Perú en la era del chino (Alberto Fujimori). La política no institucionalizada y el pueblo en busca de un salvador. [2 ed.] 9789972513459, 9972513459

Analiza el gobierno de Alberto Fujimori desde la perspectiva histórica y de las instituciones políticas. Publicado origi

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Perú en la era del chino (Alberto Fujimori). La política no institucionalizada y el pueblo en busca de un salvador. [2 ed.]
 9789972513459, 9972513459

Table of contents :
Perú en la era del Chino: la política institucionalizada y el pueblo en busca de un salvador (2ª. ed.). Ideología y Política, 27
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Contenido
Prefacio a la segunda edición
Prefacio a la primera edición
Introducción
I Un enfoque para analizar
: la política peruana
1. Tierra y sociedad del Perú
2. Cambios sociales desde fines del siglo XIX
3. Una historia de la política inestable
4. Los principios de la política peruana
5. La conciencia política de los peruanos
6. Los partidos políticos no democráticos
7. El menoscabo de la democracia en la década de 1980
II La gestación de la política de Fujimori
1. Fujimori y sus experiencias de vida
2. El proceso electoral de 1990 antes de que Fujimori llamara la atención
3. Entra Fujimori
4. El estilo político de Fujimori, ganador de la competencia electoral de 1990
5. Preparación de gobierno por parte de Fujimori
III Desde el inicio del gobierno de Fujimori (...)
1. Fujimori ejecuta decididamente la política de estabilización económica
2. El retorno a la comunidad financiera internacional
3. La ejecución de la política antisubversiva
4. Las fricciones entre Fujimori y la oposición
5. La intensificación del conflicto político
6. El “autogolpe” y la búsqueda de un camino a la normalización
7. Desde el inicio del diálogo hasta la instalación del CCD
8. La captura de Guzmán y la intentona golpista
IV Camino a la reelección (1993-1995)
1. La situación política después de las elecciones del CCD y la realización del referéndum constitucional
2. Entre las fuerzas armadas y los derechos humanos
3. Lecciones del referéndum constitucional
4. El proceso de la campaña de 1995
5. Conflicto fronterizo con Ecuador
V El derrumbe del gobierno de Fujimori
(1995-1998)
1. Depresión económica
2. La crítica cada vez más fuerte contra Fujimori
3. Conflicto en el entorno presidencial
4 La crisis de los rehenes
5. La cuestión de la tercera elección consecutiva de Fujimori
6. Fujimori acorralado
VI El fin del gobierno de Fujimori
(1999-2000)
1. Acciones de Fujimori y la oposición con miras a las elecciones de 2000
2. Proceso electoral de 2000
3. La confusión poselectoral
4. La caída del gobierno de Fujimori
Conclusiones
Anexo 1
Anexo 2
Bibliografía y fuentes

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YUSUKE MURAKAMI

Perú en la era del Chino la PolítiCa no instituCionalizada y el Pueblo en busCa de un salvador

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IEP Instituto de Estudios Peruanos

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Serie: Ideología y Política, 27

© IEP instituto de estudios Peruanos Horacio Urteaga 694, Lima 11 Telf. (511) 332-6194 Fax (511) 332-6173 Correo-e: [email protected]

© yusuKe MuraKaMi ISSN: 1019-455X Primera edición, enero de 2007 Segunda edición revisada y actualizada, mayo de 2012 Edición digital, octubre de 2013

MuraKaMi, Yusuke Perú en la era del Chino: la política institucionalizada y el pueblo en busca de un salvador. 2.a ed. Lima, CIAS, Center for Integrated Area Studies; Kyoto University; IEP, 2012 (Ideología y Política, 27) FUJIMORI, ALBERTO; POLÍTICA GUBERNAMENTAL; INSTITUCIONES POLÍTICAS; DEMOCRACIA; POLÍTICA; PROCESOS POLÍTICOS; PROCESOS ELECTORALES; PARTICIPACIÓN POLÍTICA; GOBERNABILIDAD; CULTURA POLÍTICA; PERÚ

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Para los que no sean fujimoristas ni antifujimoristas

“Plus ça change, plus c’est la même chose” (“Cuanto más cambia algo, más es la misma cosa”) REFRÁN FRANCÉS

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Contenido

Prefacio a la segunda edición...................................................................................... 13 Prefacio........................................................................................................................25 Introducción ...............................................................................................................35 I.

Un enfoque para analizar la política peruana .................................................63

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Tierra y sociedad del Perú.................................................................................. 65 Cambios sociales desde fines del siglo XIX ........................................................72 Una historia de la política inestable ..................................................................90 Los principios de la política peruana .............................................................. 118 La conciencia política de los peruanos ............................................................ 128 Los partidos políticos no democráticos ........................................................... 134 El menoscabo de la democracia en la década de 1980 ................................... 150

II.

La gestación de la política de Fujimori .......................................................... 179

1. 2. 3. 4. 5.

Fujimori y sus experiencias de vida ................................................................. 181 El proceso electoral de 1990 antes de que Fujimori llamara la atención ....... 193 Entra Fujimori .................................................................................................202 El estilo político de Fujimori, ganador de la competencia electoral de 1990 ...216 Preparación de gobierno por parte de Fujimori..............................................226

III. Desde el inicio del gobierno de Fujimori hasta la instalación del Congreso Constituyente Democrático (1990-1992) ................................239 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Fujimori ejecuta decididamente la política de estabilización económica ....... 241 El retorno a la comunidad financiera internacional .......................................255 La ejecución de la política antisubversiva........................................................264 Las fricciones entre Fujimori y la oposición.................................................... 270 La intensificación del conflicto político .......................................................... 281 El “autogolpe” y la búsqueda de un camino a la normalización.....................295

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7. 8.

Desde el inicio del diálogo hasta la instalación del CCD.................................314 La captura de Guzmán y la intentona golpista................................................325

IV. Camino a la reelección (1993-1995) ............................................................... 337

2. 3. 4. 5.

La situación política después de las elecciones del CCD y la realización del referéndum constitucional.........................................................................339 Entre las Fuerzas Armadas y los derechos humanos .......................................354 Lecciones del referéndum constitucional ........................................................ 371 El proceso de la campaña de 1995 ..................................................................386 Conflicto fronterizo con Ecuador ...................................................................402

V.

El derrumbe del gobierno de Fujimori (1995-1998) ......................................411

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Depresión económica ...................................................................................... 413 La crítica cada vez más fuerte contra Fujimori ................................................425 Conflicto en el entorno presidencial ..............................................................442 La crisis de los rehenes ....................................................................................454 La cuestión de la tercera elección consecutiva de Fujimori ............................480 Fujimori acorralado .........................................................................................489

1.

VI. El fin del gobierno de Fujimori (1999-2000) ................................................. 501 1. 2. 3. 4.

Acciones de Fujimori y la oposición con miras a las elecciones de 2000 .......503 Proceso electoral de 2000 .................................................................................517 La confusión poselectoral ................................................................................ 537 La caída del gobierno de Fujimori ..................................................................550

Conclusiones ............................................................................................................563 Lista de cuadros 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10

El cambio demográfico ...................................................................................... 76 Población por zonas y regiones .......................................................................... 77 Producto Bruto Interno por sectores................................................................. 81 Niveles de empleo en Lima................................................................................ 82 Distribución personal del ingreso según estratos sociales .................................85 Población por niveles de pobreza en 1985 ........................................................85 Analfabetos ........................................................................................................ 87 Cambios de gobierno (1821-2000) ....................................................................92 Proporción estimada de electores registrados.................................................. 115 Porcentajes de los votos conseguidos por los partidos políticos del Presidente elegido en las elecciones presidenciales, de 1930 a 1990 .........141

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1.11 Resultados de las elecciones presidenciales y municipales de la década de 1980........................................................................................ 154 1.12 Alcaldes provinciales elegidos en la década de 1980 ...................................... 156 1.13 Principales indicadores económicos hasta la década de 1980 ........................ 162 1.14 Principales indicadores económicos del sector externo hasta la década de 1980 ................................................................................... 164 1.15 Número de empleados públicos ...................................................................... 165 1.16 Datos relativos al terrorismo en la década de 1980 .........................................171 2.1 Resultados de las elecciones presidenciales de 1990 (primera vuelta) ............ 212 2.2 Resultados de las elecciones presidenciales de 1990 (segunda vuelta).............217 2.3 Resultados de las elecciones municipales (alcaldes provinciales) en la década de 1990 ....................................................................................... 221 2.4 Principales problemas del Perú........................................................................225 3.1 Niveles de aprobación presidencial, inflación y expectativas sobre la situación económica familiar desde la toma de posesión hasta el “autogolpe” ................250 3.2 Datos sobre el cultivo de coca en el Perú en la década de 1980 .....................258 3.3 Aprobación presidencial en el primer mandato de Fujimori .........................263 3.4 Distribución de escaños en el Congreso hasta antes del “autogolpe” ............ 278 3.5 Resultado de las elecciones para el CCD de 1992 ..........................................323 3.6 Datos relativos al terrorismo en la década de 1990 .........................................330 4.1 Resultado del referéndum constitucional .......................................................353 4.2 Principales indicadores económicos del primer mandato de Fujimori ..........366 4.3 Principales inversiones extranjeras en el Perú ................................................. 367 4.4 Número de líneas de producción de Matsushita Electric del Perú S. A. en el Perú ......................................................................................................... 371 4.5 Número de días de visita interna de Fujimori después del referéndum constitucional hasta las elecciones de 1995..................................................... 377 4.6 Visitas internas de Fujimori después del referéndum constitucional hasta las elecciones de 1995 (provincias) ......................................................... 378 4.7 Resultados de las elecciones presidenciales de 1995 ....................................... 397 4.8 Resultados de las elecciones congresales de 1995 ...........................................398 5.1 Principales indicadores económicos del segundo mandato de Fujimori.........417 5.2 Población por niveles de pobreza en la década de 1990 ................................. 419 5.3 Distribución personal del ingreso según estratos sociales en la década de 1990 .......................................................................................420 5.4 Datos sobre el cultivo de coca en el Perú de la década de 1990 .....................438 5.5 Niveles de aprobación presidencial y expectativas sobre la situación económica en 1996.............................................................440 5.6 Razones de la desaprobación presidencial....................................................... 441 5.7 Aprobación presidencial en el segundo mandato de Fujimori .......................443 5.8 Número de atentados por autor ......................................................................456 5.9 Ayuda económica oficial de Japón para el Perú ..............................................459

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5.10 6.1 6.2 6.3

Los cinco mayores donantes de ayuda económica al Perú ..............................460 Niveles de aprobación de la oposición ............................................................506 Gasto del gobierno en publicidad ....................................................................511 Niveles de aprobación presidencial y expectativas sobre la situación económica familiar en 1999 y 2000 ................................................................ 512 6.4 Resultados de las elecciones presidenciales de 2000 (primera vuelta) ............530 6.5 Variación en la distribución de escaños en el Congreso de 2000...................532 6.6 Resultado de las elecciones presidenciales de 2000 (segunda vuelta) ............. 537 7.1 Línea económica preferida según estratos socioeconómicos ..........................583 Lista de gráficos

2.1 4.1 4.2 4.3 6.1

Intención de voto en las elecciones presidenciales de 1990 (primera vuelta) .... 198 Intención de voto en el referéndum constitucional de 1993 ..........................350 Intención de voto en las elecciones presidenciales de 1995............................ 387 Intención de voto en las elecciones congresales de 1995 ................................ 394 Intención de voto en las elecciones presidenciales de 2000 (primera vuelta) .. 519

Lista de mapas 1.1 Mapa de proyección azimutal equidistante-Lima .............................................. 67 1.2 Mapa político del Perú....................................................................................... 68 4.1 Frontera entre Perú y Ecuador.........................................................................405

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Prefacio a la segunda edición

los estudios PolítiCos en el Perú se encuentran pasando por un cambio (o un intento de cambio) similar al que atravesó el mundo académico de la ciencia política de los Estados Unidos en la década de 1950, con la llamada “revolución conductista” (o “behaviorista”). Inspirados o influidos por la teoría de elección racional y el nuevo institucionalismo —dos corrientes en auge en las últimas décadas en la superpotencia del norte—, los impulsores del cambio dan importancia al “legado de la discusión sobre las transiciones y la consolidación de la democracia” entre la década de 1970 y la de 1990, vale decir, tanto los actores y su racionalidad (o estrategias) como las instituciones (formales), tales como el sistema electoral o el Estado y sus organizaciones. Al mismo tiempo, en el análisis de la política post-Fujimori, estos académicos ponen el interés en las reformas democratizadoras, ya sea como elementos a explicar o como variables explicativas de otros fenómenos. De este modo, quieren reivindicar la autonomía de la política; a diferencia de los estudiosos de generaciones anteriores, que analizan la política tomando en consideración “una serie de factores que involucran la historia, la sociedad, la economía, la escena internacional y el «desarrollo» en general” (las comillas latinas originales, Meléndez y Vergara 2010). Valoro los esfuerzos renovadores en busca del cambio y reconozco los aportes importantes de los análisis y estudios basados en la mencionada perspectiva. Sin embargo, debo indicar que el trabajo de este libro, que no parte de un enfoque que haga hincapié en los actores (o en la llamada “agencia”), estrategias o instituciones formales, ha sido encasillado por algunos “renovadores” de la disciplina en una categoría distinta de la que fue la intención del autor. Si bien es cierto que no he dejado suficientemente

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en claro mi posición ecléctica en el debate en torno a la tensión entre enfoques que privilegian la importancia de los actores y aquellos que lo hacen con las estructuras sociales —e inevitablemente, para los que analizan la política sobre la base del primer punto de vista, mis perspectivas aparentan ser “estructuralistas” o “culturalistas”—, mi propuesta de enfoque va más bien por un camino intermedio (véase la sección “Actores y estructura en la historia” de la Introducción). “Más cotleriano que [Julio] Cotler”. Fue el resumen que Martín Tanaka hizo respecto de este trabajo en la presentación del libro llevada a cabo en el IEP el 16 de enero de 2008. Su aguda expresión acierta en la caracterización de uno de los argumentos principales de este libro. Ciertamente, los elementos fundamentales del marco analítico que utilizo para entender la política peruana se atribuyen a las obras principales de aquel erudito maestro. Sin embargo, he introducido dichos elementos dentro del marco general de las instituciones definidas como: “los entendimientos, las reglas, las normas y los patrones de comportamiento, explícitos o implícitos, en torno al proceso de cumplir determinados objetivos o lograr ciertos valores en la vida política, que sean aceptados, reconocidos o compartidos, inclusive en forma tácita, por los miembros de una sociedad” (véase la sección “Una perspectiva institucional” de la Introducción; en otras partes del libro repito la misma definición). Al poner la atención en los entendimientos, las reglas, las normas y los patrones de comportamiento forjados (o no forjados) en una estructura social por los actores o agencias, tomo en consideración a estos últimos en el proceso y dinámica de la política peruana. Refiriéndose al argumento del libro, Tanaka comenta: Comparto parcialmente la idea de que el fujimorismo no habría podido prosperar si no hubiera encontrado un terreno fértil y hartas complicidades, tanto en el gobierno, en la oposición y en la indiferencia. Sin embargo, también es cierto que los liderazgos cuentan y que las circunstancias cambian. Fujimori tuvo desde el inicio, y a lo largo de todo su gobierno, más de una oportunidad de cambiar de rumbo y seguir un camino democrático. Si miramos otros contextos, encontramos que los momentos de crisis y de cambio profundo sirven no solo para destruir democracias, también para iniciar procesos de institucionalización; pero, para que ello ocurra, la intervención de líderes capaces y comprometidos es imprescindible. Visto Fujimori desde este ángulo, su chatura es más que evidente. (Perú 21, 15.01.2008)

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Desde mi punto de vista ecléctico —desde el “otro lado del eje de coordenadas”, por así decirlo, expreso también que comparto parcialmente este análisis hecho desde una perspectiva centrada en los actores. Jamás negué que para Fujimori la posibilidad de seguir un camino democrático estuviera siempre abierta. Lo que sugiere mi análisis es que su probabilidad de hacerlo fue menor de lo que suponen aquellos que parten del ángulo de los actores, debido a las razones “institucionales” indicadas en este libro. Además, desde mi perspectiva, el problema de la “chatura” fue no solo de Fujimori, sino también de la oposición porque, precisamente como señala Tanaka, “la intervención de líderes... es imprescindible” (en cursivas por el autor), y las percepciones de Fujimori fueron influidas, en parte, por su interacción con los opositores, aunque ciertamente como jefe de Estado este tuvo la mayor responsabilidad por el rumbo que tomó la política peruana en la década de 1990. Para otros “renovadores”, mis puntos de vista son “culturalistas”, comparables a los del destacado antropólogo Clifford Geertz (Vergara 2010). Aunque para mí es un alto honor haber sido equiparado a otro maestro mundialmente archiconocido, su definición del concepto de cultura se refiere, como cita el mismo Vergara, al “patrón de significado” (pattern of meaning), mientras que yo defino las instituciones como patrones de conducta, así como los entendimientos, las reglas y las normas. Estos elementos pueden convertirse en una cultura en caso de que se repitan por largo tiempo y adquieran cierto “significado” compartido ampliamente en la sociedad. En mi estudio revisé la historia peruana para verificar si los actores habían forjado algunas instituciones políticas, pero no traté su conversión en una cultura. De hecho, siguiendo el ejemplo de Richard Morse, a lo largo de este libro uso el término “cultura política” solamente para referirme a la conciencia y actitud política de los peruanos, o sea, a su “pensamiento” y su “visión del mundo”, de acuerdo con el historiador norteamericano (véase la nota 39 del capítulo I), que condicionan —no determinan— los comportamientos de los actores políticos. Actualmente, la corriente académica proveniente de los Estados Unidos tiende a limitar el sentido de las instituciones a las formales,1 como el 1.

Esto se debe a que los pioneros norteamericanos del nuevo institucionalismo se interesaron por los casos de los países desarrollados, en los que la política se encuentra más institucionalizada, y las instituciones formales no están tan distanciadas de la

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sistema electoral o las organizaciones del Estado, aunque a veces incluyen en su agenda de estudio algunos elementos informales, como el clientelismo. Para los familiarizados con este tipo de argumentos, mi definición de las instituciones, que trata diversos elementos tanto formales como informales, es demasiado extensa y, por lo tanto, susceptible de prestarse a malentendidos. Sin embargo, en estudios de política latinoamericana existen precedentes similares a mi definición. Purcell y Purcell (1980), uno de los estudios clásicos del régimen autoritario de México, constituye uno de ellos. Desde la perspectiva de las instituciones, definidas en manera extensa como la mía, analizan el régimen “priísta”—es llamado así por la sigla del nombre del partido hegemónico y oficialista-gubernamental—, que duró por más de setenta años, desde 1929 hasta el año 2000, dilucidando de manera brillante y esclarecedora su proceso y dinámica políticos. Por otro lado, el pujante Vergara agrupa mi argumento —que cataloga el caso peruano como uno de baja institucionalización política— entre los que sugieren la dificultad o imposibilidad de hacer una comparación con otros casos. Ciertamente, en este libro no pude desarrollar a plenitud un estudio comparado debido al límite de espacio, tiempo y mi capacidad. Esto es una tarea pendiente para el futuro. He venido trabajando el tema poco a poco después de la publicación de la primera edición de este libro, y espero tener alguna oportunidad de presentar los resultados. De cualquier modo, cuando señalo que la política peruana puede ser considerada como uno de los casos de menor institucionalización política de América Latina (tomando en consideración, entre otros casos, el del régimen autoritario de México en el extremo opuesto), lo que quiero decir es que esto constituye el punto de partida, más que un impedimento, para un estudio comparado. Al fin y al cabo, para confirmar si un caso es similar o distinto de otros, o si constituye una excepción particular, uno debe necesariamente hacer una comparación (Dogan y Pelassy 1990). Los “renovadores” de la disciplina también sugieren que, tanto en los momentos de cambio o crisis, como en el proceso de una campaña electoral, los actores y liderazgos revisten importancia mucho mayor que en otros momentos. Estoy de acuerdo con esta evaluación. Por ejemplo, para

política real —revisten mayor importancia— que los casos de América Latina, particularmente el peruano.

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analizar un proceso electoral, debemos prestar mayor atención a las conductas y liderazgos de los actores que encaran circunstancias cambiantes. Pero como he señalado en este libro, en el siglo XX (y también en este siglo) los resultados electorales muestran la misma tendencia: los partidos políticos consiguen, en el mejor de los casos, entre treinta y cuarenta por ciento de los votos de forma individual. Los que ganan más de cincuenta por ciento son excepcionales, y en estos poquísimos casos no pueden mantener su “fuerza” más allá de un proceso electoral (debido a que su apoyo proviene de votos volátiles). Luego de tantos cambios y crisis en la historia del Perú, esta tendencia no ha desaparecido. “Cuanto más cambia algo, más es la misma cosa”, dicen los franceses. “Aquí las personas cambian, teniente, nunca las cosas”, recuerda a un militar el temible Bermúdez de Conversación en La Catedral. ¿Por qué se produce este fenómeno en el Perú? Mi interés (y el de este trabajo) reside fundamentalmente en analizar este punto. ***** Al igual que en el prefacio de la primera edición, tengo que dejar para otro trabajo el análisis detallado del fujimorismo y la política peruana en este siglo; aquí apuntaré mis opiniones respecto de algunos sucesos luego de la publicación de la primera edición del libro. Esta salió a luz en enero de 2007, cuando Fujimori se encontraba detenido todavía en Chile. Después de la salida forzosa del gobierno, Fujimori mantuvo una fuerza de convocatoria de entre veinte y veinticinco por ciento de los votantes peruanos gracias a los puntos “positivos” de su gestión presidencial. Esto se puede decir porque las encuestas levantadas respecto de diversos aspectos del asunto Fujimori arrojaron el promedio de dichas cifras en las respuestas favorables al ex Presidente de la República. Entre diez y quince por ciento de estos peruanos fujimoristas, se considera, constituyeron el “núcleo duro” de apoyo (entrevista con una fuente cercana al ex presidente Fujimori [2005.02.28; 2006.02.28]).2 2.

Entre varias, se pueden consultar APOYO Opinión y Mercado S.A., Informe de opinión, enero de 2002; Opinión Data: informe de opinión detallado, agosto de 2003; Informe de opinión data, abril de 2004; marzo de 2005; enero de 2006.

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En el prefacio de la primera edición, anoté que Fujimori abandonó el Japón y fue a Chile con la intención de participar en la campaña para las elecciones del Congreso. El ex jefe de Estado peruano escogió este camino, dejando de lado otras opciones que habían trabajado algunos grupos dentro del fujimorismo.3 Su viaje tuvo dos objetivos principales. El primero fue reducir el número de acusaciones contra sí mismo, dado que el proceso de extradición desde Chile es muy estricto. El segundo objetivo fue, a través de su presencia en el país vecino, dar impulso a la campaña electoral para el Congreso. Fujimori pronosticó que su detención demoraría unos diez días y pensó realizar una “campaña activa” a favor de su agrupación. En contra de su previsión, las autoridades chilenas reaccionaron rápidamente y lo detuvieron apenas un día después de su llegada. Fujimori había entendido la imposibilidad de su postulación para la presidencia, convencimiento que lo llevó, desde enero de 2005, a intentar persuadir insistentemente a una persona de su apellido para que participara en las elecciones presidenciales, empresa en la que no tuvo éxito. Antes de su partida hacia Chile, Fujimori consultó con algunos miembros de su familia, sin especificar detalles, sobre la idea de trasladarse a este país sureño. Uno de ellos le aconsejó abandonar la idea porque Michelle Bachelet, entonces candidata a la presidencia por el partido socialista de ese país, tenía la más alta probabilidad de ser elegida. Obviamente el ex mandatario no escuchó el consejo (entrevista con una fuente cercana al ex presidente Fujimori [2006.01.25]).4 En el proceso electoral de 2006, los fujimoristas presentaron los candidatos para la Presidencia de la República y el Congreso. Aunque consiguieron 13 escaños en las elecciones del Parlamento;5 y Keiko Fujimori, hija del ex presidente, logró salir elegida con la mayor votación en el distrio electoral de Lima, en los comicios presidenciales obtuvieron un resultado

3.

Entre las alternativas defendidas por otros fujimoristas se encontraba, por ejemplo, el retorno directo de Fujimori al Perú.

4.

Las autoridades chilenas decidieron detener a Fujimori rápidamente porque tanto las ONG internacionales como Bachelet las habían presionado bastante a hacerlo.

5.

Fueron menos de lo esperado por los dirigentes fujimoristas, pero suficientes para mantener la presencia de su agrupación en el Congreso, por su disciplina en las conductas de votación.

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exiguo debido a unos desencuentros entre la candidata, dirigente conocida del fujimorismo, y la familia del ex jefe de Estado El proceso de extradición en Chile duró alrededor de dos años. En julio de 2007 la sentencia en primera instancia —basada en los criterios tradicionales del proceso penal— no permitió proceder a la extradición por falta de pruebas. Luego, en medio de las fuertes críticas provenientes de ONG internacionales de derechos humanos y de cuestionamientos éticos contra dicha sentencia, la segunda y última instancia accedió a la extradición de Fujimori por siete casos —de los trece solicitados por el gobierno peruano— en septiembre del mismo año. La sentencia desfavorable al ex presidente peruano se atribuyó también a que tres de los cinco magistrados de la instancia eran considerados “pro derechos humanos”. Respecto de los dos casos de violación de los derechos humanos, el de Barrios Altos y el de La Cantuta, la segunda instancia adoptó el concepto de “autoría mediata”, basada en la “teoría del dominio de hecho”. Dicha teoría se había usado básicamente en la corte internacional, como la de Núremberg contra los nazis, y no figura —hasta el momento— en el código penal del Perú o de Chile. Debemos recordar también que, entre los casos descartados por la corte chilena, figura el caso de la supuesta corrupción en torno de las donaciones de ciudadanos japoneses al Perú. En el mismo septiembre de 2007, inmediatamente después de la última sentencia, Fujimori fue extraditado.6 En el Perú, Fujimori ha sido sentenciado por diversos cargos. Entre ellos, la acusación por violación de los derechos humanos llamó la atención de muchos debido a su alta pena. Respecto de los casos de Barrios Altos y La Cantuta, el ex mandatario fue sentenciado culpable con una pena de 25 años en prisión en la primera instancia (abril de 2009), lo que fue ratificado en la segunda y última instancia (enero de 2010). La corte peruana acudió, al igual que la chilena, al concepto de “autoría mediata” basada en la “teoría del dominio de hecho”. 6.

Sobre la extradición de Fujimori véase también Chehade (2008). Durante su estadía en Chile, Fujimori aceptó la invitación del conservador Partido Nuevo del Pueblo y se presentó como candidato a la senaduría del Japón. La votación fue realizada el 29 de julio de 2007. En el distrito único de escala nacional con el sistema de representación proporcional, Fujimori consiguió 51.612 votos, por lo que ocupó el cuarto lugar en el resultado de votación de su partido. No salió elegido porque su agrupación ganó solamente un escaño.

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La sentencia contra Fujimori ha sido alabada como “antecedente”. Sin embargo, su efecto es todavía cuestionable tanto en el ámbito internacional como en el Perú. La sentencia ha sido justificada como parte de la llamada “justicia transicional” (transitional justice).7 Sus argumentos están construidos sobre la premisa de hacer realidad un mundo ideal en donde todos los países se sometan a los mismos criterios de justicia aplicados en el caso de Fujimori. Mientras los Estados Unidos, Rusia, China u otras grandes potencias no adopten la justicia basada en la mencionada teoría, la sentencia a Fujimori quedará solo como un ejemplo proveniente de un país en vías de desarrollo.8 Más problemático es el efecto interior. La sentencia da a mucha gente la sensación de que solo por “mala suerte” Fujimori fue condenado. Otros miles de casos de violación de los derechos humanos, tanto en la década de 1990 como en la anterior, quedan pendientes de investigación judicial, y no han sido tratados con tanta energía como los dos casos contra Fujimori. Lo peor es que estos dos casos, que concitaron la mayor atención del sistema judicial y del movimiento de derechos humanos, fueron los que sucedieron en Lima. Las víctimas de violación de los derechos humanos en provincias sienten una especie de discriminación regional. En 2009, un investigador presenció —en una reunión informativa sobre el proceso de registro de víctimas de la violencia llevada a cabo en el local de una conocida organización de derechos humanos de una región— la explosión de ira de los presentes contra un conocido dirigente de una organización de defensa de los derechos humanos proveniente de Lima, debido a la 7.

No analizamos los detalles de la lógica de la sentencia misma. Si uno se basa en el marco penal más “tradicional”, puede llegar a una conclusión diferente de la de los magistrados peruanos, similar a la que obtuvo la primera instancia del proceso de extradición en Chile. En el derecho penal, por ejemplo, existe el principio de Nullum crimen, nulla poena sine praevia lege poenali (“Ningún delito, ninguna pena sin ley previa”). Uno puede cuestionar la sentencia también sobre la base de este principio.

8.

El autor recuerda un comentario hecho por un militar acreditado en la Embajada de un país europeo en el Perú, cuando el caso de La Cantuta adquirió importancia en el debate político peruano en 1993: “Es sorprendente [el caso]. Si hubiera sucedido un caso semejante en mi país, la responsabilidad jamás habría caído en el Presidente [de la República], porque el sistema de responsabilidades [sobre este tipo de asuntos] está estratificado y ramificado en múltiples maneras, tanto que ni siquiera pisarían sus talones”. Para este militar europeo, el caso constituye un ejemplo de la “poca institucionalización” de la política peruana.

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supuesta “utilización” que este hacía de las víctimas provincianas para beneficio de la organización limeña (comentario personal del investigador [2010.01.26]). Las víctimas en las provincias se sienten dejadas a la deriva.9 Pese a la sentencia —o debido a esta—, Keiko Fujimori, hija del ex presidente y candidata “natural” del fujimorismo para la Presidencia de la República, contó con el apoyo relativamente estable de alrededor de 20 por ciento en las encuestas de intención de voto con miras a las elecciones presidenciales de 2011. Ello se debe principalmente a la memoria de la gente acerca de las gestiones “positivas” del ex mandatario respecto del desarrollo local en las provincias y la lucha contra la pobreza (entrevista con una fuente cercana al ex presidente Fujimori [17.02.2011]). Con dicho nivel de apoyo, ella fue favorecida por la división de los votos del centro a la centroderecha entre Alejandro Toledo, Luis Castañeda y Pedro Pablo Kuczynski, quedando así en posición para disputar la segunda vuelta electoral. Sin embargo, debemos señalar que la campaña de Keiko Fujimori tuvo algunos problemas desde el inicio hasta el final. El problema básico fue el dilema que el fujimorismo tuvo que encarar. El “legado positivo” de la gestión presidencial de su mentor y jefe máximo ha dado cierto grado de apoyo y vida al fujimorismo hasta el momento. Pero este es un factor cuyo efecto irá menguando en el mediano y largo plazo. Los dirigentes fujimoristas tienen que buscar nuevos elementos, líderes y discursos con peso propio para mantener y desarrollar su base de apoyo. Esta “transformación” de largo plazo también se hace necesaria para el fujimorismo debido a las subsistentes y fuertes críticas hacia los aspectos negativos del fujimorato. ¿Cuándo se debe empezar la transformación? ¿Cómo debe hacerse? Las respuestas en sí son difíciles de encontrar, particularmente mientras viva el jefe máximo; y, peor aún, en medio de un proceso electoral. En el llevado a cabo en 2011, la presencia de Jaime Yoshiyama, ex colaborador cercano del ex mandatario, agravó la situación. Yoshiyama logró acercarse a Keiko Fujimori y ganar su confianza en la segunda mitad de la década de 2000. Yoshiyama se convirtió en el

9.

Si comparamos el caso peruano con el de Argentina, donde la misma teoría fue utilizada para sentenciar a los acusados de violación de los derechos humanos en la época militar, la falta de institucionalidad del primer caso salta a la vista. En Argentina, de miles de casos de violación de los derechos humanos, la fiscalía seleccionó 700 casos representativos para acusar a los militares responsables.

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responsable de la campaña electoral de Keiko Fujimori. Pese a la oposición de una parte de su gente cercana, Alberto Fujimori aceptó la decisión de su hija; pero este fue el comienzo de un dolor de cabeza para el ex presidente. Basado en los resultados de grupos focales, Yoshiyama propuso a Keiko Fujimori la “des-fujimorización” del fujimorismo: el fujimorismo no tendría futuro si solo se basaba en el pasado; necesitaría imágenes y proyectos nuevos. Luego de llegar a este convencimiento, Keiko Fujimori empezó a hablar cada vez menos con su padre. La propuesta de Yoshiyama es correcta en el mediano y largo plazo. Sin embargo, frente a un proceso electoral inmediato, la conveniencia de emprender este proceso de cambio resulta controvertida. Lo peor fue que Yoshiyama —un buen técnico— no tiene olfato ni hábil manejo político. No tuvo ideas concretas y prácticas sobre las que serían las “nuevas” imágenes de Keiko Fujimori y el fujimorismo (ni mucho menos, cómo proyectarlas sin perder el apoyo “tradicional” del fujimorismo). Pese a esto, el proceso de “independización” de Keiko Fujimori ya empezó, como hemos indicado. A principios de enero de 2011, Keiko Fujimori decidió su plancha presidencial sin haber hecho consulta alguna con su padre. Enterado de la composición de la misma, Alberto Fujimori expresó molesto: “con esta plancha va a perder seis puntos” (entrevista con una fuente cercana al ex presidente Fujimori [17.02.2011]). Aunque el apoyo a Keiko Fujimori no bajó tanto, efectivamente su nivel de respaldo disminuyó de enero a marzo. Pese a todo, Keiko Fujimori quedó en el segundo lugar en la primera vuelta, gracias tanto a la mencionada división de las fuerzas de centro y centro-derecha como al apoyo basado en las memorias de la década de 1990, más que a la campaña electoral opaca del fujimorismo. Yoshiyama tampoco se tomó la molestia de cuidar con esmero la elaboración de la lista de los candidatos para el Congreso, ni de hacer coordinaciones para evitar la competencia innecesaria entre estos candidatos. El límite de Yoshiyama (y Keiko Fujimori) se demostró más claramente en la campaña de la segunda vuelta. En mayo, Keiko Fujimori aventajó un poco a Ollanta Humala debido, principalmente, al temor de los sectores empresariales respecto de la eventual gestión pública del candidato de izquierda, y su consecuente campaña contra Humala (no a la campaña del mismo fujimorismo). Entonces, Yoshiyama mantuvo la campaña a la defensiva. No puso “en riesgo” a la candidata al recomendarle no viajar al sur del país, donde el apoyo a Humala fue mayor, mientras que Humala

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visitó el norte, donde no había ganado muchos votos en la primera vuelta. La campaña organizada por Yoshiyama llegó tarde a provincias. Por ejemplo en Ayacucho, donde mucha gente tiene simpatía por el ex mandatario, el mensaje de “inclusión social” de Humala penetró mucho antes que la propaganda fujimorista; así, esta no pudo revertir la tendencia favorable al candidato militar. Por otro lado, los antichavistas de Venezuela ofrecieron al fujimorismo una ayuda “generosa” en la preparación de la propaganda electoral, pero Yoshiyama dijo no a la misma. El resultado fue la propaganda televisiva que proyectó la imagen de una Keiko sin simpatía —característica de ella— forzada a memorizar el mensaje. “Convencido” del triunfo electoral, un sector del fujimorismo empezó a pensar en los puestos del gobierno en la segunda mitad de mayo, mientras que las fuerzas antifujimoristas lanzaron una ofensiva haciendo recordar al público los aspectos negativos de la década de 1990. No pudiendo quedarse cruzado de brazos, Alberto Fujimori mandó a hacer una propaganda televisiva en la última semana de la campaña electoral. Pero Yoshiyama rechazó su transmisión y también decidió no hacer caso de la ofensiva antifujimorista por su “convicción” de que la victoria estaba asegurada. La depresión del ex presidente en la etapa poselectoral se debe al alejamiento de su hija, más que a la derrota electoral (entrevista con una fuente cercana al ex presidente Fujimori [15.09.2011]).10 ¿El fujimorismo correrá la misma suerte que una serie de agrupaciones políticas aparecidas a lo largo de la historia peruana? ¿Sobrevivirá a su fundador y jefe máximo para mantener y expandir su vigencia política en las próximas décadas? No todo está dicho todavía, como bien dicen los que defienden una perspectiva de análisis centrada en los actores. El futuro está abierto para estos, y siempre hay posibilidad de que ello suceda dependiendo de sus actos y esfuerzos, o inacción. Al mismo tiempo, como “institucionalista” (en el sentido amplio del término), agrego que las

10.

Durante la campaña de segunda vuelta, un conocido dirigente “progresista” expresó su respaldo a Ollanta Humala con el argumento, entre otros, de que en el peor de los casos este habría “matado menos” que su contendor; la misma lógica que unas semanas atrás un dirigente fujimorista había usado para defender al gobierno de Alberto Fujimori en una comparación con sus antecesores, lo que le valió severas críticas por parte de los antifujimoristas. Con razón, el dirigente antifujimorista fue criticado por algunos periodistas pertenecientes a una nueva generación.

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probabilidades de que el fujimorismo escape del patrón tradicional no son muy altas, de continuar su tendencia actual. ***** Para la segunda edición, hice correcciones técnicas y ortográficas, y agregué algunos comentarios complementarios, así como datos bibliográficos nuevos o faltantes; pero no hice cambio alguno a los análisis ni puntos de vista expuestos en este libro. Esto se debe a mi creencia de que ellos continúan siendo vigentes. Al mismo tiempo, se atribuye a mi deseo de dejar los argumentos tal como se encuentran originalmente para el juicio de análisis y evaluaciones futuros.11 La publicación de esta edición fue nuevamente el fruto de la colaboración de muchas personas. Ante todo, quiero dedicar mi agradecimiento inmenso a todos los lectores que se han interesado por el libro. También expreso mi profunda gratitud a los que hicieron comentarios sobre el libro; reconocimiento especial a Jesús Cosamalon,12 Martín Tanaka y Alberto Vergara. Agradezco mucho al Instituto de Estudios Peruanos por haberme dado otra oportunidad de someter mis puntos de vista al juicio de los lectores. Manifiesto mi gratitud a su directora general, Roxana Barrantes, y a su equipo de publicaciones: Ramón Pajuelo, Odín del Pozo, Silvana Lizarbe y Gino Becerra. Doy gracias a Rodrigo Barrenechea por haber revisado el borrador de este prefacio. Febrero de 2012

11.

No pocos hacen correcciones a los análisis fundamentales luego de enterarse de los resultados de un proceso o de sucesos posteriores a su publicación. Uno de los más famosos es el caso de un estudio clásico de Relaciones Internacionales: Edward Hallet Carr, The Twenty Year’s Crisis, 1919-1939: An Introduction to the Study of International Relations. Londres: Macmillan. De su primera edición (1939) a la segunda (1946), Carr eliminó su opinión favorable respecto del Pacto de Múnich (1938) y la política de apaciguamiento frente a la política de invasión de la Alemania nazi (sin advertir a los lectores).

12.

Véase sus comentarios y mi réplica, disponibles en: y .

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este estudio exaMina la política y los acontecimientos relacionados con la misma en el Perú entre 1990 y el año 2000, cuando Alberto Fujimori, hijo de padres inmigrantes japoneses, se encontraba en el poder. El análisis de estos acontecimientos se centra tanto en sus causas y en su dinámica, así como en la intención y la mentalidad del principal protagonista político, es decir, del entonces presidente Fujimori, en cada una de sus decisiones trascendentales. Se trata de un esfuerzo de acercarse a la política y sociedad peruana de los años noventa a través de la política de Fujimori. El análisis que se presenta en este libro se basa principalmente en dos enfoques. El primero consiste en analizar e interpretar la política de Fujimori en el contexto histórico de la política peruana. Este enfoque es distinto del punto de vista de otros estudios, que atribuyen el pensamiento y estilo políticos de Fujimori a su idiosincrasia “japonesa”, es decir, los relacionan con el país y la cultura de origen de sus progenitores. Desde el inicio de su mandato hasta la actualidad —aunque ahora mucho menos que antes—, algunos comentaristas en el Japón opinan positivamente sobre Fujimori y su gestión como Presidente de la República, argumentando que el mandatario peruano tenía la firmeza de carácter típica de la Época de Meiji, o de los antiguos japoneses vinculados a la cultura y tradición de ese país.1 Tal vez no podamos rechazar totalmente la posibilidad de que 1.

La Época de Meiji transcurrió entre 1868 y 1915. Es considerada el inicio y el desarrollo del proceso de “modernización” u “occidentalización” del Japón.

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algunos caracteres de Fujimori se originen en los elementos “japoneses”. Sin embargo, es importante señalar que Fujimori no creció en medio de instituciones japonesas ni en el mundo de la lengua japonesa, excepto por un corto periodo de su infancia. Más bien, durante sus años escolares, el futuro mandatario peruano se esforzó por integrarse a la sociedad peruana, logrando puestos destacados y graduándose en una universidad de Lima. Luego de salir al mundo académico, ascendió socialmente poco a poco hasta llegar al máximo puesto del Estado peruano sin haber entablado relaciones orgánicas o estrechas con la colonia japonesa en el Perú. Debemos suponer por ello, en primera instancia, que el pensamiento y estilo políticos de Fujimori reflejan la historia, sociedad, situación y valores de la sociedad peruana. Por eso, este trabajo analiza la historia y características de la política peruana antes de abocarse al estudio de la década de Fujimori. El segundo y más específico enfoque de este estudio consiste en un análisis desde la perspectiva de las instituciones políticas o, mejor dicho, desde la institucionalidad política. A esta la definimos como los entendimientos, las reglas, las normas y los patrones de comportamiento, explícitos o implícitos, en torno del proceso de cumplir determinados objetivos o lograr ciertos valores en la vida política, que sean aceptados, reconocidos o compartidos, inclusive en forma tácita, por los miembros de una sociedad. Mediante un proceso de acumulación de experiencias, ensayos y errores en el tiempo se van forjando instituciones políticas. Estas son cualitativamente diferentes de las organizaciones que se forman artificialmente con el objetivo de cumplir eficazmente ciertas metas o funciones previamente definidas. Cuando se habla de la institucionalidad política, uno tiende a suponer que se trata de algo escrito. En realidad, como nuestro análisis lo describirá, las instituciones políticas no se limitan a lo que está escrito en documentos, manuales o leyes, sino que también incluyen normas, reglas y patrones de conducta no escritos; algunos que inclusive solo son entendidos tácitamente. Al revisar la historia de la política peruana desde la perspectiva de la institucionalidad, definida en el párrafo anterior, es más fácil entender por qué el Perú nunca ha vivido una democracia institucionalizada por un largo periodo; es decir, no ha contado con la experiencia de que las reglas o normas democráticas de hacer política sean comúnmente aceptadas y arraigadas entre los miembros de la sociedad, o que los patrones de

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comportamiento democrático sean compartidos por ellos en el mediano y largo plazo. La tendencia principal de la historia política peruana ha sido la persistencia de la política autoritaria, impuesta por políticos poderosos; personajes originales pero, al mismo tiempo, con intereses egoístas y de corto plazo. Al mismo tiempo, como reflejo de esta política personalista, las bases organizativas de las fuerzas políticas civiles son frágiles y las Fuerzas Armadas, la organización más coherente en la sociedad, mantienen una cuota relativamente fuerte de poder político. Además de esto, los gobiernos que han surgido a lo largo de la historia republicana no han sido ajenos al problema de corrupción y la violación de los derechos humanos. Aunque el caso de nuestro protagonista llegó al extremo, es importante señalar que en la historia política del Perú no fueron desconocidas las características básicas de la política de Fujimori, las mismas que al final acarrearon su propia ruina. En este libro analizaremos la política de Fujimori basándonos en los enfoques mencionados, así como tomando en consideración los principales aspectos histórico-estructurales de la política peruana. Las evaluaciones y opiniones sobre el gobierno de Fujimori tienden a dividirse en dos extremos: a favor o en contra del mismo. En Japón se observa una tendencia fuerte a evaluar positivamente, e incluso con simpatía, la gestión de Fujimori debido a que fue el primer descendiente japonés que asumió el cargo de jefe de Estado. Asimismo, muchos japoneses recuerdan con complacencia los impresionantes resultados de las elecciones presidenciales de 1990 —que echaron abajo los pronósticos de entonces—, el primer gobierno (1990-1995) cuando se superó la crisis económica y política que el Perú encaraba en los primeros años de la década de 1990, y la operación de rescate de la casa del embajador de Japón que puso fin a la llamada “crisis de los rehenes” en 1997. En contraste, en el Perú, Estados Unidos y en Europa prevalece una actitud de rechazo al gobierno de Fujimori. Esta actitud enfatiza su segundo mandato (19952000), cuando el gobierno de Fujimori se volvió mucho más autoritario y forzó, en un proceso electoral internacionalmente cuestionado por falta de las condiciones mínimamente democráticas, su tercera postulación consecutiva a la Presidencia de la República, pese a la controversia existente en torno a la constitucionalidad de la medida. Asimismo, la actitud negativa se basa en los escándalos de corrupción que han involucrado al asesor más cercano del Presidente: uno de ellos precipitó el derrumbe de Fujimori quien, poco antes, había empezado su tercer mandato. Aparte de esto, el

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rechazo a Fujimori se atribuye a que, después de la caída de su gobierno, el ex mandatario de origen japonés ha sido acusado por las responsabilidades con relación a las acusaciones contra el autoritarismo, la corrupción y violación de derechos humanos, entre otros. Nuestro estudio realizará un análisis crítico sobre las gestiones de Fujimori debido a que consideramos que ellas constituyeron un obstáculo en la institucionalización y el arraigo de la política democrática en el Perú. Pero, al mismo tiempo, consideramos que muchas de las principales características de la política fujimorista no se limitan a su gestor, su gobierno y su década, sino que son comunes a las fuerzas opositoras llamadas “democráticas”. Asimismo, diversos problemas políticos de la década de 1990 en el Perú no se pueden reducir a la política de Fujimori, ni tampoco se pueden considerar como sucesos excepcionales que ocurrieron en una circunstancia anómala, sino más bien tuvieron raíces en los problemas constantes que la política peruana ha tenido a lo largo de su historia. Por todo lo mencionado, en primer lugar, el análisis que se presenta en este libro no comparte las opiniones favorables en torno al gobierno de Fujimori. En segundo lugar, el enfoque mayor de este estudio se concentra tanto en el aspecto histórico como en el institucional de la política peruana, aspectos que usualmente no son tomados en consideración, o lo son de manera insuficiente, en los estudios que se dedican a analizar las características autoritarias de Fujimori y su gobierno, o los argumentos que prestan mayor atención a la persecución judicial al ex mandatario por corrupción y violación de derechos humanos. Por ello el acento de nuestra investigación es distinto también al de la posición de rechazo total a la política de Fujimori. Ya existen algunos estudios y reportajes que cubren todos los años noventa sin limitarse a cierto tema o periodo. Sin embargo, los análisis existentes están escritos principalmente desde la posición de rechazo total a la política fujimorista, o confiando ciegamente en las fuentes de información opositoras a Fujimori. Nuestro análisis se centra no solamente en la revisión de los trabajos existentes sino, también, en entrevistas que tuvimos la oportunidad de realizar principalmente entre 1991 y 2000. No pocos de los entrevistados eran personas cercanas al entonces presidente Fujimori. En nuestro estudio presentaremos ciertos aspectos (no la totalidad) de los testimonios de dichas fuentes del lado oficialista para elaborar interpretaciones distintas de las que han hecho algunas obras publicadas con relación a ciertos acontecimientos importantes de la década de 1990.

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Al hacer uso de testimonios de fuentes cercanas a Fujimori hemos revisado con cuidado su contenido, teniendo en cuenta el argumento del sociólogo húngaro Karl Mannheim. Según Mannheim, todos los actores políticos tienen una imagen propia sobre la política, y aunque cada imagen tiene el sesgo originado en la posición política de quien la elabora, contiene también una parte de veracidad (es decir, es una verdad parcial) que se puede utilizar como una “pieza” de información para elaborar la totalidad de un panorama político. En otras palabras, después de analizar la “imagen” de cada actor, se puede identificar esa “pieza” de información válida (que se puede denominar “imagen parcial”) y, juntando las “piezas” (o las imágenes parciales) identificadas, se puede construir, como si fuera un fotomontaje, un panorama total o integral de la política (Mannheim 1987: 97-168).2 Hemos usado los testimonios de fuentes cercanas a Fujimori siguiendo esta perspectiva. Para ello, hemos cruzado los contenidos de las entrevistas con otras informaciones y hemos establecido que parte de ellas se puede emplear en nuestro análisis como “piezas” para reconstruir el panorama de la política peruana de los años noventa. Para este trabajo hemos utilizado también una serie de entrevistas con personas de la oposición. Sin embargo, el contenido de estos testimonios básicamente redunda en los mismos aspectos señalados en los trabajos existentes sobre los aspectos negativos del gobierno de Fujimori. Para evitar que nuestro análisis sea repetitivo o dilatado, utilizaremos poco estas fuentes en este estudio. Es decir, el hecho de que hagamos poco uso de las fuentes opositoras al gobierno de Fujimori no quiere decir que seamos inconscientes de la existencia de estas. Existe una lógica política llamada kiss of death, o “beso de muerte” en el argot político. La misma se explica mejor en el siguiente silogismo: (a) generalmente estoy en contra de la persona/posición X; (b) la persona/posición Y dice estar a favor de X (o dice algo similar a la persona/posición X); 2.

Mannheim propuso esta idea de construir un panorama total o integral de la política frente al desafío del marxismo. Los marxistas criticaron las opiniones de sus enemigos políticos, reduciéndolas a los intereses de sus respectivas clases sociales. Concretamente, argumentaron que las opiniones de los burgueses solamente reflejaban los intereses de su clase. Sin embargo, la misma lógica se podía aplicar a las opiniones de las clases trabajadoras u otras clases. En esta situación, entre las opiniones subjetivas ¿cómo un científico social podría presentar el panorama objetivo de la política? La respuesta de Mannheim fue lo que acabamos de señalar.

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(c) por tanto, estoy en contra de Y. Esta lógica se enseña en el Japón a los estudiantes universitarios del curso introductorio de ciencias políticas, indicando que se trata de un recurso que usan los políticos para criticar a otros sin analizar el contenido de la opinión o posición de los criticados. Asimismo, se menciona que no es la lógica racional de la cual los analistas e investigadores serios harían uso. Esperamos que nuestro análisis no sea víctima de la mencionada lógica, si tomamos en cuenta que en diversos sectores del Perú se recurre a ella, en muchos casos, tomando fuera de contexto unos fragmentos de una opinión o análisis. Esta obra constituye la versión en castellano del libro que el autor publicó en japonés en agosto de 2004 (Murakami 2004b). El libro en japonés ganó el premio Award for the Promotion of Studies on Developing Countries (for FY 2005) del Institute of Developing Economies-Japan External Trade Organization del Japón. El manuscrito del libro fue escrito entre mediados de 2001 y principios de 2002 sobre la base de los artículos y trabajos que venía elaborando entre 1992 y 2000.3 La demora en la publicación del libro en japonés se debió, entre otras razones, al deseo que el autor tenía de esperar la publicación de las Memorias de Fujimori en japonés (su anuncio fue hecho en 2001 y las mismas fueron publicadas en 2003). En esta edición en castellano algunos errores menores están corregidos, los contenidos están ampliados y, la narración, adaptada a lectores peruanos y latinoamericanos en general. Sin embargo, queremos hacer notar que las ideas, la perspectiva de análisis y las interpretaciones básicas de los hechos no han cambiado con relación a los trabajos originales. Aunque todos los capítulos han experimentado mejoras y cambios en esta edición, en realidad el único texto elaborado enteramente para el libro en japonés es el capítulo II. En síntesis, el contenido de este libro constituye las reflexiones contemporáneas hechas por el autor durante la década de Fujimori; la era de Fujimori; un momento importante en la historia política peruana, y también para reflexionar sobre su futuro curso en el siglo XXI. Este libro no trata del asunto de Fujimori después de su renuncia al cargo de presidente. Al respecto, el autor hizo público su análisis básico en otro trabajo (Murakami 2004a), y no repetirá aquí su punto de vista. Sin 3.

El capítulo I se basa en Murakami (1992, 1994b, 1996, 1997d, 1997e, 1998, 1999b, 2000a); III, Murakami (1994a, 1998, 2000c); IV, Murakami (1995a, 1995b, 1998); V, Murakami (1997a, 1997b, 1997c, 1998); y VI, Murakami (2000b).

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embargo, hará dos comentarios sobre un suceso importante —la salida de Fujimori del Japón hacia Chile— producido en noviembre de 2005, después de la publicación de dicho libro, para complementar el argumento del trabajo anterior. En primer lugar, Fujimori abandonó Japón y fue a Chile con la intención de realizar la campaña para las elecciones del Congreso, no para participar en las elecciones presidenciales. Desde enero de 2005, el ex jefe de Estado pretendió convencer insistentemente a uno de los miembros de su familia, del apellido Fujimori, para que se presentara en las elecciones como candidato presidencial de su agrupación (huelga decir que a fin de cuentas no logró hacerlo). Esta actitud del ex presidente implica que él era perfectamente consciente de la imposibilidad de su postulación como candidato presidencial y buscaba alternativas para asentar sus bases de poder con miras al desarrollo futuro de su actividad política. Aunque no resultó tal como había pensado, viajó a Chile para hacer, entre una semana y diez días, ciertas actividades a favor de la campaña de las elecciones congresales de su agrupación. En segundo lugar, la salida de Fujimori de Japón no tuvo nada que ver con la actitud del gobierno japonés. En el Perú especularon que el gobierno japonés ya se sentía incómodo con la presencia de Fujimori en su país (incluso se dijo que Japón “le había bajado el dedo” a Fujimori), y había empezado a cambiar su actitud favorable al ex mandatario peruano; por esta razón, Fujimori habría tenido que abandonar el país del Sol Naciente. Algunos citan un documento diplomático, un análisis (que no es información directa de la cancillería japonesa) sobre la posición del gobierno japonés respecto del tema, hecho por el entonces embajador peruano en el Japón. Sin embargo, es un sentido común en el gobierno japonés que su posición sobre Fujimori fue siempre la misma desde su llegada en 2000 hasta su salida en 2005. En estos cinco años nunca cambió su posición: tratar el asunto de acuerdo con la ley japonesa, ni más ni menos. Por tanto, mientras las solicitudes peruanas, por ejemplo, se podían atender según los usos y modales legales del Japón, siempre las ayudas en investigación judicial solicitadas por las autoridades peruanas fueron atendidas como en todos los últimos años, y no recién en 2004 o 2005. Además, las palabras del primer ministro Junichiro Koizumi han sido entendidas fuera de contexto en el Perú. El primer ministro japonés dijo al presidente Toledo en la Cumbre del Foro Económico Asia-Pacífico (APEC)

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celebrada en 2005 que “pese a las diferencias respecto de ciertos asuntos, podemos desarrollar las relaciones bilaterales en general con miras al futuro, desde una amplia perspectiva”. El jefe del gobierno japonés dijo esto aludiendo básicamente a China y Corea del Sur, porque durante su mandato algunos asuntos pendientes habían estancado las relaciones generales entre el Japón y los dos países. De todas maneras, con relación al asunto de Fujimori, Koizumi expresó claramente a su par peruano que existía una diferencia de opiniones entre los dos países. Sobre el tema del ex presidente peruano, las discrepancias no estaban superándose.

***

La preparación, realización y terminación de este trabajo se deben a diversas personas y organizaciones. Aunque los errores presentes en el texto se deben atribuir exclusivamente a mí y las opiniones vertidas en el libro no comprometen a ninguna de las organizaciones a las que pertenecí o pertenezco, no puedo dejar de agradecer a quienes me han brindado su inapreciable apoyo. Las investigaciones que culminaron en este libro fueron posibles, primero, porque tuve la oportunidad de trabajar en la Embajada del Japón en el Perú, desde 1991 hasta 1995, como analista político; y, luego, porque gracias a los proyectos de investigación promovidos por The Japan Center for Area Studies (JCAS), donde trabajé, pude permanecer en el Perú cada año durante algunos meses. Estoy en deuda con mis compañeros y colegas de estas organizaciones por haberme apoyado de una u otra manera en las investigaciones. Debido a razones administrativas, JCAS se transformó en el Center for Integrated Area Studies (CIAS), Kyoto University, en abril de 2006. Parte de las investigaciones que sirvieron de base para este trabajo fueron financiadas por The Asahi Glass Foundation, The Matsushita International Foundation, The Toyota Foundation, y Grant-in-Aid for Scientific Research de Japan Society for the Promotion of Science/ Ministry of Education, Science, Sports and Culture del Japón. Expreso mi profundo reconocimiento a estas organizaciones.

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Agradezco también a todos los que generosamente compartieron conmigo sus conocimientos y experiencias en la política peruana y prefieren mantener su anonimato. Si este libro aporta algún elemento nuevo al análisis de la política peruana, esto se debe atribuir a esas gentiles personas. La publicación de este libro fue posible gracias al Instituto de Estudios Peruanos. Expreso mi gratitud a su director general, Martín Tanaka, y su equipo de publicaciones dirigido por Víctor Vich. En especial, agradezco a los amigos Carlos Contreras, Marcos Cueto y Marina Zuloaga por haber corregido con paciencia el texto traducido del japonés. Doy gracias a Mariel García por la última revisión del texto. Toda la agilidad en la lectura se debe a la contribución de ellos. Permítaseme concluir el prefacio agradeciendo a Lily, Arisa y Aisa; las últimas dos nacieron durante la preparación de este libro. La publicación de este trabajo fue complicada, principalmente debido a la ardua tarea de traducir del japonés al español, que requirió mucho tiempo y esfuerzos. Sin la comprensión y paciencia de mi familia, no hubiera podido dedicarme a la traducción.

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introduCCión

Plaza Mayor de Lima (de cara al Palacio de Gobierno)

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La última decisión de Fujimori como presidente peruano En la noche del 16 de septiembre de 2000, el entonces presidente peruano Alberto Fujimori apareció repentinamente en la televisión para dar a conocer un Mensaje a la Nación que duró menos de 10 minutos. El contenido principal del mismo aparece en la cita que encabeza esta sección. Se anunciaba en el mensaje el recorte a un año de su tercer mandato presidencial, originalmente planeado para ser de cinco años, así como su inmediata renuncia al cargo de la presidencia a partir de 2001. Dos días antes del anuncio, la noche del 14 de septiembre, se había hecho público un video que revelaba el soborno hecho por el más poderoso asesor del Servicio de Inteligencia Nacional-SIN, Vladimiro Montesinos. El objetivo del soborno fue asegurar el paso al oficialismo de un congresista de la oposición recientemente elegido. En aquel momento, Montesinos era el allegado más cercano a Fujimori y tenía una fuerte influencia no solamente en el SIN, organismo que encabezaba el sistema de inteligencia y que estaba conformado por las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, sino también en general en todas las fuerzas de orden. Con el anuncio inesperado de su renuncia en el año 2001, el mandatario peruano buscaba superar la crisis política producida con motivo de la escandalosa revelación del soborno, dando a conocer tanto la destitución definitiva de su más poderoso protegido presidencial así como su propia renuncia al máximo cargo político del país.

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Es mi obligación moral, como Presidente de la República, tomar una decisión ante esta situación que, además de frenar el proceso de recuperación económica, atenta contra las legítimas expectativas de progreso de los peruanos. A pesar de haber sido elegido por una mayoría ciudadana, no quiero constituirme en factor de perturbación ¡y menos! en obstáculo para fortalecer el sistema democrático. Por ello, tras una profunda reflexión y objetiva evaluación de la coyuntura, he tomado la decisión: primero, de desactivar el Sistema de Inteligencia Nacional. Y, en segundo lugar, de convocar en el inmediato posible, a elecciones generales... En estas elecciones generales, de más está decirlo, no participará quien habla, sino todos aquellos que se sienten capaces de ejercer la primera magistratura o las funciones congresales. Mensaje a la Nación de Alberto Fujimori, 16 de septiembre de 2000 (El Comercio, 17 de septiembre de 2000)

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Como veremos a lo largo de este libro, Fujimori encaró y superó de una u otra manera diversas dificultades, con voluntad firme, liderazgo fuerte y algo de suerte, durante dos periodos presidenciales. Su permanencia en el poder durante los años noventa sorprendió a muchos, para bien o para mal, dentro y fuera del Perú. La cita del Mensaje a la Nación que aparece más arriba fue un anuncio inesperado —reducir su tercer mandato de cinco años a uno—, ya que generalmente era considerado como un político de liderazgo fuerte, particular y original que había logrado remontar situaciones dramáticas, críticas e inestables en el Perú de la década de 1990, un país sacudido entonces por múltiples dificultades. El 19 de noviembre, a poco más de dos meses del anuncio de renuncia para el año 2001, Fujimori envió al Perú desde el Japón una carta de renuncia inmediata al cargo presidencial. En principio, se encontraba en ese país asiático solo de paso, después de asistir a la reunión cumbre de los jefes de Estado de los países del Foro Económico Asia-Pacífico (APEC, por sus siglas en inglés). En la misma carta, Fujimori justificó la necesidad de su renuncia diciendo que era para sosegar la tensión política en el Perú, y reiteró la intención de evitar que su permanencia en la presidencia complicara aun más la situación política y económica del país e intensificara su inestabilidad. El 21 de noviembre, dos días después del envío de la carta, el Congreso peruano decidió no aceptar la renuncia de Fujimori y, más bien, destituirlo del cargo. La destitución sucedió a menos de cuatro meses de iniciado el tercer mandato de Fujimori y después de que este cumpliera poco más de diez años consecutivos en el poder (ya que asumió el cargo de la presidencia el 28 de julio de 1990). Vale la pena preguntarse ¿qué pasó por la mente de Fujimori durante los dos días en que se sucedieron la revelación del video del soborno y el anuncio de recortar su mandato? Pensó quizás que, como en otros momentos de su experiencia de diez años, existía una brecha insuperable entre los ideales o esperanzas y el mundo político realmente existente. Algo parecido aparece en el último discurso de Alan García como mandatario peruano en 1990 en el Congreso: “Una cosa es desear y soñar, y otra muy distinta es gobernar y administrar” (Edimovie [1993]).1 Acaso Fujimori se

1.

Así lo expresó García en su discurso de despedida antes de que su sucesor, Fujimori, diera su mensaje.

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sumergió en una sensación de vacío como la descrita por el político británico Winston Churchill en sus últimos meses de vida: “He logrado realizar un sinnúmero de cosas, pero al final, todas resultaron en nada”. O, más bien ¿Fujimori se estaba convenciendo a sí mismo de salir bien parado de la inmediata crisis política desatada por el escándalo de su allegado y de una u otra manera preparar el terreno para un futuro retorno al poder? En sus memorias publicadas en el Japón, Fujimori señala lo que estuvo pensando en esos dos días críticos. Según él, proyectó primero vencer las dificultades políticas inmediatas creadas por su renuncia al cargo presidencial con el anuncio de reducir su tercer mandato a un año; de este modo, renunciar a la presidencia y convocar las nuevas elecciones; y, en segundo lugar, persuadir a Francisco Tudela, entonces primer vicepresidente y en quien el mandatario peruano confiaba más que en ningún otro, para que este se “lanzara” como candidato en las nuevas elecciones presidenciales y llegara al poder como su sucesor. Asimismo, estaba meditando sobre cómo buscar y conseguir la mayoría de los escaños en las elecciones parlamentarias, a pesar de las dificultades políticas. De acuerdo con lo descrito por Fujimori, él ponderaba cómo dejar preparado el terrero para su regreso al poder en un futuro. Fujimori no ha escrito sobre lo que pensó o sintió con el video sobre el soborno. Solamente dijo que se trataba de un golpe mortal a su gobierno (Fujimori 2003: 387-390). No obstante, como veremos más adelante en nuestro análisis, Fujimori confesó a una persona que lo visitó en aquel entonces que después de haberse hecho público el video, lo que pensó fue renunciar inmediatamente al cargo de la presidencia. Hasta que Fujimori finalmente decidiera y anunciara la reducción del mandato presidencial, su renuncia al cargo y la simultánea convocatoria a las nuevas elecciones, diversas cosas, incluso desilusiones y lamentos, debieron de pasar por su mente. Una breve reseña de la política peruana de los años noventa En 1990, cuando Fujimori fue elegido Presidente de la República, el Perú se encontraba en una profunda crisis debido a una serie de las dificultades acumuladas en la década anterior. Sin seguir un orden de exposición particular, podemos mencionar como problemas graves del Perú en dicho decenio: la hiperinflación, que alcanzó cuatro dígitos anuales, la recesión y la informalización de la economía, el aislamiento en el sistema internacional

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financiero (sobre todo del Fondo Monetario Internacional-FMI y del Banco Mundial), el agravamiento del desempleo y la pobreza, el deterioro de las funciones básicas del Estado como la redistribución del ingreso y la provisión de servicios sociales, y la desmoralización y la propagación de la corrupción en organismos estatales como las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y el Poder Judicial. A estos graves problemas se sumaban la expansión del tráfico de drogas y las actividades terroristas de los grupos subversivos armados. Otros países latinoamericanos también encaraban dificultades parecidas como la crisis económica, el tráfico de drogas o la violencia debido a la subversión armada. Sin embargo, en aquel entonces se decía que solo en el Perú coincidían todos estos males al mismo tiempo. Muchos temían la “libanización” del Perú, vale decir, que en medio de la expansión de la violencia terrorista, la ya caótica situación peruana se agravara mucho más y este país andino quedara reducido a escombros, tal como sucedió antes con el Líbano, donde la guerra interna destrozó su sociedad. En aquel entonces era un secreto a voces que el gobierno de los Estados Unidos se había preocupado tanto de la eventualidad de que la ofensiva de los grupos subversivos armados sumiera al Perú en caos y su situación afectara a los países vecinos, desestabilizando la región sudamericana, que ya había preparado un plan para constituir fuerzas aliadas, junto con los países vecinos, para una intervención militar en el Perú si la situación así lo requiriese. Después de ser elegido presidente peruano en una situación especialmente difícil, Fujimori llevó adelante una medida tras otra para reconstruir el Perú, como la reinserción del país al sistema financiero internacional, la estabilización, la liberalización y el ajuste económicos, la política antisubversiva, etc. Al efectuar estas medidas, el mandatario peruano no buscó construir de antemano un consenso político en torno a las mismas. Simplemente las puso en práctica sobre la base de su decisión, liderazgo e iniciativa personal como jefe de Estado peruano. En ocasiones, si le parecía necesario, no titubeó en acudir a medidas de fuerza. Por ejemplo, en 1992, instaló por ocho meses un gobierno dictatorial que suspendió la Constitución Política entonces vigente y clausuró el Congreso de la República y el Poder Judicial. Por su parte, la mayoría del pueblo peruano esperó de la gestión presidencial de Fujimori resultados a problemas concretos y le dio su apoyo, pidiendo una rendición de cuentas de cuáles habían sido las soluciones

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a los mismos. En particular, la población esperaba la superación de dos problemas que enfrentó el Perú en la década de 1980: la inestabilidad económica, simbolizada en la hiperinflación, y la creciente y extendida actividad terrorista. La estabilización social conseguida por la solución de estos problemas dio a muchos peruanos una sensación de alivio y desahogo de las tensiones. Más aun, estos resultados fueron altamente apreciados por ellos. La medida radical de suspender la Constitución Política en 1992 también fue aprobada mayoritariamente por más del 70% de los peruanos (según diversas encuestas realizadas entonces), debido a la esperanza de que esta condujera a la superación de diversos problemas socioeconómicos. Para normalizar la situación de la existencia de un gobierno de facto instalado luego de la suspensión de la Constitución, se llevaron a cabo elecciones para una Asamblea Constituyente. Las fuerzas fujimoristas consiguieron la mayoría de escaños en dicha asamblea, donde se redactó una nueva Constitución Política. La nueva Constitución fue aprobada en un referéndum y promulgada en 1993. Esta permitió la reelección presidencial (dos mandatos consecutivos) que habían prohibido las constituciones anteriores. Habiendo logrado la estabilización social del Perú gracias a los logros económicos y la política antisubversiva, Fujimori comenzó entonces a impulsar prioritariamente —como medidas para reducir la pobreza— la construcción y mantenimiento de una infraestructura básica para el país como son, por ejemplo, carreteras, escuelas, agua y desagüe, suministro de electricidad e instalaciones sanitarias. En parte debido a estas obras, muchos peruanos continuaron teniendo una opinión positiva de la política de Fujimori, ya que se pensaba que este había logrado resultados concretos en la estabilización social. Asimismo, se generó la esperanza de que en el futuro se impulsarían medidas para crear empleo y reducir drásticamente la pobreza y, de este modo, se mejoraría la condición socioeconómica de muchos peruanos. En las elecciones presidenciales de 1995, Fujimori fue reelegido por una abrumadora mayoría, con una diferencia de más del 40% en comparación con el candidato que ocupó el segundo lugar. Sin embargo, durante su segundo mandato, Fujimori no profundizó la reforma integral del Estado ni puso en marcha un desarrollo económico sostenido sobre la base de la estabilidad social lograda en su primer quinquenio. En cierta manera, desilusionó la expectativa generada en la población que tenía esperanzas de mejoras en el plano socioeconómico.

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Fujimori no pudo exhibir nuevos resultados tangibles para la mayoría de los peruanos como sí lo hizo en su primer mandato, y perdió gradualmente su popularidad. Aparte de ello, en 1996, los fujimoristas forzaron en el Congreso la aprobación de una ley de interpretación constitucional, según la cual el mandato presidencial de 1990 a 1995 no constituía el primer mandato presidencial indicado en la Constitución de 1993. De este modo, se abrió el camino a la posibilidad legal de que Fujimori fuera candidato por tercera vez consecutiva en las elecciones presidenciales previstas para el año 2000. La ley de interpretación constitucional provocó una polémica que dividió en dos a la opinión pública. Eventualmente, la polémica y otros acontecimientos políticos sucedidos en relación con o independientemente del asunto de la tercera postulación consecutiva de Fujimori dañaron aun más la imagen de un Fujimori que no podía exhibir resultados concretos en el plano socioeconómico. La oposición intensificó su ofensiva política en contra de la tercera postulación consecutiva de Fujimori. Mientras tanto, el gobierno fujimorista incrementó su influencia en el Poder Judicial y los organismos de la administración electoral, que legalmente eran independientes del gobierno, con el objetivo de asegurar el camino de la candidatura de Fujimori. Al mismo tiempo, en el extranjero también se empezaron a oír voces críticas a la tercera postulación del jefe de Estado peruano. Ello ocurrió a pesar de que su gobierno tuvo un triunfo diplomático, al poner fin al conflicto limítrofe con Ecuador en 1998 y terminar de demarcar todas las fronteras terrestres; una tarea pendiente desde la Independencia de 1821. Pero la hazaña histórica no tuvo el efecto esperado por sus seguidores, es decir que Fujimori recuperara la popularidad dentro del país. Las campañas electorales de 2000 comenzaron a fines de 1999, sin un consenso en el Perú sobre la legalidad de la tercera postulación consecutiva de Fujimori. Hasta la oficialización de su tercera postulación en las elecciones presidenciales, Fujimori hizo esfuerzos denodados por mejorar su decaída imagen. Lo hizo a marchas forzadas, recurriendo tanto al acoso y presión contra la oposición como a la utilización política de los organismos gubernamentales y la propaganda oficial; actividades que podrían ser vistas como actos de corrupción o de abuso de autoridad. A pesar de todo, antes del cierre de la inscripción de los candidatos, el mandatario peruano recuperó cierto nivel de popularidad, aunque estaba muy por debajo del que tenía antes de las elecciones de 1995. Fujimori siguió adelante con la

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tercera postulación en las elecciones del año 2000 y logró forzar su segunda reelección consecutiva. A pesar de los esfuerzos de los seguidores de Fujimori, el proceso electoral fue criticado de injusto y poco transparente, tanto dentro como fuera del Perú. La ceremonia de asunción del mandato presidencial, el comienzo del tercer mandato fujimorista, se llevó a cabo de un modo opaco, en medio de la movilización y agitación de la oposición. Luego, la comunidad internacional, en particular los Estados Unidos, tomaron una postura cada vez más severa contra el gobierno de Fujimori. Después de 49 días de iniciado el tercer mandato de Fujimori, se reveló el video del escandaloso soborno hecho por Montesinos a un congresista opositor que, según el conteo de votos, ya estaba prácticamente elegido, para que se pasara a las tiendas fujimoristas. Con ocasión de la divulgación del video, las columnas del gobierno de Fujimori empezaron a caer estrepitosamente. Como hemos señalado antes, Fujimori fue destituido del cargo de la presidencia alrededor de dos meses después de hacerse público el video del soborno. Los objetivos y perspectiva de este trabajo Nuestro trabajo constituye un esfuerzo por estudiar la política peruana de la década de 1990, la época de Fujimori, que ha sido resumida en los párrafos anteriores. Aunque analizaremos también los antecedentes históricos de la política peruana y algunos rasgos personales de Fujimori que sean relevantes, el periodo principal de nuestro análisis abarca los poco más de diez años que se sucedieron desde fines de julio de 1990 hasta noviembre de 2000. Es decir, el periodo político que empezó cuando Fujimori tomó por primera vez posesión de la presidencia, después de un reñido y sorpresivo proceso electoral en el mismo año. En la recta final de la campaña electoral, el hasta entonces desconocido político de origen japonés, uno de los candidatos con pocas posibilidades de triunfar, repentinamente surgió y eventualmente derrotó al conocido escritor Mario Vargas Llosa, considerado el candidato favorito de dichas elecciones. El periodo político que cubre este trabajo se cierra cuando Fujimori fue destituido de su cargo, luego del descubrimiento del soborno por parte de su allegado. Esto último constituyó un verdadero terremoto político que sacudió, y a la postre hizo caer, al gobierno. Nuestro análisis se desarrollará cronológicamente tratando los principales sucesos políticos, aunque sin buscar describir

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minuciosamente los acontecimientos. Más exactamente, nuestro principal interés residirá en estudiar tanto la dinámica política peruana que rodea al gobierno de Fujimori como en analizar la política de Fujimori, indagando sobre las percepciones, juicios, opiniones, etc. del mismo. Nos plantearemos preguntas como las siguientes: ¿en qué circunstancias el mandatario peruano encaró ciertos problemas y con qué juicio o con qué intención tomó qué tipo de decisiones? ¿Qué reacciones provocaron estas decisiones y qué ocurrió con la política peruana? Trataremos de responder a estas y a otras preguntas, incluso recurriendo a testimonios e informaciones que el autor consiguió de colaboradores cercanos a Fujimori, que han permitido examinar su forma de hacer política. En relación con el desarrollo de la política fujimorista durante los años noventa, los principales estudios existentes2 se centran en el análisis de la personalidad y el estilo autoritarios de Fujimori. De esta manera, han dirigido su principal interés analítico al actor político llamado Fujimori, y han puesto en cuestión su forma de gobernar autoritaria. Es decir, han resaltado su falta de búsqueda de la conformación de un consenso amplio sobre la base de una discusión pública hecha previamente. Por ello, enfatizan y critican el hecho de que Fujimori tomaba decisiones unilaterales y las ponía en práctica, y las consideran acciones arbitrarias y egocéntricas. Asimismo, censuran su postura intransigente de cara a las fuerzas opositoras. Por otro lado, hay académicos, principalmente de Estados Unidos y Gran Bretaña, que relacionan las diversas características autoritarias de Fujimori con el lazo directo que se estableció entre este y la gente ordinaria, llamando a este lazo “neopopulismo”.3 El término populismo ha sido usado por los estudiosos en diversos sentidos y con diferentes matices pero, básicamente, se aplica a movimientos políticos cuyas bases de apoyo radican en los trabajadores, los campesinos y las clases medias. A las clases

2.

Véase Adrianzén (2009), Arias (1992; 2001), Burt (2004; 2008), Bowen (2000), Cameron (1994), Carrión ed. (2006), Conaghan (2000; 2005), Cotler (1993; 1994; 1999), Cotler y Grompone (2000), Degregori (2000; 2003), Ford, et al. (2001), Lauer (1994), López (2001a; 2001b), Lynch (2009), McClintock (1996; 1999b; 1999c), Neira (2001), Orias (2005), Pease (1994; 1995; 2003), Planas (1992; 1996; 1999), Quijano (1995), Reyna (2000), Rodríguez (2007), Tuesta (1995), entre otros.

3.

Véase Barr y Dietz (2006), Crabtree (1997; 1998; 2000), Ellner (2003), Kay (1996), Panfichi y Sanborn (1996), Roberts (1995), Weyland (2002; 2006), entre otros.

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medias pertenecen, entre otras personas, los funcionarios o empleados que ocupan hasta un rango medio en la burocracia estatal, comerciantes y empresarios de mediana dimensión, así como los profesionales como abogados, notarios, contadores, ingenieros y maestros. En el contexto de la política latinoamericana, el término populismo se ha usado para referirse a los movimientos de trabajadores urbanos y clases medias, emergentes políticamente en la primera mitad del siglo XX, dirigidos en contra de una dominación política cerrada por parte de una élite o aristocracia llamada oligarquía.4 Estos movimientos fueron dirigidos por líderes carismáticos y tenían como objetivos políticos el consenso y la armonía entre las clases sociales, así como la mejora del nivel de vida de la población en general. Los que interpretan la política de Fujimori como un “neopopulismo” fijan su atención en un aspecto: Fujimori estableció relaciones directas de apoyo con la población sin pasar por organizaciones intermediarias como los partidos políticos, que generalmente median y sirven de canales de comunicación entre el gobierno y los líderes políticos con los pobladores que no ocupan ningún cargo político. Asimismo, los impulsores del concepto de “neopopulismo” señalan que estas relaciones directas estaban sustentadas en una evaluación positiva que tenía la población en general sobre el aumento de la inversión pública y los servicios sociales brindados por el gobierno, e incluso sobre las expectativas de mejoras socioeconómicas a ser realizadas por las políticas gubernamentales. Teniendo en cuenta lo anterior, es dable preguntarse: ¿por qué se le llama “neopopulismo” a la política de Fujimori? Para responder a esta pregunta es importante tomar en cuenta que mientras el populismo convencional se desarrolló bajo un esquema que asignaba al Estado un desempeño importante en la economía y la sociedad así como en la protección de las industrias internas, en el caso de Fujimori, el populismo se amoldó a las políticas “neoliberales” de minimizar en lo posible el rol del Estado, impulsar la apertura y liberalización de la economía y perfeccionar la economía de mercado. Hay estudiosos que opinan en contra del uso del concepto de “neopopulismo” en el Perú de Fujimori porque, según ellos, este concepto no contiene el sentido de impulsar la democratización que tenía el término 4.

El otro caso en que se usa el término populism es en el estudio de la historia política de los Estados Unidos. En ese caso, se refiere al movimiento de campesinos de la zona centro-oeste en el siglo XIX.

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original de “populismo”.5 De esta manera, los argumentos y análisis principales existentes y aquí presentados, inclusive los que defienden el uso del concepto de “neopopulismo” coinciden, en grandes rasgos, en considerar que la política de Fujimori fue autoritaria. Como explicaremos en los siguientes capítulos, nuestro análisis, en principio, está de acuerdo con resaltar el autoritarismo del gobierno de Fujimori. Una ilustración de esta forma de gobernar es lo que Fujimori le aconsejó, en mayo de 1991, a su ministro de Economía y Finanzas, Carlos Boloña: “En la política hay que actuar primero e informar después” (Expreso, 16.05.1991). El político de ascendencia japonesa no se preocupaba por la conformación de un consenso y del proceso para lograrla, o de las maneras o métodos para conseguir colectivamente objetivos y rendir cuentas. Para el mandatario peruano lo que era prioritario era superar 5.

Grompone (1998: 13), Lynch (2000: 153-179), Quijano (1998: 183-187) y otros argumentan que la parte central del concepto del populismo es el haber impulsado la “democratización social” de la así llamada “gente ordinaria”, la cual no había pertenecido a la clase dominante tradicional y había estado excluida de la política. Es decir, gracias al populismo, esta población fue incorporada al proceso político. Los críticos del concepto de “neopopulismo” consideran que es una distorsión y que es inadecuado abstraer esta parte esencial del concepto y resaltar solo el autoritarismo en el concepto de populismo. Por ello, proponen el uso de otros términos para denominar el fenómeno político, como “clientelismo”, en el que un personaje políticamente poderoso se ofrece como patrón para obtener bienes y servicios, así como brindar protección a personas o grupos bajo su influencia. A cambio, estos le dan apoyo político, lealtad y obediencia. Otro término sugerido es “personalismo”, que significa una serie de principios de conducta basados en las relaciones personales directas. Aunque analiza la política de Fujimori sobre la base del concepto de “neopopulismo”, Crabtree (1997; 1998; 2000) argumenta que el estilo populista de gobernar es parte de la cultura política del Perú. En este libro no profundizaremos la discusión sobre la definición de “neopopulismo” ni usaremos el término, porque nuestra perspectiva, que detallaremos en la siguiente sección, no tiene que ver con el debate en torno a este concepto. Por otro lado, como veremos, si bien es cierto que el estilo de Fujimori para gobernar tenía los caracteres autoritarios indicados en los análisis que enfatizan el “neopopulismo”, tenemos ciertas reservas. Al respecto, véase la nota 13 del capítulo III. Sánchez (1996) pretende interpretar el concepto de populismo y de la política de Fujimori, desde un ángulo distinto a otros estudiosos pero, a fin de cuentas, coincide con los académicos de la corriente del “neopopulismo” en decir que dicha política fue autoritaria.

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eficientemente los problemas socioeconómicos y obtener resultados, concentrando en sí mismo el poder y la autoridad en la toma de decisiones. Para hacer tal política, indudablemente Fujimori tenía un estilo autoritario de tomar decisiones y ejecutarlas, sin perder mucho tiempo, solamente consultando a un pequeño número de allegados. No le concedía importancia en ningún caso a construir el espacio o foro democrático que permitiera a la población participar en el proceso de toma de decisiones políticas, ni tampoco hacía esfuerzos por realizar la construcción de tal espacio de deliberación, consulta y acuerdo de las decisiones políticas. Sin embargo, algunos aspectos nos diferencian de los estudios existentes sobre la política autoritaria de Fujimori. Mientras que estos estudios ponen el acento en el análisis de la conducta y actitud del gobernante peruano, hacen caso omiso o no ahondan en el hecho de que, en la sociedad y política peruanas de la década de 1990, existían sobre todo profundas dificultades históricas y estructurales. Sin temor a ser malentendidos, podemos simplificar los problemas históricos de la política peruana en el espacio donde se conforman y luchan por el poder las agrupaciones políticas, como partidos políticos, sobre la base de relaciones verticales, cuyos eje y cima son un personaje poderoso o influyente. Es decir, existe una tradición política de no aceptar reglas o normas colectivas; o, cuando estas existen, no se convierten en patrones de conducta comunes, sobre cuya base se hacen negociaciones y concesiones en búsqueda del consenso eficaz o de objetivos compartidos de mediano y largo plazo. De este modo, no se forja un espacio político democrático que vaya más allá de lo inmediato o temporal. Debido a la ausencia, tanto del consenso eficaz o de objetivos compartidos de mediano y largo plazo, como del espacio político democrático que los cree y sustente, la política peruana ha experimentado en repetidas oportunidades la agudización de la lucha por el poder, una vida política que regresa a un punto muerto y unas Fuerzas Armadas que intervienen en la política para salir del estancamiento. En otras palabras, las características autoritarias observadas en la política de Fujimori no se remiten solamente al protagonista político de los años noventa, sino también a los problemas históricos comunes de la política peruana. Creemos que en los argumentos existentes sobre la política de Fujimori no se ha tomado en consideración ni se ha analizado suficientemente este aspecto. Desde esta nueva perspectiva, aunque el análisis de la actitud y conducta de Fujimori es un tema importante y no tenemos la

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intención de menospreciarlo, queremos pasar al punto principal de nuestro enfoque analítico: a colocar la política de Fujimori en el panorama y en la tradición de los problemas de la política peruana. Somos de la opinión de que es importante examinar al actor político Fujimori pero, al mismo tiempo, quedarse en eso significa hacer solo a medias el análisis de la política fujimorista. Entre los estudiosos que cuestionan la conducta y las actitudes autoritarias de Fujimori como problemas esenciales, hay muchos que señalan los problemas históricos y estructurales de la política peruana hasta la década de 1980 (brevemente mencionados en las líneas anteriores). No obstante, en el momento de analizar concretamente el proceso político de la época de Fujimori, olvidan la perspectiva histórica y estructural originalmente considerada, o solamente mencionan los problemas histórico-estructurales como telón de fondo de la política peruana de la década de 1990, y tienden a argumentar sobre la política de Fujimori como algo nuevo y único, sin aplicar suficientemente el ángulo histórico y estructural. Tal vez reflejando la prioridad comúnmente otorgada a las características autoritarias de Fujimori existen algunos análisis contradictorios, o demasiado optimistas, referidos a las fuerzas opositoras a Fujimori o al eventual proceso post Fujimori. Por ejemplo, un estudio sobre el segundo mandato de Fujimori (1995-2000) llama a las fuerzas opositoras al gobierno como una “oposición democrática (democratic opposition)” (Levitsky 1999: 83, 90). Este estudio las calificó de esta manera porque las fuerzas antifujimoristas se enfrentaban al jefe de Estado proclamando principios democráticos como la realización de las elecciones libres, el respeto a las libertades ciudadanas básicas, el control civil sobre las Fuerzas Armadas, el establecimiento de la división de tres poderes del Estado, entre otros. Sin embargo, el mismo estudio señala en otra parte que la oposición no había tenido éxito en construir instituciones democráticas que representaran a una amplia gama de estratos sociales del Perú, y por ello no existía un movimiento democrático real en el país (Levitsky 1999: 83, 90). Si esto fuese así (como explicaremos más adelante, estamos de acuerdo con este análisis), calificar de “democrática” a la oposición antifujimorista no tiene sentido analítico; no pasa más de un simple “rótulo” en un contexto de lucha política. Otro estudio manifiesta un optimismo abierto sobre el futuro político de la etapa post Fujimori. Según este análisis, una vez que los fujimoristas

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salieran del gobierno, se recuperaría la democracia electoral; y dadas tanto la existencia de los ciudadanos peruanos bien educados y dedicados a la política como las experiencias amargas de los años ochenta y la era de Fujimori, se podría esperar razonablemente que se revigorizaran los esfuerzos por construir partidos políticos y organizaciones democráticas que tuvieran un sentido colectivo de colaboración y que fueran políticamente responsables (McClintock 1999c: 356). En este caso, el análisis incurre en una especie de “reduccionismo” de todos los problemas a los de Fujimori, dejando fuera de alcance el verdadero estado de la oposición u otros problemas políticos, que trataremos de analizar en este trabajo.6 Desde nuestro punto de vista, lo más importante es tener en cuenta siempre la existencia de los problemas históricos y estructurales en la política peruana y preguntarse si la política peruana avanza o retrocede hacia la democracia a que aspiran los peruanos y cuánto falta para arribar a tal democracia. Recurramos a una metáfora. Supongamos que cuando se instaló el gobierno de Fujimori en 1990 existía un tonel de vino llamado “democracia” con dos metros de profundidad, en el que quedaban solamente diez centímetros llenos. En el transcurso de los años noventa bajó más el nivel del vino, y cuando el indicador marcó menos de cinco centímetros, cayó el gobierno de Fujimori. Y admitamos por hipótesis también que con la instalación del gobierno de transición, dirigido por Valentín Paniagua, el vino “democracia” recuperó su nivel hasta diez centímetros. Nuestra intención no es decir que esta “recuperación” (de la democracia) no tenga sentido alguno. Pero debemos señalar al mismo tiempo que, con miras al objetivo final, es decir a la consolidación de la democracia, que se alcanza cuando se “llena el tonel”, queda claro que falta “mucha cantidad por llenar”. Por más que baje o suba un poco el nivel de vino en el fondo del tonel, al fin de cuentas, siguen siendo los mismos principales problemas políticos los que el Perú debe encarar en el mediano y largo plazo.7 6.

En enero de 2000, el autor leyó por primera vez estos dos estudios publicados en 1999 y en sus páginas anotó lo descrito aquí. No es un hindsight (explicación o análisis retrospectivo) basado en lo que ha sucedido en la política peruana a partir del año 2001.

7.

Por ello, creemos que es erróneo enfatizar la “recuperación de la democracia” en la etapa post Fujimori. Como llama la atención del lector la presentación de un libro, en el Perú las instituciones democráticas en realidad “nunca consiguieron afianzarse” (Cotler y Grompone 2000: 9). Podemos hacer las mismas observaciones sobre Levitt (2012), aunque su análisis constituye un aporte importante.

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Por otro lado, nuestra perspectiva de analizar la política de Fujimori desde el ángulo histórico y estructural, pone ciertas reservas en la interpretación que llama a Fujimori un “outsider” (político que no tiene que ver con la política de partidos políticos en la década de 1980), o en la posición de denominar el estilo político de Fujimori como la “antipolítica” (es decir, una forma de hacer política a la manera tecnócrata, con énfasis en la eficiencia, sin contar con organizaciones o plataformas electorales, al mismo tiempo que desprestigiando a los políticos o partidos políticos existentes).8 En los años ochenta, la política peruana fue la de los partidos, vale decir, ellos fueron los principales protagonistas políticos. En la década de 1990 con frecuencia estos fueron llamados “partidos tradicionales”, y fueron ellos los que cargaron sobre sus espaldas los problemas de la política peruana antes de la aparición de Fujimori en la escena política. Fujimori postuló en el proceso electoral de 1990 como uno de los varios candidatos catalogados como “independientes”, que no tenían vínculos directos con los “partidos tradicionales” o se habían separado de los mismos. Y es cierto que, estando libre de los enredados compromisos que ataban a los partidos políticos con los intereses establecidos, durante sus primeros años de gobierno el Presidente de origen japonés pudo tomar decisiones trascendentales sin dudar ni dejarse aturdir por estos compromisos. Es indudable también que Fujimori no le prestó atención a las reglas políticas mínimamente establecidas (por ejemplo, respetar —así fuera formalmente— y evitar desviarse del marco general de la Constitución Política) que sí eran obedecidas por los “partidos tradicionales”. Esta actitud de Fujimori fue más intensa en algunas medidas, como la reforma económica, y más evidente en la suspensión de la Constitución Política, llevadas a cabo por el jefe de Estado durante su primer mandato, de 1990 a 1995. De igual modo, Fujimori criticó duramente a los “partidos políticos” y a las organizaciones del Estado como el Poder Judicial por ser ineficientes, corruptos y egocéntricos, y haber dejado caer al Perú en una situación crítica. Su discurso “antipolítico”, que proclamaba la renovación de la política tradicional y la búsqueda de una solución eficiente de los diversos 8.

Sobre el argumento de “outsider”, véase, entre otras, Cotler (1993; 1994; 1995a; 1999), Kenney (1998). Respecto de la interpretación de antipolítica, véase Degregori (2000), García Montero (2001), Lynch (2000), Panfichi (1997), etc.

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problemas, fue una de las razones por las cuales Fujimori ganó popularidad. Ciertamente Fujimori repetía cada vez que podía dicho discurso, sin dedicar tiempo a la realización de un diálogo, discusión o negociación con otros sectores políticos; es decir, hacía la política de una manera autoritaria. No obstante ello, la concepción, el pensamiento, la forma de conducta y el estilo políticos de Fujimori reflejan marcadamente los caracteres básicos de la política tradicional peruana. Respecto de este punto, detallaremos en los siguientes capítulos, desde nuestro punto de vista, cómo Fujimori arrastraba problemas que la política peruana había tenido a lo largo de la historia. Por ello no basta con considerar a Fujimori como un “outsider” de la política, o como un político que esgrimía el discurso de “antipolítica” como algo totalmente novedoso. No debemos olvidar que hasta los años ochenta ya existía una enorme herencia negativa histórica en la política peruana, y Fujimori no fue ajeno a ella.9 Una perspectiva institucional Al analizar en los siguientes capítulos la política de Fujimori desde el ángulo descrito en los párrafos anteriores, queremos poner nuestra atención principal en el aspecto institucional. A las instituciones las definimos como los patrones de comportamiento, las reglas, las normas, el entendimiento o el consentimiento, explícitos o implícitos, que son aceptados, reconocidos o compartidos como legítimos por los miembros de una sociedad, con el objetivo de conseguir ciertas metas o valores.10

9.

Podemos encontrar ejemplos de continuidad entre la décadas de 1980 y 1990: la utilización del sistema de inteligencia para cooptar a las Fuerzas Armadas (Obando 1998a; 1998b), o las ejecuciones extrajudiciales por parte de un sector de las fuerzas de orden (Uceda 2004). Nos referimos a la continuidad sin considerar la diferencia en dimensiones, particularmente sobre el primer caso. Es notable la diferencia en el nivel de la cooptación de las Fuerzas Armadas, si comparamos entre el quinquenio de Alan García (1985-1990) y la era de Fujimori después de la intentona de golpe de Estado en noviembre de 1992.

10.

Aunque algunas partes están ampliadas y ciertos elementos están agregados, los puntos básicos de la definición de las instituciones aquí presentados se basan en el argumento del polítologo japonés Yonosuke Nagai (Shinohara y Nagai eds. 1965: 7-12). El autor hizo el mismo argumento en otro trabajo (Murakami 2000a: 30-32). Encontramos definiciones similares en Cotler (1988: 152-153), Purcell y Purcell (1980: 194-197)

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En términos generales, las actividades sociales humanas se manifiestan en tres niveles: situaciones, instituciones y organizaciones. Sobre la base de los intereses y orientación de sus valores personales, un ser humano trata de influir en o adaptarse al ambiente que lo rodea, y en este proceso crea la percepción y la conciencia acerca de diversos temas o problemas que tiene que superar. Las situaciones constituyen los aspectos semánticos del ambiente que cada ser humano capta o interpreta de acuerdo con sus intereses y conciencia sobre los temas y problemas pendientes. Las situaciones son originales, singulares, personales, únicas, concebidas unilateralmente y distintas de un ser humano al otro. Al mismo tiempo, las situaciones son fluidas e irreversibles, porque las mismas varían conforme cambian los intereses o valores personales. Ahora bien, un individuo y los otros, cada uno con sus intereses y conciencia sobre los problemas pendientes, se encuentran, y desarrollan y O’Donnell (1992: 3-6), entre otros. Recientemente, Crabtree ed. (2006) adoptó una definición de las instituciones parecida a la nuestra, y analiza la situación peruana desde la década de 1980, aunque su énfasis y puntos de interés son distintos de nuestro estudio. El interés en las instituciones políticas data de años atrás en los estudios políticos pero, en las ciencias políticas en los Estados Unidos, con la aparición de los estudios sobre las instituciones como reglas de juego hechos por March y Olsen (1989), North (1990) y Powell y Dimaggio eds. (1991), la perspectiva de las instituciones fue (re)descubierta por los estudiosos norteamericanos como “nuevo institucionalismo”, y han profundizando la discusión en torno de estas. La perspectiva misma se ha diversificado, desde el ángulo de secuencias históricas (path-dependency) hasta la posición basada en la teoría de selección racional (rational choice theory) con métodos matemáticos. Se han hecho esfuerzos también por combinar el ángulo histórico con la teoría de selección racional, aunque hasta ahora no se han logrado muchos resultados. Entre los académicos no hay consenso sobre la categorización en la perspectiva denominada “nuevo institucionalismo”. Peters (1999) intentó hacerlo. Nuestra posición da importancia a las secuencias históricas de los sucesos políticos. Últimamente, algunos estudiosos norteamericanos intentan teorizar sobre las instituciones (informales) para hacer un estudio comparado más riguroso (Helmke y Levitsky 2003; 2006). El problema de este intento radica en que ellos restringen el sentido de las instituciones a lo mínimo posible: consideran como instituciones solamente las reglas que tienen los “premios y castigos”, y excluyen de su concepto las “regularidades de comportamiento (informales)” y la “cultura”. Desde nuestro punto de vista, esta restricción del sentido limita el alcance de la perspectiva institucional, particularmente en su posibilidad de analizar el nivel o grado de institucionalización, como describiremos adelante. Además de esto, Helmke y Levitsky (2003; 2006) reconocen el clientelismo como una institución informal, pero el clientelismo normalmente es un patrón de conducta, no las “reglas con premios y castigos” como la definen ellos.

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diversos tipos de relaciones, desde conflictivas hasta armónicas. El desarrollo de estas relaciones se da en un proceso de ensayos y errores, que en un principio no es ajeno a los enfrentamientos violentos. De este proceso nacen el entendimiento, el consentimiento, los patrones de conducta, las reglas y las normas, explícitas o implícitas, en cuanto a la conveniencia de recurrir a ciertas medidas, o pasar por un determinado procedimiento con el objetivo de superar problemas determinados o de lograr ciertas metas y valores. Tal entendimiento, consentimiento, patrones de conducta, reglas o normas constituyen la definición de instituciones que usamos en este trabajo. Básicamente, las instituciones son espontáneas, se crean con el paso del tiempo y mediante la acumulación de experiencias en las relaciones humanas (el proceso de institucionalización). Asimismo, están basadas en la expectativa y confianza que existen entre los miembros de la sociedad en torno a cumplir u obedecer el entendimiento, el consentimiento, las reglas o normas.11 Cuando nos referimos a las instituciones, debemos también considerar las reglas, las normas, los patrones de comportamiento, el entendimiento o el consentimiento que no están escritos en leyes o documentos. De esta manera, evitaremos que el análisis se dirija solo a la dimensión oficial o formal, y por el contrario se haga extensivo al aspecto no oficial o informal, que muchas veces en la vida política real constituye el factor más importante y decisivo. A diferencia de la instituciones, las organizaciones se forman artificialmente, por conveniencia, en relación con el objetivo claro de cumplir eficientemente las metas o funciones que se asignan las instituciones. De este modo, debemos distinguir la diferencia cualitativa entre las instituciones y las organizaciones. Para alcanzar un suficiente nivel de funcionamiento, las organizaciones tienen que estar sostenidas por las instituciones, vale decir, por el entendimiento, el consentimiento, los patrones de comportamiento, las reglas, y las normas, ya sean explícitos o implícitos. Es por eso que, en nuestra opinión, las investigaciones deben ir más allá del mero aspecto

11.

En Cien años de soledad hay una escena en la cual José Arcadio Buendía, primer patriarca de la novela, no aceptó jugar a las damas cuando un padre católico lo invitó, “porque nunca pudo entender el sentido de una contienda entre dos adversarios que estaban de acuerdo en los principios” (García Márquez 2001: 91). El premio Nobel describe vívidamente un ejemplo de la percepción que tiene sobre las instituciones una persona acostumbrada a vivir en el nivel de las situaciones.

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organizativo, ya que en ciertos casos este puede ser superficial y de poca importancia. Las instituciones tienen diversos aspectos y niveles. En primer lugar, las mismas no limitan sus formas a lo escrito en leyes o documentos, sino que también abarcan normas, reglas o patrones de conducta no escritos, no oficiales o informales, e incluso entendimientos o acuerdos tácitos. Pueden existir también como costumbres, ethos, o moral, de modo tal que las instituciones están interiorizadas en la conciencia de cada miembro de la sociedad. En segundo lugar, su contenido puede ser simple, incluyendo un solo asunto, o pueden tener un contenido complejo, ocupándose de varios aspectos de la sociedad (es decir, no solo del político, económico o social, sino también del axiológico y cultural). En algunos casos, pueden formar parte de las instituciones contenidos de gran trascendencia social, como el consenso en torno a los símbolos de la integración social; o perspectivas futuras, planes, proyectos o políticas que conduzcan a la sociedad en cierta dirección. En tercer lugar, el ámbito de las instituciones puede estar restringido a solo unos protagonistas o actores políticos principales o extenderse a la gran mayoría de la “gente común” de la sociedad. Al fijar y usar estos parámetros podemos medir el grado de institucionalización, analizar la continuidad y cambio de las instituciones en el tiempo, y la dinámica de creación, desarrollo y decadencia (o no formación) de las mismas.12 12.

Para ilustrar la dinámica situación-institución-organización, con frecuencia se cita un ejemplo de amor entre un hombre y una mujer. Él o ella busca su pareja según sus “intereses y valores”. Cuando se empieza a sentir amor por una persona, todavía una persona se encuentra en el estado de situación “imprevisible” (ya que puede resultar en un amor no correspondido). Pero si los “intereses y valores” de ambos coinciden, empieza el proceso de acumulación de entendimientos, acuerdos y reglas (instituciones) entre los dos (es decir, el proceso de institucionalización). Esto incluye desde el entendimiento tácito de amor mutuo hasta el compromiso matrimonial y casamiento, pasando por, entre otras cosas, la prohibición de enamorarse de otra persona (variedad en el nivel y contenido de las instituciones). Con el matrimonio, el amor completa el proceso de institucionalización. Después de casarse, los amantes forman un hogar propio (organización) con el objetivo de llevar la vida de los dos de la mejor manera posible y tener hijos. Para que funcione bien, el hogar también necesita una serie de entendimientos, acuerdos y reglas no escritas (instituciones) que están basados en la confianza (reconfirmación del amor, celebración de determinados aniversarios, división de los quehaceres domésticos, ayuda a otros miembros de la familia, etc.). Ciertas instituciones relativas al amor, entre ellas el matrimonio y las reglas en torno a la familia, están reglamentadas oficialmente y escritas en las leyes. El amor antes de la etapa

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Según nuestra definición, las instituciones hacen previsibles los comportamientos de los miembros de una sociedad y cumplen la función de dar estabilidad, consolidación y continuidad a la política. La estabilidad de un régimen político depende, por lo tanto, del grado de institucionalización. Si los miembros de la sociedad no tienen algo en común, aunque sea mínimamente, dicha sociedad experimenta comportamientos impredecibles de los actores y la consecuente inestabilidad política. Por otro lado, entre los miembros de la sociedad deben existir expectativas compartidas respecto de que, mediante las instituciones, se consigan metas o valores específicos, así como la confianza en que se respeten las instituciones en la sociedad. Por el contrario, en la medida en que disminuya dicha expectativa y confianza, la sociedad se vuelve menos previsible y consecuentemente más caótica hasta que cae en anomia. En este estado, la gente salta a reacciones que podemos llamar como un “cortocircuito”, vale decir, el acto de recurrir a las salidas más expeditivas que cada uno considera convenientes y pertinentes para lograr metas o valores personales, sin preocuparse de la forma ni de la apariencia de estas medidas. En pocas palabras, las instituciones constituyen el andamiaje y, al mismo tiempo, el marco que define un espacio y foro político, donde diversos actores políticos (personas y agrupaciones) se desarrollan. Al mismo tiempo, las instituciones se convierten en un sistema donde el proceso político refleja concretamente distintas condiciones sociales, económicas, culturales, etc., dado que las mismas se conforman bajo cierta estructura de entendimiento de la sociedad en cuestión. Al aplicar estas ideas a temas concretos de la política del Perú y de Fujimori, que constituye el objetivo principal de nuestro análisis, pensamos que el punto esencial radica en determinar qué instituciones se han creado o no, tanto en la política del Perú como en la era de Fujimori. Aunque es evidente que antes de la aparición de Fujimori existieron en la historia

del matrimonio puede ser secreto, conocido entre amigos, o reconocido socialmente mediante el ritual de compromiso (variedad en el ámbito de las instituciones). Tanto en el estado de enamoramiento mutuo como en el hogar, siempre hay riesgo de pérdida de interés en la pareja (“acostumbramiento del carisma”, según el sociólogo alemán Max Weber) o deslealtad que pueda socavar la confianza acerca de las instituciones y al final destruirlas (la separación o divorcio son el resultado de la decadencia o destrucción de las instituciones).

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política peruana políticos, agrupaciones políticas como partidos políticos, e individuos del pueblo peruano, es pertinente preguntarse: ¿adoptaron y aceptaron colectivamente entre los actores políticos algunas reglas, normas, patrones de conducta, entendimientos o acuerdos?; ¿existían determinadas reglas y normas compartidas en cuanto al proceso de toma de decisiones políticas?; ¿existían entendimientos o acuerdos específicos sobre las perspectivas futuras, las líneas directrices y las políticas concretas de mediano y largo plazo?; ¿se repetían algunos patrones de comportamiento compartidos en torno a la política? O, por el contrario, ¿no es cierto que antes de que Fujimori llegara al poder no se habían creado tales reglas, normas, patrones de conducta, entendimientos y acuerdos compartidos? También podríamos preguntarnos si ¿acaso después de que Fujimori asumiera la presidencia se cambió el estado de las instituciones de la política peruana existente hasta entonces? Si ocurrió tal cambio, ¿fue este para promover o no la institucionalización de la política democrática?; o, más bien, ¿retrocedió aun más la democratización de la política? Buscando respuestas a las preguntas arriba mencionadas, analizaremos la política de Fujimori. Actores y estructura en la historia Además de analizar las reglas, las normas o los patrones de comportamiento, informales o no oficiales, que no están escritos en las leyes o documentos, la perspectiva de las instituciones que en este trabajo se utiliza tiene la ventaja adicional de avanzar en superar la dicotomía entre actores y estructura en el estudio de los procesos históricos. Muchas veces se hace la pregunta dicotómica: ¿a qué se debe prestar atención en el análisis de la política peruana: a los factores estructurales e históricos, o a la intención y los actos de los actores políticos?13 Pensamos que la perspectiva de la institucionalidad tiene un alcance analítico que permite abarcar tanto los factores estructurales e históricos como la intención y los actos de los actores políticos. Como hemos señalado en las líneas anteriores, las instituciones son creadas, destruidas o simplemente no son construidas por los actores políticos conforme a sus intereses, intenciones, actos e interacciones con otros

13.

Véase el planteamiento de Tanaka (2001).

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actores. Por otro lado, la construcción, duración y decadencia, o la ausencia de las instituciones, están condicionadas por factores estructurales e históricos. Las mismas instituciones, o su ausencia, crean las condiciones que permiten restringir o influir en los actores políticos y en su conducta. Al examinar de esta manera a las instituciones, podemos incluir en el marco analítico los factores estructurales e históricos así como la intención y los actos de los actores políticos. En otras palabras, la perspectiva de las instituciones exige prestar atención a los actores políticos y, al mismo tiempo, a los factores estructurales e históricos. Nos parece adecuado indicar que para estudiar un proceso histórico sin caer en un “determinismo estructural”, es decir, en argumentar que los factores estructurales determinan unívocamente el curso de un proceso político, o sin caer tampoco en el hindsight o interpretación retrospectiva, que consiste en la reconstrucción de un proceso histórico hecha desde el presente solo tomando en cuenta su desenlace final, se debe analizar la intención y los actos de los actores políticos (Tanaka 1998).14 Al mismo tiempo, consideramos igualmente importante examinar los factores estructurales e históricos que condicionan, restringen o influyen en los actores políticos y sus actos. Desde nuestro punto de vista, el ángulo histórico-estructural no es incompatible con la posición que da importancia a los actores políticos; más bien, ambos son complementarios. Ciertamente, la historia no está determinada para llegar a una sola consecuencia. En este sentido, para los actores políticos la historia está abierta a más de una alternativa, e indudablemente el desarrollo de un proceso histórico depende de la voluntad, la intención y los actos de los actores políticos. Sin embargo, el margen de las alternativas para ellos no

14.

Tanaka (1998, 2001, 2005) enfatiza la importancia de la “racionalidad” de los actores políticos. Un problema radica en que Tanaka no define claramente qué es la “racionalidad” y para quién y por cuánto tiempo funciona (véase la nota 76 del capítulo I). La “racionalidad” para un actor puede resultar irracional para la sociedad. El clásico caso es el uso del aire acondicionado en una ciudad grande de edificios altos. El uso del mismo en verano es racional para cada usuario, pero resulta que el aire caliente expelido de los edificios calienta el ambiente y la temperatura de la ciudad sube. Por otro lado, una “racionalidad” de corto plazo puede ser irracional en el mediano y largo plazo. Podemos encontrar muchos ejemplos de la “racionalidad” solo de corto plazo en los acontecimientos cotidianos políticos, inclusive en las decisiones de Fujimori, como veremos en este trabajo.

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es ilimitado ni tampoco todas las alternativas tienen la misma viabilidad. Los factores estructurales e históricos ponen condiciones en la intención y los actos de los actores políticos. Para captar la totalidad de un proceso histórico, debemos fijar la vista tanto en los factores estructurales e históricos como en la voluntad y las realizaciones de los actores políticos.15 Por ejemplo, en el momento de nacer, es verdad que todos los niños tienen amplias posibilidades de realización personal en su vida futura. Sin embargo, es cierto también que las posibilidades de cada niño están condicionadas por el estrato social de su familia. Aunque, es necesario reconocer que siempre hay espacio para hacer prevalecer la voluntad y el esfuerzo para ampliar la viabilidad de un individuo yendo en contra de las condiciones adversas. Para entender integralmente la historia del crecimiento de un niño, debemos analizar las condiciones iniciales que tuvo en el momento de nacer y las restricciones de cada etapa del crecimiento que lo rodean, junto con la voluntad y las decisiones que toma. Tanto el factor estructural como la pertenencia a determinado estrato social pueden ser una condición restrictiva que limite e influya en la voluntad y en la decisión del niño en cada etapa de su crecimiento.16 Estructura del libro En el primer capítulo estudiaremos, desde la perspectiva de las instituciones antes descrita, las características principales de la trayectoria política del Perú desde su independencia hasta poco antes de la aparición de

15.

Si los actores tuvieran la total libertad de decisión o acción sin restricción alguna, una conclusión lógica sería que no podríamos pronosticar nada con relación a qué decisión o rumbo tomarían. Por otro lado, podemos señalar que no debe considerarse como una forma de “determinismo estructural” ni hindsight analizar que determinado curso (por ejemplo, la consolidación de la democracia) ha sido o fue difícil, al indicar la existencia de ciertas tendencias, patrones, condiciones o restricciones en el proceso histórico de una sociedad política. El reconocimiento de la existencia de estas tendencias no niega la posibilidad de que la voluntad y acciones de los actores políticos las superen; sí reconoce, en cambio, las dificultades o las bajas probabilidades de remontarlas.

16.

Desde nuestro punto de vista, muchos análisis existentes sobre el Perú en la década de 1990 tienen el problema de centrarse en el actor político llamado Fujimori, sin valerse de la perspectiva histórico-estructural, olvidando de esta manera el análisis crítico de la oposición o haciéndolo de manera insuficiente.

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Fujimori en la escena política. Después de ofrecer un resumen del cambio social que el Perú vivió durante el siglo XX, señalaremos de qué manera la política peruana fue inestable en su historia. Esta tendencia histórica se debió a que la sociedad estaba fragmentada en diversos espacios privados basados en relaciones de dominación personales por parte de los poderosos. Otro rasgo de esta tendencia fue que no se creó un espacio político público que durara en el mediano y largo plazo y que fuese compartido por las agrupaciones e individuos que participan en la política. Como resultado de lo anterior, el Perú fracasó en institucionalizar su política. En este capítulo no solamente trataremos diversos problemas acerca de los políticos y las agrupaciones políticas, sino también el aspecto de la conciencia política de la “gente común”. En los siguientes capítulos, analizaremos la política de Fujimori, dividiendo su trayectoria en cinco periodos. El segundo capítulo tratará sobre el periodo que va desde antes de que Fujimori asumiera el cargo de la presidencia en 1990; el tercero, desde la toma de posesión hasta la normalización de la situación política causada por la suspensión de la Constitución Política en 1992; el cuarto analizará el periodo a partir de 1993, cuando la nueva Constitución Política entró en vigencia, hasta la reelección de Fujimori en 1995; el quinto, desde el inicio de su segundo mandato hasta el año 1998, antes de que Fujimori empezara a preparar su tercera candidatura presidencial; y finalmente, el sexto capítulo se ocupará de la etapa anterior a la campaña electoral fujimorista, a partir de 1999, hasta su destitución del cargo en el año 2000. En el análisis del periodo previo a que Fujimori asumiera el cargo de la presidencia, discutiremos el proceso electoral de 1990, en el cual el político de origen japonés compitió con otros candidatos sobre la base de sus experiencias en la vida y finalmente triunfó; así como su manera y estilo de hacer política en dicho proceso. En el estudio del periodo desde la toma de posesión de Fujimori hasta la normalización de la situación política suscitada luego del autogolpe de 1992, tomaremos en consideración la manera y estilo de hacer política autoritarios de Fujimori. Asimismo, examinaremos la actitud no constructiva y la inacción de la oposición, que también puede considerarse como no democrática. Concluiremos este capítulo con la idea de que la suspensión de la Constitución Política fue una consecuencia de la interacción entre el gobierno y la oposición. En el análisis del proceso de la primera reelección de Fujimori, argumentaremos

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que sobre la base de la amarga experiencia del referéndum constitucional de 1993 que tuvo Fujimori, este promovió intensamente las políticas de ayuda social y medidas contra la pobreza. De este modo buscó consolidar el apoyo popular hacia el gobierno. Mientras tanto, la oposición no supo sacar partido de las lecciones de dicho referéndum. En cuanto a su segundo mandato, indagaremos el proceso que llevó a Fujimori a perder el apoyo popular, al no poder responder a las expectativas que emergieron durante el proceso de su reelección, por mejoras socioeconómicas significativas, como la superación del desempleo o la reducción de la pobreza. Por otro lado, en aquel entonces, el mandatario peruano sufrió contratiempos también en el aspecto político y su gobierno se volvió mucho más autoritario que antes. En el capítulo en el que trataremos el periodo desde la tercera postulación y elección de Fujimori hasta su destitución del cargo de la presidencia, analizaremos los últimos años de un gobierno que logró casi por la fuerza que fuera elegido Presidente de la República por tercera vez consecutiva. Esta reelección no pudo evitarle al gobierno verse arrinconado cada vez más en su política económica o en las relaciones bilaterales con Estados Unidos. Finalmente el gobierno colapsó por el motivo del descubrimiento del soborno protagonizado por su influyente allegado. En el último capítulo, nos basaremos en el análisis de la política fujimorista presentado en los capítulos anteriores para referirnos a sus características y a los problemas pendientes que deberían ser superados en el futuro desarrollo de la política peruana. Asimismo, expondremos las implicaciones que tiene nuestro estudio sobre la política peruana centrado en la década de Fujimori para la realización de estudios comparados con otros países latinoamericanos. Nuestro estudio no profundizará en los problemas de corrupción, violación de derechos humanos y acciones delictivas del organismo de inteligencia realizadas principalmente por Vladimiro Montesinos. Existen algunos estudios que ponen énfasis en estos aspectos, y consideran que el gobierno de Fujimori fue semejante a una mafia.17 Es cierto que el gobierno fujimorista tenía aspectos sumamente grotescos y, como jefe de dicho gobierno, el político de ascendencia japonesa deberá asumir la

17.

Véase, entre otros análisis, los de Dammert (2001) y Pease (2003).

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responsabilidad, al menos política y moral, de los mismos. Por otro lado, es necesario reconocer que aunque diversas informaciones circulan en diferentes direcciones, los procesos judiciales referidos a la corrupción o violación de los derechos humanos no han llegado todavía a su fin; y los testimonios contra Fujimori están aún fragmentados o son ambiguos. Tampoco se han presentado hasta ahora pruebas concluyentes que comprueben definitivamente la culpabilidad penal del ex mandatario peruano. Nuestro análisis no pretende menospreciar los problemas de corrupción o violación de derechos humanos del gobierno de Fujimori, sino que se centra en el análisis del trasfondo político que permitió que se produjeran dichos problemas. Asimismo, nuestro interés está dirigido a examinar la problemática de las instituciones políticas, que no se suele profundizar lo suficiente en el análisis de la corrupción o la violación de derechos humanos de la década de 1990. Es decir, damos importancia, sobre todo, a la agenda pendiente de la política peruana, que no se limita al gobierno de Fujimori.18 18.

En relación con los derechos humanos, diversas organizaciones dentro y fuera del Perú han publicado varios informes, y el departamento de Estado del gobierno norteamericano presenta cada año al Congreso un informe anual (CNDDHH 1991-2001; DP 2000b; Jara 2001; State 1991-2001). Por otro lado, Conaghan (2006), Dammert (2001), Diez Canseco ed. (2002a; 2002b), McMillan y Zoido (2004), Nizama (2001), Portocarrero ed. (2005), Ugarteche (2004) y Ugarteche ed. (2005) tratan panorámicamente el tema de los supuestos casos de corrupción en la década de Fujimori. Aunque no pretendemos menospreciar la diferencia de la dimensión de la corrupción entre la época de Fujimori y los años anteriores a esta, ni mucho menos tenemos el afán de justificar diferentes actos delictivos en los diez años fujimoristas, nos parece necesario señalar que no debería ser un argumento serio acusar a su gobierno de corrupción y atrocidades sin tomar en consideración suficientemente el análisis de la historia peruana, dado que antes de la década de 1990 también hubo graves corrupciones y violaciones de los derechos humanos que hasta ahora no han sido esclarecidas totalmente (pese a los esfuerzos de la Comisión de la Verdad y Reconciliación [20012003]). Respecto de la corrupción, véase Quiroz (2008). En las páginas 445 y 447 de su libro, podemos encontrar dos cuadros del nivel de corrupción de cada década de los siglos XIX y XX. Según los cálculos de los niveles de corrupción (los porcentajes tanto del gasto de gobierno como del Producto Bruto Interno), la década de 1990 fue la segunda más corrupta del siglo XX (Quiroz 2008: 447). Sobre la libertad de prensa, Perla (1997) presenta el panorama histórico de la era de Fujimori. Nuestro análisis no tiene espacio para referirse a la participación notablemente activa de las mujeres en la política durante los años noventa. Al respecto de este tema, véase Anicama (2001), Blondet (2002), Boesten (2009), Ewig (2010), Rousseau (2006; 2009), Schmidt (2006), Villar (1994), entre otros.

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Antes de concluir la introducción, queremos definir el término democracia que usaremos en nuestro análisis. Como prestaremos principal atención a las instituciones, según las describimos en las líneas anteriores, definimos democracia como procedimiento o proceso político; consideramos la democracia como el estado donde está institucionalizada. Esto quiere decir que la democracia es un procedimiento o proceso que garantiza —y se practica como un entendimiento, un consenso, una regla, una norma o una costumbre— la libre participación de los miembros de una sociedad política en el proceso de la selección de sus representantes y en la toma de decisiones de dicha sociedad mediante asociaciones voluntarias. Definimos como autoritario el estado contrario; es decir, aquel en el cual no se observa el proceso democrático y se restringe la libre participación de los miembros en el proceso de la selección de sus representantes o en la toma de decisiones, eliminando la posibilidad de que dicha participación sea libre.19

19.

Se debe a Dahl (1971: 1-9) nuestra definición de la democracia compuesta por dos elementos: libertad y participación.

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CaPítulo I

Un barrio popular cerca de Lima (“Mi Perú”)

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La advertencia siguiente demuestra un hecho muy triste, que revela también el modo de ser de un gobierno. En Lima no he aprendido nada del Perú. Allí nunca se trata de ningún objeto relativo a la felicidad pública del reino. Más separada del Perú está Lima que Londres, y, aunque en ninguna parte de la América española se peca de un patriotismo excesivo, no conozco otra ciudad en la cual este sentimiento sea más apagado. Un egoísmo frío gobierna a todas las personas, y lo que no perjudica a uno no perjudica a nadie. alexander von huMboldt, naturalista alemán que visitó el Perú en 1802, en carta a un amigo (Núñez y Petersen 2002: 214-215)

—Bueno, por eso hemos hecho la revolución —dijo el teniente, de buen humor—. Se acabó el caos. Ahora, con el Ejército arriba, todo el mundo en vereda. Ya verá que con Odría las cosas van a ir mejor. —¿De veras? —bostezó Bermúdez—. Aquí cambian las personas, teniente, nunca las cosas. Mario vargas llosa, Conversación en La Catedral (1996: 51)

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—I— Un enfoque para analizar la política peruana

1.

Tierra y sociedad del perú

Un país llamado Perú El Perú es un país que se sacudió del yugo de la dominación colonial de España el 28 de julio de 1821 y adoptó como nombre oficial el de República del Perú. Aunque se han presentado diversas tesis sobre el origen del nombre Perú, una de las más acreditadas es la del historiador Raúl Porras, quien señala la corrupción del término indígena “Birú” por parte de los españoles. Este era el nombre del patriarca de una tribu que vivía cerca del golfo de San Miguel, en el lado del océano Pacífico de la actual Panamá (Porras 1968). Al igual que México, en la época colonial se estableció un virreinato; el Virreinato del Perú, que constituía un centro de la dominación española. El 28 de julio, día de la Independencia, es cuando toma posesión del mando el Presidente de la República que, en la actualidad, el pueblo peruano elige cada cinco años. Cada año, en esa fecha, el jefe de Estado acude al Congreso de la República para dirigir un mensaje sobre la política del gobierno. El Perú tiene una superficie de 1.285.216 kilómetros cuadrados y es el cuarto país más extenso en América Latina; después de Brasil, Argentina y México. Sus fronteras bordean parte del océano Pacífico en el Oeste, y limitan al Norte con Ecuador y Colombia; al Este, con Brasil y Bolivia; y

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al Sur, con Chile (véase mapas 1.1 y 1.2). La extremidad septentrional del país se sitúa cerca de la línea ecuatoriana, es decir, a 0�� 1’ (0 grados 1 minuto) de latitud sur, siendo la meridional, de 18�� y 21’ de latitud sur. La distancia en línea recta entre las dos extremidades es 2093 kilómetros. Lima, capital del país, está a 12� 2’ de latitud sur. La extremidad occidental y la oriental se ubican a 81� 20’ de longitud oeste y 68� 39’ de longitud oeste, respectivamente, y la distancia en línea recta más larga entre Este y Oeste mide 1290 kilómetros. Lima se encuentra a 77� 2’ de longitud oeste, a la altura de Washington D. C. en el hemisferio norte. La línea de la costa que da al océano Pacífico tiene 3079 kilómetros de largo desde el Norte hasta el Sur, y la distancia en línea recta entre la extremidad norte y la sur de la línea de costa, es de alrededor de 2500 kilómetros (véase mapas 1.1 y 1.2). Lima, que más tarde se convertiría en la capital de la República, fue fundada en 1535 por Francisco Pizarro, conquistador español que puso fin al Imperio Inca.1 Pizarro eligió la zona céntrica de la Lima actual por una consideración estratégica militar: frente a una amenaza de ataque de otros españoles que se habían enterado de la existencia de oro, Pizarro estableció su morada en un lugar donde se podía construir un puerto en una bahía cercana y también se salvaba de exponerse a un eventual ataque directo desde el mar. Antes de ser seleccionado este lugar por el español, un curaca indígena había vivido en él. El nombre Lima fue producto de la corrupción del término “Rímac”, el río que pasa por la zona y significa “el río hablador”.

Costa, sierra y selva El Perú tiene una rica diversidad natural y topográfica. En el país hay 28 tipos de clima de los 32 existentes en el planeta, y 84 zonas de vida de las 105 que se encuentran en el mundo. Convencionalmente, el territorio peruano se divide en tres grandes zonas: costa, sierra y selva (véase mapa 1.2). La costa es la zona que colinda con el océano Pacífico y comprende desde 1.

En 1532, Pizarro llegó a lo que ahora es Tumbes en el norte del Perú, instaló su primera base en Piura y asesinó a Atahualpa, el emperador inca (luego del asesinato, la familia imperial se fugó de Cusco, capital del imperio). En 1544, el primer virrey llegó a Lima; y en 1572, Túpac Amaru, el último emperador inca, fue capturado y ejecutado por los españoles.

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Mapa 1.1 MaPa de ProyeCCión aziMutal equidistante-liMa

el nivel del mar hasta una altura de entre 800 y 1000 metros sobre el nivel del mar, representando el 10,6% del territorio total. La distancia en línea recta entre Este y Oeste de la costa varía desde un mínimo de alrededor de 5 kilómetros hasta un máximo de unos 180 kilómetros. Lima está en la costa, y su zona céntrica, el Cercado o el Centro, se encuentra a una altura de 154 metros. Aunque está dentro de la latitud que pertenece a la zona tropical, el clima de la costa es templado, excepto en la parte norte cercana a la línea ecuatoriana (zona que se ubica desde 5 o 6 grados de latitud sur hacia el Norte), debido a la fría Corriente de Humboldt que viene del Polo Sur

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Mapa 1.2 MaPa geografiCo del Perú

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hacia el Norte. En verano, desde diciembre hasta abril, el sol es fuerte, pero la temperatura no supera los 30 �C,, a menos que sea un tiempo anormal. En invierno, desde mayo hasta noviembre, la temperatura mínima registra, en caso de que esta baje, hasta alrededor de 13 �C; pero se siente más frío de lo que indica la cifra de temperatura por el alto grado de humedad, que bordea el 80% en promedio anual y en invierno sube hasta cerca del 100%. De igual manera, en la estación fría, la Corriente de Humboldt produce la neblina, que oculta el sol a lo largo del día, durante muchos días, y son contadas las ocasiones en las que el sol se asoma en el cielo. Por otro lado, la corriente marina fría no produce una corriente atmosférica ascendente y, normalmente, las precipitaciones en la costa son pocas, del tipo llovizna o garúa durante el invierno. Fuera del casco urbano de la ciudad se extiende una zona seca y desértica. En 53 valles donde los ríos oriundos de la sierra, que veremos en las próximas líneas, corren hacia el océano Pacífico, existen ciudades como Lima y terrenos agrícolas establecidos por los grupos dominantes blancos después de la conquista española. La sierra está al Este de la costa, y consiste en una zona de altas montañas donde se extienden los Andes, columna vertebral del Perú, de norte a sur. Ocupa el 31,5% del territorio total. Si uno avanza unos cien kilómetros desde la línea costera hacia el Este, llega a la sierra, que supera la altura de entre 800 y 1000 msnm. Subiendo por la vertiente oeste de los Andes, llegamos a las partes más altas de las cordilleras, de más de 6000 msnm; y en la parte central de la sierra se encuentra el Huascarán, de 6768 msnm, la cima más alta del Perú. Bajando la vertiente oeste de los Andes, la sierra continúa hasta la altura de 1000 msnm. En la sierra, hay ciudades ubicadas en la altura, como Cusco, a 3399 msnm, en donde está la antigua capital del Imperio Inca; o Puno, a 3827 msnm, ubicada a orillas del lago Titicaca, el lago navegable más alto del mundo. Las condiciones topográficas son accidentadas, y han constituido desde la antigüedad hasta hoy en día los factores de impedimento para facilitar el fluido traslado de personas y productos en grandes proporciones. La sierra cuenta con zonas donde la masa de aire húmedo que asciende de la selva, situada al este de la sierra, origina precipitaciones; y sus productos agrícolas fueron la base de la civilización indígena. En la actualidad también viven en la sierra muchas personas cuya lengua materna es el quechua (en la mayor parte de la sierra) o el aymará (en el departamento sureño de Puno). La temporada de lluvia en la sierra es generalmente desde diciembre hasta marzo.

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La selva es la zona amazónica que se extiende al este de la sierra y representa la mayor parte del territorio nacional con el 57,9% del total. El clima en la selva es cálido, lluvioso y de mucha humedad. Especialmente en la parte que se encuentra a menos de 500 msnm se extiende la jungla de bosque tropical. El río Amazonas nace en la selva del Perú y a través de Brasil desemboca en el océano Atlántico. En la selva viven muchos grupos indígenas que no fueron sometidos a la dominación del Estado Inca y otros Estados previos establecidos en la sierra antes del siglo XVI. En nuestros tiempos también existen hasta 42 grupos lingüísticos nativos en la selva (Marín 2002: 131; PE 2001).

Una sociedad fragmentada como “archipiélago” Desde la Independencia, el Perú se mantuvo como una sociedad de “archipiélago”; es decir, formada por múltiples fragmentos. El prototipo de la sociedad peruana actual se conformó en la época colonial. Antes del arribo de los españoles, los indígenas formaban sociedades tribales, sucediéndose conflictos de dominación de unas sobre otras. La sociedad tribal tuvo una estructura piramidal cuya cima era un patriarca, el personaje más venerado de la tribu. En 1532 comenzó el proceso de conquista de la sociedad indígena por parte de los españoles, y luego continuó la dominación colonial de España, hasta la Independencia de 1821. En la época colonial, que duró cerca de tres siglos, reinó una minoría de blancos, que componían la clase dominante. Estos gozaban de privilegios especiales en todos los aspectos: políticos, económicos, sociales y culturales. Sobre la base de la “pureza de sangre” se conformó una sociedad piramidal con estamentos, en cuyo vértice más alto estaban los blancos conquistadores, quienes reforzaron la rigidez de dicha estructura. En la base de la pirámide estaban los indígenas, que eran la población mayoritaria. Con el desarrollo de la sociedad colonial, el número de mestizos creció, lo que provocó importantes cambios sociales y políticos. Actualmente, los mestizos son a veces llamados “cholos” en el lenguaje coloquial; palabra que puede ser peyorativa en ciertos contextos. Aunque su proporción es pequeña con relación a la población total, los negros traídos del África como esclavos también formaron parte de los estratos bajos de la sociedad piramidal. Durante el siglo XIX, los inmigrantes asiáticos, como chinos y japoneses, fueron incorporados a la base de la pirámide social.

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En la actualidad no se conoce la exacta composición étnica de la población peruana. El censo levantado en 1940 fue el último que registró datos de etnicidad. Posteriormente no ha sido realizado ningún censo que incluya esta indagación. Según el censo de 1940, los blancos y mestizos juntos llegaban a representar el 51% de la población total; los indígenas, el 45%; y los negros, asiáticos y otros grupos étnicos minoritarios, solo significaban el 4%. Asimismo, se estimaba que los blancos representaban el 12 o 13% de la población total, y se piensa actualmente que el número de los mestizos ha aumentado desde dicho censo. En 1978 y 1990, los especialistas en el tema calcularon a los indígenas en el Perú en alrededor del 36% de la población total (III 1990: 12; Mayer y Masferrer 1979: 248, 270-278). Para comprender el Perú actual es importante recordar que la estructura estratificada de la sociedad colonial, así como la discriminación que esta conllevaba, estaban basadas en el principio de “limpieza de sangre”. Estas eran tan marcadas en el periodo colonial que existían diferentes derechos, obligaciones, estilos de vida, costumbres y patrones de conducta para cada grupo. Estos incluían el lugar de residencia, la ocupación, las obligaciones tributarias, los procesos judiciales, el vestido, los accesorios, las festividades y los medios de transporte. De este modo, la sociedad colonial estaba atravesada por fisuras étnicas, sociales, políticas y económicas (Cotler 1978: 34-40). De la misma manera, en los aspectos culturales y los valores, no se fusionaron totalmente lo europeo y lo autóctono de los indígenas, y se abrieron profundas fisuras. Por otro lado, existían fisuras regionales, ya que las grandes diferencias entre los ambientes naturales y la severidad topográfica de un territorio accidentado no permitía el tránsito fluido de productos y personas. Estos constituyeron factores importantes que impidieron integrar a toda la sociedad, y contribuyeron a crear diferencias y desigualdad, tanto entre Lima y las provincias como entre las provincias mismas. Desde la Independencia hasta la actualidad, la sociedad peruana no ha cambiado mucho en términos de la posición dominante que ocupan los blancos en una sociedad piramidal con marcados estratos. Asimismo, en la medida en que la visión sociológica va bajando en los estratos, se va notando la sangre de los no-blancos, como los indígenas o afrodescendientes. Tampoco han sido eliminadas las múltiples fisuras en el aspecto social, económico, cultural, político y regional que fragmentan la sociedad

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peruana. En cambio, en el proceso histórico ocurrido después de la Independencia, se han sobrepuesto y se han complicado aun más las numerosas fisuras en diversos aspectos de la sociedad. Esta situación social ha sido comparada frecuentemente con la de un “archipiélago”, y ha impedido forjar una identidad global de la sociedad peruana. Desde la Independencia, el Perú ha tenido siempre pendiente el asunto de la integración social; tema que hasta nuestros días no se acaba de resolver (Cotler 1968, 1978, 1980; Matos 1987; Osonoi 1985: 66-67, 1995: 2-11). No se ha realizado todavía ninguna investigación integral y sistemática en relación con la estructura y dinámica de las estratificaciones sociales del Perú. Por ello nos vemos obligados a hacer proyecciones para describir la totalidad de la sociedad sobre la base de investigaciones parciales que casi siempre están restringidas a cierto periodo y espacio geográfico. Si examinamos la investigación de una compañía encuestadora que utilizó diversos indicadores socioeconómicos sobre los estratos sociales de Lima en la década de 1990 (Apoyo 1998; 2000), podemos darnos cuenta de la existencia de una estructura sumamente desigual. De acuerdo con dicha investigación, el estrato alto (en la encuesta de opinión es llamada “clase A”) ocupa menos del 5% de la población total de Lima, y el estrato medio (“clase B”), menos del 20%. El resto, más del 75% de la población limeña, pertenece al estrato bajo (“clases C, D y E”).2 Si dividimos el estrato bajo en dos subsegmentos, el estrato bajo-alto y el bajo-bajo, el segundo de estos subsegmentos representa la mayoría del estrato bajo y equivale a alrededor del 40% del total de la población de la capital peruana. Podemos decir, entonces, que se trata de una pirámide distorsionada con la parte baja sumamente ancha y la parte superior desproporcionadamente pequeña. 2.

Cambios sociales desde fines del siglo XIX

El desarrollo de la costa como un estímulo de los cambios sociales Mientras subsisten hasta la actualidad los rasgos básicos de la sociedad peruana que pueden rastrearse desde el periodo colonial —una estructura 2.

Hasta agosto de 1999, el estrato bajo estaba dividido en dos (C y D). A partir de septiembre de ese año, la clase D fue dividida, a su vez, en dos, y el estrato más bajo fue denominado clase E.

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estratificada con diversas fisuras sobrepuestas—, el país también ha experimentado algunos cambios sociales desde fines del siglo XIX. Esos cambios se aceleraron en la década de 1950 y cambiaron la fisonomía de la sociedad que había existido hasta entonces.3 Un dato que no se ha mencionado hasta ahora es la consolidación histórica de la costa peruana. Las ciudades de la costa, y especialmente Lima, se han convertido en la escena donde la política se desarrolla y, directa o indirectamente, influyen en el curso de la sociedad. Adelantando y resumiendo nuestro argumento, que desarrollaremos en los siguientes capítulos del libro, la política peruana no ha podido hasta el día de hoy construir nuevas instituciones que absorban suficientemente los efectos y consecuencias de los cambios sociales. Antes de proceder a analizar la política peruana, describiremos los caracteres principales de los cambios sociales del Perú desde fines del siglo XIX. Fue el auge económico vinculado con el desarrollo de la economía capitalista de Europa y los Estados Unidos el que originó los cambios sociales en el Perú. Una oportunidad importante llegó a la costa en la década de 1880. En aquel entonces, principalmente en la costa, se desarrolló la economía de exportación de productos agrícolas y materias primas, como el azúcar, algodón o minerales, para mercados de Europa y los Estados Unidos. El azúcar y algodón fueron dos de los productos preferidos en las plantaciones que participaron de este desarrollo. En el proceso de crecimiento de la exportación de productos primarios, los beneficios del progreso se limitaron a los lugares donde se realizaba su producción y su fruto no se extendió mucho más allá. Este resultado es calificado como el desarrollo de “enclaves”. Los cambios sociales iniciados con el desarrollo de la economía de “enclaves” fueron acelerados por las medidas económicas de la década de 1950 para promover la inversión extranjera, así como para proteger 3.

A menos que estén indicadas claramente las fuentes, esta sección se basa en los trabajos de Balbi et al. (1990), Cadena (1998), Contreras y Cueto (1999), Cotler ed. (1995), Crabtree (2004), Degregori, et al. (1990), Diaz-Albertini (2001), Dobyns y Doughty (1976), Ferrari (1992), Gonzales y Samamé (1991), Hudson ed. (1993), Jiménez ed. (2000), Klarén (2004), León (1995), Matos (1987), Matos, et al. (1971), Paredes y Sachs eds. (1991), Parker (1998), Parodi (2000), Portocarrero y Valcárcel eds. (1995), Osonoi (1985; 1995), Sheahan (2001), Thorp y Bertram (1985), Thorp y Paredes (2011), Toledo y Chanlat eds. (1991), Webb y Figueroa (1975), Werlich (1978) y Wise (2003).

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y desarrollar la industria manufacturera. Concretamente, el objetivo de estas medidas fue desarrollar, tanto la elaboración elemental de materias primas como harina de pescado o productos minerales, como la industria ligera dedicada a bienes de consumo (entre otros: textiles, zapatos, alimentos, pasta dental para habitantes urbanos de las clases alta y media). Para ello se utilizó la desgravación tributaria, entre otras herramientas. La producción en la industria ligera destinada para el mercado interno fue llamada sustitución de importaciones, porque con ella se pretendía reemplazar los productos importados de otros países. Desde la década de 1950 hasta la siguiente, los capitales extranjeros, principalmente de los Estados Unidos, afluyeron al Perú, creando cierta prosperidad en algunas ciudades de la costa, como Lima. A continuación veremos tres aspectos principales de los cambios sociales que el Perú ha vivido desde fines del siglo XIX: población, economía, y transporte-información.

Crecimiento de población y cambios en su distribución Con respecto a la población, el número de habitantes se incrementó aceleradamente durante el siglo XX y se produjo la llamada explosión demográfica. Esto se atribuye principalmente a que la difusión de la educación escolar, la salud pública y las tecnologías médicass bajaron la tasa de mortalidad infantil, pasando del denominado patrón de alta tasa de nacimiento con alta tasa de mortalidad infantil a otro de alta tasa de nacimiento con baja tasa de mortalidad infantil. El Estado peruano comenzó a hacer esfuerzos por mejorar la salud pública en 1903, con la creación de una dirección encargada del tema, en el Ministerio de Fomento (Cueto 1997: 35). En 1935, dicha dirección se separó de este organismo para convertirse 4 en el Ministerio de Salud Pública, Trabajo y Previsión Social. La tasa de crecimiento demográfico fue de alrededor de 1% a principios del siglo XX, y luego subió gradualmente, amenazando a llegar al 3% desde 1950, y hasta antes de 1980. La población total en 1980 fue 17,32 millones, 4,6 veces más de los 3,76 millones del año 1900 (véase cuadro 1.1). La población peruana registró más de 20 millones de personas en la

4.

En 1942 adoptó el nombre de Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social y, en 1968, la denominación que mantiene hasta la actualidad: Ministerio de Salud.

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segunda mitad de la década de 1980, y se estima que en el año 2000 fue poco menos de 26 millones (Webb y Fernández 2001: 221). En el transcurso de estos años, la tasa de mortalidad infantil seguía bajando, y la esperanza de vida al nacer también aumentó, de unos 37 años en 1940, a más de 60 años en la década de 1980. En el año 2000 la esperanza de vida al nacer fue de 69 años (Webb y Fernández 2002: 53). El otro gran cambio en la población peruana del siglo XX fue la migración masiva hacia las zonas urbanas y hacia la costa (véase cuadro 1.2). Hasta inicios de la década de 1960, más de 60% de la población peruana vivía en la zona rural. En cambio, hacia fines de la década de 1960, los habitantes urbanos superaron numéricamente a los rurales, invirtiendo las proporciones entre la población urbana y la rural. En la actualidad, el 70% de la población peruana vive en la zona urbana. Es importante destacar que, en la estadística de población del Perú, la zona urbana es el área que tiene como mínimo cien viviendas agrupadas contiguamente o constituye una capital de distrito.5 La zona rural, en cambio, está definida como el área que no tiene más de cien viviendas agrupadas contiguamente ni es capital de distrito o que, teniendo más de cien viviendas, estas están dispersas o diseminadas sin formar núcleos (INEI 2001a: 64, 66). Teniendo en cuenta la distribución de población en zonas naturales, hasta principios de los años sesenta la sierra contó con más de la mitad de la población peruana. Sin embargo, en la segunda mitad de la misma década la población en la costa sobrepasó a la de la sierra. De las ciudades en 5.

Distrito es la división más pequeña de la administración municipal estipulada en la Constitución Política. El territorio peruano se divide tradicionalmente en tres niveles: departamento, provincia y distrito. El territorio se divide en departamentos (a partir de 1980 existen 24 departamentos y una provincia constitucional que tiene el estatus de departamento); cada departamento, en provincias; y cada provincia, en distritos. En las constituciones políticas de 1979 y 1993 se introdujo una nueva división, denominada región, que debe ser conformada por uno o más departamentos. Después de un intento fracasado de regionalización entre 1988 y 1992, en 2003 comenzaron a funcionar los gobiernos regionales en 23 departamentos y la provincia constitucional. Todos, excepto Lima, se han convertido en regiones. En el caso del departamento de Lima, las provincias, excepto la de Lima, constituyen una región, y el alcalde provincial de Lima asume también el cargo de presidente regional de la provincia de Lima. El futuro del nuevo proceso de regionalización es incierto debido a la apresurada e insuficiente preparación de su ejecución por parte del gobierno de Alejandro Toledo (2001-2006).

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Cuadro 1.1 el CaMbio deMográfiCo

PoblaCión

tasa de

Mortalidad

esPeranza

total

CreCiMiento anual

infantil

de vida

(Miles)

(%)

(Personas)

(años)

1800

2.000

0,0



1876

2.699

0,4

270,0

1900

3.760

1,0





1910

4.210

1,2





1920

4.850

1,5





1930

5.900

1,7





1940

7.080

1,7

202,2

35,7

1950

7.632

2,5

163,0

43,0

1955

8.672

2,7

153,4

45,1

año

– 30,0

1960

9.931

2,8

142,2

48,0

1965

11.467

2,9

131,2

50,3

1970

13.193

2,8

118,3

54,0

1975

15.161

2,8

106,6

56,5

1980

17.324

2,6

101,5

57,8

1985

19.516

2,3

92,7

60,8

1990

21.753

2,1

80,7

63,4

Fuente: Webb y Fernández (1990: 115, 2001: 221), CNP (1988: 13) Nota: El signo – significa que no existe el dato.

la costa, es notable la concentración demográfica en Lima metropolitana.6 En términos históricos es importante resaltar que la población de Lima metropolitana se decuplicó en un lapso de poco más de cincuenta años desde 1940, y pasó del 9% al 28% de la población total, concentrando una cuarta parte del total de habitantes del país. 6.

Lima metropolitana consiste en la provincia de Lima y la provincia constitucional del Callao (INEI 2002a: 61).

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Cuadro 1.2 PoblaCión Por zonas y regiones (Miles) año

1940

1951

1972

1981

1993

Total

6.208

9.907

13.538

17.005

22.048

Zona urbana

2.197

4.698

8.058

11.092

15.459

(35,4%)

(47,4%)

(59,5%)

(65,2%)

(70,1%)

4011

5.209

5.480

5.913

6.590

(64,6%)

(52,6%)

(40,5%)

(34,8%)

(29,9%)

2.132

3.907

6.551

8.458

11.424

(34,3%)

(39,4%)

(48,4%)

(49,7%)

(51,8%)

3.742

5.129

6.052

6.775

7.948

(60,3%)

(51,8%)

(44,7%)

(39,8%)

(36,0%)

334

871

935

1.772

2.677

(5,4%)

(8,8%)

(6,9%)

(10,4%)

(12,1%)

7.023

10.420

14.122

17.762

22.639

Zona rural Costa Sierra Selva Total Lima metropolitana

662

1.902

3.418

4.836

6.434

(9,4%)

(18,3%)

(24,2%)

(27,2%)

(28,4%)

Fuente: Webb y Fernández (1995: 215, 217) Nota: Las cifras son resultados del censo levantado en el año indicado. Las que están por encima de la línea doble (=) son las de la población nominalmente censada; y las que están por debajo expresan la población total, que incluye la censada, la omitida y la estimada de las comunidades nativas de la Amazonía peruana. Las cifras en porcentaje y paréntesis son la proporción que ocupa cada cifra en el “Total” de cada año. La suma de los porcentajes no necesariamente equivale al 100%, por estar redondeadas las cifras.

Durante ese periodo (1940-1990) la distribución demográfica en zonas naturales cambió; primero, porque en la zona rural, principalmente de la sierra, la productividad de la agricultura tradicional no aumentó en proporción con la tasa de crecimiento de la población, agudizando la pobreza. En segundo lugar, porque la población juvenil se incrementó, lo que creó una nueva presión laboral de demanda de trabajo. La mano de obra sobrante en la zona rural y en la sierra, donde los efectos de la explosión demográfica y la presión laboral no fueron absorbidos, migró a las

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ciudades de la costa, especialmente a Lima. Este fenómeno fue llamado “ruralización urbana” o “andinización de la ciudad”. La proporción de los migrantes hacia la costa llegó a representar el 31% de la población total de Lima en 1920; subió al 34% en 1940 y a 44,5% en 1961. Los estudios de periodos posteriores señalan que se estabilizó; siendo este porcentaje el 45,8% en 1972 y el 45,4% en 1981 (Driant 1991: 83). Por otro lado, según los censos de 1940 y 1961, la costa, en particular Lima, fue el principal destino de los migrantes de la sierra. En 1940, el 45,1% de los migrantes de la sierra llegaban a Lima metropolitana, mientras que el 52,4% fueron a otras ciudades de la costa. En cambio, en 1961, el 66,7% arribó a Lima metropolitana y solo el 29,8% migró a otras ciudades de la costa. En comparación con estas cifras, los migrantes a la selva fueron pocos: el total de los migrantes a esta región representó solo el 2,5% en 1940 y el 3,5% en 1961 (CEPD 1972: 164). Otro factor aceleró aun más la migración a las ciudades de la costa. Mientras la agricultura se estancaba o decaía en la sierra, se producía mayor riqueza en la costa debido a medidas para el fomento industrial durante la década de 1950 y gracias a diversas disposiciones que daban un trato favorable a los habitantes urbanos. Ello atrajo hacia la costa, especialmente hacia Lima, a muchos pobladores de la sierra que estaban en búsqueda de riqueza, empleo o mejora de estatus social. Según un cálculo basado en las estadísticas de 1961, el ingreso personal en la costa —donde existen la industria manufacturera y la agricultura de exportación— era de 260 dólares americanos, mientras que en la sierra solamente llegaba a 100 dólares (Cotler 1978: 285).

Cambios económicos Un asunto importante de tomar en cuenta para nuestro análisis es el cambio en la economía peruana. Este estuvo marcado por dos etapas de expansión. Primero, el desarrollo de la economía de “enclaves”, caracterizado por la exportación de los productos primarios, que puede rastrearse a operaciones desde fines del siglo XIX. La otra etapa fue la industrialización, que se intensificó desde la década de 1950. En el proceso de la expansión económica, crecieron la masa de trabajadores y los miembros de las clases medias, especialmente en las ciudades y la costa, principalmente en Lima. Influenciadas también por nuevos valores difundidos en

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la sociedad, las agrupaciones políticas y sociales permanentes como sindicatos, movimientos sociales y políticos, partidos políticos (particularmente los partidos de masas que buscan el apoyo de la gente común) fueron creadas sobre la base del apoyo de los trabajadores, campesinos y de clases medias que no formaban parte de la clase dominante. Estas empezaron a presentar diversas demandas socioeconómicas; entre ellas, el alza de salarios, mejora de las condiciones laborales, la estabilidad laboral, el aumento del nivel de vida y la expansión de los servicios educativos y de salud. En la segunda de las dos etapas de la expansión económica, las medidas de industrialización tomadas en la década de 1950 disminuyeron la importancia que tenía la agricultura en la economía del Perú. El proceso de industrialización promovido en las ciudades benefició a la costa, pero no tuvo efectos secundarios en otros sectores económicos, como la agricultura, dado que dependía de la importación de bienes de capital, como maquinaria e incluso insumos, así como de tecnología. Además de ello, con el objetivo de ganarse el favor de los habitantes urbanos, que exigían la mejora socioeconómica a los sucesivos gobiernos desde esos años, se llevaron a cabo manejos económicos favorables a ellos, importando a precios bajos los productos agrícolas de otros países y, de este modo, pudiendo ofrecer comestibles de precio bajo a la gente de las ciudades.7 El desarrollo de la industria manufacturera en la ciudad y el trato favorable a los habitantes urbanos hicieron caer en la depresión la actividad productiva agrícola, principalmente de la sierra La caída del sector agrícola aparece en las siguientes cifras. La producción del sector agrícola ocupó el 22,5% del Producto Bruto Interno (PBI) en 1950, mientras que bajó al 20,8% en 1960, y descendió aun más, a 15,6% en 1967. En contraste, la producción manufacturera subió del 13,5% en 1950 al 16,5% en 1960 y llegó a representar el 19,4% del PBI en 1967; superando ese año a la producción agrícola (véase cuadro 1.3). Ya hemos señalado que la población, agobiada por el estado de indigencia debido al crecimiento demográfico y la depresión en el sector agrícola, migró masivamente desde la sierra a las ciudades en la costa. 7.

Véase Cotler (1978: 286). Debemos apuntar también que la infraestructura de variadas índoles ha sido construida, mejorada y expandida prioritariamente en las ciudades de la costa, particularmente en Lima, a lo largo de la historia republicana y especialmente en el siglo XX.

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Las ciudades recibieron a los migrantes, pero no pudieron absorber plenamente la nueva mano de obra. Esto se debe a que el proceso de industrialización que brotó en la ciudad se caracterizó por la utilización intensiva de capital y no requería mayormente de una masiva mano de obra. De esta manera, solo se creó un número limitado de puestos de trabajo (Tovar y Zapata 1990: 124). La mano de obra sobrante se convirtió en fuerza laboral desempleada o subempleada.8 Los desempleados y subempleados reorientaron sus expectativas de ganarse la vida y sobrevivir trabajando en el sector informal, desde el que realizaron actividades económicas no oficiales, sin pagar impuestos, ni tener que obedecer ni ser protegidos por la ley. En este sector, los miembros de las clases bajas, principalmente provenientes de la sierra y otras partes del país, se dedicaban a actividades económicas, como la venta ambulante, el trabajo en micro y pequeñas empresas, el transporte de pasajeros o de carga, o se convertían en empleados domésticos. En estas actividades mostraban su ingenio y aprovechaban al máximo las relaciones de reciprocidad que suelen observarse en las comunidades tradicionales del campo, o los lazos del grupo primario, entre ellos, los de parentesco, amistad, conocimiento y paisanaje (Adams y Valdivia 1994; Golte y Adams 1990). Con el tiempo, desde el sector informal, emergieron algunas empresas competitivas y exitosas de alcance internacional, por ejemplo, en la producción y exportación de textiles. Desde los años sesenta, los gobiernos sucesivos adoptaron diversas medidas que usualmente se denominan de “gobierno grande” (big government) para promover la industria y mejorar el bienestar social y los servicios públicos. Para poder cubrir el déficit fiscal causado por dichas medidas, el Estado peruano tuvo que ir adquiriendo y acumulando una deuda externa significativa, que acabó minando la capacidad económica del país. Además, durante la década de 1970, la llamada crisis petrolera causó una recesión mundial, cuyos negativos efectos no fueron ajenos al Perú. El estrecho mercado interno detuvo el crecimiento basado en la industrialización por la vía de la sustitución de importaciones y produjo una depresión económica. 8.

Aquí, los subempleados son los que trabajan menos de 35 horas o perciben ingresos monetarios por debajo del sueldo mínimo legal de enero de 1967 indexado por el índice de precios al consumidor a la fecha de la investigación (Verdera 1983: 18, 152; INEI 2001a: 810).

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Cuadro 1.3 ProduCto bruto interno Por seCtores (en Cifras PorCentuales) seCtor

1950

1960

1967

Agricultura

22,5

20,8

15,6

0,4

1,6

2,0

Pesca Minería

4,5

7,1

5,8

Manufactura

13,5

16,5

19,4

Construcción

5,1

4,1

4,5

Gobierno

8,8

7,8

8,4

44,9

41,7

44,0

Otros Fuente: Cotler (1978: 280).

Debido a estos hechos, la economía experimentó una fuerte caída. Por otro lado, cada vez que cambiaba el gobierno, se cambió también la orientación general de la política económica, dejándola como un péndulo entre el liberalismo y el intervencionismo (Gonzales y Samamé 1991). En realidad, la economía peruana no ha tenido —desde el siglo XX— la oportunidad de gozar de desarrollo duradero en el mediano y largo plazo. En el corto plazo está marcada por frecuentes altibajos. En el largo plazo es perceptible una tendencia a la caída, de la cual todavía el Perú no ha podido salir por completo; hecho que es visible aún en nuestros días. Particularmente en la década de 1980, la economía cayó en una situación caótica con múltiples problemas como hiperinflación, recesión, y declive de las funciones del Estado. La situación económica se agravó entonces por los desastres naturales desatados por el fenómeno El Niño que, al calentar anormalmente el agua en el océano Pacífico, causó cuantiosas pérdidas agrícolas y comerciales. A ello se sumaron políticas económicas de los gobiernos de turno que fracasaron tanto en el mediano como en el largo plazo (veremos el panorama económico con más detalle más adelante en este capítulo). Nos interesa resaltar aquí algunos hechos que ocurrieron desde la década de 1970: no se mantuvieron políticas económicas coherentes en el mediano y largo plazo, la economía no logró un crecimiento estable y

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Cuadro 1.4 niveles de eMPleo en liMa (en Cifras PorCentuales) año

deseMPleo

subeMPleo

eMPleo adeCuado

seCtor inforMal

1970

7,0

37,0

56,0



1971

8,5

23,8

67,2



1972

7,6

18,6

73,8



1973

6,4

17,0

76,5



1974

6,5

19,9

73,6



1975

7,5

17,6

74,9

35,58

1976

6,9

24,4

66,1

40,55

1977

8,4

24,3

64,5

41,62

1978

8,0

38,8

53,2

40,78

1979

6,5

33,0

60,5

38,77

1980

7,1

26,0

66,9

36,71

1981

6,8

26,8

66,4

35,17

1982

6,6

28,0

65,0

25,58

1983

9,0

33,3

57,7

36,20

1984

8,9

36,8

54,3

41,01

1985

10,1

42,5

47,4

43,93

1986

5,3

42,6

52,1

44,61

1987

4,8

34,9

60,3

43,00

1988

7,1

37,0

55,9



1989

7,9

73,5

18,6

42,20

1990

8,3

73,1

18,6



Fuentes: Balbi y Gamero (1990: 100, 103-104), Webb y Fernández (1992: 485). Nota: La suma de los porcentajes de desempleo, subempleo y empleo adecuado no necesariamente equivale al 100%, por estar redondeadas las cifras. Las cifras en porcentaje del sector informal expresan la proporción que este ocupa en la población económicamente activa. El signo – significa que no existe el dato.

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los sucesivos gobiernos, sin excepción, sufrieron de múltiples problemas estructurales, entre los que figuran el desempleo y subempleo, la economía informal y la pobreza. Teniendo en cuenta la situación del empleo en Lima desde la década de 1970, observamos que tanto el desempleo como el subempleo registraron altibajos, con la tendencia a estar por encima del 30% de la población económicamente activa (PEA). El sector informal ocupó un 40% de la PEA (véase cuadro 1.4). A mediados de los años ochenta se analizó que el producto en el sector informal llegaba a representar el 38,9% (Soto 1990: 13). La protección estipulada en la ley o la estabilidad laboral que garantiza un estatus estable como trabajador no fue aplicada a aquellos que trabajaban en el sector informal. A fines de la década de 1980, estimaron que solamente el 15% de la PEA estaba organizada en sindicatos. Los trabajadores organizados se habían convertido en un sector minoritario que gozaba del privilegio de estar protegido legalmente por el gobierno. Desde otro ángulo, los sindicatos estaban alejados de sus bases y raíces. De la misma manera, en la década de 1980, cuando la sociedad peruana se volvía cada vez más caótica, los sindicatos perdieron gradualmente su influencia en la sociedad. Debido a las oportunidades limitadas de trabajo y otros problemas, la pobreza era visible ya en la ciudad, y en sus partes céntricas o periféricas se extendieron diversos barrios populares donde vivían las clases bajas. A estos barrios los llamaban “barriadas” en un principio; luego, el gobierno militar de 1968-1980 los denominó “pueblos jóvenes”, y en los años ochenta también se les dio el nombre de “asentamientos humanos”. En el caso de Lima metropolitana, se estima que los habitantes en las zonas de las clases bajas fue creciendo, representando el 8,0% de la población total en 1956, el 17,1% en 1961, el 24,4% en 1972 y 31,7% en 1981 (Driant 1990: 44; Webb y Fernández 1991: 130). Dadas las situaciones económicas descritas en las líneas anteriores, la desigualdad económica y la brecha entre los ricos y los pobres han estado lejos de disminuir. Si vemos la distribución personal del ingreso por estratos entre las décadas de 1960 y 1980, el 20% que pertenecía a los estratos más ricos (IX y X) recibió más del 60% del ingreso total, mientras que el 20% constituido por los más pobres (I y II) sumaba menos del 5% (véase cuadro 1.5). En 1961, la proporción del ingreso entre el estrato más rico, X, y el más pobre, I, fue 49 por 1, y al cabo de más de veinte años, en 1986,

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fue 48 por 1; es decir, casi no hubo variación.9 Según otra investigación, en 1985 el 41,6% de la población total fue categorizada como “pobre”; entre ellos existían los “pobres extremos”, que se encontraban en estado de severa indigencia y ocupaban el 18,4% de la población total. Hasta la fecha, la pobreza en el Perú tiende a aumentar en la medida en que uno se aleje de Lima metropolitana y vaya hacia la zona rural, y también a la sierra y selva (véase cuadro 1.6).

Información y transporte En cuanto al tercer y último aspecto de información y transporte, tanto la extensión de la educación como el desarrollo de los medios de transporte, información y comunicación, han facilitado el traslado de personas, objetos e información, volviéndolo más ágil y activo que antes. Ya hemos señalado en la parte anterior, que se produjo una masiva migración del campo a la ciudad, y de la sierra a la costa, en especial, a Lima. Por otro lado, gracias al desarrollo de las tecnologías de la información, la gente común ha extendido su espacio de conocimiento hasta al extranjero. Viviendo en el campo, se puede acceder a diversas informaciones de la ciudad o del extranjero. Este fenómeno fue llamado “urbanización rural”. Respecto del desarrollo de los medios de transporte, por ejemplo, el total de las carreteras pavimentadas aumentó de 10.643 kilómetros en 1926 a 19.465 en 1930, a 31.224 en 1944 y a 58.700 en 1980. En la segunda mitad de la década de 1930, fueron construidas dos importantes carreteras principales, que lo son hasta la actualidad: la carretera Panamericana, que atraviesa la costa de norte a sur; y la carretera Central, que sale de Lima hacia el Este, para entrar en la sierra. Para el año 1962, la mitad de las comunidades indígenas reconocidas oficialmente por el gobierno contaban 9.

Los datos sobre la distribución del ingreso según los estratos descritos aquí se deben a Gonzales y Samamé (1991: 80). Un cuadro del mencionado libro señala que un dato corresponde a 1981, pero la investigación original que se consultó indica que la misma fue realizada en 1985/1986 y, por tanto, en nuestro libro, decidimos referirnos a 1986. Aunque abunda en recursos naturales como oro y otros, el Perú siempre se ha encontrado en estado de pobreza, y frecuentemente lo mencionan como “mendigo sentado sobre un banco de oro”. La frase normalmente se atribuía al naturalista italiano Antonio Raimondi, que estudió al Perú en la segunda mitad del siglo XIX, pero recientemente se cuestiona su autoría.

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Cuadro 1.5 distribuCión Personal del ingreso Por estratos (en Cifras PorCentuales) estratos

1961

1971

1986

I y II

2,5

1,8

3,0

III y IV

5,5

5,5

6,8

V y VI

10,2

10,6

11,1

7,6

8,1

8,0

VII

9,8

11,4

10,8

IX

VIII

15,2

17,5

15,7

X

49,2

45,1

44,6

Fuente: Gonzales y Samamé (1991: 80). Nota: Las cifras son los porcentajes de la suma de los ingresos de uno o dos estratos. La población se divide en diez categorías, desde el estrato más pobre (I) al más rico (X) —en cada 10% de la población total— y se suman todos los ingresos de las personas pertenecientes a cada estrato.

Cuadro 1.6 PoblaCión Por niveles de Pobreza en 1985 (en Cifras PorCentuales) doMinios y áreas Total

Pobres

Pobres extreMos

41,6

18,4

Lima Metropolitana

27,4

3,4

Costa urbana*

42,1

11,1

Costa rural

50,0

26,6

Sierra urbana

36,4

15,4

Sierra rural

49,2

32,3

Selva urbana

48,2

23,3

Selva rural

68,0

45,9

Área urbana total*

41,0

14,9

Área rural total

53,6

34,1

Fuente: Webb y Fernández (2001: 555). Nota: Porcentaje respecto del total de la población de cada área y dominio. Los pobres extremos son los que se encuentran en un nivel de pobreza especialmente duro. Las zonas con el asterisco (*) no incluyen a Lima metropolitana.

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con caminos afirmados conectados con carreteras importantes (Dobyns and Doughty 1976: 243; Stein 1980: 58; Webb y Fernández 1990: 548). En lo que se refiere a la expansión de la educación, en el transcurso de poco más de cincuenta años entre 1940 y 1993, la tasa de analfabetismo bajó al nivel de una quinta parte de lo que fue en el primer año. La proporción de los analfabetos se mantuvo más alta en el campo que en la ciudad, y entre las mujeres más que entre los hombres, dejando entender que sigue existiendo la brecha en el aspecto de la ubicación geográfica y de género (véase cuadro 1.7). Acerca de la difusión de los medios de comunicación, aunque contamos solo con datos parciales, en el departamento de Lima el porcentaje de hogares que posee radio aumentó del 49% en 1972, al 82% en 1981. En 1972, el 18% de los hogares tenía televisor, mientras que para 1981 este porcentaje aumentó a 62%; es decir, más del triple con relación a nueve años antes (Matos 1987: 50-51). Con motivo del cambio en el aspecto de información y transporte, se difundieron nuevos valores, conocimientos, informaciones o estilos de vida que en los años anteriores la gente común no tuvo la oportunidad de conocer. En vez del pensamiento dominante en el siglo XIX, se propagó la idea de la participación política democrática, según la cual todos los miembros de la sociedad deben formar parte del proceso de la toma de decisiones y no solo un puñado de privilegiados, como ocurría anteriormente. Expuesta a nuevos estilos de vida o de pensamiento, la gente común ha abrazado el anhelo de pasar a un estilo de vida elegante, o ha elevado sus expectativas por subir su estatus social pero, al mismo tiempo, puede sentir mucho más frustración en momentos de adversidad, como por ejemplo en una depresión económica. La creciente brecha en relación con los ingresos y la desigualdad social quedaron al descubierto y los que se encontraban en la posición social inferior fueron empujados a realizar actividades políticas. Se ha registrado también una interacción entre diferentes niveles de la vida política; un asunto local de violación de derechos humanos o corrupción se puede convertir en una materia de discusión a escala nacional, y ciertos asuntos políticos del ámbito nacional penetran en la dinámica de la política local. En el escenario de los cambios sociales descritos en líneas anteriores, empezaron a organizarse agrupaciones políticas y sociales de variada índole. Hasta finales del siglo XIX, los que no formaban parte de la clase alta

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Cuadro 1.7 analfabetos (en PorCentaje) año

total

zona urbana

zona rural

hoMbres

Mujeres

1940

57,6





45,0

69,3

1961

38,9

17,7

59,4

25,6

51,7

1972

27,5

12,5

51,9

16,7

38,2

1981

18,1

8,1

39,6

9,9

26,1

1993

12,8

6,7

29,8

7,1

18,3

Fuente: Webb y Fernández (1990: 136; 1994: 235, 336) Nota: Las cifras son las proporciones que ocupan en la población de 15 años o más. Son resultados de censos. El signo – significa que no existe el dato.

eran excluidos del proceso de la toma de decisiones políticas, recibiendo un trato socialmente injusto. Empezando el siglo XX, se notó la emergencia de los sindicatos, basados en el apoyo del creciente número de trabajadores y las clases medias en la ciudad. Por otro lado, los habitantes de los barrios populares construidos en el proceso de urbanización indicado anteriormente, conformaron los movimientos vecinales o de pobladores urbanos, con el propósito de conseguir su vivienda y mejorar su ambiente. En la segunda mitad de la década de 1950, los movimientos campesinos comenzaron a impulsar una activa movilización contra los hacendados, cuyas propiedades habían sido empobrecidas como resultado de los cambios socioeconómicos antes señalados, principalmente en la sierra sur, como en el departamento de Cusco.10 Luego de esto, apareció un movimiento guerrillero que realizó actividades subversivas en el departamento serrano de Ayacucho, al sureste de Lima, buscando una revolución de tipo

10.

Entre 1958 y 1964 cientos de miles de campesinos se movilizaron para tomar terrenos. En este proceso fallecieron 116 personas (Degregori 1992a: 413-414; 1992b: 16). El Estado oligárquico no reaccionó con una represión masiva a la movilización campesina, tal vez porque los gobernantes centrales de entonces dirigían su atención a las ciudades en la costa. Esto se contrasta con el caso de Guatemala, donde el Estado reaccionó mucho más violentamente al movimiento campesino en estos años. Esta situación explica en parte por qué, a diferencia de Guatemala, en el Perú no emergería un movimiento indigenista más tarde.

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cubano, el mismo que fue rápidamente sofocado por las Fuerzas Armadas. En la segunda mitad de la década de 1970 emergieron también en diversas partes del país, movimientos regionales que proclamaban principalmente reivindicaciones para sus provincias.

La atomización social desde la década de 1980 En la primera mitad de los años ochenta, los movimientos vecinales, sindicales y regionales se estancaron o se debilitaron debido a, entre otras razones, los efectos de la crisis económica y los enfrentamientos internos. En su lugar se expandieron marcadamente aquellos dedicados a las actividades organizativas por parte de las clases bajas, con la finalidad de aliviar y sobrevivir en la deteriorada situación socioeconómica. Las actividades para la supervivencia amortiguaron los efectos negativos de las medidas económicas de emergencia de la “política de shock” (o choque) —como las adoptadas por el gobierno de Fujimori inmediatamente después de tomar el poder, como veremos en el capítulo III—, que conllevaron enormes sacrificios para la gente común. Los esfuerzos organizativos de las mujeres constituyen uno de los ejemplos más notables y destacados. Abarcan varios tipos de actividades, como las de salud, bienestar y formación profesional; siendo los comedores populares los más numerosos y expandidos. El comedor popular es una organización de unas docenas de mujeres que realizan, en trabajo conjunto, desde la compra de insumos hasta la preparación de las comidas, que ofrecen a bajo precio a sus miembros o al público en general. Para su funcionamiento reciben el apoyo de las ONG, organizaciones gubernamentales o países extranjeros. El primer comedor popular fue fundado en 1978 en el norte de Lima, y luego se expandió rápidamente en el ámbito nacional. En Lima se registraron 172 comedores populares en 1980, 884 en 1985 y 3259 en 1990 (Blondet y Montero 1995: 32-36, 53-68). Las rondas campesinas constituyen otro ejemplo del movimiento social que se expandió de manera notable durante la misma década en el campo. Se trata de organizaciones que originalmente fueron creadas como medida de autodefensa contra el abigeato, pero con el paso del tiempo asumieron otras tareas y funciones; entre ellas, la aplicación de castigos o penas en reemplazo del Poder Judicial, el arbitraje y la conciliación de conflictos entre los campesinos, la ejecución de obras públicas, la convocatoria

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a la movilización para ciertas reivindicaciones y la defensa contra el terrorismo. La primera ronda campesina fue organizada en 1978 en el departamento de Cajamarca, norte del Perú, y en 1990 se registraron 3435 rondas en todo el país (Starn 1991: 11-16). Lo que debemos tomar en consideración es que las actividades organizativas sumamente activas de las clases bajas en la década de 1980 no tenían extensión horizontal, y su alcance y tamaño eran restringidos con relación a toda la sociedad. No solamente fueron minoritarios en la sociedad peruana los que participaron en las actividades organizativas sino que, además, sus intereses y orientación estaban dirigidos exclusivamente a ciertos problemas inmediatos que cada organización encaraba y no se extendían más allá de ellos. Superando los problemas inmediatos en cierto grado, los participantes tendían a perder el ánimo de tomar parte en las actividades. En el caso de los comedores populares y las rondas campesinas, intentaron crear y conformaron las asociaciones que tenían el objetivo de ampliar los vínculos horizontales o agrupar a las organizaciones de la misma índole en un área más extensa; pero ellas nunca cumplieron la función de integración orgánica que se esperaba. En torno de las actividades organizativas por parte de las clases bajas, se presentaron en un principio múltiples estudios que resaltaban sus caracteres democráticos: se practicaba la participación democrática y estaba brotando la democracia en las bases sociales. Sin embargo, sus conclusiones no estaban basadas en casos concretos donde se demostrara la práctica democrática en el proceso interno de las organizaciones populares. Según los estudios empíricos que incluyen los análisis escépticos respecto de la existencia de una democracia de base que se presentaron más tarde, no se puede decir que la actitud y práctica de dar importancia a procedimientos democráticos estuvieran extendidas en general; más bien, la gente común percibía la participación política, y tomaba acciones políticas, desde un ángulo calculador y pragmático. La práctica de la política democrática estaba restringida a un reducido número de agrupaciones o a ciertos aspectos o momentos y, en términos generales, su presencia en el conjunto de la sociedad era débil, observándose más marcadamente los casos de procesos políticos autoritarios. Si usamos la figura del “archipiélago” mencionada en la primera sección de este capítulo, en el mejor de los casos, la política democrática se ejecutaba solamente en algunas “islas pequeñas” por corto tiempo y aisladamente, sin tener la oportunidad de ser parte orgánica con

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las otras (y sin contar con “puentes” para conectarse con otras “islas”).11 Esto se debe, principalmente, a la inexistencia de partidos políticos sólidos y democráticos, como señalaremos en la sexta sección de este capítulo. Analizando lo descrito aquí desde otro ángulo, podemos decir que las clases bajas, incluso las que trabajan en el sector informal, han tendido a encerrarse y encapsularse en la cáscara de sus intereses y problemas inmediatos, específicos, limitados, individuales y particulares. En el caso de que se conformaran organizaciones o asociaciones para estrechar las relaciones solidarias entre los individuos, no han continuado haciendo esfuerzos para extender los lazos horizontales, como trascender la diferencia en funciones, objetivos, categorías profesionales o subgrupos de las clases bajas, o construir relaciones y asociaciones orgánicas. Más que nada, han enfocado su interés principal en determinados problemas socioeconómicos inmediatos y han tratado de superarlos. Si uno mira esta situación desde la totalidad de la sociedad peruana, la misma se encuentra en un estado constante de fragmentación en pequeñas unidades avanzando hacia la atomización social (Adrianzén 1992a: 73-74). 3.

Una historia de la política inestable

La repetida sucesión presidencial no institucionalizada Bajo el nombre oficial de República del Perú, el país se ha mantenido dentro del modelo político republicano por un periodo de más de 180 años, contados desde la Independencia hasta el día de hoy. En este periodo —la época republicana—, el Perú siempre ha tenido un sistema presidencial, y el Presidente de la República ha sido y constituye hoy en día el centro y la clave del poder político. Si revisamos la historia política de la etapa republicana del Perú, nos damos cuenta de que cuenta con pocas experiencias en las que la sucesión presidencial ocurra de forma continuada, de acuerdo con las instituciones. 11.

La descripción sobre la conciencia y comportamiento políticos de las clases bajas, se basa en el análisis del autor (Murakami 2000a). Véase también Pásara et al. (1991), Parodi ed. (1993), entre otros. Entre los más característicos, Ballón ed. (1986a; 1986b) interpreta las actividades organizativas de las clases bajas en la década de los años ochenta como surgimiento de la democracia de base.

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Como lo hemos explicado en la Introducción, a estas las definimos como las reglas, normas, patrones de comportamiento o puntos de acuerdo, explícitos o implícitos, escritos o no escritos, que son compartidos, reconocidos y entendidos como legítimos entre los participantes en la política. Uno puede decir que se produce una sucesión presidencial institucionalizada o legítima en el caso de que esta suceda de acuerdo con reglas específicas y procedimientos compartidos y consentidos entre los miembros de la sociedad política. En la historia política peruana después de la Independencia, excepto contados casos, raras veces existió una continuidad en las sucesiones presidenciales institucionalizadas o legítimas. Más bien, se ha observado muchos casos en los que el Presidente sucedió a otro desviándose de las reglas o del entendimiento, acudiendo no pocas veces al uso de la fuerza militar, en la forma de golpe de Estado, rebelión o incluso asesinato. Específicamente, hay muy pocos casos en que la sucesión se diese sin desobedecer las instituciones por más de dos veces consecutivas. En esta sección, dividiremos la época republicana en seis periodos (véase cuadro 1.8) y haremos un bosquejo de esta inestable historia de la política del país, destacando las características principales de cada periodo.12

12.

Se considera como institucionalizada y legítima incluso cuando la sucesión presidencial ocurra antes de acabar el mandato presidencial establecido constitucionalmente, pero de acuerdo con las reglas y normas (como la Constitución Política) o puntos de acuerdo o consenso previo al hecho en la sociedad política. A menos que estén especificadas las fuentes, la descripción de esta sección se basa, entre otros trabajos, en: Basadre (1983), Bourricaud (1989), Contreras y Cueto (1999), Cotler (1968; 1978), Degregori et al. (1990), Diaz-Albertini (2001), Dobyns y Doughty (1976), Hudson ed. (1993), Klarén (2000), McClintock (1989), Palmer (1980; 2000b), F. Pease (1999), Rudolph (1992), Werlich (1978). El autor también vio, entre otros análisis, Abugattas et al. (1990), Adrianzén ed. (1988), Aljovín (2000), Alvarez ed. (1993), Bonilla (1980; 2001), Bourricaud et al. (1971), Burga y Flores (1981), Cotler ed. (1995), Flores (1999), Gatti y Pareja (1995), Gilbert (1982), Gootenberg (1998), Grompone (1991), Haya (2003), León (1995), Matos et al. (1971), Mc Evoy (1997; 1999), Montoya (2002). A diferencia de nuestra atención principal al aspecto de las instituciones, Abugattas et al. (1992), Haya (2003), López (1995; 1997) y otros analizan la sociedad política peruana desde ángulos que ponen énfasis en la dominación de las élites, la disociación entre el Estado y la sociedad o la exclusión del proceso político. Por otro lado, Mosqueira (1995) tiene un argumento similar a nuestro análisis, señalando que en el Perú solo hay un Estado para la minoría (el estudioso lo denomina “Estado mercantilista”) y no las cuatro bases institucionales necesarias para garantizar la política democrática: la participación en el proceso de la toma de decisiones, la responsabilidad de rendir cuentas, la transparencia

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Cuadro 1.8 CaMbios de gobierno (1821-2000)

Periodo

PriMero (1821-1895)

1823,1829 (2), 1834, 1835, Años en los cuales se produjo 1836, 1838, 1842 (2), 1843 (2), el cambio de gobierno no 1844, 1855, 1865, 1868, 1872, 1 institucionalizado 1879, 1885, 1894 Presidentes Total Civiles2 La duración más larga y número de veces en el caso en que los cambios de gobierno institucionales se dieron más de dos veces3

78 23(1)

No hubo caso

segundo (1895-1919)

1895, 1914

10 8(6)

18 años y 5 meses (1895-1914) / 6 veces (1895, 1899, 1903, 1904, 1908, 1912) (Sigue)

de la administración pública, la adecuada representación política. Pero no define claramente la institucionalidad y se enfoca en el Estado o la organización de la administración pública, más que el proceso político. Guadalupe (1991) también analiza el patrimonialismo y el clientelismo como patrones de conducta, y en este punto coincide con nuestro punto de vista, pero no realiza indagaciones profundas sobre instituciones, partidos políticos o la conciencia política. Aunque Kenney (2004) hace un análisis enfocando, igual que en nuestro caso, las instituciones, su interés principal gira alrededor de las relaciones entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo y su énfasis es distinto al de nuestro estudio, basado en una definición más amplia de las instituciones, hasta el punto de analizar, por ejemplo, las relaciones entre los principales partidos políticos. Por su parte, Palmer (1998a) señala que, de los dos factores, la tradición autoritaria y la dependencia exterior de la economía peruana —presentados en los estudios precedentes como causas del no arraigo de la democracia en el Perú—, uno no puede poner énfasis en el segundo factor, porque la oligarquía entre la década de 1890 y el decenio de 1910, único periodo de la estabilidad política en el Perú, coincide con la dependencia exterior; y atribuye la política no democrática a la tradición autoritaria y el límite del liderazgo político, dando importancia a la alineación sistemática del Partido Aprista Peruano. Con el ángulo de Palmer, nuestro análisis comparte el interés en la trayectoria histórica, características del liderazgo, y las condiciones económicas —las últimas, más que el estudioso norteamericano— enfocando las instituciones y la institucionalización.

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(Viene) terCero (1919-1930)

Cuarto (1930-1968)

quinto (1968-1980)

sexto (1980-2000)

1919

1930(2), 1931, 1933,1936, 1948, 1950, 1962, 1963

1968, 1975

1992

16 6(4)

2 0

5 5(4)

No hubo caso

11años y 8 meses (1980-1992) / 3 veces (1980, 1985, 1990)

1 1(0)

No hubo caso

No hubo caso

Fuente: Elaboración propia sobre la base de Tuesta (2001: 29-44) y otros. Notas: 1. El número entre paréntesis significa la cantidad de veces en que se dieron los cambios de gobierno no institucionalizados. En el caso de que solamente el año esté indicado, quiere decir que solo se produjo una vez. En 1885 y 1895 hubo rebelión; en 1894, el presidente murió y el segundo vicepresidente —en lugar del primero— lo sucedió inconstitucionalmente; en 1933, el presidente fue asesinado; y en 1936 y 1950 se registró el proceso electoral irregular. En el resto de los casos fue golpe de Estado. En el primer periodo, particularmente en su primera mitad, se registraron diversos casos más en los cuales los poderosos colocaron arbitrariamente a su sucesor, pero estos no están indicados en el cuadro debido a una cuestión de espacio. 2. Esta parte indica el número de los presidentes civiles dentro del total. El número entre paréntesis significa la cantidad de presidentes civiles elegidos en el proceso electoral. 3. El número de veces incluye el primer año en que se realizó el primer proceso electoral de acuerdo con las instituciones. En 1904 (del segundo periodo), se dio el cambio de gobierno institucional debido a la muerte natural del presidente.

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El primer periodo: desorden político por militares en el poder El primer periodo tiene una duración de 74 años y un mes y cubre desde la Independencia hasta mayo de 1895. Luego de obtener méritos en la lucha por la independencia y guerras contra otros países, muchos militares detentaron el poder político y llegaron a ocupar el cargo de la Presidencia de la República, pero causando desorden político. Juntamente con los terratenientes o hacendados quienes, en el sur del país, fueron llamados también gamonales, los militares se convirtieron en caudillos y desataron una enconada lucha por el poder, recurriendo al uso de la fuerza. Durante este periodo de 74 años, se registraron 17 golpes de Estado. De las 78 personas que asumieron el cargo de primer mandatario peruano, los civiles se cuentan en solamente 23 y la suma de sus tiempos de permanencia en el poder llega apenas a los 14 años y dos meses. Con la excepción de uno, todos los presidentes civiles del primer periodo fueron provisionales o “encargados de la Presidencia”, designados por los militares. Aunque las constituciones políticas promulgadas en el primer periodo establecían que el presidente debería ser elegido por voto popular, se obedeció este procedimiento en pocas oportunidades. Manuel Pardo (1872-1876),13 crítico de la intervención de los militares en la política, fue el único presidente civil que fue elegido en comicios y gobernó el Estado peruano con autoridad propia. Sin embargo, de todas maneras, Pardo tampoco se salvó de la inestabilidad política, porque ocurrió un golpe de Estado para impedir su toma de posesión poco antes de su juramento del cargo (aunque fracasó después de unos días de incertidumbre). Asimismo, durante su mandato de seis años, se produjeron hasta 37 intentos de golpe de Estado y rebeliones contra su gobierno. Pardo en persona se vio obligado a debelar una rebelión que duró un mes y medio a fines de 1874, encargando en ese lapso la Presidencia a su vicepresidente. En la primera etapa del primer periodo, desde la Independencia hasta 1845, la política era sumamente inestable y caótica debido a los conflictos entre los militares, que tenían su propio poder e influencia ganados durante y después de la Independencia, así como a su presencia imprescindible en las guerras externas. En esta etapa de 24 años (288 meses), 43 personas tomaron

13.

En esta sección, señalamos de esta manera el periodo del mandato presidencial.

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posesión de la Presidencia;14 vale decir, en promedio, cada seis o siete meses se producía el cambio de presidente y ocurrieron doce golpes de Estado. La política peruana vivió una relativa estabilidad por veinte años entre 1845 y 1865, época en la que el militar Ramón Castilla (1845-1851, 1858-1862) tuvo un fuerte control e influencia políticos. Castilla consolidó su estatus y bases políticas con el auge de la exportación de guano (los deshechos formados por la acumulación de excrementos de aves marinas que se usa como abono) que el Perú disfrutó entre 1840 y 1880. Por esos años, la costa desarrolló la exportación de guano a Europa. Castilla fortaleció su control político sobre la base de la riqueza creada por el guano. En la historia del Perú, el primer régimen de Castilla (1845-1851) constituye el primer caso en que un mandatario constitucionalmente elegido permaneció en el cargo durante todo su mandato constitucional (seis años en este caso) sin encargarlo a otras personas.15 Sin embargo, durante los veinte años relativamente estables de la dominación de Castilla, no faltaron casos de cambio presidencial con violencia. El caudillo bajó al llano en 1851, designando a su sucesor; pero en 1854, antes de terminar el mandato constitucional de este sucesor, Castilla se levantó en una rebelión contra él, lo derrocó de la presidencia y al año siguiente ocupó el poder político. Durante el décimo año de la época de Castilla, que duró veinte años, se interrumpió una vez más la sucesión presidencial institucionalizada y legítima. Luego de la dominación de Castilla, la política peruana se desestabilizó nuevamente con el estallido de tres golpes de Estado hasta que el presidente civil Manuel Pardo asumió el cargo de jefe de Estado. Terminando el gobierno de Pardo en 1878, con motivo de la disputa y los impuestos sobre la zona de salitre del sur del Perú, estalló en 1879 la Guerra del Pacífico con Chile. Este conflicto finalizó en 1883 cuando el Perú fue ocupado por el país vecino y se rindió ante el mismo. Después de la guerra,

14.

En los casos en los que una persona asumió el cargo de la Presidencia más de una vez, la hemos contado por separado como dos o más personas. De esta manera está calculado el número de presidentes en todos los periodos que describimos en esta sección.

15.

Agustín Gamarra, militar y presidente en dos oportunidades (1829-1833, 1838-1841), fue el primer presidente constitucional que terminó su mandato establecido (cuatro años en este caso) en su primer gobierno; pero encargó cuatro veces su presidencia a otros.

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Andrés Cáceres (1886-1890, 1894-1895), un militar que se volvió célebre en la resistencia ante los chilenos, obtuvo el poder político en el Perú. Su poder fue especialmente marcado entre 1886 y 1895. Luego de que se produjera un cambio presidencial con el golpe de Estado en 1879 no se registró ningún golpe ni rebelión hasta 1895, año en que se dio la rebelión de Nicolás de Piérola, la cual mencionaremos después. El periodo transcurrido entre abril de 1881 y octubre de 1883 podemos considerarlo especial para el análisis de la historia política, porque el Perú estuvo sumido en la Guerra del Pacífico con Chile. Se puede pensar en este periodo de guerra como una excepción, por el transcurso de 8 años y 9 meses desde julio de 1886, cuando Cáceres tomó la posesión de la presidencia hasta marzo de 1895, cuando Cáceres fue sacado del gobierno a menos de un año de iniciar su segunda administración; la sucesión presidencial ocurrió sin mayor contratiempo con el poder del caudillo en el fondo, y se celebraron las elecciones presidenciales dos veces en 1890 y en 1894. No obstante ello, cuando el mandatario que sucedió a Cáceres en 1890 murió antes de concluir su mandato, en 1894, se produjo un caso irregular y no institucionalizado que reflejaba el poder de este caudillo. El segundo vicepresidente, en lugar del primero, asumió el cargo de la Presidencia, en contra de la Constitución y complaciendo a los intereses de Cáceres en última instancia. Debemos señalar, además, que las elecciones realizadas en el primer periodo constituían una forma en la que los políticos más poderosos ejercían su poder, más que un proceso y un procedimiento utilizados por los electores para escoger a sus representantes. En otras palabras, los políticos más poderosos convocaban a elecciones para legitimar un poder ya obtenido, llegando incluso, sin titubear, a recurrir al uso de la fuerza militar. Doce de las trece elecciones presidenciales llevadas a cabo en el primer periodo fueron realizadas por militares que se habían apoderado del poder por la fuerza; estas tuvieron la intención de legitimarlos o de mantenerlos en el poder tras bambalinas poniendo a su candidato favorito en la Presidencia de la República. El proceso electoral restante fue en el que Pardo salió elegido como mandatario peruano. Sin embargo, este proceso tampoco se escapa del patrón indicado, porque la votación fue realizada después de que sus seguidores tuvieran bajo su control todo el organismo electoral. Debido a la situación descrita aquí, en todas las elecciones del primer periodo los ganadores “alcanzaron una victoria abrumadora” por

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un enorme margen en relación con el candidato que quedó en segundo lugar.16 Lo cierto fue que, antes de realizarse la votación, el resultado electoral ya había sido decidido para que determinados políticos influyentes o sus favoritos “salieran elegidos”. Debido a esta característica del proceso electoral en el primer periodo, no estaba garantizado un proceso de competencia política justo y abierto, con igualdad de condiciones para todos los participantes. Tampoco su necesidad, ni la garantía del mismo, eran compartidas como parte de las reglas eficaces entre los rivales políticos de turno, aun en el caso de que se produjera una sucesión presidencial mediante las elecciones, por ejemplo, en la época en la que Cáceres gozaba de mucho poder.

El segundo periodo: estabilidad por la oligarquía El segundo periodo es de 23 años y 10 meses y abarca el periodo comprendido entre septiembre de 1895 y julio de 1919. En este periodo, excepto por un corto tiempo, los civiles fueron elegidos como mandatarios peruanos en las contiendas electorales y la sucesión presidencial se produjo en paz. En este sentido, se trata de un periodo relativa y excepcionalmente estable en la historia política del Perú. En el transcurso de este segundo periodo, ocho de las diez personas que asumieron el cargo de jefe de 16.

Se pueden consultar los resultados de las elecciones en el siglo XIX en Basadre (1983: tomo II, 128; tomo III, 272; tomo IV, 13, 52-53; tomo V, 82, 184; tomo VII, 135, 301, 315). La descripción del proceso electoral del mismo siglo se basa también en Basadre (1980; 1983). Sobre el tema, se han realizado algunos estudios de caso, entre otros, Aljovín y López eds. (2005), López Martínez (2001), Mücke (2001; 2004), Peloso (1996). Estos dos últimos autores argumentan en contra de los estudios existentes, representados por el trabajo de Basadre, que presentan una evaluación negativa sobre los procesos electorales del siglo XIX; y enfatizan los aspectos positivos, como la participación de las clases bajas y la concientización política. Pero, en caso de que sea cierto su argumento, se desprende también de los estudios revisionistas que todo se dio en un panorama en el cual la “participación” constituía el resultado de la movilización desde arriba llevada a cabo mediante la red clientelista que un político poderoso encabezaba y se basaba en las relaciones verticales e intercambio de determinados valores, entre ellos, facilidades, servicios, apoyo, protección. Ante todo, debemos creer que no se institucionalizó en el mediano y largo plazo una regla o norma para que todos los ciudadanos respetaran el resultado de un proceso electoral justo y neutro. Los “triunfadores” habían sido decididos antes de la votación y escrutinio, debido a las relaciones del poder político e, incluso, como resultado de la fuerza militar.

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Estado fueron civiles. La suma de sus tiempos de permanencia en el cargo sobrepasa los 22 años y cuatro meses. Solamente por poco más de un año y medio, desde 1914 hasta 1915, un presidente militar ocupó la presidencia en el segundo periodo.17 Especialmente durante los 19 años transcurridos entre 1895, cuando se produjo la rebelión de Piérola, y 1914, cuando estalló un golpe de Estado, podemos decir que en términos generales se registró una sucesión presidencial consecutiva conforme con las reglas y procedimientos acordados entre los participantes en la política de entonces (aunque, como indicaremos más adelante, existía cierta exclusión y discriminación entre los participantes en la política, ya que un grupo determinado de la oligarquía “monopolizó” dichas reglas y procedimientos). En estos 19 años hubo seis cambios de presidentes, sin que estos dependieran de ningún proceso irregular.18 Incluso se realizaron cinco elecciones, y siete civiles tomaron la posesión de la presidencia. Un factor importante que explica la relativa estabilidad política del segundo periodo fue el apogeo del grupo de los exportadores que cobró fuerza política como resultado del desarrollo de la exportación de materias primas desde la década de 1880. Vale decir, los exportadores acumularon el poder político suficiente, sobre la base de la riqueza producida por el auge de la exportación, y juntamente con los terratenientes o hacendados que tenían dominio principalmente en la sierra, irrumpieron en la escena política como protagonistas. De esta manera, reemplazaron a los militares. Un suceso anunció el cambio de los protagonistas políticos: la rebelión de 1895 dirigida por el civil Piérola (1879-1881, 1895-1899) para obligar a que el militar Cáceres, quien había regresado al poder por la fuerza y mediante una maniobra política, renunciara a la presidencia. 17.

Este militar tomó la posesión de la Presidencia en dos oportunidades consecutivas, primero como jefe de la junta de gobierno (jefe del golpe de Estado) y luego como provisorio, y ha sido calculado como dos personas distintas. Véase la nota 14 de esta sección.

18.

En este cálculo incluimos las elecciones de 1895, donde Piérola salió elegido presidente, aunque esta inclusión puede ser polémica. Esto, porque Piérola se levantó en rebelión, puso bajo su control la situación política y participó en el proceso electoral. En este sentido, las elecciones de 1895 tuvieron el carácter de las elecciones del siglo XIX (véase la sección anterior). Sin embargo, los comicios de 1895 están incluidos en el cálculo hecho aquí como un suceso que marcó el inicio de un periodo nuevo.

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En el segundo periodo, los exportadores, así como los terratenientes o hacendados, fungieron como “notables con bienes y cultura” y monopolizaron el derecho a participar en la política. Entonces, uno de los requisitos para tener el derecho a participar en la política fue la ley electoral de 1896, que especificó claramente que era necesario no ser analfabeto, cuando la gran mayoría de la gente común lo era. Por lo tanto, el derecho a elegir no fue otorgado a una parte significativa de la población, quedando excluida legalmente del proceso de la toma de decisiones.19 Este tipo de política es denominada “oligarquía”, lo que significa la dominación política de un pequeño grupo de personas. El término “oligarquía” también se usó para referirse al pequeño grupo de personas que imponían dicha dominación, es decir, a la clase dominante de la política oligárquica. Es importante mencionar que recién en 1980 se eliminó el requisito de no ser analfabeto como condición para ejercer el derecho a participar en la política.20 Esto quiere decir que hasta la década de 1970, la población electoral no sobrepasó la mitad de la población de adultos. Según el cálculo aproximado hecho por el autor, la población electoral ocupó el 20,9% de la población de adultos en 1939, el 39,6% en 1956, el 47,2% en 1963 y el 56,1% en 1978 (véase el cuadro 1.9 que se mostrará en las páginas posteriores). Proyectando esta tendencia hacia el pasado, podemos suponer que en la época de la oligarquía la población electoral representara solamente un 10% de la población de adultos. 19.

Antes del año 1896 también hubo leyes electorales que indicaban la condición de no ser analfabeto como requisito para el derecho político, pero no fue un requisito necesario sino opcional. Se establecían, entre otros límites al ejercicio del voto, la riqueza o profesión. Teóricamente, un analfabeto podría tener el derecho político, en caso de que satisficiera uno de los otros requisitos que no fuera el de no ser analfabeto. Pero, por otro lado, era necesario inscribirse como elector ante las autoridades correspondientes para ejercer el derecho político, y como estas autoridades estaban bajo el control de los políticos más influyentes, la votación tendía a constituir el resultado de la movilización de los de arriba (los caudillos y sus seguidores), más que la participación de una voluntad libre. Asimismo, durante el siglo XIX, debe de haber habido numerosos casos en que los políticos poderosos hicieran maniobras a su antojo para inventar votaciones, incluso de los analfabetos.

20.

La Constitución de 1979 eliminó el requisito de la capacidad de leer y escribir para tener el derecho de sufragio. El proceso electoral de 1980 fue el primero en el que los analfabetos ejercieron su derecho de sufragio otorgado en el año anterior. Aquí el año 1980 se refiere al año de la primera ejecución del nuevo reglamento.

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El Partido Civil, el partido político de los notables, constituyó la columna vertebral de la oligarquía. Dicho partido fue el primero en ser creado en el Perú. Originalmente fundado en 1871 por el ya mencionado presidente Pardo, el Partido Civil colaboró con Piérola cuando este se enfrentó con Cáceres y gobernó por segunda vez el país entre 1895 y 1899. Incluso el partido llegó a un acuerdo con Piérola, para que Eduardo López de Romaña (1899-1903), perteneciente al grupo de Piérola, asumiera el cargo de mandatario después de este. Pero, durante el mandato de López de Romaña, el presidente entró en conflicto con Piérola y se acercó al Partido Civil. Por su parte, el Partido Civil también se fraccionó y rompió con Piérola. Entonces, el Partido Civil monopolizó el poder político, excluyendo y alejando a otros grupos, entre ellos, el de Piérola. Este partido se convirtió en una especie de club exclusivo de un determinado grupo de la oligarquía (Águila 1997: 65-90; Aguilar 2002: 23-38), y no aplicó las reglas y procedimientos electorales con igualdad a las otras fuerzas políticas (vale decir, no aplicó ni respetó universalmente la institucionalidad), ni siquiera en el caso de que estas tuvieran líderes que pertenecieran a la clase alta oligárquica. El Partido Civil controlaba el organismo de la administración electoral, lo que le posibilitó ocupar una posición política sumamente privilegiada frente a las otras fuerzas políticas en cualquier contienda política. Este control llegó a tal punto que al grupo de Piérola no se le permitió ninguna posibilidad de alcanzar éxitos en la contienda política institucionalizada, especialmente en procesos electorales. Como consecuencia de lo anterior, en las elecciones realizadas en el segundo periodo —con excepción de las elecciones de 1912, por razones que explicaremos más adelante—, los ganadores siempre “alcanzaron una victoria abrumadora” con un enorme margen en relación con el candidato que quedaba en segundo lugar. Es decir, algo parecido a lo que ocurrió en el primer periodo.21 La actitud excluyente del Partido Civil garantizaba que el mismo ejerciera el poder político a su voluntad por cierto tiempo; pero no pudo evitar que en 1914 se produjera un golpe de Estado, algo excepcional en el segundo periodo. Este golpe se dio contra Guillermo Billinghurst, quien fuese elegido presidente en 1912. Billinghurst perteneció originalmente 21.

Véase los resultados electorales de la época de la oligarquía en Basadre (1983: tomo VII, 19, 98, 119, 131, 398; tomo IX, 116-117, 225).

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al grupo de Piérola, pero después de enemistarse con él organizó su propio grupo como independiente. En 1912 logró llegar a la presidencia con el apoyo de los trabajadores urbanos, a quienes había propuesto mejorar sus condiciones de vida. Su elección se debió también a que pudo sacar partido del conflicto interno que existía entonces en el Partido Civil. Sin embargo, después de su toma de posesión, las iniciativas y las propuestas de Billinghurst se vieron frustradas repetidas veces por el Partido Civil, que tenía la mayoría de escaños en el Congreso de la República. Estancada la política por el enfrentamiento entre el presidente y el partido opositor de mayoría en el Congreso, en 1914 se perpetró un golpe de Estado de las Fuerzas Armadas que logró derrocar a Billinghurst.22 Luego del golpe, un militar ocupó la presidencia por más de un año y medio. En la contienda electoral de 1915, el Partido Civil volvió al poder. La emergencia política de los trabajadores urbanos, un factor social que abrió el camino a Billinghurst para ser jefe de Estado, fue una de las consecuencias del cambio social acontecido desde fines del siglo XIX en el Perú. El desarrollo de la economía exportadora dio ocasión a que no solamente la oligarquía, sino también los trabajadores y las clases medias urbanas adquirieran fuerza política. En Lima, la Federación de Obreros Panaderos se independizó de una Confederación de corte mutualista, y se convirtió en el primer sindicato en declarar en público su oposición a todo el sistema capitalista (Sulmont 1975). Siguiendo el ejemplo de esta federación, se organizaron diversos sindicatos de la misma tendencia. Billinghurst basaba su apoyo en los trabajadores limeños de estos sindicatos. El Partido Civil, así como la oligarquía en general, dejaron entrever una actitud intolerante y de firme rechazo frente a la incursión política de la gente común, obstruyendo el accionar político de Billinghurst repetidas veces en el Congreso y, finalmente, dando un golpe de Estado contra el presidente. Aunque se estabilizó en cierto grado la política debido a la dominación del Partido Civil, la actitud de la misma agrupación política contra el grupo de Piérola y Billinghurst demostró que existía una estructura de exclusión y discriminación entre los “notables”. Por esta razón, se puede decir que en el Perú no se institucionalizó el mecanismo de controlar, dentro

22.

El golpe de Estado fue incitado por el Partido Civil.

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de determinado marco, los conflictos en la clase dominante. Esta fue una diferencia con otros países latinoamericanos, donde también la oligarquía dominaba la política en esos años (Rueschemeyer et al. 1992: 176-177).23

El tercer periodo: la dominación dictatorial de Leguía Esta fue la época de dominación dictatorial de Leguía, que duró 11 años y 2 meses; es decir, entre julio de 1919 y agosto de 1930. Leguía fue originalmente uno de los dirigentes connotados del Partido Civil. Fue elegido Presidente de la República en 1908 y cumplió su mandato de cuatro años. Sin embargo, cuando estuvo en el poder, Leguía mantuvo distancia con su partido y gobernó de manera egocéntrica y arbitraria. Esta actitud le hizo crear confusión y conflictos políticos, especialmente al interior del Partido Civil, abriendo el camino de la Presidencia a Billinghurst. Más tarde, Leguía se alejó del Partido Civil. En el proceso electoral de 1919, Leguía organizó su propia agrupación y salió ganador de la contienda. Sin embargo, temiendo que un Congreso dominado por el Partido Civil desconociera su triunfo electoral, promovió un golpe de Estado que disolvió el Congreso. Luego de esto, convocó a elecciones para conformar uno nuevo donde su fuerza dominaría la mayoría de los escaños, y asumió sin problemas el cargo de la presidencia. Siendo el máximo mandatario, Leguía impulsó la inversión extranjera y se esforzó por el desarrollo socioeconómico construyendo, mejorando o expandiendo infraestructura social como carreteras, puertos y el mejoramiento de las ciudades. Por otro lado, el mandatario peruano tendió a aferrarse al poder; hizo maniobras políticas para modificar la prohibición constitucional de la reelección presidencial en dos oportunidades, en 1923 y 1927, y logró permanecer en el cargo de jefe de Estado. En 1930, cuando por los efectos de la Gran Depresión se expandían la intranquilidad y el desorden en la

23.

Rueschemeyer et al. (1992: 176-177) señala que Venezuela fue el otro caso de fracaso en institucionalizar el proceso de solucionar conflictos de la oligarquía. La diferencia entre Venezuela y el Perú se presentaría más tarde, en la década del cincuenta, cuando en el primero un enfrentamiento violento interno condujo a un entendimiento y acuerdo entre las principales fuerzas políticas en torno del manejo político. El Perú nunca ha tenido similar entendimiento o acuerdo en su vida política, como veremos en nuestro análisis.

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sociedad peruana, el gobierno de Leguía fue derrocado por un golpe de Estado. En la época de Leguía nacieron dos fuerzas políticas antioligárquicas que estuvieron basadas en el apoyo de los trabajadores y de las clases medias, quienes emergieron como actores políticos importantes en el cambio social acontecido desde fines del siglo XIX. Una de las fuerzas antioligárquicas fue el Partido Aprista Peruano (PAP), fundado por Víctor Raúl Haya de la Torre. Él fue dirigente del movimiento estudiantil en Lima y apoyaba activamente a los movimientos sindicales. La palabra aprista viene de las iniciales del acrónimo APRA, Alianza Popular Revolucionaria Americana. Se refiere a un movimiento revolucionario nacionalista que, en 1924, Haya creó en México, donde se encontraba exiliado después de ser expulsado del Perú por Leguía. Haya de la Torre se propuso objetivos políticos como el antiimperialismo, la integración latinoamericana, la estatización de la tierra e industrias, y trató de ubicar a su agrupación como el núcleo de un movimiento revolucionario de los trabajadores urbanos y las clases medias. El PAP empezó a ser organizado en el Perú en 1930, cuando Haya regresó al país después de la caída del gobierno de Leguía. Su fundación oficial se produjo en 1931. Más adelante, la Confederación de Trabajadores del Perú (CTP), creada en 1944 —la segunda asociación de sindicatos más grande en el Perú— se afilió al PAP. En la historia política del país, el PAP ha sido el partido político con la mayor base organizativa. Es decir, un partido de masas basado en el apoyo de la gente común que no formaba parte de la clase oligárquica. La otra fuerza crítica de la oligarquía fue el grupo de simpatizantes de la versión del socialismo propuesto por José Carlos Mariátegui, un destacado periodista y pensador. A diferencia de Haya de la Torre, Mariátegui creía que tanto los trabajadores como los campesinos, que entonces representaban un 80% de la población, deberían formar el núcleo de un movimiento revolucionario. Él fundó el Partido Socialista del Perú en 1928 y la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP) en 1929. Sin embargo, Mariátegui murió joven, en 1930, y después de su fallecimiento el Partido Socialista del Perú, que se unió a la Internacional Socialista y cambió su nombre a Partido Comunista del Perú, ya no tuvo mayor desarrollo en la política de masas. Sin embargo, la CGTP ha sido considerada la asociación sindical más grande en el Perú, incluso en la actualidad.

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El cuarto periodo: la caída paulatina de la oligarquía El cuarto periodo corresponde al transcurso de 38 años y un mes, es decir, entre agosto de 1930 y octubre de 1968. Esta etapa comprende desde el derrocamiento del gobierno de Leguía por un golpe de Estado, después de sufrir los efectos negativos de la Gran Depresión, hasta que se inició el gobierno militar, que duró doce largos años. En este periodo, la oligarquía fue desafiada por las nuevas fuerzas políticas, particularmente el PAP, basadas en el apoyo de la gente común que no había formado parte de la clase dominante minoritaria y había cobrado fuerza políticamente en el proceso del cambio social del Perú. Frente a la emergencia de las nuevas fuerzas políticas, la oligarquía se desconcertó y perdió gradualmente su poder político. Amenazada por el desafío político desde abajo, la oligarquía trató de contenerlo, incluso mediante el uso de la fuerza. Para ello, recurrió a las Fuerzas Armadas. Aunque no tan repetidamente como en el primer periodo, los militares intervinieron en el proceso político del Perú del siglo XX, sacudiendo y eventualmente desestabilizando la política. En 1931, se promulgó una ley electoral moderna cuyos puntos principales incluían el sufragio universal,24 el voto secreto, la cédula de votación común para todo el país, el establecimiento de un organismo de administración electoral autónomo e independiente del Poder Ejecutivo, y el registro único y nacional de los electores. Estas medidas sentaron las bases del sistema electoral peruano durante el resto del siglo XX, así como en la actualidad. Sin embargo, durante el cuarto periodo pocas veces se celebraron elecciones generales justas y transparentes de acuerdo con dicha ley electoral moderna. En el cuarto periodo de 38 años, un total 16 personas ocuparon el cargo de la presidencia. Solamente seis de las 16 personas fueron civiles, y la suma de sus tiempos de permanencia en el cargo llega a los 20 años y nueve meses; es decir, poco más de la mitad del total del periodo, en el cual se produjeron cinco golpes de Estado. El civil Manuel Prado, en su primer mandato (1939-1945), y Manuel Odría, de origen militar, en su segundo mandato (1950-1956), fueron los únicos presidentes que terminaron con

24.

En 1931 se introdujo solamente el sufragio universal masculino. En 1956 se otorgó el sufragio a las mujeres.

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su periodo de gobierno constitucional, que en ese entonces era de seis años. Ambos presidentes fueron apoyados por la oligarquía.25 En este cuarto periodo, seis personas, cuatro civiles y dos militares, llegaron al poder mediante comicios. De los seis procesos electorales que se realizaron, el del año 1950, en el cual Odría buscó su segundo gobierno, no fue justo ni transparente, porque este militar golpista que era un candidato dominante, mandó detener y encarcelar a su solitario contrincante electoral. Finalmente, “triunfó” como el único candidato que quedaba en la contienda electoral. Excluyendo del cálculo este mandato de Odría, que no tiene origen en un proceso electoral justo, el único presidente que fue elegido por voto popular y logró concluir su mandato constitucional fue Prado. De los cuatro restantes, los tres presidentes civiles fueron sacados de la presidencia por un golpe de Estado antes de terminar el tiempo estipulado para su gobierno; y el otro, de origen militar, fue asesinado. El Presidente de origen militar que fue asesinado se llamaba Luis Sánchez Cerro. Se hizo conocido porque puso fin al gobierno de Leguía mediante un golpe de Estado. Fue asesinado en 1933 antes de concluir su mandato por un miembro del Partido Aprista, agrupación que su gobierno reprimía, como referiremos más adelante. Desde este asesinato hasta el golpe de Estado de 1948, los gobiernos no experimentaron más rebeliones o golpes. Sin embargo, en estos años, hasta en tres oportunidades, la sucesión presidencial no se realizó de acuerdo con procedimientos de antemano acordados. En primer lugar, el sucesor de Sánchez Cerro ocupó el cargo inconstitucionalmente. El Congreso, dominado por la oligarquía, designó a Oscar Benavides, militar en actividad y ejecutor del golpe de Estado de 1914, como sucesor del presidente asesinado para cumplir el mandato restante de Sánchez Cerro. Sin embargo, la designación fue inconstitucional, porque la Constitución de entonces estipulaba que un militar no podía ser presidente a menos que se retirara del servicio activo por lo menos un año antes de asumir el cargo de jefe de Estado. Es decir, el poder legislativo no obedeció las reglas que él mismo se había comprometido a respetar. 25.

El segundo gobierno de Prado transcurrió desde 1956, año en el que salió elegido en la contienda electoral, hasta 1962, cuando fue derrocado por un golpe de Estado. El primer gobierno de Odría fue desde 1948, cuando dio el golpe de Estado y se apoderó del poder, hasta 1950, cuando renunció por el formalismo de “bajar al llano” para poder presentarse en la carrera electoral para la Presidencia.

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En segundo lugar, en 1936 debería de haber terminado el mandato del asesinado Sánchez Cerro —y, por tanto, el de Benavides también— y debían llevarse a cabo elecciones presidenciales. Sin embargo, previendo que el candidato favorito de Benavides no ganaría la contienda electoral, él mismo invalidó el proceso electoral en medio del escrutinio, y prorrogó arbitrariamente su propio mandato por tres años más. No fue un golpe de Estado pero, con el respaldo de las Fuerzas Armadas, el presidente militar aplastó el proceso electoral de 1936. En tercer y último lugar, en las elecciones realizadas en 1939, Prado, de origen oligárquico y respaldado por Benavides, fue elegido Presidente de la República. Sin embargo, se cuestionó la neutralidad e imparcialidad del gobierno en el proceso electoral. En 1945 se realizaron las elecciones que fueron consideradas justas en términos generales, y José Bustamante y Rivero, abogado, político independiente y apoyado también por el PAP, obtuvo la mayor votación. Después de su toma de posesión del cargo, el PAP se alejó cada vez más del mandatario, y Bustamante perdió el control del Congreso, dejando estancada la política. En medio de la confusión y el desorden, Bustamante y Rivero fue echado del Palacio de Gobierno (oficina y residencia oficial del presidente peruano) por un golpe de Estado en 1948 sin poder concluir su mandato constitucional. Fue Odría, secundado por la oligarquía, quien ocupó el cargo de la presidencia en reemplazo de Bustamante. En 1950, tanto el mandato del derrocado Bustamante como el del opresor Odría debían terminar, por lo que se programaron elecciones. Sin embargo, como dijimos antes, la lid electoral de este año fue absolutamente anormal, porque Odría, quien había renunciado a la presidencia por el formalismo de “bajar al llano” y luego presentarse en la contienda electoral, mandó detener y encarcelar a su único contrincante. De esta manera resultó “ganador” como único candidato que quedaba en el proceso electoral. Aparte de esto, Odría no respetó la ley que exigía a quien estaba en el poder renunciar a su cargo seis meses antes de los comicios. Bajó al llano recién un mes antes de la votación.

La oligarquía se resiste a la reforma Como sugiere lo que hemos descrito en la parte anterior, en el cuarto periodo la oligarquía se sintió amenazada por la emergencia de nuevas fuerzas políticas, entre ellas, el PAP. Este partido basaba su respaldo en la gente

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común que no había formado parte de la capa dominante oligárquica, que lo alejó siempre del centro del poder político. Frente al desafío desde las bases de la sociedad, la oligarquía adoptó medidas tanto duras como blandas. Primero, en caso de que las fuerzas políticas basadas en el apoyo de la gente común incrementaran su poder político, la oligarquía no titubeó en acudir al abuso de autoridad o al uso de la fuerza para aplastarlas. Además de los mencionados actos de involucrar a las Fuerzas Armadas en el proceso político a su favor, la oligarquía impuso la prohibición legal de las actividades de ciertos partidos de masas. Concretamente, en el gobierno de Sánchez Cerro se promulgó una ley que prohibió las actividades del PAP; luego de esto, en la Constitución Política de 1933 se prohibieron las actividades políticas de los partidos que estaban afiliados a alguna u otra organización internacional. Con esto pretendieron prohibir las actividades partidarias del PAP y el Partido Comunista del Perú. Contra la intención del fundador, el PAP había echado raíces solamente en el Perú; pero como principio partidario se proponía establecer lazos con otras agrupaciones de la región y practicar la solidaridad internacional, lo que condujo a la interpretación —por parte de sus adversarios— de que “tenía conexiones internacionales”. Por ello fue obligado a pasar a la clandestinidad. El PAP recibió el apoyo tanto de los trabajadores y las clases medias en Lima, como de los trabajadores en las plantaciones, como las de caña de azúcar, ubicadas alrededor de Trujillo, de donde Haya de la Torre, el fundador del partido, era oriundo. Construyó las bases organizativas más sólidas entre los partidos políticos peruanos, cobró fuerza y expandió su influencia como una fuerza radical, convirtiéndose en el contrincante principal de la oligarquía en el cuarto periodo. El PAP fue tachado de ilegal hasta 1956, excepto en tres años (entre 1945 y 1948). En el transcurso del cuarto periodo, el partido de Haya se enfrentó violentamente con la oligarquía y los militares con frecuencia, produciéndose hechos sangrientos. Los líderes de las Fuerzas Armadas cultivaron el odio hacia el PAP, y obstruyeron su llegada al poder constante y consistentemente. Con las medidas favorables señaladas en la segunda sección de este capítulo, la oligarquía otorgó ciertos beneficios socioeconómicos a los habitantes urbanos, que formaban parte de la gente común no perteneciente a la clase dominante. Dichas medidas no constituyeron una política integral de redistribución del ingreso; fueron desarrolladas para apaciguar a los habitantes urbanos y mantener la dominación oligárquica, concediendo

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parte de su riqueza a los mismos. Se trataba de la política de divide ut regnes por parte de la oligarquía. También es denominada “incorporación segmentaria” (Cotler 1968: 181-186). Estas medidas superficiales solamente aplazaron para el futuro la solución fundamental de los problemas que la gente común encaraba. Sin encontrar ningún indicio de solución a los problemas, la oligarquía y sus contrincantes agudizaron los conflictos políticos y, en medio de una situación caótica, las Fuerzas Armadas intervinieron repetidas veces en la política. Una de las razones que explican por qué la oligarquía mantenía cierto nivel de poder político durante el cuarto periodo —aunque menos que antes— fue la distribución de escaños en el Congreso, favorable a ella, particularmente a los terratenientes de la sierra. Esto se debe a que mientras que todavía los electores eran solamente los que sabían leer y escribir, y su presencia se encontraba desproporcionadamente en la costa, la distribución de escaños en los distritos múltiples era calculada sobre la base de la población total, incluso de niños y analfabetos, de cada distrito electoral. Lo más negativo de este sistema fue que el cálculo se basaba en el resultado de un censo; pero en el siglo XX el primer censo peruano fue hecho en 1940 y el segundo en 1961, por lo que en realidad se usaban estimaciones generales. Por otro lado, la distribución era rígida y no fue modificada conforme al cambio de la estructura de la población, a pesar de que en el cuarto periodo la población concentrada en la sierra se trasladó masivamente a la costa, especialmente a ciudades como Lima. Vale decir que prácticamente se mantuvo durante todo el cuarto periodo la distribución de escaños hecha bajo la condición de que más del 70% de los peruanos vivían en la sierra, sin tomar en cuenta que dicha situación estaba sufriendo grandes transformaciones. La mencionada distorsión se puede observar en la comparación del llamado “valor de un voto”, es decir, del número de electores por congresista en cada distrito electoral. Primero, sobre la base de la estadística en cuanto al porcentaje que la propiedad de más de 1000 hectáreas ocupa dentro del total de superficie cultivada en cada departamento, dividimos los departamentos del Perú en cuatro categorías: el grupo A, de concentración alta del 75% y más; el grupo B, de concentración medio alta desde el 50% y más hasta menos del 75%; el grupo C, de concentración medio-baja desde el 25% y más hasta menos del 50%; y el grupo D, de concentración baja de menos del 25%. Después, calculamos el promedio de “valor de

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un voto” en cada grupo respecto de la población electoral del año 1955 y 1963.26 El cálculo arroja el siguiente resultado: en 1955, A/ 3419 electores, B/ 5270 electores, C/ 6516 electores, D/ 10.183 electores; y en 1963, A/ 6108 electores, B/ 8159 electores, C/ 9656 electores, D/ 16.079 electores. Vale decir, entre el grupo A, que reúne los departamentos con la concentración alta de tierra y el D, con la concentración baja, hubo una diferencia redondeada de 1 por 3 (en 1955, 1 por 3 y, en 1963, 1 por 2,6). Esto significa que comparando entre los departamentos con concentración baja de tierra y los departamentos de concentración alta de tierra, resulta que en el grupo A se requería solamente una tercera parte de apoyo del grupo D para elegir un congresista (sobre los datos véase CRA [1960] y Tuesta [1994; 2001]). En 1956, ya en la segunda mitad del cuarto periodo, se celebraron las elecciones para decidir quién sucedería a Odría. Con miras a prepararse para ellas, se produjeron dos transformaciones significativas en el mapa político peruano. Una de ellas fue algo anormal. Poniendo de lado su bandera antioligárquica, Haya de la Torre decidió apoyar al candidato Prado, respaldado por la oligarquía, a cambio de la legalización de su partido. De este modo el PAP, que había estado enfrentado a la oligarquía hasta ese entonces, contribuyó al triunfo electoral de Prado y a su llegada al poder por segunda vez en 1956. Esta situación fue llamada la “convivencia” entre el PAP y la oligarquía. Haya cambió su política de confrontación con la oligarquía, porque pretendía conciliarse con la facción moderada de la misma que, frente a la emergencia de fuerzas políticas basadas en el apoyo de la gente común, había propuesto impulsar una reforma gradual y una democratización parcial para prevenir una eventual revolución (Cotler 1988: 157-158). Haya de la Torre tomó la decisión de la “convivencia” casi solo, es decir, sin consultar a otros líderes de su agrupación. La facción radical del Aprismo reaccionó contra su decisión unilateral, apartándose del partido y de su jefe máximo. Otro cambio de 1956 fue la creación de dos partidos de masas reformistas, basados en el apoyo de las clases medias y bajas, que estaban

26.

Debido a la escasez de información (no contamos con los datos de la propiedad en las provincias) calculamos el “valor de un voto” de los senadores (elegidos en distritos electorales por departamento). Los años 1955 y 1963 se refieren a los de la promulgación de la ley que especificó la distribución de escaños: las elecciones mismas fueron realizadas en 1956 y 1963, respectivamente.

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descontentos con la conducta aprista de acercarse a la oligarquía. Se trataba del Partido Acción Popular (AP), fundado por el arquitecto Fernando Belaúnde, y del Partido Demócrata Cristiano, creado por los abogados Héctor Cornejo Chávez y Luis Bedoya Reyes, entre otros. En 1967, después de once años, Bedoya se separó del Partido Demócrata Cristiano por conflictos internos, y fundó el Partido Popular Cristiano (PPC). El AP de Belaúnde y el PPC de Bedoya, juntamente con el PAP, serían parte de los principales partidos políticos peruanos de los años setenta y ochenta. Sin embargo, no se construiría ninguna relación de colaboración o entendimiento alguno entre el PAP y el AP o el PPC, a pesar de que inicialmente tenían una orientación reformista similar. Sobre todo, con la perspectiva de llegar al poder, reinaron intereses particulares en las relaciones de cada partido con los otros. De este modo, los nuevos partidos de masas desafiaron a la oligarquía por separado. En 1962, antes de finalizar el segundo gobierno de Prado, se llevaron a cabo elecciones presidenciales. En este proceso electoral, Haya de la Torre, del PAP, que había cambiado la política de enfrentamiento por una de acercamiento con la oligarquía, salió elegido Presidente de la República con el apoyo de Prado y sus seguidores. Sin embargo, las Fuerzas Armadas no toleraron la llegada de Haya de la Torre al poder, y dieron un golpe de Estado, expulsando del Palacio de Gobierno a Prado, que estaba a punto de concluir su mandato. De este modo, los militares impidieron la instalación de una administración aprista. Al año siguiente, otro militar dio un golpe de Estado contra el presidente militar. Las Fuerzas Armadas defendieron la posición de la oligarquía en la primera mitad del cuarto periodo. Sin embargo, desde la década de 1950 se fueron convenciendo de que se necesitaría realizar reformas sociales internas, como la reforma agraria o la expansión de la labor del Estado, para prevenir una revolución de tipo comunista y mantener al país estable. En los años sesenta, los militares empezaron a apoyar a las fuerzas políticas reformistas, con excepción de su adversario histórico, el PAP. En 1963 se realizaron elecciones presidenciales para terminar la dominación militar que había dirigido al país después del golpe de Estado del año anterior. En esta lid electoral triunfó el reformista AP, en el cual las Fuerzas Armadas habían depositado sus expectativas de progreso y de cambios sociales ordenados. AP se alió con el Partido Demócrata Cristiano para conformar el gobierno de Belaúnde. En las elecciones parlamentarias,

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realizadas simultáneamente a las presidenciales, cada una de las tres fuerzas políticas principales, el AP, el PAP y la oligarquía, representada por la Unión Nacional Odriísta (UNO), resultaron ocupando alrededor de una tercera parte de los escaños. El oficialismo constituía la minoría en el Congreso. Después de instalarse el gobierno de Belaúnde, el PAP se acercó de nuevo a la oligarquía con miras a llegar al poder en las siguientes elecciones, previstas para el año 1969. Para colmo, el PAP se amistó entonces con la fuerza oligárquica de Odría, quien había reprimido al partido de Haya de la Torre entre 1948 y 1956. Obrando en conformidad con su viejo enemigo y en colaboración con la oligarquía, el PAP estropeó todas y cada una de las políticas reformistas de Belaúnde, como la reforma agraria para cambiar el tradicional sistema de haciendas. Mientras se profundizaba el desorden, la política estaba estancada. En 1965, la sociedad peruana experimentó momentos de tensión, porque debido a la influencia de la Revolución cubana, un movimiento guerrillero apareció en la sierra, aunque en corto tiempo fue reprimido por los militares. En medio de esta situación crítica se produjo otro golpe de Estado en 1968, dándose inicio al gobierno militar.

El quinto periodo: los doce años del gobierno militar El gobierno militar trató de transformar las estructuras económicas y políticas del país. Este gobierno tuvo dos fases marcadas y duró en total 11 años y 10 meses, desde octubre de 1968 hasta julio de 1980.27 A siete años de iniciado, en 1975, se dio un golpe de Estado, y se produjo el cambio de gobierno por fuerza entre los militares. Con el golpe de Estado de 1968, el militar Juan Velasco Alvarado asumió el cargo de la presidencia por siete años. Esta primera etapa fue la más radical de la administración castrense. En el momento de derrocar al gobierno civil, Velasco y sus seguidores militares tenían la convicción de que las Fuerzas Armadas deberían promover la reforma total del Estado. En este punto, el gobierno militar iniciado en 1968 fue diferente de otros del periodo republicano, particularmente el segundo periodo y el

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Sobre la época militar véase, entre otros estudios, McClintock y Lowenthal eds. (1983).

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cuarto. Antes, las Fuerzas Armadas intervinieron en la política por corto tiempo para controlar situaciones críticas y recuperar el orden social, sin permanecer en el poder por periodos largos. Sin embargo, con Velasco, los militares se propusieron llevar a cabo diversas reformas que las fuerzas civiles no lograron ejecutar, y estaban decididos a encargarse del gobierno por largo tiempo. El gobierno militar decretó una reforma tras otra para impulsar el desarrollo dirigido por el Estado, la realización de los derechos del pueblo, el mejoramiento del bienestar social, así como “una democracia social de participación plena”. Asimismo, se propusieron destruir la dominación oligárquica, que en realidad ya estaba en declive. El gobierno estatizó industrias clave como el petróleo, la minería, la energía, el transporte, la comunicación, la banca, la pesquería, e incluso la prensa. Una de sus medidas más conocidas fue la reforma agraria, que pretendió cambiar radicalmente la propiedad de la tierra en propiedades de gran escala, como eran las de las haciendas. Además, el gobierno castrense movilizó políticamente a los trabajadores, campesinos y otra gente común mediante un organismo estatal creado para tal objetivo. De este modo, el gobierno de Velasco alentó, sin tener la intención original de hacerlo, la fundación de una serie de movimientos sociales de base que más tarde exigirían al mismo el cumplimiento de múltiples demandas socioeconómicas. Las reformas puestas en práctica por los militares fueron llamadas la “Revolución peruana”. La reforma agraria o la estatización de la industria arruinaron las bases de poder que la oligarquía había tenido desde fines del siglo XIX. No obstante ello, la política económica del gobierno militar entró en un callejón sin salida debido a los efectos de la depresión mundial desatada en el año 1973. Otro ingrediente no menos importante de las políticas económicas del país fueron los errores y torpezas del mismo gobierno. Por otro lado, es importante señalar que las reformas no llegaron a beneficiar a toda la sociedad, alcanzando solamente a las clases medias y altas, es decir, a una cuarta parte de la población. Prácticamente, las políticas de los militares reformistas tenían poco que ver con la vida cotidiana de las clases bajas, que representaban a más de la mitad de la población. La estructura de desigualdad no cambió después del gobierno militar, como hemos indicado en el cuadro 1.5 de la sección anterior sobre la distribución personal del ingreso. En medio del empeoramiento de la situación económica, la gente común, con mucha más conciencia sobre la

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importancia y los mecanismos de la participación política como un recurso para exigir sus derechos, demandó el mejoramiento de las condiciones de vida al gobierno castrense. Estas demandas tendieron cada vez más a salir del control de los militares y a buscar su propia autonomía. Ello se manifestó en una sensación de intranquilidad política en la sociedad, la realización frecuente de huelgas y, a veces, hasta motines y saqueos. Como resultado de lo anterior, el gobierno militar logró destruir las bases del poder de la oligarquía y debilitar su fuerza política, pero fracasó en construir reglas, acuerdos o un consenso sobre bases políticas nuevas; vale decir, no pudo crear nuevas instituciones políticas que sustituyeran la política tradicional que se remontaba a la época de la oligarquía. Después de su caída, especialmente en las provincias alejadas de Lima, se creó un “vacío del poder” donde la presencia del Estado era inexistente. Esto se produjo porque, mientras el orden político tradicional basado en la oligarquía desapareció, con las reformas militares no emergió ninguna nueva fuerza política que llenara este vacío,28 ni el Estado extendió su presencia hasta los últimos rincones del territorio. El “vacío del poder” ofreció en los años ochenta el espacio libre donde los grupos subversivos armados pudieron desarrollarse con facilidad. Por otro lado, diversos partidos pequeños pertenecientes a la izquierda alentaron con un liderazgo muchas veces notable las actividades de los movimientos populares basados en el apoyo de la gente común, que crecientemente estaban en contra de la así llamada dictadura militar. Los más importantes conformarían en 1980 una coalición de izquierda llamada Izquierda Unida (IU). En medio del estancamiento del gobierno velasquista y la caótica situación interna de mediados de los años setenta, que fue cada vez más extendida, Francisco Morales-Bermúdez, general y entonces Primer Ministro, realizó un golpe de Estado para derrocar a Velasco y asumió la conducción del país en 1975. Poco después, Morales-Bermúdez expulsó del gobierno a los radicales y empezó a cambiar la línea reformista predominante en la administración militar hasta entonces. El nuevo presidente privatizó una parte de las empresas estatales y adoptó una política de estabilización económica que incluyó la congelación de los sueldos y la búsqueda del 28.

El gobierno militar prohibió las actividades de los partidos políticos, con el pretexto de que los partidos habían causado el caos político.

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equilibrio fiscal, especialmente a través de la reducción del gasto público. Estas medidas de estabilización provocaron una oposición tan fuerte que la sociedad llegó a paralizarse con huelgas y otras movilizaciones. Morales-Bermúdez trató de superar la situación adversa que enfrentaba realizando la transferencia del poder a la civilidad con el apoyo del PAP. En 1976, este general se acercó al partido fundado y aún entonces dirigido por Víctor Raúl Haya de la Torre para buscar un acuerdo. De esta manera las Fuerzas Armadas lograron una reconciliación histórica con el PAP. El siguiente año, 1977, Morales-Bermúdez anunció un cronograma para la transferencia del poder a la civilidad. De acuerdo con este, primero se realizarían en 1978 las elecciones para una Asamblea Constituyente. Al año siguiente de la discusión y elaboración de un nuevo texto de Constitución, esta fue aprobada en 1979. Para completar el cronograma, en 1980 se llevaron a cabo elecciones presidenciales y parlamentarias. Con el inicio del nuevo gobierno elegido por voto popular, se dio fin al gobierno militar que duró 11 años y 10 meses.

El sexto periodo: el marco democrático con el contenido vacío Desde julio de 1980, año en que se concretó la transferencia del poder a la civilidad hasta la actualidad, puede decirse que el Perú vivió su último y más reciente periodo de historia política. Durante este periodo se estableció el marco legal de la democracia y, en principio, se ha respetado la sucesión presidencial definida por el voto popular. Con la Constitución de 1979 se otorgó el sufragio a los analfabetos,29 desapareciendo su exclusión del

29.

No solamente la oligarquía, sino también partidos como el AP y el PAP —que deberían de buscar el apoyo de la gente común— antes de fines de los años setenta no se interesaron por eliminar la restricción del sufragio a los analfabetos, bajo el pretexto de que eran “menores de edad”. En la Asamblea Constituyente de 1978 diversos partidos izquierdistas tampoco demostraron mayor interés en el tema, dado que rechazaban las elecciones mismas, insistiendo en que ellas legitimaban la democracia liberal. En cambio, tanto intelectuales progresistas como los militares en el gobierno propusieron la eliminación del sufragio censitario. En dicha Asamblea se aprobó el sufragio a los analfabetos, porque los promotores del tema y los opositores al mismo acordaron que estos apoyarían la eliminación del sufragio censitario, mientras aquellos darían su consentimiento respecto de otros puntos (Cotler 1968: 184-185; 1988: 170). Por otro lado, el sufragio femenino existía desde 1955 (solo para las que sabían leer y escribir).

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Cuadro 1.9 la ProPorCión estiMada de eleCtores registrados

años

PoblaCión Mayor de edad

(a)*

eleCtores (b)**

registrados

b/a (%)

1939

2.860.671

597.182

20,9

1956

3.974.795

1.575.741

39,6

1963

4.432.600

2.090.718

47,2

1978

8.846.631

4.966.016

56,1

Fuentes: * Las cifras de 1939, 1963 y 1978 son del censo de 1940, 1961 y 1981 respectivamente. La cifra de 1956 es de la estimación de 1955 hecha por el Instituto Nacional de Estadística e Informática. ** Tuesta (2001: 567, 582, 595, 606). Nota: La mayoría de edad corresponde a los de 21 años y más, antes de 1978, y a los de 18 y más, después de este año.

proceso electoral. Este fue un hecho importante porque después de largo tiempo, finalmente, se dio el derecho a participar en la política a cerca de la mitad de la población de adultos (véase el cuadro 1.9). Asimismo, la participación libre en la política fue garantizada legalmente, y se estableció el marco de la democracia que permite el cambio de gobierno por voto popular. A partir de 1980 se realizaron, gracias al voto popular, cambios de gobierno entre el oficialismo y la oposición en dos veces consecutivas (1985 y 1990). Esto sucedió por primera vez en la historia republicana. Este hecho hizo parecer que los procesos y procedimientos democráticos estaban arraigándose. Es importante recordar que la política peruana de la década de 1980 fue básicamente dirigida y sostenida por cuatro partidos políticos: AP, PAP, PPC e IU, la mayoría de los cuales fueron fundados antes de la década de 1970. Aliándose con el PPC, AP, con Fernando Belaúnde, se encargó de administrar el gobierno entre 1980 y 1985. En el siguiente quinquenio, entre 1985 y 1990, el PAP, con Alan García como presidente, El entonces presidente Odría aprobó el sufragio a las mujeres porque pensaba que podría manipularlas, ya que eran generalmente conservadoras e inocentes en asuntos políticos (Tuesta 1994: 32).

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cargó con la responsabilidad de la administración pública. Asimismo, la IU recibió el apoyo de las clases bajas que crearon los movimientos vecinales, los comedores populares, las rondas campesinas, y otras organizaciones populares; y expandió su fuerza e influencia en los gobiernos locales. El jefe de la fuerza izquierdista, Alfonso Barrantes, fue elegido alcalde de Lima en 1983. Por otro lado, en esos años en el Perú surgieron y se sobrepusieron múltiples problemas como: la hiperinflación, la depresión económica, el desempleo, el incremento de la pobreza, el aumento del déficit fiscal, el incremento de la deuda externa, la expansión de las actividades terroristas, el agravamiento del tráfico de drogas y la corrupción. Como resultado de todo ello, a lo largo de los años ochenta el Perú fue cayendo en una aguda crisis. En medio de esta crítica situación, en 1990, Alberto Fujimori fue elegido Presidente de la República. No ahondaremos más nuestro análisis sobre la situación política del Perú durante la década de 1980, sobre el proceso electoral en el que Fujimori triunfó o sobre la política de Fujimori entre 1990 y 2000, ya que los veremos en detalle en la última sección de este capítulo y las siguientes partes del libro. Lo único que necesitamos señalar, respecto del argumento de la siguiente sección, es que en abril de 1992 Fujimori tomó una serie de medidas de emergencia, como la suspensión de la Constitución y el cierre tanto del Poder Legislativo como del Judicial. Estas medidas radicales de Fujimori fueron denominadas como “autogolpe”, porque el presidente civil y constitucional elegido democráticamente derribó las bases constitucionales que validaban su poder gracias al apoyo de las Fuerzas Armadas. Es decir, hacia comienzos de los años noventa se produjo una ruptura del orden constitucional peruano, cuando este solo tenía una existencia de 11 años y 9 meses.

La barrera de los doce años La politóloga norteamericana Cynthia McClintock señala que en el Perú, desde 1919, cualquier forma de política, ya fuera el orden constitucional o la dominación de facto basada en el poder militar, no ha durado más de doce años consecutivos (McClintock 1996: 53). Sobre la base de lo que hemos indicado en esta sección, lo que la estudiosa señala es aplicable también a los años que preceden a 1919, si ponemos como condición la

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exclusión tanto del periodo especial de la Guerra del Pacífico con Chile, entre 1879 y 1883, como el tiempo excepcionalmente estable, entre 1895 y 1914, de la excluyente dominación oligárquica practicada por los “notables” civiles “con bienes y cultura”. Vale decir, si exceptuamos los cuatro años de la Guerra del Pacífico y los 19 años en la época de la oligarquía desde fines del siglo XIX, la historia política del Perú confirma el siguiente enunciado; el país no ha tenido una experiencia con determinadas instituciones que permitan mantener un estado estable en la política por más de doce años. Es decir, no se ha observado hasta el momento que gobiernos considerados legítimos se sucedan sin interrupciones por más de una docena de años, de acuerdo con ciertas normas, reglas y consenso comunes, ya sean estos explícitos o implícitos, escritos o no escritos. Recapitulando la historia política, el Perú independiente se estabilizó, relativamente por primera vez hacia mediados del siglo XIX, cuando por unos veinte años el general Castilla mantuvo la fuerza política. Sin embargo, él mismo se rebeló contra su sucesor y se apoderó nuevamente del poder. De este modo, Castilla mismo rompió la continuidad de la sucesión presidencial institucionalizada, diez años después de llegar al poder por primera vez. La siguiente vez que la política peruana estuvo relativamente estable ocurrió desde el fin de la Guerra del Pacífico hasta el estallido de la emergencia de la oligarquía y su llegada al poder en la así llamada Republica Aristocrática (1895-1919), particularmente por ocho años y nueve meses, cuando el poder político del general Cáceres estaba en auge. Desde 1895, la política peruana vivió una estabilidad excepcional de 19 años. La sucesión presidencial se realizó continuamente entre los civiles, mientras determinado grupo de notables monopolizaba la política. Sin embargo, luego de este periodo la política peruana no se estabilizó. A partir de 1919, Leguía impuso una dominación dictatorial por 11 años y 2 meses; y entre la década de 1930 y la de 1960, no hubo más de 10 años en que no se produjeran golpes o sucesiones presidenciales irregulares. Desde 1968, los militares permanecieron en el poder por 11 años y 10 meses. Sin embargo, en 1975 se produjo un golpe de Estado interno debido a la discrepancia de las líneas a seguir. El golpe de Estado dirigido por Fujimori ocurrió a 11 años y 9 meses de iniciada la época de los gobiernos civiles que comenzaron en julio de 1980 y observaron dos cambios de gobierno consecutivos por voto popular entre el oficialismo y la oposición en 1985 y 1990.

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4. Los principios de la política peruana

Segmentación de la sociedad política peruana por relaciones autoritarias ¿Qué causa la inestabilidad política a la cual el Perú parece estar condenado en el largo plazo? Desde la perspectiva de las instituciones que hemos adoptado en nuestro análisis, podemos suponer que el estado de inestabilidad ha persistido porque históricamente no se han construido las instituciones, o se han construido de manera insuficiente. Desde nuestra perspectiva, que enfatiza la institucionalidad, los trabajos del sociólogo peruano Julio Cotler ofrecen diversas claves para analizar las causas de la inestabilidad política del país (Cotler 1968; 1978; 1988). En esta sección señalaremos algunas características principales de la política peruana tomando en cuenta el argumento de Cotler. Según él, en la política peruana se pueden observar ciertos patrones tradicionales de conducta. Concretamente, la política peruana se consume en la lucha por el poder que los actores políticos propugnan sobre la base del establecimiento de relaciones de clientelismo con intereses individuales, que refuerzan un orden jerárquico estamental que, en última instancia, se remonta a la época colonial.30 En las relaciones clientelistas, un personaje políticamente poderoso, con frecuencia llamado caudillo, ofrece diversos bienes, servicios, empleos o protección a personas o grupos que están bajo su influencia. A cambio de su “benevolencia”, sus subordinados “clientes” le retribuyen con apoyo, obediencia y lealtad políticos así como con otros recursos políticos. De este modo, el clientelismo incorpora el sistema de distribución de intereses y valores, además de ser parte intrínseca de las relaciones del poder político (Cotler 1978: 73-74). Las relaciones clientelistas tradicionales del Perú son verticales, personales, particulares e individuales entre el caudillo-patrón y cada seguidorcliente obediente al primero. En ellas, existe poco espacio para construir un proceso abierto de toma de decisiones basado en la libre participación.

30.

En la sociedad precolombina existían relaciones de reciprocidad, similares a las de patrón-cliente. Retrocedemos la historia solamente hasta la época colonial, porque las características sociales del Perú actual se conformaron en esa época.

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Solamente un grupo minoritario, como el patrón o personaje poderoso y sus allegados, parientes, amigos y conocidos, son los que pueden participar en el proceso de toma de decisiones, formular las políticas importantes e influir en las decisiones. Por su parte, sus seguidores, ubicados en un nivel inferior, no tienen generalmente la posibilidad de hacer prevalecer su opinión ni su voluntad en el proceso de la toma de decisiones y en la formulación de las políticas. La política tradicional hecha de esta manera, sobre la base de las relaciones clientelistas, es básicamente autoritaria, ya que la toma de decisiones está limitada a una pequeña minoría; es decir, es un proceso cerrado, con poca participación y poco transparente. Asimismo, este patrón tiende a monopolizar el poder, los derechos, los intereses e incluso hasta los bienes, considerándolos como el “derecho particular” o la “propiedad privada”. Como resultado de lo anterior, el personaje poderoso “privatiza” la política. El caudillo ofrece protección, acceso a servicios y una parte de su bienes considerados por él como “propiedad privada” a sus seguidores, y recibe a cambio por parte de ellos los recursos políticos necesarios para mantenerse en el poder. El personaje poderoso, así como su agrupación política en el poder, consideran los cargos públicos, las facultades que estos conllevan e incluso el tesoro público como una “propiedad privada”, un botín, haciendo de la corrupción del Estado un patrón constante. Es en parte por ello que en la historia política del Perú se institucionaliza la corrupción en un alto grado (Huber 2008). El Estado no reviste un carácter público que tiene una autonomía y un dinamismo propio; tampoco se fortalece cumpliendo eficientemente con la función de garantizar y promover el desarrollo, la equidad, la redistribución y la justicia. En el fondo, no se produce entre las fuerzas políticas principales un consenso o entendimiento respecto de las funciones a ser cumplidas por el Estado. La “incorporación segmentaria”, una especie de divide ut regnes, comúnmente utilizada por la oligarquía ante la amenaza de la emergencia política de la gente común que no formaba parte de la capa dominante oligárquica,31 constituye una manera recurrente de ofrecer valores y recursos a los clientes por parte del patrón. Si prestamos atención al aspecto de intercambio de valores en las relaciones verticales entre el jefe y sus seguidores, las relaciones clientelistas tienen también un carácter patrimonial.

31.

Al respecto, véase la sección 2 de este capítulo.

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El ejemplo simbólico del carácter patrimonial es la recaudación tributaria. En la época colonial, la recaudación se delegaba a un particular como una de las prebendas favoritas. Después de la Independencia continuó esta práctica hasta fines del siglo XIX, cuando una empresa privada fue creada para tal objeto. Estas empresas privadas cobraban una comisión al entregar al Estado los impuestos recaudados. Fue solo en 1963 cuando se cambió el sistema de recaudación tributaria y el Estado empezó a recaudar directamente los impuestos (Cotler 1978: 130). Por otro lado, en las relaciones clientelistas del Perú, los seguidoresclientes de nivel inferior tienden a interesarse más en subir individualmente de estatus social, y no en estrechar relaciones horizontales o solidarias con los que se encuentran en el mismo nivel socioeconómico, político o cultural —con los que realmente tienen problemas e intereses comunes—. Los vínculos horizontales e intereses solidarios son efímeros. Más bien, los clientes prestan principalmente su atención a las relaciones verticales y, en principio, personales con su jefe-patrón (Cotler 1968: 164-181; 1978: 74). Estas relaciones clientelistas pueden graficarse con la figura de una pirámide con varias líneas verticales pero con una base de una línea de puntos.32 Las relaciones clientelistas del Perú provienen del orden jerárquico de estamentos de la época colonial. Este orden, por su parte, fue forjado bajo la influencia del llamado neotomismo. En el siglo XVI, cuando la España católica finalizó el proceso de la conquista del “nuevo continente” y se vio obligada a gobernar a los musulmanes y paganos, el país europeo, influenciado por la idea del orden jerárquico neotomista, ideó la dominación basada en el orden jerárquico estamental con la forma de pirámide, cuya punta fue ocupada por el rey. Según la percepción neotomista, el Estado es la asociación más perfecta del ser humano, y las facultades de tomar decisiones políticas deben residir en última instancia en el rey (de España) que ocupa el máximo cargo del Estado. Al mismo tiempo, el neotomismo piensa que la sociedad se organiza sanamente con el orden jerárquico, y toda la sociedad se desarrolla en armonía si cada estamento cumple con las funciones asignadas (Cotler 1978: 33-46; Morse 1982: 42-66, 201-214).

32.

Cada punto de la base (cliente) está conectado con la punta (patrón) en una línea recta. La figura está inspirada en la conocida imagen de “un triángulo sin base” (Cotler 1969).

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En el Perú, se ha conformado históricamente una sociedad de “archipiélago” (descrita en la primera sección de este capítulo); es decir, una sociedad segmentada por fisuras sociales, económicas, políticas, culturales y regionales. A lo largo de las fisuras, los personajes poderosos han extendido la red de las relaciones verticales de dominación-dependencia basadas en los vínculos clientelistas y, sobre esta base, han constituido diversas organizaciones políticas como facciones, movimientos, partidos políticos o sindicatos. Mientras estas agrupaciones se interesaron principalmente en obtener y mantener sus intereses y privilegios particulares en el corto plazo, entre ellas se ha generalizado una desconfianza mutua.33 Por ello no se han construido entre las agrupaciones políticas relaciones de confianza. Lo más negativo ha sido que es una constante el oponerse mutuamente con una firme y decidida actitud excluyente. De este modo, la política se ha convertido en un espacio de conflictos entre agrupaciones políticas, y no se ha institucionalizado la conducta de formular acuerdos y objetivos comunes de mediano y largo plazo mediante negociaciones y concesiones. En términos generales, puede decirse que en la política existen tanto los momentos de conflicto como los de colaboración. Sin embargo, en el caso peruano, el estado de conflicto ha sido casi constante. O en los momentos cruciales siempre se ha registrado el estado de conflicto. Estos han repetido las divisiones, incluso entre las fuerzas con la misma orientación política. Este carácter centrífugo de la política peruana ha sido agudizado por la tendencia de “privatizar” la política por parte de sus dirigentes. En pocas oportunidades el diálogo o la discusión han prevalecido en el Perú. En los casos en los que se produjeron, estos no llegaron a forjar ningún consenso, acuerdo o entendimiento eficaz y que se sostenga en el mediano y largo plazo. Si resumimos lo señalado en líneas anteriores, desde la perspectiva de las instituciones, podemos afirmar que en la historia política del Perú republicano se han observado ciertos patrones de comportamiento político. La conformación y el proceso interno de cada agrupación política se estructuran sobre la base de relaciones de dominación clientelistas, verticales, cerradas y autoritarias. Es decir, sí existe ese grado de institucionalidad. Sin embargo, en el nivel más alto, particularmente, en las relaciones 33.

Ya en la época colonial, basándose en la desconfianza hacia sus funcionarios en la colonia, el rey de España ejecutaba la política de divide ut regnes para que ninguno de ellos tuviera un poder comparable con el del rey (Cotler 1978: 42).

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entre las agrupaciones políticas conformadas, los momentos de conflicto y enfrentamiento, más que los de entendimiento, acuerdos o consenso, han pasado al primer plano y predominando en el mediano y largo plazo. Ello no impide reconocer que, en el corto plazo, ha habido ciertos casos de coincidencia de intereses específicos entre algunas agrupaciones políticas, aunque esta haya sido efímera, y se han llegado a realizar acciones políticas conjuntas. Vale decir, no se han creado ni han sido compartidos, ni mucho menos se han acumulado, entre las agrupaciones políticas ciertas formas de entendimiento, determinados patrones de comportamiento comunes, un sistema de reglas o costumbres que controlen los inevitables conflictos que surgen entre dichas agrupaciones. No ha existido un marco común que busque conciliar las relaciones entre las agrupaciones políticas, que permita construir acuerdos, fomentar consensos y establecer ideas comunes sobre el futuro de la sociedad peruana. Como resultado de lo anterior, no se ha forjando una institucionalidad que permita una política estable en el mediano y largo plazo.34 En tal tipo de sociedad política, la idea y práctica mismas de la democracia introducida desde afuera se han visto disminuidas en su posibilidad de contar con un espacio donde efectivamente se materialicen y se institucionalicen. Tampoco se ha arraigado el concepto de que las agrupaciones políticas deban dar cuenta de sus actos políticos ante otras y ante el pueblo en general. Para concluir el análisis de esta sección, veremos desde otro ángulo las razones por las que la política del Perú ha caído en la situación descrita. Esta se ha producido debido a que las relaciones clientelistas autoritarias han venido fragmentando el espacio político peruano en numerosos miniespacios particulares cuyo centro es un personaje poderoso distinto. Mientras se han fabricado diversos miniespacios cerrados y basados en las relaciones clientelistas, cada agrupación política, dueña de un miniespacio político, no reconoce la legitimidad de las otras agrupaciones y considera sus propios 34.

La otra cara de la moneda ha sido que, solamente cuando está en el poder por cierto tiempo un caudillo de mano dura o un pequeño grupo que monopoliza el poder, se produce una estabilidad política relativa. Concretamente, podemos encontrar esto en la época de Castilla, entre las décadas de 1840 y 1850; la de Cáceres, en la década de 1880 y la primera mitad de la de 1890; la dominación de la oligarquía (particularmente del Partido Civilista), desde la segunda mitad de la década de 1890 hasta la década de 1910; el oncenio de Leguía, de la década de 1920. El ejemplo más reciente es el de Fujimori (particularmente entre 1992 y 2000), que será analizado en este libro.

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argumentos y su actitud como un absoluto. De este modo, no se ha forjado el espacio público compartido por los actores políticos; es decir, un espacio basado en instituciones que estén por encima de los intereses particulares. Debido a la necesidad de otorgar a sus seguidores-clientes cierto valor como una demostración de “benevolencia”, el personaje poderoso ha tendido a tener cierta hostilidad hacia otros personajes o agrupaciones. La ausencia del desarrollo económico de mediano y largo plazo y la consecuente no-expansión de la “torta” a repartir, han agudizado los conflictos políticos o la lucha por el poder. En las pocas oportunidades en que ha ocurrido un desarrollo económico, la riqueza producida no ha sido destinada a la redistribución o a la inversión social con una mirada al futuro desarrollo de la sociedad, sino al reparto partidista o al gasto “cortoplacista”. Por ello, ni siquiera ha tenido efecto en extender las relaciones clientelistas existentes. En otras palabras, la política se ha encontrado siempre en una situación en que los personajes poderosos la han considerado como el juego de suma-cero: los intereses entre los que participan son mutuamente incompatibles, la ganancia de uno es la pérdida de otro y viceversa. En última instancia, la política se ha reducido al conflicto personal entre los personajes poderosos. En medio del predominio de esta manera de comprender la política, se ha empequeñecido el espacio de negociaciones o concesiones mutuas. Sin la construcción de un entendimiento, acuerdos u objetivos compartidos de mediano y largo plazo, la lucha por el poder se ha intensificado y la política ha entrado en un callejón sin salida, provocando repetidas veces la intervención militar a través del golpe de Estado (Cotler 1988: 153-162; 1992: 150-151).

La ausencia de “líderes nacionales” y el símbolo de integración Por un lado, la política del país basada en las relaciones clientelistas señaladas anteriormente ha dificultado el nacimiento de lo que podríamos llamar un “líder nacional”, que ejerza el liderazgo de incluir y sobreponerse a las facciones o fuerzas políticas particulares organizadas a lo largo de las fisuras de variada índole que dividen y fragmentan la sociedad peruana. Todos los líderes políticos producidos en la historia peruana han puesto el acento en la consecución de los intereses particulares de su facción, y no han pensado en el Perú en general, desde una perspectiva de mediano y largo plazo (Cotler 1980: 12-13; 1991: 172-175).

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Como hemos citado al principio de este capítulo, el naturalista alemán Humboldt escribió que, de todas las ciudades latinoamericanas visitadas por él, Lima era la menos patriótica; que en esta ciudad pululaba un “egoísmo frío”. 35 Por otro lado, la oligarquía, hacedora de la estabilidad política por cierto tiempo, entre fines del siglo XIX y comienzos del siguiente, aceleró el proceso de desarrollo de “enclaves” con empresas extranjeras que invertían en el Perú, pero que no tenían una identificación con el país. José de la Riva-Agüero, pensador de esos años, criticó duramente a la oligarquía por su “endeble y relajado... sentimiento patriótico”, “incomprensión de las seculares tradiciones peruanas”, su “estúpido y suicida desdén por todo lo coterráneo”, así como su “sórdido y fenicio egoísmo”. A la oligarquía le faltaba dibujar y tener un panorama en relación con su rol político en el desarrollo del Perú. Es decir, no tenía una perspectiva amplia sobre el país en que se encontraba y lo que debería ser el futuro del mismo. Para la oligarquía, la política significaba solamente el manejo de ciertos mecanismos para mantener su estatus social (Bourricaud 1989: 64-65). En tal situación, la oligarquía nunca tuvo la idea de proponer ningún plan o proyecto de desarrollo considerando a todo el Perú. Algo pareció cambiar en 1963 cuando, bajo un efímero gobierno militar, se creó el Instituto Nacional de Planificación, entidad encargada de diseñar un proyecto de desarrollo con alcance nacional. Sin embargo, algo de esta envergadura solo se produjo años después. El primer proyecto de desarrollo puesto en práctica a escala nacional fue el plan de cinco años propuesto en 1971 35.

Como crítica a este enunciado del sabio alemán, algunos historiadores argumentan que la descripción citada de Humboldt forma parte de una carta dirigida a un conocido suyo, quien vivía en Quito, y dado que en aquel entonces Lima y Quito se encontraban en un estado de rivalidad, se puede señalar la posibilidad de que el alemán escribiera la carta para complacer al quiteño, quien lo había atendido bien en la capital del actual Ecuador; y en otro documento escrito por el naturalista en estos años y guardado en Estados Unidos, Humboldt alababa la apertura y progresismo de Lima (Hampe 2002). Sin embargo, debemos tomar en consideración que el alemán admiró en el otro documento la apertura y progresismo en química, matemática y medicina, mas no en la política, tema de nuestro interés. Y aun en el caso de que el estudioso alemán hubiera exagerado la descripción, su observación —el “egoísmo frío” en la política se observaba en Lima más fuertemente que en otras ciudades— sigue siendo sumamente sugerente e inspirador para pensar la política peruana desde la Independencia hasta la actualidad.

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por el gobierno de Velasco.36 Después de este plan, aunque cada gobierno propuso el suyo hasta la década de 1980, los contenidos carecían de aspectos concretos y de implementación, y cada plan se descontinuaba con cada sucesión presidencial, sin profundizarse la comprensión ni crearse el consenso en torno a la dirección del mismo en el pueblo peruano. En el mejor de los casos, cada plan de desarrollo fue entendido como el proyecto personal de cada presidente. Además de esto, la continuidad de los planes fue interrumpida, no solamente por el cambio de gobierno, sino también por el péndulo de la política económica, que generalmente oscilaba entre el liberalismo del mercado y el intervencionismo estatal (Gonzáles y Samamé 1991). De este modo, en el mediano y largo plazo, la continuidad de la política económica se perdió en dos aspectos: por el cambio de gobierno y por el de la dirección económica. Como hemos indicado antes, mientras la oligarquía resistía la emergencia de las fuerzas políticas que buscaban la reforma social e iban adquiriendo fuerza política desde comienzos del siglo XX, basadas en el apoyo de la gente común, mantenía su estatus realizando la “incorporación segmentaria”. Aparte de practicar la política de divide ut regnes a través de esta, la oligarquía tuvo una actitud intolerante frente a las fuerzas impulsoras de la reforma social. Por su parte, estas últimas, cuyas demandas fueron rechazadas por la oligarquía, fueron endureciendo su posición. Esta tendencia se agudizó más debido a la percepción del juego de suma-cero que tenían los caudillos y sus agrupaciones políticas basadas en relaciones clientelistas. De este modo, la actitud intolerante que buscaba una victoria total en la lucha política se extendió en toda la sociedad política. En este contexto, las negociaciones, las transacciones o las concesiones fueron interpretadas como un signo de debilidad y como algo negativo (Bourricaud 1989: 302303; Cotler 1991: 166-167). Por otro lado, fue difícil esperar un liderazgo nacional por parte de las clases medias y populares que no formaban parte de la oligarquía (Bourricaud 1989: 79-80; 99-102, 118-120, 136-137, 150-151). En primer lugar, las clases medias aspiraban a elevar su estatus social, y aunque criticaban y se oponían en cierto grado a la política oligárquica, tenían temor a una 36.

Debemos anotar que se trató de las iniciativas de militares “ilustrados”, no de fuerzas políticas civiles. Otro ejemplo de la falta de un liderazgo político civil con alcance nacional.

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reforma radical que eliminara el meollo del poder político de dicho grupo. Actuaban de esta manera porque consideraban que dicha reforma provocaría una situación caótica o una revolución de la que saldrían perdiendo. Por eso, en lugar de enfrentarse frontalmente a la oligarquía, las clases medias exigían la realización de sus intereses particulares, y se contentaban con la posibilidad de que sus reclamos fuesen satisfechos y su estatus social se elevase un poco. De este modo, las clases medias se convirtieron en las beneficiarias de la “incorporación segmentaria”. Estas no se consideraban en realidad actores autónomos con valores propios ni con una imagen del futuro de un Perú deseable; ni mucho menos sometieron propuestas originales a la opinión pública en la sociedad peruana. El grupo de burócratas del Estado también era parte de las relaciones clientelistas y formaba parte de la oligarquía. El Estado peruano no contaba con un mecanismo propio de seleccionar y capacitar a los funcionarios, excepto a los diplomáticos. Su designación y promoción dependían de la disposición de los políticos.37 En estas circunstancias, no se produjeron momentos en que los funcionarios tuvieran la iniciativa de pensar en el desarrollo de todo el Perú. Igualmente, la gente común se integraba en las relaciones clientelistas de algún personaje poderoso; o acudía a la violencia esporádica y limitada dentro de cierto alcance, después de ser arrinconada por las dificultades socioeconómicas y solo cuando no tenía nada más que perder. Además de los “líderes nacionales”, no se ha forjado ningún símbolo evidente que posibilite integrar a todo el Perú. Hay que recordar que, al independizarse de la dominación colonial de España, el Perú no produjo ningún gran héroe independentista, en particular alguno renombrado internacionalmente, porque la entonces clase dirigente, de raza blanca, tenía un fuerte sentimiento de pertenencia a España y tenía una fuerte resistencia a la independencia. Quien declaró la Independencia del Perú, organizó el primer gobierno republicano y fue el primer jefe de Estado fue 37.

En algunos países latinoamericanos, el Banco Central (el que emite la moneda nacional) selecciona y capacita a sus funcionarios. Pero en el caso peruano, hasta antes del gobierno de Fujimori, hubo bastante interferencia política en este aspecto (entrevista 54). Recordemos también que hasta el año 1969 los miembros del directorio del Banco Central peruano fueron nombrados por empresarios, incluso la entonces poderosa Sociedad Nacional de Minería y Petróleo y la banca (que supuestamente el Banco Central controlaría y fiscalizaría) (Mauceri 1995: 10). No fue hace mucho tiempo que esta entidad dejó de ser una “prebenda” de los empresarios peruanos.

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José de San Martín, nacido en la actual Argentina y uno de los líderes de la guerra de independencia en Sudamérica. Como sugieren estos hechos, el Perú no tiene un símbolo que marque una ruptura definitiva entre la época colonial y la republicana. De tal modo que sobrevive una especie de lamento en que “la colonia aparece... ‘como la única tradición posible’” de los peruanos después de la Independencia (Adrianzén 1990: 21-22). Sin embargo, el pasado colonial tiene diferentes sentidos para distintos grupos de gente, como los indígenas, mestizos y blancos, y se convierte muchas veces en un “símbolo de división” (Bourricaud 1989: 212; Cotler 1993: 7-8). Más bien, desde la Independencia hasta la actualidad, se ha sentido la necesidad de crear un símbolo que trascienda las experiencias de las etapas históricas prehispánica, colonial y republicana, y tenga algún contenido positivo para el futuro. El estado político de los así llamados indígenas ha reflejado también las características de la política peruana descritas en esta sección. Desde antes de la conquista de España, la población que sería categorizada más tarde como indígena consistía en diversos grupos étnicos. Es decir, entre ellos no se formó la conciencia de una identidad única. Esta situación no cambió bajo el imperio inca, que fue el último en unificar un amplio territorio antes de la conquista española. Durante la dominación colonial, y después de la Independencia, la conciencia de identificarse como una comunidad indígena no ha sido forjada. Al contrario, durante el siglo XX, los grupos indígenas, fragmentados, han sido absorbidos por diversas facciones partidarias de la izquierda.38 En cambio en los países vecinos de Ecuador y Bolivia, donde los indígenas ocupan también un porcentaje 38.

Según los antropólogos, el quechua, idioma indígena y lengua materna de muchos habitantes en la sierra, fue difundido como “lengua común” por el imperio inca y se arraigó en la mayor parte de la sierra en la época colonial entre los indígenas. Sin embargo, no se ha formado ninguna conciencia de identidad basada en el quechua. También existen diversos dialectos en el quechua, y la diferencia entre ellos es en algunos casos insuperable: el quechua del sur, como el de Cusco, es comprensible para los quechuahablantes de la sierra central de Ayacucho, pero no para los de la sierra norte, como los de Cajamarca. Aunque se trata de cifras incompletas, según el censo de 1993 el 19,5% (unos 3,7 millones de personas) del total (unos 19 millones) declararon que el quechua u otro idioma indígena era su lengua materna. En cinco departamentos de la sierra (Apurímac, Ayacucho, Cusco, Huancavelica y Puno), el porcentaje de los que tienen algún idioma indígena como lengua materna es superior al de los del castellano y, al mismo tiempo, sobrepasa el 50% (Webb y Fernández 1994: 245).

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significativo de la población, los movimientos indígenas han cobrado fuerza políticamente desde los años setenta, convirtiéndose ahora en una de las fuerzas más importantes en la política. El Perú no ha seguido este derrotero; después de dividirse en pequeños grupos, los indígenas han tendido a fraccionarse aún más (Degregori 1993: 113-124). 5.

La conciencia política de los peruanos

La población pendiente de los resultados y el surgimiento de un salvador Debemos indicar al mismo tiempo que la inestabilidad política tiene que ver con la conciencia tradicional sobre legitimidad; es decir, el dar importancia al resultado, especialmente por parte de la gente común. Esta conciencia tradicional de legitimidad tiene su origen en el orden jerárquico de segmentos surgido en la época colonial y mencionado en líneas anteriores. Según dicha conciencia tradicional, a diferencia de Europa y Estados Unidos, la fuente de la legitimidad política no estriba en respetar las reglas y los procedimientos en torno a procesos de elección de gobernantes y de la toma de decisiones políticas. Al contrario, el juicio sobre la legitimidad depende de la capacidad de los políticos para satisfacer las demandas socioeconómicas en las cuales los gobernados están interesados desde la perspectiva de corto plazo. Es decir, se da importancia al resultado que dirigentes políticos capaces y hábiles realicen por “el bien común”, más que a procesos y procedimientos. Y esta noción se complementa con la idea de que la soberanía debe ser delegada en los dirigentes —en lugar del rey como lo fue en la época colonial— que se considere que tengan tal capacidad; o en el mismo Estado sostenido por estas personas (Morse 1982: 42-66, 201214).39 En este libro, calificaremos de “plebiscitaria” la actitud producida por la legitimidad de resultado (Parodi ed. 1993: 21-86).

39.

Como argumenta Morse, la subsistencia de un pensamiento con fuerte influencia del neotomismo en el Perú y otros países latinoamericanos no significa que en realidad haya existido el “Estado orgánico” o el “sistema corporativo” en esta región, tal como se propusieron en la década de 1970. El “Estado orgánico” es el Estado construido sobre la base del principio de que el Estado se mantiene armonioso mientras se guarde el orden jerárquico social. El “sistema corporativo” es aquel donde diversos gremios

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Bajo la influencia de la conciencia tradicional, mucha gente común espera la superación de los diversos problemas socioeconómicos que enfrentan encontrando un personaje políticamente poderoso en quien delegar su solución. De esta manera, se incorporan a sus relaciones clientelistas. Vale decir, están a la expectativa de que aparezca un salvador que pueda superar los problemas inmediatos. Este tipo de actitud de la gente común no solamente fue observado cuando la mayoría de los peruanos vivían en la inercia del orden rural, sino también en el proceso de cambio social registrado desde fines del siglo XIX. Casi todos los movimientos de trabajadores y campesinos emergidos en el proceso de cambio social tenían la esperanza de la realización de sus demandas particulares, y se incorporaron a relaciones clientelistas construidas por determinados políticos. Por otro lado, los que estaban expuestos al cambio social y no podían esperar más de la benevolencia de los conformados según su categoría profesional se incorporan al dominio del Estado. Morse aclara que él trata del pensamiento, la visión del mundo y su historia; y para estudiar el sistema y desarrollo concretos de la política latinoamericana, debemos analizar las condiciones y circunstancias históricas y políticas de cada país (Morse 1982: 9-11, 218-220). El estudioso norteamericano agrega que la influencia del neotomismo es ibérica, mas no católica ni mediterránea, como algunos sugieren. Por otra parte, la postura de enfatizar la cultura política descrita aquí es distinta de la posición que atribuye a la crítica situación vivida desde la década de 1980 la opción de muchos peruanos por la política autoritaria en los años noventa (Alarcón 1992: 41-44; Panfichi 1997: 235-236). La primera perspectiva no niega que la profunda crisis de los ochenta haya intensificado la tendencia de muchos peruanos de cambiar su apoyo político según sus expectativas de corto plazo, pero considera que dicha tendencia ya existía antes de esa década. Por ello, el ángulo de la cultura política, interpreta que existe una condición más difícil de superar con miras a la consolidación y profundización de la democracia en el Perú. De igual modo, nuestro punto de vista es distinto del análisis de que, con la crisis económica y la informalización, muchos peruanos debilitaron la autodefinición o la conciencia clasista como trabajadores y dieron prioridad a las actividades personales para sobrevivir más que a las colectivas (Cameron 1994: 18-143; 1997: 37-50). Vale decir, podemos pensar que la gente común con interés cortoplacista y pragmático tomaba acciones colectivas antes porque las mismas daban fruto concreto, o podía tener la expectativa de este resultado; pero desde la década de 1980 ha cambiado a las acciones personales, ya que las colectivas no han dado resultados concretos, o no han causado ya las expectativas de resultados concretos. El modo de pensar detrás de las dos distintas actitudes no ha cambiado. Vela (2004) considera que las características señaladas constituyen los elementos culturales de la informalidad de la sociedad. Lo que no debemos olvidar es que, a diferencia de lo que sugiere este análisis, la informalidad en la política no se limita al fenómeno de las últimas décadas, como indica el argumento sobre las instituciones en el capítulo anterior.

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terratenientes, abandonaron el campo para migrar a la ciudad. Se encontraron entonces enfrentados en la urbe a diversos problemas socioeconómicos como el desempleo, el subempleo, la pobreza y la falta de vivienda, y pasaron a organizar sindicatos y movimientos vecinales. En estos casos, ellos también buscaron un nuevo patrón para superar los mencionados problemas, tanto en el ámbito personal como en el de actividad colectiva.40 Como se observa en la decisión de los migrantes del campo a la ciudad, la importancia asignada al resultado concreto puede motivar a los seguidores-clientes a desistir de la dependencia del patrón que tenían hasta entonces y a separarse de sus relaciones clientelistas. Ello ocurre especialmente cuando el patrón no logra dar el fruto esperado o cuando los seguidores-clientes consideran que ya no pueden esperar más resultados concretos de dicho patrón. Por otro lado, en la ciudad, la lealtad de los clientes a un patrón no es tan sólida como lo fue tradicionalmente en el campo, y las relaciones verticales entre la gente común y el personaje poderoso se vuelven más inestables, porque las demandas socioeconómicas son mayores y más variadas. A ello se agrega el hecho de que se encuentran más personajes poderosos y fuerzas políticas que en el campo (Cotler 1968: 190-191). De igual manera, en el campo, con el trasfondo del cambio social, tiende a relativizarse la lealtad que sostiene las relaciones clientelistas, dado que además de la creciente decepción de los seguidores-clientes con su patrón tradicional, durante la segunda mitad del siglo XX diversas agrupaciones políticas empezaron a hacer actividades en la zona rural.41 De este modo, en relativamente corto tiempo, se produce el fenómeno de cambio de apoyo político de un personaje poderoso a otro en la gente común. Analizando lo mencionado desde otra perspectiva, es posible distinguir que la lealtad es ofrecida por los seguidores a un personaje poderoso debido al pragmatismo. Es decir, se pone como condición del apoyo al patrón el resultado concreto o la expectativa que este puede lograr. La lealtad sujeta al resultado existió antes: en la época en la que los electores estaban restringidos a una pequeña minoría, y cuando la relativa estabilidad política estaba sostenida por la oligarquía. Entonces, existían los llamados 40.

A este respecto, véase entre otros los estudios de Balbi (1989), Bourricaud (1989: 106107), Collier (1978), Cotler (1980: 26-30), Dietz (1986; 1998), Driant (1991), Stokes (1995: 16-31), Stein y Monge (1988: 13-14, 127), y Rénique (2004: 129-179).

41.

Véase también Cotler (1978: 302).

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“capituleros”, quienes antes de la votación se encargaban, como instrumentos de los políticos, de reunir y asegurar los votos a escondidas. Las relaciones entre los “capituleros” y los políticos se basaban en la “lealtad condicionada” a recompensas económicas (Águila 1997: 168-175). Como ejemplo del clientelismo político de las últimas décadas se encuentra el caso de los sindicatos a fines de los años setenta. Sus miembros esperaban de sus dirigentes el logro de una mejora de sueldos y de condiciones laborales. A cambio, participaban en el sindicato. Sin embargo, una vez que estas demandas dejaron de ser satisfechas, la mayoría de los miembros del sindicato se alejaron de los dirigentes a quienes habían seguido hasta entonces, y buscaron a otros (Parodi 1986: 181-182). La conducta se repite durante la década siguiente, en el caso de los movimientos vecinales, las actividades organizativas realizadas de manera mancomunada por las mujeres de las clases bajas que viven en ciudades como Lima o en el comportamiento de los habitantes frente a los gobiernos municipales asumidos por IU. Repetidas veces, los dirigentes y políticos fueron evaluados por la gente común con la lupa de la importancia que daban a los beneficios y resultados esperados desde una perspectiva “cortoplacista”. Como consecuencia de esto, el apoyo de las clases bajas cambió en gran escala en el transcurso de unos pocos años.42 Como hemos escrito, en 1980 el derecho a la participación política fue otorgado a los analfabetos, y casi la mitad de la población de adultos se incorporó a la sociedad política oficial. Desde entonces, el porcentaje de las clases bajas ha sido sumamente alto en el total de los participantes en la política. En esa medida, podemos decir que la incorporación de los analfabetos ha intensificado la tendencia “plebiscitaria” y, consecuentemente, la inestabilidad en la política peruana.

Una democracia “a la criolla” que da importancia a los resultados La actitud de dar prioridad a los resultados concretos conduce también a la despreocupación por el proceso, el procedimiento, la forma o la manera de lograr resultados. En el Perú, esta conducta se confunde con lo que se llama criollismo o viveza criolla: se trata del patrón de pensamiento y comportamiento inventado por los aspirantes a elevar su estatus social bajo la condición de una sociedad estrictamente jerárquica y una política 42.

A este respecto, véase los trabajos citados en la nota 11 de este capítulo.

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cerrada y dominada por personajes poderosos pero minoritarios. Este patrón se originó en las clases dominantes de los blancos descendientes de españoles pero nacidos en el Perú, llamados criollos, y se extendió a toda la sociedad peruana; incluso a sus capas más bajas (Osonoi 1995: 21-24; Panfichi y Francis 1993: 237; Salazar 1964: 20-24). El criollismo le da importancia a tomar acciones, en cada fase de las relaciones sociales, para que la situación resulte lo más favorable y ventajosa para quien lo practica. Se estimula la combinación —a veces contradictoria— y máxima utilización de diversas maneras de encarar una situación, de astucia, de inescrupulosidad, de ofensiva, de defensiva, de cautela, de lisonja, etc., de acuerdo con las circunstancias que se presentan. Se le alaba como un “vivo” al que puede “sabérselas todas”. Para lograr objetivos o conseguir provecho propios, no se titubea en ocultar durante todo momento la verdadera intención, y se acepta el tramar conspiraciones e incluso traicionar inescrupulosamente a sus amigos y conocidos, cambiando de posición. Es un mundo basado en el ángulo “cortoplacista”, el egocentrismo y la desconfianza en los otros casi generalizada. En un medio donde prevalece un pensamiento y una actitud basados en el criollismo, cada individuo solo se fija en la situación inmediata de corto plazo. No hay tiempo para pensar políticamente desde una perspectiva de mediano y largo plazo. Al mismo tiempo, en este contexto, es difícil dar importancia a actitudes democráticas, como llegar a cierto entendimiento compartido o acuerdo con otros mediante la profundización de la discusión abierta, y a asumir la explicación de los comportamientos propios. En el mundo del criollismo tampoco se asume la responsabilidad política de los actos —la responsabilidad de consecuencia—. Por otro lado, en el criollismo, la persona que con sinceridad cree en las leyes y las reglas es considerada un “tonto”, un “zonzo” o, en una expresión local, un “caído del palto”. Se considera que el “vivo” debe aprovechar al máximo la situación dada para sí mismo y lograr los objetivos previstos, incluso haciendo caso omiso de las instituciones explícitas e implícitas —ciertos acuerdos, reglas, entendimiento o marco general—, que existen originalmente para sostener y reglamentar la comunidad social. Una frase utilizada en el Perú resume esta dinámica: “el vivo vive del zonzo, y el zonzo de su trabajo” (Hildebrandt 1994: 452). En una sociedad donde el criollismo prevalece, la ley, una de las instituciones públicas y explícitas, debe quedar sin ser realmente cumplida,

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porque la misma tiene un contenido que refleja un ideal avanzado, más allá de la realidad cotidiana de la sociedad. Aún en la actualidad subsiste el principio que dice que “la ley se respeta pero no se acata”. Esta máxima tuvo su origen en una práctica colonial derivada de la interpretación arbitraria de la ley que se hacía según las situaciones reales de la colonia. De tal modo que la ley emitida en la metrópoli española se dictaba sin tomar en consideración la realidad de la colonia. Asimismo se considera válido tener indulgencia en aplicar la ley de acuerdo con las relaciones clientelistas. Tal como dijo una vez el dictador mexicano Porfirio Díaz (1876-1911): “Para mis amigos, todo; para mis enemigos, la ley”.43 La actitud de eludir el proceso y procedimiento de la política dio origen también a la tendencia de tolerar los golpes de Estado. Diversos golpes, producidos varias veces entre 1930 y 1980 en la caótica lucha por el poder político, fueron aceptados por la gente común debido a la expectativa de que se superaría el estancamiento político y se cumplirían múltiples demandas (Pease 1981: 441). Al hacer política, las agrupaciones políticas como los partidos y los sucesivos gobiernos han presupuesto la legitimidad y el criollismo descritos en las líneas anteriores, y simultáneamente los han aprovechado para sostener o expandir su apoyo popular.44 Es decir, no han construido acuerdos o entendimientos en cuanto a determinados planes de mediano y largo plazo, ni han reunido esfuerzos por lograrlos. Además de esto, han abandonado totalmente la pedagogía política de educar al pueblo en la necesidad de institucionalizar la participación política y el proceso de toma de decisiones democráticas. 43.

En la década de 1980, algunos estudiosos señalaron algo similar a la tendencia “plebiscitaria”. Por ejemplo, Matos apuntó que la actitud de que “se acepta lo que conviene”, constituye una de las características de los movimientos sociales emergentes desde los años setenta (Matos 1987: 51). De Soto, por su parte, anotó que desde 1940 los pobladores habían sido pragmáticos al dar su apoyo a dirigentes que pudieran cumplir lo que conviniera al interés popular, independientemente de las líneas políticas o las ideologías (Soto 1990: 41, 285). Sin embargo, estos estudiosos no profundizaron en esta orientación pragmática, presumiblemente porque no les interesó demasiado. Matos propuso “abrir su camino propio [del Perú] al socialismo […] recogiendo selectivamente lo positivo que ha surgido en las últimas décadas” (Matos 1987: 21). De Soto confesó que su estudio era “político más que científico” (Soto 1990: 16).

44.

La tristemente célebre frase de Odría, “la democracia no se come”, sintetiza la tendencia “plebiscitaria” detallada en esta sección.

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En relación con lo explicado en esta sección, debemos agregar que en el Perú se observan algunos casos en que el término democracia se usa con un significado distinto del de los Estados Unidos y Europa; en parte, por la influencia de la legitimidad tradicional descrita anteriormente. En Estados Unidos y Europa, la democracia se refiere principalmente al proceso y procedimiento de seleccionar dirigentes o gobernantes conforme con reglas acordadas, así como conducir a cierto consenso mediante la discusión abierta, con la participación libre, sin importar de antemano los resultados, porque buscan la legitimidad en el cumplimiento efectivo de las reglas y procesos sobre la selección de gobernantes y la toma de decisiones. A diferencia de estos, en el Perú la legitimidad se basa, sobre todo, en la capacidad de los políticos para satisfacer las demandas de corto plazo que los gobernados tienen, o en la expectativa que ellos tienen en torno a dicha capacidad. Por eso, el término democracia tiende a significar el resultado que los políticos y gobernantes capaces y competentes realicen en relación con el “bien común”, más que el proceso y procedimiento de su consecución. En la escena política aparecen políticos que insisten en tal tipo de democracia, y muchos piensan que el destino de la democracia es tomar la actitud “plebiscitaria”; vale decir, buscar dirigentes políticos capaces de dar resultados concretos, delegar todo en los dirigentes de quienes se pueden esperar resultados. Además de esto, por darle importancia excesiva a los resultados concretos, determinadas medidas radicales son consideradas legítimas y democráticas, aunque estas no pasen por un proceso o procedimiento político democrático como elecciones, referéndum o la discusión pública. 6.

Los partidos políticos no democráticos

Los partidos caudillescos y alejados del ideal democrático Los partidos liderados por caudillos y alejados del ideal de la democracia en el Perú son otro acápite que merece ser analizado. Ellos reflejan típicamente las características de la política peruana señaladas en las secciones anteriores. Generalmente, los partidos políticos se definen como agrupaciones organizadas de acuerdo con la convergencia o concordancia de aspiraciones y orientaciones políticas; se trata de agrupaciones políticas que se encargan del poder o pretenden hacerlo con el apoyo de los electores. Los partidos políticos peruanos son un ejemplo de las relaciones clientelistas.

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En la discusión de los partidos peruanos en la década de 1990, se diferencia entre los “partidos políticos tradicionales”, que dominaban la política de la década anterior, y los “movimientos independientes” que adquirieron fuerza en la nueva década. Los segundos son tratados en una categoría independiente de los partidos. En esta sección, definimos los partidos políticos en el sentido más amplio, vale decir, como todas las agrupaciones políticas que buscan llegar al poder, y no distinguimos entre los “partidos políticos tradicionales” y los “movimientos independientes”, llamando a ambos partidos políticos. Como veremos en el análisis de la década de Fujimori, los “partidos políticos tradicionales” y los “movimientos independientes” tuvieron en común las características estructurales que describiremos en esta sección. En términos generales, podemos dividir en tres tipos de estudio los numerosos análisis existentes de los partidos políticos peruanos (Tanaka 1998: 24-28). El primer tipo de análisis se basa en la perspectiva relativamente de corto plazo y pone énfasis en la situación y los problemas que los partidos políticos encararon en la década de 1980. Dentro de este ángulo, podemos distinguir dos diferentes entradas: una entrada resalta la incapacidad, los límites de acción y los problemas de los partidos como actores políticos45 y la otra da importancia a los efectos negativos del presidencialismo, el sistema de partidos (la estructura general conformada por los principales partidos políticos) o el sistema electoral en los partidos políticos.46 El 45.

Entre los trabajos que principalmente enfocan los problemas de los partidos políticos en la década de 1980, Adrianzén (1992b; 1993), Aranda et al. (2009), Bernales (1993; 1995), Cameron (1994; 1997), Conaghan (2000), Crabtree (1994), Dargent (2000), Dietz (1998), Dietz y Dugan (1996), Durand (1996a), Grompone (1991; 1996; 1999), Grompone y Mejía (1995), Guerra (1996), Kenney (2003; 2004), Levitsky y Cameron (2003), López (1991; 1994), Lynch (1999; 2000), Mauceri (1995; 1996), McClintock (1993; 1996), Pásara (1988; 1994), H. Pease (1999), Planas (2000), Revesz (1996), Roberts (1998; 2006), Rospigliosi (1994), Sagasti y Hernández (1994), Stokes (1995), Tudela (1993), Vega-Centeno (1994).

46.

Los estudios que analizan los efectos del presidencialismo y el sistema electoral son McClintock (1994) y Tuesta (1995), entre otros. Nos parece, a lo mejor, secundario el factor del sistema electoral respecto del tema, porque en tres oportunidades (1980, 1985 y 1990) se realizaron las elecciones presidenciales bajo el mismo sistema y el resultado de 1980 y 1985 (la victoria del candidato de un partido político) es distinto del de 1990 (el triunfo de un independiente): en otras palabras, si hubiera un cambio en el sistema electoral, entonces podríamos suponer la existencia de algunos efectos directos del sistema en los partidos.

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segundo tipo de estudio pone acento en la perspectiva histórica y analiza en el mediano y largo plazo los problemas estructurales de los partidos políticos.47 Profundiza en los trasfondos de la incapacidad partidaria que el primer tipo de estudios tiende a mencionar ligeramente. El tercer y último tipo de estudio es revisionista: vale decir, a diferencia de la mayoría de análisis que señalan los límites de los partidos políticos en los años ochenta, argumenta que ellos funcionaban hasta 1989, pero fracasaron en adaptarse al cambio en la esfera central de la política a fines de esa década, cuando los intereses de nuevas organizaciones y los movimientos sociales perdieron el terreno de la importancia política que habían tenido hasta entonces y, en su lugar, el peso de la opinión pública se incrementó y prevaleció.48 Nuestro análisis se basa en la perspectiva histórico-estructural y la combina con el análisis de los fracasos de los partidos en la década de los ochenta.49 47.

Como análisis de la perspectiva histórico-estructural, se encuentran Cotler (1988; 1992; 1995b) y Mauceri (1997b), entre otros.

48.

Véase el argumento de Tanaka (1998).

49.

Nuestro ángulo es similar a Carrión (1998: 61-63). Tenemos ciertas observaciones sobre el argumento revisionista de Tanaka. El estudioso peruano presta atención principal a la función de la representatividad de los partidos políticos, y usa los “requisitos mínimos” para medir su funcionamiento. Argumenta que ellos funcionaban hasta 1989. Los “requisitos mínimos” son: representar a los ciudadanos en el terreno electoral, intermediar entre los intereses de los grupos de interés y los movimientos sociales, y mantener vigente, entre los actores relevantes, el pacto fundamental expresado en la Constitución. Sin embargo, se espera que los partidos cumplan no solamente con la función de representatividad, sino también con otras, y no es suficiente argumentar su funcionamiento solo en este aspecto. Al mismo tiempo, limitándose a los “requisitos mínimos”, la posición revisionista no toma en consideración algunos defectos importantes como: la volatilidad de los electores y, como consecuencia de esto, las relaciones frágiles o temporales entre ellos y los partidos políticos; la falta de propuestas concretas para superar los problemas socioeconómicos o la incapacidad de ponerse de acuerdo entre los partidos sobre estos temas; y la consecuente merma de la confianza del pueblo en el marco democrático, el fracaso en convencer al pueblo de la importancia de dicho marco político y el arraigar la democracia entre los peruanos. Tanaka mide la representatividad electoral como la suma de todos los partidos políticos, pero intencionalmente descarta el uso del índice denominado volatilidad electoral (Tanaka 1998: 72), que compara el nivel de votación de cada partido político entre un proceso electoral y el otro, y de este modo demuestra el nivel de arraigo de los partidos en la sociedad. El Perú tiene un alto nivel de este índice, lo que significa que los principales partidos políticos no tienen relaciones sólidas ni estables con el pueblo (Mainwaring y Scully 1995: 8). De la misma manera, Tanaka basa su argumento sobre la fortaleza de los partidos políticos, en la

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Originalmente, los partidos políticos son los principales actores intermediarios entre el Estado y la sociedad. Los llaman la línea vital de la política moderna, dado que la democracia moderna no funciona sin los partidos políticos. Concretamente, a los partidos se les exige cumplir con cuatro funciones: (a) articular los intereses y opiniones del pueblo; (b) desarrollar la discusión de las propuestas políticas y construir el consenso; (c) hacer la docencia política a la gente común, aumentar su interés en la política y promover su participación activa en la política; y (d) formar y seleccionar a los dirigentes políticos o, eventualmente, cubrir su vacancia. En el Perú, los partidos políticos se forman sobre la base de las relaciones clientelistas y tienen una esencia caudillista, sin haber cumplido con la función de intermediarios entre el Estado y la gente común, como indica el tipo ideal de partido. Los partidos políticos peruanos se caracterizan por la fuerte influencia y control del jefe máximo, la falta de democracia interna, los frágiles lazos con la sociedad, las relaciones de no-colaboración con otros partidos, y la incapacidad de generar propuestas eficaces y hacer docencia política al pueblo. A continuación, explicaremos estos rasgos.

El jefe máximo como eje del partido La primera característica de los partidos políticos es el peso del jefe máximo. Este personaje poderoso tiene una fuerte influencia y desempeña el composición del Congreso; vale decir, en el hecho de que hasta antes del “autogolpe” los partidos ocuparon la mayoría de escaños (Tanaka 1998: 72-73). Sin embargo, el hecho de tener determinado nivel de fuerzas en el Congreso, en sí, no comprueba la existencia de las organizaciones partidarias arraigadas en el pueblo. Esto quedó demostrado después del “autogolpe”, y ha sido así porque las fuerzas que han ocupado determinado nivel de escaños no han sido los partidos sólidos. Hablando figuradamente, el argumento revisionista resalta la importancia de mantener el esqueleto sin considerar el hecho de haberse quedado sin carnes y haber estado con osteoporosis. Pero si el esqueleto se desmoronó por la falta de carnes así como por la gravedad de dicha enfermedad, debemos poner en discusión estos dos problemas. Además, Tanaka critica el análisis del dominio del jefe máximo en el partido político, basándose en el ejemplo de cuando García intentó estatizar la banca en 1987 y finalmente no logró su objetivo debido a la oposición de una parte de su partido (Tanaka 1998: 154-155). Es cierto que hay casos en que el dominio del jefe en el partido no es absoluto; sin embargo, debemos señalar que este tipo de sucesos nunca han dado origen al cambio total de los dirigentes partidarios, y como consecuencia en el mediano y largo plazo siempre hemos observado las mismas caras en los altos cargos de los partidos. Véase también la nota 9 del capítulo II.

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rol principal en todos los aspectos importantes de la vida partidaria. En casi todos los casos, el fundador es al mismo tiempo el jefe máximo, y el caudillo que tiene que ver estrechamente con la existencia, presencia y duración de su partido. Tiene, además, un rol importante en todos los procesos de administración partidaria. El fundador organiza el partido en una forma de pirámide, desde arriba, basándose en las relaciones clientelistas, verticales y personales establecidas en el intercambio entre la benevolencia y la lealtad. Como jefe máximo, responsable general del partido que ocupa el punto culminante de la organización piramidal, este personaje poderoso constituye la fuente de beneficios y autoridad partidarios. Al mismo tiempo, no es raro que los militantes vean al jefe máximo como sagrado, como el “rey” de un pequeño cosmos llamado partido político y objeto de lealtad incondicional. En otras palabras, como el jefe máximo carismático con infalibilidad y omnipotencia, el fundador da sentido a la existencia y vida de su partido político (Cotler 1988; Osonoi 1985: 71). Desde 1871, cuando el primer partido político peruano, el Partido Civil, fue fundado, hasta el año 2000, el número de partidos formados en el Perú supera fácilmente el ciento. De ellos, diez partidos llegaron al poder.50 En casi la totalidad de estos partidos, el fundador carismático se convirtió en el jefe máximo quien, como caudillo, dirigió su partido consistentemente. Como ejemplo del fundador-jefe máximo podemos citar los nombres de Haya del PAP, Belaúnde de AP y Bedoya del PPC. En el campo de la izquierda, en 1981, cuando se juntaron diversos partidos pequeños para conformar la IU, Alfonso Barrantes ejerció el liderazgo. En el caso de la izquierda, lo que se necesitaba para reunir sus fuerzas también fue un personaje que, a la postre, se reveló que no fue el ideal, ni tampoco su plan ni la plataforma. Incluso encontramos ciertos casos en que el estatus especial del jefe máximo está escrito en el reglamento interno. Por ejemplo, AP otorgó a Belaúnde tanto el estatus del “Jefe y Fundador” que simbolizan la unidad del partido, como el privilegio de convocar y presidir cualquier reunión

50.

Los diez partidos políticos que llegaron al poder son: el Civil, el Constitucional de Cáceres, el Demócrata de Piérola, así como seis agrupaciones que figuran en el cuadro 1.10 y Cambio 90 de Fujimori. En este cálculo se cuenta como un partido tanto la alianza electoral, como dos o más agrupaciones fundadas por el mismo líder. Al mismo tiempo, está incluida la agrupación política que resultó ganadora de un proceso electoral, no necesariamente limpio, es decir, sin tomar en consideración su calidad.

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partidaria. En el caso del PAP, Haya, como “fundador de la Alianza Popular Revolucionaria Americana y la doctrina”, tiene el estatus de “jefe eterno”.51 El PAP constituye el caso más notorio en el que el fundador y jefe máximo es la autoridad de todo el espacio del partido. Haya está deificado como “encarnación del bien” o “salvador”, y existe la visión dualista entre el bien y el mal que tiene a Haya como criterio y referencia del bien. Esta creencia, comparable a una religión, se hereda de generación en generación; no pocos son los militantes del partido de Haya desde su nacimiento (VegaCenteno 1991). En el caso de Belaúnde, AP también lo consideró como un símbolo para unir el partido. Según un militante veterano y ex secretario general, Belaúnde “está encima de todos los militantes que compiten mutuamente por diversas aspiraciones políticas” (entrevista 01: 1994a). La identificación del fundador con su partido político motiva el hecho de que, después del fallecimiento del fundador, decaiga el partido. El cuadro 1.10 indica tanto los años de nacimiento y fallecimiento de los presidentes elegidos por voluntad popular, como el porcentaje de votos ganados en las elecciones presidenciales de los partidos que triunfaron entre 1930, cuando se promulgó la primera ley electoral moderna, y la década de 1980. Repetimos que, excepto en el caso del PAP, del cual Haya es el fundador y García es el presidente elegido en la lid democrática, los presidentes electoralmente elegidos son los fundadores de cada agrupación. Observando el cuadro, nos damos cuenta de que aparte del Frente Democrático Nacional (FDN), que perdió gradualmente la unidad partidaria debido al carácter de alianza después de terminar el proceso electoral de 1945, los partidos políticos pierden su fuerza después del deceso de su fundador. Luego de llevar a Sánchez Cerro al poder, la Unión Revolucionaria desapareció en los años cincuenta. Los sucesores de Odría y Prado perdieron su fuerza en la década de 1980. Después de la muerte de Haya, el PAP bajó el porcentaje de votos ganados en las urnas. Históricamente y hasta el momento, el Partido Civil y el PAP son los únicos partidos que no compartieron el destino de agonizar una vez que el fundador había muerto. El Partido Civil recurrió a su influencia en la época de la oligarquía a partir de fines del siglo XIX, después de que su fundador, 51.

Véase los reglamentos internos de los partidos (AP 1967, 1994; PAP 1992). Aunque en el reglamento del PPC se establece la realización de elecciones para elegir al jefe partidario, a Bedoya no le aplicaron el trámite del proceso electoral interno.

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Pardo, fue asesinado en 1878. Esto se produjo porque se convirtió en un club exclusivo de un sector de la oligarquía, y de este modo se transformó del partido personal de un caudillo al partido de los notables, de los señores con “bienes y cultura”. De todas maneras, el Partido Civil desapareció de la escena política después de la década de 1920, cuando se alejó del poder. Por otro lado, el PAP vivió una situación de desorden temporalmente cuando murió Haya en 1979. Luego de esto, de los dirigentes jóvenes formados por Haya, apareció García con un fuerte carisma que, aunque inferior al de su mentor, logró frenar la caída del partido y recuperar su fuerza. Adelantándonos a lo que detallaremos en las siguientes líneas, podemos indicar que García ganó las elecciones de 1985, pero desató una crisis generalizada por sus políticas desacertadas, que lo llevaron a perder popularidad. Luego de que terminó su mandato y pasó la posta de la Presidencia a su sucesor, Fujimori, en 1990, fue acusado constitucionalmente por un presunto acto de corrupción en noviembre de 1991. Al año siguiente, cuando Fujimori tomó medidas inconstitucionales, García se vio obligado a buscar asilo en el extranjero. A pesar de todo, nunca perdió el estatus de jefe máximo del partido. Mientras García estaba alejado del Perú, la fuerza del PAP declinó drásticamente y en las contiendas electorales figuraba como una de las múltiples agrupaciones con pocas posibilidades de ganar. Sin embargo, en 2001, después de la caída del gobierno fujimorista, una vez que García regresó al Perú y se dedicó a la campaña electoral, el PAP recuperó su vigor, tanto que se convirtió en la segunda fuerza electoral, con una alta votación que amenazó al partido ganador. Las relaciones entre la presencia de García y el cambio de la fuerza del PAP demuestran desde otro ángulo que la forma de ser de los partidos peruanos tiene que ver estrechamente con la existencia de sus jefes máximos. Actualmente viven tanto García, del PAP, como Bedoya, del PPC. Belaúnde, de AP, falleció en junio de 2002. Estos partidos tienen que resistir a las pruebas históricas de superar los efectos y las consecuencias de la muerte o el retiro del jefe máximo.52 Una manera de hacerlo es, como en

52.

El 8 de febrero de 1999, Bedoya del PPC anunció su retiro de la política. Luego del anuncio, se produjo una lucha interna por el poder partidario. Lo que decidió finalmente el resultado de dicha lucha fue la intención de Bedoya, supuestamente retirado de las actividades políticas. Este hecho dejó entrever que Bedoya todavía tiene influencia fuerte en el partido.

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27,04

38,78

1931

44,04

1939

39,35

19,41

1945

100,0

1950

21,66

1962

0,15

1980

22,36 0,28

1963

1985

25,12

30,11

17,42

41,70

29,06 24,46 34,22 28,85 5,70

36,03

1956

14,90

21,59

0,18

1990

Fuente: Elaboración propia sobre la base de Tuesta (2001) Notas: 1. UR = Unión Revolucionaria, MDP* = Movimiento Democrático Pradista, MDP** = Movimiento Democrático Peruano, FDN = Frente Democrático Nacional, PR = Partido Restaurador, UNO = Unión Nacional Odriísta, UN = Unión Nacional, FJD = Frente de Juventudes Democráticas, AP = Acción Popular, PAP = Partido Aprista Peruano. 2. Todos los porcentajes, excepto el de 1950, son las proporciones que ocupan en la población electoral. La cifra de 1990 es el resultado de la primera vuelta. Las columnas en blanco significan que la agrupación correspondiente no se presentó en el proceso electoral. El proceso electoral de 1950 se celebró después de que Odría detuvo a su único contrincante, y no se sabe el número de la población electoral. Las elecciones de 1962 fueron anuladas por el golpe de estado. AP de Belaúnde hizo alianza con el Partido Democrático Cristiano en 1962 y 1963; con Movimiento Libertad, Partido Popular Cristiano y Solidaridad y Democracia en 1990. Haya es el fundador del PAP; y García se convirtió en el primer Presidente oriundo del mismo. Por otro lado, el PAP fue declarado ilegal desde 1933 hasta 1945; así como de 1948 a 1956.

Año de las elecciones presidenciales Apellido del Presidente (años de nacimiento y fallecimiento; año de la toma de posesión) Nombre de su partido político Sánchez (1889-1933; 1931) UR Prado (1889-1967; 1939/1956) MDP*/MDP** Bustamante (1894-1989; 1945) FDN Odría (1897-1974; 1950) PR/UNO/UN Belaúnde (1912-2002; 1963/1980) FJD/AP Haya (1895-1979)/García (1949-; 1985) PAP

Cuadro 1.10 PorCentajes de los votos Conseguidos Por los Partidos PolítiCos del Presidente elegido en las eleCCiones PresidenCiales, 1930-1990 (%)

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el caso del PAP, que nuevamente aparezca un dirigente carismático. Sin embargo, como también lo demuestra este caso, la reaparición de un dirigente con carisma solo permitirá, probablemente, que no se modifique la estructura interna autoritaria del partido que detallaremos en esta sección. Para que los partidos políticos mantengan fuerzas mucho más estables y dinámicas en el mediano y largo plazo, ellos deben reformarse a sí mismos, radicalmente, convertirse en el espacio político democrático y libre del control del jefe máximo, así como estrechar las relaciones con la gente común, arraigándose de este modo mucho más profundamente en la sociedad. En cuanto a la identificación del jefe máximo con el partido, podemos agregar que esta se origina en el estancamiento del personal del partido. Estando un jefe máximo permanentemente en el punto culminante de la pirámide del partido, este designa a sus favoritos como dirigentes partidarios obedientes y sobre la base de las relaciones clientelistas. Por eso, el pequeño grupo de allegados que rodea al jefe máximo tiende a ser el mismo. En la historia del Perú, se han observado muchos casos en que las caras de los dirigentes de un partido político no cambian por decenas de años.

Falta de la democracia interna y el lazo débil con la sociedad La segunda característica de los partidos políticos peruanos es la falta de democracia interna. Ello se refleja en la dominación interna del jefe máximo. Como tendencia general, la cúpula minoritaria compuesta por el jefe máximo y sus allegados toma las decisiones importantes que tienen que ver con todo el partido, como la selección y designación de los dirigentes partidarios o candidatos para las elecciones, imponiéndolas a las partes subordinadas del partido. La libertad de sus miembros en el proceso interno existe dentro del margen de tolerancia de la cúpula partidaria del jefe máximo. Casi todo depende de la voluntad del jefe máximo; por ejemplo, él decide cuánto tiempo pueden quedarse en el partido los militantes y facciones que se aferran a alguna posición distinta de la decisión o la línea adoptada por la cúpula partidaria de manera no democrática. Generalmente, estos se apartan o son expulsados del partido en el corto plazo. Es debido a la idea del orden jerárquico tradicional —el derecho a tomar decisiones políticas en la última instancia debe ser delegado en el “rey” y los dirigentes—que se da legitimidad a las decisiones tomadas solamente por la cúpula partidaria. De tal modo, queda eliminada cualquier duda o

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cuestionamiento a la toma de decisiones autoritaria en el partido. La estructura piramidal, tanto basada en las relaciones clientelistas y verticales, como encabezada por el jefe máximo, fuente de la autoridad partidaria, hace absolutas las palabras y la línea del jefe máximo y sus allegados; también cierra en el partido el espacio de la tolerancia para permitir la convivencia de opiniones plurales y del proceso democrático de llegar a determinado acuerdo o entendimiento después de realizarse una discusión activa sobre la base de dicha pluralidad. De este modo, se pierde la oportunidad de que el partido mismo se convierta en una comunidad democrática. Aparte de esto, la conciencia tradicional de legitimidad que da importancia al resultado, y tiene como criterio la capacidad de los gobernantes y políticos para satisfacer las demandas de los gobernados, eleva el valor de los líderes carismáticos, en lugar de dar importancia a los trámites, las reglas y los procesos democráticos en el partido. Como consecuencia de esto, la forma de ser de los partidos depende todavía más de la presencia del jefe máximo. Asimismo, no podemos negar que el carácter no democrático del proceso interno en los partidos políticos fue intensificado por la represión y persecución de los gobiernos (López 1991: 73-75). El PAP fue considerado enemigo, tachado de ilegal y reprimido por la oligarquía, desde su fundación hasta el año 1956 (excepto por unos pocos años de vida legal). El gobierno militar (1968-1980) también consideró los partidos en general como causa de desorden social y los persiguió sin reconocer su razón de ser. En medio de estos contratiempos, fue difícil que los partidos políticos se dieran el lujo de permitir que internamente se expresara alguna oposición a las posiciones y decisiones del jefe máximo. Son innumerables los casos en los que el jefe máximo impuso su decisión a sus seguidores. Uno de los más famosos en la historia es el de cuando Haya decidió en 1956 amistarse y empezar la “convivencia” con la oligarquía que hasta entonces había reprimido al partido aprista. La decisión de Haya fue simplemente transmitida post factum a las partes subordinadas del partido como la palabra mayor del jefe máximo que “sabe lo que se debe hacer”. Sin embargo, los militantes de la generación joven reaccionaron en contra y quedaron insatisfechos con la decisión unilateral de Haya, separándose del partido. Algo parecido se observó en 1963, cuando el jefe máximo decidió por su propia cuenta aliarse con Odría que, como presidente, había perseguido al PAP entre 1948 y 1956 (Cotler 1978: 356-357; 1988: 157-158).

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La tercera característica de los partidos políticos peruanos es la carencia de relaciones estrechas con la sociedad y el pueblo. Ello produce una falta de arraigo social y la ausencia de una amplia base en todo el país. Los primeros partidos surgidos en el Perú hasta la década de 1910 eran los de los notables conformados por los señores con “bienes y cultura”, como lo fue el caso del Partido Civil, que sostuvo la época de la oligarquía desde fines del siglo XIX. Ellos fueron los partidos de y —al mismo tiempo— para los personajes poderosos que representaban una pequeña parte de la población total, y constituían los instrumentos de la lucha por el poder en una política dominada por la oligarquía. Estrechar las relaciones con el resto de la sociedad no le preocupaba en absoluto a la oligarquía. En el proceso del cambio social desde fines del siglo XIX, como hemos indicado en las líneas anteriores, emergieron los partidos de masas que buscaron el apoyo popular en las capas sociales que no formaban la oligarquía: concretamente, el PAP que, bajo la influencia de la Gran Depresión de 1929 y con Haya, organizó a las clases bajas y medias y a los trabajadores de la costa norte. El AP, en el marco de la depresión de la posguerra y con Belaúnde, articuló el apoyo de las clases bajas y medias excluidas de la alianza entre el PAP y la oligarquía. El Partido Demócrata Cristiano, que Bedoya y otros formaron, juntó el apoyo de los empresarios emergentes y las clases medias, especialmente de Lima. Finalmente, existió una serie de partidos pequeños de izquierda que, hasta la década de 1970, con dirigentes o intelectuales mestizos oriundos de las clases medias, construyeron bases de apoyo en los trabajadores, campesinos y migrantes pobres en la ciudad.53 Estos partidos de masas tenían como principio formativo las relaciones clientelistas, cuyo punto culminante era el jefe máximo. Asimismo, tenían limitados recursos económicos debido a la falta del desarrollo económico sostenido y duradero del país por más de 15 o 20 años. Como consecuencia de esto, no había mucho que repartir de la decreciente “torta”, insuficiente para sostener y ampliar dichas relaciones.54 53.

En la década de los años sesenta, Bedoya se disoció del Partido Democrático Cristiano por conflictos internos y fundó el PPC. El primero perdió fuerza después del cisma partidario. Hasta ahora, el PPC representa la corriente de la democracia cristiana en el Perú.

54.

Debemos señalar que la existencia de recursos económicos es una condición necesaria para mantener las relaciones clientelistas. Otra condición es la visión integral y realista de mediano y largo plazo sobre el Estado y la sociedad, así como

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En estas condiciones de restricción en el aspecto económico, los partidos de masas no prestaron atención a la gente en general, que no formaba parte de la oligarquía. No se interesaron en organizarla de la manera más extendida posible. Más bien, mostraron un desinterés activo en acercarse a la gente. Un ejemplo de ello es la actitud que tomaron en cuanto al problema de si se debía otorgar o no el derecho de la participación política a los analfabetos. Hasta 1980, cuando recién fue otorgado el voto a los analfabetos, se consideraba que no era necesario hacerlo porque ellos eran considerados políticamente “inmaduros”. En consecuencia, el derecho a la participación política estaba restringido a la minoría de la sociedad. Esta lógica tradicional de justificar la discriminación y el aislamiento de la mayoría social estaba bastante difundida en todo el mundo hasta el siglo XIX pero, en el caso peruano, dicha lógica estuvo basada en la idea tradicional del orden jerárquico descrito antes. Aunque se oponían a la política de la oligarquía, tanto el PAP como AP tenían la misma actitud que la mencionada lógica tradicional, y se mostraban reacios a otorgar el derecho de la participación política a los analfabetos. Por su parte, los partidos pequeños de la izquierda criticaban las elecciones mismas porque, según ellos, estas justificarían el sistema de dominación existente. En la Asamblea Constituyente de 1978 a 1979, en la que se observó por vez primera una presencia notoria de la izquierda en el Congreso, los izquierdistas no se interesaron en otorgar el derecho de la participación política a los analfabetos (Cotler 1968: 184-185; 1988: 170). Como hemos indicado en el cuadro 1.9, en el sistema electoral del sufragio censitario, que imponía la capacidad de leer y escribir como requisito del sufragio, no era necesario que los partidos hicieran política pensando en toda la población de adultos, sino en los electores, que ocupaban menos de la mitad de dicha población. Además de esto, los que sabían leer y escribir, vale decir, los electores, se encontraban más en la ciudad que en

el consenso o entendimiento, explícito o implícito respecto de esa visión. En la época de Castilla, a mediados del siglo XIX, y en la época de la oligarquía, desde fines del siglo XIX hasta la década de 1910, existieron los recursos económicos pero fueron destinados a la repartición entre algunos pocos partidarios, malgastados o distribuidos con un alcance sumamente restringido, debido a la prevalencia de los intereses personalistas y a la falta de dicha perspectiva integral. A los partidos políticos les faltaba una visión de mediano y largo plazo, como hemos señalado antes.

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el campo, y los partidos dirigían su interés principal a la ciudad. Al mismo tiempo, en el sistema electoral del sufragio censitario, aun cuando más de la mayoría de la población vivía en la sierra, la mayoría de electores existía en la costa, y los partidos políticos ponían los ojos en esta parte del país. De los datos electorales anteriores al año 1978, cuando comenzó la transferencia del poder a la civilidad, solamente los de las elecciones presidenciales y congresales de 1956 y la lid electoral municipal de 1963 cuentan con el número de los electores en las provincias. Basándonos en estos datos, calculamos que en 1956 los electores en la costa ocupaban el 55,8% de la total de los electores y, en 1963, el 61,6%; mientras que en 1956 los electores de Lima metropolitana representaban el 32,2% de la totalidad y, en 1963, el 37,2%, alrededor de una tercera parte de la población electoral.55 De esta manera, aun después de que emergieran los partidos de masas, su interés principal residía en la costa y las ciudades, más que en la sierra, la selva o en el campo, debido a la distribución no uniforme de la población electoral. La política económica, que desde la década de 1950 daba la prioridad al bienestar de los habitantes de la ciudad (como el control de los precios de los productos agrícolas para la clase urbana baja), fue originada por el interés —geográficamente parcial— por parte de las fuerzas políticas de atender a la población electoral más importante, además de verse afectados por la emergencia más notoria y activa de los movimientos sociales urbanos. La estrechez de las bases de los partidos políticos también es evidente en el hecho de que ninguno logró conseguir una votación más o menos uniforme en todo el país. Por ejemplo, en la década de 1960, ningún partido registró una votación constante en el ámbito nacional y sus bases de apoyo se concentraban en determinadas partes del Perú. El PAP tenía el apoyo del norte y centro del Perú, y AP el del sur y la selva. Al mismo tiempo, debemos tomar en consideración que incluso en las zonas donde determinado partido registraba un alto grado de apoyo popular, no obtuvo un triunfo total. En diversas zonas, hubo victorias relativas con cierta presencia de fuerzas contrincantes (Bourricaud 1989: 323-327). Hasta la década de 1960, no apareció en el Perú ningún partido político que tuviera arraigadas sus bases en todo el país. Esta situación no 55.

El número de la población electoral se basa en Tuesta (2001: 582-587, 595-599) y, el de las regiones naturales, en Webb y Fernández (1990-1997, 1999-2002). En el caso en el que una provincia tiene tanto una parte de la costa y otra de la sierra, la categorizamos en la costa si la población en la costa es superior a la de la sierra.

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cambiaría hasta dos décadas más adelante, después de terminado el gobierno militar, como veremos en la siguiente sección.

La falta de relaciones de colaboración estables entre los partidos políticos Otro aspecto fundamental de los partidos políticos peruanos es su falta de colaboración entre ellos. No solamente tienen una estructura interna cerrada, vertical y rígida, como hemos descrito, sino que tampoco forjan entre ellos un espacio democrático sobre la base de la tolerancia y la confianza. Aunque se observa una coalición de corto plazo basada en la convergencia de intereses de conveniencia, en el mediano y el largo plazo los conflictos, o la no-colaboración prevalecen sobre la cooperación. Esta es la cuarta característica de los partidos políticos peruanos. Las relaciones de no-colaboración entre los partidos se atribuyen, como hemos señalado, a que las agrupaciones políticas se forman sobre la base de relaciones clientelistas, verticales y particulares, y cada partido da prioridad a obtener, mantener y expandir sus intereses particulares, interesándose principal y mayormente en hacer actividades individuales desde la perspectiva “cortoplacista”, más que en buscar una alianza o cooperación horizontal. Como resultado, no se construyen relaciones interpartidarias basadas en la confianza en el mediano y el largo plazo, y tampoco se fomenta la disposición para pensar la política como una totalidad de la sociedad. Además, los partidos no se pueden reconocer como iguales, pues cada uno piensa que la posición de su jefe máximo, considerado como sagrado, es absoluta e inconciliable con la de los otros, adoptando una actitud excluyente. De este modo, entre los partidos no se forja ni se institucionaliza un proceso de decisiones que les permita llegar democráticamente a un acuerdo o entendimiento. Particularmente, entre los partidos y los jefes máximos predomina la lucha por conseguir recursos como el poder, el gobierno, los puestos principales y los intereses económicos, que sirven de fuentes de benevolencia para construir y mantener las relaciones clientelistas; o la rivalidad por su fama, prestigio o renombre histórico. Todo esto impide que, basándose en las metas compartidas, se conforme una alianza estable de mediano y largo plazo. La carencia del desarrollo económico sostenido y la consecuente falta de una “torta” para repartir, ya descritas, constituyen una condición restrictiva que hace dicha lucha y rivalidad más encarnizadas. Las relaciones inestables y no colaborativas entre los partidos de los notables, entre

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los partidos de masas, o entre estos dos diferentes tipos de los partidos imposibilitan a estos superar los problemas nacionales e integrar a todo el país, dejando atrás la herencia negativa que desde la época colonial divide a la sociedad en múltiples “segmentos” y con fisuras que atraviesan a la sociedad peruana según las diferencias en los aspectos socioeconómico, político, étnico, cultural, regional, de valor, de estatus, etc. Más bien, la actitud mutuamente excluyente de los partidos políticos, junto con la política de divide ut regnes de la oligarquía, ha tenido como resultado mantener y agravar la situación conflictiva de la política y la división social en segmentos. Los partidos pretenden defender determinados intereses de ciertos segmentos sociales, pero no buscan cooperar con otros partidos, tomando en consideración a la totalidad de la sociedad peruana (Cotler 1980; 1992). Por otro lado, los partidos políticos se interesan tanto en la defensa de intereses específicos que no se preocupan por tener la habilidad de elaborar políticas tanto eficaces como concretas, y plantearlas a la sociedad. Tampoco se sienten llamados a hacer docencia política con respecto a la democracia mediante la discusión sobre políticas concretas o la realización de elecciones internas transparentes y democráticas. Más bien, ellos presuponen la conciencia tradicional de legitimidad entre los peruanos, vale decir, la de alcanzar las demandas socioeconómicas en el corto plazo o la expectativa de lograrlas, y sus principales actividades partidarias consisten en esgrimir el discurso y dedicarse a acciones para conseguir y expandir el apoyo hacia ellos, manipulando dichas conciencias y expectativas. En la política de la oligarquía de fines del siglo XIX, única experiencia peruana de relativa estabilidad por un largo periodo después de la Independencia, el Partido Civil monopolizó el poder excluyendo a una parte de la oligarquía de un trato igualitario. Los excluidos formaron partidos alrededor de personajes poderosos, pero entre el Partido Civil y los otros partidos solo existía una lucha por el poder desde una perspectiva del corto plazo (Bourricaud 1989: 381-384). En el proceso del cambio social que empezó a finales de ese siglo, los partidos de masas emergieron y cobraron fuerza. Frente a ellos, la oligarquía pretendió detener su expansión recurriendo tanto a la represión como a la “incorporación segmentaria”. El objetivo de esta “incorporación” no fue la redistribución integral del ingreso sino, a través de la dación de una parte de los privilegios y beneficios de los que la oligarquía gozaba, satisfacer determinadas demandas de corto plazo de una parte de los gobernados, neutralizarlos políticamente

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e incorporarlos en el orden de dominación existente, así como romper las relaciones horizontales y de solidaridad entre los gobernados. Al PAP, el primer y mayor partido de masas en el Perú, la oligarquía lo declaró inicialmente como ilegal y lo reprimió, excluyéndolo de la política. Más tarde, lo “incorporó segmentariamente” para impedir una marcha hacia una revolución social. Por su parte, el PAP tomó en consideración la necesidad de tomar un camino realista frente a la resistencia persistente de la oligarquía y cambió la estrategia para llegar al poder; pasando de una actitud radical a una moderada, colaborando de esta manera con la oligarquía en su política de la “incorporación segmentaria”. Como es conocido, el PAP se alió con la oligarquía y tuvo relaciones de “convivencia” con ella entre 1956 y 1968.56 Pero el acercamiento del PAP a la oligarquía causó división y conflictos entre las clases medias y bajas que no formaban parte de la oligarquía (Cotler 1993: 8-9). Sobre la base de los excluidos de los beneficios de la “convivencia” entre el PAP y la oligarquía, se formaron nuevos partidos políticos como el AP, el Partido Democrático Cristiano o diversos partidos de la izquierda. Y el PAP se enemistó con ellos. Por ejemplo, cuando el gobierno de Belaúnde (AP) pretendió promover una política reformista, incluso una reforma agraria después de instalarse en 1963, el PAP, formando una alianza con el Partido Democrático Cristiano, se opuso en el Congreso a las reformas, pese a que su política de la realización de la reforma social era parecida a la planteada por Belaúnde, y las dejó sin base, en colaboración con la oligarquía. Ello se debió tanto a la rivalidad como partido reformista, como a la intención de Haya de frustrar al gobierno de Belaúnde y, de este modo, buscar el camino a la presidencia en las próximas elecciones. Belaúnde no supo, o no pudo, encarar la situación, porque su partido era minoritario en el Congreso (Cotler 1978: 242-244, 263-267, 299-306, 347-381). Lo interesante es que, frente a la oposición del Congreso, Belaúnde recibió dos propuestas para superar la situación por parte de sus partidarios, también promotores de la reforma. Una de ellas fue movilizar a las masas para obligar al Congreso a rectificar su comportamiento; y la otra alternativa fue poner en práctica un “autogolpe”, una medida inconstitucional 56.

Antes de la “convivencia”, el PAP tuvo relaciones de acercamiento a la parte “progresista” de la oligarquía entre 1945 y 1948 (Cotler 1978: 261-272).

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de cerrar el Congreso con el apoyo de las Fuerzas Armadas (que estaban de acuerdo con la reforma) y convocar a un plebiscito (no previsto en la Constitución) para refrendar la política reformista. Belaúnde rechazó las dos propuestas, temiendo que ellas quebraran el orden constitucional, y secretamente buscó construir un acuerdo con la oposición a través de contactos personales (Cotler 1978: 360-361). El intento de Belaúnde fracasó finalmente y, en medio de la situación cada vez más caótica de la política peruana, el gobierno de Belaúnde cayó por un golpe de Estado. Como veremos en el capítulo III, después de más de veinte años Fujimori enfrentó una situación similar a la de Belaúnde, pero no siguió la propuesta extraoficial y personal por parte de parlamentarios opositores de conformar un acuerdo con la oposición, y optó por llevar a cabo el “autogolpe” para conseguir la oportunidad de realizar y profundizar sus reformas. No sabemos si Fujimori aprendió o no de la experiencia de Belaúnde en la década de 1960. De todas maneras, es factible contrastar las reacciones de ambos presidentes a situaciones parecidas.57 7.

El menoscabo de la democracia en la década de 1980

La política de los partidos políticos no democráticos Una dimensión crucial para entender a los partidos políticos peruanos es el menoscabo de la democracia en la década de 1980. La política de esa década, desde el fin del gobierno militar de doce años, estableció un marco jurídico democrático en el que se debía desarrollar el proceso político y en el que participaría el pueblo peruano. Es cierto que en este periodo se observaron ciertos avances en el proceso de democratización, como el otorgamiento del 57.

Como detallaremos en el capítulo III, el hecho de que, a diferencia del primer gobierno de Belaúnde, Fujimori consiguiera realizar las reformas mediante el “autogolpe”, no significa que estas tuvieran éxito. Las reformas de Fujimori terminaron sin cumplir sus objetivos. Hay diversos factores para explicar este fracaso, los mismos que serán descritos en nuestro análisis. Aquí indicaremos solamente una razón que tiene que ver con la institucionalidad definida en este libro y que el primer gobierno de Belaúnde comparte: la reforma no se puede impulsar si solamente se basa en los esfuerzos de unos cuantos. Si hubiera habido un consenso amplio, e idealmente también respecto del proceso, los procedimientos y planes concretos para tal dirección, vale decir, si hubiera habido determinado nivel de institucionalidad, habría cabido la posibilidad de que la línea reformista fuera continuada, pasara lo que pasara, por el gobierno de turno.

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sufragio a los analfabetos, el respeto a la libertad de asociación y expresión o la realización de las elecciones justas y limpias. En estos aspectos, podemos decir que la política en los años ochenta era más democrática que en periodos anteriores. Al mismo tiempo, debemos recordar que, recién a partir de 1980, cada cierto número de años se realizaron las elecciones municipales, presidenciales y congresales; y por primera vez en la historia del país, se efectuó por voluntad popular el cambio de gobierno entre el oficialismo y la oposición dos veces consecutivas, en 1985 y 1990.58 Sin embargo, debajo de tal superficie, en medio de múltiples dificultades socioeconómicas cada vez más graves, los actores políticos que arrastraban los problemas histórico-estructurales señalados en la sección anterior fracasaron en institucionalizar la democracia. Entre el ideal constitucional y la política real se abrió una ruptura cada vez más grande, y al final esta se agrandó tanto que no se pudo rellenar. La gente común llegó a considerar que el ideal de la democracia escrito en la Constitución era abstracto y no tenía nada que ver con su vida cotidiana. Particularmente, los partidos políticos permanecían como hasta la década de 1970 sin rectificar los rasgos autoritarios derivados del dominio y control del jefe máximo, a pesar de que se esperaba que desempeñasen el papel de sostener cual columnas el marco de la política democrática. No solamente fue debido a las funciones democráticas ideales y esperadas de los partidos políticos, mencionadas en la sección anterior, que en la política de los años ochenta se esperaba hacer realidad la democracia a través del desarrollo de los partidos, vale decir, la política en la cual los partidos desempeñaban un rol principal y protagónico en la realización del sistema democrático. Esto se estipulaba expresamente en la Constitución Política de 1979, que entró en vigencia al finalizar el gobierno militar nacido del golpe de Estado en 1968. Después de definir al Perú como “una República democrática y social... basada en el trabajo” (artículo 79), dicha Constitución especificaba que los partidos expresaban el pluralismo democrático, concurrían a la formación y manifestación de la voluntad popular, y eran el instrumento fundamental para la participación política de la ciudadanía. La Carta Magna garantizaba también que el ejercicio de su actividad fuera libre dentro del respeto a la Constitución y la ley; y 58.

Respecto de la política y los partidos en el Perú de la década de 1980, véase los trabajos señalados en las notas de 45 a 49 de este capítulo.

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expresaba que correspondía a los partidos políticos, o alianza de los mismos, el postular candidatos en cualquier elección (artículos 68 y 69). De este modo, se esperaba de los partidos el asumir la función de sostén y canal principal de la participación democrática. Sin embargo, ellos arrastraban el peso de las características tradicionales y autoritarias descritas en la sección anterior. Mientras el proceso y procedimiento democrático aparentaban arraigarse en la sociedad política peruana, realizándose las elecciones y produciéndose el cambio de gobierno sin la intervención de los militares, la realidad fue que en los partidos “el espíritu y las tendencias oligárquicas se han mantenido” (Bourricaud 1989: 11). Con el transcurso del tiempo, se reveló que la democracia peruana estaba vacía. Los doce años del gobierno militar entre 1968 y 1980 no crearon un ambiente propicio para iniciar una renovación de los partidos políticos. Esto ocurrió porque los partidos eran perseguidos por el gobierno militar; y, en caso de que las bases de algún partido pretendieran la democratización interna, el intento democratizador era detenido por su cúpula con el pretexto de la unión del partido. Al mismo tiempo, las actividades partidistas estaban prohibidas, lo que no les permitió contar con suficientes oportunidades de contacto con la gente común, afectándolos negativamente en cuanto a su alcance social. Los partidos preservaron los rasgos autoritarios cuando dieron fin al gobierno militar y comenzó la nueva era democrática en 1980 (Cotler 1988, 1993, 1994; Lynch 1992, 1999; Mauceri 1997b). En la década de 1980, cuatro partidos políticos —AP, el PAP, el PPC y la IU— sostuvieron la política peruana.59 Todos nacieron antes de la década anterior y tenían las características tradicionales. Contando con una estructura interna cerrada sobre la base de las relaciones clientelistas con el jefe máximo a la cabeza, ellos no construyeron relaciones orgánicas basadas en la participación democrática institucionalizada con la gente común, especialmente con los que participaron en los movimientos sociales emergidos en los años setenta y los analfabetos que oficialmente se incorporaron al mundo político peruano en 1980. Con la gente común, los cuatro partidos solían tener relaciones clientelistas basadas en la conveniencia de corto plazo para obtener apoyo en las elecciones.

59.

La IU fue originalmente una alianza de cinco y luego de más partidos pequeños de izquierda, pero aquí la tratamos como un partido político.

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Hubo unos intentos de promover la democracia, como los de Barrantes de la IU. El dirigente de izquierda se comprometió en su plataforma electoral a poner en práctica la participación democrática de las clases bajas, y pretendió hacerlo en un principio. Sin embargo, frente a las abundantes demandas de la gente común sobre la solución de los problemas socioeconómicos inmediatos, el principal interés de la fuerza de izquierda pasó de la realización de la democracia a la práctica del “realismo político” (en palabras de Barrantes), vale decir, la de conseguir y mantener el apoyo popular respondiendo a las demandas socioeconómicas. El compromiso público de realizar la participación democrática quedó en letra muerta después de cierto tiempo y al final se olvidó (Parodi ed. 1993: 142-145). No solo Barrantes, sino también otras fuerzas políticas tomaron la misma actitud pragmática, cuyo objetivo era conseguir apoyo político en corto plazo. Las relaciones clientelistas por conveniencia no llegaron a tener ni grandes dimensiones ni gran duración, porque los bienes y las facilidades ofrecidos por los partidos estaban restringidos a causa de los problemas socioeconómicos que describiremos más adelante. Los cuatro partidos políticos se afanaban por tener relaciones clientelistas por conveniencia desde el ángulo de corto plazo, más que por construir relaciones democráticas y orgánicas con la sociedad. De tal manera, fueron absorbidos en la lucha por el poder partidista dentro y fuera del partido, sin pensar en el pueblo ni en el país. Reflejando sus relaciones estrechas y temporales con la sociedad, cada partido político no se arraigó en todo el país, y la presencia real de sus bases estaba limitada a determinadas partes del Perú. En las elecciones, ciertos partidos registraron temporalmente una alta votación, obteniendo el apoyo de votos flotantes que se calculaban entre 25 y 30% de la población electoral, pero no pudieron mantener el mismo nivel de apoyo por toda la década (véase cuadro 1.11). Dada la tendencia de apoyo regional en las elecciones, podemos señalar que el PAP tenía relativamente asegurado el norte y centro del Perú que tradicionalmente constituyeron el bastión del partido. Las fuerzas de la izquierda, por su parte, contaron con el sur y centro. AP tuvo presencia importante en el norte y en la selva. Finalmente, el PPC se hizo sentir principalmente en Lima. Sin embargo, esta fue una tendencia relativa, y los partidos principales no tenían bases arraigadas sólidas en diversas partes del país. Una muestra de este fenómeno fue que la composición de los alcaldes provinciales electos cambió en gran medida a lo largo de

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Cuadro 1.11 resultados de las eleCCiones PresidenCiales y MuniCiPales en la déCada de 1980 (%) Partidos/año Acción Popular Partido Popular Cristiano Partido Aprista Peruano Izquierda Unida Independientes

1980P 45,3

1980M 36

1983M 17,4

1985P 7,3

1986M (np)

1989M 31,3

9,6

11,2

13,9

11,9

14,8

(a)

27,4 13,9 (3,8)

22,7 23,9 6,1

33,1 29,1 6,5

53,1 24,7 3,1

47,8 30,8 6,6

19,6 17,8 31,3

Fuente: Elaboración propia sobre la base de JNE (1982 II: 717; 1984a: 917; 1984b II: 1263; 1986a; 1986c I: 75; 1989a) Notas: 1. p = elecciones presidenciales; m = elecciones municipales; np = no participó; a = alianza 2. Los porcentajes son las proporciones que ocupan en los votos válidos (que no incluyen blancos ni viciados). Aunque tradicionalmente en el Perú no se habían considerado como votos válidos los blancos y viciados, en febrero de 1985 el Tribunal de Garantías Constitucionales sentenció que estos también serían incluidos en los votos válidos; en los resultados oficiales del Jurado Nacional de Elecciones, los blancos y viciados fueron contados como votos válidos hasta el proceso electoral para el Congreso Constituyente Democrático de 1992, cuando se retornó a la tradición anterior. Por esta razón, los porcentajes indicados en este cuadro desde 1985 son distintos de los resultados oficiales de la entidad electoral. 3. En las elecciones presidenciales de 1980 la Izquierda Unida aún no se había conformado. Sin embargo, en este cuadro indicamos la suma de los porcentajes de los partidos que conformarían la alianza (para ser exactos, estos porcentajes deben de ser incluidos en los Independientes). 4. En las elecciones municipales de 1985 no participó Acción Popular. En las elecciones municipales de 1989 Acción Popular y el Partido Popular Cristiano conformaron, junto con otras agrupaciones, una alianza electoral llamada Frente Democrático, y el porcentaje de Acción Popular de 1989 es el de esta alianza.

los años ochenta. En este decenio, no existió ningún partido político que mantuviera cierto nivel de fuerza de manera estable, y en el corto plazo todos los partidos sufrieron vicisitudes (véase cuadro 1.12). Por otro lado, es importante destacar que en tres de las cuatro elecciones municipales realizadas en la década de 1980 (las de 1980, 1986 y 1989), solamente en 14 provincias, el 9,9% del total de 142, el candidato del mismo partido ganó la contienda electoral en las tres ocasiones. En 13 provincias ganó el PAP y, en una, la IU.60 Este dato también indica que los 60.

Cálculo propio basado en Tuesta (2001: 262-300). En el total de 142 provincias están incluidas 7 provincias donde se anularon o no se realizaron las elecciones de 1989;

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partidos políticos fracasaron en tener bases amplias y estables en el mediano y el largo plazo, y su fuerza dependía de votos flotantes que cambiaban su preferencia en el corto plazo. Al igual que hasta la década de 1960, tampoco en la de 1980 emergió ningún partido político con bases arraigadas en todo el país. En otras palabras, los partidos peruanos no lograron establemente para un mediano y largo plazo incorporar a la gran mayoría de los electores en sus organizaciones. Si parafraseamos la teoría de la “congelación” conocida en el estudio de los partidos políticos, en los años ochenta, como en los años anteriores, los partidos políticos principales del Perú no lograron organizar altamente a los electores peruanos hasta hacer difícil o imposible el ingreso de un nuevo partido en la arena política para buscar el apoyo popular (este estado se llama la “congelación”). Ni siquiera se observó indicio alguno de que la política peruana avanzara hacia tal dirección.61 Además de esto, continuó la tendencia de partidos que ponían los ojos en la costa y en la ciudad, especialmente en Lima. Si calculamos el porcentaje de los electores en la

pero en 1991 sí se realizaron las elecciones complementarias. Si excluimos estas 7 provincias, solo el total de las provincias cambia (baja de 142 a 135) y el porcentaje de las provincias donde el candidato del mismo partido salió elegido como alcalde, sube del 9,9% al 10,4%. La exclusión de las 7 provincias no afecta el número de las provincias en las que los alcaldes eran oriundos del mismo partido en las tres oportunidades. Si incluimos las elecciones de 1983 y buscamos las provincias en las que el candidato del mismo partido ganó la contienda electoral en las cuatro veces, los casos correspondientes son de las mismas 14 provincias. Si fijándonos en los resultados electorales de 1980, 1983 y 1989 buscamos las provincias en las cuales el candidato del mismo partido triunfó en estas tres ocasiones, encontramos 29 provincias (10 de AP, 13 del PAP, 5 de la IU y 1 de la lista independiente) pero, de todas maneras, menos de una cuarta parte (el 20,6%) del total de las 141 provincias en las cuales las elecciones municipales fueron ejecutadas en las tres oportunidades. 61.

La teoría de “congelación” fue propuesta por Seymour Lipset y Stein Rokkan para las democracias de Europa Occidental. Ambos denominaron la “congelación” del sistema de partidos políticos al estado en el que estos que se conformaron en el proceso de modernización, representaban los fragmentos de la sociedad producidos por los problemas políticos de importancia y, al mismo tiempo lograron organizar sectores de la sociedad hasta que imposibilitaran el ingreso de un nuevo partido en la contienda política. Asimismo, analizaron que las democracias en Europa Occidental llegaron al estado de “congelación” hasta la década de 1920 y, todavía en los años sesenta, las relaciones entre los partidos políticos y los electores eran estructuralmente estables, reflejando el estado de “congelación” (Lipset y Rokkan 1967: 50-56).

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Cuadro 1.12 alCaldes ProvinCiales elegidos en la déCada de 1980 Partidos/año Acción Popular Partido Popular Cristiano Partido Aprista Peruano Izquierda Unida Independientes No realizado, anulado o sin datos Total

1980 102 (66,7%) 0 0,0%) 23 (15,0%) 14 (9,2%) 8 (5,2%) 6 (3,9%) 153

1983 36 (22,6%) 2 (1,3%) 77 (48,4%) 32 (20,1%) 8 (5,0%) 4 (2,5%) 159

1986 1 (0,6%) 159 (88,3%) 10 (5,6%) 2 (1,1%) 7 (3,9%) 180

1989 54 (29,5%) 16 (8,7%) 26 (14,2%) 49 (26,8%) 17 (9,3%) 21 (11,5%) 183

Fuente: Elaboración propia sobre la base de Tuesta (2001: 262-300) y corregida de acuerdo con JNE (1984a; 1984b; 1986b; 1989b) Nota: Los porcentajes entre paréntesis son las proporciones que ocupan en el total. En 1986 Acción Popular no participó. Por otro lado, en 1989, Acción Popular y el Partido Popular Cristiano conformaron, junto con otras agrupaciones, una alianza electoral llamada Frente Democrático, y colaboraron mutuamente en la realización de la campaña electoral.

costa de toda la población electoral en cuanto a las elecciones presidenciales y congresales de 1980 y las elecciones municipales de 1983 y 1986,62 el resultado es el 58,4% en 1980, el 59,0% en 1983 y el 57,8% en 1986. Los electores en Lima ocupaban el 35,9%, el 35,9% y el 34,8% en 1980, 1983 y 1986, respectivamente. Estos datos señalan la misma tendencia que la de 1956 y 1963 de la era del sufragio censitario que vimos en la sección anterior. En medio de esta situación, los partidos políticos principales pensaron e hicieron política en el mismo sentido que hasta la década de los

62.

Son las únicas cuyo número de electores en las provincias es conocido de todas las elecciones realizadas en la década de 1980. Los datos de electores se basan en Tuesta (2001: 522-528, 540-564). Sobre las regiones naturales, véase la nota 55 de este capítulo. El cálculo es propio.

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sesenta, vale decir, dirigiendo su mayor y principal interés a la costa, incluso Lima, donde se concentraba más de la mitad de la población electoral. En las políticas tomadas en la década de 1980, el campo, la sierra y la selva nunca tuvieron el mismo peso que la ciudad y la costa. En otras palabras, los partidos políticos principales —fundados en la costa; para ser exactos, en sus ciudades— no lograron establecer bases organizativas, amplias y sólidas, de mediano y largo plazo en la sierra y selva, aunque en estas regiones naturales contaron con apoyo volátil por corto tiempo. En caso de que tuvieran determinado nivel de apoyo por un mediano plazo, sus bases se encontraron en reducidas partes del país. Respecto del proceso de selección de los dirigentes y los candidatos para las elecciones populares, no cambió el carácter cerrado y autoritario de los partidos políticos. Cada partido reglamentaba en su estatuto que se realizarían las elecciones internas para designar dirigentes. En la práctica, el jefe máximo y su cúpula decidieron la selección de candidatos, sin respetar el reglamento interno. En caso de que se desarrollaran elecciones internas, prevalecían las decisiones previas y el control del jefe máximo y sus allegados. Aparte de esto, no eran transparentes los procesos electorales como la elaboración del padrón de los militantes, la elección de los delegados, el escrutinio de votos y la decisión de los elegidos. Ni los militantes comunes, mucho menos una persona ajena al partido, podían verificar el proceso y el resultado de las elecciones internas. Antes que nada, nunca se ha precisado hasta ahora con cifras concretas y claras cuántos militantes tienen los partidos políticos, incluso los partidos como el PAP y AP, que tienen una historia larga, basándose en algún fundamento sólido como el padrón de los militantes ordenado y actualizado. En este estado de las cosas, ni siquiera existe una referencia creíble para juzgar si el resultado electoral refleja realmente o no la voluntad de los militantes.63 63.

El autor tuvo oportunidad de escuchar cómo fueron los procesos electorales internos de tres de los cuatro partidos principales en toda su vida partidista (entrevista 01: 1994a; entrevista 02: 1995b; entrevista 03: 1994). Las descripciones de las fuentes partidistas se remiten a las tácticas de las elecciones injustas realizadas en el régimen autoritario de México: las decisiones previas y el control del jefe máximo; la movilización para la votación de los que son comprados o no son militantes; el robo de cédulas de votación y ánforas, o la sustitución de éstas; la adición de las cédulas previamente preparadas después de terminar la votación; y el cambio o falsificación del resultado del escrutinio.

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Por otro lado, es importante resaltar la exclusión y el antagonismo en las relaciones entre los partidos políticos peruanos de la década de 1980. Cada partido consideraba que la democracia era un medio para mantener y extender sus intereses y privilegios. No tenían la disposición o voluntad de proponer y discutir las propuestas sobre las políticas con relación a la totalidad de la sociedad ni con relación al desarrollo nacional. Tampoco querían construir algún acuerdo o entendimiento respecto de políticas concretas. Todos los partidos se aferraban mutuamente, tanto a sus propias opiniones como a su posición, y no flexibilizaban su actitud de exclusión y no concesión. Es decir, no buscaban construir un foro público democrático para sacar conclusiones concretas y eficaces. Entre los cuatro partidos políticos principales solamente “hubo reuniones, conversaciones y una retórica de acuerdos que no se cumplía en los hechos” (Tanaka 1998: 68, 84). Los cuatro partidos principales nunca produjeron ni pusieron en práctica algún acuerdo o entendimiento concreto con contenido factible y eficaz. De este modo, en la década de 1980, al igual que antes, los partidos políticos fracasaron en construir reglas, normas o patrones de conducta, no solamente en sus relaciones con la gente común, sino también entre ellos mismos y, por tanto, no buscaron institucionalizar la política. En aquella década, la política a la que aspiraban fue la democracia, pero esta no echó raíces.64 Ahora bien, ya en la etapa de preparación de la transferencia del poder de los militares a los civiles de los años 1978-1980, vale decir, en el proceso preparativo para convocar a la Asamblea Constituyente para redactar la nueva Constitución, se observó la exclusión política. Los militares escogieron como interlocutores directos de la negociación política al PAP y al PPC, que mostraban una posición moderada contra la dictadura militar, y excluyeron de la negociación a AP, a la cual las Fuerzas Armadas 64.

Como factor secundario del debilitamiento de los partidos podemos pensar que, en comparación con la anterior Constitución Política de 1933, la de 1979 fortaleció el poder presidencial y debilitó las facultades del Poder Legislativo; entre otras cosas, los requisitos más severos para aprobar en el Congreso la moción de censura contra el gabinete ministerial y el otorgamiento al presidente de facultades especiales para determinados actos legislativos, como decretos supremos de emergencia y, por este motivo, los partidos y el Congreso perdieron gradualmente su presencia en la escena política. Sobre las facultades constitucionales del presidente, véase McClintock (1994: 289-293, 304-309).

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habían expulsado del gobierno con el golpe de Estado de 1968, así como a diversos partidos políticos pequeños de izquierda. Frente a la actitud del gobierno militar, AP decidió no tomar parte en las elecciones para la Constituyente convocadas por los militares. Por su parte, algunos de los pequeños partidos de izquierda participaron en dichas elecciones, pero al final no firmaron la Constitución de 1979, porque su redacción fue realizada bajo la iniciativa y liderazgo del PAP y el PPC. Tanto AP como las fuerzas de izquierda aceptaron en la práctica la Constitución de 1979, respetándola en la década siguiente, y en este punto podemos decir que se estableció cierto entendimiento, pero de todas maneras es importante recordar que en el proceso de la primera etapa de la transición existió exclusión y antagonismo.

La crisis socioeconómica y el panorama político de la década de 1980 Belaúnde, de AP, y García, del PAP, asumieron el cargo de la Presidencia de la República en 1980 y 1985, respectivamente. Ambos caudillos lograron impresionar fuertemente a los electores como los mesías de una línea centrista y moderada. De este modo, crearon expectativas en su gestión presidencial, saliendo elegidos con el apoyo de votos flotantes. Los dos jefes máximos de los partidos políticos con características tradicionales no pretendieron construir cierto acuerdo amplio con diversas fuerzas de la sociedad. Más bien, rodeados tanto de familiares que se habían convertidos en apaniguados como de amigos y conocidos que les juraron lealtad, ejercitaron una política autoritaria, imponiendo desde arriba las decisiones tomadas por un pequeño grupo, como si las elecciones les hubieran dado una carta blanca. Esta actitud política fue promovida por el hecho de que el oficialismo ocupaba la mayoría de los escaños en el Congreso y no necesitaba hacer negociaciones con la oposición para poner en práctica las políticas gubernamentales. Sucedía también que solamente el presidente y sus colaboradores cercanos tomaban las decisiones transcendentales, excluyendo del proceso al mismo partido oficialista. Por otro lado, en cuanto a las agrupaciones izquierdistas que expandieron su fuerza en los gobiernos municipales, solamente hubo casos que promovieron la participación vecinal cuando tuvieron que llevar a cabo políticas sociales u otras medidas. Es decir, en la etapa más importante de decidir sus líneas generales y elaborar planes concretos para su ejecución no se

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alentaba una participación vecinal eficaz; en cambio, dominaban las prácticas antidemocráticas y unilaterales por parte de los dirigentes izquierdistas.65 En el Perú de los años ochenta, mientras superficialmente se desarrollaba la política de los partidos, se acumulaba una serie de graves problemas socioeconómicos. Los partidos, incluso el oficialismo, no presentaron ninguna política eficaz para resolver duraderamente los graves problemas que la sociedad encaraba ni, mucho menos, construir un consenso o entendimiento en torno a las políticas concretas para la superación de los mismos. No demostraron su capacidad de liderazgo para unir los esfuerzos de diversas agrupaciones en la sociedad con miras a la superación de los problemas. Más bien, los gobernantes y dirigentes políticos estuvieron indecisos, aplazando decisiones cruciales, sin tomar acción en el momento necesario, o concentrando su interés en ganar y mantener su popularidad o evitar la impopularidad desde una perspectiva del corto plazo. En 1980, el pueblo peruano eligió para el gobernar el país a AP, que puede considerarse de centro derecha (en alianza con el PPC, que es de derecha). El PAP, de centro izquierda, fue elegido para regir los destinos del país en 1985, esperando que este pudiera superar los múltiples problemas acumulados. Sin embargo, la expectativa popular fue defraudada en estos dos mandatos presidenciales y, con el paso del tiempo, los cuatro partidos políticos principales perdieron el apoyo y la confianza del pueblo peruano. Entre los problemas que tuvieron en jaque al Perú de la década de 1980 podemos mencionar la hiperinflación, el agravamiento de la recesión económica, el desempleo y la pobreza, la informalización de la economía, el incremento del déficit fiscal y la deuda externa, el incumplimiento de funciones del Estado en la redistribución del ingreso y el suministro de servicios sociales, la desmoralización y la propagación de corrupción en los organismos estatales como las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y el Poder Judicial, la expansión del tráfico de drogas y las actividades terroristas de los grupos subversivos armados, y el aislamiento en el sistema

65.

Respecto de la política peruana en los ochenta se recurre a los análisis citados en las notas 3 y 12 de este capítulo, a menos que se indique claramente una determinada fuente. En cuanto a los procesos de la toma de decisiones en los gobiernos municipales de la IU, nos basamos en Calderón y Valdeavellano (1991), Olivera et al. (1991), Roberts (1998), Schönwälder (2002), así como en los trabajos citados en la nota 11 de este capítulo. Sobre la izquierda peruana, véase Tanaka (2008) y Adrianzén ed. (2011).

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internacional financiero como el Fondo Monetario Internacional (FMI) o el Banco Mundial. Estos problemas se entremezclaron en la sociedad, que se desordenó políticamente, llegando a revestir un perfil sumamente crítico hacia fines de la década. A continuación, describiremos brevemente el problema económico y el de la subversión armada, que simbolizan el desorden peruano de los años ochenta. En lo que se refiere al aspecto económico, el Perú sufrió los efectos negativos de las políticas económicas tomadas por los gobiernos de Belaúnde y García, así como la crisis económica internacional y los desastres naturales originados por el fenómeno El Niño (véase los cuadros 1.13 y 1.14). Belaúnde aspiraba a una economía abierta e impulsaba la liberalización del comercio exterior. Al mismo tiempo, profesaba el “gobierno grande”, tal como lo simbolizaba su lema en la plataforma electoral, la “creación de un millón de puestos de trabajo”. Para tratar de lograr este objetivo expandió el gasto fiscal, inclusive contrayendo deuda externa. Nunca se emprendió la privatización de las empresas públicas y, en cambio, se incrementó el número de cargos públicos (véase el cuadro 1.15). Esto último se hacía como parte de la “benevolencia” del jefe máximo y de sus obligaciones clientelistas. De este modo, la política económica liberal implementada por el gobierno de Belaúnde quedó a medio camino. Tampoco lanzó ninguna medida concreta y eficaz que posibilitara el desarrollo económico de mediano y largo plazo. En medio de la situación descrita, en 1981 se produjo una recesión económica mundial por la Segunda Crisis Petrolera. Al año siguiente, México cayó en una crisis financiera y se quedó sin poder pagar la deuda externa acumulada. Los efectos negativos de ambos sucesos internacionales afectaron fuertemente al Perú. Además de esto, el fenómeno El Niño, presentado en 1983, agravó la situación ya suficientemente crítica de la economía del país. A comienzos de 1983, el gobierno de Belaúnde asumió medidas de financiación restringida, pero dichas medidas no surtieron los efectos suficientes, ni fueron mantenidas disciplinadamente. La tasa del crecimiento del PBI bajó a casi 0% en 1982. En 1983 registró -13,2%. La tasa del crecimiento del PBI per cápita registró también menos de cero, -2,3% en 1982 y -15,2% en 1983. La tasa inflacionaria tenía dos dígitos hasta 1982, pero en 1983 y 1984 sobrepasó el 100%. Con el transcurso de los años, el nivel del sueldo real y la tasa de empleo bajaron, mientras que los subempleados y los trabajadores en el sector informal, en cambio, aumentaron. En la segunda mitad del año 1984, las relaciones

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1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973

año

948 991 1059 1061 1110 1129 1191 1203 1166 1182 1215 1247 1248 1283

9,7 7,2 9,9 3,2 6,8 5,5 8,5 3,8 –0,3 4,3 5,8 5,5 2,1 5,7

6,7 4,6 6,8 0,2 3,8 2,6 5,5 1,0 –3,1 1,4 2,8 2,6 0,1 2,8

variaCión Per CáPita (us $) total (%) Per CáPita (%)

ProduCto bruto interno (Pbi)

2,4 8,7 4,7 8,8 11,4 14,8 7,7 18,9 9,8 5,7 5,8 7,4 4,3 13,8

(%)

anual

inflaCión

–1,4 –0,1 –1,2 –2,6 –3,1 –3,4

(% del Pbi)

fisCal

défiCit

178,2 192,7 207,7 218,0

seCtor Privado 219,4 218,7 231,0 225,8

salario MíniMo

índiCe de salario real (el nivel de 1985 = 100)

Cuadro 1.13 PrinCiPales indiCadores eConóMiCos hasta la déCada de 1980

13,9 13,3 13,2 12,9

(% del Pbi)

tributaria

Pensión

100 105 114 127

total

100 102 108 116

Per CáPita

(el nivel de 1970 = 100)

soCial PúbliCo

índiCe de gasto

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1371 1392 1376 1325 1263 1289 1322 1358 1327 1124 1149 1143 1240 1341 1208 1038 968

9,9 4,3 1,6 –1,1 –2,2 4,7 5,4 5,3 0,1 –13,2 4,6 1,7 10,8 10,4 –8,1 –12,4 –4,9

6,9 1,5 –1,1 –3,7 –4,7 2,1 2,8 2,7 –2,3 –15,2 2,2 –0,5 8,5 8,2 –9,9 –14,1 –6,7

19,2 24,0 44,7 32,4 73,7 66,7 60,8 72,7 72,9 125,1 111,5 158,3 62,9 114,5 1722,3 2775,3 7649,7

–2,7 –4,6 –5,5 –6,6 –4,5 –0,5 –2,4 –3,9 –3,1 –7,2 –4,2 –2,3 –4,8 –6,8 –5,2 –8,0 –6,8

212,4 201,6 185,6 160,2 139,4 133,7 141,8 141,4 148,3 125,2 111,5 100,0 128,6 136,9 90,7 60,2 42,4

230,0 213,6 196,1 173,2 132 147,7 182,8 155,5 143,3 145,8 116,2 100,0 102,9 114,2 84,0 44,6 39,5

13,1 13,2 12,7 12,9 13,9 15,8 17,1 14,3 13,9 11,5 13,2 12,7 11,1 8,5 8,7 6,9 9,2

127 133 135 120 113 121 154 153 136 114 125 123 155 119 92 66 43

113 115 114 99 90 95 118 114 98 84 86 82 101 76 57 40 25

Fuentes: Las del PBI se basan en Webb y Fernández (1991: 362; 2000: 711); las de la inflación anual: Webb y Fernández (2001: 687); las del déficit fiscal: Webb y Fernández (1991: 856; 2000: 1149); las del salario real e índice de gasto social público: Figueroa (1993: 114, 133); y las de la presión tributaria: Webb y Fernández (1994: 508; 1999: 1123; 2000: 1151). Nota: El signo – significa que no existe el dato. El tipo de cambio que se utiliza para valorar el PBI en dólares constantes es el del año 1986.

1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990

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Yusuke Murakami

Cuadro 1.14 PrinCiPales indiCadores eConóMiCos del seCtor externo hasta la déCada de 1980 (Millones de us$)

año 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990

balanza CoMerCial

balanza en Cuenta deuda externa Corriente

103 82 78 37 167 25 –23 –68 177 221 335 159 133 79 –405 –1097 –675 –422 304 1722 826 –553 –429 293 1007 1219 –73 –500 –134 1246 399

8 –8 –36 –82 16 –138 –213 –282 –41 0 184 –34 –32 –192 –807 –1535 –1072 –783 –164 953 –66 –1715 1534 –780 –132 103 –1393 –2065 –1819 –571 –1418

PúbliCa

146 140 158 199 259 325 513 623 737 874 945 997 1121 1491 2182 3068 3554 4311 5135 5764 6043 6127 6825 7800 9079 10.605 11.927 15.382 16.270 17.477 18.934

reservas internaCionales

90 124 155 189 232 240 236 145 131 166 423 347 398 411 693 116 –752 –1101 –1025 554 1276 772 896 856 1103 1383 866 81 –317 546 682

Fuente: Webb y Fernández (2001: 1229).

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Cuadro 1.15 núMero de eMPleados PúbliCos (en Miles) año 1955 1960 1967 1970 1975 1980 1985 1989

núMero 148 179 270 304 563 593 694 977

Fuente: Gonzales y Samamé (1991: 19).

entre el gobierno peruano y el FMI empeoraron, debido al incumplimiento por parte del primero de los objetivos económicos acordados con el organismo internacional; el gobierno peruano decidió suspender el pago de la deuda pública externa. En 1985, el gobierno de García heredó la economía en desorden de manos de su antecesor, Belaúnde. El nuevo Presidente rechazó la ejecución de las medidas, recomendadas por las organizaciones financieras internacionales como el FMI, de realizar ajustes económicos reduciendo el gasto fiscal y logrando de este modo el equilibrio presupuestal. Después de limitar el pago de la deuda externa al 10% del monto total de las exportaciones, pretendió lograr la recuperación económica con la expansión del gasto fiscal, cuyos recursos provenían del ahorro presupuestal que se había conseguido gracias a dicha limitación del pago de la deuda externa. Al mismo tiempo, tomaba medidas de protección a la industria interna, e intentaba controlar la inflación introduciendo el control artificial de los precios y devaluando el dólar. Al momento de decidirse por estas medidas, el mandatario peruano dio prioridad al interés de mantener alta su popularidad personal, más que a una perspectiva y una consideración económica serias (Osonoi 1991a: 52-59). La política económica de García no tomó en cuenta la capacidad fiscal del Estado ni el efecto que tendría el aislamiento del país en las relaciones exteriores y en la comunidad financiera internacional. Aunque por corto tiempo se logró cierto nivel de recuperación económica,

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en realidad, las medidas económicas llamadas “heterodoxas” del gobierno aprista solamente reprodujeron —utilizando las instalaciones en desuso en el país— la industrialización por la sustitución de importaciones ya fracasada en la década anterior. Dicha política económica no permitió impulsar el desarrollo de mediano y largo plazo, y chocó contra sus propios límites en unos pocos años. Mientras el déficit fiscal y la deuda externa seguían aumentando, las reservas internacionales se agotaron en 1988. Desde ese año el PBI también cayó fuertemente. El PBI per cápita bajó al nivel de la década de 1960, es decir, a niveles similares a los que tenía casi veinte años atrás. La inflación anual saltó hasta cuatro dígitos: registró 1722% en 1988 y 2775% en 1989, llegando al 7650% en 1990 (de la inflación anual de 1990, un 750% corresponde al periodo del gobierno de Fujimori). Según estas cifras de la inflación, el precio de los productos se multiplicaba unas docenas de veces en un año. La tasa de empleo bajó del 60% en 1987 al 18% en 1989. El sueldo real también bajó drásticamente en unos años. Si consideramos su nivel de 1985 como 100, el nivel del sueldo real cayó hasta en unos 60 puntos en 1989. Aunque las finanzas nacionales empeoraron, el gobierno de García no cambió su política económica. Más bien, ignorando totalmente la realidad, el mandatario aprista continuó repartiendo subsidios, para mantener su popularidad o detener la caída de la misma de cualquier manera. Por ejemplo, dedicó el monto correspondiente al 110% de la recaudación de impuestos al pago de los sueldos de los funcionarios; y el precio de un galón (unos 3,8 litros) de gasolina se mantuvo en 6 centavos de un dólar. Esta última cifra representaba una cuarta parte del precio de un litro de Coca Cola (Fujimori 1999: N.° 14; Osonoi 1995: 77). A lo largo de la década de 1980, la capacidad administrativa del gobierno también disminuyó en medio de problemas económicos cada vez más graves. A fines de la década, la tasa de recaudación de impuestos dentro del PBI cayó a la mitad de lo que había sido antes. El monto per cápita del gasto presupuestal del gobierno en los campos de educación, bienestar social, vivienda y trabajo bajó en el transcurso de los años ochenta, quedando a fines de la década en el nivel de menos de la mitad de lo que fue en 1980. Mientras tanto, el número de funcionarios siguió incrementándose: no era extraño para la gente común que cada gobierno aparentara solamente proteger y otorgar su “benevolencia” a sus seguidores-clientes. No desapareció la corrupción relacionada con la utilización de los cargos

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públicos y, en particular, los casos de los funcionarios, como políticos o policías, involucrados en el tráfico de drogas hirieron aun más la confianza en el gobierno. Se descubrió la participación de la cúpula policial en dicho tráfico en 1985. Tres años después hubo otro sonado caso del mismo delito que comprometió a un diputado oficialista. Ambos escándalos impactaron a la sociedad peruana.

La expansión de las actividades de los grupos subversivos armados Paralelamente a una situación económica cada vez más grave, el segundo problema simbólico del Perú de la década de 1980 fue la expansión de las actividades de los grupos subversivos armados, que también llegaron a amenazar a toda la sociedad. En este decenio, dos grupos subversivos armados emprendieron sus actividades militares en el Perú. El primero fue Sendero Luminoso (SL),66 un movimiento fundado en 1970 por Abimael Guzmán, catedrático de filosofía en la Universidad de San Cristóbal de Huamanga (en el departamento de Ayacucho, al sureste de Lima), cuando el profesor universitario y sus seguidores se separaron del pro moscovita Partido Comunista Peruano, para seguir una de tendencia maoísta.67 Los militantes de SL llamaron a su organización “el Partido Comunista

66.

Respecto de los grupos subversivos armados en el Perú, particularmente sobre SL, véase Aranda et al. (2009), Bonilla ed. (1994), CVR (2003: tomo II), Degregori (1989; 1990a; 1990b), Fumerton (2002), González (2011), Gorriti (1991), Granados (1992), Manrique (2002), Mitchell (2006), Montesinos (2009), Palmer ed. (1994), Pajuelo (2010), Selingmann (1995), Stern ed. (1999), Taylor (1998). Informes escritos por los encargados de las operaciones antisubversivas de la policía son: Inka (1994) y Jiménez Baca (2000). Fujimori también escribió un libro en japonés sobre su experiencia de encabezar la política antisubversiva como jefe de Estado (Fujimori 2002). Algunas partes del libro son interesantes, pero su tono principal es el elogio de sí mismo. Por ejemplo, mientras se limita a referirse brevemente a la detención de Abimael Guzmán, líder máximo de SL, sobre la cual fue informado post factum, Fujimori dedica varias páginas a detallar la operación de detener al sucesor de Guzmán, que él mismo dirigió. Por otro lado, el libro no menciona la “contribución” de Montesinos en la política antisubversiva de Fujimori, como lo había hecho siempre en los años noventa. Esto es natural, ya que Fujimori ahora ha roto relaciones con su ex asesor principal; pero, al mismo tiempo, implica que el libro está escrito con una intencionalidad política.

67.

En 1964, el Partido Comunista Peruano se dividió en dos, el maoísta y el moscovita, debido al conflicto chino-soviético.

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Peruano-Sendero Luminoso”. Después de 10 años de preparación, el SL emprendió sus actividades militares en 1980, cuando se realizó la transferencia del poder a la civilidad. El movimiento adquirió el apelativo de Sendero Luminoso por el lema de un folleto propagandístico que Guzmán y sus seguidores circulaban en la primera mitad de la década de 1970: “Por el sendero luminoso de Mariátegui”.68 Se basaban en el pensamiento maoísta y adoptaron la estrategia militar de “cercar la ciudad desde el campo”, vale decir, de irrumpir en la ciudad después de consolidar su dominación en el campo. SL aspiraba a destruir completamente el régimen existente y construir desde cero un nuevo orden, matando sin piedad a todos los que no colaboraran con tal objetivo. Su crueldad se compara con el gobierno de Pol Pot de Camboya, y SL fue llamado a veces “un Khmer Rouge en los Andes”. Incluso más tarde, en 2003, cuando la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) concluyó sus investigaciones sobre la violencia política en el Perú entre 1980 y 2000, su informe final señaló que la primera causa de la violencia política de estos años radica en que SL trató de llegar a sus objetivos políticos por medio de la violencia, y el mayor autor de la violación de los derechos humanos fue SL (CVR 2003: Conclusiones). Es importante recalcar que SL tendía a ser autóctono y tenía pocos vínculos internacionales. Se estima que sus elementos militares contaban entre 6 mil y 7 mil personas en el momento de su mayor fuerza. El otro grupo subversivo armado fue el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA). Tenía menos fuerza que SL y objetivos diferentes; aspiraba a realizar una revolución a la cubana. El nombre provenía de Túpac Amaru, el último emperador de la familia inca que, después de ser derrotada por los españoles, huyó de Cusco, capital imperial, y resistió a la dominación española.69 Evocaba también el nombre de Túpac Amaru II, un líder indígena que, a fines del siglo XVIII, dirigió una rebelión en protesta por la política represiva de España. El grupo subversivo armado con el nombre del dirigente indígena fue fundado en 1982 por Víctor Polay, desertor del PAP, y que había sido atraído a las actividades militares con miras a repetir otra revolución cubana en los Andes. Inició sus operaciones militares en 1984. Daba importancia a

68.

Se refiere al pensador marxista y fundador del Partido Comunista Peruano.

69.

El último emperador fue capturado y ejecutado por los españoles en 1572.

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las actividades militares en la ciudad, y recurrió a los ataques militares a las instalaciones del gobierno, las misiones diplomáticas y las empresas extranjeras, los secuestros para obtener rescate, la intimidación a los empresarios para cobrar “cuotas de revolución”, y a las actividades propagandísticas mediante la ocupación temporal de los medios de comunicación. El MRTA tenía relaciones de colaboración con y recibía ayuda de grupos subversivos armados similares de Centroamérica, Colombia, Chile y Bolivia. Aunque el MRTA no titubeaba en acudir al terrorismo y asesinato al igual que SL, el grupo de la línea procubana no tenía la tendencia de destruir el orden establecido tan radicalmente como SL. Se estima que sus elementos militares sumaban entre 4 mil y 5 mil en el momento de su mayor fuerza.70 Tanto SL como el MRTA intensificaron las actividades militares en el transcurso de los años ochenta. Esto se debió, por un lado, a la profundización de las dificultades económicas y los problemas estructurales como la pobreza y las desigualdades abismales, así como a la existencia del “vacío del poder” dejado por las políticas de reforma llevadas a cabo por el gobierno militar de doce años desde 1968. Pero la razón más importante de la expansión de los grupos subversivos armados fue el hecho de que Belaúnde y García no se decidieron por una política antisubversiva clara en los momentos necesarios ni se empeñaron en poner en práctica ninguna política coherente y duradera contra la subversión. En cuanto a los grupos subversivos, Belaúnde en un principio los subestimaba e incluso los menospreciaba. El mandatario veía con indiferencia y distancia la situación subversiva, considerándola como un problema focalizado en zonas alejadas de la sierra y que involucraba solamente a una parte de los indígenas y de los pobres. La situación también fue agravada 70.

Respecto del número de miembros de SL y el MRTA, Fujimori apuntó una vez que, alrededor de 1990, el primero contaba con unos 50 mil y, el segundo, con 30 mil (Fujimori 2002: 22). Pero en estas cifras parece haber incluido a los simpatizantes y a los miembros de la retaguardia; y, por ello, posiblemente son exageradas. Basándose en los documentos hechos por el mismo Guzmán e incautados por la Policía cuando este fue detenido, un experto calcula que los elementos militares de SL eran entre 6 mil y 7 mil (Tapia 1997: 112). Fujimori también describe que a mediados de los años ochenta los grupos subversivos armados tenían bajo su control gran parte del Perú y en 1990 el 50% de la sierra estaba dominada por SL (Fujimori 2002: 73, 98). Sin embargo, su descripción no es exacta, como señalaremos más adelante. Exageraciones similares, junto con el problema de confundir la simpatía por SL con el apoyo al mismo (que detallaremos en esta sección), se encuentran también en McClintock (1998) y Rochlin (2003).

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porque había pasado poco tiempo después de culminado el proceso de la transferencia del poder a la civilidad y en los primeros momentos el mandatario peruano titubeó en ordenar a los militares encargarse de las operaciones antisubversivas, confiándolas solo a la Policía. Aunque a fines del año 1982 Belaúnde ordenó finalmente a las Fuerzas Armadas emprender las operaciones antisubversivas, nunca elaboró una operación coherente basada en una estrategia sistemática e integral de mediano y largo plazo. García, sucesor de Belaúnde, pensó que impulsando el desarrollo social el gobierno podría hacer frente a los grupos subversivos y minar su apoyo. El gobierno aprista suponía que no era necesaria una política especial contra ellos. Sin recibir instrucciones sistemáticas ni apoyo necesario en el aspecto político y económico por parte del jefe de Estado, las Fuerzas Armadas y la Policía se limitaron a repetir represiones inconsistentes que habían ocurrido en otras partes del continente. Entre mediados de 1988 y fines del gobierno de García, un grupo paramilitar armado, que se denominaba Comando Rodrigo Franco, apareció y utilizó el terrorismo contra los que tenían vínculos con SL o el MRTA. Se supone que este Comando tenía que ver con el gobierno aprista, en particular, con una parte de la cúpula de la Policía Nacional o del Ministerio del Interior. Según las investigaciones del Congreso peruano, el Comando Rodrigo Franco asesinó a once personas en 1989 y cinco en 1990 (Comisión Especial 1990: 47; 1991: 61). Veremos algunas cifras relativas a la intensificación del terrorismo (véase cuadro 1.16). En primer lugar, el número anual de atentados terroristas, incluyendo las actividades de propaganda sin usar armas, superó mil casos en 1983 y dos mil en 1985, llegando a más de tres mil casos en 1989. En segundo lugar, el número diario de atentados subió de menos de uno en 1980 a dos casos en 1982, y luego registró cinco casos en 1985 y más de ocho casos en 1989. En tercer lugar, el número anual de las víctimas por la violencia política, incluyendo a los elementos de los grupos subversivos armados, llegaba a un dígito en 1980 y 1981, pero en 1982 aumentó en tres dígitos, registrando después de 1982, excepto el año 1987, entre mil y cuatro mil muertos anuales. Especialmente en 1984, el número de víctimas sobrepasó las cuatro mil personas. De este modo, en la segunda mitad de la década del ochenta, los atentados terroristas parecían revestir un cariz trágico, cotidiano y diario. Recurriendo solamente a la estadística oficial, entre 1980 y 1990 el número de víctimas por la violencia política ascendió a 19.263 personas,

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Sierra

Selva

-

-

0

0

0

4

33

371

311

2

715

1981

2

0,5

170

7

553

331

2,4

891

1982

433

7,7

2807

10

750

363

3,1

1123

1983

416

11,8

4319

27

1217

516

4,8

1760

1984

208

3,7

1359

27

1083

940

5,6

2050

1985

257

3,5

1268

26

1311

1212

7

2549

1986

133

1,9

697

104

1261

1124

6,8

2489

1987

230

5,4

1986

115

1341

959

6,6

2415

1988

440

8,8

3198

207

1700

1242

8,6

3149

1989

232

9,5

3452

159

1210

1410

7,6

2779

1990

Fuentes: Los atentados se basan en INEI (2001b [originalmente es la estadística de la Policía Nacional]); Víctimas, Webb y Fernández (1995: 447 [originalmente es la estadística de la Comisión Especial de Investigación y Estudio sobre la Violencia y Alternativas de Pacificación del Senado de la República]); y desaparecidos, Comisión Especial (1992: 96). El promedio por día es un cálculo del autor.

(personas)

Desaparecidos

3

0

Promedio por día

16

117

Total

Víctimas (personas)

Costa

-

86

0,6

Por zonas

219

Promedio por día

1980

Total

Atentados (casos)

año

Cuadro 1.16 datos relativos al terrorisMo en la déCada de 1980

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poco menos de 20 mil. Alrededor de la mitad de este número corresponde a los elementos de los grupos subversivos armados. El número de desaparecidos en las operaciones antisubversivas realizadas por las Fuerzas Armadas y la Policía también llegó a un nivel alarmante a partir del año 1983, hasta 1989. Hasta ahora no se ha realizado un trabajo minucioso de aclarar todos los detalles de los casos de violación de los derechos humanos.71 Una investigación estimaba que en los once años entre 1980 y 1990, los daños causados por las actividades subversivas del SL y MRTA produjeron pérdidas por un total de mil ochocientos millones de dólares, una cifra que correspondía a seis veces más que la exportación anual del Perú, alrededor del 80% de la deuda externa del país andino y un 75% del PBI peruano (Comisión Especial 1991: 18-19). Con el objetivo de consolidar sus bases en el campo y avanzar en su plan de conquistar el poder, SL pretendió extender su influencia a las zonas de la sierra, especialmente en las zonas colindantes con el departamento de Ayacucho, donde fue fundado. Al mismo tiempo, cometió una serie de actos terroristas también en la costa, inclusive en Lima, para aparentar tener fuerza más allá de lo que realmente tenía. Sin embargo, ya hacia mediados de la década de 1980, SL tuvo enfrentamientos con el pueblo en el campo y encontró dificultades en extender su fuerza e influencia precisamente en la zona rural, a la que el grupo subversivo armado había dado importancia en su lucha armada. Esta situación conflictiva se debió a que hasta entonces SL había fortalecido el control político en sus relaciones con los campesinos y había asesinado cruelmente a los que no colaboraban con el grupo subversivo. Aparte de esto, los senderistas prohibieron la obtención de ganancias económicas y una producción mayor a la necesaria para la subsistencia y autarquía, así como la celebración de mercados tradicionales de trueque de productos que los habitantes rurales necesitan para su vida cotidiana. Frente al control totalitario de SL, el 71.

El gobierno provisional de Valentín Paniagua (2000-2001) creó la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR). Dicha comisión fue instalada oficialmente bajo el gobierno de Alejandro Toledo (2001-2005), comenzó sus investigaciones en noviembre de 2001 y presentó su informe final en agosto de 2003 (CVR 2003). Aunque la comisión hizo un importante aporte para aclarar diversos casos de la violencia política, tuvo poco tiempo y un presupuesto restringido. Por estas y otras razones, no logró aclarar todos los casos. La CVR estima sobre la base del cálculo estadístico que el número de víctimas por la violencia política entre 1980 y 2000 sería 69.280 personas (CVR 2003: anexo 2).

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campesinado emprendió la resistencia al grupo subversivo armado, y se organizaron las rondas campesinas contra el terrorismo en diversas partes de la sierra (Degregori et al. 1996: 195-218). De este modo, la estrategia senderista se estancó a mediados de la década de 1980.72 Para superar su estancamiento, SL decidió entre 1988 y 1989 cambiar el énfasis en las operaciones subversivas del campo a la ciudad y, en particular, concentrarse en Lima. Este cambio fue justificado internamente sobre la base del juicio de que la situación de la fuerza militar de SL estaba llegando al llamado “equilibrio estratégico”, en el cual el grupo subversivo supuestamente tenía la fuerza suficiente para combatir frente a frente con las fuerzas del orden. En aquel entonces, dentro de SL circulaba un documento de Mao Tse-Tung sobre la estrategia de la guerra contra el Japón, donde el dirigente comunista chino describía el proceso en el que los comunistas chinos expandieron su fuerza resistiendo a la invasión japonesa, después de formar un frente con las fuerzas nacionalistas de China. Este hecho condujo a las autoridades peruanas a señalar que SL buscaba entonces un asalto estratégico, haciendo caer en un desorden total a la ciudad de Lima, provocando la intervención militar de los Estados Unidos con el envío de sus tropas al Perú para, de este modo, crear un frente externo. SL se infiltró en las zonas pobres de la capital e intensificó desde 1990 los actos terroristas, como los atentados con coche bomba y los asesinatos selectivos. En 1990, el número de atentados en la costa sobrepasó a los de la sierra (véase cuadro 1.16). Por otro lado, el MRTA también pretendió extender su fuerza en el interior del país, mientras cometía actos terroristas en áreas urbanas, inclusive en Lima. En la segunda mitad de los años ochenta, el grupo subversivo armado procubano emprendió los secuestros de empresarios exigiendo rescates; y asesinó cruelmente a los rehenes, en el caso de que sus exigencias no fuesen satisfechas. Al mismo tiempo, el MRTA echó el ojo a la zona de cultivo de la hoja de coca en la selva; estableció relaciones colaborativas con los traficantes de droga o los agricultores de la hoja que era la materia prima para producir la cocaína, y recibió narcodólares por el servicio de protección, especialmente frente a la intervención de las fuerzas del orden. 72.

La decisión que, en 1982, el gobierno de Belaúnde tomó de encargar las operaciones antisubversivas a las Fuerzas Armadas constituye el otro factor que causó el estancamiento estratégico de SL en estos años.

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Más tarde, SL también prestó atención a las relaciones con los traficantes de droga como una fuente de recursos económicos, y se produjeron enfrentamientos entre este y el MRTA para controlar las zonas del cultivo de la hoja de coca. De este modo, en la selva, donde hasta mediados de los ochenta se registraban relativamente pocos atentados terroristas, se empezaron a dar más de cien casos anuales a partir de 1986 (véase cuadro 1.16). Lo que debemos tener presente es que no podemos igualar a SL y al MRTA con las fuerzas guerrilleras en Centroamérica de los años setenta y ochenta, o con las que existen en Colombia el día de hoy. Esto se atribuye a que, a diferencia de los grupos de Centroamérica y Colombia, tanto SL como el MRTA no lograron establecer una dominación permanente en una determinada zona y no tuvieron la fuerza suficiente para llevar a cabo sostenidamente operaciones militares. Hubo zonas donde SL o el MRTA desarrollaban actividades intensivas, pero en ningún caso ambos grupos subversivos armados pudieron imponer la dominación más o menos exclusiva por un mes o unos meses, ni mucho menos por más de un año. Las áreas que los grupos subversivos armados consideraban como “zonas liberadas” se encontraban en lugares de la sierra y selva totalmente alejados de las zonas pobladas y no tenían un acceso fácil. Además, dichas áreas las constituían zonas despobladas o con caseríos sumamente pequeños, es decir, donde había un “vacío de poder”. En los casos en que las fuerzas del orden fueron enviadas a estas zonas para realizar operaciones militares, no se registró ninguna resistencia subversiva que durara más de unos días; ni mucho menos hubo caso alguno en que los grupos subversivos impidieran el ingreso de las fuerzas de orden a las zonas (Tapia 1997: 88-103, 130). Tampoco podemos interpretar que los dos grupos subversivos armados constituían movimientos de resistencia que representaran a los pobres o a los indígenas que habían sufrido la opresión de los blancos desde la época colonial.73 Este tipo de explicación es criticada como “andinismo”, al estilo del argumento del “orientalismo” de Edward W. Saïd.74 SL y el

73.

Degregori (1992a; 1992b) encuentra un ejemplo de esta interpretación en Strong (1992).

74.

El concepto del “orientalismo” es utilizado para definir la esencialización del Otro como un ser exótico que actúa movido por valores y tradiciones milenarias intrínsecas a su naturaleza. En el caso del Perú, los “andinistas” piensan que un fenómeno como SL o el MRTA representa la insurgencia de las mayorías indígenas, condensa el odio acumulado por siglos de opresión y revela una vena sangrienta que recorre la historia

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MRTA son movimientos modernos que buscaban una revolución por la violencia y fueron dirigidos por cuadros de vanguardia, cada uno compuesto de intelectuales y dirigentes mestizos oriundos de las clases medias. Ambos grupos expandieron su influencia por cierto tiempo debido a que, aparte de obligar a la población de cierta zona a obedecer por medio de la fuerza militar, esta evaluó pragmática y positivamente el hecho de que problemas locales específicos, en torno de la injusticia o la pobreza, como el conflicto sobre tierras, fuesen atendidos por uno de estos grupos subversivos armados. En cambio, en las zonas donde estos problemas pudieron ser aliviados por la población local, SL o el MRTA encontraron dificultades en desarrollarse. La gente común no percibía las actividades de estos grupos desde la perspectiva o el juicio de ser pobres, o de ser ellos los representantes de los campesinos o indígenas oprimidos y discriminados en la historia del Perú. Con la excepción de un limitado número de personas, que estaban decepcionadas y desesperadas por la pobreza y la injusticia social, la gente no siguió a SL o al MRTA aceptando como propia su ideología revolucionaria (Degregori 1992a, 1992b; Tapia 1997: 102-105). Por tanto, en la medida en que SL o el MRTA fortalecían su control político e ideológico, revelaban su carácter sumamente violento y autoritario. De tal manera, la vida cotidiana de la gente común que estaba cerca de ellos estaba amenazada por sus actos terroristas. Entre los pobres, campesinos e indígenas se extendió la oposición y resistencia a la violencia de ambos grupos subversivos armados. Uno de los ejemplos de dicha oposición constituye la mencionada resistencia a SL por su asesinato de campesinos que no colaboraban con ellos, la prohibición de la celebración de mercados tradicionales o la persecución de las ganancias económicas. La realidad fue que muchos de los que obedecían a SL o el MRTA, lo hacían por temor. No debemos olvidar que casi todos los miembros de las clases bajas luchaban dura y diariamente por sobrevivir en el sector informal sin recurrir a la violencia y apelando a las actividades de ayuda mutua de las organizaciones sociales de base. En torno de la llamada crisis de los rehenes, sobre la cual escribiremos en el capítulo V, algunos analistas argumentaron que esta debía ser interpretada como parte de la “lucha de quinientos años contra la civilización

andina desde tiempos inmemoriales. Estas imágenes no se corresponden con la realidad peruana (Degregori 1992a; 1992b).

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occidental desde la conquista (española)” o la “historia de la opresión después de la conquista”. Sin embargo, se trata de un argumento que cae en la trampa del “andinismo”. A lo anteriormente descrito podemos añadir que no debemos confundir cierta simpatía de alguna parte de la población hacia SL o el MRTA con su apoyo a los grupos subversivos armados. Es verdad que una parte de las clases bajas tendía a tener un nivel de simpatía hacia las actividades de ambas agrupaciones, debido a la situación dura de pobreza e injusticia social y a la violencia por parte de los militares y la Policía. Sin embargo, esto no significaba que los simpatizantes aceptaran la ideología de los grupos subversivos armados o reconocieran como legítimo el uso de la violencia como un método de la lucha social. Mucho menos apoyaban activamente el pensamiento y método de SL o el MRTA. Como explica un estudio ya clásico sobre SL, es necesario distinguir claramente entre la simpatía o el apoyo pasivo, y el apoyo activo (Berg 1986).75 Como hemos señalado en esta sección, a lo largo de la década de 1980, una cada vez más profunda inestabilidad social —originada por diversos problemas socioeconómicos y el flagelo del terrorismo— pusieron a muchos de los pobres en serios aprietos. Estos y sus familias buscaron con denodados esfuerzos propios algún camino para sobrevivir. Algunas manifestaciones de estos esfuerzos fueron los movimientos sociales de ayuda mutua, como las organizaciones vecinales para mejorar las condiciones y el ambiente de vivienda y las organizaciones de mujeres para ofrecer comidas a precio bajo, así como las actividades económicas en el sector informal. Mientras llevaban a cabo sus propios esfuerzos de supervivencia, muchos peruanos esperaban la superación de los múltiples problemas socioeconómicos haciendo llegar al poder, primero, a la fuerza de centro derecha y, después, a la de centro izquierda. No obstante ello, la política de partidos en los años ochenta se alejó del ideal de la Constitución Política de 1979, e hizo caer en una situación cada vez más grave a la sociedad, traicionando las expectativas del pueblo peruano. De este modo, los partidos, protagonistas de la política de esa década perdieron gradualmente la confianza y el apoyo de la población. Según las encuestas realizadas en la segunda mitad de la década de 1980,

75.

Una confusión de misma especie sería cometida por Fujimori en 1995 sobre el apoyo popular a sí mismo. Al respecto véase la nota 5 del capítulo V.

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más del 70% de los electores expresaron su desconfianza hacia los partidos políticos, y quienes no apoyaban a ningún partido político llegaron a ser entre el 40 y 60% de los electores. Solamente el 5% del total respondió que pertenecían a algún partido (Torres 1989: 57-59). Luego de alejarse de los partidos, muchos peruanos empezaron a dirigir la mirada a los políticos independientes que no tenían nada que ver con los partidos existentes. De este modo, se abrió la posibilidad de que fuerzas independientes emergieran en la escena política. Esto constituyó el ambiente político donde finalmente Alberto Fujimori salió elegido en la lid electoral de 1990. 76

76.

Desde el ángulo revisionista, Tanaka (1998) critica la interpretación de la política de los años ochenta descrita como hindsight o explicación retrospectiva, que no toma en consideración la “racionalidad” de los encargados del poder. Por ejemplo, sobre la indecisión del ajuste económico entre 1982 y 1983, el estudioso señala que se debía a que Belaúnde estaba bajo la influencia del Banco Mundial, que subestimaba los efectos de la crisis financiera, y existían en el país movimientos sociales que se oponían al mencionado ajuste. Respecto de la decisión de Belaúnde en 1982 de encargar a los militares las operaciones antisubversivas, argumenta que la demora es comprensible, porque entonces todavía no existía la percepción ampliamente aceptada de que se trataba de un grupo subversivo armado; y el gobierno titubeaba tanto por la oposición de las fuerzas de izquierda al uso de las Fuerzas Armadas como por ser el primer gobierno civil después del gobierno militar de doce años. Más bien, el investigador plantea que, al acudir a las Fuerzas Armadas en la política antisubversiva, Belaúnde demostró su enfrentamiento con el terrorismo. En cuanto al gobierno de García, el especialista señala que este buscaba siempre su supervivencia política o la expansión de su poder político, e indica que la nacionalización de la banca en 1987 había sido decidida entre García y sus allegados ya un año antes, y fue apoyada post factum por los intelectuales de la izquierda y otras fuerzas (Tanaka 1998: 109-116, 143-155). Aunque el argumento de Tanaka es un aporte para reconstruir los hechos históricos, su problema principal radica en no definir claramente la “racionalidad” de los encargados del gobierno. Mientras presta atención a la “racionalidad” de corto plazo de cada actor político, el revisionista hace caso omiso de la racionalidad para la sociedad entera o de mediano y largo plazo. Concretamente, el estudioso no presenta un criterio claro para detectar las razones arbitrarias o egocéntricas de los encargados del poder para justificarse a sí mismos. Usando el ejemplo de García, era “racional” para él mismo y desde la perspectiva del corto plazo, ya que el jefe de Estado aprista siempre priorizaba incrementar su poder; pero, para la sociedad peruana, o desde la perspectiva de mediano y largo plazo, su priorización no era racional. En este sentido, el argumento revisionista es demasiado tolerante con las justificaciones egocéntricas de los actores políticos. Una historiadora norteamericana señala que las causas de los fracasos políticos son: la autocracia o la opresión (la arbitrariedad de los gobernantes), el exceso de las ambiciones, la inercia o la decadencia y la locura. Ella explica que, para juzgar alguna

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decisión política como una locura, se deben cumplir las siguientes condiciones: (a) desde el ángulo del sentido común, los valores generalmente admitidos en la sociedad de entonces, se sabía o por lo menos las personas razonables debían de saber que determinada decisión o acto político resultaría contrario al interés social; (b) hubo alternativas: uno observaba fría y objetivamente la situación y encontraba alternativas, aunque los encargados del gobierno pensaban subjetivamente que no las hubo; y (c) fue una decisión o acto político decidido no por una persona sino por cierto grupo o facción, y existían las personas que se oponían a la decisión o el juicio de la situación (Tuchman 1984: 5-33). Aunque no corresponde a este análisis presentar la explicación sobre los tres casos descritos de Belaúnde y García (el último sobre la nacionalización de la banca), anotamos que tenemos dudas sobre su racionalidad porque en estos casos la decisión o la indecisión tenían el elemento de arbitrariedad del jefe máximo. En el gobierno, el oficialismo o la sociedad peruana hubo grupos que tenían un juicio distinto del de los mandatarios, y los mandatarios determinaron su decisión sin refutar debidamente (con fundamentos suficientes) las alternativas o el juicio distinto. Aun en el caso de que se admita la racionalidad en dichas situaciones, debido a la falta de conciencia sobre la gravedad de la crisis financiera o del grupo subversivo armado, debemos señalar que a los gobernantes les faltaba una racionalidad de mediano y largo plazo, o la capacidad y habilidad de hacer un juicio adecuado de la situación, sin quedar en la inercia, o permitir la subsistencia o el empeoramiento de la situación adversa. Pensamos esto puesto que no cambiaron su decisión, o indecisión, por un año o más, a pesar de la fuerte oposición que estas tuvieran. Por ejemplo, respecto de la política antisubversiva del gobierno de Belaúnde, en un principio hubo en el oficialismo y en la sociedad peruana personas que pensaban sobre SL de una manera distinta de Belaúnde; además, pese a la decisión de encargar las operaciones antisubversivas a las Fuerzas Armadas, la verdad era que no se trataba de una estrategia sistemática e integral de mediano y largo plazo.

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CaPítulo II

El primer periódico que informó el “salto” de Fujimori en la campaña electoral de 1990 (Página Libre, 18 de marzo de 1990)

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Toda mi campaña estaba organizada para que el mensaje llegara a mi base social: los informales y los marginados. alberto fujiMori, en una entrevista realizada después del proceso electoral de 1990 (Daeschner 1993: 179).

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—II— La gestación de la política de Fujimori

1.

Fujimori y sus experiencias de vida

Alberto Fujimori, hijo de inmigrantes japoneses La forma de pensar sobre la política del futuro presidente peruano y el mismo estilo político de Fujimori se forjaron sobre la base de sus experiencias, desde su nacimiento en el Perú hasta su desempeño como docente y autoridad universitaria. Este capítulo analiza la historia personal de Fujimori hasta la década de 1980, así como el proceso electoral de 1990, con el objetivo de señalar algunos puntos de referencia para entender la política de Fujimori durante la época de su gobierno. Ya existen varios estudios sobre la biografía de Fujimori y sobre las elecciones de 1990, en que salió elegido.1 En esta sección revisamos las experiencias vitales de Fujimori, que consideramos relevantes para explicar y poder analizar su política, sin recurrir a una descripción exhaustiva de todos los aspectos de su vida. Empezaremos por reseñar los aspectos biográficos de Fujimori que tengan relación con su quehacer político. El futuro presidente peruano 1.

Sobre la vida de Fujimori se puede consultar, entre otros, Chino (1992), Fuchigami (1991), Jochamowitz (1993), Shibou (1991). También existen las memorias del mismo Fujimori (1999; 2003; 2005). La descripción de esta sección se debe a los mencionados trabajos excepto en ciertas partes donde esté indicada otra fuente. González Cueva (1999), Kimura (1998), Mauceri (2006), Oliart (1998), Panfichi y Francis (1993), Perry (2005) realizan, desde su propia perspectiva, una reflexión general sobre Fujimori.

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nació en Lima el 26 de julio de 1938.2 Fue el primer hijo varón de los inmigrantes japoneses Mutsue y Naoichi Fujimori. Es la segunda generación de origen japonés, es decir, nisei, en la lengua materna de los progenitores. Su madre dio a luz a su primer varón en la hacienda La Calera, en Lima, donde vivía la familia. El hijo recibió el nombre de Alberto Kenya. Cuando nació Fujimori, el lugar de la hacienda pertenecía al distrito de Miraflores, uno de los distritos más cercanos al océano Pacífico en la capital peruana, pero posteriormente este lugar se separó de dicho distrito y ahora constituye una parte del distrito de Surco. Con relación al lugar de nacimiento de Fujimori, un conocido semanario limeño presentó en 1992, y otra vez en 1997, la sospecha de que en realidad hubiese nacido fuera del Perú (Caretas, N.° 1240-1242, 14751478). Sin embargo, esta sospecha estuvo basaba en evidencias ambiguas y no tenía pruebas contundentes. Era más bien producto de especulaciones e investigaciones incompletas. Una serie de artículos de Caretas se refería a “pruebas” que no sustentaban la afirmación sobre el nacimiento de Fujimori fuera del Perú, como por ejemplo: la rectificación de la dirección de Fujimori en el registro de bautizo que se conserva en la iglesia en que fue bautizado, o los nombres de una familia en la lista de los pasajeros de un barco que supuestamente trajo a los padres de Fujimori al Perú (al parecer los de una pareja y dos niños, que están tachados en negro y son ilegibles). Por ejemplo, la segunda de estas “pruebas” quedó sin piso cuando se demostró que en realidad el barco en el que llegaron los progenitores de Fujimori resultó ser otro distinto del señalado por Caretas. Estas fueron acusaciones insolventes, sobre todo porque no analizaron los documentos y los materiales existentes escritos en japonés. Por ejemplo, el Archivo Diplomático del Ministerio de Relaciones Exteriores del Japón conserva el reporte mensual de ciudadanos (con datos del nacimiento, matrimonio, adopción y fallecimiento de los japoneses inmigrantes), donde aparece que el Consulado del Japón en Lima registró 2.

En lo que se refiere a la fecha de nacimiento de Fujimori, el koseki (el registro de familia de Japón) indica el 26 de julio de 1938, mientras que el registro de nacimiento del Perú dice el 28 de julio de dicho año. Según las fuentes de la familia Fujimori, la fecha del registro japonés es correcta, y el registro peruano tiene una fecha diferente porque al registrar a su primogénito ante las autoridades municipales del Perú, el padre aceptó lo propuesto por un testigo de su hijo: celebrar el cumpleaños de su hijo en el día de la Independencia del Perú.

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en agosto de 1938 la inscripción del nacimiento de Kenya Fujimori realizada por su padre Naoichi. Si se hubiera querido demostrar que Fujimori no nació en el Perú, se debió probar que dicho reporte era falso. Está de más decir que esto no es posible. La inscripción de Fujimori en el Consulado del Japón causaría en el año 2000 otro problema totalmente distinto: la doble nacionalidad de Fujimori.3 Es importante mencionar que Naoichi Fujimori, padre del futuro presidente peruano, es oriundo de Shirahama, pueblo de Kawachi, provincia de Houtaku (actualmente Shirahama, provincia de Kawachi, ciudad de Kumamoto), prefectura de Kumamoto. En búsqueda de un nuevo horizonte, partió hacia el Perú en 1920. Después de que Naoichi trabajase como recolector de algodón por algunos años en una hacienda de Paramonga, se trasladó a Huacho para convertirse en sastre. Cuando su negocio se consolidó un poco, dejó la sastrería en manos de su hermano, regresó a Japón y se casó con su coterránea Mutsue, en el año de 1934. Inmediatamente después de casarse, Naoichi se dirigió de nuevo al Perú con su esposa. Llegando a Perú, la pareja Fujimori se instaló en Huacho. El esposo trabajó por tres meses en la sastrería y luego Mutsue y Naoichi se mudaron al Centro de Lima, donde el segundo se dedicó de nuevo a la sastrería. En 1936, la pareja de Mutsue y Naoichi salió del Centro de Lima para vivir en la hacienda La Calera, en Miraflores, donde alquilaron un terreno y comenzaron a cultivar algodón. Pero este cultivo no les brindó mayores ingresos, y en 1938 la familia Fujimori retornó al Centro de Lima, donde abrió un negocio de reencauchado de llantas. Al poco tiempo, el negocio de los Fujimori sufrió un revés dramático como resultado de que el Perú rompiera relaciones diplomáticas con el Japón en 1941, poco después de iniciada la Guerra del Pacífico que estalló entre los Estados Unidos y el país asiático. Para desgracia de los japoneses residentes en el país, se confiscaron las empresas, negocios, terrenos y otras propiedades niponas. Después de perder la reencauchadora, Naoichi pasó por diferentes negocios. Puso una ferretería, una tienda de materiales para construcción, luego una tienda de jugos e incluso una florería. 3.

Aparte del reporte mensual, el koseki indica también que Fujimori nació en Lima, Perú. Sobre estos y otros registros en contra del argumento del semanario, así como sobre el problema de la doble nacionalidad de Fujimori, véase el otro libro del autor (Murakami 2004a).

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Alberto nació cuando Naoichi luchaba por salir adelante con el cultivo de algodón en la hacienda La Calera. Una vez que Mutsue y Naoichi decidieron abandonar el algodón, se mudaron al distrito de La Victoria, colindante con el Centro de Lima. Más tarde, la familia Fujimori se trasladó al residencial distrito de San Isidro, cuando Alberto estaba cursando la primaria. Alberto tiene cuatro hermanos, Juana Atsumi, Pedro Tatsuya, Rosa Toshiko y Santiago Shisei, quienes nacieron en 1935, 1940, 1942 y 1946, respectivamente. En 1940, cuando Alberto era todavía pequeño, hubo un fuerte terremoto en Lima. El niño se escondió en el baño de su casa para protegerse, pero la madre lo sacó de ese lugar justo antes de que cayeran las paredes. En otra oportunidad, el niño Alberto contrajo difteria, enfermedad mortal para los niños de entonces, y aunque su estado empeoró y llegó a estar entre la vida y la muerte, el hijo de los inmigrantes japoneses se recuperó gracias a la colaboración de diversas personas. Ambos episodios se cuentan con frecuencia para sugerir que Alberto tuvo mucha suerte durante su infancia. Alberto cursó estudios en una escuela japonesa en Lima y se educó en japonés hasta poco antes de cumplir los siete años, porque sus padres soñaban con volver a Japón. Este deseo se vería frustrado más tarde por la derrota del Japón en la guerra. Como se ha mencionado, al entrar Japón en guerra con los Estados Unidos a fines de 1941, el gobierno peruano mostró una actitud cada vez más hostil contra el Japón, en gran parte debido a la influencia de los Estados Unidos, y rompió relaciones diplomáticas con el país asiático en 1942. Como resultado de ello, las escuelas japonesas que funcionaban en el Perú fueron clausuradas. De este modo, Alberto no pudo recibir la educación en japonés, y la pareja Fujimori decidió enviar a sus hijos a un colegio local. Alberto fue a una escuela del Centro de Lima. Según sus memorias (Fujimori 1999: N.° 4; 2003: 25-27), a Alberto no le gustó estudiar hasta que terminara el primer semestre del quinto año de la primaria. En el segundo semestre de este año conoció a una profesora, quien le ayudó a estudiar. Alberto se entregó al estudio, empezó a frecuentar la Biblioteca Nacional (que estaba cerca de su colegio) y acabó convirtiéndose en un alumno brillante. Gracias a este esfuerzo, el niño ingresó en el primer puesto al colegio Alfonso Ugarte, un centro educativo de secundaria estatal de renombre, ubicado en el distrito de San Isidro. En la secundaria, Fujimori se dedicaba a estudiar, mientras ayudaba a su padre en la florería. Su fuerte no eran la música ni la educación física,

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pero reveló un talento especial para las matemáticas. Fujimori egresó de la secundaria con el primer puesto de su promoción. En 1957, Alberto Fujimori ingresó a la Facultad de Agricultura de la Universidad Nacional Agraria. Tenía un vago interés en este campo por el negocio que tenía entonces su padre (Fujimori 1999: N.° 6 ). Lo hizo también ocupando el primer puesto. En la universidad continuó demostrando la excelencia de su talento en el estudio, pero su interés pasó de la agricultura a las matemáticas. En 1961 se graduó de la universidad, nuevamente, en el primer puesto de su promoción. Luego de su graduación, en 1962, Fujimori empezó a trabajar como jefe de prácticas del Departamento de Matemática y Estadística en la Facultad de Ciencias de su alma máter. En 1964 recibió una beca de un año y tres meses para seguir una maestría en matemática general y física en la Universidad de Estrasburgo, Francia. A su retorno al Perú, llegó a ser nombrado profesor auxiliar del Departamento de Matemática y Estadística en 1968. En los años siguientes fue ascendido a profesor asociado y a profesor principal, en 1970 y 1974, respectivamente. Siendo docente, también asumió el cargo de Director del Programa Académico de Ciencias. Por otro lado, a partir de 1970 siguió estudios por poco más de un año en la Universidad de Wisconsin, en Madison, Estados Unidos. A su regreso, se casó en 1974 con Susana Higuchi, egresada de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional de Ingeniería. Con ella tuvo cuatro hijos, dos varones y dos mujeres. El fuerte terremoto que azotó Lima en octubre de 1974 se convirtió para el profesor Fujimori en la oportunidad de hacer conocer su nombre en toda la Universidad Nacional Agraria. Debido al terremoto, casi todos los edificios de la universidad cayeron destruidos. Entonces, Fujimori propuso al rector construir aulas provisionales para reanudar clases lo antes posible. Luego de que con dinero de su propio bolsillo Fujimori preparase unas aulas provisionales, el profesor de origen japonés dirigió personalmente, con la autorización del rector, la construcción de las instalaciones provisionales, cuyos fondos provinieron de Defensa Civil, la entidad gubernamental encargada de prevenir desastres naturales así como de realizar la reconstrucción en las zonas afectadas por estos. Después de tres meses, la construcción de las aulas provisionales acabó. Sobre la base de esta experiencia, Fujimori fundó junto con su esposa una compañía constructora en 1976 y se embarcó en el negocio de vender casas construidas. El profesor universitario continuó en este negocio hasta 1982 más o menos.

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En la segunda mitad de los años setenta se intensificaron las huelgas de los estudiantes universitarios, incluso en la Universidad Nacional Agraria. Ante esta situación, Fujimori empezó a interesarse en la política universitaria. En 1977 se presentó en las elecciones para el cargo de vicerrector, pero en esta oportunidad no logró salir elegido por una diferencia de dos votos. En 1984 se lanzó a la carrera electoral para el rectorado, y esta vez triunfó, en contra del pronóstico de la mayoría, que veía con pocas posibilidades su victoria. Como rector, Fujimori se esforzó en mejorar la universidad en diversos aspectos. En términos generales, su gestión fue evaluada positivamente. Basado en esta imagen positiva, el rector de la Universidad Nacional Agraria fue elegido como presidente de la Asamblea Nacional de Rectores en 1987. Por otro lado, por un año y medio y a partir de 1987, Fujimori presidió el programa político televisivo “Concertando” en el canal del Estado. Su desempeño consistió en moderar las discusiones que se hacían en cada programa entre los invitados, políticos o especialistas. Estos debates giraban en torno de temas de interés nacional como la deuda externa, las inundaciones, la agricultura, etc. Según Fujimori, esta experiencia de moderar en el programa televisivo le sirvió para formar su estilo de tener un juicio propio después de escuchar las opiniones de especialistas, así como utilizar estos debates para adquirir conocimientos especializados. Además, gracias a este programa televisivo llegó a ser conocido en las provincias (Fujimori 1999: N.° 11). Su prestigio llegó a ser tal que en 1988 el entonces presidente García propuso a Fujimori la cartera de Agricultura, pero este no la aceptó. Para entonces, el rector ya consideraba la posibilidad de presentar su candidatura en las elecciones de 1990. En la segunda mitad de la década de 1980, cuando Fujimori ocupaba el cargo de rector de la Universidad Nacional Agraria, la sociedad peruana estaba cayendo en un estado desastroso. Ante esta situación, Fujimori pensaba en la posibilidad de lanzarse al mundo político, y hablaba sobre esta posibilidad con algunos miembros de su familia y amigos íntimos universitarios desde 1985 ó 1986. Los interlocutores del futuro jefe de Estado peruano en esos años fueron Rosa Fujimori, Víctor Aritomi, Absalón Vásquez, Víctor Paredes, Victoria Paredes y Andrés Reggiardo.4 4.

Esta parte está basada en la entrevista 04. Rosa Fujimori es la hermana menor de Alberto. Aritomi es el marido de Rosa, cuñado de Alberto Fujimori, y asumiría el

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Mientras conversaba frecuentemente con las personas mencionadas, Fujimori se convencía, cada vez más firmemente, de que era necesario excluir el partidismo y la ideología, convocar a gente independiente, capaz y competente; entre ella, profesionales y tecnócratas, y hacer política sin corrupción. También llegó a abrigar la idea de que el Perú perdería su última oportunidad para el desarrollo, en caso de que no diera los pasos necesarios para el cambio en 1990.5 En septiembre de 1988, Fujimori convocó a ocho colegas de la Universidad Nacional Agraria y les expresó la intención de embarcarse en la política, poniendo en marcha un movimiento propio. Este constituyó el comienzo de la agrupación que más tarde sería oficialmente creada y conocida con el nombre de Cambio 90. Fue cerca de un año y medio antes de las elecciones presidenciales y del Congreso a realizarse en abril de 1990. Luego, Fujimori avanzó en la preparación de su propio movimiento político, dividiendo a sus colaboradores de la universidad en tres grupos: los empleados, los estudiantes y los profesores, celebrando por separado reuniones secretas con cada grupo sin avisar ni informar a los otros. Una vez que se consolidó cada uno de los grupos, Fujimori les propuso a los tres fundar un movimiento político integrado por todos los que apoyaban su candidatura.

La formación del político Fujimori El proceso electoral de 1990, incluida la situación en Cambio 90, será tratado detalladamente en la tercera sección de este capítulo. Antes de proceder a otro tema, señalamos tres puntos interesantes en la biografía de Fujimori, y que están muy entrelazados con su estilo político. El primero es cargo de embajador peruano en el Japón en el gobierno de Fujimori. Los otros tres son conocidos de la universidad, personal administrativo o docente. En la década de 1990, Vásquez sería ministro de Agricultura y asesor presidencial; Víctor Paredes, presidente de la Cámara de Diputados y ministro de Salud; Victoria Paredes, diputada; y Reggiardo, congresista. 5.

Con miras a las elecciones de 1990, algunos señalan que Fujimori se acercó a algunas fuerzas políticas como la Izquierda Unida para pedir que lo incluyeran en la lista de los candidatos para el Congreso. Sin embargo, según fuentes de la dirigencia de Cambio 90, la intención de Fujimori fue invitar a estas fuerzas a colaborar con Cambio 90, aunque no le hicieron caso.

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la relación entre Fujimori y el criollismo. El centro de Lima, y el distrito de La Victoria donde Fujimori creció hasta la edad de su educación primaria, ha sido considerado la meca del criollismo. Se requería la adopción del criollismo para ser aceptado y reconocido por la gente en este ambiente (Jochamowitz 1993: 104-105; Panfichi y Francis 1993: 237). Al mismo tiempo, Fujimori necesitaba del criollismo para encarar la situación inestable que eventualmente experimentara cualquier negocio de su padre que no se encarrilaba, así como para abrirse un nuevo horizonte en su vida. El mismo Fujimori niega su carácter “criollo”, diciendo “no soy tan criollo” (Jochamowitz 1993: 104). Pero la gente que lo conoce piensa que es “un nisei acriollado” (Daeschner 1993: 153).6 Por ejemplo, cuando fue rector de la Universidad Nacional Agraria, Fujimori no titubeó en no respetar el estatuto de la universidad para lograr su objetivo; tampoco se tomó la molestia de presentar alguna vez un informe anual de rector, lo que estaba obligado a hacer (Daeschner 1993: 161). Esta actitud y conducta reflejan su criollismo. También en el criollismo radica la inspiración de su estilo político; el pensar en cada escenario alguna manera de hacer frente a la situación, fijándose en cómo se dan las circunstancias, y avanzar superando una dificultad tras otra, en lugar de tener de antemano un plan determinado o una perspectiva de mediano y largo plazo. De esa manera hacía una política denominada por él mismo de “iniciativa y sorpresa” (Fujimori 1999: N.° 11). Es decir, trataba de poner en práctica un plan minuciosamente detallado de corto plazo, secretamente diseñado y que no fuese conocido por nadie, haciendo en cambio acciones audaces. De esta manera, sus resultados fueron recibidos con sorpresa. El segundo punto que nos llama la atención en cuanto a la experiencia vital de Fujimori es el haber participado en la política interna de la Universidad Nacional Agraria. En particular, su experiencia en el proceso electoral para ser elegido entre las autoridades universitarias fue importante. Fue el comienzo de la formación plena del político Fujimori, así como la oportunidad y la escena de ensayo y error para su visión y estilo políticos. El primer proceso electoral que Fujimori experimentó en la universidad fue el de 1977 para el vicerrectorado. En esta ocasión, tuvo una

6.

Nisei significa, en japonés, “segunda generación”; vale decir, se refiere a los hijos de los inmigrantes japoneses.

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experiencia amarga al haber sido derrotado, porque fue traicionado en la última etapa por el candidato para rector con quien Fujimori se había aliado. En aquel entonces, el rector y el vicerrector eran elegidos por separado en la Asamblea de los Delegados de Docentes. En las elecciones para el rectorado de 1977, los dos candidatos que se habían lanzado a la carrera electoral en la universidad no lograron los votos necesarios para la victoria. Esta situación produjo que los votos de los profesores de ciencias y matemáticas, entre los cuales Fujimori tenía gran influencia, decidieran a quién la fortuna le sonreiría en la lid electoral. Uno de los dos candidatos le propuso a Fujimori que haría campaña electoral para que el profesor de origen japonés saliera elegido vicerrector, si Fujimori reunía los votos de los profesores de ciencias y matemáticas en favor del candidato. Fujimori creyó en sus palabras; hizo gestiones a favor del candidato que le había ofrecido su apoyo para el vicerrectorado, y ese candidato salió elegido rector de la universidad. Sin embargo, en la votación para elegir al vicerrector, los profesores pertenecientes a la facción del rector electo se negaron a favorecer a Fujimori y votaron por otro candidato. Al final, Fujimori perdió las elecciones. La derrota electoral constituyó un choque para Fujimori. Más de veinte años después, Fujimori en persona describió que el suceso le hizo darse cuenta de “cuán sucia es la política”. Desde entonces y por cierto tiempo, presentaba licencia cuando no había clases, y se concentraba en la administración de su empresa constructora (Bowen 2000: 10; Fujimori 1999: N.° 10). Según Fujimori, el fracaso en las elecciones para el vicerrectorado constituyó su “profesor de las ciencias políticas” (Fujimori 2003: 58). El profesor de origen nipón aprendió “lecciones importantes” (Fujimori 2003: 58) de su fracaso y decidió, nuevamente, presentarse en 1984 en las elecciones de la universidad, esta vez para el cargo más alto: el rectorado. Para entonces, la manera de hacer las elecciones en la universidad había cambiado. La votación se realizaba en la Asamblea Universitaria, en la que tomaban parte no solamente los delegados de profesores, sino también los de estudiantes. La participación de los estudiantes fue una condición favorable para Fujimori, quien entonces gozaba de popularidad entre ellos. Fujimori rechazó una invitación hecha por uno de los eventuales candidatos para el rectorado de ser su candidato para vicerrector, y decidió presentarse independientemente en la contienda electoral para el rectorado, empezando en forma reservada los esfuerzos por consolidar el apoyo a su

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candidatura. Después de la derrota electoral de siete años atrás, Fujimori había sido de una minoría que no formaba la facción dominante entre los profesores. Para incluirlos en su base de apoyo, se acercó a las fuerzas de los estudiantes y a otro grupo minoritario de profesores y negoció entre bastidores, tenazmente, con ellos, comprometiéndose a mejorar las condiciones laborales y servicios universitarios. A un mes de la votación, Fujimori dio a conocer repentinamente su intención de candidatear en las elecciones para el rectorado. El resultado electoral le dio el triunfo a un candidato cuya victoria no había sido pronosticada por nadie. Contra todos los vaticinios, Fujimori ganó más de la mitad de votos y salió elegido rector de la Universidad Nacional Agraria. Lo importante de la experiencia de Fujimori en las elecciones universitarias es que, al aprender las lecciones del fracaso del primer intento y lograr ganar las elecciones para el rectorado, fue formulando un estilo propio de hacer política y, al mismo tiempo, ganando confianza en este. En la primera experiencia fue traicionado en el último momento por un candidato para el rectorado. Fue la víctima de un patrón de conducta criolla. Después de esta experiencia, Fujimori sintió de nuevo cuán difícil era confiar en otros, e intensificó la cautela contra la idea de hacer alianzas, en medio de una situación prevaleciente del criollismo. En el segundo desafío electoral de 1984, esta vez para el rectorado, Fujimori consolidó su candidatura apelando directamente tanto a los estudiantes como a los profesores que no pertenecían a la fuerza dominante en la universidad. En esta oportunidad, el futuro candidato presidencial experimentó en carne viva cuán efectivo y operativo era el acudir personalmente a los estudiantes y a los profesores que tenían los votos. De esta manera, estableció relaciones directas con ellos y no se dedicó a entablar negociaciones con las personas representativas de determinada agrupación o facción para buscar alianzas. Este estilo político no le da importancia al método para formar las organizaciones intermediarias entre los dirigentes y los individuos de la sociedad, ni a construir y acumular bases orgánicas sólidas propias. Su actitud de establecer relaciones directas se observó también en la forma como Fujimori puso fin a las huelgas de la universidad cuando era rector. El responsable máximo de la universidad acudía al lugar donde se encontraban los huelguistas y dialogaba con ellos, en lugar de hablar con los representantes del grupo que hacía huelga (Fujimori 1999: N.° 11). El establecimiento de relaciones directas constituiría un elemento

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importante en la manera de pensar y en la conducta política de Fujimori, tanto en la campaña electoral de 1990 como después de tomar posesión del cargo de la presidencia. Además de la construcción de relaciones directas, hay otro elemento al cual debemos prestar atención en la conducta de Fujimori como rector. En la política de la universidad, Fujimori pretendió estrechar relaciones con los estudiantes y el personal de administración, quienes son la mayoría de la población universitaria; mas no con los profesores, que son minoritarios numéricamente. Para hacerlo, Fujimori tomó una serie de medidas, como el dar beneficios concretos. Para los estudiantes mejoró los servicios de biblioteca, cafetería y medios de transporte del recinto universitario, y declaró una amnistía para los estudiantes suspendidos. Para el personal de administración, mejoró el estatus y las condiciones laborales (Daeschner 1993: 160-161). Siendo rector, entendió la importancia de realizar las demandas que la gente común presentaba, desde una perspectiva de corto plazo, y supo que satisfaciéndolas podía conseguir el apoyo de mucha gente. Al mismo tiempo, según un dirigente del grupo de profesores opositor al rector, Fujimori estaba rodeado de un reducido número de gente leal a su persona que expresaba poca objeción, y creía que siempre estaba bien todo lo que él hacía (Daeschner 1993: 161-162). Estos hechos también indican que Fujimori había heredado el carácter caudillista y autoritario observado en la política tradicional del Perú. El último, pero igualmente interesante, punto que señalamos en torno a la experiencia de Fujimori antes de las elecciones de 1990, es un suceso que se produjo poco después de que el rector comenzara a prepararse para presentarse en dichas elecciones. De acuerdo con algunas fuentes (entrevista 04), al retirarse del rectorado para empezar sus actividades políticas, Fujimori intentó colocar a una persona de su entorno en dicho cargo, como su sucesor. Deseaba conservar su influencia en la universidad. Después, la persona designada por Fujimori asumiría cargos políticos importantes, como ciertas carteras de ministerio entre su primer mandato y el comienzo del segundo. Sin embargo, cuando Fujimori pretendió poner a esta persona en el rectorado, la popularidad del rector saliente ya había bajado. Fujimori estaba cada vez más expuesto a las críticas en la Asamblea Universitaria, y tenía dificultades en hacer realidad su deseo de colocar a su persona de confianza en el rectorado. En esta circunstancia, el entonces

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brazo derecho del rector Fujimori propuso a este disolver la Asamblea Universitaria. El rector no aceptó la idea de disolverla, ya que era contraria al reglamento. Más tarde, el brazo derecho de Fujimori se pasó al lado del candidato para rectorado de otro grupo. Al final, Fujimori no logró colocar en el rectorado a la persona que tenía en mente para dicho puesto.7 Esta persona, que finalmente traicionó a Fujimori, conservó una fuerte influencia con el nuevo rector. El mencionado episodio nos hace pensar en la obsesión de Fujimori por el poder. Cuando tenía que dejar el cargo de rector, deseó seguir teniendo el control de la universidad. En esta oportunidad pretendió hacerlo poniendo a una persona en el rectorado como su sucesor, pero no lo logró. Después este fracaso, ¿sintió también cuán difícil era colocar a alguien de su confianza como sucesor? Como veremos en los siguientes capítulos, en realidad Fujimori, mientras fue presidente, no se interesó por formar a ningún sucesor. La situación que Fujimori enfrentó al dejar el cargo de rectorado nos hace pensar en la circunstancia que lo condujo a la ruptura constitucional en 1992. Frente a las fuerzas de la oposición que expandían su influencia en la Asamblea Universitaria, el brazo derecho sugirió al rector disolverla, pese a que dicha medida era contraria al reglamento. Este estado de cosas se asemeja mucho a la ruptura de 1992. Además de esto, el rector Fujimori tenía como brazo derecho a una persona considerada en el lenguaje coloquial como un “vivo”, que no titubeaba en pasarse bruscamente al enemigo. Esta persona nos recuerda a Montesinos, en quien Fujimori confiaría total y excesivamente como asesor después de terminar el proceso electoral de 1990. Pero Fujimori no pasó a disolver la Asamblea, en contra del reglamento, hacia el final del rectorado. La razón fue que el rector encontró poca posibilidad de éxito, aunque acudiera a medidas de fuerza, porque en la política universitaria no contaba con otras organizaciones, como las

7.

Cuando fue imposible que Fujimori colocara a su persona de confianza en el rectorado como sucesor, él la consoló diciendo: “cuando [yo] sea senador y entre en el Congreso, podré hacer una u otra cosa” (entrevista 05). Se trata de otro testimonio de cómo, cuando Fujimori comenzó la campaña electoral de 1990, él pensaba que era casi improbable que él mismo saliera elegido Presidente de la República (véase la sección 3 de este capítulo).

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Fuerzas Armadas en la ruptura constitucional de 1992, que apoyaran a Fujimori. Asimismo, a diferencia de cuando se produjo la ruptura constitucional de 1992, la fama de Fujimori ya había bajado en la universidad. ¿Fue para Fujimori la experiencia de fracaso en colocar a su persona de confianza como rector sucesor, una referencia para pensar en la ruptura constitucional más tarde? Por otro lado, podemos preguntarnos sobre la traición que sufrió en los últimos momentos de mandato como rector: ¿Fujimori no aprendió la lección de que debería examinar la personalidad y modo de pensar de las personas a quienes pensaba colocar como asesores? O ¿Montesinos era mucho más hábil en esconder sus verdaderas intenciones? O, más bien, ¿Fujimori pensaba usar a unas cuantas personas que le sirvieran, aunque parecían tener determinadas partes oscuras y una doble intención? En lo que se refiere a las relaciones entre Fujimori y Montesinos, hay muchos aspectos que no están esclarecidos, pero intentaremos describirlas nuevamente en las siguientes líneas. Empezaremos por analizar la política de Fujimori en un orden cronológico. 2.

El proceso electoral de 1990 antes de que Fujimori llamara la atención

Vargas Llosa a la cabeza y las fuerzas progresistas en desventaja Basándose en su propia experiencia de vida, Fujimori se presentó a las elecciones de 1990 y se dedicó a hacer una intensa campaña electoral (la votación estaba programada para el 8 de abril de dicho año). La lid electoral de 1990 constituyó para Fujimori la primera oportunidad de poner a prueba a escala nacional su estilo de hacer política, el que había cultivado en la política universitaria. También fue el proceso que dio a Fujimori la confianza definitiva en sí mismo con respecto a ese estilo, dado que finalmente el resultado de la campaña sobrepasó lo previsto por el candidato de origen japonés. Mientras en las elecciones del pequeño ambiente político de la Universidad Nacional Agraria llegó a la meta máxima en su segundo intento, en la gran escena de las elecciones presidenciales del Perú Fujimori logró acceder al cargo de jefe de Estado en su primera postulación. Algo inimaginable debe haber sido la emoción de Fujimori después de ser elegido Presidente de la República. Antes de analizar este

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asunto en detalle, resumiremos cómo fue el proceso electoral de 1990. En primer lugar, veremos cómo fue la situación antes de que Fujimori atrajera el interés de los electores; y, en la siguiente sección, la evolución electoral después de la aparición de este político como uno de los protagonistas en la contienda política.8 Como mencionamos en el capítulo anterior, durante los años ochenta el Perú enfrentaba diversas dificultades, como la crisis económica y el problema del terrorismo. Se encontraba en una situación caótica. Los partidos políticos existentes, entre ellos AP y el PAP, que se encargaron del Poder Ejecutivo en esa década, no pudieron dar medidas eficaces para superar la situación, y perdieron la confianza del pueblo. En medio de estas circunstancias, Mario Vargas Llosa, escritor internacionalmente conocido que había sido nominado en diversas oportunidades para el Premio Nobel de Literatura, apareció como favorito de la carrera presidencial de 1990. Vargas Llosa encabezó un movimiento en contra de la estatización de la banca, cuando el entonces presidente García la dictó, repentinamente, en 1987. Su convocatoria no solamente atrajo a las clases altas y medias, sino que también penetró en las clases bajas, y logró alentar una opinión pública contraria a dicha estatización, sacudiendo fuertemente al gobierno de García. En vista a las elecciones de 1990, el escritor desarrolló el sentimiento en contra de la estatización de la banca y lo convirtió en un nuevo movimiento político que aspiraba al desarrollo basado en la economía de libre mercado. Vargas Llosa lo denominó Movimiento Libertad. En 1988, el movimiento del novelista se alió con AP y el PPC, formando una alianza conservadora llamada Frente Democrático. Mediante esta alianza, el dirigente del Movimiento Libertad esperó contar con el apoyo de las bases de los dos partidos en las provincias. Vargas Llosa se convirtió en candidato para la presidencia por el Frente Democrático. 8.

El proceso electoral de 1990 ha sido analizado desde diversos puntos de vista. Por ejemplo Boggio et al. (1990), Daeschner (1993), Degregori y Grompone (1991), González Manrique (1993), Gutiérrez (2000), Iziga (1990), Jaime (1991), Fuchigami (1991), Hosono y Osonoi (1992), Osonoi (1991b; 1995), Requena (2010), Rospigliosi (1990; 1992), Salcedo (1990), Schmidt (1996a; 1996b), Shibou (1991), Valentín (1993), VegaCenteno (1994), Werlich (1991). Por otro lado, existen trabajos preparados por el mismo candidato o los dirigentes de la campaña electoral: Fujimori (1999; 2003); Salmón (1994), A. Vargas (1991; 1993), y M. Vargas (1993). La descripción de este y el siguiente capítulo se basa en los trabajos citados en esta nota, a menos que claramente esté señalada la fuente de información.

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Vargas Llosa criticó severamente al PAP y a las fuerzas de izquierda, insistiendo en que tanto la política del desarrollo económico dirigida por el Estado así como la economía aislada y cerrada hacia el exterior habían fracasado en el Perú, y que este fracaso impedía al país desarrollarse económicamente. El candidato escritor anunció también que su gobierno se basaría en la economía libre, libertad y democracia, y abriría un nuevo camino para el desarrollo de la patria. En un principio, muchos peruanos percibieron positivamente a Vargas Llosa, quien era de origen independiente y no había pertenecido a ningún partido ya existente. Además, mostraba la actitud de hacerle frente con toda energía a los diversos problemas que el Perú encaraba. De acuerdo con un sondeo de opinión realizado en Lima a mediados de 1989, sobre la intención de voto en las elecciones presidenciales, los encuestados que votarían por Vargas Llosa sobrepasaron el 40%. A fines de ese año, registraron el alto nivel de más del 45%. Durante esos meses, el candidato favorito tenía la ventaja de entre veinte y treinta puntos de diferencia sobre el segundo candidato en la encuesta.9 Vargas Llosa tenía como rivales principales a tres candidatos de corriente progresista. El primero fue el candidato oficialista Luis Alva Castro quien, en el gobierno aprista de García, asumió el cargo de ministro de Economía y Finanzas, así como el de presidente de la Cámara de Diputados. Alva Castro fue nombrado Secretario General del PAP antes de ser

9.

Las cifras de la encuesta en esta sección se basan en Informe de opinión, enero de 1989-julio de 1990, publicación realizada por Apoyo, Opinión y Mercado S. A. El revisionista Tanaka opina que la conformación del Frente Democrático y el alto porcentaje de apoyo a Vargas Llosa demuestran la capacidad de “renovación” de los partidos políticos como AP y el PPC; y valora altamente el liderazgo de Belaúnde y Bedoya en la “renovación”, porque en ambos partidos políticos prevalecía la opinión de presentar algún militante como candidato presidencial, y los dos partidos no habrían conformado el Frente Democrático si hubiera existido la democracia interna (Tanaka 1998: 121-124). Sin embargo, si AP y el PPC hubieran presentado sendos militantes como candidatos presidenciales, habrían recibido poco apoyo electoral. Esto constituiría otra prueba de que los dos partidos se encontraban alejados de la sociedad. Por otro lado, la “renovación” mencionada por Tanaka fue realizada por los líderes máximos de ambos partidos políticos, no por las bases partidarias. Este hecho se demostró en la dominación interna del líder máximo, una de las características típicas de los partidos políticos peruanos que hemos visto en el capítulo I. Además, debemos señalar que la “renovación” desde arriba no condujo a una reforma interna de mediano y largo plazo; no cambió la dominación y control fuerte del líder máximo de ambos partidos políticos.

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nombrado como candidato presidencial de su partido. Aunque esperaba contar con los votos organizados de los militantes del PAP, Alva no tenía un carisma comparable con el de García, y arrastraba la imagen negativa del gobierno de García, que había perdido el apoyo popular debido a sus errores políticos. La popularidad del candidato aprista era baja, de menos del 10% de los encuestados. Desde el comienzo de la campaña electoral, Alva no tenía en realidad mayores posibilidades de ganar las elecciones. Alfonso Barrantes, de IU, seguía de cerca a Vargas Llosa, con un nivel de apoyo equiparable al del candidato escritor en la encuesta hasta antes de abril de 1989. Barrantes fue la figura principal en la conformación de la IU en 1980. La IU se fundó sobre la base de la alianza entre cinco partidos izquierdistas, hasta entonces divididos en pequeñas agrupaciones.10 Barrantes se encargó de la administración de la Municipalidad Provincial de Lima11 como alcalde entre 1984 y 1986. Durante su gestión edil, el primer burgomaestre limeño de la izquierda obtuvo cierto grado de resultados y contaba con el apoyo popular, inclusive de una parte de los electores independientes. Sin embargo, durante la primera mitad del gobierno de García, Barrantes expresó su apoyo a las políticas de García varias veces, y por ello se vio afectado por los errores del gobierno y la pérdida de confianza en el presidente aprista. Debido a ello no pudo ganar suficiente apoyo para sacar ventaja a Vargas Llosa. Al mismo tiempo, la división de la IU desinfló la popularidad de Barrantes. En la IU existían tres alas principales: los radicales, que no rehusaban que en última instancia pudiesen recurrir a la lucha armada; los moderados, entre los que se encontraba el mismo Barrantes, que pensaban continuar las actividades políticas bajo el orden constitucional; y los que mantenían una posición neutral entre las dos alas, y tenían el apoyo de la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP). Después de la conformación de la alianza IU en 1980, el equilibrio entre las tres alas se mantuvo y la división de la alianza fue frenada gracias al liderazgo de Barrantes. Pero en las elecciones municipales de 1986 y en la huelga general de 1987, el enfrentamiento entre el ala radical y la moderada se agudizó

10.

En 1985, la IU estaba conformada por siete partidos pequeños de izquierda y, en 1990, por seis.

11.

La provincia que abarca la capital peruana.

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como resultado de discrepancias sobre la línea a seguir. Finalmente, en 1989, debido al conflicto interno sobre quién sería el candidato para jefe de Estado, Barrantes se alejó de la IU y fundó otra agrupación llamada Izquierda Socialista (IS). Llegó a presentarse a las elecciones de 1990 como candidato presidencial de este nuevo partido de la izquierda. La IU nombró en un proceso desordenado a Henry Pease, perteneciente al ala neutra, como candidato para ser el nuevo mandatario peruano. Es decir, la izquierda se dividió en dos, presentando cada bando a su respectivo candidato presidencial. El drama del cisma de la izquierda creó la sensación en el pueblo peruano de que, como cualquier partido existente, se trataba de una fuerza política que daba prioridad a los intereses partidarios. El apoyo a Barrantes empezó a bajar poco a poco desde abril de 1989, y a reflejarse en las encuestas. Hasta se abrió una brecha de entre 20 y 30 puntos de diferencia con Vargas Llosa en ese año. El apoyo a Pease también era bajo; apenas llegaba al nivel de 10%; es decir, comparable al de Alva Castro, del PAP.

La disminución del apoyo a Vargas Llosa Un aspecto importante de resaltar de esas elecciones fue que tampoco el Frente Democrático, que apoyaba la candidatura presidencial de Vargas Llosa, estuvo exento de la discordia interna. Con respecto al contenido de la política económica y el desempeño del Estado, hubo diferencias entre AP, que no podía abandonar totalmente una tendencia proteccionista, y el Movimiento Libertad, que insistía en llevar a cabo una economía de mercado. Por otro lado, con ocasión de las elecciones municipales de 1989, se produjo una lucha interna por la hegemonía, lo cual motivó a Vargas Llosa a dar a conocer la intención de renunciar a su candidatura presidencial. La crisis del Frente Democrático fue superada porque AP y el PPC cedieron, precipitadamente, ante la posición del novelista. De esta manera, Vargas Llosa mantuvo el alto índice de aceptación popular por un buen tiempo, gracias además al estancamiento y a los traspiés de las fuerzas progresistas. Aún a poco de empezado el año 1990, Vargas Llosa registraba más del 40% de apoyo. Sin embargo, el respaldo al escritor empezó a bajar a medida que se aproximaba el día de votación, previsto para el 8 de abril (véase el gráfico 2.1). Se han señalado diversas razones por las cuales Vargas Llosa perdió popularidad en la última etapa de la campaña electoral. La causa básica fue que la actitud y las opiniones de Vargas Llosa y el Frente

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Gráfico 2.1 intenCión de voto en las eleCCiones PresidenCiales de 1990 (Primera vuelta)

% 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0

Feb. 1990

Mar. I 1990 Vargas Llosa

Fujimori Barrantes

Mar. II 1990

Resultado Alva Castro

Pease

Fuente: Elaboración propia sobre la base de Informe de opinión, febrero-abril de 1990; JNE (1990). Nota: Son resultados de las encuestas realizadas en el ámbito nacional. Para elaborar este gráfico, incluimos en los votos válidos los nulos y blancos, de acuerdo con la resolución del Tribunal de Garantía Constitucional que estaba vigente en aquel entonces. En la encuesta de febrero, los que “No precisan” son considerados como parte de los votos nulos y blancos. El “Resultado” es el de la primera vuelta.

Democrático, que podemos calificar de altivas, provocaron el rechazo de una parte de los electores. El primer factor que bajó la popularidad de Vargas Llosa fue la campaña electoral de los candidatos para congresista del Frente Democrático. Esta campaña entró en su fase de mayor actividad a principios del año 1990, y causó inesperadamente daños a la imagen del candidato escritor. En la lista de los candidatos para congresistas del Frente Democrático figuraban los nombres de empresarios, abogados y otros miembros adinerados de la élite, quienes usaban intensivamente los medios de comunicación, entre ellos televisión y radio, para hacer una propaganda electoral personalista,

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compitiendo entre ellos con el objetivo de conseguir individualmente el mayor número de votos posible y aprovechar las oportunidades del voto preferencial. El mismo sistema electoral para congresistas originaba esta competencia propagandística en una misma agrupación política. Desde la década de 1960 hasta la actualidad, el Perú usa el sistema de representación proporcional para elegir a los congresistas, y las agrupaciones políticas previamente presentan su lista de candidatos en un orden numérico. Sin embargo, no era absoluto este orden numérico puesto por la agrupación política, porque los electores pueden escoger, a través del voto preferencial, hasta dos de todos los candidatos de una agrupación elegida por ellos mismos, escribiendo sus números en la cédula de votación. Los congresistas electos ganan sus curules en un nuevo orden en la lista, según el número de votos obtenidos por cada candidato. Debido a este método electoral llamado la lista flexible (flexible list),12 se produce la competencia por los votos entre los candidatos para congresista pertenecientes a una misma agrupación. Hasta que terminó la primera vuelta, se estima que el Frente Democrático gastó, en total, doce millones de dólares en propaganda electoral. Este monto representaba el 63% del gasto total en la propaganda electoral que usaron todas las agrupaciones participantes en los comicios de 1990 (Osonoi 1991b: 34-35). Desde principios de 1990, la propaganda electoral realizada por los candidatos para congresista del Frente Democrático prácticamente arrolló los medios de comunicación. Fue la gente común, la que sobrevivía en la vida cotidiana, la que reaccionó negativamente a la inundación propagandística con una censura a la manifestación excesiva de valerse del poder

12.

Existen otras tres modalidades de lista en el mundo: la lista cerrada (closed list), según la cual los candidatos electos son decididos de acuerdo con el orden de los candidatos tal como es presentado por las agrupaciones políticas; la lista abierta (open list), cuando las agrupaciones presentan sus listas de candidatos, los electores pueden votar por la agrupación o por los candidatos de dicha agrupación, y la asignación de los escaños se hace de acuerdo con el total de votos tanto de la agrupación como de los candidatos; y la lista libre (free list), donde las agrupaciones políticas presentan sus listas de candidatos cuyo número es igual a los escaños, pero los electores votan por los candidatos de cualquier agrupación, sin tomar en consideración las agrupaciones políticas, escogiendo a todos los congresistas de su preferencia para ocupar los escaños asignados en su distrito electoral.

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del dinero en un contexto donde predominaba la pobreza. En la medida en que los medios de comunicación se atosigaban de la propaganda electoral de los candidatos para congresistas del Frente Democrático, con el cual Vargas Llosa mantenía la alianza, la imagen del novelista se asociaba cada vez más con caras hartamente conocidas, y a veces desgastadas, de los candidatos pertenecientes a AP y el PPC. La imagen de Vargas Llosa como independiente fue disminuyendo, porque los candidatos pertenecientes a los partidos políticos ya habían perdido la confianza de muchos peruanos, pero aparecían junto con el nombre del escritor, una y otra vez, en los medios de comunicación. Por su parte, Vargas Llosa pidió a los candidatos para congresista de su alianza frenar el exceso en su propaganda electoral. Sin embargo, los candidatos de AP y el PPC no le escucharon, demostrando los límites del liderazgo de Vargas Llosa en el Frente Democrático. La otra razón de la caída de la popularidad de Vargas Llosa fue su manera de expresarse con franqueza y sin ocultar nada de lo que pensaba hacer cuando fuera presidente. Dicha disposición le resultó negativa en la etapa final de la campaña electoral. Debido a su carácter resuelto, a veces el candidato escritor se sentía ofendido y se perturbaba en público. Franqueándose con el pueblo peruano, Vargas Llosa pretendió cambiar el criollismo que hemos mencionado en el capítulo anterior; y esta actitud de franqueza lo ayudó, en un principio, a difundir una imagen positiva como candidato un poco distinto de los políticos aparecidos hasta entonces. Pero, con el paso del tiempo en la campaña electoral, su franqueza produjo el resultado no intencional de alejar a la gente común. Lo cierto es que Vargas Llosa de vez en cuando expresaba su opinión sin examinar cómo se percibiría lo que declaraba en público. Entre las palabras de Vargas Llosa que causaron reacciones contrarias, hubo algunas que implicaban discriminación étnica, y podían ser interpretadas como manifestación de la soberbia de los blancos. Por ejemplo, Vargas Llosa nunca ocultó su admiración sin límites a Europa. Sin ninguna reserva dijo que, para desarrollarse, el Perú debería convertirse en algo así como Europa, y que las culturas tradicionales no tendrían otro destino que desaparecer. En el Perú, donde se considera que los indígenas y mestizos constituyen más de 80% de la población, un candidato presidencial blanco pronunciaba palabras que evocaban la dominación excluyente de los blancos que había existido desde la época colonial hacia mucha gente común. Además de esto, para confirmar la existencia de la discriminación,

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el Frente Democrático que acompañaba a Vargas Llosa designó a los empresarios, abogados y a otros de raza blanca como candidatos para congresistas. Esto fue interpretado como si el escritor construyera un obstáculo insuperable que lo distanciara de la gente común del Perú. Por otro lado, Vargas Llosa propuso con toda la franqueza que, para superar la crisis económica, un eventual gobierno suyo debería aplicar medidas de emergencia llamadas “políticas de choque”, como el ajuste de los precios o la liberalización de la economía, así como la reforma estructural. Debería ejecutar, además, políticas de ayuda social, amenguando los efectos negativos de la depresión económica que sería causada por dichas medidas y que durarían unos dos años. Era cierto que al Perú no le quedaba otra receta efectiva que las mencionadas medidas de emergencia. Al mismo tiempo, anunciar claramente las mismas como parte de las políticas de un eventual gobierno suyo era un paso necesario para establecer la práctica democrática de la política. Sin embargo, muchos de las clases bajas percibieron la propuesta de Vargas Llosa como la imposición de un sacrificio para ellos al que no estaban dispuestos a someterse los blancos adinerados. Entonces, el oficialista PAP desarrolló con fuerza la campaña en contra de las “políticas de choque”, enfatizando que ellas forzarían a los peruanos a un enorme sacrificio, y contribuyó a una campaña donde cada vez más gente las rechazaba. Vargas Llosa, por su parte, no supo cómo convencer a la gente común con palabras sencillas sobre la necesidad de aplicar las “políticas de choque”. Para colmo del escritor, la gente común encontró una contradicción en la posición de Vargas Llosa con respecto de la dirección del desarrollo económico. Guiado por El otro sendero de Hernando de Soto, Vargas Llosa apreciaba el hecho de que el sector informal hubiese desarrollado actividades productivas vigorosas, y en este sector habían aparecido ciertas empresas exitosas en la exportación a los Estados Unidos y otros países. El novelista también enfatizaba el espíritu empresarial del sector informal como la base para lograr el desarrollo del Perú.13 Pero Vargas Llosa no incluyó en su lista de candidatos para congresistas a mestizos o cholos empresarios emergentes del sector informal. No era extraño que, al fin de cuentas, el elogio de Vargas Llosa a los que desarrollaban gran actividad del sector informal fuera considerado solo como una retórica superficial. 13.

Vargas Llosa escribió el prólogo del libro mundialmente conocido (Soto 1990).

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El apoyo a Vargas Llosa, en particular el de una parte de las clases bajas, no se basaba en una afinidad o confianza, sino en la disposición “plebiscitaria” y volátil originada por la esperanza de que el escritor hiciera algo bueno para el pueblo. En la medida en que se reforzaban los mencionados aspectos negativos del novelista, se abría una distancia con la población e hizo que muchos electores decidieran dejar de apoyarlo y optaran por otro candidato que despertara entre ellos más expectativa de mejora socioeconómica que el escritor, en caso de que este apareciera en la escena electoral. Fue Fujimori quien aprovechó con habilidad la circunstancia mencionada y logró subir en la “corriente de aire ascendente” de la recta final de la lid electoral. 3.

Entra Fujimori

La preparación y previsión electoral de Fujimori Con miras a las elecciones de 1990, Fujimori lanzó el movimiento político Cambio 90, cuyos principales dirigentes eran sus conocidos y amigos de la Universidad Nacional Agraria. Había involucrado también a los estudiantes de dicha universidad y a sus familiares. Todo ello le permitió acelerar la preparación de presentarse en los comicios. En aquel entonces, el político de origen japonés debía superar el primer obstáculo: el registro de su agrupación política ante las autoridades electorales. En el Perú todas las agrupaciones que aspiran a participar en las elecciones están obligadas, por la ley electoral, a inscribirse ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), organismo público autónomo que se encarga de la administración y justicia electoral como instancia máxima. Los requisitos para inscribirse que demandaba la ley electoral de entonces fueron, entre otras cosas, recoger más de cien mil firmas de los electores, instalar los comités departamentales por lo menos en la mitad del número de los departamentos (en este caso, trece) según los trámites establecidos en la ley y presentar sus estatutos y el ideario de la agrupación. La recolección de firmas constituye el requisito que requiere más esfuerzo. Además de esto, todas las firmas reunidas no deben figurar en los planillones presentados por otras agrupaciones políticas que ya hayan solicitado su inscripción ante el organismo electoral. Vale decir, Fujimori tenía que juntar por lo menos cien mil firmas de los electores que no firmaron los planillones de otras agrupaciones ya

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inscritas ante el JNE. La recolección de firmas constituía una tarea ardua para Fujimori, quien no tenía un gran monto de recursos económicos para la campaña electoral. El ex rector de la universidad se vio obligado a arreglárselas para cubrir los gastos de la campaña. No solamente recurrió a sus ahorros personales, sino también a la venta de sus bienes, como terrenos y tractores. Pese a todo, Fujimori tuvo en la mano solo unos setenta mil dólares (Fujimori 1999: N.° 12, 13). En esta situación, Fujimori hizo todo lo que pudo para juntar en diversas partes del país las firmas necesarias para la inscripción de su agrupación, utilizando todos los lazos posibles de sus conocidos, amigos y familiares. A pesar de ello, Fujimori no parecía seguro de que su agrupación hubiera recogido más de cien mil firmas antes del cierre de la entrega de las firmas a las autoridades electorales. Entonces, dos dirigentes de Cambio 90 se pusieron en contacto con el funcionario del organismo electoral que se encargaba de revisar si existía, o no, repetición de firmas, y le pidieron no examinar con rigor las firmas presentadas por la agrupación fujimorista. Cuando los dos dirigentes “cambistas” vieron al funcionario, le regalaron una pequeña calculadora solar de una marca japonesa, rara en aquel entonces en el Perú (entrevista 05). No sabemos cuán efectivo fue el contacto hecho por los fujimoristas, que constituye un acto normal en el contexto del criollismo. De todas maneras, la organización electoral declaró que unas 107 mil firmas eran válidas, aunque declaró inválida casi la mitad de las firmas entregadas por la agrupación de Fujimori. De esta manera, Cambio 90 superó el primer obstáculo. El JNE dio a conocer la inscripción provisional de Cambio 90 en octubre de 1990, y su inscripción definitiva en diciembre del mismo año. Mientras se hacían diversas gestiones para lograr la inscripción de su movimiento independiente ante el organismo electoral, Fujimori debía también hacer preparativos para llevar a cabo la campaña electoral. Aunque su nombre era algo conocido en el país debido al programa político de la televisión estatal, esto no bastaba para darle popularidad a Cambio 90 de los agraristas (sus conocidos y amigos de la Universidad Nacional Agraria quienes constituían el núcleo del movimiento), así como sus familiares. En esta circunstancia, Fujimori logró convencer a dos de los grupos de personas que no habían sido incluidas por los partidos políticos existentes para que formaran parte de Cambio 90. El primero fue el de los que trabajaban en el sector informal, en particular, los que administraban las micro

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y pequeñas empresas. El otro grupo fue el de los evangélicos, minoritarios, que representaban alrededor del 5% de la población total del Perú, donde un 80% es católica. Cuando Fujimori presentó su plancha presidencial14 a la entidad electoral en octubre de 1989, designó a los representantes de cada grupo como candidatos para las dos vicepresidencias: como candidato para primer vicepresidente, a Máximo San Román Cáceres, un verdadero “cholo” oriundo de Cusco y entonces presidente de la asociación que agrupaba a los micro y pequeños empresarios del sector informal; y como candidato para segundo vicepresidente, a Carlos García García, de origen afro y presidente de la asociación nacional de los evangélicos. En la lista de los candidatos para congresistas, presentada en enero de 1990, figuraban los nombres tanto de micro y pequeños empresarios del sector informal como de evangélicos, así como los de origen japonés, a quienes Fujimori había llamado a través de sus contactos de amigos y familiares. En un principio, Fujimori no parecía haber tenido la idea de acercarse a los evangélicos. Luego de ser presentado por un amigo de origen japonés a un dirigente evangélico, Fujimori llegó a darse cuenta de su importancia orgánica en el proceso de conocer mediante el dirigente de contacto a otros y diversos dirigentes de esta corriente cristiana (Fujimori 2003: 81-82). En cambio, desde el comienzo de la preparación de la campaña electoral, Fujimori era consciente de la importancia del acercamiento a los micro y pequeños empresarios, y él mismo entró en contacto con ellos (Fujimori 2003: 85). Por otro lado, respecto de los candidatos para vicepresidencia, el ex rector de la Universidad Nacional Agraria pretendió designar al inicio a una mujer como candidata para primera vicepresidenta, y a San Román como candidato para segundo vicepresidente. Aunque logró convencer a este, no tuvo éxito en hacerlo con aquella. Por lo tanto, pasó a San Román al puesto del candidato para primer vicepresidente y nombró a Carlos García como candidato para segundo vicepresidente. Es interesante mencionar que, cuando les propuso convertirse en los candidatos para vicepresidencia de Cambio 90, ninguno de los dos mostró mayor entusiasmo

14.

En el Perú se usa la locución nominal plancha presidencial para designar la nómina de los candidatos a la presidencia y a las dos vicepresidencias de la República.

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(Fujimori 2003: 89-92).15 Esto se debió a que el partido del candidato nipón no parecía tener mayores posibilidades de victoria. Fujimori candidateó tanto para la presidencia como para una senaduría, lo que estaba permitido por la ley. En aquel entonces, el Congreso peruano tenía el sistema de bicameralidad. Más tarde, explicó retrospectivamente que nunca le dijo a nadie que iba a hacer esto, y mantuvo el secreto hasta el cierre de la inscripción de la plancha presidencial, dado que había bastantes posibilidades de que los que estaban con él se opusieran a la idea. ¿Qué perspectivas reales tenía Fujimori cuando entró en la campaña electoral? Después de ser elegido presidente, Fujimori expresó que desde el comienzo estaba convencido de que él triunfaría en la lid electoral de 1990. En otra oportunidad incluso señaló que, desde que empezó la campaña electoral, pensó seriamente en la posibilidad de salir elegido presidente en la segunda vuelta, tal como sucedió en la realidad (Fujimori 1999: N.° 12). En el Perú se requiere más de la mitad de los votos para ser proclamado presidente, y en caso de que ningún candidato obtenga dichos votos, se procede a una segunda elección entre los candidatos que han obtenido la primera y segunda votación más alta (el sistema se llama el ballotage, o segunda vuelta electoral). Aunque seguramente como objetivo de su carrera política Fujimori tenía la llegada a la Presidencia de la República, dudamos que al empezar la campaña electoral a fines de 1989 él creyera seriamente en la eventualidad de salir elegido. Al comentar post factum sobre un resultado positivo, cualquier político de cualquier país suele jactarse de su “racionalidad”, de la manera muy exacta en la que previó y calculó el resultado, aun cuando al comienzo pensara en las pocas posibilidades sobre el resultado positivo, y se produjera un resultado mucho mejor al previsto y en contra de lo pronosticado, debido a la combinación de diversos factores, inclusive la buena suerte. La siguiente cita es el resumen de la proyección electoral de Cambio 90 que Fujimori llegó a confesar a una persona con quien tuvo un encuentro al comienzo de noviembre de 1989, después de la inscripción de su plancha presidencial, y mucho antes de que el ex rector de la 15.

La mujer que no resultó ser la vicepresidenta (hubiera sido la primera en la historia) tiene las iniciales L. G., es arquitecta y experta en la planificación del desarrollo urbano (entrevista 04).

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Universidad Nacional Agraria se convirtiera en el centro de atención de los medios de comunicación que cubrían la campaña electoral: Creo que podemos tener alrededor del 10% de todos los escaños en el Congreso, ganando entre dos y tres en la Cámara de Senadores y entre cinco y seis en la Cámara de Diputados, aunque no podamos triunfar en las elecciones presidenciales. Se prevé que el Frente Democrático, el PAP y la izquierda obtendrán un 30% de los escaños respectivamente, y pienso que podemos tener el voto de calidad en el Congreso donde estas tres fuerzas se reparten los escaños más o menos por igual. (Entrevista 06)

Tomando en cuenta lo dicho por Fujimori según la mencionada fuente, él mismo pensaba, cuando comenzó la campaña electoral, que en realidad solo pretendía salir elegido senador en las elecciones de 1990 y no aspiraba seriamente a alcanzar la presidencia. Él pretendería seriamente llegar al máximo cargo del gobierno en las elecciones de 1995. Aunque Fujimori tenía la expectativa de que Cambio 90 pudiera conseguir un determinado nivel de votos y escaños, y de que él mismo saliera elegido senador debido al apoyo de los micro y pequeños empresarios, así como de los evangelistas, el político de origen nipón preveía en un principio que su agrupación política no llegaría a más. Fujimori sería el protagonista del resultado sorprendente e inesperado del siguiente año pero, en aquel entonces, todavía sobrestimaba el poder de los partidos políticos existentes. No sería extraño que en aquel tiempo se tuviera la expectativa de ganar el 10% de los congresistas, expresada por Fujimori, e incluso que esta fuese optimista, debido a que le faltaban por mucho los recursos económicos para una campaña electoral comparable con la abrumadoramente favorable de Vargas Llosa. Al desarrollar su modesta campaña electoral, Fujimori experimentó tanto cuán cambiante es la política peruana como cuán rápido cambia la opinión política en el Perú. Hábilmente, Fujimori fue con la corriente política sin perder la oportunidad que se le presentó. La corriente que llevó a Fujimori a ganar, casi sin que nadie se diese cuenta, tuvo un ímpetu que nadie podía detener. Fujimori postuló al Congreso y a la presidencia porque, siendo candidato presidencial, aumentaba la posibilidad de que fuera tratado en los medios de comunicación. De este modo habría más oportunidades para que el nombre de su agrupación llamara la atención de los electores; y, consecuentemente, podía intentar ganar más votos en las elecciones para

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congresistas. Antes de las elecciones de 1990, diversas pequeñas agrupaciones poco conocidas habían acudido a la táctica de presentar candidatos también en las elecciones presidenciales para incrementar el número de votos conseguidos en las elecciones congresales, ya fueran estas las de senadores o de diputados. Doce de los quince candidatos presidenciales en las elecciones de 1980 fueron también candidatos para senaduría o diputados; y en 1990 cinco de los nueve candidatos, inclusive Fujimori, fueron simultáneamente candidatos para una senaduría o para ser diputados (Tuesta 1994: 28). Siendo uno de los candidatos presidenciales, Fujimori también esperaba en un principio poder vender el nombre de Cambio 90.

El desarrollo de la campaña electoral por parte de Fujimori La campaña electoral iniciada por Fujimori no fue nada lujosa ni llamativa, básicamente debido a la falta de recursos económicos. Fujimori y algunos dirigentes de Cambio 90 recorrieron sin mayores pompas las zonas marginadas y las provincias para pedir a las clases bajas y sectores populares votar por su agrupación. A veces, hacía la campaña electoral a bordo de un tractor que él mismo denominó “Fujimóvil”, con el objetivo de causar a los electores la impresión de que el candidato Fujimori le daba importancia al problema de la agricultura. Junto con Fujimori y los dirigentes de su agrupación, hicieron también la campaña electoral tanto los micro y pequeños empresarios del sector informal como los evangelistas, a quienes el político de origen japonés había pedido colaboración. Especialmente en el caso de los evangelistas, dispersos en diversas partes del Perú, estos dirigieron el llamamiento de votar por Cambio 90 en reuniones, por las emisiones de la radio que la facción religiosa poseía, por las visitas a casas, y de boca a boca. Asimismo, los dirigentes del partido de Fujimori convencieron a determinados choferes de los camiones que prestan servicios entre Lima y provincias, y los que trabajan en los mercados que visitan las clases bajas, para que colaboraran en la campaña electoral. Por otro lado, aunque con dificultad debido a los escasos recursos, Fujimori mandó a hacer la propaganda en televisión. No era perfecta pues, en sus imágenes, el movimiento de los labios de los personajes no coincidía con el sonido. En la campaña electoral, Fujimori y Cambio 90 se definieron a sí mismos como la auténtica fuerza independiente que no tenía nada que ver con los partidos políticos existentes, así como la fuerza de centro que aspiraba

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a realizar el cambio y la reforma del Perú. Al mismo tiempo, mientras criticaron a los partidos políticos existentes por haber permitido caer al Perú en crisis, propusieron que reconstruirían la economía sobre la base no solamente de los ricos recursos naturales del país, sino también de la creatividad de la cual los peruanos estaban dotados, como se observaba en la economía informal; y promoverían políticas basadas en valores éticos, morales y solidarios. Fujimori resumió estas y otras propuestas en un lema: “Honradez, Tecnología y Trabajo”. Lo propaló junto con su nombre y el de su agrupación política. Fujimori no propuso ninguna política concreta en la campaña electoral. Su propaganda electoral fue imprecisa y vaga, apuntando a despertar entre la gente común la expectativa del desarrollo de la sociedad peruana. En febrero de 1990 empezó a tener impacto la campaña electoral sin lujos ni pompas de Fujimori y su agrupación política. Empezando ese año, Fujimori y la cúpula de Cambio 90 realizó encuestas propias sobre la intención de voto en las elecciones presidenciales mediante los simpatizantes de su agrupación política. Aunque las mismas no estaban diseñadas científicamente sobre la base de un muestreo estadísticamente adecuado, sí cumplían con el objetivo de analizar grosso modo la tendencia de la opinión pública. Al igual que en las encuestas de las compañías especializadas, en las encuestas propias de Cambio 90 el nombre de Fujimori no figuró en lo absoluto en un principio. Al poco tiempo de iniciadas las encuestas propias, se arrojó un resultado de apenas 0,2% de intención de voto para Fujimori. Sin embargo, pasando la mitad de febrero de 1990, la intención de votar por Fujimori registró el 0,5%. Desde entonces y hasta la mitad de marzo, la popularidad de Fujimori subió aceleradamente en cada encuesta levantada por Cambio 90: 1%, 3% y 6%. Enterándose de estos resultados, Fujimori empezó a pensar que probablemente luego de llegar segundo en la primera vuelta, podría remontar y ganar la competencia electoral en la segunda vuelta, resultando elegido Presidente de la República (entrevista 06). De este modo, una vez que comenzó a crecer el apoyo a Fujimori, principalmente entre los electores de las clases bajas, el nombre del candidato de ascendencia japonesa empezó a figurar en algunos sondeos hechos por las compañías especializadas. Hasta entonces, Fujimori fue uno de múltiples candidatos de menor posibilidad de tener éxito electoral en las encuestas dadas a conocer en público. El ex rector de la Universidad Nacional Agraria no tenía ningún apoyo, o aparecía con muy poco apoyo y estaba incluido en la categoría “otros”. Hacia mediados de marzo, el nombre

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de Fujimori surgió por primera vez como el candidato con la eventual cuarta votación en una encuesta realizada por una compañía encuestadora en Lima metropolitana. Entonces, los medios de comunicación empezaron a enfocar su interés en el desconocido candidato de origen japonés y su campaña electoral. De repente, Fujimori constituyó un tema “fresco” en las noticias electorales, debido a que la lid electoral había venido tomando un cariz de vilipendio en torno a la aplicabilidad o no de las “políticas de choque” y, reflejando esta situación, las notas informativas eran monótonas y anodinas. Otro aspecto que contribuía a lo mismo era la curiosidad sobre el aspecto étnico del nuevo candidato. Fujimori no perdió esta oportunidad para dar publicidad a su candidatura y a Cambio 90, como una fuerza de centro que aspiraba a realizar el cambio y reforma del Perú. Una anécdota interesante es que llegó a realizar actuaciones como el desenvainar una espada japonesa vestido de yukata,16 a hacer los movimientos típicos de karate,17 y a comer platos japoneses con su familia para, de este modo, enfatizar lo japonés de sí mismo. Los medios de comunicación divulgaron el lema “Honradez, Tecnología y Trabajo”, junto con imágenes y evaluaciones positivas tanto de la recuperación económica como de la transformación del Japón en una potencia económica desde la posguerra, así como de la laboriosidad y honestidad de los descendientes de los inmigrantes japoneses asimilados a la sociedad peruana. Los medios de comunicación proyectaron la imagen de Fujimori como un “chino” simpático. También difundieron la imagen de que, junto con el “cholo” y el “negro”, el “chino” era parte de una nueva agrupación política que venía haciendo campaña electoral. Gracias a estas imágenes y mensajes, más electores de las clases bajas decidieron apoyar a Fujimori. Al mismo tiempo, una parte de los electores abrigaron la expectativa, algo inflada, de que el Japón ayudaría al Perú en caso de que Fujimori saliera elegido presidente, dado que el ex rector de la Universidad Nacional Agraria realizaba la campaña electoral haciendo uso de la imagen del país asiático. Por otro lado, la trayectoria de Fujimori —como hijo de inmigrantes

16.

Es un kimono (vestido tradicional del Japón) ligero de algodón que se usa informalmente en verano.

17.

Deporte tradicional del Japón basado en un arte marcial de defensa propia sin armas.

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no adinerados, que arduamente hizo su carrera esforzándose en la educación— producía simpatía hacia el “chino” de una parte de los migrantes del campo y de las provincias hacia las ciudades principales como Lima. Muchos de sus descendientes se identificaban con la historia del candidato porque también habían tenido o tenían dificultades en abrirse camino y en la vida cotidiana en una ciudad nueva. Lo cierto es que con motivo de la atención que le brindaron los medios de comunicación, Fujimori ganó apoyo aceleradamente (véase gráfico 2.1). Otros dos factores que le allanaron el camino de la presidencia no tienen que ver con la conducta del candidato de origen japonés y su agrupación política. El primer factor fue el cálculo personal que el entonces presidente García tuvo. El presidente aprista no podía candidatear en las elecciones presidenciales de 1990, porque la Constitución Política de 1979, que estaba vigente en aquel entonces, le prohibía la reelección inmediata. Sin otras alternativas, García se vio obligado a colocar a Alva como candidato presidencial de su agrupación política. Sin embargo, García temió que Alva extendiera su influencia entre los militantes apristas y se convirtiera en una amenaza contra su poder y hegemonía en el partido político. Por ello, García trató fríamente al candidato presidencial de su propia agrupación. Por otro lado, García pretendió impedir la elección de Vargas Llosa como jefe de Estado, ayudando en secreto a determinado candidato que pudiera emular al candidato del Frente Democrático. Aunque en un principio García se inclinó por Barrantes, buscó otro candidato luego de concluir que el apoyo al candidato de la izquierda no se incrementaría significativamente. Observando que el apoyo de los votantes hacia Fujimori empezaba a crecer, García lo apuntaló, pero no públicamente. Para ayudar ocultamente a Fujimori, el presidente aprista parece haber acudido al servicio de inteligencia de las Fuerzas Armadas (véase la sección 5 de este capítulo). El otro factor no fujimorista fue el acto electoral que una parte de los militantes y simpatizantes de la izquierda y el PAP tomaron en la recta final de la campaña electoral para no “desperdiciar” sus votos (la llamada “votación estratégica”). Frente a la situación de que el candidato de su agrupación política o de su simpatía no tenía la posibilidad real de ganar las elecciones presidenciales, desearon evitar que sus votos resultaran desaprovechados, y decidieron dar sus votos a Fujimori, cuyo nivel de apoyo estaba creciendo, con el objetivo de impedir la elección del candidato liberal Vargas Llosa.

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La votación del 8 de abril resultó sorprendente. Vargas Llosa no logró obtener más del 30% de los votos válidamente emitidos, alcanzando apenas al 27,6%, mientras que Fujimori llegó segundo en la votación, con el 24,7%. La diferencia entre el novelista y el ex rector de la Universidad Nacional Agraria fue solamente alrededor de 3% (véase cuadro 2.1). En menos de un mes, el apoyo a Fujimori creció súbita y aceleradamente hasta pisar los talones de Vargas Llosa. Este salto fantástico del apoyo a Fujimori se llamó el “fenómeno tsunami” o el “fenómeno Fujimori”. Alva ocupó el tercer lugar con el 19,2% de los votos, y los dos candidatos de la izquierda no lograron conseguir más del 10% de la votación válida. Aunque Fujimori no obtuvo mucha votación en el norte ni en el este del Perú, donde no había podido hacer suficiente campaña electoral, superó a Vargas Llosa en Lima metropolitana —apenas— y se impuso ante el conocido escritor en los departamentos pobres del sur y centro de la sierra peruana, como Ayacucho, Huancavelica, Cusco y Puno.

La campaña electoral para la segunda vuelta Recién en la segunda vuelta se daría el resultado final de las elecciones presidenciales. En este proceso electoral se preveía que Vargas Llosa no podría conseguir el apoyo del PAP y la izquierda, ya que se oponían frontalmente al novelista en la política económica a tomarse. En efecto, ambas fuerzas políticas dieron a conocer a fines de mayo su posición de no apoyar a Vargas Llosa. El hecho de perder en la recta final de la campaña electoral una victoria que creía firmemente que le sería fácil obtener le produjo a Vargas Llosa un gran choque. Al día siguiente de la primera vuelta, Vargas Llosa buscó ver a Fujimori, y le expresó su voluntad de renunciar a candidatear en la segunda vuelta que, según todos los pronósticos, para el escritor constituiría con seguridad una batalla desesperada; ofreciéndole a Fujimori todas sus propuestas programáticas y los técnicos profesionales que lo apoyaban. Ante la propuesta de Vargas Llosa, Fujimori pensó que solo teniendo el apoyo del 24% de la votación le faltaría la legitimidad necesaria para realizar un gobierno estable y, además, podría prever un rechazo de los militares. Por estas razones, el ex rector de la Universidad Nacional Agraria respondió al novelista que se debería realizar la segunda vuelta como decía la Constitución (Fujimori 1999: N.° 13). Dos días después de la primera

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2

Este

Sur

Centro

Norte

Zonas

5

Resto del país

3

4

metropolitana

Lima

Centro/Provincias

Total

1

agruPaCiones

(41,2%)

(12,3%)

31.068

(28,1%)

103.696

(17,4%)

(26,2%) 384.202

237.292

(22,3%)

(9,0%) 342.732

(23,7%) 291.738

157.661

(19,6%)

416.906

915.663

(22,4%)

(32,5%)

1.049.632

(35,8%)

972.648

(24,7%)

1.070.876

1.906.904

(27,7%)

C90

2.132.357

fredeMo

(16,6%)

41.768

(13,1%)

179.097

(17,7%)

230.904

(36,2%)

635.585

(23,2%)

1.087.354

(13,0%)

388.561

(19,1%)

1.478.905

PaP

(9,1%)

22.948

(10,3%)

140.535

(6,8%)

89.021

(6,9%)

121.527

(8,0%)

374.031

(5,5%)

163.443

(7,0%)

538.920

iu

(2,3%)

5.667

(3,3%)

45.378

(3,6%)

47.105

(4,9%)

86.791

(3,9%)

184.941

(4,3%)

129.319

(4,1%)

315.541

is

(2,5%)

6.342

(5,6%)

76.064

(2,3%)

29.615

(1,3%)

22.412

(2,9%)

134.433

(1,1%)

34.154

(2,2%)

169.576

otros

Cuadro 2.1 resultados de las eleCCiones PresidenCiales de 1990 (PriMera vuelta)

(8,4%)

21.124

(11,2%)

153.397

(9,5%)

123.918

(8,6%)

151.721

(9,6%)

450.160

(3,7%)

109.936

(7,3%)

562.245

nulos

(7,6%)

19.058

(11,0%)

150.928

(11,6%)

152.217

(9,4%)

164.411

(10,4%)

486.614

(4,1%)

124.026

(8,0%)

615.149

blanCos

02_Cap2.indd 213

21/05/2012 04:32:54 p.m.

6

1.201.802 (31,9%)

1.292.615 (34,3%)

(16,1%)

(23,8%)

(16,2%) 281.325

(27,3%) 415.071

121.167

(20,0%)

(14,8%) 203.292

284.017

209.530

(13,9%)

523.485

(32,5%)

566.889

(21,3%)

158.568

(16,0%)

226.973

(5,6%)

211.605

(6,3%)

109.760

(8,4%)

62.663

(10,8%)

153.446

(4,1%)

154.996

(4,7%)

81.548

(2,8%)

20.783

(4,0%)

56.933

(1,4%)

52.554

(1,3%)

22.504

(2,1%)

15.397

(5,5%)

78.132

(4,1%)

154.999

(7,1%)

124.213

(10,4%)

77.215

(14,3%)

203.669

(4,6%)

173.398

(8,2%)

143.633

(11,6%)

86.634

(14,6%)

206.975

Fuentes: Elaboración propia. Los resultados electorales se basan en JNE (1990); los “Niveles de pobreza”, FONCODES (1995). Notas: 1. Los candidatos son: FREDEMO (Frente Democrático) Vargas Llosa; C90 (Cambio 90) Fujimori; PAP (Partido Aprista Peruano) Alva Castro; IU (Izquierda Unida) Pease; IS (Izquierda Socialista) Barrantes. 2. En el “Total” están incluidos los votos en el extranjero. En el resto del cuadro están indicados solamente los votos en el interior del país. De este modo, las cifras del “Total” no coinciden con la suma de “Centro/Provincias”, “Zonas” o “Niveles de pobreza”. Las cifras son el número de votos conseguidos. Los porcentajes entre paréntesis son las proporciones que ocupan en la suma de cada celda. La suma de los porcentajes de cada celda no necesariamente llega al 100%, porque se han redondeado las cifras. 3. Lima metropolitana consiste en la provincia de Lima (que abarca la capital ciudad de Lima) y la provincia constitucional del Callao. 4. Las “Provincias” son todo el Perú menos Lima metropolitana. Concretamente, son el departamento de Lima excepto la provincia de Lima y otros 23 departamentos, salvo la provincia constitucional del Callao. 5. Cada zona está formada por los siguientes departamentos (Lima metropolitana está excluida): Norte/ Amazonas, Cajamarca, La Libertad, Lamba� yeque, Piura, San Martín y Tumbes; Centro/ Áncash, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, Lima (con excepción de la provincia de Lima), Pasco; Sur/ Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cusco, Moquegua, Puno y Tacna; Este/ Loreto, Madre de Dios y Ucayali. 6. Los “Niveles de pobreza” están calculados sobre la base de unos índices socioeconómicos. Cada categoría consiste en los siguientes departamentos (en el orden de más a menos pobre): Muy pobre/ Huancavelica, Apurímac, Ayacucho, Huánuco, Cajamarca, Cusco, Amazonas y Puno; Pobre/ Loreto, San Martín, Ucayali, Madre de Dios, Pasco y Áncash; ncash; Regular/ Piura, Junín, La Libertad, Lambayeque, Ica y Tumbes; Aceptable/ Arequi� pa, Moquegua, Tacna, Lima y Callao.

Aceptable

Regular

Pobre

Muy pobre

Niveles de pobreza

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vuelta, cuando el candidato de origen japonés se reunió de nuevo con el escritor, le pidió nuevamente no retirarse de la segunda vuelta. En otra oportunidad, el político de ascendencia japonesa recordó que no había aceptado la propuesta de Vargas Llosa porque en aquel entonces adivinó el peligro de restringir el margen de libertad y las alternativas en caso de que entablara relaciones de colaboración con Vargas Llosa (Fujimori 2003: 111). Según una persona que tiene la experiencia de haber trabajado en 1990 cerca de Fujimori, él rechazó la mencionada propuesta del otro candidato porque entonces todavía no estaba dispuesto a aceptar las “políticas de choque” en lo económico y la brusca introducción de la economía de mercado, por cuya necesidad había abogado insistentemente Vargas Llosa (entrevista 07: 1992). De cualquier modo, el novelista, aunque quiso renunciar a candidatear en la segunda vuelta luego de reunirse con Fujimori, cedió ante presiones como la del entonces arzobispo de Lima, Augusto Vargas Alzamora, que le instó a cambiar de opinión. Plenamente conciente de la pérdida que se le avecinaba, el novelista tomó la resolución de encarar el desafío de continuar en la competencia electoral hasta el final. En la campaña electoral de la segunda vuelta, cuya votación estaba prevista para el día 10 de junio, Vargas Llosa no habló más sobre las “políticas de choque” y centró su energía en explicar las políticas de ayuda social a las clases bajas. También persuadió a algunos famosos “cholos y negros” del mundo de deporte y del espectáculo para que colaboraran en su campaña electoral. Por otro lado, con el objetivo de apoyar a Vargas Llosa, la Iglesia católica realizó en la campaña electoral de la segunda vuelta la procesión del llamado del “Señor de los Milagros”, una procesión de altar portátil con la imagen del Cristo que se lleva a cabo normalmente en octubre y atrae a muchos devotos, principalmente de la costa. La posición de la Iglesia católica en favor del escritor se debió al temor que le tenía a los evangelistas que apoyaban a Fujimori. Además, se comentó entonces que, o el arzobispo limeño Vargas era pariente del candidato del Frente Democrático, o que tenía un prejuicio étnico contra el candidato de origen japonés. No obstante ello, por más que Vargas Llosa cambiara el énfasis en sus propuestas electorales y la Iglesia católica mostrara una postura contraria a Fujimori, ello no tuvo la fuerza de aumentar el nivel de apoyo al novelista. Los partidarios de Vargas Llosa también hicieron ataques persistentes contra la personalidad de Fujimori. Entre ellos había difamación y ofensas

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II / La gestación de la política de Fujimori

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con respecto de su origen japonés, como el preguntarle agresivamente si en realidad era un peruano verdadero o no, una declaración de antipatía a Fujimori por parte de ciertos militares, y críticas contra el apoyo de los evangelistas. También denunciaban sus relaciones ocultas con el gobierno de García o su supuesta evasión de impuestos. Sin embargo, los ataques contra la personalidad de Fujimori por los partidarios del Frente Democrático resultaron contraproducentes, al despertar más bien compasión hacia su persona entre los electores. En cuanto a su origen japonés, el Frente Democrático planteó la sospecha de que Fujimori poseyera el pasaporte japonés y lo hubiera usado. Pero esto no se comprobó entonces. El bando fujimorista fue criticado también por su falta de propuestas programáticas y de técnicos calificados. Para responder a la primera crítica, Fujimori convocó a unos cuantos economistas de tendencia de izquierda que tenían pocas relaciones partidistas, entre los que estaban Santiago Roca y Adolfo Figueroa, de la Escuela de Administración de Negocios para Graduados (ESAN) y de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP),18 respectivamente, ambas entidades de educación superior destacadas en Lima. Con ellos conformó, algo apresuradamente, su equipo de política económica. Luego de esto, Fujimori se declaró en contra de la aplicación de las “políticas de choque” propuestas por el Frente Democrático, porque dijo que en las circunstancias de entonces, en que la economía se encontraba en crisis, las mismas impondrían solamente una carga insoportable a la población peruana. Asimismo, el candidato de ascendencia japonesa insistió en la necesidad de la concertación interna para que el Perú saliera de la crisis. En el debate público con Vargas Llosa llevado a cabo una semana antes de la segunda vuelta, Fujimori no perdió muchos puntos y mantuvo un alto nivel de apoyo, principalmente entre las clases bajas. En la segunda votación, el 10 de junio, Fujimori fue elegido con el 56,5% de los votos, vale decir, más de la mayoría de votos válidamente emitidos. Fujimori superó a Vargas Llosa en el número de votos conseguidos en todos los departamentos del Perú, excepto en el de Loreto. Vargas Llosa perdió al alcanzar solamente el 33,9% de los votos válidos (véase cuadro 2.2). En las elecciones de congresistas realizadas simultáneamente con las presidenciales de la primera vuelta, el partido oficialista Cambio 90 no

18.

Una de las mejores universidades en el Perú.

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alcanzó a la mayoría de los escaños, resultando ser minoritario tanto en la Cámara de Senadores como en la de Diputados. En las elecciones de congresistas no hay segunda vuelta y los escaños se distribuyen según el resultado de una única votación. Desde los años sesenta, los congresistas peruanos se eligen en el sistema proporcional. Desde 1980, cuando se realizó la transferencia del poder de los militares a la civilidad, se disputaban 60 escaños de senadores en un distrito nacional único, mientras que eran 180 diputados elegidos en 26 distritos electorales: la provincia de Lima, las demás provincias del departamento de Lima, la provincia constitucional del Callao y cada uno de los otros 23 departamentos. En ambas cámaras el PAP obtuvo el mayor número de escaños. El Frente Democrático que había sostenido al candidato Vargas Llosa se extinguió con el paso del tiempo después de terminar la segunda vuelta, y cada una de las agrupaciones componentes de esta alianza electoral empezó a hacer actividades propias. La elección de Fujimori fue producto de la dinámica política interna del Perú. Sin embargo, la elección del primer jefe de Estado de origen japonés suscitó, junto con el proceso electoral inesperado y sorprendente, el interés internacional, particularmente en las relaciones entre Perú y Japón. En aquel entonces, el Japón superaba económicamente a los Estados Unidos: mientras la superpotencia mundial norteamericana sufría un déficit tanto en lo fiscal como en el balance de cuenta corriente internacional, el país asiático se encontraba en una etapa de crecimiento, antes de caer en la situación crítica que arrastra hasta ahora. Dadas las circunstancias, especialmente en los Estados Unidos se planteó la pregunta de si el Japón pensaba en alguna estrategia de convertir al Perú en el punto de partida para extender su influencia en América Latina. Como aclararemos en las siguientes líneas, el Japón no tenía la disposición ni la voluntad de preparar este tipo de estrategia. 4.

El estilo político de Fujimori, ganador de la competencia electoral de 1990

Relaciones directas con la gente común basadas en la expectativa Antes de analizar el inicio de las actividades políticas del presidente electo Fujimori, examinaremos más detalladamente el estilo y manera de hacer política que Fujimori mostró durante la campaña electoral. Con la victoria

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Cuadro 2.2 resultados de las eleCCiones PresidenCiales de 1990 (Segunda vuelta) 1

agruPaCiones total

2

Centro/ Provincias - Lima 3 metropolitana 4 - Resto del país zonas

fredeMo

C90

nulos

blanCos

2.713.442 (33,9%)

4.522.563 (56,5%)

627.552 (7,8%)

136.421 (1,7%)

1.316.722 (44,0%) 1.377.216 (27,7%)

1.531.734 (51,2%) 2.975.836 (59,9%)

120.542 (4,0%) 505.085 (10,2%)

23.033 (0,8%) 112.779 (2,3%)

525.331 (29,2%) 405.197 (27,2%) 323.418 (22,8%) 123.270 (47,2%)

1.060.100 (58,9%) 899.198 (60,3%) 898.824 (63,3%) 117.714 (45,1%)

174.972 (9,7%) 151.420 (10,2%) 161.845 (11,4%) 16.848 (6,5%)

38.271 (2,1%) 34.306 (2,3%) 36.907 (2,7%) 3.295 (1,3%)

277.593 (18,7%) 255.918 (32,4%) 557.054 (29,6%) 1.603.373 (42,1%)

928.937 (62,6%) 436.247 (55,2%) 1.143.490 (60,8%) 1.998.896 (52,5%)

224.332 (15,1%) 79.433 (10,0%) 149.715 (8,0%) 172.147 (4,5%)

53.141 (3,6%) 19.327 (2,4%) 30.153 (1,6%) 33.191 (0,9%)

5

Norte Centro Sur Este niveles de Pobreza Muy pobre Pobre Regular Aceptable

6

Fuentes: Elaboración propia. Las mismas que el cuadro 2.1. Notas: 1 a 6 son las mismas que en el cuadro 2.1.

electoral inesperada, Fujimori pareció quedar más firmemente convencido que antes de la efectividad de su manera de hacer política. Más aun, se puede decir que nunca abandonó este estilo durante su mandato presidencial, hasta que fue destituido en 2000.

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Fujimori nunca cambió su estilo y manera de hacer política hasta el último día de la presidencia, no solamente porque ellos fueron el fruto de lo que él vivió y aprendió por ensayo y error en el proceso de mejora de su estatus social, sino también porque mantuvo mucha confianza sobre ellos después de las elecciones de 1990, en las cuales logró obtener un resultado que superó considerablemente lo previsto por él mismo al inicio de la campaña electoral. En una entrevista realizada en marzo, antes de la primera votación, Fujimori expresó su sorpresa franca y dejó entrever la confianza en su estilo de hacer política que estaba produciendo mucho mejores resultados de los previstos. En esta entrevista explicó por qué sus niveles de apoyo se encontraban subiendo con fuerza: “Creo que hay una comunicación con el pueblo. Me siento sorprendido de esta comunicación. En realidad yo no soy político, ¿no? Pero... es algo muy grato” (La República, 30 de marzo de 1990). De cualquier manera, luego de que Fujimori asumiera la presidencia, su manera de hacer política produjo un resultado positivo para él mismo, por lo menos hasta 1995, y en parte le permitió gozar hasta entonces de una gran popularidad entre muchos peruanos. Al parecer, Fujimori ganó mayor seguridad y confianza en su manera de hacer política también después de tomar posesión del cargo de la presidencia. Podemos resumir en cuatro puntos las características del estilo y manera de hacer política de Fujimori. La primera es el establecer relaciones directas y personales con la gente común, sin depender de organizaciones intermediarias como los partidos políticos. Este estilo ocurrió en el contexto del avance de la “atomización” en la sociedad peruana de la década de 1980. Al perder la confianza en los partidos y escoger el camino de seguir sobreviviendo por esfuerzos propios, muchos peruanos mostraron una actitud sumamente pasiva en lo social, y limitaron sus relaciones organizativas a un espacio pequeño, restringido, separado e individual. Aun en caso de que fortalecieran sus lazos organizativos, no establecieron relaciones que superaran las diferencias en objetivos, profesión, estratos sociales, región, entre otros, ni conformaron organizaciones representativas duraderas en el más alto nivel. Ello era importante si tomamos en cuenta a la totalidad de la sociedad peruana, que avanzaba hacia la “atomización”; vale decir, se descomponía en innumerables unidades pequeñas o individuales. En las elecciones de 1990, Fujimori conformó una organización nuclear llamada Cambio 90, y realizó una campaña electoral en colaboración con los empresarios del sector informal y los evangelistas. Pero su base orgánica

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fue débil. En un principio, la agrupación fujimorista constituía solamente una fuerza pequeña, como Fujimori lo había previsto en el inicio de la campaña electoral. Durante el desarrollo de la competencia electoral se produjo una coincidencia entre la campaña electoral sin pompas del campo fujimorista y la suerte. Gracias a ello, se extendió el apoyo a Fujimori, quien tenía solo una agrupación organizativamente pobre, resultando finalmente en su imprevista elección como jefe de Estado. El político de origen japonés percibió en experiencia que “hay una comunicación sorprendente con el pueblo”. Podemos decir que, en el proceso electoral de 1990, Fujimori pensó lograr esta relación directa con los individuos y grupos pequeños que se encontraban en proceso de “atomización”, y no sintió la necesidad de tomarse la molestia de construir una organización como un partido, ya que estos eran rechazados por mucha gente. De este modo, después de la elección de Fujimori como mandatario, el presidente peruano de origen japonés no hizo un esfuerzo constante ni suficiente para fortalecer organizativamente su agrupación política Cambio 90. Su agrupación quedó con bases organizativas sumamente débiles, y el apoyo a Fujimori como persona no necesariamente se convirtió en una militancia en Cambio 90 u otras agrupaciones fujimoristas. Una manifestación de este fenómeno fue que en las tres elecciones municipales realizadas en los años noventa, en 1993, 1995 y 1998, las fuerzas fujimoristas lograron un apoyo más bajo que la popularidad del propio Fujimori en el mismo tiempo, excepto en 1998. Tampoco consiguieron ni mantuvieron un apoyo popular estable y amplio (véase cuadro 2.3). En este caso, los diferentes respaldos a Fujimori y a su agrupación política contrastan con los casos del oficialismo de la década anterior; donde el partido oficialista, AP en 1980 y el PAP en 1986, obtuvieron victorias en las elecciones municipales cuando el partido de gobierno contaba con cierto nivel de apoyo popular (véase cuadros 1.11 y 1.12 aparecidos en las páginas anteriores). Debido a la falta de bases organizativas en Cambio 90, Fujimori se vería obligado a fortalecer el oficialismo creando otro nuevo movimiento y aliándolo con Cambio 90 hasta en tres oportunidades: las elecciones para el Congreso constituyente de 1992, las elecciones municipales de 1998 y las elecciones presidenciales y de congresistas del año 2000. Asimismo, como no tenía bases organizativas propias fuertes, Fujimori buscó la base del poder en organizaciones o entidades permanentes del Estado, inclusive en las Fuerzas Armadas.

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Esta tendencia se intensificó desde el segundo año de su segundo mandato, cuando bajó el nivel de aprobación presidencial entre la gente común. En la movilización de masas, las relaciones directas de Fujimori con la gente común fueron distintas de las que establecieron los dirigentes políticos carismáticos y elocuentes aparecidos en la historia de América Latina, inclusive de las que habían existido tradicionalmente en el Perú. Pocas veces Fujimori convocó a un mitin movilizando a las masas por razones políticas. Prefirió visitar, sin aviso previo, determinadas zonas y hablar con la gente que se agrupaba alrededor de él, o comunicarse directamente y en un lenguaje sencillo con el público en general mediante los medios de comunicación. Podemos decir que esta actitud de Fujimori también constituía una consecuencia de una sociedad como la peruana, en la que había avanzado el fenómeno de “atomización”. La segunda característica del estilo político de Fujimori fue que sus vínculos directos con la población se basaban en la expectativa derivada de la conciencia de legitimidad anteriormente descrita. No se trataba de relaciones basadas en alguna plataforma, compromiso oficial o proyecto concreto; ni mucho menos en cierto consenso, promesa o entendimiento forjado mediante un proceso de discusión. Durante la campaña electoral de 1990, Fujimori nunca presentó un proyecto concreto y detallado. Aunque antes de la segunda vuelta el político de ascendencia japonesa hizo apresuradamente propuestas, estas constituían simplemente un resumen general de lo que pensaba realizar cuando asumiera la presidencia, sin precisar su contenido concreto ni su prioridad entre diversas medidas generales. Con miras a las elecciones generales de 1995 y 2000, Fujimori ni siquiera preparó un documento que resumiera a grandes renglones sus propuestas políticas. Por su parte, la gente común percibió las relaciones con Fujimori desde una perspectiva emocional, vale decir, primó la percepción del esforzado hijo de inmigrantes japoneses y su capacidad para responder a las diversas demandas socioeconómicas formuladas principalmente desde el ángulo de corto plazo. De esta manera, la población apoyó al mandatario de ascendencia nipona sobre la base de su estado de ánimo. Al llegar al poder, Fujimori hizo política para responder a tal expectativa y lograr resultados concretos para la población. Al mismo tiempo, se preocupó por mantener o recuperar la confianza de la gente común en su política. En las elecciones generales de 1990, la gente común abrigaba la expectativa de que alguien superara la situación desesperada en la que

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Cuadro 2.3 resultados de las eleCCiones MuniCiPales en la déCada de 1990 (Alcaldes provinciales) ProPorCiones de votos (%)

agruPaCiones

núMero de alCaldes

1993

1995

1998

1993

1995

1998

aCCión PoPular

9,3

5,1

5,0

42 (22,3%)

15 (7,7%)

5 (2,6%)

Partido PoPular

4,0

0,1





Cristiano Partido aPrista

6

0

(3,2%)

(0,0%)

26



8,7



6,4

3,0





19,0

25,2



20,6

28,4





1,3



48,7

55,7

33,6

82

175

78

(43,6%)

(90,2%)

(40,2%)

(13,8%)

Peruano izquierda unida

27

6 (3,1%)





2

0

72

(1,1%)

(0,0%)

(37,1%)



1

21

(0,5%)

(10,8%)



2

(14,4%) ofiCialisMo1 soMos liMa/ Perú

1,1

2

unión Por el Perú

(1,0%) indePendientes3 anuladas o no realizadas

total

3

3

10

(1,6%)

(1,5%)

(5,2%)

188

194

194

Fuente: Elaboración propia sobre la base de JNE (1993; 1997; 1999). Notas: El signo – significa que la agrupación no participó en las elecciones, o no estaba conformada. 1. Son las fuerzas fujimoristas. Las denominaciones son: Cambio 90 en 1993, Cambio 90 Nueva Mayoría en 1995 y Vamos Vecino en 1998. 2. Fue fundado en 1995 como el Movimiento Somos Lima; en 1998 cambió su nombre a Somos Perú. 3. Esta categoría es la suma de las fuerzas que no pertenecían ni al oficialismo ni a las principales agrupaciones opositoras indicadas en este cuadro.

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se encontraba el país. Esta expectativa se convirtió, en las elecciones generales de 1995, como veremos, en otra: la eficacia —hasta entonces, por lo menos, dado el fruto del primer mandato presidencial— del presidente Fujimori lo hacía el elegido para continuar en el cargo y lograr muchas más mejoras en la situación socioeconómica; y permitió su segunda elección como Presidente de la República. En estos años estaban establecidas unas relaciones de tipo patrón-cliente entre Fujimori y muchos peruanos: se trataba de un intercambio entre los determinados resultados concretos de la gestión gubernamental hasta entonces y el apoyo a Fujimori, basado en la expectativa de muchas más mejoras socioeconómicas en el futuro. En el referéndum constitucional realizado en 1993, el político de ascendencia japonesa sufrió una derrota aplastante, particularmente en las provincias alejadas de la ciudad capital, Lima, porque no logró despertar entre sus habitantes expectativas de mejora de su entorno socioeconómico. También, durante el segundo mandato presidencial, Fujimori perdió el nivel de aprobación de la gestión presidencial sin verlo mejorar significativamente durante el resto de ese periodo, básicamente debido a que no dio los resultados esperados por el pueblo en el aspecto socioeconómico, especialmente con relación al empleo y en la lucha contra la pobreza.

Liderazgo de respuestas flexibles a las circunstancias y la toma de decisiones autoritaria La tercera característica del estilo de Fujimori fue la de construir un liderazgo que respondía flexiblemente a las circunstancias. El político de origen japonés no tenía previamente determinado un plan concreto e integral o una perspectiva de mediano y largo plazo. Más bien, fue resolviendo cada escena política conforme con las circunstancias, mediante medidas reactivas de corto plazo. Según un dirigente fujimorista que vivió de cerca la competencia electoral de 1990, de las actividades de la campaña electoral de ese año, el 80% fue realizado según decisiones que Fujimori tomó por instinto, y solamente el 20% restante fue decidido en reuniones de dirigentes de Cambio 90 (entrevista 04). Otro ejemplo de esta característica ocurrió cuando el candidato de ascendencia nipona estuvo en la segunda vuelta. El rival del novelista preparó apresuradamente propuestas para eludir las críticas en su contra por parte de las fuerzas de Vargas Llosa. El rasgo principal de la tercera característica fue el poder responder

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flexiblemente a la cambiante situación de cada momento. Podemos decir que esto refleja la manera de Fujimori de vivir el criollismo. Por otro lado, Fujimori cambió la prioridad entre sus políticas; de la estabilidad económica que incluía el control de la inflación, pasando por las medidas antisubversivas, a la ayuda social y las medidas de reducción de la pobreza, todo ello durante el primer mandato de 1990-1995. Esto no se debió a alguna perspectiva que Fujimori trazara en la campaña electoral o entre la segunda vuelta y la toma de posesión; más bien, se debió a la actitud de Fujimori quien, frente a las circunstancias de cada momento, elaboró medidas contra el problema considerado como más importante que otros, para lo cual también consideraba los intereses que la gente común tenía en torno de los principales problemas del Perú (véase cuadro 2.4). En sus diez años de gobierno, Fujimori nunca aclaró su plan o visión de mediano y largo plazo respecto del desarrollo nacional. La actitud de vencer diversas dificultades según las circunstancias condujo a no establecer alianzas de mediana y larga duración con otras fuerzas u organizaciones políticas. A Fujimori no le gustaba verse restringido políticamente y prefería tener una libertad de acción lo más amplia posible para responder flexiblemente a las circunstancias. La postura de no tener alianzas fue originada también por la desconfianza en los otros que, como hemos indicado antes, se extiende a toda la sociedad política del Perú. La cuarta y última característica de la política de Fujimori fue que no tomó tiempo para forjar y acumular entendimientos, consensos y acuerdos amplios. Sus decisiones políticas las hizo solo, consultándolas con un pequeño número de allegados y asesores; que era el mismo grupo que servía para ejecutarlas. Creyó en su instinto y juicios. En absoluto hizo concesiones en las decisiones tomadas por él mismo, excepto cuando se le presentaban alternativas concretas y realistas (Torres y Torres Lara 1992: 69; entrevista 08: 1992a). Casi nunca delegó en otras personas facultades importantes, acaparando las de decisión. Aunque esta manera es eficaz y útil para responder a las emergencias, se trata en realidad de una forma autoritaria de toma de decisiones. En la campaña electoral de 1990, como fundador y caudillo de Cambio 90, Fujimori tomó personalmente todas las decisiones sobre cómo realizar la campaña electoral y la elaboración de la lista de los candidatos para el Congreso. En contra de esta actitud de Fujimori, San Román y los dirigentes evangelistas, inclusive Carlos García, candidato a la segunda

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vicepresidencia, presentaron quejas hasta llegar a un enfrentamiento bastante fuerte (Daeschner 1993: 167-169). Después de que Fujimori asumiera la Presidencia de la República, existen numerosos ejemplos de decisiones autoritarias: la suspensión de la Constitución en 1992, la política económica, las medidas antisubversivas, la política exterior, y otras en variados campos. La manera de tomar decisiones autoritarias fue, a principios de la década de 1990, provocada también por la conciencia de que el Perú se encontraba sumido en una grave crisis. Además, el estilo autoritario de toma de decisiones era el resultado de dar importancia a la eficiencia y rapidez de respuestas que satisficieran la expectativa de la gente común. A propósito del estilo político de Fujimori, se señala con frecuencia que tiene características como la paciencia, una voluntad fuerte para realizar cosas, la audacia, el cálculo minucioso, y este estilo se compara al de los japoneses de la Época de Meiji.19 Es verdad que Fujimori tiene los mencionados aspectos, y no podemos negar totalmente la posibilidad de que el político de origen japonés heredara algunos de ellos de sus padres; aunque también existen estas características entre los peruanos. Sin embargo, debemos tomar en consideración al mismo tiempo que las mencionadas características estaban condicionadas por la tercera característica del estilo político de Fujimori: encarar el escenario político desde una perspectiva de corto plazo. El político de ascendencia japonesa enfrentaba con minuciosidad, paciencia y audacia determinados problemas producidos en una situación específica; no daba importancia a alguna proyección integral en el mediano y largo plazo para la resolución sustantiva de los problemas. Por esta razón, es posible afirmar —tal como se comenta con frecuencia— que, aunque Fujimori sobresale como táctico, no consigue buenos calificativos como estratega. Era bueno para concentrarse en problemas específicos, vistos en el corto plazo, como el control de la inflación o el terrorismo, el restablecimiento en las zonas afectadas por desastres naturales y la recuperación de rehenes. Pero su estilo político no era el que en una perspectiva de largo plazo —entre 15 y 30 años— pudiese encarar creativa y definitivamente el reto de cómo cambiar las estructuras

19.

Corresponde a 1868 y 1911. Durante esta época se impulsó aceleradamente el proceso de la llamada modernización y occidentalización del Japón.

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53 26 32 23

Desempleo/falta de trabajo

Pobreza/miseria

Corrupción/coimas

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Falta de democracia

Desigualdad/diferencia entre ricos y pobres 7



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65

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2000

Fuente: Elaboración propia sobre la base de varios números de Informe de opinión. Nota: Son los resultados de las encuestas realizadas en la Lima metropolitana. La investigación consiste en pedir a los encuestados escoger hasta tres problemas principales que el Perú enfrenta. Las cifras subrayadas son las tres respuestas más escogidas de cada año. El signo – significa que la opción no fue incluida en la investigación. Las cifras son el promedio anual, en caso de que se realizara más de una encuesta en un año.



22

Educación inadecuada

Violación de derechos humanos

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Inflación/crecimiento de los precios

Costo de vida/precios altos

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ProbleMas / años

Cuadro 2.4 PrinCiPales ProbleMas del Perú (%)

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y crear instituciones estables en la sociedad política con el consenso y la colaboración de mucha gente.20 Esta fortaleza y debilidad de Fujimori estaba relacionada con la cuarta característica, su forma de tomar decisiones autoritarias, que permitió que, luego de tomar decisiones rápidas, el gobierno siguiese adelante eficientemente con lograr determinados objetivos de corto plazo. Sin embargo, no era suficiente la gestión de gobierno para encarar el fondo de los problemas que debían ser vencidos en el mediano y largo plazo, sino que era también necesario el concurso de la mayoría de los peruanos. Es decir, poco se hacía para construir un acuerdo nacional; el acuerdo explícito o entendimiento tácito no solamente sobre los objetivos a alcanzar, sino también acerca de cómo enfrentar los aspectos centrales de los problemas del país.21 5.

Preparación de gobierno por parte de Fujimori

Adopción de la política económica neoliberal Después de ser elegido presidente en la segunda vuelta celebrada a principios de junio de 1990, Fujimori empezó a hacer preparativos para inaugurar el nuevo gobierno. Uno de sus cambios más notables fue la elección de la política económica neoliberal que había desestimado durante la 20.

Este reto incluye el de cómo desarrollar la economía y superar la pobreza.

21.

Como características de la política de Fujimori, Durand (1996a: 116-117) señala ocho elementos: (a) planificar cuidadosamente las decisiones, de acuerdo con el orden de prioridades que fijaba en la agenda política; (b) actuar sorpresivamente y de modo resuelto; (c) hablar poco y usar un lenguaje directo, con frases duras contra sus adversarios y los partidos políticos; (d) no confiar en segundos ni en terceros, y exigir lealtad; (e) mantener sus alianzas y a sus colaboradores hasta que se agotan políticamente o la otra parte rompe las reglas del juego; (f) prestar atención a la opinión pública, y mantener una relación con la prensa, particularmente con la televisión, bastante estrecha; (g) nunca hablar de lo que piensa hacer, y consultar individualmente a un círculo reducido de personas; y (h) establecer una clara distinción entre lo técnico y lo político, y respetar a los técnicos. Si comparamos los ocho elementos con nuestro argumento, podemos considerar que los elementos (c) y (f) tienen que ver con el primer carácter, de las relaciones directas con la gente común; (a) y (e), con el tercero, de responder flexiblemente a las circunstancias; y, los otros cuatro elementos, con el cuarto carácter, el de la decisión autoritaria. En el argumento de Durand no se toma en consideración que Fujimori tiene una perspectiva “cortoplacista”.

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campaña electoral. En este proceso de preparación, llamaron la atención dos cosas: la decisión sobre la política económica a adoptar en el poder y el movimiento y cambio de las personas que apoyaban a Fujimori. En lo que concierne al primer punto de la política económica, Fujimori se oponía durante la campaña electoral a adoptar en la crisis económica las “políticas de choque” porque la sociedad no aguantaría sus efectos negativos. El equipo de los economistas de la tendencia de izquierda, precipitadamente conformado por Fujimori antes de la segunda vuelta, elaboró una propuesta programática de vencer gradualmente la hiperinflación, por etapas, dando prioridad a la reactivación económica, en lugar de a las “políticas de choque” drásticas como las había propuesto Vargas Llosa. No solamente las fuerzas progresistas como el PAP, que contribuyeron al triunfo electoral de Fujimori, sino también la mayoría del pueblo peruano, particularmente las clases bajas, rechazaban las “políticas de choque”. Sin embargo, hablando con su hermano Santiago Fujimori y con Hernando de Soto quienes, como veremos en adelante, habían asumido las funciones de asesores en esos días, el presidente electo empezó a inclinarse por la ejecución de las “políticas de choque” drásticas; y llegó a quedar convencido de la necesidad de las mismas con motivo de la visita a Nueva York y Japón de fines de junio y principios de julio de 1990. Esto se debió a que Fujimori sintió inevitable el aplicar dichas políticas para que el Perú realizara la reconstrucción económica con el apoyo tanto de organizaciones financieras internacionales como de países extranjeros, ya que era un país originalmente carente de ahorro interno e imposibilitado de continuar la política económica de los gobiernos anteriores, debido a la escasez de fondos en las arcas del Estado causada por el fracaso económico en la década de 1980 (entrevista 07: 1992a; 1992b). La visita a Nueva York se llevó a cabo por sugerencia de De Soto, que es presidente del Instituto Libertad y Democracia en Lima. Éll era conocido como autor del libro El otro sendero: la revolución informal, que encuentra en el espíritu empresarial del inmenso sector informal la posibilidad del desarrollo capitalista en el Perú; y propone la eliminación de controles burocráticos que los empresarios deben cumplir para las entidades oficiales. Este autor tiene relaciones estrechas con el gobierno de Estados Unidos y las organizaciones internacionales. Su hermano trabajaba entonces como secretario del peruano Javier Pérez de Cuéllar, éllar, llar, secretario general de la Organización de Naciones Unidas (ONU). Debido a estos lazos, y gracias a

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la mediación de Pérez de Cuéllar, se pudo llevar a cabo la reunión entre Fujimori y los jefes de organizaciones financieras internacionales, como el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). No obstante ello, las explicaciones de Fujimori en torno de la política económica ante las cabezas de estas organizaciones no ponían en claro la dirección económica del país sudamericano. Los jefes de las organizaciones financieras internacionales no descartaron la duda de que Fujimori no asumiera las políticas llamadas “neoliberales”, entre ellas, la reducción del gasto y déficit de la hacienda pública, la ejecución de las “políticas de choque” para controlar la inflación y otros objetivos, así como la liberalización económica y la reforma estructural. Todas estas medidas eran las que las organizaciones financieras internacionales esperaban que se tomasen en el Perú. Además, la compañía de Figueroa —miembro del entonces equipo económico y de una tendencia izquierdista que se oponía a las “políticas de choque”— en el viaje indujo a la duda de estas organizaciones financieras. De todas maneras, cuando Fujimori expuso su pensamiento sobre las medidas económicas a adoptar después de la toma de posesión, como el recorte de subsidios, el reinicio del pago de la deuda externa, la realización de la política de ayuda social, etc., Michel Camdessus, presidente del Consejo Directivo del FMI, hizo el comentario de que medidas como el recorte de subsidios y el reinicio del pago de la deuda externa “suenan a música celestial”, sugiriendo que evaluaba positivamente ciertas políticas mencionadas por el presidente electo, y además dijo que ellas contarían con el apoyo de su organización internacional. Las palabras de Camdessus insinuaron que con la ejecución de una política económica gradual, como la que el equipo económico de tendencia izquierdista había propuesto, el Perú no podría esperar respaldo alguno por parte de las organizaciones financieras internacionales (entrevista 07: 1992a; 1992b).22 22.

Sobre la reunión de Fujimori con las autoridades de las organizaciones financieras internacionales en Nueva York, véase también Bowen (2000: 35), Morales (1994: 143144), Stokes (1997: 216-218; 2001: 69-70). Bowen y Stokes describen que, por parte de Fujimori o por parte de las organizaciones financieras internacionales, se presentaron en forma clara las dos alternativas, las “políticas de choque” y la política gradual. Sin embargo, si resumimos fuentes de la reunión, el contenido de la conversación no estaba claro: la explicación de Fujimori no fue suficientemente clara para que los jefes de las organizaciones financieras internacionales entendieran la futura dirección

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En el Japón que Fujimori visitaría después de salir de Nueva York, la primera elección de un hijo de inmigrantes japoneses como jefe de Estado había creado una gran sensación. Muchos en la población japonesa y en los círculos políticos se habían manifestado en favor de apoyar a Fujimori; y en el Ministerio de Comercio Internacional e Industria23 del país asiático parece haber existido en un principio la opinión de apoyar activamente al primer presidente de origen japonés. Cuando Fujimori visitó el país oriundo de sus padres a principios de julio, se produjo una gran efervescencia. No obstante ello, el conjunto del gobierno japonés siguió, como tendencia principal, una actitud prudente y discreta, recibiendo con calma la elección de Fujimori. Esto se debía a que el gobierno japonés tenía incertidumbre sobre el porvenir del gobierno de Fujimori, tomando en consideración tanto la situación difícil que el Perú encaraba así como la posición en contra de las “políticas de choque” defendidas por el presidente electo durante su campaña electoral, y la consecuente ambigüedad en la dirección de la política económica del nuevo gobierno. El gobierno de Fujimori tendría que enfrentar una serie de dificultades, señaladas en el capítulo anterior; y en el campo económico, uno de los temas nacionales urgentes, tenía poco margen de políticas eficaces para superar los problemas acumulados. Al mismo tiempo, Japón consideró que era utópico pensar que el país asiático podría salvar solo con su ayuda al Perú de la situación gravemente crítica en que se encontraba. Con el objetivo de mantener el marco general del orden financiero internacional, tampoco podría tratar como una excepción al Perú, que se había rebelado contra la comunidad financiera internacional desde fines del gobierno de Belaúnde. Finalmente,

económica del Perú; ni Camdessus rechazó directamente la política gradual. De todas maneras, en la reunión de Nueva York Fujimori entendió que las organizaciones financieras internacionales preferirían la aplicación de las “políticas de choque”. Por otro lado, la visita a Nueva York fue propuesta originalmente por De Soto, pero Figueroa y otros del equipo económico se opusieron a la idea. Finalmente, Fujimori aceptó la propuesta de De Soto y, frente a esto, Figueroa propuso al presidente electo realizar también la visita al Japón, lo que fue aceptado por el ex rector de la Universidad Nacional Agraria. Figueroa propuso la visita a Japón esperando que el país asiático se comprometiera a realizar una ayuda especial al gobierno de Fujimori aunque, como veremos, su expectativa no se cumplió. 23.

Debido a la reestructuración administrativa del 6 de enero de 2001, actualmente el ministerio se llama Ministerio de Economía, Comercio e Industria.

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el gobierno japonés tenía la intención también de evitar que solamente Japón sobresaliera en las relaciones entre el Perú y los países extranjeros, en consideración a sus relaciones con Estados Unidos, país que además tenía y tiene gran influencia en América Latina. Pero por otro lado, el gobierno nipón estaba preocupado por la posibilidad de que la gestión de Fujimori fuera asociada con la imagen del Japón en general, y su éxito y fracaso repercutieran de una u otra manera en la comunidad japonesa, tanto en el Perú como en otros países, y también en la percepción y evaluación internacional del mismo Japón. Finalmente, el gobierno japonés decidió dar una mano al nuevo presidente, pensando que no podían dejarlo a su propia suerte y limitarse a observar lo que ocurriese. Considerando los aspectos antes mencionados —vale decir, la actitud favorable para Fujimori en la opinión pública y entre los políticos del Japón, la crítica situación económica peruana, la incertidumbre sobre la política económica que Fujimori tomaría, la eventual repercusión de su gestión en la imagen de la comunidad japonesa tanto en el Perú como en otros países y en el propio Japón, así como el carácter de “traspatio” que América Latina tiene para Estados Unidos—, el gobierno de Japón manifestó en repetidas veces a Fujimori, antes y después de la segunda vuelta mediante su representación diplomática en Lima, que el país asiático no pensaba tratar al Perú como un caso excepcionalmente especial. A su vez, el Japón comunicó al presidente electo que no tenía inconveniencia alguna en apoyar al Perú, como parte de un respaldo conjunto internacional, para lo cual el país asiático esperaba que los Estados Unidos, los países europeos y el mismo Japón, junto con las organizaciones financieras internacionales, establecieran el marco de convergencia de sus esfuerzos para normalizar las relaciones financieras entre el Perú y las organizaciones financieras internacionales, de acuerdo con los mecanismo señalados por las mismas. De todas maneras, esta posición del Japón revelaba que el gobierno nipón no tenía una determinada política exterior de mediano y largo plazo, ni tampoco había comenzado a elaborar política alguna. Cuando Fujimori hizo una visita no oficial a Japón a principios de julio de 1990, el gobierno japonés reiteró la referida posición al presidente electo. La cauta acogida del gobierno nipón fue percibida claramente por el político peruano. Luego de terminadas una serie de reuniones con las autoridades japonesas y cuando le preguntaron los periodistas respecto de la posición del gobierno del Japón, Fujimori respondió en japonés

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comparándola con el entusiasmo de la gente común: “No fue cálida, pero tampoco fría. Fue tibia”. Fujimori quedó más convencido de la indispensabilidad de aplicar las “políticas de choque”, dado que en la reunión con las organizaciones financieras internacionales y en reuniones con autoridades japonesas se le había pedido la adopción de estas y el retorno a la comunidad financiera internacional.

Cambio de allegados y conformación del primer gabinete ministerial En estos días se dio también el cambio de los allegados fujimoristas. En primer lugar, los economistas izquierdistas del equipo económico se apartaron del entorno del presidente electo. Esto se debió a que se empezó a alistar una política económica con miras a retornar a la comunidad financiera internacional; es decir, se decidió a aplicar las “políticas de choque”. En la preparación de esta línea, Fujimori recibió la colaboración de un comité internacional de apoyo al retorno del Perú a la comunidad financiera internacional. De Soto formó parte de dicho comité. El comité recomendó como ministro de Economía y Finanzas a una serie de personas, entre quienes figuraba el economista Carlos Boloña Behr, que asumiría dicho cargo en 1991. Fujimori sondeó a Boloña sobre la posibilidad de ocupar la cartera, pero como condición este le pidió permitirle nombrar libremente al presidente del Banco Central de Reserva y a algunos ministros. Fujimori no aceptó esta condición, y descartó la posibilidad de designar a Boloña como ministro de Economía y Finanzas (Morales 1994: 144). Por otro lado, existía en el entorno del presidente de origen nipón el juicio de que no sería políticamente conveniente, desde el inicio del nuevo mandato, mostrar mediante la composición del primer gabinete ministerial la disposición a impulsar una drástica ejecución de la política de la economía del libre mercado, aunque la realización de las “políticas de choque” era considerada inevitable (entrevista 07: 1993a). Dado que en la campaña electoral Fujimori había propuesto la concertación nacional, al final el presidente electo titubeó en nombrar como ministro de Economía y Finanzas a una persona como Boloña, quien criticaba la política económica de Belaúnde, por no ser lo suficientemente liberal, y la política heterodoxa de Alan García (Ososnoi 1995: 134). Finalmente, Fujimori nombró como ministro de Economía y Finanzas a Juan Carlos Hurtado Miller, quien era de la misma promoción universitaria que el presidente

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electo y tenía la experiencia de ser ministro de Agricultura en el segundo gobierno de Belaúnde. De esta manera, descartaba a todos los candidatos propuestos por el comité de apoyo.24 Con el nombramiento de Hurtado Miller se disolvió el comité consultivo cuya propuesta no fue aceptada por el presidente electo. En el gabinete de Hurtado Miller, se nombró también a tres ministros de la izquierda para mostrar un esfuerzo de concertación nacional. De la Izquierda Socialista que había propuesto la inevitabilidad de adoptar las “políticas de choque”, designaron como ministro de Energía y Minas y ministro de Agricultura a Fernando Sánchez Albavera y Carlos Amat y León, respectivamente. Como ministra de Educación nombraron a Gloria Helfer, de la Izquierda Unida. En segundo lugar, se produjo una transformación en el movimiento político del presidente electo. En el partido Cambio 90 de entonces existían tres grupos principales: los empresarios de la economía informal, los evangelistas y, finalmente, los amigos, conocidos y familiares de Fujimori. El último grupo era obediente, pero durante la campaña electoral Fujimori tuvo fricciones tanto con los empresarios del sector informal como con los evangelistas. Los desencuentros parecen haber empezado cuando Fujimori pidió a Máximo San Román y a Carlos García y García ser los candidatos para la vicepresidencia y cada uno de los dos se mostró algo negativo y, a la postre, estuvieron inactivos en la campaña electoral (entrevista 07: 1993a; Fujimori 2003: 89-92). La desconfianza y antipatía mutuas se ampliaron debido al conflicto de opiniones entre Fujimori y los dos candidatos para la vicepresidencia respecto de la manera de realizar la campaña, la decisión

24.

Hurtado Miller fue nombrado ministro de Economía y Finanzas y, al mismo tiempo, Primer Ministro. La Constitución Política de 1979, Carta Magna vigente entonces, estipulaba que el Primer Ministro debía asumir simultáneamente la otra cartera. La Constitución de 1993, que sería promulgada por Fujimori y está vigente hasta ahora, no obliga al Primer Ministro a ocupar el otro cargo ministerial. Sin embargo, en el gobierno de Fujimori desde 1993, casi todos los primeros ministros ocuparon también la otra cartera. En la década de 1990, Fujimori tuvo dos primeros ministros que no tenían otra cartera: Alberto Pandolfi (del 30 de noviembre de 1997 al 4 de junio de 1998, y del 21 de agosto de 1998 al 5 de enero de 1999) y Javier Valle Riestra (del 4 de junio al 21 de agosto de 1998), ambos en el segundo gobierno de Fujimori. En el Perú, como en Francia, el Presidente de la República organiza el gabinete ministerial presidido por el Primer Ministro.

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sobre quiénes debían ser los candidatos para el Congreso y otros asuntos. La profundización de los desencuentros se debió también a la manera autoritaria de tomar decisiones de Fujimori (Daeschner 1993: 167-169).25 Después de la segunda vuelta, salió a la luz la enemistad entre Fujimori y los evangelistas. Con miras a la instalación del nuevo gobierno, los dirigentes de estos esperaron conseguir cargos de importancia en el gobierno, pero su deseo no fue cumplido. En medio de esta situación, el entonces secretario general de Cambio 90, quien pertenecía a los evangelistas, convocó a una asamblea de su propio movimiento político para principios de julio. Frente a esta convocatoria, que Fujimori desaprobaba, el presidente electo destituyó al dirigente evangelista del cargo de secretario general, colocando como reemplazante a Andrés Reggiardo, conocido suyo de la Universidad Nacional Agraria (entrevista 04). Luego de este suceso, se intensificó la tendencia de los evangelistas de alejarse de Fujimori gradualmente, a pesar de que su jefe Carlos García y García era segundo vicepresidente. En tercer y último lugar, el otro cambio importante fue que el entorno cercano de Fujimori terminó de definirse. El ya mencionado De Soto, quien había tenido contacto con Fujimori mucho antes de la primera vuelta (Bustamante 2003: 354), mantuvo lazos con él después de la disolución del referido comité de apoyo para regresar a la comunidad financiera internacional. Ayudaría al presidente como asesor en asuntos de control de la droga y en otros hasta enero de 1992. Durante la campaña electoral, se incorporaron al entorno de Fujimori dos personas que para el político de origen japonés tendrían más importancia que De Soto. Una de ellas fue su hermano Santiago Fujimori, que era abogado egresado de la Universidad Mayor de San Marcos, y que había llevado estudios de maestría en la Pontificia Universidad Católica del Perú. En aquel entonces trabajaba en la Embajada del Japón en el Perú como empleado local. Luego de la primera vuelta, empezó a colaborar más activamente con su hermano y, en junio, después de la segunda vuelta y a pedido del presidente electo, renunció a la Embajada para asesorarlo a tiempo completo. 25.

Durante la campaña electoral, Fujimori se quejaba de que San Román y García y García, candidatos para las vicepresidencias, no le obedecían lealmente, ni contribuían en la ejecución de la misma (entrevista 07: 1993a). Tal queja sugería que este dejó de lado a los dos incluso desde la campaña electoral.

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Desde la etapa preparatoria del nuevo gobierno, Santiago Fujimori fue un interlocutor cercano de su hermano, y tuvo cierto nivel de influencia en la designación de los altos funcionarios de los ministerios y entidades públicas. Después de instalarse el gobierno de Fujimori, Santiago se encargó de diversos asuntos, como los problemas económicos, ayuda e inversiones extranjeras, visitas presidenciales al extranjero, revisión de los documentos legales, coordinación interministerial, reforma de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT), formación de funcionarios mediante el sistema de capacitación de los empleados en la tributación, reforma judicial, y privatización de empresas públicas. Al mismo tiempo, desempeñó el rol de comunicar al presidente las opiniones y las críticas de la calle. La otra persona que se incorporó al entorno del nuevo Presidente fue Vladimiro Montesinos Torres, quien más tarde tendría mucho poder e influencia, y simultáneamente constituiría un problema.26 Montesinos, quien nació en 1945, era un ex militar de artillería del Ejército, que fue obligado a pasar al retiro cuando había llegado al grado de capitán. Aunque muchos detalles de su vida quedan aún envueltos en el enigma, según algunos trabajos, en la época militar iniciada en 1968 fue convocado, entre 1973 y 1976, para trabajar como asesor del Primer Ministro y algunos ministros más debido a que fue reconocido por su conocimiento sobresaliente sobre los asuntos militares e históricos. A mediados de 1973, cuando Montesinos trabajaba como asesor del Primer Ministro, este pensó en la posibilidad de renunciar al cargo luego del conflicto con el entonces presidente Velasco, pero el asesor le ofreció a su jefe tramar el asesinato del presidente. Más tarde, Montesinos fue acusado de haber filtrado desde 1973 informaciones confidenciales a la Inteligencia de los Estados Unidos, hostiles al gobierno militar reformista del Perú. En 1976, se descubrió que Montesinos había falsificado unos documentos oficiales, había viajado a Estados Unidos sin autorización y había hecho contacto con la Inteligencia de la superpotencia. El capitán fue detenido por sospecha de espionaje después de retornar de los Estados Unidos al Perú. El delito fue 26.

Sobre Montesinos, aunque algunos contienen inexactitudes o exageraciones, véase Bowen y Holligan (2003), Caretas (2000), Gorriti (1994), Jara (2003), Jochamowitz (2002), Loayza (1998; 2000), Zimmermann (1997). La descripción de esta parte se basa en estos trabajos.

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haber filtrado las reservadas informaciones militares del Perú a la Agencia Central de Inteligencia, CIA, y a otras organizaciones de los Estados Unidos. Sin embargo, en el juicio militar, debido a la dignidad y el honor del gobierno militar, así como a la evasión de las responsabilidades de sus superiores, Montesinos no fue sentenciado por sospecha de espionaje sino por desobediencia y falsificación de documentos públicos. El capitán fue condenado a dos años de cárcel y también ordenado a pasar al retiro. Estando en la cárcel, estudió para convertirse en abogado. En 1978, cuando cumplió dos años de condena en la prisión, empezó a trabajar como abogado obteniendo una licencia para ejercer tal profesión. Entre fines de los años setenta y comienzos de los ochenta, Montesinos asumió en diversas ocasiones la defensa de casos relativos al narcotráfico, inclusive de los cabecillas, y se supone que tenía relaciones estrechas con el cartel de Medellín y otros grupos de narcotraficantes. Mientras ejercía de abogado, el ex capitán expandió su red de amistades en la fiscalía y en el Poder Judicial debido a su personalidad y carácter afable. En 1983, cuando Montesinos filtró de nuevo informaciones secretas militares a la prensa, las Fuerzas Armadas del Perú empezaron a hacer gestiones para acusar otra vez al militar retirado por espionaje para los Estados Unidos. Montesinos se vio obligado a pasar más de dos años de “vida de exiliado”, e hizo uso de contactos y amistades para escapar a Ecuador, Colombia y, luego, a Argentina. Finalmente, en 1984 le aplicaron el no procesamiento. Desde 1984, los militares prohibieron a Montesinos entrar a cualquiera de sus instalaciones. Sin embargo, un caso de violación de derechos humanos producido por el Ejército en mayo de 1988 cambió la situación de Montesinos con respecto a las Fuerzas Armadas. Se llamó el caso Cayara, por el nombre del lugar de los hechos: en el caserío Cayara, Ayacucho. En esa localidad, por lo menos 28 campesinos fueron asesinados por la tropa del Ejército que realizaba una operación antisubversiva. El comandante general de la región fue acusado por el suceso. Dadas las circunstancias, Montesinos se acercó con habilidad a los altos mandos del Ejército y les ofreció manejar el asunto. En la práctica, logró acallarlo mediante sus contactos con altos funcionarios de la fiscalía. Después de recuperar la confianza y los lazos con los altos mandos militares gracias a su intervención en el caso Cayara, Montesinos empezó a tener relaciones —como informante— con el Sistema Nacional de Inteligencia (SIN) desde principios de 1989. Utilizó las

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informaciones sobre los grupos subversivos armados conseguidas por él en la fiscalía y el Poder Judicial (por ejemplo, los atestados presentados en el juicio contra terrorismo). Fujimori conoció a Montesinos mediante Francisco Loayza, que trabajaba en el SIN.27 Cuando el apoyo a Fujimori creció en las elecciones de 1990, Loayza fue enviado por el SIN para tener contacto con el candidato de origen japonés. El SIN, por su parte, había recibido las instrucciones del entonces presidente García para apoyar a Fujimori. Loayza presentó a Montesinos a Fujimori en un momento crucial; cuando en la campaña electoral para la segunda vuelta las fuerzas de Vargas Llosa enfilaban críticas contra el ex rector de la Universidad Nacional Agraria en torno de la evasión de impuestos, como parte de la campaña negativa. La acusación se basaba en la suposición de que la pareja Fujimori había declarado menos de lo que era realmente el valor y los montos recibidos por la venta de las casas construidas por ellos para evadir el pago de los impuestos correspondientes. Es importante recalcar que en el Perú esta manera de evasión se practicaba ampliamente; se trataba de una manera de aprovechar una fisura legal.28 En mayo, en plena campaña electoral para la segunda vuelta, Loayza fue consultado por Fujimori acerca de las críticas de la supuesta evasión

27.

Fujimori confirmó mucho más tarde que Montesinos le había sido presentado por Loayza (Fujimori 2003: 115-116).

28.

Cuestionaron la diferencia entre el precio real de la venta y el autoavalúo ante la municipalidad distrital; vale decir, la posibilidad de que el primero fuera más alto que el segundo (que sirve de base para calcular impuestos). Según uno de los colaboradores cercanos de Fujimori, en aquel entonces hubo un decreto de la Dirección General de Contribuciones en el sentido de que no se causaría ningún problema en caso de que en el contrato de venta figurara el monto del autoavalúo; y cuando el colaborador cercano preguntó a Fujimori en torno de este punto, el candidato respondió que en los contratos figuraban dichos montos (entrevista 07: 1993b). Sin embargo, las fuerzas de Vargas Llosa parecen haber tenido la intención de presentar la acusación contra Fujimori por sospecha de evasión de impuestos, incluso sobornando a fiscales (Antonioli 2003: 18-19; Bowen y Holligan 2003: 110). Antes del gobierno de Fujimori, la tarea de recaudar impuestos la cumplía la Dirección General de Contribuciones, que formaba parte del Ministerio de Economía y Finanzas. La Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT), entidad autónoma para la recaudación de impuestos, fue creada por una ley promulgada en 1988, pero empezó a funcionar en el gobierno de Fujimori.

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de impuestos. El funcionario del SIN le presentó a Montesinos al candidato de origen japonés. El militar en retiro usó sus contactos e influencias en la fiscalía para archivar el caso. De este modo, se superó rápidamente el problema de la supuesta evasión de impuestos, y Montesinos ganó la confianza de Fujimori. Luego de esto, mientras el ex capitán dio diversos consejos y datos con respecto a los asuntos militares y la política y ganó más la confianza del candidato favorito, logró alejar a Loayza de Fujimori. A principios de julio, después de regresar del viaje a Estados Unidos y al Japón y antes de tomar posesión de la presidencia, docenas de reclusos del MRTA en la cárcel se fugaron de la prisión. Inmediatamente después de la fuga, la familia Fujimori se mudó repentinamente a una instalación del Club del Ejército en Lima, para vivir en ese lugar hasta que asumiera el cargo presidencial. Esta mudanza se produjo porque Montesinos le dijo a Fujimori que su vida estaba en peligro. Después de instalarse el gobierno de Fujimori, Montesinos se encargaría de desempeñar un rol clave de enlace entre el nuevo presidente y las fuerzas de orden.

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CaPítulo III

Billetes en el periodo de hiperinflación (con la denominación de 1991, 5 millones de intis [el billete de la izquierda, abajo] se convirtieron en 5 nuevos soles [la moneda de la derecha, abajo]; un millón de intis [el de la izquierda, al centro], en un nuevo sol [al centro, a la derecha]; 500 mil intis [el de la izquierda, arriba], en 50 céntimos [el de la derecha, arriba]. La tasa de cambio anual de 1991 fue: $1 dólar = 0,78 nuevos soles)

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Durante estos veinte meses, mi Gobierno se propuso la construcción de una democracia real, de una democracia que garantizara efectivamente la participación, en igualdad de condiciones, de todos los ciudadanos, en la que no haya lugar para el privilegio y la prebenda; y que, finalmente, nos permitiera vencer, en el mediano plazo, el atraso, la miseria, la falta de oportunidades, la corrupción y la violencia. [...] El país debe entender que la suspensión temporal y parcial de la legalidad existente no es la negación de la democracia real sino, por el contrario, es el punto inicial de la búsqueda de una auténtica transformación que asegure una democracia legítima y efectiva; que permita a todos los peruanos convertirse en constructores de un Perú más justo, más desarrollado y respetado en el concierto de las naciones. alberto fujiMori, en el discurso en que anunció la suspensión de la Constitución Política en abril de 1992 (Fujimori 1992a: 43, 47).

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—III—

Desde el inicio del gobierno de Fujimori hasta la instalación del Congreso Constituyente Democrático (1990-1992)

1.

Fujimori ejecuta decididamente la política de estabilización económica

Los peruanos aceptan las “políticas de choque” aplicadas en contra del compromiso electoral El 28 de julio de 1990 se llevó a cabo la ceremonia de la toma de posesión presidencial y se instaló el nuevo gobierno. En el discurso inaugural, Fujimori informó a los peruanos que el país afrontaba “la crisis más profunda [...] en toda su historia republicana” y que, debido a la política económica anterior, su situación económica era crítica. Entre otras cosas, el nuevo mandatario peruano mencionó que la inflación acumulada del último quinquenio superaba los 2.220.000 por ciento; las actividades productivas internas se encontraban devastadas; y la tasa del empleo apenas llegaba al 15% de la población económicamente activa. Luego de resumir esta situación con la frase: “heredamos, pues, un desastre”, Fujimori enfatizó su disposición de encarar diversos problemas como el aislamiento del Perú en la comunidad financiera internacional, la caótica situación económica, el deterioro de la moral, y la expansión de la corrupción, el narcotráfico y el terrorismo, mientras realizara la concertación interna. El nuevo presidente insistió particularmente en el aspecto moral, criticando duramente en su discurso al Poder Judicial, cuya Corte Suprema era ya conocida como

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“Palacio de Injusticia,” en oposición a su nombre real: “Palacio de Justicia” (El Peruano, 29 de julio de 1990). Después de asumir el cargo de la Presidencia de la República, Fujimori trabajó antes que nada en la estabilización económica;1 dada la situación crítica en que se encontraba la economía del país —con la escasez de recursos en las arcas del Estado y otros síntomas—, el nuevo jefe de Estado se vio obligado a tomar inmediatamente las medidas necesarias para frenar el deterioro económico. Esta urgencia por abordar los problemas económicos puede atribuirse, además, a que muchos peruanos consideraban la hiperinflación como el problema más importante del país por delante de otros temas nacionales pendientes de resolución (véase el cuadro 2.4 presentado en el capítulo anterior); por lo que priorizar la estabilización económica respondía a las expectativas y demandas de la mayoría de los peruanos en 1990. Adicionalmente, la estabilización económica contribuía a la mejora de las relaciones exteriores del Perú, dado que, como hemos señalado en el capítulo anterior, era necesario ejecutar una política económica que no contradijera la intención y voluntad del Fondo Monetario Internacional y otras organizaciones financieras internacionales, de las cuales Fujimori esperaba ganar su confianza y apoyo, indispensables para la recuperación económica del Perú. Por último, el mandatario de ascendencia japonesa parece haber priorizado la estabilidad económica porque, a través de la reconstrucción del tesoro público y otras medidas, ella sentaría las bases necesarias para sustentar diversas políticas importantes como la lucha contra 1.

Respecto de la política económica del gobierno de Fujimori, véase, entre otros, Abusada, et al. eds. (2000), Arce (2005), Arroyo (2000), Balbi (1994; 1997), Béjar (2001), Boloña (1993), Carranza et al. (2006; 2009), Cook (2007), Cortázar (2002), Cortez ed. (2002), Crabtree y Thomas eds. (2000), Figueroa (1993; 2001), Francke (2001), García y Vallenas (2000), Gonzales (1998), Gonzales ed. (1997), Hosono y Osonoi (1992), Hünefeldt (1997), Iguiñiz et al. (1993), Jiménez (2001), Morón y Sanborn (2006), Pajuelo (2010), Portocarrero et al. (2000; 2002), Riordan et al. (2002), Robles (2001), Schuldt (1994), Schydlowsky y Schuldt (1996), Segura-Ubiego (2007), Sheahan (2001; 2006), Thorp y Paredes (2011), Vásquez et al. (2000; 2001), Vásquez ed. (1999; 2000), Verdera (1997), Wise (1994; 1997; 2003; 2006). Según fuentes cercanas al presidente, dentro del estrecho margen de alternativas “de políticas de choque” existentes en agosto de 1990, el gobierno de Fujimori optó por las más radicales con el objetivo de salir lo más pronto posible de la crisis económica (entrevista 07: 1993b; cf. Weyland 2002: 106, 117). Sobre el primer mandato de Fujimori, que veremos en este capítulo y el siguiente, Arias (1996), Degregori y Meléndez (2007) y Teivainen (2000: 161-235) presentan un análisis desde otro ángulo.

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la pobreza o la derrota del terrorismo; y, por eso, el gobierno no podía darse el lujo de perder tiempo enredándose en la inestabilidad económica. Once días después de la toma de posesión de Fujimori, el 11 de agosto en la noche, Hurtado Miller, Primer Ministro y ministro de Economía y Finanzas, anunció en un discurso transmitido por los medios de comunicación la imposición de una serie de medidas de emergencia imprescindibles para reducir la inflación y poder situarla a fines de 1991 por debajo del promedio latinoamericano; ellas consistieron, fundamentalmente, en la revisión de las tarifas de servicios públicos, la mejora del tesoro público contemplándose incluso el alza de los precios de determinados productos básicos controlados por el gobierno, la introducción del libre cambio de divisas y la eliminación del sistema de dos tasas de cambio tomado por el gobierno anterior para proteger la industria doméstica, la liberalización del comercio exterior, la realización de ayuda social de emergencia y la reconciliación con las organizaciones financieras internacionales. La mayoría de estas medidas constituían “políticas de choque” —propuestas por el Frente Democrático pero rechazadas en su campaña por Fujimori— que, dada su naturaleza, afectaron duramente la vida de la gente común. Al ser ejecutadas por Fujimori, fueron denominadas “Fujishock”. Dentro del conjunto de estas medidas, fueron el alza de los precios de determinados productos básicos para la vida, controlados por el gobierno, y la revisión de las tarifas de servicios públicos las que tenían que ver más directamente con la vida de los peruanos. En una noche, mientras el precio de petróleo se disparó 32 veces por encima del precio del día anterior, el del azúcar se incrementó 13 veces más; el pan, 2,7 veces más; y otros alimentos básicos, como los fideos o la leche, entre tres y cinco veces más. Esta considerable alza de los precios afectó directamente la vida cotidiana de la mayoría de los peruanos. En el discurso sobre las “políticas de choque”, después de explicar cada una de las medidas, Hurtado Miller sacó y mostró al público un billete de quinientos mil intis que circulaba en aquel entonces, diciendo que hacía cinco años con este billete se podría comprar una casa de 40 mil dólares, pero ahora apenas se podía adquirir con él, en el mejor de los casos, una pasta dental. Así, el ministro de Economía y Finanzas hizo un llamamiento a los peruanos para entender que no había otro remedio que aplicar medidas drásticas con el objetivo de vencer la situación crítica en que se encontraba el Perú, y que, por ello, el gobierno se había visto

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obligado a imponer sacrificios a sus compatriotas. Hurtado Miller concluyó su discurso con una invocación religiosa: “¡Que Dios nos ayude!”. Fujimori había ordenado, antes del anuncio de las “políticas de choque”, el envío de las Fuerzas Armadas a diferentes puntos y lugares estratégicos para tomar precauciones frente a posibles estallidos de revueltas o motines. Si bien es cierto que después del anuncio de las radicales medidas se observaron algunos saqueos y actos de protesta esporádicos, la situación general se calmó gradualmente con el paso del tiempo. No se produjeron revueltas o desórdenes de grandes proporciones, y la situación se encontraba relativamente sosegada. El empresariado colaboró silenciosamente en la puesta en práctica de las “políticas de choque”, porque no ocultó los productos básicos ni redujo intencionadamente su oferta (entrevista 07: 1992a). Por otro lado, hubo poca movilización en respuesta al llamado hecho por las dos mayores confederaciones de sindicatos, CGTP y CTP, de convocar a una huelga general unas dos semanas después del lanzamiento de las “políticas de choque”.2 En medio de la situación relativamente tranquila, la inflación, que se había disparado en gran escala inmediatamente después del anuncio de las medidas de emergencia, empezó a mostrar una tendencia a la baja. Aunque la tasa inflacionaria del año 1990 alcanzó al 7649,7%, la inflación entre agosto —mes de la aplicación de las “políticas de choque”— y diciembre del mismo año, quedó en tres dígitos, 750%. Se han señalado diversas causas y factores que explican las razones de que muchos peruanos tomaran con calma unas medidas de emergencia que empeorarían (y efectivamente empeoraron) su vida y que además constituían una traición al compromiso electoral. Una de ellas es la existencia de las actividades organizativas de las clases bajas para aliviar los problemas socioeconómicos, que hemos mencionado en la sección 2 del capítulo I. Las pequeñas organizaciones basadas en la ayuda mutua desempeñaron la función de amortiguar los efectos negativos de las severas medidas económicas, sosteniendo la vida cotidiana de la gente. Como segundo factor, muchos peruanos aceptaron la explicación del gobierno: que no había otra alternativa sino únicamente la aplicación de las “políticas de choque” en la situación sumamente crítica. Según una 2.

Esto se debe, en parte, al control de orden puesto por las Fuerzas Armadas en el día convocado, pero principalmente a la aceptación de las medidas de emergencia por parte de la mayoría de los peruanos por las razones que describiremos en las siguientes líneas.

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encuesta sobre las medidas anunciadas por Hurtado Miller, aplicada inmediatamente después del anuncio de las mismas, el 10% de los encuestados respondió que tales medidas no eran las “políticas de choque”, y el 87% se pronunció afirmativamente; de este 87%, un 47% pensaba que Fujimori, quien en su campaña se había negado a aplicar las dichas políticas, había engañado ñado al pueblo; pero otro 47% % creía que ellas fueron ejecutadas porque Fujimori había entendido que no le quedaba otra alternativa, luego de tomar posesión de su cargo (Informe de opinión, agosto de 1990). Vale decir, los que se sentían engañados por Fujimori no superaban el 40% del total de encuestados. Como tercer factor, se señala que entre muchos peruanos hubo la conciencia de que Fujimori era el presidente elegido por ellos mismos. Aunque este punto no fue investigado en las encuestas, después del anuncio de las “políticas de choque” algunas personas dijeron, respondiendo a la pregunta formulada por los medios de comunicación, que aceptarían las medidas de emergencia debido a que habían sido adoptadas por el presidente que ellos mismos habían elegido (Hosono y Osonoi 1992: 138). Con relación al segundo y tercer factor, recordemos la actitud “plebiscitaria” —de delegar todo en el gobernante y esperar el resultado— que muchos peruanos tienen, y que hemos descrito en la sección 5 del capítulo I. En un contexto en el que predominaba la tendencia de tener confianza y esperanza en Fujimori, mucha gente estaba dispuesta a creer en la explicación gubernamental de que no existía otra alternativa, aunque las medidas se contradecían con lo que el mandatario peruano había dicho durante su campaña electoral; y, al mismo tiempo, tendía a identificarse más fácilmente con el Presidente de la República como suyo. Pero desde el ángulo de la actitud “plebiscitaria”, el factor más importante para respaldar al mandatario fue el hecho de que, si bien los precios de productos se dispararon inmediatamente después del anuncio de las “políticas de choque”, tres días después la tasa inflacionaria empezó a bajar, es decir, en comparación con el día anterior, la tasa registraba cifras negativas. Muchos peruanos sintieron vívidamente el fin de la hiperinflación que se había convertido en algo cotidiano a lo largo de los años ochenta, y mantuvieron o, al menos, no perdieron totalmente la confianza en Fujimori. Particularmente, la terrible experiencia sufrida durante la segunda mitad del gobierno de García, en que los precios de productos subían día a día, minuto a minuto, intensificó mucho más la expectativa “plebiscitaria” y

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preparó el estado psicológico para dar la bienvenida a la tendencia positiva, aunque ella constituyese todavía un pequeño cambio (Osonoi 1995: 137). Aunque contamos solamente con unos datos fragmentarios de encuesta, podemos citar la tendencia del nivel de aprobación presidencial antes y después del anuncio de las “políticas de choque” como un índice de que la población no perdió sus expectativas positivas hacia Fujimori. El presidente tuvo el 67% de aprobación el 1 de agosto, antes del anuncio de las “políticas de choque”; pero el 9 de agosto, inmediatamente después del anuncio, bajó a un nivel de 46%. Sin embargo, el 12 de agosto, cuatro días después del anuncio y cuando ya la tasa inflacionaria había empezado a bajar, el mandatario peruano recuperó la aprobación, registrando el 51%. De igual modo, las respuestas a la pregunta sobre la situación económica personal en el futuro mostraron también que no se llegó a perder la fe en Fujimori después del anuncio de las “políticas de choque”. A la pregunta “¿cómo cree que estará la situación económica personal dentro de unos meses?”, un 28% de los encuestados respondió que “empeoraría”, mientras que un 38% dijo que “mejoraría” y un 15% optó por “igual”. Si comparamos este resultado —de la encuesta realizada después de la adopción de las medidas de emergencia— con otro de dos meses antes, en el mes de junio, según el cual un 17% respondió que “empeoraría”; otro 17%, que mejoraría”; y un 27% que “igual”, nos damos cuenta de que si bien es cierto que los que respondieron “empeoraría” aumentaron, los optimistas (“mejoraría”) se incrementaron aun más (Informe de opinión, junio y agosto de 1990). Desde del anuncio de las “políticas de choque” hasta fines de 1990, continuó la tendencia descendente de la tasa inflacionaria, lo que alimentó más las expectativas de la gente en el sentido de esperar, o desear, una mejoría en su vida. En las encuestas realizadas hasta diciembre de 1990, entre un 50 y un 60% de los encuestados respondieron que aprobaban las “políticas de choque” o que estas tendrían éxito. En el mismo periodo, menos del 20% de los encuestados pensaban que la situación económica familiar empeoraría en el futuro (Informe de opinión, agosto-diciembre de 1990).

La promoción de la economía liberal para el arraigo del mercado libre Después de iniciar las “políticas de choque”, Fujimori perseveró en la línea de impulsar la reforma estructural y la liberalización económica. En

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particular, se esforzó por cumplir con la política del equilibrio presupuestal. Se ejecutaron drásticamente tanto la austeridad presupuestal mediante el recorte y control de gastos, como la prohibición de la emisión de billetes para tapar el déficit fiscal. El sueldo para los funcionarios fue congelado, luego de que hubiera sido relativamente aumentado. Cuando los trabajadores públicos se pusieron en huelga en noviembre de 1990, el presidente peruano promulgó un decreto supremo de urgencia3 que declaró ilegal cualquier huelga realizada que no reservara el personal necesario para garantizar la prestación de servicios básicos como tratamiento médico o abastecimiento de agua; especificando que los funcionarios que participaran en la mencionada huelga ilegal serían despedidos. Gracias a esta serie de políticas de estabilización económica tomadas inmediatamente después de la toma de posesión, en octubre de 1990 la inflación mensual registró el 9,6%, menos del 10% por primera vez en dos años y tres meses. A pesar de que la economía peruana parecía recuperar la estabilidad, no fue posible superar de una vez y para siempre diversos problemas acumulados por largo tiempo. Las industrias nacionales, que habían sido defendidas por las medidas proteccionistas tomadas por los sucesivos gobiernos anteriores al de Fujimori, habían perdido competitividad internacional, y al liberalizarse el comercio y comenzar a circular productos importados, se vieron perjudicadas. La recesión económica se intensificó con la política de austeridad —incluido el recorte de gastos públicos—, mientras que las medidas de ayuda social de emergencia anunciadas por el gobierno no fueron de la dimensión esperada, resultando insuficientes sus efectos reales. Aunque la inflación mensual registró menos del 10% durante dos meses consecutivos, octubre y noviembre de 1990, en diciembre subió por encima del 20%, porque el gobierno se vio obligado a elevar de nuevo el precio de la gasolina. Entre enero y marzo de 1991 la inflación mensual bajó nuevamente del 17,8% al 7,7%, menos del 10% pero, luego de esto, no bajó por meses tanto como se esperaba. Por si esto fuera poco, a principios de febrero de 1991 se propagó en el territorio nacional una epidemia de cólera traída, al parecer, por un barco pesquero al norte del 3.

La Constitución Política entonces vigente, la de 1979, en el inciso 20 del artículo 211� facultaba al jefe de Estado a promulgar decretos supremos sobre economía y finanzas cuando lo considerara necesario. Al respecto, el jefe de Estado solamente tenía la obligación de dar cuenta al Congreso.

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Perú. Ella atacó trágicamente a la población dando muerte a más de dos mil personas; la mayoría se ubicaba entre los más pobres. En medio de esta continuada situación económica adversa, que oscilaba sucesivamente en avances y retrocesos, la aprobación de Fujimori bajó gradualmente, registrando un 61% en diciembre de 1990, menos del 50% comenzando el año 1991, y menos del 40% en marzo.4 La considerable reducción de la expectativa de los ciudadanos hacia el jefe de Estado peruano durante estos meses se mostró también en su apreciación acerca del futuro de sus economías domésticas; así lo confirman sus respuestas a la pregunta de las encuestadoras acerca de si la situación económica familiar mejoraría o no: mientras en 1990 los optimistas (“mejorará”) superaban numéricamente a los pesimistas (“emperorará) o los continuistas (“será igual”), en la primera mitad de 1991 los optimistas disminuyeron y los pesimistas aumentaron, pasando a superar el 30% (véase cuadro 3.1). En estos meses, pues, se redujo considerablemente la expectativa de los ciudadanos hacia el jefe de Estado peruano. En febrero de 1991 se filtró a la prensa, aparentemente de manera intencionada, una propuesta alternativa —hecha por Guido Pennano, ministro de Industria, Comercio, Turismo e Integración— a la política económica aplicada hasta entonces, revelando el desacuerdo en el gabinete respecto de la política económica y creando, de este modo, una crisis ministerial. El punto principal de la nueva propuesta era la ejecución gradual, no tan rápida como se había venido haciendo, de la reforma estructural y liberalización económica, con el objetivo de reactivar las industrias que habían sido perjudicadas por los productos importados. En esta crisis política, Fujimori decidió destituir tanto a Hurtado Miller como a Pennano, y nombrar como nuevo Primer Ministro y ministro de Relaciones Exteriores a Carlos Torres y Torres Lara, entonces ministro de Trabajo y Previsión Social. Simultáneamente, designó como ministro de Economía y Finanzas a Carlos Boloña, quien trabajaba en una organización internacional y

4.

Nuestro estudio se basa en una encuesta mensual realizada antes del día diez de cada mes. Por eso, el resultado de enero de 1991 reflejó el efecto del alza del precio de la gasolina anunciada el 15 de diciembre. De igual modo, el retorno a la comunidad financiera internacional —que culminó el 12 de septiembre de 1991 y será analizado en la siguiente sección— afectó la encuesta hecha en el siguiente mes de octubre.

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contaba con la confianza de la comunidad financiera internacional.5 En este cambio de gabinete, llamó la atención la presencia más notoria de tecnócratas como Boloña y de hombres de negocios. En los sucesivos cambios ministeriales, Fujimori acentuó esta manera de proceder nombrando a más tecnócratas, especialistas y hombres de negocios como nuevos ministros. El único ministro de la izquierda, Sánchez Albavera, continuó como ministro de Energía y Minas hasta noviembre de 1991; dejó la cartera cuando se produjo otro cambio de gabinete.6 Entre los tecnócratas y hombres de negocios llamados por Fujimori en esos años para formar parte del gabinete ministerial, se encontraba una persona que más tarde se convirtiría en uno de los allegados principales de Fujimori: el empresario de origen japonés Jaime Yoshiyama, oriundo de Huancayo al igual que Aritomi, cuñado de Fujimori. Yoshiyama, conocido de Aritomi, fue nombrado presidente del directorio de ElectroLima, compañía estatal de energía eléctrica de la capital cuando se instaló el gobierno de Fujimori; en enero de 1991 fue designado ministro de Transporte y Comunicación; en noviembre del mismo año, cuando se produjo un cambio de gabinete, el empresario fue pasado a la cartera del Ministerio de Energía y Minas y, también en esta ocasión, se le encargó la presidencia 5.

Según fuentes cercanas a Fujimori, ya antes de la infiltración de la propuesta alternativa se habían enfriado las relaciones entre Fujimori y Hurtado Miller debido a que el mandatario no toleraba ya la ambición política mostrada por el Primer Ministro. Además de esto, el entonces influyente asesor presidencial De Soto había pedido a Fujimori en numerosas ocasiones el nombramiento de Boloña como ministro de Economía y Finanzas. Al mismo tiempo, Pennano empezó a proponer su propia política económica desde varios meses antes y se había ido notando gradualmente el conflicto entre él y Hurtado Miller dentro del gabinete (entrevista 07: 1993b).

6.

Otros dos ministros de la izquierda, el ministro de Agricultura, Carlos Amat y León, y la de Educación, Gloria Helfer, renunciaron en octubre y diciembre de 1990, respectivamente; oficialmente, por estar en contra de las “políticas de choque”. Pero las razones reales fueron otras, de acuerdo con las fuentes cercanas al presidente (entrevista 07: 1993b). Amat y León presentó su renuncia porque tuvo conflictos con Fujimori sobre la designación del personal en el ministerio, y chocó también con el estilo “intervencionista” de Fujimori: el mandatario le daba instrucciones a cada momento. En el caso de Helfer, sospecharon de ella como autora de una malversación de fondos públicos —destinar el fondo a objetivos no asignados—, y esto causó su renuncia. Sobre la renuncia de Helfer, véase también Antonioli (2003: 28-30).

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Mejorará

Será igual

Empeorará

Ha mejorado

Ha sido igual

Ha empeorado

-

-

-

-

-

-

familiar













Inflación

Situación económica

34 397

Desaprueba

-

51

Aprueba

-

55

21

22

17

21

39

13,8

33

51













9,6

31

53

Oct.













5,9

30

59

Nov.

37

42

19

15

28

38

23,7

25

61

Dic.













17,8

43

43

Ene.

Sep.

Ago.

Mes

Aprobación presidencial

1991

1990

año













9,4

48

35

Feb.

46

38

14

31

30

17

7,7

55

33

Mar.













5,8

35

49

Abr.













7,6

42

45

May.

Cuadro 3.1 niveles de aProbaCión PresidenCial, inflaCión y exPeCtativas sobre la situaCión eConóMiCa faMiliar desde la toMa de Posesión hasta el “autogolPe” (en PorCentaje)

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Ha mejorado

Ha sido igual

Ha empeorado

-

-

-

31

40

41

17

35













9,1

56

31













7,2

48

39

41

37

8

22

40

21

5,6

58

32













4

33

54













4

26

58

34

36

28

19

22

43

3,7

29

60













3,5

22

65

38

42

18

22

32

29

4,7

22

64

29

52

16

31

34

16

7,4

29

53

Fuentes: Los niveles de aprobación presidencial y la situación económica se basan en Informe de opinión, agosto de 1990-marzo de 1992; la inflación, en Webb y Fernández (2001: 687). Nota: “Situación económica familiar” se basa en los datos de las preguntas, tanto sobre dicha situación dentro de un año o medio año (las cifras por encima de la línea de puntos) como sobre la misma en relación con un año o medio año antes (las cifras debajo de la línea de puntos). Tanto en la aprobación presidencial como en la situación económica, los datos de “no precisa” no están incluidos. El signo – significa que no fue realizada la investigación.

Será igual

Empeorará

-

-

Mejorará

-

familiar 17

9,3

Inflación

Situación económica

47

Desaprueba

-

35

Aprueba

-

Aprobación presidencial

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de la Comisión de Promoción de la Inversión Privada (COPRI), comisión gubernamental encargada de promover la privatización de las empresas estatales. Yoshiyama, en coordinación con Santiago Fujimori, hermano y asesor presidencial, mostró una gran destreza y habilidad en el manejo de la privatización y una disposición a servir fiel y lealmente al presidente peruano, lo que le valió con el paso del tiempo su total confianza. Bajo la dirección de Boloña, nuevo Ministro de Economía y Finanzas, fue acelerada la ejecución de la reforma estructural y liberalización económica en el Perú. En marzo de 1991, Boloña dio a conocer la nueva política económica, que constituiría una verdadera reforma neoliberal que alcanzó un amplio espectro y abarcó diversas medidas. Se refirió, entre otras cosas, a: la reducción de las tasas arancelarias, el fortalecimiento del sistema para recaudar impuestos, la liberalización del mercado de divisas y transacciones financieras, la introducción de la propiedad privada de la tierra modificando la propiedad comunal establecida por el gobierno militar de Velasco, la eliminación del monopolio de las empresas públicas, la promoción de la privatización, la reforma de la estabilidad laboral que había imposibilitado el despido de los trabajadores, y el impulso de la inversión extranjera. Aparte de esto, el nuevo ministro de Economía y Finanzas se centró en la consolidación de la economía liberal basada en el principio del mercado, y en el desarrollo de una industria orientada hacia la exportación. Las medidas económicas lanzadas por Boloña fueron puestas en práctica una tras otra durante los siguientes meses. En mayo de 1991, el Congreso otorgó al gobierno facultades legislativas7 para la creación de empleo y la promoción de la inversión privada; y, sobre dicha base, promulgó en noviembre del mismo año una serie de decretos legislativos para reformar, entre otros asuntos, las relaciones laborales, el marco legal de la inversión privada y el sistema de seguridad social, incluyendo seguros y pensiones. Luego del “autogolpe” de abril de 1992, la reforma económica neoliberal fue profundizada drásticamente. Sus ideales serían incorporados a la nueva Constitución Política, promulgada en 1993. 7.

La facultad legislativa se originaba en el artículo 188� de la Constitución Política de 1979. Según este artículo, el Congreso podía delegar en el gobierno por determinado tiempo la facultad legislativa en torno a cierto asunto; las leyes promulgadas por el gobierno en virtud de esta facultad legislativa fueron denominadas decretos legislativos.

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No obstante ello, debemos señalar al mismo tiempo que la propuesta hecha por Boloña sobre el desarrollo de la industria orientada hacia la exportación asumía que las medidas de libre mercado desarrollarían espontáneamente una industria internacionalmente competitiva y no otorgaba importancia alguna al papel conductor que el Estado podría adoptar en una perspectiva de mediano y largo plazo —como decidir la prioridad entre las industrias y preparar algún plan de desarrollo integral, concreto y realista— para impulsarla. Esta visión estaba fuertemente influenciada por el pensamiento del FMI y del Banco Mundial de entonces y se apoyaba también en las reflexiones hechas sobre las experiencias de fracaso que los sucesivos gobiernos anteriores al de Fujimori tuvieron en la política económica. Hasta la década de 1980, ellos habían propiciado el desarrollo económico dirigido por el Estado, pero estas políticas no solamente acabaron en desastre, sino que también dieron cabida a la corrupción, la ineficiencia económica y a la dependencia de los círculos económicos y financieros del Estado. De acuerdo con fuentes cercanas a Fujimori, el mandatario peruano no estaba abiertamente de acuerdo con la idea de la supremacía del mercado. Hubo ocasiones en las cuales incluso hizo objeciones a los planteamientos de Boloña quien, sin embargo, insistió en su posición liberal. Fujimori argumentó que el Perú no contaba con ningún mercado como el supuesto por las teorías económicas, sino uno fuertemente distorsionado; el Estado debería, entonces, intervenir para corregir las múltiples distorsiones que afectaban al mercado peruano (entrevista 07: 1993b). Sin embargo, la posición de Fujimori, debido a su estilo político y mentalidad, resultó ser idéntica a la del desarrollo espontáneo planteada por Boloña. Vale decir, Fujimori adoptó en la práctica una perspectiva de corto plazo: si bien era meticuloso en los detalles inmediatos al administrar el gobierno diariamente, nunca dio importancia a una política de desarrollo económico realista basada en la perspectiva que no fuera de corto plazo. Podemos decir que la idea del desarrollo espontáneo de Boloña tenía afinidad con el estilo y mentalidad de Fujimori, quien no hizo ningún plan de mediano y largo plazo.8 8.

Existe la posibilidad de que por la influencia de El otro sendero de De Soto, Fujimori tuviera una idea parecida a la del desarrollo espontáneo. Antes de la campaña electoral de 1990, Fujimori leyó el libro y quedó impresionado por su contenido (Daeschner 1993: 88-89). En esta obra mundialmente conocida, De Soto argumenta que

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Fujimori no pensaba que el Estado debiera asumir determinado desempeño en la planificación y elaboración de las líneas generales —ni de políticas concretas— para el desarrollo nacional. Esto fue simbólicamente demostrado después del llamado “autogolpe” de 1992, momento en que se liquidó el Instituto Nacional de Planificación, entidad encargada de planificar el desarrollo nacional, pero que nunca pudo presentar ningún plan eficaz en la década anterior. En 1993, se instaló en el gobierno de Fujimori una oficina nueva encargada de elaborar un plan nacional de desarrollo desde la perspectiva de mediano y largo plazo; sin embargo, el Ministerio de Economía y Finanzas obstaculizó sus actividades porque temió que le restara algunas facultades como la de dar prioridad entre los proyectos y programas. En medio de esta confusión, solamente alrededor de un mes después de su instalación, el presidente ordenó la eliminación de la nueva oficina. En esta lucha interna, Santiago Fujimori había promovido la creación de este organismo, mientras que Jorge Camet, ministro de Economía y Finanzas, había obstaculizado sus actividades en defensa de las facultades e intereses del ministerio. Este incidente enfrió las relaciones entre ambas personas, lo que constituyó más tarde, en 1996, una de las razones de fondo existentes detrás de la renuncia de Santiago Fujimori (véase la sección 3 del capítulo V). Fujimori dijo varias veces, incluso cuando hizo su visita de Estado al Japón en marzo de 1992, que aspiraba a realizar en el Perú un desarrollo nacional al estilo de los países del Este de Asia. Pero, dado lo que hemos escrito, entendemos que lo que Fujimori tenía en mente distaba de las experiencias de desarrollo en el Este de Asia, donde el gobierno desempeñó un importante rol dentro del marco general de la economía de mercado. en el sector informal del Perú, los creativos pequeños y microempresarios, aparecidos espontáneamente, tienen un espíritu empresarial sobre cuya base se lograría el desarrollo económico. Por eso, De Soto propone el establecimiento de una economía del libre mercado que permita a estos actores económicos desplegar su espíritu empresarial y lograr, así, el desarrollo económico (Soto 1989: 283-214). Pero, por otro lado, De Soto no da importancia a la necesidad de contar con algún plan de mediano y largo plazo para el desarrollo económico, tampoco al relativo desempeño activo que el Estado deba cumplir para tal objetivo. El economista liberal resalta las iniciativas individuales de los micro y pequeños empresarios tan enfáticamente que tampoco se interesa por el hecho de que ellos hayan construido su propia red horizontal de contactos, sacando el máximo provecho de las relaciones y lazos creados entre ellos alrededor del lugar de origen, la amistad y el parentesco.

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2.

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El retorno a la comunidad financiera internacional

Buscando la recuperación de la confianza de la comunidad financiera internacional Paralelamente al impulso de la estabilización y liberalización de la economía, así como a la reforma estructural, el gobierno de Fujimori buscó la reinserción del Perú en el sistema financiero internacional, lo que resultaba imprescindible para que el país andino consiguiera el apoyo internacional en la reconstrucción económica. En un principio, el gobierno de Fujimori deseaba que el proceso de la reinserción internacional culminase para comienzos del año 1991 (entrevista 07: 1993b). Sin embargo, demoró mucho más de lo esperado debido a tres factores que detallamos en esta sección: en primer lugar, era necesario fijar los montos de los aportes económicos de cada miembro del Grupo de Apoyo, que ayudaría económicamente al Perú para darle un crédito puente y sacarlo del atolladero de la deuda externa pública; en segundo lugar, hubo cierta reticencia por parte de los Estados Unidos, principalmente a causa de sus discrepancias con el Perú en la política contra el tráfico de drogas; y en último lugar, porque en esa época estalló la Guerra del Golfo Pérsico. Después de tomar posesión del cargo, a fines de julio de 1990, Fujimori aplicó una serie de medidas de ajuste económico, empezando con el drástico “Fujishock”, hecho público a principios de agosto. Luego de esto, En octubre de 1990, el gobierno peruano, unilateralmente, reanudó el pago de la deuda que tenía con el Banco Mundial, y al mes siguiente hizo lo mismo con el BID. Por su parte, la comunidad financiera internacional evaluó positivamente los esfuerzos hechos por el Perú. En enero de 1991 ambas partes se pusieron de acuerdo para aplicar al caso peruano un esquema especial de rescate para arreglar y reprogramar los atrasos de la deuda externa: el denominado “programa de acumulación de derechos” (rights accumulation program) que plantea que, mientras un país deudor paga solamente los intereses y el monto principal se considera moratoria, el deudor acumula gradualmente el derecho de obtener préstamos éstamos stamos de las organizaciones financieras internacionales por un equivalente a la totalidad de sus atrasos, convirtiéndose así el monto principal de la deuda del pasado en una nueva deuda.9 9.

Esta sección se basa en Hosono y Osonoi (1992), Osonoi (1995) y la entrevista 11 (1991a; 1991b; 1991c). Véase también Morales (1994).

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Sin embargo, había que superar un cuello de botella para comenzar a aplicar este esquema. El problema era cómo levantar un crédito puente para cubrir los atrasos que el Perú no podía pagar debido a que su fisco y sus reservas internacionales estaban agotados. Veamos el ejemplo del FMI, cuyas negociaciones con el Perú avanzaron más rápidamente que en el caso de las demás entidades. El gobierno peruano tenía acumulado un atraso de aproximadamente mil millones de dólares con esta entidad. Al respecto, se propuso que Estados Unidos, Japón y algunos países europeos conformaran el denominado Grupo de Apoyo con el objetivo de hacer los aportes financieros necesarios para el crédito puente al Perú. Juntar los mil millones de dólares constituyó una tarea ardua. En enero de 1991, después de continuas consultas y negociaciones, ambos se pusieron de acuerdo en aplicar el esquema especial de rescate. Al mismo tiempo, la entidad financiera internacional apeló a los Estados Unidos, al Japón y a los países europeos para que realizaran aportes financieros para el Perú. Sin embargo, la reacción de estos países no fue alentadora; en primer lugar, porque los países desarrollados entonces atendían a las solicitudes de los países ex socialistas de Europa Oriental que impulsaban la reforma económica para introducir la economía del mercado después de la caída del Muro de Berlín; y, en segundo lugar (y por si fuera poco), porque en el mismo enero de 1991 estalló la Guerra del Golfo Pérsico. Así, los aportes de cada país miembro no llegaron a ser precisados para marzo de 1991, mes que el FMI había fijado como meta para definir la conformación del Grupo de Apoyo. En ese entonces, los funcionarios vinculados a esa gestión se preguntaban: “¿cómo se pueden reunir mil millones de dólares para el Perú, si no se han podido reunir 350 millones de dólares para Nicaragua?”. Como ya dijimos, la posición del gobierno del Japón sobre el tema fue clara: apoyar al Perú de Fujimori, que promovía la introducción de la economía de mercado, en el marco de la conjunción de esfuerzos internacionales en los que también tomarían parte Estados Unidos y los países europeos. Dentro del marco internacional, el Japón estaba dispuesto a aportar cierta cantidad de dinero para el crédito al Perú. Además de esto, el gobierno japonés hizo silenciosas gestiones diplomáticas ante los países interesados con el objetivo de mejorar el ambiente internacional para agilizar la conformación del Grupo de Apoyo. Lo que debemos tener presente sobre estas gestiones fue que Japón desempeñó el rol activo después de recibir una especie de “visto bueno” de los

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Estados Unidos. En un comienzo, los Estados Unidos se mostraron reacios a asumir el liderazgo en la conformación del Grupo de Apoyo y más bien esperaron a que Japón realizara parte de las gestiones necesarias y activas para construir el marco internacional de apoyo al Perú. El Japón cumplió ese rol luego de haberse comunicado estrechamente con los Estados Unidos y de haber obtenido su consentimiento para tomar ciertas medidas que realizaría para complementar la actitud no tan activa de la superpotencia. La reticencia de los Estados Unidos se debía principalmente a dos razones: la primera fue que en aquel tiempo los Estados Unidos sufría un enorme déficit fiscal que llegaba a un histórico nivel de unos 25 mil millones de dólares. Los Estados Unidos pensaban que no tenían suficiente capacidad para apoyar activamente al Perú, tomando en consideración los aportes que ya habían venido haciendo para los ex países socialistas de Europa Oriental. La segunda razón, y quizás la más importante, fue que los Estados Unidos y el Perú tenían discrepantes opiniones en torno a la cooperación bilateral contra el tráfico de drogas. Entre la década de los años setenta y el año 1995, el Perú fue el mayor productor de la coca, materia prima para producir la cocaína (McClintock y Vallas 2005: 111). Cuando se instaló el gobierno de Fujimori, la producción de la hoja de coca en el Perú ocupaba alrededor del 60% de la del mundo. Cabe agregar que, en el Perú, los indígenas han cultivado tradicionalmente la hoja de coca. Ella se usa para rituales; además, para aliviar el hambre y producir otros efectos estimulantes, siendo masticada por los campesinos de la sierra para aliviar su dura actividad. La hoja de coca en sí no causa adicción pero, al ser refinada, se convierte en cocaína. La principal área de su producción se concentra en las zonas soleadas y de buen drenaje de la vertiente este de los Andes. Según las investigaciones y estimaciones del gobierno estadounidense, en la segunda mitad de la década de 1980, el área de cultivo de la hoja de coca en el Perú superaba las cien mil hectáreas y su producción anual amenazaba con llegar a doscientas mil toneladas (véase cuadro 3.2). Desde los años setenta, América Latina se ha convertido en la principal zona abastecedora de droga para los Estados Unidos debido a que “la conexión francesa”, ruta de oferta desde Asia hasta dicho país, sufrió un golpe aplastante por las medidas enérgicas de las autoridades.10 En el caso 10.

Se produjo una película basada en estos hechos y titulada The French Connection (en Hispanoamérica se tituló “Contacto en Francia”).

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Cuadro 3.2 datos sobre la Cultivo de CoCa en el Perú en la déCada de 1980 año Hectáreas cultivadas Hectáreas erradicadas Producción (toneladas)

1985

1986

1987

1988

1989

1990

90.370

104.925

108.800

110.400

120.400

121.300

0

0

355

5130

1285

0

– 191.000

187.700

186.300

196.900



Fuente: State (1996-1998). Nota: El signo – significa que no existe el dato.

del Perú, los cárteles de la droga se fijaron en las áreas tradicionales de cultivo de la hoja de coca, desde donde se expandió su cultivo ilegal. La producción de la hoja de coca se convirtió desde entonces en un importante medio para ganarse la vida en aquellas provincias en las que no existen muchas actividades económicas, pero sí las condiciones ambientales para cosechar la hoja de coca tres —y hasta cuatro— veces al año. Los cárteles procesan la hoja de coca ilegalmente cultivada y hacen la pasta básica de cocaína dentro del país; luego, la envían clandestinamente a Colombia, donde refinan la pasta para convertirla en cocaína para después transportarla ilegalmente a los Estados Unidos. Ya hemos mencionado que, a mediados de los años ochenta, SL y el MRTA empezaron a prestar protección al narcotráfico a cambio de recibir una recompensa en dólares. El tráfico de drogas constituyó uno de los problemas prioritarios para el entonces gobierno norteamericano de George Bush. Este mandatario dio importancia al aspecto militar de las medidas contra este flagelo, y propuso enfáticamente a su par peruano firmar un convenio bilateral de cooperación al respecto que incluía dación de ayuda en el control militar y la erradicación del cultivo. Frente a la propuesta de los Estados Unidos, Fujimori presentó, luego de consultar con De Soto y los militares, una contrapropuesta que planteaba incluir el desarrollo alternativo en la política antidrogas para que ella fuera integral. El mandatario peruano argumentó que una solución completa al problema de narcotráfico no

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debería limitarse al aspecto militar, sino contemplar también cultivos alternativos para evitar que los agricultores de la hoja de coca —estimados en 250 mil hogares— perdieran su único medio de ganarse la vida, y se vieran obligados a pasarse al lado de los grupos subversivos armados. De este modo, y después de haberse negado en septiembre de 1990 a firmar un convenio de cooperación en contra del tráfico de drogas propuesto por los Estados Unidos, el mandatario peruano dio a conocer a fines de octubre del mismo año la llamada “doctrina Fujimori sobre política de control de drogas y desarrollo alternativo”, basada en la mencionada posición peruana. Vale decir, dicha doctrina consistía no solamente en el control militar, sino también en la promoción del desarrollo integral de la zona del cultivo ilegal para el desarrollo alternativo, la garantía tanto del derecho a la propiedad de tierra como de la financiación para los agricultores que participaran en el desarrollo alternativo, y la apertura del mercado en los países desarrollados a los productos del desarrollo alternativo.

La conformación del Grupo de Apoyo al Perú El Perú insistía a los Estados Unidos que, de forma similar al desarrollo alternativo, se debía impulsar una política integral antidrogas tomando en consideración las circunstancias del país productor, además de las del país consumidor. Aunque el argumento de Fujimori era lógico, la negativa de firmar un convenio sobre la política antidrogas resultó contraproducente para el Perú, ya que inhibió las acciones internacionales que los Estados Unidos estaban realizando para la conformación del Grupo de Apoyo; de hecho, la potencia del Norte condicionó su participación en las gestiones para ayudar al Perú a reinsertarse en la comunidad financiera internacional a la firma de dicho acuerdo. Entonces, a mediados de enero de 1991, Fujimori presentó a Bush un borrador del convenio sobre la política antidrogas que incluía la promoción del desarrollo alternativo. A principios del siguiente mes, Bush mandó una carta de respuesta donde confirmó al mandatario peruano su disposición a continuar negociando el tema.11 11.

Hasta entonces, Japón hizo esfuerzos diplomáticos en favor de la conformación del Grupo de Apoyo. En las reuniones que sostuvo con los Estados Unidos, le propuso participar activamente en ella; paralelamente, en sus tratos con el Perú, enfatizaba la importancia de que este se pusiera de acuerdo lo más pronto posible con los Estados Unidos en el tema antidrogas (Murakami 2004a: 40).

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De este modo, la negociación entre los Estados Unidos y el Perú sobre el convenio antidrogas empezó a caminar. En marzo, Bush presentó al Congreso norteamericano el informe anual sobre la política antidrogas y, en ese documento, los Estados Unidos otorgaron al Perú la “certificación como país cooperante en la lucha contra el narcotráfico”. Gracias a este avance, junto con el fin de la Guerra del Golfo Pérsico, los Estados Unidos por fin comenzaron a adoptar una actitud activa en la conformación del marco internacional para la reinserción del Perú en el sistema financiero internacional. Mientras tanto, en el gobierno peruano se argumentó que la reanudación unilateral del pago de la deuda antes de definir el Grupo de Apoyo había debilitado la posición peruana en la negociación, por lo que el gobierno de Fujimori decidió suspender el pago a partir del mes de abril y observar cómo se iban desarrollando las negociaciones entre los eventuales países miembros del Grupo de Apoyo. Para principios de abril de 1991 estaba prevista la celebración de la Asamblea Anual de Gobernadores del BID, y Fujimori había anunciado su asistencia en respuesta a la invitación cursada el año anterior por el presidente de este organismo internacional, Enrique Iglesias. Antes de la asamblea, los Estados Unidos propusieron al Japón la celebración de una reunión informal para tratar el apoyo al Perú durante la reunión del organismo interamericano. En la asamblea, Fujimori hizo una llamada a los países asistentes a conformar el Grupo de Apoyo que se haría cargo del atraso de mil millones de dólares pendiente con el FMI, luego de explicar la política económica que su gobierno había venido tomando hasta entonces. En la reunión informal de los países desarrollados y las organizaciones financieras internacionales que había sido propuesta por los Estados Unidos antes de comenzar la asamblea del BID, la superpotencia respondió a la propuesta de Fujimori y expresó finalmente su voluntad de asumir el liderazgo para conformar el Grupo de Apoyo. Al concluir la parte sustancial de las negociaciones con el Perú en torno al convenio sobre la política antidrogas que había venido haciendo, los Estados Unidos propusieron, junto con el Japón, celebrar una reunión de los países desarrollados y de las organizaciones financieras internacionales a fines de abril para tratar ya específicamente la conformación del Grupo de Apoyo. En el interior del gobierno estadounidense, el Departamento del Tesoro se mostraba más favorable a la conformación del Grupo de Apoyo que el Departamento de Estado, el cual tenía asuntos pendientes

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con el Perú en los ámbitos del control de drogas y de los derechos humanos. Sin embargo, en junio de 1991, el Departamento de Estado cambió su postura más cautelosa y apoyó decididamente la conformación del Grupo de Apoyo. En el mes de junio, los Estados Unidos anunciaron que su aporte para el Grupo de Apoyo sería de 350 millones de dólares; por su parte, el Japón también hizo saber que su contribución alcanzaría los 400 millones de dólares. Sin embargo, los países europeos no llegaron a ponerse de acuerdo sobre cuál sería su aporte y, por lo tanto, se postergó la conformación del Grupo. En julio de 1991, los Estados Unidos y el Japón realizaron gestiones silenciosas para convencer a los países de Europa para que participaran en el Grupo de Apoyo. Por su parte, el FMI dejó entrever su disposición de aprobar el programa económico hasta 1992 presentado por el Perú, puesto que Camdessus, su director general, propuso la aprobación del mismo al directorio de la entidad financiera internacional a mediados de julio. Sobre la base de la señal del FMI, Fujimori anunció en su Mensaje a la Nación del 28 de julio que la reinserción del Perú al sistema financiero internacional ya se consideraba “prácticamente como realidad”. Sin embargo, los países europeos no habían definido todavía su contribución al Grupo de Apoyo. Por lo tanto Boloña, entonces ministro de Economía y Finanzas, también alentado por los Estados Unidos y el Japón, recorrió diversos países de Europa en agosto, para convencerlos de que decidieran su aporte. Finalmente, todos los esfuerzos descritos arriba dieron como resultado la conformación oficial del Grupo de Apoyo en septiembre de 1991.12 Los Estados Unidos aumentaron su aporte a 406 millones de dólares que, junto con los 400 millones del Japón y los aportes de los países europeos, sumaron una contribución total de 1094 millones de dólares. Por su parte, el FMI aprobó el programa económico del Perú y, de este modo, se normalizaron sus relaciones con este país. Inmediatamente después, se celebró la reunión del Club de París (la colectividad de los países acreedores de prestamos públicos bilaterales); en ella, se aprobó la reprogramación del pago de la deuda de más de 6500 millones de dólares. En el mismo mes de 12.

Cuando el Japón hizo la gestión activa para conformar el Grupo de Apoyo al Perú, el ministro de Hacienda fue Ryutaro Hashimoto. Más tarde, Hashimoto asumió el cargo de Primer Ministro, y en agosto de 1996 visitó oficialmente el Perú; entre diciembre de 1996 y abril del año siguiente tuvo que encarar la llamada crisis de los rehenes (véase la sección 4 del capítulo V).

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septiembre, el Perú llegó a arreglar su atraso con el BID, que le aprobó un crédito nuevo de 425 millones de dólares. Entre marzo y septiembre de 1991, cuando el retorno del Perú a la comunidad financiera internacional no avanzaba tan rápidamente como el gobierno peruano esperaba, la aprobación de Fujimori era baja debido a que, si bien ya no existía hiperinflación, no se lograba controlar completamente la inflación, que oscilaba entre el 5 y el 10%. En abril, cuando Fujimori asistió a la Asamblea Anual del BID, se dio a conocer la clara línea para conformar el Grupo de Apoyo, lo que elevó temporalmente las expectativas favorables de la gente común y, con ellas, la aprobación presidencial, que se incrementó hasta cerca del 50%; sin embargo, esta tendencia no duró mucho, y en junio descendió de nuevo a los niveles anteriores —entre el 30 y el 40%—. En término generales, durante este periodo la desaprobación tendió a ser más alta que la aprobación (véase cuadro 3.1). La situación social se encontraba también agitada, pues los trabajadores del sector de salud pública realizaron una huelga prolongada entre mediados de marzo y mediados de julio; por su parte, los maestros de educación estatal tomaron la misma determinación entre principios de mayo y mediados de agosto. La tendencia de la aprobación presidencial según la categoría de clases señala que en 1990 Fujimori recibía el apoyo más alto de las clases bajas, pero en 1991 su popularidad bajó también en las clases bajas, como sucedió en otras clases. Sin embargo, a partir de septiembre de 1991, cuando se hizo realidad el retorno del Perú a la comunidad financiera internacional y la inflación mensual empezó a registrar menos del 5%, la aprobación de Fujimori subió a un nivel de más del 50% en todas las clases sociales (véase cuadro 3.3).13

13.

Desde nuestro punto de vista, nos parece superficial el análisis de Roberts (1995: 96103). Según el estudioso norteamericano, entre la toma de posesión de la presidencia y la realización del “autogolpe”, Fujimori logró mantener el apoyo popular, tildando a los partidos políticos existentes y a algunas entidades estatales de corruptos, ineficientes y partidarios, aunque aplicó resueltamente la política económica neoliberal que fue sumamente dura para el pueblo peruano. Si bien es cierto que, como veremos en el resto de este capítulo, el mandatario peruano consiguió cierto nivel de apoyo popular con este tipo de crítica, la aprobación de Fujimori dependió más fundamentalmente del grado de avance logrado por su gobierno tanto en la estabilización económica basada en el control de inflación como en la negociación sobre la conformación del Grupo de Apoyo, asuntos que elevaron notoriamente la confianza y las expectativas

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Cuadro 3.3 aProbaCión PresidenCial en el PriMer Mandato de fujiMori (ProMedio anual, en PorCentaje) Año Aprobación presidencial Total Aprueba Desaprueba Estratos sociales Aprueba Alto Mediano Bajo-alto Bajo-bajo Desaprueba Alto Mediano Bajo-alto Bajo-bajo Grupos de edad Aprueba 18-24 25-39 40-70 Desaprueba 18-24 25-39 40-70 Situación económica familiar Mejorará Será igual Empeorará Ha mejorado Igual Ha empeorado

1990

1991

1992

1993

1994

1995

55 31

43 43

68 20

63 24

64 27

72 21

47 47 57 59

43 44 44 41

74 71 68 66

66 67 64 61

69 60 62 66

79 67 72 73

37 41 30 26

42 44 44 43

17 21 20 21

23 24 24 23

25 30 29 24

19 26 21 21

– – –

– – –

74 66 65

71 63 59

71 63 60

74 71 70

– – –

– – –

16 21 23

19 23 28

22 28 31

21 21 23

39 25 16

25 31 27

26 30 23

31 29 22

44 21 15

52 18 11

21 32 46

17 38 43

14 47 37

13 48 37

25 43 32

33 43 23

Fuente: Elaboración propia sobre la base de Informe de opinión, agosto de 1990-julio de 1995. Nota: Las cifras son el promedio anual de las encuestas realizadas en cada mes. La cifra de 1990 es el promedio de las encuestas entre agosto y diciembre del año; y la de 1995, entre enero y julio del mismo. “Situación económica familiar” se basa en los datos de las preguntas, tanto sobre dicha situación dentro de un año o medio año (las cifras debajo de la línea de puntos) como sobre la misma con relación a hace un año o medio año (las cifras encima de la línea de puntos). Tanto en la aprobación presidencial como en la situación económica, los datos de “no precisa” no están incluidos. El signo – significa que no fue realizada la investigación.

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3.

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La ejecución de la política antisubversiva

El refuerzo de la estrategia de los militares En 1991, cuando la economía tendía a estabilizarse —aunque repetía el avance y marcha atrás— y el proceso de retorno a la comunidad financiera internacional comenzó a ir por buen camino, Fujimori inició la ejecución de las medidas en contra del terrorismo. En estos años, este problema suscitaba entre los peruanos el mismo nivel de interés que la estabilización económica (véase nuevamente el cuadro 2.4). En febrero de 1991, el mandatario anunció la realización de medidas antisubversivas que dieran importancia a la inteligencia. Al mes siguiente, las tropas de las Fuerzas Armadas empezaron a poner en práctica la llamada acción cívica: visitaban las zonas pobres para realizar diversos servicios, como la distribución de materias necesarias y tratamiento médico. En abril, el gobierno peruano empezó oficialmente a prestar armas de fuego a las rondas campesinas. Y

hacia el jefe de Estado. La crítica contra los partidos existentes y contra las entidades estatales fue secundaria; no hubiera sido aceptada por el pueblo peruano si Fujimori no hubiera generado la confianza y expectativas positivas de la población gracias a los logros alcanzados en la estabilización económica y en la reinserción del Perú al sistema financiero internacional. Roberts se refiere a “los beneficios sicológicos de la estabilización económica” (Roberts 1995: 108), pero no desarrolla este punto, ni analiza el proceso político peruano de 1990 a 1992 desde este ángulo. La dimensión de la opinión pública y la importancia de los medios de comunicación (Tanaka 1998) tampoco son decisivas, en caso de que no existan resultados tangibles o expectativas duraderas. Esto fue demostrado en el caso de la campaña electoral de Vargas Llosa en 1990, cuya propaganda inundó los medios de comunicación (véase el capítulo anterior) y, en el caso de la campaña electoral de Fujimori en el año 2000, quien logró un fuerte control de los medios de comunicación (véase el capítulo VI). Por otro lado, Kay (1996) y Crabtree (1998: 19) estudian el primer mandato de Fujimori desde la perspectiva de neopopulismo, pero el primero olvida analizar la aprobación (y desaprobación) presidencial entre la toma de posesión y la ejecución del “autogolpe”, y el segundo no confiere importancia a este tema. Aunque Stokes (1996a; 1997) y Weyland (2002; 2006) analizan, desde el ángulo cognitivo y sicológico —cada uno se basa en diferentes marcos teóricos— el porqué la mayoría de los peruanos aceptaron las “políticas de choque” aplicadas por el gobierno de Fujimori, ambos académicos no prestan atención a que la aprobación de Fujimori se basaba en la expectativa causada por determinados logros concretos. Sobre la tendencia de la opinión pública de estos años, véase también Busse (1992) y Carrión (1996; 1998; 2006).

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en mayo, Fujimori mismo visitó unas universidades en Lima que estaban fuertemente infiltradas por las fuerzas subversivas, borró las propagandas y lemas que los grupos subversivos armados habían pintado en las paredes, y dio a conocer su decisión de mandar tropas a las universidades para recuperar el orden dentro de los recintos.14 El gobierno de Fujimori ejecutó las medidas antisubversivas, cuyas líneas básicas tenían origen en los planteamientos pensados por las Fuerzas Armadas a fines de la década de 1980 (Tapia 1997: 27-62); estas estaban irritadas con los gobiernos civiles de Belaúnde y García, porque ambos nunca tuvieron disposición para elaborar una política coherente en contra del terrorismo, y solamente dieron ordenes de represión militar como solución provisional. Mientras tanto, como hemos indicado, los grupos subversivos armados se pusieron más activos y expandieron su área de actividad. La conciencia de crisis entre los militares llegó particularmente al borde del límite en mayo de 1988, cuando el entonces presidente García pronunció un discurso en el Congreso Nacional de la Juventud Aprista 14.

Aunque el gobierno de Fujimori prestó armas de fuego a las rondas campesinas antes de abril de 1991, no lo hizo oficialmente, y el número de armas entregado fue limitado. Por otro lado, según Fujimori, después de la segunda vuelta él pensaba que la política antisubversiva consistía en siete puntos importantes, entre ellos, dar importancia a la inteligencia y realizar una ayuda social de amplia cobertura; e hizo unos apuntes sobre los principales puntos unas semanas antes de la toma de posesión (Fujimori 2002: 110-111, 134-135). Sin embargo, como escribiremos en esta sección, Fujimori propuso en el discurso de la toma de posesión el diálogo con los grupos subversivos armados (aunque frente a la realidad, descartó su posibilidad en poco tiempo), pero la propuesta del diálogo no figura en sus apuntes. En caso de que estos existieran, debemos indicar que se trató de ideas generales, y no de algún plan concreto con detalles. Si bien es cierto que Fujimori prestó importancia a la inteligencia y la reforzó desde el inicio de su gobierno por consejo de Montesinos, el mandatario peruano emprendió la ejecución de una serie de medidas antisubversivas recién en 1991, cuando los problemas económicos empezaron a superarse. Al mismo tiempo, debemos enfatizar que el gobierno de Fujimori nunca elaboró una política antisubversiva concreta, detallada y con la perspectiva de mediano y largo plazo. En cuanto al refuerzo de la inteligencia hubo, además, una especie de discriminación en su ejecución debido a la influencia de Montesinos. Concretamente, las Fuerzas Armadas obtuvieron bastante ayuda, mientras que el apoyo a la Policía fue escaso. Como señalaremos en la nota 75 de este capítulo, fue indispensable la intervención de Santiago Fujimori para que el refuerzo económico —aunque pequeño— llegara al Grupo Especial de Inteligencia (GEIN) de la Dirección Nacional contra el Terrorismo (DINCOTE) de la Policía, la que en 1992 detuvo a Guzmán, líder máximo de SL.

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del partido oficialista y dijo que los militantes de SL merecían su respeto y admiración personal, porque ellos estaban dispuestos a entregarse y a no temer a la muerte siguiendo sus propias convicciones ideológicas. En ese contexto, las Fuerzas Armadas se dedicaron a reconsiderar su propia estrategia frente a los grupos armados. Sobre la base de esta reflexión, elaboraron un manual en agosto de 1989 cuyas directrices básicas consisten en los siguientes cuatro puntos principales: (a) la lucha contra los subversivos es una lucha de inteligencia en un 80% y de operaciones militares en un 20%; (b) el apoyo y la confianza de la población es necesario; (c) en las operaciones militares se deben combinar la acción integral, la dirección centralizada y la ejecución descentralizada; y (d) se deben eliminar las contradicciones existentes en los campos político, psicosocial, económico y militar. Concretamente, se ejecutaron el refuerzo a la inteligencia y el apoyo a las rondas campesinas, mientras que se constituyeron los frentes contrasubversivos, de acuerdo con el despliegue de los grupos subversivos armados y sin importar las demarcaciones administrativas existentes de las regiones militares. Los puntos de esta nueva estrategia se difundieron también en la Policía, y sus resultados comenzaron a producirse gradualmente.15 En dos ocasiones, en junio de 1990 y enero de 1991, antes y después de instalarse el gobierno de Fujimori, un grupo especial de la Policía Nacional dejó escapar a Guzmán, el líder máximo de SL, cuando estaba a punto de capturarlo. Sin embargo, las mencionadas renovaciones en la estrategia contrasubversiva y los esfuerzos internos de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional tuvieron un límite. Estos institutos armados tuvieron que esperar la llegada de Fujimori al poder para que el gobierno civil entendiera completamente la necesidad de ejecutar una política eficaz en contra de los grupos subversivos armados y concediera la ayuda necesaria para la realización de dicha política. Fujimori tomó la resolución de aceptar y respaldar totalmente la estrategia renovada. Después de transcurridos diez años del inicio de la lucha armada de SL, por fin apareció un presidente que tomó la decisión política de llevar a cabo medidas enérgicas contra el terrorismo. Después de la toma de posesión, Fujimori decidió incrementar el presupuesto para fortalecer la inteligencia. Luego, como mencionamos en líneas anteriores, empezó a aplicar con decisión una serie de medidas antisubversivas. 15.

El GEIN fue creado en marzo de 1990 (Jiménez 2000: tomo II, 696).

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En el discurso de la toma de posesión de 1990, Fujimori expresó que su política contrasubversiva incluiría el diálogo con los grupos subversivos armados. El supuesto interlocutor del diálogo sería el MRTA. Pero en poco tiempo el gobierno dejó de referirse a la línea de diálogo porque los grupos subversivos armados rechazaron frontalmente las medidas de la estabilización económica y de ajuste estructural aplicadas por el gobierno de Fujimori inmediatamente después de su instalación, e intensificaron la ofensiva. SL ya había tomado la decisión estratégica de intensificar la ofensiva en las ciudades sobre la base de la idea de que su poder militar alcanzara la etapa del “equilibrio estratégico” con las fuerzas del orden, luego de la discusión de su primer congreso celebrado entre 1988 y 1989.16 De acuerdo con esta decisión, SL fortaleció su actividad tanto en lo político como en lo militar en las ciudades, particularmente en Lima, donde intensificó su infiltración en las zonas marginales y recurrió a sus acciones tradicionales, como el asesinato selectivo y los atentados con bombas. Incentivado por el incremento de las actividades de SL, el MRTA también aumentó sus acciones terroristas (véase cuadro 1.16). Una vez que la economía comenzó a estabilizarse, muchos peruanos esperaban que el gobierno tomara medidas para erradicar el terrorismo, que constituía un problema cada vez más grave. Mientras la ofensiva terrorista se intensificó, en el nivel más alto del Ejército se planeó otro tipo de operaciones contrasubversivas además de la mencionada estrategia renovada. Su planteamiento fue aceptado en junio de 1991, cuando se realizó en la sede del Ejército una reunión a la que asistieron la casi totalidad de los generales en servicio activo. En ella, Martin Rivas, oficial y colaborador cercano de Montesinos, planteó a los presentes que las fuerzas del orden debieran adoptar operaciones de diferente naturaleza para responder a la gran variedad de tácticas y operaciones desplegadas por SL. Vale decir, para realizar la contraofensiva frente a SL, que hacía uso de diferentes medios ilegales de violencia como el asesinato selectivo; de la misma manera, las Fuerzas Armadas deberían acudir inclusive al terrorismo contra los grupos subversivos. Concretamente, el planteamiento, que fue aprobado por todos los asistentes, implicaba la organización de una

16.

El Primer Congreso de SL se celebró dividido en tres secciones en diferentes momentos entre 1988 y 1989.

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unidad secreta con el objetivo de ejecutar operaciones clandestinas para presionar psicológicamente a SL. A dicha reunión asistió también Rodolfo Robles, quien en 1994 criticó duramente al gobierno de Fujimori por la violación de los derechos humanos.17 La unidad secreta así conformada se llamó más tarde el Grupo Colina y desarrolló acciones que violaron considerablemente los derechos humanos (véase la sección 2 del capítulo IV), lo cual fue cuestionado principalmente por los Estados Unidos.18

El terrorismo afecta negativamente las relaciones nipo-peruanas Durante los años noventa, el Japón se convirtió en uno de los objetivos principales del terrorismo, debido a que las relaciones con el país asiático llamaban la atención de la sociedad peruana después de que Fujimori asu17.

Como veremos en el siguiente capítulo, Robles lo hizo por la intromisión de Montesinos en la política de ascensos del ejército; tanto él como sus hijos, también militares, fueron asignados a puestos con los que estaban disconformes.

18.

La descripción sobre el Grupo Colina se basa en la entrevista 12 (1997b). Véase también Jara (2003), aunque contiene algunas partes de exageración e inexactitud. Por otro lado, en enero de 2002, el gobierno norteamericano levantó el secreto de una parte de los documentos del Departamento del Estado sobre Montesinos que habían estado clasificados. Entre ellos, existe un cable, fechado el 23 de agosto de 1990 y enviado de la Embajada de los Estados Unidos en el Perú a su sede, que informa sobre la supuesta decisión presidencial de la doble estrategia contrasubversiva; vale decir, Fujimori habría aprobado tanto la estrategia oficial, incluido el respeto de los derechos humanos, como la creación de un escuadrón secreto que ejecutara el asesinato selectivo en contra de los grupos subversivos armados. Según el cable, el informante fue una persona que se identificaba como oficial en retiro de la Marina peruana y asesor del SIN. Acerca de la información, el cable analiza diversos aspectos del asunto, y concluye que Fujimori se habría puesto de acuerdo con los militares sobre la línea general de la política antisubversiva como el fortalecimiento del desempeño de las Fuerzas Armadas, y la doble estrategia en cuestión habría sido propuesta por un sector pequeño de los militares. El análisis del cable complementa lo descrito en esta parte del libro. Es decir, podemos interpretar que, cuando Fujimori asumió la presidencia en 1990, la doble estrategia fue una propuesta de una parte de las Fuerzas Armadas y, en junio de 1991, la misma llegó a ser aprobada por la cúpula del Ejército. De acuerdo con las acusaciones, el Grupo Colina cometió, entre otras, las matanzas de Barrios Altos y de La Cantuta, que mencionaremos más adelante, así como la de Huacho, donde cinco personas (estudiantes y periodistas) fueron asesinadas en 1992, y el caso de Huancayo, en el cual por lo menos 35 estudiantes universitarios desaparecieron en 1992.

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miera la Presidencia de la República. En tres ocasiones, en diciembre de 1990, abril de 1991 y diciembre de 1992, la Embajada de Japón en el Perú fue atacada por SL con bombas. Especialmente, en el último ataque, fueron utilizados alrededor de 450 kilos de dinamita. Por otro lado, en julio de 1991, el Centro de Investigación Hortícola en Huaral (a unos cincuenta kilómetros al norte de Lima), construido con la ayuda no reembolsable de Japón, fue atacado por un comando del grupo maoísta. En el ataque terrorista, lamentablemente, fueron ultimados los tres expertos japoneses, quienes habían sido enviados por la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (Japan International Cooperation Agency, JICA por sus siglas en inglés) para realizar instrucciones técnicas en dicho Centro.19 Después del asesinato de Huaral, el gobierno nipón decidió retirar del Perú a 30 expertos, 52 voluntarios y otras 17 personas, todos ellos vinculados a la ayuda para el desarrollo del país. Este hecho imposibilitó la realización de la ayuda reembolsable del Japón, porque su ejecución requería de la presencia de los expertos. En el momento en que se instaló el gobierno de Fujimori, Japón tenía un obstáculo para ayudar económicamente al Perú, en caso de que desease hacerlo. Debido a la suspensión del pago de la deuda externa desde el año 1984, el Japón no podía llevar a cabo una nueva ayuda reembolsable al Perú. Al país nipón solo le quedaba el remedio de dar al Perú la ayuda no reembolsable, vale decir, donaciones y cooperación técnica. Con la instalación del gobierno de Fujimori y el comienzo de sus esfuerzos por el retorno a la comunidad financiera internacional, el gobierno japonés inició los preparativos para reanudar la ayuda reembolsable. Sin embargo, el asesinato en Huaral suspendió totalmente dichos preparativos. Luego del trágico caso, por cierto tiempo la ayuda económica japonesa al Perú consistió principalmente en donaciones y cooperación técnica. Aunque entre 1991 y 1994 el gobierno nipón entregó determinada cantidad de la ayuda reembolsable al Perú, la ayuda de 1991 y 1992 fue la contribución al Grupo de Apoyo; y en el caso de la de 1993 y 1994, casi su totalidad

19.

Hasta este ataque, no se detectó presencia alguna de SL en Huaral, aunque una unidad pequeña del grupo subversivo utilizó algunas veces la parte alta de la sierra al este de Huaral como ruta de traslado. Por esta razón, Huaral no se consideraba como “zona peligrosa”. Esta operación militar de SL agarró por sorpresa tanto al gobierno peruano como al japonés.

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fue destinada a la reprogramación del pago de la deuda bilateral. De este modo, la ayuda reembolsable de Japón hacia el Perú durante estos años no tuvo un vínculo directo con el desarrollo socioeconómico peruano. 4.

Las fricciones entre Fujimori y la oposición

Fujimori autoritario, una oposición no colaborativa Las medidas mencionadas en las secciones anteriores: la estabilización económica, el retorno a la comunidad financiera internacional y la política antisubversiva, fueron impulsadas por Fujimori a través de un fuerte liderazgo y mostrando una gran capacidad de iniciativa. Al momento de realizarlas, el mandatario peruano no construyó concientemente un entendimiento o consenso amplio en el país sobre el proceso y procedimiento de las medidas; las decisiones las tomaba consultando solamente a un puñado de asesores y colaboradores cercanos. Su actitud fue la de responder a las expectativas del pueblo con resultados específicos, preocupándose más por la eficiencia de los procedimientos usados para la obtención de estos logros concretos que por el carácter democrático o antidemocrático de los mismos. Como hemos señalado en el capítulo anterior, esta actitud reflejaba el estilo autoritario de hacer política que Fujimori había cultivado hasta resultar elegido presidente. Al mismo tiempo, dada la gravedad de la situación que el Perú encaraba —“la crisis más profunda en toda su historia republicana”, según lo anunciado por Fujimori en el discurso de la toma de posesión—, tampoco se puede negar que se requería de un estilo de toma de decisiones autoritario como el adoptado por el jefe de Estado para salir lo más pronto posible de tal situación.20 Como hemos analizado en las líneas anteriores, la democracia peruana y los partidos políticos, que debían ser las columnas para sostener la política democrática, fallaron plenamente tanto en arraigar la participación y el proceso de toma de decisiones democráticos como en proponer y realizar políticas eficaces. Entre los peruanos y las fuerzas políticas, la manera de hacer política y la toma de decisiones democráticas

20.

Este punto se demostró dramáticamente cuando la gran mayoría de los peruanos apoyaron el “autogolpe” ejecutado por Fujimori en abril de 1992.

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no estaban institucionalizadas, vale decir, no eran asumidas, compartidas, ni practicadas como normas, reglas o patrones de conducta. Por otro lado, desde el inicio del primer mandato fujimorista, los partidos políticos existentes que constituían la oposición mayoritaria en el Congreso no adoptaron una conducta activa y colaborativa con el gobierno de Fujimori en determinados puntos de coincidencia, ni tuvieron la disposición de hacerlo. Ninguno de los partidos colaboró en ciertas políticas o puntos concordantes con Fujimori; tampoco impulsaron la construcción de consenso, presentando propuestas alternativas realistas y concretas. Más bien, los partidos esperaron básicamente el fracaso de Fujimori con miras a llegar al poder en las siguientes elecciones o a extender su propio poder. Además de esto, no tomaron iniciativa alguna para preparar y aprobar las leyes que trataran frontalmente los problemas graves de envergadura nacional, como el de la economía y el terrorismo. Al analizar las causas que condujeron al proceso político que desembocó en el “autogolpe” de 1992, muchos estudios existentes enfatizan el “factor Fujimori”, la actitud autoritaria del presidente, como la causa fundamental del conflicto entre el jefe de Estado y la oposición. Sin embargo, debemos revisar al mismo tiempo el problema de la oposición. Esto tiene que ver con la manera de analizar el poder político. Detengámonos un poco para explicar este punto. Muchos estudiosos que ponen el énfasis en el “factor Fujimori” señalan que el mandatario peruano construyó una alianza con los llamados “poderes fácticos” —las Fuerzas Armadas, la comunidad financiera internacional, el círculo empresarial y financiero y los tecnócratas— sobre cuya base detentaba un poder fuerte.21 Este tipo de perspectiva es típica de la teoría “sustancialista” sobre el poder, la cual argumenta que este deriva de cierta base concreta como la autoridad, la fuerza militar, el dinero, la fama, el carisma, o la capacidad personal. Sin embargo, hay otra manera de analizar el poder a través de una perspectiva funcionalista, denominada teoría “de correlación”, que lo define desde el ángulo de las relaciones entre los diferentes actores políticos; es decir, cuando el actor B obliga al actor A a algo que el segundo no desea acerca de un asunto específico, B

21.

Sobre los “poderes fácticos” véase, entre otros, Cotler (1993; 1994; 1999), Mauceri (1995; 1996; 1997a).

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tiene el poder en sus relaciones con A. El típico caso de esta última teoría es el voto de calidad: el poder que se produce en la correlación entre diversas fuerzas políticas, sin importar cuánto poder tiene realmente cada actor. En lo que se refiere al proceso político que condujo al “autogolpe”, uno de los asuntos importantes fue la eventual destitución de Fujimori, como veremos más adelante. Apoyándonos en la teoría “de correlación”, podemos decir que en el tema de la eventual destitución, la oposición tenía el poder, porque ella constituía la mayoría del Congreso donde se podía decidir la suerte del presidente. Por eso, debemos también contemplar el análisis de lo que hizo o no hizo la oposición, junto con la actitud y el carácter de Fujimori.22 22.

Los estudios que enfatizan el “factor Fujimori” son, entre otros, Abad y Garcés (1993), Burt (2004), Bowen (2000), Cameron (1994; 1997; 1998), Cotler (1993; 1994; 1999), Ferrero (1993), Lauer (1994), Levintsky y Cameron (2003), Lynch (1999), Mauceri (1995; 1996; 1997a), McClintock (1993; 1996; 1999b), Paniagua (1992), Pease (1994; 1995; 2003), Planas (1992; 1996), Quijano (1995), Revesz (1996), Rospigliosi (1994; 1996), Schmidt (1998), Stokes (1996b), Tuesta (1995), A. Vargas Llosa (1993), Sagasti y Hernández (1994), Tuesta (1995) y otros. Ellos mencionan los problemas de los partidos existentes como el telón de fondo de la política durante la década de 1990, pero no aplican este ángulo al análisis del proceso hacia el “autogolpe”. Un estudioso peruano, crítico de la actitud y acción unilaterales de Fujimori, se pregunta a sí mismo en un artículo que trata los problemas de los partidos políticos peruanos, si hubo o no otra solución que el “autogolpe” en 1992, y responde ambiguamente (Lynch 1995: 92). Béjar (1992), Kenney (1996; 2004), Osonoi (1995) y Rubio (1992) son de la opinión de que tanto Fujimori como la oposición fueron responsables del conflicto que condujo al “autogolpe”. Arias (1992: 53-58, 145) resulta contradictorio, porque señala en diferentes partes del análisis tanto la responsabilidad de Fujimori como la de la oposición, sin profundizar la correlación de ambos actores. Haya (2003: 225-241) introduce el argumento de atribuir la responsabilidad también a la oposición, pero no toma en consideración ciertos elementos importantes (que veremos en esta sección) para analizar el proceso hacia el “autogolpe”. Nuestro análisis coincide en muchos puntos con Kenney (1996; 2004), aunque hay ciertas diferencias. Por ejemplo, Kenney no precisa en qué momento Fujimori tomó la decisión de realizar el “autogolpe”, mientras que nuestro análisis lo hace sobre la base de las entrevistas con las fuentes del Palacio del Gobierno. Sobre la reticencia de Fujimori a establecer alianzas con una parte de la oposición, el estudioso señala dos razones; una, porque el mandatario peruano no quiso perder el apoyo del pueblo que desconfiaba de los partidos políticos; y la otra, porque los “poderes fácticos” no confiaban en los partidos de la izquierda. Aunque reconocemos la validez de las dos razones, pensamos que la causa más importante fue la desconfianza del mismo Fujimori hacia los partidos. Sin embargo, la diferencia mayor de los dos enfoques reside en cómo se analiza la actitud de Fujimori en general.

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Con una oposición que no hacía política pensando en los intereses nacionales del Perú sino que se preocupaba más bien de incrementar su propio poder e intereses, una eventual toma de decisiones democrática por parte de Fujimori —en realidad, el mandatario no tuvo tal disposición ni intención— hubiera requerido de mucho tiempo y esfuerzos por superar una serie de dificultades existentes para lograr acuerdos democráticos entre el gobierno y las fuerzas de la oposición. Esto se pudo comprobar pronto en el ámbito de las políticas antisubversivas —asunto que tenía mayores posibilidades que otros de conseguir que el gobierno y la oposición se pusieran de acuerdo, dado que se trataba de la amenaza del enemigo común de la sociedad—, cuando se produjo un acontecimiento político que condujo a pensar que sería imposible en realidad llegar a determinado entendimiento eficaz con la oposición acerca de una política efectiva y realista contra el terrorismo.23 Concretamente, según el análisis de Kenney, Fujimori pensaba conformar una alianza provisional con una parte de la oposición, de acuerdo con los puntos concretos de coincidencia mientras esto fuese posible pero, al mismo tiempo, preparar a la opinión pública para dar un eventual “autogolpe”, una vez que la oposición se pusiera de acuerdo en enfrentarse con el gobierno. Vale decir, el estudioso norteamericano supone que desde el inicio de su gobierno Fujimori tenía una doble estrategia basada en una perspectiva racional y de mediano plazo (aunque en Kenney 2004, el mismo estudioso enfatiza que Fujimori “aparentó” seguir la doble estrategia; y no está seguro acerca de si el mandatario peruano hizo esto de manera consciente). Nuestro análisis supone en el presidente una actitud y un estilo de respuesta de tipo “cortoplacista”, es decir, sin mayor proyección a cada escenario político que se le presentaba. Sobre el proceso hacia el “autogolpe” y la “solución” del mismo, véase también Centro (1992), Crabtree (1993), Degregori y Meléndez (2007), Diez-Albertini (2001), Edimovie (1993), Ferrero ed. (1992), García (1994), Pardo ed. (1996), Vega-Centeno (1994), Wood (2000). 23.

La oposición dirá que desde la etapa de los preparativos del gobierno Fujimori no tuvo la voluntad de conformar alianzas con los partidos políticos existentes, ya que el presidente electo pidió a los invitados de los partidos formar parte del gabinete ministerial a título personal (Pease 1995: 81). Sin embargo, el mandatario no podía establecer alianzas con los partidos existentes, a menos que ellos mismos adoptaran conductas totalmente distintas de las tradicionales, como mostrar una actitud sumamente positiva y constructiva para formar un consenso, porque durante su campaña electoral Fujimori criticó a los partidos existentes por no haber hecho nada para encarar la crítica situación peruana (entrevista 07: 1994). Por otro lado, la oposición podía colaborar sin conformar alianza con el gobierno de Fujimori en determinadas medidas que se consideraran necesarias para superar diversos problemas del Perú. Como veremos en la siguiente sección, en octubre de 1990 el Congreso aprobó una ley acerca de los reclusos sin sentencia

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Cuando el gobierno anunció la aplicación de las “políticas de choque” a poco tiempo de su instalación, los partidos existentes mostraron la actitud de marcar una línea divisoria con el presidente. Era natural que el PAP y los partidos de la izquierda se opusieran a las medidas, dado lo anunciado en la campaña electoral. Sin embargo, aparte de las declaraciones hechas por cada político a título personal, los partidos de la derecha, como AP y el PPC, tuvieron una posición incoherente, porque si bien ellos habían anunciado el impulso de “políticas de choque” en alianza con Vargas Llosa durante la campaña electoral de 1990, no expresaron el apoyo oficial de sus partidos a dichas medidas.24 Únicamente el Movimiento Libertad publicó un comunicado para señalar que la dirección general de las “políticas de choque” era “básicamente correcta”. Sin embargo, su publicación se hizo el día 24 de agosto, vale decir, transcurridas más de dos semanas después del anuncio de las políticas. Además de esto, el comunicado planteaba que las medidas adoptadas por el gobierno eran defectuosas y que el movimiento tenía “profundas discrepancias” con las mismas. En fin, el comunicado enfatizó insistentemente que la posición del movimiento era distinta de la del gobierno respecto de las “políticas de choque”. No solamente los contenidos de las “políticas de choque” sino también los de otras medidas concretas referentes a la estabilización económica encarcelados por más tiempo que la condena, aceptando en términos generales los objetivos planteados por Fujimori. Esta misma actitud no fue asumida para enfrentar los principales problemas del Perú, como la dificultad económica y el terrorismo. La oposición podía presentar proyectos de ley con un contenido eficaz y realista sobre otros temas importantes que no fueran planteados por Fujimori, pero tampoco lo hizo. 24.

El PPC parece haber comunicado secretamente al gobierno su apoyo a las “políticas de choque”. Sin embargo, para institucionalizar la democracia, la posición oficial del partido debería haberse expresado públicamente. Además de esto los partidos, inclusive el PPC, no presentaron iniciativa legal alguna en el Congreso para apoyar o complementar las medidas tomadas por el gobierno. Años después, en mayo de 2002, cuando se produjo en Arequipa un motín en contra de la privatización de la compañía eléctrica, el entonces ministro del Interior (una persona que criticó duramente a Fujimori en los años noventa), responsable de controlarlo, pidió al PAP, primer partido de la oposición, criticar a los sediciosos como posición oficial del partido (El Comercio y Expreso, 9 de mayo de 2002). Por su parte, el partido no publicó ningún pronunciamiento oficial, y solamente algunos dirigentes del partido declararon a título personal algo ambiguo. Este ministro del Interior debe haber experimentado lo mismo que Fujimori vivió entre julio de 1990 y abril de 1992.

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y a la reforma estructural impulsadas por el gobierno de Fujimori, eran coincidentes con los planteados por los partidos de la derecha junto con Vargas Llosa en la campaña electoral de 1990. Sin embargo, dichas medidas fueron emitidas como decretos supremos de urgencia por el presidente. En los años ochenta, Belaúnde y García promulgaron 667 y 1337 decretos supremos en cada quinquenio; y su promedio mensual fue 11,1 y 22,3, respectivamente. En contraste, Fujimori dio 575 decretos supremos en total durante los 20 meses transcurridos entre la toma de posesión y la realización del “autogolpe”, con un promedio mensual de 28,8, muy por encima del de sus antecesores.25 Los partidos de la derecha no tomaron la iniciativa legislativa de presentar proyectos de ley en torno de medidas económicas de importancia. La oposición tampoco dio importancia al consenso ni tuvo una activa disposición a formularlo. Los partidos de la derecha no estaban dispuestos a colaborar con el gobierno de Fujimori en determinados puntos de coincidencia porque, en primer lugar, el proceso electoral de 1990 les dejó mal sabor de boca respecto de Fujimori: cuando los partidos de la derecha aliados con Vargas Llosa se sentían a punto de alcanzar el poder a través del triunfo de su candidato, apareció Fujimori en la recta final del proceso electoral y la corriente cambió en su contra. Debido a esta amarga experiencia, los partidos de la derecha tenían una especie de celos con relación al mandatario. En segundo lugar, la actitud de estos partidos reflejaba las dudas que tenían sobre el futuro del gobierno fujimorista y sus políticas, pues consideraban que este, en medio de la difícil situación socioeconómica, no tenía bases organizativas en la sociedad. Por eso no desearon, inclusive evitaron, relacionarse con Fujimori.26 25.

Las cifras son de Abad y Garcés (1993: 103). El promedio mensual es un cálculo propio. En el total de Fujimori están incluidos los 32 que tenían el nombre de “Decreto Supremo Extraordinario”, al cual fue cambiado el Decreto Supremo de Urgencia después de entrar en vigencia la Ley de Control Parlamentario de los Actos Normativos del Presidente de la República, publicada el 9 de febrero de 1992.

26.

Tanaka (1998: 209, 218) señala lo mismo. Sin embargo, en otras partes de su libro, el estudioso indica que la oposición era colaborativa en el ajuste económico y en la política antisubversiva (Tanaka 1998: 62, 85), y da la impresión de incoherencia en su descripción (véase también Tanaka [2005: 270]). Al parecer, los partidos de la derecha no estaban dispuestos a colaborar con Fujimori, también debido a las relaciones ocultas entre Fujimori y el PAP, el origen japonés del jefe de Estado y sus relaciones con los evangélicos (Kenney 2004: 98-101).

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Observando con amargura la actitud inactiva y no constructiva de los partidos existentes, después de asumir la presidencia Fujimori profesó como objetivo principal del gobierno la superación concreta y realista de los problemas más graves. Para tal objetivo no titubeó, a veces, en apelar a argumentos y medidas inaceptables a la luz del formalismo legal o moral. El mandatario peruano estaba convencido de que el aferramiento a un legalismo formal por parte de las fuerzas políticas había sido el causante del agravamiento de numerosos problemas; para superarlos, su gobierno debería recurrir incluso a medidas extralegales. Por su parte, esto reflejaba la vivencia de los individuos del sector informal y de los pobres que sufrían una crítica situación socioeconómica y se veían obligados a buscar su supervivencia mediante incluso la realización de acciones ilegales, mientras que gobierno y Estado no hacían realidad los derechos y protección garantizados en la ley. Sin embargo, como veremos en la siguiente sección, esta posición de Fujimori, así como su estilo autoritario de tomar decisiones, causaron nuevas fricciones con los partidos opositores e intensificaron las ya existentes. Al mismo tiempo, es necesario reiterar que la evaluación de la gente común sobre la política autoritaria de Fujimori dependía de los logros concretos que el jefe de Estado obtuviera o no. Vale decir, la gente común apoyaría la política de Fujimori mientras reconociera resultados concretos o, por lo menos, pudiera mantener expectativas de una mejoría en su vida cotidiana. En cambio, el apoyo de la gente común disminuiría a medida que subjetivamente reconociera menos logros o perdiera la confianza en la obtención de mejoras socioeconómicas.

Una alianza provisional frena la profundización del conflicto Uno de los típicos casos del estilo autoritario de Fujimori fue el proceso de la negociación y firma del Convenio entre la República del Perú y los Estados Unidos de América sobre Política de Control de Drogas y Desarrollo Alternativo, que constituyó un hito fundamental para el retorno del Perú a la comunidad financiera internacional. Cuando el gobierno peruano negoció con su par norteamericano, Fujimori no consultó ni conversó en absoluto con los partidos políticos existentes de la oposición, insistiendo en que no se podía hacer público el contenido de la negociación diplomática. En mayo de 1991, Fujimori firmó repentinamente el convenio con los Estados Unidos. Luego de la firma, el jefe de Estado dio cuenta del convenio

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al Congreso, pero rechazó rotundamente las críticas de la oposición. Según Fujimori, el gobierno no podía aceptar modificación ni revisión del documento, porque se trataba de un convenio ya concertado con los Estados Unidos. La firma del convenio causó un conflicto entre Fujimori y la oposición en el Perú, pero mejoró las relaciones diplomáticas con los Estados Unidos. En septiembre de 1991, el jefe de Estado peruano realizó una visita oficial a los Estados Unidos por primera vez en medio siglo. Fiel a su creencia de que en la política se requería de la búsqueda de soluciones concretas para enfrentar los diversos problemas de la sociedad, Fujimori cuestionó, en 1990, la calidad y eficiencia del Poder Judicial, refiriéndose particularmente al problema de los numerosos reclusos encarcelados sin sentencia durante más tiempo que la condena impuesta por la ley; también criticó a la Iglesia católica por haber prohibido el uso de condones, porque ello impedía la ejecución de la planificación familiar. En 1991, como hemos ya visto, el mandatario peruano puso en práctica una serie de medidas contrasubversivas. Una de ellas fue el envío de tropas a las universidades estatales —para recuperar el orden y la autoridad en el recinto universitario— donde SL realizaba sus acciones libremente, lo que nunca se había hecho debido al principio de la autonomía universitaria. Para justificar esta intervención, Fujimori argumentó que la mentada autonomía universitaria era en la práctica nominal, es decir, ficticia, pues los grupos subversivos armados tenían tomadas las universidades impidiendo un ambiente apropiado para la educación. Conforme estas medidas tomadas por Fujimori a través de un fuerte liderazgo impulsaron la estabilización económica, el retorno a la comunidad financiera internacional y la ejecución de la política antisubversiva, el mandatario peruano empezó a contar con el apoyo del círculo económico y financiero, las Fuerzas Armadas, las organizaciones financieras internacionales y los tecnócratas que tenían vínculos estrechos con estas, fuerzas con las que Fujimori no había tenido relaciones durante el proceso electoral de 1990. Por otro lado, como hemos señalado en el capítulo anterior, en el oficialista Cambio 90, que no consiguió la mayoría de escaños del Congreso en las elecciones de 1990, se produjo el conflicto entre Fujimori y los evangélicos después de las elecciones; a causa de ello, doce congresistas (dos senadores y diez diputados) evangélicos fueron expulsados o salieron voluntariamente del oficialismo durante el año 1991 y, consecuentemente, la fuerza oficialista en el Congreso se debilitó más (véase cuadro 3.4). Al

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Cuadro 3.4 distribuCión de esCaños en el Congreso antes del “autogolPe” senado (60 esCaños en total) agosto 1990

de

Marzo 1992

de

diPutados (180 esCaños en total) agosto 1990

de

Marzo 1992

de

Acción Popular

7

7

26

25

Partido Popular Cristiano

5

5

25

24

Movimiento Libertad

7

4

9

7

Solidaridad y Democracia

1

1

2

2

Partido Aprista Peruano

16

16

53

53

Cambio 90

14

12

32

21

Izquierda Unida

6

6

16

14

Izquierda Socialista

3

3

4

4

-

-

7

3

Frente Independiente Moralizador Frente Nacional de Trabajadores y Campesinos Independientes

1

1

3

3

-

5

3

24

Fuente: Elaboración propia sobre la base de las listas de congresistas ofrecidas por la Oficialía Mayor del Congreso de la República. Nota: En las elecciones de 1990, Acción Popular, Partido Popular Cristiano, Movimiento Libertad y Solidaridad y Democracia conformaron una alianza electoral llamada Frente Democrático. El Frente Independiente Moralizador no presentó candidatos para el Senado en 1990. En la categoría de “Independientes” de 1992 están incluidos los desertores de Movimiento Libertad, Cambio 90 y otras agrupaciones.

mismo tiempo, después de la toma de posesión, el primer vicepresidente San Román empezó a distanciarse de Fujimori y tendió a acercarse cada vez más a la oposición mayoritaria del Congreso.27 27.

Fujimori y San Román tuvieron ya conflictos durante la campaña electoral (véase el capítulo II). En julio de 1991, de acuerdo con el reglamento, se llevaron a cabo las elecciones para elegir al presidente y a los dos vicepresidentes de ambas Cámaras.

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A la par que proseguía la tendencia a la desunión del oficialismo, fue aumentando la distancia y la desconfianza mutua entre Fujimori y los partidos existentes de la oposición. La oposición no colaborativa y el jefe de Estado receloso hacia ella se enfrentaron, a menudo, en torno a determinados temas. Por ejemplo, Fujimori intentó, entre septiembre y octubre de 1990, amnistiar a aquellos presos que habían permanecido encarcelados sin sentencia más tiempo que la condena; sin embargo, la oposición respondió negativamente porque constitucionalmente el Presidente de la República no tiene la facultad de otorgar amnistía. Esta polémica se calmó después de que el Congreso aprobó una ley que recogía en términos generales la finalidad planteada por Fujimori. Entre noviembre de 1990 y enero del siguiente año, Fujimori y la oposición se enfrentaron en torno del presupuesto del año 1991. Fujimori propuso el equilibrio presupuestal, pero la oposición insistió en un presupuesto con déficit. El mandatario recurrió a su facultad presidencial y emitió un decreto supremo de urgencia para suspender los puntos modificados y agregados por la oposición —los que obligarían al gobierno al déficit fiscal—, y luego publicó el presupuesto modificado por él mismo. Antes de Fujimori, ningún presidente había tenido la idea de usar dicha facultad para tal objetivo. Aunque la oposición se opuso al manejo de Fujimori, después de unos intercambios de opiniones antagónicas entre las dos partes, finalmente mostró la disposición a aceptar sustancialmente el presupuesto promulgado por el mandatario, porque no encontró disposición legal para revocar dicho manejo. Por otro lado, alrededor de noviembre de 1990 llegó al Palacio de Gobierno el rumor de que una parte de la oposición tenía la intención

En estas elecciones, solamente quedó un vicepresidente del Senado de las filas del oficialismo. Hasta entonces, este había ocupado la presidencia de ambas Cámaras; una vicepresidencia del Senado y dos vicepresidencias de la Cámara de Diputados. La única vicepresidencia que el oficialismo consiguió se debió a las relaciones fluidas que San Román había construido con la oposición (entrevista 09: 1992; 1993). Por otro lado, un ex parlamentario de la oposición criticó a Fujimori, insistiendo en que el jefe de Estado no había entendido ni tolerado a la oposición, a pesar de que en 1990 esta sí había cedido, a cambio de nada, las dos presidencias del Congreso al oficialismo (Cameron 1997: 54). Sin embargo, como hemos señalado en esta sección, desde el punto de vista de Fujimori, la oposición no hizo nada sustancial —aparte del gesto “protocolar” de ceder las dos presidencias— respecto de los graves problemas del Perú.

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de destituir a Fujimori de la presidencia bajo el pretexto de la supuesta evasión de impuestos —denunciada en la campaña electoral— y otros asuntos (entrevista 07: 1992a). Una información similar fue publicada en marzo del siguiente año por un semanario limeño. La revista reportó eufemísticamente que algunos congresistas ya estudiaban la posibilidad de destituir a Fujimori (Caretas N.° 1149). En febrero de 1991 Fujimori, siguiendo el consejo de su asesor De Soto, propuso la instalación de un mecanismo de publicación previa de los proyectos de decretos supremos que permitiera recoger opiniones de la sociedad en general con el objetivo de democratizar el proceso de la toma de decisiones. La oposición rechazó la propuesta, ya que ella mutilaría las funciones del Congreso. Por otro lado, como ya hemos señalado, la oposición reaccionó contra las medidas contrasubversivas que fueron tomadas por el gobierno desde el comienzo de 1991, así como contra el Convenio entre la República del Perú y los Estados Unidos de América sobre Política de Control de Drogas y Desarrollo Alternativo. A pesar de estos conflictos, hasta la primera mitad de 1991, Fujimori y la oposición no llegaron a enfrentarse definitivamente, ni la situación política cayó en un callejón sin salida. Esto se debió a que el mandatario podía aprovechar los intereses de cada partido político para conformar provisionalmente ciertas alianzas con una parte de la oposición, de acuerdo con determinados puntos de coincidencia. Todavía los partidos de la oposición no descartaban totalmente la posibilidad de expresarse a favor o en contra de determinados temas junto con el oficialismo. Concretamente, el mayor opositor, el PAP, pretendía el retorno de García al poder en las siguientes elecciones de 1995, y se preocupaba más que nada de impedir la aprobación de la acusación constitucional contra el ex presidente por supuesto enriquecimiento ilícito u otros temas. Entonces, Cambio 90 podía aprovechar esta preocupación para contar con el apoyo de los apristas en unos u otros asuntos. Por otro lado, el oficialismo podía conseguir también el apoyo de los partidos de la derecha en algunos temas, porque estos coincidían con el gobierno de Fujimori en ciertos puntos de la política económica y, al mismo tiempo, sentían rivalidad con la izquierda (entrevista 09: 1992). De esta manera, entre septiembre y noviembre de 1990, Cambio 90 logró, con el apoyo del PAP, entre otras cosas, nombrar al presidente del Banco Central de Reserva, aprobar un crédito suplementario, bloquear el voto de censura contra el oficialista presidente de la

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Cámara de Diputados y rechazar la acusación constitucional contra el ex presidente García por la matanza en los penales de 1986.28 Por otro lado, junto con los partidos de la derecha, el oficialismo rechazó la moción de censura contra el ministro de Trabajo y Previsión Social, y abolió la ley de estatización de la banca. 5.

La intensificación del conflicto político

Desaparece la posibilidad de conformar una alianza provisional A comienzos de 1991, el PAP empezó a distanciarse gradualmente de Cambio 90, porque el oficialismo estaba cada vez más convencido de que ya no podría resistir la presión creciente de la opinión pública del país que reclamaba investigar la corrupción en el quinquenio aprista, además de su oposición a la política económica adoptada por el gobierno de Fujimori (entrevista 09: 1992). En agosto del mismo año, Cambio 90, los partidos de la derecha y otros aprobaron en el Congreso la acusación constitucional contra cinco ex ministros del gobierno de García por enriquecimiento ilícito. Y finalmente, en octubre, las mismas fuerzas del Congreso aprobaron la acusación constitucional contra el ex presidente García por el mismo cargo. Estos hechos provocaron la ruptura de relaciones del PAP con el oficialismo; este partido, como veremos más adelante, cambió su conducta hasta el momento conciliadora y adoptó una de enfrentamiento frontal contra el gobierno de Fujimori. Mientras sus relaciones con el PAP se deterioraban, Cambio 90, junto con los partidos de la derecha, aprobó en mayo de 1991 —antes de la aprobación de la acusación constitucional contra cinco ministros apristas— la facultad legislativa al Poder Ejecutivo en materia de creación del empleo, la promoción de la inversión privada y la pacificación.29 El gobierno de Fujimori había pedido la facultad legislativa también en el asunto de la reforma

28.

Aprovechando la celebración de la reunión del Socialismo Internacional, los militantes de SL encarcelados en tres penales de Lima y Callao tomaron sendas instalaciones penitenciarias. Las fuerzas del orden reprimieron violentamente a los reclusos; más de cien de ellos murieron en la operación militar.

29.

Se refiere a la política antisubversiva.

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del Estado, pero el Congreso no la permitió, argumentando que el alcance de la facultad solicitada para la reforma del Estado era demasiado extenso. A pesar de todo ello, es necesario señalar que aunque Fujimori conformó alianzas provisionales con secciones de la oposición en determinados puntos de coincidencia, el jefe de Estado no pudo esperar mucho de la oposición en lo que se refería al contenido concreto de la coincidencia, como sugieren los ejemplos indicados en las líneas anteriores. Vale decir, nunca fue aprobada en el Congreso por la iniciativa o con el apoyo de la oposición ninguna ley eficaz que abordara frontalmente algún problema grave del Perú. Además, aunque a principios de agosto de 1990 comenzó la primera legislatura de los congresistas elegidos en los comicios del mismo año, sus gestiones fueron lentas, inactivas e improductivas. La primera aprobación de una ley en el Congreso —la ley que otorgaba la facultad legislativa en asunto de la tributación— se produjo recién a mediados de octubre; ella fue aprobada por unanimidad. Esto muestra simbólicamente la escasa capacidad del Congreso para elaborar leyes. Por otro lado, entre agosto de 1990 y marzo de 1992, el Congreso aprobó en total 142 leyes; sin embargo, entre ellas no figura ninguna que abordara frontalmente los arduos problemas nacionales, como la crítica situación socioeconómica o el terrorismo (Congreso de la República 2000). Fujimori no tuvo disposición alguna para tratar seriamente con esta oposición pasiva que no mostraba una actitud constructiva. Lo máximo que el jefe de Estado esperó de la misma fue el otorgamiento de la facultad legislativa al Poder Ejecutivo para superar los problemas difíciles del país (entrevista 08: 1992a; Torres y Torres Lara 1992: 149-150). En la segunda mitad de 1991, las alianzas provisionales con una parte de la oposición en determinados puntos de coincidencia, incluso la aprobación de la facultad legislativa al gobierno, dejaron de funcionar después de que prosperara la acusación constitucional contra García con el apoyo del oficialismo y los partidos de la oposición en octubre del mismo año. En noviembre, en medio de un conflicto cada vez más intenso entre Fujimori y la oposición —que veremos más adelante— fue denegado el pedido gubernamental de la concesión de facultades legislativas en materia de tributación. Meses antes de que dejara de funcionar la alianza provisional con la oposición, se produjo un suceso en torno de la política antisubversiva que afianzó definitivamente en Fujimori la fuerte desconfianza que sentía hacia los partidos de la oposición. De Soto había propuesto al mandatario

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la realización de un diálogo entre el gobierno y todos los partidos políticos sobre la política antisubversiva para discutir y construir un consenso en torno de las medidas que se deberían adoptar. El mandatario peruano aceptó la propuesta y convocó a todos los partidos al diálogo, que comenzó en mayo de 1991 y duró aproximadamente dos meses con la participación de los representantes del gobierno y de trece partidos políticos, incluidos los cuatro principales de la década anterior. Sin embargo, la oposición no hizo ninguna propuesta concreta. Dos documentos ambiguos y abstractos fueron los únicos resultados del diálogo. En mayo, después de la primera reunión, los participantes dieron a conocer un comunicado de tres líneas que expresaba su disposición a colaborar con el gobierno en la política antisubversiva; y en la última reunión de julio, los asistentes firmaron un documento de acuerdo que señalaba únicamente que los firmantes colaborarían con el gobierno en la aplicación de una política antisubversiva que respetara los derechos humanos. Tanto la actitud poco constructiva de la oposición en el diálogo como el pobre resultado del mismo causaron, más tarde, el fuerte rechazo de Fujimori a la oposición que derogó y modificó los decretos legislativos sobre la pacificación (entrevista 07: 1992a; entrevista 08 1992a; Torres y Torres Lara 1992: 105-106, 157-160). Simultáneamente, al no plantear política contrasubversiva concreta alguna a la opinión pública, la oposición reveló su falta de voluntad para intervenir en una discusión democrática y su incapacidad para formular una política eficaz. Mientras disminuía la probabilidad de conformar una alianza provisional con una parte de la oposición, la sombra de la destitución de Fujimori intensificó el recelo del mandatario hacia esta; y empujó las relaciones de fricción entre las dos partes a un enfrentamiento más definitivo. Este se produjo cuando se descubrió, a fines de agosto de 1991, la invasión de las tropas ecuatorianas al territorio peruano. Este incidente fue superado por la separación de las tropas de ambos países, que estaban a punto de comenzar un enfrentamiento militar. Sin embargo, en la sesión secreta de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado celebrada a principios de septiembre, una parte de la oposición planteó la responsabilidad política del jefe de Estado en la forma como se había solucionado el incidente con Ecuador y, de este modo, dejó entrever su posición de pedir la destitución de Fujimori. Aunque en aquel entonces la destitución del presidente no contó con el apoyo de la mayoría del Congreso, la desconfianza de Fujimori hacia la oposición aumentó aun más (entrevista 08 1992a; Torres y

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Torres Lara 1992: 80-86). De todas maneras, el caso de la invasión ecuatoriana fue resuelto políticamente en noviembre de 1991 por la renuncia del Primer Ministro y canciller Torres y Torres Lara, quien no había podido evitar ser citado por el Congreso para explicar el manejo de un documento confidencial en la cancillería. Fue nombrado como sucesor Alfonso de los Heros, ministro de Trabajo y Previsión Social.

El conflicto frontal entre Fujimori y la oposición Mientras la fisura entre el mandatario y las fuerzas opositoras se agrandaba, estas empezaron a hacer gestiones cada vez más intensivas para aprobar la llamada Ley de Control Parlamentario de los Actos Normativos del Presidente de la República (en las siguientes líneas abreviaremos esta ley como la Ley de Control). Esta ley permitiría al Congreso declarar la anulación de las disposiciones que fueron promulgadas por el presidente sobre la base de las facultades establecidas en la Constitución, como los decretos supremos de urgencia, la declaración del estado de emergencia, tratados y convenios firmados con otros países. Provocada por una serie de actos unilaterales de Fujimori —la suspensión mediante el decreto supremo de urgencia de una parte del presupuesto aprobado por la oposición, la negociación y firma sin consultar con la oposición del Convenio de Colaboración en el Control de Drogas con los Estados Unidos, etc.—, la oposición presentó dicho proyecto de ley con el pretexto de impedir el abuso de las facultades presidenciales. Pero Fujimori se opuso empecinadamente al proyecto, argumentando que la ley mutilaría las facultades presidenciales establecidas en la Constitución y que, por ello, era inconstitucional. Por lo menos era cierto que la Ley de Control pretendió limitar incluso ciertos actos presidenciales basados en las facultades constitucionales que habían practicado normalmente los presidentes de AP y el PAP durante los años ochenta.30 La oposición intentó aprobar este tipo de ley sin deliberar previamente sobre su contenido con Fujimori. A estas alturas, la oposición empezó a hacer gestiones para limitar las facultades presidenciales porque, aprovechando su mayoría en el Congreso, quiso imponer una especie de

30.

Unos especialistas comentaron esto al autor en aquel entonces. Véase también Kenney (1996: 97).

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sanción al jefe de Estado que había incurrido en la realización de actos unilaterales; no fue su intención promover la institucionalización de la política formulando determinadas reglas y normas de conducta sobre la base del consenso o entendimiento entre el oficialismo y la oposición.31 El proceso de la aprobación de la Ley de Control empezó a arrancar a toda escala, cuando a fines de octubre de 1991 —antes de que empezara el enfrentamiento frontal entre Fujimori y la oposición— la comisión correspondiente aprobó el proyecto de ley enviado por el Senado y modificado por unanimidad por la oposición. A principios de diciembre, la Cámara de Diputados en sesión plenaria aprobó el proyecto de ley con el apoyo mayoritario de la oposición, 31.

Sobre la Ley de Control, la oposición opinó que desde los años ochenta los presidentes habían venido abusando de las facultades presidenciales y que era necesario controlar su uso. En caso de que fuese cierta esta opinión, la oposición habría debido hacer esfuerzos por deliberar con Fujimori y llegar a cierto nivel de consenso o entendimiento, por lo menos, desde que empezó la nueva legislatura en fines de julio de 1990 (lo ideal hubiera sido discutir sobre el tema durante la campaña electoral de 1990). Por lo tanto, este argumento de la oposición no explica por qué recién en la segunda mitad de 1991, las fuerzas opositoras mayoritarias —hasta entonces, cada una había presentado su propio proyecto de la ley— unificaron el texto de la ley e impusieron conjuntamente al Poder Ejecutivo una norma que le imposibilitó fundamentalmente el ejercicio de ciertos actos presidenciales practicados normalmente en los gobiernos anteriores. Algunos insisten en que la Ley de Control sigue vigente hasta ahora, porque Fujimori y sus seguidores no la derogaron expresamente (Osterling 2005: 441). Pero la Ley de Control estaba hecha a partir de la Constitución Política de 1979, la cual ya no está vigente. La Ley de Control no se refiere a ningún artículo de la Constitución Política de 1993 que actualmente está vigente; por lo tanto, dicha Ley en sí resulta inaplicable. Además, la Constitución de 1993 y otras leyes reemplazaron la mayor parte del contenido de la Ley de Control que, de este modo, perdió vigencia en la práctica. Por otro lado, algunos estudiosos que se concentran en el análisis de los actos unilaterales de Fujimori señalan que en la segunda mitad de 1991 algunos parlamentarios pertenecientes a la oposición mostraron al mandatario peruano su disposición a ponerse de acuerdo con el gobierno sobre algunos temas como la política contrasubversiva con ciertas condiciones, pero que Fujimori rechazó la propuesta (véase, entre ellos, Cotler 1994: 206; 1999: 26). Sin embargo, dicha propuesta estuvo limitada no solamente porque se trataba de una iniciativa hecha a nivel personal e individual, no partidario, sino también porque le faltaban contenidos concretos. Para Fujimori, quien ya para entonces había acumulado bastante desconfianza hacia la oposición, esta propuesta de unos parlamentarios no demostraba una actitud lo suficientemente comprometida con la superación de la difícil situación del país que le permitiera disipar o aliviar sus recelos frente a la oposición. Al respecto, véase la nota 24 de este capítulo.

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en medio de una tensa situación de confrontación entre el mandatario y las fuerzas opositoras. Una vez que el proyecto de ley pasó a la Cámara de Senadores, este fue aprobado también en sesión plenaria, dos días después de la aprobación en el pleno de la Cámara de Diputados. Las relaciones entre Fujimori y la oposición entraron en la etapa de conflicto frontal con motivo de la publicación masiva de decretos legislativos por parte del gobierno en noviembre de 1991. Ellos fueron emitidos por el gobierno sobre la base de la facultad legislativa otorgada por el Congreso en mayo del mismo año en torno del asunto de la creación del empleo, la promoción de la inversión privada y la pacificación (política antisubversiva), cuyo plazo vencía a fines de noviembre. Usando dicha facultad, el gobierno publicó en total 117 decretos legislativos y, de ellos, 83 fueron publicados intensivamente en noviembre.32 Entre los numerosos decretos legislativos, la oposición cuestionó principalmente los relativos a la pacificación. La oposición desaprobó muchos de ellos, insistiendo en que las facultades del Estado y de las Fuerzas Armadas se habían fortalecido en diversos aspectos. Por ejemplo, uno de los decretos reglamentaba la aplicación de una condena severa —que incluía el encarcelamiento— a quienes reportaran por los medios de comunicación alguna información considerada confidencial por el gobierno. Frente a las críticas de la oposición, Fujimori defendió los decretos legislativos argumentando que se trataba de medidas de emergencia ante la presencia activa y expansiva de los grupos terroristas, y que la oposición no había presentado ninguna alternativa eficaz. La oposición derogó o modificó en el Congreso 15 de los 40 decretos legislativos publicados por Fujimori en torno de la pacificación. Aunque Fujimori rechazó la posición de la oposición, finalmente, en enero de 1992, ella impuso legalmente su postura sobre la del jefe de Estado.33 Fujimori se quejó de que la derogación y 32.

Se dice normalmente que el gobierno publicó 126 decretos legislativos basados en la mencionada facultad, pero el documento oficial del gobierno dice que eran 117 (Directorio de Editora Perú, S. A. ed. 1991: 7).

33.

El Congreso impuso su voluntad a través del procedimiento del artículo 193� de la Constitución Política de 1979. Vale decir, en caso de que el presidente tenga observaciones respecto de una parte o la totalidad de la ley aprobada en el Congreso, el mandatario puede presentarlas al Congreso quince días después de la aprobación parlamentaria. Si la ley original se ratifica con el apoyo de la mayoría absoluta en ambas Cámaras, entonces el presidente del Congreso puede publicar la ley original.

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modificación de los decretos legislativos en el Congreso habían provocado un fuerte retroceso en la política antisubversiva, que regresó al estado en que se encontraba antes de su publicación. En estos meses, Fujimori y la oposición chocaron fuertemente respecto de otros diversos asuntos. A modo de ejemplo, en diciembre de 1991 el presupuesto del año 1992 constituyó un tema candente entre las dos partes, como el año anterior. Mientras el mandatario insistió en mantener el equilibrio presupuestal para controlar la inflación, la oposición hizo inevitable el déficit fiscal al aumentar el gasto en la ayuda social y en otros renglones. De este modo, ambos lados mostraron una actitud intransigente sobre el tema. Debido a la Ley de Control, Fujimori tenía restringido el uso de las facultades presidenciales, y no podía acudir a la emisión de decretos supremos de urgencia para bloquear —como había hecho el año anterior— los puntos que causaran déficit. Por eso, el jefe de Estado se vio obligado a publicar el presupuesto deficitario tal y como había sido aprobado en el Congreso por la oposición. Esto significaba que el Perú no podría cumplir con su promesa de equilibrio presupuestal hecha al FMI. Además de esto, otros diversos asuntos, como la aprobación de la Ley de Emergencia Agraria, la censura contra el ministro de Agricultura y la eventual destitución de Fujimori, agravaron las relaciones ya muy deterioradas entre Fujimori y la oposición. La Ley de Emergencia Agraria fue aprobada a fines de noviembre de 1991 por la oposición con el objetivo de recuperar y apoyar al sector agrario. El jefe de Estado criticó la ley porque ella obligaría al gobierno a incurrir en un déficit fiscal de unos trescientos millones de dólares para subsidios y otros gastos. La censura contra el ministro de Agricultura se produjo con motivo de las críticas provocadoras hechas por Fujimori a la oposición. En un De acuerdo con este trámite, el Congreso dominado por la oposición rechazó las observaciones de Fujimori respecto de la derogación y modificación de los decretos legislativos sobre la pacificación. Pueden encontrarse las críticas a los decretos legislativos sobre la pacificación en Rospigliosi (1996), Tapia (1997) y Vidal (1993), entre otros. Por otro lado, mientras Belaúnde y García usaron el veto presidencial 38 y 60 veces respectivamente durante su mandato; vale decir, 0,6 veces y 1,0 veces mensuales, Fujimori acudió al veto 35 veces, 1,8 veces mensuales, entre julio de 1990 y marzo de 1992 (Abad y Garcés 1993: 103 [el promedio mensual es un cálculo hecho por el propio autor]). Estas cifras también demuestran cuán intenso fue el conflicto entre Fujimori y la oposición.

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discurso pronunciado a principios de diciembre de 1991, el mandatario condenó a las fuerzas opositoras como partidistas, y dijo que “convendría quizás que haya un emperador y que pase por lo menos 10 años resolviendo problemas” (Fujimori 1992: 65). Aunque el mandatario inmediatamente después comentó que no tenía tal intención, estas palabras complementarias no tuvieron el efecto de aliviar y calmar la indignación de las fuerzas opositoras. La oposición, indignada, aprobó la censura contra el ministro de Agricultura con relación al asunto de la Ley de Emergencia Agraria. Esta censura fue la primera hecha por el Congreso contra un ministro después de que se promulgó la Constitución Política de 1979, que obligaba al ministro censurado a renunciar a su cargo, pero no precisaba dentro de cuánto tiempo después de la censura el presidente debería aceptar la carta de renuncia del ministro censurado y destituirlo de su cargo. Entonces, Fujimori dejó de lado el asunto de la renuncia del ministro de Agricultura y le permitió permanecer en el cargo durante dos semanas. La eventual destitución del presidente se hizo pública después de que el Congreso derogara un decreto legislativo promulgado por Fujimori para erradicar el lavado de dinero relativo al narcotráfico; esta ley formaba parte de la política contrasubversiva, porque los cárteles del narcotráfico entregaban dinero a los grupos subversivos a cambio de su protección. A principios de diciembre, el mandatario peruano se refirió a la derogación del decreto en un discurso, y provocó a la oposición, afirmando que habría un lobby34 de los cárteles en el Congreso. Indignados por esta provocación de Fujimori, el Senado aprobó inmediatamente una moción crítica al jefe de Estado, presentada por un senador de AP, condenando las palabras del mandatario que “descalifican moralmente a su autor”. El texto de la moción estaba elaborado tomando en consideración el artículo 206� de la Constitución Política de 1979, que especificaba las causas de la vacancia del presidente, entre ellas, la “incapacidad moral declarada por el Congreso”. En la Cámara de Diputados, el PAP propuso una moción del mismo contenido que fue rechazada debido a las gestiones del PPC. Este partido temió que la destitución de Fujimori pudiera provocar un golpe de Estado.35

34.

Es el acto de cabildear.

35.

Acerca de estas mociones contra Fujimori, véase también Alva (1993: 276-282) y Delgado (1992: 44-46).

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Nos parece importante reiterar que la disposición a destituir a Fujimori de la oposición no se hizo pública repentinamente a fines de 1991. Como hemos indicado en líneas anteriores, a fines de 1990 llegó al Palacio de Gobierno la información de que una parte de la oposición estaba dispuesta a destituir a Fujimori. En marzo del siguiente año, otra información similar se reportó en una revista. En septiembre de 1991, después de que se descubrió la invasión ecuatoriana al territorio peruano, la eventual destitución de Fujimori se presentó como un acto concreto de las fuerzas antifujimoristas en el escenario del Congreso, aunque la misma no se convirtió en una opinión mayoritaria de los parlamentarios. Ahora, en diciembre del mismo año, en la Cámara de Senadores se llegó a aprobar una moción que amenazaba con la destitución del jefe de Estado. Vale decir, Fujimori comprobó que las fuerzas opositoras fueron intensificando gradualmente su disposición a destituirlo en el transcurso de 1991. En medio de esta situación, el Congreso, dominado por la mayoritaria oposición, pretendía controlar al presidente mediante la Ley de Control. Proporcionalmente a estos sospechosos movimientos de la oposición, Fujimori fue incrementando la guardia contra y acumulando más desconfianza hacia las fuerzas opositoras.

La decisión del “autogolpe” y la cuenta regresiva para su realización Frente al conflicto cada vez más intenso y profundo con la oposición, Fujimori, al parecer a fines de noviembre de 1991, decidió llevar a cabo el “autogolpe” y empezó a prepararlo. Pensamos así porque, según un testigo que trabajó como colaborador cercano del presidente en estos años, Fujimori comenzó a escaparse del Palacio de Gobierno y a visitar con frecuencia la Comandancia General del Ejército36 los últimos días de noviembre de 1991 con la excusa de utilizar el gimnasio de dicha Comandancia (entrevista 07: 1992a). Finalmente, el jefe de Estado llegó a la conclusión de que la situación política había alcanzado ya un punto extremo en que solo una de las dos partes, él o la oposición, sobreviviría, y tomó la determinación de dar el “autogolpe”. En efecto, las cada vez más deterioradas relaciones con la oposición crearon una situación cada vez más grave y tensa. En primer lugar, la eventual destitución del presidente, que se había mencionado en un inicio

36.

Se conoce más popularmente como “Pentagonito”.

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como una información de menor importancia o en un reporte de un semanario, se presentó como un acto concreto de la oposición en el Congreso con motivo de la invasión ecuatoriana al territorio peruano en agosto de 1991. En segundo lugar, la oposición tomó la iniciativa, en octubre del mismo año, de pretender limitar las facultades presidenciales mediante la Ley de Control. En tercer y último lugar, a fines de noviembre, el Senado derogó o modificó los decretos legislativos emitidos referentes a la pacificación, lo que condujo, como última gota que rebasó el vaso, el conflicto entre Fujimori y la oposición a la etapa de antagonismo inconciliable.37 De acuerdo con nuestro análisis, la decisión de realizar el “autogolpe” constituye también uno de los ejemplos del estilo “cortoplacista” de Fujimori, el de tomar decisiones de acuerdo con la situación que enfrenta en cada momento. Algunos estudios analizan que el mandatario peruano buscaba la oportunidad de realizar el “autogolpe” desde la toma de posesión de 1990 debido a su codicia por el poder o para abrirse el camino

37.

Existen también dos testimonios que refuerzan la idea de que Fujimori tomó la resolución de ejecutar y empezar a preparar el “autogolpe” a fines de noviembre de 1991. Uno de ellos es el testimonio del propio Fujimori. En sus memorias publicadas en serie en un periódico japonés, el mandatario peruano dijo que “fue en noviembre de 1991 cuando se me ocurrió [lo de] las medidas radicales”, luego de mencionar que las fuerzas opositoras habían derogado los decretos legislativos sobre la pacificación sin presentar alternativa alguna, y que incluso se había notado la intención de destituir al presidente (Fujimori 1999: N.° 15). Como hemos señalado en las líneas anteriores, la intención de la destitución presidencial se presentó en el Congreso con motivo de la invasión ecuatoriana al territorio peruano en agosto de 1991. Por otro lado, la derogación y modificación de los mencionados decretos legislativos fueron realizadas en el Senado por la oposición entre el 25 y 26 de noviembre del mismo año. Entonces, podemos pensar que Fujimori tomó la resolución de ejecutar el “autogolpe” después del rechazo de la oposición a los decretos legislativos. No podemos negar la posibilidad de que la intención de destituir al presidente mencionada por Fujimori en sus memorias se refiriera a la moción aprobada en el Senado en diciembre de 1991. Aun en caso de que sea así, esto no cambia el sentido del testimonio: para Fujimori, la derogación y modificación de los decretos legislativos sobre la pacificación constituyeron la última gota para tomar la decisión del “autogolpe”. El otro testimonio es el de Loayza, quien menciona que Montesinos hizo una consulta sobre la posibilidad de un “autogolpe” con dos conocidos suyos —uno de ellos fue Loayza— a principios de noviembre de 1991 (Bowen y Holligan 2003: 133-134; Loayza 1998: 87). Parece que en estos días se discutió intensamente sobre el tema en el entorno del asesor del SIN. La decisión presidencial se produjo más tarde, al parecer, a fines del mismo mes.

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de la reelección.38 Desde nuestro punto de vista, estos análisis no toman en consideración la actitud y conducta de la oposición señaladas en esta sección. En otras palabras, su perspectiva está limitada porque no incluyen en su análisis el proceso mediante el cual Fujimori quedó convencido cada vez más firmemente, conforme transcurría el tiempo, de que con la oposición no se podía resolver más. Pensamos que es una hindsight (explicación retrospectiva, la manera de interpretar la intención o voluntad del actor sobre la base del resultado histórico) pensar que Fujimori pretendía dar el “autogolpe” desde el comienzo de su gobierno. Otro tipo de análisis que también cuestionamos es el que plantea que el mismo plan del “autogolpe” fue elaborado confidencialmente, ya a fines de los años ochenta, por las Fuerzas Armadas afectadas por la crisis del terrorismo; y que, luego de la instalación del gobierno de Fujimori, el jefe de Estado hizo propio el plan en su afán de estrechar sus relaciones con las Fuerzas Armadas.39 Sin embargo, aun cuando fuera cierta la existencia de tal plan, ello no implica automáticamente que su ejecución fuera aceptada por el presidente. Debemos distinguir conceptualmente entre la existencia de un plan y la decisión de su realización. Fujimori ha señalado que nunca vio el plan mencionado por algunos análisis (Fujimori 2002: 114).40 38.

Véase, entre otros, Cameron (1997: 50-62), McClintock (1993: 114-115; 1996: 55-65), Rospigliosi (1996; 2000b), A. Vargas Llosa (1993).

39.

Véase, por ejemplo, Cameron (1997), CVR (2003 tomo III: 59-159), Rospigliosi (1996; 2000b).

40.

Podemos decir con sarcasmo lo siguiente: si analizáramos que la política peruana de los primeros años de la década de 1990 se desarrolló tal y como había sido planificado por las Fuerzas Armadas secretamente a fines de la década anterior, entonces deberíamos concluir que las fuerzas opositoras desempeñaron —como si fueran títeres— el papel asignado en dicho plan; y, al mismo tiempo, alabar la exactitud del análisis y proyección de mediano plazo de quienes concibieron el plan. En cuanto a la posibilidad de que Fujimori buscara desde 1990 la oportunidad de cambiar las reglas constitucionales para permitir su reelección, como analizaremos en el siguiente capítulo, pensamos, sobre la base de las fuentes cercanas a Fujimori, que el mandatario peruano decidió candidatear en las siguientes elecciones entre fines de 1992 y principios de 1993 alentado por el “éxito” del “autogolpe” y el triunfo en las elecciones para el llamado Congreso Constituyente Democrático, así como influenciado por Montesinos. Por otro lado, aunque es cierta la suposición de que “Fujimori no habría logrado conseguir el alto nivel de apoyo, si hubiera dado el ‘autogolpe’ a mediados de 1991”, cuando su popularidad estaba baja (Tanaka 2001: 75), a Fujimori se le ocurrió la idea después (en noviembre de 1991), como hemos señalado.

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Al mismo tiempo, debemos señalar que es poco acertado relacionar directamente el “autogolpe” con la política económica neoliberal. Algunos analistas indican que Fujimori hizo el “autogolpe” o sintió la necesidad de hacerlo para impulsar más la reforma económica neoliberal. Incluso existe un estudio que califica al “autogolpe” como neoliberal.41 Sin embargo, como hemos descrito antes, Fujimori tomó la resolución de ejecutar el “autogolpe” a causa principalmente del conflicto existente con la oposición en torno de su eventual destitución, a las facultades constitucionales como presidente y a los dispositivos sobre la pacificación. Aunque ciertamente existieron fuertes diferencias entre Fujimori y la oposición sobre la política económica neoliberal, este asunto no constituía una causa directa, sino una de las secundarias de la trascendental decisión de Fujimori.42 De hecho, un colaborador cercano al presidente en estos años comentó que las discrepancias en torno del presupuesto de 1992 constituían una parte de la maniobra opositora para primero arruinar toda la política de Fujimori y después destituirlo (entrevista 07: 1993b).43 El mandatario peruano se preocupaba mayor y principalmente por su eventual destitución y, como hemos indicado, la derogación o modificación de los decretos legislativos sobre la pacificación constituyó el detonante de la decisión de ejecutar el “autogolpe”. Ahora bien, en medio del conflicto cada vez más profundo entre Fujimori y la oposición, el ex presidente García intensificó sus actividades en contra del gobierno, lo que hizo más tensas las relaciones entre ambas partes. De acuerdo con el trámite constitucional, la fiscalía acusó al ex presidente ante la Corte Suprema por enriquecimiento ilícito, sobre la base de la acusación constitucional aprobada en el Congreso. Entonces, García ejerció su influencia en el Poder Judicial, y, para fines de 1991, logró que la Corte Suprema rechazara la acusación. Esto fue posible porque García controlaba sustancialmente la Corte Suprema a través de cinco vocales que habían sido nombrados en el quinquenio aprista. La conducta de la más alta 41.

Véase, por ejemplo, Cameron (1994) y Mauceri (1995).

42.

Posteriormente Cameron (1997: 69) corrigió su opinión anterior indicando que la reforma económica era la razón secundaria del “autogolpe”. En su lugar, enfatiza la amenaza del terrorismo como la causa principal del mismo. En cualquier caso, su punto de énfasis es distinto del de nuestro análisis.

43.

Huelga decir que en el Palacio de Gobierno se percibió la intención opositora de imponer la Ley de Control también en este contexto.

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instancia judicial, obediente al ex presidente, causó una fuerte indignación en la gente común. Muchos peruanos quedaron aturdidos nuevamente por la parcialidad y partidismo del Poder Judicial. Por otro lado, en el mismo diciembre, García publicó un libro titulado El nuevo totalitarismo, en el que calificaba a la política económica neoliberal como “nuevo totalitarismo”, y criticó duramente al gobierno de Fujimori que impulsaba dicha política, porque ella había causado más pobreza (García 1991). Además de esto, en febrero de 1992, cuando se celebró la asamblea general del PAP, el ex presidente García fue elegido y nombrado secretario general por aplauso —un método no transparente— en el mismo lugar de la reunión, aunque previamente había declinado a lanzarse como candidato en el proceso electoral. Fue obvio que se trataba de una maniobra superficial hecha por García, que dominaba su partido. Después de su elección y nombramiento como secretario general, García complotó con las entidades públicas que seguían bajo la influencia del PAP, entre ellas el Poder Judicial, la Contraloría General de la República, el Tribunal de Garantías Constitucionales, la Superintendencia de Banca y Seguros y los gobiernos regionales con el objetivo de impedir la realización de diversas políticas llevadas a cabo por el gobierno de Fujimori, principalmente las económicas. Uno de los efectos de la maniobra aprista fue la resolución que declaraba inconstitucional la reforma del sistema de compensación por tiempo de servicios hecha por el gobierno, emitida por el Tribunal de Garantías Constitucionales a principios de marzo. A fines de este mismo mes, el ex jefe de Estado propuso a las fuerzas opositoras la conformación de un frente nacional de partidos políticos en contra del “nuevo totalitarismo”. Por otro lado, en marzo de 1992, una parte de la oposición, preocupada por las dimensiones que estaba tomando el conflicto cada vez más intenso entre Fujimori y las fuerzas opositoras, pretendió a escondidas arreglar las relaciones con el mandatario peruano. Concretamente, de los Heros, Primer Ministro y ministro de Trabajo y Previsión Social, que nunca fue advertido sobre el “autogolpe”, realizó unas consultas secretas con una parte de los congresistas de los partidos de la derecha como PPC, con el objetivo de buscar alguna solución. En ellas, ambas partes se pusieron de acuerdo en algunos puntos como aprobar algunas leyes contrasubversivas que incorporaran las propuestas gubernamentales, cambiar a los vocales de la Corte Suprema y el Tribunal de Garantías Constitucionales fuertemente influenciados por el PAP y rechazar la moción de censura contra

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Boloña, ministro de Economía y Finanzas, presentada por la bancada aprista. Los puntos acordados serían presentados al Congreso y sometidos a la discusión en la nueva legislatura que se inauguraría el día 7 de abril. Sin embargo, estas consultas secretas y el acuerdo logrado no tuvieron sentido para Fujimori, que ya había decidido llevar a cabo el “autogolpe” por dos razones. En primer lugar, estos acercamientos de una parte de los congresistas de los partidos de la derecha con miras a conformar cierto consenso le parecían demasiado tardíos para lograr revertir la situación de conflicto agudo y desconfianza mutua existente entre el oficialismo y la oposición, que había llegado a niveles sumamente graves.44 En segundo lugar, debemos señalar que los puntos de consenso alcanzados entre el Primer Ministro y una parte de la oposición no incluían algunos temas fundamentales, como el contenido concreto del presupuesto y de las medidas económicas, y especialmente el asunto referente a la Ley de Control. Estas omisiones hicieron pensar a Fujimori que, pese al consenso, a partir de abril de 1992 tendría que seguir enfrentando la misma situación ardua con sus manos y pies atados, en caso de no hacer nada al respecto. De todas maneras, mientras seguía preparando el “autogolpe” progresivamente, Fujimori no objetó que su Primer Ministro hiciera consultas secretas con una parte de la oposición para que las fuerzas opositoras no se dieran cuenta de sus preparativos. En un principio, Fujimori tenía prevista la ejecución del “autogolpe” pocos días después de su regreso de la visita oficial al Japón llevada a cabo a mediados de marzo.45 Sin embargo, a fines de marzo, la realización del “autogolpe” fue postergada un poco porque Susana Higuchi, Primera Dama

44.

Degregori y Rivera (1993: 17) señalan también que una parte de la oposición se acercó secretamente al gobierno a destiempo.

45.

Fujimori hizo una visita oficial al Japón entre el 15 y el 21 de marzo de 1992. Durante su estadía en Japón, en ningún momento se refirió a la realización del “autogolpe”. La única oportunidad en la que Fujimori insinuó algo sobre este fue cuando un funcionario del gobierno japonés le preguntó qué haría con sus ya tensas y empeoradas relaciones con el Congreso; el mandatario peruano respondió que las empeoraría aun más. Sin embargo, el funcionario no entendió bien ni dio importancia a lo que Fujimori quería decir; recién unas semanas después, cuando se produjo el “autogolpe”, recordó y entendió lo que había dicho el mandatario peruano. Por otro lado, Fujimori parece haber evitado realizar el “autogolpe” antes de la visita oficial a Japón, cuando tomó la resolución de hacerlo a fines de noviembre de 1991, porque ya la visita oficial había estado programada entre los gobiernos.

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—quien ya para entonces había estado aislada en el Palacio de Gobierno— hizo una crítica pública contra su cuñado Santiago Fujimori y otros miembros de la familia Fujimori (entrevista 07: 1993a). La crítica de la Primera Dama no tenía fundamentos; ella fue persuadida por una persona que tenía que ver con la oposición y que formaba parte de su entorno. 6.

El “autogolpe” y la búsqueda de un camino a la normalización

El “autogolpe” apoyado en el Perú Las relaciones conflictivas y tensas entre Fujimori y las fuerzas opositoras explotaron el día 5 de abril de 1992, cuando se consumó el “autogolpe”. En la noche de esta fecha, el mandatario peruano dio un discurso repentino a través de los canales de televisión y la radio y, luego de criticar duramente a la oposición por haber buscado solo sus intereses partidarios y haber obstaculizado los esfuerzos de su gobierno en favor de la reestructuración del Estado y el desarrollo nacional, anunció la suspensión temporal de la Constitución Política y la realización de diversas medidas de emergencia, como el cierre del Congreso, la renovación del Poder Judicial, y la redacción de una nueva Constitución Política.46 Como hemos citado en el epígrafe de este capítulo, el objetivo de estas medidas extremas, según Fujimori, no era el rechazo de la “democracia real” sino, por el contrario, la construcción de una “democracia legítima y eficiente” que convirtiese al Perú en un país justo y desarrollado (Fujimori 1992a). El “autogolpe” constituyó una ruptura del orden constitucional solamente once años y nueve meses después de la transferencia del poder a la civilidad en 1980. Fue denominado así porque el presidente civil y constitucional destruyó, con el apoyo de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, la base legal sobre la cual él mismo había resultado elegido. 46.

Como posible medida legal, Fujimori podía acudir a la facultad de “disolver la Cámara de Diputados si ésta ha censurado o negado la confianza a tres Consejos de Ministros” (artículo 227� de la Constitución Política de 1979, la vigente en aquel entonces). Esta alternativa no le pareció atractiva al jefe de Estado porque, en primer lugar, es políticamente improbable que la oposición, a sabiendas de que la Cámara de Diputados sería disuelta, aprobara tres veces la censura contra el gabinete ministerial; y, en segundo lugar, porque en caso de que el jefe de Estado lograra disolver la Cámara de Diputados, en el Senado las fuerzas claramente opositoras a Fujimori habrían seguido siendo la mayoría.

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Durante poco menos de nueve meses, desde el anuncio del “autogolpe” hasta fines de diciembre de 1992, cuando la situación política se normalizó, Fujimori se arrogó plenos poderes del Estado y estableció una dictadura. El primer ministro De los Heros renunció a su cargo en protesta por el “autogolpe”, cuando fue informado por primera vez directamente por Fujimori sobre su ejecución a poco tiempo del anuncio oficial sobre las medidas radicales. En su reemplazo, Óscar de la Puente Raygada, ministro de Vivienda y Construcción, asumió el cargo. Simultáneamente al anuncio oficial del “autogolpe”, docenas de personas, entre ellas políticos, periodistas, dirigentes gremiales, todos opositores al gobierno, fueron detenidos o puestos bajo arresto domiciliario, y las Fuerzas Armadas controlaron los medios de comunicación. Sin embargo, el control estricto contra las fuerzas opositoras y los medios de comunicación no continuó por mucho tiempo. Hacia mediados de abril, de forma gradual, fueron liberados o se les levantó el control. Tras ello, los medios de comunicación críticos a Fujimori, como el diario La República y el semanario Caretas intensificaron los ataques y críticas contra el gobierno, y mantuvieron dicha posición y actitud hasta la caída de Fujimori en el año 2000. Por otro lado, aunque se intentó detener al ex presidente García simultáneamente al anuncio oficial del “autogolpe”, este logró escapar de sus perseguidores para pasar a la clandestinidad y, en mayo, se exilió en Colombia. Las Fuerzas Armadas fueron enviadas a las entidades públicas autónomas como el Tribunal de Garantías Constitucionales y la Contraloría, el Poder Judicial, la Fiscalía, e incluso los gobiernos regionales, y se realizó el cambio de los altos funcionarios sobre la base del poder del Estado concentrado. El “autogolpe” recibió un abrumador apoyo en el Perú. De acuerdo con diversas encuestas, entre un 70 y un 80% de los encuestados expresaron su apoyo a la medida, sin importar las diferencias en la edad, ni de procedencia geográfica. Muchos peruanos apoyaron las medidas drásticas inconstitucionales con la expectativa de una pronta mejora en el aspecto socioeconómico y de una ejecución eficaz de la política contrasubversiva dado que, según sus percepciones, con el “autogolpe” se eliminaban las obstrucciones del Congreso, del Poder Judicial y de otros opositores a la política gubernamental y a Fujimori, quien había concretado la estabilidad económica, en particular, el control de la hiperinflación.47 47.

Según una encuesta realizada después del “autogolpe”, los encuestados esperaban del gobierno de Fujimori, principalmente, mejorar la economía (31%), combatir

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Al mismo tiempo, la gran mayoría de los militares y policías también apoyaron las medidas inconstitucionales pensando que eran necesarias para impulsar eficazmente la política antisubversiva, aunque una parte ellos se opusieron a las medidas radicales de Fujimori. Las autoridades de seguridad y orden como las Fuerzas Armadas se quejaban de que el Congreso y el Poder Judicial no habían mostrado una actitud enérgica en la lucha contra el terrorismo. Por ejemplo, durante once años, desde el inicio de la lucha armada de SL hasta mediados de 1991, las autoridades detuvieron a 4892 personas por sospechas de terrorismo, pero el Poder Judicial no procesó al 90% de ellas por falta de pruebas y otras razones (El Comercio, 19 de septiembre de 1991). Sin embargo, en la mayoría de estos casos, en realidad los detenidos fueron liberados debido a las amenazas de los grupos subversivos armados o a la corrupción del Poder Judicial. Frente a esta grave situación, ni el Poder Judicial ni el Congreso hicieron algo para mejorar la situación. Muchos militares y policías esperaban que con el “autogolpe” la situación mejorase y que se ejecutasen las medidas contrasubversivas más eficazmente y de forma acelerada. Las fuerzas opositoras —los partidos políticos existentes— rechazaron enérgicamente el “autogolpe” y criticaron severamente a Fujimori. A mediados de abril, con el escudo de la Constitución Política de 1979, las fuerzas opositoras “destituyeron” a Fujimori de la Presidencia, y nombraron al primer vicepresidente San Román como presidente provisional. Al mismo tiempo, hicieron un llamamiento al pueblo peruano para que, conforme con el derecho de resistencia estipulado en el artículo 82�� de la Constitución de 1979, resistiera a Fujimori, quien se había convertido en un dictador arrogándose plenos poderes del Estado y atropellando la Constitución.

eficazmente al terrorismo (24%) y luchar eficazmente contra la corrupción (21%). Las expectativas de mejoría en estos asuntos sobrepasaron la del retorno a la democracia (15%) y modificar la Constitución (12%). Por otro lado, a medida que la clase social de los encuestados bajaba, la expectativa por la mejora económica subía, pero la expectativa por una política contrasubversiva eficaz disminuía (Informe de opinión, mayo de 1992). Además de esto, muchos peruanos condicionaron la continuidad del apoyo al Fujimori al retorno a la democracia en un futuro cercano o al respeto de la libertad de prensa (Informe de opinión, abril y mayo de 1992). Arce y Carrión (2010), Barbero et al. (1994), Camacho (2010), Carrión (1996; 1998; 2006), Conaghan (1995a; 1996), Seligson y Carrión (2002), Weyland (2000), etc., también analizan la tendencia de la opinión pública en aquel entonces.

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Sin embargo, no se observó ninguna movilización masiva que respondiera a dicho llamamiento, excepto la minoría de los militantes y simpatizantes de los partidos políticos. Como hemos señalado, la gran mayoría de los peruanos aceptaron el “autogolpe”; ya que gran parte de ellos no habían disfrutado los beneficios del Estado establecidos en la Constitución Política, por lo que el llamamiento para defenderla hecho por la oposición les sonó incomprensible o algo evidentemente ajeno a su realidad cotidiana. Aunque la gran mayoría del pueblo peruano aceptó el “autogolpe”, la situación política, con todos los poderes del Estado concentrados en el presidente y la Constitución Política suspendida, era anormal. En el mensaje en el que Fujimori anunció las medidas radicales, propuso como manera de superar la anormalidad, la conformación de un comité de distinguidos especialistas en la ley convocados por el gobierno para redactar una nueva Constitución. Concretamente, en dicho comité se redactaría el proyecto de la nueva Constitución y este se sometería a un referéndum, donde también se preguntaría a los electores sobre la aprobación o rechazo del “autogolpe” mismo. Fujimori no tuvo en mente la alternativa de retirarse de la presidencia. En contraste, San Román, nombrado presidente provisional por las fuerzas opositoras, propuso la renuncia del presidente, vicepresidentes y todos los congresistas elegidos en las elecciones de 1990 —en pocas palabras, la renuncia de Fujimori— y la realización de elecciones para una asamblea constitucional, tomando en consideración la posición crítica de la comunidad internacional frente al “autogolpe” (que veremos más adelante). Las fuerzas opositoras aceptaron en mayo la propuesta de San Román con el objetivo de mostrar el carácter no democrático de la idea de Fujimori para normalizar la situación política peruana. Sin embargo, la oposición, al recurrir a esta fórmula, reconoció la necesidad de modificar la Constitución Política, y destruyó la base en la cual se debía apoyar.48 48.

Entre los estudios que enfatizan el carácter y estilo autoritario de Fujimori como causa principal del “autogolpe”, unos analizan que Fujimori decidió la convocatoria de una asamblea constituyente y desistió de insistir en la realización del referéndum sobre las medidas radicales debido a la presión de la oposición (McClintock 1996: 69-71). Sin embargo, como veremos más adelante, este análisis es una exageración del poder de las fuerzas opositoras. En ambos casos, el mandatario peruano lo hizo, más bien, para no contrariar a los Estados Unidos, sin prestar ninguna importancia a la conducta de la oposición. Por eso, los Estados Unidos exigieron enfáticamente al jefe de Estado aceptar la instalación de un proceso de normalización en el que la oposición también pudiera

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Después del “autogolpe”, Fujimori ejecutó tal como le pareció la política económica y las medidas antisubversivas, porque contaba con el apoyo abrumador de la población y la oposición no tenía suficiente poder para resistir al mandatario peruano. Como jefe del autodenominado “Gobierno de Emergencia y Reconstrucción Nacional”, Fujimori restituyó los decretos legislativos derogados o modificados por el Congreso al estado original, y emitió mediante la modalidad de decreto ley una medida tras otra; todas las que consideró necesarias para la reconstrucción nacional. En el transcurso de casi nueve meses, desde el “autogolpe” hasta el día 29 de diciembre de 1992 —fecha en que la comunidad internacional consideró por terminado el proceso de normalización de la política peruana con la instalación de una asamblea constituyente—, el gobierno de Fujimori promulgó 746 decretos ley. El contenido principal de la mayoría de ellos tuvo como objetivo primordial, aparte del cambio de personal en el Poder Judicial y otras entidades estatales, el impulso y la aceleración de la reforma estructural y de la liberalización económica. En la reforma estructural estaba incluida la reforma parcial del gobierno, como la abolición del Instituto de Planificación Nacional, y la unificación entre el Ministerio de Vivienda y Construcción y el de Transportes y Comunicaciones. En cuanto a la promoción de la liberalización económica, se puso en práctica la privatización y la reforma de las relaciones laborales (Ministerio de Justicia 1993a). Al mismo tiempo, fueron promulgadas mediante decretos ley diversas medidas antisubversivas. Figuran, entre ellas, la realización de los juicios a los sospechosos por el terrorismo en el fuero militar presidido por los jueces con rostro cubierto, la catalogación del delito de terrorismo como traición a la patria y la aplicación de la cadena perpetua como sanción máxima. También se decretó la Ley de Arrepentimiento, que otorgaba beneficios tales como la mitigación de la condena y el otorgamiento de protección a los terroristas que se hubieran rendido y que hubieran ofrecido informaciones valiosas para la política contrasubversiva a las autoridades (Ministerio de Justicia 1993a; 1993b). Por otro lado, el gobierno envió tropas a las universidades estatales donde existía una hegemonía e influencia de los grupos subversivos, y con la permanencia de las tropas en la participar. La movilización en contra del gobierno convocada por la oposición a mediados de mayo tuvo una dimensión más o menos semejante a la de los fujimoristas de un mes antes, y quedó sin impulso para la siguiente ofensiva política contra el gobierno.

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universidad, estableció el control y autoridad, eliminando completamente la presencia de los grupos subversivos. Como veremos, estas medidas antisubversivas contribuyeron a debilitar a los grupos terroristas, capturando a sus cabecillas, pero también provocaron diversos casos de violación de los derechos humanos.

La comunidad internacional critica el “autogolpe” Mientras dentro del Perú existía una situación favorable a Fujimori, la comunidad internacional criticó severamente la ruptura del orden constitucional. Desde fines de los años setenta, en muchos países latinoamericanos, incluso en el Perú, se produjo la transferencia del poder de los militares a la civilidad, prevaleciendo en la región una política basada en el marco constitucional y democrático. En 1991, la Organización de los Estados Americanos (OEA) —organización regional conformada por Estados Unidos, Canadá y los países latinoamericanos— había aprobado una resolución que proclamaba que, en caso de que la democracia fuera interrumpida por un golpe militar u otros actos en un país miembro, inmediatamente los demás países miembro discutirían medidas pertinentes; ella es conocida como la Resolución de Santiago, adoptando el nombre de la capital chilena donde se celebró la reunión de la OEA en que fue aprobada. La comunidad internacional no estaba dispuesta a tolerar ni a hacer la vista gorda al “autogolpe” de Fujimori, pues constituía la destrucción del marco constitucional y democrático en el Perú. Aunque con diferencias de grado y matices, Estados Unidos y los países europeos y latinoamericanos criticaron el “autogolpe”, calificándolo de inconstitucional y antidemocrático. Exigieron al gobierno de Fujimori retornar democráticamente al orden constitucional lo antes posible. Entre ellos, Estados Unidos, Alemania y España demostraron una posición particularmente dura y anunciaron la suspensión de la ayuda económica al Perú. Por su parte, Venezuela rompió relaciones diplomáticas con el Perú, mientras que el Grupo de Río, el órgano consultivo de los países latinoamericanos, dejó en suspenso el derecho del Perú a participar en él.49

49.

Panamá rompió sus relaciones diplomáticas con el Perú con el pretexto del “autogolpe”. Sin embargo, la causa real fue otra. El país centroamericano había exigido al Perú

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El BID, la única entidad financiera internacional que había reanudado la dación de prestamos para el Perú luego de que se reinsertara en la comunidad internacional financiera, decidió también suspender la realización de nuevos créditos. La principal preocupación de los Estados Unidos, país sumamente influyente en la región, era que la onda de golpes militares u otras medidas antidemocráticas similares se extendiera a otros países latinoamericanos.50 En 1991 —año anterior— se había producido ya un golpe militar en Haití, y en febrero de 1992, menos de dos meses antes del 5 de abril, había habido la extradición de dos militares panameños que habían tenido que ver con la dictadura militar de Antonio Noriega y que habían sido aceptados por el Perú como refugiados políticos, pero en el Perú se desconoció el paradero de los dos militares, empeorándose sus relaciones bilaterales. Finalmente, Panamá anunció al Perú el rompimiento. Este rompimiento se produjo por esta causa real a fines de mayo, a destiempo, y el restablecimiento de las relaciones diplomáticas con el Perú se dio sin tener que ver con el proceso de la normalización interna del Perú, en abril de 1994, mucho más tarde que otros países. 50.

La descripción de la postura de los Estados Unidos en esta sección se basa en las entrevistas con fuentes diplomáticas estadounidenses en Lima (8, 10 y 16 de abril, 5 y 28 de junio de 1992). Las relaciones Perú-Estados Unidos en estos años son analizadas también por Clayton (1998), Cotler (1999), McClintock y Vallas (2001), Palmer (1996b; 2006), entre otros. Aunque los principales estudios existentes, como los de Cameron (1997: 64-67), Ferrero (1992: 36-37) y Palmer (1996b: 273) ponen énfasis en la actitud crítica del gobierno norteamericano hacia el gobierno de Fujimori, el autor argumenta en esta sección que las críticas de Estados Unidos contra Fujimori estaban controladas y tenían matices. McClintock (1993: 115-116) sostiene que la reacción internacional ante el “autogolpe”, incluida la de los Estados Unidos, fue ambigua debido a varios factores: a que la sanción económica contra el golpe militar de Haití de 1992 no llegó a producir el resultado deseado, a la situación de la política interna del Perú (el masivo apoyo del pueblo peruano al “autogolpe”, la función defectuosa de la democracia, etc.), a la posibilidad de empeorar la situación caótica del Perú con una eventual sanción económica y al apoyo del Japón al “autogolpe”. Si bien es cierto que la cauta posición de la OEA ante el “autogolpe” fujimorista se debió en parte al fracaso de la sanción económica aprobada en el caso de Haití por el organismo regional, también debemos señalar (como indicaremos más adelante) que frente a la inicial actitud intransigente de Fujimori se tornó cada vez más factible que la OEA impusiera una sanción económica contra el Perú; y sobre la posición del Japón, el análisis de McClintock refleja solamente la apariencia. Algunos estudiosos opinan que los Estados Unidos no rechazaron completamente el “autogolpe” del Perú debido a que necesitaban el apoyo del gobierno peruano en la política antidroga y, en consecuencia se abstuvieron de mostrar una actitud dura (Martz 1995: 376).

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una intentona golpista en Venezuela. La democracia no funcionaba bien no solo en el Perú, sino en otros países de la región. Si las medidas drásticas del Perú se pasaban por alto sin ser criticadas, era más probable que en otros países el marco de la política democrática fuera derrocado. Preocupados por la situación, los Estados Unidos se manifestaron en un principio contrarios al autogolpe. Un día antes del anuncio de autogolpe, Bernado Aronson, subsecretario adjunto de Estado para asuntos interamericanos (Assistant Secretary of State for Inter-American Affairs), había llegado a Lima para tratar con el gobierno peruano sobre la colaboración mutua en la política antidroga y en otros asuntos. Después de enterarse del autogolpe, el gobierno norteamericano lo llamó inmediatamente a Washington y anunció la suspensión de su ayuda económica hacia el Perú, así como su intención de discutir medidas sobre el asunto con los países latinoamericanos en la OEA; pidió también al Perú la pronta recuperación del orden constitucional. No obstante, los Estados Unidos no suspendieron la ayuda humanitaria, autorizando en mayo de 1992 la entrega de donaciones de alimentos por un monto de 55 millones de dólares. Pese a sus críticas al “autogolpe”, el gobierno norteamericano no exigió la renuncia del mandatario peruano ni el inmediato retorno al statu quo anterior del Congreso cerrado y del Poder Judicial intervenido.51 Para los Estados Unidos era claro que antes del 5 de abril ninguna de estas dos entidades había ayudado a resolver la grave situación peruana y que la gran mayoría del pueblo peruano aprobó las medidas inconstitucionales de Fujimori. La superpotencia parece haber considerado de manera realista que la caótica situación del Perú, cuyas dificultades socioeconómicas eran ya bastante graves, podía agravarse si lo presionaba demasiado a retornar al statu quo anterior al 5 de abril, sin tomar en consideración la coyuntura política del país después del autogolpe.52 Luego de anunciar la suspensión de su ayuda económica, Washington mantuvo en cierto nivel el tono de las críticas contra el gobierno peruano, 51.

Esta posición fue hecha pública por Margaret Tutwiler, la portavoz del Departamento de Estado de los Estados Unidos en la conferencia de prensa el 14 de abril de 1992. Véase U. S. Department of State Dispatch, Vol. 3, N.° 16 (1992: 309-310).

52.

Este fue el temperamento de fuentes diplomáticas norteamericanas a las que el autor entrevistó (véase la nota 50).

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sin arrinconar finalmente a Fujimori. Concretamente, los Estados Unidos no precisaron si el “autogolpe” constituía uno de los casos definidos por el artículo 513 de la Ley de Ayuda Exterior que obligaba al gobierno norteamericano a suspender la ayuda económica a un gobierno que por fuerza militar derroca a un jefe de Estado democráticamente elegido. Además de esto, un vocero de los Estados Unidos aclaró que su país mantendría las relaciones con el gobierno de Fujimori, insinuando así que por el momento no tenía la intención de reconocer a Máximo San Román, entonces primer vicepresidente, como jefe de Estado,53 quien había sido nombrado como Presidente Constitucional del Perú por los congresistas críticos a Fujimori y al 5 de abril. Siendo esta la postura del gobierno estadounidense, la propuesta de Fujimori para normalizar la situación política peruana, que consistía en la instalación de una comisión de especialistas convocados por el gobierno con la finalidad de hacer una reforma constitucional, fue rechazada. El gobierno de George Bush cuestionó especialmente la actitud unilateral de Fujimori, que buscaba imponer su manera de normalizar la situación política peruana e ignorar y excluir a las fuerzas antifujimoristas del proceso de normalización. También criticó al gobierno peruano por haber propuesto la realización de un referéndum para preguntar a los ciudadanos si aprobaban o no el autogolpe, argumentando que la realización de referéndum no era de por sí un procedimiento democrático y que muchos dictadores utilizaban ese medio para justificarse a sí mismos. En resumen, los Estados Unidos exigieron a Fujimori dialogar con las fuerzas opositoras y crear un consenso lo más amplio posible respecto de un proceso de normalización política que incluyera la reapertura del Congreso. Así, el gigante del norte le dio a Fujimori una oportunidad de corregir la situación. Por otro lado, las medidas drásticas que adoptó Fujimori el 5 de abril de 1992 tomaron por sorpresa al Japón, país al cual el jefe de Estado peruano había acudido en una visita de Estado apenas unas semanas antes, entre el 15 y el 21 de marzo (según la hora japonesa). Durante su estancia en el Japón, Fujimori no dejó entrever el mínimo indicio de las medidas radicales que pensaba tomar enfatizando, más bien, en varias oportunidades,

53.

Véase las palabras de Richard Boucher, el portavoz adjunto del Departamento de Estado de los Estados Unidos, en El Comercio, 21 de abril de 1992.

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su voluntad de promover y profundizar tanto la reforma económica como la democracia en el Perú.54 Como veremos más adelante, el gobierno japonés tomó básicamente la misma actitud que los Estados Unidos,55 aunque después del autogolpe manifestó públicamente que no revisaría por el momento la ayuda económica al Perú. El gobierno del Japón hizo pública la mencionada posición porque quería mantener abierto un canal diplomático directo con Fujimori; y, al mismo tiempo, tomó en consideración que la mayoría de los japoneses, incluidos los partidos políticos de la oposición, simpatizaban con la medida. De hecho, en el Japón no hubo una reacción negativa ante esta medida, lo cual reflejaba la posición favorable ya existente en general hacia el mandatario peruano. Considerando la prevaleciente calma social y política en el Perú y el mayoritario apoyo de los peruanos al presidente Fujimori después del 5 de abril, la opinión pública japonesa interpretó básicamente la nueva situación desde el punto de vista sentimental. Pensó que Fujimori había venido realizando decididos esfuerzos por lograr la reconstrucción nacional del Perú y emprender reformas internas en una situación difícil, y que las medidas de emergencia constituían una necesidad inevitable o por lo menos un mal menor en el camino de enfrentar y superar la situación crítica y dramática que el Perú vivía en aquel tiempo.56 Por su parte, los políticos japoneses, en general, tampoco reaccionaron en contra del 5 de abril. Después de recibir la primera noticia sobre las 54.

Véase la nota 45 de este capítulo.

55.

Los estudios existentes, entre ellos los de Cameron (1997: 64-66), Clayton (1998), Cotler (1999), Ferrero (1992: 36-37), Graham (1994: 8), McClintock (1993), McClintock y Vallas (2003), Palmer (1996b: 273), Pease (1994: 171), Teivainen (2000: 201) señalan que, después del “autogolpe”, el Japón mostró una actitud favorable a Fujimori y no suspendió su ayuda económica al Perú o que lo hizo después de vacilar mucho. El argumento de nuestro trabajo, que detallamos en adelante, es que tal interpretación refleja solamente la apariencia de la posición japonesa.

56.

Podemos encontrar algunas muestras de esta reacción sentimental en las cartas al editor en Yomiuri Shinbun, 14 de abril de 1992; Asahi Shinbun, 12 y 20 de abril de 1992; y Mainichi Shinbun, 22 de abril de 1992. Yomiuri Shinbun, el diario de mayor tiraje en el Japón, con más de 10 millones ejemplares diarios, convocó a sus lectores a fines de abril para que opinasen a favor o en contra de las medidas excepcionales de Fujimori, enviando cartas al editor. El diario reportó que, de las 47 cartas recibidas durante el periodo establecido de una semana, el 70% estaba de acuerdo con dichas medidas (Yomiuri Shinbun, 2 de mayo de 1992). En el Japón no se realizó ninguna encuesta científicamente sólida sobre el autogolpe.

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medidas adoptadas en el Perú y antes de consultarle a la cancillería japonesa, el entonces primer ministro Kiichi Miyazawa dijo a los periodistas que no revisaría por el momento la ayuda económica al Perú; y, al mismo tiempo, expresó su expectativa de que la situación peruana se normalizara lo más pronto posible (Asahi Shinbun, 7 de abril de 1992). Más que la posición oficial del gobierno japonés, la cual describiremos más adelante, la declaración de Miyazawa reflejaba el temperamento de los políticos y parlamentarios japoneses en general. En abril de 1992, el asunto peruano fue tratado en cuatro ocasiones en el ámbito de las comisiones de la Dieta (el Congreso japonés);57 en dos ocasiones el tema fue planteado por los senadores socialistas, que en aquel tiempo constituían la mayor oposición. En ningún momento exigieron al gobierno suspender la ayuda económica al Perú. En contra de lo que se creía en aquel entonces dentro y fuera del Japón, la ayuda económica japonesa hacia Perú se suspendió en la práctica. En primer lugar, el único préstamo al Perú en 1992 (un poco menos de 100 millones de dólares) fue la cofinanciación con el BID. El BID congeló todas las ayudas al Perú y, como resultado de esta decisión, el préstamo del Japón también se suspendió automáticamente.58 En segundo lugar, dada la reacción internacional en contra de las medidas radicales tomadas por Fujimori, el gobierno japonés decidió posponer la realización del canje de notas —prevista para el 10 de abril— sobre una donación respecto de un proyecto para la reparación de infraestructura educativa. Esta postergación paralizó otras donaciones que estaban previstas o en preparación. Podemos decir que el Japón suspendió incluso la ayuda humanitaria. El postergado canje de notas fue llevado a cabo recién el 11 de junio, luego de que la OEA aceptara el proceso de normalización política del Perú. Antes de la ceremonia diplomática, el gobierno japonés comunicó la realización del canje de notas a su par norteamericano para evitar un eventual malentendido y recibió una especie de “visto bueno” por parte de los Estados Unidos.

57.

En la Dieta se habló del tema peruano los días 7, 9, 16 y 22 de abril.

58.

No olvidemos que, en Japón, el año fiscal empieza en abril y termina en marzo. Por ejemplo, el año fiscal de 1992 empezó en abril de 1992 y terminó en marzo de 1993. Para el Japón, cuando se produjo el “autogolpe”, la ayuda económica al Perú en controversia fue la del año fiscal 1992, vale decir, la que otorgaría al país latinoamericano entre abril de 1992 y marzo de 1993, ya que la ayuda económica del año fiscal 1991 había sido desembolsada hasta marzo de 1992.

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La opinión favorable sobre Fujimori en el interior del Japón, de un lado, y la reacción generalmente negativa de la comunidad internacional, de otro, pusieron en una encrucijada al gobierno japonés, limitando su margen de acción y obligándolo a andar por un camino difícil. Tomando en consideración la opinión interna, resultaba imposible para el gobierno japonés hacer pública su suspensión de la ayuda económica al Perú. Sin embargo, tampoco podía pasar por alto la posición crítica de la comunidad internacional, ni el principio de la promoción de la democracia, una de las “Cuatro Líneas Generales para la ODA (Official Development Assistance, ayuda oficial de desarrollo)” establecidas por el mismo gobierno, aunque estas disposiciones no tenían la misma fuerza obligatoria que una ley, como en el caso de los Estados Unidos.59 Por si fuera poco, de continuar el estado inconstitucional creado el 5 de abril en el Perú, el gobierno japonés preveía que la comunidad internacional impondría alguna sanción al país andino, lo que obligaría al gobierno nipón a dar a conocer la suspensión de su ayuda económica al Perú. La primera declaración oficial del gobierno japonés sobre el tema reflejó la complicada posición en que se encontraba. La declaración oficial hecha el 7 de abril por el entonces secretario en jefe del gabinete, Kouichi Kato,60 señaló que era comprensible que Fujimori se hubiera visto obligado a imponer esas medidas drásticas por la difícil situación de fondo del país, pero lamentó la adopción de tales disposiciones y expresó su ferviente esperanza en una pronta normalización de la situación política peruana.61 Comparada con la declaración del primer ministro Miyazawa mencionada anteriormente, la posición oficial del gobierno japonés fue más clara al indicar lo inaceptables que resultaban en principio las medidas inconstitucionales y enfatizar la necesidad e importancia del retorno más pronto posible a la democracia, reflejando la postura de la comunidad

59.

Además, la aplicación de las “Cuatro Líneas Generales para la ODA” no era automática, ya que antes de tomar decisiones, se deberían tomar en consideración las demandas y situaciones socioeconómicas del país receptor y las relaciones bilaterales entre este y el Japón, además de remitirse a los cuatro principios. Véase el capítulo II de Murakami (2004a).

60.

Un cargo que tiene, entre diversas funciones, la de portavoz del gobierno.

61.

En el gobierno japonés, se informó que en un principio existía también una opinión contraria a las medidas radicales. Mainichi Shinbun, 10 de abril de 1992.

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internacional. Esta declaración fue aceptada por la prensa, que tampoco exigió al gobierno japonés la suspensión de la ayuda económica al Perú.62 Entre las dos corrientes de opinión opuestas, el gobierno de Japón buscó una salida diplomática de “aterrizaje suave” a la crisis peruana, manteniendo una franca comunicación con su par estadounidense sobre el tema. A decir de un funcionario gubernamental nipón de alto rango, el gobierno japonés trató de hacer gestiones diplomáticas de índole “activa pero discreta” con el fin de encontrar un camino para la normalización de la política peruana (Terada 1993). Para el Japón, la clave del rompecabezas peruano estaba en que, como mencionamos antes, Estados Unidos tampoco esperaba que el Perú retornara totalmente al estado anterior al 5 de abril, aunque esta potencia rechazaba el planteamiento original de Fujimori de llevar a cabo una reforma constitucional a través de una comisión de juristas a nombrarse ex profeso por el gobierno. En esa situación, después de suspender en la práctica la ayuda económica, y tomando en consideración la posición de los Estados Unidos y las “Cuatro Líneas para la ODA”, el Japón hizo llegar a través de su representación diplomática tres misivas a Fujimori antes de la primera reunión ad hoc de los cancilleres de la OEA realizada el 13 de abril. En ellas, el gobierno japonés expresó su preocupación por la severa reacción internacional ante la ruptura del orden constitucional, y expuso sus puntos de vista sobre la importancia del pronto retorno a la democracia mediante un proceso aceptable para la comunidad internacional. El gobierno nipón manifestó a Fujimori que la ayuda económica necesaria para superar las dificultades socioeconómicas del Perú, tanto del Japón como de otros países y organizaciones internacionales, se cortaría completa y definitivamente, condenando al Perú a recorrer el sendero del aislamiento internacional, en caso de que el gobierno de Fujimori no prometiera a la comunidad internacional la realización de un proceso democrático de normalización política que incluyera el diálogo con las fuerzas antifujimoristas.63 62.

Véase los editoriales de Yomiuri Shinbun, Asahi Shinbun y Mainichi Shinbun del 8 de abril de 1992.

63.

El autor fue testigo de las tres cartas que el gobierno japonés envió al presidente Fujimori, y de otra cuarta que, como señalaremos en adelante, el gobierno nipón le envió después de la reunión ad hoc de la OEA, porque por esos años trabajaba en la Embajada del Japón en el Perú como analista político y fue encargado de tramitar las cartas al gobierno peruano; en algunos casos, las tradujo del japonés al castellano.

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Al momento de dar el “autogolpe”, Fujimori parecía haber esperado que Alemania y Japón adoptaran una postura distinta de la estadounidense y continuaran ayudando al Perú económicamente. Después de la ruptura constitucional, Fujimori convocó antes que nadie en distintas oportunidades a reuniones en el Palacio de Gobierno a los embajadores de los dos países mencionados. Sin embargo, no solamente Alemania sino también Japón mostraron una posición básicamente similar a la de los Estados Unidos. No se sabe por qué Fujimori pensó que Alemania y Japón tomarían una actitud distinta de la de los Estados Unidos. Por un lado, existe la posibilidad de que el mandatario peruano abrigara una expectativa excesiva en ambos países; por el otro, es posible que Fujimori estuviera influido por el entonces canciller Augusto Blacker o por Montesinos, que antes del 5 de abril tenían una perspectiva optimista sobre la reacción internacional al “autogolpe” (Bowen y Holligan 2003: 134; entrevista 07: 1993a). Dentro del gabinete, Blacker, un empresario interesado por la economía, y el ministro de Industria, Comercio, Turismo e Integración, Víctor Joy Way Rojas, también empresario, eran críticos de la política económica seguida por el ministro de Economía y Finanzas, Carlos Boloña. Mientras este priorizaba, por encima de todo al mercado libre y a la liberalización completa, ellos insistían en la aplicación de determinadas medidas para proteger la industria nacional. Cuando se discutió en el Palacio de Gobierno la manera de normalizar la situación política después del 5 de abril se puso fin, inesperadamente, a la fricción entre Boloña y los dos ministros. Boloña visitó a mediados de abril los Estados Unidos, y sintió nuevamente las duras críticas al “autogolpe” de la comunidad internacional. También pensó que, de continuar la situación tal como estaba hasta entonces, inevitablemente el Perú se aislaría de la comunidad financiera internacional. Perdiendo la confianza en el futuro manejo de la economía peruana, presentó su renuncia al cargo de ministro, después de regresar de viaje. Sin embargo, Fujimori solamente la guardó y lo persuadió de quedarse en el gabinete con la idea de que no era conveniente, en las especiales circunstancias del momento, que se alejara del gobierno un ministro en quien la comunidad financiera internacional tenía mucha confianza. Por su parte, Boloña condicionó su permanencia en el gabinete al cambio de cuatro ministros, incluyendo a Blacker y Joy Way. Aunque le pareció inaceptable un cambio de tal magnitud, Fujimori aceptó el de ambos. A

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fines de abril de 1992, estas dos personas se apartaron del gabinete (entrevista 07: 1993a; entrevista 17: 1998b).

Fujimori evita una sanción económica al ceder a la comunidad internacional Pese a las manifestaciones contrarias al “autogolpe” y las recomendaciones para la normalización de la situación peruana que hicieron diversos países y organizaciones internacionales, Fujimori prefirió observar el desarrollo de la situación internacional y no presentó una propuesta nueva y clara sobre el proceso de normalización de la política peruana, lo cual siguió causando malestar contra el gobierno peruano en el escenario internacional. Dos días después del autogolpe, el entonces canciller Blacker había presentado un cronograma del retorno al orden constitucional, que debía tomar de un año a un año y medio, pero este no contaba con la plena aprobación de Fujimori. Entonces, el 13 de abril, de acuerdo con la Resolución de Santiago, fue celebrada la reunión ad hoc de los cancilleres de la OEA donde se aprobó una resolución crítica contra el Perú. En ella se condenó la ruptura del orden constitucional en el Perú, que perjudicaba a la democracia representativa, y exigió al gobierno peruano la pronta recuperación del orden democrático, y el comienzo del diálogo con las fuerzas antifujimoristas y otros grupos políticos; además, se reclamó a todos los miembros, observadores permanentes y otros países un replanteamiento de la ayuda económica al Perú. Además de esto, la OEA resolvió enviar al Perú una comitiva de alto nivel para hacer realidad el diálogo entre el gobierno de Fujimori y de la oposición, y examinar nuevas medidas en un plazo que no debía sobrepasar el 23 de mayo. La mayoría de los países miembro percibían que la medida tomada el 5 de abril difería de un golpe de Estado convencional, por lo que la sanción económica contra el Perú no fue decidida en la primera reunión. Vale decir, la OEA decidió dar a Fujimori la oportunidad de plantear una salida aceptable para la comunidad internacional. Aunque este organismo reclamó a todos los observadores permanentes reconsiderar su ayuda económica hacia el Perú, era obvio que el objetivo principal era el Japón, que había sido observador permanente de la organización interamericana desde 1973 y había anunciado en público

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no pretender revisarla por el momento.64 El gobierno nipón hizo llegar a Fujimori el 17 de abril la carta del entonces canciller Michio Watanabe, que indicaba que el Japón se vería precisado a obedecer las resoluciones de la OEA como observador permanente, en caso de que esta organización no aceptara el proceso de la normalización de la política interna propuesto por el gobierno peruano. Frente a la resolución crítica de la OEA, Fujimori dio a conocer el 16 de abril su intención de convocar a un diálogo en el que participarían todas las fuerzas políticas y organizaciones civiles, así como un cronograma de la normalización política. Según este último documento, la situación política volvería a la normalidad un año después del “autogolpe”: el 5 de julio se realizaría un referéndum sobre las medidas posteriores al “autogolpe”; el 21 de agosto se anunciaría el texto de la nueva Constitución Política; el 8 de noviembre se llevaría a cabo el referéndum constitucional; el 28 de febrero de 1993 habría elecciones parlamentarias; y, el 5 de abril de 1993, se instalaría el nuevo Congreso. Los Estados Unidos objetaron el cronograma propuesto por Fujimori, al considerar que un año era demasiado para la normalización política, e indicaron además que el proceso de elaboración de la Constitución debería contar con un mecanismo democrático para que ella reflejara diversas opiniones de los peruanos, incluidas las de las fuerzas antifujimoristas. El subsecretario adjunto Aronson visitó el Perú del 1 al 2 de mayo, antes de dar su testimonio en la Subcomisión de Asuntos Hemisféricos Occidentales de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara Baja. En su reunión con Fujimori, Aronson reiteró la necesidad de normalizar la situación política peruana lo antes posible y, al mismo tiempo, cuestionó la actitud del mandatario peruano, quien trataba de justificar su posición y el “autogolpe” solo con la realización del referéndum. El funcionario norteamericano le expresó que Estados Unidos no aceptaría el proceso de normalización propuesto por el jefe de Estado peruano por considerarlo antidemocrático, dado que no contaba con un mecanismo que permitiera la participación de todos los ciudadanos en el proceso de normalización. Después de terminar la reunión y al momento de despedirse, Fujimori le

64.

En realidad, contra su apariencia, Japón había suspendido su ayuda económica al Perú, como ya señalamos antes.

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preguntó a Aronson si tenía alguna sugerencia, y este mencionó la posibilidad de convocar a una asamblea constituyente. Luego de la reunión con Aronson, Fujimori persistió públicamente en el mantenimiento de su cronograma, y anunció no tener la intención de convocar a una asamblea constituyente. Sin embargo, el jefe de Estado ya había empezado a inclinarse por esta idea, ya sea porque Boloña y De Soto habían venido advirtiéndole de su necesidad desde fines de abril, o porque él mismo se dio cuenta de su importancia para la comunidad internacional luego de recibir el consejo de Aronson.65 Aunque De Soto renunció como asesor presidencial en enero de 1992, el conocido economista, que seguía manteniendo lazos con Boloña, empezó a dar sugerencias a Fujimori pocos días después de producirse el “autogolpe”.66 Una vez que Aronson abandonó el Perú, llegó la comitiva de la OEA, que permaneció en Lima del 3 al 5 de mayo. Se trataba de la segunda misión de la organización interamericana que visitaba el Perú, puesto que la primera lo hizo a fines de abril para recoger opiniones en el país; esta vez, ella trató de convencer tanto al gobierno como a las fuerzas opositoras de la necesidad de convocar a elecciones para una asamblea constituyente en el transcurso de 1992. La oposición aceptó la propuesta, con la condición de que Fujimori renunciara a la presidencia. Por su parte, Fujimori no lo hizo e insistió en su cronograma. La comunidad internacional no tenía manera de saber que Fujimori había empezado a cambiar de parecer, pues el mandatario peruano no dejó entrever a la comitiva interamericana ningún indicio de ello; y el organismo regional juzgó que las visitas de Aronson y de la comitiva no habían dado fruto alguno para encontrar una salida razonable a la crisis política peruana. Para entonces, ya se consideraba casi seguro que en la reunión ad hoc de los cancilleres de la OEA, prevista para el 17 de mayo, se aprobaría una resolución de sanción contra el Perú que incluiría la suspensión total de la ayuda económica de los países extranjeros y de las organizaciones internacionales. 65.

Puede ser también que fuese por ambas razones.

66.

La descripción de la actitud de Fujimori en estos días se basa en las entrevistas 07 (1993b), 18 y 56, entre otras. Fuentes cercanas a Fujimori señalan que Boloña y De Soto empezaron a mostrar a Fujimori la importancia y necesidad de instalar una asamblea constituyente mucho antes de fines de abril (entrevista 33: 1998b).

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Preocupado por esta circunstancia, el gobierno japonés envió al Perú a Terusuke Terada, el director general de América Latina y el Caribe de la Cancillería nipona, con una carta del primer ministro Miyazawa, para hacer un último esfuerzo y convencer a Fujimori de la necesidad de proponer un camino democrático para la normalización de la política peruana. Esta visita se realizó del 14 al 15 de mayo.67 En la reunión con Fujimori, Terada manifestó que, dada la situación, era muy probable que en la siguiente reunión ad hoc de los cancilleres de la OEA se aprobase una sanción contra el Perú, y que, de realizarse esta medida, se suspendería toda la ayuda económica necesaria para la reconstrucción del Perú, tanto de los países extranjeros (entre ellos Japón), como de las organizaciones internacionales. El funcionario japonés enfatizó con franqueza la urgente necesidad de presentar una nueva propuesta para un proceso democrático de normalización, en el que la oposición también pudiera participar, porque el proceso unilateral de normalización propuesto por Fujimori no era aceptable para la comunidad internacional. En respuesta, el presidente peruano dejó entrever que se había percatado de la negativa reacción internacional ante su cronograma y respondió al visitante nipón que estaba estudiando una nueva propuesta de normalización.68

67.

En esas fechas la Dieta estaba en sesión, y en el Japón existe la costumbre de que los altos funcionarios del gobierno no salen de Tokio mientras este organismo sesiona. El viaje de Terada fue considerado una excepción a la regla no escrita debido a la gravedad de la coyuntura.

68.

Cameron (1997: 66), Pease (1994: 171) y Teivainen (2000: 201), entre otros autores, argumentan que el gobierno japonés “cambió” su posición favorable hacia Fujimori debido a la presión del Departamento de Estado de los Estados Unidos, o a la gestión de Boloña ante el gobierno norteamericano para que este presionara al gobierno japonés, y que el Japón envió a Terada para persuadir a Fujimori de la realización de las elecciones para una asamblea constituyente. Es cierto que Boloña acudió a Washington, y que el gobierno norteamericano alertó al Japón sobre la eventual sanción económica contra el Perú; y esto constituyó una de las razones que motivaron el envío de Terada. No obstante, no debemos exagerar el rol de Washington o de Boloña al respecto. Fuera de las apariencias, como hemos venido describiendo, el gobierno japonés asumió una posición similar a la de los Estados Unidos desde el comienzo de la ruptura constitucional en el Perú; evidencias de ello son las cuatro misivas enviadas a Fujimori hasta mediados de abril y la suspensión en la práctica de la ayuda económica. Para el gobierno japonés, la gestión de Boloña y la “presión” de los Estados Unidos fueron la última gota que rebasó el vaso.

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El 16 de mayo, un día antes de la fecha prevista para la reunión ad hoc de los cancilleres de la OEA, Fujimori se puso en contacto con los Estados Unidos y con el organismo regional para explicar la nueva propuesta que había mencionado en la reunión con Terada, y logró una aprobación extraoficial. Luego de esto, el mandatario peruano decidió participar en la reunión para explicarla en persona a los asistentes. La reunión ad hoc de los cancilleres de la OEA empezó el 18 de mayo, un día después de la fecha prevista, debido a la decisión de Fujimori de asistir. En ese encuentro, Fujimori reiteró su idea de realizar un referéndum sobre el “autogolpe”, pero también propuso instalar un Congreso Constituyente Democrático (CCD) que, además de la redacción de la Constitución Política, asumiera funciones legislativas y de fiscalización, como un Poder Legislativo normal, y funcionara hasta 1995, año del fin de mandato de los congresistas elegidos en 1990. El jefe de Estado peruano solicitó la ayuda internacional para realizar las elecciones para el CCD en un plazo de cinco meses. Los países miembro de la OEA, inclusive los Estados Unidos, evaluaron positivamente y aceptaron la nueva propuesta de Fujimori, argumentando que era más flexible que la original y anterior. La OEA adoptó una resolución tomando nota de la propuesta del mandatario y manifestando su disposición a colaborar con el Perú en la realización de las elecciones para el CCD; por otra parte, decidió seguir pidiendo al Perú la realización de un diálogo entre todas las fuerzas políticas. La nueva propuesta de Fujimori de convocar a las elecciones para el CCD fue reconocida internacionalmente como proceso de “retorno a la democracia”, evitándose de esta manera y por poco la adopción de una sanción contra el Perú. Después de la reunión ad hoc de la OEA, las fuerzas opositoras hicieron público un comunicado mostrando su disposición a participar en el proceso de “retorno a la democracia” reconocido por la OEA; a través del cual manifestaban alivio porque se había logrado evitar la sanción de la OEA al Perú y su consiguiente aislamiento internacional, y valoraban muy positivamente las invocaciones del organismo interamericano al gobierno peruano en el sentido de que el avance del proceso de normalización debía ser hecho mediante el diálogo con todas las fuerzas políticas del país.

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Un consenso anormal después del diálogo dificultoso Aunque ya se había decidido la meta del proceso de normalización, vale decir, la realización de las elecciones del CCD, todavía faltaba definir las funciones de ese Congreso, así como la manera de realizar sus elecciones. Estos temas fueron abordados en el diálogo que se llevó a cabo por exigencia de la OEA entre el gobierno y la oposición. Estas conversaciones caminaron lentamente debido a las tácticas políticas, tanto de Fujimori como de la oposición, pero ello no cambió la correlación política generalmente favorable a Fujimori. Como superpotencia mundial y regional, Estados Unidos tenía la última palabra para decidir si se aceptaba o no el resultado del diálogo; el Japón se limitó a observar su desarrollo. El primero de junio, luego de recibir la segunda visita de la comitiva de la OEA entre el 29 y 31 de mayo, Fujimori hizo una declaración más concreta sobre el CCD. Sus principales puntos fueron los siguientes: se instalaría un CCD unicameral compuesto por ochenta congresistas; las elecciones se llevarían a cabo el 18 de octubre, se sometería a un referéndum constitucional el proyecto de una nueva Constitución Política elaborado por el CCD y participarían en el diálogo no solamente los partidos políticos, sino también otras fuerzas cívicas. En aquella ocasión, Fujimori no mencionó un referéndum sobre las medidas del 5 de abril, porque los Estados Unidos se habían mostrado poco dispuestos a aprobarlo y el mandatario peruano desistió de realizarlo. La fecha de votación fue cambiada posteriormente al día 22 de noviembre, debido a que la Iglesia católica presentó una queja porque la fecha original coincidía con una ceremonia religiosa. Margaret Tutwayler, la portavoz del Departamento de Estado, evaluó positivamente la declaración de Fujimori considerándola como un paso hacia adelante y, al mismo tiempo, resaltó la importancia de que todas las fuerzas democráticas, incluidas las de la oposición, participaran en el proceso de definir cómo elegir a los miembros del CCD. Los Estados Unidos reiteraron la necesidad de permitir la participación de las fuerzas opositoras a Fujimori en el diálogo. La portavoz norteamericana mencionó también que su país no reanudaría todavía la ayuda económica hacia el Perú. Por otro lado, los Estados Unidos no influyeron en las organizaciones financieras internacionales para impedir el desembolso de préstamos ya

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aprobados pero suspendidos por el “autogolpe”. El BID decidió en junio y julio, respectivamente, el desembolso de 21 millones de dólares para el proyecto de la reconstrucción de carreteras, y de cincuenta millones de dólares para el proyecto de ajuste en el comercio exterior. El Banco Mundial también autorizó en junio el préstamo de cuatrocientos millones de dólares para lograr el ajuste en el sector financiero. Con todo, ambos organismos internacionales postergaron también la decisión de aprobar nuevos préstamos, considerando que era todavía temprano para hacerlo. Mientras tanto, en el Perú, las fuerzas opositoras rechazaron como unilateral la declaración de Fujimori sobre las elecciones del CCD. Cuestionaban que el mandatario peruano hubiese mencionado tanto la estructura y las funciones del CCD como la manera de llevar a cabo las elecciones antes de empezar el diálogo que se había comprometido a realizar con la OEA; también criticaban el hecho de que Fujimori hubiese postergado unilateralmente las elecciones municipales, previstas para el 8 de noviembre, y que no hubiese cambiado su idea de incluir en el diálogo a casi cuatro mil asociaciones sociales y más de 10 mil individuos que habían respondido positivamente a la convocatoria general para la realización del mismo. Sin embargo, las fuerzas opositoras no contaban con apoyo popular y no podían tomar una iniciativa política ni una acción contraria de gran envergadura frente a la convocatoria de Fujimori a las elecciones del CCD. El 23 de junio se celebró la reunión del Consejo Permanente de la OEA en Washington D. C. en la que se discutió, entre otros, el tema del Perú. En ese encuentro, Luigi Einaudi, el embajador norteamericano ante la OEA, enfatizó la importancia de realizar el diálogo mencionado en la resolución del organismo en abril. El alto funcionario opinó también que las principales fuerzas políticas tenían que participar en el diálogo para discutir sobre asuntos sustanciales, reiterando de este modo la posición de su país sobre la necesidad de que gobierno peruano y las fuerzas de oposición discutieran sobre cómo debían realizarse las elecciones del CCD. Desde fines de junio, el gobierno peruano ejecutó paralelamente dos conversaciones: una con las fuerzas de oposición y la otra con las asociaciones sociales y participantes individuales. La primera se realizó entre el 30 de junio y el 10 de julio; aunque AP y el PAP, dos principales partidos de oposición, decidieron no asistir, el PPC, la IU y otros partidos pequeños sí lo hicieron. El tema principal del diálogo fue la forma en que debían realizarse las elecciones del CCD. El gobierno peruano planteó la introducción del

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distrito múltiple, que dividiría el territorio nacional en una cantidad de distritos electorales que oscilaba entre ochenta y cien, así como la representación por mayoría. Fujimori pensaba que se requería este nuevo sistema electoral porque el sistema de la representación proporcional mediante un distrito único o distritos de tamaño grande —vigente desde la transferencia del poder a las manos de los civiles en 1980— impedía la elección de los auténticos representantes del pueblo.69 Como señalamos en el capítulo I, los partidos políticos peruanos estaban dominados por el máximo líder de cada uno, dependiendo de su voluntad la selección de los candidatos y su orden en la lista. Las personas cercanas al líder solían ser seleccionadas como candidatas, y ellas tendían a ser oriundas de las ciudades principales como Lima. El jefe de Estado pensaba que el nuevo sistema de distritos múltiples agilizaría la participación ciudadana y la fiscalización de sus representantes, porque la gente sentiría más cercanas las elecciones; y, de este modo, desaparecería la obstaculización de la participación ciudadana por parte de los partidos. Al mismo tiempo, el mandatario peruano esperaba que con el nuevo sistema electoral los congresistas de la oposición fueran minoritarios, debido a que las fuerzas opositoras solamente tenían bases provinciales en determinadas partes del país, sin contar con una presencia uniforme en todo el territorio peruano. Por su parte, la oposición insistió en mantener el sistema electoral vigente en aquella época, es decir, la representación proporcional por el distrito único, puesto que la creación de nuevos distritos electorales podía ser arbitraria, y además exigió al gobierno realizar simultáneamente las elecciones municipales, postergadas por el gobierno de Fujimori para 1993, junto con las elecciones del CCD. De este modo, el gobierno peruano y la oposición no llegaron a alcanzar consenso alguno en la primera ronda de diálogo. En el habitual discurso del 28 de julio, el día de la Independencia del Perú, Fujimori dio a conocer el siguiente cronograma: el 18 de agosto, fin del diálogo con las fuerzas políticas; el 22 de agosto, publicación de la ley electoral del CCD; el 22 de noviembre, votación para elegir a los congresistas del CCD; el 2 de enero de 1993, instalación del CCD; y el primer domingo de febrero de 1993, realización de las elecciones municipales. 69.

Los senadores fueron elegidos por el distrito único nacional, y los diputados, en 26 distritos basados en los departamentos (23 departamentos, una provincia constitucional, la provincia de Lima, y el resto de las provincias del departamento de Lima).

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Inmediatamente después de su discurso, Fujimori rectificó que el cronograma anunciado era solo una propuesta, pero la oposición manifestó su contrariedad por considerarlo como algo impuesto y se abstuvo, con la excepción de algunos partidos pequeños, de participar en la segunda ronda de diálogo, que empezó el 4 de agosto. En estas circunstancias, el gobierno de Fujimori desistió, en el transcurso de la segunda etapa de diálogo, de su idea de introducir un sistema electoral nuevo y aceptó finalmente la propuesta de la representación proporcional por el distrito único, debido a que el gobierno no disponía de tiempo suficiente para preparar desde cero el sistema de representación por mayoría en los distritos múltiples. Además de esto, el oficialista Cambio 90 tampoco tenía bases provinciales en todo el país, y el pequeño grupo de Fujimori y otros dirigentes del oficialismo podía hacer más eficientemente los preparativos electorales, incluida la selección de los candidatos, para el distrito único. Entonces la oposición, excepto AP y el PAP, entró de nuevo al diálogo en su última etapa. No obstante, en la segunda ronda de diálogo, las fuerzas opositoras y el gobierno de Fujimori no llegaron a un acuerdo oficial, puesto que ambas partes insistían en sus respectivas propuestas; las primeras se aferraban a la realización simultánea de las elecciones del CCD y de los gobiernos locales, así como a la celebración de las elecciones generales después de terminar la promulgación de la nueva Constitución Política, vale decir, la renuncia de Fujimori antes de 1995; el gobierno se mantenía en su idea de instalar un Congreso Constituyente que funcionara también como Poder Legislativo con facultades para legislar y fiscalizar al Poder Ejecutivo hasta 1995, cuando terminaría el mandato presidencial de Fujimori, elegido en 1990. Las fuerzas de oposición declararon el 18 de agosto el fin del diálogo con el gobierno. El 22 de ese mes, Fujimori promulgó la ley electoral para las elecciones del CCD. Según la norma, estas se realizarían siguiendo la representación proporcional en el distrito único. El CCD funcionaría hasta 1995 también como Poder Legislativo con facultades para legislar y fiscalizar al Poder Ejecutivo.70 70.

La ley electoral promulgada el 22 de agosto tuvo ciertos artículos y disposiciones que provocaron críticas fuertes de la oposición. Entre ellos, hubo algunos que fueron considerados limitantes en la autonomía del CCD. Por ejemplo, la norma contemplaba

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La ley electoral para las elecciones del CCD no fue, entonces, producto de un acuerdo público entre el gobierno de Fujimori y las fuerzas opositoras. Una prueba de ello es que la oposición anunció el rechazo a la ley electoral promulgada por Fujimori, diciendo que el diálogo había fracasado. Pero desde otro punto de vista, se puede decir que, aunque en una forma anormal, el gobierno peruano y la oposición llegaron a cierto nivel de acuerdo, si tomamos en consideración que, excepto AP y el PAP (que decidieron voluntariamente no participar), todas las fuerzas políticas participaron en el diálogo, y el gobierno se retractó de su propuesta original y aceptó el planteamiento de la oposición sobre cómo elegir a los congresistas del CCD: la representación proporcional en el distrito único (entrevista 08: 1992a). Muchos países miembros de la OEA, inclusive los Estados Unidos, consideraron que el gobierno de Fujimori y las fuerzas opositoras habían llegado a un cierto nivel de consenso. El 28 de agosto, en el Consejo Permanente de la OEA, el embajador norteamericano Einaudi manifestó que la ley electoral promulgada por Fujimori correspondía a las prácticas democráticas en América Latina y no debían dejar pasar la oportunidad de ayudar al Perú en la realización de las elecciones del CCD. El Consejo Permanente, por su parte, decidió por mayoría71 enviar una misión observadora del proceso electoral en el Perú. La decisión de la OEA significó

que, en caso de que el proyecto de una nueva Carta Magna fuera rechazado dos veces en el referéndum constitucional, el gobierno ejecutaría rectificaciones correspondientes y lo dejaría expedito para su promulgación. Precisaba también que si en 30 días el CCD no aprobaba los proyectos de ley que el gobierno le remitía con el carácter de prioritario, el Poder Ejecutivo los podría expedir como decretos legislativos. Por otro lado, estipulaba una limitación en la inmunidad parlamentaria, así como en la facultad del CCD para anular los actos de gobierno con la modificación de las normas de carácter legislativo expedidas por el Poder Ejecutivo. Dos días después, el gobierno modificó —junto con otros aspectos— el primero y segundo de los cuatro puntos mencionados para respetar la autonomía del CCD (sobre los dos puntos restantes, véase la explicación en las siguientes líneas). Fujimori no tuvo inconveniencia alguna para rectificar los dos puntos, porque el gabinete ministerial ya había decidido eliminar estos del texto a promulgar, pero debido a los errores en el procedimiento administrativo, había sido promulgado el texto en una versión anterior a la final (entrevista 07: 1992b). De todos modos, este incidente sirvió a Fujimori para dar nuevamente una buena impresión de flexibilidad frente a la comunidad internacional. 71.

En esta mayoría se encontraban los Estados Unidos.

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que la posición de las fuerzas opositoras, que no contaban con el apoyo masivo del pueblo peruano, había sido rechazada por el organismo regional; también fue el resultado del juicio realista de los Estados Unidos, que consideró que ya no podía obligar a Fujimori, apoyado masivamente en el Perú, a ceder más ante las exigencias de la oposición. Por otro lado, pudo haber existido otro factor que contribuyó en cierto grado a que los Estados Unidos adoptaran dicha posición: la amistad entre Montesinos y Einaudi; la misma que se estableció cuando Einaudi visitó el Perú para estudiar el gobierno militar con motivo de una investigación que estaba desarrollando sobre los gobiernos militares de América Latina entre la década de 1960 y la siguiente. Huelga decir que solo las relaciones amistosas personales no deciden la posición de los Estados Unidos. La superpotencia no hubiera considerado que se había llegado a cierto nivel de consenso en el Perú si no hubiera sido por los siguientes hechos: Fujimori se comprometió a instalar un Congreso Constituyente después de retirar su propuesta original; y, aunque con dificultades, había llevado cabo el diálogo con la oposición, hasta cierto punto, y había cedido a la propuesta de esta sobre cómo elegir a los congresistas del CCD. Sin embargo, las relaciones amistosas entre Einaudi y Montesinos posiblemente jugaron a favor de que Estados Unidos se formara un juicio favorable del mandatario peruano, en consideración a la realización del diálogo y a la concesión hecha por él. Ahora bien, el primero de septiembre, Fujimori promulgó un decreto ley sobre la obligatoriedad de presentar por lo menos cien mil firmas de electores en caso de que las agrupaciones políticas aspiraran a participar en las elecciones del CCD y no hubiesen logrado obtener el 5% o más de los votos válidamente emitidos en las elecciones generales de 1990. El nuevo decreto modificó la resolución del Jurado Nacional de Elecciones del 28 de agosto de 1992, la cual había aclarado que todas las agrupaciones inscritas en las elecciones de 1990 podrían participar en las elecciones del CCD. El decreto inquietó a los Estados Unidos. El gobierno de Bush temió que el nuevo requisito de recolectar firmas restringiera la participación libre en el proceso electoral. El 9 de septiembre, el gobierno norteamericano propuso a su par peruano eliminar esa restricción electoral y exigió también respetar la inmunidad de los congresistas del CCD y otorgar al CCD la facultad de modificar los decretos ley. Los dos últimos puntos fueron propuestos por los Estados Unidos debido a que, según el decreto

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ley sobre las elecciones del CCD, los congresistas gozarían de la inmunidad parlamentaria, excepto en los casos de corrupción y delitos infraganti; y el CCD podía modificar decretos ley, pero sus actos administrativos no se verían afectados. Frente a las exigencias de Estados Unidos, el gobierno peruano argumentó que el requisito de la reinscripción no era una invención suya, sino un reglamento que databa del año 1984 en el Perú; y que la excepción de la inmunidad parlamentaria se basaba en algunos casos en los años ochenta en que unos parlamentarios acusados de corrupción habían recurrido a la inmunidad para evadir a la justicia. En lo que se refiere a la no anulación de los actos administrativos, argumentó que esto era el resultado de tomar en consideración un manejo realista del gobierno. Por ejemplo, en mayo se había decretado la fusión de dos ministerios, y aunque el CCD podía anular el decreto, no podía modificar los actos y las medidas administrativas, como el cambio de personal. Aunque los Estados Unidos aceptaron las explicaciones del gobierno peruano, su reacción frente al decreto de la presentación de firmas dejó al descubierto nuevamente la importancia que le daba a los procesos y a los procedimientos en la política, así como a la independencia del CCD. Para disipar las dudas del gobierno de Bush, Fujimori anunció el 22 de septiembre que el Ejecutivo respetaría la independencia del CCD y la inmunidad parlamentaria. Tomando en consideración el avance realizado en el proceso de “retorno a la democracia” en el Perú —aunque dando muchas vueltas—, el 24 de septiembre el BID revisó su decisión, tomada luego del “autogolpe”, de congelar el otorgamiento de nuevos préstamos. El organismo regional y el gobierno peruano firmaron un convenio sobre un nuevo crédito, que constituyó la primera ayuda nueva que un organismo financiero internacional autorizó después del “autogolpe”. De este modo, se confirmó que también en el ámbito internacional la normalización venía progresando constantemente.

La realización de las elecciones del CCD La campaña electoral del CCD comenzó en octubre. De las cuatro de las principales fuerzas de la década de 1980, AP, el PAP e IU decidieron no participar en el proceso electoral, debido tanto a que se oponían a

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la realización misma de las elecciones del CCD “impuesta por Fujimori”, como a que eran conscientes de su impopularidad entre los peruanos. Por otro lado, dieciséis agrupaciones políticas, entre ellas las fuerzas de Fujimori y el PPC, participaron en este proceso electoral. Después del “autogolpe” y durante cierto tiempo, las fuerzas opositoras actuaron concertadamente en contra del gobierno de facto. Sin embargo, en el mencionado proceso del diálogo se fueron produciendo crecientes grietas entre ellas debido a que cada una tendió a buscar su propia posición; el “presidente provisional” San Román, apoyado por ellas, empezó a perder su presencia en la escena política. Una vez que empezó la campaña electoral para el CCD, la concertación desapareció totalmente entre las fuerzas opositoras, y el “presidente provisional” cayó en el olvido de todo el mundo. Con miras a la realización de la campaña electoral del CCD, Fujimori fortaleció su agrupación política, Cambio 90, que estaba muy debilitada por divisiones internas, como señalamos antes. El mandatario la alió con una agrupación nueva llamada “Movimiento Nueva Mayoría” que él mismo conformó y en la que reunió a los profesionales y especialistas colaboradores de su gobierno. La alianza oficialista fue denominada Nueva Mayoría-Cambio 90. Por casualidad, el ex ministro Energía y Minas Jaime Yoshiyama encabezó tanto la agrupación nueva como la alianza oficialista.72 La campaña electoral del CCD se desarrolló favorablemente para las fuerzas fujimoristas, dado que continuaba la tendencia general de un alto nivel de apoyo popular a Fujimori y la oposición seguía manteniendo una baja popularidad, sin lograr recuperar la confianza del pueblo peruano. Las encuestas sobre la intención de voto reflejaron esta ventaja de la

72.

En el oficialismo, se consideró en un principio al ministro Boloña como el candidato adecuado para encabezar la lista oficialista, y dos personas —una de ellas fue Yoshiyama— lo intentaron convencer en persona. Pero Boloña rechazó firmemente la propuesta. Entonces, para que el ministro de Economía y Finanzas cambiara de parecer, el acompañante de Yoshiyama le dijo casi sin pensar, señalando al ministro de Energía y Minas: “Si usted no candidatea, Yoshiyama va a hacerlo”. Boloña no cambió su posición al final, pero estas palabras improvisadas se convirtieron en realidad. Yoshiyama manifestó su disposición a aceptar el reto de candidatear “en caso de que el jefe máximo accediera a la idea”. Fujimori la aprobó, y Yoshiyama encabezó la lista oficialista de los candidatos (entrevista 07: 1994). El nombramiento de Yoshiyama fue también el resultado de la casualidad.

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alianza Nueva Mayoría-Cambio 90 sobre la oposición. Mientras la alianza oficialista registró constantemente el apoyo de un 35% de los ciudadanos, el apoyo a las fuerzas opositoras llegó apenas al 10%. Vale decir, hubo cerca de 30 puntos de diferencia entre el oficialismo y una de las fuerzas opositoras que ocupaba el segundo lugar en la encuesta (Informe de opinión, noviembre de 1992). Sin embargo, el apoyo a la alianza oficialista nunca sobrepasó la mayoría de los encuestados, y el porcentaje de los indecisos alcanzaba un alto nivel, entre el 20 y el 24%. Por eso, el interés principal de la opinión pública se centró en saber si el oficialismo lograría obtener más votos y alcanzar la mayoría en el Congreso. Durante la campaña electoral se produjo la captura de Guzmán, el líder máximo de SL, y la intentona golpista, que trataremos en la siguiente sección. Ambos sucesos favorecieron electoralmente a la alianza oficialista.73 Tal como estaba previsto, el 22 de noviembre se llevó a cabo la votación bajo la observación de la OEA. El resultado dio el triunfo al oficialismo, que consiguió el 49,3% de los votos válidamente emitidos, y 44 escaños, más de la mayoría absoluta de los 80 escaños totales (véase cuadro 3.5). Muchos peruanos pensaron que Fujimori había logrado estabilizar la economía y que también había alcanzado grandes logros en la lucha contra el terrorismo, y apoyaron masivamente al oficialismo sobre la base de estos resultados, esperando que otros problemas socioeconómicos fuesen superados en los siguientes años. El ausentismo fue del 27,8%, situándose en un nivel semejante al de las elecciones parlamentarias de 1990: el 31% en el caso de la Cámara de Senadores, y el 32% en el de la Cámara de Diputados. Por otro lado, los votos blancos y nulos registraron un 23,9%, cifra también comparable a la de las elecciones del año 1990: el 19% en las elecciones de la Cámara de Senadores y el 27% en las de la Cámara de Diputados. Tras estos resultados, las fuerzas opositoras que no habían participado en el proceso electoral hicieron una campaña de no reconocimiento de la legitimidad de las elecciones del CCD, pero su táctica no cumplió el objetivo trazado. Yoshiyama, la cabeza de la lista oficialista, fue elegido presidente del CCD, ocupando este cargo en tres periodos hasta 1995, año en que el CCD dejó de funcionar. Cuando Fujimori salía de 73.

La descripción de la campaña electoral del CCD se basa en las entrevistas: 8 (1992a), 14 (1992a; 1992b; 1992c), 15 (1992a; 1992b; 1992c), entre otras fuentes. Balbi (1992) y Crabtree (1993) también analizan esta campaña electoral.

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Cuadro 3.5 resultado de las eleCCiones Para el Congreso Constituyente deMoCrátiCo de 1992 agruPaCiones Nueva Mayoría-Cambio 90

votos ganados

esCaños

(% de votos válidos)

ganados

3.075.422

(49,3%)

44

Partido Popular Cristiano

606.651

(9,7%)

8

Frente Independiente Moralizador

486.984

(7,8%)

7

Movimiento Independiente Renovación

440.314

(7,1%)

6

Movimiento Democrático de Izquierda

341.646

(5,5%)

4

Coordinadora Democrática Frente Nacional de Trabajadores y Campesinos Frente Popular Agrícola

328.153

(5,3%)

4

237.977

(3,8%)

3

172.923

(2,8%)

2

Solidaridad y Democracia

126.822

(2,0%)

1

Movimiento Independiente Agrario

107.543

(1,7%)

1

Otros

313.247

(5,0%)

Votos válidos

6.237.682

Votos nulos

1.620.887

Votos blancos

333.277

Votos emitidos

8.191.846

Abstención

3.147.910

Total de electores

11.339.756

Fuente: Todos los datos, excepto el total de electores y la abstención, se basan en JNE (1992); el total de electores, en Tuesta (2001: 485) Nota: En la celda de los votos ganados, las cifras entre paréntesis son las proporciones que los votos de cada agrupación ocupan en el total de votos válidos. La cifra entre paréntesis en la línea de la abstención es la proporción que ocupa en el total de electores.

viaje al extranjero, el presidente del CCD se encargaba del despacho del Presidente de la República, en sustitución de los vicepresidentes que estaban vacantes después del “autogolpe”. Después de terminar las elecciones del CCD, el 14 de diciembre, el Consejo Permanente de la OEA recibió el informe de la misión observadora, en el cual se reportaba que, en términos generales, las elecciones

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habían sido justas y sin graves irregularidades (OEA 1992: 40-42; 1996: 36-38), y decidió dar por concluidas sus actividades en el Perú después del 5 de abril, una vez instalado el CCD. El 29 de diciembre se inauguró ese Congreso y se dio por culminado el proceso de “retorno a la democracia” que había sido reconocido internacionalmente.74 Antes de terminar el análisis del proceso de “retorno a la democracia”, resulta importante resaltar que en él se puso de relieve la diferente manera de captar y entender el sentido de la democracia por parte del Perú y de los Estados Unidos, provocada por el diferente concepto que ambos tenían acerca de la legitimidad mencionado en el capítulo I. Los Estados Unidos no solo criticaron el “autogolpe” como antidemocrático, sino que también pusieron énfasis en la manera en que debía normalizarse la situación política peruana, exigiendo siempre al gobierno peruano que todas las fuerzas políticas participaran en el proceso y pudieran opinar acerca de los procedimientos a seguir en dicha coyuntura. Fieles a su cultura política, que confiere mucha importancia al proceso y a los procedimientos, los Estados Unidos objetaron la inicial propuesta de normalización de Fujimori. Por su lado, el mandatario enfatizó —como manifestó cuando hizo público el “autogolpe”— que el objetivo de la democracia residía en la realización de la justicia social y el desarrollo. El mandatario pensaba que, para alcanzar tal fin, se requería a veces acudir a una actitud brusca, la misma que recibió el masivo apoyo de los peruanos. En el proceso de normalizar la situación política peruana después del “autogolpe”, la comunidad internacional, particularmente el gobierno estadounidense, logró que Fujimori cediera y se comprometiera a realizar el diálogo con las fuerzas opositoras, así como a celebrar las elecciones del CCD, amenazando con la posibilidad de imponer, en caso contrario, una sanción económica. Sin embargo, el proceso del diálogo no se convirtió en una oportunidad para comenzar la institucionalización de la política democrática. Vale decir, en el proceso del “retorno a la democracia” exigido por la comunidad internacional, no se cambió la manera autoritaria de hacer

74.

Japón apoyó al Perú en la realización de las elecciones para el CCD con un aporte económico destinado a la compra de computadoras, el entrenamiento del personal del Jurado Nacional de Elecciones y el envío de observadores electorales para la misión de la OEA. Esta fue la primera vez que la ayuda oficial de desarrollo (ODA) del Japón se utilizó para apoyar un proceso electoral.

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política tanto de Fujimori como de la oposición, ni se logró algún consenso o entendimiento concreto respecto del futuro del Perú, ni se forjó ningún proceso de toma de decisiones democrático compartido por los principales actores políticos; es más, dicho proceso ni siquiera constituyó un primer paso para abrir el camino a tal institucionalización. Ello se debió a que, como hemos analizado en esta sección, Fujimori logró siempre —después de ceder parcialmente ante las críticas de la comunidad internacional— hacer prevalecer su voluntad e ideas en un marco político general en que disfrutaba de una posición aventajada frente a la oposición. Fujimori y las fuerzas opositoras no discutían en igualdad de condiciones; mientras que el líder político de origen nipón mantenía un alto nivel de apoyo de la población basado en las expectativas de una mejora socioeconómica, los partidos opositores no habían logrado recuperar la confianza de los peruanos. Está de más decir que la responsabilidad final de la tarea de consolidar la democracia la tienen los peruanos. La política peruana no puede cambiar drásticamente; ello no sucederá mientras los peruanos no se interesen por el proceso de la toma decisiones y por fiscalizar al gobierno y a los políticos, y no consideren indispensable su participación activa y responsable en dicho proceso. Para esto se requiere un proceso de aprendizaje, ensayo y error, de mediano y largo plazo. Debemos decir que se trata de una política que no podía transformarse mediante gestiones intermitentes, solo por unos ocho meses, por parte de los países extranjeros y organismos internacionales en un país donde predominaban la conducta y conciencia políticas tradicionales. 8.

La captura de Guzmán y la intentona golpista

La disminución del terrorismo después de la captura del líder máximo senderista Durante la campaña electoral del CCD se produjeron dos sucesos impactantes: la captura de Guzmán y la intentona golpista; ambos favorecieron a Fujimori en el aspecto electoral y, al mismo tiempo, tuvieron cierta influencia en el desarrollo de la situación política después de 1993. Por eso, antes de proceder al análisis de la política después de la instalación del CCD, detallaremos un poco los dos sucesos y su trasfondo. Empezamos con la captura de Guzmán. El líder máximo de SL fue detenido en la noche del 12 de septiembre de 1992. Era la hazaña de

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un grupo especial llamado Grupo Especial de Inteligencia (GEIN), que fue creado en 1990 dentro de la Dirección Nacional contra el Terrorismo (DINCOTE) de la Policía Nacional con el objetivo de arrestar a los miembros de la cúpula de los grupos subversivos. La clave directa de la gran captura fue una información que el GEIN consiguió de un elemento senderista detenido en junio del mismo año, unos tres meses antes de la captura, cuando cateó una academia de nivelación. Sobre la base de la información, el GEIN especificó tres casas donde posiblemente vivían los senderistas. Después de continuar las pesquisas, el grupo especial sacó la conclusión de que posiblemente Guzmán se encontraba escondido en una de las tres casas, concretamente, en una donde vivía una pareja de cónyuges. Las sospechas se dirigieron a esa casa en particular por varios indicios: (a) los dos habitantes de la casa compraban alimentos, tabaco, ropa, etc. para más de dos personas; (b) la basura de la casa (botellas de alcohol y otras cosas) era casi la misma que se había encontrado en otras casas en las que Guzmán se había escondido y de donde había logrado escapar poco antes de la intervención del GEIN en 1990 y 1991; y (c) los habitantes compraban las medicinas necesarias para el tratamiento de una enfermedad de la piel que Guzmán padecía. En 1990 y 1991, años en que Guzmán escapó cuando el GEIN estaba a punto de capturarlo, la información sobre la operación de intervención de la casa donde presumiblemente vivía Guzmán había llegado, incluso antes del hecho, al despacho de la Presidencia de la República. Los policías encargados de realizar las operaciones sospecharon que dicha información podría haberse filtrado al enemigo en algún punto del proceso de informar al superior que finaliza en la Presidencia de la República. Por eso, en la tercera operación de catear la presumible casa de Guzmán, el GEIN no lo reportó al presidente; el propio director de la DINCOTE, el jefe directo del grupo especial, fue informado sobre la operación el mismo día de la intervención, unas cinco horas antes de la captura de Guzmán.75

75.

El GEIN planeó intervenir en las tres casas, una tras otra, en la operación del 12 de septiembre, y anular inmediatamente la operación en caso de que la primera casa, al ser cateada, no perteneciera a SL. La primera casa era de SL, y el GEIN decidió intervenir en la segunda casa, y en ese momento informó por primera vez al director de DINCOTE. Guzmán fue capturado en la segunda casa intervenida. Antes de realizar la operación, los miembros del grupo especial no tenían la certeza de cuál de las dos

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La captura de Guzmán, así como la detención de Polay, el número uno del MRTA, ocurrida en junio de 1992, unos tres meses antes de la captura del líder máximo de SL, eran los resultados trascendentales de una serie de medidas contrasubversivas que, como ya señalamos, tenían el origen casas, la segunda o la tercera, era habitada por Guzmán, porque no pudieron descartar la posibilidad de que, viviendo en la tercera casa, el líder máximo senderista mandara a botar la basura y hacer otras cosas mediante la segunda. Entonces, en la operación de intervención, planearon catear la tercera casa inmediatamente después de la intervención de la segunda. Por otro lado, Fujimori dijo una vez que la captura de Guzmán fue el producto de la inteligencia organizada por Montesinos, en particular de la Ley de Arrepentimiento emitida en mayo de 1992 (Fujimori 1999: N.° 16). Pero pensamos que la descripción de Fujimori se basa solamente en la información reportada por Montesinos. En su libro sobre su experiencia en la lucha contra terrorismo, publicado después de su caída, el ex jefe de Estado adjudica el “mérito” de la captura de Guzmán a Montesinos (Fujimori 2002). Nuestra descripción sobre la captura de Guzmán se basa en la información que conseguimos a fines de septiembre de 1992 de las fuentes policiales que estaban relacionadas con la captura (entrevista 16). Cuando el GEIN fue creado en marzo de 1990, tenía escaso presupuesto; después de instalarse el gobierno de Fujimori, intercedió Santiago Fujimori, y el grupo empezó a recibir cierto nivel de presupuesto. Dicen que el grupo especial también recibía el apoyo, incluida determinada cantidad de dinero, de la CIA de los Estados Unidos. A propósito, Fujimori pretendió fusilar al detenido Guzmán, e incluso hizo secretamente los preparativos para ello, pero desistió de su idea debido a la oposición de varias personas, especialmente de dos ministros —Fernando Vega, de Justicia, y Augusto Antonioli, de Trabajo y Previsión Social—. Los dos ministros objetaron esta idea porque el fusilamiento solo convertiría a Guzmán en un mártir, y provocaría críticas contra el gobierno peruano de los países extranjeros (Antonioli 2003: 224-226). A principios de 2008, la revista semanal Caretas (N.� 2010, 2011 y 2013) reportó la supuesta orden presidencial que “salvó a Abimael Guzman”: en la primera mitad de diciembre de dicho año, la Policía estaba a punto de capturar a Guzmán, y el jefe y otros dos policías de importancia de la DINCOTE “decidieron golpear” la casa donde se suponía estaba Guzmán, pero “por una orden presidencial” fue cancelada la intervención. Sin embargo, según una fuente policial de alto rango que formaba parte del GEIN en aquel entonces (entrevista con dicha fuente [2008.02.15]), en la primera mitad de diciembre de 1990 existían informaciones fragmentadas sobre la eventual presencia de Guzmán en una casa, pero en el GEIN no se sentía la necesidad de discutir la conveniencia de “golpear” las casas; recién en la segunda mitad del mismo mes el GEIN empezó a realizar la vigilancia permanente de casas para conseguir informaciones precisas. Al mismo tiempo, la fuente del autor negó que se diera una reunión —en la cual, de acuerdo con la revista, participaron las fuentes de la revista, la fuente del autor y otro policía de importancia del GEIN— para discutir la necesidad de “golpear” una casa. Señala también que entonces Montesinos se encontraba interesado más que nada por promover a Antonio Ketín Vidal de coronel a general y luego ubicarlo en la DINCOTE (lo logró en 1991).

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en las líneas generales redactadas por las Fuerzas Armadas a fines de 1989 e impulsadas políticamente por Fujimori después de su toma de posesión en 1990. Debido a la captura de casi todos los dirigentes principales, Guzmán y Polay entre otros, SL y el MRTA sufrieron un golpe aplastante. En 1990, SL empezó a intensificar la ofensiva en Lima sobre la base de la percepción subjetiva de que se estaba llegando al “equilibrio estratégico”, como señalamos en la sección 3 de este capítulo. En 1992, SL asestó en Lima dos atentados —“dos errores estratégicos” de este— que impactaron a los peruanos de todas las clases. El primero de ellos se produjo en febrero de ese año, cuando el grupo maoísta asesinó a María Elena Moyano, una dirigenta social destacada en una zona marginal de la ciudad capital, que criticaba en público la violencia de los grupos subversivos armados. El segundo sucedió en julio de 1992, cuando un coche bomba explotó en el distrito de Miraflores, una zona de mucha concurrencia, matando a más de veinte personas e hiriendo a más de cien. Estos dos atentados hicieron sentir a muchos peruanos que cualquiera de ellos se encontraba ya frente a un riesgo sumamente alto de ser una víctima más en cualquier lugar y en cualquier momento de uno de estos hechos sangrientos. Como consecuencia de los dos atentados terribles, los peruanos —particularmente los limeños— robustecieron su actitud de rechazo al terrorismo, lo cual afectó negativamente no solo a SL, sino también al MRTA. Por otro lado, el MRTA ya se había empezado a debilitar y dividir en aquel entonces. El primer motivo de la desunión fue la caída del bloque comunista a fines de los años ochenta. A diferencia de SL, que no tenía muchos vínculos internacionales, el MRTA sintió este cambio mundialmente importante como un golpe directo, porque había contado con ayuda internacional. Concretamente, dentro del MRTA se profundizó el conflicto entre dos facciones, una que buscaba firmar un acuerdo de paz con el gobierno y legalizar su presencia, y la otra, que insistía en continuar la lucha armada. Pese a esto, incentivado por la intensificación de las actividades senderistas en la ciudad, el grupo procubano incrementó sus acciones terroristas y, entre ellas, los ataques con coches bomba, durante cierto tiempo a principios de la década de 1990. Mientras se intensificaba el conflicto interno entre los que proponían deponer las armas y quienes opinaban a favor de la lucha armada, se produjo otra fricción interna causada por disensiones en el reparto de los rescates obtenidos a través de secuestros de empresarios, y finalmente, entre

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1991 y 1992, la situación conflictiva interna del MRTA salió a la luz. Para entonces el MRTA se había dividido en tres facciones, y cada una comenzó a entregarse a la lucha interna. La Policía aprovechó esta situación para conseguir de las facciones rivales informaciones sobre el paradero de su líder máximo Polay, y logró capturarlo en junio de 1992. La mencionada intensificación del rechazo al terrorismo entre los peruanos constituyó un golpe adicional al MRTA que ya se había debilitado. A partir de la captura de Guzmán, el número de atentados y víctimas provocados por el terrorismo empezaron a bajar, disminuyendo a partir de 1994 a menos de la mitad del número alcanzado entre 1990 y 1992 (véase cuadro 3.6). Esto significaba que recién por primera vez, y recién en el duodécimo año después del inicio de la lucha armada, el gobierno tomó la iniciativa estratégica y empezó a contraatacar eficazmente a SL y el MRTA. Contribuyó también de manera significativa a la destrucción de los grupos subversivos por parte de las fuerzas del orden el hecho de que no pocos militantes de los grupos subversivos se rindieron ante las autoridades peruanas para buscar la reducción de las penas y la protección prometidas en la Ley de Arrepentimiento a quienes colaboraran, ofreciendo valiosa información sobre las organizaciones terroristas.76 Más tarde, en octubre de 1993, se dio a conocer que Guzmán había declarado la suspensión de la lucha armada en la cárcel y que había propuesto al gobierno peruano la firma de “un acuerdo de paz”. Con motivo de esta decisión de su líder, SL se dividió en dos facciones, una defensora del “acuerdo de paz” y, la otra, de “la lucha armada”. La segunda estaba dirigida por Óscar Ramírez, uno de los diecinueve miembros del Comité Central de SL. Ramírez fue capturado en julio de 1999, en el segundo mandato de Fujimori. Al igual que el MRTA, SL sufrió un golpe aplastante en el aspecto organizativo debido a la división interna, y perdió la capacidad de realizar —aunque fuese por corto tiempo— múltiples atentados simultáneos o una ofensiva sincrónica en diversas partes del país, como lo hacía antes de la captura de su líder máximo. Además, la captura de sus principales dirigentes provocó una pérdida estratégica tanto en SL como 76.

A decir verdad, antes de entrar en vigencia la Ley de Arrepentimiento, las Fuerzas Armadas y la Policía ya tomaban determinadas medidas para proteger a los militantes de los grupos subversivos armados que ofrecieran informaciones valiosas para capturar a los miembros de la cúpula.

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7,6

82

Ejecuciones extrajudiciales (personas)

3,2

99

292 142

168

4,7

1718

174

948

1873

8,2

2995

1992

35

47

3,1

1129

138

713

1067

5,3

1918

1993

39

30

0,9

324

138

424

633

3,3

1195

1994

1

10

1,2

428

194

602

436

3,4

1232

1995

3

3

0,6

211

131

398

354

2,4

883

1996

2

0

0,4

130

89

351

241

1,9

681

1997

2

0

0,2

83

65

161

84

0,8

310

1998

0

1

0,2

55







0,4

144

1999

0

0

0,1

28







0,5

175

2000

Fuentes: Tanto el número de atentados como el de víctimas se basan en Webb y Fernández (2001: 533-534), y son las estadísticas de la Policía Nacional. El número de atentados por áreas naturales son datos de INEI (INEI: 2001b). El número de desaparecidos y los casos de ejecución extrajudicial se basan en CNDDHH (1991-2001) y están corregidos por State (1991-2001). Los datos por día son el cálculo del autor. Nota: Los datos del número de víctimas y de desaparecidos en este cuadro no pueden compararse fácilmente con los del cuadro 1.16, porque las fuentes son distintas. El signo – significa que no existe el dato.

4,0 246

1477

Desaparecidos (personas)

1177

159

Selva Número de víctimas (personas) Total

por día

162

1210

Sierra

924

1410

1694

7,6

2785

1991

Costa

Áreas naturales

2779

por día

1990

Total

Número de atentados (casos)

Cuadro 3.6 datos relativos al terrorisMo en la déCada de 1990

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en el MRTA. Después de la caída de Guzmán desapareció totalmente la opinión de que los grupos subversivos armados podrían derrocar al gobierno. Los grupos subversivos armados disminuyeron también las zonas de actividad y el número de militantes. Las actividades principales de ambos se concentran desde mediados de los años noventa hasta hoy en las reducidas zonas que no permiten el acceso fácil por las condiciones naturales: SL mantiene su presencia en una parte de la selva central y una reducida zona colindante con esta; mientras que el MRTA la mantiene en otra parte también reducida de la selva central. Los militantes disminuyeron a menos de 10% del nivel alcanzado durante su apogeo. Se estima que SL tiene menos de 500 elementos mientras que, el MRTA, menos de cien. En resumen, los dos grupos subversivos armados se debilitaron marcadamente debido a la política antisubversiva coherente y al rechazo del pueblo al terrorismo, así como a la división interna y los errores tácticos y estratégicos de ambos. Sin embargo, todavía no están erradicados completamente, y mantienen cierto nivel de capacidad para realizar algunas operaciones militares, produciéndose atentados inesperados particularmente cuando las autoridades bajan la guardia. Un ejemplo impactante de ello fue la toma de la residencia del embajador japonés, hecho sucedido en 1996 (véase capítulo V). Aunque haya un terrorista, este puede causar un atentado de suma trascendencia; por eso, nunca se puede menospreciar lo grave del problema del terrorismo.77

La intentona golpista y el control sólido de las Fuerzas Armadas por Montesinos El otro suceso de importancia fue la intentona golpista. Esta se produjo en la noche del 13 de noviembre, nueve días antes de la votación para el CCD. El plan del golpe fue elaborado por ciertos militares en actividad y en retiro descontentos por el fuerte control y la enorme influencia de Montesinos en las Fuerzas Armadas y, particularmente, por la ingerencia del asesor, después de instalarse el gobierno de Fujimori, en los cambios del

77.

Después de dejar atrás la violencia, el Perú debe enfrentar una serie de desafíos para lograr la reconstrucción de la sociedad. Basombrío (1999) y McClintock (1999a), entre otros, hacen análisis preliminares sobre el tema.

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personal militar. Asesorado por Montesinos, Fujimori decidía los ascensos, recolocaciones del personal y los pases a retiro en las Fuerzas Armadas. Montesinos y su SIN detectaron un plan de golpe de Estado tramado por un pequeño grupo de militares, que fueron detenidos esa misma noche. Fujimori se vio obligado a alejarse de Palacio de Gobierno hasta que su seguridad personal se garantizara. En el transcurso de esta incertidumbre, se produjo una anécdota: después de escapar del Palacio de Gobierno, camino a una instalación militar en Lima, el mandatario peruano pasó por la residencia del embajador japonés para esperar ahí durante unos cuarenta minutos la llegada de su escolta. Cuando Fujimori tomó posesión de su cargo en 1990, Montesinos le comunicó la información de que la Marina, que había apoyado a Vargas Llosa durante la campaña electoral, pretendía dar un golpe de Estado; el mandatario destituyó ese mismo día no solo al Comandante General de la Marina, sino también al Comandante General de la Fuerza Aérea, quien nunca había disipado los rumores de corrupción. Luego de esto, Fujimori y Montesinos emprendieron los cambios del personal en la cúpula de las Fuerzas Armadas y de la Policía. Montesinos pretendió fortalecer las relaciones de Fujimori con las Fuerzas Armadas y con la Policía, aprovechando hábilmente los ascensos y los cambios de personal. Vale decir, el asesor del SIN ascendió o recolocó en los puestos clave a los militares y policías que tenían amistad o lealtad hacia su persona. Si bien Montesinos fortaleció cada vez más su propio poder y su control de la cúpula militar, no logró expandirlo totalmente ni consolidarlo fácilmente. Todavía para mediados de 1991, entre un 60 y un 70% de los efectivos del Ejército y un 90% de los de la Marina sentían hostilidad contra Montesinos, a causa de su oscuro pasado y de su intervención en los cambios del personal militar, función que no le correspondía, dado que no formaba parte de la línea de orden militar (entrevista 10).78 78.

Una de las razones que explican por qué Montesinos no logró necesariamente hacer cambios del personal de las Fuerzas Armadas y la Policía tal como lo esperaba fue que, de acuerdo con la Constitución Política de 1979, los ascensos al rango de general se debían autorizar por la Cámara de Senadores. Este requerimiento fue eliminado en la Constitución Política de 1993, y dichos ascensos corresponden exclusivamente al presidente de la República, como veremos en el siguiente capítulo. Respecto de las relaciones entre Fujimori y las Fuerzas Armadas en los primeros años de la década de 1990 véase, entre otros, Masterson (2001), Mauceri (1999), Mora et al. (2001),

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Con todo, los militares y policías insatisfechos por el control y la influencia de Montesinos no podían criticarlo públicamente ya que él, gracias a la confianza de Fujimori, tenía una fuerte influencia en la Inteligencia y en los cambios del personal de las Fuerzas Armadas y la Policía. Aprovechando esta circunstancia, Montesinos utilizaba los cambios del personal para consolidar gradual y constantemente su poder de control sobre las Fuerzas Armadas y sobre la Policía. Para fines de diciembre de 1991, el poder e influencia de Montesinos se habían incrementado lo suficiente como para colocar a Nicolás Hermoza en el cargo de comandante general del Ejército. Hasta entonces, por costumbre, dicho cargo era ocupado cada año por los militares de la “espada de honor”, vale decir, los graduados de la escuela militar con la máxima calificación. Con ese criterio, Hermoza no podía asumir la comandancia general del Ejército pero, gracias al esfuerzo de Montesinos, lo logró. En enero de 1992, un mes después de ser nombrado comandante general del Ejército, Hermoza asumió también el cargo de presidente del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, ocupando los dos cargos durante largos seis años y medio, hasta agosto de 1998, cuando fue destituido repentinamente. En el transcurso de estos años, Hermoza apoyó al gobierno de Fujimori en diversas oportunidades, incluso cuando se produjo el “autogolpe”. Hasta entonces, desde 1968, cuando empezó el gobierno militar, la presidencia del Comando Conjunto era ocupada cada año por los comandantes generales del Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea, por turnos; pero esta práctica también fue rota por el largo nombramiento de Hermoza. Para ascender y mantener en los cargos a Hermoza por varios años, Montesinos impidió los ascensos de los militares a quienes, según la costumbre, correspondían, y pasó a otros al retiro. Algunos de estos militares figuraron entre los que elaboraron el plan golpista detectado en noviembre de 1992. Con motivo de la intentona golpista, casi todos los principales críticos a Montesinos fueron sacados de la cúpula militar y, como resultado de esto, Montesinos logró establecer un control casi total y una influencia sumamente fuerte entre los oficiales que tenían el rango de coronel y general. Sin embargo, entre los militares que tenían el rango de teniente o rangos menores a este, persistió el descontento profundamente arraigado, dado Obando (1994; 1998a; 1998b; 2001), Obando ed. (1993), Pedraglio et al. (s.f.), Rospigliosi (1996; 2000a; 2000b). También véase la sección 5 de este capítulo.

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que debían aguantar condiciones sumamente desfavorables como el salario bajo, sin gozar de los privilegios pertenecientes al rango de coronel y general, como el suministro de determinada cantidad de gasolina. Su insatisfacción con dichas condiciones se convirtió en una profunda antipatía y rechazo a Montesinos, de quien desconfiaban no solo por su pasado oscuro y por las crecientes sospechas de corrupción que recaían sobre él, sino también por la fuerte influencia que ejercía en las Fuerzas Armadas y la Policía, a pesar de que no tenía nada que ver con la línea de dirección y orden institucional de estos institutos armados. Algunos de estos militares descontentos o irritados con Montesinos filtraron a la opinión pública diversas informaciones sobre el lado oscuro de las Fuerzas Armadas, como la violación de los derechos humanos, inclusive el caso de La Cantuta y la operación de la escucha clandestina a las fuerzas opositoras, que veremos en los siguientes capítulos. Para Fujimori, Montesinos fue importante no solamente como su enlace con las Fuerzas Armadas y la Policía, sino también como asesor en la política contrasubversiva y otros aspectos de la política. Por ejemplo, Montesinos le recomendó utilizar el Servicio de Inteligencia en la lucha contra el terrorismo. Además de esto, lo apreciaba por ser una persona expeditiva que se encargaba de un trabajo o tema dado, aunque fuera difícil, sin el más mínimo gesto de fastidio, y lo terminaba y superaba eficientemente. De este modo, Montesinos ganó la confianza sólida de Fujimori. A principios de 1993, Fujimori confesó a un visitante que Montesinos, desde la toma de posesión hasta entonces, le había prestado notables servicios al frustrar una trama de golpe de Estado en cuatro ocasiones, como subproducto de la Inteligencia impulsada por el asesor del SIN.79 En 1994,

79.

Fujimori no ofreció más detalles acerca de las cuatro intentonas golpistas frustradas gracias a Montesinos. Aparte del suceso de noviembre de 1992, corrió el rumor de que una parte de las Fuerzas Armadas había estado tramando un golpe de Estado en julio de 1990, cuando Fujimori tomó la posesión, o alrededor de marzo de 1991. Por otro lado, fuentes cercanas a Fujimori señalan, en retrospectiva, la posibilidad de que Montesinos hubiera inventado las otras supuestas intentonas con el objetivo de inducir a Fujimori a que dependiera más de él y le tuviera más confianza. Las mismas fuentes recuerdan que en 1990, cuando Fujimori asumió la Presidencia de la República, hubo una información de que la Marina tenía la intención golpista. Sin embargo, años después, las mismas fuentes tuvieron la oportunidad de hablar con un miembro de la cúpula de la Marina de aquel año, y se convencieron de que la Marina no tuvo la intención de dar un golpe de Estado en aquel momento (entrevista 17: 1998b).

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Fujimori dijo incluso que, si no hubiera sido por Montesinos, el gobierno no habría durado ni tres semanas. Los medios de comunicación criticaron a Montesinos desde el primer mandato de Fujimori denunciando que mantenía relaciones con algún cartel de la droga, y aceptaba sobornos o estaba involucrado en el tráfico de drogas. Sin embargo, el mandatario peruano no escuchó seriamente este tipo de críticas e informaciones, porque tenía plena confianza en el ex capitán y consideraba que ellas habían sido difundidas por la oposición sin fundamentos. Existe la opinión de que Montesinos tuvo el poder de controlar o manejar a Fujimori porque tuvo bien agarrado un punto débil del presidente, por ejemplo, las pruebas de su posesión de la nacionalidad japonesa. Sin embargo, esta posición nos parece inexacta. Montesinos no tenía una base política propia de legitimidad en qué apoyarse; su existencia política radicaba en el hecho de que Fujimori, quien sí gozaba de la legitimidad de haber sido elegido por el pueblo, confiaba en Montesinos. Vale decir, la existencia de Montesinos dependió en última instancia de la de Fujimori; de hecho, Montesinos no pudo conseguir la confianza de otros políticos, dado que ellos consideraban al ex capitán como una persona negativa. Entonces, si el mandatario hubiera caído políticamente por la revelación de algún secreto, Montesinos habría sido el primero en recibir un golpe aplastante. Esto fue demostrado años después, en el proceso de la caída de Fujimori en el año 2000. Por eso, pensamos que Montesinos hizo lo imposible para ocultar cualquier información desfavorable para Fujimori, inclusive el asunto de la nacionalidad japonesa. Montesinos tuvo una especie de poder de veto frente a Fujimori debido a que conocía diversos secretos sobre su gobierno. Ello le habría permitido resistirse a determinadas intenciones de Fujimori, impidiéndole hacer lo que le placiera, en caso de que el mandatario hubiera pretendido obligar al asesor hacer algo en contra de su voluntad. Sin embargo, hasta su segundo mandato, Fujimori y Montesinos tuvieron básicamente las mismas aspiraciones y orientación respecto de los temas políticos, por lo que no se produjeron entre ellos desencuentros ni fricciones. Recién durante el segundo mandato de Fujimori, en particular, a fines de la década de su gobierno, se produjo un problema complicado en este aspecto.

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CaPítulo IV

Rondas campesinas (Ayacucho, 1999)

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La democracia implica el cumplimiento de otros objetivos, que van más allá de unos vagos derechos humanos y sociales y elecciones de vez en cuando; [la democracia] también debe materializarse. No hay democracia sin resultados concretos. alberto fujiMori, en una entrevista de abril de 1995, proclamando una visión no “idealista” sino “intuitiva” de la democracia, que él consideraba haber forjado mediante su contacto con el pueblo (Bowen 2000: 258).

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—IV— Camino a la reelección (1993-1995)

1.

La situación política después de las elecciones del CCD y la realización del referéndum constitucional

La normalización de las relaciones internacionales y un tropiezo en las elecciones municipales El proceso de “retorno a la democracia” culminó con la instalación del CCD, que había sido un compromiso internacional asumido por Fujimori. Las relaciones internacionales del Perú habían empeorado a causa del “autogolpe”, pero se esperaba que fueran normalizándose conforme el país andino avanzara en el proceso de “retorno a la democracia”. Sobre las relaciones con los organismos financieros internacionales, es necesario mencionar que aun después del “autogolpe”, el Perú mantuvo sus compromisos financieros y siguió cumpliendo con el plan económico aprobado por el FMI. Como dijimos en el capítulo anterior, en septiembre de 1992, mientras se normalizaba la situación política interna, el BID firmó un proyecto de nuevo préstamo al Perú. En los primeros meses de la segunda mitad de 1992, se supo que en 1993 el Perú tendría que enfrentar nuevos atrasos en sus pagos al exterior de unos 410 millones de dólares. Por ello, se planteó la necesidad de crear un segundo Grupo de Apoyo al país andino; los preparativos para su conformación se hicieron mientras el proceso de “retorno a la democracia”

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entraba en la etapa final. Sin embargo, ellos se detuvieron, por un tiempo corto, debido a dos acontecimientos ocurridos en enero de 1993. El primero fue la renuncia del ministro de Economía y Finanzas, Carlos Boloña. Al enterarse de la renuncia de esta persona en quien la comunidad financiera internacional tenía depositada su confianza, esta comunidad quiso asegurarse de que la continuidad de la política económica se mantuviese. El empresario Jorge Camet asumió el cargo en su reemplazo. Camet, quien hasta entonces había sido el titular del Ministerio de Industria, Turismo, Integración y Negociaciones en Comercio Internacional, no cambió a los viceministros y a los asesores que habían trabajado con Boloña. Este pequeño gesto, junto con la política económica asumida por Camet, en la misma línea que la de Boloña, demostraron la voluntad continuista del gobierno en materia económica. En realidad, las medidas económicas tomadas por el ministro Camet fueron la continuación de la política económica de Boloña. Camet ocupó la cartera de Economía y Finanzas durante cinco años y medio, es decir, hasta junio de 1998. Sin embargo, nunca dejaron de existir en su contra rumores de corrupción, relativos a las compañías de construcción que él mismo había administrado antes de entrar en el mundo político y seguían siendo manejadas por sus familiares mientras él era ministro. El segundo acontecimiento que marcó la política peruana fue la inauguración del gobierno de Bill Clinton en los Estados Unidos. El presidente del Partido Demócrata exigió a su par peruano cambiar su actitud con relación a los derechos humanos. Los Estados Unidos cuestionaron las disposiciones emitidas poco después del “autogolpe” para prohibir a la Cruz Roja Internacional visitar a los reclusos por terrorismo, así como la posición —asumida por Fujimori— de ignorar la opinión de las organizaciones de derechos humanos. El gobierno de Fujimori respondió a las exigencias estadounidenses haciendo algunas modificaciones, como la de autorizar a la Cruz Roja Internacional las visitas a los reclusos. El gobierno de Clinton consideró que esta era una respuesta positiva a parte de sus demandas. En marzo de 1993 se conformó el segundo Grupo de Apoyo. El Perú logró saldar los atrasos con el FMI gracias a los créditos puente concedidos por los Estados Unidos y el Japón. El crédito del Japón fue ofrecido por el Banco de Exportación e Importación de ese país.1 El Perú arregló, además, 1.

Este banco y otra entidad pública se fusionaron en 1999 para fundar el Banco Japonés para Cooperación Internacional (Japan Bank for International Cooperation).

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parte de sus cuentas pendientes y mejoró sus relaciones tanto con el Banco Mundial como con el FMI. En mayo de 1993, el gobierno peruano llegó a un acuerdo con el Club de París sobre la reprogramación del pago de la deuda bilateral que el Perú debía realizar hasta 1996. Por otro lado, en abril de 1993, el Grupo de Río aprobó el reingreso del Perú, cuyo derecho a participar había sido suspendido después del “autogolpe”. En junio del mismo año, Venezuela restableció las relaciones diplomáticas con el Perú. Para comprender esas relaciones es importante mencionar que, cuando ocurrió el “autogolpe”, el presidente de Venezuela era Carlos Andrés Pérez. Sin embargo, en mayo de 1992, este había sido destituido del cargo y su sucesor cambió la política exterior hacia el gobierno de Fujimori. De este modo, las relaciones internacionales del país andino volvieron —casi completamente— al estado anterior al “autogolpe”.2 Antes de analizar la situación política a partir de 1993, señalaremos las causas de la renuncia de Boloña, ya que están íntimamente relacionadas con el estilo político de Fujimori. ¿Por qué Boloña renunció en esos días? En realidad, fue el mandatario quien destituyó a Boloña; su renuncia fue forzada. La causa directa del enfrentamiento entre el presidente y el ministro de Economía y Finanzas fue la decisión, tomada por el primero unos dos meses antes, de no confiar las negociaciones con el FMI a Boloña sino a otra persona. La causa fue el descubrimiento, en octubre de 1992, de que durante el proceso de negociaciones con el BID, Boloña había tomado algunas decisiones siguiendo su propio criterio personal, sin consultar con el presidente. En concreto, el ministro había dispuesto la reducción de las funciones del Banco de la Nación, perteneciente al Estado peruano, para satisfacer las condiciones de un préstamo del organismo interamericano. Pero, en el fondo del conflicto, estaba el malestar de Fujimori por el creciente peso de Boloña dentro del gabinete durante el tiempo en que se daba el proceso de normalización de la situación política después del “autogolpe”, en especial, en las relaciones internacionales del Perú (entrevista 08: 1992b; entrevista 18). En otras palabras, el mandatario temió que el poder de su ministro de Economía y Finanzas amenazara el suyo propio. La creciente influencia de Boloña ya no era compatible con el estilo

2.

Las relaciones diplomáticas con Panamá se restauraron recién en abril de 1994. Sobre esto, véase la nota 49 del capítulo anterior.

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autoritario de Fujimori, que buscaba acaparar todas las facultades de la toma de decisiones importantes, sin tener que delegarlas en otra persona.3 Por otro lado, la virtual destitución de Boloña demostró que Fujimori no tenía la idea de ir formando a su sucesor. En enero de 1993, cierta persona felicitó a Fujimori por una entrevista publicada el año anterior en un semanario estadounidense, en que declaraba que no pensaba presentar su candidatura a las próximas elecciones para reelegirse. Ante estas palabras, el mandatario peruano no mostró reacción alguna y pasó inmediatamente a otro tema (entrevista 19). Como describiremos en la sección 3 de este capítulo, para entonces Fujimori ya había decidido lanzarse como candidato presidencial a las elecciones de 1995. Ahora bien, mientras las relaciones internacionales se normalizaban, una gran dificultad aguardaba a Fujimori en la política interna. Se trataba de las elecciones municipales, originalmente programadas para 1992, pero postergadas para el siguiente año debido al “autogolpe” y a la realización de elecciones para el CCD. Estas elecciones municipales se realizaron finalmente a fines de enero de 1993, y en ellas participaron también AP y el PAP, que se habían negado a presentar sus candidatos en las elecciones del CCD. Vale decir, este proceso electoral constituyó la primera oportunidad de enfrentamiento frontal entre los fujimoristas y los antifujimoristas después del “autogolpe”. Por otro lado, para la alianza oficialista Nueva Mayoría-Cambio 90 las elecciones municipales —a través de las cuales son elegidos los alcaldes y concejales de provincias y distritos— constituyeron un dolor de cabeza dado que, para triunfar en ellas, se requerían bases organizativas arraigadas en diferentes zonas del territorio, así como personas capaces de ser candidatos o personeros (representantes de los partidos políticos en cada mesa de sufragio). En cambio, en las elecciones del CCD, como señalamos en el capítulo anterior, gracias al sistema electoral de la representación proporcional en el distrito único nacional, el oficialismo pudo encubrir de cierta manera su carencia de bases organizativas sólidas.

3.

Según lo que Fujimori comentó a una persona cercana, el jefe de Estado pidió al ministro de Economía y Finanzas renunciar al cargo porque este era “muy ambicioso” (entrevista 07 1993b). La misma fuente señala que en ese momento Fujimori pretendía aumentar el gasto fiscal, y que posiblemente esta intención causara el conflicto con Boloña.

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Las elecciones municipales de 1993 abrieron ciertas fisuras dentro del entorno presidencial, pues se suscitaron diferencias de opiniones sobre la línea a seguir. Alentados por la victoria en las elecciones del CCD, el presidente y otros colaboradores suyos opinaban que el oficialismo debería expandir su fuerza y presencia en el ámbito municipal. En contraste, Santiago Fujimori se oponía a la participación en los comicios municipales porque el oficialismo no contaba con suficientes personas capaces para el gobierno central, y no podía darse el lujo de encargarse además de las municipalidades. Además, existía la posibilidad de que la dirigencia oficialista nombrara como candidatos a personas a quienes no conociera bien que, aunque fuesen elegidos, podían cometer actos corruptos o inmorales y perjudicar así la imagen del oficialismo. Si bien Fujimori reconoció que el argumento de su hermano era razonable, decidió finalmente presentar candidatos en determinadas provincias del país, incluida Lima.4 Tomemos como ejemplo las elecciones provinciales. Cada uno de los principales partidos opositores, AP, el PAP, IU y el PPC, presentó candidatos en más de la mitad de las 188 provincias en todo el país. El oficialismo lo hizo en 19 provincias, es decir, en el 10,1% de la totalidad de provincias que existían en el Perú. Como candidato oficialista para la alcaldía provincial de Lima —la más importante de cara a la opinión pública y, por ello, la que atrajo más su atención—, Fujimori seleccionó a un alcalde distrital de Lima que no pertenecía a ningún partido político. Sin embargo, este no logró recoger mucho apoyo, dado que carecía de atractivo personal y carisma. Por eso, en medio de la campaña, Fujimori se vio precisado a obligar a su propio candidato a renunciar a la carrera electoral y evitar así una humillante derrota. El resultado electoral reveló la debilidad de las bases organizativas del oficialismo, porque en los comicios provinciales las fuerzas fujimoristas ganaron solamente en dos provincias: el 10,5% de los 19 candidatos oficialistas. Sin embargo, la votación resultó decepcionante también para los cuatro partidos principales ya que, en promedio, solo el 19,7% de sus candidatos alcanzaron el poder local, el doble del oficialismo, aunque habían 4.

Un conflicto similar sucedió también en las elecciones municipales de 1995, como veremos en la sección 3 del siguiente capítulo. En 1995, la influencia de Santiago Fujimori era ya baja, y Fujimori y Yoshiyama se mantuvieron firmes en sus opiniones.

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presentado entre cinco y siete veces más candidatos que los fujimoristas. En general, ganaron las elecciones candidatos independientes, excepto los fujimoristas. Mientras tanto, los cuatro partidos que, supuestamente, tenían bases organizativas más sólidas que la alianza fujimorista, perdieron las elecciones. La derrota de sus contrincantes neutralizó políticamente la aplastante derrota del oficialismo.

La elaboración del proyecto de una nueva Carta Magna De este modo, Fujimori superó el efecto negativo del resultado de las elecciones municipales. Luego, el mandatario peruano enfrentó la última etapa de la normalización política, es decir, la elaboración de una nueva Constitución y la realización de un referéndum para consultar al pueblo si la aprobaba o no. La Comisión de Constitución, presidida por el ex Primer Ministro y congresista Torres y Torres Lara e instalada en el CCD jugó un papel central en la elaboración de una nueva Constitución; sus miembros impulsaron la tarea de elaborar su texto modificando la Constitución Política de 1979. Entre la Constitución de 1979 y el proyecto de la nueva Constitución hubo diversas diferencias, comenzando por el número de artículos. La Constitución de 1979 incorporó 307 artículos y 18 disposiciones generales y transitorias; en ellos se especificaban diversos ideales e ideas, aunque estaban alejados de la realidad. En contraste, el proyecto de la nueva Constitución fue condensado en 206 artículos y 16 disposiciones finales y transitorias, y se limitó al establecimiento de marcos generales y la declaración concisa de pensamientos básicos. Esto se debió a que la mayoría de los constituyentes decidieron dejar el contenido concreto a leyes que reglamentaran los detalles de cada tema. En cuanto al contenido, el proyecto de la nueva Constitución redujo el rol del Estado, al que la Constitución de 1979 había asignado un importante desempeño en la vida económica y social del país, y puso como base de las actividades económicas los principios de libertad y libre mercado, suprimiendo los límites impuestos en la de 1979 a las actividades económicas para garantizar la justicia social. Además, a diferencia de la Constitución anterior, el proyecto no se expresó en contra del “imperialismo” ni del “neocolonialismo”, ni especificó la obligación del Estado de priorizar la ayuda social a los ciudadanos más pobres.

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Por otro lado, mientras que la Constitución de 1979 defendía enfática y detalladamente el derecho de los ciudadanos al bienestar social, la educación y el trabajo, el proyecto de la nueva Constitución declaró concisamente el principio de garantizar estos derechos, dejando sus detalles e implementación a posteriores leyes y reglamentos. Por otro lado, si bien en la Constitución anterior el Estado había asegurado el estatus estable de los trabajadores que imposibilitaba su despido, en el proyecto el Estado solo garantizaba la protección de los trabajadores del despido injusto, y fue eliminada la “estabilidad laboral” irrestricta que la Constitución de 1979 había establecido para favorecer de forma preferencial a los trabajadores. En cuanto a la educación también hubo algunas diferencias. Mientras la Constitución de 1979 establecía que la educación primaria era obligatoria, el proyecto incluyó también la educación inicial y la secundaria como obligatorias. La gratuidad de la educación pública fue garantizada solamente hasta la educación secundaria —la Constitución de 1979 lo hacía en todos los niveles educativos—. La educación universitaria gratuita se aseguraba únicamente a aquellos estudiantes que mantuvieran un rendimiento satisfactorio y no contaran con los recursos económicos necesarios para cubrir los costos de educación.5 En los asuntos agrarios, se estipuló que la propiedad agraria se ajustaría a la ley del libre mercado eliminando, así, el límite impuesto por la Constitución de 1979, que se había ajustado a los principios de la reforma agraria ejecutada por el gobierno militar reformista. En lo que se refiere a la estructura del Estado, el sistema bicameral de la Constitución de 1979 fue sustituido en el proyecto por uno unicameral. El número de los parlamentarios también fue reducido de 240 (60 en el Senado y 180 en la Cámara de Diputados) a 120, vale decir, la mitad del sistema anterior. Por otra parte, en el nuevo proyecto se permitió la reelección inmediata del presidente en ejercicio, prohibida en la Constitución de 1979; es decir, el presidente en ejercicio podría ser reelegido sin necesidad de esperar a que transcurriera un mandato presidencial. El ex presidente, incluso en caso de haber desempeñado el cargo durante dos mandatos consecutivos, podía volver a postular al cargo, transcurrido

5.

En el Perú, la educación primaria dura 6 años; la secundaria, 5 años; y la educación universitaria, 5 años (no incluye la educación de posgrado).

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como mínimo otro periodo constitucional. Además, se ampliaron las facultades del presidente, que podía, según el nuevo proyecto, nombrar a los embajadores y ascender a los militares y policías al grado de generales y almirantes, nombramientos que en la Constitución de 1979 podía realizar solo con la autorización de la Cámara de Senadores. El proyecto de la nueva Constitución obligó a la elaboración de un presupuesto equilibrado del gobierno. Asimismo, fortaleció en algunos aspectos el poder del Congreso frente al Ejecutivo; por ejemplo, obligó al Primer Ministro a acudir al Congreso dentro de los treinta primeros días después de asumir el cargo para exponer su plan de gobierno y lograr formalmente la “confianza” de los congresistas. En cuanto a la facultad presidencial de emitir decretos de urgencia, el proyecto dio al Congreso la potestad de modificarlos o derogarlos. En el proyecto de la nueva Constitución se introdujeron otros elementos nuevos. Entre ellos, figuraban la posible realización de un referéndum para conocer directamente la voluntad del pueblo, el derecho de solicitar la destitución de los funcionarios y la instalación de la Defensoría del Pueblo, que vigilaría las actividades de la administración pública y protegería los derechos del pueblo. En el ámbito judicial, el nuevo proyecto fortaleció la independencia del Poder Judicial, al impedir que fuera el Presidente de la República quien nombrara a los magistrados —aunque a propuesta del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM)—, como estaba estipulado en la Constitución de 1979. Según el nuevo planteamiento, el CNM tendría la facultad exclusiva de seleccionar y nombrar a los magistrados. El proyecto también estableció la elección popular de los jueces de paz, o sea, jueces de primera instancia. Además, en la Constitución de 1979 la pena de muerte solamente se aplicaba a los casos de traición a la patria en caso de guerra. En cambio, en el proyecto de la nueva Constitución, dicha pena radical era aplicable también a los actos terroristas, conceptualizados desde ese momento como casos de traición a la patria. Finalmente, mientras la Constitución de 1979 estableció como unidades básicas de la administración local a las provincias y a los distritos, y reestructuró los departamentos en regiones, en el proyecto de la nueva Constitución las unidades básicas de la administración local fueron las regiones, los departamentos, las provincias y los distritos; y un departamento o más de dos departamentos colindantes constituirían, en adelante, una

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región. La elección del presidente regional, indirecta en la Constitución anterior, fue sustituida por una directa. Por otro lado, el proyecto de la nueva Constitución eliminó un artículo de la Constitución anterior que establecía los subsidios que el gobierno central debía dar a los gobiernos regionales. El mandato de los cargos provenientes de la elección popular en las municipalidades —alcaldes y concejales— fue cambiado de un periodo de tres años en la Constitución de 1979 a uno de cinco años.6 El proyecto de la nueva Constitución fue discutido y aprobado, artículo por artículo, en el pleno del CCD que comenzó en julio del 1993. Para dar por buenos los artículos, se requirió del voto aprobatorio de más de la mitad del número absoluto de los congresistas, es decir, por lo menos de 41; el mismo porcentaje que necesitó la Constitución Política anterior redactada por la Asamblea Constituyente, la cual funcionó entre 1978 y 1979. En la sesión plenaria del CCD, la alianza oficialista Nueva MayoríaCambio 90 contaba con 43 congresistas hábiles para votar —uno menos que los elegidos, debido a que este había sido designado como presidente del CCD—. De todas maneras, el oficialismo tenía la mayoría absoluta del CCD, y habría podido aprobar el proyecto contando solamente con el apoyo de sus propios congresistas, si así lo hubiera deseado. Sin embargo, Nueva Mayoría-Cambio 90 aprobó todos los artículos con el apoyo de una parte de la oposición porque, en primer lugar, la asistencia al pleno de los congresistas del oficialismo fue, con frecuencia, menor de 41; y, en segundo lugar, porque la agrupación fujimorista deseó evitar ser criticada por ejercer “la tiranía de la mayoría”. El apoyo de una parte de la oposición fue posible porque el oficialismo dio prioridad a cuatro puntos fundamentales y estaba dispuesto a negociar y ceder a una parte de la oposición en otros asuntos de la modificación constitucional. Los cuatro cambios centrales fueron: (a) aceptación de la reelección inmediata del presidente en ejercicio; (b) aplicación de la pena de muerte a los terroristas; (c) modificación de la economía “estatista” garantizando, por ejemplo, la economía de libre mercado y estableciendo nuevas relaciones laborales para liberalizar el mercado de trabajo; y (d) reforma de la educación pública, eliminando, en

6.

Sin embargo este cambio, que se realizaría en dos etapas (primero de tres a cuatro años, y luego de cuatro a cinco) se quedó a mitad del proceso, en cuatro años, debido a la caída de Fujimori, siendo hasta la actualidad esa la duración del mandato municipal.

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principio, la gratuidad de la educación universitaria estatal, pero manteniéndola en primaria y secundaria (entrevista 08: 1993a, 1993b; entrevista 20: 1993a, 1993b, 1993d).7 La votación de los artículos de importancia fue la siguiente: la reelección presidencial inmediata (artículo 112�) fue aprobada con 51 votos; la aplicación de la pena de muerte (artículo 140�), con 55; los artículos referentes a los derechos económicos y sociales (desde el artículo 4� hasta el artículo 29�) tuvieron una aprobación de entre 44 y 62 votos;8 los que tenían que ver con la economía (desde el artículo 58� hasta el artículo 89�), obtuvieron el apoyo de entre 46 y 62 votos (54 votos en promedio); y los artículos tocantes a la descentralización y los gobiernos locales (desde el artículo 188� hasta el artículo 199�), entre 49 y 57 votos (52 votos en promedio).9 De este modo, ningún artículo fue aprobado solamente con el apoyo del oficialismo. A fines de agosto de 1993 culminó el trabajo de elaboración del texto del proyecto de la nueva Carta Magna.

La tendencia en la campaña con miras al referéndum constitucional El referéndum constitucional estaba previsto para el 31 de octubre de 1993. Una parte del oficialismo temió que la oposición aprovechara el referéndum para desestabilizar la política, y propuso que se realizara no sobre la totalidad del proyecto de la nueva Constitución, sino solamente sobre los asuntos más controvertidos; entre ellos, la reelección presidencial inmediata y la aplicación de la pena de muerte al terrorismo. En un principio, 7.

Otra táctica oficialista para contar con el apoyo de una parte de la oposición fue nombrar al jefe de una agrupación opositora para el cargo de vicepresidencia del Congreso. Para tal objetivo, el oficialismo aumentó el número de vicepresidencias de dos a tres (entrevista 20: 1993a). En los años ochenta, las vicepresidencias del Congreso (en la Cámara de Senadores y la de Diputados) fueron dos.

8.

El artículo que tuvo una menor aprobación fue el del derecho de los trabajadores a participar en las utilidades de la empresa (el artículo 29�), que fue aprobado con 44 votos; el resto lo hizo con 47 votos o más. El promedio de los votos referidos a los derechos económicos y sociales fue de 55 votos. La eliminación de la gratuidad de la enseñanza universitaria (el artículo 17�) contó con 55 votos de aprobación, y la eliminación de la estabilidad laboral (el artículo 27�), con 54 votos a favor.

9.

Sobre el resultado de la votación en la sesión plenaria, véase Torres y Torres Lara (1993: 461-480).

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Fujimori compartió esta opinión. Sin embargo, se temió que ello pudiera favorecer posteriormente un cuestionamiento de la legitimidad de la totalidad de la Constitución Política. Estaba claro también que sería complicado decidir qué puntos específicos deberían ser sometidos al referéndum, y cómo arrojar el resultado de la votación en caso de que algunos puntos no fueran aprobados y otros sí lo fueran. Por otro lado, era bastante probable que los Estados Unidos se opusiera a la idea, porque contrariaba el compromiso que Fujimori había jurado cumplir cuando la OEA aprobó el proceso de “retorno a la democracia” en 1992: llevar a cabo un referéndum sobre el proyecto de la nueva Constitución. Finalmente, Fujimori dio la razón a Santiago Fujimori y a los que habían insistido en la necesidad de someter el texto total del proyecto constitucional al juicio del pueblo. En un principio, Fujimori y los dirigentes principales del oficialismo tuvieron una perspectiva sumamente optimista sobre el resultado del referéndum constitucional basada en la ascendente popularidad del presidente después del “autogolpe”. Vale decir, asumieron que el referéndum se convertiría en la votación de confianza en Fujimori; y, en consecuencia, el Sí triunfaría con más del 60% de aprobación, con una diferencia de más del 20% sobre el No, dado que la popularidad del presidente registraba constantemente un alto nivel que oscilaba entre un 60 y 70%. Mientras tanto, la oposición no había recuperado la confianza del pueblo. Sin embargo, a medida que se acercaba el día de votación, la diferencia entre el Sí y el No fue menguando (véase gráfico 4.1). La disminución del apoyo al Sí se debió principalmente a que la campaña oficialista no lanzó un mensaje concreto a los electores. De comienzo a fin, la propaganda por el Sí solo esgrimió un lema algo abstracto: “Ahora tenemos la oportunidad”. No buscó comunicar detalladamente a los electores el contenido y los efectos positivos del proyecto de la nueva Constitución. Además, la campaña oficialista se inició tardíamente, a mediados de septiembre de 1993. Ello ocurrió debido, en parte, al triunfalismo reinante entre las fuerzas fujimoristas, que confiaban en la obtención de un resultado muy favorable en el referéndum. Como veremos en las siguientes líneas, la influencia de la campaña por el No, que había comenzado antes, había penetrado en diversas regiones del territorio nacional. La tardía campaña oficialista no logró revertir la campaña opositora. Además, otros factores perjudicaron al campo de Fujimori. Por ejemplo, a inicios de octubre de 1993, el presidente dio a conocer que el

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Gráfico 4.1 intenCión de voto en el referénduM ConstituCional de 1993

% 70 60 50 40 30 20 10 0 Oct. 14

Oct. 22 Sí

Resultado No

Fuente: Elaboración propia sobre la base de Informe de opinión, octubre-noviembre 1993; JNE (1994). Nota: Son resultados de las encuestas realizadas en el ámbito nacional. Los porcentajes son las proporciones que ocupan en las respuestas consideradas como votos válidos: todas las respuestas, excepto las de “En blanco”, “Viciado” y “No precisa”. El “Resultado” es el del mismo referéndum.

máximo líder de SL, Guzmán, había propuesto al gobierno firmar un “acuerdo de paz”. Esta revelación debilitó más a Sendero, pues produjo una profunda división del grupo maoísta entre los que defendían la lucha armada y otros que querían un “acuerdo de paz”. Sin embargo, antes del referéndum constitucional las actividades terroristas, es decir, las de quienes querían proseguir la lucha armada, se intensificaron temporalmente. Ante este hecho, una parte de los electores cuestionó la actitud del gobierno frente al terrorismo. Por otro lado, tres días antes de la votación, Fujimori anunció su posible renuncia a la presidencia en caso de que no fuese aprobado el proyecto constitucional. Esta declaración resultó contraproducente, porque sonó arrogante para una parte de los indecisos, que representaban entre el 15 y

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20% de los electores. Al mismo tiempo, hubo circunstancias desfavorables a Fujimori en ciertas zonas del país. Por ejemplo, en el departamento de Tacna, colindante con Chile, muchas personas objetaban dos convenciones relativas al Tratado de 192910 firmadas con el país vecino en mayo de 1993. En la selva, la eliminación de las exoneraciones de impuestos creaba antipatías hacia el gobierno de Fujimori. Lo mismo sucedió con la supresión del llamado canon minero —subsidios especiales del Estado a las municipalidades en las zonas productoras de recursos minerales— del norte y sur del Perú. Aunque más discretamente que el oficialismo, las fuerzas de la oposición —AP, PPC, PAP, IU y otras agrupaciones pequeñas— iniciaron conjuntamente los preparativos para la campaña del No en mayo de 1993, cuando todavía estaba en proceso de elaboración la nueva Constitución Política. En este asunto, la oposición se adelantó al oficialismo. En el entorno fujimorista algunas personas propusieron tomar precauciones frente a las acciones de la oposición y reaccionar de inmediato; sin embargo, Fujimori y otros dirigentes restaron importancia a las actividades de la oposición, pensando que no contaba con el apoyo del pueblo. Siguieron siendo optimistas sobre el resultado del referéndum constitucional y no reaccionaron inmediatamente. Las fuerzas opositoras desarrollaron la campaña por el No en zonas pobres, sobre todo en el sur del país, recurriendo incluso a la propaganda de boca a boca, de la misma forma en que lo había hecho Fujimori durante la campaña de 1990. La oposición se manifestó en contra de algunos asuntos socioeconómicos del proyecto constitucional que tenían que ver directamente con la vida cotidiana y la seguridad personal de los electores. Las fuerzas antifujimoristas cuestionaron, además, algunos puntos políticos, que incluían la reelección presidencial inmediata, el Congreso unicameral y el sistema de los gobiernos locales. Pero, sobre todo, la oposición centró su ataque al proyecto de la nueva Carta Magna en ciertos puntos socioeconómicos resaltando, entre ellos, las relaciones laborales, el bienestar social, la educación, la propiedad y la aplicación de la pena de muerte a los terroristas. Al promover la campaña por el No, los opositores llegaron a

10.

Es un tratado sobre la frontera entre Perú y Chile. Se llama también el Tratado de Lima.

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exagerar algo disparatadamente asuntos específicos que bien podrían resumirse en frases dramáticas, como por ejemplo: “aumentará el desempleo”, “desaparecerán los hospitales públicos y la educación gratuita”, “perderán la propiedad del terreno de sus viviendas”, “las autoridades empezarán una matanza indiscriminada”. Estas y otras ideas fueron difundidas por la oposición, que mostró la posibilidad de este sombrío panorama a la población en caso de que se aprobara el proyecto de la nueva Constitución. Para esta campaña, fueron movilizados los sindicatos ligados a la IU, particularmente el de maestros escolares.11 A la postre, esta estrategia opositora surtió efecto. En la recta final de la campaña, la oposición al proyecto constitucional ganó el apoyo de la gente en las provincias del sur y este del Perú, donde la depresión económica, el desempleo y la pobreza eran más graves. En el norte del país, donde el PAP y AP tenían cierto grado de apoyo popular, también hubo muchas críticas al nuevo proyecto constitucional. En Lima metropolitana y el centro del país, muchos electores reconocieron el mérito del Estado en la lucha contra el terrorismo y la estabilización económica, el cese de la hiperinflación y, en parte por ello, votaron por el proyecto de la nueva Constitución (véase cuadro 4.1). De acuerdo con el resultado del referéndum, el porcentaje del Sí aumentaba a medida que bajaba el nivel de la pobreza y, contrariamente, se incrementaba el del No a medida que subía el nivel de la pobreza. El resultado total, incluyendo los votos en el extranjero, arrojó el 52,3% por el Sí y el 47,7% por el No. Aunque el Sí superó al No, la diferencia fue solamente de menos del 5%. Fue una suerte para Fujimori contar con una mayoritaria votación en el centro peruano, particularmente en Lima, el distrito electoral más grande, que representaba el 31,4% de la totalidad de electores en el país. La oposición aprovechó la escasa diferencia del resultado del referéndum para denunciar que el gobierno habría realizado un fraude (Chávez Molina 2000). Por su parte, el gobierno acusó a la oposición de cometer una serie de actos fraudulentos. Por ejemplo, opinó que era algo extraño que en el departamento de Puno, donde las fuerzas izquierdistas tenían influencia, muchas actas de escrutinio hubieran registrado un sospechoso 11.

La descripción de las campañas del referéndum constitucional se basa principalmente en la entrevista 07 (1994), la entrevista 08 (1993c), y la entrevista 20 (1993c; 1994a). Véase también García Belaúnde (1993).

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Cuadro 4.1 resultado del referénduM ConstituCional 1

Total

Centro/Provincias 2 Lima metropolitana Resto del país

3

4

Zonas - Norte - Centro - Sur - Este Niveles de pobreza - Muy pobre - Pobre - Regular - Aceptable Votos válidos Votos nulos Votos en blanco Votos emitidos Abstención Total de electores

5

Sí 3.895.763 (52,3%)

No 3.548.334 (47,7%)

1.733.896 (59,4%) 2.145.068 (47,6%)

1.184.492 (40,6%) 2.361.207 (52,4%)

798.861 (48,3%) 739.101 (54,5%) 487.270 (38,9%) 119.836 (49,2%)

855.491 (51,7%) 616.016 (45,5%) 765.831 (61,1%) 123.869 (50,8%)

491.070 (38,9%) 355.963 (50,3%) 902.754 (50,6%) 2.129.177 (58,0%)

771.945 (61,1%) 351.997 (49,7%) 880.357 (49,4%) 1.541.400 (42,0%)

7.444.097 518.557 216.088 8.178.742 3.339.927 (29,0%) 11.518.669

Fuente: Elaboración propia sobre la base de JNE (1994). Notas: 1 a 5 son las mismas de 2 a 6 del cuadro 2.1, respectivamente. Las cifras son los votos registrados. Los porcentajes en paréntesis son las proporciones que ocupan en cada categoría. El porcentaje en paréntesis de “Abstención” es la proporción que ocupa en el “Total de electores”. En “Total” están incluidos los votos en el extranjero. En el resto del cuadro están indicados solamente los votos en el interior del país.

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voto unánime por el No. La Misión de la OEA concluyó que, en términos generales, el referéndum había sido aceptable, y que no había ocurrido nada que afectara gravemente la voluntad de los electores, dado que el conteo rápido —la técnica que estima estadísticamente el resultado total sobre la base del muestreo de los resultados de determinado número de mesas de votación— arrojó una tendencia que coincidió con el resultado oficial (OEA 1996: 17). Tanto el proceso como el resultado del referéndum constitucional, vistos desde otra perspectiva, revelaron que el apoyo a Fujimori, carente de bases organizativas arraigadas en la sociedad, se basaba en las expectativas —un estado de ánimo volátil— de los electores. Vale decir, Fujimori casi perdió el referéndum porque no logró convencer a mucha gente de las bondades de la nueva Constitución Política. La Carta Magna, aprobada con escasa diferencia, fue promulgada por el presidente Fujimori el 29 de diciembre de 1993. Fue publicada en el boletín oficial del gobierno al día siguiente, y entró en vigencia el último día del año. 2.

Entre las fuerzas armadas y los derechos humanos

El gobierno de Clinton concede importancia a los derechos humanos El problema de los derechos humanos, cuestionado por el gobierno de Clinton cuando se buscó la formación del segundo Grupo de Apoyo, constituyó de vez en cuando un asunto de fricción en las relaciones PerúEstados Unidos durante los siguientes años. El anterior gobierno de Bush, del partido republicano, al dar prioridad al control de las drogas, no había dado mucha importancia a la cuestión de los derechos humanos en sus relaciones con el Perú; y, aunque había asumido la promoción de la democracia como uno de sus objetivos en la política exterior, pensó que la mejora en la situación de los derechos humanos era inherente a la consolidación de la democracia. En contraste, el gobierno de Clinton priorizó el problema de los derechos humanos en sus relaciones con el gobierno de Fujimori. La importancia conferida a este tema por parte de la nueva administración norteamericana supuso un cambio en las relaciones bilaterales de ambos países. El interés en los problemas de los derechos humanos fue

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impulsado particularmente por el recién nombrado Director Superior de los Asuntos del Hemisferio Occidental (Senior Director for Western Hemisphere Affairs) del Consejo Nacional de Seguridad (National Security Council), Richard Feinberg, quien tuvo un interés especial en ellos.12 No solo Fujimori tuvo serios problemas que afrontar en el ámbito de los derechos humanos; estos se remontaban a los años anteriores, particularmente a la década de 1980, cuando los sucesivos gobiernos adoptaron medidas específicas para enfrentar a los nacientes grupos subversivos que terminaron afectando a los derechos humanos. Fue entonces cuando se produjo un aumento significativo de los casos de violación de estos derechos, tales como la desaparición forzosa y la ejecución extrajudicial por parte de las Fuerzas Armadas y de la Policía, la detención sin el debido proceso, el maltrato a los detenidos, las condiciones infrahumanas en las cárceles, la ausencia de un proceso judicial justo. Nunca se realizaron estadísticas sistemáticas y coherentes que abordaran de forma global y en una perspectiva de larga duración la violación de los derechos humanos. Disponemos únicamente de cifras para algunos aspectos del fenómeno. Como un ejemplo de ellos mencionamos el número de desapariciones forzosas, cuyo registro existe desde los años ochenta. Según la Comisión Especial de Investigación y Estudio sobre la Violencia y Alternativas de Pacificación del Senado de la República, que funcionó hasta que se produjo el “autogolpe”, se registró un número de tres dígitos de casos de desaparecidos cada año después de fines de 1982, es decir, a partir de que las Fuerzas Armadas fueron implicadas en la lucha contra el terrorismo (véase nuevamente el cuadro 1.16). Cuando el gobierno de Fujimori reforzó las medidas antisubversivas, sobre todo después del “autogolpe” de 1992, además de los casos de violación de derechos humanos se manifestaron dos graves problemas para el gobierno. Uno fue que quedó en evidencia la irregularidad de los juicios

12.

En la política estadounidense hacia América Latina, este director y el subsecretario adjunto de Estado para asuntos interamericanos desempeñan un rol importante. Después de la instalación del gobierno de Clinton, el nombramiento del subsecretario adjunto demoró, y Feinburg fue el único responsable de asuntos latinoamericanos en la administración demócrata. Por eso, el director del Consejo Nacional de Seguridad tuvo fuerte influencia en la política norteamericana hacia América Latina entre 1993 y principios del año siguiente (Palmer 1998b: 112-113).

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realizados a los detenidos por terrorismo que fueron juzgados por jueces con el rostro cubierto en el fuero militar. Se criticaba que no se respetaron los derechos humanos del acusado ni fue llevado a cabo el debido proceso judicial. Se cuestionó, por ejemplo, que el abogado del acusado no pudiera reunirse con su cliente en forma adecuada; y que, en el juicio, no le dieran al acusado tiempo suficiente para defenderse. El otro problema grave fue causado por la Ley de Arrepentimiento. Para acogerse a la referida ley y poder beneficiarse con la reducción de la pena y la protección, los arrepentidos debían ofrecer información útil para erradicar a SL y al MRTA. Esta ley propició la detención y encarcelamiento de muchas personas inocentes acusadas injustamente por reos que, por acogerse a los beneficios de la ley, no dudaban en entregar información falsa a las autoridades. Más tarde, durante su segundo mandato, Fujimori se vio obligado a crear una Comisión de Indultos conformada por representantes del gobierno, de la Iglesia católica y de la Defensoría del Pueblo, con el objetivo de examinar los pedidos de revisión presentados por aquellos acusados que insistían en su inocencia, y tramitar los indultos en caso de que esta se comprobara. La Comisión de Indultos, que operó entre 1996 y 1999, dio libertad a 502 personas (DP 2000c: 32). A pesar de todo, los ataques y detenciones indiscriminadas de las fuerzas del orden disminuyeron gracias al nuevo énfasis puesto por la política antiterrorista de Fujimori en la Inteligencia. Ello permitió a las autoridades identificar más fácilmente a los dirigentes y miembros de los grupos subversivos armados. En concordancia con esta tendencia descendente, el número de los desaparecidos y de ejecuciones extrajudiciales se redujo considerablemente después de 1992, cuando las intervenciones contrasubversivas dieron sus frutos y se realizó la detención de Guzmán (véase otra vez el cuadro 3.6). El gobierno de los Estados Unidos y otras organizaciones criticaban esta política, pero Fujimori no prestó mucha atención al tema de los derechos humanos; pensaba, más bien, que el principal problema de los derechos humanos en el Perú era la violencia de SL y el MRTA, que había causado más de diez mil víctimas entre militares, policías y gente común y que, sobre todo, se debía dar prioridad a la seguridad de la mayoría de la población, evitando que fuera amenazada por la violencia de los grupos subversivos. Al mismo tiempo, consideraba que un elemento fundamental de los derechos humanos que debía ser mejorado era el nivel

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socioeconómico de la gente común una vez que tuviera garantizada la seguridad física de la vida (entrevista 07: 1993a). Esta manera de interpretar los derechos está estrechamente vinculada a la conciencia tradicional acerca de la legitimidad política, señalada en el capítulo I, que pone el acento principal en el aspecto socioeconómico; esta tiene una percepción diferente del significado de los derechos humanos a la adoptada habitualmente por los organismos que trabajan específicamente dicho tema. Desde una perspectiva enfocada en la política interna, la manera de interpretar los derechos humanos de Fujimori, que ponía el acento en el aspecto socioeconómico, no era del todo irreal. Efectivamente, muchos peruanos consideraban que los problemas de derechos humanos, que las organizaciones no gubernamentales trataban como prioritarios, no eran muy relevantes. De acuerdo con diversas encuestas sobre los problemas del país, pocos ciudadanos optaron por señalar la violación de los derechos humanos como un problema crucial, lo que sí ocurrió con los problemas vinculados al ámbito socioeconómico. En estas encuestas, la violación de los derechos humanos figuraba como un problema ubicado entre el séptimo y el undécimo lugar de prioridad, por el que menos del 16% de los encuestados expresaron su interés.13 Para muchos peruanos, ciertas dificultades socioeconómicas inmediatas como la pobreza y la satisfacción de necesidades económicas básicas, eran más importantes que la violación de los derechos humanos de los reclusos en la cárcel, la necesidad de investigar sobre los desaparecidos o la urgencia de establecer el debido proceso 13.

Según las encuestas, realizadas por la compañía Apoyo entre 1991 y 1995, el promedio anual del porcentaje de los encuestados que seleccionaron la violación de los derechos humanos como uno de los principales problemas del país fue el 11% en 1991, 8% en 1992, 16% en 1993, 14% en 1994 y 11% en 1995 (véase nuevamente el cuadro 2.4). Además, debemos tomar en consideración la posibilidad de que cierta parte de los encuestados optaran por considerar el tema de la violación de los derechos humanos como relevante porque identificaban este problema con la irresolución de problemas socioeconómicos básicos (Murakami 2000a). Por otro lado, en 1998, el porcentaje (promedio anual) de quienes consideraban la violación de los derechos humanos como un problema principal subió transitoriamente al 37%, apareciendo entre los primeros tres problemas. Esto se debe posiblemente a que en ese año, como veremos en el capítulo V, se produjeron diversos sucesos relativos a los derechos humanos, y estos constituyeron uno de los temas centrales en la política. De todas maneras, el interés por los derechos humanos no se mantuvo como una tendencia duradera a lo largo del tiempo.

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en los juicios realizados a los detenidos por terrorismo. Para ellos, estos últimos no constituían prioridades que merecieran ser resueltas inmediatamente. En este contexto, la cuestión de los derechos humanos afectaba al gobierno de Fujimori básicamente cuando entraba en contradicción con la política estadounidense sobre el tema; porque, como ya destacamos, el recién instalado gobierno de Clinton le daba importancia a este tema en sus relaciones con el Perú. En aquel entonces, los Estados Unidos pidieron principalmente al Perú investigar la veracidad de más de diez casos de violación de derechos humanos y rectificar el debido proceso en los juicios, particularmente, en los realizados a los detenidos por terrorismo en el fuero militar, que estuvo a cargo de los jueces “sin rostro”. En cuanto al segundo problema, la superpotencia envió en diciembre de 1993 una Comisión de Juristas Internacionales al Perú para preparar un informe sobre la reforma de su sistema judicial. Esta comisión resaltó los problemas relativos al juicio a los detenidos por terrorismo, y recomendó una serie de medidas para la reforma del sistema (Comisión 1994).14

14.

Irónicamente, uno de los miembros de la Comisión de Juristas Internacionales que visitó el Perú en 1993 fue la misma persona que, en el año anterior, a pedido del gobierno peruano, había colaborado secretamente con este en la instalación del sistema de juicio con jueces de rostro cubierto. Además de los problemas ya mencionados, hubo en el primer mandato de Fujimori otros asuntos relacionados con los derechos humanos, como el acoso a aquellos periodistas y medios de comunicación que trataban de descubrir la corrupción e injusticia de Montesinos, quienes eran sistemáticamente demandados por difamación. Sin embargo, como indicaremos más adelante, durante el primer mandato de Fujimori la intervención de Montesinos en el Poder Judicial no fue tan organizada, ni directa como en el segundo; cuando la hubo, ella se basó en la influencia personal, lo que en términos generales era y es también una práctica muy extendida en la historia peruana y en otros países latinoamericanos. De todas maneras, en el primer mandato de Fujimori la conducta de Montesinos no fue cuestionada como un problema político de importancia dentro y fuera del Perú, básicamente debido a que, además de la razón mencionada, el jefe de Estado peruano gozaba todavía de un alto nivel de apoyo. Por otro lado, a comienzos de 1993, fue creado y comenzó a funcionar el denominado Tribunal de Honor para reconstruir el Poder Judicial y el Ministerio Público intervenidos cuando se produjo el “autogolpe” en 1992. Este Tribunal fue una entidad autónoma y tuvo la facultad de examinar la aptitud de los jueces y fiscales nombrados por el gobierno dictatorial de Fujimori después del “autogolpe”. Algunos opinan que Montesinos tuvo una especie de veto contra los dictámenes del Tribunal (Bowen y Holligan 2003: 306). Pero, en realidad, la

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Entre los casos de violación de los derechos humanos que los Estados Unidos querían esclarecer, se interesaron especialmente por los de Barrios Altos y La Cantuta. El primero, sucedido en noviembre de 1991, era el asesinato brutal de 16 personas, incluidos unos supuestos miembros de SL, en Barrios Altos, en el centro de Lima.15 El otro caso se produjo en julio de 1992, cuando un profesor y nueve estudiantes de la Universidad Nacional Pedagógica “Enrique Guzmán y Valle”, también conocida como La Cantuta,16 fueron secuestrados por un grupo de militares, como sospechosos de ser autores o tener relación con el atentado con coche bomba en el distrito de Miraflores que había causado más de veinte muertos y más de cien heridos. Estas personas fueron luego desaparecidas.

Fujimori da importancia a las relaciones con las Fuerzas Armadas Fujimori no estaba cruzado de brazos frente a las demandas del gobierno de Clinton. Como hemos señalado, se esforzó por reducir los casos de desaparición forzosa y ejecución extrajudicial. Por otro lado, en febrero de 1993, el fuero militar declaró culpable a un militar en actividad y lo condenó a diez años de prisión por el caso de Santa Bárbara, en que se había cometido una grave violación de los derechos humanos y por el que los Estados Unidos habían mostrado un especial interés, exigiendo el esclarecimiento de la verdad. Los sucesos habían ocurrido en julio de 1991, en el departamento de Huancavelica, ubicado en la sierra central. Después de que 14 personas, un campesino y su familia, fueran detenidas y llevadas por una patrulla de las Fuerzas Armadas, sus cuerpos fueron

influencia de Montesinos sobre el Tribunal era limitada, porque Yoshiyama y Rafael Rey, el presidente y el primer vicepresidente del CCD respectivamente, hicieron la selección de sus miembros. Sus actividades fueron apoyadas por Fernando Vega, el entonces ministro de Justicia y especialista en el mundo judicial, que no pertenecía al grupo de Montesinos (entrevista 17: 1998b). 15.

Respecto de este caso, existe el “mito” de que, al llevar a cabo la masacre, fue utilizado el vehículo oficial asignado a Santiago Fujimori; mito que tal vez fue difundido ampliamente por Montesinos para perjudicar al mencionado. En realidad, el automóvil en cuestión fue el asignado a Kenji Fujimori, segundo hijo del presidente (entrevista 07: 1993b; entrevista 17: 1998a).

16.

La cantuta es una flor que representa al Perú.

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descubiertos en una mina abandonada ubicada en una localidad llamada Santa Bárbara. Esta sentencia marcó un hito con respecto a la violación de los derechos humanos pues, por primera vez, se reconocía judicialmente la culpabilidad de un militar en actividad. Además, el gobierno de Fujimori emprendió la reforma judicial y en 1993, por vez primera, se nombraron los jueces de la Corte Superior de Lima mediante un examen unificado. Aunque, en cierta medida, el gobierno de Clinton evaluó positivamente los esfuerzos de su par peruano, insistió en la necesidad de mejorar la situación de los derechos humanos en el Perú. De hecho, en torno de este tema se produjeron serias fricciones entre los gobiernos norteamericano y peruano causadas no solo por las diferentes concepciones que ambos tenían respecto de los derechos humanos (al respecto, véase la parte anterior de esta sección), sino también por la falta de seriedad que mostraba traba Fujimori al abordarlos. Esta actitud se debía, en parte, a la importancia conferida por el mandatario al mantenimiento de buenas relaciones con las Fuerzas Armadas y con la Policía, que lo llevaba a defender la posición de estas organizaciones cuando eran cuestionadas por casos de violación de derechos humanos y se encontraban en una situación difícil y complicada. Así ocurrió en 1993 cuando, ofendido por un incidente ocurrido en el Congreso, el Ejército sacó tanques a la calle para amenazar a la oposición, demostrando su poderío militar. El problema se había suscitado cuando el presidente del Comando Conjunto, Hermoza, fue citado a comparecer en una comisión investigadora del Congreso sobre el caso de La Cantuta. Esta comisión fue instalada por el Congreso a mediados de abril de 1993, a raíz del descubrimiento de los supuestos cuerpos de las víctimas gracias a una denuncia anónima que provenía del interior de las Fuerzas Armadas.17 Durante esta comparecencia, el general fue insultado por unos congresistas opositores que lo tildaron de asesino. Fujimori, que no fue informado de antemano de la salida de los tanques sino que se enteró después, asumió a posteriori una posición esencialmente aprobatoria. A principios de febrero de 1994 se produjo otro suceso en torno del caso de La Cantuta. Para entonces ya había empezado el juicio a los once

17.

Se supone que fue enviada por uno de los que tenían antipatía a Montesinos por una u otra razón.

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militares detenidos como sospechosos. Pero sobre este juicio se planteó el problema de la contienda de competencia: ¿debía realizarse el juicio en el fuero común o en el militar? Según la ley de entonces, si se presentaba una cuestión de esta naturaleza en un caso específico, eran los cinco vocales de la Sala Penal de la Corte Suprema quienes debían resolver previamente la contienda de competencia. Para hacerlo, se requería el voto aprobatorio de, por lo menos, cuatro vocales; en caso de que ninguna de las dos opiniones, la del fuero común o la del militar, reuniera cuatro o más votos aprobatorios, otros vocales de la Corte Suprema intervendrían como dirimentes. El orden de esta participación sería: primero, el vocal más joven, y segundo, el más viejo. De la misma manera se procedería hasta que una de las dos opiniones contara con cuatro votos aprobatorios, convirtiéndose en la resolución final. En este contexto, el oficialismo modificó en el Congreso —con su solo apoyo— el procedimiento, para que la Corte Suprema resolviera la contienda de competencia por mayoría simple de la Sala Penal, vale decir, por tres votos aprobatorios. Aunque esta modificación tenía un carácter general, fue duramente criticada por la oposición por el contexto político en el cual se dio. Esto, porque en la semana anterior a la modificación se cuestionó la contienda de competencia en el juicio del caso La Cantuta, y la resolución de la Corte Suprema quedó pendiente sin alcanzar cuatro votos, con tres votos por el fuero militar y dos votos por el fuero común. Por otro lado, dos días después de la modificación, la Corte Suprema tenía previsto resolver la contienda de competencia con el procedimiento existente. La oposición criticó la modificación como una injerencia de la autonomía del Poder Judicial, más concretamente, como la interrupción del procedimiento judicial existente sobre el caso La Cantuta, dado que este fue modificado por el oficialismo después de que el procedimiento había comenzado. La repentina modificación del procedimiento se produjo porque un acuerdo previo al que se había llegado no llegó a concretarse: secretamente se había acordado solucionar el problema de la contienda de competencia sobre La Cantuta asegurándose los cuatro votos aprobatorios de la Corte Suprema necesarios para que pasara al fuero militar. Sin embargo, inmediatamente antes de darse la resolución del máximo organismo judicial, la oposición logró convencer a un juez para que cambiara su posición y votara por el fuero común. Desconfiadas ante esta situación, las Fuerzas

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Armadas, que de ninguna manera querían ser juzgadas en el fuero civil, forzaron la modificación de un procedimiento que, de respetarse, las colocaba en una situación judicial imprevisible e incontrolable debido a las acciones de la oposición (entrevista 07: 1994; entrevista 08: 1994a). El gobierno de los Estados Unidos se preocupó por esta súbita modificación legal. Sin embargo, una vez que el caso La Cantuta fue visto en el fuero militar y once militares —incluyendo a un General de Brigada— fueron declarados culpables, aplicándoseles penas de entre dos y veinte años, los Estados Unidos dejaron de presionar al Perú con respecto a este caso. De todas maneras, la superpotencia continuó exigiendo que se instalase lo antes posible el Tribunal Constitucional tal como fue reglamentado en la Constitución de 1993, y se pasasen los juicios al terrorismo al fuero común para que el proceso judicial fuese más transparente. Las estrechas relaciones entre Fujimori y las Fuerzas Armadas —inclusive se dijo sarcásticamente que las Fuerzas Armadas constituían un “partido político” que apoyaba al mandatario peruano— causaron otro incidente poco después de terminar el proceso electoral de 1995.18 A mediados de junio de ese año, el oficialismo parlamentario presentó repentinamente y aprobó una ley para conceder la amnistía general a los militares sentenciados; ella incluía a todos los responsables de los casos de violación de derechos humanos relacionados con operaciones contrasubversivas ocurridas a partir de 1980, así como a los conspiradores de la intentona golpista de 1992. Aunque la amnistía asumió un carácter general, la ley tuvo el claro objetivo de favorecer a los militares condenados el año anterior como responsables del caso La Cantuta y que entonces estaban encarcelados. Además, poco antes, el Ministerio Público había comenzado las investigaciones sobre el caso de Barrios Altos lo que, al parecer, provocó que la cúpula militar presionara para que fuera aprobada urgentemente la Ley de Amnistía General. Huelga decir que la promulgación de esta ley empeoró la imagen que el gobierno de Clinton tenía del de Fujimori. Aunque los casos en contra de los derechos humanos fueron difundidos ampliamente por los medios de comunicación local, y esto afectó negativamente —en cierta medida y por corto plazo— la popularidad de Fujimori, su influencia no duró mucho y desapareció en medio de las crecientes expectativas existentes con relación al logro de mejoras 18.

En lo que se refiere al proceso electoral de 1995, véase las siguientes secciones.

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socioeconómicas.19 Por ejemplo, cuando se promulgó la ley sobre la modificación del procedimiento para resolver la contienda de competencia a comienzos de febrero de 1994 y se puso en discusión el caso La Cantuta, la popularidad presidencial descendió del 68% que tenía en enero al 58% y, hasta mayo, se mantuvo entre el 60 y 61%. Sin embargo, luego de que en mayo quedó decidida la pena de encarcelamiento para los militares responsables, su popularidad recuperó el nivel de más del 65%. A mediados de junio de 1995, cuando se promulgó la Ley de Amnistía General, el mandatario peruano perdió su popularidad; del 76% en junio al 68% en julio; sin embargo, esta tendencia tampoco duró mucho, y en agosto recuperó su popularidad hasta el 77%, manteniéndose, desde entonces, en un nivel por encima del 70%. En ambos casos, la clase media y la clase baja-alta, que le sigue en la escala social, reaccionaron de manera más sensible que las otras clases. En mayo de 1993, se produjo un pequeño incidente relacionado con las Fuerzas Armadas y los derechos humanos que vale la pena mencionar. El general Robles, quien acababa de dejar el cargo del comandante de la Tercera Región Militar,20 publicó un comunicado que denunciaba la existencia de un escuadrón secreto en el Ejército que se encargaba de realizar ejecuciones ilegales y que había cometido la violación de los derechos humanos en La Cantuta y Barrios Altos.21 Al mismo tiempo, Robles se refugió en la Embajada de los Estados Unidos y pidió asilo político en Argentina. La causa directa de esta conducta fue el malestar del general provocado porque Montesinos —quien colocaba a sus fieles y obedientes 19.

Sobre estas expectativas, véase los siguientes párrafos.

20.

En aquel entonces, el Perú estaba dividido en cinco regiones militares: la Primera, con sede en Piura; la Segunda, en Lima; la Tercera, en Arequipa; la Cuarta, en Cusco; y la Quinta, en Iquitos. Durante la guerra limitada con Ecuador en 1995, se instaló la Sexta Región Militar, con sede en Bagua. Hasta ahora, existen las seis regiones militares.

21.

En el comunicado de Robles se agregó una denuncia que responsabilizaba al Grupo Colina de “la [matanza] de los ingenieros en Huaral”. El general insinuó así que el asesinato de tres expertos japoneses habría sido ejecutado por dicho grupo. Sin embargo, esto no es cierto, porque el responsable de este crimen fue SL. Cuando Guzmán fue detenido, su computadora fue confiscada. En su archivo, la Policía encontró un borrador del discurso que el número uno del SL había preparado para un congreso de su agrupación previsto para un futuro cercano, en el que Guzmán se refería al caso de JICA como un suceso trascendental en su plan militar y se elogiaba a sí mismo diciendo que había sido un fuerte golpe contra “el imperialismo japonés”.

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en los puestos de la cúpula militar y policial sin mayor consideración a los méritos de sus carreras— lo había relegado arbitrariamente a un cargo de menor importancia. Robles salió del Perú hacia Argentina sin protección diplomática. Si bien este incidente no afectó mucho ni inmediatamente la política interna, despertó en la gente común sospechas acerca de la existencia de un escuadrón secreto en el Ejército.

Las elevadas expectativas de mejora económica Las relaciones entre el Perú y los Estados Unidos empeoraron desde 1993 debido a los problemas de derechos humanos; llegó a comentarse, incluso, que no habían sido tan malas desde el gobierno militar reformista de Velasco, quien prefirió estrechar sus lazos con la entonces Unión Soviética para desesperación de los norteamericanos (entrevista 13: 1994). Sin embargo, en realidad, las relaciones peruano-norteamericanas no llegaron a dañarse tanto durante el gobierno de Fujimori gracias a que, en contrapartida, ambos países establecieron fuertes lazos económicos que lograron equilibrarlas. Efectivamente, la marcada estabilización de la economía peruana —en comparación con los primeros años de la década de 1990— había atraído mucho capital de los Estados Unidos y otros países; así, el desarrollo de las relaciones económicas entre ambos países, acompañado por la recuperación económica, redujo el peso de los problemas de los derechos humanos en el conjunto de las relaciones Perú-Estados Unidos. En junio de 1993, algunas personas cercanas a Fujimori pronosticaron que los Estados Unidos no podrían desatender al Perú bajo el pretexto de que no se resolvían los problemas de derechos humanos, porque para este año se produciría una mejora económica importante; y esto, junto con el control del terrorismo, mejoraría la imagen del país en el extranjero (entrevista 07: 1993b). Podemos decir que estas personas acertaron en su previsión.22 22.

Los esfuerzos silenciosos del gobierno peruano también contribuyeron a mejorar las relaciones con los Estados Unidos. Entre ellos, PromPerú, entidad estatal para promover la imagen del país en el extranjero, invitó a diversos periodistas de los principales medios de comunicación estadounidenses al Perú. Por otro lado, el gobierno peruano pidió al presidente de una compañía norteamericana en el Perú hacer gestiones favorables para estrechar relaciones entre el país andino y círculos empresariales y

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IV / Camino a la reelección (1993-1995)

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Las políticas de ajuste estructural y la liberalización económica emprendidas por el gobierno de Fujimori inmediatamente después de su instalación, empezaron a dar sus frutos en 1993. Concretamente, produjeron la recuperación económica y el aumento de la inversión extranjera. Aunque la inflación anual comenzó a bajar después de las “políticas de choque”, ella llegó a sobrepasar el 100% en 1991; sin embargo, después de 1992 bajó a dos dígitos y, en 1994 y 1995, se estabilizó entre el 10 y 20% (cuadro 4.2). El PBI registró una cifra negativa en 1992 debido al fenómeno El Niño, pero en los siguientes años inició un crecimiento positivo. Especialmente en 1994, alcanzó a más del 10%. La economía peruana mejoró tanto por la recuperación del fenómeno El Niño como por el incremento de la inversión pública ejecutada por Fujimori, quien aspiraba a postular a la Presidencia de la República por segunda vez consecutiva, como veremos en la siguiente sección. Además, la mejora económica tuvo un mayor impulso gracias al aumento de la inversión extranjera estimulada por la promoción de la economía del libre comercio y por la declinación de las actividades terroristas por parte de los grupos subversivos armados. El stock de la inversión extranjera no cambió mucho hasta 1991, pero desde 1992 empezó a crecer significativamente. En 1994, la cifra aumentó 2,7 veces más con respecto al año anterior. Destacaron en este rubro las inversiones de los países europeos, especialmente las de España e Inglaterra; asimismo, fueron considerables las de Estados Unidos y las del país vecino, Chile; entre los países asiáticos, sobresalieron las inversiones chinas, que aumentaron considerablemente (cuadro 4.3).23 En contra de las expectativas del Perú, la inversión japonesa no se incrementó, aunque en 1999 aumentó un poco gracias al interés de este país en la explotación minera. Esto se debió, por un lado, a la crisis que atravesó la economía japonesa durante los años noventa y, por otro, al mayor interés que mostraron las empresas japonesas en expandirse en Asia, especialmente en China. Además, dentro de América Latina, las compañías financieros de la superpotencia (entrevista 17: 1998b). Pueden consultarse, sobre las relaciones entre el Perú y los Estados Unidos, a Clayton (1998), Cotler (1999), McClintock y Vallas (2003), Roberts y Peceny (1997), Palmer (1998; 2006) y Rojas (2005). 23.

China invirtió en minería. Consideró al Perú como suministrador de recursos naturales durante las décadas posteriores.

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1991 2 979 1724 3 2,2 1,1 0,2 139,2 –1,7 –2,2 2,59 2 11,1 5,9 78,5 15,6 51,1 123,1

1990 2,1 968 1720 –4,9 –5,2 –6,7 –7,1 7649,7 –5,8 –7,9 0 0 10,8 8,3 73,1 18,6 50,8 130,

9,4 75,9 75,9 61,5 109,8

207,53 9 12

948 1685 –1,4 –0,4 –3,1 –2,3 56,7 –2,7 –3,8

1992 1,9

9,9 77,4 77,4 53,4 101,7

316,7 13 12,2

992 1733 6,4 4,8 4,6 2,9 39,5 –2,9 –3,5

1993 1,8

8,8 74,3 74,3 52,9 102,3

2617,57 23 13,1

1102 1921 13,1 12,8 11,2 10,9 15,4 1,9 –3,1

1994 1,8

7,1 54 101,4

1089,01 30 13,4

1163 2050 7,3 8,6 5,5 6,7 10,2 –1,6 –3

1995 1,8

Fuentes: BCR (1995: 194; 1999: 209), INEI (2001a: 241), Webb y Fernández (1996: 482, 279; 2000: 711, 1151; 2001: 687, 717, 1138; 2002: 693). Nota: Las cifras del PBI, déficit fiscal y presión tributaria están indicadas de acuerdo con el tipo de cambio en dólares constantes del año 1986 (las de arriba), y las de 1994 (las de abajo). Excepto el déficit fiscal, solamente las cifras de arriba se pueden comparar con las del cuadro 1.13. Aunque los datos del déficit fiscal varían de una fuente a otra, este cuadro se basa en los informes del Banco Central de Reserva del Perú (las cifras de arriba son del informe de 1995 y, las de abajo, de 1999). El signo – significa que no existe el dato.

Privatización Ingreso (millones de US$) Número de empresas privatizadas Presión tributaria (% del PBI) Niveles de empleo Desempleo (%) Subempleo (%) Empleo adecuado (%) Sector informal (%) Índice de empleo

Inflación anual (%) Déficit fiscal (% del PBI)

Variación anual per cápita (%)

Variación anual (%)

años Crecimiento demográfico (%) Producto Bruto Interno (PBI) Per cápita (US$)

Cuadro 4.2 PrinCiPales indiCadores eConóMiCos del PriMer Mandato de fujiMori

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0,46 0,02

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

24,83

37,65

Uruguay

Japón

37,87

26,38

95,66

104,69

146,75

54,82

18,84

37,79

41,94

95,68

124,55

165,74

36,99

19,55

4,89

623,00

118,08

1,12

35,28

735,70

118,08

183,49

35,54

872,13

122,16

207,04

108,50

37,96

46,33

99,95

139,22

175,71

42,95

26,71

39,65

48,41

103,54

377,54

199,02

263,74

28,46

43,44

48,00

108,70

520,08

201,11

300,05

51,85

4,92 2060,25 2191,37

653,10

118,08

39,12

35,29 122,16

291,34

119,91 122,16

324,13

150,64

122,16

423,34

157,86

500,00

494,49

60,56

520,85

510,10

64,55

539,53

601,41

147,23

2361,72 2396,21 2420,38

42,41

66,74

111,82

42,73

81,86

181

44,95

110,92

185,03

71,80

119,20

200,26

774,88 1003,25 1293,90 2043,71

233,03

357,57

58,21

2411,87

1249,52 1492,64 1668,83 1927,27

112,16

269,67

136,79

99,11

127,52

206,28

2249,59

541,34

818,39

198,67

2443,54

2066,63

122,16

440,45

159,28

10.189,73

2000

Fuente: Webb y Fernández (1997: 1116; 2000: 1296; 2001: 1274; 2002: 1225). Nota: Figuran los países cuyas inversiones superaron los 100 millones de dólares aunque sea por unos años, excepto el Japón. Argentina no figura en este cuadro, aunque en 1997 y 1998 su inversión superó temporalmente los 100 millones de dólares.

95,77

85,85

Reino Unido

Suiza

34,35

146,45

Holanda

Panamá

4,77

17,97

España

Francia

4,84

China 615,07

0,27

0,01

Chile

53,67

619,61

49,67

Estados Unidos

1991

1302,04 1334,62 1502,77 1641,38 4450,19 5059,51 6245,84 7295,06 8089,88 9464,39

Canadá

Total

1990

Cuadro 4.3 PrinCiPales inversiones extranjeras en el Perú (stoCK, Millones de us$)

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japonesas encontraron condiciones más atractivas para la inversión extranjera en otros países latinoamericanos, como Brasil, México, Chile y Colombia. En estos años, la sucursal de una compañía comercial japonesa en Lima propuso a su sede en Tokio realizar una inversión en el Perú; sin embargo, la oficina central no tomó la propuesta con seriedad, cuestionando si realmente existían condiciones favorables en el Perú, especialmente en comparación con Asia y otros países latinoamericanos (entrevista21).24 En ese periodo, Fujimori parece haber sentido cierta indignación contra el Japón, tal vez porque no incrementó su inversión en el Perú, o quizás porque consideró insuficiente la ayuda económica otorgada por el país de sus ancestros (la cual había sido restringida por el problema del terrorismo indicado en la sección 3 del capítulo III). A principios de noviembre de 1993, un periodista que acompañaba al jefe de Estado en su viaje a una provincia, le escuchó decir que “los japoneses son cobardes” (entrevista 22). En ese momento, la inversión extranjera fue atraída por la venta de las empresas públicas. En febrero de 1991, el gobierno anunció que promovería la privatización de varias de ellas. En junio se privatizó la primera empresa pública y en julio se vendió otra. En ambas gestiones, el gobierno consiguió el ingreso de unos dos millones de dólares. Sin embargo, la inversión comenzó a encarrilarse recién en octubre de 1991, cuando se instaló la Comisión de Promoción de la Inversión Privada (COPRI), entidad encargada exclusivamente de privatizar las empresas públicas. Desde entonces, Santiago Fujimori y el presidente de dicha comisión, Yoshiyama, se convirtieron en los ejes de la planificación detallada de la privatización de estas empresas. En 1992, el ingreso al Estado por concepto de privatización fue de 200 millones de dólares, alcanzando en 1993 los 300 millones.

24.

Como factor secundario, la deuda pública peruana con el Japón había causado el problema de que no se aplicaran seguros comerciales a las empresas japonesas que intentaran tratar con el Perú. La deuda pública bilateral fue principalmente la relativa a la Corporación Petrolera Japón-Perú (Japan Peru Oil Corporation-JAPECO), que fue establecida en 1974 para el desarrollo de los recursos petroleros en el Perú. Pero el problema de la deuda pública bilateral fue superado, porque en abril y noviembre de 1994 ambos países llegaron a un acuerdo sobre su reprogramación (la de la mencionada Corporación estuvo incluida en el acuerdo de abril). Por otro lado, en mayo de 1993, las asociaciones empresariales de Perú y Japón constituyeron el Consejo Económico Perú-Japón (CEPEJA), que celebró su primer encuentro en Tokio. Luego, su reunión fue realizada cada año alternativamente en Lima y Tokio hasta 1999.

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En 1994, cuando la privatización se encontraba en su plenitud y la venta de las empresas públicas comenzó a acelerar su ritmo, el registro del ingreso al Estado por este rubro alcanzó los 26 mil millones de dólares. El gran salto del ingreso por privatización en 1994 se atribuyó, sobre todo, a la venta de la compañía estatal de teléfonos. Esta fue vendida en 20 mil millones de dólares, cerca de cuatro veces el precio base de 5,4 mil millones de dólares que pedía el gobierno peruano.25 El adjudicatario fue la empresa estatal Telefónica de España. Esta compañía ya había conseguido las empresas públicas de teléfonos de Chile, Argentina y Brasil, y se encontraba desarrollando una estrategia de expansión en Sudamérica. Ofreció un precio extraordinariamente alto porque quería a toda costa conseguir la compañía pública de teléfonos del Perú (entrevista 17: 1998b; entrevista 21). La noticia sobre la licitación exitosa de la compañía de teléfonos fue acogida con júbilo por el pueblo peruano. Poco antes de la licitación, la posibilidad de que dicha compañía se pudiese estar vendiendo a un precio sumamente rebajado había inquietado a Fujimori, que llegó a pensar en la anulación de su privatización. Sin embargo, Santiago Fujimori y otras personas persuadieron al jefe de Estado de que no debía interrumpir la línea de privatización. Entre los allegados a Fujimori se calculaba que el precio de contrato sería de unos 8 mil millones de dólares (entrevista 17: 1998b). Con estos antecedentes, el éxito de esta operación constituyó una noticia particularmente buena también para Fujimori. Merece una mención especial el hecho de que la licitación fue realizada sin intermediar ningún acto de corrupción. En 1996, un alto directivo de Telefónica confesó a uno de los asesores del mandatario peruano que el Perú fue el único país latinoamericano que no exigió ningún soborno en la licitación (entrevista 17: 1998b). No obstante estos logros, debemos enfatizar que lo que en aquel momento era celebrado como una recuperación económica, en realidad, solamente constituía el comienzo del ascenso de la economía peruana desde el fondo del abismo en el que había caído: a fines de los años ochenta, ella descendió hasta el nivel de veinte años atrás, en la primera mitad de la década de 1960; y, entre 1993 y 1995, únicamente llegó a recuperar el nivel de la segunda mitad de dicha década. Esta situación se ilustra al 25.

De los 20 mil millones de dólares, 6,1 mil millones correspondieron al capital adicional para la compañía estatal. Vale decir, el ingreso neto al gobierno por esta privatización fue del 13,9 mil millones de dólares (Webb y Fernández 1995: 886).

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revisar el monto del PBI per cápita (véase nuevamente los cuadros 1.13 y 4.2). Hablando figuradamente, no es que la economía peruana entrara en una etapa de crecimiento positivo después de terminar de liquidar todas las deudas acumuladas hasta la década de 1980, sino que recién comenzó a pagarlas. Con respecto del empleo, la situación no cambió mucho; la tasa de trabajadores que ganaban un ingreso suficiente para llevar una vida digna permanecía baja, mientras que los que trabajaban en el sector informal continuaban siendo demasiados. Por otro lado, la introducción de la economía de mercado —que, según el concepto de Fujimori, no obligaba al Estado a intervenir en el fomento de la industria interna, que se produciría por un desarrollo espontáneo— impulsó aceleradamente la liberalización de la economía peruana. Sin embargo, la industria interna, en particular la manufacturera, tuvo que enfrentar una situación desfavorable por la competencia severa con productos y mercancías extranjeros introducidos a precios más baratos en el mercado peruano. Veamos el ejemplo de Matsushita Electric del Perú S. A./National Peruana S. A., empresa de origen japonés fundada en 1966. En 1990, dicha compañía fabricaba 19 artículos, entre ellos pilas, televisores, planchas, y radiocasettes. Sin embargo, debido a la liberalización de la economía peruana, no pudo competir con los productos extranjeros, y en 1996 contaba solamente con tres líneas de producción (véase cuadro 4.4). La misma tendencia se observó en la venta. En 1990, más del 90% de las ventas anuales correspondían a productos fabricados en el Perú; en contraste, en 1995, más del 60% de las ventas anuales fueron el resultado de la venta de artículos producidos en las fábricas extranjeras de Matsushita e importados por su sucursal en el Perú (entrevista 23: 1997; 2001). Aun así, muchos peruanos sentían en aquel momento que por fin se empezaba a vislumbrar una pequeña luz, aunque lejana, en un túnel largo y penoso. Ello avivó en ellos expectativas favorables hacia Fujimori, quien hasta entonces había obtenido logros tangibles, como la estabilización económica, el control de las actividades subversivas y la recuperación económica. Vale decir que ahora esperaban que el mandatario peruano solucionara los problemas socioeconómicos como la falta de empleo, los sueldos bajos y la pobreza. Las encuestas reflejaron esta percepción positiva hacia Fujimori, que propició que muchos peruanos abrigaran la esperanza de una pronta mejora en su situación económica familiar, a pesar del alto grado de deterioro al

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Cuadro 4.4 núMero de líneas de ProduCCión de Matsushita eleCtriC del Perú s. a. en el Perú 1966 1

1967 1

1968 2

1969 3

1970 7

1971 8

1972 8

1973 10

1974 13

1975 14

1976 16

1977 16

1978 16

1979 17

1980 20

1981 21

1982 21

1983 21

1984 21

1985 21

1986 23

1987 20

1988 20

1989 19

1990 19

1991 19

1992 17

1993 9

1994 3

1995 3

1996 3

1997 3

1998 2

1999 1

2000 1

2001 1

Fuentes: Elaboración propia sobre la base de Matsushita (1996); y entrevista 23 (1997; 2001).

que había llegado. Esta elevada confianza en el jefe de Estado alimentó su popularidad, que mantuvo un alto nivel durante estos años: en términos del promedio anual, un 63%, un 64% y un 72% en 1993, 1994 y 1995 respectivamente. La alta popularidad de Fujimori se manifestó en todas las clases sociales excepto en las clases medias, que eran las más críticas respecto del estilo autoritario del presidente. Relativamente hablando, en las clases medias la popularidad de Fujimori tendía a encontrarse baja y la desaprobación a su gestión era alta, en comparación con otras clases. Pero, de todas maneras, el nivel de aprobación era bastante superior al 50% en todas las clases sociales, incluidas las clases medias (véase otra vez el cuadro 3.3). 3.

Lecciones del referéndum constitucional

Preparativos de Fujimori para la segunda postulación a la presidencia Generalmente se sostiene que Fujimori planeaba quedarse en el poder desde un primer momento, incluso desde la toma de posesión en 1990, y que para ello pensaba postular a la presidencia por segunda vez consecutiva.26 26.

Véase los estudios que enfatizan el “acto unilateral” de Fujimori como causa del “autogolpe” en la nota 22 del capítulo III.

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Sin embargo, pensamos que esta opinión constituye un producto de la trampa del “hindsight”, que interpreta retrospectivamente los hechos históricos sobre la base de los resultados. De acuerdo con los testimonios de diversos allegados suyos, Fujimori no tuvo desde el comienzo de su gobierno, en 1990, la intención de buscar su segunda elección. En un primer momento en que “no contaba con los suficientes recursos humanos, ni pudo prever cómo terminaría su gobierno en 1995”, el mandatario peruano no podía darse el lujo de pensar en la posibilidad de una segunda elección. La situación cambió después del “autogolpe”, cuando la política interna se volvió bastante favorable para él (entrevista 07: 1994; entrevista 17: 1998b). Fujimori parece haber decidido buscar la reelección entre fines de 1992, cuando triunfó en las elecciones para el CCD, y principios de 1993 (entrevista 07: 1994; entrevista 08: 1993a). Algunos indicios permiten entrever su aspiración a la reelección desde esta época; por ejemplo, el elocuente silencio del mandatario cuando, como hemos señalado en la sección 1 de este capítulo, en enero de 1993 fue felicitado por su declaración —en la entrevista concedida a una revista norteamericana en el año anterior— de que no se planteaba la reelección; o en marzo del mismo año, cuando empezó a elaborarse el texto de la nueva Constitución y mostró a uno de sus asesores su interés por el artículo que tenía que ver con la reelección presidencial (entrevista 07: 1994). Al parecer, dos factores principales motivaron a Fujimori a buscar su reelección. Por un lado, el éxito del “autogolpe” y el triunfo en las elecciones para el CCD propiciaron una intensificación de su aferramiento al poder —ya explicado en la sección 1 del capítulo II—. Su apetito por el poder se despertó una vez superada su situación de desventaja política que lo obligaba a permanecer siempre atento a los actos de la oposición, que constituía la mayoría en el Congreso, entre la toma de posesión de 1990 y el “autogolpe” de 1992. Al mismo tiempo, el masivo apoyo popular recibido tras el “autogolpe” le produjo mucha satisfacción y euforia, animándolo a permanecer en el poder. Por otro lado, muchos peruanos que apreciaban los logros concretos socioeconómicos del gobierno de Fujimori pensaban que aspiraba a la reelección no porque codiciara el poder en sí mismo, sino más bien porque lo necesitaba para hacer posible la continuidad y culminación de su tarea de reconstrucción del Estado. Otro factor que motivó a Fujimori a pensar en la reelección, según fuentes cercanas al mandatario en ese momento, fue el temor a una

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eventual sanción por la ejecución del “autogolpe”. Si bien esta radical medida fue aceptada por la gran mayoría de los peruanos, Fujimori y sus allegados empezaron a incubar cierto temor a tener que enfrentar sanciones, cuando se retiraran del gobierno, por haberla ejecutado. Montesinos parece haber ejercido una influencia bastante fuerte en la decisión de Fujimori de presentarse para su reelección. A mediados de octubre de 1992, el Palacio de Gobierno sufrió un ataque terrorista. Inmediatamente después de este incidente hasta la instalación de su segundo gobierno en julio de 1995, el jefe de Estado vivió en el SIN (Servicio de Inteligencia Nacional) por razones de seguridad, despachando desde ahí casi todos los asuntos de la Presidencia de la República.27 En el transcurso de esos años, Fujimori pasó mucho tiempo con Montesinos, lo que favoreció que el asesor influyera en él y lo convenciera de diversos asuntos, entre ellos, de una eventual sanción por el “autogolpe”. A inicios del año 1994, Fujimori comenzó a mencionar a algunos de sus asesores que era imprescindible continuar la tarea de reconstrucción del Perú sin que se produjera un cambio de mando, es decir, gobernando él mismo. Por ese entonces estaba ya totalmente convencido de que no podía permitir que otro gobierno echara a perder todos los avances logrados por el suyo (entrevista 07: 1994; entrevista 17: 1998b).28 Dentro del entorno presidencial hubo algunas personas, como Santiago Fujimori, que le aconsejaron que se abstuviera de presentarse a las elecciones presidenciales de 1995. El hermano menor del presidente utilizó una metáfora para explicar su posición. Comparó la caótica situación del país durante la década de los ochenta con una casa cuyos enseres habían sido llevados fuera de su lugar original y estaban dispersos. La tarea de la primera etapa, de 1990 a 1995, fue poner en orden los asuntos administrativos del Estado de una forma relativamente simple, pues consistía en devolver los enseres desordenados al sitio correcto. En contraste, Santiago

27.

El Palacio de Gobierno está dividido en dos secciones: la parte oficial, en que se encuentran el despacho presidencial y otras oficinas, y la residencial, donde vive la familia presidencial.

28.

Montesinos convenció a Fujimori de la necesidad de quedarse en el gobierno por más de un periodo no solo por el temor a una sanción por el “autogolpe”, sino también para su propio beneficio, pues codiciaba mantener y expandir su poder (entrevista 17: 1998b).

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Fujimori explicó a su hermano que la segunda etapa, que comenzaría en 1995, exigiría otro estilo de trabajo, casi como el de un orfebre, hecho con delicadeza y esmero. El asesor presidencial transmitió de esta manera al mandatario, a mediados de 1994, su convicción de que para cumplir con las tareas de la segunda etapa se requerían nuevas ideas y un tipo de liderazgo distinto del de la primera etapa, y le propuso con franqueza que sería conveniente pensar seriamente en la alternativa de “bajar al llano” una vez en 1995 y buscar la segunda elección como presidente en el año 2000 (entrevista 17: 1998b). Sin embargo, el jefe de Estado no escuchó el consejo de su hermano. En adelante, analizaremos el proceso político que condujo a la reelección de Fujimori en 1995. Podemos decir que, al final, la enorme diferencia entre Fujimori y la oposición en los resultados electorales de 1995 reflejó en qué medida ambos contendientes políticos fueron capaces o no de aprender y poner en práctica las lecciones del referéndum constitucional —cuyos resultados fueron bastante parejos—. Desde este punto de vista, analizaremos en esta sección y la siguiente las acciones y estrategias usadas tanto por Fujimori como por la oposición en las elecciones de 1995. Comenzaremos por el primero. Fujimori interpretó el estrecho margen del triunfo del Sí en el referéndum constitucional no como un rechazo del pueblo peruano a la reforma ejecutada hasta entonces, sino como una exigencia de que realizara ciertos ajustes en ella. Vale decir, el mandatario pensó que la cantidad no prevista de votos por el No reflejaba el descontento de muchos peruanos por los problemas existentes en la microeconomía, como el desempleo y la pobreza, cuya solución no había sido enfrentada suficientemente por su gobierno. Por eso, Fujimori decidió que en adelante, manteniendo la estabilidad en el aspecto macroeconómico, su gobierno priorizaría en lo posible los problemas de la microeconomía, particularmente el empleo y la pobreza. Como fruto de esta determinación, se lanzó un plan de ejecución de obras públicas para mejorar la infraestructura y promover tanto la ayuda social como la lucha contra la pobreza, mediante un aumento del gasto público de más de 500 millones de dólares, que fue publicado inmediatamente después del referéndum constitucional (El Peruano, 30 de diciembre de 1993; El Comercio, 9 de enero de 1994). Debemos recordar que el gobierno de Fujimori ya había comenzado a tratar gradualmente entre 1992 y 1993 los problemas de pobreza y

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desempleo en respuesta a las nuevas demandas de la opinión pública que, originalmente preocupada por la hiperinflación y el terrorismo, empezó a conferir más importancia al desempleo y a la pobreza (véase otra vez el cuadro 2.4). En mayo de 1992, inmediatamente después del “autogolpe”, Fujimori reinstaló el Ministerio de la Presidencia, que había dejado de existir al final del gobierno de García, para que se encargara de la ayuda social y la lucha contra la pobreza.29 El presupuesto para este Ministerio captó el 2,9% del presupuesto total del gobierno en 1992. Sin embargo, al año siguiente este presupuesto fue expandido, registrando el 9,5% del total gubernamental y, en 1994, representó el 10,2% de la totalidad (Webb y Fernández 2001: 1141). Por otro lado, el presupuesto total de la política social en el gobierno se incrementó de 700 millones de dólares en 1990 a 1500 millones de dólares en 1993, llegando en 1994 a 1800 millones de dólares (entrevista 24). Sin embargo, Fujimori no mencionó estos esfuerzos clara ni enfáticamente durante la campaña del referéndum constitucional, cuyo ajustado resultado le alertó sobre la urgencia de impulsar más enérgicamente la ayuda social y las medidas contra la pobreza, así como la de comunicarlas explícitamente al pueblo peruano. Fujimori inmediatamente se puso a trabajar tanto en la promoción de la política de ayuda social y el combate a la pobreza, como en publicitar estas acciones gubernamentales. A fines de noviembre de 1993, sin siquiera dejar pasar un mes luego del referéndum constitucional, el gabinete fujimorista definió los “Lineamientos Básicos de Política Social”. Ellos disponían la realización, entre 1994 y 1995, de medidas contra la pobreza, prioritariamente en las zonas marginales, que consistían en impulsar el bienestar, la justicia, la inversión social y la ayuda en alimentos; así como en celebrar cada dos semanas una reunión de la Comisión Interministerial de Asuntos Sociales para evaluar y discutir la marcha de esta política de promoción social. A fines de diciembre de 1993, Fujimori realizó la reforma de la tributación municipal sobre la base de la facultad legislativa otorgada por el CCD, y dictó el Decreto Legislativo N.° 776, Ley de Tributación Municipal, que entró en vigencia el 1 de enero de 1994. El Decreto dispuso, además 29.

En el Ministerio de la Presidencia se incorporaron diversos fondos, proyectos y entidades públicas que tenían que ver con el tema de la ayuda social y la lucha contra la pobreza. Uno de ellos fue el Fondo Nacional de Compensación y Desarrollo Social (FONCODES), que fue instalado en agosto de 1991 pero no había funcionado satisfactoriamente.

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de otras medidas, que la distribución del subsidio denominado Fondo de Compensación Municipal se dirigiría prioritariamente a las zonas marginales de la ciudad y del campo; dicho subsidio pasaría principalmente a los distritos, en lugar de a las provincias, como había ocurrido hasta entonces. La nueva ley agregó, además, como nuevo elemento para definir el monto del subsidio, el nivel de pobreza, específicamente, la tasa de la mortalidad infantil. Hasta entonces, el tamaño de la población había sido el único índice para la distribución. Con el Decreto N.� 776, la provincia de Lima fue la única municipalidad que experimentó un recorte drástico —un 80,7%— del subsidio en comparación con el año anterior; ello dejó entrever que uno de los objetivos de la promulgación de dicho decreto fue el de desplazar a Ricardo Belmont, entonces alcalde de Lima que, como veremos más adelante, pretendía presentarse a las siguientes elecciones presidenciales. El monto del subsidio para esta provincia en 1995 —distribuido durante la campaña electoral del mismo año— aumentó nominalmente con respecto al de 1994, pero representó solamente un 35,8% del de 1993. Además del aumento del gasto gubernamental en ayuda social y en la lucha contra la pobreza, Fujimori empezó a visitar frecuentemente las provincias y las zonas marginales de Lima. En muchas oportunidades, el mandatario fue a la inauguración de las obras públicas construidas por el gobierno, entre ellas escuelas, sistemas de irrigación, carreteras, agua y desagüe, instalaciones de energía eléctrica y de puestos de salud. Con estos actos, el jefe de Estado pretendió exhibir y hacer recordar a la gente su presencia política y, al mismo tiempo, mejorar y fortalecer su propia imagen, resaltando tanto la estabilidad económica y el control del terrorismo, resultados tangibles hasta entonces, como la ayuda social y las medidas contra la pobreza que comenzó a realizar con más vigor. Después del referéndum constitucional y hasta el fin de la campaña electoral de 1995, Fujimori dedicó más de la mitad de cada mes a la visita a las provincias y a las zonas marginales de Lima (véase cuadro 4.5).30 Como destinos fueron escogidos prioritariamente los lugares con un mayor número de electores, sin importar los resultados del referéndum 30.

A excepción del periodo entre el 26 de enero y el 16 de marzo de 1995, en el que Fujimori suspendió la campaña electoral debido a la guerra limitada con Ecuador, como veremos más adelante.

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Cuadro 4.5 núMero de días de visita interna de fujiMori, desPués del referénduM ConstituCional hasta las eleCCiones de 1995 año

1993

Mes

1994

nov.

diC.

ene.

feb.

Mar.

abr.

May.

jun.

Total de días

22

16

22

13

14

18

19

14

Lima

9

2

9

2

5

7

3

5

Provincias

14

14

15

11

10

12

16

9

Mes

jul.

ago.

seP.

oCt.

nov.

diC.

ene.

Mar/abr

Total de días

18

16

19

16

17

13

12

17

Lima

8

8

5

6

7

6

4

3

Provincias

12

8

15

10

10

8

9

14

1995

año

Fuente: Elaboración propia sobre la base de los artículos periodísticos entre 2 de noviembre de 1993 y 7 de abril de 1995. Nota: “Lima” se refiere a los casos en los cuales Fujimori realizó una visita a las zonas marginales de la provincia de Lima. El “Total de días” puede ser menos que la suma de “Lima” y “Provincias”, porque en diversas ocasiones Fujimori visitó tanto algunas zonas marginales de Lima como algunas provincias en un solo día. Fujimori no realizó campaña electoral desde el 26 de enero hasta el 16 de marzo de 1995, debido a la guerra limítrofe con Ecuador y las visitas al extranjero. “Mar./Abr. (1995)” abarca el periodo entre el 17 de marzo y el 6 de abril, último día de la campaña electoral legalmente permitido.

constitucional, el nivel de pobreza o la pertenencia partidaria de los alcaldes provinciales (véase cuadro 4.6).31 El mandatario peruano intentó captar los votos en las provincias de mayor población electoral. Por otro

31.

Respecto del nivel de pobreza del cuadro 4.6, debemos aclarar que existen dos “mapas de pobreza” elaborados por FONCODES (FONCODES 1994; 1995). En la versión nueva, basada en los datos del censo de 1993 y publicada en junio de 1995, algunas provincias están categorizadas en niveles distintos a los de la versión anterior de 1994. Sin embargo, para elaborar el cuadro 4.6 usamos la versión de 1994, conocida durante la campaña electoral de 1995. La tendencia indicada aquí no cambia en caso de que calculemos sobre la base de la nueva versión de 1995.

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Aceptable Regular Pobre Muy pobre

Mayoritariamente Sí Mayoritariamente No

0 a 10.000 0,001 a 50.000 50.001 a 100.000 100.001 -

Partido Aprista Peruano Acción Popular Partido Popular Cristiano Izquierda Unida Independientes Cambio 90 Anuladas/no realizadas

3 (16,7%) 11 (34,4%) 20 (29,9%) 24 (33,8%)

22 (28,2%) 36 (32,7%)

26 (68,4%) 29 (27,1%) 3 (11,5%) 0 (0,0%)

8 (30,8%) 13 (31,0%) 2 (33,3%) 0 (37,0%) 25 (30,5%) 1 (50,0%) 1 (25,0%)

0

15 (83,3%) 21 (65,6%) 47 (70,1%) 47 (66,2%)

56 (71,8%) 74 (67,3%)

12 (31,6%) 78 (72,9%) 23 (88,5%) 17 (100,0%)

18 (69,2%) 29 (69,0%) 4 (66,7%) 17 (63,0%) 57 (69,5%) 1 (50,0%) 2 (75,0%)

Más de una vez

Fuentes: Las mismas que el cuadro 4.5. Los “Niveles de pobreza” se basan en FONCODES (1994). Nota: Las cifras se refieren al número de provincias. Los porcentajes entre paréntesis son las proporciones que ocupan en el “Total”.

Niveles de pobreza

Resultados del referéndum constitucional en 1993

Tamaño de la población electoral de 1993

Afiliación de los alcaldes provinciales

18 32 67 71

78 110

38 107 26 17

26 42 6 27 82 2 3

total

Cuadro 4.6 visitas internas de fujiMori desPués del referénduM ConstituCional hasta las eleCCiones de 1995 (ProvinCias)

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lado, el hecho de visitar cualquier provincia sin importar la membresía partidaria de los burgomaestres provinciales reflejaba un aspecto del estilo político de Fujimori: su afán por mantener una comunicación directa con cada uno de los electores y establecer vínculos personales con ellos.32 Otra lección que el mandatario peruano aprendió del referéndum se reveló en su manera de conformar la lista de candidatos del oficialismo para el Congreso. Al comenzar la campaña, la alianza oficialista cambió el orden de su nombre y registró como oficial el de Cambio 90-Nueva Mayoría, en lugar del de Nueva Mayoría-Cambio 90 que tenía hasta entonces, porque el de Cambio 90 se conocía mucho más en el pueblo. Dos terceras partes de los candidatos para el Congreso de la Alianza Cambio 90-Nueva Mayoría fueron oriundos de provincias. De un total de 120 candidatos, 73 fueron de origen provinciano, es decir, el 60,8% de la alianza oficialista. En comparación con otras agrupaciones políticas, esta fue la lista que tuvo un mayor porcentaje de candidatos provincianos. En las agrupaciones opositoras a Fujimori, el número y porcentaje de los candidatos no limeños fueron menores: Unión por el Perú (UPP),33 51 candidatos (42,5%); PAP, 56 candidatos (46,7%); AP, 44 candidatos (36,7%); PPC, 38 candidatos (31,7%); e IU, 64 candidatos (53,3%) (Caretas N.° 1347, 1348 y 1357). El presidente seleccionó cuidadosamente a los candidatos para el Congreso, tomando en especial consideración a los que tenían mayor fama en cada provincia. De este modo, el jefe de Estado pretendió captar los votos de las diversas regiones del Perú también en las elecciones para el Congreso. Contrariamente, la oposición resultó más centralista en la composición de la lista de los candidatos para el Congreso, aunque criticó al mandatario peruano como centralista y lanzó la promoción de la descentralización como uno de los eslóganes de su campaña electoral. Sin embargo, cabe agregar que, al principio, la lista de los candidatos para el Congreso del oficialismo fue elaborada por Yoshiyama. La primera lista estaba conformada principalmente por profesionales de origen limeño que tenían títulos académicos del extranjero. Enterado de la lista, 32.

Algunos estudiosos califican estas políticas sociales y las medidas contra la pobreza que Fujimori adoptó sobre la base de las lecciones del referéndum constitucional como “neopopulistas”. Sobre esta perspectiva y sus límites, véase la Introducción y su nota 5, así como la nota 13 del capítulo III.

33.

Sobre UPP, véase la siguiente sección de este capítulo.

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Santiago Fujimori propuso al presidente repensarla y buscar como candidatos a figuras renombradas en cada parte del país. El mandatario aceptó la propuesta de su hermano (entrevista 17: 1998b).34

Búsqueda frustrada de un candidato unificado de la oposición Mientras Fujimori pretendía captar votos con la ejecución enérgica de programas de ayuda social y de lucha contra la pobreza, ¿qué actitud tomaron las fuerzas opositoras?35 El resultado del referéndum constitucional demostró que la oposición podía rivalizar con el presidente en caso de que sus principales fuerzas unificaran sus esfuerzos. Por eso, se propuso reiteradamente la necesidad de tener un solo candidato de la oposición. El problema radicaba en la elección del candidato. Los partidos seguían teniendo un descrédito considerable para la gran mayoría de los electores. Según una encuesta realizada en abril de 1994, un año antes de la votación, solamente el 13% de los encuestados respondieron que sentían cierta simpatía hacia uno u otro partido, y el 86% se definía como independientes, es decir, que nada tenían que ver con los partidos políticos (Informe de opinión, abril de 1994). Por esto, los políticos pertenecientes a algún partido, especialmente los más conocidos, no fueron considerados idóneos para presentarse en las elecciones presidenciales de 1995 como candidatos de la oposición unificada. En esta situación, desde poco antes de que se realizara el referéndum constitucional, Javier Pérez de Cuéllar fue mencionado como un eventual candidato que podría unificar a la oposición. Pérez de Cuéllar tenía renombre internacional por haber sido secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) entre 1982 y 1991. Además, parecía contar a su favor el hecho de no haber pertenecido a ningún partido. Él mismo 34.

En aquel entonces se produjo el conflicto entre Yoshiyama y Santiago Fujimori, mientras este y el presidente se distanciaron cada vez más. Véase los detalles en la sección 3 del capítulo V.

35.

La descripción sobre la situación de la oposición hasta el comienzo de la campaña electoral se basa en la entrevista 01 (1994b), entrevista 02 (1994), entrevista 03 (1994), entrevista 08 (1994a; 1994b), entrevista 15 (1994), y la entrevista 20 (1994b; 1994c; 1994d; 1994e; 1994f), así como en las informaciones periodísticas de entonces. Tanaka (1999) también analiza la situación de la oposición en ese momento.

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insinuó en una entrevista periodística de mediados de 1993 su disposición a candidatear en las siguientes elecciones presidenciales (El Comercio, 6 de agosto de 1993). Hasta la primera mitad de 1994, la imagen del ex secretario general de la ONU era buena en el Perú; no estaba a la zaga de la del presidente. Cuando una encuesta preguntó a los electores por quién votarían en caso de que Fujimori y Pérez de Cuéllar se presentaran en las elecciones presidenciales, ambos recibieron el mismo nivel de apoyo (Informe de opinión, enero-mayo de 1994). El alcalde limeño Belmont mostró su aspiración a presentarse en las elecciones presidenciales a fines de noviembre de 1993; es decir, menos de un mes después del referéndum constitucional. Antes de asumir la alcaldía, Belmont había ganado popularidad como presentador en una radio de su propiedad. Luego conformó un movimiento independiente llamado Obras y participó en las elecciones municipales de 1989, donde triunfó con un amplio margen en comparación con los votos de los candidatos de los partidos políticos. Su victoria electoral fue precursora del fenómeno Fujimori. Como alcalde, Belmont mantuvo su nivel de popularidad debido a sus esfuerzos por mejorar la infraestructura urbana. Su popularidad fue tan alta que, como hemos visto antes, en la campaña electoral municipal de 1993 Fujimori se vio precisado a retirar de la contienda electoral a su propio candidato para la alcaldía limeña. En esas elecciones, Belmont fue reelegido con el 45% de los votos válidamente emitidos, registrando una diferencia de más del 30% sobre otros candidatos. Sin embargo, los partidos no lo consideraron como posible candidato de la oposición unificada, porque Belmont siempre había guardado distancia de ellos para mantener su popularidad ganada como independiente; es decir, como un político sin vínculos con los partidos políticos existentes. Aunque en términos de imagen y popularidad Pérez de Cuéllar no tenía mayores problemas en comparación con Fujimori, debía superar dos obstáculos para convertirse en el candidato de la oposición unificada. El primero fue que Pérez de Cuéllar había mostrado con anterioridad cierta “comprensión” del gobierno fujimorista, en particular, del “autogolpe” de 1992. En la primera mitad de mayo del mismo año, cuando continuaba la incertidumbre sobre la forma de superar la anormalidad política peruana y siendo cada vez más probable la imposición de una sanción económica contra el Perú, Pérez de Cuéllar no criticó categóricamente el “autogolpe” y, más bien, expresó que tenía la sensación de que siendo la situación

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peruana antes del “autogolpe” tan cercana al caos, “algo se tenía que hacer” (Expreso, 11 de mayo de 1992). Ahora bien, existían dos posturas diferentes con relación al “autogolpe” de 1992 entre los partidos opositores al mandatario. Una de ellas fue llamada “maximalista” porque rechazaba la legitimidad del presidente Fujimori debido a que este había recurrido a procedimientos extralegales para superar el conflicto con la oposición. La otra fue la “minimalista” y sostenía que era ineludible acercarse en cierta medida a Fujimori, quien ganaba cada vez más popularidad entre la mayoría de peruanos. En la primera categoría se encontraban el PAP, AP e IU, que decidieron no participar en el proceso electoral del CCD, mientras que el PPC y otras agrupaciones pequeñas formaban parte de la segunda categoría y asistieron a dicho proceso.36 La diferencia entre la posición “maximalista” y la “minimalista” tenía que ver también con la evaluación de la línea económica del gobierno. Mientras la “maximalista” proponía la revisión radical de la misma, la “minimalista” abogaba por la continuación renovadora de la política económica fujimorista realizando rectificaciones en la creación de empleo y la lucha contra la pobreza. Esta línea “minimalista” fue denominada el “fujimorismo sin Fujimori”. En la plataforma electoral de 1995, tanto el PAP como AP, típicos “maximalistas”, rechazaron enérgicamente la política económica neoliberal adoptada por el mandatario peruano (AP 1995; PAP 1994). En pocas palabras, el primer obstáculo para la candidatura opositora única radicaba en cómo Pérez de Cuéllar —quien hasta entonces había 36.

En AP y en el PPC hubo también simpatizantes de Fujimori, y algunos fueron nombrados ministros u otros altos funcionarios del gobierno después de su renuncia al partido. En cambio, Alberto Borea, uno de los dirigentes del PPC y “maximalista”, se vio obligado a alejarse del partido por haber sido alienado en la agrupación. Antes de la renuncia al partido, Borea se refugió en Costa Rica por cierto tiempo, porque había sido acusado por su participación en la intentona de golpe de Estado en noviembre de 1992. Años más tarde, después de la caída de Fujimori, cuando se discutió la reforma constitucional en el pleno del Congreso en septiembre de 2002, se observó de nuevo la diferencia entre los “maximalistas” y los “minimalistas”: los primeros, como el PAP, rechazaron la legitimidad de la Constitución Política de 1993 e insistieron en la necesidad de poner en vigencia nuevamente la Constitución anterior de 1979; sin embargo, los segundos optaron por plantear la modificación de los textos de la Constitución vigente de 1993. Manuel D’Ornellas, director del diario Expreso de entonces, fue quien por primera vez dividió a las fuerzas opositoras entre los “maximalistas” y los “minimalistas” en el proceso electoral de 1995.

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tenido un pensamiento cercano a la posición “minimalista”— podría unir a las fuerzas “maximalistas” y “minimalistas” y, al mismo tiempo, cómo elaborar una plataforma coherente, tomando en consideración también la posición “maximalista”. El segundo obstáculo consistía en las condiciones de la alianza entre Pérez de Cuéllar y los partidos políticos. Como eventual representante máximo de las fuerzas contrarias a la política autoritaria de Fujimori, el ex secretario general no pudo ignorar la existencia de los partidos políticos existentes que se habían opuesto al “autogolpe” de 1992. Sin embargo, al mismo tiempo, para él era necesario evitar caer en el mismo error que Vargas Llosa quien, en las elecciones de 1990, no había logrado mantener su original nivel de apoyo hasta el fin de la campaña electoral porque dio a muchos electores la impresión de mantener estrechas relaciones con los partidos políticos de derecha existentes. Vale decir, las circunstancias exigían que Pérez de Cuéllar construyera y mantuviera relaciones sumamente delicadas con estos partidos, que no fueran ni tan estrechas ni tan lejanas. En ese sentido, Pérez de Cuéllar tuvo que tener presente la llamada “experiencia de Bustamante”. El abogado y diplomático José Luis Bustamante y Rivero fue nombrado candidato de la oposición unificada —una parte de las fuerzas conservadoras y el PAP— en las elecciones presidenciales de 1945. Sin embargo, para las elecciones del Congreso, Bustamante no llevó candidatos propios y dejó este asunto en manos de los partidos, permitiendo a cada uno de ellos presentar sus candidatos. Después de su triunfo electoral y de la toma de la posesión, Bustamante comenzó a tener conflictos con el PAP, que ocupaba la mayoría de escaños en el Congreso. Sin pasar mucho tiempo, perdió el control en el Parlamento. En medio de un desorden político cada vez más profundo, Bustamante fue expulsado del Palacio de Gobierno por el golpe de Estado organizado por el general Odría en 1948. Pérez de Cuéllar quiso no solamente triunfar en las elecciones presidenciales, sino también “gobernar bien” durante su eventual mandato. Teniendo presente la “experiencia de Bustamente”, el ex secretario general de la ONU estaba convencido de que debería elaborar su propia lista de candidatos para el Congreso con el objetivo de no perder el control en el Parlamento, aunque aceptara como candidatos a personas presentadas por los partidos políticos existentes. En contraste, cada partido pretendió presentar sus propios candidatos congresales para mantener su presencia y fuerza partidarias con miras a las subsiguientes elecciones generales,

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previstas para el año 2000, en caso de que nombraran a Pérez de Cuéllar como único candidato presidencial de la oposición para cumplir el objetivo número uno: impedir la reelección de Fujimori. De una u otra manera, para los partidos políticos la presentación de un solo candidato de la oposición no constituyó la mejor opción; no pasó de ser simplemente una de las alternativas. En cada partido existió la insistente opinión de que debería adoptarse la táctica tradicional de buscar incrementar los votos en las elecciones para el Congreso presentando un candidato propio para la presidencia y, de este modo, elevando el efecto propagandístico del partido en su totalidad. Fue el ex presidente Belaúnde, de AP quien, desde una perspectiva “maximalista”, se mostró escéptico de que los partidos respaldaran a Pérez de Cuéllar como candidato de la oposición unificada. El ex presidente expresó en noviembre de 1993 que, para imposibilitar la reelección de Fujimori, se requeriría de un candidato con una postura más combativa que la de Pérez de Cuéllar. El escepticismo de Belaúnde sobre su eventual candidatura se debió, además, a dos elementos relacionados con el contexto de la época. Uno de ellos fue que inicialmente el propio Belaúnde tuvo la aspiración de postular a la presidencia. El otro fue la animadversión que existía en AP contra Pérez de Cuéllar, originada en el golpe de Estado de Velasco de 1968 que expulsó a Belaúnde del poder. Durante el gobierno militar, Pérez de Cuéllar siguió trabajando como alto funcionario de la Cancillería. Por otro lado, AP desconfiaba de las alianzas electorales por los malos resultados que había tenido la última en que dicho partido había participado, en las elecciones de 1990. Otro partido que mostró también poco entusiasmo hacia la presentación de un candidato de la oposición unificada fue el PAP. En el interior del partido reinaba cierta confusión relativa a la sucesión del ex presidente García, quien había buscado refugio en Colombia después del “autogolpe”, intensificándose cada vez más el conflicto entre los que lo respaldaban y los que no lo apoyaban. De este modo, el PAP no estaba en condiciones de presentar una posición de unidad frente a otras fuerzas políticas. Por su parte, la IU tampoco respaldó totalmente la idea de un candidato único. Este partido seguía enfrascado en conflictos internos por el poder, basados en muchos casos en fricciones personales, que se arrastraban desde 1989, cuando se produjo el primer cisma. Dada esta situación conflictiva, una parte de IU propuso apoyar la alternativa de presentar

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como candidato único de la oposición a Pérez de Cuéllar, porque pensaba que su agrupación no contaba con una persona adecuada para candidatear en las elecciones presidenciales; sin embargo, otra parte de la alianza izquierdista se expresó contraria al ex secretario general de la ONU, por su insistencia en la continuación de la línea de Fujimori. El “minimalista” PPC mantuvo, por el contrario, una opinión más favorable a la idea de presentar a Pérez de Cuéllar como candidato único. Su máximo líder, Bedoya Reyes, que no tenía la intención de postular a las elecciones presidenciales, no encontró un candidato idóneo, según su criterio, dentro de su partido. En medio del diálogo y negociaciones entre Pérez de Cuéllar y los partidos políticos, Bedoya trató de lograr, a título personal y en dos oportunidades —a principios de enero y también a principios de abril de 1994— el consenso en torno de una propuesta conciliadora sobre la candidatura única. Ella consistía en tres puntos principales: (a) la oposición presentaría a Pérez de Cuéllar como candidato único; (b) cada partido respetaría a los candidatos para la vicepresidencia y la plataforma electoral propuestos por Pérez de Cuéllar, y la apoyaría durante tres años desde 1995; y (c) Pérez de Cuéllar no presentaría sus propios candidatos para el Congreso, permitiendo a cada partido elaborar y presentar su lista. Sin embargo, ni Pérez de Cuéllar ni los otros partidos políticos apoyaron la propuesta de Bedoya. Mientras continuaba haciendo contacto con los partidos políticos existentes, Pérez de Cuéllar enfatizó repetidas veces la independencia de su candidatura, a la par que manifestaba que aceptaría con gusto el apoyo de los partidos a la misma. Sin embargo, mientras pasaba el tiempo y Pérez de Cuéllar no lograba superar los obstáculos, la idea de presentar un candidato de la oposición unificada pareció llegar a un punto muerto. En los partidos, incluido el PPC, fue prevaleciendo gradualmente la opinión de presentar un candidato presidencial propio, además de su propia lista de candidatos para el Congreso. A medida que se acercaba la fecha límite del registro de la plancha presidencial, prevista para comienzos de octubre de 1994, esta postura se intensificó. Por otro lado, la incapacidad de Pérez de Cuéllar para lograr un consenso en la oposición y el tiempo transcurrido sin resolver nada concreto acerca de la candidatura opositora única erosionaron su imagen como futuro estadista y provocaron que los electores cuestionaran su capacidad de liderazgo; muchos de ellos tuvieron la impresión de que el diplomático no tendría la capacidad de tomar una

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decisión política inmediata, en caso de que se presentase una situación grave que así lo requiriera. Como consecuencia de la indecisión de Pérez de Cuéllar, AP decidió presentar su lista de los candidatos para el Congreso tempranamente, a comienzos de mayo de 1994, anunciando oficialmente el lanzamiento de su propia plancha presidencial en agosto del mismo año. A fines de ese mes, el PAP celebró un congreso nacional y ratificó a su dirigencia central conformada por los partidarios de García; durante este, el partido fundado por Haya de la Torre manifestó públicamente —siguiendo el ejemplo de AP— que presentaría su propio candidato presidencial para las elecciones del año siguiente. En septiembre, el PPC anunció la misma decisión. La última agrupación en presentar su lista, debido a sus conflictos internos, fue IU, que logró registrar su plancha presidencial en octubre, inmediatamente antes de la fecha límite. De este modo, la oposición repitió el típico patrón de comportamiento adoptado por los partidos peruanos a lo largo de su historia: el mantenimiento de un carácter excluyente, priorizando la realización de sus propios intereses individuales tales como la expansión de su influencia, y la incapacidad para poder conformar y mantener en el mediano y largo plazo una alianza estable sobre la base de objetivos y políticas compartidos. 4.

El proceso de la campaña de 1995

La situación favorable para Fujimori de principio a fin La campaña electoral para los comicios de 1995 comenzó plenamente en octubre de 1994, luego de cerrarse el plazo de inscripción de las planchas presidenciales. En ella, Fujimori y Pérez de Cuéllar ganaron el apoyo de la gran mayoría de los electores, relegando al resto de candidatos a menos del 10% de apoyo37 (véase gráfico 4.2). 37.

La descripción sobre la campaña electoral en esta sección se basa principalmente en la entrevista 01 (1995), entrevista 02 (1995a), entrevista 03 (1995), entrevista 08 (1995a; 1995c), entrevista 15 (1995a; 1995b), y la entrevista 20 (1995a; 1995b; 1995c; 1995d). Analizan el mismo tema, entre otros, Balbi (1996), Carrión (1996; 1998; 1999; 2006), Conaghan (1995a; 1995b; 1996; 2005), Graham y Kane (1998), Kay (1995; 1996), Levitsky y Cameron (2003), Palmer (1995; 1996a), Roberts y Arce (1998), Roncagliolo (1995), Rospigliosi (1995), Salcedo (1995), Schmidt (1999; 2000), Stokes (1999),

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Gráfico 4.2 intenCión de voto en las eleCCiones PresidenCiales de 1995

% 70 60 50 40 30 20 10 0 Nov. 1994

Dic. 1994

Fujimori

Ene. 1995

Feb. 1995

Pérez de Cuéllar Belmont

Mar. I 1995

Mar. II 1995 Cabanillas

Abr. Resultado 1995 Toledo

Diez Canseco

Fuente: Elaboración propia sobre la base de Informe de opinión, noviembre de 1994-abril de 1995; JNE (1995). Nota: Son los resultados de las encuestas realizadas en el ámbito nacional. Los porcentajes son las proporciones que ocupan en las respuestas consideradas como votos válidos: todas las respuestas excepto las de “En blanco”, “Viciado” y “No precisa”. Los candidatos son: Fujimori, de Cambio 90-Nueva Mayoría; Pérez de Cuellar, de Unión por el Perú; Cabanillas, del Partido Aprista Peruano; Toledo, de Coordinadora Democrática-País Posible; Belmont, de Obras; y Diez Canseco Terry, de Acción Popular.

Tanaka (1999), Weyland (2000). Sobre la campaña electoral de Fujimori, la oposición cuestionó la utilización de su cargo, de funcionarios del Estado y de fondos públicos para su reelección. Por ejemplo, fue criticado como “fraude” por haber aprovechado la inauguración de obras públicas. Sin embargo, estas prácticas existían desde la década de 1980 y, al igual que antes, a la mayoría de la gente común no le importaba la opinión de la oposición. Esto se debió al mismo tiempo al ambiente electoral en el que el candidato-presidente contaba con alta popularidad. Además, muchos peruanos no tomaron en serio la acusación, porque la oposición y sus candidatos no se retiraron de la campaña electoral.

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El alcalde limeño Belmont no pudo realizar suficientes obras públicas ni proporcionarle un mantenimiento satisfactorio a los servicios dirigidos a la ciudadanía debido al drástico recorte del subsidio otorgado por el gobierno central a través del Decreto Legislativo N.° 776. Al mismo tiempo, no consiguió demostrar suficiente capacidad de liderazgo al no lograr la unión de los alcaldes provinciales que se mostraban críticos a dicho decreto. Sus palabras fueron gradualmente pesimistas y ofensivas. Finalmente, el alcalde de Lima mostró una actitud frontalmente opuesta a Fujimori, al nombrar como candidato para la primera vicepresidencia a San Román, quien había sido el primer vicepresidente entre 1990 y 1992 y, después del “autogolpe”, fue designado “presidente provisional” por las fuerzas opositoras. En una situación en que Fujimori gozaba de un alto nivel de aprobación presidencial, la decidida posición de enfrentamiento contra el mandatario adoptada por Belmont resultó contraproducente. El alcalde de Lima fue identificado por muchos electores con los partidos políticos existentes que habían perdido la confianza del pueblo. De este modo, Belmont perdió el apoyo de los electores. El descenso de su popularidad fue causado también por la comparación que hicieron estos entre los méritos de Fujimori y los del alcalde limeño, quien no había ejecutado una reforma administrativa de la alcaldía limeña y se había quedado con los brazos cruzados sin mostrar capacidad de reacción frente al recorte del subsidio. En cambio, Alejandro Toledo, economista de origen humilde, llamó la atención de los electores después de que se cerró el registro de las planchas presidenciales, gracias al “descubrimiento” de los medios de comunicación. Realizó una campaña que enfatizaba la necesidad de elegir un “presidente cholo”, contando en un inicio con el apoyo del 10% de intención del voto según las encuestas. Sin embargo, los fujimoristas cuestionaron a Toledo con relación a una posible declaración falsa sobre una parte de su currículo y a sus relaciones oscuras con un caso de “pirámide” financiera que había sido una gran estafa. Toledo no logró despejar por completo la imagen negativa generada por estas críticas. Además, muchos electores tuvieron la impresión de que sus propuestas eran abstractas y vacías. En el transcurso de la campaña, el economista perdió gradualmente el respaldo popular. Por otro lado, los partidos políticos excepto AP realizaron, por formalismo, las elecciones internas para designar a los candidatos presidenciales y congresales. AP llevó a cabo solamente las elecciones internas para elegir

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a los candidatos para el Congreso. Estos comicios internos no fueron nada democráticos, porque no se conocían ciertos datos básicos para garantizar su transparencia como, por ejemplo, el número de los militantes; tampoco fueron transparentes ni abiertos los procesos de selección de representantes partidarios para el parlamento. Al mismo tiempo, las propuestas políticas presentadas por cada partido fueron poco concretas, y no parecían verdaderas alternativas a la línea de Fujimori, que sí había resultado eficaz. Algunos partidos políticos tuvieron, incluso, una conducta deshonrosa. Por ejemplo, el PPC organizó unas elecciones internas abiertas en las que pudiesen participar, además de los militantes, electores en general.38 Sobre la base de su resultado designó como candidata presidencial a Lourdes Flores Nano, dirigente de una joven y nueva generación. Pero su popularidad registró un bajo nivel de menos del 5%. Frente a esta situación, el partido se vio obligado a decidir unilateralmente el retiro de su candidatura en una asamblea extraordinaria de los delegados en diciembre de 1994, con el objetivo de evitar la anulación del registro del partido ante el JNE. Esto se debió a que, según el artículo 67� del Código Electoral de entonces, las agrupaciones perderían su registro ante el JNE en caso de no obtener más del 5% en las elecciones presidenciales. IU constituyó el otro caso de una conducta deshonrosa. Después de desistir de acercarse al candidato Pérez de Cuéllar, la agrupación izquierdista designó como candidato presidencial al ex alcalde de Lima, Barrantes, quien retornó a IU cinco años después de su salida en 1989. No obstante, se produjo un nuevo conflicto interno en torno de la selección de los candidatos para el Congreso, de tal calibre que Barrantes, hastiado, optó por renunciar a su candidatura en enero de 1995. Entre los candidatos presidenciales de la oposición, Pérez de Cuéllar gozó del más alto nivel de apoyo. El ex secretario general se apartó gradualmente de los partidos políticos, como hemos descrito antes. Finalmente como principal base de apoyo contó con la agrupación llamada Unión 38.

En términos generales, esta especie de elecciones tiene el defecto de convertirse en elecciones de “movilización”. Vale decir, ganan las elecciones aquellos que pueden movilizar más gente para votar, la cual no necesariamente pertenece al partido; por lo tanto, los elegidos tampoco representan a los militantes. Este sistema tiende a fortalecer el liderazgo individual de unos dirigentes principales, pero debilita el proceso institucional y la estructura del partido en general. En el caso en cuestión, otro problema fue el bajo nivel de movilización; entre los pocos movilizados, se eligió a una candidata mujer.

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por el Perú (UPP), convirtiéndose en su candidato presidencial. Esta agrupación fue organizada por diversos movimientos políticos pequeños. En este proceso de creación de un núcleo de la oposición, Pérez de Cuéllar estrechó las relaciones con políticos y grupos pequeños de izquierda que se habían separado de la IU centrífuga. Entre ellos, hubo un grupo de IU dirigido por Gustavo Mohme, ex senador y dueño del diario La República, que abogaba en contra del gobierno de Fujimori y, en su editorial del día 14 de noviembre de 1993, propuso públicamente, por primera vez en la oposición, presentar a Pérez de Cuéllar como candidato único de las fuerzas antifujimoristas. Otro grupo pequeño era el del ex senador Enrique Bernales y otros dirigentes que antes habían pertenecido a la Izquierda Socialista;39 y una agrupación llamada Movimiento Democrático de Izquierda (MDI), encabezada por el entonces congresista Henry Pease y otros políticos que se habían apartado de IU cuando esta agrupación decidió no participar en las elecciones para el CCD en 1992. Tal vez por la influencia de sus relaciones con la izquierda, Pérez de Cuéllar protagonizó una escena confusa: en agosto de 1994 mencionó la necesidad de la renegociación del pago de la deuda externa, así como su oposición a la privatización de las empresas públicas pero, sin pasar mucho tiempo, negó esta posición. Cabe agregar que el presidente del Consejo Directivo del FMI, Camdessus, visitó el Perú ese mismo mes y dijo que era un suicidio proponer la renegociación de la deuda externa. Los algo contradictorios actos y palabras de Pérez de Cuéllar dieron a la gente común la impresión de que él se estaba convirtiendo en un izquierdista. Entonces, para borrar esta imagen, inmediatamente antes de la cierre de la inscripción de la plancha presidencial, Pérez de Cuéllar tomó la resolución repentina de retirar a Daniel Estrada, político de izquierda y entonces alcalde provincial de Cusco, anulando su decisión previa de inscribirlo como candidato para la segunda vicepresidencia, y en su lugar designó a Pennano, independiente y ex ministro de Industria, Comercio, Turismo e Integración del gobierno de Fujimori, desde su instalación en julio del año 1990 hasta comienzos del siguiente. Al mismo tiempo, Pérez de Cuéllar invitó a personas de la derecha para integrar, junto con líderes de izquierda, su lista de los candidatos para el Congreso cuya inscripción se cerró en 39.

La agrupación conformada por las personas que, debido a conflictos internos, salieron de IU en 1989.

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enero de 1995, con el objetivo de eludir la crítica de su “conversión a la izquierda” y demostrar que su partido propiciaba la “unión por el Perú”, como se llamaba su agrupación. Sin embargo, su lista de candidatos para el Congreso, conformada tanto por personas conocidas de derecha como de izquierda, causó a la gente común la impresión de que más bien el diplomático no podría mantener la unión de su agrupación en el futuro. Por otro lado, Pérez de Cuéllar enfrentó otro problema: su propia imagen. Cuando se encontraba en el extranjero y regresaba a veces al Perú, muchos peruanos tenían vagamente una buena impresión de él, como un personaje nacional de renombre internacional. Pero apenas regresó al país para comenzar la campaña en agosto de 1994, la mayoría de los peruanos lo percibieron como poco simpático porque, según se decía, “habla como Quijote y no como Sancho” (Caretas N.° 1337). Además, el candidato de la oposición era un señor de avanzada edad con un defecto facial que le impedía sonreír de forma natural. Por otro lado, Pérez de Cuéllar no logró atraer a muchos electores con sus propuestas políticas. El diplomático enfatizó a comienzos de la campaña el afianzamiento de la democracia; pero este planteamiento no llamó la atención de la mayoría de peruanos, y tuvo que cambiar gradualmente el énfasis de su propuesta hacia los problemas del empleo y de la lucha contra la pobreza, temas que eran de mayor interés para la población. Sin embargo, sus planteamientos no pasaron de ser propuestas generales y poco concretas como la creación de millones de empleos, o la ampliación de las políticas sociales, promesas hechas públicamente repetidas veces en el pasado por los partidos políticos existentes y que después habían sido incumplidas. Pérez de Cuéllar no logró precisar políticas específicas ni convencer a los electores de sus propuestas electorales. En realidad, UPP no fue capaz de elaborar propuestas concretas debido a la convivencia de dos tendencias opuestas, de derecha y de izquierda, y en público solo logró presentar planteamientos generales. De este modo, no aparecieron candidatos comparables con Fujimori, ni alternativas convincentes y equiparables a los resultados de su gobierno. Los evangélicos, que impulsaron vigorosamente en grupo la candidatura de Fujimori en 1990, tenían en 1995 sus fuerzas neutralizadas por las fisuras internas ocasionadas por la división existente entre los defensores del oficialismo y los opositores. Además de lo descrito, Susana Higuchi de Fujimori —Primera Dama de la Nación, que se había aislado aun más en el Palacio de Gobierno

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luego de hacer pública una desacertada acusación en marzo de 1992— tomó la decisión secreta de lanzarse a la carrera presidencial y comenzó a criticar de nuevo al gobierno de su marido en agosto de 1994. Sin dilación, el presidente anunció la destitución de su esposa de su investidura de Primera Dama. Esta medida confirió a Susana Higuchi de Fujimori cierto momentáneo nivel de apoyo popular, que perdió después de revelar su ambición política a mediados de septiembre de 1994. Aunque presentó su plancha presidencial ante el JNE, el máximo organismo electoral rechazó su inscripción definitiva, porque llegó a la conclusión de que la agrupación de Susana Higuchi de Fujimori no había reunido las más de cien mil firmas necesarias para quedar inscrita definitivamente.40 En el proceso electoral de 1995, Fujimori pretendió aliviar algunos problemas que habían originado el rechazo enérgico al proyecto de Constitución Política en ciertas provincias del Perú cuando se realizó su referéndum en 1993. Concretamente, en agosto de 1994, retiró del Congreso la propuesta de ratificar las dos convenciones relativas al Tratado de 1929 con Chile, que había sido criticada duramente en el departamento de Tacna. En octubre de 1994, restableció unas medidas especiales de exoneración de impuestos en la selva. Además, en el departamento de Puno, donde el mandatario peruano sufrió una derrota aplastante con el 70% en contra en el referéndum de 1993, adoptó una táctica de alentar las expectativas populares, haciendo propaganda intensiva del proyecto de construir una planta hidroeléctrica en una zona llamada San Gabán e impulsar el desarrollo regional sobre la base de dicha energía.

Fujimori es reelegido luego de superar la guerra limitada con Ecuador Empezando el año 1995, el foco de interés en el proceso electoral se concentró en especular acerca de si Fujimori mantendría el nivel de más del 50% de apoyo (véase otra vez el gráfico 4.2) y lograría obtener la mayoría de votos en la primera vuelta, sin necesidad de pasar a la segunda, así como si la alianza oficialista ocuparía más de la mitad de los escaños en el Congreso. Especialmente en las elecciones para el Congreso, alrededor del 40.

En noviembre de 1995, luego de las elecciones generales del mismo año, el presidente y su esposa se divorciaron.

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20% de los electores se encontraban indecisos, mientras que el apoyo a la alianza oficialista no superaba el 40% (véase gráfico 4.3). En esta situación, muchos preguntaban cuántos escaños ganaría el oficialismo. A fines de enero de 1995 estalló una guerra limitada con Ecuador en torno del problema fronterizo. Esta situación debería haber constituido la mejor oportunidad para que Pérez de Cuéllar, experto en asuntos diplomáticos, incrementara su nivel de apoyo (entrevista 25). A fines de febrero, con el enfrentamiento bélico a punto de terminar, el gobierno peruano no llegó a decir claramente si había expulsado o no a las tropas ecuatorianas del territorio peruano. El ex secretario general de la ONU atacó esta actitud ambigua del gobierno y cuestionó la responsabilidad del mandatario, con lo cual obtuvo cierto grado de aprobación. Sin embargo, en términos generales, la campaña no cambió drásticamente porque, al comienzo del conflicto, Pérez de Cuéllar entendió mal la situación —pensó que el conflicto con Ecuador era producto de una conspiración de Fujimori— y se mantuvo a la defensiva. Al mismo tiempo, comenzó a acusar al gobierno de la responsabilidad de la guerra demasiado pronto, dando a la gente común la impresión de que el diplomático anteponía las acciones partidarias en una coyuntura en la que se requería de la unidad interna. A pesar de que la campaña electoral se acercaba a la etapa final, UPP y otras fuerzas opositoras se limitaron únicamente a repetir las críticas al gobierno de Fujimori, sin realizar ninguna propuesta concreta. Por su lado, el entorno fujimorista frenó la campaña negativa basada en la crítica a las fuerzas opositoras y, más bien, buscó el apoyo popular enfatizando que el pueblo debería continuar creyendo en Fujimori en consideración de los méritos acumulados desde su toma de posesión. Al observar al presidente visitar las provincias y las zonas marginadas e impulsar las medidas de alivio a la pobreza, una parte de las organizaciones provinciales de IU y PAP —que sentían antipatía por la deslealtad de sus dirigentes que, enfrascados en sus pugnas internas, no tomaban en consideración a las organizaciones subordinadas del partido— apoyaron a escondidas a Fujimori y a la alianza oficialista. A partir de mediados de febrero de 1995, el apoyo a Fujimori empezó a descender gradualmente, por la paralización de su campaña electoral debido a la guerra con Ecuador41 y por las críticas, ya mencionadas, de Pérez 41.

Sobre sus detalles, véase la siguiente sección.

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Gráfico 4.3 intenCión de voto en eleCCiones Congresales de 1995

% 60 50 40 30 20 10 0 Ene. 1995 C90 NM

Feb. 1995

Mar. I 1995

Mar. II 1995

Abr. 1995

UPP

PAP

FIM

AP

RV

PPC

Resultado CODE

Fuente: Elaboración propia sobre la base de Informe de opinión, enero-abril de 1995; JNE (1995). Nota: Son los resultados de las encuestas realizadas en el ámbito nacional. Los porcentajes son las proporciones que ocupan en las respuestas consideradas como votos válidos: todas las respuestas excepto las de “En blanco”, “Viciado” y “No precisa”. El “Resultado” es el de las mismas elecciones. Las abreviaturas son: C90NM = Cambio 90-Nueva Mayoría; UPP = Unión por el Perú; PAP = Partido Aprista Peruano; FIM = Frente Independiente Moralizador; CODE = Coordinadora Democrática; AP = Acción Popular; MIR = Movimiento Independiente Renovación; PPC = Partido Popular Cristiano.

de Cuéllar. Entonces, Fujimori cambió el contenido de su propaganda, del lema abstracto “El Perú no puede parar” a otro mensaje mucho más específico, basado en la comparación de la diferente situación del país en 1990 y en 1995. El nuevo mensaje enfatizaba la necesidad de la continuidad del gobierno fujimorista para impulsar la resolución de los principales problemas socioeconómicos de la población, como el desempleo y la pobreza. Se precisaba también que, gracias a los logros alcanzados en su mandato, tales como la superación del terrorismo y la hiperinflación, y

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la reinserción en la comunidad financiera internacional, ya existían las condiciones favorables para avanzar en la solución definitiva de estos problemas socioeconómicos. Convencido de su victoria en las elecciones presidenciales, Fujimori se dedicó, en los últimos diez días de la campaña electoral, a hacer una llamada a los electores para votar por la lista oficialista en las elecciones al Congreso, insistiendo en que las políticas gubernamentales se estancarían en caso de que la alianza oficialista no copara la mayoría del mismo. A dos días de la fecha de votación, se descubrió un plan de fraude electoral en una región del Perú que involucraba a ciertos candidatos para el Congreso tanto del oficialismo como de la oposición. Pérez de Cuéllar y otros dirigentes de las fuerzas principales de la oposición denunciaron a coro, pero sin mencionar en ningún momento la posibilidad de renunciar a su candidatura, que Fujimori y la alianza oficialista estaban planeando un fraude electoral a escala nacional. Sin embargo, esta actitud de la oposición recordó a una parte de los electores, particularmente los indecisos, la imagen negativa de la oposición que había obstruido la labor del presidente Fujimori antes del “autogolpe” de 1992. En el último momento, esta percepción impulsó a muchos ciudadanos indecisos a votar por la alianza oficialista en las elecciones presidenciales y en el Congreso. Esto ocurrió no solamente con los electores que no habían decidido su voto, sino también con muchos otros que habían pensado votar por las fuerzas de la oposición moderada como el Movimiento Independiente Renovación, el PPC o el Frente Independiente Moralizador (FIM), que deseaban la continuación de Fujimori en la presidencia (la línea llamada “fujimorismo con Fujimori”) pero insistían en la necesidad de vigilar y controlar la gestión presidencial desde el Congreso. En el referéndum constitucional de 1993, Fujimori ganó solamente en diez departamentos de un total de 24 y en una provincia constitucional. En contraste, en las elecciones presidenciales de 1995, el mandatario registró la victoria en todos los departamentos y en una provincia constitucional. Ganó el 64,4% de los votos válidamente emitidos,42 con más

42.

En los votos válidos no están incluidos los blancos y viciados. Tradicionalmente, en el Perú, estos no fueron considerados votos válidos. Sin embargo, en febrero de 1985, durante el proceso electoral, el Tribunal de Garantías Constitucionales sentenció que los votos blancos y viciados también deberían ser incluidos en los votos válidos. Se considera que este cambio repentino de la regla (todavía en pleno proceso electoral) se

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de 40 puntos porcentuales de diferencia con Pérez de Cuéllar, el segundo candidato de mayor votación. La victoria de Fujimori fue abrumadora, dado que la cantidad de votos conseguidos por el jefe de Estado no se vio afectada por la diferencia en el grado de la pobreza ni según las regiones. Por su parte, los candidatos presidenciales de AP, PAP e IU, partidos que fueron protagonistas de la década anterior,43 no registraron más del 5% de la votación válida, y la suma de los votos conseguidos por estos candidatos opositores no llegó a superar el 10% de los votos válidos (véase cuadro 4.7). En las elecciones al Congreso, el oficialismo consiguió también la victoria y ocupó la mayoría de escaños (véase cuadro 4.8). Aunque antes de la votación Fujimori y la alianza oficialista llevaban ventaja, el mandatario peruano confesó después de las elecciones que él mismo no había esperado una victoria de tal magnitud (El Comercio, 10 de abril de 1995). También para él fue un resultado sorprendente. La oposición presentó observaciones a los resultados del escrutinio, insistiendo en la posibilidad de un fraude en el proceso de sumar los votos emitidos. Para demostrar que no hubo fraude en el escrutinio, el JNE invitó a principios de mayo a los representantes de la oposición y a la OEA, que había observado las elecciones, para confirmar en su presencia, uno por uno, los resultados escritos en más de sesenta mil actas de escrutinio.44 En el proceso de esta confirmación, la oposición no presentó observaciones.45

debió a una especie de maniobra por parte del entonces gobierno de Acción Popular (AP) para dificultar la elección del candidato favorito y cabeza de la oposición, Alan García, del Partido Aprista Peruano (PAP). Cuando se celebraron las elecciones para el CCD en 1992, la manera de calcular los votos válidos retornó a la fórmula tradicional, vale decir, excluir los blancos y viciados. Desde entonces hasta la actualidad se mantiene esta tradición electoral. 43.

AP llegó al poder dos veces en la historia peruana. El PAP tenía una historia de más de cincuenta años desde su fundación. En la década de los ochenta, IU ganó el apoyo popular de cerca de 30% de los electores.

44.

El acta de escrutinio es un documento oficial que registra el resultado electoral de cada mesa de sufragio, y se elabora por los miembros (responsables) de dicha mesa. En cada mesa se redactan múltiples actas del mismo contenido para entregar a las autoridades electorales y las Fuerzas Armadas, que históricamente se han encargado de dar seguridad en los lugares de votación, así como a los personeros (representantes de los partidos políticos en cada mesa de sufragio).

45.

Para confirmar los resultados electorales en mayo de 1995, el JNE realizó el cotejo, una por una, entre sus propias actas y las usadas por la ONPE —la entidad encargada del

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Cuadro 4.7 resultados de las eleCCiones PresidenCiales de 1995 1

agruPaCiones 2 Total

C90-nM uPP PaP 4.798.515 1.624.566 306.108 (64,4%) (21,8%) (4,1%)

Centro/Provincias Lima 1.788.415 677.425 3 metropolitana (62,7%) (23,7%) 4 Resto del país 2.816.120 910.775 (64,9%) (21,0%) 5 Zonas Norte 917.596 305.414 (62,5%) (20,8%) Centro 959.148 245.890 (69,0%) (17,7%) Sur 779.665 304.350 (63,8%) (24,9%) Este 159.711 55.121 (61,5%) (21,2%) 6 Niveles de pobreza Muy pobre 704.774 206.189 (67,2%) (19,7%) Pobre 451.265 132.415 (62,1%) (18,2%) Regular 1.153.037 374.160 (64,6%) (21,0%) Aceptable 2.295.459 875.436 (63,2%) (24,1%)

aP 122.383 (1,6%)

iu 42.686 (0,6%)

otros 554.128 (7,4%)

72.680 (2,5%) 224.207 (5,2%)

21.748 (0,8%) 95.000 (2,2%)

7522 (0,3%) 32.171 (0,7%)

285.012 (10,0%) 260.875 (6,0%)

135.978 (9,3%) 54.845 (3,9%) 22.206 (1,8%) 11.178 (4,3%)

43.597 (3,0%) 17.729 (1,3%) 12.950 (1,1%) 20.724 (8,0%)

7.206 (0,5%) 7.572 (0,5%) 15.602 (1,3%) 1791 (0,7%)

58.695 (4,0%) 104.140 (7,5%) 86.961 (7,1%) 11.079 (4,3%)

24.340 (2,3%) 44.349 (6,1%) 139.015 (7,8%) 89.183 (2,5%)

14.699 (1,4%) 40.292 (5,5%) 31.939 (1,8%) 29.818 (0,8%)

15.262 (1,5%) 4399 (0,6%) 8705 (0,5%) 11.327 (0,3%)

83.561 (8,0%) 54.240 (7,5%) 78.759 (4,4%) 329.327 (9,1%)

Fuente: Elaboración propia sobre la base de JNE (1995). Notas: 1. Los candidatos son: C90-NM (Cambio 90-Nueva Mayoría), Fujimori; UPP (Unión por el Perú), Pérez de Cuellar; PAP (Partido Aprista Peruano), Cabanillas; IU (Izquierda Unida), Haya. 2 a 6 son las mismas que las notas 2 a 6 del cuadro 2.1 respectivamente. En el “Total” están incluidos los votos en el extranjero. En el resto del cuadro están indicados solamente los votos en el interior del país. De este modo, las cifras del “Total” no coinciden con la suma de “Centro/ Provincias”, “Zonas” o “Niveles de pobreza”. La suma de los porcentajes de cada celda no necesariamente suman el 100%, porque se han redondeado las cifras. Algunos datos adicionales: el total de electores, 12.280.538; la abstención (% del total de electores), 3.210.894 (26,1%); votos anulados, 790.769; votos blancos, 830.48; votos válidos, 7.448.386.

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Cuadro 4.8 resultados de las eleCCiones Congresales de 1995 agruPaCiones Cambio 90-Nueva Mayoría Unión por el Perú Partido Aprista Peruano Frente Independiente Moralizador Coordinadora Democrática-País Posible Acción Popular Partido Popular Cristiano Movimiento Independiente Renovación Obras Izquierda Unida Frente Popular Agrícola Perú 2000-Frente Nacional de Trabajadores y Campesinos Movimiento Independiente Agrario Otros Votos válidos Votos nulos Votos en blanco Votos emitidos Abstención Total de electores

votos Conseguidos 2.277.423 (52,1%) 611.804 (14,0%) 285.526 (6,5%) 213.777 (4,9%) 181.397 (4,1%) 146.018 (3,3%) 135.236 (3,1%) 130.060 (3,0%) 87.252 (2,0%) 82.061 (1,9%) 46.990 (1,1%) 46.728 (1,1%) 34.463 (0,8%) 92.302(2,1%) 4.371.037 3.359.869 502.774 8.233.680 4.046.858 (33,0%) 12.280.538

esCaños 67 17 8 6 5 4 3 3 2 2 1

1

Fuente: Elaboración propia sobre la base de JNE (1995). Nota: Los porcentajes entre paréntesis son las proporciones que ocupan en los “Votos válidos”. El porcentaje entre paréntesis en “Abstención” es la proporción que ocupa en el “Total de electores”.

En las elecciones parlamentarias se registró un masivo número de votos nulos, que llegaron a alcanzar el 40,8% de la votación (véase cuadro 4.8). Esto se debió a una situación peculiar en el proceso de escrutinio de estas elecciones ya que, a diferencia de las anteriores, los funcionarios de la entidad electoral no revisaron los errores en las actas antes de ingresar los datos en el sistema de cómputo. Vale decir, los resultados de escrutinio

escrutinio, llamada Oficina Nacional de Procesos Electorales— para sumar votos. El JNE y la ONPE reciben las actas por separado.

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en cada mesa fueron ingresados tal como aparecían en las actas —con errores—, y el sistema de cómputo consideró automáticamente como votos nulos todos los datos con cuentas equivocadas en un acta de escrutinio.46 Los errores en las actas son inevitables en el Perú, porque los miembros de la mesa de sufragio se eligen al azar entre los electores de mayor educación. Es decir, los responsables de la mesa son gente común, y aunque antes del día de votación se realiza cierto entrenamiento a los elegidos, pocos asisten al curso, por lo que al elaborar el complejo cuadro de los resultados de las elecciones congresales se producen habitualmente muchas equivocaciones. En elecciones anteriores a 1995 se registraron también resultados erróneos en el escrutinio de casi todas las mesas. La oposición enfatizó el factor de Inteligencia como una causa fundamental de la victoria oficialista en las elecciones de 1995; sus líderes denunciaron la utilización hecha por Fujimori del SIN (Servicio de Inteligencia Nacional) dirigido por Montesinos, para investigar las actividades de la oposición. Huelga decir las responsabilidades éticas y políticas que se desprenderían de esta denuncia en caso de demostrarse su veracidad o de comprobarse el hecho en un proceso judicial. Sin embargo, este aspecto no resulta muy relevante porque la tendencia electoral se define, básicamente, de acuerdo con el grado de capacidad y persuasión de cada candidato para convencer a los electores; y esto depende del grado de confianza de los ciudadanos en la viabilidad de las propuestas políticas de un candidato o en su capacidad de liderazgo. Como analizaremos en el capítulo VI, en las elecciones del año 2000 se utilizó el SIN mucho más que en las elecciones de 1995; sin embargo, el resultado fue decepcionante frente a las expectativas de Fujimori, quien obtuvo un porcentaje mucho menor —más de 14 puntos menos— y no consiguió alcanzar más del 50% de la votación, obligándole a pasar a la segunda vuelta. El hecho de recurrir al Servicio de Inteligencia puede contribuir a la victoria electoral como un factor secundario, pero jamás puede garantizarla. Olvidar este punto básico y enfatizar única y excesivamente el uso del Servicio de Inteligencia significa dejar de lado el factor fundamental.

46.

En el Perú, el escrutinio de las elecciones presidenciales y de las congresales se realiza separadamente. Por eso, aun en el caso de que el acta y el resultado de las elecciones parlamentarias quede nulo, el resultado de las elecciones presidenciales es válido.

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Para definir las preferencias electorales en las elecciones de 1995, resultaron cruciales ciertos patrones políticos básicos analizados en este capítulo: mientras que las fuerzas opositoras no tuvieron la voluntad de unificar sus esfuerzos, ni candidatos atractivos, ni propuestas concretas, Fujimori pudo alardear de ciertos logros que, además, eran evaluados positivamente por muchos peruanos. Es cierto que el interés político de una mayoría de los electores se basaba en un punto de vista “cortoplacista”, como hemos señalado en el capítulo I, y esto constituyó un problema grave. Sin embargo, debemos reiterar que esta deficiencia era también producto de la negligencia de las fuerzas políticas, incluidas las de la oposición, que no desarrollaron una docencia política; hasta entonces, todas sin excepción incumplieron con la misma.47 Otro asunto a tomar en consideración es la concordancia de los resultados oficiales electorales con la tendencia del conteo rápido realizado por la Misión Observadora de la OEA. En las elecciones de 1995, como en la primera vuelta de las de 2000,48 los resultados oficiales y el conteo rápido de la OEA coincidieron. Por otro lado, no podemos adjudicar una importancia excesiva al desempeño de los medios de comunicación, aunque ciertamente su influencia política es muy grande. Para que la función de la prensa sea efectiva, como condición inicial deben existir ciertos elementos que generen la confianza del electorado en un determinado político, aunque sea por poco tiempo. Una vez logrado cierto nivel de apoyo, recién los medios de comunicación pueden ser eficaces. Así sucedió en el proceso electoral del año 1990; sin embargo, en el del año 2000, como veremos en el capítulo VI, aunque la mayoría de los medios de comunicación, incluida la televisión, se encontraban bajo una fuerte influencia del gobierno de Fujimori, el mandatario peruano no consiguió los resultados electorales deseados. Antes de concluir el análisis de las elecciones de 1995, señalamos dos puntos más que no han sido suficientemente resaltados en el estudio 47.

Un análisis de las elecciones de 1995 señala que las Fuerzas Armadas apoyaron la reelección de Fujimori sobre todo en el ámbito rural; pero, al mismo tiempo, el respaldo al jefe de Estado en el campo se basaba en la evaluación y juicio pragmáticos de la población sobre la situación económica y social. El estudio llega a la conclusión de que el apoyo del electorado rural a Fujimori no fue inventado ni forzado por las Fuerzas Armadas (Kay 1996: 77-78).

48.

Sobre este proceso electoral, véase el capítulo VI.

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realizado hasta aquí. En primer lugar, es importante mencionar, desde el punto de vista de la democracia y de la construcción de instituciones democráticas, que ninguna de las agrupaciones políticas que participaron en las elecciones generales de 1995, incluida la fujimorista, usó procedimientos democráticos; en todas ellas primó la dominación interna por parte del jefe máximo de la agrupación. Ninguno de los partidos políticos existentes se renovó sustancialmente, ni desarrolló una reforma interna; por el contrario, todos conservaron, como hemos descrito en esta sección, sus características autoritarias y, en consecuencia, no lograron recuperar la confianza y el apoyo populares. Tampoco los otros movimientos independientes prestaron mayor importancia al respeto y a la práctica de procesos democráticos. Aunque Pérez de Cuéllar se opuso al Fujimori autoritario, él mismo adoptó un comportamiento personalista y autoritario en la forma de conformar su agrupación. Esta se estructuró a partir de su candidatura a la presidencia como líder fundamental, y alrededor de él se adhirieron otros grupos pequeños encabezados por políticos con cierta influencia para convertirse en la base organizativa de dicho candidato. Al igual que el mandatario peruano, el ex secretario general de la ONU no fue elegido candidato presidencial mediante mecanismos democráticos dentro de la agrupación; tampoco existieron indicios de una dinámica democrática en la toma de decisiones o en la institucionalidad partidaria. El comportamiento del candidato Toledo, quien siempre insistía en la necesidad de construir la institucionalidad, fue similar. Al no lograr reunir las cien mil firmas de los electores necesarias para la inscripción de su partido, pasó repentinamente e inmediatamente antes del cierre de la inscripción de la plancha presidencial a convertirse en el candidato presidencial de otra agrupación que ya había quedado inscrita y que había decidido no presentar plancha presidencial. La decisión fue tomada solamente por los dirigentes principales de las agrupaciones involucradas, sin la participación de los miembros pertenecientes a cada una de ellas. Finalmente, ninguno de los movimientos independientes utilizó métodos democráticos como, por ejemplo, el de las elecciones internas para seleccionar a sus candidatos. El segundo punto que debemos resaltar es el importante porcentaje de electores indecisos que decidieron el destino de su voto inmediatamente antes de la votación. Según las encuestas, durante todo el periodo de la campaña electoral, hubo entre un 15 y un 20% de indecisos para las elecciones presidenciales; y alrededor de un 20 a un 25% para las congresales.

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Estas cifras muestran la existencia de electores perplejos —aunque este adjetivo no pueda aplicarse a todos— que no sabían por qué candidato o por qué agrupación votar; si pensaban, por un lado, que Fujimori tenía ciertos problemas como su autoritarismo, no encontraban otro candidato atractivo ni otra propuesta o alternativa convincente. Es por ello que muchos de los indecisos decidieron al final votar por Fujimori y por la alianza oficialista, como analizamos en esta sección. Sin embargo, ellos no votaron con la intención de dar confianza y apoyo total al presidente. Su decisión fue el resultado de una selección negativa; es decir, votaron por el candidato menos malo, aquel que para ellos había perdido menos puntos. Dado el estilo de la campaña política electoral carente de propuestas concretas que llamaran la atención del pueblo, de debate constructivo y mucho menos de consensos o entendimientos en torno de determinadas políticas y líneas que pudieran llevarse a cabo de forma realista durante la campaña electoral, muchos peruanos, incluso los indecisos hasta el último momento, sufragaron con una idea vaga sobre el futuro del Perú basada en el estado de ánimo del momento. 5.

Conflicto fronterizo con Ecuador

Ecuador y su sueño de expandir su territorio desde la época de la Independencia Hasta aquí hemos analizado la política peruana de la primera mitad de la década de 1990. Si tomamos en cuenta solo esos años, dos veces, en 1991 y 1995, ocurrió un conflicto con Ecuador a causa de las fronteras territoriales. Antes de examinar la política peruana en el segundo mandato de Fujimori, analizaremos brevemente este problema.49 Previamente al análisis de algunos temas de derecho internacional y sus contextos históricos, debemos señalar que Ecuador siempre quiso extender sus fronteras e incluso invadió repetidamente con sus tropas aquellas zonas del 49.

Sobre el conflicto fronterizo con Ecuador, existen diversos estudios. Entre los publicados en la década de 1990 se encuentran Benavides (1997), Cayo (1995), Denegri (1996), Palmer (1997), Pons (1994), Toche et al. (1998), Varillas (1999). Acerca de la posición oficial del Perú, véase MRE (1991). La descripción de esta sección se basa en los estudios mencionados y en las entrevistas con dos especialistas peruanos en asuntos diplomáticos (entrevistas 26 y 27).

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territorio peruano que el Ecuador reclamaba como suyas. Si consideramos solamente desde la década de 1980 en adelante, el Ecuador recurrió a la invasión militar por lo menos cuatro veces; en 1981, 1991, 1995 y 1998.50 Si Ecuador hubiera creído en la legitimidad de su posición sobre el conflicto fronterizo con Perú, habría debido explicarla exhaustivamente en las instancias internacionales y convencer a los países de su opinión. Cuatro países —los Estados Unidos, Argentina, Brasil y Chile— tenían el compromiso de observar y facilitar las negociaciones entre los dos países como garantes. Más que ocupar militarmente y crear un hecho consumado, Ecuador debía mantenerse firme en tratar de convencer a los cuatro países garantes de la legitimidad de su posición y buscar una solución diplomática. Aunque con dificultad, se entiende que Ecuador tuvo el impulso de recurrir a la fuerza y establecer un hecho consumado, porque su argumento no se basaba en razones convincentes. Empezamos analizando un argumento esgrimido recurrentemente por Ecuador como parte de su propaganda internacional: el Protocolo de Río de Janeiro, convenio firmado por Perú y Ecuador en 1942, tras la guerra de 1941, redujo el territorio ecuatoriano a la mitad. Esta afirmación podría haber tenido algún sustento si, en verdad, el territorio peruano reclamado por el Ecuador le hubiera pertenecido en algún momento; sin embargo, históricamente, ello nunca fue así. Vale decir, el acuerdo de 1942 disminuyó la superficie territorial del Ecuador a la “mitad” que dicho país soñaba poseer, pero que nunca tuvo. Solamente fue un mito en el imaginario ecuatoriano. El territorio peruano reclamado por Ecuador se ubica en el norte de la línea marcada por el río Amazonas —pasando por Iquitos, ciudad central de la selva— y por el río Marañón: una parte de las provincias que en la época colonial se llamaban Tumbes, Jaén y Maynas. Ecuador anhelaba poseer esta zona para conseguir la salida al río Amazonas (véase mapa 4.1).

50.

Sobre el incidente de 1998 existe la versión de que Perú invadió el territorio ecuatoriano (Bowen y Holligan 2003: 264). Sin embargo, el ex presidente ecuatoriano Jamil Mahuad (su mandato fue de 1998 a 2000) manifestó en una charla que no se produjo una invasión peruana, aunque existía una amenaza por parte del Perú. La charla con Mahuad fue facilitada por Carlos Meléndez, del Instituto de Estudios Peruanos (IEP), quien coincidió con el ex presidente ecuatoriano en una universidad norteamericana en febrero de 2004 (comunicación personal de Carlos Meléndez al autor, 26 de febrero de 2004).

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Ecuador esgrimió como base para su reclamo el Tratado Larrera-Gual (conocido también como el Tratado de Guayaquil) y el supuesto Protocolo Pedemonte-Mosquera. El Tratado Larrera-Gual fue firmado en 1829 por el Perú y la Gran Colombia, que recientemente se habían independizado de España. La Gran Colombia subsistió desde su independencia a principios del siglo XIX hasta 1830, año en que se dividió en tres países: Colombia, Ecuador y Venezuela. El supuesto Protocolo Pedemonte-Mosquera habría sido firmado en 1830 para definir las fronteras entre el Perú y la Gran Colombia sobre la base de este tratado. Según Ecuador, con la firma de este protocolo, el primero habría cedido al segundo el territorio reclamado por el Ecuador.

La posición peruana sobre el conflicto fronterizo con Ecuador No hay una razón clara que valide la posición ecuatoriana de adjudicarse ser el único país sucesor de la Gran Colombia, pero no discutiremos más en este texto sobre esta demanda. Por otro lado, hay tres cosas a aclarar sobre los dos instrumentos internacionales esgrimidos por Ecuador. En primer lugar, el Tratado Larrera-Gual, ratificado tanto por el Perú como por la Gran Colombia, decidió que ambos países dejarían para el futuro la tarea de marcar fronteras nuevas, y que hasta entonces se consideraría como frontera la línea divisoria entre el virreinato del Perú y el de Nueva Granada de la época colonial. El virreinato de Nueva Granada fue creado en 1739, separándose del Perú, y su capital fue Bogotá, ciudad capital de Colombia en la actualidad. En ese momento Maynas fue incorporado a este nuevo virreinato. Sin embargo, en 1802, por la administración eficiente, Maynas fue incluido de nuevo en el virreinato del Perú por cédula real. Vale decir que, cuando el Perú se independizó de España en 1821, Maynas no pertenecía a la Gran Colombia. Este punto fue reconfirmado por el Tratado Larrera-Gual.51 De acuerdo con la cédula real de 51.

Para ser más exactos, debemos mencionar que antes de la Independencia del Perú, Jaén pertenecía al virreinato de Nueva Granada, y Guayaquil, ubicado en la actualidad en Ecuador, al de Perú. Pero Jaén tomó una decisión voluntaria de pertenecer al Perú, cuando este se independizó de España. Por otro lado, Guayaquil decidió pertenecer a la Gran Colombia por la presión de Simón Bolívar, dirigente de la independencia sudamericana. Desde la Independencia, Jaén y Guayaquil pertenecieron en la práctica al Perú y al Ecuador, respectivamente.

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Mapa 4.1 MaPa de la frontera Con eCuador

1802, la frontera basada en el Protocolo de Río de Janeiro se encontraba bastante al este. Según la percepción peruana, esto fue el resultado de la expansión territorial que Ecuador impulsó desde su independencia mediante invasión militar. En segundo lugar, debemos señalar que la tarea de marcar fronteras nuevas prevista por el Tratado Larrera-Gual nunca se llevó a cabo. Por un lado, la celebración de la programada comisión binacional de demarcación se fue postergando debido al retraso en el nombramiento de las misiones para dicha tarea y, por el otro, en el ínterin, en mayo de 1830, la Gran Colombia se dividió en tres países: Colombia, Ecuador y Venezuela. En tercer lugar, hasta el momento no se ha encontrado, ni nadie ha visto el texto original del supuesto Protocolo Pedemonte-Mosquera. No existe una evidencia histórica que demuestre que algún representante plenipotenciario del Perú lo haya firmado; en una palabra, dicho documento

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es falso. Es conveniente agregar que no existe un registro histórico de que el dicho Protocolo Pedemonte-Mosquera haya sido ratificado por el Congreso del Perú ni por el Congreso de la Gran Colombia.52 Al igual que los instrumentos internacionales de la primera mitad del siglo XIX, es importante resaltar que desde su independencia de 1821, Tumbes, Jaén y Maynas han participado sin interrupción en la vida política peruana; tanto en las elecciones para la asamblea constituyente como en las realizadas para la presidencia y el Congreso. Es decir, los ciudadanos de estas zonas nunca enviaron representantes al Congreso o al gobierno de la Gran Colombia ni del Ecuador; tampoco se les otorgó en ningún momento la nacionalidad grancolombiana o ecuatoriana, ni las municipalidades de la Gran Colombia o Ecuador les cobraron jamás impuestos ni arbitrios. La argumentación del país vecino resultaba extravagante, porque llegaba al punto de apelar a una referencia de la época colonial para justificar su posición. Su argumento era en realidad extraño, porque durante la mayor parte de la época colonial todo el territorio de los actuales países de Perú y Ecuador se encontraba bajo la soberanía de España. Ecuador pretendía tener posesión de territorios en la selva peruana, en regiones como Maynas, basándose en que el primer equipo explorador que “descubrió” el río Amazonas en el siglo XVI partió de Quito, actual capital de Ecuador. En realidad, estos exploradores habían salido originalmente del Cusco por orden de Pizarro, y pasaron por Quito, donde intentaron integrar nuevos miembros al grupo; sin embargo, los quiteños se negaron a hacerlo. El equipo de exploradores españoles no tuvo otra alternativa que partir hacia la selva luego de abastecerse de provisiones en dicho lugar. Resulta imposible invalidar todos los argumentos presentados por el Perú; pero aun en caso de que ello fuera posible, existe un hecho irrefutable: el Protocolo de Río de Janeiro, suscrito entre Perú y Ecuador en 1942, constituye el único instrumento internacional válido sobre el conflicto fronterizo de los dos países, luego de su firma y entrada en vigor. Entonces, cuando Ecuador o Perú intentaron discutir sobre el problema fronterizo, siempre debieron partir de dicho protocolo, documento diplomático suscrito después del triunfo peruano en la guerra de 1941. Esta guerra estalló 52.

Perú y Ecuador firmaron en 1832 el Tratado Pando-Novoa, en que el segundo reconoció, aunque indirectamente, que Maynas, Tumbes y Jaén pertenecían al primero. Pero, sin pasar mucho tiempo, Ecuador abandonó esta posición.

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cuando las Fuerzas Armadas peruanas respondieron a las hostilidades ecuatorianas atacando algunos puestos en la frontera. El protocolo estipuló que los Estados Unidos y otros tres países asumieran la función de garantes. En un momento, Ecuador insistió en que había sido obligado a firmar el Protocolo de Río de Janeiro. Ciertamente, cuando los dos países firmaron el protocolo, algunas tropas peruanas permanecían en una parte del territorio ecuatoriano. Sin embargo, en el momento de ser ratificado el protocolo en el Congreso ecuatoriano, las tropas peruanas ya se habían retirado. Incluso, luego de la ratificación del protocolo, Perú y Ecuador realizaron el canje de ratificación. El Protocolo de Río de Janeiro entró en vigor luego de pasar por todos los trámites y procedimientos consuetudinarios del derecho internacional. Desde el comienzo hasta el fin de este proceso, no hay un hecho histórico que indique que la libre expresión de la voluntad ecuatoriana haya sido limitada por las Fuerzas Armadas peruanas. Por otro lado, desde 1942 hasta 1950, con el apoyo de los cuatro garantes, Perú y Ecuador realizaron conjuntamente la tarea de poner hitos y marcar los límites fronterizos sobre la base del Protocolo de Río de Janeiro. Como resultado, el 90% de la frontera, que tiene una extensión de unos 1600 kilómetros, fue demarcado. Sin embargo, Ecuador se retiró de la tarea de marcación en 1951, insistiendo en que se había descubierto una zona de la topografía que el protocolo no había previsto. Luego, como hemos señalado, esgrimió en un momento la nulidad del acuerdo diplomático. El Protocolo de Río de Janeiro especifica cómo superar la diferencia de opiniones entre Perú y Ecuador, en caso de que esto suceda. Sin embargo, Ecuador se negó a acudir al procedimiento jurídico válido internacionalmente, y unilateralmente y con violencia desechó el protocolo. Con esta actitud, resultó inevitable que el Ecuador no pudiera ganar la confianza de los Estados Unidos y de los otros países garantes. Como antes, en agosto de 1991, cuando Fujimori estaba en el poder, Ecuador invadió con sus tropas el territorio peruano que era reclamado como propio por el vecino del norte del Perú. En respuesta, las Fuerzas Armadas peruanas enviaron sus tropas a la frontera norte. Los ejércitos de ambos países se encontraron frente a frente creando una situación explosiva. La situación interna peruana era delicada en ese momento. Si bien el gobierno había logrado controlar hasta cierto grado la hiperinflación y casi completar el proceso de retorno a la comunidad financiera internacional, la situación fiscal era difícil y aún persistía el terrorismo activo.

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En esta situación, Fujimori no se encontraba dispuesto a entrar en una guerra, aunque fuera limitada, con Ecuador. Por eso, el Perú quiso evitar el estallido de un enfrentamiento militar de una u otra manera. Buscó la separación de las tropas de ambos países para superar la situación sumamente tensa sin recurrir a las armas. Apoyado por los garantes, el Perú llegó a un acuerdo en este punto con Ecuador (Antonioli 2003: 94-95; entrevista 08: 1995b; entrevista 17: 1998b) que provocó que este país retirara sus tropas del territorio peruano. Este incidente se produjo cuando el presidente Fujimori y la oposición vivían fricciones cada vez más intensas. Tras este suceso, la oposición tomó la iniciativa de discutir este asunto en el Congreso, y una parte de ella dejó entrever un cuestionamiento del presidente, responsabilizándolo de los problemas fronterizos. Como hemos señalado antes, estas tensiones constituyeron uno de los motivos que provocaron más tarde el “autogolpe” de 1992. En enero de 1995 se produjo una guerra limitada entre Perú y Ecuador. Este enfrentamiento militar fue provocado por la invasión del territorio peruano por parte de las tropas ecuatorianas que pasaron la línea del alto el fuego; una parte del duro medio natural selvático se convirtió en el principal escenario del conflicto bélico. Ecuador tuvo una ventaja en la instalación y colocación de las rutas y las bases de abastecimiento, y abrumó al Perú en el campo de batalla. Perú se vio obligado a enfrentar una batalla difícil. Llegó a cesar el fuego con Ecuador sin lograr expulsar por completo a las tropas ecuatorianas de su territorio; sin embargo, gracias a la intervención de los países garantes, se creó una zona desmilitarizada a lo largo de la línea del alto el fuego, y debido a esto las tropas ecuatorianas se retiraron del territorio peruano (entrevista 17: 1998b).53 Con motivo de la guerra limitada de 1995, los garantes, sobre todo Brasil y los Estados Unidos, cambiaron su actitud pasiva y fueron más 53.

Una fuente cercana a Fujimori tuvo la impresión de que, si bien es cierto que Ecuador empezó el conflicto bélico de 1995, existe la posibilidad de que los militares peruanos simularan no percatarse del movimiento de las tropas ecuatorianas, con el objetivo de obligar a Fujimori a reconocer la necesidad de comprar nuevas armas. Hasta entonces, para reducir el gasto fiscal, Fujimori se abstuvo de comprar armas nuevas y ordenó el recambio de las piezas para usar de nuevo las armas existentes (entrevista 17: 1998b). Después de la guerra limitada con Ecuador de 1995, el gobierno de Fujimori compró nuevos aviones de caza. Más tarde se reveló que Montesinos había recibido una “coima” o soborno en relación con esta transacción.

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activos en su misión de limar las diferencias entre Perú y Ecuador y llegaron a la conclusión de que no se debía permitir más la repetición de escaramuzas entre los dos países; acto seguido empezaron a realizar gestiones diplomáticas para terminar de una vez por todas con sus causas. Los cuatro garantes pidieron a ambos países terminar la tarea de demarcación de la línea fronteriza. En realidad, los garantes presionaron a Ecuador para que aceptara el Protocolo de Río de Janeiro y, juntamente con el Perú, se dedicara a marcar la frontera de acuerdo con dicho protocolo. En agosto de 1998, las tropas ecuatorianas invadieron de nuevo el territorio peruano y creció la tensión militar entre Perú y Ecuador. Sin embargo, debido a los esfuerzos diplomáticos de los países garantes, las tropas ecuatorianas se retiraron del territorio peruano. Las negociaciones continuadas desde 1995 sobre la base del Protocolo de Río de Janeiro dieron frutos en octubre de 1998, cuando Perú y Ecuador llegaron a un acuerdo final y por fin firmaron el acuerdo de paz según el cual ambos países acordaron marcar la frontera conforme al Protocolo de Río; además, Perú instalaría un puerto de libre comercio en la selva para ofrecer facilidades a Ecuador, a la par que le alquilaría a su vecino —como un parque de la paz— un terreno de un kilómetro cuadrado, que estaría ubicado en el campo de batalla de la guerra de 1995. En mayo de 1999 se puso el último hito y, con esto, quedó delimitada la frontera peruano-ecuatoriana, resolviéndose así de forma definitiva un problema que se arrastraba desde la Independencia.54 54.

Fujimori atribuye la solución al conflicto fronterizo con Ecuador a su propio mérito (Fujimori 1999: N.° 20). Ciertamente, algunos actos suyos deben ser evaluados positivamente. Por ejemplo, el mandatario peruano tomó la iniciativa de realizar una visita oficial —por primera vez como presidente peruano en ejercicio— a Ecuador en enero de 1992, cuando la posición ecuatoriana fue dura y se preveía que tomaría décadas para superar el conflicto fronterizo con Ecuador. Por otro lado, en la etapa final para concluir las negociaciones en progreso desde 1995, Fujimori tomó la difícil decisión política de alquilar como parque una pequeña parte del territorio peruano a Ecuador, aunque era consciente de que esto originaría una crítica fuerte en el Perú. Sin embargo, en el proceso para llegar al acuerdo final de 1998 entre los dos países, fueron los cuatro garantes, sumamente activos luego del conflicto bélico en 1995, quienes en gran medida obligaron a Ecuador a continuar sentado en la mesa de negociación. Según fuentes cercanas a Fujimori, la visita a Ecuador en enero de 1992 fue preparada con motivo de una palabra dicha accidentalmente por el mandatario peruano. Es decir, en una de las diversas ocasiones en que Fujimori habló por teléfono con su

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homólogo ecuatoriano sobre la invasión al territorio peruano del año anterior, le dijo, por el ímpetu del momento, que “hablamos directamente” (entrevista 17: 1998b). No fue que Fujimori tuviese la intención de mejorar las relaciones con Ecuador desde su toma de posesión. Respecto de las negociaciones con Ecuador desde 1995, véase Herz y Pontes (2002), Marcella y Downes eds. (1999), Namihas ed. (2000). Por otro lado, en relación con la frontera terrestre con Chile, aunque su demarcación ya había terminado, todavía quedaban algunas cuestiones pendientes que no se relacionaban con la línea fronteriza: por ejemplo, hubo un problema sobre el derecho a administración de una estación de ferrocarril que Chile se comprometió a ofrecer al Perú, cuando se definió la frontera entre ambos países. Estos problemas fueron superados en noviembre de 1999. Sobre los problemas con Chile, véase Benavides (1997), Calderón (2000), Novak (2000), Pons (1999). Después de que el conflicto fronterizo con Ecuador fue superado, el Perú todavía mantiene un último problema limítrofe pendiente: la frontera marítima con Chile.

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CaPítulo V

Un puesto de vigilancia de las rondas campesinas se ha convertido en el lugar de juego de los niños (Ayacucho, 1999)

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No se preocupe. Yo seguiré gobernando el Perú desde el otro mundo. Respuesta de Fujimori cuando fue preguntado, en abril de 1995, sobre qué pasaría en el caso de que él muriera por accidente o asesinato. (Bowen 2000: 258)

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—V— El derrumbe del gobierno de Fujimori (1995-1998)

1.

Depresión económica

Fujimori pierde una buena oportunidad para el desarrollo económico Luego de triunfar abrumadoramente en las elecciones generales de 1995, Fujimori comenzó su segundo mandato presidencial el 28 de julio del mismo año. La situación del Perú al inicio de este segundo mandato era totalmente distinta de la de 1990, cuando el político de origen japonés salió elegido presidente por primera vez. Desde fines de la década de 1980 hasta comienzos de la siguiente, fue común referirse al Perú con términos como “crisis económica jamás vista”, “hiperinflación”, “crecimiento negativo”, “aislamiento internacional”, “terrorismo”, entre otros. A mediados de la década siguiente, esas frases dejaban ya de asociarse con el Perú; también los peruanos comenzaron a olvidarlas. Un ejemplo ilustrativo de estos cambios se observó al llegar al aeropuerto internacional de Lima, ubicado en la provincia constitucional del Callao, en horas de la medianoche, momento en el que arribó el mayor número de los vuelos internacionales que recibe el Perú. Quien pasó por la experiencia de llegar en avión a Lima a principios de los años noventa, debe recordar el aspecto de las calles desiertas y sin luces, debido a apagones

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causados por el terrorismo, o por haber sido apagadas intencionalmente para evitar ser un objetivo del ataque terrorista. También debe recordar el temor que sintió de verse afectado por algún atentado, mientras recorría el camino oscuro, hasta su destino, casi sin la presencia de vehículos ni de gente. Al visitar nuevamente Lima, en 1994 o 1995, esa misma persona solía quedar sorprendida al ver cuánto había cambiado la vista del camino del aeropuerto a las zonas principales de Lima: lleno ahora de luces de neón y de gente que, hasta muy avanzada la noche, caminaba por la calle. Desde 1993, se inauguraron en Lima grandes almacenes y supermercados, la mayoría de ellos a cargo de capital extranjero, con un amplio surtido de artículos nacionales e importados. Parecía mentira que apenas cinco o seis años atrás, al final del gobierno de Alan García, la gente hubiese sufrido por la falta continua de productos, y que no se pudiesen conseguir los artículos básicos, aun tras largas colas y mucha inversión de tiempo. El segundo mandato de Fujimori empezó así con condiciones favorables en diversos terrenos. No solamente el Perú había salido de la crisis y contaba con estabilidad socioeconómica, sino que también el jefe de Estado se encontraba en una situación política que no podía ser mejor. En las elecciones de 1995, el mandatario registró el más alto porcentaje de votos (64,4) en la historia de los comicios competitivos con voto universal en el Perú. Al mismo tiempo, venció por un amplio margen al segundo candidato, hombre de gran renombre internacional, sin tener que pasar por una segunda vuelta. Aparte de esto, en el Congreso, el oficialismo ocupó la mayoría de los escaños, a diferencia de las elecciones de 1990. En el aspecto internacional, aunque los Estados Unidos y otros países expresaron eventualmente comentarios críticos respecto del problema de los derechos humanos y del estilo autoritario de hacer política de Fujimori, reconocían su imagen, más bien positiva, como un presidente que había salvado el Perú de la crisis y que se dedicaba a reconstruir el país. A más de esto, sus relaciones con las organizaciones financieras internacionales pasaban por un excelente estado. Sin embargo, Fujimori no supo aprovechar esas condiciones favorables para poner al Perú en un proceso de desarrollo que permitiera a su sociedad progresar rápidamente. Tampoco el jefe de Estado consiguió buenos resultados en el aspecto socioeconómico, especialmente en la creación de empleo y la lucha contra la pobreza, temas que muchos peruanos se esperanzaron en superar al votar por él en las elecciones de 1995. En su

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V / El derrumbre del gobierno de Fujimori (1995-1998)

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segundo mandato, no logró dar, a diferencia del primero, algún fruto concreto que la gente común pudiera sentir en la vida cotidiana.1 Veamos algunos índices económicos (cuadro 5.1). La inflación venía bajando desde la instalación del gobierno de Fujimori pero, en 1996, registró el 11,8%, superando al 10,2% del año anterior. De este modo, la tendencia a la baja se frenó temporalmente. Aunque desde 1997 la tasa de inflación volvió a bajar, no se puede negar que principalmente fue como resultado de la tendencia deflacionaria desatada por el enfriamiento económico y la recesión, que analizaremos en las próximas líneas. El crecimiento del PBI nominal, cuya tasa estuvo en un alto nivel desde 1993, apenas registró un 2,5% en 1996. Esto quiere decir que el crecimiento del PBI real —la tasa del crecimiento del PBI menos el crecimiento de la población— quedó en menos de 1%. En 1997, el PBI creció en más del 6%, pero en 1998 y 1999 su crecimiento bajó de nuevo, registrando de esta manera importantes altibajos en el corto plazo. Además de esto, la tendencia alcista de la presión tributaria (el porcentaje del monto del ingreso tributario sobre el PBI) del primer mandato, se detuvo en el segundo y comenzó más bien a bajar; asimismo, se desaceleró el proceso de privatización y otorgamiento de concesiones. El capital acumulado por el gobierno mediante la privatización llegó a unos siete mil millones de dólares a fines del primer mandato, pero bajó a cerca de mil millones de dólares a comienzos del año 2000 (entrevista 17: 2000a). En pocas palabras, el segundo mandato de Fujimori consumió más del 85% del ahorro acumulado en su primer mandato. Respecto de la creación de empleo y las medidas contra la pobreza que muchos peruanos esperaban, el gobierno de Fujimori no logró resultados concretos en su segundo mandato. El porcentaje de desempleo y subempleo en la población económicamente activa continuó en un alto 1.

Sobre la política peruana en el segundo mandato de Fujimori, existen los análisis de Ames et al. (2001), Boesten (2007; 2009), Bowen (2000), Carey (2003), Carranza, et al. (2006; 2009), Carrión (2006), Conaghan (1998; 1999), Cook (2007), Cortázar (2002), Cotler y Grompone (2000), Cuba (2000), Degregori (2000), Degregori y Meléndez (2007), Diaz-Albertini (2001), Ewig (2010), Gonzales Arica (2005), Levitsky y Cameron (2003), Morón y Sanborn (2006), Palmer (2000a), Pease (2000), Pegram (2008), Planas (1999), Segura-Ubiergo (2007), Tanaka (1999), Thorp y Pardese (2011), Vargas Llosa et al. (2001), Zapata y Sueiro (1999). Respecto de la economía y la política económica del segundo mandato, véase los estudios señalados en la nota 1 del capítulo III que realizan el análisis del segundo mandato.

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nivel y nunca bajó. No podemos hacer una comparación simple entre el porcentaje de desempleo y subempleo antes de 1994 y después de 1995, porque en 1996 cambió la manera de calcular la estadística de empleo, y las cifras oficiales después de 1995 están calculadas con un procedimiento distinto. Por eso, recurrimos al índice de empleo. Antes y después de 1995, la situación del empleo no cambió sustancialmente, porque el índice fluctuó entre 100 y 110 (véase los cuadros 4.2 y 5.1). Por otro lado, del primer mandato al segundo tampoco cambió la tendencia general de que alrededor de la mitad de la población se encontraba en estado de pobreza, aunque la pobreza absoluta bajó. Más bien, en la segunda mitad del segundo mandato, el porcentaje de pobreza mostró una tendencia al alza (véase cuadro 5.2). En el aspecto de los ingresos, no hubo en la segunda mitad de la década de 1990 ninguna muestra de disminución —aunque fuera pequeña— de la enorme brecha entre ricos y pobres (véase el cuadro 5.3). La economía peruana no mejoró en aquel entonces, principalmente debido a dos razones: las circunstancias económicas y el problema de la propia política económica. Respecto de las primeras, la economía peruana entró en recesión desde 1996, porque el gobierno apretó sus riendas frente al déficit causado por el incremento del gasto durante el proceso electoral de 1995. Concretamente, en esa ocasión el gobierno de Fujimori gastó en medidas contra la pobreza, la política de ayuda social y la inversión en obras públicas; también se vio obligado a realizar un gasto especial a causa del conflicto armado con Ecuador. Además, mientras la economía se encontraba en recesión, el Perú sufrió, entre 1997 y 1998, el desastre natural originado por el fenómeno El Niño, y la crisis financiera internacional en Asia y Rusia; profundizándose, de este modo, la recesión económica.

La falta de una línea determinada y de proyectos concretos para el desarrollo económico Un factor vinculado a la propia política económica fue que el gobierno de Fujimori no adoptó ninguna política decisiva para impulsar el desarrollo económico de mediano y largo plazo, aunque tanto la política de ayuda social como la de apoyo en alimentos y la mejora de la infraestructura mediante obras públicas, así como las medidas contra la pobreza, se mantuvieron a lo largo de sus dos mandatos. La ausencia de una política decisiva para el desarrollo económico se debió, en primer lugar, a la manera de

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Cuadro 5.1 PrinCiPales indiCadores eConóMiCos del segundo Mandato de fujiMori Año Crecimiento demográfico (%)

1995

1996

1997

1998

1999

2000

1,8

1,8

1,7

1,7

1,7

1,6

Producto Bruto Interno (PBI) Per cápita (US$)

1163

1171

1229

1211

1235

-

2050

2064

2166

2118

2103

2,134

7,3

2,4

6,9

0,3

3,8

-

8,6

2,5

6,7

–0,5

0,9

3,1

5,5

0,7

5,0

–1,5

2,0

-

6,7

0,7

4,9

–2,2

–0,7

1,5

Inflación anual (%)

10,2

11,8

6,5

6,0

3,7

3,7

Déficit fiscal (% del PBI)

–3,0

–1,1

–0,4

–0,7

–3,0

–2,6

447,15

251,65

294,66

311,90

Variación anual (%) Variación anual per cápita (%)

Privatización Ingreso (millones de US$) Número de empresas privatizadas Presión tributaria (% del PBI)

1089,01 2281,76 30

35

30

23

23

15

11,5

12,0

12,0

12,0

11,4

-

13,4

13,9

14,1

13,8

12,5

12,1

Niveles de empleo Desempleo (%)

7,6

7,0

7,7

7,8

8,0

7,4

Subempleo (%)

42,4

42,7

41,8

44,3

43,5

49,7

Empleo adecuado (%)

50,0

50,3

50,5

47,9

48,5

49,7

Índice de empleo

101,4

104,9

108,5

110,4

106,1

105,5

Fuentes: BCR (2000: 235), INEI (2001: 241), Webb y Fernández (2000: 711, 1151; 2001: 592, 687, 717, 1138; 2002: 693). Nota: Las cifras del PBI y la presión tributaria están indicadas según el tipo de cambio en dólares constantes del año 1986 (las de arriba), y el de 1994 (las de abajo). Por eso solamente las cifras de arriba se pueden comparar con las del cuadro 1.13. No existen los datos del año 2000 valorados con el tipo de cambio en dólares constantes del año 1986. Por otro lado, los niveles de empleo son los datos del tercer trimestre y están calculados con los métodos modificados en 1996. Por esta razón, no se pueden comparar con los del cuadro 4.2.

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pensar la economía que tenía Fujimori y a su estilo de hacer política desde la perspectiva de corto plazo. Como hemos señalado antes, en relación con el manejo económico, el jefe de Estado peruano tuvo una mentalidad sumamente parecida a la idea del desarrollo espontáneo basado en el principio del libre mercado. No hubo espacio para una forma de pensar basada en las experiencias del Este de Asia; es decir, el gobierno hubiera podido desempeñar cierto rol para fomentar industrias específicas, sin dejar de tener como premisa la existencia del mercado libre, y sin obviar el mercado extranjero ni llegar al intervencionismo estatal. Su mentalidad se basó en la idea de que hasta los años ochenta la economía peruana dependió de un Estado que la había protegido excesivamente; el péndulo pasó ahora, demasiado drásticamente, de un extremo al otro. Fujimori nunca pensó seriamente en una política económica que pisara tierra y estuviera balanceada entre los dos extremos de las funciones del Estado y del mercado. Volvemos a ver el caso de Matsushita Electric del Perú S. A./National Peruana S. A., que hemos señalado antes como un ejemplo de la industria interna expuesta a la liberalización en un contexto difícil. La compañía fabricó tres productos en 1995 pero, durante el segundo mandato de Fujimori, dos líneas de producción se pararon (véase nuevamente el cuadro 4.4). Desde marzo de 1998 solo produjo la pila, producto que ha venido fabricando desde su fundación y tiene cierta competitividad tanto en el mercado interno como en el internacional, debido a que se pueden conseguir casi todas las materias primas en el Perú (entrevista 23: 1997; 2001). A fines del gobierno de García, el promedio de los impuestos arancelarios fue del 70%, mientras que con el gobierno de Fujimori bajó al 36% en noviembre de 1990, al 17% en marzo de 1991 y al 13% en abril de 1997. Mientras los abaratados productos extranjeros afluían al mercado peruano, el crecimiento real de la industria manufacturera del Perú desde 1990 hasta 1999 fue de solamente el 0,7% en todo ese lapso.2 La falta de política para el desarrollo económico se debió, en segundo lugar, al estilo político de Fujimori. Concretamente, el desafío principal 2.

El promedio de los impuestos arancelarios se basa en Pascó-Font y Saavedra (2001: 77-79). El dato del crecimiento de la industria manufacturera se debe a Joaquín Vidal, “A Limited Success Story: Foreign Trade in Latin America in the 1990s”, ponencia presentada en la Andean Development Corporation, “IV Annual Conference on Trade and Investment in the Americas” (Washintgon, D. C., septiembre de 2001), cuadro 2, cuyas cifras están citadas en McClintock y Vallas (2003: 103).

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46,8

20,7

-

-

-

-

-

-

10,1

26,8

Pobres extreMos

65,6

50,4

70,1

43,0

64,7

51,6

63,4

51,9

42,4

53,4

Pobres

36,2

13,0

38,6

12,0

37,7

14,6

26,5

12,2

5,5

19,0

Pobres extreMos

1994

64,8

48,9

64,9

44,2

68,1

37,7

52,8

58,3

35,5

50,7

Pobres

31,9

7,6

36,4

7,2

32,6

7,7

23,6

7,6

2,4

14,7

Pobres extreMos

1997

66,1

49,8

69,2

51,5

65,5

44,3

64,4

53,1

45,2

54,1

Pobres

30,1

8,3

31,5

11,6

30,2

6,6

27,3

8,4

4,7

14,8

Pobres extreMos

2000

Fuente: Webb y Fernández (2001: 555) Nota: Son los porcentajes respecto del total de la población de cada área y dominio. Los pobres extremos son los que se encontraban en la pobreza especialmente dura. Las zonas con el asterisco (*) no incluyen a Lima metropolitana. El signo – significa que no existe el dato.

52,2

-

Selva urbana

Selva rural 70,8

-

Sierra rural

Área urbana total*

-

Sierra urbana

Área rural total

-

Costa urbana*

47,6

Lima metropolitana

Costa rural

57,4

Total

Pobres

1991

Cuadro 5.2 PoblaCión Por niveles de Pobreza en la déCada de 1990 (en PorCentaje)

420

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Cuadro 5.3 distribuCión Personal del ingreso Por estratos soCioeConóMiCos en la déCada de 1990 (en PorCentajes) Estratos/ año

1985

1991

1994

1997

2000

I

4

5

5

5

6

II

8

9

9

9

11

III

13

14

14

14

15

IV

21

21

22

21

21

V

56

50

50

51

48

Fuente: Pascó-Font y Saavedra (2001: 214). Nota: Las cifras son los porcentajes de la suma de los ingresos de cada estrato. La población se divide en cinco categorías, desde el estrato más pobre (I) al más rico (V) —en cada 20% de la población— y se suman todos los ingresos de las personas pertenecientes a cada estrato.

del segundo mandato fujimorista —el despegue para el desarrollo económico futuro— le exigía pensar, tanto integralmente como desde la perspectiva de mediano y largo plazo, y al mismo tiempo reunir colaboraciones y esfuerzos de diversos campos y de múltiples personas. Sin embargo, Fujimori enfrentó dicho desafío desde el comienzo hasta el fin de su segundo mandato con el autoritario estilo de tomar decisiones basado en la perspectiva de corto plazo, como lo había hecho antes, al encarar la situación crítica que encontró en su primer periodo. Habría sido difícil para Fujimori cambiar su estilo de hacer política, en caso de que lo hubiera intentado hacer conscientemente, porque ello tiene que ver con la manera de pensar y la forma de vida cultivadas por el mandatario hasta entonces. De todas maneras, Fujimori no mostró indicio alguno de pretender conscientemente cambiar su estilo político durante su segundo mandato. Hemos señalado que uno de los caracteres de la política fujimorista fue tomar cada decisión en función de las circunstancias de cada escena política y superar los problemas uno tras otro, en lugar de fijar de antemano un determinado plan global. Es por ello que Fujimori tuvo dificultades en la elaboración de una visión general de mediano y largo plazo —como plan de desarrollo económico— que contara con determinados procesos y pasos concretos para llegar a los objetivos. Su estilo fue eficaz para superar,

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desde el ángulo cortoplacista, retos específicos inmediatos como el terrorismo en expansión o la inflación en alza acelerada. Sin embargo, su estilo era limitado para los temas que exigían un juicio global y la toma de una decisión correspondiente sobre la base de una perspectiva temporal más amplia que prestara atención a todos los aspectos. Por ejemplo, no era adecuado para dirigir un proceso de desarrollo económico; para ello es necesario tomar en consideración desde una provincia hasta el mundo entero; y pensar dónde se debe fomentar qué industria, dónde se van a vender sus productos y qué medidas debe tomar el gobierno en diversos sectores y lugares para hacer realidad tal desarrollo. Debemos decir que Fujimori fue hábil como dirigente en tiempos de emergencia, pero no fue idóneo para dirigir un Estado en tiempos de paz, cuando la emergencia había terminado. En contra del argumento de que el mandatario peruano carecía de una visión global, el mismo Fujimori puede sostener que sí la tenía elaborada en la mente (Fujimori 1999: N.° 29). Pero dudamos de que verdaderamente él tuviera una visión concreta y firme; vale decir, determinado terminado plan o proyección que específicamente señalara cómo cada proyecto se relacionaba orgánicamente con los otros para formar la totalidad, en qué dirección se dirigía cada plan o proyección y qué objetivos se buscaba alcanzar en el futuro. Hemos mos señalado en el capítulo III la reacción de Fujimori cuando, en su primer mandato, le preguntaron sobre algún plan integral de mediano y largo plazo para el desarrollo del Estado. En aquel entonces, lo máximo que el mandatario pudo hacer fue presentar una síntesis que describió las ideas generales sobre el desarrollo del país, así como una lista que enumeraba alrededor de cinco mil proyectos por región y sector. En el primer mandato, especialmente después de que el referéndum constitucional de 1993 diera como resultado un apoyo menor al esperado, Fujimori impulsó en diversas partes del país numerosos proyectos pequeños de mejora local —como los de construcción de infraestructura—. En su segundo mandato, el jefe de Estado continuó la tendencia del primero, de dedicarse a realizar muchos proyectos pequeños. En esa postura no podemos encontrar indicios de haber tomado las medidas minuciosas sobre la base de algún plan o proyección concreta para desarrollar el conjunto del Perú. Aparentemente, el mandatario peruano no se dio cuenta de que, por más que acumulara y juntara los pequeños proyectos en diversas partes del Perú, esto no se convertiría en un plan para desarrollar el país.

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En el caso —que no creemos— de que Fujimori hubiera tenido una visión o proyecto global, acompañado de algunas aplicaciones o pasos concretos a dar, su actitud de no exponerlo públicamente habría ocasionado otro tipo de problemas. Dado su estilo autoritario de tomar decisiones, quizás él habría esperado que creyeran en él y, sin opinar, obedecieran al líder, que tenía una visión del futuro, y aguardaran sus frutos. Sin embargo, no es posible lograr el desarrollo socioeconómico de mediano y largo plazo sobre la base de los esfuerzos de un puñado de gente, ni mucho menos de solamente un dirigente. Su proceso involucra a muchas personas, así como a diversos sectores y regiones. Para alcanzarlo, se requiere tanto de la construcción de un consenso o entendimiento entre diversos sectores de personas, incluida una clase de compensación o resignación por los aspectos negativos del proceso de desarrollo, como de la unificación y coordinación de sus esfuerzos y colaboración. En otras palabras, el desarrollo social debe basarse en la conformación de cierto nivel de consenso (o la “institucionalización”) —ya sea un acuerdo explícito, un entendimiento implícito o una resignación tácita— respecto de la línea o proyección de este desarrollo, con detalles sobre el proceso y los procedimientos para alcanzarlo. Debemos decir que también en este aspecto Fujimori tuvo, desde su punto de partida, un defecto grave en relación con el objetivo principal del segundo mandato: debido a su estilo autoritario, no estaba dispuesto a hacer esfuerzos políticos para discutir y convencer a la gente, conformando así un consenso, explícito o implícito, en torno de las metas del desarrollo socioeconómico. Además, como hemos señalado antes, la situación peruana e internacional de 1995 fue distinta de la de 1992, cuando se dio el “autogolpe”. Ya había pasado la situación de crisis interna del Perú, de una economía caótica y una sociedad sacudida por el terrorismo. Los Estados Unidos y otros países latinoamericanos ya no consideraban al Perú en una situación de excepción, como para comprender y tolerar la ejecución de algunas medidas de emergencia por determinado tiempo. En aquel entonces no se podía obligar a obedecer a la sociedad determinada línea bajo la amenaza de la fuerza, dado que en el ámbito internacional el marco democrático se consideraba como condición previa de la política. Se requería un proceso de discusión y persuasión para construir un nivel de consenso o entendimiento implícito. Fujimori no tuvo la voluntad ni sintió la necesidad de hacer política para llevar a cabo dicho proceso.

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A fines del segundo mandato, cuando se dio el cambio de gabinete de octubre de 1999, Fujimori hizo una autocrítica ante un ministro de importancia, diciendo que en su propia política hasta entonces habían existido algunos aspectos que inevitablemente podían considerarse como autoritarios, y le pidió trabajar en la institucionalización democrática (entrevista 56; cfr. Fujimori 2003: 318). Aunque pudiéramos decir que por fin llegó a reconocer la necesidad de cambiar su estilo político, ya era tarde para darse cuenta de ello. Por otro lado, como analizaremos en este capítulo y en el siguiente, en aquel entonces, varias razones provocaron que no se comenzara a trabajar inmediatamente en la institucionalización democrática. De un lado, la situación general ya se había vuelto contraria a Fujimori; de otro, la campaña electoral entraba a un periodo de mayor intensidad; y, al mismo tiempo, las relaciones entre él y Montesinos, eran cada vez más complicadas, sin poder tomar una decisión concluyente sobre el trato que debía dar al asesor. En el año 2000, el proceso electoral se desordenó y se buscó un camino a la democratización involucrando a la OEA, pero esto tampoco llegó a dar resultados relevantes. Además de la situación económica y el problema de la misma política económica, hubo otra causa de la frustración del gobierno fujimorista para iniciar el proceso de desarrollo socioeconómico del Perú. Se trata del cambio en las relaciones de poder en el seno del gobierno. Concretamente, Santiago Fujimori, asesor presidencial de importancia que intentaba profundizar en la reforma económica, se alejó del gobierno. Trataremos los detalles de este problema en la otra sección, la tercera de este capítulo, porque tiene que ver con otros problemas del gobierno de Fujimori. Aquí solamente nos limitamos a señalar que, debido a la tercera razón relativa al entorno presidencial, quedó estancada la reforma económica impulsada por iniciativa de Santiago Fujimori. En comparación con la situación de 1990, el Perú no se encontraba en las circunstancias críticas que exigieran al gobierno trabajar inmediatamente en los problemas de emergencia, y el segundo mandato presidencial comenzó en una situación sumamente favorable y con holgura. A pesar de ello, Fujimori no cambió su mentalidad a fin de elaborar una línea de desarrollo de largo plazo y una proyección del futuro peruano y, sobre la base de estas, concentrarse en las áreas a trabajar en los cinco años de su segundo mandato. Continuó su estilo de gobernar y mantuvo las medidas contra determinados problemas concretos como el

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del desempleo y la pobreza. Las medidas simplemente continuaron, sin una mejora en su calidad. Quizás Fujimori pensó que no le haría falta en absoluto cambiar su estilo y las medidas, porque hasta 1995 ambos dieron fruto y en las elecciones del mismo año tuvo una victoria abrumadora. Es cierto, repetimos, que nadie puede cambiar con facilitad su estilo y pensamiento, porque estos se han conformado con las experiencias de la vida y tienen que ver con la forma de ser de cada uno. Sin embargo, es precisamente cuando los políticos consiguen metas y están en su apogeo que deben reflexionar sobre sus actos pasados de cara a los desafíos nuevos y hacer las rectificaciones en caso de que sean necesarias. Después de las elecciones de 1995, tanto unas personas cercanas como de gobiernos extranjeros aconsejaron a Fujimori sobre la necesidad de cambiar su estilo y manera de hacer política, para corregir la situación autoritaria en el Perú (entrevista 17: 1999a) pero, al fin y al cabo, el mandatario peruano les dejó hablar sin prestar atención. Tal vez Fujimori no entendiera lo que querían decir. El proyecto de Camisea afectado por el cabildeo El proyecto de desarrollo del gas natural de Camisea constituye un ejemplo de cómo se perdió una oportunidad, al no contarse con una orientación de mediano y largo plazo sobre la materia, mientras el gobierno quedó alborotado por la política de presión desarrollada por parte de los interesados. Camisea se ubica en la provincia de La Convención, departamento de Cusco, en el sur del Perú. Se estima que se trata de una reserva de 13 millones de pies cúbicos de gas natural y de 660 millones de barriles de líquido de gas natural. La reserva atrajo la atención del país desde el primer mandato de Fujimori, y la multinacional Mobil-Shell impulsó desde el comienzo la exploración e investigación. Cuando el proyecto entró en la etapa de realizar su desarrollo a gran escala en el segundo mandato de Fujimori, el gobierno peruano anunció que el proyecto de desarrollo se dividiría en tres sectores: explotación, transporte y venta, y se realizaría la licitación de cada sector por separado. El anuncio sorprendió de manera negativa a la Mobil-Shell, porque esta había venido planeando progresivamente el desarrollo de Camisea con la intención de encargarse de todo el plan, desde la explotación hasta la venta, por una cuestión de rentabilidad. La multinacional se retiró entonces del proyecto.

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La decisión gubernamental de dividir la licitación del proyecto en tres sectores en el fondo tuvo que ver con un cabildeo fuerte del capital chileno que en ese momento ejercía el monopolio sobre las compañías eléctricas de Lima y otras partes del país. El megaproyecto de Mobil-Shell consistía en diversos planes de energía, entre ellos, transportar el gas natural hasta Lima y otras partes de la costa para generar y suministrar electricidad. Además, la compañía planteó suministrar energía eléctrica también a la zona norte de Chile, que siempre sufre de escasez. El capital chileno se sintió amenazado por la aparición de un rival que podría no solamente rebajar la tarifa de este servicio en Lima y otras partes de la costa, sino también quitarle el mercado en el norte de Chile. Entonces, llevó a cabo el cabildeo con los ministros vinculados al tema y logró expulsar a la empresa multinacional del desarrollo de Camisea (entrevista 28: 1998). El problema de Camisea afectó también el ámbito internacional. El gas de Camisea había atraído la atención de Brasil, gran potencia de Sudamérica. Este país tuvo el deseo de comprarlo, poniendo incluso el gasoducto. Sin embargo, mientras el proyecto de desarrollo mismo del gas quedó alborotado y estancado debido a la división de los sectores para la licitación, así como al titubeo y finalmente retiro de la Mobil-Shell, se confirmó el hallazgo de una gran cantidad de reserva de gas natural en Bolivia. En esta circunstancia, el interés de Brasil pasó del Perú a Bolivia, debido a su mayor cercanía geográfica. De este modo, el gas de Camisea perdió un prometedor mercado en el extranjero, al distraerse el gobierno por las presiones dentro del país. Se decidió que el gas sería destinado solamente al mercado interno, y se perdió así un elemento atractivo para los inversionistas tanto del país como del extranjero (entrevista 28: 1999).3 2.

La crítica cada vez más fuerte contra Fujimori

El juicio optimista de la situación y el aferramiento al poder En medio de un panorama económico cada vez más depresivo, Fujimori se estancó gradualmente también en el aspecto político. En su segundo 3.

Después de la caída de Fujimori, en el gobierno de Toledo, un consorcio internacional de Argentina y otros países ganó la licitación del gas de Camisea, y ha venido promoviendo el proyecto de desarrollo para el mercado interno, así como para exportar a Estados Unidos y México.

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mandato se mostró opaco en el aspecto político, aunque en las elecciones de 1995 salió elegido presidente con más de 40% de ventaja sobre Pérez de Cuéllar, candidato de renombre internacional que ocupó el segundo lugar. Además, el oficialismo ocupó la mayoría de escaños en el Congreso. La causa básica de su opacidad política fue la depresión económica que señalamos en la sección anterior, la misma que bajó la expectativa y apoyo de la gente común hacia Fujimori. Al mismo tiempo, en estos años, los repetidos errores políticos del gobierno también originaron la desaprobación de la gestión presidencial. En esta sección, tratamos algunos de sus desaciertos políticos, centrándonos principalmente en 1996, año del cambio político para Fujimori. Antes de proceder a analizar los casos concretos, debemos señalar que, después de la victoria abrumadora de las elecciones de 1995, Fujimori y sus allegados tuvieron en un inicio una percepción sumamente optimista de la solidez del alto apoyo en las elecciones. Según fuentes conocedoras del ambiente en el Palacio de Gobierno de entonces, hubo una tendencia optimista en el entorno del jefe de Estado para interpretar que el resultado electoral mostraba la consolidación duradera de las bases de apoyo al oficialismo (entrevista 29: 1999a). También debemos señalar que, ya antes de empezar su segundo mandato, Fujimori dejó entrever una renovada codicia por el poder o el aferramiento a la presidencia. Al día siguiente de la votación del proceso electoral de 1995, el mandatario y un colaborador cercano sostuvieron un diálogo como el que sigue: —Hoy mismo debemos hacer el cambio de gabinete y formar un nuevo equipo, porque nos va a faltar el tiempo para la reforma. Tenemos mucho que hacer, y no tenemos mucho tiempo. Por eso, empecemos a trabajar hoy mismo y, para diciembre de este año, prepararemos todas las leyes relativas a la siguiente etapa de reforma. —No, no es necesario. Más que eso, quiero que estudies la Constitución y pienses alguna manera para la tercera elección. (Entrevista 29: 1999a; 2001)

Sorprendido por las palabras de Fujimori, el colaborador cercano le aconsejó concentrarse en realizar un buen gobierno en el segundo mandato, pero Fujimori no lo escuchó. Según el colaborador, Fujimori pareció haber hablado con Montesinos respecto de la posibilidad de continuar en

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el poder también a partir del año 2000, en la misma noche de la jornada electoral, cuando la tendencia de la victoria abrumadora del mandatario se confirmó. En contraste con la primera elección de 1990 y el inicio del primer mandato, Fujimori mostró el aferramiento al poder inmediatamente después de salir elegido presidente en las elecciones de 1995.4 Al parecer, debido al triunfo contundente en las elecciones de 1995, se aflojó la disposición que Fujimori siempre había tenido, luego de la toma de posesión en 1990, de hacer política con iniciativa, en el marco del proceso de superar las sucesivas situaciones difíciles de una u otra manera y estabilizar la sociedad. El mandatario se mostró incluso soberbio, porque había logrado recuperar la estabilidad social y vencer a dos personas de amplio renombre internacional en las elecciones presidenciales. Ciertamente, en cierto sentido, era inevitable que tuviera esa confianza excesiva en sí mismo y una visión optimista de la situación, luego de que con sus propios juicios y liderazgo pudo remontar una situación sumamente ardua, dar cierto nivel de resultados y ser elegido presidente por segunda vez, con el apoyo abrumador del pueblo. Sin embargo, el Perú continuó encarando el complejo y difícil desafío de cómo lograr el desarrollo del país y superar en el mediano y largo plazo problemas socioeconómicos como el de la pobreza, que había arrastrado desde la época colonial. El Perú no se encontraba en la situación de poder permitir al gobernante aflojar las riendas y dejar de avanzar, aunque fuese temporalmente. Aparte de esto, como hemos indicado hasta el capítulo anterior, muchos peruanos dieron el apoyo a Fujimori a condición de que el jefe de Estado diera frutos concretos. Tras su experiencia de gobierno hasta 1995, él mismo debió percatarse de que el apoyo popular que recibió tenía un carácter volátil.5 4.

En julio de 1997, una persona de alto rango de un país extranjero sugirió a Fujimori desistir de candidatear en las elecciones de 2000, pero el mandatario peruano no le respondió y pasó a otro tema (entrevista 41). Parece no haber podido abandonar la idea de hacerlo.

5.

Al mismo tiempo, Fujimori no debió olvidar que en las elecciones de 1995, como máximo entre 15 y 20% de los electores dudaron hasta el último momento por cuál de los candidatos presidenciales votaría aunque finalmente, en muchos casos, decidieron votar por Fujimori. Una parte de los electores que votaron por Fujimori no lo hizo con convicción, sino como resultado de una decisión forzada en la etapa final: que se pudiera esperar más del candidato de origen japonés, o que tuviera menos aspectos

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Mientras en el núcleo del poder gubernamental dominaba el ambiente optimista, el gobierno de Fujimori en su segundo mandato no se mostró —a diferencia del primero— dispuesto a tomar la iniciativa política para lanzar medidas concretas desde el inicio. Más bien, permaneció contento con los resultados alcanzados en el primer periodo, y a la defensiva, pensando ya en las elecciones presidenciales de 2000. Además, el mandatario sufrió contratiempos en algunos acontecimientos que trataremos en las siguientes líneas, e incluso debió afrontar un inesperado conflicto por el poder en su entorno cercano. Algunos estudiosos indican que en 1995, Fujimori se encontraba en la condición de poder conformar una organización política sólida o un partido predominante, pero dejó pasar la oportunidad, o no logró hacerlo (Grompone 1999: 284-287; Levitsky 1999: 82-84). Sin embargo, más exacto es decir que desde el inicio Fujimori no tenía la idea de construir bases organizativas, dado su carácter político de establecer y mantener relaciones directas con la gente común.6

La segunda derrota en elecciones municipales Para Fujimori, el primer desafío después de empezar el segundo mandato fue el de las elecciones municipales de noviembre de 1995. Para participar en ellas, los partidos políticos existentes tuvieron que inscribirse nuevamente ante el JNE, porque en las elecciones presidenciales del mismo año el porcentaje de votos que consiguieron estuvo por debajo del 5% y, de acuerdo con el código electoral, sus inscripciones fueron eliminadas automáticamente. En mayo de 1995, el oficialismo impuso con su mayoría congresal una modificación al código electoral, que aumentó sustancialmente el número de firmas necesarias para la inscripción de las agrupaciones políticas ante el JNE: de necesitarse cien mil firmas pasó a requerirse el 4% de la población electoral. En ese momento, aquello equivalía a unas 480 mil firmas. De este modo, la corriente fujimorista dejó al descubierto su intención de

negativos que otros. Era necesario hacer política pensando incluso en este tipo de electores, pero Fujimori no tuvo la delicadeza de pensar y aplicar las medidas tendientes a responder minuciosamente a las inquietudes de estos. 6.

Véase la nota 8 de este capítulo.

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no permitir a los partidos políticos existentes —ya sin registro— una participación fácil en el futuro proceso electoral. Esta modificación repentina constituyó un golpe fuerte para los partidos políticos, que desde hacía años habían perdido la confianza y el apoyo de los electores. Excepto AP, que antes de la aprobación del nuevo criterio para el registro de las agrupaciones políticas había recolectado más de cien mil firmas y había terminado el trámite de solicitar su registro en conformidad con el criterio anterior, todos los partidos expresaron a coro la imposibilidad de reunir tantas firmas. Los partidos que no lograron registrarse ante el JNE no pudieron presentar candidatos propios en las elecciones municipales de 1995, y decidieron dejar al juicio de cada militante la posibilidad de candidatear bajo su propia iniciativa en las provincias. Por otro lado, UPP, primera fuerza opositora en el Congreso elegido en las elecciones de 1995, superó la barrera del 5% y mantuvo su registro ante el JNE, pero confesó no tener suficiente tiempo para hacer los preparativos de la campaña electoral, como la selección de los candidatos, y desistió de participar en estas elecciones. Debido a la desconfianza continua de los electores hacia los partidos políticos existentes, así como a la mencionada modificación del criterio para el registro de las agrupaciones, el resultado de las elecciones municipales de 1995 confirmó nuevamente el predominio de los candidatos independientes. De los 194 alcaldes provinciales elegidos, 175 fueron independientes, o sea, el 90%. En las elecciones municipales anteriores, de 1993, aunque en 82 de las 188 provincias donde se celebraron los comicios el triunfo correspondió a los independientes, los partidos políticos existentes como AP, PAP e IU lograron mantener cierto nivel de fuerza (véase nuevamente el cuadro 2.3). Entre los independientes elegidos como alcaldes provinciales en 1995 figuraron algunas personas pertenecientes a los partidos políticos que no habían logrado registrarse ante el JNE. Aunque no se sabe exactamente su número, se estima que fue limitado, dado que en las elecciones del presidente de la Asociación de Municipalidades del Perú (AMPE, organización que agrupa a los alcaldes provinciales y distritales), celebrada en abril de 1996, salió elegido por primera vez un alcalde provincial independiente, en aquel entonces relativamente profujimorista. Hasta ese momento, la presidencia de la AMPE había sido ocupada por alguien perteneciente a uno u otro partido político existente. De este modo, el resultado de las elecciones municipales de 1995 no produjo inmediatamente una situación política

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contraria a Fujimori, en términos del conflicto entre los fujimoristas y los antifujimoristas, como los partidos políticos existentes y UPP —cuadro de enfrentamiento observado desde el “autogolpe” de 1992—. No obstante, desde la segunda mitad de 1996, Fujimori temió la aparición de un eventual candidato presidencial fuerte entre los alcaldes, y no amplió activamente la ayuda fiscal a las municipalidades. Descontento con esta actitud de Fujimori, el presidente de la AMPE, de origen independiente, se mostró cada vez más crítico del mandatario. Luego, en medio del problema de la tercera postulación de Fujimori a la Presidencia de la República, que trataremos en las siguientes líneas, el presidente de la AMPE dejó la posición conciliadora con el jefe de Estado, que había mostrado en un inicio, y desde la segunda mitad de 1997 empezó a oponerse públicamente contra el mandatario. Aunque el resultado general de las elecciones municipales de 1995 no constituyó un golpe fuerte para Fujimori, dejó un problema para el jefe de Estado: la elección de un independiente, no fujimorista ni antifujimorista, como alcalde provincial de Lima. De cara a las elecciones municipales de 1995, Fujimori decidió presentar a los candidatos oficialistas solamente en Lima y la provincia constitucional del Callao, y designó a su allegado Jaime Yoshiyama, como candidato para la alcaldía provincial de Lima. Como candidato oficialista para la alcaldía del Callao fue nombrado el alcalde en ejercicio, quien era un independiente y buscaba su reelección. Como señalaremos en la siguiente sección, en el entorno presidencial, hubo la opinión contraria a la participación en las elecciones municipales, como la de Santiago Fujimori. Éll creía que se debía conservar la legitimidad política respaldada por el alto grado de apoyo que el mandatario había recibido en las elecciones de 1995. Por otro lado, pensaba que era necesario concentrarse en superar los desafíos, como la profundización de la reforma que el gobierno del segundo mandato encaraba, y que no era conveniente dedicar tiempo y esfuerzos a la presentación de candidatos y la organización de la campaña electoral municipal. Sin embargo, el oficialismo nombró a Yoshiyama como candidato para la alcaldía limeña, porque la intención de Fujimori y la ambición política de Yoshiyama coincidieron. Fujimori no deseaba a ningún no fujimorista como ganador de la alcaldía de Lima, porque pensaba que con ello este pasaría a convertirse en un candidato presidencial de peso. Yoshiyama gozaba de la confianza absoluta de Fujimori y presumía de ser su sucesor.

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El rival principal del candidato oficialista fue Alberto Andrade, alcalde del distrito limeño de Miraflores. En aquel entonces, Andrade fue identificado como un alcalde que había dado resultados en la mejora de la infraestructura. Originalmente perteneció al PPC pero, para las elecciones de 1995, abandonó el partido y se presentó como un candidato independiente para la alcaldía limeña: ni de las filas del fujimorismo ni de la oposición, como UPP. El resultado electoral fue negativo para Fujimori. Los candidatos oficialistas no salieron elegidos ni en Lima ni en el Callao. De este modo, el oficialismo dejó exponer nuevamente su debilidad en las bases organizativas. En la segunda mitad de la campaña electoral, el mismo Fujimori ayudó a Yoshiyama en su campaña, dado que este no había logrado incrementar suficientemente el apoyo popular hacia su candidatura. Pero Yoshiyama fue derrotado por Andrade con una diferencia de 4%: 52,1 contra 47,9%. En 1980 y 1985 el oficialismo de entonces —que había ganado las elecciones presidenciales de esos mismos años— triunfó también en la lid municipal en la mayoría de las provincias, incluso en Lima (véase otra vez el cuadro 1.12). En comparación con estos hechos, se entiende que Fujimori tuvo menos bases organizativas que los partidos políticos existentes, a pesar de que ellos nunca disfrutaron de una estructura organizativa sólida. Como causas de la derrota de Yoshiyama podemos mencionar que, además de su falta de cualidades y atractivo como político, su lema: “todo el apoyo” del gobierno de Fujimori originó a una parte de los electores una preocupación por la concentración de poder en el mandatario, o una sensación de arrogancia. Por otro lado, en comparación con Yoshiyama, Andrade tuvo atractivo para muchos electores como un candidato simpático, lo que también resultó negativo para el candidato oficialista. Al mismo tiempo, Andrade hizo preparativos minuciosos para las elecciones municipales desde más de un año antes, y logró que los electores tuvieran una expectativa positiva de él gracias a su buena gestión como alcalde distrital. Por añadidura, una parte de los votantes parece haber eludido la elección de otro hombre de origen japonés para la alcaldía de Lima, además del jefe de Estado (entrevista 17 1998a; entrevista 20: 1996). Luego de las elecciones municipales, Fujimori nombró a Yoshiyama como ministro de la presidencia, encargado de ejecutar la ayuda social y las medidas contra la pobreza y, de este modo, mostró su postura de oposición a Andrade. En enero de 1996, los nuevos alcaldes tomaron posesión del

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cargo y empezaron a trabajar como autoridades locales. Desde entonces, el gobierno de Fujimori tuvo fricciones con Andrade en cada asunto que se les presentara. Nada más en 1996, entre el gobierno central y la Municipalidad de Lima se produjeron diversas fricciones. Algunas de ellas fueron: (a) la demora en la autorización de un préstamo que la Municipalidad de Lima pidió al gobierno central; (b) el rechazo del Ministerio de Economía y Finanzas respecto de una solicitud de crédito que la Municipalidad de Lima quería presentar ante el BID; (c) la decisión gubernamental de transferir el Vaso de Leche7 y la jurisdicción de parques de la municipalidad provincial a las distritales; (d) el nombramiento unilateral de los directores de la Corporación de Desarrollo de Lima y el Callao (CORDELICA), por parte del Ministerio de la Presidencia, sin consultar con las autoridades de ambas provincias; y (e) la paralización de la privatización promovida por la Municipalidad de Lima debido a la dación de una ley que obligó que todos los procesos de privatización pasaran por la COPRI del gobierno central. Fujimori se precavió de la expansión de la fuerza política de Andrade con miras a la etapa posfujimorista. Sin embargo, las fricciones entre Andrade y Fujimori causaron entre muchos limeños la imagen de que el segundo obstaculizaba al primero. En 1994, Fujimori también se opuso a Belmont, anterior alcalde de Lima. Pero en aquel entonces este claramente carecía de iniciativas políticas y, además de esto, criticó duramente a Fujimori, quien gozaba de la confianza y apoyo popular. En esa ocasión, la mayoría de los limeños no respaldó a Belmont. En contraste, Andrade contó con la compasión de los limeños, porque en la situación en que Fujimori perdió su confianza y popularidad —como veremos en las próximas líneas— el conflicto entre el presidente y el alcalde de Lima se produjo antes de que la habilidad política del segundo fuese sometida plenamente a la prueba de los ciudadanos y, de este modo, persistió la expectativa hacia el burgomaestre. Al mismo tiempo, Andrade no criticó a Fujimori ni tan dura ni tan constantemente como su antecesor. Durante su mandato de 1996 a 1998, Andrade mantuvo siempre un alto nivel de popularidad: entre 62 y 75%, con un promedio de 70%. 7.

Es un programa —y la organización basada en este— para la alimentación de niños que distribuye la leche gratuitamente. El primer programa fue puesto en marcha por la Municipalidad de Lima bajo la administración izquierdista de Barrantes y, luego, se extendió a todo el país.

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Por otro lado, con miras a las siguientes elecciones municipales, previstas para 1998, Fujimori decidió conformar otro movimiento político, distinto de la alianza oficialista Cambio 90-Nueva Mayoría. Esta decisión parece haberse debido a que el mandatario entendió la debilidad de sus bases organizativas con ocasión de la derrota en las elecciones municipales de 1995. Tampoco deseó la aparición de un político competente y contrario a él mismo entre los alcaldes. El nuevo movimiento fujimorista sería nombrado Vamos Vecino (VV), como señalaremos en la sección 1 del siguiente capítulo.8

Manejo del Congreso a la defensiva, desde el comienzo hasta el fin Conforme se intensificó el conflicto entre Andrade y Fujimori, este dejó —pensando en una eventual y tercera postulación para la Presidencia de la República— la actitud de trabajar audazmente en diversos problemas, observada en el primer mandato, y tomó una actitud defensiva. Este cambio de actitud influyó también en la posición en el Congreso, donde el oficialismo ocupaba la mayoría de los escaños. Se notó marcadamente que el oficialismo desarrolló las actividades legislativas pasivamente, tendiendo a defender las políticas del primer mandato fujimorista de los ataques de la oposición. Al mismo tiempo, la misma actitud reflejó la experiencia de que con el fuerte liderazgo de Fujimori se superó la situación crítica de comienzos de los años noventa. En otras palabras, se optó por una serie de actividades para estabilizar la política, aunque fuese por la fuerza, bajo el liderazgo y protagonismo de Fujimori. Por ejemplo, respecto del Tribunal Constitucional,9 se modificó el criterio sobre las leyes que podría tratar como objeto de su jurisdicción 8.

Fujimori describe en sus memorias que el ex ministro de Agricultura, Absalón Vásquez, le propuso en 1995 la necesidad de consolidar las bases organizativas que más tarde conducirían a la creación de VV; y el presidente le dio el visto bueno (Fujimori 2003: 416). Sin embargo, Vásquez ocupó la cartera de Agricultura hasta abril de 1996. Se considera que este hizo la propuesta a Fujimori después de su renuncia al Ministerio de Agricultura. Por otro lado, esta descripción de Fujimori —al escuchar la propuesta de Vásquez, recién se dio cuenta de la debilidad en las bases organizativas— ilustra desde otro ángulo el desinterés de Fujimori respecto de la necesidad de conformar y consolidar organizaciones para hacer política. Véase el párrafo de este capítulo que termina con la nota 6.

9.

Fue creado de acuerdo con la Constitución Política de 1993 y comenzó a funcionar en 1996.

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en junio de 1996. Hasta entonces, el Tribunal podía tratar todas las leyes dadas en el lapso de seis años transcurridos. Después de la modificación, solo podía hacerlo dentro de los seis meses. Este cambio fue realizado con el objetivo de evitar que una serie de decretos ley, decretos supremos, leyes y otros dispositivos legales dados en el primer mandato de Fujimori, especialmente después del “autogolpe” de 1992, fuera sometidos al examen del Tribunal. Entre estas normas legales figuraban diversas leyes relativas a las medidas contrasubversivas, indultos a los militares y policías involucrados en la violación de los derechos humanos, así como la liberalización económica y el ajuste estructural: la privatización, la flexibilización del mercado laboral, la introducción del principio de mercado a la propiedad de los terrenos agrícolas, entre otros. Otro caso fue una ley que puso una condición restrictiva a la realización de un referéndum, mecanismo que había sido introducido en la Constitución Política de 1993 por iniciativa del fujimorismo. Empezando el año 1996, se inició el proceso de división y privatización de PetroPerú, la corporación pública petrolera. La oposición se mostró contraria a esta privatización y comenzó a recolectar firmas para pedir la realización de un referéndum sobre la misma. Según la ley reglamentaria sobre el referéndum, dada en 1994, se requerían las firmas de más del 10% de los electores, lo que significaba alrededor de un millón doscientas mil firmas en ese momento para pedir su realización. Ante la movilización de la oposición para recoger firmas, el oficialismo aprobó en abril de 1996 una ley modificatoria que establecía que, para pedir la realización del referéndum, además de las firmas de electores, su propuesta debía estar acompañada por una iniciativa que contara con la adhesión de más de 48 congresistas. Esta modificación significó que no habría la posibilidad de realizar un referéndum que Fujimori no deseara, a menos que se presentara una situación extrema, como la división de la alianza oficialista. Dados los antecedentes de la oposición, se preveía difícil que 48 de ellos pudiesen ponerse de acuerdo y tomar una acción conjunta. Además, debe considerarse que los congresistas oficialistas se incrementaron de 67, según el resultado de las elecciones, a 69 en julio de 1996, lo que fortaleció aun más la fuerza del oficialismo en el Congreso. Al poner una barrera para la realización de un referéndum, el fujimorismo se mostró incoherente con su lógica. Fujimori y sus seguidores se habían quejado duramente de que los partidos políticos existentes,

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dominados por un puñado de dirigentes, no representaban la voluntad del pueblo, y habían introducido así, en la Constitución Política de 1993, la figura de referéndum como un nuevo instrumento del pueblo para expresar su voluntad de manera directa y sin pasar por los partidos políticos y otras organizaciones. Sin embargo, en el segundo mandato, cuando su posición política cambió de un sentido ofensivo a uno defensivo, y se presentó la posibilidad de que se celebrara un referéndum en su contra, Fujimori clausuró inmediatamente dicha posibilidad. Se puede decir, también, que la experiencia de haber pasado por “un sudor frío” en el referéndum constitucional de 1993 dejó un trauma en Fujimori, de modo que era de esperar que el mandatario tuviera resistencia a la celebración de uno nuevo. Más tarde, la tercera postulación consecutiva de Fujimori causó una fuerte controversia, y parte del oficialismo propuso al jefe de Estado someter el tema a una consulta popular directa, lo cual fue rechazado por el mandatario.10 Entre las actividades oficialistas orientadas a buscar una estabilidad basada en el liderazgo de Fujimori, la eventual postulación del mandatario a las elecciones de 2000 fue la que causó más polémica y trajo cola hasta el último momento de su gobierno. El asunto comenzó en agosto de 1996, cuando el oficialismo forzó la aprobación de una ley que permitió la tercera postulación consecutiva de Fujimori a la Presidencia de la República. Los detalles de este asunto serán tratados en la sección 5 de este capítulo dado que, además de explicar los argumentos legales, debemos analizar sus efectos en el desarrollo político posterior a la aprobación. Aquí nos limitamos a señalar que debido a la aprobación legal de la eventualidad de que Fujimori fuera candidato por tercera vez, una parte de los peruanos empezó a evaluar negativamente al jefe de Estado: el mandatario intensificaba su carácter autoritario y pretendía quedarse en el poder por largo tiempo, 10.

En lo que se refiere a la modificación para condicionar la celebración de un referéndum, el oficialismo argumentó que, exigiendo únicamente la recolección de firmas, se podría presentar la situación en la que debiera realizarse un sinnúmero de referéndum por lo que, para controlar tal situación, se debía introducir la instancia de la deliberación en el Congreso. Sin embargo, este tipo de argumento se podría haber presentado en 1994, cuando se hizo la primera reglamentación; y aunque se puede esgrimir como la opinión del oficialismo, no constituye la razón directa de por qué en aquel entonces este impuso en el Congreso la aprobación de la ley que exigía una iniciativa legislativa como requisito de la realización de un referéndum.

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mientras que no existían resultados dignos de mención en el aspecto socioeconómico. Esta evaluación negativa constituyó una de las causas que disminuyeron la popularidad de Fujimori.

Baja la expectativa hacia Fujimori y su popularidad Además de lo mencionado, hubo dos acontecimientos sucedidos en agosto y noviembre de 1996 al margen de la intención y voluntad de Fujimori, pero que resultaron negativos para su imagen. El primero fue la declaración de Demetrio Chávez, capo de un cartel de la droga, respecto de sus relaciones con Montesinos. En agosto de 1996, Chávez se encontraba en el proceso judicial, y en la sala declaró que él había entregado al asesor del SIN cincuenta mil dólares mensuales por un año, entre 1991 y 1992. Durante el primer mandato, el mismo Fujimori reconoció públicamente que Montesinos había asumido la defensa de los detenidos por narcotráfico y había tenido relaciones profesionales con ellos. Sin embargo, la declaración de Chávez causó una gran repercusión en la opinión pública, porque fue por la primera vez que se dio un testimonio tan concreto sobre el lado oscuro de Montesinos en su periodo de trabajo en el gobierno de Fujimori. Judicialmente todavía queda por determinar la veracidad de esa declaración. Pero, en octubre de 1996, Barry McCaffrey, director de la Oficina de la Política Nacional del Control de Droga (Office of National Drug Control Policy, ONDCP) en la Casa Blanca, visitó el Perú y manifestó su apoyo a la política antidrogas del gobierno peruano. Estas palabras tuvieron el efecto de calmar la repercusión de la declaración de Chávez en el enfrentamiento interno entre oficialismo y oposición. La manifestación de McCaffrey fue interpretada como un otorgamiento indirecto de confianza al asesor del SIN, y desde entonces disminuyeron las críticas de la oposición al respecto. Sin embargo, las palabras de McCaffrey no llegaron a la gente común. Muchos peruanos continuaron con la idea de que Fujimori defendía a una persona que había tenido vínculos con los cárteles de la droga (entrevista 08: 1996). Se empañó la imagen de Fujimori, con el consiguiente menoscabo de su popularidad. En aquel entonces, los Estados Unidos evaluaron positivamente la política antidrogas del Perú porque, a principios de 1995, el gobierno de Fujimori dio el consentimiento oficial a la propuesta norteamericana sobre la realización de una operación militar tendiente a controlar los vuelos

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de las avionetas que, ilegalmente, transportaban la droga del Perú a Colombia; y, en realidad, desde el mismo año comenzó dicha operación. Junto con el control de las avionetas desde 1995, se realizó la operación de erradicación de las plantaciones de coca, las que disminuyeron cada año tanto en extensión cuanto en producción (véase el cuadro 5.4). Estos resultados en la política antinarcóticos constituyeron la única tarjeta que el Perú de Fujimori pudo mostrar a los Estados Unidos.11 El otro acontecimiento sucedió en noviembre de 1996, y tuvo que ver con el general en retiro Robles, quien en 1993 había criticado a Montesinos y a las Fuerzas Armadas debido a su descontento con el cambio de su puesto y, luego, había salido hacia Argentina. Después de permanecer allí por un tiempo, Robles regresó al Perú y se sumó al lado opositor. Guiado por su ambición política, hizo críticas a la cúpula militar. Al escucharlas, Hermoza, el presidente del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, montó en cólera y mandó detener a Robles. Empezando el mes de diciembre, Fujimori ordenó perdonarlo y, de este modo, se superó finalmente este problema. De todas maneras, este caso fue difundido en todo el Perú como un incidente de violación de los derechos humanos por parte de las Fuerzas Armadas, y también perjudicó la imagen del gobierno de Fujimori. En el gobierno de Fujimori, el caso de Robles llegó a convertirse en el problema respecto de la destitución de Hermoza. Este fue cuestionado por su juicio ligero y por su responsabilidad en la emisión de la orden de detención. De modo que se decidió también el cambio de Hermoza. Al parecer, Montesinos pretendía expandir su influencia utilizando el terrible error 11.

Después de firmar, en mayo de 1991, el convenio sobre la política antidrogas, el Perú y los Estados Unidos, en colaboración, dieron inicio en 1992 al control de las avionetas con droga, que dio cierto resultado (Bowen y Holligan 2003: 199), aunque la producción de la coca no bajó tanto hasta 1995. La administración de Clinton, instalada en 1993, dio importancia en un principio al lado de la demanda, más que al de la oferta de la droga, y no presentó ninguna línea clara respecto de sus relaciones con el Perú. Pero en las elecciones intermediarias de 1994, el Partido Republicano incrementó su fuerza y, en esta situación, Clinton empezó a insistir en la política contra la droga que daba énfasis al lado de la oferta. Así, se originó el acuerdo de 1995 entre el Perú y los Estados Unidos. Por otro lado, la reducción en la producción de la coca se debió también a la propagación de una epidemia artificial que arruinó la coca, y al cambio de una política en el lado de la oferta por parte de los cárteles de Colombia, además de la operación de control (McClintock y Vallas 2003: 119-129). Sobre el problema de la droga y las medidas contra esta, véase también Álvarez (1995; 1998), Cotler (1999), Kay (1999), Rementería (1995) y Rojas (2005).

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Fuentes: State (1999-2000).

196.900

0

Hectáreas erradicadas

Producción (ton.)

121.300

1990

Hectáreas cultivadas

Año

222.700

0

120.800

1991

223.900

0

129.100

1992

155.500

0

108.800

1993

165.300

0

108.600

1994

183.600

0

115.300

1995

174.700

1259

94.400

1996

130.600

3462

68.800

1997

Cuadro 5.4 datos sobre el Cultivo de CoCa en el Perú en la déCada de 1990

95.600

7825

51.000

1998

69.200

13.800

38.700

1999

60.975

6200

34.100

2000

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cometido por este. Sin embargo, a mediados de diciembre, se produjo la toma de la residencia del embajador japonés, y el cambio de Hermoza fue postergado, porque la circunstancia se tornó inoportuna para el cambio del comandante máximo de las Fuerzas Armadas (entrevista 12: 1997a). Ahora recapitularemos lo escrito en esta sección desde otro ángulo: el de la expectativa y apoyo a Fujimori. En las elecciones de 1995, muchos peruanos dieron su apoyo a Fujimori esperando la mejora en el aspecto socioeconómico. Su interés principal fue la superación de los problemas del empleo y la pobreza. Sin embargo, la situación socioeconómica no mejoró; más bien se encontraba en mal estado y frustró la expectativa del pueblo peruano. El resultado de la encuesta sobre la perspectiva del estado económico familiar reflejó el desencanto de la expectativa popular. Hasta principios de 1996, la tendencia fuerte fue optimista. Muchos optaron por “mejorará”. Pero gradualmente comenzó a expandirse la tendencia pesimista de “empeorará” y, a fines de 1996, el optimismo y el pesimismo se encontraban en el mismo nivel. Desde 1997, la tendencia fuerte fue la pesimista. La aprobación presidencial también bajó en forma paralela a la tendencia descendente de la expectativa, debido al problema económico. Hasta principios de 1996, la aprobación presidencial superó el 70%: un alto nivel, compartido con las buenas perspectivas sobre el futuro económico familiar. A lo largo de ese año, la popularidad de Fujimori bajó gradualmente, llegando finalmente hasta menos del 50%, en el mismo nivel que su desaprobación (véase el cuadro 5.5). Mientras bajaba el entusiasmo hacia Fujimori, ocurrieron varios problemas políticos como el conflicto con el burgomaestre limeño Alberto Andrade, la ley que abrió el camino a la tercera postulación consecutiva, la sospecha de las relaciones entre Montesinos y el capo de un cartel de la droga, y el exceso militar. Sin embargo, ellos constituyeron causas secundarias para bajar la popularidad de Fujimori. De acuerdo con las encuestas que preguntaron las razones de desaprobación de Fujimori (véase el cuadro 5.6), las respuestas más frecuentes fueron el problema del desempleo y la situación económica; con menor frecuencia los encuestados se refirieron a las razones de tipo político como su estilo autoritario, la presencia de Montesinos, o la corrupción.12 12.

De las razones de la desaprobación de la gestión presidencial, la respuesta “su estilo autoritario” tiene la tendencia de que su porcentaje aumenta a medida que se suben

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ene.

16

Desaprueba

52

20

47

22

10

Ha sido igual

Ha empeorado

Mejorará

Será igual

Empeorará

17

21

41

34

42

23

22

66

feb.

-

-

-

-

-

-

25

64

Mar.

25

25

30

34

45

19

28

62

abr.

26

24

30

38

46

13

30

59

May.

24

31

32

38

43

18

27

65

jun.

19

25

38

31

47

21

32

58

jul.

25

28

30

37

45

17

27

62

ago.

25

27

31

32

47

20

30

60

seP.

26

33

27

42

44

14

40

55

oCt.

28

24

32

43

40

17

45

52

nov.

29

29

29

40

45

14

46

45

diC.

23

26

33

35

45

18

31

60

anual

ProMedio

Fuente: Elaboración propia sobre la base de Informe de opinión, enero-diciembre de 1996. Nota: “Situación económica familiar” se basa en los datos de las preguntas, tanto sobre dicha situación dentro de un año o medio año (cifras debajo de la línea de puntos) como sobre la misma en relación con hace un año o medio año (cifras encima de la línea de puntos). Tanto en la aprobación presidencial como en la situación económica, los datos de “no precisa” no están incluidos. El signo – significa que no fue realizada la investigación.

27

Ha mejorado

situaCión eConóMiCa faMiliar

75

Aprueba

aProbaCión PresidenCial

Mes

Cuadro 5.5 niveles de aProbaCión PresidenCial y exPeCtativas sobre la situaCión eConóMiCa en 1996 (en PorCentaje)

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Cuadro 5.6 razones de la desaProbaCión PresidenCial (en PorCentaje) oCt. 1996 55 51 35 –

feb. 1997 43 30 23 21

Mar. 1997 61 44 23 24

jun. 1999 85 55 48 43

Continuar en el poder después de 2000

23

14

15

33

Presencia de Montesinos

19







No hay empleo/pobreza Situación económica Su estilo autoritario Corrupción

Fuentes: Elaboración propia sobre la base de Informe de opinión, octubre de 1996, febrero y marzo de 1997, junio de 1999. Nota: El signo – significa que la alternativa no fue incluida en la encuesta.

Entre 1997 y mediados de 1999, la desaprobación presidencial superó a la aprobación. El promedio anual de aprobación fue de 75% en 1995 las escaleras sociales, mientras baja según se descienda en las mismas. Esta tendencia confirma que las clases más bajas tienen el carácter más “plebiscitario”. Carrión (1999) y Stokes (1999) también analizan desde otro ángulo la tendencia de la popularidad de Fujimori hasta 1997. A diferencia de nuestro análisis, el primero concluye que la evaluación de la actual situación económica familiar tenía que ver con el nivel de la popularidad. Sin embargo, analiza solamente la respuesta positiva (“ha mejorado”), y no toma en consideración el hecho de que, como señalan el cuadro 3.3 y el cuadro 5.7, en contadas ocasiones la respuesta “ha mejorado” superó la opción negativa (“ha empeorado”), y la tendencia general fue la evaluación negativa en torno de la actual situación económica familiar (Murakami 2000a: 110-111). Por otro lado, Stokes (1999) analiza que el nivel de la inflación y el desempleo tenían que ver con el de la popularidad presidencial y, en la etapa inicial, también el nivel del salario tuvo cierta influencia. Pero pensamos que es imposible explicar coherentemente desde el primer mandato hasta el segundo el nivel de la popularidad presidencial con el factor de la inflación y desempleo, dado que los intereses políticos de la gente cambiaron con el paso de tiempo, como lo indica el cuadro 2.4. Tampoco Arce (2002) toma en consideración el cambio de los intereses políticos de la gente, al presentar observaciones al análisis de Weyland (2000) e insistir en que la situación de la subversión tenía que ver con el nivel de la popularidad presidencial. En cualquier caso, un estudio estadístico hecho por Kelly (2003) apoya nuestra tesis —la expectativa hacia el futuro constituye el factor más importante de la popularidad presidencial—. A este respecto, véase también Arce y Carrión (2010) y Camacho (2010).

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(entre agosto y diciembre), pero en 1996 bajó al 60% y, luego, quedó en el mediocre nivel de 41% en 1997, 40% en 1998, y 46% en 1999 (véase el cuadro 5.7). Particularmente en 1997 y 1998, se extendió entre el pueblo peruano la percepción de que el desempeño de Fujimori ya había terminado, y la desaprobación llegó a superar a la aprobación en más de diez puntos. Debido a esta situación, el promedio de la aprobación en todo el segundo mandato fue inferior al del primer mandato. Mientras en el primer mandato el promedio de aprobación registró el 61%, superando en mucho al promedio de desaprobación, del 28%, en el segundo mandato el promedio de aprobación bajó al 50%, y el promedio de la desaprobación subió al 42%. 3.

Conflicto en el entorno presidencial

La renuncia de Santiago Fujimori En 1996, cuando Fujimori no supo responder a la expectativa popular en el aspecto socioeconómico y perdió popularidad, salió a la superficie un desafortunado conflicto en el entorno presidencial. En el primer mandato, especialmente desde 1992, Yoshiyama, Montesinos y Santiago Fujimori fueron los tres allegados que tenían las relaciones más estrechas con el presidente. Fujimori distribuyó diversas funciones entre ellos, con quienes se comunicaba de forma personal y directa. En un principio, mantuvo relaciones equidistantes con cada uno, creándose entre los tres una situación de delicado equilibrio. Esta se mantuvo de una u otra forma durante el primer mandato, aunque llegaron a producirse algunas fricciones entre ellos. Sin embargo, entre fines del primer mandato y comienzos del segundo, el equilibrio entre los tres comenzó a perderse y se alejaron del gobierno, primero, Santiago Fujimori en abril de 1996 y, luego, Yoshiyama en septiembre del mismo año. De este modo, Montesinos quedó como el único allegado más cercano a Fujimori. Al mismo tiempo, además de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, que desde 1992 se encontraban bajo su fuerte influencia, Montesinos llegó a tener un fuerte control del Poder Judicial y la Fiscalía —donde hasta entonces había tenido solamente cierta influencia—, y finalmente de todo el gobierno. Entre bastidores se expandieron diversos indicadores de corrupción, y aumentó la presión política contra la oposición. Analizamos primero el caso de Santiago Fujimori. Fue el cambio de gabinete ministerial producido a principios de abril de 1996

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Cuadro 5.7 aProbaCión PresidenCial en el segundo Mandato de fujiMori (ProMedio anual, en PorCentaje) año

1995

1996

1997

1998

1999

2000

Aprueba

75

60

41

40

46

53

Desaprueba

17

31

52

52

47

38

81

65

43

37

39

40

Mediano

71

56

37

32

38

40

Bajo-alto

73

58

39

38

44

50

Bajo-bajo

78

64

44

44

49

62/60

aProbaCión PresidenCial Total

estratos soCiales aPrueba Alto

54/51 desaPrueba Alto

14

28

51

57

55

51

Mediano

20

36

55

61

55

52

Bajo-alto

18

32

53

54

48

42

Bajo-bajo

14

27

48

47

44

30/30

36/38 gruPos de edad aPrueba 18-24

78

66

45

42

48

51

25-39

75

61

42

40

47

56

40-70

72

55

37

37

43

49

desaPrueba 18-24

15

27

48

52

46

40

25-39

15

30

50

52

44

34

40-70

20

35

55

54

50

42 sigue...

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...viene

año

1995

1996

1997

1998

1999

2000

Mejorará

51

33

25

23

26

33

situaCión eConóMiCa faMiliar Será igual

18

26

29

26

27

23

Empeorará

11

23

29

34

30

17

Ha mejorado

28

18

10

11

10

13

Ha sido igual

48

45

45

40

39

46

Ha empeorado

24

35

43

48

51

40

Fuente: Elaboración propia sobre la base de Informe de opinión, agosto de 1995-julio de 2000. Notas: Las cifras son el promedio anual de las encuestas realizadas en cada mes. La cifra de 1995 es el promedio de las encuestas entre agosto y diciembre del año; y la de 2000, entre enero y julio del mismo. En septiembre de 1999, el estrato Bajo-bajo fue dividido en dos, y desde entonces los resultados han sido presentados con los cinco estratos (Alto, Mediano, Bajo-alto, Bajo-mediano y Bajo-bajo). La cifra en el “Bajo-bajo” y “1999” (49 de aprobación y 44 de desaprobación) es el promedio entre enero y agosto del año. Las cifras de debajo (54/51 de aprobación y 36/38 de desaprobación) son las de Bajo-medio (la izquierda) y Bajo-bajo (la derecha). Las cifras de 2000 están indicadas en la misma manera. “Situación económica familiar” se basa en los datos de las preguntas tanto sobre dicha situación dentro de un año (cifras debajo de la línea de puntos) como sobre la misma en relación con hace un año (cifras encima de la línea de puntos). Tanto en la aprobación presidencial como en la situación económica, los datos de “no precisa” no están incluidos.

lo que constituyó la causa directa de su salida. El cambio fue realizado por el jefe de Estado, quien hizo la consulta con Yoshiyama y Montesinos, sin avisar previamente a Santiago Fujimori, en absoluto. Lo peor de todo fue que ninguno de los ministros pertenecientes al equipo de Santiago Fujimori fue ratificado en el nuevo gabinete. Hasta entonces, Santiago Fujimori había reunido a personas de su confianza y conformado un equipo donde cada una tenía relaciones orgánicas con la otra, para trabajar en el asunto económico y otros. Especialmente al comenzar el segundo mandato, el gabinete ministerial se conformó bajo la fuerte influencia de Santiago Fujimori, y diversas personas, como Dante Córdova, de su grupo, asumieron el cargo ministerial. Córdova fue nombrado Primer Ministro y ministro de Educación. Sin embargo, con el cambio de gabinete de abril de 1996, todos los hombres

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de Santiago Fujimori se vieron desaforados sin previo aviso, y el asesor presidencial quedó literalmente aislado, sin ayuda alguna en el gobierno. Cuando ocurrió el cambio, Santiago Fujimori fue “dejado colgado” y su equipo desapareció. El hermano del presidente renunció como asesor presidencial, pensando que sin equipo no podría cumplir con las tareas que se le encargaran, en caso de que continuara en el gobierno.13 Aunque la causa directa fue el mencionado cambio de gabinete, el trasfondo de la ruptura data de fines del primer mandato de Fujimori. Primero, se produjo el conflicto entre Yoshiyama y Santiago Fujimori. En un principio, ambos se llevaron en excelentes términos, en parte debido a su común origen japonés. Sin embargo la primera fricción sucedió a principios de 1993. En aquel entonces, Santiago Fujimori presentó al CCD, como parte de la reforma tributaria nacional, un proyecto de ley para eliminar algunas facultades administrativas de la Policía, como las relativas a la tributación. Pero Yoshiyama, presidente del CCD, no trató el tema en la discusión en el Congreso debido a la oposición de Montesinos al proyecto. De este modo, entre Yoshiyama y Santiago Fujimori se abrió una pequeña brecha, que se convirtió en un distanciamiento mayor con ocasión de dos acontecimientos. El primer acontecimiento sucedió a principios de 1994, en torno de una encuesta. En aquel entonces, el entorno fujimorista decidió realizar una encuesta en el ámbito nacional. Yoshiyama manejó el asunto y pretendió encargar la encuesta a una compañía encuestadora recién creada por un conocido suyo. Luego de conocer el presupuesto presentado por la compañía, Santiago Fujimori consultó con otra compañía encuestadora que ya había acumulado cierto grado de experiencia y el costo resultó la mitad, con el mismo contenido de preguntas. Este asunto no se complicó más, porque el mandatario juzgó que no sería un inconveniente encargar la encuesta a la compañía recomendada por Yoshiyama, y Santiago Fujimori no volvió a cuestionar el servicio de dicha compañía. De todas maneras, el incidente profundizó la fisura entre ambos. El otro acontecimiento que los enfrentó fue la construcción mal hecha de una carretera provincial, descubierta más o menos en la misma época que el primer acontecimiento. En aquel entonces, el gobierno peruano

13.

La descripción sobre el entorno presidencial en esta sección se debe a la entrevista 20 (1995d) y la entrevista 33 (1998a; 1998b).

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impulsó un plan de mejoramiento de las carreteras provinciales. Pero se descubrió que la calidad de la obra en una provincia fue tan mala que, apenas después de unos meses, la pavimentación se malogró. La construcción había estado a cargo de una compañía que tenía que ver con Raúl Vittor, quien fue uno de los hombres de Yoshiyama y asumió el cargo de ministro de Educación y de la Presidencia en 1993 y 1994, respectivamente. La compañía en cuestión se negó a hacer la reparación; Santiago Fujimori criticó a Vittor, pero Yoshiyama defendió al miembro de su grupo. Sin embargo, fueron las opiniones contrapuestas sobre la estrategia electoral las que definitivamente empeoraron las relaciones y profundizaron las fisuras existentes entre Yoshiyama y Santiago Fujimori. El incidente sucedió a mediados de 1994. Con vista a las elecciones de 1995, la preparación y realización de la campaña electoral del oficialismo fueron impulsadas principalmente por Yoshiyama, quien había renunciado a ser candidato para el Congreso. En una reunión de preparación, Yoshiyama explicó la estrategia electoral, y Santiago Fujimori propuso algunas modificaciones. Aquel reaccionó con fuerza contra la propuesta de este, y luego hubo un intercambio de palabras agresivas entre los dos. A consecuencia de ello, se rompieron las relaciones entre ambos. Para elaborar la lista de candidatos para el Congreso, Yoshiyama convocó a las personas con el título de posgrado conseguido en el extranjero y mayoritariamente oriundas de Lima. Santiago Fujimori no se pudo quedar con los brazos cruzados; convenció al Presidente de la República de la idea de buscar personas con una fama reconocida en provincias. De esta manera, fue elaborada la lista oficialista más descentralizada que las de la oposición (véase la sección “Preparativos de Fujimori para la segunda postulación a la presidencia” de “3. Lecciones del referéndum constitucional”, en el capítulo IV). El hermano del presidente también se encargó de hacer coordinaciones para marcar una zona de campaña de cada candidato, y de este modo evitar la pelea entre los aspirantes a los escaños por los votos en ciertas partes del país. Más tarde, después de las elecciones presidenciales y congresales de 1995, Yoshiyama y Santiago Fujimori se enfrentaron de nuevo respecto de si el oficialismo debería presentar candidatos o no en las elecciones municipales previstas para noviembre del mismo año. Como señaláramos antes, Santiago Fujimori fue de la opinión de que su hermano debía guardar la legitimidad política —sin exponerlo a ningún riesgo de merma— derivada

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del alto nivel de apoyo recibido en las elecciones de 1995. Al mismo tiempo, el asesor presidencial insistió en que el oficialismo tenía un limitado número de personas capaces, y en el segundo mandato toda la capacidad y energía que se tuvieran deberían estar dirigidas a la profundización de la reforma para el desarrollo nacional, por lo que el oficialismo no podría también encargarse de las municipalidades. Al contrario, Yoshiyama opinó que el oficialismo debería presentar candidatos en las elecciones municipales de 1995; él presumía de ser el sucesor de Fujimori y tenía la aspiración a candidatear para la alcaldía de Lima.14 Como hemos señalado en la sección anterior, Fujimori decidió finalmente concentrarse en presentar candidatos solamente para la provincia de Lima y la provincia constitucional del Callao. Mientras las relaciones entre Yoshiyama y Santiago Fujimori empeoraban, se abrió también una brecha psicológica entre este y el presidente. Esto comenzó cuando Fujimori vivió —entre mediados de octubre de 1992 y el fin del primer mandato— en el local del SIN, en lugar del Palacio de Gobierno, por razones de seguridad. Durante este periodo, Montesinos parece haber infundido en el Presidente diversas ideas, y el mandatario empezó a cambiar de actitud hacia su hermano; al mantener el Palacio de Gobierno sin amo, corrió una vez el rumor, completamente infundado, de que “Santiago Fujimori está gobernando”, lo que molestó al jefe de Estado. Para mediados de 1994, las relaciones entre el presidente y Santiago Fujimori se enfriaron. No obstante, Santiago Fujimori creyó en las relaciones de confianza entre hermanos y pensó que, al fin de cuentas, el presidente entendería que él no tenía mala fe alguna. Por eso, no dio mucha importancia al cambio en sus relaciones con el mandatario y, como antes, continuó haciendo diversas propuestas y sugerencias al presidente, incluso a veces opiniones o comentarios que “le tocaron donde le dolía”. Como hemos señalado en la sección 3 del capítulo IV, Santiago Fujimori aconsejó al presidente a mediados de 1994 no presentarse a las elecciones presidenciales de 1995.

14.

Frecuentemente dicen que Fujimori consideraba a Yoshiyama como su sucesor. Pero, como hemos señalado, Fujimori pensaba en su tercera postulación a la Presidencia de la República ya alrededor del día de la votación en las elecciones de 1995, y no tuvo ningún motivo para pensar en alguien como su sucesor en 1995 y 1996. Yoshiyama presumía de serlo, quizás porque fuera halagado por Montesinos y sus adláteres.

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Comentó entonces que merecía considerarse la alternativa de bajar al llano esta vez, esperar un periodo presidencial y buscar el retorno al poder en las elecciones presidenciales de 2000, porque en el segundo mandato se requeriría otro tipo de liderazgo que en el primero. No solamente el presidente no escuchó este consejo, sino que también empezó a alejarse de su hermano, quien a veces hacía consejos y sugerencias que no le sonaban a música celestial. Para fines de 1994, el Presidente se comunicaba con Santiago Fujimori básicamente por vía telefónica, en lugar de hablar cara a cara. Fue Montesinos quien hábilmente aprovechó la oportunidad para su utilidad personal. El ex capitán utilizó al máximo el periodo en que Fujimori vivió en el SIN para que la confianza del Presidente en él fuera absoluta, y se acercó calculadamente a Yoshiyama, quien no se llevaba bien con Santiago Fujimori. No sería nada extraño que Montesinos halagara a Yoshiyama, diciendo que el Presidente lo consideraba como su sucesor. De todas maneras, hubo una razón más fundamental para que Montesinos considerara a Santiago Fujimori como un enemigo. Esta fue que este estaba por emprender una gran reforma que abarcaba todos los órganos del Estado. La reforma intentada por el hermano del presidente consistió principalmente en la reorganización radical tanto de los ministerios como de sus funciones y desempeños, orientada a ejecutar el desarrollo de mediano y largo plazo, así como la reforma drástica de la Policía Nacional y el Poder Judicial. Este tipo de reforma es llamada a veces “la reforma de segunda generación”, que viene después de una estabilización económica como la hecha por el gobierno de Fujimori en su primer mandato. Montesinos se inquietó por la probabilidad de que la reforma llegara a la Policía Nacional y al Poder Judicial, en los que él tenía influencia, y que sus “intereses” fuesen transgredidos. En el primer mandato, Santiago Fujimori había impulsado o pretendido promover una parte de la reforma del Estado, y ya entonces había chocado con Montesinos. Por ejemplo, en 1990, cuando se instaló el gobierno del primer mandato, las personas del grupo montesinista fueron nombradas tanto en el cargo de ministro de Justicia, como en los de jefes de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT) y la Superintendencia Nacional de Aduanas (SUNAD); pero no dieron resultados en la erradicación de la corrupción y la reforma interna. El desafío principal de esta fue la mejora de la capacidad recaudadora en el caso de la SUNAT y la SUNAD, y la reforma del sistema penitenciario en el caso

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del ministerio. El presidente consultó con Santiago Fujimori sobre estos problemas, y en 1991 las personas que él recomendó asumieron los tres cargos. Hubo un fruto visible, lo que motivó en Montesinos una hostilidad contra el hermano del presidente. Por otro lado, en 1993 se incrementó temporalmente la modalidad del secuestro entre la delincuencia común, y la Policía no respondía más que insuficientemente contra dicha amenaza. Frente a ello, Santiago Fujimori propuso al presidente una reforma de la Policía Nacional a fines del mismo año, o a comienzos de 1994. Fujimori aceptó la propuesta. Sin embargo, sin pasar más que unos días, se dejó convencer por la opinión de Montesinos y rechazó finalmente la propuesta de su hermano (entrevista 17: 1998b). Montesinos ya no podía tolerar la presencia de Santiago Fujimori, quien estaba por envolverse a fondo en la gran reforma del Estado, luego de la reelección de Fujimori en los comicios de 1995. La actitud de trabajar plenamente en “la reforma de segunda generación” desde 1995 empujó a otro poderoso al lado hostil a Santiago Fujimori. Se trató de Jorge Camet, ministro de Economía y Finanzas. En la idea de la reorganización de los ministerios estaba incluida la reducción de las funciones de este poderoso ministerio, que controla todas las funciones y facultades sobre la distribución y ejecución del presupuesto. Concretamente, Santiago Fujimori pensaba transferir una parte de sus facultades y funciones a otros ministerios y encargar a estos la responsabilidad de fomentar la industria y otros rubros. Camet reaccionó en contra de esta propuesta. Esta fue la continuación del conflicto de 1993 entre ambos, en torno de una nueva oficina para elaborar un plan de desarrollo de mediano y largo plazo, como hemos señalado en la sección 1 del capítulo III. Camet parece no haber quedado a la zaga de Montesinos en la corrupción, porque durante su mandato en el ministerio aprovechó su estatus para dar grandes beneficios a la compañía constructora administrada por un familiar. Al igual que en el caso de Montesinos, Santiago Fujimori chocó contra el obstáculo de la corrupción y los intereses establecidos que tenían que ver con Camet. De este modo, Santiago Fujimori fue cercado hasta ser expulsado del gobierno.

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La influencia de Montesinos se consolida y la reforma retrocede Aunque quedó desilusionado por el poco entusiasmo del presidente en torno de la profundización de la reforma,15 Santiago Fujimori tuvo mucha influencia en la selección de personas para el primer gabinete del segundo mandato fujimorista, y pretendió impulsar la reforma en la práctica. Sin embargo, sus esfuerzos se estancaron sin pasar mucho tiempo, ya que chocaron con la oposición de Montesinos, Camet y otros, señalados anteriormente. Al mismo tiempo, esto se debió a que Santiago Fujimori no pudo contar con el entendimiento y respaldo del presidente, cuya percepción sobre su hermano ya había cambiado. Podemos decir que fue un error del mandatario, quien se obsesionó tanto por el poder que no logró entender y evaluar adecuadamente la necesidad e importancia de los consejos de Santiago Fujimori. O quizás debamos interpretar la actitud del jefe de Estado como un estrecho margen de generosidad o tolerancia para alguien que de buena fe le brindó consejos que no eran de su agrado. De todos modos, ya alrededor de septiembre de 1995, Santiago Fujimori tuvo el deseo de abandonar el gobierno. No presentó su renuncia inmediatamente porque los ministros recomendados por él lo persuadieron para que no renunciara, insistiendo en que no debería dejar sus responsabilidades a medias ni abandonarlos, ya que recién comenzaba el segundo mandato. Sin embargo, el inconsulto cambio de gabinete de abril de 1996, ya mencionado, en el que no ratificaron al Primer Ministro y otros pertenecientes a su grupo, precipitó su renuncia.16 El hecho de que Santiago Fujimori perdiera influencia y finalmente se fuera del gobierno constituyó una de las razones de por qué la reforma del Perú perdió la fuerza propulsora interna, con el consiguiente

15.

Véase la sección 2 de este capítulo.

16.

El episodio de Santiago Fujimori mostró también los límites que enfrentan los esfuerzos por la reforma hechos por una sola persona o un solo grupo dentro de un gobierno. Idealmente hablando acerca de la reforma, debería haberse presentado una perspectiva concreta y haber hecho esfuerzos por llegar a un nivel de consenso nacional o entendimiento más amplio posible en torno del plan general. Si lo hubieran hecho, habría cabido la posibilidad de que se creara un consenso sobre el camino a recorrer, claramente señalado y sin cambio de dirección, aunque la persona o el grupo que indicó el camino se retirara de los puestos dirigentes.

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estancamiento del gobierno. Luego de la renuncia de Santiago Fujimori, en diciembre de 1996, el Congreso aprobó una ley sobre la reforma administrativa, pero que se limitó a modificar solamente una pequeña parte de la estructura organizativa del gobierno, y no tuvo el contenido renovador y original de una perspectiva de desarrollo de mediano y largo plazo y de un nuevo rol del Estado. Más que una reforma drástica, sustancialmente resultó ser la continuación de lo que ya había. En relación con el Poder Judicial no solamente la reforma quedó detenida, sino que incluso retrocedió considerablemente con la enorme expansión de la influencia de Montesinos. Para realizar dicha reforma, en noviembre de 1995 se creó la Comisión Ejecutiva del Poder Judicial; la que en junio de 1996 recibió facultades más fuertes que las del presidente de la Corte Suprema. También en este último mes se creó la Comisión Ejecutiva del Ministerio Público, con el mismo rango de facultades. Desde la segunda mitad de 1996, Montesinos empezó a ejercer una profunda influencia en ambas comisiones ejecutivas. De este modo, ellas se convirtieron en el instrumento de Montesinos para controlar el Poder Judicial y el Ministerio Público, desviándose del objetivo original.17

17.

Belaúnde (1998), Finkel (2008), García y Vallenas (2000), Hammergren (1998) y otros analizan la reforma del Poder Judicial en el Perú. Desde el “autogolpe” de 1992, el cargo de Fiscal de la Nación (jefe del Ministerio Público) estuvo en manos de personas fujimoristas. Particularmente Nélida Colán, quien asumió dicho cargo a fines de mayo de 1992 por recomendación de su conocido, Yoshiyama. Ella estrechó sus relaciones con Montesinos y quedó como la persona más poderosa en el Ministerio Público hasta la última etapa del gobierno de Fujimori. Después de presidir el Ministerio Público como Fiscal de la Nación provisional, en enero de 1994 asumió el cargo como titular. En julio de 1995, cuando se creó una polémica sobre cómo interpretar el mandato de tres años del Fiscal de la Nación establecido en la Constitución Política de 1993, el Congreso aprobó con el respaldo del oficialismo una ley de interpretación sobre el tema, y especificó que el periodo del cargo provisional no se consideraría como parte del mandato establecido en la Constitución Política. Gracias a esta ley, Colán quedó en el máximo cargo de la Fiscalía de la Nación hasta enero de 1997. Desde junio de 1996, Colán asumió también la presidencia de la Comisión Ejecutiva del Ministerio Público. En enero de 1997, Colán fue reelegida como Fiscal de la Nación para cumplir con el mandato de dos años, tal como está establecido sobre la reelección en la Constitución Política. Sin embargo, ante las duras críticas a su actitud profujimorista, a unos días de su elección renunció repentinamente al cargo, y otra persona fue elegida como Fiscal de la Nación. Aunque Colán cedió el cargo a otra persona, continuó gozando del poder real en el Ministerio Público, porque ocupó la presidencia de la Comisión

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Además, quedó perjudicado el proceso de privatización, en el cual Santiago Fujimori también estaba involucrado (véase el cuadro 5.1). Después de su renuncia el gobierno continuó con la privatización y el otorgamiento de concesiones al sector privado, planeados en 1995 cuando todavía el hermano del presidente estaba en el gobierno, pero el proceso se desaceleró a partir de 1997, cuando se concluyó con todo lo planeado con la colaboración de Santiago Fujimori. Desde entonces, nunca se elaboró en el gobierno plan alguno sobre el tema con una perspectiva de algunos años por delante.18 Ahora veamos la renuncia de Yoshiyama. Su caso fue más simple: al carecer de habilidad y talento para la política, fue aplastado fácilmente por el excelente táctico Montesinos. Algunos atribuyen a las declaraciones que en agosto de 1996 hizo Chávez, el capo de un cártel de la droga, el Ejecutiva de dicha institución, que tenía facultades más fuertes que la Fiscalía de la Nación. De nuevo elegida como Fiscal de la Nación en enero de 2000, Colán quedó en el cargo hasta que Fujimori la obligó a renunciar en noviembre del mismo año. El Fiscal de la Nación se elige entre los seis fiscales supremos. 18.

El estancamiento de la privatización se debió, por otro lado, a que el gobierno no hizo suficiente campaña de difusión sobre el efecto expansivo de crear indirectamente oportunidades de nuevas inversiones y en la creación de empleo. Se difundió como imagen general solamente la secuela de la reducción de personal y, alrededor de 1995, era fuerte en la sociedad peruana la corriente contraria a la privatización. Al mismo tiempo, la desaceleración de la privatización se atribuyó también a que quedaron cada vez menos compañías públicas por vender; entre las que todavía se encontraron en manos del Estado hubo algunas importantes por su impacto social, como la de la electricidad y la del agua, y su privatización podía provocar fuertes críticas contra el gobierno de Fujimori, en medio de la depresión económica y de su baja popularidad. Fue en este contexto de la política interna que, a principios de 1998, Fujimori hizo una declaración sorprendente para muchos inversionistas: “no soy muy partidario de la privatización” (Bowen 2000: 334). Sin embargo, después de las elecciones de 2000, el gobierno de Fujimori pretendió revitalizar el proceso de privatización y el otorgamiento de concesiones. Como indicó esta actitud de Fujimori, fue necesario para el Perú continuar llevando a cabo la privatización, ya fuera en la modalidad de venta o en la de otorgamiento de concesiones, con el objetivo de atraer la inversión extranjera y cubrir así la falta de capital interno. En caso de que llevar a cabo la privatización en su modalidad de venta fuera difícil por una u otra razón, se podía promover, ingeniando la manera, la inversión privada bajo la modalidad de otorgamiento de concesiones. La renuncia de Santiago Fujimori en 1996 fue la mayor razón de por qué el gobierno de Fujimori no pudo proponer y planear la mencionada política de privatización y otorgamiento de concesiones.

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motivo por el que empeoraron las relaciones entre ambos, quienes habían marchado al mismo paso para expulsar a Santiago Fujimori del gobierno. Chávez declaró sobre sus relaciones con Montesinos, en agosto de 1996, básicamente que este se dejó sobornar por el narcotraficante. Esto significaba para el grupo de Yoshiyama una oportunidad para desplazar al asesor del SIN. En los medios de comunicación, algunas personas de su grupo hicieron comentarios críticos sobre Montesinos a partir de lo dicho por Chávez, aunque no queda claro si esto fue por instrucciones de Yoshiyama. Esto puso furioso a Montesinos. En un principio, Fujimori aparentó no conocer el enfrentamiento entre sus dos asesores. Sin embargo, Montesinos reunió todas las declaraciones del grupo de Yoshiyama y las presentó a Fujimori como “pruebas” en contra del ministro de la Presidencia. El mandatario se vio obligado a destituir a Yoshiyama, quien añadió más leña al fuego a las críticas opositoras a Montesinos. Otros atribuyen la salida de Yoshiyama a que Montesinos habría informado a Fujimori de que aquel se consideraba como su sucesor, y que con esta convicción se habría reunido en secreto con los altos mandos de las Fuerzas Armadas, para pedirles apoyo en su futuro gobierno, que heredaría el poder de Fujimori. De todas maneras, Yoshiyama fue políticamente insignificante para Montesinos. Luego de la renuncia de Yoshiyama, Absalón Vásquez incrementó su influencia en el entorno presidencial. Él era un conocido de Fujimori desde cuando este fue rector de la Universidad Nacional Agraria, y tenía la experiencia de haber sido militante del PAP. Era una persona que consideraba, y obedecía, a Fujimori como a un patrón. Vásquez fue el viceministro de Agricultura desde la segunda mitad del quinquenio de García hasta 1992, y ministro de Agricultura entre 1992 y 1996. Después de dejar el ministerio, desempeñó el rol de asesor presidencial en asuntos agrícolas y otros temas. Se puede describir a Vásquez como una persona que adopta una conducta partidista. Cultivó y expandió las relaciones personales, sobre la base del clientelismo, mediante las Juntas de Regantes o Juntas de Usuarios19 y las oficinas provinciales del Ministerio de Agricultura, para promover

19.

Los dos tipos de juntas trabajan en irrigación y están reconocidas por el Ministerio de Agricultura.

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el plan de irrigación y mantenimiento de la tierra, apoyado por el Banco Mundial. Además, llegó a tener influencia en los Consejos Transitorios de Administración Regional (CTAR)20 y en la selección de prefectos, subprefectos y gobernadores.21 Sobre la base de estas redes personales, Vásquez llegó a tener el poder político necesario para movilizar a cierta cantidad de gente en diversas partes de la sierra y costa. De esta manera, incrementó su poder en el gobierno de Fujimori después de la salida de Santiago Fujimori y Yoshiyama. Aun así, el poder de Vásquez no igualó ni lejanamente al de Montesinos; más bien, la correlación entre ambos tendió a tomar el cariz de un Vásquez bailando en la palma de Montesinos. De todas maneras, ambos se acercaron y construyeron relaciones de colaboración cada vez más estrechas. 4

La crisis de los rehenes

Un acto delictivo para liberar a sus compañeros encarcelados El año de 1996 estuvo lleno de contratiempos políticos para Fujimori. Como el final de una serie de sucesos políticos negativos en el año, ocurrió la toma de la residencia del embajador japonés por parte del MRTA. En la noche del 17 de diciembre de 1996, un comando de catorce emerretistas incursionó en la residencia en la que se había organizado una recepción por el día nacional del Japón, y tomó como rehenes a más de seiscientas personas que eran, sobre todo, invitados. La gran mayoría fueron liberados para el comienzo de enero del siguiente año, pero 72 rehenes, entre ellos funcionarios, congresistas, militares y policías del Perú, así como los empresarios y diplomáticos japoneses, se vieron forzados a pasar largos 127 días 20.

El Consejo Transitorio de Administración Regional fue creado en cada departamento por la disposición transitoria 13 de la Constitución Política de 1993, con el objetivo de encargarse provisionalmente de la administración de los gobiernos regionales, mientras se formase un nuevo sistema de regiones en lugar de los gobiernos regionales abolidos en el “autogolpe” de 1992.

21.

Estos cargos vienen desde la época colonial, y el gobierno central envía o nombra un prefecto para cada departamento, un subprefecto para cada provincia, y un gobernador para cada distrito. Con la Ley N.� 28895, publicada en octubre de 2006, a partir del 1 de febrero de 2007 los prefectos y los subprefectos dejaron de existir en la estructura del Estado. Los gobernadores y teniente gobernadores asumen las atribuciones de las prefecturas y subprefecturas.

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de cautiverio. El suceso planteó diversas cuestiones, y fueron ya publicados variados análisis desde distintos ángulos.22 En esta sección, trataremos principalmente sobre las causas y el desarrollo general del acontecimiento. Antes que nada, empezamos con el análisis sobre el objetivo del comando emerretista y las razones de por qué el Japón fue el objetivo de la toma. Como hemos señalado en la sección 8 del capítulo III, después de la captura sucesiva de los líderes máximos de SL y el MRTA, estos dos grupos armados subversivos habían quedado en desventaja estratégica. Desde los años ochenta, SL se mostró más activo en actos terroristas que el MRTA. Aunque el MRTA fue autor de acciones terroristas que causaron repercusión en la sociedad peruana, el número anual de los actos terroristas del MRTA representó, en el caso del mayor número, alrededor del 10% de los de SL (véase el cuadro 5.8). Desde 1993, la actividad del MRTA no se notó porque, en términos generales, la política contrasubversiva del gobierno de Fujimori tuvo resultados y se redujo el número de atentados. Además, la división interna del MRTA, indicada en las líneas anteriores, hizo perder al grupo subversivo su organicidad. Particularmente, el 60% de los pocos actos terroristas del MRTA se concentraron en zonas restringidas de la selva, concretamente en los parajes escasamente poblados que se extienden en la parte este del departamento de Junín, ubicado en el centro del Perú; no en Lima, ni en la costa o la sierra; por lo tanto, no llamaron

22.

Por ejemplo, como trabajos que cuentan el desarrollo del acontecimiento o las experiencias de los rehenes, se encuentran Ampuero et al. eds. (1997), Aoki (1997a; 1997b), Aoki y Aoki (1998), Chávez (1998), Giampietri (2007), Hidalgo (2007), Hirayama (1998), Kyodo ed. (1997), Martell (1998), Prieto (1997), Saito (1998), Shinkawa (1998) y Wicht (1998). Ito (1997a; 1997b), Ogura (2000), Ota (1997) y Umemoto (1998) critican la solución militar, mientras que Ishikawa (1998) enfatiza la necesidad de establecer un nuevo sistema de seguridad e inteligencia en el Japón y pone el acento en la crítica a la actitud del gobierno japonés. NHK (1998) se basa en las entrevistas con Fujimori, los militares peruanos y otras personas vinculadas al caso. Fujimori (1999; 2003), Fujimori y Suganuma (2003) son las memorias del mismo Presidente al respecto. El Sol ed. (1999) y Rospigliosi (1998) también analizan la crisis de los rehenes, pero el primero contiene algunas manipulaciones de información para idealizar el desempeño de las Fuerzas Armadas; y el segundo tiene el límite de interpretar solamente las informaciones periodísticas hechas públicas durante la crisis. El análisis de Jara (2007) también se basa, en parte, en las fuentes militares parciales. La descripción de esta sección se basa en las obras citadas, a menos que sean especificadas otras fuentes. Véase más detalles en Murakami (1999).

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Cuadro 5.8 núMero de atentados Por autor año

1982

1983

1984

1985

1986

1987

1988

1989

1990

1991

sl

890

1122

1734

1960

2394

2252

2244

2979

2610

2523

Mrta

1

1

26

90

155

237

171

170

169

262

total

891

1123

1760

2051

2549

2489

2415

3149

2779

2785

año

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

sl

2689

1729

1062

1091

792

544

287

139

173

Mrta

306

189

133

141

91

137

23

5

2

total

2995

1918

1195

1232

883

681

310

144

175

Fuentes: Los datos hasta 1999 se basan en INEI (1999-2000); y, los de 2000, en Webb y Fernández (2002: 529). En ambos casos, la fuente original es de la Policía Nacional.

la atención de la gran mayoría de peruanos. Al mismo tiempo, se estimó que si, a mediados de la década de 1980, el MRTA contaba con unos tres mil militantes, diez años después se redujo a menos de cien personas. Vale decir que, además de encontrarse debilitado, el MRTA perdió presencia en la política peruana y sus actividades se escondieron tras la sombra de las acciones de SL. Arrinconado, el MRTA tramó un atentado impactante que pudiera dar vuelta a la situación desfavorable, y buscar la reconstrucción organizativa. Pensó tomar numerosos rehenes y exigir la liberación de los emerretistas en la cárcel. A fines de 1995, el grupo subversivo planeó tomar el Congreso en plena sesión y a los congresistas como rehenes. Pero el plan fue descubierto a tiempo por las autoridades y, a fines de noviembre de 1995, la Policía detuvo tanto a quienes iban a ser los autores materiales cuanto a sus responsables intelectuales, incluyendo algunos dirigentes. Pese a esto, el MRTA no abandonó el audaz proyecto, seleccionando un nuevo objetivo. Según lo que comentó Néstor Cerpa, quien dirigió al comando emerretista para tomar la residencia, España y Japón fueron los objetivos candidatos para el atentado, y luego se optó por el segundo debido a la posibilidad de que concurriera mucha gente a la recepción, así como por el asunto político de la estrechez de sus relaciones con el gobierno de Fujimori (Ogura 2000: 70-71).

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Como se entiende por el proceso de selección de su objetivo, el MRTA tomó la residencia del embajador japonés, principalmente, para liberar a sus compañeros presos; y se refirió solo accesoriamente a otras exigencias, como el cambio de la política económica o el fin de la violencia política, con la firma de un acuerdo de paz entre el gobierno y el MRTA.23 En realidad, el comando emerretista mencionó ligeramente estos otros pedidos solo por un corto tiempo tras la toma de la residencia. A medida que ella se prolongaba, el MRTA se concentró en la liberación de sus compañeros en la cárcel, el objetivo número uno desde el inicio, olvidando los otros puntos. En relación con lo que hemos señalado, podemos citar un detalle. El 20 de diciembre de 1996, tres días después de la toma, el comando emerretista lanzó un comunicado. Sus puntos 5, 6 y 7 se refieren tanto la liberación de los presos emerretistas como a la firma de un acuerdo de paz: 5. Nos ratificamos en que la única solución posible pasa por escuchar nuestras peticiones y que se proceda a liberar a todos nuestros detenidos. 6. Pensamos [los emerretistas] que un gesto de esta naturaleza ayudaría a dar los primeros pasos a una solución global al problema de la violencia política por la vía del camino del diálogo y un acuerdo de paz más permanente. 7. Esta posición se la hemos planteado a las personas que tenemos como prisioneros, especialmente a los señores del cuerpo diplomático aquí presentes y con quienes podríamos precisar un cronograma de pasos a establecer para guiar una solución integral.

En el texto se nota que se usa el tiempo presente (“Nos ratificamos”) para referirse con firmeza a la demanda de la liberación de los presos emerretistas, mientras que en los otros puntos de la misma declaración se emplea el pospretérito (“ayudaría a dar” o “podríamos precisar”) para mencionar posibles acciones posteriores a dicha liberación: el eventual diálogo hacia un acuerdo de paz y la posible precisión del cronograma correspondiente. Además de la diferencia en los tiempos verbales, en el comunicado 23.

El MRTA exigió al gobierno peruano el cambio de la política económica como uno de los cuatro pedidos en el primer comunicado emitido después de la toma de la residencia. El comando emerretista propuso la firma de un acuerdo de paz en el comunicado del 20 de diciembre de 1996.

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se usó una expresión más directa para exigir la liberación de sus compañeros (“Nos ratificamos [...] que se proceda a liberar”) mientras que, para otras cosas, una más indirecta (“ayudaría a dar”). Cerpa y sus seguidores estuvieron determinados a exigir firme y enfáticamente la liberación de los presos del MRTA, pero dejaron para un futuro incierto “una solución global por la vía del diálogo” en el caso de que verdaderamente hubieran tenido la intención de buscarla. De este modo, el comando del MRTA enfocó su demanda en la liberación de sus compañeros encarcelados. El otro punto que podemos señalar del proceso de la selección del objetivo de la toma, fue que el MRTA no planeó la toma debido al aumento de la ayuda económica del Japón al Perú luego de la instalación del gobierno de Fujimori, o la crítica a determinado contenido de la ayuda económica japonesa. Si vemos las cifras de la ayuda económica hasta 1995 que se conocían cuando se dio la toma de la residencia, el monto máximo ocurrió en 1991, con la suma de 352,9 millones de dólares, cuando el Japón hizo su aporte al Grupo de Apoyo al Perú para su retorno a la comunidad financiera internacional; luego la suma bajó (véase el cuadro 5.9). El bajo nivel de la ayuda económica del Japón al Perú se debió principalmente a que, después del asesinato de tres expertos de JICA en Huaral, el gobierno japonés suspendió la ayuda reembolsable, vale decir, el crédito en yenes.24 Japón ocupó el primer lugar entre los países donantes al Perú en 1991 y 1992; después, hasta 1995, bajó al segundo lugar (véase el cuadro 5.10).

24.

La ayuda económica del Japón a Perú solo se incrementó en 1999. Este incremento se debió a que, en el año anterior, se otorgó al Perú un estatus especial que lo convertía en un país receptor de préstamos con la facultad de pedir anualmente al Japón someter a consideración las solicitudes de los mismos. Bajo este esquema, el Perú podía solicitar cada año al Japón que estudiase las peticiones de préstamos, a diferencia del procedimiento normal en el que Japón no lo hace. El Perú fue el primer país latinoamericano a quien Japón otorgó ese estatus. De esta manera, finalmente el Japón se encontraba nuevamente dispuesto a reanudar a plenitud la ayuda reembolsable al Perú. Originalmente, el otorgamiento del estatus especial estuvo previsto para 1997, luego de la visita oficial al Perú del Primer Ministro Ryutaro Hashimoto, en agosto de 1996, pero la crisis de los rehenes pospuso su realización. Esta fue la segunda vez que las relaciones Perú-Japón sufrieron contratiempos debido a un suceso inesperado, luego del asesinato de los expertos japoneses de JICA. Al mismo tiempo, debemos señalar que la actitud del Japón fue sacudida fuertemente por incidentes inesperados, porque Japón no tenía una línea coherente y firme en su diplomacia hacia el Perú. Véase también la última parte de la sección 3 del capítulo III.

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Cuadro 5.9 ayuda eConóMiCa ofiCial de jaPón a Perú (deseMbolso en Millones de us$)

año

donaCiones

1982

7,22

1983

16,06

1984

2,43

CooPeraCión

PréstaMos

téCniCa

reeMbolsables

9,07

-3,35

12,94

10,72

18,30

45,08

12,34

10,08

24,85

total

1985

1,47

11,78

8,20

21,45

1986

7,57

14,51

10,19

32,27

1987

13,61

18,26

5,67

37,55

1988

7,51

19,33

1,61

28,44

1989

6,11

19,66

2,09

27,86

1990

20,35

19,09

0,35

39,79

1991

31,60

18,79

302,47

352,85

1992

40,13

15,02

99,65

154,80

1993

36,07

11,08

83,45

130,60

1994

26,79

9,81

17,96

54,56

1995

37,22

12,78

16,14

66,14

1996

28,65

13,65

14,07

56,37

1997

16,17

11,40

10,84

38,42

1998

45,83

12,15

22,16

80,14

1999

6,63

18,06

164,42

189,12

2000

26,13

18,62

146,94

191,68

Fuente: MOFA (1988-2000; 2002). Nota: Las cifras son los montos de desembolso. Los préstamos reembolsables son los montos reales.

Por lo tanto, en caso de que uno considerase la ayuda económica del Japón como causa principal de la toma de la residencia del embajador japonés, debería explicar por qué el MRTA planeó y ejecutó la toma en 1996; en otras palabras, por qué no la ejecutó antes. No constituye una respuesta el argumento que dice que, desde la instalación del gobierno de

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Yusuke Murakami

Cuadro 5.10 los CinCo Mayores donantes de ayuda eConóMiCa al Perú (Millones de us$) año 1990 1991

PriMero

segundo

terCero

Cuarto

quinto

Italia

Estados Unidos

Alemania

Japón

Holanda

(80,60)

(79,0)

(60,42)

(39,79)

(29,97)

Japón

Estados Unidos

Alemania

España

Suiza

(352,9)

(82,0)

(55,0)

(23,3)

(19,8)

1992

Japón

Alemania

Holanda

Italia

Estados Unidos

(154,8)

(40,9)

(35,7)

(34,0)

(32,0)

1993

Alemania

Japón

Estados Unidos

Italia

Holanda

(142,7)

(130,6)

(100,0)

(34,0)

(27,6)

1994

Estados Unidos

Japón

Alemania

Holanda

Italia

(85,0)

(54,6)

(51,7)

(25,8)

(21,7)

1995

Estados Unidos

Japón

Alemania

Holanda

Francia

(81,0)

(66,1)

(45,6)

(29,0)

(22,6)

1996

Japón

Estados Unidos

Alemania

Holanda

España

(56,4)

(42,4)

(42,4)

(31,5)

(30,2)

Estados Unidos

Alemania

Japón

Holanda

España

(119,0)

(85,1)

(38,4)

(29,8)

(22,5)

Estados Unidos

Japón

Alemania

Holanda

España

(121,0)

(80,1)

(50,4)

(36,5)

(22,7)

Japón

Estados Unidos

España

Holanda

Alemania

(189,1)

(124,0)

(34,9)

(12,4)

(11,3)

1997 1998 1999

Fuente: MOFA (1991-2000, 2002). Nota: Las cifras entre paréntesis en la segunda fila son los montos de la ayuda económica en millones de US$.

Fujimori, se había difundido ampliamente la imagen de que el Perú estrechaba sus relaciones con el país asiático. Debemos decir que las relaciones con el Japón o la ayuda económica japonesa no fueron la causa directa o principal de la toma.

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A propósito, Cerpa comentó a un rehén que, conscientemente, el comando emerretista había descartado como objetivo a los Estados Unidos. La razón fue que, en caso de que hubieran tomado alguna instalación norteamericana, habría cabido la posibilidad de que fuerzas especiales de aquel país fueran enviadas inmediatamente para poner fin a la toma (Ogura 2000: 71-72). De sus palabras se desprende que un aparato suficientemente armado tenía un efecto disuasivo sobre eventuales atacantes armados. Quizás en pocas oportunidades se ha conseguido un testimonio tan claro respecto de ello por parte de un grupo armado subversivo, que suele tomar la iniciativa de ataque. Huelga decir que para terminar con el terrorismo en el mediano y largo plazo existe un límite en la política de confrontarlo solamente con fuerzas militares, dado que se debe corregir la injusticia social que empuja a una parte de la población a un pensamiento radicalmente antisocial. Pero, al mismo tiempo, como señalan las palabras de Cerpa, en el corto plazo, con la posesión suficiente de cierto nivel de fuerzas militares, se puede conseguir también un efecto disuasivo para el ataque de los grupos subversivos armados. El descuido o negligencia de Perú y Japón El descuido o negligencia de Perú y Japón facilitó el éxito del golpe como “un rayo en un cielo azul” por parte del MRTA. En lo que se refiere al Japón, el país asiático revisó su sistema de seguridad en sus instalaciones diplomáticas, dada la notable reducción de las actividades terroristas, y bajó el nivel de seguridad para julio de 1996. Los principales puntos de cambio en el sistema fueron los siguientes: disminución en el número de policías y vigilantes privados; la cancelación del registro constante de las casas vecinas y el retiro de los obstáculos que, para mayor seguridad, rodeaban las instalaciones diplomáticas. En comparación con los inicios de la década de 1990, cuando la Embajada del Japón sufrió tres atentados con coche bomba, era verdad que los atentados habían disminuido. En este sentido, no fue irracional el juicio en sí de bajar el nivel de seguridad en las instalaciones diplomáticas. Sin embargo, lo que se cuestiona fue si se tomó la decisión de bajar el nivel de seguridad con un criterio claro de hasta qué nivel se podía descender. En otras palabras, ¿cuál era la seguridad mínimamente requerida para las instalaciones diplomáticas en un país donde los grupos subversivos armados

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todavía no estaban totalmente eliminados? Sobre el referido caso de la seguridad de la misión diplomática en Lima, Japón decidió incluso dejar de realizar el registro de las casas vecinas, una medida que debería entrar dentro del paquete de las medidas de seguridad mínimamente requeridas. Es cierto que la Policía local debe realizar por propia responsabilidad este tipo de actividad, y no es algo que un país como Japón pueda hacer solo con su propia iniciativa. Pero la realidad peruana es que esto no se cumple o se hace a medias, si uno cree en la buena voluntad de la Policía peruana y solamente espera sus reportes. De este modo, hubiera sido necesario mantener cotidianamente una comunicación estrecha con las autoridades peruanas respecto de este y otros puntos relativos a la seguridad.25 Por otro lado, las autoridades peruanas también tuvieron un juicio poco profundo de la situación. Guiadas por el hecho de que el número registrado de atentados del MRTA era tan reducido como sus actividades, escondidas tras la sombra de las acciones de SL, que también habían bajado, pensaron que el MRTA ya estaba prácticamente eliminado. Este tipo de subestimación se observó en el hecho de que la Policía peruana elaborara, a mediados de 1996, un reporte de unas cincuenta páginas sobre la situación subversiva, en el que solamente unas cuantas líneas fueron dedicadas al MRTA. En agosto del mismo año fue disuelta la sección especializada en el MRTA, creada dentro de la Dirección Nacional contra el Terrorismo de la Policía Nacional. Fue una decisión basada en el juicio de que se trataba de un grupo que ya no merecía atención especial ni asignar un personal especializado para tratarlo; podía enfrentárselo suficientemente como parte del trabajo cotidiano.

25.

Como ejemplo del descuido de Japón, algunos analistas cuestionaron la decisión en sí de realizar en el Perú una recepción donde fueron invitadas unas 1200 personas. Pero esta evaluación no toma en consideración la situación de entonces en Lima. En 1996, otras misiones diplomáticas en Lima también celebraron su día nacional con una recepción de la misma envergadura. En algunos casos, el número de invitados fue: Estados Unidos, 1798 personas; Gran Bretaña, 1000; Francia, 1900; e Italia, 1297 (MOFA 1997: I, 39). La realización misma de una recepción no fue anormal en la Lima de entonces, tampoco el número de invitados de Japón fue excesivo. Lo que debemos cuestionar es el sistema de seguridad y la falta de atención adecuada a esta cuestión. Por otro lado, algunos indican que Fujimori tenía previsto ir a la recepción en la residencia del embajador japonés, pero él mismo señaló que no tenía tal intención (Fujimori 1999: N.� 22; Fujimori y Suganuma 2003: 61-62).

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Antes de la toma de la residencia no hubo ninguna información concreta que pudiera especificar la operación del atentado y su objetivo. Sí existieron, empero, informaciones de que militantes y armas del MRTA se habían trasladado a Lima. Basadas en ellas, las autoridades peruanas señalaron como análisis la posibilidad de que las instalaciones del gobierno peruano y de países extranjeros como Estados Unidos y el Japón pudiesen ser blancos de un atentado. A principios de la década de 1990, cuando el terrorismo era todavía intenso, la Policía solía reaccionar sensiblemente, incluso a las informaciones analíticas que señalaran este tipo de posibilidad general, y tomar estrictas medidas de seguridad. Sin embargo, para 1996 la Policía subestimaba al MRTA, como hemos indicado, al tiempo que estaba acostumbrada e insensible frente a la recepción constante de informaciones sobre la posibilidad general de un atentado. Así, las autoridades peruanas no tomaron las medidas de seguridad necesarias en los puntos clave y estratégicos. Se especuló también con la noticia de que antes del atentado habría circulado el dato de que Japón sería un objetivo de ataque, o que las Fuerzas Armadas del Perú ocultaron información específica al respecto. Sin embargo, esta opinión fue contraria a los hechos. Decimos esto sobre la base del episodio de un militar de alto rango, quien tuvo la intención de ir a la recepción del embajador japonés, y dijo a su esposa que la recogería en casa a las 7:00 p.m. para que ella estuviera lista para salir. Ese mismo día, por la tarde, estaba previsto un encuentro con una misión de militares chilenos de alto rango, quienes se encontraban de visita en Lima, en el marco de las reuniones anuales de este tipo que se celebran entre ambos países. El militar peruano pensó ir a la residencia del embajador japonés con su esposa después de que terminara dicha reunión. Sin embargo, la reunión con los militares chilenos terminó más tarde de lo previsto, y el oficial peruano regresó a su casa para recoger a su esposa recién pasadas las 8:00 p.m. Aunque la residencia no estaba lejos de su casa, tampoco estaba tan cerca. Tomando en consideración la congestión del tráfico, calculó que demoraría cerca de una hora en llegar, y le pareció imposible arribar a la recepción, que terminaría a las 9:00 p.m. De modo que desistió de ir a la residencia, y optó por acudir a un casino, junto con su esposa, vestidos de etiqueta. Fue en el casino donde su escolta le informó de la noticia del ataque terrorista a la residencia del embajador japonés.

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El militar en cuestión fue Julio Salazar Monroe, director del SIN desde enero de 1991 hasta agosto de 1998, y brazo derecho de Montesinos por mucho tiempo.26 Fujimori escribió una vez que “la verdad es que unos días atrás recibí de Montesinos una información que ‘el MRTA prepara una operación de tomar rehenes en la Embajada del Japón, Estados Unidos o España para pedir la excarcelación de sus compañeros en diciembre’”. De este modo dejó entender que, antes de darse la toma, había existido información específica en cierto grado sobre el atentado y su objetivo (Fujimori 1999: N.� 22). Sin embargo, consideramos erróneo decir que el gobierno peruano tenía una información específica de cierto grado sobre la operación del MRTA antes de la toma, porque él mismo contaba solamente con las informaciones analíticas que señalaban eventuales atentados contra las instalaciones diplomáticas de diversos países extranjeros, incluido el Japón, como demostraron los reportes de información de las autoridades peruanas hechos públicos en abril de 1997, luego de la operación de rescate, cuando el ministro del Interior dio explicaciones sobre la crisis de los rehenes en el Congreso. Además, como hemos escrito, el jefe del SIN y brazo derecho de Montesinos no estaba enterado de la intención del MRTA. Es imposible que Montesinos se enterara de una información sobre el MRTA que no supiera el número uno administrativo del SIN, y reportara esta información solamente al presidente. Además, de acuerdo con las mismas memorias de Fujimori, su segundo hijo “Kenji tenía previsto asistir a la recepción de la residencia luego de terminar su estudio” (Fujimori 1999: N.� 22). Al mismo tiempo, tres miembros de la familia del presidente —su madre, su hermana mayor y un hermano (Pedro Fujimori)— asistieron a la recepción en la residencia del embajador japonés y se encontraron con la toma; el hermano quedó cautivo como rehén hasta el día de rescate. Si Fujimori hubiera recibido previamente alguna información específica sobre el eventual atentado, tendría él mismo que reconocer que tuvo errores en su juicio de la situación antes de la toma, porque no se explica, si no, que ofreciera a sus propios consanguíneos al MRTA como rehenes. Tomando también en consideración

26.

Una fuente castrense de alto rango comentó al autor este episodio en febrero de 1997 (entrevista 42).

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estos puntos, dudamos de que hubiera existido una información específica antes del hecho, como indica Fujimori.27 Todo lo que hemos explicado señala que la toma de la residencia y los rehenes por parte del MRTA fue un ataque sorpresa, y un incidente que podríamos llamar “un Pearl Harbor en el Perú”.28 Fujimori entre solución pacífica y opción militar Resumimos ahora el desarrollo del caso, centrándonos en las reacciones y medidas de Fujimori. El MRTA tomó rehenes y pidió al mandatario la excarcelación de sus compañeros. Ante esta situación, el jefe de Estado decidió inmediatamente la línea de no hacer concesiones a las peticiones del MRTA, pero sí de dar cabida al diálogo, y empezó a examinar la posibilidad de ambas resoluciones; vale decir, de una solución pacífica y una opción militar. Fujimori no estaba decidido, en un principio, a poner fin al caso mediante una intervención militar. También, para el mandatario, no habría habido mejor solución que la pacífica sin hacer concesión alguna al terrorismo, si esta se hubiera logrado. Además, Fujimori tuvo una comprensión total de que en la etapa inicial la opción militar constituía una apuesta sumamente riesgosa. En aquel entonces, los especialistas estimaron a coro que por lo menos entre 20 y 30% de los rehenes perderían la vida si se resolvía la toma de la residencia militarmente. El mandatario entendía este punto. Podía imaginar fácilmente que, aunque una intervención militar pudiera poner fin a la toma de la residencia en corto tiempo, esta provocaría numerosas víctimas entre los rehenes y los soldados de las tropas de ataque, en caso de que el mandatario la ordenara sin saber los detalles ni la situación interna de la residencia. En el Perú, en general el terrorismo ya había bajado bastante para ese momento, pero en la memoria de muchos peruanos el terrorismo y sus víctimas estaban todavía claramente grabados, y políticamente 27.

En otro libro, Fujimori negó que previamente hubiera existido una información específica (Fujimori y Suganuma 2003: 61).

28.

Pearl Harbor fue la base naval de Estados Unidos en Hawai. Japón atacó por sorpresa esta base el 7 de diciembre de 1941, hecho que marcó el comienzo de la Guerra del Pacífico entre ambos países (1941-1945). La denominación Pearl Harbor también se usa para aludir a un ataque sorpresivo.

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tampoco sería aceptado dejar un numeroso saldo de víctimas en una operación militar. De modo que Fujimori debía pensar con prudencia sobre una solución de ese tipo. En realidad, en las dos semanas desde que se produjo la toma de la residencia, hasta fines de 1996 —más concretamente, en tres oportunidades: inmediatamente después del acontecimiento, así como al sexto y decimocuarto día después de la incursión del MRTA a la residencia— unos pocos, incluidos Fujimori y Montesinos, discutieron la posibilidad de una solución militar, pero decidieron dejarla como futura agenda, porque previeron la eventualidad de un sinnúmero de víctimas. Por otro lado, al igual que una solución militar, una opción pacífica para poner fin a la toma de la residencia se encontraba también sumamente restringida. Muchos peruanos habían sufrido el terrorismo y apoyaban la posición de Fujimori, quien insistía en la imposibilidad de excarcelar a los emerretistas, particularmente a los de su dirigencia. Hacer concesiones ante las exigencias basadas en el terrorismo significaba que el mismo Fujimori negara sus propias medidas contrasubversivas de hasta entonces; el mandatario también debió pensar en efectos secundarios en el futuro, como la posibilidad de que SL cometiera un crimen similar. Apoyado por la opinión pública crítica contra el terrorismo, Fujimori nunca se desviaría de sus principios en relación con el mismo, y se convirtió en una tarea sumamente ardua convencer a Cerpa y sus secuaces, quienes no dejaron de insistir en la excarcelación de los presos emerretistas, incluidos los de su dirigencia, para que depusieran sus armas y abandonaran la residencia.29 En la etapa inicial de la crisis de los rehenes, cuando Fujimori no encontraba una buena idea para una eventual solución pacífica; y, al mismo tiempo, tomaba conciencia del peligro de provocar víctimas considerables en una opción militar, la única cosa que el jefe de Estado podía hacer 29.

En la opinión pública peruana, algunos fueron de la opinión de que entre los presos emerretistas se podría aceptar la excarcelación de los que no habían tenido relación alguna con los atentados; pero, respecto de la excarcelación de los principales dirigentes, que Cerpa y sus seguidores exigieron, la abrumadora mayoría se encontraba en contra. Por ejemplo, según una encuesta publicada en enero de 1997, el 89,5% de los encuestados se expresaron en contra de la excarcelación de los dirigentes emerretistas en la cárcel, y el 52,5%, vale decir, más de la mitad, se oponía incluso a la excarcelación de los emerretistas que no habían participado en los atentados. La misma tendencia se observó en otras encuestas (Expreso, 18 de enero y 29 de marzo de 1997; La República, 20 de abril de 1997).

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era esperar que Cerpa y su comando se agotaran y levantasen la bandera blanca, mientras buscaba posibilidades de solución. Al comienzo, el mandatario pareció esperar un poco a que, después de un mes, Cerpa y sus seguidores quedaran agotados (entrevista 30: 1997a; 1997b), pero esta previsión resultó demasiado optimista. La probabilidad de una opción militar —que Fujimori y pocos colaboradores suyos discutieron y decidieron posponer en un principio— empezó a aumentar al iniciarse el año 1997. En la discusión sobre una opción militar, en ese momento, el mayor cuello de botella fue cómo conseguir que las tropas de ataque se acercasen a la residencia sin ser notados por los ocupantes emerretistas. A Fujimori se le ocurrió la idea de construir los túneles. Hasta entonces ya se había perforado un túnel, pero pequeño y que era usado para reunir información; era tan estrecho que un adulto apenas podía pasar por él arrastrándose. Entonces empezaron a construir túneles espaciosos, suficientes para que un adulto pudiera pasar caminando por ellos con facilidad. Además, ás, a mediados de enero de 1997 se empezó a construir, en una instalación militar, una réplica de la residencia en tamaño real para el ejercicio de las tropas de ataque; después de un mes y medio, la réplica estuvo lista. Por otro lado, se establecieron métodos para captar la situación interna en la residencia. Se instalaron micrófonos pequeños en los suministros introducidos en la residencia por la Cruz Roja Internacional para los rehenes, así como para los emerretistas. De este modo, se podía realizar una comunicación desde el interior de la residencia hacia afuera. Al mismo tiempo, un rehén liberado a mediados de enero de 1997 por razones de salud avisó al gobierno peruano que los rehenes guardaban un beeper que no había sido confiscado por el comando emerretista. Su uso permitió al gobierno ejecutar una comunicación desde afuera hacia el interior de la residencia. A principios de febrero, gracias a estos dos métodos de comunicación en dos sentidos, empezaron a reportar al presidente la información más detallada, tanto sobre la situación interna de la residencia, como los comportamientos de los emerretistas. De acuerdo con Fujimori, para mediados de marzo los preparativos para una operación militar de rescate habían culminado.30 30.

Existen opiniones insistentes respecto de que en el proceso de elaboración y preparación de una operación militar de rescate, las Fuerzas Armadas y la Inteligencia de

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La opción militar maduró y se perfeccionó gradualmente. Lo que significó, desde otro punto de vista, que Fujimori no podría haber estado convencido de una operación militar antes de marzo de 1997. Mientras la probabilidad de una operación militar fuese baja, a Fujimori no le quedaba otra alternativa que dialogar con Cerpa y sus seguidores, buscando el camino a una solución pacífica, a condición de no ceder ante el MRTA. Sin embargo, esta era una tarea sumamente ardua, como hemos ya indicado. Una idea para solucionar pacíficamente el caso fue sacar al comando emerretista hacia un tercer país. Basado en esta idea, para mediados de enero de 1997, el gobierno peruano sondeó informalmente a unos países candidatos, incluido Cuba. Pero Cuba y los otros países no tuvieron una reacción positiva, por miedo a ser considerados como países que apoyaban el terrorismo. Aun así, más tarde, en marzo, cuando Fujimori visitó repentinamente Cuba y habló directamente con Fidel Castro, presidente del Consejo Nacional, consiguió de este una respuesta afirmativa para aceptar a los emerretistas por medio año.31 En febrero de 1997 comenzó el diálogo entre el gobierno peruano y el comando del MRTA ocupante de la residencia. Primero se llevó a cabo en diez ocasiones, entre el 11 de febrero y el 12 de marzo, el llamado “diálogo preliminar”, en el que el representante del gobierno peruano y los dirigentes del comando emerretista hablaron cara a cara frente a la Comisión de Garantes conformada para apoyar la promoción del diálogo, intercediendo entre las dos partes. Luego, a mediados de marzo, empezó el llamado “diálogo por separado”, donde la Comisión de Garantes impulsó sendas conversaciones con cada parte por separado. En este proceso de diálogo, la discrepancia entre las dos partes sobre la exigencia emerretista de la excarcelación no fue superada hasta el último momento. Estados Unidos colaboraron con el lado peruano, aunque Fujimori lo negó (Fujimori 2003: 243-244; Fujimori y Suganuma 2003: 73-74). Existe la posibilidad de que Montesinos haya usado sus contactos con los Estados Unidos para recibir determinado nivel de apoyo, sin avisar al presidente. 31.

Respecto de las relaciones con Cuba, empezando el mes de febrero de 1997 el mandatario peruano mandó a su hermano Santiago Fujimori como enviado especial para hablar con Castro y allanar el camino. Por eso, Fujimori logró llegar al acuerdo con Castro, cuando visitó la isla del Caribe en marzo (entrevista 33: 1998b). Sobre el periodo que Castro aceptó para recibir a los emerretistas, NHK (1998: 164-167) menciona un año, pero Fujimori (2003: 257) dice que era medio año. Aquí nos basamos en el segundo.

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Cuenta regresiva para la operación de rescate Frente al punto muerto en el cual se estancó el diálogo entre el gobierno peruano y el comando emerretista, debido a la terca posición del segundo, que insistía en la excarcelación de sus presos y se negaba a aceptar la propuesta de salir fuera del país, en el gobierno peruano empezó a tomar fuerza, a principios de marzo de 1997, la posición de que, de continuar así la situación, no habría otra alternativa que la de una solución militar. Esto se atribuyó a que se preocupaban por la eventualidad de que, en caso de que la toma de la residencia se prolongara más, la paciencia de los rehenes llegara al límite, se desencadenaran posibles efectos negativos en la política interna y bajara la evaluación positiva sobre la gestión del gobierno peruano. Al mismo tiempo, como hemos indicado, hubo también otra razón de fondo para que el gobierno se inclinara por una alternativa militar: esta llegó a alcanzar cierto nivel de probabilidad de éxito. En el entorno presidencial se escuchó, en un tono más pronunciado que antes, el pronóstico pesimista basado en la frase, “en la política hay que actuar primero e informar después”, que en 1991 Fujimori pronunció al ministro de Economía de entonces como consejo. [De continuar la situación actual] se presentará un momento de verse obligado a acudir a una opción militar. Entonces no tendremos el tiempo de deliberar con los países relativos. Simultáneamente a la decisión la ejecutamos, y luego de todo, les avisaremos. (Entrevista 30: 1997c)32

Hasta enero de 1997 todavía prevalecía en el entorno de Fujimori un ánimo que insinuaba la posición de esperar más y, de este modo, dejar el espacio para una solución pacífica. Pero, como hemos señalado, a principios de marzo de 1997 las palabras con ese matiz ya tendían a desaparecer. Desde el ángulo de lo que hemos mencionado, es inverosímil la opinión que atribuye como causa directa de la decisión de Fujimori —tomar una solución militar— a los acontecimientos en la política peruana desde la segunda mitad de marzo. Entre estos acontecimientos se mencionaron el descubrimiento de las torturas contra dos agentes femeninas de la Inteligencia peruana —una de ellas fue asesinada y la otra sufrió heridas 32.

La parte entre paréntesis está puesta por el autor.

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que le ocasionaron severos trastornos—; así como el descenso de la popularidad presidencial, de más del 45 a menos del 40%, como consecuencia de dicho descubrimiento. Ambos sucesos se dieron en la primera mitad de abril. Las torturas fueron hechas contra las dos por la sospecha de que habían filtrado a los medios de comunicación las informaciones relativas a la escucha clandestina de las conversaciones de los políticos y periodistas críticos al gobierno de Fujimori, realizada por los organismos de la Inteligencia. Si bien podría ser cierto que estos sucesos intensificaron la mencionada preocupación del gobierno en torno de los efectos negativos causados por la prolongación del caso sobre la política interna, ya desde el comienzo de marzo, como hemos señalado, Fujimori quedó cada vez más convencido de que sería inevitable una solución militar. También en lo que se refiere a la paciencia de los rehenes, se dieron en marzo unos sucesos que inquietaron al gobierno peruano. A mediados del mes, un rehén policía lanzó de una ventana de la residencia al exterior, a espaldas de los vigilantes emerretistas, una piedra cubierta con un papel con un mensaje en el cual se exigía al gobierno hacer llegar armas al interior de la casa del embajador. Por otro lado, a fines de marzo, se empezó a elaborar seriamente, por una parte de los rehenes peruanos, un plan para controlar las acciones del comando del MRTA en la residencia y realizar la fuga. El gobierno de Fujimori continuó emitiendo el mensaje de que se abstuvieran de arriesgarse a acudir a actos desmesurados, ya que las autoridades peruanas irían a rescatar a los rehenes. Pero resultaba cada vez más difícil detener la impaciencia entre los rehenes peruanos, quienes elaboraban sus planes de fuga. Algunos de ellos pensaban incluso que la fuga debería llevarse a cabo a fines de abril. Fue la decisión de quedarse en la residencia —tomada “por votación” entre los cuatro dirigentes del comando emerretista que ocupaba la residencia— la que motivó al presidente a ordenar que el comando especial del Ejército tomara la posición de ataque indicada en el plan de rescate. Para entonces, en el diálogo entre el gobierno peruano y el comando del MRTA, el número de presos para los que se solicitaba la excarcelación ya se había reducido a una cifra menor. Aun así, Fujimori rechazó desde el inicio hasta el último momento la excarcelación de los dirigentes emerretistas. La esposa de Cerpa también estaba incluida entre los candidatos propuestos por el MRTA para ser liberados, pero Fujimori rechazó su inclusión, insistiendo en que ella era parte de la dirigencia del MRTA.

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En estas circunstancias, el 19 de abril, Cerpa propuso a los otros tres dirigentes del comando decidir “por votación” qué dirección deberían tomar. El dirigente del comando fue de la opinión de que deberían salir hacia Cuba. Sin embargo, otro dirigente se opuso a la propuesta, y dijo que deberían insistir en la excarcelación de los presos emerretistas. Los otros dos dirigentes se sumaron a la segunda posición. No fue sorprendente que dos de los cuatro dirigentes del comando no estuviesen conformes con la idea de salir a Cuba, porque hasta entonces ellos se habían mostrado partidarios de la línea dura. El otro que se opuso a dicha idea parece haber tenido entonces la duda sobre si la verdadera intención de Cerpa no era únicamente excarcelar a su esposa. De todas maneras, las autoridades peruanas —que en el exterior de la residencia podían escuchar las voces del interior desde fines de diciembre de 1996, gracias a la instalación de diminutos micrófonos y otras vías— reportaron inmediatamente el proceso de esta “votación” al mandatario peruano. Al recibir el reporte, Fujimori juzgó que Cerpa y sus seguidores no tenían la intención de salir a Cuba y ordenó el traslado del comando especial a la vecindad de la residencia. Fujimori escogió como momento preciso del ataque la hora en que los miembros del comando emerretista estaban entregados al fulbito33 que practicaban todos los días por la tarde. A principios de marzo, Cerpa y sus secuaces se dieron cuenta del sonido causado por la construcción de túneles, que Fujimori había ordenado. Temiendo la eventual situación en la que un día, de pronto, se hiciera un agujero por el que se escapasen los rehenes de la residencia, Cerpa y otros dirigentes del comando emerretista trasladaron al segundo piso a todos los rehenes que estaban en el primer piso. De este modo se abrió un espacio en las salas del primer piso, donde los emerretistas disfrutaban con el juego del fulbito. Después de que el comando especial fue ordenado a estar preparado, no hubo orden de ataque en el primer día, porque Cerpa y otros dirigentes no participaron en el juego. Al día siguiente, el 22 de abril en la tarde, casi todos los miembros del comando emerretista, incluso Cerpa y otros dirigentes —excepto unos que estaban de vigilantes—, tomaron parte en el fulbito. Fujimori aprovechó la oportunidad, ordenando la ejecución del 33.

Fulbito es el nombre que recibe en el Perú la variante del fútbol que se juega por lo general con seis jugadores por equipo y en una cancha mucho más pequeña que la reglamentaria.

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plan de incursión. La operación de rescate terminó en unos 35 minutos. Aunque dos soldados del comando especial perdieron la vida y un rehén peruano recibió una bala y murió,34 71 rehenes fueron rescatados con vida. Por otro lado, se dio a conocer que, en relación con los 14 miembros del comando emerretista, todos murieron en la batalla. Sin embargo, hay un testimonio poderoso que dice que algunos de ellos se rindieron ante los militares peruanos, pero fueron asesinados después. De todas maneras, este asunto todavía no está resuelto en el proceso judicial. Para algunos, este asesinato fue ejecutado antes de que Fujimori apareciera en el teatro operativo (entrevista 31). Hay la posibilidad de que Montesinos no reportara la verdad al jefe de Estado.

El Japón no logra captar la intención de Fujimori En el proceso de la crisis de los rehenes, el Japón no logró captar completamente la intención de Fujimori desde el comienzo hasta el fin. Por otro lado, el mandatario peruano tampoco reveló su intención al gobierno japonés. Esto se debió principalmente a que el Japón continuó insistiendo en la posición de que no se debía ceder ante el terrorismo pero, al mismo tiempo, se debía dar prioridad a garantizar la seguridad de la vida de los rehenes mediante una solución pacífica. La posición del Japón es idealista y habría sido una línea de resolución deseable, si hubiera sido posible. Sin embargo, desde otro punto de vista, fue ambigua y no tenía buena idea en el aspecto de qué se debía hacer concretamente. Por eso, obligado a enfrentar alternativas y decisiones sumamente arduas, Fujimori evitó confesar su intención al Japón, que solamente esgrimió un argumento idealista. La posición del gobierno japonés en la crisis de los rehenes reflejaba la situación interna del país asiático, donde no se había realizado una discusión sincera sobre las medidas concretas en torno de cómo enfrentar el terrorismo, ni se había decidido determinada línea al respecto. to. Fue inevitable que Fujimori perdiera el ánimo de revelar su intención al gobierno japonés, el cual, en cualquier circunstancia, insistía repetidamente en una solución pacífica sin hacer concesión al terrorismo, como si fuera un sermón estereotipado.

34.

Este rehén se escondió de pie dentro de un mueble, sin echarse en el piso, cuando se produjo el rescate. Recibió una bala en una parte fatal del cuerpo y murió desangrado.

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Al mismo tiempo, es innegable que cuando el gobierno japonés interpretó la posición y las palabras de Fujimori, se observó en su actitud un prejuicio —arrastrado por la insistencia de una solución pacífica— de preferir entenderlas poniendo el acento en los puntos conformes con dicha solución. Por ejemplo, el 31 de enero y el 1 de febrero de 1997 se celebró en Toronto, Canadá, la reunión cumbre entre el mandatario peruano y el entonces Primer Ministro japonés Ryutaro Hashimoto y, como resultado de esta reunión, el gobierno japonés interpretó que Fujimori se comprometía a resolver pacíficamente la crisis de los rehenes. Como ya hemos señalado, en aquel entonces el jefe de Estado peruano ciertamente buscaba una solución pacífica pero, al mismo tiempo, tenía la idea de que, en caso de que para lograrla se viera precisado a abandonar el principio de no hacer concesiones al terrorismo, no le quedaría otra alternativa que recurrir a la fuerza de las armas. El comunicado conjunto dado a conocer al terminar la reunión cumbre no negó totalmente la posibilidad del uso de la fuerza de las armas; más bien, dejó cierto espacio para tal opción. Concretamente, en su sexto punto, el comunicado dijo: El gobierno del Japón suscribe la posición del gobierno peruano en todo lo que atañe a la preservación de la salud física y mental de los rehenes, condición indispensable para el desarrollo de las conversaciones que conduzcan a una salida pacífica.

Este punto implicaba o podía implicar que el diálogo entre el gobierno peruano y el comando del MRTA no continuaría en el caso de que la salud física y mental de los rehenes fuese amenazada por los secuestradores. Además, este punto fue introducido en el comunicado conjunto debido a la iniciativa y propuesta peruana. Este hecho constituiría un elemento incomparable que revelaría la verdadera intención de Fujimori sobre su idea de cómo superar la crisis de los rehenes. Por otro lado, la cumbre de Toronto fue llevada a cabo repentinamente. El gobierno japonés aceptó su celebración luego de recibir la información de que Fujimori se encontraba sometido a una presión de las Fuerzas Armadas para proceder a una incursión militar a fin de superar la crisis de los rehenes, y que su poder de resistencia a tal presión estaba a punto de llegar al límite. Sin embargo, lo que pasó realmente fue que Fujimori pensó en la necesidad de conseguir del Japón, que insistía en una solución

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pacífica, un compromiso de aceptación de determinado uso de la fuerza en un caso extremo, tal como figuró en el comunicado conjunto de Toronto; e intencionalmente hizo difundir la información sobre la presión de las Fuerzas Armadas al presidente (entrevista 31). En la superación de la crisis de los rehenes no parece haber habido una contradicción de posiciones entre Fujimori y las Fuerzas Armadas. Podemos encontrar otro ejemplo de la interpretación unilateral por parte del Japón en la visita al Perú realizada por el entonces vicecanciller Masahiko Koumura a mediados de marzo, para reunirse con Fujimori. En la reunión de los dos, el mandatario peruano se refirió a la posibilidad de liberar a los presos emerretistas por el procedimiento llamado “indulto”. Al escucharlo, el lado japonés interpretó que el jefe de Estado peruano se mostraba flexible respecto de la búsqueda de una solución pacífica. Pero, como hemos señalado, Fujimori había empezado a inclinarse por la alternativa militar a principios de marzo, luego de impulsar las dos operaciones, tanto la pacífica como la militar.

La viabilidad de una solución pacífica A propósito, ¿existió otra manera de superar la crisis de los rehenes que la opción militar? ¿Cuán viable y factible fue una solución pacífica? Los críticos a la incursión militar en la residencia como manera de poner fin a la toma barajaron posibles alternativas pacíficas. Entre ellas, figuraron la firma de un acuerdo de paz, la legalización del MRTA y convertirlo en partido político; el reemplazo de los miembros de la Comisión de Garantes que desempeñó el rol de intermediario entre el gobierno peruano y el comando emerretista por otros, para convencer mejor a Cerpa y sus secuaces; encargar a Polay, jefe máximo del MRTA y encarcelado, la tarea de persuadir a los secuestradores para que salieran a Cuba; y continuar buscando una solución pacífica sin importar el paso de tiempo. En primer lugar, veamos la viabilidad de la legalización del MRTA y su conversión en un partido político. Esta alternativa fue presentada haciendo referencia a las experiencias de Centroamérica y Colombia en los años setenta y ochenta. Habría merecido ser examinada como una posible solución si el MRTA hubiera logrado dominar exclusivamente determinada zona, como en los casos citados de los otros países latinoamericanos. Sin embargo, como hemos señalado en la sección 7 del capítulo I, el MRTA no

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se encontraba en tal estado, ni cuando tuvo la mayor fuerza e influencia. El SL superó al MRTA en fuerza política y organización, pero no tuvo un poder real comparable a los grupos subversivos armados de Colombia y Centroamérica. Además, no hubo consenso en el Perú respecto de la firma de un acuerdo de paz. Incluso los críticos al gobierno de Fujimori se mostraron opuestos a esta opción como manera de superar la crisis de los rehenes. El 6 de enero de 1997 se celebró en el Instituto de Estudios Peruanos, la entidad académica civil más antigua de las ciencias sociales y humanas de la región andina, un conversatorio sobre la crisis de los rehenes. Que sepa el autor, fue la única oportunidad durante la crisis en la que un buen grupo de académicos y expertos, críticos del gobierno de Fujimori, se reunieron en un lugar para discutir cómo superar la toma de la residencia del embajador japonés. En esta ocasión, un ex rehén y congresista de izquierda presentó su conocida teoría de buscar la legalización del MRTA mediante la firma de un acuerdo de paz. Entonces, un destacado académico se expresó en contra de ello, con un tono un poco indignado, preguntando si los peruanos estarían obligados a aceptar la legalización del MRTA por el hecho de que un grupo emerretista había tomado por la fuerza la residencia del embajador japonés y secuestrado a rehenes. Sin pasar mucho tiempo, el congresista se retiró apresuradamente del lugar, quizás incómodo por percibir un ambiente en el que había la sensación de que muchos participantes estaban de acuerdo con lo que dijo el destacado académico. Aun en el caso de que se optase por la línea básica de un acuerdo de paz y la legalización de los subversivos, muchos pensaron que era inadecuado proponer esta línea en una situación en la cual, con armas en la mano, el MRTA había tomado y amenazado a unos rehenes. No parecía la mejor manera de declararse favorable a la adopción de métodos pacíficos en el futuro. En segundo lugar, respecto de posibles cambios entre los miembros de la Comisión de Garantes, algunos mencionaron ciertos nombres. Pero en el caso de que, como intermediarios, estos tomaran parte en el diálogo entre el gobierno peruano y los secuestradores, no podemos saber si ellos hubieran logrado convencer a Cerpa y sus seguidores. Particularmente, como indica el mencionado caso de la “votación” sobre si salir o no para Cuba, dos de los cuatro dirigentes del comando emerretista siempre insistieron en la posición dura y tuvieron el veto. Incluso Cerpa no los pudo obligar a

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obedecer. De modo que no habría sido una tarea fácil convencer a esos dos dirigentes.35 Además, los intermediarios habrían tenido muy poco tiempo para su tarea de persuadir al comando emerretista, por la situación de impaciencia, ya descrita, entre los rehenes peruanos, cada vez más convencidos de llevar a cabo una rebelión interna. Dada la posición dura de los dirigentes con poder de veto, la tarea de persuasión habría sido prácticamente imposible. Por otro lado, el comando del MRTA tenía una profunda confianza en sí mismo, tras la exitosa toma de la residencia. También por eso, pensó que debería persistir hasta el último momento en la exigencia de excarcelar a los presos emerretistas, y su posición tendió a ser dura. A fines de marzo, al comando del MRTA le fue entregada la carta escrita por Fidel Castro. En esta misiva, el mismo jefe de Estado cubano propuso al comando emerretista salir para Cuba. Pero Cerpa y sus seguidores respondieron a Castro negativamente, y expresaron nuevamente su intención de persistir en la exigencia de la excarcelación de los presos emerretistas hasta el último momento. El comando del MRTA se aferró a tal punto a esta exigencia que la propia palabra de Castro, maestro y objeto de respeto del MRTA, no tuvo efecto. Fue la primera vez que este tipo de propuesta, hecha por Castro, fue rechazada (entrevista 32). 35.

Hay dos ejemplos más en los cuales los dos dirigentes de línea dura ejercieron su veto y se mostraron opuestos enérgicamente a una u otra actitud flexible. El primer ejemplo fue sobre un policía y su hijo. En la etapa inicial de la crisis de los rehenes, un policía y su hijo fueron obligados a permanecer separados como rehenes. El hijo se preocupó mucho por la salud de su padre, porque el policía sufría una enfermedad. Pidió varias veces a los secuestradores permitirle ver a su padre, pero el permiso no fue otorgado con facilidad debido a la oposición de los dirigentes de la línea dura. El segundo ejemplo tiene que ver con la liberación de un policía por razones de salud. En enero de 1997, los secuestradores decidieron liberar a un rehén policía debido a su estado de salud. Pero al tomar esta decisión, los dirigentes de línea dura se opusieron tenazmente a la liberación y, luego de la decisión, estos dirigentes pasaron por la residencia diciendo a los rehenes que a partir de entonces en absoluto liberarían a rehenes, aunque algunos murieran. A propósito, hubo una opinión acerca de que el padre Hubert Lanssiers, miembro de la Comisión de Indultos, y el Defensor del Pueblo, Jorge Santisteban, debían ser nombrados como intermediarios. Sin embargo, los dos figuraron en la lista de los intermediarios que exigió primero el comando emerretista (este hecho es mencionado también en Fujimori 2003: 225-226). Nombrando como intermediarios a estas dos personas, Fujimori no pudo darse el lujo de dejar al comando emerretista la impresión de que el gobierno peruano se mostraba flexible frente a las exigencias del MRTA.

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En cuanto a la viabilidad de que Polay persuadiera a Cerpa y sus secuaces, ciertamente existen antecedentes en los cuales el comando ocupante aceptó salir al extranjero luego de que su máximo jefe lo persuadió a hacerlo, como el caso de Colombia en 1980, cuando la Embajada de la República Dominicana fue tomada por un grupo subversivo armado. Sin embargo, hay una diferencia importante entre este caso y el peruano: mientras que en el caso colombiano el jefe máximo no estaba detenido, en la toma de la residencia del embajador japonés, Polay estaba ya encarcelado y cumplía su condena. Vale decir, había duda sobre cuánta capacidad de persuasión podía tener un Polay preso. Al mismo tiempo, debemos tener presente que en el proceso de la ya mencionada lucha interna del MRTA, Polay y Cerpa se habían enfrentado entre sí, incluso con armas. Cerpa y sus seguidores exigieron al gobierno peruano ver a Polay, pero Fujimori nunca lo aprobó. Esto se debió a la alta posibilidad de que, en caso de que el gobierno peruano permitiera al comando emerretista —con su moral al tope, como dijimos antes, debido a la exitosa toma de la residencia— la reunión con su jefe máximo, sus futuras exigencias pudieran ser cada vez más elevadas. Esta evaluación no fue hecha por alguien del grupo de Montesinos, sino por una persona cercana al presidente, quien colaboró seriamente en la búsqueda de una solución pacífica (entrevista 33: 1998b). Respecto de la opinión de que el gobierno peruano debía continuar el diálogo con el comando emerretista, recordemos que Fujimori debía tomar en cuenta la cada vez más fuerte desesperación de los rehenes peruanos. Aquejados por un sufrimiento psicológico cada día más profundo, algunos se inclinaban por la realización de una rebelión interna para la fuga. A comienzos de marzo de 1997, el gobierno de Fujimori empezó a preocuparse por la eventualidad de que la paciencia de los rehenes llegara a su límite. Como prueba de esto, el mandatario recibió reportes que indicaban la desesperación y ansiedad entre los rehenes peruanos: la piedra cubierta por un papel, con el mensaje de un rehén policía, en el cual se exigía enviar armas; y la elaboración de un plan de rebelión interna. El gobierno peruano tuvo que mandar repetidos mensajes a los rehenes peruanos, cuya paciencia se agotaba, de que debían resistir porque ya se acercaba el rescate. Aunque no llegó a darse una tortura abierta, hay informes que señalan que el comando del MRTA aplicó repetidamente molestias físicas y presión psicológica a los rehenes militares y policías, así como a ciertas personas del gobierno de Fujimori.

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Con relación a lo descrito, debemos aclarar un asunto. Este es que, dentro de la residencia, entre los rehenes peruanos y los japoneses posiblemente se haya producido cierto vacío de sentimientos y no se logró suficiente comunicación ni entendimiento. En particular, una parte de los rehenes peruanos tendió a abstenerse de una comunicación franca con los japoneses, que se mostraban pasivos o rechazaban el plan de una rebelión interna, cuando se dedicaron a elaborarlo (entrevista 34; entrevista 35; entrevista 36). Esta incomunicación provocó una diferencia en la evaluación que hicieron los rehenes japoneses y los peruanos respecto de su propio estado físico y psicológico, así como sobre los dirigentes de línea dura del comando emerretista. Repetimos que Fujimori se vio precisado a tomar decisiones difíciles, tomando en consideración los movimientos del comando emerretista, dirigido como mínimo por dos hombres de una obstinada línea dura, así como los de los rehenes peruanos, cada vez más propensos a asumir una apuesta sumamente riesgosa.

Repercusiones de la crisis de los rehenes ¿La crisis de los rehenes, que duró 127 días, afectó en alguna manera el transcurso de la política peruana? Para Fujimori,, el suceso comenzó desafortunadamente, pero terminó positivamente. La operación militar de rescate se evaluó como un éxito excepcional y casi completo, incluso en comparación con operaciones similares en otros países extranjeros. La buena suerte también le favoreció, y en la ejecución de la operación se logró entre un 60 y 70% de todo lo planeado, según las fuentes conocedoras de sus detalles (entrevista 37). De todas maneras, la crisis de los rehenes demostró de nuevo que Fujimori era un líder fuerte en momentos de crisis, incluso en el aspecto del favor de la fortuna.36 Aunque ciertamente la crisis de los rehenes atrajo bastante atención de todo el mundo como un suceso impactante, es verdad al mismo tiempo que sus efectos en la política interna fueron pocos y, en términos generales, sus repercusiones no duraron mucho luego del rescate de los rehenes. 36.

No debemos olvidar que la buena suerte constituye un factor importante en las operaciones militares y un elemento indispensable de las acciones bélicas. Ya lo indicaba Nicolás Maquiavelo, filósofo político, cuando decía que la fortuna les sonríe a los que avanzan con valentía (El príncipe, capítulo 25).

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Desde el comienzo de la crisis, muchos peruanos se mostraron opuestos a la acción del MRTA, pero no la sintieron como su propio problema. Esto se debió, principalmente, a que el terrorismo se encontraba ya en declive y no se percibía cotidianamente, y a que la toma de los rehenes sucedió en un lugar y situación especial —la residencia de un embajador— que no tenía nada que ver con los pobres, que constituían más de la mitad de la población. Antes de la crisis de los rehenes, la popularidad presidencial registró menos del 50%. Luego de la toma de la residencia, esta se recuperó y llegó hasta cerca del 60%. Pero en 1997, cuando el suceso se convirtió en algo acostumbrado, la popularidad presidencial bajó gradualmente. Frente a la operación de rescate en la cual casi todos los rehenes fueron liberados con vida, la opinión pública lo volvió a evaluar positivamente. Sin embargo, este incremento popular ya no tuvo el mismo ímpetu que se veía en su primer mandato: después de terminada la crisis de los rehenes, sin pasar más que unos meses, la popularidad presidencial cayó debajo del 50%, volviendo al nivel registrado antes de la misma. La evaluación positiva de la operación de rescate fortaleció en el gobierno de Fujimori aun más el poder e influencia de Montesinos y las Fuerzas Armadas, que se habían ocupado de idear, elaborar y ejecutar el plan de rescate. Como hemos señalado en la sección anterior, cuando se dio la toma de la residencia del embajador japonés, Montesinos quedó como el único allegado más cercano al Presidente. Por tanto, en lugar de simplemente fortificar la influencia de Montesinos y las Fuerzas Armadas, la operación de rescate consolidó aun más el fuerte poder que ya tenían en el gobierno. Por otro lado, el éxito del rescate causó recuperaciones inesperadas en la relación triangular entre Fujimori, Montesinos y Hermoza. En primer lugar, en julio de 1997, preocupado por su baja popularidad, Fujimori intentó por un tiempo “transferir gloriosamente a nuevo puesto” a Montesinos. Para entonces, como ya hemos señalado, debido a la sospecha sobre sus vínculos con los aspectos negativos de las fuerzas del orden, como a las relaciones con los cárteles de la droga y la violación de los derechos humanos, la imagen negativa de Montesinos ya estaba tan generalizada que resultaba ser un daño a la popularidad presidencial. Fujimori pensó que entonces Montesinos podía alejarse del gobierno “por la puerta grande”, ya que su fama había crecido gracias al éxito de la operación militar que había puesto fin a la toma de la residencia. Por eso, a mediados de julio de 1997, sondeó a Montesinos sobre si asumiría el cargo de embajador en

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algún país o de funcionario. Intuyendo que así quedaría sustancialmente alejado del poder, Montesinos reaccionó rápidamente. Con el pretexto de mostrar su lealtad al presidente, el asesor del SIN convocó a todos los generales de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional de todo el Perú al Palacio de Gobierno y, de este modo, hizo alarde de la influencia que él tenía en el círculo castrense y policial. Frente a esta situación, Fujimori pensó que no sería conveniente complicar las cosas, y desistió de insistir en “transferir gloriosamente a nuevo puesto” a Montesinos (entrevista 38: 1997). De todas maneras, con motivo de este suceso, se abrió una pequeña fisura en las relaciones entre los dos. Por otro lado, en diciembre de 1997 ocurrieron fricciones entre Fujimori y Hermoza, presidente del Comando Conjunto y Comandante General del Ejército. La causa fue el libro escrito por el segundo sobre la crisis de los rehenes (Hermoza 1997). En este libro, Hermoza reclamó que él mismo fue quien planificó y dirigió la operación de rescate, aunque en realidad directamente no tuvo nada que ver con su elaboración. La actitud de Hermoza se debió, tal vez, a que fue engatusado por Montesinos. También pudo ser que, para entonces, el número uno de las Fuerzas Armadas habría perdido claridad por el poder acumulado, y no pudiera reconocer exactamente el límite de su capacidad y poder político. Sea como fuere, el libro de Hermoza indignó a Fujimori y las relaciones entre los dos empeoraron. En medio de esta situación, Hermoza convocó a la cúpula militar de todo el Perú a Lima, para demostrar su poder. Por su parte, Fujimori dio orden de retorno a su puesto a todos los asistentes en la reunión con Hermoza (entrevista 38: 1998). A la reunión convocada por Hermoza asistió también Montesinos. De cualquier modo, con motivo de este incidente, las relaciones entre Fujimori y Hermoza quedaron totalmente rotas. Esto condujo finalmente a la destitución de Hermoza en agosto de 1998. 5.

La cuestión de la tercera elección consecutiva de Fujimori

Una ley de interpretación que cubre un vacío legal Fue la cuestión de la tercera elección consecutiva de Fujimori lo que se convirtió en un problema político en 1996, cuando la economía empezó a caer en depresión y Fujimori perdió gradualmente su popularidad. Esta cuestión complicó la situación política, cada vez más adversa a Fujimori, y

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constituyó el punto de conflicto principal de la política peruana posterior. El problema radicó en si Fujimori estaba permitido legalmente de postular a las elecciones presidenciales del año 2000. La controversia se originó en lo estipulado en la Constitución Política de 1993. El artículo 112° de la Constitución de 1993, permitía al presidente en ejercicio ser reelegido una vez. Estipulaba que, después de cumplido el mandato de cinco años, el presidente puede ser reelegido una vez más y continuar en el cargo de la Presidencia de la República por otro mandato de cinco años.37 La cuestión fue si el mandato presidencial de Fujimori entre 1990 y 1995, correspondía al primer mandato que la Constitución Política de 1993 estipulaba. Fujimori fue elegido presidente por primera vez en 1990, cuando estaba vigente la Constitución Política de 1979, que prohibía la reelección inmediata del presidente en ejercicio. La reelección inmediata fue introducida en la nueva Constitución promulgada en 1993, después del “autogolpe” de 1992. Fujimori buscó y logró la reelección en los comicios de 1995. Entonces ¿Fujimori podría postular por tercera vez consecutiva a las elecciones presidenciales de 2000? Normalmente este tipo de asunto se reglamenta en las disposiciones finales y transitorias, pero en la Constitución de 1993 no existió ninguna precisión al respecto. La eventual tercera postulación de Fujimori fue cuestionada por la oposición desde el proceso de la elaboración del nuevo texto constitucional en 1993. En el pleno del CCD, en el que se discutió el proyecto de la nueva Constitución la alianza oficialista expresó, en respuesta a la interrogación de la oposición sobre este asunto, que la Constitución Política de 1979 perdería vigencia apenas entrara en vigor la nueva Constitución; y en el caso de que Fujimori postulara a las siguientes elecciones presidenciales, esta sería la reelección conforme con lo estipulado en la nueva Constitución; y, por tanto, luego de esta reelección, no debería haber otra consecutiva.38 Vale decir, el oficialismo explicó que el periodo de 1990 a 1995 correspondería al primer mandato presidencial, y el siguiente, que empezaría en 1995, constituiría el mandato de reelección. Según esta explicación, 37.

En el proceso de la caída de Fujimori, la reelección inmediata fue prohibida nuevamente. Véase el siguiente capítulo.

38.

Sobre la discusión en torno de cómo interpretar el primer periodo presidencial (19901995) de Fujimori en el pleno del CCD, véase su acta (CCD 1993). La misma está citada también en Planas (1999: 391-393).

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debemos concluir que Fujimori no podía postular a las elecciones presidenciales de 2000. Esta misma explicación fue hecha por el oficialismo en la sesión de la Comisión de Constitución del CCD, en la cual el proyecto de la nueva Constitución, artículo por artículo, había sido sometido a la discusión antes de ser pasado al pleno. Sin embargo, como hemos señalado en la sección 2 de este capítulo, luego de la abrumadora victoria electoral de 1995 y antes de empezar su segundo mandato, Fujimori se interesó intensamente por la postulación a las elecciones presidenciales de 2000. Al mismo tiempo, de acuerdo con la mencionada explicación en el proceso de la elaboración constitucional, la tercera postulación de Fujimori sería imposible legalmente, a menos que se tomaran algunas medidas y acciones. Por eso, tarde o temprano, la tercera elección de Fujimori se convertiría inevitablemente en un problema político. Podemos decir que fueron las declaraciones hechas por algunos dirigentes de la alianza oficialista las que originaron que la tercera postulación de Fujimori se convirtiese en un problema político. A fines de enero de 1996, una parte de los congresistas oficialistas de peso expresaron que Fujimori debería presentarse en los comicios de 2000, y tenían la esperanza de ello (Expreso, 22-24 de enero de 1996). En respuesta a esto, Fujimori manifestó en una entrevista a una televisora brasileña que él no tenía intención de postular a las elecciones de 2000, y de este modo negó la posibilidad de la tercera postulación consecutiva (Expreso, 20 de febrero de 1996). Algunos atribuyen que la manifestación de Fujimori se debió a un lapsus (entrevista 29: 1999b). Por otro lado, la oposición temió que la tercera postulación consecutiva de Fujimori se convirtiera en realidad y, sin pasar mucho tiempo, pensó que este asunto debía quedar aclarado legalmente. De este modo, empezó a hacer preparativos para presentar un proyecto de ley al respecto. A Fujimori le tocó el turno de responder a esta situación. El mandatario tomó la decisión de adelantarse a la oposición, incluso corriendo el riesgo de convertir el tema de su tercera elección en un candente problema político. Según un asistente a una reunión en la cual el jefe de Estado y otros pocos tomaron la decisión al respecto, Fujimori se expresó como sigue: Dejaremos la posibilidad [de la tercera elección]. Daremos una ley en tal sentido en el momento más lejano posible del día de la votación [de las elecciones de 2000], y recuperaremos su precio político con los esfuerzos que haremos hasta ese día. (Entrevista 30: 1997a)

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De acuerdo con la decisión de Fujimori, el oficialismo pensó presentar dos proyectos de ley. En primer lugar, a principios de agosto de 1996, la alianza oficialista aprobó en el Congreso la Ley de Incorporación de un Capítulo a la Ley de Normas Generales de Procedimientos Administrativos (en adelante, abreviaremos su nombre como “la Ley de Incorporación”). Esta estipuló en términos generales que, para interpretar la ley, no se tomaría en consideración el periodo anterior a su publicación. Más concretamente, la ley señaló que en caso de que se cuestionara el tiempo de validez de alguna ley (es decir, desde cuándo una ley tiene vigencia), el periodo anterior a su puesta en vigor no se consideraría como parte del tiempo de validez. Luego, a mediados de agosto, la alianza oficialista forzó en el Congreso la aprobación de la Ley de Interpretación Auténtica sobre el Artículo 112� de la Constitución (en adelante, abreviaremos su nombre como “la Ley de Interpretación”). Esta ley trató directamente el asunto de cómo interpretar el artículo relativo a la reelección presidencial en la Constitución Política de 1993. Sobre el mandato de Fujimori, la Ley de Interpretación estipuló que, sobre la base del criterio indicado en la mencionada Ley de Incorporación, no se consideraría como el primer mandato presidencial definido por la Constitución de 1993 el que comenzó antes de su promulgación; y el primer mandato presidencial reglamentado en la Constitución de 1993 correspondería al que comenzó después de la promulgación de dicha Constitución, vale decir, el que empezó en 1995. En pocas palabras, la Ley de Interpretación dijo que Fujimori podría presentarse en las elecciones presidenciales de 2000, que se celebrarían cuando terminara su “primer” mandato, para buscar su “reelección”, en lugar de su tercera elección. Sobre la Ley de Interpretación, algunos señalan que el oficialismo se precipitó en lanzar esta ley con el objetivo de desviar la atención pública de la explosiva declaración del narcotraficante Demetrio Chávez acerca de sus relaciones con Montesinos39 (Degregori 2000: 80-81; Delgado 1997: 243-245; Teivainen 2000: 224). Sin embargo, este análisis no es exacto. Repetimos que, para el oficialismo, las Leyes de Incorporación y de Interpretación constituían una serie de medidas. El proyecto de la de Incorporación fue presentado el 2 de agosto. Fue discutido y aprobado en el pleno

39.

Al respecto, véase las secciones 2 y 3 de este capítulo.

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del Congreso el 15 del mismo mes. El mismo día 15 la ley fue firmada por el presidente, y publicada en el diario oficial El Peruano al día siguiente, 16 de agosto. En el Perú, luego de ser aprobada, una ley pasa del Congreso a la Presidencia de la República, donde el presidente y el Primer Ministro, junto con los ministros competentes, la firman para que sea publicada en el diario oficial; la ley entra en vigencia desde el día siguiente de su publicación en El Peruano, salvo disposición contraria de la misma ley, que postergue su vigencia.40 Chávez hizo su explosiva declaración sobre sus relaciones con Montesinos precisamente el día 16 de agosto, cuando la Ley de Incorporación fue publicada en el diario oficial. Más bien, Chávez declaró sobre sus relaciones con Montesinos luego de que la Ley de Incorporación fuese publicada en El Peruano. El oficialismo hizo los preparativos de las dos leyes antes de la publicación de la declaración de Chávez, y no fue a raíz de esta que el entorno fujimorista decidió pasar la Ley de Interpretación.

Fuertes reacciones internas a la Ley de Interpretación La Ley de Interpretación provocó fuertes reacciones de la oposición. Esta comenzó, por un lado, a recolectar firmas para pedir la realización del referéndum sobre dicha ley y, al mismo tiempo, insistiendo en su inconstitucionalidad, las fuerzas opositoras presentaron una demanda ante el Tribunal Constitucional. La recolección de firmas para el referéndum no avanzó rápidamente, básicamente porque entre el pueblo dominaba la desconfianza hacia las fuerzas opositoras. Por otro lado, en el Tribunal Constitucional el proceso tomó su curso según sus trámites y procedimientos, y se dictó la sentencia en enero de 1997. Su contenido fue ambiguo: la Ley de Interpretación en sí era constitucional, pero no se podía aplicar a Fujimori. A fin de cuentas, el Tribunal Constitucional sentenció que Fujimori no podría postular a las elecciones presidenciales de 2000. Fue una sentencia emitida en una situación anormal, ya que fue aprobada solamente por tres de los siete miembros del Tribunal Constitucional, con la abstención de los otros cuatro. Estos se abstuvieron de votar porque habían adelantado

40.

La Constitución Política de 1993 estipula que la ley entre en vigor desde el día siguiente de su publicación en el diario oficial (artículo 109�). En la anterior Constitución, de 1979, la ley se aplicaba desde el decimosexto día de su publicación (el artículo 195�).

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opinión sobre la materia de la tercera postulación de Fujimori en los medios de comunicación, antes de que su proceso comenzara. Debemos señalar que la sentencia del Tribunal Constitucional se dio en medio de un proceso de fuertes presiones políticas. Para que el Tribunal dictara la inconstitucionalidad se requería, por ley, el voto de seis de los siete miembros como mínimo. Este reglamento formó parte de una serie de medidas de estabilización política basada en el fuerte liderazgo de Fujimori, que hemos indicado en la sección 2 de este capítulo. Fue aprobado con voto aprobatorio del oficialismo en el Congreso, y se debió a la intención fujimorista de evitar, lo más posible, las sentencias de inconstitucionalidad sobre los actos administrativos del gobierno. En aquel entonces, se sabía que dos miembros del Tribunal Constitucional tenían posición favorable al gobierno. Esto fue producto de las concesiones mutuas hechas entre el oficialismo y la oposición, cuando se nombró a los miembros del Tribunal Constitucional a fines de 1995.41 Cuando se dictó la sentencia sobre la Ley de Interpretación, los dos miembros favorables al gobierno también fueron parte de los que se abstuvieron de votar. Ante la perspectiva de que el Tribunal Constitucional no dictase una sentencia contraria a la voluntad del gobierno, la oposición tuvo la ocurrencia de aplicar en el Tribunal el uso del instrumento jurídico llamado control difuso. Esta es una facultad que tienen los vocales de todas las instancias para poder juzgar si cierta ley es aplicable o no al caso específico de su proceso. Normalmente ella es otorgada a los procesos judiciales en los que se tratan casos individuales, mas no a los procesos del Tribunal Constitucional, donde no se tratan casos específicos sino la inconstitucionalidad de una ley o de una medida administrativa en términos generales, como es el caso de la Ley de Interpretación. En realidad, el Tribunal de Garantías Constitucionales (el antecesor del Tribunal Constitucional en el sistema de la Constitución Política de 1979) nunca dictó sentencia alguna basada en el control difuso. Este principio judicial se enseña en las clases de las Facultades de Derecho de las universidades peruanas (entrevista 39: Eguiguren 1997). La sentencia del Tribunal Constitucional sobre la Ley de Interpretación parece haber sido producto de las gestiones de persuasión —de alejarse de la teoría jurídica comúnmente aceptada para usar el control 41.

El Congreso tiene la facultad de nombrar a los miembros del Tribunal Constitucional (artículo 201� de la Constitución Política de 1993).

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difuso en el Tribunal Constitucional— hechas por un abogado y político de la oposición a los tres miembros del órgano de control constitucional que luego aprobarían la sentencia de la inaplicabilidad a Fujimori. En torno de la sentencia del Tribunal Constitucional, la alianza oficialista se basó en la teoría jurídica comúnmente aceptada para expresar que el órgano de control constitucional no tenía la facultad de dictar una sentencia sobre un caso individual (en este caso, sobre si Fujimori podría postular a las elecciones presidenciales de 2000); por tanto, la parte de la sentencia sobre la inaplicabilidad a Fujimori era inválida. Al mismo tiempo, el oficialismo insistió en que la sentencia padecía de defecto en el procedimiento, porque fue dictada pese a la abstención de cuatro miembros y no cumplió con el debido procedimiento. En cambio, la oposición argumentó que no se tomaban en consideración los votos de abstención al momento de calcular los votos de los miembros para la sentencia del Tribunal Constitucional, y la opinión acordada entre los tres miembros significaba la unanimidad en el órgano de control constitucional. De este modo, las fuerzas opositoras apoyaron totalmente la sentencia del Tribunal Constitucional. El oficialismo y la oposición discreparon frontalmente en torno de la interpretación de la sentencia, y el intercambio de refutaciones entre ambas partes profundizó la confusión política. Sin embargo, Ricardo Nugent, entonces presidente del Tribunal Constitucional, declaró que el Jurado Nacional de Elecciones, órgano autónomo que de forma exclusiva tiene la máxima responsabilidad y facultad sobre las elecciones, tomaría la decisión final sobre la eventual tercera postulación de Fujimori en el momento de juzgar la inscripción de candidatos (El Comercio, 18 de enero de 1997). Esto significó que, a fin de cuentas, la cuestión de la tercera postulación de Fujimori sería esclarecida legalmente en el momento de la inscripción de los candidatos que el máximo órgano electoral realizaría a fines de 1999, a menos que hubiera un cambio de situación como resultado de alguna modificación constitucional o por la realización de un referéndum. A fines de mayo de 1997, el Congreso aprobó con los votos del oficialismo la destitución de los tres miembros del Tribunal Constitucional que habían sentenciado la inaplicabilidad de la Ley de Interpretación a Fujimori. La razón fue que no dictaron la sentencia en conformidad con el debido procedimiento. La Constitución de 1993 otorga al Congreso la facultad de nombrar y destituir a los miembros del Tribunal Constitucional, por lo que la destitución en sí fue un procedimiento legal. Sin embargo,

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la oposición no aceptó el argumento oficialista de que los miembros destituidos habían dictado la sentencia sin seguir el debido procedimiento, y acusó duramente al oficialismo por dicha destitución como un acto de intromisión en la independencia del Tribunal Constitucional. Luego, las fuerzas opositoras se dedicaron a recolectar firmas con el objetivo de realizar el referéndum sobre la tercera postulación de Fujimori. Un grupo político llamado Foro Democrático, conformado en marzo de 1993 por políticos e intelectuales antifujimoristas, fue el impulsor de esta recolección de firmas. El Foro Democrático fue una especie de salón en el cual se reunieron, básicamente, los “maximalistas”, que insistieron en negar totalmente la legitimidad del gobierno fujimorista desde el “autogolpe” de 1992, con el objetivo de alzar su bandera antifujimorista y consolidar su fuerza política. En la situación política de la segunda mitad de la década de 1990, cuando la popularidad de Fujimori se encontraba bajando, el Foro Democrático se constituyó en un nexo entre los antifujimoristas. Los del Foro Democrático se pusieron en contacto con los estudiantes de las Facultades de Derecho de las principales universidades, usando sus conexiones personales, y lograron organizar en Lima, en junio de 1997, una manifestación estudiantil contra las características autoritarias del gobierno de Fujimori y su tercera postulación a las elecciones presidenciales del año 2000. Fue la primera vez que, bajo el gobierno de Fujimori, se registró una manifestación estudiantil. Luego de esta manifestación se realizaron actos similares en otras partes del Perú, ganando así cierta visibilidad. La movilización estudiantil provocó que otras organizaciones también se pronunciaran en contra del gobierno. Más frecuentemente que antes se realizaron manifestaciones, concentraciones y huelgas de los gremios y movimientos regionales, aprovechando la acumulación de insatisfacciones en el aspecto socioeconómico, así como las críticas a las características autoritarias del gobierno de Fujimori. Sin embargo, el Foro Democrático propiamente dicho se convirtió en un club exclusivo donde se reunía el pequeño grupo de caudillos poderosos. Pese a su nombre, no tuvo un proceso interno democrático ni abierto, ni llegó a establecer bases sociales ni lazos orgánicos con las dispersas y fragmentadas fuerzas sociales.42 Lo mismo podemos decir sobre 42.

Uno de los dirigentes principales del Foro Democrático fue Alberto Borea (véase la nota 36 del capítulo IV). Con miras a las elecciones de 2000, el Foro Democrático se

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la manifestación estudiantil. Más allá de su movilización, los estudiantes activistas no trataron de establecer relaciones horizontales que trascendieran las diferencias de clases sociales y de regiones; tampoco construyeron ni institucionalizaron un proceso democrático de toma de decisiones. Con el Foro Democrático en el centro, las fuerzas opositoras recolectaron firmas para pedir la realización del referéndum sobre la tercera postulación de Fujimori, y las presentaron ante el Jurado Nacional de Elecciones en julio de 1998. Por su parte, el oficialismo opinó que, de acuerdo con lo estipulado en la ley modificatoria sobre la realización del referéndum en 1996, se necesitaría una iniciativa que contase con el apoyo de 48 congresistas. En agosto de 1998, el oficialismo impuso el debate en el pleno del Congreso del tema del referéndum sobre la tercera postulación de Fujimori, con el resultado de una votación contraria a su realización. De este modo, la alianza oficialista reprimió el movimiento para la realización del referéndum sobre el tema en cuestión. En las fuerzas oficialistas existió la opinión de unos pocos a favor del referéndum para, de este modo, legitimar claramente la tercera postulación de Fujimori. Según los principios de la democracia, el procedimiento normal sería someter al juicio del pueblo soberano los temas controvertidos, como el de la tercera postulación del presidente. Sin embargo, Fujimori y otros dirigentes juzgaron que no se debería ejecutar el referéndum en una situación en la cual la popularidad del mandatario ya había bajado; además, tenían una especie de trauma sobre el referéndum a raíz de la amarga experiencia del referéndum constitucional de 1993. De hecho, de acuerdo con las encuestas, entre 1997 y 1998, cuando Fujimori experimentó por

convirtió sustancialmente en un movimiento político que impulsó la candidatura presidencial de Borea. Las otras fuerzas opositoras se mostraron contrarias a este desarrollo y se apartaron del Foro Democrático. De este modo, el Foro Democrático perdió su fuerza centrípeta, cuya existencia sería olvidada con el paso del tiempo (véase también el siguiente capítulo). Después de más de una década, un ex dirigente estudiantil de entonces reconoce que Borea fue “el principal gestor” del movimiento estudiantil antifujimorista (Urbiola 2011: 54-55, 116). Para los de Borea, la crisis del Foro Democrático se debió al sectarismo de los integrantes de la izquierda (Urbiola 2011: 179). Sin embargo, el autor recuerda claramente que en aquel entonces se colocaron las propagandas grandes de Borea en la berma central de la avenida Javier Prado —antes de convertirse en una vía expresa o zanjón, como en la actualidad—; obviamente, con miras al proceso electoral del año 2000.

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primera vez un prolongado estado —de más de un año— en que la desaprobación superó a la aprobación, el promedio anual de quienes votarían en contra de la tercera postulación de Fujimori en un referéndum redondeó el 60% (Informe de opinión, enero de 1997-agosto de 1998). La cuestión de la tercera postulación de Fujimori estremecería la legitimidad de las elecciones del año 2000, y ulteriormente abriría el camino al proceso que culminaría con la destitución de Fujimori, en razón de que el oficialismo rehuyó el proceso de someter el tema al juicio de la población. 6.

Fujimori acorralado

Enfrentando el viento contrario Después de las elecciones de 1995 no se sintió la mejora esperada en el aspecto socioeconómico, y la popularidad presidencial empezó a bajar. En esta situación, surgió el candente problema de la tercera postulación de Fujimori, que trajo la desconfianza hacia Fujimori entre muchos peruanos. La pregunta que se plantearon fue por qué tendrían que elegir a Fujimori nuevamente como Presidente de la República, cuando este había dejado entrever su intención de quedarse en el poder a pesar de que desde 1995 no había dado resultados tangibles ni tomado medidas decisivas para superar los problemas del desempleo y la pobreza, y no les parecía que el país caminara en un rumbo deseable. El futuro, para ellos, se mostraba muy incierto. Expuesto al aire contrario, Fujimori quedó gradualmente acorralado políticamente. Veremos tres sucesos que indican cuánto el jefe de Estado estaba arrinconado en estos años. El primero fue la pifia en Arequipa, en octubre de 1997, cuando visitó el estadio de la ciudad para inaugurar una competencia de fútbol. A punto de empezar su discurso inaugural, el mandatario fue “pifiado” por muchos espectadores, tanto que solo pudo pronunciar con dificultad unas palabras —“Declaro abierta la competencia”— y hubo de abandonar el estadio. Este acontecimiento parece haberse debido a que las fuerzas opositoras movilizaron a la gente mediante el ofrecimiento de comida y otras cosas, a fin de que se mezclaran entre los espectadores e hicieran el escándalo (entrevista 40). De todas maneras, después del incidente en Arequipa, Fujimori realizó pocas visitas a las provincias, como lo había

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venido haciendo con frecuencia luego del referéndum constitucional de 1993.43 En cambio, durante 1998, como si huyera de la difícil situación de la política interna, el jefe de Estado concentró todas sus energías en la ejecución de medidas para la reparación de los desastres naturales causados por el fenómeno El Niño, cuyos efectos empezaron a darse gravemente a partir de fines de 1997, así como en la solución del problema fronterizo con Ecuador, que entraba en su recta final. El segundo suceso fue el nombramiento de Javier Valle Riestra como Primer Ministro en junio de 1998. Valle Riestra fue militante del PAP y senador perteneciente al partido hasta el “autogolpe” de 1992. Aunque luego se apartó del partido, se mostraba crítico al gobierno de Fujimori, excepto sobre el problema fronterizo con Ecuador. Particularmente, criticaba los caracteres autoritarios de Fujimori. Sin embargo, codicioso del poder, aceptó inmediatamente la propuesta de asumir el cargo de Primer Ministro hecha por Fujimori quien, por su parte, había hecho propia la recomendación de Montesinos. Pero ¿por qué en estos días Fujimori se atrevió a nombrar a Valle Riestra, crítico de su gobierno, como jefe de su gabinete? La respuesta tiene que ver con la moral sumamente elevada de la oposición en ese momento, debido a la baja popularidad presidencial y a la cuestión del referéndum sobre la tercera postulación de Fujimori. En aquel entonces, la oposición preparaba secretamente un plan para impedir el ingreso de Fujimori al hemiciclo cuando pretendiera dirigir el mensaje anual al Congreso el 28 de julio. El oficialismo lo detectó y, como 43.

El incidente de Arequipa formó parte de la corriente de movilización antifujimorista que se expandió luego de la manifestación estudiantil de Lima, en junio de 1997. Pero el primer caso de esta índole se produjo ya unos siete meses antes. El 27 de marzo de 1997, cuando el mandatario visitó una zona del departamento de Lambayeque, en la costa norte del Perú, una concentración de entre 200 y 300 personas le exigieron a coro “¡trabajo!” y lo obligaron a abandonar la zona rápidamente. En medio de la expansión de las ondas de la movilización en distintas partes del Perú, el 26 de junio de 1997 se dio una huelga regional en el departamento de Lambayeque, que exigía la solución a diversas reivindicaciones sociales; llevándose a cabo una concentración que, según algunos observadores, fue la mayor (unas 60 mil personas) desde que Fujimori asumió la presidencia. La pifia al mandatario se dio también al día siguiente, 27 de junio, en una zona del departamento de Áncash. Pese a estos incómodos sucesos, Fujimori continuó con las visitas a provincias, hasta el incidente de Arequipa de octubre de 1997.

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una medida impactante para aliviar la tensión con la oposición, lanzó el nombramiento de Valle Riestra. Con ello, el oficialismo intentó sortear el discurso del 28 de julio sin problema alguno; “después de mí, el diluvio”, o sea, luego de esta fecha, al oficialismo no le importaría lo que pasara (entrevista 30: 1998). El mensaje anual del presidente terminó sin impedimento alguno, quizás porque luego del nombramiento de Valle Riestra la oposición optó por observar la situación por cierto tiempo, para juzgar si la selección de un crítico al gobierno constituía o no el primer paso de la apertura política del gobierno fujimorista. Después del día de la Independencia, se notó progresivamente que Valle Riestra no encuadraba en el gobierno de Fujimori; apenas en agosto, presentó su renuncia y salió del gobierno. El tercer suceso fue la fisura cada vez más grave respecto del gobierno de Fujimori en los círculos económicos que hasta entonces lo habían apoyado conjuntamente. Esto se debió a la depresión económica, así como a los actos intimidatorios por parte de Montesinos, que detallaremos en las siguientes líneas. En el segundo mandato de Fujimori, se notó la diferencia entre los ganadores y perdedores de la política neoliberal que el gobierno había impulsado desde 1990. Los ganadores fueron el sector financiero y de servicios, empresas grandes radicadas en Lima, y empresas extranjeras; mientras que los perdedores fueron el sector de exportación, industria, agricultura y las provincias (Gonzales 1998: 111-119). Entre los perdedores, los sectores de exportación e industria se mostraron especialmente críticos al gobierno (entrevista 15: 1998). La discrepancia en los círculos económicos se observó en las elecciones de la presidencia de la CONFIEP (Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas),44 celebradas en marzo de 1998. En estos comicios corporativos, las empresas grandes, como los bancos y las firmas de mayor capital, tomaron la posición de apoyar en principio la continuidad de la política económica de hasta entonces. En contraste, el sector de manufactura, incluidas las empresas medianas y pequeñas, como las exportadoras —que habían sido perjudicadas por la entrada masiva de productos extranjeros a raíz de la liberalización económica— se mostró favorable a

44.

Es la organización de cúpula conformada por diversas asociaciones empresariales del Perú.

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exigir un cambio en la política económica del gobierno. Aunque en las elecciones triunfó el candidato favorable al gobierno, se notó que la fisura en los círculos económicos estaba a punto de llegar a un nivel irreparable. En el proceso electoral de 2000, muchos empresarios de la corriente crítica al gobierno de Fujimori se acercaron e incorporaron a las fuerzas opositoras.45

45.

El 30 de marzo de 1998, la Asociación de Exportadores (ADEX) y la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), dos instituciones integrantes de la CONFIEP, emitieron, tanto conjunta como independientemente de la Confederación un comunicado en el que criticaron que el Estado de derecho se hubiera deteriorado debido a la reducción de las facultades del Consejo Nacional de la Magistratura, así como a las amenazas e intimidaciones a los empresarios so pretexto de acusaciones penales (sobre estos sucesos, volveremos en las siguientes líneas). En las elecciones de 2000, Carlos Bruce y Eduardo McBride, ex presidentes de ADEX, se unieron a la oposición. Bruce perteneció primero al movimiento Somos Perú (de Andrade), y luego pasó a incorporarse al Partido Perú Posible (de Toledo; el movimiento Perú Posible se convirtió en el Partido Perú Posible con miras a las elecciones de 2001). En el gobierno de Toledo, Bruce ha desempeñado cargos de ministro, como el de la Presidencia y el de Vivienda. McBride fue congresista del movimiento Perú Posible (2000-2001). En relación con el resultado de las elecciones de 2000, la SNI se mostró crítica (El Comercio, 3 de junio de 2000), a diferencia de la CONFIEP, favorable al gobierno de Fujimori. En 2001, la SNI y ADEX, junto con la Cámara de Comercio de Lima, se retiraron de la CONFIEP (la fecha de retiro fue el 31 de marzo, 2 de abril y 5 de abril, respectivamente), aunque al año siguiente la ADEX retornó a la organización. Sobre las relaciones entre el gobierno y el empresariado en la década de 1990, véase Castillo (1995), Castillo y Quispe (1997), Cotler (1998a; 1998b; 2000), Durand (1994; 1996b; 1997; 1999; 2003), Vásquez (2000), entre otros. Algunos opinan que desde 1994, cuando se produjo el cambio del jefe de la SUNAT (Superintendencia Nacional de Administración Tributaria) y se creó en ella la llamada Unidad Especial de Investigación Tributaria (UEIT), las entidades tributarias empezaron a convertirse en los instrumentos para acosar a los opositores, especialmente si eran los empresarios (Conaghan 2005: 43; Durand 2003: 458-463). Sin embargo, esta versión no se ajusta a los hechos. Los enterados de asuntos tributarios saben que el primer jefe de UEIT, Marco Miyashiro (octubre de 1994-diciembre de 1996), y la jefa de SUNAD (Superintendencia Nacional de Aduanas), Carmen Higaona (enero de 1991-abril de 1999), fueron “enemigos declarados” de Montesinos. Su control total de las entidades tributarias comenzó recién después de la destitución de ellos.

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El poder de Montesinos que asegura el camino a la tercera postulación y su precio Para superar las dificultades políticas que encaró, Fujimori dependió de forma desproporcionada de Montesinos. Como hemos explicado en este capítulo, el mandatario forzó al extremo la posibilidad legal de la tercera postulación. Montesinos le sirvió particularmente para asegurar más esta posibilidad legal. Para eso, el jefe de Estado permitió al asesor del SIN extender su influencia en el Poder Judicial, Ministerio Público y Jurado Nacional de Elecciones. En el primer mandato de Fujimori, también se sabía que Montesinos tenía determinado nivel de influencia en el Poder Judicial y otras entidades autónomas. Por ejemplo, la Fiscal de la Nación nombrada después del “autogolpe” estrechó sus relaciones con Montesinos.46 Sin embargo, luego de que Santiago Fujimori y Yoshiyama salieron del gobierno, Montesinos quedó como el único allegado que tenía estrechas relaciones con el presidente y expandió su influencia e intervino más abiertamente —sin dificultad alguna— en diversas entidades autónomas del Estado. El Jurado Nacional de Elecciones tenía la facultad de examinar la inscripción del candidato Fujimori para las elecciones presidenciales de 2000 y decidir la aceptación o negación de su candidatura como última y única instancia. La Constitución estipula que los cinco miembros del Jurado Nacional de Elecciones son los representantes elegidos de la Corte Suprema, la Fiscalía Suprema, el Colegio de Abogados de Lima, y los decanos de las Facultades de Derecho, tanto de las universidades públicas, como de las privadas. Por tanto, en el caso de que uno lograra tener influencia en el Poder Judicial y el Ministerio Público, habría podido colocar en el Jurado Nacional de Elecciones, por lo menos, a dos miembros a su favor. Como hemos señalado en la sección 3 de este capítulo, las Comisiones Ejecutivas del Poder Judicial y del Ministerio Público, ambas creadas originalmente para impulsar la reforma interna, se desviaron de su objetivo y se convirtieron en instrumentos de Montesinos para intervenir en ambas entidades autónomas del Estado. Por otro lado, después del “autogolpe” se incrementaron los casos en que la comisión reorganizadora, que había sido conformada y nombrada

46.

Véase la nota 17 de este capítulo.

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por el gobierno con el objetivo de impulsar la reforma interna de las universidades estatales, asumió la responsabilidad de su administración. En noviembre de 1997, el Congreso aprobó, con el apoyo del oficialismo, una ley que prorrogó hasta la dación de una nueva ley universitaria el periodo de actividades de las comisiones reorganizadoras instaladas en cada universidad estatal. Esta ley parece haber tenido el objetivo de mantener la influencia en las Facultades de Derecho de las universidades públicas, que tienen la facultad de elegir a un representante ante el Jurado Nacional de Elecciones. Pese a todo esto, tal vez Montesinos no logró sentirse seguro. En diciembre de 1997 se aprobó en el Congreso una ley que niveló las facultades entre los magistrados titulares y los provisionales del Poder Judicial y el Ministerio Público. Entre los magistrados de ambas entidades autónomas existen los titulares y los provisionales. Los primeros son los que cumplen todos los requisitos legales, como antigüedad en el servicio para ser nombrados en cierto cargo, mientras que los segundos son nombrados para determinado cargo, aunque no cumplan todos los requisitos. Entre los titulares y los provisionales se dio una diferencia de facultades: por ejemplo, solo los titulares tenían el derecho a voto para elegir un representante ante el Jurado Nacional de Elecciones pero, los provisionales, no. Con la dación de la mencionada ley, los magistrados provisionales también podían participar en las elecciones para un representante de la Corte Suprema y Fiscalía Suprema ante el Jurado Nacional de Elecciones. Después del “autogolpe” de 1992, tanto en el Poder Judicial como en el Ministerio Público aumentaron los magistrados provisionales. Por ende, la ley de diciembre de 1997 tuvo un contenido favorable a Fujimori. Además, en mayo de 1998, la alianza oficialista aprobó en el Congreso una ley que modificó el sistema de votación en el Jurado Nacional de Elecciones. La nueva ley estipuló que, para que el Jurado Nacional de Elecciones emitiera la sentencia de nulidad, se debería contar con la aprobación de cuatro de los cinco miembros, en lugar de la mayoría simple (tres votos) de hasta entonces. Ya en el Jurado Nacional de Elecciones había dos y hasta más miembros favorables al gobierno. Montesinos se aseguró de que, con la ley modificatoria, aun en caso de que la oposición presentara observaciones contra la tercera postulación de Fujimori, el Jurado Nacional de Elecciones jamás las aceptaría ni emitiría una resolución de nulidad respecto de la candidatura del mandatario.

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Por si fuera poco, en marzo de 1998 se promulgó una ley que redujo las facultades del Consejo Nacional de la Magistratura para imponer sanciones y destituir a los magistrados del Poder Judicial y el Ministerio Público. El Consejo Nacional de la Magistratura es un órgano autónomo del Estado que se encarga de seleccionar y nombrar a los magistrados del Poder Judicial y el Ministerio Público, así como de examinar e imponer las sanciones que correspondan, o destituirlos. Para entonces, la oposición había presentado diversas solicitudes para destituir a los magistrados supuestamente favorables al gobierno. Mediante dicha ley, Montesinos pretendió defender a capa y espada a los magistrados que respondían a sus presiones o instrucciones y acataban su voluntad. Dicha ley provocó la crítica, no solamente de la oposición, sino también del Banco Mundial, que llegó a congelar una ayuda económica, ya aprobada, para la reforma judicial, al considerar que la ley implicaba una intromisión en la independencia de la administración judicial. La congelación de la ayuda no inquietó a Fujimori, porque su monto no era grande: 22,5 millones de dólares; y porque las otras ayudas económicas del Banco Mundial y de otras organizaciones financieras internacionales no fueron congeladas. De todas maneras, quedó claro que la brusca manera de hacer política interna entraba en conflicto con el criterio internacional. En el año 2000 las relaciones internacionales constituirían el talón de Aquiles de Fujimori. La congelación de la ayuda del Banco Mundial fue un suceso que insinuó este desarrollo del futuro político. Debido a las múltiples redes de influencia extendidas por Montesinos, la posibilidad legal de la tercera postulación de Fujimori quedó mejor asegurada; sin embargo, su precio fue que permitieron también a Montesinos aprovechar mucho más las oportunidades de utilizar su poder para objetivos oscuros, como la corrupción, al tiempo que las intimidaciones y presiones contra los antifujimoristas, incluidos los hombres de prensa, se realizaron más abierta e intensamente que antes. La corrupción infestó diversos sectores del Estado, como el Poder Judicial, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional; sucedió en relación con la droga, la compra de armas y las obras públicas. Por otro lado, desde 1998 se observaron amenazas e intimidaciones contra las empresas privadas, so pretexto de problemas tributarios o acusaciones penales. Estos actos arbitrarios, junto con otros que luego mencionaremos, constituyeron un factor que enfrió el ánimo de los inversionistas extranjeros.

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Respecto de la amenaza y presión contra la oposición, el caso de Baruch Ivcher, empresario judío nacionalizado peruano, fue un ejemplo típico. Ivcher se dedicaba a fabricar y vender colchones, y era dueño de más de la mitad de las acciones del Canal 2 de televisión. El empresario suministraba colchones a las Fuerzas Armadas del Perú. Durante el primer mandato de Fujimori, las relaciones entre Montesinos e Ivcher no presentaron problema alguno. Sin embargo, desde alrededor de 1995, estas empeoraron. Las causas no quedan claras, aunque se especulan algunas, como conflictos en torno del precio de los colchones para las Fuerzas Armadas, o los intereses relativos a la compra de los aviones de caza Mig que el gobierno estudiaba comprar; o simplemente algunos malentendidos personales. Fueran cuales fuesen las causas, las fricciones personales produjeron un empeoramiento de sus relaciones, e Ivcher empezó a acusar de corrupción a Montesinos en un programa de noticias del canal de televisión de su propiedad. Para conseguir los datos sobre Montesinos, Ivcher utilizó sus recursos financieros y pudo reunir a un equipo de periodistas y conformar un grupo de inteligencia comparable al SIN, listos para descubrir y revelar exhaustivamente las partes oscuras del asesor del SIN. Irritado por la conducta de Ivcher, Montesinos recurrió, en julio de 1997, a la medida extrema de quitar la nacionalidad peruana a Ivcher, so pretexto de que se había detectado una deficiencia en sus documentos de solicitud de naturalización. Según la ley peruana, los que no tienen la nacionalidad peruana no pueden tener más de la mitad de la totalidad de las acciones de una compañía de radio o televisión. Por tanto, Ivcher se vio precisado a renunciar a la posición de mayor accionista del Canal 2 de televisión. El problema en torno de Ivcher se originó en el odio personal de Montesinos, y se convirtió en un tema político de trascendencia. Al mismo tiempo, este problema, junto con otros como la expansión de la influencia de Montesinos en el sector judicial y otros ámbitos del Estado, la creciente presión y acoso contra los antifujimoristas y la tortura y asesinato de las agentes de Inteligencia del Ejército perjudicaron enormemente la imagen del gobierno de Fujimori dentro y fuera del país. Además de la violación de los derechos de Ivcher, el problema puso en cuestión, también, la violación a la libertad de prensa, porque el empresario usó un programa de televisión para atacar a Montesinos y este lo aplastó. Estados Unidos, particularmente el Congreso Federal, dio amplio tratamiento al

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caso de Ivcher, en parte por su ascendencia israelita. La imagen del Perú empeoró, lo que —añadido a la situación en la que ya se habían perdido varias de las condiciones atractivas para la inversión que existieron en 1993 y 1994— afectó la actitud de los inversionistas extranjeros en plazas como la de Nueva York, ya no tan dispuestos a hacer negocios en el Perú como antes. De todas maneras, debemos decir que fue anormal que el presidente escuchara al asesor del SIN y defendiera su posición, inclusive cuando el conflicto personal entre Montesinos e Ivcher llegó a perjudicar la política del Perú en general.47 En agosto de 1998, Hermoza fue destituido del cargo de presidente del Comando Conjunto y de Comandante General del Ejército, con lo que Montesinos llegó a completar el control sobre la cúpula militar. El drama de la destitución de Hermoza comenzó con el recrudecimiento de la tensión en la frontera con Ecuador, debido a la invasión de tropas ecuatorianas al territorio peruano. Hermoza insistió en enviar soldados para expulsar a las fuerzas invasoras del territorio peruano. Ecuador también estaba preparado para responder a los contraataques peruanos, de modo que surgió la preocupación de una confrontación bélica inevitable entre los dos países. Sin embargo, los cuatro países garantes, entre los que estaban Brasil y los Estados Unidos —que hasta entonces se habían esforzado por solucionar pacíficamente el conflicto fronterizo sobre la base del Protocolo de Río de Janeiro, y habían logrado hacer avanzar considerablemente el diálogo entre ambos países— buscaron evitar por cualquier medio el estallido de una nueva confrontación militar a estas alturas. Con la destitución simultánea de los belicosos presidentes del Comando Conjunto de ambos países, pretendieron superar la crisis de un nuevo conflicto militar que repentinamente se había presentado. De este modo, buscaron mayores progresos en las conversaciones entre el Perú y Ecuador, mantenidas 47.

La discordia entre Ivcher y Montesinos es detallada en Vargas Llosa (2000a). El autor de este libro, escrito en castellano en el formato de una novela, desarrolla su argumento desde el punto de vista del empresario, pero no escribe nada sobre el origen del conflicto. Montesinos parece haber informado a Fujimori que el problema con Ivcher fue una cuestión de seguridad nacional. Ciertamente, sería una amenaza contra el gobierno el acto de instalar un grupo de inteligencia propio para conseguir las informaciones de la Inteligencia del Estado. Sin embargo, como hemos señalado en esta sección, su origen fue, al fin y al cabo, un conflicto personal entre los dos hombres.

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desde el fin de la guerra limitada de 1995, con la idea de poner fin de una vez por todas al problema fronterizo de los dos países, que parecía entrar a su recta final.48 El sucesor de Hermoza, quien había sido el número uno de las Fuerzas Armadas del Perú por largos seis años, fue un militar de obediencia leal a Montesinos. En el cambio de la cúpula militar, a fines de 1999, de doce generales que asumieron los cargos de importancia en el Ejército, nueve fueron de la misma promoción de la escuela militar que Montesinos. Normalmente no son más de dos o tres los militares de la misma promoción que asumen los cargos de mayor importancia, pero la promoción de Montesinos llegó virtualmente a acaparar la cúpula militar. Montesinos debe haber sido sumamente útil para Fujimori, porque el asesor del SIN sabía acabar con una dificultad dada y lograr determinado objetivo en corto tiempo, incluso recurriendo a medios drásticos o sucios. Las gestiones de Montesinos serían eficientes para los objetivos de Fujimori, en particular al asegurar la posibilidad de su tercera postulación y lograr su tercera elección como Presidente de la República. Por otro lado, todas las informaciones dadas a Fujimori por Montesinos deben de haber sido favorables para Montesinos en persona, con adaptaciones o falsificaciones. Sin embargo, Fujimori jamás tuvo duda alguna sobre la información ón que él le ofrecía. Esto, a pesar de que el mandatario, quien perdió su popularidad gradualmente desde comienzos de 1996, percibió que la existencia de Montesinos era, de una u otra manera, una carga para él, tal como indica el episodio de pretender cambiar (y 48.

La descripción sobre las relaciones entre Fujimori y Hermoza se basa en la entrevista 38 (1998; 1999). En la segunda mitad de 1997 circuló la información de que las Fuerzas Armadas del Perú estaban planeando atacar a Ecuador. El origen de esta información parece haber sido el siguiente: en marzo de 1998 estaba previsto el retiro de un militar que había sido el comandante general de las Fuerzas Armadas de Ecuador cuando estalló la guerra limitada de 1995; las Fuerzas Armadas del Perú conjeturaron que, antes de su retiro, cabía la posibilidad de que las Fuerzas Armadas ecuatorianas introdujeran de nuevo sus tropas en territorio peruano; y, sobre la base de esta hipótesis, elaboraron un plan de operación para adelantarse a Ecuador, invadir el país vecino y obligarlo a definir la frontera. Al parecer, las Fuerzas Armadas del Perú llegaron a realizar incluso un simulacro de dicha operación en un plano. De todas maneras, la operación quedó solo como un plan porque, nerviosos por el movimiento de las Fuerzas Armadas peruanas, los Estados Unidos reaccionaron rápidamente. Al mismo tiempo, Fujimori no tuvo la intención de iniciar una nueva guerra con Ecuador (entrevista 38: 1997).

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V / El derrumbre del gobierno de Fujimori (1995-1998)

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desistir a medio camino) a Montesinos a algún puesto público, en julio de 1997.49 Tal vez dicha actitud de Fujimori hacia Montesinos se debió a que el mandatario estaba cegado por el objetivo final de lograr, a toda costa, la tercera elección consecutiva; aunque como veremos en las primeras partes del siguiente capítulo, hubo en la cabeza de Fujimori titubeos en la tercera postulación. El jefe de Estado peruano no dejó de depender de las informaciones de Montesinos hasta la última etapa de su gobierno, y finalmente este se derrumbó arrastrado por la caída de Montesinos.50

49.

Sobre este episodio, véase la sección 4 de este capítulo.

50.

Después de la renuncia de Yoshiyama, en septiembre de 1996, Fujimori dependió totalmente de una persona, Montesinos. Esto plantea una cuestión de si esta situación fue adecuada para el presidente de un país, para un político. Los líderes políticos necesitan no solamente la capacidad de tomar decisiones cuando las requieran, tal como Fujimori solía enfatizar, sino también la modestia y cordura de escuchar opiniones distintas. El sociólogo alemán Max Weber (1982: 349-351) sugirió este punto y señaló tres cualidades decisivamente importantes para el político: pasión, sentido de la responsabilidad y mesura.

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CaPítulo VI

Propaganda del gobierno en Puno (el desarrollo con la planta de energía San Gabán [arriba] y el seguro escolar gratuito [abajo], 1999).

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[...] quizás hemos tenido algunas fallas, y han habido protestas de parte de algunos sectores de la población, porque estábamos centrados en un concepto fundamental para mí y para el pueblo peruano, y creo que para el pueblo latinoamericano, que la democracia es igualdad de oportunidades. Y hemos trabajado intensamente para que esa igualdad de oportunidades se diera en el Perú. [...] Esa igualdad de oportunidades en la educación, en la salud, es parte fundamental de la democracia. En el Perú los peruanos no van a entender más democracia como el simple derecho de ir a votar en las ánforas, sino van a entender como el derecho que tienen sus hijos para ir a escuela. Y no a la escuela de esas covachas que existían en el año noventa [1990]; sino a unas escuelas dignas, en donde los maestros cada vez estarán mejor capacitados. Y eso para nosotros es parte de la democracia, y que haya acceso a la salud, y que todos los niños tengan esas posibilidades. Eso es la democracia, y quizás por esa atención que... en que estábamos centrados, es que probablemente algunos aspectos de la llamada institucionalidad democrática no los completamos. Todo gobierno tiene sus fallas, eh..., yo reconozco las mías. Las he dicho públicamente. Palabras de Fujimori en la primera conferencia de prensa después del anuncio de su renuncia (19 de septiembre de 2000).

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—VI— El fin del gobierno de Fujimori (1999-2000)

1.

Acciones de Fujimori y la oposición con miras a las elecciones de 2000

Algunos factores favorables a Fujimori a pesar de su baja popularidad Para Fujimori, quien forzó en diversos aspectos dejar abierta la posibilidad legal de su tercera postulación, fue un elemento obviamente preocupante, de cara a las elecciones presidenciales de 2000, quedar acorralado políticamente, sin poder mostrar resultados concretos. Asimismo, debía agobiarle que la desaprobación de su gestión superara el nivel de la aprobación. Una persona que tuvo la experiencia de haber visto al mandatario unas cuantas veces entre 1997 y 1998, cuando su popularidad era baja, refiere que Fujimori le dijo que consideraba también la posibilidad de desistir de su candidatura en las elecciones presidenciales de 2000 en caso de que su popularidad siguiera siendo baja. Hizo esta confesión porque quizás sintiera que estaba tocando el límite de su capacidad política. Como candidato sucesor indicó a su interlocutor el nombre de Francisco Tudela, quien desempeñó el cargo de ministro de Relaciones Exteriores desde el inicio del segundo mandato de Fujimori hasta julio de 1997, cuando renunció en protesta por la anulación de la nacionalidad a Ivcher (entrevista 29: 2000a).

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Sin embargo, la posibilidad de que Fujimori no participara en las elecciones presidenciales del año 2000 resultaba inaceptable para Montesinos quien, involucrado en diversos actos ilícitos, pensaba continuar gozando de una posición privilegiada. El asesor del SIN parece haber persuadido con intensidad al mandatario para que se presentase a las elecciones, con el objetivo de asegurar la continuidad de sus políticas. Por su parte, Fujimori se fue convenciendo cada vez más de que la entrega del gobierno a otras fuerzas políticas en el año 2000 sería apresurada. Finalmente, el mandatario decidió tomar un camino intermedio: aunque postularía por tercera vez consecutiva a las elecciones presidenciales, tras un año de su tercer mandato presidencial cedería el poder al primer vicepresidente y se retiraría de la escena principal de la política. Para el cargo de primer vicepresidente, constitucionalmente encargado de sucederle en el poder, Fujimori pensaba nombrar a Tudela, en quien tenía confianza. Podemos decir que Fujimori se planteó a sí mismo un plan de “aterrizaje suave”, que implicaba que el cambio de gobierno se produciría tras un intervalo de transición de cinco años. Este plan fue usado para persuadir a Tudela —quien se dedicaba a la vida académica en los Estados Unidos después de su renuncia al cargo de ministro de Relaciones Exteriores, y había sido nombrado embajador peruano en la ONU a principios de 1999— de formar parte de su plancha presidencial, como candidato a la primera vicepresidencia.1 Una vez superados estos titubeos acerca de su tercera postulación

1.

El autor se enteró por primera vez de tal plan de “aterrizaje suave” a principios del año 2000 (entrevista 55: 2000a), y lo reconfirmó a través de una fuente cercana a Fujimori, a principios de 2001 (entrevista 33: 2001). Vale decir que Tudela aceptó ser candidato a la primera vicepresidencia en la plancha de Fujimori porque fue persuadido por el mismo mandatario, quien le aseguró que, después de un año de su tercer mandato presidencial, renunciaría a la presidencia y le encargaría dirigir el Estado peruano. El objetivo de esta renuncia sería dedicarse a promover un gran plan: la conformación de una Confederación Inca entre el Perú y Bolivia, para que ambos países salieran del estado de subdesarrollo. Más tarde, Fujimori escribe lo mismo en sus memorias. En ellas agrega que desde el primer mandato había pensado secretamente en la necesidad de dicha confederación; que tuvo una conversación secreta sobre el tema con el presidente boliviano Gonzalo Sánchez de Lozada, y que también se encontraba en perspectiva la participación de Ecuador (Fujimori 2003: 343-346). Por otro lado, según sus memorias, Fujimori aprovechó para sondear a Tudela sobre su candidatura en una de las dos visitas que realizó a Nueva York con el objetivo de tener reuniones con su par ecuatoriano y sacar adelante las negociaciones sobre el conflicto fronterizo, que

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y asumida esta nueva táctica, Fujimori volvió a pensar que debería triunfar en las elecciones del año 2000.2 Sin embargo, como hemos señalado en el capítulo anterior, en la política general soplaban vientos contrarios para él. Aun así, no todos los factores eran desfavorables para el mandatario. En primer lugar, pese al descenso de la popularidad presidencial, el nivel de aprobación de la oposición no aumentó proporcionalmente; más bien, se estancó en un nivel bajo, y no tuvo el ímpetu para superar por largo tiempo la baja aprobación presidencial. Entre 1995 y 1999, el promedio anual de la popularidad de la oposición se encontraba en un nivel inferior al de la desaprobación (véase el cuadro 6.1). Entre 1997 y 1999, cuando la popularidad de Fujimori permaneció baja, la aprobación de la oposición superó el nivel de desaprobación solamente de junio a agosto de 1997, y en mayo de 1998; por otro lado, la popularidad de la oposición superó la de Fujimori solo de junio a octubre de 1997, y en diciembre del mismo año, así como en julio, septiembre, octubre y diciembre de 1998 (Informe de opinión, enero de 1997-diciembre de 1999). Podemos indicar dos razones acerca del estancamiento de la popularidad de la oposición. La primera de ellas fue su manera de enfocar los problemas políticos. La crítica de la oposición se concentró en la tercera postulación de Fujimori. Con esta actitud ganó el apoyo de una parte de los electores, quienes pensaban que el rol del político de origen japonés ya había terminado, pero no sirvió para atraer a la gran mayoría de los electores, más preocupados en la superación de diversos ersos problemas socioeconómicos que en la tercera postulación del mandatario. La oposición, absorta en tratar de impedir la tercera postulación de Fujimori, jamás presentó medidas concretas, atractivas y convincentes sobre los problemas socioeconómicos, como el desempleo o la pobreza, que la mayoría de la población consideraba prioritarios en materia de política. Las fuerzas opositoras no se encontraban en la recta final. Esto significa que el sondeo a Tudela fue ejecutado a principios de octubre de 1998. A propósito, Fujimori comenta que con el nombramiento de Tudela pretendió ganar votos adicionales de las clases altas y medias (Fujimori 2003: 344), sectores donde el ex canciller era evaluado, al menos en parte, positivamente. 2.

De todas maneras, debemos señalar que fue demasiado arrogante la actitud de Fujimori de dar prioridad, antes que a los asuntos del Estado, a su conveniencia personal de activar el plan de “aterrizaje suave” y fijar con arbitrariedad la agenda política futura del país.

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Cuadro 6.1 niveles de aProbaCión de la oPosiCión (en PorCentaje) año

1995

1996

1997

1998

1999

Aprueba

31

33

39

37

31

Desaprueba

46

45

43

46

52

Aprueba

75

60

41

40

46

Desaprueba

17

31

52

52

47

Oposición

Fujimori

Fuente: Elaboración propia sobre la base de Informe de opinión, agosto de 1995-diciembre de 1999. Nota: Las cifras son los promedios de los datos de las encuestas realizadas en cada mes. Las de 1995 se basan en los datos de agosto a diciembre del año señalado.

lograron borrar su imagen de ser poco constructivas, ni crearon expectativas sobre sí entre la mayor parte de los electores. La segunda razón fue la continuidad de la estructura tradicional de las fuerzas opositoras, de marcado cariz autoritario y basadas en la dominación de un líder máximo. En el caso de los partidos políticos existentes no se produjo ninguna renovación; las mismas caras continuaron ocupando su aparato, sin presentar novedad alguna. Su proceso interno de toma de decisiones quedó cerrado, y la distancia entre los partidos existentes y la sociedad no se acortó. Las agrupaciones políticas independientes compartían las características principales de los partidos políticos existentes: falta de propuestas concretas sobre los problemas socioeconómicos y un cerrado proceso interno. Tanto en el movimiento Somos Perú, liderado por Andrade, alcalde de Lima y uno de los dirigentes de importancia entre los independientes, como en el partido UPP, mayor fuerza opositora en el Congreso, la voluntad de sus máximos dirigentes decidió todas las líneas de sus respectivas agrupaciones. Como Fujimori, Andrade no basó sus acciones políticas en un plan integral o en una perspectiva de largo alcance; tampoco tomó decisiones democráticamente, ni pretendió crear un consenso sobre determinada política. En este sentido, no solamente Fujimori sino también los

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otros políticos independientes, así como sus agrupaciones, reproducían las imborrables características de la política tradicional del Perú. Un ejemplo de la actuación política de Andrade fue el proyecto de reparación de la Plaza Mayor de Lima, realizado en 1996, a pesar de los roces mantenidos con el gobierno de Fujimori acerca de los 6 millones de dólares que costaría. Nunca, ni en la campaña electoral, ni después de su elección como alcalde, existió un plan integral que señalara qué parte ocuparía dicha obra dentro del plan de obras en todo Lima. Tampoco se discutió públicamente sobre alguna política global, ni el mismo proyecto de la reparación de la Plaza Mayor de Lima, ni mucho menos si se debía dar prioridad a este u otros proyectos de construcción o reparación de infraestructura. En resumen, no se construyó un consenso o entendimiento amplio entre los ciudadanos respecto de la reparación de la Plaza Mayor de Lima, antes de su inicio. Al mismo tiempo, igual que en el caso de Fujimori, la obra fue aceptada por la mayoría de los limeños gracias a su resultado. En el caso de UPP, se intensificó el conflicto interno entre la derecha y la izquierda; en la segunda, se produjo al mismo tiempo el antagonismo personal entre los dirigentes. De este modo, la mayor fuerza opositora del Congreso perdió cada día su cohesión. En su interior se fortaleció la dominación de la izquierda, y una parte de la derecha se alejó de UPP para incorporarse a la alianza oficialista. En febrero de 1999, Pérez de Cuéllar dio a conocer su retiro de la dirigencia. Luego, la dominación interna de una parte de la izquierda se consolidó, pero sus actividades dejaron de atraer la atención del pueblo en general. El segundo factor favorable a Fujimori en aquel momento fue la conexión del gobierno con las provincias, alcanzada gracias a las amplias redes personales cultivadas por Absalón Vásquez, asesor presidencial y ex ministro de Agricultura. Como hemos señalado en la sección 3 del capítulo anterior, cuando Vásquez desempeñó el cargo de viceministro y ministro de Agricultura, creó redes personales con las oficinas provinciales del ministerio, con las organizaciones relacionadas con la agricultura y con las oficinas de los CTAR, así como con los funcionarios representantes del Estado para el departamento, provincia y distrito (los prefectos, subprefectos y gobernadores). Estas redes se basaron en unas relaciones clientelistas que implicaban la cesión de ciertos beneficios a las provincias a cambio de su respaldo político. Por ejemplo, para estrechar sus relaciones con los campesinos, el Ministerio de Agricultura realizó no solo diversas obras de

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infraestructura, como la instalación y reparación de sistemas de irrigación, sino también la distribución gratuita de semillas y fertilizantes. El nivel de la capacidad de movilización de Vásquez se demostró en las elecciones municipales de octubre de 1998. En ellas, la alianza oficialista Cambio 90-Nueva Mayoría no presentó candidatos. En su lugar, Fujimori encargó a Vásquez conformar un nuevo movimiento, llamado Vamos Vecino, y presentar los candidatos oficialistas para las elecciones municipales de 1998. Para la alcaldía de Lima, Juan Carlos Hurtado Miller, quien desempeñó el cargo de Primer Ministro y ministro de Economía y Finanzas, fue nombrado candidato oficialista y retó al entonces alcalde Andrade. Sin embargo, la popularidad de este estaba en un punto álgido. En las elecciones, el apoyo a Hurtado Miller llegó solamente al 32,7%, y Andrade salió reelegido con el respaldo del 58,8%. En las provincias, la capacidad de movilización de Vásquez produjo sus frutos en cierta medida y muchos candidatos oficialistas salieron elegidos. En 76 de las 194 provincias donde se celebraron elecciones provinciales, triunfaron los candidatos oficialistas. De este modo, Vásquez demostró que tenía una fuerza nada despreciable.3 El movimiento Somos Perú de Andrade, quien dejó entrever su aspiración a candidatear en las siguientes elecciones presidenciales, ganó las elecciones en 21 provincias; con lo que demostró que su agrupación no había logrado extender sus fuerzas fuera de Lima. Por otro lado, UPP, segunda fuerza mayor en el Congreso, registró una victoria electoral únicamente en dos provincias (véase nuevamente el cuadro 2.3). En el ámbito distrital, los candidatos de Vamos Vecino salieron elegidos alcaldes distritales en 597 distritos de un total de 1622. La capacidad de Vásquez de movilización a cierta escala, básicamente en las provincias, constituyó uno de los soportes importantes para que Fujimori ganara las elecciones del año 2000. Además, Fujimori pudo hacer campaña electoral a través de los funcionarios y trabajadores del gobierno, así como de las organizaciones filiales de la administración pública. Entre sus apoyos figuraron unos 29 mil alfabetizadores enviados por el gobierno por todo el país, y las organizaciones de ayuda en alimentos. Si bien resulta difícil evaluar la magnitud de 3.

Sin embargo, el triunfo del oficialismo en las elecciones municipales de 1998 no llegó al máximo nivel conseguido por AP y el PAP en las elecciones municipales de la década de 1980 (véase nuevamente el cuadro 1.12).

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su intervención y aporte, es sabido que ambos grupos realizaron campaña electoral profujimorista. Más tarde, el gobierno de Fujimori sería criticado por parte de la oposición por el uso de los órganos y programas gubernamentales para su campaña electoral.4

Fujimori recupera cierta popularidad y decide finalmente candidatear Aunque existían ciertos factores favorables a Fujimori, su popularidad permaneció baja en 1998. Desde comienzos de ese año, Fujimori dirigió en persona las gestiones gubernamentales para apoyar la recuperación de las zonas perjudicadas por los desastres naturales del fenómeno El Niño. Por otro lado, en octubre de 1998 puso fin al conflicto fronterizo con Ecuador; esta hazaña, que pudiera marcar su nombre en la historia como presidente, culminó con la demarcación de toda la frontera terrestre del Perú. Sin embargo, ambos hechos no consiguieron elevar su popularidad hasta el alto nivel anterior. En la economía, el capital dejó de circular y la recesión continuó; los bancos se abstenían de realizar préstamos. En fin, no había condiciones políticas y económicas favorables para impulsar la popularidad de Fujimori. En medio de esta situación política, a la par que frenaba y finalmente cerraba las gestiones opositoras a favor del referéndum sobre su tercera postulación, Fujimori empezó a hacer esfuerzos por mejorar su imagen. Lanzó como su lema “Perú, país con futuro” y, para cambiar la percepción de que su rol ya había terminado, pretendió vender la imagen del presidente sincero que se esforzaba por elevar el nivel de vida de la gente, a través de medidas contra la pobreza y por la mejora del bienestar social. Al mismo 4.

El Fondo Nacional de Compensación y Desarrollo Social (FONCODES), entidad estatal encargada de llevar a cabo las medidas contra la pobreza, decidió las prioridades de los proyectos de desarrollo local automáticamente; vale decir, mediante un programa de computadora, de 1994 a 1997 (para ser exactos, hasta que Alberto Afuso, de la facción de Santiago Fujimori, fue destituido como director). Sin embargo, con miras a las elecciones municipales de 1998, las prioridades de los proyectos de FONCODES empezaron a definirse en función de criterios políticos (entrevista 45: 2001a). Cuando el FONCODES decidía las prioridades de los proyectos automáticamente, con la computadora, era elogiado por el BID y el Banco Mundial como modelo de administración en materia de la lucha contra la pobreza. Sobre la utilización política de los programas de asistencia social, véase también Rousseau (2006; 2009) y Yépez (2002: 43-45).

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tiempo, continuó con la realización de obras públicas y con sus políticas de asistencia social. También reanudó la visita a las provincias, aunque no tan frecuentemente como lo hiciera después del referéndum constitucional de 1993. Entre las nuevas medidas sociales, destacó la implantación del seguro escolar gratuito a partir de agosto de 1997; pero su impacto social fue mínimo. Aun así, en aquel entonces, se reportó que alrededor del 60% de los pobres recibían una u otra forma de ayuda en alimentos por parte del gobierno (World Bank 1999: 41). Las políticas de asistencia social y las medidas contra la pobreza llevadas a cabo por el gobierno contribuyeron a mantener cierto nivel de popularidad presidencial, particularmente entre los pobres, que sumaban la mitad de la población (véase otra vez el cuadro 5.7). Para vender su imagen, Fujimori utilizó los mecanismos de publicidad del gobierno. En todo el país, cualquier obra pública o proyecto gubernamental era publicitado mediante enormes paneles pintados con el llamativo color naranja, símbolo de los fujimoristas usado desde la campaña electoral de 1990, o tenían escrito el lema fujimorista. Por otro lado, el gobierno entregó un enorme monto de dinero a los medios de comunicación, particularmente a los canales de televisión, que sufrían dificultades financieras, para que realizaran la publicidad de las obras públicas y otras gestiones gubernamentales. El acercamiento a los medios de comunicación se realizó mediante un publicista cercano a Montesinos; también hubo ocasiones en que Montesinos hizo personalmente la entrega de dinero a los presidentes u otros funcionarios de alto cargo de las compañías. Según una investigación, el gasto del gobierno para la publicidad en los medios de comunicación aumentó enormemente de 1998 a 1999 (véase el cuadro 6.2). Especialmente en 1999, el gobierno encargó a la televisión, radio y periódicos la activa difusión de su publicidad; y aunque en este año no hubo ninguna elección, su monto total superó a lo gastado en 1995, cuando se llevaron a cabo tanto las elecciones generales como los comicios municipales. Las actividades de Fujimori para mejorar su imagen no generaron fuertes expectativas de futuro entre muchos peruanos. Sin embargo, ayudadas por la falta de candidatos o de propuestas atractivas de la oposición, produjeron efectos desde la segunda mitad de 1999 (véase el cuadro 6.3). En la primera mitad de ese año, todavía la desaprobación presidencial superaba al 50%. Pero, en la segunda mitad, la aprobación presidencial tendió a superar a la desaprobación, que registraba menos del 50%. Desde diciembre

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Cuadro 6.2 gasto del gobierno en la PubliCidad (Miles de dólares us$) año Televisión Radio Periódicos Revistas

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

30.352,2 51.422,7 24.281,7 20.879,0 27.935,5 52.118,9 29.126,0 1479,7 2089,0 1849,8 1381,4 1860,3 6712,5 3015,9 2107,0 4437,9 3301,9 7088,4 8359,6 9518,1 4635,9 – – 459,9 – 350,8 897,0 305,5

Fuentes: Elaboración propia sobre la base de Webb y Fernández (1995: 771; 1996: 775; 1997: 853; 1999: 960, 961; 2000: 1018, 1019; 2001: 1013; 2002: 968, 970). Nota: Los datos en las fuentes son los de los diez mayores anunciantes. En los casos en que el gobierno no figure entre los primeros diez puestos, no se conoce el monto. Tal caso está señalado con el signo – en este cuadro.

de 1999 se recuperó cierta esperanza en el futuro, y la popularidad presidencial volvió a subir a más del 50%, aunque no fue comparable con los altos niveles del primer periodo de Fujimori. Si vemos la popularidad según las clases sociales (véase otra vez el cuadro 5.7), en las clases bajas, que recibían los beneficios de las políticas de asistencia social y las medidas contra la pobreza, la aprobación a la gestión presidencial aumentó entre 1999 y 2000. Una vez que la recuperación de su popularidad llegó a cierto nivel, Fujimori decidió presentarse por tercera vez consecutiva a las elecciones presidenciales. A fines de diciembre de 1999, el mandatario anunció su postulación en las elecciones del año 2000. Según el anuncio, esta decisión se debía a que no había encontrado ningún sucesor confiable, tanto en el oficialismo como en la oposición; y a que en la alianza oficialista, las Fuerzas Armadas y otros sectores, hubo muchas voces que reclamaban la continuidad del gobierno de Fujimori. Después del anuncio de su tercera postulación, Fujimori inscribió inmediatamente su candidatura ante el Jurado Nacional de Elecciones. Acto seguido, la oposición presentó hasta 18 observaciones demandando la nulidad de su candidatura, debido a la inconstitucionalidad de su tercera postulación consecutiva. El Jurado Nacional de Elecciones no invirtió mucho tiempo en rechazar todas las observaciones presentadas. Esta actitud tan tosca intensificó las dudas de la oposición sobre la autonomía del Jurado Nacional de Elecciones.

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41

54

55

23 16

Será Igual

Empeorará

14

22

33

36

13

25

33

35

57

Mar.

25

30

32

55

42

Mar.

6

16

41

37

53

abr.

33

28

23

51

42

abr.

11

24

38

39

55

May.

33

31

20

50

43

May.

26

28

30

40

52

jun.

25

25

29

50

46

jun.

32

24

26

43

48

jul.

29

26

25

43

50

jul.

28

27

28

42

48

ago.

28

27

30

39

48

ago.

35

26

25

51

44

seP.

35

24

23

42

49

seP.

Fuentes: Elaboración propia sobre la base de Informe de opinión, enero de 1999-noviembre de 2000. Nota: “Situación económica familiar” se basa en los datos de las preguntas sobre dicha situación dentro de un año.

32

Mejorará

Situación Económica Familiar

36

31 ene.

Empeorará

2000 Aprobación Presidencial Aprueba

Desaprueba

32 feb.

29

Será Igual

30

23

Mejorará

26

52

38 55

feb.

ene.

Situación Económica Familiar

Desaprueba

1999 Aprobación Presidencial Aprueba

39

24

14

57

36

oCt.

35

28

22

48

45

oCt.

36

27

19

70

24

nov.

26

25

27

40

49

nov.

Cuadro 6.3 niveles de aProbaCión PresidenCial y exPeCtativas sobre la situaCión eConóMiCa y faMiliar (en PorCentaje)

22

23

29

35

53

diC.

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Con miras a las elecciones de 2000, Fujimori conformó un nuevo movimiento llamado Frente 2000, organizado por Vásquez, y lo unificó con la alianza oficialista Cambio 90-Nueva Mayoría y con el movimiento Vamos Vecino. La nueva alianza electoral conformada por las cuatro agrupaciones fue bautizada como Alianza Perú 2000. Ella incluía, pues, dos movimientos liderados por Absalón Vásquez. Fujimori fue el candidato presidencial de esta nueva alianza oficialista. El jefe de Estado nombró a Tudela y a Ricardo Márquez como candidatos para la primera y segunda vicepresidencias, respectivamente. Tudela era ex ministro de Relaciones Exteriores, y desde comienzos de 1999 desempeñaba el cargo de embajador peruano ante la ONU; ya hemos mencionado cómo, mediante el plan de “aterrizaje suave”, Fujimori lo había persuadido para que aceptara ser candidato para la primera vicepresidencia. Márquez era un empresario exitoso del sector informal, y ocupaba desde 1995 el cargo de primer vicepresidente.

La oposición muestra de nuevo el carácter de desunión Por otro lado, entre las fuerzas opositoras se propuso una candidatura unificada que, como en las elecciones de 1995, no llegó a concretarse. Aunque las fuerzas opositoras estaban de acuerdo en oponerse a la tercera postulación de Fujimori, no lograron ponerse de acuerdo en otros aspectos, particularmente en propuestas y acciones concretas; en lugar de colaborar entre sí, cada una de ellas prefirió dar prioridad a sus intereses particulares y buscar la expansión de sus fuerzas y debilitar las de las demás. Al mismo tiempo, los candidatos independientes, como Andrade, no deseaban perjudicar su imagen ligándose a los partidos políticos existentes que habían perdido la confianza del pueblo. Por tanto, cuando organizaron una concentración en contra del gobierno de Fujimori, lo hicieron solos y no pidieron la colaboración de los partidos políticos existentes. Estos vieron con ojos de desconfianza las actitudes y acciones de Andrade y de otros independientes, y las evaluaron como actos partidistas y egoístas.5

5.

El 20 de abril de 1999, las fuerzas antifujimoristas, incluidos los partidos de oposición, dieron a conocer conjuntamente un comunicado de acusación para, entre otras cosas, oponerse a la tercera postulación de Fujimori. La firma de Andrade no figuraba en dicho comunicado.

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La única propuesta que relativamente tendió a presentar una candidatura unificada de la oposición fue hecha a mediados de diciembre de 1998 por el Foro Democrático, que organizó la recolección de firmas para la realización de un referéndum sobre la tercera postulación de Fujimori. La propuesta del Foro Democrático consistía en la realización de unas elecciones primarias —organizadas por el mismo Foro— en que participarían los candidatos de todas las fuerzas opositoras; una vez conocidos los resultados, toda la oposición apoyaría al ganador como candidato unificado de la oposición. Sin embargo, la propuesta no consiguióó la aceptación de los partidos y, finalmente, solo un dirigente del Foro Democrático expresó su intención de participar en las elecciones primarias. De este modo, la propuesta del Foro Democrático fue olvidada por la opinión pública, quedando en el aire. Como una gestión hacia la solidaridad de la oposición, todas las agrupaciones opositoras de diversas tendencias se reunieron y firmaron el Pacto de Gobernabilidad en noviembre de 1999. La firma de este acuerdo implicaba el compromiso de apoyar unánimemente al presidente elegido de cualquier agrupación opositora. Sin embargo, su contenido político fue extremadamente abstracto y general, pues no incluía medidas o plazos concretos para desarrollar la economía y erradicar la pobreza. Este pacto fue cuestionado por la gente común, que dudaba que se fuera a concretar en la realidad por su falta de precisión. Muchos electores podían prever que este acuerdo tendría un destino semejante al de UPP, integrada por diversos grupos unidos por su posición antifujimorista, que terminó perdiendo fuerza política con la deserción de muchos de sus miembros tras la realización de las elecciones generales de 1995, debido a la agudización de los conflictos internos en las diferentes fuerzas políticas que la componían y de sus principales líderes. Cuando la popularidad de Fujimori se encontraba aún en un nivel bajo, algunos candidatos fueron considerados como rivales fuertes del mandatario. Todos ellos eran candidatos independientes que proponían la continuidad constructiva de las políticas de Fujimori, con ciertos cambios necesarios. Por otro lado, los candidatos de los partidos políticos existentes como AP, PPC, PAP e IU, protagonistas políticos de los años ochenta, no contaron con el respaldo popular. Se reveló así nuevamente que estos partidos no habían logrado recuperar la confianza y el apoyo del pueblo, por no haber sabido presentar políticas y medidas eficaces para resolver sus problemas fundamentales.

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Tanto AP como el PAP realizaron el nombramiento del candidato presidencial en el tradicional proceso cerrado. Sus propuestas de políticas con miras a las elecciones no incluyeron algo novedoso y no llamaron la atención de los electores. El PAP llevó a cabo las elecciones internas para escoger a los candidatos para el Congreso. Pero este proceso electoral interno no fue ni transparente ni justo y, finalmente, los dirigentes cercanos al ex presidente García decidieron quiénes serían los “elegidos” (entrevista 01: 2001; entrevista 02: 2001). Por otro lado, el PPC, al no conseguir recuperar su registro de agrupación ante el Jurado Nacional de Elecciones, el mismo que había perdido por su pobre resultado en los comicios de 1995, desistió de participar como agrupación; y sus principales dirigentes participaron en las elecciones para el Congreso, formando parte de las listas parlamentarias de algunas fuerzas independientes opositoras. También en el caso de los políticos de la izquierda, que ya desde años atrás habían perdido su unidad, construyeron relaciones personales con algunas agrupaciones independientes opositoras, como UPP, y se incorporaron a sus listas de candidatos para el Congreso. Como importantes candidatos presidenciales de la oposición emergieron Andrade, alcalde de Lima, y Luis Castañeda, ex director del Instituto Peruano de Seguro Social (IPSS). El primero contaba con un nivel sumamente alto de aprobación a su gestión municipal pues, aunque no había recibido ningún apoyo financiero del Gobierno Central, había logrado llevar a cabo ciertas mejoras en la infraestructura urbana. Andrade convirtió su movimiento Somos Lima en otro denominado Somos Perú, para empezar desde las elecciones municipales de 1998 a hacer preparativos con miras a las elecciones presidenciales del año 2000. Sin embargo, como hemos señalado, estos comicios municipales mostraron su escasa presencia en las provincias. Por su parte, Castañeda había asumido el cargo de director del IPSS, que se encontraba prácticamente en quiebra, cuando se instaló el gobierno de Fujimori en 1990. Hasta que dejó el cargo en 1996, se dedicó a reestructurar el IPSS y a mejorar sus servicios. Respaldado por su exitosa gestión en dicha organización y por su carácter simpático,6

6.

En enero de 1999, el gobierno reorganizó el IPSS y cambió su denominación a Seguridad Social de Salud (ESSALUD). Esta reorganización fue hecha para “borrar” el IPSS que se asociaba frecuentemente con Castañeda (entrevista 20: 1999). Por otro lado, Castañeda logró reestructurar y mejorar el IPSS, principalmente, porque Fujimori

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Castañeda lanzó su agrupación política Partido Solidaridad Nacional (SN) en 1999 y, de este modo, dejó entrever su aspiración a la Presidencia de la República para las elecciones de 2000. La postulación de Alejandro Toledo, economista mestizo, llamó la atención de la prensa. Luego de un resultado desfavorable en las elecciones de 1995, Toledo logró finalmente registrar su movimiento Perú Posible (PP)7 ante el Jurado Nacional de Elecciones en febrero de 1999. Se presentó en las elecciones presidenciales como candidato de esta agrupación propia. Sin embargo, al comienzo, su popularidad era sumamente inferior a la de Andrade y Castañeda. Cuando Andrade y Castañeda realizaron actividades proselitistas en las provincias durante 1999, ocurrieron hechos que los estorbaron, en los que supuestamente estaban involucrados organismos estatales como el SIN. Por ejemplo, cuando Castañeda empezó a pronunciar un discurso en una concentración de una provincia, en septiembre de 1999, se produjo un apagón en toda la zona que le impidió continuar. Estos hechos aumentaron la sospecha acerca de la falta de neutralidad política del Estado. Por otro lado, la oposición cuestionó la entrega de enormes cantidades de dinero para la publicidad gubernamental a los canales de televisión, porque distorsionó su manera de enfocar las noticias, presentándolas siempre de forma favorable a Fujimori. Como hemos indicado, esta entrega formó parte de la táctica de mejorar la imagen de Fujimori. Además, Montesinos se acercó a la llamada prensa amarilla —caracterizada por la exageración, incitación y distorsión—, y su contenido y tono de argumento consistió en la difamación de los principales candidatos presidenciales de la oposición. Esto también provocó una fuerte crítica de la oposición en contra del gobierno de Fujimori.

cumplió con pagar el aporte del gobierno a este organismo. Castañeda condicionó la aceptación de asumir el cargo de director del IPSS al cumplimiento de esta obligación del gobierno, y Fujimori lo aceptó. Hasta entonces, el IPSS siempre había tenido problemas financieros, básicamente debido al incumplimiento del gobierno en la obligación legal de pagar el aporte (entrevista 29: 1999b). 7.

Con miras a las elecciones de 2000, Toledo sustituyó la denominación de su movimiento, País Posible, por la de Perú Posible.

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Proceso electoral de 2000

Fujimori cuenta con cierto apoyo pero su campaña queda sin ímpetu A fines de noviembre de 1999 fueron convocadas oficialmente las elecciones generales del año 2000. Luego de esta convocatoria cada agrupación inició la campaña electoral, y se dedicó a plenitud a realizarla desde el comienzo de 2000.8 En la campaña electoral, Fujimori enfatizó nuevamente como fruto de su política la estabilidad social lograda en su primer mandato, e insistió en que esta vez sí lograría solucionar los principales problemas socioeconómicos como el desempleo y la pobreza. Como hemos señalado, en el segundo mandato Fujimori no pudo dar resultados tangibles que la gente común pudiera sentir en la vida cotidiana. Por tanto, al mandatario no le quedó otro remedio que poder repetir desde el comienzo hasta el fin de la campaña electoral el mismo mensaje que el de las elecciones de 1995: impulsar con ímpetu el desarrollo social y la mejora de la calidad de vida sobre la base de la estabilidad social ya lograda. Veamos el caso de la campaña electoral en el departamento de Puno, ubicado en el sur del Perú, como ejemplo de que la campaña electoral de Fujimori del año 2000 fue la repetición de la campaña de 1995. En este departamento, mediante las actividades publicitarias del gobierno, se hizo propaganda sobre el desarrollo regional basado en la planta hidroeléctrica de San Gabán, así como en el seguro escolar gratuito iniciado en el segundo mandato. Sin embargo, la promesa de un desarrollo regional estimulado por el uso de dicha planta hidroeléctrica había sido el mensaje electoral que Fujimori había usado en las elecciones de 1995. De esta manera, al repetir en la campaña electoral de 2000 el mismo mensaje que en la de 1995, el jefe de Estado demostró involuntariamente que en el segundo mandato no había llevado a cabo políticas importantes, ni había obtenido frutos tangibles que la mayoría de los peruanos pudieran sentir cotidianamente. Además, la repetición de la propaganda electoral difícilmente atrajo a los electores. 8.

Sobre la política peruana desde el proceso electoral de 2000 hasta la caída de Fujimori, véase también Amayo (2011), Balbi y Palmer (2001), Basombrío (2001), Boas (2005), CAJ (2000), Cameron (2006), Carrión (2006), Cooper y Legler (2001), García Calderón (2001), Marcus-Delgado y Tanaka (2001), McClintock (2001; 2006), Levitsky y Cameron (2003), Palmer (2006), Pegram (2008), Santa-Cruz (2005), Schmidt (2000; 2002), Tanaka (2001; 2002), Taylor (2000; 2001), Vargas Llosa (2000b), Vivas (2001), entre otros.

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En las elecciones generales anteriores, de 1995, Fujimori había asistido frecuentemente a la inauguración de obras públicas y había dejado impresionados a los electores por los resultados de sus gestiones. Estas actividades fueron duramente criticadas por la oposición, que denunció en numerosas ocasiones la utilización del cargo de la Presidencia de la República con fines electorales. Por tanto, en la campaña electoral de 2000, Fujimori se abstuvo de asistir a inauguraciones: solo realizó visitas de inspección y menos frecuentemente; incluso, se abstuvo de hacer propaganda electoral durante las mismas. La campaña electoral de Fujimori no introdujo novedades ni tuvo el ímpetu de la anterior. En las encuestas sobre la intención de voto, Fujimori registró el apoyo de más del 40%, básicamente gracias al respaldo de las clases bajas; pero nunca superó el 50%. En febrero de 2000, Fujimori lanzó un programa de vivienda para las clases bajas y medias que consistía en la venta de terrenos estatales para la construcción de sus casas a precios cómodos. Sin embargo, no tuvo el efecto de aumentar su popularidad (véase el gráfico 6.1), tal vez porque fue demasiado evidente que Fujimori lo propuso repentinamente con el objetivo de atraer a los electores; o quizá porque el efecto positivo del anuncio del programa en la intención de voto se vio contrarrestado por el efecto negativo provocado por el escándalo de la supuesta falsificación de firmas de una agrupación de la alianza oficialista; caso que veremos en las próximas líneas. Una parte de las clases bajas, y muchos integrantes de las clases altas y medias apoyaron a otros candidatos. En las encuestas sobre la intención de voto, su total llegó al 45% y, a veces, hasta el 55%. Aparte de la insatisfacción con los escasos resultados del segundo mandato, una parte de las clases bajas no apoyó a Fujimori, como una reacción frente al acto o amenaza de que los organismos estatales discriminasen en las políticas de asistencia social, como la entrega de alimentos, a quienes no expresasen claramente su apoyo a Fujimori. Aun así, mientras los que no apoyaban a Fujimori quedasen distribuidos entre tres candidatos principales de la oposición, como eran Andrade, Castañeda y Toledo, al mandatario todavía le era posible hacer campaña electoral con un poco de tranquilidad (entrevista 15: 2000a; 2000b). A fines de febrero del 2000, un periódico local hizo pública la sospecha de que el Frente 2000 —que formaba parte de la alianza oficialista Perú 2000— habría presentado alrededor de un millón de firmas falsificadas

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Cuadro 6.1 intenCión de voto en las eleCCiones PresidenCiales de 2000 (PriMera vuelta)

Fuente: Elaboración propia sobre la base de Informe de opinión, octubre de 1999-abril de 2000; . Nota: Son resultados de las encuestas realizadas en el ámbito nacional. Los porcentajes son las proporciones que ocupan en las respuestas consideradas como votos válidos: todas las respuestas excepto las de “En blanco”, “Viciado” y “No precisa”. El “Resultado” es el de las mismas elecciones. Los candidatos son: Fujimori, de la Alianza Perú 2000; Andrade, de Somos Perú; Castañeda, del Partido Solidaridad Nacional; Toledo, de Perú Posible; y Salas Guevara, de Avancemos.

para su inscripción ante el Jurado Nacional de Elecciones; y Vásquez, quien encabezaba la lista oficialista de candidatos para el Congreso, fue uno de los involucrados en este escándalo. Para evitar que el caso de la falsificación de firmas perjudicara la imagen de Fujimori y la alianza oficialista, el Frente 2000 se apartó de la alianza oficialista Perú 2000 después del reporte periodístico. En aquel entonces, Fujimori pensó en obligar a Vásquez a renunciar a su candidatura para el Congreso. Sin embargo, preocupado por los eventuales efectos negativos en la imagen de la alianza oficialista, Tudela convenció a Fujimori de no hacerlo (entrevista 43:

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2001). De todas maneras, la oposición criticó duramente el caso de la supuesta falsificación de firmas y lo tomó como prueba de “fraude electoral”. Sin embargo, el tratamiento del caso de la falsificación de firmas fue exagerado más de lo necesario. Esto se debió a que, en primer lugar, el Frente 2000 presentó alrededor de 2.100.000 firmas para su inscripción; en caso de que un millón de firmas fueran consideradas inválidas por falsificación, todavía habría cabido la posibilidad de que dicha agrupación cumpliera con el requisito de presentar un poco menos de 500 mil firmas para su inscripción. En segundo lugar, debemos tomar en consideración que, mientras en las elecciones de 2000 se encontraban registrados unos 14 millones de electores, las firmas presentadas por todas las agrupaciones solicitantes de inscripción llegaron a más de 22 millones para el cierre de la presentación de firmas en 1999. Vale decir, la sospecha de la falsificación de firmas constituyó un problema no solamente del Frente 2000, sino también de otras agrupaciones.9 Para alivio de los fujimoristas, el asunto de la falsificación de firmas no mermó significativamente las tendencias de apoyo a Fujimori. Aunque su respaldo bajó temporalmente, su efecto no duró mucho (véase nuevamente el gráfico 6.1). Esto se debió a que la gran mayoría de los electores habían definido la postura a favor o en contra de Fujimori antes de la aparición de las denuncias sobre la falsificación (entrevista 15: 2000b). Sin embargo, el caso intensificó las fisuras existentes dentro del oficialismo y, en este sentido, dejó de todas formas un mal sabor en los fujimoristas. En el interior de la alianza oficialista había ido aumentando cada día la enemistad entre Cambio 90-Nueva Mayoría y los dos movimientos liderados por Vásquez, Vamos Vecino y el Frente 2000. La principal razón fue el espíritu partidista revelado por Vásquez en el ejercicio de la coordinación general de la campaña electoral de los candidatos oficialistas para el Congreso que se le había confiado. Vásquez, quien había ido estrechando sus relaciones con Montesinos, mostró un fuerte favoritismo por los aspirantes a congresistas de sus facciones, a quienes brindó todo tipo de apoyo, incluido el económico. En cambio, los candidatos pertenecientes a Cambio 9.

El autor trabajó como analista político de la Embajada del Japón en el Perú entre 1991 y 1995. Durante este periodo (y también después) nunca dejó de escuchar denuncias de falsificación de firmas de una u otra agrupación política, desde las pequeñas hasta las grandes; algunas se remontaban hasta los años ochenta.

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90-Nueva Mayoría no recibieron prácticamente ninguna ayuda: a lo sumo les distribuyó solamente unos pequeños calendarios para propaganda y algunas otras cosas sin mayor importancia. Por tanto, los candidatos de esta facción se vieron obligados a usar sus propios recursos económicos o a pedir donaciones de recursos financieros o cosas necesarias para llevar a cabo sus campañas. Además de esta situación, se descubrió el caso de la falsificación de firmas, que manchó a toda la alianza oficialista. Aunque no necesitaba tantas firmas para cumplir con el requisito de la inscripción de agrupación política, Vásquez parece haber armado la maquinaria para la falsificación con el objetivo de demostrar su capacidad de movilización y, de este modo, fortalecer su liderazgo dentro del oficialismo. Los candidatos de Cambio 90-Nueva Mayoría no pudieron ocultar su indignación respecto de las ideas estrechas y partidistas de Vásquez (entrevista 20: 2000; entrevista 29: 2000b).

El proceso electoral cuestionado por la comunidad internacional respecto de las condiciones justas En el proceso electoral, esta vez tampoco se produjo un debate sincero y constructivo sobre las propuestas políticas. El interés mayor de los grupos opositores se centró en la discusión acerca de la legalidad y justicia del proceso electoral; en este sentido, se puso en cuestión, entre otros asuntos, el favoritismo de los órganos estatales hacia el candidato Fujimori y el boicot oficialista a las campañas electorales de la oposición. Por ejemplo, la actitud de los canales de televisión, al rechazar la transmisión de la publicidad electoral de las fuerzas opositoras de Andrade y Castañeda, provocó duras críticas. Es más, aun cuando el movimiento independiente opositor Avancemos ofreció pagar su tarifa por adelantado al solicitar la transmisión de su publicidad a los principales canales de televisión en enero del año 2000, todos le dieron una respuesta negativa. Frente a la mencionada situación, la misión observadora de la OEA —que, a pedido del gobierno peruano, había comenzado a llevar a cabo sus actividades plenamente desde marzo del año 2000— pidió al gobierno y a los canales de televisión rectificar su actitud. El gobierno habló con los principales canales de televisión, y las dos partes decidieron que, desde una semana antes del día de votación, todas las agrupaciones participantes en las elecciones podrían transmitir libremente por

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determinado tiempo su propaganda electoral. Sin embargo, esta medida constituyó una reacción demasiado tardía, y no logró cambiar la percepción de la OEA y de otros países, como Estados Unidos, de que el proceso electoral no garantizaba condiciones de igualdad entre los candidatos. ¿Por qué los oficialistas se empeñaron en cerrar las puertas de los medios de comunicación, particularmente de los canales de televisión, a las fuerzas opositoras? Podemos pensar que dicha posición reflejaba el carácter intransigente y persistente de Montesinos, quien no se daba por satisfecho hasta no haber asegurado todo hasta sus últimos extremos. O, tal vez, al dejar a la oposición sin oportunidad alguna de dar a conocer sus actividades y opiniones, trataron de conseguir como fuera la mayoría de los votos para evitar, así, una segunda vuelta. De todas maneras, Fujimori debió de haber experimentado en las elecciones de 1990 que el control de los medios de comunicación no era suficiente para lograr la victoria electoral. Vargas Llosa fácilmente terminó perdiendo aquella contienda a pesar de que literalmente había dominado los medios de comunicación con sus recursos financieros. En cambio, la estrategia básica de Fujimori en las elecciones de 1990, que había consistido en comunicar firmemente, zona por zona, su mensaje político, logró concitar expectativas entre los electores, rindiendo a la larga mejores frutos. En otras palabras, por más que un candidato monopolice y utilice los medios de comunicación, le será difícil conseguir finalmente los votos sin haber realizado una campaña electoral sobre el terreno —zona por zona, barrio por barrio, provincia por provincia—, captando la confianza de los electores. Sin embargo, Fujimori parecía haber olvidado esta primera experiencia, y tendió a depender a la ligera de los órganos estatales y de los canales de televisión, que podía manejar fácilmente sobre la base de su poder. Como veremos en las siguientes líneas, Toledo realizó su campaña electoral en diversas partes del país, provincia por provincia, al margen de la publicidad de los medios de comunicación, y aumentó gradualmente su popularidad, dando un fuerte empujón en la última etapa de la campaña electoral.10

10.

Más tarde, el 2 y 11 de octubre de 2001, se hicieron públicos los documentos y grabaciones que demuestran la existencia de un plan de golpe de Estado a realizarse el 31 de marzo de 2000 so pretexto de la injusticia del proceso electoral. Montesinos lo concibió como un plan de contingencia para ser aplicado en caso de preverse la pérdida de Fujimori. El plan no fue puesto en práctica porque, en la etapa final, la popularidad

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La falta de las condiciones justas en el proceso electoral también fue cuestionada por la misión observadora de la OEA. Sin embargo, esta continuó sus actividades sin retirarse del país, porque ninguno de los ocho candidatos opositores que se habían presentado a las elecciones presidenciales se retiró de la carrera electoral a raíz de tales condiciones. De igual manera, los Estados Unidos expresaron repetidamente, desde el día siguiente del anuncio de Fujimori sobre su tercera postulación a fines de diciembre de 1999, que aunque eran neutrales respecto de los resultados electorales, observaban con interés el desarrollo del proceso electoral. De este modo, enfatizaron en varias oportunidades la necesidad de que se realizaran las elecciones de manera libre, justa y transparente. Aun así, tomaron la actitud de no criticar específicamente la tercera postulación de Fujimori y observar básicamente los juicios de las autoridades

de Toledo, tras una fuerte alza, perdió la aceleración de su crecimiento, y la de Fujimori tendió a aumentar. Además, Montesinos habría desistido del plan al juzgar que la ejecución del golpe de Estado sería sumamente riesgosa (Bowen y Holligan 2003; 380-381; Bustamante 2003: 365). El asesor del SIN planeó otro golpe de Estado para comienzos de abril, pero tampoco lo ejecutó. Por otro lado, Fujimori interpreta que Montesinos planeó los actos irregulares, tales como la falsificación de firmas, el bloqueo de los canales de televisión a la oposición y la difamación de la prensa amarilla contra las fuerzas opositoras para usarlos luego como pretexto del golpe de Estado; es decir, que Montesinos habría ideado un escenario electoral injusto para justificar la intervención militar. Asegura también que en aquel entonces no conocía las relaciones entre el asesor del SIN y estos actos (Fujimori 2003: 331-334). Ciertamente, como veremos en las siguientes líneas, Montesinos ya sentía la distancia con Fujimori para entonces, y parece haber buscado y considerado varias posibilidades, entre ellas, la alternativa del golpe de Estado. Incluso uno puede pensar que Montesinos filtró la información sobre la falsificación de firmas para crear intencionadamente una situación difícil, y para que luego el mandatario lo necesitara. Al mismo tiempo, Fujimori recuerda que, durante la campaña electoral, él mismo y algunos ministros de su gobierno pidieron públicamente varias veces a los medios de comunicación un trato igualitario para todos los candidatos en sus noticias electorales. Sin embargo, los pedidos de Fujimori y de otros ministros a los medios de comunicación no fueron hechos tan persistentemente como para que influyeran en un cambio de actitud de los medios; ni fueron acompañados de algunas acciones o medidas concretas para rectificar la situación. Desde este punto de vista, Fujimori parece haber tendido a pensar en aquel momento que la manipulación de Montesinos serviría para su triunfo electoral, y parecen no haberle importado los medios con tal de ganar las elecciones. Fowks (2000) y Macassi (2001), entre otros, analizan también las relaciones entre los medios de comunicación y Fujimori en esos años.

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electorales peruanas, así como el desarrollo de la campaña electoral. Si detallamos las tendencias en los Estados Unidos, podemos decir que el Congreso Federal asumió una posición dura contra el gobierno de Fujimori debido a los problemas de los derechos humanos y otros. Sin embargo, la CIA y las entidades encargadas de la política antidroga evaluaban positivamente al gobierno de Fujimori, por los innegables resultados de sus medidas contra el terrorismo y el narcotráfico. El Departamento de Estado se encontraba en medio de estas presiones cruzadas, y podemos decir que mostraba una posición realista, tomando en consideración diversos puntos, entre ellos, la posición principista de exigir la realización de unas elecciones justas, la crítica a la ausencia de prácticas democráticas y de líderes sobresalientes en las fuerzas opositoras, así como la preocupación por la desestabilización en el Perú. La posición realista de la administración norteamericana fue revelada típicamente en una conferencia internacional sobre el Perú denominada “Paz y Democratización en el Perú: Avances, Retrocesos y Reflexiones sobre las Elecciones de 2000”, que fue organizada conjuntamente por la Universidad de George Washington y por una organización de derechos humanos de los Estados Unidos, y celebrada en Washington D. C. a fines de enero del año 2000. En ella participaron, además de los organizadores, muchos críticos al gobierno de Fujimori. Ellos prestaron atención a la presentación de William Brownfield, subsecretario adjunto de Estado para Asuntos Interamericanos (Deputy Assistant Secretary of State for Inter-American Affairs) del Departamento de Estado. Brownfield expresó que había aspectos positivos y negativos en los diez años del gobierno de Fujimori, y que la línea básica de la administración norteamericana era fortalecer los primeros y, al mismo tiempo, superar los segundos lo más posible; manifestó, además, que los Estados Unidos no podrían declarar nada acerca del resultado electoral, pero que evaluarían la legalidad y justicia del proceso electoral. En su presentación, Brownfield usó dos veces las frases “Estamos donde estamos. ¿Adónde vamos a ir desde aquí? (We are where we are. Where are we going from here?)”. Con ellas, el funcionario norteamericano sugirió que la posición del gobierno estadounidense se centraría en hacer gestiones ante el gobierno peruano para que la situación electoral peruana mejorara, aunque fuera un poco. Según una persona que participó en dicha conferencia, los asistentes esperaban que el funcionario del Departamento

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de Estado pronunciara algo más grave y crítico en contra del gobierno de Fujimori, pero quedaron decepcionados al escuchar su presentación (entrevista 44). Dado lo analizado hasta aquí, la convicción de Fujimori de que la OEA y los Estados Unidos trataron de impedir su tercera elección consecutiva es errada. Fujimori parece haber malentendido la intención y posición de la OEA y los Estados Unidos, al punto de manifestar abiertamente su desconfianza hacia el jefe de la misión observadora de la OEA a una persona con la que conversó en mayo de 2000 (entrevista 45: 2000a). Cuando la misión observadora de la OEA empezó a hacer preparativos para sus actividades en el Perú, fue duramente cuestionada por la oposición, que la acusó de haber legitimado al gobierno de Fujimori desde el “autogolpe” de 1992. Esta crítica fue errónea porque no tomó en consideración que Fujimori había ganado el apoyo de muchos peruanos, como hemos señalado en este libro. En cualquier caso, para mostrar su neutralidad, el jefe de la misión observadora de la OEA vio y escuchó intensivamente a los dirigentes de las fuerzas opositoras. Esta actitud, evaluada positivamente por las fuerzas antifujimoristas, tal vez causó en Fujimori la impresión de que la OEA se mostraba favorable a la oposición. La posibilidad legal de la tercera postulación consecutiva de Fujimori, al provocar un fuerte enfrentamiento político sin ser sometida al juicio del pueblo soberano mediante un referéndum, se convirtió en un hecho consumado que fue involucrando gradualmente a diversos organismos estatales como el Jurado Nacional de Elecciones. Esta situación irregular sembró dudas en muchos peruanos acerca de la neutralidad política de los organismos del Estado. Fujimori debía entender que, desde este punto de vista, la OEA debía adoptar una posición más dura que la anterior contra su gobierno. Por otro lado, Fujimori dudó de la verdadera intención de los Estados Unidos, al parecer porque la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (United States Agency for International Development, USAID) donó fondos a una ONG llamada Transparencia, dedicada a ejercer la observación electoral y conformada por antifujimoristas; además, el gobierno norteamericano expresó en algunas oportunidades sus dudas sobre las condiciones justas del proceso electoral, especialmente en la sección dedicada a Perú de su informe anual sobre los derechos humanos publicado en febrero de 2000. Fujimori percibió que los Estados Unidos asumían las críticas de la oposición acerca de la falta de justicia del proceso electoral;

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sin embargo, no prestó suficiente atención a la actitud norteamericana que evitó hacer declaraciones sobre si daba el visto bueno a su tercera postulación consecutiva.11 Además, como hemos señalado, realmente se habían producido varias irregularidades, y a partir de la experiencia del proceso a través del cual se puso fin a la situación anormal originada por el “autogolpe” de 1992, Fujimori podía suponer fácilmente que era impensable que los Estados Unidos observaran dichas irregularidades y guardaran silencio. El mandatario parece haber olvidado la experiencia de 1992; o, más bien, pensaba de forma optimista que las fricciones en las relaciones con los Estados Unidos no constituirían un gran problema tras su triunfo electoral, cuando fuera nombrado presidente por tercera vez consecutiva. El mandatario solo tendría que aguantar durante un poco de tiempo la situación dura, porque existía una alta posibilidad de que el Partido Republicano triunfara en las elecciones presidenciales de los Estados Unidos en noviembre de 2000 (entrevista 43: 2000). Al mismo tiempo, Fujimori podría haber supuesto que, a fin de cuentas, la administración norteamericana aceptaría su tercera elección consecutiva, por la prioridad que para ella tenía el problema del narcotráfico (entrevista 46). De todas maneras, Fujimori sintió una hostilidad en la posición e intención de la OEA y los Estados Unidos, y no trató de escuchar sinceramente sus opiniones. En el “autogolpe” de 1992, el mandatario consiguió finalmente poner a la OEA de su parte y ganó de este modo el reconocimiento internacional; así superó la situación anormal posterior provocada por dicha medida de emergencia. En el proceso electoral de 2000, a Fujimori le faltó mayor reflexión sobre el aspecto internacional. La misión

11.

Cuando una vez corrió un rumor de que Toledo renunciaría a su candidatura presidencial, los Estados Unidos persuadieron al candidato para que se quedara en la lid electoral (entrevista 47). Fujimori parece haber leído mal el mensaje diplomático de los Estados Unidos sobre el proceso electoral peruano: que cumpliera con las condiciones mínimas como elecciones justas y transparentes. Algunos fujimoristas argumentan que Fujimori compró aviones Mig-29 en secreto a Bielorrusia en el segundo mandato; por otro lado, criticó el Plan Colombia en 1999; estos hechos causaron la molestia de los Estados Unidos, y la superpotencia no aceptó la tercera elección de Fujimori. Sin embargo, este tipo de argumento no explica (o tal vez ellos no quieren entender) la posición norteamericana que hemos explicado hasta aquí y señalaremos en las siguientes líneas.

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observadora de la OEA continuó sus actividades de observación, sin tirar la toalla, so pretexto de que la oposición no se retiraba de la contienda electoral, aunque pidió diversas rectificaciones al gobierno peruano. Fujimori no llegó a considerar que, en caso de que el gobierno peruano mostrara cierta actitud flexible, cabría la posibilidad de que la OEA evaluara positivamente las elecciones hasta cierto grado. A diferencia del “autogolpe” de 1992, no hubo cerca de Fujimori ningún allegado o ministro que en los quehaceres de la política pudiera aconsejarle de forma precisa al respecto. Como veremos en las siguientes líneas, debido a esta situación, se produciría un acontecimiento irreparable antes de la segunda vuelta.

El proceso electoral no es reconocido internacionalmente Volviendo al desarrollo de la campaña electoral, de enero a febrero de 2000 Andrade y Castañeda —dos candidatos con nivel de apoyo relativamente alto detrás de Fujimori— fueron criticados duramente por la prensa amarilla y por otros medios. En el transcurso de este tiempo, los dos se dedicaron a denunciar la obstaculización del gobierno a su campaña electoral, más que a presentar y debatir sobre sus programas políticos ante los electores. La ausencia de mensajes positivos y constructivos de Andrade y Castañeda provocó que los electores los percibieran como “llorones”; y por eso perdieron su popularidad (entrevista 15: 2000b). En cambio, Toledo se dedicó a realizar una campaña electoral firme, sin recurrir a los medios de comunicación. Recorrió diversas partes del país, poniendo de relieve su actitud de atacar frontalmente los problemas socioeconómicos mediante la creación de empleo y la ejecución de medidas contra la pobreza. De este modo, logró reunir alrededor de su candidatura los votos críticos a Fujimori distribuidos entre otros candidatos de la oposición. De febrero a marzo, la popularidad de Toledo se incrementó aceleradamente (véase nuevamente el gráfico 6.1). Frente a ello, Fujimori simplemente se quedó de brazos cruzados; sus propuestas y opiniones siguieron siendo las mismas (entrevista 15: 2000b; entrevista 29: 2000b). A propósito, las propuestas hechas por Toledo en diversas partes del país no respondieron a un plan integral con perspectiva de futuro para el Perú. Al mismo tiempo, debemos señalar que Toledo declaraba lo que conviniera en cada caso a los intereses colectivos de la zona que visitaba, y lanzó una serie de compromisos que, desde el punto de vista fiscal, no podrían ser cumplidos.

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En marzo, Toledo popularizó un lema: “¡Chinito No! ¡Cholito Sí!”, para resaltar que el desempeño de Fujimori ya había terminado y, de este modo, pretendió captar más votos, incluso los de aquellos electores que ya se inclinaban por el mandatario.12 Frente a la ofensiva de Toledo, el político de origen nipón devolvió el ataque con la canción de su campaña, “El Ritmo del Chino”,13 y pidió a los electores mantener expectativas positivas frente a las nuevas gestiones y medidas políticas que el confiable líder Fujimori desarrollaría en su próximo mandato. En la votación del 9 de abril, Fujimori obtuvo el 49,87% de votos, pero no alcanzó la mayoría necesaria para salir elegido. El resultado final de las elecciones generales se produciría recién en la segunda vuelta entre Fujimori y Toledo quien, en la primera, alcanzó el segundo lugar con el 40,23%. Fujimori registró su apoyo en el norte y centro del Perú (véase el cuadro 6.4), que había recorrido para poner en práctica las medidas de reconstrucción en las zonas perjudicadas por el fenómeno del Niño desde fines de 1997. En cambio, Toledo ganó votos en el sur del Perú, particularmente en los departamentos de Arequipa, Cusco y Puno, los menos visitados por Fujimori, así como en el este del Perú, sobre todo en el departamento de Loreto, donde la mayoría de la población se mostraba disconforme con las concesiones hechas por el gobierno peruano para lograr el acuerdo de paz con Ecuador. Es más, la cesión de un kilómetro cuadrado del territorio peruano como parque, y el ofrecimiento y la instalación de un puerto de libre comercio en la zona amazónica fueron considerados por muchos loretanos como una violación de la soberanía peruana (entrevista 15: 2001).14 Entre los que votaron por Toledo figuraron los dirigentes, 12.

La palabra “chino” se usa para referirse a los orientales en general y, después de la instalación del gobierno de Fujimori en 1990, se había usado como apodo de este.

13.

Su ritmo fue la “tecnocumbia”, que estaba de moda desde hacía algunos años en el Perú.

14.

Al mismo tiempo, debemos tomar en consideración como factor de fondo que el norte y el centro del Perú fueron las zonas donde se registró el mayor crecimiento económico entre 1996 y 2000. Los promedios del crecimiento anual del PBI en estas zonas fueron de 3,6% y 1,7% respectivamente, mientras que los del sur y este alcanzaron solamente al 0,5% y 1,3%. El cálculo de estos promedios fue hecho por el autor, basado en Webb y Fernández (2005: 633). A diferencia de la categorización del cuadro 6.4, para calcular los promedios del crecimiento anual del PBI, el departamento de Lima (la provincia de Lima más el resto de sus provincias) está categorizado en el centro del

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militantes y seguidores de grupos políticos diferentes a su movimiento Perú Posible; concretamente, ellos decidieron ejercer una “votación estratégica”. Vale decir, dado que el candidato de su agrupación política o de su simpatía no tenía la posibilidad real de ganar las elecciones presidenciales, buscaron evitar que sus votos resultaran desaprovechados, y se los endosaron a Toledo, con el objetivo de impedir la elección de Fujimori (entrevista 02: 2001). Ni Fujimori, ni Toledo registraron diferencias en el nivel de votos según el grado de pobreza (véase el cuadro 6.4).15 Por otro lado, en las elecciones parlamentarias, la alianza oficialista ganó apenas 52 escaños, sin alcanzar la mayoría en el Congreso (véase el cuadro 6.5). La oposición criticó al gobierno por “fraude”. Sin embargo, solamente cuestionó el resultado de las elecciones presidenciales, y su argumento resultó incoherente al no incluir en sus denuncias los resultados de las elecciones parlamentarias, que fueron llevadas a cabo simultáneamente. Además, las autoridades electorales entregaron a todas las agrupaciones participantes en los comicios de 2000 un CD-ROM que contenía las imágenes escaneadas de todas las actas de escrutinio usadas para el cómputo oficial. Pero ninguna agrupación opositora se tomó la molestia de cotejar los datos del CD-ROM con las actas de escrutinio que sus personeros habían recogido en cada mesa de sufragio. La oposición no sustentó sus acusaciones de fraude en cifras concretas.16 Perú (sobre la categorización de los departamentos en las cuatro zonas, véase la nota 5 del cuadro 2.1). 15.

Los Estados Unidos se preocuparon por la sospecha de que el gobierno de Fujimori “incrementara artificialmente” los votos del mandatario con el objetivo de aumentar los pocos votos que le faltaban para alcanzar la mayoría y declararlo como triunfador en la primera vuelta. Incluso McCaffrey y la entonces secretaria de Estado Madeleine Albright llamaron por teléfono para pedir la segunda vuelta. Pero el mismo Fujimori no tuvo la intención de “incrementar artificialmente” sus votos. De todas maneras, los montesinistas manipularon la manera de sumar votos —contabilizando prioritariamente los resultados en las zonas donde Fujimori tenía amplio apoyo— para que en el reporte de avance a ser publicado por las autoridades correspondientes, el porcentaje de votos conseguidos por el candidato-presidente apareciera lo más cercano posible al 50% y, de este modo, constituyera una “presión” para la oposición.

16.

En cada mesa de sufragio, los responsables de la mesa están obligados a hacer múltiples actas de escrutinio idénticas para ser enviadas a las autoridades electorales, así como para entregarlas a los personeros de cada agrupación política participante. Las fuerzas opositoras no tuvieron todas, pero sí bastantes actas de escrutinio. Aunque aceptar

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2

5

Este

Sur

Centro

Norte

Zonas

Resto del país

4

Lima metropolitana

Centro/provincias

Total

1

agruPaCiones

3

182.668 (44,98%)

(41,11%)

(46,59%)

(44,45%) 166.948

888.331

(51,76%) 847.634

815.221 (39,27%)

1.074.654

949.085 (36,87%)

(53,67%)

(40,72%)

(49,84%)

1.381.681

2.835.305

3.470.917

(39,53%)

1.595.322

2.013.499 (49,89%)

(40.23%)

(49.87%)

PP 4.460.895

5.528.568

P2000

(7,87%)

31.954

(2,06%)

39.320

(1,51%)

31.429

(2,59%)

66.702

(2,43%)

169.405

(3,91%)

157.612

(3.00%)

333.048

sP

(1,30%)

5280

(2,30%)

43.952

(1,43%)

29.764

(2,21%)

56.805

(1,95%)

135.801

(1,55%)

62.713

(1.80%)

199.814

sn

(1,12%)

4537

(0,78%)

14.956

(1,13%)

23.499

(2,72%)

70.074

(1,62%)

113.066

(0,96%)

38.661

(1.38%)

153.319

PaP

Cuadro 6.4 resultados de las eleCCiones PresidenCiales de 2000 (PriMera vuelta) aP

(1,24%)

5018

(0,46%)

8826

(0,37%)

7619

(0,59%)

15.295

(0,535)

36.758

(0,22%)

8766

(0.42%)

46.523

otros

(2,39%)

9726

(3,35%)

63.884

(4,53%)

93.992

(1,35%)

34.725

(2,91%)

202.327

(3,95%)

159.489

(3.28%)

363.703

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6

2.090.180 (40,42%)

(49,78%)

(39,29%)

2.573.957

1.040.970

(51,53%)

(43,32%)

(46,80%)

1.365.045

492.708

(39,51%)

(49,61%) 532.307

806.769

1.013.107

(3,45%)

178.527

(1,73%)

45.865

(4,31%)

49.075

(2,62%)

53.550

(1,52%)

78.613

(2,10%)

55.675

(1,26%)

14.280

(2,45%)

49.946

(0,94%)

48.769

(2,42%)

64.145

(1,62%)

18.438

(1,00%)

20.375

(0,24%)

12.315

(0,46%)

12.273

(0,85%)

9633

(0,55%)

11.303

(3,65%)

188.756

(2,46%)

65.223

(1,84%)

20.880

(4,26%)

86.957

Fuente: Elaboración propia sobre la base de información disponible en: (13 de septiembre de 2000). Notas: 1. Los candidatos son: P2000 (Perú 2000), Fujimori; PP (Perú Posible), Toledo; SP (Somos Perú), Andrade; SN (Partido Solidaridad Nacional), Castañeda Lossio; PAP (Partido Aprista Peruano), Salinas Eyzaguirre; AP (Acción Popular), García Belaúnde. Las notas 2 a 6 son las mismas notas 2 a 6 del cuadro 2.1, respectivamente. En el “Total” están incluidos los votos en el extranjero. En el resto del cuadro están indicados solamente los votos en el interior del país. De este modo, las cifras del “Total” no coinciden con la suma de “Centro/ Provincias”, “Zonas” o “Niveles de pobreza”. La suma de los porcentajes de cada celda no necesariamente es el 100% porque se han redondeado las cifras. Algunos datos adicionales: el total de electores, 14.567.468; la abstención (% del total de electores), 2.501.239 y 17,2%; votos nulos, 708.617; votos blancos, 271.742; votos válidos, 11.085.870.

Aceptable

Regular

Pobre

Muy pobre

Niveles de pobreza

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Cuadro 6.5 variaCión en la distribuCión de esCaños en el Congreso de 2000 resultado eleCtoral

agosto de 2000

Perú 2000

agruPaCiones PolítiCas

52

64

Perú Posible

29

22

Frente Independiente Moralizador

9

8

Somos Perú

8

7

Partido Aprista Peruano

6

5

Partido Solidaridad Nacional

5

0

Avancemos

3

2

Unión por el Perú

3

3

Acción Popular

3

3

Frente Popular Agrícola

2

0

Independientes Total

0

6

120

120

Fuente: Elaboración propia sobre la base de información disponible en: (5 de octubre de 2000); entrevista 57.

Por otro lado, en comparación con las elecciones anteriores, la votación y el escrutinio en sí fueron realizados por lo general sin graves problemas. En el Perú, los responsables de mesa son elegidos por sorteo entre los electores. Si bien son seleccionados entre los más educados, generalmente son profanos en la ley. En las elecciones anteriores hubo realmente diversos pequeños errores. Debemos tomar en consideración que la observación electoral de las elecciones de 2000 fue la de mayor dimensión en o no sus resultados es otro problema, en el caso de las elecciones presidenciales de México en 1988 en las cuales la oposición denunció el “fraude”, las fuerzas opositoras estimaron —a diferencia del caso peruano— el resultado propio sobre la base de las actas de escrutinio entregadas a los representantes de la oposición en la mesa de votación, y plantearon una polémica ante la opinión pública (Barberán et al. 1988). Aziz y Molinar (1990: 160-171) analizan el argumento de la oposición mexicana. Respecto de las elecciones peruanas de 2000, existen diversos informes de los observadores electorales. Entre otros, figuran DP (2000a), OEA (2000), y Transparencia (2001).

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toda la historia peruana. Por ejemplo, la ONG Transparencia, apoyada por USAID, movilizó a unos 19 mil observadores en todo el país. Ello explica que se hicieran públicos por primera vez los múltiples errores o anomalías electorales que hasta entonces no habían sido conocidos, por lo menos, públicamente. La demora en el escrutinio también provocó la sospecha de “fraude”. Sin embargo, ella se debió principalmente a los nuevos procedimientos introducidos en el proceso de escrutinio para evitar los actos ilegales, y que constituyeron una carga más para los responsables de la mesa. Por tanto, ellos demoraron más que en anteriores elecciones. Al mismo tiempo, a propuesta de AP, se había cambiado la manera de trasladar las actas de escrutinio del centro de votación al centro de cómputo; ello provocó algunos errores no intencionados en el proceso del traslado. Como consecuencia, el trabajo en el centro de cómputo comenzó más tarde de lo previsto. El resultado oficial de cómputo concordó con la tendencia del conteo rápido realizado por la misión observadora de la OEA y Transparencia. Por lo tanto, la opinión opositora de que Toledo había conseguido la mayoría de los votos no tenía fundamento.17 En su informe, la misión observadora de la OEA evitó la palabra “fraude”, la preferida por la oposición, que contiene un matiz de arbitrariedad o intencionalidad. Más bien, usó otras palabras como “irregularidades” y “anomalías” y, de este modo, manifestó indirectamente que no se había observado ningún acto que revelara la intención del gobierno de cambiar a propósito los resultados electorales.18 No obstante, aun tomando en consideración todo lo explicado, ciertamente se habían registrado diversos problemas en el proceso electoral, como indican las palabras del informe de la misión observadora de la OEA. Tanto el organismo interamericano como los Estados Unidos esperaron que estos problemas fueran superados en el proceso de la segunda vuelta.

17.

Esta opinión se basó en el resultado de las encuestas a boca de urna. Según estas, aunque ni Fujimori ni Toledo superaron el 50%, el segundo aventajó al primero con la diferencia de 1 o 2%. Las compañías encuestadoras analizaron que muchos de los electores que votaron por Fujimori prefirieron no responder a los encuestadores debido al ambiente electoral contrario a su candidato, que estaba duramente cuestionado por los actos inmorales o ilegales contra la oposición.

18.

El propio jefe de la misión observadora de la OEA hizo pública una evaluación en este mismo sentido el 11 de mayo de 2000.

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En otras palabras, dieron a Fujimori una oportunidad de rectificar las faltas del proceso de la primera vuelta. Entre varios problemas, la OEA cuestionó especialmente dos puntos. El primero consistió en que los canales de televisión habían dado un trato desigual a las fuerzas opositoras. El segundo fue que no se permitió a los expertos de la OEA el acceso al sistema de cómputo de las autoridades electorales, de modo que ellos no pudieron confirmar suficientemente si el proceso de cómputo oficial no había propiciado la manipulación de la voluntad del pueblo expresada en las urnas. En la campaña electoral de la segunda vuelta se produjo una tendencia a la baja de la popularidad de Toledo. Según las encuestas sobre la intención de voto, el apoyo a Fujimori era del 51% y del 56% en abril y mayo, respectivamente. En contraste, Toledo sufrió una merma significativa de su popularidad, pasando de un 49% en abril, a un 44% en mayo (Informe de opinión, abril y mayo de 2000). Este descenso se debió principalmente a dos razones. En primer lugar, sus cualidades como dirigente político fueron cuestionadas por sus incoherentes declaraciones y acciones. Esta percepción negativa empezó a generalizarse debido a sus contradictorias actitudes antes y después del cierre del centro de votación de la primera vuelta. A pesar de que antes de terminar la votación dijo que esperaría el anuncio del resultado oficial, apenas se hizo público el resultado de la encuesta de boca de urna después del cierre del centro de votación y tras enterarse de que aventajaba a Fujimori con el 45,2 y el 43,6% respectivamente, inmediatamente anunció su “triunfo”. De este modo, reveló su falta de prudencia como líder político. Además, en esta ocasión, convocó a una concentración en el Centro de Lima, e hizo un llamamiento para realizar una marcha hacia el Palacio de Gobierno. La situación llegó al extremo de que, en el camino, sus simpatizantes cometieron actos vandálicos.19 Al mismo tiempo, mientras Toledo criticaba el “fraude” en la primera vuelta, continuó su campaña electoral de la segunda. Esta actitud ambigua expandió su imagen de político incoherente. La segunda razón del descenso de su popularidad se debió al cambio de énfasis en sus declaraciones: de las propuestas sobre los problemas 19.

En las elecciones de 2000, el autor fue enviado por el gobierno del Japón para trabajar como miembro de la misión observadora de la OEA. Recuerda bien que después de ver por televisión la concentración de los toledistas y sus consecuencias, muchos observadores latinoamericanos expresaron su sorpresa por las declaraciones irresponsables y por los actos de agitación de Toledo.

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socioeconómicos, a las críticas contra el autoritarismo de Fujimori. Con miras a la segunda vuelta, Toledo centró su campaña en los temas políticos relativos al autoritarismo fujimorista. Esta diferencia causó la impresión en una parte de los electores de que Toledo había empezado a dar un viraje político, pasando de ser un candidato moderado y de centro, a ser parte de la oposición no constructiva (entrevista 15: 2000c). Después de confirmarse el descenso de su popularidad, Toledo anunció el 19 de mayo la renuncia a su candidatura a causa del proceso electoral injusto. Al mismo tiempo, exigió a los electores abstenerse de votar en la segunda vuelta. Unos días después, su llamamiento a la abstención fue sustituido por otro a votar en blanco. Por otro lado, la misión observadora de la OEA quedó insatisfecha, porque no se había permitido a sus expertos temprano y a tiempo tener acceso al nuevo sistema de cómputo introducido para la segunda vuelta; y, a mediados de mayo, pidió al gobierno peruano postergar el día de votación de la segunda vuelta, so pretexto de que sus técnicos necesitarían tiempo para verificar el sistema. Luego, aunque la misión observadora de la OEA terminó en privado con el trabajo de verificación y no detectó problema alguno, insistió en la postergación ante el gobierno del Perú para guardar las apariencias, dado que ya había declarado que no podría terminar de verificar el sistema de cómputo en caso de que no se aplazara el día de votación; y también para calmar las reacciones de la oposición. La misión observadora de la OEA juzgó que sería difícil persuadir al gobierno peruano del aplazamiento del día de la votación. Entonces, mediante una persona que tenía contacto con Fujimori, comunicó directamente al presidente su expectativa de la postergación, aunque solo fuera por unos días; y la disposición de los Estados Unidos para convencer a Toledo de que cambiara su decisión de renunciar a la candidatura. De este modo, los principales países latinoamericanos y los Estados Unidos manifestaron indirectamente a Fujimori que la misión observadora de la OEA podría evaluar en cierto grado positivamente el proceso electoral en caso de que Fujimori aceptara el aplazamiento del día de votación por unos días. Pero Fujimori no reflexionó lo suficiente sobre esta propuesta, y decidió apresuradamente no retrasar el día de votación.20 Al parecer, fue 20.

Para ser exactos, una persona cercana a Fujimori fue enviada a Brasil para arreglar este asunto. Cuando esta persona comunicó el resultado positivo sobre el tema a Fujimori, el mandatario le respondió que ya había decidido no aplazar el día de la votación.

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convencido por Montesinos de que el aplazamiento formaba parte de la trama de la oposición (entrevista 45: 2000a).21 Aunque hasta el último momento la OEA y los Estados Unidos tendieron una mano al jefe de Estado peruano, Fujimori no logró entender su intención verdadera. Tras este rechazo a la postergación del día de votación de la segunda vuelta, la OEA y los Estados Unidos empezaron a interpretar la situación peruana ya definitivamente desde el ángulo del Fujimori intransigente; y a acentuar gradualmente las críticas y la actitud de rechazo hacia su gobierno.22 En protesta, la misión observadora de la OEA suspendió sus actividades, y su jefe salió del país de prisa y sin que nadie lo notara. La votación de la segunda vuelta fue llevada a cabo el 28 de mayo, tal como se había fijado. Aunque los votos nulos fueron relativamente muchos, un 29,93% de los votos emitidos en total, Fujimori salió elegido con el apoyo del 74,33% de los votos válidos, y el 51,20% de los votos emitidos.

21.

El sector fujimorista impugnará nuestro punto de vista, insistiendo en que la postergación era inconstitucional, porque la Constitución estipula en el artículo 111� que la segunda vuelta debe ser realizada a más tardar 30 días después del anuncio del resultado oficial de cómputo; y, en el año 2000, el Jurado Nacional de Elecciones anunció el resultado oficial el 29 de abril, por tanto, no se podía aplazar el día de votación de la segunda vuelta, fijado el 28 de mayo (Bustamante 2003: 37-38). Aunque la estricta interpretación legal es así, el hecho es que en ese momento el candidato rival Toledo había pedido la postergación; y la OEA, algunos países latinoamericanos como Brasil, y los Estados Unidos consideraban que sería suficiente el aplazamiento por unos días. Por tanto, el asunto podía arreglarse políticamente con una mínima postergación por razones de fuerza mayor (entrevista 45: 2001c).

22.

Fujimori opina que los Estados Unidos reaccionaron negativamente a su intención de promover la integración regional con su idea de impulsar una “Confederación Inca” (véase la nota 1 de este capítulo) y su ampliada versión, la propuesta de los “Estados Unidos Sudamericanos” (planteada por Fujimori en la Primera Cumbre de Sudamérica del 1 de septiembre de 2000); y forzaron la destitución de Fujimori (Fujimori 2003: 347-348; Fujimori y Takashima 2002: 46-48, 163-164). Sin embargo, como hemos analizado, los Estados Unidos adoptaron una posición realista respecto de la tercera postulación de Fujimori, dado que enfocaron su interés en las condiciones justas del proceso electoral; y estaban dispuestos a aceptar la elección de Fujimori en caso de que esta se produjera de forma justa. En el proceso de la segunda vuelta, la superpotencia también tendió una mano a Fujimori. El mandatario no logró o no quiso entender tal intención de los Estados Unidos. Debemos señalar que la mencionada opinión de Fujimori es unilateral.

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Cuadro 6.6 resultado de las eleCCiones PresidenCiales de 2000 (segunda vuelta) Perú 2000

6.041.685

(74,33%)

Perú Posible

2.086.215

(25,67%)

Votos válidos

8.127.900

Votos nulos

3.531.637

Votos blancos Abstención Total de electores

140.773 2.767.157

(19,00%)

14.567.467

Fuente: Elaboración propia sobre la base de información disponible en: (1 de noviembre de 2000). Nota: Los porcentajes de encima de la línea son las proporciones que ocupan en los votos válidos. El porcentaje de la “Abstención” es la proporción que ocupa en el “Total de electores”.

La abstención fue del 19,00%, y quedó cerca del 17,17% de la primera vuelta (véase el cuadro 6.6). Fujimori triunfó, pero las condiciones justas del proceso electoral no fueron reconocidas internacionalmente, porque la OEA había suspendido la observación electoral. 3.

La confusión poselectoral

Difícil manejo político dentro y fuera del país Después de la segunda vuelta, algunos países miembros de la OEA, incluido Estados Unidos, se mostraron favorables a exigir la aplicación de la Resolución Santiago al Perú, como lo hicieron cuando se produjo el “autogolpe” de 1992. Frente a esta situación, Fujimori anunció al día siguiente de la votación de la segunda vuelta su disposición a rectificar diversos aspectos criticados como antidemocráticos en el segundo mandato e impulsar la “democratización” de su gobierno. De este modo, el jefe de Estado pretendió esquivar las críticas y cualquier eventual sanción por parte de la comunidad internacional (entrevista 45: 2000a; entrevista 48).

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El asunto del Perú fue tratado en la Asamblea de la OEA celebrada en Canadá a fines de mayo. Los Estados Unidos y algunos otros países propusieron tomar medidas firmes contra el gobierno de Fujimori, pero su propuesta no contó con el apoyo de todos los miembros. La OEA aceptó virtualmente la propuesta “democratizadora” de Fujimori y acordó observar su desarrollo. Al mismo tiempo, tomó la resolución de enviar una misión al Perú con el objetivo de buscar la manera de impulsar y hacer posible la concreción de la “democratización”. De momento, la comunidad interamericana prefirió dar de nuevo a Fujimori una oportunidad para rectificar la situación. A fines de junio, la misión de la OEA llegó al Perú y planteó al gobierno, a la oposición y a la sociedad en general una lista de temas favorables a la “democratización”, que consistían en 29 puntos categorizados en cinco áreas. Entre ellos, figuraban la independencia del Poder Judicial, el control legal del SIN y su vigilancia por los civiles, la garantía de los derechos humanos y la libertad de prensa, y la reforma del sistema electoral. Al presentar la lista, la misión de la OEA pidió al Perú que llevara a cabo la “democratización” mediante el diálogo entre el gobierno y las fuerzas opositoras, el mismo que sería promovido por la propia misión. En los temas indicados por la OEA estaban incluidos la reforma del Poder Judicial y el control legal del SIN, que tenían que ver con el poder real de Montesinos. Tanto la oposición como el gobierno de Fujimori manifestaron la aceptación de la propuesta de la OEA. De este modo, se daba inicio al debate entre ambas partes sobre la “democratización”. Montesinos se mostró contrario a 25 de los 29 puntos de la lista, pero Fujimori hizo caso omiso de su opinión, y dio las instrucciones necesarias para impulsar el diálogo (entrevista 56). Esta actitud se atribuye, como veremos en las siguientes líneas, a que ya para entonces Fujimori y Montesinos se habían distanciado hasta cierto grado. Si bien en el aspecto internacional comenzó a construirse un camino para superar la situación poselectoral, en contraste, en el interior del país, la política se polarizó entre los fujimoristas y los antifujimoristas, y este enfrentamiento aumentó la tensión política. Las fuerzas opositoras no aceptaron el resultado de las elecciones de 2000 como legítimo. Se concentraron alrededor de Toledo para desarrollar diversas acciones en distintas partes del país encaminadas a exigir la dimisión inmediata de Fujimori. Un día antes de 28 de julio, fecha de la toma de posesión, la oposición

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movilizó a unas 80 mil personas en todo el país para realizar una gran concentración en contra del gobierno. Fue la primera vez desde la instalación del gobierno de Fujimori en 1990 que se llevó a cabo una concentración antifujimorista de tal dimensión en la capital. El mismo 28 de julio, los manifestantes toledistas pretendieron llegar al Congreso de la República, donde se efectuaría la ceremonia de la toma de posesión, y se enfrentaron con la Policía, que extremaba la vigilancia de la zona. En medio de esta situación confusa —intensificada por los incendios en el Palacio de Justicia y en un banco ubicado en la zona— se registraron seis muertos. El ambiente violento opacó totalmente la tercera ceremonia de la investidura de Fujimori. Después de ella, las fuerzas opositoras continuaron concentrándose alrededor de Toledo y manteniendo una actitud firme y antifujimorista de confrontación. Se sucedieron diversas y constantes movilizaciones, pero ninguna fue comparable en sus dimensiones a la de la víspera de la toma de posesión. Desde la campaña electoral hasta esos días se produjeron dos cambios en el núcleo del poder político del gobierno fujimorista. En primer lugar, Fujimori estaba en una situación difícil para poder tomar medidas eficaces frente a la situación económica, que había caído en una recesión severa desde 1998; se encontraba atado como para poder tomar medidas eficaces, incluso en caso de que deseara hacerlo (entrevista 29: 2000a; entrevista 45: 2000a). Según las informaciones manejadas por el Ministerio de Economía y Finanzas de entonces, el déficit fiscal de 1999 era muy elevado, llegando al 2,6% del PBI; y tan temprano como en enero de 2000, vale decir, en el primer mes del año fiscal, los créditos de los países y organismos extranjeros ya habían alcanzado el límite máximo fijado en el programa económico que el gobierno peruano había acordado con el FMI. El déficit fiscal se debió básicamente al aumento de gasto en las obras públicas y a las políticas de asistencia social para la campaña electoral. La ardua situación económica del segundo mandato de Fujimori fue de una u otra manera aliviada por el gasto del gobierno en las obras públicas, pero ahora —en el momento de iniciar el tercer mandato— Fujimori se veía obligado a restringir el gasto público debido al elevado déficit fiscal. Además, aunque el gobierno peruano consiguiera el compromiso de su otorgamiento, los créditos de los países y organismos internacionales, que constituían las fuentes principales de las obras públicas, tampoco podían ser ejecutados en el país, porque ya habían llegado al límite máximo.

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Después de la primera vuelta, una persona preguntó a Fujimori si había preparado algún plan económico para el tercer mandato; respondió que no y, más bien, le pidió elaborarlo. En la etapa de la preparación de su tercer mandato, Fujimori tampoco realizó ningún diseño económico concreto. En tal situación, suponiendo que comenzara inmediatamente a hacer los preparativos necesarios para reactivar el proceso de privatización y para el otorgamiento de concesiones de las empresas públicas —que se habían estancado en el segundo mandato—, se preveía que dicho proceso alcanzaría plenitud recién en la segunda mitad de 2001. Vale decir, que el Perú no tuvo una perspectiva de incremento inmediato de las inversiones directas extranjeras. El segundo cambio en el núcleo del poder fue el notable deterioro de las relaciones entre Fujimori y Montesinos. Como hemos señalado en la sección 4 del capítulo anterior, en julio de 1997, con motivo de la propuesta de “cambiar gloriosamente a otro cargo”, se produjo una fisura pequeña en las relaciones entre Fujimori y Montesinos; ella se fue intensificando gradual y lentamente al punto de que, ya en 1999, Fujimori tomaba cotidianamente precauciones ante el eventual “chuponeo”23 de Montesinos (entrevista 55: 2000a). Empezando el año 2000, fue Keiko Fujimori —hija mayor del presidente, que había desempeñado el rol de Primera Dama luego del divorcio de la pareja presidencial— quien empezó a tener claras sospechas sobre los actos de Montesinos. Un congresista contó a Keiko Fujimori que las hijas de un empresario se encontraban detenidas por la sospecha de lavado de dinero, pero la verdad era que el caso había sido inventado por Montesinos para chantajear al empresario. Entonces, la Primera Dama empezó su propia investigación y quedó convencida de la inocencia de las inculpadas. Keiko Fujimori solicitó a su padre el indulto de las hijas del empresario encarceladas; su petición se concretó en marzo de 2000. En un principio, el mandatario no escuchó a Keiko Fujimori porque consideró que, como en casos anteriores, la historia habría sido puesta en circulación para desacreditar a su gobierno y a él mismo. Sin embargo, según lo que Fujimori comentó más tarde a una persona, lo que produjo sus

23.

Significa “escucha clandestina” o espionaje de las conversaciones, ya sean telefónicas o simplemente verbales.

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primeras sospechas y dudas sobre los actos y las intenciones de Montesinos, fue el caso de la falsificación de firmas, descubierto por el reportaje de un periódico en febrero del año 2000. Para el presidente, dicho caso constituyó el motivo directo para que se deterioraran sus relaciones con el asesor del SIN. El jefe de Estado peruano achacó el descenso de su popularidad y la consecuente probabilidad de no alcanzar la mayoría de votos en la primera vuelta al escándalo provocado por este caso. Pensó al mismo tiempo que existía una alta posibilidad de que el mismo Montesinos hubiera estado involucrado en el asunto de la falsificación de firmas; y que lo hubiera hecho motivado por algún objetivo personal. El descubrimiento del caso de la falsificación de firmas dejó muchos cabos sueltos para Fujimori.24 Por otro lado, el mandatario parece haberse sentido también incómodo por la reiterada intervención de Montesinos en demasiados asuntos de su gobierno. Estas dudas y preocupaciones acerca de Montesinos llevaron a Fujimori, según sus propios recuerdos, a comentar a la misión de la OEA, que llegó a Lima a fines de junio, que se encontraba pensando apartar a Montesinos del gobierno (Fujimori 2003: 372-373). Aun así, Fujimori no llegó a forzar a Montesinos a renunciar. Pensaba buscar un mejor momento para ello, tomando en consideración, entre otras cosas, las gestiones de la cúpula militar virtualmente dominada por Montesinos, las acciones de las fuerzas opositoras y los efectos de tal decisión en su popularidad (entrevista 49; Fujimori 2003: 375). Frente a sus relaciones ya complicadas con el asesor del SIN, el mandatario no supo encontrar una salida; esta vez le falló su capacidad de tomar decisiones difíciles, de la cual Fujimori solía jactarse, y se limitó a dejar todo a la inercia (entrevista 45: 2001c). Ciertamente, debió resultar un problema sumamente difícil para Fujimori encontrar un buen momento para forzar la renuncia de Montesinos, quien conocía los aspectos oscuros de su gobierno. Sin embargo, aun cuando comenzara a tener serias dudas sobre los actos de Montesinos tras

24.

La descripción de esta parte se basa en la entrevista 49. Fujimori (2003: 357) menciona una parte de lo descrito aquí. A propósito, es verdad que, con motivo del descubrimiento del caso de la falsificación de firmas, la popularidad de Fujimori bajó un poco, pero como hemos señalado en este capítulo, ella tendió a registrar menos del 50% en las encuestas sobre la intención de voto ya antes de dicho descubrimiento. En este punto, nuestro análisis discrepa con la percepción de Fujimori.

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la falsificación de firmas y pensara, al mismo tiempo, que en algún momento tendría que tomar la decisión de separar a Montesinos del ejercicio del poder político real, ya que había empañado la imagen de su gobierno, Fujimori no estaba todavía convencido de que Montesinos tuviera malas intenciones hacia él, y confiaba aún en su lealtad. Luego de su renuncia, el mandatario comentó a una persona que no había podido dar el paso de destituir a Montesinos hasta la revelación del video de soborno en septiembre del año 2000, porque sus servicios le habían sido útiles (entrevista 49). Fujimori parece haber continuado creyendo que Montesinos todavía seguía trabajando para él, aunque cada vez percibió más claramente los aspectos repugnantes del asesor del SIN. De todas maneras, Fujimori comenzó a pensar seriamente —aunque fuera tarde— que verdaderamente no debería depender únicamente de Montesinos. En la campaña electoral de los comicios de 2000, a fines de febrero, encargó a un conocido de Keiko Fujimori la publicidad electoral. Desde entonces, este se convirtió en uno de sus pocos interlocutores cercanos sobre la campaña electoral. Después de su elección, Fujimori lo nombró asesor de imagen y, así, pretendió depender menos de Montesinos en este aspecto.25 Luego de la primera vuelta, Montesinos hizo maniobras —mediante cohechos y el otorgamiento de facilidades o conveniencias— para que diez congresistas electos se pasaran de las filas de la oposición a las del oficialismo, y solamente informó el resultado al presidente. Esta conducta de Montesinos tal vez respondía a que ya había percibido el cambio de actitud de Fujimori hacia él; o quizás pretendía impresionarlo, como hasta entonces, por su eficiencia; o simplemente intentaba consolidar su poder; o deseaba cumplir con todos los objetivos antes mencionados. De cualquier manera, para el gobierno de Fujimori fue algo positivo porque, gracias a las maniobras de Montesinos, la alianza oficialista consiguió la mayoría de los escaños en el Congreso y dejó de ser una preocupante minoría. Montesinos continuó con sus maniobras, y la alianza oficialista incrementó

25.

La descripción de esta parte se basa en la entrevista 55 (2000b). Véase también Fujimori (2003: 355-356). En la campaña de la segunda vuelta, Tudela, candidato oficialista para la primera vicepresidencia, desempeñó un rol más activo. Con esto, Fujimori también pretendió “independizarse” del manejo organizado por Montesinos, aunque su intención no dio suficientes resultados.

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sus escaños de 52 —resultado de las elecciones— a 64 (véase el cuadro 6.5). Además, había congresistas del grupo montesinista que no pertenecían al oficialismo y que se denominaban independientes; más tarde se reveló que incluso existían otros congresistas que, aunque pertenecían a la oposición, mantenían vínculos con Montesinos. Al mismo tiempo, el hecho de que la alianza oficialista consiguiera la mayoría en el Congreso gracias a las maniobras de Montesinos significaba que el movimiento de los congresistas de Montesinos decidiría si el oficialismo podría mantener dicha mayoría. Vale decir, el asesor del SIN consiguió entonces controlar una de las claves importantes que influirían en la estabilidad política. En este sentido, no fue totalmente del agrado para Fujimori, quien ya había empezado a sentir la distancia psicológica con Montesinos (entrevista 49).26 Como hemos señalado, comenzando el año 2000 Fujimori y Montesinos se distanciaron en mayor grado. Con miras a la conformación de un nuevo gabinete, el presidente propuso al asesor del SIN asumir el cargo de ministro de Defensa, y este rechazó la propuesta (entrevista 45: 2000b). Este suceso enfrió aun más las relaciones entre ambos. Hacia mediados de 2000, el distanciamiento de Fujimori y Montesinos se hizo evidente para las personas que trabajaban cerca del presidente. El entonces Primer Ministro y ministro de Justicia recuerda que, en la reunión en que se discutió el tema de la postergación del día de votación de la segunda vuelta, Fujimori y Montesinos evitaban mirarse cuando emitían sus respectivas opiniones (Bustamante 2003: 41). Por otro lado, según una persona que desempeñaba un cargo importante en el gabinete del tercer mandato de Fujimori, apenas fue nombrado y empezó a trabajar se dio cuenta, por la actitud del presidente, de que no quería hablar directamente con Montesinos. Entonces, pensó que los dos estaban en un proceso de “divorcio” (entrevista 50). Como ya advertimos, pese a todo, Fujimori no perdió totalmente la confianza en Montesinos en este momento, ni dudó de sus intenciones. Apreciaba y confiaba particularmente en las informaciones militares ofrecidas por Montesinos. Al poco tiempo, debido a ello, Fujimori sufriría un terrible tropezón en sus relaciones con los Estados Unidos.

26.

Según Fujimori, los desórdenes producidos en el día de la toma de posesión se debieron a que Montesinos no cumplió fielmente con lo que el mandatario le había ordenado: tomar medidas inmediatas (Fujimori 2003: 384-386).

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Los Estados Unidos “bajan el dedo” a Montesinos Las relaciones con los Estados Unidos, lejos de mostrar señales de mejora después de la asamblea de la OEA en Canadá, empeoraron sensiblemente; ello se debió principalmente a dos razones. En primer lugar, los Estados Unidos comenzaron a tener una perspectiva negativa acerca del desarrollo de la “democratización” que Fujimori se había comprometido a realizar con la OEA. Este compromiso implicaba que, tras la visita de la misión de la OEA al Perú a fines de junio, el organismo interamericano enviaría la misión permanente al Perú y, con su intermediación, el gobierno y la oposición comenzarían la discusión sobre el cronograma y contenido concretos de la “democratización”. Sin embargo, después de que la OEA aceptó la propuesta de la “democratización”, el gobierno de Fujimori no realizó ninguna acción positiva que demostrara una voluntad clara de llevar a cabo este proceso; ya que no tomó la iniciativa para detallar, con propuestas concretas, el contenido de los temas de la “democratización” presentados por la OEA. Fujimori propuso a principios de julio la idea de reducir el número de firmas para la inscripción de las agrupaciones políticas e introducir el sistema electoral de distrito múltiple. En el discurso de la toma de posesión de fines de julio, mencionó brevemente la reforma de las Fuerzas Armadas e Inteligencia. Sin embargo, sobre los temas de la “democratización” propuestos por la OEA, que incluían no solo los mencionados tópicos, sino también la reforma del Poder Judicial y otros puntos, Fujimori no planteó ningún contenido concreto y detallado. En la asamblea de la OEA de junio, en la que se trató la cuestión de las elecciones peruanas, Luigi Einaudi —quien había sido embajador de los Estados Unidos ante la OEA cuando se produjo el “autogolpe” en 1992— fue elegido subsecretario general del organismo interamericano. Esto significó que un conocido de Montesinos asumía un cargo importante de la OEA. Sin embargo, a diferencia de la época del “autogolpe” de 1992, si Einaudi hubiera querido ayudar a Fujimori, la actitud intransigente de este se lo habría impedido. Aun así, mientras las fuerzas opositoras se mostraban críticas a la postura de la OEA, los Estados Unidos, para fines de julio, aun mantenían la postura de buscar un diálogo entre los fujimoristas y los antifujimoristas con la intervención de la OEA, aunque mostraban una desconfianza cada vez más fuerte hacia Fujimori. Esta posición fue

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exhibida en la declaración del Departamento de Estado del 14 de julio, en la cual expresó su disposición a continuar con las gestiones a favor de la realización del diálogo promovido por la OEA en el Perú. Recién a principios de agosto, el gobierno peruano dio a conocer su propuesta de cronograma de la “democratización”. Según este, el proceso de la “democratización” consistente en 29 puntos, distribuidos en cinco áreas, concluiría en junio de 2002. Sin embargo, en esta ocasión el mandatario tampoco hizo propuesta alguna sobre los detalles de cada punto de la “democratización”. Ya en estos días, una persona cercana a Fujimori adelantó una perspectiva pesimista sobre las relaciones con la OEA y los Estados Unidos: que estos exigirían al Perú el adelanto de las siguientes elecciones generales previstas para 2005, en caso de que la situación continuara así sin novedad y no avanzara la “democratización” (entrevista 45: 2000c). La “democratización” incluía algunos puntos que afectaban directamente al poder de Montesinos. Por tanto, ella no avanzaría concreta y sustancialmente a menos que Montesinos aceptara la reforma y abandonara su poder. Como hemos señalado, al conformar un nuevo gabinete a instalarse a fines de julio, Fujimori pidió a Montesinos asumir el cargo de ministro de Defensa y este declinó la propuesta. Con este rechazo, el asesor del SIN dejó entrever su voluntad de mantener —tal como estaban en esos días —su poder y estatus construidos por él mismo hasta entonces. Sin saber tomar una postura clara sobre cómo tratar a Montesinos, Fujimori no hizo gestiones activas ni tomó iniciativas con el objetivo de impulsar la “democratización”. Por ello, los Estados Unidos intensificaron sus dudas sobre la verdadera intención del jefe de Estado peruano (entrevista 45: 2000b). En realidad, entre julio y comienzos de agosto del año 2000, unas personas del gobierno norteamericano empezaron a comparar a Montesinos con Antonio Noriega de Panamá,27 y a comentar que el asesor del SIN era una persona non grata para los Estados Unidos (entrevista 45: 2000c). Desde esos días, estaba adquiriendo fuerza en la administración norteamericana la evaluación negativa de Montesinos. La cada vez más acre actitud de los Estados Unidos se endureció definitivamente por una segunda razón: Montesinos, el SIN y altos oficiales de 27.

Noriega dirigió el gobierno militar de su país de 1983 a 1989; fue llevado a los Estados Unidos en diciembre de 1989 cuando estos invadieron militarmente el país centroamericano, y sentenciado a prisión por haber estado involucrado en el narcotráfico.

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las Fuerzas Armadas del Perú habían estado involucrados en el tráfico de armas a las fuerzas guerrilleras de Colombia. Se descubrió que Montesinos había entregado armas de contrabando a la parte declarada enemiga del gobierno norteamericano en el contexto de la aprobación del Plan Colombia por el Congreso Federal, en julio del año 2000, en el cual se manifestaba la actitud de enfrentamiento de los Estados Unidos con las fuerzas guerrilleras. Este plan consistía en la ayuda económica de 130 millones de dólares y otros puntos de colaboración con el gobierno colombiano. Al parecer, el presidente Clinton fue informado por las autoridades encargadas del control de drogas sobre el caso del tráfico de armas a las fuerzas guerrilleras de Colombia —en el cual estaba implicado Montesinos— en el Consejo Nacional de Seguridad (National Security Council), celebrado en la segunda mitad de agosto. Concretamente, en esta reunión, dichas autoridades explicaron que habían conseguido las informaciones sobre la intervención de Montesinos y los militares peruanos en el caso del tráfico de armas a las fuerzas guerrilleras de Colombia. Por su parte, la CIA no hizo ningún comentario sobre dicho reporte, y se comprometió a realizar las investigaciones sobre la veracidad de la información. En la misma reunión, se dieron a la CIA instrucciones de cortar relaciones con Montesinos (entrevista 55: 2001a; 2001b). Se supone que hubo un trasfondo en el caso del tráfico de armas a las guerrillas colombianas. Esto es, que Montesinos lo llevó a cabo en colaboración con una parte de la CIA. En 1998, antes de tal incidente, las guerrillas colombianas no tenían suficientes armas de fuego, y se encontraban estancadas. Gracias a ello, la situación colombiana no se percibía como apremiante en los Estados Unidos. La CIA se preocupó por la eventualidad de que el Congreso Federal no aprobara el Plan Colombia, debido a la idea de que la situación colombiana no era tan grave. Entonces, Montesinos elaboró la operación del tráfico de armas en colusión con una parte de CIA. Tal vez esta operación tuviera efecto: luego, las guerrillas colombianas intensificaron la ofensiva, y se despertó una conciencia de crisis en el Congreso Federal respecto de la situación colombiana (entrevista 55: 2001a; 2001b).28 28.

La operación de tráfico de armas a las guerrillas colombianas procedió de la siguiente manera: compraron las armas al gobierno de Jordania oficialmente en nombre de las Fuerzas Armadas del Perú; las armas fueron enviadas al Perú por vía aérea pero, en el camino, fueron arrojadas en Colombia. La operación nos recuerda que en el llamado

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El 21 de agosto, acompañado por Montesinos y unos altos oficiales de las Fuerzas Armadas, Fujimori dio una conferencia de prensa para hacer declaraciones sobre el tráfico de armas a Colombia. Se supone que esta fue la “respuesta” de Montesinos a las mencionadas informaciones presentadas en el Consejo Nacional de Seguridad. En ella, Fujimori anunció con tono publicitario que en 1999 nada más y nada menos que 10 mil ametralladoras habían sido traficadas a las guerrillas de Colombia; sus autores habrían sido algunos elementos negativos de las Fuerzas Armadas del Perú cuyos cabecillas, gracias a las gestiones prontas del SIN, con Montesinos a la cabeza, habían sido ya detenidos. El mandatario parece haber pretendido distraer la atención de la opinión pública sobre el diálogo promovido por la OEA entre el gobierno y la oposición para lograr una mayor “democratización”, cuyo comienzo estaba previsto para ese mismo día. A la vez, la mencionada conferencia de prensa constituiría una táctica política para demostrar el trabajo eficiente del SIN y apaciguar la actitud crítica de los Estados Unidos contra el organismo de Inteligencia. A estas alturas, Fujimori fue demasiado imprudente al tragarse las informaciones dadas por Montesinos sobre el tráfico de armas a las guerrillas colombianas. El jefe de Estado peruano creyó ciegamente, y nunca dudó, de lo que el asesor del SIN le había dicho respecto del tráfico de armas a las fuerzas guerrilleras en Colombia. Recién a principios de septiembre, cuando John Hamilton, embajador de los Estados Unidos en el Perú, visitó al mandatario para comunicarle las preocupaciones de Washington, Fujimori se enteró de que Montesinos, el SIN y algunos altos oficiales de las Fuerzas Armadas del Perú habían estado involucrados en el tráfico de armas. Después de escuchar las preocupaciones de Washington mediante su embajador, Fujimori se distanció bastante más de Montesinos (entrevista 45: 2001b; entrevista 55: 2001a; 2001b). Por otro lado, el 24 de agosto, en su discurso sobre política general pronunciado en el Congreso, Federico Salas Guevara, Primer Ministro y ministro de Educación,29 anunció la disposición del gobierno peruano caso Irán-Contras de 1984, la CIA también usó al Perú como destino nominal de las armas que fueron entregadas a los grupos armados en contra del entonces gobierno socialista de Nicaragua. 29.

Salas Guevara fue el candidato presidencial del movimiento independiente opositor Avancemos, en las elecciones de 2000. Al comenzar el tercer mandato, Fujimori lo

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para promover la reforma del SIN y del Poder Judicial, así como para superar el caso sobre el empresario Ivcher y su nacionalidad peruana. Además, el 28 de agosto, la Corte Militar de Justicia decidió el inicio de la revisión del caso de una militante norteamericana del MRTA, en el fuero civil. La emerretista fue detenida junto con otros dirigentes en 1995, cuando la policía descubrió su plan de tomar el Congreso y realizó una intervención en la casa donde se encontraban. Ella fue detenida como dirigente del grupo armado subversivo y sentenciada a cadena perpetua en el fuero militar presidido por los jueces con rostro cubierto. Desde entonces, el gobierno estadounidense había venido pidiendo a su par peruano la revisión de este caso en el fuero civil, porque no se había garantizado el debido proceso cuando su caso fue tratado en la corte militar. La Corte Militar de Justicia aceptó finalmente el pedido de los Estados Unidos. Sin embargo, la percepción negativa de los Estados Unidos respecto del gobierno de Fujimori había llegado ya a tal nivel, que no se podía cambiar simplemente con la mencionada expresión tardía —hecha a fines de agosto— de la voluntad de impulsar la “democratización”. Los Estados Unidos exigían un cambio sustancial que hiciera perder a Montesinos el poder real.30

Fujimori cercado por todas partes Hubo otro problema que inquietaba a Fujimori: las maniobras de Vásquez. Hemos señalado que, durante la campaña electoral, se produjeron fricciones entre la facción de Vásquez y la de Cambio 90-Nueva Mayoría. De los 52 congresistas del oficialismo elegidos en las elecciones de 2000, por lo menos 26 eran de la facción de Vásquez.31 Desde el punto de vista nombró como Primer Ministro y ministro de Educación. Por otro lado, el artículo 130� de la Constitución Política de 1993 estipula que, dentro de los treinta días de haber asumido sus funciones, el Primer Ministro debe concurrir al Congreso para exponer y debatir la política general y, al mismo tiempo, recoger el voto de confianza de los congresistas. 30.

El 8 de septiembre, cuando participó en la Cumbre del Milenio de la ONU, Fujimori se reunió con la Secretaria de Estado Madeleine Albright. Ella sugirió a Fujimori que los Estados Unidos le permitirían mantener su tercer mandato en caso de que destituyera a Montesinos. Tampoco en esta ocasión Fujimori logró responderle rotundamente sobre el futuro de su asesor del SIN.

31.

Esto se basa en la entrevista 51. Fujimori calcula 25 congresistas pertenecientes a la facción de Vásquez (Fujimori 2003: 419).

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de Fujimori, sus acciones, junto con las de los montesinistas, influirían en las correlaciones del poder en el Congreso. En esos días ya Vásquez dejó entrever su aspiración al poder con miras a la etapa post-Fujimori, al declarar en privado a unos conocidos que participaban en la asamblea nacional del movimiento Vamos Vecino, celebrada a mediados de agosto, que en las siguientes elecciones, previstas para el año 2005, él sería el candidato presidencial sucesor de Fujimori. Por otro lado, en diversas partes del Perú, los seguidores de Vásquez iniciaron diversas gestiones para ponerse en contacto con variadas organizaciones sociales y expandir, así, sus bases organizativas. Al hacerlo, comunicaron a todo el mundo que Vásquez sucedería a Fujimori.32 Como señala todo lo que hemos descrito en esta sección, Fujimori se encontraba cercado por todas partes después de la segunda vuelta. Por lo menos en uno o dos años no se podía esperar una mejora económica y, con las manos atadas, el gobierno de Fujimori no podía tomar medidas eficaces para tal objetivo. Por otro lado, las fuerzas antifujimoristas, con Toledo a la cabeza, seguían activas y desestabilizando la política peruana. Fujimori encontraba obstáculos también en el aspecto de las relaciones exteriores, principalmente con los Estados Unidos, cada vez más irritados por la perspectiva pesimista que tomaba la “democratización” y por la continuación de la presencia de Montesinos en el gobierno peruano. En esta situación, al mandatario le urgía tomar una decisión difícil respecto del tratamiento a Montesinos, incluso para poner en ejecución la “democratización” que haría perder al ex capitán el poder real. Además, el jefe de Estado peruano tenía que tomar en consideración qué acciones tomaría Montesinos cuando perdiera el estatus que tenía en aquel entonces. El diálogo entre el gobierno y la oposición, con la intermediación de la OEA, se llevó a cabo cuatro veces entre fines de agosto y principios de septiembre. Sin embargo, se estancó a mediados de septiembre, al cruzarse los cálculos políticos del lado de Fujimori, que trataba de permanecer en el poder, y del opositor, que pretendía derrumbar su gobierno. Complementamos lo descrito con un episodio escrito por Fujimori. Tal vez a principios de julio —según él, cuando estaba pensando en la conformación del gabinete ministerial luego de que Tudela salió repentinamente de viaje al extranjero sin comunicarse de antemano con Fujimori— el 32.

La información acerca de las acciones de Vásquez, se basa en las entrevistas 51 y 52.

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mandatario pensó una vez retirarse en octubre o noviembre del año 2000, adelantando el plan de “aterrizaje suave” de ceder el poder al primer vicepresidente Tudela a un año de iniciado el tercer mandato (Fujimori 2003: 378382). Si fue este el caso, podemos pensar que se trata de una confesión de cuán arrinconado psicológicamente estaba el presidente en aquel entonces. Con respecto al adelanto del plan de “aterrizaje suave”, Fujimori explica que pensó en esto en relación con la situación cada vez más desestabilizadora debido a la movilización de la oposición, así como a los desencuentros, incluso la discrepancia con Tudela, respecto del nombramiento de los ministros. Para cuando Fujimori pensó en ello ya había ocurrido el estancamiento de la economía, el cambio en las relaciones con Montesinos y el empeoramiento de las relaciones con los Estados Unidos como los temas más urgentes. Estos constituían una carga pesada que abrumaba a Fujimori. Durante su primer mandato, Fujimori encaró también las situaciones críticas. Pero en esa etapa del gobierno fujimorista, el mandatario había podido elaborar cierta dirección de las políticas para tales situaciones y, básicamente, cabía esperar la comprensión y apoyo de la comunidad internacional. En contraste, cuando Fujimori empezó su tercer mandato, todas las condiciones favorables al gobierno estaban perdidas, y además ya habían empezado a cambiar marcadamente sus relaciones con Montesinos, que era el único de quien dependía. 4.

La caída del gobierno de Fujimori

Montesinos se resiste a la decisión de Fujimori En la noche del 14 de septiembre, el mandatario —ya cercado por todas partes— recibió un golpe directo con la revelación de un video de uno de los sobornos de Montesinos. La revelación fue hecha por el Frente Independiente Moralizador (FIM), la segunda fuerza mayor de la oposición en el Congreso. El video tenía grabada la imagen de la entrega de 15 mil dólares hecha por Montesinos a un candidato al Congreso que formaba parte de la oposición y cuya elección se preveía segura, como recompensa por el cambio de bancada al oficialismo. La imagen fue grabada por el propio Montesinos, con una cámara escondida.33 La revelación provocó 33.

La transcripción de este y otros videos y audios de Montesinos se puede consultar en Biblioteca (2004).

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inmediatamente reacciones contrarias al asesor del SIN. No solamente la oposición, sino también la CONFIEP y la OEA exigieron la destitución de Montesinos. No se sabe exactamente cómo el video de Montesinos cayó en manos de la oposición. Los detalles no están claros y hay diversas opiniones, incluso algunas especulaciones, al respecto. Por ejemplo, para algunos, luego de que los Estados Unidos rompieran con Montesinos, el asesor del SIN habría pretendido, como última apuesta, crear intencionalmente una situación caótica y, en medio de esta, tratar de encontrar alguna manera de salir adelante. De todas maneras, lo que se dice generalmente es que por ser crítico de Montesinos, o porque su vida se encontraba en apuros, o porque fue pedido por (una parte de) la CIA, que ya no respaldaba a Montesinos, un militar que trabajaba en el SIN sacó el original de un lugar donde Montesinos guardaba todos los videos con las grabaciones hechas a escondidas, hizo una copia y lo devolvió al mismo lugar. Entonces, primero sondeó con los toledistas la posibilidad de negociar el video, aunque hay otra versión de que fue el PAP el primero en ser sondeado. Sin embargo, no reaccionaron positivamente a la oferta, fuese porque no pudieron juntar el dinero o porque se equivocaron en considerarla como una trampa de Montesinos. Entonces, el vendedor se acercó al FIM, que abanderaba la persecución contra los actos injustos como su objetivo principal. Su líder máximo, Fernando Olivera, pidió a un empresario conocido de él facilitar el dinero, y compró por 10 mil dólares el video con la grabación de unos 56 minutos. La revelación del video constituyó el último golpe fuerte a Fujimori, quien ya se encontraba arrinconado en una situación difícil en el aspecto diplomático, económico, de sus relaciones con Montesinos y en otros. El mandatario quedó rendido y convencido de que no podría continuar más gobernando el país. Fujimori confesó a una persona cercana que, luego de la revelación del video de Montesinos, había pensado en renunciar inmediatamente a la Presidencia de la República (entrevista 45: 2001b).34 Sin embargo, una persona convocada por el jefe de Estado después de la revelación le comentó que su renuncia inmediata provocaría solamente un caos que involucraría también a las Fuerzas Armadas, y le sugirió algunas

34.

Esta persona lo escuchó decir así cuando lo visitó al día siguiente de la revelación del video. Al respecto, véase también Bustamante (2003: 192).

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alternativas: una de ellas fue la de adelantar las elecciones generales y recortar su mandato hasta julio de 2001; pero, a cambio de esto, quedar en el poder hasta entonces. Sobre la base de esta sugerencia, Fujimori reconsideró su resignación a la renuncia inmediata y pensó la idea básica del Mensaje a la Nación, en el cual manifestaría su disposición a recortar su mandato y convocar a elecciones generales en 2001 (entrevista 45: 2001a). Mientras que Fujimori quedó impactado y se preguntaba si no le quedaría otra alternativa que renunciar inmediatamente a la Presidencia de la República, Montesinos convocó a los congresistas del oficialismo al SIN. Frente a los congresistas reunidos, Montesinos declaró que la revelación del video no era un suceso grave, y ellos no deberían tenerla en cuenta. Luego agregó que Fujimori necesitaba de él, debido a las relaciones con las Fuerzas Armadas y otras razones, y que no lo destituiría. Por su parte, los congresistas de Cambio 90-Nueva Mayoría opinaron que Montesinos debía renunciar. Pero los de Vamos Vecino, dirigidos por Vásquez, se expresaron a favor de la posición de respaldar a Montesinos hasta el final, tal vez porque creían en el poder del asesor del SIN. Los detalles de esta reunión fueron reportados al presidente al día siguiente por los dirigentes de Cambio 90-Nueva Mayoría, quienes visitaron el Palacio de Gobierno. Este acontecimiento condujo más tarde a otro incidente en el que Fujimori reprocharía a Vásquez frente a unos ministros y congresistas del oficialismo (entrevista 43: 2001). En la noche del 16 de septiembre, como hemos señalado en el inicio de este libro, Fujimori anunció en el Mensaje a la Nación que no solamente recortaría su mandato presidencial, sino que también desactivaría el SIN. Aunque no expresó directamente la destitución de Montesinos, la desactivación del SIN significaba sustancialmente la destitución de este, quien tenía el poder real del organismo. Los Estados Unidos y la OEA quisieron evitar que el Perú cayera en una situación caótica, y básicamente no objetaron que Fujimori permaneciera en el poder hasta julio de 2001. Sin embargo, Fujimori evitó manifestar claramente la posición de romper con Montesinos. Aunque Fujimori había recibido en persona el consejo de que debería mostrar una actitud rotunda en relación con él,, finalmente no lo hizo. Tal vez el mandatario pensó que no sería conveniente para él provocar en exceso a Montesinos, porque no se podía prever qué acciones tomaría este en su desesperación, entre las que no podía descartarse la posibilidad de un golpe de Estado, como veremos en las siguientes líneas.

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Además, Montesinos tenía informaciones y pruebas respecto de las partes oscuras del gobierno de Fujimori y del mismo presidente. Pero la actitud indecisa y evasiva de Fujimori hacia Montesinos resultó contraproducente, porque entre la gente común causó la duda sobre la verdadera intención de Fujimori: ¿quería este en realidad defender a Montesinos? Montesinos se resistió a la decisión de Fujimori. Amenazó con dar un golpe de Estado y presionó a Fujimori para anular la decisión de destituirlo. La actitud desafiante de Montesinos tensó la situación peruana. Esto sacudió a los Estados Unidos y a otros países latinoamericanos, porque causó en ellos la preocupación de que la ya agitada región andina podría desestabilizarse más: Colombia padecía (y padece hasta ahora) el conflicto interno con la presencia arraigada de las guerrillas; en Venezuela, los partidos políticos existentes habían venido perdiendo el poder y la popularidad, luego de haber sido los protagonistas de la política nacional por largo plazo; y en Ecuador acababa de suceder el cambio de gobierno, y un Presidente de la República fue reemplazado por otro. Con la colaboración de los Estados Unidos y otros países latinoamericanos, Fujimori persuadió a Panamá para que acogiera a Montesinos temporalmente, y consiguió su consentimiento. El 25 de septiembre, Montesinos partió para Panamá, y la posibilidad del golpe de Estado se redujo considerablemente.35

Fujimori sacudido desde abajo: el retorno y fuga de Montesinos Aunque Montesinos se alejó del Perú, Fujimori siguió enfrentando una situación política sumamente difícil. No solamente la oposición ganó ímpetu, luego de arrinconar a Fujimori, sino que también hubo muchos que obedecían las instrucciones de Montesinos en el Poder Judicial, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. También en el Congreso, diez congresistas

35.

Más tarde se presentó una versión de que el golpe de Estado por Montesinos había sido simplemente una ficción o un rumor. Una vez Fujimori también accedió a esta idea. En caso de que en realidad fuera así, lo que los Estados Unidos y otros países latinoamericanos deseaban era evitar la posibilidad de que la situación peruana llegara a empeorar, debido a una rebelión originada por Montesinos, en medio de la desestabilización cada vez más intensa de la política peruana con motivo de la revelación del video de soborno. Sobre el tercer mandato de Fujimori, véase también Bustamante (2003) y Salas-Guevara (2001).

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que por intervención de Montesinos habían pasado al oficialismo, se apartaron o fueron expulsados de la alianza oficialista. Tan pronto como a fines de septiembre el oficialismo redujo sus escaños a 54 y perdió la mayoría en el Poder Legislativo. Al mismo tiempo, Fujimori tenía que prestar atención a las gestiones de los congresistas ocultos de Montesinos, porque el ex asesor del SIN tenía más de veinte congresistas infiltrados en la oposición. En esta situación, fueron los hombres de Vásquez los que tomaron acciones inquietantes para Fujimori. Alrededor de la mitad de los congresistas pertenecientes a Vamos Vecino eran, supuestamente, de Montesinos. Además, Vásquez se reconocía a sí mismo como sucesor de Fujimori, y tendía a acercarse a Montesinos por la aspiración al poder, aunque oscilaba entre el jefe de Estado peruano y el ex capitán. Luego de la revelación del video de soborno por Montesinos, Vásquez y otros congresistas de Vamos Vecino se mostraron cada vez menos activos para compartir las acciones en el Congreso con Cambio 90-Nueva Mayoría. Como Montesinos, Vásquez también debía su presencia política a Fujimori en la última instancia. Después de acercarse al poder y conseguir bastantes facultades de decisión e influencia, Vásquez parece haber llegado a tener la ilusión de que él movía todas las fichas con su propia capacidad y poder, y haber olvidado el hecho fundamental de que su presencia política dependía a fin de cuentas de Fujimori. Después de la revelación del video del soborno hecho por Montesinos, el rechazo del proyecto de moción de censura contra la Mesa Directiva36 fue el único acontecimiento de importancia en el que los congresistas de Vásquez colaboraron con Cambio 90-Nueva Mayoría en las actividades del Congreso. El proyecto fue presentado por la oposición el 6 de octubre y rechazado el 12 del mismo mes. La Mesa Directiva de entonces fue monopolizada por la alianza oficialista, como durante el Congreso de 1995 a 2000. Para rechazar el proyecto, Vásquez y unos congresistas suyos tomaron la iniciativa de consolidar los votos en contra. Con este acto, el grupo de Vásquez pretendió mostrar su poder en el oficialismo y, al mismo tiempo, dejar a los de Cambio 90-Nueva Mayoría agradecidos en este tema para esperar algo a cambio en el futuro (entrevista 43: 2001). Quizás este acto

36.

Entonces consistía en el presidente y tres vicepresidentes del Congreso. La aprobación de la moción de censura causa la destitución de la Mesa Directiva.

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fue tomado también para demostrar a Fujimori que en cualquier momento la Mesa Directiva podría ser destituida por la voluntad de Montesinos, dado que este también estaba conforme con la maniobra de Vásquez. Luego, los congresistas de Vamos Vecino dejaron de participar en las reuniones de coordinación del oficialismo, tal vez porque consideraron que no habían logrado suficientes cosas a cambio de la colaboración en el rechazo al proyecto de la moción de censura; o porque habían recibido instrucciones de Montesinos. En este contexto, el 25 de octubre se dio un incidente en el cual Fujimori reveló su desconfianza hacia Vásquez. Le reprochó frente a unos ministros y congresistas principales del oficialismo que estaba decepcionado de él. Con este incidente, el rompimiento entre Cambio 90-Nueva Mayoría y Vamos Vecino fue definitivo. Mientras las bases del poder de Fujimori se encontraban sacudiéndose, se dio otro acontecimiento que tensó nuevamente la situación política. El 22 de octubre, contra la voluntad de Fujimori, Montesinos partió de Panamá y retornó al Perú con una escala en Guayaquil, Ecuador.37 Montesinos regresó al Perú, supuestamente por una de estas tres razones: porque se había sentido amenazado por el hecho de que el organismo interamericano de derechos humanos y otras organizaciones comenzaron a tomar acciones contra él, o porque había sentido que su vida se encontraba en la mira de las fuerzas guerrilleras colombianas, o porque no podía aguantar más la vida incómoda en Panamá. Por una u otra razón, Montesinos salió de Panamá e hizo escala en Guayaquil para repostar combustible. Fujimori se comunicó con Montesinos mediante la torre de control del aeropuerto de Guayaquil, y le dijo que no debía regresar al Perú, pero Montesinos no le escuchó (Fujimori 2003: 396-397). Según lo que Fujimori comentó a una persona, en esta ocasión

37.

Fujimori se enteró de la intención de Montesinos de regresar al Perú mediante el embajador del Perú en Panamá. Pretendió comunicarse con Montesinos, que estaba a punto de salir de Panamá, con el objetivo de persuadirlo para que no retornara al Perú, pero no lo logró. En esos días, Fujimori se encontraba en negociación con la oposición sobre una Ley de Reconciliación Nacional que daría amnistía a los militares y policías (sobre esta ley trataremos en las siguientes líneas); y, hasta entonces, no había objeción especial por parte de la oposición. Por tanto, el mandatario quedó sumamente preocupado de que la comprensión de la oposición respecto de dicha ley se redujera a nada, debido al regreso de Montesinos (entrevista 45: 2001b).

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Montesinos soltó una bravata: le dijo que no debía olvidar que entre los congresistas de su facción y la oposición se podía destituir al Presidente de la República (entrevista 49). Montesinos partió de Guayaquil y llegó a la base aérea ubicada en Pisco, departamento de Ica, a unos 230 kilómetros al sur de Lima. Después de su arribo, se perdió su pista. Quedó claro que Montesinos continuaba teniendo todavía fuerte influencia en las Fuerzas Armadas. Fujimori trató de ubicar a Montesinos inmediatamente después de su llegada, pero fracasó en esto. Esta vez también Fujimori dio la impresión de que su actitud frente a Montesinos no era rotunda, pues declaró que pretendía ubicarlo, no detenerlo. Esto parece haber tenido que ver con el hecho de que mientras Fujimori buscaba ubicar a Montesinos, también envió grupos militares confiables a diversos puntos del país con el objetivo de buscar documentos y otros videos que pudieran ser desfavorables para él mismo y que el asesor tenía guardados. Vale decir, a estas alturas el jefe de Estado todavía se cuidaba de no provocar en exceso a Montesinos, quien conocía aspectos oscuros de su gobierno. Pero la continua actitud indecisa de Fujimori respecto de Montesinos trajo consecuencias: empujó a las fuerzas minoritarias de la oposición, que habían mostrado cierta comprensión respecto del gobierno de Fujimori, hacia la posición opuesta al mismo. Finalmente, el paradero de Montesinos no se llegó a conocer. Luego de la caída del gobierno de Fujimori se descubrió que, después de quedarse en el Perú unos días, en la madrugada del 29 de octubre, Montesinos salió en el yate de un conocido para Ecuador y, luego, entró en Venezuela, secretamente, a través de Costa Rica. En la misma madrugada del 29 de octubre, en el sur del Perú, un pequeño grupo de militares dirigido por un comandante del Ejército se alzó en armas contra el gobierno de Fujimori. El comandante argumentó que no reconocía la legitimidad del gobierno de Fujimori y la cúpula militar que lo apoyaba. Como veremos a continuación, por esos días el gobierno de Fujimori y la oposición ya se habían puesto de acuerdo en la realización y fecha de las elecciones generales, previstas para 2001. Por tanto, no había razón alguna para justificar el levantamiento en armas. Más bien, políticamente hablando, la rebelión fue completamente inoportuna. No fue de gran envergadura, y los rebeldes se rindieron ante el gobierno en corto tiempo, sin tener influencia alguna en la situación política en general. En realidad, hay una alta posibilidad de que la rebelión fuera una operación

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de distracción tramada por Montesinos entre bastidores, con el objetivo de desviar la atención de los medios de comunicación y el gobierno peruano y facilitar su fuga al extranjero.38 Las relaciones con las Fuerzas Armadas, en las cuales Montesinos tenía una fuerte influencia, volvieron a constituir una carga para Fujimori en la última etapa de su gobierno. A mediados de octubre, el mandatario propuso a la oposición la aprobación de una Ley de Reconciliación Nacional, cuyo objetivo principal fue dar amnistía a los militares y policías involucrados en la violación de los derechos humanos ocurridas en las operaciones antiterroristas, con el objetivo de separar a las Fuerzas Armadas de Montesinos y ponerlas de su lado. En torno del proyecto de la ley, aunque no hubo objeción especial en la primera etapa de las negociaciones con la oposición, esta endureció su posición con motivo del regreso de Montesinos al Perú (entrevista 45: 2001b). De cualquier forma, frente a la actitud indecisa de Fujimori respecto de Montesinos, la oposición rechazó finalmente con energía la propuesta de una Ley de Reconciliación Nacional, insistiendo en que ella permitiría la impunidad en los crímenes del pasado. Por otro lado, debido a la influencia de Montesinos en el Poder Judicial y el Ministerio Público, este no dio rápidamente una orden de captura contra Montesinos. Esta situación, junto con la actitud evasiva de Fujimori en relación con Montesinos, dio a la gente común la impresión de que el verdadero propósito del mandatario no quedaba claro; lo que, al mismo tiempo, dio más impulso a la oposición.

Último intento de Fujimori para restablecer la situación adversa Completamente arrinconado, Fujimori pretendió restablecer la situación contraria desde fines de octubre. Para tal objetivo, cambió la actitud pausada de ir haciendo una concesión pequeña tras otra a las exigencias de la oposición, y aceptó mucho más activamente sus opiniones. También cambió la posición indecisa y evasiva que había tomado frente a Montesinos 38.

Después de la rendición, los cabecillas fueron detenidos y sometidos a la justicia. En el proceso judicial, Valle Riestra defendió a los acusados. Valle Riestra desempeñó el cargo de Primer Ministro por poco más de dos meses en 1998 y tenía relaciones con Montesinos. Este hecho también sugiere la relación entre la rebelión políticamente inoportuna y la fuga de Montesinos.

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desde el anuncio de su renuncia. Primero, el 25 de octubre, el mandatario peruano acordó con la oposición llevar a cabo las nuevas elecciones generales el día 8 de abril de 2001.39 La convocatoria a las elecciones generales de 2001 fue dada oficialmente el 10 de noviembre. El 26 de octubre, el oficialismo y la oposición, juntos, aprobaron en el Congreso la abolición de la ley sobre la homologación de facultades entre los magistrados titulares y los provisionales. Esta fue una de las leyes criticadas severamente por la oposición como intervención en el Poder Judicial y el Ministerio Público. El 27 del mismo mes, el gobierno peruano se comprometió a devolver la nacionalidad peruana a Ivcher. Al día siguiente, Fujimori reemplazó a los comandantes generales de las Fuerzas Armadas, para excluir la influencia de Montesinos en ellas. Como hemos señalado, pasada la medianoche de este día, Montesinos salió del país a escondidas. El 30 de octubre, el gobierno y la oposición llegaron al acuerdo de desintegrar las Comisiones Ejecutivas del Poder Judicial y el Ministerio Público. El 2 de noviembre, el gobierno peruano anunció que Montesinos tenía tres cuentas con el monto total de 48 millones de dólares en la banca suiza y había la sospecha fundada de que este dinero fuera de origen ilícito. En el mismo día, el gobierno nombró a un Procurador de la República para denunciar a Montesinos. El 3 de noviembre, el mandatario destituyó a

39.

Algunos estudios analizan que este cambio de actitud de Fujimori se debió a su reunión —celebrada el 25 de octubre— con César Gaviria, secretario general de la OEA, quien visitó Lima y exigió al presidente peruano una postura resuelta para superar la situación sumamente inestable (véase, entre otros, Conaghan 2005: 239). Aunque ciertamente la gestión del secretario general influyó en la actitud del mandatario peruano, no podemos exagerar su efecto, porque el repentino regreso de Montesinos al Perú —que se produjo en contra de la voluntad de Fujimori— lo acorraló tanto que no le quedó más remedio que buscar consenso con la oposición para aliviar la situación. Por otro lado, junto con el recorte del mandato del presidente y congresistas elegidos en 2000, Fujimori y la oposición se pusieron de acuerdo en modificar el artículo 112� de la Constitución Política de 1993 —cuya interpretación había provocado una polémica candente en el segundo mandato de Fujimori— y prohibir la reelección consecutiva del Presidente de la República, igual como estuvo establecido en la Constitución de 1979, suspendida después del “autogolpe”. La ley sobre la modificación constitucional de prohibir la reelección consecutiva del presidente fue aprobada en el Congreso según el procedimiento constitucional (que requiere dos votaciones en distintas legislaturas; la primera se realizó el 5 de octubre y, la segunda, el 2 de noviembre) y promulgada el 4 de noviembre.

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la fiscal de la nación montesinista. El 7 de noviembre, la Fiscalía emitió finalmente una orden de captura contra Montesinos. Sin embargo, el intento de Fujimori para restablecer la situación adversa no tuvo el efecto político que el mandatario había esperado, ni fue ejecutado sobre una base política suficiente. Con dicho intento no cambió rápidamente la impresión de la posición indecisa en relación con Montesinos que la opinión pública en general había tenido inmediatemente después de la revelación del video del soborno. Mucha gente común ya no tenía confianza en Fujimori como antes. La aprobación presidencial registró en septiembre el 44%, debajo del nivel de la desaprobación. Bajó en los siguientes meses: al 36% en octubre y al 24% en noviembre, mientras que la desaprobación se encontraba acercándose al 70% (véase nuevamente el cuadro 6.3). Por otro lado, Fujimori no tenía a su alrededor a personas de quienes poder depender como Montesinos. En las Fuerzas Armadas se observaba todavía la fuerte influencia de Montesinos y la situación era confusa, quedando muy distante del estado anterior, en el cual el apoyo a Fujimori había sido sólido. Por si fuera poco, como hemos señalado, en el Congreso no solamente los congresistas de Montesinos se separaron de la alianza oficialista, sino también el oficialismo rompió con los hombres de Vásquez. Una vez que Fujimori empezó a mostrar una actitud clara de enfrentarse a Montesinos, en el Congreso los hombres de Montesinos empezaron a llevar el paso de la oposición y hacer gestiones tendientes a presentar de nuevo, y esta vez aprobar, la moción de censura contra la Mesa Directiva monopolizada por el oficialismo. En aquel entonces, un congresista del oficialismo vio algunas veces a los ex colegas montesinistas que se habían alejado de la alianza oficialista luego de la revelación del video de soborno, conversar de pie con unos congresistas de la oposición en el pasillo u otras partes del Congreso, y de estos actos sobreentendió que estarían tramando la destitución de la Mesa Directiva monopolizada por el oficialismo. Por tanto, desde fines de octubre, cada vez que vio a Fujimori, habló con él sobre la alta posibilidad de que fuera destituido, luego de que la moción de censura contra la Mesa Directiva fuera aprobada y esta pasara a manos de la oposición (entrevista 43: 2001). A más tardar para fines de octubre, Fujimori debía de haber ya tomado conciencia de que se estaba acercando a una etapa en la cual la dinámica política del país pasaba a ser definitivamente desfavorable para él. El 9 de noviembre, la oposición presentó el proyecto de la moción de censura contra la presidenta del Congreso y, de este modo, mostró su

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voluntad de destituirla. El proyecto sería sometido a la discusión del pleno el día 13. Ese día, antes de empezar la sesión en el Congreso, Fujimori partió repentinamente del Perú para participar en la Cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (Asia Pacific Economic Cooperation, APEC por sus siglas en inglés) a celebrarse en Brunei.40 Fue una partida repentina al extranjero, que no había revelado a nadie, incluso a los dirigentes de Cambio 90-Nueva Mayoría, hasta inmediatamente antes de la hora. Como ya hemos indicado, Fujimori debía haber decidido salir del Perú, consciente de que la situación interna ya no le permitiría permanecer por más tiempo en el cargo de la Presidencia de la República. En el pleno del Congreso, que comenzó después de la partida de Fujimori, la presidenta oficialista del Congreso fue censurada y destituida.41 Tres días después, el 16 de noviembre, mientras Fujimori se trasladaba de Brunei al Japón, el Congreso peruano eligió a Valentín Paniagua, de Acción Popular, como presidente del Congreso. De este modo, el manejo del Congreso pasó completamente a las manos de la oposición. Después de asumir la presidencia del Congreso, lo primero que hizo Paniagua fue someter a la discusión del pleno y aprobar, con el apoyo de la oposición, la reintegración de los tres miembros del Tribunal Constitucional que habían sido destituidos por el oficialismo mayoritario en 1997. Como hemos señalado en el capítulo anterior, luego de aprobar la resolución de oponerse a la tercera postulación de Fujimori, los tres fueron destituidos 40.

La APEC aprobó el ingreso del Perú en noviembre de 1997, y un año después el Perú se convirtió en el tercer país latinoamericano, después de México y Chile, que consiguió el estatus de miembro titular del foro. Antes del ingreso del Perú, concretamente entre 1994 y 1995, se dieron las fricciones entre el Perú y Japón en torno del ingreso del primero al APEC. Mientras el Perú pidió insistentemente al Japón respaldar su ingreso al foro, el país del sol naciente mostró una posición prudente respecto del tema, porque él era el país que presidía la APEC y consideraba no poder tomar algún acto especial con relación a un país específico. Luego, el Perú se acercó a otros países miembros con miras al ingresar al Foro, y consiguió la aspirada membresía del Foro, finalmente, con el respaldo de Malasia. Respecto de este asunto, véase Murakami (2004a: 89-90).

41.

La moción de censura contra la presidenta del Congreso fue motivada directamente por la discrepancia entre el oficialismo y la oposición en torno a cómo nombrar a los miembros de la Comisión Investigadora sobre Montesinos. Pero, como hemos señalado, la oposición ya había tenido la intención de cambiar la Mesa Directiva y destituir a Fujimori. La oposición aprovechó la discrepancia sobre la forma de nombramiento de los miembros de dicha comisión para destituir a la oficialista presidenta del Congreso.

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so pretexto de no haber seguido el debido proceso. Aunque el tema de los tres ex miembros del Tribunal Constitucional no figuraba en la agenda del Congreso, greso, que se acordaba de antemano entre el oficialismo y la oposición, fue tratado y sometido a la votación en el pleno debido a la discreción que en tal sentido puede tomar quien lo preside. De este modo, Paniagua y la oposición ostentaron el hecho de dominar completamente el manejo del Congreso y poder hacer lo que ellos querían. Frente a la aparición de una nueva correlación del poder en el Congreso, Fujimori presentó su renuncia ante el Congreso el 20 de noviembre, antes de ser destituido. La presentación de su renuncia tuvo una forma irregular, al ser enviada desde el Japón, donde permanecía. Según lo que Fujimori comentó a una persona, no regresó al Perú porque en aquel entonces se descubrió que Montesinos —cuyo paradero era desconocido en ese momento— mantenía una fuerte influencia en el Poder Judicial, las Fuerzas Armadas y otras entidades, y sus seguidores tenían preparado un plan concreto y detallado para dañar su seguridad (entrevista 49). Se escucharon voces, no solamente de la oposición, sino también de los ministros y de la propia alianza oficialista, de rechazo al hecho de que el presidente de un país hubiese enviado su renuncia desde el extranjero; todavía más: desde el país de origen de sus progenitores, cualquiera fuese su razón. El 21 de noviembre, el Congreso dominado por las fuerzas opositoras decidió, con el apoyo mayoritario de la oposición, no aceptar la renuncia presentada por Fujimori y, más bien, destituirlo por incapacidad moral.42

42.

Fujimori fue destituido con 62 votos a favor, 9 en contra y 9 abstenciones. Respecto de la facultad de destituir al Presidente de la República que el Congreso tiene, ni en la Constitución Política misma ni en ley está especificado cúantos votos aprobatorios se requieren para la destitución. Hubo la opinión de que se requerirían dos terceras partes del número legal de congresistas, vale decir, más de ochenta votos aprobatorios para la destitución del Presidente de la República, porque en la Constitución Política de 1993 otras facultades del Congreso respecto del nombramiento y destitución exigen el apoyo de dos terceras partes de estos. Entre estas facultades, figuran la destitución de los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura (artículo 157�), el nombramiento del Defensor del Pueblo (artículo 161�) y el nombramiento de los miembros del Tribunal Constitucional (artículo 201�). Sin embargo, cuando los tres miembros del Tribunal Constitucional fueron destituidos en mayo de 1997, la oposición insistió que se requerirían más de 80 votos aprobatorios, pero la alianza oficialista forzó la aprobación de la destitución con el apoyo de más de la mitad de los congresistas asistentes (52 a favor, 33 en contra y una abstención). Por tanto, en la

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En ese momento, terminaron el gobierno de Fujimori y la era de Fujimori, que duraron un poco más de diez años. Al día siguiente, el 22 de noviembre, Paniagua fue nombrado presidente provisional, y se encargaría de las responsabilidades de Presidente de la República hasta el 28 de julio de 2001, cuando tomaría el mando el presidente elegido en las elecciones ya convocadas para ese año. Si las coincidencias fueran solo una casualidad, habrían sido demasiadas. Por tanto, tal vez la oposición hizo coincidir las fechas intencionalmente. La destitución de la presidenta oficialista del Congreso fue aprobada el 13 de noviembre. En el mismo día, en el año 1992, se descubrió la intentona de golpe de Estado contra el gobierno de Fujimori. Por otro lado, el nombramiento de Paniagua como presidente provisional se dio el 22 de noviembre. Esa misma fecha del año 1992 fue la votación de las elecciones para el CCD que puso fin a la situación política anormal producida por el “autogolpe”. De modo que en el mismo día en que se frustró el intento de golpe de Estado contra Fujimori, quien había forzado el “autogolpe”, la oposición derrocó legalmente a la presidenta del Congreso de la alianza oficialista, en el mismo local del Congreso que Fujimori había cerrado en 1992; mientras que en el día en que se celebraron las elecciones del CCD, para que la comunidad internacional reconociera que había terminado la situación irregular causada por el “autogolpe”, la oposición nombró como presidente provisional a un congresista perteneciente a uno de los partidos políticos existentes, a los que Fujimori había criticado duramente. Fue la escenificación —por parte de la oposición— para destituir a Fujimori, la cual dejó entrever que la antipatía de las fuerzas opositoras —obligadas a pasar por muchas penalidades por Fujimori, quien contó con un alto nivel de apoyo entre muchos peruanos por un poco menos de cinco años desde el “autogolpe” de 1992— fue tan profunda como para llegar al nivel de la abominación insoportable.

discusión sobre la destitución de Fujimori, fue aceptada la posición de la oposición de que bastaría con el apoyo de más de la mitad de los congresistas asistentes.

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Conclusiones

Propaganda de Fujimori en la campaña electoral de 2000

–Hace media hora que espero, conchudos —dijo Periquito—. ¿Oyeron las noticias? Gabinete militar, por los líos de Arequipa. Los arequipeños lo sacaron a Bermúdez. Esto es el fin de Odría. –No te alegres tanto —dijo Carlitos—. El fin de Odría es el comienzo ¿de qué? Mario vargas llosa, Conversación en La Catedral (Vargas Llosa 1996: 288)

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La política de Fujimori condicionada por el desarrollo histórico y las características de la política peruana A lo largo de este libro, hemos analizado la política peruana de la era de Fujimori y recordado los principales acontecimientos de la década de 1990. Al hacerlo, hemos privilegiado la perspectiva de la institucionalidad. Es decir, hemos puesto el acento en el análisis de las instituciones, definidas estas como las reglas, normas o patrones de conducta, explícitos o implícitos, que son compartidos, acordados o sobreentendidos entre los miembros de la sociedad política, en torno a la toma de decisiones y a la participación política. Nuestra hipótesis, expuesta en el inicio del libro, asume que la política de Fujimori estuvo influenciada básicamente por las características históricas y estructurales de la sociedad peruana; apareció, se desarrolló, y finalmente cayó condicionada por ellas. Por lo tanto, en primer lugar, hemos expuesto a grandes rasgos el desarrollo de la política peruana y las características que adoptó después de la Independencia del Perú, a comienzos del siglo XIX. En pocas palabras, podemos decir que las agrupaciones políticas como los partidos políticos peruanos se han ido conformando históricamente como organizaciones cerradas y no democráticas, dirigidas por un

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líder sumamente poderoso y singular —que podemos llamar un caudillo— que ejerce su autoridad de forma vertical y autoritaria mediante el establecimiento de relaciones clientelistas con los integrantes de su partido y sus electores. Sobre la base de estas relaciones, los caudillos han impuesto una dominación personalista y, de este modo, “privatizado” la política peruana, sin forjar un espacio público compartido por los actores políticos; es decir, un espacio basado en las instituciones —las reglas, normas o patrones de conducta, explícitos o implícitos, que son compartidos, acordados o sobreentendidos entre los miembros de la sociedad política—. Además de esto, la política peruana ha sido condicionada por las restricciones económicas, particularmente en el siglo XX: rara vez la economía ha crecido por periodos suficientemente prolongados, ni mucho menos ha logrado el desarrollo sostenido (con la consecuencia de pocas “tortas” para repartir). Vale decir, el Perú ha tenido pocas oportunidades para la expansión económica de mediano y largo plazo, y ha carecido de las fuentes básicas para mantener y ampliar las relaciones políticas basadas en el clientelismo.1 Como consecuencia, la política en general no ha sido —ni es— institucionalizada, sino que más bien ha tendido a desestabilizarse. En lo que se refiere más concretamente a la institucionalidad política, podemos decir que, desde su independencia, en la política se ha observado una institución constante como patrón de conducta: las agrupaciones políticas, incluidos los partidos políticos, se conforman y se manejan autoritariamente, sobre la base de las relaciones patrón-cliente encabezadas por un caudillo. Sin embargo, debido tanto a la tendencia a convertir la política en el juego de suma-cero —propia de las relaciones clientelistas peruanas— como a las mencionadas restricciones económicas, no se ha concretado la institucionalización de otros aspectos de la política peruana. Todo esto ha conducido, en el mediano y largo plazo, a la inestabilidad política. Por otro lado, las agrupaciones políticas han tenido un límite en el aspecto geográfico. Mientras que dentro de las agrupaciones políticas, especialmente los partidos políticos, persiste la dominación interna de un

1.

Al mismo tiempo, hemos señalado que la existencia de los recursos económicos es una condición necesaria para mantener las relaciones clientelistas. Otra condición es la visión integral y realista de mediano y largo plazo del Estado y la sociedad, así como el consenso y entendimiento explícito o implícito respecto de esa visión. Véase la nota 54 del capítulo I.

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caudillo y las mencionadas condiciones económicas han restringido sus actividades, tradicionalmente los partidos y sus líderes se han interesado prioritariamente por la costa y por las áreas urbanas, donde se ubica siempre la mayoría de los electores. En esta situación, nunca ha aparecido un partido político con bases organizativas extendidas en distintas partes del país —a escala nacional— y capaz de mantener un apoyo amplio en el mediano y largo plazo. A lo largo de la historia, las agrupaciones políticas principales han aparecido en la costa, pero jamás han asentado sus amplias y duraderas bases organizativas en las regiones de la sierra y selva. Otro rasgo estructural de la política peruana ha sido la poca institucionalización de las relaciones entre las agrupaciones políticas, incluso partidos. Puesto que persisten tanto la dominación interna del caudillo en cada agrupación política como las mencionadas restricciones económicas, la política peruana tiende fuertemente a convertirse en un espacio de confrontación en el que las agrupaciones políticas exponen mutuamente sus intereses y luchan por el poder. En esa medida, el grado de institucionalización de las relaciones entre los grupos políticos es extremadamente bajo. En el mediano y largo plazo, no se han respetado de forma continuada las reglas o normas de comportamiento ligadas al proceso democrático de la toma de decisiones;2 tampoco se han establecido acuerdos, ni se han generalizado patrones de conducta al respecto. Las agrupaciones políticas han sido incapaces, además, de forjar consensos o entendimientos acerca de las políticas generales a seguir en el mediano y largo plazo, así como de definir sus contenidos concretos. En el fondo de la política peruana resumida líneas arriba, ha prevalecido la conciencia o actitud que calificamos como “plebiscitaria”, y que sigue manteniendo mucha gente común: la de buscar un “salvador” que resuelva a corto plazo los problemas socioeconómicos que afronta una gran parte de la población peruana. Aunque el rostro de la sociedad peruana ha cambiado desde fines del siglo XIX, particularmente en los aspectos de la población, economía, información y transportes, las características institucionales mencionadas de la política peruana no se han transformado. Se han mantenido y reproducido en el proceso del cambio social.

2.

Podemos decir lo mismo sobre el proceso “autoritario”, como hemos señalado en la Introducción e indicaremos en las siguientes líneas.

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En 1980, se puso fin a la dominación militar que había durado doce años y se hizo realidad la transferencia del poder a los civiles. Este año coincidió también con el otorgamiento del sufragio —permitido hasta entonces solamente a los alfabetos— a los analfabetos, que conformaban cerca de la mitad de la población mayor de edad. En este ambiente político se inició el primer intento verdadero en la historia peruana de construir una democracia basada en la política de los partidos. Sin embargo, estos no reformaron su organización interna cerrada y autoritaria, ni construyeron relaciones orgánicas con la gente común, ni llegaron a conformar, ni mucho menos extender, bases arraigadas, ni siquiera en las capas más bajas de la sociedad. Como hasta los años sesenta, antes de la dominación militar, en los ochenta los partidos políticos fracasaron en la tarea de incorporar a la gran mayoría de los electores, incluyendo a los de clases bajas, como trabajadores, campesinos y los del sector informal.3 Tampoco lograron establecer relaciones de confianza duraderas entre ellos; más bien se enzarzaron casi permanentemente en conflictos mutuos. En fin, no se consiguió el arraigo de una institucionalización democrática que hubiera requerido la elaboración y el enraizamiento de reglas, normas o patrones de conducta democráticos en la vida política. Además, el agravamiento de diversos problemas socioeconómicos que provocaron una gran crisis social impidió a los partidos el establecimiento de consensos y la elaboración de políticas eficaces. Como consecuencia, los partidos políticos perdieron el apoyo y la confianza de muchos peruanos. De este modo, se creó un vacío que favoreció el surgimiento y ascenso de Fujimori —que no había tenido nada que ver con los partidos políticos— y finalmente su triunfo en las elecciones presidenciales de 1990. Al mismo tiempo, se allanó el terreno para que más tarde el político de origen japonés forzara el “autogolpe” y ganara el apoyo de la gran mayoría de los peruanos. Fujimori salió elegido Presidente de la República en 1990 porque la estrategia que él mismo había elaborado y puesto en práctica, reforzada por la coyuntura política de ese momento que le favoreció, resultó ser mucho más acertada de lo previsto. Vale decir, mientras muchos electores no apoyaban al candidato favorito con la suficiente convicción, en la recta final de la carrera electoral, Fujimori se convirtió repentinamente en el foco 3.

Ni siquiera se observó indicio alguno de que la política peruana avanzara hacia la dirección de “congelación” definida por Lipset y Rokkan. Véase la nota 61 del capítulo I.

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de atención, y logró ganar mucho más votos de los que él mismo había esperado al inicio de la campaña. De este modo, consiguió ganar de forma imprevista la Presidencia de la República. Durante la campaña electoral, el candidato finalmente ganador había ido intensificando la confianza en su particular manera de hacer política, forjada sobre la base de sus experiencias de vida; y fue ese mismo estilo el que siguió usando tras su toma de posesión. Este estilo se caracterizó por los siguientes rasgos: (a) No dio importancia a la conformación de bases organizativas, y más bien estableció relaciones directas con la gente común. (b) Estas relaciones estaban basadas en lazos emotivos y clientelistas con sus electores, que respondían a la conciencia plebiscitaria firmemente arraigada en ellos. Los electores otorgaban su apoyo político a Fujimori a cambio de que él les asegurara el logro de ciertos resultados socioeconómicos que cubrieran algunas de sus expectativas concretas. (c) En lugar de actuar sobre la base de un plan estratégico global de mediano y largo plazo, Fujimori encaraba cada uno de los problemas conforme se le iban presentando. (d) Su proceso de toma de decisiones era rápido: decidía solo o se limitaba a la consulta con un reducido número de allegados y asesores; después procedía a su inmediata ejecución, sin dedicar tiempo ni esfuerzo para lograr acuerdos y entendimientos. Como vemos, Fujimori adoptó las maneras y el estilo autoritario de los caudillos peruanos tradicionales, que reflejaban las características históricoestructurales de la política del Perú desarrollada después de la Independencia.4 En su primer mandato, este estilo de hacer política produjo ciertos

4.

Uno puede argumentar que el movimiento político de Fujimori fue distinto de los partidos políticos existentes, porque el suyo careció de bases organizativas y porque además no le dio importancia a este aspecto. Sin embargo, aunque ciertamente los partidos políticos existentes tuvieron una base organizativa más sólida, tampoco lograron desarrollar una organización a escala nacional. Desde nuestro punto de vista, las diferencias son de grado, no de calidad (recordamos la metáfora del tonel de vino incluida en la Introducción de este libro). Huelga decir que entre los movimientos de Fujimori y los partidos políticos existentes encontramos otros caracteres comunes que hemos señalado en la sección 6 del capítulo I; entre ellos, el de depender extremadamente de su líder máximo.

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resultados. De hecho, se fueron resolviendo algunos problemas graves, como la crisis económica, el terrorismo y el aislamiento de la comunidad financiera internacional. En gran medida, la situación crítica que Fujimori encaró al tomar la posesión se atribuyó a los errores e indecisiones de los gobiernos de la década de 1980, que empeoraron y agravaron problemas ya serios. Para rectificar y corregir estas faltas, el mandatario tomó decisiones políticas rápidas y las ejecutó “a como dé lugar”; de este modo, logró superar la crisis en relativamente poco tiempo. Aunque ya se podían percibir los principales aspectos negativos de la política autoritaria de Fujimori, como la corrupción, la violación de los derechos humanos y los actos sospechosos de Montesinos, en términos generales, la mayor parte de la gente común evaluó positivamente la capacidad política de Fujimori, quien de cualquier manera había logrado estabilizar la sociedad peruana. Ellos le dieron el respaldo político, y en 1995 lo eligieron nuevamente Presidente de la República, con la expectativa de que en la siguiente etapa resolviera los principales problemas socioeconómicos, principalmente el desempleo y la pobreza, y mejorara el nivel de vida de la población. Fue en este proceso político de su primer mandato cuando Fujimori estableció las relaciones clientelistas con la gente común, a través de las cuales intercambiaba ciertos logros en el aspecto socioeconómico por el apoyo político basado en dicha expectativa. El “autogolpe” de 1992 constituye un ejemplo típico de la política autoritaria de Fujimori. Al mismo tiempo, el masivo apoyo a esta medida extrema puso de relieve que muchos peruanos tenían de una u otra manera la conciencia “plebiscitaria”. Al analizar el proceso que condujo al “autogolpe”, hemos señalado que el conflicto entre Fujimori y la oposición en torno de los asuntos de su destitución, las restricciones al uso de sus facultades presidenciales y las medidas contrasubversivas, constituyó un factor más importante que las fricciones existentes entre las dos partes en torno de la política económica neoliberal que algunos estudios sobre el tema enfatizan. Concretamente, hemos explicado que en un contexto político en el que la oposición —que ocupaba la mayoría del Congreso— se inclinaba cada vez más por la restricción de las facultades presidenciales de Fujimori y por su destitución, el mandatario tomó la decisión de llevar a cabo el “autogolpe” cuando fueron modificados o abolidos muchos de los decretos legislativos promulgados por él, referentes a la lucha contrasubversiva. En nuestro análisis sobre el “autogolpe”, a diferencia de los principales estudios existentes, que cuestionan principalmente el carácter autoritario

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de la política de Fujimori y lo sindican como causa del “autogolpe”, hemos señalado como un factor de la misma importancia la intención y el cálculo de la oposición ocupante de la mayoría del Congreso, que tiene la facultad de destituir al Presidente de la República y en este punto podía ejercer su poder. El “autogolpe” reflejó también un problema histórico del Perú: el bajo nivel de institucionalización de la sociedad política, que hace extremadamente difícil construir un acuerdo o entendimiento eficaz, no superficial, entre las fuerzas políticas principales que no han sabido institucionalizar reglas y patrones de conducta democráticos. Por otro lado, discrepamos también de los principales estudios existentes sobre las decisiones del “autogolpe” y la segunda postulación a las elecciones generales de Fujimori. El jefe de Estado, que no había hecho planes concretos desde alrededor de 1990, tomó sendas decisiones de acuerdo con el cambio de la situación política, fiel a su estilo de enfrentar los problemas políticos desde la perspectiva del corto plazo. Ambas decisiones fueron resultado de su peculiar forma de ejercer el poder político: ir enfrentando individualmente los problemas que se le presentaban en cada escenario político. Aunque el segundo mandato de Fujimori despertó al comienzo grandes expectativas entre gran parte de la población peruana, este no supo responder a ellas y perdió su apoyo y confianza. A diferencia del primer mandato, en el cual el desafío principal fue salir de la situación crítica en el tiempo más corto posible; en el segundo, Fujimori debía encarar como tarea política fundamental la superación de problemas cruciales en el ámbito socioeconómico, como el desempleo y la pobreza, y buscar la mejora económica y social. Para ello se requería no solamente tomar las medidas de corto plazo, sino también adoptar una perspectiva más amplia y elaborar un plan de largo alcance para generar el desarrollo de todo el país, e impulsar continuamente por diez y veinte años las políticas en diversos campos, con el concurso de los esfuerzos de personas de variados sectores. Sin embargo, en el segundo mandato, Fujimori reprodujo el mismo estilo político del primero, sin cambiarlo en ningún aspecto. No hizo ningún esfuerzo por construir un acuerdo o entendimiento en torno de una perspectiva de mediano y largo plazo. Aunque la crisis del país se había superado y la situación se había normalizado, Fujimori nunca cambió su manera de hacer política para enfrentar el siguiente desafío de la política peruana. Al mismo tiempo, cuando la economía entró en recesión y desapareció la posibilidad de que fueran satisfechas a corto plazo las demandas de

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la gente común respecto de los problemas socioeconómicos, se expandió gradualmente la desilusión de los peruanos hacia Fujimori. Además, luego de registrar un triunfo abrumador en las elecciones generales de 1995, el mandatario mostró claramente su aferramiento al poder; se dio el lujo de permitir que salieran a la superficie los conflictos existentes en su entorno cercano, y su dependencia de un solo allegado, Montesinos, se hizo más fuerte con ocasión de algunos tropiezos y problemas políticos. En particular, el empecinamiento de Fujimori de asegurarse como fuera la posibilidad legal de su tercera postulación incrementó el valor de Montesinos para el mandatario y, de este modo, notablemente su poder e influencia en el gobierno. Ello acentuó más el carácter autoritario de su gobierno. A su sombra, se expandió la corrupción y las presiones políticas contra la oposición se elevaron. Muchos peruanos se volvieron cada vez más críticos a Fujimori, que se mostraba aferrado al poder sin siquiera haber obtenido logros significativos en la solución de los problemas socioeconómicos. Por otro lado, el hecho de que al hacer política Fujimori dependiera extremadamente de un solo asesor provocó su cuestionamiento como presidente y como político. En el segundo mandato, Fujimori fue evaluado muy positivamente por la comunidad internacional —aunque por corto tiempo— cuando puso fin tanto a la crisis de los rehenes en la residencia del embajador japonés, así como al problema fronterizo con Ecuador que databa de la época de la Independencia. Sin embargo, en la política interna, a diferencia de su primer mandato, no supo entregar mejoras concretas que la gente común pudiera sentir en la vida cotidiana. El momento crucial fue el año 1996: los sucesos de ese año, incluidas las acciones y omisiones de Fujimori, trajeron cola hasta el fin de su gobierno. Por otro lado, durante su primer mandato, Fujimori puso especial empeño en la ejecución de políticas que respondieran a los intereses y problemas entendidos por la población ordinaria desde la perspectiva del corto plazo, y ganó un alto nivel de apoyo gracias a algunos resultados concretos que esta podía sentir en la vida diaria. El mandatario gobernó tomando en cuenta la conciencia política “plebiscitaria” de la gente común, tradicionalmente típica de la cultura política peruana. Si bien esta política facilitó la obtención de apoyo político de manera rápida y eficaz, al mismo tiempo constituía una espada de doble filo para Fujimori porque, a menos que siguiera consiguiendo mejoras específicas para la gente o generando expectativas respecto de esas mejoras, podía perder fácilmente la

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popularidad. Durante el segundo mandato, la población cambió su interés de los asuntos políticos por el de la solución de los problemas de desempleo, la pobreza y otros que el gobierno no podía resolver de inmediato, sino que debían encararse desde una perspectiva de más largo aliento. Sin embargo, como los votantes de Fujimori esperaban que ofreciera resultados en el corto plazo, resultó imposible para el mandatario mantener el alto nivel de popularidad a mediano y largo plazo. Idealmente —y aunque creemos que hubiera resultado sumamente difícil—, desde el proceso electoral de 1995, Fujimori hubiera debido convencer a los peruanos de que cambiaran su perspectiva de corto plazo por una de mediano y largo plazo y, de esta manera, hacer esfuerzos por construir un consenso o entendimiento al respecto. Pero debido a su estilo autoritario de hacer política, no se planteó siquiera la necesidad de tal docencia política. A fin de cuentas, en el segundo mandato Fujimori fue desbordado por la creciente brecha existente entre las expectativas de la gente, elevadas por él mismo, y los pobres resultados reales. Volvió a cometer el mismo error de varios políticos y presidentes anteriores que se habían percatado de la actitud “plebiscitaria” observada tradicionalmente en el Perú y habían respondido a ella —al mismo tiempo utilizándola a su favor desde la perspectiva del corto plazo— en el ejercicio de su cargo. Un ejemplo de ello fue el caso de Barrantes, alcalde limeño de IU entre 1984 y 1986 quien, si bien en su campaña electoral había propuesto el impulso de la participación democrática como parte de su programa, una vez en el poder, al advertir que los limeños así lo esperaban, priorizó la solución de los problemas inmediatos y olvidó finalmente su compromiso electoral de aumentar la participación democrática. Aunque, gracias a ciertos resultados concretos, Barrantes logró mantener un alto nivel de aprobación durante cierto tiempo, no consiguió a fin de cuentas mantenerlo en el mediano y largo plazo. Además, Fujimori mostró de manera egoísta un firme aferramiento al poder inmediatamente después de las elecciones generales de 1995, y concentró sus intereses en mantenerlo mucho más que en su primer mandato. Aunque el mandatario tuvo a su alcance la oportunidad histórica de poder impulsar plenamente una política reformista, amparado tanto en la alta legitimidad política originada por la obtención del más alto porcentaje de votos ganadores en la historia peruana de las elecciones competitivas, como en la mayoría absoluta del oficialismo en el Congreso, no supo en absoluto aprovechar esa situación política tan favorable. De este modo,

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Fujimori siguió su camino de autodestrucción durante su segundo mandato; mientras por un lado no logró avanzar la reforma del Estado, por el otro tendió cada vez más a aferrarse al poder, sin responder a las grandes expectativas que muchos peruanos tenían sobre la mejora de los aspectos socioeconómicos. Al escapársele la oportunidad de promover con toda energía una política reformista, perdió la oportunidad también de convertirse en un “líder nacional”, que hubiera puesto las bases para el desarrollo del país en el mediano y largo plazo. Fujimori pensó seriamente durante un cierto tiempo en la posibilidad de desistir de la postulación a la Presidencia de la República por tercera vez consecutiva, debido al descenso de su popularidad; sin embargo, siguiendo parte de los consejos de Montesinos, llegó a la conclusión de que no sería conveniente abandonar el poder al final de su segundo mandato; e ideó arrogantemente un plan de “aterrizaje suave”, según el cual un año después del comienzo de su tercer mandato cedería el poder a su primer vicepresidente y, de este modo, facilitaría el cambio de gobierno en el año 2005. Con esta nueva idea, Fujimori resolvió ir a la tercera postulación consecutiva a la Presidencia de la República. Después de forzar la posibilidad legal para ello, Fujimori se presentó a las elecciones del año 2000 y salió elegido presidente. Sin embargo, su legitimidad fue cuestionada porque el proceso electoral no había sido considerado justo ni transparente. Particularmente, constituyó un fuerte revés para el jefe de Estado peruano que el proceso electoral no fuera reconocido internacionalmente luego de que el gobierno finalmente rompiera con la OEA, que se había encargado de observar el proceso electoral, a pesar de que hasta el último momento el organismo interamericano había extendido su mano para ayudarlo. Entonces, Fujimori propuso impulsar la “democratización”: una reforma de los diversos aspectos criticados como autoritarios en su segundo mandato, y con esta propuesta pretendió convencer a la comunidad internacional. Sin embargo, Montesinos no colaboró con la “democratización”, porque de ponerse en práctica hubiera tenido que renunciar al elevado poder que había acumulado hasta entonces. Esta actitud dejó a Fujimori perplejo y perdido, y postergó la decisión acerca del destino de su asesor. Mientras tanto, los Estados Unidos se fueron irritando cada vez más ante el pobre avance del proceso de “democratización”. Comenzado el año 2000, las personas del entorno de Fujimori notaron que sus relaciones con Montesinos eran sumamente frías. Aunque

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el mandatario había necesitado la influencia de Montesinos para hacer efectiva legalmente su tercera postulación consecutiva a la Presidencia, una pequeña fisura provocada en sus relaciones, en julio de 1997, se fue intensificando con el paso del tiempo, y durante la campaña electoral de la tercera postulación de Fujimori se había convertido en un vacío visible para los que trabajaban cerca del presidente. El mandatario no creía todavía que Montesinos fuera desleal y actuara de mala fe hacia él, pero su presencia en el poder se había convertido ya en una carga para él. Además, se descubrió que Montesinos se había involucrado en el tráfico de armas a las guerrillas colombianas, y los Estados Unidos, que acababan de aprobar la ayuda al país sudamericano para luchar contra ellas, comenzaron a adoptar una actitud mucho más dura contra el gobierno de Fujimori. El tráfico de armas parece haber sido tramado por una parte de CIA en connivencia con Montesinos, pero de todas maneras, este descubrimiento colocó a Fujimori en un callejón sin salida en las relaciones exteriores; para entonces, el mandatario también se encontraba entrampado en la política interna y tenía graves dificultades en la ejecución del presupuesto. De este modo, Fujimori estaba cercado por todas partes. En esta situación, se reveló un video con imágenes del soborno que Montesinos hizo a un congresista de la oposición virtualmente electo, y Fujimori se rindió: tomó la decisión de salir del poder. Apenas fue revelado este video, el mandatario pensó en renunciar en el acto a la Presidencia de la República; pero, atendiendo al consejo de una persona, decidió finalmente recortar su tercer mandato, convocar a nuevas elecciones generales y permanecer en el poder hasta julio del año 2001. Sin embargo, durante el mes siguiente a la revelación del video, el jefe de Estado peruano adoptó frente al asesor del SIN una actitud percibida como ambigua por la gente común, y no logró recuperar el apoyo y la confianza del pueblo. Por otro lado, la ofensiva, tanto de la oposición, como de Montesinos, se intensificó. Fujimori no pudo soportar más este ambiente político y salió al extranjero so pretexto de una visita protocolaria. Desde el Japón, donde permaneció, envió su carta de renuncia al Congreso. Pero, para entonces, el manejo del Congreso había quedado en manos de la oposición, quien no la aceptó. En su lugar, decidió la destitución de Fujimori. Después de la segunda vuelta de las elecciones del año 2000, mientras Fujimori titubeaba en tomar decisiones vitales en el ámbito político —como la de poner fin a sus relaciones con Montesinos—, el proceso de

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autodestrucción, que había empezado en el segundo mandato, alcanzó tal velocidad que finalmente su fuerte onda se tragó de una vez a Fujimori, que permanecía impasible, sin poder hacer nada. La política de Fujimori vista desde la perspectiva de las instituciones Desde la perspectiva analítica de las instituciones, o de la institucionalidad, podemos decir que la escasa institucionalización de la política peruana hasta los años ochenta —en que la democracia no llegó a echar raíces— se complicó iniciada la década de 1990, y empeoró desde su segunda mitad. Hasta el “autogolpe” de 1992 se fue degradando aun más la ya baja institucionalidad democrática, que finalmente terminó desmoronándose. En este proceso se debilitó también el consenso asumido por los principales actores políticos peruanos en torno del mantenimiento del marco democrático. Durante los años ochenta, los cuatro partidos políticos principales —particularmente sus dirigentes— que fueron los protagonistas de ese periodo observaron cierta institucionalización mínima de la política, en el sentido de que coincidieron en el respeto y el mantenimiento del marco general de las reglas democráticas estipuladas en la Constitución de 1979. Sin embargo, esta institucionalización de bajo nivel no logró arraigarse en toda la sociedad política, ni se infiltró en otros aspectos de la política peruana durante los años ochenta. Esto se debió principalmente a que los cuatro partidos políticos principales mantuvieron un carácter cerrado y autoritario, con su líder máximo a la cabeza. Por otro lado, las dificultades económicas les impidieron mantener a mediano y largo plazo las relaciones clientelistas de cada uno y, de este modo, convertirse en partidos de arraigo nacional que pudieran mostrar en el tiempo cierto nivel de apoyo en todo el territorio peruano. Dedicados a la lucha por el poder dentro y fuera del partido, dieron prioridad a sus intereses particulares más que a los del Estado y a los del pueblo en general. En esta situación, el marco general de la política democrática perdió su valor, en lugar de institucionalizarse más. Aunque en un principio la mayoría de los peruanos tuvo confianza en los partidos políticos y en el marco general de la política democrática, con el paso del tiempo los aborrecieron, llegando a pensar que no tenían nada que ver con la gente común, ni le eran de utilidad e importancia. A este nivel descendió el grado de la institucionalización de la política peruana.

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Luego de que Fujimori llegó al poder en 1990, continuó produciéndose una tendencia contraria a la de la institucionalización política. Tanto Fujimori como la oposición entendieron la política como un juego de suma-cero, y tomaron decisiones y conductas unilaterales en mayor grado que en la década de 1980, perdiéndose incluso el entendimiento mínimo observado entonces. La tensión de las relaciones entre ambas partes se intensificó gradualmente, hasta que se rompieron definitivamente en el “autogolpe” forzado por Fujimori en 1992. El masivo apoyo de los peruanos al “autogolpe” reveló que la población no había aceptado ni compartido el marco general de la política democrática de los años ochenta. Para muchos peruanos que, interesados prioritariamente en superar las apremiantes dificultades socioeconómicas, expresaron su respaldo a Fujimori y a su radical medida, el marco general de la política democrática estipulada en la Constitución de 1979 no había sido eficaz; por ello, ni lo valoraban, ni mucho menos sentían el impulso de respetarlo siempre. Después del “autogolpe” de 1992 tampoco se produjo avance alguno en la institucionalización del proceso político democrático. Desde el “autogolpe” hasta fines de 1992, cuando se instaló el Congreso Constituyente Democrático (CCD), Fujimori ejerció un gobierno dictatorial, asumiendo todos los poderes del Estado, aunque contaba con un elevado nivel de apoyo popular. En la siguiente etapa —de 1993 a 1995— el Perú retornó a una situación democrática, en la medida en que se realizaron dos elecciones nacionales —para el CCD y las presidenciales de 1995— y un referéndum constitucional que, en términos generales, fueron todos procesos reconocidos internacionalmente. Sin embargo, su grado de institucionalización política fue bajo. Arrastrado por los intereses y exigencias de los peruanos que tenían mayoritariamente una actitud política “plebiscitaria”, Fujimori continuó impulsando una política basada en la toma de decisiones autoritaria, y recibió el apoyo popular gracias a la entrega de ciertas mejoras y beneficios concretos. Debido a su alta popularidad, el primer gobierno de Fujimori no necesitó controlar la sociedad a través de las organizaciones del Estado, como sí debió hacer en su segundo mandato. Se produjo, pues, una situación ambigua e intermedia, en la que coexistían los aspectos democráticos y los autoritarios. En el segundo mandato, la toma de decisiones autoritaria continuó. Para ser exactos, mientras Fujimori se inclinó por aferrarse al poder y perdió el apoyo popular al no ofrecer resultados concretos, el poder y la

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influencia de Montesinos se expandieron notablemente, tanto en las organizaciones del Estado como en la sociedad y, como consecuencia, el carácter de la dominación autoritaria del gobierno fujimorista se fue intensificando gradualmente desde 1996. Sin embargo, esta dominación autoritaria no se institucionalizó. El apoyo popular a Fujimori ya había descendido, y comenzó el proceso de la caída de su gobierno. En la segunda mitad del segundo mandato, el mismo Fujimori tomó conciencia de que no podía permanecer en el poder por mucho tiempo y pensó seriamente en la posibilidad de desistir de presentarse en las elecciones del año 2000; pero, finalmente, decidió postular a la Presidencia de la República por tercera vez consecutiva, aunque con la idea de ceder el poder a su primer vicepresidente a un año de su tercer mandato. Siguiendo el argumento de Juan Linz sobre los regímenes políticos (Linz 1970)5 —generalmente aceptado en las ciencias políticas—, podemos decir que la política peruana después de 1996, cuando la dominación política del gobierno fujimorista se intensificó, constituyó una situación autoritaria, principalmente caracterizada por el pluralismo limitado en el cual los dominantes permiten la existencia de la oposición dentro de determinados límites definidos por ellos. Esta situación resulta similar a la política mexicana dominada por un grupo de las fuerzas minoritarias —el Partido Revolucionario Institucional (PRI) fue una de las columnas de estas— que gobernó ese país durante más de 70 años después de la revolución de comienzos del siglo XX, y que fue definida como un régimen autoritario, no dictatorial o de dictadura.6 Sin embargo, consideramos que 5.

Linz propone tres categorías de regímenes políticos como tipos ideales: democrático, autoritario y totalitario. Según Linz, un régimen autoritario tiene cuatro características: (a) un pluralismo limitado, no responsable; (b) falta de una ideología elaborada y directora, pero existencia de una mentalidad peculiar; (c) carencia de una movilización política intensa o extensa, excepto en algunos puntos de su evolución; y (d) la ejecución del poder político por un líder o un grupo reducido, la personalización del poder en una o pocas personas y la visibilidad del líder (carismático o no). Nuestra definición (véase la Introducción) coincide con los caracteres (a) y (d). Vale decir, un grupo reducido o un líder ejerce el poder político libre e incluso arbitrariamente, mientras la presencia o participación en la política de la oposición está restringida dentro de los límites permitidos por el grupo dominante (el pluralismo limitado).

6.

Wayne Cornelius, uno de los más destacados estudiosos sobre la política mexicana, resume que hay consenso entre los académicos, de que México en ese periodo fue un régimen autoritario (Cornelius 1989: 17).

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en el caso peruano no se puede aplicar a la era de Fujimori el término régimen, porque su política no se institucionalizó.7 En las siguientes líneas analizaremos detalladamente las definiciones de estos conceptos. Frente al planteamiento anterior, Fujimori argumentaría que la democracia significa que los políticos se comunican directamente con la mayoría de la población y le resuelven problemas concretos respondiendo a sus expectativas; y que, en ese sentido, después del “autogolpe” de 1992, él puso en práctica la democracia. Esta manera de interpretar la democracia refleja tanto el estilo político de Fujimori basado en el establecimiento de relaciones directas con el pueblo, como la conciencia política “plebiscitaria” de la gente común, que interpreta la democracia más como un mecanismo para la obtención de beneficios o resultados concretos que como un sistema político basado en la observación de determinados procedimientos y procesos. Es cierto que Fujimori hizo una política que correspondía a este tipo de idea sobre la democracia. Sin embargo, en lo concerniente al proceso y a los procedimientos institucionales que nuestro estudio ha puesto en cuestión, la política de Fujimori no cambió la situación que había heredado del periodo anterior: la democracia no se institucionalizó ni se podía institucionalizar. Como hemos señalado en el epígrafe del capítulo anterior, Fujimori dijo en la primera conferencia de prensa después del anuncio del recorte de su mandato presidencial que su gobierno había puesto el acento en el otorgamiento de mejoras y resultados concretos para el pueblo, y que había sido insuficiente en el aspecto institucional de la política. De este modo, 7.

La política de Fujimori, particularmente la aplicada por él desde 1993, ha sido presentada o caracterizada de diferentes maneras. Entre ellas, figuran calificaciones como “sistema semiautoritario” o “democracia delegativa degenerada” (Cameron 1994: 175-176; Cameron y Mauceri 1997: 241; Mauceri 1997a: 909); “mezcla de la esencia autoritaria en la forma democrática” (Crabtree 2001: 288; Kay 1996: 91); “democradura” (Cotler 1995a; López 1998; 2001a); “autoritarismo competitivo” (Levitsky y Way 2002); “autoritarismo electoral” (Carrión ed. 2006), y simplemente “autoritario” (Mauceri 2006; McClintock 1999b). Todas comparten la idea central de que, en esencia, la politica de Fujimori fue autoritaria, y en este punto estamos de acuerdo. Sin embargo, desde nuestro punto de vista, dichas caracterizaciones o calificaciones requieren ser aclaradas en algunos aspectos: ¿se refieren a un gobierno o a un régimen?; ¿corresponde a una situación o tiene algo de institucionalización? La diferencia entre un gobierno y un régimen será discutida en las siguientes líneas. Sobre la diferencia entre las situaciones y las instituciones, véase la Introducción.

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él mismo reconoció indirectamente que no se había preocupado por la institucionalización del proceso político democrático, y que había fallado en dicha tarea. Con frecuencia, la política de Fujimori es definida como dictadura. La era de Fujimori se compara con la década del gobierno de Leguía en los años veinte, quien practicó un poder dictatorial, maniobrando políticamente para que no tuviera validez la prohibición constitucional de la reelección consecutiva del Presidente de la República, y prohibiendo las actividades de los partidos políticos de la oposición.8 Sin embargo, no podemos evitar pensar que la aplicación del término dictadura —utilizado en variados contextos— a la política de Fujimori ha llevado a considerar la era de su gobierno como un periodo excepcional o como un paréntesis en la historia política del Perú, aunque sin querer señalarlo así abiertamente. Más bien, como hemos indicado en este libro, pensamos que es importante tener presente que las características de la política fujimorista coinciden básicamente con las de la política peruana seguidas hasta los años ochenta. En este sentido, la política de Fujimori es peruana. Si bien es cierto que ella llegó al extremo en su segundo mandato, particularmente en la segunda mitad, y que la dominación autoritaria se fortaleció; al mismo tiempo, debemos señalar que no se trata de una política heterogénea engendrada por mutación en la historia de la política peruana. Al mismo tiempo, consideramos conceptualmente erróneo aplicar el término dictadura a la política de Fujimori, especialmente desde 1993. El origen del término proviene del latín dictator, funcionario de la antigua Roma que era nombrado en momentos de crisis y a quien se le otorgaba una amplia variedad de facultades durante determinado tiempo. Como indica su origen, la dictadura es la política en la cual un individuo o un grupo reducido concentra todos los poderes del Estado y realiza un gobierno arbitrario, sin permitir normalmente la presencia de la oposición. Básicamente se trata de un concepto definido por su forma de concentración de todos los poderes del Estado. Ciertamente podemos decir que existió una dictadura entre el “autogolpe” de 1992 y la instalación del CCD de fines del mismo año, cuando Fujimori concentraba todos los poderes del

8.

Por ejemplo, Planas (1994; 1999: 379-393) analiza la era de Leguía con la intención de compararla con la de Fujimori.

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Estado. Sin embargo, durante este periodo, aunque se produjeron presiones, acosos y amenazas contra la oposición, no se cerraron los medios de comunicación críticos al gobierno de Fujimori; y, finalmente, el proceso electoral abierto a la oposición fue garantizado internacionalmente y se llevaron a cabo las elecciones para el CCD. En cuanto a la situación producida desde 1993, es cierto que continuaron las presiones de una parte de las autoridades contra las fuerzas antifujimoristas. Dada la expansión de la influencia del gobierno de Fujimori, especialmente de la de Montesinos, la división de poderes —en sí pobre, antes de los años noventa— se debilitó, particularmente desde 1996. Pero, al mismo tiempo, la oposición antifujimorista mantenía cierto nivel de fuerza en el Congreso y siempre apelaba a la opinión pública dentro y fuera del Perú. Además, siguieron existiendo diferentes medios de comunicación que adoptaron una postura exhaustivamente crítica a Fujimori. Incluyendo las elecciones del año 2000, que en diversos aspectos constituyeron un proceso irregular, se registraron seis procesos electorales en los que participó la oposición —un referéndum constitucional, dos elecciones generales y tres elecciones municipales—. De este modo, se repitió en varias oportunidades la consulta de la voluntad popular. Debemos agregar que estos procesos electorales fueron ejecutados bajo la observación internacional de organismos como la OEA y estaban básicamente abiertos a la participación de las fuerzas antifujimoristas. Sin embargo, en las elecciones de 2000 el gobierno cometió actos irregulares al restringir la participación libre, tanto de la oposición cuanto de los ciudadanos en general, y en esa medida la situación de ese momento puede calificarse como autoritaria. Por otro lado, hemos señalado que en los años ochenta avanzó la atomización de la sociedad peruana en un escenario político históricamente poco institucionalizado. Desde una perspectiva institucional, ello implicó, en comparación con las décadas anteriores, un incremento significativo del número de actores políticos que actuaban de acuerdo con su propia racionalidad individual en un contexto político carente de reglas, normas o patrones de conducta previamente entendidos, compartidos o aprobados por los mismos actores, con el objetivo de controlar o juzgar los actos en la sociedad política. Como consecuencia, se elevaron también la movilidad de la situación y la incertidumbre, al no poder prever suficientemente el resultado de la interacción de un número cada vez mayor de actores políticos. Fujimori acumuló su experiencia política en una sociedad con

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una institucionalidad política tradicionalmente muy reducida, y consiguió llegar al poder en una situación social en la que ella se redujo aun más. Nació políticamente en medio de la atomización social, la que por un lado aprovechó para su práctica política y que finalmente amplificó. Aun así, durante los años en que Fujimori contaba con un alto nivel de apoyo, apareció temporalmente un estado parecido a la situación inicial de cierta institucionalización, aunque fuera sumamente baja, y en esa medida se frenaron en cierto grado la incertidumbre y la movilidad políticas. Sin embargo, en un contexto político dependiente de un solo dirigente, carente de acuerdos o entendimientos duraderos a mediano y largo plazo, la posibilidad de aumentar la institucionalización era sumamente limitada. Tras el descenso de la popularidad de Fujimori en su segundo mandato, se elevaron de nuevo la incertidumbre y la movilidad de la política peruana. En el segundo mandato, mientras el nivel de la aprobación presidencial decrecía y la política se volvía cada vez más inestable, Fujimori trató de recuperar la estabilidad política y asegurar la subsistencia de su gobierno mediante el control de diversas entidades estatales,9 como el Poder Judicial, los servicios de Inteligencia y los organismos del Estado en las provincias; pero no mediante las instituciones, sino a través de las organizaciones —de acuerdo con nuestro argumento expuesto en la Introducción sobre las instituciones—. Pero finalmente no logró detener la movilidad cada vez más intensa de la política peruana, y poco tiempo después de iniciado el tercer mandato, su gobierno se derrumbó solo. Una de las consecuencias de la falta de avance de la institucionalización de la política peruana durante los años noventa, fue la incapacidad de Fujimori de convencer a la gran mayoría de la población de los beneficios de la política económica asumida por su gobierno. Así lo muestran las respuestas a la pregunta de una encuesta realizada por el autor en Lima en marzo de 1999 (Murakami 2000a), sobre la orientación económica que debería seguir el Estado peruano. En el gobierno de Fujimori, la política económica fue básicamente coherente con el pensamiento neoliberal que priorizaba la economía de libre mercado. Pero, al igual que los políticos de hasta los años ochenta, Fujimori no hizo ningún esfuerzo por explicar al pueblo su política económica neoliberal y convencerlo así de sus bondades; por ello, muchos 9.

No directamente, sino por la intermediación de Montesinos y otros allegados.

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Cuadro 7.1 línea eConóMiCa Preferida según estrato soCioeConóMiCo (en PorCentaje) total

alta

Mediana

baja-alta

baja-baja

29,5

50,0

41,5

23,7

24,7

Intermedio

31,5

30,0

34,5

31,8

30,0

Intervencionista

25,4

16,7

21,8

31,3

23,3

Liberal

Fuente: Encuesta propia (Murakami 2000a: 175). Notas: La encuesta fue aplicada a los ciudadanos de Lima metropolitana. El número de personas de la muestra es 606; el margen de error es ± 4,0%. Los datos de “No precisa” no están indicados.

electores no la compartían. Sin embargo, ellos, que habían esperado con ansia la estabilidad económica, quedaron satisfechos con el resultado de la política económica fujimorista. En la encuesta arriba mencionada, ante la pregunta de sobre qué política económica debería adoptar el siguiente gobierno, los encuestados se dividían en tres líneas: liberal, intervencionista, e intermedia;10 cada una de ellas contaba, grosso modo, con el mismo nivel de apoyo (véase el cuadro 7.1). No había, pues, consenso, ni convergencia respecto del sendero económico que debía seguirse. Las opciones diferían según la ubicación social de los encuestados. Las clases altas y medias centraban sus preferencias en dos líneas: la liberal y la intermedia; vale decir, para ellas la economía de mercado constituía una premisa básica; la discusión era hasta qué punto debía intervenir el Estado en la economía. Por su parte, las clases bajas apoyaban con relativa fuerza una política económica estatal de carácter intervencionista. La responsabilidad de que la institucionalización de la política democrática no avanzara no recae únicamente en Fujimori, sino también en las fuerzas opositoras, que tampoco hicieron esfuerzos sustanciales en ese sentido. Los partidos políticos existentes, protagonistas de la política peruana de los años ochenta, no se reformaron internamente ni cambiaron la tradicional estructura cerrada y vertical, con un líder máximo-caudillo

10.

La línea intermedia consiste en preferir una mayor intervención del Estado en la economía, pero mantener el principio de la economía de mercado.

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a la cabeza. Las agrupaciones independientes no fujimoristas compartían también los mismos caracteres que los partidos políticos existentes.11 Pero peor aun, las agrupaciones opositoras no fueron capaces de establecer relaciones orgánicas entre sí, ni pudieron crear un proceso de toma de decisiones democrático; tampoco lograron elaborar políticas y planes concretos que presentar a la opinión pública.12 Esta lacra histórica de la política peruana se reproducía también en las fuerzas opositoras. La oposición a Fujimori fue el único asunto capaz de lograr que las fuerzas opositoras llegaran a establecer relaciones de cierto nivel de 11.

En el año 2003, el Congreso aprobó la Ley de Partidos Políticos que obliga a la realización de elecciones internas y primarias para elegir tanto a los dirigentes del partido como a los candidatos para las elecciones. Sin embargo, esta nueva regla no ha cambiado mucho la situación porque, en primer lugar, la ley prácticamente no contempla sanciones en el caso del incumplimiento de dicha norma. En segundo lugar, por más que mejoren la ley, las prácticas y los usos siguen pesando. Ciertos dirigentes veteranos de algunos de los principales partidos políticos comentaron al autor que ellos pueden organizar las elecciones “aparentemente democráticas” pero “sustancialmente controladas desde el comienzo hasta el fin”; y, según ellos, los resultados de los últimos años demuestran la eficacia de esta maniobra. Explicaron al autor detalladamente cómo hacerlo, y solo repetimos lo que hemos indicado en la nota 63 del capítulo I: sus descripciones nos remiten a las prácticas de las elecciones del régimen autoritario de México. El problema radica en las reglas, normas, patrones de conducta y entendimientos implícitos —una parte de las instituciones definidas por nosotros—, y se requiere el cambio —una nueva “institucionalización”— en este nivel. Por otro lado, debemos señalar que en otros países latinoamericanos algunos partidos políticos tienen altamente institucionalizados procesos internos. Por ejemplo, en el proceso electoral de México en 2006, Felipe Calderón, del oficialismo, ganó las elecciones, aunque dicho proceso ha sido cuestionado por la oposición. Lo que debemos recordar también es que Calderón no fue el precandidato favorito de Vicente Fox, presidente mexicano de entonces, pero salió elegido candidato oficialista luego de competir con otros precandidatos —uno de ellos fue el favorito de Fox— en las elecciones primarias de su partido. En otras palabras, Calderón se convirtió en el candidato del oficialismo en contra de la voluntad del Presidente mexicano mediante un proceso electoral justo y transparente, y Fox reconoció su candidatura. En el Perú es imposible que suceda lo mismo.

12.

En el proceso electoral del año 2001 (y también de 2006) se observaron ciertos debates sobre las políticas a tomar. Por otro lado, el gobierno de Toledo (2001-2006) promovió un proceso de diálogo entre el gobierno, las fuerzas políticas y las organizaciones sociales desde fines de noviembre de 2001, y en julio del año siguiente los participantes del diálogo firmaron un documento llamado Acuerdo Nacional. Ambos casos tuvieron el mismo problema: las discusiones no se concretaron en planes concretos o políticas detalladas. Por ejemplo, el Acuerdo Nacional consiste en la enumeración de ciertas

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colaboración entre ellas; sin embargo, estas no perduraron más que por un corto tiempo. Tampoco en este aspecto se creó un proceso de toma de decisiones democrático, ni se elaboraron propuestas constructivas hacia el futuro consistentes en acuerdos, planes o perspectivas concretas. Más que construir una comunidad democrática, las fuerzas opositoras se interesaron, básicamente, por mantener y expandir desde un ángulo “cortoplacista” el propio poder político de cada una; y solamente por conveniencia y temporalmente establecieron débiles vínculos entre ellas. Algunas coyunturas políticas particularmente favorables a estas alianzas fueron el “autogolpe” de 1992 y los procesos electorales de 1995 y 2000. De todas maneras, la convergencia de las fuerzas opositoras desempeñó un rol sumamente limitado y no tuvo el peso decisivo en el proceso de la caída del gobierno de Fujimori. El mandatario fue expulsado del poder principalmente porque durante su segundo mandato siguió un camino autodestructivo. Vale decir, luego de la acumulación de errores y de la carencia de políticas de su segundo mandato, Fujimori quedó cercado por todas partes: en el ámbito político interno, en el externo —particularmente por el deterioro de sus relaciones con los Estados Unidos— e incluso en el aspecto económico. Este proceso de autodestrucción fue acelerado por la revelación del video del soborno realizado por uno de sus allegados. En relación con lo mencionado, consideramos que es necesario recordar que teóricamente la movilización masiva en sí no tiene nada que ver con la institucionalización de la democracia. Desde el segundo mandato de Fujimori se llevaron a cabo una serie de movilizaciones contra su gobierno; sin embargo, esto no significa automáticamente que ellas líneas generales, sin especificar sus detalles ni prioridad. Esto fue demostrado por el gobierno del mismo Toledo, uno de cuyos primeros mandatos, después de la firma del Acuerdo Nacional, fue la creación de una entidad estatal que se encargaría de elaborar un plan concreto de desarrollo nacional (huelga decir que si bien dicha entidad fue instalada, hasta el momento no ha sido presentado ningún plan concreto). Por otro lado, un firmante de gran importancia —el PAP— ha insistido diversas veces en la necesidad de cambiar la política económica después de la firma. Esto implica que el Acuerdo Nacional no solamente carece de contenido concreto, sino que tampoco llega a ser asumido siquiera como un objetivo común por todos sus firmantes. Hasta el momento el Acuerdo Nacional constituye otro ejemplo de un patrón de conducta en la política peruana: “hubo reuniones, conversaciones y una retórica de acuerdos que no se cumplía en los hechos” (Tanaka 1998: 68, 84). Es probable que el Acuerdo Nacional quede simplemente como un “documento de Toledo”.

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respondieran a un proceso de democratización o que avanzara la institucionalización de la política democrática. En términos generales, hubo movilizaciones impulsadas desde arriba, autoritariamente, por los dirigentes caudillescos; por otro lado, hubo casos en que la gente participó en ellas, no porque prestara importancia a la democracia y considerara un deber construirla, sino más bien por motivos pragmáticos —la conciencia “plebiscitaria”, según nuestro argumento—: su descontento por los problemas socioeconómicos y la esperanza de resolverlos a través de su participación en las movilizaciones. Sin examinar estos detalles, no podemos concluir que las luchas contra Fujimori hayan constituido en sí mismas manifestaciones de una institucionalización de la política democrática. Las movilizaciones contra Fujimori desde su segundo mandato hasta su salida del poder, lejos de responder a una expansión del proceso democrático, fueron impulsadas desde arriba; y la participación popular en ellas, más que reflejar una asimilación gradual de los valores, reglas, normas o patrones de conducta democráticos por parte de la gente común, tuvo una motivación fundamentalmente pragmática. Estas movilizaciones tuvieron, más bien, similitudes con el movimiento de protesta promovido por la población insatisfecha ante el fracaso —particularmente económico— del gobierno militar en los años setenta, que consiguió, de este modo, abrir el camino a la transferencia del poder a la civilidad.13 Al mismo tiempo, debemos tener presente que durante la década siguiente, si bien existió entre los partidos políticos principales una especie de consenso mínimo en torno al respeto del marco general de determinadas reglas y normas de la política democrática, la institucionalización política no llegó al nivel de que la población en general la compartiera y practicara; de hecho, la democracia no se arraigó. Una de las tareas importantes que la política peruana encara después de Fujimori es no solamente la creación de un acuerdo o consenso entre las fuerzas políticas principales sobre el respeto a un marco democrático general, sino también lograr que este sea asumido y compartido por la

13.

En agosto de 2000 se celebró la presentación de un libro del autor (Murakami 2000a) en el Instituto de Estudios Peruanos. En la sesión de debate de esta reunión, un destacado estudioso planteó la idea de que posiblemente la movilización contra Fujimori podría haber cambiado la conciencia política de la gente. El autor respondió negativamente a esta opinión argumentando lo explicado hasta aquí.

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gente común para arraigarlo de forma generalizada en toda la sociedad peruana. En este proceso, es imprescindible que la mayoría de la población pueda reconocer que los acuerdos y políticas elaborados mediante procesos y procedimientos democráticos han dado ciertos frutos o, por lo menos, asuma expectativas positivas continuadas en este mismo sentido. De todas maneras, en el proceso del derrumbe del gobierno de Fujimori, las acciones y actividades de las fuerzas opositoras revelaron que arrastraban los vicios tradicionales de la política peruana. En dichas acciones y actividades no se podía encontrar indicio alguno de que la institucionalización democrática pudiera ser superada en el futuro. Ellas han dejado un gran problema pendiente para la política democrática del Perú después de Fujimori.14 Desde la década de 1980, incluida la era de Fujimori, la política peruana ha cumplido con la realización periódica de elecciones competitivas que han generado la sucesión de gobiernos de distinto cariz político; mas no se ha logrado mantener y cumplir los compromisos asumidos sobre el proceso y los procedimientos democráticos, y ello no ha sido posible porque no se ha hecho realidad una mejora sustancial en la solución de los problemas socioeconómicos fundamentales, como la pobreza y desigualdad; o porque las expectativas de la población hacia un cambio en esa dirección han sido débiles. En los estudios políticos se discuten a veces las relaciones entre la “democracia formal” —o “democracia de procedimientos”—, definida por las reglas y procedimientos para la selección de representantes, la toma de decisiones y la formulación de las políticas, y la “democracia sustancial”, evaluada en función de resultados concretos en la mejora y la justicia de los aspectos socioeconómicos. El caso peruano analizado hasta aquí muestra que la “democracia de procedimientos” no es duradera, a menos que consiga mejorar y hacer más equitativa la situación económica y social de la mayoría de la población, o que esta asuma que el logro de tal objetivo está en proceso. Siguiendo el argumento sobre las instituciones, desarrollado en la Introducción de este libro, la institucionalidad llamada “democracia de procedimientos” difícilmente se mantiene sin interrupción si no va aparejada con 14.

Como hemos señalado en el Prefacio, este es uno de los puntos de las conclusiones de los artículos escritos en japonés por el autor en el año 2000. No es un hindsight (evaluación retrospectiva) hecho sobre la base de la observación de los acontecimientos posteriores al año 2001.

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cambios en el ámbito socioeconómico o si, al menos, no genera entre la gente una expectativa continua de que la institucionalización democrática facilitará el logro de muchos de los beneficios demandados por la población.15 Apuntes para un futuro estudio comparado Nuestro análisis se ha concentrado en la política ítica tica peruana de los años noventa, y no hemos podido hacer ningún estudio comparado con otros países latinoamericanos, lo que queda como una tarea pendiente para el autor. Para terminar nuestro análisis, señalaremos dos puntos que implica el estudio realizado en este libro sobre el Perú para un futuro estudio comparado. En primer lugar, al analizar la democracia en diversos países debemos tomar en consideración la diferencia en sus grados de institucionalización. Diversos casos latinoamericanos desde fines de la década de 1970, cuando comenzó la transferencia del poder a la civilidad, tienden a ser tratados como un conjunto en una misma categoría de democracia o política democrática. Pero como hemos señalado en este libro, el Perú constituye un caso de institucionalización de muy bajo grado en los niveles de arraigo, penetración y cumplimiento de funciones del marco general de la democracia y los partidos políticos; así como en la conciencia de la población en general sobre la democracia. Con tan débil intitucionalización, el caso peruano no se puede poner en la misma categoría que otros de mayor institucionalización. Entonces, es necesario dividir los casos latinoamericanos en categorías que permitan establecer diversos rangos de institucionalidad democrática 15.

Sin embargo, uno puede suponer un caso en el que la “democracia de procedimientos” dure, a pesar de no dar resultados en los aspectos socioeconómicos o de que la gente no tenga expectativa por los resultados. Por ejemplo, un caso como el siguiente: aunque la gran mayoría del pueblo reconoce el valor de la “democracia de procedimientos”, no tiene interés en la política en sí (“se retiran” de la política) y solamente el reducido número de los interesados participa en la política. Luego de la caída de Fujimori, en 2002 los congresistas empezaron a discutir la reforma constitucional. Entre diversas propuestas, hubo una de eliminar la actual obligatoriedad de votación e introducir el voto facultativo. La introducción del voto facultativo podría causar que en la política participen solamente los minoritarios que tienen altos intereses políticos y consideran importante la “democracia de procedimientos”. De todas maneras, se trata de una posibilidad, porque otra es que, con la introducción del voto facultativo, el resultado de las elecciones se decida según la capacidad de movilizar a la gente.

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(por ejemplo, baja, media y alta), medidos a través de índices basados en los niveles de arraigo y cumplimiento del marco democrático y los partidos políticos. Es una tarea pendiente para el autor diseñar concretamente los parámetros y la categorización de la institucionalización, y no está preparado todavía para presentar ideas concretas. Sin embargo, podemos señalar algunas ideas generales. Por ejemplo, podemos suponer, como inicio de la institucionalización, el momento en que hay un acuerdo o entendimiento entre las fuerzas principales que participan en la política en torno al respeto a cierto marco general de la política democrática. Partiendo de este estado, al irse acumulando y expandiendo las reglas, normas y patrones de conducta, incluso más minuciosas, respecto de la toma de decisiones, la institucionalización se eleva a un nivel más alto. En el proceso de avance de la institucionalización existen casos en que, aparte de actuar sobre la toma de decisiones democrática, se crea algún acuerdo o entendimiento sobre los problemas pendientes, incluidos los socioeconómicos; también hay otros casos en que llega a aparecer un símbolo de integración de toda la sociedad, que abarca los aspectos cultural y axiológico. Al mismo tiempo, para analizar la institucionalización debemos tomar en consideración la diferencia en los niveles de su expansión y penetración dentro de la sociedad; vale decir, en algunos casos se trata simplemente de un acuerdo o entendimiento asumido por los dirigentes políticos; en otros, este es aceptado por las organizaciones sociales principales, o llega a ser asumido de forma generalizada hasta por la gente común. Uno de los índices importantes para medir el nivel de la institucionalización es el grado de estabilidad de ciertas organizaciones intermedias, como los partidos políticos que desempeñan un rol de enlace entre el Estado y el pueblo, y constituyen un importante soporte de la democracia. En otras palabras, debemos analizar hasta qué punto ellas están arraigadas y mantienen vínculos estables con la mayoría de la población. Respecto de este punto, entre los estudios existentes sobre el Perú hay uno que usa como índice la suma de los porcentajes de votos conseguidos por los partidos políticos en las elecciones y argumenta, sobre la base de este índice y otras razones cualitativas, que por lo menos hasta fines de los años ochenta los partidos políticos cumplieron esta función de representación (Tanaka 1998). Sin embargo, si uno presta atención solamente a la suma de los porcentajes de votos conseguidos, no puede integrar al análisis ni valorar el impacto que ha tenido en la institucionalización política peruana

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la peculiar naturaleza adquirida históricamente por los partidos políticos peruanos, caracterizados por su extrema dependencia de un líder máximo y por la carencia de extensión horizontal (o la falta de un espacio público donde se desarrollen las actividades propias de la organización de forma independiente al líder máximo). Tampoco tienen ciertas bases organizativas a escala nacional, ni mantienen un apoyo estable a mediano y largo plazo; más bien, tienen la debilidad de depender de una votación volátil en las elecciones. Tomando en consideración otros índices, debemos analizar integralmente a los partidos políticos.16 Como un intento de esta línea de análisis, nuestro estudio examinó la frecuencia de reelección de los alcaldes provinciales de la misma agrupación. Llamamos un régimen al estado en el que la política se encuentra altamente institucionalizada; es decir, que engloba un conjunto de instituciones. En otras palabras, es la totalidad de acumulación de las reglas, normas, patrones de conducta, acuerdos y entendimientos, explícitos o implícitos, que son compartidos, acordados o sobreentendidos entre los miembros de la sociedad política, en torno de la toma de decisiones y de la participación política. En el inglés de los Estados Unidos, la palabra regime se usa también como sinónimo de administration. Por ejemplo, en lugar de Carter administration se puede decir Carter regime. Quizás por la influencia de este uso, recientemente en el Perú la palabra régimen se usa en el sentido de gobierno (el régimen de Fujimori, en lugar del gobierno de Fujimori). El régimen como lo aplicamos aquí no es un gobierno, sino un conjunto de instituciones que trasciende a un gobierno.17 16.

Uno de estos índices es la volatilidad electoral. Sobre este tema, véase la nota 49 del capítulo I.

17.

El politólogo Guillermo O’Donnell señala que, desde la segunda mitad de los años ochenta, se observa en América Latina una “democracia delegativa (delegative democracy)”, en la cual la gente delega todo en un presidente elegido por voluntad popular, que demuestra un fuerte liderazgo, y no espera nada del Congreso; y como ejemplo, menciona a Saúl Menem en Argentina, Fernando Collor de Mello en Brasil, y Fujimori en el Perú, hasta el “autogolpe” (Lynch 2000: 170). No está claro en el argumento de O’Donnell si el concepto de “democracia delegativa” se usa en el sentido de un régimen como conjunto de instituciones, o simplemente en el de un gobierno. De todas maneras, aunque Argentina y Perú constituyan ejemplos de “democracia delegativa”, nos parece muy forzado incluir a los dos países en la misma categoría, sobre todo si los comparamos en el aspecto de la institucionalización política (por ejemplo, en el nivel de arraigo de los partidos políticos) que existe como telón de fondo del fenómeno.

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El concepto régimen, interpretado desde la perspectiva de las instituciones, contiene un elemento temporal o de duración: durante más de un determinado periodo se respetan o repiten las reglas, normas, patrones de conducta, acuerdos y entendimientos. Un régimen requiere la persistencia de las instituciones en el mediano y largo plazo. Aunque los actores políticos lleguen a cierto acuerdo sobre las reglas, normas y patrones de conducta, si no lo ponen en práctica repetidamente durante cierto periodo, su existencia no tiene sentido. Un problema es cuánto tiempo implica el impreciso término “cierto periodo”. Según la experiencia de la historia peruana —no se ha observado la sucesión continua de gobiernos basados en determinadas instituciones por más de doce años—, cuando se trata de un régimen democrático, el periodo de diez años resulta insuficiente. Una posibilidad, basada en el mandato presidencial desde 1980, consiste en establecer como criterio la duración de quince años —tres mandatos presidenciales—. Sin embargo, para establecer una comparación con otros países (y con otras etapas de la historia peruana), encontramos el problema de la diferente duración del mandato presidencial. Otra posibilidad es prestar atención solamente al mandato presidencial, no a su duración en años. Concretamente, en la experiencia histórica del Perú, incluyendo el primer cambio de gobierno que estableció el marco general de la política democrática, nunca se ha producido una sucesión continua de gobiernos durante cuatro veces o más. De acuerdo con esta experiencia, podemos considerar que existe un régimen democrático siempre y cuando se haya realizado una sucesión continua de gobiernos basada en las instituciones por cuatro veces o más, incluyendo el primer cambio de gobierno que dio inicio a la institucionalidad democrática. En otras palabras, que tres presidentes elegidos democráticamente hayan terminado sucesivamente su mandato.18 Tomemos como ejemplo el caso peruano desde 1980. La instalación del gobierno de Belaúnde en ese año introdujo el marco general de la política democrática. Desde entonces se registró una

18.

En caso de que un presidente elegido institucionalmente no pueda terminar su mandato, pero su sucesor asuma el cargo también de forma institucional para cubrir el resto del mandato y logre entregar al siguiente mediante una elección igualmente institucional, se considera que un mandato presidencial termina. En el caso de más de una caída y sucesión institucional, se considera lo mismo.

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sucesión continua de gobiernos en dos oportunidades: en 1985 y 1990. Si Fujimori, elegido democráticamente en 1990, hubiera terminado su mandato en 1995 y entregado el poder a su sucesor constitucional,19 entonces recién se habría podido hablar de la existencia de un régimen. Del mismo modo que en el caso de la democracia, se puede establecer una categorización del autoritarismo basada en su grado de institucionalización. En caso de que permanezca durante cierto periodo un estado de cierta institucionalización —por ejemplo, cuando tres gobiernos sucesivos terminen cada mandato; o cuando cierta dominación continúe por más de 12 años, a pesar de la falta de cambio de gobierno—, se puede hablar del establecimiento de un régimen autoritario. En América Latina, el típico caso es el régimen de México, iniciado luego de la revolución de principios del siglo XX, que duró más de setenta años y finalizó en el año 2000. En este régimen autoritario alumbrado por la Revolución mexicana, fueron compartidas ampliamente algunas reglas, normas, patrones de conduta y entendimientos en torno de diversos aspectos políticos (poder), económicos (valor) y culturales (símbolo). En estas condiciones, el régimen subsistió durante largo tiempo, aunque de vez en cuando recurrió al uso de la violencia para reprimir a las fuerzas políticas que se habían desviado de las instituciones autoritarias (Aguilar 1988; Brandenberg 1964; Purcell 1975; Purcell y Purcell 1980). La peculiaridad del régimen autoritario de México fue la existencia de un símbolo de integración llamado “Revolución mexicana”. Este es un concepto ambiguo que implica la incorporación y convergencia de una amplia gama de pensamientos políticos, desde el conservador hasta el progresista, así como de las tres etapas históricas de México: la prehispánica, la colonial y la republicana (después de la Independencia). Este símbolo constituyó el marco general de referencia de casi todas las fuerzas políticas, y cumplió la función de detener las fuerzas centrífugas originadas en la lucha por el poder.20 19.

La Constitución Política de 1979, vigente en ese periodo, prohibía la reelección inmediata del presidente.

20.

En México, una organización guerrillera —cuyo nombre está asociado a Emiliano Zapata, uno de los héroes legendarios de la Revolución mexicana y líder del campesinado— comenzó sus actividades en 1994. Aunque en el Perú nunca ha existido un régimen como conjunto de reglas, normas, patrones de conducta, acuerdos y entendimientos,

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La perspectiva de la institucionalización democrática comparte muchos puntos en común con los estudios sobre la consolidación de la democracia que recientemente han sido desarrollados activamente en las ciencias políticas. Un análisis representativo sobre el tema define a la democracia consolidada como el estado en que “la democracia es el único juego en la ciudad”, y señala como elementos importantes para esta consolidación la incorporación del marco democrático en las normas, conductas y actitudes de la gente; así como la necesidad de que las reglas y los procedimientos democráticos sean compartidos por los actores políticos (Linz y Stepan 1996: 5-6). Desde la perspectiva de la institucionalización, la consolidación democrática se da cuando el respeto y cumplimiento de las reglas democráticas son conductas generalizadas y establecidas como valor entre la gente o afianzadas como costumbre. En otras palabras, se trata del estado en que la democracia se encuentra institucionalizada en alto grado. Otro estudioso sobre la consolidación de la democracia advierte que el término régimen democrático se debe aplicar únicamente a la democracia consolidada (Valenzuela 1992: 70). Nuestro concepto de régimen coincide con el de este autor, excepto en el aspecto del tiempo o duración. Al mismo tiempo, como en el caso de la valoración del grado de consolidación democrática, nuestro criterio para juzgar si un régimen es democrático o no, es la existencia de una sucesión de gobiernos instaurados de forma institucional. Dado que la “democracia de procedimientos” no necesariamente produce una “democracia sustancial”, se podría cuestionar la adopción de una perspectiva basada en la primera, como indicio de la presencia de un umbral de un régimen democrático. Sin embargo, como hemos señalado, la experiencia del Perú en las últimas décadas demuestra que la “democracia de procedimientos” no puede mantenerse en el mediano y largo plazo si no está acompañada de cierto nivel de realización de la “democracia sustancial”; o si no puede alimentar las expectativas de la gente en torno de ese logro.21 Por lo tanto, en la medida en que la continuidad de la “democracia de procedimientos” depende de cierto nivel de avance

es imposible siquiera imaginar que se le ocurra a alguien la idea de usar un símbolo que forma parte de un régimen establecido como parte del nombre de un movimiento reformista o revolucionario. 21.

En este caso, el contenido de la “democracia sustancial” tiende a ser relacionado con los aspectos socioeconómicos.

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de la “democracia sustancial” —ya sea en la práctica o, al menos, en el imaginario de la población—, consideramos que tiene sentido el uso de la “democracia de procedimientos” como criterio. Sin embargo, como hemos indicado, el contenido y alcance de las instituciones pueden variar en diversos grados. Por tanto, en caso de que se considere que un régimen se encuentra establecido según el criterio de la sucesión de cambio de gobierno, el contenido, alcance y grado de las instituciones que conforman el régimen pueden variar de un país a otro. Aunque en la experiencia de la historia peruana no se ha observado, se puede dar el caso, digamos, de la existencia del “esqueleto” únicamente; se trata del caso en el que solamente se realizan elecciones justas con periodicidad. Concretamente, es un régimen en el cual los ciudadanos dan confianza a los políticos y partidos políticos y delegan todo en ellos; solamente participan en la política para elegir a sus representantes. Puede haber otro caso en que —saliendo del estado de “esqueleto”— entre los ciudadanos son compartidos o entendidos, explícita o implícitamente, los procedimientos y mecanismos más concretos respecto de la participación democrática en el proceso de la toma de decisiones. Además, pueden existir casos de mayor institucionalización; es decir, que dichos procedimientos y mecanismos de la toma de decisiones funcionen como patrones de conducta, y se hayan logrado acuerdos o entendimientos concretos sobre las políticas a tomar, incluso para el mediano y largo plazo, y se haya elaborado algún símbolo de integración, como en el caso del régimen autoritario de México. Por otro lado, el alcance de los acuerdos, los entendimientos, las reglas, las normas y los patrones de conducta puede variar en diversos grados, según si son planteados y asumidos solamente por los dirigentes de los partidos políticos principales o por la mayoría de la población.22 El segundo punto importante para hacer estudios comparados entre el Perú y otros países latinoamericanos es la confrontación de sus experiencias históricas antes de la transferencia del poder a la civilidad de fines de los 22.

La diferencia entre nuestro argumento de la institucionalización y el análisis de la consolidación de la democracia puede residir en dos puntos. El primer punto es que nuestra perspectiva da importancia al elemento de tiempo o duración. La segunda diferencia se relaciona con lo compartido entre los actores. Nuestro argumento propone el contenido más amplio de las instituciones: no solamente las reglas y normas en el aspecto político, sino también los acuerdos y entendimientos sobre los problemas socioeconómicos, y los aspectos cultural y axiológico.

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años setenta. El interés de los estudios sobre la política latinoamericana desde la transferencia del poder a los civiles se ha concentrado particularmente en el análisis de las negociaciones y transacciones entre los actores políticos en el proceso de transición a la democracia. Algunos de estos estudios, sin tener en consideración la estructura política y socioeconómica, han tomado un cariz de “manual de transición a la democracia”. Por tanto, es necesario tener en cuenta las condiciones estructurales desarrolladas a nivel histórico. Esta necesidad queda también demostrada por nuestro análisis del caso peruano. Vale decir, los actores políticos que fueron protagonistas de la política después de la transferencia del poder al ámbito civil, no estaban desligados del pasado. En la etapa de transición a la democracia existían como condición inicial los problemas estructurales fruto del proceso histórico que, en cada etapa del desarrollo político, influyeron en las prácticas de los actores políticos y restringieron la gama de opciones. Desde la perspectiva de las instituciones adoptada por nuestro análisis, resultaría fundamental la identificación de las modalidades o instituciones políticas forjadas históricamente en cada país y rastrear la influencia que ellas han tenido en el desarrollo de la política en la era de la democracia desde fines de la década de 1970.23 Según lo que hemos analizado en este libro, dentro de América Latina, el Perú se caracteriza por la notable tendencia de sus líderes políticos a “privatizar” el espacio político; y por la escasa experiencia de la institucionalización política, especialmente por la incapacidad de las fuerzas políticas principales para construir acuerdos y entendimientos duraderos en torno de las reglas y normas políticas. Un patrón de conducta común dentro de las agrupaciones políticas del Perú es el clientelismo político. En este sentido, puede decirse que se observa una extremadamente débil institucionalización dentro de la política peruana. Tampoco se han elaborado, ni mucho menos perdurado en el mediano y largo plazo, las reglas y normas compartidas para controlar dentro de determinados límites los conflictos existentes entre las agrupaciones políticas conformadas sobre la base de las relaciones patrón-cliente. Al mismo tiempo, dada la dependencia de los grupos políticos de un líder máximo, nunca han llegado a existir partidos políticos capaces de mantener bases organizativas en el ámbito nacional durante el mediano y largo 23.

Debemos tener presente que hay casos, como el del Perú, en el que las modalidades o instituciones políticas han sido forjadas poco o insuficientemente.

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plazo. Además, el deterioro económico continuado y el bajo nivel de desarrollo han limitado los recursos a repartir y las relaciones clientelistas no han durado mucho por ello. Los partidos políticos peruanos no han conseguido llegar al estado de “congelación”, en el sentido de que no han logrado incorporar a la gran mayoría de los electores, hasta el punto de imposibilitar la entrada de nuevas agrupaciones en la política. Ni siquiera se ha presentado algún indicio de que la situación avance hacia ello. Encima, los partidos políticos principales han dado prioridad a la región de la costa frente a las otras regiones del Perú, por su peso en la población electoral; este sesgo geográfico les ha impedido asentar y mantener bases organizativas en la sierra y selva. En América Latina, existen casos en que una guerra civil o un fuerte conflicto interno propiciaron el establecimiento de determinados acuerdos y entendimientos entre las principales fuerzas políticas e instauraron una institucionalización. Es el caso ya mencionado de México, donde se estableció un régimen autoritario después de la revolución de inicios del siglo XX; y de Colombia y Venezuela, donde al término de las guerras internas de mediados del siglo XX se consolidó un régimen democrático, gracias al acuerdo entre las dos fuerzas políticas mayores. En comparación con estos países, el Perú no ha vivido una situación crítica que haya obligado a los actores internos a conformar ciertos acuerdos y entendimientos. Además, la duración del régimen y de sus acuerdos se hizo posible en estos tres países gracias a la conformación de partidos políticos relativamente sólidos, democráticos o autoritarios. Estos impidieron que un único líder poderoso dominara el partido durante largos periodos y, al mismo tiempo, lograron incorporar a su organización a una gran mayoría de los electores, incluso los de clases bajas, o ganaron cierto nivel de aprobación a mediano y largo plazo. Estas características contrastan también con la experiencia peruana.24

24.

De estos tres países, en Venezuela los dos partidos políticos principales perdieron el apoyo y la confianza del pueblo después de más de treinta años del inicio del régimen, y cedieron el poder a Hugo Chávez, un ex militar y político independiente. La caída de los partidos en Venezuela tiene muchas similitudes con el caso peruano. Pero, por lo menos, existen dos puntos de diferencia, que se relacionan mutuamente. El primero son los ingresos estatales procedentes de la explotación petrolífera. Venezuela tiene esta materia prima, que confiere al gobernante muchos más recursos económicos propios que en el caso peruano. El segundo punto es que Chávez tiene un partido político con bases organizativas más sólidas que en el caso de Fujimori.

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Por otro lado, en países como Argentina, Brasil, Chile y Uruguay, el extraordinario desarrollo económico conseguido gracias al auge exportador y a la industrialización favoreció la acumulación de fuerza —mayor que en el caso peruano— de sus clases medias y de sus trabajadores, que se enfrentaron con la oligarquía. Esto no necesariamente dio origen a una política estable, pero parece haber tenido influencia en la forma de ser de los partidos políticos y en las relaciones existentes entre ellos. Estos países son políticamente diferentes del Perú en algunos aspectos: el nivel de arraigo de los partidos políticos entre el pueblo, e incluso el grado de la incorporación de los electores en ellos, la concepción de que los partidos constituyen un espacio político independiente desligados de un individuo poderoso, y el nivel y contenido de colaboración entre los partidos. En el Perú, excepto en las primeras dos décadas del siglo XX, nunca existió un partido político independiente de la dominación prolongada de un líder máximo y los partidos políticos principales no lograron establecer en el ámbito nacional unas bases organizativas sólidas y duraderas para mantener determinado nivel estable de apoyo popular a mediano y largo plazo.25 En el proceso de ascenso político de las clases no pertenecientes a la oligarquía, por ejemplo en Argentina, se observó un suceso simbólico: en 1912, se hizo realidad el sufragio universal para los hombres adultos. En la historia política del Perú, uno no puede encontrar un suceso simbólico 25.

Respecto de la dominación de los gobiernos militares que existieron en Sudamérica hasta el comienzo de la transición a la democracia desde fines de la década de 1970, algunos estudiosos señalan que el gobierno militar del Perú no fue tan represivo contra los ciudadanos como sus pares de Argentina y Chile. Una razón que explicaría este punto, entre otras diversas, es la diferencia existente en el nivel de “fortaleza” de los partidos políticos (la forma de ser de los mismos partidos y las relaciones entre ellos) de Perú, Argentina y Chile. En cuanto a los partidos políticos, Coppedge (1998) y Mainwaring y Scully (1995), entre otros, interpretan las instituciones desde un punto de vista similar al nuestro, ya que prestan gran relevancia al contexto históricoestructural, con el objetivo de establecer comparaciones entre los diferentes niveles de la institucionalización del sistema de partidos en varios países. Si bien sus análisis constituyen importantes aportes para realizar futuros estudios comparativos, no incluyen en ellos algunos aspectos señalados por nosotros: el nivel de arraigo popular de los partidos políticos, incluido el grado de la incorporación de los electores en los partidos políticos; y el nivel de la institucionalización y su contenido concreto en cuanto a las relaciones entre los partidos (si existen o no, no solo reglas o patrones de conducta sobre la toma de decisiones o la manera de formar acuerdos, sino también acuerdos y entendimientos acerca de las políticas a seguir y algún símbolo de integración).

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similar al argentino de 1912, hasta los años setenta. También puede pensarse que la diferente naturaleza de los partidos políticos de ambos países y la de sus relaciones mutuas, causada por sus diferentes experiencias históricas, explican las diferentes maneras de establecer la reelección inmediata del presidente en ejercicio por una vez, entre los dos países. Mientras en Argentina esta decisión fue adoptada por consenso, primero entre los dirigentes de los dos partidos políticos principales y luego por el pueblo, en el Perú la reelección presidencial fue introducida en una coyuntura de prevalencia de una sola fuerza política, instaurada tras la aplicación de una medida tan radical —aunque aceptada por la mayoría del pueblo— como la suspensión de la Constitución Política. En el Perú, la dominación de la oligarquía persistió hasta la segunda mitad del siglo XX. En este aspecto se asemeja a Ecuador, Bolivia y algunos países centroamericanos como El Salvador y Guatemala. Sin embargo, el Perú presenta rasgos diferentes en el desarrollo histórico a los dos países andinos: mientras que en el Perú hay una extrema concentración en Lima, la capital,26 en Ecuador y Bolivia existen sendas ciudades en el interior con un poder equiparable al de sus respectivas capitales. Queda por estudiar si esta dinámica de Bolivia y Ecuador ha producido partidos políticos de diferente naturaleza a la de los peruanos. Por ejemplo, posiblemente las relaciones entre partidos en Bolivia y Ecuador han sido menos conflictivas que en el Perú.27 Al mismo tiempo, a diferencia del Perú, en Bolivia y 26.

Sustancialmente, todo se concentra en la capital peruana. Lima metropolitana abarca el 55% del PBI, el 75% de la producción industrial del Perú, el 85% de la infraestructura industrial, el 80% de la inversión privada, el 96% de la recaudación de impuestos, el 50% del consumo interno y el 90% de las entidades bancarias y crediticias (Barrenechea 1998: 27). Todas las cifras son de 1996. Quizás esta concentración ha sido producida porque, aparte del Callao, no hay lugares adecuados para buenos puertos.

27.

En Bolivia y Ecuador, como en el Perú, no se han logrado conformar partidos políticos sólidos y con arraigo popular a escala nacional. Sin embargo, a diferencia del caso peruano, después de la transición a la democracia, en los otros dos países se desarrollaron políticas de alianza. Esta dinámica, comparable a lo de la democracia consociativa denominada por Arend Lijphart (1977), alivió la tendencia a la fragmentación política y evitó llegar a una situación extrema similar a la producida con el “autogolpe” del Perú. En el caso de Bolivia, además de la dinámica de alianza, se creó un acuerdo entre las fuerzas políticas principales referente a la adopción de la política económica neoliberal. Desde la segunda mitad de la década de 1990, esta política de consensos ha alcanzado su límite, y en Bolivia el acuerdo político de la adopción de

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Ecuador los movimientos indígenas han ido ascendiendo políticamente desde los años setenta, y han llegado a convertirse en una de las fuerzas políticas principales. Esto puede implicar que el nivel de incorporación de las clases bajas a los partidos políticos ha sido mayor en Bolivia y Ecuador que en el Perú. Por otro lado, las experiencias del conflicto interno, intensificadas en los países centroamericanos entre los años setenta y ochenta, parecen haber propiciado en mayor medida que en el Perú la perdurabilidad de un marco general democrático después de la transferencia del poder a los civiles. Esto parece deberse no solo a la influencia internacional en el proceso de pacificación de los países centroamericanos, sino también al mayor impacto producido por las guerras internas en El Salvador y Guatemala, en comparación con el Perú. Un breve repaso de las cifras nos ilustran sobre este punto; por ejemplo, el saldo de víctimas de estos conflictos es de setenta mil en El Salvador y de doscientos mil en Guatemala, más de dos veces la cifra de las víctimas del terrorismo en el Perú citada en el capítulo I de este libro. Si tomamos en cuenta que la población total de El Salvador es un poco menos de una cuarta parte que la del Perú; y, la de Guatemala, la mitad de la misma, podemos considerar que las guerras internas de los dos países centroamericanos tuvieron repercusiones más profundas en sus respectivas sociedades políticas que las provocadas en el Perú por los grupos terroristas desde 1980.28 una economía neoliberal se desvaneció después de comenzado este siglo. Esta nueva situación ha causado una intensa inestabilidad política en los dos países. De todas maneras, debemos analizar si las experiencias en la historia anterior a la transición a la democracia de fines de la década de 1970 tuvieron alguna influencia en la dinámica política de alianzas adoptada por los partidos políticos en Bolivia y Ecuador. 28.

La Comisión de la Verdad y Reconciliación estima estadísticamente que las víctimas del terrorismo en el Perú fueron 69.920 personas (CVR 2003: anexo 2). En caso de que sea cierta esta cifra, es el mismo nivel que el caso salvadoreño y, en comparación con el tamaño de la población, no cambia en esencia lo que hemos señalado sobre el impacto del conflicto interno en la sociedad política. Además, según el informe final de la misma Comisión, el 85% de las víctimas se concentró en seis departamentos interiores: Ayacucho, Junín, Cusco, Huancavelica, Apurímac y San Martín; el 79% de las víctimas vivían en las zonas rurales, y el 75% fueron hablantes de quechua y otros idiomas indígenas. Estos sesgos regionales y culturales también constituyeron causas del menor impacto en la dinámica política nacional, que suele tener a Lima como su escenario principal.

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Hemos señalado solamente algunas ideas sobre los estudios comparados entre el Perú y otros países latinoamericanos. Estas deberán ser verificadas, detalladas, o reemplazadas por otras hipótesis. Consideramos también una tarea importante, para prever el futuro de la política latinoamericana, la realización de estudios comparados en cuanto a qué tipo de instituciones políticas —reglas, normas, patrones de conducta, acuerdos y entendimientos, implícitos y explícitos— fueron, o no, generadas en el proceso histórico previo a la transición a la democracia que comenzó a finales de los años setenta; y qué influencia han tenido dichas instituciones o cómo han condicionado la política después de dicha transición.

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Anexo 1 Principales acontecimientos relativos al gobierno de Fujimori

1990 8 de abril

Día de votación de las elecciones generales. Fujimori queda en segundo puesto y pasa a la segunda vuelta.

10 de junio

Día de votación de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. Fujimori sale elegido.

29 de junio

El presidente electo Fujimori se reúne con los jefes de las organizaciones financieras internacionales en Nueva York.

1 de julio

El Presidente electo Fujimori hace una visita al Japón (hasta el 5 de julio).

9 de julio

48 presos del Movimiento Revolucionario Túpac Amarú, incluido su líder máximo, Víctor Polay, fugan de la cárcel.

28 de julio

Fujimori toma posesión del cargo. Se instala el gabinete Hurtado Miller.

6 de agosto

El gobierno de Fujimori anuncia las medidas de estabilización económica.

15 de septiembre

Fujimori anuncia la amnistía de los presos sin sentencia (se da la Ley de Amnistía el 2 de octubre).

23 de octubre

Fujimori anuncia la promoción de la política de control de nacimientos. La Iglesia católica se muestra opuesta.

26 de octubre

Fujimori anuncia su doctrina sobre la política antidrogas, que enfatiza el desarrollo alternativo.

31 de diciembre

Fujimori promulga la ley del presupuesto aprobado por el Congreso, pero con la suspensión de una parte de ella.

* Se indican en la hora peruana, excepto las visitas al Japón indicadas en la hora japonesa.

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1991 4 de febrero 7 de febrero

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Las autoridades peruanas confirman el brote masivo del cólera. Fujimori anuncia el impulso de una nueva política contrasubversiva que enfatiza la inteligencia.

15 de febrero 11 de marzo

Cambio de gabinete. Se instala el gabinete Torres y Torres Lara.

18 de marzo

El sector de salud pública inicia una huelga que se extenderá hasta el 19 de julio.

5 de abril

Fujimori visita el Japón para asistir a la Asamblea Anual del Banco Interamericano de Desarrollo (hasta el 9 de abril).

7 de abril 14 de abril

Se anuncia la conformación del Grupo de Apoyo al Perú.

8 de mayo

El sector de educación pública inicia una huelga que se prolongará hasta el 22 de agosto.

15 de mayo 18 de mayo

El Perú firma un convenio antidrogas con los Estados Unidos.

21 de mayo

Fujimori visita algunas universidades estatales y anuncia su resolución de enfrentar a los grupos terroristas.

1 de julio

La denominación de la moneda nacional cambia de inti a nuevo sol.

12 de julio

Un comando de Sendero Luminoso ataca el Centro de Investigación Hortícola en Huaral y asesina a tres expertos japoneses.

20 de agosto

Se revela que a fines de julio las tropas ecuatorianas invadieron el territorio peruano.

9 de septiembre

Todos los países donantes terminan de fijar el aporte de cada uno al Grupo de Apoyo al Perú.

El gobierno de Fujimori anuncia una serie de medidas económicas para promover la economía de mercado.

El gobierno de Fujimori anuncia públicamente el inicio de la entrega de armas a las rondas campesinas.

El Perú acuerda la conformación de una zona de libre comercio en la región andina.

12 de septiembre El plan económico del Perú es aprobado en el directorio ejecutivo del Fondo Monetario Internacional. El Perú logra el retorno a la comunidad financiera internacional. 16 de septiembre

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Fujimori realiza una visita oficial a los Estados Unidos.

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Anexos

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19 de octubre

El Congreso aprueba la acusación constitucional contra el ex presidente Alan García Pérez, por sospecha de enriquecimiento ilícito.

6 de noviembre

Cambio de gabinete. Se instala el gabinete De los Heros.

15 de noviembre

Hasta este día, el gobierno de Fujimori promulga numerosos decretos legislativos sobre la creación de empleo, promoción de inversiones privadas y la política antisubversiva. Luego, se intensificaron los enfrentamientos entre Fujimori y la oposición sobre diversos temas.

27 de diciembre

En la Corte Suprema de Justicia se decide finalmente que no ha lugar a la denuncia contra García por sospecha de enriquecimiento ilícito.

1992 9 de enero

Fujimori realiza la primera visita de Estado de un Presidente de la República del Perú a Ecuador.

28 de enero

De Soto anuncia por misiva su renuncia al cargo de asesor presidencial.

15 de marzo

Fujimori realiza una visita de Estado al Japón (hasta el 21 de marzo).

24 de marzo

La Primera Dama, Susana Higuchi, hace pública la denuncia de corrupción contra algunos miembros de la familia presidencial.

5 de abril 6 de abril 21 de abril

Fujimori anuncia el “autogolpe”. Cambio de gabinete. Se instala el gabinete De la Puente.

3 de mayo

La misión de la Organización de los Estados Americanos visita el Perú.

18 de mayo

Fujimori se compromete a realizar elecciones para el Congreso Constituyente Democrático en la reunión de cancilleres de la Organización de Estados Americanos.

2 de junio

El ex presidente García se exilia en Colombia.

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La misión de la Organización de los Estados Americanos visita el Perú.

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9 de junio

Polay, líder máximo del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru, es detenido nuevamente por la Policía.

10 de junio

Se decreta el toque de queda vehícular de 8:00 p.m. a 5:00 a.m., como parte de las medidas contrasubversivas (hasta el 1 de diciembre).

30 de junio

Se realiza el diálogo entre el gobierno y la oposición sobre la manera de realizar las elecciones para el Congreso Constituyente Democrático (hasta el 3 de julio).

16 de julio

Estallan dos coches bomba en Miraflores, Lima, provocando la muerte de más de veinte personas, más de cien heridos y cuantiosas pérdidas materiales.

26 de agosto

El Perú pide la suspensión de su participación en el Grupo Andino hasta diciembre de 1993; los otros países miembros aprueban el pedido del Perú.

12 de septiembre Abimael Guzmán, líder máximo de Sendero Luminoso, es detenido por la policía. 11 de octubre

Ocurre un atentado contra el Palacio de Gobierno. Desde este atentado hasta el final del primer mandato, por razones de seguridad, Fujimori vive con algunos miembros de su familia en el local del Servicio de Inteligencia Nacional.

14 de octubre

Queda decidida la pena de cadena perpetua contra Abimael Guzmán.

13 de noviembre 22 de noviembre

Se detecta la intentona de golpe de Estado.

30 de diciembre

Se instala el Congreso Constituyente Democrático.

1993 23 de enero 29 de enero 2 de abril

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Día de votación de las elecciones para el Congreso Constituyente Democrático.

Fujimori revela que obligó al candidato oficialista para la alcaldía de Lima a renunciar a su candidatura. Día de votación de las elecciones municipales. El caso La Cantuta es denunciado en el Congreso Constituyente Democrático.

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Anexos

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6 de mayo

El general de división Robles denuncia la existencia de un escuadrón en el Ejército (el 7 de mayo, Robles parte para Argentina).

11 de mayo

El Perú firma dos convenciones relativas al Tratado de 1929 con Chile.

19 de mayo

La primera reunión del Consejo Empresarial Peruano Japonés (CEPEJA) se celebra en Tokio. Luego, cada año se realizó la reunión del Consejo alternativamente entre el Perú y Japón, hasta 1999.

30 de mayo

Camino a una visita oficial a Corea del Sur, Fujimori realizó una visita no oficial al Japón (hasta el 2 de junio. Del 4 al 7 de junio también estuvo de visita en el Japón).

1 de julio

En el pleno del Congreso Constituyente Democrático comienza la deliberación sobre una nueva Constitución Política.

16 de agosto

Los Estados Unidos empiezan a aplicar al Perú la Ley de Preferencias Comerciales Andinas (la ley vence a fines de 2001).

26 de agosto

Termina la deliberación sobre una nueva Constitución Política en el pleno del Congreso Constituyente Democrático.

28 de agosto

Cambio de gabinete. Se instala el gabinete Bustamante y Bustamante.

1 de octubre

Fujimori revela que Guzmán, líder máximo de Sendero Luminoso en la cárcel, propuso la firma de un acuerdo de paz con el gobierno.

31 de octubre 17 de diciembre

Día de votación del referéndum constitucional.

29 de diciembre 31 de diciembre

Fujimori promulga la nueva Constitución Política. La nueva Constitución Política entra en vigencia.

1994 17 de febrero 28 de febrero

Cambio de gabinete. Se instala el gabinete Goldenberg.

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Los países miembros del Grupo Andino aprueban la prórroga de la suspensión de la participación del Perú hasta el fin de abril de 1994.

Privatización de la compañía estatal de teléfonos. La compañía Telefónica de España ganó la adjudicación a un precio extraordinariamente alto.

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4 de abril

El Grupo Andino adopta la resolución de pedir al Perú el retorno al Grupo, hasta junio de 1995.

5 de mayo

Los acusados por el caso de La Cantuta fueron sentenciados culpables en la última instancia del fuero militar.

5 de junio

Camino a una visita oficial a China, Fujimori realizó una visita no oficial al Japón (hasta el 8 de junio).

14 de agosto

Pérez de Cuéllar, ex secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, llega al Perú para empezar su campaña electoral.

23 de agosto

Fujimori anuncia la “destitución” de Susana Higuchi de su investidura de Primera Dama.

8 de octubre

Fujimori expresa su postulación a las elecciones presidenciales para ser reelegido.

1995 26 de enero 16 de febrero

Estalla una guerra limitada con Ecuador. Aunque el Perú y Ecuador llegan a acuerdo sobre el cese del fuego, los enfrentamientos continúan.

28 de febrero

Perú y Ecuador llegan de nuevo a un acuerdo sobre el cese del fuego. Los enfrentamientos bélicos terminan alrededor del 4 de marzo.

17 de marzo

Fujimori reanuda la campaña electoral que suspendió debido a la guerra limitada con Ecuador y las visitas al extranjero.

30 de marzo

Perú y Ecuador comienzan la separación de tropas en el teatro de operaciones de la guerra limitada.

9 de abril 19 de mayo

Día de votación de las elecciones generales.

14 de junio

El oficialismo fuerza en el Congreso la aprobación de la Ley de Amnistía General.

25 de julio

Perú y Ecuador acuerdan la desmilitarización de la zona de batalla de la guerra limitada de principios de este año.

La era del chino 2ed.indb 606

El Poder Judicial da inicio al juicio contra el ex presidente García, por sospecha de corrupción en la construcción del Tren Eléctrico de Lima.

21/05/2012 04:18:05 p.m.

Anexos

607

27 de julio 28 de julio 30 de agosto

Cambio de gabinete. Se instala el gabinete Córdova. Se inicia el segundo mandato de Fujimori.

7 de septiembre

El Congreso aprueba, con el apoyo del oficialismo y otras agrupaciones, una ley que permite el uso de la intervención quirúrgica como método anticonceptivo. La Iglesia católica se muestra contraria.

Fujimori anuncia que Yoshiyama, uno de sus allegados, será el candidato oficialista para la alcaldía limeña.

15 de septiembre Camino a China para participar en la Reunión Mundial de la Mujer, Fujimori realiza una visita no oficial a Japón (hasta el 18 de septiembre). 27 de octubre 12 de noviembre 16 de noviembre

Fujimori anuncia que el Plan Brady será aplicado al Perú. Día de votación de las elecciones municipales. La Tercera Sala Civil de Lima declara el divorcio del matrimonio Fujimori-Higuchi.

1996 16 de febrero

Fujimori declara a un medio de comunicación extranjero que la Constitución Política le prohíbe postular a las elecciones presidenciales de 2000.

4 de abril

Cambio de gabinete. Se instala el gabinete Pandolfi. Unos días antes, el asesor presidencial Santiago Fujimori se apartó del gobierno.

10 de abril 11 de junio

El Congreso nombra al primer Defensor del Pueblo.

21 de junio

Luego de ser elegidos por el Congreso, los miembros del Tribunal Constitucional toman posesión del cargo.

15 de agosto

El Congreso aprueba una ley que instala la Comisión de Indultos para los que se encuentren detenidos injustamente por sospecha de terrorismo.

16 de agosto

El cabecilla de un cartel de drogas declara en un juicio que entregaba sobornos a Montesinos.

La era del chino 2ed.indb 607

El segundo vicepresidente, César Paredes, es acusado por el Ministerio Público por sospecha de corrupción.

21/05/2012 04:18:06 p.m.

608

Yusuke Murakami

20 de agosto

El oficialismo fuerza la aprobación en el Congreso de la Ley de Interpretación Auténtica sobre la reelección presidencial.

26 de agosto

El Primer Ministro japonés Ryutaro Hashimoto realiza una visita oficial al Perú (hasta el 29 de agosto).

6 de septiembre

Yoshiyama, uno de los allegados de Fujimori, renuncia al cargo de ministro de la Presidencia y se aparta del gobierno fujimorista.

20 de octubre

McCaffrey, director de la Oficina de Política Nacional de Control de Droga de los Estados Unidos, visita el Perú.

13 de noviembre

Camino a la visita oficial a las Filipinas y Tailandia, Fujimori realiza una visita no oficial a Japón (hasta noviembre 14).

17 de diciembre

Un comando del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru toma la residencia del embajador japonés en el Perú.

1997 16 de enero

El Tribunal Constitucional hace pública su sentencia de la inaplicabilidad a Fujimori de la Ley de Interpretación Auténtica sobre la reelección presidencial.

31 de enero

En Toronto, Canadá, se lleva a cabo la cumbre Perú-Japón sobre la crisis de los rehenes (hasta el 1 de febrero).

11 de febrero

Se da inicio al diálogo entre el gobierno peruano y el comando del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru ocupante de la residencia del embajador japonés.

18 de marzo

Los miembros de la Comunidad Andina no llegan a un acuerdo sobre las condiciones del retorno del Perú a la Comunidad.

11 de abril 22 de abril

El Perú anuncia su alejamiento de la Comunidad Andina.

28 de mayo

En el Congreso, con el apoyo mayoritario del oficialismo se aprueba la destitución de los tres miembros del Tribunal Constitucional que apoyaron la sentencia de la inaplicabilidad a Fujimori de la Ley de Interpretación Auténtica sobre la reelección presidencial.

La era del chino 2ed.indb 608

Un comando especial del Ejército peruano incursiona en la residencia del embajador japonés y pone fin a la crisis de los rehenes.

21/05/2012 04:18:06 p.m.

Anexos

609

3 de junio

Se produce una manifestación estudiantil contra la destitución de los tres miembros del Tribunal Constitucional. Luego, se expanden a diversas partes del país similares manifestaciones estudiantiles y otras movilizaciones de sindicatos y movimientos regionales descontentos con los problemas socioeconómicos.

10 de junio

Fujimori anuncia que el seguro escolar gratuito empezará a funcionar a partir del 15 de agosto.

25 de junio

El Perú anuncia su conformidad con las condiciones de retorno a la Comunidad Andina y se reintegra a ella.

2 de julio

Fujimori visita Japón en respuesta a la invitación del Estado japonés para expresarle su agradecimiento por la solución de la crisis de los rehenes (hasta el 7 de julio).

14 de julio

Luego del enfrentamiento con Montesinos, el empresario Ivcher fue despojado de la nacionalidad peruana.

17 de julio

Se produce un suceso anormal, en que los altos oficiales de las Fuerzas Armadas y la Policía concurren al Palacio de Gobierno para manifestar su lealtad al presidente.

15 de octubre

Es abolido el sistema de jueces con rostro cubierto, introducido luego del “autogolpe” de 1992, para juzgar a los acusados de terrorismo.

17 de octubre

Fujimori asiste a la inauguración de un torneo de fútbol, y es pifiado por la muchedumbre.

5 de noviembre

Es retirada la denuncia contra el segundo vicepresidente, Paredes.

9 de noviembre

Fujimori anuncia que no procederá a la privatización del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima Metropolitana (SEDAPAL), en discusión en ese momento.

20 de noviembre

Los alcaldes, incluido el presidente de la Asociación de Municipalidades del Perú, se muestran críticos a Fujimori.

25 de noviembre

Se anuncia que el Perú será miembro del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) en 1998.

21 de diciembre

En conflicto con Fujimori, Hermoza, presidente del Comando Conjunto de las Furezas Armadas, convoca a Lima a los altos oficiales de las Fuerzas Armadas. Luego Fujimori emite la orden de retorno a sus puestos.

La era del chino 2ed.indb 609

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610

Yusuke Murakami

1998 11 de marzo

En el Congreso, con el apoyo mayoritario del oficialismo, se aprueba la ley que reduce las facultades de sanción y destitución del Consejo Nacional de la Magistratura.

22 de marzo

El Banco Mundial opina que el recorte de las facultades del Consejo Nacional de la Magistratura perjudica la independencia del Poder Judicial, y congela la ya decidida ayuda económica para la reforma del Poder Judicial, por un monto de 22,5 millones de dólares.

21 de abril

McCaffrey, director de la Oficina de la Política Nacional del Control de Droga de los Estados Unidos, visita el Perú.

4 de junio

Cambio de gabinete. Se instala el gabinete Valle Riestra.

28 de junio

Fujimori visita el Japón para asistir al Quinto Simposio sobre la Promoción de Intercambio Económico entre el Japón y los Países Latinoamericanos (hasta el 1 de julio).

15 de julio

La empresa internacional Shell-Mobil anuncia su retiro del proyecto de desarrollo del gas natural de Camisea.

16 de julio

El Foro Democrático presenta a la entidad de administración electoral las firmas necesarias para la realización del referéndum sobre la tercera postulación de Fujimori.

6 de agosto

El gobierno peruano hace pública la invasión de las tropas ecuatorianas al territorio peruano. Se tensa la zona fronteriza en el norte del Perú.

13 de agosto

Perú y Ecuador acuerdan la separación de tropas que se encuentran frente a frente debido a la tensión en la frontera.

20 agosto

El Jurado Nacional de Elecciones sentencia que, para la realización del referéndum sobre la tercera postulación de Fujimori, se requiere la iniciativa del Congreso con el apoyo de por lo menos 48 congresistas. Hermoza es destituido de los cargos de presidente del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y comandante general del Ejército.

La era del chino 2ed.indb 610

21/05/2012 04:18:06 p.m.

Anexos

611

21 de agosto 27 de agosto

Cambio de gabinete. Se instala el gabinete de Pandolfi.

11 de octubre 26 de octubre

Día de votación de las elecciones municipales.

14 de noviembre

El Perú se adhiere al Foro de Cooperación Económica AsiaPacífico (APEC).

4 de diciembre

En el Congreso, con el apoyo mayoritario del oficialismo, se aprueba una ley según la cual las Comisiones Ejecutivas del Poder Judicial y el Ministerio Público terminarán sus funciones en el año 2000.

11 de diciembre

Perú y Ecuador instalan la Comisión Demarcadora.

15 de diciembre

El Foro Democrático propone a todas las fuerzas de oposición la realización de elecciones primarias —en las cuales participarán todas ellas— organizadas por el Foro para seleccionar a un candidato presidencial unificado de la oposición.

1999 5 de enero 18 de enero 30 de enero

En el Congreso, con el apoyo mayoritario del oficialismo, se rechaza la realización del referéndum sobre la tercera postulación de Fujimori. Perú y Ecuador firman el acuerdo de paz y ponen fin al conflicto fronterizo.

Cambio de gabinete. Se instala el gabinete Joy Way. Perú y Ecuador comienzan el trabajo de demarcación fronteriza. Se promulga la ley que cambia el Instituto Peruano de Seguro Social (IPSS) por Seguro Social de Salud (EsSalud).

13 de mayo 18 de mayo

Perú y Ecuador terminan el trabajo de demarcación fronteriza.

13 de junio

La Corte Suprema de Justicia Militar declara inejecutable el fallo de un nuevo juicio que la Corte Interamericana de Derechos Humanos sentenció a favor de cuatro miembros chilenos del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru recluidos en la cárcel.

La era del chino 2ed.indb 611

Con motivo del centenario de la inmigración japonesa al Perú, Fujimori visita oficialmente el Japón (hasta el 21 de mayo).

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612

Yusuke Murakami

8 de julio

En el Congreso, con el apoyo mayoritario del oficialismo y miembros de la oposición, se aprueba la resolución legislativa remitida por el Poder Ejecutivo para que el Perú pueda retirarse de la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

14 de julio

Es detenido Óscar Ramírez Durán, líder de Sendero Luminoso y sucesor del líder máximo Guzmán.

26 de agosto

McCaffrey, director de la Oficina de la Política Nacional del Control de Droga de los Estados Unidos, visita al Perú.

30 de septiembre Se promulga una ley en la cual se establece que el servicio militar no es obligatorio. 4 de octubre

La Cámara de Diputados de los Estados Unidos aprueba una resolución que expresa la preocupación por el retroceso de la democracia en el Perú.

12 de octubre 3 de noviembre

Cambio de gabinete. Se instala el gabinete Bustamante Belaúnde.

13 de noviembre

Perú firma el Acta de Ejecución del Tratado de Lima de 1929 con Chile.

25 de noviembre

Catorce agrupaciones opositoras a Fujimori firman el “Pacto de Gobernabilidad”.

28 de noviembre

Como Presidente de la República del Perú, Fujimori realiza una visita a Chile, siendo la primera vez que un mandatario peruano hace esta visita oficial.

27 de diciembre

Fujimori anuncia su tercera postulación a la Presidencia de la República.

28 de diciembre

Sobre las elecciones de 2000, los Estados Unidos manifiestan que serán neutrales en cuanto al resultado electoral, pero exigen que su proceso sea libre, justo y transparente.

30 de diciembre

El Jurado Nacional de Elecciones acepta oficialmente la candidatura de Fujimori.

La era del chino 2ed.indb 612

La Cámara de Senadores de los Estados Unidos aprueba una resolución que expresa la preocupación por el retroceso de la democracia en el Perú.

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Anexos

2000 5 de enero

613

Las principales fuerzas opositoras finalmente desisten de seleccionar un candidato unificado de la oposición.

11 de febrero

Fujimori anuncia un plan para ofrecer terrenos estatales para la construcción de viviendas para las clases bajas.

29 de febrero

Se reporta periodísticamente que una agrupación componente de la alianza oficialista falsificó masivamente firmas para su inscripción ante el Jurado Nacional de Elecciones.

3 de marzo

La misión observadora de la Organización de los Estados Americanos comienza sus actividades a plenitud.

9 de abril

Día de votación de las elecciones generales. Fujimori y Toledo pasan a la segunda vuelta.

10 de abril

Los Estados Unidos exigen que el proceso de la segunda vuelta sea transparente y justo.

18 de mayo

La misión observadora de la Organización de los Estados Americanos pide al gobierno peruano postergar el día de votación de la segunda vuelta para realizar la verificación del nuevo sistema de cómputo oficial.

25 de mayo

El Jurado Nacional de Elecciones resuelve que no posterga el día de votación de la segunda vuelta. Luego de esta resolución, la misión observadora de la Organización de los Estados Americanos anuncia su retiro de la observación electoral.

28 de mayo

Día de votación de la segunda vuelta. Aunque Fujimori sale elegido, su legitimidad es cuestionada dentro y fuera del país.

29 de mayo

Fujimori anuncia la promoción de la “democratización” en el Perú.

5 de junio

En la Asamblea Anual de la Organización de los Estados Americanos se acepta en principio la propuesta de Fujimori sobre la “democratización” y se decide enviar una misión al Perú.

28 de junio

De visita al Perú, la misión de la Organización de los Estados Americanos propone al gobierno, la oposición y la sociedad en general 29 temas en 5 áreas sobre la “democratización”.

La era del chino 2ed.indb 613

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614

Yusuke Murakami

27 de julio

Ochenta mil personas asisten a la concentración en contra de Fujimori en Lima.

28 de julio

En medio de la situación sumamente agitada por la manifestación antifujimorista, comienza el tercer mandato de Fujimori.

29 de julio

Cambio de gabinete. Se instala el gabinete Salas Guevara.

8 de agosto

Llega al Perú la misión permanente de la Organización de los Estados Americanos para promover la “democratización”. El gobierno peruano presenta un cronograma de la “democratización” a la misión permanente.

21 de agosto

Se da inicio al diálogo entre el gobierno y las fuerzas opositoras por intermedio de la misión permanente de la Organización de los Estados Americanos. En compañía de Montesinos y los altos mandos de las Fuerzas Armadas, Fujimori anuncia en una conferencia de prensa que la inteligencia peruana desmanteló una organización que había traficado armas a las guerrillas colombianas.

14 de septiembre

Se revela un video donde aparece Montesinos sobornando a un congresista electo de la oposición.

16 de septiembre

Fujimori anuncia el recorte de su mandato presidencial para quedarse en el poder solamente hasta el 28 de julio de 2001, convocar a nuevas elecciones generales y desactivar el Sistema de Inteligencia Nacional.

23 de septiembre Montesinos parte para Panamá. 12 de octubre Es rechazada la moción de censura contra la Mesa Directiva del Congreso, monopolizada por el oficialismo. 20 de octubre

El gobierno propone una Ley de Reconciliación Nacional que da amnistía a los militares y policías.

22 de octubre

Montesinos regresa al Perú.

29 de octubre

Montesinos sale del Perú a escondidas. Pasa por Ecuador y Costa Rica, y finalmente llega a Venezuela. En el sur del Perú, un grupo pequeño de militares se levanta en rebelión contra el gobierno. No llega a darse una situación grave.

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Anexos

615

2 de noviembre

El gobierno peruano revela que Montesinos tiene cuentas por un monto de 48 millones de dólares en la banca suiza; también nombra un procurador de la República para denunciar a Montesinos.

7 de noviembre

El Ministerio Público emite la primera orden de captura contra Montesinos.

13 de noviembre

Fujimori parte del Perú para asistir a la Cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), a realizarse en Brunei. La moción de censura contra la presidenta del Congreso, de las filas del oficialismo, se aprueba en el Congreso con el apoyo mayoritario de la oposición. Ella se ve obligada a renunciar.

16 de noviembre

Fujimori llega a Japón (en la hora japonesa, en la madrugada del 17 de noviembre). El congresista Paniagua, de la oposición, es elegido presidente del Congreso.

18 de noviembre 20 de noviembre 21 de noviembre

Se revela la intención de renuncia de Fujimori. La carta de renuncia de Fujimori es entregada al Congreso.

La era del chino 2ed.indb 615

Fujimori es destituido del cargo del Presidente de la República por el Poder Legislativo.

21/05/2012 04:18:06 p.m.

Anexo 2 Rostros del gobierno de Fujimori

1. Vicepresidentes (1) Primer mandato (del 28 de julio de 1990 al 27 de julio de 1995)1 Primer vicepresidente: San Román Cáceres, Máximo Segundo vicepresidente: García García, Carlos (2) Segundo mandato (del 28 de julio de 1995 al 27 de julio de 2000) Primer vicepresidente: Márquez Flores, Ricardo Segundo vicepresidente: Paredes Canto, César2 (3) Tercer mandato (del 28 de julio al 21 de noviembre de 2000) Primer vicepresidente: Tudela van Breugel Doughlas, Francisco Antonio Segundo vicepresidente: Márquez Flores, Ricardo 2. Ministros3 (1) gabinete hurtado Miller (1990.07.28 - 1991.02.15) 4 Presidencia del Consejo de Ministros: Hurtado Miller, Juan Carlos Relaciones Exteriores: Marchand Stein, Luis (1991.01.07); Sánchez Sotomayor, Raúl* Defensa: Torres Aciego, Jorge* Economía y Finanzas: Hurtado Miller, Juan Carlos Interior: Alvarado Fournier, Adolfo* Justicia: Antonioli Vásquez, Augusto 1.

Ambos se alejaron del gobierno de Fujimori después del “autogolpe” del 5 de abril de 1992.

2.

El gobierno de Fujimori tomó distancia con él, después de revelarse la sospecha de su involucramiento en un caso de corrupción.

3.

Cuando se produce el cambio de ministros, la fecha de cambio se indica entre paréntesis, y luego se indica el nombre del sucesor. Cuando se dio la reforma de los ministerios en julio de 2002, algunos ministerios que desaparecieron o cambiaron de nombre. Por tanto, hay algunos nombres que no coinciden con los que existen ahora. Los que están marcados con el asterisco (*) son militares en actividad o en retiro.

4.

Se usa normalmente “Primer Ministro” en lugar de “presidente del Consejo de Ministros” para referirse al jefe del gabinete.

La era del chino 2ed.indb 616

21/05/2012 04:18:06 p.m.

Anexos

617

Educación: Helfer Palacios, Gloria (1990.12.11); De la Puente Raygada, Óscar Salud: Vidal Layseca, Carlos Agricultura: Amat y León, Carlos (1990.10.22); Rossl Link, Enrique Trabajo y Promoción Social: Torres y Torres Lara, Carlos Guillermo Industria, Comercio, Turismo e Integración: Pennano Allison, Guido Energía y Minas: Sánchez Albavera, Fernando Transportes y Comunicaciones: Toledo Gonzales, Eduardo (1991.01.07); Yoshiyama Tanaka, Jaime Vivienda y Construcción: Del Solar Rojas, Guillermo Pesquería: Sánchez Sotomayor, Raúl*(1991.01.07); Canal Torres, Félix Alberto (2)

(3)

La era del chino 2ed.indb 617

gabinete torres y torres lara (1991.02.15 - 1991.11.06) Presidencia del Consejo de Ministros: Torres y Torres Lara, Carlos Guillermo Relaciones Exteriores: Torres y Torres Lara, Carlos Guillermo Defensa: Torres Aciego, Jorge* Economía y Finanzas: Boloña Behr, Carlos Interior: Alvarado Fournier, Adolfo* (1991.04.01); Malca Villanueva, Víctor* Justicia: Antonioli Vásquez, Augusto Educación: De la Puente Raygada, Óscar Salud: Vidal Layseca, Carlos (1991.03.18); Yamamoto Miyakawa, Víctor Agricultura: Rossl Link, Enrique Trabajo y Promoción Social: (vacante 02.15-02.18) De los Heros PérezAlbela, Alfonso Industria, Comercio, Turismo e Integración: (vacante 02.15-02.18) Joy Way Rojas, Víctor Energía y Minas: Sánchez Albavera, Fernando Transportes y Comunicaciones: Yoshiyama Tanaka, Jaime Vivienda y Construcción: Del Solar Rojas, Guillermo Pesquería: Canal Torres, Félix Alberto (1991.06.21); Sobero Taira, Jaime Agustín gabinete de los heros (1991.11.06 - 1992.04.06) Presidencia del Consejo de Ministros: De los Heros Pérez-Albela, Alfonso Relaciones Exteriores: Blacker Miller, Manuel Augusto Defensa: Malca Villanueva, Víctor* Economía y Finanzas: Boloña Behr, Carlos Interior: Briones Dávila, Juan*

21/05/2012 04:18:06 p.m.

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Yusuke Murakami

Justicia: Vega Santa Gadea, Fernando Educación: Antonioli Vásquez, Augusto Salud: Paredes Guerra, Víctor Felipe Agricultura: Rossl Link, Enrique (1991.12.17); González Prieto, Gustavo Trabajo y Promoción Social: De los Heros Pérez-Albela, Alfonso Industria, Comercio, Turismo e Integración: Joy Way Rojas, Víctor Energía y Minas: Yoshiyama Tanaka, Jaime Transportes y Comunicaciones: Ross Antezana, Alfredo Vivienda y Construcción: De la Puente Raygada, Óscar Pesquería: Sobero Taira, Jaime Agustín (4)

gabinete de la Puente (1992.04.06 - 1993.08.28) Presidencia del Consejo de Ministros: De la Puente Raygada, Óscar Relaciones Exteriores: Blacker Miller, Manuel Augusto (1992.04.24); De la Puente Raygard, Óscar Defensa: Malca Villanueva, Víctor* Economía y Finanzas: Boloña Behr, Carlos (1993.01.08); Camet Dickmann, Jorge Interior: Briones Dávila, Juan* Justicia: Vega Santa Gadea, Fernando Educación: (vacante 1992.04.06-05.08) Varillas Montenegro, Alberto Salud: Paredes Guerra, Víctor Felipe Agricultura: Vásquez Villanueva, Absalón Trabajo y Promoción Social: Antonioli Vásquez, Augusto Industria, Comercio, Turismo e Integración (Industria, Turismo, Integración y Negociaciones Comerciales Internacionales):5 Joy Way Rojas, Víctor (1992.04.24); Camet Dickmann, Jorge (1993.01.08) (vacante 1993.01.08-01.16); Bustamante y Bustamante, Alfonso Energía y Minas: Yoshiyama Tanaka, Jaime (1992.11.11); Hokama Tokashiki, Daniel Transportes y Comunicaciones (Transportes, Comunicaciones, Vivienda y Construcción):6 Ross Antezana, Alfredo(1993.02.03); Córdova Blanco, Dante

5.

El 10 de noviembre de 1992 el nombre fue cambiado de Industria, Comercio, Turismo e Integración a Industria, Turismo, Integración y Negociaciones Comerciales Internacionales.

6.

El 11 de mayo de 1992 el Ministerio de Vivienda y Construcción fue integrado al Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

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21/05/2012 04:18:06 p.m.

Anexos

619

Vivienda y Construcción:7 De la Puente Raygard, Óscar (1992.04.25) (vacante 1992.04.25-05.11) Pesquería: Sobero Taira, Jaime Agustín Presidencia:8 Lau Kong, Jorge (1992.09.30); Vara Ochoa, Manuel Máximo (5)

gabinete bustaMante (1993.08.28 - 1994.02.17) Presidencia del Consejo de Ministros: Bustamante y Bustamante, Alfonso Relaciones Exteriores: Goldenberg Schreiber, Efraín Defensa: Malca Villanueva, Víctor* Economía y Finanzas: Camet Dickmann, Jorge Interior: Briones Dávila, Juan* Justicia: Vega Santa Gadea, Fernando Educación: Vittor Alfaro, Raúl Salud: Freundt-Thurne Oyanguren, Jaime Agricultura: Vásquez Villanueva, Absalón Trabajo y Promoción Social: Antonioli Vásquez, Augusto Industria, Turismo, Integración y Negociaciones Comerciales Internacionales: Bustamante y Bustamante, Alfonso Energía y Minas: Hokama Tokashiki, Daniel Transportes, Comunicaciones, Vivienda y Construcción: Córdova Blanco, Dante Pesquería: Sobero Taira, Jaime Agustín Presidencia: Vara Ochoa, Manuel Máximo

(6)

gabinete goldenberg (1994.02.17 - 1995.07.27) Presidencia del Consejo de Ministros: Goldenberg Schreiber, Efraín Relaciones Exteriores: Goldenberg Schreiber, Efraín Defensa: Malca Villanueva, Víctor* Economía y Finanzas: Camet Dickmann, Jorge Interior: Briones Dávila, Juan* Justicia: Vega Santa Gadea, Fernando Educación: Trelles Montero, Jorge (1994.10.08) (vacante 1994.10.0810.12); Villena Hidalgo, Pedro (1995.06.07); Córdova Blanco, Dante Salud: Freundt-Thurne Oyanguren, Jaime (1994.10.08) (vacante 1994.10.08-10.10); Yong Motta, Eduardo

7.

Véase la nota 6.

8.

El 10 de mayo de 1992 se instaló de nuevo el Ministerio de la Presidencia, que había sido desactivado en el gobierno de Alan García. Su ministro asumió el cargo el 20 de mayo de 1992.

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21/05/2012 04:18:06 p.m.

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Yusuke Murakami

Agricultura: Vásquez Villanueva, Absalón Trabajo y Promoción Social: Antonioli Vásquez, Augusto Industria, Turismo, Integración y Negociaciones Comerciales Internacionales: Canale Novella, Lilliana Energía y Minas: Hokama Tokashiki, Daniel (1995.06.07); Yataco Medina, Amado Transportes, Comunicaciones, Vivienda y Construcción: Córdova Blanco, Dante (1994.10.08) (vacante 1994.10.08-10.10); Castilla Meza, Juan* Pesquería: Sobero Taira, Jaime Agustín Presidencia: Vittor Alfaro, Raúl (1994.08.05); Federicci Soto, María Luisa (1995.06.07); Vara Ochoa, Manuel Máximo

9.

(7)

gabinete Córdova (1995.07.27 - 1996.04.03) Presidencia del Consejo de Ministros: Córdova Blanco, Dante Relaciones Exteriores: Tudela van Breugel Doughlas, Francisco Antonio Defensa: Malca Villanueva, Víctor* (1996.01.09); Castillo Meza, Tomás Guillermo* Economía y Finanzas: Camet Dickmann, Jorge Interior: Briones Dávila, Juan* Justicia: Vega Santa Gadea, Fernando (1996.01.09); Hermoza Moya, Carlos Eduardo Educación: Córdova Blanco, Dante Salud: Yong Motta, Eduardo Agricultura: Vásquez Villanueva, Absalón Trabajo y Promoción Social: Fuentes Acurio, Sandro Industria, Turismo, Integración y Negociaciones Comerciales Internacionales: Canale Novella, Lilliana Energía y Minas: Yataco Medina, Amado Transportes, Comunicaciones, Vivienda y Construcción: Castilla Meza, Juan* (1996.01.15); Vara Ochoa, Manuel Máximo Pesquería: Sobero Taira, Jaime Agustín Presidencia: Vara Ochoa, Manuel Máximo (1995.11.14); Yoshiyama Tanaka, Jaime

(8)

gabinete Pandolfi (1996.04.03 - 1998.06.04) Presidencia del Consejo de Ministros: Pandolfi Arbulú, Alberto9 Relaciones Exteriores: Tudela van Breugel Doughlas, Francisco Antonio (1997.07.17); Ferrero Costa, Eduardo

No se encargó de otra cartera a partir del 30 de diciembre de 1997.

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21/05/2012 04:18:07 p.m.

Anexos

621

Defensa: Castillo Meza, Tomás Guillermo* (1997.07.17); Saucedo Sánchez, César* Economía y Finanzas: Camet Dickmann, Jorge Interior: Briones Dávila, Juan* (1997.04.19); Saucedo Sánchez, César* (1997.07.17); Villanueva Ruesta, José* Justicia: Hermoza Moya, Carlos Eduardo (1997.07.17); Quispe Correa, Alfredo Educación: Palermo Cabrejos, Domingo Salud: (vacante 1996.04.03-04.11) Costa Bauer, Marino Agricultura: Muñante Sanguinetti, Rodolfo Trabajo y Promoción Social: Gonzalez Izquierdo, Jorge Domingo Industria, Turismo, Integración y Negociaciones Comerciales Internacionales: Canale Novella, Lilliana (1996.11.05); Caillaux Zazzarelli, Gustavo Ernesto Energía y Minas: Hokama Tokashiki, Daniel (1996.09.12) (vacante 1996.09.12-09.19); Pandolfi Arbulú, Alberto (1997.12.30); Hokama Tokashiki, Daniel Transportes, Comunicaciones, Vivienda y Construcción: Carrera Cabrera de Escalante, Elsa (1997.12.30); Páucar Carbajal, Antonio Pesquería: Pandolfi Arbulú, Alberto (1996.09.19); Boggiano Sánchez, Carlos Ernesto (1997.07.17); Meier Cornejo, Ludwig Presidencia: Yoshiyama Tanaka, Jaime (1996.09.12); Hokama Tokashiki, Daniel (1997.12.30); Gonzáles Reátegui, José Tomás Promoción de la Mujer y el Desarrollo Humano:10 Schenone Ordinola, Miriam (9)

gabinete valle riestra (1998.06.04 - 1998.08.21) Presidencia del Consejo de Ministros: Valle Riestra González Olaechea, Javier11 Relaciones Exteriores: Ferrero Costa, Eduardo Defensa: Saucedo Sánchez, César* Economía y Finanzas: Camet Dickmann, Jorge (06.05); Baca Campodónico, Jorge Interior: Villanueva Ruesta, José* Justicia: Quispe Correa, Alfredo Educación: Palermo Cabrejos, Domingo Salud: Costa Bauer, Marino

10.

Fue creado el 29 de octubre de 1996. Su ministra asumió el cargo el 5 de noviembre del mismo año.

11.

No se encargó de otra cartera.

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Agricultura: Muñante Sanguinetti, Rodolfo Trabajo y Promoción Social: Gonzalez Izquierdo, Jorge Domingo Industria, Turismo, Integración y Negociaciones Comerciales Internacionales: Caillaux Zazzarelli, Gustavo Ernesto Energía y Minas: Hokama Tokashiki, Daniel Transportes, Comunicaciones, Vivienda y Construcción: Páucar Carbajal, Antonio Pesquería: Meier Cornejo, Ludwig Presidencia: Gonzáles Reátegui, José Tomás Promoción de la Mujer y el Desarrollo Humano: Schenone Ordinola, Miriam (10) gabinete Pandolfi (1998.08.21 - 1999.01.05) Presidencia del Consejo de Ministros: Pandolfi Arbulú, Alberto12 Relaciones Exteriores: Ferrero Costa, Eduardo (10.12); De Trazegnies Granda, Fernando Defensa: Salazar Monroe, Julio Rolando* Economía y Finanzas: Baca Campodónico, Jorge Interior: Villanueva Ruesta, José* Justicia: Quispe Correa, Alfredo Educación: Palermo Cabrejos, Domingo Salud: Costa Bauer, Marino Agricultura: Muñante Sanguinetti, Rodolfo Trabajo y Promoción Social: González Izquierdo, Jorge Domingo Industria, Turismo, Integración y Negociaciones Comerciales Internacionales: Caillaux Zazzarelli, Gustavo Ernesto Energía y Minas: Hokama Tokashiki, Daniel Transportes, Comunicaciones, Vivienda y Construcción: Páucar Carbajal, Antonio Pesquería: Meier Cornejo, Ludwig Presidencia: Gonzáles Reátegui, José Tomás Promoción de la Mujer y el Desarrollo Humano: Schenone Ordinola, Miriam (11) gabinete joy Way (1999.01.05 - 1999.10.13) Presidencia del Consejo de Ministros: Joy Way Rojas, Víctor Relaciones Exteriores: De Trazegnies Granda, Fernando Defensa: Salazar Monroe, Julio Rolando* (04.15); Bergamino Cruz, Carlos*

12.

No se encargó de otra cartera.

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Anexos

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Economía y Finanzas: Joy Way Rojas, Víctor Interior: Villanueva Ruesta, José* (08.18); Saucedo Sánchez, César Justicia: Valenzuela de Puelles, María Carlota (04.15); Bustamante Romero, Jorge Educación: García Escudero, Felipe Ignacio Salud: De Romaña y García, Carlos Augusto (04.15); Aguinaga Recuenco, Alejandro Agricultura: De las Casas Piedra, Belisario Trabajo y Promoción Social: Mufarech Nemy, Jorge Yamil Industria, Turismo, Integración y Negociaciones Comerciales Internacionales: Luna-Victoria León, César Energía y Minas: Hokama Tokashiki, Daniel (10.01); Chamot Sarmiento, Jorge Alfredo Transportes, Comunicaciones, Vivienda y Construcción: Pandolfi Arbulú, Alberto Pesquería: Caillaux Zazzali, Gustavo Ernesto Presidencia: Gonzáles Rizo Patrón Velarde, María Cristina (04.15); Mosqueira Medina, Edgardo Promoción de la Mujer y el Desarrollo Humano: Cuculiza Torre, Luisa María (12) gabinete bustaMante (1999.10.13 - 2000.07.29) Presidencia del Consejo de Ministros: Bustamante Belaúnde, José Alberto Relaciones Exteriores: De Trazegnies Granda, Fernando Defensa: Bergamino Cruz, Carlos* Economía y Finanzas: (vacante 10.13-10.14) Goldenberg Schreiber, Efraín Interior: Saucedo Sánchez, César Justicia: Bustamante Belaúnde, José Alberto Educación: García Escudero, Felipe Ignacio Salud: Aguinaga Recuenco, Alejandro Agricultura: De las Casas Piedra, Belisario Trabajo y Promoción Social: Flores Polo, Pedro Industria, Turismo, Integración y Negociaciones Comerciales Internacionales: Hurtado Miller, Juan Carlos Energía y Minas: Chamot Sarmiento, Jorge Alfredo Transportes, Comunicaciones, Vivienda y Construcción: Pandolfi Arbulú, Alberto Pesquería: Luna-Victoria León, César Presidencia: Mosqueira Medina, Edgardo

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Promoción de la Mujer y el Desarrollo Humano: Cuculiza Torre, Luisa María (13) gabinete salas guevara (2000.07.29 - 2000.11.25) Presidencia del Consejo de Ministros: Salas Guevara Schulz, Luis Federico Relaciones Exteriores: De Trazegnies Granda, Fernando Defensa: Bergamino Cruz, Carlos* Economía y Finanzas: Boloña Behr, Carlos Interior: Chacón Málaga, Wálter* Justicia: Bustamante Belaúnde, José Alberto Educación: Salas-Guevara Schulz, Luis Federico Salud: Aguinaga Recuenco, Alejandro Agricultura: Chlimper Ackerman, José Trabajo y Promoción Social: Mosqueira Medina, Edgardo Industria, Turismo, Integración y Negociaciones Comerciales Internacionales: Romero de la Puente, Gonzalo Energía y Minas: Chamot Sarmiento, Jorge Alfredo Transportes, Comunicaciones, Vivienda y Construcción: (vacante 07.29-08.03); Bedoya Camere, Augusto Pesquería: (vacante 07.29-08.03) Handabaka García, Pablo Arturo Presidencia: (vacante 07.29-08.03) Alvarado Barrantes, María Luisa Promoción de la Mujer y el Desarrollo Humano: Cuculiza Torre, Luisa María 3. Presidente y vicepresidentes del Congreso (1) 1990.07 - 1991.07 Presidente de la Cámara de Senadores: San Román Cáceres, Máximo (Cambio 90) Primer vicepresidente: Bernales Ballesteros, Enrique (Izquierda Socialista) Segundo vicepresidente: Bustamante Cabello, Julián (Cambio 90) Presidente de la Cámara de Diputados: Paredes Guerra, Víctor Felipe (Cambio 90) Primer vicepresidente: Alvarez Valer, Wilfredo (Cambio 90) Segundo vicepresidente: Cruzado Huby, Óscar Enrique (Cambio 90) (2)

13.

1991.07 - 1992.0413 Presidente de la Cámara de Senadores: Osterling Parodi, Felipe (Partido Popular Cristiano)

El Congreso quedó cerrado entre el 5 de abril y el 30 de diciembre de 1992.

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Anexos

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Primer vicepresidente: Escalante Bolaños, Justo Germán (Cambio 90) Segundo vicepresidente: Chan Cruz, Eugenio (Partido Aprista Peruano) Presidente de la Cámara de Diputados: Ramírez del Villar Beaumont, Roberto (Partido Popular Cristiano) Primer vicepresidente: Barrera Bazán, César Augusto (Izquierda Unida) Segundo vicepresidente: Loret de Mola Bomme, Aurelio (Solidaridad y Democracia)

14.

(3)

1992.12 - 1993.1214 Presidente del Congreso: Yoshiyama Tanaka, Jaime (Nueva MayoríaCambio 90) Primer vicepresidente: Torres y Torres Lara, Carlos Guillermo (Nueva Mayoría-Cambio 90) Segundo vicepresidente: Rey Rey, Rafael (Movimiento Independiente Renovación) Tercer vicepresidente: Joy Way Rojas, Víctor (Nueva Mayoría-Cambio 90)

(4)

1994.01 - 1994.12 Presidente del Congreso: Yoshiyama Tanaka, Jaime (Nueva MayoríaCambio 90) Primer vicepresidente: Torres y Torres Lara, Carlos Guillermo (Nueva Mayoría-Cambio 90) Segundo vicepresidente: Joy Way Rojas, Víctor (Nueva Mayoría-Cambio 90) Tercer vicepresidente: Reggiardo Sayán, Andrés (Nueva MayoríaCambio 90)

(5)

1995.01 - 1995.07 Presidente del Congreso: Yoshiyama Tanaka, Jaime (Nueva MayoríaCambio 90) Primer vicepresidente: Torres y Torres Lara, Carlos Guillermo (Nueva Mayoría- Cambio 90) Segundo vicepresidente: Joy Way Rojas, Víctor (Nueva Mayoría-Cambio 90) Tercer vicepresidente: Reggiardo Sayán, Andrés (Nueva Mayoría-Cambio 90)

Del 30 de diciembre de 1992 al 27 de julio de 1995 quedó instalado el Congreso Constituyente Democrático.

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15.

(6)

1995.07 - 1996.07 Presidente del Congreso: Chávez Cossío, Martha (Cambio 90-Nueva Mayoría) Primer vicepresidente: Joy Way Rojas, Víctor (Cambio 90-Nueva Mayoría) Segundo vicepresidente: Torres y Torres Lara, Carlos Guillermo (Cambio 90-Nueva Mayoría) Tercer vicepresidente: Matsuda Nishimura, Samuel (Cambio 90-Nueva Mayoría)

(7)

1996.07 - 1997.07 Presidente del Congreso: Joy Way Rojas, Víctor (Cambio 90-Nueva Mayoría) Primer vicepresidente: Torres y Torres Lara, Carlos Guillermo (Cambio 90-Nueva Mayoría) Segundo vicepresidente: Hildebrandt Pérez Treviño, Martha (Cambio 90-Nueva Mayoría) Tercer vicepresidente: Salgado Rubianes, Luz (Cambio 90-Nueva Mayoría)

(8)

1997.07 - 1998.07 Presidente del Congreso: Torres y Torres Lara, Carlos Guillermo (Cambio 90-Nueva Mayoría) Primer vicepresidente: Mellado Céspedes, Edith (Cambio 90-Nueva Mayoría) Segundo vicepresidente: Sandoval Aguirre, Oswaldo (Cambio 90-Nueva Mayoría) Tercer vicepresidente: Torrejón Riva, Aurora (Cambio 90-Nueva Mayoría)

(9)

1998.07 - 1999.07 Presidente del Congreso: Joy Way Rojas, Víctor (Cambio 90-Nueva Mayoría)15 Primer vicepresidente: Marcenaro Frers, Ricardo (Cambio 90-Nueva Mayoría) Segundo vicepresidente: Blanco Oropeza, Carlos (Cambio 90-Nueva Mayoría)

Joy Way fue nombrado Primer Ministro y ministro de Economía y Finanzas el 5 de enero de 1999. Desde esa fecha, el primer vicepresidente se encargó de la presidencia del Congreso.

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Tercer vicepresidente: Salgado Rubianes, Luz (Cambio 90-Nueva Mayoría) (10) 1999.07 - 2000.07 Presidente del Congreso: Hildebrandt Pérez Treviño, Martha (Cambio 90-Nueva Mayoría) Primer vicepresidente: Marcenaro Frers, Ricardo (Cambio 90-Nueva Mayoría) Segundo vicepresidente: Delgado Aparicio, Luis (Cambio 90-Nueva Mayoría) Tercer vicepresidente: Chang Ching, Luis Eduardo(Cambio 90-Nueva Mayoría) (11) 2000.07 - 2000.11 Presidente del Congreso: Hildebrandt Pérez Treviño, Martha (Perú 2000) Primer vicepresidente: Salgado Rubianes, Luz (Perú 2000) Segundo vicepresidente: Monsalve Aita, Marianella Jesús (Perú 2000) Tercer vicepresidente: Espinoza Matos, María Jesús (Perú 2000) 4. Comandantes de las Fuerzas Armadas (1)

16.

Presidente del CoMando Conjunto de las fuerzas arMadas 1990.07 - 1990.1216 Montes Lecaros, Luis (Comandante General de la Marina de Guerra) 1991.01 - 1991.12 Velarde Ramírez, Arnaldo (Comandante General de las Fuerzas Aéreas) 1992.01 - 1998.08 Hermoza Ríos, Nicolás de Bari (Comandante General del Ejército) 1998.08 - 1999.07 Saucedo Sánchez, César (Comandante General del Ejército) 1999.07 - 2000.10 Villanueva Ruesta, José (Comandante General del Ejército) 2000.10 - 2000.11 Chacón Málaga, Wálter (Comandante General del Ejército)

Inmediatamente después de tomar posesión, el presidente Fujimori destituyó a Alfonso Panizo Zariquiey del cargo de presidente del Comando Conjunto y comandante general de la Marina de Guerra. Su sucesor fue Montes.

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(2)

CoMandante general del ejérCito 1990.01 - 1990.12 Zegarra Delgado, Jorge 1991.01 - 1991.12 Villanueva Valdivia, Pedro 1991.12 - 1998.0817 Hermoza Ríos, Nicolás de Bari 1998.08 - 1999.0718 Saucedo Sánchez, César 1999.07 - 2000.1019 Villanueva Ruesta, José 2000.10 - 2000.1120 Chacón Málaga, Walter

(3)

CoMandante general de la Marina de guerra 1990.07 - 1991.1221 Montes Lecaros, Luis 1991.12 - 1996.01 Arnaíz Ambrosiani, Alfredo 1996.01 - 2000.10 Ibárcena Amico, Antonio 2000.10 - 2000.11 Ormeño Ramos, Víctor

(4)

CoMandante general de la fuerza aérea 1990.07 - 1992.0922 Velarde Ramírez, Arnaldo 1992.09 - 1994.06 Nadal Paiva, José 1994.06 - 1996.01 Astete Baca, Enrique 1996.01 - 1997.04 Richter Cruz, Waldo 1997.04 - 2000.10 Bello Vásquez, Elesván 2000.10 - 2000.11 Balarezo Quiroz, Carlos

17.

Se encargó también de la presidencia del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas desde enero de 1992.

18.

Se encargó también de la presidencia del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas.

19.

Se encargó también de la presidencia del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas.

20.

Se encargó también de la presidencia del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas.

21.

Véase la nota 16. Se encargó también de la presidencia del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas de julio a diciembre de 1990.

22.

Inmediatamente después de tomar posesión, el presidente Fujimori destituyó a Germán Vucetich del puesto de comandante general de la Fuerza Aérea. Su sucesor fue Velarde. Este se encargó también de la presidencia del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas de enero a diciembre de 1991.

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Anexo 3 Principales fuerzas políticas del Perú (1990-2000)

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Veterano dirigente del Partido Acción Popular (1994a.06.15; 1994b.08.31; 1995.03.24; 2001.02.20) Veterano dirigente del Partido Aprista Peruano (1994. 09.07; 1995a.03.20; 1995b.05.20; 2001.02.08) Dirigente del Partido Popular Cristiano (1994.09.21; 1995.03.24) Ex dirigente de Cambio 90 (1993. 09.28) Ex dirigente de la campaña electoral fujimorista de 1990 (1993.09.21) Fuente informada sobre la campaña electoral de 1990 (1991.08.10) Colaborador cercano de Fujimori (1992a.05.21; 1992b.08.26; 1993a.04.28; 1993b.06.17; 1994.02.03) Ex ministro y dirigente del oficialismo (1992a.09.23; 1992b.12.11; 1993a.06.10; 1993b.08.05; 1993c.11.04; 1994a.08.04; 1994b.12.21; 1995a.01.24; 1995b.02.09; 1995c.05.02; 1996.11.13) Ex congresista de Cambio 90 y ex colaborador cercano de un dirigente del oficialismo (1992.06.14; 1993.03.23) Fuente informada sobre las Fuerzas Armadas (1991.05.16) Fuente de las organizaciones financieras internacionales (1991a.06.23; 1991b.08.14; 1991c.09.29) Fuente informada sobre las Fuerzas Armadas (1997a.01.07; 1997b.02.21) Fuente de la Embajada de los Estados Unidos en el Perú (1992a.04.08; 1992b.04.10; 1992c.04.16; 1992d.06.05; 1992e.06.28; 1994.02.09) Candidato oficialista para el Congreso Constituyente Democrático (1992a. 10.19; 1992b.11.05; 1992c.11.20) Fuente de una compañía encuestadora (1992a.10.01; 1992b; 10.28; 1992c. 11.18; 1993.09.28; 1994.03.25; 1995a.01.20; 1995b.05.03; 1998.04.20; 2000a. 02.04; 2000b.03.08; 2000c.08.23; 2001.02.21) Fuente policial (1992.09.29) Fuente cercana a Fujimori (1998a.04.17; 1998b.11.26; 1999a.02.24; 1999b.10.22; 2000a.01.28; 2000b.03.02) Ex ministro de una cartera principal del gobierno de Fujimori (2002.12.20) Fuente informada sobre el gobierno de Fujimori (1993.01.11) Congresista oficialista (1993a.08.05; 1993b.08.18; 1993c.10.29; 1993d.12.10; 1994a.02.11; 1994b.06.03; 1994c.08.05; 1994d.09.21; 1994e.11.04; 1994f.

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Bibliografía y fuentes

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12.22; 1995a.01.24; 1995b.03.27; 1995c.04.06; 1995d.04.09; 1996.10.25; 1999.11.05; 2000.02.29) Fuente de alto rango de una compañía comercial del Japón (1993.11.19) Periodista (1994.12.18) Fuente de alto rango de Matsushita Electric del Perú S. A./National Peruana S. A. (1997.12.01; 2001.11.29) Asesor del Primer Ministro en asuntos de la pobreza (1995.01.23) Dirigente del movimiento Unión por el Perú (1995.02.01) Estudioso de las relaciones internacionales (1995.02.06) Estudioso del Derecho Internacional (1995.02.06) Fuente informada sobre la situación económica (1998.11.26; 1999.10.26) Fuente cercana a Fujimori (1999a.02.24; 1999b.10.22; 2000a.01.28; 2000b.03.02; 2001.02.05) Fuente de alto rango del gobierno de Fujimori (1997a.01.08; 1997b.01.22; 1997c.03.05; 1998.10.21) Fuente de las autoridades peruanas (1998.04.10) Fuente del buró politico del Partido Comunista Cubano (2000.05.25) Fuente cercana a Fujimori (1998a.04.17; 1998b.11.26; 2000.08.14; 2001.02.08) Ex rehén peruano, civil (1997.11.20) Ex rehén peruano, policía (1997.11.20) Ex rehén peruano, militar (1998.12.21) Fuente informada sobre los asuntos militares (1998.06.24) Fuente informada sobre los asuntos militares (1997.11.26; 1998. 10.13; 1999.01.15) Peruano con título de abogado (1997.01.29) Fuente de los medios de comunicación (1997.11.24) Fuente informada sobre los asuntos diplomáticos (1998.03.26) Militar de alto rango (1997.02.07) Dirigente y congresista del oficialismo (2000.05.29; 2001.02.19) Estudioso (2000.02.08) Fuente cercana a Fujimori (2000a.05.27; 2000b.07.04; 2000c.08.14; 2001a. 04.02; 2001b.10.30; 2001c.11.22) Colaborador cercano a Fujimori (2000.05.29)

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Yusuke Murakami

47. Fuente informada sobre las relaciones con los Estados Unidos (2000.05.28) 48. Estudioso de las relaciones internacionales (2000.05.30) 49. Persona que tuvo varias oportunidades de ver a Fujimori luego de su renuncia (2001.01.24) 50. Ex ministro de una cartera principal del gobierno de Fujimori (2001.01.27) 51. Ex congresista del oficialismo (2000.08.25) 52. Director de un instituto de investigaciones de una región (2000.08.18) 53. Ex dirigente del Partido Aprista Peruano (2001.02.18) 54. Fuente de mediano rango del Banco Central de Reserva del Perú (1994.1.18) 55. Fuente informada sobre asuntos militares (2000a.01.27; 2000b.07.13; 2001a.01.24; 2001b.02.14) 56. Ex ministro de una cartera importante del gobierno de Fujimori (2001.02.09) 57. Dirigente y congresista del oficialismo (2000.8.15)

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ISBN: 978-9972-51-345-9

9 789972 513459

DEL CHINO / Medida 54,2x20.5cm/ Lomo OK. 3.65cm Bond 75gr