sean— a la esfera pública. De GreifT propone que el concepto de reconciliación, tan fre­ cuente en el lenguaje de la justicia transicional, se entienda com o la meta de un proceso de construcción de confianza cívica (que los ciudadanos puedan confiar razonablemente en otros ciudadanos y en las instituciones), d esli­ gándolo de ideales utópicos de armonía total o de perdones entre víctim as y victimarios directos (véanse también Bloomfield, 2006; Villa-Vicencio, 2006; Weinstein, 2011). También se ha cuestionado la idea de que para las víctim as siempre es prio­ ritario que se castigue judicialmente a todos los perpetradores de atrocidades. En comunidades desde Nepal hasta Perú y desde Uganda hasta Bosnia y Her­ zegovina, distintos investigadores han encontrado que las víctim as no siempre comparten el entusiasmo de activistas y académicos de la justicia transicional frente a las medidas punitivas (Baines, 2007; Gready y Robins, 2019; Robins,

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2012a; 'lheidon, 2004; Weinstcin ) y el IVace Research lnstitute Oslo (tuno) en municipios pdkt (Nygárd e l w/„ 2020), algunas regio­ nes antes controladas por grupos armados ilegales, como el sur del Tolima. ahora disfrutan de una relativa seguridad. .Sin embargo, en seis de las regiones p d k t incluidas en dicho estudio, la influencia de los grupos armados aun supera el umbral del 40 %: Arauca, Macarena-Guaviarc, Pacifico y frontera nariñenso, Alto Patía-norte del Cauca, Bajo Cauca y nordeste antioqueño y el Pacifico medio. Además de los grupos armados la encuesta revela que hay otros actores que parecen contribuir a la percepción de inseguridad, partí cularmente en los territorios más remotos del país, como el Pacífico colombiano. (Nygárd ct til., 2020, p. 11) En esos contextos se lia agravado el problema del asesinato de líderes socia­ les y comunitarios, que muchas veces caen en intentos de limitar el avance de organizaciones criminales en los territorios, finalmente, en contextos

Sur del Tolima-------------------------------------------------------------------------------- ^ 7*Montes de M aría------------------------------------------------------Sur de Bolívar-------------------------------------------Macarena - Guaviare------------------------------------- 777*-’ Sierra Nevada - Perijó------------------------------------7 Chocó---------------------------Catatumbo---------------------- yr Urabó antioqueño--------------------- : Putumayo----------------—r Cuenca del Caguán y P. Coqueteño---------------r Sur de Córdoba-------------7 Alto Patío - Norte del Cauca-------------7 Arauca — — r ^ : Pacífico y frontera nariñense —f Pacífico medio - r Bajo Cauca y nordeste antioqueño 0

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Dividendos de la paz: porcentaje de la población de los que cree que en su territorio ya no “manda" un grupo armado o varios y sí lo hacía antes del acuerdo de paz del 2010

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R lV O N l ll IACIÓN

urbanos ha empeorado la percepción de inseguridad ((.binara de Comercio, 2019). Este empeoramiento está relacionado con un alza en el reporte de deli­ tos como el hurto y la extorsión. Como lo muestra esta sección, a los cinco años del acuerdo con las 1 a r o , Colombia muestra algunas características típicas de otros países transicionales: el conflicto armado con ese grupo claramente se ha detenido, pero el balance de mayor tranquilidad y bienestar es desigual. Continúan las violen cias en algunas regiones y la inseguridad en zonas urbanas golpea la conlianza de las personas. La experiencia colombiana no es muy diferente a la del resto del mundo respecto a la seguridad en el posconflicto. Está bien documentado el incre­ mento en los niveles de homicidios y otros indicadores de seguridad en el pos­ conflicto centroamericano en los noventa (Nasi, 2007), que estuvo acompasado por un proceso de reforma al sistema de seguridad que no necesariamente pre­ paró a las fuerzas del Estado para enfrentar las nuevas amenazas. De ahí que la experiencia internacional haga énfasis en la importancia de garantizar el éxito del componente de seguridad de los acuerdos de paz, tanto como el de los políticos y socioeconómicos, para evitar una recaída en el conflicto (Collier, Hoefíler y Sóderbom, 2008). Esta mezcla de reducción del conflicto y transmutación de la violencia, en Colombia y otros países en posconflicto, delinea un contexto híbrido, en el que existen por igual fuerzas que deberían contribuir y otras que deberían afectar negativamente los niveles de confianza y disposición a la reconciliación. En las siguientes secciones analizaremos de qué manera interactúan estas diferentes realidades pasadas y presentes, la experiencia con el conflicto, el entorno institucional, la percepción de seguridad en el entorno de cara al reto de la reconciliación y la construcción de la confianza entre individuos y comunidades en 42 municipios de Colombia. Primero, una revisión de la lite­ ratura nos mostrará cuál es el estado de la discusión sobre estos temas a nivel internacional y nacional.

Una revisión de la literatura sobre los condicionantes de la reconciliación y sobre las conexiones entre la guerra y la posguerra Es bien conocido que el final de la guerra rara vez coincide con el final de la violencia (Darby, 2006; Keen, 1998; Kurtenbach y Rettberg, 2018; Suhrke y Berdal, 2012). También, las sociedades transicionales son vulnerables a la rea­ nudación de la guerra (Kreutz, 2014), un fenómeno descrito como la “ trampa de los conflictos” (Doyle y Sam banis, 2000; Hegre et al., 2017; Kreutz, 2012). La inercia institucional, así como el peso de la historia (o path depertdence ) (Steinmo et al., 1992), inciden en esta realidad.

¿QUI. I A (. 1 O R E S E X P I.U .A N LO S N IV EI.H S OF, C O N F IA N Z A Y R E C O N C IL IA C IÓ N ...?

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La confianza y la reconciliación ilustran bien los dilemas entre pasado y presente en las actitudes y la disposición de las personas. Con base en la revi­ sión sistemática de publicaciones académicas entre 1997 y el 2014 que hacen referencia al térm ino reco n cilia ció n , Rettberg y Ugarriza (2016) identificaron cinco aproxim aciones al concepto: (1) un recurso retórico, (2) un sinónim o para otros térm inos am plios como p a z y a rm o n ía , (3) un término multivocal, (4) una meta y (5) un proceso. Con base en esas aproximaciones, identificaron perspectivas religiosas, psicológicas, filosóficas, judiciales, económ icas, his­ tóricas y políticas, cada una de las cuales enfatiza la reconciliación desde un ángulo distinto. Por ejemplo, las perspectivas religiosas son propensas a equi­ parar reconciliación con perdón entre adversarios, disculpas, culpa y arrepen­ timiento (Am stutz, 2006; Behrendt y Ben-Ari, 2012; Clark, 2010; Horn, 2010; Lederach, 1999; Lu 2008; Rigney, 2012; Staub, 2006; Verdeja, 2010; W üstenberg, 2009); mientras que las sicológicas relacionan la reconciliación con procesos de cambios em ocionales o de actitud, en especial, relacionados con la sanación de heridas individuales y colectivas (Bar-Tal y Bennink, 2004; Brounéus, 2009; Bruneau y Saxe, 2012; Kaufm an, 2006; Long y Brecke, 2003; M ukashem a y Mullet, 2010; Nadler et al., 2008; Poitras, 2010); las históricas, por su parte, enfocan la m irada en el pasado violento con miras a prevenir la repetición (Encarnación, 2008; Kwak y Nobles, 2013; Shih y Chen, 2010; Suh, 2010). Las perspectivas económ icas asocian la reconciliación con la productividad, el capital social y la confianza (Fearon et al., 2009; Zorbas, 2004), y las políticas equiparan la reconciliación con la coexistencia dentro de sistemas políticos democráticos (Chen, 2010; Dembinska y Montambeault, 2015; Gibson, 2007; Kohen et al., 2011; Murphy, 2010; Raftopolous y Savage, 2004; Schaap, 2004, 2005; Schiller, 2011; Verdeja, 2012; Whittaker, 1999; X iangyu et al., 2012). Con base en el marco conceptual elaborado, Rettberg y Ugarriza (2016) y Oettler y Rettberg (2019) desarrollaron criterios adicionales para validar el trabajo ante­ rior y documentar con aún mayor detalle la enorme diversidad de los significa­ dos de la recon ciliación en distintas disciplinas y de su relación con diferentes aspectos de la vida social. Estos marcos muestran, por ejemplo, que para algu­ nos la reconciliación ocurre entre individuos y grupos, mientras que para otros llega al nivel internacional (Dingli, 2010; Elbe, 2003; Funabashi, 2003; Horne, 2009; Pratt, 2006; Ripsman, 2005; Suh, 2010; Yang, 2003). Se observa que un atributo común a todas las perspectivas revisadas son las relaciones. Con base en ello, proponemos una definición de reco n ciliació n como el (R esta b lecim ien to d e rela cio n es en tre a n ta g o n ista s en co n texto s d e transición (Rettberg y Ugarriza, 2016). En Colombia los esfuerzos por abordar la reconciliación desde la academia se han visto desde diferentes márgenes. Han surgido aproxim aciones tanto teóricas como metodológicas que buscan ahondar en la comprensión sobre las

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RÜCONCILI ACIÓN

actitudes hacia los m ecanism os de justicia transicional entre las víctim as y las no víctim as (N ussio et al., 2015); en las definiciones de perdón y reconciliación y los factores que los facilitan o dificultan, así com o las form as de medición de cada uno (Alzate y Dono, 2017; C ortés et a l., 2016; Firchow, 2017,2018; Oettler y Rettberg, 2019; Rettberg y U garriza, 2016); en el desarrollo de m arcos norm ati­ vos institucionales en torno a la m em oria histórica y el trato hacia las víctim as por parte del Estado (R iaño y Uribe, 2017), y en el rol del Estado y los espacios de deliberación en la construcción de confianza (U garriza y Nussio, 2016). De igual form a, resaltan los trabajos de Cortés et al. (2016), C astrillón-G uerrero et al. (2018), Beltrán Espitia (2019), Beltrán Espitia y M ontoya G iraldo (2019) y M ullet et al. (2021), quienes se han ocupado de indagar alrededor del perdón, la reconciliación y la justicia, com o factores determ inantes en los procesos de construcción de paz, en particular en poblaciones víctim as de desplazamiento y reclutam iento forzado. Tam bién se ha hecho una im portante contribución a los estudios sobre violencia sexual en tiem pos de guerra en relación con género (Sánchez P arra, 2018; Weber, 2018) y poblaciones indígenas víctim as del con­ flicto (A costa et a l.y 2018). En la m ism a línea, se han llevado a cabo estudios sobre la interacción local entre las víctim as, los excom batientes y las com uni­ dades circun dan tes (Prieto, 2012), y sobre el com portam iento de los excom ba­ tientes en el contexto del desarm e, la desm ovilización y la reintegración de la p o sgu erra (N ussio, 2012a, 2012b).

Evidentemente, Colombia no está sola en los retos que enfrenta. Con res­ pecto a Sudáfrica, Chapman y Van de Merwe (2008) muestran las complicadas brechas raciales que perduran como herencia del apartheid y las controversias no resueltas en torno a la rendición de cuentas por las graves violaciones de derechos humanos. Un combustible que agrava los prejuicios mutuos entre los grupos son la pobreza y la desigualdad (Maddison, 2017). En Irlanda del Norte, las prácticas sectarias entre católicos y protestantes persisten (Tam et al., 2009). Si bien el acuerdo de paz abrió allí espacios para la confrontación democrática, también consolidó algunas identidades políticas arraigadas en el pasado (Hayward, 2014). Finalmente, en el Medio Oriente, décadas de con­ flicto intratable hacen difícil superar las divisiones entre israelíes y palestinos, tanto a nivel de élites como entre ciudadanos comunes (Halperin y Bar-Tal, 2011).

En lo que coinciden estos diferentes marcos conceptuales es en la concep­ ción de la re c o n c ilia c ió n como un concepto multifacético, en el cual pesan las características individuales así como los contextos sociales. En la siguiente sección presentam os nuestros resultados para discutirlos a la luz de este marco.

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u a n i o s N i v i i i n s i>|i í o n i i a n /. a v u k c o n u u a c j ó n . . . ?

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I I barómetro i olomhlitno tío la Uccoiuillnciún del Programa de Aliau/as para la Uccoiu iliai ión y la estrategia empírica 11 iLuomelto i olombiano »lc la Keioiu i Ii ac ión (ucu) es una inicial i va de acdi / \ «»« \ mu gula en el .'o id u iii el propósito de « rear un instrumento cuantitativo de evaluación y seguimiento útil para veriliiar los impactos y cambios de la poltlu a publu a sobre re« oiu i lia*, ión en ( Colombia. Valiéndose de experiencias previas tales « orno el lmli« e «le Ke« «m u i lia», ión «lesa r rol lado por la fundación Svuial \ la Organización Internacional «le Migraciones (o im , 2014a, 2014b) y el a» ilimitado academu «> «le un grupo de asesores (por ejemplo, Cortés el a l., 2010), a «"oí voi'A « reo un primer instrumento basado en las categorías pro­ puestas por Rettberg y Ugarri/a (2016) y aplicado a nivel nacional en el 2017. La revisión de dicho instrumento «lerivi) en una segunda versión, aplicada en el 2010. Para el 2017 la muestra fue «le 10 257 personas, mientras que para el 2019 se incluyeron 11 943 personas, «le 44 municipios (véanse las tablas 8.1 y 8.2). La tabla 8.2 muestra la división «le las muestras por regiones en el país. 1 «>s instrumentos del 2017 y del 2019, si bien cuentan con baterías de pre­ guntas distintas, indagan en dos momentos diferentes sobre cuatro catego­ rías, con las cuales es posible describir a las poblaciones encuestadas. Dentro de las diferentes opciones metodológicas disponibles, el b c r resulta útil para indagar sobre mecanismos de reconciliación; es decir, condiciones previas que están potencialmente relacionadas con la posibilidad de que la reconciliación ocurra. En otras palabras, los datos del barómetro permiten medir hasta qué punto existen condiciones para la reconciliación en un municipio o región o, incluso, en el país. Las regiones incluidas en el barómetro ilustran la diversidad regional del conflicto armado, con picos y valles en intensidad y con composiciones d is­ tintas respecto a formas de victimización. Ln la región Am azónica, por ejem ­ plo, la violación reportada de derechos humanos aumenta dram áticam ente desde el 2004 y se dirige principalmente contra pueblos indígenas (Fundación Ideas para la Paz [f ip ], 2010). En la región Andina se destaca la situación de Antioquia, departamento que ha vivido los niveles más altos de asesinatos de líderes sociales y que ha sido plataforma para la reconfiguración de las estruc­ turas paramilitares desmovilizadas después del 2005. En la región Caribe se causaron algunos de los estragos más luertes del paramilitarismo. Arauca y regiones de las porosas fronteras orientales sumaron la creciente tensión de la relación con Venezuela a la acción de varios grupos armados colombianos (Idler, 2019). En la región del Pacífico confluyen con fuerza las múltiples eco­ nomías ilícitas y las distintas formas de violencia y de abandono estatal.

IM I O N M I i A i I Ó N

•94

labia H.i. Carácter fot¡can de los municipio# del ucu en el 2017 y el 2019 Municipio»

Municipio» no

del

priorizado» en

hch

en

VA M

el 2017

el 2017 Región

Muriic ipio»

6

Amazónica

Puerto blinda

( Cartagena del

Puerto Asís

( ibairá

Puerto ( iuzmán

1 lorencia

Municipio» no priorizado» en

Munic ipio»

el 2019

en el 2019

del m u

Mocoa

4

16

San Vicente del ( aguán

15

Región Andina

El farra

Apartado

Rucaramanga

Moni(|uirá

Bogotá 1). C.

(bagué

Piedecuesta

Briceño

Moniquirá

Tibú

í chaparral

Piedecuesta

Tocaima

(Súcula

Soacha

Huango

local rn a

Medellín Rioblana) San Carlos Turbo 8

Región Caribe

Algarrobo

Cartagena

Barranquilla

Sahagún

Ciénaga

Riohacha

Soledad

Maicao

Sincelejo

Santa Marta

Soledad

Uribia

Turbaco

11

Valledupar Región

8

Orinoquía

Puerto Gaitán

Arauca

Puerto ló p ez

Villavicencio

Arauquita

Yopal

Yopal

Mesetas

7

Puerto Rico Vista 1 íermosa Región

7

Pacífica

Total

44

_

Albán

Bojayá

Pasto

El lam bo

Buenaventura

Popayán

San Pedro de

Cali

Cartago

Q uibdó

17

27

Fuente: Elaboración propia.

6

17

44

¿Q U É F A C T O R E S E X P L I C A N LO S N IV F I ni rnv, 1 V E L E S DE C O N F IA N Z A Y R E C O N C ILIA C IO N

T a b la

8.2. Distribución de las muestras del Núm ero de

bcr

195

por regiones

Número de

participantes en el 2017

Porcentaje de la muestra (2017)

Caribe

1383

13%

2595

22%

Andina

3611

35

%

3256

27%

Pacífica

1763

18%

2681

22%

Ürinoquía

2049

20 %

2125

18%

Amazónica

1451

14%

1286

11 %

Total Colom bia

10 257

10 0 %

11 943

10 0 %

Región

Fu ente:

¿Q u é

participantes en el 2019

Porcentaje de la muestra (2019)

Elaboración propia.

nos dice el b c r sobre la reconciliación y la confianza?

Las respuestas a las preguntas del b c r permiten abordar estas cuestiones desde el nivel individual, comunitario y estructural. Así, a la vez que explora­ mos cómo las condiciones y percepciones de seguridad y conflicto afectan la confianza y la disposición a la reconciliación, también procuramos entender los efectos de otras condiciones comunitarias, como el capital social y la con­ vivencia, y de condiciones estructurales como la seguridad, las condiciones materiales y la cultura regional. En conjunto, así podemos evaluar cuáles de estos elementos explican mejor los niveles de confianza y de disposición m edi­ dos en el barómetro. Las preguntas del b c r exploran de manera amplia distintas condiciones que pueden ser potencialmente favorables tanto para la disposición a la recon­ ciliación como para la construcción de confianza. A nivel del individuo, el blo­ que de rasgos sociodemográficos pregunta px>r niveles de educación, ingreso y género, mientras que otras preguntas indagan por rasgos psicosociales deter­ minantes de los encuestados, tales como sus niveles de sanación, tolerancia, empoderamiento o afectividad. El b c r , además, le toma el pulso a la manera como los individuos perciben el entorno, tanto en rasgos psicológicos lavorables como en térm inos de capital social. Los encuestados evalúan por eso los niveles que perciben de empatia, trauma, agresión, resentimiento y tolerancia entre los miembros de su comunidad, así como los niveles de apego a la auto­ ridad, honestidad, resiliencia, cooperación, entre otros. Com o complemento, el barómetro también pregunta por las percepciones de los individuos y de las comunidades frente a los procesos de construcción de verdad, memoria,

19 6

R E C O N C IL IA C IÓ N

reparación y perdón; por su percepción de seguridad, y por su autorreconocimiento como víctim as o no del conflicto armado. A estos siete bloques (rasgos sociodem ográficos; rasgos psicosociales; entorno psicosocial; capital social; perdón, verdad, memoria y reparación; seguridad, y conflicto) que agrupan múltiples factores que potencialmente afectan la confianza y la reconciliación en el posconflicto, aquí le sumamos el factor seguridad, para determinar cuáles de estos factores son más determi­ nantes en el caso colombiano. Asimismo, se construyeron las variables obser­ vables confianza y disposición a la reconciliación a partir de los ítems descritos en la tabla 8.3. Para efectos de explorar la interacción de estas dos variables

T a b la 8 .3 .

Operacionalización de reconciliación y confianza Confianza

D i s p o s i c i ó n a la r e c o n c i l i a c i ó n

La escala de disposición de aportes a la reconciliación recoge las respuestas a 1 1 ítems que se refieren a distintos aportes materiales y no materiales, así:

La variable confianza se construye a partir de la sumatoria de 14 ítems en los que se pregunta por el nivel de confianza con diversos actores.

P: ¿Cuáles de estas acciones está dispuesto a

P: 41. En una escala donde 1 es ninguna y 4 es

hacer para lograr la reconciliación en Colombia

total, ¿Qué tanta confianza tiene por...

después del conjlicto arm ado?

•

Partidos políticos

•

Empresarios

•

Asociaciones de productores

•

Sindicatos

•

Gobierno nacional

•

Gobierno local (gobernación o alcaldía)

•

Organizaciones sociales

•

Iglesias

•

Medios de comunicación

para usted

•

Organizaciones de víctimas

Donar una cosa que sea importante para

•

Organizaciones de desmovilizados

usted

•

Ejército

•

P o lic ía

•

Organizaciones que ayudan a los

•

Comunicarse con quien ha hecho daño

•

Contar su versión de lo que pasó

•

Escuchar versiones de otras personas de lo que pasó

•

Perdonar a quien ha hecho daño

•

Aportar a la reparación de las víctimas

•

Donar un día de su salario

•

Donar una semana o más de su salario

•

Donar una cosa que no sea importante

•

•

Hacer trabajo voluntario en organizaciones sociales

•

Organizar actividades en su municipio

venezolanos

F u e n t e : E l a b o r a c i ó n p ro pia.

¿Q U É F A C T O R E S E X P L IC A N LO S N IV E L E S D E C O N F IA N Z A Y R E C O N C I L I A C I Ó N . . . ?

19 7

con los ítems originales del b c r , incluimos en el análisis algunas variables de nivel municipal de tipo socioeconómico, de seguridad y de afectación del con flicto armado de fuentes oficiales como la Policía Nacional, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (d a ñ e ), la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, el Departamento Nacional de Planeación (d n p ) y Migración Colombia. Al hacer una revisión descriptiva de los datos, se evidencia que existen varios perfiles positivamente relacionados con una mayor disposición a hacer aportes a la reconciliación: (i) jóvenes, personas con mayores ingresos, gente con mayor nivel de educación y residentes en la región Caribe; (2) individuos caracterizados por mayores niveles de confianza, por su disposición a dar segundas oportunidades y por su patriotismo, y (3) personas que perciben un mejor entorno en su comunidad en términos de niveles de sanación, paz y tranquilidad, seguridad y convivencia, autocontrol, disposición a ayudar y más perdón. Por su parte, los perfiles que están positivamente relacionados con mayores niveles de confianza son (1) personas que residen en la región Caribe, personas que manifiestan ser evangélicos, personas que reciben ayu­ das estatales; (2) personas que tienen mayor disposición a la reconciliación, personas que creen en las segundas oportunidades, y (3) personas que perci­ ben que en su entorno se dan mayores niveles de sanación, de paz y tranquili­ dad, autocontrol y perdón. En la siguiente sección se presentan los resultados de un análisis multivariado multinivel con el cual se decantan aquellos factores que parecen explicar mejor los niveles de confianza y disposición a la reconciliación en Colombia.

Resultados respecto de la disposición a la reconciliación Los niveles de confianza y de disposición a la reconciliación están correla­ cionados entre sí, aunque se trata de dos variables independientes. Es decir, aunque se refuerzan una a la otra, la confianza no explica la disposición a la reconciliación o viceversa. Para explorar mejores explicaciones a los niveles de confianza y de d is­ posición a la reconciliación presentamos a continuación los resultados de análisis de regresión ols multivariada y de regresión multinivel (i. e. datos individuales de la encuesta y de nivel municipal) para cada uno de los bloques de variables descritos en la sección anterior. Como veremos, la disposición a la reconciliación parece depender principalmente de la región donde habita el individuo, de si es víctim a del conflicto o no, de la existencia o no de proble­ mas de convivencia, del nivel de capital social de la comunidad (ayuda, renun­ cia, cooperación) y de su percepción de si se ha pedido perdón adecuadamente. La tabla 8.4 presenta los resultados de los análisis mencionados.

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I U * i O N t I I I At I Ó N

í

$ 4

Yat iaMos k\\\v ovplii rtn la ilfsposu ión a la reconclliadón

\ \ ONIIAN/A \ H!*• (INI M *A« M^W

*

»«mili» lo (he« líos vi» t iml/anlcs, masa* h’ n, «i> ) iUmh’II im’iiou'H nivele* de »lisp»>su ion ,i la ro»«m« ilia» ion v «le«onlian/a I n .lo» li, »n» w pin*»!** hmi IiiihIIi «’l imol individual »on «'I nlvi'l «omuuilaiio o innnt» Ip«iI• nl la magiianliitl »l.ul »li' las vi» lonas , »>n nn ele» I.» positivo «le la violoiu la. In «’s*- wnlUln, I*»h resulla«l«>s muesltan «!«• »juó mancia so amalgaman la vinloiu Iti del »onlli« I»» ai ina»l»>»«m los mnli iplos i oíos a la seguí i«la»l on »'l pos» onllu lo y «om«> esto s«" maní liosta «‘n l.i ton na »orno las personas »on« Ilion y v»iloi an la i o» on» i lia» ion y las »»nnlu i«mes pai a sonlii »onhan/a Ambas viol»'ii» las Inipoi lan y s»' ieluer/an nniluainonlo on la mani'ia »omo so »l»'loimina la »lisposi« Ion »l< in»livi»ln»)s y »l«'»oinnni«la«lo.s pata la ro» on» ilia« ion l.s ospoi la linón lo nulo n»> que Itis problemas »!»' seguí i«la«l a« (nales pate«en al«'« luí igual «• más l«»s niveles «le «onlian/a y «lo «lisposn u>n a la u'ion» illa» ion *|no la vi» llmlzai Ion hisloii»a. 1 sl»> «onln nía algunas »lo las aln nía» iones »l«*l m a n o eoiueptinil sobre las ««intimiufuies entre ililorenles inonu'nlos »|oo alravlosan los países «pie emergen »le »onllu i»>s ai ma«los y onlrenlan la ilehilulail inslihii ional, l«>s conlimms in» enl iv«is «lo las e» «momias ilu i tas y la m« orí ¡«lumbre s«k ial y eeo nómica «leí poscoulli» lo. c\

Implicaciones pitra políticas publicas Nuestros hallazgos permiten sugerir varias implii a» iones para políli» as públi cas. l'l primer mensaje »|m/ás es obvio, pero vale la pena mencionarlo por lo esperan/ador: la reconciliación ocurre en contextos concretos y nuestra inves ligación permite iilentifu ar grup«>s s«u iales y la» lores más o menos propio ios para promoverla. No hay una sola Reconciliación en mayúscula, sino que se pueden propiciar muchos procesos paralelos con diversos énfasis y grupos específicos que conduzcan al restablecimiento «le la conlianza y de las reía dones sociales. Tener claridad sobre esto genera un repertorio variado de acciones y estrategias plausibles, en vez «le una sola solución mágica y, proba lilemente, elusiva. Políticas públicas dirigidas a mejorar la convivencia en las comunidades, a reducir los problemas de seguridad, a mejorar el ingreso de las personas y a reducir la pobreza multidimensional afectarían tanto a la disposición a la reconciliación como a la confianza, que además se reforzarían mutuamente. Por consiguiente, políticas públicas de tipo psicosocial con las comunidades deberían redundar en mejores niveles de conlianza y, «le manera indirecta, en la disposición a la reconciliación. Pe igual (orina, políticas públicas «lirigiilas a recuperar el capital social deberían redundar en mejores niveles de dispo­ sición a la reconciliación y, de manera indirecta, en los niveles de conlianza. Por último, si lo que causa confianza y reconciliación no se relaciona directa o exclusivamente con la experiencia de la guerra, es necesario (re)

206

R E C O N C IL IA C IÓ N

pensar y ajustar la oferta de atención. Ya en otra parte hemos sugerido que puede haber un desajuste entre la oferta de las instituciones de la justicia transicional o un desbalance entre la oferta de estas instituciones y otras demandas de la población en temas económicos, sociales y de seguridad (Rettberg y Ugarriza, 2016). Los resultados de esta investigación también apuntan a la necesidad de complementar el énfasis en la verdad y la justicia con condiciones cotidianas para el bienestar y la tranquilidad. Esto es menos ambicioso que los grandes informes que arroja el trabajo de las instituciones nacionales, pero quizás más efectivo en términos de generar condiciones para la recuperación de la con­ fianza y la generación de la reconciliación desde el nivel comunitario.

Conclusiones Cinco años después de la firma del acuerdo de paz entre Gobierno y fa r c , Colombia es un país que arrastra aún profundas divisiones causadas por el conflicto. Una buena parte de la literatura académica, de los medios de comu­ nicación y de las redes sociales se enfoca en esas divisiones y en la polariza­ ción. Al mismo tiempo, los hallazgos presentados aquí muestran también un país que, en medio de la complejidad, permite vislumbrar puentes para poner a dialogar al pasado con el presente de forma constructiva. Nuestros hallaz­ gos sugieren que la reconciliación en Colombia depende de cómo se afronte el pasado, pero también de cómo los individuos perciben su contexto presente, en especial en cuanto a qué tan seguros se sienten, cuánto confían en los demás y en el Estado y cómo evalúan su entorno material. En ese sentido, quizás uno de nuestros aportes más importantes es señalar que la oferta institucional de justicia transicional desempeña un papel impor­ tante pero no exclusivo en apalancar los procesos que conducen a la recon­ ciliación. Confirmamos así la sugerencia formulada al inicio con respecto a la interacción de las variables del pasado y del presente en la producción de la disposición y las opiniones con respecto a la reconciliación y la sanación de heridas relacionadas con el conflicto armado. En concreto, nuestros hallazgos sugieren la existencia de conexiones entre percepciones desarrolladas durante el conflicto armado y la percepción de seguridad actual en la generación de opiniones y actitudes acerca de la reconciliación, una especie de vulnerabili­ dad prolongada y propagada a lo largo del tiempo. Más que respuestas definitivas, este documento abre una agenda de inves­ tigación de nuevas preguntas. Aquí profundizamos en la relación entre con­ flicto y seguridad, pero otras variables que deberemos explorar son la relación entre reconciliación y desarrollo (o lo que denominamos la base m a teria l de la reconciliación), el rol del género y el rol del Estado y la capacidad institucional

¿Q U E FA C T O R E S E X P L IC A N LO S N IV E L E S D E C O N F IA N Z A Y R E C O N C IL IA C IÓ N

?

207

que incide en la disposición a la reconciliación. Así, y de cara a los próxi­ mos años, podrán irse aclarando los complejos retos de la reconciliación en Colombia.

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¿QUK F A C T O R E S E X P L IC A N I.O S N IV E L E S D E C O N F IA N Z A Y R E C O N C IL IA C IÓ N ...?

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Apéndice Tabla 8.6. Variables utilizadas para los análisis según bloque Seguridad Víctima común Problemas de seguridad Convivencia Hurto a personas Hurto a residencias Hurto a comercios Hurto a vehículos Hurto a residencias 2019 Hurto a entidades comerciales 2019

Conflicto armado

R a s g o s s o c i o d e m o g r á f ic o s

Víctima conflicto

Ingresos

Delitos contra la libertad y la integridad

Sexo (0 hombre 1 mujer)

lasa total de hechos victimizantcs x 100000 habitantes

Región

Víctima mujer índice de pobreza multidimensional

lasa de víctimas por declaración x 100000 habitantes

Educación 2018 (índice desempeño municipal)

Amenaza

Salud 2018 (índice desempeño municipal)

Homicidio masacre Secuestro Desplazamiento forzado

Servicios 2018 (índice desempeño municipal)

Solicitudes de registro de víctimas

Puntaje de calidad del agua

Hurto a mujeres 2019

Vinculación de niños, niñas y adolescentes

índice de desempeño institucional

Cultivos ilícitos de coca en hectáreas

Tortura

Medición del desempeño municipal

Hurto a entidades financieras 2019 Hurto a motocicletas 2019 Hurto a automóviles 2019

Homicidios 2019 Violencia inlrafamiliar 2019 Lesiones personales 2019

Abandono o despojo forzado de tierras

Trabajo informal Proporción mujeres en el municipio

Tasa de víctimas de minas antipersona x 100000 habitantes Acto terrorista de atentados o combate Desaparición forzada

C a p i t a l s o c ia l

•

Minería ilegal

•

Cultivos ilícitos

•

Porte de armas

•

Sobornos

•

Ayuda

•

Renuncia

•

Honestidad

•

Tranquilidad

•

Resiliencia

•

Cooperación

•

Solución pacífica

R a s g o s p s ic o s o c ia le s in d iv id u a le s

R a sg o s p sic o s o c ia le s e n to rn o

Sanación

•

Empatias

Agresión personal

•

Culpa

Principios

•

Trauma

Tolerancia amigos

•

Reclamo

Tolerancia amigos desmovilizados

•

Agresión

•

Autocontrol

Tolerancia amigos víctimas

•

Disculpas

Afecto

•

Segundas oportunidades

Patriotismo

•

Resentimiento

Empode ramiento

•

Tolerancia vecinos

Fuente: Elaboración propia.

Sobre los autores

Yoikza Acosta. Politóloga, magíster en Políticas Públicas, con experiencia en análisis de datos a través de herramientas econométricas que perm itan la toma de decisiones basadas en un soporte cuantitativo. Desde el 2018 ha trabajado en investigaciones sobre reconciliación tanto en ejercicios de identificación de los determinantes de la reconciliación en el contexto colombiano, com o en trabajo de cam po con población excombatiente, para la Universidad de los A ndes y el Colegio Mayor Nuestra Señora del Rosario. Además ha trabajado como ana­ lista de datos en la implementación de políticas públicas para entidades públi­ cas como el Instituto Nacional de Salud, la Alcaldía M unicipal de Acacias y la Secretaría de Educación del Distrito. Actualmente trabaja com o consultora del Sistema General de Regalías en el Departamento Nacional de Planeación, como consultora en temas estratégicos de Netco Solutions y com o docente de la Corporación Universitaria Minuto de Dios, en la Especialización en C om u ­ nicación Estratégica para las Organizaciones. Ilke D ag li-H u stin gs. A ctivista de paz e investigadora por m ás de quince años. Tiene Bristol y un versidad de de W arwick

una m aestría en Seguridad y Desarrollo de la U niversidad de PhD en Seguridad, Identidad y Construcción de Paz de la U n i­ W arwick. Antes de su carrera académ ica en las universidades y Exeter, donde im partió cursos de política global y principios

internacionales de negocios, Ilke trabajó como coordinadora y d esarro lla­ dora de proyectos y consultora y facilitadora para proyectos con agencias de la

onu

y la Unión Europea. También fue consultora de em presas encuesta-

doras de Chipre y coordinó y elaboró en coautoría diversos program as de construcción de paz como 'Ihe C ivil Society D ialogue, C yp ru s C om m un ity Media Centre, Access Info C yprus, Play for Peace y

engage,

Do Your Part

for Peace. Ilke, quien se unió a SeeD como investigadora sénior en temas de .seguridad en el 2016, transitó hacia el rol de líder de program as y operacio­ nes sobre el terreno en el 2017, desde donde supervisa program as globales así

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218

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como investigaciones acerca de ciudadanías constructivas y resiliencia económica. También es parte de la junta directiva de SeeD y actúa como cabeza de la rama ejecutiva de la organización. Desde el 2022 lidera la división de asociaciones y crecimiento. Peter Dixon. Investigador en resolución de conflictos y coexistencia en la Heller School for Social Policy and Management de Brandéis University. En su trabajo aborda asuntos de medición, violencia política, construcción de paz y justicia transicional en comunidades afectadas por la violencia en Estados Unidos y otros países. Emplea metodologías mixtas para comprender cómo la experiencia cotidiana de las personas durante y después de los conflictos hace posible soluciones transformadoras hacia la paz y la justicia. Peter Dixon tiene un doctorado en Sociología de la Universidad de California en Berkeley y es coinvestigador principal en proyectos de la o n g Everyday Peace Indicators (e p i ), es miembro del Salzburg Global Seminar y profesor afiliado del Possibility Lab de la Universidad de California (Berkeley). Pamina Firchow. Profesora asociada de coexistencia y conflicto en la Heller School for Social Policy de Brandéis University. Sus principales intereses de investigación se refieren al estudio del acompañamiento internacional de comunidades afectadas por violencia masiva y a la localización de desarrollo internacional y ayuda para la construcción de paz. Ha publicado ampliamente sobre aproximaciones participativas al diseño, medición y evaluación de la justicia transicional, la reconciliación y las intervenciones para la construc­ ción de paz. En su trabajo analiza las aproximaciones participativas haciendo uso de métodos mixtos por medio de una metodología incluyente y participativa denominada Everyday Peace Indicators (e p i ). Esta aproximación participativa de medición se utiliza para sustentar su análisis acerca de la efectividad de intervenciones locales después de la guerra en su premiado libro Reclaiming Everyday Peace: Local Voices in Measurement and Evaluation after War (Cam­ bridge University Press, 2018). Ha trabajado en el campo de la construcción de paz como académica y como miembro de organizaciones no gubernamentales desde 1999.

Daniel Flechas Buriticá. Consultor sénior en m edición, modelamiento, sim ulación y evaluación para program as de desarrollo en Am érica Latina con énfasis en la comprensión y formalización de los problemas sociales que busca atender mediante la teoría de cambio y marcos lógicos. Pregrado en Ciencia Política (2005) y M áster en Econom ía con énfasis en econometría estructural de la Pontificia Universidad Javeriana (2016), cursos de matemá­ ticas en la Universidad de los Andes (2019-2021) con énfasis en matemática

SOBKK l.OS AUTOKKS

aplicada y análisis real. Su interés principal radica en la matemática apli­ cada a las ciencias sociales por vía de la identificación y lormalización de las variables de interés en los objetivos de desarrollo, la calibración de variables cuantitativas y cualitativas, las capturas de información y la constitución de estructuras de datos que permitan un modelamiento lógico, ordenado y esca­ lar. Desarrolla técnicas de exploración de datos y mallas de información para indagar por fenómenos y patrones dentro de los conjuntos de información y verificar la consistencia teórico-empirica de ellas según las hipótesis políticas subyacentes. Dentro de sus trabajos más destacados están la evaluación del retiro del Programa de Transferencias Condicionadas en Colombia “ fam ilias en A cción’ (2017), el desarrollo de medición de línea de base sobre acceso a agua potable y pobreza en torno al Programa de Pilas Públicas en comunida­ des indígenas en zonas desérticas, el desarrollo del Barómetro Colombiano de la Reconciliación ( b c r ) y el diseño de medición de fenómenos asociados al uso de sustancias psicoactivas en Pereira y Dosquebradas, Colombia, entre otros. Adriana G aviria Dugand. Es doctora en Economía de la Universidad Federal Fluminense en Río de Janeiro y tiene una maestría en Estudios Culturales de la Universidad de los Andes. Es consultora en proyectos de monitoreo, eva­ luación y aprendizaje de políticas sociales del Gobierno y de la cooperación internacional. Fue investigadora asociada del Observatorio de la Democracia (Universidad de los Andes) entre el 2018 y el 2022, donde lideró el equipo cua­ litativo. Desde un enfoque multidisciplinar y una perspectiva metodológica mixta se dedica a investigar temas de paz y reconciliación, desigualdad, enfo­ que diferencial étnico y de género, percepción de seguridad en los derechos a la tierra, entre otros. Alexander Guest. Investigador y practitioner que trabaja sobre los facto­ res que subyacen a la cohesión social y los procesos de construcción de paz en países afectados por conflictos. Su formación ocurrió en contextos de movimientos interseccionales e intercomunitarios de construcción de paz en Chipre. Actualmente dirige la investigación y las operaciones del Centre for Sustainable Peace and Democratic Development (SeeD) en Nicosia, donde coordina estudios sociológicos cuantitativos sobre resiliencia y cohesión en diversos contextos globales, incluyendo Afganistán, Etiopía, Ucrania y otros. Está particularmente interesado en comprender las respuestas ciudadanas a las crisis y la adversidad, cómo la participación cívica y la ciudadanía pueden transformarse de cohesión constructiva a violenta y cómo se genera y sostiene el radicalismo violento en las sociedades posconflicto.

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Daniela Jaime Peña. Trabaja actualmente en el I'ondo Colom bia en Paz. Tiene un doble pregrado en Ciencia Política y Gobierno y Asuntos Públicos de la Universidad de los Andes, y se encuentra desarrollando una maestría en Economía Aplicada en la misma universidad. Le interesa el género, la paz y la opinión pública, y tiene experiencia en métodos cuantitativos y cualitativos. Wilson López-López. Profesor titular de la Pontificia Universidad Javeriana (Colombia) y doctor en Psicología Básica y Social de la Universidad de Santiago de Compostela (España). Su tesis fue premiada con honores summa cum laude y el Premio Extraordinario a la mejor tesis doctoral. Es editor de la revista Universitas Psychologica y líder del grupo de investigación Relaciones Sociales y Culturas de Paz. También es presidente de la División de Psicología Política de la Asociación Internacional de Psicología Aplicada y ha sido galardonado con el Premio Interamericano de Psicología (2017), otorgado por la Sociedad Interamericana de Psicología. Fue premiado por la Sociedad Colombiana de Psicología en Investigación y es investigador principal de Minciencias. Sus intereses de investigación son: medios de comunicación y conflicto, perdón, reconciliación, justicia transicional, paz y salud mental. Es editor y coautor de Psicología política en América Latina y de Transición a la paz: aportaciones de la psicología de la paz en el mundo. Alexandros Lordos. Doctor y profesor de Psicología Clínica en el Departa­ mento de Psicología de la Universidad de Chipre y jefe de aprendizaje e inno­ vación en el Centro para la Paz Sostenible y el Desarrollo Democrático, del cual es fundador. Ha desarrollado alianzas con diversas organizaciones inter­ nacionales, incluyendo Unicef, el Banco Mundial, Interpeace, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (pnud ) y la Oficina de Iniciativas de Transición de u sa id . Ha sido investigador y coinvestigador en proyectos en distintos países de Europa, África y Asia. Fue miembro sénior del Harvard H um anitarian Initiative de la Escuela de Salud Pública de esa universidad y asesor sénior del programa de Interpeace sobre salud mental y apoyo psicosocial para la paz. En la Universidad de Chipre, dirige el laboratorio de habilidades y resiliencia mientras contribuye a la docencia y a la supervisión de estudiantes de pregrado, maestría y doctorado en el Departamento de Psicología. Christopher Louise. Es experto independiente en temas de paz y desarrollo y ha oficiado como asesor especial para gobiernos, organizaciones interna­ cionales de desarrollo y organizaciones de la sociedad civil. Trabajó para la Organización de las Naciones Unidas (onu ) por veinte años y se especializó en construcción de paz, prevención de conflictos y desarrollo comunitario.

SO B R E LO S A U TO RES

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Durante su carrera en la onu dirigió proyectos diseñados para apoyar la cons­ trucción de paz participativa así como la buena gobernanza en los Balcanes, el Medio Oriente y África subsahariana. Asesoró a equipos de la onu y a gobier­ nos en temas relacionados con estrategias para promover la reconciliación, profundizar el buen gobierno y construir capacidades nacionales de cons­ trucción de paz. Christopher fue miembro del equipo interdisciplinario que fue pionero en la elaboración del Social Cohesión and Reconciliation Index (score ) y logró integrar exitosamente el score en el diseño de programas y políticas de la onu y de donantes en diversos países. Etienne Mullet. Psicólogo francés que ha trabajado principalmente en la École Pratique des Hautes Études, París. Ha realizado varios estudios sobre el perdón interpersonal y el perdón intergrupal en colaboración con equipos que trabajan no solo en Europa Occidental, sino también en Angola y Mozam­ bique, Togo y Benín, Congo y Ruanda, México, Colombia, Venezuela, India, Indonesia y Timor, Líbano e Irán, y varios países del golfo Pérsico. Claudia Pineda-Marín. Psicóloga de la Pontifica Universidad Javeriana (Colombia). Tiene una maestría en Psicología de la Universidad de los Andes y un doctorado en Psicología de la Universidad de Toulouse n (Francia). Ha desarrollado trabajo postdoctoral en Keele University (Reino Unido). Es pro­ fesora e investigadora de la Fundación Universitaria Konrad Lorenz donde ha sido premiada con la distinción Juan Alberto Aragón Bateman de Investiga­ dora Insignia 2022. Ha sido reconocida como investigadora sénior por parte del Ministerio Colombiano de Ciencia. Le interesa la investigación cuantita­ tiva y cualitativa en psicología social, relaciones intergrupales, salud mental, cognición social y procesos de construcción de paz en contextos de violencia. Juan Diego Prieto Sanabria. Investigador posdoctoral Robert A. Oden Jr. para la Innovación en las Artes Liberales y la Ciencia Política en Carleton College (Northfield, Minnesota, EE. UU.). Es doctor en Política de la Uni­ versidad de California, Santa Cruz, y anteriormente fue investigador posdoc­ toral en el Departamento de Ciencia Política de la Universidad de los Andes (Bogotá, Colombia). Su investigación se enfoca en la economía política sub­ nacional de la política social y la provisión de servicios en América Latina. También ha estudiado la relación entre recursos naturales y conflicto armado y las dimensiones locales de la construcción de paz y la justicia transicional en Colombia. Angelika Rettberg. Es profesora del Departamento de Ciencia Política de la Universidad de los Andes, miembro global del Peace Research Institute of

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R E C O N C ILIA C IÓ N

Oslo (prio ) y codirectora del Gender, Justice, and Security Hub del London School of Economics (lse ). Investiga sobre la sociedad civil y la justicia transicional; la relación entre recursos, conflicto armado y criminalidad, y el sector privado en contextos de conflicto armado y construcción de paz. Desde el 2022 es editora asociada de World Development. En el 2018 fue miembro plenipo­ tenciario del equipo del Gobierno nacional en los diálogos con el Ejército de Liberación Nacional (eln ).

María Symeou. Especialista en desarrollo de adolescentes y jóvenes en el Cen­ tro para la Paz Sostenible y el Desarrollo Democrático (SeeD).

Juan Esteban Ugarriza. Es doctor en Ciencia Política de la Universidad de Berna, Suiza, y obtuvo una maestría en Historia en la Universidad de Carolina del Norte. Sus áreas de interés académico son la psicología política del con­ flicto, los desafíos posconflicto y el papel de la ideología en el siglo xxi. Entre el 2013 y el 2017 fue delegado asesor del Gobierno colombiano para los diálogos con el eln en Venezuela y Ecuador, y es firmante del acuerdo de diálogos de marzo del 2016. Actualmente es profesor titular e investigador en la Universi­ dad del Rosario (Bogotá).

Catalina Vallejo Pedraza. Oficial de programa del Social Science Research Council de los programas de Tecnologías Justas y Ansiedades de la Democra­ cia. Vallejo es doctora y máster en Sociología de la Universidad de Virginia. Tiene amplia experiencia en diseño y manejo de proyectos de género, con­ flicto y desarrollo en América Latina y África, así como en trabajo de campo con población vulnerable, incluyendo mujeres víctimas de conflicto armado y poblaciones desplazadas. Sus intereses de investigación se centran en el pos­ conflicto y la justicia transicional, el género y la violencia política y los méto­ dos mixtos.

Hugo van der Merwe. Especialista de investigación sénior del Centre for the Study o f Violence and Reconciliation (c s v r ) en Ciudad del Cabo, Sudáfrica. Desde que se unió al c sv r en 1997, inició y administró numerosos proyectos de investigación, activismo e intervención relacionados con la justicia transi­ cional, la reconciliación y la construcción de paz en Sudáfrica y el continente africano. Es coeditor en jefe de la revista International Journal o f Transitional Justice (Oxford University Press). Sus publicaciones incluyen cinco volúmenes editados, el más reciente de los cuales es Transitional Justice: Theories, Mechanisms and Debates. Recibió su doctorado en Análisis y Resolución de Conflic­ tos de George Masón University en 1999.

SOBRH I OS AUTORKS

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F io re lla V e ra -A d ria n z é n . Candidata a doctorado en el Departamento de

Ciencia Política de la Universidad de New México, investigadora del Everyday Indicators for Policy Innovation Project en la Universidad de Santa Clara e investigadora visitante en la Heller School for Social Policy and Management de Brandéis University. Es politóloga de la Universidad de New México y estu­ dió Derecho en la Universidad Católica de Perú. Se especializa en justicia transicional, política participativa y movilización social en América Latina. Sus investigaciones actuales examinan cómo la política local y la participación de las víctimas afecta la implementación y eficacia de reparaciones posconílicto en comunidades quechua en Perú. Como investigadora de la o n g Everyday Peace Indicators ( e p i ) , está involucrada en varias iniciativas de investiga­ ción participativa y evaluación, trabajando con comunidades afectadas por conflictos.

Esta publicación se compuso en la tipografía Minion Pro. Se terminó de imprimir en Bogotá, en marzo del 2023.

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES • CIENCIA POLÍTICA Y ESTUDIOS ClOBALES

¿CUÁNTO HEMOS AVANZADO los colombianos hacia la reconciliación desde el acuerdo que puso fin al conflicto armado entre el Estado y las FAHC? ¿Qué podemos hacer para avanzar hacia una convivencia pacífica basada en la inclusión social, el reconocimiento de las diferencias y la consolidación de las instituciones? R e c o n c i­ liación. Experiencias en Colombia y el mundo aborda estas preguntas y busca en­ tender otros contextos de transición de la guerra a la paz. Además, aporta diversas miradas desde la realidad colombiana y analiza los datos del Barómetro de la Recon­ ciliación de USAID y ACDl/voCA para comprender el papel de las mujeres en el pos­ conflicto, la relación entre justicia y paz y los nexos entre reconciliación y confianza.

( T T 1 Universidad de

Facultad de Ciencias Sociales

Ijlos Andes

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USAID

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