Poder judicial comunal Aymara en el sur Andino : Calahuyo, Titihue, Tiquirini-Totería y Liga Agraria de Huancané 9789589262467, 9589262465

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ANTONIO ALFONSO PEÑA JUMPA

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PODER JUDICIAL COMUNAL AYMARA EN EL SUR ANDINO CALAHUYO, TITIHUE, TIQUIRINI-TOTERÍA Y LIGA AGRARIA DE HUANCANÉ

ANTONIO ALFONSO PEÑA JUMPA

PRÓLOGO DE CÉSAR A. RODRÍGUEZ GARAVITO

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COLECCIÓN EN CLAVE DE SUR Editor: César A. Rodríguez Garavito

ISBN: 958-9262-46-5

Revisión de textos: Emma Ariza Diseño y preparación editorial: Marta Rojas - Publicaciones ILSA Impresión: Ediciones Antropos

© ILSA, Antonio Alfonso Peña Jumpa Calle 38 Nº 16-45, Bogotá, Colombia Teléfonos: (571) 2884772, 2880416, 2884437 Fax: (571) 2884854 Correo electrónico: [email protected] Bogotá, Colombia, marzo de 2004

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CONTENIDO

PRÓLOGO ............................................................................................... 13 César A. Rodríguez Garavito AGRADECIMIENTO ............................................................................... 17 INTRODUCCIÓN .................................................................................... 19 PRIMERA PARTE EL CONCEPTO DE PODER JUDICIAL COMUNAL Y SU RECONOCIMIENTO CAPÍTULO 1 Aproximación teórica al concepto ‘poder judicial comunal’ ..................... 31 CAPÍTULO 2 Derecho a la identidad cultural y marco legal del concepto de poder judicial comunal ................................................... 59 SEGUNDA PARTE EL CONTEXTO DE DESARROLLO DEL PODER JUDICIAL COMUNAL AYMARA CAPÍTULO 3 El contexto del Sur Andino: la provincia o microrregión de Huancané ................................................. 81 CAPÍTULO 4 El poder judicial estatal en Huancané ..................................................... 125

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TERCERA PARTE EL PODER JUDICIAL COMUNAL AYMARA CAPÍTULO 5 Resolución de conflictos internos en las comunidades aymaras ............. 155 CAPÍTULO 6 Resolución de conflictos intercomunales en las comunidades aymaras .................................................................. 223 CAPÍTULO 7 Resolución de conflictos internos e intercomunales a través del gremio campesino ...................................277 CUARTA PARTE INTERPRETACIÓN Y PROYECCIÓN DEL PODER JUDICIAL COMUNAL AYMARA CAPÍTULO 8 Interpretación y proyección del poder judicial comunal aymara del Sur Andino ........................................................................................ 311 CONCLUSIONES .................................................................................. 331 BIBLIOGRAFÍA Y FUENTES DOCUMENTALES ..................................339

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A Imelda Campos Ferreyra, con inconmensurable cariño y amor; a Franco y a Carlo, con la esperanza de mantener vivo el cariño por los Andes. A María Jesús Jumpa Ames y a Alfonso Peña Porras, por continuar enseñándonos a querer y respetar nuestros Andes y su Cultura. A los comuneros de Calahuyo, Titihue, Tiquirini-Totería, Huancho, Villa Quishuarani, Chijichaya, Sustía Munaypa y a la Liga Agraria 24 de Junio de Huancané, por habernos brindado la oportunidad de conocer su cultura judicial.

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“Artículo 24. Faltas cometidas con agresión física, golpes, maltratos, heridas, en primera instancia constatará la autoridad comunal i en caso de gravedad se elevará a la autoridad competente de la provincia de Huancané”. (Estatuto de la Comunidad de Titihue. Norma semejante se encuentra en los Estatutos de las comunidades de Calahuyo, TiquiriniTotería y las demás comunidades del Sur Andino)

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PRÓLOGO

César A. Rodríguez Garavito*

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l fenómeno del pluralismo jurídico (la coexistencia de varios ordenamientos normativos en un mismo espacio y tiempo) es uno de los rasgos fundamentales del derecho en América Latina. Al contrario de lo indicado por la teoría y la dogmática jurídicas convencionales, que afirman la unidad del derecho, las prácticas sociales en la región están marcadas por la proliferación de regímenes normativos que coexisten y se combinan de múltiples formas (García y Rodríguez 2003). Basta pensar, por ejemplo, en la convivencia del derecho laboral formal, plasmado en los códigos, y el derecho laboral informal que en la práctica regula la mayor parte de las relaciones de trabajo, esto es, las de los actores de la economía informal en la que trabaja la mayor parte de la población económicamente activa en América Latina. Un tipo particularmente importante de pluralismo jurídico, enraizado en diferencias étnicas y culturales, es representado por la coexistencia de los ordenamientos jurídicos de los pueblos indígenas, de un lado, y los ordenamientos oficiales de los Estados-nación, del otro. No sorprende, entonces, que algunos de los más interesantes e importantes aportes al estudio interdisciplinario del derecho en la región se hayan ocupado de los sistemas jurídicos indígenas. Las contribuciones sobre el tema se han multiplicado y han ganado prominencia política, gracias a lo que el investigador brasilero Carlos Frederico Marés (1998) ha llamado “el despertar de los pueblos indígenas para el derecho”, es decir, el reconocimiento constitucional de los sistemas jurídicos tradicionales de los pueblos indígenas a partir de la década de los ochenta. El notable libro del profesor peruano Antonio Peña Jumpa que presento en estas líneas es, sin duda, un aporte decisivo a este dinámico campo de

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ILSA y Universidad de Wisconsin-Madison.

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estudio y discusión pública. Con base en un trabajo empírico excepcionalmente cuidadoso, realizado durante cerca de doce años, el autor documenta y analiza los sistemas de resolución de conflictos de tres comunidades aymaras del Sur Andino. Pero el libro es valioso no sólo por el trabajo de campo que lo sustenta, sino también porque, como en toda investigación social rigurosa, el material empírico está directamente ligado a un sólido análisis teórico. En este caso, el autor ofrece a los lectores una exploración teórica juiciosa del concepto de pluralismo jurídico y su relevancia para el estudio de las prácticas jurídicas comunales aymaras del Sur Andino peruano. Esta hábil combinación de teoría y estudio empírico sustenta el argumento central del libro, según el cual, al lado del poder judicial estatal oficial, existe un verdadero poder judicial comunal aymara. Como el lector podrá apreciar en las páginas siguientes, Peña Jumpa ofrece múltiples ilustraciones de la naturaleza y funcionamiento de este poder judicial comunal, que van desde la solución de conflictos intercomunales hasta la resolución de conflictos con el derecho estatal y otras comunidades tradicionales. El relato de los casos, a la vez vívido y riguroso, nos permite ver, como en pocas ocasiones, el derecho comunal en acción. Por las anteriores razones, el trabajo del autor peruano se convertirá, seguramente, en referencia obligada en la bibliografía sobre pluralismo jurídico y derecho indígena en América Latina. Igualmente, el libro sienta un precedente que hay que emular en relación con el tratamiento cuidadoso de la investigación de campo que debe caracterizar a todos los estudios empíricos sobre el derecho.

SOBRE LA COLECCIÓN EN CLAVE DE SUR Este libro es el quinto volumen de la colección En Clave de Sur de ILSA. Esta colección ha sido diseñada explícitamente para promover el estudio del derecho y de las instituciones jurídicas desde una perspectiva interdisciplinaria y crítica en América Latina. La colección busca divulgar trabajos escritos por autores latinoamericanos –o por autores extranjeros cuyo trabajo sea especialmente relevante en América Latina– que combinen la reflexión teórica rigurosa con el estudio sistemático de las prácticas sociales y jurídicas en la región. En particular, los libros de la colección son aportes a las discusiones sobre teorías, instituciones y movimientos sociales que utilicen de forma imaginativa el derecho como instrumento de transformación social. Los títulos publicados en la colección y los de su plan editorial para los próximos años incluyen obras de algunos de los autores más reconocidos dentro y fuera de la región en el campo de los estudios sociales, jurídicos y teóricos. Sin embargo, igualmente la colección busca promover la publicaAntonio Alfonso Peña Jumpa. Poder judicial comunal aymara en el Sur Andino Colección En Clave de Sur. 1ª ed. ILSA, Bogotá D.C. Colombia, marzo de 2004

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PRÓLOGO

ción de obras de excepcional calidad de nuevos autores latinoamericanos. Para ello, con ocasión de su aniversario número 25, ILSA convocó entre 2002 y 2003 el Primer Concurso Latinoamericano de Tesis de Maestría y Doctorado. En el concurso participaron cerca de 50 tesis anónimas, que fueron calificadas por un jurado independiente compuesto por académicos latinoamericanos consagrados. La tesis de maestría de Antonio Peña Jumpa, que constituyó la base de este libro y que encaja de manera ideal con los propósitos de la colección, fue una de las dos ganadoras del concurso. Por lo tanto, con su publicación, ILSA y su Colección En Clave de Sur no sólo premian el trabajo del autor, sino que impulsan el objetivo de la colección de difundir y promover estudios rigurosos y críticos de promisorios autores latinoamericanos. ILSA se complace en publicar este nuevo volumen de la colección y presentar el trabajo de Antonio Peña Jumpa a la comunidad sociojurídica latinoamericana.

BIBLIOGRAFÍA García Villegas, Mauricio y César A. Rodríguez (eds.) (2003). Derecho y sociedad en América Latina: Un debate sobre los estudios jurídicos críticos. Bogotá: ILSA y Universidad Nacional de Colombia. Marés, Carlos Frederico (1998). O renascer dos povos indígenas para o direito. Curitiba: Juruá.

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AGRADECIMIENTO

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a presente investigación contó con el desinteresado apoyo de numerosas personas en las diversas etapas de su desarrollo. Desde un inicio el apoyo de mi numerosa familia, y en particular de mi querida esposa Imelda Campos Ferreyra, hizo posible que el entusiasmo se sobrepusiera a las múltiples dificultades o limitaciones que se presentaron en el camino. Cabe un inmenso agradecimiento a los comuneros aymaras de las diferentes comunidades de Huancané y a los dirigentes de su Liga Agraria 24 de Junio, extensivo a sus familias, quienes supieron acogerme y brindarme su conocimiento para continuar escribiendo sobre su Justicia y su poder judicial; por sus nombres, debo mencionar a Hilario Quispe Condori, Agapito Quispe Arapa, Alejandro Condori Uturunco, Lorenzo Quispe Arapa, Juan de Dios Uturunco, Juan Condori Luque y Anacleto Ccota Uturunco de la comunidad de Calahuyo; a Félix Mendoza Ticona, Benjamín Rafael Mamani, Jacinto Ccacca Ramos, Andrés Mendoza Mamani, Román Mendoza Mamani, Luciano Mendoza Luque y José Sabino Rafael Mendoza de la comunidad de Titihue; a Jorge Miramira Miramira, Simón Tipula Miramira, Julio Miramira Torres, Gavino Miramira Tipula, Jacinta Sancho Torres y Feliciano Tipula Sancho de la comunidad de Tiquirini-Totería, y a Benito Gutiérrez Ccama, un gran colaborador que incluso me sirvió como traductor en múltiples ocasiones, a través de quien extiendo el enorme agradecimiento a la Liga Agraria de Huancané. En dos etapas principales de la investigación conté con el apoyo de cuatro importantes instituciones. En una primera etapa, Fomento de la Ciencias Sociales, Perú (Fomciencias) me otorgó una subvención para iniciar la investigación en 1992, y el Centro de Estudios Regionales Bartolomé de las Casas del Cuzco me concedió una subvención complementaria para concluir el informe preliminar (1993). Como representantes de dichas instituciones, debo agradecer a Teobaldo Pinzas y Luis Soberón de Fomciencias, así como a Mary Isabel Remy del Centro Bartolomé de las Casas. Además, en esta etapa, dos personas supieron apoyarme con un valioso y oportuno préstamo para culminar el informe: Felipe Zegarra y Pilar Coll. Antonio Alfonso Peña Jumpa. Poder judicial comunal aymara en el Sur Andino Colección En Clave de Sur. 1ª ed. ILSA, Bogotá D.C. Colombia, marzo de 2004

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La segunda etapa corresponde a los años posteriores a mis estudios de maestría en antropología, para los que también tuve el respaldo de dos importantes instituciones. Luego de haber suspendido la investigación por varios años, en 1999 recibí el respaldo de la Dirección Académica de Investigaciones de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), lo que me permitió actualizar mi trabajo de campo y sistematizar la información recopilada. En el año 2000 tuve oportunidad de contar con la beca Masaji Chiba del Instituto Internacional de Sociología Jurídica (IISJ) de Oñati, España, lo que me posibilitó una estadía de tres meses en el IISJ, tiempo durante en cual conseguí ordenar la mayor parte de la presente investigación. En su calidad de representantes de esas instituciones, debo un especial agradecimiento al ingeniero Eduardo Ismodes Cascón, de la Dirección Académica de Investigaciones de la PUCP, y a Pierre Guibentif, entonces director del Instituto Internacional de Sociología Jurídica. Para el desarrollo de la investigación es justo destacar la valiosa información trasmitida por los profesores de la maestría de antropología de la PUCP. Sin su enseñanza y la oportunidad de discusión de diversos temas no hubiera sido posible comprender muchos de los aspectos que se citan en este trabajo. Debo mencionar a Juan Ansión Mallet (mi asesor de tesis y quien me acercó a los estudios de política en antropología), Manuel Marzal Fuentes (por convencerme de la necesidad de los estudios de la maestría y acercarme al tema religioso), Teófilo Altamirano Rúa (quien me transmitió su aporte metodológico y me brindó la oportunidad de complementar mis estudios en una universidad extranjera), Alejandro Ortiz Rescaniere (por transmitirme un análisis de contenido metodológico y ayudarme a dudar de la verdad única), John Earls Dalton (por demostrarme que lo interdisciplinario no tiene límite), Alex Diez Hurtado (por animarme a revalorar la “teoría del don” y pensar en otros patrones económicos) y Avecita Chicchon Horna (por animarme a conocer la etnografía ecológica amazónica). También debo agradecer el apoyo de mis colegas del Departamento de Derecho de la PUCP por permitirme compartir un espacio de reflexión y aceptar la discusión de temas normalmente “extraños” en el derecho. Debo agradecer a César Fernández Arce (por su gran amistad, consejos, aliento y devoción por el derecho), Carlos Montoya Anguerry (por invitarme a compartir Prosode y brindarme su permanente respaldo en la realización misma de la investigación), René Ortiz Caballero (quien también fue mi asesor en la primera etapa de la investigación), César Landa Arroyo (por los numerosos almuerzos de discusión), a nuestras estimadas autoridades Lorenzo Zolezzi Ibárcena y Armando Zolezzi Möller (decanos durante el proceso de la investigación), y a Javier Neves Mujica y Francisco Eguiguren Praeli (jefes del Departamento de Derecho).

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INTRODUCCIÓN

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e la misma forma que todo grupo humano produce o genera conflictos, tiene o puede tener medios, instrumentos o mecanismos propios para su resolución. Las relaciones sociales de los miembros de cada grupo humano o sociedad son complejas, como complejos son sus conflictos, pero con tal complejidad es como también se resuelven estos últimos. La experiencia de los aymaras del Sur Andino puede confirmar tales afirmaciones. Sus diversos grupos humanos, identificados como comunidades andinas, por un lado producen y generan simples y complejos conflictos pero, por otro, en sus propias relaciones entretejen medios o instrumentos –en muchos casos también complejos– con los que consiguen resolver y luego extinguir el conflicto. En las líneas siguientes se presenta la investigación sobre los sistemas de resolución de conflictos de los aymaras, identificados como poder judicial comunal. En esta presentación se distinguen cuatro aspectos: la justificación del tema de investigación, los objetivos e hipótesis de la investigación, la metodología empleada y las perspectivas que abre la investigación.

JUSTIFICACIÓN DEL TEMA DE INVESTIGACIÓN Desde hace mucho tiempo, numerosos estudios han mostrado que las comunidades andinas, al igual que otras del país (como las amazónicas o urbanas), tienen conflictos particulares y sistemas de resolución propios. Sin embargo, muy pocos se han ocupado de su tratamiento específico. Una razón puede ser que se entienden los conflictos y sus sistemas de resolución como accesorios o complementarios de otros temas tales como desarrollo comunal, organización comunal, empresas comunales, parentesco andino, fiestas patronales, cosmovisión andina, titulación de tierras, entre otros. Cada una de estas cuestiones, ciertamente, no deja de ser importante, pero lo más curioso es que todas están vinculadas de una u otra forma Antonio Alfonso Peña Jumpa. Poder judicial comunal aymara en el Sur Andino Colección En Clave de Sur. 1ª ed. ILSA, Bogotá D.C. Colombia, marzo de 2004

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a tipos de conflictos, así como a componentes de los sistemas de resolución desarrollados por los miembros de las propias comunidades. Por ejemplo, es difícil hablar de desarrollo comunal, si las propias comunidades no pueden resolver los conflictos que consideran colectivos o comunales y limitan su organización; o es difícil planear un programa de titulación de tierras o titulación agraria, si antes no se entienden los conflictos de linderos –al interior y exterior de las comunidades– y sus formas de resolución. En otras palabras, la experiencia judicial aymara puede mostrarnos qué tan importante resulta su comprensión para entender integralmente a la propia comunidad. Pero hay una justificación de fondo que se debe profundizar y que se relaciona con el desarrollo y pleno reconocimiento de la experiencia referida. Se trata de su contraste, paralelismo o complementación con los sistemas de resolución del poder judicial estatal. Justo en esta justificación se inscribe el origen de la preocupación por el tema de investigación. Creo que esta justificación también apunta a la razón por la cual debía ser considerado entre los temas principales antes referidos. Los sistemas de resolución de los aymaras del Sur Andino actúan frente al conflicto en forma diferente a como lo hacen los sistemas del poder judicial estatal. Bajo una variedad de órganos formales o informales y con procedimientos sencillos suelen poner fin al conflicto. Entretanto, el poder judicial estatal recurre a una jerarquía de órganos formales y a complejos y burocráticos procedimientos de resolución. La primera goza de un gran reconocimiento y legitimidad, en tanto los últimos no alcanzan siquiera un 25% de aceptación en su población1. Con los niveles de aceptación comentados, el poder judicial estatal peruano confirma la crisis histórica en que se encuentra inmerso. El modelo de poder judicial estatal u oficial que conocemos nace con la República (1821) dentro del paradigma del Estado-nación europeo. Bajo este paradigma, el poder judicial oficial es regulado con particulares características: se constituye en un gran poder del Estado, único, especializado y centralizado, autónomo e independiente. Sin embargo, este modelo de poder judicial nunca tuvo éxito y tampoco fue recreado a pesar de reconocerse el complejo y heterogéneo contexto en el que nació, representado por un 70% u 80% de población andina identificada con otras instituciones sociales y culturales.

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Numerosas encuestas refieren estos resultados. Hans Jürgen Brandt (1990), en un estudio sobre los jueces de paz no letrados, logra identificar un nivel de aceptación entre la población de aproximadamente el 90%, y entre los litigantes del 63%, lo que trasladado a las comunidades en estudio y sus órganos de resolución se estima en un porcentaje superior. En contraste, Jorge Obando (1997), en una encuesta aplicada a un conjunto de países latinoamericanos y del mundo, logra identificar una aceptación del poder judicial del Estado del 21% entre la población peruana.

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Con el paradigma de Estado-nación y las esperanzas de que el modelo de poder judicial se pudiera emplear, todos los sistemas de resolución anteriores y posteriores fueron formalmente abolidos. Las diferentes comunidades del país se vieron enfrentadas a los sistemas de resolución oficiales y sometidas a su decisión, así no llegaran a entender por qué eran sancionadas o encarceladas, o por qué de la noche a la mañana perdían sus tierras2. Sólo a partir de la década de los setenta, precedida y seguida por hechos de violencia y movilizaciones sociales, se comienzan a reconocer incipientemente otros sistemas de resolución diferentes a los del Estado3. Sin embargo, estos reconocimientos no han dejado de considerar como “inferiores” a aquellos sistemas de resolución no estatales, sometiéndolos en última instancia a la propia autoridad del Estado; en mi opinión, se deben más a la oportunidad política que al convencimiento y conocimiento sobre dichos sistemas de resolución. De ahí la necesidad de mayores estudios sobre el tema. La explicación anterior lleva a las siguientes preguntas de investigación: ¿Es viable el funcionamiento del poder judicial estatal único, especializado, autónomo e independiente en las comunidades aymaras del Sur Andino? ¿Qué explica y garantiza que los miembros de comunidades aymaras prefieran sus propios sistemas de resolución de conflictos? ¿Cómo resuelven sus diversos conflictos –internos y externos– las comunidades aymaras estudiadas?

OBJETIVOS E HIPÓTESIS DE INVESTIGACIÓN Teniendo en cuenta los interrogantes anteriores y los resultados de una investigación precedente (Peña 1991, 1998), el presente trabajo de investigación profundiza en el tema de la resolución de conflictos a partir de una muestra de tres comunidades aymaras (Calahuyo, Titihue y TiquiriniTotería) y el gremio campesino que las integra (la Liga Agraria 24 de Junio de Huancané). A partir de esto se guía por un objetivo general y cuatro objetivos específicos. El objetivo general de la investigación consiste en estudiar y explicar las formas de resolución de conflictos intra y extracomunales dentro de 2

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Pásara (1984), en una síntesis de trabajos precedentes, llega a calificar tales hechos como la “institucionalización del despojo” que favoreció a los poderosos en perjuicio de las comunidades. La primera norma que reconoce los sistemas de resolución no estatales es la Ley 22175 (Ley de Comunidades Nativas y de Desarrollo Agrario de la Selva y Ceja de Selva, del 09-05-1978), que en su artículo 19º faculta a las autoridades de las comunidades amazónicas a resolver sus conflictos de mínima cuantía. La última norma que reconoce tales sistemas de resolución corresponde al artículo 149º de la Constitución Política del Perú (1993) que faculta a las autoridades de las comunidades andinas y amazónicas a resolver sus conflictos, siempre que no se transgredan los derechos fundamentales de las personas. En el cuerpo de este trabajo se desarrollan comentarios a estas normas.

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tres comunidades aymaras del Sur Andino, ubicadas en el distrito y provincia de Huancané en el Departamento de Puno, Perú. Los objetivos específicos son los siguientes: 1) acercarse a la comprensión del conflicto y su clasificación en las comunidades aymaras en estudio; 2) estudiar los órganos de resolución, procedimientos y tipos de solución de los conflictos en cada una de estas comunidades y en el gremio principal con el que dichas comunidades interactúan; 3) analizar la interrelación de los órganos de resolución de conflictos representantes del Estado con los órganos de resolución de conflictos de las comunidades aymaras y su gremio en estudio; 4) esbozar un marco teórico de interpretación, reflexión y proyección de los sistemas de resolución identificados en las comunidades aymaras en estudio. Los objetivos planteados llevan a formular hipótesis de trabajo. La investigación se ha guiado por una hipótesis principal y cuatro hipótesis secundarias. La hipótesis principal es la siguiente: existen sistemas de resolución de conflictos al interior y en la interrelación de las comunidades aymaras del Sur Andino, así como en la relación de su gremio campesino, lo que confirma la presencia de lo que se podría denominar un poder judicial comunal. Las hipótesis secundarias se resumen en las siguientes afirmaciones: 1) al interior de las comunidades del Sur Andino y en la interrelación de éstas existe una particular clasificación e identificación de conflictos que difiere de los conflictos regularmente tipificados dentro del poder judicial estatal; 2) la resolución de conflictos dentro de las comunidades aymaras del Sur Andino se encuentra redefinida por el empleo de órganos, procedimientos y tipos de resolución de conflictos al interior de cada comunidad, en la interrelación de éstas, como en el actuar del gremio campesino al que se integran; 3) frente a los conflictos de las comunidades aymaras del Sur Andino cada vez es más reducida la participación de los órganos oficiales del Estado (jueces profesionales, jueces de paz no letrados, fiscales, autoridades políticas), dado que los propios mecanismos de resolución de las comunidades se han consolidado, llegando al extremo de “castigar” a los comuneros que desvían su jurisdicción; 4) los sistemas de resolución de conflictos en las comunidades aymaras del Sur Andino son un componente principal en el desarrollo de sus actividades económicas y sociales, lo que lleva a redefinir sus identidades, a consolidar su diversidad cultural y a desafiar el propio marco institucional del Estado. En suma, se trata de demostrar la existencia de un poder judicial comunal aymara en el Sur Andino, a partir de la operación o puesta en funcionamiento de los diferentes sistemas de resolución de conflictos de las comunidades en estudio y del gremio campesino que los identifica.

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METODOLOGÍA Desarrollar los objetivos e hipótesis planteados requirió una metodología empírica. A partir de un primer trabajo de campo realizado en el año 1988 (febrero-junio) y completado en breves períodos de los años 1989, 1990 y 1991, el presente estudio se inició con un corto trabajo de campo en 1992, complementado durante cortas visitas en 1994, 1996, 1998, hasta finalmente ser profundizado con otros cortos trabajos de campo en octubre de 1999 y agosto de 2000. Durante los períodos de trabajo de campo se visitaron y se recopiló información de siete comunidades aymaras ubicadas en el distrito y provincia de Huancané, en el Departamento de Puno: Calahuyo, Titihue, Tiquirini-Totería, Huancho, Villa Quishuarani, Chijichaya y Sustía Munaypa. Además se recopiló información del principal gremio que integra al conjunto de comunidades de Huancané: la Liga Agraria 24 de Junio. Mi primer trabajo de investigación (Peña 1991, 1998) sistematizó la información de una de las comunidades estudiadas (Calahuyo), y el presente trabajo de investigación sistematiza la información de dos comunidades adicionales (Titihue y Tiquirini-Totería) y del gremio campesino que las integra (Liga Agraria 24 de junio), a la vez que actualiza la información de la primera comunidad en estudio (Calahuyo). Para la recolección de información se recurrió principalmente a tres técnicas metodológicas: la observación participante, las entrevistas personales o directas y el análisis de documentos. La observación participante fue posible luego de un proceso de aceptación y reconocimiento de la labor de investigación por parte de las comunidades visitadas. Fue muy grato convivir con los comuneros, particularmente en los domicilios de sus dirigentes y amigos, compartiendo sus actividades diarias en su parcela y con el ganado, así como sus diversas actividades socioculturales en las asambleas comunales, donde se explicitaban los conflictos o problemas que resolverían, y en sus fiestas patronales, donde la algarabía era inevitable. Las entrevistas directas o personales se realizaron sin cesar, de manera formal e informal, en cada una de sus actividades: durante la siembra o cosecha de la parcela, durante la recolección de pasto o llachu para el ganado, en el desayuno, la merienda y la comida, en las reuniones nocturnas de la tienda o su local comunal, en momentos previos y posteriores a la asamblea comunal o a la reunión o audiencia convocada para resolver un conflicto. Como complemento se contó con la riqueza de contenidos de los documentos que celosamente suelen guardar los comuneros aymaras: sus títulos de propiedad, sus documentos de autoridades oficiales remitidas a la comunidad y viceversa, y, particularmente, sus libros de actas. Estos Antonio Alfonso Peña Jumpa. Poder judicial comunal aymara en el Sur Andino Colección En Clave de Sur. 1ª ed. ILSA, Bogotá D.C. Colombia, marzo de 2004

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últimos, escritos en español, son la fuente objetiva que demuestra los resultados del trabajo de investigación4. Para la elaboración del plan o diseño de investigación y para la sistematización de la información recopilada se recurrió a una concepción metodológica interdisciplinaria. Se usó, en gran medida, un análisis antropológico-sociojurídico. Así, se recurrió a la antropología para resaltar, a través de sus técnicas de trabajo de campo, la focalización de los sistemas de resolución y entender el conjunto de relaciones sociales, económicas y culturales de las comunidades y el gremio campesino en estudio. A su vez, se recurrió a la sociología, desde su teoría general, para extender y explicar los sistemas de resolución focalizados, así como las acciones y relaciones puestas en operación por las comunidades y el gremio campesino. Por último se recurrió al derecho, que define “lo jurídico”5, para entender y explicar las reglas, procedimientos y, particularmente, los principios y postulados que guían los comportamientos sobre estos últimos, en cuanto al funcionamiento de los sistemas de resolución de las comunidades y del gremio campesino en estudio. En suma, se podría decir que el propio concepto de poder judicial comunal –objetivo teórico central de este estudio–, segregado en sus tres términos, es la expresión de estas tres disciplinas: “lo comunal” o el tema de las comunidades es mejor comprendido y estudiado desde la antropología; el tema del “poder” es más estudiado y desarrollado desde la sociología, y el tema de “lo judicial”, que identifica sobre todo el mundo del litigio y la justicia, es más estudiado desde el derecho. Las técnicas y la concepción metodológica referidas permiten dividir este trabajo en cuatro partes estructuradas en ocho capítulos. La primera parte, titulada “El concepto de poder judicial comunal y su reconocimiento”, integra los capítulos 1 y 2. El capítulo 1 presenta un mar4

Las comunidades en estudio cuentan con un gran número de libros de actas, que cuidan celosamente desde que se constituyeron o gestaron como comunidad (año 1976, en el caso de Calahuyo; año 1977, Titihue, y años 1975 y 1998, Tiquirini-Totería). En la comunidad de Titihue, la tenencia de libros de actas es especial por cuanto tienen libros para cada uno de sus tres sectores; libros por actividades específicas, como la del teniente forestal (que cuida los pastos comunales) o la del teniente escolar (que vela por el buen desempeño de la escuela), y libros de la directiva central sobre las actividades del conjunto de la organización comunal. Los libros de actas son escritos en castellano o español –muchas veces con un lenguaje y escritura difíciles de entender–, a pesar de que en las asambleas o reuniones su contenido es discutido, debatido o conversado en aymara. Los comuneros no saben escribir en aymara. De otro lado, el cuidado de los libros de actas, como de los demás documentos de cada comunidad, suele apreciarse cuando cambian las autoridades y directiva comunal. En estos actos las autoridades y directiva saliente entregan formalmente el conjunto de documentos a las nuevas autoridades y directiva.

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“Lo jurídico”, en términos sencillos, puede ser definido como aquello que es concebido como “lo justo” por un grupo social o sociedad determinada. “Lo jurídico” formaliza “lo justo”, materializándose para el derecho en aquello que se conoce como “norma jurídica” o “sistema jurídico”.

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co teórico que busca definir el concepto de poder judicial comunal y analiza brevemente cinco elementos conceptuales: la pluralidad de sistemas, el concepto de sistema u orden, las relaciones de poder, el concepto de conflicto y su clasificación, y las relaciones comunitarias. El capítulo 2 da continuidad al marco teórico anterior. Recurre a la teoría del derecho a la identidad cultural para entender el reconocimiento y fundamento del concepto de poder judicial comunal, y presenta un breve marco normativo de tal derecho y del propio concepto de poder judicial comunal para el Perú. La segunda parte, titulada “Contexto del desarrollo del poder judicial comunal aymara”, integra los capítulos 3 y 4. El capítulo 3 trata sobre el contexto empírico básico del Sur Andino, particularmente la provincia de Huancané, en el que se desarrolla el poder judicial comunal aymara. Presenta las comunidades en estudio, resaltando los antecedentes históricos y la organización social, económica y cultural que integra a estas comunidades. El capítulo 4 se ocupa del poder judicial estatal en el contexto de Huancané para explicar la jurisdicción real de sus órganos formales y las causas que habrían llevado a los comuneros aymaras a fortalecer sus propios sistemas de resolución. La tercera parte, que es un componente fundamental de este libro, se titula “El poder judicial comunal aymara” e integra los capítulos 5, 6 y 7. El capítulo 5 desarrolla el primer grupo de sistemas de resolución de conflictos de las comunidades en estudio. Estos sistemas de resolución se ocupan de los conflictos internos de cada comunidad. Dentro de estos sistemas se pueden identificar conflictos típicos, órganos de resolución y procedimientos, acuerdos o decisiones finales y una racionalidad particular para concluir el conflicto. El capítulo 6 estudia el segundo grupo de sistemas de resolución de conflictos de las comunidades en estudio. Este corresponde al que se ocupa de los conflictos intercomunales. El capítulo se desarrolla a partir de la identificación de los conflictos intercomunales específicos. El capítulo 7 se ocupa del tercer grupo de sistemas de resolución de conflictos identificados en las comunidades en estudio. Se trata de los sistemas de resolución de conflictos dirigidos por la organización gremial de las comunidades. Este capítulo distingue tipos de conflictos, órganos, procedimientos, acuerdos o decisiones finales y su ejecución. Por último, la cuarta parte de la investigación, titulada “Interpretación y proyección del poder judicial comunal aymara”, hace una reflexión final e integra todo lo expuesto en los capítulos antecedentes. Se desarrolla en un capítulo único que busca asumir una interpretación y proyección complementaria del concepto de poder judicial comunal aymara. Dicho concepto Antonio Alfonso Peña Jumpa. Poder judicial comunal aymara en el Sur Andino Colección En Clave de Sur. 1ª ed. ILSA, Bogotá D.C. Colombia, marzo de 2004

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se confronta con el de justicia, se identifican sus principales características y se plantean algunos desafíos para su desarrollo. El conjunto de partes y capítulos se desarrollan buscando una unidad que se complemente, con el propósito de sustentar la presencia del poder judicial aymara como el ente o la institución integradora de las causas, los efectos y los propios sistemas de resolución de conflictos de las comunidades y el gremio campesino en estudio. Una limitación de la metodología empleada, particularmente aplicada en la etapa de recolección de información, fue carecer del dominio del idioma aymara. Esta limitación dificultó un diálogo fluido con las mujeres aymaras, quienes en su mayoría son monolingües, así como una mayor comprensión de los debates de las asambleas o las reuniones convocadas para la resolución de un determinado conflicto. Para suplir esta limitación conté con el apoyo de diferentes comuneros intérpretes y con mi aprendizaje inicial del idioma, dados los meses de permanencia en las comunidades; no obstante, la riqueza de los debates o diálogos sobre un tema o un conflicto determinado desbordaba tal apoyo. Frente a esta deficiencia, las numerosas e insistentes entrevistas y la revisión e interpretación de las actas, junto con la explicación de un comunero testigo del contenido de las mismas, fueron elementos supletorios para alcanzar los objetivos.

PERSPECTIVAS ABIERTAS POR LA INVESTIGACIÓN A pesar de la limitación en la metodología empleada, los resultados de la investigación lograron los objetivos buscados y la demostración de la hipótesis planteada. Después de varios años de recopilación de información y de sistematizaciones parciales, he llegado a la convicción teórica y práctica de la presencia de un poder judicial comunal expresado en los diversos sistemas de resolución de conflictos de los aymaras de las comunidades y el gremio en estudio de Huancané. Se puede afirmar que al lado o sobre estos sistemas de resolución –más prácticos, fácticos o empíricos que teóricos– se construye el concepto de poder judicial comunal, que si bien es más teórico y abstracto que empírico, brota de tales sistemas de resolución. Con estos resultados, parciales frente a las diversas experiencias que ofrece la heterogénea realidad andina, se puede encontrar un camino para reflexionar sobre la estructura estatal de Perú y, particularmente, sobre la regulación y recreación del modelo estatal de poder judicial. En el contexto peruano es difícil sostener la validez o eficacia de un único poder judicial y resulta limitativo sustentar un poder judicial profesional o centralizado, así como muy lejano o teórico hablar con prioridad de su autonomía e independencia. Tal debate sobre el poder judicial les resulta ajeno a los quechuas y a los aymaras de los Andes peruanos e incluso sean cuales fueran las políticas o normas que se adoptaran sin su participación sobre dicha instiAntonio Alfonso Peña Jumpa. Poder judicial comunal aymara en el Sur Andino Colección En Clave de Sur. 1ª ed. ILSA, Bogotá D.C. Colombia, marzo de 2004

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tución, ellos continuarían recurriendo a sus sistemas de resolución para afrontar los conflictos. En el mismo sentido, la discusión y promoción desde el Estado de temas como el de la conciliación extrajudicial y otros “mecanismos alternativos de resolución de conflictos”6, considerados como alternativas a la crisis del poder judicial estatal, tienen desde la experiencia judicial comunal aymara una interpretación y enseñanza particulares. La conciliación, al igual que los otros “mecanismos alternativos” como la mediación, negociación o el arbitraje, no vienen a ser sino instrumentos metodológicos de uso histórico por las comunidades en estudio. La experiencia de los aymaras del Sur Andino puede mostrar que el éxito de dichos instrumentos metodológicos no se encuentra en una ley o su reglamento por más específicos o reguladores que éstos sean, sino en la concepción cultural, social o económica de la población. El “honor familiar” o la idea de “ser colectivo” (“progreso” o “desarrollo”, para los comuneros aymaras), por ejemplo, son dos principios de identificación de la persona aymara que orientan y muchas veces fuerzan la efectividad de la conciliación o la mediación para resolver el conflicto. Culturalmente, estos son dos grandes componentes psicológicos que se constituyen en principios o esencia de la viabilidad de estos instrumentos “alternativos”. Lo anterior puede explicar que en contextos sociales donde la competencia, el criterio maximizador o el interés de lucro son principios preponderantes, la aplicación de tales instrumentos o mecanismos resulta limitada o de uso contradictorio. Por último, del estudio se puede deducir la persistencia y proyección de la organización y las relaciones comunitarias o la existencia de la comunidad propiamente al lado de la continua consolidación de sus sistemas de resolución de conflictos. El “desarrollo” o “progreso”, en los términos que los propios comuneros utilizan, sólo es posible si los comuneros continúan desarrollando sus órganos de resolución y los procedimientos que materializan lo que entienden por Justo frente a sus conflictos. Un órgano extraño –como puede ser uno de los sistemas de resolución del poder judicial estatal– que quiera abrogarse la facultad de dictar o declarar lo justo al interior de la comunidad cometería un grave error. La mejor administración de los recursos, así como la mejor forma de organización y convivencia brota del debate, la discusión, el diálogo o el consenso que los propios actores comuneros deciden. Si de ello surge un conflicto, nuevamente el debate, la discusión, el diálogo o el consenso le pondrán fin. Estos criterios, que no son 6

Particularmente la conciliación extrajudicial viene siendo promocionada por el gobierno central desde hace varios años; en 1998 se consiguió aprobar una ley y un reglamento dentro de este propósito (Ley Nº 26872 y su reglamento, D. S. Nº 001-98-JUS). A partir del año 2001 se aprobó que tal conciliación extrajudicial se convirtiera en un requisito obligatorio para muchos tipos de conflictos antes de que estos se presentaran con una demanda al poder judicial.

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sino la expresión de sus sistemas de resolución de conflictos, constituyen en mi opinión la mejor garantía de consolidación y persistencia de la comunidad para el futuro. De otro lado, cabe señalar que esta investigación no es sino una mínima contribución frente a la gran demanda de conocimiento, investigación e interpretación requeridos sobre el tema. Esta investigación es incompleta porque abre puertas a temas o subtemas sobre los que se quiera profundizar, pero los límites de extensión del trabajo y lo inconmensurable de tales temas o subtemas llevan a cerrar parcialmente dichas puertas. Asimismo, la compleja realidad cultural y geográfica de los Andes, como de las otras regiones de Perú, muestran que el estudio sobre tres comunidades y su gremio campesino resultan insignificantes frente a los cientos y miles de comunidades y gremios campesinos que esperan ser conocidos y comprendidos. Sobre ello, estoy seguro que investigadores acuciosos y comprometidos sabrán desentrañar aún más la realidad peruana y latinoamericana. Por esto es necesario declarar que las ventajas y la contribución que salgan de la presente investigación se deben a la obra del conjunto de comuneros aymaras a quienes hemos visto poner en operación sus sistemas de resolución para que puedan ser estudiados y comprendidos. Ellos hicieron posible la investigación y deberían ser sus beneficiarios. Los errores o limitaciones son de exclusiva responsabilidad del autor.

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PRIMERA PARTE

EL CONCEPTO DE PODER JUDICIAL COMUNAL Y SU RECONOCIMIENTO

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través de un enfoque interdisciplinario, el presente marco teórico sirve de preámbulo a los capítulos siguientes. Antes de afirmar la existencia del concepto de poder judicial comunal desde la experiencia, es necesario formular una noción básica que delimite sus componentes y permita comprender e interpretar los hechos del trabajo de campo. En el mismo sentido, para hacer viable ese concepto, es pertinente presentar el ámbito de reconocimiento donde se desenvuelve para encontrar su fundamento político y jurídico. En esta perspectiva, la primera parte del libro se divide en dos capítulos: el primero referido a la conceptualización de lo que llamo poder judicial comunal y el segundo referido al derecho a la identidad cultural y al marco normativo que sustentan el poder judicial comunal. El primer capítulo recurre a diversos autores y diversas teorías para explicar cada uno de los elementos centrales de la aproximación teórica al concepto poder judicial comunal. Sin embargo, cabe destacar que cualquier concepto, desde una perspectiva antropológica y social, resulta inconmensurable. Al relacionar los conceptos de ‘sistema’, ‘sistemas plurales’, ‘poder’, ‘conflicto’ y ‘comunidad’ como componentes del concepto poder judicial comunal resulta difícil citar y establecer una sola corriente de opinión que aclare nuestro concepto. La existencia de numerosas alternativas de interpretación y definición hace inevitable omitir muchas de ellas. En tal sentido, en este primer capítulo busco recurrir a las teorías más sencillas y prácticas que sirvan para explicar mi aproximación teórica, dejando para un trabajo posterior un mayor desarrollo de las mismas. El segundo capítulo trata de seguir el mismo criterio. Como es difícil abarcar el desarrollo de un fundamento antropológico, social o jurídico del concepto poder judicial comunal, recurro a la teoría o doctrina de un derecho muy difundido en los últimos años. Se trata del derecho a la identidad Antonio Alfonso Peña Jumpa. Poder judicial comunal aymara en el Sur Andino Colección En Clave de Sur. 1ª ed. ILSA, Bogotá D.C. Colombia, marzo de 2004

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cultural, que involucra lo antropológico y lo jurídico en términos bastante directos. El derecho a la identidad cultural, como cualquier asunto de derecho, es una abstracción lógica, formalmente simbólica, pero que en la práctica o en su origen tiene una gran cercanía con contextos pluriculturales, como el Perú del que se sustrae el concepto de poder judicial comunal. Es a través de la justificación empírica y teórica de este derecho como explicamos el reconocimiento y la viabilidad del concepto poder judicial comunal. Para ello, en el mismo capítulo, interpreto el concepto de poder judicial comunal dentro del marco normativo del sistema jurídico del Estado peruano.

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CAPÍTULO 1

Aproximación teórica al concepto de “poder judicial comunal”

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n términos sencillos se puede afirmar que el concepto de “poder judi cial comunal” significa la fusión de los conceptos de “poder judicial” y “comunidad”. “Poder judicial” entendido como uno de los clásicos poderes del Estado (sumado al poder legislativo, ejecutivo y en algunos casos al electoral), cuya función es la de resolver los conflictos en una sociedad o grupo social determinado, con autonomía e independencia; en tanto el concepto de “comunidad” se refiere a lo que se podría entender como grupos sociales integrados por relaciones sentimentales (Weber 1974, 33)7, bajo características económicas, sociales, culturales e históricas comunes, cuyos miembros viven regularmente en un espacio territorial definido. La fusión de ambos conceptos lleva a una definición del poder judicial comunal. En términos amplios, y situándolo dentro del contexto peruano, con poder judicial comunal me refiero al conjunto de sistemas de resolución de conflictos que identifican a los comuneros de los Andes y que operan o ejercen su dominio sobre la diversidad de conflictos internos y externos –intercomunales– que involucran a los miembros de sus comunidades. Dicha definición tiene su punto de partida en el contexto comunitario que identifica a las “comunidades campesinas”8 de los Andes peruanos, pero puede extenderse al contexto comunitario de las diferentes “comunidades nativas”9 de la Amazonia peruana, como también a los diferentes contextos 7

8

9

Weber define el concepto de comunidad en los siguientes términos: “llamamos comunidad a una relación social cuando y en la medida en que la actitud en la acción social –en el caso particular– por término medio o en el tipo puro– se inspira en el sentimiento subjetivo (afectivo o tradicional) de los partícipes de constituir un todo” (1974, 33). Con la denominación “comunidad campesina” se reconoce formalmente a las comunidades quechuas o aymaras de los Andes peruanos. Dicha denominación fue creada por disposiciones legales y no necesariamente responde a los orígenes sociales o culturales de esas poblaciones. En el caso de los aymaras, como veremos, una identificación más cercana a su estructura social es el Ayllu (ver capítulo 3). En el mismo sentido de la nota anterior, la denominación “comunidad nativa” responde al reco-

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comunitarios que identifican a las poblaciones étnicas10 o “indígenas”11 que residen en países como Bolivia, Ecuador, Colombia, Argentina, Chile, Paraguay, Venezuela, Brasil, e incluso a las poblaciones étnicas centroamericanas y norteamericanas. En otras palabras, el concepto ‘poder judicial comunal’ quiere poner énfasis en aquellas formas de resolución de conflictos existentes en las poblaciones comunitarias originarias del continente americano. Cabe aclarar que cuando se hace referencia al poder judicial comunal se busca caracterizar un tipo de poder judicial. En particular, el concepto es conveniente para distinguirlo del ‘poder judicial estatal’, que es el que proviene de la estructura del Estado moderno12. El poder judicial estatal es el tipo de poder judicial identificado como el oficial o el legítimo en la función de la administración de justicia o de resolución de conflictos al interior de un Estado determinado. Es por naturaleza una instancia burocrática, compleja y jerárquica, integrada por diferentes juzgados y cortes, a su vez dirigidos por jueces o magistrados, que son profesionales en derecho. Dentro del mismo análisis se podría decir que el concepto de poder judicial comunal aparece como un tipo de poder judicial que identifica a poblaciones comunitarias, como las indicadas, cuya naturaleza no necesariamente es jerárquica ni profesional, y más bien se podría hablar de una instancia o de nocimiento dado formalmente por el Estado a las comunidades asháninkas, shipibas, aguarunas y a las 44 poblaciones adicionales diferentes que residen en la selva o la Amazonia peruana. Como en el caso de los quechuas o aymaras, la organización social y cultural de estas poblaciones responde a categorías diferentes a las usadas normalmente por las autoridades del Estado. 10

Uso el término “étnico” en su sentido general con referencia a grupos humanos que a partir de ciertas actividades, características o símbolos conforman una unidad. Dos características que se pueden destacar de “lo étnico” es el uso de una lengua común y su identificación con un territorio determinado.

11

Con el término “indígena” normalmente la literatura especializada se dirige a los grupos humanos o poblaciones originarias de un determinado lugar. En mi opinión, tal término ha tenido un uso peyorativo, y en todo caso un “sinsentido” de su significado porque podría involucrar no solamente a los quechuas o asháninkas sino también a los vascos, los galeses, los irlandeses, los germanos y el conjunto de grupos humanos que, aprovechando su predominio en determinados espacios sociales, construyeron un Estado. Rodolfo Stavenhaven (1988), refiriéndose a la complejidad de la definición y al uso del término “población indígena”, sostiene que cada país lo ha planteado a su manera, llegando a soluciones que abarcan una amplia gama de criterios: “desde factores exclusivamente, o casi exclusivamente, raciales, hasta consideraciones en que predominan criterios socioculturales (…); así encontramos entre otras (denominaciones): ‘población indígena’, ‘aborígenes’, ‘nativos’, ‘selvícolas’, ‘minorías étnicas’, ‘minorías nacionales’, ‘poblaciones tribales’, ‘poblaciones semitribales’, ‘minorías lingüísticas’, ‘minorías religiosas’, ‘indios’, o simplemente ‘tribus’, ‘tribus semibárbaras’, ‘poblaciones no civilizadas’, ‘poblaciones no integradas a la civilización’, ‘pueblos indígenas’, ‘autóctonos’, ‘poblaciones autóctonas’, etc…” (1988, 135).

12

Entiendo por “Estado moderno” aquel que se construyó entre los siglos XV y XVIII en Europa Occidental y que tiene como principal característica la soberanía de un territorio, la primacía de autoridades nacionales, así como la presencia de un gobierno y un derecho nacional. En la historia de este modelo o fenómeno de Estado es donde se configuró la clásica división de poderes antes referida.

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instancias de fácil acceso para los miembros de la comunidad o comunidades con las que se identifica.

ELEMENTOS PRINCIPALES DEL CONCEPTO PODER JUDICIAL COMUNAL La definición desarrollada lleva a destacar por lo menos cinco elementos del concepto poder judicial comunal. En primer lugar, se trata de aclarar que dicho concepto consiste en un conjunto de sistemas y no en uno. En segundo lugar, cuando me refiero al concepto de ‘sistema’ busco resaltar particularmente la presencia de una organización y un orden. En tercer lugar, la puesta en funcionamiento de estos sistemas de resolución se ve seguida o encauzada por relaciones de poder. En cuarto lugar, el ámbito del ejercicio de tales sistemas comprende diversos tipos de conflictos que involucran a los miembros de la comunidad o comunidades con las que opera; y en quinto lugar, detrás de todos los elementos que se mencionan se hace necesario aclarar el concepto teórico de comunidad o relaciones comunitarias que compone la referencia de lo comunal en mi definición.

MÁS QUE EN UN SISTEMA CONSISTE EN UN CONJUNTO DE SISTEMAS El concepto de poder judicial comunal, al igual que el concepto de poder judicial del Estado, más que un sistema involucra un conjunto de sistemas de resolución de conflictos. En el caso del poder judicial estatal, tal conjunto de sistemas se encuentra en la presencia de distintos juzgados, tribunales o cortes –superiores y supremas–, que a su vez se encuentran fraccionados de acuerdo con las distintas materias que les son asignadas (civil, penal, constitucional, laboral, administrativo) y de acuerdo con los distintos distritos jurisdicciones o regiones donde se encuentran territorialmente ubicados. No es lo mismo un juzgado de primera instancia, que una corte o un tribunal que actúa como segunda instancia, como tampoco es lo mismo un juzgado de primera instancia en lo civil que un juzgado de primera instancia en lo penal, y asimismo se podría decir que las diferencias se multiplican cuando comparamos un juzgado de primera instancia en lo civil de una enorme ciudad, como puede ser el Distrito Judicial de Lima, frente a un juzgado de primera instancia en lo civil de una ciudad de los Andes, como el Distrito Judicial de Puno o de una ciudad de la Amazonia, como el Distrito Judicial de Iquitos. En estos últimos ejemplos, si bien el derecho racionalformal13 aplicable en materia civil (por ejemplo la aplicación del Código Ci13

El derecho “racional-formal” se refiere al “derecho moderno” que tiene una particular forma de

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vil) resulta ser el mismo, el contexto geográfico cultural lleva a desarrollar otras formas de interpretación y aplicación que lo hacen diferente. En el mismo sentido, el concepto de poder judicial comunal se puede ver estructurado en diversos sistemas de resolución (“juzgados” o “tribunales”), calificados de acuerdo con diferentes materias (familiar y comunal, por ejemplo) y cuya operación variará de acuerdo con el contexto geográfico cultural donde se encuentre ubicado. En un trabajo anterior (Peña 1998) expliqué cómo, de acuerdo con una comunidad aymara, se estructuran estos sistemas de resolución, distinguiendo: -

Tipos de conflictos: identificados bajo la forma de “lo familiar” y “lo comunal”.

-

Órganos de resolución familiar y órganos de resolución comunal.

-

Procedimientos de resolución: particularmente de tipo conciliador desde los órganos familiares y de tipo sancionador desde los órganos comunales.

-

Acuerdos o decisiones finales: expresados bajo la forma de “arreglos” y “sanciones”.

-

Participación de las partes: dentro del propósito de extinguir el conflicto.

Como puede apreciarse, dicha estructura se compone de al menos dos pilares fundamentales: lo familiar y lo comunal. A partir de la misma se configuran órganos, procedimientos y acuerdos o decisiones finales. El hecho de que se establezcan diferencias dentro de esta estructura, hace que se pueda distinguir más de un sistema en su actuación. Por ejemplo, no será lo mismo la actuación de los órganos familiares en relación con los conflictos comunales, como tampoco lo serían los órganos comunales respecto a los conflictos familiares. Los órganos familiares encuentran su límite en la actuación “privada” de los conflictos familiares, en tanto los órganos comunales hacen lo propio dentro del ámbito de lo “público” o lo creación y aplicación, basada en la seguridad de la norma preestablecida identificada por Max Weber (1974, 511). En términos precisos, Weber resalta los siguientes aspectos de dicho modelo de derecho: “...la creación y la aplicación del derecho pueden también ser racionales, en sentido formal o en sentido material. Todo derecho formal es, cuando menos, relativamente racional. Un derecho es ‘formal’ cuando lo jurídico material y lo jurídico procesal no tienen en cuenta más que características generales, ‘unívocas’, de los hechos. Este formalismo ofrece dos aspectos. Puede suceder, en primer lugar, que las características jurídicamente relevantes sean de orden sensible. La sujeción a estas características externas representa el caso extremo de formalismo jurídico. Por ejemplo, cuando se exige que una determinada palabra sea pronunciada, que se estampe una firma, o que se ejecute una acción cuyo significado simbólico ha sido establecido definitivamente de antemano. Puede ocurrir también que las características jurídicamente relevantes hayan sido obtenidas por medio de una interpretación lógica, para construir con ellas una serie de conceptos jurídicos claramente definidos a fin de aplicarlos en forma de reglas rigurosamente abstractas. El rigor del formalismo de orden externo resulta atemperado por esta racionalidad formal, pues desaparece el aspecto unívoco de las características externas….” (1974, 511, la cursiva es mía).

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colectivo de los conflictos comunales. A su vez se puede entender que la actuación de un determinado órgano familiar u órgano comunal sea diferente de acuerdo con el contexto geográfico cultural en el que actúe. Por ejemplo, no será lo mismo actuar en una comunidad de la zona lago donde el conjunto de familias identifican su vida con los recursos del lago y su cercanía, que actuar en una comunidad de la zona alta o puna donde el conjunto de familias se identifican regularmente con una ecología basada en los pastos naturales y en el ganado lanar. Ello puede mostrar la existencia de un conjunto de sistemas de resolución de conflictos dentro de la inicial imagen del concepto de poder judicial comunal que esbozo.

Teoría metodológica del pluralismo jurídico La pluralidad de tales sistemas de resolución de conflictos tiene su sustento en la teoría del pluralismo jurídico14. Esta teoría, que en mi opinión puede entenderse más como un teorema metodológico15, es la que más ha aportado en la comprensión de los diversos sistemas jurídicos al interior de los Estados16. George Gurvitch (1932)17, al lado de otros autores como Ehrlich (1936), sustentaba en la década del treinta la existencia de tal pluralismo jurídico, oponiendo la existencia de sistemas jurídicos no estatales frente al derecho estatalista. Leopold Pospisil (1971), en la década del sesenta, retoma en forma sistemática el cuestionamiento del sistema legal estatal, sustentando la existencia de grupos paralelos al Estado que funcionan como pequeñas sociedades o pequeños Estados, pero sin reconocimiento del Estado (1971, 99). Dicha concepción, sin embargo, será profundizada en la década del ochenta, a través del aporte teórico de John Griffiths, Sally Falk Moore, Laura Nader, Boaventura de Sousa Santos y Masaji Chiba, entre otros. Así, por ejemplo, John Griffiths (1986), luego de sistematizar un grupo de definiciones de destacados autores de diferentes disciplinas, define el pluralismo jurídico como la presencia en un campo social de más de un ordenamiento jurídico. Dentro del mismo criterio, Griffiths resalta la existencia del pluralismo jurídico como producto del pluralismo existente en la sociedad o pluralismo social: 14

15 16

17

No es mi propósito desarrollar la teoría del pluralismo jurídico. Sin embargo, por la naturaleza del presente trabajo, creo necesario esbozar genéricamente dicha teoría. Una explicación más amplia de esta apreciación puede consultarse en Peña (2001b). El antecedente de esta teoría puede encontrarse en el desarrollo de lo que se ha definido como antropología política, abstraída de la antropología social, según hace notar Georges Balandier (1969). A su vez, los antecedentes de investigaciones de esa perspectiva vinculados a los temas de nuestra investigación pueden encontrarse en las obras de Maine (1861), Malinowski ([1926] 1982) y Gluckman (1967, 1978), entre otros. La obra citada de George Gurvitch corresponde a Sociología del derecho, que en su versión francesa fue editada en 1932. La referencia de esta primera edición la tomamos de Renato Treves (1988).

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El pluralismo jurídico es concomitante al pluralismo social: la organización jurídica de la sociedad es congruente con su organización social. El “pluralismo jurídico” se refiere a la heterogeneidad normativa derivada del hecho de que la acción social siempre tiene lugar en un contexto de múltiples y superpuestos “campos sociales semiautónomos”, el cual, puede añadirse, es en la práctica una condición dinámica. (1986, 37)

En su definición, Griffiths combina las concepciones de juristas que implícitamente trataron el tema (Hooker, Gillisen y Vanderlinden) y de juristas antropólogos que se han ocupado directamente de su definición (Pospisil, Smith, Ehrlich y Moore). De estos últimos recoge la teoría de los “niveles jurídicos” (Pospisil), la teoría de las “corporaciones” (Smith), la teoría del “derecho vivo” (Ehrlich) y la teoría del “campo social semiautónomo” (Moore)18. Sally Engle Merry, en un trabajo posterior (1988) integra la definición del propio Griffiths con la de otros autores, llegando a distinguir entre dos tipos de pluralismo jurídico: el tradicional pluralismo jurídico y el nuevo pluralismo jurídico. El primero se refiere a la pluralidad de sistemas jurídicos presentes en sociedades o países poscoloniales, mientras el segundo se refiere a la pluralidad de sistemas jurídicos existentes en las sociedades o los países industrializados. Boaventura de Sousa Santos, en un trabajo reciente (1996, 1998), suma un tercer tipo de pluralismo jurídico: el pluralismo jurídico transnacional. Santos afirma que el pluralismo jurídico transnacional corresponde a un tercer período que se distingue de los precedentes en el sentido de que el debate ya no gira en torno a los ordenamientos jurídicos locales, infraestatales, que coexistían en un mismo espacio y tiempo nacionales, sino que “se refiere a los ordenamientos jurídicos supraestatales, trasnacionales, que coexisten en el sistema mundial, tanto con el Estado como con los ordenamientos jurídicos infraestatales” (1998, 27-28). Masaji Chiba (1987), dentro de una perspectiva menos “occidental”19, presenta el tema del pluralismo jurídico a través de la presencia de diferentes tipos de derechos y de una relación dicotómica de los mismos. Distingue entre “derecho oficial”, “derecho no oficial”, “derecho indígena” y “derecho transplantado”, confrontados en tres tipos de dicotomías: 1. La dicotomía entre el “derecho oficial” y el “derecho no oficial”: Se refiere a que el sistema legal del Estado es complementado, modificado o contrapuesto por sistemas legales no estatales que brotan de consensos generales de la población. 18

Ver al respecto Griffiths (1986, 37 y ss.).

19

Con “occidental” me refiero al aporte cultural e ideológico desarrollado históricamente por los diferentes países de Europa Occidental y continuado posteriormente por Estados Unidos. Particularmente destaco la historia del “dominio de la razón” iniciada en Europa en la segunda mitad del siglo XV, conforme lo explica Jean Duche (1964a y b).

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2. La dicotomía entre la norma formal y los postulados legales: Se refiere a que la norma legal que designa una forma especial o patrón de conducta es orientado, complementado, criticado o revisado por los valores o ideales del derecho específico en el que se encuentra la indicada norma legal. 3. La dicotomía entre el “derecho indígena” y el derecho “transplantado”: Se refiere a que el derecho creado por la cultura originaria de un pueblo es orientado, complementado, criticado, revisado o contrapuesto por el derecho “transplantado” de un pueblo de cultura foránea. Particularmente la dicotomía se refiere a la contraposición de un derecho de un país no occidental que es alterado por la “importación” del derecho de países occidentales (europeos particularmente)20. A través de las dicotomías indicadas, el autor presenta y complica la teoría del pluralismo jurídico. No es que se trate simplemente de sistemas jurídicos diferentes al interior de un Estado o fuera de él, sino que a su vez interactúan dinámicamente con el referente del “derecho oficial”, de la norma formal o del “derecho transplantado”. Hay una oposición, complementación, crítica o revisión desde un “derecho no oficial”, desde los postulados legales y desde el propio “derecho indígena”. Volviendo al análisis del poder judicial comunal como un conjunto de sistemas de resolución, se puede afirmar que dicho concepto se inserta dentro del contexto estatal de un país o sociedad como la expresión de un “clásico pluralismo jurídico” o como la dicotomía de un “derecho no oficial” o “derecho indígena” frente al “derecho oficial” o “derecho transplantado” de dicho país o sociedad. Sin embargo, al interior del mismo concepto de poder judicial comunal, entendido como un hecho social operativo o en funcionamiento, también se puede encontrar expresado un tipo de pluralismo jurídico. Este se refiere a un pluralismo jurídico particular o local que opera bajo la presencia de los diferentes órganos de resolución que, a su vez, distingue tipos de conflictos y procedimientos de resolución, así como la presencia de distintos acuerdos o decisiones finales sobre el indicado conflicto. En tal pluralismo jurídico se podría encontrar la dicotomía de lo familiar y lo comunal como sistemas contrapuestos que se complementan, se oponen, se recrean, se revisan desde cada uno de sus intereses, como se explicará más adelante. La teoría del pluralismo jurídico hasta aquí esbozada ha tenido su aceptación y reproducción en investigaciones realizadas en el Perú. Trabajos como los de Francisco Ballón (1980), Desco (1977), Price e Iturregui (1982), Jürgen Brandt (1986), Pierre Foy (1987), Price y Revilla (1992), Abel Ambía (1989), Armando Guevara (1993), Wilfredo Ardito (1991), Ana María Tamayo 20

Traducción propia. En el texto del autor (Chiba, 1987) se pueden consultar las pp. 6-9.

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(1992), Patricia Urteaga (1993), Raquel Yrigoyen (1993), Sisi Villavicencio (1995), Oswaldo Torres (1995), Eduardo Castillo (1997) y Peña (1991, 1998), entre otros, han coincidido en mostrar la existencia de más de un sistema jurídico dentro del Estado peruano. El conjunto de dichos trabajos ha tenido como referencia el estudio de diferentes poblaciones étnicas o comunitarias de la Amazonia, los Andes y pueblos urbano-marginales en las grandes ciudades.

LOS “SISTEMAS DE RESOLUCIÓN” RESALTAN LA PRESENCIA DE UNA ORGANIZACIÓN Y UN ORDEN En términos sencillos se puede afirmar que “sistema” significa “organización”, y éste significa “orden”. En suma, al hablar de “sistemas de resolución” se hace referencia a la presencia de un orden orientado a resolver o solucionar algo. A su vez, el concepto de “orden” lleva implícita la referencia a normas o principios y procedimientos o ritos que lo integran. De acuerdo con la construcción teórica moderna, es normal negarse a concebir un orden sin normas o principios que regulen o guíen la conducta de los miembros de un grupo social determinado, como tampoco puede negarse la concepción de un orden bajo un conjunto de procedimientos o ritos que configuran etapas, condiciones y requisitos de un acto determinado en el mismo grupo social. El orden se compone de normas, principios y procedimientos que orientan la conducta de los miembros de un grupo social determinado a través de escalas, etapas, ubicaciones jerárquicas, requisitos, etcétera.

Teoría del sistema bajo Weber y Kelsen Max Weber ([1922] 1974) y Hans Kelsen ([1934] 1974) son dos importantes exponentes de la idea de sistema como organización y orden dentro del desarrollo de la sociedad y el derecho “moderno” europeos. Weber distingue entre un orden jurídico (u organización jurídica) y un orden económico-social (u organización económico-social) (1974, 251). El orden jurídico es aquel sistema lógico sin contradicción compuesto por preceptos singulares (normas) de todas las clases que tienen una indiscutible validez empírica en la apreciación de un recto sentido de un círculo determinado de hombres. El orden económico-social, de otro lado, se refiere “a la distribución del poder de disposición efectiva sobre bienes y servicios económicos que se produce consensualmente según el modo de equilibrio de los intereses, y a la manera como esos bienes y servicios se emplean según el sentido de ese poder fáctico de disposición que descansa sobre el consenso” (1974, 251). Si bien ambos órdenes yacen en planos distintos, Weber también hace notar que se encuentran “mutuamente en la más íntima relación” (1974, 252). De un lado, el hecho de que los seres humanos se comporten de un Antonio Alfonso Peña Jumpa. Poder judicial comunal aymara en el Sur Andino Colección En Clave de Sur. 1ª ed. ILSA, Bogotá D.C. Colombia, marzo de 2004

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determinado modo porque consideran que así está prescrito por las normas jurídicas expresa, en forma empírica o real –social y económicamente–, la validez del indicado orden jurídico (1974, 252); de otro lado, al convertir los intereses o las posibilidades calculables de los individuos por “pacto” u “otorgamiento” en normas jurídicas es porque expresan en un sentido lógico y coherente –muy jurídico– el orden económico y social (1974, 254). Como se puede apreciar, de acuerdo con Weber, el concepto de orden u órdenes tiene en sí una división que integra las relaciones y las organizaciones económico-sociales y las relaciones y organización jurídicas o, en palabras de Weber, tiene en sí la referencia de un orden económico-social y un orden jurídico como dos aspectos diferentes y complementarios a la vez. En esta complementariedad es donde ingresan los componentes de normas, principios y procedimientos. Desde un punto de vista más cercano al derecho y dentro de una posición más abstracta y jerárquica, Hans Kelsen (1934, 1974, 1983)21 resalta la presencia de las normas y los procedimientos dentro de la construcción de un sistema u orden jurídico. Cabe indicar que si bien este autor no destaca expresamente los principios jurídicos que guían dichas normas y procedimientos, estos de encuentran implícitos, de acuerdo con el argumento dicotómico de Masaji Chiba (1987) sobre normas-postulados, mencionados al tratar el tema de pluralismo jurídico. Así, relacionando los componentes de normas y procedimientos dentro del concepto de orden jurídico y explicando su fundamento, Kelsen sostiene lo siguiente: Dado que el orden jurídico es un sistema de normas, se plantea de entrada una pregunta: ¿Qué es lo que constituye la unidad de una pluralidad de normas jurídicas? ¿Por qué una norma pertenece a un orden jurídico determinado? Una pluralidad de normas constituye una unidad, un sistema o un orden cuando su validez reposa, en último análisis, sobre una norma única. Esta norma fundamental es la fuente común de validez de todas las normas pertenecientes a un mismo orden y constituye su unidad. Una norma pertenece, pues, a un orden determinado únicamente cuando existe la posibilidad de hacer depender su validez de la norma fundamental que se encuentra en la base de este orden. (1974, 135)22 21

22

Cito la teoría de Hans Kelsen porque es un importante exponente de la idea de sistema y orden para la sociedad contemporánea. Con base en su teoría, que coincide en gran medida con la construida por Weber, se han elaborado las constituciones políticas de los países de la familia o tradición jurídica del derecho civil originaria de Europa continental y a la que adhieren el conjunto de países latinoamericanos. Esto explica por qué es tan conocido y valorado Hans Kelsen en las facultades de derecho del Perú y de otros países latinoamericanos. Para una mayor apreciación del concepto de familia o tradición jurídica civil y entender la influencia de la teoría de Kelsen en los países latinoamericanos pueden consultarse a John Merryman (1971, 1989) y a René David (1973). La cita corresponde a la primera edición del clásico libro Teoría pura del derecho (1974), cuya

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En otras palabras, Kelsen destaca, dentro de la apreciación lógica de lo que significa sistema u orden jurídico, la existencia de unidad con base en una norma única o norma fundamental. No puede haber unidad, sistema u orden si no existe esta norma fundamental que se encuentra, según el autor, en la base de todo sistema o, invirtiendo tal apreciación, en la cúspide de toda la estructura jerárquica normativa. Pero, ¿qué es una norma fundamental? Siguiendo a Kelsen, nos encontramos con que tal norma fundamental simplemente es una hipótesis básica en donde se “indica cómo se crea un orden al cual corresponde, en cierta medida, la conducta afectiva de los individuos a quienes rige” (1974, 141). El autor resalta la frase “en cierta medida” en tanto considera que no es necesario que haya una concordancia completa y sin excepción entre un orden normativo y los hechos a los que se aplica (1974, 141). En términos sencillos se puede interpretar la existencia de esta hipótesis básica en la constitución política elaborada por los representantes de una sociedad determinada. La norma fundamental es la que hace posible la construcción del sistema u orden jurídico a partir de normas de menor jerarquía y procedimientos. Como se desprende de la cita, una norma es parte de un orden determinado solo cuando su validez (creación y eficacia) ha dependido de la norma fundamental. El procedimiento previamente fijado en la norma fundamental hace posible la validez de cualquier norma posterior e inferior. Tal concepción ciertamente considera que paralelamente al sistema u orden jurídico se encuentra el orden económico-social mencionado por Weber, donde será posible encontrar los contenidos (principios) de las normas que se mencionan. Sin embargo, con Kelsen, este orden de los contenidos o de los hechos (en el que intervienen datos políticos, psicológicos, sociológicos, económicos, antropológicos, etc.) es desbordado por su paralelo normativo o simbólico. A pesar de que la norma y su procedimiento de confección pueden tener en su origen el orden social, económico, político, psicológico o antropológico, e incluso así se produzcan –desde los contenidos de este orden– reales alternativas de solución a sus conflictos, tal orden deja de ser importante una vez que se encuentre recogido en patrones abstractos y lógicos. Bajo las citadas perspectivas de Weber y Kelsen, es posible entender el sentido de un orden o una organización dentro de la concepción de los sistemas de resolución de conflictos del Estado y la sociedad “moderna”23 primera edición en alemán data de 1934. Cabe señalar que en la segunda edición del libro se mantiene el contenido citado aunque con otro lenguaje debido al origen de su traducción (1983). 23

Al hablar de sociedad “moderna” me refiero al modelo de sociedad que se construye en los países europeos en forma previa y paralela al Estado moderno, desde el siglo XV de nuestra era,

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que regula. Hay un orden, organización o sistema jurídico compuesto por normas, procedimientos y principios que, si bien teóricamente parte de su efectiva validez del orden económico-social como diría Weber, en la práctica se libera de dicho orden fáctico haciéndose más dependiente de los procedimientos de una norma fundamental (la constitución política de un país), como lo afirmaría Kelsen, consiguiendo dirigir bajo esta forma la conducta de cientos de miles o millones de ciudadanos aparentemente identificados con dicho orden. El poder judicial del Estado y el conjunto de sus sistemas de resolución no vienen a ser sino parte del mismo razonamiento. Cada sistema de resolución puede distinguir teóricamente entre un orden económico-social o un orden fáctico y el orden de las normas jurídicas (siguiendo a Weber), pero en la práctica lo que importa es el procedimiento que brota de las normas jurídicas o de la norma fundamental (siguiendo a Kelsen). En otras sociedades, como las comunidades andinas, también hay la referencia de sistema u orden, pero estos no necesariamente siguen la construcción teórica de Max Weber y de Hans Kelsen. En dichas sociedades, al organizarse en pequeños grupos, fragmentados, es posible que permanentemente se tenga como referencia un orden económico-social y jurídico a la vez, sin que exista la necesidad de distinguirlos ni complementarlos. La construcción abstracta y lógica de un orden jurídico no necesariamente existe, como tampoco necesariamente existe la construcción específica de un orden económico y social. Ambos pueden coexistir unidos o separados, sin embargo lo que interesa al grupo o comunidad es que la conducta de quien comete una infracción, por ejemplo, sea analizada en su integridad: teniendo en cuenta sus contenidos o valores y la forma o patrón que identifica su propio sistema de resolución. En otras palabras, una sociedad organizada bajo pequeños grupos o fragmentos no prioriza en sí la norma o el procedimiento derivado de una “norma fundamental”, sino la que adquiere mayor significación con el surgimiento del hombre del Renacimiento, la concentración de poblaciones en grandes ciudades y su posterior extensión a las principales ciudades del resto del mundo. Jean Duche (1964a y b) refiere tal surgimiento en los siguientes términos: “Siglos XIV-XV: El impulso del Occidente cristiano se derrumba en medio de las hambres, la peste negra, las guerras, el espíritu de lucro y las revueltas populares, mientras que de ello resultan dos fuerzas nuevas: las naciones y las burguesías. En Europa central, las ciudades mercantiles miran hacia el oeste, y el feudalismo lleva sus conquistas hacia el este. Los mongoles dominan Rusia, Bizancio se debilita. Los turcos otomanos, detenidos un momento por el sangriento intermedio de Temerlán, extienden metódicamente su imperio por el Oriente Medio. La China de los Ming se adormece en la tradición. En la desconocida América, los aztecas y los incas alcanzan el apogeo de su civilización en el momento mismo en que se prepara la irrupción europea. ”En Occidente, en la segunda mitad del siglo XV, la penosa gestación de un siglo y medio da por fin sus frutos políticos, técnicos, humanistas: se construyen monarquías absolutas, el hombre del Renacimiento reivindica una libertad no menos absoluta, pero son unos cristianos de la Edad Media, portugueses y españoles, los que van a abrir la tierra a los hombres. Occidente, ayer poseído por Dios, poseerá el mundo” (1964a).

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resolución del conflicto en su origen, a partir de sus contenidos sentimentales y prácticos. De ello puede comprenderse, como se mencionó anteriormente, que la presencia de un orden, organización o sistema al interior de sociedades comunitarias no suponga necesariamente jerarquía. Ésta es propia del modelo de sociedad estructurada o corporativa, como ocurre con las sociedades modernas, cuyo derecho aparece esbozado por la teoría antes citada de Max Weber y Hans Kelsen. Puede haber otras sociedades donde su organización no tenga como base una jerarquía sino otros aspectos como el ciclo agrícola o un ciclo ecológico, como en el caso de los pueblos de Nueva Guinea descritos por Roy Rappaport (1987). Para el caso de los aymaras del Sur Andino, en particular, es importante tener en cuenta esta segunda situación.

LA PUESTA EN OPERACIÓN DE LOS SISTEMAS DE RESOLUCIÓN SIMBOLIZAN RELACIONES DE PODER Los sistemas, organizaciones u órdenes jurídicos o socio-económicos antes descritos se ponen en operación a través de relaciones de poder. En tal sentido, cuando el sistema, organización u orden interviene como mecanismo de resolución de conflictos está promoviendo, encauzando o materializando complejas redes o relaciones de poder de las personas que participan de tal sistema. A continuación desarrollo el concepto de poder y sus relaciones entre los miembros de una sociedad o sistema, teniendo en cuenta dos perspectivas. Por un lado, una perspectiva que analiza el poder desde una comparación y explicación de la legitimidad, la dominación y el sometimiento de las partes o los actores interventores. Por otro lado, una perspectiva que analiza el poder desde su comparación y explicación con los márgenes de libertad, intercambio o negociación de las mismas partes o actores interventores. El desarrollo de la primera perspectiva sigue a Michel Foucault (1980, 19761996) y complementariamente a Max Weber (1974), en tanto el desarrollo de la segunda perspectiva sigue a Niklas Luhmann ([1975] 1995) y a Michel Crozier y Erhard Friedberg ([1977] 1990)24.

El poder como “dominación” Michel Foucault (1980), citado por Boaventura de Sousa Santos (1991), distingue dos formas de poder que pueden aproximar al desarrollo del subtítu24

Los autores citados parten de distintas perspectivas o corrientes de opinión y, ciertamente, desde éstas tienen sus particulares puntos de vista. Para fines de esta investigación he recurrido a una bibliografía específica de dichos autores, tratando de integrar su contenido, y con ello poder comprender mejor el trabajo empírico de las páginas siguientes.

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lo propuesto. Las dos formas de poder son el poder jurídico (o estatal)25 y el poder disciplinario. Santos lo resume en los siguientes términos: el poder jurídico (o estatal) se basa sobre la teoría de la soberanía; es poder como un derecho poseído o intercambiado; un poder suma cero; está organizado centralmente y ejercido de arriba hacia abajo; distingue entre el ejercicio de poder legítimo e ilegítimo; se aplica a destinatarios autónomos preconstituidos; se basa sobre el discurso del derecho, la obediencia y la norma (...) (...) En contraste, el poder disciplinario no tiene centro; se ejerce a lo largo de la sociedad; es fragmentado y capilar; se ejerce desde abajo hacia arriba constituyendo sus propios blancos como vehículos de su ejercicio; se basa en el discurso científico de la normalización y la estandarización producidas por las ciencias humanas (...). (1991, 203)

Ambas formas de poder consistirían, en otros términos, en un poder formal26 que somete jerárquicamente, a través de las normas y los procedimientos, a la sociedad (poder jurídico) y en un poder material que igualmente somete, aunque esta vez horizontalmente, a partir del acto social mínimo de las relaciones humanas, a la misma sociedad. Estas dos formas de poder, sin ser las mismas, guardan una cierta coincidencia con los conceptos de poder, dominación y disciplina otorgados por el mismo Weber (1974)27. Michel Foucault reflexiona sobre la clasificación presentada y explica que el poder también atraviesa por mutaciones tecnológicas (1996, 58 y ss.). Así, sostiene que al lado de la invención de la máquina de vapor y otras, desde el siglo XVII y XVIII, se han venido desarrollando también 25

El paréntesis corresponde a la interpretación de Santos (1991). El concepto de Estado es asumido en términos ideales haciéndolo coincidir con lo jurídico. En la práctica, los actores del Estado suelen manipular y tergiversar los actos de gobierno y con ello lo jurídico, distanciando tal semejanza teórica.

26

Siguiendo la nota de pie anterior, la referencia de “poder formal” se refiere al uso ideal de lo jurídico y de las relaciones del Estado. En la práctica, el poder del Estado resulta ser manipulado negativamente contra una población a través de la formalidad.

27

Weber define “poder” en los siguientes términos: “... poder significa la probabilidad de imponer la propia voluntad, dentro de una relación social, aun contra toda resistencia y cualquiera que sea el fundamento de esa probabilidad” (1974, 43). Esta definición es genérica e involucra la definición de poder jurídico y poder disciplinario de Foucault, pero al mismo tiempo se confunde con el concepto de violencia cuando se indica “cualquiera que sea el fundamento de esa probabilidad”. De otro lado, los conceptos de “dominación” y “disciplina” son definidos por Weber en los siguientes términos: “(...) Por dominación debe entenderse la probabilidad de encontrar obediencia a un mandato determinado contenido entre personas dadas; (...) por disciplina debe entenderse la probabilidad de encontrar obediencia para un mandato por parte de un conjunto de personas que, en virtud de actitudes arraigadas, sea pronta, simple y automática” (1974, 43). Más adelante, el mismo autor distingue tres tipos de dominación en términos legítimos: dominación de carácter racional (o legal), de carácter tradicional y de carácter carismático (1974, 172). Puede notarse que el concepto de dominación de Weber guarda semejanza con el “poder jurídico” de Foucault. En el mismo sentido hay coincidencia entre sus conceptos de disciplina.

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invenciones tecnológicas en la política (1996, 58). De esta forma destaca la disciplina y la regulación de la población como estas nuevas tecnologías. Sobre el concepto de disciplina agrega: “(...) la Disciplina es, en el fondo, el mecanismo de poder por el cual alcanzamos a controlar en el cuerpo social hasta los elementos más tenues por los cuales llegamos a tocar los propios átomos sociales, eso es, los individuos (...)” (1996, 59). El autor denomina esto como tecnología individualizante del poder o anatomía política y encuentra los mejores ejemplos en la disciplina del ejército y en la disciplina en la educación (1996, 59-60). Sobre la regulación de la población, Foucault agrega: (...). el siglo XVIII descubrió esa cosa capital: que el poder no se ejerce simplemente sobre los individuos entendidos como sujetos –súbitos–, lo que era la tesis fundamental de la monarquía, según la cual por un lado está el soberano y por otro los súbditos. Se descubre que aquello sobre lo que se ejerce el poder es la población. ¿Qué quiere decir la población? No quiere decir simplemente un grupo humano numeroso, quiere decir un grupo de seres vivos que son atravesados, comandados, regidos por procesos de leyes biológicas (...). (1996, 61)

El autor denominará biopolítica a esta mutación del poder y los ejemplos que cita son numerosos: con dicho poder aparecen problemas como el del hábitat, el de las condiciones de vida en una ciudad, el de la higiene pública o la modificación de las relaciones entre la natalidad y la mortalidad (1996, 62)28. Se puede encontrar la clasificación del poder presentada en el ejercicio de los sistemas, órdenes u organizaciones de resolución. De un lado, el poder jurídico está presente cuando el representante del sistema, orden u organización somete con su decisión a las personas o grupos de personas (colectivos) en conflicto. De otro lado, el poder disciplinario está presente cuando al interior o desde el mismo sistema, orden u organización de resolución, la decisión dada contra una determinada persona o grupo de personas influye en sus familiares, vecinos y el conjunto de la sociedad que tiene conocimiento de dicha decisión. Todos coincidirán en evitar incurrir en el 28

En forma complementaria a las dos formas de mutación citadas, Foucault sumará luego una tercera y “nueva técnica política del poder”: el sexo. Esta técnica es identificada entre las dos mutaciones anteriores (entre la anatomía política y la biopolítica) y consiste en la idealización simbólica de la vida y el cuerpo como objetos de poder (1996, 62-63). De otro lado, para complementar la definición de poder presentada desde el punto de vista de la “dominación” de parte de Foucault y Weber, cabe citar a Georges Balandier (1988), quien agrega el contenido simbólico del mismo concepto. Partiendo de la antropología africana, Balandier sostiene: “La primera consecuencia que imponen las descripciones y las interpretaciones africanistas es el reconocimiento de la proliferación simbólica inherente a todo poder. Este no puede ejercerse sobre las personas y las cosas si no recurre, además de la obligación legitimada, a los medios simbólicos y al imaginario. El acceso al poder político es, a la vez, acceso a imágenes. Los emblemas del poder (las regalías) dan materialidad a estos últimos y su apropiación basta a veces para conferir la legitimidad a quien quiera que los detente (...)” (1988, 92).

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mismo “error” o se les aplica la misma medida. Pero más allá de este temor, lo que identifica el poder disciplinario es que tácitamente la población está convencida de aplicar ciertas medidas a todo aquel que no respete las reglas o normas establecidas en cada ámbito de su vida. El criterio operativo anterior, si bien es más aplicable para sociedades “modernas”, puede ser extendido también para aquellas que se han identificado como comunales o comunitarias. En una sociedad “moderna”, un órgano o sistema de resolución someterá a través del poder jurídico formal y del poder disciplinario a todo aquel individuo que abuse de sus derechos o no respete las reglas de convivencia prefijadas por una “norma fundamental”. En una sociedad comunitaria, el órgano o sistema de resolución utilizará un poder jurídico-fáctico o material, prefijado en las costumbres o por asamblea, y un poder disciplinario, construido desde cada unidad organizativa mínima –como puede ser la familia–, que no respete los intereses o deseos de convivencia armónica y sentimental que hacen posible la unidad del grupo o sociedad. En el primer tipo de sociedad y en sus sistemas de resolución se destacan relaciones de poder (jurídico y disciplinario) basadas en la norma fundamental y el propio interés y conducta de los individuos, en tanto en el segundo modelo de sociedad y en sus sistemas de resolución destacan relaciones de poder (jurídico y disciplinario) basadas en la convivencia armónica y el interés familiar o colectivo29. En el mismo sentido, las mutaciones tecnológicas citadas tienen su aplicación en los dos modelos de sociedad prefijados, aunque su desarrollo, en los términos fijados por Foucault, responde más al modelo de una sociedad “moderna”. Así, la proyección del poder disciplinario en cuanto a uso del cuerpo como tecnología individualizante o anatomía política responde más al desarrollo de las relaciones “modernas” que, a su vez, valoriza y despersonaliza a la persona o individuo. Pero puede extenderse a los mismos modelos de sociedad comunitaria en tanto se produzca en ésta un proceso de “individualización” o separación de sus organizaciones mínimas, como la familia. De otro lado, el poder de regulación de la población en términos biopolíticos responde también en gran medida al criterio “moderno” de valorar y utilizar a la población como “masa manipulable” más que como “público participante”. Esto puede extenderse a las sociedades comunitarias en las que una determinada autoridad o la asamblea comunal, como entes reguladores, pueden llegar a opacar o manipular a sus unidades mínimas de organización, como la familia, los grupos de comuneros o sectores de la comunidad. 29

Un ejemplo particular sobre el uso del poder en sociedades comunitarias en los términos esbozados puede apreciarse cuando las autoridades comunales o el pariente mayor multan o “llaman la atención” al comunero que, desviando la jurisdicción comunal, recurre a las “autoridades judiciales de la ciudad”. Al respecto, ver particularmente los capítulos 4 y 5.

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El poder “voluntario” El concepto de poder puede adquirir un significado complementario desde las perspectivas de Niklas Luhmann (1995) y Michel Crozier y Erhard Friedberg (1990). A través de perspectivas diferentes, estos autores desarrollan el concepto de poder desde los sistemas de comunicación y desde los sujetos participantes o actores sociales en una relación dada. Siguiendo esta perspectiva, Niklas Luhmann (1995) define el poder como un medio de comunicación que, utilizando la libertad más que la coerción, limita la gama de selecciones de uno respecto a otro (1995, 15-17). Lo particular de dicha definición consiste en destacar el uso de la libertad para neutralizar la voluntad del otro, mas no el interés de doblegar la voluntad de un inferior: El poder del portador de poder es mayor si puede poner [a su favor] la elección de realizar, con base en su poder, tipos de decisiones cada vez más diversas. Y, además, su poder es mayor si puede lograr esto con un compañero que, por su parte, posea varias alternativas diferentes. El poder aumenta con la libertad en ambas partes y, por ejemplo, en cualquier sociedad determinada, aumenta en proporción con las alternativas que produce. (1995, 15)

Bajo tal criterio, Luhmann afirma que “la causalidad del poder consiste en neutralizar la voluntad, no necesariamente en doblegar la voluntad del inferior” (1995, 18). Ello significa que el poder, más que una causa u origen de obligación, coerción o violencia, es una construcción que puede compararse con la función compleja de un catalizador que produce ganancia de tiempo (1995, 18)30. Partiendo de una perspectiva diferente, Crozier y Friedberg (1990), utilizando los componentes conceptuales de constructo31, incertidumbre, negociación o intercambio y actores sociales, conducen a un particular concepto de poder, cercano –en mi opinión– a la citada definición de Luhmann. Criticando el concepto convencional de poder identificado como atributo o propiedad, los autores alcanzan la siguiente definición: Pero el poder del que estamos hablando no podría asimilarse al que detentaría una autoridad establecida. El poder no es el simple reflejo y producto de una estructura de autoridad, organizativa o social, 30

Luhmann explica la función catalizadora del poder en los siguientes términos: “(...) los catalizadores aceleran (o retardan) el inicio de los sucesos, sin cambiar ellos mismos en el proceso. Causan cambios en el coeficiente de conexiones efectivas (o probabilidad) que se espera de las conexiones causales que existen entre el sistema y el entorno. De este modo, finalmente producen una ganancia de tiempo, que es siempre un factor crítico para la construcción de sistemas complejos (...)” (1995, 18).

31

El concepto de constructo que se asume de Crozier y Friedberg (1990, 10 y ss.) es el siguiente: acción organizada de los hombres o acción colectiva que se contrapone a la idea convencional de organización que maneja al grupo, y a la percepción de actuación pasiva de los hombres.

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como tampoco es un atributo o una propiedad de cuyos medios uno se puede apropiar (...). En el fondo no es otra cosa que el resultado, siempre contingente, de movilización, por los actores, de las fuentes de incertidumbre pertinentes que ellos controlan en una estructura de determinado juego, por sus relaciones y transacciones con los otros participantes en ese juego. Es pues una relación que en tanto mediación específica y autónoma de los objetivos divergentes de los actores, está siempre ligada a una estructura de juego. (1990, 25-26)

Crozier y Friedberg subrayan los componentes “relación”32 y “juego” para explicar su concepto de poder. Ambos componentes suponen libertad o márgenes de libertad de los actores sociales interventores en el manejo de incertidumbres y, con éste, de la mediación o negociación que brotará. En otras palabras, el poder no es imposición, o por lo menos ya no puede ser entendido así, sino persuasión, negociación, juego. El fundamento de esta apreciación sobre el poder es destacado por Crozier y Friedberg en la afirmación “no existen sistemas sociales completamente regulados o controlados” (1990, 25). Además, agregan a este fundamento el rol primordial de los actores sociales en el manejo de su libertad: (...) Los actores individuales o colectivos (...) jamás pueden reducirse a funciones abstractas y desencarnadas. Los actores, en su totalidad, son quienes dentro de las restricciones, a veces muy pesadas que les impone “el sistema”, disponen de un margen de libertad que emplean de manera estratégica en sus interacciones con los otros. La persistencia de esta libertad deshace las reglas más sabias y hace del poder, en tanto mediación común de estrategias divergentes, el mecanismo central e ineluctable de regulación del conjunto. (1990, 25)

Crozier y Friedberg destacan, coincidiendo con Luhmann (1995, 15), que el margen de libertad existente en los actores sociales produce un quiebre del concepto convencional o clásico de poder, entendido como puramente coerción o dominación. Si bien en apariencia, o muchas veces noto32

Crozier y Friedberg desarrollan más adelante en forma más detallada el concepto de “relación”, vinculándolo al de “intercambio”: “El poder es, pues, una relación y no un atributo de los actores. No puede manifestarse –y en consecuencia hacerse restrictivo para una de las partes presentes– más que [en] el inicio de una relación que enfrenta a dos o más actores, dependientes unos de otros, en el cumplimiento de un objetivo común que condiciona sus objetivos personales. Para ser más preciso, no se puede desarrollar más que a partir del intercambio de los actores comprometidos en una determinada relación, pues en la medida en que toda relación entre dos partes supone intercambio y adaptación entre ambas, el poder está inseparablemente ligado a la negociación: es una relación de intercambio, por lo tanto de negociación, en la que están comprometidas por lo menos dos personas” (1990, 55-56). Al respecto cabe comentar que dicha definición aparece como parcial frente a los contextos de las diversas sociedades. La definición aparece conectada preponderantemente con el contexto de una sociedad “moderna” en la que teóricamente “todos somos iguales” o “podemos ser iguales” y en consecuencia podemos negociar e intercambiar válidamente. Pero si nos trasladamos a contextos como el de una sociedad esclavista, por ejemplo, notaremos que el “intercambio de poder entre los actores” no es tan evidente. En estas sociedades la posibilidad de intercambio, negociación o mediación sería casi nula para una de las partes.

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riamente, en diferentes modelos de sociedad o sistemas de resolución sus miembros actúan bajo relaciones en las que se produce la imposición o dominación de un actor “fuerte” sobre un actor “débil”, esto no limita que el “débil” tenga siempre márgenes de actuación y de eludir o incumplir la imposición del actor “fuerte”. Sea en una sociedad comunitaria donde todos necesitan de todos para actuar y sobrevivir, o sea en una sociedad “moderna” donde las relaciones sociales se encuentran en un alto grado despersonalizadas o individualizadas, dispondrán desde sus respectivos contextos de un margen de libertad para aceptar, enriquecer, completar, eludir, incumplir el acuerdo o la decisión mediada, negociada o impuesta. En otras palabras, cuando los representantes de una sociedad, un sistema o, en forma más específica, de una autoridad intervienen como órganos de resolución frente a un conflicto determinado que compromete a dos actores, si bien obran legitimados por el consenso o el respaldo de la mayoría de miembros de dicha sociedad y, en consecuencia, pueden llegar a imponer una decisión o promover un determinado acuerdo sobre dicho conflicto, ello no garantiza en absoluto el cumplimiento de tal decisión o acuerdo si no está seguido de la voluntad, libertad y convencimiento que puedan adoptar los actores comprometidos. Éstos siempre tendrán un margen de libertad, o bien por el origen de sus relaciones preponderantemente individuales –en una sociedad “moderna”– o bien por el origen de sus relaciones preponderantemente familiares o colectivas –en una sociedad comunitaria–, para actuar o jugar33. Esta apreciación permite afirmar que las dos perspectivas presentadas, del poder como “dominación” y el poder “voluntario, se complementan. No es que una excluya a la otra, sino que ambas sirven de instrumentos de interpretación de las acciones y las relaciones sociales de los miembros de las diferentes sociedades. Una perspectiva comprensiva del poder como dominación, coerción y hasta de legitimidad, ayudaría a identificar la posición de las partes de una relación social determinada, mientras que la perspectiva comprensiva del poder como relación de intercambio o juego, con márgenes de libertad, ayudaría a identificar el grado de aceptación, cumplimiento o éxito del resultado que surge de esa misma relación social, sea cual fuere la posición de sus actores.

33

Un ejemplo particular de este componente del poder aplicado a sociedades comunitarias como la de los aymaras puede apreciarse cuando las autoridades comunales, frente a un conflicto familiar de linderos, por ejemplo, dan “libertad” a las partes del conflicto para que acudan a las “autoridades judiciales de la ciudad” cuando no quieren o no pueden llegar a un acuerdo o “arreglo” en la comunidad. Esto significará para las partes del conflicto un mayor costo, tiempo y la no finalización del conflicto ante las “autoridades judiciales de la ciudad”, lo que producirá la revalorización del poder de sus propias autoridades, volviendo ante éstas para terminar con el conflicto. Ver al respecto capítulos 4 y 5.

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LOS CONFLICTOS Y SU VARIEDAD SON EL OBJETO DE EJERCICIO DE LOS SISTEMAS DE RESOLUCIÓN El concepto de conflicto tiene una relación cercana con el concepto de poder antes referido. La puesta en operación del poder, en sus diversos sentidos, genera normalmente insatisfacciones, limitaciones o restricciones en una de las partes o en uno de los actores, lo que se traduce en conflicto; pero es también a través del propio ejercicio del poder delegado en un tercero o puesta en operación por las propias partes o actores que se concluye, resuelve o finaliza el conflicto. Sin embargo, los conflictos tienen su propia dinámica. En las líneas siguientes, a partir de definiciones y ejemplos sencillos, se intenta explicar dicha dinámica y plantear una tipología.

Concepto de conflicto Siguiendo a Michael Nicholson (1974) se puede hablar de conflicto, en términos generales, “cuando dos personas desean llevar a cabo acciones que son mutuamente incompatibles” (1974, 15). Ello significa, en otros términos, la presencia de los siguientes elementos: 1) el concepto involucra a más de una persona, a quienes podríamos llamar “partes” o “actores”; 2) las partes o los actores del conflicto se involucran en términos de deseos (intereses, aspiraciones, subjetividades o incertidumbres); 3) los deseos de los actores deben tener un correlato en acciones, es decir en manifestaciones objetivas que puedan ser entendidas como tales por las partes o actores; y 4) el significado de las acciones deseadas supone incompatibilidad, contradicción u oposición según la percepción de las propias partes o actores. En síntesis, el conflicto supone la confrontación de aspiraciones o deseos de cuando menos dos partes o actores sobre acciones incompatibles. Para ilustrar su definición, Nicholson da dos ejemplos sencillos: “pueden querer ambos [dos personas, partes o actores] hacer la misma cosa, como por ejemplo, comer una misma manzana, o desear realizar cosas diferentes, por ejemplo, cuando ambos quieren estar juntos, pero uno desea ir al cine, pero el otro quedarse en casa” (1974, 15-16). En los ejemplos se aprecian los intereses, aspiraciones o deseos de dos partes o actores sobre una misma acción (“comer una manzana” o “estar juntos”), pero al mismo tiempo se destaca la exclusión de la acción de uno de los actores sobre el otro (las dos personas no pueden comer la misma manzana, o el “estar juntos” implica que uno quiera “ir al cine” y otro “quedarse en casa”). Retomando el concepto de poder, se podría decir que quien maneja mejor las incertidumbres o quien tiene una mayor capacidad de acción podría consumir la manzana o “estar junto” al otro u otra, satisfaciendo su deseo de “ir al cine” o “quedarse en casa”, y con ello materializando su poder. Esto supondría márgenes de libertad, negociación, mediación Antonio Alfonso Peña Jumpa. Poder judicial comunal aymara en el Sur Andino Colección En Clave de Sur. 1ª ed. ILSA, Bogotá D.C. Colombia, marzo de 2004

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o intercambio, o también podría partir de una legitimidad formal, disciplina o coerción impuesta. Ello mismo, en términos de la teoría del conflicto, supondría “resolución del conflicto”. Sin embargo, cabría destacar que esta última apreciación tiene otro foco de atención. El conflicto y su resolución no están concentrados principalmente en la posición de los actores o sus condiciones (su capacidad de negociación, libertad, legitimidad), sino, principalmente, en la materia incompatible: una sola manzana para dos, o elegir entre ir al cine o quedarse en casa. Bajo esta apreciación de focalización de lo incompatible, la resolución del conflicto puede adoptar diferentes dimensiones: dividir la manzana en dos, si es que no es posible conseguir otra similar; ir al cine y volver inmediatamente a casa, si es que no es posible alquilar un video con la misma película para verla en casa. En materia de resolución de conflictos suele decirse que hay que “concentrarse en los intereses de las partes, mas no en sus posiciones”. Ello significa, siguiendo el desarrollo de los ejemplos, mirar aquello incompatible que haga posible satisfacer los intereses de las partes. Solo secundariamente, o accesoriamente, se observaría la capacidad o legitimidad para el manejo o negociación de las incertidumbres de las personas en conflicto. Cabe distinguir, sin embargo, grados de incompatibilidad. Puede ocurrir que el interés o deseo de las personas, partes o actores sobre la materia incompatible sea de una dimensión mayor. Esto es que exista una “fe ciega”, persistencia o terquedad de comer “esa y toda la manzana”, o disyuntivamente “ir al cine juntos” o “quedarse definitivamente en casa”34. En tal supuesto, se estaría hablando también de conflicto, pero donde el análisis de la materia incompatible es desbordado por la posición de las partes; en consecuencia se requerirá recurrir a las capacidades o posición de éstas o a la intervención de un tercero dentro del objetivo de búsqueda de resolución.

Clasificación de los conflictos De otro lado, es importante señalar que el conflicto no se reduce sólo a una relación de personas o actores individuales. También puede extenderse a familias, grupos de individuos, pueblos, naciones o Estados, a los se podría identificar como actores colectivos35. Johan Galtung (1965), citado por Kumar Rupesinghe (1986), presenta una clara clasificación de los conflictos bajo niveles y sistemas. Es necesario 34

Nótese que en tal circunstancia se estaría hablando más de “competencia” que de legitimidad o “intercambio” en las relaciones de poder.

35

Frente a estos tipos de conflictos, diría Nicholson, los principios que intervienen continúan siendo los mismos (1974, 16).

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señalar que Galtung define el conflicto como una situación donde una acción dentro de un sistema tiene dos objetivos o metas incompatibles, y donde tal incompatibilidad podría darse distinguiendo individualidades o colectividades, y relaciones intrasistémicas o intersistémicas (Rupesinghe 1986, 530). Así, Galtung (1965) presenta el siguiente cuadro: Niveles

Conflicto Conflicto intrasistémico intersistémico

Nivel individual

intrapersonal

[interpersonal]36

Nivel colectivo

intranacional

internacional

Fuente: Galtung (1965).

El conflicto intrapersonal supondría aquellas incompatibilidades que se producen en el entorno de una persona determinada, como serían los conflictos derivados de su núcleo familiar (conflictos padre-hijo, conflictos entre cónyuges). El conflicto interpersonal supondría aquellas incompatibilidades que se suscitan entre dos entornos personales o dos núcleos familiares (conflictos entre dos jefes de familia, conflictos entre miembros de dos núcleos familiares). El conflicto intranacional es aquel que involucra incompatibilidades entre grupos, o personas o individuos con otros grupos, dentro de una nación o Estado (conflictos entre grupos políticos, sindicatos, empresas, comunidades agrarias, etc., o de un jefe de familia o individuo con estos últimos). El conflicto internacional, por último, supondría las incompatibilidades que se producen entre dos naciones o Estados diferentes o entre los miembros o grupos de estas naciones o Estados diferentes, o entre miembros o grupos de una nación o Estado frente a otra nación o Estado37. De acuerdo con estas definiciones, se puede apreciar que el “nivel individual” involucra tanto al individuo o persona, como su relación familiar propiamente. Ello conduce a sustentar una subclasificación en esta parte del cuadro, bajo la siguiente denominación: “conflicto intrapersonal o intrafamiliar” o “conflicto interpersonal o interfamiliar”, dependiendo de si se trata de un conflicto intrasistémico o intersistémico, respectivamente. En el mismo sentido, dada la explicación anterior puede entenderse que el nivel colectivo involucra tanto una relación nacional, de nación o Estado, como una relación grupal, de grupos específicos que superan una relación familiar pero no llegan a ser nación propiamente (un sindicato, una empre36

En el texto citado por Rupesinghe (1986) la denominación que usa el cuadro en esta parte es “intrapersonal”. Siguiendo el orden del cuadro, asumo que se trata de la tipología “interpersonal”.

37

Las definiciones de la clasificación descrita han sido elaboradas teniendo en cuenta la referencia bibliográfica citada, a la que he sumado mi concepción dentro de los propósitos de síntesis para el marco teórico.

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sa, un barrio, una universidad, una provincia, una región, un grupo religioso, una comunidad agrícola, una familia extendida, por ejemplo). Esto conduce a sustentar la siguiente subclasificación en esta parte del cuadro: “conflicto intranacional o intragrupal” o “conflicto internacional o intergrupal”, dependiendo de si se trata de la categoría intrasistémica o intersistémica, respectivamente. De acuerdo con las definiciones y explicación presentadas, el cuadro de conflictos adoptaría la siguiente clasificación: Niveles

Conflicto Conflicto intrasistémico intersistémico

Nivel individual-familiar

intrapersonal intrafamiliar

interpersonal interfamiliar

Nivel colectivo

intragrupal intranacional

intergrupal internacional38

La clasificación propuesta permitiría, de un lado, distinguir conflictos individuales o personales frente a conflictos familiares y, de otro lado, distinguir conflictos grupales de los que resultan propiamente nacionales. Ello facilita el análisis de los conflictos en las comunidades andinas en estudio, donde se destacan en particular los tipos de conflictos familiar y comunal o colectivo (grupal), como veremos más adelante.

LO COMUNAL ESTÁ DEMARCADO POR RELACIONES COMUNITARIAS Hablar de “lo comunal” supone hablar de “relaciones comunitarias”; hablar de “relaciones comunitarias” supone hablar de “comunidad”. A continuación se presenta el concepto de comunidad, los niveles o planos que componen dicha comunidad y la proyección que podemos interpretar del propio sentido del concepto de comunidad asumido.

Concepto de comunidad Retomando el concepto de Max Weber sobre comunidad se puede afirmar lo siguiente: “llamamos comunidad a una relación social cuando y en la medida en que la actitud en la acción social –en el caso particular por término medio o en el tipo puro– se inspira en el sentimiento subjetivo (afectivo tradicional) de los partícipes de constituir un todo” (1974, 33, itálicas mías). 38

La clasificación presentada permite que se produzcan cruces o intersecciones entre los diversos tipos de conflictos. Por ejemplo, el conflicto de un grupo frente a una nación o Estado diferente al suyo sería a la vez un conflicto internacional y grupal.

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Esta definición destaca un tipo de acción y relación social entre los individuos o personas integrantes de un grupo humano: la relación social sentimental-subjetiva que a su vez se encuentra basada en acciones sociales afectivas o tradicionales39. No hay comunidad si no hay sentimientos subjetivos –“cariño” o “armonía”, dirían los comuneros aymaras– en la relación entre sus miembros. No hay comunidad si las acciones sociales preponderantes entre los miembros no son afectivas –de amistad, hermandad, alegría o llanto, como sentirían los propios aymaras– o tradicionales –permanentes, habituales, repetidas o reiteradas en el tiempo–40. Es decir, el concepto de comunidad involucra intereses particulares, aspiraciones, deseos que, a su vez, se van a plasmar en actos o acciones congruentes con tales intereses, aspiraciones o deseos. Pero, a la vez, siguiendo la misma definición de Weber, tenemos que tal relación social llamada comunidad –incluidas sus acciones sociales particulares– se conduce u orienta hacia ciertos intereses, aspiraciones o deseos: constituir un todo. Este es el componente de unidad, “todos son uno”, que, como deseo, aspiración o interés, se suma al concepto “comunidad”, dando contenido a la relación y acción social de sus miembros. En suma, se puede afirmar que todos los partícipes de un grupo constituyen una comunidad solo si orientan sus actos y relaciones dentro de los propósitos de sobrevalorar ser uno, únicos o idénticos, a pesar de sus evidentes diferencias físicas. Estos componentes de la definición de comunidad son los que llevan a hablar de relaciones comunitarias que, a su vez, se conectan con “lo comunal” del concepto central del marco teórico (poder judicial comunal). Las 39

40

Max Weber distingue cuatro tipos de acciones sociales: acción social afectiva, acción social habitual o tradicional, acción social de acuerdo con valores y acción social de acuerdo con fines. Treves (1988) nos entrega en resumen el significado de estas categorías, citando previamente la definición de relación social: “Estrechamente unido a su concepción de sociología se encuentra para Weber el concepto de acción social que entiende como ‘un hacer que está referido a la actitud de otros individuos y orientado en su curso con base en esto’. La acción social, añade, puede estar determinada de distintos modos: afectivamente (por efecto o estados actuales del sentir), tradicionalmente (por un hábito adquirido), racionalmente respecto al valor (por la creencia en el valor incondicionado en sí de un determinado comportamiento en cuanto tal, prescindiendo de sus consecuencias), y racionalmente respecto al fin (por expectativas de actitudes de objetos del mundo externo o de otros hombres utilizando tales expectativas como condiciones o como medios para fines queridos y considerados racionalmente en calidad de consecuencia)” (Treves 1988, punto 28.2). Un tipo de acción social complementario es el que corresponde a la acción social comunicativa desarrollada por Jürgen Habermas (1987) en los siguiente términos: se refiere “a la interacción de por lo menos dos sujetos capaces de lenguaje o de acción que (ya sea por medios verbales o por medios extraverbales) entablan una relación interpersonal [en donde] los actores buscan entenderse sobre una situación de acción para poder así coordinar de común acuerdo sus planes de acción y con ello sus acciones...” (1987, 124). Como se desarrolla en la tercera parte de la obra, las relaciones sociales de la comunidad pueden estar enunciadas por el honor y el ser colectivo que responden adicionalmente a un tipo de acción social de acuerdo con valores.

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relaciones comunitarias son, con prioridad, relaciones sentimentales, subjetivas o intersubjetivas. Esto significa que una relación comunitaria no es, aunque puede devenir también en ella, una relación práctica, objetiva o interobjetiva. Lo práctico, objetivo o interobjetivo segrega las partes, define o delimita aspectos o intereses, pone énfasis y desarrolla los intereses y cualidades de cada individuo, contradiciendo o limitando el interés, aspiración o deseo de “constituir un todo”. La objetividad materializa o racionaliza los hechos o los sentimientos, afirmando la propia inexistencia de éstos. Las relaciones comunitarias son o buscan ser todo lo contrario. Los sentimientos y la subjetividad envuelven lo relativo y hasta lo “irracional” de los actos y relaciones de las personas. Así, el mundo de los valores y la ética es coincidente con estas relaciones comunitarias, llegando a destacar situaciones como la entrega de la vida o la entrega de parte de ésta en defensa de los ideales sentimentales, lo que objetivamente no tiene explicación. De esta forma es como las relaciones comunitarias se identifican con sentimientos, subjetividades o valores que integran al conjunto de individuos de un grupo, materializándose en cada uno de sus actos. Así, al sembrar la tierra, al criar un ganado, al intercambiar su cosecha o ganado o al brindar un servicio desde un taller o empresa, no importa con prioridad el producto de la tierra, del ganado, del taller, de la empresa o del producto de su intercambio, como sí los sentimientos o la carga subjetiva que integrará en estos actores cada uno de esos elementos o sus intercambios. A los actores importa más un “sentirse bien” que “cuánto gané”. Con base en esta relación sentimental o carga subjetiva, cada persona, parte o actor escoge o se adhiere a su entorno personal y familiar, así como a su relación interpersonal o interfamiliar. De ahí que cada actor escogerá su pareja y el tipo de relación que lo involucrará con ésta, como también escogerá al vendedor, comprador o persona con la que celebrará contratos o lo representará en un cargo directivo o en la dirección de una fiesta patronal. El esposo, la esposa, los hijos, el presidente o secretario de la comunidad, así como el alferado o mayordomo de una fiesta integrarán sentimentalmente sus acciones dentro del propósito de ser uno o ser común a todos41. 41

Dentro de la teoría de comunidad propuesta y con el propósito de acercar dicha definición al contexto peruano, pueden citarse dos definiciones adicionales de comunidad que destacan elementos que complementan el contenido de la “relación sentimental” y la aspiración de “constituirse en un todo” citados de Weber. Estos conceptos son señalados por Alejandro Diez (1999) y Antonio Peña (1998). Diez define a la comunidad campesina como “un conjunto de campesinos emparentados entre sí, que comparten un mismo territorio y sus recursos, que interactúan cotidianamente en una serie de trabajos y obligaciones colectivas fijadas por ellos mismos y que tienen una organización, una serie de procedimientos y ciertas normas para administrar sus espacios y bienes comunes y para resolver los conflictos que se presentan entre sus miembros” (1999, 131-132). Peña, a su vez, define a la comunidad campesina como “un grupo social integrado por campesinos andinos, identificados económica, social, cultural e

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Niveles en la comunidad Estas relaciones comunitarias, a su vez, pueden ser segmentadas, clasificadas u organizadas en la práctica. En determinadas experiencias, como ocurre en las comunidades andinas del Perú, suele hablarse de dos niveles, planos o ámbitos principales: el plano o nivel de lo familiar o “individual”42 y el plano o nivel de lo colectivo o de la comunidad. El plano de las relaciones familiares consiste en el conjunto de actos realizados por cada uno de los miembros de una familia (nuclear o extendida) integrada por el padre, la madre, los hijos, los abuelos, los tíos, los primos y otros, en relación con los deseos, intereses o aspiraciones de la misma familia. Estas relaciones involucran desde aquellas acciones referidas a la satisfacción de las necesidades vitales de los miembros familiares, hasta aquellas referidas a su diversión o recreación. Entre las acciones vinculadas a la satisfacción de sus necesidades vitales podemos identificar la distribución posesoria o patrimonial sobre la tierra y otros recursos, la forma de producción sobre estos recursos, la crianza de ganado, las decisiones sobre los quehaceres de los niños, la dirección del hogar, los intercambios de productos o servicios (ayni), la resolución de conflictos derivados de dichos actos, etc. Entre las acciones vinculadas a la diversión o recreación se pueden identificar la participación de un representante familiar como mayordomo o alferado en la fiesta patronal, la participación de miembros familiares en un evento deportivo que integra dos o más comunidades, la visita que los miembros familiares de una comunidad hacen a la comunidad vecina o de su ayllu, etcétera. El plano de las relaciones colectivas o de la comunidad, que en forma genérica podemos calificar también como relaciones comunales, consiste en el conjunto de actos realizados por cada uno de los miembros familiares en relación con los deseos, intereses o aspiraciones del conjunto de familias o la comunidad toda. No se trata ya del acto o los actos realizados por un comunero o una comunera sobre los bienes, servicios o actividades que involucra su relación de pareja, sus hijos o su familia extendida, sino de aquellos actos que involucran bienes, servicios o actividades bajo el sentimiento subjetivo de constituir un todo. Ejemplos de estos actos se producen en la defensa o ejercicio de un territorio comunal, las decisiones que semanal o quincenalmente se asumen en asambleas, la elección de determinados cargos o autoridades para dirigir la comunidad, la rotación de los históricamente dentro de un espacio territorial, y que más allá de una relación individual-familiar que destaca en sus actividades, desarrollan una interacción colectiva para provecho de todos sus miembros” (1998, 66). 42

Aunque muchos autores suelen usar el término “individual”, cabe indicar que, dentro del propósito sentimental de la comunidad de “constituir un todo”, tal individualidad prácticamente se pierde.

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cargos entre el conjunto de miembros familiares, la participación de representantes familiares o sectoriales en el cumplimiento de obligaciones aprobadas en asambleas o convenciones, los sistemas de resolución de conflictos derivados de dichas acciones colectivas, etcétera. Ambos tipos de relación –familiares y colectivas, que muchas veces se cruzan y confunden– conforman intrínsecamente la comunidad y hacen posible el sentido de unidad o identidad entre sus miembros. El individuo o persona concebida de acuerdo con la sociedad “moderna” como un ser autónomo, con garantías y poder de ejercicio para materializar su autonomía, no existe o se encuentra muy limitado al interior de una comunidad. El individuo es ante todo familia, y la familia es ante todo comunidad, en consecuencia el individuo es propiamente comunidad. Cada individuo tiene un margen de actuación y privacidad. El hecho de que un comunero decida elegir su pareja o decida aceptar (o incumplir) la elección hecha por su familia, o la participación con éxito de un comunero en el mercado de la ciudad, comercializando (comprando y vendiendo) productos agrícolas y ganado, muestran la autonomía o margen de libertad del individuo físico. Sin embargo, tal elección, aceptación o incumplimiento sobre la pareja, así como el éxito comercial en la celebración de contratos o intercambios no son tales en la comunidad mientras no se puedan sentir –subjetivamente– y compartir con los miembros de la familia nuclear o extendida a la que se pertenece y, en muchos casos, incluso con otras familias extendidas, involucrando su propia comunidad. Un comunero que se encierra en su éxito individual, de comercializador de ganado por ejemplo, sin compartirlo con sus miembros familiares, estaría limitado sentimentalmente a realizar otras acciones propias de la comunidad y su sobrevivencia: no recibirá el apoyo de su familia (hermano, primo, sobrino, tíos) para el sembrío en ayni de su parcela de tierra, o de la minka para la construcción o techado de su casa. Al ser “individualista” y muy seguramente haber dejado de colaborar con otros miembros de su comunidad, tendrá que contratar pecuniariamente servicio de terceros, quienes no se encontrarán al interior de la comunidad por el predominio en éstas de relaciones sentimentales y colectivas43. Pero, ¿qué hace que predominen estos tipos de relaciones familiares y colectivas en una comunidad? ¿Cómo es posible que persistan intereses familiares o grupales sobre la apreciación de lo puramente “individual” y, 43

Hay que tener en cuenta que los ejemplos que se citan se dan dentro de un nivel de abstracción o teoría. En la práctica las comunidades configuran y articulan una variedad de acciones y relaciones, dependiendo de su medio y de las relaciones con otras comunidades, pueblos o ciudades. Así, existirán comunidades con predominio de relaciones colectivas, otras con predominio de relaciones familiares, y un tercer grupo puede estar caracterizado por la importancia de actos “individuales”. En este último caso, el concepto de comunidad se alteraría.

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al lado de ello, qué explica la persistencia de intereses colectivos sobre los familiares, a pesar de ser los primeros una expresión sentimental más abstracta y simbólica que los últimos?

Proyección del concepto comunidad La existencia de estos dos planos o niveles de relaciones y acciones se sustenta históricamente en la contradicción que ambos significan. Siguiendo a Ansión, Gálvez y Degregori (1981), con quienes coincidirán Plaza y Francke (1985), se trata de una contradicción u oposición dialéctica que confronta lo “individual” y lo colectivo desde un momento histórico determinado. Estos autores, citando a Marx, afirman que la comunidad (identificada por Marx como la comuna rusa) será “la primera agrupación social de hombres libres, no unidos por los vínculos de sangre” o parentesco, sino por la posesión de un territorio individual representado por la casa y por la apropiación individual de los bienes producidos (Ansión, Gálvez y Degregori 1981, 8). Así, Ansión, Gálvez y Degregori, citando textualmente a Marx, señalan que “la tierra cultivable, propiedad inalienable y común, se dividía periódicamente entre los miembros de la comuna agrícola, de modo que cada uno explotará por su propia cuenta los campos que le han sido asignados, y se apropiará [de] sus frutos en forma particular” (Marx, en “Carta de respuesta a Vera Zasulitch”, citado por Ansión, Gálvez y Degregori 1981, 8)44. Esta explicación lleva a analizar la aparición y posterior fortalecimiento de la propiedad familiar al lado de la propiedad comunal y, con el correr del tiempo, la aparición de los títulos de propiedad de tipo familiar o individual sobre la comunal. Sin embargo, este desarrollo es complejo. El hecho de que se individualicen las relaciones y acciones al interior de la comunidad no ha implicado y no implica a la fecha en numerosas comunidades la pérdida de aspiraciones o intereses colectivos. Curiosamente, ambos planos se han ido adaptando y adecuando al medio o contexto de la comunidad, haciéndose más fuertes las relaciones sentimentales, subjetivas o simbólicas sobre las propiamente materiales u objetivas, como la posesión de la tierra. Es más, en muchos casos, la propiedad o posesión de la tierra y su explotación para la agricultura no podrían ser adecuadas si no se recurriera a relaciones de trabajo comunitarias (como el ayni, minka o faena) que involucran al conjunto de miembros de la comunidad. Esta explicación coincidiría con aquella dada por el mismo Marx cuando, consultado sobre el futuro de la comunidad rural rusa, sostuvo que tal futuro dependería del contexto histórico social en el que se encontrara 44

Nótese que la definición de comunidad de Marx es más práctica o concreta que la definición de Weber. Marx resalta en su definición la relación con la tierra, la organización social y la explotación de recursos, complementada con las relaciones sentimentales-subjetivas y el interés de “constituir un todo”, resaltados por Weber.

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situada la comunidad45. Es más, negando la existencia de un simple camino lineal de la descomposición de la comunidad ante la presencia del “desarrollo capitalista” y de “trabajadores libres”, sostenía que tal proceso podría ser reversible: “la Comuna no necesariamente tiene que evolucionar en el sentido de la desintegración de su elemento colectivo, sino que existe la posibilidad histórica de que se fortalezca este elemento, convirtiéndose así en un elemento regenerador y en el germen de una nueva sociedad”46 (Marx en “Carta de respuesta a Vera Zasulitch”, citado por Ansión, Gálvez y Degregori 1981). Bajo tales criterios, y después del proceso histórico que ha identificado a cada comunidad, se puede afirmar que la relación de lo individual-familiar con lo colectivo o propiamente comunal se ha convertido hasta cierto punto en una historia circular y no lineal. Las relaciones familiares y colectivas, si bien son contradictorias, también se requieren mutuamente y en ambas reside la clave de la persistencia de la comunidad, tal como lo afirmaría el mismo Marx y los autores citados: Según Marx, el dualismo inherente a la comuna rural dota a ésta de una vida vigorosa. Por un lado, “la propiedad común del suelo, y las relaciones sociales que de allí derivan, le garantizan una base sólida”. Por otro lado, la casa y el patio, dominio exclusivo de lo familiar individual, dan un libre curso a la individualidad incompatible con el organismo de las comunidades [originarias]. La contradicción entre lo individual y lo colectivo es entonces lo que le da vitalidad a la comunidad, es la fuerza que va a explicar su supervivencia a lo largo de la historia. Lo comunal es la base, el cimiento, el asidero que permite el libre desarrollo de las capacidades individuales del hombre. (Ansión, Gálvez y Degregori 1981, 8-9)

En suma, las relaciones familiares y colectivas al interior de una comunidad son contradictorias pero al mismo tiempo complementarias. Contradictorias en tanto simbolizan intereses, aspiraciones o deseos opuestos, pero al mismo tiempo complementarias en tanto históricamente se han forjado dando lugar a que los intereses, las aspiraciones o los deseos de uno requieran de los de otros para subsistir. En los capítulos siguientes será posible apreciar en los sistemas de resolución de conflictos esta misma contradicción y complementariedad que hace posible la persistencia de la comunidad.

45

Citado por Ansión, Gálvez y Degregori (1981, 9).

46

Ídem.

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CAPÍTULO 2

Derecho a la identidad cultural y marco legal del concepto de poder judicial comunal

L

a distinción de modelos de sociedad o grupos sociales, entre los que hemos venido distinguiendo los denominados “moderno” y “comunitario”, y de sus instituciones o componentes tiene un sustento en un concepto genérico bastante difundido en los últimos años: identidad. A través del reconocimiento de una identidad se logra seleccionar, separar o segregar a los actores de determinada sociedad o grupo social dentro de los propósitos de diferenciarlos, oponerlos o complementarlos con otra sociedad o grupo social. En tal sentido, la identidad se confunde con pertenencia. Esta concepción de identidad o pertenencia, y la búsqueda de su reconocimiento como tal, ha conducido al desarrollo de lo que se conoce como derecho a la identidad. Todo individuo o persona tiene derecho a ser como quiera ser y a pertenecer a donde quiera o a lo que quiera, remarcando con ello una identidad única y, si fuera el caso, exclusiva. Pero el concepto también involucra a grupos o colectivos de individuos o personas. Todo grupo de personas tiene derecho a ser como lo desee y a pertenecer a donde lo desee. Pero en este último caso ya se habla de lo que se conoce como derecho a la identidad colectiva, ahora más conocido como derecho a la identidad cultural. “Lo cultural” en este último caso se presenta como global y adquiere un significado especial al lado del concepto de identidad. El propósito de este capítulo es dar una mayor consistencia al concepto de poder judicial comunal, situándolo en el marco del derecho a la identidad cultural. El concepto de poder judicial comunal ha sido expuesto dentro del sentido de identidad o pertenencia de un determinado grupo social o modelo de sociedad, y como tal requiere un reconocimiento por parte de los otros grupos sociales o modelos de sociedad. En otras palabras, con la aplicación del derecho a la identidad cultural es como el concepto poder judicial comunal adquiere consistencia y puede ser objeto de un tratamiento político efectivo. Antonio Alfonso Peña Jumpa. Poder judicial comunal aymara en el Sur Andino Colección En Clave de Sur. 1ª ed. ILSA, Bogotá D.C. Colombia, marzo de 2004

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Con el mismo propósito, resulta conveniente presentar la aplicación de este derecho a la identidad cultural y la ubicación del concepto poder judicial comunal en el marco normativo de los Estados –por ejemplo, el marco normativo peruano–. Conocer este marco normativo o legal permitirá comprender las limitaciones de la ley y las dimensiones reales de los sistemas de resolución que se desarrollan en los capítulos siguientes. Teniendo en cuenta la explicación precedente, este capítulo se divide en tres partes: la primera orientada a definir el concepto de derecho a la identidad cultural; la segunda, dirigida a destacar el fundamento de dicho derecho a la identidad cultural y a ubicar el concepto de poder judicial comunal dentro del mismo; y la tercera, referida al marco normativo en el que se desenvuelve el derecho a la identidad cultural, pero sobre todo el que reconoce la puesta en operación del concepto poder judicial comunal.

¿QUÉ ES EL DERECHO A LA IDENTIDAD CULTURAL? El concepto ‘identidad cultural’ integra, a su vez, dos conceptos complejos pero bastante relacionados: “identidad” y “cultura”. Recurro a los trabajos de Manuel Castells (1998) y Xavier Albó (2000) para hacer una sencilla explicación de ambos conceptos. De un lado, el concepto “identidad” es definido por Castells como la “fuente de sentido y experiencia para la gente” (1998, 28). Esto significa, en primer lugar, que dicho concepto de “identidad” no es causa u origen en sí o para sí mismo (1998, 28), sino “causa u origen para algo” o “hacia algo”. Asimismo, cabe destacar que el concepto no se refiere a un individuo sino a un conjunto de ellos, que Castells define como “gente”; prefiero definirlo, siguiendo los términos utilizados en el capítulo precedente, como grupo social o actores sociales. Esto significa que el concepto de “identidad”, más que calificar intereses, características, deseos o preferencias de una persona, involucra siempre a este individuo dentro de un colectivo. Así, si una persona se identifica como shipibo u homosexual, tal pertenencia no sería posible si no fuera porque existe un grupo social o actores sociales que podemos identificar como shipibo o con características homosexuales. El individuo requiere un referente de grupo social para hacer valer su identidad como tal. Este sentido de pertenencia colectiva, a su vez, hace posible que quien se identifique con un grupo social u otros actores sociales lo hace distinguiéndose de aquellos que no son similares. Cuando un shipibo o un homosexual reclama su derecho a la identidad, lo hace porque reivindica su similitud con los miembros del colectivo de su referencia, excluyendo a otros grupos sociales como los aguarunas, los quechuas o aymaras, o a los heterosexuales o los bisexuales, respectivamente. La identidad, respecto a Antonio Alfonso Peña Jumpa. Poder judicial comunal aymara en el Sur Andino Colección En Clave de Sur. 1ª ed. ILSA, Bogotá D.C. Colombia, marzo de 2004

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un colectivo o grupo social o actores sociales, excluye a su vez la referencia de otros colectivos, otros grupos sociales u otros actores sociales. En forma complementaria, de la definición citada, decir “causa u origen hacia algo” significa, de acuerdo con la misma definición, dos rumbos: el sentido y la experiencia. El primero involucra los intereses y valores de la “gente” o de un grupo social. Es decir, el grupo social, o mejor dicho cada grupo social en la humanidad, establece los intereses y valores que hacen posible su convivencia. El segundo rumbo, la experiencia, involucra los hechos y la historia de cada grupo social. Es decir, el grupo social que establece intereses y valores plasma, a su vez, en hechos y datos históricos aquello que le interesa y valoriza, materializando su convivencia como tal. Esto último muestra que el concepto de identidad no es genéricamente abstracto; tiene un referente o una dirección que será definida por el propio grupo social o sus actores sociales. Siempre importará preguntarse: ¿idéntico respecto a qué? ¿Cuál es el sustento de su o mi identidad? El concepto de “cultura” es el que justamente contribuye a precisar aún más el sentido y la experiencia de un grupo social o sus actores sociales. Así, Xavier Albó (2000) define “cultura” como “el conjunto de rasgos compartidos y transmitidos por un determinado grupo humano que sirven para organizar su forma de vida, darle identidad y diferenciarlo de otros grupos humanos” (2000, 74). Puede apreciarse que el concepto de cultura es bastante amplio, al extremo que incluye el concepto de “identidad”. El concepto citado involucra la totalidad de rasgos de un grupo humano que en opinión del autor solo excluye “aquello que [se] hereda biológicamente” (2000, 74). Esto significa que el conjunto de rasgos vinculados a sus relaciones sociales, a sus relaciones económicas, a sus relaciones sentimentales y a cualquier otro tipo de clasificación de relaciones (política, psicológica, técnica, etc.) se encuentra inmerso en la cultura de cada grupo humano o social1. Un segundo aspecto que sobresale en la definición citada es que, para que se produzca dicha inmersión de relaciones en lo cultural, el conjunto de rasgos que lo integran tienen que ser “compartidos” y “transmitidos”. Ello explica que tales rasgos no son estacionarios sino que se encuentran en movimiento al interactuar al interior del grupo humano o social y al transferirse de uno a otro o de generación en generación, como suele ocurrir por lo general en las sociedades que estamos identificando como comunitarias. Un tercer aspecto que se puede deducir de la definición citada es que tales rasgos “compartidos” y “transmitidos” tienen, a su vez, su manifesta1

En esta clasificación, Xavier Albó logra distinguir tres ámbitos culturales: el ámbito de la economía y la tecnología, el ámbito de las relaciones sociales, y el ámbito de lo imaginario y lo simbólico (2000, 74).

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ción o materialización en aspectos útiles del propio grupo humano o grupo social: organizan su forma o estilo de vida que hace idénticos (hacia adentro) y diferentes (hacia fuera) a los actores del grupo humano o social. Es decir, el conjunto de tales rasgos con que interactúan los miembros del grupo humano o social autogenera la inclusión de sus “iguales” y proclama la exclusión de sus “desiguales”, coincidiendo con el contenido de la definición de “identidad” antes referida. Unificando ambos conceptos, el de “identidad” y el “cultura”, se puede tener mayor claridad sobre lo que se entiende por identidad cultural. En mi opinión, sistematizando ambos componentes, la identidad cultural consiste en el sentido y la experiencia de un grupo humano o social que involucra el conjunto de rasgos compartidos y transmitidos que organizan su forma y estilo de vida. Como puede apreciarse, no se retoma ya la referencia de fuente, causa u origen “hacia algo” del concepto de “identidad” de Castells, dado que dicha fuente está definida al sustentarse en el contenido de “lo cultural”. De otro lado, tampoco se retoma el criterio de diferenciación de “otros grupos humanos” del concepto de “cultura” de Xavier Albó, dado que al asumirse el contenido de la definición de “identidad” sobre el “sentido y la experiencia de un grupo humano” se estaría haciendo explícita su diferencia frente a los demás: hablar de identidad supone hablar de alteridad, esto es, la capacidad del grupo humano o social de distinción en relación con algo, con alguien u otro grupo humano que a su vez tiene identidad y, en consecuencia, es diferente. A la luz de estos comentarios, el derecho a la identidad cultural puede ser definido como aquella facultad2 o poder de ejercicio3 de las personas o grupo de personas que pertenecen a un determinado grupo humano o social, que consiste en: 1. Obrar o actuar de acuerdo con el sentido del grupo humano o social que, a su vez, agrupa intereses y valores. 2. Obrar o actuar de acuerdo con la experiencia del grupo humano o social que, a su vez, agrupa los hechos, la historia. 3. La existencia de rasgos “totales” con base en tal sentido y experiencia de actos que se comparten y transmiten en el grupo humano o social. 4. La capacidad de tales rasgos de organizar o configurar una forma o estilo de vida en el grupo humano o social. 2

3

El derecho como facultad consiste en la potestad subjetiva de un hacer, no hacer o un dar que involucra a un actor (individual o colectivo) en relación con otro, amparado por el sistema jurídico o normativo de un Estado o un grupo social determinado. El derecho como “poder de ejercicio” grafica fácticamente el derecho como facultad. Se trata de poner en ejercicio o materializar un poder legítimo reconocido por el Estado o un grupo social determinado. Para una mayor comprensión del concepto de derecho, véanse las características del concepto poder judicial comunal desarrolladas en el capítulo precedente.

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El obrar o actuar de acuerdo con el sentido del grupo humano o social consiste en un actuar conforme a la concepción simbólica del grupo, esto es de acuerdo con “aquellos elementos que transmiten algún mensaje, más allá de lo inmediatamente tangible”, como diría Albó (2000, 77). Ello incluye desde la lengua, el arte y la religión del grupo humano o social hasta su filosofía (cosmovisión y cosmogonía). El obrar o actuar de acuerdo con una experiencia del grupo humano o social, consiste en un actuar conforme a la concepción empírica tangible o pragmática del grupo, que en opinión del mismo Albó estaría constituida por “el conjunto de instrumentos, destrezas y conocimientos que reflejan ante todo una forma práctica y compartida de resolver un problema en última instancia técnico” (2000, 77). Las destrezas y los conocimientos ciertamente son simbólicos, pero su reflejo práctico y orientado a resolver un problema determinado los hace “tangibles” o “empíricos”. En tal actuar se involucran las relaciones con el territorio y el medio ambiente, así como con el conjunto de necesidades y obligaciones derivadas de éstos, como producción, vivienda, alimentación, organización familiar, organización del trabajo, obligaciones de cargos o autoridades, obligaciones personales o interpersonales, etc. Las relaciones económicas y sociales estarían particularmente involucradas en este actuar. El tercer elemento, referido a los rasgos totales que se comparten y trasmiten en el grupo humano y social, se refiere a actos o acciones vinculados al sentido y la experiencia (rasgos) que se totalizan o “universalizan” en el grupo humano o social cuando, particularmente, se comparten y transmiten. Tales rasgos son “totales” en tanto se pueden encontrar en el actuar de cada uno o la mayoría de miembros de un grupo humano o social. Sin embargo, el “compartir” tales rasgos no significa una absoluta sumisión de quienes interactúan, como tampoco la “transmisión” de tales rasgos significa el esfuerzo de una trasmisión exegética o dogmática; por el contrario, tales rasgos de sentido y experiencia se “comparten” y “trasmiten” dentro de la dinámica del propio grupo: si es un grupo humano cuyos matrimonios son mayoritariamente endogámicos, puede entenderse que tal dinámica no es acelerada y se resume a los intercambios grupales que se realizan en el mercado local, la fiesta patronal o un evento deportivo. Si es un grupo humano cuyos matrimonios son, en su mayoría, exogámicos, puede entenderse que tal dinámica es acelerada dado que, además de los intercambios grupales, se sumarían los intercambios interpersonales y familiares. El cuarto elemento se refiere al resultado esperado y demostrable en el propio grupo humano o social: capacidad de organizar o configurar una forma o estilo de vida en el grupo. En resumen, se trataría de destacar la existencia de una convivencia social en el grupo, lo que significa permanencia o estabilidad del propio grupo. Sin embargo, hablar de “forma” y Antonio Alfonso Peña Jumpa. Poder judicial comunal aymara en el Sur Andino Colección En Clave de Sur. 1ª ed. ILSA, Bogotá D.C. Colombia, marzo de 2004

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“estilo” de vida puede conducirnos a horizontes más amplios. La “forma de vida” del grupo humano o social se refiere nuevamente a lo pragmático, a la estructura de relaciones económicas, sociales y propiamente culturales que nos conducen, en los hechos, a satisfacer nuestras necesidades. Hablar de forma de vida supone hablar de satisfacción de necesidades. En cambio, el “estilo de vida” del grupo humano o social se refiere más al carácter simbólico del término vida, esto es el conjunto de mensajes que más allá de la satisfacción de necesidades se reproducen en el grupo. Así, estaríamos hablando de satisfacer las inquietudes, los intereses, los valores, que pueden materializarse en actos de recreo, en una opción religiosa o política, o en la expresión artística sobre el grupo humano o el conjunto de sus rasgos. Como puede apreciarse, el concepto derecho a la identidad cultural involucra una totalidad de actos y rasgos de un grupo humano o social determinado. Pero, tales actos o rasgos no son fáciles de identificar o delimitar; resultan ser más bien totalidades o universos que integran la vida de cada uno de los miembros del grupo.

JUSTIFICACIÓN DEL DERECHO A LA IDENTIDAD CULTURAL Y UBICACIÓN DEL CONCEPTO PODER JUDICIAL COMUNAL ¿Qué justifica o fundamenta la existencia del derecho a la identidad cultural? ¿Cómo se inserta nuestro concepto de poder judicial comunal en dicho derecho y propiamente en su justificación? Estos son dos de los interrogantes que intentaremos absolver en esta sección. El primer interrogante está vinculado a la sección precedente, en tanto el segundo será tratado en la tercera sección. La justificación o fundamentación del derecho a la identidad cultural se encuentra en un dato empírico y en un argumento teórico. El dato empírico se sustenta en la pluralidad de culturas existentes en nuestro universo, en tanto el argumento teórico se sustenta en la teoría y el paradigma de la interculturalidad. Empíricamente, el derecho a la identidad cultural se presenta como necesidad, toda vez que la humanidad se compone de una diversidad de grupos que comparten cada uno su sentido y experiencia de rasgos totales que configuran su forma y estilo de vida. Según la Unesco (1997, 11), nuestro mundo se compone de la vivencia de 10.000 sociedades diferentes o grupos culturales distribuidos en aproximadamente 200 Estados. Esto significa que no sólo constatamos la existencia de Estados diferentes o diversos –que, por ejemplo, pueden agruparse por regiones como las que corresponden a la cultura “occidental” (Europa, Norteamérica)–, sino que en forma más compleja la mayoría de estos Estados –por no decir todos– tienen a su interior una pluralidad de grupos humanos o sociales. Antonio Alfonso Peña Jumpa. Poder judicial comunal aymara en el Sur Andino Colección En Clave de Sur. 1ª ed. ILSA, Bogotá D.C. Colombia, marzo de 2004

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Ejemplos de esta complejidad son India y Perú, donde se localizan por lo menos 700 y 49 grupos culturales diversos, respectivamente. En India es posible encontrar dos culturas generales, la inglesa y la hindú, que buscan integrar el país bajo una formación bilingüe sobre la totalidad de los 698 grupos culturales adicionales. En estos grupos culturales, a su vez, se encuentran idiomas diferentes, identificación con un territorio diferente, tecnologías diferentes, organizaciones sociales y sistemas económicos diferentes4. En Perú, si bien existe una población “mayoritariamente” identificada con el idioma castellano o español, se tiene en su interior una compleja interrelación de la cultura “occidental”, identificada con el mencionado idioma, y las culturas andinas y amazónicas que comparten idiomas diferentes. El país se divide en tres regiones: costa, sierra y selva. En la costa se concentra la mayor población (65% aproximadamente)5, la mayoría hispanohablante. En la sierra habita el segundo grupo de población importante (30% aproximadamente), donde la mayoría es bilingüe, pues hablan además de idiomas originarios, como el quechua o aymara, el castellano. En la selva se ubica la menor población (5% aproximadamente) pero también la mayor diversidad, dado que se comparten cuando menos 47 lenguas o culturas diferentes además del castellano (INEI 1994a). Sin embargo, la compleja realidad peruana no queda allí. Históricamente, la sierra fue la región más poblada, pero con el paso del tiempo su población se desplazó, migró, hacia las principales ciudades de la costa, produciendo una serie de fusiones culturales localizadas en dichas ciudades y particularmente en las zonas de “invasión”, pobladas en la actualidad por asentamientos humanos o pueblos jóvenes. En suma, hoy en día en Perú habita una población de origen andino (quechua y aymara) concentrada en la sierra y en la costa6; una población de origen “occidental”, de migrantes europeos (colonizadores) o criollos (hijos de inmigrantes europeos nacidos en Perú), distribuida en todo el país pero con mayor densidad en la costa7, y una diversidad de población amazónica, integrada por las culturas originarias (44 cuando menos) y los 4

Pouchepadass (1976), ilustrando la compleja pluriculturalidad de la India, sostiene que existen 179 lenguas y 544 “dialectos”, diversas religiones (entre las que destacan la hindú, la musulmana, la sikhs y la cristiana) que, a su vez, se integran por una pluralidad de castas que organiza al país en una multitud de jerarquías locales y se suman 20 millones de población “indígena” al margen de la economía monetaria.

5

El estimado de población se refiere solo a las grandes ciudades de las provincias o departamentos de la costa, mas no incluye a los pueblos rurales de las mismas provincias o departamentos.

6

Estimo que, por las migraciones, esta población de origen andino distribuida en Perú puede superar el 70% de la población nacional.

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Estimo, siguiendo el criterio de la nota anterior, que la población de origen occidental del Perú puede ser calculada en un 25% del total nacional.

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colonos recientes (inmigrantes de la costa y la sierra que viven en la selva). La presencia de esta diversidad supone un nivel de interacción y conflicto que puede llevar a entender esa complejidad de la realidad peruana. Estos ejemplos de la diversidad existente, que puede confirmarse al interior de cada país y del mundo entero, es lo que se ha denominado “multiculturalidad”: “mapa o paisaje pluricultural de una ciudad, región o país”8. Con base en esta diversidad y multiculturalidad se desarrollan también teorías extremas del relativismo cultural que llegan a justificar, sin distinción, el contenido de las relaciones de los miembros de cada cultura: ante la diversidad constatable, “toda pauta [o rasgo] cultural es, intrínsecamente, tan digna de respeto como las demás”9. Sin el propósito de desarrollar ambas definiciones, “multiculturalidad” y relativismo cultural, se puede examinar su importancia y dificultad a partir de complejos problemas como el de la ablación del clítoris en las adolescentes musulmanas, la exigencia del uso de la burka por las mujeres en el mundo talibán de Afganistán, las mutilaciones de miembros en los mismos musulmanes y en las culturas asiáticas como forma de sanción o pena, los “castigos de la naturaleza” en culturas americanas y africanas, o los casos de ajusticiamientos o ejecuciones de pena de muerte en la mayoría de culturas “tribales” o “indígenas” del mundo. El conjunto de estas experiencias o problemas muestra una multiculturalidad subyacente en la humanidad que ha llevado a distintos grados de resistencia, separación, dominación o convivencia desde la cultura “occidental”. Pero, paralelamente a ello, se presenta también esta multiculturalidad bajo cierta perspectiva positiva calificada desde Occidente: son estas culturas las que desarrollan obligaciones solidarias (que incluyen la defensa de la vida), obligaciones de reciprocidad (de defensa de la vida también), las que recurren a la tecnología orgánica para el desarrollo de su vida, las que conocen y cuidan mejor el medio ambiente o la naturaleza, etcétera. Esta apreciación de “lo malo” y “lo bueno” de la diversidad de rasgos de las culturas citadas, diferentes a la occidental, es lo que en algunos casos ha llevado a sustentar un multiculturalismo total y un relativismo cultural radical. Así, se ha argumentado que se trata de sociedades diferentes, con rasgos de sentido y experiencia totales que configuran una forma y estilo de vida diferentes a otros modelos o identidades de grupos sociales o sociedades. Sin embargo, a este argumento fáctico se ha sumado el argumento teórico que fundamenta el derecho a la identidad cultural: el de intercul8

Albó (2000, 83) presenta esta definición para distinguirla del concepto de interculturalidad, que se desarrolla más adelante.

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Marvin Harris (1996) cita esta definición para explicar en profundidad el tema de la endoculturación.

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turalidad. Este argumento teórico parte justamente de la constatación multicultural del mundo y de la influencia de la teoría del relativismo cultural, pero busca ir más allá. Para desarrollar este segundo componente que justifica el derecho a la identidad cultural, resulta útil la definición que el mismo Xavier Albó (2000) ofrece sobre interculturalidad: “la interculturalidad se refiere sobre todo a las actitudes y relaciones de las personas o grupos humanos de una cultura con referencia a otro grupo cultural, a sus miembros o a sus rasgos y productos culturales” (2000, 84). De dicha definición es posible destacar que se trata de la relación de actos, actitudes o rasgos de miembros de un grupo humano. Lo central de tal definición consiste, como diría el propio Albó, en la “relación con ‘otros’, es decir, con algo o alguien o un grupo humano que es distinto” (2000, 85). Tal relación con “otros” es denominada alteridad, que complementa el concepto de identidad –la relación del grupo humano hacia dentro–, pero que, sobre todo, le dará contenido al concepto de interculturalidad10. Teóricamente, la interculturalidad fundamenta la existencia de interrelación de todo grupo humano o grupo social. Tal interrelación conduce a afirmar que todo grupo humano en sus actos y sus rasgos se encuentra en cambio permanente. Como señala el mismo Albó: Cada grupo cultural es como un ser vivo que con el tiempo se va transformando por crecimiento y adaptación, sin perder por ello su identidad, a menos que se muera, descomponga o recicle. Por evolución interna y por contacto entre diversos pueblos y grupos culturales lo que fue fundamental en un momento pierde relevancia en otro y surgen en cambio otros factores que pasan a un primer plano (2000, 84).

Tal apreciación de interrelación y de cambio es lo que fundamenta teóricamente el derecho a la identidad cultural. El ejercicio de su poder no implica que se encuentre estacionado, “fosilizado”, como dirían algunos, sino que se encuentra en permanente cambio. Ello complementa y proyecta la teoría del relativismo cultural: si bien es cierto que toda pauta o rasgo cultural de un grupo humano es tan digna de respeto como las de los demás grupos humanos –como la “occidental”–, esto no significa que siempre se mantenga o se estacione y se defienda, como tal, dicha pauta o rasgo cultural, pues éstos están en incesante cambio. 10

Complementando el contenido de dicha definición, Juan Ansión y Madeleine Zúñiga (1997) distinguen entre una interculturalidad de hecho y una interculturalidad normativa. La primera se refiere a “las relaciones en las cuales, aunque no necesariamente lo quieran ni lo busquen, se ven influenciados de manera importante por rasgos culturales originados en tradiciones diferentes a la propia” (1997, 13). La segunda se refiere a “la actitud de asumir positivamente la situación de diversidad cultural en la que uno se encuentra (...) en principio orientador de la vivencia personal en el plano individual y en principio rector de los procesos sociales en el plano axiológico social...” (1997, 15).

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Lo anterior significa que las prácticas consideradas como “negativas” desde “Occidente”, como los casos de mutilaciones o sanciones físicas, no son sino una pauta o rasgo del “momento” que se renueva o se encuentra en cambio. El mejor ejemplo puede entenderse en el caso de los “latigazos” aplicados a la pareja adúltera o al comunero “culpable” cuyos actos producen los “castigos de la naturaleza” en el Sur Andino11. La multa o sanción pecuniaria ha sucedido, como sanción o pena, a los flagelos físicos, lo que no significa sino una manera práctica de conseguir la armonía con la naturaleza a través de las restricciones o limitaciones económicas de dichos comuneros “culpables”. Si bien algunas comunidades continúan flagelando a los identificados como “culpables” –este es el caso de comunidades de los distritos de Moho y Vilquechico en Puno–, otro gran número de comunidades ha sustituido dicha práctica por la de las multas –como es el caso de las comunidades cercanas a Huancané12. Así, mientras de un lado el dato empírico muestra fotográficamente la realidad de multiculturalidad y su consideración relativista, de otro lado el argumento teórico muestra la dinámica de dicha realidad a través de la interculturalidad que orienta o define el proceso de cambio de los grupos humanos. Ambos aspectos, complementarios, creo que fundamentan el derecho a la identidad cultural. El fundamento del derecho a la identidad cultural en los términos desarrollados constituye la justificación de la validación de un poder judicial comunal para comunidades o grupos sociales como los del Sur Andino. El poder judicial comunal se presenta como la expresión de un conjunto de rasgos que se comparten y transmiten con sentido y experiencia, organizando la forma y estilo de vida de las comunidades con que se identifica. El “sentido” simboliza los intereses y valores de los miembros de las comunidades en la resolución de sus conflictos, y la “experiencia” confirmaría los hechos, las prácticas y los antecedentes históricos que consolidan sus sistemas de resolución reconocidos por los mismos miembros del grupo social. Ello relaciona el poder judicial comunal como un componente del derecho a la identidad cultural de las comunidades o grupos sociales de referencia. El poder judicial, al ser componente del derecho a la identidad cultural de las comunidades, se presenta empíricamente como un rasgo de multiculturalidad entre la diversidad de modelos o experiencias de resolución de conflictos. Cada cultura tiene sus propios sistemas de resolución de conflictos. Así, en sociedades comunitarias existen sistemas de resolución de conflictos propios que son diferentes (alteridad) a los sistemas de resolu11

El caso ha sido referido por Peña en varios trabajos (1998, 2000, 2001).

12

La información que se proporciona corresponde a la recopilada durante el trabajo de campo de 1999 y 2000.

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ción de conflictos de otras sociedades (como por ejemplo la “moderna” u “occidental”). También se podría decir, por ejemplo, que mientras para determinadas sociedades existe un tipo de poder judicial, como el estatal, para otras sociedades existe otro tipo de poder judicial, como el comunal. Bajo esta apreciación empírica, el concepto poder judicial comunal aparece como parte de la gran diversidad o multitud de sistemas de resolución que existen en el mundo y desde esta perspectiva su actuar debería ser respetado sin limitaciones. Al ser un componente de la identidad cultural de un determinado grupo humano o social y al ser su cultura digna de respeto como cualquiera otra, su poder judicial comunal también lo debería ser. De otro lado, desde la perspectiva teórica de la interculturalidad, cabe destacar que el concepto de poder judicial comunal, como componente de la identidad cultural de determinados grupos humanos o sociales, no se encuentra solo o aislado, como tampoco lo están estos últimos. Esto significa que el concepto de poder judicial comunal, como cualquier otro componente de una identidad cultural, se encuentra en relación con otros sistemas de resolución (distintos) de otros grupos humanos o sociales que comparten, a su vez, otra identidad cultural. A partir de esta relación, cabe reiterar que componentes como el poder judicial comunal no son estáticos, sino que fluyen y se encuentran en constante cambio como cualquier identidad cultural. Esta interrelación de sistemas de resolución produce la transformación –lo que es común, según se veía– del derecho a la identidad cultural. El solo encuentro de dos rasgos o componentes de culturas diferentes conduce a un proceso de reflexión, comparación, recomposición y cambio, lo que no sería ajeno al concepto de poder judicial comunal. Sin embargo, tal transformación no significaría una pérdida de identidad a no ser que se tratara de la muerte, descomposición o reciclamiento de la cultura, como lo hace notar Albó13. En suma, las referidas perspectivas empírica y teórica sobre el derecho a la identidad cultural también se fusionan en el concepto de poder judicial comunal. Este último, como cualquier componente del primero, es diferente a otros sistemas de resolución, lo que lo hace particular y digno de respeto, pero al mismo tiempo está en interrelación con otros sistemas de resolución particulares que producen su transformación, sin que ello signifique su pérdida de identidad o descomposición.

13

Ídem.

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EL RECONOCIMIENTO LEGAL DEL “PODER JUDICIAL COMUNAL” EN EL PERÚ El concepto de identidad cultural y su justificación, al lado del de poder judicial comunal, permite presentar ahora el marco normativo que desde la experiencia peruana los regula. Para ello se recurrirá al análisis constitucional y al análisis de las principales normas legales del sistema jurídico del Estado peruano. La Constitución Política del Perú de 1993, siguiendo la tendencia mundial y específicamente latinoamericana14 de reconocer la diversidad de identidades culturales, así como los sistemas de resolución no estatales al interior del propio territorio estatal, ha reconocido también ambos aspectos para el Estado peruano. Son dos las normas constitucionales importantes que destacan dicho reconocimiento: el artículo 2º, inciso 19, que regula el “derecho a la identidad étnica y cultural”, que no es otro que el derecho a la identidad cultural al que me he referido en las páginas precedentes; y el artículo 149, que regula la jurisdicción especial o el ejercicio de resolución de conflictos de las comunidades “campesinas” y “nativas”. Ambos artículos, relacionados con otros de la misma Constitución Política15 y con leyes específicas, llevan a configurar, en mi opinión, el reconocimiento de lo que he definido como poder judicial comunal. El artículo 2º, inciso 19 de la Constitución Política establece: 14

Sobre el contenido de las constituciones latinoamericanas, cabe citar el trabajo de Vicente Cabedo (2000), quien a partir de la revisión de dichas constituciones ha conseguido sistematizar en tres grupos a los Estados latinoamericanos. El autor identifica en un primer grupo a aquellos Estados que “reconocen el pluralismo jurídico en sus constituciones”, que serían aquellos que regulan “plenamente” el “derecho consuetudinario” y su ejercicio, como Colombia (1991), Perú (1993), Bolivia (1995), Ecuador (1998) y Venezuela (1999). Un segundo grupo corresponde a aquellos Estados que “reconocen en sus constituciones el derecho consuetudinario de los pueblos indígenas pero no el ejercicio de su propia jurisdicción”, en otras palabras reconocen “a medias” el pluralismo jurídico, como Paraguay (1992), México (1917, 1992) y Guatemala (1985). El tercer grupo se refiere a los Estados “cuyas constituciones no hacen referencia alguna al derecho consuetudinario indígena”, como Panamá, Chile (1980), Costa Rica (1949), Brasil (1988) y Argentina (1994). En estos últimos Estados, sin embargo, es posible encontrar leyes o iniciativas legislativas en discusión sobre el tema, según refiere el mismo autor.

15

Entre las normas constituciones relacionadas con las antes citadas se encuentran los artículos 88 y 89 que regulan el régimen agrario del país y otorgan derechos especiales a las comunidades “campesinas” y “nativas”. Asimismo, en el mismo nivel se encuentran las normas internacionales que otorgan un especial reconocimiento a las poblaciones “indígenas”, como es el caso del Convenio Nº 169 de la Organización Internacional del Trabajo - OIT (Convenio sobre Pueblos Indígenas y Tribales en países independientes) y el Convenio Nº 107 de la misma OIT que lo precedió. Entre las leyes específicas cabe citar la Ley General de Comunidades Campesinas (Ley Nº 24656), la ley de Deslinde y Titulación (Ley Nº 24657), la ley de Comunidades Nativas y de Desarrollo Agrario de las Regiones de Selva y Ceja de Selva (Decreto Ley Nº 22175), la ley de Rondas Campesinas Pacíficas, Democráticas y Autónomas (Ley Nº 24571) y el artículo 15 del Código Penal (Decreto Legislativo Nº 635), entre otras.

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Artículo 2º. Toda persona humana tiene derecho: 19. A su identidad étnica y cultural. El Estado reconoce y protege la pluralidad étnica y cultural de la Nación. Todo peruano tiene derecho a usar su idioma ante cualquier autoridad mediante un intérprete. Los extranjeros tienen este mismo derecho cuando son citados por cualquier autoridad.

A su vez, el artículo 149 de la misma Constitución Política, establece: Artículo 149. Las autoridades de las comunidades campesinas y nativas con el apoyo de las Rondas Campesinas, pueden ejercer las funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial de conformidad con el derecho consuetudinario siempre que no violen los derechos fundamentales de la persona. La ley establece las formas de coordinación de dicha jurisdicción especial con los Juzgados de Paz y con las demás instancias del poder judicial.

La primera norma, el artículo 2º, inciso 19 de la Constitución, reconoce plenamente lo que he identificado como el derecho a la identidad cultural16, incluyendo su justificación empírica (de constatación del multiculturalismo y de sostén del relativismo cultural) y su justificación teórica (de expansión y sustento paradigmático de la interculturalidad). La segunda norma, el artículo 149 de la Constitución, reconoce relativamente la facultad de los actores colectivos de las comunidades “campesinas” y “nativas” de resolver sus propios conflictos dentro de los límites de los “derechos fundamentales de las personas”. Ambas normas, interpretadas sistemáticamente, resaltan el reconocimiento pleno de sistemas de resolución de conflictos diferentes al estatal en nuestro país, situación que no es otra que el reconocimiento del denominado pluralismo jurídico, al que se hizo referencia en el capítulo precedente. Se reconoce una identidad cultural que a su vez es complementaria con el reconocimiento de lo que la Constitución denomina “jurisdicción especial” y la que prefiero identificar como “jurisdicción comunal o comunitaria”. Tal jurisdicción especializada existe en Perú, y particularmente en el Sur Andino, desde hace muchos años; su origen se remonta a momentos históricos en que estuvieron en operación instituciones como ayllu17. 16

La norma citada refiere textualmente los términos “identidad étnica y cultural”, lo que en mi opinión resulta redundante o contradictorio. Lo étnico es parte de la cultura. Al entender la cultura como el conjunto de rasgos que con sentido y experiencia identifican o sirven a un pueblo, se estaría involucrando lo étnico. Lo étnico identifica a un grupo específico, lo expresa en su lengua, tradiciones y territorio, pero esto justamente es cultura. Cuando identificamos el conjunto de los rasgos –culturales– estamos incluyendo la identidad del grupo adherido a los mismos –que es lo étnico–. Cuando se habla de la “identidad étnica” en realidad se está hablando de la identidad grupal, pero sin enunciar los contenidos. Cuando se habla de la “identidad cultural” se está poniendo énfasis en los contenidos, incluyendo al grupo que los ejercita.

17

Parte de esta referencia histórica se explica genéricamente en los capítulos 3 y 4.

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Esta interpretación puede llevarnos a afirmar que tanto los quechuas como los aymaras en nuestros Andes, así como los asháninkas, shipibos, aguarunas y los 44 grupos étnicos adicionales de nuestra Amazonia, se encuentran legitimados formalmente para intervenir en la resolución de los conflictos que se susciten en sus territorios o jurisdicción comunal. Los diversos conflictos que involucran sus relaciones sociales, culturales y económicas serán de competencia de las autoridades comunales dentro de los criterios regulados en las normas constitucionales citadas. Sin embargo, creo que las indicadas normas, particularmente la interpretación textual del artículo 149 de la Constitución, tienen algunas insuficiencias en la comprensión de la heterogénea realidad que ofrece Perú. En dicho sentido, considero importante resaltar tres aspectos: en primer lugar, la omisión o exclusión de las rondas campesinas como organizaciones o grupos sociales que también intervienen en la resolución de conflictos de las poblaciones de caseríos o anexos de la sierra peruana; en segundo lugar, el tema de los límites que desde la Constitución Política se imponen a los sistemas no estatales de resolución de conflictos, como el supuesto de “los derechos fundamentales de las personas”; y en tercer lugar, la compleja situación de las personas inmigrantes de las comunidades favorecidas con las normas comentadas, cuando por diversas razones se desplazan con su cultura a espacios físicos y sociales diferentes. El primer aspecto, referido a la omisión o exclusión de las rondas campesinas18 como sistema de resolución de conflictos, coincide con otras omisiones o exclusiones constitucionales a nuestra heterogénea realidad, en la que perviven otras formas organizativas con directa intervención en la resolución de conflictos en los Andes, la Amazonia y la franja costeña peruanas. El artículo 149 de la Constitución Política sólo considera a las rondas campesinas como órganos de apoyo, y no como órganos directos responsables de resolver sus conflictos. Ello contradice la realidad de las rondas originarias de Cajamarca, que intervienen directamente en la captura y sanción de abigeos y otra clase de “ladrones chicos” y “ladrones grandes” en su ámbito territorial19. Asimismo, las indicadas normas constitucionales omiten otras formas organizativas sociales importantes de las diversas regiones del Perú. Me refiero a las parcialidades del Sur Andino, los caseríos y anexos de la Amazonia y serranía, así como a los centros poblados y grupos interco18

19

Las rondas campesinas se pueden definir como organizaciones campesinas principalmente situadas en zonas o regiones andinas, identificadas con un territorio y una población determinada y que a través de pequeños subgrupos vigilan el “buen orden” y protegen el patrimonio y recursos que poseen. Para una mayor comprensión de la realidad que identifica a las rondas campesinas de Cajamarca, puede consultarse a Orin Starn (1991), Raquel Yrigoyen (1993), Hans Jürgen Brandt (1986), Ludwig Huber (1995), entre otros.

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munales microrregionales que se encuentran distribuidos en diversas partes del país. Estas formas organizativas tienen una gran semejanza a lo que se identifica como “comunidades campesinas” o “comunidades nativas”; sin embargo, carecen de su reconocimiento formal como tales o, simplemente, carecen del interés de que se les reconozca como tales20. En todas ellas también es posible encontrar a su interior diversos sistemas de resolución de conflictos. El segundo aspecto importante es el referido a los límites de los derechos fundamentales de la persona, resaltado en el artículo 149 de la Constitución Política. La norma establece que las “comunidades campesinas” y “nativas” pueden resolver sus conflictos siempre que no “violen los derechos fundamentales de la persona”. Con ello se busca cautelar el orden jurídico del Estado –resaltado anteriormente en la cita de Kelsen–, que debe ser entendido como “puro”, “central”, “único” o “sin contradicción”21. En otras palabras, se busca controlar la aplicación de los derechos “nativos”, algunas veces llamados “primitivos”, que contradicen los valores de vida o dignidad que se han construido en el Estado peruano desde otras culturas como la europea u “occidental”. Sin embargo, frente a esta apreciación, teóricamente se opone el hecho de que las propias comunidades aymaras, quechuas, shipibas, aguarunas o asháninkas tengan sus propios límites, basados en condiciones propias que los han llevado a configurar sus propias concepciones de vida y dignidad, tal como lo han venido haciendo históricamente22. En otras palabras, ni la citada norma constitucional ni el Estado logran concebir la existencia de límites propios desde las “comunidades campesinas” o “nativas”. La redacción del artículo 149 de la Constitución expresa un rol paternalista, que tiene sus orígenes en las primeras leyes de la República y en el período de la Colonia española, cuando el indígena era considerado como un “ser inferior”23. Pero, a su vez, dicha norma es agresiva, en tanto reconoce la diversidad de jurisdicciones que operan en las comunidades campesinas o nativas y al mismo tiempo las somete a los límites de “dere20

El caso de la comunidad campesina y la forma organizativa “parcialidad” en el Sur Andino es muestra de la poca importancia de adecuación a las actuales normas. En dicha microrregión la mayoría de las parcialidades han pasado a convertirse en comunidades campesinas; pero también hay otras –muchas– que a pesar de cumplir con las condiciones y requisitos, no tienen el interés por tal reconocimiento. La parcialidad, como se explica en el capítulo siguiente, es semejante a la “comunidad campesina”.

21

Esta referencia corresponde a la teoría de Hans Kelsen (1934, 1974, 1983). Ver al respecto el capítulo 1.

22

El tema de estos límites puede ser entendido en mayor detalle a partir de la explicación de los sistemas de resolución de los aymaras del Sur Andino que se desarrolla en los capítulos 5, 6 y 7.

23

Una muestra reciente de esta apreciación puede encontrarse en el Código Penal de 1924, vigente hasta el año 1991, donde se consideraba a los indígenas andinos como “semicivilizados” (artículo 44º) y a los indígenas amazónicos como “salvajes” (artículo 45º).

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chos fundamentales” que no necesariamente conocen y que, incluso, pueden ser contrarios en su operación y apreciación. Creo que se trata de una situación de conflicto normativo que contradice el derecho a la identidad cultural regulado en el artículo 2º, inciso 19 de la misma Constitución. Como se ha citado, el artículo 2º, reconoce el derecho de toda persona a su identidad “étnica y cultural”, obligando al Estado al reconocimiento de la pluralidad étnica y cultural de la Nación. La norma citada no incluye los límites de los “derechos fundamentales de las personas”. Esto quiere decir que reconoce tal derecho de identidad sin limitaciones, lo que lleva a pensar, para ser coherentes con el propio ordenamiento jurídico, que dentro de este derecho de identidad se incluye necesariamente el reconocimiento de la diversidad jurídica, como también el ejercicio de la resolución de los conflictos de tales personas sin limitaciones, pues lo jurídico y los sistemas de resolución no son sino componentes o complemento de tal identidad, tal como ocurre con la propia regulación normativa del Estado peruano24. A ello se suma un punto de discusión teórico: ¿qué se entiende por derechos fundamentales de la persona? ¿Sólo los derechos del debido proceso, que involucran las mínimas garantías de las personas dentro de los sistemas de resolución de conflictos? ¿O también los derechos sustantivos fundamentales, como los de la integridad física, salud, alimentación, propiedad, que al propio Estado se le hace difícil cumplir? ¿O estamos hablando, más bien, de los derechos fundamentales sustantivos y del debido proceso, tal como los conciben los propios comuneros, de las “comunidades campesinas” y “nativas” los mismos que pueden ser diferentes a como lo conceptúa la sociedad moderna europea? En cualquiera de los casos, el problema no es fácil de abordar y requiere bastante creación y conocimiento de las realidades que identifican a dichos grupos étnicos o sociales25. El tercer aspecto que es importante comentar es la situación de los inmigrantes. El artículo 149 de la Constitución regula la situación de los comuneros (quechuas, aymaras, shipibos, aguarunas, asháninkas, entre otros) 24

25

El Estado peruano, como ocurre con el conjunto de Estados modernos, también denominados Estados-nación, se compone de cuatro poderes clásicos: el poder ejecutivo, el poder judicial, el poder legislativo y el poder electoral. Lo jurídico no viene a ser, dentro de dicho criterio, sino el conjunto de normas y procedimientos que ponen en marcha tales poderes; y los propios sistemas de resolución de conflictos, agrupados en su poder judicial, aparecen también como parte del mismo Estado. No es el propósito del presente trabajo abordar el problema. Sin embargo, en forma genérica se puede afirmar que la experiencia aymara presentada en los siguientes capítulos puede mostrarnos que no hay razón para imponer los límites de “los derechos fundamentales de la persona” que son externos a los indicados comuneros. Se puede afirmar que ellos son respetuosos de los derechos fundamentales reconocidos por el Estado y solo excepcionalmente, como también ocurre en el actuar de los propios gobernantes, transgreden dichos derechos. Para una apreciación sistemática de la confrontación de posiciones puede consultarse a Miguel Giusti (1999) y a Peña (2001a y c), entre otros.

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que habitan en sus respectivas comunidades, pero, ¿qué ocurre con los emigrantes de estos grupos sociales o, para ser más preciso, con las grandes masas de poblaciones que se han movilizado en bloque a las principales ciudades del país26? Al respecto la norma constitucional omite una gran realidad. El problema suscita una reflexión comparativa desde la teoría del derecho internacional. El inmigrante del que estamos hablando pertenece, en términos reales, normalmente a un grupo social o étnico diferente al de los gobernantes del Estado o al de la sociedad de recepción. Es como si se tratase de un ciudadano “extranjero” que más allá de un pasaporte trae consigo una identidad económica, social y cultural diferente al ciudadano de la sociedad de recepción. Un simple ejemplo de esta identidad que se traslada con el inmigrante se puede apreciar en el idioma: en el caso peruano, el quechua, aymara, shipibo, asháninka o aguaruna que se traslada a la ciudad, donde se habla el castellano, lleva consigo un idioma materno que será difícil de perder a pesar de los años de residencia en la sociedad de recepción. Como el idioma, cada ciudadano de estos diferentes grupos traslada, al migrar, valores y patrones de conducta diferentes. ¿Qué hacer cuando dichos valores o patrones de conducta colisionan con las normas preestablecidas de la sociedad de recepción? Frente a ello, el derecho internacional presenta dos cuestiones previas: identificar la autoridad competente y seguidamente identificar el derecho aplicable. En cuanto a la autoridad competente o el juez legitimado para resolver el caso, la solución normalmente propuesta es la que identifica a los órganos del Estado donde se suscita el conflicto. Por ejemplo, ante el caso que identifica a una pareja de chayahuitas inmigrantes desde la Amazonia, donde la mujer es una menor de edad y la cultura de recepción considera tales actos como violación sexual presunta, la autoridad competente es, de acuerdo con las normas del derecho estatal peruano, el fiscal provincial y el juez especializado en lo penal de turno. Estas autoridades se encuentran identificadas con el poder judicial estatal, lo que significa que tendrán que razonar y actuar teniendo en cuenta las normas y el procedimiento que siguen a la norma fundamental (la Constitución Política de Perú), así como los límites que la misma impone. No existe hasta ahora dentro de la indicada norma fundamental –ni dentro del orden jurídico estatal peruano– el reconocimiento de otras alternativas de órganos de resolución. Ello significa que el citado caso de los chayahuitas sería resuelto por una autoridad o 26

Un aspecto interesante de este proceso de migración es encontrar barrios y asentamientos humanos que identifican a familias de zonas rurales determinadas. Por ejemplo, en Pamplona Alta es posible identificar a muchos migrantes del Sur Andino, que a pesar del tiempo transcurrido (20 años de su migración) continúan interactuando con sus comunidades de origen. Asimismo, resulta interesante citar el proceso de andinización que vive Lima, actualmente la ciudad donde se puede encontrar a la población más numerosa de habla quechua (ALPU, Foro “Las identidades del Perú frente al nuevo milenio”, diciembre 1999).

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juez parcializado, de cultura diferente, identificado con normas, procedimientos y principios de un orden jurídico diferente a las partes del conflicto. Frente a esta situación, en teoría es posible presentar otras alternativas de órganos o sistemas de resolución, como las siguientes: -

Consejo Jurídico de Ancianos. René Kuppe (1994) cita el ejemplo de la comunidad de Yirrkala, del norte de Australia, en la que operó dicho consejo. Este se integraría por ancianos de la comunidad de origen del migrante y su función sería la de nombrar o proponer un “tribunal comunal” encargado de solucionar el conflicto concreto.

-

Jurado Escabinado. Raquel Yrigoyen (1994) lo propone para evaluar si un acto de un comunero determinado, inmigrante o no, transgrede derechos fundamentales o en el supuesto de conflicto de aplicación entre el derecho “consuetudinario” y el derecho estatal. Se refiere a jurados mixtos, integrados por autoridades de la población inmigrante y jueces o profesionales nombrados por el Estado. Dentro de su labor puede considerar la pericia antropológica.

-

Jurado o Tribunal Neutral. Integrado por personas no pertenecientes a ninguno de los grupos o sociedades de los que son miembros las personas en conflicto. Se convocaría o nombraría por un consejo especial constituido por las autoridades de los dos grupos o sociedades involucradas.

Como se puede apreciar, además de la posible intervención del juez oficial del Estado, existen otras alternativas que consideran el concurso de profesionales, jurados o tribunales integrados por personas que se elegirían bajo consenso de los grupos o sociedades cuyos miembros se encuentren en conflicto o, por lo menos, con una mayor participación de ambas partes involucradas. Estas alternativas resultan las más adecuadas dentro del marco de la teoría intercultural que integra el derecho a la identidad cultural antes descrito27. La identificación del derecho aplicable, de otro lado, también suscita controversia. Frente al caso presentado, el de la pareja de chayahuitas inmigrantes, una vez identificado el juez competente cabe preguntar: ¿qué derecho se aplica? ¿El derecho de los chayahuitas, el derecho del Estado o un derecho neutral? Frente a estos interrogantes, desde el derecho estatal peruano y, particularmente, desde la literatura jurídica se han propuesto soluciones que recogen la experiencia del derecho internacional. Siguiendo a Fernando de Trazegnies (1996), se puede afirmar que frente al problema del derecho aplicable se presentan dos alternativas de técnica jurídica recogidas del derecho internacional: el derecho donde se producen los he27

Ver al respecto la parte referente a la “Justificación del derecho a la identidad cultural y ubicación del concepto poder judicial comunal”.

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chos o el derecho de pertenencia de las personas. De Trazegnies lo explica en los siguientes términos: El derecho tiene instrumentos para manejar la diversidad de órdenes jurídicos, cuando estos se encuentren más claramente diferenciados y los cruces de normatividad son más bien excepcionales y precisos. De esta forma el derecho moderno puede seguir el llamado “criterio del lugar donde suceden los hechos” o ius soli o el “criterio del derecho propio de las personas”, llamado ius sanguinis para establecer si un determinado caso será resuelto por aplicación del derecho nacional (o derecho particular) donde sucedieron los hechos y donde generalmente se está juzgando el problema, o si se resolverá mediante la aplicación de los derechos de los países (o grupos étnicos o sociales) a los que corresponden los sujetos involucrados (…). (1996, 86-87; paréntesis e itálicas mías)

Como se puede apreciar, existen dos caminos a través de los cuales puede regularse el conflicto donde sea parte o donde se encuentre involucrada una parte inmigrante de los grupos étnicos o sociales antes referidos: de un lado, el derecho que involucra a su grupo cultural –el ius sanguinis– y de otro, el derecho del lugar en donde se encuentre y donde se susciten los hechos –el ius soli–. En cualquiera de los dos casos, la solución tampoco es sencilla porque involucra nuevamente el conjunto de valores sobre vida y dignidad, como el matrimonio chayahuita mencionado, a veces radicalmente diferentes. El tema de los derechos fundamentales nuevamente puede verse comprometido. Sin embargo, frente a tal problema, en materia de conflictos penales, el ordenamiento jurídico peruano ha hecho una importante contribución. El actual Código Penal, en su artículo 15, regula lo que se ha dado en llamar “error de comprensión culturalmente condicionado”: Artículo 15. El que por su cultura o costumbres comete un hecho punible sin poder comprender el carácter delictuoso de su acto o determinarse de acuerdo a esa comprensión, será eximido de responsabilidad. Cuando por igual razón, esa posibilidad se haya disminuida, se atenuará la pena.

Como puede apreciarse, la norma penal citada aparece como un importante instrumento de argumentación frente al problema propuesto. Tiene una opción preponderante por la regla del ius sanguinis, es decir la opción por el derecho que pertenece al inmigrante comprometido, a pesar de que el juez que lo aplica lo hace facultado desde el criterio del ius soli. Pero la norma va más allá de la relación de los inmigrantes, porque puede ser alegado en cualquier conflicto penal –de inmigrantes y no inmigrantes– donde se vieran comprometidos los valores o costumbres de una cultura diferente. Es más, se puede afirmar que dicha norma abre las puertas para que se razone en el mismo sentido frente a conflictos de otras materias, Antonio Alfonso Peña Jumpa. Poder judicial comunal aymara en el Sur Andino Colección En Clave de Sur. 1ª ed. ILSA, Bogotá D.C. Colombia, marzo de 2004

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como los de índole familiar, patrimonial, laboral, de responsabilidad civil, entre otros. La norma amerita comentarios adicionales. La solución penal propuesta no deja de ser parcial y hasta etnocéntrica frente al problema: consideramos “error” o “hecho punible” aquello que puede identificar como elemento cultural a un grupo étnico o social determinado, y, de otro lado, el problema de “incomprensión” del hecho delictivo corresponde ser probado –con mucha rigurosidad– por el inmigrante involucrado, mientras sus juzgadores –por tratarse de materia penal– pertenecen a la autoridad central, esto es el juez penal del poder judicial estatal28. Al final, el poder central siempre tendrá formas de controlar o someter a los miembros de grupos étnicos o sociales diferentes a su sistema de resolución o procedimiento de administración de justicia. En suma, con base en un balance del tratamiento normativo del concepto de poder judicial comunal dentro de nuestro sistema legal u orden jurídico, se puede afirmar que el mismo sí se encuentra reconocido. Tal reconocimiento formal se hace bajo la denominación de “jurisdicción especial” y dentro del marco del derecho a la identidad cultural. Sin embargo, también cabe indicar que si bien tal reconocimiento simboliza una gran contribución al debate que aquí se presenta, también es posible resaltar la existencia de algunas deficiencias que requieren una mayor reflexión y estudio.

28

Un ejemplo bastante conocido que muestra estas limitaciones es el caso de la pareja quechuahablante unida por Servinakuy (matrimonio andino que puede unir a un adulto con una menor de edad) que se desplaza a Lima. Al no ser comprendido o conocido el Servinakuy por las autoridades penales, lo consideran delito contra la libertad sexual –específicamente violación de menor–, que produce la detención inmediata del varón y su sometimiento a un proceso penal largo con “reo en cárcel”. Uno de estos casos es referido por Fernando de Trazegnies como experiencia de un juez penal del Callao (entrevista en Themis, revista de Derecho, Nº 15. Lima: PUCP, 1989). En dicho caso, si bien al final el inculpado pudo conseguir el “sobreseimiento” de su causa y quedar libre, previamente tuvo que purgar años de cárcel con el correspondiente abandono de su familia. Otro ejemplo recientemente ocurrido (2000-2001) es el de una pareja de chayahuitas unidos en matrimonio tradicional, donde el varón es un mayor de edad (30) y la mujer, de una comunidad vecina, una menor de 9 años. Por denuncia del teniente gobernador, a insistencia del gobernador de la ciudad, el chayahuita varón fue detenido y la mujer enviada a su comunidad de origen. Si bien la corte superior aplicó el artículo 15° del Código Penal, liberando de responsabilidad al chayahuita varón, este previamente había purgado seis meses de prisión (Expediente 20000019-221602, Alto Amazonas-Yurimaguas).

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SEGUNDA PARTE

EL CONTEXTO DE DESARROLLO DEL PODER JUDICIAL COMUNAL AYMARA

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os sistemas de resolución de conflictos que se analizan más adelante, en la tercera parte de la investigación, tienen una base de la cual parten y a la cual regresan en su funcionamiento diario. Esta base está demarcada por relaciones históricas, sociales, económicas y culturales que identifican a los miembros o actores de las comunidades en estudio, así como a los actores de las comunidades vecinas y al propio gremio que los agrupa. Pero, en la misma base, también encontramos un conjunto de relaciones provenientes de la puesta en operación de los órganos del Estado que directa o indirectamente afectan los intereses de los actores sociales comunales, dentro de las cuales destacan las relaciones vinculadas a la resolución de conflictos dirigidas por los órganos del poder judicial estatal. Esta base delineada por el conjunto de relaciones históricas, sociales, económicas, culturales y judiciales constituye el contexto donde se desarrollan los sistemas de resolución que he identificado como poder judicial comunal. Se trata de un actuar dinámico que puede mostrar que tal concepto no se da en el vacío. Por el contrario, dicho actuar involucra el pensamiento (razonamiento) y el actuar de cada uno de los comuneros aymaras de la microrregión o región donde se desarrollan las comunidades en estudio. Sin embargo, a este actuar también se suman el razonamiento y actuar de los operadores judiciales y políticos que intervienen en la resolución de conflictos de estos comuneros. Dentro de dicho propósito, esta segunda parte del estudio está dividida en dos capítulos: uno orientado a presentar brevemente el contexto de las relaciones históricas, sociales, económicas y culturales, y otro dirigido a mostrar las relaciones judiciales que provienen de los órganos estatales de administración de justicia. El capítulo 3 versa, siguiendo a Xavier Albó (2000), sobre lo que se podría llamar el contexto de la identidad cultural o, siguiendo a Weber Antonio Alfonso Peña Jumpa. Poder judicial comunal aymara en el Sur Andino Colección En Clave de Sur. 1ª ed. ILSA, Bogotá D.C. Colombia, marzo de 2004

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(1969), el orden económico y social de las comunidades aymaras en estudio agrupadas en lo que se identifica como la microrregión de Huancané. En forma breve se abordan el conjunto de rasgos, actos o relaciones de los comuneros aymaras que atañen a datos de población, antecedentes históricos, diferentes tipos de organización social interna y externa, explotación de recursos, formas de trabajo, cosmovisión, parentesco, fiestas patronales, entre otros. En cada uno de estos rasgos, actos y relaciones se involucra la cultura, así como pueden implicarse la economía y las relaciones sociales en general. El capítulo está referido al mundo de los hechos o lo empírico, desde donde –en términos kelsenianos– puede abstraerse el mundo de las normas o el derecho que servirá para “ordenar” el grupo social. El mundo de los hechos incluye la diversidad de conflictos que surgen de tales rasgos, como también el contenido de los principios con los que se les puede poner fin. El capítulo 4 trata sobre el contexto judicial estatal u oficial con el que interactúan los sistemas de resolución de conflictos de las comunidades en estudio. Interesa presentar el conjunto de órganos estatales que intervienen en la resolución de conflictos de los comuneros, pero también explicar sus límites en relación con los sistemas de resolución comunales. Entre los órganos estatales llama la atención encontrar históricamente, frente a la resolución de conflictos, el actuar de un número limitado de jueces profesionales y no profesionales (como los jueces de paz no letrados) al lado de autoridades políticas (como el gobernador y subprefecto) y policiales. Esto demuestra en una primera instancia que el poder judicial del Estado en áreas rurales como las de Huancané nunca actúa con exclusividad. Es más, muchas veces, en opinión de los interesados, las autoridades políticas y policiales –no las judiciales– resultan ser más eficientes para resolver sus conflictos. Pero más allá de esta confrontación de competencias o atribuciones se entretejen otras causas estructurales que han llevado a los comuneros a consolidar sus propios sistemas de resolución. Los costos, la demora y la ausencia de un final en los procedimientos estatales de resolución han llevado a los comuneros a justificar un rechazo a los órganos oficiales y a continuar consolidando su poder judicial comunal.

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CAPÍTULO 3

El contexto del Sur Andino: la provincia o microrregión de Huancané

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ntes de analizar los sistemas de resolución de conflictos de las comunidades aymaras en estudio y su organización gremial en el Sur Andino, así como el actuar de los propios sistemas de resolución del Estado, es necesario ubicar el espacio físico o empírico básico de dicha zona. Nos referiremos a este espacio de manera genérica, distinguiendo entre actividades o relaciones históricas, sociales, económicas y culturales. Se trata de identificar el orden social, económico y cultural que aborda el conjunto de actividades y relaciones mencionadas, pero teniendo en cuenta que tal orden está estrechamente vinculado con el orden jurídico de los comuneros, en los términos esbozados en el marco teórico, con cuyo interactuar se suscita la comprensión y resolución de conflictos. Es difícil establecer una separación entre los dos órdenes indicados. Sin embargo, con fines metodológicos se esboza una separación de este tipo y se divide el capítulo en una exposición de los antecedentes históricos y una presentación de las tres comunidades en estudio, al lado de tres tipos de organización: la organización social, la organización económica y la organización cultural1. Cabe aclarar que describir bajo dichas condiciones el espacio histórico, social, económico y cultural que identifica a los aymaras de este estudio, supone relacionarse con lo que en otro estudio denomino el plano de la valorización de la justicia o la justicia sustantiva2, aspecto o plano de la justicia que aquí no se desarrolla. Sin embargo, es inevitable referirse a 1

2

Por la naturaleza del capítulo, cuando hablo de la organización cultural me refiero al orden que involucra actividades o relaciones vinculadas al idioma, la fiesta patronal, cosmovisión, parentesco y matrimonio del grupo social en estudio. Es importante notar la diferencia de este concepto con el de cultura, expuesto en el capítulo 2, que involucra el conjunto de rasgos, incluso económicos y sociales, del grupo social en estudio. El plano de la valorización de la justicia se presenta como complementario al de la materialización de la misma. Juntos, en mi opinión, integran el concepto de justicia. En el capítulo 7 del

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muchos aspectos que lo involucran, con del propósito de situar los diferentes sistemas de resolución de las comunidades y entender el contexto de sus conflictos. El área en estudio corresponde a la provincia o a la microrregión3 de Huancané, en el Departamento de Puno, que muy bien se puede identificar como una muestra significativa del Sur Andino peruano. No obstante, para situar y conocer en mayor detalle el ámbito de relaciones de las comunidades aymaras de Calahuyo, Titihue y Tiquirini-Totería, donde se centra el estudio, acudo a la información específica que corresponde al distrito capital de la provincia en la que con mayor frecuencia interactúan los comuneros, esto es, el distrito de Huancané. En algunos casos será inevitable referirse a una información general de la provincia de Huancané o del Departamento de Puno, toda vez que se desconoce información específica publicada.

UBICACIÓN GEOGRÁFICA, EXTENSIÓN Y POBLACIÓN La provincia de Huancané está compuesta por ocho distritos: Vilque Chico, Taraco Pusi, Huatasani, Inchupaya, Cojata, Rosaspata y Huancané. El distrito de Huancané, donde están ubicadas las comunidades en estudio, es la capital de la provincia y, a su vez, se encuentra ubicado en la parte nororiente del Departamento de Puno, en el kilómetro 42 de la carretera JuliacaMoho. El distrito de Huancané comprende una extensión de 381.62 kilómetros cuadrados, con una población estimada en 27.288 habitantes, conforme al último censo nacional de 1993 (INEI 1994b, 361)4. El idioma de dicha población es fundamentalmente el aymara, tal como lo demuestra el mismo censo: del total de 27.288 habitantes, 18.959 declararon tener por idioma materno aprendido en su niñez el aymara (INEI 1994b, 361). La población del distrito es producto de una tasa de crecimiento negativa en el censo 1972 a 1981 (INEI 1994a, 38) y ligeramente ascendente en la presente estudio hago referencia al tema, aunque en un estudio anterior (Peña 1991, 1998) lo desarrollo. 3

Por “microrregión” se entiende una parte o porción de la región. La región, a su vez, puede ser identificada como un espacio geográfico habitado por diversos sistemas poblacionales que comparten e interactúan con diferentes ecosistemas que lo proveen de recursos o medios para su desarrollo. En el caso en estudio, el Sur Andino de Puno se identifica como región, a la que Huancané se integra como microrregión. A su vez, Huancané, como microrregión, se relaciona con otras microrregiones, lo que lleva a sustentar la semejanza y extensión de las comunidades en estudio de Huancané con respecto al conjunto de la región.

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Carezco de información actual sobre población del distrito; sin embargo, en una comparación con la información provincial actualizada por el INEI, se encuentra que la cifra citada se mantiene sin mayor variación. En 1993 el INEI registró en su censo provincial un total de 80.317 habitantes (1994b, 341), en 2000 el INEI-Puno arroja un estimado de 80.524 habitantes (2000, 148).

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comparación censal de 1981 a 1993. De acuerdo con el censo de 1981, la población censada en el distrito fue de 27.037 habitantes (INEI 1991a, 39), lo que significa un incremento de sólo 251 habitantes en 12 años. Diversos factores contribuyen a este descenso o reducido incremento, entre los que destaca la excesiva parcelación de sus tierras, la escasez de fuentes de trabajo, la violencia política y la consecuente migración a las grandes ciudades. Sin embargo, también se debe tener en cuenta que tales efectos negativos se han visto equilibrados en los últimos años debido a la recesión económica que ha envuelto a las grandes ciudades y la apreciación de que en la “ciudad están peor que en el campo”5. Sin embargo, la población de Huancané es eminentemente rural. A partir del Censo Nacional de 1981 se puede comprobar que del total de 27.035 habitantes, 21.865 vivían en el campo y 5.170 en la ciudad (INEI 1991a, 39). Es decir, el 81% de la población era rural en tanto que el 19% era urbana. Estos porcentajes se mantienen en la actualidad. De acuerdo con el censo de centros poblados de 1993, se registró una población de 6.962 habitantes en centros poblados urbanos, en tanto tal registro fue de 20.326 habitantes en centros poblados rurales (INEI 1994b, 361; 1994c, 1091)6. Pero, más que su carácter rural, se debe destacar que Huancané está integrada fundamentalmente por comunidades campesinas y por parcialidades7. En 1983, un trabajo de investigación sobre la economía de la provincia de Huancané (Canahuare 1983, 85) registraba un total de 86 grupos o asociaciones de campesinos, entre comunidades y parcialidades. De ese total, en 1988 aproximadamente el 60% constituía comunidades, en tanto el 40% restante se integraba en parcialidades. Al año 2000, cuando se realizó un último trabajo de campo en el distrito, dicha proporción se había 5

Entrevistas con diferentes comuneros, Huancané, marzo de 1992 y octubre de 1999.

6

Según datos provinciales actuales, el INEI-Puno estima que el 84.2% de la población de la provincia de Huancané es rural (2000).

7

Las parcialidades son asociaciones campesinas que precedieron a las comunidades. Como lo he resalté en el marco teórico, la comunidad campesina corresponde a aquel grupo social integrado por campesinos andinos, identificados económica, social, cultural e históricamente dentro de un espacio territorial, y que más allá de una relación individual-familiar, que destaca en sus actividades, desarrollan una interacción colectiva para provecho de sus miembros. En forma complementaria, las parcialidades son aquellos grupos sociales integrados por campesinos andinos que viven en un conjunto de parcelas, bajo tenencia familiar, y que se desarrollan con cierta autonomía bajo la representación de un teniente gobernador como autoridad máxima. Quiero enfatizar que en Huancané, como en toda la región Sur Andina, históricamente han existido las parcialidades. Sobre estas se han ido desarrollando las comunidades desde la década del sesenta, como explicaré más adelante. La diferencia central entre comunidad y parcialidad, apreciada en el trabajo de campo, consiste en la forma de gobierno: en las comunidades campesinas, sobre el teniente gobernador hay una directiva comunal y una asamblea comunal; en tanto en las parcialidades se carece de directiva comunal, siendo el teniente la autoridad principal, como se indicó, sin tener mayor obligación que realizar o participar en la asamblea de parceleros.

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acrecentado, a favor de las comunidades campesinas. Del total de las 86 agrupaciones campesinas, la Liga Agraria identificaba el 70% como perteneciente a la forma de comunidad, aunque sin identificar un número preciso8. Parcialidades vecinas a comunidades que habíamos visitado años atrás habían pasado a ser comunidades y muchas otras se encontraban en “trámite”. A pesar de que la estadística publicada confirma la identificación de un número mayor de “unidades agropecuarias” (INEI 1994c) –que pueden ser entendidas indistintamente como parcialidades o comunidades–, se puede ratificar lo informado por un dirigente comunero (como lo informado por los dirigentes de la Liga Agraria): “nosotros somos muchas comunidades, en la actualidad seguro un 70% somos comunidades campesinas y el resto son parcialidades”9. Un aspecto que también se debe mencionar en relación con la descripción física de Huancané es el de sus pisos ecológicos. Por la presencia del lago Titicaca y de los Andes, se pueden diferenciar hasta tres pisos ecológicos donde se sitúan sus diversos grupos o asociaciones campesinas: la zona lago, la zona ladera y la zona puna o cordillerana. La zona lago corresponde a la extensión del distrito que circunda al lago Titicaca, con una altitud de 3.800 a 3.900 metros sobre el nivel del mar. Por la cercanía del lago, recibe una acción reguladora de su temperatura, que la hace apropiada para la explotación agrícola. La ladera es la zona intermedia entre el lago y la puna, que comprende una altitud de 3.900 a 4.200 metros sobre el nivel del mar. Recibe también los efectos termorreguladores del lago y es propicia para la explotación de la agricultura y de la actividad pecuaria. La zona puna, en cambio, se encuentra a una altitud sobre los 4.200 metros, donde se ubican generalmente los recursos mineros; la agricultura es sustituida por la existencia de pastos silvestres, haciendo propicia la crianza de ovinos y de auquénidos10.

Antecedentes históricos Huancané es uno de los pueblos más antiguos del Departamento de Puno. Fue reconocido por ley s/n de fecha 19 de septiembre de 1827, es decir, a seis años de proclamada la independencia del país del coloniaje español y solamente tres años después de la expulsión efectiva de los españoles de su territorio. Este hecho sugiere ya la importancia y el largo historial que identifica el distrito y provincia de Huancané. 8

9

10

Como explicaré más adelante, la Liga Agraria es el gremio que agrupa a las comunidades aymaras de la microrregión. La referencia citada corresponde a entrevistas con sus dirigentes, indistintamente en marzo de 1992, octubre de 1999 y agosto de 2000. Entrevista con Alejandro Condori Quispe, presidente de la Comunidad de Calahuyo, en marzo de 1992. Los pisos ecológicos presentados corresponden a la sistematización realizada por la Corporación de Desarrollo de Puno, entidad gubernamental, en su informe del año 1983 (Corpuno 1983, 14-20).

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No pretendo aquí abordar en detalle la historia de Huancané, pero sí referirme a los hechos más importantes que, desde la etapa precolombina, la han identificado11. En la época preinca, antes del siglo XIV, Huancané se encontraba poblada por el grupo cultural Wanca, descendiente a su vez de los Qollas. Los wancas se caracterizaban por su capacidad guerrera, necesaria para defenderse y enfrentarse a los poderosos chiriguanos, población vecina a ellos (Canahuare 1983, 15-16). Se destacaron en la agricultura y ganadería, llegando a constituir una sólida organización bajo la lengua aymara que los llegará a identificar hasta la actualidad. Después de insistentes enfrentamientos o combates, los incas terminaron por someter a los aymaras de la región (siglo XV), aunque en una versión más actual de la perspectiva histórica (Platt 1988) se afirma que la relación entre aymaras e incas fue de una alianza bajo el rito del “halcón” (mamani) o del “cóndor” (mallku)12. Los incas permitieron a los aymaras conservar su idioma, así como sus propias autoridades13. Con posterioridad a los incas, los wancas continuaron sometidos al coloniaje español (siglos XV al XIX). Durante este coloniaje se constituyó el Virreinato del Perú, bajo dominio total de autoridades españolas, en el que los aymaras de aquel tiempo sufrieron “explotación y miseria”, en términos de los propios pobladores actuales14. Los aymaras de aquel tiempo llegaron a someterse a trabajos forzados como la mita15, desempeñándose en minas del lugar y en las minas de Potosí (Bolivia). Un ejemplo del grado de sometimiento o trabajo forzado que realizaban los aymaras bajo el dominio español es la existencia actual de una mina de oro ubicada en la actual comunidad campesina de Huancho16, de la que cuentan los comuneros que 11

El tratamiento del tema de la historia en las poblaciones andinas carece de información y muchas veces ésta es contradictoria. En las siguientes líneas se recurre a textos o documentos regionales, como a la versión oral que refirieron los comuneros en sus entrevistas. Hacemos constar la insuficiencia de información, así como las limitaciones para comentar en detalle los propios hechos principales.

12

Tristan Platt (1988), citando a Cristóbal de Albornoz, refiere el rito de la conquista del inca con sus vencidos: “(…) el Inka y el señor local (...) tomarían cada uno el ala de un halcón vivo y, jalando hasta despedazar, se quedarían con la presa respectiva. Se trata, aparentemente, de una especie de juramento de lealtad: desde entonces el Inka y el señor local deberíamos quedarse tan estrechamente unidos como los dos lados simétricos del pájaro” (1988, 413).

13

De ello puede entenderse por qué el idioma perduró en la región, a pesar de reconocerse como territorio del Imperio Inca. Martha James Hardman (1988), citando a Alfredo Torero (1970. Lingüística e historia de la sociedad andina), refiere incluso que la lengua aymara, parte de la familia lingüística jaqi, tuvo gran influencia en la forma actual del idioma quechua del Cuzco (1988, 182-183). Huancané: entrevistas de febrero-mayo de 1988, marzo de 1992 y octubre de 1999.

14 15

En términos simples, la mita se puede definir como la contribución en trabajo a favor del virreinato español.

16

Huancho es una comunidad campesina histórica, también conocida como “Huancho Lima”,

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tiene una incalculable profundidad. Según refieren los comuneros, para llegar hoy a la veta de dicha mina es necesario emplear varios días solo para el descenso, teniendo en cuenta que hay que cruzar un caudaloso río subterráneo17. Los aymaras trabajaban en dichas minas en condiciones hostiles y sin salir a la superficie durante días. Posteriormente la mina sería abandonada. El período español también estuvo caracterizado por la explotación de la población aymara en las encomiendas y posteriores haciendas de los españoles o sus descendientes. Las encomiendas recibían grupos de “indígenas” para su “evangelización”, quienes eran empleados en los servicios del encomendero18, en tanto las haciendas pasaron a comprender grandes extensiones de tierras cuyos titulares o propietarios eran particularmente los “criollos”19 y eran trabajadas por los aymaras de aquel tiempo en condiciones de esclavitud (Corpuno 1983, 10). La época de la República (1821 en adelante) se ha caracterizado por una relación a la vez de ruptura y continuidad de la situación anterior20. A pesar de que los españoles fueron derrotados en el control político del país y finalmente fueron “expulsados”, sus grandes haciendas continuaron siendo explotadas por los criollos asentados en la microrregión. Las condiciones de abuso sobre los “indígenas” permanecieron. La República que se instituyó estaba en Lima, mientras lugares como Puno y Huancané seguían bajo una aparente colonización. Dicha situación condujo a una serie de rebeliones y sublevaciones por parte de los aymaras donde la muerte de cientos de ellos era un efecto normal. A través de sus luchas conseguirían gradualmente su independencia, logrando asentarse en territorios cada vez más autónomos de las tierras de las haciendas, retomando la forma de los ayllus21 y organizándose donde se iniciara una de las sublevaciones más interesantes del último siglo, como referiremos más adelante. La comunidad de Huancho se encuentra entre dos de las comunidades de este estudio: Calahuyo y Titihue. 17

Entrevistas con las autoridades de las comunidades de Calahuyo y Huancho (marzo de 1992).

18

Al respecto, ver Carlos Romero (s/f. Breves apuntes sobre la perpetuidad de la encomienda en el Perú), citado por Euclides Luque (1996, 53).

19

“Criollo” es la denominación que recibía el hijo del español nacido en territorio del virreinato.

20

Un texto interesante, que refiere el paso de un periodo a otro en cuanto al derecho, es el libro de René Ortiz (1986). Derecho y ruptura, a propósito del proceso emancipador en el Perú de los ochocientos.

21

Los ayllus son una antigua forma de organización territorial en los Andes, que comprendía un conjunto de grupos de parcelas de sembrío y áreas de pastos, así como de familias que se identificaban por lazos comunes. La autoridad común en estas organizaciones era el jilakata o hilakata, según refieren Sánchez (1987), Albó (1987), Carter y Albó (1988) y otros. Sánchez (1987) relata que el ayllu como forma organizativa existió en el Sur Andino hasta el año 1923, cuando se produjo la Rebelión del Tahuantinsuyo –movimiento local que más adelante se explicará–. Citando a Rodolfo Vizcardo y Luis Gallegos (1968, 10), quienes realizaron un informe

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en parcialidades. Sin embargo, los “criollos” –que pasaron a identificarse más como “mistis”22, en el lenguaje de los aymaras– no aceptarían tales cambios, buscando recuperar sus dominios sobre dichas poblaciones y provocando nuevas reacciones contra y desde los aymaras. En el siglo pasado, una de las rebeliones más recordadas por los aymaras de Huancané es la Rebelión del Tahuantinsuyo Aymara, llevada a cabo entre 1919 y 1923. Se tienen varias versiones de esta rebelión en la que se sabe que los aymaras perdieron cientos de vidas23. A continuación se cita la versión recogida en el trabajo de campo inicial de esta investigación: La historia empieza en 1919, cuando los delegados de las parcialidades y ayllus de la zona acordaron no acudir más al k’ato24 dominical de Huancané, donde comercializaban sus productos (para lo cual habían instalado un nuevo k’ato en uno de los pueblos más grandes, el entonces ayllu de Wanchu). Huancané en ese entonces era la ciudad de los hacendados, de los patrones (a quienes se les aplicaba los términos “misti” o “blanco”). Los campesinos aimaras se habían cansado de los continuos abusos que cometían estos mistis contra ellos: se les prohibía usar sombrero y vestirse como blancos; se les prohibía tener el cabello largo y se les desalojaba de la plaza de armas de Huancané. Ningún servicio o bien público del Estado podía ser utilizado por ellos: “apestaban”. Se les prohibía montar caballos (sólo podían montar mulas o burros). Los mistis solían ir por la noche a los ayllus o parcialidades para apoderarse de los caballos y burros que “pedían prestados”. Asimismo, los tenientes gobernadores o tenientes políticos –y demás autoridades del grupo campesino– eran vistos como “sirvientes” de los mistis: a éstos se les debía obediencia, y desde cada parcialidad se les tenía que tributar ofrendas, obsequios, etc. Las autoridades políticas y policiales también estaban bajo el mando de dichos mistis. Todo esto tenía que ser cambiado –en el modo de pensar de los campesinos aimaras–; por ello decidieron apartarse del “blanco” y empezar la construcción de un nuevo Estado (el resurgimiento del

sobre la comunidad de Camacani, cercana a Huancané, Sánchez refiere: “A partir de 1923 fecha que conmovió la antigua organización de los ayllus del altiplano con una serie de levantamientos para romper la dependencia y sumisión de los indígenas ante las autoridades y vecinos notables (...) la comunidad de indígenas en el Departamento de Puno se organizó en parcialidades reemplazándose a la autoridad tradicional con los tenientes gobernadores” (1987, 185). 22

La denominación “misti” corresponde a la del mestizo del lugar, descendiente de raza “blanca” y con poder económico y político en la zona o región.

23

Para una mayor exposición de los hechos de esta rebelión, ver José Tamayo Herrera (1982, 229243).

24

El K’ato o Qhatu es el lugar de encuentro para realizar intercambios de productos e información entre las familias nucleares y extendidas de las comunidades o parcialidades vecinas (Ver, por ejemplo, Luque 1996, 83). En términos más sencillos, se puede decir que es el nombre que reciben las diferentes ferias o mercados de los aymaras en la región.

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Tahuantinsuyo25, según lo entendían ellos). Este nuevo Estado tendría su capital en Wanchu –que después denominarán “Wanchu– Lima”26. Sin embargo, ese apartamiento o separación unilateral adoptada por los campesinos aimaras de Huancané no fue suficiente. Los mistis o blancos llegaban hasta Wanchu-Lima para hostilizarlos. Los robos de caballos –y de ganado–, los abusos contra el honor de las jovencitas, así como la pretensión de reimplantar las prohibiciones de la ciudad, se tradujeron en un rechazo de los aimaras más profundo. Fue así (por el año de 1923) que decidieron romper definitivamente con los blancos de Huancané: los campesinos aimaras –incluidos los de Calahuyo– decidieron atacar la ciudad de Huancané. Todo fue planificado y hubo preliminares enfrentamientos contra los “gendarmes” –agentes policiales de aquel entonces– del lugar, con victorias para los aimaras. No era sólo la zona de Wanchu; eran varios los pueblos que llegaban desde distintos lugares para tomar la ciudad. Pero la presencia de varios batallones del ejército, de la ciudad de Puno, movilizados por el lago y los caminos de herradura, le pondrían fin a la rebelión. Después de agudos enfrentamientos, los aimaras se vieron obligados a retroceder al no contar con mayor armamento (los cañones de guerra los asustaron). El ejército terminó fusilando a familias enteras rebeldes –principalmente de Wanchu–. Calahuyo, como grupo campesino vecino, fue uno de los más afectados. De este modo fueron inmolados hombres como Antonio Luque (de Wanchu), Pascual Baylón Condori, Mariano Paco (de Antacahua), Carlos Condori (de Tarahuta), y una valerosa mujer –de quien no se recuerda exactamente el nombre– de Calahuyo. Ésta es una historia que aún está por escribirse. (Peña 1998, 104-105)

El resultado de tal movimiento fue positivo, en opinión de los propios aymaras informantes. Lograron alcanzar un alto reconocimiento por parte de los “mistis” o “blancos” que los explotaban. Así, lograron alcanzar los mismos derechos del “misti” que antes les estaban prohibidos: podían tener su propio ganado, su propia tierra, su propia feria o k’ato, vestirse como “misti” sin que fuera un “delito”; asimismo se les permitió andar por la plaza de armas de Huancané sin el temor de ser expulsados. La historia aymara de Huancané en las últimas décadas se ha identificado con la transformación de sus parcialidades en comunidades campesinas. Las parcialidades que se integraban a los antiguos ayllus de Huancané comenzaron a dar paso con celeridad a su reconocimiento como comunidad 25

El Tahuantisuyo se refiere al Estado Inca que alcanzó su apogeo en el siglo XV, cuyo territorio comprendió parte de los actuales países de Perú, Bolivia, Ecuador, Chile, Argentina y Colombia, a partir de cuatro regiones: el collasuyu, el antisuyu, el chinchaysuyu y el contisuyu. Para un detalle de lo que fue el Estado Inca, ver Rostowrowski (1988) y Pease (1998).

26

“Wanchu” es la misma denominación de la comunidad de Huancho. La referencia “WanchuLima” corresponde al hecho de que en Huancho se quiso constituir la capital del nuevo Estado, cogiendo el término “Lima” como símil de la capital de la República del Perú.

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campesina a partir de la década de los cincuenta, pero más aún en la década del setenta por iniciativa de un particular gobierno de facto27. Al conjunto de parcelas que componían una parcialidad se sumó una propiedad y una organización social colectiva. De un lado, aparecieron –o reaparecieron– las parcelas, pastos y andenes comunales; de otro lado, a la labor del teniente gobernador –autoridad máxima en las parcialidades– se sumaron la del presidente de la directiva comunal y la de la asamblea general, jerárquicamente superiores. Paralelamente a los procesos de reforma agraria y de cambio de parcialidad a comunidad, surgió otro proceso histórico relacionado con el problema de la tierra de la región: una nueva “reforma agraria” consistente en la reestructuración de las empresas agrarias existentes y la nueva entrega de tierras a las comunidades, ocurrida particularmente en los años 19861987. Con la reforma agraria de la década de los setenta, las grandes extensiones de tierras de las haciendas y los grandes fundos de la región se transformaron en empresas agrarias asociativas o cooperativas. Ante el fracaso en la conducción de las mismas y ante la demanda de más tierras por parte de las comunidades, en la segunda mitad de la década de los ochenta, el gobierno central decidió la reestructuración de dichas empresas, desarticulándolas o disolviéndolas, disponiéndose la entrega de las tierras y ganado de dichas empresas en favor de comunidades interesadas y de nuevas comunidades en la región28. El efecto de este proceso de reestructuración llegó a las comunidades de Huancané, tal como ocurrió con la comunidad Tiquirini-Totería, una de las comunidades en estudio, que se vio favorecida por la entrega de 1.000 hectáreas de tierra. En la década de los noventa, paralelo a la política económica neoliberal del gobierno central, se dispuso normativamente fomentar la fragmentación y titulación individual de las parcialidades y comunidades29. Frente a ello, las comunidades han tenido una particular reacción de evasión e indi27

Me refiero al gobierno del general Juan Velasco Alvarado, gobernante de facto durante los años 1969-1975, quien tuvo entre sus principales gestiones materializar la reforma agraria bajo el lema “la tierra para quien la trabaja”. Si bien la reforma agraria no fue exitosa, significó la transformación de las relaciones sociales en el campo, particularmente en lo que se refiere a la extinción de las haciendas y los latifundios. Al respecto, ver Luis Pásara (1978), quien analiza la reforma agraria desde una perspectiva crítica y más allá de las transformaciones en las relaciones de la propiedad de la tierra, esto es, el conjunto de cambios simultáneos en las dimensiones social y política, con énfasis en el derecho.

28

Un estudio específico sobre el tema de “reestructuración agraria” en el Sur Andino se puede consultar en Rénique (1987).

29

Al respecto cabe mencionar que dicha política económica en el sector rural tiene su sustento en la “nueva ley de tierras”, Ley Nº 26505 del 14 de julio de 1995, respaldada a su vez por la Constitución Política del Perú de 1993, que establece la posibilidad de que las comunidades campesinas puedan disponer de sus tierras a través de compra-venta o constituyéndolas en garantía de crédito. Estas posibilidades de actuación liberal antes de 1993 se encontraban prohibidas, pues la Constitución Política de 1979 establecía, además de la imprescriptibilidad, el

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ferencia ante las normas del gobierno central y de resistencia por hacer prevalecer sus prácticas comunitarias. Por lo demás, como ocurre en Huancané, ellos logran entender que la posibilidad de venta de sus tierras y de acceso al crédito bajo la puesta en garantía de las mismas, pone en peligro su territorio comunal y con ello su propia presencia como comunidad30. En estas condiciones, es posible afirmar que Huancané, después de todo el proceso histórico vivido, actualmente es un pueblo aymara identificado fundamentalmente con la estructura de comunidades campesinas. Con base en la institución de las comunidades campesinas se produce y reproduce el conjunto de relaciones económicas y sociales de la microrregión, con lo cual podrían afirmarse y plantearse sus propuestas de desarrollo. Por esta razón, las reflexiones siguientes están referidas principalmente a la institución de las comunidades campesinas.

LAS COMUNIDADES AYMARAS ESTUDIADAS Para el análisis de la resolución de conflictos dentro de las comunidades aymaras del distrito de Huancané, tema central de este trabajo, se ha considerado una muestra de tres comunidades: la comunidad de Calahuyo, la comunidad de Titihue y la comunidad de Tiquirini-Totería. Esta muestra también permitirá acercarse al contexto del conjunto de comunidades de Huancané. Las tres comunidades se encuentran distantes a siete kilómetros aproximadamente de la ciudad de Huancané (dos horas y media a pie) y ciertamente tienen diferencias. En cada una pueden percibirse particularidades geográficas e históricas. Sin embargo, también es posible encontrar semejanzas en los diversos aspectos de su organización social, económica y cultural, dada su similar ubicación microrregional. En esta parte simplemente intento presentar estas tres comunidades para luego, con una visión genérica del contexto de Huancané, hacer referencia a sus diversos aspectos socioeconómicos y culturales. Cabe recordar que estos aspectos servirán de antecedentes para, más adelante, identificar sus formas de resolución de conflictos.

carácter inalienable e inembargable de las tierras de las comunidades campesinas. Así, el artículo 163º de la Constitución Política del Perú de 1979 establecía: “Artículo 163. Las tierras de las Comunidades Campesinas y Nativas son inembargables e imprescriptibles. También son inalienables, salvo ley fundada en el interés de la comunidad, y solicitada por una mayoría de los dos tercios de los miembros calificados de ésta, o en caso de expropiación por necesidad y utilidad públicas. En ambos casos con pago previo de dinero. Queda prohibido el acaparamiento de tierras dentro de la comunidad”. 30

Huancané, entrevistas de julio de 1996, octubre de 1999 y agosto de 2000.

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La comunidad de Calahuyo (cala = piedra, huyo = corral) Calahuyo fue reconocida oficialmente como comunidad campesina el 5 de febrero de 1976. Se encuentra ubicada en la parte noroeste del distrito de Huancané, en la zona ecológica denominada “intermedia”, entre la puna y la zona lago, con una extensión de 283 hectáreas. De este total, el 30% aproximadamente corresponde a la parte alta de un cerro que constituye propiedad comunal para pastar y sembrar árboles. El resto del territorio se compone de parcelas de ½, ¼ y hasta un 1/8 de hectárea cada una, de propiedad familiar. Un grupo de éstas, aproximadamente 10 hectáreas, excepcionalmente también se registran como propiedad comunal31. La población actual de Calahuyo es de 250 habitantes aproximadamente, con un registro de 99 electores32. En 1986, la población registrada era de 297 habitantes y un total de 114 electores33, lo que puede explicar una tasa descendente de su población, particularmente por la migración a la ciudad. Su organización social se identifica con dos cargos principales: el de presidente de la comunidad, acompañado por una directiva comunal, y el de teniente gobernador, a quien acompañan dos “comisarios” o “alguaciles”. El presidente es elegido cada dos años; el teniente era renovado cada año pero su cargo se redujo a seis meses, de acuerdo con disposiciones de la comunidad en 1998. Sobre estas autoridades se encuentra la asamblea comunal, integrada por el conjunto de comuneros electores, que se configura como el órgano máximo de decisión de gobierno y de resolución de conflictos. Esta asamblea se reúne semanalmente frente a su local comunal, los días lunes a “primera hora”: seis o siete de la mañana. Además de las autoridades y la asamblea comunal, es posible encontrar la organización de comités o comisiones especiales, que se conforman dependiendo de las circunstancias y necesidades de la comunidad. Entre los comités se destaca el de la asociación de padres de familia (Apafa) de la escuela, con un teniente escolar, encargado de la “buena marcha” de la escuela primaria que se encuentra en la comunidad. 31

Estas últimas corresponden a parcelas recuperadas de los andenes de sus cerros y a parcelas que “expropiaron” a una familia de “yernos” pleitista, como se explicará en los capítulos siguientes.

32

Documento de Registro de la Comunidad de mayo de 1999. Cabe indicar, a su vez, que en octubre de 1999 se logró revisar otros documentos de la comunidad, donde se indicaba que el número de comuneros empadronados para el año 1999-2000 ascendía a 58, contrario al número total de electores de mayo de 1999 registrados para su inscripción en los Registros Públicos de la comunidad. Esto se puede explicar porque en la lista más amplia se registra a todos los comuneros que tienen parcelas, incluyendo a quienes han migrado temporalmente a la ciudad por trabajo o para “ver a sus hijos” que se encuentran en las grandes ciudades.

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Calahuyo 1986, Censo realizado por la propia comunidad.

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La actividad principal de la comunidad es la agricultura, a la que se dedican mediante la explotación de sus parcelas familiares. Los principales cultivos son la cebada, las habas, la papa, la oca, la quinua, que son sembradas en sus suelos por períodos rotativos. La ganadería ocupa su actividad complementaria, con uno o dos ganados vacunos y cinco ovinos en promedio por familia. Se puede destacar que, a su vez, existe en Calahuyo un grupo de cinco a siete familias que se dedican a la comercialización del ganado dentro del distrito de Huancané y otros fuera del mismo distrito.

La comunidad de Titihue (Titihue = titimes, gato del monte) Titihue fue reconocida oficialmente como comunidad el 11 de marzo de 1977. Se encuentra ubicada en la parte oeste del distrito de Huancané, en el piso ecológico denominado “zona lago”, al frente del lago Titihue, adyacente al lago Titicaca. La comunidad tiene una extensión total de 1.013,83 hectáreas, sin considerar la dimensión de gran parte de su lago, y constituye una de las comunidades más grandes de la región Sur Andina. La propiedad comunal se encuentra integrada por gran parte de su lago, la parte “pampa” a orillas del otro lado del lago que suele secarse periódicamente y por los cerros que rodean la comunidad. En conjunto la propiedad comunal puede abarcar, como en Calahuyo, cerca del 30% de su territorio. El 70% adicional se encuentra conformado por las parcelas familiares que, para el caso de Titihue, comprenden en gran medida las parcelas de la superficie, pero también un gran número de parcelas de la orilla del lago. La población actual de Titihue se estima en 1.240 habitantes, con un total de 249 electores34. La población censada en el año 1985 fue de 1.180 habitantes, de los que se reconocían un total de 236 electores35. Cotejando ambas poblaciones se puede notar que, contrariamente al caso de Calahuyo, en Titihue es posible encontrar un ligero ascenso de su población en comparación con la de 15 años atrás. Cabe indicar que el tema de la migración también es común en la población de la comunidad. La extensión de su territorio y el número de su población, favorecido por su ubicación ecológica en la zona lago, hacen de Titihue una comunidad con una organización social diferente a la descrita para Calahuyo. Su organización está basada en tres sectores que a su vez dividen a la comunidad en forma horizontal: el sector Jacha Titihue, el sector Central Titihue y el sector Pampa Titihue. Cada sector se encuentra representado por una autoridad particular, el teniente gobernador, acompañado por sus dos “alguaciles” o “comisarios”. Sobre sus tres tenientes y sus tres sectores se 34

Titihue, Padrón de electores de la comunidad de diciembre de 1998.

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Titihue, 1985. Censo realizado por la propia comunidad.

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erige la directiva comunal, que se encuentra dirigida por el presidente de la comunidad. Sobre éste y la directiva se reconoce a la asamblea comunal, que agrupa al conjunto de los comuneros de los tres sectores, como el órgano de decisión máxima sobre asuntos del gobierno de la comunidad y de la resolución de sus conflictos. La asamblea de la comunidad se suele reunir quincenalmente, aunque formalmente sus estatutos señalen que las reuniones ordinarias serán bimestrales. En el intermedio de las reuniones comunales, cada sector también se reúne acompañado por su teniente gobernador. Sumadas a esta organización por sectores y a su organización comunal, se encuentran las comisiones especiales, que por la dimensión de la comunidad y su ecología se estructuran de manera particular. En la comunidad es posible apreciar la Comisión del Wawa Uta (casa del niño), el Comité Apafa de la escuela de primaria, el Comité Apafa de la escuela secundaria, la Comisión del Teniente Forestal y del Lago, y la Comisión del Club de Madres. Pero, más aún, a la organización social de Titihue se ha sumado desde el año 1998 la constitución del Centro Poblado Titihue, donde se reconoce a un alcalde de centro poblado y a tres regidores. El conjunto de estas autoridades, cuya función principal es llevar un libro de Registro Civil autorizado por el gobierno central, también se integra a la organización comunal36. En cuanto a las actividades económicas principales, cabe indicar que el hecho de que la comunidad se encuentre en la zona lago hace que sus comuneros cuenten con abundante “llachu”37, totoras y algas, además de los pastos de sus cerros, utilizado como alimento del ganado. En consecuencia, la ganadería suele presentarse como la actividad principal; cada comunero posee tres o cuatro cabezas de ganado vacuno en promedio, y cada familia de 10 a 15 ovinos. La agricultura de granos y tubérculos, semejantes a los de Calahuyo, aparece como una actividad secundaria, particularmente de autoconsumo. A su vez, la pesca de trucha, pejerrey y “karachi”38 se suma como una actividad complementaria en la comunidad, favorecida por la misma presencia de su lago.

36

La gestión de reconocimiento y de recepción de los Libros de Registros, otorgados por la oficina Reniec del gobierno central, ocurrió en enero de 2000. Para esto, primero fue necesario que los comuneros se desplazaran hasta la ciudad capital de Lima para recibir una capacitación y posteriormente les fue otorgado tal reconocimiento.

37

El “llachu” es una planta acuática que, a manera de enredaderas, crece y se reproduce en la orilla del lago. El ganado vacuno se deleita alimentándose de estos vegetales.

38

El “karachi” es un pequeño pez nativo de los lagos del Sur Andino, que mide entre 5 y 10 centímetros. Es utilizado para hacer un sustancioso caldo o sopa, llamado “caldo de karachi”, muy apreciado por los comuneros aymaras.

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La comunidad de Tiquirini-Totería (Tiqui = flor, rini = lugar) (Tote = dote, regalo) Tiquirini-Totería es el nombre reciente de una comunidad dividida o “desmembrada”39 de otra mayor cuyo nombre era Quishuarani-Tiquirini. Esta última estaba integrada por dos parcialidades: la parcialidad de Quishuarani, que ocupaba ¾ del total del territorio matriz, y la parcialidad de Tiquirini, que ocupaba el ¼ restante. En la parcialidad de Quishuarani, a su vez, se encontraba un sector ubicado a orillas del río Cucho Quishuarani o Totería. Actualmente, el fraccionamiento de la comunidad matriz comprende su división en dos comunidades: la comunidad de Tiquirini-Totería (comunidad en estudio), que comprende lo que fue la parcialidad de Tiquirini, y el sector de Totería, que integraba a Quishuarani; y la comunidad campesina de Quishuarani, que comprende el total de lo que fue la parcialidad de Quishuarani, con excepción de su sector de Totería. En consecuencia, la actual comunidad de Tiquirini-Totería se integra por el total de lo que fue la parcialidad de Tiquirini y una parte mínima de lo que fue la parcialidad de Quishuarani, el sector denominado Cucho Quishuarani o Totería. La comunidad de Quishuarani ha sido tolerante respecto a que, después de un largo procedimiento, parte de lo que fue su parcialidad y su población pase a integrarse a otra comunidad. Una razón objetiva de esta división o “desmembramiento” y su posterior tolerancia es la gran extensión de lo que fue la parcialidad de Quishuarani (aproximadamente 600 hectáreas) y las condiciones geográficas que la separaban de su sector Totería: el río Huancané de facto dividía lo que era la parcialidad total de dicho sector. La comunidad campesina de Tiquirini-Totería fue oficialmente reconocida el 15 de octubre de 1998, mediante Resolución Directoral de la Región Agraria José Carlos Mariátegui-Puno Nº 188-9840. Se encuentra ubicada al noreste del distrito de Huancané, en la zona ecológica denominada “intermedia”, similar a Calahuyo. Su extensión es de 299 hectáreas41, de las cuales aproximadamente el 30% pertenece a los cerros, cuyo pasto y árboles –al igual que en Calahuyo y Titihue– aparecen como parte de su propiedad comunal. El resto de su territorio se encuentra integrado por parcelas familiares, ubicadas en las faldas del cerro y colindantes con el río de Huancané. 39

Término utilizado por los comuneros en sus asambleas y en sus actas registradas. La mención específica aparece citada en el análisis de conflictos que se hace en los capítulos 5 y 6.

40

Su anterior reconocimiento como comunidad, al lado de Quishuarani, data del 13 de mayo de 1975. Desde esta fecha, originariamente, se unieron las parcialidades de Quishuarani y Tiquirini para dar lugar a la forma organizativa de comunidad.

41

La extensión que correspondía a la comunidad Quishuarani-Tiquirini antes de su división era de 852,5 hectáreas.

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En 1987, la comunidad Tiquirini-Totería, identificada en aquel entonces como una facción de la comunidad matriz, sumó a su extensión territorial un terreno de 1.000 hectáreas adjudicado por el gobierno central42. Dicho terreno fue producto de una gestión administrativa justo en momentos en que el gobierno central había decidido la reestructuración de las Empresas de Propiedad Social del Sur Andino43. El terreno se encuentra ubicado a 150 kilómetros de la sede central de la comunidad, en plena zona puna –la más alta de los pisos ecológicos de los Andes–, lo que sólo lo hace propicio para un uso como pasto natural y de crianza de ganado lanar. A partir de su adjudicación, el terreno se sumó como parte de la propiedad comunal y fue identificado como sector Condoraque. Desde su primera explotación a nombre de la comunidad, ésta ha intentado desarrollar sobre dicho terreno y sector una empresa comunal de crianza y reproducción de ganado ovino-lanar44. De acuerdo con el último registro elaborado por la propia comunidad, la población es de 284 habitantes, de los cuales 126 constituyen el total de electores y 158 tienen el carácter de hijos menores45. Descontando el número de electores a las poblaciones de las comunidades de Calahuyo y Titihue, puede apreciarse que el número de hijos menores de edad en Tiquirini- Totería es proporcionalmente menor al de las indicadas comunidades. La organización central de la comunidad de Tiquirini-Totería se integra por una directiva comunal, que a su vez se encuentra dirigida por el presidente de la comunidad. En forma complementaria se suman tres tenientes gobernadores con sus respectivos “comisarios” o “alguaciles”, quienes se encuentran distribuidos en los tres sectores de la comunidad: sector Tiquirini, sector Totería y sector Condoraque. A los últimos se suman las comisiones o comités especiales, donde destaca la comisión del teniente escolar, como ocurre en Calahuyo46. El conjunto de estos órganos o autori42

43

44

45

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Resolución de la Dirección General Agraria de Puno Nº 478-87-DGRA-AR, del 15 de junio de 1987. Dicha adjudicación provino de la reestructuración de la Empresa Agraria SAIS (Sistema Agrario de Interés Social) Churura. La decisión del gobierno había sido precedida por reclamos y movimientos sociales de los campesinos, quienes en algunos casos habían tomado por la fuerza extensiones de terrenos de las empresas agrarias. Cabe aclarar que una empresa agraria podía tener la extensión de un distrito o provincia. Fueron las que reemplazaron a las haciendas o latifundios, dentro del proceso de Reforma Agraria de Perú en la década de los setenta. Según testimonio de los comuneros de Tiquirini-Totería, la comunidad se encuentra en la tercera oportunidad o intento de consolidar su empresa comunal, después de haber depurado y reformulado a grupos de comuneros e iniciativas anteriores. El capital de la empresa comunal se ha constituido a partir del aporte en cabezas de ganado de los comuneros (Tiquirini-Totería, octubre de 1999). En el año 1986, la población de Quishuarani-Tiquirini antes de su división, era de 1.065 habitantes, de los cuales 263 eran jefes de familia. El total de electores podía ser aproximadamente el doble del número de jefes de familia. Cabe agregar que los comuneros de Tiquirini-Totería, como ocurre también en Titihue y Cala-

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dades se someten a la asamblea general de la comunidad, que agrupa al conjunto de comuneros que habitan en los tres sectores y que es la máxima instancia de decisiones sobre el gobierno y la resolución de conflictos de la comunidad. Sus reuniones ordinarias, según los estatutos de la comunidad, son semestrales; sin embargo, en forma semejante a lo que ocurre en Titihue, las reuniones de la asamblea comunal se realizan quincenalmente, y excepcionalmente cada mes. Las actividades económicas de los sectores de Tiquirini y Totería se desarrollan en forma semejante a las de Calahuyo, pues corresponden al mismo piso ecológico. Es decir, destacan en la producción agrícola –aunque principalmente de autoconsumo– y complementariamente en la actividad ganadera. En forma adicional puede sumarse la actividad de comercialización de ganado, realizada por 3 o 4 familias, y la actividad de la pesca cuando el río se encuentra en “alta” durante el período de las lluvias. De otro lado, el sector Condoraque, como se ha indicado, por su ubicación en el piso ecológico puna es propicio únicamente para el desarrollo de la ganadería de “baja intensidad”, que corresponde particularmente a la ovina lanar.

ORGANIZACIÓN SOCIAL La organización social de las comunidades campesinas de Huancané –entre las cuales han sido destacadas Calahuyo, Titihue y Tiquirini-Totería– está definida en dos niveles: uno referido a las relaciones intracomunales, que se producen al interior de cada comunidad campesina, y otro referido a las relaciones intercomunales, que se han producido históricamente a través de la forma organizativa del ayllu, o las que se producen actualmente a través de una entidad gremial. Es decir, el comunero aymara de Huancané, en su relación diaria o cotidiana puede compartir esos dos tipos de organización social: la que se produce en su comunidad, relacionada con su familia extendida y los vecinos de su comunidad, y la que se produce fuera de su comunidad, en la relación con otras comunidades y en la ciudad propiamente. Veamos por separado estas dos formas organizativas.

Organización intracomunal Al interior de cada comunidad campesina de Huancané se pueden apreciar dos grandes ámbitos organizativos: un ámbito donde se desarrollan las rehuyo, suelen formar estas comisiones con mucha facilidad, dependiendo de las coyunturas. Un ejemplo para el mismo caso de Tiquirini-Totería lo puede constituir la creación del Comité de Electrificación en marzo de 1994 (Libros de Actas del Teniente Gobernador, fojas 11-14), a propósito de la información proporcionada en la reunión de los tenientes de Huancané por iniciativa del gobierno central. A octubre de 1999, tal comisión se encontraba desactivada debido a que no había ninguna probabilidad de que se le pudiera instalar el servicio de electrificación.

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laciones intrafamiliares, o del individuo-familia, y otro donde se desarrollan las relaciones interfamiliares, o referido al conjunto de familias de la comunidad. El primer ámbito muestra la existencia de una organización familiar propiamente, en tanto que el segundo ámbito expresa una organización de autoridades y asambleas que se podría denominar político-comunal.

La organización familiar Dentro del ámbito familiar se incluyen tanto las relaciones existentes dentro de la familia nuclear como las existentes con su familia extendida. La familia nuclear comprende a los padres y a los hijos que viven bajo un mismo techo, en tanto la familia extendida comprende a los parientes consanguíneos (abuelos, tíos, primos) y a los parientes rituales (padrinos, ahijados y compadres). Ambas interactúan estrechamente, se interrelacionan en sus diversas actividades diarias. El origen de esta organización familiar en cada comunidad está relacionado con el origen de la propia comunidad. Se remite al asentamiento de las primeras familias dentro del territorio de cada comunidad. Por ejemplo, las familias Uturunco, Quispe, Ccota y Mamani dieron origen a la comunidad de Calahuyo. Estas familias primero constituyeron una parcialidad, que luego fue reconocida como comunidad. Además, ellas dieron inicio a la dinámica relación familiar. Esas cuatro familias originarias se entrecruzaron y más allá del componente de la familia nuclear pasaron a integrar sus familias extendidas. Lo mismo se puede decir de la comunidad de Titihue, con sus primeras familias: Pariasaca, Laimisaca y Moroco, a las que siguieron los Mendoza, Rafael, Luque y Condori, y de la comunidad de TiquiriniTotería con sus familias primigenias: Mira-mira, Vargas, Tipula, Mullisaca, Torres, García y Pari. Es importante destacar la relación de la organización familiar con las diversas actividades de la vida diaria de la comunidad. Así, la familia se presenta como unidad económica, social y cultural, como se explicará. La familia es expresión de unidad económica, en tanto la tenencia de la tierra, la posesión de cabezas de ganado y las diversas formas de trabajo que se aplican en las actividades productivas al interior de cada comunidad muestran una organización familiar como base. La familia resulta ser la unidad productora y propietaria de los medios o instrumentos de producción. Los diversos contratos privados, aplicados sobre los recursos tierra y ganado, sólo tienen fundamento desde un compromiso familiar, sea desde el contratante o contratado. Por ejemplo, en un contrato de anticresis47, 47

El anticresis es un contrato privado por el que una persona titular de un predio o terreno, por ejemplo, lo entrega a otra persona para que ésta lo explote y usufructúe a cambio de los intereses y utilidad del capital que le presta a la primera (Calahuyo, Titihue, Tiquirini-Totería, 1988, 1992, 1999).

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que es común en la microrregión, quien ofrece su parcela en anticresis es una familia –no sólo el jefe de esta– y, a su vez, quien recibe dicha parcela y ofrece el dinero en contraprestación compromete a toda su familia y no sólo a quien figura como contratante o representante. Como unidad social, la familia se manifiesta en las diversas formas organizativas comunales e intercomunales. Por ejemplo, en la asamblea comunal, la familia nuclear y la propia familia extendida sintetizan las decisiones importantes de la comunidad. A través del jefe de familia o del pariente “mayor” se van sucediendo los cargos más importantes de la comunidad, las gestiones periódicas que se tienen que hacer en nombre del “progreso” de la comunidad, la ejecución de acuerdos como el de las faenas comunales, entre otras48. Asimismo, en la relación intercomunal, cuando se trata de una obra al servicio de un grupo de comunidades, como la construcción de un colegio o de un puente, o la refacción de la carretera o de las acequias, son las familias de cada comunidad las que participan rotativamente o en conjunto, luego de haber asumido el acuerdo al interior de cada una de sus asambleas. La decisión y ejecución comunal o intercomunal sólo tiene eficacia con el respaldo y la actuación de lo familiar. Como unidad cultural, la organización familiar puede apreciarse en la celebración de sus fiestas y en la transmisión de sus diversas costumbres o creencias. La fiesta de la Santa Cruz, celebrada la primera semana del mes de mayo, puede graficar la importancia de la participación familiar. Los cargos de alferado y kapero que identifican estas fiestas son asumidos rotativamente por las diversas familias nucleares de cada comunidad y, al lado de estas, participa toda su familia extendida apoyándolas en sus diversas necesidades con el propósito de hacer el “mejor” festejo de su comunidad. Los tíos, los primos, los abuelos, los compadres se sienten con la misma responsabilidad del kapero o alferado designado, porque saben que éste devolverá el mismo favor cuando dichos parientes sean designados. En sus costumbres o creencias, lo familiar también se presenta como unidad por cuanto es en su interrelación como se produce la formación del individuo comunero. El recurrir a determinadas “yerbas medicinales”, el recurrir al pago de la Pachamama, el considerar que la naturaleza “castiga” por la comisión de “actos inmorales”, etc. sólo puede ser posible por la transmisión de familia a familia, o de pariente a pariente. Esta apreciación de la vida en la comunidad puede ir llevando a concluir que, en realidad, el individuo, como se concibe desde las grandes ciudades o desde la cultura occidental, no existe. El individuo es parte y actúa como mínimo en nombre de una familia nuclear; esta familia establece los 48

En la identificación del pariente “mayor” o del propio jefe de familia están presentes los sentimientos y la confianza como elementos básicos para el desarrollo de las diversas formas organizativas.

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parámetros de su vida y le brinda la protección necesaria para su desenvolvimiento en la comunidad. La familia extendida o su parentela complementan esta dinámica.

La organización político-comunal Como se afirmó, la organización interfamiliar es la base de la organización político-comunal. El desenvolvimiento de las familias al interior de cada comunidad siempre requiere determinadas reglas de juego aplicadas a todos por igual, cierto control para aquellos actos que desbordan la normalidad de la comunidad y decisiones que impulsen al conjunto a un cierto desarrollo identificado por ellos con “progreso” para sus respectivas comunidades. Estas necesidades son suplidas con lo que se denomina organización político-comunal, que comprende dos formas organizativas: la organización con base en las autoridades comunales y la organización con base en la asamblea comunal. Tanto las autoridades comunales como la asamblea comunal, en realidad, constituyen dos niveles de organización. La asamblea comunal es el órgano máximo de cada comunidad, que impone su voluntad sobre la organización familiar y las propias autoridades comunales, en tanto que estas autoridades se presentan como una segunda instancia o segundo nivel, cuya función principal es hacer efectiva o ejecutar la decisión de la asamblea comunal. Las autoridades comunales, como forma organizativa, comprenden principalmente al presidente de la comunidad y al teniente gobernador o “teniente político”, quienes, a su vez, están acompañados por su directiva comunal –para el caso del presidente– y por sus “alguaciles” o “comisarios” –para el caso del teniente–. En una comunidad pueden existir varios tenientes, dependiendo de su extensión territorial y de su población, pero sólo un presidente y una directiva. En el caso de Titihue y Tiquirini-Totería existen tres tenientes gobernadores, con sus respectivos alguaciles, cada uno elegido para un sector determinado; en cambio, Calahuyo sólo cuenta con un teniente gobernador. La directiva comunal que acompaña al presidente se compone de un vicepresidente, un secretario, un tesorero, un fiscal y dos vocales, aunque en la práctica el secretario y el tesorero son quienes acompañan permanentemente al presidente. Todos ellos, incluido el presidente, son elegidos cada dos años por voto secreto49. Por lo general se trata de cargos rotativos que son desempeñados por todos los comuneros: es una obligación de cada jefe de familia cumplir con el cargo para consolidar su calidad de comunero 49

Este período de dos años responde a la exigencia de la Ley General de Comunidades Campesinas Nº 24656 (del 13-04-87), que en su art. 20 establece: “Los miembros de la directiva comunal, serán elegidos por un período máximo de dos años y pueden ser reelegidos por un período igual”.

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y legitimar la titularidad de su tierra, así como la recepción de recursos naturales desde los territorios comunales; pero también es un derecho cumplir con el cargo durante un período –sin buscar su permanencia–, en tanto se trata de cargos “costosos”, en los que el comunero elegido o representante tiene que afrontar un mayor trabajo (no remunerado) y gastos50. Las elecciones del teniente gobernador y sus dos alguaciles o comisarios son anuales o semestrales51, también con un criterio rotativo para todos los miembros de una comunidad, o de un sector determinado, como ocurre para Titihue y Tiquirini-Totería. En el pasado estos tenientes eran nombrados por el gobernador o subprefecto de Huancané, constituyéndose en representantes del gobierno estatal en la comunidad; pero, en la actualidad tal cargo también es de competencia de la propia comunidad: esta elige a su teniente gobernador y luego simplemente pone en conocimiento del gobernador tal elección. Los comuneros siempre prestan mayor atención a la elección del presidente de la comunidad. Se entiende que es el cargo de representación más importante para ellos, por lo que los comuneros exigen que debe recaer en la persona más honesta y preocupada por el “progreso” de su comunidad. Así, es el presidente de la comunidad quien tiene por función principal dirigir el gobierno comunal y resolver, con apoyo del teniente, los conflictos principales que los propios comuneros someten52. Es la autoridad de confianza, disponible para el diálogo con todos los comuneros y la que debe estar capacitada para absolver los diversos problemas que se puedan presentar en la comunidad. Se debe tener en cuenta que, si bien es cierto que la asamblea comunal es la que establece la dirección y decisiones finales para la comunidad, es en el presidente y su directiva donde se encuentra el respaldo para ejecutar tales acuerdos. Es decir, siempre se confía en esos cargos individuales para materializar lo que los propios comuneros asumieron en colectivo. 50

El cargo más importante de rotación es el de presidente (Peña 1998, 132-134). La rotación de dicho cargo entre los diferentes representantes de las familias de una comunidad es posible en comunidades de tamaño regular, como ocurre en Calahuyo y Tiquirini-Totería. Sin embargo, en comunidades grandes, como Titihue, la rotación del cargo se hace por grupos familiares o “castas”, identificados con sectores determinados, y de acuerdo con el prestigio del representante de la familia que postula. Así, por ejemplo, si la elección del presidente de la comunidad recayó en el representante del grupo familiar de los “Mendoza”, del sector Jacha Titihue, puede ser sucedido en las siguientes elecciones por un representante del grupo familiar de los “Luque” del sector Central Titihue, y posteriormente por un miembro del grupo familiar de los “Rafael” del sector Pampa Titihue.

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En los últimos años, a partir de una decisión de la Asamblea de Tenientes Gobernadores realizada en la ciudad de Huancané, se dispuso el recorte del tiempo de duración del cargo de tenientes gobernadores, fijándose en seis meses. Este recorte tiene su explicación en el propósito de conseguir una mayor participación de los representantes de familias comuneras en el cargo.

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Este aspecto se desarrolla a partir del capítulo 5.

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El teniente gobernador, en cambio, es una autoridad que secunda al presidente de la comunidad. Acompañado de sus alguaciles, el teniente generalmente interviene en los problemas “menores” y desempeña una función de policía: simboliza una cierta coerción que se encuentra respaldada por el gobernador y las fuerzas policiales del distrito. Por ejemplo, frente a los pleitos o “riñas” que se suscitan en la comunidad, el ejercicio de su cargo comprende la resolución o intervención de aquellos que no se entienden como “graves” en una etapa inicial. Su labor consistirá en la “llamada de atención” al transgresor, en la detención de algún “ladrón”, así como en el control del desorden dentro de la comunidad. Frente a los conflictos “graves”, el teniente regularmente convocará a los miembros de la directiva de la comunidad, y particularmente al presidente de la comunidad, y en casos extremos, acompañado de estos últimos, se recurrirá a la asamblea general de la comunidad. La forma organizativa de la asamblea comunal, de otro lado, es la entidad donde participan todos los comuneros o los representantes de las familias comuneras. La asamblea comunal se erige como el órgano máximo de la comunidad, desde donde brotan las decisiones que comprometen las propias relaciones intercomunales. La asamblea es convocada en períodos distintos en cada comunidad. En Calahuyo, por ejemplo, la asamblea comunal es más dinámica; por la facilidad con que se pueden reunir sus 60 familias, se convocan semanalmente todos los lunes a las seis de la mañana. En el caso de Titihue y TiquiriniTotería, las asambleas son convocadas mensualmente, salvo urgencia por alguna decisión importante. Pero, ello no quita que estas últimas se convoquen semanalmente por sectores para informarse de las novedades que sus autoridades reciben en las reuniones gremiales53 del domingo. Esta forma organizativa muestra la existencia de una relación dinámica de los diversos miembros comuneros respecto a su propia comunidad. En sus respectivas asambleas, todos los comuneros participan en idioma aymara; los mayores o “caballeros”54 son los más escuchados pero sin que signifique marginación de sus compañeros. Bajo la dirección del presidente de la comunidad, en campo abierto y generalmente frente a su local comunal, los comuneros van dando su opinión hasta arribar a un acuerdo sobre el problema planteado. Una vez asumido éste, se procederá a su ejecución, 53

Las reuniones gremiales se refieren a las asambleas de los presidentes de las comunidades, que se realizan en la Liga Agraria de Huancané, y a las asambleas de los tenientes gobernadores, realizadas en la casa que lleva su nombre en la ciudad de Huancané. Ambos aspectos se explicarán al tratarse el punto de la organización intercomunal.

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Con la palabra “caballeros”, los comuneros se refieren a un tipo de persona, varón, preocupada por el desarrollo de su familia, respetuoso de la “palabra empeñada” y que se conduce con “rectitud” en la comunidad.

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siendo las autoridades comunales las llamadas en primera instancia para darle cumplimiento. De esta relación que se produce en las asambleas comunales se desprenden dos tipos de acuerdos o decisiones finales: unos, más relacionados con lo que se puede identificar con el gobierno comunal, y otros, más relacionados con la resolución de los conflictos colectivos que les son sometidos. Los asuntos de gobierno comunal, como la construcción de una obra comunal o el buen uso o control de sus recursos naturales, captan la atención principal, en tanto se relacionan con el “progreso”55 comunal. Los asuntos vinculados con la resolución de conflictos son asumidos como última instancia, tal como se apreciará más adelante. En ambos casos surgen normas que tienen que ver con el estado de normalidad que identifica a la comunidad; normalidad que pasa a convertirse en normatividad, como sostiene Herman Heller en su Teoría del Estado (1961, 271). En mi opinión, se consolida aquello que se podría denominar ordenamiento jurídico comunal. Toda una labor legislativa, ejecutiva y judicial que, con carácter definitivo, se presenta en órganos homogéneos.

La organización intercomunal Este tipo de organización se encuentra definido por la presencia de una relación gremial y una relación por necesidades comunes en grupos de comunidades. En ambos casos, está de por medio un propósito de bienestar para el conjunto de comunidades de la microrregión. Sin embargo, un antecedente importante en esta relación intercomunal lo constituye la forma organizativa del ayllu56. En el pasado, Huancané se fraccionaba organizativamente en dos ayllus57: el ayllu Anan o Hanan, de la parte de arriba, y el ayllu Urin o Hurin, de la parte de abajo. Al interior de cada uno de estos dos grandes ayllus se organizaban una variedad de ayllus menores y al interior de estos ayllus menores se integraban las parcialidades, que luego se convertirían en comunidades. Es decir, un ayllu podía comprender un conjunto de comunidades y parcialidades o, en el caso del 55

Los comuneros usan en sus reuniones con bastante frecuencia el término “progreso”. Su significado corresponde al de “desarrollo”, que raramente emplean en su lenguaje común.

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El ayllu en la microrregión fue uno de los aspectos más interesantes que tuve la oportunidad de conocer en el trabajo de campo. Sin embargo, dado el objeto del tema de mi investigación, en las siguientes líneas sólo se presentan las referencias a la existencia de las instituciones, poniendo de presente que este es uno de los temas pendientes que hay que profundizar. Un trabajo que ayuda a acercarse a la comprensión de este tipo de organización es el de Remy y Glave (1983), quienes, a partir de un estudio de historia local, refieren la presencia del ayllu en la zona de Ollantaytambo, en el Cuzco.

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La denominación de los ayllus responde a términos normalmente conocidos en el idioma quechua. Sin embargo, hay que tener en cuenta que este idioma se estructuró teniendo como componente el propio idioma aymara, lo que significa que tales denominaciones también se pueden relacionar con el idioma aymara de las comunidades del mismo nombre.

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ayllu mayor, podía integrarse por un conjunto de ayllus menores. Un ejemplo de la existencia del ayllu en las comunidades en estudio lo constituye el de Hachasullcata, al que se integraba la comunidad de Calahuyo. Esta comunidad fue en el pasado una parcialidad que al lado de otras, denominadas Quencha, Callapani, Accoccoyo, Totorani, Huayrapata, Chacacruz y Azangarillo, conformaba el indicado ayllu. Dentro del conjunto de dichas parcialidades, una de ellas representaba la capital –en el caso de Hachasullcata, la constituyó Azangarillo– donde se concentraba una autoridad central identificada como el jilakata del ayllu58. En el mismo sentido, las comunidades de Titihue, como la de Tiquirini-Totería, se integraban a otros ayllus, a los que se sumaban un conjunto de comunidades adicionales, entre las que figuraban sus propias autoridades59. La importancia de este nivel organizacional podía apreciarse en la resolución de conflictos de linderos de las comunidades o parcialidades del ayllu y en sus actividades festivas patronales. Frente a los conflictos de linderos, la comunidad agraviada podía convocar a las comunidades o parcialidades de su ayllu en el supuesto de que la otra parte comunal se resistiera a un “arreglo armonioso” y procediera a dar signos de iniciar un enfrentamiento físico o judicial. El conjunto de comunidades o parcialidades de su ayllu intervenía con el fin de frenar el ataque o apoyando la defensa judicial de la comunidad en conflicto. En el mismo sentido, en la celebración de una fiesta patronal era común –y puede apreciarse aún actualmente– que el conjunto de comunidades del mismo ayllu se reuniera a celebrar. La capital del ayllu particularmente convocaba al conjunto de comunidades y parcialidades para dicho fin (Peña 1998). Se puede afirmar que la propia organización gremial o intercomunal de la Liga Agraria o de la Asociación de Tenientes sigue haciendo referencia a este tipo de organización del ayllu para legitimar o ejecutar un acuerdo reivindicativo de los gremios mencionados60.

La organización gremial La relación gremial está definida principalmente por la presencia de las autoridades comunales, el presidente y el teniente gobernador, en dos instituciones de funcionamiento periódico (semanal o quincenal), ubicadas en la ciudad de Huancané: la Liga Agraria 24 de Junio61 de Huancané y la Asamblea de Tenientes Gobernadores. 58

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Al respecto puede consultarse la referencia al ayllu Hachasullcata en mi anterior estudio (Peña 1998, 130-132). No conozco los nombres exactos de los ayllus de las últimas comunidades mencionadas, pero vale la pena anotar que en conjunto se integraban al Anan o Hanan Ayllu de Huancané. Al respecto puede consultarse particularmente el capítulo 7, donde se desarrollan los sistemas de resolución vinculados al gremio de la Liga Agraria 24 de Junio de Huancané. El 24 de junio corresponde a una fecha especial en el calendario peruano: es el aniversario del día

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La Liga Agraria 24 de Junio de Huancané La Liga Agraria 24 de Junio de Huancané constituye el gremio de representación de las comunidades de los distritos de Huancané y Vilquechico de la misma provincia de Huancané integrada por el conjunto de presidentes de estas comunidades62. Su origen como entidad gremial se remonta al 28 de octubre de 197263, fecha en la que un grupo de representantes de seis comunidades de la microrregión, al lado de una cooperativa agraria y un grupo de representantes de comunidades “observadoras”, firmaron el acta de constitución de la Liga Agraria Huancané64. Por iniciativa del Sistema Nacional de Movilización Social (Sinamos) se dio origen a dicha organización, como parte de las acciones políticas del gobierno militar de las fuerzas armadas de los años setenta. Acta Nº 1. Acta de Constitución Liga Agraria de Huancané En la ciudad de Huancané, a los 28 días del mes de octubre de 1972, siendo ocho de la mañana, bajo el asesoramiento de la Oficina del SINAMOS - OZARS I, Juliaca, reunidos los delegados en asamblea debidamente acreditados por las organizaciones de primer grado (comunidades campesinas) existentes en la provincia de Huancané...65

Las principales funciones declaradas por la naciente Liga Agraria fueron “velar por los intereses y derechos que sean comunes a sus afiliados (comunidades campesinas) en armonía con el interés nacional”, así como “proporcionar asesoría a sus afiliados (las comunidades campesinas)”66. Sin embargo, en la práctica se sumaba otra función quizá más urgente o coyuntural: consolidar a las asociaciones campesinas existentes, buscando convertir las numerosas parcialidades en comunidades campesinas. Para ello, la Liga Agraria ha desempeñado y continúa desempeñando una labor principal de capacitación, “preparando al campesino” para la defensa de sus derechos. En dicho sentido, a la labor del Sinamos, que culminó a fines de la década de los setenta, se sumaría la intervención de los partidos políticos, “progresistas” o de “izquierda” particularmente, que pasaron a formar políticamente a los líderes del gremio y a convocarlos como partidarios de los mismos. del campesino, anteriormente identificado con el día del “indio” o del “indígena”. 62

A octubre de 1999, la Liga Agraria reconocía un total de 66 comunidades como parte del gremio. A 29 de septiembre de 1990, la Liga Agraria registraba un total de 59 comunidades en su relación de “Presidentes de diferentes bases y comunidades” para el aporte de cuotas del 5 de agosto de 1990 al 29 de septiembre de 1990 (Actas sueltas).

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En fechas anteriores pudieron haber existido otras entidades gremiales, como los ayllus, que agrupaban el conjunto de parcialidades y comunidades, y las propias asociaciones de ayllus u otras asociaciones de comunidades, aún sin estudiar.

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Al respecto puede consultarse el acta de constitución de la Liga Agraria de Huancané, que se encuentra en el Libro I, que registra los años 1972-1976, fojas 3-25.

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Libro de Actas I de la Liga Agraria 24 de Junio de Huancané, 1972, fojas 3.

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Ibíd., fojas 5.

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La estructura interior de la Liga Agraria 24 de Junio de Huancané está compuesta desde sus inicios por una directiva gremial y la asamblea, que se reúne semanalmente. La directiva gremial tiene actualmente una composición parecida a la de las comunidades: está encabezada por un presidente y seguida por un vicepresidente, un secretario, un tesorero, un fiscal y dos o tres vocales67. Se suceden en el cargo cada dos años. Generalmente, los dirigentes de la Liga Agraria de Huancané han sido comuneros con amplios conocimientos sobre política partidaria, formados en las grandes ciudades como Lima o Arequipa, a donde emigraron alguna vez. Ello explica por qué, una vez concluida su labor en la Liga Agraria, muchos de ellos pasaron a otros niveles de organización68. Sin embargo, este perfil no se puede aplicar al conjunto de comuneros, quienes como presidentes de su comunidad se encuentran más bien identificadas con esta última. El comunero presidente es una persona que, como representante de su comunidad, busca nuevos instrumentos para el “progreso” de ésta. Se ocupa de sus múltiples tareas como pequeño productor agrícola y ganadero, aunque no dudaría en asumir su actividad gremial para reivindicar el cese o separación de alguna autoridad “abusiva”, como ocurrió en la decisión frente a los “malos jueces”, que explicaremos en el capítulo siguiente. La Liga Agraria es, entonces, una instancia representativa, solidaria y autónoma en la toma de decisiones político-comunales que compromete al conjunto de comunidades afiliadas.

La Asamblea de Tenientes Gobernadores La Asamblea de Tenientes Gobernadores, en cambio, es más bien una instancia del gobierno central. En ella se reúnen, paralelamente a la Liga Agraria, los tenientes gobernadores de las diversas comunidades y parcialidades del distrito. La dirección está en manos del gobernador, quien a su vez depende del subprefecto de la provincia de Huancané, y éste del prefecto del Departamento de Puno. En esta Asamblea, los tenientes son informados tanto de las múltiples disposiciones del Estado, como de las políticas que hay que implementar y requieren su participación. No son raras las veces en que dichos comuneros son utilizados para campañas proselitistas del gobierno central de tur67

A esta directiva gremial puede sumarse la presencia de delegados nombrados para representar el gremio ante otras entidades de mayor representación, como es el caso de la Federación Departamental de Campesinos de Puno (FDCP). Esta organización se presenta en mayor detalle en el capítulo 7.

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Es el caso de Saturnino Corimayhua, quien después de haberse desempeñado como presidente de la Liga Agraria, pasó a ser dirigente de la Federación Departamental y posteriormente de la Confederación Campesina del Perú (1987-1992). Lo mismo ocurrió con Benito Gutiérrez, quien después de desempeñarse también como presidente de la Liga Agraria, ocupó posteriormente la Secretaría General de la Federación Departamental de Puno (1989-1992).

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no, como también para la ejecución de obras de asistencia dispuestas por el mismo gobierno. Pero, un aspecto más destacable en relación con el tema de resolución de conflictos es que hay un trabajo coordinado (de apoyo mutuo) entre los diferentes tenientes. Por ejemplo, de ocurrir algún robo de ganado en alguna comunidad, todos los tenientes se cruzan información y se ponen en alerta para ubicar al ladrón. Esto, lógicamente, en coordinación con la directiva comunal y su presidente en caso de pertenecer a una comunidad. El conjunto de tenientes de las parcialidades y comunidades de Huancané, al igual que los presidentes de comunidades afiliadas a la Liga Agraria de Huancané, se reúnen los días domingos a partir de las 8:00 o 9:00 de la mañana por un espacio de dos horas aproximadamente. Toda la información recibida es normalmente anotada en la libreta de notas de cada autoridad, para luego ser compartida con el conjunto de miembros de la comunidad o la parcialidad a la que pertenecen. En comunidades como Calahuyo, la información de su teniente y su presidente es compartida en la asamblea semanal del día lunes a primera hora (seis o siete de la mañana). En el caso de comunidades divididas en sectores, como Titihue y Tiquirini-Totería, solo la información del teniente es compartida semanalmente en las asambleas sectoriales, en tanto la información del presidente de la comunidad y de su directiva espera la reunión ordinaria quincenal o mensual, salvo que se trate de compartir o difundir una información relevante, que motiva una asamblea general extraordinaria. De esta forma, la información o decisión obtenida de la asamblea de tenientes gobernadores con participación de los numerosos tenientes del distrito, así como la información y decisión obtenidas de la Liga Agraria con participación de los diferentes presidentes comuneros de la microrregión quedará a disposición del órgano supremo de cada comunidad, la asamblea comunal, la que podrá denegar, aceptar o hacer un nuevo acuerdo sobre dicha información o decisión gremial.

La organización multicomunal por necesidades Este tipo de organización está referido a la formación de comisiones de trabajo o pequeñas directivas que integran representantes de varias comunidades y que pueden estar orientadas a la construcción de una obra de desarrollo o a la superación de alguna necesidad intercomunal considerada de prioridad. Esta forma organizativa tiene relación directa o indirecta con las propias entidades gremiales presentadas. Por ejemplo, ante la construcción de un puente sobre el río Huancané, que separa un grupo de comunidades de la ciudad, no es raro que las comunidades perjudicadas se convoquen previamente por medio de su Liga Agraria y de su Asamblea de Tenientes para buscar la solución al problema. Así se conformarán comisiones de trabajo y una directiva al respecto. Antonio Alfonso Peña Jumpa. Poder judicial comunal aymara en el Sur Andino Colección En Clave de Sur. 1ª ed. ILSA, Bogotá D.C. Colombia, marzo de 2004

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La anuencia de la Liga Agraria y de su respectiva asamblea de tenientes asegura en favor de los comuneros mayor apoyo institucional por parte del gobierno central o de un organismo no gubernamental (ONG). Tanto el gobierno central, a través de sus ministerios u organismos autónomos, como las ONG se hacen presentes normalmente con el aporte de materiales de construcción o recursos básicos, como semillas, para su posterior empleo y transformación por los comuneros. Sin embargo, sobre la relación de dichas entidades gremiales con el gobierno central y las ONG, cabe destacar la necesaria aprobación de la obra o la aceptación de los materiales o recursos por la asamblea comunal de las respectivas comunidades. Esto se puede entender, porque quienes ejecutarán la obra propiamente serán cuadrillas de trabajadores comuneros de dichas comunidades, quienes por turnos y de acuerdo con la ubicación de sus comunidades se irán sucediendo. Las comisiones para suplir este tipo de necesidades están integradas normalmente por los mismos miembros de una directiva comunal: un presidente, un secretario, un tesorero, un fiscal y dos vocales. Incluso, como ocurre en cada comunidad y en las entidades gremiales, dicha organización multicomunal suele llevar sus propios libros de actas. Esto se explica porque se trata de comisiones que pueden durar años en actividad, mientras se concluyan las obras o se resuelva el problema vinculado a la necesidad que los convoca. Una de las necesidades más comunes que resalta en la historia reciente de las comunidades de la región está referida a la construcción de colegios o escuelas de secundaria. Si bien cada comunidad tiene a su interior una escuela primaria –obra realizada por ellos–, su población no da abasto para la construcción de un colegio de dimensiones mayores, como puede ser la escuela secundaria o técnica. Entonces se recurre a un trabajo multicomunal de vecinos para, en primer lugar, conseguir el terreno e inmediatamente proceder a los trámites y construcción del referido proyecto. Un ejemplo de esta última acción puede apreciarse en los libros de actas de comunidades como Calahuyo, en donde se registra cómo esta comunidad y sus comunidades y parcialidades vecinas, luego de ubicar un centro de unión, crearon el Colegio de Educación Secundaria y Técnica de Chacapampa. Un total de siete grupos o asociaciones campesinas, entre comunidades y parcialidades, donaron parte de su terreno comunal y sobre éste empezaron la construcción de un colegio que en la actualidad es uno de los más reconocidos de la microrregión69. 69

Al respecto se puede consultar el Libro de Actas I, de Calahuyo, que corresponde a una de sus primeras gestiones como comunidad, en el año 1976. La institución en referencia es el denominado Colegio de Chacapampa. Cabe señalar que la donación de terrenos comprendía aquellos que se encontraban en disputa, como se explicará en el capítulo 6.

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ORGANIZACIÓN ECONÓMICA Las comunidades de Huancané tienen una economía de autosuficiencia pero, al mismo tiempo, muy relacionada con la economía de mercado de las grandes ciudades. Existen productos naturales de las comunidades, como papa, cebada, habas, quinua, que normalmente son de autoconsumo, pero también tienen productos que complementariamente son producidos para ser comercializados en las ferias o k’atos, como ocurre con la crianza de ganado vacuno y ovino. En esta complementariedad, de las ferias o k’atos reciben alimentos procesados, como azúcar, fideo, arroz, aceite y otros empleados en su dieta diaria. Dentro de esta organización económica, la tenencia de la tierra resulta ser el elemento básico que identifica tanto sus formas de producción como sus actividades productivas. Veamos por separado lo que significa la tenencia de las tierras en las comunidades de Huancané para, en seguida, abordar sus formas de producción y el desarrollo de sus principales actividades productivas como parte de su organización económica.

Tenencia de la tierra Como en toda la región de Puno, en Huancané el problema que más destaca entre los comuneros es el de la tenencia de la tierra. “Un comunero sin tierra, no es comunero”, nos decía Juan de Dios Uturunco70, graficando la necesidad vital de ese recurso en su economía. Para ellos, la tierra es de donde emana la vida: gracias a la tierra tienen productos de pan llevar que les significa alimentos para todo el año, tienen el forraje para el engorde del ganado vacuno, pastos para sus ovinos, y tienen espacio suficiente donde vivir y donde reproducirse. La tenencia o titularidad de la tierra en las comunidades de Huancané puede concebirse desde dos niveles en el entender de los comuneros: la tierra que pertenece a la familia comunera y la tierra de propiedad comunal. La tenencia familiar es la principal para la producción agrícola, en tanto la comunal es complementaria a dicha producción pero principal en cuanto a pastos para el ganado y representa el espacio común en el que la fuerza de trabajo del conjunto de comuneros puede emplearse o beneficiarse. La tenencia parcelaria de las familias, a nivel de cada comunidad, no es homogénea como teóricamente podría suponer el concepto de “comunidad”. Contrariamente, en las comunidades en estudio, como en las demás comunidades de la región, la diferencia parcelaria es notoria y trae consigo el problema de la fragmentación de la tierra. Una muestra de estas diferencias se puede apreciar en el cuadro que registra la extensión y el número de familias poseedoras de Calahuyo. 70

Calahuyo, entrevistas, marzo de 1988 y enero 1989.

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Extensión de parcelas

Menos de una hectárea De 1 a 2 hectáreas De 2 a 3 hectáreas De 3 a 4 hectáreas De 4 a 5 hectáreas De 5 a 6 hectáreas De 6 a 7 hectáreas TOTAL

Nº de familias poseedoras

18 42 11 4 2 2 79

22,8% 53,8% 13,9% 5,1% 2,5% 2,5% 100%

Fuente: Calahuyo, Censo realizado por la comunidad en 198371.

Para completar la presentación del ejemplo de Calahuyo se debe analizar la situación de sus tierras comunales. Estas se integran por los andenes comunales, con extensión aproximada de 3 hectáreas; por pastos comunales ubicados en los cerros, que suman cerca de 80 hectáreas, y por un terreno comunal de 10 hectáreas que perteneció a una familia expulsada de la comunidad (Peña 1998). En esta muestra de la distribución de parcelas familiares de Calahuyo, representativa de las comunidades de similar extensión en Huancané, puede apreciarse cómo los comuneros no son iguales económicamente al interior de su comunidad. Aunque siempre se suele contar con un grueso que corresponde a una tenencia de 1 a 2 hectáreas, que en Calahuyo abarca el 53% de la comunidad, no faltan quienes posean más de ese promedio y quienes por el problema de la diseminación o fragmentación posean menos del promedio. A medida que se multiplica una familia nuclear es normal que se fraccionen las parcelas. Con el matrimonio del hijo mayor empieza la primera fragmentación; luego, sigue el siguiente hijo, hasta la muerte del padre y la madre. De este modo, una parcela familiar que pudo haber sido de 3 hectáreas, al distribuirse entre cinco hijos, pasa a fragmentarse en parcelas de 0.6 hectáreas. Así, potencialmente las comunidades están amenazadas por la excesiva diseminación o fragmentación, tal como ya se ha producido en la provincia de Moho. Las comunidades de esta provincia suelen tener parcelas de un “topo” o de un surco como propiedad para una familia nuclear. Un “topo” o un surco equivale, dependiendo de la extensión de la parcela donde se encuentre, a una sexta parte o a un octavo de 71

Citado por Peña (1998, 110). En los trabajos de campo de los años 1999 y 2000 se intenta actualizar la información sobre la posesión de la tierra en la comunidad en mención; sin embargo, la Dirección Agraria de Huancané y la propia comunidad carecían de información. Personal de la Dirección Agraria, incluyendo a su propio director, refirió las limitaciones de recursos para realizar dicha labor.

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una hectárea72. Si tenemos como referencia que para la subsistencia normal de una familia son necesarias como mínimo dos hectáreas de terreno, podemos concluir que la tenencia de tierras de esos comuneros de Moho no les sirve para alcanzar una producción suficiente para el autoconsumo, como tampoco para el forraje de sus ganados, quedándoles la posibilidad de dedicarse a los negocios (lo que se traduce fundamentalmente en la actividad del contrabando) o la emigración paulatina hacia las grandes ciudades73. Un paliativo a este problema lo constituye la reestructuración de las empresas asociativas agrarias, que en el año 1987 comenzaron a ser desarticuladas por disposición del gobierno central. Empresas asociativas como la Sociedad Agrícola de Interés Social (SAIS), de miles de hectáreas de extensión, comenzaron a ser redistribuidas entre las comunidades de mayor problema, aunque con el inconveniente de estar muy distanciadas de estas “nuevas” tierras74. Sumando información se puede indicar que esta tenencia familiar puede ser identificada con lo que se podría denominar una propiedad familiar, a la que se suma el producto de la tierra y la tenencia del ganado que se alimenta del pasto o forraje de la misma tierra. Paralelo a ello se puede identificar una propiedad comunal, que justamente se integra por la tenencia de tierra en andenes, pastos y parcelas, que varía de acuerdo con las características de cada una de estas comunidades. Sin embargo, esta propiedad comunal también incluye las obras comunales levantadas sobre el terreno colectivo, como los ganados comunales, que para el caso de Calahuyo y Titihue podría comprender siete cabezas de Brown Swiss (en febrero de 1992) y para Tiquirini-Totería, 60 cabezas de ovino (en octubre de 1999). A la desigual tenencia de la tierra se deben sumar los efectos climatológicos negativos que viven los comuneros. La helada, la granizada, la sequía o la lluvia en exceso pueden arruinar en horas los sembríos de meses de trabajo. Frente a esto, los comuneros aún no han podido encontrar los medios suficientes para enfrentarlos, recurriendo más a “remedios caseros”, como los cohetes o la quema del azufre, entendidos como instrumentos que expulsan los “malos espíritus”75. 72

Para el área del Cuzco, Remy y Glave (1983, 524) refieren como unidad de medida el topo = 3,219.63 m2; aproximadamente 0.32 Ha.

73

El problema de la fragmentación o diseminación de la tierra, a su vez, puede explicar en su origen un gran número de conflictos familiares y comunales, como se señalará en los capítulos siguientes.

74

Un ejemplo de la recepción de este beneficio de adjudicación de tierras lo constituye el caso de la comunidad de Tiquirini-Totería. Dicha comunidad recibió en adjudicación 1.000 hectáreas de terreno en la zona puna que explota como pastizal y en forma comunal (ver en este capítulo “Antecedentes históricos” y “La comunidad de Tiquirini-Totería”).

75

Como apreciaremos en la parte referida a la organización cultural, la helada y la granizada pueden ser entendidas como “castigos de la naturaleza”.

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Formas de trabajo La fuerza de trabajo, para los comuneros de Huancané, está identificada con la participación del conjunto de miembros de una familia como unidad básica. Hombres, mujeres y niños constituyen la mano de obra disponible dentro de la economía comunera. A partir de esta identificación, en Huancané se pueden diferenciar hasta cuatro formas de trabajo: la individual-familiar, referida a la familia nuclear propiamente; la interfamiliar, referida al intercambio de fuerza de trabajo entre familias; la comunal, donde todas las familias participan obligatoriamente; y la de aparcería, referida a un contrato privado en el que se persigue un interés privado, de lucro (Peña 1998). La forma de trabajo individual familiar es la predominante en las relaciones de una familia nuclear comunera con la propiedad de su tierra y su ganado. Se trata de la participación del jefe de familia, de la esposa comunera, de los niños, hasta de los abuelos u otros familiares que vivan bajo un mismo techo. Si bien es el padre o jefe de familia quien dirige la economía, puede destacarse que la esposa e hijos tienen participación importante, al extremo de llegar a suplir al padre cuando migra estacionalmente a ciudades alejadas. La forma de trabajo interfamiliar consiste en la ayuda recíproca que se brindan las familias, generalmente parientes, con el propósito de ejecutar una determinada tarea en sus respectivas propiedades familiares. Consiste en un contrato verbal, en el que se intercambia un equivalente de jornadahombre por otra similar, o en términos propios de los comuneros “yo te presto y luego me devuelves”76. Por lo general, este intercambio se produce en la actividad agropecuaria, sea en el barbecho (preparación) de la tierra o en la cosecha; sin embargo, también suele extenderse a otras actividades como el préstamo de herramientas, el préstamo de víveres, el intercambio de cerveza para su fiesta de la Santa Cruz o los carnavales, etc. Se trata del contenido de la misma institución del Ayni (reciprocidad), conocida como tal también por los aymaras. La forma de trabajo comunal o faena comunal o minka consiste en el trabajo conjunto y obligatorio, equivalente a un jornal77, que el conjunto de familias realiza luego del respectivo acuerdo asumido en sus asambleas. Tiene su fundamento en el hecho de que tal faena o minka, recíprocamen76

Entrevistas con Lorenzo Quispe, de Calahuyo (marzo de 1988, 1989), con Félix Mendoza, de Titihue (enero de 1989, marzo de 1992) y con Benito Gutiérrez Ccama, de la Liga Agraria (1988, 1992, octubre de 1999).

77

Un jornal es la medida de horas por día de trabajo. Dependiendo de la región, el total de horas por día varía. En el caso de los comuneros del Sur Andino, podemos decir que dicho total de horas por día de trabajo puede estimarse entre 5 y 7 horas.

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te, se presenta como un beneficio para los propios comuneros. El trabajo en la siembra del terreno o de los andenes comunales se verá favorecido por la cosecha que se reciba de aquél; asimismo, la obra comunal que se acuerde construir, como es el caso de una nueva tienda comunal, será de beneficio para el propio conjunto de comuneros; de igual forma, el acuerdo de trabajo en una obra multicomunal, una vez concluida, será de beneficio para cada conjunto de comuneros participantes. Por último, la forma de trabajo de aparcería, también llamada “al partir”, consiste en la entrega de fuerza de trabajo a cambio de la mitad o parte importante de los beneficios producidos a través del empleo de esa fuerza de trabajo en un bien determinado (tierra o ganado) entregado por el otro interesado. Este intercambio se produce normalmente en la agricultura y en la actividad pecuaria. En la agricultura, una de las partes proporciona tierra y abono, la otra sólo fuerza de trabajo, entonces, la ganancia de la aplicación de la fuerza de trabajo sobre dicha tierra y abono será repartida entre ambas partes en forma igual. En el caso de la actividad pecuaria, el aporte complementario al de fuerza de trabajo consiste en ganado, vacuno generalmente, por el que dichas partes acuerdan repartirse las crías o simplemente “engordar” el ganado para conseguir un mejor precio en el mercado. De cualquier forma se debe indicar que el compromiso que asumen las partes siempre comprende el interés de sus respectivas familias para cumplir con su aporte determinado y, por lo general, este tipo de contratos se da bajo el supuesto de la existencia de una relación de confianza.

Las principales actividades productivas Los comuneros de Huancané son fundamentalmente agricultores y ganaderos. Sin embargo, de manera complementaria desarrollan otro tipo de actividades: la pesca para los comuneros de la zona lago como Titihue, la comercialización de ganado con fines lucrativos en la microrregión y el desempeño en trabajos temporales en las grandes ciudades durante períodos de migración estacional. La agricultura es la actividad económica que brinda los productos necesarios para el autoconsumo de los comuneros, constituyendo la actividad principal en aquellas comunidades de laderas y zonas intermedias, como son los casos de Calahuyo y Tiquirini-Totería. La papa, la cebada, las habas, la quinua, la avena, y con menor producción la cañihua, la oca y el trigo se presentan como los principales alimentos de su dieta diaria. La cebada y avena suelen ser empleadas como forraje para el ganado. En el trabajo agrícola, los comuneros hacen uso de instrumentos tradicionales, como la chaquitaclla o wiri78 y el arado o arma. Estos instrumen78

Una referencia de la chaquitaclla como “emblema de la agricultura andina” puede consultarse

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tos son empleados en la producción de un solo ciclo agrícola por año. De agosto a octubre inician este ciclo con la siembra; abril y mayo son los meses de cosecha; de noviembre a marzo se dedican a proteger el sembrío, y de junio a agosto hacen descansar la tierra. Este ciclo agrícola se ve caracterizado por la existencia de un sólo período de lluvias (octubre a febrero, por lo general) y por la amenaza de fuertes heladas (mayo a julio), lo que hace difícil concebir un doble período de cosechas. La ganadería es la segunda actividad económica en importancia para los comuneros de Huancané, exceptuando las comunidades de la zona puna y varias comunidades de la zona lago (como Titihue), donde tal actividad se torna en principal. Consiste en la crianza de ganado vacuno y ovino, en el caso de comunidades de zona lago y ladera, y en la crianza principalmente de auquénidos, complementada con ganado vacuno y ovino, en el caso de las comunidades de zona puna (Corde-Puno 1983). Para el comunero, la tenencia de ganado simboliza el ahorro en dinero para afrontar los gastos de vestidos, alimentos procesados (aceite, azúcar, arroz, fideos, etc.), útiles escolares y otros, que adquieren en la ciudad. Asimismo, simboliza el medio de defensa pecuniario frente a cualquier necesidad familiar, como problemas de salud o problemas derivados de alguna necesidad o circunstancia colectiva, como una sequía. En el caso de la tenencia de vacunos, se trata de un ganado criado especialmente para su comercialización en feria, vendido a comerciantes intermediarios que lo trasladan a ciudades principales de la costa; en tanto que los auquénidos y los ovinos son criados especialmente para aprovechar su lana –que también es comercializada por intermediarios de la costa– y para el consumo de su carne. La comercialización de ganado es una actividad lucrativa y complementaria para algunos comuneros. Consiste en la compra-venta de ganado vacuno principalmente, realizada por lo general en ferias o k’atos. No se trata de la venta del ganado que se ha criado o engordado sino de la venta de aquel ganado que se pudo haber adquirido en tempranas horas en el k’ato o que pocos días antes se adquirió en el campo, particularmente en las zonas altas de la microrregión. Es decir, se trata en realidad de una actividad de reventa de ganado. Es de importancia para aquellos comuneros que tienen pocas extensiones de tierras y que disponen de una fuerza de trabajo “ociosa”, aunque también no dejan de destacar algunos comuneros “ambiciosos” dedicados a dicha actividad. Comunidades como Calahuyo y Tiquirini-Totería son conocidas por tener varios comuneros comerciantes de ganado. De otro lado, la pesca es una actividad económica marginal, dada la escasez de especies lacustres. Es una actividad fundamentalmente compleen Morlon, Bourliaud, Réau y Hervé (1996).

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mentaria a las otras y de provecho para aquellas comunidades ubicadas cerca al lago o río. En Titihue, por ejemplo, actualmente los comuneros se quejan de no tener truchas, pejerrey o carachis como hace 10 o 20 años; existen, pero de forma bastante reducida, refieren los comuneros79. No es raro que cada familia de las comunidades de orilla de lago cuente con cordeles y mallas para esta actividad. Por último, en cuanto a las actividades estacionales de la ciudad, se debe destacar que constituyen un paliativo ante la insuficiencia de pastos y ganado que pueda caracterizar el ciclo agrícola de la familia comunera. Es una alternativa frente a la escasez de recursos para la economía familiar. Consiste en la migración del padre o el jefe de familia, quien, aprovechando los meses de descanso de la tierra o crecimiento de su sembrío, se desplaza a las ciudades de Arequipa, Tacna, Moquegua o Lima para desempeñarse como obrero, vendedor ambulante (con bastante atención en la comercialización de productos de “contrabando”), recolección de desechos o trabajos de servicio doméstico, entre otros. Con ello, la familia comunera tendrá mayores recursos para desarrollarse en su comunidad, particularmente en su interrelación con la ciudad, pero en otros casos ocurrirá la migración definitiva por la “buena” oportunidad que pudo encontrar el jefe de familia.

ORGANIZACIÓN CULTURAL Ante todo cabe tener en cuenta que las comunidades de Huancané son entidades en las que existe una identidad cultural. Se habla de una comunidad aymara porque se está ante una organización cultural distinta de la que puede predominar en las ciudades o en otras regiones de la sierra o selva del Perú. El idioma se presenta como patrón diferenciador básico pero, además, puede destacarse la existencia de fiestas y sistemas de cargo, una particular cosmovisión y relaciones de parentesco también distintas.

El idioma aymara El idioma aymara, en mi opinión, constituye el elemento unificador de las comunidades de la microrregión en estudio y del Sur Andino en general. A su interior, cada comunidad identifica a sus familias y a cada uno de sus miembros en la medida en que sea posible una comunicación común entre ellos. En el mismo sentido, hacia fuera, cada comunidad puede identificar, en general, a cada uno de los miembros aymaras a través del uso de su lengua. Tanto el varón como la mujer, el niño o el anciano de un núcleo familiar se comunican a través del aymara para hacer efectivas sus relaciones 79

Comunidad de Titihue, mayo de 1988, marzo de 1992 y octubre de 1999.

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diarias. En sus actividades económicas, en sus salidas a la ciudad, en las fiestas de la comunidad, en sus tareas domésticas, en la llamada de atención al hijo, y en el conjunto de sus actividades sociales y culturales, el diálogo o conversación es en aymara. Esto ocurre a pesar de que el varón domina el español, idioma que utiliza en su relación con la ciudad80. Igualmente, en las actividades colectivas de la comunidad, como la asamblea comunal o la faena comunal, todos los comuneros participan en su idioma materno: se alteran, preguntan, sugieren, acuerdan, etc. en aymara. El presidente de la comunidad y las demás autoridades hacen su intervención también en aymara: informan, opinan, sugieren alternativas, a pesar de haber recibido, en muchos casos, toda esa información en español y a pesar de escribir todo lo acordado también en español. Sin embargo, se deben hacer algunas aclaraciones sobre el idioma aymara de los comuneros de Huancané. Primero, no se trata de un idioma puramente aymara; muchas de las palabras de su vocabulario se encuentran mezcladas con el español y en otros casos utilizan palabras del español para comunicarse. Para citar un ejemplo, la palabra serviciña, que identifica la etapa de convivencia del matrimonio aymara, tiene la unificación de la palabra española servir y de la palabra aymara ciña (mutuamente). Otra aclaración pertinente es que la preocupación del comunero normal en las comunidades en estudio no es la de consolidar su idioma, exigiendo que sus descendientes dominen a la perfección el aymara. Por el contrario, aunque resulte paradójico, su pretensión es más bien que dominen el español. La explicación se encuentra en el hecho de que el español otorga poder, al ser el idioma de la gente de las grandes ciudades, de la que necesariamente dependen. Por esto, la juventud aymara de las comunidades de Huancané comienza a dominar más el idioma español o castellano que el aymara, aunque retoman la costumbre de comunicarse en su idioma natural cuando se encuentran al lado de sus padres81. A pesar de esta problemática que envuelve el idioma aymara en Huancané, es importante reiterar que sigue siendo la lengua materna de la población de las comunidades de la región, tal como se ha referido estadísticamente al inicio del capítulo. Es gracias al idioma que el conjunto de comuneros puede desarrollar un tipo de convivencia horizontal. Lo común y natural para que se asuma una determinada gestión o se lleve ade80

81

De acuerdo con el censo de 1993, en el distrito de Huancané el idioma predominante es el aymara. En el citado censo, ante la pregunta sobre el idioma materno aprendido en la niñez, se tuvo el siguiente resultado: castellano: 4.287, quechua: 453, aymara: 18.959, otra lengua nativa: 37, idioma extranjero: 1 (INEI 1994b). Esta segunda aclaración tiene un significado muy importante en el desarrollo de políticas educativas para las escuelas de las comunidades de la región. Sólo en los últimos 15 años se han desarrollado propuestas educativas bilingües, sin una aceptación total por parte de los comuneros (octubre de 1999).

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lante la ejecución de una obra, es a través del convencimiento que opera con el uso de su propia lengua. Así también lo común y natural para intentar la resolución de un conflicto, principalmente familiar, como se verá en los capítulos siguientes, es porque el diálogo y las alternativas de solución brotan del uso del idioma aymara82. En las condiciones actuales, ninguna gestión, obra o intento de resolución de conflicto sería posible sin la utilización del idioma que todos comparten. A pesar del híbrido, que no solamente se da en el idioma sino en cada aspecto de su cultura por el hecho de compartir cercanamente elementos de culturas vecinas como la quechua o la “occidental” de la ciudad, y a pesar de la pretensión de los propios comuneros de exigir que sus hijos aprendan ante todo el idioma español o castellano, se puede afirmar que el pueblo aymara encuentra en su idioma el interlocutor de su convivencia y de lo que también se podría denominar la base de la democratización de sus relaciones.

Las fiestas patronales y los sistemas de cargos Las fiestas en las comunidades de Huancané se presentan como actividades principales que se desarrollan a lo largo del ciclo agrícola o del año calendario. En las fiestas se comparte alegría, al lado de licores y comidas por parte de todos los comuneros. Se trata de momentos de satisfacción muy esperados por los comuneros donde pueden consolidarse los lazos de solidaridad entre familias vecinas o entre los comuneros en general. Pero también son los espacios donde se manifiestan los pleitos o rencillas que se encuentran reservados, esperando el consumo de licor como justificación para que florezcan83. Cabe diferenciar las fiestas que se concentran en determinadas comunidades, de las fiestas que se celebran en cada comunidad. Las fiestas que se concentran en determinadas comunidades tienen como motivo un determinado patrono o santo, o el aniversario de la comu82

Es curioso que aunque el conjunto de conflictos, familiares o comunales, sean discutidos y resueltos en el idioma aymara, su transcripción en los libros de actas se realice en español. Ello explica por qué las mencionadas actas de resolución están escritas en un “castellano difícil”.

83

Un trabajo interesante, aunque no referido precisamente a los aymaras del Sur Andino sino a las actuales comunidades descendientes de los mayas de Guatemala, describe la relación de las fiestas con el ordenamiento jurídico de dichas poblaciones. Edgard Esquit y César Ochoa (1995) sostienen que a través de las fiestas patronales se transmite el conjunto de su normatividad: “un ciclo de fiestas comunitarias integra el reconocimiento de normas relacionadas con realidades específicas como el trabajo, la naturaleza, las divinidades, las autoridades. De esta manera las personas aprenden normas sobre diversos tópicos de acuerdo con su edad, su grado de inserción en la comunidad y en las instituciones que en ésta existen. Los ciclos de fiestas en las comunidades poseen así una funcionalidad y un orden que busca la socialización del individuo y los agentes de esa socialización son las estructuras familiares y las estructuras de cofradías (que dirigen las fiestas)” (1995, 50, paréntesis fuera del texto).

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nidad. Un ejemplo de la fiesta patronal de una comunidad es la fiesta de la Virgen del Rosario que se celebra en la comunidad de Huancho y en las comunidades de Cucho y Pampa Amaru en agosto y octubre, respectivamente. A esta fiesta se desplazan todas las comunidades vecinas de Huancho, Cucho y Pampa Amaru, como Calahuyo y Titihue, con el objeto de compartir la algarabía del día central. No se desplaza el total de comuneros, pero sí un grupo importante de ellos que por una u otra razón –relaciones de parentesco o la banda de música– se moviliza para compartir la festividad. En dichas fiestas los comuneros pueden tener una activa participación a través de la inscripción del equipo de su comunidad en un campeonato de fútbol, organizado previamente por la comunidad central, o a través del intercambio de “cariño”84 –licor y comidas– con la autoridad de la fiesta (llamada alferado), o con la asistencia a la misa efectuada por el párroco del distrito, al paseo de la Virgen de esa comunidad o al baile con el que se cierra la festividad. Otro tipo de fiestas que se concentra en las comunidades es el que corresponde a los aniversarios de cada comunidad. En tales fiestas la participación de comunidades vecinas simboliza ante todo un acto de formalidad. Con la asistencia de éstas se confirma el reconocimiento del territorio o de los límites de la comunidad con respecto a sus vecinos y se consolida el origen común que puede identificar al grupo de comunidades. En esta festividad, cada comunidad es libre de elaborar su propio programa, y no es raro que reciba, en plena ceremonia, la visita y el “cariño” (traducido en “alguna cajita de cerveza”) de las autoridades de sus comunidades vecinas. De otro lado, entre las fiestas que se celebran simultáneamente en todas las comunidades de Huancané cabe destacar dos: la fiesta de la Virgen de la Candelaria, comúnmente conocida como “carnavales” y que se celebra en el mes de febrero, y la fiesta de Mayo o de la Santa Cruz, que se celebra desde el último día del mes de abril hasta el cuarto o quinto día del mes de mayo85. Los carnavales, particularmente, se celebran en todo el Departamento de Puno. En Huancané no tienen la algarabía de la ciudad de Puno, donde conjuntos y orquestas tanto de la ciudad como de las diversas comunidades se concentran en una especie de competencia de bailes, incitando a participar a todo transeúnte. En Huancané, la fiesta es más de la propia comuni84

Con la palabra “cariño” los comuneros de la microrregión denominan el conjunto de actos de reciprocidad que se brindan entre familiares o entre comunidades vecinas. En los intercambios de bebidas o comida puede apreciarse tal “cariño”, pero también en préstamos o aynis de botellas de cerveza, potajes de comida, visita de bandas musicales, etc.

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El total de días de fiesta varía de acuerdo con la microrregión y comunidad. En el caso de Huancané, el conjunto de sus comunidades comparten el 3 de mayo como día central de la fiesta de la Santa Cruz.

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dad o de un conjunto de comunidades que de la ciudad. Se celebra durante una semana, bajo la dirección de “guías”86 y del presidente de la comunidad, con una variedad de programas, incluyendo como día central el encuentro de bailarines en el “canchón” o el local del colegio que los unifica. Por ejemplo, Titihue celebra su día central de los carnavales con sus tres sectores en el “canchón” ubicado al frente de su colegio del sector central, en tanto que comunidades como Calahuyo se concentran en el colegio de Chacapampa, conjuntamente con las comunidades de Antacahua, Pampa Amaru, Cucho Amaru, Milliraya, Huancho, entre otras. En el día central, los jóvenes solteros y las parejas jóvenes son los más animados para el baile; sin embargo, cada familia comunera participa. Esta participación supone, por lo general, una caja de cerveza y una manta de fiambre. La cerveza se acumula y distribuye bajo la dirección de sus respectivas autoridades, y el fiambre de papas, habas, maíz, chuños87 y porciones de masa de quinua se entrega al mediodía a las mismas autoridades; dicho fiambre se coloca sobre una gran manta para que todos los presentes puedan departir. De otra parte, la fiesta de la Santa Cruz sí suscita la algarabía, tanto de las otras comunidades aymaras como de la población de la ciudad de Huancané. Durante cuatro días los comuneros y pobladores de la ciudad se ven motivados en su celebración. Cada comunidad, como ocurre en la ciudad, tiene cuatro autoridades o cargos de fiesta: dos alferados y dos kaperos88. El último día del mes de abril y el segundo día del mes de mayo son asumidos por los kaperos, en tanto que el primer día y el tercer día del mes de mayo son asumidos por los alferados. De estos días, el más importante es el 3 de mayo, asumido por el alferado mayor. La festividad consiste en adorar u homenajear la Cruz Cristiana que identifica a su comunidad. Cada día y noche que transcurren, los comuneros rinden ese homenaje con su presencia alrededor de la Cruz, con el arreglo de atuendos que le hacen y con una misa realizada por el párroco de la ciudad.

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Los “guías” son autoridades de la fiesta de carnavales al interior de cada comunidad. Tienen la responsabilidad de dirigir la fiesta en un día determinado. Según Benito Gutiérrez (Huancané, octubre de 1999), se suele distinguir entre “guías del campo”, que dirigen la fiesta en la comunidad, y “guías del pueblo”, que dirigen la fiesta en la ciudad. Benito Gutiérrez también nos ha manifestado que el achachi es el espíritu que guía el conjunto de la fiesta.

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El chuñu es una comida especial de los Andes, que se obtiene tras un procedimiento natural de congelamiento y deshidratación de la papa.

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Se trata de cargos obligatorios y rotativos, semejantes a los cargos comunales, donde toda familia o representante familiar está en la obligación de aceptar primero el cargo de kapero y después el de alferado. Vinculado a este criterio de rotación obligatoria de los cargos, se debe destacar una vinculación con lo trascendente de parte de los comuneros. Entienden que quien se rehúsa a aceptar los cargos, o aceptándolos no los cumple, recibirá un castigo divino que puede consistir entre la pérdida de su ganado y una fuerte enfermedad que puede acabar con la propia vida del comunero “irresponsable”. Al respecto, se puede consultar mi trabajo anterior sobre la experiencia de Calahuyo (Peña 1991a, 181 y ss.).

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El 3 de mayo, día central de la festividad, todas las comunidades del distrito se concentran en la ciudad de Huancané, acompañadas de su respectiva Cruz y banda de músicos. Después de una misa realizada en la iglesia del distrito, cada Cruz recibe la bendición del párroco. Largas colas, que confunden diversas vestimentas, diversas bandas de músicos y un significativo porcentaje de la población de cada comunidad, hacen de Huancané ese día netamente aymara: el “indígena” prácticamente toma la ciudad, aunque también el poblador urbano se ve identificado con la Cruz mayor de la ciudad. Después de la bendición, cada comunidad se concentra en la vivienda de uno de sus comuneros residentes en la ciudad, rinde el homenaje particular a su Cruz con la tinka89 y se alista a celebrar. Retornan a su comunidad para consumir cerveza y comida que el alferado mayor brinda en nombre de la Cruz.

Cosmovisión La cosmovisión de los comuneros aymaras de Huancané tiene su expresión en la divinidad del dios cristiano, pero también, y sobre todo, en la divinidad de dioses provenientes de su tradición aymara. La manera como se vincula con el dios cristiano se ha podido apreciar a través de la festividad de la Santa Cruz y de la Virgen de la Candelaria en los carnavales. Complementariamente, se suma la adoración a otros Patrones o Santos, como diversas Vírgenes que identifican a determinadas comunidades como Huancho, Cucho y Pampa Amaru. Sin embargo, importa destacar la vinculación con las otras divinidades que identifican a los comuneros de Huancané. El caso de la Madre Naturaleza y el caso de la Pachamama son dos ejemplos que demuestran una particular adoración que se distingue de la referencia del dios cristiano. La Madre Naturaleza, en los comuneros de Huancané, aparece asociada con las lluvias, granizadas, heladas y sequías. Cuando cualquiera de estos factores climáticos se presenta como anormal (por ejemplo, se produce una fuerte helada o granizada, llueve en exceso o, simplemente, no llueve, afectando su sembrío o cosecha), entonces los comuneros racionalizan que la Madre Naturaleza los está “castigando”. Las razones de estos castigos varían, pero cabe destacar las que entienden como “castigos de la naturaleza como consecuencia de actos inmorales”90. Los comuneros racionalizan que “alguien” en su comunidad ha cometido un “acto inmoral” y como consecuencia de ello la Madre Naturaleza ha enviado “demonios 89

Ceremonia de buenaventura que se realiza con hojas de coca y alcohol. En el caso de la tinka de la fiesta de la Santa Cruz, la ceremonia es realizada por las autoridades de las comunidades y las autoridades de la fiesta; sin embargo, puede ocurrir que en forma particular determinadas familias realicen la misma ceremonia.

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Para mayores detalles sobre el caso, ver Peña (2000).

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climáticos” para castigarlos. Entonces, los comuneros extraordinariamente se reunirán y, aparte de enfrentar esos “ataques” climáticos con cohetes, inciensos o la quema del azufre, buscarán al supuesto culpable o “inmoral”. Para tales casos, el adulterio, las relaciones incestuosas, el entierro clandestino de un feto, el maltrato a la madre por el hijo son entendidos como “actos inmorales”, sobre los que la respectiva asamblea comunal hará prevalecer su fuerza para evitar la repetición del “castigo”. En tal situación, puede apreciarse cómo lo sobrehumano es entendido en una estrecha vinculación con lo terrenal o lo simplemente humano, aspecto que, lógicamente, tiene mucha relación con lo que sería un mecanismo de autocontrol al interior de las propias comunidades y con mecanismos de resolución de conflictos al interior de las mismas, tal como se verá en los capítulos siguientes91. La Pachamama, de otro lado, es la “Madre Tierra”. Se presenta como una deidad terrenal que el comunero tiene a su lado permanentemente y a quien hay que “pagar” para que les siga proporcionando los frutos necesarios para su subsistencia. El “pago” consiste en un agradecimiento que hace el comunero, de manera individual o colectiva, en favor de su tierra, de la que piensa tiene vida y necesita alimentarse también92. En las comunidades de la zona intermedia del distrito de Huancané, el pago a la Madre Tierra se suele efectuar en tres momentos del ciclo agrícola: en un primer momento, en los primeros días del mes de agosto, se efectúa con un criterio de preparar la tierra para que se encuentre más fértil; en un segundo momento, en el mes de septiembre, como petición para que la producción del año sea buena y abundante; el tercer momento, en el mes de abril o mayo, cuando ya se ha efectuado el levantamiento de la cosecha, como agradecimiento por lo producido o, en caso de una mala cosecha, como ruego, solicitando ayuda para las necesidades que pueda afrontar la familia (Canahuare, 1985). En las comunidades de la parte alta o zona puna de la región, el pago a la madre tierra se identifica con el sacrificio de alpacas, denominado wilancha93, que busca la reproducción del ganado lanar de las familias comuneras. Esta relación física y espiritual con la naturaleza, a través de la Madre Naturaleza y de la Pachamama, puede apreciarse incluso en el tratamiento de algunas enfermedades. Los rituales con el uso del incienso o el “pago” a la tierra suelen efectuarse en casos de accidentes, enfermedades raras y 91 92

93

Ver particularmente los capítulos 5 y 6. El “alimento” que se otorga consiste en dulces, galletas, hojas de coca, aguardiente, grasas de animal (llama particularmente), frutas, tubérculos y cereales secos, granos o mazorcas de maíz, etc. Dicho “alimento” es incinerado y luego enterrado en la “boca” de la Pachamama. La wilancha es descrita en un video del Centro de Música Tradicional Andina de la PUCP. Ver Juan Ossio (1995) y Mauricio Mamani (1988, 85-86).

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sustos. Se busca el retorno del “ánima” (alma) del enfermo, para asegurar la curación94.

Relaciones de parentesco y matrimonio Las relaciones de parentesco entre los aymaras del Sur Andino comprenden lo que se conoce como relaciones de “carne” o consanguíneas (padres, tíos, abuelos, primos) y relaciones de “compadrazgo” o rituales (compadres, padrino, ahijados). Ambas se integran al conjunto de relaciones de la forma organizativa familiar en la comunidad. El parentesco carnal comprende a su vez dos tipos de relaciones parentales: la que se da en la familia nuclear (padre, madre e hijos) y la que se da en la familia extendida (abuelos, tíos, primos, etc.). Ambos están identificados con la prevalencia del varón. Esto significa la concentración de apellidos patrilineales, la representación de cada familia por el varón, la sucesión de las parcelas familiares con prioridad a favor de los varones, así como la representación en los cargos de la comunidad también en manos de los varones. Padres a hijos se suceden responsabilidades del hogar; por ello, la joven pareja en serviciña se instala en la casa del varón, como se verá más adelante. La referencia de apellidos patrilineales al interior de cada comunidad lleva a identificar el origen de los comuneros sólo por su apellido. Como se señaló, en Calahuyo, por ejemplo, es posible identificar cuatro apellidos principales: los Quispe, los Uturunco, los Ccota y los Condore. Cuando se escucha de un Uturunco o de un Ccota en la ciudad de Huancané, se puede deducir que es de Calahuyo. Lo mismo ocurre con los Rafael o Mendoza y los Miramira o Tipula, en relación con las comunidades de Titihue y Tiquirini-Totería, respectivamente. Sin embargo, donde más cabe destacar la prevalencia del varón es en el nivel organizativo. La familia nuclear y la propia familia extendida son conducidas por un varón. Los cargos de presidente de la comunidad, de tenientes gobernadores, de directiva comunal y de alguaciles son ocupados por los varones. En situaciones excepcionales, cuando una mujer enviuda o cuando su esposo se encuentra fuera de la comunidad, la mujer asume con protagonismo las funciones de la organización familiar y, aún limitadamente, las funciones de cargos principales de la comunidad. Sin embargo, sobre esto último se puede apreciar un proceso de cambio en la participación de la mujer dentro de las comunidades campesinas en general. Así, en Tiquirini-Totería el cargo de teniente gobernador lo desempeñó durante 1988 una mujer viuda95 ; y en Huancho, que es una de las comuni94

Para una explicación más detallada, ver Peña (1998, 155).

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En entrevistas posteriores (octubre de 1999, agosto de 2000), la misma comunera viuda me

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dades más grandes del distrito, los cargos de delegados por sectores eran asumidos en un 20% por mujeres solteras y casadas96. De otro lado, el parentesco ritual o compadrazgo supone a su vez dos tipos de relaciones: la relación entre compadres y la relación entre padrinos y ahijados. Siguiendo a Xavier Albó (1980, 307), conviene hablar de “padrinazgo” más que de “compadrazgo”, dada la mayor afluencia de padrinos hacia ahijados y viceversa. Este padrinazgo puede ser normalmente hasta de tres tipos: padrinos de matrimonio, padrinos de bautizo o corte de cabello y padrinos en relación a cosas o actividades97. Los padrinos de matrimonio son los más importantes. Suelen ser dos padrinos por matrimonio, el padrino mayor y el padrino menor, acompañados de sus esposas. De esta relación de padrinazgo se desprenden una serie de derechos y obligaciones que es conveniente destacar. Los padrinos están obligados a ayudar a sus ahijados cuando éstos fracasen en sus relaciones de pareja o atraviesen por problemas económicos. Se constituyen en órganos de resolución de conflictos de la pareja, como veremos, y no dudarán, si tuvieren los medios económicos, en hacer un préstamo a sus ahijados. Recíprocamente, el ahijado se obliga a tratar a su padrino como si fuera su padre: si éste lo requiere para efectuar el sembrío de su parcela, el ahijado estará dispuesto a ofrecer gratuitamente su fuerza de trabajo, o si el padrino se encuentra en algún problema, como una riña por ejemplo, igualmente el ahijado está obligado a auxiliar a su padrino. Finalmente, en cuanto al tema de la institución del matrimonio en los aymaras del Sur Andino, es importante destacar particularmente las etapas que lo caracterizan. Como ocurre con el matrimonio de los quechuas98, el matrimonio aymara es un proceso de varias fases. Se pueden distinguir hasta cuatro etapas en las parejas de las comunidades de Huancané: la etapa del enamoramiento de los jóvenes, puesta de manifiesto principalmente en sus fiestas; la etapa de la petición de mano, que es propia de los padres y de los testigos del joven enamorado; la etapa de la serviciña99, en

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97

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indicó que estaría dispuesta a asumir nuevamente el cargo y que en todo caso en la comunidad se encuentran mujeres con capacidad para ejercer el mismo cargo e incluso el cargo de presidente de la comunidad. En febrero de 1992 pude apreciar que de 12 delegados de la comunidad, tres eran mujeres jóvenes –dos casadas y una soltera–. En una de las reuniones de delegados, dichas mujeres participaban en las mismas condiciones que los varones. El padrinazgo en relación a cosas o a cosas o actividades puede comprender la inauguración de un bien, sea mueble (auto, artefacto eléctrico, etc.) o inmueble (casa), o también el ser gestor o promotor de una obra o una competencia deportiva. Al respecto, ver Carter (1972). Como indiqué cuando me referí al tema del idioma, la palabra serviciña se compone de la palabra “servir” en español o castellano, y de la palabra aymara “ciña”, entendida como “mutuamente”.

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la cual la mujer pasa al hogar del varón donde conviven bajo un mismo lecho; y la etapa del “casamiento” civil y religioso, que puede realizarse después de varios años de serviciña. En este trabajo importa destacar las dos últimas etapas, dado que es donde se produce uno de los conflictos más complejos y notorios en la comunidad: los conflictos de riña o separación de parejas. La serviciña es una etapa de convivencia donde se entiende que la mujer está “sirviendo” y va siendo anexada a las costumbres de la familia del varón. En esta etapa, la libertad sexual de la pareja es normal, llegando a procrear hijos sin ningún impedimento. Sin embargo, la libertad de separación de la pareja es también un elemento caracterizador de dicha etapa. Si el varón es un abusivo o irresponsable para cubrir las necesidades de la pareja, o si la mujer es una “ociosa”, es probable que se produzca la separación y la mujer vuelva al hogar de sus padres, recuperando ambos su situación anterior. El “casamiento” civil y religioso, de otro lado, es la etapa de consolidación de la pareja. Ello no implica de ninguna manera que esté prohibido separarse, sino que limitan esta libertad, al fortalecerse su unión conyugal con una mayor autonomía. En esta etapa, la joven pareja ya tiene su propia vivienda y hasta su propia parcela de terreno. La pareja inicia el desarrollo de una nueva familia nuclear que se integra a la dinámica de su comunidad. Pero, también asume nuevos derechos y obligaciones en la comunidad y en sus relaciones parentales consanguíneas y rituales. Por último, cabe señalar que el paso de la serviciña al “casamiento” civil y religioso puede que nunca se produzca. En tal caso, con el correr de los años, la serviciña se consolida como si se hubiese producido tal casamiento. Para el caso de Calahuyo, Titihue y Tiquirini-Totería me consta la existencia de muchas familias, en un porcentaje de más de la mitad para cada comunidad, en situación de serviciña consolidada con el paso de los años100 .

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Apreciación destacada y registrada durante el trabajo de campo de febrero-marzo de 1992. En los trabajos de campo de los años 1999 y 2000 no noté mayores cambios o diferencias sobre esta apreciación.

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CAPÍTULO 4

El poder judicial estatal en Huancané

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l estudio de los sistemas de resolución de conflictos en las comunidades aymaras del Sur Andino lleva necesariamente a analizar el funcionamiento del aparato judicial estatal (que también se puede llamar “formal” u “oficial”) que identifica el lugar donde se desarrollan las tres comunidades en estudio: el distrito y la provincia de Huancané. Antes de examinar el poder judicial comunal, resulta conveniente presentar la actuación del poder judicial oficial y su relación con las comunidades y parcialidades de Huancané. En esta relación se encontrarán los recientes antecedentes de la participación comunal en la resolución de sus conflictos, como también las actitudes y causas que legitiman la propia actividad judicial de los comuneros.

Numerosos estudios reconocen la eficacia de las autoridades oficiales del campo en la actividad o servicio de resolución de los conflictos de los campesinos. Al respecto se destaca principalmente la función de los Juzgados de Paz No Letrados1, a cargo de los propios campesinos o excampesinos, quienes intervienen efectivamente con una actitud conciliatoria más que decisoria frente a los conflictos2. Dichos juzgados han sido identificados como la “justicia más accesible al pueblo”3 y como de “prioridad nacional”4 , 1

2

3

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El juez de paz no letrado es el juez no lego o no profesional, aquel que sin ser abogado asume la jurisdicción principalmente de las áreas rurales y a quien por ley se le reconoce como “juez de conciliación” (Ley Orgánica del Poder Judicial, Decreto Legislativo 767, modificado por la Ley 26270 y subsiguientes modificatorias). Sobre este tema, ver Luis Pásara (1979, 1982a), Hans Jürgen Brandt (1986 y 1990), Diego García Sayan (1987a y 1987b), Revilla (1995), Loli (1997), Comisión Andina de Juristas (1999), Instituto de Defensa Legal (1999), Siles (1999), entre otros. Resulta particularmente ilustrativa la investigación de Hans Jürgen Brandt (1990), quien para el estudio de los jueces de paz en el Perú recurrió a la aplicación de una encuesta significativa, a numerosas entrevistas y a la revisión de 6.785 expedientes en todo el país. Ver Poder Judicial (1997a y 1997b), que incluye exposición y comentarios de especialistas, así como de miembros de la Comisión Reformadora del Poder Judicial de aquel entonces. La Comisión de Reforma Judicial de 1997 antes citada, así como otras comisiones previas y los

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al ser gratuita, al no demandar mayores gastos al Estado5 y al constituir el grupo más numeroso de magistrados dentro de toda la estructura del poder judicial estatal6. En adición a los Juzgados de Paz No Letrados, otras autoridades oficiales también intervienen en la resolución de conflictos de los campesinos7. En un trabajo anterior destaqué la manera como históricamente el subprefecto y el gobernador han intervenido en la labor jurisdiccional (Peña 1998). Si bien dichas autoridades son calificadas de “políticas”, al representar al gobierno central en cada provincia y distrito, también es cierto que valiéndose de tal representación y particularmente por su cercana relación con las Fuerzas del Orden (agentes policiales y agentes militares), los campesinos han recurrido a ellos para resolver diferentes tipos de conflictos. En esta labor, las autoridades policiales igualmente se han sumado en forma independiente, más allá de su relación con el subprefecto o el gobernador8. Sin embargo, la eficacia de tales órganos del Estado en la labor jurisdiccional de las personas que viven en el campo, donde se encuentran las comunidades en estudio, no se traduce en la necesaria satisfacción de los comuneros. Ha habido limitaciones y problemas que los propios campesinos han identificado como contrarios a sus intereses, particularmente por abusos, lo que ha contribuido a la consolidación de sus propios sistemas de resolución. El análisis hecho en el capítulo precedente, sobre el orden socioeconómico y cultural, puede explicar la distancia entre las formas de pensar o razonar de la jurisdicción oficial y la que los comuneros esperan o pueden o deben demandar. Históricamente, las comunidades han considerado “abusivas” a las autoridades oficiales, en particular a las que han tenido oficinas en las ciudades, debido a que han estado aliadas o muy actuales gobernantes han reiterado los mismos términos: “prioridad nacional” o “interés nacional”. 5

Los jueces de paz son nombrados cada dos años. Durante este tiempo solo reciben de parte del órgano central de administración del poder judicial del Estado el aporte de algunos de sus útiles de escritorio y el préstamo de ciertos muebles de oficina. Carecen de remuneraciones o estipendios e históricamente han utilizado su domicilio como oficina. De lo anterior puede deducirse que los gastos que deben realizar para el propio funcionamiento de su oficina los tengan que cobrar a las partes recurrentes, lo que significa que la gratuidad de dichos órganos de resolución no es cierta.

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Se desconoce con exactitud el número total de jueces de paz en Perú. Recurriendo a estimados, de acuerdo con fuentes no oficiales, se puede decir que al año 1994, del total de jueces y magistrados del poder judicial estatal (que sumaban 5.500), 4.000 correspondían a jueces de paz no letrados (Foro: Reforma del poder judicial , 1995).

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Al respecto, ver Price y Revilla (1992), quienes refieren la coordinación de jueces de paz con autoridades políticas, o la preferencia de estas últimas sobre las primeras, “dependiendo de la diferenciación socioeconómico de su población”, en el caso de Maras-Cuzco (1992, 238-254).

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En el caso de la intervención de los agentes policiales, puede entenderse el desarrollo de su autonomía particularmente porque es la instancia encargada de prevenir o investigar hechos que afectan el orden interno, por lo cual los campesinos recurren a ellos con mucha frecuencia.

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relacionadas con los grupos de poder local que antes de la reforma agraria de los años setenta eran propietarios de las grandes extensiones de tierras9. Este capítulo se centra en tres aspectos. En primer lugar se presenta el contexto judicial oficial de Huancané, incluyendo a las autoridades políticas y oficiales. En segundo lugar se explica el contexto o el proceso de intervención de la organización comunal en la resolución de los conflictos vinculados a su propia comunidad. Finalmente se explican las causas recientes y directas que condujeron al desarrollo de la autonomía jurisdiccional de las comunidades estudiadas10.

ÁMBITO Y EFICACIA DE LOS JUECES, AUTORIDADES POLÍTICAS Y POLICIALES En Huancané, como en toda capital de provincia, es normal la concentración de autoridades judiciales y políticas, que se encuentran respaldadas por autoridades policiales. Complementariamente, en la misma ciudad se encuentra una Base Militar del Ejército, que a través de sus autoridades garantiza el orden interno en la provincia11. La presencia de estas autoridades y su funcionamiento demuestran el nivel de presencia del propio Estado en la provincia. Las autoridades judiciales se integran por un Juzgado Mixto de Primera Instancia, un Juzgado de Paz Letrado y los Juzgados de Paz No Letrados12. El Juzgado Judicial Mixto, a su vez, desarrolla su actividad 9

Al respecto, ver Wilfredo Kapsoli (1970, 1980), quien llama la atención sobre las rebeliones de Chucuito (1886-1887), Ayaviri (1920), Azangaro (1920) y Huancané (1923), al mismo tiempo que refiere el desarrollo del pensamiento de la Asociación Proindígena en aquellos años. En el mismo sentido pueden consultarse a Hernán Jové y Alfonso Canahuire (1980), quienes llegan a detallar el desarrollo de 32 movimientos o sublevaciones indígenas entre 1880 y 1968; José Tamayo Herrera (1982), quien refiere como origen de dichas sublevaciones en la región Sur Andina “la expansión de las haciendas, la violencia de los terratenientes-gamonales y los abusos de las autoridades locales de distritos y villorrios (…)” (1982, 195). Finalmente, también pueden consultarse las novelas rurales sobre experiencias a nivel nacional, en las que constantemente aparece el personaje “abusivo”, identificado con el terrateniente o hacendado (ver, por ejemplo, la novela de Manuel Scorza: Historia de Garabombo el invisible, citada por Maruja Barrig (1980).

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Los puntos señalados, inicialmente fueron desarrollados en otra investigación (Peña 1998, especialmente capítulo 8). Sin embargo, en aquella investigación la referencia en estudio estaba orientada a justificar la situación del poder judicial oficial en relación con una comunidad. En la presente investigación, los datos actualizados y el complemento en estudio de otras comunidades me han llevado a adicionar y modificar algunos aspectos del esquema anterior.

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La presencia de esta Base Militar ha sido prioritaria en el control del orden interno hacia fines de la década de los ochenta y durante la década de los noventa, particularmente frente al desarrollo de células políticas de la agrupación subversiva Sendero Luminoso en la parte norte y noreste de la provincia. En octubre de 1999, dichas células políticas habían sido desarticuladas, sin ser notorias en la referencia de los propios comuneros.

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El contexto presentado corresponde a octubre de 1999 y agosto de 2000. En el distrito de

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paralelamente a la de un fiscal provincial, quien como representante del Ministerio Público está facultado para denunciar ante el Juzgado los hechos delictuosos que ocurren en la provincia de Huancané. El Juzgado Mixto tiene jurisdicción en toda la provincia de Huancané y su competencia abarca, además de los hechos delictuosos (delitos) que son denunciados por el fiscal provincial, las demandas patrimoniales o familiares (civiles), laborales y rurales que se susciten entre los pobladores de la ciudad y los campesinos en general. Frente a la decisión final de dicho juzgado, la persona que es parte y se encuentra insatisfecha con dicha decisión puede apelar a la Corte Superior de Justicia del mismo Distrito Judicial, cuya sede se encuentra en la capital del departamento, es decir en la ciudad de Puno. Hacia octubre de 1999 y agosto de 2000, el Juzgado Mixto de Primera Instancia de Huancané registraba como conflictos principales causas penales y civiles. La identificación de casos laborales o agrarios era mínima, por no decir inexistente. Estos últimos podían ser sometidos bajo la forma de conflictos penales, denunciados comúnmente como “usurpación de terrenos”13 o como “abusos contra la libertad de trabajo”. Según indicación de sus funcionarios, en el Juzgado se reciben anualmente entre el 65% y 70% de causas o casos penales, en tanto el 35% al 30% corresponden a causas o casos civiles14. De enero a octubre de 1999, dichos funcionarios refirieron que sólo habían llegado 102 casos penales y que el promedio total recibido al año 1998 era de 120. Esto significa un total, entre casos penales y civiles, de aproximadamente 170. Dichas cifras, comparadas con las que registran los juzgados mixtos o de primera instancia de las ciudades de Lima, Arequipa o Trujillo, resultan ínfimas, toda vez que en estos juzgados es posible registrar esos totales anuales en menos de un mes de labor. El Juzgado de Paz Letrado, a su vez, es el órgano oficial del poder judicial estatal encargado de resolver las “faltas” (“delitos” menores) o las demandas patrimoniales, familiares, laborales o rurales de mínima cuantía entre los pobladores de la ciudad y los campesinos en general. Creado y puesto en funcionamiento en el año 1998, a partir de la concentración de los cinco Juzgados de Paz No Letrados existentes anteriormente en la ciudad de Huancané, su labor se encontraba limitada de “carga procesal” debido a que para dicha fecha ya los Juzgados de Paz No Letrados tenían una mínima concurrencia de litigantes15. La labor del Juzgado de Paz Letrado

13 14 15

Huancané, hasta el año 1997, podían incluirse cinco Juzgados de Paz No Letrados “de la ciudad”, los que serían sustituidos por disposición del Distrito Judicial de Puno y a través de las acciones de la Comisión de Reforma del Poder Judicial por un Juzgado de Paz Letrado. Este nuevo Juzgado de Paz, comparativamente con los anteriores, se encuentra dirigido por un abogado profesional. Entrevista con Benito Gutiérrez Ccama, Huancané, octubre de 1999. Huancané, sede del Distrito Judicial de la Provincia, octubre de 1999, agosto de 2000. En mi trabajo precedente (Peña 1991, 1998) pude mostrar que de los cinco Juzgados de Paz No

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es dirigida por un abogado profesional y desarrollada por mandato legal bajo la forma conciliatoria, con excepción de las faltas penales que tienen un procedimiento penal decisorio. Sin embargo, en el supuesto que no se alcance una conciliación en los casos patrimoniales, familiares, laborales o rurales, el juez de paz emitirá –al igual que en el caso de faltas penales– una decisión o sentencia. Esta última podrá ser apelada ante el Juzgado Mixto de Primera Instancia, que para tales efectos actuará como segunda instancia. En cuanto a la carga judicial del Juzgado de Paz Letrado de Huancané, durante 1998 el número total de casos ascendió a 270, entre los que 150 correspondieron a materia penal y 120 correspondieron a materia civil16. Al mes de octubre de 1999, las cifras anuales eran proporcionalmente semejantes: los casos penales llegaban a 125, en tanto los civiles a 9017. En comparación con el movimiento judicial de un Juzgado de Paz Letrado de la provincia de Lima, Arequipa o Trujillo, muestra nuevamente una gran diferencia: en estos últimos Juzgados de Paz es posible registrar en un solo mes la recepción de ese total de 270 casos anuales del Juzgado de Huancané. Los Juzgados de Paz Rural, de otra parte, son aquellos Juzgados No Letrados dirigidos por una persona lega, no abogado, que tiene una competencia semejante al Juzgado de Paz Letrado, pero dentro de la jurisdicción rural previamente establecida. Su función es, por mandato legal, suplir al juez de paz letrado en áreas alejadas donde este último normalmente no tiene acceso. Los dos juzgados rurales más conocidos en la jurisdicción de las comunidades en estudio corresponden al Juzgado Rural de Huancho, cercano a las comunidades de Calahuyo y Titihue, y el Juzgado Rural de Milliralla, cercano a las comunidades de Calahuyo y Tiquirini-Totería. Dichos juzgados rurales, como lo mostré en trabajos anteriores (Peña 1991, 1998), actúan con cierta independencia frente a los conflictos “menores” que se suscitan en la comunidad donde tienen residencia, pero cabría mencionar que tienen un alto grado de dependencia de los órganos comunales. Frente a éstos se someten particularmente cuando se trata de conflictos principales que comprometen el interés de la comunidad o de las familias comuneras que así lo consideren18. Letrados de la ciudad, solamente dos se encontraban operando, mientras que los otros se encontraban sin concurrencia de litigantes. La razón de tal disminución de carga judicial se debía al crecimiento de la jurisdicción comunal, como explicaré más adelante. 16 17

18

Huancané, entrevista con el juez de paz letrado, octubre de 1999 y agosto de 2000. Huancané, información de la Sede del Distrito Judicial en la provincia, octubre de 1999, agosto de 2000. Como puede apreciarse en los propios libros de actas de las comunidades en estudio, suele recurrirse a estos juzgados rurales principalmente para legalizar un documento, por ejemplo, un “acta judicial” de un conflicto resuelto por los órganos comunales o un documento privado cualquiera con el fin de efectuar algún trámite ante los órganos oficiales del Estado.

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De otro lado, las autoridades políticas están representadas por el subprefecto de la provincia y el gobernador del distrito. Ambos son nombrados por el gobierno central a través del Ministerio del Interior y tienen como función principal canalizar las acciones o iniciativas de los diferentes ministerios o instancias administrativas del gobierno central dentro de la provincia o el distrito de su jurisdicción. Para ello es el gobernador quien se reúne semanalmente con los tenientes gobernadores del conjunto de comunidades y parcialidades del distrito de Huancané, coordina la actuación de cada comunidad o parcialidad y, en algunos casos, dispone verticalmente la ejecución de determinados actos o mandatos de gobierno dispuestos por sus superiores19. En cuanto a la relación con estas autoridades políticas, históricamente los comuneros y miembros de las parcialidades del distrito han recibido una particular intervención en la resolución de sus conflictos vinculados principalmente a la tenencia de la tierra. Tanto el gobernador como el subprefecto se han sentido con autoridad para disponer que determinados contratos o títulos de propiedad se consoliden en determinados comuneros, comunidades o parceleros, resolviendo los conflictos vinculados con los mismos en forma más efectiva que los Juzgados de Paz o el Juzgado Mixto de la provincia20. Las autoridades policiales se suman a la representación e intervención de las autoridades políticas. Al ser entidades dependientes del Ministerio del Interior, las autoridades policiales constituyen un complemento fundamental de la actuación del subprefecto y el gobernador. Las autoridades policiales constituyen el auxilio de la fuerza pública a disposición de las autoridades políticas. Sin embargo, las autoridades o agentes policiales en general también tienen un grado de autonomía. El hecho de que –por mandato de la ley– la fuerza pública controle el orden público, la provee de una importante doble atribución: prever la comisión de faltas o hechos delictuosos y realizar las investigaciones pertinentes frente a la falta o el hecho delictivo ya realizado. La primera es realizada al lado de la subprefectura y la gobernación, en tanto la segunda es coordinada por el Ministerio Público representado por el fiscal provincial de Huancané. Esta segunda atribución es la que otorga a los agentes policiales la mayor capacidad de injerencia y poder para la intervención en la resolución de numerosos conflictos que compro19

Uno de los temas más controvertidos, donde se aprecia la distorsión de esta actuación jerárquica de las autoridades políticas, es el referido a las campañas electorales a favor del partido o movimiento político que representa al gobierno central. En los momentos previos a elecciones municipales o generales, se puede ver la injerencia y manipulación de información –por mandato superior– de las autoridades políticas locales en perjuicio de los tenientes gobernadores y con éstos de las comunidades y parcialidades en general.

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Para un detalle de esta explicación puede consultarse mi investigación sobre justicia comunal (Peña 1991, 1998).

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meten el interés de comuneros y parceleros en general. De un lado, cabe mencionar que desde conflictos de linderos de terrenos precedidos de riña hasta conflictos de ofensas o calumnias son sometidos ante los órganos policiales21; de otro lado, la Policía General (antes Guardia Civil)22 y la Policía Técnica (antes Policía de Investigaciones)23 son los cuerpos de la autoridad policial que más intervienen en dicha labor de resolución de conflictos, en tanto el tercer cuerpo conocido como Policía de Seguridad (antes Guardia Republicana)24 interviene mínimamente en la misma labor. Las comunidades campesinas y las parcialidades de la microrregión interactúan con mayor fluidez en la resolución de sus conflictos con el Juzgado de Paz Letrado, los Juzgados Rurales, el Gobernador y los agentes policiales. En el caso de los Juzgados de Paz, sea el Letrado o los Rurales, la interacción se da por la cuantificación de los conflictos calificados como de mínima cuantía, pero también por las condiciones de conciliación que promueven dichos órganos, más allá de la emisión de un fallo dirimente frente al conflicto. En el caso del gobernador y los agentes policiales, la interacción frente a la resolución de conflictos está dada por el poder de coerción que simbolizan: el temor de sometimiento a las cárceles, la posesión legítima de armas de fuego con las que pueden someter a los delincuentes, la protección simbólica del gobierno central y sus oficinas administrativas regionales, entre otras razones. Por último, los comuneros o campesinos en general distinguen bajo dos formas al grupo de jueces y autoridades antes referidas. De un lado, usan la expresión “jueces competentes de la ciudad” o “autoridades de Huancané” para referirse a las autoridades principales que tienen su oficina en la ciudad de Huancané, incluidos jueces, subprefecto, gobernador y agentes policiales. De otro lado, usan la expresión “jueces rurales” o “jueces del campo” para referirse a los jueces de paz no letrados que tienen su sede en una de las comunidades vecinas. Cada uno de ellos será tratado por separado, en su real jurisdicción o ámbito de resolución de conflictos.

La jurisdicción de las autoridades de la ciudad La Constitución Política del Estado del Perú reconoce los órganos del poder judicial como los únicos autorizados en la labor jurisdiccional o de reso-

21

Huancané, entrevistas con el comisario y agentes policiales en mayo de 1988 y octubre de 1999.

22

La Policía General, antes Guardia Civil, tiene como principal atribución la de prevenir los hechos delictuosos o la comisión de faltas en la comisaría de su jurisdicción.

23

La Policía Técnica, antes Policía de Investigaciones, tiene como principal atribución la investigación de los hechos delictuosos ocurridos en la provincia.

24

La Policía de Seguridad, antes Guardia Republicana, tiene como principal atribución el cuidado de las cárceles o penales de la provincia y la frontera del país.

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lución de conflictos25. Esta función se ejerce en forma jerarquizada: el órgano máximo es la Corte Suprema de Justicia con sede en Lima, y los órganos inferiores son los Juzgados de Paz No Letrados26. Sin embargo, en el contexto de microrregiones o provincias como la de Huancané, ese orden siempre ha sido desbordado. De un lado, por la presencia de otros órganos oficiales que asumen la labor jurisdiccional, como es el caso del gobernador y los agentes policiales antes presentados; de otro lado, porque los propios órganos judiciales no tienen o no respetan la delimitación objetiva de su competencia, llegando a asumir causas que no les corresponden legalmente. En este último caso destaca la labor de los Juzgados de Paz. Dentro del primer supuesto del contexto de las autoridades que intervienen en la resolución de conflictos en Huancané, el juez mixto de primera instancia es el referente de autoridad competente convocado para resolver los conflictos más graves vinculados a causas penales (delitos), causas civiles (demandas patrimoniales y familiares), laborales (despidos, reclamos de beneficios sociales) y rurales o agrarios (conflictos de tierras). Pero dicha labor también es llevada a cabo por el subprefecto y el gobernador, que pueden resolver casos penales como “usurpación de tierras”27, “lesiones por riñas” o “robos de ganado”, y también casos civiles o rurales como los de transferencia o sucesión de tierras o conflictos de tierras en general. Con ello, la competencia del propio juez mixto de primera instancia se encuentra disminuida. En la mayoría de los casos, el subprefecto, el gobernador y los agentes policiales son convocados por los propios campesinos para la resolución del conflicto28. Los campesinos se han sentido identificados con dichas autoridades a partir de la relación del teniente gobernador del sector o de la comunidad o parcialidad a la que pertenece29. 25

Al respecto pueden consultarse los artículos 138 y 139 de la Constitución Política del Perú. El artículo 138 establece: “La potestad de administrar justicia emana del pueblo y se ejerce por el poder judicial a través de sus órganos jerárquicos con arreglo a la Constitución y a las leyes (…)”. A su vez, el artículo 139 establece: “Son principios y derechos de la función jurisdiccional: 1. La unidad y exclusividad de la función jurisdiccional (…)”.

26

El artículo 143 de la Constitución Política del Perú, en forma complementaria con el citado artículo 138 de la misma Constitución, regula esta jerarquía en los siguientes términos: “Artículo 143. El poder judicial está integrado por órganos jurisdiccionales que administran justicia en nombre de la nación, y por órganos que ejercen su gobierno y administración. Los órganos jurisdiccionales son: La Corte Suprema de Justicia, y las demás cortes y juzgados que determine su ley orgánica”.

27

Como se indica en páginas anteriores, la principal competencia del Juzgado Mixto de Primera Instancia corresponde a la materia penal, y dentro de ésta los conflictos de tierras se presentan como principales; el delito de “usurpación de tierras” es el referente de cerca del 50% de los conflictos recibidos (Huancané, octubre de 1999, agosto de 2000).

28

Entrevistas con exsubprefectos, exgobernadores y tenientes gobernadores, Huancané, mayo de 1988, marzo de 1992 y octubre de 1999.

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El comisario de Huancané destacó en una entrevista (Huancané, octubre de 1999) la importancia

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Cabe mencionar que la actuación de dichas autoridades políticas y policiales es muy práctica. Como los Juzgados de Paz, utilizan la conciliación como el mecanismo autocomponedor del conflicto entre las partes, y una vez conseguida esta conciliación someten el cumplimiento del acuerdo a la amenaza de “pérdida de su libertad” o “detención y sometimiento a la cárcel” en caso de que incumplan lo acordado. La misma búsqueda de conciliación se ve “enriquecida” por la amenaza de la “pérdida de libertad” o “amenaza de cárcel”, que son invocadas para forzar el acuerdo. Algunos campesinos, beneficiados por dicho pragmatismo, no dejan de destacar la eficacia de dichas autoridades30, las mismas que son criticadas por otros, particularmente por los dirigentes de la Liga Agraria 24 de Junio de Huancané31. La labor del subprefecto, del gobernador y de los agentes policiales, a su vez, podía complementarse con la de los jueces de paz. A estos se podía recurrir para formalizar el acuerdo que ya se había conseguido ante las autoridades políticas o policiales. El juez de paz simplemente refrendaba el acuerdo. En el análisis del segundo supuesto del contexto de actuación de las autoridades de Huancané, sobre la ausencia de delimitación objetiva de la competencia en la resolución de los conflictos suscitados en la microrregión o provincia de Huancané, cabe resaltar como ejemplo la labor de los cinco Juzgados de Paz No Letrados de la ciudad de Huancané vigentes hasta 1997. Dichos Juzgados de Paz, con la aprobación de la parte recurrente y dada la propia deficiencia orgánica del poder judicial en la región, resolvían conflictos de diversa índole, ajenos a su territorio, a su cuantía, a su especialización, a su jerarquía y a cualquier otro criterio referido a su competencia legal, conforme podía aparecer regulado y ordenado en la Ley Orgánica del Poder Judicial32. Sólo para ilustrar esta actuación de los Juzgados de Paz, vale la pena indicar que al revisar dos Libros de Actas, correspondientes a dos juzgados distintos y a los bienios judiciales 1970-71 y 1977-78, se comprobó nítidade la labor de los tenientes gobernadores: “Son los tenientes gobernadores los que permiten la efectividad de la policía”. Asimismo nos refirió que casos penales de violación sexual eran sometidos a la Comisaría, con un procedimiento de resolución particular en su conocimiento: “En casos de violación, los campesinos arreglan entre sí, ‘un toro por el honor de mi hija’, acuerdan, y en caso de que no se cumpla con el acuerdo vienen a la Comisaría” (Huancané, octubre de 1999). 30

Entrevistas con diferentes campesinos, Huancané, abril, mayo de 1988 y marzo de 1992.

31

Entrevistas con dirigentes de la Liga Agraria y presidentes de las comunidades presentes en asambleas de la Liga Agraria, Huancané, mayo de 1988, marzo de 1992, octubre de 1999 y agosto de 2000.

32

Decreto Legislativo 767, modificado por la Ley 26270 y subsiguientes modificatorias. El artículo 67 de dicho Decreto Legislativo, que se cita más adelante, prohibía ese tipo de labor.

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mente la presencia de muchos casos resueltos en ese sentido. Así, se lograron registrar tres casos sobre separación de casados33, un caso de violación34, dos casos de partición de herencia35, cinco casos de separación de convivientes, cuatro casos de usurpación de terrenos, siete casos de lesiones graves, dos casos de alimentos, uno de resolución de un contrato de compra-venta, entre otros. En años más recientes, como corresponde al año judicial 1987, al revisar algunas de las Actas fuera del Libro del Juzgado de Paz de Tercera Nominación, se pudieron comprobar otras causas ajenas a su competencia como la resolución de dos casos de robos36, dos casos de lesiones graves37, un caso de violación38, así como un caso de resolución de un contrato de compra-venta39, uno sobre impugnación de herencia40, y uno de separación de convivientes y partición de sociedad de gananciales41. Todos estos casos se encuentran fuera de la competencia de los Juzgados de Paz No Letrados, por normas expresas como el artículo 67 de la Ley Orgánica del poder judicial: “Artículo 67. Los jueces de paz están prohibidos de conciliar y fallar asuntos relativos al vínculo familiar, nulidad, anulabilidad de actos jurídicos o contratos, declaratoria de herederos, derechos sucesorios, testamentos, derechos constitucionales y a aquellos que expresamente señale la ley”. La norma citada hace referencia a la prohibición sobre casos o conflictos vinculados a materia civil (conflictos patrimoniales o familiares), pero en el mismo sentido cabe indicar que la norma penal, como el Código de Procedimientos Penales, limita la actuación de dichos Juzgados de Paz No Letrados sobre los casos vinculados a delitos, como el robo, las lesiones graves o la violación sexual, antes citados42. En la actualidad, el Juzgado de Paz Letrado no escapa a los efectos del mencionado fenómeno. Si bien no se tiene información directa de parte del Juzgado referida a su objetiva competencia, se puede afirmar que mucho 33

Huancané, Juzgado de Primera Nominación, Libro de Actas del año 1970, registro de fojas 7-8 y 28-29; y Juzgado de Tercera Nominación, Libro de Actas del año 1977, registro de fojas 38-39.

34

Huancané, Juzgado de Primera Nominación, Libro de Actas del año 1979, registro de fojas 10-11.

35

Huancané, Juzgado de Tercera Nominación, Libro de Actas del año 1997, fojas 8-9 y 22-24.

36

Huancané, Juzgado de Tercera Nominación, Actas sueltas de fechas 2-2-87 y 15-10-87.

37

Ibíd., Actas sueltas de fechas 16-03-87 y 27-06-87.

38

Ibíd., Acta suelta de fecha 13-03-87.

39

Ibíd., Acta suelta de fecha 10-12-87.

40

Ibíd., Acta suelta de fecha 13-12-87.

41

Ibíd., Acta suelta de fecha 8-11-87.

42

El Código Penal Peruano, por ejemplo, en su Libro Tercero, artículo 440, establece que son competencia de los jueces de paz, Letrados o no letrados, diversos tipos de faltas (“contra la persona”, “contra el patrimonio”, “contra las buenas costumbres”, “contra la seguridad pública” y “contra la tranquilidad pública”), excluyendo de su competencia o jurisdicción todo tipo de delito (como el de “robo”, “lesiones” o “violación sexual”).

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de la labor “ilegal” practicada por los anteriores Juzgados de Paz No Letrados se tendría que repetir, si no se quiere incurrir en el cuestionamiento de su eficacia por parte de los campesinos recurrentes43. Ello explicaría también por qué el Juzgado de Paz Letrado tiene una mínima carga judicial a pesar de fusionar los cinco Juzgados de Paz No Letrados antes mencionados.

La jurisdicción de los juzgados de paz rurales Los juzgados de paz rurales aparecen en Huancané durante la segunda mitad de la década de los setenta. El gobierno militar del Perú de aquel entonces impulsó su creación dentro del propósito de acercar el poder judicial del Estado a los campesinos de la microrregión, para lo cual resultaba necesario trasladar o crear los despachos de los juzgados en el propio espacio rural. En el distrito de Huancané se crearon varios juzgados, entre los que se destacan tres relacionados con las comunidades en estudio: el Juzgado de Paz Rural de Huancho44, el Juzgado de Paz Rural de Milliraya45 y el Juzgado de Paz de Accoccoyo46, ubicados en las comunidades campesinas del mismo nombre. Los jueces de dichos juzgados rurales son elegidos entre los campesinos de las mismas comunidades, a partir de una terna de candidatos presentada por la propia comunidad. Sin embargo, si bien los comuneros podían participar en la elección de la terna de candidatos, la selección definitiva ocurría en la capital del distrito judicial del Departamento de Puno, en la ciudad de Puno, bajo decisión de los vocales de la Corte Superior. Dichos juzgados rurales aparecen desde aquella fecha como los órganos del Estado más cercanos al campesino en general. El estar ubicados en el propio espacio rural y ser dirigidos por un campesino vecino o un excampesino –dependiendo de la decisión definitiva de la Corte Superior de Puno–, crea una especial identidad del juzgado con la comunidad, que lo convierte en una instancia u órgano “estatal” al servicio de esta última. Sin 43

En una entrevista concedida por el juez de paz letrado de Huancané, se me informó que los campesinos recurren al Juzgado para conciliar sobre materias no conciliables legalmente, y que resultarían de competencia de órganos superiores, como el Juzgado Mixto. Al no aceptar el juez de paz letrado la competencia conciliatoria sobre dichos conflictos, las partes se retiraban y no volvían más. Dentro del mismo sentido, Javier de Belaúnde (1997) resalta y justifica dicha “ilegalidad” dentro de la calidad de prestigio del juez de paz.

44

El Juzgado de Paz Rural de Huancho normalmente se ha encontrado situado en el sector central de la misma comunidad, a dos kilómetros de las comunidades de Calahuyo y Titihue.

45

Igualmente, el Juzgado de Paz de Milliralla normalmente se ha encontrado situado en la parte central de la comunidad, a 1.5 kilómetros de la comunidad de Tiquirini-Totería, pero previo cruce del río de Huancané.

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La sede del Juzgado de Paz Rural de Accoccoyo también ha tenido como referencia el sector central de la comunidad, ubicado para este estudio a 1.5 kilómetros del sector Jacha Titihue, de la comunidad de Titihue.

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embargo, esta teórica condición favorable se ve limitada en la práctica por dos aspectos: la insuficiencia de juzgados rurales y la falta de recursos materiales para cada uno de ellos. Dos o tres juzgados rurales resultan muy insuficientes para un total de cerca de 86 agrupaciones campesinas, entre comunidades y parcialidades. El sólo hecho de contemplar la distancia entre comunidades y parcialidades respecto al lugar de la comunidad donde se encuentra el juzgado rural puede explicar el problema. De las primeras a este último puede haber una distancia aproximada de 15 kilómetros, y si a ello se suma la ausencia de carreteras directas o de movilidad frecuente, la situación se agrava. De otro lado, la ausencia de recursos materiales no deja de ser un problema grave en los juzgados rurales. En los años 1988, 1989, 1992, 1996 1999 y 2000 se pudo comprobar que los comuneros elegidos como jueces de paz rurales tenían que asumir sus propios gastos de oficina, movilidad, muebles, útiles de escritorio, entre otros. Entonces se veían “obligados” a cobrar por sus gestiones o labores, a pesar de conocer una norma que establece la gratuidad de sus servicios47. En la visita al despacho de uno de los juzgados pude notar incluso la carencia de libro de actas para el registro de los casos que le eran sometidos, registro que posteriormente podría servir para identificar los antecedentes de los “pleitos” y “pleitistas” y que debía ser sucedido periódicamente entre jueces rurales48. La jurisdicción real de estos juzgados de paz rurales es la misma referida anteriormente para los cinco Juzgados de Paz No Letrados que existían en la ciudad de Huancané. Así, en el caso del Juzgado de Paz Rural de Huancho, a partir de la entrevista con exjueces rurales y del relato de los propios comuneros vecinos, se podía apreciar que su competencia incluía casos de robos, riñas, lesiones graves, difamación, “rapto de jovencitas”, violaciones, separación de convivientes o casados, y hasta de resolución de contratos. Todos, sin importar su gravedad, eran sometidos a los jueces rurales, siempre que consistieran en “arreglar” o conseguir una conciliación de las partes afectadas. En caso de que no fuera posible tal “arreglo”, los conflictos graves (como los de violación o robos) podían ser trasladados a los juzgados de la ciudad49. 47

El artículo 70 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (D. Leg. 767 y posteriores modificatorias) establece: “Artículo 70. La Justicia de Paz es gratuita, salvo que la diligencia de actuación se realice fuera del despacho judicial, en cuyo caso perciben los derechos que fija el respectivo Consejo Ejecutivo Distrital”.

48

Juzgado de Paz Rural de Huancho, febrero de 1989, marzo de 1992.

49

Testimonios de Severo Ccorimayhua, juez de paz rural de Huancho en 1985, y de Juan Cutipa, juez de paz rural de Huancho en 1988 (Huancho, febrero de 1989), confirmados por don Gerónimo Luque Luque, juez rural de Huancho en 1990-1991, y don Hermenegildo Mamani Condori, juez de paz rural en 1992 (Huancho, marzo de 1992). En octubre de 1999 y agosto de 2000 recibimos similar información de comuneros de Calahuyo, Titihue y de la misma comunidad de Huancho.

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Sin embargo, es importante aclarar que estos juzgados rurales no asumen la total jurisdicción o competencia sobre los conflictos de la comunidad donde se encuentran ubicados. Existe un espacio de competencia o jurisdicción sobre conflictos donde los órganos propiamente comunales intervienen. En el caso del Juzgado Rural de Huancho, por ejemplo, la asamblea comunal, las autoridades comunales y los órganos familiares de la comunidad intervienen en diversos conflictos que les son sometidos, en la misma forma como ocurre en las comunidades de Calahuyo, Titihue y Tiquirini-Totería. Se puede afirmar incluso que dichos juzgados rurales se encuentran sometidos a la asamblea de la comunidad donde se encuentran, siendo esta última, en realidad, la máxima instancia que resuelve o define los conflictos que se presentan en la comunidad, aun aquellos que deberían ser desviados a las autoridades de la ciudad, como los casos de violación o robo.

EL PODER JUDICIAL ESTATAL EN LAS COMUNIDADES Y EN LAS PARCIALIDADES El contexto judicial antes descrito para Huancané y el Sur Andino muestra la presencia de órganos “legales” y órganos “ilegales” que intervienen en la resolución de conflictos de los campesinos de comunidades y de parcialidades. Sin embargo, la actuación de tales órganos, “legales” e “ilegales”, frente a la totalidad de conflictos de los comuneros y parceleros, es mínima. La organización comunal ha sabido desarrollar sus propios órganos de resolución de conflictos, particularmente para hacer frente a ciertos abusos y excesos de las “autoridades de la ciudad”. La organización de las parcialidades, a través de sus tenientes gobernadores, ha seguido esta tendencia, pero al carecer de una organización comunal y al encontrarse en permanente dependencia de la asamblea de tenientes dirigida por el gobernador y el subprefecto –autoridades del gobierno central–, el rechazo o evasión a dichos órganos ha sido relativo. La experiencia de Huancané puede mostrar que particularmente las parcialidades son los grupos campesinos que tienen una mayor vinculación con los órganos del poder judicial estatal. La opinión de los jueces de Huancané50, así como los resultados de las Actas revisadas de los mismos juzgados pueden constatar esta evidencia. Sin embargo, será la lectura de 50

Entrevistas con Máximo Condori Valdez, juez de paz de primera nominación; Cirilo Ticona Zea, juez de paz de tercera nominación; Luis Aliaga Apaza, juez de cuarta nominación, y Pedro Álvarez Reyes, juez de quinta nominación (Huancané, mayo de 1988). Asimismo, entrevistas con don Honorato Arapa Luque, juez de paz de quinta nominación (Huancané, marzo de 1992), con Juan Mamicao Tejada, juez de paz letrado de Huancané, y con el Dr. Miguel Frisancho Portugal, juez mixto de primera instancia en Huancané (Huancané, octubre de 1999, agosto de 2000).

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los Libros de Actas de las propias comunidades –cuyos resultados se presentan más adelante–, la que absuelva las preguntas pendientes. Para ilustrar este proceso de separación o evasión de las comunidades campesinas respecto al poder judicial estatal, hay que notar simplemente los cambios ocurridos en el tratamiento de sus conflictos, cuando primero eran parcialidad y cuando luego pasaron a ser comunidad. Al respecto, el caso de Calahuyo resulta muy notorio. En su proceso de cambio de parcialidad a comunidad se pudo apreciar la transformación de su estructura organizativa, el desplazamiento del teniente por el presidente y su directiva comunal, la mayor preocupación por el registro de sus acuerdos en actas y, en el mismo sentido, el desplazamiento de su acceso o sometimiento de conflictos de los órganos oficiales que administran justicia hacia los propios órganos de resolución de la comunidad: Antes de 1976, cuando Calahuyo fue parcialidad, lo más común era que sus “pleitos” o problemas principales se presentasen ante los jueces de la ciudad (Juzgados de Paz o Juzgados de Primera Instancia, no existiendo todavía los Juzgados Rurales); o también, por intermedio del teniente político, se llevasen ante el gobernador, el subprefecto o los agentes policiales. Recuerdan los comuneros, que hasta los pleitos más “sencillos” como un simple “intercambio de palabras” (difamación), era conducido hasta las referidas autoridades. Una vez interpuesta la denuncia por el supuesto afectado, la parte denunciada se veía obligada al sometimiento de su caso ante las autoridades de la ciudad debido a los apremios legales (amenazas de detención por ejemplo) que éstos solían utilizar. Todo lo anterior se fue acabando cuando Calahuyo asume la forma de comunidad. Con la fuerza de su organización comunal, comenzó a resolver en general todos sus problemas y “pleitos” que ocurrieran a su interior, y también comenzó a desvincularse, cada vez más, de los jueces y demás autoridades de la ciudad. (Peña 1998, 180)

El análisis de los Libros de Actas de la comunidad muestra con mayor claridad esta realidad. En los seis Libros de Actas de la Comunidad de Calahuyo, con un aproximado de 197 actas registradas referidas a conflictos principales desde febrero de 1973 hasta octubre de 1999, sólo ocho hacen referencia a su relación con órganos del poder judicial estatal. Un acta corresponde a uno de los Juzgados de Primera Instancia de Huancané, al que se recurrió con el propósito de legalizar el primer Libro de Actas de la Comunidad51; dos actas adicionales están relacionadas con el gobernador del distrito, cuya visita a la comunidad fue aprovechada para “conminar” a los comuneros deudores y a quienes no participaron en la construcción del 51

Calahuyo, Libro de Actas I, acta de fecha 30-03-73, registrada en fojas 7. Cabe señalar que, con anterioridad a este acto de legalización, aparece el acta de instalación del Consejo de Administración de lo que fue la parcialidad de Calahuyo, incluida la reconciliación de sus miembros (acta de fecha 26-03-73).

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camino de herradura52 ; un acta adicional de intervención del subprefecto de la provincia, quien recomienda un tipo de sanción para conseguir la conciliación entre los miembros del comité de la tienda comunal con la propia comunidad, ante la pérdida del patrimonio de dicha tienda53, y cuatro actas relacionadas con el Juzgado de Paz Rural de Huancho, al que se sometieron dos “pleitos” o conflictos y dos casos de certificaciones o legalizaciones: de un lado, se presentó el conflicto de dos familias sobre una parcela de terreno54 y un caso de violación-aborto55; de otro lado, se presentó el caso de “certificación de firmas” sobre una permuta de parcelas56 y la legalización del segundo Libro de Actas de la Comunidad57. Se ha ido entretejiendo en la práctica una nueva competencia para la resolución de los conflictos de la comunidad. Así, al ocurrir un “pleito” cualquiera, los comuneros saben que tienen que presentarlo ante parientes o familiares mayores, o ante las autoridades político-comunales de la misma comunidad, según se trate de un conflicto familiar o comunal, respectivamente. Sólo si dichos órganos no pueden resolver el conflicto –al tratarse de un “delito grave”, como el homicidio por ejemplo– o al no ser posible que las partes arriben a un “arreglo”, recién entonces desvían su competencia, mediante un oficio, hacia las “autoridades competentes de Huancané” o al Juzgado Rural, según la oportunidad58. Para las comunidades de Titihue y Tiquirini-Totería, las causas históricas son semejantes a las de Calahuyo. En Titihue, en su época de parcialidad (antes de 1977), los conflictos eran sometidos ante las autoridades de la ciudad, a través de sus tenientes gobernadores. Cada sector acudía a sus tenientes gobernadores; cuando éstos no pudieran resolver el conflicto, los casos se remitían a las “autoridades de la ciudad”. Hoy, los tenientes gobernadores con mayor “confianza” intervienen en la resolución de los conflictos de su sector, acompañados muchas veces de un miembro de su directiva comunal; de no alcanzar una solución, recurren ante el pleno de la directiva comunal, donde destaca el presidente de la comunidad, y en todo caso ante su asamblea comunal. La situación en Tiquirini-Totería fue más radi52

Calahuyo, Libro de Actas I, año 1977, registrado en fojas 92-94; y Libro de Actas V, año 1997, registrado en fojas 4-5.

53

Calahuyo, Libro de Actas IV, año 1997, registrado en fojas 376-378.

54

Calahuyo, Libro de Antecedentes, año 1978, registrado en fojas 9-10.

55

Calahuyo, Libro de Actas II, año 1981, registrado en fojas 6-8.

56

Calahuyo, Libro de Antecedentes, año 1978, registrado en fojas 7-8.

57

Calahuyo, Libro de Actas II, 1981, registrado en fojas 1.

58

Así lo dio a entender inicialmente Gregorio Quispe Mamani, presidente de la comunidad en 1987-1988 (Calahuyo, mayo de 1988), y lo confirmaron Juan de Dios Uturunco, presidente de la comunidad en 1989-1990 (Calahuyo, febrero de 1989), don Alejandro Condori Quispe, presidente de la comunidad en 1991-1992, e Hilario Quispe Condori, presidente de la comunidad en 1998-1999.

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cal a partir de su separación de la comunidad matriz Quishuarani. Si bien su reconocimiento como comunidad en el año 1975 –al lado de Quishuarani– significó una autonomía respecto de las “autoridades de la ciudad”, los conflictos de fraccionamiento de la comunidad desarrollados en la década de los ochenta, que fueron sometidos a los “jueces y abogados de la ciudad”, produjeron un mayor rechazo59. Alcanzada la separación o “desmembramiento”, en sus asambleas comunales y en las “llamadas de atención” a sus miembros familiares o parientes se puede apreciar la consolidación de los órganos de resolución al interior de la comunidad y una mayor evasión de las atribuciones de las autoridades oficiales que intervienen en la resolución de conflictos60. Incluso, dentro del propósito de una mayor consolidación de sus órganos internos, es normal apreciar en los Estatutos61 de las comunidades de Calahuyo, Titihue y Tiquirini-Totería la imposición de multas o llamadas de atención al comunero que atente contra la autonomía de la organización comunal donde se incluyen, a su vez, las actividades de la jurisdicción comunal: ESTATUTO INTERNO DE LA COMUNIDAD DE CALAHUYO62 Capítulo VII: De las faltas y sanciones Artículo 17. Los comuneros en casos de infracciones vinculadas en la vida institucional, se harán acreedores a las siguientes sanciones: a) Amonestación verbal b) Amonestación escrita c) Multas (…). Artículo 18. Se consideran faltas y sanciones individuales y colectivas: (…). d) Por atentar contra la autonomía o democracia comunal utilizando medios coercitivos, amenazas contra el órgano de gobierno y contra la vida humana de la comunidad. (…). Artículo 22. Asimismo, se considera como falta: (…).

59

Los comuneros coincidían en señalar que para los “jueces y abogados de la ciudad” el conflicto de la comunidad les resultaba un gran negocio (Tiquirini-Totería, entrevista con diferentes comuneros, marzo de 1992, octubre de 1999, agosto de 2000).

60

Tiquirini-Totería, marzo de 1988, mayo de 1991, marzo de 1992, octubre de 1999, agosto de 2000.

61

Los estatutos vigentes al año 1999 han sido elaborados a partir de la exigencia del gobierno central del año 1998, con el propósito de promover un nuevo registro de las “comunidades campesinas” en la Oficina Regional de los Registros Públicos.

62

Calahuyo, Estatutos aprobados en el mes de enero de 1999.

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b) La reiterada presentación de quejas infundadas que dañan el desarrollo de la comunidad. (…). ESTATUTO DE LA COMUNIDAD DE TITIHUE63 Capítulo III: Derechos y obligaciones de los comuneros: Artículo 14. Son derechos de los comuneros calificados: (…). c) Denunciar y dar parte ante los órganos de gobierno de la comunidad cualquier acto cometido en perjuicio de los intereses de la comunidad. (…). Capítulo IV: De los estímulos y sanciones Artículo 21. Las sanciones aplicables a los comuneros según la gravedad de la falta cometida, son las siguientes: a) Amonestación verbal b) Amonestación escrita c) Multa Artículo 22. Se consideran faltas individuales: (…). e) Criticar destructivamente a la dirigencia comunal fuera o dentro de la comunidad i a la asamblea. (…). m)Violar las normas del presente estatuto y su(s) obligaciones. (…). REGLAMENTO INTERNO DE LA COMUNIDAD DE TIQUIRINITOTERÍA 64 Capítulo VII: De las faltas y sanciones: Artículo 18. Los comuneros afiliados a la vida institucional se harán acreedores a las siguientes sanciones: a) La amonestación verbal o escrita según los casos impuestos por el presidente de la directiva comunal. b) Las sanciones serán aplicadas según las faltas, puede(n) ser económicas y equivalente al trabajo: (…). - Por comprometer a la comunidad y otros sin consentimientos de la asamblea, realizados la campaña disociativa y contra los entereses de la comunidad serán sancionados de acuerdo a la gravedad de los casos que considere la asamblea. (…) - La reiterada de quejas enfundadas el que dañen el desarrollo de la comunidad. 63

Titihue, Estatuto “promulgado” en asamblea general de fecha 28-12-98.

64

Tiquirini-Totería, Reglamento Interno aprobado el 5-12-98.

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- Por la usurpación de funciones de las autoridades o autodinominación. La sanción será la suma (S/. 50.00).

Si bien en las normas citadas no aparece explícitamente la referencia a transgresión o violación de la “autonomía jurisdiccional” de la comunidad, esta puede ser deducida y entendida desde la opinión de los comuneros cuando se refieren: - Al respeto de la autonomía de sus órganos de gobierno (artículo 18 del estatuto de Calahuyo). - La presentación de quejas infundadas que limitan el “desarrollo” 65 de la comunidad (artículo 22 del Estatuto de Calahuyo, y artículo 18 b del Reglamento de Tiquirini-Totería). - El dejar de denunciar ante los órganos de la comunidad cualquier acto que cause perjuicio a los intereses de la comunidad (artículo 14 c del Estatuto de Titihue). - Criticar destructivamente a los órganos de gobierno, que a su vez intervienen en la resolución de conflictos de la comunidad (artículo 22 e del Estatuto de Titihue). - Realización de campañas “disociativas” contra los intereses de la comunidad (artículo 18 b del Reglamento de Tiquirini-Totería). - La obligación de someterse a las decisiones de sus asambleas y no interferir las funciones de sus autoridades: presidente, teniente, directiva comunal, comisarios, principalmente (artículo 18 b del Reglamento de Tiquirini-Totería).

Al realizar una o más de estas infracciones, los comuneros razonarán y decidirán la aplicación de las llamadas de atención o multa contra el comunero transgresor. Particularmente la multa aparece como la sanción más notoria e importante que reivindica el respeto por el orden, la organización y los propios sistemas de resolución de conflictos de las comunidades. Con ello se puede notar que la actuación de los juzgados y las autoridades políticas que intervienen en la resolución de conflictos es solo supletoria en relación con lo que disponen orgánicamente las comunidades de Huancané. Solo los casos “graves”, calificados por las autoridades de cada comunidad, son derivados a las “autoridades competentes de la ciudad”. Así, en forma complementaria, en los mismos estatutos de las comunidades de Calahuyo y Titihue se tiene establecido: ESTATUTO INTERNO DE LA COMUNIDAD DE CALAHUYO Artículo 19. Las faltas cometidas con agresión física(,) golpes, maltratos(,) heridas, en primera instancia constatará el fiscal de la Directiva comunal y en caso de gravedad se elevará ante las autoridades competentes de la provincia de Huancané. 65

En el capítulo siguiente se mostrará que la referencia “desarrollo” tiene un significado particular en el propósito de resolución de los conflictos colectivos de las comunidades. Dicho concepto aparece relacionado con lo que denomino el ser colectivo jurisdiccional. Al respecto, ver capítulo 5.

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ESTATUTO DE LA COMUNIDAD DE TITIHUE Artículo 24. Faltas cometidas con agresión física, golpes, maltratos, heridas, en primera instancia constatará la autoridad comunal i en caso de gravedad se elevará a la autoridad competente de la provincia de Huancané.

Como puede apreciarse, incluso en los casos de lesiones graves, la intervención de las propias autoridades comunales –y dentro o sobre éstas la propia asamblea comunal– es reconocida como prioritaria antes que la de las “autoridades competentes de la ciudad”. Está en manos de las indicadas autoridades, como de su asamblea, calificar cuándo se encuentran ante un caso de agresión física o lesión grave, con lo que puede entenderse que la jurisdicción comunal tiene una mayor “competencia” sobre dichos conflictos, remitiendo el caso ante las autoridades de la provincia de Huancané cuando no es posible conseguir un “arreglo” entre las partes o como una manera de sanción a la parte “pleitista”66. Los propios jueces de la ciudad, como el subprefecto, el gobernador y los agentes policiales, reconocen la importancia de esta intervención prioritaria en las propias comunidades aymaras67. Pero, ¿cuál ha sido el origen de todo lo anterior? ¿Cuáles han sido las causas directas para que se produzca? ¿Cómo se gestó? Hay razones de fondo que se intentan explicar a continuación.

CAUSAS RECIENTES DE LA AUTONOMÍA JURISDICCIONAL EN LAS COMUNIDADES ¿Cuál es el origen de la relación jurisdiccional entre las comunidades aymaras en estudio y las autoridades oficiales del poder judicial estatal? ¿Cuáles son las causas directas para que todo lo anterior se produzca? ¿Cómo se gestó ese proceso histórico? Si bien es difícil establecer el origen de la forma autocompositiva o conciliadora existente en los sistemas de resolución de conflictos en las comunidades en estudio, pues se remonta a muchos años atrás, sí se pueden explicar las causas que motivaron la decisión reciente de la intervención de la organización comunal en la resolución de conflictos. 66

En el siguiente capítulo puede apreciarse que un particular “castigo” de los órganos de resolución de las comunidades consiste en remitir el caso a las “autoridades competentes de la ciudad”. Al respecto, ver capítulo 5.

67

Esta afirmación se obtuvo de los jueces de paz no letrados, el capitán de la Policía General, un exsargento G. C. y un exsubprefecto de la provincia; estos últimos, incluso llegaron a coincidir en la necesidad de que así debía seguir ocurriendo por la propia dificultad de los órganos del Estado para llegar a los distintos grupos campesinos de la microrregión (Huancané, testimonios y entrevistas, mayo de 1988, ampliados en marzo de 1992). En octubre de 1999, el juez de paz letrado, el juez mixto de primera instancia y el capitán de la Policía General confirmaron la misma aseveración.

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El rechazo o evasión a los jueces y autoridades políticas de Huancané ha consistido en una actitud organizada por las comunidades de la microrregión a través de la Liga Agraria 24 de Junio de Huancané. Fue en la década del setenta, con el apoyo del Sistema Nacional de Movilización Social (Sinamos) y la promoción de una autonomía comunera como aspecto fundamental para el desarrollo de las comunidades, cuando se consiguió la legitimación de mecanismos propios de resolución de conflictos. En una reunión de la Liga Agraria 24 de Junio de Huancané, en el año 1975, los presidentes de las distintas comunidades decidieron no acudir más ante los jueces, ni ante otra autoridad oficial, para resolver sus conflictos68; los resolverían ellos mismos a través de su organización comunal, y solo en situaciones excepcionales, cuando se tratara de un conflicto grave y siempre que las partes no quisieran llegar a un “arreglo” o se quisiera sancionar al comunero “pleitista” –como se ha indicado– el caso sería puesto en conocimiento de las “autoridades competentes de la ciudad”. Igual decisión se sumará luego desde los tenientes gobernadores, quienes, reunidos en una “asamblea de tenientes” en el año 1977, también acordaron rechazar a “todos los jueces corruptos”69. Lógicamente, el rechazo al sistema judicial oficial tenía fundadas razones o causas para los miembros de las comunidades, y en menor medida para los grupos campesinos de las parcialidades. Un comunero de TiquiriniTotería, en una conversación a través de los juzgados de la ciudad de Huancané, sistematizó las tres causas principales por las que rechazan a los “jueces de la ciudad”: primero, debido a que “dichos señores cobran muy caro”; segundo, porque “les gusta alargar los juicios”, y tercero, porque “al final no resuelven nada”70. Los fundamentos de estas causas o razones fue68

Esta decisión fue plasmada en una Acta que no se pudo localizar durante el trabajo de campo. La referencia que se cita está basada en testimonios de dirigentes de la Liga Agraria de aquella época, como Benito Gutiérrez, expresidente de la Liga y exsecretario general de la Federación Departamental de Campesinos de Puno (FDCP), y Saturnino Corimayhua, también expresidente de la Liga Agraria y exsecretario general de la Confederación Campesina del Perú (CCP), así como en los testimonios de los comuneros mayores de Calahuyo (Huancané, mayo de 1988, mayo de 1991, octubre de 1999). En un acta de fecha 6-03-77, del Libro de Acta I, fojas 53-55, se pudo encontrar la siguiente referencia: “A pedido del compañero Dionisio V. M. sobre los jueces de paz no letrados(;) sobre ese punto el Sr. presidente aclaró algunos puntos de que para aquellos que todavía hay tiempo para las comunidades, se puede presentar en lo posterior(. T)ambién aclaró sobre el particular el compañero Saturnino C. que es necesario que tengamos nuestros jueces para algunas quejas, ya no venir al pueblo” (fojas 54). Ello puede confirmar una constante preocupación por el tema y la búsqueda de una mayor autonomía, incluso en la actividad jurisdiccional, por parte de las comunidades.

69

Los términos de esta decisión tampoco fueron encontrados. Sin embargo, fueron confirmados por reconocidos dirigentes de la misma época, como Severo Corimayhua de la comunidad de Huancho, Mariano Uturunco y Támaso Uturunco de Calahuyo (Huancané, mayo de 1988 y mayo de 1991).

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Testimonio de un dirigente de la comunidad de Tiquirini-Totería, de quien nos reservamos su

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ron confirmados en los distintos viajes y desde las diferentes comunidades visitadas71.

Los costos del acceso a la justicia del Estado Pásara (1984) analiza el tema de los costos de la justicia del Estado peruano como un problema de “mercantilización de la justicia”. Sustenta que para acceder a la justicia oficial hay que pagar un precio, el cual se compone de tres tipos de gastos o costos: los gastos directos, que son los que realiza quien comparece ante un juzgado; los gastos indirectos, que son aquellos necesarios para trasladarse hasta el lugar donde hay un juzgado disponible; y los costos de oportunidad, “constituidos especialmente a partir de la larga duración de los procesos que da lugar a la reposición de derechos cuando su sola suspensión ha ocasionado ya perjuicios irreparables” (1984, 202). La experiencia de los comuneros o en general de los campesinos de Huancané no escapa de dicho cálculo de gastos o costos. Sin embargo, el agravante para tales comuneros es que son quienes en el Perú carecen de menos recursos o capacidad de ahorro para asumir tales gastos o costos. Los mismos comuneros saben que, dentro de un trámite normal ante las autoridades de la ciudad, tienen que asumir como suyos los gastos de transporte o desplazamiento a la ciudad y los gastos relativos a su alimentación en el lugar (gastos indirectos), así como el pago de aranceles judiciales, el pago del abogado o asesor72 y el pago de movilidad o transporte de las autoridades judiciales o políticas y policiales cuando tienen que hacer una diligencia particular fuera de sus despachos (gastos directos). Saben que el abogado, al igual que las autoridades oficiales que intervienen en los procedimientos de resolución, “no funcionan” si no se les paga un “honorario” por cada acto procesal o no se les brindan las “facilidades” del caso para la diligencia que realizarán fuera del despacho, respectivamente.

71

72

nombre (Huancané, abril de 1988, octubre de 1999). Sin embargo, aquí debemos señalar que estas causas fueron reiteradas, en múltiples oportunidades y de distintas maneras, por los comuneros de las comunidades visitadas (Huancané, Calahuyo, Titihue, Tiquirini-Totería, marzo de 1988, mayo de 1991, marzo de 1992, octubre de 1999). Para una explicación inicial puede verse Peña (1998: 182-186). En forma adicional a las comunidades de Calahuyo, Titihue y Tiquirini-Totería, se deben sumar las comunidades de Huancho, Villa Quishuarani, Chijichaya y Sustía Munaypa (abril, mayo de 1988, marzo de 1992) y más recientemente los comuneros litigantes ante los “juzgados de la ciudad” de las comunidades ubicadas en los distritos de Vilquechico, Pusi y la provincia de Rosaspata (Huancané, octubre de 1999). La presencia del abogado o asesor se ha hecho común en Huancané, particularmente en los últimos años. Hasta 1992, se conoció que sólo tres abogados laboraban en la ciudad. En octubre de 1999, el número de abogados era de 12 aproximadamente. Una explicación de este acrecentamiento estaría en la profesionalización de la justicia en la ciudad de Huancané, al sustituir los Juzgados de Paz No Letrados por el único Juzgado de Paz Letrado. Pero también se explicaría por la sobrepoblación de profesionales abogados en las grandes ciudades, como Juliaca o Puno, que fuerza a que los mismos se desplacen a ciudades más pequeñas y alejadas, como Huancané, ofreciendo sus servicios a un menor costo y generando su consumo.

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Además, en la percepción de los comuneros, el costo de oportunidad también es notorio. El tiempo de espera para el seguimiento del caso ante el despacho del juez o el secretario o fuera del local judicial, o el solo hecho de preocuparse por el desarrollo del proceso, de las diligencias a desarrollar, son entendidos por los comuneros como la pérdida de cientos de horas que muy bien pudieron ser empleadas en el desarrollo de sus actividades económicas. Sin embargo, lo anterior se puede calificar sólo como los gastos o costos “normales” dentro del funcionamiento de los sistemas judiciales o de las autoridades oficiales del Estado, pues a ellos tienen que sumar “costos ilegales”. Los litigantes guardan en el recuerdo, y saben que tienen que asumirlo si es que se encuentran en algún litigio ante un despacho oficial, el pago de “cobros extras” requeridos directa o indirectamente por las propias autoridades con el objeto de conseguir el avance y un buen resultado de su proceso judicial o la denuncia presentada ante las autoridades políticas o policiales. Se trata de pagos de dinero en efectivo o de pagos en bienes (animales o productos agrícolas) por el “servicio” que bajo dicha finalidad históricamente han requerido las autoridades oficiales por la actuación de una diligencia. Con ello sí se puede hablar del pago de exagerados gastos o costos legales e ilegales en perjuicio de los comuneros y campesinos en general. Algunos ejemplos lo pueden mostrar de manera más clara. El 7 de mayo de 1988, ocurrió un homicidio en Titihue. Como es regular para los comuneros, estos entendieron que este hecho, por su “gravedad”, debía ser de competencia de los “jueces de la ciudad”, así que sometieron el “delito” ante dichas autoridades. Pero, poco después, se arrepentirían de tal decisión, desviar su “competencia” les costaría muy “caro”. Para empezar, tuvieron que pagar 32.000 intis (el equivalente a un toro Brown Swiss, en aquella fecha) para el levantamiento del cadáver, suma distribuida entre el juez, su secretario, el médico legista, su enfermero, el abogado y el gasto de transporte. Luego, en la morgue de Huancané, tuvieron que desembolsar una cantidad similar para la devolución del cadáver con autopsia. Los comuneros, más precisamente los familiares del occiso, tuvieron que vender gran parte de su ganado “criollo” para pagarles. Curiosamente, esto era sólo el inicio del juicio73. Otro caso semejante, ocurrido algunos años después en la misma comunidad de Titihue, ilustra el mismo problema. El 19 de marzo de 1991, 73

Tuve oportunidad de presenciar este hecho durante mi primer trabajo de campo, cuando me encontraba compartiendo un curso de capacitación con los comuneros de Titihue. El efecto inmediato del caso consistió en que los familiares del occiso, luego de afrontar los enormes gastos, con el aval de la asamblea comunal se cobraron por la fuerza con algunas cabezas de ganado de los familiares de quien conocían como homicida (que había huido), suscitándose de este modo otro conflicto más que afectaría el orden de la comunidad (Titihue, mayo de 1988; ver también Peña 1998, 184).

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según lo narraron los comuneros dirigentes, cayó un relámpago sobre una de las casas de la comunidad. En tal accidente murió una comunera. Como se trataba de la muerte de una persona por accidente en la comunidad, el teniente del sector inició de inmediato la gestión del levantamiento del cadáver. Entonces, aparecieron nuevamente el juez de primera instancia, un secretario, un juez de paz, el médico del Hospital, que hacía de médico forense, un “técnico cortador” y dos “peritos”. Cada una de estas personas exigió el cobro de 25.00 intis/millón. Sumando los costos del transporte, el cobro ascendía a 200.00 intis/millón o 200.00 soles de aquella fecha74. Con la experiencia anterior (mayo de 1988), los dirigentes comuneros se negaron a pagar, pero, cuando fueron advertidos de que serían “acusados” o denunciados por la muerte de la comunera, tuvieron que buscar inmediatamente el dinero con el objeto de cumplir con el pago indicado. Sin duda, se sumaba nuevamente la pérdida de un toro Brown Swiss75. En otros casos “menores”, los propios jueces de paz de la ciudad también solían cobrar sumas exorbitantes a los campesinos. Ante una simple “conciliación” de dos familias campesinas en riña, por ejemplo, a febrero de 1989 las referidas autoridades cobraban entre 20.000 y 25.000 intis a cada una; al mes de marzo de 1992, esa referencia de cobro estaba actualizada en 20.00 nuevos soles; en el mes de julio de 1996, la misma referencia de cobro ascendía a 50.00 o 60.00 nuevos soles. En cualquiera de dichos cobros, el referente de precio del servicio por la conciliación podía compararse con el de un ovino pequeño del lugar. Es decir, coincidiendo nuevamente con la afirmación de uno de los comuneros de Tiquirini-Totería, la actividad judicial oficial se presenta dentro del distrito como un “gran negocio”. Quien asume el cargo de juez o administrador de un juzgado sabe que puede enriquecerse económicamente a través de la simple firma de resoluciones desde su despacho o la asistencia a diligencias o actos procesales importantes dentro del desarrollo de un juicio. Más aún, esta persona que asume el cargo no dudará en enriquecerse al saber que tiene como recurrentes a “campesinos analfabetos”76, desesperados por resolver muchas veces conflictos “insignificantes”77, quienes conocen poco o nada de las normas legales vigentes del Estado. En el caso extremo, algunos comuneros han referido que, en el pasado (lo que no 74

En dólares, dicha suma podría estimarse en 250 a 300, que también era el costo equivalente del torete Brown Swiss.

75

Hechos relatados por dos directivos y otros miembros de la comunidad, cuyos nombres nos reservamos (Titihue, febrero de 1992).

76

Términos despectivos con que el “misti” o mestizo con educación suele referirse a los campesinos de la microrregión.

77

En percepción del “misti” o “mestizo educado”, lo “insignificante” se refiere a cuestiones patrimoniales de poco valor (por ejemplo, conflictos de linderos) o a los conflictos entre comuneros por ofensas o daños al honor.

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excluye que pueda ocurrir en el futuro), ha sido tradición de los jueces de la ciudad efectuar la tinka al diablo, con el fin de que las comunidades se encuentren permanentemente en conflictos78. Aunque también se debe aclarar que frente a dicha apreciación han existido y existen jueces o autoridades que deben ser excluidos; sin embargo, el comentario general de los comuneros es adverso79.

La dilación en los juicios Al problema de los costos de acceso a la justicia de las autoridades oficiales de la ciudad se suman los efectos del tiempo empleado cuando el campesino o comunero se encuentra ya dentro de un proceso o procedimiento de resolución. El efecto principal es económico, como se ha señalado con referencia a los costos de oportunidad. Pero a estos se suman otros efectos, particularmente psicológicos o culturales, que están relacionados con el orden o la tranquilidad al interior de la propia comunidad. Volviendo al caso de homicidio de Titihue, ocurrido el 7 de mayo de 1988, en febrero de 1989 recogí varios reclamos de los comuneros que hacían un seguimiento del proceso penal iniciado. Se había capturado al supuesto homicida, pero el proceso continuaba en la etapa de investigación y con la amenaza de poner en libertad a quien los comuneros estaban convencidos de calificar como “culpable”. Por más que los comuneros insistían en una rápida solución para no continuar con la preocupación del conflicto, el proceso penal continuaba dilatándose. Para el mes de mayo de 1991, ya no había mayor referencia del caso; éste continuaba ante el órgano judicial penal pero sin mayor interés de los comuneros. El supuesto inculpado se encontraba en libertad. En marzo de 1992, el conflicto era indiferente a los comuneros, y en octubre de 1999 se desconocía la sanción aplicada al supuesto homicida y si se había finalizado con el proceso penal. El interés por concluir en un corto tiempo el proceso judicial de parte de los comuneros directamente afectados y de quienes estaban haciendo un seguimiento del 78

Varios comuneros conocedores de la actividad de los “jueces de la ciudad”, cuyos nombres nos reservamos, han referido que la tinka al diablo se solía hacer por la noche, en uno de los cerros cercanos a la ciudad de Huancané. Se simbolizaba a través de diversos elementos y objetos con que se identificaban determinadas comunidades y se mezclaban para representar el “pleito” o la riña entre ellos. Dicha tinka podía entenderse como una especie de ofrenda o pago al diablo, que incluía un ritual especial y a personas especializadas en realizarlo. El objetivo era provocar conflictos entre comunidades o comuneros vecinos de comunidades para que los “pleitistas” recurrieran al despacho del juez o secretario que patrocinaba la ceremonia, con ello conseguir una mayor carga procesal y, en consecuencia, mayores ingresos económicos (Huancané, mayo de 1988, marzo de 1992, octubre de 1999).

79

Cabe señalar al respecto que en nuestras entrevistas algunos comuneros no dejaron de destacar la eficacia de algunos jueces, así como la rectitud de los mismos; sin embargo, la mayoría de entrevistados refirieron sus malas experiencias (Huancané, febrero a mayo de 1988, marzo de 1992, octubre de 1999 y agosto de 2000).

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mismo se había opacado paulatinamente hasta hacerlos perder toda intención de reclamo. Otro ejemplo, más representativo y vivo en el recuerdo de los comuneros, es la experiencia en el trámite que siguieron los representantes de las comunidades de Huancané en sus múltiples conflictos de tierra. Particularmente los conflictos de colindancia entre comunidades o con las parcialidades vecinas han constituido procesos judiciales prolongados, de 10 o más años de duración, sin que al final hayan conseguido evitar las riñas colectivas y los enfrentamientos armados entre comunidades y grupos campesinos80. Cuentan los comuneros que cada vez que acudían por la solución de sus problemas, les esperaba la “necesidad” de presentar un nuevo escrito de parte de su abogado, el “vuelva usted mañana” de parte de los secretarios judiciales, o la sorpresiva “nulidad de todo lo actuado” en la resolución del juez. Ejemplos recientes de la prolongación de los procesos judiciales se pueden encontrar en los conflictos con los comuneros “residentes”81, que al migrar dejan sus tierras abandonadas y las autoridades comunales consideran conveniente y necesaria su utilización. Si bien legalmente, conforme a la Ley 2465682, el conjunto de tierras de la comunidad son de propiedad colectiva o comunal, por tradición se reconoce la existencia de una posesión o propiedad familiar –muy legítima en los comuneros–, que ha hecho que tengan incluso títulos de propiedad familiar. Cuando las autoridades comunales deciden utilizar las tierras “abandonadas”, el comunero “residente” se opone, iniciando una acción penal (juicio) por “usurpación de la propiedad”. Los dirigentes de turno resultan ser los inculpados y pasarán a requerir el apoyo de toda la comunidad para contratar a un abogado y salir 80

Viejos dirigentes de Titihue y Calahuyo recuerdan a sus abuelos, como apoderados judiciales de sus respectivas comunidades, tramitando sus conflictos de tierras con las comunidades o parcialidades vecinas primero en Huancané o Juliaca (Juzgado Rural, Civil o Penal de Primera Instancia), luego en Puno (Corte Superior de Justicia) y posteriormente en Lima (Corte Suprema de Justicia), para nuevamente volver a Huancané o Juliaca, seguir hacia Puno y llegar otra vez hasta Lima en una especie de “segunda vuelta judicial”. La dilación judicial en la búsqueda de solución o la insatisfacción por las soluciones o resoluciones judiciales parciales producían que de una a otra parte-colectiva litigante se produjeran “invasiones” o toma de posesión de facto de la tierra que se reclamaba, lo que provocaba a su vez la reacción recíproca de la otra parte colectiva, suscitándose cruentos enfrentamientos con pérdidas de vidas.

81

El nombre de “residente” es empleado para referirse a los comuneros emigrantes que alcanzan un lugar de residencia o estadía fuera de la comunidad. Supone que toda la familia nuclear, y no solo el jefe de familia, se haya desplazado.

82

La Ley 24656 se refiere a la Ley General de Comunidades Campesinas, de fecha 14-04-87. Su artículo 2º reconoce la propiedad comunal como un elemento central de la propia concepción de comunidad campesina que regula: “Artículo 2º. Las comunidades campesinas son organizaciones de interés público, con existencia legal y personería jurídica, integradas por familias que habitan y controlan determinados territorios, ligados por vínculos ancestrales, sociales, económicos y culturales, expresados en la propiedad comunal de la tierra, el trabajo comunal, la ayuda mutua, el gobierno democrático, y el desarrollo de actividades multisectoriales, cuyos fines se orientan a la realización plena de sus miembros y del país” (itálicas fuera del texto).

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al frente en el juicio. La dificultad para discernir entre la validez del título familiar o individual-familiar y la propiedad comunal hace que el proceso judicial se dilate por años. Se propicia entonces, de parte de los abogados y de los propios actores, el desarrollo de estrategias judiciales diferentes que promueven el seguimiento de juicios paralelos ante otros juzgados, como es el caso de la “nulidad de contrato” o “nulidad de título” o “reivindicación de propiedad” a favor de la comunidad, seguidos ante el juez civil, consiguiendo con ello complicar y dilatar aún más el primer proceso judicial83.

La negativa de una solución definitiva De la explicación anterior sobre la dilación en los procesos judiciales o juicios, es fácil deducir la ausencia de una solución final en los conflictos de los comuneros. En opinión de éstos, las autoridades oficiales no están comprometidas en la conclusión de los conflictos. Por el contrario, al entender de los comuneros es importante tener en cuenta que las “autoridades competentes de la ciudad” buscan satisfacer sólo parcialmente a alguna de las partes o, simplemente, no satisfacer a ninguna, con el objeto de conseguir la dilación del conflicto para que entonces se recurra nuevamente al juez o autoridad oficial y, a manera de espiral, se repitan las causas descritas anteriormente (Peña 1998, 185). El caso de los conflictos de tierra es el mejor ejemplo para ilustrar la manera como los comuneros ven esta causal. Frente a dichos conflictos las autoridades judiciales (incluidos el Ministerio Público, secretarios y agentes policiales) podían parcializarse con una de las partes, dejando a la otra en absoluta insatisfacción, la que por cualquier motivo se veía obligada a iniciar otra acción judicial. También podía ocurrir que frente al reclamo sobre una determinada parcela de terreno por dos comunidades, por ejemplo, las autoridades judiciales decidían otorgársela a una tercera persona particular portadora de títulos privados históricos, reproduciendo el conflicto a una mayor escala84. Esto último ilustra cómo la posible “solución 83

En mi trabajo de campo de octubre de 1999 y agosto de 2000, tuve oportunidad de conocer dos casos semejantes al citado, correspondientes a dos comunidades de Huancané, distintas a las comunidades en estudio. Uno era el de la comunidad de Huerta Pata (Huancané, entrevista con Benito Gutiérrez, octubre de 1999, agosto de 2000), cuyo proceso penal por supuesta usurpación fue iniciado en 1993, con detención temporal de los dirigentes de la comunidad en 1994. En dicho proceso judicial, a octubre de 1999 se desconocía el resultado final del proceso penal. El otro caso correspondía a la comunidad de Yatupira (Huancané, entrevista con Ceferino Chuqujja Condori, octubre de 1999), cuyo proceso judicial contra los dirigentes de la comunidad por supuesta usurpación de propiedad fue iniciado en mayo de 1998. Frente a tal juicio, la dirigencia de la comunidad reaccionó a inicios de 1999 con otro juicio; éste es el proceso judicial civil acumulado o conjunto de “nulidad de acto jurídico y reivindicación”. En octubre de 1999, el proceso penal sobre supuesta usurpación se encontraba aún en su etapa de investigación, en tanto el proceso civil recién se encontraba en la etapa de emplazamiento (notificación) de las partes.

84

Huancané, entrevistas con dirigentes de la Liga Agraria 24 de Junio de Huancané (mayo de 1988, marzo de 1992, octubre de 1999 y agosto de 2000).

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jurídica”, basada en supuestos normativos ajenos a los de los comuneros, puede ser utilizada en diferentes direcciones y servir de instrumento para que los comuneros se convoquen a procesos judiciales interminables85. Un ejemplo reciente de similares proporciones puede encontrarse en el tema de sucesión de tierras entre los miembros familiares aymaras. De acuerdo con el Código Civil peruano, todas las personas o individuos heredan por igual, sea varón o mujer y sea primogénito o no. Los comuneros suelen otorgar sus tierras, bajo la forma de adelanto de herencia, a favor de los hijos varones que se encuentran a su lado. Se trata de una sucesión patrilineal, como se indicó anteriormente, pero reforzada por la preferencia de los hijos que están y viven al lado del causante. El problema común se presenta cuando dicho causante realmente fallece y regresan los hijos que con anterioridad habían migrado (“residentes”), reclamando una herencia de tierras similar a la del hijo que se encontraba cerca del causante. El conflicto puede llegar a las autoridades judiciales de la ciudad porque el hijo emigrante o “residente”, solamente por una cuestión de “orgullo”, puede contratar abogados y litigar contra sus hermanos y contra la propia comunidad que solo reconoce a los herederos que se encuentran en la comunidad. Luego de un largo proceso, el juez nuevamente se ve facultado a recurrir a las leyes vigentes del Estado –el Código Civil– para dar su decisión, reconociendo el derecho de propiedad a todos los hijos por igual86. Al final, el conflicto se reproduce porque la misma comunidad se negará a admitir al “residente” al interior de su territorio. Ello confirma por qué la justicia del Estado aparece como “cara” o excesivamente costosa para los comuneros. El hecho de que los conflictos de los comuneros no tengan una solución final acorde con sus intereses o cultura jurídica, se encuentra relacionado con la propia dilación del proceso judicial, y ambos complementan realmente la primera causa referida a los costos de acceso. En suma, en opinión de los comuneros, el propósito de la justicia oficial aparece más como un obstáculo, que como una alternativa87. A partir de la explicación sobre las causas o razones de rechazo u omisión del poder judicial estatal, es posible comprender por qué las comunidades aymaras de Huancané, a través de su organización comunal, están 85

El ejemplo anteriormente citado de la comunidad de Yatupira, acerca de procesos judiciales paralelos en materia civil y penal sobre las tierras “abandonadas” por los “residentes”, puede servir para entender la posibilidad de resultados adversos para los recurrentes, como el explicado.

86

Soluciones como la comentada no son extrañas dentro del poder judicial del Estado peruano, toda vez que la perspectiva positivista-exegética es la predominante en el razonamiento de los jueces. Para un mayor entendimiento de las corrientes del positivismo jurídico, ver Hernández Gil (1945) y, en una versión más actual, Manuel Calvo (1994).

87

Ello puede confirmar por qué los comuneros suelen usar como una forma de castigo en sus sanciones la “amenaza de remitir el caso a las autoridades de la ciudad”, aspecto que se desarrollará en mayor detalle en el capítulo siguiente.

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convencidas de asumir la resolución de sus propios conflictos. El desarrollo de su organización comunal, al lado de la vieja promoción desplegada por el Sinamos a través de la Liga Agraria 24 de Junio de Huancané, ha hecho que comunidades como Calahuyo, Titihue y Tiquirini-Totería se atrevan a resolver sus conflictos con aceptación de sus miembros comuneros y sin temores. Sobre estas formas de resolución pasaremos a ocuparnos en las páginas siguientes.

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TRECERA PARTE

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a identificación de una clasificación e interpretación de conflictos particulares entre los comuneros aymaras del Sur Andino, la puesta en operación de diversos órganos, procedimientos y acuerdos o decisiones finales sobre los mismos y, particularmente, los sentimientos expresados como “honor familiar” y “ser colectivo”, aplicados con el propósito de resolver el conflicto y ejecutar los acuerdos y decisiones finales, son la base sobre la cual se afirma la existencia de numerosos sistemas de resolución de conflictos entre los aymaras. Se trata de sistemas de resolución cuyos órganos actúan 1) al interior de las comunidades en estudio, 2) en la interrelación de sus miembros con otros de comunidades vecinas y 3) en la interrelación de los mismos comuneros con la organización gremial que involucra a sus comunidades. Estos tres grupos de sistemas de resolución son el respaldo a la afirmación que, desde el punto de vista teórico y empírico, se hace en esta tercera parte de la investigación acerca de la existencia de un poder judicial comunal aymara en el Sur Andino. Calahuyo, Titihue y Tiquirini-Totería –las tres comunidades en estudio–, así como la Liga Agraria 24 de Junio de Huancané constituyen en realidad el pretexto de la investigación con el propósito de fundamentar una verdad casi tautológica: cada grupo humano o social comparte conflictos y los miembros de cada uno de ellos son quienes mejor los conocen y tienen los mecanismos más apropiados para ponerles fin. Bastaría difundir y poner en práctica esta verdad para interpretar con mayor certeza los acontecimientos judiciales de países o de sociedades pluriculturales como la de Perú. Sin embargo, la necesidad de “demostrar” y no solo “pensar” dicha verdad hace necesario indagar cómo son en los hechos tales conflictos y, particularmente, cómo los resuelven grupos sociales como las comunidades aymaras. A través del estudio de las comunidades escogidas y de su gremio campesino, intento abordar en esta tercera parte del libro la pregunta central de investigación: ¿Cómo resuelven sus conflictos los actores de las comunidades aymaras en estudio? A través de los tres capítulos que componen Antonio Alfonso Peña Jumpa. Poder judicial comunal aymara en el Sur Andino Colección En Clave de Sur. 1ª ed. ILSA, Bogotá D.C. Colombia, marzo de 2004

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esta tercer parte, referidos a distintos grupos de sistemas de resolución, procuro responder dicho interrogante. El capítulo 5 se ocupa de los sistemas de la resolución de conflictos internos o intracomunales en las comunidades aymaras en estudio. Partiendo del análisis estructural de un estudio anterior sobre una comunidad (Peña 1998) y extendiéndolo a un análisis de tres comunidades aymaras, se confirma la distinción entre conflictos familiares y comunales, órganos y procedimientos familiares y comunales, y la presencia de los acuerdos o “arreglos” sobre los conflictos familiares y de las sanciones o penas sobre los conflictos comunales. En el mismo análisis se destaca la racionalidad de los comuneros dirigida a dar efectividad a estos acuerdos y sanciones a través de la presencia del “honor familiar” y el “ser colectivo”. En el conjunto de estos elementos, que son utilizados con mucha flexibilidad por los comuneros, se sustenta la presencia de una organización o varias organizaciones identificadas como sistemas de resolución. El capítulo 6 trata de los sistemas de resolución de conflictos externos o intercomunales en las comunidades aymaras en estudio. Recogiendo el modelo de análisis del capítulo precedente, en éste se construye a partir de los conflictos de tipo intercomunal más conocidos. Así, de un lado, se analizan los conflictos de pareja, los conflictos derivados de incumplimientos de contratos y los conflictos de linderos, calificados como conflictos familiares de tipo intercomunal; y, de otro lado, se analizan los conflictos de robo de ganado, conflictos de colindancia entre comunidades y conflictos de incumplimiento de obligaciones comunales, calificados como conflictos colectivos o comunales de tipo intercomunal. Frente a cada tipo de conflictos es posible encontrar una puesta en operación de sistemas de resolución particulares. El capítulo 7 suma a los capítulos precedentes el análisis de los sistemas de resolución de conflictos dirigidos por la entidad gremial que integra a las comunidades en estudio: la Liga Agraria 24 de Junio de Huancané. Haciendo un recuento histórico y retomando el modelo de análisis de los capítulos anteriores, en éste se quiere demostrar la eficacia de la entidad gremial al atender o asumir la resolución de los conflictos internos e intercomunales de tipo familiar y colectivo de las distintas comunidades, sometidos ante las autoridades y la asamblea gremiales. Sin embargo, cabe resaltar que tal capacidad resolutoria de la entidad gremial aparece más bien como una expresión histórica que sirvió de modelo a muchas comunidades pero que hoy se encuentra bastante reducido por el protagonismo de los actores de las propias comunidades. Sobre ello, el capítulo destaca cómo en los últimos años la entidad gremial se ha concentrado con particular eficacia en la resolución de los conflictos denominados “gremiales” o “políticos” (dirigidos contra los actos de órganos del Estado), que solo bajo la unidad del conjunto de las comunidades o a través de sus delegados puede afrontar.

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CAPÍTULO 5

Resolución de conflictos internos en las comunidades aymaras

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a experiencia de Calahuyo, Titihue y Tiquirini-Totería muestra cómo resuelven sus conflictos las comunidades aymaras de Huancané o del Sur Andino, y, con ello, cómo se configura su poder judicial comunal. Estas formas o sistemas de resolución, como lo he indicado, tienen su antecedente inmediato en la propia configuración de las comunidades y en labor de promoción realizada por su organización gremial, la Liga Agraria 24 de Junio de Huancané. Pero, sobre ello está presente la legitimidad que le otorgan los mismos miembros de las comunidades, basada en la cercanía, la economía, el lenguaje común, las costumbres, la eficacia, la seguridad, el conocimiento de su actuación y la participación en las propias formas o sistemas de resolución. Sin olvidar la existencia de algunas diferencias dentro de cada comunidad, se pueden identificar cuatro elementos que estructuran los sistemas de resolución en las comunidades en estudio: una particular clasificación de sus conflictos, órganos de resolución propios acompañados de procedimientos propios, acuerdos o decisiones finales para sus conflictos, y una racionalidad y participación de las partes también particular en la intención de acabar con el conflicto1. Tal aparato de resolución actúa sobre dos grandes tipos de conflictos, ya definidos en el marco teórico: los conflictos internos o intracomunales y los conflictos externos o intercomunales2. En el primer grupo están aquellos conflictos que comprometen el interés de una o más partes al interior 1

2

Los elementos mencionados fueron elaborados y presentados inicialmente en mi anterior trabajo de investigación (Peña 1991, 1998), basado en una comunidad: Calahuyo. En el presente capítulo extiendo su aplicación a dos comunidades más, Titihue y Tiquirini-Totería. Se podrá apreciar que las diferencias de estas últimas comunidades ofrecen un reto interesante para la aplicación de los mencionados elementos. Ver el capítulo 1, donde se distingue entre conflictos intrasistémicos y conflictos intersistémicos, siguiendo a Galtung (1965).

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de una comunidad, en tanto en el segundo grupo se incluyen aquellos conflictos que comprometen también a una o más partes pero que pertenecen a diferentes comunidades. En los primeros hay una relación intracomunal y en los segundos hay una relación intercomunal. En la práctica, es difícil establecer diferencias entre ambas relaciones: ¿cuándo deja de ser externo y cuándo interno? Sin embargo, con fines metodológicos es necesario establecer un criterio de distinción que, para efectos de este estudio, es la calidad de pertenencia de la partes. Teniendo en cuenta esta última explicación, el presente capítulo sólo se ocupa de las formas o de los sistemas de resolución del primer grupo de conflictos, es decir los internos o intracomunales. Se deja para el siguiente capítulo el desarrollo de las formas o sistemas de resolución de los conflictos externos o intercomunales.

TIPOLOGÍA DE LOS CONFLICTOS Siguiendo la propia estructura social de las comunidades en estudio3, es posible distinguir la tipificación de sus conflictos bajo dos grupos: 1) los conflictos o “pleitos” de interés familiar, que también pueden ser identificados como de interés particular o “privado”, y 2) los conflictos o “pleitos” de interés comunal, que también pueden ser identificados como de interés colectivo. Ambos tipos de conflictos parten de una clasificación preliminar sustentada en la calidad de los sujetos o partes cuyo interés se puede ver afectado en el conflicto: lo familiar y lo comunal. Se trata de dos niveles –separados y complementarios– que actúan dialécticamente de acuerdo con los términos de Ansión, Gálvez y Degregori (1981), y Plaza y Francke (1985). Pero, más aún, se trata de dos columnas que ayudan a comprender los otros elementos que estructuran los sistemas de resolución de las comunidades en estudio: definirán la propia composición de sus órganos de resolución y sus procedimientos, distinguiendo entre “arreglos” o “sanciones” en los acuerdos o decisiones finales, y tendrán como base principios propios que desarrollan una particular racionalidad en la actuación de las partes en conflicto. En esta clasificación básica de conflictos familiares y comunales, a su vez, es posible encontrar una diversidad de tipos específicos de conflictos que los propios comuneros denominan con nombres o términos muy semejantes a los conocidos en los códigos o en las leyes generales del Estado. Así, utilizan los términos “daños”, “alquiler”, “anticresis”, “divorcio”, “maltrato de conviviente”, “destitución de autoridad”, “riña”, “lesiones”, “robo”, 3

Ver capítulo 3.

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RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS INTERNOS EN LAS COMUNIDADES AYMARAS

“violación”, “aborto”, “adulterio”, “incumplimiento de trabajo”, entre otros. Dichas denominaciones, de acuerdo con el orden jurídico del Estado, pueden recibir otro tipo de clasificación, agrupándolas en “conflictos civiles”, “conflictos penales”, “conflictos administrativos”, “conflictos laborales”, etc.; sin embargo, en la concepción de los comuneros, la prioridad es considerarlos dentro del mundo de lo familiar y lo comunal.

Conflictos de interés familiar, particular o privado El nivel más cercano o inmediato dentro de la clasificación de los conflictos pertenece al mundo de lo familiar. Esta clase de conflictos o pleitos ocurren en las comunidades cuando la intervención o acción de uno de los miembros de la familia nuclear (puede ser la del padre, la madre o de los hijos menores o mayores de edad) compromete el conjunto de relaciones sociales y económicas de su familia y en muchos casos de su parentela. Es decir, la acción de uno, no produce la responsabilidad del interés individual puro o simple, como ocurre dentro del poder judicial estatal, sino que reproduce la responsabilidad y constante preocupación de un pequeño colectivo: el interés familiar4. Así, cuando se habla de un conflicto de pareja en las comunidades aymaras de Huancané (como “maltrato”, “separación de convivientes” o “divorcio”, “adulterio”), no se está hablando del interés de cada individuo, conviviente o cónyuge, sino del interés de las familias de cada uno de ellos. O cuando se habla de un conflicto de linderos, se está haciendo referencia al pleito que afecta las expectativas del conjunto de relaciones derivadas de la tenencia del terreno de cada una de las familias, más que del interés del supuesto titular o representante de dichos terrenos. O si se está ante una “riña” entre dos comuneros, más que el interés de los “pleitistas” por solucionar el conflicto, está el interés familiar tanto del agredido como del “inculpado” por resolverlo de manera rápida y salvaguardar el “honor” de cada una de sus familias5. Dentro de este mismo criterio existen casos de incumplimiento de un contrato de “anticresis” o de “alquiler”, el “intercambio de palabras” (difamación) o los problemas derivados de una “permuta de terrenos”. En todos estos casos, el “pleitista” o litigante compromete el interés de su familia nuclear, extendiéndose la responsabilidad hasta el “honor” de su parentela consanguínea o ritual. De ahí la preocupación por darle una solución rápida al pleito.

4

Esta referencia a lo familiar responde a lo desarrollado en el capítulo 3 como forma organizativa que se presenta como unidad económica, unidad social y unidad cultural.

5

El “honor familiar” aparece como uno de los principios básicos dentro del poder judicial comunal aymara. Se identifica principalmente con la resolución de los conflictos familiares.

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Sin embargo, en el análisis de la dimensión de la tipología del conflicto familiar en las comunidades se presenta un problema importante: ¿cuándo un conflicto deja de ser familiar y se convierte en un conflicto colectivo? Responder esta pregunta es difícil, si se tiene en cuenta que la dimensión de “lo familiar” puede involucrar también a la familia extendida y que nos estamos refiriendo a la experiencia de comunidades patrilineales donde por lo general todos descienden de troncos comunes6. Sin embargo, sobre esta dificultad se entretejen alternativas. En mi opinión, es en la percepción o sentimiento de los propios comuneros donde se pueden encontrar las características del marco familiar, distinguiéndose de lo colectivo o comunal. Un conflicto aparece como familiar en tanto involucra el interés cercano de una familia nuclear o extendida identificable7 como tal por sus propios miembros y que se pone de manifiesto a través de la frecuencia de sus diversas actividades diarias. Por ejemplo, el conflicto de pareja entre comuneros convivientes o casados es el típico conflicto familiar en tanto involucra a dos sujetos principales de una familia nuclear, que comparten la tenencia de sus niños o hijos, los derechos y obligaciones de convivencia, las actividades dentro del cuarto o la casa construida, el trabajo en la parcela familiar cedida por sus padres, la participación en forma de ayni en sus fiestas patronales, la asistencia a la asamblea comunal, el cumplimiento de los cargos en la organización de la comunidad, entre otros. Al quebrarse la relación de la pareja se quiebra el conjunto de las actividades señaladas. Pero el conflicto también involucra a los padres y padrinos de la pareja en pleito. Los padres se sienten afectados y obligados a intervenir en tanto la pareja es joven y guarda una frecuente relación en el conjunto de actividades antes señaladas, vinculadas a la familia nuclear. Así, puede ocurrir que la joven pareja se encuentre aún en la casa del padre del varón y trabaje las parcelas familiares de ellos, comparta el ayni de las fiestas patronales, actúe conjuntamente en las respuestas o toma de decisiones de las asambleas comunales, se respalde en el cumplimiento de los cargos, etc. Los padrinos, de otro lado, también se sienten afectados y obligados a intervenir en forma semejante a la de los padres de la joven pareja. Cuando el matrimonio andino alcanza la etapa del acto civil y religioso, los padres asumen que han cedido en los padrinos los derechos y obligaciones que se entendían en su posesión, lo que conduce a que sean los padrinos, antes que los padres, los directamente afectados y obligados a intervenir al suscitarse el conflicto. 6

Al respecto, ver el capítulo 3, donde se comenta la importancia de la constitución familiar al lado de su clasificación y se describe que las comunidades en estudio tienen como ascendientes las primeras familias que llegaron a habitar sus respectivos territorios.

7

Con lo “identificable” se hace referencia a la palabra identidad, que supone sentimientos subjetivos de pertenencia, la mayoría de las veces indescriptibles entre las personas.

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Así, el conflicto de la pareja no se circunscribe sólo al hombre y a la mujer que la componen, sino también a los padres y padrinos, en tanto se sienten identificados8 como tales y lo manifiestan a través de una relación directa de frecuencia en sus actividades. Pero, en el mismo sentido, el conflicto no puede ir más allá. El conflicto puede involucrar como máximo a los hermanos mayores de la pareja, en tanto el padre o los padrinos requieran este apoyo; pero no necesita involucrar directamente a los tíos o primos, o a los abuelos y primos lejanos. Estos últimos pueden tener una cuota de participación, vigilando sigilosamente el desarrollo del conflicto y su resolución, pero las partes del conflicto entienden que no los involucra. La pertinencia del ámbito de lo familiar en el conflicto se desvanece cuando el conflicto de la pareja se torna escandaloso e involucra el maltrato de los niños, y las familias nucleares de los tíos, los abuelos o los primos cercanos se sienten en parte afectados e interesados en intervenir. En tal caso, el ámbito de lo familiar se extiende y tiende a diseminarse, dando paso a lo colectivo o comunal. El órgano que pasa a intervenir en la resolución del conflicto ya no será el padre o el padrino, como se verá, sino la autoridad comunal y en último caso hasta la asamblea comunal. Sin embargo, a pesar de que el conflicto se torne comunal por el conjunto de esos nuevos elementos, el propio colectivo entenderá que hay un aspecto familiar sobre el que no puede intervenir: el conflicto propiamente de la pareja que puede ser canalizado, por ejemplo, a través de la separación de sus miembros. La organización colectiva podrá exigir el “arreglo”9 entre las partes familiares, pero serán éstas quienes fijarán los límites y condiciones de tal “arreglo”.

Conflictos de interés comunal o colectivo A diferencia del conflicto familiar, estos conflictos involucran el complejo de actividades colectivas de la comunidad. En este caso, el conflicto o pleito ocurre cuando, superando el umbral de lo familiar, se involucra el conjunto de relaciones sociales o económicas no sólo de una, dos o tres familias nucleares sino de un grupo importante de ellas, que identifican la necesidad de intervención de la organización colectiva y de formas de resolución colectivas para poner fin al conflicto en la comunidad. Se trata del conflicto que afecta la vida normal de la comunidad, su orden jurídico comunal, entendido como aquel que estructura las relaciones socioeconómicas y culturales de la comunidad. Sin embargo, el suceso 8

Nuevamente cabe aclarar que la relación de identidad de estos padres o padrinos supone un conjunto de sentimientos muchas veces indescriptibles.

9

En las páginas siguientes se verá en mayor detalle en qué consisten los “arreglos”. Con el fin de hacer comprensible el ejemplo, se indica que el “arreglo” es una forma de solución o acuerdo frente a los conflictos de interés familiar particularmente.

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de tal conflicto no significará de ningún modo el inicio de un caos o desorden, sino sólo una perturbación que la misma comunidad buscará subsanar. Así, se está hablando del pleito o conflicto suscitado a partir de la afectación de un bien de la comunidad, por ejemplo, el daño o extravío de una silla de la tienda comunal. En tal caso, el causante representará un interés familiar, pero lo más relevante es que el agraviado será el conjunto de comuneros que reclamará la reposición del bien y un “castigo” ejemplar para el responsable directo10. Asimismo, como conflicto de interés comunal o colectivo se incluye el caso de la “familia pleitista” que gusta enredarse en problemas con sus vecinos y desconoce los acuerdos de asamblea; en tal caso, nuevamente toda la comunidad se verá agredida y podría llegar a expulsar a esa familia si no se “reforma”. En este mismo sentido se está hablando de los conflictos producidos por la comisión de “actos inmorales” (el “aborto” o el “adulterio”, por ejemplo)11, que vienen seguidos de una arrasante granizada o una fuerte helada que afecta las cosechas y que al entender de los comuneros es causada por tales actos, o del caso del comunero que no participa en la construcción de una obra comunal acordada previamente por su asamblea, o del comunero nombrado para ejercer un cargo y no lo cumple, o del incumplimiento en la ejecución del contrato de “alquiler” de los pastos comunales; o del hurto o “robo” que no ha sido aclarado por las partes y que llega a conocerse en asamblea comunal. En todos estos conflictos se puede distinguir la preocupación o el “sentimiento”, como dirían los propios comuneros, del conjunto de familias de cada comunidad por darle solución al problema. La asamblea comunal, incluso, se ve investida de facultades para imponer una solución, o “sancionar” a la familia responsable, dada la primacía del interés colectivo o comunal sobre el interés particular o familiar. Incluso puede apreciarse que en este tipo de conflictos destacan aquellos “pleitos” vinculados con su gobierno o el “progreso” comunal; por ejemplo, el caso del comunero que no participa en la construcción de alguna obra comunal o el del que no cumple el cargo que se le encomendó. En tales situaciones, se desbordan las típicas clasificaciones de lo civil, penal, 10

Cabe tener presente que el castigo sí tiende a individualizarse, aunque los efectos no dejan de ser siempre familiares.

11

Los “actos inmorales” tienen una particular explicación en las comunidades en estudio. En todas ellas fue posible encontrar la referencia a “errores”, “delitos” o “faltas graves” para resaltar el calificativo de “actos inmorales” y así involucrar los actos de “adulterio”, “aborto” y en algunos casos los de “agresión del hijo a la madre”. Pero cada uno de estos conceptos también tiene una particular explicación. El “adulterio” tiene como víctima y a su vez “culpable” a las viudas de las comunidades, y el “aborto” aparece como una práctica prohibida, derivado a su vez de las relaciones “adulterinas” también prohibidas. Ello puede explicarse por la inexistente o reducida práctica de reglas de control natal por parte de las familias comuneras. Para una mayor información del caso de “actos inmorales”, ver Peña (2000).

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agrario, administrativo o laboral del derecho oficial del Estado, convirtiéndose más bien en pretensiones colectivas de desarrollo de cada comunidad. Entre estos conflictos colectivos, a su vez, se deben distinguir dos subgrupos: los que tienen su origen en las relaciones familiares y que por su complejidad al interior de la comunidad o por la apreciación de los propios comuneros adquieren el carácter de colectivos, y los que tienen su origen en las relaciones propiamente colectivas. En cuanto a los conflictos colectivos de origen familiar cabe destacar en primer lugar aquellos en que, a pesar de involucrar particularmente a partes familiares y sus intereses, ellas no se ponen de acuerdo para poner fin al conflicto, no obstante la intervención de sus diferentes órganos de resolución familiar. Tal es el caso del conflicto de “riñas de pareja” en el que las partes no consiguen “arreglar” o ponerse de acuerdo sobre la reconciliación de los miembros de la pareja o su separación. Ello ocurre cuando una de las partes –principalmente los padres de uno de los miembros de la joven pareja– se resiste a aceptar la separación de la pareja, en tanto cree aún en la reconciliación. En tales condiciones, el conflicto es típicamente familiar, pero el hecho de que no puedan alcanzar el “arreglo” del conflicto hace que éste se conduzca a través de las autoridades de la comunidad o, en último caso, a través de las autoridades de la ciudad por recomendación de las autoridades de la propia comunidad. De otro lado, cabe destacar aquellos casos en los que el origen del conflicto está en el ámbito familiar, pero que por diversas circunstancias se ve conducido a superar este umbral y percibirse como colectivo. Así, pueden destacarse los casos de “riñas escandalosas” que, a pesar de involucrar el interés de dos familias principalmente, se tornan en colectivos al perturbar el orden comunal. Igualmente se pueden mencionar los casos de “actos inmorales”, como el “adulterio” y el “aborto”, en los que si bien se compromete el interés privado de las familias de la “agraviada” y del “inculpado”, la comunidad se siente afectada al relacionarlos con posibles “castigos de la naturaleza”, entendiendo que dicha comunidad debe intervenir para frenar tales actos. Dentro de este segundo subgrupo se destacan los casos de “violación”12 de “jovencitas”, que tienen su origen en la preocupación de los padres de la 12

En la significación de la palabra “violación” utilizada por los comuneros aymaras también hay un significado particular. Más que “violación” en términos del delito que normalmente tipifican códigos penales como el peruano y, en general, los latinoamericanos, destacan las características del delito o “falta” de la seducción. Se trata comúnmente del caso en que jóvenes mayores de edad (18 o más, de acuerdo con el ordenamiento jurídico peruano) abusan sexualmente de “jovencitas” menores de edad. En el registro de los libros de actas de las comunidades en estudio solo se pudo encontrar un caso que comprometía a personas mayores de edad, es decir bajo el supuesto de violación tal como aparece tipificado en los códigos penales. Al respecto puede verse el caso de Titihue: “Documento privado de la violación de domicilio de don RSS (con ofensas y daños) por FSS y VSS”, registrado con fecha 16-11-97, fojas 111-115, del Libro de Antecedentes.

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agraviada y en su relación con los padres del transgresor, pero que puede tornarse en un caso colectivo cuando no medie acuerdo y se insista en la aplicación de multas por parte de los padres ofendidos. Los conflictos de origen propiamente colectivo incluyen aquellos “pleitos” en donde se produce un daño al patrimonio de la comunidad o a la “imagen” de la propia comunidad. Son ejemplos, el caso de los ovinos de un comunero descuidado que afectan los andenes o el sembrío comunal, o una riña en la tienda comunal en la que resultan afectados parte de los muebles del local. A este subgrupo también se suman los conflictos que devienen del incumplimiento de un acuerdo de la asamblea comunal: la inasistencia a la faena comunal, la irresponsabilidad en la ejecución del cargo para el que fue designado, etc. A continuación se presenta una muestra de clasificación de los conflictos de las tres comunidades en estudio. En dicha clasificación se intenta

Cuadro 1 Calahuyo: Principales conflictos familiares registrados en actas Fuente Libro de Antecedentes Libro de Antecedentes Libro de Antecedentes Libro de Antecedentes Libro de Antecedentes Libro de Antecedentes Libro de Antecedentes Libro de Antecedentes Libro de Antecedentes Libro de Antecedentes Libro de Antecedentes

Fecha

Fojas

Denominación del conflicto

25-5-77

“Separación de convivientes”

13-6-77

“Devolución de dinero y del terreno en anticresis”

2-6-81

“Conciliación de pareja (de esposos) después de separación” “Divorcio o separación de esposos”

16-9-81 6-4-84

“Maltratos a la convivienta”

12-12-84

“Pérdida de dos gallinas y riña”

25-2-85

“Insolencias ante su persona y su familia”

28-01-91

51

“Arreglo armonioso” después de peleas por “insultos”

04-07-91

55

Peleas de pareja por “palabras malas y /o groserías”

— 12-91

57/8

— —1994

71/2

“Acta de arreglo (de linderos de terrenos de dos hermanos en riña)” “Acta olográfico (que sirve de base para partición de terreno)”

Fuente: Libro de Antecedentes de la Comunidad. Calahuyo. Antonio Alfonso Peña Jumpa. Poder judicial comunal aymara en el Sur Andino Colección En Clave de Sur. 1ª ed. ILSA, Bogotá D.C. Colombia, marzo de 2004

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distinguir entre conflictos familiares y comunales o colectivos y, dentro de éstos, entre aquellos que tienen un origen familiar y aquellos que tienen un origen propiamente colectivo.

Cuadro 2 Calahuyo: Conflictos comunales de origen familiar registrados en actas Fuente Libro de Antecedentes Libro de Antecedentes Libro de Antecedentes Libro de Antecedentes Libro de Antecedentes Libro de Antecedentes Libro de Actas III Libro de Antecedentes Libro de Antecedentes Libro de Antecedentes Libro de Antecedentes

Fecha

Fojas

Denominación del conflicto

29-8-77

“Riña de señoras por terreno”

17-7-79

“Riñas y lesiones (por rencores)”

19-2-81

“Riñas y lesiones (por rencores)”

4-5-81

“Riña y lesiones en fiesta de Santa Cruz”

8-5-81

“Riña y lesiones por usurpación de terrenos”

26-12-83

04-08-89

“Riña y lesiones por difamación. Daños en la tienda comunal” 25/26 “Acta de garantías personales (por riña de dos ‘familiares’)” 45/7 “Acta para no incurrir en insultos y peleas”

28-06-91

53/4

Peleas por pérdida de “Reloj marca Olma”

16-12-91

56

06-03-96

77/9

“Acta de demanda por parte del Teniente Gobernador (ante ‘pedido de garantías’ por peleas de hermanos)” “Acta de conciliación de los demandantes y demandados (por riñas y lesiones)”

24-06-89

Fuente: Libro de Antecedentes y Libros de Actas III de la Comunidad. Calahuyo.

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Cuadro 3 Calahuyo: Conflictos comunales de origen propiamente colectivo registrados en actas Fuente

Fecha

Libro de Actas I Libro de Actas I Libro de Actas I

23-9-74 14-10-76 23-11-76

Libro de Actas I

10-03-77

Libro de Actas I

21-3-77 4-4-77 11-7-77 26-10-77 12-12-77 17-9-79

Libro de Actas I Libro de Actas I Libro de Actas I Libro de Actas I

Libro de Actas I 4-9-79 Libro de Actas I 25-2-80 Libro de Actas I 11-11-80 Libro de Actas I 22-11-80 Libro de 22-9-81 Antecedentes Libro de Actas II 23-11-81 Libro de Actas II 03-07-84 Libro de Antecedentes Libro de Actas II

16-10-85

Libro de Actas

07-12-87

Libro de Antecedentes Libro de Antecedentes Libro de Antecedentes

04-01-88

07-11-87

Fojas Denominación del conflicto “Pérdida de la condición de comuneros de la familia C.” “Cambio de delegado comunal ante la Liga Agraria” “Cuestionamiento a comuneros que no quieren participar en la Comunidad” 106/8 “Acta de la reunión de autoridades del ámbito nuclear de Accoccoyo (en el que se identifica los terrenos que serán donados para poner fin a conflicto de colindancia con Comunidad Antacahua)” “Decisión para la toma de terreno abandonado” “Negativa de empadronamiento del señor A.U.Q.” “Llamada de atención a ausentes del trabajo comunal” “Cuestionamiento y multa a comunero” “Suspensión a comunero con su familia por vinculación con familia C. (enemiga)” “Destitución de Presidente del Consejo de Vigilancia” “Pérdida de burra negra” “Sanción a comunero traicionero de la Comunidad” “Acuerdo de cambio de profesora de escuela comunal” “Violación de menor” “Violación (adulterio) y aborto” 59/61 “Acta de arreglo de perdeda (daño) de papas (ocasionado por comuneros)” 39/40 “Faltas de buenas costumbres y otros (violación)”

08-02-88

161/3 “Acta de abandono del cargo del Presidente del Consejo de Administración” 171/2 “Acta de arreglo con el Presidente del Consejo de Administración” 41 “Acta de arreglo sobre daños ocasionados en la tierra comunal” 42 “Pérdida del dinero de la tienda comunal”

27-02-89

43/4

“Acta de sanción por pasar funciones del Presidente y Teniente Gobernador”

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Fuente

Fecha

Libro de Antecedentes

06-11-90

Libro de Actas III Libro de Actas III Libro de Actas III Libro de Antecedentes Libro de Actas III Libro de Actas III

24-04-91

Libro de Actas III Libro de Antecedentes Libro de Antecedentes Libro de Actas III Libro de Actas III Libro de Antecedentes Libro de Antecedentes Libro de Actas III Libro de Actas IV Libro de Actas IV Libro de Actas IV

12-06-91 15-06-92 18-06-92 19-06-92 29-06-92

12-08-92 20-01-93 22-03-93 08-11-93 27-06-94 22-08-94 10-10-94 03-02-97

28-11-97 29-12-97 25-01-99

Fojas

Denominación del conflicto

48/50 “Acta de demanda por parte del Teniente Gobernador (y aplicación de multa por no respetar la autoridad del Teniente)” 90 “Acta de Devolución de denero de los terrenos de la comunidad” 102/4 “Asamblea extraordinaria (para rechazar pedido de devolución de terrenos de ‘yernos’ de la comunidad)” 136/8 “Acta de derogación del cargo del teniente gobernador” 60/1 “Acta de sanción (a familia comunera) sobre los problemas ocasionados de la tierra comunal” 138/40“Acta de reconciliación (de comunero con la comunidad)” 148/50 “Sanción por falta de respeto a la comunidad de parte de la señora D.C. Vda. de L. (de la parcialidad de Quencha, incluye conflicto de terrenos)” 158/9 “Acta de abandono de cargo (del personal de servicio del Centro Educativo)” 62/4 “Confirmación y Bendición (por aborto y temor a castigos de la Naturaleza)” 65/6 “Acta de sanción por faltas y insultos a la Derictiva Comunal y comuneros en general” 220/2 “Reunión extraordinaria para tratar la Renuncia del Presidente de la Directiva Comunal” 261/7 “Acta de demarcación de hitos entre la comunidad de Pampa Amaru y Calahuyo” 67/70 “Acta de sanción por Robo de sies (6) ovejas de la Comunidad Huancho, Sec. Llachojani” 73/4 “Acta de asamblea General de la Comunidad de Calahuyo (por la perdida de Libros Caja e Inventario)” 376/8 “Acta de conciliación (del comité de la Tienda Comunal con la Comunidad –por recomendaciones del sub-prefecto)” 4/5 “Visita de Gobernador (y llamada atención para participar en mejoramiento de camino de herradura)” 15/7 “Problemas graves (robo) cometido por hijo de comunero” 49/52 “Acta de cambio de Director y Personal de Servicio del Centro Educativo de Menores...”

Fuente: Libros de Actas I, II, III y IV y Libro de Antecedentes. Calahuyo.

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Cuadro 4 Titihue: Principales conflictos familiares registrados en actas Fuente

Fecha

Libro de Antecedentes Libro de Antecedentes Libro de Antecedentes Libro de Antecedentes

16-03-91

16/8

16.03.91

18/20 Reconciliación de joven pareja luego de “separación y lios” 20/2 Reconciliación de dos comuneros por “faltamiento de palabra” 29/31 “Acta de compadeciencia, demandante C.T. Vda. de R., demandado: M.R.M, y esposa M.C.R. (riñas e insultos por conflictos de terrenos)” 63/6 “Arreglo sobre terreno ubicado en Jacha Titihue (entre familiares y con presencia de autoridades y comuneros)” 69/71 “Acta de separacion entre las personas N.M.M (y) Y. (M.L. de comunidad de Huancho)” 72/73 “Acta De Deligencia de Inventario (de dos jóvenes comuneros separados)” 105/7 “Acta de Separación de Cuerpos (de comuneros convivientes pertenecientes a Titihue y Chijullani)” 119/22 “Acta de Separación de Cuerpo (de comuneros convivientes)” 129/32 “Acta de comparendo familiar (violación de domicilio y supuesto abuso contra mujer sola)”

Libro de Antecedentes

27-05-91 24-07-91

19-01-95

Libro de 11-04-95 Antecedentes Libro de 15.04-95 Antecedentes Libro de 03-08-97 Antecedentes Libro de 29-11-97 Antecedentes Libro de 28-s/m–98 Antecedentes

Fojas Denominación del conflicto Riña por “palabras bruscas” entre dos familias

Fuente: Libro de Antecedentes 1990-1999. Titihue.

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Cuadro 5 Titihue: Principales conflictos comunales de origen familiar registrados en actas Fuente

Fecha

Fojas Denominación del conflicto

Libro de Antecedentes Libro de Antecedentes Libro de Antecedentes Libro de Antecedentes

28-08-90

3/6

23-01-91

6/9

05-02-91

9/12

19-02-91

12/6

Libro de Antecedentes

29-05-91

23/4

Libro de Antecedentes Libro de Antecedentes

08-03-94

34/7

27-09-94

38/50

Libro de Antecedentes

15-10-94

52/6

Libro de Antecedentes

19-03-97

92/5

Libro de Antecedentes

26-02-96

79/87

Libro de Antecedentes Libro de Antecedentes Libro de Antecedentes Libro de Actas de Asamblea Libro de Actas de Asamblea

13-03-96

96/8

16-11-97

111/5

— 11-97

115/8

28-01-99

127/9

28-05-99

164/5

“Acta de antecedentes (de comunero que maltrata a su hijo y tiene “líos” con padre político)” “Demanda sobre daños e insultos en contra de R.L.de R. por parte del menor A.R.M. y doña M.M.” “Acta violacion al domicilio de V.Q. Vda. de M. por hnos. R.C. (por conflicto de terreno)” “Demanda enterpuesta por la señora J.R.M. contra la señora M.M. y a su hijo meñor A.R. (riña con lesiones graves por apoderamiento de mallas de pescar)” “Acta de problemas de los convevientes don F.S. y doña S.C.R.C. (maltratos físicos en dos oportunidades contra conviviente)” “Acta de violación de Domicilio de R.M.R. por el hermano G.P.L.R. (por problemas de ‘chismes’)” “Acta de comparendo sobre delito conyugal del señor F.S. y la señora Viuda doña E.R.M. (riña y lesiones entre familiares por posible abandono de niños)” “Acta de comparendo sobre delito cometido de la señora viuda E.R.Vda. de L. y F.S.C. de parte de la parcialidad del Centro Poblado de Accoccollo por 2da. veces (con conciliación sobre futura situación de niños)” “Acta de esclarecimiento de los señores L.R.C. y H.R.C. (sobre riñas con insultos, ‘sentimientos de terrenos y otros’)” “Acta de robo de tres gallinas y dos ovinos de los señores L-R. y sus dos hijos (que finaliza en ‘acuerdo privado’)” “Amenazas” y “lesiones con arma blanca” en riña de comuneros “Documento privado de la violación de domicilio de don R.S.S. (con ofensas y daños) por F.S.S. y V.S.S.” “Acta de Comparencia (por riña y lesiones propiciadas por ‘yernos’ de la comunidad)” Asamblea general que incluye “del esclarecimiento (del conflicto) de dos comuneros” “Acta de comparescencia (por ‘abusos’, ‘daños de parcelas de totorales con animales’, incluye fijación de colindancia)”

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Fuente

Fecha

Libro de Actas de Asamblea

14-06-99

Libro de Actas de Asamblea

02-08-99

Fojas Denominación del conflicto 168/73 “Asamblea extraordinaria (en la que se resuelve conflicto de terrenos de comuneros mediante ofrecimiento de ‘donación’)” 182/6 “Asamblea extraordinaria (en la que se incluye conciliación ‘en buena armonía’ de comuneros en riña, con pago de multa)”

Fuente: Libro de Antecedentes 1990-1999 y Libro de Actas de Asamblea General 1998-1999. Titihue.

Cuadro 6 Titihue: Principales conflictos comunales de origen propiamente colectivo registrados en actas Fuente

Fecha

Fojas

Denominación del conflicto

Libro de Antecedentes Libro de Antecedentes Libro de Antecedentes Libro de Antecedentes

06-07-90

24/6

“Decomiso de mallas de pescar”

06-07-99

27/9

22-12-92

32/34

17-11-94

57/62

Libro de Antecedentes

08-02-95

66/8

Libro de Antecedentes

08-09-95

74/8

Libro de Antecedentes

02-03-96

87/91

Libro de Antecedentes Libro de Antecedentes Libro de Antecedentes

12-01-97

99/103

23-05-97

103/5

06-09-97

108/11

15-01-98

123-5

Registro de incidente por “decomiso de mallas de pescar” “Robo del cuarto (del Director de la Escuela Primaria) por menores J.E.M. y R.R.R.” “Acta de robo de Bicicleta del alumno E.C.Q. (y robo de vaca, ovino y otros) por (el joven) J.R.R. (y otros jóvenes)” “Acta de Esclarecimiento la situación del Ex-Comunero M.R.B. (expulsado por ‘errores y mal comportamiento’ y quien se encuentra empadronado en otra comunidad)” “Acta de compareciencia (por) el delito cometido (del) comunero M.R.B. (y aceptación de su retorno a la comunidad)” “Acta de compadeciencia sobre el robo cometido del joven F.R. (de redes de pescar de comunidad de Yanaoco)” “Acta de compromiso y arreglo de robo de un ganado (vaca) por J.E.M.” Confirman y exigen cumplimiento de sanción a comunero por “expulsión de dos comunidades” Llamada de atención y sanción a comunero D.M.R. por ofender a autoridades y por haber “convevido con señora D.L. sin terminar con la primera” Robo de Ganado en Jasana Chico-Samán con “detención” en Titihue de supuesto “complice”

Libro de Antecedentes

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Fuente

Fecha

Libro de Antecedentes

16-01-98

Libro de Actas 10-07-98 de Asamblea Libro de 06-08-98 Antecedentes

Libro de Actas de Asamblea Libro de Actas de Asamblea Libro de Actas de Asamblea

25-01-99 26-04-99 21-05-99

Libro de Actas de Asamblea

21-05-99

Libro de Actas de Asamblea Libro de Actas de Asamblea

26-05-99 02-06-99

Libro de Actas 30-08-99 de Asamblea Libro de Actas 30-08-99 de Asamblea Libro de Actas de Asamblea

29-09-99

Fojas

Denominación del conflicto

125/9 Manifestación de “honorabilidad e inocencia” de supuesto inculpado de robo de ganado en Jasana Chico-Samán 51/4 “Asamblea Extraordinaria (en la que se incluye problemas al daño del totoral comunal)” 133/7 “Acta de Antecedentes de Robo de Animal de una vaca color brones (Brown Swiss) de hermano B.R.L.,que cometió de robo por el joven militar E.R.M. (servicio activo)” 124/7 Asamblea general en la que se aprueba “parcelación de terreno en litigo” 152/5 Asamblea general en la que se incluye requerimiento a comuneros morosos sobre “deuda de pagar ovinos” 156/8 Asamblea general que incluye llamada de atención por daños a totorales y deciden que “ya no debe ingresar los ovinos” 156/8 Asamblea general en la que se confirma “cambio definitivo” de profesor de escuela con informe de denuncia a la fiscalía. 159/60 Llamada de atención a comunero por “difamar a todas las autoridades” 166/7 Llamada de atención por “invasión de terreno comunal” y decisión de continuar trámite judicial contra comuneros “negativos” 186/90 “Asamblea ordinaria (en la que se llama la atención por daño a terreno comunal y se convoca a trabajo comunal waru waru)” 186/90 “Asamblea ordinaria (en que se resuelve caso de ‘perdida de cable de la Asociación de Club de Madres’ –robo)” 190/3 “Asamblea ordenaria (en la que se decide la exclusión del sector Pampa en el trabajo comunal de terreno en conflicto ubicadoen dicho sector)

Fuente: Libro de Antecedentes 1990-1999 y Libro de Actas de Asamblea General 1998-1999. Titihue.

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Cuadro 7 Tiquirini-Totería: Principales conflictos familiares registrados en actas Fuente

Fecha

Fojas Denominación del conflicto

Libro del Teniente 13-10-93 3/5

“Acta (parar) evitar responsabilidad de los niños A. y M. (huérfanos de Padre)” Libro del Teniente 19-03-94 14/6 “Constancia de verificación de linderos y (fijación de hitos sobre terrenos en conflicto)” Libro del Teniente 31.03.94 16/8 “Acta de Consiliación (de pareja de casados)” Libro del Teniente 15-02-94 24/5 Certificación de juez de paz de 1ra. Nominación para dar inicio al Acta deDefinición de parcelas del “finado” J.T.M. Libro del Teniente 14-04-94 18/24 “Acta de definision de las parcelas pertenecientes del finado, J.T.M. (con la fijación de los hitos correspondientes)” Libro del Teniente 22-07-94 31/3 Maltrato de Menor y acuerdo sobre devolución de niño dado en “adopción” Libro del Teniente 01-04-96 64/5 “Acta de arreglo de lenderos ‘sin daños graves’ (con fijación de ‘hitos’)” Libro del Teniente 18-12-96 71/2 “Solución armoniosa” sobre terreno en disputa que elude “Demanda interpuesta ante Sub-prefectura” Libro del Teniente 04-11-97 106/7 “Conste el presente acta de transacción comparendo (por problemas de colindancia y daños de las chacras y pastizales)” Libro del Teniente 27-02-99 127 “Acta de Demarcación de Hitos o Linderos (sobre dos parcelas de terreno familiares)” Fuente: Libro de Antecedentes del Teniente Gobernador 1993-1999. Tiquirini-Totería.

Cuadro 8 Tiquirini-Totería: Principales conflictos comunales de origen familiar registrados en actas Fuente

Fecha

Fojas Denominación del conflicto

Libro del Teniente 25-10-93 10/11 “Acta de comparendo entre una familia (agresión por ‘problema de terreno’)” Libro del Teniente 26-04-95 52/3 “Acta de conciliación ( y sanción por riña, ofensas y ‘daños’ personales entre familias)” Fuente: Libro de Antecedentes del Teniente Gobernador 1993-1999. Tiquirini-Totería.

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Cuadro 9 Tiquirini-Totería: Principales conflictos comunales de origen propiamente colectivo registrados en actas Fuente

Fecha

Fojas

Denominación del conflicto

Libro del Teniente 18-10-93 5/6 Libro del Teniente 22-10-93 Libro del Teniente 09-07-94

Libro del Teniente 03-01-95

Libro del Teniente 16-01-95

Libro del Teniente 02-01-96

Libro del Teniente 19-10-96 Libro del Teniente s/d-02-97

Libro del Teniente 28-02-97

Libro del Teniente 29-03-97

Libro del Teniente 16-08-97

Libro del Teniente 17-08-97

Libro del Teniente 06-09-97

“Acta de secion de la Directiva Comunal (carta de renuncia del presidente)” 7/9 “Acta de Asamblea Ordinaria (donde se llama la atención del presidente y se decide su renuncia)” 29/30 “Acta de Asamblea Extraordinaria (en la que se cumple con apoyar investigaciones de causas de incendio ocurrido en una comunidad vecina –Cuyuraya– a pedido de Juez de Paz de 2da. Nominación)” 44/8 “Acta de asamblea ordinaria (incluye conflicto de ‘desmembramiento’ de Comunidad mayor, y cuentas de pagos de abogado)” 50/1 “Acta de constitución de empresa comunal (incluye acuerdo de aportes y fijación de obligaciones, así como continuación del conflicto de ‘desmembramiento’)” 56/8 “Acta de Asamblea Ordenaria del año 1996 (incluye caso de enriquecimiento de miembro de comisión, y “medida desciplinaria” contra autoridades)” 73/4 Requerimiento para que comunero cumpla con “el cargo de teniente gobernador” 81/3 “Reunión extraordinaria (en la que se pone en conocimiento intervención De Liga Agraria para solucionar conflicto de ‘desmembramiento’ con comunidad mayor)” 83/6 “Asamblea extraordinaria (en la que se comunica corte de trámite de entrega de credenciales del Ministerio de Agricultura por problema de desmembramiento)” 87/90 “Acta de asamblea extraordinaria (sobre ‘asunto’ o cuestionamiento al Presidente de la comunidad -incluye informe de trámite de oposición de titulación de comunidad ‘desmembrada’)” 96/7 “Acta de Desmembramiento del territorio comunal de la comunidad campesina de Quishuarani Tiquirini (confirmación)” 93/5 “Acta de visita de los Equipos de Titulación de Puno Zona Huancané (para fijación de colindancia, levantamiento topográfico y posterior titulación)” 98/101 “Acta de Asamblea Ordinaria (en la que se debate problemas y pagos indebidos en la titulación de la comunidad)”

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Fecha

Fojas

Denominación del conflicto

Libro del Teniente 03-11-97 102/5 “Acta de Asamblea Ordinaria (en la que se discute problemas en la titulación de tierras, nombre de la comunidad y colindancia con comunidad Chijichaya)” Fuente: Libro de Antecedentes del Teniente Gobernador 1993-1999. Tiquirini-Totería.

Análisis comparativo de los cuadros presentados Los anteriores cuadros, que resaltan una cantidad significativa de los “pleitos comunes”, ilustran la diversidad de conflictos presentes en las comunidades en estudio. Si bien no es posible establecer una comparación simétrica a partir de la muestra presentada (de un lado, Titihue aparece como una comunidad de mayores dimensiones que Calahuyo y Tiquirini-Totería, y, de otro lado, no obstante haber incluido la revisión del total de libros de actas de Calahuyo, el referente para las otras comunidades solo ha sido el Libro de Antecedentes o el del Teniente Gobernador), los cuadros orientan algunos comentarios e interpretaciones que ayudan a una mayor comprensión del tema de sus conflictos. 1. Una comparación preliminar tiene que ver con la dimensión de los conflictos. Titihue es la comunidad que puede exhibir una variedad y, a su vez, un completo registro de sus conflictos de acuerdo con la clasificación propuesta; le sigue Calahuyo y después Tiquirini-Totería. Teniendo en cuenta que sólo se ha recurrido a uno de los libros principales de Titihue, así como a uno de los libros centrales de Tiquirini-Totería, en comparación con la totalidad de los libros de Calahuyo, se puede apreciar la diversidad de conflictos que involucran terminología normalmente usada por el poder judicial estatal cuando califica lo patrimonial, lo familiar, lo administrativo, lo penal, lo político, entre otros. Por ejemplo, los casos de “robos” en Titihue aparecen con diversas expresiones, que involucran desde la indebida apropiación de una “malla de pescar”, hasta la “pérdida” o “extravío” de un ganado ovino o vacuno. En dichos casos, si bien la terminología aparece relacionada con el derecho penal tal como es entendido desde el poder judicial estatal, en la percepción de los comuneros, el conflicto se disemina entre lo familiar y lo comunal dependiendo de las circunstancias13. La diversidad de conflictos presentados en Titihue puede tener su explicación en la dimensión de la propia comunidad que abarca un total de 1.240 comuneros en sus tres sectores. Sin embargo, a ello también se puede sumar la presencia organizada de la comunidad que, a través 13

En los subcapítulos siguientes se procura demostrar cómo se asume el procedimiento de resolución, y los acuerdos y formas de ejecución de dichos conflictos, que no tienen necesariamente una percepción punitiva como es normal dentro de los sistemas oficiales de resolución de conflictos.

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de sus tres sectores y su directiva comunal, se preocupa por guardar los antecedentes de sus comuneros, así como los principales documentos que identifican a la comunidad14. 2. Del total de la muestra se puede afirmar que existen determinados tipos de conflictos que se destacan como principales en cada uno de los tres grupos previamente delimitados: los conflictos de interés familiar, los conflictos de interés comunal pero de origen familiar y los conflictos comunales de origen propiamente colectivo. Dentro del grupo de conflictos familiares destacan los casos de “separación o conciliación de convivientes” o “separación o conciliación de casados”, como también los conflictos de “ofensas” o “pleitos” entre miembros de familias nucleares diferentes. Dentro del grupo de conflictos colectivos de origen familiar destacan los casos de “riñas” con “lesiones”, producto de los conflictos familiares por “insultos” o “conflictos de linderos”. Por último, dentro del grupo de conflictos comunales de origen propiamente colectivos destacan los que corresponden a los casos de “incumplimiento de acuerdos comunales”, como la “falta de respeto a las autoridades comunales”, así como los casos de “robos” de ganado u otros bienes al interior de la comunidad. Cada uno de los conflictos identificados como principales en el grupo de las comunidades en estudio tiene, a su vez, una particularidad y variación de acuerdo con cada comunidad, con las partes o familias interventoras, y con las circunstancias y la organización comunal. De ello se puede deducir que es aún más variada o diversa la presentación de los conflictos en las comunidades aymaras. 3. Si bien se puede apreciar una diversidad de conflictos, su registro no resulta cuantitativamente sorprendente. Durante el período 1990 a 1999 (10 años) puede cuantificarse el total de conflictos registrados en las comunidades en estudio de la siguiente manera: Calahuyo (1990-99)

Titihue Tiquirini-Totería (1990-99) (1993-99)

Conflictos de interés familiar

4

10

10

Conflictos comunales de origen familiar

3

17

2

Conflictos comunales de origen colectivo

18

23

14

TOTALES

25

50

26

14

Como un dato más sobre la organización de la comunidad, cabe señalar la importancia que cada sector da a sus asambleas y a la resolución de los conflictos que se suscitan a su interior. Cada sector lleva un registro pormenorizado de los acuerdos de la asamblea del sector y a través de su teniente gobernador moviliza en corto tiempo la convocatoria de “audiencias” para resolver las controversias de sus miembros.

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Puede apreciarse que Titihue, además de tener el registro de los casos más diversos (ver comentario 1), también posee el mayor número de casos registrados: tiene el doble de conflictos registrados por Calahuyo y Tiquirini-Totería. De otra parte, del total registrado por cada una de las tres comunidades, aparece como principal tipo de conflicto el referido al grupo denominado “comunal de origen propiamente colectivo”. De estos datos, en Calahuyo y Titihue tal grupo de conflictos aparece como proporcionalmente más grande que los otros grupos de conflictos. En el caso de Calahuyo, incluso se puede afirmar que el 70% de sus conflictos aparecen registrados en dicho grupo. El número de conflictos registrados en actas puede mostrar un referente importante de los casos que pudieron ser canalizados por las comunidades en estudio ante el poder judicial del Estado. Como se ha explicado, de no mediar la organización comunal los comuneros tendrían que recurrir ante las instancias de los juzgados rurales o de la ciudad para someter sus conflictos. Pues bien, es normal dentro de la percepción de los comuneros someter los conflictos que no pueden resolver ellos mismos, lo que significa que el número de conflictos que se someten es el que aparece registrado en actas, bajo las cantidades indicadas15. La estadística presentada y el comentario anterior son útiles para aclarar algunas interpretaciones que llevan a sustentar que los “indígenas son pleitistas por naturaleza”16 o que “en el campo no existe orden o es normal que anden de pleito en pleito”. Por el contrario, se puede apreciar que poblaciones de más de 1.200 habitantes como Titihue solo registran un total de 50 conflictos importantes en un período de 10 años. Ello significa un promedio de 5 conflictos por año, o menos de medio conflicto por mes. Si comparamos dichas cantidades con el nivel de litigiosidad de la ciudad, distinguiendo entre zonas urbano-marginales y zonas urbanizadas, con seguridad el porcentaje es mayor17. 15

Como explico en la siguiente sección, existe un gran número de conflictos suscitados entre los comuneros que no se conducen bajo el criterio de registro en actas. Dada la propia organización de la comunidad, la creencia en la “palabra del otro”, como el principio del honor familiar, hace posible evitar el propio registro del caso indicado. En las páginas siguientes se desarrollarán estos aspectos.

16

Al respecto, ver Franklin Pease G.Y. (1996), quien desde una perspectiva histórica muestra el problema de la confrontación de las “leyes nuevas” y los usos y costumbres de los “indios”, y señala cómo “se pensaba que los pobladores americanos –obviamente los andinos– hacían un exagerado uso de los pleitos judiciales” (1996, 27). Véase también Ralph y Charlene Bolton (1975), quienes a partir del estudio de los conflictos familiares en una comunidad quechua del Sur Andino consideran a los comuneros como “pleitistas”.

17

Carezco de información precisa sobre estas estadísticas, pero se puede deducir la cifra a partir de las cantidades de conflictos que se someten a los distritos judiciales, promediados por el total de la población. En el caso de Lima, por ejemplo, para el año 1998 sus 77 fiscalías provinciales contra el delito (INEI 1999, 583) registraron un total de 35.097 delitos (INEI 1999, 589-590). Teniendo en cuenta que en 1998 la población de Lima ha sido calculada en 7.195.000 (Webb y

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4. Existen limitaciones para una interpretación completa a partir sólo de las denominaciones y registros de los conflictos de las comunidades estudiadas. En la denominación o título específico del conflicto asumido por los propios comuneros no se incluye necesariamente el total de la información central que se registra en cada acta, y dentro de ésta tampoco se registra la riqueza del debate, del procedimiento de resolución, la toma del acuerdo o sanción o su forma de ejecución. Sobre las limitaciones de la denominación del conflicto se puede tomar como ejemplo el caso de las “riñas y lesiones”. En estos, que he identificado como conflictos comunales de origen familiar, es normal que en el acta donde se registra el conflicto se coloque como título la denominación “conciliación de riña y lesiones”, “conciliación en buena armonía” o simplemente “riñas y lesiones”. Pero no aparece la referencia causal de dichas riñas y lesiones, que pudieron deberse particularmente al conflicto de parcelas o a los incumplimientos de obligaciones familiares o comunales como pueden ser los casos de ayni o faenas comunales. En relación con las limitaciones del contenido de las actas registradas, cabe anotar que los conflictos se resuelven con una sabiduría y pragmatismo que sólo los comuneros aymaras pueden desarrollar. Es como si se tratara de especialistas conocedores del mejor procedimiento de resolución de los conflictos sometidos y pueden ser denominados, sin ninguna reserva, como expertos. Dependiendo del tipo de conflicto, el procedimiento de resolución puede comprender el desarrollo de un diálogo corto o largo –si es un conflicto de tipo familiar– o la combinación del diálogo y un debate colectivo –si es un conflicto de tipo colectivo–, ambos en idioma aymara. En los diferentes diálogos y debates intervienen numerosos aspectos o elementos que finalmente no se registran; sólo la síntesis o el resumen de éstos y excepcionalmente alguBaca 1999, 221), dividida entre 1.200 –referente de la comunidad de Titihue utilizado como medida– se obtiene la cantidad de 5.996 unidades; en otras palabras, Lima se compone de 5.996 comunidades semejantes a Titihue. Al dividir los 35.097 delitos registrados entre las 5.996 unidades, se tienen 5,85 delitos registrados a nivel de las fiscalías provinciales al año 1998 por cada 1.200 habitantes. Ello significa que el número de conflictos registrados en la totalidad de fiscalías provinciales es solo ligeramente mayor al promedio de 5 conflictos por año en comunidades como Titihue. Sin embargo, si al total de los 35.097 delitos registrados sumamos los delitos intervenidos por la Policía Nacional en el mismo departamento de Lima, tenemos un adicional de 47.160 delitos (el INEI, 1999, registra 82.257 intervenciones en 1998, a las que descontamos el total de delitos registrado por las fiscalías provinciales). Más aún, si sumamos el total de intervenciones por faltas de la misma Policía Nacional, que ascienden a 53.879 al año 1998 (INEI 1999, 497), tendremos un total de 136.136 conflictos penales registrados en Lima durante el año 1998, que dividido entre las 5.996 unidades, arroja un resultado de 22,70 conflictos por cada 1.200 habitantes en Lima. Esta última cifra sí es proporcionalmente mayor –más de cuatro veces– al total de conflictos que hemos registrado en comunidades como Titihue. Pero, más aún, dicha proporción se duplica si sumamos a ese total de conflictos penales el total de conflictos civiles registrados en los juzgados civiles y juzgados de paz letrados del mismo Departamento de Lima.

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nos aspectos. El registro se realiza en un idioma diferente al utilizado regularmente en los diálogos o debates: se escribe en un castellano muchas veces difícil de entender, después de la discusión en aymara o paralelamente a ésta. Es más, la dimensión de los sistemas de resolución puede comprender el desarrollo de reuniones, diálogos o debates paralelos –anteriores o posteriores– a los que dirigen los órganos de resolución, que son abordados por la familia o la parentela, o el intercambio de las mismas entre familias o parentelas vecinas. En el caso de Titihue, por ejemplo, es común que muchos detalles del procedimiento de resolución se registren, como la síntesis del contenido o los testimonios de las partes y de los comuneros participantes en la resolución del conflicto18, pero no se incluyen las conversaciones previas de las partes involucradas, las intervenciones de la familia o parentela, la intervención del padre o la madre que antes de la reunión ante los órganos de resolución llamó la atención al hijo que indebidamente sustrajo un bien de la escuela, o la llamada de atención del profesor o del director en el mismo caso. Ambos límites pueden demostrar la necesidad del desarrollo de un trabajo de campo permanente para intentar comprender la dimensión de los conflictos que aparecen registrados. 5. Los casos o conflictos que se registran se encuentran relacionados con las instituciones sociales, económicas o culturales que identifican a los comuneros aymaras de las comunidades en estudio. Los típicos conflictos de pareja, por ejemplo, están relacionados con los conceptos implícitos de matrimonio o familia que tienen las partes en conflictos. En el mismo sentido, las “riñas y lesiones” o “faltamiento de palabra” están relacionados con la concepción de familia, los roles de los miembros familiares, la sucesión del patrimonio familiar, las formas de organización económica, el respeto del honor como parte de su identidad cultural, la posesión o titularidad sobre sus tierras, las prestaciones de trabajo en forma recíproca (ayni), entre otros. Asimismo, las tipificaciones que los propios comuneros asumen como casos de “robos” pueden ayudarnos a entender la prioridad que otorgan a determinados recursos o bienes patrimoniales, como una cabeza de ganado vacuno u ovino, la malla que utilizan para pescar o el radio o el televisor de pilas o batería. Los casos de incumplimiento de los cargos o de “falta de respeto” a las autoridades también pueden mostrarnos la importancia de la organización comunal fundada en sus autoridades y su asamblea comunal. 18

Al respecto pueden consultarse las transcripciones de algunas de las actas del Libro de Antecedentes de Titihue que se citan en los subcapítulos siguientes (sobre “los acuerdos o decisiones finales” y “la racionalidad de las partes”). Ver particularmente la cita que aparece en la parte final del presente capítulo.

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Por último, como ejemplo, podemos afirmar que los casos de sanción por actos inmorales, como el aborto o el adulterio, pueden fácilmente relacionarse con la identidad cosmogónica que envuelve a los comuneros19. 6. Entre los casos citados se destaca la presencia de algunos conflictos que se identifican con la particular ubicación geográfica de la comunidad en estudio o también con su particular contexto social. El “decomiso de mallas”, por ejemplo, es un caso particular relacionado con la posesión de mallas de pescar, comunes entre los comuneros de Titihue por su ubicación a orillas del lago. En Calahuyo y Tiquirini-Totería, la referencia a tales casos es extraña, en tanto carecen de cercanía al lago, y el río –que podría ser otro referente para ambas comunidades– no tiene las características ecológicas del lago. En el mismo sentido, el registro de casos de robo de ganado es más común en Titihue, en tanto cuentan con más vacunos u ovinos que las otras comunidades, debido a la abundancia de llachu y pastos como alimento para el ganado. En este último caso, nuevamente la ubicación geográfica de Titihue es la que brinda esas facilidades: el llachu proviene de la orilla del lago y la gran extensión de sus cerros también le provee de pastos. De otro lado, el registro de numerosos casos relacionados con la organización comunal y con las autoridades oficiales de la ciudad resulta más notorio en Tiquirini-Totería que en Titihue o Calahuyo, debido al problema de “desmembramiento” que tuvo que afrontar dicha comunidad respecto a la comunidad mayor, Quishuarani-Tiquirini. Casos como los de “Asamblea ordinaria para ver cuentas de los abogados”, “medida disciplinaria contra autoridades”, “intervención de la Liga Agraria para resolver conflicto de desmembramiento”, “trámite de entrega de credenciales de parte del Ministerio de Agricultura”, entre otros20, pueden mostrarnos la particular situación de la comunidad de Tiquirini-Totería en su coyuntura de “desmembramiento”21.

19

Al respecto, ver el capítulo 3, donde describo el contexto social, económico y cultural. En un estudio anterior (Peña 1998) identifiqué tales aspectos como las bases de la justicia comunal que, en términos del presente trabajo, son las bases del poder judicial comunal.

20

Al respecto, revisar el cuadro 9, sobre principales conflictos comunales de origen propiamente colectivo registrados en actas por parte de la comunidad de Tiquirini-Totería.

21

El problema del “desmembramiento” de la comunidad de Tiquirini-Totería también podría dar una explicación sobre el registro mínimo de los casos comunales de origen familiar de dicha comunidad (solo dos casos registrados, de acuerdo con nuestra interpretación). Ello se debería a la importancia o preferencia de sus autoridades por identificar conflictos comunales de origen propiamente colectivo, relacionados con el problema de “desmembramiento”, que habría “absorbido” los anteriores.

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LOS ÓRGANOS DE RESOLUCIÓN Y SUS PROCEDIMIENTOS La expresión “órganos de resolución” se refiere a las personas o autoridades que intervienen en la resolución de conflictos de la comunidad. Son muchas las personas que participan en dicha labor, por lo que resulta difícil determinar cuál es la “jurisdicción” o “competencia” de cada una de ellas. En términos generales, se puede hablar de dos grupos de órganos de resolución que tienen su base en la misma estructura organizativa de las comunidades y que siguen la propia configuración de sus conflictos, tal como se han clasificado antes. De un lado están los que se podrían denominar órganos familiares-parentales u órganos “informales” de resolución de conflictos. De otro lado están los que se pueden denominar órganos político-comunales u órganos “formales” de resolución de conflictos22. En ambos casos se aprecian distintos tipos de conflictos y procedimientos con los que se desarrollan.

Los órganos familiares-parentales o informales Tal calificación corresponde a las personas legitimadas y con representación familiar que son convocadas para la resolución de un conflicto de interés familiar, particular o privado. La legitimación de estos órganos puede encontrarse en la tradición de la propia organización familiar patrilineal que los identifica y en su capacidad de ser considerados como “buenos comuneros”, respetuosos de las “buenas costumbres y el orden”23 de la comunidad. De otro lado, la representación familiar a dichos órganos se encuentra en la calidad de ser prioritariamente –cada uno de estos órganos– un “individuo-familia” o ser parte de un núcleo o parentela familiar; es decir, ser hijo, ser padre, ser abuelo, ser padrino o ahijado, o ser hermano mayor de una familia nuclear o extendida24. Bajo la perspectiva de esta relación familiar y teniendo en cuenta la legitimidad del actor convocado, se pueden identificar los siguientes tipos de órganos de resolución: 1. Los miembros mayores de la familia nuclear (el padre o esposo, o el hermano mayor, por ejemplo) o del parentesco consanguíneo (el tío o los abuelos, por ejemplo). Actúan en general como representantes de 22

La referencia a lo “informal” y “formal”, utilizada para la presente clasificación, está relacionada con las características que sobre el derecho “material” y “formal” hace Max Weber (1974): con el primero se refiere a aquel derecho que recurre al arbitrio del legislador o al sentimiento personal del juez sin necesidad de normas generales; con el segundo se refiere al legislador y al juez que deciden basándose en precedentes o normas ya estatuidas y codificadas. Al respecto, ver Treves (1988, capítulo 5), quien presenta esquemáticamente estos tipos de derecho.

23

La referencia a “buenas costumbres y orden” es permanentemente citada en los estatutos y reglamento de las comunidades en estudio.

24

Al respecto, ver el capítulo 3, en donde se hace referencia a la composición y relaciones de la familia nuclear y parental.

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los pleitistas o como mediadores, asumiendo la búsqueda de un “arreglo” a favor de ellos. 2. Los padrinos o compadres de matrimonio o bautizo, para los casos en que sus ahijados o compadres fuesen parte de algún conflicto particular. 3. Las propias partes familiares, a través de sus responsables directos, quienes mediante un diálogo horizontal pueden llegar a un “arreglo”. Destaquemos siempre que las tratativas y acuerdos se asumen como representación familiar. 4. Los comuneros ancianos, quienes siempre son parientes o la estima que se siente por ellos hace como si lo fueran. En el pasado, por su gran experiencia, eran los más recurridos para resolver cualquier conflicto. Hoy están más a un nivel de consulta o asesoría, aunque muchas veces pueden ser mediadores. La identificación y vigencia de estos órganos no se encuentra en una ley del Estado o en una norma expresa local, sino en el “sentimiento”25 y el significado histórico que los comuneros han dado a sus relaciones económicas, sociales y culturales desde su ámbito familiar. La práctica permanente de lo familiar-parental como unidad económica, social y cultural ha hecho que frente al evento de un conflicto los comuneros tengan como referencia a los propios actores del entorno familiar, a quienes se les entiende como conocedores objetivos de cada una de esas unidades. Esta identificación está sobreentendida y no necesita estar escrita, de ahí que lo “informal” de su actuación, desde un punto de vista de las autoridades oficiales del Estado, se vea desbordado por un contenido de obligatoriedad, difícil de comprender y repetir desde la actuación o decisión “formal”. Dichos órganos familiares, además, gozan de una particular simpatía. La comprensión y paciencia en la labor de estos órganos, les otorga un especial “cariño” y reconocimiento de los comuneros “pleitistas” o partes del conflicto, que solo recurrirán a las autoridades comunales o a la asamblea comunal con el objeto de respaldar o ratificar los acuerdos o decisiones de tales órganos.

El procedimiento de resolución de los órganos familiares La actuación de los órganos familiares es bastante común en el conjunto de las comunidades en estudio. El universo de cada una de ellas es la familia nuclear o extendida, con una cercanía geográfica y ecológica, lo que puede llevar a sustentar su proximidad en la forma de actuar y razonar26. 25

La palabra “sentimiento” es muy usada por los comuneros en la vida diaria y en la resolución de sus conflictos en forma semejante al término “cariño”, que expresa cercanía, seguridad, proximidad, amor a las cosas o a su entorno familiar o comunal.

26

Una de las comunidades en estudio pertenece al piso ecológico de la zona lago y dos al piso ecológico de la zona intermedia. Como se vio, entre ambos pisos ecológicos la diferencia es mínima (ver capítulo 3). Una diferencia sustancial sí podría presentarse entre las anteriores

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Veamos en forma general los principales aspectos que involucran el procedimiento de estos órganos. En cuanto a los tipos de conflictos de su competencia, los órganos familiares-parentales están orientados a la resolución de los pleitos particulares o de interés familiar de cada comunidad, principalmente a los conflictos de pareja o de familia (“maltratos”, “adulterio”, “separación de convivientes” o “divorcio”, entre otros). Pero, también resuelven conflictos sobre linderos de parcelas, “riñas” entre dos comuneros o el incumplimiento de algún contrato de “anticresis” o “alquiler”. En todos, la relación familiar-parental propiciará el inicio –si la autoridad comunal definitivamente interviene– o la definitiva solución satisfactoria. Frente a tales conflictos, los órganos familiares o informales actúan con un cierto grado de especialización. Por ejemplo, los pleitos de pareja son propios de los padres y padrinos, si aquella es casada, y únicamente de los padres, si es conviviente; los problemas de parcelas de tierras o linderos, precedidas generalmente de una riña, recaen en los parientes mayores o en los ancianos, en quienes reposa el mayor conocimiento sobre las extensiones de los terrenos y en quienes se confía el arribo a un buen “arreglo” para la fijación de los “hitos”27. En el mismo sentido, el conflicto derivado del incumplimiento de un contrato tiene los órganos de resolución en las propias manos de las partes privadas. Es importante aclarar, sin embargo, que esta “cierta especialización” es compleja y nunca definitiva, pues puede ocurrir que los órganos se entrecrucen: por ejemplo, que el pleito de linderos se resuelva por las mismas partes o que en el conflicto de familia intervenga además un anciano consejero. La “cierta especialización” encuentra un mayor sustento en el hecho de que las propias partes involucradas en el pleito son las encargadas de decidir el órgano que ha de intervenir. Sin embargo, hay situaciones en las que es una obligación del órgano asumir el conflicto. Por ejemplo, el conflicto de pareja donde los padres o los padrinos, si la pareja es casada, intervienen obligatoriamente. Así, una “separación de convivientes” o “conciliación de convivientes” no se entenderá válida si previamente no ha existido el consentimiento o “sentimiento” de los padres28; en el mismo sentido, una

comunidades y una del piso ecológico de la puna, debido a las diferencias del medio y a las actividades que practican. Sin embargo, en reiteradas entrevistas con comuneros residentes en estas zonas altas, pude comprobar una intervención semejante de órganos familiares en los procedimientos de resolución de conflictos de su “competencia”. 27

Con la palabra “hitos” los comuneros se refieren a medios o instrumentos que en forma permanente son fijados en la frontera de dos terrenos. Tales medios o instrumentos pueden consistir en piedras o plantaciones preparadas o sembradas para tal fin.

28

Por ejemplo, ver Titihue: “Acta de separación de cuerpos (de comuneros convivientes)”, en Libro de Antecedentes, 29-11-97; Calahuyo: “Maltrato a la convivienta (y posterior conciliación)”, en Libro de Antecedentes del Teniente, 6-4-84.

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“separación de casados” o una “conciliación de casados” no se entenderá válida sin la intervención de los padrinos29. Con respecto a los medios o instrumentos con los cuales los órganos familiares-parentales resuelven, se deben destacar el diálogo y la opinión. El diálogo, en lengua materna aymara, suele realizarse directamente entre las partes privadas responsables, o a través del familiar o pariente mayor en quien más se confíe. Es la manera más práctica y común de “arreglar” el pleito. En caso de que no sea posible llegar a una solución mediante el diálogo, suelen recurrir a una opinión conciliadora que puede recaer en el mismo familiar mayor de ambas partes, o en uno de los ancianos de la comunidad. La sabiduría de estos últimos, sobre todo, hace surgir la opinión que aclara y luego somete a disputa. El procedimiento así explicado corresponde, como se dijo, al de una instancia previa o primera instancia de los conflictos de interés familiar o particular. La calidad de primera instancia se explica porque se trata de órganos que están más cerca a los comuneros: el padre, el padrino, el hermano mayor, el tío y hasta el mismo anciano son personas con las que diariamente se está en contacto o interacción. Contrario a otros órganos, como la asamblea comunal o la asamblea del sector, para lo que habría que esperar su reunión más próxima del lunes de la semana siguiente, o las autoridades comunales, quienes podrían no hallarse en la comunidad por encontrarse en alguna gestión en la ciudad. De la actuación de los órganos familiares como primera instancia pueden surgir tres posibilidades: - que se solucione el pleito presentado y quede “allí” sin formalización alguna; - que se solucione el pleito pero, además, se acuda a los órganos formales para que el acuerdo se “oficialice” por escrito en un acta; - que no se solucione el pleito y, en consecuencia, se acuda a los órganos formales de las autoridades comunales para que se plantee una solución30. El primer caso es el más común y es aplicado, principalmente, frente a los conflictos de familia. Por ejemplo, la “riña” entre marido y mujer resuelta por los padres o padrinos; o la “riña” entre dos hermanos por los límites de un terreno resuelta por el propio padre que les “adelantó” la “herencia” o por el miembro mayor de la familia. En todos estos casos es posible apreciar el arribo a un acuerdo satisfactorio que no requiere formalización. Una de las partes se conforma con la confianza en el “cum29

Por ejemplo, ver Tiquirini-Totería: “Acta de conciliación (de pareja de casados), en Libro del Teniente, 31-03-94, fojas 16-18; Calahuyo: “Divorcio o separación de esposos”, en Libro de Antecedentes del Teniente, 16-09-81.

30

Los efectos del procedimiento de resolución de los órganos familiares pueden consultarse con mayor detalle en Peña (1998).

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plimiento de la palabra empeñada”31 por la otra parte o con la presencia de los testigos. Sin embargo, puede darse la segunda posibilidad, que consiste en una cierta necesidad de formalizar el acuerdo mediante acta; ello puede ocurrir por la importancia y seguridad que quieran otorgar al pleito resuelto. Las partes optan por la formalización del acuerdo o decisión final para evitar encontrarse en el futuro con una situación semejante o para evitar otros “líos” que pudieran desprenderse de ese conflicto central. Por ejemplo, volviendo al caso de la “separación de convivientes” o al de “separación de casados”, puede ocurrir que los padres de la pareja, la pareja misma y los testigos o los padrinos de ambos lados acudan ante las autoridades comunales luego de haber decidido la separación y haber “arreglado” los términos de esta separación: la indemnización a la mujer, la división y partición de los bienes de la casa y la cosecha, la tenencia de los hijos, la pensión para éstos, etc32. Sólo acuden ante las autoridades para que dicho acuerdo se inscriba en el correspondiente libro de antecedentes o en el libro de actas de la comunidad. Aquí puede apreciarse un cierto grado de desconfianza o insatisfacción que terminará al estamparse el “arreglo” en un acta. La tercera posibilidad es la menos frecuente en los conflictos de interés familiar, particular o privado. Puede ocurrir cuando el conflicto es de complejidad para los órganos familiares: por ejemplo, una “riña” precedida de difamaciones, con responsabilidad de ambas partes, sin que haya tenido una connotación de daño a la comunidad33, o también cuando una de las partes o ambas son “caprichosas” y se resisten a un pronto “arreglo”34. En estos casos, las autoridades comunales no sólo inscriben en un acta la resolución del pleito, sino, previo a éste o en forma complementaria, intervienen en la resolución misma del conflicto. 31

El “cumplimiento de la palabra empeñada” aparece como un principio fundamental que sustenta el presente tipo de procedimiento de resolución. Constituye uno de los componentes del “honor familiar”, como se verá más adelante.

32

Ver, por ejemplo, Calahuyo: “separación de convivientes”, en Libro de Antecedentes, 25-5-77, “Divorcio o separación de esposos”, en Libro de Antecedentes, 16-09-81; Titihue: Reconciliación de joven pareja luego de “separación y líos”, en Libro de Antecedentes, 16-03-91, “Acta de diligencia de inventario (de dos jóvenes comuneros separados)”, en Libro de Antecedentes, 1504-95.

33

Ver, por ejemplo, Calahuyo: “Faltas por palabras malas y/o groseras”, en Libro de Antecedentes, 4-07-91; Titihue: Riña por “palabras bruscas” entre dos familias, en Libro de Antecedentes, 16-03-91. Al respecto se puede consultar Tiquirini-Totería: “Acta de arreglo de lenderos ‘sin daños gravez’ (con fijación de hitos)”, en Libro del Teniente, 1-04-96; “Conste el presente acta de transacción comparendo (por problemas de colindancia y daños de las chacras y pastizales)”, en Libro del Teniente, 4-11-97; Titihue: “Arreglo sobre terreno ubicado en Jacha Titihue, entre familiares y con presencia de autoridades”, en Libro de Antecedentes, 19-01-95; Calahuyo: “Conflicto de linderos”, en Libro de Antecedentes, 05-11-90, y también “Arreglo (sobre linderos de terrenos)”, en Libro de Antecedentes, 1991.

34

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Puede ocurrir, de otro lado, que las partes particulares o privadas omitan esta primera instancia de los órganos familiares y se sometan directamente a los órganos político-comunales. Esto podría ocurrir por el grado de confianza o amistad que tengan las partes en conflicto con sus autoridades, como también cuando se trate de un conflicto complicado que requiera un “arreglo” más coercitivo. Puede ser un caso de “reincidencia” de “riña y lesiones”, cuando dos comuneros riñen nuevamente, por ejemplo, por la disputa de terrenos familiares35. Contrariamente, también puede ocurrir que en conflictos que no son de competencia de esta primera instancia de órganos familiares –conflictos de interés colectivo o comunal, como se verá–, intervengan algunos de sus órganos en la resolución del conflicto. Es el caso de la difundida intervención de los ancianos o miembros mayores de la comunidad, quienes son llamados para asesorar o mediar en un “pleito” de interés comunal: por ejemplo, un conflicto donde se afecten los linderos del terreno comunal. De esta forma se presenta una compleja y eficaz actuación de los órganos familiares o informales en la resolución del conflicto propiamente familiar, particular o privado. En sus procedimientos se busca no un “cobrar más”, “alargar el pleito” o conflicto, o darle cualquier solución sino, por el contrario, se pretende resolver el “pleito” sin el menor costo, en un tiempo breve y con una solución final que satisfaga a las dos partes. Por ello, me arriesgaría a afirmar que las relaciones familiares-parentales aparecen como una nueva unidad: la de integrar y ser la base de los mecanismos de resolución de conflictos de interés particular o privado, los mismos que influirán en la administración de justicia general de la comunidad.

Órganos político-comunales o formales Corresponde a las autoridades o instancias de resolución de conflictos en los que se ve afectado el interés del conjunto de comuneros y cuya estructura se relaciona propiamente con la organización político-comunal de cada comunidad. Está integrada por dos clases de órganos principales: -

las autoridades comunales, que incluyen al presidente de la comunidad y al teniente gobernador principalmente; y

-

la asamblea comunal, que se constituye en el órgano supremo al reunir la voluntad del conjunto de miembros de cada comunidad (Peña 1998).

Dichos órganos responden a la estructura legal y política promovida para las comunidades por el Estado peruano. En un inicio, antes del reconocimiento de las comunidades en estudio, el teniente gobernador aparecía como la única autoridad aceptada por el Estado para representar al 35

Ver, por ejemplo, Tiquirini-Totería: “Solución armoniosa (sobre terreno en disputa que elude Demanda interpuesta ante subprefectura)”, Libro del Teniente, 18-12-96.

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conjunto de miembros de lo que sería la parcialidad36. En la década de los setenta, con la transformación de Titihue, Calahuyo y Tiquirini-Totería de parcialidad a comunidad, se suman los consejos de administración y vigilancia como los órganos o autoridades preponderantes. De estos consejos, el de administración era el más importante, donde se encontraba el presidente de la comunidad37. Posteriormente, los consejos de gobierno darían paso a la directiva comunal, que actualmente rige en las comunidades, integrada por un presidente –quien es el presidente de la comunidad–, un vicepresidente, un secretario, un tesorero, un fiscal y dos vocales38. Al lado de los consejos de gobierno y de la directiva comunal se reconocerá la asamblea comunal como la autoridad o instancia máxima de cada comunidad. El conjunto de estos reconocimientos oficiales –de las autoridades y la asamblea comunal– por parte del Estado, permite identificar como “formales” dichos órganos. Son estos los que se encuentran investidos de ciertas atribuciones que les permiten tener una fluida relación con las autoridades políticas, como el subprefecto o el gobernador de la provincia y el distrito respectivamente, y con los demás funcionarios de ministerios que desarrollan sus actividades en la región39. Sin embargo, tal relación formal no implica, en materia de resolución de conflictos, que las autoridades y las comunidades se sujeten a rígidas atribuciones o procedimientos, como se explicará. A continuación se intenta analizar con mayor detalle la actuación de cada uno de estos órganos político-comunales, favorecidos por el registro de sus acuerdos o actuación en los libros de actas de las comunidades. Por lo demás, también puede afirmarse que dichos órganos político-comunales son los que en la actualidad tienen una mayor relevancia en la competencia y procedimiento de resolución de conflictos.

Las autoridades comunales y su procedimiento de resolución de conflictos Las autoridades comunales son personas dotadas de atribuciones especiales al interior de cada comunidad y con facultades de representación ante 36

El teniente gobernador de las comunidades andinas en general tiene un reconocimiento desde la propia puesta en operación del Ministerio del Interior desde inicios de la República del Perú. El sustento de su actual reconocimiento se puede encontrar en el Decreto Legislativo Nº 171: Ley Orgánica del Ministerio del Interior del Perú y en su Reglamento especial regulado por Resolución Ministerial Nº 1150-84-IN/DGG.

37

El reconocimiento de los consejos de administración o vigilancia se encontraba en el Estatuto de Comunidades Campesinas, regulado a través del Decreto Supremo Nº 037-70-A, del año 1970.

38

La actual directiva comunal que gobierna las comunidades campesinas tiene su reconocimiento en la Ley Nº 24656, Ley General de Comunidades Campesinas.

39

En la lectura de los libros de actas de las comunidades en estudio es posible encontrar la fluida relación comentada. Los ministerios del gobierno central que más se relacionan con las comunidades son el de Agricultura y el de la Presidencia, que en los últimos años, a través de sus programas Pronamach, Pronaa y Foncodes, han buscado convocar a los comuneros.

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otras comunidades y ante organismos propios del Estado, que se ejercen temporal y rotativamente. En las comunidades en estudio, como hemos indicado, dichas autoridades están constituidas por el presidente de la comunidad y el teniente gobernador de la comunidad o del sector de la respectiva comunidad40. En los procedimientos de resolución de conflictos, las autoridades intervienen asistidas por algunos miembros de la directiva comunal, como el vicepresidente, el secretario o el fiscal, y por los dos “alguaciles” o “comisarios” que siempre acompañan al teniente gobernador del sector o de la comunidad. A su vez, en algunas comunidades puede sumarse el “teniente agrario” o “teniente forestal” como una autoridad especial que acompaña o interviene en la resolución de determinados conflictos. En Titihue, por ejemplo, el teniente forestal es nombrado temporalmente en cada sector, con el propósito de cuidar los recursos del lago (peces, totora y llachu) y los recursos de las tierras comunales (eucaliptos y en general árboles de la comunidad, como el sembrío comunal), interviniendo como órgano de resolución frente a los conflictos relacionados con dicho cuidado41. En comunidades con dos o más sectores, como Titihue y TiquiriniTotería, no es necesario que esté el presidente en cada proceso o procedimiento de resolución del conflicto sometido, pero sí es requerida la presencia del teniente de cada sector. Solo si el conflicto no tiene una rápida solución, los miembros de la comunidad entienden que el presidente está obligado a intervenir, particularmente porque el caso eventualmente podría ser sometido a la asamblea comunal42. Se pueden distinguir dos entornos en la actuación de estas autoridades: de un lado, el entorno de los conflictos de interés familiar, particular o privado; de otro, el entorno de los conflictos de interés comunal o colectivo. Con respecto a los conflictos particulares, la función de las autoridades comunales es, fundamentalmente, la de formalizar el acuerdo al que han arribado las partes del conflicto ante sus instancias previas y, en todo caso, buscar “arreglar” o conciliar a las partes en cuanto a la pretensión en disputa. Por lo general su intervención no consiste en proponer una resolu40

Al lado de estas autoridades, como ya se ha referido, se encuentran los miembros de la directiva comunal (vicepresidente, secretario, tesorero, fiscal y vocales) en relación con el presidente, y los “comisarios” o “alguaciles” en relación con el teniente gobernador.

41

El teniente agrario o forestal normalmente interviene para denunciar los casos de sustracción o daño de los recursos del lago o del terreno comunal y participa en las audiencias de resolución (Titihue, mayo de 1988, marzo de 1992, octubre de 1999, agosto de 2000).

42

En muchos casos de registro de actas de Titihue, es posible notar la intervención del vicepresidente, del secretario o del fiscal, además del teniente gobernador o del teniente agrario (ver, por ejemplo, Titihue: Reconciliación de joven pareja luego de “separación y líos”, en Libro de Antecedentes, 16-03-91). En el caso de Tiquirini-Totería, un caso especial es su sector de Condoraque, ubicado a muchos kilómetros de la sede central de la comunidad y que por períodos solo tiene como autoridad al teniente gobernador del sector.

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ción al conflicto, sino en ratificar o promover que sean las partes del conflicto las que lleguen al “mejor arreglo”. Tal como se sostuvo anteriormente, en los conflictos de interés familiar son las partes las que “arreglan” ante sus propios órganos de resolución familiar, en sus instancias previas, y se presentan a las autoridades comunales sólo para formalizar u oficializar en actas el “arreglo” previo. Es decir, las partes del conflicto familiar sólo de modo complementario o indirecto acudirán ante sus autoridades comunales para que intervengan como órganos de resolución. Así, por ejemplo, en una disputa de terrenos entre dos hermanos, puede ocurrir que dichas partes familiares o privadas no hayan podido llegar a ningún acuerdo frente a sus órganos de resolución familiar, entonces acuden ante el órgano de las autoridades comunales como un ente de mayor coerción, de segunda instancia43. También puede ocurrir que las partes del conflicto particular tengan una decidida confianza en las autoridades comunales, entonces acudan directamente a éstas para que resuelvan o planteen alternativas frente al problema. Cuando se trata de un conflicto de interés comunal o colectivo, en cambio, la función resolutoria de las autoridades comunales es notoria. El acceso para la intervención de estas autoridades sí es directo. Cualquier comunero llega a plantear ese tipo de pleito por la sola razón de ser “testigo” del hecho: por ejemplo, al haber apreciado un “robo”44 o la comisión de un “acto inmoral”45. Pero, también puede ocurrir que el hecho sea de interés para toda la comunidad (por ejemplo, el daño de un bien comunal); entonces las autoridades asumen el conflicto por iniciativa propia46. Asimismo, puede ocurrir que el pleito se denuncie o se presente en plena asamblea comunal, pero requiera una “investigación” previa antes de tomar una decisión; entonces, se delega la competencia a las autoridades comunales47. Esto, aunque finalmente la solución siempre se imponga desde la asamblea comunal.

43

Ver, por ejemplo, Calahuyo: “Acta de arreglo (sobre conflicto de terrenos de dos hermanos en riña)”, en Libro de Antecedentes, 1991.

44

Puede apreciarse, por ejemplo, el caso de Calahuyo: “Problemas graves (robo) cometido por el hijo de un comunero”, en Libro de Actas IV, 29-12-97.

45

Ver, por ejemplo, Titihue: Llamada de atención y multa a comunero DMR que ha “convevido con señora DL sin terminar con la primera”, en Libro de Antecedentes, 06-09-97.

46

Al respecto puede consultarse, por ejemplo, Calahuyo: “Acta de sanción (a comuneros) sobre los problemas ocasionados sobre de la tierra comunal”, en Libro de Antecedentes, 18-06-92. También puede considerarse como ejemplo el caso de Titihue: “Decomiso de mallas de pescar”, en Libro de Antecedentes, 06-07-90.

47

Tal puede ser el caso de “robo” de ganado, como el de Titihue: “Acta de compromiso y robo de ganado (vaca) por JEM”, en Libro de Antecedentes, 12-01-97. En dicho caso puede apreciarse que, previamente, en el procedimiento de resolución se nombra a “comisionados” quienes son propiamente los investigadores que acompañan a la directiva comunal y al agraviado.

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En todos estos casos, sean conflictos particulares sometidos de modo complementario e indirecto, o sean conflictos comunales sometidos directamente y por delegación, las autoridades comunales son concebidas como agentes conciliadores, mediadores o árbitros que buscarán conciliar a las partes y en todo caso proponer una decisión para terminar con el pleito, antes de complicarlo y dilatarlo. Los procedimientos que emplean, a su vez, están orientados a conseguir tal objetivo. En efecto, desde que la parte afectada o ambas partes acuden al despacho de las autoridades comunales (que puede ser la casa del presidente, la casa del teniente del sector o el local comunal), éstas realizan una rápida y concienzuda investigación. Primero, escuchan a las partes familiares interventoras, si es un conflicto particular, o a la parte familiar “acusada”, si es un conflicto colectivo. En caso de que no consigan el “arreglo” en el primer acto –particularmente en los conflictos de origen familiar–, pasan a entrevistarse con los posibles “testigos” (para aclarar la riña, los hechos del “acto inmoral” o los términos del contrato verbal que está en discusión). También pueden acudir a buscar la opinión de los comuneros mayores o de los ancianos (principalmente frente a conflictos de linderos) y de los padres y padrinos (en casos de conflictos de pareja o familiares en general). Todo ello verbalmente, en aymara, y con el propósito de aclarar los hechos fundamentalmente. Una vez indagados los hechos, si se trata de un conflicto particular, las autoridades vuelven a citarse con las partes para insistir en un “arreglo”. Si las partes no acceden, las autoridades sugerirán y, en todo caso, forzarán o impondrán una solución. Sólo de manera excepcional puede ocurrir que las propias autoridades no se sientan seguras de la solución que hay que plantear, entonces recurrirán al apoyo de una decisión más representativa, esto es, la que surge de la asamblea comunal. Para el caso de los conflictos colectivos, de origen familiar o propiamente colectivos, el procedimiento explicado en su parte final es distinto. Después de indagados los hechos, la regla es que las autoridades comunales informen a la asamblea comunal. En ésta, luego de un posible debate, con opinión libre de todos los comuneros, se arribará al acuerdo final. Se debe destacar que en todo momento las autoridades comunales se ven guiadas por un concepto de justicia que está muy emparentado con la naturaleza de su cargo: conducir en “armonía” la comunidad. Por ello, se les verá cuidadosos en sus actos diarios, querrán siempre guardar una conducta intachable –por lo menos durante el período en que se desempeñen como autoridad–, de lo contrario “se les perdería el respeto”48.

48

Testimonio de Juan de Dios Uturunco (Calahuyo, mayo de 1988).

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La explicación del fundamento fluido o dinámico de los procesos y procedimientos de resolución puede mostrar la importancia de la actuación de las autoridades político-comunales dentro del poder jurisdiccional de cada comunidad. Dicha actuación, como se ha indicado, tiene su sustento en la propia racionalidad de la organización de la comunidad. Cabe recordar el carácter de despersonalización de dichos cargos con respecto a la persona elegida para desempeñarlo, manifiesto en dos características: la rotación obligatoria de los cargos entre todos los comuneros de cada comunidad y la consideración de que “cualquier cargo es importante”49.

La asamblea comunal y su procedimiento de resolución La asamblea comunal es la reunión del conjunto o la mayoría de comuneros –reconocidos por ellos mismos como “calificados” o “hábiles”50– convocada en forma periódica o en forma extraordinaria con el objeto de tomar decisiones sobre el conjunto de actividades sociales, económicas y culturales que identifican a cada comunidad. Dentro de estas actividades, la asamblea comunal se presenta, a su vez, como el órgano supremo que resuelve los conflictos que afectan el interés del conjunto de comuneros. En esta labor jurisdiccional puede tratarse, incluso, un conflicto que por su naturaleza importa un interés particular (una riña entre miembros familiares, por ejemplo) y, por tanto, bastaría que las partes acudieran a sus órganos familiares-parentales o ante las autoridades comunales; pero, basta que dicho conflicto haya afectado además el interés de la comunidad (por ejemplo, si la riña se suscitó en la tienda comunal y se dañaron muebles de propiedad comunal) para que la asamblea comunal intervenga51. Los conflictos colectivos pueden ser sometidos por cualquier comunero o directamente por iniciativa de sus autoridades comunales. Tales conflictos son diversos, como se señaló en la sección anterior. Se pueden contar desde conocidos conflictos civiles (daños al terreno comunal, incumplimiento de un contrato de alquiler sobre los pastos comunales, etc.), conflictos penales (“actos inmorales”, como “violación”, “adulterio” o aborto) o conflictos agrarios (pleitos de linderos sobre el terreno comunal, protección de los andenes comunales, del llachu y del totoral comunal, por ejemplo), hasta conflictos vinculados con el gobierno de cada comunidad (inasistencia al 49

Al respecto se puede revisar el capítulo 3. Para una mayor explicación de esta racionalidad organizativa puede consultarse un trabajo anterior (Peña 1998).

50

El comunero “calificado” es aquel que ha alcanzado una determinada edad, ha conformado una unidad familiar nuclear y se desempeña como tal en el conjunto de actividades de la comunidad. El comunero “hábil”, en cambio, es aquel que se encuentra calificado y, a su vez está al día en el conjunto de compromisos, obligaciones o cuotas acordadas por el conjunto de comuneros.

51

Ver, por ejemplo, el caso de Calahuyo: “Riña y lesiones por difamación (con daños en la tienda comunal)”, en Libro de Antecedentes, acta de fecha 26-12-83.

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trabajo comunal o incumplimiento en el cargo para el que se eligió, entre otros). En todos ellos, el criterio de resolución de parte de la asamblea es “sancionar” el daño causado. Dicha sanción es entendida, en primer lugar, como reposición de los daños materiales que se pudieron ocasionar; en segundo lugar, como castigo –generalmente traducido en una multa pecuniaria– por haber alterado el orden de la comunidad, y en tercer lugar como prevención, buscando evitar la repetición del pleito. Raramente hay un “arreglo” por parte de la asamblea comunal, tal como se explica en la siguiente sección, pues se entiende que el interés de la comunidad no se negocia, salvo que las circunstancias y la comprensión de los comuneros hagan cambiar de parecer52. Pero, para que la asamblea juzgue ha tenido que estar segura de los hechos ocurridos y de su relación con la parte causante. Al entender de los comuneros, sería absurdo que se resolviera el pleito sin aclararlo previamente y sin especificar la responsabilidad del “enculpado”. Para esto puede ser suficiente la actuación de la misma asamblea, con base en la opinión de los distintos representantes familiares ante ella –los padres de familia, la esposa del comunero ausente y las viudas– y, principalmente, con base en la declaración de los “testigos” –que puede recaer hasta en un menor de edad que haya presenciado el hecho o haya sido uno de los primeros en percatarse de lo ocurrido. Por ejemplo, en los casos de “daños a la propiedad comunal”53 o de “robo de ganado o de bienes muebles”54, un comunero puede haber presenciado el daño a los cultivos de las parcelas o los andenes comunales por los ovinos del comunero inculpado, o puede haber visto la sustracción de la vaca o de la bicicleta del lugar en que se encontraba, o también puede haber visto a los jóvenes que se introdujeron en el domicilio del director de la escuela o en domicilio ajeno. Pero también puede ocurrir que, no exis52

Diversas formas de negociación pueden apreciarse en la aplicación y fijación de multa en determinados conflictos colectivos, por parte de las autoridades de la comunidad de Titihue. En las actas registradas en esta comunidad puede apreciarse con alguna frecuencia cómo llegan a “rebajar” la multa del “inculpado” o responsable. Ver, por ejemplo, Titihue: “Acta de compareciencia (por) el delito cometido por el comunero MRB (y aceptación de su retorno a la comunidad)”, en Libro de Antecedentes, acta de fecha 8-09-95.

53

Ver, Calahuyo: “Acta de arreglo sobre daños ocasionados en la tierra comunal” y “Acta de sanción (a comunero) sobre los problemas ocasionados de la tierra comunal”, en Libro de Antecedentes, actas de fecha 4-01-88 y 18-06-92, respectivamente.

54

Ver, Titihue: “Robo del cuarto (del director de la Escuela Primaria) por menores JEM y RRR” (2212-92), “Acta de robo de bicicleta del alumno ECQ (y otros robos) por el (joven) JRR (y otros jóvenes)” (17-11-94), “Acta de compromiso y arreglo de robo de un ganado (vaca) por JEM” (1201-97) y “Acta de antecedentes de robo de animal de una vaca color brones (Brown Swiss) de hermano BRL que cometó de robo el joven militar ERM (servicio activo)” (06-08-98), que aparecen registrados en el Libro de Antecedentes de la comunidad. Asimismo, ver Calahuyo: “Problemas graves (robo) cometido por hijo de comunero”, en Libro de Actas IV, acta de fecha 29-12-97.

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tiendo tal testigo, otro comunero supiera que los ovinos del inculpado se encontraban cerca de las parcelas o de los andenes comunales, o que determinadas personas estuvieron cerca de la vaca, la bicicleta sustraída o de la casa cuyos bienes fueron “robados”. Finalmente, puede ocurrir que hasta el mismo responsable de los daños a las parcelas y andenes comunales se apersone, o que los familiares de los “jóvenes” que participaron en la sustracción o pérdida de ganado o determinados bienes muebles se presenten, sometiendo a dichos “jóvenes” ante la asamblea o sus autoridades. Con la opinión de dichos testigos, el aporte de los indicios presentados y la intervención del conjunto de asambleístas se podrá estar seguro de los hechos ocurridos y de su relación con la parte causante. Después de ello se determinará el monto de lo dañado o sustraído, o el valor de su reposición, y se fijará el castigo que corresponda a los “culpables”. La aplicación del castigo se reducirá en caso de que haya habido un reconocimiento inicial por parte del “inculpado” o sus familiares sobre la responsabilidad, la “falta” o el “delito”. En cada caso también se aplicarán las medidas de prevención para que no vuelva a repetirse el descuido con los ovinos por parte del inculpado o los “graves errores” de los jóvenes que participaron en la sustracción de bienes. En el supuesto de que la relación de causalidad del “acusado”55 con el pleito ocurrido no quedase clara, es decir que no haya sido suficiente la declaración de los testigos o de quienes aportaron evidencia o indicios, y la opinión de los demás comuneros se encuentre dividida, entonces se tendrá que recurrir a un proceso investigativo de mayor profundidad. Son los casos, por ejemplo, de las fuertes riñas o conflictos de linderos donde se hubiere comprometido el terreno comunal o el caso del robo de ovinos de su lugar de pastoreo en que no haya sido posible encontrar “sospechosos”. En estas situaciones la asamblea delega en sus autoridades o en una comisión especial –como ocurre en forma específica en los casos de robo de ganado– las tareas de investigar y plantear una solución. Efectuadas éstas, se pondrán en conocimiento de la asamblea, la que sólo después emitirá su decisión final. Tampoco puede juzgarse al “inculpado” o “acusado” sin antes escucharlo en plena asamblea. Es un derecho de la parte privada poder expresarse, exponer sus razones y pedir las disculpas del caso ante la asamblea. Los asambleístas suelen esperar una o dos reuniones para escuchar al “acusado”, previendo de esta manera la situación de que no haya podido o no haya querido asistir. En todo caso, en la entrevista que las autoridades comunales buscarán tener con él, se tomaría la decisión. Entonces, aclarados los hechos del pleito y después de haber sido escuchado el comunero inculpado, la asamblea pasa a tomar una decisión. Esta, 55

Término que, al igual que “enculpado” o “inculpado”, suelen usar los comuneros para referirse al involucrado en el conflicto.

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en cuanto a su forma, puede tener por lo menos tres modalidades: la decisión por consenso, la decisión “por mayoría” y la decisión por unanimidad. El consenso consiste en el arribo a un acuerdo “amigable” y pacífico por parte de la asamblea; se suele emplear cuando se trata de determinar el monto del daño causado o la aplicación de una multa que servirá de castigo al comunero irresponsable56. La decisión por mayoría generalmente se aplica ante conflictos vinculados al gobierno comunal, por ejemplo, cuando se trata de sancionar a los comuneros que no han asistido a la faena comunal, o al comunero que ha incumplido el desempeño de su cargo57. La decisión por unanimidad ocurre cuando la iniciativa surge de todos los comuneros; se aplica frente a la discusión de una sanción definitiva sobre un caso central, como podría ser la “expulsión” de una familia pleitista o la sanción por la comisión de “actos inmorales” o la decisión de “desmembramiento del territorio comunal”58. Sin embargo, estas formas o modalidades de toma de decisiones no son rígidas o mecánicas sino que, por el contrario, se acomodan a la situación del caso. Por ejemplo, puede ocurrir que la sanción sobre el “acto inmoral” sea tomada mediante decisión mayoritaria y no por unanimidad, o que la revocación del cargo a un comunero sea tomada por consenso y no por mayoría. Lo que sí constituye regla rígida y obligatoria es el hecho de que los comuneros hayan llegado a una conclusión sobre la relación causal entre la conducta de la persona juzgada y la infracción. Para que todo este proceso de juzgamiento comunal se cumpla, es necesario recalcar que la participación de todos los comuneros debe ser decidida. Además de poder “denunciar” o “demandar” a la parte que ha afectado algún interés colectivo, los comuneros se sienten con la obligación de testificar u opinar sobre el pleito59. Por otro lado, la asamblea comunal también puede intervenir frente a ciertos conflictos o pleitos particulares. Actúa como una especie de segunda instancia –o tercera, si se consideran las instancias previas de los órganos familiares–, resolviendo aquellos conflictos que las autoridades comunales no pudieron resolver o creyeron más conveniente someterlos a decisión colec56

Ver, por ejemplo, Titihue: “Amenazas” y “lesiones” con arma blanca en “riña de comuneros” (13-03-96) y Llamada de atención y multa a comunero DMR que ha “convevido con señora DL sin terminar con la primera” (6-09-97), registrados en el Libro de Antecedentes de la comunidad.

57

Ver el caso de Tiquirini-Totería: “Acta de asamblea ordinaria (donde se llama la atención del presidente y se elige nuevo presidente)”, en Libro del Teniente, acta de fecha 22-10-93. Asimismo, ver Calahuyo: “acta de derogación del cargo de teniente gobernador”, en Libro de Actas III, acta del 15-06-92.

58

Ver, por ejemplo, Titihue: “Acta de esclarecimiento la situación del ex comunero MRB (expulsado por ‘errores y mal comportamiento’ y quien se encuentra empadronado en otra comunidad)”, en Libro de Antecedentes, acta de fecha 8-02-95.

59

Este aspecto se explicará en mayor detalle en la siguiente sección.

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tiva. Aquí se está hablando de conflictos de interés privado o familiar de bastante complejidad, que requieren una solución representativa de las mayorías o del consenso. Por ejemplo, conflictos de linderos donde ambas partes se resisten a arreglar o la riña en la que participan varios comuneros60. Pero también puede ocurrir que una parte afectada en su interés privado o familiar, obviando las instancias previas o autoridades comunales, presente su pleito directamente ante la asamblea comunal. Puede ser el caso de un conflicto de “maltratos” entre cónyuges, en el que el padre de la afectada solicite a la comunidad –que seguro ya conoce el pleito–“llamar la atención” al cónyuge transgresor para que cesen los maltratos. Se trataría, nada menos, de un conflicto privado o familiar de emergencia, aunque de conocimiento tácito de la asamblea, en el que ésta no intervendrá antes de que una de las partes –la familia de la agredida– se lo solicite61. La efectividad de la actuación de la asamblea comunal en cada comunidad es complementaria a la actuación preliminar de las autoridades comunales y de los órganos familiares de resolución de conflictos; requiere ambos para su desarrollo y para constituirse en la dirección de su comunidad. Sin embargo, una condición básica que destaca adicionalmente para la efectividad de la asamblea es la personalización del conjunto de actividades al interior de la propia comunidad. Los lazos de parentesco, la práctica de la reciprocidad en el cultivo de sus tierras o en la cría de ganados, la participación en sus fiestas patronales, el uso de un idioma común, etc. permiten que en las asambleas se consolide, se integre, se procese y se filtre el conjunto de sus relaciones. Son los propios comuneros quienes identifican lo bueno y lo malo, a partir de su conocimiento y del permanente contacto con el medio62.

LOS ACUERDOS O DECISIONES FINALES Tal como se ha mostrado en secciones anteriores, en las comunidades en estudio es posible encontrar dos formas principales para considerar “solucionados” o finalizados los procedimientos de resolución de sus conflictos: los “arreglos” y las “sanciones”. Ambas son alternativas opuestas aplicables a los conflictos familiares o comunales por los respectivos órganos de resolución. 60

Se puede ver, por ejemplo, Calahuyo: “Acta de garantías personales (por riña de dos ‘familiares)”, en Libro de Actas III, acta de fecha 24-06-89; Tiquirini-Totería: “Acta de conciliación (y sanción por riña, ofensas y ‘daños’ personales entre familiares)”, en Libro del Teniente, acta de fecha 26-04-95; Titihue: “arreglo sobre terreno ubicado en Jacha Titihue (entre familiares y con presencia de autoridades y comuneros)”, en Libro de Antecedentes, acta de fecha 19-01-95.

61

Ver, por ejemplo, Calahuyo: “Maltrato a la convivienta”, Libro de Antecedentes, acta de fecha 6-04-84.

62

Para un mayor detalle de la explicación de esta condición puede consultarse mi trabajo anterior (Peña 1998).

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Los “arreglos” son, por lo general, el resultado del conflicto familiar o particular que comprometió el interés individual-familiar de dos partes privadas. Solo de manera excepcional pueden apreciarse como modalidad de resolución de los conflictos de interés colectivo, siempre que cuenten con la flexibilidad de la asamblea comunal o, en todo caso, con el consentimiento de sus autoridades político-comunales. Las “sanciones” son, en cambio, el resultado normal de un conflicto colectivo o comunal –incluyendo aquellos de origen comunal– donde el principal interés afectado es el del conjunto de comuneros de cada comunidad. Excepcionalmente también puede aplicarse como decisión final frente a la resolución de conflictos de interés familiar, cuando lo consideren conveniente los órganos familiares o las autoridades político-comunales que intervengan.

Los “arreglos” El “arreglo” de un conflicto entre comuneros o miembros familiares en pleito es concebido como el acto de “reparar” algo, la enmienda de “una cosa” que entienden malograda. El conflicto o pleito es la “cosa” malograda, y el acto de “reparar” es el encuentro de voluntades de las partes cuyos intereses se encuentran en disputa. Es, en términos sencillos, la forma autocompositiva como las propias partes en conflicto se ponen de acuerdo para superarlo. Autocomponer significa restituir las relaciones de una situación anterior en que la amistad, el “cariño” o el orden familiar o comunal fueron quebrados por las partes en riña. Las relaciones personalizadas basadas en actos horizontales y homogéneos, como antes se refiere, condicionan el desarrollo de los “arreglos” a los conflictos que requieren intervención de los órganos de resolución. Así, identificados con su cultura aymara, bajo una fuerte participación de la parentela y bajo la “mirada” de la organización comunal, cada parte en conflicto promueve el arribo a un “arreglo en buena forma”, buscando con ello terminar con el conflicto. Una vez conseguido, sujetarán su conducta, también con el apoyo de su parentela, al cumplimiento de lo acordado y a buscar no reincidir en el pleito (Peña 1998, 258-260). El Calahuyo, Titihue y Tiquirini-Totería, el “buen arreglo” destaca como un producto de las partes privadas frente a sus conflictos particulares o de interés familiar. En cada una de estas comunidades, las autoridades saben que frente al “lío familiar” no tienen por qué intervenir en principio; son las propias partes, por propia iniciativa o apoyados por sus órganos familiares, quienes están obligadas a asumir la resolución de dichos conflictos. Sólo en forma complementaria –para la formalización del acuerdo– o excepcionalmente –cuando los órganos familiares no han podido “resolver” el conflicto– intervienen las autoridades político-comunales y, raramente, la asamblea comunal. Entre los conflictos que normalmente terminan en “arreglo” cabe destacar los de pareja. El acuerdo sobre el divorcio, la separación o la reconciAntonio Alfonso Peña Jumpa. Poder judicial comunal aymara en el Sur Andino Colección En Clave de Sur. 1ª ed. ILSA, Bogotá D.C. Colombia, marzo de 2004

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liación de la pareja en pleito aparece como una muestra común en las comunidades en estudio. Por ejemplo, en un caso de reconciliación de una pareja de casados en Tiquirini-Totería, el acuerdo al que se arribó constó de los siguientes términos*: SEGUNDO: El señor CMT, hace su compromiso de no volver o incurrir, problemas con su Esposa, esto lo hace en la presencia de las autoridades comunales y ante sus padres y los demás familiares presentes. (…) TERCERO: Doña HM de M. se manifestó de egual forma y de disculparlo dela incomprensión y de sus conductas de parte de su esposo CM y tanto de hella, esta: cosas sucedió en reiteradas ocasiones y en lo posterior ellos tomarán su decisión propia, la mejor via que le condusca en lo futuro. “CUARTO: Se acuerdo la costumbre se pedierón Disculpas a sus padres y familiares presentes por ambas partes y en presencias de las autoridades comunales y políticas, quedando ellos conformes como esposos y no volver cometer otras faltas en los posteriores63.

Puede apreciarse el reconocimiento de la culpa del cónyuge transgresor y el perdón de su esposa. El “arreglo” en tal caso consiste, sobre el reconocimiento de culpa y el perdón otorgado, en la llamada de atención por parte de los órganos familiares convocados por la esposa agredida. Para ellos resultará obvio, en el supuesto de que los maltratos continuasen, que la separación de la pareja se produzca, tal como ocurre en el siguiente caso de “separación de convivientes” ocurrido en Titihue: Primero.- Don GMR se manifestó que no ha tenido comprensión con su esposa GM porque ha tenido riñas, no se hizo caso, ni cocinó cuestión de comer(;) por tal razón pide separación de cuerpo. (A)simismo dijo que no ha vivido mucho tiempo ni tienen hijos vivos(. P)or otra parte su esposa G(M) acepta la petición de su esposo no quier la comida ni quiere que haga chacra, solamente pide que me devuelva todos mis bienes que mi padre me ha dado(. O)tra vuelta pide la palabra Don G(MR) aclarando, que su esposa había insultando diciendo viejo para mi hay otro mejor, aparte de eso ha roto antena de radio y malogrado cama de dormir; sobre esto responde la señora GM, él me dijo que para mi hay otro mejor puedes retirar y no quiere comprar ropas para mi. Después de mucha discusión los familiares, o sea sus padres ambas partes, así mismo sus familiares aceptan la petición de los convivientes. *

En esta cita, como en las demás incluidas a lo largo del libro, se ha mantenido la redacción original de los documentos citados que, como lo explica el autor en la introducción y en notas anteriores, son escritos por miembros de las comunidades estudiadas, cuya lengua materna no es el castellano. [Nota del editor]

63

Tiquirini-Totería: “Acta de conciliación (de parejas de casados)”, en Libro de Antecedentes del Teniente, acta de fecha 31-03-94.

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Segundo.- Don GM entregará sus pertenencias de doña G., en presencia de las autoridades y de sus familiares, por ambas partes están de acuerdo(;) en cuanto al ganado vacuno se repartirán por igual el dinero. En caso de ser embarazada la señora G. Otra vez arreglarán ante una autoridad, eso tambien están de acuerdo por ambas partes.64

El caso citado muestra la complejidad de las relaciones hombre-mujer en un hogar, donde la incomprensión de la pareja –por las diferencias de edad o la resistencia del varón a que la mujer trabaje en la chacra– produce la ruptura de su relación. Para ello, ambas partes expusieron sus intereses o conveniencias, y los órganos familiares –conocedores de tales problemas– tuvieron que aceptarla. A su vez, el “arreglo” de separación incluye, en el presente caso, la partición de los bienes de la pareja y la prevención sobre el posible nacimiento de un niño, producto de las relaciones de convivencia. Los órganos familiares y las autoridades político-comunales saben que sobre tales aspectos también tienen que negociar hasta llegar a un “arreglo final”65. Pero es importante notar que en la propia acta aparece insistentemente la referencia al acuerdo de las propias partes familiares (la pareja y sus respectivos padres o familiares mayores). El “arreglo” sobre peleas o riñas entre comuneros puede producir una mayor intervención de las autoridades, luego del fracaso de la iniciativa de sus órganos o de las propias partes familiares: Premero.- El demandante don G(AU) i su esposa LU encluso estuvo presente doña RCV como demantado, ante las autoridades de la comunidad, el teniente gobernador, el Presidente de la directiva comunal, escucharon las manifestaciones de ambas comuneras, no hubo problemas graves, había unos pequeños ensultos, de ambas de la señora LU de A. en contra de la señora RCV. Segundo.- El señor teniente gobernador don (G)QL el presidente de la derecteva comunal don (AC)Q analizaron los problemas que sucetaron, entraron en un arreglo armonioso de buena forma; las autoridades de la comunidad i su Junta directiva notefecaron ambas comuneras(;) igualmaneda se notefecó al comunero don G(A) para que no sucita problemas en los posteriores años66.

En el caso citado, el interés familiar de las partes se ve desbordado por la preocupación de las autoridades en el sentido de que pudo haberse trata64

Titihue: “Acta de separación de cuerpo (de comuneros convivientes)”, en Libro de Antecedentes, acta de fecha 29-11-97. Las letras, palabras o signos entre paréntesis que aparecen en esta y las siguientes citas se han agregado con el fin de hacer más comprensible su lectura.

65

Sobre la situación de un niño nacido con posterioridad a la separación de una pareja, es común que se integre a la familia de la madre bajo pensión alimentaria del padre. Pero puede ocurrir también que el niño se desprenda totalmente de la dependencia de su madre y padre, pasando a la protección exclusiva de sus abuelos (Huancané, febrero de 1988, marzo de 1992, octubre de 1999, agosto de 2000).

66

Calahuyo: “Arreglo armonioso después de peleas por insultos”, en Libro de Antecedentes, acta de fecha 28-01-91.

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do de un “pelea grave” entre familias comuneras. Al comprobarse que solo se trató de una pelea por “pequeños insultos”, la posibilidad de materialización del “arreglo armonioso” bajo el interés preponderantemente de las partes familiares recobra aceptación en las mismas autoridades. Al final se sancionó a las partes familiares con el pago de una multa, pero la prioridad del “arreglo” se hizo notar como el aspecto central de la resolución del conflicto. En el mismo sentido se puede señalar que el “arreglo” como forma autocompositiva está presente en los otros conflictos calificados como familiares: en los conflictos de linderos sobre parcelas familiares, en el incumplimiento de algún contrato, en la disputa de dos hermanos por la propiedad sucedida, etc. En todos ellos, el “arreglo armonioso” o la simple conciliación de las partes aparecerá como el producto más efectivo en la resolución de la disputa de las dos partes familiares. Sin embargo, más allá de este ámbito delimitado de los conflictos particulares, la aplicabilidad del “arreglo” también se extiende a los conflictos comunales, particularmente a aquellos que se originan en un conflicto de intereses privados. Por ejemplo, en el caso de “Demanda enterpuesta por la señora JRM contra la señora MM y a su hijo meñor AR (riña con lesiones graves por apoderamiento de mallas de pescar)”67 o en el caso de “Amenazas” y “lesiones con arma blanca (en riña de comuneros)”68 puede apreciarse la presencia del “arreglo” entre las partes familiares para solucionar el problema de la pérdida de las mallas o las lesiones producidas, respectivamente, sobre el interés o la preocupación comunal de querer sancionar tales actos. Otro caso interesante puede ser el de “Pérdida de dinero de la tienda comunal”69; ante la insolvencia de algunos comuneros morosos respecto a la adquisición de productos en la tienda comunal, la asamblea decidió otorgarles mayores plazos o aceptar formas de pago distintas, tomando en cuenta la opinión de los propios deudores. Aunque en estos casos la relación entre las partes está sujeta a cierta verticalidad, no deja de sorprender el espíritu autocompositivo de las autoridades comunales y de la asamblea en situaciones determinadas. El “arreglo armonioso”, entonces, aparece como la principal alternativa de solución frente al conjunto de conflictos familiares que se suscitan al interior de las comunidades en estudio70. Cada una de las partes en conflic67

Titihue, en Libro de Antecedentes, acta de fojas 12-16, de fecha 19-02-91.

68

Titihue, en Libro de Antecedentes, acta de fojas 108-111, de fecha 6-09-97.

69

Calahuyo, en Libro de Antecedentes, acta de fojas 42, de fecha 8-02-88.

70

De manera similar se puede aseverar que esta forma de resolución de conflictos se extiende al conjunto de comunidades de la microrregión de Huancané, y se podría afirmar su normalidad en el Sur Andino en general. Durante el trabajo de campo se ha tenido oportunidad de visitar distintas comunidades en forma adicional a Calahuyo, Titihue y Tiquirini-Totería, tales como Huancho, Villa Quishuarani, Chijichalla, Sustía Munaypa, Cucho y Pampa Amaru, entre otras, que llevan a confirmar dicha aseveración.

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to comprende que tiene que ceder parcialmente en la defensa de sus intereses en conflicto dentro del propósito de alcanzar una solución. Al respecto no importan tanto las pérdidas materiales o la reposición de los daños ocasionados, como sí el terminar con el conflicto, la preocupación por el “qué dirán” los parientes o familiares si se continúa con éste o el temor a una fuerte pérdida del “honor familiar”. Esto mismo justifica que al final sometan el conflicto ante las mismas autoridades político-comunales para formalizar el acuerdo en acta o, en el supuesto que no hayan llegado a un arreglo ante sus órganos familiares, para que intervengan como órganos de resolución. Los “arreglos”, en otras palabras, simbolizan el dominio de las relaciones contractuales en el universo de los conflictos de interés familiar. Como lo diría Gurvitch, se trataría de relaciones de sociabilidad por delimitación o ecuación71.

Las sanciones Contrario al criterio de búsqueda del acuerdo de voluntades que se consigue en los “arreglos” de los conflictos o pleito, las “sanciones” comunales son entendidas como imposiciones o sometimientos. Los comuneros consideran que existe un hecho individual-familiar que ha causado un daño a todos o que ha tenido efecto contra todos. En tal sentido, la “reparación” del problema no puede ser de igual a igual, sino de imposición o sometimiento de uno sobre otro. Las sanciones pueden entenderse como la respuesta coercitiva aplicada por los órganos político-comunales (las autoridades y la asamblea comunal) contra el individuo, familia o familias que ocasionaron una agresión al orden estatuido por la comunidad72. De ahí que una de las principales finalidades de la sanción sea la de restablecer el orden o la paz comunal, pero también evitar que se repita la transgresión o el conflicto. El restablecimiento del orden comunal es entendido por los comuneros como la puesta en práctica de tres mecanismos o elementos que, a su vez, componen las “sanciones”: el primero corresponde a la reposición o restitución del daño material producido, en el caso que lo hubiere; el segundo corresponde a la aplicación o imposición de un castigo o pena por la transgresión producida; y el tercero corresponde a la “amenaza” de aplicación de 71

Citado por Renato Treves (1988).

72

Dicha racionalidad de la sanción tiene mucha semejanza a la construcción teórica del concepto de derecho de Max Weber, cuando sostiene que éste puede ser entendido como el ordenamiento legítimo cuya validez “está garantizada externamente por la probabilidad de la coacción (física o psíquica) ejercida por un cuadro de individuos instituidos con la misión de obligar a la observancia de ese orden o castigar su transgresión” (1974, 27). De dicha definición es posible destacar la presencia de los órganos legítimos que sancionando la infracción hacen uso de la coacción o coerción.

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un castigo “más grave” en el supuesto que se vuelva a cometer la falta o delito. Estos elementos pueden presentarse en forma complementaria o en forma independiente, dependiendo del tipo de conflicto. Sin embargo, el “castigo” o pena es el elemento común en la naturaleza del conflicto colectivo. La reposición del daño material, por un lado, es entendida como la sustitución del bien afectado, sea este de propiedad familiar o comunal. Al tratarse de un aspecto material, y en el supuesto de que sea un bien de carácter privado, es común apreciar el consenso entre las autoridades o los comuneros de la asamblea y con él las posibilidades de un “arreglo” en la valorización y forma de devolución del daño producido. Al tratarse de un conflicto colectivo, en cambio, el “arreglo” o acuerdo sobre la sustitución o reparación del daño tiene el carácter de “forzado”. Por ejemplo, en el caso de “Acta de robo de tres gallinas y dos ovinos de los señores LR y sus dos hijos menores”73, después de identificar la responsabilidad de los autores y comprobar que además de gallinas y ovinos hubo robos de otros bienes, las autoridades y “agraviados” sostuvieron: OCTAVO.- Primeramente las autoridades de la directiva comunal y los tenientes gobernadores(,) comesarios(,) tenientes agrarios nos encontramos en el despacho del teniente gobernador VSS(;) todos los autoridades se expresaron que se deben arreglar como demandante y el demandado (….) NOVENO.- Como demandante vocal doña ERM se manifiesta que el arreglo debe ser tal como ha sacado don CRM (…..) y luego el señor GMR el arreglo debe ser bien en efectivo o gallina u ovinos.74

En el mismo proceso, a continuación, el demandado ofrece la reposición de lo indebidamente apropiado, pagando con parte de su terreno y en efectivo: DECIMO.- El demandado don LRM se manefiesta que quiere dar el terreno a un plazo limitado (,) y luego manifestándose don LRM en cuando del terreno mensionado HLP se le dará para defenitivo a la señorita ERM(;) el metraje fue lo siguiente(:) por largo mide cuarenta metros y por el ancho mide seis metros y medio (….) (….) este terreno fue acuerdo don LR y sus hijos J. y R. (,) estuvieron acuerdo para dar defenitivo sin reclamo alguno (por) parte de sus familiares (;) y otros aparte del dos ovinos robados fue la suma de cien nuevos soles y los tres gallinas la suma de treinta nuevos soles(,) total fue la suma de ciento ochenta nuevos soles de pérdida (….)75

Puede apreciarse que los comuneros transgresores tuvieron que sacrificar parte de su propiedad familiar para reponer el “daño” ocasionado en la 73

Titihue, en Libro de Antecedentes, acta de fojas 79-87, de fecha 6-02-96.

74

Ibíd, fojas 84.

75

Ibíd., fojas 85.

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familia demandante. Aquí, el razonamiento en el procedimiento de reposición es como si se tratase de un conflicto familiar, pero “forzado” por las autoridades comunales y el conjunto de familias presentes. En el supuesto de que el “robo” o el daño se hubiese producido contra la propiedad comunal, se puede entender que la reacción de las autoridades y, en su caso, de la asamblea comunal sea más expeditiva y exigente en el objetivo de conseguir la reposición de los bienes afectados76. El castigo, de otro lado, también tiene una función de reposición o restitución en el conflicto, pero no del daño material o físico sino del daño moral –preocupación subjetiva–, producto del hecho transgresor y que se encuentra inmerso en el colectivo de la comunidad. Se sancionará a la parte o partes responsables en tanto “pleitistas”, por haber perturbado la estabilidad de la comunidad o producir un daño a la imagen de su ser colectivo77. Así, en los casos de riñas entre familias comuneras, el sólo hecho de producirse la pelea con un escándalo mayor al que involucra cada familia en la comunidad, conduce a la aplicación de un castigo normalmente pecuniario: En la comunidad campesina de Quishuarani-Tiquirini78 en comprensión distrito y provincia Huancané(,) Sub-Región Puno(,) del día 26 de Abril de mil novicientos novintaycinco, que se llevó un comparendo bajo la (responsabilidad del) Teniente Gobernador y Directivo comunal sobre daño (que) se han hecho ambos comuneros, en amplia debate se llegó a un acuerdo mutuo, para posteriores no va a haber problema, y ambos comuneros se va tener sanción económico(. L)uego tanto EMT también no va a ofender en futuro igual manera AMC está acuerdo con dicho compromiso(. A)hora en conclusión entran en sanción económico ambos comunero la cantidad S/. 150.00 Nuevo soles, dicho sancion económico va recaudar para fondo comunal, eso en presencia de autoridades políticas y comunal…79

Después del “arreglo forzado” sobre los intereses familiares, que en el presente caso fueron las ofensas personales y los daños físicos o personales, de los que habrá una recíproca reposición, las autoridades se ven legitimadas para imponer una sanción económica consistente en una suma de S/. 150.00 (ciento cincuenta y 00/100 nuevos soles)80. Dicha sanción econó76

Ver, por ejemplo, Calahuyo: “Acta de arreglo sobre daños ocasionados en la tierra comunal”, en Libro de Antecedentes, acta de fecha 4-01-88.

77

El ser colectivo es la expresión del “desarrollo” o “progreso” de cada comunidad, tal como se explicará más adelante.

78

“Quishuarani-Tiquirini” era el nombre anterior de la comunidad de Tiquirini-Totería. Al respecto, puede verse la explicación sobre el origen y presentación de la comunidad en el capítulo 3.

79

Tiquirini-Totería: “Acta de conciliación (y sanción por riña, ofensas y ‘daños’ personales entre familias)”, en Libro del Teniente, acta de fecha 26-04-91.

80

Suma equivalente a US$ 140.00 (ciento cuarenta y 00/100 dólares americanos) aproximadamente, en la fecha de aplicación de la multa.

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mica o multa es la que simboliza la reposición del daño moral o la preocupación colectiva sobre la estabilidad material de la comunidad. En tal sentido es que se entiende que dicha sanción económica o multa se recauda “para el fondo comunal”. Las “llamadas de atención” y “retiro del cargo” de determinadas autoridades políticas o comunales constituyen otro ejemplo común de aplicación de castigo en las comunidades en estudio. Tales castigos se presentan como expresiones comunes en aquellos casos de comuneros que son nombrados para desempeñar determinados cargos menores en la comunidad, como ser parte de una comisión especial (por ejemplo, de electrificación de la comunidad) o ser parte de un comité permanente (club de madres o asociación de padres de familia de las escuelas), pero su aplicación también se extiende a los cargos principales como el de presidente de la comunidad81, teniente gobernador82 y hasta los de directores de las escuelas que funcionan en la comunidad83 y su personal de servicio, cuyos nombramientos no dependen de los órganos de las comunidades en las que se desempeñan. Por ejemplo, en el caso de “renuncia” y sustitución del cargo de presidente de la comunidad de Tiquirini-Totería, si bien dicho presidente con anterioridad había “cumplido” con presentar su carta de renuncia al cargo, la comunidad, a través de sus demás autoridades, convoca a una asamblea comunal en la que procedería primero a llamarle la atención y luego a decidir su sustitución bajo una aparente aceptación de su carta de renuncia: Segundo.- El teniente gobernador TM dio algunos emformes al referente en asistencia en Huancané y al mismo tiempo presentó la carta de renuncia del Presidente de la comunidad don LMM y se dio la lectura la carta en el contemedo dice el motivo de su renuncia es por encomplimiento de algunos miembros de la directiva con sus funciones. Mayoría de los comuneros opinaron que no era mayor problema para renunciar del cargo del presidente, despues de largo debate el dirictor de debate pregundó al LM (si) puede reterar la carta, y (dijo) la ultima palabra que diera la asamblea, luego democraticamente fue ala votación, optuvo 14 votos a favor y 65 votos en contra, y fue aceptado la Renuncia. Como presidente de la Comunidad asume el vece presidente don: JMM y miembros que acompañan(.) Compleran con sus funciones y obligaciones hasta su (periodo), asi mismo hace la entrega de documentos al presidente JMM y su cuerpo Directivo84. 81

Ver, por ejemplo, el caso de Tiquirini-Totería, “Acta de asamblea ordinaria (donde se llama la atención del presidente y se decide su renuncia)”, en Libro del Teniente, acta de fecha 22-10-93.

82

Ver, por ejemplo, Calahuyo: “Acta de derogación del cargo de teniente gobernador”, en Libro de Actas III, acta de fecha 15-06-92.

83

Ver Calahuyo: “Acta de cambio de director y personal de servicio del Centro Educativo de menores….”, en Libro de Actas IV, acta de fecha 25-01-99.

84

Tiquirini-Totería: Acta de asamblea ordinaria (donde se llama la atención del Presidente y se decide su renuncia)”, en Libro del Teniente, acta de fecha 22-10-93.

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El caso citado puede mostrar la preocupación de la asamblea por el ideal de un presidente valiente y decidido que pueda conducir a su comunidad dentro de los propósitos de “desarrollo” y “progreso” (su idea de ser colectivo). En el caso, el comunero presidente había hecho llegar previamente su carta de renuncia por supuesto “incumplimiento en sus cargos de los otros Directivos”. Esta razón no fue aceptada por la asamblea, que entendió más bien condiciones de debilidad en el comunero elegido como presidente, aceptando su renuncia. Pero nótese que más que la aceptación de dicha renuncia está, en la asamblea, la voluntad de sustituir al presidente, pues al someter ante los asambleístas el retiro de su carta, la respuesta colectiva fue negativa. Por amplia mayoría se decidió que dicho comunero no continuase en el cargo de presidente, sustituyéndolo por quien se desempeñaba como vicepresidente. Esta sustitución del cargo no sería sino la aplicación de un castigo, ante propia iniciativa del presidente, que consolidaría la vuelta a la estabilidad y confianza de la organización de la comunidad. En el mismo sentido, los conflictos que afectan al conjunto de los comuneros son manejados mediante la imposición de una variedad de castigos. El daño a la propiedad comunal, los casos de robo de ganado o de otros bienes, las riñas por linderos comunales, las comisiones de “actos inmorales”, la falta de respeto a las autoridades comunales y a la asamblea, la “usurpación” de funciones o la “traición” a la comunidad son conflictos cuya resolución envuelve la aplicación de castigos como elemento central para conseguir la defensa del interés general de la comunidad. Incluso, como se ha indicado, se trata de conflictos que en muchos casos tienen origen familiar. En un trabajo anterior analicé una muestra sistemática de dichos castigos (Peña 1991, 1998). Aunque la muestra está basada en una de las comunidades en estudio, Calahuyo, se pudo confirmar que también tienen aplicación frente al universo de conflictos de las comunidades de Titihue y Tiquirini-Totería. Con base en dicho análisis se puede apreciar que en las comunidades aymaras destacan seis castigos principales: Las multas: Se miden monetariamente y varían de acuerdo con el tipo de pleito (si se trata de un “acto inmoral”, la multa será mayor), la calidad del pleitista (si es reincidente, la multa también se acrecentará) y la situación del costo de vida en cada comunidad. Teniendo en cuenta este último factor, en 1984 la multa promedio en conflictos de origen familiar era de 25.00 soles; en febrero de 1989, de 15,000.00 intis; en marzo de 1992, 20.00 nuevos soles, y en octubre de 1999, tal promedio ascendía a 70.00 nuevos soles85. Lo recaudado en este tipo de castigo es, por regla general, destinado al fondo o cuenta comunal. Sin embargo, en comunidades como Titihue, 85

Las cantidades indicadas coinciden con un promedio de US$ 20 (veinte dólares estadounidenses) de las últimas fechas.

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esta regla puede relativizarse, pues cuando se trata de casos de robo de ganado u otros bienes, en los que se ha recuperado lo robado, es permisible que parte del total de la multa aplicable sea en beneficio del órgano interventor (las autoridades político-comunales y sus comisionados) como contraprestación al esfuerzo brindado en la resolución del pleito86. El trabajo obligatorio o forzado: En las comunidades de Huancané es unánime la utilización de este tipo de sanción cuando se ha incumplido con la faena o los trabajos comunales. En algunos casos suele utilizarse como castigo complementario a quienes cometieron daños en la propiedad comunal (en las parcelas o totorales) o “actos inmorales” que en opinión de los comuneros producen castigos que dañan los sembríos del territorio comunal. Consiste en obligar al comunero sancionado a poner en actividad su fuerza de trabajo en favor de un bien comunal. La llamada de atención o censura pública. Se suele imponer por la comisión de malos comportamientos, al entender de los comuneros, que transgreden criterios éticos o morales: por ejemplo, al cónyuge varón en caso de maltratos, al comunero o comunera que ha ofendido a las autoridades o asamblea, o en casos de actos inmorales. Busca, ante todo, sancionar el “mal ejemplo”. También se entiende como castigo previo o complementario a otros de mayor gravedad, como la prohibición al beneficio de la cosecha o pastoreo comunal o, en un extremo, la expulsión de la comunidad. La limitación sobre beneficios o servicios comunales. Son castigos típicamente económicos, referidos principalmente a los derechos sobre utilidades de los bienes comunales, en los que el propio comunero sancionado hubo participado. Ejemplos de bienes sobre los que se imponen limitaciones son: el sembrío y la posterior cosecha de la parcela comunal, el sembrío en los andenes comunales, los árboles de eucalipto de la comunidad, los pastizales de los cerros comunales, los totorales de la comunidad, el servicio de la tienda comunal, entre los principales. Las restricciones de estos beneficios, en la práctica, equivalen al aislamiento del comunero sancionado, dentro de la misma comunidad. El envío del caso a las autoridades de Huancané. Se aplica frente a las persistentes riñas y ante la incapacidad de las partes privadas para asumir un arreglo de “buena forma”. Como se ha indicado, el presente castigo tiene su razón de ser en el desprestigio de las autoridades judiciales de la ciudad: los comuneros están convencidos de lo costoso que resulta acudir ante tales autoridades y, contrariamente, de la poca eficacia en una solución terminante. La expulsión de la comunidad. Es el castigo más grave que puede recibir un comunero y su familia. Se aplica en casos extremos, contra quien o 86

Al respecto, ver Titihue: “Acta de compromiso y arreglo de robo de un ganado (vaca) por JEM”, en Libro de Antecedentes, acta de fecha 12-01-97, cláusula cuarta.

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quienes no han conseguido “reformarse”, luego de haber cometido varios “delitos” o daños comunales, haciendo insoportable la vida en la comunidad. Para el sancionado, esta expulsión significa, a su vez, la pérdida de su parcela familiar, que pasa a manos de la comunidad, convirtiéndose en terreno comunal o de propiedad del conjunto de miembros de cada comunidad. Los sancionados generalmente migran a ciudades lejanas a su comunidad; sin embargo, también se conocen casos de expulsiones temporales, en las que el comunero “castigado” retorna con previa aceptación unánime de la asamblea y el cumplimiento de otros castigos87. Entre los castigos señalados, las multas son las más comunes. Se aplica en todos los conflictos colectivos, de origen familiar y comunal, e incluso en algunos casos de conflictos familiares. De otro lado, cabe señalar que la pena de “expulsión de la comunidad” es una de las menos aplicadas, debido a que son igualmente extraños los casos en que los comuneros promueven conflictos que den lugar a ese tipo de castigo, gracias a la existencia de relaciones personalizadas al interior de cada comunidad, y al control familiar y comunal que imprime la propia comunidad. A la anterior lista de penas se pueden sumar los “castigos físicos”, aplicables particularmente en los casos de “actos inmorales” y “robo de ganado”. Dichos castigos consisten en propinar latigazos al transgresor o responsable directo del conflicto y son entendidos como un acto de “fuerte llamada de atención”, de reivindicación de los intereses de la familia y de ratificación del poder de la asamblea o de los intereses del conjunto de familias comuneras. En Tiquirini-Totería tuve oportunidad de conocer, por información de una de las familias de dicha comunidad, un caso de “acto inmoral”, ocurrido en 1998, que terminó en la aplicación de castigos físicos al comunero transgresor. El conflicto se originó cuando un comunero envuelto en amoríos con una mujer “residente”88 se fugó a la capital, dejando a su esposa e hijos. Cuando dicho comunero regresó a la comunidad, luego de haberse separado de la mujer con quien había huido, la familia de la agraviada y la propia familia del transgresor –incluyendo a sus padrinos– habían sometido el caso ante las autoridades y la asamblea comunal. En esta asamblea se decidió propinar latigazos al transgresor, que serían aplicados por parte de los padres de ambas familias y los padrinos del matrimonio. Solo posteriormente el comunero “corregido” volvería con su pareja e hijos. 87

Ver, por ejemplo, Titihue: Exigen y confirman cumplimiento de sanción de comunero por “expulsión de dos comunidades”, en Libro de Antecedentes, acta de fecha 23-05-97.

88

El “residente” es considerado aquella persona que ha emigrado y reside fuera de la comunidad, sea hombre o mujer. Refiero en mayor detalle las características de este término en el siguiente capítulo, donde se cita un tipo especial de conflicto intercomunal vinculado a la relación con los emigrantes de las comunidades en estudio.

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La racionalidad en la aplicación del castigo físico en el supuesto de robo de ganado es semejante a la del caso anteriormente referido, aunque se puede apreciar como un tipo de reacción violenta propiciada por el conjunto de comuneros más que por la familia del transgresor. Por ejemplo, en el caso ocurrido en Titihue, denominado “Acta de antecedente de Robo de Animal de una vaca color (brown swiss) de hermano BRL que cometió de robo por el joven militar ERM (servicio activo)”, puede apreciarse la siguiente actuación: SEGUNDO= Al encontrar dicho animal junto con el (ladrón) regresando junto con la compañía de auxilio, proseguiendo hemos recorrido con el animal ante el teniente del sector (P)ampa que (es) su hermano (…..) en tanto en la comunidad tanto hombres y mujeres, luego de tanto reconocimiento recorremos al sector central en el patio del C.E. Nro. 72254 en el cual el señor Presidente don JMR que se manifestó que en la noche hubo robo de animal de don BRL, que se desapareció de su amarratero en (I)sla (P)ata a horas 12:30 de la noche, asimismo dio agradecimiento a los auxiliares que recorrieron a diferentes partes, las autoridades políticas, comuneros y comuneras (;) también se manifestaron de dicho robo que cometio el joven Servicio (Militar) Activo don ERM, tambien se declaró las mismas palabras de sus compañeros que era de Pampa (C)hacamarca, asimismo preguntó las autoridades que sus declaraciones son mismas, por últimos bajo las opiniones de comuneros y autoridades mereció sus castigos dando latigazos su hermano GRM...89.

El caso muestra la narración del despliegue de la comunidad, más que de las propias autoridades, para auxiliar a la víctima del robo, capturar al “ladrón” y luego convocarse extraordinariamente para resolver el conflicto. El conjunto de comuneros considera que debe haber un “castigo ejemplar” contra aquel que ha producido un “grave daño” a la comunidad. Al coincidir que el joven ladrón es hermano de quien se desempeña en ese momento como teniente gobernador de un sector de la comunidad, se decide que sea dicho familiar quien propine los latigazos. Con ello se confirmaría que la familia del transgresor no acepta tales hechos (al haber dañado el honor familiar), pero también que a través de tales castigos la misma familia puede buscar superar la mala imagen producida. Un último aspecto respecto a las sanciones corresponde al tercer elemento que regularmente aparece como complementario a los castigos: la amenaza de un castigo o pena más severa en caso de que se repita el conflicto. Se trata del elemento preventivo de las sanciones, cuya finalidad consiste en garantizar y perpetuar la solución conseguida frente al conflicto de interés comunal. Para ello se recurre a un castigo o pena más fuerte o “grave” que pueda afectar al transgresor o a las partes en pleito. Aquí 89

Titihue, Libro de Antecedentes, acta de fecha 6-08-98 (itálicas mías).

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resaltan nuevamente las multas pecuniarias, con sumas mayores aplicadas como castigo, pero también destaca la “amenaza de remitir el caso a las autoridades competentes de Huancané”: COMUNIDAD DE TITIHUE: SEXTO: Por ambas partes pedieron disculpas y se comprometieron en no reinciden, caso contrario la parte culpable aportará una multa de cien soles peruano (S/. 100.00) para beneficio de la comunidad y que cumplirse ante las autoridades de la comunidad o ante las autoridades competentes de la provincia de Huancané y además se sancionará a sus culpas”90. COMUNIDAD DE CALAHUYO: OCTAVO.- Los comuneros y miembros de la Directiva comunal, en resumen de todo esto platearon que ponga una multa de la cantidad de S/. 30.00 nuevo soles para que la próxima vez no ocurra más problemas posteriores, caso contrario será elevado a las autoridades competentes de la provincia de Huancané bajo oficio firmado por la directiva comunal91. COMUNIDAD DE TIQUIRINI-TOTERÍA: SEXTO.- En caso de incumplimiento o algún retracto serán sometidos ala justicia lega(l) o alas autoridades competentes dela provincia de Huancané92.

En las cláusulas citadas puede apreciarse la amenaza por parte de las autoridades o la asamblea comunal de reprimir con mayor dureza futuros conflictos originados por las partes en pleito o por el transgresor que dañó el terreno comunal, por ejemplo. En el primer supuesto la aplicación de una fuerte multa (S/. 100.00 al año 199193) y el sometimiento ante las “autoridades competentes de la provincia de Huancané” aparecen como las amenazas de castigos más severos, mientras que en el segundo y tercer caso puede apreciarse que la amenaza consiste en la remisión del caso a las “autoridades competentes de Huancané”. El hecho de que en estos últimos no se haya incluido la aplicación de una fuerte multa adicional depende del tipo de conflicto y de la calidad de las propias partes. De otro lado, el hecho de que en los tres casos se indique la amenaza de remitir el caso a “las autoridades competentes de Huancané” no significa que automáticamente la reincidencia de las partes en conflicto produzca el cumplimiento de la amenaza y, en consecuencia, se produzca la intervención de las autorida90

Titihue: “Acta de compadeciencia, demandante CT vda. de R, demandado MRM y esposa MCR (riñas e insultos por riñas de terrenos)”, en Libro de Antecedentes, acta de fecha 24-07-91.

91

Calalhuyo: “Acta de sanción (a familia comunera) sobre los problemas ocasionados de la tierra comunal”, en Libro de Antecedentes, acta de fecha 18-06-92.

92

Tiquirini-Totería: Maltrato de menor y acuerdo sobre retorno de niño dado en “adopción”, en Libro del Teniente, acta de fecha 22-07-94.

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Suma equivalente a US$ 100 (cien dólares) a la fecha indicada.

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des de la ciudad. De acuerdo con las actas revisadas, son mínimos y remotos tales supuestos94. Las autoridades o la asamblea comunal también suelen aceptar o acudir a otras formas de amenazas o medidas preventivas con el objeto de eludir la repetición del conflicto. El juramento del propio inculpado que siguió al arrepentimiento y a las disculpas en un caso de robo puede ser ilustrativo: QUINTO.- El autor del robo de ganado don JE en presencia de todas las autoridades y comuneros presentes bajo juramento se prometió nunca más hacer ninguna clase de robos a ninguna persona. Don JEMR nuevamente vez tras vez fue interrogado y siempre contestó que nunca más hará esos daños robando las cosas y ganado de los comuneros y en los posterior de repetir tales hechos seré sancionado muy severamente con sanciones y castigos más severos, son promesas del JEMR. Al escuchar esas promesas las autoridades y comuneros quedaron diciendo que sea así, de lo contrario se sigue robando, acordaron aplicar las sanciones más severas de acuerdo a que se acuerde según acuerde la asamblea general conjuntamente con todas las autoridades95.

En la cláusula puede apreciarse el juramento o promesa del comunero “ladrón” como garantía de la no comisión de nuevos robos, aunque la propia referencia de las autoridades y la asamblea no es excluida: confían en que el comunero se “reformará”, pero en todo caso recurrirán a las sanciones más severas que tiene la comunidad, incluyendo la expulsión de la misma. En el fondo, el símbolo de la fuerza comunal es el que dirige la amenaza de un castigo más severo si se repite el conflicto entre las partes. Sin embargo, tal símbolo no es diferente a la efectividad y variedad de castigos o penas que previamente se habrían decidido aplicar, ni a la propia reposición bajo arreglo forzoso de daños materiales, en caso de que los hubiera habido en el conflicto. El conjunto de estos tres elementos utiliza y reproduce el símbolo de la fuerza comunal o la imposición de la “sanción”, instituida como el medio de defensa del interés de todos los comuneros en cada comunidad.

94

Al respecto puede consultarse el capítulo 3 del presente trabajo, donde se indica que del total de casos registrados en una comunidad como Calahuyo, sólo ocho coincidieron con una particular relación con las autoridades políticas o judiciales de Huancané, de los cuales tres se refieren a la resolución final del conflicto.

95

Titihue: “Acta de compromiso y arreglo de robo de un ganado(vaca) por JEM”, en Libro de Antecedentes, acta de fecha 12-01-97 (itálicas mías).

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LA RACIONALIDAD DE LAS PARTES Frente al conflicto, la concepción o racionalidad96 del comunero aymara consiste ante todo en concluirlo en un corto tiempo, llegando a un “arreglo” o “sanción” y velando por su cumplimiento. Quien se involucre como parte en cualquier conflicto sabe que tiene que seguir tal racionalidad. Más aún, quien directamente sea parte en el conflicto está obligado a desempeñarse bajo dicha racionalidad. Sea en el caso de la parte privada, particular o familiar, identificada principalmente con un interés familiar-parental, o sea a través de su actuación como parte colectiva, en el cargo de autoridad o de miembro de la asamblea comunal, los comuneros aymaras se ven obligados a colaborar en el procedimiento de resolución para llegar al mejor acuerdo o decisión frente al conflicto, pero también a colaborar en el cumplimiento de tal acuerdo o decisión final. Para ello hay que sumar dos principios que se encuentran en la base de tal razonamiento y que pueden ayudar a comprender el porqué de dichas obligaciones: el primer principio corresponde al honor familiar que está presente en la actuación de la parte privada, particular o familiar, y el segundo principio corresponde al ser colectivo que está presente principalmente en la actuación de la parte colectiva97. A continuación se analiza la racionalidad de la actuación de las dos partes regulares de los conflictos de las comunidades aymaras –la parte familiar y la parte comunal–, incluyendo en cada una los principios que las identifican.

Actuación de la parte familiar o privada Como se ha afirmado, la parte familiar, privada o particular tiene una actuación principal frente a los conflictos identificados como familiares o privados. Es frente a dichos conflictos que se destaca su participación tanto en el procedimiento de resolución, para llegar a un “arreglo” o decisión final, como en el procedimiento de ejecución, para evitar que se repita el conflicto. Complementariamente, esta misma participación de la parte familiar puede apreciarse en los conflictos colectivos, cuando se viera comprometida frente al interés comunal. 96

Utilizo el concepto de “racionalidad” bajo el significado o la interpretación analógica de Max Weber (1974) cuando se refiere a la construcción de la sociedad moderna. En tal sentido, se puede entender “racionalidad” como la percepción general de un grupo social sobre un fenómeno determinado, al que le aplican reglas generales, previstas, valoradas y sancionadas por el propio grupo social.

97

Un desarrollo detallado de estos dos elementos de la racionalidad de los comuneros aymaras en su actuación frente a un conflicto, puede consultarse en Peña (1998). En las páginas siguientes pretendo mostrar su aplicación en el conjunto de comunidades en estudio, confirmando que además de Calahuyo, es posible encontrar los indicados principios en las comunidades de Titihue y Tiquirini-Totería.

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Respecto a los conflictos particulares, tal como se ha explicado anteriormente, las partes privadas participan dinámicamente en la búsqueda de una solución desde el momento en que ocurre el pleito. Antes de llegar a conocimiento de las autoridades o de la asamblea comunal, el conflicto ya se ha agotado ante los propios órganos familiares-parentales. El familiar mayor, los padrinos o compadres o las propias partes, en una actuación “amigable”, han promovido el “arreglo armonioso” para terminar con el conflicto. Acuden a los órganos formales de su comunidad generalmente con un criterio complementario, para formalizar en actas el “arreglo” de separación o divorcio, de división o transferencia de parcelas, de acuerdo final sobre un contrato de anticresis y hasta casos de lesiones o riñas entre hermanos. El espíritu de autocomposición del conflicto puede apreciarse como una obligación ineludible en todo el entorno familiar de las partes interventoras. Por ejemplo, en el caso de reconciliación de una joven pareja por “separación y líos”98, es posible apreciar la participación de los padres y padrinos, además de otros familiares como hermanos mayores o “comuneros mayores”, quienes preocupados por las causas del conflicto deciden ponerle fin. La autocomposición del conflicto se produce en este entorno familiar: discusiones, llamadas de atención, arrepentimientos, reflexiones sobre la vida familiar, recomendaciones, etc. Luego, en el acta suscrita ante las autoridades, se verá lo siguiente: CUARTO.- Unanimemente los padrinos, padres, autoridades, testigos comuneros mayores de edad recomiendan concretamente (;) así mismo su hermano E.L. (llama la atención del joven esposo) por hacer problemas constantes de maltratos con la voz alta y veradez(; cuando debe ser) homorso (amoroso) para apoyar en su vida cotidiana de comprenderse, ayudarse, asistirse y formar un hogar a propio sacrificio, respeto mutuo a padres y de ambas partes y a la comunidad99.

Las palabras del hermano interventor pueden sintetizar en gran medida el conjunto de diálogos previos realizados en el entorno familiar y que no aparecen en el acta. Los padres y padrinos se expresan igual, y probablemente con mayor persistencia, dado el reconocimiento de su rol como órgano o autoridad dentro de la búsqueda de solución del conflicto. Ello puede mostrar cómo el conflicto no es solo de los actores o causantes individuales sino, sobre todo, del entorno familiar de cada uno de ellos; es decir, de su antigua familia nuclear que pasó a convertirse en su parentela consanguínea, pero también de su familia ritual representada por los padrinos. Lo importante en la intervención de las partes privadas es la intención del “arreglo” o la composición del pleito. No es interés por ganar el juicio o quedarse con la mayor parte de los bienes materia del conflicto o aprove98

Titihue, Libro de Antecedentes, acta de fecha 16-03-91.

99

Ídem.

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charse de los bienes conseguidos durante la convivencia o parte de la serviciña. No hay una razón que se imponga sobre la otra cuando se suscitan este tipo de conflictos: el error es mutuo, algo falló, una pieza alteró la relación de las partes, y es necesario arreglarla. Ello no significa que todo tipo de conflicto de pareja, por ejemplo, termine en reconciliación. Hay casos de separación y divorcio, como se ha explicado, en los que las partes familiares intervienen con la misma racionalidad100. La actuación de la parte familiar y sus propios órganos se extiende al propio proceso o procedimiento de ejecución del “arreglo” o decisión final. Luego de haber llegado al “arreglo”, los órganos de resolución familiar y los propios familiares o parentela estarán preocupados por el cumplimiento de cada uno de los aspectos que consideraron centrales en el acuerdo. Ello se hará evidente con las visitas frecuentes, los comentarios entre familiares y entre vecinos, las llamadas de atención al “irresponsable” o a los “irresponsables” del conflicto, y el diálogo permanente. En el ejemplo de reconciliación de la joven pareja, los padres y padrinos, así como los hermanos y otros familiares mayores estarán pendientes de la nueva actuación de los cónyuges en pleito. Es más, ellos expresamente se incluyen en el acta como garantía del éxito de la reconciliación: QUINTO.- Quien los padres (se comprometen) apoyan de ayudar en todo aspecto para su progreso101.

Pero, más aún, siguiendo la propia naturaleza de las sanciones comunales antes estudiadas, en cuanto consideran como tercer elemento la “amenaza de un castigo más severo”, las partes familiares se someten a una regla semejante bajo los siguientes términos: SEXTO.- Caso de no obedecer a los párrafos anteriores será sujeto a la multa equivalente a la suma de dos cientos mil millones102 en veneficio de la comunidad ó al acuerdo de la asamblea general de autoridades ó de acuerdo del Estatuto vigente conforme a ley(;) caso omiso será elevado a la instancia superior descrito de esta acta bajo documento adjunto. SETIMO.- (En) caso de que los familiares padres, hermanos, tios y otros suelen, opresión a favor o en contra(;) no serán (considerados) ó también merecerá una sanción propia103. 100

Al respeto, el razonamiento de las partes familiares aymaras parece ser el siguiente: si la pieza puede ser pulida y reutilizada, se consigue el “arreglo” de la “cosa malograda”; en caso de que la pieza haya sido severamente dañada, al extremo de que la “cosa malograda” no pueda seguir funcionando, el “arreglo” tendrá que convertirse en otra “cosa”.

101

Titihue: Reconciliación de joven pareja luego de “separación y líos”, en Libro de Antecedentes, acta de fecha 16-03-91.

102

Dicha suma equivalía a S/. 200,00 (doscientos nuevos soles) o a US$ 200 (doscientos dólares) de esa fecha.

103

Titihue: Reconciliación de joven pareja luego de “separación y líos”, op. cit.

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A manera de cláusula penal, las partes familiares, incluido el transgresor directo, se obligan a contribuir al éxito del “arreglo”, esto es, acabar con el conflicto definitivamente. En el caso anterior, entienden que el éxito se consigue con la reconciliación de la pareja, lo que significará que cada uno de los miembros de la pareja cumpla como “esposo” o “esposa” y, de otro lado, que los otros familiares cumplan como tales –padre, padrino, hermano, tíos–, no interviniendo “a favor” o “en contra” en la relación de la pareja reconciliada. Los demás miembros de la familia entenderán que es la propia pareja la que debe resolver sus pequeños conflictos, para así “formar un hogar a propio sacrificio”, pero también entienden que deberán estar pendientes de cualquier otro acto de separación o “líos” que se manifieste en un nuevo conflicto. En el mismo sentido, los comuneros razonarán familiarmente en el cumplimiento del acuerdo de separación, cuando la reconciliación ya no sea favorable a la pareja, o el acuerdo de división o de transferencia de parcelas, o el caso de riña o agresión por ofensas entre familiares. En dichos casos se buscará no reincidir en los mismos “errores” o “faltas” y más bien acabar con el pleito bajo amenazas de multas u otros castigos. De otro lado, la actuación de la parte familiar frente al conflicto comunal o colectivo también tiene una racionalidad semejante. Durante el procedimiento de resolución, la parte familiar comprometida no buscará eludir o evadir el conflicto dentro del propósito de prolongarlo o desviarlo. La parte familiar, al lado de su parentela (con su respaldo y protección), se somete al conflicto y una vez dentro de éste, “ceden” y reconocen sus “errores”. El diálogo en su lengua materna, y la opinión y crítica del conjunto de comuneros en asamblea o, más precisamente, de sus autoridades, condicionan el desarrollo de tal sometimiento. Pero, más aún, la propia parte familiar sabe que por el prestigio de su parentela “no deberá mentir”, lo que facilitará el arribo a una decisión final en corto tiempo. En el cumplimiento de esta decisión final, la participación familiar también se ve envuelta en una actuación semejante. Para ello entiende que, frente al conflicto comunal, la parte familiar aparece como transgresora del orden o la estabilidad comunal, es decir del interés de todas las familias de la comunidad con las que interactúa, lo que la fuerza a cumplir con la sanción impuesta.

El principio del honor familiar en la actuación de la parte individual-familiar En la parte familiar y su parentela hay algo subjetivo, de alta intensidad, que motiva y fuerza la racionalidad de su actuación en el proceso de resolución del conflicto: el honor familiar. Esta fuerza subjetiva, que en términos sencillos o prácticos se podría calificar como el prestigio que identifica a Antonio Alfonso Peña Jumpa. Poder judicial comunal aymara en el Sur Andino Colección En Clave de Sur. 1ª ed. ILSA, Bogotá D.C. Colombia, marzo de 2004

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cada familia y a su parentela, es la que impulsa la participación de padres, padrinos, tíos y de los propios comuneros involucrados en la resolución y posterior cumplimiento del acuerdo o la decisión final sobre el conflicto familiar o el conflicto comunal en el que se vieren involucrados. La conservación y el cuidado del honor familiar al interior de las parentelas de las comunidades en estudio hacen que se arribe a un acuerdo o decisión final, antes de que otras familias o parentelas logren enterarse del conflicto o antes de que la discusión se dilate o se torne agresiva al interior de la asamblea. En el caso de la “Llamada de atención y sanción por ofender autoridades y por haber convevido con la señora DL sin terminar con la primera”104 puede apreciarse un fuerte despliegue de la actuación de la parentela sobre la actuación de las propias autoridades dentro del propósito de aclarar y terminar con el conflicto, aunado al reconocimiento de los “errores”, las disculpas, el pago de una fuerte multa y la promesa de no repetir el conflicto por parte del comunero transgresor: (…) Don DMR se manifestó (que) ha convevido ocho meses con la señora de Capachica, pero nos hemos puesto de acuerdo para separarse, inmediatamente (después) he convevido con la señora DL, todo esto sabe mis familiares y están de acuerdo para cambiar de esposa (;) o sea la señora JF es reemplazada por DL(;) otro dice que la señora DL me obligó irme con sus propios pies obligándome a mi persona para despidir o separar de la casa a la señora JF y yo hice caso y al final se despidieron en buena forma entre ambas señoras y se fue llevándose algunas cosas. (…) Sobre insultos se pedió disculpas deciendo que debian venir unos dos personas y otro dia porque ese rato estaba en estado etílico, pero (replican las autoridades) Don DM habló a la asamblea de la comunidad sin guardar el mínimo respeto haciendo quedar mal a la familia Mendoza(;) sobre el caso don AMR se manifestó que a su (hermano D.) había encomendado que primero debería dejar en su casa a la señora JF haciendo separación de cuerpo y recien consiguir otra mujer, asimimos dejo que mi hermano D. no vino a las reuniones (familiares y convocadas por las autoridades) por eso yo digo que reconozca sus errores y que acepte las sanciones que la asamblea determine. [A]si mismo informaron que el señor D. había amenazado de muerte maltratando físicamente a la señora JF. (…) Segundo.- Las asambleistas opinan que debe poner una multa uno por ofender a las autoridades y otro por convivir con dos mujeres (;) después de muchas intervenciones llegaron a una conclusión de que debe poner una sanción de doscientos cincuenta nuevos soles para las autoridades y otros doscientos cincuenta soles para el fondo de la comunidad(;) Don DMR reconoce sus herrores y acepta poner la multa como

104

Titihue, Libro de Antecedentes, acta de fecha 6-09-97.

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sanción la cantidad propuesta(,) esto pagará a la comunidad a más tardar el Quince de Octubre del presente año y señala como garantía una vaca maltona(;) reiterando varias veces (sobre) las opiniones de los comuneros, se compromete pagar la multa sin dudas ni murmuraciones, ni cambiar las ideas, asimismo se compromete que sus familiares no hablaran nada, del mismo modo que no hablará palabras groseras hacía las autoridades y hacía sus semejantes, pero el público pide que se aplique otra multa a la señor DLR(;) muchos comunero recomendaron de buena manera, acepta las recomendaciones y vuelve a comprometerse del pago de la multa y vivir sin insultos a las autoridades y a todos los comuneros.105

Puede apreciarse la fuerza coercitiva de la comunidad y sus autoridades por resolver el conflicto, particularmente porque en días anteriores el comunero transgresor había ofendido a dichas autoridades; pero por encima de esto puede apreciarse la preponderancia del interés de la familia del transgresor –su hermano, primos o tíos sobrevivientes ante la ausencia de sus padres y padrinos– por reconciliarse con la asamblea y terminar con el conflicto. La parentela involucrada se muestra preocupada porque el familiar transgresor “habló a la asamblea de la comunidad sin guardar el mínimo respeto haciendo quedar mal a la familia Mendoza”: en adición a la convivencia simultánea con dos mujeres, que constituye un grave “error” por no respetarse las reglas del matrimonio aymara –monogámico y por etapas106 –, el transgresor ofendió a las autoridades. Pero, más aún, la transgresión familiar y el daño al honor familiar no solo se han desarrollado por el lado de la familia Mendoza, sino complementariamente por el lado de la parentela de la señora DLR (la segunda conviviente), a quien también se exige el pago de una multa. En suma, en el conjunto de las interacciones familiares y comunales involucradas en el actuar del familiar transgresor y en el conjunto de interacciones familiares y comunales relacionadas con la segunda conviviente, puede apreciarse la complejidad de la comprensión del honor familiar en los aymaras. Del caso se pueden deducir hechos que atacan la imagen del honor familiar, pero también se pueden conocer las reacciones inmediatas que buscan recuperar o evitar que se siga degradando dicho honor. El conjunto de estas interacciones y percepciones está presente en la resolución del conflicto. Con el mismo criterio, el hecho de cumplir con el acuerdo y evitar que el conflicto se repita es otra manifestación de la fuerza subjetiva del honor familiar. “Cumplir con lo prometido” o “cumplir con la palabra empeñada”

105

Ibíd. (itálicas y paréntesis míos).

106

Al respecto puede revisarse el capítulo 3, en la referencia al matrimonio aymara como un aspecto central de su identidad cultural.

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se presenta como un elemento semejante a “no mentir” y “reconocer los errores” dentro del procedimiento de resolución. Pero, esta vez, el “cumplir con lo prometido” buscará borrar el conflicto, desaparecerlo para evitar que las familias se enteren o sigan hablando del mismo, con el fin de recuperar en parte el honor familiar afectado. Para ello, entregar como garantía una “vaca maltona” o pagar una fuerte multa no vienen a ser sino medios o instrumentos para manifestar dicho honor; pero también hay un contenido difícil de describir y que involucra el entorno del comunero, la concepción y actuación de los otros comuneros, y la concepción y actuación del mismo transgresor. De esta forma, el honor familiar se presenta como el principio o postulado fundamental de la actuación de la parte privada en el conflicto. “Un comunero sin honor no vale nada”, diríamos, parafraseando a Juan de Dios Uturunco107. En efecto, el honor es uno de aquellos aspectos de los cuales los comuneros aymaras no pueden desprenderse mientras vivan en la comunidad e interactúen permanentemente con sus familiares y parientes, y los demás familiares y parientes existentes108. Construyen el honor en sus actividades diarias, en las enseñanzas de padres a hijos, en el contacto con su medio, en la participación en la organización social, en la algarabía de sus fiestas, etc., en todas estas prácticas se van asumiendo como reglas “el no mentir”, el saber “reconocer sus errores”, el “cumplir con la palabra empeñada” y otra variedad de normas que guían sus propias vidas. Al final, la presencia del honor familiar en la extinción del conflicto no viene a ser sino uno de los tantos aspectos o campos en los que se manifiesta y se reconstruye.

Actuación de la parte colectiva o comunal La parte colectiva o comunal en una comunidad se expresa formalmente a través del conjunto de sus autoridades –donde destacan el presidente y el teniente gobernador–, el conjunto de comisiones especiales (electrificación, agraria, club de madres, Apafa, etc.) y la asamblea comunal, que reúne al conjunto de autoridades, comisiones y a las diferentes familias y comuneros que viven en su territorio. Las páginas siguientes, más que ocuparse de las autoridades, comisiones y la asamblea, se centran en las familias y 107

108

Entrevista con Juan de Dios Uturunco, Calahuyo, febrero de 1989. En dicha fecha el entrevistado se desempeñaba como presidente de la comunidad. Con la migración, el honor familiar se transforma y va a carecer de la fuerza con que se identifica en el comunero hábil. En una reunión con emigrantes de la comunidad de Titihue en Lima, en abril de 2000, pudimos apreciar la capacidad de unidad, referencia y respeto por la familia y los parientes mayores. No obstante, también pudimos apreciar el desprendimiento sentimental de algunos “residentes”, quienes favorecidos por un relativo éxito económico continuaban reuniéndose en las actividades colectivas de los emigrantes, pero también formaban pequeños grupos que podían mostrar un menor respeto por sus “mayores”. Sin embargo, con el retorno y reinserción a sus comunidades, dichos “residentes” recuperan rápidamente su identificación con el honor familiar.

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sus comuneros, que interactúan en la comunidad sin necesidad de ostentar cargos o comisión alguna. En otras palabras, se busca responder la siguiente pregunta: ¿cómo reacciona o actúa un comunero común como parte de su familia y comunidad frente a un conflicto en el que se ha afectado el interés de la comunidad? Como se ha señalado, la actuación de la parte colectiva o comunal está particularmente presente en los conflictos denominados comunales o colectivos, en los que también se pueden distinguir las etapas del procedimiento o resolución del conflicto y la del cumplimiento del acuerdo o decisión final. Dentro de la etapa del procedimiento de resolución, cuando se ha afectado el interés de la comunidad, todos los comuneros o cada individuofamilia de las comunidades en estudio se sienten con un legítimo derecho de participar en su defensa. Esta defensa se ve expresada a través de la preocupación por el conflicto –que traslada a su casa y trabajo–, la “denuncia” o “demanda” que formula ante las autoridades o asamblea, la declaración testimonial de los hechos que hubo conocido, los indicios o evidencias que puede aportar por conocer el lugar de los hechos o por haberse encontrado en dicho lugar antes o después de los incidentes del conflicto, así como a través de su participación como “comisionado” voluntario o nombrado para seguir las huellas de un ganado perdido, el aporte de su opinión como comunero mayor o exautoridad conocedora de problemas similares, la comprensión y la participación en la toma de decisión final, etc. Incluso, tratándose de un conflicto grave, la participación de esta parte colectiva o comunal se ve expresada en la sola asistencia a las asambleas o reuniones extraordinarias, para lo que suspende por algunas horas sus faenas agrícolas o ganaderas y, en consecuencia, se hace necesaria la aplicación de soluciones rápidas y directas. Por ejemplo, en el caso de Tiquirini-Totería, comunidad que resultó del desmembramiento de la comunidad mayor Quishuarani-Tiquirini109, tal desmembramiento ha significado y sigue significando uno de los conflictos más prolongados y complejos de la comunidad. A la inicial decisión de desmembramiento, ocurrido en 1986, se sumaron otros acuerdos confirmatorios para el trámite de su reconocimiento, como el siguiente: En la comunidad de Quishuarani-Tiquirini110 en el setio denominado tienda comunal en comprensión del distrito y provincia Huancané se llevó la reunión bajo la convocatoria de la directiva comunal para tratar el asunto de desmembramiento.

109

Al respecto se puede consultar el capítulo 3, donde se refiere brevemente el proceso de formación de la comunidad Tiquirini-Totería.

110

El nombre “Quishuarani-Tiquirini” es la denominación que usaba la comunidad Tiquirini-Totería hasta su reconocimiento como nueva comunidad.

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(P)or unanimidad nos decidimos en desmembrar al sector Villa Quishuarani111 de nuestro territorio lo mismo que la colendancia es por el río Putina por medio, y por el Sur con la CC. Chuquiaquillo, por el este con la C.C. Cuyuraya, y por el norte con la CC. Chijichaya es la toda veracidad en cuanto a las colindancias y por decisión por mayoría fermamos todos los asistentes a esta acta. al pie en la fecha del diecesis de agosto de mil novecientos noventaiseis (16-08-97)112.

Como se señaló en la presentación de la comunidad Tiquirini-Totería113, su desmembramiento tuvo origen en una serie de actividades incompatibles entre dos grupos de campesinos pertenecientes a lo que fue la comunidad Quishuarani-Tiquirini o comunidad “madre”: un grupo con sus tierras ubicadas al lado Este del río Putina (también llamado río Huancané), y otro grupo ubicado hacia el lado oeste. Al lado Este se encuentra lo que hoy es la comunidad Tiquirini-Totería, y al lado oeste aparece la comunidad mayor que ha quedado con el nombre de Quishuarani. Los comuneros de ambas comunidades fraccionadas han afrontado una multitud de conflictos de interés comunal suscitados desde la inicial decisión de desmembramiento y conformación de una nueva comunidad por parte de una de las facciones. Conflictos como robos, agresiones y esporádicos enfrentamientos físicos aparecen en los registros de sus Libros de Actas, así como en el recuerdo de los comuneros de Tiquirini-Totería. En el desarrollo de tales acontecimientos es posible encontrar las muestras de participación de los comuneros en la resolución del histórico conflicto. Ambos grupos de comunidades cerraron sus fronteras para no transferir información de una a la otra. El interés de todo el colectivo se encontraba en conflicto y quien conversara con el otro grupo de comuneros era identificado como “traidor”. En cada reunión donde se trataba el tema, particularmente desde Tiquirini-Totería, podía apreciarse al conjunto de comuneros preocupados, aportando ideas y cuotas de dinero, y participando en las diferentes comisiones que se constituían para tramitar la separación y el reconocimiento autónomo de la comunidad. Cada acción judicial o administrativa, al igual que el propio pago de su abogado, les confirmaba las limitaciones o “defectos” de los sistemas de resolución de conflictos del Estado; pero, más aún, consolidaba esa participación colectiva. Así, frente a cada problema existente en el trámite de su reconocimiento, que bien se puede identificar como conflictos comunales acumulados, el razonamiento ha sido la búsqueda de resolución inmediata: 111

112

113

La referencia “Villa Quishuarani” corresponde a la comunidad mayor de donde se ha desprendido la comunidad de Tiquirini-Totería. Una vez que ésta alcanzara su reconocimiento, dejó el nombre de Quishuarani-Tiquirini, el que se fusionaría con la comunidad que había sido identificada como Villa Quishuarani. Tiquirini-Totería: “Acta de Desmembramiento del territorio comunal de la comunidad campesina de Quishuarani-Tiquirini (confirmación)”, en Libro de Actas del Teniente, acta de fecha 16-08-97. Al respecto, ver el capítulo 3.

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Primero informe del Presidentes de la comunidad sobre la titulación en el ministerio a manifestado han pagado ovejas al funcionario (la otra comunidad) están calomiando (calumniando) al miembro de la comunidad, a la vez la resolución (que proyectaba reconocer a Tiquirini-Totería como comunidad) estaba papel duro y ahora, la dicha documento es simple(;) por su parte don MMT ha manifestado que siempre los de Frente no han querido con dicha resolución, siempre han oponedo anteriormente igual forma así su informa da. Presidente de ASPAFA (Asociación de Padres de Familia), que la taria acortada (los del frente) no ha cumplido con dicho trabajo, porque la mayoría falta el trabajo cotidiano, el Teniente gobernador así su informe, que nosotros no se estamos la problema con dicho ministerio. -Problema interno de la comunidad sobre Titulación el presidente comunal (dijo) parece que el ministerio está a favor de Villa Quishuarani (comunidad del frente), y al que está diregiendo en contra de nuestra comunidad(;) un comunero ha manifestado nosotros tenemos que levantar un expediente presentar al ministerio y igual forma, los del ministerio ha venido a ofrecer sobre titulación, porque primero tenía que areglar antes(;) que otro lado el comunero JDTS (dijo) hay que ensistir hasta Final, igual forma don JMT hay que inscribirse al Registro Público como ha pedido ministerio. Por amplio debate se llevaron a un acuerdo y por unanimidad hasta seguir final, lo mismo apoyar hasta última consecuencia, o bien dando o partir el nombre de la comunidad114.

Puede apreciarse el debate de los comuneros ante un problema de soborno o corrupción de funcionarios, ocurrido en uno de los ministerios, en relación con el trámite de la titulación de sus tierras y el reconocimiento de su comunidad. Frente a las acciones de la comunidad rival, el caso puede mostrar el nivel de participación de autoridades y comuneros en general por dar solución al problema, aportando ideas, informes, testimonios y sugiriendo alternativas, hasta llegar finalmente a un acuerdo: “inscribirse hasta el final”, “continuar con el trámite apoyando hasta las últimas consecuencias”. El comunero participante, como parte de una familia y del colectivo, se siente obligado a intervenir en la solución del problema comunal presentado. El interés colectivo o interés de la comunidad se encuentra en el mismo comunero, en tanto cualquier beneficio que se obtenga le corresponderá a él mismo. Además del caso citado, en otros casos comunales, como el de daños a las parcelas comunales o a los andenes o totorales de la comunidad, o en los de “mal manejo” de la tienda comunal o de la empresa comunal, el comunero racionaliza que la existencia de dichos conflictos está 114

Tiquirini-Totería: “Acta de asamblea ordinaria (incluye decisión y acuerdos sobre trámites de titulación y pago de cuotas)”, en Libro del Teniente, acta de fecha 6-09-97. (El texto entre paréntesis es mío).

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afectando parte de su interés o el de su familia, más allá del propio interés de la comunidad. Dicho comunero sabe, por ejemplo, que al frustrarse el trámite de titulación o de reconocimiento de la comunidad, o al fracasar la tienda comunal, él y su familia se verán afectados de distintas maneras: los gastos del trámite y las expectativas de autonomía devendrían nulas, integrándose él y su familia al gobierno de una directiva con la que no se sienten identificados; recibirán menos cosechas de las parcelas comunales, no podrán pastar sus ovinos en los pastos comunales o carecerán de suficiente llachu para su ganado vacuno; en el mismo sentido dejarán de contar con una tienda de abastecimiento de productos de primera necesidad, abundante y a un costo mínimo. En todos estos casos el interés individual-familiar del comunero consistirá en buscar concluir con el conflicto comunal y, si es necesario, defender sus bienes, incluso contra los intereses de sus propios familiares. En dicha actuación también suele destacarse la preocupación del conjunto de comuneros por someter ante la organización de la comunidad a la parte familiar transgresora o “inculpada”. La preocupación es total, en el sentido de que no solo involucra el entorno familiar del comunero transgresor –por el temor a la pérdida de su honor familiar–, sino que se manifiesta como un acto de solidaridad de los comuneros en cada una de las etapas que supone la resolución del conflicto iniciado por tal transgresor. Así, en el caso de robo de ganado producido por un joven comunero, es posible apreciar una reacción colectiva inmediata ante la “denuncia” o “demanda” interpuesta por el propio agraviado o por algún testigo, la que se verá precedida por la recepción y actuación inmediata del conjunto de comuneros en la búsqueda del ganado perdido y el sometimiento de quien ha cometido el “grave error”. Al identificar al transgresor, el razonamiento de la actuación de los comuneros por resolver el conflicto también será inmediato. Se entenderá que el comunero transgresor es un “mal elemento” para el desarrollo de la comunidad, en consecuencia la intención de los comuneros consistirá en “reformarlo”, llamándole la atención –al lado de su familia y parentela–, castigándolo con fuertes multas y, en último caso, expulsándolo de la comunidad. Al respecto también cabe anotar que, frente a dichos conflictos, la propia parte familiar o privada y su parentela se ven involucrados en la resolución del conflicto en forma rápida. La razón es muy sencilla: se está afectando el prestigio de toda la familia, su honor familiar. En la etapa de ejecución o de cumplimiento del acuerdo o decisión final, el razonamiento de la actuación del conjunto de comuneros es de conformidad con lo anteriormente expuesto: extinguir el conflicto, superar el grave perjuicio producido contra el orden y la paz comunal. Como ocurre con los conflictos particulares o familiares, el conflicto colectivo no se entiende Antonio Alfonso Peña Jumpa. Poder judicial comunal aymara en el Sur Andino Colección En Clave de Sur. 1ª ed. ILSA, Bogotá D.C. Colombia, marzo de 2004

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concluido si el acuerdo o decisión final no se cumple. Requiere la efectivización del acuerdo o sanción decidida en el procedimiento de resolución. Volviendo al caso de “desmembramiento” de la comunidad TiquiriniTotería, en el acta donde se decidió continuar hasta el final con los trámites de titulación y reconocimiento, inmediatamente después de la decisión es posible apreciar la preocupación e interés de los comuneros por materializarla, lo que en principio se manifiesta con el aporte de cuotas económicas acordadas subsiguientemente: -Cuota comunal para período 97-98- los miembros de la comunidad han acordado a cotizar para el período 97- La mayor parte comunero(s) ofrecieron cotizar y otra parte comunero, se han negado a cotizar; en se llegaron a un acuerdo final que se complemente la cuota comunal para trámites correspondiente ante Ministerio (para continuar con el trámite final;) por su parte una comunero PT manifiesta que no debo poner, porque no estoy de acuerdo con el cambio de nombre (ante el nuevo reconocimiento de la comunidad desmembrada)115.

Si bien la decisión de aportar las cuotas no tiene la aceptación unánime que tuvo la anterior decisión, puede apreciarse que los comuneros están mayoritariamente de acuerdo con facilitar los medios o recursos para que se materialice la decisión de titulación y reconocimiento de la comunidad. Es una participación que contribuye indirectamente con el propósito de conseguir la titulación de la comunidad como una satisfacción de interés colectivo. Pero también se suman formas participativas más directas, como el hecho de pertenecer a la comisión encargada del trámite o el hecho de que cualquier comunero acompañe, con sus propios recursos familiares, a la comisión gestora. Esta preocupación también puede apreciarse en la ejecución de la decisión tomada en los casos de daños al sembrío comunal, del mal uso de los pastos o del llachu comunal, de la mala administración de la tienda comunal, y en los propios casos de robos o de llamada de atención a los comuneros que no cumplen su cargo. En dichos casos, el conjunto de comuneros con su presencia, con el diálogo entre vecinos, la indiferencia o el silencio frente a la familia transgresora o la opinión dada en plena asamblea recordando los hechos, propiciará el cumplimiento definitivo de la decisión tomada con el propósito de alcanzar el establecimiento o restablecimiento del orden que entienden necesario para su comunidad. En el mismo sentido, los comuneros buscan que no se repita el conflicto. Para ello recurren al uso de “amenazas de castigos más severos”, como se ha explicado. Aunque también cabe recordar que para el establecimiento de tales amenazas y para el propio cumplimiento del acuerdo o decisión 115

Ibíd., acta del 6-09-97.

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final se recurre a una gran flexibilidad que dependerá del tipo de conflicto y de la calidad de la parte. Lo que importa, entonces, es agotar o extinguir el conflicto. En el razonamiento del actuar del conjunto de comuneros, dentro del procedimiento de resolución es sumamente importante arribar al acuerdo o decisión final en el menor tiempo posible, pero también complementariamente “velar” por que se cumpla tal acuerdo o decisión. La preocupación por el conflicto no desaparecerá o dejará de ser relevante mientras que la sanción o el “arreglo forzado” no se haya cumplido.

La idea del ser colectivo como sustento de la participación de la parte colectiva o comunal ¿Cuál es el efecto en el conjunto de comuneros del razonamiento de la actuación antes descrita, que busca extinguir el conflicto comunal o colectivo? Creo que tal explicación se encuentra en la voluntad de cada uno de los comuneros y su relación familiar de restituir lo que ellos entienden por orden, estabilidad o paz comunal. Los comuneros sienten que antes que ellos –antes que el interés propiamente familiar–, se encuentra el interés del conjunto de familias y comuneros en general. Hay un carácter cuantitativo por el que se podría afirmar que el conjunto de 60, 170 u 80 familias en Calahuyo, Titihue y Tiquirini-Totería, respectivamente, “vale” más que una o dos familias en pleito que transgreden el orden comunal. Pero, más que ello, también está presente un carácter cualitativo que consiste en identificar al conjunto de la comunidad y su territorio como un espacio de identidad: es el lugar donde la familia transgresora, al igual que el conjunto de las otras familias, interactúan, se prestan ayuda, realizan sus faenas agrícolas, se divierten, practican deporte, se rotan los cargos, se reúnen, organizan sus fiestas, etcétera. Se trata de la existencia de un referente comunal, un ser colectivo que se origina, se reproduce o está presente en la racionalidad del conjunto de comuneros. Dicho ser colectivo se presenta como el espíritu que, más allá de la fuerza o coerción de las autoridades y la asamblea como órganos de resolución, fomenta la predisposición para la autocomposición de los diversos conflictos de interés comunal116. El daño a la parcela comunal o a los pastos o llachu comunal, la “mala administración” de la tienda comunal, la riña escandalosa entre familias de la comunidad, la falta de respeto a las autoridades y a la asamblea, la comisión de “actos inmorales” que produ116

La idea del “espíritu” en el ser colectivo se puede asemejar a la idea del “espíritu” que está en las cosas, de acuerdo con la interpretación del hau que presenta Marcel Mauss (1971) cuando se refiere a la teoría de los dones en las obligaciones entre sociedades o comunidades melanésicas.

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cen el castigo de la naturaleza, así como los casos de robos en la comunidad, son conflictos que se resuelven bajo la racionalidad del espíritu del ser colectivo, más allá de la propia intervención o actuación de los órganos de resolución. En el caso de la comunidad de Titihue, “Acta de Antecedente de Robo de Animal de una vaca brones (Brown Swiss) de hermano BRL, que cometió de robo por el joven militar ERM (servicio activo)”117, puede apreciarse en detalle la predisposición autocompositiva por parte de los comuneros para resolver uno de sus más complejos conflictos y extinguirlo dentro de la presencia de su ser colectivo: PRIMERO: El comunero don BRL se manifestó que en la noche del Miércoles todos los hermanos del séptimo día hemos ido de arrepentimiento al Cerro Lambayani de medio noche a horas 12 de la noche, en la bajada los animales que quedaron han llorado, de esta manera llegué a la casa dar aviso a la señora, de inmediato se puso a llorara y yo fue a ver a los animales, y siempre faltó, de inmediatamente pido auxilio para recorrer al encuentro de animal, recorriendo al rastreo, luego pregunté a la señora JRR en el cual me dio respuesta de que a horas 9 de la noche ha hecho pasar por dos personas, luego sigo recorriendo pediendo auxilio y nadie no me escuchó, seguiendo me dio parte al teniente político, luego recorro hasta el joven PGMM que suplique que me lleve de bicicleta, entonces recorriendo, luego hemos alcanzado al joven comunero JMR y esposa y tia MRS y los demás me alcanzaron de auxilio JLC, RRQ, de esa manera el PGMM y el otro JUMR de inmediato lo vieron (;) al figar (fijar o darse cuenta) el joven de Servicio Activo derigio a un lado para desimular, al animal(,) y su dueño se reconoció a su animal. SEGUNDO: Al encontrar dicho animal junto con el robo (ladrón) regresando junto con la compañía de auxilio, proseguiendo hemos recorrido con el animal ante el Teniente de Sector (P)ampa que (es) su hermano(,) para hacer reconocer que era su menor(;) que (quien) declaró que hemos cometido con mi compañero MLJ que era de comunidad Pampa Chacamarca(;) en cada pregunta habló un solo declarando(,) en tanto en la comunidad tanto hombre y mujeres, luego de tanto reconocimiento recorremos al sector central en el patio del C.E. Nro. 72254 de Titihue en el cual el señor Presidente don JMR que se manifestó que en la noche hubo robo de animal de don BRL, que se desapareció de su amarratero en (I)sla (P)ata a horas 12:30 de la noche, asimismo dio agradecimiento a los auxilios que recorrieron a diferentes partes, las autoridades políticas, comuneros y comuneras(;) también se manifestaron de dicho robo que cometió el joven Servicio Activo don ERM, también se declaró las mismas palabras de sus compañeros que era de Pampa (C)hacamarca, asimismo preguntó las autoridades que sus declaraciones son mismas, por último 117

Titihue, Libro de Antecedentes, acta de fecha 6-08-98.

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bajo las opiniones de comuneros y autoridades mereció sus castigos dando látigos su hermano G.R.M (...) (...) (S)eguiendo de la problema de robo del joven E. Bajo manifestaciones se expresó nunca más y jamás haré estas cosas(. D)io las sanciones y actos por parte del comunero RRM damos una sanción. Tambien el manifesto de sus costumbres de su abuelito que dio una vida de fin, y de esta caraver (cadáver) tambien en carcel (;) luego dio sus manifestaciones el joven RMR se expresó para mi una sorpresa de robo que cometio el joven activo, dicho joven que ponga una sanción fuerte, que done un terreno para el colegio o centro poblado o una sanción para autoridades y comuneros (…) (...) El joven de Servicio Activo don ERM quiso poner una multa de 300 por un plazo de un mes, luego su madre HM vda. de R. y su hermano teniente GRM por el joven robo una vaca por su herror quiso poner una suma de S/. 200.00 por un período de tres meses es como garantizador. (L)uego el comunero JTC dio propuesta de sanción de S/. 500.00 nuevos soles. (D)e otra parte donaría un terreno (él) para centro poblado, y otra parte para laboratorio, y otra parte el comunero don ABMR también tiene opinión de S/. 300.00 nuevos soles (.) S/. 200.00 nuevos soles para comuneros que son de dos propuestas que son iguales(;) según de las opiniones de las autoridades dieron un cuchillo de la mitad S/. 250.00 nuevo soles (;) por último bajo opinión de AMR aprobó S/. 250.00 nuevos soles pero por un poco tiempo(. A)sí esa manera aprobamos en tanto autoridades y comunero y comuneras bajo una pena S/. 250.00 nuevo soles bajo un término de (un) mes. El joven servicio Activo don ERM tiene una notificación para no hacer ningún delito (…) el tesorero cobrará personalmente118.

En el caso citado, el ser colectivo se presenta en la capacidad de acceder al pedido de ayuda de uno de los comuneros –identificado incluso con una de las religiones minoritarias de la comunidad–, en el préstamo de la bicicleta y el desplazamiento conjunto por diversos frentes para encontrar al animal robado. Una vez capturado el ladrón, el ser colectivo se pone de manifiesto en la capacidad de convocatoria del conjunto de comuneros y autoridades para llamar la atención en público y castigar al comunero transgresor. Aquí el honor de la familia a la que pertenece el transgresor forzará el reconocimiento de los “herrores” y los arrepentimientos, pero también legitimará la ejecución de castigos físicos por parte del hermano mayor – ante la ausencia del padre–. Adicionalmente, la racionalidad bajo el ser colectivo forzará la búsqueda de la mejor sanción dentro del propósito de “reparar” el daño ocasionado a la comunidad y de sentar el precedente para que no se cometa otro hecho similar. Curiosamente se negocia el monto de la sanción con la familia del transgresor directo hasta llegar a un monto de S/. 250.00. Sin embargo, la preocupación final sobre el conflicto no se ago118

Ibíd., acta del 6-08-98 (el texto entre paréntesis es mío).

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tará en la decisión o sanción –el pago de una multa y el castigo físico–; sobre dicha decisión o sanción se hará presente el sentimiento y la participación colectiva puesta de manifiesto en la llamada de atención por parte del conjunto de comuneros, la mirada vigilante del colectivo sobre el joven comunero transgresor, etc. Ello simbolizará la exigencia permanente del ser colectivo para que el transgresor y su familia cumplan con el acuerdo y se evite la repetición de una transgresión similar. De esta forma el ser colectivo aparece relacionado con el fin o las finalidades de cada comunidad. La idea de orden, estabilidad o paz comunal, no es sino la idea de carecer de conflictos, de evitarlos, y si éstos se producen, buscar terminarlos, extinguirlos. Ello involucra el concepto de ser colectivo con las palabras “desarrollo” y “progreso”, comúnmente citadas por los comuneros en sus debates de asambleas. El “progreso” y “desarrollo” comunal puede ser expresado en la idea de empresa comunal iniciada por la comunidad de Tiquirini-Totería, en la extracción y explotación de los pastos y llachus para la comunidad de Titihue, o en el aprovechamiento del terreno y andenes comunales para el caso de la comunidad de Calahuyo. De ahí que la propia idea de ser colectivo, incluida la referencia de “progreso” y “desarrollo”, a su vez pueda ser entendida como el indicador de la existencia de lo comunal al interior de cada comunidad. En tanto disminuyera o desapareciera dicha idea o ideal, la propia comunidad se vería afectada.

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CAPÍTULO 6

Resolución de conflictos intercomunales en las comunidades aymaras

L

a resolución de los conflictos externos o intercomunales dentro de las comunidades de Calahuyo, Titihue y Tiquirini-Totería es una actividad complementaria a la desarrollada por sus propios órganos de resolución en los conflictos internos o intracomunales. Ambos niveles de resolución efectivamente conforman el poder jurisdiccional que identifica a cada comunidad. Cuando se hace referencia a los conflictos externos o intercomunales es necesario aclarar que se está aludiendo al espacio de interrelación comunal, que puede manifestarse genéricamente bajo tres posibilidades: una, cuando el conflicto involucra los intereses de dos o tres familias “pleitistas” de comunidades distintas; dos, cuando el conflicto involucra el interés de una o dos familias de una determinada comunidad frente al interés del conjunto de comuneros de otra comunidad; tres, cuando el conflicto involucra los intereses colectivos de dos comunidades distintas. Para la resolución de dichos tipos de conflictos intercomunales, nuevamente la organización comunal interviene con una particular racionalidad o eficacia. Se trata, como se ha indicado, de un poder jurisdiccional o poder judicial que, bajo el inicial respaldo de su organización gremial (la Liga Agraria 24 de Junio de Huancané) pero particularmente por el interés del conjunto de sus familias y comuneros, ha ido desarrollándose, siguiendo la propia construcción social, económica y cultural que los identifica. Así como las comunidades del Sur Andino pueden organizarse y efectuar coordinaciones multicomunales para afrontar la solución de complejos problemas o necesidades, como los de salud –al construir una posta de salud para el conjunto de comunidades de un área determinada–, de educación –al agruparse para construir una escuela de nivel secundario en el centro de unión de un grupo de comunidades interesadas– o de tránsito o necesidad vial –al construir un puente sobre el río que haga más fácil el acceso peatonal a la ciudad o al acordarse limpiar comunitariamente la Antonio Alfonso Peña Jumpa. Poder judicial comunal aymara en el Sur Andino Colección En Clave de Sur. 1ª ed. ILSA, Bogotá D.C. Colombia, marzo de 2004

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carretera que los conecta con la ciudad–, de igual forma se sienten comprometidas a promover una organización coordinada para la resolución de conflictos cuyos intereses en disputa superan sus fronteras. Los conflictos intercomunales, al igual que los conflictos internos, son entendidos como problemas que transgreden el orden, la paz, así como el propio concepto de desarrollo de la comunidad, por lo que los intereses familiares o colectivos coinciden en buscar la rápida solución, no importando la necesidad de una intervención interorganizacional. Históricamente, múltiples causas han derivado en motivos de disputas o conflictos entre comunidades, llegando incluso a casos de enfrentamientos físicos, como si se tratara de batallas locales que luego derivan en procesos judiciales interminables de difícil control y manejo por los propios comuneros1. Sin embargo, los efectos de esta situación –traducida en pérdidas humanas, excesivos gastos económicos para afrontar el proceso judicial ante las autoridades del Estado, así como la ineficiencia en la resolución de estas autoridades– han contribuido a consolidar los propios sistemas de resolución comunal, haciéndolos propicios o adecuados para la resolución de sus conflictos, que aquí se identifican como intercomunales. A continuación se esboza el aparato judicial que las comunidades en estudio desarrollan frente a sus conflictos intercomunales. Para ello se intenta aplicar un esquema similar al utilizado en el desarrollo de los conflictos intracomunales, esto es, identificar los principales tipos de conflictos, los órganos de resolución interventores, el procedimiento de resolución al que recurren, los acuerdos y decisiones finales que se asumen, y su procedimiento de ejecución. Se puede adelantar que se trata de la puesta en funcionamiento de un poder conciliador más que sancionador presente en la autocomposición de dichos conflictos.

TIPOS DE CONFLICTOS Los conflictos intercomunales se pueden clasificar en dos tipos: conflicto intercomunal de carácter privado, particular o familiar, y conflicto intercomunal de carácter colectivo o comunal.

Los conflictos intercomunales de carácter privado, particular o familiar Se trata de aquellos en los que se discuten intereses económicos, sociales o culturales propios del ámbito familiar, pertenecientes a los individuos-fa1

En este punto particularmente resalto los conflictos de linderos de terrenos entre comunidades vecinas. Uno de los últimos conflictos que se recuerda en la microrregión es el desarrollado por las comunidades de Pampa Amaru y Cucho Amaru en el año 1978. El caso aparece citado inicialmente en el Libro de Actas IV de la Liga Agraria 24 de Junio de Huancané, fojas 42-43.

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milias de diferentes comunidades. Es el conflicto donde el honor de las familias que viven en espacios sociales diferentes se ve afectado y donde concurre la presencia de órganos familiares y autoridades. Dentro de este tipo se pueden mencionar, como los más comunes, los conflictos de pareja, en los que destacan los casos de maltratos o separación de convivientes o esposos originarios de diferentes comunidades; los casos de incumplimiento de contratos de crianza o “engorde” de ganado entre contratistas de comunidades diferentes, y los conflictos de linderos respecto de aquellas parcelas que poseen comuneros “yernos”2 de la comunidad.

Los conflictos de pareja Normalmente, el conflicto de pareja intercomunal se presenta entre el varón originario de la comunidad de residencia de la pareja y la mujer que por lo general es “yerna”3 originaria de una comunidad vecina. La razón de esta relación se encuentra en el carácter exogámico de ciertos matrimonios y en el carácter patrilineal de las organizaciones familiares de los aymaras de Huancané. Se trata de la unión de jóvenes aymaras varones de una comunidad con jóvenes aymaras mujeres de otras comunidades o parcialidades de la misma microrregión o región, en la que los primeros son quienes por lo general llevan a las jóvenes mujeres a su comunidad. Las fiestas patronales, a donde los jóvenes se desplazan de una a otra comunidad, resultan ser los lugares de encuentro e intercambio de parejas. Inicialmente, el conflicto de pareja tiene su causa en los maltratos del varón o la incomprensión de la pareja por celos o por “desconocimiento” de la labor o el rol de cada uno. Posteriormente se convierten en riñas perma2

El “yerno” de la comunidad es el comunero varón originario de otra comunidad, unido en lazos matrimoniales con una comunera natural de la comunidad que lo califica como tal. Los comuneros utilizan el término para referirse indistintamente al hombre o mujer con tales características. Es común que en el caso de los convivientes o esposos varones, por los lazos patrilineales, tengan que vivir en sus comunidades de origen trasladando a su pareja al terreno de su padre. En tal caso, la pareja de dicho comunero varón viene a ser identificada como “yerna”. Ello, sin embargo, no implica que el comunero deje de tener relación con la comunidad de donde es originaria su conviviente o esposa, pues, en tanto ésta mantenga ciertas pertenencias en su comunidad –como una parcela de tierra–, el comunero varón y su esposa o conviviente tendrán interés en mantener viva su relación con esta comunidad. En este último caso es el comunero varón quien aparece calificado como “yerno” en la comunidad de su pareja. También puede ocurrir que, por la ubicación de mejores tierras o parcelas de su conviviente o esposa y por problemas o limitaciones de tierras en su comunidad de origen, sea el “yerno” varón quien más bien se traslade a vivir a la comunidad de su pareja. En cualquiera de los dos casos, dado el propio carácter patrilineal, el varón considerado “yerno” estará sometido a particulares reglas de la comunidad receptora con el objeto de mantener o conservar los derechos ganados a través de su conviviente o esposa.

3

El término “yerna” es utilizado en sentido femenino del término “yerno” referido anteriormente. En forma precisa se podría decir que con el término “yerna”, los comuneros aymaras del Sur Andino quieren referirse a la mujer originaria de otra comunidad que por alianza matrimonial pasa a vivir en la comunidad que la califica como tal.

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nentes, a pesar de la presencia e intervención de los padres, los padrinos y otros familiares. Finalmente, al no existir posibilidades de reconciliación y con propia aceptación de los familiares de la pareja, deviene la separación. En las comunidades en estudio fue posible encontrar el registro de tales conflictos en los libros de actas y en actas sueltas, aunque siempre escapan resoluciones no escritas: COMUNIDAD DE CALAHUYO: “Conciliación de pareja (de esposos pertenecientes a Calahuyo y Huancho) después de separación”4 Maltratos a la convivienta (de Quencha)5 COMUNIDAD DE TITIHUE: -Acta de separación Entre las personas NMM (y) Y (ML del sector de Cucho Chacamarca de la comunidad de Huancho)”6 -Acta De Deligencia de Inventario (de dos jóvenes comuneros separados)”7 -Acta de separación de Cuerpo (de comuneros casados pertenecientes a Titihue y Chijullani)”8 COMUNIDAD DE TIQUIRINI-TOTERÍA: -Separación de esposos”9 -Acta de separación de convivientes (donde la mujer es de comunidad de Milliraya)”10

En estos conflictos, como se indicó en el capítulo anterior, es fundamental la preocupación del conjunto familiar que envuelve a cada una de las partes. En realidad no existe el interés individual de la pareja para darle solución a su conflicto, sino que, necesariamente, la opinión o decisión de sus respectivas familias aparece como prioritaria antes de arribar a cualquier acuerdo.

Los conflictos derivados de incumplimiento de contratos Los casos de incumplimiento de contratos de “crianza” o “engorde” de ganado tienen su explicación en la existencia de la forma de trabajo “al partir” que opera como regular en las comunidades aymaras de Huancané, tal como brevemente se explicó en la segunda parte de la presente investigación11. Son conflictos de naturaleza económica que responden al criterio de competen4

Calahuyo, Libro de Antecedentes, acta de fecha 2-06-81.

5

Ibíd., acta de fecha 6-04-84.

6

Titihue, Libro de Antecedentes, acta de fecha 11-04-95.

7

Ibíd., acta de fecha 15-04-95.

8

Ibíd., acta de fecha 3-08-97.

9

Tiquirini-Totería, Libro del consejo de vigilancia I, acta de fojas 106-107, del año 1985.

10

Tiquirini-Totería, Acta suelta registrada en 1988.

11

Al respecto, ver el capítulo 3.

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cia y ganancia que impera a propósito de la comercialización del ganado vacuno y que constituye el instrumento de ahorro para la familia nuclear. El contrato de crianza de ganado supone la prestación de un vacuno hembra (vaca) por un tiempo determinado (dos o tres años), a cambio del cuidado y reproducción del mismo. El resultado de este trato consiste en la distribución equitativa, con los criterios que hayan acordado las partes, de las crías del vacuno. Normalmente la primera cría es para quien ha prestado la vaca y la segunda para quien la ha tenido bajo su cuidado. Además, durante el ciclo de reproducción, quien tiene a su cuidado la vaca tiene el derecho al usufructo de la leche del animal12. De otro lado, el caso de “engorde” del ganado consiste en el aporte de cualquier vacuno, comúnmente un toro, a cambio de los servicios de cuidado y “engorde” de otra parte. En este caso, el objetivo es tener el ganado “gordo” para su mejor comercialización en feria. El contrato puede durar de tres a seis meses, o años, dependiendo del acuerdo. Al final, después de comercializar el ganado, las partes se distribuyen equitativamente las ganancias que se obtengan de restar el valor de venta del ganado de su valor original (de costo) antes de haber sido “engordado”13. Ambos contratos adquieren la naturaleza de intercomunales, en tanto lo común para su celebración es que las partes, por las condiciones de sus recursos naturales, pertenezcan a comunidades distintas: en una comunidad puede abundar el pasto, la totora o el llachu, como ocurre en Titihue, mientras en la otra puede existir la vocación comercializadora de algunos miembros familiares, como ocurre en Calahuyo o Tiquirini-Totería. En estos casos, el conflicto, de producirse, consiste en que alguna de las partes no cumpla con la prestación a que se comprometió. Puede ser que el individuo-familia que se comprometió al “engorde” del ganado no lo haya hecho a cabalidad, obteniéndose al final una ínfima ganancia. Puede ser que, después de la venta del ganado “engordado”, las ganancias no hayan sido distribuidas equitativamente “al partir” por el vendedor de la relación contractual, que generalmente es el comunero que aportó el ganado. O puede ser que el individuo-familia comprometido en el cuidado de la vaca para su reproducción no consiga tal reproducción o no quiera entregar la primera cría al propietario original de la vaca. En estos conflictos los comuneros suelen decir que “han estado perdiendo su tiempo” con el comunero incumplido y que “ya nunca más haremos contratos ‘al partir’ con ese comunero”14. Lógicamente, esta afirmación demuestra el elemento de confianza intrínseco en las relaciones contrac12

Entrevistas en Titihue, Tiquirini-Totería, Calahuyo, abril de 1988, marzo de 1992.

13

Ídem.

14

Entrevistas en Titihue, marzo de 1992.

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tuales de los comuneros. Un comunero no celebra con cualquier otro este tipo de contratos, sino que considera, a manera de requisito fundamental, la existencia de un encuentro previo y un conocimiento sobre la calidad de la otra parte, que le permitan prever el cumplimiento de las prestaciones. Ello resulta aún más comprensible cuando entendemos que para celebrar estos contratos no se recurre siquiera al papel: basta la palabra y, en todo caso, la afirmación de los testigos o la apreciación de las autoridades de las respectivas comunidades. El grado de confianza inspirado mutuamente entre las partes contratantes es derivado del honor familiar que los identifica. Los comuneros se informan, a través de sus familiares o de personas cercanas de sus respectivas comunidades, sobre el respeto, el “cumplimiento de la palabra empeñada”, el “no mentir” o el prestigio que identifica a la familia de la parte con la que piensa contratar. Es también por este elemento de confianza que los conflictos, al ser resueltos, quedan allí, sin formalización alguna. Para los comuneros basta el contacto con ese conflicto para que en el futuro estén prevenidos de la conducta del “incumplido” e incluso prevengan a sus vecinos, extendiéndose de esta forma el desprestigio de dicho “incumplido”. Por ello, la fuente principal para encontrar estos conflictos no la constituyen los Libros de Actas, sino el contacto con los comuneros y sus propios testimonios.

Conflictos de linderos con participación de un “yerno” de la comunidad Por último, el conflicto de linderos dentro del ámbito intercomunal es el fiel reflejo de la reproducción de las necesidades de tierras entre los comuneros. La tierra, como se afirma en el capítulo 3, constituye el recurso fundamental de los comuneros aymaras, al extremo de sostener que “un campesino sin tierra no es campesino”15. Pues bien, entre los propios miembros de comunidades distintas, en el ámbito familiar también es posible encontrar conflictos vinculados con ese recurso fundamental. Como se adelantó, se trata del conflicto del “yerno” de la comunidad en su relación con el terreno de su conviviente o esposa frente a los terrenos de comuneros vecinos de la misma comunidad. El conflicto de linderos se suscita cuando, a pesar de reconocérsele el derecho al “yerno”, no se tiene definido claramente cuáles son los límites de la parcela de su esposa o conviviente. Ello se acrecienta cuando debido a la falta de posesión permanente –por preferir la pareja o familia permanecer mayor tiempo en las tierras originarias del “yerno”–, las lluvias, el granizo o la sequedad erosionan las tierras, contribuyendo a borrar los korpacs16 que definen las parcelas familiares. 15

Entrevista con Juan de Dios Uturunco, Calahuyo, marzo-mayo de 1988.

16

Marcas que utilizan los comuneros para delimitar las fronteras de las parcelas familiares. Pueden

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En estos conflictos de terrenos o linderos de parcelas cabe distinguir entre el “yerno” que vive habitualmente en la comunidad y el que no vive habitualmente. En el caso del “yerno” que vive habitualmente17, los conflictos que se suscitan terminan siendo asimilados como conflictos internos de la comunidad. Para ser considerado como “calificado”, el “yerno” habitual tiene que someterse obligadamente a los requisitos o exigencias de la comunidad donde reside; en consecuencia, terminará sometido al conjunto normativo de la comunidad, pasando a ser comunero por “asimilación”. En el caso del “yerno” que no vive habitualmente en la comunidad de su pareja es cuando se suscitan mayores conflictos. El no residir en la comunidad donde se encuentran los terrenos que a través de su esposa o conviviente pasan también a corresponderle, puede producir insatisfacciones o cierta resistencia por parte de comuneros vecinos o de los propios familiares de su esposa que sí son residentes. En esta situación puede ocurrir que el “yerno” quiera imponerse prepotentemente en las parcelas que le pertenecen a su esposa o conviviente, o puede ocurrir que los comuneros vecinos, ante la falta de permanencia del “yerno”, pasen a aprovechar pequeños espacios de terrenos que no les pertenecen. Frente a ello, el “yerno” puede aparecer como un “extraño” para los comuneros vecinos, llegando a reconocer con derechos únicamente a la esposa o conviviente originaria de la comunidad. El conflicto incluso se acrecienta cuando dentro del ámbito familiar de la esposa o conviviente del referido “yerno”, está en discusión la parte que le corresponde a ella como “heredera”18. Es decir, los propios hermanos de la comunera originaria no le reconocen definitivamente los límites de las parcelas que supuestamente les pertenecían a ella y a su esposo o conviviente. Entonces, el rechazo por el “yerno” en esa comunidad se hace mayor. Es necesario mencionar que como producto de estos conflictos pueden surgir interminables riñas con el comunero “yerno” que no vive habitualmente en la comunidad. En este caso, la riña adquiere también el carácter de conflicto intercomunal, por extensión, como suele ocurrir frente a los conflictos internos de las comunidades.

consistir en un “montón” de piedras o alguna roca incrustada, en la siembra de un arbusto o árboles, o en la conservación de viejos ichus ubicados específicamente en los límites de las parcelas. 17

Resulta una situación extraña o poco común la presencia de “yernos” que vivan habitualmente en la comunidad de su pareja, toda vez que, por la preeminencia de la línea del varón, la mujer es quien se traslada a la residencia de éste, tal como se explicó al inicio del capítulo. La pareja o familia comunera normalmente habita en la comunidad donde se encuentran las parcelas de tierra que el varón ha recibido en “anticipo de propiedad” de parte de su padre.

18

Este conflicto específico se suscita cuando fallece el padre de la “heredera”. En tal situación los hermanos varones son quienes reclaman el derecho preferente, a pesar de que en vida el padre “anticipara” una pequeña parcela por su matrimonio.

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Los registros de este tipo de conflictos son muy escasos en las comunidades en estudio. Cabe mencionar un conflicto permanente vivido con una familia de “yernos” en Calahuyo, que tenían su residencia en la ciudad y que al final terminaron siendo expulsados de la comunidad por las riñas y conflictos permanentes, derivados de la posesión de sus parcelas19. En tal caso, los permanentes conflictos privados o familiares se tornaron en conflictos comunales de “mucha gravedad”. En Titihue, a su vez, se tiene conocimiento de casos semejantes de conflictos familiares con “yernos” de la comunidad que devinieron en conflictos comunales20.

Los conflictos intercomunales de carácter colectivo o comunal Son aquellos conflictos en los que por acción de un individuo-familia o por acción de un colectivo se afectan los intereses sociales, económicos o culturales que identifican a una o más comunidades. Son conflictos en los que se transgrede el ser colectivo que identifica al conjunto de la comunidad, sea por iniciativa de un “extraño”, o comunero ajeno a la comunidad, o por iniciativa de otro conjunto de familias –toda una comunidad– generalmente vecinas. Dentro de este ámbito comunal, los conflictos intercomunales más comunes son tres: los casos de robo de ganado, los casos de incumplimiento de “obligaciones comunales” por parte del “yerno” no residente y los conflictos de colindancias o “hitos” entre comunidades vecinas.

El robo de ganado y de otros bienes El conflicto de robo de ganado, a pesar de tratarse de la sustracción de un bien particular o de interés familiar, es racionalizado como colectivo por la gravedad del hecho –al entender de los comuneros– que significa el despojo del medio de ahorro de la familia o la comunidad afectada. Ningún comunero aprueba la sustracción de sus bienes familiares o comunales: no se admite que algún “extraño” se lleve una vaca o una oveja sin pagar el precio que simboliza el tiempo y trabajo en su crianza. Entienden que deben reaccionar rápidamente, buscando al ladrón y resolviendo tal conflicto. En los conflictos intercomunales de robo es común –como ocurre en el mismo tipo de conflictos internos– que los autores sean jóvenes hijos de comuneros que viven en comunidades vecinas o cercanas. Esta cercanía es 19

Calahuyo: “Perdida de la condición de comunero de la familia C.”, en Libro de Actas I, acta de fecha 23-09-74. Dicha sanción fue ratificada en una asamblea posterior: “Asamblea extraordinaria (para rechazar pedido de devolución de terrenos de ‘yernos’ de la comunidad)”, en Libro de Actas III, acta de fecha 12-06-91.

20

Al respecto, ver Titihue: “Acta de comparencia (por riña y lesiones propiciado por “yernos” de la comunidad)”, en Libro de Antecedentes, acta de fecha noviembre de 1997. Igualmente puede consultarse Titihue: “Confirman y exigen cumplimiento de sanción de comunero por expulsión de dos comunidades”, en Libro de Antecedentes, acta de fecha 23-05-97.

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la que permite que dichos jóvenes autores conozcan la ubicación o “amarre” del ganado, los caminos para sustraerlos sin ser vistos y la propia rutina o actividades del día de sus posibles víctimas. Sin embargo, sobre ello hay también la referencia de bandas de ladrones que provienen de ciudades alejadas o grupos de “malos comuneros ladrones” que provienen de comunidades cercanas21. Al margen de quién sea el autor o “ladrón”, sobresale la apreciación del robo como una actitud siempre contraria al interés colectivo de las comunidades de Huancané. Se entiende que afecta el orden de la respectiva comunidad; que al producirse el hecho contra un determinado comunero, los otros se ven amenazados y, por tanto, la respuesta también debe surgir del colectivo. En cuanto a los registros de actas, cabe destacar un caso ocurrido en la comunidad de Huancho, de robo de seis ovinos, en el que los autores fueron identificados por las autoridades y la asamblea comunal de Calahuyo22. En el mismo sentido, el libro de Antecedentes de Titihue registra dos casos: uno, de robo de una vaca, ocurrido en la comunidad de Jasana Chico del distrito vecino de Samán23 , en el que posteriormente se tendrá conocimiento de la “honorabilidad” del supuesto inculpado24; otro, de robo de vaca y ovinos, ocurrido en la comunidad de Pampa Chacamarca, puesto al descubierto a partir del robo de una bicicleta25. Además de los robos de ganado vacuno u ovino, aparecen otros casos de robos identificados como “errores” o delitos y que reciben la respuesta coercitiva del colectivo de cada comunidad, aunque no la importancia y movilización que suscita la pérdida de una vaca, un torete o numerosos ovinos. 21

Particular referencia merece una comunidad de la microrregión de Huancané (cuyo nombre omitimos), conocida como lugar de refugio de ladrones o “malos comuneros, según versión de numerosos comuneros de las comunidades en estudio. Así, por ejemplo, en marzo de 1992 ocurrió en Titihue un caso de robo de tres cabezas de ganado vacuno. Después de la investigación de los hechos, los comuneros descubrieron que el ganado había sido conducido con rumbo a la indicada comunidad. Al final encontraron el ganado abandonado en las cuevas de los cerros cercanos a dicha comunidad. Agreguemos que son los propios comuneros quienes se advierten mutuamente sobre dicha comunidad como refugio de “ladrones”. Los comuneros saben que si alguien quiere acudir a esa comunidad o pasar cerca, debe marchar acompañado o “armado”. Entienden que cuando ocurre un “robo grande” (importante para el patrimonio del comunero o del conjunto de comuneros), los autores con mucha probabilidad se encuentran “allí”.

22

Calahuyo: “Acta de sanción por Robo de (seis) ovejas de la comunidad de Huancho”, en Libro de Antecedentes, acta de fecha 22-08-94.

23

Titihue: Robo de ganado de Jasana Chico-Samán con “detención” en Titihue de supuesto “inculpado”, en Libro de Antecedentes, acta de fecha 15-01-98.

24

Titihue: Manifestación de “honorabilidad e inocencia”, de supuesto inculpado de robo de ganado en Jasana Chico-Samán, en Libro de Antecedentes, acta de fecha 16-01-98.

25

Titihue: “Acta de robo de Bicicleta del alumno ECQ (y robo de vaca, ovinos y otros) por (el joven) JRR (y otros jóvenes)”, en Libro de Antecedentes, acta de fecha 17-11-94.

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Se trata de la pérdida o indebida sustracción de bienes muebles, como artefactos eléctricos, cajas de bebidas gaseosas, bloques de madera, instrumentos de arado, hasta bicicletas o “mallas” de pescar. En Titihue, particularmente, aparece el registro de dos actas en las que se pone en evidencia este tipo de hechos: la primera se refiere al robo de una bicicleta y otros bienes, ocurrido en la comunidad de Pampa Chacamarca, según se citó26, y la segunda, a la pérdida o robo de redes o “mallas” de pescar de la comunidad de Yanaoco27.

Conflictos de colindancia entre comunidades Los conflictos de linderos entre dos o tres comunidades de Huancané son los típicos conflictos que se pueden calificar como colectivos de carácter intercomunal. Se trata de enfrentamientos históricos entre comunidades vecinas sobre los límites o demarcación de las fronteras de los territorios comunales. No se trata ya del conflicto de parcelas familiares al interior de la comunidad, en el que nos encontramos con el enfrentamiento de partes familiares, sino de hechos que comprometen a dos territorios comunales, a manera de dos grandes parcelas que identifican dos colectivos, y donde el conjunto de comuneros que simbolizan ese colectivo se aferran a los límites supuestamente fijados por un título proveniente de una decisión judicial o fundados en sus prácticas o posesión permanente. En la concepción del comunero, el concepto de territorio comunal equivale a la idea del territorio nacional de un Estado. El comunero se siente identificado con su territorio porque entiende que es el espacio que le proporciona todos los recursos para subsistir. Parafraseando a Juan de Dios Uturunco28, cuando dice que “un campesino sin tierra no es campesino”, se entiende que una comunidad sin tierra no es comunidad. Más aún, cuando la diseminación o fragmentación parcelaria siempre los amenaza. Teniendo en cuenta esta apreciación, los comuneros, a manera de pequeños Estados, han sabido defender con su vida el centímetro de su territorio comunal. En el pasado, los enfrentamientos entre comunidades eran comunes, según nos refieren los comuneros29. No siendo posible la razón, los comuneros se veían obligados a coger sus herramientas y palos, y a salir al frente en defensa de su territorio. A ello se sumaba, lógicamente, la actitud de los secretarios de juzgados, jueces, autoridades políticas y de los propios abogados, quienes en lugar de encontrar la solución mediante el 26

Titihue, Ibíd., acta del 17-11-94.

27

Titihue: “Acta de compadeciencia sobre el robo cometido del joven FR (de ‘mallas’ de pescar de la comunidad de Yanaoco)”, en Libro de Antecedentes, acta de fecha 2-03-96.

28

Calahuyo, marzo-mayo de 1988. Al respecto, ver la explicación dada al inicio de este capítulo, referida a los conflictos de linderos con participación de un “yerno” de la comunidad.

29

Entrevistas en Calahuyo, Titihue, Tiquirini-Totería, en mayo de 1988, marzo de 1992 y octubre de 1999.

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procedimiento judicial ya iniciado, incentivaban la continuidad del conflicto con resultados judiciales negativos o inciertos30. Todas las comunidades de Huancané se ven vinculadas de una u otra manera con este tipo de conflictos. Por ejemplo, la experiencia de Calahuyo en términos de conflictos intercomunales con sus comunidades vecinas se ve plasmada en todas sus fronteras: hacia el Oeste, vivió conflictos permanentes con el Sector Laccaya de la comunidad de Huancho; hacia el Este, los conflictos se concentraron en lo que hoy es la comunidad de Antacahua; hacia el Sur, su conflicto estuvo definido con la comunidad de Pampa Amaru, y hacia el Norte, con la comunidad de Milliraya. Lo propio ha pasado en Titihue, donde sólo a manera de ejemplo se puede mencionar su “guerra” permanente con el sector Cucho Chacamarca de la comunidad de Huancho y su conflicto con la comunidad Pampa Chacamarca de la zona quechua del distrito de Samán, provincia de Azángaro. Igualmente se puede citar la experiencia de la comunidad de Tiquirini-Totería, que aparte de los conflictos históricos que vivió con sus comunidades vecinas cuando se integraba a la comunidad de Quishuarani-Tiquirini o Villa Quishuarani, en años recientes afrontó la delimitación de su “desmembramiento” de esta última comunidad y durante 1999 participó en el proceso de negociación con la misma comunidad sobre la división del terreno adjudicado de mil hectáreas, identificado como sector Condoraque31. Hoy las comunidades de Huancané por lo general han superado esos enfrentamientos o conflictos agudos. Ya no son el motivo de trabajo de los abogados y de los juzgados, como entienden los propios comuneros. Los conflictos entre comunidades vecinas han venido siendo superados por los propios comuneros, a través de mecanismos autocompositivos, logrando que en la actualidad los miembros de dichas comunidades vivan en “armonía” y se “visiten en sus fiestas”32. Un ejemplo reciente de esta búsqueda de armonía puede verse en el proceso de “desmembramiento” de la comunidad de Tiquirini-Totería. Hasta 1998, esta comunidad no tenía un reconocimiento formal, lo que suponía la ausencia del reconocimiento de los propios límites de su territorio. Es decir, no existía aún, a esa fecha, el punto de encuentro para definir los límites con su vecina comunidad de Villa Quishuarani o QuishuaraniTiquirini, con la que se encontraba unida en el pasado. Sin embargo, ello 30

31

32

A este período corresponde el ejercicio común de la “Tinka del diablo”, que solían hacer las autoridades judiciales de Huancané, según referencia de comuneros y dirigentes de la Liga Agraria 24 de Junio de Huancané. Al respecto puede revisarse el capítulo 4, en el que también se resaltan las causas por las que los comuneros rechazan a las “autoridades de la ciudad”. El terreno de 1.000 hectáreas fue adjudicado en pleno proceso de “desmembramiento”, cuando Tiquirini-Totería llevaba el nombre de Quishuarani-Tiquirini, que identificaba inicialmente a la comunidad que se fraccionaría. Entrevistas en Titihue, Calahuyo y Tiquirini-Totería, mayo de 1991, febrero-marzo de 1992.

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no implicó el recrudecimiento de enfrentamientos físicos sino la búsqueda lenta, paciente y segura de solución del “pleito”. Incluso en este conflicto intercomunal, que también tiene características de un conflicto interno, los comuneros de ambas comunidades “rivales” recíprocamente mantenían y mantienen propiedades de parcelas familiares en su “contraria”, lo que en teoría debía producir el desarrollo de conflictos más violentos. Sin embargo, en ambas comunidades ha existido y sigue existiendo el consentimiento tácito y el respeto recíproco por las parcelas de sus miembros comuneros vecinos. El conflicto de colindancia o de linderos entre comunidades suele tener origen en un mínimo de usurpación por parte del comunero o del colectivo de una comunidad sobre dos tipos de terrenos ajenos: sobre el terreno que comprende una parcela productiva particular o familiar de la comunidad vecina, o sobre el terreno que comprende la parcela o pastos comunales de la misma comunidad vecina. Esto último sucede cuando un comunero “extraño” se atreve a pastar sus ovinos o vacunos en el territorio ajeno33. Ambos casos se entienden como usurpación del territorio comunal y, en consecuencia, darán lugar a un grave conflicto que deberá frenarse y superarse.

Incumplimiento de obligaciones y líos de los “yernos” de la comunidad Por último, se debe hacer referencia al conflicto colectivo suscitado entre el “yerno” de la comunidad cuando no cumple con las obligaciones establecidas para todo comunero propietario o poseedor de parcelas a su interior, o cuando participa en alguna riña familiar con efectos colectivos. Las comunidades de Huancané, como Calahuyo, Titihue y QuishuaraniTiquirini, adoptan a su interior un conjunto de acuerdos normativos que se traducen en obligaciones para los miembros de su respectiva comunidad34. Estas obligaciones son racionalizadas como personales por el sólo hecho de vivir en la comunidad y se vuelven indispensables para mantener una relación armoniosa de los comuneros con su comunidad. Este razonamiento también cuenta para todo comunero que tenga una parcela de terreno por “herencia” de su conviviente o esposa, aunque no resida en la comunidad. Se trata de disposiciones u obligaciones que consisten en el cumplimiento de faenas comunales, de los cargos de las fiestas patronales, así 33

34

Al respecto, ver Calahuyo: “Acta de demarcación de hitos entre la comunidad de Pampa Amaru y Calahuyo”, en Libro de Actas III, acta de fecha 27-06-94. Asimismo, ver Tiquirini-Totería: “Acta de asamblea ordinaria (en la que se discute problemas en la titulación de tierras, nombre de la comunidad y colindancia con comunidad de Chijichaya)”, en Libro del Teniente, acta de fecha 3-11-97. El conjunto de estas obligaciones normalmente se registra en sus actas y pasa a componer parte de lo que identifica su derecho comunal. Una mayor explicación sobre este tipo de derecho puede encontrarse en Peña (1991, 1998).

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como de determinados cargos directivos que los comuneros consideren conveniente. El “yerno” se ve obligado a cumplir con todo ello, si quiere mantener el respeto de la comunidad sobre la conservación de la parcela de terreno que correspondió en herencia a su conviviente o esposa35. También es obligatoria su participación en la ejecución de obras comunales. En el entendido de que quien posee una parcela o reside en la comunidad, directa o indirectamente se beneficia de las mejoras que conducen al “progreso” de la misma, todos los comuneros, incluido el “yerno” que no vive habitualmente en la comunidad, deben participar en la ejecución de las obras previamente acordadas en la asamblea comunal. Como aspecto común, aquí se notará el despliegue de energía en la ejecución de la tienda comunal, en el arreglo de las terrazas de los andenes comunales, en la construcción del nuevo local comunal, etcétera. En estos casos, el conflicto se suscita cuando el “yerno” de la comunidad simplemente no quiere acceder a las obligaciones dispuestas por el conjunto de comuneros; encuentra que no se siente en armonía con los demás comuneros y sólo acude con su pareja a trabajar su parcela. Entonces, la reacción de los demás comuneros no se dejará esperar; es muy probable que en un momento determinado le nieguen el acceso a la comunidad, y le exijan el pago de la multa acordada y el cumplimiento de las futuras obligaciones, si quiere mantener la propiedad o patrimonio que corresponde a su conviviente o esposa. Debe resaltarse que el sólo hecho de pisar el territorio comunal, por donde pasará para sustraer los productos de la parcela de su conviviente o esposa, obliga al “yerno” a responder a las obligaciones emanadas de la propia comunidad. Hay de por medio el principio de reciprocidad que, para el caso concreto, incluye lo que se ha denominado como ser colectivo en la respectiva comunidad. Dentro de la referencia a casos de este tipo se pueden resaltar los conflictos acumulados de una familia de “yernos” de Calahuyo, donde al primer “yerno” que llegó a unirse a una comunera de Calahuyo se sumarían los hijos de éstos, a quienes por extensión también se les suele llamar “yernos”. Dado el permanente incumplimiento de faenas comunales, las ofensas a familias o parientes de la comunidad, los continuos “líos” que propiciaban con sus vecinos por daños en los sembríos o invasión a sus parcelas, la comunidad decidió su expulsión36 . En reuniones posteriores, la 35

Es el mismo razonamiento que se sigue con el comunero emigrante, denominado “residente”, sea “yerno” o no de la comunidad. Ello explica por qué en determinados actos públicos, como las fiestas de la comunidad, los “residentes”, al igual que los “yernos”, cumplen un rol principal a través de donativos o aportes para el disfrute de la fiesta, si es que no ha recaído en sus personas el ejercicio de los cargos de la respectiva fiesta.

36

Calahuyo: “Perdida de la condición de comuneros de la familia C.”, en Libro de Actas I, acta de

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misma comunidad ratificó su decisión a pesar de la insistencia de algunos de los “yernos” interesados en volver a la comunidad37. Un conflicto semejante ocurrió en Titihue, cuando uno de los comuneros, luego de haber sido sancionado reiteradamente por la comunidad por sus múltiples “errores”, se fue a vivir a las tierras de su esposa en la comunidad de Huancho, sector de Cucho Chacamarca; es decir, pasó a ser “yerno” de dicha comunidad. Después de tres años solicitó su regreso a la comunidad de Titihue, debido a que en Cucho Chacamarca también había incurrido en “mal comportamiento” por lo que “le prohibieron trabajar sus chacras (las de su esposa) por cinco años”38. En forma similar reaccionó la propia organización comunal de Titihue frente a sus “yernos” en un acta de noviembre de 1997, en la que a partir de la riña y las lesiones propiciadas por un “yerno” se llama la atención a todos los “yernos” para que “no se cometan errores”39.

ÓRGANOS DE RESOLUCIÓN INTERVENTORES Dentro del ámbito de resolución de conflictos intercomunales, al igual que en la resolución de los conflictos intracomunales, es necesario tener presente la diferencia entre órganos familiares o informales, y órganos políticos comunales. Aunque por tratarse de la relación entre comunidades, esta vez los órganos políticos comunales se vuelven preponderantes. Siguiendo el orden de los conflictos anteriormente presentados, enseguida se verá la actuación de los órganos involucrados en ellos. Igual procedimiento se utilizará para los siguientes temas que corresponden a la resolución de conflictos intercomunales dentro de las comunidades en estudio.

Órganos de resolución frente a los conflictos intercomunales de carácter particular o familiar Dado que el interés involucrado en estos conflictos es particular o privado, los propios órganos familiares son los competentes para resolverlos40. Sin fecha 23-09-74. Aunque no aparece referido en el acta, la familia “yerna” en mención había cometido decenas de “faltas” o “delitos” que hacían insoportable la vida en común, según nos refiriera Dámaso Uturunco, fundador o gestor de la comunidad de Calahuyo (marzo-mayo de 1988). 37

Calahuyo: “Asamblea extraordinaria (para rechazar pedido de devolución de terrenos de ‘yernos’ de la comunidad)”, en Libro de Actas III, acta de fecha 12-06-91.

38

Titihue: “Acta de compareciencia (por) el delito cometido (del) comunero MRB (y aceptación de su retorno a la comunidad)”, en Libro de Antecedentes, acta de fecha 8-09-95. Igualmente ver Titihue: “Confirman y exigen cumplimiento de sanción de comunero por expulsión de dos comunidades”, en Libro de Antecedentes, acta de fecha 23-05-97.

39

Titihue: “Acta de comparencia (por riña y lesiones propiciado por “yerno” de la comunidad)”, en Libro de Antecedentes, acta de fecha noviembre de 1997.

40

Los órganos familiares típicos son: 1) los miembros mayores de la familia nuclear; 2) los padrinos

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embargo, de manera complementaria a esta actuación, el respaldo de las autoridades político-comunales (explicadas en el capítulo precedente) cobra mayor importancia. En la relación intercomunal, el conflicto de carácter particular, privado o familiar, por regla general, es registrado o formalizado. Aunque las autoridades políticas comunales no hayan intervenido de manera determinante en la búsqueda de su resolución, por un criterio de seguridad y necesidad, al entender de los comuneros, se recurre a la formalización. Esta podrá consistir en actas libres, hojas sueltas para las propias partes y solo una copia para las autoridades interventoras, como también en actas que se registran en el Libro Principal, de Vigilancia o de Antecedentes de la comunidad. Tal formalización siempre se hará a través de autoridades de las comunidades de las respectivas partes interventoras. En este sentido, los casos de pareja aparecen como el mejor ejemplo. Si bien son los familiares de ambas partes quienes visitándose mutuamente procuran poner fin al conflicto de riñas o maltratos de la pareja, serán las autoridades de cada una de las comunidades de las partes interventoras las que finalmente tomarán conocimiento del caso y registrarán su solución. Pero, nótese que siempre son las propias partes las que preliminarmente buscan la solución del conflicto, con intervención de la pareja, recurriendo sólo a las autoridades para que formalicen el acuerdo. La facultad conciliadora de las partes, incluido el espíritu de su honor familiar en cuanto al cumplimiento de la palabra empeñada, no resulta suficiente para convencer a los comuneros, quienes reclamarán la oficialización del acuerdo para reforzar su honor familiar. La intervención de las autoridades comunales es un elemento importante, en tanto éstas simbolizan la institución comunal, o el colectivo, dando fe y consentimiento final a la decisión asumida por las partes. Si la parte proviene originariamente de una comunidad, lo natural es que asistan su presidente y su teniente gobernador como representantes para sellar el conflicto. En caso de que el origen de la parte del conflicto sea una parcialidad, entonces el teniente gobernador y sus alguaciles se harán presentes como representantes para sellar el conflicto41. Sin embargo, puede ocurrir que, por diferentes razones, el presidente de la comunidad no se encuentre o que la comunidad esté dividida en varios sectores –como ocurre con Titihue, Tiquirini-Totería o Huancho– y se o compadres; 3) las propias partes familiares; 4) los comuneros ancianos. Ver al respecto el capítulo precedente. 41

Al respecto puede consultarse la introducción de las actas referidas a conflictos familiares antes citados. Sin embargo, ello aparece confirmado particularmente en mi trabajo de campo (Calahuyo, Titihue, Tiquirini-Totería, marzo-junio de 1988, marzo de 1992, octubre de 1999, agosto de 2000).

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haga difícil la participación de su presidente en el conjunto de dichos sectores; entonces se hará presente un miembro de la directiva comunal o simplemente el teniente del sector. Un ejemplo de esta presencia de las autoridades se puede apreciar en la siguiente introducción del acta de separación de convivientes: En el despacho del señor delegado del Sector Cucho Chacamarca (de la comunidad de Huancho) siendo las 9. AM de la mañana del dia 11 de abril de mil novecientos noventay cinco comparecieron a este despacho, los demandantes y demandados para ver sus demandas: PRIMERO: en este acto de estuvieron presentes los autoridades de ambas comunidades. Comunidad de Huancho sector Chacamarca estuvo presente el teniente gobernador don ML y sus familiares, que de lado de la comunidad de Titihue también presentes los señores autoridades como Presidente de la comunidad FCC y sus miembros directivos y tenientes gobernadores como don GR y JBC y seis familiares42.

Puede apreciarse, de un lado, la presencia del teniente del sector de Chacamarca de la comunidad de Huancho como autoridad principal, y de otro lado, la presencia del presidente, su directiva y dos de sus tenientes gobernadores por parte de la comunidad visitante Titihue. El lugar de encuentro de ambos grupos de autoridades suele ser la comunidad en la que vive habitualmente la pareja, pero en el caso de “separación” o “divorcio”, cuando la pareja se ha desintegrado previamente y cada uno ha vuelto a su lecho familiar, es normal que la parte familiar “demandante” (puede ser la del hombre o de la mujer), acompañada de sus autoridades, se desplace a la comunidad de la otra parte familiar. El lugar específico de encuentro puede ser el domicilio de la parte familiar receptora o de la autoridad, como ocurre en el caso citado. En el acto de “comparecencia”, además de las autoridades respectivas y de los familiares consanguíneos de las partes, destacará la presencia del padrino, si la pareja ha sido casada en matrimonio religioso43. En los conflictos por incumplimiento de contratos, sea de reproducción o de engorde de ganado, las propias partes son principalmente las llamadas a resolverlos. Se trata de la preeminencia de los aquí llamados órganos “informales”, que sólo en caso de extrema gravedad se verán obligados a recurrir a sus autoridades. Al respecto, en Titihue, comunidad en la que abundan los recursos para la crianza o “engorde” del ganado, como el forraje, el llachu o la totora, lo que condiciona que sus miembros familiares actúen como parte re42

Titihue: “Acta de separación Entre las personas NMM (y) Y (ML de la comunidad de Huancho)”, en Libro de Antecedentes, acta de fecha 19-01-95.

43

Entrevistas realizadas en Calahuyo, Titihue, Tiquirini-Totería (marzo-mayo de 1988, marzo de 1992, octubre de 1999 y agosto de 2000).

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ceptora del ganado a reproducir o a engordar, existe como exigencia que las propias partes interventoras en el contrato sean las llamadas a resolver las posibles disconformidades que de él pueden brotar. En general, los comuneros tienen un actuar pacífico, honesto y de “caballeros”44 que lleva a confiar en las palabras recíprocas y, además, saben con quién celebran el contrato. Los comuneros receptores saben que el propietario del ganado proviene de una reconocida familia de la comunidad vecina y no les cabe la menor duda de que es un “comunero en quien se puede confiar”. Con esta misma apreciación, las partes se convocan para solucionar el conflicto. Ambas saben que en el buen entender se rectificarán los “malos actos”, los “errores” cometidos o se aclarará el porqué se produjeron los incumplimientos del acuerdo celebrado. Si no es posible que las propias partes lleguen a un acuerdo sobre el conflicto, antes de arribar a sus respectivas autoridades es factible que uno de ellos recurra a un familiar mayor que conozca a la otra parte o a un familiar mayor de confianza de ésta. A manera de mediadores, haciendo uso del prestigio que tienen dentro de la familia extendida de la parte interventora, los familiares mayores promueven el acuerdo entre las partes del conflicto. Les hacen ver con mayor objetividad, o conocimiento de los hechos, la razón que les identifica o el error en el que se encuentran. Si esto no se acepta, las partes pueden concluir abandonando el caso o recurriendo a sus autoridades comunales para que intervengan como mediadores. En ambos casos, la experiencia para ambas partes será el “nunca más haré tratos con ese individuo”45. Si bien estos conflictos tienen carácter económico, en tanto se trata de bienes patrimoniales en discusión, la racionalidad que envuelve a los órganos resolutivos está más bien orientada por la reciprocidad del trabajo compartido, de la explotación en “mejor forma” de sus recursos, y por el deseo de contar con un “ahorro” adicional para cubrir sus necesidades frente a los gastos que realizan en la ciudad. No hay en el acto contractual un alto interés de lucro o de “ganancias”. Esto se ve condicionado porque lo que está en juego en el objeto del contrato no son altas inversiones o riesgos, como tampoco abundante ganancia. Simplemente, una nueva cría de ganado, un “engorde” en dos o tres meses del ganado y, recíprocamente, forraje que nace en las mismas parcelas de los comuneros. En suma, la ambición o el egoísmo por ganar más no es lo predominante, incluso es 44

45

El término “caballero” es común en el lenguaje español de los aymaras del Sur Andino. Con este se refieren al comunero o persona que cumple con sus obligaciones –con “la palabra empeñada”–, no causa problemas a otros y se desenvuelve al interior de su comunidad “sacando adelante” a su familia y respetando la organización comunal. Reflexión que es usada en aymara por la parte del pleito y que opera como sanción, según se explicará más adelante.

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visto con “malos ojos” por el resto de comuneros46. Ello hace posible la actitud autocompositiva de las propias partes. En el caso de los conflictos de linderos con el “yerno” es común que desde el inicio puedan intervenir las autoridades. Pero es importante recalcar que no se trata de las autoridades de ambas comunidades de las que son originarias las partes del conflicto, sino únicamente de las autoridades de la comunidad donde se encuentra el terreno cuyos linderos están en discusión. Frente al conflicto, el “yerno” no podrá recurrir a sus autoridades para que intervengan en la resolución del “lío” que tiene con el terreno vecino al de la parcela de su conviviente o esposa. En este caso tiene que someterse necesariamente a la organización comunal de la comunidad donde se encuentran las parcelas en conflicto, recurriendo en primer lugar ante sus autoridades, salvo que el conflicto se complique y entonces sea la asamblea comunal de la misma comunidad la que resuelva. Es decir, este tipo de conflicto es asumido como un conflicto interno de la comunidad. Los órganos interventores para resolver este conflicto intercomunal son los llamados a resolver los conflictos internos sobre la materia. Esto, porque el terreno o parcela de terreno en discusión se integra al territorio comunal y porque, sumado al criterio de autonomía predominante en las comunidades de la microrregión, hace que las autoridades y el colectivo de la comunidad afectada se vean legitimados a intervenir. Lógicamente, ante el conflicto, siempre serán las propias partes las que buscarán un “buen entendimiento” antes de acudir a las autoridades de la comunidad. Incluso, la esposa o conviviente del “yerno”, a través de sus propios familiares que son originarios de la comunidad, buscará arribar al “buen arreglo”, dependiendo del obrar que pudo caracterizar al “yerno” o de la simpatía que haya por él. Pero agotado el “buen entendimiento”, se recurrirá inevitablemente a las autoridades. Ante la intervención de las autoridades comunales será la esposa o conviviente del comunero “yerno” quien comparezca, pues ella es la propietaria o poseedora legítima de la parcela en discusión. Además, su presencia, ligada a una familia extendida que puede intervenir o que puede estar ostentando algún cargo importante en la comunidad, garantiza la imparcialidad en la resolución del conflicto47. 46

Ello puede explicar por qué muchos casos de riñas y hasta de expulsión de comuneros recaen justo en aquellos que, en su ambición, han pasado a poseer y acumular más recursos. Esta mayor acumulación particularmente se da por la dedicación a la actividad del negocio de ganado fuera de la comunidad. Si dicho comunero es “egoísta” y además tiene “mal comportamiento”, es seguro que se gana el desprecio y rechazo del conjunto de comuneros.

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Ello no limita la participación del esposo o conviviente, en caso de que su intervención en el “lío” (fue la persona que recibió o dio los insultos, por ejemplo) haya sido preponderante y siempre que las autoridades y, en su caso, la asamblea de la comunidad lo consientan.

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Las autoridades comunales llamadas a intervenir en la resolución del conflicto son el presidente de la comunidad y el teniente gobernador. Para el caso de Titihue y Tiquirini-Totería, la autoridad llamada es el teniente gobernador del sector en que se suscite el conflicto, y sólo en casos que se compliquen será llamado el presidente y algún miembro de la directiva comunal, como ya se explicó. Los familiares mayores de las partes y ancianos de la comunidad ayudarán a estas autoridades en el procedimiento de resolución. Sobre todo los ancianos porque en su memoria suele estar más clara la referencia de los límites de los terrenos o parcelas: de los korpacs. Los parientes mayores, entre tanto, tienen conocimiento o participación en la partición de la herencia que antecedió la entrega del terreno a las partes del conflicto. Entonces, sin duda estos acompañantes harán de peritos o especialistas que pueden dar fe de los límites de las parcelas de la comunidad, aclarando o definiendo la controversia. El “yerno” de la comunidad no tendrá otra alternativa que someterse a esos órganos, conocedor del respeto por la integridad del territorio comunal.

Órganos de resolución de conflictos intercomunales de carácter colectivo o comunal Los conflictos intercomunales identificados como de carácter propiamente comunal o colectivo son resueltos por las autoridades político-comunales48 y por la asamblea comunal que identifica a cada una de las comunidades interventoras. Al igual que los conflictos colectivos intracomunales, resulta ser el conjunto de comuneros el que actúa frente al conflicto intercomunal a través de sus órganos de resolución comunales; pero esta vez puede ocurrir que tal actuación sea ante otro colectivo, cuyo interés también puede ser representado por órganos comunales. En tal supuesto, nos encontraríamos frente al caso de una dualidad de intereses comunales representados por sus respectivas autoridades y asambleas comunales. Ejemplos de este supuesto lo constituyen los casos de robo de ganado, en los que el “mal comunero” o ladrón pertenece a una comunidad vecina, y los conflictos de colindancias o linderos entre comunidades. Conflictos comunales en los que sea parte un “yerno” de la comunidad continúan siendo resueltos bajo la misma forma descrita para los conflictos intracomunales. Así, en el caso de robo de ganado no cabrá la menor duda de que es el interés de la comunidad el que se encuentra afectado, más allá de que sea una familia específica la que haya sufrido el robo, lo que conducirá a que sea su 48

Las autoridades político-comunales que intervienen son prioritariamente el presidente y el teniente o los tenientes gobernadores de la comunidad. Ver al respecto el capítulo precedente.

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organización colectiva la que asuma de inmediato el conflicto. A través de sus autoridades o de una comisión conformada para tal efecto, la reacción de la organización colectiva no se dejará esperar para repeler el “daño” causado. Al respecto, las autoridades de las comunidades en estudio saben que dentro de sus principales funciones está la de velar por la “armonía” de la comunidad, incluida la “armonía” de las familias de la comunidad, y saben que un acto de robo de ganado produce un grave desequilibrio a esa “armonía”; entonces, racionalizan que su reacción debe ser rápida. Hay una actitud de control y necesidad de organización que en lo inmediato deberán afrontar. Apenas sea denunciada la pérdida de algún ganado, el presidente de la comunidad o el teniente gobernador del sector buscará al conjunto de su directiva o demás autoridades para emprender la búsqueda del ganado perdido. Al lado de los miembros del cuerpo de autoridades de la comunidad se convocará a comuneros voluntarios, quienes sin la mayor formalidad se integrarán a las comisiones que se conformen para acudir a la búsqueda y hallazgo del animal robado. Como se ha explicado para los conflictos intracomunales, en estos casos los comuneros son conscientes de que sólo con una rápida reacción será posible recuperar el ganado perdido. Incluso si logran recuperarlo, puede ser que no se encuentre a los “ladrones”. Éstos, al ver a la comisión de los comuneros o al saberse identificados, terminan huyendo y abandonando el ganado sustraído49. Pero, en la eventualidad que el grupo de comuneros logre capturar a los “ladrones”, dependiendo del comportamiento de éstos, pueden someterlos a una fuerte “paliza” antes de entregarlos a las autoridades oficiales de la ciudad. Si los ladrones se resisten, lo lógico es que los comuneros enardecidos los sometan por la fuerza50. Si los “ladrones” resultan ser miembros de una comunidad vecina o cercana a la microrregión, entonces se producirá la confrontación de los dos colectivos antes mencionados: las autoridades o comisión de la comunidad afectada y las autoridades u organización de la comunidad en la que residen los “ladrones”. En tal situación, esta última puede inicialmente proteger a sus comuneros, pero al notar los elementos de prueba que en efecto los comprometan como “ladrones”, tendrá que acceder a la sanción propuesta por la comunidad afectada. Tales “comuneros ladrones” se convertirán en vergüenza de su familia y su comunidad, llegando a recibir fuertes llamadas de atención y sanciones de multas, además de amenazas de castigos más severos, como ocurrió en el caso de Calahuyo en el año 199451. 49

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Es el caso de Titihue, ocurrido el año 1992, cuando se extraviaron tres cabezas de ganado vacuno, según se refirió. Entrevista con las autoridades de la comunidad de Titihue (marzo de 1992) y con directivos de la Liga Agraria 24 de Junio de Huancané (marzo de 1992 y octubre de 1999). Calahuyo: “Acta de sanción por Robo de sies (6) ovejas de la comunidad de Huancho, sec.

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En la labor de recuperación del ganado robado, a su vez, la comunidad afectada se ve respaldada por el conjunto de comunidades o parcialidades vecinas. Conforme el grupo de autoridades o la comisión de búsqueda transita por una u otra comunidad, siguiendo las huellas del ganado robado, va comunicando a sus autoridades el hecho ocurrido. Informadas estas autoridades, a su vez, trasladarán la misma preocupación a otras autoridades cercanas. Se forma así una red social de solidaridad que, en pocos días, pone en conocimiento y advertencia a toda la microrregión del hecho ocurrido52. Al final, el domingo siguiente, el tema será tratado en la asamblea de tenientes gobernadores y en la propia Liga Agraria de presidentes de la comunidad. Todos los tenientes y presidentes de las comunidades y parcialidades estarán advertidos del suceso y de distintas maneras harán llegar su colaboración. Se trata de una labor compartida, de solidaridad o colaboración que brindan las distintas autoridades políticas comunales. Saben que frente a situaciones semejantes, de robos que ocurran en otras comunidades, la comunidad hoy afectada sabrá hacer lo mismo. De otra parte, en la resolución de los conflictos de colindancia del territorio comunal se debe destacar la participación de las autoridades comunales de cada una de las comunidades en pleito, así como de sus respectivas asambleas53. En otras palabras, en estos conflictos sí nos encontramos ante la confrontación abierta de dos colectivos. Este es el típico conflicto comunal en que las autoridades y el conjunto de familias miembros, a manera de dos pequeños Estados, se convocan para ponerse de acuerdo sobre su solución. En el pasado estos conflictos eran interminables. Se suscitaban enfrentamientos físicos y, paralelamente, se recurría a las autoridades oficiales de la ciudad. El fiel reflejo del interminable “lío” se puede deducir de la duración del procedimiento judicial. Diez u ocho años de permanente relación con los jueces, secretarios y abogados no agotaban el conflicto. Los dirigentes de Titihue refirieron que su conflicto con el sector Cucho Chacamarca de la comunidad de Huancho duró ocho años54. En Calahuyo, sus problemas de límites con el sector Laccaya de la comunidad de Huancho duraron cerca de diez años en trámite judicial sin solución55. Llachojani”, en Libro de Antecedentes, acta de fecha 22-08-94. 52

Entrevista con Benito Gutiérrez Ccama, dirigente de la Liga Agraria 24 de Junio de Huancané (mayo de 1988, marzo de 1992 y octubre de 1999).

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En algunos casos el conflicto se suscita entre una comunidad y una parcialidad, pero en el mismo sentido compromete a sus respectivas autoridades y asambleas.

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Entrevista con Félix Mendoza, presidente de la comunidad de Titihue en 1987-1988 (Titihue, abril de 1988).

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Entrevista con Gregorio Mamani, Mariano Uturunco y Juan de Dios Uturunco (Calahuyo, marzo-abril de 1988).

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Estas experiencias llevarán a los comuneros a buscar formas alternativas de solución. Rechazarán a las autoridades de la ciudad y recurrirán a sus propias autoridades o a sus propios órganos de resolución para buscar la solución a sus líos de límites territoriales56. De esta forma, hoy estos tipos de conflictos son de competencia de las autoridades político-comunales y de la asamblea comunal de manera decisiva. Las autoridades comunales son las competentes para recibir el reclamo de una supuesta “invasión” o usurpación del territorio comunal. Estas autoridades elaboran un “informe”, luego de una breve “investigación”. Dependiendo de la gravedad, el informe será sometido a la asamblea semanal siguiente o se convocará a una asamblea extraordinaria. La asamblea debatirá el problema, destacando la opinión de los ancianos como conocedores de los límites ancestrales que han identificado a la comunidad y, luego de una decisión preliminar, se la hará saber a las autoridades de la otra comunidad. Esta comunidad hará lo propio con sus respectivas autoridades y asamblea comunal. Entonces, entre ambos colectivos se buscará arribar a la solución de su problema57. Nótese que para la solución de estos casos se hace indispensable la intervención del colectivo de comuneros. Incluso en comunidades “grandes” como Titihue, el conjunto de familias de cada sector y de toda la comunidad se sentirá preocupado por encontrar un “arreglo” al problema. Es así como las familias comuneras y sus autoridades representativas se convocarán para evitar el desmembramiento de lo que consideran suyo. La asamblea comunal se constituye en el órgano decisorio para adoptar las alternativas de solución pertinentes, aunque siempre será a través de sus autoridades políticas comunales que se produzcan las interrelaciones con la comunidad vecina del pleito. Es normal que estos tipos de conflictos consistan en la discusión sobre determinados espacios que caracterizan la propiedad comunal. Es el caso de la discusión que se da entre colectivos de ambos lados. Pero también puede ocurrir que el lío se suscite entre dos parcelas vecinas, de posesión o propiedad privada o familiar, pertenecientes a distintas comunidades. Entonces, los órganos competentes seguirán siendo las propias autoridades comunales y la asamblea comunal, pero necesariamente se recurrirá a la opinión de los comuneros titulares de las respectivas parcelas. Respecto a los conflictos de incumplimiento de obligaciones comunales o de riñas en las que una de las partes familiares involucre a un “yerno”, los órganos comunales de la propia comunidad en la que se suscita el con56

57

Al respecto puede consultarse el capítulo 4, en donde se desarrolla el proceso de este cambio en el que el paso de parcialidad a comunidad fue preponderante. Entrevistas con dirigentes de la Liga Agraria 24 de Junio de Huancané, particularmente con Benito Gutiérrez y Saturnino Ccorimayhua (abril-mayo de 1988, marzo de 1992).

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flicto son los que resultan competentes para resolverlos. Sea que el “yerno” viva o no habitualmente en la comunidad de su pareja, los órganos de resolución de ésta lo someten a su jurisdicción. Las autoridades políticas comunales de la otra comunidad, a la que pertenece originariamente el “yerno”, se ven impedidas de intervenir, toda vez que cada comunidad es respetuosa de la autonomía de gobierno y administración dentro de su territorio. Si el conflicto se suscita al interior del territorio de una comunidad a partir de la disputa de intereses privados o familiares que se originan a su interior, los órganos competentes para resolver tales disputas pertenecen a la misma comunidad. Puede ocurrir, sin embargo, que el “yerno” no sea un “buen comunero” ni en su comunidad originaria, ni en la comunidad a la que recurre por los terrenos de su esposa o conviviente, por lo que ambas comunidades pueden llegar a coordinar acciones para enfrentar la actitud de dicho “yerno”58. Es así como las propias comunidades aceptan que los casos de incumplimiento de obligaciones por parte del “yerno” sean resueltos por los propios mecanismos u órganos que identifican a la comunidad en la que se suscitó el conflicto. En tal sentido, el presidente de la comunidad, conjuntamente con el teniente, resultan ser los órganos de resolución competentes. En los casos donde la comunidad está dividida por sectores, como ocurre con Titihue y Tiquirini-Totería, tal función corresponde al teniente gobernador del sector con el posible acompañamiento de un directivo y los alguaciles que se encuentren presentes. En cualquiera de los dos casos, en última instancia, la resolución del conflicto recae en la asamblea comunal de la respectiva comunidad. Si bien el “yerno” de una comunidad al cumplir con sus obligaciones es reconocido con iguales derechos que cualquier miembro originario de la comunidad, en la actuación de las autoridades puede apreciarse una cierta estigmatización contra ellos. En los casos de riñas entre partes familiares, el “yerno” aparece con el referente anticipado de “culpable”, y no es extraño que las comunidades hagan llamados públicos para que dichos comuneros “yernos” reformen su comportamiento59.

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Al respecto puede consultarse el interesante caso de Titihue: Confirman y exigen cumplimiento de sanción de comunero por “expulsión de dos comunidades”, en Libro de Antecedentes, acta de fecha 23-05-97. En dicho caso puede apreciarse la intervención de las comunidades de Titihue y Huancho, sector Cucho Chacamarca, que en forma coordinada someten al comunero “yerno” conflictivo.

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Ver, por ejemplo, Titihue: “Acta de comparencia (por riñas y lesiones producido por ‘yernos’ de la comunidad)”, en Libro de Antecedentes, acta de fecha noviembre de 1997.

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PROCEDIMIENTOS Y RACIONALIDAD DE LA RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS En el procedimiento de resolución de los conflictos intercomunales se puede apreciar la utilización de los instrumentos de los procedimientos de resolución aplicados a los conflictos intracomunales en las comunidades en estudio. En esta actuación, particularmente, destaca la presencia del honor familiar y del ser colectivo como dos principios fundamentales que promueven el procedimiento de resolución. Intentaré siempre referirme por separado a cada tipo de conflicto, buscando mostrar las diferencias que pueden identificar a los conflictos intercomunales de carácter privado o familiar y a los de carácter colectivo o comunal, respectivamente.

Procedimiento de resolución de conflictos de interés particular o familiar La regla general para este tipo de conflictos intercomunales es que llegan, al final, a ser formalizados ante las autoridades político-comunales, contrario a los conflictos de naturaleza intracomunal, que por regla tienden más bien a una no formalización. En casos de conflictos de pareja, de conflictos por daños, de conflictos por incumplimiento del contrato de reproducción o de “engorde” de ganado, o de los conflictos de linderos de parcelas, las autoridades político-comunales son las convocadas para su resolución y las que finalmente formalizan el acuerdo. En los casos de “cría” o “engorde” de ganado es probable que la preeminencia de la intervención de las autoridades político-comunales se relativice, porque además de la baja probabilidad de dichos conflictos, al suscitarse resultan ser las propias partes las que se convocan para “arreglarlos”. De no existir tal “arreglo”, de las mismas partes surge una decisión permanente por un “nunca más hacer contrato con ese comunero”. Es una especie de sanción privada que se aplicará para el futuro sin necesidad de su registro formal, pudiendo adquirir más fuerza que el propio acuerdo formal en tanto tal decisión será extendida a sus familiares. Sin embargo, es importante ver cómo los comuneros llegan a la solución del conflicto, dejando en un segundo plano si el acuerdo o decisión final se formaliza o no. Al igual que en los conflictos intracomunales de carácter familiar o privado, destaca el diálogo como principal instrumento de autocomposición. Se trata del diálogo en aymara entre los diferentes órganos informales (padres, padrinos, abuelos, familiar mayor o las propias partes interventoras), quienes participan, primero, en el ámbito familiar de cada una de las partes, para luego acudir al contacto interfamiliar con la otra parte. Se busca llegar a un consenso o acuerdo en el seno de la parte familiar en Antonio Alfonso Peña Jumpa. Poder judicial comunal aymara en el Sur Andino Colección En Clave de Sur. 1ª ed. ILSA, Bogotá D.C. Colombia, marzo de 2004

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pleito para luego buscar el mismo tipo de solución en la confrontación con la otra parte familiar. Es como una etapa de negociación en la que ambas partes pueden ceder parte de sus pretensiones. Luego de que se haya llegado a un acuerdo en la interrelación de las familias en pleito, es cuando resultan convocadas las respectivas autoridades político-comunales. El diálogo en aymara también estará presente en esta participación de las respectivas autoridades comunales. Harán llegar su opinión sobre las respectivas posiciones adoptadas, aunque pueden limitarse a acatar los acuerdos ya asumidos por las respectivas partes privadas. En tal sentido, la autoridad comunal se restringe a dar fe de lo acordado. Como un gran fedatario, va a ser el testigo y a su vez el responsable de que tal acto formalizado se cumpla o se respete desde ambas partes. En estas situaciones, el acuerdo de las partes familiares sólo es posible a través del impulso del honor familiar. Cada comunero en litis, y sus respectivas familias nucleares, tiene entendido que está en juego su honor familiar frente a la vista no sólo de su comunidad de origen, sino también frente a la comunidad de origen de la otra parte. Sea cualquiera el tipo de conflicto, con mayor razón si adquiere el carácter de colectivo, la idea del honor impulsará la efectividad del diálogo entre los órganos informales, el rápido “arreglo” y la posibilidad de su propio cumplimiento. En los conflictos de pareja, por ejemplo, la búsqueda del diálogo entre los familiares de cada uno de los jóvenes convivientes o esposos se presenta como fundamental para preservar el honor de su propia parentela. Luego de agotada la posibilidad de conciliación de la pareja, queda definido como parte de su honor que la pareja se separe, que se concluya con su unión y se vuelva a la situación anterior a pesar de haber podido procrear algún hijo60. Para ello, como resulta lógico, ha habido un seguimiento del problema por los propios órganos informales de resolución. Con antelación, los padrinos (si la pareja es casada) o los padres sabían de los “maltratos”, de las “riñas”, de las incomprensiones. Dialogarán sucesivamente para mantener la unión de la joven pareja, buscarán enfrentar las causas del problema o conflicto, “aconsejándola” permanentemente; al final, tendrán que resignarse a la inevitable separación. Luego de haber llegado a un acuerdo entre los órganos informales, éstos mismos recurrirán al apoyo de las autoridades político-comunales para que registren dicho acuerdo. El acto de formalización es un ritual particular. A una hora y fecha determinada, la parte “demandante” –que puede ser la de la mujer o el 60

Como se indicó, el hijo producto de una relación de pareja que luego se frustrará, puede llegar a ser protegido por sus abuelos, quienes lo querrán como un futuro acompañante en sus faenas diarias.

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varón– concurre conjuntamente con sus familiares, en este caso con el padrino, y con sus autoridades político-comunales ante la comunidad de la parte “demandada”, la que a su vez esperará acompañada de sus familiares y de sus autoridades político-comunales. En la reunión, que se desarrolla en el local de la autoridad de recepción o en su local comunal, las partes exponen la declaración de sus posiciones, que las autoridades ratificarán: TERCERO.- Escuchado las manifestaciones del demandante la mas y falta de voluntad, ambas por no comprentirse y llevarse a una veda carinosa que nos presenta entre nosotros que convevimos y (que) además el demandado reconoce sus pleitos y problemas que hace a su convevienta y haciendo una vida imposible que siertamente existe la empresión de no llevarse (toda la vida), (…) ante la autoridad manifiesta(n) sus voluntades de separarse definitivamente ellos(;) no queda recurso que ambos pone fin de ese momento(. Las) autoridades (atienden) a los exposiciones de ambas partes después de haber buscado la conceliación por distintas formas y medios de no haber conseguido (…)61.

Puede apreciarse cómo las partes exponen sus posiciones, reconociendo sus limitaciones vinculadas a las causas que producen el conflicto de separación, y destacando previamente el ejercicio de su voluntad por conseguir la reconciliación de la pareja, intento que habría estado bajo gestión directa de los familiares y sólo con respaldo de las indicadas autoridades. Ello es formalizado, destacando como un hecho central el reconocimiento de los errores de las partes, en los conflictos de pareja, para luego arribar a un acuerdo. De otro lado, en los conflictos de reproducción o “engorde” de ganado, el procedimiento de resolución también se ve identificado por el diálogo en aymara entre los comuneros que son partes, influidos por su respectivo honor familiar. Aunque cabe tener presente que no es común que se recurra a la formalización del acuerdo o decisión de las partes una vez agotado su procedimiento de resolución. La parte que se siente afectada por el incumplimiento del contrato, no dejará esperar su intervención para “aclarar” la situación. Ambas partes, en el momento de la distribución de la “cría” del ganado o en el momento inmediatamente posterior a la venta del ganado “engordado”, si no encuentran satisfechas sus pretensiones, discutirán los términos de lo que creían acordado verbalmente. Puede ocurrir que en ese momento surja el “mejor arreglo” y quede allí el conflicto; pero, también puede ocurrir que no se produzca ningún acuerdo y una de las partes quede insatisfecha, entonces, más que recurrir a sus respectivas autoridades político-comunales, se re61

Titihue: “Acta de separación Entre las personas NMM (y) Y (ML de la comunidad de Huancho)”, en Libro de Antecedentes, acta de fecha 11-04-95.

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currirá a la sanción económica privada: “nunca más haré contrato con tal comunero”. Se tomará a aquel comunero como una persona disminuida en su honor familiar, no conveniente para efectuar este tipo de tratos, lo que se extenderá entre los familiares del insatisfecho y los familiares de la otra parte. En todos estos procedimientos de resolución de conflictos contractuales es relevante que el honor familiar siempre conduce a acelerar el acuerdo. La confianza y honestidad que guiaron la celebración del contrato es difícil que desaparezca al suscitarse el conflicto sobre su cumplimiento. La búsqueda del “arreglo armonioso” mediante la “comprensión mutua” estará presente en la concepción de los comuneros en pleito. De otra parte, el procedimiento de resolución de los conflictos de linderos donde interviene un “yerno” de la comunidad es asumido como si fuera de naturaleza intracomunal. En estos casos, como los propios órganos de la comunidad en que se desarrolla el conflicto son los competentes para resolverlo, recurrirán al mismo procedimiento que utilizan al interior de su comunidad. Como en los conflictos intracomunales, en principio son las propias partes las que buscan solucionar el conflicto: el “yerno” como titular de la parcela de su conviviente o esposa y el comunero vecino como titular de su propia parcela. Para ello, recurrirán a los propios instrumentos de conciliación, destacando nuevamente el diálogo en aymara impulsado por el honor familiar. Si el conflicto no es resuelto, pasarán a los otros órganos informales de resolución (familiares mayores o ancianos) o directamente a las autoridades de la comunidad donde se encuentran las parcelas cuyos límites están en discusión. En esta última situación, las autoridades podrán intervenir como conciliadores o mediadores, dependiendo de la disposición de las partes interventoras y, en todo caso, como árbitros que impondrán una solución. Recordemos que la intervención de las propias partes puede conllevar a una solución rápida sin necesidad del registro del acuerdo. Tal situación ocurre ante la poca relevancia, en opinión de los comuneros, sobre la parte en discusión de los límites de su parcela. También puede ocurrir que rápidamente lleguen a un acuerdo mediante concesiones recíprocas: sacrifican mutuamente parte de la parcela que creían suya. En el caso de la intervención de las autoridades político-comunales, el legitimado a comparecer es la esposa o conviviente del “yerno” no residente, quien es originaria de la comunidad. Ella, acompañada por sus propios familiares de la comunidad, se sentirá con el mejor derecho a reclamar lo que considera su pretensión. Los familiares mayores y los ancianos respaldarán la búsqueda de solución promovida por las autoridades, mientras que el “yerno” no residente actuará, en tal caso, como un comunero sumiso a lo que se disponga entre los órganos interventores. El espíritu de Antonio Alfonso Peña Jumpa. Poder judicial comunal aymara en el Sur Andino Colección En Clave de Sur. 1ª ed. ILSA, Bogotá D.C. Colombia, marzo de 2004

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conciliación siempre estará presente, su intención de diálogo, su comprensión sobre el problema y, más aún, en el entendido que resulta ser un “extraño” para la comunidad.

Procedimiento de resolución de conflictos de interés colectivo o comunal En los conflictos colectivos o comunales de carácter intercomunal, el procedimiento de resolución siempre está rodeado por la iniciativa de las autoridades comunales de llegar con celeridad a una decisión o acuerdo que ponga fin al conflicto. Al tratarse del interés colectivo de la comunidad afectada, sus autoridades, al lado de su respectiva asamblea, promoverán los mecanismos más adecuados con tal de llegar a la mejor solución. Como en los conflictos intracomunales, el conjunto de comuneros entiende que la presencia de estos conflictos colectivos o comunales constituye un gran obstáculo para su orden comunal o para lo que ellos mismos denominan su “progreso comunal”. Las comunidades partes del conflicto reivindican de esta forma su propio principio del ser colectivo. La tranquilidad o la armonía comunal, el estado de normalidad en el cual el conjunto de comuneros pueda seguir desarrollando sus actividades económicas, sociales y culturales que los identifican, motiva una celeridad en la solución del conflicto que responde a una identidad más general de las comunidades en pleito: el hecho de ser aymaras. Ello motiva, con bastante énfasis, desde la comunidad afectada o desde las comunidades en pleito, que tengan que resolver el conflicto por ellas mismas. Con la presencia de sus propias autoridades y alentados por el “mejor arreglo” llegan a conciliar como dos pequeñas naciones que estuvieron en disputa. En el conflicto de robo de ganado, por ejemplo, si se llegara a identificar al autor, las autoridades y miembros de ambas comunidades –de aquella donde se produjo el robo y de aquella de donde es originario el supuesto ladrón– no dudarán en sancionar al irresponsable y, de ser el caso, entregarlo a las autoridades de la ciudad, con tal de superar el conflicto. Pero más que este resultado final del procedimiento de resolución del caso, interesa resaltar los momentos iniciales de búsqueda del ganado, lo que constituye la mayor satisfacción para el afectado. Dentro de esta etapa inicial se debe indicar que, ocurrido el robo, toda la comunidad se convoca, las autoridades se alistan para intervenir y los comuneros consideran conveniente sumar más miembros para formar una comisión que concurra en la búsqueda de las huellas del ganado y la captura de los ladrones. En esta comisión estará presente el afectado del robo y las propias autoridades. Con el grupo así conformado, que puede llegar a un total de ocho a diez miembros, se hace un seguimiento de las huellas del ganado sustraído. Con palos, hachas, “látigos” y otros instrumentos propios de su actividad Antonio Alfonso Peña Jumpa. Poder judicial comunal aymara en el Sur Andino Colección En Clave de Sur. 1ª ed. ILSA, Bogotá D.C. Colombia, marzo de 2004

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laboral, los comuneros se desplazan de una a otra comunidad hacia donde se haya podido haber dirigido el ladrón. En este desplazamiento se produce el contacto con las autoridades de las comunidades vecinas, a quienes se informa sobre el robo para que sea de conocimiento de toda la microrregión. Este procedimiento de búsqueda, si es rápido, es efectivo. En Titihue fue superada la pérdida de tres cabezas de ganado de un comunero, en julio de 199162, gracias a la rapidez de su procedimiento de resolución. Los comuneros dieron con las huellas y, como no había llovido, lograron seguirlas con calma, cruzando cerros, hasta llegar a las cuevas cercanas a una comunidad conflictiva en la que encontraron abandonado el ganado. Una muestra de la actuación de los comuneros en la búsqueda del ganado puede apreciarse en el siguiente caso: la comunidad de Jasana Chico de Samán sufre el robo de dos toros y un burro. Con la actuación inmediata, los comuneros encuentran a un supuesto “cómplice” en territorio de Titihue, lo detienen y lo llevan ante las autoridades de esta comunidad; luego, llegan las autoridades de una tercera comunidad, de donde es originario el detenido, las que reivindicarán su inocencia: Primero.- El presidente de la Comunidad (de Titihue) Don JMR dio la bienvenida a las autoridades de Jasana Chico de Samán y a los comuneros; las autoridades de Jasana Chico, especialmente el teniente gobernador manifesto deciendo premeramente que (él) agradece por la recepción y luego manifiesta que el culpable es la persona quien ha recibido el ganado o sea dos toros y un burro, nosotros bien claro decimos que él es otro de los cómplices de muchas pérdidas, por tal razón pedimos que se nos haga arreglo sobre esta pérdida, también muchas de sus autoridades manifiestan igual (...) Luego participó el Teniente Gobernador de Titihue, deciendo quien aisido el interesado manifestó que un vecino lo avisó deciendo que a sus ganados se los están llevando(,) recien se dio cuenta (...) Despues llegaron las autoridades familiares de Don CCI (supuesto cómplice) y comuneros de Caminacuya, inmediatamente pedió el esclarecimiento de cómo fue detenido Don CCI(;) sobre esto el Teniente de Jasana Chico manifestó que lo detuvieron en el camino en la comunidad de Titihue y lo llevaron ante el Presidente de Titihue, sin hacer ningún tipo de maltratos(;) el detenido manifiesta que el venía de Juliaca después de despachar a su hermano Remigio; el detenido estaba descansando comiendo su pan(;…) Despues de mucha discusión la parte interesada comprende que dicha persona detenida que es inocente sobre la perdida de dos ganados y un burro de Jasana Chico del destrito de Saman (…)63. 62

Al respecto, ver la referencia a este caso antes presentada.

63

Titihue: Robo de Ganado en Jasana Chico-Samán con “detención” de supuesto “cómplice”, en Libro de Antecedentes, acta de fecha 15-01-98.

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La cita describe el conjunto de actividades que involucran una reacción inmediata por parte de las autoridades de la comunidad de Jasana ChicoSamán, situada a varios kilómetros de Titihue, para seguir las huellas del ganado y encontrar al supuesto “cómplice”. Con el apoyo de las autoridades de Titihue, y la presencia de las autoridades de la comunidad de Caminacuya (a la que pertenece el detenido), se consigue determinar la responsabilidad del supuesto “cómplice”. Parece ser que hubo un error en la captura de dicho comunero, pero la acción realizada por la comunidad de Jasana Chico-Samán sirvió para encontrar al día siguiente a los dos toros y al burro sustraídos que fueron dejados aparentemente al hijo de un comunero de Titihue64. Sin embargo, en esta labor de búsqueda también puede haber limitaciones. La cercanía a una carretera puede significar el desplazamiento rápido, mediante vehículo, de los ladrones; los factores climatológicos, como una arrasante granizada o una fuerte lluvia en la madrugada, antes de iniciar la búsqueda, pueden dificultar el seguimiento de las huellas. Sin embargo, los comuneros también saben entretejer estrategias frente a esos factores. Hay comuneros expertos que pueden seguir las huellas de ganado a pesar de la lluvia o granizada; ante el robo en vehículo, se dirigen a los k’atos o ferias de los alrededores y de las ciudades vecinas, con apoyo de otros comuneros testigos de otras comunidades, para identificar a su ganado y a los ladrones. En último caso pueden recurrir al “pago a la tierra” a través del yatiri de su confianza, con el fin de “detener” a los ladrones en su huida65. En estos casos debe destacarse el reproche colectivo de los comuneros de la microrregión por esos hechos. Nadie acepta que otro comunero u otra persona se apodere o apropie de un ganado que no crió o adquirió. Por ello la solidaridad de los distintos comuneros, más allá de la actuación de las propias autoridades, no se deja esperar. Todos participan de una u otra manera en la búsqueda de solución al problema. Incluso, al no tener una respuesta rápida, se recurre a la Liga Agraria de los presidentes de comunidad y a la asamblea de tenientes para compartir la preocupación y cruzarse información66. Se debe tener presente que estos robos de ganado no son comunes en Huancané. Por ello los comuneros no han requerido otro tipo de estrate64

La discusión sobre la aparición de los dos toros y el burro “extraviados” aparece registrada en un acta siguiente del Libro de Antecedentes de Titihue. En esta acta también se hace entrega de los animales a las autoridades de Jasana Chico (Titihue: Manifestación de “honorabilidad e inocencia” de supuesto inculpado de robo de ganado en Jasana Chico-Samán y entrega de ganado encontrado), en Libro de Antecedentes, acta de fecha 16-01-98.

65

Entrevista con Benito Gutiérrez Ccama, dirigente de la Liga Agraria 24 de Junio de Huancané (Huancané, marzo de 1992, octubre de 1999 y agosto de 2000). Particularmente en una última entrevista, Benito Gutiérrez nos refirió la capacidad del yatiri como persona con poderes extraordinarios, capaz de realizar actos de control de los ladrones a través del contacto con la “madre tierra”.

66

Ibíd.

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gias para superar tal malestar. La búsqueda mediante comisiones y la intervención de sus propias autoridades han sido suficientes para afrontar el problema, quedando únicamente en referencias la conformación de rondas para una mayor eficacia. Sólo en caso de que una banda de ladrones esté rondando la zona, afectando a varias comunidades, la organización para enfrentar tal problema no se dejará esperar67. De otra parte, los conflictos de colindancia entre dos comunidades vecinas también tienen un procedimiento de resolución particular. En estos casos es posible hablar de procedimientos de resolución más complejos, en tanto puede estar en discusión la integridad del territorio comunal. Tal como lo pudieron sintetizar dos dirigentes de la comunidad de TiquiriniTotería, se trata de un procedimiento de resolución en el que destaca la participación del conjunto de comuneros con la “habilidad” de sus autoridades comunales68. En el desarrollo de los procedimientos de resolución de conflictos de colindancia se distingue la actuación de las autoridades y su correspondiente asamblea. Dichos conflictos de colindancia pueden ser dos tipos: cuando se trata de la discusión sobre los cerros o pastizales de la comunidad que, al estar normalmente sin una vigilancia estricta, son el motivo principal del inicio del conflicto por parte de la comunidad colindante; y cuando se trata de la discusión de parcelas de terrenos fronterizos, en las que más allá del interés y la voluntad de las familias identificadas como titulares o propietarias, surge el interés de la organización comunal. En cuanto a la afectación de los cerros de la comunidad, se destaca la preocupación e intervención inicial de los comuneros y las autoridades de ambas comunidades. Cualquier comunero que sorprenda a otro pastando con sus ovinos o su ganado en el monte que considera dentro de los “hitos” de su comunidad, se siente en la obligación de poner tales hechos en conocimiento de sus autoridades. Incluso, puede tratarse de la intromisión de un niño pastor, a quien inicialmente llamen la atención, pero del que saben hay un responsable mayor que es su padre o familiar. No basta un solo acto de supuesta usurpación para que se suscite el conflicto; tiene que tratarse de actos reiterativos o de una relevante permanencia en la posesión sobre el terreno considerado “ajeno” por la parte reclamante. Las autoridades, al tener conocimiento de los hechos –deduciendo la vocación de permanencia de la supuesta comunidad usurpadora o de sus 67

68

Sólo a manera de referencia se puede citar un caso ocurrido en 1985 en la parte cercana a Tiquirini-Totería, en que un grupo de ladrones tenía atemorizadas a las comunidades del lugar. Se perdían los animales, las ropas, los instrumentos de trabajo, sin llegar a encontrar a los culpables. Entonces, las comunidades afectadas se organizaron por lugares y turnos nocturnos para dar con los ladrones. A los dos días lograron detectar a dos de ellos y posteriormente al resto. Les dieron una fuerte paliza y los entregaron a las autoridades de la ciudad (Tiquirini-Totería, marzo de 1992). Tiquirini-Totería, marzo de 1992.

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comuneros– o al presenciar las supuestas transgresiones, toman la iniciativa de aclarar ante la otra comunidad los límites de sus respectivas comunidades. En este intermedio puede haber mediado una reunión ordinaria por parte de su asamblea comunal, como también, dada la gravedad de la usurpación, puede haberse convocado de manera extraordinaria una asamblea comunal para ir recogiendo una posición colectiva a sostener con la comunidad rival. Posteriormente, las autoridades se reúnen con los respectivos planos de su comunidad para fundamentar las supuestas usurpaciones. El diálogo y la discusión se centran en la identificación de los “hitos” ubicados cada cierta distancia y levantados por ambas comunidades para acreditar los límites de sus respectivos territorios. Si el problema responde sólo a la “mala” actitud de un comunero, quien es el único que traspasa los límites, la comunidad a la que pertenece dicho comunero se someterá ante el reclamo de la comunidad afectada, comprometiéndose a sancionar internamente al comunero usurpador. El problema mayor es cuando ambas comunidades alegan que determinado sector o franja les corresponde y, en consecuencia, sus comuneros libremente pueden pastar sobre dichos terrenos. Ante la negativa de otorgar aclaraciones y la continuidad del uso o posesión simultánea del terreno o franja en discusión por parte de ambas comunidades, se agudiza el conflicto. En ese momento se reúnen permanentemente las asambleas para tratar el problema y encontrar la solución. Si una de las partes o ambas minimizan su participación en estas continuas asambleas, el conflicto se va agudizando en el colectivo hasta que explota: se producen frecuentes enfrentamientos verbales en las fiestas o k’atos en los que se encuentran los comuneros. Cuando los colectivos de ambas comunidades llegan al intercambio de palabras, el hecho se difunde por las comunidades vecinas e incluso llega a sus respectivos gremios de la ciudad; entonces el conjunto de familias de cada comunidad comienza a estar dispuesto a buscar una solución al problema. El ser colectivo de ambas comunidades, influido por el qué dirán, incentiva la búsqueda de un nuevo acercamiento de los órganos de resolución. Las autoridades comunales son las primeras en insistir en la búsqueda de una solución. Presidente y teniente gobernador, acompañados de los directivos comunales, visitan a sus contrarios, llevando la posición de su comunidad o que se acordó en la asamblea anterior. La conversación entre estas autoridades comunales, así como las opiniones que de allí surjan, serán explicadas, a su vez, en sus respectivas asambleas comunales. En éstas se pueden abrir intentos de solución: se ratifican en la posesión de sus supuestos terrenos pero ceden en otros aspectos, como el intercambio o “devolución” de determinado producto sembrado en el terreno en discusión o del ganado capturado en el mismo. Finalmente, pueden ceder hasta en la fragmentación o parcelación de parte de la franja o el terreno en discusión. Antonio Alfonso Peña Jumpa. Poder judicial comunal aymara en el Sur Andino Colección En Clave de Sur. 1ª ed. ILSA, Bogotá D.C. Colombia, marzo de 2004

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Con la opinión de sus respectivas asambleas comunales, las autoridades nuevamente son convocadas para cruzar los respectivos informes de sus comunidades. El ser colectivo, como expresión del conjunto de comuneros, nuevamente induce a las comunidades en conflicto a la búsqueda de solución. La opinión revisada de la asamblea comunal nuevamente será sometida a la otra parte a través de sus autoridades. En estos momentos, ya se manifiestan intentos de solución, acuerdos coincidentes, que harán ceder definitivamente la “terquedad” de ambas partes. Si las respectivas asambleas comunales aceptan, el conflicto termina allí: se produce el acuerdo final que se registrará en los libros de actas principales de cada comunidad. En caso contrario, la negociación continuará en la forma indicada o esperará, en todo caso, la aparición de un agente externo que haga ceder definitivamente a las partes69. Como puede apreciarse, se trata de un complejo procedimiento de resolución sobre un conflicto también bastante complejo, que tiene como objeto de discusión el recurso que los comuneros consideran fundamental: la tierra. Si bien actualmente los comuneros no recurren a enfrentamientos físicos con muertes subsecuentes, tal alternativa no puede descartarse por la importancia otorgada al recurso en discusión. Sin embargo, a la fecha, la voluntad autocompositiva de dichas comunidades fomenta una negociación intercomunal que conlleva en “armonía” la búsqueda de solución frente a dichos conflictos. En Calahuyo existe el antecedente de un conflicto con las comunidades de Pampa Amaru y Antacahua, sobre los límites de sus territorios. En este caso, como se citó en el capítulo 2, el elemento de consenso fue la construcción de un colegio de educación secundaria. Después de tanto batallar en las negociaciones y de tanto malestar de los propios comuneros vecinos, se acordó donar el terreno en discusión a la construcción del colegio. En la cita siguiente se puede apreciar el consenso por parte de los comuneros de Calahuyo y Antacahua para poner fin al conflicto, figurando ambas comunidades como donantes ante el Ministerio de Educación: (...) acto seguido las autoridades y padres de familia de la comunidad de Calahuyo mostraron el perímetro de tres Hectareas de terreno que quieren donar a favor del ministerio para que se edifique el nuevo local de Instrucción Secundaria(;) constatado esto el director del (N)ucleo (escolar)70 les felicitó a todos los comuneros de Calahuyo, 69

70

La presencia de las autoridades gremiales de la Liga Agraria 24 de Junio de Huancané, así como la autoridad o el funcionario de un ministerio relacionado con las actividades de dichas comunidades, pueden constituir estos agentes externos. El Núcleo Escolar era una instancia educativa dependiente del Ministerio de Educación, ubicada en los distritos de las provincias del Perú. Hoy esta oficina administrativa recibe el nombre de Unidad de Servicios Educativos (USE).

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y a continuación pasaron a ver el terreno que también quiere donar a favor del Ministerio de Educación los comuneros de Antacahua Chacapampa para lo que todos los asistentes a la reunión nos trasladamos todos(;) llegando al sitio de igual manera el Director del (N)ucleo les felicitó a los dueños de terreno a nombre de la comunidad de Antacahua-Chacapampa71.

En el caso de conflictos de linderos de parcelas particulares de diferentes comunidades, el procedimiento de resolución es semejante, aunque se debe resaltar la participación de los comuneros mayores o ancianos de las respectivas comunidades, quienes pueden conocer con mayor precisión los límites de las parcelas alguna vez transferidas a los comuneros en pleito. Se suma también, como elemento principal, la vehemencia o preocupación particular de los respectivos titulares de las parcelas. Sólo para citar un caso, se referirá la experiencia de algunas familias de comuneros de Calahuyo, titulares de parcelas vecinas a las de familias de la comunidad de Pampa Amaru, que tuvieron una confrontación. Parte de las parcelas de los comuneros de Pampa Amaru se encontraban dentro del territorio alegado por Calahuyo; igualmente, parte de las parcelas de los comuneros de Calahuyo se encontraban dentro del territorio alegado por Pampa Amaru. En esta situación, luego de prolongados diálogos entre autoridades y largos sometimientos a sus respectivos colectivos, se llegó al acuerdo de intercambiar las parcelas: los comuneros de Pampa Amaru se beneficiarían de las parcelas de los comuneros de Calahuyo, renunciando a las suyas en esta comunidad, y viceversa72. En estos casos de disputas territoriales resulta interesante destacar la aplicación de ciertas actitudes y reglas del derecho internacional público entre las comunidades vecinas. A manera de dos microestados, o mejor dicho Estados-naciones, los comuneros interrelacionan a sus autoridades comunales como cancilleres y a su asamblea comunal como la fuente decisoria para llegar al acuerdo. En esta interrelación, las comunidades vecinas comienzan a preocuparse por el “lío” y asumen similar actitud. Intercambian a sus “cancilleres”, se reúnen más de una vez con los “cancilleres” de las comunidades vecinas, hasta llegar a un acuerdo que finalmente quedará registrado en Actas. La Liga Agraria de Huancané también puede intervenir, a manera de la gran organización de “naciones”, haciendo llegar la opinión más valiosa y siempre forzando a que lleguen a un “mejor arreglo”, antes de complicarlo con la fuerza o con los juicios interminables ante las “autoridades de la ciudad”. 71

Calahuyo: “Acta de reunión de autoridades del ámbito nuclear de Accoccollo (en el que se identifican terrenos que serán donados para poner fin a conflicto de colindancias)”, en Libro de Actas I, acta de fecha 10-03-77.

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Calahuyo, entrevistas con diferentes comuneros, marzo de 1988.

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De otro lado, en cuanto a los conflictos derivados del incumplimiento de las obligaciones comunales por parte del “yerno” o de las riñas en las que es parte frente a otros intereses familiares de la comunidad, el procedimiento de resolución es el mismo aplicable a los conflictos intracomunales de carácter colectivo. Los órganos de resolución comunal actúan con el propósito de someter y conducir al “yerno” dentro de los acuerdos y el orden comunal. Así, en el caso del incumplimiento de obligaciones comunales, las autoridades comunales requieren al “yerno” y en todo caso someten su incumplimiento ante el conjunto de comuneros. Nuevamente se recuerdan las “malas experiencias” tenidas con los “yernos”, se le llama la atención y se procede a imponer sanción o a exigir el pago de la multa establecida por incumplimiento de las obligaciones comunales. Este procedimiento, en realidad, se desarrolla contra la esposa o conviviente del “yerno”, originaria de la comunidad en la que se ha suscitado el conflicto y a quien se le reconoce como titular de la parcela heredada de sus padres. Sin embargo, la extensión de la representación, dado el conjunto de relaciones patrilineales en las comunidades en estudio, también recae en el “yerno”, figurando normalmente como el “irresponsable” requerido por los órganos de resolución de conflictos de la comunidad. En suma, se trata de una representación procesal también de índole familiar, y lo importante en su concepción es que ambos, “yerno” y esposa o conviviente, se obliguen a cumplir con los acuerdos que semanal o periódicamente fije la asamblea comunal o el sector respectivo, si quieren conservar sus parcelas. En los casos de riñas entre familias de comuneros en las que una de las partes es “yerno” de la comunidad, la actuación de las autoridades y de la asamblea comunal contra el “yerno” y su familia es de sometimiento total. En Calahuyo y Titihue, la experiencia de haber convivido con “yernos” conflictivos, “pleitistas” o “abusivos” ha hecho que frente a tales conflictos la reacción de las autoridades y asamblea sea más bien enérgica en su procedimiento de resolución. Una vez recibida la “demanda” o la “denuncia” del conflicto en el que ha participado el “yerno”, hay una cierta presunción de su responsabilidad debido a los indicados antecedentes. Si se encuentran indicios o pruebas que comprometan al “yerno”, la reacción será mayor, exigiéndole la reparación inmediata de los daños y el cumplimiento de las sanciones correspondientes. En casos extremos, la misma comunidad recurre a la remembranza de acuerdos anteriores en los que se ratifican las amenazas de expulsión de los “yernos”. Por ejemplo, en el procedimiento de resolución de uno de los casos de “riñas con lesiones” con participación de un “yerno” en Titihue, luego del acuerdo sobre el conflicto en sí, se destaca: (…) Que todo(s) los comuneros se manifiestan que se respete la acta anterior del año 85 que a los Yernos está noteficados para que no se

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consienta en la comunidad por razones de los errores que comiten. (A)simismo al final los despiden y notifican para que se retiren de esta comunidad. (E)n lo posterior puede haber muchos problemas y se dio 15 dias. (…)73.

Puede apreciarse que el procedimiento de resolución frente al conflicto en que es parte el “yerno” tiene una carga subjetiva adicional a la que corresponde en los conflictos comunales regulares de la misma comunidad. Ello se encuentra fundado en la presencia y recuerdo de los antecedentes no agradables que los comuneros guardan de los “yernos”. Pero, más aún, se puede encontrar su fundamento en el interés colectivo histórico de los comuneros de proteger su territorio y orden comunal frente a “extraños” que pueden traer “desorden” o la pérdida de sus tierras. Ello nuevamente se ve garantizado por el preponderante carácter patrilineal en la sucesión de sus parcelas o en el ejercicio de los cargos principales de la comunidad.

LOS ACUERDOS O DECISIONES FINALES Como ocurre en los conflictos intracomunales, en las comunidades en estudio también se presentan los “arreglos” y las “sanciones” como los dos instrumentos o instituciones que manifiestan la decisión final en los conflictos intercomunales. Por lo general, tanto “arreglos” como “sanciones” responden a la misma lógica de los conflictos aquí calificados como familiares o comunales, pero con algunas diferencias. En las páginas siguientes se hará alusión de manera particular al “arreglo” como acuerdo final frente a los más complejos conflictos intercomunales de interés colectivo: los correspondientes a linderos intercomunales. También se resaltará cómo la “sanción” puede aparecer sin muchas limitaciones en determinados conflictos de carácter familiar, por ejemplo, ante al incumplimiento de los contratos de “cría” o “engorde” de ganado.

Los “arreglos” aplicados a los conflictos intercomunales Como se definió, el “arreglo” consiste en la búsqueda autocompositiva de la solución de un conflicto determinado. Las propias partes sienten que algo no marcha bien, que algo está “malogrado”, por tanto requiere “reparación”. En términos sencillos, el “arreglo” consiste en esta “reparación”. A través de la “reparación”, las partes en conflicto buscan volver las cosas a su estado anterior, volver a la “armonía” que pudo haber identificado a las partes del pleito, para lo cual también aparece como un elemento sustancial saber comprender y aplicar el ejercicio de sacrificios recíprocos 73

Titihue: “Acta de comparencia (por riñas y lesiones propiciado por ‘yernos’ de la comunidad)”, en Libro de Antecedentes, acta de fecha noviembre de 1997.

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sobre las pretensiones alegadas por las partes. Estos sacrificios se ven condicionados por la homogeneidad u horizontalidad que identifica a las partes. La pretensión alegada por una de las partes se opone a otra pretensión alegada por su similar, tratándose, en consecuencia, de supuestas oposiciones de intereses homogéneos. Si la pretensión fuera alegada por un colectivo frente al particular, tal homogeneidad no existiría. Explicados resumidamente los elementos que caracterizan el “arreglo”, se puede deducir que los conflictos intercomunales entre particulares o entre familias resultan ser los que más se adecuan a tales características. Sin embargo, a ellos se suma también un más complejo conflicto de carácter colectivo o comunal, es decir el conflicto de linderos territoriales entre comunidades vecinas. Siguiendo la concepción de los comuneros, en todos ellos se puede notar que hay algo “malogrado” que requiere “reparación”, algo en lo que las propias partes pueden hacer sacrificios con tal de alcanzar una solución, lo que se ve condicionado por esa homogeneidad que identifica a las partes en disputa. En los típicos conflictos intercomunales de parejas, el “arreglo” se traduce en el acuerdo armonioso de ambas familias, consanguíneas o rituales, y en el asentimiento de sus propias autoridades. Así, en un acta registrada en la comunidad de Calahuyo sobre un caso de maltratos, entre un comunero de Calahuyo y una comunera de Quencha, se puede apreciar: 2. El demandado don J.Q.U. reconoce integramente sus faltas y maltratos a su convivienta M.L.V. con domicilio en la parcialidad de Quencha. 3. El demandado ante sus autoridades y familiares, se compromete en lo sucesivo evitar daños corporales y maltratos que pueda ocurrir en estado de ebriedad, como también en estado de reacciones personales...74

El caso citado puede mostrar los límites de un conflicto familiar y su posible conversión en un conflicto colectivo de interés de la comunidad. Sin embargo, por la naturaleza del matrimonio aymara puede entenderse que tal conflicto de maltratos, en tanto involucra a la pareja, es de competencia principalmente familiar. En este sentido es que se busca el “arreglo” entre las partes, pero con una característica especial: más que el acuerdo de la pareja en conflicto es el acuerdo entre los familiares de ambos, quienes con el respaldo de sus autoridades consiguen primero el arrepentimiento del agresor y seguidamente el acuerdo. Es interesante cómo los familiares de ambos comuneros que componen la pareja en “pleito” buscan con prioridad suplir las causas del conflicto del maltrato antes que el registro del “arreglo”. Por ejemplo, se refieren a los 74

Calahuyo: “Arreglos sobre maltrato de conviviente de Quencha”, en Libro de Antecedentes, acta del año 1984, registrado a fojas 27-28.

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“celos” del varón o a la “ociosidad” de la mujer que no responde a los requerimientos del varón para que la pareja salga “adelante”. Padres, padrinos y autoridades pueden verse involucrados en largas conversaciones para hacer ver que dichos problemas pueden superarse con la intención de buscar la “armonía” de la pareja, que resulta ser la “armonía” de las propias familias. Sin embargo, puede ocurrir que los maltratos o las disputas en la pareja sean reiterados o hagan difícil, desde una de las partes familiares, aceptar del transgresor un compromiso de evitar maltratos posteriores. En tal caso, el “arreglo” puede significar la separación de la pareja75. A partir del registro de tal acuerdo, renunciarán a su situación actual, de casados o convivientes, volviendo a su situación inmediatamente anterior. Para ello, los familiares respectivos ya han preparado el ambiente en sus comunidades para acoger en su nueva condición a la pareja que se desune. La mujer volverá al seno de su familia nuclear, en tanto el varón se quedará en la casa que construyeron para la vida en común o, de no existir ésta, se quedará en el seno de su familia nuclear, que cobijó a la pareja. Sean convivientes o casados, la separación opera como si se tratara de un conflicto intracomunal. Así haya procreado uno o dos hijos, sin prejuicios, la pareja puede volver a su situación anterior. Los hijos pueden pasar a ser “adoptados” por quienes realmente son sus abuelos, para que la propia mujer, en caso de ser joven, tenga menores limitaciones de contraer nuevas nupcias76. Asimismo opera la posibilidad de partición de los bienes materiales de la pareja que se separa. Lo que significó una especie de “sociedad de gananciales” será distribuido de acuerdo con la racionalidad de las propias familias. Si hubo cebada, habas, papa, quinua, ovinos y algún ganado, determinados bienes quedan en manos del varón y otros pasan a manos de la mujer. El varón puede quedarse con el ganado para asegurar una fuente de ingreso permanente que sirva para mantener viva una pensión en favor de la mujer y de los niños, si los hubiera, siempre que así lo hayan considerado recíprocamente77. 75

Al respecto pueden consultarse los casos de Titihue: “Acta de separación Entre las personas NMM (y) (ML de la comunidad de Huancho)”, en Libro de Antecedentes, acta de fecha 11-0495; “Acta de separación (de comuneros convivientes pertenecientes a Titihue y Chijullani)”, en Libro de Antecedentes, acta de fecha 13-08-97.

76

En la concepción de los comuneros, la presencia de nuevos hijos es entendida como fuerza de trabajo disponible para las diversas actividades agropecuarias de la familia nuclear. Esto difiere de otras microrregiones, donde la mayor escasez del recurso tierra crea mayores limitaciones para extender dicha concepción.

77

Al respecto puede consultarse el caso de Titihue: “Acta de Deligencia de Inventario (de dos jóvenes comuneros separados)”, en Libro de Antecedentes, acta de fecha 15-04-95. En dicho caso, las autoridades con las partes familiares se trasladaron hasta la ciudad de Juliaca, situada a más de 40 kilómetros de la comunidad, para realizar el inventario y distribución de bienes de lo que fue el patrimonio conyugal.

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En los conflictos de incumplimiento del contrato de “cría” o “engorde” de ganado, el “arreglo” puede apreciarse sólo como parte de la solución. La otra parte de la solución consiste en un tipo de “sanción” privada que se explicará más adelante. En estos casos, el “arreglo” es producto del reconocimiento del “error” en el que hubiesen incurrido las partes. Cualquiera de las familias partes del contrato, representada por el jefe de familia, que hubiera celebrado también el contrato, se ve requerida por el dinamismo de sus relaciones económicas a agotar el conflicto para “no seguir perdiendo el tiempo”. Las partes entienden que deben mantener en “armonía” sus relaciones de “socios” para en el futuro poder seguir manteniendo ese mismo tipo de relación. Entonces, las partes harán el sacrificio económico que crean conveniente para dar paso al acuerdo que una sus expectativas. Si la razón del conflicto consistió en la pérdida de una cría de ganado dado a reproducir, las partes pueden acordar que la siguiente cría de todas maneras pase al propietario del ganado y se aplace la tenencia del ganado madre para una tercera cría, que revertirá a favor de quien se haya visto afectado por la pérdida. En el caso de que no se haya alcanzado el “engorde” deseado, tampoco se alcanzará un buen precio para el ganado, entonces se puede acordar el aplazamiento en la tenencia del ganado para que, en efecto, se llegue al punto de “engorde” deseado y luego se produzca la venta; también puede acordarse que, ante una urgencia, se venda el ganado en feria pero el porcentaje de ganancia que le correspondería a la parte que debió engordar el ganado disminuirá78. Puede notarse una racionalidad económica evidente por parte de los comuneros. Claramente racionalizan el costo de una cría de ganado, o la pérdida que le puede ocasionar que el ganado no se encuentre en su punto de “engorde” para alcanzar un buen precio en las relaciones del mercado de la región. En estos casos, el carácter autocompositivo siempre está del lado de ambos comuneros. El “arreglo”, de ser posible, se materializará con la disposición y sacrificio de parte de los intereses de ambas partes. En caso contrario quedará la amarga sensación del comunero más afectado, que acudirá a un tipo de “sanción” privada, extendida a la parentela del supuesto transgresor y advertida a la propia parentela del comunero: la de “nunca más entrar en negocios con dicho comunero”. De otra parte, en los casos de conflictos de linderos sobre parcelas de la comunidad en los que un “yerno” que no vive habitualmente en la comunidad se cree con el mejor derecho, el “arreglo” puede tener dos etapas. Una 78

Entrevistas realizadas en Titihue, Calahuyo, Tiquirini-Totería, marzo-mayo de 1988, mayo de 1991 y marzo de 1992.

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primera consiste en el arribo a un acuerdo “armonioso”, producto de la iniciativa de los propios comuneros del pleito –el comunero vecino y el “yerno”–, sin necesidad de formalizar el acuerdo o llegándolo a formalizar sólo de manera complementaria. En la segunda, cuando no se ha alcanzado tal “arreglo armonioso”, se pasa a las autoridades comunales para que desde éstas se asuma un acuerdo o “arreglo forzado” que puede estar acompañado hasta de multa. En el “arreglo armonioso”, son las propias familias colindantes, esposos o convivientes, quienes mutuamente, por propia iniciativa, se ponen de acuerdo como si se tratase de un conflicto familiar interno. Ambas partes redefinen cuáles son las líneas del korpac, para levantarlas con mayor precisión, y así volver a las relaciones de “buenos vecinos”. Frente al “yerno” que no vive habitualmente en la comunidad, recurre su esposa o conviviente como comunera originaria, acompañada de su parentela también originaria de la comunidad, para alcanzar ese tipo de solución al conflicto ocurrido. El otro tipo de “arreglo”, que se suele diferenciar como “forzado”, surge cuando el mismo conflicto alcanza un nivel más colectivo, que comienza a interesar además de la parentela de cada una de las partes a las demás familias de la comunidad. El “yerno” que no vive habitualmente en la comunidad puede ser apreciado, por sus actos o por error, como un comunero “pleitista”, “abusivo”, que se quiere aprovechar de los recursos de la comunidad sin tener el derecho de los comuneros originarios. Por esta razón las autoridades asumen directamente el conflicto y fuerzan a que se llegue a un acuerdo entre las partes en pleito. Sea cualquiera de las dos formas de “arreglo” la asumida, las partes del conflicto se verán comprometidas a volver a la “armonía” de sus relaciones como comuneros vecinos. En adelante quedará resaltado cuáles son los límites de las respectivas parcelas en pleito. Si el “yerno” que vive habitualmente en la comunidad actuó con prepotencia, queriendo usurpar la parcela vecina, se verá sometido a un control estricto que, además del “arreglo” forzado orientado en su desmedro, podría terminar con la aplicación de sanciones graves como la expulsión de la comunidad, tal como se citó anteriormente79. Otro caso donde se aplica el “arreglo” comunal es el referido al conflicto de colindancia intercomunal, calificado probablemente como el más complejo en las relaciones intercomunales. Como se ha venido afirmando, en tal caso nos encontramos ante el conflicto en el que se confrontan dos colectivos, dos conjuntos de comuneros con sus respectivas autoridades. 79

Ver particularmente el caso de Titihue: “Acta de Comparencia (por riña y lesiones propiciado por ‘yernos’ de la comunidad)”, en Libro de Antecedentes, acta de fecha noviembre de 1997.

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Es decir, son dos partes con idénticas condiciones de negociación, dos partes homogéneas o equivalentes, que muy bien, dada la racionalidad propia de los comuneros, pueden sacrificar parte de sus reclamos para arribar a una solución del conflicto. Por más que la litis entienda que involucra al colectivo y, por tanto, pertenezca a la categoría de conflicto colectivo o comunal, la solución no puede consistir en la imposición de este colectivo, sino que entienden que al tener al frente a otro colectivo similar, la única solución es la posibilidad de conversar para llegar a esa solución. La calidad de lo colectivo se relativiza. No se está ante el conflicto de una familia o de un grupo de familias frente al colectivo, sino de un colectivo frente a otro colectivo, con iguales derechos y obligaciones, y con iguales condiciones de identidad. Nuevamente es el ser colectivo de las dos comunidades en disputa el principio rector que hará posible la solución. A partir de la comprensión de que se trata de dos intereses colectivos concurrentes, ambos con la misma legitimidad de avanzar hacia el “progreso” de sus respectivas comunidades, se produce el sacrificio mutuo, para luego arribar al acuerdo o “arreglo”. Tal sacrificio, en estos casos, consiste en la renuncia recíproca sobre parte de los terrenos en disputa o en la comprensión de que parte del terreno que reclaman no les corresponde y pueden renunciar al mismo. Ambas comunidades pueden tener la razón, pero también puede ocurrir que tengan una equivocada apreciación de los hechos. Lo cierto es que ambas, por la fuerza de la concepción de su ser colectivo, entienden que su conflicto no puede ser indeterminado, traduciéndose en un acuerdo inmediato que, en lo esencial, los haga volver al conjunto de relaciones amistosas que pudieron haber tenido hasta antes del conflicto. Para mostrar el “arreglo armonioso” al que pueden llegar las comunidades en litis, se citará el “Acta de Demarcación de linderos de la comunidad de Calahuyo y el sector Lacaya de la comunidad de Huancho”80, en la que se aprecia el arribo al “arreglo”, la señal de “buena voluntad” a través de una tinka y la demarcación en sí del terreno en litis: En el lugar Quellanoha a los dos dias del mes de marzo de mil novecientos ochentaitres siendo a horas once de la mañana reunidas las comunidades de Calahuyo y el sector Lacaya de la comunidad de Huancho con la finalidad de marcar los (linderos) entre ambas comunidades Calahuyo y Lacaya bajo la citación de las autoridades. El acto de la marcación tomaron las palabras del señor GLL Presidente del Consejo de Vigilancia de la comunidad de Huancho de sector Lacaya quien invoca el motuo acuerdo entre ambas comunidades y así llegar a un arreglo en esta Demarcación. Luego también en este 80

Calahuyo, Libro de Actas I, acta de fecha 2-03-83.

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acto tomó la palabra el presidente de Calahuyo el señor PCL quien agradece a este acuerdo(,) se ahona al Presinte acuerdo de Demarcación de linderos entre ambas comunidades; luego tambien tomaron la palabra los señores FQC y el señor MQU quienes estas personas recomendaron a todos los vecinos de ambas comunidades Calahuyo y Lacaya que en esta demarcación de Linderos haya una Democracia y conjunción y llegar sacar provecho del tiempo y no crear problemas entre los vecinos de ambas comunidades. Acto seguido, las autoridades como el Presidente de la comunidad de Calahuyo señor PCL y el señor Teniente gobernador don JCL y como las autoridades del sector Lacaya de la comunidad de Huancho el señor JLL. Presidente del Consejo de Vegelancia de la comunidad de Huancho, se levantó una tinca de costumbre en el lugar de ‘Amaru Pata’ dirigiendose a la Santa tierra. Continua la Demarcación autoridades y vecinos de ambas comunidades (reunidos) el punto de Parteda de la Demarcación de “Itos” comienzo del lugar llamado “Amaru Pata” siguido se indica los nombres de los itos poniendo como un señal Prencepal montones de piedra. Es como sigue: Sevacollo Pata, Tile chijjo, quelluncha huichinea, senaccarra Quellancho Pujo, Cruz salto, muna cuyo perka. Primero Muna Cuyo Perka, segundo Munacuyo traj Aja Llaulle Cuyo(.) Primero Llaulle Cuyo, segundo Llaulle pujjo que este punto seguirá un largo Cercado de Piedra hacia arreba, alto Huyo Amata, alto Huyo Perka, alto Huyo Cunca. Oeste Tamponi Pata, Pesac Llufiña, Pesac llufiña Perka, Altarani tres peñas, Jjacha pampose pata, Tauca Taucani Pata. La que contenua la Demarcación de linderos quedando en vías de solución desde lugar Aceroni con la comunidad de Calahuyo y sector Lacaya de la comunidad Huancho. En esta manera se llevó a cabo la demarcación entre las comunidades de Calahuyo y sector Lacaya de la comunidad de Huancho en una forma armoniosa por unanimidad de todos los vecinos de ambas comunidades. (...)

Al final se agrega: NOTA: los señores autoridades de ambas comunidades harán respetar los Itos colocados en los linderos bajo una sanción que la asamblea de cada comunidad lo decederá81.

Luego de las negociaciones entre las autoridades de ambas comunidades, con la aprobación de sus respectivas asambleas, ambas partes colectivas se reúnen en el área de conflicto con el fin de sellar el acuerdo. Puede destacarse el llamado de las autoridades y los comuneros de ambas partes a vivir en “armonía”, “sacar provecho del tiempo sin crear problemas entre 81

Ibíd., fojas 28-31.

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los vecinos de ambas comunidades”, y la realización de la tinka como un acto especial que ratifica el acuerdo o “arreglo”. Pero también se incluye el procedimiento de demarcación a través de los hitos y “montones” de piedra sobre los terrenos de ambas comunidades, cuyos comuneros conocen muy bien. Finalmente ambas comunidades recíprocamente hacen el llamado a respetar los hitos bajo sanciones que cada comunidad acordará. Se puede destacar que es el espíritu autocompositivo de las comunidades, expresado a través de sus autoridades y comuneros “notables”, lo que impulsa esta forma armoniosa de solución. No es la fuerza física o la reacción brusca de los comuneros la que prima, sino la idea de desarrollo o progreso (“no perder el tiempo”, “no crear problemas”) como parte de la concepción de ser colectivo.

Las sanciones aplicadas a los conflictos intercomunales Las “sanciones” en los conflictos intercomunales son imposiciones establecidas por el conjunto de comuneros o las autoridades comunales contra un transgresor de otra comunidad; con ellas se busca restablecer el orden comunal que se entiende alterado. En forma excepcional se añade la “sanción privada” para los casos de incumplimiento de contratos de “cría” o “engorde” de ganado, que consiste en una cierta imposición familiar sobre la parte que incumple el contrato. Por lo general, la aplicación de una sanción intercomunal tiene su fundamento en una relación desigual entre las partes y en la calidad del “daño” ocasionado. La desigualdad entre las partes se aprecia cuando de un lado se encuentra el conjunto de comuneros, como la parte afectada o transgredida, y de otro lado el interés familiar, que se identifica regularmente con la parte del transgresor. Tal desigualdad tiene su excepción en los casos de incumplimiento de los contratos de “cría” o “engorde” de ganado en que la “sanción privada” opera sobre aparentes relaciones homogéneas. El daño ocasionado, de otro lado, se aprecia cuando se trata del daño a una propiedad comunal o una propiedad familiar que produce los efectos del daño comunal al tornarse el conflicto en “escandaloso”, o simplemente cuando se daña o afecta la vida normal de la comunidad, su orden o convivencia colectiva. Bajo tales condiciones, el conjunto de comuneros afectados considera pertinente “poner orden”, lo que significa sancionar al transgresor o a la familia transgresora que ha producido el “daño”. Retomando el análisis de los conflictos intercomunales, cabe señalar que la sanción, en los términos referidos, se aplica en los casos de incumplimiento de obligaciones comunales o participación del “yerno” de la comunidad en riñas, en los casos de robo de ganado u otro tipo de robo y en los casos de insatisfacción o afectación de una de las partes privadas, por el incumplimiento de los contratos de “cría” o “engorde” de ganado. Antonio Alfonso Peña Jumpa. Poder judicial comunal aymara en el Sur Andino Colección En Clave de Sur. 1ª ed. ILSA, Bogotá D.C. Colombia, marzo de 2004

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La sanción frente a los conflictos derivados del incumplimiento de obligaciones comunales de parte del “yerno” o por participación en riñas que connotan un daño al interés comunal, se subsumen dentro de los mecanismos empleados para los conflictos propiamente intracomunales. Son las propias autoridades o asambleas de la comunidad respectiva las que asumen la resolución del pleito; lo que significa que serán los propios mecanismos de sanción de estos órganos los que se apliquen. Para ello resulta conveniente recordar los elementos principales de la sanción que se tienen en cuenta para resolver estos típicos conflictos colectivos intracomunales. Como se explicó en el capítulo anterior, los elementos de la sanción comunal que tienen en cuenta los comuneros son tres: el primero consiste en el acto de volver las cosas a su estado anterior, lo que significa la reparación de los daños materiales ocasionados y, en todo caso, asumir una “indemnización” por el daño que no sea materialmente calculable; el segundo consiste en el castigo o pena, como elemento más importante y variado que busca llamar la atención al transgresor, haciéndolo sentir “mal”82; el tercero, de manera complementaria, presenta la amenaza de un castigo más severo, advirtiendo al causante que si reincide en el “delito” o en el hecho que produce el conflicto, se le impondrá un castigo que le haga sentir un mayor daño. Estos elementos, justamente, tienen aplicación para casos como el de incumplimiento de las obligaciones comunales por parte del “yerno” no residente. La aplicación del primer elemento, consistente en volver las cosas a su estado anterior, significa que el “yerno” no residente debe reparar lo ocasionado por su ocio, al incumplir con la obligación predispuesta por la asamblea de la comunidad afectada, o los daños personales ocasionados en riña. Si se trató del incumplimiento del trabajo comunal, el “yerno” transgresor tendrá que cumplir con dicho trabajo, aunque sea a destiempo, o se le exigirá el pago de la multa acordada, equivalente al jornal dejado de laborar. Si el conflicto consistió en riña con lesiones entre comuneros, tendrá que pagar el monto aproximado de la curación de las heridas ocasionadas. El castigo se aplica adicionalmente al de reparación de los daños ocasionados. Al “yerno” se le llama la atención por su inasistencia a la faena comunal o por la riña ocasionada, y a continuación se le aplica el castigo de la multa. Además del equivalente a la suma para reparar el daño material o personal ocasionado, se establece el pago adicional de una suma que prudencialmente fije la asamblea comunal. En el caso de incumplimiento 82

Recordemos que los tipos de castigo pueden consistir en multas, llamadas de atención, trabajo forzoso, destitución del cargo, sometimiento del caso a las autoridades de Huancané, limitación sobre beneficios comunales y expulsión de la comunidad. De todos ellos, destaca la multa como castigo o pena frecuente en los diversos conflictos comunales. Para una mayor explicación, ver el capítulo 5.

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de la obligación comunal, esta multa normalmente va incluida en el aporte por reparación del daño, sin que aparezca de manera notoria la diferencia entre ambos elementos. El tercer elemento de la sanción –la amenaza del castigo más severo– aplicado al “yerno” no residente incumplido es utilizado en caso de permanente irresponsabilidad o cuando en la comunidad exista desconfianza frente a él. En ambos eventos, la amenaza de castigo más severo consistirá en la posibilidad de duplicar la multa impuesta, la limitación de ciertos beneficios comunales y, llegado el caso, la expulsión de la comunidad83. Con ello, como ocurre en los conflictos intracomunales, la comunidad afectada buscará el cambio de actitud del “yerno”, su reinserción en las actividades de la comunidad y la mejora o “reforma” de su comportamiento. La comunidad tendrá como preocupación “ganar” al “yerno” como “buen comunero”, a pesar de no ser originario de ella; en caso contrario buscará excuirlo exigiendo su retiro de la comunidad. De otro lado, en robos de ganado y otro tipo de robos también se contemplan los elementos anteriormente señalados para la aplicación de la sanción. Sólo que, en estos casos, la aplicación de dicha sanción está condicionada a la ubicación y captura de los ladrones84. En el supuesto que se encuentre a los “ladrones” o autores del “robo”, y estos hayan sido identificados como miembros de una comunidad, como efecto sancionador pueden ocurrir dos alternativas: que las comunidades tanto del afectado como del comunero “ladrón” acuerden la sanción para éste, luego de identificar su responsabilidad85, o que tanto los agraviados como las autoridades de las respectivas comunidades acuerden someter el caso a las “autoridades competentes de la ciudad” (los agentes policiales principalmente), bajo el criterio de una sanción más severa que se traduzca en cárcel. 83

Al respecto cabe recordar la cita del caso Titihue: “Acta de comparencia (por riña y lesiones propiciados por ‘yernos’ de la comunidad)”, en Libro de Antecedentes, acta de fecha noviembre de 1997. También puede consultarse Titihue: Confirman y exigen cumplimiento de sanción de comunero por “expulsión de dos comunidades”, en Libro de Antecedentes, acta de fecha 23-05-97.

84

Entrevistas con comuneros de Titihue (mayo de 1991, marzo de 1992) y con dirigentes de la Liga Agraria 24 de Junio de Huancané (Huancané, marzo de 1992). Dos casos conocidos en los que se puede apreciar la recuperación del ganado sustraído pero no la identidad de los autores corresponden a los ocurridos en Titihue en 1991 (caso no registrado), ya aquí referido, y el caso “Robo de ganado en Jasana Chico-Samán”, registrado en su Libro de Antecedentes, acta de fecha 15-01-98. En estos casos, como puede entenderse, resulta imposible llegar a sancionar a los culpables de los robos.

85

Es el caso ocurrido en Calahuyo: “Acta de sanción de robo de (seis) ovejas de la comunidad de Huancho, sec. Llachojani”, en Libro de Antecedentes, acta de fecha 22-08-94. También pueden incluirse los casos de Titihue: “Robo de Bicicleta y robo de vacas y ovinos” (17-11-94) y “Robo de Redes de pescar” (02-03-96), registrado en su Libro de Antecedentes.

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En el primer caso, las autoridades comunales asumen jurisdicción, concentrando la sanción en la aplicación de castigos físicos y fuertes multas. Luego de devolver lo robado al comunero afectado (parte de la reparación del daño material), las autoridades de la comunidad de donde es miembro el supuesto ladrón, o los familiares de éste, son los encargados de materializar el castigo físico delante de la parte familiar que haya sufrido el robo y de sus autoridades acompañantes. Las “amarradas” o “latigazos” son los castigos físicos más comunes86. En forma alternativa o complementaria a tal castigo físico está la aplicación de una fuerte multa contra el ladrón y su familia (parte complementaria de la reparación del daño material). Adicionalmente hay una fuerte llamada de atención, el arrepentimiento del ladrón y las amenazas de multas mayores o de someter el caso ante las autoridades de la ciudad y hasta de “retiro” de su “condición de comunero” en caso de reincidencia (amenaza de pena severa). Frente a ello, el comunero sancionado tiene dos alternativas: corrige su actitud o termina alejándose de la comunidad bajo supuesta migración por trabajo87. En el otro caso, cuando las autoridades comunales encabezadas por sus tenientes gobernadores someten al “inculpado” ante los agentes policiales más cercanos, exigen de inmediato que tal comunero sea encarcelado. Se sentirán satisfechos sólo con la aplicación de este castigo más severo. Entenderán que empezará una tragedia que el “mal comunero” no olvidará: la lentitud de la justicia oficial, los gastos judiciales y los gastos en su defensa propiamente. A ello se suma el mayor desprestigio de su honor familiar, no sólo ante sus comuneros vecinos sino ante los comuneros de la microrregión. Es quizá uno de los castigos que el propio comunero “inculpado”, respaldado por su familia, buscará evitar88. A estas dos situaciones se puede sumar una tercera posibilidad de sanción que combina las dos anteriores. Consiste en que, primero, los comuneros tanto de la comunidad afectada como de la comunidad de donde es miembro el supuesto ladrón asumen la jurisdicción primaria, aplicándole los castigos que crean convenientes –que varían desde la llamada de atención hasta los castigos físicos–, para luego someter al “inculpado” o “acusado” ante las “autoridades competentes de la ciudad”. Ciertamente, antes se debió haber concretado la devolución de lo robado y no se dejará esperar la amenaza de un castigo más severo89. 86

87

88

89

Entrevistas en Titihue, Calahuyo y Tiquirini-Totería, abril-mayo de 1988, marzo de 1992 y octubre de 1999. El retiro voluntario del comunero sancionado puede encontrar su explicación en el daño del honor de su familia nuclear y de su familia extendida (entrevistas, 1988, 1992 y 1999). Este tipo de castigo siempre se vería precedido por la devolución de la cosa robada y, en su caso, de la amenaza de un castigo más severo que podría consistir en la expulsión de la comunidad. Esta última posibilidad aparece como la más extrema, ante la reincidencia de las “faltas” o “delitos”.

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Dentro de los mismos conflictos de robo de ganado puede ocurrir que el comunero o los comuneros ladrones no pertenezcan a alguna comunidad de la microrregión o de la región conocida por los comuneros, sino que procedan de pueblos lejanos o de las grandes ciudades, como Juliaca, Puno o Arequipa90. En estos casos, la situación se complica para los comuneros afectados, sobre todo en cuanto a la búsqueda de los ladrones. Sin embargo, en caso de que logren ubicarlos, las sanciones serán la combinación de los castigos de la propia comunidad con el sometimiento de los ladrones a las respectivas “autoridades competentes de la ciudad” para que sean encarcelados91. Por último, un tipo adicional de conflicto en donde puede estar presente la sanción como forma de acuerdo o decisión final, es el incumplimiento de los contratos de “cría” o “engorde” de ganado. Se trata de la situación en que una de las partes ha quedado totalmente insatisfecha sin la posibilidad de un “arreglo armonioso”. En tal evento, el comunero afectado, rehuyendo la intervención tanto de sus propias autoridades comunales como de las autoridades comunales del otro comunero “contratista”, aplica una especie de sanción privada contra el “infractor”. Decide que ya “nunca más celebrará contratos con ese comunero incumplido”, difundiendo tal sanción hasta la parentela cercana de éste. Los efectos de esta sanción privada, en realidad, pueden extenderse a toda la comunidad y a comunidades vecinas. Lo “malo” que le pudo ocurrir a alguien es fácil de ser aprehendido y difundido entre los miembros de la misma comunidad. Todos, al final, no querrán recibir al comunero incumplido, si se trata del proveedor de ganado, o no buscarán más al comunero incumplido, si se trata del que incumplió en la “cría” o “engorde” de ganado. Es sin duda una sanción económica, pues si el incumplido proveía ganado para “engorde” o para “cría”, dado que carecía del suficiente pasto o forrajes, ahora se verá imposibilitado para recurrir a la comunidad cercana donde había encontrado a un comunero o familia con posibilidades de mantener su ganado. Tendrá que recurrir a comunidades más lejanas, con un mayor costo. De otra parte, si el incumplido es quien proporcionaba el forraje o pasto para el “engorde” o “cría” del ganado, en adelante se verá priva90

Las ciudades de Juliaca y Puno pertenecen al mismo departamento Sur Andino de Puno, donde también se encuentra Huancané. Arequipa es la capital de otro departamento, ubicado al noroeste del departamento de Puno, cuyo nombre también es Arequipa. Por su dimensión e historia, Arequipa es considerada la segunda ciudad más importante del Perú, después de Lima.

91

Sin embargo, en este caso puede ocurrir que, en opinión de los comuneros, las “autoridades de la ciudad” no cumplan con su labor dejando en libertad por “falta de pruebas” a los ladrones. En tal caso, los comuneros saben que si vuelven a encontrar a los mismos ladrones, tienen que aplicar su “propia justicia” (Entrevistas en Huancané, marzo de 1992, octubre de 1999, agosto de 2000). En conversaciones realizadas con otras personas se informó que existen comunidades donde los “ladrones de ganado” están “prohibidos de acercarse” porque sus comuneros los “desaparecen” (Huancané, agosto de 2000).

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do justamente de tal ganado, debiendo esperar el interés de otra persona que lo provea. En ambos casos, complementariamente, estará presente el desprestigio del “incumplido” en otras comunidades. Luego de que la noticia se haya difundido por las comunidades vecinas, no será fácil para éste conseguir un buen proveedor de ganado o un buen “criador” o pastor para su ganado. Tal sanción privada aparece, en mi opinión, como una forma de control social para las propias relaciones privadas en las que puede encontrarse un interés de lucro o ganancia. Dadas las propias relaciones personalizadas de los comuneros, los intercambios económicos deben ajustarse a tal supuesto, por más de que de por medio exista la posibilidad de ganancia y de crecimiento del comunero que acumule más. Por ello mismo en el conjunto de comuneros existe el criterio de no mirar con buenos ojos al “sujeto” que, en su ambición, se dedica a acumular esas “ganancias”92.

LA RACIONALIDAD EN LA EJECUCIÓN DE LOS ACUERDOS O DECISIONES FINALES De manera complementaria a la actitud asumida por los comuneros en la resolución de sus conflictos, también es necesaria su participación en la ejecución de los acuerdos o decisiones finales. Entienden, como ocurre en los conflictos intracomunales, que deben terminar con el conflicto, borrarlo totalmente de la relación entre las partes en pleito. En esta participación en la ejecución de los acuerdos o decisiones finales para los conflictos intercomunales también se pueden distinguir dos niveles: los propios conflictos particulares o privados en los que destacará el “arreglo” como principal forma de acuerdo o decisión final, y los conflictos de interés colectivo o comunal, en los que la “sanción” se presenta como principal forma de acuerdo o decisión final93.

Ejecución de los acuerdos finales para los conflictos intercomunales de carácter familiar o privado Dentro de los conflictos intercomunales de carácter familiar, privado o particular, la ejecución de los acuerdos, o el cumplimiento de los términos acordados en el “arreglo” o acuerdo final asumido, corresponde a las propias partes interventoras. Tratándose de cualquier conflicto particular (con92

Entrevistas en Calahuyo, Titihue y Tiquirini-Totería, marzo-junio de 1988, marzo de 1992 y octubre de 1999.

93

En el presente esquema hay que tener en cuenta la situación particular del conflicto familiar de índole intercomunal que se suscita por el incumplimiento de los contratos de “cría” o “engorde” de ganado que, a su vez, incluye la sanción privada, y también la situación particular del conflicto colectivo suscitado entre dos comunidades por los límites de colindancia en los que aparece el acuerdo o “arreglo” entre comunidades como sanción final.

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flictos de pareja, problemas de linderos con el “yerno” no residente e incluso incumplimiento de contratos sobre “cría” o “engorde” de ganado), el propio individuo-familia o su familia nuclear acompañada de su parentela es quien asume el cumplimiento de lo acordado en términos de búsqueda de extinción del conflicto. Frente a ello, la labor de las autoridades comunales aparece simplemente como complementaria. Intervendrán en caso de notar irregularidades, insatisfacciones en la propia ejecución de los acuerdos de que fueron testigos o a los que fueron convocados para su resolución. Pero, por lo demás, esta labor es limitada pues puede ocurrir que, ante el mal entendimiento de lo acordado anteriormente, las propias partes modifiquen los términos del acta registrada para satisfacer nuevos intereses recíprocos. Así, en el caso de los conflictos de pareja, una vez que hayan acordado el cese de los maltratos, la llamada de atención del varón impulsivo o la separación de la pareja de jóvenes casados, serán las familias tanto del varón como de la mujer quienes se encarguen de cautelar el fiel cumplimiento de lo acordado. En el caso del cese de los maltratos, por ejemplo, aunque la mujer viva en la comunidad de origen de su esposo o conviviente, los familiares de ella estarán bien informados de la posibilidad de un nuevo maltrato. Con las visitas periódicas que hacen estos familiares (padres y padrinos) a la pareja o con la visita que efectúa la esposa o conviviente a sus padres o padrinos en su propia comunidad de origen, el control del cese de los maltratos puede ser notorio. Después del acuerdo, el comportamiento de la mujer maltratada cambia; al tener la protección de su familia, a pesar de estar casada o en serviciña, ella se siente con la libertad de acudir ante estos familiares o ante las propias autoridades donde esté residiendo con tal de escapar de situaciones difíciles, como la agresividad permanente del varón. En caso de que el acuerdo frente al conflicto de la pareja haya consistido en la separación de la pareja, la ejecución de dicho acuerdo es asumido de manera más práctica. Después de asumido el acuerdo, y ciertamente después de distribuidos los bienes de la pareja, la mujer vuelve a su comunidad de origen, acompañada de sus familiares. Incluso puede volver con hijos y con el compromiso de que el padre de éstos les hará llegar siempre una manutención en víveres o en dinero94. En estos casos, las familias de 94

Entrevistas en Titihue, Calahuyo y Tiquirini-Totería (marzo-mayo de 1988, marzo de 1992, octubre de 1999 y agosto de 2000). Esta forma de actuar a su vez puede deducirse del caso de Titihue: “Acta de separación de cuerpos (de convivientes de Titihue y Chijullani)”, en Libro de Antecedentes, acta de fecha 13-08-97. En este caso es la mujer quien decide la separación, señalándose: “(…) el (conviviente) NM no quiere separarse de su esposa y también (sus) familiares no están (de) acuerdo con la separación. Y asi también posterior no habrá ningún reclamo de su gestión o embarazo de dos meses: asi teclara al momento de separación la señora PChM (la convivienta) (…)”.

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ambas partes y los padrinos, quienes no pudieron impedir la separación de la joven pareja, cautelarán el cumplimiento de la separación. La mujer principalmente vuelve a su seno familiar como una hija a la que se deberá cuidar, en tanto que el varón vuelve a cierta libertad que le brinda la preeminencia patrilineal reconocida en la región Sur Andina. Los familiares de ambas partes serán cautelosos de cuidar que la pareja no se vuelva a encontrar; entienden que tal separación fue definitiva y que, en principio, no cabe conciliación alguna. Ambas partes familiares, además, se preocuparán de cuidar al niño o niños nacidos de la unión de la pareja. Puede ocurrir que el abuelo paterno decida cuidar al niño, lo asimile como un hijo suyo, aunque es más común que lo haga el abuelo materno95. En cualquier caso, la garantía del cuidado del niño, su manutención principalmente, es asumida por ambas partes. De otro lado, en los conflictos derivados del incumplimiento del contrato de cría o engorde de ganado, sea cual fuere su solución, el ámbito de ejecución del acuerdo también es de competencia familiar. De mediar un “arreglo armonioso”, en el que ambas partes intervinieron, será en el mismo momento, con las mismas partes, cuando se ejecuten los términos de tal acuerdo. Si se acordó la entrega de la segunda cría a favor de quien dio el ganado, al nacimiento de ésta y cuando tal cría adquiera su autonomía, se entiende que volverá a manos del comunero proveedor del ganado madre; esto aunque la primera cría se haya perdido al momento de su nacimiento en perjuicio de la otra parte. En caso de que los términos del “arreglo” hayan consistido en la disminución de las ganancias para una de las partes, entonces, al momento de la distribución de tal ganancia, inmediatamente después de la venta del ganado en feria, se producirá la ejecución del acuerdo. Tales acuerdos son ejecutados evaluando el carácter o situación de las relaciones económicas del momento. De no mediar “arreglo” y el conflicto deviniera en la insatisfacción total de una de las partes, ésta aplicará la sanción privada de “no celebrar contrato nuevamente con el comunero incumplido”, determinación que también será de ejecución del ámbito familiar. Pero como se ha explicado, esta reacción es unilateral por parte del ámbito familiar de la parte que se siente afectada, siendo la familia de la parte “incumplida” la receptora o la parte pasiva de tal determinación. Sin embargo, tal reacción familiar puede tener efectos colectivos que van más allá de la parentela y de las comunidades de las partes en conflicto. El individuo-familia afectado, más allá de su ámbito familiar y haciendo uso de las relaciones personalizadas entre comuneros, hará saber su insatisfacción de manera pública en los k’atos semanales o en las fiestas periódicas intercomunales, para que el resto de 95

Entrevistas diversas que se confirman en Calahuyo, Titihue y Tiquirini-Totería (marzo-junio de 1988, marzo de 1992, octubre de 1999 y agosto de 2000).

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comuneros tenga en cuenta “la falta de palabra” del comunero “incumplido”. Esta forma de cumplimiento de la sanción privada no requiere nuevamente la intervención de las autoridades de los comuneros en pleito, salvo que la disputa adquiera la forma de “riña” o de agresiones verbales. En los conflictos de linderos, por último, en que una de las partes corresponde al “yerno” que no vive habitualmente en la comunidad donde se encuentran las parcelas en discusión, la ejecución del acuerdo corresponde también al propio ámbito familiar, incluido el del “yerno”. En caso de mediar el “arreglo armonioso” como solución final al conflicto, ambas partes, por iniciativa propia, acompañadas de sus esposas o convivientes y de los familiares que hayan intervenido, ejecutan los términos del acuerdo. Levantarán nuevos korpacs que definan los linderos de las parcelas en discusión y volverán a la armonía como buenos vecinos comuneros. Para ello, las parentelas de ambas partes y, en su caso, las autoridades de la comunidad en la que se ubican las parcelas cuyos linderos se discuten, serán los testigos del acuerdo adoptado. Una tinka de alcohol y hojas de coca complementan el acuerdo, sellándose el conflicto y deseándose nuevos augurios para ambas partes96. Frente al mismo tipo de conflicto de linderos, en caso de no mediar el “arreglo armonioso” y más bien recurrir ante las autoridades comunales de la comunidad en la que se encuentran las parcelas en conflicto, se asumirá como consecuencia el tratamiento de un “arreglo forzado”: a la intervención de las propias partes y de sus familiares presentes se suma la intervención de las referidas autoridades. Presidente y teniente gobernador, o teniente gobernador del sector para comunidades como Titihue o Tiquirini-Totería, se convertirán en los intermediarios de la resolución, así como de la ejecución de la solución adoptada. Con la presencia de estas autoridades se levantará el nuevo korpac o se ratificará el que fue puesto en duda. La parentela de las partes familiares, así como propiamente éstas, estarán al lado de la actuación de las autoridades, aunque siempre serán las primeras las que más cautelarán el cumplimiento de la solución acordada97. Después de la ejecución del “arreglo” adoptado, cada parte volverá a su faena familiar, a su labor de barbecho o de remoción de sus parcelas, teniendo muy en cuenta las recomendaciones del acuerdo. El korpac o límite de cada parcela ha sido precisado o ratificado, de lo que queda advertida cada parte, incluidos sus familiares, y se espera el respeto mutuo desde dichas partes.

96

Entrevistas con comuneros en Calahuyo, Titihue y Tiquirini-Totería, 1988, 1992, 1999, 2000.

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Ibíd.

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Ejecución de los acuerdos finales para los conflictos intercomunales de carácter colectivo o comunal Frente a la solución del conflicto comunal o colectivo que identificó a dos comunidades, será el colectivo de ambas, en principio, el que se sienta comprometido con su ejecución. A través de sus autoridades o de su asamblea comunal, la comunidad afectada o ambas comunidades pondrán en cumplimiento los términos de la “sanción” o acuerdo adoptado. Nuevamente cabe destacar que el daño ocasionado es contra el colectivo, contra el conjunto de comuneros, por tanto este conjunto es el que se siente comprometido a concluir definitivamente el conflicto. Se está ante la racionalidad de la defensa del ser colectivo de la comunidad y así se encuentre ante otro interés colectivo igual –encuentro de dos intereses colectivos en conflicto–, con mayor razón la participación de los miembros de la comunidad es especialmente importante. Así, en el caso de robo de ganado, en que se logre detener al supuesto ladrón, identificado como miembro de una determinada comunidad, las autoridades comunales y el conjunto de comuneros de ambas comunidades son los que, luego de asumir el acuerdo sobre el conflicto, se encargan de la ejecución de los términos de la “sanción”. Si se acordó remitirlo ante las “autoridades competentes de la ciudad”, las referidas autoridades comunales, acompañadas de los comuneros que integran su comisión, son quienes llevan al detenido y entregan mediante acta al comunero “inculpado”98. En caso de que se haya acordado la aplicación de determinados castigos al mismo comunero “inculpado”, los referidos comuneros –incluidos los familiares del transgresor– serán siempre los llamados a materializar tal determinación. Al igual que en conjunto fue posible atrapar al ladrón, en conjunto los comuneros acuden a sancionar al mismo comunero “irresponsable”. Se nota la preocupación del colectivo por limpiar de estas “lacras”99 a sus respectivas comunidades, aunque, como se indicó, es raro su predominio dentro de la microrregión. En el caso de que el origen del supuesto “ladrón” sea un lugar lejano, o provenga de las ciudades, la ejecución del acuerdo también será colectivo. Se le aplicará en conjunto (la comisión nombrada o el colectivo de la comunidad afectada en general) el castigo acordado y, en conjunto también, se le remitirá a “las autoridades competentes de la ciudad”. De otro lado, en la ejecución de los acuerdos frente al incumplimiento de obligaciones comunales o de riñas propiciadas por el “yerno” de la comu98

99

Entrevistas en la comunidad de Titihue y con dirigentes de la Liga Agraria 24 de Junio de Huancané (mayo de 1988 y marzo de 1992). Término común usado por los propios comuneros cuando se refieren a los ladrones de ganado.

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nidad, la labor es desempeñada por el colectivo donde se aplica la sanción, destacándose la actuación de las propias autoridades comunales. Se aplica la misma racionalidad que para la forma de ejecución de los acuerdos sobre conflictos intracomunales de carácter colectivo: el conjunto de comuneros de la comunidad afectada tendrá una especial atención frente al “yerno” incumplido hasta que se integre a las obligaciones normales que identifican a la comunidad o cumpla con las sanciones impuestas o asuma la “reforma” de su conducta. Los propios familiares de la esposa o conviviente del “yerno”, particularmente cuando no vive habitualmente en la comunidad, tendrán un nivel de influencia para que tales hechos de incumplimiento no se repitan. Les “llamarán la atención” y tendrán que someterse a ésta si es que quieren contar en el futuro con la protección que suele brindar la familia extendida para estos casos. Les exigirán el cumplimiento de la sanción impuesta por la comunidad100. El “yerno” y esposa o conviviente tendrán una apreciación distinta sobre sus obligaciones después de aplicada la sanción. Entenderán que, aunque no vivan habitualmente en la comunidad, el hecho que estén usufructuando una de las parcelas obliga a comportarse como si en efecto estuvieran viviendo habitualmente. Por último, la ejecución de los acuerdos sobre los conflictos de colindancias entre comunidades, es labor que siempre corresponde a ambos colectivos. La ejecución del acuerdo está precedida por un acto solemne consistente en la celebración de una tinka y el subsiguiente levantamiento de los “hitos” en el terreno en conflicto, tal como anteriormente se presentó101. Los comuneros de ambas comunidades en pleito, luego de haber arribado a la solución de su acuerdo, de haber cedido ambos lados y encabezados siempre por sus autoridades, concurren a la zona en conflicto para establecer los límites que han acordado. En el caso de estar localizada en la parte del cerro, que corresponde a los pastos comunales, al día siguiente desde muy temprano se reunirán para el levantamiento de los respectivos “hitos”. Todos serán testigos del acto, ratificados con la formalización de las respectivas actas que se registren102. 100

Entrevistas en Calahuyo, Titihue y Tiquirini-Totería.

101

Ver la parte referida a la toma de acuerdos o decisiones finales del capítulo 5, donde se cita el caso de Calahuyo: “Acta de demarcación de Lenteros de la comunidad de Calahuyo y sector Lacaya de la comunidad de Huancho”, en Libro de Antecedentes, acta de fecha 2-03-83.

102

Además del caso mencionado en la nota anterior, pueden consultarse los siguientes casos registrados en la misma comunidad de Calahuyo: “Acta de denominación de Lenderos de la C.C. Calahuyo y el sector Juchilaya de la Parcialidad de Millirallaya – Hne.” (21-12-84); “Acta de Demarcación (definitiva) de Hitos entre la comunidad de Pampa Amaru y Calalhuyo” (27-06-94), y también “Acta de Demarcación de Hitos de Limetes entre las comunidades de Antacahua y Calahuyo” (29-06-94).

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Los “hitos” consisten en bloques de piedras de aproximadamente un metro y medio de altura, levantados cada cierta distancia, que sirven para determinar las fronteras de los territorios comunales. Los comuneros comprenden que deben respetar los respectivos “hitos” de las comunidades vecinas, no deben sobrepasarlos para evitar “tropiezos” de la comunidad. Por ello, luego de haber terminado un conflicto sobre límites del territorio de su comunidad, se sienten comprometidos a participar en su levantamiento o a la confirmación de los ya existentes, si es que se reconoció el mejor derecho de una de las comunidades en “pleito”. Un riachuelo, una quebrada, una carretera, etc., suelen ser utilizados como fronteras naturales que no requieren “hitos”. Sin embargo, para mayor seguridad, en la ejecución de sus acuerdos los comuneros recurren complementariamente al levantamiento de esos bloques de piedras o sembríos de plantas o árboles. De esta forma, los “hitos” se constituyen en instrumentos fundamentales que identifican la extensión de la comunidad, de lo que se deriva que permanezcan mientras exista ésta y que sea una obligación de los propios comuneros trasmitir a sus hijos el conocimiento sobre tales límites. Después de asumido el acuerdo y precisados los respectivos “hitos”, los propios comuneros aparecen como los agentes complementarios para el cuidado de tales fronteras. Puede notarse su comportamiento especial en los cerros, donde el pasto es común para las comunidades fronterizas. Si un comunero advierte que los ovinos de un comunero de la comunidad vecina están sobrepasando los “hitos”, usurpando parte de los pastos comunales, llamará la atención al pastor vecino. En caso de que tal usurpación se convierta en permanente, nuevamente surgirá el conflicto, siendo necesario, entonces, un acuerdo más determinante103. Sin embargo, cabe destacar que una vez conseguido el acuerdo y fijados los hitos, el respeto mutuo no se dejará esperar, y tal vez la nueva usurpación pueda provenir de una parte privada o familiar, cuyo particular interés transgresor será sancionado internamente por su comunidad. De esta manera, a partir de la propia iniciativa de los colectivos, se va concluyendo con el conflicto. En el proceso de ejecución no basta el acuerdo, sino la propia participación directa o a través de las autoridades de ambos colectivos. En el respeto y cumplimiento de los límites fijados, en la preocupación y cuidado permanente por parte de los propios comuneros reside la racionalidad de tal labor de ejecución.

103

En el caso de los acuerdos definitivos que posteriormente se celebraron en Calahuyo con las comunidades de Pampa Amaru y Antacahua, referido en la nota anterior. En tales casos puede apreciarse que quedó pendiente la fijación de determinados hitos y que la duda sobre algunos condujo a una mayor precisión de los mismos.

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CAPÍTULO 7

Resolución de conflictos internos e intercomunales a través del gremio campesino

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urante la segunda mitad de la década del setenta, cuando el Sistema Nacional de Movilización Social (Sinamos)1 llegó a tener una mayor presencia en la promoción y respaldo de los gremios campesinos de los Andes, la Liga Agraria 24 de Junio de Huancané apareció como la institución más representativa para los comuneros dentro del propósito de consolidar sus sistemas de resolución de conflictos. En aquel tiempo se produjo la transformación de un gran número de parcialidades en comunidades y, simultáneamente, se desarrollaban conflictos de linderos entre unas y otras, con la consecuente intervención de las instancias oficiales de resolución. Las comunidades recién formadas iniciaban su desprendimiento de la competencia de estas “autoridades de la ciudad”. En tal proceso de cambios, la Liga Agraria se presentaría como el gremio idóneo para responder a las necesidades de los comuneros. A través de la Liga Agraria 24 de Junio de Huancané se acordó en forma más eficiente el rechazo a las autoridades oficiales para la resolución de sus conflictos, reivindicación a la que se sumó la asamblea de tenientes. El rechazo a las referidas autoridades2 surgió primero por parte de los presidentes de la comunidad y posteriormente por sus tenientes, en 1975 y 1977, respectivamente. El rechazo al trato recibido por parte de las autoridades o funcionarios oficiales, los diversos costos que dificultaban el acceso a las instancias judiciales de la ciudad, así como la insatisfacción que les provocaban las resoluciones judiciales que adoptaban dichas instancias, llevaron a los comuneros a construir sus propios mecanismos de autorregulación y autocomposición 1

Institución creada por el Gobierno Militar de las Fuerzas Armadas del Perú (régimen de facto 1969-1979) con el objeto de promocionar las acciones de gobierno dentro de los sectores identificados como “populares”, entre los cuales se encontraban las comunidades campesinas y nativas. Con ello también se buscaba legitimar el régimen.

2

Ver el capítulo 4.

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de conflictos. En sus inicios, con el respaldo de la Liga Agraria, incluso llegaron a establecer sanciones en la forma de castigos de multa a los comuneros que desviaran la jurisdicción comunal sin el previo permiso de sus órganos de resolución3. Este proceso de consolidación se fundamentaba en la necesidad de una consistente autonomía, en parte apoyado en el reconocimiento que la propia legislación del Estado les otorgaba4. La Liga Agraria 24 de Junio de Huancané, además de aparecer como la protagonista de este movimiento jurídico-étnico-social de las comunidades de la microrregión, tuvo que enfrentar los temores iniciales de dichas comunidades a asumir una jurisdicción comunal. Si bien las comunidades siempre tuvieron sistemas de resolución de conflictos internos desde cuando eran parcialidades o parte de un allyu5, el desarrollo de éstos se veía limitado por la competencia obligatoria de las autoridades judiciales y políticas dispuestas por el gobierno central, pero también porque los comuneros percibían la importancia de alcanzar un reconocimiento oficial de sus tierras o linderos. De un lado, la “amenaza de la cárcel”, el temor por una actuación “ilegal”, el desconocimiento de las leyes del Estado, las dificultades para escribir en español o castellano, etc., constituían obstáculos que los comuneros consideraban difíciles de superar. Pero, de otro lado, a pesar de estas limitaciones y de la importancia del reconocimiento oficial de sus tierras, también percibían y sufrían los efectos de una exagerada prolongación de sus juicios en las instancias judiciales oficiales (siendo testigos de “errores” o “injusticias” en su contra), o los efectos de la ineficiencia de los “jueces de la ciudad”, que podían tener las mismas limitaciones de ellos y además “cobraban caro”. En consecuencia, la apreciación de sus complejos obstáculos se iría desvaneciendo. La presencia de caballeros6 en las diversas comunidades de la microrregión, de comuneros sabios o yatiris7, impulsaría el movimiento desde las 3

4

5

6

7

Calahuyo, Titihue, Tiquirini-Totería y Liga Agraria 24 de Junio de Huancané, marzo de 1988, marzo de 1992 y octubre de 1999. El D.L. 17716 (Ley de Reforma Agraria del Perú), artículos 115 al 126, y el D.S. 037-70-A (Estatuto de Comunidades Campesinas) reconocían a las comunidades campesinas un amplio espacio de autonomía, que iría a consolidarse, posteriormente, en la Constitución Política del Perú de 1979 (artículos 161 al 163) y en la Ley Nº 24656 (Ley General de Comunidades Campesinas). Actualmente, la Constitución Política del Perú de 1993 reconoce semejante autonomía en los artículos 87 y 88, y en los artículos 2º, inciso 19, y 149, citados en el marco teórico (ver capítulo 2). Se desconoce cómo funcionaban los sistemas de resolución de conflictos en los ayllus; sin embargo, por la información recopilada podemos decir que se trataban de ancianos que conciliaban bajo el uso de la coca y el alcohol. La efectividad de estos ancianos fue resaltada en reiteradas oportunidades (Calahuyo, Titihue, Tiquirini-Totería, Liga Agraria 24 de Junio de Huancané, 1988, 1989, 1991, 1992, 1996, 1999). En la percepción de los comuneros, los caballeros son el tipo ideal de persona adulta en la ciudad o en el campo. Es aquella persona o comunero que actúa “rectamente”, orientando a su familia en los problemas, y respetuoso de sus vecinos y del orden en que vive. Los yatiris tienen un significado particular para los aymaras. Son las personas que pueden ver

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propias comunidades. Primero, desde los años 1972-1974, conformando y dirigiendo la Liga Agraria, luego, desde ésta, promoviendo una dinámica labor de capacitación en la importancia y el fortalecimiento de su jurisdicción comunal dentro del objetivo de alcanzar el desarrollo de sus comunidades8. La idea de “progreso” o “desarrollo comunal” que se encontraba en el discurso de los líderes comuneros desde muchos años atrás, alcanzó en la década de los setenta un mayor beneficio; la conversión de gran número de parcialidades en comunidades y la consolidación de sus sistemas de resolución de conflictos fueron parte de esa expresión. Se puede afirmar que la intervención de la Liga Agraria en la resolución de conflictos, de acuerdo con sus libros de actas y documentos complementarios, alcanzó su mayor notoriedad o participación en los años 1975 a 1978 y 1980 a 1981. Si bien en la mayoría de sus asambleas registradas en actas siempre destacan actividades de gobierno y de coordinación o capacitación de miembros de las comunidades de la microrregión, no dejan de estar presentes actas sobre “conciliaciones”, “arreglos”, “llamadas de atención”, “problemas de división entre comunidades”, entre otras9. Desde comunidades alejadas, ubicadas en pisos ecológicos de la puna, hasta comunidades vecinas de la ciudad, concurrían al local de la Liga Agraria para la absolución de determinados conflictos. Las reuniones o “comparendos” se podían producir en los días del k’ato (feria), los domingos, y en los momentos anteriores o posteriores a la realización de la asamblea de presidentes. Durante esos primeros años, la Liga Agraria era considerada competente incluso para otorgar “dispensas” o permisos para los comuneros que dejaban periódicamente su comunidad por un trabajo temporal en las ciudades10. Normalmente, durante los indicados períodos, les presentaban conflictos intracomunales que incluían los típicos conflictos familiares, como los más allá que los individuos normales y pueden entrar en contacto con fuerzas o poderes sobrenaturales, como el contacto con sus dioses, con el objetivo de conseguir la mejoría en la salud de una persona, “curar” el alma de otras personas o incluso proveer recursos y consejos para la solución de un determinado conflicto. Uno de los conflictos de mayor referencia es el caso del robo del ganado: el yatiri puede llegar a “ver” hacia dónde se fueron los ladrones y ponerse en contacto con fuerzas sobrenaturales para detenerlos en su huida (Huancané, Titihue, Liga Agraria 24 de Junio de Huancané, particularmente entrevista con Benito Gutiérrez: marzo de 1992, octubre de 1999 y agosto de 2000). 8

9

10

Entrevistas con Benito Gutiérrez Ccama y Pedro Larico Yancachajlle, 1988, 1991, 1992, 1996, 1999. Asimismo pueden revisarse los Libros de Actas de la Liga Agraria de los años correspondientes. Estos períodos de mayor participación en la resolución de conflictos por parte de la Liga Agraria 24 de Junio de Huancané, pudieron ser promovidos por determinados líderes y por problemas específicos en sus relaciones con las autoridades o funcionarios de la ciudad. Liga Agraria 24 de Junio de Huancané, Libro de Actas 1978, documentos fuera de actas, 1978.

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casos de “calumnias”, “riñas”, “conflictos de linderos”, o conflictos comunales, como “daños al patrimonio comunal”, “problemas de división de comunidades”, etc. Pero también podían presentarles conflictos intercomunales, como “conflictos de linderos entre comunidades vecinas” o conflictos de “daños” entre terrenos de familias de comunidades vecinas. El fenómeno iría cambiando en la década de los ochenta. Hasta el año 1981, sus actas aparecen redactadas con énfasis en la resolución de conflictos particulares vinculados a las comunidades. Después, la preponderancia por las reivindicaciones gremiales, la mayor atención de parte del gobierno central, las actividades de capacitación, etc., desplazaron la atención de los dirigentes de la Liga Agraria en cuanto a su labor jurisdiccional. Esto se puede explicar, entre otros factores, por los cambios de los dirigentes de la mesa directiva, el regreso de los líderes iniciales a sus comunidades de origen, el ascenso de otros líderes a sus gremios superiores11 y el desentendimiento cada vez más agudo de las peticiones de los comuneros o campesinos en general por parte del gobierno central. Todo ello marcaría una nueva etapa en la intervención de la Liga Agraria en la resolución de conflictos de las comunidades. El protagonismo pasaría a las propias comunidades. En la década de los ochenta fue cuando apareció consolidado el poder judicial de las comunidades aymaras del Sur Andino. A éstas ya no les cabía la menor duda de que podían asumir los conflictos que comprometieran a los miembros de su comunidad. La asamblea comunal y las autoridades político-comunales comenzaron a asumir, en los términos ya explicados, su propia jurisdicción, y los órganos familiares o informales de resolución se afianzaron más aún en esta nueva tarea desarrollada por la propia comunidad. En la década de los noventa, las comunidades aymaras continuaron con su protagonismo. La Liga Agraria se replegó a actividades administrativas, de reivindicación frente al gobierno central, pero también de gestión, capacitación y promoción de actividades económicas vinculadas a las comunidades. Ejemplo de una de las principales actividades de la Liga Agraria en esa década fue su participación como contraparte o intermediaria en proyectos de créditos rotatorios para el desarrollo de la agricultura y la ganadería de las comunidades y parcialidades de la microrregión12. La labor jurisdiccional se encontraba concentrada en las propias comunidades aymaras. 11

12

Es el caso de Saturnino Ccorimahua, como se señaló en el capítulo 3, quien luego de desempeñarse como presidente de la Liga Agraria de Huancané pasó a la Federación Departamental de Campesinos para, finalmente, llegar a la dirigencia nacional de la Confederación Campesina del Perú. Saturnino Ccorimayhua actualmente se encuentra trabajando en su comunidad de origen y continúa apoyando el desarrollo de la Liga Agraria (Huancané, octubre de 1999). En el mismo sentido, Benito Gutiérrez Ccama, luego de desempeñarse como presidente de su comunidad, pasó a la presidencia de la Liga Agraria, para posteriormente actuar como secretario general de la Federación Departamental de Campesinos de Puno. En la actualidad hace parte de la Directiva de la Liga Agraria (Huancané, octubre de 1999, agosto de 2000). Esta forma de participación ha sido más notoria en los años 1991-1995, cuando la Liga Agraria

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Sin la intención de sobrevalorar la labor jurisdiccional de la Liga Agraria 24 de Junio de Huancané en la década de los setenta e inicios de los años ochenta, aquí se presentará su experiencia de forma genérica. La intención es mostrar la capacidad de los dirigentes o los directivos del gremio, como también de su asamblea de presidentes, dentro del propósito de asumir y resolver los conflictos intra e intercomunales que se les sometieran. Esta labor jurisdiccional de la Liga Agraria aún continúa, como una forma complementaria a la labor jurisdiccional de las propias comunidades.

EL ÁMBITO DE SUS CONFLICTOS Indistintamente, conflictos aquí calificados como de carácter familiar o privado, así como conflictos colectivos o comunales eran presentados y continúan siendo presentados mínimamente ante la Liga Agraria. Dentro de estos conflictos, a su vez, las partes interventoras podían ser de diferentes comunidades, cayendo dentro de lo que se ha denominado conflicto intercomunal. Entre los conflictos más comunes que se pudieron recoger de los registros de la Liga Agraria 24 de Junio de Huancané se pueden destacar: 1. Conflictos de “linderos” o mejor derecho sobre terrenos13. 2. Conflictos sobre “intercambio de palabras, insultos y calumnias”14. 3. Conflictos de gobierno comunal y de administración de la Liga Agraria: “faltas” o “incumplimiento” de delegados de las comunidades o “incumplimiento de cargos de directivos de la Liga Agraria”15. 4. Conflictos de “riñas”, precedidas de “lesiones”16. 5. Conflictos de “daños” o “despojo” contra los bienes patrimoniales del comunero o la comunidad17. 6. Conflictos de “denuncia” de autoridades políticas, municipales, judiciales y otras18. Este tipo de conflicto a su vez se identifica aquí como conflicto de tipo gremial o “político”. recibió el respaldo de instituciones regionales o no gubernamentales, como el Proyecto Pampa, Proyecto Fondecam (Fondo de Desarrollo Campesino), con respaldo de la cooperación internacional. 13

Liga Agraria 24 de Junio de Huancané: actas sueltas de fecha 19-7-77; acta de fecha 24-10-77, fojas 31-39, en Libro de Actas III; acta de fecha 10-05-78, fojas 47-49, Libro de Actas III.

14

Liga Agraria 24 de Junio de Huancané: actas sueltas de fecha 6-11-98; acta de fecha 10-05-77, fojas 14-15, en Libro de Actas III; acta de fecha 19-11-77, fojas 39-40, en Libro de Actas III.

15

Liga Agraria 24 de Junio de Huancané: “Expulsión de la comunidad de Muñapata”, en Libro de Actas IV, actas de fechas 15-10-78 y 20-10-78, fojas 33-36 y 37-38; “Sustitución de Directivo que ha falsificado sello de la Liga”, en Libro de Actas V, acta de fecha 1º-04-84 y 8-04-84, fojas 72-82.

16

Liga Agraria 24 de Junio de Huancané: actas sueltas de fecha 29-5-77 y de fecha 7-10-77.

17

Liga Agraria 24 de Junio de Huancané: acta suelta de fecha 23-01-78; acta de fecha 16-11-76, fojas 8-9, en Libro de Actas III; acta de fecha 28-04-85, fojas 49-51, en Libro de Actas VI.

18

Liga Agraria 24 de Junio de Huancané: “Denuncia contra gobernador abusivo”, en Libro de

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7. Conflictos de colindancia entre comunidades o entre comunidad y parcialidad19. 8. Conflicto de “división interna” o “desmembramiento” de comunidad20. 9. Conflictos de incumplimiento de contratos21. 10. Conflictos de “asalto y robo”22. Podrá notarse que los conflictos de pareja, llámense “maltratos” o “separación de convivientes” o “casados”, no aparecen en la relación presentada pues dichos conflictos siempre se han entendido, desde cuando las comunidades eran parcialidades, como de competencia de sus órganos familiares y solo complementariamente de competencia de la autoridad del teniente gobernador o del juez de paz de la ciudad. Sin embargo, ello no excluye que las partes “privadas” presenten su conflicto en forma complementaria y sin el registro de las actas correspondientes ante la propia Liga Agraria. De la relación de conflictos presentada, bajo intervención de la Liga Agraria, también se puede identificar la presencia del ámbito familiar y del ámbito de lo comunal en el interés de la parte interventora. Las riñas, los conflictos de linderos, los casos de “intercambio de palabras” o calumnias aparecen como conflictos de carácter familiar que interesan a la familia nuclear y a su parentela antes que al individuo-familia interventor. La familia de éste es quien, propiamente, se preocupa de buscar la solución ante las autoridades de la Liga Agraria. De otro lado, los conflictos aquí identificados como de incumplimiento de las obligaciones internas de la Liga Agraria, colindancia de terrenos comunales o familiares de distintas comunidades o distintos sectores, daños al patrimonio comunal, como los propios robos, aparecen como conflictos que ante todo interesan al conjunto de comuneros más allá de la afectación de un individuo o familia. En estos casos, el conjunto de comuneros racionaliza que se está alterando la tranquilidad o la paz comunal, o se está frenando el desarrollo de la comunidad, lo que significa que es Actas III, acta de fecha 10-08-77, fojas 20-30; Acta de “Novena convención de la Liga Agraria Provincial de Huancané 1992 (en la que se denuncian abusos y deficiencias de autoridades oficiales)”, en Libro de Actas VIII, acta de fecha 23-03-92, fojas 71-94; “Acta de Decima Convención (cuestionamiento del alcalde, subprefecto y otras autoridades)”, en Libro de Actas XI, acta de fecha 11-09-99, fojas 27-31. 19

Liga Agraria 24 de Junio de Huancané: “Enfrentamiento de las comunidades de Pampa Amaru y Cucho Amaru”, en Libro de Actas IV, acta de fecha 19-11-78, fojas 42-43.

20

Liga Agraria 24 de Junio de Huancané: Problemas de división interna por terreno adjudicado en comunidad de Huilacunca, en Libro de Actas X, acta de fecha 10-10-95, fojas 55-57; “Asamblea Extraordinaria (en la que se admite a comunidad ‘desmembrada’ Tiquirini-Totería)”, en Libro de Actas X, acta de fecha 27-10-98, fojas 186-189.

21

Liga Agraria 24 de Junio de Huancané: “Demanda (por incumplimiento de contrato de anticresis)”, acta suelta de fecha 13-09-76.

22

Liga Agraria 24 de Junio de Huancané: acta suelta de fecha 27-12-77, sin título.

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necesario poner fin al conflicto. Entonces, por intermedio de sus autoridades, ante la duda inicial de resolver el pleito presentado, podían recurrir ante los directivos de la Liga Agraria, quienes les trasmitían las pautas de solución o asumían a directamente el conflicto. Dentro de estos conflictos de carácter colectivo o comunal que con cierta frecuencia se sometían a la Liga Agraria cabe destacar los “pleitos” entre comunidades sobre colindancia o fronteras de su territorio comunal. Frente a ello, la Liga Agraria se presentaba como la instancia representativa que comprendía cabalmente el problema: comprendía el interés de los dos colectivos y se sentía en la capacidad de promover la solución. El mayor temor para los directivos de la Liga consistía, dada la experiencia de sus propias comunidades de origen, en perder tal capacidad de negociación y que el conflicto terminara en enfrentamientos físicos23. De manera particular también cabe destacar la competencia de parte de la Liga Agraria sobre conflictos vinculados a las autoridades o funcionarios oficiales del Estado que continúa en plena vigencia. Así, puede ocurrir que una comunidad o un comunero determinado haya sido sometido a determinados vejámenes o abusos por parte de algún juez de la ciudad, del funcionario de algún Ministerio del Gobierno Central, del gobernador o del subprefecto, o por parte de un agente policial; entonces, los directivos de la comunidad o el comunero directamente afectado acuden a la Liga Agraria para presentar su reclamo. Puede tratarse incluso de la detención arbitraria de un comunero24 o del cobro excesivo o apropiación de determinados bienes de alguna comunidad. Frente a ello, la función de la Liga Agraria ha sido, y sigue siendo, plenamente reivindicativa; esto es, de defensa y reclamo público y directo ante los órganos competentes del Estado. Otra labor de mero trámite que desempeñaba y aún desempeña la Liga Agraria de Huancané con el objetivo de prevenir los conflictos del comunero migrante respecto a sus tierras es el diligenciamiento de “dispensas” temporales. En el entendido que las parcelas de tierra son únicamente para quien las trabaja25, el comunero que debía ausentarse de su parcela por razones de trabajo, para complementar sus ingresos económicos, debía recurrir ante la Liga Agraria para conseguir la dispensa correspondiente26. Con ello se evitaba la posibilidad de apropiación de su parcela por parte de otra familia comunera de la comunidad donde residiera. 23

24

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Entrevista con Benito Gutiérrez Ccama (mayo de 1988, mayo de 1991, marzo de 1992 y octubre de 1999). Ver, por ejemplo, Liga Agraria 24 de Junio de Huancané: acta de fecha 29-04-76, Libro de Actas I, fojas 90-95. Al respecto cabe recordar las disposiciones que establecía la Reforma Agraria de 1970: el principio o eslogan consistía en “la tierra es para quien la trabaja” (Ley de Reforma Agraria Nº 17716). Al respecto, ver Liga Agraria 24 de Junio de Huancané: acta suelta de fecha 25-10-75, a través de “carta poder” comunero de Quishuarani gestiona su “dispensa”.

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En la actualidad, la Liga Agraria solo tiene injerencia frente a contados conflictos de carácter familiar y comunal que involucren a sus comunidades partes. Su participación más destacada es en términos de asesoría, promoviendo que sea la propia comunidad o sus órganos de resolución los que resuelvan sus conflictos27. Tal asesoría puede procurarse en las reuniones quincenales o extraordinarias de la Liga Agraria, en donde la directiva gremial con el aporte de los comuneros presidentes experimentados ayudan a la comunidad en conflicto a buscar alternativas de solución al problema que presenta, o le recomiendan los mejores medios o procedimientos para conseguir tales alternativas. Excepcionalmente puede ocurrir hoy que una parte familiar o la autoridad de una comunidad le presente un conflicto familiar o comunal interno o externo para su resolución. En forma complementaria sobresale el papel de la Liga Agraria como instancia de coordinación de determinados conflictos y como promotora de la resolución de otros. En la labor de coordinación se destaca su rol frente a conflictos intercomunales, como los de “robo de ganado”. Ante estos casos, los presidentes comuneros reunidos en la Liga Agraria se “pasan la voz” sobre los robos ocurridos y sobre la presencia de determinados “desconocidos” o “extraños” que se encuentran merodeando las comunidades. En su labor de promotora y también de coordinadora de la resolución de conflictos, de otro lado, resalta su actual competencia sobre los conflictos de “abusos” o “desempeño deficiente” de autoridades o funcionarios del Estado. Se trata de los conflictos “políticos”28 o gremiales que desbordan la categoría de lo intra y lo intercomunal: es un problema o conflicto interno y externo pero que a su vez involucra un colectivo de comunidades, que sufren determinados daños, producto no de la actuación directa de una de dichas comunidades sino de actores externos a las mismas, dependientes de una organización formal externa, particularmente el Estado o específicamente organismos del gobierno central. Frente a tales conflictos, la Liga Agraria puede actuar directamente promoviendo la destitución, el cambio o la separación en el corto plazo de la autoridad o funcionario cuestionado, o también puede actuar indirectamente promoviendo el trámite legal o la vía regular de destitución, cambio o separación de la autoridad o funcionario cuestionado29.

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28

29

La labor de asesoría puede apreciarse particularmente en las primeras semanas luego de la juramentación de los nuevos directivos de las comunidades, cuyos presidentes participan en las asambleas de la Liga Agraria. El término “político” se utiliza para hacer referencia a aquellas relaciones de poder entre las comunidades y sus entidades gremiales con las autoridades oficiales del Estado, particularmente en los reclamos o reivindicaciones de derechos. El conflicto gremial o “político” comprende diferentes tipos de demandas o reclamos colecti-

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LOS ÓRGANOS DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS Las autoridades u órganos de resolución de conflictos de la Liga Agraria de Huancané pueden sistematizarse en dos grupos: la directiva gremial y la asamblea general de la Liga Agraria o asamblea de presidentes. La primera dirigida por su presidente, a quien se entendía competente para la resolución de los conflictos familiares y comunales que se le sometieran, y que todavía mínima e irregularmente pueden seguir sometiéndosele; la segunda es competente particularmente en la resolución de conflictos intercomunales de índole gremial o “político”. La directiva de la Liga Agraria, hasta octubre del año 1999, se integraba por un total de 14 miembros: 1. Presidente 2. Vicepresidente 3. Secretario de organización 4. Secretario de prensa y propaganda 5. Secretario de actas y archivos (quien podía sumar un subsecretario de actas) 6. Secretario de economía 7. Secretario de capacitación y autodefensa 8. Secretario de comunidad y parcialidad 9. Secretario de empresas comunales 10. Secretario o secretaria de asuntos femeninos (podía incluir también subsecretaria) 11. Secretario de juventud 12. Secretario técnico-productivo 13. Secretario de cultura y deportes 14. Fiscal30 vos, como mejores precios para los productos que producen los comuneros y para los que compran y consumen, la realización de obras que los comuneros consideran de primera necesidad, como carreteras, escuelas, centros de salud, etc., como también el pedido de cambios de políticas económicas o de acciones que realiza el gobierno central a través de los órganos ejecutivos o legislativos. Dichas demandas o reclamos aparecen registrados de distintas formas en los libros de actas de la Liga Agraria, desde el año de su fundación (1972). Es lo que se podría llamar conflictos transcomunales, que comprenden relaciones intercomunales, pero a su vez su resolución requiere una intervención externa. Para fines de la presente investigación se están tomando como referencia de análisis los conflictos específicos de abuso o desempeño deficiente de determinadas autoridades o funcionarios públicos. 30

La relación completa de los cargos indicados aparece registrada, por ejemplo, en una multitudinaria reunión donde se produjo el cambio del cuerpo directivo (Liga Agraria 24 de Junio de Huancané: Actas de Novena Convención de la Liga Agraria Provincial de Huancané, Libro de Actas IX, acta de fecha 29.03.92, fojas 71-94).

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De dichos cargos, el presidente, el vicepresidente y en algunos casos el secretario de capacitación y autodefensa, el secretario de actas y archivos y el fiscal eran quienes asumían la competencia de la Liga Agraria para la resolución de los conflictos internos o externos que se le sometieran. En septiembre del año 1999, la misma Liga Agraria acordó la reducción del número de cargos de su directiva gremial, que quedaría conformada en el mes de octubre del mismo año por un total de siete miembros: 1. Presidente 2. Vicepresidente 3. Secretario 4. Tesorero 5. Secretario o secretaria de asuntos femeninos 6. Fiscal 7. Vocal31 El cambio obedeció al reconocimiento de una limitada participación de muchos directivos, pero también a una suerte de adaptación de dicho cuerpo directivo a la propia composición de las directivas internas de las comunidades, integradas por miembros semejantes32. Diferentes cuerpos directivos, desde la fundación de la Liga Agraria en 1972, se han sentido comprometidos a asumir funciones alternativas a las de autoridades judiciales, políticas y gubernamentales en general. Particularmente en relación con las funciones jurisdiccionales, las primeras directivas gremiales fueron las que con mayor énfasis se sintieron comprometidas a competir con los juzgados de paz, llegando a elaborar o a promover “arreglos” o acuerdos finales sobre los conflictos familiares o comunales que presentaban los comuneros. Incluso dicha intervención de la directiva gremial podía darse en conflictos de alta “cuantía” en términos oficiales (por ejemplo, los conflictos de colindancia o daños) que corresponderían a órganos superiores a los jueces de paz, como el Juzgado Mixto de la provincia; la intervención de los directivos también podía darse en conflictos previamente sometidos ante el Juzgado de Paz, actuando en tal caso como segunda instancia33. La actuación de estos directivos gremiales como órganos de resolución de conflictos se producía a petición de los propios comuneros o de los direc31

Liga Agraria 24 de Junio de Huancané: Nombramiento de nueva junta directiva, en Libro de Actas XI, acta de fecha 26-09-99, fojas 32-34.

32

Comparando el cuerpo directivo de la Liga Agraria con el cuerpo directivo que identifica a las comunidades, puede apreciarse que son semejantes, con la única excepción del cargo de la secretaría de asuntos femeninos, que no aparece en las directivas internas de las comunidades.

33

Liga Agraria 24 de Junio de Huancané, entrevistas con dirigentes y presidentes de la asamblea gremial, mayo de 1988, marzo de 1992, octubre de 1999 y agosto de 2000.

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tivos de las comunidades nacientes. Esta petición partía del contacto inicial de los comuneros con los directivos gremiales en las charlas de capacitación y promoción realizadas por éstos34. A partir de este contacto, al comunero recurrente le resultaba accesible entablar un diálogo con dichos directivos de la Liga Agraria y luego someter su conflicto. Sin embargo, para el sometimiento del conflicto de la comunidad ante la autoridad de la Liga Agraria se debía considerar la propia racionalidad de las partes interventoras y de órganos previos de resolución, como se ha explicado en los capítulos precedentes. Así, frente al conflicto de carácter familiar presentado a la Liga, muy bien pudieron haber mediado con anticipación los órganos informales o familiares que identifican a la comunidad. Igualmente, frente al conflicto colectivo pudieron haber mediado con perseverancia las autoridades políticas comunales de la misma comunidad. Ante estos órganos se pudo haber llegado a una cercana solución, desviando el caso a la Liga Agraria sólo para “sellar” el conflicto o, en caso contrario, para que lo resuelva integralmente con su “mejor criterio”35. La familia nuclear y su parentela, al ser parte de un conflicto familiar sometido a la Liga, tendrán conocimiento de lo ocurrido y, en la búsqueda de solución, se confrontarán con el ámbito familiar del otro comunero “pleitista”. Esta intervención se remonta a la aparición de las parcialidades, respondiendo a las necesidades y facilidades del grupo comunal36. Lo familiar, como lo hemos reiterado, se presenta como una forma organizativa en la que sus miembros se protegen entre sí. Por ello, la preocupación del conflicto no sólo se limita al individuo-familia, sino siempre al entorno de éste. En los casos de “riñas”, por ejemplo, resultaba ser toda la familia del agredido o del agresor quien se hacía presente ante las autoridades de la Liga Agraria para llegar a un “arreglo”, si es que antes no lo conseguían entre sus propios miembros familiares37. En los casos de “ensultos o calumnias”38 o de “intercambio de palabras”39, también las familias, tanto del ofendido como del ofensor, se hacían presentes para llegar a la solución. En fin, en los conflictos de carácter familiar, los propios órganos familiares siempre han tenido y tienen un alto nivel de injerencia. 34

Recordemos que en la década de los setenta se organizaban charlas de capacitación en coordinación con el Sinamos, orientadas a promover la mayor autonomía de las propias comunidades (al respecto, ver el capítulo 3).

35

Entrevistas con dirigentes de la Liga Agraria 24 de Junio de Huancané (mayo de 1988, marzo de 1992, octubre de 1999 y agosto de 2000).

36

Juan de Dios Uturunco, un viejo dirigente de la comunidad de Calahuyo, lo confirmó con mayor precisión en mayo de 1991.

37

Ver, por ejemplo, Liga Agraria 24 de Junio de Huancané: actas sueltas de fecha 29-05-77 y 7-1077.

38

Liga Agraria 24 de Junio de Huancané: acta suelta de fecha 6-11-78.

39

Liga Agraria 24 de Junio de Huancané: Libro de Actas III, acta de fecha 10-05-77, fojas 14-15.

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Dentro del mismo criterio, y respondiendo siempre al nivel organizativo de tipo comunal que identificara a la naciente comunidad, los conflictos que se enmarcaban dentro de este ámbito también recibían la preocupación inicial de sus autoridades antes de someterlos a la Liga Agraria. Frente a los conflictos de “daños” al patrimonio comunal40, conflictos de gobierno comunal, de “riñas escandalosas”41 o frente a los propios conflictos de colindancia entre comunidades o con parcialidades vecinas42, las autoridades y sus asambleas comunales intentaban someter a las partes familiares infractoras a conciliar con el otro interés colectivo en conflicto. Sin embargo, el éxito de tal gestión todavía no era notorio. En la formación de la organización comunal todavía constituía una necesidad recurrir a las personas “expertas” y “seguras”, como entendían que eran los directivos de la Liga Agraria. Gregorio Quispe Mamani43 refería que las autoridades de la comunidad intentaban la solución del conflicto, pero aún existía el temor de que el comunero que resultara sancionado, o cualquier otra parte en general, recurriera después ante las autoridades oficiales de la ciudad para denunciar a las autoridades comunales. De otro lado, la asamblea de presidentes es la instancia máxima decisoria que agrupa al conjunto de presidentes o delegados de las comunidades partes de la Liga Agraria 24 de Junio de Huancané. Al integrar al conjunto de comunidades, dicha asamblea se ha constituido en el órgano central que recepciona y busca resolver el conjunto de problemas o reclamos de los comuneros o campesinos de la microrregión. Es, como se ha indicado, un órgano resolutor de conflictos principalmente de tipo gremial o “político”44. Dentro de los conflictos gremiales o “políticos” que se someten a la asamblea de presidentes destacan los abusos de las autoridades o funcionarios del Estado45. En estos casos, la voluntad para llegar a un acuerdo o a una solución se transmite a sus autoridades o a la comisión creada para el efecto, quienes acudirán ante las autoridades oficiales del “pleito” para realizar las “gestiones correspondientes” dentro del propósito de la asamblea. Los directivos o la comisión nombrada requieren el acuerdo previo de la 40

Liga Agraria 24 de Junio de Huancané: Libro de Actas III, acta de fecha 16-11-76, fojas 8-9; Libro de Actas IV, acta de fecha 28-04-85, fojas 49-51.

41

Liga Agraria 24 de Junio de Huancané: Libro de Actas III, acta de fecha 19-11-77, fojas 39-40.

42

Liga Agraria 24 de Junio de Huancané: Libro de Actas IV, acta de fecha 19-11-78, fojas 42-43.

43

Calahuyo, marzo de 1988.

44

Los conflictos de competencia de la asamblea de presidentes también pueden ser definidos como conflictos de tipo “transcomunal”, en tanto no coinciden propiamente con los conflictos internos ni externos, sino que agrupan intereses colectivos de grupos de dichas comunidades pero en relación con agentes externos, como las propias autoridades oficiales del Estado.

45

Liga Agraria 24 de Junio de Huancané: Libro de Actas III, acta de fecha 10-08-77, fojas 20-30; Libro de Actas VIII, acta de fecha 29-03-92, fojas 71-94; Libro de Actas XI, acta de fecha 11-0999, fojas 27-31.

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mayoría de presidentes o delegados de la asamblea de la Liga Agraria, y solo después se presentarán y buscarán el diálogo o realizarán las gestiones ante dichas autoridades oficiales. Esta actuación representativa de los órganos en mención resulta sumamente delicada debido a que las comunidades directamente afectadas, a manera de órganos paralelos de resolución de conflictos, pueden promover actitudes de fuerza al margen de la actuación de las autoridades de la Liga Agraria y de la propia asamblea de presidentes. Los órganos de la Liga Agraria buscan cuidarse de esta situación, por lo que ante los resultados negativos de su gestión no dudan en la convocatoria de dichas medidas de fuerza: por ejemplo, la denuncia o destitución pública del funcionario o autoridad “abusiva”, la realización de una huelga o cierre de carreteras por los comuneros o la presencia multitudinaria de los comuneros ante el local institucional de la autoridad oficial cuestionada. La intervención de la asamblea de presidentes frente a conflictos familiares o colectivos de las comunidades se presenta muy raramente. Su intervención se puede dar en conflictos de colindancia o “desmembramiento” de comunidades46 y en conflictos intercomunales de robo de ganado47. Frente al conflicto de colindancia o “desmembramiento” de comunidades, la asamblea de presidentes suele decidir y recomendar determinadas acciones de las partes en conflicto y, en todo caso, orienta la propia intervención de la directiva de la Liga Agraria. Frente a los conflictos intercomunales de robo de ganado, la asamblea de presidentes puede decidir y requerir la participación de las autoridades oficiales como si se tratara de un conflicto gremial o “político”, pero más que ello puede intervenir como coordinadora de la información que proporcionan las comunidades afectadas sobre la “banda de ladrones” y, en todo caso, decidir la propia conformación de comisiones por grupos de comunidades para afrontar directamente el conflicto48.

PROCEDIMIENTOS DE RESOLUCIÓN Siguiendo la propia identificación de los órganos de resolución, se debe distinguir entre el procedimiento de resolución que solían emplear los directivos de la Liga Agraria –y que raramente aún emplean– y el procedimiento de resolución que se desarrolla ante la asamblea general de la Liga o asamblea de presidentes. 46

47

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Es el caso, por ejemplo, del “desmembramiento de la comunidad de Tiquirini-Totería” (Liga Agraria 24 de Junio de Huancané: “asamblea extraordinaria” en la que se admite a comunidad desmembrada, en Libro de Actas X, acta de fecha 25-10-98, fojas 186-189). Liga Agraria 24 de Junio de Huancané: entrevistas varias (mayo de 1988, marzo de 1992 y octubre de 1999). Recordamos que en la racionalidad de los comuneros aymaras, frente a los casos de robos está presente la decisión de un “actuar rápido” para conseguir la recuperación del ganado (ver los capítulos 5 y 6).

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La actuación de los directivos de la Liga Agraria en la resolución de conflictos se puede asemejar a la que identificaba a los jueces de paz no letrados de la ciudad de Huancané. Los conflictos normalmente eran sometidos en el “despacho” de la Liga Agraria, ubicado en el domicilio de uno de los directivos de la ciudad de Huancané. Se presentaban los días domingos, antes o después de la asamblea de presidentes, salvo que se tratase de un conflicto de interés de esta última, o que la autoridad de la comunidad en la que se hubiera suscitado el conflicto considerara pertinente ponerlo en conocimiento de la asamblea antes de que fuera asumido por sus autoridades gremiales. Los directivos de la Liga Agraria citaban a la parte “demandada” a través de una comunicación (notificación) que entregaban al presidente de la comunidad a la que pertenecía dicha parte emplazada. La reunión de “comparendo” se llevaba a cabo a la semana siguiente, resolviéndose el conflicto en dicho acto. Sin embargo, también podía ocurrir que el “arreglo” de las partes no se produjera en dicha fecha por necesidad de mayor información o pruebas o por simple incomprensión de las partes. En tal caso, los directivos gremiales pasaban a actuar para tener a su alcance la información que faltase o simplemente volvían a citar a las partes en una fecha próxima “llamándoles la atención para que reflexionaran”49. El siguiente “memorando 35” es un ejemplo de la comunicación o “notificación” que enviaban las autoridades de la Liga Agraria para convocar a las partes del conflicto o a la parte demandada específicamente: MEMORANDO 35 Sr. presidente DE LA COMUNIDAD DE CALAHUYO M.Q.U.: Que se sirva presentarse (Ud.) mañana a las 8. de la mañana, hace mismo noteficará al comunero MQC, que juntamente con su hijo EQL, con el interesado JQL, se arreglará en forma defenitevo, caso contrario se aplicará su multa.” Huancané, 20 de Julio de 1977 [firma y sello del presidente de la Liga Agraria 24 de Junio de Huancané]50.

A continuación aparece indicada la constancia de presentación bajo manuscrito: “Se presentaron las artes. Huancané, 21 Julio de 1977 [firma del presidente de la Liga Agraria]”51. El caso corresponde al de una riña entre familias, que podría llegar a tener efectos comunales, por lo que se decide la propia presencia del presi49

Liga Agraria 24 de Junio de Huancané: entrevistas con directivos y exdirectivos, mayo de 1988, mayo de 1991 y marzo de 1992.

50

Liga Agraria 24 de Junio de Huancané: documento de notificación “memorando 35” sobre riña entre comuneros, documento suelto de fecha 20-07-77.

51

Ibíd.

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dente de la comunidad. Pero, más allá del interés comunal afectado, está el incumplimiento de la parte “demandada” por no haber acudido a una de las citaciones del directivo de la Liga Agraria o por no querer “arreglar” el conflicto. Ello significará la conversión del conflicto en comunal o colectivo, con lo que se hará efectiva la aplicación del castigo de multa. Reunidos con las partes del conflicto, los directivos de la Liga Agraria recurrirán ante todo a la conciliación como instrumento autocompositivo del conflicto. La reunión se realizaba en aymara, con participación de los familiares y autoridades de las partes directamente involucradas. En el caso específico de un conflicto de interés más familiar, por ejemplo un “intercambio de palabras o insultos”52, podía apreciarse la voluntad reconciliadora de las partes familiares por llegar a un acuerdo. El impulso del honor familiar, al respecto, podía ser notorio: las propias partes familiares, ante el temor de que se difundiera el pleito y entendiendo que éste (sea de carácter interno o intercomunal) involucraba un interés común, incentivaban el arribo a dicha conciliación. El procedimiento de resolución de las mismas autoridades en los casos de los conflictos de carácter comunal o colectivo, como “riñas” precedidas de “lesiones personales” y escándalo en la comunidad, o “riñas” precedidas de “resistencia” a la autoridad, como el indicado anteriormente, o “daños” o “despojo” contra bienes patrimoniales comunales o familiares, también se veía impulsado por la intención de conciliación de las partes familiares en conflicto, pero, a su vez, en una suerte de conciliación bajo relación vertical: el comunero transgresor tenía o debía “conciliarse” o someterse al colectivo de su comunidad. Es decir, se producía lo que en capítulos precedentes hemos identificado como los “arreglos forzosos” en los que el sometimiento del “inculpado” o “acusado” se veía envuelto en una formalidad conciliatoria. Ello explica por qué normalmente la decisión final sobre dichos conflictos podía consistir en un acuerdo o “arreglo” precedido de sanciones que los directivos de las comunidades recogían y aplicaban. Dentro del mismo procedimiento de resolución podía ocurrir que la misma directiva gremial se desplazase –y se sigue desplazando– hasta la comunidad del conflicto, con el propósito de tener mayor conocimiento de los hechos. Tal desplazamiento puede producirse particularmente frente a los conflictos de linderos53, de “despojo” de un predio de terreno54 o de “daños” al patrimonio familiar o comunal55. Para ello se movilizan en bicicle52

Liga Agraria 24 de Junio de Huancané: Libro de Actas III, acta de fecha 10-05-77, fojas 14-15; y acta suelta de fecha 6-11-78.

53

Liga Agraria 24 de Junio de Huancané: “Conflicto de linderos de la comunidad de Janansaya”, en Libro de Actas III, acta de fecha 24-10-77, fojas 31-39.

54

Liga Agraria 24 de Junio de Huancané: acta suelta de fecha 23-01-78.

55

Liga Agraria 24 de Junio de Huancané: “Conciliación por daños de comuneros de Janansaya y

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tas a través de los caminos de herradura o en un vehículo motorizado en caso de que la comunidad se encuentre muy alejada pero cercana a una carretera56. Estando en la comunidad, el presidente y secretario del gremio tomarán nota de los hechos, recabarán la opinión de otros comuneros y, luego, intentarán una nueva posibilidad de conciliación en el lugar de los hechos. Fracasado este intento, citarán a las partes para un momento posterior en que promoverán nuevamente la conciliación. Como se ha explicado al tratar los conflictos intra y extracomunales resueltos por los propios órganos comunales, uno de los requisitos indispensables en el procedimiento de resolución reside en la indagación de la “verdad de los hechos”57. Sólo con ello, los directivos gremiales y la propia asamblea de la Liga se pueden sentir con la seguridad de hacer llegar la solución al conflicto y forzar a las partes a comprender su error y convocarlos a la conciliación. En este procedimiento de resolución se destaca nuevamente el rol de los órganos familiares y de las propias autoridades comunales para llegar a la solución. Los órganos familiares, como hemos venido anotando, son los que más pueden conocer las causas del conflicto, del problema de fondo, que manifestarán a los órganos interventores de la Liga. Por parte de las autoridades comunales también puede destacarse la preocupación del presidente de la comunidad, acompañado de su teniente, por exponer el problema y sustentar las razones del conflicto para recoger la mejor solución que será respaldada por su respectivo colectivo. Además, es importante destacar que la eficacia en la resolución de los conflictos sometidos a la Liga Agraria reside en la propia capacidad individual de sus directivos. La celeridad en la resolución o en la transmisión de confianza para que la propia comunidad o las propias partes resuelvan sus conflictos está marcada por las cualidades pedagógicas de los dirigentes, entre los que sobresale el presidente de la Liga Agraria. Los comuneros de Tiquirini-Totería58 cuentan que ha habido directivos gremiales “malos” para la resolución de los conflictos, como también ha habido directivos “expertos” que “a la primera” podían convencer a las partes para una solución a sus problemas. Por períodos, estos últimos son quienes han conseguido el mayor registro de casos en sus libros de actas como un producto cuantitativo. De otro lado, la intervención y actuación de la asamblea de presidentes de la Liga Agraria puede identificarse como la de un congreso del gobierno Tirapunco”, en Libro de Actas III, acta de fecha 16-11-76, fojas 8-9. 56

Los directivos gremiales suelen desplazarse “a pie” en el supuesto de que la comunidad no se encuentre sino a tres o cuatro kilómetros del “despacho” de la Liga Agraria.

57

Al respecto, ver los capítulos 5 y 6.

58

Tiquirini-Totería: mayo de 1991.

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de un Estado. Se integra por los representantes de las diferentes comunidades de la provincia (presidentes o delegados), se presentan informes e iniciativas (por parte de los directivos y comuneros en general), se presentan reclamos, “denuncias” y conflictos, a partir de sus propios informes o iniciativas, se debate abiertamente cada uno de los asuntos considerados en agenda y, finalmente, se toma una decisión. A este procedimiento se sujetan regularmente los conflictos de interés comunal y particularmente los conflictos aquí denominados como de tipo gremial o “político”. En reuniones ordinarias quincenales59 o reuniones extraordinarias semanales, la asamblea de presidentes recibe cualquier conflicto o pleito que considere relevante debatir y dar una respuesta. Así, frente a los casos de determinadas autoridades o funcionarios del gobierno central60, la asamblea, a través de sus directivos, transmite a la entidad gubernamental pertinente la “denuncia” presentada, los presidentes presentes añaden información sobre el hecho de la denuncia, se recuerdan hechos pasados ocasionados por las mismas autoridades “abusivas” y con la opinión del conjunto de representantes presentes se toma una decisión. En el debate puede incluirse el informe previo elaborado por los directivos del gremio, por la comunidad o por el comunero directamente afectado, pero sobre ello se priorizarán las diferentes opiniones de los presidentes o representantes de la comunidad presentes. A partir de estas opiniones en aymara se decidirá el inicio de gestiones para una denuncia pública de destitución de la autoridad o del funcionario “abusivo”, acciones de evasión de sus atribuciones o la ejecución de medidas de fuerza directa: la participación en una huelga regional, el cierre de carreteras o la convocatoria a una reunión multitudinaria de comuneros y comuneras para llamar la atención a la autoridad o funcionario cuestionado. En el procedimiento de resolución del mismo tipo de conflictos, la asamblea de presidentes de la Liga Agraria puede llegar a realizar eventos periódicos denominados “convenciones”, en donde las comunidades partes, a través de sus presidentes y delegados, llegan a “avaluar” a las autoridades o funcionarios públicos y solo después pasan a tomar una decisión o a realizar acciones respecto a éstos. Tal es el caso de la décima convención, realizada el día 11 de septiembre de 1999, donde su comisión organizadora llegó a sistematizar lo siguiente: (…) siguiendo con la Evaluación de las Instituciones locales de la Provincia de Huancané como el municipio que no está Apoyando a las comunidades(,) es petición de los Delegados y por lo tanto que el 59

Hasta agosto de 1999, las reuniones eran semanales; por decisión de la propia asamblea de presidentes se transformaron en quincenales (Huancané, octubre de 1999).

60

Liga Agraria 24 de Junio de Huancané: “Denuncia contra gobernador abusivo”, en Libro de Actas III, acta de fecha 10-08-77, fojas 20-30.

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señor JM plantea que no se debe humillarnos para los funcionarios de las instituciones(;) y siguen y por parte de la superfectura su Atención No debe ser Así su actuación y al señor alcalde quieren o piden revocatoria los señores presidentes de la Liga Agraria y por lo cual el señor SCM plantea de organizar por zonas para tener un mayor fuerza y otra parte también el señor RM dice que el Hospital de Huancane no asumi como debe ser cualquier momento pasa consecuencias mortales y también el seguro Escolar y no llega a la población Rural con fuerza y notificando que el canje de DNI no debe pagarse (…)61.

Puede apreciarse que las propuestas de los delegados y de los presidentes de las comunidades, reunidos en la décima convención de la Liga Agraria, abarcan una variedad de problemas o conflictos que aquejan a los miembros de sus respectivas comunidades. Desde el problema de “incumplimiento” de funciones del alcalde del gobierno municipal hasta conflictos derivados del seguro escolar prometido e “incumplido” por el gobierno central, pasando por problemas de atención o servicio del subprefecto y el hospital provincial. En todos ellos los comuneros muestran su capacidad de cuestionamiento, de análisis en forma colectiva de dichos problemas o conflictos “transcomunales”, como también su capacidad de encontrar soluciones. En los casos de conflictos territoriales de dos comunidades vecinas, la actitud o el procedimiento de resolución de la asamblea de presidentes es diferente. El problema es entendido como propio de las comunidades, donde el conjunto de la Liga Agraria sólo puede promover y recomendar la conciliación entre los colectivos en “pleito”. En tal caso puede encomendarse a las autoridades gremiales de la Liga Agraria o a una comisión de comuneros “responsables” o “mayores” –generalmente presidentes cercanos de las comunidades en pleito– que intervengan con su “experiencia” en la solución del conflicto62. En los conflictos intercomunales de robo de ganado, la labor de la asamblea de presidentes constituye una instancia de prevención, respaldo y coordinación de acciones. Tal actuación se manifiesta particularmente frente a los casos de bandas o ladrones organizados que provienen de ciudades alejadas y que pueden actuar con vehículos y armas de fuego en perjuicio de los comuneros. En tal caso, el aviso de alerta, el respaldo o la coordinación para la conformación de “comisiones de vigilancia” o “comisiones de defen61

Liga Agraria 24 de Junio de Huancané: “Acta de Decima Convención (que recoge acuerdos planteados por Delegados y presidentes)”, en Libro de Actas XI, de fecha 11-09-99, fojas 27-31.

62

Un ejemplo de esta actuación fue la asumida por la Liga Agraria respecto al caso de “desmembramiento” de la comunidad de Tiquirini-Totería de su matriz Quishuarani-Tiquirini. La asamblea de presidentes llamó reiteradamente la “atención” a los presidentes en “pleito” y promovió su conciliación, respetando la decisión de los colectivos en su seno. Ello se manifestó en términos concretos en la admisión, ante la Liga Agraria, de los presidentes de las comunidades en “pleito” y en los constantes llamamientos en la asamblea de los presidentes para evitar que el conflicto deviniera en enfrentamientos físicos (Huancané, abril-mayo de1988, marzo de 1992).

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sa” por zonas o grupos de comunidades y las reuniones extraordinarias del conjunto de comuneros no se dejarán esperar. Una vez se ha llegado al acuerdo final respecto de los conflictos familiares, comunales o gremiales asumidos, la función de los órganos resolutores termina regularmente en un acta foliada dentro del libro de actas principal o en hojas aparte. Con tal formalización, la Liga computa un récord de antecedentes por parte de los comuneros “pleitistas”, lo que le permite la solución de futuros conflictos en los que se vieran comprometidas las mismas partes. Con este registro, además, las partes se sienten más comprometidas a cumplir lo acordado.

LOS ACUERDOS O DECISIONES FINALES Los acuerdos o decisiones finales asumidos por los órganos de resolución de la Liga Agraria, por lo general, no guardan mayor diferencia con los acuerdos o decisiones finales ya explicados para aquellos conflictos resueltos por los órganos de resolución de las propias comunidades. Esto se explica porque fue desde la misma Liga Agraria de donde surgieron originariamente las diversas formas de resolución. Entonces no será raro tener en cuenta los “arreglos” y las “sanciones” como las dos formas principales de resolución del conflicto presentado. Los “arreglos” siempre se entienden como el acuerdo mutuo de las partes o el instrumento componedor de dos partes iguales –dos intereses equivalentes, sacrificables–, promovidos por las autoridades de la Liga Agraria y por los propios órganos familiares de las partes. Las “sanciones”, en cambio, siempre se presentan como imposiciones, como formas imperativas surgidas de la coordinación de las autoridades de la Liga con las autoridades de la comunidad afectada o transgredida. El “arreglo” siempre se presenta como el medio eficaz restablecedor de las relaciones “armoniosas” de los comuneros. Con él se busca volver las cosas a su estado anterior, volver las partes a la situación normal que las identificaba anteriormente, para lo que no se dudará en hacerse concesiones recíprocas. Como formas típicas de “arreglo” pueden destacarse las soluciones que surgen entre familias comuneras sobre el conflicto de parcelas o de linderos. En estos casos, la autoridad de la Liga Agraria, después de haber realizado una “investigación” para identificar la verdad de los hechos, consigue que las partes concilien o “arreglen”: Primero.- El comunero CCM y familiares indicados es actual posesorio de un predio rústico denominado Oma Jalanta Lata de una extensión de 27,062 m2 [metros cuadrados] aproximadamente ubicado en la mencionada comunidad en estado cultivable (…); es propietario según documento privado que existe de fecha 22 de agosto de 1975

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(…) dicho inmueble fue transferido por el comunero MQC, su esposa PL de Q (...) por la suma de un mil soles oro (...) Segundo.- Partio acuerdo con los demandados y de acuerdo a los informe presentado por las autoridades y Representantes de la comunidad. presidente del [consejo de administración] GLA y el teniente Gobernador ALM. (D)espués de haber realizado la investigación respectiva formulan para una reconciliación pacífica en la oficina de la Institución. Tercero.- El presidente de la Liga Agraria -hizo los esclarecimiento del caso de donde se desprende que los comuneros reclamantes son favorecidos legalmente con sus respectivas parcelas que se indica. (… se señalan 12 personas con sus masas de tierra respectiva) Cuarto.- Habiendo abonido la suma de un mil Quinientos soles como devolución de la venta de transferencia al comunero CCM y JJM y su esposa por parte de los 12 comuneros cuyos nombres se indicó anteriormente (…) Quinto.- los comuneros ALM, MCL, PAL y JL Vda. de Q. recepcionó la comunero JL con una masa quienes no estuvieron presentes en el momento de la reconciliacion. Sexto.- Que a partir de la fecha quedan facultados para tomar posesión legalmente de sus respectivas parcelas y usufructuar sin impedimiento. Setimo.- Habiendo sembrado los predios barbechados con 6 meses de papa – cebada y olluco respectivamente la cosecha recogerá el comunero C.(;) asimismo JTM hizo el barbecho en donde sembrará a su criterio por solamente una masa (...) Octavo.- Los restantes predios de 10 masas equivalentes a un ¼ de Hectárea aproximadamente quedará en su posesión de los comuneros LCM y CCM en forma equitativa hasta que los ausentes 4 comuneros se presenten a plantear de dicho problema. Noveno.- El Documento que antecede de fecha 22 de agosto de 1975, y por otra parte tambien existe similar quedan nulos, los demandantes y demandados declaran la nulidad de dichos documentos que ejecutó el presidente de la Liga Agraria63.

Puede apreciarse la complejidad del acuerdo o “arreglo” que deriva de una parcela de terreno fraccionada en varias masas64, cuyos poseedores originarios consiguieron recuperar después de haber devuelto el equivalente del precio pagado por quienes fueron sus posteriores poseedores (cláusula cuarta). Puede notarse que el retorno del terreno se produce bajo ciertas condiciones y derechos de quienes lo han barbechado y sembrado (cláusula séptima), como también respetando los posibles derechos de los 63

Liga Agraria 24 de Junio de Huancané: Libro de Actas III, acta de fecha 24-10-77, fojas 31-35.

64

La “masa” se refiere a una unidad de sucesión identificada por los comuneros aymaras de la microrregión con una porción de tierra. La medida de dicha unidad dependerá de la extensión de tierra dejada por el sucesor o comunero causante.

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familiares ausentes (cláusulas quinta y octava). Además, cabe notar el razonamiento legal que asume el órgano de resolución en la novena cláusula, al sustentar la nulidad (extinción) de todo documento anterior al acuerdo o “arreglo” que se celebra. Tal complejidad para llegar al acuerdo puede mostrar la capacidad de los directivos de la Liga Agraria para encontrar soluciones prácticas que satisfagan los intereses de los comuneros en conflicto. Del caso puede observarse un particular dominio del órgano de resolución para comprender la composición de las parcelas de tierra, el proceso de su uso o explotación, los productos que se siembran y de qué modo, así como las formas de transferencia y posesión de las indicadas parcelas. Pero, además, nuevamente hay que resaltar el dominio o técnica de conciliación en la búsqueda de resolución del conflicto entre las partes: buscan que las propias partes lleguen a un “entendimiento” que los haga volver a la “armonía” en que se encontraban con anterioridad al conflicto. Igualmente puede destacarse otra forma de acuerdo o “arreglo” común promovida por los órganos de resolución de la Liga Agraria a la que se llegaba en los casos de “insultos o calumnias”: las propias partes familiares o privadas, ante los órganos de resolución de la Liga Agraria, primero aclaraban los términos de la “denuncia” o “demanda”, seguidamente surgía el reconocimiento de las “faltas” en las que se hubiera incurrido y complementariamente la voluntad por conseguir la conciliación o “arreglo”: Primero.- Preguntado a los demandantes C.L.C. y M.L.M. sobre los incidencias suscitados con el comunero R.C. manifiestan que el día 8 y 9 del actual fueron insultados con palabras groseras y con calumnias sin motivo comprobatorio. Segundo.- Asi mismo en diversas oportunidades trató de encubrir faltas a su yerno BIM instándole de las infracciones cometidas en agravio a los demandantes en el sector Cucho Ch. Tercero.- Otro si dijo (los demandados): que estaban (llanos) y reconocen sus faltas. por lo que proponen la conciliación -libre y pacificaa fin de evitar conflictos posteriores - bajo un acta y multas. Cuarto.- El demandado aceptó las proposiciones de los demandantes bajo condiciones que debe cumplirse de acuerdo a la ley de las comunidades campesinas65.

El caso citado muestra la voluntad autocompositiva de las partes en conflicto bajo orientación de las autoridades de la Liga Agraria. Se puede deducir el interés de poner fin al conflicto por parte de ambos grupos familiares. Por ello, en tanto la parte ofendida expone el caso ante las autoridades, la otra no duda en aceptar los hechos cometidos –sin necesidad de testigos o pruebas documentarias– para luego entre ambas buscar la conci65

Liga Agraria 24 de Junio de Huancané: Libro de Actas III, acta de fecha 10-05-77, fojas 14-15.

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liación o el “arreglo libre” y “pacífico”. El “arreglo” consistirá simplemente en el reconocimiento ante la autoridad y los familiares presentes de la “falta” o el “error” producido y el compromiso de evitarlo en el futuro. La formalización de dicho “arreglo” en acta y la posible multa que se imponga servirá de garantía para el cumplimiento de lo acordado66. En el mismo sentido se promueven los acuerdos o “arreglos” derivados del conflicto de colindancia entre comunidades, e incluso los de desmembramiento de una comunidad a partir de otra. Como se ha explicado, es la existencia de dos partes colectivas homogéneas la que brinda las posibilidades y exigencia del “arreglo armonioso”. En relación con la aplicación de sanciones sobre los conflictos presentados ante los órganos de resolución de la Liga Agraria, se debe distinguir entre los conflictos que comprometen directamente el interés colectivo de la comunidad y los conflictos identificados como gremiales o “políticos”. En el primer grupo de conflictos, los órganos de resolución de la Liga Agraria actúan aplicando en forma muy limitada las sanciones67. Si bien frente al conflicto los órganos de resolución gremiales pueden promover el sometimiento de la parte transgresora ante la parte colectiva y conseguir una solución, la aplicación de una sanción se ve limitada por las dificultades para exigir su cumplimiento. Los órganos de la Liga Agraria no tienen a su disposición o bajo su control al comunero transgresor o a la parte colectiva en pleito, como sí ocurre con el funcionamiento de los órganos de resolución de conflictos al interior de las propias comunidades. En consecuencia, la comunidad o comunidades afectadas son las más involucradas en la aplicación de dichas sanciones. Sin embargo, esto no limita que sean los órganos de resolución de la propia Liga Agraria los que determinen la sanción frente al conflicto sometido. De acuerdo con el tipo de conflicto, surgirán diferentes sanciones de la decisión de dichos órganos de resolución, en las que se contemplarán, como elementos o partes de ellas, la reparación del daño ocasionado, la determinación de un castigo o pena y/o la amenaza de un castigo más severo, tal como se explicó en el tema de las sanciones aplicadas por los propios órganos de resolución de la comunidad68. Es ante dichos órganos que apare66

67

68

El razonamiento aplicado en la búsqueda del “arreglo” en el caso guarda mucha semejanza con el contenido de los “arreglos” conseguidos por los órganos de resolución de las comunidades frente a sus conflictos internos e intercomunales (ver los capítulos 5 y 6). El número de casos que sirven de referencia al respecto se remontan a los primeros años de funcionamiento de la Liga Agraria 24 de Junio de Huancané (década de los años setenta). El número de casos que se presentaban para la imposición de una sanción era reducido. El interés principal consistía en “arreglar” los conflictos. Al respecto, ver los capítulos 5 y 6. Es importante precisar que es el tipo de castigo o pena, como la “llamada de atención”, la “multa”, la restricción de derechos comunales, la “destitución” de cargos, la remisión del caso a las “autoridades competentes de la ciudad”, entre otros, el que determina el tipo de sanción.

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ce la “multa” como uno de los castigos más empleados en la imposición de la sanción, pero también se podría tener en cuenta “la llamada de atención” a la parte familiar en pleito, la “sugerencia” de destitución de determinados cargos directivos o de alguna comisión especial de la comunidad y hasta la propia desviación del caso a las “autoridades competentes de la ciudad”. En forma alternativa las autoridades gremiales también podían desarrollar formas particulares de castigo, como negar la entrega de una “dispensa” o permiso al comunero que deseara viajar, dejando sus parcelas sin trabajar por un tiempo determinado, o también “autorizar” que la comunidad se beneficiara de la posesión de un determinado terreno familiar en pleito. Un ejemplo de estos castigos alternativos, como parte de la sanción fijada por las autoridades de la Liga Agraria, se puede apreciar en el caso de “riñas con lesiones graves” como consecuencia de un conflicto de linderos69. En dicho caso, luego de comprobarse las lesiones graves a través del “certificado” otorgado por el enfermero de la posta de salud, al no haber concurrido los supuestos “inculpados” ante la citación de los directivos gremiales y ante la ausencia de un “arreglo” o “conciliación” entre quienes llegaron a comparecer, el mismo órgano de resolución de la Liga Agraria decidió que la posesión del terreno pasara a la comunidad, para lo cual “autorizó” a sus autoridades a cosechar lo sembrado en beneficio de la misma: Tengo el alto honor de expresar ante Ud. que el demandado don M.Q., quien manifiesto contrario al informe de su dirigencia, por su parte se presentaron don: J.C.L. y doña A.T. de C. quienes hacen prevalecer sus derechos que compete, que no habiendo llegado a una conclusión de ambas partes y faltando la comparescencia de otros comuneros, se autorizó a la comunidad recoger la chacra de centeno de Antahuichinca para el fondo de la comunidad, de acuerdo a los antecedentes de los recorentes a mi despacho (...)70.

Se puede apreciar lo drástico del castigo decidido por las autoridades de la Liga Agraria, pero también se puede entender la razón del mismo dentro de los propósitos de resolver el conflicto, evitar que se prolongue y que se produzcan “riñas”. Por esta misma razón, además del castigo señalado se pueden adicionar otros, como la aplicación de una “multa” directa a los “pleitistas”, así como la aplicación de una sanción que podría consistir en la amenaza de un castigo o pena más severa: una “multa más grave” o el desvío del caso a las “autoridades competentes de la ciudad”71. Es a partir 69

Liga Agraria 24 de Junio de Huancané: Oficio Nº 46-LAPH-78, de fecha 10-04-78, del presidente de la Liga Agraria al presidente de la comunidad de Calahuyo.

70

Liga Agraria 24 de Junio de Huancané: acta del 10-04-78, cursivas añadidas.

71

Este caso fue derivado a las “autoridades competentes de la ciudad”, dentro del propósito del cumplimiento de estas amenazas más severas (Liga Agraria 24 de Junio de Huancané: 10-04-78).

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de esta sanción, con sus castigos y amenazas, que las partes “reflexionarán” y se sentirán en mejores condiciones de “arreglar” o “concluir” el conflicto. Para el caso citado, tal conclusión consistió en definir quién o quiénes se distribuirían la parcela de terreno en discusión; de lo contrario, seguiría siendo usufructuada por el colectivo de la comunidad. En el mismo caso citado se puede apreciar que, en efecto, la propia comunidad afectada o interesada en la resolución del conflicto materializa el castigo o sanción dispuesta por el órgano de resolución gremial. Este órgano “castigó” a las partes en conflicto, expropiándoles la cosecha del terreno en discusión, pero tal “castigo” no tendrá el efecto deseado por el mismo órgano sancionador hasta que la propia comunidad interesada en resolver el conflicto no lo materialice y se beneficie con la sanción decidida. Respecto a los conflictos que tienen su origen en demandas o reclamos gremiales o “políticos” se pueden identificar dos grupos: un tipo de sanción “bajo trámite” o con efectos diferidos, que requiere pasos previos para su ejecución o efectividad, y otro tipo de sanción de efectos directos que puede tener su ejecución o efectividad en el momento o inmediatamente después de su decisión. En el primer grupo se encuentran los acuerdos o decisiones finales, en términos de sanciones, tomados por los presidentes de la Liga Agraria sobre la destitución, separación o cambio de determinada autoridad o funcionario oficial, pero que se sujetarán a un trámite ante los propios organismos del Estado. En el segundo grupo se hallan las decisiones o sanciones tomadas por la misma asamblea de presidentes y comuneros en general convocada para dicho fin y en la que se asume, bajo determinadas medidas de fuerza, la inmediata destitución, separación o cambio de la autoridad o funcionario oficial en cuestión. Del primer grupo de sanciones mencionado es importante resaltar la formación de comisiones por grupos de comunidades, la circulación de oficios o los pronunciamientos públicos como expresión colectiva que busca llamar la atención a la autoridad o al funcionario público cuestionado o a sus respectivas autoridades superiores72. En los comuneros no hay un convencimiento total o razones suficientemente claras que conecten el daño o el interés que han sentido afectado con la posible destitución, separación o cambio de la autoridad cuestionada. Un ejemplo de esta sanción “en proceso” o con “efecto diferido” fue la decisión de revocar el mandato del alcalde provincial de Huancané, electo hacía menos de un año, tomada por parte del conjunto de presidentes y delegados presentes en la Décima Convención de la Liga Agraria (agosto de 1999), quienes procedieron a formar las 72

Es normal encontrar en los Libros de Actas de la Liga Agraria este tipo de actividades, consistentes en la formación de comisiones, circulación de oficios y llamamientos públicos (Libros de Actas I-XI, 1972-1999), pero es más común experimentarlas en el conjunto de sus asambleas semanales o quincenales.

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respectivas comisiones por zonas o grupos de comunidades con el propósito de recolectar las firmas para solicitar la revocatoria formal ante las autoridades centrales de Lima73. En dicho caso se puede apreciar que no hay una rotunda desaprobación de la autoridad cuestionada, sino el respeto por el procedimiento que envuelve su expulsión o retiro legal ante los funcionarios del gobierno central74. Del otro grupo de sanciones mencionado cabe resaltar, más allá de las comisiones, oficios o pronunciamientos públicos, la acción directa de los presidentes de la Liga Agraria acompañados de los comuneros de sus respectivas comunidades –particularmente de las comunidades directamente afectadas– en una búsqueda inmediata de materialización o efectivización de la destitución, cambio o separación de la autoridad o funcionario cuestionado. Se trata de una situación de desborde colectivo, producida a partir de una secuencia de “daños” o “abusos” que las comunidades afectadas, más allá del propio actuar de la Liga Agraria, no están de acuerdo en seguir aceptando. Para ello, la decisión de realizar una huelga local, cerrar las carreteras cercanas a sus comunidades o respaldar una huelga regional o nacional aparecen como actos iniciales que buscan en forma directa el cumplimiento de la sanción de destitución, separación o cambio de la autoridad o funcionario cuestionado. A estas acciones puede sumarse la decisión de eludir todo tipo de vínculo con dichas autoridades o funcionarios (no aceptando sus directivas, no asistiendo a las reuniones o programas de obras que convocan o negándoles el ingreso a sus comunidades) o la de convocar a sus comunidades al frente del local institucional de la autoridad o funcionario cuestionado y, todos reunidos, materializar la sanción de destitución de dicha autoridad75. 73

Liga Agraria 24 de Junio de Huancané: Décima Convención Agraria (en la que se cuestiona al Alcalde, el Subprefecto y otras autoridades), en Libro de Actas XI, acta de fecha 11-09-99, fojas 27-31. Respecto al caso del alcalde, por razones legales que responden a la política centralista del gobierno de la fecha, el trámite de revocatoria tendría que hacerse ante funcionarios de la capital del país. Dicho trámite puede durar meses.

74

Parte de la explicación de esta sanción “en proceso” o con “efectos diferidos” puede encontrarse en el hecho de que la autoridad cuestionada fue elegida nueve meses atrás y con votos de los propios comuneros.

75

Ejemplos históricos de este tipo de reacción comunitaria de la Liga Agraria o de las propias comunidades de Huancané se pueden encontrar en el “rechazo de los jueces corruptos” (ver los capítulos 3 y 4), pero también en la expulsión directa que realizaron contra el “cura” (sacerdote) y un “juez corrupto” de la ciudad, a quienes sacaron montados en burros. En otra ocasión, recuerdan los pobladores vecinos de Huancané, se llegó a ajusticiar a un sacerdote, de ahí que los huancaneños en general sean conocidos como “matacura”. No existe precisión en los recuerdos o testimonios de los comuneros con respecto a las fechas exactas de estos acontecimientos, de los que dicen sucedieron muchos “años atrás” (Huancané, Liga Agraria 24 de Junio de Huancané: abril-mayo de 1988, mayo de 1991, marzo de 1992, agosto de 1996 y octubre de 1999). Como hipótesis se puede decir que dichos acontecimientos guardan relación con las condiciones de abusos y explotación que sufrieron los aymaras de la microrregión durante la etapa previa a la “sublevación del Tahuantinsuyo” (1900-1919).

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Un ejemplo que aparece registrado con detalle en los libros de actas de la Liga Agraria es la sanción de destitución inmediata que se aplicó contra el gobernador del distrito de Pusi76. Al respecto resulta interesante citar cómo el conjunto de comunidades de dicho distrito, reunido en su plaza de armas, previamente hace la denuncia pública del funcionario cuestionado: (...) es una autoridad incompetente, falto de responsabilidad (...) (...) es una autoridad de pésimo antecedentes (...) dedicado (con) prioridad a sus amistades y marginando a la mayoritaria (,) ocupando el cargo en forma alternativa i vitalicia. explotando en forma antihumana a los comuneros (...) (...) es un explotador (...) de trato antisocial que imponiendo sanciones e insolencias a los comuneros obligando trabajar en forma gratuita (...) (...) el Sr. Gobernador (...) obligó (a un comunero) a que presentara a su hija para trabajos de su casa (...) (...) (el gobernador) en los días que (se) celebra las fiestas de costumbre tradicional. visitaba a las mujeres en forma clandestina aprovechando de esas actividades (...)77.

Teniendo en cuenta todos estos antecedentes, un conjunto de 400 comuneros reunidos, dirigidos por los directivos de la Liga Agraria, acordaron la destitución inmediata de tal funcionario: (...) preguntando (si) deseaban la distitución inmediata del gobernador actual, a lo que contestaron por unanimidad sea distituido con el caracter de inmediato, para cuyo efecto tienen la terna respectiva78.

Dicha sanción de destitución inmediata se aplicaría a partir de la elección de un sucesor, elegido entre las personas “mayores” o un “caballero” del lugar, que luego buscarían formalizar ante la autoridad superior del destituido, el subprefecto de la provincia de Huancané79. Puede apreciarse la reacción inmediata y desbordante del colectivo por poner fin a los abusos e ineficiencia de la autoridad cuestionada. Ante el propio descontrol o falta de supervisión de la autoridad superior, la comunidad o el conjunto de comunidades –a través de su Liga Agraria– consiguen una resolución inmediata. Previamente pudo haberse puesto en operación la sanción “en proceso” o con “efectos diferidos”, es decir las gestiones, los oficios o llamamientos públicos contra la autoridad cuestionada; pero ante la omisión del superior o el retraso de un procedimiento administrativo iniciado a nivel del Estado, el colectivo de las comunidades se siente en la necesidad de poner fin al conflicto. 76

Pusi es un distrito de la provincia de Huancané, ubicado a 5 kilómetros de la ciudad de Huancané. El caso corresponde al registrado en el Libro de Actas III, acta de fecha 10-08-77, fojas 20-30.

77

Liga Agraria 24 de Junio de Huancané: Loc. cit. fojas 20-25.

78

Ibíd., fojas 26.

79

Huancané: entrevista con Benito Gutiérrez Ccama, abril de 1988.

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EJECUCIÓN DE LOS ACUERDOS O DECISIONES FINALES La participación de la Liga Agraria en la ejecución de los acuerdos o decisiones finales sobre los conflictos que se le someten es semejante a la explicada cuando se trató la participación de los propios órganos de resolución intra e intercomunales: en la Liga Agraria y en las propias comunidades existe la necesidad de extinguir el conflicto, de superar sus causas, para así volver a las relaciones normales dentro de sus comunidades. Sin embargo, en la participación de la Liga Agraria hay que distinguir dos tipos de actuación o ejecución: la que corresponde a los aquí identificados como conflictos familiares o comunales desde las propias comunidades y la que corresponde a los conflictos gremiales o políticos. En los primeros, la participación de la Liga Agraria es mínima, interviniendo principalmente la parte familiar y los órganos político-comunales de las comunidades en “pleito”; mientras que en los segundos su participación es dinámica y determinante, como se adelantó en la sección precedente. Frente a los conflictos familiares o comunales resueltos, la Liga Agraria, a través de sus directivos o de la asamblea de presidentes, transfiere la ejecución de sus acuerdos a los órganos familiares y a los órganos políticocomunales de la comunidad o las comunidades donde se produjo el conflicto. Por lo que respecta a los directivos gremiales o de la asamblea de presidentes, en su caso, lo que destaca es el cierto seguimiento del cumplimiento del “arreglo” o la decisión acordada, mas no la propia ejecución de los acuerdos o decisiones. La naturaleza de los cargos de los directivos de la Liga Agraria y la dinámica de la asamblea de presidentes tienen dentro de sí el desarrollo y cumplimiento de otras actividades, tareas o funciones vinculadas particularmente al gobierno y coordinación de las comunidades de su jurisdicción80, lo que hace difícil su participación en la ejecución de los acuerdos o decisiones finales de los conflictos indicados. Igualmente, las condiciones externas, geográficas y temporales dificultan que los directivos, y más aún la asamblea de presidentes, puedan controlar directamente la ejecución de los acuerdos. Las partes del conflicto pueden residir en una comunidad ubicada en uno de los extremos del distrito o en otros distritos, a varias horas de distancia, complicando un seguimiento permanente de la ejecución del acuerdo. Sin embargo, el encuentro semanal o quincenal del presidente o delegado de dicha comunidad con la directiva de la Liga Agraria (en 80

Al respecto pueden recordarse las actividades de la Liga Agraria vinculadas a la organización y la coorganización de cursos de capacitación; la participación en reuniones o eventos locales, regionales y nacionales; la participación como intermediaria en la ejecución de proyectos de desarrollo promovidos por alguna ONG y la coordinación en la ejecución de dichos proyectos por grupos de comunidades, entre otras actividades principales.

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las asambleas de presidentes o en el k’ato dominical) son ocasiones importantes para transmitirse información sobre el cumplimiento de lo acordado y, en esta forma, materializar el seguimiento de la ejecución del acuerdo o de la decisión tomada. Los familiares de las partes, entonces, son quienes más intervienen como órganos informales o familiares en la finalización o ejecución del conflicto familiar, privado o particular. Se trata nuevamente de la actuación de los familiares de ambas partes, quienes preocupados por la resolución final del conflicto, ahora asumen el compromiso de extinguirlo. Dentro de esta nueva preocupación estará presente cumplir con los términos de lo acordado, pero también evitar incurrir en la aplicación de un castigo más severo acordado ante la propia autoridad resolutora de la Liga Agraria o fijado por ésta: Doce.- En caso de incurrir anormalidad posteriormente por acuerdo mutuo se sancionarán con una multa de cinco mil soles oro S/. 5,000.00 cualquiera de las partes que cometa la infracción81. Sexto.- El suscrito y Dirigente de la Liga notifican que en caso repitan tales infracciones y calumnias infundadas serán sancionados económicamente con una multa de S/. 3,000.00, –el que se emposará al Banco de la Nación82.

Sin embargo, más allá de la propia formalidad del acuerdo o “arreglo” y de la presencia de “cláusulas penales” como las indicadas, está de por medio la voluntad o el interés autocompositivo sobre el conflicto. A la preocupación familiar de las partes del conflicto se sumará el interés y la preocupación de la familia extendida o parentela, buscando en conjunto cumplir lo acordado. Si se acordó la partición de una parcela de terreno entre los seis hijos de un comunero fallecido, los hermanos de éste, los padrinos de los hijos y los abuelos, si se encuentran vivos, velarán porque en efecto se respete tal partición; en el mismo sentido, si se acordó no ofenderse o calumniarse entre familias comuneras, los padres hermanos, tíos o padrinos de los “pleitistas” estarán atentos a llamar la atención a quien esté incumpliendo tal acuerdo. Esta voluntad autocompositiva y la flexibilidad que le adicionan harán que solo en última medida se recurra nuevamente a las autoridades de la Liga Agraria para buscar que se cumpla con la amenaza del castigo más severo. En la propia ejecución de sus acuerdos, las partes familiares pueden aclarar o definir algún aspecto que no haya aparecido suficientemente tratado en la resolución del conflicto. En el mismo sentido, las autoridades político-comunales de cada comunidad se destacan en la ejecución del acuerdo o decisión final de los conflic81

Liga Agraria 24 de Junio de Huancané: “Conciliación por conflicto de linderos”, en Libro de Actas III, acta de fecha 24-10-77, fojas 31-35.

82

Liga Agraria 24 de Junio de Huancané: Conciliación de ofensas por “palabras groseras y con calumnias”, en Libro de Actas III, acta de fecha 10-05-77, fojas 14-15.

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tos de interés colectivo o comunal sometidos ante la Liga Agraria. La razón de esto, más allá de las ocupaciones de la Liga Agraria o de los factores geográficos y el tiempo que limitan su participación en tal ejecución de sanciones, ha sido y sigue siendo un interés pedagógico de exigencia por que la propia comunidad sea capaz de resolver sus propios conflictos. Lo anterior está relacionado con el propio principio de autonomía reclamado para todas las comunidades83. De este modo, las propias autoridades de las comunidades cuyo interés estuvo en conflicto, acompañadas del conjunto de comuneros que se integran a su interés colectivo, buscarán cautelar el cumplimiento del acuerdo o decisión tomada. Se trate del acuerdo sobre daños a terrenos comunales o el daño a terrenos familiares con efectos en la preocupación del interés colectivo de la comunidad, se trate de los conflictos de colindancia entre propias comunidades, o se trate de la “destitución” de un “mal directivo” o del representante de la comunidad ante la Liga Agraria, en todos estos casos se concibe de importancia que sea la propia comunidad la que ejecute lo acordado. Además, teniendo en cuenta que generalmente se trata de un tipo de solución traducida en “sanciones” para los infractores, los órganos o autoridades más cercanas a éstos son quienes pueden promover la ejecución de las mismas. A la actuación antes descrita de los órganos familiares y de los órganos político-comunales que intervienen en la ejecución del acuerdo o decisión final conseguida ante la Liga Agraria, se suman la presencia del honor familiar y del ser colectivo como dos principios fundamentales que motivan la extinción del conflicto. Estos principios son los que incentivan la particular participación tanto de los órganos familiares como de los órganos comunales, respectivamente, en la ejecución de los “arreglos” o “sanciones”. Así, la actitud de dichos órganos en el control de los puntos o aspectos acordados, en el cumplimiento de determinados castigos sobre el “pleitista”, como en la comunicación a los directivos de la Liga Agraria sobre el seguimiento de la ejecución del acuerdo o decisión asumida, muestran el cuidado de las propias partes y sus órganos comunales por proteger su imagen y la imagen de su parentela (honor familiar) y el respeto por el “progreso” o desarrollo de sus propias comunidades (ser colectivo)84. Ambos principios promueven la comprensión de las partes, el respeto por sus órganos de resolución, la fortaleza de la organización de la comunidad, buscando en el futuro no acudir más a la Liga Agraria por sus conflictos. 83

Cabe recordar el proceso de transformación de las parcialidades en comunidades y la decisión de que éstas sean capaces de gobernarse y de resolver sus propios conflictos, sin la intervención de instituciones externas (ver la introducción del presente capítulo, así como los capítulos 3 y 4).

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Para un mayor detalle de la intervención de estos principios en la resolución y ejecución de los acuerdos o decisiones finales de los conflictos, ver los capítulos 5 y 6.

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De otra parte, en cuanto a la ejecución de las decisiones tomadas frente al conflicto gremial o político, los órganos de resolución de la Liga Agraria tienen una participación dinámica y determinante en la búsqueda de la extinción del conflicto suscitado. Sea en el cumplimiento de la sanción de destitución, expulsión o separación de la autoridad o funcionario del Estado en la modalidad “bajo trámite”, “en proceso” o con “efectos diferidos”, o sea en el cumplimiento de la sanción bajo la modalidad de ejecución “directa” o inmediata, la Liga Agraria se ve envuelta en la participación y el compromiso de sus directivos, en la participación de los presidentes y delegados que integran su asamblea gremial, como también en el apoyo a los comuneros de las diferentes comunidades partes de la Liga Agraria y, en particular, a quienes sufrieron directamente los daños por parte de las autoridades o funcionarios del Estado cuestionados. Así, por ejemplo, dentro de la ejecución de la sanción de destitución, expulsión o separación de la autoridad o funcionario cuestionado, en la modalidad “bajo trámite”, “en proceso” o con “efectos diferidos”, es posible apreciar la conformación de comisiones con participación de comuneros presidentes o delegados, organizadas por zonas de grupos de comunidades con el objeto de recolectar firmas y conseguir el consenso de los comuneros en el cumplimiento de la medida; también es posible apreciar a los directivos preocupados por conseguir los documentos o requisitos formales para materializar una “revocatoria” o una “denuncia penal” contra la autoridad cuestionada85. En el mismo sentido, dentro de la ejecución de una sanción de destitución, expulsión o separación de autoridad o funcionario oficial, bajo la modalidad de ejecución directa o inmediata, es posible apreciar la dinámica de los directivos de la Liga Agraria y del grupo de presidentes para conseguir el éxito de una huelga de respaldo regional con “cierre de carreteras” o la convocatoria de los comuneros de las distintas comunidades para estar al frente del local institucional de la autoridad o funcionario cuestionado. Para conseguir el primer supuesto de éxito, nuevamente se trabaja en comisiones conformadas por grupos de comunidades, bajo la coordinación de los presidentes de comunidades y con la participación de sus directivos comunales, con del propósito de cerrar el tránsito de las principales carreteras que conectan a los distritos o provincias de la región86. Para conseguir el segundo supuesto de éxito, una vez reunidos la 85

En la primera quincena del mes de octubre de 1999, fui testigo de este tipo de actividad y participación por parte de los órganos de resolución de la Liga Agraria con el propósito de preparar la revocatoria del alcalde provincial (Liga Agraria 24 de Junio de Huancané, octubre de 1999).

86

En octubre de 1999, también tuve oportunidad de estar presente en la organización del respaldo a una huelga regional de rechazo contra medidas tomadas por el gobierno central. En dicha organización se pudo apreciar el despliegue de las autoridades gremiales y presidentes de comunidades, aunque con limitada participación del conjunto de comunidades, dado que en la misma fecha se desarrollaban fiestas patronales importantes en grupos de comunidades y éstas

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directiva de la Liga Agraria, los presidentes y los comuneros de sus comunidades, se hace un llamado de retiro público de la autoridad o el funcionario cuestionado y, siempre que las condiciones lo permitan87, procederán a una destitución por la fuerza (desalojo o expulsión de la autoridad o funcionario)88. En tal caso se podrá apreciar la existencia de una suerte de ser colectivo gremial, que más allá del interés de una comunidad, compromete al conjunto de ellas. Cada comunero de la región o de la microrregión específica de Huancané se sentirá parte de dicho ser colectivo y entenderá que al “dañarse” o afectarse parte de éste, su reacción y participación no se dejará esperar, incluso sobre la participación de las autoridades de la Liga Agraria y sobre la participación de las propias autoridades político-comunales de su comunidad. Entonces, la presencia de este ser colectivo será la razón fundamental que incentivará y promoverá la resolución y extinción del conflicto gremial o “político”, más allá de la decisión formal de la propia Liga Agraria. Es pertinente mencionar que la participación de los órganos de la Liga Agraria y del conjunto de comuneros que se integran en la ejecución de la decisión tomada, no necesariamente es coherente y perfectamente organizada. En plena asamblea de presidentes o fuera de ella puede haber intereses particulares o familiares y hasta comunales que se oponen, negándose o resistiéndose a una participación directa en la decisión o sanción de destitución, expulsión o separación de la autoridad o funcionario cuestionado y en la propia ejecución de dicha sanción. Esto puede ocurrir particularmente cuando dicha parte familiar o comunal que se opone a la decisión y su ejecución ha tenido una experiencia positiva con la actuación o cumplimiento de funciones de la autoridad o funcionario cuestionado. Sin embargo, en esta relación de incongruencias internas será nuevamente el colectivo de comunidades el que, bajo la toma de decisiones por mayoría, oriente el ritmo de participación y éxito de los comuneros partes dentro del propósito de concluir con el conflicto gremial o político.

no se sentían comprometidas con el objetivo de la huelga. 87

La referencia a “condiciones que lo permitan” comprende la ausencia o presencia limitada de agentes policiales en el resguardo de la autoridad o el funcionario cuestionado, o la posibilidad de control de la reacción masiva de las comunidades microrregionales convocadas con el propósito indicado. Se debe tener en cuenta que en Huancané, como ocurre en la mayoría de provincias alejadas de las grandes ciudades del país, el número de agentes policiales es mínimo en comparación con el número de habitantes.

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Al respecto, recordemos la destitución del gobernador del distrito de Pusi, citada en este capítulo.

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PARTE IV

INTERPRETACIÓN Y PROYECCIÓN DEL PODER JUDICIAL COMUNAL AYMARA

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n esta parte del libro se hace un balance de los capítulos anteriores. Después de la presentación y el desarrollo de la teoría sobre el concepto poder judicial comunal, de la descripción del contexto empírico básico y judicial sobre el que se desarrolla y, particularmente, después del análisis de los diversos sistemas de resolución de conflictos intracomunales, intercomunales y gremiales, siempre queda algo para decir. No es mi propósito abordar las innumerables puertas abiertas después de los temas y capítulos desarrollados, sino simplemente asomarme a algunas de ellas para “cerrarlas”. En este capítulo se busca sistematizar algunas ideas consideradas centrales para proyectar el tema hacia otros ámbitos o proyectos futuros. Una primera idea es vincular el concepto y los hechos del poder judicial comunal con el concepto de Justicia. Este último se presenta para el estudio como un concepto “mayor” que puede enriquecer la teoría y el análisis empírico de los sistemas de resolución de conflictos presentados. Una segunda idea es caracterizar el poder judicial comunal aymara, lo que significa volver a la teoría a través de los hechos, buscando contribuir con ésta. Las características identificadas desbordan el marco teórico de este trabajo y muestran grandes diferencias con los sistemas judiciales estatales. Por último, una tercera idea coincide con la discusión sobre los desafíos del poder judicial comunal estudiado. Sea desde una perspectiva del Estado o sea desde la perspectiva de los propios comuneros, el poder judicial comunal se presenta como una institución que ayuda a reconocer la diversidad y, con ésta, la propia convivencia.

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CAPÍTULO 8

Interpretación y proyección del poder judicial comunal aymara del Sur Andino

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bordamos el presente capítulo luego de comprobar la existencia de un conjunto de relaciones comunales vinculadas a la resolución de conflictos al interior de las comunidades en estudio, al exterior de las mismas, así como de su gremio, la Liga Agraria 24 de Junio de Huancané. Estas relaciones instituidas con criterios propios, con racionalidad propia, con un orden propio han mostrado la existencia de un conjunto de sistemas de resolución de conflictos en las comunidades en estudio, aquí denominado poder judicial comunal. Los hechos descritos en los capítulos precedentes muestran una estructura tan compleja que identifica unidades o elementos que van desde la familia aymara –incluida su parentela consanguínea y ritual– hasta el gremio de la Liga Agraria 24 de Junio de Huancané –incluidos sus directivos, comisiones y asambleas de presidentes–, pasando por las diferentes comunidades de la microregión de Huancané, reconocidas o no, divididas en sectores o no. Sin embargo, a esta complejidad estructural se suma otra, tanto o más compleja, que consiste en la propia puesta en operación o funcionamiento de cada una de esas unidades o elementos. La familia se ve expresada como parte de un conflicto, como órgano de resolución, como instancia de procedimientos, decisión y ejecución. Igualmente la comunidad se ve identificada como parte de un tipo de conflicto, con órganos de resolución, con procedimientos, decisiones y formas de ejecución. Por último, la Liga Agraria aparece como instancia promotora del funcionamiento de los anteriores, pero también como instancia de resolución, con propios órganos, procedimientos, formas de decisión y acuerdos, frente a conflictos identificados principalmente como gremiales o “políticos”. Pero, aun más, toda esta complejidad de estructuras y funcionamientos se ve complementada con otro aspecto tanto o más complejo que los anteriores: la interrelación de estas unidades y su funcionamiento. En esta interrelación se puede hablar de conflictos interfamiliares, conflictos intercomunales, Antonio Alfonso Peña Jumpa. Poder judicial comunal aymara en el Sur Andino Colección En Clave de Sur. 1ª ed. ILSA, Bogotá D.C. Colombia, marzo de 2004

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conflictos transcomunales o gremiales, conflictos familiares-comunales, conflictos familiares-gremiales, conflictos comunales-gremiales y, sobre éstos, podemos interrelacionar órganos, procedimientos, acuerdos o decisiones, formas de ejecución y racionalidad en cada uno de ellos. En el conjunto de estas estructuras, funcionamientos e interrelaciones se ha identificado el concepto de poder judicial comunal. En las páginas siguientes se intenta insistir en la sustentación del concepto o hecho denominado poder judicial comunal aymara. Dentro de este propósito se relacionará dicho concepto o hecho con el concepto de justicia; posteriormente se resaltarán algunas características que identifican este poder judicial comunal aymara y, por último, se formularán algunas ideas acerca de su desafío en los momentos actuales.

PODER JUDICIAL COMUNAL Y JUSTICIA El tema “poder judicial comunal” está inmerso dentro de un tema mayor, más abstracto y general: el de la justicia. Para un debate sobre ambos conceptos es pertinente retomar la posición expuesta en páginas anteriores sobre el concepto de justicia. Continuando con el diseño del marco teórico asumido para un trabajo anterior 1, se puede sostener que el concepto de justicia puede ser evaluado desde dos planos o niveles: 1. El plano de la valorización o abstracción de “lo justo”, referido al conjunto de relaciones normales que identifica a un determinado grupo social –en este caso, a cada una y al conjunto de comunidades de Huancané– en sus aspectos económicos, sociales y culturales. 2. El plano de la materialización o manifestación de “lo justo”, referido al conjunto de relaciones que surgen de sus conflictos, o más precisamente de las respuestas que dan frente a sus conflictos, en el mismo grupo social y en sus aspectos económicos, sociales y culturales. En el primer plano se habla de “lo justo” o de la justicia en términos de legitimación en armonía dentro del grupo social, lo que significa la inexistencia de conflictos. Se trataría de un estado o situación de “normalidad”, en términos de Heller (1995, 270). Por ejemplo, entre los comuneros de Huancané, cuando el hermano o tío solicita a su similar o sobrino la prestación de su fuerza de trabajo para barbechar o levantar su cosecha, se entiende que dicho hermano o sobrino la prestará, dado que con posterioridad este hermano o sobrino requerirá el mismo apoyo u otro similar, estando entonces tal hermano o tío dispuesto y hasta “obligado” a apoyarlo frente a la misma necesidad (ayni en la fuerza de trabajo). En esta relación, 1

Ver Peña(1991, 1998), donde se desarrolla esta referencia teórica.

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ambas parejas, hermano y hermano o tío y sobrino, saben el valor y significado del acto de reciprocidad al que se están comprometiendo porque, a su vez, saben que sin necesidad de papel o algún acto formal es normal que una u otra parte lo cumpla. La misma normalidad se aprecia en la decisión de separación de los convivientes o esposos “pleitistas” irreconciliables. Después de varios intentos, no es posible la unión promovida por los padres y los padrinos (se ha llegado al extremo), no quedando sino separar a la pareja cuyos miembros volverán a la situación de solteros. Lo mismo se puede decir del cumplimiento de las faenas comunales: luego de acordarse en la asamblea respectiva la participación de cada comunero, éstos se sienten obligados a colaborar si desean usufructuar de los beneficios que brinde tal obra comunal (sembrío de andenes, tienda comunal, plantaciones de eucaliptos, etcétera). En este plano hay una reacción natural o normal por parte de los comuneros frente a la acción de otro o de su colectivo. Es lo que se podría denominar el conjunto de reglas o normas que, más allá de estar escritas o no, regulan en sustancia sus diversas actividades económicas, sociales o culturales. Es donde se reproduce, sin mayores alteraciones, lo que el conjunto de comuneros o miembros del grupo social entienden por “lo bueno” o “lo justo”. El otro plano consiste en apreciar “lo justo” a partir de la legitimación que surge del conflicto. Ahora no se está ante la situación normal, con cierta permanencia, que identifica al grupo social o a las comunidades de Huancané, sino que se está ante la acción o reacción no esperada por el otro comunero o la otra parte. Es una situación dinámica, desprendida de las actividades económicas, sociales o culturales, producto de cambios internos o influencias externas del grupo. A la vida normal en la comunidad, ciertamente apacible, se suman fragmentos de disputas, de conflictos o “pleitos”, como dirían los comuneros con los que se reafirmará esa vida normal, avanzando en la afirmación de nuevos valores o actitudes. Así, por ejemplo, en el conflicto de linderos, los comuneros vecinos –que pueden ser dos hermanos– buscarán reafirmar los límites que, teóricamente o en opinión de cada uno, identifican sus parcelas: cada una de las partes cree o considera que ese determinado espacio es suyo. Después de la aclaración de sus familiares mayores y del propio convencimiento de las partes, estarán dispuestos a sacrificar determinadas porciones de su parcela para volver a la relación de “armonía” existente. También, ante el conflicto de maltratos a la mujer por su conviviente o esposo se buscará reafirmar una relación donde predomine el varón (propia del patriarcado existente) para dejar a un lado la “ociosidad” de la mujer o sus motivos de “celos”; o se dará paso, aunque lentamente, a determinados espacios de libertad o desarrollo de la mujer: como poder departir en las fiestas con igual algarabía que el varón, trabajar libremente la “chacra” mejor que el varón o poder aceptar cargos importantes de la comunidad, etc. Otro ejemplo es el conflicto por Antonio Alfonso Peña Jumpa. Poder judicial comunal aymara en el Sur Andino Colección En Clave de Sur. 1ª ed. ILSA, Bogotá D.C. Colombia, marzo de 2004

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daños ocasionados por los ovinos de un comunero en un bien comunal (en los andenes comunales o en el sembrío del terreno comunal); en tal caso se buscará reafirmar la propiedad comunal, el patrimonio colectivo o simplemente se tolerará el acto, se irá desvaneciendo lo colectivo, dando prioridad a las relaciones familiares o privadas. En este segundo plano, para reivindicar o materializar “lo justo” o “lo bueno” que aparece frente al conflicto, se recurrirá a la propia estructura organizativa del grupo. Esta estructura organizativa también está presente en el plano anterior, referido a la valoración de la justicia, pero sin el dinamismo que ahora es reclamado por las partes del conflicto. Se trata del funcionamiento de una maquinaria u organización que tiene la comunidad o el conjunto de comunidades para resolver sus conflictos. Los comuneros, como partes del conflicto, o el conjunto de comuneros afectados sienten que algo no marcha bien, que hay un “error” o una apreciación diferente de los hechos o de los elementos de su colectivo, lo que consideran debe cambiar. Entonces, recurriendo a sus instrumentos o a su organización, las propias partes o el colectivo confirmarán lo que resulta normal para el conjunto o cederán en parte a lo que ya se estaría dejando de creer como “bueno” o “justo” en las relaciones económicas, sociales o culturales. Este segundo plano de la justicia es el que acerca a la idea o al concepto de poder judicial comunal. Dicho concepto se desprende de este segundo plano de la justicia y se presenta como la estructura orgánica, los sistemas de resolución o el aparato resolutivo de los conflictos del grupo social. La presencia de órganos de resolución, procedimientos de resolución, acuerdos o decisiones finales y formas de ejecución se le integran como elementos que variarán de acuerdo con el contexto e interrelaciones de cada grupo. Al recurrir al concepto de poder judicial oficial o del Estado en la sociedad denominada “moderna” o capitalista se destacan algunas características, tales como el significado de un aparato formal, estructurado a partir de la división de poderes del Estado, integrado por jueces teóricamente independientes que a su vez configuran diferentes sistemas de resolución, y que tienen por función principal el control de los actos de los poderes del Gobierno y del Legislativo en relación con las finalidades de dichos órganos, con la población y con los miembros de esta última2. Es un conjunto de sistemas de resolución de conflictos cuya labor se presenta como fundamental para el funcionamiento de la sociedad “moderna”. En el mismo sentido, también es posible recurrir al mismo concepto general de poder judicial para identificar el aparato resolutivo de conflictos de las comunidades de Huancané. En tal caso, como se ha podido apreciar 2

Al respecto, ver el capítulo 1.

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en los capítulos anteriores, no se puede hablar de jueces “independientes” y contralores de los actos de gobierno y del legislativo, sino de jueces u órganos de resolución que, además de resolver conflictos, participan en los actos de gobierno de su comunidad y en la propia elaboración de las normas, reglas o acuerdos que identifican al conjunto de comuneros. En este contexto de asambleas, autoridades comunales y presencia de lo familiar resulta irrelevante hablar de la división de poderes o del control de funciones gubernativas o legislativas. El concepto de poder adquiere una particular dinámica que conjuga formas de dominación y actos de convencimiento o negociación3. Es decir, más exactamente, se pasa a entender el concepto de poder judicial como poder jurisdiccional, en términos de Duverger (1970, 221), como órgano capaz de administrar justicia, dictar o impartir justicia, capaz de declarar o constituir lo justo para el grupo social. Con esta explicación es posible sustentar la existencia de un poder judicial comunal. En tanto la referencia de tal poder jurisdiccional es a comunidades o grupos sociales comunitarios –en este caso las comunidades aymaras del Sur Andino–, el concepto de poder judicial se ve complementado por el elemento caracterizador de tales comunidades: lo comunal. Desde este punto de vista, poder judicial comunal aparece como la organización comunitaria predispuesta a reivindicar o materializar lo que el grupo social considere como justo. Recurriendo a una particular clasificación de sus conflictos, o propios órganos de resolución, a particulares procedimientos de resolución, a propias formas de acuerdos o decisiones finales, a propias formas de ejecución o, en otras palabras, a su propia racionalidad, los comuneros de Huancané identifican su propio poder judicial. Se trata de la puesta en operación de sistemas mediante los cuales ellos tienen la potestad de administrar justicia a partir de sus propias relaciones económicas, sociales y culturales. El problema de recurrir al concepto de poder judicial para identificar el aparato resolutivo de conflictos de las comunidades aymaras de Huancané radica en que, según algunos especialistas, tal concepto de “poder judicial” sólo puede identificar a la sociedad “moderna” o capitalista4 , pues sólo en ésta opera esa división de poderes, de necesidad de un poder autónomo (el Judicial) frente a los poderes políticos (el Ejecutivo y el Legislativo). Sin embargo, asumir tal apreciación es reducir el concepto, limitando su desarrollo. En el marco teórico de este trabajo (capítulo 1) se pudo apreciar que cada uno de los elementos componentes del concepto poder judi3

Al respecto, ver el marco teórico de este trabajo (capítulo 1).

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Problema similar se presenta con el concepto de derecho. Para una aproximación a esta discusión es interesante revisar el artículo de Fernando de Trazegnies: (1992).

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cial comunal se movilizaba aplicativamente entre los modelos de la sociedad moderna y sociedades comunitarias. Esto significa que la teoría sobre los conceptos componentes de “sistema”, “pluralidad de sistemas” o “pluralismo jurídico”, “relaciones de poder” o “clasificación de conflictos” no se limita solamente a un tipo de sociedad. Estos componentes se expanden, se reproducen, se reflexionan y se enriquecen con contenidos en y desde otros modelos de sociedad. Lo mismo ocurre con el concepto “poder judicial”: con otros contenidos o desde otros contenidos tal concepto puede ser aplicado, utilizado y enriquecido en sociedades comunitarias, como se ha mostrado en los capítulos precedentes desde las comunidades aymaras. Incluso se puede afirmar que tal apreciación consigue inutilizar el concepto para el mismo tipo de sociedad “moderna” cuando la mayoría o el colectivo de ésta decida su transformación. Dentro de tal apreciación, el uso del término poder judicial comunal en referencia a las comunidades en estudio es válido. Utilizo el término con fines teórico-metodológicos para acercar y entender la misma labor jurisdiccional que hacen los comuneros en relación con la labor jurisdiccional de los órganos judiciales oficiales en las grandes ciudades donde reside el gobierno y el poder central. A ello se suma un criterio práctico. Se trata de utilizar dicho concepto como un instrumento de comunicación que permita –como se ha visto en los capítulos precedentes– destacar el fenómeno de la resolución de conflictos de los aymaras de Huancané como un aspecto de poder5 o, más exactamente, que permita expresar aquel segundo plano de la materialización de la justicia en términos más directos, para su manejo y difusión en el mismo lenguaje que promueve el Estado. Sin embargo, no se trata tampoco de mitificar dicho concepto. Al igual que se optó por la denominación “poder judicial comunal” se pudo haber utilizado la de “sistema o sistemas judiciales” o cualquier otra. Incluso, de manera más “auténtica”, se pudo haber recurrido a los propios términos aymaras que expresan, en contenido, el hecho de la resolución de sus conflictos. Pero nuevamente aquí, con base en una consideración práctica, se optó por los conceptos que pudieran favorecer a los propios comuneros.

CARACTERÍSTICAS DEL PODER JUDICIAL COMUNAL DEL SUR ANDINO Aceptada la existencia de un poder judicial comunal, con la concepción y las aclaraciones expuestas, se presentarán las principales características o elementos que lo integran. Aunque se ha intentado sistematizar u ordenar 5

El concepto de poder en los términos expuestos en el marco teórico, capítulo 1.

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las características o elementos que aparecen como más generales y notorios, quedan omitidos algunos que los complementan. Dentro del concepto de poder judicial comunal del Sur Andino se identifican seis características relevantes: 1. Se trata de un poder judicial comunal histórico y dinámico. 2. El honor familiar y el ser colectivo son los principios fundamentales que promueven la finalización del conflicto. 3. Existe una férrea voluntad de las partes y una primacía del colectivo en el procedimiento de resolución. 4. La verdad real tiene prioridad frente a la verdad formal. 5. Se constata la presencia de órganos de resolución imparciales. 6. Es evidente la unificación de la función judicial con otras funciones políticas dentro de la comunidad.

Poder judicial comunal histórico y dinámico Como todo grupo étnico o social, o toda sociedad, los aymaras del Sur Andino, y específicamente los de Huancané, interactúan y cambian. Ni su forma de vida ni sus costumbres y tradiciones son las mismas de años atrás. En este mismo sentido, la estructura y actividad puesta de manifiesto en la resolución de conflictos también ha variado. Existe una relación histórica en su formación pero sobre todo un elemento dinámico que los renueva6. Esta relación histórico-dinámica se evidencia en sus mecanismos de resolución y en la apreciación de sus resoluciones. Dentro de los mecanismos de resolución o elementos que integran la estructura del aparato judicial de los comuneros de Huancané se deben destacar, a su vez, cambios en los órganos de resolución y en el propio procedimiento. A los ancianos que intervenían con preeminencia en la resolución de los conflictos intra o intercomunales7, les sucedieron el teniente gobernador, cuando los grupos aymaras consolidaron la autonomía de su parcialidad frente a su ayllu; y a estos tenientes gobernadores los sucedieron el presidente y su directiva, cuando las parcialidades devinieron en comunidades8. Antes, los ancianos eran los más recurridos; eran, sin duda alguna, órganos conciliadores. La preeminencia actual del presidente de la comunidad, acompañado del teniente gobernador, ha respondido a los cambios sociales, las migraciones y los retornos, y a políticas legales de los 6

Esta apreciación está relacionada con el concepto de interculturalidad es desarrollado en el capítulo 2.

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Entrevista con Benito Gutiérrez Ccama, expresidente de la Liga Agraria de Huancané (Huancané, abril de 1988, marzo de 1992 y octubre de 1999).

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Proceso que ha ocurrido en las comunidades de Huancané, tal como se indicó en los capítulos 3 y 4.

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diversos gobiernos civiles o militares. A dichas transformaciones sociales se ha sumado el cambio en los actos de solemnidad dentro del procedimiento de resolución. Con los ancianos era común la recurrencia a las hojas de coca, a los “vasitos de alcohol”, al uso de la ceremonia de la tinka9, que sellaba la conciliación de las partes. Ahora, el acto de conciliación se sella con su registro en actas y, escasamente, con la tinka. La ceremonia de la tinka se sigue usando pero principalmente para otras actividades, como fiestas y en conflictos de alta complejidad, como los de colindancia entre comunidades. Conforme pasa el tiempo, los propios comuneros van asumiendo características solemnes menos rigurosas, o diferentes, dentro del procedimiento de resolución. La relación dinámica también es notoria en la apreciación de las resoluciones o de los acuerdos o decisiones finales de los comuneros. Determinados acuerdos o “arreglos” y “sanciones”, que alguna vez se asumieron o aplicaron, con el correr del tiempo han ido cambiando. Por ejemplo, en los casos de maltratos a la conviviente o esposa, los órganos de resolución entendían, dada la prevalencia del varón, que tal conflicto correspondía únicamente al ámbito familiar, sujeto a “arreglo”, pues claramente la mujer era entendida como “cosa” que acompañaba al marido. Hoy, el conflicto de maltratos fácilmente puede ser interpuesto ante el colectivo, la asamblea comunal, y producir la reacción inmediata de una “llamada de atención” al transgresor. Del típico “arreglo” en que siempre concluían estos conflictos se ha pasado a la posibilidad de aplicación de la “sanción”. Se van reconociendo mayores espacios para la mujer aymara, al extremo que comienza a admitírsela en la dirección de los cargos más importantes de la comunidad10. Otro ejemplo es el caso de los “castigos de la naturaleza” como consecuencia de “actos inmorales” que, por un lado, van siendo apreciados como alteraciones de la propia naturaleza a la que tienen que enfrentar y, por otro lado, van cambiando sus tipos de sanciones o castigos. La flagelación (los latigazos al “inmoral” y a la “inmoral”), practicada normalmente diez años atrás en estos casos, ha dado paso al mayor interés por “reparar el daño”, multando a los transgresores, lo que se puede conseguir con la afectación de parte de sus bienes o de sus cosechas particulares. 9

La tinka es una breve ceremonia ritual que tiene por objeto la lectura e intención de declarar los buenos deseos. Consiste en compartir alcohol y coca, luego de haber hecho un pago a la tierra, lanzando con dirección a la salida del sol el contenido de un vaso de alcohol y coca.

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Es el caso de la presencia de mujeres en los cargos de tenientes gobernadores, delegados de sectores –en comunidades extensas como Titihue o Huancho– y en los cargos de comisiones internas de cada comunidad, tal como se ha referido a partir de las comunidades en estudio (Huancané, Calahuyo, Titihue y Tiquirini-Totería, 1988, 1989, 1990, 1992, 1999, 2000). En la revisión de los libros de actas de la Liga Agraria 24 de Junio de Huancané se puede encontrar la referencia cuando menos a dos mujeres aymaras que llegaron a ser elegidas en el cargo de presidentas de sus respectivas comunidades durante la década de los años noventa. Estas mujeres, a su vez, se desempeñaron en el cargo de la Secretaría de Derechos de la Mujer del indicado gremio.

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Estos hechos, presentes en las diversas comunidades en estudio, demuestran el fluir de la materialización de la justicia en los comuneros. Esta materialización o manifestación, a su vez, encuentra su correlato en el plano valorativo de la misma justicia. Habrá cambios en la relación de pareja, en la relación entre comuneros por la tierra, en la relación de la comunidad con el emigrante, en la relación con las autoridades del Estado, lo que conducirá inevitablemente a tener un aparato judicial comunal también distinto, aparejado con los cambios e influyente en éstos.

El honor familiar y el ser colectivo como principios fundamentales que promueven la finalización del conflicto Como principal característica del poder judicial comunal aymara del Sur Andino es imprescindible considerar la presencia del honor familiar y del ser colectivo como los dos principios que promueven la resolución de los conflictos de índole familiar, particular o privada, y los conflictos colectivos o comunales. Los dos principios interactúan, a su vez, en los conflictos que se suscitan al interior de la comunidad y en los que surgen en la relación intercomunal. Se trata de dos principios que dan sentido al orden jurídico de las comunidades en estudio y orientan las propias relaciones de poder a su interior y exterior11. El honor familiar, principalmente, destaca en los conflictos familiares, particulares o privados, en tanto que el ser colectivo se aprecia más en el actuar y las decisiones tomadas frente a los conflictos colectivos o comunales. Sin embargo, no es raro que ambos principios se entrecrucen y que, por ejemplo, el principio del honor familiar interceda ante un conflicto colectivo (especialmente en los casos en que un miembro familiar haya cometido un “error” que debe superar) o también que el principio del ser colectivo esté presente en el conflicto familiar o privado en el que las partes se pueden ver influidas por el “qué dirán” para llegar rápidamente a la solución de su problema. Asimismo, es a partir de estos dos principios como se estructura el aparato judicial de las comunidades de Huancané. Por esos dos principios es posible hablar de dos clases de conflictos: los conflictos familiares, más relacionados con la afectación del honor familiar, y los conflictos comunales, más relacionados con el ideal del ser colectivo. En el mismo sentido es posible hablar de órganos y procedimientos de resolución familiar, y de órganos y procedimientos de resolución comunal, como también de acuerdos o decisiones familiares (que no son otros que los “arreglos”) y de acuerdos o decisiones comunales (“sanciones”), así como de una actuación particular en la ejecución de tales acuerdos (“arreglos”) o decisiones finales 11

Puede confrontarse esta apreciación con lo desarrollado en el marco teórico (capítulo 1).

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(“sanciones”). De esta forma se puede notar que los órganos de resolución, los acuerdos, las decisiones o acuerdos finales, y la ejecución de estos últimos –elementos principales de la estructura del aparato judicial comunal de Huancané– se ven entrecruzados por el honor familiar y el ser colectivo. En el actuar o la racionalidad de los comuneros, ambos principios se presentan como opuestos y al mismo tiempo como complementarios, como si se tratara de los dos lados de una misma moneda. Esto, por el simple hecho de tener como símbolo del honor familiar el interés particular del ámbito o plano de lo familiar, y del ser colectivo, el interés del conjunto de comuneros que corresponde al ámbito o plano de lo comunal. Sin embargo, ambos se requieren mutuamente. Si bien la asamblea comunal –donde se expresa directamente la voluntad del conjunto de comuneros o el ser colectivo– se impone o prima sobre el interés familiar, se entiende, a su vez, que sobre el interés familiar no se debe “abusar”. La propia asamblea está integrada por los intereses particulares o familiares y, por tanto, al causarle un daño, como el “abuso” del colectivo, se traduciría en un daño a la propia estructura del colectivo. De otro lado, dentro de este mismo proceso de necesidades, el honor familiar frente al ser colectivo –entienden los comuneros– no debe extralimitarse. El interés familiar o particular se limita ante la voluntad del conjunto porque razonan que existe la necesidad de compartir con el resto de comuneros el futuro de la comunidad. Solo en conjunto, con las demás familias, se pueden emprender acciones de desarrollo, como los andenes comunales, la cosecha comunal, los pastos, la tienda comunal, entre otros.

La existencia de una férrea voluntad entre las partes y la primacía del colectivo en los procedimientos de resolución Para llegar a los acuerdos o decisiones finales, para conseguir la conciliación entre las partes, así como para aceptar la imposición que surja del conjunto de comuneros se hace indispensable destacar una férrea voluntad de las partes por “componer el pleito” dentro del ámbito de los conflictos familiares o particulares, y destacar la sumisión de la parte transgresora del orden comunal a aceptar la “sanción” impuesta, en el ámbito de los conflictos colectivos o comunales. Sólo con esa iniciativa o comprensión, que puede surgir del individuo-familia, es posible la pronta solución del problema. La férrea voluntad de las partes puede apreciarse por propia iniciativa de éstas o por influencia de sus familiares, quienes actúan como órganos conciliadores. La propia iniciativa de las partes del pleito puede destacarse en los conflictos derivados del contrato de anticresis o de “engorde” de ganado, y en el conflicto inicial de linderos. Ambas partes entienden que alguien ha “errado”, alguien ha “fallado” y como actúan con toda la autoriAntonio Alfonso Peña Jumpa. Poder judicial comunal aymara en el Sur Andino Colección En Clave de Sur. 1ª ed. ILSA, Bogotá D.C. Colombia, marzo de 2004

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dad de la representación familiar, se sienten obligados a resolver su conflicto con la otra parte. Evalúan sus propias obligaciones, reflexionan sobre los términos a que se comprometieron y no dudan en sacrificar mutuamente sus intereses. La insatisfacción de alguna de las partes o de ambas será sellada con un “nunca más haré tratos con ese individuo”12. La férrea voluntad por iniciativa o influencia de los familiares es más notoria en los casos de riñas o conflictos de pareja. En tales casos, el pariente mayor, el padrino o el compadre son los llamados a promover el diálogo. Primero, hablará el familiar con la parte que lo ha convocado; luego, conversará con los familiares de la otra parte, con quienes llegará a una posible solución; por último, coordinará el encuentro y posterior “arreglo” de las partes del conflicto. Con esta mediación familiar, las propias partes familiares se sienten respaldadas y comprometidas con el cumplimiento de lo acordado. La voluntad autocompositiva siempre surgirá dentro del propósito de concluir con el pleito. La sumisión de la parte familiar, de otro lado, significa el respeto por el colectivo, la aceptación de un órgano supremo que se impone y del que no puede sustraerse, si desea vivir en comunidad. Se trate del conflicto comunal por “daños” al patrimonio de la comunidad, del conflicto de “robo” o de la “comisión de actos inmorales”, la parte familiar transgresora se sentirá obligada a buscar los medios necesarios para que se solucione el conflicto. Su sometimiento ante los órganos resolutivos comunales se verá resaltado por una secuencia de etapas: primero, reconocerá los hechos que cometió, porque dentro de su propia comunidad resulta difícil ocultar algo; segundo, pedirá disculpas por los hechos, buscando que la asamblea comunal, en su caso, sea menos rigurosa con él, convenciéndola de su arrepentimiento; y, por último, cumplirá con la “sanción” que se le imponga, sea cual fuere el tipo de castigo, porque se trata de la voluntad del conjunto de comuneros. A través de estas tres etapas, dependiendo de la gravedad del conflicto, el comunero transgresor conseguirá reivindicarse ante su colectivo. Esta férrea voluntad de las partes ante el conflicto familiar o particular, como la sumisión de la parte familiar transgresora ante el conflicto colectivo o comunal, se ve materializada en la presencia de los principios del honor familiar y del ser colectivo. La búsqueda del “arreglo” o la autocomposición de las partes en el conflicto familiar es impulsada por “cuidar el honor familiar”. En tanto el respeto por la asamblea o las autoridades comunales, como por la decisión de ellas, es impulsado por la idea de desarrollo, “progreso”, que solo puede surgir del ideal del ser colectivo.

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Entrevistas con diversos comuneros en Calahuyo, Titihue y Tiquirini-Totería (Huancané, marzo de 1992, octubre de 1999 y agosto de 2000).

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Se trata, en suma, de la aplicación de dos formas de relaciones de poder: el poder “voluntario” y el poder como “dominación”13. Los conflictos familiares y sus sistemas de resolución, incluyendo el principio del honor familiar, giran en torno a relaciones de poder “voluntario”. En tanto los conflictos colectivos o comunales y sus sistemas de resolución, incluyendo el principio del ser colectivo, giran en torno a la forma del poder como “dominación”. En los primeros, llegar a un “arreglo” y cumplirlo constituye lo central de las relaciones de poder “voluntario”, en tanto en los segundos el aplicar, someterse o imponer una sanción constituye lo central de las relaciones de poder como “dominación”.

Primacía de la verdad real frente a la verdad formal La convivencia, como buenos vecinos, del conjunto de familias en la comunidad hace que cualquier hecho de índole comunal sea conocido por todos. El daño a la parcela comunal, los ovinos del comunero descuidado que “malograron” la siembra de los andenes comunales, la riña que se desarrolló en la tienda comunal, el “acto inmoral” practicado en la comunidad, el incumplimiento de funciones del comunero directivo, la inasistencia de tal comunero a las faenas comunales, etc., cualquiera de estas situaciones resulta fácilmente conocida por los comuneros miembros de la comunidad en que se suscitan. En el mismo sentido, dentro del ámbito propiamente familiar, los hechos que se desprenden del fluir de relaciones de la familia nuclear o extendida, sea consanguínea o ritual, son fácilmente conocidos por ésta. El conflicto de pareja por maltratos o “celos” en perjuicio de la conviviente o esposa; la pérdida de ciertos bienes, como consecuencia del incumplimiento de algún contrato por la otra parte; las riñas, producto de los daños ocasionados por el vecino o sus animales, o producto del conflicto de linderos, etc., cualquiera de estos hechos siempre es conocido por los miembros familiares del afectado o interventor. Estos familiares están alerta para brindarles auxilio o apoyo. Ello significa la existencia de una privacidad familiar, que involucra conocimiento y actuación al interior de la propia familia. Esta relación personalizada en las familias comuneras, sea en su ámbito comunal o en su ámbito familiar, hace posible que al interior de cada una de ellas una sola versión de los hechos se objetivice: su verdad real. No existe la necesidad de rebuscar el valor de documentos o el reconocimiento formal de éstos, supeditar a la sana crítica del juzgador la declaración de los testigos o la confesión de las partes, analizar las pruebas, etc., porque todos, dentro de su propio ámbito, pueden determinar si algo es falso o es cierto, si alguien miente o dice la verdad. No se hace necesario recurrir a 13

Los conceptos “poder voluntario” y “poder como dominación” son desarrollados en el capítulo 1.

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la formalización de la verdad, a lo supuesto o lo presunto, a lo indiciario o material, que caracterizan el proceso civil y penal del poder judicial estatal. La verdad la tienen los comuneros en sus manos, en su mundo familiar o comunal, y con base en ella resolverán. Para ello, el principio quechua ama llulla (no seas mentiroso) está presente con bastante énfasis en los comuneros. El “mentiroso”, desde pequeño, es severamente castigado. Desde pequeño, además, se va conociendo la personalidad del comunero, si es “bueno” o “maluco”, como dirían los comuneros, lo que hace prever su comportamiento frente a los otros comuneros. Incluso, la personalidad de quienes no son originarios de la comunidad, como el “yerno” o la “yerna”, llega a ser conocida fácilmente al asimilarse al orden cultural de la comunidad en la que residen. Todo lo anterior hace que la resolución del conflicto se cumpla con una efectiva intermediación de las partes: son éstas las que resuelven o invitan a la conciliación. Las partes o el órgano resolutivo, con todos esos elementos, no tienen por qué intuir o presumir la responsabilidad; la conocen, sólo les queda resolver o exigir de las partes su resolución.

La presencia de órganos de resolución imparciales Contrario al criterio de personalización de relaciones que lleva a hablar de una verdad real dentro de los sistemas de resolución de conflictos de los comuneros, paradójicamente existe un desprendimiento de esa personalización cuando asumen la calidad de órgano resolutivo. Este desprendimiento, que en el fondo siempre es relativo, lleva a sostener la eficacia de un criterio de imparcialidad de dichos órganos de resolución. Dentro de los conflictos familiares la imparcialidad de los órganos de resolución es condicionada por el respeto mutuo entre las familias. Cada núcleo familiar y cada familia extendida guardan entre sí y frente a otras partes familiares relaciones de cordialidad y respeto que hacen posible su convivencia. Dentro de cada comunidad y en la misma relación con comunidades vecinas existen lazos familiares. Por ejemplo, en el caso de Calahuyo es posible destacar la prevalencia de cuatro troncos familiares (los Quispe, los Uturunco, los Ccota y los Condori), los cuales, con el correr del tiempo, se han intercruzado. Esta interrelación o fusión lleva a que las propias partes, el pariente mayor, los padres o padrinos, y el propio anciano actúen con la mayor honestidad o “limpieza” para acabar el conflicto. En estas condiciones, parcializarse con una de las partes puede llevar a afectar a su propia familia. Sin embargo, más allá de esta relación familiar directa que condiciona la imparcialidad en la resolución del conflicto familiar, también se debe destacar la influencia del principio del honor familiar dentro de sus mismos órganos resolutivos. Además de la influencia que ejerce este principio Antonio Alfonso Peña Jumpa. Poder judicial comunal aymara en el Sur Andino Colección En Clave de Sur. 1ª ed. ILSA, Bogotá D.C. Colombia, marzo de 2004

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en el impulso para terminar el conflicto, también se da en la búsqueda de la mejor resolución, del “arreglo armonioso”. Para ello, el órgano familiar que interviene se ve obligado a actuar con la mayor neutralidad, llegando a aceptar la posición de ambas partes con el único objeto de conseguir la satisfacción de éstas. El honor familiar tiene relación con la imagen que quiere guardar el órgano resolutivo. Si éste no consigue el “arreglo armonioso”, no consigue la satisfacción de las partes y, peor aún, si se parcializa con una de las partes, irá sumando “malos antecedentes” que se traducen en la pérdida de prestigio frente al conjunto de comuneros. Dentro de los conflictos comunales, de otro lado, la garantía de imparcialidad de sus órganos resolutivos se manifiesta a través de dos criterios fundamentales: el criterio de rotación de los cargos y la apreciación de que cualquier cargo es importante. Previamente se debe indicar que tales criterios tienen una aplicación fundamental para la actuación de los órganos político-comunales y sólo indirectamente para la asamblea comunal. La asamblea de comuneros, como un órgano imparcial –por lo menos en su actuar de no causar un daño a alguien–, tiene su fundamento en el interés de “constituir un todo”. Al estar integrada por cada representante familiar o todos los comuneros, incluido el mismo “inculpado” o “demandado” y su familia, la asamblea garantiza la emisión de un acuerdo o decisión final que, una vez aprobada, es aceptada por el conjunto. Ante ello, al tener todos los comuneros el derecho de participación o intervención, no queda sino el sometimiento de la parte “inculpada”. El criterio de rotación de los cargos, principalmente, se presenta como la mayor garantía de imparcialidad para la actuación de las autoridades político-comunales. Los comuneros entienden que todos, en principio, deben desempeñarse como autoridad en su comunidad; pasando primero por los cargos de teniente escolar, alguacil, secretario, tesorero, llegarán por último a desempeñarse como teniente gobernador y presidente de su respectiva comunidad. Este criterio de rotación está condicionado por los gastos económicos que produce el solo hecho de desempeñarse en tales cargos, llevando a los comuneros a establecer que todos, por igual, deben asumirlos, con la apreciación complementaria de que nadie debe abusar de tales cargos. Sobre esto último, al sentirse todos los comuneros capacitados y obligados a asumir dichos cargos, es indiferente pensar que alguien pueda aprovecharse de los mismos; en todo caso saben que quien se aproveche del cargo en perjuicio de otros –por ejemplo en la resolución del conflicto–, recibirá el mismo tratamiento una vez deje esa posición. La apreciación de que cualquier cargo es importante, a su vez, simboliza el desprendimiento de prejuicios de los comuneros en la búsqueda de su “progreso” o desarrollo. Quien se desempeñe alguna vez como presidente Antonio Alfonso Peña Jumpa. Poder judicial comunal aymara en el Sur Andino Colección En Clave de Sur. 1ª ed. ILSA, Bogotá D.C. Colombia, marzo de 2004

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de la comunidad o teniente gobernador, no está limitado por el prejuicio de volver a ocupar cargos de “menor jerarquía”. En los Libros de Actas de las comunidades, donde aparecen registradas las diversas directivas de la comunidad, y en las entrevistas con ellas, fácilmente puede entenderse la superación de ese criterio. Por el contrario, quien se haya desempeñado muy bien en los altos cargos de su comunidad y sea reconocido por el conjunto de comuneros en el cumplimiento de sus funciones, no se negará a aceptar cargos de secretario, tesorero, teniente escolar o vocal, con el objeto de asistir al nuevo presidente de la comunidad, quien a su vez fue colaborador en su gestión o por tratarse simplemente de un familiar parental. Tal desprendimiento y responsabilidad es un aspecto complementario al criterio de rotación de los cargos. Esto explica por qué la rotación de cargos en la comunidad de ninguna manera es una sucesión escalonada irreversible en las aspiraciones de los comuneros. Ambos criterios, el de “rotación de los cargos” y la “apreciación de que cualquier cargo es importante”, pueden mostrar a su vez las condiciones de resolución de los conflictos particulares o familiares y de los propios conflictos colectivos o comunales, basados en el contenido del mismo conflicto y no en la posición o situación particular que favorecería a una de las partes. Al tener todos los miembros de una comunidad el derecho y la obligación de desempeñarse en los cargos de presidente o de teniente gobernador, las relaciones entre las partes de un conflicto se hacen normalmente horizontales. En estas condiciones, la resolución del conflicto se centrará en los “intereses” de las partes, mas no en sus “posiciones”, importando resolver el conflicto y no favorecer a una de las partes.

La unificación de la función judicial con otras funciones dentro de la comunidad Contrario al principio de autonomía o independencia que se destaca en la función jurisdiccional del poder judicial en las democracias liberales14, dentro del poder judicial comunal del Sur Andino tal función se puede apreciar combinada o mezclada con otras actividades propias de cada comunidad. La clásica división de poderes que identifica al Estado y a la sociedad “moderna” es subsumida en un solo ente por cada comunidad. Siguiendo el modelo de la democracia liberal citado por Duverger (1970), la Constitución Política peruana de 1993 reconoce en su artículo 139, inc.1, la unidad y exclusividad del poder judicial15, al que se suma el reconocimiento de su independencia y autonomía, regulado en el mismo artículo 14

Se toma el término “democracia liberal” de Duverger (1970) para identificar, justamente, a los Estados modernos europeos.

15

El artículo 139, inciso 1, de la Constitución Política de Perú establece: “Son principios y derechos

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139, inc. 216. Ello significa, dentro de la doctrina del Estado moderno, la supuesta liberación o “limpieza” en el poder judicial oficial de las interferencias políticas, religiosas, militares u otras. El dictar un fallo o resolución y el administrar sus recursos para este propósito solo corresponde a quien sea una especie de juez “puro”, alejado de cualquier otra función pública o política. Este poder judicial, entonces, aparece como limitado únicamente a la función jurisdiccional, desprendido de las acciones del gobierno central y de la labor legislativa que, en principio, son asumidas por el poder ejecutivo y el poder legislativo. Dentro del poder judicial comunal de las comunidades en estudio, tal autonomía y exclusividad, así como cualquier limitación a sus funciones, son desbordadas. Sus órganos de resolución, entre los que se destacan sus autoridades elegidas propiamente, participan en las decisiones del gobierno comunal y en las decisiones legislativas. Sólo para recordar un ejemplo, cuando los comuneros a través de su asamblea comunal acuerdan la construcción de un nuevo local comunal, asumen una función legislativa, y cuando se convocan para ejecutar tal acuerdo, cumplen al mismo tiempo una labor meramente ejecutiva. Complementariamente pueden acordar la multa de un jornal17 al comunero que no asista a dicha faena (función legislativa), siendo ellos mismos, con iniciativa de sus autoridades, quienes llamen la atención al comunero “ocioso” y, luego de imponerle la multa, le exijan hacer efectivo su pago (función jurisdiccional y ejecutiva). Este proceso de emanación de la norma, de cumplimiento y de exigencia a quienes no cumplieron, muestra el desarrollo de lo que se podría llamar el ordenamiento jurídico comunal de los aymaras de Huancané. Nótese que la función de la asamblea comunal, donde se incluye a las autoridades comunales y a cada representante familiar, es una mixtura entre lo legislativo, lo ejecutivo y lo jurisdiccional. La imposición de la multa y la exigencia de su pago son asumidas por el propio órgano que dictó la norma. Se advierte cómo esta unidad de funciones es propia de la unidad de la de la función jurisdiccional: 1. La unidad y exclusividad de la función jurisdiccional. No existe ni puede establecerse jurisdicción alguna independiente, con excepción de la militar y la arbitral. No hay proceso judicial por comisión o delegación”. 16

El artículo 139, inciso 2, de la Constitución Política del Perú establece: “Son principios y derechos de la función jurisdiccional: 2. La independencia en el ejercicio de la función jurisdiccional. Ninguna autoridad puede avocarse a causas pendientes ante el órgano jurisdiccional ni interferir en el ejercicio de sus funciones. Tampoco puede dejar sin efecto resoluciones que han pasado en autoridad de cosa juzgada, ni cortar procedimientos en trámite, ni modificar sentencias ni retardar su ejecución. Estas disposiciones no afectan el derecho de gracia ni la facultad de investigación del Congreso cuyo ejercicio no debe, sin embargo, interferir en el procedimiento jurisdiccional ni surte efecto jurisdiccional alguno”.

17

El jornal es un estipendio económico calculado por día de trabajo. A octubre de 1999 y agosto de 2000, su equivalente en la región era de S/. 8 (ocho nuevos soles) a S/. 10,00 (diez nuevos soles).

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comunidad; cómo la potestad para resolver conflictos, en última instancia dentro de la comunidad, es propia de los mismos órganos que dirigen el gobierno comunal y establecen las pautas para éste. Quizás gran parte de la eficacia de esta jurisdicción comunal –paradójicamente su imparcialidad– radica en esa interrelación de funciones. En suma, el poder judicial comunal del Sur Andino se presenta como un todo en la ejecución de sus funciones. Sobre la clásica división de poderes y funciones propia del modelo del Estado moderno, el mismo que aparece regulado en la Constitución Política del Perú, prima el principio de la unidad o integración de dichas funciones que, unido al carácter de rotación y desprendimiento de los cargos, simboliza a la comunidad.

LOS DESAFÍOS DEL PODER JUDICIAL COMUNAL DEL SUR ANDINO A partir del anterior esbozo que trata de mostrar y sustentar cómo se presenta el poder judicial comunal para los comuneros aymaras de Huancané, ahora es posible elaborar una reflexión sobre lo que puede significar su futuro en Perú. Esta debe ser analizada desde dos perspectivas: desde el Estado y desde las comunidades aymaras. Desde el Estado, estoy cada vez más convencido que debe promoverse el reconocimiento constitucional en forma integral del sistema de resolución de conflictos de las comunidades, como las de Huancané. La constitución política de 1993 ha hecho una importante contribución al regular en su artículo 149 la jurisdicción especial de las comunidades campesinas. Sin embargo, esta norma constitucional no tuvo antecedentes en trabajos de investigación previos, asumiendo más bien un criterio de regulación semejante al modelo del poder judicial autónomo y exclusivo dentro del Estado moderno. Se ha regulado esta jurisdicción comunal como algo especial, pero sometido a determinados órganos y a los límites de una concepción discutible de derechos fundamentales de la persona, contrarios muchas veces a la realidad de los comuneros, tal como se ha explicado. El Estado puede estar agradecido de la descongestión de esos diversos juzgados de Huancané, en tanto la mayoría de la población del distrito y, por qué no decirlo, de la propia provincia, acude a sus propios órganos comunales para resolver sus conflictos. Sólo la labor de los juzgados de paz rurales se ha presentado como complementaria a la labor de la organización comunal donde se encuentran ubicados, mientras que los juzgados de paz de la ciudad y los juzgados mixtos de primera instancia han devenido en órganos “sin trabajo” por su muy limitada carga procesal. Como se indicó en el capítulo 4, en octubre de 1999 y agosto de 2000, cuando se actualizó la información de campo de los órganos de resolución Antonio Alfonso Peña Jumpa. Poder judicial comunal aymara en el Sur Andino Colección En Clave de Sur. 1ª ed. ILSA, Bogotá D.C. Colombia, marzo de 2004

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de los juzgados estatales, los cinco juzgados de paz letrados que tuve oportunidad de conocer años atrás habían desaparecido, dando lugar a la formación del único Juzgado de Paz Letrado de la provincia. Este Juzgado, por propia información de sus funcionarios, se encontraba con una mínima carga judicial18. El total de casos civiles y penales correspondientes al año 1998 fue de 270, de los que 150 correspondían a materia penal y 120 a materia civil. En octubre de 1999, las cifras anuales eran proporcionalmente semejantes: los casos penales llegaban a 125, en tanto los casos civiles a 90. Comparados con el movimiento de casos de los cientos de juzgados de paz letrados de ciudades grandes como Lima, Arequipa o Trujillo, muestran una gran diferencia. En cada uno de los juzgados de paz letrados de estas ciudades es posible recibir en un solo mes mínimamente el total de los 270 casos anuales del Juzgado de Huancané. De otro lado, como también se indicó en el capítulo 4, el único Juzgado Mixto de Primera Instancia de Huancané, competente en materia civil, penal, agraria y laboral, tenía las mismas características antes descritas del Juzgado de Paz Letrado. En el Juzgado Mixto también se podía distinguir entre casos penales y civiles, con mínima identificación de casos laborales o agrarios. Según indicación de sus funcionarios19, de las causas recibidas anualmente por el Juzgado, entre el 65% y 70% corresponden a casos penales, en tanto el 35% o 30%, a casos civiles20. En el mes de octubre de 1999 sólo se habían recibido 102 casos penales y el promedio estimado para 1998 fue de 12021. Esta situación no solo es consecuencia de la función jurisdiccional de las comunidades de Calahuyo, Titihue y Tiquirini-Totería, respaldadas por su Liga Agraria, sino de todo un movimiento o la reacción del conjunto de comunidades aymaras de Huancané. A los juzgados, generalmente, llegan los casos de las parcialidades de la misma provincia, donde no existe todavía una asamblea dinámica y la autoridad representativa es el teniente gobernador. No se trata de reconocer un derecho consuetudinario o un derecho ancestral o tradicional reglamentado por ley sino, más bien, de reconocer una justicia y un derecho diferentes, igual como se reconocen culturas diferentes. No es que exista una cultura superior o inferior, como tampoco 18

Huancané, entrevistas realizadas en octubre de 1999 y agosto de 2001.

19

Huancané, entrevistas de octubre de 1999 y agosto de 2000.

20

Los casos laborales o agrarios particularmente se subsumen dentro de la categoría de casos penales, porque las partes agraviadas prefieren normalmente tal procedimiento.

21

Estos datos resultan sorprendentes si se comparan, como se hizo para la labor del Juzgado de Paz Letrado, con el número de causas que reciben las decenas de juzgados de primera instancia de Lima en materia civil o penal. En éstos mínimamente se pueden recibir entre 250 y 300 casos mensuales.

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existe un concepto de justicia o un sistema judicial superior o inferior sino que, simplemente, se trata de una cultura y sistemas judiciales diferentes. Desde las comunidades aymaras del Sur Andino, y particularmente desde Calahuyo, Titihue y Tiquirini-Totería, se hace indispensable también una nueva actitud. En mi opinión, sólo a partir de los propios comuneros es posible consolidar su poder judicial, lo que supone las tareas de continuar fortaleciendo su organización comunal y superar su situación de dependencia económica. Aspectos de su organización social, como la rotación de los cargos, la exigencia de que todos asistan y participen en las asambleas, el acceso de la mujer aymara a los cargos de representación, etc., son instituciones o disposiciones que no deben desaparecer y, por el contrario, deberían “avanzar” y perfeccionarse. Particularmente la institución de la rotación de los cargos es fundamental y puede significar un aporte para otras sociedades. Desde el Estado, normalmente, quien ostenta un cargo se convierte en un “ser omnipotente” en la institución que representa y, por él fuera, permanecería en forma vitalicia. La experiencia de los comuneros es contraria; con cargos o sin estos, ellos son los mismos y esperan siempre, por diversas razones, que concluya el plazo de su encargo para que otro comunero lo suceda. En la función judicial, incluso, se ha visto que tal rotación se convierte en garantía de imparcialidad entre los comuneros. En las relaciones económicas, en cambio, los comuneros tienen un mayor reto. La relación de dependencia con la costa y las grandes ciudades, que se manifiesta en una situación de desventaja por parte de los comuneros para el intercambio de productos, debería variar. Las grandes ciudades siguen extrayendo de las comunidades sus mejores productos, como la carne vacuna y la papa, pagándoles un precio irrisorio, comparado con el que exigen por los productos que les venden (arroz, aceite, azúcar, ropa, etc.). Al respecto, a través de su organización o sus sistemas de resolución gremial, los comuneros podrían sentirse capaces de negociar, ellos mismos un mejor precio y, aprovechando la tecnología existente, promover la industrialización de sus productos. Sólo de esta manera se evitará la desintegración de las comunidades (por las migraciones) y se alcanzará una plena autonomía que, complementariamente, reforzaría su organización social. Los sistemas de resolución de conflictos o poder judicial comunal del Sur Andino contribuyen al fortalecimiento de las relaciones sociales y económicas de las comunidades, pero pueden contribuir aún más si adoptan una mayor intervención en tales actividades. Resolver los conflictos favorece cualquier desarrollo económico o social, pero en el caso de las comunidades en estudio pueden favorecerse aun más si sus sistemas de resolución canalizan, por ejemplo, las limitaciones de precios de sus productos o los Antonio Alfonso Peña Jumpa. Poder judicial comunal aymara en el Sur Andino Colección En Clave de Sur. 1ª ed. ILSA, Bogotá D.C. Colombia, marzo de 2004

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desequilibrios en sus intercambios económicos como una reivindicación gremial o la superación de un conflicto “político”. Esto confirma la compleja pervivencia de las comunidades a pesar de sus limitaciones, pero también las esperanzas de una mayor consolidación de las mismas. En el fondo, la presencia de este poder judicial comunal aymara del Sur Andino ayuda, en Perú, a reconocer la diversidad y, con ésta, a avanzar en la construcción de un Estado que incluya la convivencia de sus diferentes grupos sociales o étnicos, convencidos, desde luego, de que todos podemos alcanzar satisfacción y desarrollo.

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os argumentos ofrecidos en los capítulos precedentes sustentan las siguientes conclusiones:

1. Es posible construir teóricamente el concepto de poder judicial comunal El marco teórico de este estudio ha mostrado que es posible definir el concepto poder judicial comunal como el conjunto de sistemas de resolución de conflictos, rodeado de relaciones de poder, que identifica a grupos sociales o sociedades comunitarias. A partir de dicha definición es posible explicar cinco elementos o componentes. Primero, al interior de dicho concepto se puede distinguir no un sistema sino una pluralidad de sistemas que interactúan y le dan forma, siguiendo la concepción metodológica del pluralismo jurídico. Segundo, al interior de cada uno de los sistemas de resolución se identifica un orden u organización de tipo fáctico o empírico y un orden u organización jurídica o ideal. Tercero, al interior de dichos órdenes u organizaciones se desarrollan relaciones de poder aquí identificadas bajo dos formas: un poder ejercido como “dominación” y un poder “voluntario” ejercido con libertad, negociación o mediación de sus actores. Cuarto, también al interior de dichos órdenes u organizaciones se desarrollan los conflictos, teorizados en forma diferente a las relaciones de poder y particularmente distinguiendo entre conflictos intrasistémicos y conflictos intersistémicos. Quinto, el componente comunal de la definición mencionada se vincula con relaciones comunitarias, identificadas como relaciones sentimentales-subjetivas a su interior, que muestran su división típica del plano de lo familiar y el plano de lo comunal y, a partir de esta división, su compleja pervivencia en la actualidad. A la definición propuesta se ha sumado el interés de encontrar un fundamento jurídico o de derecho que teóricamente haga válido y reivindicaAntonio Alfonso Peña Jumpa. Poder judicial comunal aymara en el Sur Andino Colección En Clave de Sur. 1ª ed. ILSA, Bogotá D.C. Colombia, marzo de 2004

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ble el concepto poder judicial comunal. Para ello se ha recurrido a la teoría o doctrina del derecho a la identidad cultural. Tras una breve definición del derecho a la identidad cultural –particularmente de los conceptos de identidad y cultura– y del propio concepto de poder judicial comunal, se ha fundado este derecho en dos argumentos: un argumento fáctico que parte de reconocer la diversidad de culturas en el mundo y al interior de cada país, y un argumento teórico paradigmático, sintetizado en el concepto metodológico de interculturalidad, que muestra que las culturas no están aisladas sino en constante interacción y cambio. A estos fundamentos se ha sumado, en términos prácticos, el tratamiento que da el marco normativo peruano al derecho a la identidad cultural y a nuestro concepto de poder judicial comunal, encontrando tres limitaciones principales. En primer lugar, no se reconoce la identidad cultural en términos de resolución de conflictos a toda organización campesina o étnica no estatal en el país, excluyendo las rondas campesinas y las parcialidades. En segundo lugar, a través de la denominación “derechos fundamentales de la persona” se limita la actuación de los sistemas de resolución que bajo su identidad cultural se encuentran reconocidos. En tercer lugar, se omiten reglas comprensivas frente a casos de interculturalidad, particularmente en los casos de inmigración de miembros de culturas diferentes. 2. Hay un contexto básico donde se desarrolla la experiencia judicial aymara del Sur Andino Este contexto básico está delimitado por los antecedentes históricos, la organización social, económica y cultural que identifican a las poblaciones aymaras, pero también por la presencia histórica del poder judicial del Estado y los órganos políticos que intervienen en la resolución de conflictos relacionados con estas poblaciones. Tras presentar brevemente la microrregión de Huancané y las tres comunidades en estudio (Calahuyo, Titihue y Tiquirini-Totería), se ha referido una historia reciente de sublevaciones y de reivindicaciones de autonomía por parte de las comunidades y parcialidades del Sur Andino, identificando dentro de esta autonomía el propio reclamo judicial. A estos antecedentes históricos se ha sumado la explicación de una compleja organización social de las comunidades en estudio que distinguen entre organización intracomunal (que integra la organización familiar y la organización político-comunal) y organización intercomunal (que integra a la organización gremial de la Liga Agraria 24 de Junio de Huancané, la asamblea de tenientes gobernadores y una particular organización multicomunal por necesidad). También se ha sumado la explicación de una compleja organización económica en las comunidades en estudio, basada en la tenencia de la tierra cada vez más fragmentada, en las formas de trabajo que identifican diversas formas de interrelación y contratos, así como en las principaAntonio Alfonso Peña Jumpa. Poder judicial comunal aymara en el Sur Andino Colección En Clave de Sur. 1ª ed. ILSA, Bogotá D.C. Colombia, marzo de 2004

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les actividades productivas de los comuneros, sintetizadas en la agricultura y la ganadería. Por último, se ha explicado la compleja organización cultural donde se destaca el predominio del idioma aymara como fuente de comunicación –a pesar del bilingüismo (aymara-castellano) o trilingüismo (aymara-castellano-quechua)–; la expresión de particulares fiestas patronales, como los carnavales y la fiesta de la “santa cruz”, donde se comparten relaciones de solidaridad y algarabía; la expresión de una particular cosmovisión que muestra a deidades históricas como la Pachamama o la madre naturaleza al lado del dios cristiano, y la expresión de particulares relaciones de parentesco y matrimonio en las que el padrinazgo o compadrazgo son tan importantes como el parentesco carnal y donde el matrimonio aymara es identificado con la serviciña. Al contexto empírico básico anterior se suma el contexto judicial ofrecido por el Estado, donde se ha podido encontrar una compleja interacción entre magistrados (jueces del juzgado mixto de primera instancia, del juzgado de paz letrado y de juzgados de paz rurales) y autoridades políticas (gobernador y subprefecto) y policiales en cuanto a ámbitos y eficacia en la resolución de conflictos sometidos por los aymaras, lo que demuestra que los jueces no tienen el monopolio de la justicia como constitucional o legalmente se sostiene. Pero también se ha visto la limitada carga procesal de los juzgados de Huancané, en comparación con la de otros juzgados de ciudades costeñas. A este panorama general del contexto judicial se añade la explicación sobre cuál poblador aymara recurre a dichas “autoridades judiciales de la ciudad”, distinguiendo entre miembros de comunidades y parcialidades y mostrando que los pobladores de estas últimas son quienes más recurren, en tanto los primeros incluso han desarrollado en sus estatutos la prioridad de intervención de sus órganos comunales y solo supletoriamente recurrir a las autoridades estatales. Por último se explican las causas recientes que han llevado a los comuneros a consolidar sus propios órganos de resolución, encontrándose principalmente tres: los costos de acceso a la justicia del Estado, la dilación de los juicios por parte de las autoridades estatales y la negativa a otorgar una solución definitiva a los conflictos y a reconocer los intereses de los comuneros aymaras. Ambos aspectos, el contexto histórico, social, económico y cultural, y el contexto judicial descritos, sirven como marco de desarrollo fáctico del poder judicial comunal de las comunidades aymaras del Sur Andino. 3. Existe una variedad de sistemas de resolución de conflictos al interior y exterior de las comunidades en estudio que conducen a afirmar la presencia de un poder judicial comunal aymara en el Sur Andino Con esta afirmación se da respuesta al interrogante central de este libro. A la pregunta “¿cómo resuelven los conflictos las comunidades aymaras de Huancané?” se puede responder que a través de una variedad de sisteAntonio Alfonso Peña Jumpa. Poder judicial comunal aymara en el Sur Andino Colección En Clave de Sur. 1ª ed. ILSA, Bogotá D.C. Colombia, marzo de 2004

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mas, donde se confunden muchos órganos y procedimientos de resolución, muchos tipos de acuerdos o decisiones finales y muchas formas de ejecución de éstos. A su vez, al distinguir entre conflictos intracomunales, intercomunales y hasta gremiales o “políticos” se ha podido demostrar que tal variedad de sistemas de resolución se acrecienta, mostrando la complejidad de un poder judicial comunal aymara en el Sur Andino. Para hacer comprensible esta variedad de sistemas de resolución se ha formulado una clasificación en dos grandes grupos, de acuerdo con los tipos de conflictos. Un primer grupo de sistemas de resolución está relacionado con los calificados como conflictos internos o intracomunales y un segundo grupo de sistemas de resolución se refiere a los conflictos externos o intercomunales. A estos dos grandes grupos de sistemas de resolución puede sumarse un tercer grupo delimitado por un órgano particular de resolución (la entidad gremial), donde es posible identificar una resolución adicional de un particular tipo de conflicto: el de reivindicación gremial o “político”. El primer gran grupo de sistemas de resolución de conflictos internos o intracomunales es el que ha servido para estructurar en resumen el poder judicial comunal aymara de las comunidades en estudio. Tal estructura involucra una particular tipología de conflictos que, siguiendo el contexto socio-económico y cultural de las comunidades en estudio, se puede dividir entre conflictos familiares o particulares y conflictos colectivos o comunales, a los que se puede añadir un tipo intermedio identificado como conflicto comunal de origen familiar. A esta clasificación se adiciona la variedad de nombres con que normalmente el poder judicial estatal actúa: “separación de cuerpos”, “divorcio”, “adulterio”, “aborto”, “incumplimiento de contratos”, “incumplimiento de funciones administrativas”, “conflictos de linderos”, etcétera. Un segundo elemento de esta estructura consiste en identificar órganos de resolución propios, entre los que se distinguen los órganos familiares-parentales o “informales” y los órganos político-comunales. Entre los primeros se encuentran los miembros mayores de una familia nuclear, los padrinos o compadres, las propias partes del conflicto y los comuneros ancianos. Entre los segundos se encuentran las autoridades comunales, integradas principalmente por el presidente y el teniente gobernador de la comunidad, y la asamblea comunal. Un tercer elemento de la estructura judicial aymara son los procedimientos de resolución empleados por los órganos antes citados. Los procedimientos de resolución son flexibles, sencillos y rápidos. Mientras los órganos de resolución familiar recurren a procedimientos semejantes a la conciliación, negociación y mediación, los órganos de resolución políticocomunales recurren regularmente a procedimientos semejantes a un arbitraje especializado o arbitraje popular y excepcionalmente a la mediación o “arreglo forzado” de las partes en conflicto. Antonio Alfonso Peña Jumpa. Poder judicial comunal aymara en el Sur Andino Colección En Clave de Sur. 1ª ed. ILSA, Bogotá D.C. Colombia, marzo de 2004

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El cuarto aspecto que integra la estructura judicial aymara consiste en acuerdos y sanciones con los que ponen fin al conflicto. Los acuerdos o “arreglos” son generalmente el resultado de la intervención de los órganos familiares y sus procedimientos, en tanto las sanciones son generalmente el resultado de la intervención de los órganos político-comunales y sus procedimientos. Ambos tipos de acuerdo o decisión final variarán dependiendo del tipo de conflicto familiar o colectivo, respectivamente. Entre las sanciones, a su vez, puede distinguirse una variedad de penas que van desde las multas hasta la expulsión de la comunidad, aplicadas de acuerdo con la responsabilidad y situación de las partes del conflicto. El último elemento estudiado de los sistemas de resolución de conflictos intracomunales es la participación o racionalidad con que las partes extinguen el conflicto más allá de la resolución adoptada. Así, se encontró que tanto en la etapa del acuerdo o sanción final, como en la etapa del cumplimiento de estos acuerdos y sanciones intervienen dos principios que son los que intrínsecamente ponen en movimiento todo el aparato judicial comunal: el honor familiar y el ser colectivo. El primero actúa generalmente frente a los conflictos familiares o particulares, en tanto el segundo opera generalmente frente a los conflictos colectivos o comunales. Sin embargo, más allá de su intervención en la resolución de conflictos, tales principios se encuentran en el conjunto de actos o rasgos que identifican a los aymaras, con lo que se puede entender aun más cómo influyen en la resolución y el cumplimiento del acuerdo o sanción asumido. El segundo gran grupo de sistemas de resolución referido a los conflictos externos o intercomunales de las comunidades aymaras en estudio hace uso de la estructura judicial antes mencionada para abordar tal tipo de conflictos. Entre éstos es posible distinguir los conflictos intercomunales de carácter privado, particular o familiar (conflictos de pareja, casos de incumplimiento de contratos y conflictos de linderos en los que una de las partes es “yerno” de la comunidad) y los conflictos intercomunales de carácter colectivo o comunal (casos de robo de ganado, conflictos de colindancia entre comunidades y casos de incumplimiento de obligaciones por parte de los “yernos” de la comunidad). Frente a ambos tipos de conflictos intercomunales se ponen en operación los órganos propios, procedimientos y acuerdos o sanciones explicados para los conflictos intracomunales, aunque con particulares variaciones. Los conflictos intercomunales familiares convocarán a los órganos de resolución familiar y a las autoridades de las comunidades a las que pertenece la pareja en pleito, a las partes del contrato o al “yerno” de la comunidad, que actuarán con flexibilidad, sencillez y celeridad para llegar a “arreglos” o acuerdos sobre los conflictos. Los conflictos intercomunales colectivos o familiares generalmente convocarán a los órganos comunales de las comuAntonio Alfonso Peña Jumpa. Poder judicial comunal aymara en el Sur Andino Colección En Clave de Sur. 1ª ed. ILSA, Bogotá D.C. Colombia, marzo de 2004

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nidades en pleito, para aplicar la sanción al abigeo o al “yerno” en falta, en el supuesto que sean vecinos de una de las comunidades, así como para llegar a un acuerdo sobre la colindancia de sus territorios. A su vez, a la puesta en operación de los elementos precedentes en los conflictos intercomunales también se suma la racionalidad de los dos principios fundamentales que, trascendiendo el ámbito de cada comunidad, tienen aplicación: el honor familiar y el ser colectivo. A partir de estos principios nuevamente los conflictos de los comuneros pueden llegar a un acuerdo o decisión final, así como a su cumplimiento. Por último, el tercer grupo de sistemas de resolución involucra tanto los conflictos intracomunales como intercomunales pero en referencia a un órgano externo o abstracto a las propias comunidades: la Liga Agraria 24 de Junio de Huancané. Por medio de esta entidad históricamente se han resuelto conflictos familiares y comunales previamente sometidos por las partes aymaras en pleito o por sus propias autoridades comunales, consiguiendo, a través de una estructura semejante a la referida anteriormente, la resolución del conflicto y el cumplimiento de los acuerdos o decisiones finales a los que se llegue. Históricamente esta entidad gremial ha sido un centro de enseñanza de cómo las comunidades podrían resolver sus conflictos, pero también se ha instituido en el centro de identificación y resolución de un nuevo tipo de conflicto: el conflicto de reivindicación gremial o “político” referido a los “abusos” o “desempeño deficiente” de autoridades o funcionarios del Estado. A través de la directiva gremial y de la asamblea general del gremio, la Liga Agraria ha sabido intervenir y desarrollar procedimientos de resolución para alcanzar un acuerdo o una decisión final sobre los conflictos que se le someten. Frente a los conflictos familiares o colectivos, la Liga Agraria actúa a través de sus directivos experimentados, como si se tratara de jueces de paz, en tanto frente a los conflictos de reivindicación gremial o “política”, la convocatoria de delegados y el desarrollo de convenciones agrarias se presentan como el mejor mecanismo para alcanzar una solución. Una vez conseguido el acuerdo o decisión final, opera la actitud de las partes, sus familias y su organización comunal, que nuevamente conducidos por los principios del honor familiar y el ser colectivo hacen posible la extinción del conflicto. Estos principios estarán presentes tanto en los conflictos familiares o colectivos como en los propios conflictos gremiales o “políticos”. En estos últimos, tales principios fomentarán una participación masiva: movilizarán a sus directivos gremiales, a los presidentes y delegados de las comunidades y, dado el caso, al conjunto de poblaciones de cada comunidad, destacando una especie de ser colectivo gremial. En suma, el conjunto de los tres grupos de sistemas de resolución de conflictos, con sus distintas formas o alternativas de resolución sobre la Antonio Alfonso Peña Jumpa. Poder judicial comunal aymara en el Sur Andino Colección En Clave de Sur. 1ª ed. ILSA, Bogotá D.C. Colombia, marzo de 2004

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diversidad de conflictos que existen en las comunidades y fuera de éstas, es lo que lleva a hablar del poder judicial comunal. Sin embargo, también se debe tener presente, como se ha mostrado en el desarrollo de esta investigación, que la diversidad de conflictos y la multiplicidad de formas de resolución no implican que las comunidades aymaras en estudio desarrollen un gran número de conflictos. El poder judicial comunal aymara asume un menor número de conflictos, en comparación con los llevados por los órganos formales del Estado con una población proporcional. 4. El poder judicial comunal aymara del Sur Andino es una experiencia positiva teórica y fácticamente Los sistemas de resolución de conflictos descritos dan lugar a varias reflexiones positivas. Una primera reflexión teórica es que constituyen un poder jurisdiccional que materializa el concepto de justicia que el grupo social abstrae previamente como tal. Se trata de la puesta en operación de una organización comunitaria predispuesta a reivindicar lo que el grupo social considera justo. Al lado de esta relación teórica con el concepto de justicia, la experiencia sistematizada tiene una proyección práctica puesta de manifiesto en las características que trasluce y que la hace diferente a otros modelos o tipos de sistemas de resolución de conflictos. Así, el poder judicial comunal aymara muestra que es una experiencia histórica y dinámica que interactúa con otros sistemas de resolución, demostrando ser parte de la interculturalidad que viven sus actores. En segundo lugar, en todos los sistemas de resolución ha sido posible valorar los principios del honor familiar y el ser colectivo como parte subjetiva de la actitud de los órganos de resolución, pero sobre todo de las propias partes del conflicto, sus familias y su organización comunal, dentro del propósito de llegar a un acuerdo o a una sanción y cumplirlos. En tercer lugar, en los sistemas de resolución se destaca una férrea voluntad de las partes y la primacía del interés colectivo como componente de las relaciones de poder al interior y exterior de las comunidades, que conducen a alcanzar los acuerdos o arreglos en los conflictos familiares, y las sanciones y penas en los conflictos colectivos o comunales. En cuarto lugar, en los procedimientos de resolución y en la actitud de las propias partes se destaca la búsqueda permanente de una verdad real, sobre la verdad formal, que se ve favorecida por la personalización de relaciones que lleva a una efectiva intermediación de los órganos de resolución y a valorar principios como “no mentir”. En quinto lugar, los órganos de los sistemas de resolución presentados pueden ser calificados como imparciales debido al respeto mutuo que se deben las familias y a la aplicación del principio de rotación de los cargos y de la apreciación de que “cualquier cargo es importante”. Una sexta característica desprendida de la actuación de los sistemas de resolución consiste en valorar su función judicial o jurisAntonio Alfonso Peña Jumpa. Poder judicial comunal aymara en el Sur Andino Colección En Clave de Sur. 1ª ed. ILSA, Bogotá D.C. Colombia, marzo de 2004

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diccional, no como algo autónomo o independiente de otras funciones en la comunidad sino que, por el contrario, la actuación de los órganos familiares o comunales constituye parte de la mixtura de sus funciones que conjugan lo legislativo, lo ejecutivo y lo jurisdiccional. Por último, esta reflexión teórica vinculada a lo justo en los aymaras y a su caracterización particular como poder judicial comunal conduce a plantear una serie de desafíos que involucran la actitud de los gobernantes del Estado y de los propios comuneros actores de estos sistemas de resolución. El Estado debe estar agradecido del descongestionamiento de su labor judicial oficial en zonas como la del Sur Andino debido a que las propias comunidades la han asumido con eficiencia y eficacia, lo que obliga a un reconocimiento pleno de tal poder judicial comunal aymara. Desde los comuneros hay una necesidad de consolidación de dicho poder jurisdiccional pero también de proyectarlo a otras actividades como las que se desprenden de sus relaciones económicas con la ciudad. Pero, más allá de este desafío concreto de los actores vinculados al poder judicial comunal aymara, se pueden identificar otros aspectos, problemas y temas vinculados a la resolución de conflictos y al derecho en general. El poder judicial comunal aymara del Sur Andino muestra un modelo de sistemas de resolución donde la conciliación, mediación y negociación, conocidas normalmente como “mecanismos alternativos de resolución de conflictos”, son exitosas. Pero este éxito no se debe a una ley o a la promoción coyuntural de la misma, sino a un efecto cultural, tejido históricamente. Las relaciones sentimentales-subjetivas expresadas con los principios del honor familiar o el ser colectivo hacen posible tales mecanismos de resolución. En el mismo sentido, reconocer la actuación del poder judicial comunal aymara en los términos mostrados lleva a sustentar su presencia como una institución o un modelo de institución que se inscribe en un concepto de derecho, de justicia y de familia o tradición jurídica diferente. El poder judicial comunal aymara es parte de una tradición jurídica poco publicitada, que puede ser identificada como comunitaria más que como “indígena” y que involucra a poblaciones semejantes de países como Bolivia, Ecuador, Chile, Colombia, Argentina, Venezuela, Guatemala, Honduras México, Panamá, Brasil, Canadá, Estados Unidos, entre otros, además de Perú.

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