Pena De Muerte

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E NRIQUE D ÍAZ-A RANDA O LGA I SLAS DE G ONZÁLEZ MARISCAL

Pena de muerte

U NIVERSIDAD N ACIONAL A UTÓNOMA DE MÉXICO I NSTITUTO N ACIONAL DE C IENCIAS P ENALES

PENA DE MUERTE

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES JURÍDICAS Serie E STUDIOS J URÍDICOS , Núm. 49 Cuidado de la edición y formación en computadora: Raúl MÁi)uF.z Ro\¡F.io

ENRIQUE DÍAZ-ARANDA OLGA ISLAS DE GONZÁLEZ MARISCAL

PENA DE MUERTE

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS PENALES M ÉXICO , 2003

Primera edición, 2003 DR © 2003. Universidad Nacional Autónoma de México I NSTITUTO DE I NVESTIGACIONES J URÍDICAS Circuito Maestro Mario de la Cueva s/n Ciudad de la Investigación en Humanidades Ciudad Universitaria, 04510 México, D. F. DR © 2003. Instituto Nacional de Ciencias Penales Magisterio Nacional núm. 13 Col. Tlalpan, 14000 México D. F.

Impreso y hecho en México ISBN 970-32-0742-1

CONTENIDO LA PENA DE MUERTE EN MÉXICO Olga I SLAS DE G ONZÁLEZ M ARISCAL I. La pena de muerte en México . . . . . . 11 1. Las Constituciones políticas de la República mexicana . . . . . . . . . . . . . 11 A. Constitución de 1824 11 B. Antecedentes de la Constitución de 1857 12 C. Constitución de 1857 . . . . . . . . 14 .

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. . . . . . . a. Debates . . . . . . b. Texto . . . . . . . . . . . . . . . .

D. Constitución de 1917 . . .

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2. Códigos penales . . . . . . . . . . . . . 18 A. Código Penal del Estado de Veracruz, de 1835 . . . . . . . . . . . . . . . 18 B. Código Penal Federal de 1871 . . . . 22 a. Exposición de motivos . . . . . . 22 b. Textos . . . . . . . . . 24 .

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CONTENIDO

C. Código Penal de 1929 . . . . . . . . 26 D. Código Penal de 1931 y anteproyectos de Código Penal . . . . . . . . . . . 27 E. Códigos penales de los estados de la República . . . . . . . . . . . . . . . 27 F. Código de Justicia Militar . . . . . . 28 II. El debate sobre la pena de muerte . . . . 29 III. ¿Tiene derecho el Estado a imponer la pena de muerte? . . . . . . . . . . . . . 42 IV. ¿Es pertinente la polémica sobre la pena de muerte? . . . . . . . . . . . . . . . . 46 V. La pena de muerte en el ámbito internacional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 VI. ¿Puede el legislador federal o local mexicano, sin violar la Constitución, restablecer la pena de muerte? . . . . . . . . . . . . 57 CONTRA LA PENA DE MUERTE Enrique D ÍAZ -A RANDA I. Planteamiento del problema . . . . . . . 65 II. Argumentos históricos . . . . . . . . . . 69 III. Argumentos filosóficos . . . . . . . . . . 71 .

1.¡Búsqueda de la justicia! ¿Es justo matar a los delincuentes? . . . . . . . . . . . 71 2. Contradicción de principios . . . . . . . 73 IV. Argumentos normativos . . . . . . . . . . 75 1. Derecho comparado . . . . . . . . . . . 75

CONTENIDO

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2. Constitución vs. tratados internacionales . . . . . . . . . . 3. Interpretación sistemática de la Constitución . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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A. Delitos previstos en la Constitución . 77 B. Los fines de la pena en la Constitución . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81 4. La comisión de un homicidio calificado 82 5. Disfunción de la pena en el Código Penal 82 V. Argumentos criminológicos . . . . . . . . 83 1.Discriminación . . . . . . . . . . . . . 2. Falibilidad judicial . . . . . . . . . . . 3. Costo . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. Eficacia . . . . . . . . . . . . . . . . .

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VI. Conclusión . . . . . . . . . . . . . . . . . 91 VII. Bibliografía . . . . . . . . . . . . . . . . 92 ANEXOS Exposición de motivos del Código Penal de 1871 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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Debates del Constituyente de 1917 en torno a la pena de muerte . . . . . . . . . . . . . . 111

Pena de muerte, editado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, se terminó de imprimir el 21 de agosto de 2003 en J. L. Servicios Gráficos, S. A. de C. V. En la edición se empleó papel cultural 57 x 87 de 37 kg. para las páginas interiores y cartulina couché de 162 kg. para los forros. Tiraje: 1,000 ejemplares.

LA PENA DE MUERTE EN MÉXICO Olga I SLAS DE G ONZÁLEZ M ARISCAL I. La pena de muerte en México . . . . . . 11 1. Las Constituciones políticas de la República mexicana . . . . . . . . . . . . . 11 A. Constitución de 1824 . . . . . . . . 11 B. Antecedentes de la Constitución de 1857 12 C. Constitución de 1857 . . . . . . . . 14 .

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a. Debates . . . . . . b. Texto . . . . . . . . . .

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D. Constitución de 1917 . . . . . . . . 17 2. Códigos penales . . . . . . . . . . . . . 18 A. Código Penal del Estado de Veracruz, de 1835 . . . . . . . . . . . . . . . 18 B. Código Penal Federal de 1871 . . . . 22 a. Exposición de motivos . . . . . . 22 b. Textos . . . . . . . . . . . . . 24 .

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C. Código Penal de 1929 . . . . . . . . 26 D. Código Penal de 1931 y anteproyectos de Código Penal . . . . . . . . . . . 27 E. Códigos penales de los estados de la República . . . . . . . . . . . . . . . 27 F. Código de Justicia Militar . . . . . . 28

II. El debate sobre la pena de muerte . . . . 29 III. ¿Tiene derecho el Estado a imponer la pena de muerte? . . . . 42 IV. ¿Es pertinente la polémica sobre la pena de muerte? . . . . . . . . . . . . . . . . 46 V. La pena de muerte en el ámbito internacional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 VI. ¿Puede el legislador federal o local mexicano, sin violar la Constitución, restablecer la pena de muerte? . . . . . . . . . . . . 57 .

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LA PENA DE MUERTE EN MÉXICO Olga I SLAS DE G ONZÁLEZ M ARISCAL * I. LA PENA DE MUERTE EN M ÉXICO 1. Las Constituciones políticas de la República mexicana A. Constitución de 1824 La pena de muerte, entendida en un sentido amplio, es historia antigua de la justicia penal en nuestro país. Los documentos más antiguos dan cuenta de su aplicación. Sin remontarnos a épocas prehispánicas, veamos el trato que se le dio en las Constituciones que han estado vigentes en México. La Constitución de 1824 no contenía referencia alguna sobre la pena de muerte; sin embargo, este silencio no significa que estuviera ausente de la normatividad penal que regía en la República y que no se aplicara y ejecutara en la realidad. Lo único que denota es que la garantía constitucional, consistente en que la pena capital no se podría aplicar salvo en casos de excepción, no estaba inscrita en esta ley * Investigadora en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. 11

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suprema y que, por ende, el legislador ordinario tenía plena libertad para prescribirla.

B. Antecedentes de la Constitución de 1857 a) El primer antecedente de la Constitución de 1857 que prevé una norma sobre la pena de muerte es el Segundo Proyecto de Constitución Política (del 2 de noviembre de 1842), que la incluye en la fracción XXII del artículo 13. Dicha fracción disponía: Para la abolición de la pena de muerte, se establecerá a la mayor brevedad el régimen penitenciario; y entre tanto queda abolida para los delitos puramente políticos, y no podrá extenderse a otros casos, que al salteador, al incendiario, al parricida y al homicida con alevosía o premeditación.

Este texto es muy similar al que se aprobó, como artículo 23, en la Constitución de 1857, pues en él ya se condicionaba la abolición de la pena de muerte al establecimiento de un régimen penitenciario seguro. b) En las Bases Orgánicas de la República Mexicana (publicadas por bando nacional el 14 de junio de 1843), el artículo 181, en un texto muy concreto y muy simple, en el que no se señalaban los casos a los cuales pueda aplicarse la pena de muerte, prescribía: “La pena de muerte se impondrá sin aplicar ninguna otra especie de padecimientos físicos que importen más que la simple privación de la vida”. c) En el proyecto de Ley de Garantías, presentado por José Ma. Lafragua al Congreso Constituyente,

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en la sesión del 5 de abril de 1847, 1 el artículo 27 señalaba como garantía la abolición de la pena de muerte, con la salvedad de que mientras fuesen establecidas las penitenciarías, podría aplicarse “únicamente al traidor a la independencia, al salteador, al incendiario, al parricida, y al homicida con alevosía, siempre que haya una prueba de todo punto pleno, y que no concurra ninguna circunstancia atenuante”. Este texto no hace ninguna alusión a los delitos políticos y sí, en cambio, por primera vez, consigna la pena de muerte para los traidores a la independencia. d) El Estatuto Orgánico Provisional de la República Mexicana (del 15 de mayo de 1856) estableció, en los artículos 56 y 57, las medidas relativas a la pena de muerte. El primero postulaba: La pena de muerte no podrá imponerse más que al homicida con ventaja o con premeditación, al salteador, al incendiario, al parricida, al traidor a la independencia, al auxiliar de un enemigo extranjero, al que hace armas contra el orden establecido, y por los delitos puramente militares que fija la Ordenanza del ejército. En su imposición no se aplicará ninguna otra especie de padecimientos físicos.

Como se advierte, se trata de un texto casi igual al Proyecto de Lafragua, al explicitar los delitos a los que podría aplicarse la pena de muerte y no indicar nada sobre los delitos políticos. No establece, como condicionante de la pena, la creación del sistema 1 Los datos se obtuvieron de “El acta de reformas de 1847”, Derechos del pueblo mexicano, México a través de sus Constituciones, México, XLVI Legislatura de la Cámara de Diputados, 1967, p. 141.

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penitenciario, que era una de las preocupaciones primordiales en esos momentos, y por primera vez hace alusión a cuestiones de carácter militar. El artículo 57 consignaba disposiciones de carácter procedimental que, aunque importantes, pudieron haberse dejado a la legislación secundaria. Textualmente precisaba: “Ni la pena de muerte, ni ninguna otra grave, pueden imponerse sino en virtud de pruebas que acrediten plenamente la criminalidad del acusado ni ejecutarse por sólo la sentencia del juez de primera instancia”. C. Constitución de 1857 a. Debates 2 En la sesión del 25 de agosto de 1856, el diputado Prieto, a propósito del condicionamiento de la abolición de la pena de muerte al establecimiento del régimen penitenciario (se quería decir cárceles seguras, en buen estado y adecuadas para la rehabilitación), preguntó cuál era el motivo que se “tenía para hacer recaer en los reos el descuido de los gobiernos en la mejora de las cárceles”. Puntualizó que la pena de muerte “es una violación del derecho natural” y se declaró en contra de la propuesta por no resolver definitivamente la cuestión. Contrariamente a esta postura, Arriaga sostuvo que la pena de muerte era necesaria mientras no hubiera penitenciarías adecuadas con qué sustituirla, y anotó que ya era bastante adelanto abolir la pena capital para los delitos políticos. De manera similar opinó el dipu2 Derechos del pueblo mexicano, México a través de sus Constituciones , México, LVI Legislatura de la Cámara de Diputados, 2000, t. III, pp. 323-336.

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tado Mata, aunque aclaró que él estaba en contra de la pena de muerte. Zarco, en su oportunidad, manifestó que la pena de muerte era ineficaz y estéril, además de constituir un “verdadero asesinato que la sociedad comete en uno de sus individuos, sin tener para ello el menor derecho”; al mismo tiempo resaltó que “la venganza no debe entrar jamás en las instituciones sociales, la justicia debe tener por objeto la reparación del mal causado y la corrección y mejora del delincuente y nada de esto se logra con ofrecer al pueblo espectáculos de sangre que sirven sólo para desmoralizarlo”. Subrayó, también, lo inconveniente de “dejar a la discreción del gobierno y a la lentitud de las autoridades subalternas una cosa tan preciosa y tan sagrada como la vida del hombre”; agregó, con ironía, que la vida no podía “depender de la pereza de los albañiles o de la falta de materiales para construir las penitenciarías”, y enfatizó: “es triste que estas pequeñeces prolonguen una pena que nadie se atreve a defender”. Se pensó, por los propios congresistas, determinar un plazo fijo para constituir el sistema penitenciario. Zarco finaliza su intervención ...excitando a la comisión a que franca y generalmente siga el camino que le trazan la filosofía, la humanidad y el cristianismo, proclamando la abolición completa de la pena de muerte para todo género de delitos, y anuncia que, si el artículo no se reforma en este sentido, votará en contra, porque no reconoce en la sociedad el derecho de atentar a la vida humana, ni contribuirá jamás a la muerte de nadie, fundándose en el precepto del decálogo: no matarás, que es precepto para el hombre como para la sociedad.

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Ignacio Ramírez, en el discurso más notable de la sesión, elevó el asunto a las regiones de la filosofía. Dio las gracias a la Comisión por revelarle “el secreto de la injusticia, de la barbarie y de la inconsecuencia de las legislaciones que admiten la pena de muerte”. El secreto consistía en la razón de que “podemos matar mientras no haya buenas cárceles”. Consideró al sistema “absurdo e inhumano” y señaló que ante un delito lo que debe hacerse es repararlo, “lo cual no se consigue añadiendo un crimen a otro crimen, arrojando un cadáver sobre otro cadáver”. El diputado Mata dijo: “Para mantener la pena de muerte... debemos matar al hombre que no tenemos donde encerrarlo, porque nos molesta escuchar sus gemidos, porque somos impotentes para moralizarlo, y para no tropezar con ciertas manchas de sangre queremos borrarlas con más y más sangre”. Muchas otras voces se escucharon y, finalmente, en la sesión del 20 de enero de 1857, se votó. b . Texto

La Constitución de 1857, después de un acalorado debate en el seno del Constituyente, prescribió, en el artículo 23: Para la abolición de la pena de muerte, queda a cargo del Poder administrativo el establecer, a la mayor brevedad, el régimen penitenciario. Entretanto, queda abolida para los delitos políticos, y no podrá extenderse a otros casos más que al traidor a la patria en guerra extranjera, al salteador de caminos, al incendiario, al parricida, al homicida con alevosía, pre-

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meditación o ventaja, a los delitos graves del orden militar y a los de piratería que definiere la ley.

Este texto constitucional ya incorporó, como garantía, la prohibición de la pena de muerte, excepto para los casos limitativamente señalados en el propio texto. Dicha prohibición subraya, de manera expresa, los delitos políticos. Por otra parte, insertó la idea mayoritaria de condicionar la abolición total de la pena de muerte al establecimiento de un régimen penitenciario adecuado y seguro que garantizara la rehabilitación del reo.

D. Constitución de 1917

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El artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos contiene, en el párrafo cuarto, un texto mediante el cual establece, por un lado, la prohibición tajante de aplicar la pena de muerte por delitos políticos y, por otro, faculta (no le impone un deber) al legislador, tanto federal como del fuero común, a sancionar con la pena de muerte “al traidor a la patria en guerra extranjera, al parricida, al homicida con alevosía, premeditación y ventaja, al incendiario, al plagiario, al salteador de caminos, al pirata y a los reos de delitos graves del orden militar”. En este facultamiento va implícita la prohibición de la pena de muerte respecto de todos los demás delitos.

3 No se aportan mayores explicaciones porque el tema lo trata con amplitud Enrique Díaz-Aranda en la segunda parte de este libro.

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2. Códigos penales A. Código Penal del Estado de Veracruz, de 1835 El Código Penal del Estado de Veracruz, de 1835 —primer ordenamiento penal habido en México, después de la Independencia—, contempló la pena de muerte en los artículos 2o. al 15, en la sección II. 4 En una forma muy precisa prescribió las reglas a las que debía sujetarse la ejecución; entre otras, dispuso: a) el condenado será pasado por las armas o le “será dado garrote”; b) a la mujer embarazada no se le aplicará la pena de muerte sino hasta pasados cuarenta días después del parto; c) al condenado se le notificará su ejecución setenta y dos horas antes; d) desde la notificación de la sentencia hasta su ejecución, al condenado se le tratará con la mayor conmiseración y blandura y se le proporcionarán todos los auxilios y consuelos espirituales y corporales que apetezca; además, se le permitirá ver y hablar con su mujer, hijos, parientes y amigos, todo el tiempo que quiera; e) desde la notificación de la sentencia se anunciará al público el día, la hora, el lugar de la ejecución y el delito cometido por el reo; f) la ejecución será siempre pública y se llevará a cabo entre once y doce de la mañana y nunca en domingo o día feriado, ni en día de regocijo de todo el pueblo; g) no se le permitirá al reo “hacer arenga ni discurso a la concurrencia”; h) al condenado por parricidio, se le conducirá al patíbulo descalzo, atado de manos y con la cara cubierta 4 Cfr. Leyes penales mexicanas , México, Instituto Nacional de Ciencias Penales, 1979, pp. 26 y 27.

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con un crespón negro. No se le podrá enterrar en el lugar donde se sepultan los demás ciudadanos. Los delitos que tenían asignada pena de muerte eran: a) En la segunda parte del Código (“De los delitos contra la sociedad”), los “Delitos contra la libertad, independencia y soberanía del Estado” (artículos 188 y 189) 5 y los “Delitos contra los funcionarios de los supremos poderes del Estado” (artículos 211 y 214). 6 Artículo 214. “No obstante lo prevenido como regla general en la 1a. parte título 2o. sección 1a. sobre tentativas, el que hiciere alguna para matar o herir al gobernador del Estado, sufrirá la pena de muerte: si llegase a quitarle la vida, será castigado como parricida...”, referidos, específicamente, a la conducta de atentar contra un diputado y a la tentativa de herir o matar al gobernador del Estado. b) En la tercera parte (“De los delitos contra los particulares”), los de seducir u obligar al suicida a darse muerte (artículo 542); 7 el homicidio con pre5 Artículo 188. “Toda persona o autoridad de cualquiera clase, que destruya o derogue totalmente la Constitución del Estado, suspenda su observancia, o sin tener las facultades necesarias la altere, reforme o varíe, será condenado a muerte”. Artículo 189. “Cualquiera que impidiere al congreso del Estado la celebración de sesiones ordinarias o extraordinarias en las épocas y casos señalados por la Constitución, disolviere el mismo congreso, embarazare sus sesiones o violentare sus deliberaciones, sufrirá la pena prescrita en el artículo precedente”. 6 Artículo 211. “El que en el acto de las sesiones atentare de hecho contra la persona de un diputado que esté en ellas, sufrirá la pena de muerte. La misma pena sufrirá el que lo hiciere fuera de las sesiones por la razón de ser diputado”. 7 Artículo 542. “El que ayudare a otra persona en el acto de suicidarse, o el que antes lo proveyere de medios al efecto conociendo lo que intenta, o dejare de dar aviso correspondiente

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meditación (artículo 543), 8 y en relación con este delito se anota cuándo existe premeditación (artículo 544) 9 y se establece, para todo homicidio, la presunción de premeditación (artículo 545), 10 lo cual, además de arbitrario, era sumamente grave, porque sin prueba alguna de la existencia de esta calificativa, con una simple presunción, se aplicaba pena de muerte. Obviamente, la carga de la prueba se le imponía al inculpado. Además de estas dos figuras delictivas, se consignaban: el homicidio cometido con motivo de un robo (artículo 547), 11 el parricidio (artículo 548), 12 la privación de la vida de sus ascena quien deba o pueda impedirlo, se tendrá como cómplice de homicidio, sujeto a las penas que respectivamente quedan establecidas en la primera parte de este Código. Nunca sin embargo se le impondrá la capital, a no ser que haya sido él quien sedujo u obligó al suicida a darse la muerte”. 8 Artículo 543. “El que mate a otra persona con premeditación sufrirá la pena de muerte”. 9 Artículo 544. “Existe la premeditación: 1o. Aunque se ejecute el homicidio de diverso modo o con diversas circunstancias de como se había meditado. 2o. Aunque se haya formado el designio con relación a diversa persona de la que resultó muerta. 3o. Cuando aunque haya habido antes designio de cometer otro delito o causar al paciente otro mal que el de la muerte, se usa espontáneamente de medios que por su naturaleza son propios para producirla”. 10 Artículo 545. “En todo homicidio supone la ley que hay premeditación, mientras no aparezca de la causa lo contrario”. 11 Artículo 547. “Todo ladrón que por robar u ocultar el robo le infiera a otro la muerte, se tiene por homicida con premeditación”. 12 Artículo 548. “Son parricidas... los que matan con premeditación a sus ascendientes o descendientes por consanguinidad o afinidad, o a sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, a su mujer o marido, a su tutor, curador o menor a su amo, al hijo adoptivo o huérfano, al padre adoptivo o putativo, o aquel a quien el matador haya debido el salvar la vida en otra ocasión”.

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dientes por consanguinidad: en riña no comenzada por ataque o agresión violenta por parte del homicida o por un exceso de ira capaz de perturbar la razón (artículo 549 relacionado con el 546), la privación de la vida sin premeditación, del marido o de la mujer (artículo 550), 13 el homicidio, habiendo provocado (el activo) gravemente entrar en riña (artículo 551), 14 el homicidio a consecuencia de un desafío para “reñir con armas” (artículo 553), 15 el homicidio cometido por agentes de la autoridad pretextando el deseo de evitar el delito o el de sujetar al delincuente (artículo 562), 16 el de incendiar intencionalmente una habitación en la que hubiere gente o en habitación contigua a ésta, aunque no sobrevenga la muerte de nadie (artículo 573), 17 el homicidio como consecuencia de estuprar a una niña im13 Artículo 550. “La misma regla se observará con la mujer que mata a su marido o el marido que mata a su mujer sin premeditación, a no ser en acto de propia defensa, o en un momento de ira ocasionado por los celos y capaz de perturbar la razón”. 14 Artículo 55 1. “El que sin ser movido por ofensa hecha a él en el acto, provoque a otra persona gravemente a entrar en riña, si en ella lo matare, llevará la pena de homicida con premeditación”. 15 Artículo 553. “Siempre que dos o más personas se desafiaren para reñir con armas, si de la riña resultare la muerte de alguno de ellos, sufrirá el supérstite la pena capital”. 16 Artículo 562. “Los agentes de la autoridad pública que por aprehender o perseguir un delincuente o por evitar la comisión de un delito grave que haya comenzado a perpetrarse, quitaren la vida al autor de éste, si resultare no haber sido más que un pretexto el deseo de evitar el delito o el de sujetar el delincuente, o haber habido malicia de parte del homicida, será éste castigado con la pena capital”. 17 Artículo 573. “El que de propósito y con ánimo dañador incendiare cualquiera habitación en que hubiere gente, o que estuviere contigua a otra en que la haya, sufrirá la pena capital, aunque del incendio no resulte la muerte de nadie”.

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púber mayor de siete años (artículo 619), 18 el robo con violencia en despoblado si se ocasionare lesión mortal, o pérdida de un miembro u órgano esencial, “o infiriéndose violencia a persona del otro sexo, aunque sólo consista en apartarlas del camino público o separarlas de la vista de las personas de su compañía” (artículo 693), el robo de vaso sagrado o cualquier efecto formalmente consagrado cometido con escandalosos desacatos o profanaciones (artículo 705), y causar la muerte sin intención queriendo causar daño en la propiedad socavando o empleando otro medio para arruinar, desplomar, anegar o destruir de cualquier forma un edificio o lugar habitado (artículo 737). Como podrá advertirse, la mayoría de los delitos que merecían la pena capital eran homicidios cometidos en circunstancias específicamente señaladas que se consideraban graves.

B. Código Penal Federal de 1871 a. Exposición de motivos 19 Según anota Martínez de Castro, en la exposición de motivos, cuando en los debates se trató el tema de la pena de prisión, se hizo hincapié en la situación inadecuada en que se encontraban las prisiones, por lo cual se determinó que cuando éstas se con18 Artículo 619. “El que estuprare con consentimiento suyo a una niña impúber mayor de siete años... si le causare alguna enfermedad, o la muerte, se le tendrá respectivamente como heridor u homicida con premeditación para la imposición de la pena...”. 19 Por su importancia, se incorpora en el primer anexo.

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virtieren en verdaderas penitenciarías seguras de donde los presos no pudieren fugarse, entonces podría abolirse sin peligro la pena capital. Hacerlo antes sería comprometer la seguridad pública. Los miembros de la Comisión redactora se mostraron contundentemente decididos por la inmediata abolición de la pena de muerte. El propio Martínez de Castro, con la misma idea de los miembros de la Comisión, asentó en la exposición de motivos: “veo con horror el derramamiento de sangre humana, y anhelo como ellos vivamente que desaparezcan de entre nosotros esos suplicios sangrientos; pero a mi juicio, no ha llegado ese suspirado día, y todo lo que podemos hacer es trabajar empeñosamente, hasta hacer innecesaria la pena capital”. La Comisión tachó a la pena de muerte de ilegítima, injusta, no ejemplar, indivisible e irrevocable y, además, innecesaria; sin embargo, manifestó que no había que hacerse ilusiones en cuanto a su total y definitiva abolición, porque ello comprometería altamente la seguridad pública y privada, en tanto no se tuviere establecido, para sustituirla, el sistema penitenciario, que es el único con que pueden alcanzarse los dos grandes fines de las penas: el ejemplo y la corrección moral. “Mientras no pueda abolirse sin peligro la pena capital, lo único que puede hacerse es ir reduciendo gradualmente a menor número los casos en que se aplique, como aconsejan los criminalistas modernos”. 20

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Leyes penales mexicanas, cit ., nota 4, t. I, p. 345.

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b . Textos

En este Código Penal se prescribía que “la pena de muerte se reduce a la simple privación de la vida, y no podrá agravarse con circunstancia alguna que aumente los padecimientos del reo, antes o en el acto de verificarse la ejecución” (artículo 143). Se postulaba, además, como un acto de humanidad, que esta pena no se aplicara ni a las mujeres ni a los varones que hubiesen cumplido setenta años (artículo 144). En otros textos se preveía que la pena de muerte podría ser sustituida por prisión extraordinaria que se aplicaría en la misma prisión ordinaria y duraría veinte años (artículos 145 y 239-I). Por lo que respecta a su ejecución (artículos 248 a 251), se estipulaba lo siguiente: a) no se ejecutará en público, sino en la cárcel o en otro lugar cerrado que el juez designe, sin más testigos que los necesarios, de acuerdo con la ley; b) no podrá ejecutarse en domingo ni en día festivo; c) se le concederá siempre al penado un plazo que no pase de tres días ni sea menor de veinticuatro horas para que se le ministren los auxilios espirituales que pida o haga su disposición testamentaria; d) se le participará al público la ejecución, por medio de carteles; e) su cuerpo será sepultado sin pompa alguna. Se establecían, también, las reglas de la sustitución (artículo 238-I, II y III) y de la conmutación de la pena capital (artículos 241-I y 242-I). Los delitos que merecían la pena de muerte eran los siguientes: causar la muerte o lesiones que dejen imposibilidad perpetua para trabajar, enajenación mental o pérdida de la vista o del habla, como consecuencia de detener vagones (quitando o destruyendo rieles, durmientes, etcétera), en camino

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público y robar a los pasajeros o la carga que se conduzca (artículo 395); algunos homicidios considerados como premeditados por causarse al incendiar un lugar destinado para habitación u ocupado por personas (artículo 462, fracciones I a V); homicidio con premeditación y fuera de riña (artículo 56 1 -I); homicidio con ventaja (artículo 56 1 -II); homicidio con alevosía (artículo 561-III); homicidio con traición (artículo 561-IV); homicidio que se “cometa” por dejar intencionalmente abandonado a un niño menor de siete años o a una persona enferma para que perezca por falta de socorro (el artículo 563 lo considera como premeditado); parricidio intencional (artículo 568); matar o herir al adversario en un duelo estando éste caído, desarmado o no pueda defenderse (se considera homicidio con premeditación, con ventaja y fuera de riña en el artículo 601); matar o herir en duelo al adversario sin haber combate o sin correr peligro alguno (artículo 601, 2o. párrafo); otros casos de lesión o muerte en duelo con ventaja, alevosía o deslealtad de alguno de los padrinos o habiendo contribuido éstos a la muerte o “herida” (se considera a los padrinos como autores según el artículo 604-III); el plagio con específicos requisitos (artículo 628-IV). Además, varios delitos contra la seguridad exterior de la nación, tales como tomar las armas contra México en tiempo de guerra, sirviendo como generales en tropas regulares, o como jefes de bandas o tropas irregulares (artículo 1080-I); servir de espía o de guía del enemigo (artículo 108 1 -I); proporcionar al enemigo los medios para invadir a México, o facilitar la entrada a alguna fortaleza, plaza o ciudad fortificados o a otro puesto militar, o hacer entregar un almacén de municiones o de víveres o alguna em-

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barcación perteneciente a México (artículo 1081-II); proporcionar voluntariamente al enemigo hombres para el servicio militar, dinero, armas o municiones, o impedir que las tropas mexicanas reciban estos auxilios (artículo 1081-III); formar o fomentar una conspiración, rebelión o sedición en el interior, en tiempo de guerra o rotas las hostilidades, para favorecer al invasor, o diere ese resultado (artículo 1081-IV). Asimismo, algunos delitos contra la seguridad interior: el de rebelión, cuando los rebeldes dieren muerte a los prisioneros después del combate (el artículo 1108 los considera como homicidios con premeditación y ventaja). También se consignan algunos delitos contra el derecho de gentes: el de piratería cometido por capitanes o patronos, o cuando su delito se acompañe de homicidio o lesiones graves (enumeradas en la fracción V del artículo 527); o de violación o de violencias graves a las personas, o cuando hayan dejado abandonado a una o más personas sin medios para salvarse (artículo 1128). C. Código Penal de 1929 El Código Penal de 1929, como consecuencia de su ideología positivista, canceló la pena de muerte. En la exposición de motivos 21 se decía: ...la pena en vez de ser expiación de un pecado cometido [de ser retribución y venganza] debe ofrecer una protección, una defensa, de la sociedad contra los individuos peligrosos. Esta pena debe perder todo significado expiatorio, retributivo y doloroso y signi21 Elaborada por José Almaraz y publicada en 1931, años después de que apareció el Código Penal de 1929.

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ficar para el infractor una educación para la vida social.

También se destaca, en un párrafo muy ilustrativo, lo que era la pena de muerte: A la muerte sigue la afrenta, y las maldiciones se proliferan en el sepulcro del ajusticiado cuyos miembros se quiebran en los riscos del despeñadero, se descoyuntan en el potro o se calcinan en la hoguera. Tales barbaries reclamaban con ansia que una voz se alzase poderosa y compasiva contra aquel tejido de infamias y errores, de fanatismos y de ignorancias y proclamase de una vez los derechos del individuo frente al absolutismo del Estado. Esa voz fue la de Beccaria.

D. Código Penal de 1931 y anteproyectos de Código Penal El Código Penal de 1931 nunca dio cabida a la pena de muerte. Tampoco se ha incluido esta pena en ninguno de los anteproyectos de Código Penal (elaborados en 1949, 1958, 1963, 1983, 1990 y 1999). E. Códigos penales de los estados de la República En la actualidad ninguno de los ordenamientos penales de las diversas entidades federativas contempla la pena de muerte. El primer estado en abolirla fue el de Michoacán, en su Código Penal de 1924. Posteriormente, al abolirse en el Código Penal federal de 1929, automáticamente quedó cancelada

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en el Distrito Federal, en Baja California Norte, en Baja California Sur y en Quintana Roo. Después, paulatinamente, se fue suprimiendo en los códigos penales de las diferentes entidades federativas, de la manera siguiente: Querétaro en 1931, Jalisco en 1933, Zacatecas en 1936, Chihuahua en 1937, Chiapas y Yucatán en 1938, Sinaloa en 1939, Coahuila en 1941, Campeche y Puebla en 1943, Durango en 1944, Veracruz en 1945, Aguascalientes en 1946, Guerrero en 1953, Colima, Guanajuato y Nayarit en 1955, Tamaulipas en 1956, Tlaxcala en 1957, Estado de México y Tabasco en 1961. Los últimos estados en suprimir la pena de muerte fueron Hidalgo, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, San Luis Potosí y Sonora, 22 en ese orden Sonora la suprimió en 1975. F. Código de Justicia Militar En este momento el único ordenamiento que dispone la pena de muerte es el Código de Justicia Militar, para delitos como traición a la patria, insubordinación con resultado de muerte de un superior, rebelión, deserción, falsa alarma, asonada y espionaje, entre otros. 23 22 Estos datos se obtuvieron del artículo elaborado por Alfonso Quiroz Cuarón, “La pena de muerte en México”, Criminalia. Árgano de la Academia Mexicana de Ciencias Penales , México, año XXVIII, núm. 6, junio de 1962, pp. 371 y 372. 23 Zamora Jiménez, Arturo, “Algunas consideraciones sobre la pena de muerte”, Criminalia. Órgano de la Academia Mexicana de Ciencias Penales , México, año LXI, núm. 2, mayo-agosto de 1995, p. 87. Francisco Paoli Bolio refiere que en el área de justicia militar merecen la pena de muerte los delitos de traición a la patria, espionaje y otros que ocurren en situación de guerra y dan ventajas a los enemigos o debilitan a las fuerzas a las que

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El artículo 142 del ordenamiento castrense prescribe que “la pena de muerte no deberá ser agravada con circunstancia alguna que aumente los padecimientos del reo, antes o en el acto de realizarse la ejecución”. Se prevé, en algunos casos muy cerrados, la posibilidad de conmutar esta irreversible pena por la de prisión extraordinaria (artículo 177); asimismo, contempla la sustitución para los casos en que “el acusado” sea mujer o menor de dieciocho años, o haya cumplido sesenta al momento de pronunciarse sentencia o “hayan transcurrido cinco años desde que se cometió el delito hasta el momento de ser aprehendido el culpable” (artículo 174). Los delitos sancionados con pena de muerte se tipifican en los artículos 203, 206, 208 y 210, y, en términos generales, se trata de figuras diversas de traición a la patria, de espionaje y contra el derecho de gentes II. E L DEBATE SOBRE LA PENA DE MUERTE A) La polémica sobre la pena de muerte debió haber concluido a mediados del siglo XVIII, cuando pensadores tan brillantes como Pedro Verri, Voltaire y Beccaria, entre otros, demostraron, de manera contundente, la inutilidad de la pena capital como respuesta a la comisión de graves delitos. La naciente tendencia humanitaria, y especialmente la aparición (en 1764) 24 del libro de Beccaria:

los soldados pertenecen (“Debates sobre el párrafo tercero del artículo 22 constitucional”, Revista de Derechos Humanos, Hermosillo, Sonora, México, núm. 13, 1996, p. 178. 24 Traducido diez años después, en 1774, al idioma español.

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De los delitos y de las penas (Dei delitti e delle pene) , marca una línea divisoria entre el oscurantismo despótico de la época medieval —en la que tenían su asiento las injusticias, los tormentos, las penas crueles e inhumanas y la pena de muerte— y la nueva política criminal humanitaria. Esta corriente pretendía, precisamente, acabar con la represión irracional preconizada por las teorías punitivas absolutas, cuya idea central era devolver mal por mal, para abrir la puerta a las teorías prevencionistas de la pena, que proclamaban disuadir a los posibles delincuentes. Como bien se afirma, ...frente a la autoridad ilimitada y decidida del poder estatal y del poder religioso, las expectativas de reconocimiento de los derechos del individuo comienzan a abrirse camino lentamente en continuidad con el movimiento creciente de afirmación de la dignidad de la persona y de rechazo de los privilegios. 25

Vale aquí recordar que ...la historia de las penas —como manifiesta Ferrajoli— es sin duda más horrenda e infamante para la humanidad que la propia historia de los delitos... porque mientras el delito puede ser una violencia ocasional y a veces impulsiva y obligada, la violencia infligida con la pena es siempre programada, consciente, organizada por muchos contra uno. 26

25 Asúa, Adela, “Reivindicación o superación del programa de Beccaria”, Estudios de Deusto , Bilbao, vol. 38/2, julio-diciembre de 1990, p. 546 (4). 26 Derecho y razón. Teoría del garantismo penal, Madrid, Trotta, 1998, pp. 385 y 386.

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Las acciones más brutales e inhumanas fueron instauradas como penas por las leyes y costumbres del pasado, especialmente la ejecución de la pena capital que, a través de la historia, ha tomado las formas más atroces: la lapidación, la hoguera, el desmembramiento, el enterramiento en vida, etcétera. En relación con el sistema de penas, Beccaria estableció, entre otros principios: a) que el fin de la pena “no es el de atormentar y afligir a un ser sensible ni el de deshacer un delito ya cometido”, sino atender a la prevención general y a la utilidad de todos, y b) que la pena debe ser necesaria, aplicada con prontitud, cierta, suave y proporcional al delito cometido. 27 Las penas deben tener como fin preciso ...impedir que el reo cause nuevos daños a sus ciudadanos, y retraer a los demás de la comisión de otros iguales. Luego deberán ser escogidas aquellas penas y aquel método de imponerlas, que guardada la proporción hagan una impresión más eficaz y más durable sobre los ánimos de los hombres y menos dolorosas sobre el cuerpo del reo. 28

Palabras sabias que con otro lenguaje han repetido por siglos los especialistas más connotados. En cuanto a la pena de muerte, Beccaria se manifestó frontalmente en su contra y la calificó de inútil e innecesaria para la seguridad de la sociedad. Subrayó que se trata de una “muerte legal... con estudio y pausada formalidad”, y destacó que “parece absurdo que las leyes, esto es, la expresión de la voluntad pública, que detestan y castigan el 27 Sáinz Cantero, José A., La ciencia del derecho penal y su evolución, Barcelona, Bosch, 1975, p. 54. 28 Op. cit., nota 24, p. 45.

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homicidio, lo cometan ellas mismas; y que para separar a los ciudadanos del intento de asesinar, ordenen un público asesinato”. 29 Con posterioridad, un considerable número de juristas y criminólogos, que han estudiado el tema con profundidad, han aportado sus opiniones razonadas de rechazo y descalificación a esta pena absurda y abusiva, propia de los sistemas autoritarios y represivos. Valgan algunos ejemplos significativos: Mariano Ruiz Funes apuntó que la pena de muerte es un residuo arbitrario y estéril de la venganza que se sintetiza en la defensa política del terror. Antonio Beristain considera que la pena de muerte es injusta, maniquea, no democrática, perjudicial, criminógena, superflua e irreparable. Es respuesta arbitraria y caprichosa; “Quien admite esta sanción pone una gota de veneno en el vaso que contiene las normas de convivencia”. 30 Barbero Santos se declara abolicionista de la pena de muerte. Apunta que “el oficio del jurista es... subrayar la actual valoración del hombre y el reconocimiento de la sacralidad de la vida, que lleva de manera ineludible a la supresión del máximo suplicio”. 31 Elías Neuman, por su parte, plantea una pregunta muy significativa: “¿Cuál es el contenido racional de una pena que consiste en matar?”. 32 29 Tratado de los delitos y de las penas, precedido de unas noticias sobre Beccaria, 1a. ed. facsimilar, México, Porrúa, 1982, p. 126. 30 Derecho penal y criminología , Bogotá, Temis, 1986, pp. 206 y 210. 31 Pena de muerte (El ocaso de un mito), Buenos Aires, Depalma, 1985, p. 16. 32 “Presentación”, en Pena de muerte (El ocaso de un mito), cit., nota anterior, p. XX.

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Jescheck —desde su perspectiva de iuspenalista—, después de subrayar el empleo abusivo de la pena de muerte en el Tercer Reich, sostiene que “en un derecho penal basado en principios racionales y humanitarios hay que rechazar sin paliativos la pena de muerte, porque no existe ninguna razón en favor de su restablecimiento y sí muchas absolutamente convincentes en su contra”. 33 No obstante las opiniones razonadas de los especialistas, que se manifiestan en contra de la pena de muerte, ha habido y hay en la actualidad partidarios de esta pena. Existe, además, un tercer grupo que la reprueba, en términos generales, pero que la acepta ante situaciones extremas de especial gravedad, como por ejemplo en relación con delitos que afectan la seguridad del Estado (la nación) cometidos en época de guerra, el terrorismo, el parricidio y delitos del orden militar. El controvertido tema —debe subrayarse— no es estrictamente jurídico; es mucho más amplio, abarca otras muchas ramas del conocimiento: está estrechamente vinculado con la filosofía, la ética, la criminología y, si queremos ver el problema en toda su amplitud, hasta con la sociología. B) Puntos de vista del pensamiento (retencionista) en favor de la pena de muerte. a) El argumento más fuerte aducido por quienes defienden la instauración de la pena de muerte es el relativo a que esta pena tiene, por su ejemplaridad, un alto valor disuasivo e inhibitorio; por tanto, tiene una gran fuerza preventiva, es decir, con esta pena se evita la comisión de nuevos delitos. 33 Tratado de derecho penal. Parte general , Barcelona, Bosch, 1981, vol. II, pp. 1054 y 1055.

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En contra de esta idea, desde el siglo XVIII, Beccaria señalaba: “No es lo intenso de la pena quien hace el mayor efecto sobre el ánimo de los hombres, sino su extensión, porque a nuestra sensibilidad mueven con más facilidad y permanencia las continuas, aunque pequeñas impresiones, que una u otra pasajera, y poco durable, aunque fuerte”, y agregaba más adelante: “No es la crueldad de las penas uno de los más grandes frenos de los delitos sino la infalibilidad de ellas”. 34 Estas razones tan antiguas, adversas a las penas crueles y, específicamente, de la pena de muerte, en la actualidad están plenamente corroboradas con datos estadísticos en cuanto que definitivamente su presencia en la ley no inhibe al delincuente. Raúl Zaffaroni, a este respecto, afirma que ...el remanido argumento de la eficacia disuasiva de la llamada “pena de muerte” está demostrado, por todos los estudios criminológicos realizados, que es absolutamente falso. Se trata de un argumento político, empleado por quienes carecen del más mínimo conocimiento del problema criminal. No hay país del mundo donde la conminación de la muerte haya tenido eficacia alguna sobre el desarrollo de su criminalidad, salvo que se haya prodigado de tal forma que repugne a la más elemental consideración de la dignidad humana. 35

En los países que han abolido esta pena no ha sobrevenido, como consecuencia, aumento en la criminalidad. 34 35

Op. cit., nota 29, p. 120. Manual de derecho penal . Parte general , Buenos Aires,

Ediar, 1985, p. 660.

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En Estados Unidos, uno de los países más aferrados a la pena de muerte, el criminólogo Thorsten Sellin, profesor de la Universidad de Pennsylvania, hizo una investigación en varios estados de la Unión Americana, unos con pena de muerte y otros sin ella, para saber dónde se cometían más homicidios en un mismo lapso, y constató que entre unos y otros no hubo diferencia (estadística) significativa. 36 Tampoco hay cambios considerables en los estados que la han abolido y posteriormente la han reimplantado. Se tiene constancia de que Edmun Brown, que fue gobernador del estado de California, manifestó que “la pena de muerte ha constituido un grave fracaso, porque a pesar de su horror y su incivilidad, ni ha protegido al inocente ni ha detenido la mano de los criminales. Sólo ha servido para ejecutar a los débiles, a los pobres, a los ignorantes y a miembros de minorías raciales”. 37 Por otra parte, afirman múltiples criminólogos que el delincuente, al realizar su conducta delictiva, no piensa en las consecuencias legales del crimen, porque en su mente impera la idea de que no será descubierto, o de que no será capturado. Además, el delincuente, en la mayoría de los casos, no se siente culpable al cometer el delito, siempre encuentra justificantes, se absuelve a sí mismo. Más aún, algunos delincuentes, como los que cometen homi36 Snederer, Michael, “La historia de la pena de muerte en los Estados Unidos”, Revista de Derechos Humanos , cit., nota 23, p. 192. Asimismo, Sueiro, Daniel, Pena de muerte y los derechos humanos, Madrid, Alianza, 1987, p. 39. 37 Citado por Cárcamo Tercero, Hernán, “La pena de muerte”, Revista de Derecho , Tegucigalpa, Honduras, año XXIV, núms. 24-25, 1994, p. 111.

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cidios por móviles políticos, desean que se les apli31 que la pena capital como “glorificación”. Se dice, también, que la muerte de un delincuente, como consecuencia de la pena capital, genera piedad en muchos sectores de la sociedad. “El condenado a la pena de muerte, inicialmente es visto como el verdugo, y cuando se le va a ejecutar la sociedad lo mira como la víctima del Estado” . 39 En este sentido es contraproducente para la prevención general. Ante estos argumentos, es razonable afirmar que la pena de muerte no es una medida eficaz ni necesaria para prevenir la delincuencia. b) Otro razonamiento, muy defendido, en favor de la pena de muerte es el referente a que su regulación es necesaria para la defensa de la sociedad. En otras palabras, la sociedad tiene derecho a defenderse de aquellas personas que lesionan la seguridad y la vida de las personas, aun cuando se trate de suprimir la vida del delincuente. Este pensamiento es simplemente un deseo de venganza encubierto con un tinte de legalidad. La sociedad tiene derecho a que se le haga justicia, a que se le protejan sus intereses (bienes jurídicos), y las autoridades tienen el deber de garantizarle (a la sociedad) ese derecho, pero en esa actividad se ha de actuar de manera racional y legítima; es decir, el legislador ha de imponer las penas menos graves, siempre y cuando respondan a una auténtica necesidad social. Jescheck, a este respecto, señala que “la pena de muerte, desde el punto de vista político-criminal, no es necesaria, pues no tiene una mayor eficacia in38 39

Barbero Santos, op. cit. , nota 3 1, p. 24. Zamora Jiménez, Arturo, op. cit., nota 23, p. 91.

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timidatoria que la prisión perpetua” . 40 Por otra parte, con la pena de prisión prolongada la sociedad queda protegida. c) También suele argumentarse que la pena de muerte es más humanitaria que la cadena perpetua y cuesta menos a la sociedad que la cadena perpetua. A este respecto, como lo plantea, lo razona y lo prueba Enrique Díaz-Aranda, en la parte correspondiente de este trabajo, la pena de muerte tiene un costo muy alto. d) Asimismo, se dice que la pena de muerte es una retribución justa, pues se paga mal por mal, y sus sostenedores se preguntan: ¿por qué respetar la vida de los delincuentes si ellos no respetaron la vida de su víctima? Esta idea conduce a reinstalar la venganza privada, la ley del talión: ojo por ojo y diente por diente. Por otra parte, hace necesario meditar, al menos, sobre dos cuestiones de diferente naturaleza: qué se entiende por “justa” y el valor que debe tener la vida en una sociedad civilizada. Al razonar sobre la pena de muerte y el mal que causan los delincuentes a sus víctimas, los partidarios de esta pena aducen que al condenado a pena de muerte se le sentenció después de la realización de un proceso imparcial, durante el cual contó con todas las oportunidades para defenderse, disfrutó de todas las garantías que la Constitución le otorga y tuvo la posibilidad de agotar todos los recursos legales para demostrar su inocencia. A la víctima, en cambio, el delincuente, con su conducta agresiva, injusta y violenta, no le dio oportunidad para defenderse. En relación con estas ideas podría afirmarse 40

Op. cit. , nota 33, p. 1055.

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que ese juicio ejemplar del que se habla no existe en la realidad. Existen seres humanos que juzgan y suelen equivocarse; juicios irracionales diseñados al margen de las garantías constitucionales, juicios en los que hay privilegios, parcialidad, discriminaciones y, lo que es más grave, hay corrupción de manera muy generalizada. Además, en ocasiones entran en juego oscuros intereses políticos. e) Se afirma, también, que la pena de muerte es útil. En relación con la utilidad de la pena de muerte, Voltaire, en su comentario al libro de Beccaria, decía: “un hombre ahorcado no es útil a nadie... su muerte es únicamente útil para el verdugo, que se paga para que mate a los hombres en público”, y agregaba: “Es evidente que veinte ladrones vigorosos, condenados a trabajar en las obras públicas todo el curso de sus vidas, son útiles al Estado”. 41 En la actualidad Barbero Santos manifiesta que “la fundamentación utilitaria de la pena de muerte conduce a la equiparación del hombre con un animal dañino”. 42 Este razonamiento de la utilidad de la pena está estrechamente vinculado con la prevención general y la prevención especial. f) En esta misma línea de ideas, también se dice que la pena de muerte es justa. Esta manera de ver “lo justo” es absurda. La justicia no se basa en la ley del talión. Con esta idea de justicia sólo sería “justo aplicar la pena de muerte para el homicida, pero no se podría imponer en ningún otro caso, porque sería injusto y se podría 41 Comentarios sobre el libro De los delitos y de las penas, op. cit. , nota 24, p. 278. 42 Op. cit. , nota 3 1, p. 20.

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llegar al absurdo de pensar que al violador habría que violarlo y al secuestrador, secuestrarlo. También es importante apuntar lo siguiente: si, como se pretende por los mortícolas (como les llama Elías Neuman), castigar con la muerte a los secuestradores significaría equiparar bienes jurídicos de diferente valor: la vida y la libertad deambulatoria unida a la seguridad personal y a la seguridad del patrimonio, y tratándose del violador se equipararía la vida y la libertad sexual. Como puede advertirse, estos argumentos son irracionales. Díaz-Aranda, en su estudio, cita datos proporcionados por Amnistía Internacional en los que se asienta que en Estados Unidos la pena capital se aplica más a los negros que a los blancos. “Los negros representan el 12 por ciento de la población total del país, pero el 42 por ciento de los condenados a muerte son de raza negra”. Esto es indicativo de que la discriminación racial tiene mucho que ver en estas condenas. También se tiene probado, con datos estadísticos, que el factor económico influye en las determinaciones judiciales. Por otra parte, al debatir sobre la pena de muerte, se debe tener presente que, en muchos casos, los delincuentes, antes de serlo, fueron víctimas de su situación familiar o social. Se trata de seres humanos huérfanos de cariño, abandonados por sus familiares, marginados por la sociedad, inmersos en la incultura y en la carencia de valores morales y hasta herederos de taras por alcoholismo del padre. Los hombres pudientes social, política o económicamente, generalmente no llegan a prisión y a veces ni a las penurias de un proceso. Las desigualdades sociales son factor importante en la delincuencia y en la aplicación de las penas.

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Además, el comportamiento humano es resultado de una gran cantidad de factores de diversa naturaleza: biológicos, psicológicos, sociológicos, y nadie está en capacidad de establecer la medida y la forma en que esos factores han podido influir en el comportamiento de la persona; por esta razón, es muy difícil hablar de expiación y retribución. 43 C) Razonamientos en contra (ideologías abolicionistas). Los razonamientos más esgrimidos para fundamentar la abolición de la pena de muerte son: a) Es éticamente reprochable. b) Atenta contra los postulados de los derechos humanos, ya que la vida es un derecho innato al ser humano y nadie tiene derecho a suprimirlo. c) Es contraria a los fines de la pena. No satisface la finalidad de prevención general y elimina, de manera radical, la posibilidad de la prevención especial. Los partidarios de la pena de muerte dicen que, al menos, ese condenado no volverá a delinquir. d) Cancela el postulado de “rehabilitación” del delincuente, objetivo primordial de las penas. e) Es irreversible e irreparable, ya que ante un error judicial es imposible subsanar el daño causado. Se ha condenado a la pena capital a personas a las que no se les ha acreditado plenamente la culpabilidad y, lo que es más grave, a personas plenamente inocentes. “Acuden a la memoria, como una imagen pavorosa, las figuras de Saco y Vanzetti,

43 Fernández Muñoz, Dolores (coord.), “Pena de muerte”, Memoria del coloquio internacional La Pena de Muerte, un Enfoque Pluridisciplinario, México, Instituto de Investigaciones JurídicasComisión Nacional de Derechos Humanos, 1993. pp. 113 y 114.

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Giordano Bruno y tantos más”. 44 En relación con este argumento, los defensores de la pena capital plantean que la muerte de la víctima de un homicidio tampoco es reparable y que, por otro lado, ante un error judicial ninguna pena es reparable. Esto es cierto, pero la gravedad de la muerte no es comparable con otras penas. Jescheck, a propósito del error judicial, indica que en estos casos la pena de muerte, además de ser una desgracia irreparable, ejerce un efecto deplorable en la psique de la comunidad hasta el punto de que puede esperarse de ella un efecto criminógeno más que preventivo. 45 f) Es inflexible. g) Actualiza la ley del talión: es sólo un acto de venganza. h) Es injusta, cruel e inhumana: el sentenciado muere todos los días. i) Coloca a la sociedad y al Estado en el mismo grado de irracionalidad y barbarie del delincuente que cometió un homicidio u otro delito grave. “Al aplicar la pena de muerte, el Estado da muerte a un ser humano de forma premeditada y a sangre fría”. 46 j) Si es válido matar (pena de muerte), con mucha más razón es válido vulnerar otros derechos (bienes jurídicos), como acontece, por ejemplo, con la tortura y algunas penas inhumanas prohibidas por la ley. k) Con la pena de muerte se suma, al crimen ya cometido, un crimen más, sólo que éste es realizado por el Estado. l) Constituye una sanción para los familiares. Barbero Santos, op. cit. , nota 3 1, p. XXII. Op. cit. , nota 33, p. 1055. 46 Pérez Gil, Irma, “Amnistía Internacional contra la pena de muerte”, Memoria del coloquio internacional La Pena de Muerte, un Enfoque Pluridisciplinario , cit., nota 43, p. 149. 44 45

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m) Mancha con sangre a la sociedad. n) En un Estado democrático de derecho su ordenamiento penal no puede contener en su catálogo de penas a la de muerte. No se puede combatir la violencia con la violencia. o) No ve al hombre como fin en sí mismo. Es importante destacar que los argumentos filosóficos, dogmático jurídicos y criminológicos, esgrimidos durante mas de dos siglos tanto por quienes sostienen la necesidad de la pena de muerte (retencionistas) como por los abolicionistas, son los mismos. 47 Se agregan al polémico discurso datos estadísticos que fortalecen los razonamientos, pero, en realidad, el discurso teórico permanece inalterado.

III. ¿T IENE DERECHO EL E STADO A IMPONER LA PENA DE MUERTE ? a) Un Estado de derecho se define, esencialmente, por las garantías que brinda a la protección de los derechos humanos. Su filosofía es el respeto irrestricto de tales derechos. En este sentido, el ser humano constituye el eje fundamental del Estado. En consecuencia, el Estado de derecho debe ser respetuoso, sin excepción alguna, de la vida y los valores supremos que van unidos a ésta. El Estado no está legitimado para matar, aunque estén de por medio 47 Para Fontán Balestra el debate sobre la pena de muerte se halla agotado ( Derecho penal, Introducción y Parte general, 5a. ed., Buenos Aires, p. 493). Por su parte, Barbero Santos apunta “Todo está dicho... sobre la pena capital. El tema podría darse por agotado” (op. cit. , nota 31, p. 15).

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conductas delictivas graves. El derecho a matar, de ninguna manera puede ser otorgado al Estado. Como ya lo ha manifestado De la Barreda Solorzano (ex ombudsman del Distrito Federal): si se aceptara como legítimo que el Estado prive de la vida a un ser humano, aunque éste sea un delincuente, se tendría que aceptar, por mayoría de razón, la licitud de la tortura, de la mutilación y de las penas infamantes, ya que esto es menos grave que matar, y en esta línea de ideas: si el Estado está facultado para aplicar cualquier pena inhumana, degradante o infamante tratándose de delitos graves, esto conduce a la barbarie, a la ley de la selva. 48 Entre los principios que en un Estado de derecho deben regir al derecho penal, porque limitan el ejercicio abusivo del poder de las autoridades, están los de legitimación y de racionalidad. Este último comprende, entre otros principios más específicos, el de la ultima ratio, de acuerdo con el cual el derecho penal es la última medida, después de agotar las medidas de prevención no penal. Si se aplica este principio a las penas, el legislador deberá imponer, en primer término, las penas menos graves, para ir ascendiendo, según las circunstancias, a las más graves, de acuerdo con la lesión del bien tutelado; pero estas penas más graves deberán estar legitimadas y esto sucederá sólo cuando respondan a una auténtica necesidad social y no exista otra pena menos grave que, a la vez que satisfaga esa necesidad (proteger los bienes jurídicos), cumpla con su función de prevención general y, en su aplicación, de pre48 Barreda, Luis de la, “Que la muerte ya no tenga permiso”, Memoria del coloquio internacional La Pena de Muerte, un Enfoque Pluridisciplinario , cit., nota 43.

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vención especial. “El Estado democrático y de derecho” se vale del poder penal sólo cuando es estrictamente necesario; sólo cuando otros mecanismos de control social, formales o informales, han fallado o demostrado su ineficacia. 49 El Estado debe buscar las fórmulas y los instrumentos más adecuados para disminuir la delincuencia y, obviamente, la vía de ninguna manera será la eliminación de los delincuentes. El sólo concebir la aplicación de esta terrible medida pone de manifiesto, además de la falta de capacidad de la autoridad para resolver los problemas, su ideología autoritaria y la falta de respeto al más elemental de los derechos humanos. “La pena de muerte es esencialmente una de las características de los Estados represivos, autoritarios y antidemocráticos”. 50 b) En un Estado de derecho no puede permitirse el abuso de poder; sin embargo, y a pesar de la obvia racionalidad de este principio, la normatividad secundaria rectora del juicio penal contiene un gran número de reglas que constituyen un abuso de poder. Por ello, en lugar de enfocar el pensamiento a una discusión sobre la pena de muerte, se debería pensar en una limpieza integral de la justicia penal y, sin titubeos, comenzar por el enjuiciamiento penal. 49 Vidaurri Aréchiga, Manuel, “Derecho penal, derechos humanos y procuración de justicia”, Derechos Humanos, Federación Mexicana de Organismos Públicos de Protección y Defensa de los Derechos Humanos , México, año 6, núm. 11, enero-junio de 2001, p. 35. 50 Concha Malo, Miguel, “Sobre la pena de muerte”, Memoria del coloquio internacional La Pena de Muerte, un Enfoque Pluridisciplinario, cit., nota 43, p. 123.

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El juicio penal no es respetuoso de los derechos de quienes quedan atrapados en él en calidad de acusados. Las garantías constitucionales, que deben ser la directriz del enjuiciamiento penal, son vulneradas tanto por la legislación secundaria como por la realidad procesal que diariamente se vive en los tribunales. La consecuencia es que la sociedad es sumamente escéptica frente a las resoluciones de los tribunales. El enjuiciamiento penal, pleno de vicios y plagado de irregularidades, se ha convertido —como lo dice Alberto M. Binder— en la integración de un expediente que no es otra cosa que “una acumulación de hojas difíciles de leer, todas escritas en el mismo lenguaje, con un encadenamiento absolutamente artificial que no tiene nada que ver con la realidad y que, en última instancia, nadie, en el fondo, lee concienzudamente”. 51 Los jueces, en un porcentaje elevadísimo de casos, no tienen contacto directo con las personas que intervienen en el juicio penal; no están presentes durante las declaraciones, y en la mayoría de los casos las decisiones emanan de los secretarios. Es impostergable la transformación de todo el sistema de justicia penal, que se debe cimentar en un enjuiciamiento propio de los regímenes políticos democráticos. El juicio penal mexicano —así lo ordena el artículo 40 constitucional— debe ser de tipo acusatorio.

51 “Problemas fundamentales de la justicia penal en Latinoamérica”, Revista de Derecho, cit., nota 37, p. 237.

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IV. ¿E S PERTINENTE LA POLÉMICA SOBRE LA PENA DE MUERTE ? A) La delincuencia crece de manera desmedida y las autoridades no logran poner freno a este gravísimo problema. Las medidas que se toman no son las adecuadas y algunas son claramente demagógicas. El panorama no es alentador. La justicia penal —es indiscutible— se ha venido deteriorando hasta caer en una grave crisis. Nadie tiene confianza en las personas ni en las instituciones que tienen a su cargo la procuración y la administración de justicia, y tampoco se confía en el funcionamiento de las prisiones. En todas partes hay abuso de poder, corrupción y deficiente preparación del personal. Padecemos un sistema de justicia penal (si es que merece el nombre de “sistema”) donde nadie está exento de culpas, la policía no asume su función de investigar, recabar las pruebas y capturar a los delincuentes. El Ministerio Público no acaba de entender sus funciones, especialmente la de aportar al juez las pruebas contundentes e idóneas que acrediten el delito. El defensor de oficio (el que proporciona el Estado) no cumple eficazmente con su cometido, y el juez, en algunos casos, toma el camino equivocado y no imparte auténtica justicia. Ante esta situación la sociedad se siente agraviada, indignada e impotente para defenderse. Con estos sentimientos —plenamente justificados—, la sociedad clama castigos severos y hasta inhumanos. Demanda la mutilación, el tormento, la implantación de la ley del talión (ojo por ojo, diente por diente) y, en ese camino, llega hasta la pena de muer-

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te . 52 Pero, vale preguntar: ¿estas demandas son racionales?, ¿sabrá la sociedad que con estas medidas no disminuye la delincuencia, y sí, en cambio, se pervierte la justicia? Parece obvio que no es el momento de llevar a cabo encuestas sobre determinaciones tan graves. Lo conveniente es actuar con cautela y escuchar las voces razonadas de los especialistas en la materia. B) Por otra parte, mientras no esté plenamente probada la ineficacia de las penas establecidas en el Código Penal, no hay base para instaurar la pena capital. A este respecto cabe apuntar que la ineficacia de la pena de prisión, hasta ahora, no está probada. Es cierto que la prisión no ha cumplido con su función resocializadora, pero ello no conduce a cancelarla sino a enfrentar el porqué de esta ineficacia y trabajar para que cumpla con esa función, como ha sucedido en otros países (por ejemplo, en los países escandinavos). Si esta pena se aplicara de manera oportuna en todos los casos o, al menos, en la mayoría, respondería a su finalidad de prevención general y prevención especial. Decimos si se aplicara, porque la impunidad gana cada día más espacios. 52 Jescheck puntualiza que la opinión pública adopta una postura cambiante respecto a la pena de muerte. El resultado de las encuestas realizadas en los últimos años entre la población, muestra la existencia de una mayoría creciente a favor del restablecimiento de la pena de muerte. El aumento de los delitos violentos y la aparición del terrorismo internacional han incidido notablemente en esta evolución. El legislador debe resistirse a estas tendencias y sobre todo demostrar a la población que el restablecimiento de la pena de muerte no alteraría ni la frecuencia en la crueldad de los delitos violentos, ni cortaría la ola de terrorismo, sino que más bien podría tener un efecto contrario, porque los decididos a realizar acciones extrema recurren a las armas aún más prontamente si ven que el Estado también mata (op. cit. , nota 33, p. 1056).

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C) Para combatir la delincuencia no es necesaria ni útil la pena de muerte. La medida adecuada (eficaz) sería la de capturar a los delincuentes, juzgarlos y sancionarlos oportunamente con las penas previstas en el Código Penal. La respuesta sensata no estriba en la severidad de las penas, sino en la real y oportuna aplicación de las mismas. El problema reside, en alta medida, en la impunidad descomunal en la que se ha caído. “La certidumbre del castigo —como afirmaba Beccaria, desde el siglo XVIII—, aunque moderado, hará siempre mayor impresión que el temor de otro más terrible, unido con la esperanza de la impunidad; porque los males, aunque pequeños, cuando son ciertos amedrentan siempre los ánimos de los hombres”. 53 Asimismo, afirmaba que “tanto más justa y útil será la pena cuanto más pronta fuere y más vecina al delito cometido”. 54 A propósito de las ideas de Beccaria, el conde Roeder apuntó ideas muy profundas sobre las penas; precisó que “el rigor de la pena es evidentemente indiferente, si su aplicación no es a lo menos probable. ¿Qué le importa este rigor a quien espera sustraerse a la justicia?”. 55 Esto quiere decir que para evitar la comisión de delitos resulta más eficaz la lucha contra la impunidad que la gravedad de las penas. La impunidad es un grave problema que propicia la delincuencia y distorsiona el Estado de derecho. Por tal razón, es impostergable acabar con la impunidad o, al menos, disminuirla.

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Op. cit. , nota 29, p. 113. Ibidem, p. 82. Ibidem, p. 141.

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V. LA PENA DE MUERTE EN EL ÁMBITO INTERNACIONAL La orientación generalizada de los organismos internacionales es claramente contraria a la pena de muerte. Algunos la han entendido como violatoria de los derechos humanos. En este sentido se pronunció Amnistía Internacional, que además la rechaza de manera radical. Veamos los instrumentos y organismos más importantes: 1) La Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, que contiene seis artículos vinculados directamente con el sistema penal. El artículo 8o. dispone: “La ley no debe establecer más penas que las estricta y evidentemente necesarias, y nadie puede ser penado sino en virtud de una ley establecida y promulgada con anterioridad al delito y legalmente aplicada”. 2) La Declaración Universal de Derechos Humanos, aprobada en la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) el 10 de diciembre de 1948, proclama, como es sabido, los derechos que son inherentes a toda persona humana. Estos derechos son inalienables, por lo cual no deben ser retirados o violados por los Estados. Especialmente importantes son los artículos 3o., 5o. y 9o. El artículo 3o. consigna el derecho a la vida. Textualmente anota: “Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de las personas”. No prevé ninguna excepción en relación con el derecho a la vida, y aunque no hace ninguna referencia a la pena de muerte, ésta viene a ser, precisamente, una inadmisible excepción a ese “inalienable” derecho. En el artículo 5o. se afirma categóricamente que “nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos

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crueles, inhumanos o degradantes”. Al respecto, cabe señalar que la tortura y la crueldad inhumana están presentes en toda pena de muerte. El artículo 9o. puntualiza que “nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado”. 3) El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (adoptado por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, el 16 de diciembre de 1966, en la ciudad de Nueva York y en vigor a partir del 23 de marzo de 1976), al cual se adhirió México el 18 de diciembre de 1980, se ratificó el 24 de marzo de 1981 y se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 20 de mayo del mismo año, es el primer instrumento internacional que se refiere, expresamente, a la pena de muerte. Postula, como derecho fundamental, el derecho a la vida y establece principios de especial relevancia en relación con la pena de muerte. Así el artículo 6o., que prescribe: 1. El derecho a la vida es inherente a la persona humana. Este derecho estará protegido por la ley. Nadie podrá ser privado de la vida arbitrariamente. 56 2. En los países que no hayan abolido la pena capital, sólo podrá imponerse la pena de muerte por los más graves delitos y de conformidad con las leyes 56 El uso del término “arbitrariamente quiere decir que el derecho a la vida admite excepciones, tal es el caso de la pena de muerte”. Efectivamente, como lo anota Salado Osuna, Ana: “la pena de muerte es una excepción al derecho a la vida expresamente regulada en los tratados de derechos humanos de carácter general... puede resultar contradictorio que estos tratados no prohíban la pena de muerte a pesar de que reconocen el derecho a la vida como un derecho inherente del ser humano y como un derecho básico y primario” (La pena de muerte en derecho internacional: una excepción al derecho a la vida , Madrid, Tecnos, 1999, p. 19).

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que estén en vigor en el momento de cometerse el delito y que no sean contrarias a las disposiciones del presente Pacto ni a la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio. Esta pena sólo podrá imponerse en cumplimiento de sentencia definitiva de tribunal competente. 3. Cuando la privación de la vida constituya delito de genocidio, se tendrá entendido que nada de lo dispuesto en este artículo excusará en modo alguno a los Estados Partes del cumplimiento de ninguna de las obligaciones asumidas en virtud de las disposiciones de la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio. 4. Toda persona condenada a muerte tendrá derecho a solicitar el indulto o la conmutación de la pena. La amnistía, el indulto o la conmutación de la pena capital, podrán ser concedidos en todos los casos. 5. No se impondrá la pena de muerte por delitos cometidos por personas menores de 18 años de edad, ni se la aplicará a las mujeres en estado de gravidez. 6. Ninguna disposición de este artículo podrá ser invocada por un Estado Parte en el presente Pacto, para demorar o impedir la abolición de la pena capital.

4) El Comité de Derechos Humanos, creado por el Pacto (artículos 28 a 45), ha proclamado que el derecho a la vida es “el derecho supremo respecto del cual no se permite suspensión alguna, ni siquiera en situaciones excepcionales que pongan en peligro la vida de la nación”.51Como puede advertirse, el Comité pone por encima de cualquier derecho el de la vida, sin el cual nada tiene sentido. 5) El Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, destina57

Pérez Gil, Irma, op. cit., nota 46, p. 151.

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do a abolir la pena de muerte, aprobado por la Asamblea General de la ONU el 15 de diciembre de 1989, destaca en su preámbulo que “la abolición de la pena de muerte contribuye a elevar la dignidad humana y a desarrollar progresivamente los derechos humanos”. 58 Sin embargo, no establece, de manera definitiva, la abolición de la pena de muerte. En el mismo preámbulo se dice que todas las medidas que se tomen para “la abolición de la pena de muerte deberán ser consideradas un adelanto en el goce del derecho a la vida”. Se la percibe como un adelanto en razón de que la pena de muerte, como se ha venido señalando, se ha entendido como una excepción al derecho a la vida, que debe desaparecer. El artículo 1o. consigna que “no se ejecutará a ninguna persona sometida a la jurisdicción de un Estado Parte en el presente Protocolo”, y agrega, en el punto 2, que “cada uno de los Estados partes adoptará todas las medidas necesarias para abolir la pena de muerte en su jurisdicción”. A pesar de tales disposiciones, en otro párrafo (artículo 2o., punto 1) se permite que los Estados partes la apliquen en tiempo de guerra siempre y cuando se trate de delitos sumamente graves de carácter militar, y se haya formulado una reserva al respecto en el momento de la ratificación o adhesión al Protocolo. México no ha ratificado este Protocolo. 6) La Convención Americana sobre Derechos Humanos 59 (suscrita en San José de Costa Rica el 22 58 Rodríguez y Rodríguez, Jesús (comp.), Instrumentos internacionales sobre derechos humanos , México, ONU-OEA, Comisión Nacional de Derechos Humanos, 1994, t. I, p. 68. 59 Conocida también como “Pacto de San José de Costa Rica”.

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de noviembre de 1969, en la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos y que entró en vigor el 18 de julio de 1978) fue ratificada por México el 24 de marzo de 1981 y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 7 de mayo de 1981. El artículo 4o. de esta Convención, con el rubro “Derecho a la vida”, aborda los aspectos más importantes de la pena de muerte. Textualmente dispone: 1. Toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por la ley y, en general, a partir del momento de la concepción. Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente. 2. En los países que no han abolido la pena de muerte, ésta sólo podrá imponerse por los delitos más graves, en cumplimiento de sentencia ejecutoriada de tribunal competente y de conformidad con una ley que establezca tal pena, dictada con anterioridad a la comisión del delito. Tampoco se extenderá su aplicación a delitos a los cuales no se la aplique actualmente. 3. No se restablecerá la pena de muerte en los Estados que la han abolido. 4. En ningún caso se puede aplicar la pena de muerte por delitos políticos ni comunes conexos con los políticos. 5. No se impondrá la pena de muerte a personas que, en el momento de la comisión del delito, tuvieren menos de dieciocho años de edad o más de setenta, ni se le aplicará a las mujeres en estado de gravidez. 6. Toda persona condenada a muerte tiene derecho a solicitar la amnistía, el indulto o la conmutación de la pena, los cuales podrán ser concedidos en todos los casos. No se pude aplicar la pena de muer-

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te mientras la solicitud esté pendiente de decisión ante autoridad competente.

7) El Segundo Protocolo a la Convención Americana sobre Derechos Humanos relativo a la Abolición de la Pena de Muerte 60 (aprobado en Asunción, Paraguay, el 8 de junio de 1990 y que entró en vigor el 28 de agosto de 1991) 61 dispone en su preámbulo que “toda persona tiene el derecho inalienable a que se le respete su vida sin que este derecho pueda ser suspendido por ninguna causa”. Se afirma también que “la tendencia en los Estados americanos es favorable a la abolición de la pena de muerte” y “que la aplicación de la pena de muerte produce consecuencias irreparables que impiden subsanar el error judicial y eliminar toda posibilidad de enmienda y rehabilitación del procesado”; culmina estas ideas destacando que “la abolición de la pena de muerte contribuye a asegurar una protección más efectiva del derecho a la vida”. El articulado que lo integra es breve, consta solamente de cuatro artículos, pero aunque breve es definitivo y tajante en cuanto a la pena de muerte. Sin ningún rodeo el artículo 1o. estatuye: “Los Estados Partes en el presente Protocolo no aplicarán en su territorio la pena de muerte a ninguna persona sometida a su jurisdicción”.

60 Este Protocolo solamente ha sido ratificado por siete países (Brasil, Costa Rica, Ecuador, Nicaragua, Panamá, Uruguay y Venezuela). 61 Los datos se tomaron de Fix-Zamudio, Héctor, México y la Corte Interamericana de Derechos Humanos , México, Comisión Nacional de Derechos Humanos, 1999, pp. 125 y 126.

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Esta determinación tan decidida se robustece con el señalamiento que hace el artículo 2o., parte 1, en el sentido de no permitir ninguna reserva al presente Protocolo. No obstante, más adelante (como acontece en el Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, destinado a abolir la pena de muerte), contradictoriamente, anota que en el momento de la ratificación o adhesión, los Estados partes podrán declarar que se reservan el derecho de aplicar la pena de muerte en tiempo de guerra conforme al derecho internacional por delitos sumamente graves de carácter militar. Los demás artículos se refieren a aspectos de procedimiento para la ratificación. Las disposiciones que contiene este Protocolo son sumamente similares a las que se prevén en el Segundo Protocolo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que, como éste, tiene como objetivo “abolir la pena de muerte”. México tampoco se ha adherido o ha ratificado este Protocolo. 8) Es importante apuntar que los esfuerzos por abolir la pena de muerte en el área internacional, no son exclusivos del continente americano. Está demostrado que el tema también preocupa en Europa. Así, se advierte que los quince miembros de la Unión Europea han adoptado las llamadas Directrices de la Política de la Unión Europea hacia Terceros países sobre la Pena de Muerte, donde se precisa, entre los objetivos de la organización, “trabajar a favor de la abolición universal de la pena de muerte como plasmación de una óptica política firmemente apoyada y acordada por todos los Estados miembros

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de la UE”. 62 Con la misma finalidad, en el marco de la Convención Europea (el 28 de abril de 1983) fue aprobado por el Consejo de Europa el Sexto Protocolo al Convenio Europeo de Derechos Humanos (en vigor a partir del 1o. de marzo de 1985), cuyo propósito es la abolición de la pena de muerte en tiempos de paz, permitiéndola para actos cometidos en tiempos de guerra o de peligro inminente de guerra. 63 Los órganos internacionales, cada vez con más frecuencia, han hecho declaraciones y han adoptado normas a favor de la abolición de la pena de muerte como una cuestión relevante de derechos humanos. 64 9) El Estatuto de la Corte Penal Internacional, adoptado en la Conferencia Internacional celebrada en Roma el 17 de julio de 1998, no prevé la pena de muerte. La pena más grave que de acuerdo con este Estatuto podrá imponer la Corte será la de cadena perpetua (artículo 77). 65 10) Como observaciones finales se puede anotar que todos los instrumentos internacionales aquí re62 Agnieszka Raczynka, “Agonía de la pena capital”, Gaceta. Publicación Oficial de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, México, núm. 5, mayo de 1999, p. 58. 63 Faúndez Ledezma, Hector, “Derecho a la vida y pena de muerte”, Boletín de la Comisión Andina de Juristas , Lima, septiembre de 1992, p. 11. 64 Agnieszka Raczynka, op. cit. , nota 62, p. 58. 65 “Sin embargo, el Estatuto declara expresamente que no afecta la aplicación por los Estados partes de penas prescritas por su derecho interno. Esto significa que la no inclusión de la pena de muerte no tiene consecuencias para fallos dictados de conformidad con el derecho interno después de juicios nacionales ante tribunales de los Estados partes” (Velázquez Elizarrarás, Juan Carlos, “El derecho internacional penal y la justicia penal internacional en el tercer milenio”, Anuario Mexicano de Derecho Internacional, México, I-2001, p. 428).

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feridos: a) subrayan el derecho a la vida como un derecho de primer orden y establecen principios sobre este derecho supremo; b) reflejan un rechazo a la pena de muerte, y c) denotan una tendencia a limitar la aplicación de la pena de muerte en cuanto al número y clase de delitos (los cometidos en tiempo de guerra y a los más graves del orden militar), a las personas a las cuales se pueda imponer, y a la exigencia de estrictos requisitos para su aplicación y ejecución, límites que tienen como objetivo final llegar a la abolición total de esta cruel e irreparable pena. VI. ¿PUEDE EL LEGISLADOR FEDERAL O LOCAL MEXICANO , SIN VIOLAR LA C ONSTITUCIÓN , RESTABLECER LA PENA DE MUERTE ? A) En la actualidad ningún estado de la República mexicana prevé, en su correspondiente código punitivo, la pena de muerte. Tampoco la contemplan los ordenamientos penales federal y del Distrito Federal. Sólo está vigente en el Código de Justicia Militar, para los delitos graves del orden militar (y a pesar de ello no se aplica). En cuanto a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ésta consigna, en el artículo 22, la posibilidad de incluirla en los códigos penales, para las específicas clases de delitos ahí enumeradas. El artículo 22 constitucional —es importante subrayarlo— contiene un conjunto de garantías que, como tales, no imponen el deber de institucionalizar la pena de muerte ni en la legislación penal federal ni en las legislaciones penales de las entidades federativas ni en el Distrito Federal. Esa norma constitucional solamente faculta al legislador ordinario

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para que, a su prudente arbitrio, la instaure o no para los delitos que la propia Constitución señala. Si el legislador no la incluye, o inclusive si, habiéndola previsto en el correspondiente ordenamiento penal, decide erradicarla, de ninguna manera vulnera la Constitución. Así lo han entendido todas las legislaturas federales y locales, y por ello todos los estados de la República, al igual que la Federación y el Distrito Federal, decidieron, en distintos momentos, proscribirla. Las garantías consagradas en el artículo 22 constitucional son: a) se prohíbe expresamente al legislador instaurar la pena de muerte para los delitos políticos; b) se prohíbe implícitamente al legislador instaurar la pena de muerte para delitos distintos de los enumerado en el propio artículo 22; c) se prohíbe expresamente al juzgador (artículos 22 y 133 constitucionales) aplicar la pena de muerte que el legislador, violando la garantía, haya instaurado en relación con delitos políticos; d) se prohíbe expresamente al juzgador (artículos 22 y 133 constitucionales) aplicar la pena de muerte que el legislador, violando la garantía, haya instaurado para delitos distintos de los enumerados en el propio artículo 22; e) se prohíbe expresamente al órgano ejecutor dar cumplimiento a la sentencia que condena a la pena de muerte por algún delito político; f) se prohíbe implícitamente al órgano ejecutor dar cumplimiento a la sentencia que condena a la pena de muerte por algún delito distinto de los enumerados en el propio artículo 22. El legislador sí está facultado (facultad que, según se verá en párrafos posteriores, le fue cancelada el día 24 de marzo de 1981), mas no obligado, para instaurar la pena de muerte en relación con los de-

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litos limitativamente descritos en el artículo 22: “al traidor a la patria en guerra extranjera, al parricida, al homicida con alevosía, premeditación o ventaja, al incendiario, al plagiario, al salteador de caminos, al pirata y a los reos por delitos graves del orden militar”. B) En otro orden de ideas, paralelo y estrechamente relacionado con el artículo 22 constitucional, es pertinente recordar que, en el ámbito del derecho internacional, los “Estados” a que se refieren los instrumentos internacionales se entienden tal y como estos Estados han sido constituidos en su propia y soberana normatividad constitucional (monarquía, república, federación, centralización, etcétera). En México, la Constitución, en su artículo 40, postula que “es voluntad del pueblo mexicano constituirse como una República... federal” (compuesta de estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior, pero unidos en una Federación establecida según los principios de esta ley fundamental). En consecuencia, en relación con México, un tratado obliga ineludiblemente a la Federación mexicana, o sea, obliga tanto al poder federal como a los poderes de las entidades federativas y del Distrito Federal. 66 Ahora bien, para disipar cualquier duda relacionada con el alcance instancial de los tratados al interior del Estado mexicano, es conveniente puntualizar que el poder reformador de la Constitución —que, obviamente, tiene competencia para elaborar normas 66 Así lo entiende también Corcuera Cabezut al señalar que “los tratados internacionales tienen una vigencia nacional y vinculan tanto a la Federación como a los Estados” ( Derecho constitucional y derecho internacional de los derechos humanos, México, Oxford, 2002, p. 203).

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constitucionales—, no tiene competencia para crear normas secundarias y, por ende, carece de competencia para elaborar normas penales. El órgano que sí tiene competencia para elaborar normas secundarias y, por tanto, para crear normas penales, es el legislador ordinario, tanto el federal como el de cada entidad federativa y el del Distrito Federal. C) En este contexto, si el Congreso de la Unión, en materia federal, y las legislaturas locales, en materia local, ya abolieron la pena de muerte, ¿pueden, con fundamento en el artículo 22 constitucional, reimplantarla? Antes de responder es imprescindible enfatizar que la Convención Americana sobre Derechos Humanos (aprobada en la Conferencia de los Estados Americanos de San José de Costa Rica el 22 de noviembre de 1969, ratificada por México el 24 de marzo de 1981, y por imperativo del artículo 74.2 de la propia Convención, vigente en México a partir del mismo día de su ratificación: 24 de marzo de 1981), que ya forma parte de la “ley suprema de toda la Unión”, dispone, en el punto 3 de su artículo 4o.: “No se restablecerá la pena de muerte en los Estados que la han abolido”. ¿Cómo se resuelve esta aparente antinomia entre el artículo 22 de la Constitución y el artículo 4.3 de la Convención? La respuesta —genuina conclusión— viene a ser el punto final de una secuencia de razonamientos relacionados con los artículos 133 y 22 constitucionales. El artículo 133 dispone literalmente: Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la República, con aprobación del

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Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión. Los jueces de cada Estado se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las constituciones o leyes de los estados.

El texto es muy claro: los tratados internacionales a los cuales se ha adherido México, forman parte de la ley suprema de toda la Unión y, en consecuencia, la normatividad relativa a la pena de muerte, contenida en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, es ley suprema de toda la Unión. Los tratados internacionales, y por tanto la Convención Americana sobre Derechos Humanos, tienen, por imperativo expreso del artículo 133 constitucional, una jerarquía inferior a la Constitución, pero superior a la de las leyes secundarias federales y locales. Este rango jerárquico ha sido jurisdiccionalmente resuelto, aunque muy recientemente, en 1999, 67 por la Suprema Corte de Justicia de la Nación: los tratados internacionales —dice la tesis jurisprudencial— “se encuentran en un segundo plano inmediatamente debajo de la ley fundamental y por encima del derecho federal y el local”. 68 67 La propia tesis justifica su interpretación en la siguiente forma: “Esta interpretación del artículo 133 constitucional, deriva de que estos compromisos internacionales son asumidos por el Estado mexicano en su conjunto y comprometen a todas sus autoridades frente a la comunidad internacional; por ello se explica que el Constituyente haya facultado al presidente de la República a suscribir los tratados internacionales en su calidad de jefe de Estado y, de la misma manera, el Senado interviene como representante de la voluntad de las entidades federativas y, por medio de su ratificación, obliga a sus autoridades”. 68 Becerra Ramírez, Manuel, “Tratados Internacionales. Se ubican jerárquicamente por encima de las leyes y en un segundo plano respecto de la Constitución federal (amparo en re-

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En cuanto al requisito de fondo de que los tratados “estén de acuerdo con la misma”, la Suprema Corte de Justicia rechaza la interpretación gramatical y argumenta que, en caso de que los convenios internacionales amplíen las garantías individuales o sociales previstas en la Constitución, aquéllos deben considerarse acordes a dicha Constitución. Sobre este punto, Manuel Becerra Ramírez 69 considera que esta postura de la Suprema Corte de Justicia es especialmente trascendente, “ya que significa que a través de los tratados internacionales en materia de derechos humanos es posible ampliar la esfera de derechos de los gobernados”. D) Este es el punto final del análisis: el poder público (poder constituido) no tiene competencia para restringir las garantías instauradas en la Constitución, y no la tiene porque tales garantías son un valladar que el pueblo soberano, a través de la Asamblea Constituyente de Querétaro de 1916-1917, impuso a los poderes constituidos. Estos últimos están constitucionalmente impedidos para eludir o restringir esa barrera; en cambio, sí están facultados para ensancharlas. En otras palabras, las garantías pueden ser ampliadas mediante los tratados y también —hay que enfatizarlo— por medio de las leyes secundarias.

visión 1475/98)”, Cuestiones Constitucionales. Revista Mexicana de Derecho Constitucional, México, núm. 3, julio-diciembre de 2000, pp. 171-174. 69 Becerra Ramírez, Manuel, op. cit., nota anterior, p. 175. Esta opinión es sostenida también, entre otros juristas, por Corcuera Cabezut ( op. cit., nota 66, p. 204).

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La conclusión, obvia, es que no existe contradicción entre el artículo 22 constitucional y el artículo 4.3 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Ahora bien, el imperativo: “No se restablecerá la pena de muerte en los Estados que ya la han abolido”, que aparece en el artículo 4.3 de la Convención, contiene tres garantías: a) se prohíbe expresamente (artículo 4.3 de la Convención que ya es ley suprema) al legislador (federal y local) restablecer la pena de muerte para el traidor a la patria en guerra extranjera, el parricida, el homicida con alevosía, premeditación o ventaja, el incendiario, el plagiario, el salteador de caminos o el pirata; b) se prohíbe expresamente al juzgador (artículo 4.3 de la Convención y 133 constitucional) aplicar la pena de muerte que el legislador, violando la garantía consagrada en la Convención e incorporada en la ley suprema, haya restablecido para el traidor a la patria en guerra extranjera, el parricida, el homicida con alevosía, premeditación o ventaja, el incendiario, el plagiario, el salteador de caminos o el pirata; c) se prohíbe expresamente al órgano ejecutor (artículo 4.3 de la Convención) dar cumplimiento a la sentencia que condena a la pena de muerte al traidor a la patria en guerra extranjera, al parricida, al homicida con alevosía, premeditación o ventaja, al incendiario, al plagiario, al salteador de caminos o al pirata. La prohibición es categórica y, en relación con los jueces, de consecuencias trascendentes. El artículo 133 constitucional prohíbe a todos los jueces (sin excepción) para todos los casos concretos (sin excepción), aplicar las normas jurídicas violatorias de la ley suprema y, por tanto, les prohíbe la aplicación de las normas violatorias de la Convención Ameri-

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cana de Derechos Humanos. Esto significa que el artículo 133 constitucional les quita a todas las normas jurídicas violatorias de la ley suprema los requisitos de obligatoriedad y aplicabilidad judicial válida; por ende, la norma penal que restableciera la pena de muerte sería una norma carente de obligatoriedad y aplicabilidad judicial válida. Si esa norma carece de tales requisitos que son definitorios de toda norma jurídica general y abstracta, ¿es realmente una norma jurídica? Ante todo lo apuntado debe concluirse que la pena de muerte no se puede restablecer ni aplicar ni ejecutar en el Estado mexicano.



CONTRA LA PENA DE MUERTE Enrique D ÍAZ -A RANDA 65 I. Planteamiento del problema II. Argumentos históricos . . . . . . . . . . 69 III. Argumentos filosóficos . . . . . . . . . . 71 .

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1.¡Búsqueda de la justicia! ¿Es justo matar a los delincuentes? 71 2. Contradicción de principios . . . . . . . 73 .

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IV. Argumentos normativos . . . . . . . . . . 75 1.Derecho comparado . . . . . . . . . . . 75 2. Constitución vs. tratados internacionales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 3. Interpretación sistemática de la Constitución . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 A. Delitos previstos en la Constitución . 77 B. Los fines de la pena en la Constitución . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81 4. La comisión de un homicidio calificado 82 5. Disfunción de la pena en el Código Penal 82

V. Argumentos criminológicos . . . . . . . . 83 1.Discriminación . . . . . . . . . . . . . 2. Falibilidad judicial . . . . . . . . . . . 3. Costo . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. Eficacia . . . . . . . . . . . . . . . . .

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VI. Conclusión . . . . . . . . . . . . . . . . . 91 VII. Bibliografía . . . . . . . . . . . . . . . . 92

CONTRA LA PENA DE MUERTE Enrique D ÍAZ -A RANDA * Como las gotas del rocío de la mañana que bañan a las flores para darles vida y hermosura, así ha llegado a mi vida Rocío para colmar mi corazón de felicidad y motivación; gracias a ella puedo seguir escribiendo sobre la vida: en favor de su disponibilidad y en contra de su extinción como sanción.

I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA En los últimos años se ha incrementado la realización de delitos en México, que genera inseguridad, temor, indignación, coraje y deseos de venganza de la sociedad mexicana, que reclama a las autoridades su intervención efectiva para prevenir delitos y sancionar a los delincuentes. En particular, la ejecución de delitos graves como el homicidio calificado, el secuestro y la violación, ha provocado un aumento en la corriente de opinión en favor de la pena de muerte, postura que parece encontrar el sustento jurídico necesario en el actual párrafo 4o. del artículo 22 de la Constitución Polí* Investigador titular en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. 65

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tica de los Estados Unidos Mexicanos, en el cual se establece: Queda también prohibida la pena de muerte por delitos políticos, y en cuanto a los demás, sólo podrá imponerse al traidor a la Patria en guerra extranjera, al parricida, al homicida con alevosía, premeditación o ventaja, al incendiario, al plagiario, al salteador de caminos, al pirata y a los reos de delitos graves del orden militar

Debido a la existencia del precepto constitucional antes transcrito ha sido posible aplicar la pena de muerte en nuestro país. A continuación narro la última ejecución realizada en nuestro país el 17 de junio de 1957, 1 para comprender la trascendencia de tal sanción: José Carmen, entonces de ocho años, acompañaba a su hermana Margarita, la sexta de siete hermanos, cuando la encargada de un puesto donde se vendía alcohol llamó a Margarita, entonces de seis años, para decirle que un señor quería comprarle algunos tomates. José Carmen, el hermano que siempre andaba junto a Margarita, recuerda “Mi hermanita se entusiasmó. Volvió a casa y en una pequeña canasta mi mamá le puso unos tomates que llevamos hasta el estanquillo”. Eran como las siete de la noche. Ahí, Francisco Ruiz Corrales, un jornalero de 27 años de edad, mandó a José Carmen a comprar unos cigarros en tanto Ruiz Corrales se llevaba a Margarita para abusar de ella. Fue la última vez que José Carmen vio viva a su hermana. La desaparición de Margarita movilizó a la policía y a cientos de hermosillenses a una búsqueda que culminó a las cuatro de la 1 http://www.el-universal.com.mx/pls/impreso/noticia.h tml?id_nota=48447&tabla=Estados.

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mañana, cuando el cuerpo estrangulado de Margarita apareció a la orilla de un arroyo a espaldas de donde actualmente se localiza el hotel Holiday InnValle grande. Las investigaciones llevaron a la policía hasta la casa del jornalero que aceptó su culpa y llevó a las autoridades a donde había dejado el cadáver de la niña... Ruiz Corrales fue condenado por el juez Roberto Reynoso Dávila a la pena de muerte. A las 5:05 horas del 18 de junio de 1957 Juan Zamarripa, también condenado por la violación y muerte de otra niña, y Ruiz Corrales fueron ejecutados por un pelotón que pese a sus descargas no consiguió privarlos de la vida y fue necesario darles el tiro de gracia. Ruiz Corrales, el último en morir, había manifestado momentos antes a los periodistas del periódico El Regional: ”voy convencido de que estoy pagando mi deuda. Quizá así alcance el perdón de Dios. Ya vi a mi ‘jefecita’ (se refiere a su mamá) y le pedí que no viniera nadie de la casa al fusilamiento... Asegúrenle al padre que llegué rezando el credo al paredón. Mi último deseo es un minuto más de vida, para volver a rezarlo. Díganles a todos cómo terminan los que andan mal en la vida, para que les sirva de ejemplo”. 2

Recientemente, el ex juez Reynoso Dávila ha manifestado que no le remuerde la conciencia por haber condenado a aquel asesino “porque la ley así lo determinaba”. Pero, además, “si fuera juez otra vez, y si me lo pusieran en frente a él o a otros desalmados, como el Mochaorejas o al asesino de las mujeres de Ciudad Juárez los condenaba a muerte”. 3 Así, el alarmante incremento de la criminalidad en nuestro país, la existencia de un precepto cons2 Revista de Derechos Humanos , Sonora, México, núm. 13, verano de 1996, pp. 151 y 158. 3 http://www.el-universal.com.mx/pls/impreso/noticia.h tml?id_nota=48447&tabla=Estados.

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titucional que otorga al legislador penal la facultad para establecer la pena de muerte en los códigos penales y la ejecución de delincuentes durante la primera mitad del siglo XX, ha propiciado que la población, enardecida por la ejecución de delitos graves, vuelva a considerar que la pena de muerte puede ser la solución al problema de la criminalidad; esta corriente de opinión ha sido empleada por algunos candidatos a legisladores de la alianza entre el Partido Revolucionario Institucional y el Partido Verde Ecologista en el Estado de México para impulsar sus campañas políticas a través de una votación, celebrada el 16 de febrero de 2003, vía telefónica, Internet y las urnas, en la que el 85.4% de los votantes se pronunció a favor de imponer la pena de muerte a los secuestradores. 4 ¡Nada más aterrador que lo anterior! pues dichos candidatos se postulan como los representantes y la voz del pueblo en el Congreso y las preguntas giran en torno a la voluntad de la sociedad: ¿se quiere matar a los secuestradores? o ¿se quiere evitar más secuestros? El trasfondo de ambas interrogantes es muy distinto, pues en la primera subyace la idea de un pueblo sediento de sangre, mientras que en la segunda hay una llamada desesperada de un pueblo que lo único que quiere es vivir con tranquilidad y sin la zozobra de la inseguridad. Por ello no es de extrañar que al día siguiente de la votación en el Estado de México, la Comisión Nacional de Derechos 4 Se registraron alrededor de 800,000 votos emitidos que representan casi el 10% del total del padrón electoral del Estado de México, conformado por 8 millones 331 mil 394 habitantes. Cita: http://www.reforma.com/edomex/articulo/270071/ y http://www.el-universal.com.mx/pls/impreso/noticia.html?id_nota= 121470&tabla=notas.

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Humanos, la Comisión Nacional de Seguridad Pública de la Coparmex, el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia, el Ilustre y Nacional Colegio de Abogados y la Promotora Internacional de Derechos Humanos, emitieran un desplegado para rechazar que la inseguridad en el país se abata con la pena de muerte. 5 Interpretar correctamente el llamado del pueblo es indispensable para adoptar las medidas adecuadas para solucionar el problema y desde ahora dejo de manifiesto que ¡la pena de muerte no solucionaría el problema de la criminalidad en México! A continuación expondré los diferentes argumentos en contra de la pena capital. II. A RGUMENTOS HISTÓRICOS “Un pueblo sin memoria difícilmente podrá tener un futuro”, pues con el conocimiento de nuestro pasado podemos evitar cometer los mismos errores. Por ello, resulta necesario conocer cuál fue la intención del Constituyente de Querétaro al plasmar la pena de muerte en nuestra carta magna y para ello es necesario acudir a los diarios de los debates para realizar una interpretación auténtica de la norma. Así, durante la 39a. sesión ordinaria celebrada en el teatro Iturbide el viernes 12 de enero de 1917, se verificó uno de los debates más relevantes sobre el tema de estudio, del cual transcribo los pasajes más importantes: El C. Diputado Gaspar Bolaños V. pretende la abolición de la pena de muerte, salvo el caso de traición 5

http://mx.news.yahoo.com/030217/26/wbw1.html.

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a la patria, fundando su iniciativa, sintéticamente, en las mismas razones que han venido sosteniendo los abolicionistas de la pena capital; ésta constituye una violación al derecho natural: su aplicación es contraria a la teoría que no autoriza las penas sino como medio de conseguir la corrección moral del delincuente; es inútil la pena de muerte, porque no es verdad la ejemplaridad que se ha pretendido; quien menos sufre con la aplicación de esa pena, es el propio delincuente; a quien afecta principalmente es a su familia; y, por tanto, es injusta aquélla, porque castiga con rigor implacable a quien no tiene culpa; la irrevocabilidad de tal pena no deja lugar a la enmienda de errores judiciales; en el estado actual de la ciencia, no puede asegurarse si un infractor de la ley es un criminal o un enfermo; por medio de la pena de muerte se confunden los dos casos de una manera irreflexiva e injusta. La delincuencia entre nosotros es fruto de la ignorancia; mientras la sociedad no haya cumplido con su deber de extirpar ésta, no tiene el derecho de aplicar la pena de muerte, puesto que los delitos a que ella se aplica son el fruto de la omisión de la misma sociedad. Por último, está cumplida la condición bajo la cual los constituyentes de 1857 ofrecieron al pueblo la abolición de la pena capital; ya se ha establecido el régimen penitenciario; no debe demorarse más el cumplimiento de esta solemne promesa.

Esta cita de los debates del Constituyente de 1917 pone de manifiesto que la pena de muerte fue prevista en nuestra carta magna como una medida provisional a la instauración del sistema penitenciario 6 y 6 Incluso la previsión de la pena de muerte condicionada a la instauración del sistema penitenciario se puede constar en el proyecto de Ley de Garantías de 1847 y en la Constitución de 1857, específicamente del artículo 23. En este sentido, cfr.

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dado que esto ya se ha verificado desde hace muchas décadas, podemos sostener que el legislador mexicano ha contravenido los designios del Constituyente de Querétaro al no derogar el actual párrafo 4o. del artículo 22 de nuestra Constitución y mantenerlo todavía vigente. El argumento histórico antes esgrimido sería suficiente para proceder a la inmediata erradicación de la pena de muerte de nuestro sistema jurídico. Pero si acaso alguien se atreviera a seguir siendo partidario de la misma, podemos ofrecer más argumentos en contra de la pena capital debido a que contraviene tanto los principios éticos del ser humano como los fines de la pena previstos en la Constitución. Es anticonstitucional debido a que la existencia de tratados internacionales que obligan a México a su erradicación, convierte al Estado en un asesino y su aplicación podría acentuar las desigualdades étnicas, económicas y constituir el peor error judicial con consecuencias irreversibles. Por si fuera poco, el costo de la pena de muerte sería mayor al de la cadena perpetua y no serviría como medida para evitar la realización de delitos. III. A RGUMENTOS FILOSÓFICOS 1. ¡Búsqueda de la justicia! ¿Es justo matar a los delincuentes? Cuando Tymoty MacBay fue ejecutado, el presidente de los Estados Unidos de América consideró el desarrollo realizado en este mismo libro por Olga Islas de González Mariscal, apartados I, 1, B, incisos a y c, y C, a y b.

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el hecho como “un acto de justicia”. La pregunta es: ¿cuál es el delito que con justicia puede ser sancionado con la pena capital? La ejecución de un delincuente sólo podría considerarse como una expresión de la justicia si ésta se sustentara en el principio de la retribución, cuyos orígenes los encontramos en la ley del talión: “ojo por ojo y diente por diente”; ello supondría que se debe sancionar al delincuente con un mal equivalente al del daño que causó. Pero la propuesta que se está planteando hoy en día es matar al que privó a otro de la libertad. ¿Acaso la vida tiene el mismo valor que la libertad?, esto no puede ser equivalente y ni siquiera en la Edad Media podría considerarse como una sanción justa. Evidentemente la vida es el bien jurídico por excelencia y los demás bienes jurídicos tienen un valor menor y eso nos lleva a concluir que no sería justo privar de la vida a quien afectó bienes de menor valía. Por ende, si quisiéramos decir que con la pena de muerte se busca un fin retributivo, entonces sólo podríamos condenar a dicha pena a quien ha privado de la vida a otro. Mas por esa vía sólo estaríamos institucionalizando la ley del talión, sólo que la víctima o los familiares colmarían su sed de venganza a través del Estado, que sería el brazo ejecutor de una sanción desproporcionada con el daño causado; en otras palabras, “la aplicación de la pena de muerte para los secuestradores se convertiría en un acto institucionalizado de venganza injusta”. 7

7 En el mismo sentido, cfr. el pronunciamiento de Islas de González Mariscal en el presente libro, apartado II, B, f.

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2. Contradicción de principios El derecho penal se conforma de tipos penales, que están contenidos en artículos de la ley, los cuales tienen como finalidad dar a conocer a los miembros de la sociedad cuáles son las conductas consideradas como prohibidas por lesionar un bien fundamental para la vida en sociedad, motivo por el cual, el tipo penal tiene una “función de llamada” a los ciudadanos para que eviten realizar dichas conductas. Por ello, cuando el Estado prohíbe y sanciona el homicidio está enviando un mensaje a sus ciudadanos para que eviten matar a otro, y entonces ¿por qué el Estado sí puede privarlos de la vida cuando cometen un delito?, ¿acaso el delincuente deja de ser ciudadano?, ¿merece protección distinta la vida del ciudadano no delincuente que la del delincuente? Es claro que la vida de cualquier ciudadano tiene que ser protegida y el Estado incurriría en una contradicción de principios si por una parte establece como delito el hecho de privar de la vida a otro y por la otra él mismo priva de la vida al ciudadano que cometió un delito aunque haya sido de los más graves. En el siglo XVIII Beccaria señaló: “me parece un absurdo que las leyes, que son la expresión de la voluntad pública, que detestan y castigan el homicidio, lo cometan ellas mismas y, para alejar a los ciudadanos del asesinato, ordenen uno público”. 8 En nuestro país, durante la discusión sobre la pena de muerte del Constituyente de 1917, el diputado Ríos manifestó: “si no queréis que se mate, empezad vo8 Beccaria, Cesare, “De la pena de muerte”, Revista Mexicana de Justicia, nueva época, núm. 1, enero marzo de 1993, p. 13.

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sotros, señores asesinos... (y al Estado le cuestionaba)... ¿no es absurdo pensar que se pueda ordenar una muerte pública para prohibir a los ciudadanos el asesinato?”. 9 Por su parte, el ex presidente de Chile, Eduardo Frei, manifestó: “no puedo creer que para defender la vida y castigar al que mata, el Estado deba a su vez matar. La pena de muerte es tan inhumana como el crimen que la motiva”. 10 De igual forma, el juez Sachs del Tribunal Constitucional Sudafricano manifestó en 1995: “todas las personas deben tener derecho a la vida. Si no es así, el asesino adquiere involuntariamente una definitiva y perversa victoria moral al convertir al Estado también en asesino, reduciendo de esa manera el aborrecimiento de la sociedad hacia la extinción deliberada de otros seres humanos”. 11 En este sentido, el 17 de febrero de 2003, Vicente Fox Quesada manifestó: “De manera personal y como presidente de la República me opongo totalmente a que en este país se establezca la pena de muerte. Creo que todos los países democráticos, quienes creemos en el ser humano no apoyamos la pena de muerte. Yo rechazo tajantemente esto en nuestro país”. 12 Dicha declaración es congruente con la denuncia presentada por México en contra de los Estados Unidos de América ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya para evi9 Diario de los debates del Congreso Constituyente 19161917, México, Ediciones de la Comisión Nacional para la Celebración del Sesquicentenario de la Proclamación de la Independencia Nacional y del Cincuentenario de la Revolución Mexicana, 1960, t. II, p. 335. 10 Cita Informe de Amnistía Internacional. 11 Idem. 12 http://mx.news.yahoo.com/030217/26/wbw1.html.

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tar la ejecución de cincuenta y cuatro de nuestros compatriotas condenados a la pena capital, 13 pues no sería entendible que a nivel internacional repudiemos su aplicación y a nivel interno sí queramos aplicarla. IV. A RGUMENTOS NORMATIVOS 1. Derecho comparado Cuando se hace referencia a la pena de muerte se toma como modelo inmediato a los Estados Unidos de América. Sin embargo, su aplicación en la Unión Americana ha sido motivo de opiniones encontradas entre la población y a nivel judicial se ha cuestionado su constitucionalidad debido a su evidente contravención con los derechos humanos. Recordemos que en el caso Furman vs. Georgia, del 29 de junio de 1972, 14 la Suprema Corte de los Estados Unidos declaró inconstitucional la pena de muerte por cinco votos a favor y cuatro en contra. En dicha resolución la Corte consideró que la pena de muerte constituye una pena “cruel e inusitada”. No obstante, en junio de 1976 la Suprema Corte volvió a cambiar su criterio y la consideró constitucional. 15 Según los informes de Amnistía Internacional, desde 1976 hasta el año 2000 se han ejecutado a 683 condenados, de los cuales 85 corresponden al 13 Incluso la Corte Internacional de Justicia de La Haya condenó a Estados Unidos de América y ordenó la suspensión de la ejecución de tres condenados y está a la espera de que Estados Unidos acate dicha resolución. http://mx.news.yahoo.com/030207/7/vd2c.html. 14 408, U.S. 238 (1972). 15 Reynoso Dávila, Roberto, “La pena de muerte”, Revista de Derechos Humanos , cit., nota 2, p. 170.

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año 2000. 16 Cabe señalar que en los Estados Unidos de América no todos los estados son partidarios de dicha sanción. Así quedó de manifiesto al rechazarse en Massachusetts la propuesta de ley para restablecer la pena de muerte. 17 2. Constitución vs. tratados internacionales La pena de muerte fue abolida de las legislaciones penales estatales y federal durante la segunda mitad del siglo XX y dado que en el artículo 43 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos se dispone que “no se restablecerá la pena de muerte en los Estados que la han abolido”, 18 entonces dicha sanción no se puede volver a incluir debido a que hay una prohibición expresa de un tratado internacional que no puede ser contravenido por una ley de inferior rango como es el Código Penal. 19 La aseveración anterior ha sido desarrollada y fundamentada ampliamente en el trabajo realizado por Olga Islas de González Mariscal en el presente libro, por lo cual no entro en mayor detalle y remito al lector a dicho trabajo. 20 Amnistía Internacional, Informe 2001 , p. 189. Amnistía Internacional, Informes. 18 Cfr. Ovalle Favela, José, “La pena de muerte”, Revista de Derechos Humanos , cit. , nota 2, p. 180. 19 Este aserto se puede sostener a pesar de que hasta el 31 de diciembre de 2000 México no firmaba ni el Protocolo Facultativo del Pacto Interamericano de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) ni el Segundo Protocolo Facultativo del PIDCP relativo a la abolición de la pena de muerte, ni tampoco el Protocolo de la Convención Americana sobre Derechos Humanos relativo a la Abolición de la Pena de Muerte. Cfr. Informe 2001 de Amnistía Internacional, p. 500. 20 Apartados V y VI. 16 17

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3. Interpretación sistemática de la Constitución A. Delitos previstos en la Constitución Aunque los argumentos esgrimidos contra la pena de muerte son suficientes para rechazar su inclusión en nuestras leyes penales, conviene hacer un análisis de los delitos por los cuales el legislador local, de acuerdo con el párrafo 4o. del artículo 22 de la Constitución, podría establecer la pena de muerte, ya que muchas de las denominaciones que allí se utilizan han caído en desuso y pueden crear confusiones. Además, existen opiniones en favor de imponer la pena de muerte para delitos no previstos en el artículo 22 como sucede con la violación, por lo cual resulta indispensable analizar cuáles son los delitos que actualmente sí encuadran en la terminología empleada por el Constituyente de Querétaro. El delito de traición a la patria se sigue previendo en nuestros códigos penales federal y locales. Sobre el particular debemos señalar que la opinión dominante en los debates del Constituyente de 1917 fue favorable a su aplicación a quien cometiera este delito e incluso el diputado Bolaños, defensor de la abolición de la pena de muerte, se pronunció a favor de ella en este supuesto. 21 Respecto al parricida, en el Código Penal Federal de 1931 se contemplaba la figura del parricida; sin embargo, actualmente la figura abarca también la privación de la vida del cónyuge, concubina, concubinario, adoptante o adoptado, por lo que su título de imputación se ha transformado en “homicidio en 21

Cfr. anexo del presente libro.

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razón de parentesco o relación” (artículo 323 del CPF), esto ofrece diversos interrogantes: ¿se puede aplicar la analogía y considerar al parricidio como equivalente al homicidio en razón de parentesco o relación?, ¿será igual de injusto matar a un ascendiente o descendiente que a un cónyuge o concubina? La respuesta es negativa, por lo que el parricidio sólo podrá interpretarse como el dar muerte a un ascendiente o descendiente. Con respecto al homicidio cometido con alevosía, premeditación o ventaja, cabe decir que basta con una de las calificativas y no se necesita de la concurrencia de las tres, tal como quedó establecido en la siguiente jurisprudencia: PENA DE MUERTE . Es evidente que un simple error de imprenta, no puede variar el texto auténtico de la Constitución, en el que, de manera expresa, se establece que “sólo podrá imponerse la pena de muerte... al homicida con alevosía, premeditación o ventaja...”, no siendo, por tanto, necesaria la concurrencia de las tres calificativas. 22

El homicidio calificado no enfrenta mayores problemas de interpretación como sí ocurre con las figuras del incendiario o la del pirata, cuya tipifica22 Apéndice de 1995, quinta época, Primera Sala, t. II, SCJN, tesis 238, p. 135; Amparo directo 9/17, Lindenborn William P., 2 de julio de 1918, mayoría de diez votos: Amparo directo 61/18m Castillo Bernardino, 28 de marzo de 1919, unanimidad de nueve votos; amparo directo 1202/21, Colín Ángel, 23 de septiembre de 1924, unanimidad de diez votos; amparo directo 398/28, Ordaz Pantaleón y coag., 17 de enero de 1929, cinco votos; amparo directo 4306/28, León Toral, José de, 6 de febrero de 1929, unanimidad de cuatro votos; en el Apéndice al t. L y a los apéndices de 1954 y 1965 el rubro era P ENA CAPITAL .

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ción expresa no se puede encontrar en el Código Penal. Respecto al salteador de caminos, se trataba de un verdadero problema de aquella época como lo puso de manifiesto el diputado Román durante los debates del Constituyente de 1917 al manifestar: En lo general, la Comisión acepta la pena de muerte... respecto del salteador de caminos, es una verdadera necesidad para conseguir la pacificación de la patria. Muchos de los que estamos aquí presentes, todavía recordaremos cómo en regiones apartadas del país, en una nación como la nuestra, de un territorio verdaderamente grande, sumamente extenso y accidentado, la pacificación es un problema que tiene la revolución que resolver posteriormente y que se presenta, casi pudiéramos decir, como un fantasma. Y en estos casos, la pena de muerte se impone para ciertas regiones. La Comisión tiene la convicción de que en muchos casos ha sido la única solución que se ha dado para combatir ese mal para regiones como el Estado de Morelos. Consúltese la historia y la historia dirá los medios que se emplearon en estas regiones accidentadas, y se verá cómo en algunos pueblos pequeños, en los más escarpados de la sierra, después de eliminar tres o cuatro personalidades de aquellos delincuentes, se consiguió dar mayor seguridad a los caminos. Quizá muchas de las diferencias dependen de nuestras prácticas en el sistema penal, pues muchos de los que se cogían por los caminos como presuntos salteadores, aun habiendo las mayores probabilidades de su culpabilidad, se les llevaba a la cárcel y casi siempre se veía que ese sistema no era bastante para acabar con esa plaga social. Otro tanto se diría respecto de los incendiarios, plagiarios y piratas...

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Por otra parte, durante los debates del Constituyente de 1917 el diputado Lizaliturri trató de delimitar lo que se entiende por salteador de caminos, presentando una concepción muy similar al robo con violencia. 23 Empero, el Código Penal Federal sí contiene la figura del salteador de caminos en el artículo 286, por lo que se debe atender exclusivamente a este supuesto. Respecto a los delitos graves del orden militar, éstos se encuentran contemplados en los artículos 203, 206, 208 y 210 del Código de Justicia Militar. Los preceptos citados continúan vigentes y describen conductas de la más variada índole, pero es necesario puntualizar que muchas de ellas no revisten la gravedad suficiente como para imponer la pena de muerte. 24 Estos son los únicos delitos previstos en la carta magna desde 1917 y no se pueden incorporar otras figuras delictivas como sería la violación. Aunque el Constituyente de 1917 planteó la posibilidad de sancionar el delito de violación con la pena de muerte como una respuesta a las múltiples violaciones cometidas por “forajidos”. 25 Se dijo: En el artículo que estudiamos [entonces el artículo 22, párrafo 2o.] se conserva la pena de muerte en los mismos casos que expresa la Constitución de 1857, extendiéndola también al violador. Ciertamente, el delito de violación puede dejar a la víctima en situación moral de tal manera miserable y lastimosa, que Cfr. Diario de los debates... , cit. , nota 9, p. 333. En este sentido, cfr. Paoli Bolio, Francisco, “Debates sobre el párrafo tercero del artículo 22 constitucional” , Revista de Derechos Humanos, cit., nota 2, p. 178. 25 Cfr. Diario de los debates... , cit., nota 9, p. 350. 23 24

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hubiera preferido la muerte; el daño causado por ese delito puede ser tan grande, como el producido por un homicidio calificado, lo cual justifica la aplicación de igual pena en ambos casos.

No obstante, la propuesta fue rechazada y hubo voces particulares que se pronunciaron en contra de la inclusión de ese supuesto como la del diputado Cravioto. Por tanto, ninguna legislatura local o federal puede sancionar la violación con la pena capital. Como dato adicional, existen países como China en los que es posible sancionar con pena de muerte el fraude fiscal, la falsificación, la malversación o la corrupción. Por otra parte, en los Estados Unidos de América se puede imponer la pena capital a jóvenes de dieciséis años de edad. Todo lo anterior está descartado de antemano de nuestra legislación. B. Los fines de la pena en la Constitución La Constitución ordena en el segundo párrafo del artículo 18 que los estados de la República estructurarán el sistema penitenciario bajo las directrices de la readaptación a través del trabajo y la educación. Lo anterior implica una clara directriz constitucional de la pena que es conocida como la prevención especial. En otras palabras, de acuerdo con nuestra carta magna el fin de la pena es la resocialización del delincuente y no la retribución ni mucho menos su eliminación. Por ello, al aplicarse la pena de muerte el delincuente ya no podría ser resocializado y se estaría contraviniendo los designios de la Constitución.

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4. La comisión de un homicidio cal¡ ficado Cuando el juez condena al procesado a la pena de muerte necesariamente determina el día, la hora y la forma de ejecución: fusilamiento, inyección letal o silla eléctrica. Lo anterior supone que el condenado, desde el día de la sentencia, vivirá con la certeza del día de su muerte y, consecuentemente, sufrirá tormento psicológico al saber que no puede hacer nada que lo salve, de ahí que a los condenados a la pena de muerte se les llame “hombres muertos marchando”. Si analizamos este hecho desde el prisma normativo del Código Penal Federal, tendríamos que ubicarlo en la hipótesis del homicidio calificado caracterizado por el hecho de reflexionar (premeditación) y privar de la vida a otro que no tiene posibilidades de defensa (ventaja), empleando para tal efecto sustancias nocivas para la salud o tormentos (artículos 315 y 316 del CPF). 5. Disfunción de la pena en el Código Penal Las penas que se impondrán a quienes cometen delitos se determinan conforme al bien fundamental que se lesiona. Por ende, se requiere ordenar jerárquicamente los bienes que se tutelan en el Código Penal y conforme a su lesión señalar la pena a imponer. Así, por ejemplo, si establecemos la relación jerárquica que existe entre la vida y el patrimonio, la primera es de mayor importancia frente al segundo y por ende la pena a imponer para quien priva de la vida es mucho mayor en comparación con quien roba.

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No obstante, al analizar los códigos penales de nuestro país encontramos disfunciones en las penas; por ejemplo, en el Código Penal para el Estado de México la pena prevista para el secuestro es de 30 a 50 años de prisión (artículo 259) mientras que la pena para el homicidio simple es de 10 a 15 años de prisión y de 20 a 50 años de prisión si el homicidio es calificado (artículo 242, fracciones I y II). Lo anterior implica ya una disfunción sistemática de las penas que se puede agravar todavía más si se pretendiera sancionar al secuestro con la pena de muerte, debido a que se confirmaría que la libertad está siendo considerada como un bien de mayor valía frente a la vida y esto es inadmisible. V. A RGUMENTOS CRIMINOLÓGICOS La pena de muerte no sólo se puede atacar desde el punto de vista histórico y normativo sino también desde el punto de vista criminológico, pues en los países que se aplica, se ha observado una clara tendencia discriminatoria y no ha servido para prevenir la comisión de delitos. En efecto, en 1998, a nivel mundial, se aplicó la pena de muerte a 1,625 delincuentes de 37 países, de los cuales el 80% se ejecutaron en China, Estados Unidos, Irán y la República Democrática del Congo. Debido a nuestra ubicación geográfica el punto de referencia más próximo es el de los Estados Unidos de América. 26 La pregunta es: ¿cuál ha sido la 26 Lugar donde, por cierto, se inventó la silla eléctrica, que fue utilizada por primera vez el 6 de agosto de 1890 en la prisión de Sing-Sing en Nueva York. Reynoso Dávila, Roberto, op. cit., nota 15, p. 163.

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experiencia de la pena de muerte después de un siglo de su aplicación en el vecino país del norte? 1. Discriminación En los Estados Unidos de América, según los datos estadísticos, el mayor número de condenados a pena de muerte se conforma por negros y latinos. Lo anterior no significa que sólo sean esos grupos raciales los que cometen los peores delitos, pues ante casos muy similares la probabilidad de la condena a la pena de muerte es menor si el delincuente es blanco y mayor si es negro; entre estos dos se ubica el sujeto de origen latino. El número de blancos y negros que son asesinados en Estados Unidos es equiparable, y sin embargo el 82 por ciento de los presos ejecutados desde 1977 fueron declarados culpables del asesinato de una persona blanca. Los negros representan sólo el 12 por ciento de la población total del país, pero el 42 por ciento de los condenados a muerte son de raza negra. 27

Lo anterior da sustento a lo señalado por la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos en el caso Furman vs. Georgia: La pena de muerte se abate sobre los pobres, los ignorantes y los miembros subprivilegiados de la sociedad... mientras la pena capital se utiliza sólo contra los desvalidos y miembros olvidados de la sociedad los legisladores están contentos con mantener el statu quo. Sólo en una sociedad libre puede la justicia 27

Cita Informe de Amnistía Internacional.

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triunfar en tiempos difíciles. Uno busca en vano en nuestras crónicas la ejecución de algún miembro de los estratos influyentes de nuestra sociedad pero éstos nunca reciben condenas a muerte. 28

Así, en junio de 1999 “Brian Baldwin fue ejecutado en la silla eléctrica en Alabama, a pesar de que 26 miembros del Comité Negro del Congreso en Washington D. C. solicitaron la suspensión de su ejecución en vista de «la clara pauta de discriminación racial existente en su caso»”. 29 Por otra parte, existen casos en los cuales el factor racial no es decisivo sino el aspecto económico. Ello quedó de manifiesto en el caso del jugador de fútbol americano O. J. Simpson, quien a pesar de pertenecer a la raza negra, pudo evitar la pena de muerte e incluso la condena a prisión gracias al costoso grupo de abogados que se ocuparon de su defensa. Por todo lo anterior no es de extrañar que el relator especial de la ONU, en el informe de su visita a Estados Unidos de América en 1997, concluyera que “la raza, el origen étnico y la situación económica parecen ser factores clave a la hora de decidir quién será condenado a muerte y quién no lo será”. 30 Si todo lo anterior lo trasladamos a México podríamos preguntarnos: ¿quiénes serían los condenados a muerte?, ¿quiénes cometen delitos graves o quiénes cometen delitos graves y son pobres? Para volver a hacer memoria, durante el debate del Constituyente de 1917, el diputado Del Castillo se refirió 28 29 30

http://www.forumbabel.net/babelt252.htm. Cita Informe de Amnistía Internacional. Idem.

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a la aplicación de la pena de muerte para el débil y jamás para el magnate. 31 2. Falibilidad judicial En los Estados Unidos de América existen diversos casos documentados de sujetos que fueron condenados a la pena de muerte y después de su ejecución aparecieron pruebas que demostraron su inocencia. Así, Michael Radelet, Hugo Adam Bedau y Constance E. Putnam informan que desde el año 1900, en Estados Unidos 350 personas han sido erróneamente acusadas de crímenes y luego condenadas a la pena de muerte (eventualmente varias han sido ejecutadas). De esas personas condenadas a muerte, 23 fueron ejecutadas, como lo indica el estudio A pesar de la inocencia (In Spite of Innocence), publicado en 1992 por Northeastern University Press, en Boston. 32 Desde 1973 hasta 1999, 84 condenados a la pena de muerte han tenido mejor suerte y han salvado su vida gracias a la aparición de pruebas que demostraban su inocencia. Por citar sólo un par de casos, en enero de 2001, el caso contra Peter Limone fue oficialmente sobreseído por el estado de Massachusetts (33 años después de haber sido condenado), debido a que el principal testigo de la acusación, Joseph Barboza, admitió que había inventado gran parte de su testimonio. Por otra parte, en octubre de 2000, Earl Washington fue indultado del delito

Cfr. Diario de los debates... , cit., nota 9, esp. p. 343. http://www.amnestyusa.org/spanish/abolicion/innocen ce_es.html; también cfr. www.deathpenaltyinfo.org . 31

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de violación y asesinato gracias a la realización de una prueba de ADN que demostró su inocencia. 33 En Illinois, trece condenados a la pena de muerte pudieron evitar su ejecución gracias al sobreseimiento de sus juicios, lo cual motivó al gobernador George Ryan a declarar una moratoria sobre las ejecuciones en ese estado y dijo: “Mientras sea gobernador, no habrá más ejecuciones. No puedo pensar en la posibilidad de ejecutar a un inocente”. 34 Dadas las consecuencias irreparables del daño, la ejecución de inocentes presumiblemente culpables constituye el peor de los errores judiciales y no sería extraño que dichos errores se cometieran en nuestro país y ya no valdría la frase ¡usted perdone! ante el cadáver del que fue condenado a morir injustamente. 3. Costo Generalmente se piensa que la pena de muerte sólo cuesta el valor de los cartuchos disparados para fusilar o de la sustancia mortal empleada en la inyección o del voltaje utilizado para activar la silla eléctrica. Sin embargo, la pena de muerte requiere un largo y costoso procedimiento judicial cuya finalidad es evitar que sujetos inocentes sean ejecutados, a lo cual se deben sumar los elevados costos

33 Cita Informe de Amnistía Internacional y www.deathpenaltyinfo.org. Para el análisis de más casos, cfr. Jäger, Christian, “La pena de muerte en el sistema de los fines de la pena”, Problemas fundamentales de política criminal y derecho penal, México, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2002, esp. pp. 80 y 81. 34 http://www.amnestyusa.org/spanish/abolicion/innocen ce_es.html.

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de las prisiones en que deben ser recluidos los conde- nados a la pena capital. En Estados Unidos de América se ha tenido que crear una instancia judicial especial en la que se ventilan exclusivamente casos de pena de muerte. De esta guisa, a las tres instancias a nivel estatal y las tres a nivel federal se suma una cuarta conformada por funcionarios judiciales altamente especializados cuyos salarios son muy elevados. En Carolina del Norte la ejecución de cada condenado a la pena de muerte cuesta aproximadamente 2 millones 160 mil dólares, mientras que en el estado de Texas la cantidad asciende a 2 millones 300 mil dólares y en Florida llega a estimarse en 3 millones 200 mil dólares por cada ejecución. En cambio, quien es condenado a cadena perpetua sólo representa una erogación estimada entre 500 mil y 750 mil dólares. 35 En otras palabras, ¡la imposición de la pena de muerte cuesta cuatro y hasta seis veces más que mantener al delincuente recluido de por vida en prisión! 4. Eficacia Las estadísticas de algunos países en los que se ha adoptado la pena de muerte muestran que los delitos sancionados con dicha pena se han incrementado; es decir, la previsión de la pena de muerte en las leyes penales no ha conseguido disuadir al delincuente y disminuir la comisión de delitos; por el contrario, el efecto ha sido el incremento de esos delitos, es como si la pena de muerte fuera un ali35 Cfr. Jäger, Christian, op. cit., nota 33, esp. pp. 82 y 83; http://www.deathpenaltyinfo.org .

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36 ciente para el delincuente. En este sentido, en Nueva York “entre 1903 y 1963 después de cada ejecución hubo un aumento de dos asesinatos por mes” 37 y en 1962 los Países Bajos señalaron que “la pena de muerte quedó abolida en 1879, y las estadísticas posteriores a ese año comprueban que los crímenes por los cuales fue aplicada antes de esa fecha no han aumentado”. 38 En nuestro país, el incremento de las penas privativas de libertad no ha conseguido disminuir la comisión de delitos. Así, el delito de secuestro previsto en el artículo 366 del Código Penal Federal se sancionaba con pena de 6 a 40 años de prisión, los cuales se incrementaron de 10 a 40 años con la reforma de 1996,31y desde 1999 se sanciona con pena de 15 a 40 años, 40 sanción que se ha mantenido en el artículo 164 del nuevo Código Penal del Distrito Federal. Asimismo, en el Código Penal del Estado de México el secuestro se sancionaba con pena de 10 a 40 años y después de las reformas del 3 de septiembre de 1999 la pena prevista en el artículo 259 para dicho delito es de 30 a 50 años de prisión. Pese a todo este incremento indiscriminado de penas, de acuerdo con el diagnóstico de Anavis 41 y con el proporcionado por la Coparmex en enero de 2003, tan36 En este sentido, cfr. el estudio realizado por Islas de González Mariscal en el presente libro, apartado II, B, a. 37 Jäger, Christian, op. cit., nota 33, p. 78. 38 Cita en Barreda Solórzano, Luis de la, “Sin razón de la pena de muerte”, Revista de Derechos Humanos , cit., nota 2, p. 182. 39 Diario Oficial de la Federación, 13 de mayo de 1996. 40 Ibidem, 17 de mayo de 1999. 41 Jiménez Ornelas, René e Islas de González Mariscal, Olga, El secuestro, problemas sociales y jurídicos , México, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2002, p. 39.

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to el Distrito Federal como el Estado de México 42 son los estados de la República en que se cometen la mayoría de los secuestros y no han disminuido. 43 La razón por la cual el incremento de la pena no tiene como resultado la menor comisión de delitos, se encuentra en la expectativa del delincuente, quien parte de la idea de que no será detenido ni sancionado; en otras palabras, la gran impunidad que existe en nuestro país es una de las causas más importantes del incremento de la criminalidad. Lo que anima al delincuente a continuar con su actividad no radica en la cantidad de años de prisión prevista en la ley sino en su falta de aplicación. ¿Por qué se piensa entonces que agravando el castigo de prisión a muerte se podrá reducir la comisión de delitos? El camino para resolver el problema de la criminalidad radica en erradicar la impunidad y no en disponer en las leyes castigos más severos. En este sentido, en 1993 el titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Jorge Madrazo Cuéllar, rechazó la pena de muerte como medio para combatir a la criminalidad y consideró como medios más adecuados abatir la impunidad, el reforzamiento de la seguridad pública y mecanismos adecuados para conseguir la readaptación de delincuentes. 44

42 El 53% de los secuestros acaecidos en la república mexicana se han verificado en el Distrito Federal y el 16.9% en el Estado de México. 43 http://mx.news.yahoo.com/030122/7/u25d.html. 44 Cfr. Madrazo Cuéllar, Jorge, “Historia de la pena de muerte, otro capítulo más”, Revista de Derechos Humanos , cit., nota 2, p. 176.

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VI. C ONCLUSIÓN Todo lo anterior pone en evidencia que la pena de muerte debe derogarse de la Constitución debido a que contraviene los designios del Constituyente de 1917 y los tratados internacionales suscritos y ratificados por nuestro país. Además, la pena de muerte es contraria a los derechos humanos por tratarse de una sanción injusta y cruel que contraviene los principios de protección a la vida que debe inculcar el Estado en sus ciudadanos y convierte al Estado que lo práctica en un asesino. Por si no fuera ya suficiente, la pena capital reafirma la discriminación, puede constituir el peor error judicial cuando se condena a inocentes, es más costosa que la cadena perpetua y, sobre todo, es ineficaz para disminuir la comisión de delitos. La solución al incremento de la criminalidad en México se encuentra en la adopción de medidas de política criminal, a saber: 1) La adopción de medidas económicas tendentes a la creación de más empleos y el mejoramiento del nivel económico de la población en general. 2) Una adecuada política de los medios de comunicación masiva, sustentada en el desarrollo personal y el rechazo a la violencia. 3) Un programa de educación integral dirigido a la familia y la sociedad en el cual se fomente la cultura de la convivencia en paz y armonía, guiada por el respeto. 4) Medidas de policía encaminadas hacia una mejor capacitación, mayor equipamiento y el goce de una remuneración justa. Éstas son sólo algunas de las medidas que nos llevarán a la solución real del problema, su implan-

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tación llevará mucho tiempo y los resultados no se podrán observar de inmediato. Por ello es indispensable la adopción de una postura comprometida de los políticos y funcionarios de nuestro país que se refleje en la toma de decisiones encaminadas hacia la solución real del problema y no a la simple búsqueda de votos para ganar un puesto público. Éste es el reclamo justo del pueblo que delegó su soberanía en favor del Estado para poder vivir en paz y hacer realidad el pacto social. VII. B IBLIOGRAFÍA B ARREDA S OLÓRZANO , Luis de la, “Sin razón de la pena de muerte”, Revista de Derechos Humanos , Sonora, México, núm. 13, verano de 1996. B ECCARIA , Cesare, “De la pena de muerte”, Revista Mexicana de Justicia, nueva época, núm. 1, enero-marzo de 1993. J ÄGER , Christian, “La pena de muerte en el sistema de los fines de la pena”, Problemas fundamentales de política criminal y derecho penal , México, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2002. J IMÉNEZ O RNELAS , René e I SLAS DE G ONZÁLEZ M ARISCAL , Olga, El secuestro, problemas sociales y jurídicos, México, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2002. LIEBMAN , James S. et al., A Broken System: Error Rates in Capital Cases , Columbia Law School, junio de 2000. M ADRAZO C UÉLLAR , Jorge, “Historia de la pena de muerte, otro capítulo más”, Revista de Derechos

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Humanos, Sonora, México, núm. 13, verano de 1996. O VALLE FAVELA , José, “La pena de muerte”, Revista de Derechos Humanos , Sonora, México, núm. 13, verano de 1996. PAOLI B OLIO , Francisco, “Debates sobre el párrafo tercero del artículo 22 constitucional”, Revista de Derechos Humanos , Sonora, México, núm. 13, verano de 1996. R EYNOSO D ÁVILA , Roberto, “La pena de muerte”, Revista de Derechos Humanos, Sonora, México, núm. 13, verano de 1996. Documentos Amnistía Internacional, Informes, 1999, 2000 y 2001. Justice Department, The Federal Death Penalty System. A Statistical Survery, 1988-2000, septiembre de 2000. Periódicos oficiales Diario de los debates del Congreso Constituyente 1916-1917, México, Ediciones de la Comisión Nacional para la Celebración del Sesquicentenario de la Proclamación de la Independencia Nacional y del Cincuentenario de la Revolución Mexicana, 1960, t. II. Direcciones Electrónicas http://www.reforma.com/edomex/articulo/270071/

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http://www.el-universal.com.mx/pls/impreso/noti cia. html?id_nota=48447&tabla= Estados http://www.el-universal.com.mx/pls/impreso/noti cia.html?id_nota= 121470&tabla=notas http://mx.news.yahoo.com/030217/26/wbw1.html http://mx.news.yahoo.com/030217/26/wbw1.html http://mx.news.yahoo.com/030207/7/vd2c.html http://www.amnestyusa.org/spanish/abolicion/in nocence_es.html http://www.forumbabel.net/babelt252.htm http://www.inegi.gob.mx/estadistica/espanol/soci odem/ seguridad/ seg_06.html http://mx.news.yahoo.com/030122/7/u25d.html

ANEXOS Exposición de motivos del Código Penal de 1871 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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Debates del Constituyente de 1917 en torno a la pena de muerte . . . . . . . . . . . . . . 111

ANEXOS

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS DEL CÓDIGO PENAL DE 1871 * Cuando estén ya en práctica todas las prevenciones que tienen por objeto la corrección moral de los criminales; cuando por su trabajo honesto en la prisión puedan salir de ella instruidos en algún arte u oficio y con un fondo bastante a proporcionarse después los recursos necesarios para subsistir; cuando en las prisiones se los instruya en su religión, en la moral y en las primeras letras; y, por último, cuando nuestras cárceles se conviertan en verdaderas penitenciarías de donde los presos no puedan fugarse, entonces podrá abolirse sin peligro la pena capital. Hacerlo antes sería, a mi juicio, comprometer la seguridad pública, y tal vez reducir a nuestra sociedad al extremo peligroso de hacerse justicia por sí misma, adoptando la bárbara ley de Lynch. No piensan así los demás miembros de la comisión, quienes decididamente están por la inmediata abolición de dicha pena. Así es que no figuraría en * La exposición de motivos fue firmada por el presidente de la Comisión, Antonio Martínez de Castro, el 15 de marzo de 1871, y la dirigió al “ciudadano ministro de Justicia”. Según anota Martínez de Castro en los debates sobre las penas, al tratar la pena de prisión y la pena de muerte, se hizo hincapié en la situación inadecuada en que se encontraban las prisiones, por lo cual en la exposición de motivos se determinó lo que en este documento se transcribe. Estos textos se extrajeron de Leyes penales mexicanas, México, Instituto Nacional de Ciencias Penales, 1979, pp. 341-346. 97

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nuestro proyecto, por ser yo el único que ha sostenido ser necesario conservarla todavía, a no haber manifestado el Supremo Gobierno, por conducto de ese Ministerio, que adoptaba mi opinión, la cual no difiere substancialmente de la de mis dignos compañeros. Como ellos, veo con horror el derramamiento de sangre humana, y anhelo como ellos vivamente que desaparezcan de entre nosotros esos suplicios sangrientos; pero a mi juicio, no ha llegado ese suspirado día, y todo lo que podemos hacer es trabajar empeñosamente, hasta hacer innecesaria la pena capital. Manifestaré los fundamentos de mi opinión. Los enemigos de ella la tachan de ilegítima, de injusta, de que no es ejemplar, de indivisible e irrevocable, y por último, de innecesaria. Y a la verdad que si tales tachas fueran ciertas, habría que confesar desde luego que no debía durar un día más esa terrible pena; pero semejantes objeciones están muy distantes de la realidad, y hay en ellas no poco de alucinación. La de ilegitimidad, que es la más débil de todas, se funda en que no pudiendo los particulares disponer de sus propias vidas, tampoco puede hacerlo la sociedad, porque ésta no tiene ni puede tener más facultades que las que le delegan los asociados al constituirla. Como se ve, esa teoría da por supuesto el contrato social de Rousseau, que si en un tiempo estuvo en boga, hoy es tenido como una quimera, como un sueño, como una fábula. Ya no se busca el origen de la sociedad en un convenio de los asociados, sino en la naturaleza misma: el estado social es una necesidad moral del hombre, es un deber que se le ha impuesto para su propia felicidad; porque es tan inhe-

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rente a su naturaleza el ser sociable, como el ser libre, sensible e inteligente. Destruida, como está por su base, la doctrina de la ilegitimidad de la pena de muerte, doctrina que hoy está casi abandonada, preciso es buscar en otra fuente el derecho de la sociedad para castigar a los delincuentes; y no se encontrará otro que el derecho que ella tiene para procurar su propia conservación y la de los asociados, empleando para ello todos los medios que sean necesarios dentro de los límites de lo justo. Uno de esos medios es la pena, puesto que no hay otro para hacer efectiva la justicia social, que es un deber; o en otros términos: el derecho de castigar se deriva de la justicia y de la utilidad unidas. Así es que la verdadera dificultad que hay que resolver está reducida a averiguar si su imposición es necesaria todavía, una vez que no se pueda ya poner en duda que hay derecho de aplicarla. Pero antes de entrar a este terreno, examinemos las demás objeciones, por ser de más breve solución. Una de ellas es la de que la pena de muerte es indivisible, y en este punto me hallo enteramente conforme con los abolicionistas; mas no lo estoy en la consecuencia que deducen. Ellos infieren que en ningún caso debe imponerse el último suplicio; y yo deduzco que no debe prodigarse, como antes se prodigaba, aplicándolo a toda clase de delitos. Esto sí sería una gran injusticia; porque destruiría enteramente la proporción que debe haber entre la culpa y el castigo, valiéndose de un medio de represión que, siendo verdaderamente extremo, no debe emplearse sino contra delitos de suma gravedad. Mas ¿qué desproporción habrá en aplicar la última pena al autor de algunos delitos que menciona el artículo 23 de la Constitución Federal? ¿Quién podrá decir

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que hay injusticia en privar de la vida al que cometió un asesinato ejecutado con la más refinada crueldad, con notoria premeditación, alevosía y ventaja? La indivisibilidad de la pena nada importa en el presente caso, porque no se hace más que aplicar el mayor de los castigos a uno de los delitos que ocupan el lugar más alto en la escala del crimen. Alguna más fuerza hace la calidad que la pena capital tiene de ser irrevocable. Pero además de que esa circunstancia es hoy inherente a toda pena, por estar prohibida la revisión de los procesos en el artículo 24 de la Constitución, yo no alcanzo que haya inconveniente en decapitar a un reo cuando haya certidumbre de que él cometió el delito de que se le acusa. El peligro estaría en condenarlo a muerte en el caso contrario; y lo que de ahí se infiere es, únicamente, que debe obrarse con mucha mesura, con gran circunspección, en la averiguación de los delitos y de los delincuentes; que no debe condenarse a nadie a sufrir esa pena terrible, sino empleando en el proceso todas las formas tutelares que son la garantía de la inocencia; y por último, que no debe perdonarse medio, esfuerzo ni gasto alguno, para apresurar el día en que se pueda abolir para siempre la pena capital. Objétase también que por no ser ejemplar es inútil, y en prueba de ello se alega que, a pesar de su aplicación, se continúan cometiendo los mismos crímenes. Pero si esa razón probara algo, serviría también para proscribir todas las otras penas, pues a pesar de ellas siempre ha habido, hay y habrá delincuentes, mientras no se cambie el corazón humano. Lo posible, y lo que el legislador debe únicamente procurar, es que las penas sirvan de escarmiento, si no a todos los habitantes, sí al menos a un gran

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número de ellos, y este efecto lo produce la pena de muerte en más alto grado que otra alguna, como lo demuestran los criminalistas con multitud de casos y razones de gran peso. ¿Pero qué mejor prueba puede darse que lo acaecido en México en 1861 a la entrada del ejército liberal, y lo que vimos al ocupar con sus tropas esta capital el General Díaz, en junio de 1867? En la primera de estas dos épocas bastó ejecutar una media docena de criminales, para que la seguridad, que estaba gravemente amenazada, se restableciera del todo, no obstante que en pos del ejército vinieron bandas enteras de foragidos, alentando la esperanza de entregarse impunemente a todo género de crímenes. Más felices fuimos el año de 1867, pues sin necesidad de hacer ni un solo ejemplar, disfrutamos de una seguridad mayor que nunca, a pesar de que el pueblo estaba hambriento y en la mayor miseria, por el largo asedio que acabábamos de pasar. Y ¿á qué debimos tanta fortuna? Al bando que se publicó antes de la entrada del ejército, amenazando con el último suplicio a los delincuentes, y a que éstos se persuadieron de que serían pronta e irremisiblemente ejecutados, si cometían alguno de los delitos a que el bando se contraía. Se ve, pues, que la pena de muerte tiene la mayor eficacia cuando su aplicación es indefectible y pronta, y esto explica por qué otras veces no ha dado los mismos resultados. ¿Y no hemos palpado también los buenos efectos de la ley de plagiarios? ¿No está muy disminuida esa plaga; no obstante que los recursos de amparo han impedido a veces el castigo de algunos, y que esto hace concebir a los otros la esperanza de salvarse, aun cuando sean aprehendidos y condenados?

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Si la pérdida de la vida, que es el mayor de todos los bienes, no intimida a los criminales, y no sé como podrán explicarse los inauditos esfuerzos que todos los condenados a muerte hacen por conservarla, ya embrollando sus procesos, ya implorando indulto, ya pidiendo amparo, y ya, en fin, suplicando encarecidamente que se les condene a prisión o a presidio. ¿Será porque la pena de muerte no les parezca bastante castigo de su delito y prefieran que se les aplique la de prisión como más grave? Desvanecida la objeción de que la pena capital no es ejemplar, veamos si es innecesaria, como dicen los enemigos de ella. El fundamento único de esta aseveración se reduce a que, por medio de otras penas, se puede conseguir no sólo la intimidación, sino lo que es más, la corrección y enmienda de los delincuentes, que no se logra decapitándolos. Si tal cosa fuera posible en las actuales circunstancias, sería yo el primero en pedir la inmediata abolición de la pena de muerte; pero me parece que se engañan los que tal dicen, y que, ofuscado su entendimiento por la vehemencia de sus filantrópicos deseos, no ven la realidad. Tal vez por eso arguyen dando por supuesto lo mismo que debían probar. En efecto, ¿cuál es esa pena ejemplar, correccional y reparadora que piensan sustituir a la de muerte? ¿Será la de presidio? Esta pena no tiene ni podrá nunca tener todas esas calidades, porque, sobre ser esencialmente desmoralizadora, no hay hoy seguridad de que se haga efectiva. ¿Será la de prisión? Tampoco, y es fácil demostrarlo con los mismos principios que proclaman los abolicionistas. La intimidación, dicen, y dicen bien, más que de la severidad de las penas, depende de que ellas sean

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inevitables, de que se apliquen sin demora y cuando aún está viva en los ánimos la impresión que causa el delito; pero si se deja pasar ese tiempo y se persuaden los malvados de que pueden delinquir sin que sus crímenes se averigüen, o de que, comprobados que sean, pueden con la fuga o de otro modo dejar burlada la ley, no podrá ésta infundirles ni el más mínimo temor. Pues bien: ¿no leemos todos los días en los periódicos, partes oficiales de continuas evasiones de presos? ¿No es preciso que las haya, estando las cárceles mal guardadas, y no bastando custodia alguna para impedir que los cabecillas de asonadas saquen de las prisiones a cuantos en ellas se encuentran? Pues si esto es innegable, no sé cómo puede haber quien se alucine hasta el grado de creer que los famosos delincuentes se detengan en la pendiente del crimen con el amago de una pena de que podrán librarse fácilmente. Pero si no es posible la intimidación, por el fatal estado de nuestras cárceles y nuestros presidios, lo es menos todavía conseguir en ellas la enmienda de los condenados. Para demostrarlo sería muy fácil añadir a lo ya expuesto nuevas y poderosas razones; pero las omito por no cansar la atención de Ud., y por parecerme bastantes las que expuse antes, al hablar de los inconvenientes de la comunicación de los presos entre sí. A pesar de esas observaciones, hay todavía quien insista en sostener que debe abolirse desde luego la pena capital, alegando que la Constitución no exige que haya verdaderas penitenciarías, sino simplemente que se establezca el régimen penitenciario; y creen que eso puede conseguirse respecto de los que debieran ser condenados a muerte, si se los pone en prisión solitaria, y privados de toda comunicación,

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como puede hacerse ya, por haber unas cuantas piezas en la cárcel de Belén adecuadas a ese objeto. Pero no basta, ciertamente, porque, como dice Ortolan: “Mucho se engañaría el que creyese que con tener el edificio material; que con la prisión celular de noche y trabajo en común, guardando silencio, o con la prisión solitaria de día y noche, todo se consigue, y que se obtiene con cualquiera de estas dos fórmulas el régimen penitenciario; por el contrario, podría suceder que resultara la base de una de las más abominables penas de prisión. En efecto: esas fórmulas no se dirigen sino a uno sólo de los puntos que debe abrazar ese régimen, la comunicación; y ya sabemos que hay otros muchos que reglamentar, ya sea en cuanto al tratamiento físico, ya en cuanto al tratamiento moral y ya en lo concerniente a las medidas de transición”, es decir, a las que tienen por objeto preparar a los reos para que puedan pasar de la prisión a la sociedad, sin peligro de una recaída. Nada de esto se logra con tener algunos aposentos separados en una mala cárcel, ni con poner a unos cuantos reos en prisión solitaria. Hacerlo así sería, además, una crueldad suma, porque encerrar a un hombre en un calabozo, sin proporcionarle instrucción ni ocupación alguna, es condenarle a la soledad más espantosa, es entregarle a la desesperación y acaso a la demencia. Ninguna fuerza tiene contra lo expuesto hasta aquí, el hecho de que en algunas naciones esté ya proscrita la pena capital: en primer lugar, porque no ha pasado el tiempo suficiente para poder decir, con toda seguridad, que esta medida ha producido los buenos resultados que de ella se prometían; pues varias de esas mismas naciones han dado otras ve-

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ces ese paso en la vía del progreso, y han tenido que retroceder a poco tiempo, forzadas por la necesidad. Así ha sucedido con la Toscana y la Alemania, si damos crédito a lo que dicen Bonneville y Simonet. En segundo lugar, porque si la medida de que se trata tal vez no presente graves inconvenientes en naciones antiguas, de pequeño territorio, bien pobladas, con buenas prisiones, y que han gozado de una larga paz; sí puede ser muy peligrosa en una nación como la nuestra, despoblada, montuosa, con pésimas cárceles, con una policía todavía imperfecta, que ha estado en guerra continua por espacio de sesenta años, con su industria y comercio abatidos, y en momentos en que comienza a restablecerse la seguridad. Yo creo que en vista de estas circunstancias no se atreverían a abolir en México la pena de muerte, ni los mismos legisladores que han creído poder hacerlo sin peligro en sus propias naciones, porque no siendo absoluta la necesidad de conservar esa grave pena, sino relativa el estado, costumbres e instituciones de cada país, es inconcuso que, aun cuando en algunos pudiera proscribirse sin riesgo, será en otros preciso conservarla provisionalmente como una áncora de salvación. En este último caso se halla nuestra patria; y por más que tratemos de hacernos ilusiones, es necesario confesar que se comprometerían altamente la seguridad pública y privada, si la pena de muerte se aboliera del todo, sin tener establecido para substituirla el sistema penitenciario, que es el único, sin duda, con que pueden alcanzarse los dos grandes fines de las penas: el ejemplo y la corrección moral. Pero también es preciso convenir en que sería una iniquidad dejar vigente dicha pena, y no hacer des-

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de luego los mayores esfuerzos para lograr cuanto antes que sea innecesaria su aplicación. Cuando no se emplea medio alguno para la corrección moral de los condenados; cuando sólo se procura la intimidación por medio de la severidad en el castigo, y éste se llega a ejecutar, en vez de enmendarse el que lo sufre, sólo respira odio y rencor contra los que lo condenaron. Si, por el contrario, la pena no llega a hacerse efectiva y logra burlarla, entonces no concibe más que desprecio a la ley y a sus ejecutores. Pero ¿cómo no han de inspirarle respeto aquéllas y éstos, cuando vea que se le castiga sin saña, y que no se trata de satisfacer una venganza, sino de hacerle el bien, de proporcionarle recursos de que subsistir, de instruirlo, de moralizarlo y de volverlo a esa misma sociedad que lo había arrojado de su seno? ¿No verá en esto la tierna solicitud de un padre? ¿No se resignará entonces a sufrir sumiso la pena, como una consecuencia justa de su delito? ¿No procurará corresponder a estos afanes y hacerse acreedor, con su buena conducta, a que se modere el castigo que se le había impuesto? He ahí las principales razones en que descansa mi opinión, que bien puede resumirse en estas breves palabras de Carlos Lucas, autor laureado y uno de los más distinguidos escritores sobre el sistema penitenciario: “Sea cual fuere el talento de los hombres ilustrados que defienden la subsistencia de la pena de muerte, no podrán luchar largo tiempo contra la irresistible fuerza de la civilización cristiana, que debe borrar de nuestros Códigos criminales esa última huella del Talión. La causa de la abolición de la pena de muerte está ganada ya para lo futuro, si

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apoyándose en el progreso de la razón pública, en la dulcificación de las costumbres y en el desarrollo de la reforma penitenciaria, se libra de la temeridad de los impacientes”. Poner los medios para lograr este noble fin es lo que, a mi juicio, aconseja la prudencia; lo que me parece más conforme a lo prescrito en el ya citado artículo 23 de la Constitución Federal, y lo que yo he procurado al proponer los artículos adoptados por la comisión, que se refieren a la reclusión y prisión, a la instrucción que debe darse a los reos, a su fondo de reserva, a la retención por su mala conducta, a su libertad preparatoria, y, en suma, todas las prescripciones del proyecto que tienden a la corrección y enmienda de los condenados. Mientras no pueda abolirse sin peligro la pena capital, lo único que puede hacerse es ir reduciendo gradualmente a menor número los casos en que se aplique, como aconsejan los criminalistas modernos; y para demostrar que así lo ha hecho la comisión, creo bastante hacer una comparación de los casos que en el proyecto tienen señalada la pena de muerte, con los casos en que, con arreglo a la legislación vigente debe aplicarse. Conforme a la ley de 6 de Diciembre de 1856, se impone a los capitanes de buques que se dedican a la piratería o al comercio de esclavos; y en el proyecto sólo se aplica en el primer caso y no en el segundo, por no estar comprendido en el artículo 23 de la Constitución. En la citada ley se castiga el delito de traición imponiendo la pena capital: 1o. A todos los que invadan a mano armada el territorio de la República, sean extranjeros o mexica-

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nos; y en el proyecto sólo se impone a los segundos, porque sólo ellos cometen el delito de traición. 2o. A todo mexicano que sirva en las tropas enemigas; y en el proyecto sólo se impone esa pena a los que sirvan como generales, en tropas regulares, o como jefes de banda en tropas irregulares. 3o. También se impone el último suplicio por el simple atentado contra la vida de los ministros extranjeros, del Presidente de la República, de sus Ministros o de cualquiera de los representantes de la Nación; por la rebelión contra las instituciones políticas; por la sedición para que se dicte, omita, revoque o altere alguna providencia de la autoridad; a los militares, de capitán arriba, que se pasen al enemigo, y a los militares o paisanos que, después de haber hecho armas contra el Supremo Gobierno, reincidan en el mismo delito; y la comisión no señala la pena de muerte en ninguno de esos casos. En cuanto al robo, se aplica hoy la pena capital a todo cabecilla o jefe de salteadores, aun cuando el delito se cometa en poblado y sin ninguna circunstancia agravante; pero la comisión no lo hace así, y consulta que se imponga la pena de prisión. Tampoco se aplica dicha pena en el proyecto a los plagiarios, sino en raros casos; ni al homicidio premeditado que se ejecute en riña, sin ventaja ni alevosía; y todo lo contrario está dispuesto en las leyes actuales. Pues si a esto se agrega que la comisión consulta el derecho limitado de conceder indulto de la pena capital, y que en ningún caso se imponga a los mayores de setenta años, a los menores de dieciocho, a los que tengan alguna circunstancia atenuante de cuarta clase, o varias que tengan el valor de aquella, ni cuando hayan pasado cinco años después de co-

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metido un delito por el cual debiera imponerse, nadie podrá negar que hemos restringido muchísimo la aplicación de dicha pena y dado un paso de progreso en este punto. Por lo que hace a la reforma de las prisiones, la comisión no puede hacer otra cosa que indicar la urgente necesidad que hay de ella; pero el Supremo Gobierno, cuya ilustración no puede desconocer la alta importancia de esa mejora, se apresurará sin duda a formalizar la iniciativa conveniente para el establecimiento de una penitenciaría digna de la capital de la República...

DEBATES DEL CONSTITUYENTE DE 1917 EN TORNO A LA PENA DE MUERTE * En el artículo que estudiamos [22, párrafo 2o.] se conserva la pena de muerte en los mismos casos que expresa la Constitución de 1857, extendiéndola también al violador. Ciertamente, el delito de violación puede dejar a la víctima en situación moral de tal manera miserable y lastimosa, que hubiera preferido la muerte; el daño causado por ese delito puede ser tan grande, como el producido por un homicidio calificado, lo cual justifica la aplicación de igual pena en ambos casos. El C. Diputado Gaspar Bolaños V. pretende la abolición de la pena de muerte, salvo el caso de traición a la patria, fundando su iniciativa, sintéticamente, en las mismas razones que han venido sosteniendo los abolicionistas de la pena capital; ésta constituye una violación al derecho natural: su aplicación es contraria a la teoría que no autoriza las penas sino como medio de conseguir la corrección moral del delincuente; es inútil la pena de muerte, porque no es verdad que tenga la ejemplaridad que se ha pretendido; quien menos sufre con la aplicación de esa pena, es el propio delincuente; a quien afecta principalmente es a su familia; y, por tanto, es injusta * Sostenidos por el Constituyente de Querétaro en su 39a. sesión ordinaria, celebrada en el Teatro Iturbide el viernes 12 de enero de 1917. 111

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aquélla, porque castiga con rigor implacable a quien no tiene culpa; la irrevocabilidad de tal pena no deja lugar a la enmienda de errores judiciales; en el estado actual de la ciencia, no puede asegurarse si un infractor de la ley es un criminal o un enfermo; por medio de la pena de muerte se confunden los dos casos de una manera irreflexiva e injusta. La delincuencia entre nosotros es fruto de la ignorancia; mientras la sociedad no haya cumplido con su deber de extirpar ésta, no tiene el derecho de aplicar la pena de muerte, supuesto que los delitos a que ella se aplica son el fruto de la omisión de la misma sociedad. Por último, está cumplida la condición bajo la cual los constituyentes de 1857 ofrecieron al pueblo la abolición de la pena capital; ya se ha establecido el régimen penitenciario; no debe demorarse más el cumplimiento de esta solemne promesa. ... Por tanto, proponemos a esta honorable Asamblea se sirva aprobar textualmente el artículo de que se trata, que es el siguiente: “Artículo 22. Quedan prohibidas las penas de mutilación y de infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales. “No se considerará como confiscación de bienes, la aplicación total o parcial de los bienes de una persona hecha por la autoridad judicial para el pago de la responsabilidad civil resultante de la comisión de un delito, o para el pago de impuestos o multas. “Queda también prohibida la pena de muerte por delitos políticos, y en cuanto a los demás, sólo podrá imponerse al traidor a la patria en guerra extranjera, al parricida, al homicida con alevosía, pre-

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meditación o ventaja, al incendiario, al plagiario, al salteador de caminos, al pirata, al violador y a los reos de delitos graves del orden militar.” Sala de Comisiones.— Querétaro de Arteaga, enero 6 de 1917.— Francisco J. Múgica.— Alberto Román.— L. G. Monzón.— Enrique Recio.— Enrique Colunga. ... El C. Cravioto: Con fundamento en el artículo 106 del Reglamento, pido la palabra antes de que comience el debate, para hacer una interpelación. El Reglamento, en su artículo 106, dice lo siguiente: “Siempre que al principio de la discusión lo pida algún individuo de la Cámara, la Comisión dictaminadora deberá explicar los fundamentos de su dictamen y aun leer constancias del expediente si fuese necesario; acto continuo, seguirá el debate.” Este artículo, señores diputados, tiene por objeto evitar discusiones inútiles; por consiguiente, ahorrar tiempo. Por lo tanto, yo me permito hacer una serie de interpelaciones a la Comisión, que espero se servirá contestarme de una manera categórica y precisa. El proyecto del artículo, tal como lo presenta la Comisión, tiene como novedad incorporar al violador en la carne patibularia, y al violador, así como suena sin adjetivos, sin limitaciones, sin circunstancias determinadas, de tal manera y a no ser por un ligero fundamento que hay en la exposición de motivos, se podría extender la pena de muerte hasta al violador del secreto de Estado, hasta al violador de correspondencia; indudablemente que no se trata de esta clase de violadores, sino del violador de vírgenes. El violador es el individuo que ejerce violencia carnal sobre una mujer, y en eso, señores diputados, hay una seria intención de malicia. Todos ustedes comprenden que no es lo mismo este

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delito cuando se comete en la persona de una niña de 15 años, que cuando se comete en una joven núbil de 18 o cuando se comete en una jamona de 40 años, viuda y alegre. Yo pregunto si está en la íntima convicción de la Comisión, si está en el ánimo de la Comisión pedir la pena capital para toda esta serie de violaciones. Hay además otra serie de grados que dependen de los medios empleados; las violaciones se cometen por violencia física brutal, empleando la fuerza; también por el uso de narcóticos, de bebidas embriagantes, de sugestión lenta por propromesas de coacción moral, etcétera; todo esto va caracterizando peculiarmente el delito, haciéndolo más o menos grave. El proyecto dice simplemente: al violador, y en este concepto tendrán que ser fusilados todos los violadores. Hay otra consideración. Yo pregunto: ¿La Comisión ignora acaso que en nuestras costumbres arraigadas todos nuestros jóvenes, casi en su totalidad, tienen su iniciación pasional por medio de comercios violentos con las criadas y las cocineras? (Risas y aplausos.) ¿Ha pensado la Comisión en el chantaje abominable a que va a dar lugar ese artículo si se aprueba? Yo quiero que me digan también en qué estadística formidable se han basado para incorporar al violador entre los señalados para el patíbulo. ¿Estamos acaso amenazados de una epidemia de satiriasis? (Risas.) ¿Temen los señores de la Comisión que esté encima de nosotros, apremiante e indefinido, el Rapto de las Sabinas? ¿Será que Priapo está actualmente a las puertas de la República, cabalgando sobre el caballo de Atila? Por último, señores diputados, quiero que me diga la Comisión, ya que no menciona ni edad ni sexo en el artículo del proyecto, si en el espíritu de la Comisión, ya que no es el dic-

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tamen, caben para aplicárseles la pena de muerte las mujeres y los niños. Si la Comisión no responde categóricamente estas preguntas, saldrá sobrando la discusión, y la Asamblea en masa, en una aclamación de protesta, echaría abajo la barbarie de ese dictamen en honor de nuestros fueros de civilizados. (Aplausos.) El C. Pastrana Jaimes: Pido la palabra para una interpelación que se relaciona con el doctor Román y sería bueno que la contestara. El C. presidente: Tiene usted la palabra. El C. Pastrana Jaimes: En algunas sesiones se ha citado aquí que todos los delincuentes son enfermos. Esto lo enseña la ciencia penal, ha sido un argumento en manos de abogados; pero en la Comisión figura el señor doctor Román, a quien creo bastante competente en criminología y deseo preguntarle si ha puesto en antecedentes a la Comisión acerca de los medios que se conocen para corregir a los delincuentes. El C. Lizardi: únicamente para una pequeña interpelación a la Presidencia. El C. presidente: Diga usted. El C. Lizardi: ¿Se servirá decirnos si el señor Cravioto hizo uso de la palabra para una interpelación a la Comisión o para alusiones personales? (Siseos. Risas.) El C. presidente: Tiene la palabra la Comisión. El C. Román, miembro de la Comisión: Como a todos ustedes les consta, el artículo que está a discusión y respecto al punto que trata el ciudadano diputado Cravioto, absolutamente es cosecha de la Comisión. Como ustedes verán, la Comisión se ha limitado a presentar el artículo tal como lo trae el proyecto. Este asunto fue ampliamente discutido en

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el seno de la Comisión. Había una diferencia de criterio bastante marcada entre los miembros de la Comisión. Las objeciones que acaba de hacer el ciudadano diputado Cravioto, se hicieron allí; pero no queriendo con ese motivo presentar el que habla un voto particular ni alguno de los otros miembros de la Comisión, creyó más conveniente traer al debate de esta Asamblea el artículo tal como está presentado. No solamente esas objeciones pueden hacerse a este propósito y voy a dar las que se presentaron en el seno de la Comisión para que sirvan como tema del debate. En lo general, la Comisión acepta la pena de muerte como una necesidad, como una triste y dolorosa necesidad, sobre todo para nuestra patria. En tratándose del traidor en guerra extranjera, aun el señor diputado Bolaños, que presentaba una iniciativa pidiendo la abolición de la pena de muerte, convenía en la necesidad de este medio como un recurso verdaderamente radical y eficaz para evitar que siguieran empleando medios verdaderamente desventajosos para la defensa de la nación. Otro tanto podrá decirse de los delitos cometidos con premeditación, alevosía y ventaja, pues indudablemente que los criminales que tienen tales condiciones son un verdadero peligro social; respecto del salteador de caminos, es una verdadera necesidad para conseguir la pacificación de la patria. Muchos de los que estamos aquí presentes, todavía recordaremos cómo en regiones apartadas del país, en una nación como la nuestra, de un territorio verdaderamente grande, sumamente extenso y accidentado, la pacificación es un problema que tiene la revolución que resolver posteriormente y que se presenta, casi pudiéramos decir, como un fantasma. Y en estos casos, la pena de

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muerte se impone para ciertas regiones. La Comisión tiene la convicción de que en muchos casos ha sido la única solución que se ha dado para combatir ese mal para regiones como el Estado de Morelos. Consúltese la Historia y la Historia dirá los medios que se emplearon en estas regiones accidentadas, y se verá cómo en algunos pueblos pequeños, en los más escarpados de la sierra, después de eliminar tres o cuatro personalidades de aquellos delincuentes, se consiguió dar mayor seguridad a los caminos. Quizá muchas de las diferencias dependen de nuestra práctica en el sistema penal, pues muchos de los que se cogían por los caminos como presuntos salteadores, aun habiendo las mayores probabilidades de su culpabilidad, se les llevaba a la cárcel y casi siempre se veía que ese sistema no era bastante para acabar con esa plaga social. Otro tanto se diría respecto de los incendiarios, plagiarios y piratas, pero no así respecto al parricida y al violador. Respecto al parricida, que indudablemente no quiso el ciudadano Cravioto hacer mención de ello, este es un crimen verdaderamente raro, no sólo en México, sino en todo el mundo; y a este propósito, ¿qué objeto tiene aquí la pena de muerte? ¿Es acaso para evitar esa clase de delito excepcional? Indudablemente que no. ¿Por qué se pone aquí? Porque es un crimen verdaderamente monstruoso que afecta al sentimiento y a la conciencia de las multitudes, pero en verdad la pena de muerte no restringe este delito sumamente raro, porque su restricción está más bien en la organización del hogar, en la tradición, etcétera. Otro tanto se debe decir respecto al corruptor de menores, y que es este caso cinco veces más urgente, porque el Estado tiene el deber de proteger a los menores. Respecto del violador, nosotros hemos comprendido que es casi una

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limitación; el linchamiento en Estados Unidos, probablemente fue lo que sugirió esta clase de recursos, pero en Estados Unidos el linchamiento es más bien un brote de pasión, una represalia entre dos razas que se odian; así es que si pensamos en todos los inconvenientes que tenemos, deberemos fijar en nuestra legislación la pena de muerte a propósito del violador. Respecto de las condiciones especiales, los señores abogados de la Comisión nos informarán que la legislación deberá seguramente precisar las condiciones en que deberá aplicarse esa pena, porque indudablemente para esas variantes, que muchas son, como la Asamblea perfectamente lo ha comprendido con lo que ha dicho el señor diputado Cravioto, sería verdaderamente ridículo aplicar la misma pena, y que además, en muchos casos, dadas nuestras costumbres, se prestaría muchísimo a las mayores injusticias. La idea, el concepto que había quedado en la Comisión del caso único en que quizá pudiera aplicarse la pena de muerte, sería cuando se tratara de una mujer de menor edad, porque en estos casos la protección a la inocencia, a las menores, se tendría en cuenta, además de que es un caso verdaderamente monstruoso, pues en tales circunstancias no habría ni la satisfacción de un apetito sensual, sino que sería un crimen monstruoso como en el caso de los parricidas. El C. Cravioto: Es necesario aclarar si están incluidos en la pena de muerte las mujeres y los niños. El C. Román: Respecto a los delitos graves del orden militar, probablemente, como la pena de muerte aplicada al traidor en guerra extranjera, quizá serían los puntos que con más ventaja pudieran sostenerse en el curso de este debate.

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El C. Ilizaliturri: Mi interpelación la dirijo principalmente a los abogados que forman parte de la Comisión. (Voces: ¡Tribuna! ¡Tribuna!). Yo quisiera que me hicieran el favor de decirme cuál es la definición o los elementos constitutivos de este delito que llaman salteador de caminos; pero por la redacción de este artículo parece que se trata del robo con violencia, que sí es un delito previsto y penado por el Código Penal al que impropiamente se le llama salteador de caminos. No me toca a mi contestar las interpelaciones del señor Cravioto, pero para que se calmen sus temores, le diré que conforme a ese artículo 22 se faculta a las legislaturas de los Estados para que castiguen la violación con la pena de muerte, pero estoy seguro que ningún Código Penal de ningún Estado va a imponer la pena de muerte por el delito de violación. El C. presidente: Tiene la palabra en contra el ciudadano De los Ríos. El C. De los Ríos: Señores diputados: Hace algunos días me pareció notar que desde esta tribuna el señor general Múgica decía a ustedes, con motivo de un suceso por medio del cual un hombre iba a perder la vida por una injusticia, que esto se debía a lo malo que son los Consejos de Guerra; no, señores, ese hecho sólo demuestra lo malo que es la aplicación de la pena de muerte. En la conciencia de todos los hombres avanzados, en el criterio de todos los hombres liberales y rectos está ya escrita la abolición de la pena de muerte, por inútil y por injusta. Yo sé bien que por ser esta una institución de siglos, es muy difícil arrancarla de la costumbre, como fue muy difícil lograr la abolición de la esclavitud, de los tormentos y de las marcas infamantes, pues hasta en su agonía, esas instituciones tuvieron

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defensores para subsistir. Yo, que no niego al organismo social el perfecto derecho que tiene de defender sus intereses, usando de todos, absolutamente de todos los medios que para ello le sea necesario, no comprendo que la pena de muerte sea precisa; al igual la razón y la conciencia la rechazan; y deseo vivamente que sea suprimida, que desaparezca para siempre de nuestros códigos esa pena innecesaria, cruel, embrutecedora de las masas, que en tropel se apiñan cuando se practica, para presenciar las espantosas convulsiones del ajusticiado; de esa pena creadora de los verdugos, indigna de estos tiempos a que asistimos, de este tiempo de grandes adelantos en que vienen a tierra todos los prejuicios del pasado, pero que necesitan para completar su escudo, que la pena de muerte se borre de sus códigos. Y bien, señores diputados; este principio que fue objetado por la Legislatura de 1857, hoy, sesenta años después, en un Congreso que quiere hacer obra que pase a la Historia, debe ser abolido, pues de lo contrario, en lugar de progresar, retrocederíamos. El artículo 25 de la Constitución de 1857 reconoció la pena de muerte, no como un principio nuevamente establecido, sino como un principio perfectamente definido y perfectamente establecido. Determinó para su aplicación una condición, la de que se estableciera el régimen penitenciario y aun exigió que esa condición se llevara a cabo a la mayor brevedad posible. Pero sabéis, señores diputados, ¿qué se nos propone con ese dictamen? Nada menos que la reforma hecha por don Porfirio Díaz a ese artículo 23 de la Constitución; pero no, algo más: se nos propone una adición exótica, sicalíptica; en nuestros tiempos, señores, nadie se atreve a sostener la pena de muerte como benéfica ni aun como justa; ésta es

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una institución que pertenece al pasado, es el último resquicio de la Inquisición, es algo así como una momia que hoy se pretende desenterrar aquí. La pena de muerte fue digna de Porfirio Díaz y de Victoriano Huerta y a ellos pertenece, a ellos, señores, que desplegaron la crueldad y el sarcasmo en el suplicio; que arrojaron la afrenta atroz, la burla que echaron sobre el sepulcro del ajusticiado; pero entonces se levantó una revolución contra esas infamias y por eso nosotros debemos abolir la pena de muerte a favor de los vientos revolucionarios que han socabado las carcomidas bases de aquella sociedad que estaba ya de por sí amagada de terribles convulsiones, de profundas mudanzas, de imponentes cataclismos. Dos motivos o pretextos tiene la pena de muerte para su subsistencia: el primero es segregar un miembro gangrenado de la sociedad, y el segundo la ejemplaridad que produce, para que no se sigan cometiendo los delitos por los cuales se aplica. La sociedad tiene el perfecto derecho de defenderse, pero cuando ella se defiende es cuando ya no hay agresión, cuando el peligro ha pasado, cuando el hombre, el reo, maniatado, inerme, impotente, ya nada puede contra la sociedad; el cuerpo que se desploma en el cadalso es el de un individuo que ha llegado a él cercado de bayonetas, humillado por la curiosidad del populacho, y entonces, señores, en este caso, la pena de muerte no es sino una venganza del fuerte contra el débil, y un baldón para el que la ejecuta. La sociedad puede arrancar de su organismo un miembro enfermo e incurable sin necesidad de acudir al asesinato. La eliminación quizá, seguramente en el mayor número de casos, no precisa mendigar auxilios a la muerte. ¿Quién ha dado a los hombres, y éste es un argumento muy

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viejo, el derecho de suprimir a sus semejantes? Este derecho no tiene el mismo origen de las leyes que lo produjeron. La soberanía de las leyes no es otra cosa sino la suma de pequeñas funciones de libertad contra cada uno; pero, ¿quién ha querido dar a los hombres el derecho de quitar la vida? Si uno mismo no tiene el derecho de matarse, ¿puede dejarse este derecho a los demás o a la sociedad entera? No, señores; en este caso la pena de muerte no se apoya en ningún derecho, no es sino una guerra declarada por la nación a un ciudadano. Cuando la sociedad aplique la pena de muerte, por ejemplo, en el caso de un homicidio, como proporcional al delito que se cometió, se coloca en la misma esfera de la justicia penal antigua y nos hace retroceder a aquellos tiempos de la pena del Talión, de “ojo por ojo y diente por diente”, que ha sido ya condenada por bárbara y por inhumana. Un escritor francés, según creo, Alfonso Carl, decía: “Si no queréis que se mate, empezad vosotros, señores asesinos". Pues bien, señores diputados, estas palabras que no son sino una bella frase literaria y un pensamiento de Alfonso Carl y de todos los que como él juzgan, es una verdadera protesta hecha a nombre de las naciones civilizadas contra los asesinatos en esta terrible y constante lucha en la que a golpe dado hay golpe recibido y en la que se colocan a la misma altura las grandes colectividades honradas y los señores asesinos, como decía irónicamente el autor francés. Pasemos ahora a la cuestión de ejemplaridad. Ya se ha dicho que las penas no son ejemplares, ni tienen por qué serlo, puesto que los múltiples móviles que orillan a un hombre al crimen nefando o al simple delito, no se modifican con el castigo a otros, pues aun tratándose de aquellos ra-

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ros y monstruosos de que nos hablaba el señor Román, del parricidio, son el patrimonio de unos pocos; éste es justamente el motivo de su rareza y no la duda del miedo a perder la vida, sobre todo cuando se trata de nuestras clases inferiores en que el desprecio a la existencia es proverbial y asombroso. Por regla general, los dramas pasionales son los que suministran mayor contingente de condenación a los cinco verdugos oficiales. Este hecho, que está consignado en muchas estadísticas, demuestra que el cadalso nunca amedrenta al que mató por odio, por venganza o por celos. Los criminales animados de esta pasión desprecian la existencia y van al lugar de la ejecución más bien como objeto de admiración que como un ser depravado o de aversión. El castigo de esa manera, menos efecto hace en el espíritu humano que la duración de la pena, porque nuestra sensibilidad es más fácil y más constantemente afectada por una impresión ligera y frecuente que por una sacudida violenta y pasajera. La pena de muerte es funesta a la sociedad por los ejemplos de crueldad que da a los hombres; en la necesidad de la guerra han aprendido a derramar la sangre humana las leyes, cuyo objeto es dulcificar las costumbres, y, entiéndalo bien la Comisión, si las leyes son hechas para dulcificar las costumbres, si ese es su objeto, ¿cómo se va a pretender, señores, que se mate castigando al asesino?, ¿no es absurdo pensar que se pueda ordenar una muerte pública para prohibir a los ciudadanos el asesinato?, ¿qué se debe pensar mirando a los sabios magistrados, a los ministros encargados de la justicia mandar a la muerte a un reo con indiferencia, con tranquilidad, con ceremonia? Por otra parte, se ha dicho muy bien que la verdadera víctima es la fa-

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milia; el individuo a quien matan ya no puede prestar ningún servicio a la familia (Risas), el individuo a quien se le deja la vida, puede aún en la prisión, con el fruto de su trabajo, sostener a sus deudos. ¿Entonces de qué nos habría servido esa balumba de sabiduría que nos han traído aquí los señores abogados a propósito de las colonias y del régimen penitenciario? Por otra parte, y es el argumento eterno: la irreparabilidad de la pena. A un individuo a quien por otro crimen se le encarcela, si es inocente, si se descubre su inocencia, se le puede decir: usted dispense; pero al que se mata, a ese hombre ya no se le puede decir una palabra (Risas), ese hombre ya pasó a la otra vida. Nos dice la Comisión en su dictamen que la pena de muerte está en vigor en las naciones europeas y en alguna otra parte, creo que en los Estados Unidos, por más que en Estados Unidos, en una buena parte ya se ha abolido la pena de muerte. Valiente argumento: ¿porque las naciones europeas en su mayor parte son monárquicas, nos van a traer el régimen monárquico aquí?, ¿porque en los Estados Unidos existe la ley de Linch, la vamos a aceptar nosotros?, ¿porque el Sultán de Turquía tiene un serrallo, la Comisión nos va a traer un serrallo? No, señores diputados; es necesario borrar ese artículo que nos proponen, hay que suprimir ese castigo terrible que arrebata para siempre un ser al mundo, que no corrige ni repara, que arroja sangre sobre sangre y que lleva a la ley, escudo de la vida y del derecho de los ciudadanos, todas las negruras del sepulcro, todos los vapores de la sangre, todas las nieblas heladas de la muerte; a nosotros, señores, a los revolucionarios, nos toca llevar a cabo esta obra; a la revolución, que ha sabido quitar todos los escollos opues-

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tos a sus ejércitos en su marcha hacia el ideal; así como las revoluciones biológicas, señores, convergen a crear el organismo humano que es el compendio de la naturaleza, así también todas las revoluciones sociales deben converger a crear el derecho y la justicia, que son el compendio de la sociedad. Era, señores, en la Convención francesa; un negro había llegado allí saliendo de su condición de paria; se trataba de los derechos del hombre y exclamó: “Señores, ustedes dicen que el hombre es libre, que la idea es libre, que el pensamiento es libre; pues yo digo a ustedes que todo esto es mentira; yo no soy un hombre libre”. Y bien señores; en esa misma noche la Convención francesa abolió la esclavitud y uno de sus miembros exclamó: “Señores, no discutamos eso, porque nos deshonramos”. Yo también, señores, apelo al sentimiento de todos ustedes y digo como el convencional francés: “no discutamos esto, señores, porque nos deshonramos”. (Aplausos.) El C. presidente: Tiene la palabra el ciudadano Cedano, en pro. El C. Cedano: Señores diputados: Me permitiréis que haga un pequeño paréntesis, porque os debo una explicación. En la vez anterior, al hacer uso de la palabra, noté cierto cansancio en la Asamblea, tal vez por la monotonía de mi discurso; yo no tengo el don de la palabra y realmente no quisiera jamás tenerlo, porque la experiencia me ha enseñado que todos los grandes tribunos y, sobre todo, nuestros oradores parlamentarios, nunca han sido sinceros; prefiero verter lo que diga mi corazón, a tener que forjar discursos que podría pensarlos, pero no sentirlos. Contrayendo ahora mi discurso al sentir de la discusión, debo decir desde luego que no voy a defender el dictamen por el solo hecho de mi carácter

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de militar, ni por el hecho tampoco de que sea precisa en los actuales momentos la aplicación de la pena de muerte. La defensa, en este lugar de la abolición de esa pena, equivaldría desde luego a la sanción de todos los crimenes, supuesto que estamos actualmente en un medio que no es posible todavía tener en cuenta para la abolición de la pena de muerte. ¿Vamos a forjar lirismos? pues aprobemos desde luego esa abolición; ¿vamos a hechos prácticos? pues entendamos que para poder reducir nuestra nacionalidad a la paz, que para poder traer a nuestra legislación un principio que garantice a la sociedad, necesitamos de todos modos mantener, si bien muy limitada, la institución de la pena de muerte. Me referiré brevemente a los argumentos que se han expuesto aquí. Creo yo que la Comisión ha dejado perfectamente deslindado el hecho de que la pena de muerte queda abolida desde luego para los reos políticos. Creo que la razón no se oculta a ninguno de nosotros; los delitos políticos envuelven, desde un punto de vista moral, el deseo de mejoramiento de la patria, el deseo del establecimiento de nuestras instituciones y el deseo del verdadero respeto a nuestras leyes, cuando estas leyes están debidamente fundadas. Nosotros no podemos tomar como ejemplo el caso local que se refiere a la sentencia de muerte dictada por un Consejo de Guerra; claramente dice el dictamen que la pena de muerte en estos casos queda para los delitos graves del orden militar. Nosotros ya estamos completamente convencidos de que no se trata aquí de un delito grave del orden militar; pero eso no corresponde establecerlo dentro de los límites de un precepto constitucional. Ese precepto constitucional no puede indicar en qué casos hay hombres que quieren torcer la jus-

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ticia, en qué casos hay hombres que quieren ejercer venganzas personales y en qué casos los hombres pueden equivocarse; todo esto queda naturalmente dentro del criterio de los hombres sensatos y honrados. Esto no es, pues, un ejemplo del que nos pudiéramos valer para decir que es peligrosa e innecesaria la pena de muerte. Muchos de los señores constituyentes que actualmente están en esa Asamblea, comprendieron que nosotros no admitiríamos el régimen de Porfirio Díaz, pero sí recordamos que entre las obras que la sociedad le agradeció al principio de su administración, fue la extinción del bandolerismo, herencia fatal que queda siempre a todas las revoluciones. Es la conciencia necesaria y fundamental de que el engañado de aquel que falsamente invoca una bandería política, de aquel que pretende reformar la patria, para dar pábulo a sus pasiones y para dar toda la expansión que necesitan sus intenciones, en estos casos, señores, es cuando precisa mejor que en ningún otro la aplicación de la pena de muerte, porque se dirá si puede establecerse un régimen penitenciario como se ha dicho ya, porque si es necesario corregir, si podemos creer que se trata de enfermos, como alguno de los señores diputados ha dicho, es verdad; pero si examinamos cada uno de los casos es que la pena de muerte puede ser aplicada, conforme el criterio de la Comisión, veremos que no se trata aquí sino de casos no psicológicos, sino de caracteres de idiosincrasia que es imposible corregir, ni con la medicina ni con los regímenes penitenciarios. Veamos los casos: sólo podrá imponerse al traidor a la patria en guerra extranjera. Es necesario convenir que el que no ama a su patria no puede tener afecto alguno sobre la tierra; el amor a la patria es superior en muchos ca-

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sos al amor a la madre; por lo tanto, aquel que reniegue de su patria, aquel que la traicione, es tanto o peor que el parricida. El parricida está por naturaleza propia condenado a la pena de muerte, porque se supone en ese individuo la carencia total de sentimientos y, como he dicho, puede darse el caso en que alguna vez se trate de enajenación mental; esto algunas veces se ha visto; pero en la mayoría de los casos es una amoralidad incalificable, enteramente incurable, es una amoralidad que solamente con la instrucción, con la educación, se puede corregir; supuesto que hemos visto en muchas naciones civilizadas que estos individuos amorales, que aun cuando se llamen cultos y civilizados, siempre eluden y siempre tratan de escapar a la acción de la ley, luego son plenamente responsables, luego son plenamente conscientes, y ¿vamos a dejar dentro de la sociedad un miembro corrompido, para que se gangrene el resto de la sociedad. Se diría que el apartamiento de estos individuos, de estos criminales, para que se pudieran dañar, sería el mejor de los remedios; está bien; pero si llegamos al caso de aplicar esta pena a los salteadores de caminos que, como he dicho, al final de las revoluciones son siempre numerosos, pretextando banderías políticas, ¿qué prisión pudiéramos tener para ellos?, ¿cuál sería entonces el dique que pudiera oponerse a este desbordamiento de pasiones, a este estado psicológico de la sociedad en la cual todos, por el hecho de verse garantizados contra la pena de muerte, quisieran cometer toda clase de desmanes? Yo creo, como digo, que es un idealismo, y en nuestro medio no debemos pensar en idealismos; tal vez dentro de cincuenta años, tal vez dentro de cuarenta años, tal vez dentro de veinte, podrá quitase de nuestros có-

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digos la pena de muerte; pero si vamos a considerar que estos artículos tienen que entrar en vigor el mes próximo, dentro de un período de tiempo que es imposible la extinción de esas gavillas, ¿qué es lo que vamos a hacer de la grandiosa obra de la revolución? Tal vez tengamos el caso de que dentro de quince o veinte años que nuestra sociedad no necesite ya de las garantías del Gobierno, que nuestro estado social se haya elevado un poco de nivel intelectual y moral, al grado de que no sea necesaria la aplicación de la fuerza para la extinción de todo ese desbordamiento de pasiones, entonces se puede, por los Congresos que entonces existan, borrar, como digo, estos preceptos que de momento son enteramente necesarios, porque, como he dicho, sancionar la abolición de la pena de muerte, equivale a sancionar la muerte de la revolución. Creo yo que todos los demás casos que se prevén en el dictamen de la Comisión, por ejemplo, el parricida, el incendiario, el pirata y el de los delitos graves del orden militar, se comprende desde luego que todos estos delitos tendrán que ser calificados dentro de los preceptos legales, estableciéndolos, como dije, bajo un estudio severamente hecho, una vez concluida la obra constitucional y establecida la obra que pudiéramos decir de reglamentación de esos principios constitucionales. En la reglamentación de estos preceptos cabe, naturalmente, la ampliación de todos aquellos casos en que sea necesario quitar a los individuos esa espada que se cierne sobre ellos, cuando no tenga razón de ser. Yo creo que es también un idealismo suponer aquí el asesinato político, pues vemos que todos estos delitos, la aplicación de la pena de muerte fuera de los puntos establecidos por nuestras leyes, es herencia de Huerta y Félix

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Díaz, es también herencia de Francisco Villa o Doroteo Arango; pero digo, ¿cómo por esto vamos a extirpar por completo la necesidad de esta pena? Porque mientras nosotros tratemos de garantizar los derechos del hombre, hay que considerar que el hombre quiere estas garantías cuando sean aplicables al ejercicio de sus derechos y al ejercicio de sus libertades, sancionadas por la moral y por la razón. Si la aplicación de los derechos del hombre, si la garantía de esos derechos se quiere para dar libre vuelo, toda la expansión a las pasiones humanas, y debe tener su límite, yo creo que nosotros estamos obligados a establecer pretextos que lo impidan, a completar aquí la obra salvadora de la revolución, que los verdaderos principios de las garantías individuales son los que primero garantizan a la sociedad y después al individuo; luego para garantizar al individuo se necesita que aquel individuo no pueda lesionar el derecho de tercero; que pueda ser respetuoso con los demás; que en ejercicio de sus derechos tenga por límite el derecho de los demás, y en todos los casos que establece la Comisión se ve claramente que los individuos, los delincuentes, no respetan los derechos de los demás, sino que, por el contrario, se han hecho acreedores a una pena que equivale precisamente al quebrantamiento de las libertades ajenas. No quiero yo hacerme demasiado extenso sobre este particular; simplemente, como digo, y mi principal razón es ésta, debe prevalecer la pena de muerte para todos aquellos casos en que los delincuentes sean enteramente conscientes y creo yo que en los casos aquí previstos, la delincuencia se considera como originada de un estado individual en el cual se ha reflexionado sobre los hechos, como puede indicarlo el mismo texto del

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precepto. Al homicida con premeditación, alevosía y ventaja, porque nosotros sabemos que hay individuos que premeditan sus crímenes antes de cometerlos, que estudian, si es preciso estudiar para el asesinato, como los grandes bandidos intelectuales de Norteamérica, y en todos estos casos hay que establecer un principio, porque aun cuando nuestro estado intelectual progresó, también la intelectualidad criminal tendrá que progresar; en cuanto a la pena aplicable al delito de violación, creo yo que la Comisión tuvo la intención de establecerlo en los casos en que, como dije hubiere agravantes notorias, como la violencia, como la minoría de edad y como otros casos especiales que aquí en concreto pudiera citar; recuerdo, entre otros, algunos hechos delictuosos cometidos por grupos de individuos por ejemplo en Calitlán, del Estado de Jalisco, en que bajo el pretexto de un movimiento revolucionario, se levantaban grupos de individuos, con el único fin, oídlo bien, de ir a raptarse a las jóvenes que había en esos lugares y abandonarlas en seguida. Creo que la diputación de Jalisco puede recordar estos hechos y aun puede ser que tenga datos aplastantes, bastante amplios sobre esta materia; el mismo caso pudiera decir yo o hechos semejantes pudiera narrar de otros individuos o de otros grupos de hombres, que, bajo el pretexto de principios enteramente políticos, cometían fechorías de esta naturaleza, entre los cuales podríamos contar a un Pedro Zamora, a un Roberto Moreno, a grupos de individuos que sería largo enumerar, para cimentar aquí la necesidad de establecer un principio que convenza a esta Asamblea de que no es todavía el momento de apoyar la abolición de la pena de muerte, que ese es un gran principio, que es un gran ideal que gra-

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vita en las esferas metafísicas de nuestra patria y que si nosotros queremos ir a suelos extraños a tomar principios que no se adaptan a nuestro medio psicológico, a nuestro medio biológico, entonces podríamos concluir con la necesidad de que tendríamos que establecer una serie de principios que no estamos en el caso de instituir. El C. presidente: Tiene la palabra en contra el ciudadano Porfirio Castillo. El C. Del Castillo: Ciudadanos diputados: Vengo a impugnar el dictamen de la Comisión en la parte tercera del artículo 22, y a llamar a vuestra conciencia para que votéis conmigo contra los casos que voy a determinar. Se deja establecida la pena de muerte para el traidor a la patria en guerra extranjera, para el autor de homicidio con premeditación, alevosía y ventaja; para el parricida; para el incendiario; para el plagiario; para el salteador de caminos; para el pirata; para el violador y para el reo de delitos graves del orden militar. Seguramente, señores diputados que no estamos legislando para un momento anormal y para circunstancias especiales, sino que vamos a crear leyes para la vida normal del pueblo y debemos tener presente este principio para ser más justos en nuestras apreciaciones y ser más rectos en nuestro criterio. Para el traidor a la patria, no vengo a pedir clemencia; para él, justicia, y justicia terrible; para ese ser ruin que juega con los dolores de la patria en momentos de angustia, no bastaría seguramente toda su existencia para pagar su crimen monstruoso. No bastaría toda su sangre para lavar esa mancha horrenda, y si no nos conformáramos con la pena de muerte, habría que inventar otro tormento más cruel que desencajara uno por uno to-

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dos sus huesos, que extrajera gota por gota toda su sangre y que sus despojos de traidor ni siquiera merecieran sepultura en el suelo patrio profanado. (Aplausos.) Para los indignos que diesen la espalda ante una avalancha enemiga, que viene hollando el suelo de la patria y profanando nuestros lares, para los indignos que van a llamar a las antesalas del castillo de Miramar o al Capitolio de Washington, y a implorar el apoyo de su déspota para venir a destruir nuestras instituciones, para venir a atentar contra nuestra autonomía; para esos, señores diputados, necesitamos justicia inexorable, justicia cruel si fuera esto posible. Pero para los demás delincuentes, para el parricida, yo no puedo creer, señores diputados, que exista un hombre a tal grado depravado que pudiera, con toda serenidad y cálculo, estar afilando el puñal con que asestar golpe de muerte al corazón de su madre; yo no puedo creer que llegue hasta allá el individuo en su depravación moral, y si alguna vez, por circunstancias fatales, por coincidencias funestas, llega a cometer tan horrendo delito, yo creo, señores diputados, que no se trata en ese caso de un criminal; no podemos concebir ese crimen tan monstruoso; porque ¿quién no siente ese respeto y ese amor tierno y entrañable para los seres queridos que nos han dado la existencia? Seguramente que aquel individuo que en su momento desgraciado cae en tan funesto delito, ha procedido impulsado por otras causas distintas; considero que podrá ser un loco, un idiota, un bruto, un candidato al manicomio, pero no un candidato al patíbulo. La Comisión nos ha dicho por conducto del ciudadano diputado Román, que el parricidio es un delito tan monstruoso como tan raro, sumamente raro; y en verdad que, al menos

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yo, no recuerdo haber conocido o leído siquiera un caso de parricidio. Igualmente son delitos graves que casi van extinguiéndose o han pasado ya a la historia, los delitos de piratería y de plagio. Y si pues todos esos delitos son una rara excepción, ¿por qué, señores, vamos a asentar por una excepción una regla general?, ¿por qué vamos a consignar en nuestro código supremo ese borrón?, ¿por qué vamos a dejar en pie la pena de muerte? El plagiario se produce, generalmente, en los momentos de agitación, en los momentos revolucionarios y tiene por objeto principal el robo, y para estos casos sabemos que las leyes penales son terribles. El pirata es otro delito que, como dije pasó a la historia; el adelanto de la marina cada día ha ido destruyendo esos peligros y tenemos esperanzas de que desaparezcan totalmente; pero en caso remoto de que surgiera hoy un pirata con un submarino o con un acorazado moderno, ¿qué haríamos nosotros, señores diputados, con nuestros humildes huacales del Golfo y del Pacífico, para ir a perseguir a aquel pirata? En ese caso nuestra sentencia de muerte resultaría una amenaza irónica y risible para aquel culpable. Los salteadores de caminos son generalmente, como lo ha confesado el mismo señor Cedano, que vino a hablar en pro del dictamen, y también el señor Román, casos raros, y éstos se producen generalmente después de las agitaciones; son las colillas que dejan siempre las revoluciones, son los residuos revolucionarios que no se han podido extirpar de un solo golpe, como después de los combates de Celaya y León, aún vive Francisco Villa y sigue con sus chusmas merodeando la República. Así, pues, los salteadores de caminos son el último reducto de las revoluciones, el último residuo, y no propiamente

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criminales especiales. Ahora bien, señores diputados, digamos la verdad: si en estos casos y para todos esos delincuentes la sociedad exige sus derechos y aplica el rigor de una manera inexorable, veamos si la sociedad ha sabido también de una manera inexorable cumplir con sus deberes, cumplir primero con sus obligaciones, para luego poder castigar e invocar la justicia. Los delincuentes, a mi modo de ver, a mi modo de entender, tienen tres orígenes funestos: la miseria, el vicio y la ignorancia; y no es justa, para el delincuente que ha surgido impulsado por la miseria, esa represalia cobarde y ese asesinato colectivo que no tiene razón. Hagamos por un momento consideraciones sobre los casos prácticos de la vida; veamos un ejemplo de esa sociedad que, embriagada en sus placeres, embriagada en el confort de sus caudales, es enteramente sorda a los gritos del dolor y de la miseria; es siempre indiferente y criminal, y jamás se inclina con mano generosa a levantar a los que se extravían; cierra sus ojos para no ver al que sufre, y se yergue inexorable para descargarle todo el peso de su injusticia. Supongamos una mujer: aquella mujer honrada que sale del hogar donde ha dejado al hijo hambriento y desesperado, donde ha dejado a la madre moribunda; que sale y llama a las puertas de la sociedad, que impetra auxilio y, que en todas partes se encuentra las puertas cerradas, que la sociedad despiadada y cruel es indiferente, que nadie la escucha, que la dejan morir en su impotencia y cuando aquella mujer desesperada, desencantada profundamente de la indiferencia de la sociedad, no le queda más recurso que lanzarse a las calles para cambiar con las caricias de su cuerpo el mendrugo que irá a salvar de la muerte a los suyos, entonces

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la sociedad se levanta airada e inexorable y marca en su frente el estigma de la deshonra; entonces la sociedad se avergüenza de que pertenezca a ella; entonces esa mujer, impelida por una lucha desesperada, ha sido víctima del egoismo de la sociedad, y no víctima de sentimientos depravados, ve cómo juzga y cómo castiga la sociedad. (Aplausos.) Veamos ahora esa población de niños, esa multitud de futuros delincuentes que pululan por las calles, que duermen en las puertas de los palacios de los magnates, desesperados de hambre y de frío; a esos criminales en embrión, ¿cuándo la sociedad se inclina para recogerlos y educarlos?, ¿cuándo se interesa por remediar sus defectos?, ¿cuándo los lleva a las casas de corrección para corregirlos?, sólo cuando han cometido la primera falta, cuando aquellos niños, impelidos por la miseria y por el hambre, arrebatan el primer pedazo de pan, entonces la sociedad los relega a las casas de corrección, que yo llamo de corrupción; pero aun en estas casas, la sociedad no se ha preocupado por establecer los medios apropiados para corregir y encauzar los hábitos del individuo, sus vicios y sus inclinaciones malas; jamás se ocupa de ellos, los deja abandonados y que acaben de pervertir sus sentimientos; y cuando se ha cansado de mantenerlos, los arroja otra vez a la calle; y ese individuo, que vuelve otra vez a la lucha por la vida con la misma desventaja y que encuentra a su paso las mismas dificultades, el mismo egoísmo, decepcionado otra vez, desesperado por la indiferencia glacial de la sociedad, se vuelve contra ella y le comete nueva falta; entonces la sociedad se acuerda nuevamente de que es juez, y con mano inexorable, recoge al que ha delinquido y lo envía al presidio. Mas no sólo la sociedad deja que esa población ado-

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lescente muera en la miseria, abandonada, olvidada y desheredada, sino, por el contrario, diremos la verdad sin temores: la sociedad misma coopera a multiplicar esa población de futuros criminales, ella misma multiplica su número, porque veamos este caso, que se encuentra diariamente en la vida práctica: en las clases humildes, en el pueblo bajo, en esa colectividad que se debate en las charcas de lodo, que por su indumentaria humilde y porque se presenta desarrapada y triste, ha creído siempre la sociedad despótica que es allí el último reducto de los vicios y de la inmoralidad. Pues bien, señores diputados, yo voy a decir a ustedes que no es así: la doncella sencilla y honrada de aquella clase, la mujer sincera y humilde, sin comprender los altos conceptos de la dignidad y del honor, pero de una manera instintiva, si se quiere, los sabe presentir e interpretar; esa mujer que en un momento de debilidad, de locura, de éxtasis amoroso, cae en brazos del amante y más tarde recibe el fruto de sus entrañas como premio a su debilidad, esa mujer, desafiando la maledicencia siempre egoísta del vulgo, desafiando la represalia de sus familiares, desafiando la censura de la sociedad, sabe cumplir con sus deberes de madre, aprieta contra su pecho al hijo de sus entrañas, y vaga por las calles pidiendo limosna, si es preciso, para amamantarlo y procurar su educación, y esa mujer más tarde se nos presentará purgada de su falta por su sacrificio de madre entregándole a la sociedad un hijo útil, un hombre honrado, y a veces a la patria un héroe o un ciudadano digno. (Aplausos.) En cambio, veamos en la sociedad altiva y cruel a la doncella, preparada para desempeñar papel importante en la mascarada social, cómo ha sabido coger su careta para ocultar

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artificialmente todas las debilidades de su medio y los errores de su educación; todas las farsas de la sociedad y cómo sabe esconder entre los pliegues del encaje y de la seda las corrupciones de su cuerpo; por eso encontramos a diario, señores diputados, multitud de fetos y de niños envueltos en pañales de seda, arrojados al arroyo; y aquella doncella, acostumbrada a revolotear como las mariposas, deshojando galanteos y prendiendo ilusiones con sus besos, queriendo demostrarnos que se avergüenza de su deshonra, que teme a la sociedad y a la censura, nos muestra solamente las tenebrosidades de su alma, nos demuestra que no teme al crimen monstruoso del infanticidio, que no teme la desgracia en que abandona al niño de sus entrañas, al ser producto de sus veleidades y de su educación. Ahora bien, señores diputados: creo haber demostrado cómo la misma sociedad, en vez de corregir a esa población adolescente, futuro semillero de criminales, la olvida, la abandona y da lugar a las consecuencias que después quiere castigar con la pena de muerte. Otro tanto pudiéramos decir del hombre; del hombre, del padre de familia, del jefe de un hogar, que por la explotación en que vive, por las circunstancias miserables en que la sociedad lo sujeta, lucha siempre en la miseria, tiene su hogar sumido en la orfandad, tiene a los hijos desnudos y a la esposa llorosa; cuando ese hombre, fatigado, sale a la calle a llamar a las puertas del taller para recoger la limosna del trabajo, encuentra, como la mujer honrada, que todas las puertas están cerradas; que es sorda la sociedad, que le es indiferente y lo abandona; y cuando ese hombre, por el mismo instinto de conservación y por los gritos de sus hijos que le piden pan, se rebela contra la sociedad y coge de

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donde encuentra algo para su subsistencia, entonces la sociedad sólo sabe pedir justicia; lo coge con mano implacable para llevarlo a la prisión o hasta al patíbulo si cuadra a su capricho; y después de su fin trágico y sangriento, la sociedad no se vuelve a acordar de que atrás ha quedado un hogar sumido en la ruina y en la ignorancia; no se acuerda de aquellos seres que habitan allí, creciendo tendrán iguales inclinaciones que el padre, y que aquellos seres indefensos necesitan protección, necesitan educación, necesitan que la sociedad les tienda la mano para apartarlos del vicio; pero no, la sociedad se olvida de todo esto, no le importa, ella los deja abandonados, y cuando aquellos hijos crezcan y cometan iguales crímenes que su padre, llegarán también hasta el patíbulo, castigándoles allí la sociedad con mano inexorable. Así cumple sus deberes la sociedad: egoísta y despiadada, no quiere que se turbe su tranquilidad y su paz; no quiere que se cometa una falta que la conmueva, se horroriza de los espectáculos inmorales, y en cambio, señores, no se horroriza de su indiferencia cruel, de su criminal indiferencia hacia la miseria y hacia el pobre. (Aplausos.) La segunda causa, el vicio: ese pueblo miserable, que vive siempre en la indigencia, siempre olvidado y siempre débil, cuando necesita educación para regenerar sus actos, cuando necesita que le impartamos una educación que le dé armas eficaces para luchar con las vicisitudes de la vida, cuando vuelve los ojos a la sociedad para pedirle esas armas, no encuentra más que este criminal resultado: que la sociedad, en su afán de lucro, en su afán de robo, le ha multiplicado las tabernas, le ha puesto un garito junto a cada taberna, junto a cada taberna una casa de juego, junto a cada casa de juego

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una casa de prostitución, y si hiciéramos una estadística de todos esos comercios, encontraríamos, por cada cien casas de explotación y vicio, apenas una escuela. (Aplausos.) Así, señores, la misma sociedad, en su afán de lucro, repito, está inyectando todos los días en el organismo colectivo el virus de la depravación; está inyectando diariamente en la sangre del pueblo todos los gérmenes del crimen, y luego se convierte en juez para castigarlo inexorable. La ignorancia, decía, para mi modo de entender, que es otra causa de la criminalidad. Aquellos hombres que no pueden, por su falta de ilustración, por falta de preparación y de instrucción, saber escoger el camino del bien y del mal, saberlo apreciar en toda su amplitud para conducirse de una manera correcta, de una manera consciente y que no pueda causar trastornos en la vida social, ¿por qué, señores, se les condena en la obscuridad? Parece que la sociedad, cuando llega a este punto, se convence de su falta, de su injusticia, y entonces, como salida de pie de banco, le dice al delincuente: no te aprovecha que hayas delinquido ignorando que la ley castiga, no obstante que tu ignorancia es culpa de mi egoísmo: ¡Muere! ¿Hasta cuándo, pues, la sociedad, señores diputados, si quiere castigar y aplicar la pena de muerte, imparte la debida moralidad de instrucción para evitar futuras consecuencias? Estamos acostumbrados al ningún respeto a la vida del hombre, porque siempre ha sido considerada como una cosa despreciable; pero para mí es el derecho más sagrado. ¿Para qué nos sirve, señores, que nos estemos preocupando por las garantías individuales? ¿Para qué nos sirve ese ramillete de hermosos ideales sí se niega algo principal, algo supre-

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mo, el mayor derecho que debiera conservarse, en la vida? ... Por los delitos graves del orden militar, veamos un momento la vida práctica del cuartel. Nuestro Ejército, y hago una salvedad: en estos momentos nuestro glorioso Ejército Constitucionalista, no es esta casta militar y tenebrosa que horroriza al señor diputado Ibarra; no es esa espada matona que, pendiente sobre nuestras cabezas como la de Democles, esté amenazándonos de muerte constantemente y que el señor Ibarra siente que ya le parte el cerebro; no es esa bota de soldado que se posa brutal sobre nuestro cuello y que el señor Ibarra teme que lo estrangule prematuramente; no, señores diputados; no son nuestros cuarteles esos bosques de puñales y bayonetas que están apuntando al corazón de la patria y de los ciudadanos honrados, y que el señor diputado Ibarra, en el exceso de sus temores, siente que le llegan ya al corazón; no: el Ejército Constitucionalista de hoy está identificado por el ideal, está identificado por sus principios, lleva las mismas aspiraciones, está unido por los antecedentes; entre el jefe y el soldado no hay más antecedentes que el de compañeros y el de hermanos así se ha creado el lazo formidable que nos une, con el que hemos estado juntos en el sacrificio y en el ideal, y con el que llegaremos juntos hasta el fin, vencedores o vencidos; pero siempre unidos, siempre identificados en nuestros principios nobles; en consecuencia, nuestro Ejército Constitucionalista de hoy no está bajo las condiciones del Ejército permanente; pero supongamos que llegara a resurgir esa casta infame otra vez, que llegara a entronizarse ese medio de cuartel. Entonces veréis, señores la ordenanza mi-

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litar, la tiranía del Ejército, y veréis la vida positiva del cuartel; veréis al inferior sujeto al capricho del superior, porque el superior se acostumbra a mandar sin réplica de ninguna clase; se acostumbra a ser autoritario en nombre de la ordenanza y disciplina, y no solamente esto, sino que somete a las humillaciones más bajas la dignidad del soldado, y quien por el hecho de ser inferior está condenado a sufrir en silencio, sin protestar, por más grave que sea la injusticia o la ofensa, y a veces hasta la amenaza para su honra y su familia, en nombre de la tiranía y del capricho de la autoridad a que se acostumbran los superiores; y muchas veces, cuando se registra el crimen de insubordinación con vías de hecho, generalmente no es más que la resultante del abuso de autoridad de los superiores; y en ese caso, ¿por qué sostenemos la pena de muerte implacable y cruel?, ¿porque segamos la vida del inferior, la existencia consagrada a la defensa de principios y de causas grandes?, ¿porqué sin analizar las circunstancias que concurren en la vida del cuartel se condena irremisiblemente al soldado? ¿No tenemos, acaso, en nuestro Código Militar penas severas, hasta crueles para conservar la disciplina? Pues entonces, señores, respetamos siquiera el derecho de vida a esos hombres que la consagran para la defensa de la patria y el sostén de las instituciones; para sostén de las instituciones; he dicho, señores diputados; porque no estoy de acuerdo en este punto, aunque respeto profundamente el talento del ciudadano diputado licenciado Medina, en que el Ejército no sea el sostén de las instituciones; las instituciones, a pesar de que cuenten con toda la sanción de la soberanía popular, necesitan del apoyo del Ejército para hacer respetar sus determinacio-

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nes; para obligar al cumplimiento de la ley, esa ley que el mismo pueblo se ha dado y que es el primero a quien tenemos necesidad de imponerla y hacerla cumplir. Hay más todavía; vamos a conceder por un momento que la pena de muerte fuese justa y equitativa; que la sociedad la necesita para conservar su tranquilidad y para poder mantener el orden. ¿Pero sabe siquiera, la sociedad, aplicar la pena de muerte? No; la pena de muerte será para el débil, para el inferior, señores diputados; nunca será para el magnate, nunca será para la sociedad altiva, para el pobre será ineludible la muerte, porque el pobre sufre todos los rigorismos de la ley, porque él no tiene elementos de defensa, no tiene recursos de apoyo, y cuando implora justicia, la justicia le vuelve la espalda. ¿No conocemos, acaso, multitud de injusticias que se cometen y de crímenes que quedan impunes? ¿No sabemos de muchos casos en que el hacendado saca la pistola para quitar la existencia al peón y después de dos o tres meses de cárcel, en que se acumulan los elementos de defensa, en que los abogados hacen milagros, en que la sociedad corre en su auxilio, el magnate, que tiene la potencia del oro, sale libre a pasear su desvergüenza por las calles, insultando a la misma sociedad y burlando a la misma justicia? Es así, como se aplica la pena de muerte, al débil y al vencido; pues vengo, señores diputados, en nombre de esos vencidos, en nombre de esa colectividad sujeta a todos los caprichos, a pediros que al votar sobre el dictamen llevéis la mano a vuestro corazón y que sintáis sus palpitaciones nobles, y que hagáis justicia a esa colectividad; de lo contrario, cuando ella suba al cadalso, tendrá mucha razón de maldecir a la sociedad y de

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decirle: ¿esta es vuestra justicia? Pues es tiranía. Y en este gesto de infinito desprecio, y en comunión sublime con el sacrificio, nos arrojará al rostro su primera bocanada de sangre. (Aplausos.) — El C. Presidente: Tiene la palabra en pro el ciudadano diputado Rivera. — El C. Rivera José: El aplauso otorgado a mi compañero el señor diputado Porfirio del Castillo, ha traído a mi ánimo ciertos temores; ha venido a mí el recuerdo de un libro que vi en el aparador de una casa comercial de la ciudad de los palacios. Ya habréis visto como en las librerías, con su afán mercantilista, exhiben libros con pastas mas o menos llamativas, con carátulas picarescas, pastas de colores llameantes o pastas en las cuales hay dibujados dragones y sombras. Vino a mi mente una que vi hace pocos días: hay en ella dibujada una caverna sombría y negra como el infierno de que nos habla el Dante. A las puertas de esa caverna hay un individuo, con el pelo todo revuelto, con las órbitas de los ojos muy dilatadas, con los músculos contraídos en una forma siniestra. Tiene en la diestra no recuerdo si un enorme puñal y en la mano izquierda, sosteniendo como un trofeo de triunfo, una cabeza que aún chorrea sangre, que aún parece que esa sangre cae sobre la civilización; pues bien, señores, creo yo que como el señor del Castillo piensa, yo le debo de parecer en estos momentos como el hombre fiera a que me referí y cuya obra aparece autorizada con la firma de Víctor Hugo. A esto me ha hecho venir a este tribunal sangriento, porque la verdad, lleno de ciertos temores, yo no quiero aparecer como sanguinario ni como cruel. Vengo a pedir garantías para la sociedad. Yo deseo que la sociedad, mañana, satisfecha de nuestra labor, bendiga

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al Congreso Constituyente y no tenga que maldecirlo por haberla dejado a merced de cualquier montón que venga a arrojar una mancha más sobre el pueblo mexicano. Respecto a la pena de muerte, estamos de acuerdo todos, es detestable, es sanguinaria; esto se ha dicho desde el insigne filósofo de Galilea hasta nuestros días. Se ha discutido mucho, se han escrito muchos tratados y pronunciado brillantes discursos en todos los parlamentos del mundo; solamente los tratadistas no han estado conformes a este punto: cuándo debe de abolirse la pena de muerte; aunque le han dado una salida muy sencilla; cualquier autor que escriba sobre esto, dice: “seguirá el segundo tomo”, cuando mucho, y los parlamentaristas ponen un artículo de transgresión o ponen un artículo de restricción; pero el caso es que nunca han abolido la pena de muerte. Esto ha sido un ideal y ya vosotros habéis oído, con la fluidez de palabra del licenciado Medina, lo que es un ideal, y yo me atrevo a decir que nosotros podremos abolir la pena de muerte cuando ya podamos resumir los artículos de nuestro código en diez artículos cuando más, cuando ya acaso no haya ni necesidad de hacer constituciones; pero por ahora creo que es prematuro. Una causa justa, por noble que sea, pierde mucho su mérito, o cuando menos gran parte de su mérito, cuando no se hace oportuno uso de ella; creo que si nosotros deseamos conquistarnos los parabienes de la sociedad para abolir la pena de muerte, lo único que lograremos conseguir será un estigma para la Constitución de 1917. Hay que recordar el aforismo de que la naturaleza no procede por saltos; hay que ir paso a paso. Víctor Hugo, con toda la nobleza de su alma, nos ha escrito su obra memorable de “Las últimas horas de un condenado

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a muerte”, nos habla del sentenciado escuchando su sentencia, nos pinta con colores vivísimos la angustia que aquel hombre sintió al escuchar del juez que, sereno e impasible, en nombre de la justicia lo condenaba a muerte; allí nos describe la carcajada trágica que lanza la esposa del condenado a muerte, cuando escucha la sentencia; nos pinta como pasa aquel condenado sus últimas horas en la capilla sombría, nos pinta con vivísimos colores los sufrimientos de aquel desdichado, con palabras que nos llevan hasta las lágrimas, nos pinta cómo la madre, la esposa, los hijos, quisieran que aquel individuo se convirtiera en un momento en fluido, para arrancarlo del lado de sus verdugos; allí nos pinta a las multitudes cómo con cierta bestialidad van a contemplar el trágico fin de aquel hombre, y la verdad es que todos sentimos conmiseración; ¿quién no la siente, señores, de que en nombre de la justicia tenga que aplicarse tan tremenda pena? Se han pronunciado brillantes discursos, se han escrito libros de la naturaleza del de Víctor Hugo, y muy pocos, señores, salvo las crónicas reporteriles, se han ocupado del caballero que toda su vida ha estado dedicado al trabajo, que va pasando por la calle muy tranquilo, pensando en su hogar, en la esposa que le espera a que tome el pan de cada día junto con sus hijos, pensando en sus hijos que estarán allí llenos de ansia porque llegue el padre con el juguete, con cualquier golosina de esas que piden los niños y que las reciben tan llenos de gusto, y ya os imaginaréis qué contraste será cuando, en lugar del halago del padre, llegue el aviso de que éste ha caído herido por un puñal traidor que por la espalda, con certero tino, le ha privado de la existencia, y que, no conforme con haberle quitado la vida a aquel in-

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dividuo, se harta el asesino con la sangre de su víctima; de eso no se han querido ocupar muchos, señores; tampoco han querido ocuparse, señores, del galán que discurre lleno de amor, pronunciando palabras de ternura junto a la dama que piensa llevar al altar y que mientras con una mano le acaricia una mejilla, con la otra le entierra el puñal; no, tampoco de eso se han querido ocupar, porque es una vergüenza de la civilización; no han querido tampoco mencionar que cuando una familia va a esperar al padre que trabaja en los ferrocarriles, porque hace tiempo que no los ve y desea verse rodeado de su familia, la mano criminal del zapatista, llega y vuela el tren y, no conforme con aquel crimen, todavía va allí haciendo víctimas sin piedad; de eso tampoco nos quieren decir nada los señores que piden la abolición de la pena de muerte; de eso no nos quieren decir, cuando las víctimas hincadas, implorando su gracia, ofrecen todo lo que tienen porque se les perdone la vida; cuando una mujer en las cumbres de Ticumán, poniendo ante sí a su hijo, ofrecía todo el dinero que tenía, el honor, la vida con tal de que se le perdonara la vida a la criatura, a aquel pedazo de sus entrañas ¡y la criatura y la mujer cayeron bajo la bala del zapatista!, eso no nos lo quieren decir los que quieren que se quite la pena de muerte en nuestra Constitución. Mucho tendría que decir de nuestro criminal mexicano, vergüenza del pueblo mexicano y de la civilización; estoy seguro de que tenemos un criminal nato, muy especial, un tipo muy mexicano, que hay que abolir, porque es la gangrena del pueblo mexicano, y el miembro gangrengado, no tiene remedio; tenemos que quitarlo de un tajo. Muchos oradores vendrán después a hablar en contra, porque hay bastantes inscritos

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para hacerlo; pero yo, en nombre de las víctimas de Ticumán, en nombre de las víctimas de la barbarie de los zapatistas y de los asesinados mexicanos, os pido que por ningún motivo os dejéis ilusionar y que por un lirismo vayáis ahora en contra del dictamen. Repito, señores; la pena de muerte, en mi concepto, debemos dejarla como una válvula de seguridad para la sociedad; hay que recordar que en un tiempo de paz, que en el tiempo del general Díaz, se aplicó relativamente poco esta pena, bien porque los delitos que el artículo de la Constitución pena con la muerte son poco comunes, porque se ha confesado aquí que la piratería y el parricidio, y no recuerdo que otro delito, han desaparecido, así es que, repito, nada nos cuesta dejarla como válvula de seguridad para los intereses sociales. Todavía más; el criminal que ha caído en el delito y es sentenciado a la pena de muerte, tiene una esperanza en nuestros grandes mandatarios, que por lo general están llenos de clemencia, por lo general perdonan, por lo general imparten el indulto; así, pues, recuerden los señores que piden la abolición de la pena de muerte, que tienen el indulto de su parte y que muchos de los criminales irán a las famosas colonias penales y las penitenciarías. Algunos señores dicen: debemos quitar la pena de muerte; ¿por qué la sociedad cruel, que no ha impartido enseñanza, que no ha establecido escuelas, viene ahora a exigir a los criminales que no cometan esos delitos, viene ahora a castigarlos con una verdadera crueldad, viene ahora a castigar a esos ignorantes, a las víctimas precisamente de la sociedad, víctimas por no haber ido a la escuela? Y bien, señores, ¿porque la sociedad no ha podido o no ha querido establecer escuelas, porque no ha podido impartir toda la cultura necesaria, va-

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mos ahora a dejar a esa misma sociedad a merced de cualquier matoide? Yo creo que no, señores; hay que escoger el mal menor. Temo que si votamos contra el dictamen, señores diputados, dentro de unos cuantos meses, acaso dentro de dos o tres, ya el Gobierno tendrá forzosamente la necesidad de pedir la suspensión de garantías individuales; con toda seguridad que tendrá que recurrirse a ese extremo para exterminar el bandolerismo y, lo que es más, que se burle a la ley, por no haber tenido el tacto y la entereza suficiente de quitar de nuestra conciencia estos escrúpulos. Dicen algunos señores: parece que estamos legislando para tiempos anormales, parece que estamos legislando para épocas en que no va haber paz; y yo también digo: ¿para qué hemos estado tan escrupulosos en la cuestión del voto, de la justicia y del obrero?, ¿para qué hemos estado tan escrupulosos en la cuestión hacendaria?, ¿no estamos legislando para una época feliz de paz, en aquel el capitalista le dará al obrero lo que justamente le corresponda? Pues claro que no. Precisamente, yo soy el primero en reconocer que no necesitamos lirismos ni sueños. Yo creo que si vienen Mondragón, De la Barra, Cárdenas, pregunto: ¿que regeneración vamos a hacer de ellos?, ¿qué regeneración se espera de estos señores? Sería un caso muy típico, digno del estudio de Lombroso. Algunos señores venían diciendo que la pena de muerte sólo se aplica al desvalido y al pobre, a las gentes ignorantes y no al rico, al acaudalado y al potentado, y yo les digo, señores, las últimas palabras del Primer Jefe: “Tened fe en la justicia constitucionalista y recordad a García Granados, que no obstante su capital, cayó bajo la justicia inexorable del constitucionalismo”. Para no cansar más a us-

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tedes, debo de confesar una cosa: yo comulgo con los señores que son enemigos de la pena de muerte; pero si no voy de acuerdo en que la suprimamos ahora, sino mañana o pasado; tengamos esperanzas, será pronto, será tarde, pero el caso es que por ahora no debemos votarla. Yo suplico a todos los compañeros y en nombre de la sociedad os pido garantías y os suplico que se las deis y no vayáis a votar en contra de ese dictamen. (Aplausos). (Voces: !A votar! !A Votar!). — El C. presidente: Tiene la palabra el ciudadano Jara, en contra. — El C. De la Barrera: Para una moción de orden. Desde luego protesto enérgicamente contra actos de la Secretaría. Yo estoy apuntado en tercer lugar de los oradores en contra. — El C. Jara: No tengo inconveniente en cederle a usted mi turno. — El C. De la Barrera: Yo también se lo cedo a usted, señor Jara: yo únicamente protesto contra el proceder de la Secretaría. — El C. Jara: Señores diputados: Vengo a hablar en contra del dictamen, porque contiene varias cláusulas que no están de acuerdo con mi sentir y creo que tampoco con el sentir de la Asamblea. La pena de muerte, en el sentido en que queda establecida, hasta para los violadores, de los cuales se ha mostrado defensor nuestro distinguido colega el ciudadano diputado Cravioto, es sencillamente prestar la ley para que se hagan a nombre de ella los chantajes más infames. No está establecido todavía si es precisamente la pena de muerte un correctivo para los males que afligen a la sociedad, Muchos de vosotros recordaréis que cuando se procedió en México con toda energía contra los falsificadores de

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cartones y contra aquellos ladrones que se les llamó “del automóvil gris”, muchos de ellos iban allá a la Escuela de Tiro a recibir la muerte con la mayor tranquilidad, con el mayor desprecio; casi se les hacía un réclame. Recuerdo que alguno de mis compañeros del Ejército Constitucionalista me refirió el caso de que uno de los ajusticiados le preguntó el oficial, momentos antes de ordenar la descarga, que qué se le ofrecía, que qué encargo dejaba, y dijo: “hombre, lo que se me pudiera ofrecer no puedo realizarlo, lo único que siento es no echármelo a usted por delante”. De manera que el arrepentimiento buscado por este medio, no se encuentra todavía, y más aún, cuando en un país se echa mano a la pena de muerte con mayor frecuencia, cuando se suceden casi a diario las ejecuciones, eso indica debilidad, porque no se cuenta con otro remedio que privar de la vida al que delinquió. Cuando no basta para corregir el mal, la aprehensión por medio de la policía, de la fuerza armada, sino que viene de tal manera el mal acentuándose y aumentando, al grado de que son incapaces los medios preventivos para contenerlo, entonces quiere decir que se está en un estado anormal, y para los estados anormales hay procedimientos precisamente anormales. Bien que nosotros no estamos legislando para una época anormal, estamos haciendo una Constitución que debe llevarse a la práctica precisamente en las épocas normales, y sería deplorable consignar en la Carta Magna la pena de muerte en la forma en que la presenta la 1a. Comisión, que no sólo queda como estaba consignada en la Constitución de 1857, sino corregida y aumentada, como si la criminalidad en México hubiera aumentado a tal grado que fuese necesario consignar en nuestra Carta Magna preceptos terri-

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bles para contener esa criminalidad. La hecatombe de Ticumán y otros puntos del Estado de Morelos, a que ha hecho alusión el compañero Rivera, no son casos que puedan traerse a colación para apoyar sus conclusiones. Allá en el Estado de Morelos se está en estado de guerra, allí todos aquellos desmanes, todos aquellos crímenes horrendos, todos aquellos cuadros trágicos de horror, de infamia y de salvajismo, son producto de la guerra, son producto del estado en que está Morelos en la actualidad y por eso es que se han mandado fuerzas para combatir ese mal; es que allí se está en el estado anormal, es que esa región no está en estado normal, y, por consiguiente, allí no se pueden aplicar los procedimientos que se emplean en las partes en que hay un curso natural y normal. No quiero participar de los idealismos en que algunos de mis compañeros se engolfan, no quiero que la pena de muerte quede abolida por completo de nuestras leyes, porque desgraciadamente hay casos en que creo que debe aplicarse; tenemos aquí, por ejemplo, entre los delincuentes abominables, entre los delincuentes que no merezcan tenerlos en reclusión, que es necesario extirparlos de la sociedad en que viven, que es necesario, más aún, sacarlos para siempre del país por los delitos en que incurren en primera línea a los traidores a la patria, y estoy conforme con que el que comete el grave delito de traición a la patria sea condenado a muerte, porque esos individuos demuestran que no tienen cariño en lo absoluto por el jirón de tierra en que vieron la primera luz; la traicionan y comprometen a todos sus hermanos; hacen porque el extraño venga a hacer botín de guerra a su país y hacen porque se favorezcan los planes siniestros en el país; está bueno que sobre él

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caíga todo el peso de la ley, está bueno que sobre él caiga toda la maldición de la sociedad y del pueblo, y para éste yo quiero que se deje en el dictamen que se consigne en el dictamen sencillamente: al traidor a la patria, y no agregando en tiempo de guerra, porque en tiempo de guerra el delito de traición es tan abominable como en tiempo de paz; en tiempo de guerra el traidor a la patria puede causar tanto daño como en tiempo de paz. Supongamos que las relaciones entre México y otro país se ponen delicadísimas, que es probable un rompimiento, que no es difícil que se llegue a las armas y que por medio de ellas se resolverá la cuestión de ambos países, y que en un estado Mayor hay un plan determinado de campaña, que hay planos de las fortificaciones, etcétera, y que sean substraídos por cualquier traidor que, a cambio de unas cuantas monedas de oro, vaya a entregarlos al extranjero, diciéndole: aquí tienes el proyecto de defensa del pueblo mexicano, dame unas cuantas monedas de oro que necesito, y aquí está para que tú puedas ir contra ese pueblo con más éxito. ¿No es un error de nosotros que un delito que debe castigarse con toda la energía de la ley, con toda su fuerza, digamos que únicamente en tiempo de guerra será castigado así? Consignando en nuestra Constitución que la pena sea aplicable al incendiario, al plagiario, al salteador y al violador, pondríamos a muchos inocentes en las manos de los criminales de oficio, de los matones, de los que tienen a gala segar la vida de cualquiera de sus vecinos; se han dado muchos casos, durante la dictadura porfiriana, en que era suficiente que cualquiera, en combinación con un jefe político de esos tan abominables, de esos de tan triste memoria, quisiera hacer aparecer como salteador a cualquiera, a un

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inocente de quien deseaba vengarse por cualquier asunto baladí, y éste era mandado aprehender por los rurales y en el camino se le aplicaba la ley fuga. Ahí precisamente, en el Estado de Veracruz, en Acayucan, cuando el pueblo, cansado de sufrir las vejaciones de los jefes políticos, cansado de soportar las expoliaciones de que le habían hecho objeto, se rebelaba en justa ira y el Gobierno del Centro empezaba a sentir el malestar de aquel pueblo que no podía contenerse; allí, entonces, se registraron muchos casos de asesinato; fueron verdaderos asesinatos políticos, valiéndose del estribillo de llamar salteadores e incendiarios a los que se deseaba hacer desaparecer, y el medio era bastante fácil, pues las casas de aquel pueblo con techos de palma, con una ligera chispa se incendiaban; ya tenían preparado el ardid para perjudicar a cualquier desgraciado, pues bastaba la denuncia del amigo del jefe político para que fuera triado el designado ya para sufrir la pena de muerte, el martirio, y fuese ejecutado sin mas trámites que levantar el acta. Respecto a los violadores, parece que como dijo nuestro compañero el diputado Cravioto, tenemos ahora una verdadera epidemia, parece que sea necesario consignar en la ley algún castigo para el violador, porque se ha desarrollado en México un mal gravísimo en ese sentido; tal parece que entonces se justifican las palabras de nuestro compañero De la Barrera, cuando se oponía a que fuese admitida una taquígrafa, por aquello del temperamento de los señores diputados, y si nosotros cosignamos eso en la ley, parecería allá en el extranjero que se va a dictar en esa forma la ley por el temperamento de los mexicanos; yo creo que debemos hacernos más honra; ciertamente que hay quien se goce en sacrificar a bellas vírge-

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nes, ciertamente que hay quien en su deseo salvaje, no respeta ni la niñez ni a la hermosura; pero para ellos están los códigos; para ellos están nuestras leyes secundarias, que se podrán aplicar de una manera conveniente sin necesidad de consignarlo en la Carta Magna, que debe ser por todos títulos respetables para nosotros. Así, pues, señores diputados, en cuanto a los graves delitos militares, desgraciadamente, mientras se necesite del uso de la fuerza, mientras no podamos prescindir de ella, es necesario recurrir a medios dolorosos y enérgicos. Hay en el ramo militar mucho que afecta a la disciplina cuando no se corrige a tiempo, hay en el ramo militar mucho que podrá traer consecuencias funestas si no se pusiera un correctivo eficaz y pronto; porque en la milicia no hay tiempo muchas veces para seguir todos los trámites que pueden seguirse en el ramo civil; son procedimientos sumamente distintos, son instituciones enteramente distintas y, por consiguiente, no creo que convenga exceptuar al ramo militar de la pena de muerte; los graves delitos militares deben ser castigados de una manera severa, porque de otro modo se relajaría la disciplina, de otro modo no tardaría en caer el desprestigio de una organización que necesita tener buena disciplina, que necesita tener mucha unidad para que su acción sea benéfica, para que su acción sea eficaz. Así, pues, señores diputados, yo quisiera que ustedes acordasen que la Comisión retirara su dictamen para presentarlo en la siguiente forma, en la parte relativa: “será aplicable la pena de muerte al traidor a la patria”. Porque los delitos de piratería ya casi han desaparecido de la historia; un buque pirata no se acerca a nuestras costas desde hace mucho tiempo; los que se dicen piratas son los que han traído

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parque a los rebeldes, y estos son buques extranjeros, y para perseguir a un buque extranjero se necesita marina bien armada, y ya el hecho de perseguirlo, de entrar en combate con él, significaría la declaración de guerra entre nuestra nación y aquella a la cual pertenecía el barco, no sé que se haya probado hasta ahora de una manera irrecusable que hayan venido esos barcos abanderados con banderas extranjeras a dejar parque a las costas de la República; pero ya repito, esa no sería la manera de castigar la piratería, y en este caso no sería delito de piratería, sino sería ya la protección de una nación extranjera a los rebeldes, presentando sus barcos para el transporte de parque. He omitido también aquí que sea consignado el delito de parricidio, porque el que comete delito de parricidio debe considerarse como un verdadero loco; a nadie que no esté fuera de sus facultades mentales creo que se le ocurriría ir a hundir el puñal de asesino en el corazón de su padre; por consiguiente, ese para mí es un verdadero enfermo, ese para mí no es un criminal, sino algo extravagante, algo extraño, y más que la pena de muerte y más que ocupar a cinco soldados para que perforen su cuerpo, merece que se le mande a una Castañeda a otro establecimiento para su curación. Por consiguiente, señores diputados, estimo que así estaríamos en lo justo, que así quedará perfectamente equilibrado lo que se busca, así se procurará el castigo del que realmente lo merece y se evitará el pretexto para que los que se gozan en matar, para los que se gozan en verter sangre, no puedan hacerlo al amparo de una Constitución. (Aplausos.)

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— El mismo C. secretario: El señor diputado Martí ha presentado la siguiente moción de orden, tendente a reformar el artículo a discusión. (Leyó.) — El C. presidente: Tiene la palabra el ciudadano Lizardi, en pro. — El C. Lizardi: Señores diputados: No vengo a defender la pena de muerte en general, porque ya sabemos que el discurso más elocuente que se puede hacer a favor de la pena de muerte lo hizo el Cerro de las Campanas, que al mismo tiempo que ha sido el cadalso de un intruso, ha sido el Tabor del pueblo mexicano y de las dignidades nacionales. (Aplausos.) La misma defensa puede hacer el polígono de San Lázaro, que al mismo tiempo que ha sido el cadalso de un García Granados, ha sido la salvación de la revolución constitucionalista. De consiguiente, señores, creo que no necesito ocuparme de hacer la defensa de la pena de muerte en general, porque ha sido una necesidad social, como la reproducción de la especie, que todas las sociedades han sentido, y que en estos momentos, con el santo derecho de defensa ejecutamos cuando es necesario, haciendo efectiva la ley de 25 de enero de 1862 contra todos los traidores y salteadores de caminos. Por consiguiente, señores, me parece inútil defender en general la pena de muerte. La pena de muerte debe ser abolida después de un debate sosegado; es un bello sueño, como deben ser abolidos los ferrocarriles cuando haya aeroplanos de guerra, pero entretanto debemos atenernos a lo que tenemos, a las voladuras de trenes por los zapatistas, como tendremos que resignarnos a la muerte de algunos de los constituyentes cuando sea necesario matarlos, como se arriesga la cirugía a la pérdida de un brazo o de una pierna cuando es necesario salvar al indivi-

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duo. No es necesario defender la pena de muerte; la han defendido los grandes poetas: Víctor Hugo; probablemente el señor Cravioto y tal vez Marcelino Dávalos, los poetas de la Asamblea; pero los hombres prácticos jamás tendrán necesidad de defender la pena de muerte, como no tienen necesidad de defender a la reproducción de la especie, como no tienen la necesidad de defender a los excusados, que suelen producir tifo, pero que son necesarios. De la misma manera, acaso no tendría yo necesidad de defender la pena de muerte para el violador; pero está puesto el asunto en tela de debate. La experiencia de muchas generaciones nos ha enseñado que la pena de muerte ha sido necesaria, que en casi todos los países existe y que los países que la abolieron tuvieron necesidad de restablecerla; se nos alega que no es ejemplar la pena de muerte, porque después de ser fusilado un individuo hay otro individuo que incurre en el mismo delito; y yo pregunto señores, ¿todos aquellos ciudadanos, muchos de aquellos ciudadanos afectos a la estadística, que saben que después de que un asesino fue sentenciado a la pena de muerte, hubo otros asesinos que cometieron el mismo delito, saben acaso el número de los que se abstuvieron de cometerlo? Eso no lo saben, y seguramente los asesinos son malos y la pena de muerte es ejemplar, como lo demuestra el hecho de que todos los gobiernos, cuando han querido combatir con energía el crimen, todo individuo que ha tenido necesidad de hacerse fuerte, el hombre mismo que ha tenido la necesidad de hacer respetar sus propios intereses, ha tenido que incurrir a la pena de muerte de los que lo atacan en sus intereses más legítimos; pero ahora se trata de una innovación; la innovación que se propone en estos

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momentos, es la pena de muerte para el violador, y nos viene el señor diputado Cravioto con una serie de interpelaciones sarcásticas a la Comisión, una serie de interpelaciones que en el fondo no significan otra cosa sino uno de los chispazos de luz que da el talento literario artístico del señor Cravioto, pero que en el fondo no significan absolutamente nada. Le pregunta a la Comisión: Todo el mundo, todos los jóvenes, todos los que han iniciado los primeros instintos eróticos, han violado a la cocinera, han violado a la camarera, y, señores, yo no presumo de santo, pero la verdad, no imito en eso al señor licenciado Cravioto. (Risas. Aplausos.) Por otra parte, señores, ¡cuántas veces en vez de ser el joven el que viola a la cocinera, es la cocinera la que viola al joven! (Risas.) No se trata de asambleas populacheras; popular y nada más que palabras; esas son frases bonitas que tienen un gran éxito cuando se trata de asambleas populacheras; popular y muy respetable es ésta, pero no me refiero a las populacheras; esas palabras hubieran tenido un éxito grandísimo en la plazuela de Tepito, después de haber ingerido varios barriles de pulque, cuando se gritaba ¡vivan los zapatistas! entonces habrían tenido gran éxito esas palabras; pero ante una Asamblea popular, seria, genuinamente representante de la intelectualidad nacional, no son más que palabras, palabras y palabras, como antes dije. El violador, señores, no es todo aquel que tiene contacto con alguna mujer; el violador, señores, es aquel que abusa de la fuerza; yo me explico perfectamente bien que no sea castigado el héroe aquel con que soñaba nuestro poeta el señor licenciado Cravioto, que arrodillado a los pies de una mujer decía:

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¿No es verdad, ángel de amor, que en esta apartada orilla más pura la luna brilla y se respira mejor? (Risas. Aplausos.) No, señores, este no es el crimen que nosotros queremos castigar; el crimen que queremos castigar es otro más grave; la seducción es una de tantas formas del amor, y Jesucristo, al venir al mundo, perdonó a la que había amado por su propia voluntad, no a la que se había dejado violar. Es una cosa perfectamente distinta; no veo en estos momentos por aquí al ciudadano diputado Machorro y Narváez; yo lo interrogaría, yo le preguntaría: ¿no sabe acaso que en estos momentos hay bandas de forajidos que entran a los pueblos y que en vez de saquear los comercios, los empeños, atacan los hogares y se llevan cuarenta o cincuenta doncellas para hacerlas pasar debajo de la lujuria de toda la horda de cafres?, ¿no saben, señores, que todos esos individuos que se encuentran en ese caso atentan contra algo más sagrado que la bolsa, algo que es más sagrado que el honor?, ¿vamos a quitar la vida al salteador que nos quita nuestro bolsillo más o menos repleto de dinero, pero que el día de mañana podemos recobrar; y que si no se recobra, siempre su pérdida no habrá significado para nosotros la pérdida de la estimación de la sociedad, y vamos a tolerar sencillamente que un grupo de bandidos... Aquí está el señor Machorro y Narváez. (Señalando al señor Machorro y Narváez, que en esos momentos entraba al Salón.) ¿No es cierto, señor Machorro y Narváez, que existe en estos momentos bandas de forajidos que entran

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a los pueblos para robar y violar doncellas más que para robar y violar las cajas fuertes de los ricos? — El C. Machorro y Narváez: Si es cierto, ciudadano Lizardi. — El C. Lizardi: ¿No es cierto, señor que en un pueblo se han llevado a más de cuarenta doncellas para saciar en ellas sus instintos lascivos todos los forajidos que componían esa banda? — El C. Machorro y Narváez: Eso pasó en Tapalpa. — El C. Lizardi: Pues bien, señores, he aquí el testimonio que yo he invocado. En estas condiciones, señores diputados, repito, al enamorado, al que por promesas seduce al que por la belleza literaria de su estilo es capaz de conquistar el corazón de una dama, ya sea taquígrafa o no, al que en esas condiciones es perfectamente capaz de hacerse del amor de una mujer, lo admiro, lo respeto y lo envidio, pero abomino del que valiéndose de la fuerza de las armas, de las amenazas, de los malos tratamientos, se hace dar un beso más duro, más terrible, más sangriento para quien lo da, que los tormentos sufridos en el séptimo círculo del infierno por los condenados del Dante. En estas condiciones, señores diputados, podemos llegar a otra consideración, consideración que pueden hacer valer los enemigos de la tesis que sostengo; el delito de violación es muy raro; la mujer que se dice violada, casi nunca lo ha sido, casi siempre no es sino un chantaje que trata de explotar. Es cierto, señores diputados, se presentan muchos casos de estos, pero nuestras leyes distinguen perfectamente la clasificación entre la seducción y el estupro y la violación. Son tres delitos distintos que tienen sus características perfectamente distintas, perfectamente definidas y no hay que confundir el uno con el otro; por otra parte,

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puede haber circunstancias atenuantes en la misma violación, y cuando nuestro Congreso Constituyente autorice la pena de muerte para el violador; no quiere decir que imponga la obligación de aplicar esa pena, en determinadas circunstancias, circunstancias que fijarán las leyes, se fijarán cuando se imponga, y yo creo, señores, que si la sociedad en su perfecto uso del derecho legal de defensa, puede castigar al hombre que proclama unas ideas anarquistas que mata a la familia de un gobernante, perfectamente bien puede castigar con la pena de muerte al que lanza una bomba de ponzoña que mata a todos los descendientes de un humilde ciudadano honrado, bomba lanzada por las satiriasis con que nos amenazaba el señor Cravioto, por las armas o por la fuerza bruta de uno de esos individuos degenerados que retrogradan saltando hacia atrás y que han conservado los instintos lascivos de otras edades y toda la fuerza bruta de aquellos monos antropoides que en otros tiempos fecundaban a la casta humana estrechando entre sus brazos velludos a las hembras que les deparaba el acaso. En estas condiciones, siendo el delito de violación muchísimo más grave de lo que parece, y dejando a la prudencia de la Legislatura el saber cuando es propiamente delito de violación y cuando se trata de un simple estupro o de una sencilla seducción, en este caso, señores, creo que se debe proceder con toda energía, con la misma energía con que sostenemos la organización de la familia, a pesar de que hay algunos señores que piensen en el amor libre, con esa misma energía con que sostenemos el respeto al hogar, a lo mas sagrado que tenemos, debemos aceptar esta innovación que no nos calificará de bárbaros ante el extranjero, sino, al contrario, nos calificará

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de civilizados, como hombres que queremos ante todo garantizar lo que tiene de más sagrado el hombre: la inviolabilidad de su hogar. (Aplausos.) — El C. secretario: Se pregunta si está suficientemente discutido. Las personas que estén por la afirmativa, sírvanse ponerse de pie. Si está suficientemente discutido. — El C. Calderón: Señores diputados: Creo yo que no esta uniforme el sentir de la Asamblea por lo que toca al último delito de que nos habló el señor licenciado Lizardi, y aunque esto significa una pérdida de tiempo, quería yo consultar a ustedes si estarán de acuerdo en que esa proposición se separara. (voces: ¡No! ¡No!), Si no, tendremos que separar todo el dictamen. — El C. González: El inciso es potestativo para aplicar la pena al violador o no aplicarla; hay, además, una circunstancia: en la Constitución de 57 se usa la palabra “abolir”, que significa no existir, no darle existencia alguna a la pena de muerte. En ese sentido creo que es más perfecta la palabra abolir que prohibir, porque el verbo prohibir necesita una sanción y la sanción precisamente se la da la ley secundaria, pero en este caso, no obstante, la palabra prohibir es más acertada que la de abolir. Prohibido o abolido el castigo de la pena capital para el delito político, lo demás puede perfectamente aplicarse al violador cuando la ley secundaria así lo considere necesario. Con la palabra violador se explica perfectamente el delito de violación, no hay temor de creer que el violador puede ser el que viole la correspondencia o en alguna otra acepción de la palabra que se quiera aplicar al violador. — El C. Palavicini: Pido la palabra para una moción de orden.

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— El C. presidente: Tiene la palabra el ciudadano Palavicini. — El C. Palavicini: Tengo entendido que la Secretaría no se ha explicado perfectamente bien, puesto que la proposición del señor Calderón está prevista en el Reglamento, además, es justo, porque si no, sucedería que algunas personas como yo tendrán que votar en contra de todo el artículo, porque no estoy conforme únicamente en el último inciso. El Reglamento previene que cuando pida un representante que se separe un inciso, y lo apoye la Cámara, se puede separar. Si el señor secretario, después de esta aclaración, pregunta a la Asamblea si da su aprobación, la cosa cambiará radicalmente. El señor Calderón pide esto que, a mi juicio, es razonable: que se separe para la votación el delito de violación, de manera que así podamos votar el resto del artículo los que estamos convencidos de que la pena de muerte debe aplicarse en los casos y no en el de la violación, porque de otro modo tendremos que votar por la negativa en todo el artículo. — El C. Calderón: Señor presidente: Inspirado solo en mi conciencia, como siempre he dado pruebas, e importándome bien poco la significación de las personas o el bando a que pertenezcan, tengo necesidad de repetir la creencia de que esa proposición debe para la votación, el hecho ése que señaló el ciudadano diputado Lizardi, al ciudadano diputado Machorro y Narváez, y que consta a toda la diputación del Estado de Jalisco, es cierto, es doloroso; pero le aseguro, señor presidente que si un bandido de esos cae en nuestro poder, no llega ni al pueblo, exista o no exista en la Constitución. Por lo demás, creo que es peligroso, y esta es una opinión muy mía, es peligroso consignar la pena de

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muerte para este delito, porque desgraciadamente, el nivel moral de nuestro pueblo no esta a la altura que lo deseamos. — El C. Ibarra: Pido que se separen para su votación los delitos de traidor a la patria en guerra extranjera, el asesinato con premeditación y el violador con violencia; que esos tres casos se separen para votarse. (Voces: ¡No!, ¡No!) Tengo derecho, señores, de proponerlo. — El C. secretario: Para proceder con orden, el ciudadano presidente me ordena que se repita la pregunta de si se toma en consideración la proposición del ciudadano diputado Calderón. Los que estén por la afirmativa, que se pongan de pie. Si se toma en consideración. Se pregunta a la Asamblea si se toma en consideración la proposición del ciudadano diputado Ibarra. Los que estén por la afirmativa, que se sirvan ponerse de pie. Desechada por unanimidad. El artículo 22, dice: “Artículo 22. Quedan prohibidas las penas de mutilación y de infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales. “No se considerará como confiscación de bienes, la aplicación total o parcial de los bienes de una persona, hecha por la autoridad judicial, para el pago de la responsabilidad civil resultante de la comisión de un delito, o para el pago de impuestos o multas. “Queda también prohibida la pena de muerte por delitos políticos, y en cuanto a los demás, solo podrá imponerse al traidor a la patria en guerra extranjera, al parricida, al homicida con alevosía, pre-

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meditación o ventaja, al incendiario, al plagiario, al salteador de caminos, al pirata y a los reos de delitos graves del orden militar.” — El C. Alonzo Romero: Yo propongo a la honorable Asamblea suprima esas palabras “azotes y marcas”, puesto que se trata de seres humanos y es bastante ridículo (voces: ¡No!, ¡No!) — El C. secretario: Se da principio a la votación. — El mismo C. secretario, después de ella: Resultado de la votación: 110 votos por la afirmativa; 71 por la negativa. ... — El C. Palaviccini: Moción de orden, señores. Conforme a la votación económica y declarado por la Mesa, hubo mayoría para separar el inciso relativo al delito de violación; suplico atentamente a la Comisión que retire su dictamen sobre ese particular y nos evite una votación inútil, porque la vamos a desechar. — El C. secretario: La Comisión manifiesta que no retira su dictamen. (Voces: ¡A votar! ¡A Votar!) Se procede a la votación del inciso separado. — El mismo C. secretario: Resultado de la votación: 119 de la negativa por 58 de la afirmativa.